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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 867, de 11/11/2003
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2003 VII Legislatura Núm. 867
JUSTICIA E INTERIOR
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JESÚS LÓPEZ-MEDEL BÁSCONES
Sesión núm. 113
celebrada el martes, 11 de noviembre de 2003
ORDEN DEL DÍA:
Celebración de las siguientes comparecencias:
- De la representante del Colectivo Víctimas del Terrorismo en el País Vasco (doña Cristina Cuesta Gorostidi). A solicitud del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria. (Número de expediente 219/000550.) ...
- De la señora consejera de Bienestar Social, Deporte y Juventud de la Comunidad Foral de Navarra (Berruezo Albéniz). A solicitud del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente
212/001834.) ... (Página 27502)
- Del señor subdirector general de Atención al Ciudadano y de Asistencia a las Víctimas del Terrorismo del Ministerio del Interior (Martínez Arruego). (Número de expediente 212/001835.) ... (Página 27508)
Se abre la sesión a las once y cinco minutos de la mañana.
CELEBRACIÓN DE LAS SIGUIENTES COMPARECENCIAS:
- DE LA REPRESENTANTE DEL COLECTIVO VÍCTIMAS DEL TERRORISMO EN EL PAÍS VASCO (DOÑA CRISTINA CUESTA GOROSTIDI). A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE COALICIÓN CANARIA. (Número de expediente 219/000550.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, se abre la sesión de la subcomisión de víctimas del terrorismo, constituida en el seno de la Comisión de Justicia e Interior de esta Cámara, con la presencia hoy del Colectivo Víctimas del Terrorismo en el
País Vasco. Concretamente nos acompañan Cristina Cuesta y Ángel Altuna, a los cuales agradecemos su presencia hoy entre nosotros. Estamos seguros de que sus reflexiones y aportaciones van a ser de utilidad a la hora de elaborar el dictamen que
esta subcomisión tiene encomendado por el Pleno de la Cámara.
Les doy la más sincera y efusiva bienvenida en nombre de toda la Comisión y sin más preámbulos doy la palabra a Cristina Cuesta.
La señora REPRESENTANTE DEL COLECTIVO VÍCTIMAS DEL TERRORISMO EN EL PAÍS VASCO (Cuesta Gorostidi): Buenos días, señores diputados. Es para nosotros un honor comparecer hoy ante esta Comisión por un doble motivo.
Lo es porque es la primera
vez que el Colectivo de Víctimas del Terrorismo en el País Vasco acude al Congreso de los Diputados, máximo órgano de representación política de la democracia española y por tanto vasca hasta la fecha y esperamos algunos vascos, muchos vascos, que
por muchos años más. Es también un honor estar hoy aquí en nombre de cientos de víctimas vascas del terrorismo. Somos Ángel Altuna Urcelay, hijo de Basilio Altuna Fernández, de Arroyabe, asesinado el 6 de septiembre de 1980 por ETA, y yo, Cristina
Cuesta, hija de Enrique Cuesta Jiménez, asesinado por los comandos autónomos anticapitalistas el 26 de marzo de 1982.
Si les parece, en nuestra exposición vamos a tratar los siguientes puntos.
Primero, queremos informarles de lo que es Covite, nuestra asociación.
Seguidamente haremos un balance de las ayudas a las víctimas del terrorismo, una valoración
crítica, con alguna petición complementaria, para terminar con un balance de lo que en este momento nos parece muy importante, especialmente importante, de la situación en la que viven las víctimas vascas y con relación al llamado plan Ibarretxe,
qué piensan las víctimas de este tema. Para finalizar, si nos lo permiten, una pequeña apuesta de futuro. Ya sé que luego tengo la posibilidad de responder a sus preguntas, por tanto voy a intentar ser breve.
Covite nació a finales de 1998 para defender tres principios fundamentales que han sido guía de su actuación: memoria, verdad y justicia. Durante más de 30 años las víctimas del terrorismo habían permanecido, especialmente en el País
Vasco, calladas, amedrentadas, ninguneadas y en numerosísimos casos humilladas por un entorno social hostil, una dirección política y unas actuaciones institucionales que las marginaron, y una jerarquía eclesiástica que las olvidaba. Bien es verdad
que a partir de los años noventa la sensibilidad social a favor de las víctimas fue cambiando, las leyes de protección se fueron universalizando en su cobertura y que tanto desde el Gobierno vasco como desde el Gobierno central se crearon oficinas
de atención. Pero hay que recordar que la deuda histórica con las víctimas del terrorismo era y es inmensa y que el reconocimiento moral y la dignificación de las víctimas del terrorismo empezaría a llegar hace pocos años, estando aún sin
normalizar especialmente en el ámbito de la Comunidad Autónoma vasca.
Ante la ingenua esperanza del final del terrorismo, cientos de víctimas -víctimas principalmente de ETA, de los comandos autónomos, y también víctimas de AAA y del GAL- firmamos un manifiesto de denuncia de nuestra situación de abandono
histórico, donde se recogían unas reclamaciones éticas obvias, desde el convencimiento de que éramos nosotras mismas las que teníamos que defender en primera persona nuestros intereses, porque, una vez más, se hablaba en nuestro nombre y se estaba
jugando con nuestro sufrimiento. Covite salió a la luz para recordar la verdad de los hechos criminales de los que habíamos sido objeto; denunciar las consecuencias del terrorismo desde el punto de vista de los más directamente afectados; para
denunciar las pérdidas humanas, la anomia ética de una sociedad que tantas veces había mirado hacia otro lado, y las carencias de atención y respeto que, por acciones u omisiones institucionales, políticas y sociales, habían aumentado nuestra
soledad y nuestra rebeldía cívica.
Hasta noviembre de 1998, las víctimas del terrorismo vascas no habían hablado de una manera unida y organizada de la verdad de su situación. En estos años de trabajo, las víctimas que se han acercado a Covite han
reconstruido, a través de su testimonio, la atmósfera asfixiante del terrorismo -especialmente del terrorismo totalitario de ETA- y han denunciado su experiencia de persecución, muestra del funcionamiento mafioso de la banda criminal ETA. Las
víctimas no han sufrido sólo atentados directos, sino también el caldo de cultivo previo y posterior, que ha justificado cada crimen a través de la calumnia, y que culminaba -y desgraciadamente culmina todavía o puede culminar- con esa atrocidad
moral del algo habrá hecho.
En innumerables casos, el odio y las mentiras que alimentaban el motor del crimen y de los criminales se
han cebado con las familias de víctimas de atrocidades que espantan a la más mínima conciencia sensible a favor de los derechos humanos. Los crímenes se han justificado en comunicados de reivindicación y actuaciones infames, que, además de
la muerte, la herida o el miedo de la víctima y de sus familiares, conseguían el silencio y -lo que es más importante- el control social como amenaza futura. ¿Cuántas víctimas se han tenido que inventar una vida paralela, para no ser insultadas,
humilladas o asesinadas? Las víctimas vascas son los referentes sociales más legitimados para evidenciar todo el horror que se esconde detrás de cada tentado, amenaza o extorsión; para denunciar el miedo, la complicidad y la gran cobardía social
que existen respecto a la criminalidad terrorista. A la vista de esto, creemos que la última propuesta política del lehendakari -como tendremos oportunidad de explicar luego-, del lehendakari de todos los vascos, no parte de la verdad de las
víctimas del terrorismo, porque intenta construir una realidad de ficción -como ha dicho recientemente Joseba Arregi- fuera de la verdad de los hechos, fuera de la historia real. Como este mismo ciudadano nacionalista recuerda, existe una realidad
insoslayable: la violencia terrorista, los asesinados y las víctimas. Las víctimas del terrorismo son indispensables para solucionar el problema del terrorismo, porque son la memoria viva de lo que nunca más se puede volver a repetir; son el
ejemplo incontestable de las vulneraciones de derechos humanos que cualquier sociedad civilizada debe repudiar, trabajando con tesón para que no se reproduzcan. Todos los poderes públicos deben dar prioridad a su erradicación, desde la democracia y
la legalidad, por supuesto.
La memoria moral no es recordar por recordar, sino reivindicar el sufrimiento oculto como parte de la realidad, o, lo que es lo mismo, denunciar toda construcción de presente que ignore la vigencia de una injusticia pasada. La memoria
rescata la mirada de la víctima; no hay conocimiento de la realidad en su integridad sin la presencia de esa parte dolorosa, que es el secreto de la memoria sufriente. Si las víctimas son parte indispensable de la verdad de lo sucedido y de la
dimensión del horror, si la memoria nos protege contra los posibles olvidos o contra presiones a favor de los verdugos que atentan contra toda la sociedad y contra el sistema de libertades, ¿qué solicitan las víctimas, además del aprendizaje de lo
que supone su memoria? Justicia.
Cuanto COVITE reclama justicia, quiere decir que las víctimas delegan en el Estado de derecho su legítima defensa; que no se han tomado ni se tomarán la justicia por su mano; que renuncian a la venganza, a
responder de la misma manera que los asesinos. En esto consiste una de las aportaciones más importantes -y poco reconocidas, por supuesto- de todas las víctimas del terrorismo en todo el Estado español. Las víctimas reclaman que el Poder Judicial
consiga detener, juzgar y condenar a los asesinos de sus familiares o a sus agresores; a los terroristas que vulneraron su dignidad como seres humanos, que atentaron contra su vida y su libertad. Las víctimas respetan -respetamos- las leyes
democráticas y nos remitimos a ellas, reclamando que los poderes del Estado no dejen impunes los crímenes cometidos. Parece también justo que las víctimas exijan a los terroristas el reconocimiento del daño causado. La Iglesia vasca debiera
también exigirles el arrepentimiento de sus pecados -en especial contra el quinto mandamiento-, en lugar de pedirnos a las víctimas que perdonemos.
En más de la mitad de los casos atendidos por Covite se desconocen los autores de los atentados; en ocasiones, porque estos nunca fueron detenidos, y, en otras, porque la Administración de justicia no se ha preocupado de informar a las
familias de la situación judicial de los terroristas. Muchas familias se enteran por el periódico de las detenciones, juicios y excarcelaciones de sus agresores, sin que estas medidas hayan tenido en cuenta la opinión de las familias afectadas. El
caso de las dos personas que comparecemos aquí en representación de Covite es paradigmático; si quieren ustedes, se lo podemos contar luego, para que vean, por medio de dos casos concretos, cuál es la situación de otras muchas víctimas. Además, lo
justo tiene que ver con un proceso de regeneración moral, de pedagogía ético-política, pendiente en la sociedad vasca, que consiste en no pervertir el lenguaje y sus significados, en dar a cada uno lo que le corresponde y en no utilizar eufemismos
para denominar las tropelías terroristas. Estas perversiones se producen cuando se habla de violencia genérica y no de terrorismo, cuando se confunden los derechos de las víctimas con los de los terroristas, cuando se relativiza la
macrovictimización terrorista, cuando se consienten homenajes de exaltación terrorista y de humillación de las víctimas, o cuando se gobierna sin tener en cuenta la situación de miles de ciudadanos que viven sin libertad.
COVITE defiende y legitima el Estado de derecho, porque este es el que debe amparar y proteger a las víctimas. Desde el Gobierno vasco, desde el nacionalismo vasco, mañana, tarde y noche, se produce su deslegitimación permanente, y por
tanto también del Poder Judicial; nos parece una nueva acción de abandono y olvido y además una estrategia de entorpecimiento para acabar con el problema que nos afecta, el principal problema de la democracia española y de la democracia vasca: el
terrorismo de ETA. ¿Qué nos queda a las víctimas, si la justicia, las leyes democráticas y los poderes del Estado no velan por nuestros intereses? Los últimos logros en la lucha contra la barbarie de ETA (la unidad democrática en el ámbito español
y vasco, plasmada en el pacto por las libertades y contra el terrorismo, la unidad europea con la aprobación del proyecto de la Euroorden, los avances judiciales, la aprobación de la Ley de partidos, etcétera) se han producido con la
oposición o por lo menos con el no respaldo activo del nacionalismo gobernante.
Verdad, memoria y justicia son indispensables para terminar con el terrorismo y para aprender de nuestros errores. COVITE los defiende desde su derecho a reivindicar y defender principios éticos y políticos que no son propuestas partidarias
-que no son propuestas partidarias, insisto-, sino la base de la democracia y la libertad de todos los españoles. Las principales actividades que desarrolla el Colectivo de Víctimas del Terrorismo son las relacionadas con la atención directa a
cientos de ciudadanos, y, durante este último curso, también a ciudadanos amenazados que, afortunadamente, no han sufrido un atentado directo, pero que viven con escolta o con el miedo metido en el cuerpo. Proporcionamos colaboración con las
administraciones, atención psicológica, atención legal -una laguna importante que luego reivindicaremos- y sobre todo información sobre los derechos. Nuestra función prioritaria en la oficina de atención es la de ser puente entre los derechos de
las víctimas y los derechos que concede la Administración. En el colectivo se encuentra el apoyo social imprescindible para que la víctima pueda desahogarse; tengan ustedes en cuenta -seguro que lo hacen- que la situación en el País Vasco es un
tanto peculiar y que convivimos con los colaboradores -estamos muy cerquita de ellos- o con los cómplices -por lo menos, ideológicos- de los terroristas, y eso nos afecta especialmente como víctimas del terrorismo.
Esta es una situación peculiar
respecto a la de otras víctimas del terrorismo, que viven fuera de la Comunidad Autónoma vasca.
Ayudas a las víctimas del terrorismo, segunda parte. En España, el terrorismo lleva actuando más de 30 años, con especial intensidad y crueldad a partir de la llegada de la democracia y de la aprobación de una Constitución que ha llevado a
las mayores cotas de libertad y de bienestar social que España haya podido disfrutar nunca. La Constitución ha permitido, además, la pertenencia de España a las Comunidades Europeas, a partir de 1985, siendo copartícipe del hermoso sueño de
cohesionar Europa en libertad, superando siglos de enfrentamientos fratricidas. Durante muchos años, las víctimas del terrorismo han sido ninguneadas -como hemos dicho- e incluso vilipendiadas; cierto es que desde hace una década se han creado
instrumentos legales de solidaridad con las mismas, cuyo punto culminante es la Ley de solidaridad, aprobada por unanimidad en esta institución, máxima representación de la soberanía nacional. En España y en Euskadi -ámbito de actuación preferente
del Colectivo de Víctimas del Terrorismo- las ayudas a las víctimas han ido evolucionando a lo largo de estos negros años de terror. La primera ley data de 1979, pero se circunscribía a unos pocos sectores sociales. La generalización de las ayudas
se produce en los años noventa, distinguiéndose entre otros los planos estatal y autonómico. Seguramente conocerán ustedes ya las ayudas estatales o habrá habido compañeros que se las hayan explicado; omito, pues, lo que han hecho las Cortes
Generales, y entraré a valorar las ayudas de la Comunidad Autónoma vasca.
En la actualidad, la legislación vigente en la Comunidad Autónoma vasca sobre ayudas a las víctimas del terrorismo se centra en el Decreto 214/2002 y en el 313/2002, con las
siguientes líneas de apoyo: ayudas en el ámbito de la salud, en el de la enseñanza, en el de la vivienda y en el laboral, ayudas por daños en bienes materiales, por gastos de viaje y alojamiento, y ayudas para sufragar costes financieros de los
créditos solicitados para reparación de bienes. Igualmente, con periodicidad anual, se conceden ayudas a las asociaciones de víctimas para programas de atención. En virtud de esta legislación, hoy en día COVITE obtiene para sus fines subvenciones
concedidas por la Consejería de Interior del Gobierno vasco por un importe de 23.911 euros y una subvención de 11.000 euros concedida por el Ayuntamiento de Donostia. Estas son las subvenciones que dentro de la Comunidad Autónoma vasca consigue el
colectivo de víctimas. También accedemos a las del Ministerio del Interior y a las de la Fundación Víctimas del Terrorismo.
Además de la legislación anteriormente citada, el pasado mes de junio han aprobado, tanto el Parlamento vasco como el Congreso de los Diputados, sendas propuestas no de ley que contemplan una batería de medidas de apoyo a las víctimas,
algunas de las cuales no están previstas hoy en día en las legislaciones vigentes. Nosotros valoramos -queremos que quede claro- en alto grado estas medidas que fueron aprobadas en ambas cámaras, porque pensamos que su tramitación y la
actualización legal serían una posibilidad estupenda para recoger las reivindicaciones fundamentales de los colectivos de víctimas, ya que además van más allá del apoyo psicológico, del apoyo material y tienen que ver mucho con una de nuestras
reivindicaciones básicas, que es el tema de la memoria, la reivindicación de la dignidad de las víctimas del terrorismo; esa renovación ética y cultural que se necesita especialmente en Euskadi para acabar con el problema del terrorismo. Tanto en
esta Cámara como en el Parlamento vasco y en el Parlamento Europeo -en cita mantenida con el comisario de Justicia e Interior, señor Vittorino- hemos realizado dos peticiones que creemos fundamentales y que, si bien están recogidas como inspiradoras
de las normativas y medidas aprobadas, todavía no se han hecho prácticas. Se trata del fomento del asociacionismo, es decir, que desde Europa y con carácter general, en recomendación a todos los Estados miembros, se fomente desde las
administraciones, autonómicas y centrales, el asociacionismo de los colectivos de víctimas, porque pensamos que somos nosotros mismos quienes tenemos que organizarnos para defender nuestros intereses. Luego hay una cuestión que especialmente en
esta Comisión tiene todo su sentido y que es
la petición de ayuda legal, como ya he dicho de manera somera, aunque si quieren ustedes entraremos luego en profundidad en ello. No puede ser que una víctima del terrorismo tenga que deambular de ventanilla en ventanilla -como ha sido
recientemente mi caso y lo pongo como ejemplo porque lo he vivido hace 15 días; luego profundizaremos en ello- para pedir el sumario del asesino de su padre. Tiene que haber una ventanilla única que centralice toda la información en colaboración
con las administraciones y que informe a la víctima o a la familia que quiera de cuál es la situación penitenciaria, policial, judicial o extrapenitenciaria del asesino, colaboradores o personas involucradas en los atentados terroristas. Esta es
una cuestión fundamental, aparte de que esas personas puedan, en el ámbito judicial, ser acompañadas a los juicios, y que puedan ser representadas, gratuitamente por supuesto, cuestión que ha sido bastante cubierta por la Asociación de Víctimas del
Terrorismo en su larga e intensa trayectoria. Pero eso no ha sido completado, porque las víctimas muchas veces tienen que ser testigos en los juicios y no son preparados ni acompañados y es una cuestión bastante traumática para muchas familias, que
tienen que enfrentarse sin ningún tipo de apoyo ni de preparación -ni tienen por qué- a esas situaciones que, como ustedes comprenderán, son bastante duras.
