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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 780, de 18/06/2003
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2003 VII Legislatura Núm. 780
ASUNTOS EXTERIORES
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JESÚS POSADA MORENO
Sesión núm. 46
celebrada el miércoles, 18 de junio de 2003
ORDEN DEL DÍA:
Dictamen sobre:
Convenio de responsabilidades que han de asumir el Reino de España y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación con respecto a la 31.ª reunión de la Comisión Forestal Europea, hecho en Roma el 1 de noviembre
de 2002. (Número de expediente 110/000233.) ...
(Página 24761)
Acuerdo euromediterráneo por el que se crea una asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y la República Árabe de Egipto, por otra, hecho en Bruselas el 26 de enero de 2001. (Número de expediente
110/000234.) ... (Página 24761)
-Convenio de responsabilidades que han de asumir el Reino de España y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación con respecto a la 3.ª reunión de del Comité de Acuicultura de la Comisión General de Pesca del
Mediterráneo (Zaragoza, 25 a 27 de septiembre de 2002), hecho en Roma el 24 de septiembre de 2002. (Número de expediente 110/000235.) ... (Página 24761)
-Anejos XV, XVI y XVII de la Convención sobre privilegios e inmunidades de los organismos especializados de Naciones Unidas (Nueva York, 21 de noviembre de 1947). (Número de expediente 110/000236.) ... (Página
24761)
-Protocolo sobre adopción internacional entre el Reino de España y la República de Filipinas, hecho en Manila el 12 de noviembre de 2002.
(Número de expediente 110/000238.) ... (Página 24761)
-Convenio internacional sobre responsabilidad civil nacida de daños debidos a contaminación por hidrocarburos para combustibles de los buques (bunkers, 2001), hecho en Londres el 23 de marzo de 2001 y declaración que España desea formular en
el momento de su ratificación. (Número de expediente 110/000237.) ... (Página 24762)
Comparecencia de la señora ministra de Asuntos Exteriores (Palacio Vallelersundi) para informar sobre:
-Las conversaciones con el Gobierno del Reino Unido sobre Gibraltar. A solicitud del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 213/000581.) ... (Página 24767)
-El estado actual de las negociaciones con el Reino Unido sobre Gibraltar.
A solicitud del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 213/000684.) ... (Página 24767)
-Los resultados obtenidos y el estado actual de las negociaciones con el Reino Unido sobre el futuro de Gibraltar. A solicitud del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 213/000876.) ... (Página
24767)
-El estado actual de las negociaciones entre España y el Reino Unido en relación a Gibraltar, así como el efecto que sobre éstas ha tenido el incidente del desembarco de la Royal Navy en las costas españolas. A solicitud del Grupo
Parlamentario Federal de Izquiesda Unida. (Número de expediente 213/000879.) ... (Página 24767)
Se abre la sesión a las once y treinta y cinco minutos de la mañana.
El señor PRESIDENTE: Buenos días, señorías. Vamos a comenzar la sesión.
Antes de entrar en el orden del día, como ya señalé en la reunión de Mesa y portavoces, me he reunido con la Mesa para estudiar la petición que existe en el Congreso de los Diputados, que SS.SS. conocen, acerca de la posibilidad de fumar o
no en las comisiones. Hay una declaración de la presidenta que deja a la decisión del presidente de la Comisión el que se fume o no en las comisiones. Yo he oído a la Mesa, pero reitero que la decisión es mía. La Mesa ha opinado únicamente y yo
la he escuchado. Mi decisión es que, a pesar de que no me gusta establecer prohibiciones, parece lógico que se prohiba o que no se permita fumar en las comisiones.
Como hay que avisarlo con tiempo, esta regla comenzará a aplicarse en la próxima
reunión de esta Comisión, que será probablemente en el próximo periodo de sesiones. Por tanto, esta sesión será la última en la que se pueda fumar. La prohibición de fumar se aplicará a los diputados asistentes y a los medios de comunicación, y
haciéndole conocedor al compareciente de esta decisión de la presidencia le pediré que tampoco fume. Esta ha sido la decisión que he tomado como presidente de la Comisión.
DICTAMEN SOBRE:
-CONVENIO DE RESPONSABILIDADES QUE HAN DE ASUMIR EL REINO DE ESPAÑA Y LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACIÓN CON RESPECTO A LA 31.ª REUNIÓN DE LA COMISIÓN FORESTAL EUROPEA, HECHO EN ROMA EL 1 DE
NOVIEMBRe DE 2002. (Número de expediente 110/000233.)
El señor PRESIDENTE: Entrando en los dictámenes, hay seis puntos de los cuales en cinco no habrá intervención y sí en uno de ellos. ¿Es así? (Asentimiento.) Por tanto, primero daré lectura a los cinco en los que no habrá intervención para
someterlos a votación y, posteriormente, pasaremos al punto quinto en el que sí la habrá.
Convenio de responsabilidades que han de asumir el Reino de España y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación con respecto a la 31.ª reunión de la Comisión Forestal Europea, hecho en Roma el 1 de noviembre
de 2002.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.
-ACUERDO EUROMEDITERRÁNEO POR EL QUE SE CREA UNA ASOCIACIÓN ENTRE LAS COMUNIDADES EUROPEAS Y SUS ESTADOS MIEMBROS, POR UNA PARTE, Y LA REPÚBLICA ÁRABE DE EGIPTO, POR OTRA, HECHO EN BRUSELAS EL 26 DE ENERO DE 2001. (Número de
expediente110/000234.)
El señor PRESIDENTE: Punto segundo: Acuerdo euromediterráneo por el que se crea una asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y la República Árabe de Egipto, por otra, hecho en Bruselas el 26 de enero
de 2001.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.
-CONVENIO DE RESPONSABILIDADES QUE HAN DE ASUMIR EL REINO DE ESPAÑA Y LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA AGRiCuLtuRA Y LA ALIMENTACIÓN CON RESPECTO A LA 3.ª REUNIÓN DEL COMITÉ DE ACUICULTURA DE LA COMISIÓN GENERAL DE PESCA DEL
MeDITERRÁNEO (ZARAGOZA, 25 A 27 DE SEPTIEMBRE DE 2002), HECHO EN ROMA EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2002. (Número de expediente 110/000235.)
El señor PRESIDENTE: Punto tercero. Convenio de responsabilidades que han de asumir el Reino de España y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación con respecto a la 3.ª reunión del Comité de Acuicultura
de la Comisión General de Pesca del Mediterráneo (Zaragoza, 25 a 27 de septiembre de 2002), hecho en Roma el 24 de septiembre de 2002.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.
-ANEJOS XV, XVI Y XVII DE LA CONVENCIÓN SOBRE PRIVILEGIOS E INMUNIDADES DE LOS ORGANISMOS ESPECIALIZADOS DE NACIONES UNIDAS (NUEVA YORK, 21 DE NOVIEMBRE DE 1974). (Número de expediente 110/000236.)
El señor PRESIDENTE: Punto cuarto: Anejos XV, XVI y XVII de la Convención sobre privilegios e inmunidades de los organismos especializados de Naciones Unidas (Nueva York, 21 de noviembre de 1947).
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados por unanimidad.
-PROTOCOLO SOBRE ADOPCIÓN INTERNACIONAL ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE FILIPINAS, HECHO EN MANILA EL 12 DE NOVIEMBRE DE 2002.
(Número de expediente 110/000238.)
El señor PRESIDENTE: Punto sexto del orden del día: Protocolo sobre adopción internacional entre el Reino de España y la República de Filipinas, hecho en Manila el 12 de noviembre de 2002.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.
-CONVENIO INTERNACIONAL SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL NACIDA DE DAÑOS DEBIDOS A CONTAMINACIÓN POR HIDROCARBUROS PARA COMBUSTIBLES DE LOS BUQUES (BUNKERS, 2001), HECHO EN LONDRES EL 23 DE MARZO DE 2001, Y DECLARACIÓN QUE ESPAÑA DESEA FORMULAR
EN EL MOMENTO DE SU RATIFICACIÓN. (Número de expediente 110/000237.)
El señor PRESIDENTE: Punto quinto del orden del día: Convenio internacional sobre responsabilidad civil nacida de daños debidos a contaminación por hidrocarburos para combustibles de los buques Bunkers 2001, hecho en Londres el 23 de marzo
de 2001, y Declaración que España desea formular en el momento de su ratificación. A este convenio se presentó una enmienda en tiempo y forma por el Grupo Parlamentario Socialista y en la reunión de la ponencia se presentó otra enmienda in voce del
Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió. La ponencia, que se reafirmó en el texto del convenio, determinó que ambas sean discutidas en Comisión. Por tanto, para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista,
tiene la palabra el señor Segura.
El señor SEGURA CLAVELL: Señor presidente, debemos dejar muy claro que este es un convenio internacional sobre responsabilidad civil nacida de daños debidos a contaminación marina por los hidrocarburos para combustible de los buques Bunkers
2001, hecho en Londres el 23 de marzo de 2001. España presenta una declaración que figura en el texto que tienen todas SS.SS., pero desde el Grupo Parlamentario Socialista estimamos oportuno añadir otra declaración que me tomo la libertad de
leerles textualmente. España declara que los límites de responsabilidad establecidos en el Convenio internacional sobre responsabilidad civil nacida de daños debidos a contaminación por hidrocarburos de 1992, y en el Convenio internacional sobre la
constitución de un fondo internacional de indemnización de daños debidos a contaminación por hidrocarburos de 1992, se han demostrado insuficientes para atender las consecuencias y responsabilidades derivadas de la contaminación por hidrocarburos en
el mar. En consecuencia, estima que lo propuesto en el artículo 6 y en el punto 1 del artículo 7 limita la cuantía indemnizatoria derivada de la responsabilidad que adquiere el conjunto de sociedades que constituyen el armador del buque, el
fletador o el titular de la carga y las sociedades clasificadoras. Por ello promoverá en el seno de la Organización Marítima Internacional una inmediata revisión de los referidos límites.
La propuesta de nueva declaración del Grupo Parlamentario Socialista tiene una motivación que la justifica. Si me lo permite el señor presidente, me gustaría hacer unas consideraciones y reflexiones justificativas de esta propuesta de
declaración. Con el objeto de dejar muy claro de qué estamos hablando, me gustaría indicarles que este convenio trata de la responsabilidad derivada de los daños causados por el combustible que el buque transporta para su propia propulsión; es
decir que afecta a todo tipo de buques: de pasajeros, roll on- roll off, petroleros, bulk-carriers, etcétera. No tiene nada que ver con la temática planteada con carácter general por los petroleros, por los buques que transportan mercancías
peligrosas o por los buques que transportan productos combustibles de diferentes características. Afecta exclusivamente a la responsabilidad derivada de los daños que pudiese causar el combustible que el buque transporta para su propia propulsión,
y quiero indicarles que se incluyen los aceites pesados de lubricación de los motores.
Señorías, este hecho merece una atención puntual. Como saben ustedes, los buques por regla general utilizan dos tipos de combustible para sus sistemas de
propulsión. Uno de ellos para los motores principales, es decir los vinculados a la propulsión del buque, que es el de mayor cuantía y que suele ser fuel pesado. Precisamente el tipo de combustible vertido por el desgraciado accidente del Prestige
es un hidrocarburo sumamente persistente, altamente contaminante, casi nada degradable ni miscible, que no se evapora, en suma que genera el famoso chapapote. El otro tipo de combustible que llevan los buques es diesel marino para los motores
auxiliares. El combustible para los motores principales en ocasiones suele ser de cinco o diez toneladas en lo que se refiere a peso y a cuantía. El diesel marino para los motores auxiliares, que también es menester tener presente, tiene otras
características físico-químicas en menor cantidad, se evapora, es miscible con el agua y genera un riesgo inferior. Señorías, debemos saber que los aceites pesados son sumamente contaminantes, relativamente escasos en cantidad, suelen ir en tanques
altos o incluso en barriles. Es decir, no suelen ser un problema más que cuando se produce un hundimiento o un incendio, puesto que liberan dioxinas y otro tipo de sustancias tóxicas por inhalación.
Centrándonos en el caso del fuel marino que los buques llevan como combustible, que es el principal problema que este grupo parlamentario quiere poner de manifiesto, la cantidad constituye un factor importante.
Un supertanque o un
supercontenedor, buques de gran tamaño a los que estoy haciendo referencia, puede transportar miles de toneladas para el consumo propio. Podemos hablar de 4.000, 5.000 y hasta 10.000 toneladas, la misma cantidad -ojo al dato- que perdió el Prestige
el primer día de su accidente que contaminó más de 100 millas del litoral de Galicia.
Señorías, estamos hablando de cantidades importantes, -no es un tema baladí- que pueden llegar a causar en determinados momentos gravísimos accidentes si se producen desastres equivalentes al del Prestige. ¿De qué habla este convenio que no
podemos tratar con ligereza? Este convenio elaborado en la Organización Marítima Internacional, aparentemente impecable, adolece exactamente del mismo fallo que el convenio de limitación de responsabilidad del año 1976 y el mismo fallo y los mismos
defectos de los que adolecía el convenio del fondo, que también se cita en el punto 1 del artículo 7 que limita la responsabilidad del naviero por el mismo mecanismo que se establecía en el convenio del fondo y en el convenio de responsabilidad y
que curiosamente corrobora el contenido del artículo 6.
Señorías, estamos viendo que la desgracia del Prestige fue la que fue, siendo objeto de debate durante seis meses en esta Cámara, y que el Fondo internacional, en virtud del convenio de limitación, sólo va a compensar a las víctimas con un
diez por ciento del valor de sus pérdidas. El resto, con toda probabilidad -como ya está ocurriendo-, lo tendremos que pagar todos los españoles a cargo de los Presupuestos Generales del Estado, cuyas cifras no estamos en condiciones de cuantificar
desde este grupo parlamentario por la elevada dimensión que han tenido. Ese mecanismo, derivado de dos convenios internacionales, con ciertas dosis de negligencia o vacío en sus contenidos, es el que no podemos extender a este convenio referido a
las responsabilidades derivadas de la contaminación marina del combustible que llevan los barcos para su propio sistema de propulsión y automantenimiento. Nosotros, señorías, no podemos aceptar la limitación propuesta en el texto del articulado,
concretamente en el artículo 6 y en el punto 1 del artículo 7. Estimamos que es conveniente que el armador, el naviero, el cargador y el dueño de la mercancía suscriban un seguro, de forma conjunta y mancomunada, que permita cubrir todos los daños
por contaminación que cause el combustible del buque. No puede limitarse la responsabilidad por razones de cantidad sino exclusivamente por las razones externas que en el mismo convenio se mencionan concretamente en el artículo 3. Créanme,
señorías, que estamos hablando de un tema serio. Estamos ante un grave problema que ha vivido el Estado español, y no podemos dejar la ratificación de este convenio internacional por parte del Reino de España sin que las Cortes Generales sean
conscientes de la dimensión de su contenido. En el punto 3 del artículo 7, se establece queel Estado puede autorizar a instituciones u organizaciones a expedir los certificados que, tal como indica el anexo II, figuran unidos al texto del convenio.
Es preciso que ante una hipotética entrada en vigor del convenio el Gobierno indique, qué instituciones u organismos deben expedir los certificados de seguros a que se hace referencia, con qué criterios se seleccionan y qué garantías hay que exigir.
