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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 241, de 02/10/2001
BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
VII LEGISLATURA
Serie D: 2 de octubre de 2001 Núm. 241 GENERAL
ÍNDICE
Composición y organización de la Cámara
SECRETARÍA GENERAL
292/000005 Acuerdo de la Mesa del Congreso de los Diputados, de 25 de
septiembre de 2001, de convocatoria de becas y para realizar tesis
doctorales que tengan por objeto las Cortes Generales o el Parlamento
... (Página 4)
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Pleno 162/000106 Proposición no de Ley presentada por el Grupo
Parlamentario Mixto, sobre el tratamiento tributario de los
alojamientos en casas rurales de pequeña dimensión. Enmiendas.
... (Página 7)
Aprobación con modificaciones ... (Página 7)
162/000338 Proposición no de Ley presentada por el Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la implantación de nuevas
figuras tributarias en las Comunidades Autónomas. Enmiendas
... (Página 8)
Aprobación ... (Página 9)
Comisión de Asuntos Exteriores 161/000539 Proposición no de Ley
presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa al embargo
comercial impuesto a Irak por la ONU. Desestimación ... (Página 9)
161/000900 Proposición no de Ley presentada por el Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la extensión de las
zonas económicas exclusivas (ZEE). Aprobación con modificaciones así
como enmiendas formuladas ... (Página 9)
161/000924 Proposición no de Ley presentada por el Grupo
Parlamentario Socialista, relativa a los españoles secuestrados en
Georgia. Aprobación con modificaciones ... (Página 10)
Comisión de Economía y Hacienda 161/000628 Proposición no de Ley
presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió),
sobre reducción de los índices de rendimiento neto en el Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) aplicables a la
actividad ganadera bovina y al comercio de carnes y despojos como
consecuencia de la crisis que afecta al sector debido a la aparición
de los primeros casos de encefalopatía espongiforme bovina (EEB).
Desestimación ... (Página 10)
161/000825 Proposición no de Ley presentada por el Grupo
Parlamentario Socialista, relativa a la gestión descentralizada de
los fondos estructurales de la Unión Europea. Desestimación
... (Página 10)
161/000889 Proposición no de Ley presentada por el Grupo
Parlamentario Socialista, sobre rescate de las aportaciones a planes
de pensiones llevadas a cabo por jubilados tras el cese de su
actividad laboral. Desestimación ... (Página 10)
Comisión de Infraestructuras 161/000523 Proposición no de Ley
presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa al
desdoblamiento de la carretera denominada Camino de Castilla, en los
términos municipales de Monforte del Cid y Elche. Desestimación
... (Página 11)
161/000598 Proposición no de Ley presentada por el Grupo
Parlamentario Mixto, sobre la agilización de las obras previstas en
el aeropuerto de Málaga. Desestimación así como enmiendas formuladas
... (Página 11)
161/000727 Proposición no de Ley presentada por el Grupo
Parlamentario Socialista, sobre la situación en la que se encuentran
los vecinos de la aldea de Aguafría (Huelva) a causa de la falta de
medidas de seguridad de la carretera N-435. Aprobación con
modificaciones ... (Página 12)
161/000737 Proposición no de Ley presentada por el Grupo
Parlamentario Socialista, para que se prioricen las obras de
soterramiento de la travesía de San Pedro de Alcántara (Málaga).
Desestimación ... (Página 12)
161/000749 Proposición no de Ley presentada por el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre medidas para mejorar
las líneas de cercanías de la provincia de Málaga. Desestimación así
como enmienda formulada ... (Página 12)
161/000761 Proposición no de Ley presentada por el Grupo
Parlamentario Socialista, relativa a la construcción de un acceso a
la autopista A-57 en Valmiñor. Retirada ... (Página 12)
INTERPELACIONES
Urgentes 172/000118 Interpelación formulada por el Grupo
Parlamentario Mixto, sobre los planes del Gobierno relativos al
trasvase del Ebro, contemplado en el Plan Hidrológico Nacional ...
(Página 13)
172/000119 Interpelación formulada por el Grupo Parlamentario
Socialista, sobre propuestas de refuerzo y mejoras de la seguridad
aeroportuaria y de la navegación aérea ... (Página 14)
172/000121 Interpelación formulada por el Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), sobre medidas de carácter general que tiene
previsto adoptar el Gobierno en el ámbito jurídico y patrimonial del
discapacitado ... (Página 16)
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES
Urgentes 173/000082 Moción consecuencia de interpelación urgente
presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la gestión
del Ministerio de Sanidad y Consumo ante diversas crisis sanitarias
surgidas en los meses de julio y agosto. Texto de la moción así como
enmiendas formuladas ... (Página 17)
Aprobación con modificaciones ... (Página 19)
173/000083 Moción consecuencia de interpelación urgente presentada
por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre las
actuaciones del Gobierno para superar la situación de caos sanitario,
garantías farmacéuticas y de consumo en España. Texto de la moción y
rechazo por el Pleno de la Cámara ... (Página 20)
173/000084 Moción consecuencia de interpelación urgente presentada
por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre la
situación de la economía española ante la evolución reciente de la
coyuntura económica internacional. Texto de la moción así como
enmiendas formuladas ... (Página 21)
Aprobación con modificaciones ... (Página 23)
Otros textos
DECLARACIONES INSTITUCIONALES
140/000014 Declaración institucional de transmisión de pésame al
Parlamento del cantón de Zug (Suiza), con ocasión del asesinato de 14
personas el día 27 de septiembre de 2001 ... (Página 24)
COMPOSICIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA CÁMARA
SECRETARÍA GENERAL
292/000005
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día 25 de septiembre de 2001,
ha acordado la convocatoria de ocho becas para realizar tesis
doctorales que tengan por objeto las Cortes Generales o el Parlamento
y hasta cuatro becas prórrogas de la convocatoria anterior, de
acuerdo con las bases que constan en el anexo.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena su publicación de
conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de septiembre de 2001.-P.
D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad
García-Escudero Márquez.
ANEXO
El Congreso de los Diputados, por acuerdo de la Mesa de la Cámara de
25 de septiembre de 2001, convoca ocho becas para realizar tesis
doctorales y hasta cuatro becas prórrogas de la convocatoria
anterior, de acuerdo con las bases que figuran a continuación:
Primera. Objeto.
El Congreso de los Diputados convoca ocho becas para realizar tesis
doctorales y hasta cuatro prórrogas de las becas concedidas en la
convocatoria anterior, que tengan por objeto las Cortes Generales o
el Parlamento desde cualquier planteamiento de carácter científico,
ya sea histórico, jurídico, filosófico, económico, sociológico
o político. Una de las becas irá destinada a un trabajo relacionado con
el reconocimiento del derecho de voto a las mujeres en España o con
otros aspectos relativos a los derechos de la mujer.
Segunda. Duración y cuantía.
1. Cada una de las becas tendrá la duración de un año y su cuantía
será de mil cincuenta y dos (1.052) euros mensuales brutos que se
percibirán finalizado cada mes. Salvo que razones justificadas lo
impidiesen, el disfrute de las becas comenzará no más tarde del 1 de
enero de 2002.
2. La percepción de la beca será incompatible con cualquier otra
concedida para el mismo período.
Tercera. Concesión de las becas.
1. Las becas se concederán por la Mesa del Congreso de los Diputados,
a propuesta de un jurado integrado por el Presidente de la Cámara,
que lo presidirá, dos miembros de la Mesa, la Secretaria General,
tres Profesores de Universidad y un Letrado de las Cortes Generales
que actuará como Secretario. De las deliberaciones y acuerdos del
jurado se levantará acta con la firma del Secretario y el visto bueno
del Presidente.
2. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el jurado se
reunirá para examinarlas y elevar la propuesta a la Mesa antes del
día 15 de diciembre de 2001.
3. La concesión de las becas corresponde a la Mesa, a propuesta del
jurado, en ambos casos mediante acuerdo adoptado por mayoría de
votos. El jurado puede proponer también que todas o algunas se
declaren desiertas.
4. Además de las ocho becas convocadas, se podrán conceder hasta
cuatro como prórroga por un año más a los becarios de la convocatoria
de 11 de octubre de 2000.
Cuarta. Requisitos de los aspirantes.
Pueden solicitar la concesión de beca los licenciados universitarios
españoles o de habla hispana, que acrediten que están preparando la
tesis doctoral sobre un tema relacionado con lo previsto en la base
primera y que reúnen los requisitos exigidos por la legislación
universitaria para la realización de tesis doctorales.
Quinta. Presentación de solicitudes.
Los solicitantes de una beca o de prórroga deberán presentar una
instancia, a cuyo efecto será imprescindible adoptar el esquema del
modelo que figura en el anejo, dirigida a la Secretaria General del
Congreso de los Diputados dentro de los quince días hábiles
siguientes a la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado», en el Registro de la Secretaría General de la Cámara
(calle de Floridablanca, sin número, 2.a
planta, Palacio del Congreso, 28014 Madrid), en horario de diez a
catorce horas y de diecisiete a veinte horas, de lunes a viernes, y
los sábados, de diez a catorce horas, acompañada de:
a) Documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos
mencionados en la base cuarta.
b) Memoria sobre objeto, método, tiempo y forma de realización de la
tesis doctoral con una extensión máxima de 30 páginas precedida de un
índice, con el
visto bueno del director de la misma, y acompañada de un informe de
este último, expresivo de los motivos que justifican la concesión de
la beca.
c) Copia del expediente universitario.
d) Exposición de las actividades desarrolladas desde la terminación
de la carrera.
e) Declaración jurada de no tener solicitada ni percibir otra beca,
cualquiera que sea la institución concedente, para el mismo período
de las objeto de esta convocatoria.
f) En el caso de prórroga, el interesado, además del documento
anterior, deberá presentar el trabajo realizado hasta ese momento,
justificar el tiempo y las materias que le resten por concluir, con
informe suficiente del director de la tesis.
