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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 734, de 08/04/2003
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2003 VII Legislatura Núm. 734
JUSTICIA E INTERIOR
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JESÚS LÓPEZ-MEDEL BÁSCONES
Sesión núm. 93
celebrada el martes, 8 de abril de 2003
ORDEN DEL DÍA:
Comparecencia del señor secretario de estado de Seguridad (Astarloa Huarte-Mendicoa) para informar sobre: - Las razones por las que se ha remitido una carta, por parte de la Dirección General de Policía, recabando de empresas privadas
información en relación con la huelga general convocada para el próximo día 20 de junio y sobre las eventuales previsiones de retirada de la misiva. A solicitud del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 213/000833.) ...
- Las razones que han llevado a la policía a su mando a enviar circulares a empresas privadas que claramente coartan el ejercicio de un derecho fundamental cual es el derecho a la huelga. A solicitud del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida. (Número de expediente 213/000837.) ... (Página 23536)
- Las medidas que ha adoptado respecto al sabotaje que sufrieron el día 14 de junio de 2002 determinadas líneas de la red telefónica, y para que informe de los datos de que dispone el Gobierno, que han permitido a uno de sus ministros
vincular este hecho con la jornada de huelga general del próximo día 20. A solicitud del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 213/000870.) ... (Página 23536)
Se abre la sesión a las nueve y diez minutos de la mañana.
El señor PRESIDENTE: Buenos días, señoras y señores diputados.
Comenzamos la sesión de hoy de la Comisión de Justicia e Interior con el orden del día que ustedes ya conocen. Respecto a la primera solicitud de comparecencia, la que figura con el número 1 del orden del día, ha sido retirada por el grupo
proponente, con lo cual se sustanciarán las otras tres restantes de forma acumulada, tal y como se acordó ya en la reunión de Mesa y portavoces.
Sin más, y agradeciendo la presencia del secretario de Estado de Seguridad una semana después de su anterior comparecencia, le cedo la palabra para sustanciar las comparecencias solicitadas.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Astarloa Huarte-Mendicoa): Vamos a terminar el largo orden del día que comenzamos hace pocas fechas.
Como entiendo que las cuestiones que corresponde debatir acumuladamente en este momento ya han
sido objeto de un concienzudo examen en esta Cámara en ocasiones anteriores, voy a utilizar la beneficiosa técnica parlamentaria de hacer una exposición lo más breve posible, quedando a su disposición para cuantas aclaraciones o matices requieran
SS.SS en sus intervenciones.
El Ministerio del Interior, ante la convocatoria de huelga general para el día 20 de junio del pasado año, impartió instrucciones con anterioridad a esa fecha a los delegados del Gobierno y a los directores generales de la Policía y la
Guardia Civil, como viene siendo usual, para el empleo y actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en dicha jornada. Las instrucciones fueron similares a las impartidas en situaciones análogas, como las huelgas generales de 1988 y
1994. En ellas - dentro de la misión general de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades, así como garantizar la seguridad ciudadana- se concretaron los cometidos de asegurar y
garantizar el normal desarrollo del ejercicio del derecho a la huelga, así como el funcionamiento de los servicios mínimos establecidos, el derecho al trabajo de los que deseasen ejercerlo, la vigilancia y custodia de las instalaciones de servicios
esenciales de la comunidad, y prevenir y evitar actos coactivos, violentos o que, en general, pudiesen alterar el orden público y la seguridad ciudadana. En consecuencia, con carácter previo se adoptaron una serie de medidas, tales como la
evaluación de riesgos de distinta índole de instalaciones de servicios esenciales, así como sobre la posible actuación de grupos o personas que tratasen de alterar la seguridad ciudadana, la puesta a disposición por parte de los delegados del
Gobierno del mayor número posible de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, adecuando los permisos de cualquier tipo y agregando personal destinado en servicios no operativos a servicios que pudieran necesitar un mayor número de
efectivos o bien para constituir reservas, y dar así una respuesta adecuada ante situaciones o incidencias que lo requiriesen, teniendo en cuenta la confluencia de fechas con la celebración de la cumbre de jefes de Estado de Gobierno bajo
Presidencia española, y la máxima colaboración y coordinación entre los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y los cuerpos de Policía local y autonómicos, así como con responsables de seguridad privada, para garantizar servicios específicos,
funcionamiento de las centrales de alarma, servicios de respuesta, etcétera. Estas medidas previas permitieron, a lo largo de toda la jornada del día 20 de junio, mantener un razonable despliegue policial en la calle para garantizar la seguridad
ciudadana, el establecimiento de unidades de reserva o intervención para dar respuesta ante posibles incidencias, y la vigilancia y protección especial sobre instalaciones de servicios esenciales. La actuación de las Fuerzas de Seguridad en esa
jornada contribuyó, sin duda alguna, y entre otros factores, a que los ciudadanos pudieran ejercer los derechos antes citados, todo ello dentro de un ambiente de normalidad y calma general.
Respecto a lo que se refiere a las razones por las que se remitió una carta por parte de la Dirección General de la Policía -leo textualmente- recabando de empresas privadas información en relación con la huelga general convocada para el día
20 de junio y sobre las eventuales previsiones de retirada de la misma, sobre las que se pregunta en el día de hoy, comenzaré diciendo que, con carácter general, ni el Ministerio del Interior ni la Dirección General de la Policía dirigieron carta
alguna a las empresas recabando información en relación con la huelga del 20 de junio de 2002. Dicho
lo cual, en relación concreta a una carta remitida por la brigada provincial de seguridad ciudadana de Madrid a determinadas empresas, quiero aclarar que el objeto de la misma era recabar información sobre la presencia de servicios de
seguridad privada en las mismas, para proceder a organizar de forma adecuada los servicios necesarios para garantizar a los ciudadanos el libre ejercicio de sus respectivos derechos. Por extensión, he de dar la misma respuesta a la iniciativa
formulada con el número 213/000837, sobre las razones que llevaron a la Policía a enviar circulares a empresas privadas sobre el derecho fundamental de huelga.