Creemos que si el Gobierno pretende aplicar este convenio a sus buques de guerra -a los de la Armada del Estado español- es necesario que indique también si se acogen al contenido de este convenio, y específicamente a lo que señalan los puntos 2 y
3. Por último, señor presidente, debemos tener en cuenta que el Estado asume responsabilidades que tiene que ejercer, y que si no las ejerce puede ser demandado en foros internacionales como consecuencia de parte del contenido de este convenio
internacional.
Ruego al Grupo Parlamentario Popular -al grupo mayoritario que sostiene al Gobierno- que tenga presente que aunque esta iniciativa, tal como se me ha indicado en conversación privada, no va a ser apoyada por el Grupo Parlamentario Popular,
la consideración que planteamos en esta nueva declaración es de gran coherencia desde la perspectiva de la política global. A través de las declaraciones de algunos miembros del Gobierno, en sucesivas comparecencias antes distintas comisiones como
consecuencia del accidente del Prestige, se nos venía planteando que en los foros internacionales se va a llevar a cabo determinado tipo de actuaciones. A mí particularmente -y permítanme esta licencia de índole personal- me causa verdadera
sorpresa que cuando llega un convenio de estas características para la defensa de nuestro medio ambiente marino en su globalidad -el de un país como el nuestro que tiene 1.500.000 kilómetros cuadrados de lámina de agua a proteger desde la
perspectiva del cumplimiento de todos los convenios y tratados internacionales-, cuando llega el primer convenio internacional en el que hay que demostrar que somos coherentes y que queremos llevar a cabo en los foros internacionales planteamientos
en defensa de nuestro medio marino, de nuestro litoral, de nuestra fauna, de la vida en la mar y de la lucha contra la contaminación marina, cuando nos estamos refiriendo, como en este caso específico, al combustible que transportan los buques para
su propulsión y para el funcionamiento de todos sus mecanismos interiores, me causa sorpresa, digo, que el grupo mayoritario no apoye una declaración para añadirla como anexo a este convenio internacional. Es realmente sorprendente.
El señor PRESIDENTE: Para la defensa de su enmienda tiene la palabra el señor Guardans.
El señor GUARDANS I CAMBÓ: En esta Comisión estamos muy poco acostumbrados a legislar. De hecho, esta es una Comisión que raramente aprueba leyes, aunque sea legislativa según el Reglamento de la Cámara, y que normalmente dedica sus
debates y sus trabajos a labores políticas. La realidad es que esta es la Comisión que aprueba los convenios internacionales, que son legislación y que según la Constitución se incorpora a la legislación interna. Lo que ocurre es que por distintas
meramente coyunturales, primero, y en segundo lugar porque una enmienda a un convenio se
convierte en una enmienda a la totalidad, es muy difícil que tengamos ocasión de retocar o corregir el contenido de un convenio. Como su propio nombre indica, un convenio es un acuerdo entre distintos Estados que son parte en él y es muy
difícil que se le pueda hacer una precisión parcial.
Sin embargo, esto no impide que tratemos de ser rigurosos, tan rigurosos como seríamos si estuviéramos aprobando una ley. En ese caso ninguno de nosotros pasaría por alto un error en la ley que
se aprobara, una incorrección, un absurdo jurídico o una contradicción con otras normas, y lo estaríamos debatiendo. Eso es lo que mi grupo intenta hacer aquí, con la comodidad que permite saber que no se trata de rectificar un convenio -cosa harto
difícil, insisto-, sino de hacer notar la contradicción, el fallo o la incorrección técnica que tiene una declaración que España quiere anexionar al convenio. Por tanto, en la medida en que se trata de una declaración unilateral que España hace, si
España no la quiere rectificar, es responsabilidad del Gobierno de España, pero esta Cámara tiene la posibilidad de enmendarla, y si no lo hace es porque no quiere.
No hay otro tipo de argumentación.
Voy a intentar ser breve en la explicación, sabiendo -como sé- que estoy hablando de una cuestión tremendamente técnica y reconociendo que sólo gracias al hecho de que había una enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, que obligó a mi
grupo a estudiar con un poco de calma el texto y el porqué de una declaración específica de España, llegamos a la conclusión de que la declaración que España pretende anexionar al convenio está técnicamente mal hecha, pues tiene dos incorrecciones.
Este convenio que vamos a aprobar no es un convenio normal, y no lo es porque es un convenio que trata, entre otras cosas, del reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales entre Estados del mundo, los Estados que son parte de este convenio.
Por tanto, afecta al reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales entre Estados miembros de la Unión Europea, materia que se rige por otra normativa, concretamente por un reglamento de la Comunidad, y que es competencia exclusiva de la
Unión Europea. Esta contradicción entre partes -los 15 Estados miembros hoy, 25 a partir de mayo-, todos miembros de la Unión Europea que firman entre sí un convenio en el que se trata de reconocimiento y ejecución de resoluciones, por un lado, y
por otro esos mismos 15 Estados miembros -25 a partir de mayo- que tienen su propia normativa comunitaria, esa contradicción, decía, es la que frenó durante cierto tiempo la firma de este convenio. Esta cuestión fue llevada al Consejo de Ministros
correspondiente de la Unión Europea para intentar salvar la contradicción. El Consejo de la Unión Europea -en el que evidentemente se integraba España- de septiembre de 2002 tomó una decisión que es vinculante para todos y cada uno de los Estados a
los que se dirige, que son todos menos Dinamarca; por tanto, una decisión que es jurídicamente obligatoria para el Gobierno de España. No es una recomendación, es una decisión en el sentido más estricto del derecho constitucional europeo.
Pues bien, la decisión publicada en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas el 25 de septiembre de 2002 tiene cinco artículos de los que los importantes son los dos primeros. El artículo 1 dice: Sin perjuicio de las competencias de
la Comunidad existentes en la materia, el Consejo autoriza a los Estados miembros a firmar y ratificar el convenio combustible de buques en interés de la comunidad, o a adherirse a dicho convenio, siempre que se cumplan las condiciones impuestas por
los artículos siguientes. Por tanto, España sólo puede ratificar este convenio, sólo puede adherirse a este convenio si cumple lo que el Consejo de Ministros de la Unión Europea le impuso por una decisión publicada y vinculante. Ese es el convenio
del que estamos hablando hoy.
El artículo 2 de esa misma decisión fija la primera de esas condiciones que España tiene que cumplir para poder ser autorizada a ratificar ese convenio y la condición es simplemente la siguiente. Al firmar, ratificar
o adherirse al Convenio combustible de los buques -dice el artículo 2-, los Estados miembros formularán la siguiente declaración -de eso estamos hablando- y abre comillas. Lo que voy a leer a continuación es la declaración que los Estados miembros
de la Unión Europea, excepto Dinamarca, tienen la obligación de incorporar en su derecho interno cuando ratifiquen o se adhieran a ese tratado internacional que vamos a intentar aprobar hoy. Dice: Cuando las resoluciones judiciales sobre materias
reguladas por el convenio sean dictadas por un tribunal de ...
-y una nota dice que son todos los Estados miembros de la Unión Europea, excepto Dinamarca- deberán ser reconocidas y ejecutadas en ... -en nuestro caso España-, de conformidad con lo
dispuesto en la pertinente normativa interna comunitaria. Es decir que este convenio no rige para el reconocimiento de resoluciones judiciales en el ámbito europeo, sino para el reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales respecto de
todos los demás Estados parte, excepto aquellos que sean miembros de la Unión Europea. Pues bien, cuando España cumple -y es lo que intenta hacer hoy- con su obligación conforme a esa decisión y presenta un proyecto de declaración altera el texto
y, en lugar de limitarse a transcribir el que tenía obligación de incorporar como declaración, presenta un texto distinto. Lo único que pretende la enmienda de mi grupo es volver al texto originario y que sea el texto que España tenía que haber
incorporado. ¿Cuáles son las diferencias? Una es muy importante, señorías -sé que suena muy espeso-, técnicamente muy importante. El texto que les he leído publicado en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas habla de resoluciones
judiciales, y eso es lo que pretende incorporar mi enmienda. El texto de la declaración que intenta aprobar España habla de fallos judiciales. Señorías, fallos judiciales y resoluciones judiciales no son lo mismo; lo sabe cualquier
abogado o jurista dedicado al derecho internacional privado y lo sabe cualquiera que se haya dedicado a la ejecución de decisiones extranjeras.
Por tanto, si votamos este texto tal cual está, España restringe hoy aquello que tiene la
obligación de cumplir y en lugar de decir que todas las resoluciones judiciales -incluidas las medidas cautelares, incluido cualquier auto, en cualquier ámbito- serán ejecutadas y reconocidas conforme al derecho comunitario, España pretende,
consciente o inconscientemente -en todo caso será el resultado de lo que se pretende que aprobemos hoy-, que sólo los fallos judiciales, es decir sentencias definitivas, firmes o no, se rijan por el derecho comunitario. Por tanto, las resoluciones
judiciales que no sean fallos deberán regirse por este convenio. Aparte de que eso es absurdo en términos técnicos -y no pretendo soltarles un rollo de derecho internacional privado- es obvio y empírico que contradice lo que España tiene la
obligación de hacer. Esa es la primera parte de nuestra enmienda.
La segunda parte es de puro sentido común. La declaración que el Gobierno pretende que aprobemos hoy, y que nosotros no votaremos si no se modifica, dice: España declara además que los fallos judiciales sobre cuestiones tratadas en el
convenio cuando sean dictadas por un tribunal de Alemania, Austria, Bélgica, Francia, Finlandia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, etcétera; es decir, empieza una enumeración en lugar de decir todos los Estados miembros de la Unión Europea, sin
más, a excepción de Dinamarca. ¿Qué ocurre? Pues recuerdo a SS.SS. (todos lo sabemos, es una ironía tonta) que en mayo de 2004 se amplía la Unión Europea y algunos de los países que entran tienen mucho que decir en materia de buques, entre ellos
Malta pero también Polonia, y por tanto esta declaración no podrá empezar a funcionar respecto de esos países a partir de mayo de 2004, con lo cual habrá que hacer una declaración nueva. Es mucho más sencillo hacer hoy una afirmación general y en
lugar de hacer un listado de países que se diga: 'los Estados miembros de la Unión Europea', aquellos que lo sean y en el momento en que lo sean. Son dos propuestas razonables. En un caso es exigencia de una obligación que España tiene y en el
otro -en puridad no, mientras no se produzca materialmente la ampliación- es una mejora técnica que tiene todo su sentido.
Respecto de la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, nosotros compartimos su sentido de fondo, lo que viene a plantear como preocupación, pero no nos parece que el contenido de lo que propone sea en estricto sentido jurídico una
declaración aneja a un convenio; es una proclamación de intenciones de lo que hay que hacer y de lo que no hay que hacer. Por eso no tiene sentido que pase a ser una declaración en sentido jurídico, según el Convenio de Viena de derecho de
tratados, para publicar en el BOE y colgar del tratado internacional. Nos parece oportuno lo que dice, pero no es correcta su inclusión, por lo que en la votación de la enmienda nos abstendremos. Respecto al convenio, si no se modifica, votaremos
en contra porque aunque sea en un tema menor no votaremos en contra del derecho comunitario.
El señor PRESIDENTE: Para la defensa del convenio tiene la palabra don Alfonso Soriano, por el Grupo Parlamentario Popular.
El señor SORIANO BENÍTEZ DE LUGO: Nos encontramos tramitando ante las Cortes Generales el Convenio internacional sobre responsabilidad civil nacida de daños debidos a contaminación por hidrocarburos para combustibles de los buques,
conocidos como Bunkers 2001, hecho en Londres el 23 de marzo de 2001, y la Declaración que España desea formular en el momento de su ratificación. A esta declaración el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso ha presentado una enmienda
consistente, en síntesis, en la introducción de una nueva declaración que debería formularse en el momento de la ratificación del convenio. Con independencia de que el momento de ratificar el convenio no es el más oportuno para efectuar
declaraciones relativas a intenciones futuras, tenemos que decir que tal declaración señala que los límites de responsabilidad establecidos por los convenios de responsabilidad civil nacida de daños debidos a contaminación por hidrocarburos 1992 y
de constitución de un fondo internacional de indemnización de daños debidos a contaminación por hidrocarburos, fondo 1992, son insuficientes y que, por tanto, en el artículo 6 y en el punto 1 del artículo 7 del convenio de referencia se limita la
cuantía indemnizatoria derivada de la responsabilidad adquirida por un conjunto de intervinientes en esta cuestión -armador, fletador, declaración de la carga y sociedades de clasificación- y por ello España deberá promover en el seno de la
Organización Marítima Internacional una enmienda oficial de tales límites.
Dicho esto como antecedente explicativo de la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, es preciso señalar lo siguiente. El Convenio Bunkers 2001 excluye expresamente de su ámbito de aplicación los daños ocasionados por contaminación
cuando estos se regulen en el CLC 92 ó en el Convenio FIDAC. El Convenio Bunkers 2001 regula los daños por contaminación producidos por el combustible que llevan los buques, sin establecer ningún tipo de cuantía a pagar, dado que las cuantías se
regularán en los respectivos convenios sectoriales de responsabilidad.
Estos convenios sectoriales de responsabilidad son, para los buques petroleros, el Convenio CLC -ya citado- y el Convenio del fondo. Se quiere señalar expresamente que en
conferencia diplomática del pasado mes de mayo se ha aprobado en la Organización Marítima Internacional un protocolo a estos dos convenios aumentando la cuantía de indemnización por daños producidos por hidrocarburos hasta 750 millones de derechos
especiales
de giro, lo que equivale aproximadamente a 1.000 millones de euros, con lo que se da cumplimiento a una de las conclusiones del Consejo de Ministros de Transporte de la Unión Europea celebrado el pasado 6 de diciembre. La indemnización a
satisfacer por el resto de los buques que produzcan contaminación por el combustible que transportan para su uso está regulada en el Convenio internacional de limitación de responsabilidad nacida de reclamaciones de derecho marítimo de 1976. Este
convenio, suscrito por España y claramente obsoleto, ha sido objeto de un protocolo para su actualización en lo referente a las cuantías de 1996, que se encuentra en tramitación en el Ministerio de Asuntos Exteriores desde el pasado mes de
noviembre. Una vez que este protocolo se ratifique, se obtendrán unas cuantías indemnizatorias acordes con los posibles daños que puede ocasionar la contaminación por combustible. Por otra parte, la Administración española está planteando en
diferentes foros internacionales la necesidad de existencia de responsabilidad civil ilimitada frente a determinadas actuaciones que comporten contaminación marina. En este sentido podemos señalar que se ha presentado ante la Organización Marítima
Internacional, para su estudio ante el Comité de Seguridad Marítima, una propuesta sobre lugares de refugio en la que se exige responsabilidad ilimitada del naviero para su entrada en dichos lugares con el fin de minimizar los riesgos que para la
zona pueda suponer dicho buque. Asimismo, España apoyó en el Consejo de Ministros de Transportes de la Unión Europea de 27 de marzo pasado una propuesta de Bélgica sobre el aumento sustancial de sanciones por contaminación a todos aquellos
intervinientes en el transporte marítimo. En consecuencia y comprendiendo que se trata de un tema eminentemente técnico, el Grupo Popular entiende que las menciones realizadas por el Grupo Parlamentario Socialista a los convenios de 1992 son
inaplicables al supuesto que nos ocupa del Bunkers 2001. Este convenio no establece cuantía a la limitación de responsabilidad, sino que remite esta cuestión a los respectivos convenios sectoriales. La aceptación de la declaración propuesta por el
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso sería no sólo inaplicable sino incongruente con la regulación que establece el propio convenio Bunkers 2001. Por todo lo anteriormente expuesto, concluimos que el Grupo Popular va a votar en contra de la
enmienda propuesta por el Grupo Socialista.