Queremos destacar también la importantísima labor -sé que ha habido críticas en esta Comisión en estos días-, el trabajo y los objetivos de la Fundación Víctimas del Terrorismo, aunque todo es mejorable, por supuesto. Es un trabajo
necesario que está reivindicando el papel de las víctimas del terrorismo, que está coordinando de manera eficaz la voz, las reivindicaciones y las actividades de los distintos colectivos de víctimas, asociaciones y fundaciones. Estamos orgullosos
como colectivo de víctimas de pertenecer a esta fundación, creemos que es un paso que deriva de la firma del pacto por las libertades y que ha posibilitado que asociaciones y fundaciones de víctimas de toda España podamos encontrarnos y manifestar
nuestra opinión en temas puntuales de una manera común, desde el punto de vista de la coordinación. Esto respecto a las medidas y a la situación. Quería plantearles -pero eso si quieren lo haremos en las preguntas- una cuestión sobre lo que
pedimos exactamente al comisario de Justicia e Interior respecto a las medidas que aprobó el Parlamento Europeo con el tema de la Euroorden, la armonización de legislaciones, etcétera.
Terminaré haciendo una valoración, aunque no todo lo larga que pensaba ya que apremia el tiempo. Recientemente sacamos un comunicado de valoración del plan Ibarretxe y tengo que decir en primer lugar que somos ciudadanos vascos, que somos
víctimas del terrorismo y que por fin hemos podido hace cinco años, como recordaba, organizar nuestra opinión; que tenemos todo el derecho a manifestarnos políticamente; que somos adultos; que no queremos estar dentro de una burbuja porque
creemos que tenemos mucho que decir y no porque tengamos derecho a ser escuchados ni porque pidamos solidaridad, sino porque pensamos que los principios que defendemos -principios sociales, éticos, políticos y de todo tipo- son fundamentales para
que podamos resolver entre todos el problema del terrorismo, por todo lo que he dicho anteriormente. A ese respecto, hace unas semanas, cuando el lehendakari presentó su plan en el Parlamento vasco, recordábamos en un comunicado que a nuestro
entender desgraciadamente -desde nuestra indignación, pero también desde nuestra pena por la situación que vivimos actualmente- el lehendakari está utilizando el sufrimiento de las víctimas para tratar de imponer su propuesta porque, como él dice,
la va a imponer pese a quien pese -son palabras suyas-.
Creemos que se está valiendo de un ventajismo político que se deriva de que la mitad de la comunidad política -instancias judiciales, empresariales, universitarias o sociales- vive en
muchísimos casos bajo amenazas o intimidación y mucho más si osan criticar la praxis nacionalista. Creemos que el plan quiere negociar con el dolor producido porque el asesinato de nuestros familiares tiene una significación política. Nuestros
familiares fueron asesinados porque algunas mentes perversas pensaron que representaban al Estado o que defendían ideas no nacionalistas u otras cuestiones peregrinas y creo que todas las víctimas del terrorismo, españolas y vascas, han sido
asesinadas porque éstas, de una manera más directa o indirecta, han defendido la democracia de todos los españoles, la democracia de todos los vascos y sus familiares, por esa contención de dolor y por el acatamiento del orden constitucional y de
las reglas básicas de convivencia, han conseguido que afortunadamente no nos encontremos en una situación todavía peor, que es la del enfrentamiento civil. Han defendido, tanto desde el punto de vista de la memoria de los ausentes como de los que
quedamos para seguir adelante, las reglas del juego básico y solamente desde ese punto de vista creemos que debemos seguir solicitando el amparo de las reglas del juego, de las leyes generales, en un juego limpio, transparente, que dé prioridad al
principal problema de la democracia vasca y de la democracia española, que es el hecho de que todavía existe el terrorismo de ETA, que hay miles de personas que viven amenazadas, miles de personas que son extorsionadas y que corren peligro.
Entonces, como consecuencia lógica para nosotros, lo que solicitamos al lehendakari desde hace mucho tiempo es que dé prioridad a la solución de este problema y que busque los consensos que existieron en lo que fue un oasis en la lucha contra el
terrorismo, la vigencia del Pacto de Ajuria Enea; que dé prioridad a la resolución del problema del terrorismo buscando como lehendakari consensos imprescindibles en la Comunidad Autónoma vasca. Esa es la idea general que intentamos transmitir.
Si tienen alguna pregunta concreta respecto a las medidas aprobadas, tenemos una valoración muy positiva, como decía antes, y a este respecto hemos tenido dos reuniones con María Isabel Lasa, en San Sebastián. Si les interesa hacemos una
valoración en profundidad, pero he hecho, más o menos, una exposición general.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias a Cristina Cuesta.
Por varios portavoces se me ha pedido que la sesión de esta Comisión fuera celebrada con cierta rapidez, ya que tienen otras obligaciones. Por tanto, les ruego que sean ustedes mismos quienes se atengan a los tiempos y a la brevedad para
que se pueda celebrar la comparecencia con la flexibilidad y la audiencia que estimen necesario pero también ateniéndose a las reglas del juego que se han solicitado por todos los portavoces.
Sin más, cedo el uso de la palabra en primer lugar a la representante del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), Margarita Uría.
La señora URÍA ETXEBARRÍA: Usted sabe que suelo atenerme bastante al tiempo que se me destina, pero quería comenzar saludando a doña Cristina Cuesta y a quién le acompaña, ambos de larga trayectoria dentro de Euskadi en la defensa de los
derechos de quienes han sido víctimas de ETA, al menos todos relacionamos la cara de Cristina Cuesta por la abnegada lucha, desde que era una cría, cuando tuvo la tremenda desgracia de que su padre fue asesinado y desde entonces ha sido incansable
luchadora, no sólo por ella misma sino también por los derechos de las víctimas, respecto de cuyo tratamiento todos tenemos motivos para arrepentirnos o para pensar que no ha sido todo lo delicado y todo lo justo que debiera haber sido. Quiero
también excusar a Begoña Lasagabaster, que me ha manifestado expresamente que ha tenido que ausentarse porque salía de viaje a Londres con un grupo de la propia Cámara, para que conste así en el 'Diario de Sesiones'. De la misma manera lamento la
ausencia del señor Mardones que sin duda hubiera querido estar, puesto que es el peticionario de la comparecencia de Cristina.
Voy a comenzar manifestando que no voy a entrar en el debate de proyectos políticos, puesto que para mí no es ese el objeto de esta comparecencia, no he venido a discutir de política, aunque evidentemente tengo mis ideas y mis proyectos,
pero nuestra idea es escuchar a las víctimas y por tanto oír todo lo que ellos tengan que decirnos en cuanto a las respuestas jurídicas o políticas también, por qué no decirlo, que les parezca que hasta ahora no hemos tomado. Aquí el derecho a
expresarse es de ellos y nosotros no les vamos a rebatir en modo alguno, por considerar que el objeto de esta Comisión es que todo su sentimiento de dolor, de injusticia por el trato o incluso por lo que se ha hecho bien o mal debe quedar reflejado
en el 'Diario de Sesiones' y a nosotros nos corresponde escucharlo. Sí quería puntualizar alguna cuestión, cuando ha imputado expresamente no apoyar determinadas actuaciones a la formación política a la que represento. La Ley de solidaridad con
las víctimas de terrorismo usted ha manifestado que fue aprobada por unanimidad y en la Euroorden hemos sido entusiastas colaboradores con el Gobierno para su elaboración y siempre la hemos defendido como instrumento utilísimo -ahí están el 'Diario
de Sesiones'- para la persecución de quienes cometen hechos delictivos de la gravedad de la violencia terrorista organizada.
Me ha gustado alguna de las cuestiones, porque sí existe coincidencia entre lo que se nos ha venido diciendo desde todas las asociaciones. La dificultad en el acceso es una queja permanente y constante, no ya en el acompañamiento a juicio,
que también, sino la dificultad de lograr indagar qué pasa con las causas que están en la Audiencia Nacional si uno no está personado en ellas y aún estando, incluso para quienes en su momento pudieron no tener interés en saber qué pasaba, para que
cuando quieran saber si siguen en prisión, a qué penas se les condenó o cómo ha evolucionado la causa que tiene que ver con sus propias circunstancias, les debiera ser fácil el acceso y debiera instrumentalizarse un medio adecuado para que esto
fuera posible, como la idea de que exista una ventanilla única en la Audiencia Nacional. Quizá no se haya podido hacer desde otras instancias, el Congreso de los Diputados es el lugar indicado para que en las recomendaciones de la Comisión
establezcamos esta idea de que exista un acceso permanente a las causas y sobre todo, aunque no se haya tenido interés en un primer momento, para que con posterioridad uno pueda acceder a esas cuestiones.
Quizá ella conozca lo que yo sólo sé por una noticia del periódico, que me impresionó el otro día. Tuve noticia de que en una causa se había denegado dar siquiera opinión para poner en libertad a personas en relación con las actuaciones del
Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria. Quiero dejar claro que mi formación política no fue partidaria de la centralización de la vigilancia penitenciaria, pero una vez existiendo, entendía que por lo menos se iba a producir que las víctimas
del delito concreto pudieran ser oídas con respeto a la situación de libertad. El diario El País, no tengo necesidad de ocultar el medio, se hacía eco el otro día de las quejas de asociaciones de víctimas en las que este órgano centralizado de
vigilancia no les permitía participar en ese tipo de procedimientos. No sé si se vincula a la personación en las actuaciones o en todo caso está excluida dicha posibilidad. Me gustaría, si tiene más datos, que me lo aclarase.
Hay otra cuestión que quería aclarar, porque cometieron idéntico error quienes comparecieron ayer, no sé si en nombre de Gesto por la Paz y hasta del propio director de Derechos Humanos. En el Congreso de los
Diputados todavía no hemos aprobado un texto semejante al aprobado por el Parlamento vasco. La petición de la formación política a la que represento sí fue trasladar miméticamente el acuerdo, pero la transacción que obtuve, sabiendo que
sólo tengo la fuerza de 7 votos y que agradezco enormemente que me la hiciese el grupo mayoritario, el Grupo Parlamentario Popular, fue crear esta subcomisión y que en su seno pudiese ser objeto de aprobación. Estamos a tiempo de que entre las
conclusiones que establezca esta Comisión esté poder trasladar esos acuerdos del Parlamento vasco, que es cierto que muchos de ellos no están llevados a las normas sustantivas concretas para poderlos hacer efectivos y que hay complicaciones
jurídicas, como decíamos ayer mismo, con respecto a la posibilidad de descalificar las viviendas de protección oficial. Insisto en que esto es una aclaración, porque el Congreso de los Diputados todavía no se ha pronunciado por esas medidas
concretas que considero que son imprescindibles. De la misma manera que me parece que la violencia de persecución debería ser objeto especial de tratamiento en esta subcomisión. No sólo la de quien ha tenido daños concretos, sean la de mayor
magnitud como el asesinato u otro tipo de lesiones, sino que también ese tipo de violencia que se ejerce sobre quien tiene determinadas profesiones o determinadas ideas políticas debe ser objeto de tratamiento, no sé si en los estrictos términos en
los que está el acuerdo que el Gobierno vasco pretende llevar adelante como plan contra la violencia de persecución o en otros distintos, pero nos parecería interesantísimo que se tuviera en cuenta.
Resumo. Estoy encantada de haber oído sus manifestaciones, incluso críticas, en relación con las actuaciones que desde los poderes públicos y desde distintas ideologías se han tenido con ellos. El reconocimiento por la labor realizada por
COVITE, que nos es conocida, y sobre todo nos gustaría que nos indicaran si tienen alguna idea de cómo podría funcionar la ventanilla única y la voz de las víctimas a lo largo de las tramitaciones del procedimiento, si es que se ha modificado en
algo o no con la vigilancia centralizada, en la medida en que me ha parecido entender que es solamente el dato de estar el juzgado en Madrid, sin que haya añadido nada respecto de la calidad del seguimiento que pueden tener las víctimas.
El señor PRESIDENTE: Señor Silva, por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
El señor SILVA SÁNCHEZ: Gracias a los dos comparecientes, a Cristina Cuesta y a Ángel Altuna, y debo solicitar disculpas porque me he visto obligado a abandonar la sala en algún momento; no se les oculta tampoco a ustedes la situación
política preelectoral e inminente que estamos viviendo en Cataluña, lo que complica la labor de los parlamentarios.
Ciertamente no puedo por menos que asentir a muy buena parte de la formulación que se nos ha hecho desde Víctimas del Terrorismo. Por descontado que la deuda histórica es absolutamente inmensa y cuando se contempla con la perspectiva de
estos años, de las disposiciones y del interés que está asumiendo la sociedad en relación con las víctimas más se agiganta esa deuda y más se consolida esa sensación de que ustedes han padecido una gran ignominia por parte de la sociedad y de los
poderes públicos durante muchos años. Al reconocimiento de esa deuda histórica debe añadirse algo que también ha puesto usted de manifiesto, que debe ser de los pocos supuestos que se puedan concretar en la historia en el que ha quedado tan claro
que en un lado estaban las víctimas y en el otro estaban los verdugos. Esa renuncia, salvo algún supuesto muy excepcional, vinculado incluso al Congreso de los Diputados, a tomar la justicia por su mano y ese planteamiento tan absolutamente
unilateral del terrorismo y de la violencia es algo que todavía engrandece más esta deuda histórica a la que hacía referencia. Obviamente también hay que convenir esa extensión tan importante de anomia moral que se nos ha puesto de manifiesto por
los diferentes comparecientes. Quizá tenga la satisfacción de proceder de una comunidad en la que ante los primeros atisbos de intentar resolver conflictos políticos -que por descontado existen- a tiros fue fácil y rápidamente neutralizado por la
propia sociedad, aunque no sin algunas víctimas, pero no les puedo negar que ahí se produce un elemento de contraste que para mí resulta hasta cierto punto incomprensible, cómo la propia sociedad vasca no ha sido capaz de neutralizar o reabsorber,
por así decirlo, esas prácticas. En cualquier caso, esperamos que la apuesta de todos, incluidos los representantes del Gobierno vasco que comparecieron ayer, por la educación en valores y por la regeneración moral salga adelante. Evidentemente
tendremos muy en cuenta los planteamientos o las propuestas que hagan para poder mejorar esa atención a las víctimas del terrorismo en el ámbito de la competencia del Congreso de los Diputados. Hay un tema que resulta complicado, pero les entiendo
parcialmente, y es que esto no acabe de una manera que pueda suponer una legitimación o una justificación retroactiva del terrorismo.
No creo que sea fácil. Muchas veces puede estar en las motivaciones internas de las personas y por tanto efectuar
juicios morales en estos temas es tremendamente complicado. En mi grupo parlamentario y en mi fuerza política deseamos que esto acabe pronto y que acabe bien. Tenemos unos proyectos políticos que aunque no son idénticos a los que tienen los
partidos nacionalistas en otras comunidades -también es cierto que no son idénticos a los que pueda tener el propio Partido Popular o el propio Partido Socialista-, sí nos preocuparía que sustituyéramos ese: algo habrán hecho por había que hacerlo.
Nos preocupa y queremos que se ponga punto final a esto cuanto antes, respetando obviamente
proyectos políticos expresados democráticamente, pero al mismo tiempo que en ningún momento se pueda decir que hubo que matar a 1.000 personas para que se diese una determinada solución. Por lo demás, les agradezco aquí su presencia.
Obviamente, prestaremos mucha atención a las propuestas que nos puedan formular.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Barrero.
El señor BARRERO LÓPEZ: Como han dicho los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra, sin duda venimos a escuchar -y este es el sentido fundamental de la subcomisión-, para que en mérito a ello podamos tomar las decisiones y
las medidas que puedan ser más oportunas y mejores para paliar de alguna manera el sufrimiento y entrar más en el camino del reconocimiento y del homenaje a las víctimas. Sin embargo, es evidente también que no podía dejar pasar esta oportunidad
para en nombre de mi grupo dejar patente aquí ese reconocimiento y ese homenaje que queremos de manera expresa realizarles a ustedes. Saben además que compartimos también una historia de víctimas -como tantos grupos-, aunque las víctimas no tienen
identidad, son víctimas de todos. Sin embargo, ustedes saben también que tenemos algunas víctimas en nuestro propio seno y quizá, por eso tenemos un mayor nivel de comprensión hacia lo que ustedes significan, así que no sé si es un honor para
ustedes estar aquí pero en todo caso no es menor el honor que tenemos nosotros de recibirles.
Además, créanme, esta es su casa, es la representación del pueblo y aquí deben sentirse ustedes muy a gusto. Es verdad que quizás el Parlamento en fechas
anteriores debería haber hecho lo que ahora hemos conseguido, que por unanimidad creemos una subcomisión, que por mor del escaso tiempo que queda al trámite parlamentario de esta legislatura va a tener que seguir seguramente en la siguiente -esto
será muy buena noticia para ustedes-, de manera que la relación de habitualidad entre el Parlamento de todos los españoles y ustedes pueda ser real. Por lo tanto ese reconocimiento es parlamentario. Insisto en que el hecho de que se haya creado la
subcomisión por unanimidad es un buen dato y que esta haya iniciado sus trabajos y haya empezado a trabajar con ustedes es el mayor reconocimiento -a mi entender- que el pueblo español, por boca de sus representantes, pueden hacerles a ustedes, así
que considérense en esa línea de homenaje que todos queremos tributarles.
No hay mucho más que decir. Ustedes han coincidido con una descripción de la situación lamentable y de entorno hostil, decía doña Cristina Cuesta, que ha hecho una descripción dura del problema, que nosotros compartimos.