Sexta. Obligaciones del becario.
1. El becario que acepte la beca se obliga a:
a) Cumplir las bases y normas de la convocatoria y, en particular, a
realizar la tesis doctoral propuesta en el tiempo, forma y contenido
que proponga en la memoria presentada para su realización.
b) Poner en conocimiento de la Dirección de Estudios y Documentación
el estado y las perspectivas de su trabajo, con informe del Director
de la tesis, en los quince días siguientes al transcurso de seis y
doce meses, respectivamente, del comienzo del disfrute de la beca.
c) Comunicar cualquier modificación importante que se proponga
introducir en el plan de realización de la tesis doctoral a la
Dirección de Estudios y Documentación.
d) Presentar, una vez terminada la tesis, una copia de la misma en la
Dirección de Estudios y Documentación.
2. El Congreso de los Diputados podrá acordar la publicación de la
primera edición de la tesis que no excederá de dos mil ejemplares en
las condiciones que tenga establecidas.
3. El incumplimiento por el becario de sus obligaciones podrá dar
lugar a la privación de la beca por el tiempo que quedare pendiente,
sin perjuicio de las responsabilidades que resultaren exigibles.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de septiembre de 2001.-La
Presidenta del Congreso de los Diputados, Luisa Fernanda Rudi Úbeda.
[Página con imagen]
ANEJO
Modelo de instancia para la convocatoria de becas para realizar tesis
doctorales relacionadas con las Cortes Generales o con el Parlamento
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
Pleno
162/0000106
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se ordena la publicación en el «Boletín
Oficial de las Cortes Generales» de las enmiendas formuladas a la
Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Mixto, sobre el
tratamiento tributario de los alojamientos en casas rurales de
pequeña dimensión (núm. expte. 162/000106), publicada en el «BOCG.
Congreso de los Diputados», serie D, núm. 52, de 11 de septiembre de
2000.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de septiembre de 2001.-P.
D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad
García-Escudero Márquez.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, se
presenta la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley del Grupo
Parlamentario Mixto (Sr. Núñez), sobre el tratamiento tributario de
los alojamientos en casas rurales de pequeña dimensión (núm. expte.
162/000106).
Enmienda
De adición.
Se propone añadir después de «la redacción ...» y antes de «... de
una normativa fiscal ...» el siguiente texto:
«... como elemento de una nueva fiscalidad para la industria
turística ...»
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de septiembre de 2001.-José
Luis Centella Gómez, Diputado.- Felipe Alcaraz Masats, Portavoz del
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por el presente
escrito, y al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y
siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de presentar la siguiente enmienda a la
Proposición no de Ley sobre el tratamiento tributario de los
alojamientos en casas rurales de pequeña dimensión.
Madrid, 24 de septiembre de 2001.-Luis de Grandes Pascual, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Enmienda
De modificación.
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que en el marco de
la reforma del IRPF a desarrollar, durante el año 2002, se estudie la
posibilidad de tener en cuenta la especificidad de la actividad
empresarial de hospedaje en casas rurales.»
Justificación
Mejora técnica.
162/000106
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy,
con motivo del debate de la Proposición no de Ley del Grupo
Parlamentario Mixto, sobre el tratamiento tributario de los
alojamientos en casas rurales de pequeña dimensión (núm. expte. 162/
000106), ha acordado lo siguiente:
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
Desarrollar, en el marco de las futuras reformas fiscales durante el
año 2002, el estudio de la especificidad fiscal de la actividad
empresarial de hospedaje en casas rurales y, en su caso, la nueva
fiscalidad para este segmento de la industria turística.»
Se ordena la publicación de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de septiembre de 2001.-P.
D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad
García-Escudero Márquez.
162/000338
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se ordena la publicación en el «Boletín
Oficial de las Cortes Generales» de las enmiendas formuladas a la
proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
sobre la implantación de nuevas figuras tributarias en las
Comunidades Autónomas (núm. expte. 162/000338), publicada en el
«BOCG. Congreso de los Diputados», serie D, núm. 225, de 7 de
septiembre de 2001.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de septiembre de 2001.-P.
D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad
García-Escudero Márquez.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo del artículo 194.2 del Reglamento de la Cámara, el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida presenta la siguiente
enmienda de sustitución a la Proposición no de Ley del Grupo
Parlamentario Popular sobre la implantación de nuevas figuras
tributarias en las Comunidades Autónomas.
1. El Congreso de los Diputados entiende que tanto la creación de
nuevas figuras tributarias por parte de las Comunidades Autónomas
como la manera en que se regulan los tributos ya existentes de la
Administración General del Estado deben ser, más allá de los
respectivos acervos competenciales, objeto de un amplio ejercicio de
autonomismo cooperativo, de tal suerte que tanto las Comunidades
Autónomas como la Administración General del Estado cogeneren la
política tributaria española en un verdadero ejercicio de
corresponsabilidad fiscal.
2. El Congreso de los Diputados entiende que la fiscalidad, sea esta
autonómica, local o estatal, lejos de ser un obstáculo para el
crecimiento económico, constituye un factor de desarrollo social al
procurar los medios necesarios para proveer los servicios públicos,
colaborar a la redistribución de la renta entre los ciudadanos
españoles y, en definitiva, mejorar el bienestar de los ciudadanos
españoles y muy especialmente el de los más necesitados de la
protección de lo público.
3. El Congreso de los Diputados considera que el Senado, en tanto que
cámara de representación territorial y de vertebración autonómica del
Estado español, debe jugar un papel clave en el diseño de las
políticas fiscales de la Administración General del Estado y las
Comunidades Autónomas, incluyendo entre sus atribuciones la
cooperación legislativa entre las Comunidades Autónomas en materia
tributaria, así como la lucha contra los posibles efectos perniciosos
de una política fiscal unilateral e insolidaria de una Comunidad
Autónoma para con sus Comunidades Autónomas limítrofes.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de septiembre de 2001.-Luis
Carlos Rejón Gieb, Diputado.- Felipe Alcaraz Masats, Portavoz del
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tengo el honor de
dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo
194.2 del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar
la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley del Grupo
Parlamentario Popular sobre implantación de nuevas figuras
tributarias en las Comunidades Autónomas (núm. expte. 162/000338).
Enmienda
Al punto 2.
De sustitución.
Sustituir el punto 2 por el siguiente texto:
«2. El rechazo a la confrontación política desatada desde el Gobierno
central contra gobiernos y parlamentos autonómicos de diferente signo
político a raíz de sus decisiones en materia tributaria.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de septiembre de 2001.-
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de Guillerme Vázquez
Vázquez, Diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG), al amparo de
lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
enmienda a la Proposición no de Ley sobre la implantación de nuevas
figuras tributarias en las Comunidades Autónomas, presentada por el
G.P. Popular.
Enmienda
De modificación.
Apartado: 2.
Texto que se propone:
Se sustituye el apartado 2, por el siguiente texto:
«2. El respaldo a las Comunidades Autónomas en el ejercicio de sus
competencias y de su autonomía financiera para la creación de nuevas
fuentes de ingresos, incluidas nuevas figuras tributarias que graven
hechos imponibles no sujetos a impuestos estatales, que contribuyan a
reforzar la suficiencia financiera de las mismas, y de esa forma
permitir la ejecución de políticas autonómicas favorecedoras del
desarrollo económico y del bienestar social de los ciudadanos de sus
respectivos territorios.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de septiembre de 2001.-
Guillerme Vázquez Vázquez, Diputado.-Joan Puigcercós i Boixassa,
Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
162/000338
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy,
ha aprobado la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, sobre la implantación de nuevas figuras tributarias
en las Comunidades Autónomas (núm. expte. 162/000338), sin
modificaciones con respecto al texto publicado en el «BOCG. Congreso
de los Diputados», serie D, núm. 225, de 7 de septiembre de 2001.
Se ordena la publicación de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de septiembre de 2001.-P.
D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad
García-Escudero Márquez.
Comisión de Asuntos Exteriores
161/000539
La Comisión de Asuntos Exteriores, en su sesión del día 25 de
septiembre de 2001, adoptó el acuerdo de desestimar la Proposición no
de Ley relativa al embargo comercial impuesto a Irak por la ONU (núm.
expte. 161/000539), presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, y
publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados», serie D, núm. 146,
de 12 de marzo de 2001.
Lo que se publica de conformidad con el artículo 97 del Reglamento
del Congreso.
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de septiembre de 2001.-P.
D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad
García-Escudero Márquez.
161/000900
La Comisión de Asuntos Exteriores, en su sesión del día 25 de
septiembre de 2001, ha acordado aprobar con modificaciones la
Proposición no de Ley relativa a la extensión de las zonas económicas
exclusivas (ZEE) (núm. expte. 161/000900), presentada por el Grupo
Parlamentario Popular y publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 219, de 24 de julio de 2001, en los
siguientes términos:
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
Mantener en los foros internacionales oportunos la oposición de
España a cualquier proceso de ampliación de las zonas económicas
exclusivas (ZEE) actualmente en vigor.
Completar a la mayor brevedad posible el proceso de ratificación del
Acuerdo sobre la aplicación de las disposiciones de la Convención de
las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, de 10 de diciembre de
1982, relativas a la conservación y ordenación de las poblaciones de
peces transzonales y las poblaciones de peces altamente migratorios,
hecho en Nueva York, el 4 de agosto de 1995.