En el debate en ponencia se presentó asimismo una enmienda in voce por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), a la que ha hecho referencia el diputado señor Guardans. Sobre la enmienda del señor Guardans tenemos que decir,
como ya ha indicado el propio diputado, que el texto de declaración que se ha incorporado al convenio dice exactamente que España declara además que los fallos judiciales sobre cuestiones tratadas en el convenio, cuando sean dictadas por un tribunal
de Alemania, Austria, Bélgica, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, los Países Bajos, Portugal, el Reino Unido de la Gran Bretaña, Irlanda del Norte o Suecia, deberán ser reconocidos y ejecutados en España de conformidad con lo
dispuesto en la pertinente normativa interna de la Unión Europea. Esta propuesta de declaración se corresponde con el texto de las demás declaraciones hechas por los restantes países miembros de la Unión Europea que se encuentran en la misma
situación que España, concretamente Alemania, Finlandia, el Reino Unido y Suecia. La Comisión de la Unión Europea no ha puesto ninguna objeción a las mismas.
Si España hiciera una declaración con un contenido distinto, se encontraría en una
situación asimétrica y desfavorable respecto a su obligación de reconocimiento y ejecución de decisiones de los tribunales de otros Estados miembros y la de estos de reconocer y ejecutar las de los tribunales españoles. Por otra parte, no parece
tampoco oportuno hacer una declaración genérica para incluir en la misma a los países candidatos al ingreso en la Unión Europea, ya que no se puede asegurar con certeza hasta que los correspondientes convenios de adhesión se hayan firmado que las
condiciones vayan a ser las mismas. Un ejemplo es en el pasado el caso de Dinamarca, que se cita en la propia enmienda del Grupo Parlamentario Popular. Deberá tenerse en cuenta además que la diferencia que advierte el Grupo Parlamentario Catalán
entre fallos y resoluciones judiciales puede deberse a la versión española que los traductores de la Unión Europea hayan proporcionado de documentos distintos, pero lo que puede asegurarse es que la declaración propuesta por España se corresponde
con el texto español de las declaraciones efectuadas. Por consiguiente, como bien dice la enmienda del Grupo Parlamentario Catalán, la declaración que debe formular España y que ya han formulado algunos de los Estados miembros se hace en virtud de
una decisión del Consejo de la Unión de 19 de septiembre. Dicha decisión es de aceptación obligatoria y no puede modificarse salvo que el Consejo de la Unión Europea emita otra decisión diferente. En este sentido, Finlandia, Alemania, Suecia y
Reino Unido han formulado declaraciones como la que pretende realizar España y que se corresponden con el modelo que figura en el propio convenio. Una vez que se produzca la adhesión de los nuevos Estados miembros el Consejo de la Unión tomará las
medidas oportunas. Por consiguiente, el Grupo Popular también va a votar en contra de esta enmienda de Convergència i Unió. Me excuso por haber cansado en exceso a SS.SS. en un convenio tan técnico como este.
El señor PRESIDENTE: Para una cortísima réplica de no más de un minuto, tiene la palabra el señor Guardans.
El señor GUARDANS I CAMBÓ: Acepto perfectamente, porque tiene su lógica, la explicación que ha dado el portavoz del Grupo Popular respecto de aquella parte de mi enmienda que propone sustituir un listado de miembros de la Unión Europea por
la expresión genérica Estados miembros. Puedo comprender todo lo que ha dicho y acepto que tiene todo su sentido, pero
nada de lo que ha dicho el portavoz del Grupo Popular respecto al error se corresponde con la realidad. Se trata de un error y es absurdo que estemos discutiendo sobre eso, pues donde dice fallos debe decir resoluciones. Tengo aquí
delante, señorías -se lo puedo entregar a quien tenga interés-, el Diario Oficial de las Comunidades Europeas, que es el que da fe; no se trata de cuatro traductores divertidos que hayan utilizado un término; se trata del Diario Oficial de las
Comunidades Europeas, y aquí se utiliza el término resoluciones judiciales. Además, el término resoluciones judiciales es el que aparece en el reglamento que desarrolla el convenio de 1968 sobre reconocimiento y ejecución de resoluciones
judiciales, señorías. Por tanto, cuando esta declaración se publique en el Boletín Oficial del Estado, aparecerá un término que está en contradicción con los demás. No se nos diga que los demás países han puesto otra cosa, porque cada país lo ha
puesto en su idioma, señorías; luego lo que haya puesto Francia o lo que haya puesto Alemania no tiene ningún interés a efectos nuestros en este punto, aunque sí lo tiene en el otro. Sólo España y sólo el Parlamento español y el Gobierno pueden
decir qué palabra es oficial o no en castellano. Ya sé que esto les puede parecer una tontería, pero en derecho una palabra puede tener consecuencias espectaculares; si no, el 50 por ciento de las enmiendas que se debaten en esta Cámara no
tendrían sentido. Este es un grave error, pequeño, pero que tendrá consecuencias importantes el día que haya un problema. Al menos estará el 'Diario de Sesiones' para recordar que se hizo notar al Gobierno que se estaba metiendo en un error por
una pura tontería.
El señor PRESIDENTE: Señor Soriano.
El señor SORIANO BENÍTEZ DE LUGO: Intervendré muy brevemente.
Comprendiendo perfectamente las observaciones que formula el señor Guardans, lo cierto es -y ya lo he puesto de manifiesto en mi intervención- que la diferencia advertida entre
los términos fallo y resoluciones judiciales puede deberse a la versión española que los traductores de la Unión Europea hayan proporcionado de documentos distintos. No pongo en duda esa posibilidad, pero lo que sí puedo asegurar es que la
declaración propuesta por España se corresponde con el texto español de las declaraciones efectuadas. En consecuencia y comprendiendo perfectamente la observación del señor Guardans, incluso compartiéndola en alguna medida desde el punto de vista
de técnica jurídica, la realidad es que ese es el término que se está utilizando en el convenio propuesto por España y los demás países, y es difícil modificarlo. (El señor Guardans i Cambó: No es verdad.) Esa es la impresión que yo tengo.
El señor PRESIDENTE: En primer lugar vamos a votar cada una de estas propuestas y luego votaremos el convenio.
Enmienda del Grupo Parlamentario Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, ocho; en contra, 15; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Sometemos a votación la enmienda in voce presentada por Convergència i Unió.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 10; votos en contra, 15.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Sometemos a votación el convenio internacional al que hemos estado haciendo referencia.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 24; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
COMPARECENCIA DE LA SEÑORA MINISTRA DE ASUNTOS EXTERIORES (PALACIO VALLELERSUNDI) PARA INFORMAR SOBRE:
-LAS CONVERSACIONES CON EL GOBIERNO DEL REINO UNIDO SOBRE GIBRALTAR. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 213/000581.)
-EL ESTADO ACTUAL DE LAS NEGOCIACIONES CON EL REINO UNIDO SOBRE GIBRALTAR.
A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 213/000684.)
-LOS RESULTADOS OBTENIDOS Y EL ESTADO ACTUAL DE LAS NEGOCIACIONES CON EL REINO UNIDO SOBRE EL FUTURO DE GIBRALTAR. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 213/000876.)
-EL ESTADO ACTUAL DE LAS NEGOCIACIONES ENTRE ESPAÑA Y EL REINO UNIDO EN RELACIÓN con GIBRALTAR, ASÍ COMO EL EFECTO QUE SOBRE ESTAS HA TENIDO EL INCIDENTE DEL DESEMBARCO DE LA ROYAL NAVY EN LAS COSTAS ESPAÑOLAS. A SOLICITUD DEL GRUPO
PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA. (Número de expediente 213/000879.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto del orden del día, que son las comparecencias de la ministra de Asuntos Exteriores, para informar de
las conversaciones con el Gobierno de Reino Unido de Gibraltar, a solicitud del Grupo Parlamentario Socialista; para informar del estado actual de las negociaciones con Reino Unido sobre Gibraltar, del Grupo Parlamentario Socialista; para
informar de los resultados obtenidos y el estado actual de las negociaciones con Reino Unido sobre el futuro de Gibraltar, del Grupo Parlamentario Socialista, y para que explique el estado actual de las negociaciones entre España y Reino Unido en
relación con Gibraltar, así como el efecto que sobre estas ha tenido el incidente del desembarco de la Royal Navy en las costas españolas, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Debo decir que era deseo de la ministra de Asuntos Exteriores acudir a esta comparecencia, pero el hecho de que esta misma mañana tenga planteadas seis preguntas en el Pleno del Senado y, sobre todo, una interpelación lo ha hecho imposible,
por lo que va comparecer el secretario de Estado de Asuntos Europeos, don Ramón de Miguel, a quien damos la bienvenida. Establecido así este punto del orden del día, el de las comparecencias pedidas para la ministra de Asuntos Exteriores y
compareciendo el secretario de Estado, dándole nuevamente la bienvenida, tiene la palabra.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE ASUNTOS EUROPEOS (De Miguel y Egea): Me es muy grato estar de nuevo en esta Comisión, en sustitución de la ministra de Asuntos Exteriores. Con mucho gusto empiezo ya con la materia de la comparecencia.
Quisiera recordar a SS.SS. que puesto que esta comparecencia versa sobre Gibraltar, me parece oportuno empezar recordando que el año que viene se cumplirán los 300 años de su toma por una coalición anglo-holandesa. Este aniversario nos
recuerda que estamos ante un contencioso que tiene sus orígenes en un período histórico remoto, radicalmente distinto al actual, un período en el que ni Reino Unido, ni España, ni Europa, ni la sociedad internacional en su conjunto eran lo que hoy
han llegado a ser. En suma, el 300 aniversario de la toma de Gibraltar constituye el recordatorio del profundo anacronismo que supone la pervivencia de la última colonia en Europa. También el año que viene se cumplirá el vigésimo aniversario del
inicio del proceso de Bruselas, instituido por el comunicado conjunto de 27 de noviembre de 1984, acordado por los ministros Fernando Morán y sir Geoffrey Howe en aplicación de la declaración conjunta de Lisboa del año 1980. El proceso de Bruselas
ha sido la vía escogida por la democracia española para resolver el contencioso, partiendo del reconocimiento de una realidad cada vez más evidente en lo que se refiere a Gibraltar, que yo resumiré en tres aspectos fundamentales: la dimensión
bilateral, la multilateral y la gibraltareña.
En cuanto a la primera, es decir, en cuanto a Gibraltar como obstáculo en las relaciones hispano-británicas, no puedo sino decir algo que este Gobierno ha trasmitido con toda claridad al Gobierno británico: el contencioso es un lastre para
el pleno desarrollo de las relaciones bilaterales entre España y Reino Unido, llenas de posibilidades en el terreno económico, político, social y cultural, como socios comunitarios y como socios en la Alianza Atlántica. Ni este ni creo que ningún
gobierno español está dispuesto a dejar de lado el contencioso de Gibraltar en su relación con el Gobierno británico, y la constatación de este hecho es uno de los elementos básicos de la política que se ha ido llevando a cabo en la búsqueda de una
solución a los problemas que suscita la colonia.
La dimensión multilateral del contencioso es cada día más evidente. Las dificultades que plantea el anacronismo colonial en el ámbito de la integración europea, en el ámbito de la Alianza Atlántica y en otros foros internacionales son de
variada naturaleza, pero podemos resumirlas en dos grandes grupos: uno, el de aquellas materias que requieren una solución técnica específica que salvaguarde las posiciones respectivas, permitiendo al tiempo el desarrollo de la legislación
comunitaria o la actividad convencional que corresponda. A este grupo corresponden las soluciones adoptadas para hacer posible el desarrollo de las propuestas de transporte aéreo de la Unión Europea o la fórmula encontrada en el año 2000 sobre las
autoridades competentes a efectos de canalizar las comunicaciones entre las autoridades locales de Gibraltar y las de los Estados miembros o de terceros Estados que negocian acuerdos con la Unión. En estas y otras fórmulas ha quedado bien claro el
pragmatismo con que España aborda las dificultades prácticas que crea Gibraltar en el desarrollo normativo de la Unión Europea y de los otros organismos internacionales de los que formamos parte, en particular OTAN y Consejo de Europa. Este
pragmatismo es producto de un análisis racional de nuestra responsabilidad como Estado miembro, de nuestra voluntad de no obtener beneficios en el contencioso secuestrando en beneficio propio los legítimos intereses de los socios y de la
organización en su conjunto.
Ahora bien, en el ámbito multilateral existen unas dificultades que cuestionan directamente la compatibilidad misma del proceso de integración política, en particular en el ámbito de la Unión Europea, con la existencia
de una colonia y un contencioso territorial como parte del acervo común. Esta contradicción es un problema para España, para el propio Reino Unido y para la Unión Europea, que no puede permanecer indiferente ante esta situación excepcional. A esta
contradicción nos estamos enfrentando con el diálogo bilateral que llevamos a cabo los gobiernos español y británico, pero este es un debate insoslayable que probablemente trascenderá del mero diálogo bilateral si no somos capaces de resolverlo
entre nosotros. Por ello y porque la historia ha cambiado sustancialmente los perfiles de los protagonistas en este contencioso,
los gobiernos de Reino Unido y de España somos conscientes de que esta situación es insostenible. Ésta es la tercera dimensión del problema a la que antes me he referido. Los gibraltareños también deben saber que la mejor, en realidad la
única manera de poder seguir manteniendo la privilegiada situación de que actualmente disfrutan es en el marco de un acuerdo global de España con Reino Unido que les dote de un estatus moderno y sostenible, con un mayor autogobierno, que les permita
tener responsabilidades crecientes sobre sus vidas diarias y preservar sus tradiciones, costumbres y estilo de vida. De ahí nuestros llamamientos al ministro principal de Gibraltar para que se incorpore a las reuniones ministeriales. Su ausencia,
al igual que ciertas actitudes poco constructivas de los últimos meses, nos resultan inexplicables.
Como bien conocen SS.SS., las actuales negociaciones con Reino Unido sobre Gibraltar se enmarcan en ese proceso de Bruselas y tienen por tanto el sello de una verdadera política de Estado, a la que todos los grupos parlamentarios de esta
Cámara han contribuido en sucesivas iniciativas parlamentarias, apoyando las negociaciones que este Gobierno y otros anteriores han llevado a cabo con el firme propósito de resolver el contencioso. Quiero subrayar el valor que tiene para el
Gobierno el apoyo de la Cámara en una acción marcada por la continuidad de propósito y la firmeza en el mantenimiento de las líneas básicas de la política de España en relación con Gibraltar. Cuando en julio de 2001 los gobiernos español y
británico relanzaron las negociaciones en el marco del proceso de Bruselas se estaba llevando a cabo de manera responsable el objetivo sucesivamente refrendado por el Parlamento español, contando en este caso con la voluntad explícita por parte del
Gobierno británico de negociar las cuestiones de soberanía junto a los temas de cooperación. Este planteamiento fue endosado por el Consejo Europeo de Barcelona, en marzo del año pasado, y por el propio Parlamento Europeo en una resolución del
mismo mes, el día 20 de marzo de 2002. Con ello entra en juego de lleno uno de los factores esenciales a los que antes me referí, la dimensión europea. La colonia de Gibraltar, en su estatus actual, es radicalmente incompatible con el enorme
desarrollo que ha experimentado la integración europea. La previsible aprobación de un texto constitucional en la próxima Conferencia Intergubernamental hace más necesario que nunca que incorporemos la dimensión europea en el planteamiento y en la
solución del contencioso. Por tanto en el planteamiento resulta cada vez más difícil que se siga soslayando el problema de Gibraltar en el ámbito de la Unión Europea. Estamos en una unión de ciudadanos que compartimos valores y obligaciones, que
fundamentamos una voluntad política conjunta traducida en normas de aplicación directa y que tenemos la voluntad de seguir avanzando en un proceso de integración cada vez más comprensivo.