Insisto en que no se redactó circular ni se impartieron instrucciones generales a las
empresas privadas. La actuación singular se debe enmarcar en el cumplimiento por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de su deber de asegurar el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana, y para ello
-con el fin de distribuir de forma más eficaz los recursos humanos de que se disponía para esa jornada- se trató de identificar los puntos en los que la presencia policial podía ser más necesaria en atención al número de trabajadores, sensibilidad
de las instalaciones y ausencia de servicios propios de protección.
Finalmente, señorías, en relación con la iniciativa sobre las medidas adoptadas respecto al sabotaje sufrido el día 14 de junio de 2002 en determinadas líneas de la red telefónica, y para que se informe de los datos de que dispone el
Gobierno, me gustaría comenzar recordando que los hechos a los que se refiere la cuestión constituyeron actos de sabotaje en diferentes cámaras de registro de centrales de la Compañía Telefónica de España, S.A. ubicadas en la zona norte de la
comunidad de Madrid; concretamente, hasta 20 puntos de corte diferentes entre Alcobendas y Colmenar Viejo, que afectaron a 15 provincias y en las últimas horas, incluso, a los servicios de telefonía móvil. Las investigaciones llevadas a cabo por
la brigada provincial de información de la Jefatura Superior de Policía de Madrid evidenciaron identidad en el modo de proceder, pues todos los actos de sabotaje se realizaron en lugares de difícil acceso, de manera que se dilataba la reparación de
los daños. Las medidas de prevención se adoptaron a su vez a un doble nivel: por parte de la empresa telefónica de España se procedió al sellado de las cámaras afectas y de aquellas otras que dan cobertura comunicativa a los puntos más críticos de
fibra óptica y, paralelamente, las cámaras de los registros más sensibles fueron incluidas en el dispositivo policial preventivo puesto en funcionamiento con ocasión de la huelga general.
Por último, respecto a la vinculación entre los actos de sabotaje referidos y la huelga del día 20 de junio, sólo puedo indicar que tanto las investigaciones policiales bajo mandato judicial como las propias actuaciones judiciales siguen
abiertas en este momento.
El señor PRESIDENTE: Por parte del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora López i Chamosa.
La señora LÓPEZ I CHAMOSA: Doy la bienvenida al secretario de Estado a esta Comisión, aunque no soy miembro de la misma, pero en la que comparezco de manera puntual en esta ocasión.
Por lo que tengo entendido, la Comisión de Justicia e Interior, al igual que la inmensa mayoría de las constituidas, se reúne habitualmente. Los diputados de cualquier grupo tendrían una dificultad extrema en explicar que estemos debatiendo
unos hechos acaecidos hace más de nueve meses.
Sería difícil explicar que nueve meses después estemos analizando lo que ocurrió el día 20 de junio. Yo me inclino a pensar que esto es debido a la voluntad del Gobierno, al poco respeto que a veces
demuestra por el Parlamento ante temas puntuales como este, pero puesto que es lo que tenemos que hacer, entraremos en el tema que nos ocupa.
No le voy a recordar, porque usted lo sabe tan bien o mejor que yo, que los artículos 28.1 y 28.2 de la Constitución regulan el derecho a la huelga. Que la doctrina del Tribunal Constitucional señala que no solo las libertades sindicales
significan el derecho a constituir sindicatos, sino a ejercer las funciones propias de los mismos. Convendríamos seguramente en que convocar una huelga ante una actitud de un Gobierno que pretende recortar por decreto, por ley posterior, unos
derechos adquiridos de muchos años por los propios trabajadores, es una legítima acción de los trabajadores para poder defender aquellos intereses que le son propios. El trabajador no tiene a veces otra arma ante la propia empresa y muchos menos
ante el Gobierno que una huelga general para que se vea la protesta por un hecho, en el caso que nos ocupa por el decretazo que entonces estableció el Gobierno, que bien lo merecía.
Usted nos acaba de decir que ni usted ni los mandos dirigieron carta alguna, pero es evidente que había una circular que convocaba a las empresas a una reunión que, si no estoy equivocada, se celebró el 4 de junio, donde se solicitaba una
serie de documentación a las empresas. Es cierto, como usted dice, que los datos que se les pedían estaba la seguridad propia de las empresas y los medios técnicos que tuvieran. Como primer punto se les pedían los servicios mínimos a establecer
por la empresa. Usted sabe igual que yo, que no le corresponde a una empresa establecer los servicios mínimos en una huelga general sino a otro estamento, como es el Gobierno o el ministerio correspondiente. Esta semana, por ejemplo, se acaban de
pactar los servicios mínimos para la próxima huelga del día 10. Es una carta que marca unos objetivos a las empresas incitándolas a que se salten la ley, estableciendo servicios mínimos que no les corresponden, creando un problema añadido entre la
dirección de empresa y los comités de empresas o los sindicatos. Además, se conocen las
empresas en las que se establecen esos servicios mínimos y esenciales. Me gustaría que alguien me dijera por qué se consideran servicios esenciales los supermercados, a los que se les invita a establecer servicios mínimos. Nuestra
Constitución, la Ley de libertad sindical, posteriores decretos y reglamentos establecen bien claramente cuáles son los servicios esenciales para la ciudadanía, como son los transportes públicos o sanitarios, pero en ningún caso se pueden marcar
como servicios mínimos los que puede dar Carrefour, el centro comercial de Madrid-La Vaguada, El Corte Inglés, etcétera. Esa circular es una invitación al conflicto continuo en las empresas, entre trabajadores y empresarios. Además, sabiendo la
empresa -y sabiendo mucho más la Administración y los departamentos del Ministerio del Interior- que va contra la ley establecer en las empresas servicios mínimos cuando ya están establecidos por ley. En la circular, en el dispositivo de servicios
que se establece, ¿cuál es el objetivo y las instrucciones generales? En el dispositivo de servicios establecidos, en el objetivo se habla de la intención de información y la prevención de los ataques violentos. Por tanto, ustedes ya están de
entrada prejuzgando, incitando y creando el ambiente en la población y en la ciudadanía en general de que la huelga va a ser violenta, de que va a haber un montón de problemas, etcétera, en un intento de atemorizar a los ciudadanos para que no se
manifiesten. Además, pedían en la carta a las empresas que dijeran, más o menos, las previsiones sobre las personas que iban o no a parar, cuando ningún trabajador tiene que comunicar a la dirección de la empresa su voluntad o no de ejercer el
derecho a la huelga. Por ello, consideramos que han vulnerado varios derechos respecto a lo establecido en las distintas leyes.