Continuar impulsando, tanto a nivel bilateral como a través de la
Unión Europea, la creación de una Organización regional de pesca
(ORP) en el Atlántico Sudoriental.»
A dicha Proposición no de Ley se formularon dos enmiendas, cuyos
textos, asimismo, se insertan.
Se ordena su publicación de conformidad con lo previsto en el
artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de septiembre de 2001.-P.
D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad
García-Escudero Márquez.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de
dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo
194 del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar
las siguientes enmiendas a la Proposición no de Ley relativa a la
extensión de las zonas económicas exclusivas (ZEE) (núm. expte. 161/
000900), presentada por el Grupo Parlamentario Popular para su debate
en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Enmienda
Al primer apartado.
De modificación.
Sustituir «Mantener en los foros internacionales oportunos, la
posición de España a cualquier proceso de ampliación...» por el
siguiente texto «Mantener en los foros internacionales oportunos la
oposición de España a cualquier proceso de ampliación...»
Enmienda
Al segundo apartado.
De modificación.
Sustituir por el siguiente texto:
«Completar a la mayor brevedad posible el proceso de ratificación del
Acuerdo sobre la aplicación de las disposiciones de la Convención de
las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, de 10 de diciembre de
1982, relativas a la conservación y ordenación de las poblaciones de
peces transzonales y las poblaciones de peces altamente migratorios,
hecho en Nueva York, el 4 de agosto de 1995.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de septiembre de 2001.-
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.
161/000924
La Comisión de Asuntos Exteriores, en su sesión del día 25 de
septiembre de 2001, ha acordado aprobar con modificaciones la
Proposición no de Ley relativa a los españoles secuestrados en
Georgia (núm. expte. 161/000924), presentada por el Grupo
Parlamentario Socialista y publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 227, de 11 de septiembre de 2001, en los
siguientes términos:
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a seguir prestando
todo el apoyo necesario a las gestiones que realicen las familias de
los secuestrados, así como a intensificar la utilización de todos los
instrumentos jurídicos y políticos a su alcance, tanto en el ámbito
bilateral como en el de la Unión Europea, a fin de conseguir la
liberación de los dos ciudadanos españoles secuestrados en Georgia.»
Se ordena su publicación de conformidad con lo previsto en el
artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de septiembre de 2001.-P.
D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad
García-Escudero Márquez.
Comisión de Economía y Hacienda
161/000628
La Comisión de Economía y Hacienda, en su sesión del día 25 de
septiembre de 2001, adoptó el acuerdo de desestimar la Proposición no
de Ley sobre reducción de los índices de rendimiento neto en el
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) aplicables a
la actividad ganadera bovina y al comercio de carnes y despojos como
consecuencia de la crisis que afecta al sector, debido a la aparición
de los primeros casos de encefalopatía espongiforme bovina (EEB)
(núm. expte. 161/000628), presentada por el Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), y publicada en el «BOCG. Congreso de
los Diputados», serie D, núm. 161, de 9 de abril de 2001.
Lo que se publica de conformidad con el artículo 97 del Reglamento
del Congreso.
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de septiembre de 2001.-P.
D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad
García-Escudero Márquez.
161/000825
La Comisión de Economía y Hacienda, en su sesión del día 25 de
septiembre de 2001, adoptó el acuerdo de desestimar la Proposición no
de Ley relativa a la gestión descentralizada de los fondos
estructurales de la Unión Europea (núm. expte. 161/000825),
presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, y publicada en el
«BOCG. Congreso de los Diputados», serie D, núm. 199, de 18 de junio
de 2001.
Lo que se publica de conformidad con el artículo 97 del Reglamento
del Congreso.
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de septiembre de 2001.-P.
D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad
García-Escudero Márquez.
161/000889
La Comisión de Economía y Hacienda, en su sesión del día 25 de
septiembre de 2001, adoptó el acuerdo de desestimar la Proposición no
de Ley sobre rescate de las aportaciones a planes de pensiones
llevadas a cabo por jubilados tras el cese de su actividad laboral
(núm. expte. 161/000889), presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista, y publicada en el «BOCG.
Congreso de los Diputados», serie D, núm. 216, de 13 de julio de
2001.
Lo que se publica de conformidad con el artículo 97 del Reglamento
del Congreso.
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de septiembre de 2001.-P.
D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad
García-Escudero Márquez.
Comisión de Infraestructuras
161/000523
La Comisión de Infraestructuras, en su sesión del día 20 de
septiembre de 2001, adoptó el acuerdo de desestimar la Proposición no
de Ley relativa al desdoblamiento de la carretera denominada Camino
de Castilla, en los términos municipales de Monforte del Cid y Elche
(núm. expte. 161/000523), presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista y publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados», serie
D, núm. 138, de 23 de febrero de 2001.
Lo que se publica de conformidad con el artículo 97 del Reglamento
del Congreso.
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de septiembre de 2001.-P.
D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad
García-Escudero Márquez.
161/000598
La Comisión de Infraestructuras, en su sesión del día 20 de
septiembre de 2001, adoptó el acuerdo de desestimar la Proposición no
de Ley sobre la agilización de las obras previstas en el aeropuerto
de Málaga (núm. expte. 161/000598), presentada por el Grupo
Parlamentario Mixto, y publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 150, de 16 de marzo de 2001.
A dicha Proposición no de Ley se formularon tres enmiendas, cuyos
textos se insertan a continuación.
Lo que se publica de conformidad con el artículo 97 del Reglamento
del Congreso.
Palacio del Congreso de los Diputado, 26 de septiembre de 2001.-P. D.
La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García-
Escudero Márquez.
A la Mesa de la Comisión de Infraestructuras
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente enmienda a la
Proposición no de Ley, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre la
agilización de las obras previstas en el aeropuerto de Málaga.
Madrid, 19 de septiembre de 2001.-Luis de Grandes Pascual, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Enmienda
De modificación.
El texto quedará redactado de la siguiente forma:
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a iniciar, con tiempo
suficiente para que pueda estar operativa antes de que se agote su
capacidad actual, la construcción de la nueva pista del aeropuerto de
Málaga.»
Justificación
Mejora técnica.
A la Mesa de la Comisión de Infraestructuras
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tengo el honor de
dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo
194.2 del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar
las siguientes enmiendas a la Proposición no de Ley, del Grupo
Parlamentario Mixto, sobre agilización de las obras previstas en el
aeropuerto de Málaga (núm. expte. 161/000598).
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de septiembre de 2001.-
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.
Enmienda
De adición de un nuevo punto 3.
«3. Consignar una partida presupuestaria específica en los
Presupuestos Generales del Estado del 2002 que atienda las
obligaciones derivadas de la obra de ampliación del aeropuerto de
Málaga.»
Enmienda
De adición de un nuevo punto 4.
«4. Encargar de inmediato el proyecto de nueva pista y campo de
vuelos del aeropuerto de Málaga, con el objeto de que las obras que
se tengan que desarrollar con tal cometido puedan comenzar en el
segundo semestre del 2002.»
161/000727
La Comisión de Infraestructuras, en su sesión del día 20 de
septiembre de 2001, ha acordado aprobar con modificaciones la
Proposición no de Ley sobre la situación en la que se encuentran los
vecinos de la aldea de Aguafría (Huelva) a causa de la falta de
medidas de seguridad de la carretera N-435 (núm. expte. 161/000727),
presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, y publicada en el
«BOCG. Congreso de los Diputados», serie D, núm. 176, de 14 de mayo
de 2001, en los siguientes términos:
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que agilice en lo
posible las soluciones adoptadas para garantizar la seguridad de los
vecinos de la aldea de Aguafría en Huelva en la travesía de la
carretera nacional N-435.»
Se ordena su publicación de conformidad con lo previsto en el
artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de septiembre de 2001.-P.
D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad
García-Escudero Márquez.
161/000737
La Comisión de Infraestructuras, en su sesión del día 20 de
septiembre de 2001, adoptó el acuerdo de desestimar la Proposición no
de Ley para que se prioricen las obras de soterramiento de la
travesía de San Pedro de Alcántara (Málaga) (núm. expte. 161/000737),
presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, y publicada en el
«BOCG. Congreso de los Diputados», serie D, núm. 176, de 14 de mayo
de 2001.
Lo que se publica de conformidad con el artículo 97 del Reglamento
del Congreso.
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de septiembre de 2001.-P.
D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad
García-Escudero Márquez.
161/000749
La Comisión de Infraestructuras, en su sesión del día 20 de
septiembre de 2001, adoptó el acuerdo de desestimar la Proposición no
de Ley sobre medidas para mejorar las líneas de cercanías de la
provincia de Málaga (núm. expte. 161/000749), presentada por el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida, y publicada en el «BOCG.
Congreso de los Diputados», serie D, núm. 180, de 22 de mayo de 2001.
A dicha Proposición no de Ley se formuló una enmienda, cuyo texto ser
inserta a continuación.
Lo que se publica de conformidad con el artículo 97 del Reglamento
del Congreso.
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de septiembre de 2001.-P.
D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad
García-Escudero Márquez.
A la Mesa de la Comisión de Infraestructuras
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tengo el honor de
dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo
194.2 del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar
la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley, del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre medidas para mejorar
las líneas de cercanías de la provincia de Málaga (núm. expte. 161/
000749).
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de septiembre de 2001.-
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.
Enmienda
De adición de un nuevo punto 4.