La incompatibilidad de la situación colonial con este marco
y con el propio proceso de integración salta a la vista en esta Europa que ha sabido cerrar las heridas de la última gran guerra dando paso a una verdadera reunificación del continente. La dimensión europea es también un instrumento útil para la
solución del contencioso. Tenemos fórmulas para hacer posible que los ciudadanos de Gibraltar aprovechen en toda su extensión las ventajas que proporciona la Unión Europea. Este es uno de los elementos centrales en los que coincidimos Reino Unido
y España, junto con el resto de los socios de la Unión. Se trata sin duda de una opción estratégica que el Consejo y el Parlamento Europeo están dispuestos a apoyar.
Es preciso recordar aquí que el proceso de Bruselas se encontraba paralizado desde el último encuentro a nivel ministerial en diciembre de 1997. Lo que ocurre en julio de 2001 es un relanzamiento del mismo, que tiene su continuidad en los
meses siguientes. En efecto, desde esa fecha se han venido celebrando reuniones ministeriales formales del proceso Bruselas, contactos informales a nivel de ministros, reuniones de negociación a nivel de secretarios de Estado y coordinadores, todos
ellos impulsados por ambos jefes de Gobierno, que han mantenido, como SS.SS.
saben, frecuentes reuniones bilaterales para tratar asuntos de interés común. Desde entonces, hemos desarrollado un diálogo muy fluido que se produce en el marco de una
relación bilateral que es estrecha. No ha habido en este proceso cambio alguno en lo que respecta a la voluntad negociadora de ambas partes. La posición mantenida por el Gobierno español se ha ajustado en todo momento a los objetivos definidos por
esta Cámara en numerosas iniciativas parlamentarias, entre las que destacaría las proposiciones no de ley adoptadas por el Pleno del Congreso de los Diputados de 14 de febrero de 1998 y de 3 de abril de 2001. Las negociaciones parten, insisto, del
artículo 10 del Tratado de Utrecht, se inspiran por tanto en una auténtica política de Estado y se desarrollan sobre la base de los principios del proceso Bruselas.
Me van a permitir SS.SS. que no entre en los detalles de la negociación.
Resaltar aspectos parciales de una negociación como esta, que no está completada, sería un ejercicio de responsabilidad que no me puedo permitir. La discreción y la
prudencia son sin duda cualidades exigibles en un asunto de esta envergadura en el que la configuración final del acuerdo es esencial para entender sus diversos elementos. Sí puedo, por el contrario, reiterar que durante estos casi dos años han
sido muchos los progresos realizados. Los comunicados conjuntos lo han ido puntualmente atestiguando, subrayando todos los progresos significativos hacia el objetivo compartido del proceso de Bruselas de resolver el contencioso histórico,
proveyendo así un futuro estable, seguro y más próspero a todos los gibraltareños. No obstante, es evidente que persisten diferencias que aún no han podido ser resueltas. En estas circunstancias es lógico que prosiga el esfuerzo negociador hasta
encontrar fórmulas capaces de resolver las dificultades pendientes de manera satisfactoria para ambas partes. Como en toda negociación diplomática, las cuestiones más arduas quedan para el final manteniéndose el principio proclamado
reiteradamente por el Gobierno español de que nada está acordado hasta que todo está acordado. No fue posible cerrar las negociaciones antes del pasado mes de agosto, que era un horizonte temporal que en principio nos habíamos fijado, pero esto no
debe servir más que para reiterar la voluntad de continuar la negociación hasta alcanzar un acuerdo sobre los diferentes elementos aún pendientes. Esta voluntad ha sido la que ha transmitido por escrito el presidente del Gobierno español al primer
ministro británico y en este mismo sentido se ha expresado también recientemente la ministra de Asuntos Exteriores. En modo alguno nos consta que haya habido cambios en la posición británica y por tanto en su voluntad de alcanzar un acuerdo global
con España, un acuerdo sobre Gibraltar que abarque tanto las cuestiones de cooperación como las cuestiones de soberanía, según lo que hemos acordado ambos gobiernos en el marco del proceso de Bruselas y en aplicación de los mandatos anuales de
Naciones Unidas, que instan al logro de una solución por la vía de la negociación bilateral.
Como ya he dicho, en el camino iniciado en esta última fase ha habido avances significativos. De todos es bien conocido el contenido de las declaraciones públicas del Gobierno británico, en particular el ministro Jack Straw, sobre el
compromiso del Reino Unido de alcanzar un acuerdo global satisfactorio para ambas partes que garantice un futuro mejor a los ciudadanos de Gibraltar y del Campo, aprovechando las ventajas de un estatuto moderno plenamente acorde con el marco europeo
que compartimos británicos y españoles. La realidad es muy tozuda y el voluntarismo de quienes temen perder una situación excepcional no puede construir las bases sobre las que se asiente la prosperidad que deseamos para todos los gibraltareños.
El mensaje hoy aquí quiere centrarse precisamente en esto.
Tenemos la obligación de buscar juntos un futuro para la región sin prejuicios ni dogmatismos. No debemos alimentar precisamente estos prejuicios que son al fin y al cabo el único
obstáculo para llegar a un acuerdo. No debemos tampoco servir a los objetivos de quienes con la excusa de la incertidumbre defienden intereses particulares poco confesables. En este sentido, hay que tener en cuenta un principio que ha presidido
siempre las negociaciones en el marco del proceso de Bruselas.
La cooperación y la reivindicación de la soberanía son dos caras de la misma moneda, son conceptos complementarios que van unidos y que deben por tanto avanzar en paralelo. Creo que
sería muy poco constructivo y escasamente leal con el proceso de Bruselas exigir resultados inmediatos en un contencioso tan complejo y tan antiguo. Sus señorías son plenamente conscientes de las dificultades y por ello estoy seguro de que harán
uso de la responsabilidad que siempre ha caracterizado a esta Cámara a la hora de abordar un asunto tan delicado cuyos resultados deberán en todo caso contar con el respaldo parlamentario. La negociación por tanto sigue abierta. Espero que podamos
en un plazo razonable valorar en esta sede el acuerdo final de Reino Unido y de España sobre Gibraltar. Estoy convencido de que SS.SS., como lo han hecho en ocasiones anteriores y como lo hizo en su momento el Consejo Europeo de Barcelona y el
propio Parlamento Europeo, seguirán compartiendo este objetivo que la gran mayoría de los españoles, al igual que las instituciones representativas de la voluntad de los europeos, comparten plenamente. Por ello, porque estamos haciendo uso de la
responsabilidad que a todos nos corresponde ejercer, porque caminamos en la dirección de los que nos precedieron y, en suma, porque nos apoyamos en los sucesivos mandatos otorgados por esta Cámara, pido a SS.SS. una vez más el respaldo que el
Gobierno, que cualquier Gobierno español necesita para poder alcanzar los objetivos que todos compartimos.
El señor PRESIDENTE: Como autor de tres de las cuatro comparecencias, el Grupo Socialista tiene la palabra y en su representación el diputado señor Estrella.
El señor ESTRELLA PEDROLA: Gracias al secretario de Estado por sus explicaciones, apreciando también la pasión con la que ha defendido la posición del Gobierno. Quisiera empezar por decir que el Partido Socialista a lo largo de este
proceso ha actuado con una enorme prudencia y sentido de responsabilidad, que estoy seguro que el Gobierno reconoce.
Hemos apoyado al Gobierno, hemos dialogado con el Gobierno, hemos buscado el entendimiento, hemos sugerido decisiones, acciones,
gestos del Gobierno, y hemos mantenido también el diálogo con Reino Unido, en un intento de cooperar únicamente con la acción del Gobierno. Al Gobierno le hemos transmitido en todo momento nuestras reservas, nuestras cautelas y nuestras
preocupaciones sobre la deriva o sobre la marcha del proceso.
Hemos respetado, sin compartirla, la ausencia del Gobierno del Parlamento desde marzode 2001 para hablar sobre Gibraltar, todo lo contrario de lo que estaba haciendo el Gobierno
británico, que ha comparecido más de una docena de veces, casi tres si contamos las preguntas ante su Parlamento.
El Gobierno ha negociado con un amplio margen de maniobra por parte de este Parlamento, con un margen de maniobra quizá más estrecho
por los términos de la negociación y desde luego con un derroche de optimismo y con un aparato o preocupación por la propaganda por hacer política de esta cuestión quizá excesivos. Se nos ha anunciado, lo ha hecho el Gobierno. A mí me sorprende
mucho que el secretario de Estado ahora nos venga diciendo que no se puede hacer política con estas cosas. Es que las ha hecho el Gobierno: Aznar y
Blair se comprometen a resolver el contencioso sobre Gibraltar como amigos y aliados; Habrá soluciones a corto plazo; El señor Aznar, Piqué y Straw intentarán cerrar el pacto sobre Gibraltar en una semana, como decía el señor Piqué; Piqué
y Straw ya están ultimando el acuerdo, quedan unos flecos. Incluso la ministra hace muy pocos días: Va a haber un acuerdo antes de un año, espera tenerlo ultimado para el mes de marzo. El presidente, dentro de esa línea, instaba en una carta que
desconocemos en sus términos exactos al primer ministro británico para relanzar y poner fin ya al proceso negociador. La realidad es que el 8 de junio, el señor McShane, número dos del Ministerio de Asuntos Exteriores británico, ha proclamado el
fallecimiento, producido anteriormente, del proceso de negociación y lo ha hecho de una manera ofensiva, de una manera insultante, de una manera inapropiada por los términos, puesto que ese mismo día se estaba entrevistando con usted aquí en Madrid,
en unas conversaciones en las que parece que no se habló de Gibraltar, pero sí habló de Gibraltar en los medios españoles y lo hizo, insisto, de una manera peligrosa, equiparando o comparando la situación colonial de Gibraltar con la situación no
colonial de Ceuta y Melilla. Son unas declaraciones humillantes para el Gobierno, que proclaman el fracaso de la negociación. La tentación sería: proclamemos persona non grata al señor McShane, pero es que la realidad es que el señor McShane no
expresa simplemente una posición personal; si así fuera, ya se habría producido una declaración del Foreing Office diciendo que todo sigue igual, que el proceso de negociación para un acuerdo sobre soberanía sigue en pie. Lo único que ha dicho un
portavoz, en verbo que no en nota oficial del Foreing Office, ha sido: El proceso de Bruselas no ha desaparecido, no ha muerto. Eso ya lo sabemos, pero el señor McShane nos dice que ese es un proceso que se hizo hace veinte años con la señora
Thatcher. Por tanto, nos tomamos muy seriamente las palabras del señor McShane como provenientes del número dos del Foreing Office británico, de su equivalente en el Gobierno británico. Por eso, sus palabras de que existe la firme voluntad de
ambos Gobiernos de continuar las negociaciones en los términos conocidos resultan un poco fuera de lugar. Señor secretario de Estado, esta es una historia de autoengaño, de creación de falsas expectativas en la opinión pública, y también de
cobardía del Gobierno Blair, que fijó unos objetivos, embarcó a España en una negociación, se comprometió a llevarlos adelante -y ahora explicaré en qué términos- y al final ha dado su brazo a torcer ante un referéndum de 30.000 ciudadanos y ante el
señor Caruana, y ha asumido la agenda del partido conservador de su país.
Todo esto también es una historia de agendas encontradas entre España y el Reino Unido, y usted sabe perfectamente a qué me refiero. Todo esto tiene consecuencias sobre el proceso negociador, sobre las aspiraciones de España, sobre los
compromisos y la voluntad del Gobierno del Reino Unido; también sobre los gibraltareños, a los que las declaraciones del señor McShane -y esta es la paradoja- les condena al limbo del mantenimiento del statu quo, que el señor McShane dice para los
próximos veinte o treinta años, no olvidemos eso; tiene consecuencias también para la zona del Campo de Gibraltar, a la que se había anunciado una serie de inversiones, de ayudas, etcétera, que ahora parece ser que también quedan en ese limbo donde
quedan los gibraltareños; y tiene consecuencias, y el señor secretario de Estado lo reconocía, sobre las relaciones bilaterales y, no nos equivoquemos, sobre nuestra política exterior, sobre la visión estratégica de los intereses de España en el
mundo: relaciones con la Unión Europea, relaciones trasatlánticas.
El proceso se pone en marcha por iniciativa británica, que es la fuerza motriz del proceso, porque hacen un análisis que les lleva a la conclusión de que la existencia del contencioso de Gibraltar cada vez más y más es un obstáculo para las
relaciones bilaterales, pero también recientemente para la presencia del Reino Unido en la Unión Europea y en otros organismos internacionales, lo cual les lleva a la necesidad de encontrar una fórmula que permita superar el contencioso. En el
contencioso existe una contradicción patente, que es la aspiración española a recuperar la plena soberanía y la firme posición británica de no ceder esa plena soberanía. El Gobierno británico, en su análisis, también incorpora lo insostenible, lo
decía el secretario de Estado, de la situación de Gibraltar incluso desde la propia pervivencia del modelo de Gibraltar, y no ya por la acción española, sino por el hecho de que Gibraltar se tiene que adaptar a una normativa de la Unión Europea, de
la OCDE, que pone ya en cuestión la viabilidad del centro de negocios y que hará imposible, por ejemplo, en los próximos años, que Gibraltar sea lo que es hoy, el quinto inversor mundial en Rusia.
Si el análisis es que el interés británico era poner fin al contencioso con la fórmula que se plantea, ¿por qué el señor McShane hace esas declaraciones? ¿Ya no es ese el análisis? Esto es lo que tendrían ustedes que preguntarle al
Gobierno británico. ¿Qué queda de aquel análisis que llevó al Gobierno británico a plantear una propuesta de cosoberanía? Los objetivos y los términos de la negociación planteados y definidos por los británicos, incluido el calendario de
negociación, contaban de los siguientes elementos: el autogobierno de los gibraltareños, fin de la situación colonial, el pleno respeto a la identidad cultural de los gibraltareños y sus instituciones y finalmente el bloque de soberanía.
Ante esa posición española de no renunciar a recuperar la soberanía y la posición británica, la fórmula británica es: hagamos un acuerdo de cosoberanía. Eso es lo que aparece a lo largo de las negociaciones. La fórmula era inteligente
porque convertía a España en cogarante de los derechos y de las aspiraciones de los gibraltareños, aportaba una solución duradera -y ahora vamos
a celebrar el 300 aniversario de otra solución duradera, que fue el Tratado de Utrecht- y además incorporaba ambiciosas propuestas de codesarrollo para Gibraltar y para el Campo. El problema es que la iniciativa británica quizá tuviera una
estrategia equivocada, la de incorporar el proceso en el marco de los acuerdos de Bruselas, de arrancar ese proceso de negociación, no con una reflexión interna británica y británico-gibraltareña sobre el futuro de Gibraltar, sino situando a España
en el primer plano, lo cual hacía ver a los ojos de algunos que podía haber un trato para jugar con los intereses de los gibraltareños a espaldas de ellos. Lo advertimos al Gobierno en su momento.