Cuando ustedes hablan de preservar el derecho al trabajo, yo me hago una pregunta: ¿No es más importante -y no lo mencionan en los objetivos- preservar el derecho a la huelga, tal y como establece nuestra Constitución? Además, como ustedes
saben, el derecho a la huelga es un derecho constitucional de mayor rango, incluso, que el derecho al trabajo. Sin embargo, ni siquiera se plantean proteger ese derecho. Usted decía antes que establecieron los mismos servicios de 1988 y 1994. Yo
le digo a usted que no es así. El comportamiento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en las huelgas de 1988 y 1994 no tienen nada que ver con el de la huelga de 2002. Además, de las huelgas de 1988 y 1994 puedo dar fe absoluta, porque
participé como coordinadora y miembro del comité de huelga. Las trabas que hubo para establecer no solo servicios mínimos sino las manifestaciones, sus recorridos, etcétera, no tienen absolutamente nada que ver con las trabas puestas en 2002 por
las delegaciones del Gobierno en las distintas provincias para establecer los recorridos, las manifestaciones y muchos menos con las actuaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Porque en las actuaciones que se produjeron el día
20, dígame usted qué derecho al trabajo protegían los agentes de la Policía que delante de la sede de UGT Madrid intervinieron, resultando 15 heridos de distinta consideración. ¿Qué pretendían? ¿Obligar a los trabajadores de la sede central de UGT
a que trabajaran? ¿Ustedes creen que es necesario instalarse delante de la puerta de un sindicato para proteger el derecho al trabajo? Eso es una provocación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Yo considero que tenemos unas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado eficaces, profesionales y, sobre todo, con una obediencia a prueba de bomba, porque nosotros estamos acostumbrados a que durante años las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado en las manifestaciones y en las huelgas cumplieran su cometido, como todos reconocemos, pero en los últimos años es como si hubiéramos dado marcha atrás y estuviéramos en los mejores años de la transición, con cargas y determinadas
actitudes.
¿Qué decir, no de la huelga del 20 de junio, sino de estos días ante las manifestaciones contra la guerra y la actitud que hemos podido ver? Una chica estaba hablando por teléfono y, de repente, aparece un policía y le suelta un
bofetón. Ustedes, el Gobierno, deben depurar estas responsabilidades y apartar del ejercicio de la profesión a este tipo de policías. ¿Por qué? Por el buen nombre de la Policía, porque estoy convencida de que los agentes de Policía, la Guardia
Civil, los Mossos d'Esquadra y la Ertzaintza son los más interesados en defender su profesionalidad y sus actuaciones, pero las directrices que en este momento reciben del Gobierno hacen que se produzcan estas situaciones.
Todo lo que no coincida
con las directrices, con los objetivos del Gobierno es ser violento, un peligro para España, un peligro para el país; es decir, acabamos siendo criminalizados, como si no tuviéramos el derecho de ejercer nuestros derechos en libertad, exponiendo
las posiciones que creamos conveniente. Ustedes saben que la libertad sindical se tiene que ejercer con plena autonomía y, ante una huelga general, si se está incitando o presionando a las empresas para que impongan servicios mínimos se está
vulnerando ese derecho y yendo contra la ley. Cuando se requiere a las empresas para que faciliten con carácter previo al ejercicio de la huelga información sobre trabajadores se está vulnerando la ley, porque eso tampoco está establecido en ningún
lado.
No sé si todas estas cartas, todas estas actitudes sirvieron para que luego el portavoz del Gobierno saliera, a las nueve de la mañana, diciendo que no hay huelga. Pero la realidad es muy tozuda y si el día 20 o el día 21 no había huelga,
posteriormente empezó a ser una huelga parcial y, al cabo de unos meses, acabó siendo una huelga general, porque, como digo, la realidad no se puede negar.