«4. Consignar en los Presupuestos Generales del Estado para el 2002
la cantidad suficiente con la que se posibiliten las mejoras y
ampliaciones de las líneas de cercanías de la provincia de Málaga.»
161/000761
En la sesión de la Comisión de Infraestructuras, del día 20 de
septiembre de 2001, se ha retirado por el Grupo Parlamentario
Socialista la Proposición no de Ley relativa a la construcción de un
acceso a la autopista A-57 en Valmiñor (núm. expte. 161/000761),
publicada
en el «BOCG. Congreso de los Diputados», serie D, núm. 183, de 25 de
mayo de 2001.
Lo que se publica de conformidad con lo previsto en el artículo 97
del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de septiembre de 2001.-P.
D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad
García-Escudero Márquez.
INTERPELACIONES
Urgentes
172/000118
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy,
debatió la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto, sobre
los planes del Gobierno relativos al trasvase del Ebro, contemplado
en el Plan Hidrológico Nacional (núm. expte. 172/000118), cuyo texto
se inserta a continuación, de conformidad con lo previsto en el
artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de septiembre de 2001.-P.
D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad
García-Escudero Márquez.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 180 y siguientes del
vigente Reglamento de la Cámara, el Diputado don José Antonio
Labordeta, adscrito al Grupo Mixto (Chunta Aragonesista), presenta la
siguiente interpelación urgente sobre los planes del Gobierno
relativos al trasvase del Ebro, contemplado en el denominado «Plan
Hidrológico Nacional».
Motivación
Nuevos factores y acontecimientos han tenido lugar en el período que
transcurre desde la aprobación por el Parlamento del Proyecto de Ley
del Plan Hidrológico Nacional hasta la fecha de hoy, que, a nuestro
juicio, son lo suficientemente relevantes como para que sean
conocidos y tratados en una sesión plenaria del Congreso de los
Diputados:
Así, en primer lugar, se ha tenido acceso a las conclusiones de
sendos informes científicos, que el propio Ministerio de Medio
Ambiente encargó a diferentes
expertos, además de la difusión de informes contrarios al PHN de
prestigiosos organismos mundiales.
En segundo lugar, destacamos las movilizaciones ciudadanas y demandas
de diversos colectivos ante los organismos europeos contra el
trasvase del Ebro y los pantanos que lo hacen posible. Por un lado,
la denominada «Marcha Azul», que culminó el pasado 9 de septiembre en
una manifestación de miles de ciudadanos y ciudadanas por las calles
de Bruselas, y, por otro, las quejas y recursos planteados por
diferentes colectivos, ante la Comisión Europea, contra el PHN, así
como las propias advertencias realizadas al Gobierno español por este
organismo.
Desarrollemos ambas cuestiones:
Los dictámenes de los expertos, a los que hacemos referencia, no se
hicieron públicos antes de la aprobación del Plan Hidrológico ni se
tuvieron en cuenta por el Gobierno, ni por el Consejo Nacional del
Agua, cuando constituyen un elemento lo suficientemente importante,
por su calidad y por sus conclusiones, para que sean un elemento
estructural clave, a la hora de diseñar una política hidráulica
adecuada a las necesidades reales del Estado.
De esta manera, el 5 de febrero de 2001, 62 científicos del grupo de
expertos se reunieron en Madrid para contrastar sus informes y acusar
públicamente al Ministerio de no haberles consultado con intenciones
sinceras, sino sólo para cubrir el expediente, actuando «de cara a la
galería».
Ante estos acontecimientos, desde la representación de Chunta
Aragonesista en el Congreso se reclamó el acceso a estos informes,
amparándose en el derecho de los Diputados a la información.
Finalmente, el 31 de mayo se pudieron consultar estos dictámenes, que
coinciden en señalar las graves deficiencias del Plan y en refutar
los argumentos ministeriales carentes de rigor científico.
El estudio de los informes, a los que hemos tenido acceso, permite
extraer algunas conclusiones, comunes a la mayoría de ellos,
referidas al PHN, afirmando, entre otras cuestiones, las siguientes:
1. Hay ausencia de debate.
2. Adolece de rigor científico.
3. Existe un enorme impacto medioambiental.
4. Plantea errores en el análisis económico.
5. Incumple las Directivas europeas.
6. Insuficientes estudios previos.
7. Fomenta desequilibrios territoriales.
8. Faltan estudios de las alternativas.
9. Presenta carencias de estudio del impacto social.
Además, recientemente hemos conocido la existencia de un informe de
la Convención Ramsar, organización internacional encargada de velar
por la protección
de los humedales, donde se indica los graves prejuicios que el PHN
causaría sobre el delta del Ebro. Este informe tampoco era conocido,
de manera pública, antes de la aprobación del Plan Hidrológico
Nacional.
El segundo aspecto, al que nos referíamos anteriormente, era el
relacionado con la denominada «Marcha Azul», que ha tenido lugar
desde el mes de agosto hasta el pasado 9 de septiembre de 2001.
Los propios integrantes de la plataforma indican que este movimiento
es una iniciativa de las organizaciones sociales que convocaron y
apoyaron las manifestaciones de Barcelona y Madrid contra el PHN.
Esta movilización se convocó bajo el lema «Marcha Azul a Bruselas por
una Nueva Cultura del Agua. Ni un Euro para este Plan Hidrológico
Nacional». El objetivo era hacer llegar al máximo órgano europeo con
sede en Bruselas, la Unión Europea, la oposición ciudadana surgida
contra el Plan Hidrológico español.
La marcha comenzó el pasado día 10 de agosto, desde las tierras del
delta del Ebro, recorrió el Ebro en sentido ascendente hasta Zaragoza
y de allí tomó camino del Pirineo para pasar a Francia, donde
discurrieron varias etapas, que también atravesaron Holanda y
Alemania, para culminar, el pasado 9 de septiembre, en una
manifestación en Bruselas, que convocó a miles y miles de ciudadanos/
as y que tuvo sendas réplicas en Aragón y Cataluña.
Nuevamente volvieron a manifestarse de manera libre, pacífica y
democrática las gentes que están luchando contra el trasvase del
Ebro. Los mencionados actos contaron con el apoyo de los partidos que
forman parte actualmente del Gobierno francés, así como de numerosas
organizaciones sociales, políticas, ecologistas, sindicales europeas.
Igualmente, no podemos dejar de mencionar que hasta 79
europarlamentarios han suscrito el manifiesto de la denominada
«Marcha Azul» contra este PHN, y que la propia Dirección General de
Medioambiente de la Comisión Europea ha enviado un escrito, al
Gobierno español, pidiéndole que realice un informe de impacto
ambiental global del propio Plan Hidrológico; mostrando su
preocupación por el alcance de las obras previstas en el PHN.
Hay que tener en cuenta que todo este tipo de actuaciones y de
iniciativas, de tomarse en consideración, dejarían sin el apoyo
financiero europeo el desarrollo del trasvase del Ebro y, por tanto,
cuestionarían la viabilidad futura del PHN, basado en esta
transferencia hidráulica.
Finalmente, queremos destacar que se han presentado, por diferentes
instituciones y organismos (SEO, COAGRET, ecologistas...) sendas
quejas, ante la Comisión Europea, denunciando la actuación del
Gobierno español y reclamando preservar los principios de la
Directiva Europea del Agua.
Dichas iniciativas inciden en que el PHN prevé la construcción de más
de un centenar de grandes embalses, varios trasvases (en especial, el
trasvase Ebro-JúcarSegura),
cientos de kilómetros de encauzamientos y otras
infraestructuras que afectan, de forma directa o indirecta, al estado
de las aguas y a más de un centenar de espacios incluidos o próximos
a ser incluidos en la Red Natura 2000, como son los ZEPAs y los
lugares propuestos como LICs. Revelan la disconformidad de este
proyecto con el Derecho comunitario y las repercusiones que esto
genera en todo el territorio del Estado español. Se reclama la
incompatibilidad entre las obras a realizar por el Gobierno con la
propia legislación europea.
Por todos estos motivos expuestos, dada la magnitud y alcance global
de las diferentes cuestiones a las que hemos hecho referencia
anteriormente, consideramos que el Gobierno español debería, como
mínimo, cuestionarse sus actuales planteamientos hidráulicos,
rectificar en una línea más acorde con la «nueva cultura del agua» y
aplicar una moratoria indefinida de todas y cada una de las
actuaciones tendentes a impulsar el trasvase del Ebro.
De este modo, ante la situación descrita y con el objetivo de conocer
si el ejecutivo español piensa realizar alguna variación en su
política, presentamos la siguiente interpelación urgente sobre los
planes del Gobierno relativos al trasvase del Ebro, contemplado en el
denominado «Plan Hidrológico Nacional».
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de septiembre de 2001.-José
Antonio Labordeta Subías, Diputado.-Joan Puigcercós i Boixassa,
Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
172/000119
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy,
debatió la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista
sobre propuestas de refuerzo y mejoras de la seguridad aeroportuaria
y de la navegación aérea (núm. expte. 172/000119), cuyo texto se
inserta a continuación, de conformidad con lo previsto en el artículo
97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de septiembre de 2001.-P.
D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad
García-Escudero Márquez.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de
dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo dispuesto en el artículo
180 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presentar la
siguiente interpelación urgente al Gobierno, sobre propuestas de
refuerzo y mejoras de la seguridad aeroportuaria yde la navegación
aérea.
Motivación
Los brutales acontecimientos acaecidos en los EE.UU., en el pasado
mes de septiembre, en los que cuatro aviones civiles fueron
secuestrados y estrellados contra el Pentágono y dos edificios en el
World Trade Center han conmocionado al mundo y a su vez han puesto de
manifiesto la necesidad de que por parte de todos los países se
extremen las medidas de seguridad en las instalaciones
aeroportuarias.