Quiero decir aquí que, en las conversaciones del Partido Socialista con el Gobierno británico, una cosa que se nos repetía una y otra vez era: No vamos a dar marcha atrás, estamos determinados, tenemos clarísimo cuáles son los intereses
británicos y vamos a encontrar la fórmula para proteger también los intereses gibraltareños, etcétera. También quiero aclarar aquí otra cuestión que ha aparecido en las declaraciones del señor McShane sobre la base. En unas declaraciones, el
primer ministro británico dice: Queremos la soberanía de la base. A nosotros, el Gobierno británico a posteriori nos dijo: Es un error, es desconocimiento del dossier por el primer ministro, lo que quería decir es lo que nosotros venimos
diciendo, un acuerdo de cosoberanía sobre el conjunto del territorio, del que no se excluye la base, que es el 30 por ciento del territorio, y control operativo británico sobre la base; la base estaba incluida en el acuerdo de cosoberanía.
El señor McShane también ha dicho que no se tomará ninguna decisión sin contar con la voluntad de los gibraltareños. No nos ha descubierto nada, ya lo sabíamos, una premisa inicial del proceso era que habría un referéndum al final del
mismo, que los gibraltareños serían consultados sobre un nuevo tratado que sustituiría al de Utrecht. El problema es que ese referéndum, que no comprometía a España porque no la puede comprometer obviamente, ha sido convocado desde Gibraltar por el
señor Caruana para -declaraciones públicas- hacer descarrilar el proceso de negociación; fue un referéndum sobre un acuerdo inexistente, con los resultados lógicamente previsibles, pero en la campaña del referéndum jamás se llegó a debatir sobre
las cuestiones reales del futuro de los gibraltareños, fue un referéndum cargado de demagogia y de irresponsabilidad. Después del referéndum se nos dijo, y todavía hoy lo sigue usted diciendo, que todo sigue igual, que mantenemos la negociación,
pero hoy conocemos, por el señor McShane, el fracaso de la negociación.
Nos dice el señor McShane que tenemos que ganar el afecto y la voluntad de los gibraltareños. Es posible que todavía haya más cosas que hacer, pero hay que decir -y el Partido Socialista algo ha contribuido en eso por sugerencias que hemos
hecho al Gobierno- que ha habido medidas de confianza importantes por parte de España, que ha habido también un trato exquisito y respetuoso con el señor Caruana y que, desde luego, no ha habido ningún intento de ganarse la voluntad ni el cariño de
los españoles por parte del máximo dirigente de Gibraltar. No nos engañemos, el problema no era ése, el problema es que el Reino Unido, el Gobierno Blair, la fuerza impulsora de este proceso, no ha hecho nada o no ha sabido hacer nada para ganar la
voluntad de los gibraltareños convenciéndoles de la bondad del proceso que se estaba poniendo en marcha, para ganar la voluntad de sus propios parlamentarios y su opinión pública, para convencerlos de que era coherente con los intereses pero también
con los compromisos británicos.
Ésa es la realidad, como es la realidad que lamentablemente el Partido Popular no ha hecho nada, o no ha servido para nada, para convencer a la voluntad oportunista del partido conservador británico. La consecuencia es el fin, por el
momento, del proceso negociador, por tanto de las aspiraciones españolas a lograr ese acuerdo de cosoberanía que se nos ha dado cinco veces como inminente, como se nos daba como inminente un acuerdo transitorio sobre el uso conjunto del aeropuerto
por parte del ministro Piqué en una de sus visitas, que condena a los gibraltareños al limbo del statu quo colonial, que condena al Campo de Gibraltar a seguir en su subdesarrollo. Hubo ya promesas por parte del señor Matutes durante la crisis
pesquera de ambiciosos planes de desarrollo para corregir las enormes desigualdades, de uno a dos, entre el Campo y Gibraltar, que quedaron en el aire. Ahora había promesas de dinero fresco -decía el Gobierno en una respuesta parlamentaria-
acordado por el Consejo Europeo a partir de la decisión de Barcelona. ¿Dónde ha quedado ese dinero? ¿Dónde han quedado esos compromisos? ¿Va a ser castigado el Campo de Gibraltar por los incumplimientos del Gobierno Blair? Todo esto refleja
-reconózcanlo, señorías- la debilidad y la falta de coraje del Gobierno Blair, que ha acabado asumiendo la agenda del partido conservador; una agenda que evidentemente le aleja cada vez más de una posible agenda común con España. Este Gobierno no
es un socio en quien podamos confiar plenamente; nos lo acaba de demostrar en este tema, y lamento tener que decirlo.
La ministra afirmaba el pasado domingo que España y Londres están unidas por una larguísima vocación atlántica. Sin comentar esa frase, lo que sí quiero decir es que nos preocupa que eso sea prácticamente lo único que nos une hoy, porque en
lo demás, si miramos la agenda europea, las agendas son distintas. Un castizo diría que estamos llegando a una relación con el Reino Unido en la que sólo nos falta poner la cama, y en la que la testosterona de la que alardea el presidente del
Gobierno no parece que sea usable, que sea utilizable ni utilizada.
En el Campo de Gibraltar hay una serie de preocupaciones y hay problemas con el Reino Unido con
relación a Gibraltar que se han dejado de lado y que el Gobierno ha sido incapaz de abordar con el Reino Unido, que forman parte de la agenda común. Me refiero, en primer lugar, a las pensiones, que está anticipando hoy la Junta de
Andalucía -digámoslo alto y claro, la Junta de Andalucía-, porque hay un incumplimiento en el acuerdo de revalorización de pensiones por parte gibraltareña y subsidiariamente por parte británica. En el caso de vertidos, ¿cómo es posible que hayamos
alcanzado un acuerdo con Francia para impedir el acceso de los buques monocasco, y en la bahía de Gibraltar estén fondeando, o estén permanentemente fondeados, buques como el Vegamagna, que son monocasco, que tienen más de quince años y que están
provocando vertidos en la bahía? Asimismo, tampoco se ha alcanzado un acuerdo sobre el uso conjunto del aeropuerto, que era una necesidad para la zona a menos que se construya un aeropuerto alternativo. Todo eso espera respuesta del Gobierno en el
Campo de Gibraltar, señor secretario de Estado, y por supuesto queremos una respuesta sobre esos planes económicos prometidos y nunca cumplidos.
Desde el Partido Socialista queremos una relación estrecha con el Reino Unido, creemos que es posible una relación equilibrada, con mayores elementos de encuentro, como la hubo en el pasado con la señora Thatcher para atraerla hacia la Unión
Europea, pero ahora parece que el señor Blair nos está alejando del núcleo central de la Unión Europea en algunos aspectos. Esa relación estrecha tiene que ser real, no una ficción, como esta a la que estamos asistiendo ahora mismo, porque está
afectando cada vez más y más negativamente a nuestras relaciones. No podemos aceptar que lo del señor McShane sea, como se dice ahora, un calentón, pues son las palabras del número dos del Ministerio de Asuntos Exteriores, con todas las
consecuencias, y merecen una respuesta adecuada bajo la forma de declaración del Gobierno. El Parlamento y esta Comisión merecen conocer, bajo la forma de declaración también, la posición del Gobierno español y británico, así como saber en qué
situación está realmente el proceso de negociación iniciado por el Gobierno británico junto con el Gobierno español. No podemos tomar a beneficio de inventario esas declaraciones porque dinamitan toda la estrategia del Gobierno británico, en la que
le ha acompañado el Gobierno español. No entraré en consideraciones sobre la gravedad de la referencia a Ceuta y Melilla, pero nos preocupa profundamente. Sería necesaria esa declaración española o, en todo caso, daríamos la bienvenida a una
declaración conjunta de los dos gobiernos que desautorizara al señor McShane y que fijara un nuevo escenario; la reunión de Salónica podría ser una buena ocasión.
Señor secretario de Estado, me gustaría saber si es cierto que el Gobierno está tratando de buscar nuevas fórmulas. Nos preocupa porque los experimentos se han de hacer con gaseosa. Nos gustaría conocer dichas fórmulas antes de que se
exploren esas vías.
Concluyo, señor presidente, señorías. El Gobierno Blair, fuerza impulsora de este proceso, ha fracasado, ha sido incapaz de enfrentar con la realidad a los gibraltareños y a los británicos, -parlamentarios, los medios de comunicación y
opinión pública- y ha sido incapaz de promover su visión de cómo preservar y garantizar para el futuro los intereses diferenciados y comunes de gibraltareños y británicos. El Gobierno español ha estado vendiendo la piel del oso una y otra vez, y
hoy debiera reconocer que estas negociaciones han fracasado. El Gobierno español ha adoptado una opción estratégica en política exterior, donde las relaciones trasatlánticas se convierten en un factor de sustitución de las relaciones europeas y no
en un factor complementario. En la reunión de las Azores se nos dijo que estábamos con nuestros mejores aliados, pero si la situación es insostenible e incompatible con el futuro constituyente y con el marco actual europeo, a mí me gustaría que
usted nos explicara cómo se puede administrar todo este cúmulo de contradicciones y cuál es la situación real en la que nos encontramos.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Seré muy breve, señor presidente.
Quiero dar la bienvenida al señor secretario de Estado y felicitarle por la información que nos ha facilitado.
En el tema, asunto o problema de Gibraltar, como se le quiera llamar, que se nos pierde en la noche de los tiempos históricos, parlamentarios, y de todo tipo, mi grupo parlamentario estará siempre en una línea de consecuencia y congruencia
con la posibilidad -ya que se dice que la política es el arte de lo posible- de negociación con el Reino Unido en esta cuestión permanente en nuestro camino, no ya del peñón, sino de la roca, llamado así en el lenguaje topográfico gibraltareño.
Nosotros apoyaremos siempre a cualquier Gobierno de España que esté en una línea de mantener abierto el contencioso, por llamarle de alguna manera, buscando una solución a este conflicto. Aquí, no se trata de que haya más o menos habilidad en la
diplomacia española, pues nos encontramos con esa roca de la sinuosidad británica, con una política exterior respecto a Gibraltar que se salta todos los marcos posibles que, incluso, puede seguir haciendo oídos sordos a cualquier resolución de las
Naciones Unidas. Nosotros no podemos ser responsables de esta sinuosidad diplomática, por llamarlo de alguna manera, de los oficios británicos. El Gobierno tiene todo nuestro respaldo y comprensión respecto de lo que se puede llamar salida de tono
del responsable británico por las declaraciones públicas qe ha hecho y por las contradicciones que pueda haber,
pero estas contradicciones están del lado británico, no del español.
Es el Gobierno británico el que tiene que mantener una línea de lealtad con la lealtad que le está ofreciendo España. Lo que le pedimos al Gobierno y a ello le ayudaremos, es que mantenga la reivindicación, el viejo lema con el que ya en
mis tiempos de universitario en Madrid íbamos con la pancarta frente a la embajada británica: Gibraltar español. Para mí casi forma parte de un género literario, con pancarta o sin pancarta.
Es un recuerdo que me retrotrae a la juventud
universitaria reivindicativa.
Hay que seguir y, en esa línea, señor De Miguel, quiero mostrar el apoyo y el respaldo de nuestro grupo a la situación presente y que, por la vía de la gestión diplomática, podamos encontrar algún día una reciprocidad en la política
británica. Mi grupo, con ese escepticismo ya secular respecto al tema de Gibraltar, siempre apoyará al Gobierno para que no ceje de hacer la reivindicación, en los trámites que a nosotros nos parecía que estaban bien llevados. Quienes han
producido la distorsión han sido los representantes del Gobierno británico. Por tanto, nada más que volverle a testimoniar, señor De Miguel, nuestro apoyo a la causa, en la comprensión diplomática de lo difícil que es encontrarrse con esa
sinuosidad británica.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Guardans.
El señor GUARDANS I CAMBÓ: Muchas gracias, señor secretario de Estado por sus explicaciones y su información.
Convergència i Unió siempre ha tenido claro que el marco de la soberanía, el marco de la identidad de un territorio no puede venir dado sólo por la historia. La historia marca los derechos de un territorio, pero bien se nos recuerda con
frecuencia a nosotros mismos que la historia no lo es todo y, por tanto, que ni el título de otros sobre un territorio ni el título que un territorio pueda tener sobre sí mismo puede ampararse exclusivamente en la historia; es la historia más la
voluntad de aquellos que están en ese territorio, más el presente, aquellos que quieren ser, dejar de ser o ser otra cosa. Ya desde el romanticismo alemán, si me permite el excursus pedante, es la mezcla de las dos cosas la que permite que un
territorio sea una cosa u otra. Quienes pretendan basar toda la definición de la identidad de un territorio, de lo que un territorio tiene que ser, sólo en la historia, sin atender y respetar profundamente la voluntad de aquellos que están en ese
territorio, se equivocan, y en el caso español estarían utilizando claramente un doble rasero; creo que no hace falta que profundice. Por tanto, mi grupo parlamentario nunca entenderá ni compartirá ninguna respuesta al problema de Gibraltar que
pretenda simplemente resolver un accidente de la historia sin atender la voluntad de aquellos que hoy no tienen ninguna responsabilidad, absolutamente ninguna, de estar ahí o de no hacer en otro sitio. El hecho es que nacieron allí y allí están.
Para Gibraltar, ninguna solución que se fundamente estrictamente en criterios de tipo técnico o jurídico, de tipo histórico, y que no respete profundamente la voluntad de las personas a quienes ha de ser aplicada tendría nuestro apoyo.
Desde el proceso de Bruselas, todas las reuniones que ha habido entre el Gobierno de España y el Reino Unido sobre el tema de Gibraltar, especialmente las que nos traen hoy, fruto de una cierta resurrección del proceso de Bruselas, han
tenido siempre más el aspecto de un debate entre responsables políticos que intentaban, por interés propio, resolver una controversia histórica, que el debate de dos gobiernos soberanos intentando resolver un problema real que afecta a ciudadanos
reales, con nombre y apellidos, con un futuro propio y un derecho a vivir allí donde han nacido y un derecho a ser y a existir conforme a su propia manera y voluntad de ser y de existir, sin negar para nada que ahí hay un accidente de la historia.
Demasiadas veces en toda esta negociación -en toda, en cada uno de los momentos, en cada una de las ruedas de prensa, en cada una de las actuaciones- se ha transmitido a la opinión pública que era una discusión entre estadistas, absolutamente al
margen de la realidad de los ciudadanos de ese territorio; eso es básicamente el origen del fracaso de esa negociación. Da la sensación de que también España considera que eso no es más que una colonia, en el sentido más despectivo de la
expresión. Nosotros hacemos propia la definición jurídica de colonia y entendemos que efectivamente Gibraltar es una colonia y creemos debe ser descolonizada, lo dejamos bien claro. A veces, cuando escuchamos a responsables españoles, y muy
especialmente al ministro que más se implicó en todo esto, nos da la sensación de que se ha seguido tratando a Gibraltar, también por parte española, no como un colectivo de gente a la que se le ofrece un futuro mejor, sino como una colonia que se
compra, se vende, sobre la que se negocia y de cuyo futuro se enterará por rueda de prensa en Downing Street o en La Moncloa. Eso no es así y la mejor prueba de que eso no es así, ni nunca podrá ser así, es que cualquier negociación presente o
futura planteada desde esta perspectiva fracasará y seguirá fracasando.