Señor secretario de Estado, no me quiero alargar mucho en este sentido, pero sí hacerle un par de consideraciones
y una pregunta. Los medios de comunicación, durante el día 20, dijeron que se utilizaron coches de la policía para repartir periódicos, para repartir un periódico de tirada nacional. No creo que eso esté entre sus funciones ni que sea
proteger el derecho al trabajo de la gente, más bien creo que es hacer como esquirol, como vulgarmente se dice, por parte de los cuerpos de seguridad del Estado. A mí, en estos momentos -nueve meses después-, me preocupa más el que estas actitudes
sean una constante porque esto no debe volver a suceder, pero las continuas manifestaciones que se están haciendo en las distintas provincias españolas por la guerra o en relación con el Prestige y Nunca Máis nos llevan a una realidad bien
contraria: a hacernos pensar que el Gobierno tiende a esa actuación. Por el bien común, esas actitudes deberían cambiar. Los trabajadores, en términos generales, no somos violentos, sólo defendemos nuestros derechos, nuestras condiciones de
trabajo y, en definitiva, de vida, porque cuando te quitan esos derechos están atentando contra tus condiciones de vida presentes y futuras. Eso, de entrada, merece el máximo respeto; la Constitución y las leyes lo protegen, pero no quiere decir
que dentro de los piquetes o de una manifestación no haya elementos violentos y, sin ninguna duda, los sindicatos y los trabajadores colaborarán con presteza a su detención, ya que van también contra los propios trabajadores. Rechazamos ese tipo de
actuaciones, pero no puede ser que, por un puñado de violentos -que pueden ser una docena o veinte- se intente criminalizar a todos los trabajadores en general, como se está haciendo ahora. ¿Cómo es posible que uno pueda leer en la prensa que en
una manifestación que se celebró hace pocos días aquí, en Madrid, la Policía tenga identificados a los 20 ó 30 violentos y que reciban la orden de no detención? ¿Con qué objetivo se hace eso? Con el objetivo de crear más violencia, de criminalizar
a todos los ciudadanos que están acudiendo a las manifestaciones.
Yo podría empezar a relatar todo lo que sucedió el día 20. Le he mencionado lo de la sede de UGT porque es lo más significativo, pero podríamos hablar de Alcalá de Henares, de Fuenlabrada, de empresas públicas, incluso de una furgoneta de
una empresa de reparto que, ante la actitud pasiva de los policías que estaban allí, arremetió contra los trabajadores que estaban en un piquete informativo. Esa fue la realidad del día 20 y lo que no puede ocurrir en un país democrático como este.
Por tanto, señor secretario de Estado, aunque sea nueve meses después, me gustaría que reflexionaran y que en las próximas fechas, los días 10 y 12, en que nuevamente están convocadas manifestaciones a nivel general, no nos encontremos con hechos
como estos.
Le reitero nuestro apoyo al cuerpo de Policía, que hace una labor eficaz.
Creemos que son ellos mismos los que más interés tienen en depurar las responsabilidades de aquellos elementos de dentro del propio cuerpo que se excedan en sus
funciones. Si no, al final, convendremos todos en que lo único que hacen es cumplir estrictamente las órdenes que les dan el ministerio y la Dirección General de Seguridad; en que lo que hacen es cumplir estrictamente las órdenes porque, además,
es un personal disciplinado.
El señor PRESIDENTE: Señora López i Chamosa, antes daba usted la bienvenida al señor secretario de Estado; ahora este presidente se la da a usted.
Por otra parte, quiero hacerle una aclaración en cuanto a lo que ha manifestado al principio de su intervención, una aclaración relativa a la confección de los órdenes del día. Dado que usted no forma parte de la Comisión de Justicia, como
bien ha reconocido -pese a que tiene una notable actividad parlamentaria en otras comisiones-, quiero decirle que en la Comisión de Justicia e Interior, que es de las que tiene una actividad más intensa, sin desmerecer a ninguna otra, la confección
de los órdenes del día se realiza a instancia de los grupos parlamentarios y hasta el momento no se había solicitado que estas comparecencias se incluyesen en ningún orden del día. Por lo cual, aun cuando no me corresponde a mí hacer una defensa
del Gobierno, deseo aclarar la forma de confección de los órdenes del día. Dado que hasta ahora, como digo, no se había solicitado su inclusión, sería una responsabilidad atribuible a los grupos pero no en modo alguno a otros agentes externos.
Por el Grupo Parlamentario Popular, señor González Pérez.
El señor GONZÁLEZ PÉREZ: Señor presidente, señorías, con carácter previo a mi intervención, me van a permitir que a título personal y también, estoy absolutamente seguro, a título del Grupo Parlamentario Popular, deje constancia en el
'Diario de Sesiones' de nuestro más sentido pésame a la coalición de Izquierda Unida con motivo de la muerte del hijo del que fue máximo dirigente, que también fue miembro de esta casa, Julio Anguita.
Queremos que quede constancia de ello ya que
hoy, martes día 8, el primer acto parlamentario en esta Cámara se celebra en esta Comisión de Justicia e Interior. Quisiera que quedaran reflejadas en el 'Diario de Sesiones' las condolencias de mi grupo parlamentario y las mías personales hacia
una persona que fue un muy digno parlamentario de esta casa y no solamente eso, sino que es una persona admirada por mí, independientemente de que ideológicamente estemos en las antípodas.
Señor presidente, aunque la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, señora López i Chamosa, ha hecho referencia a esos nueve meses que han pasado desde que se hizo la petición de la comparecencia o, mejor dicho, se celebró la huelga
general del día 20 de junio, a la fecha, un tema de estas características no se trata solamente en esta Comisión de Justicia e Interior.
Señora López i Chamosa, usted tiene que recordar, porque es miembro activo de esta Cámara, como ha dicho el señor presidente de la Comisión, y no solamente por eso sino porque usted ha participado activamente en los debates, aunque haya sido
a título de oyente, que con referencia a lo que se está tratando en esta Comisión ya ha habido comparecencias parlamentarias del ministro de Trabajo, del ministro del Interior, del vicepresidente primero del Gobierno y del presidente del Gobierno,
en sus distintos ámbitos, sea en comisiones distintas de la de Justicia e Interior, sea en Pleno, sea a través de preguntas o sea a través de comparecencias. Con lo cual, independientemente de que, como bien ha señalado el presidente, el orden del
día de las comisiones se confecciona por parte de Mesa y portavoces a petición de los portavoces de los distintos grupos, no es un tema que haya pasado o quedado en el olvido porque ya se ha tratado en esta Cámara.