Algunas de las
cuestiones que ustedes plantean sin duda van a ser objeto de las medidas que se contengan en la resolución parlamentaria que tendrá lugar a finales de diciembre: fomento del asociacionismo y por tanto apoyo también en el terreno psicológico,
material, etcétera, a los colectivos de víctimas; petición de ayuda legal, que es una solicitud que vienen reclamando todos los comparecientes. Parece claro -y hoy así lo vemos nosotros- que el trámite administrativo es una carrera de obstáculos,
en lugar de ser un lugar fácil para que a ustedes se les reconozcan los derechos que les asisten. Hablaba usted de la ventanilla única. Otros han hablado también de las dificultades por las que pasan incluso en la Audiencia Nacional cuando
coinciden víctimas y verdugos, lo cual sin duda alguna es una situación terrible que vamos a procurar evitar de manera inmediata solicitando al Consejo General del Poder Judicial que ponga freno a la misma. Usted hablaba de la ventanilla única para
el trámite administrativo, para que haya una mayor flexibilidad con referencia al reconocimiento a las víctimas, a las indemnizaciones, en fin, a todo lo que comportan los derechos que a ustedes les asisten. Me parece muy oportuno. Mi grupo ya
adelanta que lo va a apoyar en la resolución definitiva de la subcomisión.
Por último, quisiera decirles que ayer tuve la ocasión de animar a unos comparecientes a que hablaran políticamente, porque tenían miedo de hacerlo aquí. Esta es la casa de la política, la política en el mejor sentido de servicio público a
los demás. Por lo tanto ustedes deben, cada vez que se manifiesten políticamente, hacerlo sin ningún pudor. Ustedes han dicho que querían manifestarse y que se sentían legitimados para ello, por supuesto, esta es la casa donde hacerlo, así que
háganlo ustedes a sabiendas de que la política es la máxima manifestación de un servidor público para hacer algo por los demás y ordenar la convivencia de los demás de la forma que sea conveniente. Háganlo y háganlo con absoluta libertad.
Comprendan también -como ha dicho otra portavoz- que nosotros seguramente no estamos en condiciones de hacer un debate de nuestras ideologías políticas cuando ustedes comparecen, pero manifiéstense ustedes con absoluta libertad. Además, si ustedes
no lo hicieran, nosotros como Grupo Socialista se lo reclamaríamos. Muchas gracias por estar aquí y enhorabuena.
El señor PRESIDENTE: Finalmente, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Gil Lázaro.
El señor GIL LÁZARO: Comenzaré, como es natural, dando la bienvenida a la señora Cuesta, al señor Altuna, expresándoles nuestro reconocimiento, nuestro afecto y nuestra solidaridad no solamente con la tarea colectiva que desarrollan desde
COVITE, sino también en función como es natural y se ha dicho aquí, de su biografía personal, de su biografía del sufrimiento, que es algo que nunca conviene olvidar. Desde esa biografía del sufrimiento nosotros apreciamos algo que nos
parece profundamente sustancial, que ustedes se han expresado hoy aquí con la misma claridad que vienen expresándose en sus muchos años de reivindicación y de lucha legítima, pero lo han hecho siempre -hoy y en todos esos años- sin que esa
biografía del sufrimiento haya puesto en sus planteamientos acentos de rencor. La idea que ustedes han deslizado es una idea básica, porque sin ella no se puede entender lo que está sucediendo ni cuál debe ser el final de la situación que están
viviendo miles de personas en el País Vasco y en el conjunto de España. Ustedes han hablado de que gracias precisamente a no haber introducido jamás acentos de rencor en sus planteamientos han podido preservar el escenario más inmediato de ese
sufrimiento, que es el escenario de la sociedad vasca, de una confrontación civil. Esa es una idea de ejemplaridad, es una idea de didáctica ética y social que conviene no perder nunca de vista, porque solamente vamos a poder vencer al terrorismo
-amén, de con medidas legales y policiales- desde la ejemplaridad, desde la realización de una profunda didáctica social, y en ese sentido, desde esa biografía del sufrimiento, hay que destacar lo que ustedes han hecho al servicio del conjunto de la
sociedad vasca, es decir, no introducir nunca palabras de rencor, ni palabras ni acentos de crispación, ni pases de factura, ni distinciones, porque es muy importante también recordar hoy aquí su manifiesto fundacional, la idea que da origen a todo
su movimiento, es decir, la conjugación de todas aquellas personas que por desgracia han tenido que soportar esa biografía del sufrimiento sin ningún tipo de distinciones. Ustedes no han hecho nunca distinción de víctimas. Usted misma, señora
Cuesta, ha recordado aquí ese grupo inicial que dio pie a la vida de este importantísimo, desde nuestro punto de vista, movimiento en el País Vasco, desde la suma de quienes habían integrado por desgracia esa biografía del sufrimiento, a pesar de
que la excusa, la burda e inaceptable excusa -comillas- política, política en el sentido negro, oscuro y criminal, de que otros les habían inflingido a ustedes ese sufrimiento tuviera esta o aquella aparente justificación, este o aquel aparente
discurso ideológico. Por tanto me parece que esa es una idea esencial.
Ustedes están plenamente legitimados -como recordaba ahora el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista- para hablar de política porque, evidentemente, desde la política y desde la sociedad, pero desde la política, que es expresión de la
sociedad, hay que poner definitivamente fin a esa biografía del sufrimiento, y hay que hacerlo sin lugar a dudas desde la memoria, desde la verdad y desde la justicia, para conjugar esas tres expresiones en otra que da pie a un libro ciertamente
estremecedor, que debería ser libro de cabecera de mucha gente, porque desde la memoria, desde la verdad y desde la justicia se escribe sin rencor ese reto de Contra el olvido. No quiero ser agente literario de nadir porque no es mi función, pero
sí recomendaría a muchos que ese libro, Contra el olvido, de doña Cristina Cuesta, fuera libro de cabecera para la reflexión de muchos de quienes tenemos responsabilidades en conseguir que desde la memoria, desde la verdad y desde la justicia se
construyan instrumentos sólidos y definitivos de paz contra el olvido. En las páginas de ese libro he visto más allá de unas letras impresas, he visto mucho sufrimiento, he visto mucha esperanza y he visto mucha injusticia cometida contra
ciudadanos profundamente inocentes. Todas las víctimas del terrorismo son esencialmente inocentes, radicalmente inocentes, plenamente inocentes e incuestionablemente inocentes, y ese es el punto de partida sobre el que hay que construir el final.
En ese sentido me parecen fundamentales algunas de las consideraciones que ha hecho usted hoy. Yo cerraba mi intervención en la tarde de ayer -sin saber que usted hablaría hoy de eso- construyendo una teoría personal sobre la necesidad de la
utilización del lenguaje como elemento de pedagogía. Contra el terrorismo, mucha pedagogía social, y el instrumento para la realización de la pedagogía social es la palabra, es el lenguaje. No se puede normalizar el uso de un lenguaje que incluso
involuntariamente puede aparecer como cómplice de las construcciones teóricas del terrorismo. Un compromiso que creo que deberíamos asumir todos: formaciones políticas, medios de comunicación social, creadores de opinión y estudiosos es
precisamente esa reconversión del lenguaje en función de una tarea didáctica de descalificación permanente de la acción criminal y sin sentido del terrorismo. Dar a la descripción del terrorismo o de sus infraestructuras o de sus acciones una
construcción dialéctica de aparente normalidad hablando de comandos o de organizaciones es, involuntariamente incluso, contribuir a legitimar una expresión que es de suyo e incuestionablemente deslegítima, que es el terrorismo. La necesidad de que
la Administración de justicia mejore su información a las víctimas es una reivindicación que compartimos todos los grupos a partir de estos primeros apuntes que estamos recibiendo de todos ustedes y con los que observamos que también entre ustedes
hay una plena y absoluta unanimidad. No puede -y usted ha utilizado esa palabra que me parece tristemente expresiva, porque no debería ser así- la víctima deambular intentando encontrar una información, ni puede la víctima sufrir un segundo proceso
de victimización cuando tiene que compartir estancias, pasillos, bancos, miradas, chanzas y amenazas del entorno o de los familiares de las personas que van a ser juzgadas por haber cometido un acto criminal. En eso hay que avanzar mucho, pero hay
que hacerlo desde esa objetividad que yo he visto en sus planteamientos y que me parecen impecables. Ustedes han hecho hoy una distinción muy clara y muy legítima. No han venido aquí a decir que todo está mal. Ustedes han dicho: nosotros no
compartimos un determinado proyecto político para el País Vasco, y con la misma claridad con la que dice
usted eso ha dicho: y valoramos en el conjunto de la sociedad vasca y también en la Administración vasca los avances que se han producido en materia de políticas asistenciales para las víctimas. Creo que esa objetividad para distinguir
entre una cosa y otra refuerza esencialmente lo que yo decía antes, su inmensa contribución a la convivencia, a la democracia y a la libertad al haber transmutado su biografía del sufrimiento en una biografía de esperanza, para que ese sufrimiento
no sea en el futuro el sufrimiento de otros y por tanto renunciando a cualquier acento de crispación o de rencor.
Yo tendría que decirle muchas cosas, señora Cuesta. Creo que se las vamos a poder decir en el futuro. El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista hacía una referencia a ello. Cuando en el debate sobre el Estado de la nación, el Grupo
Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) planteó como una propuesta de resolución la reproducción y su aprobación por la Cámara del conjunto de las medidas asistenciales aprobadas por la Cámara vasca por unanimidad -menos por los de siempre, claro; pero eso
refuerza precisamente el sentido de esas medidas- yo entendí que teníamos una magnífica oportunidad para, aprovechando esa propuesta de resolución, plantear una transaccional al Grupo Vasco para que, precisamente este año en que se cumplía el 25.º
aniversario de la vigencia de nuestra Constitución, esta Cámara pudiera, como representante de la soberanía nacional, corregir un error. Aquí nunca había sido escuchada la voz de las víctimas como lo está siendo esta mañana y como lo ha sido en
días precedentes. Por tanto nos pareció oportuna la creación de este instrumento para que las víctimas fueran escuchadas y no para debatir -lo ha dicho muy bien la señora Uría- con las víctimas, porque las víctimas siempre -al menos esa es y será
la consideración de mi grupo- tienen la razón, sino para escucharlas. Por eso también quisimos, señora Cuesta, que incluso se produjera algo que no es habitual, que se incorporen sus intervenciones en el 'Diario de Sesiones' para corregir ese
olvido, para corregir ese error y para corregir ese pecado histórico en origen del conjunto de la sociedad española. Creo que hemos avanzado mucho con los trabajos de la subcomisión, a pesar de la premura del tiempo de esta legislatura que se
agota, pero con la voluntad de todos los grupos políticos de poderla constituir de nuevo en el horizonte de la próxima legislatura para darle así una mayor proyección y estabilidad a sus trabajos y a sus conclusiones. Hemos avanzado y, sobre todo,
al permitir definitivamente esta Cámara que las víctimas tuvieran voz institucional, se ha contribuido a cumplir ese tránsito afortunadamente feliz que se ha producido en la sociedad española, para pasar del olvido al reconocimiento de las víctimas.
(El señor vicepresidente, Souvirón García, ocupa la presidencia.)
Concluyo, señor presidente, señora Cuesta, diciéndole que memoria, verdad y justicia, sí; memoria, verdad y justicia contra el olvido, pero afortunadamente ustedes representan algo que es tremendamente esperanzador para el futuro de la
sociedad vasca y de la sociedad española. Reclaman memoria, reclaman verdad y reclaman justicia, pero lo reclaman sin rencor y con una profunda voluntad de paz. Cuando a veces escuchamos en el discurso de la sociedad vasca la apelación a la paz
convendría recordar a quienes realizan ese discurso que la paz es un valor que está en el ámbito de la sociedad vasca, que no hay que reclamar la paz; hay que reclamar que cese el terrorismo criminal e injustificado de unos para que la sociedad
vasca, que es una sociedad que con sus instrumentos de paz, la Constitución y el estatuto puede vivir en paz, pueda definitivamente vivir en libertad, en pluralismo y en democracia.
Nos tendrán siempre, señora Cuesta, señor Altuna, a su lado para
ayudarles a construir ese futuro que ustedes con su ejemplo construyen día a día, el futuro de una Euskadi en paz, en libertad, en democracia y en pluralismo y sin rencor.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Tiene la palabra la señora Cuesta, por si quiere contestar a la intervención de los grupos parlamentarios.
La señora REPRESENTANTE DEL COLECTIVO VÍCTIMAS DEL TERRORISMO EN EL PAÍS VASCO (Cuesta Gorostidi): No me cabe más que agradecer sus palabras de reconocimiento y valoración de nuestro trabajo, que creo ha sido entendido en su profundidad y
en su dimensión regeneradora para la sociedad en que vivimos y de la que procedemos. Nuestro trabajo, como bien se ha dicho, surge de una lucha constante contra el odio y el silencio, silencio cómplice, silencio insolidario, contra el odio en
situaciones muy difíciles, porque como he apuntado en mi intervención inicial muchas veces es muy complicado intentar calmar a unas víctimas que no solamente han tenido que sufrir la pérdida de sus seres queridos, sino que han tenido que soportar la
humillación de que muchos, demasiados, en el País Vasco buscaran justificaciones, comprensiones, relativización al daño que les causaron. La deuda histórica, como decíamos, es inmensa y tenemos que reconocer y tenemos que recordar que durante
muchos años las víctimas del terrorismo, los dos compañeros que hemos venido aquí somos ejemplo de eso, víctimas de los años ochenta, tuvimos que vivir ocultando nuestra condición de víctimas del terrorismo porque el algo habrá hecho funcionaba de
una manera que volvía a victimizarnos. Con nuestra sencilla aportación hemos reivindicado el papel de las víctimas del terrorismo desde una postura constructiva y positiva a pesar de las dificultades que esto puede acarrear en muchas ocasiones.
Intentamos ser el apoyo de cientos de vascos que no han tenido la oportunidad de compartir su sufrimiento, su dolor, su vivencia y que en el seno del Colectivo de Víctimas del Terrorismo en el
País Vasco han encontrado otros compañeros de camino. Es muy complicado todavía hoy actualizar esa regeneración moral, porque existe el miedo, porque existe el mirar para otro lado, aunque cada vez menos, pero por lo menos las víctimas
saben que hay un referente social de amparo y de protección.
Se ha tocado en la exposición de los portavoces de los grupos cuestiones fundamentales y me gustaría incidir otra vez en alguna sobre la que debemos tener constancia absoluta. Queremos incidir en nuestra legitimación política porque también
ahora, al igual que en 1998, después de cinco años de trabajo, pensamos que se está articulando desde las instituciones vascas o el Gobierno vasco una vía de solución o pseudosolución, sin ninguna garantía, de aplicación del olvido y de la
impunidad. Para nosotros no ser recordadas, no ser reconocidas, no porque pensemos que debemos tener una valoración excesiva en función de cualquier otro ciudadano, sino por lo que hemos sufrido calladamente y, sobre todo, por lo que significó el
asesinato de nuestros familiares, es una cuestión prioritaria. Nos gustaría que quedara constancia de nuestra reivindicación, verdad, memoria y justicia, como ha quedado claro. Esas tres ideas fundamentales que deben guiar los trabajos de la
subcomisión, por lo menos como orientación general, son reivindicaciones que en la práctica suponen el no a la humillación permanente, al olvido permanente y a una consideración de la víctima como algo molesto para conseguir la solución que algunos
quieren imponer. Tenemos muy claro que estamos defendiendo la democracia de todos los españoles, de todas las víctimas, la memoria de nuestros familiares que no pueden defenderse ya, y estamos aportando nuestro granito de arena para que esto acabe
definitivamente, no solamente con el final, esperemos que en un futuro próximo, de la actividad terrorista de ETA sino con la regeneración en la conciencia de la gente, que cuando un ciudadano vasco medio no excesivamente ideologizado o politizado
conozca una víctima del terrorismo sienta inquebrantablemente una solidaridad, que no se plantee como sigue ocurriendo, cada vez menos bien es verdad, las preguntas típicas, a veces incluso sin mala intención, a qué se dedicaba tu padre y a tu padre
por qué lo mataron, a las que las víctimas especialmente en el País Vasco hemos tenido que responder mañana, tarde y noche por activa y por pasiva.
Incluso en muchos casos, en el mío particular, culpabilizas la trayectoria de tu padre, porque luego
sacan un comunicado en el que se vierten las mayores mentiras, calumnias, etcétera, e incluso se puede trastocar tu propia percepción de los hechos. Como se ha comentado ya por parte del portavoz del Partido Popular, hemos intentado transmitir la
idea fundamental de que todo crimen terrorista es absolutamente injusto, que nadie es merecedor de un tiro en la nuca, con la grandeza moral que creemos tener, si me permiten la expresión modestamente, de que ni los asesinos de nuestros familiares
merecen algo parecido. Esa es la diferencia fundamental que nos aleja y nos alejará siempre de aquellos grupos políticos que intentan ser interlocutores válidos para un proyecto equis, que alegre y frívolamente comprenden, justifican, amparan, dan
cobijo, etcétera, a los asesinos de nuestros familiares. Esa es una diferencia radical e incontestable a nuestro parecer, porque nosotros, repito, incluso para los agresores, asesinos de nuestros familiares, defendemos un trato digno y un juicio
justo. Esta idea que es básica es algo que todavía no se ha transmitido suficientemente en el seno de la Comunidad Autónoma vasca, el aspecto de la defensa de la legalidad contra la barbarie. Es algo que también queremos reivindicar, puesto que ha
salido el tema de las medidas pedagógicas y de regeneración.
Tiendo a extenderme, perdónenme, pero me gustaría indicar, ya que se hablado de la traición del lenguaje (desde el respeto profundo que tengo a mis compañeros de Gesto por la Paz, asociación a la que pertenecí y admiro por su trabajo y que
quiero valorar críticamente), que han conseguido traer a la sociedad, a los interlocutores sociales la idea de violencia de persecución que es muy novedosa, es atractiva, porque es verdad que refleja bien en parte lo que pasa, pero es demasiado
gráfica, porque la violencia de persecución es terrorismo, y podíamos hablar de terrorismo de persecución; la violencia política es violencia política terrorista, y así creemos que no hay que perder el norte de las palabras, porque estas son muy
importantes. Sería largo discutir cuando se habla de conflicto, cuando se habla de diálogo, el cajón de sastre en el que se difuminan las responsabilidades, porque bien es verdad que existe una responsabilidad criminal y una responsabilidad penal
básica, contra la que hay que luchar, y existe una responsabilidad política y una responsabilidad social, como se ha escrito largamente. Básicamente esto es lo que quería decir.