En ningún sitio, ni siquiera en las colonias, se puede despreciar la voluntad de los ciudadanos. Ciertamente, para transformar esa voluntad de los ciudadanos, los primeros que tienen mayor responsabilidad son sin duda aquellos a quienes
esos ciudadanos más escuchan, es decir el Gobierno británico. Sin embargo, también es cierto que el Gobierno español, el partido que apoya al Gobierno español, que está lógicamente implicado en todo eso, tiene la responsabilidad enorme de poner
todas las cartas sobre la mesa, toda la carne en el asador -valgan todas las imágenes- para exigir al Reino Unido, para exigir, como bien decía el portavoz socialista,
al Partido Conservador británico, que transmita a la opinión pública de Gibraltar qué es la España de hoy y quién es la España que hoy negocia.
Eso no se hace, es mucho más cómodo tener reuniones políticas en el palacio de Santa Cruz, en el
Ministerio de Exteriores británico, pero no se ha hecho el esfuerzo diario, político, en el sentido más profundo de la expresión, de exigir al Partido Conservador, de exigir esfuerzos a través de los medios de comunicación británicos para influir en
la opinión pública británica por todos los cauces que hay, que es algo a largo plazo, que es algo que difícilmente se responde con una rueda de prensa o con una negociación brillante que pueda un día presentarse como si se inaugurara una estación de
tren. Ese tipo de esfuerzo para que realmente la opinión pública gibraltareña cambie su percepción, es algo que no se ha hecho, que sigue sin hacerse y, mientras no se haga, difícilmente se podrá avanzar ni un milímetro.
Hay sólo un aspecto en el que la actitud británica nos parece cien por cien criticable y cien por cien lamentable y donde, sin matices, compartimos la posición del Gobierno español, aunque creemos que aquí debería ser incluso más dura de lo
que es. Es precisamente aquella parte de Gibraltar que depende directamente de la jurisdicción británica y donde ciertamente no tiene nada que decir ninguna población porque no hay población. Me refiero a la base militar. El debate sobre la base
militar y sobre la soberanía de la misma ha de plantearse en unos términos radicalmente distintos a como se plantea el debate sobre el resto de la colonia; ahí, el Gobierno español debería ser muchísimo más duro de lo que es en este momento, porque
es absolutamente intolerable que un socio de la OTAN, un socio militar en guerras en Asia, un socio con quien se comparte ruedas de prensa en las Azores y con quien teóricamente ha pasado a ser, según el discurso actual, el principal aliado español
en política exterior, se permita seguir sosteniendo que la base de Gibraltar sólo puede ser británica, que es innegociable ningún tipo de soberanía o de coordinación en el marco OTAN o de utilización de otro tipo de cauces donde quede claro que no
es exclusivamente una base británica; incluso se nos dice que pretende equipararse a la base de Malta, algo jurídicamente absurdo porque no se corresponde con la realidad a efectos de título, y el Gobierno español no reacciona con total dureza ante
eso. Ahí, el tema sí se plantea a otro nivel y forma parte de esa contradicción de seguir la política británica por ejemplo respecto de Irak, de construcción europea, en tantos temas y, a la hora de la verdad, ver que el Reino Unido sigue su vía
cuando quiere coincidir con nosotros, coincide y cuando no, no. Es una contradicción que tienen hoy la política exterior española y sus responsables y que nosotros no podemos más que denunciar.
Por tanto, en cuanto a la crítica a la base militar,
en cuanto a la exigencia y al tono negociador en la base militar, tiene nuestro pleno apoyo para ser tan firmes como las relaciones diplomáticas permitan, tan estrictos, tan duros, tan exigentes como una relación diplomática, que no puede llegar más
allá de una ruptura, permita. En cuanto al resto, creo que las cosas se han hecho mal; creo ciertamente que hay que seguir -y así lo hemos dicho en otras comparecencias en este y en otros frentes, básicamente también en la Comisión de Economía-
apoyando al Gobierno para que exija del Gobierno británico que Gibraltar no sea un territorio sin ley a efectos del derecho europeo. También en esto tiene nuestro apoyo, por supuesto que sí. Gibraltar tiene que estar sometido al derecho
comunitario al cien por cien en todos los frentes, y no puede ser un paraíso fiscal, de blanqueo o de cualquier otro tipo en esa zona de Europa, pues eso iría gravemente en perjuicio de nuestros intereses. Por tanto, también ahí tiene nuestro
apoyo. Pero en cuanto a la cuestión de fondo, en cuanto a cómo llevar lo que se suponía que era la negociación, efectivamente ustedes han vendido la piel del oso antes de haberlo cazado. lo que está en juego no es si rigen o no tales o cuales
directivas en Gibraltar, sino el futuro del peñón, la identidad del peñón, la soberanía del peñón y la autodeterminación del peñón -y no lo digo en el sentido de independencia, pero sí de la determinación del peñón-, bajo qué jurisdicción está ese
territorio. esa era la negociación y de eso estamos hablando aquí y en esto se han hecho las cosas mal. Creo que hay que rectificar, y le hago una propuesta muy concreta, señor secretario de Estado: aunque hayan fracasado las negociaciones, ni
una sola de las inversiones que estaban previstas para el caso de que tuvieran éxito debe ser suspendida. No tiene sentido -y sería una prueba de la buena voluntad de España, de que España cree en esto- que se disminuya ni una sola de las
inversiones españolas y comunitarias que estaba previsto aplicar en Gibraltar y en el Campo de Gibraltar en caso de que esta negociación prosperara. Si el mensaje que lanzamos a la población de Gibraltar y del Campo de Gibraltar es que por el hecho
de que la negociación en la cumbre no haya salido bien se interrumpe la financiación, es un pésimo mensaje y confirma una vez más que no le interesan al Gobierno los ciudadanos y sus problemas, puesto que el solo hecho de anunciar inversiones era un
reconocimiento de que había problemas. El listado de inversiones publicado era un reconocimiento explícito de que había problemas, y si esas inversiones ahora se interrumpen o se condicionan de alguna manera, el mensaje es pésimo. Aquí tiene una
propuesta muy concreta y muy clara que espero que transmita a quien corresponda. Hay una parte que afecta directamente al presupuesto del Estado español y hay otra parte que tendrá que negociar el Estado español con la Comisión Europea porque,
efectivamente, estaban condicionadas al buen fin de una negociación que ha fracasado.
Termino, pues, diciendo que, efectivamente, nosotros compartimos que esto hay que negociarlo, que creemos que se plantea mal y que creemos que hay que atender
y respetar muchísimo más -además no sólo hacerlo con los labios y con un artículo en la prensa gibraltareña, sino en el día a día de la decisión política, que es como no se ha hecho- a la población de Gibraltar. Sólo cuando eso se haga
podremos hablar de un futuro distinto en esa parte de España.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor De Arístegui.
El señor DE ARÍSTEGUI Y SAN ROMÁN: Muchas gracias, señor secretario de Estado, por su comparecencia y por sus explicaciones en la mañana de hoy.
Ha dicho usted algunas cosas muy importantes que convendría destacar suficientemente. Ha
hablado usted de un proceso que todos sabemos que dura ya bastantes años. Empezó en el año 1980, de hecho, con el ministro de Exteriores Marcelino Oreja, después ha recibido un nuevo impulso con el proceso de Bruselas en 1984, pero conviene también
recordar de vez en cuando que llevamos ya 23 años en esto y no 19.
Las cuestiones básicas que tantas veces sacamos a colación en estos debates nos las sabemos todos de memoria y creo que realmente huelga abundar más en ellas. Sin embargo, cuando uno recuerda una y otra vez los obstáculos a las relaciones
bilaterales, a los foros a los que pertenecemos el Reino Unido de Gran Bretaña, Irlanda del Norte y España, ya sea en el ámbito de la OTAN o de la Unión Europea, y que nuestros negociadores, nuestros funcionarios que están tanto en la OTAN como
sobre todo en la Unión Europea, se encuentran constantemente con este obstáculo, se comprende que no se trata ya de una obsesión española, sino de una cuestión puramente práctica para evitar generar tensiones y dificultades al resto de los socios de
la Unión Europea. No es un capricho español, sino que sería un pésimo precedente en otros temas y, lo que sería más grave todavía, una intolerable aquiescencia por parte de un Gobierno responsable. Por lo tanto, es conveniente que recordemos
continuamente, como lo ha hecho usted esta mañana, que esto es un obstáculo ridículo, diría yo incluso, a las relaciones plenas entre socios y aliados.
Me da la impresión de que los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra se han centrado especialmente en criticar el relanzamiento del proceso que se inicia en junio del año 2001. No se puede decir que hubiésemos establecido
nuevas expectativas o un exceso de expectativas, como se ha dicho, que lanzáramos las campanas al vuelo. En todo momento se habló desde la más absoluta prudencia. Cuando parecía que las negociaciones avanzaban viento en popa y a toda vela y que se
iban quemando etapas, se acusaba entonces desde algunos ámbitos al Gobierno de ser demasiado pesimista y de que no había dicho nada de la verdadera dimensión y profundidad de las negociaciones, que estaba alcanzando acuerdos que no se daban a
conocer a la opinión pública. Ahora se dice lo contrario.
Las negociaciones diplomáticas tienen sus momentos altos y sus momentos bajos y en estos meses que llevamos de negociación hemos tenido momentos mejores y peores. Es indudable que hemos tenido algún estancamiento y que alguna declaración
-en la que entraré más adelante- no ha sido precisamente afortunada. Pero la voluntad que subyace tanto en la parte británica -creo yo- como en el Gobierno español se mantiene inalterada y queremos hablar no ya de la resolución de un problema
jurídico internacional, como parece que es la voluntad de todos, sino también de problemas cotidianos, reales, que necesitan ser abordados de manera clara por los gobiernos. Nosotros queremos convertir a Gibraltar y al Campo de Gibraltar en una
zona de desarrollo pleno, en un polo de prosperidad y de progreso. Ese ha sido un empeño del Gobierno del Partido Popular, como creo que lo ha sido de los demás gobiernos democráticos de España, aunque, como demostraré más adelante con cifras y
datos concretos sobre las inversiones y los planes de inversión del Gobierno del Partido Popular en el Campo de Gibraltar, creo que se ha manejado con desconocimiento alguna afirmación que ha hecho algún portavoz que me ha precedido en el uso de la
palabra.
El acuerdo tiene un espíritu especialmente beneficioso para todos los habitantes del Campo, pero muy especialmente para los del Campo de Gibraltar. Estoy completamente de acuerdo con el señor Estrella cuando dice que el mantenimiento del
statu quo o el limbo al que se les va a condenar va a perjudicar sobre todo a los habitantes de la colonia y que un acuerdo va a beneficiar sobre todo a los habitantes de la colonia. En esto no podemos estar más de acuerdo. Esta cuestión, como
todas las demás de política exterior, ha sido y debe seguir siendo, sin duda ninguna, un eje esencial de consenso en nuestra política exterior.
Veo con cierta preocupación, no especialmente profunda, pero sí con cierta preocupación que hay un tono y un fondo algo distintos en algunas declaraciones y discursos de determinados portavoces parlamentarios respecto a otras comparecencias
de autoridades del Ministerio de Asuntos Exteriores en relación con Gibraltar. Yo espero que sea más bien el rescoldo del calor del debate de la guerra de Irak y que no sea de verdad una cuestión que implique un giro o un cambio. Estoy convencido
de que no lo es. En todo caso, algunas puntualizaciones sí quiero hacer.
La imprudencia del señor McShane no fue una humillación para el Gobierno y demostró dos cosas muy claras: por una parte, confusión con respecto al fondo de la cuestión y, por otra parte, desconocimiento, y yo no creo que pueda decirse que
el gobierno del Reino Unido haya demostrado en los últimos años ni confusión ni desconocimiento. Podemos discrepar de sus posiciones, pero ha demostrado conocimiento y no confusión. Por lo tanto, no creo que algunas de las
cuestiones que manifestó el señor McShane puedan ser compartidas por el Gobierno británico, porque no ha sido esa la opinión que ha manifestado en el pasado. Creo que la confusión de Gibraltar con Ceuta y Melilla y otras cuestiones tenemos
que calificarlas, como he dicho ya, de confusión y desconocimiento, pero en ningún caso de posición oficial.
El proceso de Bruselas tiene que seguir avanzando, y que nos encontremos en un momento de bache no significa que tengamos que decir automáticamente que es un proceso fracasado, como se ha dicho aquí. ¿Por qué? (El señor Estrella Pedrola:
No, no.) Sí, se ha dicho que es un proceso fracasado. En todo caso, hay que decir que el Gobierno británico ha tenido problemas de oposición parlamentaria. No sólo el Gobierno del Partido Conservador, también diputados laboristas se han mostrado
profundamente contrariados por el avance de las negociaciones con el Gobierno de España.
En cuanto a la afirmación que hacían tanto el señor Estrella como el señor Guardans respecto a los esfuerzos que tenía que haber hecho el Partido Popular para convencer al Partido Conservador, no sé en calidad de qué, porque no sé si sabe el
señor Estrella que el Partido Conservador y el Partido Popular no comparten internacional, no estamos en la misma internacional, señoría. El Partido Popular está en el Partido Popular Europeo, en la Internacional Demócrata Cristiana, y el Partido
Conservador no está en otra internacional. Decir eso del Partido Popular sería tanto como si yo le dijera -que no lo voy a decir- que usted ha fracasado porque no ha podido convencer a un Gobierno laborista que sí comparte internacional con usted y
no ha podido convencer a sus correligionarios de adoptar una posición más flexible. En mi caso, además, nosotros no compartimos internacional con el Partido Conservador y conviene que usted tome nota de eso.
En cuanto al mensaje a los habitantes de la colonia de Gibraltar, voy a decirle con claridad que muchas veces los gestos de buena de voluntad que el Gobierno de España ha manifestado en declaraciones públicas hacia la población de la colonia
o no han llegado o han llegado distorsionados. Y no han llegado o han llegado distorsionados porque la fórmula propuesta -creo que muy sensata- por el Gobierno español de unas negociaciones con dos banderas y tres voces no ha podido llevarse a cabo
simple y llanamente porque las autoridades locales de Gibraltar no han querido participar en la delegación británica. Eso es algo muy importante, porque si hubiesen escuchado el tenor y la profundidad de los planes y la intención real del Gobierno
de España para la solución del diferendo, su opinión habría cambiado más que notablemente. Nosotros hemos hecho gestos positivos -algunos los han subrayado- como el acuerdo de Seguridad Social y las líneas telefónicas. Nada de eso se va a
suspender, porque somos un Gobierno de palabra y cualquier gobierno democrático lo habría hecho.
Otra cuestión que no se aborda suficientemente es el esfuerzo de comunicación. ¿Cuántas veces se nos dice desde el Reino Unido que tenía que ser el Gobierno de España, o la sociedad española en su conjunto, el que haga un esfuerzo mayor de
acercamiento a los gibraltareños? Este tiene que ser un esfuerzo conjunto y no sólo nuestro. Puesto que hay dos partes en la negociación, también el Gobierno británico tiene que hacer un mayor esfuerzo de comunicación y acercamiento y tiene que
llevar al ánimo de la población de la colonia que el acuerdo es beneficioso para ellos, como lo es para toda la región. Es importante hacer ahora un alto en el camino para hablar de las inversiones realizadas o supuestamente paralizadas.
Señorías, en julio de 2002 se inaugura la autopista Málaga-Algeciras.
Después de muchos años -no llegaba nunca- el primer puerto de España, según muchas cifras, estaba aislado del resto de Andalucía y del resto de España porque no tenía
comunicación por autopista. Es el Gobierno del Partido Popular el que lleva la autopista de Málaga a Algeciras. Hubo un acuerdo entre la Junta de Andalucía y el Gobierno de España para que se pagase al 50 por ciento la autovía que uniese Los
Barrios con Jerez.