Dicho esto, voy a utilizar una frase que me dijo en una ocasión un alto mando policial que ya no está en activo, persona que siempre ha participado o ha estado vinculada a las UIP, los coloquialmente conocidos como antidisturbios. Me decía
que el mayor éxito de una misión de un antidisturbio era volver al cuartel sin haber sacado la defensa. Eso que todo el mundo valora, y creo que es así, el hecho de que la policía vuelva al cuartel o a su lugar de salida sin haber tenido ningún
tipo de intervención, no depende tanto de las órdenes que se les requiera desde los distintos estamentos superiores, porque eso es obviamente desconocer el funcionamiento de estas unidades, sino de la propia relación que existe entre las unidades y
sus dirigentes o sus mandos a la hora de valorar si es necesaria o no la intervención. Sí estoy de acuerdo en una cosa con la señora López i Chamosa. Desde este grupo parlamentario, como ya lo hice en la anterior sesión de la Comisión, en la que
precisamente se hacía referencia a intervenciones policiales en huelgas o en manifestaciones, mostramos nuestro máximo apoyo a los policías y a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado porque entendemos que están cumpliendo con
su obligación y no es en ningún caso plato de buen gusto intervenir. Siempre se reduce a una minoría, pero no es una minoría descontrolada, como se quiere también dar a entender en muchas ocasiones.
Le voy a contar algo estrictamente personal que quiero quede reflejado en el 'Diario de Sesiones'. Parece curioso que a veces los trabajadores, porque yo también me considero un trabajador, señora López i Chamosa, nos veamos afectados
precisamente en el derecho al trabajo, y luego hablaré sobre ese tema. El día 20 de junio yo me encontraba en Madrid en sede parlamentaria, pero mi coche se encontraba en mi domicilio, en mi garaje, en la Ciudad Autónoma de Ceuta. Cuando llegué
ese fin de semana a casa ese coche -hay investigaciones policiales abiertas y procedimientos judiciales- ya no era un coche normal, era un coche destrozado; era un coche destrozado por piquetes violentos, que al parecer tomaron como rehén, entre
comillas, una propiedad privada, en este caso un garaje privado. Es cierto que algunos sindicalistas se ofrecieron para intentar descubrir quiénes habían sido los personajes -hasta la fecha no se ha descubierto-, pero también es cierto que estos
sindicalistas reconocieron que en algunas ocasiones los temas se les van de las manos. Lo mismo en un sentido que en otro, a veces las cosas no son como uno quiere sino como se desarrollan las circunstancias o la propia realidad.
Señora López i Chamosa, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en esta Comisión para este tema, no me extraña que a veces haya personas que reinterpreten la Constitución, porque se me ponen los pelos de punta al oír, como yo he oído
decir aquí, que el derecho a la huelga tiene mayor rango constitucional que el derecho al trabajo. Se me ponen los pelos de punta, porque si no hay derecho al trabajo no hay huelga posible.
Afortunadamente en este país uno de los derechos
fundamentales es el derecho al trabajo, pero algunas personas utilizan estas convocatorias, por falta de control o por imposibilidad de control por parte de los convocantes, que acaban, como ha dicho el secretario de Estado, con 270 piquetes en
mayor o menor grado de violencia y hasta con 104 detenidos, que me parece que no es precisamente un número pequeño a la hora de hablar de un acto que debe ser sencillamente reivindicativo. Reivindicar no significa infligir daños a nada ni a nadie;
así lo entendemos todos y creo que la señora López i Chamosa así lo entiende. Cuando se producen esos daños, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no les queda más remedio que intervenir, porque no solamente están protegiendo a los
huelguistas que están ejerciendo su derecho para que lo ejerzan en paz, en tranquilidad y en libertad, sino para que aquellas personas que quieran ejercer el derecho al trabajo o ejerzan el derecho a su libertad también lo puedan hacer en las mismas
condiciones. Dicho esto, hay que entender que todos los actos violentos en manifestaciones o en huelgas tienen que ser -y perdonen la expresión, sé que suena muy mal pero no puede utilizarse otra- reprimidos porque eso afecta tanto a huelguistas
como a no huelguistas, para que puedan ejercer esa libertad que afortunadamente nos da la Constitución.
Ese día, el 20 de junio del año pasado, el día de la huelga, hubo agresiones físicas a empleados, directivos y propietarios de pequeñas empresas, hubo agresiones físicas a padres de alumnos que llevaban a sus hijos a los centros escolares y
hubo agresiones físicas a clientes que pretendían entrar en distintos establecimientos. Ya no hablamos solamente del típico, entre comillas, sellado de cerraduras y de cajeros, estamos hablando de intimidación manifiesta a personas que querían
ejercer su derecho. La señora López i Chamosa ha utilizado una palabra que yo reconozco haber utilizado también en alguna ocasión y que intentaré de una u otra
forma, aunque sea una palabra coloquial, ir desterrando de mi vocabulario porque puede incitar a la violencia: la palabra esquirol. A veces no se dice por uno sino por cientos, y eso acaba intimidando también a aquellos que quieren ejercer
ese derecho constitucional que es el derecho al trabajo.