Para terminar quiero incidir en el tema de la ventanilla única, y contesto a la portavoz del Partido Nacionalista Vasco, porque nos parece fundamental. No tengo información directa y concreta del caso que ella planteaba. Lo que sí podemos
aportar son las quejas repetidas de las víctimas a la hora de conocer la situación policial, judicial o penitenciaria de los agresores o asesinos de sus familiares. Esto nos parece fundamental, porque es verdad que ha habido una evolución positiva
desde la atención más básica hasta el reconocimiento moral y político, que es el ambiente en el que nos encontramos, pero falta este reconocimiento de los derechos legales de las víctimas del terrorismo a la hora de conocer. Estamos hablando de
verdad de lo pasado, y en esa parte de verdad de lo pasado que reivindicamos, no solamente del hecho concreto, está el conocimiento de la autoría, de las complicidades, de la resolución que la Administración del Estado dio al caso concreto de cada
familia. Esto nos parece algo fundamental. Por ejemplo, respecto del asesinato del padre
de mi compañero, Ángel Altuna, desconocen absolutamente todo de los asesinos. Respecto de uno de los asesinos, el autor material del asesinato de mi padre, parece ser porque no ha sido juzgado, está implicado -y lo comento con toda
prevención- en cuatro asesinatos -el de mi padre es el último que cometió-, escapo a Francia, consiguió el estatuto de refugiado y, casualmente, por una redada de la policía francesa el verano pasado por un tema económico de supuesto blanqueo de
dinero en Hendaya, se descubrió a este sujeto y salió a la luz que estaba involucrado en cuatro asesinatos. Casado con francesa, hasta la fecha de hoy lo único que nos han comunicado a mi familia y a las otras tres, después de una pesquisa de
información impresionante, es que hay muchos problemas para tramitar la extradición porque es ciudadano francés, porque tiene estatuto de refugiado y porque los delitos han prescrito.
Una de las cuestiones básicas que no hemos tratado porque no da
tiempo a todo, es conseguir también, y eso será en una fase posterior, que los delitos de terroristas sean considerados como crímenes contra la humanidad, porque entonces dejarán de tener prescripción. Tenemos pendiente estar con el juez Garzón
para esta cuestión y es algo que también comentamos con el comisario de Justicia e Interior, señor Vitorino.
Esto es lo que podemos aportar. En la ultima llamada que hice a la Audiencia Nacional me dijeron textualmente que tenía que buscar el expediente del sumario a través del juzgado, lo que es muy complicado, porque los expedientes no están
informatizados ni nunca se tiene en cuenta los casos en función de las víctimas; cuando estamos viendo que hay un tiempo de prescripción en el que este sujeto podía ser extraditado, por los menos teníamos que intentarlo. Esta es una situación
parecida a la que se encuentran otros compañeros.
Quiero volver a incidir en el honor compartido que supone estar aquí, sobre todo por toda la gente que no puede expresarse y que todavía tiene problemas. Quiero decir también que las dos portavoces del Colectivo de Víctimas del Terrorismo
en el País Vasco somos Consuelo Ordóñez y yo misma y las dos personas llevamos escolta de las comunidades autónomas vasca y navarra. Nuestro trabajo es complicado y sé que ustedes son perfectamente conscientes, porque en un ambiente hostil de poca
protección o reconocimiento institucional pedirle a una víctima que hable claro y alto es un coste añadido, pero a pesar de todo mantenemos la esperanza. Los dos tenemos hijos y estamos convencidos de que nuestros hijos vivirán en una sociedad
libre y regenerada éticamente. (El señor Gil Lázaro pide la palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señor Gil Lázaro.
El señor GIL LÁZARO: Treinta segundos para un subrayado que me parece muy importante, señor presidente.
La señora Cuesta acaba de decir algo que quiero subrayar porque me parece esencial. Ha dicho literalmente: defendemos un trato digno y un juicio justo para los asesinos. Ni siquiera quienes nos mataron con un tiro en la nuca merecen nunca
lo mismo. Me parece que esa expresión es una síntesis sublime de un gran valor moral. Yo creo que esa grandeza moral que hoy ha expresado aquí la señora Cuesta es una gran vía para la libertad y para la esperanza en el País Vasco. Tenía toda la
razón el señor Silva cuando decía que el final del terrorismo no puede llegar nunca a través de vías que puedan sugerir una legitimación retroactiva de ese terrorismo. Yo, señora Cuesta, le digo que hoy, escuchándole a usted, al menos los
sentimientos de este portavoz se llenan de grandeza y de esperanza.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señor Gil Lázaro, creo que sus palabras son compartidas por los portavoces de todos los grupos parlamentarios.
Muchas gracias, señora Cuesta y también a don Angel Altuna, por su presencia hoy aquí y por las ideas que nos han dejado, que son del máximo interés para los trabajos de la subcomisión.
La señora REPRESENTANTE DEL COLECTIVO VÍCTIMAS DEL TERRORISMO EN EL PAÍS VASCO (Cuesta Gorostidi): Estamos a su disposición.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Muchas gracias.
- DE LA SEÑORA CONSEJERA DE BIENESTAR SOCIAL, DEPORTE Y JUVENTUD DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA (BERRUEZO ALBÉNIZ). A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO Y DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente
212/001834.)
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Damos la bienvenida a doña Reyes Berruezo Albéniz, consejera de Bienestar Social, Deportes y Juventud de la Comunidad Foral de Navarra y también a don Alfredo González que le acompaña. Sin más
preámbulos, damos la palabra a doña Reyes para que exponga ante la Comisión lo que tenga por conveniente antes de que intervengan los grupos parlamentarios.
La señora CONSEJERA DE BIENESTAR SOCIAL, DEPORTES Y JUVENTUD DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA (Berruezo Albéniz): Señor presidente, señorías, quiero agradecerles,
en nombre del Gobierno de Navarra, la posibilidad que nos dan de exponerles aquí nuestra experiencia sistemática de trabajo a favor de las víctimas del terrorismo desde 1985, y también quería anunciarles que acataremos y cumpliremos
gustosamente todas las conclusiones a las que llegue esta Comisión. Me acompaña, como ya les han dicho, Alfredo González Etxarren, que ha sido director de Interior durante estos últimos años, y cuyo departamento directamente ha llevado los temas de
lucha contra el terrorismo, en buena parte, y de defensa de sus víctimas.
Les hemos preparado una intervención en la que les vamos a exponer, en primer lugar, la evolución de las medidas que ha tomado nuestra comunidad, las primeras medidas sobre todo de índole económica; posteriormente, de respaldo institucional
a las víctimas y, paralelamente, de apoyo social. Después les adelantaremos una serie de sugerencias, que nos parece que sería bueno que tomaran en consideración, sumadas a las que aquí les expondrán, sugerencias basadas en los casi 900 expedientes
que hemos tramitado. Además, les dejaremos el texto escrito de la comparecencia y les hemos hecho también un anexo documental de lo que es la normativa básica que tenemos en nuestra comunidad, los datos estadísticos y también alguna otra
documentación que nos ha podido parecer de interés, como la que tiene algún grupo que trabaja en estos ámbitos en Navarra y también los protocolos de asistencia psicológica a las víctimas. Comienzo con la lectura del texto que les habíamos
preparado.
Desde la aprobación de nuestra Constitución, en 1978, la banda terrorista ETA ha quitado la vida a cuarenta ciudadanos navarros. Los navarros, al igual que millones de españoles, vienen padeciendo las penosas consecuencias del terrorismo,
sobre todo del terrorismo etarra, que lleva más de cuarenta años conculcando el primero y más importante de sus derechos fundamentales: el derecho a la vida y a la integridad física y moral. ETA no ha producido sino muerte y mutilaciones,
desolación y, en definitiva, pérdidas irreparables entre sus víctimas directas, sus familiares y sus allegados y, como ya es sabido, todavía hoy tiene amedrentadas a numerosas personas que ven limitados sus derechos y libertades públicas por la
amenaza terrorista.
Las instituciones y administraciones públicas de Navarra, siempre y desde el inicio de nuestra democracia, han mantenido una actitud beligerante e inequívoca contra el terrorismo, contra quienes lo practican y contra quienes le dan su apoyo,
a la vez que han sido y son conscientes de la necesidad de ayudar a las víctimas del terrorismo, a las que han venido dedicando, a lo largo de los años y progresivamente, una mayor atención.
El Pacto por Navarra, acuerdo por la paz y la tolerancia,
firmado en Pamplona el 7 de octubre de 1988, constituyó una manifestación clara de esa actitud, a la vez que emplazaba a las instituciones de la comunidad foral a que prestaran todo su apoyo a aquellas personas que sufrían los efectos del
terrorismo, concretando que esta ayuda debía ser expresión de solidaridad hacia los afectados, al tiempo que firme réplica humanitaria que testimoniara la actitud de la sociedad frente a las agresiones terroristas.
Desde abril de 1979, las nuevas autoridades navarras elegidas democráticamente se mostraron decididamente opuestas no solamente al terrorismo de ETA, sino a todo el amplio movimiento político y social, cómplice siempre y de muchos modos de
la banda terrorista. No sólo condenaron sus crímenes, sino que movilizaron, como después veremos, al pueblo navarro en contra de la misma y en contra de sus muchos colaboradores.
Inicialmente, a partir del año 1985, un año después de constituido el primer gobierno elegido según la nueva Ley orgánica de reintegración y amejoramiento del régimen foral de Navarra, las ayudas establecidas por el Gobierno de Navarra para
las víctimas del terrorismo eran de naturaleza exclusivamente económica y complementarias de las establecidas por la Administración del Estado y/u otras entidades y organismos y pretendía paliar únicamente los daños materiales ocasionados en los
bienes muebles e inmuebles de los afectados como consecuencia o con ocasión de los atentados terroristas cometidos en Navarra por personas integradas en bandas o grupos organizados y armados o por sus conexos. Se concretaban en subvenciones a fondo
perdido que podían ascender hasta el 50 por ciento de los daños ocasionados o préstamos a interés tasado que podían alcanzar, como límite, el cien por cien, si los bienes a que se concretaban los daños estaban previamente asegurados.
A partir del año 1988, y en continuidad con las determinaciones contenidas en el acuerdo por la paz y la tolerancia, y con la aprobación del Decreto Foral 254/1988, las ayudas que pueden otorgarse a las personas físicas o jurídicas que
sufran daños como consecuencia o con ocasión de atentados terroristas se amplían contemplándose las siguientes posibilidades: el resarcimiento por daños materiales producidos a bienes muebles e inmuebles, como antes, pero ahora adopta la forma de
anticipos y de subvenciones en función de que aquellos estuvieran o no asegurados, y que pueden llegar inicialmente hasta el 80 por ciento de los daños ocasionados. También la prestación gratuita por el Gobierno de Navarra de la asistencia
sanitaria a las personas que hubieran sufrido lesiones físicas o psíquicas y que no tuvieran cubiertos sus gastos ocasionados por dicha prestación por cualquier otro sistema de previsión público.
Otra ayuda es la de recibir subvenciones para la
cobertura de los gastos necesarios para el alojamiento provisional de las personas que, como consecuencia de un acto terrorista, sufran daños en su vivienda habitual o la pierdan definitivamente y deban alojarse temporal, provisional o
definitivamente en otra. Otra es la de obtener ayuda para la enseñanza, transporte, comedor y residencia, en su caso, hasta la
licenciatura para los hijos y familiares con dependencia económica de las personas que hubieran resultado muertas o incapacitadas para el trabajo como consecuencia de los actos terroristas. La última ha sido en la práctica la de superación
de los límites establecidos para cada una de estas modalidades de ayuda o incluso conceder cualquier otra ayuda distinta cuando concurran o hayan concurrido circunstancias excepcionales y así lo haya apreciado el Gobierno de Navarra.
Ello no obstante, el catálogo de ayudas acordadas para cada supuesto ha ido ampliándose abarcando la cobertura de otras necesidades de las víctimas, como la asistencia terapéutica, fundamentalmente la psicológica y la psiquiátrica, la
orientación jurídica inmediata, la inserción laboral, entre otras, y todo ello al amparo de las posibilidades otorgadas por el régimen jurídico hoy todavía vigente, que regula de manera amplia esta concesión.
En lo relativo a las ayudas económicas, y sin que la cifra se haya contabilizado por su valor equivalente, las ayudas otorgadas en materia de anticipos, préstamos reintegrables, asistencia sanitaria, vivienda, estudios y asistencia
psicológica o jurídica, el Gobierno de Navarra ha concedido a las víctimas del terrorismo y sus familiares en los últimos veinte años, sólo en forma de subvención a fondo perdido, más de 575 millones de pesetas. Estas ayudas a los afectados tienen
carácter reparador y, en todo caso, complementarias a las establecidas para los mismos supuestos y con el mismo carácter por otras administraciones u organismos públicos y privados, sobre todo el Estado o el Consorcio de Compensación de Seguros, las
cuales en su conjunto no pueden superar los daños o perjuicios originados, lo que a la larga complica el procedimiento de su concesión y su materialización se demora. El plazo para la solicitud de las ayudas es de dos meses, contabilizados a partir
de la fecha del hecho que las motiva. Su tramitación se residencia actualmente en el departamento de Presidencia, Justicia e Interior del Gobierno de Navarra, en concreto en la Dirección General de Justicia, y más concretamente en los servicios
sociales de Justicia.
Otro ámbito de actuación con las víctimas lo constituye su reconocimiento institucional. El Gobierno de Navarra ha impulsado progresivamente iniciativas en este sentido, con la colaboración de las propias víctimas y el movimiento asociativo
que las agrupa; ha convocado reuniones informativas sobre temas de interés, entre otros sobre la tramitación y los contenidos de la que finalmente sería aprobada como Ley 32/1999, de solidaridad con las víctimas del terrorismo -mayo de 1999-, y ha
mediado siempre entre las víctimas y otras instituciones y ha llevado a cabo también diversas acciones de apoyo institucional, cultural y social.
Sirva como ejemplo la recepción oficial a las víctimas del terrorismo en el Palacio de Navarra,
celebrada en diciembre de 1999, o la contribución a la entrega de juguetes y libros a los familiares de las víctimas del terrorismo en Navidad o Año Nuevo, los años 1999, 2000 y 2001 y, por último, mediante Decreto Foral 338/2000, de 16 de octubre,
se concedió la medalla de oro de Navarra a las víctimas del terrorismo en un acto institucional celebrado el día 3 de diciembre, que es el día de Navarra.
Además, el Gobierno de Navarra forma parte del mecenazgo de la fundación de víctimas del
terrorismo desde su constitución.
Tal vez la medida eficaz a favor de las víctimas del terrorismo, la más eficaz de todas, ha sido la permanente y explícita voluntad de la sociedad navarra contra la banda terrorista y contra todo el amplio movimiento político y social que ha
sido desde su inicio su cómplice directo o indirecto. La inmensa mayoría de los navarros no ha dado su confianza al brazo político de la banda terrorista ETA y en cada elección, además, ha ido dándole menos. La inmensa mayoría de los navarros ha
estado siempre de acuerdo con todas las medidas legales, políticas, jurídicas, sociales y culturales que han ido proponiendo los gobiernos de la nación y aprobando las Cortes Generales de España hasta la última Ley de Partidos. Desde el año 1980,
en que se produjo el atentado contra el director del Diario de Navarra, y 1981, en que se produjo el asesinato del ex jefe de la Policía Foral, de 40.000 a 50.000 navarros han venido llenando las calles de Pamplona, cifra que sigue equivalente en
estos momentos en las manifestaciones que convoca en estos casos el Parlamento de Navarra. A las manifestaciones siempre han asistido todos los partidos políticos, excepto los cómplices de ETA.
Desde 1984, grupos activos de Gesto por la Paz
plantan cara con el silencio público y acusador al terrorismo. El terrorismo callejero ha desaparecido casi por completo de nuestra comunidad. Las detenciones y extradiciones de terroristas, el cierre de periódicos afines o la última ilegalización
de Batasuna no han tenido la mínima repercusión negativa.
Los navarros han asistido masivamente, y presididos siempre por los presidentes del Gobierno y del Parlamento a todos los funerales de las víctimas, que se han celebrado con dignidad en
iglesias céntricas de Pamplona y, desde 1998, en la catedral y presididos por el arzobispo.
En fin, lo que en Euskadi y en toda España, incluida nuestra comunidad, significó el asesinato de Miguel Ángel Blanco volvió a significar en Navarra, unos meses después, el asesinato del concejal de UPN y líder social y municipal durante la
transición, don Tomás Caballero Pastor.
Desde entonces hubo un claro y nuevo impulso movilizador en las dos universidades, en la Iglesia y en profesionales e intelectuales. La fundación Tomás Caballero y la plataforma cívica Libertad Ya, que han
acompañado, honrado y celebrado de mil maneras a las víctimas del terrorismo, fueron también fruto de aquel terrible acontecimiento.
Ahora, de manera somera y con la experiencia que atesoramos en la atención a víctimas del terrorismo, les proponemos algunas medidas.
Primera propuesta. Creemos que es necesaria una definición unívoca de víctima del terrorismo. Se hace necesaria una delimitación, una definición de lo que puede considerarse víctima del terrorismo. ¿Hasta dónde extenderemos el concepto de
víctima? ¿Es una víctima la familia directamente afectada por el atentado? ¿Hasta qué grado de parentesco puede incluir el concepto? ¿Depende la consideración de víctima de la naturaleza del atentado? ¿Es una víctima quien ve destruido su
negocio, su empresa? ¿Lo es quien estando o sintiéndose amenazado se ve obligado a llevar escoltas de protección personal?
Segunda propuesta. Creemos que es precisa la creación de un censo de víctimas del terrorismo. La información que tenemos actualmente es diversa, dispersa y, en todo caso, incompleta.