Ahora se ha modificado ese acuerdo y va a ser financiado íntegramente por la Junta de Andalucía, pero el Estado, el Gobierno de la nación, va a comunicar por autovía Algeciras con Cádiz. Y eso es muy importante destacarlo. Por
cierto, el tren de alta velocidad va a tener estación terminal en Algeciras y va a ser la única ciudad no capital de provincia donde eso ocurra. Eso no ha sido posible hasta ahora y va a ser posible gracias al Gobierno del Partido Popular. Tampoco
veo que se hayan paralizado las inversiones en este terreno. También se está impulsando la construcción de un tren de cercanías que una Algeciras con Málaga para impulsar justamente el potencial turístico de la región del Campo de Gibraltar. Todas
estas son inversiones iniciadas anunciadas y que no están condicionadas a la resolución de las negociaciones entre el Reino Unido y España sobre Gibraltar. Esto demuestra la voluntad de impulso, y de compromiso que el Gobierno de España, el
Gobierno del Partido Popular, tiene respecto al Campo de Gibraltar. Quizá hubiera sido bueno que ustedes hubiesen hecho los deberes y hubiesen leído los planes de inversiones del Ministerio de Fomento y de otros muchos, porque no sólo afecta al
plan del Ministerio de Fomento sino a muchos otros. Por ejemplo, en las inversiones en el Campo de Gibraltar se extendienden los beneficios y la implicación de ciudades como La Línea, San Roque o Los Barrios para que vivan y se beneficien del
puerto de Algeciras, y eso también se ha hecho en los últimos años. Otro ejemplo es la creación por el Ministerio de Economía de la zona franca del Campo de Gibraltar o la reciente firma, hace muy poco, del presidente de la empresa nacional Mercasa
para crear un mercado en el Campo de Gibraltar, por lo que también el Ministerio
de Agricultura está implicado. La modernización de los regadíos de San Pablo y el Tesorillo son también inversiones que no están sujetas a la evolución de las negociaciones. Hay que recordar también el plan especial de ayuda para La Línea
y los planes de reindustrialización específicos y especiales, que, por cierto, señorías, carecen del apoyo de la Presidencia de la Diputación de Cádiz y de la Junta de Andalucía, que están dominadas por el Partido Socialista.
Francamente, señorías, creo que tenemos que hablar en términos más generales y reconocer que el Estado está haciendo sus deberes y que está haciendo lo que debe para potenciar el Campo de Gibraltar. Nosotros hemos puesto el dinero de los
contribuyente y los planes y el esfuerzo del Estado donde estaban nuestras declaraciones; hemos demostrado nuestro interés por la zona; estamos haciendo constantes declaraciones de respeto, señorías, señor Guardans, a los habitantes de la colonia
de Gibraltar; estamos haciendo continuos esfuerzos inversores y continuos esfuerzos políticos y de flexibilidad. Creo que es francamente desacertado hablar de fracaso de este proceso, en todo caso de bache, y, créanme, señorías, todo lo que acabo
de exponerles hasta ahora demuestra muy a las claras cuál es la verdadera voluntad de este Gobierno.
El señor PRESIDENTE: Para contestar a las intervenciones de los grupos, tiene la palabra el secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE ASUNTOS EUROPEOS (De Miguel y Egea): En primer lugar quisiera decir que todo lo que he escuchado me ha parecido extraordinariamente constructivo y me reafirma en que en este asunto de Gibraltar, que es un
asunto de Estado, da mucho alivio al Gobierno contar con el apoyo de los grupos parlamentarios. Lo digo porque las críticas, que las ha habido, son críticas que cualquier representante de un gobierno debe aceptar. Pueden ser críticas sobre
actitudes o sobre el funcionamiento, pero no hay críticas sobre lo fundamental. Creo que lo fundamental lo compartimos y tengo que agradecer todo lo que se ha dicho aquí.
Voy a responder a todos los portavoces. Aunque comparto casi todo su análisis, no comparto las criticas que ha planteado Rafael Estrella, portavoz del PSOE, que conoce profundamente este asunto y con el que personalmente he compartido
muchas horas no digo de conversaciones, porque no lo son, sino de intercambios sobre asuntos de sustancia, y además conozco la manera en que el Partido Socialista Obrero Español se ha implicado en esta negociación, incluso con contactos con el
Partido Laborista, y la ayuda que ha prestado y que yo le agradezco.
Él me perdonará que no comparta esas críticas, sobre todo lo que ha dicho respecto a que dice que se ha vendido la piel del oso antes de matarlo.
Las declaraciones que se han hecho aquí en diferentes circunstancias de la negociación no
difieren mucho de las declaraciones, si cabe, mucho más triunfalistas que ha hecho el Gobierno británico. Hubiera resultado bastante chocante que el Gobierno británico hubiera mantenido la fe en el término de esta negociación y su firme voluntad de
llegar a un acuerdo en un plazo breve y que nosotros hubiéramos mirado a otro lado.
Debo decir además que no es la primera vez que en diferentes ocasiones se han producido manifestaciones de este tipo. Recuerdo muy bien, porque lo he vivido, los tiempos de Fernando Morán, y aquel éxito indiscutible no solamente del proceso
de Bruselas sino también del aeropuerto. ¿Y dónde está el aeropuerto de Gibraltar, después de un acuerdo firmado y cerrado entre dos gobiernos, el Gobierno socialista del año 1987 y el Gobierno británico de la señora Thatcher? No se ha
materializado, pero no porque haya habido falta de voluntad del Gobierno español o del Gobierno británico, sino simplemente porque los gibraltareños, por razones que les conciernen a ellos solos, han decidido renunciar a una ventaja fundamental para
la economía de la Colonia únicamente por el hecho de no querer ceder al primer intento de establecer la vía cosoberana que con mucho acierto hizo el Gobierno socialista en el año 1987. Todos los días oímos hablar del aeropuerto y preguntas si se
hace el acuerdo sobre el aeropuerto, pero el acuerdo del aeropuerto está hecho y está cerrado, no hace falta más que ponerlo a funcionar, y no se pone a funcionar no por falta de voluntad del Gobierno británico ni del Gobierno español, sino porque
las autoridades locales de Gibraltar no quieren. Y yo no recuerdo haber escuchado nunca a nadie en ningún Gobierno del Partido Popular que haya reprochado al Gobierno de entonces de Felipe González que haya tenido excesivo triunfalismo al decir que
había llegado a un acuerdo sobre el aeropuerto o haberle reprochado que había vendido la piel del oso antes de matarlo, porque ese oso está sin morir a pesar de haber hecho un buen acuerdo. Por lo tanto, esto no hace más que indicar que en el tema
de la negociación los sucesivos gobiernos españoles, con un criterio continuado e imbuidos de los mismos principios, utilizando los mismos argumentos de negociación, van poco a poco tratando de abrirse camino en este problema tan complejo, y unas
veces salen las cosas y otras no salen.
En este último intento la verdad es que hemos hecho un enorme esfuerzo de buena voluntad, y como recordaba el señor Estrella que los británicos dicen que nosotros tenemos que aportar al pueblo de Gibraltar un panorama amable y de ayuda,
francamente debo decir que precisamente en el marco, como él lo recordaba también, de crear medidas de confianza, hemos tomado muchas iniciativas en los últimos meses sobre las que no nos hemos vuelto atrás. Podíamos decir que ahora que la
negociación se está enfriando, vamos a empezar a dar una vuelta de rosca sobre algunas cosas que hemos concedido, sobre muchísimas cosas que estamos
tolerando y sobre el hecho fundamental de que asistimos impasibles en muchos casos a que se utiliza un régimen no compatible con la Unión Europea no solamente prra que tenga unas ventajas el pueblo de Gibraltar sino también unas desventajas
claras para el entorno que les rodea, que es el Campo, porque Ignacio Guardans hablaba de las gentes, y creo que aquí debemos tener y tenemos todos en cuenta a las gentes, pero no solamente las de Gibraltar y las del Campo de Gibraltar, que también
tienen una situación impuesta que tampoco han merecido. Puede ser que el hecho histórico se les haya olvidado, pero lo que no se les ha olvidado es que, precisamente porque ha habido allí una ocupación colonial, esa ha sido la frontera de la
pobreza, del subdesarrollo y del enclavamiento durante muchos años. Por cierto, enclavamiento que el Gobierno del Partido Popular ha hecho un gran esfuerzo por resolver, y me remito a lo que ha dicho el portavoz Gustavo Arístegui sobre lo que se ha
hecho en infraestructuras. Yo podría abrumar, si me diera por leer todas las actuaciones que se han hecho en el Campo de Gibraltar desde el año 1996.
Y debo decir que esto no solamente es mérito del Gobierno, que lo es, sino que se ha hecho con
colaboración plena de la Junta de Andalucía. Por tanto, aquí no hay intereses partidistas. Lo hemos hecho en plena cooperación con la Mancomunidad de Municipios, donde hay municipios del Partido Andalucista, del Partido Socialista y del Partido
Popular, en total acuerdo con la Junta de Andalucía, pero con un plan integrado que no se había hecho nunca antes y con una Comisión Interministerial que está funcionando para los asuntos del Campo de Gibraltar. Hemos logrado que en los
presupuestos sucesivos de los últimos años haya habido una atención permanente a esta zona, que es muy importante no solamente por el hecho de tener problema que supone un lastre para su desarrollo, sino también por razones objetivas porque es una
zona importante y rica de España. Seguramente Algeciras es el primer puerto de España en volumen de tráfico y de contenedores, únicamente le alcanza Bilbao en tonelaje pero de graneles, no de productos de alto valor añadido. Por tanto, creo que
aquí hemos hecho lo que hemos podido.
En este momento es cierto, como ha dicho el señor Estrella, que el referéndum que han convocado las autoridades gibraltareñas le han ganado la mano al Gobierno británico, que se encuentra en un momento de especial dificultad política, y
seguramente no sólo porque no ha sabido ganarse la voluntad de los gibraltareños. La prueba es que no solamente le han confrontado, sino que, ignorando la idea que nosotros hemos admitido siempre de que también estuvieran representados los
gibraltareños en este tema, a lo que se refería el señor Guardans, el Gobierno del señor Caruana ha rechazado abiertamente la posibilidad de participar en las negociaciones, es decir, ha retado al Gobierno británico y le ha dicho: No tengo ganas de
participar en esto. Y el Gobierno británico ni ha sabido ganárselos ni ha sabido obligarles a que participen por responsabilidad. Además de las circunstancias que todos conocemos que ha vivido el Gobierno del señor Blair, seguramente en este
momento tiene un problema político que no es precisamente el de la oposición conservadora, ya que, como todos sabemos, aunque es muy militante en este tema, Gibraltar no tiene los votos suficientes para plantear ningún problema al señor Blair, sino
que sus problemas vienen más bien de su propio partido y han aflorado no precisamente con el tema de Gibraltar sino con otros.
Pues bien, todo esto hace que el Gobierno del señor Blair tenga en este momento en el Parlamento de Westminster un marco
político más difícil del que tenía hace un año. Por eso es explicable que el señor Mc Shane haya hecho algunas declaraciones dirigidas a esa galería y que rayan en el exabrupto y en algunos casos en el total desconocimiento de las realidades, y
sobre las que yo no me voy a pronunciar porque creo que los señores diputados saben que ya me pronuncié al día siguiente y dije lo que tenía que decir. No voy a decir más porque no quiero contribuir a una escalada de provocaciones que lo único que
hacen es alejarme de mi objetivo, que es que no se me escape el diálogo con el Reino Unido sobre este tema tan vital. No me perdonarían los ciudadanos españoles y tampoco esta Cámara que entráramos en una escalada de descalificaciones y rompiéramos
algo que estamos manteniendo desde hace muchos años, desde 1984, que es cuando se inició el proceso de Bruselas. El Foreign Office ha reafirmado que ese diálogo continúa. Usted me habla de unas declaraciones del señor Blair. Lógicamente, el señor
Blair no va a desautorizar al ministro de Asuntos Europeos porque esas declaraciones estaban hechas con el objetivo de cubrir un frente político, y no lo va a desautorizar porque va a descubrir el frente político. Pero quiero recordar que el señor
Blair insistió en algo que, por cierto, nunca se ha puesto en discusión y con esto respondo también al señor Guardans.
Insistió en que la consulta a Gibraltar era fundamental en la política británica. Es una cosa que nosotros nunca hemos discutido
y todo el mundo lo sabe. Pero no sólo no la discutimos por convicción sino porque nos parece normal, y no hay que tener miedo a pronunciar la palabra autodeterminación, que no es independencia; autodeterminación es autodeterminarse sobre cualquier
cosa. Lo digo porque el señor Guardans ha tenido un poco de miedo al pronunciar la palabra autodeterminación.
Una autodeterminación no es una independencia. Sabemos que la independencia de Gibraltar está totalmente excluida por el Comité de los
24 y por la Asamblea General de Naciones Unidas. Es un tema que ya está saldado. De las dos opciones de la Resolución 1514 (XV), que es la autodeterminación a la independencia o la integración territorial, la opción es la integración territorial.
Eso lo tiene que saber todo el mundo y también lo saben ellos. Lo que pasa es que cuanto más
tiempo se resistan a la integración territorial, más tiempo están gozando de una situación anómala que les proporciona unos privilegios y a nosotros unos perjuicios. Nosotros no hemos tenido ningún problema en que haya una consulta al
pueblo de Gibraltar, ni tampoco hemos tenido ningún problema porque eso está en la Constitucional Orden de 1969, que es ley en el Gobierno británico. No podríamos pretender que el Gobierno británico fuera contra sus propias leyes. La consulta al
pueblo de Gibraltar estaba perfectamente admitida y nunca ha sido un obstáculo en nuestras negociaciones. Lo que sí ha quedado bien claro es que esa consulta no es de independencia sino sobre el cambio de estatus, el paso de un estatus colonial a
un estatus co-soberano entre el Reino Unido y España.
El señor Guardans puede estar tranquilo sobre la dureza y la firmeza con la que hemos mantenido el tema de la base de Gibraltar. Todo Gibraltar es la base, pero hay una parte que es el núcleo duro de la base. Siempre hemos mantenido que
esa parte dura de la base no podía escapar en ninguna negociación, como dijo el señor Estrella, a la co-soberanía. Otra cosa es que se puedan negociar los controles operativos, pero la soberanía compartida sobre la base es un elemento absolutamente
fundamental. Tan firmes y tan duros hemos estado que es uno de los puntos que queda por resolver, pero que yo creo que es fácilmente resoluble. Precisamente porque no se entendía totalmente -el señor Estrella ha hablado de cierta confusión en cómo
se entiende el problema de la base- no se ha podido plasmar. Nosotros no llegaremos a ningún acuerdo en el que la co-soberanía no llegue a la integridad del territorio, porque la base, que es le núcleo duro, es también el núcleo duro de Utrech.
Pensemos que mucha parte de Gibraltar, sobre todo el aeropuerto, está construida sobre cosas que no se cedieron. Por tanto, es el istmo que como todo el mundo sabe está sometido a un contencioso y el Gobierno británico nunca ha reivindicado su
soberanía.