Voy a terminar diciendo algo que debe quedar en esta Comisión, lógicamente como reflejo de alguien que cuando ha entendido que se estaban estropeando sus derechos -quizás he utilizado una frase no muy adecuada pero es la que mejor refleja el
sentimiento-, ha ejercido el derecho a la huelga o ha ejercido el derecho a la protesta. Pero que cuando se entiende que esos derechos son afectados precisamente por la parte contraria, también dice lo contrario. La objetividad es la que nos tiene
que marcar las intervenciones parlamentarias. No por el hecho de hacer oposición la verdad es la que queda reflejada o la que se dice. A veces no solamente hay que reflejar la verdad, sino haberla vivido. Yo le he puesto una anécdota de lo que
fue para mí la verdad del día 20.
El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado, tiene la palabra.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Astarloa Huarte-Mendicoa): Comenzaré por hacer mías las primeras palabras del portavoz del Grupo Popular en su recuerdo de afecto a don Julio Anguita en estos momentos terribles para él.
Comenzaba su intervención la señora López i Chamosa con un comentario sobre el momento en que se tramitan las iniciativas parlamentarias. Yo no voy a entrar en cómo se incluyen las iniciativas en el orden del día, que ya ha explicado el
señor presidente, porque está fuera de mi autoridad, pero sí quiero recordar lo que comentaba al inicio de mi intervención y es que en términos parlamentarios clásicos ésta es una cuestión más que sobradamente debatida. A la hora de preparar mis
explicaciones ante la Comisión a mí me ha bastado con leerme el 'Diario de Sesiones', que es profuso en el número de iniciativas que se tramitaron en su día sobre este tema y de las que hoy estamos haciendo un recordatorio resumen los tres que hemos
intervenido en esta sesión.
En cuanto al fondo de la cuestión, hay una cosa en la que estoy completamente de acuerdo con S.S., y es en que el derecho a la huelga está en la Constitución, concretamente en el artículo 28, como ha recordado muy bien S.S., y que cuenta con
el reconocimiento y protección que la Constitución establece para cualquier derecho fundamental. Eso es una evidencia a la que todos nos tenemos que atener y entiendo que todos nos atenemos. Ha hecho S.S. una serie de consideraciones sobre la
legitimidad de los trabajadores para ejercer en su caso el derecho a la huelga y yo no puedo decir más que las suscribo al cien por cien porque son canónicas.
Dicho esto, he de añadir que por lo menos tengo cinco discrepancias con S.S. que voy a tratar de ir aclarando. La primera en cuanto a la gradación de los derechos fundamentales a la que se refería el portavoz del Grupo Popular y a las
medidas a adoptar para la protección de uno sin detrimento de la protección del resto de derechos fundamentales. No me voy a entretener en un discurso jurídico sobre el rango de los derechos fundamentales, sólo diré que creo firmemente que todos
ellos tienen que ser protegidos en idéntico grado, es decir, el máximo grado, y que en la medida en que puede pasar y pasa en el día de a día de nuestras vidas que derechos fundamentales, bienes constitucionalmente protegidos, puedan entrar en
conflicto, de lo que se trata es de salvaguardar al máximo todos y cada uno de los derechos fundamentales y bienes constitucionales que entran en conflicto. Eso se hace con mayor o menor fortuna en el caso concreto, pero entiendo que ése tiene que
ser el norte tanto de quien está sentado en este momento en la mesa como compareciente como, con seguridad, de todas SS.SS., que están sentadas en el banco de cada uno de los grupos parlamentarios. Y con toda honestidad entiendo que en el caso que
nos ocupa eso es lo que se ha intentado: hacer conciliable en el mismo día el ejercicio del derecho a la huelga por una serie de personas con el derecho al trabajo de los que quieren trabajar, y en general con el mantenimiento del orden y la
seguridad en la calle para todos los ciudadanos. Ése fue el propósito, para tal propósito se adoptaron las medidas y visto nueve meses después yo decía que, gracias al comportamiento de la generalidad de los ciudadanos (los que ejercieron el
derecho de huelga, los que ejercieron el derecho al trabajo, los que tuvieron la responsabilidad de mantener el orden y también el conjunto de los ciudadanos que sin duda contribuyeron a que el orden pudiese ser mantenido), hoy hablamos de una
huelga general que se desarrolló con una normalidad razonable.
Segunda aclaración por mi parte. Ha dicho en algún momento que esas cartas que se enviaron no son razonables y ha dicho en otro momento: la carta suya no es razonable. Empiezo por aclarar lo segundo, que es lo más fácil. Esa carta seguro
que no era mía porque entonces no tenía ni remotamente la idea de que tendría las responsabilidades que ahora tengo.
En cuanto a esas cartas en plural, tampoco, porque S.S. sabe que estamos hablando de una concreta carta que fue remitida por la
brigada de Madrid.
Con independencia de la fortuna -en la que luego entraré- y del contenido de la misma, a mí me parece -y en eso tengo las ideas muy claras- que pretender atribuir toda una teoría de coacción policial a las autoridades del
Gobierno con base a esa carta de la brigada provincial de Madrid, firmada además, por ausencia, por un jefe de grupo, da una idea de lo desproporcionado que resulta implicar a las direcciones generales en una especie de plan preconcebido, de
estrategia con ánimo de interferir en la voluntad de participación en la huelga general.