Tercera propuesta. La atención a las víctimas debe ser personalizada y prolongarse durante todo el tiempo que sea necesaria. Los casos de personas afectadas directa o indirectamente por la actividad terrorista no son iguales a la hora de
su retorno a la vida social: las hay con patologías graves, que precisan de apoyo o ayuda permanente, de inserción en programas terapéuticos especializados, y otras que, por el contrario, no lo precisan, sino que se sobreponen y, finalmente,
recuperan sus actividades y modo de vida y su reinserción; unas, en mayor o menor medida, desean permanecer en un cierto anonimato y, por el contrario, otras se niegan a ser reconocidas como víctimas, pertenecen a movimientos asociativos e incluso
son activas y adquieren un cierto protagonismo en el reconocimiento y defensa de los derechos de las víctimas del terrorismo.
Cuarta propuesta. Hay que evitar la existencia de instancias paralelas para la solicitud de las ayudas. No podemos marear a las víctimas de una Administración a otra y de un mostrador a otro; no debe existir sino una sola ventanilla a la
que acudir, la cual debe iniciar el procedimiento de concesión de todas las ayudas o apoyos que precisen, con independencia de la Administración, organismo o institución que las conceda. A este respecto sería conveniente considerar el papel que en
ello pueden jugar las administraciones más próximas al ciudadano.
Quinta propuesta. La atención debe ser amplia y generosa, abarcando todo tipo de medidas, entre ellas las de reconocimiento institucional, muy importantes porque las víctimas, cualquiera que sea su reacción posterior al atentado, necesitan,
en primer lugar, no sentirse olvidadas por las instituciones, pero también el apoyo de los movimientos asociativos, el impulso y promoción de proyectos y actividades con ellas, asistencia terapéutica, sanitaria y psicológica, ayudas al estudio,
gastos de viaje y alojamiento en su caso, alojamiento provisional o definitivo o cambio de residencia, inserción laboral, indemnización y reparación de daños materiales en bienes muebles e inmuebles y ayudas fiscales.
Sexta propuesta. Debe existir especialización y distribución en la prestación de las distintas modalidades de ayuda, evitando duplicidades situadas en diferentes administraciones, organismos o entidades públicas.
Hay que evitar las
duplicidades en la concesión de análogas prestaciones por cuanto en la mayoría de los casos, particularmente en las de carácter económico, al tener un carácter reparador -de indemnización estricta de los daños causados-, no poder superar el importe
de los mismos y tener la actuación de cada Administración un carácter complementario o subsidiario de las establecidas para los mismos supuestos por otras administraciones, entidades u organismos, el procedimiento de concesión se dificulta y demora
excesivamente, exigiendo un gran esfuerzo de coordinación, particularmente con el Ministerio del Interior y con el Consorcio de Compensación de Seguros. A ello debe añadirse la necesidad de disponer de procedimientos de tasación únicos y comunes
para todos, lo que exigirá, sin duda, la utilización sin reparos de los mecanismos de coordinación y cooperación administrativa previstos en el ordenamiento jurídico y en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
Séptima propuesta. Las administraciones públicas deben actuar con criterios de complementariedad por especialidades, basando sus relaciones en los principios de cooperación, eficacia y coordinación administrativa.
A nuestro juicio, las
ayudas deben prestarse con arreglo a criterios de competencia. Las ayudas de carácter económico debieran concentrarse en el Estado, que, en materia de seguros, debería coordinarse con la Dirección General de Seguros y con el Consorcio de
Compensación, evitando duplicidades con la actuación de otras administraciones territoriales, que -pensamos- deberían abstenerse en estas materias. Las restantes ayudas, incluidas las de disposición de un sistema rápido y eficaz de protección civil
y de atención de emergencias, deberían quedar a cargo de las administraciones que tengan atribuida la competencia correspondiente.
Octava propuesta. Sería conveniente la inserción del tratamiento de las víctimas y de las ayudas en un programa más amplio de protección a las víctimas del delito, con independencia de que constituyan un colectivo con personalidad propia y
de que puedan desarrollar sus actividades de manera independiente, su inserción en programas de atención a la generalidad de las víctimas de los delitos donde las haya permitiría le mejor coordinación de los recursos de las administraciones e
instituciones públicas y el logro de economías de escala y, en definitiva, la prestación de una atención de mayor calidad y eficiencia.
Deben ponerse en marcha todos los mecanismos de coordinación interna entre los
distintos órganos de cada una de las administraciones públicas llamadas a prestar los servicios asistenciales.
Novena propuesta. Las ayudas deben ser ágiles y, en su caso, inmediatas.
Esto no precisa más explicación. Una atención tardía de esta problemática no se la merecen quienes hayan soportado esta situación ni en realidad constituye ayuda
alguna.
Décima propuesta. Mejora de las bases de datos estadísticos relativas a las víctimas del terrorismo. Actualmente no parece haber coordinación en esta materia ya que las bases de datos disponibles, elaboradas por distintas administraciones
e instituciones, son dispersas, insuficientes y presentan acusadas diferencias. Sería conveniente establecer unas bases estadísticas más ambiciosas y un sistema de registro único acumulativo, con acceso para la introducción y/o consulta de los
datos por los distintos organismos interesados, garantizando, por supuesto, la protección de los datos de carácter personal, de manera que facilitaran la compresión de la problemática y contribuyeran al mejor estudio de la misma, así como a la
elección, evaluación y adopción de medidas reparadoras, que se consideran más amplias y oportunas para la atención a las víctimas del terrorismo.
Finalmente, y tomando como base estas u otras propuestas de mejora, debiera valorarse la conveniencia y la oportunidad de elaborar un plan de medidas para la atención a las víctimas del terrorismo y la consiguiente creación de un
observatorio para la atención permanente a estas víctimas, para la evaluación permanente de la situación y el análisis y difusión de la información relativa a su atención, observatorio, que, además, debería constituirse como un instrumento de
coordinación en el diseño y aplicación de políticas públicas en materia de ayudas a las víctimas del terrorismo y de encuentro entre las distintas administraciones públicas, organismos e instituciones llamadas a desempeñar un papel activo en la
atención y el desarrollo de estas prestaciones.
Hasta aquí nuestra experiencia. Quedamos a disposición de lo que SS.SS.
quieran preguntar.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): En nombre del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra la señora Uría.
La señora URÍA ETXEBARRÍA: En nombre de la formación política a la que pertenezco, sea bien venida a esta Comisión la compareciente y quienes la acompañan, más si cabe como representantes del sector concreto que tiene encomendado esto
dentro de la Administración Navarra, la comunidad foral vecina a la mía, puesto que soy ciudadana vasca.
Conocerá cuál es el objeto de la subcomisión: además de conocer lo que se ha hecho en otras instancias, saber qué nos falta por hacer o qué nos incumbe hacer a las Cortes Generales. Todos los que votamos la Ley de solidaridad con las
víctimas del terrorismo y participamos en su elaboración nos sentimos justamente orgullosos de lo que entonces se hizo, pero la evidencia de que eso es corto, la materialidad de la indemnización o hasta el reconocimiento moral que puede tener la
condecoración a las víctimas que la hayan solicitado es a todas luces escaso. Nos parecía que existen formas de violencia tan crueles como las que se derivan de la pérdida de la vida o de las lesiones como es la violencia de persecución, tan
generalizada en estos tiempos, respecto al desenvolvimiento de la vida de quienes tienen determinadas ideologías o determinadas profesiones y nos parecía que esos aspectos estaban exigiendo que desde las Cortes se hiciera algo al respecto. Además
de lo que se pueda hacer desde estas instancias, era evidente que debíamos conocer qué se había hecho por parte de las comunidades autónomas, y la verdad es que ha sido enriquecedor el conocimiento puesto que además de la obviedad de que la
Comunidad Autónoma del País Vasco algo tenía que haber hecho, conocer ayer lo que desde la Comunidad Autónoma de Extremadura se ha hecho en esta materia y los proyectos que se tienen para el futuro y conocer ahora lo que ha hecho la comunidad foral
resulta gratificante, aun cuando ésta es una materia respecto de la cual la satisfacción está todavía lejos de poder ser planteada como tal puesto que nunca estaremos satisfechos mientras el terrorismo exista. (El señor presidente ocupa la
presidencia.)
De las cuestiones que usted ha planteado como necesarias me ha impresionado la de la definición de víctima. Eso sí que es difícil. El resarcimiento en lo económico resulta más fácil para quien sufre daño por la pérdida de una persona, pero
en lo moral y en lo afectivo basta recordar una de las excelentes películas que se han hecho sobre esta materia, aunque no recuerdo el título, la de Querejeta, referida al asesinato de Buesa y de su escolta (la ruptura de las relaciones de afecto,
incluso el vacío en el txoko en el que cenaba con sus amigos, los compañeros de la Ertzaintza, o los propios compañeros de militancia del político asesinado) va muy lejos y que la ruptura y el daño que causa el terrorismo en la sociedad hace que
quizá sea optimista pensar que a todo vamos a poder llegar solamente con soluciones entendidas como políticas que podamos dar.
Ha salido una y otra vez lo de simplificar las tramitaciones. Se ha solicitado por todas las asociaciones de víctimas la idea de una ventanilla única, no sólo referida a la Audiencia Nacional, donde sí es indispensable puesto que hay muchas
familias que en el momento inicial no quieren saber nada del procedimiento judicial abierto y con el paso del tiempo sí, bien porque lo necesitan, bien porque leen en la prensa que a un determinado comando se le imputan determinados crímenes y es
humano querer saber, o por lo menos algunas personas quieren saber el laberinto en el que se ven metidos. La compareciente anterior, Cristina Cuesta, nos ha comentado las dificultades tremendas que ha tenido
para, 20 años después, enterarse de qué había en el sumario de quien presuntamente asesinó a su padre y nos parece que debiera poder resolverse por medios mucho más expeditivos. Que la ayuda deba ser amplia y generosa y que en la medida de
lo posible sea coordinada, eso sí que nos correspondería establecerlo a las administraciones públicas, lo mismo que el hilo conductor de quienes cambian de residencia después de ocurrido un hecho de este estilo. Ayer decíamos qué es lo que causa la
vis atractiva respecto de la Administración que entiende del lugar donde se produjo el atentado o las posibles cambios de residencia ulteriores de la persona y quizá, respecto del seguimiento psiquiátrico o asistencial, es más cómodo que sea la
Administración más cercana a donde se ha cambiado la residencia. En esto debiera haber también una solución general que permitiese saber que aunque yo me traslade a vivir a Andalucía quizá la Administración vasca va a seguir abonando mi
tratamiento, pero tendrá que haber alguna forma que me resulte a mí más fácil y no más complicada por ser una administración más lejana. No debe ser la víctima quien pague esto sino que debe establecerse un sistema mediante el cual los sistemas de
compensación de las administraciones entre sí sean posibles.
No me quiero extender más puesto que en este tipo de comparecencias siempre se va con retraso y resulta más interesante lo que los comparecientes nos dicen de lo que con cierta presuntuosidad quizá habíamos previsto nosotros. Creo que el
material obtenido, a pesar de las prisas con las que se ha tramitado la subcomisión, va a ser interesantísimo y ojalá no defraudemos las expectativas de quienes con tanta generosidad han acudido a darnos explicaciones.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Barrero.
El señor BARRERO LÓPEZ: Con muchísima brevedad pero sin que ello signifique minusvalorar la importante comparecencia e intervención de la consejera porque nos ha parecido enormemente precisa -lo comentaba anteriormente con el portavoz del
Grupo Parlamentario Popular- y creo que en alguna medida nos va a ayudar a facilitar las resoluciones que tendremos que adoptar pronto, seguramente a finales de diciembre.
En todo caso, hay algunas cosas singulares que nos parecen muy oportunas.
La definición de víctima, por ejemplo, es de una clara oportunidad. Si estamos hablando de derechos, qué menos que conocer exactamente el sujeto al que van
dirigidos. Como también nos parece muy oportuno el tema del censo, etcétera. El reconocimiento institucional es algo que vienen reclamando las víctimas, por ello, en más de una ocasión hemos afirmado como Grupo Parlamentario Socialista que se
tenga en cuenta al menos que el Parlamento, de manera unánime, quiere hacer con esta subcomisión un reconocimiento institucional expreso a su trabajo, a su sufrimiento y a su condición.
Nada más, solamente darle la bienvenida y agradecerle profundamente, créame que se lo digo en serio, a pesar de lo corto de mi intervención, su intervención tan clara y precisa.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Gil Lázaro.
El señor GIL LÁZARO: En primer lugar, doy la bienvenida a la señora Berruezo así como al señor González, felicitándole por su intervención en la forma porque ha sido muy sistemática, muy clara y, como señalaba el portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista -hemos tenido ocasión de comentarlo durante su propia intervención- nos va a facilitar mucho las cosas en los términos de conclusiones de esta subcomisión. Le felicito por la forma de esa intervención, pero, si me lo
permite, mucho más que por la forma, que ha sido precisa y brillante, por el fondo de lo que usted representa hoy aquí.
¿Qué representa usted hoy aquí? Representa el compromiso y la movilización de toda una sociedad, la sociedad navarra, que se ha visto golpeada por la lacra cruel del terrorismo y que ha sabido reaccionar siempre en una doble y
complementaria dirección, en la dirección de expresar con valentía desde el pluralismo no desde la uniformidad su rechazo al crimen terrorista, a la extorsión terrorista, al delito terrorista y al mismo tiempo ha sabido, desde la solidaridad y desde
el pluralismo, hacer efectiva una política rigurosa, como hemos visto esta mañana en su exposición completa y amplia, de solidaridad a través de políticas asistenciales con las víctimas del terrorismo. El juego combinado de su comparecencia hoy
aquí con la comparecencia ayer de la consejera de Bienestar Social de la Junta de Extremadura acredita algo que era muy importante dejar plasmado en los trabajos de la subcomisión, que es la profunda solidaridad, el profundo compromiso de las
administraciones autonómicas, de las comunidades autónomas con la respuesta política plural frente al fenómeno terrorista y con la respuesta efectiva material de ayuda asistencial a las víctimas de ese fenómeno criminal. Esa expresión combinada de
dos gobiernos autónomos de signo y dirección política distinta pero comúnmente vinculados con una misma preocupación, con un mismo compromiso, que es el compromiso de todos los españoles, resulta ciertamente esperanzador.
No puedo dejar de hacer mención, y me permitirá usted que así lo diga porque quiero hacerlo y porque quiero que usted lo transmita, que sin lugar a dudas ese compromiso de la sociedad navarra está representado también en esta Cámara por
todos los representantes políticos de todas las fuerzas políticas elegidos por Navarra. Me permitirá que haga mención a mis compañeros,
señor Del Burgo, presidente de la Comisión Constitucional, al señor Pérez Lapazarán y a la señora Gorri, insisto, en los mismos términos que todos los demás representantes democráticos elegidos por Navarra que forman parte de este Parlamento
en representación de las diversas formaciones políticas.
Ha dicho usted algo que a mí me parece fundamental. Con todas las dificultades que la situación plantea, hay que avanzar en una definición unívoca de lo que es víctima del terrorismo porque en la medida en que seamos capaces de avanzar en
esa definición unívoca se podrán evitar en el futuro algunas situaciones, algunos debates, e incluso algunas lagunas que se han podido apreciar en la práctica hasta el presente. Hay un dato en su intervención que no debe dejar de hacerse evidente,
y es que una comunidad histórica, profundamente histórica como es Navarra comparece hoy en este Parlamento, comparece su gobierno legítimo en representación del conjunto de la sociedad navarra, no reclamando para sí, por sí y ante sí nuevas
competencias sino señalando la necesidad precisamente de que se produzca un buen entramado de coordinación, de cooperación y de distribución de competencias entre las distintas administraciones, la local, que también tiene un valor de proximidad muy
importante -yo hacía referencia ayer a algo de eso en una intervención y usted ha hecho también mención en la suya-, la autonómica y la del Estado. Es muy importante que ese valor lo plantee hoy aquí una comunidad con una profunda trayectoria y
naturaleza histórica, como la Comunidad de Navarra.
Por lo demás, S.S. ha formulado, vuelvo a repetir, un decálogo de medidas prácticas que nos va a ser muy útil. Que no le quepa la menor duda de que muchas de ellas probablemente estarán recogidas en las conclusiones de la subcomisión. Son
elementos muy concretos de reflexión para hacer eficaz aquella parte que nos corresponde básicamente en la elaboración de estas conclusiones: sugerir no sólo a la Administración del Estado, sino probablemente también al conjunto de las
administraciones, respetando, como es natural, la distribución competencial y las competencias propias de cada una de esas administraciones, cuáles podrían ser las líneas maestras sobre las que avanzar en ese principio de coordinación y cooperación
en el que insistía la señora Berruezo para hacer más eficaces, más personalizadas, más sostenidas en el tiempo, más rigurosas y más completas las medidas asistenciales y, naturalmente -ha hecho referencia a ello el portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista-, para entre todos saber cómo completar ese elemento que es fundamental, ya que tiene mucho de justicia y de didáctica social, el elemento de reconocimiento institucional permanente a las víctimas del terrorismo.
Concluyo, señora Berruezo, agradeciéndole su intervención y felicitándola por ella, porque por lo clara, por lo precisa y por lo bien construida metodológicamente que ha sido nos va a resultar muy útil. Naturalmente, expreso a través de
usted, representante hoy aquí del Gobierno de Navarra, la solidaridad y el reconocimiento de mi grupo por el esfuerzo que la sociedad y las instituciones navarras vienen realizando durante años para plantar cara al terrorismo desde la razón, la
ética y el Estado de derecho.
El señor PRESIDENTE: Señora Berruezo, tiene de nuevo la palabra.
La señora CONSEJERA DE BIENESTAR SOCIAL, DEPORTE Y JUVENTUD DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA (Berruezo Albéniz): Poco puedo añadir. Créame que para nosotros fue una alegría que se constituyera esta subcomisión.
No sabíamos que se nos iba
a citar, pero cuando lo hicieron preparamos con mucha ilusión nuestra intervención, ya que entendíamos que teníamos cosas que aportar y que era el sitio oportuno para hacerlo. Si les han resultado clarificadoras, me alegro. En cualquier caso,
quedo a su disposición durante el tiempo que les resta para elaborar las conclusiones. Si necesitan algún detalle o alguna concreción, nos encontrarán en el Gobierno de Navarra dispuestos a aportarles nuestra experiencia.