En este sentido yo quisiera decir que no debemos hacer de unas declaraciones o de unos exabruptos una causa que nos lleve a cometer la locura de romper un proceso de negociación que puede no tener, como decía el portavoz popular, el momento
más brillante (porque todas las negociaciones pasan por sus momentos altos y bajos, y éste no es el momento más alto precisamente por lo que yo me había referido, por los problemas propios del Gobierno británico) pero hay una voluntad común de
continuar y nosotros vamos a continuar. Vamos a continuar con los principios que siempre hemos mantenido; vamos a continuar abiertos y en pleno diálogo no solamente con el Gobierno británico sino también escuchando a los gibraltareños y a los
habitantes del Campo de Gibraltar, con los cuales tenemos una relación estrecha permanente y nos vemos continuamente. Vamos a tener muy claro que cualquier cosa que salga de todo esto será objeto de una consulta en Gibraltar, que esa consulta no
nos asusta y, por tanto, ni Convergència i Unió se debe preocupar por eso ni tampoco los diputados británicos se deben preocupar porque eso no está en cuestión. Lo que está en cuestión es la verdadera y real voluntad de los gobiernos de dar a ese
problema una solución para asegurar la prosperidad y la estabilidad de todos los pueblos que están ahí, no solamente el pueblo gibraltareño sino también el que está al otro lado de La Línea, que también sufre injustamente sobre todo las
consecuencias de una ocupación colonial, y hacerlo en un marco de entendimiento, en un marco de una Europa unida, de una Europa que ha enterrado todas las cicatrices del pasado y donde ya no quedan vestigios de todas las guerras que la han asolado.
Verdaderamente sería un anacronismo que lo único que quedara en Europa fuera la cicatriz de una guerra de hace 300 años. Con ese espíritu lo estamos haciendo y yo agradezco a los grupos parlamentarios -también al señor Mardones, al que no veo- el
apoyo que han dado al Gobierno en este tema. (El señor Estrella Pedrola pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Para este turno, que no es de réplica -insisto-, voy a dar un máximo de tres minutos, y voy a ser muy estricto en los tiempos.
Señor Estrella.
El señor ESTRELLA PEDROLA: El secretario de Estado dice que no se ha roto el proceso de negociaciones. Nos gustaría que hubiese una declaración formal por parte británica diciendo que no se ha roto el proceso de negociaciones, porque hasta
ahora su alter ego en el Gobierno británico ha dado por muerta las negociaciones, no el proceso de Bruselas, señor Arístegui. Yo nunca he dicho que el proceso de Bruselas ha muerto; lo que he dicho es que el secretario de Estado británico ha
proclamado la muerte del proceso de negociaciones, y nos gustaría que no estuviese muerto.
Quiero declarar la posición de nuestro grupo. Consideramos que la fórmula propuesta con todos sus elementos, aunque no colma las aspiraciones de España,
aunque probablemente tampoco colma los deseos y aspiraciones de los gibraltareños, quizá precisamente por eso tiene todos los elementos de equilibrio para ser una fórmula válida para resolver el contencioso y para situarnos en el siglo XXI superando
la situación colonial de Gibraltar, que sería beneficiosa incluso para los gibraltareños.
Evidentemente aquí ha fracasado el Gobierno británico, que era el que tenía la mayor tarea de crear una base, una voluntad y un clima favorable a un proceso
de negociación que él mismo impulsa. Y claro que ha habido política de altavoz por parte del Gobierno. En un tema tan delicado como éste hay que tener una prudencia exquisita; lo ha dicho el señor Arístegui, al que le tengo que decir que desde el
Partido Socialista la ha habido. Hemos actuado con total discreción, y cuando hemos hablado ha sido para respaldar y en coordinación con el Gobierno, con discreción -repito- y con
lealtad absoluta, con la misma que vamos a seguir, y lo sabe el secretario de Estado y lo sabe el Gobierno. No necesitamos proclamar nuestro respaldo a la actuación del Gobierno. Queremos precisamente que haya actuación, no que tomemos a
beneficio de inventario las declaraciones del señor MacShane, porque nos dejaría en el limbo de la situación del proceso.
Señor secretario de Estado, si quiere, le envío los diarios de sesiones en los que el entonces portavoz del Grupo Popular, señor Rupérez, criticaba y mucho al Gobierno socialista. Pregúntele al señor Solana lo que ha tenido que escuchar con
relación a Gibraltar y al no avance en el contencioso de Gibraltar. Queremos saber si para el Gobierno británico sigue siendo un objetivo y si su análisis sobre por qué quería emprender este proceso sigue teniendo vigencia o no -otra cosa es que
ahora no tenga la capacidad política de hacerlo-, y además es importante que los gibraltareños lo sepan.
Con relación al Campo de Gibraltar, el señor Arístegui ha hecho una relación de inversiones, la mayoría de ellas programadas e incluso dotadas ya en presupuestos en los estudios iniciales con anterioridad a 1997 y 1998; en 1998 es cuando se
adquieren los compromisos por parte del Gobierno durante la crisis pesquera. Las inversiones a Jerez-Los Barrios o a Málaga-Algeciras estaban en marcha anteriormente. De todo lo que ha dicho el señor Arístegui -y no me parece que sea materia de
profundización- está claro que hubo compromisos en 1998 que no se han cumplido, que se han anunciado otras inversiones y que todos los grupos parlamentarios entendíamos que había que corregir el diferencial de renta tan brutal, entre otras cosas
para hacer más atractivo el proceso de integración, de co-soberanía o cualquier otra fórmula de entendimiento con Gibraltar que no se ha producido. Quizá sería más fácil que el señor Arístegui nos dijera cúales son las inversiones que estarían
sujetas a la negociación, porque nos ha dicho todas las inversiones que no están sujetas a la negociación. ¿Estarían sujetos a la negociación, por ejemplo, los acuerdos del Consejo de Barcelona? Me gustaría saberlo.
¿Estaría sujeto a la
negociación, en el contexto de las redes transeuropeas, el impulso a una comunicación ferroviaria que llevase el ferrocarril hasta la zona portuaria de Algeciras-Gibraltar? Esto es lo que tenemos que saber, las otras son inversiones programadas y
previstas, va de soi.
Señor Arístegui, no es el rescoldo de Irak, es que el Partido Popular, el Gobierno ha roto la política exterior, ha roto el consenso en política exterior, y esa herida sigue abierta. Además, con esta situación y con la que plantea el señor
MacShane se evidencia, acumulado a otros antecedentes sobre todo en el contexto de la Unión Europea, a qué nos conduce la decisión estratégica del Gobierno, que será muy estratégica pero nos ha llevado a la situación en que nos encontramos. No nos
pida usted que les aplaudamos por haber roto la política exterior y por situarnos ahora en un callejón sin salida. Aclárennos qué van a hacer con el Reino Unido y cómo van a responder, cómo se sitúa en el contexto de nuestras relaciones
trasatlánticas, europeas y bilaterales la situación actual después del anuncio del señor MacShane, porque lo que usted ha dicho aquí lo podía haber dicho el otro día en lugar de decir simplemente que tenemos que trabajar sobre lo que nos une y que,
por tanto, si estamos divididos sobre Gibraltar lo aparcamos y ya está.
El señor PRESIDENTE: Señor Guardans.
El señor GUARDANS I CAMBÓ: Señor De Miguel, es usted una caja de sorpresas, y mire que nos conocemos desde hace tiempo. La verdad es que su veteranía protege su heterodoxia, la custodia y le permite soltar aquí una serie de cosas que
desgraciadamente no harán titular, pero que si las hubiera dicho cualquier otro secretario de Estado del Reino de España, menos usted, serían mañana portada, le aseguro, en todos los periódicos de Barcelona.
Me parece muy bien su apoyo al principio de autodeterminación y que le perdamos el miedo a la autodeterminación. No se preocupe que le citaré a usted mientras no le cesen por esta causa. (Risas.) Le garantizo que en el Parlamento catalán,
cuando se votó que Cataluña tenía el derecho a la autodeterminación, mucha gente consideró que quería decir otra cosa y se puso muy nerviosa; le garantizo que el proyecto de reforma del Estatuto de Cataluña también reclama ahora el derecho de
autodeterminación. Me parece espléndido que usted, nada más y nada menos que en la Comisión de Asuntos Exteriores, en la cual propiamente sabemos y entendemos qué es autodeterminación, nos recuerde desde la autoridad de su cargo y de su experiencia
que autodeterminación no necesariamente significa independencia sino que un pueblo escoge su destino. Por tanto, estoy encantado de estar en su mismo bando, el bando de los que defendemos el derecho a la autodeterminación de los pueblos sin que
signifique que estemos luchando por la independencia. Por tanto, le reitero que no tenía ningún miedo a utilizar ese término, sino sencillamente intentaba ser prudente porque creía que usted era de los otros, de los que creen que autodeterminación
significa independencia. Como es de los míos, no se preocupe que a partir de ahora utilizaré siempre el derecho a la autodeterminación del pueblo de Gibraltar sin ningún tipo de reparo en su presencia.
Dicho esto, me sumo a las palabras del portavoz del Grupo Socialista sobre el tema de las inversiones, más en réplica a los comentarios del Grupo Popular que a lo suyos. Creo que hay que seguir invirtiendo allí. No es una cuestión
solamente de partida presupuestaria, sino de concepto, que la gente tenga la percepción de que nada de lo que se prometió se tuerce porque las negociaciones no salgan. Yo me refiero a eso. No voy a entrar en que si tal o cual proyecto sigue su
curso o no. Hay que lanzar claramente el mensaje o corregir a
aquellos que lanzan el mensaje contrario -que muchas veces es el esfuerzo que hay que hacer- diciendo que no va a disminuir aquello de bueno que podía esperar el pueblo de Gibraltar y la gente del Campo de Gibraltar como resultado de las
negociaciones por el hecho de que éstas hayan fracasado o estén pasando un bache que probablemente será muy duradero.
El señor PRESIDENTE: Señor Arístegui.
El señor DE ARÍSTEGUI Y SAN ROMÁN: No quiero decir, en absoluto, que la oposición no tenga derecho -yo diría obligación- a criticar al Gobierno.
Simplemente hacía una reflexión en alto y ya veo por dónde vienen los tiros, porque el señor
Estrella me lo ha aclarado muy meridianamente diciendo que no son los rescoldos de la guerra de Irak, sino que ellos consideran que nosotros hemos roto el consenso en materia de política exterior. Esto lo hemos discutido muchas veces en debates
tanto en esta Cámara como fuera de ella. A veces me da la impresión de que para el Partido Socialista el consenso en materia de política exterior es que el Gobierno haga lo que ellos consideran más oportuno y, obviamente, el consenso requiere una
cesión por ambas partes, pero normalmente es la oposición la que tiene que hacer algo más. Dicho esto, como hacemos siempre que surge este tema, la voluntad del grupo mayoritario de esta Cámara, como la del Gobierno al que apoya este grupo
mayoritario, es reconstruir ese consenso que nosotros no creemos en absoluto que se haya roto, principalmente porque pensamos que todos los ejes esenciales de la política exterior española siguen plenamente vigentes y defendidos por el Gobierno al
que apoyamos desde este grupo.
Segunda cuestión. Nosotros no hemos dicho que las inversiones estén supeditadas a la negociación; hemos dicho exactamente lo contrario. Hemos dicho que las inversiones son independientes de la negociación y que demuestran la voluntad del
Gobierno del Partido Popular de desarrollar el Campo de Gibraltar. Por tanto que usted me diga que muchas estaban planificadas antes de 1998 no hace más que reforzar mi argumento, pero le diré que hay muchas inversiones que se han planificado y que
se han explicado y puesto en marcha con posterioridad a esa fecha. Por ejemplo, el tren de cercanías o el AVE son cuestiones que se han presentado por el Ministerio de Fomento en esta legislatura; los planes de reindustrialización, la cuestión de
Mercasa, que se ha presentado en el mes de mayo, o las políticas de desarrollo. Nosotros decimos exactamente lo contrario; es decir que nuestro compromiso es con el Campo de Gibraltar en su conjunto y las inversiones que ha planificado el Gobierno
de España, tanto éste como otros, incluso los de su partido, a nuestro juicio no tenían que estar necesariamente vinculadas a la feliz conclusión de las negociaciones entre España y el Reino Unido para nada.
Nosotros queremos que sepan que la
decisión estratégica que ustedes dicen que nosotros hemos tomado y que nos ha metido en un callejón sin salida es fruto de un sosegado análisis geopolítico y geoestratégico, Podemos discrepar de sus posiciones y ustedes de las nuestras, es legítimo
y sano, pero no creo que sea lógico ni razonable vincular las dos cosas. Es decir que nosotros nos equivocamos porque hemos declarado que el Reino Unido es uno de nuestros aliados principales y cómo estará de equivocado el Gobierno que, fíjense
ustedes, no se ha producido ningún avance en otros terrenos. No, señorías. Los gobiernos defienden sus intereses y eso no va a cambiar porque nosotros declaremos que somos más o menos aliados.
Los intereses son permanentes en los Estados y la
obligación de los gobiernos es defenderlos.
El señor PRESIDENTE: Para contestar tiene la palabra el señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE ASUNTOS EXTERIORES (De Miguel y Egea): Voy a ser telegráfico.
Tomo nota de que al diputado señor Estrella no le basta con que yo diga aquí, en sede parlamentaria, que las negociaciones continúan y quiere tener también la confirmación de la otra parte. Tomo muy buena nota porque la parte británica no
tiene ningún problema en decirlo, como lo dijo ya el otro día un portavoz del Foreign Office.
He hecho gracia a SS.SS. de leer cuatro páginas de inversiones en Gibraltar. No me diga que esas inversiones son las de 1999 porque amenazo con leerles todo esto y les abrumaría. Hay muchas pero voy a hacerles gracia de ellas. Ahora
bien, lo que sí puedo hacer es leer el párrafo del Consejo Europeo -me parece importante hacerlo porque a lo mejor no se recuerda bien- en el que se decía claramente que esto estaba condicionado al acuerdo. Decía así: El Consejo Europeo recibe con
satisfacción la decisión de España y del Reino Unido de relanzar el proceso de Bruselas sobre Gibraltar, establecido en noviembre de 1964, subraya el apoyo de la Unión Europea al compromiso de ambos gobiernos de superar sus diferencias en relación
con Gibraltar y de concluir un acuerdo global antes del verano -esto era en marzo-, e invita a la Comisión a que explore las posibles formas en que la Unión Europea pudiera apoyar cualquier acuerdo al que se llegue. Por tanto, aquí hay un enganche
al acuerdo, y sería muy difícil liberar fondos en este momento, después de que hay una decisión del Consejo Europeo. Era una manera de incentivar y de dar un mensaje positivo a las poblaciones de Gibraltar y de la zona colindante al decir que la
Unión Europea es solidaria con esta idea y está dispuesta a poner dinero.
A mi amigo Ignacio Guardans le digo que no se tiene que sorprender de cómo son las cosas. Le diré también -y quiero decirlo de manera enfática- que en el caso de Gibraltar la independencia no es una opción porque está negada por el derecho
internacional y por Naciones
Unidas. Hay pueblos que se autodeterminan para llegar a la independencia, y puede haber pueblos que se autodeterminen para cambiar de estatus; es decir, para acabar con el estatus colonial que tienen. En ese contexto, y sólo en ese
contexto, debe concebirse la consulta en Gibraltar. Por eso la autodeterminación de Gibraltar no puede suponer en ningún caso independencia -lo reafirmo aquí- porque no puede ser. No es sólo que no lo queramos nosotros, es que la legalidad
internacional impide al Reino Unido dar la independencia a la colonia de Gibraltar.
Nada más, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor secretario de Estado.
Se levanta la sesión.
Eran las dos y cinco minutos de la tarde.