Dicho esto y puestas las cosas en su dimensión, el contenido de esa concreta carta sinceramente tampoco me parece reprochable, se lo digo como lo pienso. Dice S.S. que a cuento de qué hay que forzar si se van a mantener o no servicios
mínimos, a cuento de qué dirigirse a las empresas. La razón que yo he dado en mi explicación inicial es una razón, valga el juego de palabras, razonable. La razón es que el conjunto de la fase digamos de preparación de toda la actuación de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en esa jornada -insisto, jornada no fácil en sí misma por el desarrollo de una huelga general, que es un evento extraordinario y no normal en el desarrollo de la vida ciudadana- sumado a las circunstancias
que rodean los días previos y posteriores al elegido para desarrollar la huelga general -mencioné el desarrollo de la cumbre y podría mencionar también el conjunto de movilizaciones ciudadanas que se realizaron antes y después, relacionadas con el
desarrollo de la cumbre y de otros actos de la presidencia española- explican muy bien, y yo creo que es muy razonable, que se adoptasen todas las medidas previas posibles para hacer una distribución de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado ante el conjunto numeroso e importante de actividades que tenían que desarrollarse en los días previos, en el día de la huelga general y en los días inmediatamente posteriores. Créame cuando le digo que ésa fue la finalidad de
la carta que envió esa autoridad y créame cuando le digo que eso no es irrazonable en el contexto de la preparación de una huelga general en ese conjunto de circunstancias a que me acabo de referir.
En relación con los servicios mínimos, quería añadir algo que me parece relevante porque he tenido ocasión de vivirlo en el ejercicio de estas responsabilidades. Me refiero a la relevancia que tiene la fijación de servicios mínimos en los
servicios de seguridad privada, que es un elemento importante, en el que creo que los dos coincidimos, a la hora de prever el conjunto de medidas de seguridad ante una circunstancia especial como es la huelga general. Es muy importante para el
Ministerio del Interior conocer bien cómo se van a ordenar los servicios mínimos de seguridad privada como complemento del conjunto de los mecanismos de seguridad en el país, pero además como responsabilidad directa para la protección de personas y
bienes que tienen que ser muy especialmente protegidos en circunstancias extraordinarias. No creo que haga falta que vaya citando y desgranando ejemplos de servicios mínimos de esas características porque los tenemos todos en la cabeza y no hace
falta que nos recreemos en recordarlos.
La tercera cuestión que me parece importante aclarar, señoría, son sus palabras en relación con la carta. Resumía S.S. algún párrafo de un documento diferente, que es la instrucción dictada en su momento para las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad sobre la adopción de medidas de seguridad en el desarrollo del día de la huelga general. Me interesa destacar que son documentos distintos. El primero lo acabamos de comentar y el segundo tiene una finalidad muy evidente, que es ordenar
el conjunto de medidas que deben llegar a todos y cada uno de los miembros de los cuerpos de seguridad para el desarrollo en este caso de un día especial, como es un día de huelga general; es lo habitual y lo sensato. En cuanto al contenido del
documento concreto para esa huelga general -como puede ser el documento para la huelga convocada para el próximo jueves o lo han sido los documentos anteriores-, tengo que decirle con toda claridad que son documentos convencionales -usaré esa
expresión- en el sentido de que se van repitiendo en el tiempo, porque las medidas de seguridad se repiten en el tiempo. No puedo coincidir -tampoco creo que S.S. quisiera decirlo en esos términos- en la apreciación de que ese tipo de medidas
tienen por finalidad coaccionar a las personas para que no acudan al ejercicio del derecho de huelga. Desde luego no es ese el propósito de esas medidas; el propósito de esas medidas, sin presuponer nada, sin presuponer que va a haber más o menos
violencia, como S.S. decía, es sencillamente tener el dispositivo de seguridad preparado para que todo el mundo pueda ejercer de verdad sus derechos: el que quiere ir a la huelga, ir a la huelga; el que quiere trabajar, trabajar; el que quiere
sencillamente que se mantenga el orden en la calle, que se mantenga el orden en la calle. Esa es la finalidad convencional -vuelvo a utilizar la palabra- de esas instrucciones que se dictaron en tiempo inmemorial, se dictan para la huelga del 20 de
junio y de seguirán dictando, cualquiera que esté en el Gobierno, porque es algo sencillamente elemental. Sobre ese punto terminaría diciéndole que prevención no es coacción; prevención es adoptar las medidas que permitan acometer cualquier
desorden que se pueda producir en un momento en que, al confluir el ejercicio de diversos derechos, puedan producirse problemas. De hecho, una de las cosas que demuestra el desarrollo del día 20 de junio del año 2002 es que las medidas debieron ser
sensatas, porque los incidentes fueron sólo los que fueron y, en la medida de lo posible, la sensación final que nos ha quedado es la de un día de desarrollo del ejercicio de los derechos fundamentales por todos; eso sí -no quiero dejar de decirlo
a efectos de constancia en el 'Diario de Sesiones'-, con el sacrificio de muchas personas, que fueron las que tuvieron que dedicarse, y a veces emplearse, como decía el portavoz del Grupo Popular, con mucha intensidad para conseguir, de verdad, que
esos derechos fuesen conciliables y que se pudiese mantener el orden general.
Mi cuarta aclaración en relación con esto es que entiendo que ni usted ni yo tenemos un planteamiento del ejercicio del derecho de huelga como ejercicio de un derecho que justifica que los que quieren ejercer, comillas, su derecho a la
violencia, puedan hacerlo libremente. Como creo que lo compartimos, no me voy
a detener más en eso. No hay un derecho a piquetes, no hay un derecho a que por la violencia y por la fuerza, se inste al ejercicio coactivo de un derecho fundamental, no hay, en definitiva, derecho a que la violencia se mezcle con el
ejercicio normal de un derecho fundamental, cualquiera que sea, sea éste el derecho de huelga o sea el derecho de manifestación.