Desde el Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes Generales se ha
venido demandando en los últimos años un nuevo marco legislativo que
modernice y reemplace el actualmente vigente de la Ley 48/1960, de
Navegación Aérea. Hace algo más de tres años el Pleno del Congreso de
los Diputados adoptó el acuerdo unánime de mandatar al Gobierno para
que presentara, en el plazo de un año, un Proyecto de Ley de
Navegación Aérea que sustituyera a la actual, por otra que
incorporase los cambios tecnológicos, relativos a las nuevas fórmulas
de telecomunicaciones, informáticas o de comunicación vía satélites,
que permiten la «interconectabilidad» de los sistemas para la
producción del transporte aéreo en todas las vertientes.
Tal mandato ha sido incumplido por el Gobierno y la necesidad de una
nueva Ley en el ámbito aeronáutico español es hoy en día muy
acuciante. Es necesario potenciar la inspección general aeronáutica
extendida a la totalidad de las actividades de la aviación civil
referidas a los medios personales, las aeronaves, materiales
e instalaciones de todo tipo, superficies de utilización directa y
demás infraestructuras, operadores y entes responsables de las
diferentes actividades que configuran y constituyen la actividad
aeronáutica. Todo ello desde la perspectiva de la necesidad del
reforzamiento de la seguridad.
Se precisa dotar al sector aeronáutico español de un marco de
referencia ordenado y completo en el que se recojan las disposiciones
aplicables al ámbito de aplicación y competencias sobre regulación
del espacio aéreo, infraestructuras y circulaciones aéreas, dominio
público aeroportuario y servidumbres correspondientes, material y
personal aeronáutico, operadores aéreos, inspección general
aeronáutica, accidentes, medidas de seguridad y responsabilidades,
etc.
La seguridad en el transporte aéreo comienza en los aeropuertos.
Resulta esencial que, en un ámbito de responsabilidad exento de
improvisación desde la perspectiva del servicio público y enmarcado
en la seguridad ciudadana, el Ministerio de Fomento adopte medidas
tendentes a reforzar la seguridad en las instalaciones aeroportuarias
españolas. Lamentablemente, el precedente de dos atentados
terroristas en la zona de aparcamiento de vehículos en los
aeropuertos de Málaga y de Madrid en los últimos meses aconsejan
analizar en profundidad los mecanismos de seguridad actualmente en
vigor y
diseñar otros nuevos que permitan afrontar potenciales riesgos
futuros y aporten confianza a los usuarios.
Asimismo, entendemos que la seguridad aeroportuaria constituye una
obligación estatal que se enmarca en las responsabilidades que,
desempeñadas por el Gobierno, se dirigen a la defensa de la
integridad de los ciudadanos en su condición de usuarios de
infraestructuras y medios públicos dedicados al transporte de
personas. En consecuencia, es menester incrementar los medios humanos
y materiales que se han de emplear en la protección en las
instalaciones aeronáuticas con cargo a los Presupuestos Generales del
Estado.
Como es bien sabido, la mayoría de los aeropuertos españoles
gestionados por AENA soportan tráfico internacional, lo que significa
que nuestra red de aeropuertos, con carácter general, debería contar
con unos medios técnicos y operativos para la prevención y detección
de elementos que pudieran constituir riesgo para la seguridad de los
aeropuertos y de las aeronaves de «primera categoría». No basta con
que los aeropuertos más importantes, Madrid y Barcelona, dispongan de
lo más sobresaliente en este campo, sino que se ha de exigirse el
mismo nivel de seguridad en todos y cada uno de los aeropuertos.
Solamente podrán diferir entre aeropuertos, en cuanto a la
organización y medios de seguridad se refiere, en la cantidad y
volumen de los mismos, pero no en el nivel exigible a los sistemas de
seguridad y al personal encargado de su gestión.
Es la OACI la que ha regulado los principios básicos de seguridad
aeroportuaria y de la navegación aérea. En concreto, el anexo 17 al
Convenio de Chicago establece las normas y métodos recomendados
internacionales sobre la protección de la aviación civil
internacional contra los actos de interferencia ilícita.
En el correspondiente documento de la OACI se establecen los
criterios y normas relativos a la organización, medidas preventivas
de seguridad, métodos para hacer frente a los actos de interferencia
y lícita, etc., que deben observar los más de 180 países que forman
parte de la OACI.
Cabe resaltar en el contenido de dicho documento algunas cuestiones
relevantes para este propósito:
Cada Estado contratante establecerá un programa nacional de seguridad
de la aviación civil; cada Estado contratante designará la autoridad
competente dentro de la Administración, que será responsable de la
preparación, ejecución y cumplimiento del programa nacional de
seguridad de la aviación civil; cada Estado contratante valorará
constantemente el grado de amenaza que existe en su territorio,
teniendo en cuenta la situación internacional y ajustará, en
consecuencia, los aspectos pertinentes de su programa nacional de
seguridad en la aviación civil, etc.
Creemos que la situación actual de los sistemas de seguridad de que
dispone AENA no difiere demasiado respecto a la precedente derivada
de los compromisos suscritos por España pero, sin embargo, los
cambios
radicales de escenario son tan patentes y espectaculares que por ello
se debería examinar la idoneidad de la seguridad de los aeropuertos
españoles para afrontar riesgos potenciales.
El Gobierno debería revisar urgente y completamente nuestro sistema
de seguridad, en concreto los aspectos relativos a las dotaciones y
organización en nuestros aeropuertos y, por otra parte, a la
posibilidad de estudiar su extensión a las cuestiones de «policía
aérea», considerando entre otras cuestiones la posibilidad de
prohibir sobrevuelos a baja altura de las ciudades y zonas de
especial protección, etc.
Es importante que se tenga en cuenta la interrelación entre los
diversos sistemas y servicios del aeropuerto para la configuración de
un correcto servicio de seguridad y para la correcta implantación de
un sistema de seguridad adecuado a nuestros riesgos. Por supuesto que
dichos sistemas deben diseñarse con criterios armonizados en el
entorno internacional (OACI), y especialmente europeo, para la
ejecución del análisis de riesgo y la puesta en práctica de medidas
efectivas operativas y preventivas de los mismos.
Se debe reconsiderar el proceso mediante el cual se analizan y se
determinan los riesgos potenciales que pudieran afectar a la
alteración de la normalidad en la aviación civil en razón a las
diferentes categorías de gravedad y a las consecuencias que se
podrían derivar en posibles fallos de los sistemas de seguridad y
además de los potenciales peligros y probabilidades de ocurrencia en
los mismos.
Todas las medidas y planes de seguridad deben estar orientados al
hecho de que los riesgos se mantengan a un nivel de probabilidad tan
bajo como sea posible.
Asimismo, estimamos que, en el plazo más breve posible, el Gobierno
ha de revisar todas las medidas y sistemas de seguridad que existen
hoy en los aeropuertos de modo que pueda garantizarse que su estudio
y nivel de implantación se ha efectuado de un modo realista y se
asegure el más alto nivel de seguridad frente a nuevas amenazas o
nuevo escenario.
Con ello podremos demostrar a las compañías aéreas y a quien lo pida
que nuestro nivel de seguridad aeroportuario español permitirá sin
ninguna clase de riesgo todas las operaciones aéreas civiles que
hasta la fecha se venían realizando en nuestro país.
En consecuencia, y por todo lo referenciado, es por lo que se
presenta la presente interpelación al Gobierno con el objeto de
analizar los medios actualmente disponibles por AENA para la
seguridad aeronáutica y propuestas de refuerzo y mejoras de la
seguridad aeroportuaria y de la navegación aérea.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de septiembre de 2001.-José
Segura Clavell, Diputado.- María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
172/000121
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy,
debatió la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), sobre medidas de carácter general que tiene
previsto adoptar el Gobierno en el ámbito jurídico y patrimonial del
discapacitado (núm. expte. 172/000121), cuyo texto se inserta a
continuación, de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del
Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de septiembre de 2001.-P.
D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad
García-Escudero Márquez.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Xavier Trias i Vidal de Llobatera, en su calidad de Portavoz del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y de acuerdo con
lo establecido en el artículo 173 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, presenta una interpelación urgente sobre medidas de carácter
general que tiene previsto adoptar el Gobierno en el ámbito jurídico
y patrimonial del discapacitado.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de septiembre de 2001.-
Xavier Trias i Vidal de Llobatera, Portavoz del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió).
Antecedentes
El artículo 49 de la Constitución exige a los poderes públicos la
realización de una política de previsión, tratamiento, rehabilitación
e integración de los discapacitados físicos, psíquicos y sensoriales,
situando este precepto en el capítulo tercero del título I, como
principio rector de la política social y económica.
En desarrollo de este precepto constitucional han sido numerosas las
disposiciones que han establecido prestaciones de carácter público en
favor de este colectivo y de sus familias. Entre otras, la Ley 13/
1982, de 7 de abril, de Integración Social de los Minusválidos, es el
reflejo del proceso de adecuación de asistencia sanitaria, educación,
transportes públicos o de uso público a las personas con disminución
en sus capacidades físicas o sensoriales.
Así, cada vez ha sido mayor la implicación de los diversos poderes
públicos en actividades de carácter asistencial dirigidas tanto a la
integración social y laboral de los discapacitados como las ayudas a
sus familias. Sin embargo, hay que decir que la preocupación por los
discapacitados parece ajena al reconocimiento
de un Estatuto específico de este colectivo en el ámbito del Derecho
Civil.