Termino mi intervención agradeciendo la presencia de los diputados navarros que hoy me han acompañado. Les he invitado expresamente, puesto que me parecía que el contenido de mi intervención reflejaba el esfuerzo de muchas personas durante
mucho tiempo, y muchos de ellos reflejan también de manera especial la lucha contra el terrorismo.
El señor PRESIDENTE: Señora Berruezo, me sumo al reconocimiento hecho por la Comisión en relación con la labor que desde allí se hace. Sin más, concluimos su intervención, y damos paso al siguiente compareciente.
(Pausa.)
- DEL SEÑOR SUBDIRECTOR GENERAL DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y DE ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO DEL MINISTERIO DEL INTERIOR (MARTÍNEZ ARRUEGO). (Número de expediente 212/001835.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, continuamos la sesión de la subcomisión con la presencia entre nosotros de don José María Martínez Arruego, subdirector general de Atención al Ciudadano y de Asistencia a las Víctimas del Terrorismo, del
Ministerio del Interior. Agradecemos su presencia y, por razones de amistad personal desde hace años, me permito mostrarle aquí públicamente el reconocimiento por todo lo hecho, pero también de un modo particular por esas razones de amistad con
José María Martínez Arruego, persona comprometida sin duda alguna con el trabajo de atención
a las víctimas del terrorismo. Sin más, dándole de nuevo la bienvenida, le cedo el uso de la palabra al señor Martínez Arruego.
El señor SUBDIRECTOR GENERAL DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y DE ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO DEL MINISTERIO DEL INTERIOR (Martínez Arruego): Buenos días a todos. Gracias por la confianza y por la llamada que se me ha hecho para
tener la oportunidad en esta Comisión de explicar, aunque sea lo más rápidamente posible, porque supongo que estarán bastante cansados con todas estas comparecencias, lo que ha significado desde la aparición de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, un
hito en el proceso asistencial a las víctimas del terrorismo y qué se hace desde el Ministerio del Interior, desde la Administración central con la creación de esta unidad en la estructura orgánica del Ministerio del Interior en el año 1996 y a
partir de ese momento qué política asistencial y resarcitoria se ha seguido con respecto a las víctimas del terrorismo.
Me van a permitir que de vez en cuanto lea algún documento, ya que es mejor a título informativo y sobre todo les voy a dar una serie de datos que creo que pueden ser interesantes para que tengan la visión que entiendo que se debe de tener,
aunque por los puestos que ocupan seguro que los conocen. Pero vale la pena recordarlos. En primer lugar, hay una cobertura normativa que yo quiero destacar. Se llama el régimen ordinario. Parece que solamente ha habido algo a partir de la Ley
de solidaridad de 1999, aprobada por consenso, con la que se cierra ese capítulo de resarcimientos en el Congreso de los Diputados. Sin embargo, hay un régimen ordinario, que va paralelo con la Ley de solidaridad, para ayudar a las víctimas, tanto
para daños corporales como para daños materiales. Este reglamento ha ido sufriendo una serie de modificaciones normativas hasta llegar a la Ley de solidaridad. A través de la ley de acompañamiento -como les he dicho comienza en la Ley 13/1996- se
ha ido ampliando la cobertura de daños materiales que no hubo hasta el año 1992, es decir, hasta 1992 no se resarcían los daños materiales, solamente se resarcían para daños en las viviendas habituales de daños estructurales, que eran muy poquitos.
Sin embargo, con esta modificación y las sucesivas modificaciones de la Ley 66/1997, también de acompañamiento, y la Ley 24/2001 se va mejorando toda la cobertura normativa tanto para daños corporales como para daños materiales. Estas normas
terminan en el reglamento actual, aprobado por Real Decreto-ley 288/2002, de 7 de marzo, en el que se refunden todas las normas para un mejor conocimiento y una mejor aplicación de la normativa. Estas ayudas y resarcimientos se cierran con la Ley
de solidaridad -hay que potenciar y sobre todo concienciar a la sociedad española-, y el reglamento de su ejecución, en el que de alguna manera el Estado asume con este criterio de solidaridad la responsabilidad civil que recae en los autores de los
delitos de terrorismo y que nunca hubieran podido percibir las víctimas, primero, porque en algunos casos no han sido procesados porque están huidos y, segundo, por su insolvencia económica. Se resarce a los beneficiarios bien por la norma
aplicando el baremo establecido en la ley para los daños personales -esta ley sólo contempla como bien saben los daños personales, corporales, lesiones físicas y psicofísicas-, o aplicando la sentencia sobrevenida de la Audiencia Nacional. Este
ciclo se cierra con la revisión al alza de las pensiones extraordinarias de terrorismo que se dan bien a través de la Dirección General de Hacienda, de Clases Pasivas, para funcionarios y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y militares, o a
través del INSS como pensiones extraordinarias para los civiles. Luego, les daré datos para que conozcan un poco como ha ido todo esto.
En estos momentos también les conviene saber, sobre todo a SS.SS, qué cantidades como media están recibiendo las víctimas. Aunque esté feo hablar de dinero hay que decirlo, puesto que desde 1996 estas cantidades se han elevado
sustancialmente, y esto hay que conocerlo, al mismo tiempo que la mejora de la política asistencial que se ha seguido. Insisto, este ciclo se cierra con las pensiones, con el 200 por ciento del salario del haber regulador que tiene cada uno. Como
media les podría indicar -y me adelanto- que una pensión de viudedad en estos momentos libre de impuestos, no topada y compatible con toda clase de trabajo en clases pasivas está en torno a las 400.000 pesetas y en la Seguridad Social en torno a las
350.000; las incapacidades pueden estar entre 450.000 y 600.000 pesetas y en el INSS, en las civiles, baja un poquito, está en torno a las 400.000. Después también existen, como saben, pensiones no contributivas para aquellas personas como Irene
Villa, o Madina, por ejemplo, que al no haber trabajado no han podido cotizar. Para ellos se hizo un esfuerzo por parte de la Administración, por parte del Ejecutivo y por parte de la sociedad para que la pensión mínima sea el triple del salario
mínimo interprofesional, es decir, unas 250.000 pesetas e insisto, compatible con toda clase de trabajo.
Al crear esta unidad por vocación política se nos encomienda la política asistencia. Tal vez -esta es una apreciación mía- por el hecho de haber estado 14 años en el País Vasco no cabe duda de que se adquiere ciertos conocimientos y una
mayor sensibilidad hacia estos problemas. Nos dimos cuenta enseguida de otro aspecto a partir del primer día que hubo un atentado en el aeropuerto de Reus -no es difícil que lo recuerden, en julio de 1996- en el que también hay heridos ciudadanos
de la Unión Europea que no son nacionales. Nos personamos allí. Tengo que advertir que desde el principio hemos hecho una asistencia integral y personalizada a todas y cada una de las familias de los fallecidos y a todos y cada uno de los heridos,
que son más de 300
-parto de la fecha de 1996-, con un posterior seguimiento, al que luego me referiré. Reus marca la pauta, igual que ha pasado en Fuengirola o recientemente en Alicante, donde ha habido, como saben ustedes, afectados que no son españoles.
La legislación establece que a toda persona afectada por un acto terrorista, sea cual sea su nacionalidad, se le atienda lo mismo tanto en la asistencia sanitaria como en la resarcitoria, a la que luego me referiré. Se les ha atendido a todos sin
hacer distinción, por un sentido de justicia.
Hasta la fecha ha habido nueve atentados con muerte, tres de ETA y seis fuera del territorio español por el terrorismo árabe, cuatro en Casablanca el día 16 de mayo de este año y el último ahora en octubre, el del sargento del CNI, que
también ha sido asistido. A estas personas también se les ha aplicado el régimen tuitivo, de tal manera que con este régimen sí que se puede decir que en España la legislación que tenemos es la más tuitiva, desde el punto de vista normativo y de
protección, de toda la Unión Europea y yo me atrevería a decir que de los demás países.
¿Qué se ha hecho desde la unidad, aparte de tener que hacer de nuevo todo, empezando por una base de datos para poder tener todas aquellas persona que han sido
afectadas y que a lo mejor ni habían acudido por primera vez o se habían olvidado en el tiempo? Esto ha supuesto un esfuerzo tremendo para todo el equipo, pero se ha hecho no sólo por obligación, sino -y quiero recalcarlo- por devoción, por
solidaridad y por esa sensibilidad que les he dicho desde el principio que venía trazada por vocación política desde el Ejecutivo. Se hacen visitas permanentes a todo el mundo, y a partir de ahí se crea ya una complicidad de estar con ellos y
seguir lógicamente a todos los heridos, de tal manera que tenemos a más de 4.485 afectados. Con el paso del tiempo se va creando, con unas medidas de atención a través de asistentes sociales y de los propios instructores, esa cordialidad y esa
sensibilidad que debe haber con las familias. Yo les podría contar detalles y dar datos, pero no es momento, y lo lamento. La historia de 76 familias visitadas y más de 300 heridos implica tener un conocimiento directo de cuál es la realidad y
cómo reaccionan las personas. Curiosamente, la palabra odio o rencor apenas aparece: Si ustedes quieren, me pueden preguntar lo que les parezca conveniente.
Con estas modificaciones estamos acudiendo a estas personas para humanizar la Administración, para que vean que la Administración tiene varias caras y que la Administración se acerca. Se va a su casa, no se va al despacho y sobre todo se
les prepara los papeles, porque nos hemos encontrado con que había personas que habían sufrido un atentado y a las que se les había pasado el plazo, así de duro y de sencillo. Había caducado su acción porque en el plazo de un año nadie les había
dicho qué tenían que hacer. Por tanto, aparte de esa labor personal, se han hecho modelos que se les da a todos, tanto para daños corporales como para daños materiales. Todo está formalizado y, si no se rellena, se hace de oficio por parte de la
Administración para que no se dé esa circunstancia dolorosa que se ha producido con relativa frecuencia en años anteriores.
Los hemos establecido de tal manera que todo se les facilita.
Las leyes han ido mejorando. Por ejemplo, en el aspecto psicológico, a partir de la Ley 13 y en la Ley 24/2001, se le da el carácter retroactivo para evitar la discriminación entre las víctimas, puesto que la ley se aplica ahora con unas
ayudas de asistencia psicofísica y psicológica que no tenían antes. Igual que las ayudas de estudio con efecto retroactivo, se retrotrae a todas víctimas cualquiera que fuese la fecha del hecho causante para evitar lo que digo. Esto permite que la
Administración pueda llegar a pagar a los facultativos que atienden a las víctimas hasta 500.000 pesetas -son 3.000 euros; me van a perdonar que alguna vez emplee las pesetas o euros en las cuantías- y se puede mejorar a través de las ayudas que la
Administración ha ido dando no sólo desde el Ministerio del Interior, sino desde el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Las subvenciones por parte del Ministerio de Trabajo en el caso de la VT llegaron a más de 500 millones. Luego diré las
subvenciones que dio el Ministerio del Interior que fueron menores, también a Covite y a algunas cuantas. También a algunas personas que necesiten más tiempo se les ayuda con efecto retroactivo, igual que las ayudas al estudio. Ahora bien, creo
que es serio y honesto -porque estamos en la Cámara para que conozcan la realidad de las víctimas, pero todo: lo bueno, lo malo y lo regular- decir en este caso que desgraciadamente estamos observando últimamente un problema con las ayudas
psicológicas. A raíz de que hay unas pensiones extraordinarias de terrorismo muy elevadas -no nos engañemos- las lesiones físicas -se aprecia perfectamente con un cuadro- están bajando en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en la
Ertzantza, en algunos civiles y en funcionarios de prisiones, pero en el año 2002 ya son más las bajas por razones psicológicas, del orden del 60 por ciento o 70 por ciento, que por lesiones físicas. Tengo que reconocer que la experiencia de ocho
años largos, que son duros, es muy gratificante, y también te da una panorámica que desde fuera es muy difícil tener y que, a lo mejor, si no estás conviviendo con ella no te das cuenta. Se están profesionalizando grupos de profesionales -valga la
redundancia- de gabinetes en algunas comunidades autónomas que están llevando a personas que a lo mejor han pasado 12 ó 15 años sin que les pasara nada por sus heridas leves y están empezando ya a darles no bajas psicológicas pero preparándolas para
llegar a la incapacidad. Por tanto, hemos tenido que reconducir una parte de los EVI -equipos de evaluación de incapacidades que existen en las distintas comunidades- al EVI central para ver si de alguna manera estas anomalías que estamos
detectando están
subiendo. Como decía Jaime Mayor, la víctima tiene siempre la razón, pero también hay que ver dónde pueden ocurrir algunas situaciones que no favorecen en nada al colectivo de víctimas del terrorismo, y que se producen a través de
situaciones personales y profesionales que no son dignas. Se procura que la víctima, con los equipos que tenemos y con los profesionales que están al servicio del ciudadano y del afectado, y a los que se paga, pueda ser reinsertada en la sociedad.
Huimos de la victimización, que no conduce a nada bueno; ayudando a estas familias a que puedan salir adelante y no sigan veinte años dando vueltas como una noria. Es lo que se pretende desde la Administración con la tarea de ayuda psicológica.
En cuanto a las ayudas de estudio, que también las hay, junto a las ayudas de tasas académicas de las que están exentas todas las familias de los afectados que han sido indemnizados vía Ley de solidaridad, suponen de 30 a 40 solicitudes
anuales, no más. Es cierto que hoy la situación económica de las víctimas del terrorismo, exceptuando algunas anteriores a 1982, aunque también se han revisando las pensiones, están por encima de los umbrales del máximo que marca el Ministerio de
Educación, aunque las ayudas las dé luego con arreglo a nuestros requisitos el Ministerio del Interior, de tal manera que no hay más ayudas porque no puede haberlas. Dentro de estas ayudas de carácter asistencial del régimen ordinario para daños
corporales están regulados también los anticipos a cuenta para cubrir la baja de la persona que ha sido afectada por un atentado hasta el alta o la declaración de un grado de incapacidad del tipo que sea, ya que transcurren 18 meses hasta que es
revisada por los tribunales médicos correspondientes o bien el EVI en el caso de la Seguridad Social o bien los tribunales del Ministerio de Defensa o de la Guardia Civil y de la Policía. Durante ese tiempo cualquier persona (civil, militar,
funcionario, de cualquier sitio, incluso de la Unión Europea), tiene derecho a percibir con independencia de los seguros, con independencia de la asistencia sanitaria que si no la tiene se le paga, el doble del salario mínimo interprofesional
diariamente, que se va anticipando cada tres meses hasta que le declaran la incapacidad. Cuando declaran la incapacidad, para que tengan idea, nos remitimos a unas tablas que se modifican anualmente. Es un poco duro pero es así. Para una
incapacidad permanente, parcial, total y absoluta, gran invalidez y muerte, se establecen cantidades por el régimen ordinario, con independencia de lo que le pueda corresponder por la Ley de solidaridad.
Como media, por ejemplo, para una viuda con
dos hijos, se asignan 17 millones de pesetas, más luego los 23 millones por la ley, sin que haya sentencia. A raíz de las sentencias que se están pronunciando y que se están dictando en este momento por la Audiencia Nacional, les puedo asegurar que
actualmente la media que percibe una viuda por fallecimiento de su esposo es del orden de 70 u 80 millones de pesetas, aparte de la pensión extraordinaria. Se suman estas cantidades y la diferencia que resulte de la sentencia, si la hay, se le da
también. A título de información de ustedes puedo decir que ha habido sentencias de 150 y 180 millones de pesetas últimamente, para que tengan una idea de lo que se ha avanzado en el régimen resarcitorio desde el punto de vista legislativo y
normativo. Se hace todo esto de oficio para que el interesado no tenga que preocuparse, si es necesario. Respecto a las ayudas extraordinarias, la ley prevé también conceder ayudas extraordinarias para aquellos casos en que las ayudas ordinarias
no llegan hasta el límite, por ejemplo, en casos de amenazas (esto se da mucho en el País Vasco), cuando las personas tienen que salir de allí, o cuando les han quemado el vehículo y el régimen ordinario no llega a cubrir lo que costaría comprar un
vehículo nuevo, o cuando han quemado su negocio, que era su medio de vida, como pasa muchas veces. No son cantidades exageradas, pero por lo menos durante un mes o mes y medio en que está cerrado el establecimiento del que el afectado vivía, un
poco como lucro cesante se da una ayuda extraordinaria; la da discrecionalmente el ministro y está reglamentada.
Esto se hace también de oficio. Existen ayudas extraordinarias que antes no había. Respecto a daños corporales, como digo, va por
dos vías, la de la Ley de solidaridad y la del régimen ordinario. En cuanto a los daños materiales se ha pasado a creer que hoy ya no son daños esenciales de estructura. Hoy, para el caso de las viviendas afectadas, tanto en el continente como en
el contenido, hace la valoración el Consorcio de Compensación de Seguros, que es el que marca la pauta porque es el organismo competente que debe decir cuáles son los daños realmente valorados, tengan o no tengan póliza. Si no tienen póliza, paga
el Ministerio del Interior, la Administración, todo lo que valore el citado Consorcio de Compensación de Seguros en daños de continente y de contenido, en viviendas habituales, y en los establecimientos mercantiles, lo que diga la póliza de seguros
y, si no le llega esa póliza porque esté infravalorada, porque esté infraasegurada o porque es más el dinero del daño producido, se le abona hasta 15 millones de pesetas. A lo mejor no en viviendas, pero sí en establecimientos, sería hora de
modificar la cuantía que da la Administración o la cuantía hasta dónde podemos llegar. Lo mismo que les digo sobre las viviendas habituales -para que lo tengan claro, continente y contenido- se ha ampliado a la segunda vivienda, también hasta un
límite de 90.000 euros, 15 millones de pesetas; por ejemplo todos los atentados en las costas -me estoy acordando de Torrevieja o Alicante- y en todos ellos se llega en la segunda vivienda hasta esos 15 millones de pesetas, 90.000 euros.