El 29 de junio de 1999, el Congreso de los Diputados aprobó, por
unanimidad, una Proposición no de Ley en la que se instaba al
Gobierno a valorar la necesidad de proponer un marco jurídico
patrimonial privado del minusválido, actualizando la regulación
vigente, habida cuenta de la preocupación de las familias por
garantizar una suficiencia de medios de subsistencia para estos
individuos y las diferentes formas de discapacidad que se presentan
en la sociedad actual, teniendo también en cuenta el envejecimiento
progresivo de la población como consecuencia de la prolongación de la
vida.
Asimismo, en esta Proposición no de Ley se acordaba estudiar y
proponer, en el plazo de seis meses, las medidas de Derecho Civil y
Procesal y la adecuación del ordenamiento tributario a fin de dar
respuesta a los problemas personales y patrimoniales de todas
aquellas personas que por causas psíquicas, sensoriales o físicas no
pueden valerse totalmente por sí mismas.
Algunas Comunidades Autónomas han avanzado, dentro de su respectivo
ámbito competencial, en esta regulación, introduciendo nuevas figuras
jurídicas que dan respuesta a la situación que padecen los
discapacitados y sus familiares, sin que por el momento en Derecho
común se hayan formulado propuestas de regulación de un marco
jurídico general para este colectivo.
Consecuencia de este mandato del Congreso de los Diputados es el
informe titulado «Presente y futuro de la fiscalidad del
discapacitado» que, recientemente, ha dirigido el Defensor del Pueblo
a esta Cámara, en el que no sólo se recogen propuestas de reforma del
régimen fiscal de la discapacidad, teniendo en cuenta las medidas de
integración llevadas a cabo en otros países de nuestro entorno, sino
que también se proponen medidas en el ámbito sucesorio, patrimonial,
procesal y tutelar, encuadradas en lo que se ha denominado Estatuto
Patrimonial del Discapacitado.
Una reclamación reiterada de los propios afectados y sus familias es
la necesidad de reformar nuestro ordenamiento a fin de incluir
medidas que contemplen su protección jurídica y den solución a la
planificación personal y patrimonial de estas personas ante las
dificultades de atención que deben procurarse a costa del patrimonio
familiar o, en caso de existir, del propio.
Según los últimos datos facilitados por el IMSERSO, un 15 por ciento
de la población española padece algún tipo de discapacidad,
ascendiendo el número de personas con graves problemas para realizar
las actividades diarias a cerca de 243.000 y otras 300.000 presentan
minusvalías que les impiden salir de casa solos. Estos datos nos dan
a entender la importancia que significa para un importante colectivo
de españoles todas las medidas que desarrollan los poderes públicos y
las disposiciones que al respecto prevé nuestro ordenamiento
jurídico.
En opinión del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)
todas aquellas modificaciones que en el ámbito del derecho privado
que puedan promover para el establecimiento de un régimen jurídico
patrimonial del discapacitado serán de gran trascendencia para el
colectivo.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)
presenta una interpelación urgente sobre medidas de carácter general
que tiene previsto adoptar el Gobierno en el ámbito jurídico y
patrimonial del discapacitado.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES
Urgentes
173/000082
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de
la Cámara, se ordena la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS
CORTES GENERALES de la moción consecuencia de interpelación urgente,
del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la gestión del Ministerio
de Sanidad y Consumo ante diversas crisis sanitarias surgidas en los
meses de julio y agosto (núm. expte. 173/000082), y de las enmiendas
presentadas a la misma.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de septiembre de 2001.-P.
D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad
García-Escudero Márquez.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tengo el honor de
dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo
184 del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar
la siguiente moción consecuencia de interpelación urgente al Gobierno
sobre la gestión del Ministerio de Sanidad y Consumo ante diversas
crisis sanitarias surgidas en los meses de julio y agosto.
Motivación
Este verano hemos vivido una serie de situaciones que a lo largo de
las últimas semanas han generado una importante alarma social entre
los ciudadanos por la trascendencia que han tenido para la salud de
muchas personas implicadas; los brotes de legionella, entre los que
destaca por su magnitud el de la ciudad de Murcia con cientos de
personas afectadas y varias de ellas
fallecidas, la importante alarma social generada alrededor del
medicamento cerivastatina cuyas consecuencias negativas para la salud
han sido evidentes también para muchos afectados causando la muerte
de varias personas, o los casos de fallecimiento de varios pacientes
de hemodiálisis en Valencia, Madrid y Barcelona, al parecer, por
fallos en los equipos dializadores utilizados en la hemodiálisis de
estos pacientes han puesto de manifiesto carencias en los sistemas de
prevención, vigilancia y alerta sanitaria de nuestro sistema público
de salud, al tiempo que la actuación del Ministerio ha quedado, de
nuevo, en entredicho.
En el caso de los enfermos renales usuarios de hemodiálisis, la
alarma generada por situaciones como las vividas en Valencia, Madrid
y Barcelona ha puesto en evidencia de nuevo la necesidad de impulsar
medidas que estimulen las donaciones de órganos que en estos
pacientes supone una verdadera oportunidad para liberarse de su
dependencia de las sesiones de hemodiálisis.
Si los sistemas de control y vigilancia sanitaria presentan
insuficiencias que afectan a la salud de los ciudadanos y contribuyen
a generar alarma social e, incluso, deterioran la credibilidad de los
ciudadanos respecto a la calidad y seguridad del sistema público, es
evidente que se requieren acciones capaces de superar estas
insuficiencias y, sobre todo, capaces de mejorar la capacidad de
prevención y la eficacia de las actuaciones cuando situaciones como
las descritas puedan presentarse.
Por todo ello, y ante la gravedad de las consecuencias vividas,
creemos necesario adoptar medidas urgentes, por lo que presentamos la
siguiente
Moción
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Determinar las causas exactas de los fallecimientos de pacientes
renales usuarios de hemodiálisis fallecidos en el mes de agosto en
Madrid, Valencia y Barcelona, haciendo públicos los resultados de los
estudios realizados al respecto.
2. Establecer un programa de seguimiento exhaustivo a los pacientes
renales dializados con los equipos sospechosos e informar de manera
precisa y veraz a dichos pacientes y familiares sobre su estado de
salud, a fin de disminuir sus temores sobre la salud de estos
pacientes, planteando incluso la creación de una línea 900 para los
afectados.
3. Establecer un programa de seguimiento exhaustivo de los pacientes
consumidores de cerivastatina e informar de manera precisa y veraz a
dichos pacientes y familiares sobre su estado de salud, a fin de
disminuir sus temores sobre la salud de estos pacientes, planteando
incluso la creación de una línea 900 para los afectados.
4. Constituir una Comisión para la mejora de la seguridad y de la
calidad en el Sistema Nacional de Salud en el seno del Consejo
Interterritorial de Salud que, con participación de expertos de todas
las Comunidades Autónomas y del Ministerio de Sanidad y Consumo, así
como asociaciones profesionales de prestigio, analicen la situación y
propongan medidas de mejora antes de seis meses en materia de:
* Sistemas de farmacovigilancia.
* Sistemas y mecanismos de vigilancia epidemiológica.
* Medición y mejora de la notificación de reacciones adversas de
medicamentos y de enfermedades de declaración obligatoria.
* Medición y mejora de la información que los profesionales reciben
sobre efectos adversos y alertas de medicamentos y otras tecnologías
sanitarias.
* Comunicación de morbilidad y/o mortalidad por equipos médicos en
casos similares a los de pacientes usuarios de hemodiálisis desde los
centros sanitarios a las autoridades sanitarias.
* Seguridad de edificios e instalaciones sanitarias y de equipos no
médicos.
* Infecciones nosocomiales.
* Seguridad y confidencialidad de los sistemas de información.
5. Reforzar las acciones que se realizan para la estimulación de las
donaciones de órganos que permitan incrementar los trasplantes que
los pacientes renales usuarios de hemodiálisis necesitan en la
mayoría de las ocasiones, con la realización urgente de una campaña
de sensibilización a la población general sobre la importancia de las
donaciones de órganos y los beneficios que los trasplantes tienen
para muchos pacientes, en general, y para los enfermos renales, en
particular.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de septiembre de 2001.-
Consuelo Rumí Ibáñez, Diputada.- María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de don Carlos Aymerich
Cano, Diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG), al amparo de lo
dispuesto en el Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes
enmiendas a la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo
Parlamentario Socialista, relativa a la gestión del Ministerio de
Sanidad y Consumo ante diversas crisis sanitarias surgidas en los
meses de julio y agosto.
Enmienda 1
De adición, al punto 2.
«2. Establecer, en relación con las CC. AA. competentes, un programa
de seguimiento...»
Enmienda 2
De adición, al punto 3.
«3. Establecer, en relación con las CC. AA. competentes, un programa
de seguimiento...»
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de septiembre de 2001.-
Carlos Aymerich Cano, Diputado.- Joan Puigcercós i Boixassa, Portavoz
del Grupo Parlamentario Mixto.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 184.2 del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de presentar las siguientes enmiendas a la moción consecuencia
de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la
gestión del Ministerio de Sanidad y Consumo ante diversas crisis
sanitarias surgidas en los meses.
Enmienda
De modificación.
El texto quedará redactado de la siguiente forma:
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Determinar las causas exactas de los fallecimientos de pacientes
renales usuarios de hemodiálisis fallecidos en el mes de agosto en
Madrid, Valencia y Barcelona, haciendo públicos los resultados de los
estudios realizados al respecto por parte del Instituto de Salud
'Carlos III', y que le fueron encomendados por la Dirección General
de Farmacia y Productos Sanitarios en el ejercicio de sus funciones.
2. Establecer un programa de seguimiento exhaustivo a los pacientes
renales dializados con los equipos sospechosos e informar de manera
precisa y veraz a dichos pacientes y familiares sobre su estado de
salud, a fin de disminuir sus temores sobre la salud de los
pacientes.
3. Establecer un programa de seguimiento exhaustivo de los pacientes
consumidores de cerivastatina e
informar de manera precisa y veraz a dichos pacientes y familiares
sobre su estado de salud, a fin de disminuir sus temores sobre la
salud de los pacientes.»
Justificación
Al tiempo que se comparte el espíritu del texto de la moción
original, se deja expresamente claro de qué forma ha ejercido sus
legítimas responsabilidades la Dirección General de Farmacia y
Productos Sanitarios al encomendar los estudios pertinentes al órgano
investigador adecuado.
Los centros de asistencia especializada de los que dependen estos
pacientes cuentan con los medios suficientes para transmitir la
información precisa y veraz a los enfermos y a sus familiares, sin
que sea necesaria la creación de una línea telefónica tipo 900.
Madrid, 25 de septiembre de 2001.-Luis de Grandes Pascual, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
173/000082
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy,
con motivo del debate de la moción consecuencia de interpelación
urgente del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la gestión del
Ministerio de Sanidad y Consumo ante diversas crisis sanitarias
surgidas en los meses de julio y agosto (núm. expte. 173/000082), ha
acordado lo siguiente:
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Determinar las causas exactas de los fallecimientos de pacientes
renales usuarios de hemodiálisis fallecidos en el mes de agosto en
Madrid, Valencia y Barcelona, haciendo públicos los resultados de los
estudios realizados al respecto por parte del Instituto de Salud
'Carlos III', y que le fueron encomendados por la Dirección General
de Farmacia y Productos Sanitarios en el ejercicio de sus funciones.
2. Impulsar un programa de seguimiento exhaustivo a los pacientes
renales dializados con los equipos sospechosos e informar de manera
precisa y veraz a dichos pacientes y familiares sobre su estado de
salud, a fin de disminuir sus temores sobre la salud de los
pacientes.
3. Establecer un programa de seguimiento exhaustivo de los pacientes
consumidores de cerivastatina e informar de manera precisa y veraz a
dichos pacientes y familiares sobre su estado de salud, a fin de
disminuir sus temores sobre la salud de los pacientes.
4. Constituir una Comisión para la mejora de la seguridad y de la
calidad en el Sistema Nacional de Salud en el seno del Consejo
Interterritorial de Salud que, con participación de expertos de todas
las Comunidades
Autónomas y del Ministerio de Sanidad y Consumo, así como
asociaciones profesionales de prestigio, analicen la situación y
propongan medidas de mejora antes de seis meses en materia de:
- Sistemas de farmacovigilancia.
- Sistemas y mecanismos de vigilancia epidemiológica.
- Medición y mejora de la notificación de reacciones adversas de
medicamentos y de enfermedades de declaración obligatoria.
- Medición y mejora de la información que los profesionales reciben
sobre efectos adversos y alertas de medicamentos y otras tecnologías
sanitarias.
- Comunicación de morbilidad y/o mortalidad por equipos médicos en
casos similares a los de pacientes usuarios de hemodiálisis desde los
centros sanitarios a las autoridades sanitarias.
- Seguridad de edificios e instalaciones sanitarias y de equipos no
médicos.
- Infecciones nosocomiales.
- Seguridad y confidencialidad de los sistemas de información.
5. Reforzar las acciones que se realizan para la estimulación de las
donaciones de órganos que permitan incrementar los transplantes que
los pacientes renales usuarios de hemodiálisis necesitan en la
mayoría de las ocasiones, con la realización urgente de una campaña
de sensibilización a la población general sobre la importancia de las
donaciones de órganos y los beneficios que los trasplantes tienen
para muchos pacientes, en general, y para los enfermos renales, en
particular.»
Se ordena la publicación de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de septiembre de 2001.-P.
D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad
García-Escudero Márquez.
173/000083
El Pleno de la Cámara, en su sesión del día de hoy, rechazó la moción
consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre las actuales del
Gobierno para superar la situación de caos sanitario, garantías
farmacéuticas y de consumo en España (núm. expte. 173/000083), cuyo
texto se inserta a continuación, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de septiembre de 2001.-P.
D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad
García-Escudero Márquez.
A la Mesa del Congreso de los Diputados:
El Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, al amparo de lo
establecido en el Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
moción, consecuencia de interpelación, para su debate en el Pleno de
la Cámara.
En los últimos meses la sociedad española ha tenido que soportar una
serie de problemas en los servicios sanitarios que ponen en
entredicho su eficacia.
Estos acontecimientos que podrían ser calificados como caos sanitario
han estado protagonizados por el colapso en las urgencias
hospitalarias, la alta incidencia de legionella con numerosos brotes
epidémicos y con morbilidad y mortalidad que han disparado la alarma.
A estos acontecimientos hay que unir los problemas derivados del
consumo de fármacos anticolesterol y las muertes producidas en
unidades de hemodiálisis.
Con respecto a la urgencia sanitaria se han dado casos de muertes que
hubiesen sido evitables con un buen equipamiento y una adecuada
preparación del personal sanitario. Al mismo tiempo se ha producido
un colapso en las urgencias hospitalarias debido al cierre de camas
hospitalarias durante los meses de verano y a la no cobertura de las
vacantes producidas por los permisos del personal sanitario.
A esto unimos que a pesar a las promesas de la señora Ministra de
Sanidad las listas de espera tanto para intervenciones quirúrgicas
como para especialistas y exploraciones diagnósticas no ha hecho sino
incrementarse, que tenemos un número de camas hospitalarias
notoriamente inferior al promedio de la Unión Europea y que el
Ministerio de Sanidad ha incumplido sus compromisos de fijar un
tiempo de demora máximo para cada patología.
Por otra parte, la falta de mecanismos eficaces ante alertas
sanitarias producidas por la muerte de pacientes en unidades de
diálisis plantea la necesidad de mejorar la red de alerta sanitaria
así como el control de las clínicas concertadas.
La falta de seguridad sanitaria derivada del consumo de fármacos se
ha puesto en evidencia con la muerte de varios pacientes y las
reacciones adversas en otros muchos por la utilización del fármaco
cerivastatina.
Si a lo anteriormente expuesto unimos los numerosos brotes de
legionella, alguno de ellos producido en centros hospitalarios, junto
a la ineficacia de las medidas adoptadas, nos obligan a plantear un
reforzamiento en las medidas preventivas.
Ante la gravedad de la situación y la alarma social generada se
presenta la siguiente
Moción
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a concretar con la
participación y cooperación de las Comunidades Autónomas competentes:
1. Un plan de urgencias extra-hospitalarias que contemple la dotación
de recursos para atender urgencias
vitales en todos los centros sanitarios públicos, programas de
reciclaje del personal sanitario para estos fines y el equipamiento
en todas las áreas sanitarias de unidades móviles suficientemente
dotadas de material y personal sanitario para garantizar el adecuado
tratamiento y traslado de los pacientes.
2. La puesta en marcha del Decreto sobre detención y control de los
brotes de legionella y de las medidas de seguridad e higiene que
garanticen la limpieza anual necesaria en centros públicos y privados
con refrigeración.
3. Las medidas necesarias para evitar la concentratación de
prestación de servicios de hemodiálisis en manos de multinacionales
que concentran los servicios y pueden deteriorar la calidad de
materiales o precios abusivos por su predominio de mercado de una
población dependiente de estos tratamientos.
4. Un plan de dotación de camas hospitalarias en temporadas
vacacionales y que contemple la cobertura de vacantes del personal
sanitario y evite el cierre temporal de camas hospitalarias.
5. Las medidas necesarias para mejorar el equipamiento hospitalario
mediante la integración de las redes hospitalarias públicas
(hospitales militares) y una política de inversiones que garanticen
una dotación de camas hospitalarias adecuadas a las necesidades.
6. Regular el funcionamiento de los centros sanitarios concertados
para la adecuada calidad asistencial a los enfermos que son
atendidos.
7. Dotar a las Administraciones de los sistemas de alarma sanitaria
para garantizar la seguridad y la defensa de los intereses de los
ciudadanos, promoviendo la regulación precisa.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de septiembre de 2001.-
Marisa castro Fonseca, Diputada.- Felipe Alcaraz Masats, Portavoz del
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
173/00084
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de
la Cámara, se ordena la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS
CORTES GENERALES de la moción consecuencia de interpelación urgente
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre la
situación de la economía española ante la evolución reciente de la
coyuntura económica internacional (núm. expte. 173/000084), y de las
enmiendas presentadas a la misma.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de septiembre de 2001.-P.
D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad
García-Escudero Márquez.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Xavier Trias i Vidal de Llobatera, en su calidad de Portavoz del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo
establecido en el artículo 184.2 del Reglamento de la Cámara,
presenta una moción consecuencia de la interpelación urgente sobre la
situación de la economía española ante la evolución reciente de la
coyuntura económica internacional.
«El Congreso de los Diputados, con el objeto de posibilitar para
España el mantenimiento de un crecimiento económico sostenido y
generador de empleo en una coyuntura económica internacional menos
favorable, insta al Gobierno a:
1. Mantener el saneamiento de las cuentas públicas de acuerdo a lo
previsto en la actualización del Plan de Estabilidad del Reino de
España 2000-2004.