Tenemos convenios con Madrid, con Zaragoza, vamos a hacer un convenio con Navarra -y me alegro de haber visto a la consejera- y con distintas ciudades, se ha firmado hace muy poco con Alicante, para
que, cuando ocurre algún atentado, si el ayuntamiento tiene infraestructura, como pasa en Madrid -luego les diré los coches bomba que hemos tenido en toda España desde 1996-, puedan ellos realizar las obras, y luego la Administración, el
ministerio, paga todo el presupuesto que ha gastado el ayuntamiento en reparar las viviendas. Recuerdo los casos de Logroño, Santa Pola el año pasado, con la muerte de Silvia, la hija de una pareja de guardias civiles, y Alicante en julio de este
mismo año, en los que por razones de urgencia, al no poder las administraciones locales ni las comunidades atender con carácter de urgencia las obras, la Administración, porque lo permiten la norma y la ley de contratos del Estado, previa la
tasación del consorcio siempre, como es lógico, actúa directamente, de tal forma que lo adjudica directamente por vía de urgencia, y en estos momentos, por ejemplo, se está actuando en Alicante para reparar los graves daños que sufrieron las
viviendas afectadas, entre ellas el Hotel Bahía. Al mismo tiempo que los daños materiales, se prevén también las ayudas, que no existían hasta a partir de 1996, para el alojamiento provisional, de tal manera que todas las personas afectadas, todos
los miembros de la familia, pueden ir directamente a un establecimiento de hostelería, y se les cubre hasta 60 euros, 10.000 pesetas, por persona y día, o bien arrendar todo el tiempo que dure la reparación una vivienda adecuada, hasta un límite de
250.000 pesetas mensuales. Lo que ocurre normalmente es que los ayuntamientos, que tienen mejor infraestructura que nosotros para poder alojarles, buscan los alojamientos y la Administración paga todos los gastos que se derivan del alojamiento,
bien por convenio o bien pagándoselo directamente a los afectados.
Cerrando este capítulo hay que señalar muy brevemente el tema de subvenciones. Ya he dicho antes que el que más subvenciones ha otorgado, porque tiene la competencia, ha sido el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, desde 1996, no
antes; representa más de 500 millones lo que ha dado a las asociaciones. Nosotros, desde el Ministerio del Interior, hemos sacado tres convocatorias, la primera en 1998, la segunda en 2000 y la tercera ya ha salido en la orden ministerial y será
este mismo año antes de que termine este ejercicio, y fueron primero 88 millones, después 85 y ahora 600.000 euros, que son 100 millones de pesetas, para aquellas asociaciones que reúnan los requisitos que necesiten a estos efectos, sobre todo de su
estructura orgánica, para coadyuvar a la tarea que se hace con las víctimas del terrorismo. Se firmó un convenio con la junta directiva de la Asociación de víctimas para unos planes de empleo en el que conseguimos del ministerio y de los fondos
europeos hasta 180 millones, un plan trienal que se llamaba de búsqueda y fomento del empleo, para los hijos y las víctimas del terrorismo. Los resultados no han sido tan buenos como esperábamos. Se hizo para formación y búsqueda de empleo para
los hijos y las víctimas del terrorismo. Por último, quiero recordarles que en septiembre de 1997 hubo un sorteo extraordinario de lotería, donde la Administración recaudó y abonó 700 millones de pesetas a los más necesitados, con arreglo a los
baremos que había, de las víctimas entonces existentes.
Para que tengan idea de cómo funciona y a qué niveles de cifras nos movemos, a la fecha de hoy se han tramitado desde julio de 1996, 4.604 expedientes; viviendas afectadas han sido 2.763; locales, 525; vehículos, 640; y otros dañados en
total, 4.051. Con independencia de lo que paga el Consorcio de Compensación de Seguros, que son muchos miles de millones, la Administración siempre paga en viviendas, tengan o no póliza, aunque hay que ir a la cultura del seguro, todo lo que valore
el Consorcio. En daños materiales, el costo que ha pagado el ministerio desde 1996 son 21 millones 771.84 euros, que corresponden a 3.622 millones de pesetas aproximadamente; por afectados por daños corporales, tenemos desgraciadamente en estos
momentos 1.074 asesinados, que empiezan en julio de 1968 con José Pardines Arca y, guardia civil de Tráfico, y termina con el sargento primero José Antonio Bernal el 9 de octubre, del terrorismo árabe. De estos 1.074, 812 por ETA y 84 por GRAPO.
Estos son los datos que tiene el Ministerio del Interior de afectados y asesinados, luego me referiré a los heridos, por lo que ha considerado atentados terroristas por bandas o grupos armados, y aquí no está el Corona de Aragón: ETA, 812, supone
un 75,60 por ciento del total; GRAPO, 84; extrema derecha, 34; Yiddá islámica, 20. Militares, 104; guardias civiles, 230; Policía Nacional, 188 y civiles, 356. Para ir más deprisa, aunque les quería haber dado más datos, los heridos son
3.411, de ellos graves, 827, y grandes inválidos, 65. En la Ley de solidaridad, que se aplicó a través de la Comisión -y esta semana hemos tenido la reunión número 26-, en la que participan Justicia, Hacienda, Trabajo y nosotros, presidida por el
secretario general técnico, se han estudiado y evaluado 5.750 solicitudes y ha habido unas 600 desestimaciones, una gran parte por estar fuera de plazo y por no concurrir el carácter o la naturaleza de acto terrorista. Se han admitido hechos, como
ustedes conocen, de los GAL, de la extrema derecha, del Batallón Vasco Español, AAA, caso de Atocha, Hotel Alcalá; esto a título de ejemplo.
Con las sentencias que en estos momentos estamos pagando, para que se hagan una idea del costo, sólo por daños corporales, junto con el régimen ordinario, se totalizan 45.600 millones de pesetas y el total, sumando los daños materiales con
los daños corporales desde el año 1975, asciende a 328.633.000 euros, que son 54.678 millones de pesetas. En cuanto a pensiones extraordinarias, en estos momentos hay 1.555, de las que 1.106 pertenecen a clases pasivas y 449 al INSS; perciben,
como he dicho, el 200 por cien. También existen las pensiones no contributivas, que es el triple
del salario mínimo. Este año 2003, a la fecha de hoy, estamos en 12.606.000 euros. Y desde el año 1996 a esta fecha -y toquemos madera- hemos tenido 68 coches bomba, en Madrid sólo 15 -quiero decir que, de los 68, quince han sido en
Madrid-. Para terminar, en cuanto a condecoraciones, aunque supongo que ustedes tendrán los datos, ha habido 655 grandes cruces, que se dan por fallecimiento a los familiares a título póstumo, y 1.135 encomiendas tramitadas desde Presidencia del
Gobierno.
Yo destacaría de todo esto, aparte de los datos que creo que debían ustedes conocer, el sentido humano: Aunque me he referido a los temas económicos, como es lógico el tema humano es el que va el primero y es el que se ha aplicado, vuelvo a
repetir, a todos y cada uno de los afectados a partir de 1996 y por supuesto a todos aquellos que nos demandan, anteriores a 1996, la ayuda de cualquier tipo que sea, de asistencia sanitaria o de otro tipo. En estos momentos casi son 5.000 las
personas de las que de alguna manera controlamos su existencia y la gravedad o no de sus lesiones y con las que mantenemos coordinación.
No sé si debería añadir algo o prefieren ustedes hacer alguna pregunta sobre lo que les he expuesto.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martínez Arruego por el interés y por lo pormenorizado de su intervención; así constará en el 'Diario de Sesiones'. Si dispone de alguna información a nivel de datos estadísticos que nos pueda ya ir
facilitando, le agradeceríamos que nos lo hiciera llegar para ser distribuida también como documento de trabajo al objeto de elaborar el dictamen.
Anuncio que con la flexibilidad que caracteriza una subcomisión, por necesidades ineludibles, voy a tener que ausentarme un momento y que seguirá dirigida por el señor Sánchez Garrido, miembro de la Mesa; lo he consultado a algunos de los
portavoces y no hay ningún inconveniente.
Tiene la palabra la señora Uría.
La señora URÍA ETXEBARRÍA: Señor presidente, somos muy poquitos y nos pondremos inmediatamente de acuerdo. Yo lamento -aunque mi propia formación política está representada por el total de sus miembros- que una comparecencia de una materia
de esta trascendencia se haya tenido que desarrollar en estos momentos en los que se están debatiendo también en la Cámara los presupuestos; sinceramente lamento que a las víctimas del terrorismo no les prestemos una atención mayor por parte de las
formaciones políticas y ya digo que yo en mi misma mismidad estoy, que soy la única representante de mi grupo.
Le agradezco extraordinariamente los datos que nos ha facilitado, muchos de ellos para nosotros desconocidos. La ejecución de la Ley de solidaridad con las víctimas sí la conocíamos, estaba recién nombrado ministro don Mariano Rajoy,
también era vicepresidente, y nos dio sobrada explicación de cómo había sido la aplicación en las cuantías de las solicitudes de las indemnizaciones realmente concedidas, tanto en lo material como en lo que hace referencia a la concesión de honores.
Sí quería hacerle, si me lo permite, un pequeño reproche, al menos desde mi percepción, a lo mejor es que estoy enfadada porque estamos tan pocos en esta parte y estoy más crítica en este momento. Escuchándole a usted, parecería que todo lo que se
ha hecho en materia de víctimas de terrorismo razonablemente bien y que seríamos unos exagerados los diputados cuando propusimos la creación de esta subcomisión por entender que no siempre se había sido justo ni suficientemente generoso con las
víctimas del terrorismo, que quedaba camino por hacer y que la situación económica, pero sobre todo humana, de quienes en este momento son víctimas también de la persecución, merecía que desde las Cortes Generales hiciésemos el esfuerzo de atención,
reconocimiento y apoyo solidario con ellos, tanto en lo material como en lo que luego se traslade a su situación de saberse acogidos, protegidos y contemplados desde esta casa, que es la casa de la soberanía popular.
En cuanto a las ayudas a las víctimas, no llevo mucho tiempo de diputada, sí dos legislaturas, pero me sorprendió inicialmente -lo he dicho ante otros comparecientes- que las ayudas a las víctimas estuviesen contempladas en leyes de
acompañamiento, leyes que tienen el rango de ley, pero que es una norma que se tramita siempre deprisa y que no suele tener el debate que otras normas requieren, se le ha dado en llamar norma río o normas de objeto diverso. Por eso nos satisfizo
extraordinariamente que lográsemos aprobar la Ley de solidaridad con las víctimas y nos gustó especialmente que por fin la financiación de las ayudas a las víctimas vaya por los presupuestos y no por sorteos extraordinarios, puesto que creíamos que
el esfuerzo tenía que ser presupuestario. Reconozco que se ha mejorado mucho respecto a las pensiones extraordinarias de terrorismo, pero ahí tengo yo -quizá sea torpeza mía- alguna laguna en cuanto a fechas. Se me han dirigido con frecuencia
viudas, sobre todo de miembros de los cuerpos de seguridad o del ejército, en relación con la percepción de las pensiones anteriores a 1996. Me decían que, si en la Ley de solidaridad con las víctimas nos retrotraíamos al año 1968, por qué no haber
puesto fecha tope en cuanto a la dignificación de las pensiones extraordinarias que se venían recibiendo. Algunas gestiones hice en el ministerio y recibí la ayuda -y quiero dejar constancia de ello- del diputado del Grupo Popular José Eugenio
Azpiroz, pero hubo un colectivo, cuyo pormenor no le puedo concretar ahora, que no encajaban y seguían percibiendo unas pensiones de viudedad nada acordes con las que otras viudas de tiempos posteriores estaban recibiendo. Teniendo en cuenta que
pertenecen a la época en que la
solidaridad y el calor humano que recibían las víctimas era menor que el que tienen en la actualidad y que son personas de mayor edad, porque son atentados más antiguos, resultaba sobre el papel enormemente discriminatorio respecto de estas
percepciones. Quisiera saber si ha habido algo que mejore la condición de estas personas en relación con las pensiones posteriores a 1996, en las que ya se ha llegado a esta dignificación.
Cuando hablábamos del seguimiento del cuidado psicológico en relación con las víctimas, que usted decía que suele surgir con posterioridad y que quizás en este momento crece o es mayor el número de personas atendidas por lesiones físicas, me
gustaría saber con qué colectivo de profesionales se cuenta, cuál es la suficiencia de los efectivos dedicados a estos menesteres o si se presta a través de las instituciones sanitarias, por lo tanto a través de instituciones cuyas competencias en
muchos casos están asumidas por las comunidades autónomas y cómo se coordina eso adecuadamente. Porque otro de los defectos que hemos advertido en esta Comisión es en relación a los traslados domiciliarios que pueda tener una persona que fue
víctima, por ejemplo, lo fue en Euskadi y ahora vive en Madrid o Andalucía o al revés, alguien que siendo andaluz se traslada con posterioridad a Cataluña. Nos gustaría saber cómo se hace luego ese seguimiento para que cada administración, en cada
momento, pueda atenderle, desde la cercanía y desde la inmediatez, de la forma más fácil posible, sin tener que recabar él mismo, desde la lejanía física, que le sea subvencionada por quien estaba obligado por el lugar donde se cometió el atentado
en su día, porque en principio la vis atractiva es la de la Administración donde se produjo el siniestro. Me gustaría saber esto en cuanto a los cambios de movilidad. También cómo se delimitan las ayudas extraordinarias; quién las satisface en
los casos en que exista normativa tanto de la comunidad autónoma como del Estado. Me estoy refiriendo a supuestos tales como el de adecuación de vehículos; ayer nos contaban el caso de Eduardo Madina, que necesita, por haber sufrido el dramático
caso de tener que serle amputada media pierna, un vehículo especial. Creemos que le ha sido dado por la Administración vasca, pero nos gustaría saber qué hubiera ocurrido si se llega a dirigir a la del Estado y cómo podemos mejorar los efectivos
con que contamos. Es decir, que no exista duplicidad y que esta Comisión pueda dar algunas orientaciones para que se sepa exactamente cuál es el camino para que la víctima no tenga que hacer una peregrinación por las administraciones y, en segundo
lugar, quién debe ser el que atienda, si las instancias centrales o las autonómicas. Es un tipo de cuestiones que no engloba tanto las tipificadas en cada uno de los decretos o leyes, sino las que se ha dado en llamar extraordinarias, que no son la
normalidad de los supuestos.
Por último, le agradecería si nos quiere hacer usted alguna recomendación sobre qué podemos hacer. Además de todo lo que nos ha dicho sobre lo que ya se hace y que le parece bien -y que nosotros también valoramos-, me gustaría que nos
dijera qué mas podemos hacer, puesto que la subcomisión se ha creado y se ha hecho con ese espíritu de mejor y mayor respuesta y de más generosidad, no sólo en lo afectivo sino también en lo material, en la medida de lo posible. Nos gustaría saber
qué creen desde el Gobierno que es posible hacer.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Silva, por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
El señor SILVA SÁNCHEZ: Intervendré con mucha brevedad, señor presidente.
Agradezco la presencia del compareciente, que nos ha suministrado un buen conjunto de datos, que requieren un examen y una lectura un poco más detallada que la que permite nuestra simple presencia en esta Comisión.
Me adhiero a la solicitud
de la diputada del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) de propuestas de modificación legislativa que se podrían realizar. Ciertamente, igual que les ocurre a los jueces, ustedes aplican la ley, pero estoy seguro de que hay supuestos en los que
entienden que, para plasmar un mínimo principio de equidad, debería quizás modificarse la ley o desarrollarse de otra manera. Esa propuesta de modificación legislativa es importante y nos interesa conocer su opinión.
También quiero poner de manifiesto que hay, entre su comparecencia y la de algunos que le han precedido, cierta diferencia de apreciación. Uno de los temas en los que las víctimas nos insisten más es la falta de apoyo psicológico, que
entienden que lo prestan las asociaciones, las que tengan fondos y estén en este momento en una situación económica que les permita prestar apoyo psicológico a las víctimas. Sin embargo, por otros sectores, da la impresión de que se presta apoyo
psicológico por medio de la sanidad ordinaria, por decirlo así, o se prestase de forma suficiente.
Usted lo ha citado de pasada; ha hablado incluso de una cantidad que perciben las víctimas para poder sufragar este tipo de asistencia. Me gustaría
que hiciera, si puede, una reflexión un poco más profunda sobre este tema, porque las manifestaciones de los comparecientes no son coincidentes.
En cualquier caso, muchas gracias, señor Martínez Arruego, por su presencia.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Barrero.
El señor BARRERO LÓPEZ: Intervendré con mucha brevedad.
Agradezco al compareciente su presencia en la subcomisión, y le agradezco por supuesto la intervención
tan clara que ha tenido oportunidad de brindarnos. Le ruego que nos remita el máximo de documentación posible, con el fin de que podamos realizar mejor nuestro trabajo a la hora de conformar las resoluciones. Además, buscamos que estas
tengan la unanimidad que tuvo la decisión adoptada de creación de la subcomisión.
Quiero añadir dos cuestiones en las que han insistido mucho los demás comparecientes, por no incidir en otras que ya han tenido amplio recorrido por parte de otros grupos parlamentarios. Una es la ventanilla única para víctimas del
terrorismo; a pesar del esfuerzo de la Administración, parece que la reclaman con auténtica angustia todos los afectados, de manera directa o indirecta. En segundo lugar, flexibilidad en la interpretación de la ley, sobre todo, en lo que se
refiere a los plazos. Usted ha llegado a decir que le preocupaba que en algunos supuestos -intentó solventarlo y parece que lo consiguió- había caducado la acción de algunas personas que reclamaban una indemnización y que se solventó. Yo tuve
ocasión de decir en algunas de las comparecencias que se había acercado al Grupo Parlamentario Socialista uno de los afectados en este tema -un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado- y que reclamaba flexibilidad porque no le había
sido posible presentar la instancia. Debo deducir de sus palabras, señor director, que puedo claramente dirigirme a esta persona para que de nuevo reitere la petición ante la Administración pública en la confianza de que será atendido. Como da la
impresión de que lo hicimos en esa sensibilidad, usted lo ha dicho, parece poco comprensible por parte de la ciudadanía en general y de las víctimas en particular que, si estamos haciendo acopio de reconocimiento institucional a estas personas,
seamos rígidos a la hora de interpretar el derecho; derecho que por otra parte les asiste por el simple hecho de ser víctima. Quizá aquí la prescripción, la caducidad de acción, etcétera, deberían tener más un valor de tipo simbólico que un valor
declarativo o constitutivo de derecho.