2. Priorizar la inversión pública en los próximos Presupuestos
Generales del Estado, de manera que su tasa de crecimiento sea
superior a la evolución del PIB nominal y permita que los gastos de
inversión ganen peso en relación con el PIB.
3. Continuar el proceso de reducción del gasto corriente, sin que en
ningún momento se vea afectado el gasto social.
4. Incentivar fiscalmente la inversión en activos fijos, en
formación, en prevención de riesgos laborales y nuevas tecnologías
por parte de las empresas, especialmente de las pequeñas y medianas y
de las de nueva creación, de acuerdo con la evolución de la situación
económica.
5. Impulsar, a lo largo del próximo ejercicio, una reforma de la
imposición directa (IRPF e Impuesto sobre Sociedades) con el objetivo
de reducir la carga fiscal de empresas y familias.
6. Intensificar los esfuerzos y los incentivos fiscales de apoyo la
investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación,
especialmente en el ámbito de la pequeña y mediana empresa. A tal
efecto, se creará un marco fiscal más favorable para las sociedades
de capital riesgo con carácter preferentemente investigador.
7. Impulsar acciones de mecenazgo y de colaboración de las PYMEs, con
fundaciones y centros públicos de investigación dependientes de
Universidades.
8. Reforzar las políticas de impulso a la internacionalización de las
empresas españolas, de manera especial de las pequeñas y medianas.
9. Potenciar la previsión social complementaria en las empresas y en
el ámbito de la función pública.
10. Incrementar los recursos destinados a políticas de protección
social y de solidaridad, en especial
las que hacen referencia a las pensiones más bajas del sistema
contributivo de la Seguridad Social.»
Palacio de Congreso de los Diputados, 20 de septiembre de 2001.-
Xavier Trias i Vidal de Llobatera, Portavoz del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió).
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, se
presentan las siguientes enmiendas a la moción consecuencia de
interpelación urgente sobre la situación de la economía española ante
la evolución reciente de la coyuntura económica internacional,
presentada por el Grupo Parlamentario Catalán. (núm. reg. 45847).
Palacio de Congreso de los Diputados, 24 de septiembre de 2001.-
Francisco Frutos Gras, Diputado.- Felipe Alcaraz Masats, Portavoz del
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Enmienda número 1
Al primer punto
De sustitución.
Texto que se propone:
«Reorientar la política presupuestaria para que el gasto público
contribuya a superar problemas estructurales de nuestra economía y
para avanzar en el proceso de convergencia real con Europa,
particularmente en lo que respecta al gasto social. El Gobierno
español propondrá la flexibilización del Pacto de Estabilidad y
Crecimiento para preservar, al menos, la inversión pública a la hora
de establecer déficit excesivos, como gasto que constituye un
elemento preciso para el desarrollo futuro de la Unión Europea.»
Enmienda número 2
De supresión
Al tercer punto.
Enmienda número 3
De modificación
Al cuarto punto.
Añadir al comienzo del punto: «Una vez revisado y reducido el gasto
fiscal en los distintos tributos, incentivar ...
Enmienda número 4
De modificación
Al quinto punto.
Se propone el siguiente texto:
«Impulsar una reforma de la imposición directa que logre consolidar a
medio plazo una estructura de ingresos que aporte un nivel suficiente
de recaudación, y que mejore la progresividad y equidad de nuestro
sistema fiscal.»
Enmienda número 5
De adición
Al punto sexto.
Añadir al comienzo del punto: «Una vez revisado y reducido el gasto
fiscal en los distintos tributos, incentivar...».
Enmienda número 6
De adición
Al punto noveno.
Añadir al principio del punto: «Garantizando y mejorando nuestro
sistema público de Seguridad Social, potenciar...».
Enmienda número 7
De adición
Añadir un nuevo punto 11 del siguiente tenor:
«11. Impulsar un plan de expansión de ciertos servicios públicos,
tales como escuelas infantiles o atención a personas mayores o
inválidas, para apoyar con garantías una política enfocada a la
igualdad de sexos, conciliar la vida laboral y familiar, y crear
empleo estable y de calidad.»
Enmienda número 8
De adición
Añadir un nuevo punto 12 del siguiente tenor:
«12. Mejorar la cobertura por desempleo incrementado, en particular,
las prestaciones a los desempleados de larga duración y con cargas
familiares.»
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 184.2 del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de presentar la siguiente enmienda a la moción consecuencia de
interpelación urgente del Grupo Parlamentario Catalán, sobre la
situación de la economía española ante la evolución reciente de la
coyuntura económica internacional.
Enmienda
De modificación.
El texto quedará redactado de la siguiente forma:
«El Congreso de los Diputados, con el objeto de posibilitar para
España el mantenimiento de un crecimiento económico sostenido y
generador de empleo en una coyuntura económica internacional menos
favorable, insta al Gobierno a:
1. Incentivar fiscalmente la formación, la prevención de riesgos
laborales y la incorporación de nuevas tecnologías por parte de las
empresas, especialmente de las pequeñas y medianas y de las de nueva
creación, de acuerdo con la evolución de la situación económica.
2. Seguir impulsando los esfuerzos y los incentivos fiscales de apoyo
a la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la
innovación, especialmente en el ámbito de la pequeña y mediana
empresa. A tal efecto, se mejorará el marco de las sociedades de
capital riesgo y especialmente las que tengan carácter
preferentemente investigador.
3. Seguir impulsando acciones de mecenazgo y de colaboración de las
PYMEs, con fundaciones y centros públicos de investigación
dependientes de Universidades.
4. Seguir impulsando las políticas de internacionalización de las
empresas españolas, de manera especial de las pequeñas y medianas.
5. Potenciar la previsión social complementaria en las empresas y en
el ámbito de la función pública.
6. Incrementar los recursos destinados a políticas de protección
social y de solidaridad, en especial las que hacen referencia a las
pensiones más bajas del sistema contributivo de la Seguridad Social.
7. Profundizar en la liberación y en la introducción de competencia
en los mercados de factores, bienes y
servicios, especialmente en aquellos que más influencia tienen en la
determinación de la tasa de inflación.
8. Apoyar la creación de nuevas empresas mediante la elaboración de
un estudio específico para las empresas más pequeñas; una mayor
simplificación administrativa y la adopción de medidas fiscales,
laborales y financieras durante los primeros años de vida de la
empresa.»
Justificación
Mejora técnica.
Madrid, 25 de septiembre de 2001.-Luis de Grandes Pascual, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
173/000084
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy,
con motivo del debate de la moción consecuencia de interpelación
urgente del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre
la situación de la economía española ante la evolución reciente de la
coyuntura económica internacional (núm. expte. 173/000084), ha
acordado lo siguiente:
«El Congreso de los Diputados, con objeto de posibilitar para España
el mantenimiento de un crecimiento económico sostenido y generador de
empleo en una coyuntura económica internacional menos favorable,
insta al Gobierno a:
1. Mantener el saneamiento de las cuentas públicas de acuerdo a la
previsto en la actualización del Plan de Estabilidad del Reino de
España 2000-2004.
2. Priorizar la inversión pública en los próximos Presupuestos
Generales del Estado, de manera que su tasa de crecimiento sea
superior a la evolución del PIB nominal y permita que los gastos de
inversión ganen peso en relación con el PIB.
3. Continuar el proceso de reducción del gasto corriente, sin que en
ningún momento se vea afectado el gasto social.
4. Impulsar, a lo largo del próximo ejercicio, una reforma de la
imposición directa (IRPF e Impuesto sobre Sociedades) con el objetivo
de reducir la carga fiscal de empresas y familias.
5. Incentivar fiscalmente la formación, la prevención de riesgos
laborales y la incorporación de nuevas tecnologías por parte de las
empresas, especialmente de las pequeñas y medianas y de las de nueva
creación, de acuerdo con la evolución de la situación económica.
6. Seguir impulsando los esfuerzos y los incentivos fiscales de apoyo
a la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la
innovación, especialmente en el ámbito de la pequeña y mediana
empresa. A tal
efecto, se mejorará el marco de las sociedades de capital riesgo y
especialmente las que tengan carácter preferentemente investigador.
7. Seguir impulsando acciones de mecenazgo y de colaboración de las
PYMEs con fundaciones y centros públicos de investigación
dependientes de Universidades.
8. Seguir impulsando las políticas de internacionalización de las
empresas españolas, de manera especial de las pequeñas y medianas.
9. Potenciar la previsión social complementaria en las empresas y en
el ámbito de la función pública.
10. Incrementar los recursos destinados a políticas de protección
social y de solidaridad, en especial las que hacen referencia a las
pensiones más bajas del sistema contributivo de la Seguridad Social.
11. Profundizar en la liberación y en la introducción de competencia
en los mercados de factores, bienes
y servicios, y especialmente en aquellos que más influencia
tienen en la determinación de la tasa de inflación.
12. Apoyar la creación de nuevas empresas mediante la elaboración de
un estudio específico para las empresas más pequeñas, una mayor
simplificación administrativa y la adopción de medidas fiscales,
laborales y financieras durante los primeros años de vida de la
empresa.»
Se ordena la publicación de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de septiembre de 2001.-P.
D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad
García-EscuderoMárquez.
OTROS TEXTOS
DECLARACIONES INSTITUCIONALES
140/000014
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy,
aprobó, por asentimiento, una declaración institucional de
transmisión de pésame al Parlamento del cantón de Zug (Suiza), con
ocasión del asesinato de 14 personas el día 27 de septiembre de 2001
(núm. expte. 140/000014).
Lo que se publica de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97
del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de septiembre de 2001.-P.
D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad
García-Escudero Márquez.