El señor PRESIDENTE: Finalmente, por el Grupo Parlamentario Popular, señor Gil Lázaro.
El señor GIL LÁZARO: Plantearé tres cuestiones, pero antes, como es natural, doy la bienvenida al señor Martínez Arruego y le felicito porque creo que ha realizado una intervención muy prolija, muy detallada y muy expresiva de lo que
afortunadamente en este momento está siendo el compromiso del conjunto de la sociedad española con las víctimas del terrorismo, siempre desde ese nexo común que nos une a todos, desde ese compromiso que nos une a todos de seguir haciendo siempre más
y mejor.
(El señor secretario, Sánchez Garrido, ocupa la presidencia.) Me ha dado la sensación de que al señor Martínez Arruego se le quedaban datos que hubiera querido transmitir verbalmente a la Comisión en el bolsillo y por ello le invito a que
toda la documentación que considere oportuna y complementaria o los datos que crea que pueden ser ilustrativos nos los haga llegar a través de la presidencia por escrito.
Las tres cuestiones que yo quería abordar son las siguientes. La primera seguramente no le va a gustar a usted que lo diga, señor Martínez Arruego, pero lo voy a decir, y lo voy a decir con independencia de su carnet político. Yo estoy
convencido de que cualquier persona que estuviera en esa nueva responsabilidad, al frente de esa nueva unidad que se crea a partir de 1996, cualquier persona, fuere cual fuere su carné político, hubiera actuado en los mismos términos que usted, pero
el que está es usted, y entonces tengo que señalar que usted, con independencia de poner en marcha una nueva unidad, ha aportado algo que va mucho más allá, se lo he dicho muchas veces en privado, del simple cumplimiento de una tarea profesional
administrativa. Usted ha acercado -ha dado calor humano al frente de esa unidad- la Administración a la víctima. Usted le ha puesto cara, usted y sus colaboradores le han puesto cara a la Administración, se han acercado a la casa de las víctimas y
han tratado que antes de una ayuda material, una ayuda administrativa, una ayuda asistencial o una ayuda jurídica, antes de todo eso, también hubiera una ayuda humana. Lo ha hecho usted y estoy convencido de que lo hubiera hecho cualquier otra
persona de cualquier otro signo político que estuviera al frente de esa nueva unidad que se creaba, porque el sentido esencial de esa nueva unidad no podía ser otro más que intentar, en primer lugar, dar ese calor de proximidad, mantener en el
tiempo un contacto con la víctima y con su entorno, hacer sentir a la víctima, a través en este caso de usted como responsable de esa unidad, el calor del conjunto de la sociedad española, la solidaridad del conjunto de la sociedad española, la
preocupación individualizada por su caso y por sus circunstancias para poder desde ahí aplicar las mejores medidas específicas según requiriera la circunstancia y el entorno de cada caso, de cada una de las víctimas. Esa era una primera
consideración que yo debía hacer porque me parece de justicia.
La segunda es que de los datos que ha dado usted se acredita el esfuerzo muy importante que está haciendo el conjunto de la sociedad española a través de la Administración, pero el conjunto de la sociedad española, el conjunto de las fuerzas
democráticas y sociales de este país para hacer patente esa expresión de reconocimiento, de solidaridad y de asistencia sostenida a las víctimas. Es absolutamente obvio que el dolor y que la pérdida de un ser querido nunca se resarce en el terreno
material, pero S.S. ha dado unos datos en el ámbito material que al menos permiten hacer efectivo ese compromiso de solidaridad de toda la sociedad española para que las víctimas, las injustas víctimas del terrorismo, las víctimas que nunca lo
tenían que haber sido
porque nunca tenía que haber existido en este país ese fenómeno criminal detestable, puedan al menos, desde ese tremendo dolor, tener garantizadas unas condiciones de subsistencia material dignas y unas condiciones de subsistencia material
que sean realmente expresivas de esa solidaridad del conjunto de la sociedad española.
La tercera cuestión que le quería plantear, señor Martínez Arruego, casa con la cuestión antecedente que yo señalaba al comienzo de mi intervención en relación con lo prolijo de la suya. En este acto o por escrito, en los términos en que
usted considere oportuno, nos gustaría que nos pudiera ilustrar, con la misma claridad con la que nos ha ilustrado en los términos de las ayudas materiales, cuáles son, desde la perspectiva de su experiencia en estos años al frente de esta unidad de
oficina de asistencia a las víctimas del terrorismo, las nuevas líneas de ayuda sobre las que podríamos pensar en el futuro y cuáles son las correcciones que desde esa experiencia usted anota que se deberían articular sobre las actuales líneas de
ayuda.
Concluyo, señor presidente, y concluyo, señor Martínez Arruego, volviendo a decirle que usted al frente de esa unidad ha aportado a este país, a la solidaridad del conjunto de la sociedad española con las víctimas del terrorismo un
componente personal muy importante: el de querer que la administración no fuera para la víctima una cosa lejana, sin nombre, sin rostro humano y sin calor, sino por el contrario tratar sobre todo y ante todo de darle proximidad y de darle tono
humano a esa política de asistencia que la Administración ejecuta como trasunto y como reflejo del conjunto de la solidaridad de toda la sociedad española con las víctimas del terrorismo. Yo creo que usted tenía una tarea muy difícil, como siempre
que se empieza una tarea y que usted puede sentirse satisfecho de haber cumplido con su deber.
El señor SECRETARIO (Sánchez Garrido): Tiene la palabra el señor Martínez Arruego para contestar a los portavoces parlamentarios.
El señor SUBDIRECTOR GENERAL DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y DE ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO DEL MINISTERIO DEL INTERIOR (Martínez Arruego): En cuanto a la intervención de la diputada Uría, yo podría haber hecho una exposición, si
usted me permite, más humana, en relación con aquello a lo que me he dedicado, que es asistir a las víctimas, pero no creo que fuera momento de contarles cómo he estado con Ortega Lara, qué sensaciones he sacado de cómo un hombre sale adelante o qué
piensan las viudas o qué piensa el herido cuando vas a verle, por ejemplo, los dos últimos ertzainas heridos últimamente, uno de los cuales ha perdido un ojo; hace pocos días estuve con ellos en sus domicilios, en Álava, tierra donde yo he estado
durante 14 años, por tanto el País Vasco me lo conozco. Yo entendía que ustedes, como diputados y representantes del pueblo español, necesitaban conocer otros datos.
En cuanto al tema de las mejoras de las leyes de acompañamiento, lo que pasa es que existía una normativa que se ha ido mejorando, pero a la vista de cómo iba funcionando y cómo veíamos los problemas, nos dábamos cuenta de que había que
mejorar, por ejemplo, las viviendas habituales para que de cara a la persona que sufriera el daño no contara sólo el elemento estructural, sino que fuera algo más. ¿Y cómo lo hacíamos más rápido? Pues a través de las leyes de acompañamiento. Así
hemos podido conseguir llegar hasta los límites a los que hemos llegado que, como les he dicho antes, es una situación de las más tuitivas de toda la Unión Europea, pero no porque se quisiera hacer por otras vías.
En cuanto a la asistencia psicológica, podríamos estar hablando hasta mañana y sin ningún problema. Como es lógico, la Administración se debe a los administrados y, cómo no, a los diputados y cuando quiera, en alguno de los viajes que
realice al País Vasco, querido por mí, aunque cuanto menos viaje es mejor para todos, puedo hablar con S.S. tranquilamente y explicárselo. Podemos decir que hay dos versiones. El sistema psicológico está suficientemente dotado. He hablado con
las personas profesionales que empezaron en esto y me han dicho que lo que no se puede es victimizar a las víctimas -valga la redundancia-, que es lo que desgraciadamente se está haciendo en algunas ocasiones a través de muchas asociaciones. No voy
a dar nombres, pero se está haciendo. Una persona no puede estar 10 ó 15 años yendo al psicólogo; no puede ser, porque entonces algo falla y te dicen que eso no puede ser así. Segundo, el tema de la asistencia sanitaria la tienen cubierta, pero,
aparte, la Administración le paga cualquier otra y siempre les decimos: busquen ustedes el especialista que quieran. Siempre tienes que poner algunos límites y teniendo en cuenta hoy los medios económicos en los que nos movemos, en aquellos casos
en los que vemos que es necesario ayudarles con algo más se hace y tampoco es ningún problema. Hay personas que no se curarán nunca, porque el tema psicológico es muy difícil de curar. Tenga por seguro S.S. que habrá casos que no estén
contemplados, como me ha comentado el señor Barrero en relación con algún herido, pero tengan en cuenta que cuando se formó esta unidad no había datos de ningún tipo y se les ha ido llamando, es decir, hemos hecho hasta el efecto llamada, y que de
las 5.750 solicitudes, alguna ha llegado fuera de plazo, respecto de la ley de solidaridad, pero a lo mejor ya lo han cobrado por el régimen ordinario. Nos estamos encontrando con que personas que no tenían nada también quieren entrar en este tema.
Considero que hay que ser muy serio con el dinero del administrado. Por mi edad y por haber ejercido la profesión de
abogado, considero que el dinero de la Administración hay que llevarlo muy en serio. Vamos a hacer todo lo posible, incluso todas las trampas que podamos, para flexibilizar la norma. Lo que pasa es que llega un momento en que por
imperativo legal no se puede, porque luego se hace la fiscalización por la Intervención y aquí, señorías, es donde nos podemos encontrar con el freno. Tengan la seguridad de que ese calor del que ustedes hablan se les ha ofrecido desde el primer
día, aunque luego me referiré a las manifestaciones del diputado del Grupo Parlamentario Popular en las que ha exagerado.
En cuanto a quién acuden cuando tienen daños, solamente en el País Vasco existe una oficina, con la que he tenido unas relaciones magníficas, como no podía ser de otra manera, más hoy en día con doña Isabel, a la que acudí a consolar cuando
mataron a su marido. Estamos en contacto permanente, tenga la completa seguridad, con todas, incluso con la de Navarra. Lo que pasa es que tanto con Navarra, aunque menos pero ahora vamos a firmar un convenio, como con el País Vasco la
Administración central actúa con carácter subsidiario. También depende según qué daños, porque los daños corporales los paga siempre la Administración central, pero para los daños materiales acuden primero a la Administración autonómica y en
aquello a lo que no llegan, lo sufragamos nosotros. Ellos lo saben perfectamente y puede que haya algún caso que no hay sido así, pero les puedo asegurar que empezamos a actuar en el momento en el que tenemos noticias de un atentado. Les mandaré
la documentación para que vean cómo funciona. Cada día se hacen listas de los atentados y tenemos la relación de todos los atentados de cada día, aunque sólo sea el cóctel molotov contra una puerta y no pase de allí. Falta coordinación;
posiblemente haya que coordinar mejor a las administraciones. En ese sentido, quédese tranquila, puede existir algún caso, pero lo intentaremos solucionar.
En cuanto a la ventanilla única, puede pasar que en algunos casos tengan que acudir a las dos administraciones. Sin embargo, tengan en cuentan -y lo dije desde el principio- que desde las subdelegaciones está todo formalizado, no se puede
escapar ni la incapacidad temporal; incluso hablamos todos los días y estamos muy al tanto hasta de los ilesos. En ese sentido pueden quedarse SS.SS. tranquilos.
Respecto al tema del plazo lo veo complicado, es un tema jurídico y este no es el momento adecuado. No sé si ustedes tendrán que ver eso, pero yo lo veo complicado, aunque puede haber algunos pequeños casos. Vuelvo a repetirlo: tengan en
cuenta que paralelamente ha ido el régimen ordinario que está cubierto y las pensiones extraordinarias. En cuanto al tema de la revisión de pensiones para su tranquilidad le diré que efectivamente la primera vez que se mejoran las pensiones -todo
hay que decirlo- no fue en 1996, sino desde 1982, en la época socialista. Ahora sí que desde el año pasado se han revisado todas al alza y sobre todo las del personal de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y funcionarios, de tal manera que
todas esas pensiones antiguas que eran del año 1982 para atrás -que efectivamente eran mucho menores- ahora con arreglo a su haber regulador se han revisado al alza y están al mismo nivel. En ese sentido quédese tranquila. Son un poquito más bajas
las del INSS. Sin embargo, vuelvo a repetir, las medias están en las cantidades que yo les he ofrecido anteriormente.
Quiero agradecer de verdad su intervención al portavoz del Grupo Popular -yo sé que se rige más por la amistad-. Él sabe -eso es cierto, aunque no tiene ningún mérito- que hemos puesto todo el cariño que había que poner y que ahí seguimos a
pesar de lo duro que se hace. En cuanto a qué se puede hacer. En el tema puro y duro de lo resarcitorio a lo mejor pensar un poco, junto con el Consorcio de Compensación de Seguros, e intentar mejorar en cuanto a los daños en locales de negocio,
teniendo en cuenta siempre, insisto, que tengan esa cultura del seguro, porque desgraciadamente te encuentras con personas que tienen una cafetería que te dicen que no tienen ningún seguro, o bien un hotel, tal como nos ha pasado en Benidorm, que
eso es ya el colmo y tampoco se puede funcionar así. A ver si podemos mejorar, pero no todo va a ser la Administración; tiene que pensarse también en el seguro.
Yo haría hincapié en unas campañas de concienciación que va más sobre el terrorismo y sus terrible consecuencias sobre todo con los jóvenes. A nuestro juicio se debería unificar la coordinación de las actividades de todas estas asociaciones
que están proliferando. Yo he tenido amargas experiencias -y es triste decirlo- en ocho años. He visto cosas fatales desde el punto de vista de la Administración -la vida es así-, por actuaciones de personas que no actúan como deben, con la
corrección debida. Yo creo que se debe unificar todas las iniciativas evitando esa proliferación y buscando algún medio -ahora está la Fundación Víctimas del Terrorismo- que agrupe, que coordine y que puede ayudar más fácilmente a las víctimas, no
creando una asociación en Galicia, otra asociación andaluza AA u otra asociación anduluza AVT. A mí me parece que esa dispersión no es buena. No voy a añadir más. Está claro que hace falta una unidad de acción que intentamos conseguir a través de
las oficinas que se han creado en las distintas comunidades para que la política sea común. Todo lo que podemos hacer a nivel personal lo estamos haciendo.
Política subvencional. Si se logra canalizar esas vías de acción podría conseguirse esa vía, que tampoco tiene que ser muy fuerte, para sustentar mínimamente a esas organizaciones, porque desgraciadamente se ven cosas que son bastante
desagradables. Se puede potenciar la ayuda asistencial en algún momento puntualmente con una ayuda de estudios o cuando se trate de un tipo de enfermedad rara, aunque vuelvo a repetir que
está cubierto ese campo asistencial en las subvenciones. Me refiero en particular a que hay que mentalizar a la sociedad española y sobre todo a la gente joven, y más en el País Vasco, de que se den cuenta a lo que lleva el terrorismo.
Como he dicho antes en el tema de indemnizaciones y de pensiones -y hoy con las sentencias que dictan las audiencias creo que estamos por encima de todos- hay que evitar situaciones discriminatorias por ejemplo en el caso de las ofertas de
empleo. Insisto, hicimos una campaña de tres cursos que costó 180 millones y tengo que decir que para mí fue un fracaso, porque la vida es muy complicada; una cosa es lo que se cuenta aquí y otra la realidad de la vida. Ahora, ¿que hay que
ayudarles? Por supuesto que hay que ayudarles. Sobre todo se les ayuda estando muy encima a lo mejor sin necesidad de que se les dé nada, ahora bien, dentro de una política de empleo, buscando de verdad dentro de ese colectivo qué personas están
sin empleo porque son víctimas del terrorismo, es decir, viendo las causas y haciendo un plan pero canalizándolo a través de unas vías serias y objetivas para que no ocurra lo de que yo mañana con mi hijo no sé qué porque soy el presidente, las
gafas para mi hija o la ayuda de estudios... Eso es lo que no puede ser. Ustedes tienen el arma de la norma con la ayuda de la Administración, nosotros nos volcaremos, canalizándolo con una unidad de acción para que no haya estas situaciones, que
puede haberlas. Lo que sí es cierto es que hay un tema, ya no desde el punto de vista de asistencia jurídica, que la realizan el ministerio fiscal y los propios abogados del Estado, es decir, la sociedad tiene sus mecanismos, que es el de la
asistencia afectiva y la asistencia personal a los juicios y a la Audiencia. Ahí los medios son escasos. Tenemos dos asistentes sociales que están trabajando para la Administración -las fiché de la anterior asociación de víctimas- y las acompañan
porque conocen a todas las víctimas, pero no es suficiente. Hay que crear mecanismo. También me atrevería a decir que de alguna manera tenemos que canalizar la información vía Ministerio de Justicia o Ministerio del Interior, a través de las
fiscalías -aunque hay muy buenas relaciones personales, como no podría ser de otra manera, con Fungairiño, que se vuelca siempre en todo lo que pides- de cara a que ellos sepan en cada momento cómo está su proceso, porque a nosotros, como oficina o
como subdirección general, se nos escapa, porque tampoco tenemos esa competencia -tú puedes llamar a los fiscales o al abogado del Estado y pedirles una cosa personal-, pero eso sí que hace falta. En ese sentido, en unos días les puedo enviar a
través de la presidencia de la Comisión un breve resumen de lo realizado, aparte de la documentación que me comprometo a enviarles de aquellos datos que creo que ustedes tienen que conocer, no digo para publicarlos, sino para que conozcan la
realidad de la situación de las víctimas del terrorismo en España.
Soy consciente de la pesadez que han tenido que aguantar -siempre el último parece que se hace más pesado-. Les agradezco su atención. Me hubiera gustado no dar tantos datos y a lo mejor hablarles de personas o de situaciones personales,
pero no era el momento. En otra ocasión será.
El señor SECRETARIO (Sánchez Garrido): Muchas gracias, señor Martínez. Con el ruego de que envíe la documentación a que se ha comprometido, se levanta la sesión.
Eran las dos y diez minutos de la tarde.