Estoy seguro de que en eso usted y yo estamos de acuerdo, señoría. Decía S.S. que no iba a hacer una lectura del
listado de incidentes que se produjeron. Yo, tampoco -su señoría ha tenido esa cortesía parlamentaria en aras de la brevedad y yo voy a tener la misma-, pero la lista de documentos de los incidentes que se produjeron y que tuvieron que sufrir las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado es la que es; se publicó en los medios de comunicación, es bien conocida, incluye momentos de mucha dificultad en materia de seguridad. Porque no estamos hablando sólo de insultos o de zarandeos, sino que
estamos hablando de cosas del estilo de utilización de explosivos caseros, artefactos incendiarios, petardos, etcétera. Insisto, no lo voy a leer. Sólo por hacer justicia a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, quisiera recordar que
se produjeron numerosas agresiones directas a miembros de las mismas, lanzamiento de piedras y rodamientos, incendiado y pinchado de ruedas de vehículos policiales, rotura de lunas de los vehículos, sustracción de placas policiales de identidad,
etcétera. En la medida en que estamos de acuerdo en que el ejercicio de un derecho fundamental no hay que mezclarlo con el ejercicio de ningún inexistente derecho a la violencia, tengamos mucha claridad en las palabras a la hora de decir que -para
proteger el ejercicio de ese derecho fundamental, el derecho a la huelga, como de otro derecho fundamental, el derecho al trabajo, y en general de la seguridad y del orden público- las actuaciones violentas tienen que ser, todas, aisladas del
ejercicio de cualquier derecho fundamental y en consecuencia policialmente perseguidas; como decía el señor portavoz del Grupo Popular, reprimidas.
Decía S.S. que vivió las huelgas anteriores y que no fueron las mismas medidas en 1988, 1994 ó 2002. Me he tomado la molestia -es mi obligación- de leerme la documentación obrante en cada uno de los dispositivos policiales de las huelgas
generales y créame cuando le digo que esencialmente -salvo detalles de días, horas y demás- es la misma.
Además, es lógico que lo sea, porque estamos hablando de un cuerpo de medidas de seguridad pensadas por profesionales para una situación que se
repite en el tiempo y que los responsables políticos conocen pero que no están en condiciones ni siquiera de cuestionar; sencillamente están en condiciones de ratificar y de prestar los medios para que se pueda hacer uso de las mismas y que se
puedan poner en marcha de la mejor manera posible.
Termino, señoría. Acababa S.S. haciendo, aparte de algunos juicios de valor, una apelación a la tranquilidad y a que en este tipo de situaciones se mantenga un corpus común que se atenga al bien común y que en definitiva permita que se
produzcan el menor número de incidencias posible. Podría entrar en sus comentarios desde la perspectiva de aquello en lo que no estoy de acuerdo, pero en esta parte que me parece fundamental me va a permitir S.S. que entre de la manera más
positiva posible, diciendo que ahí nos vamos a encontrar, que si de lo que estamos hablando es de tener la máxima tranquilidad, la máxima serenidad, el máximo respeto al juego combinado de los derechos fundamentales y de los bienes constitucionales
a proteger, S.S. y yo, la oposición y el Gobierno, sin duda estamos en la misma dirección. Y como entiendo que el propósito de sus palabras era ese, le digo que estoy seguro de que, si esa es la verdad, nos vamos a poner siempre de acuerdo.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora López i Chamosa. Sea breve, por favor.
La señor LÓPEZ I CHAMOSA: Sí, señor presidente, con mucha brevedad.
Quisiera manifestar no ya una contradicción, sino una observación al secretario de Estado. No quería decir a que la carta la hubiera hecho usted. Cuando se habla de piquetes violentos, yo no dudo que pueda haber alguno, pero es que los
piquetes informativos son fundamentales en una huelga. Le voy a dar un dato que a veces no tenemos en cuenta: no hay más coacción que los contratos temporales en una empresa para que la gente no pueda ejercer su derecho a la huelga. Y en este
país tenemos el 32 por ciento del empleo en contrato temporal. Aquel que tiene un contrato temporal sabe que, si no hay un piquete informativo que viene a la empresa y el empresario puede comprobarlo, no tiene la libertad para poder parar porque
sabe que le va en ello el puesto de trabajo. Es una realidad que tenemos hoy.
Quisiera decir dos cosas al portavoz del Grupo Popular. No dispongo de tiempo, si no le explicaría lo que significa esquirol y lo que ha significado en la historia del movimiento obrero, pero es fácil comprobarlo. Si al derecho al trabajo
le hubiéramos dado el mismo rango que damos al derecho a la huelga, si no fuera porque al derecho al trabajo lo hemos considerado como un derecho de índole programática o política, los dos millones de parados que había estarían poniendo una demanda
en los juzgados para ejercer ese derecho al trabajo que dice usted que tiene el mismo rango. Son dos cosas diferentes. Esa es una realidad y supongo que más de una vez se habrá encontrado usted con un parado que le haya preguntado por qué no tiene
trabajo teniendo el derecho reconocido en la Constitución.
Termino refiriéndole un hecho que yo viví personalmente el 20 de junio. Yo estuve con un grupo numeroso en las cocheras de autobuses de Barcelona a las cinco de la mañana y le aseguro que gracias a un mando policial se evitó un conflicto
más que violento que se estaba
originando por la actitud de dos o tres números de la policía que había allí, que nadie lo estaba pretendiendo, porque allí había unos servicios mínimos establecidos que todo el mundo iba a respetar. Por la forma de entrar a la empresa
empujando a todo el mundo que encontraban a su paso, sin cuestionar si eran directivos, si eran del comité de empresa o si eran del comité de huelga. Estas actitudes, lo mismo que las actitudes violentas de los piquetes, las ejerza quien las
ejerza, repito que tenemos todos la obligación de contribuir a erradicarlas de nuestro funcionamiento normal y correcto. Ello irá en beneficio de todos, de los ciudadanos, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de todos en general.
El señor PRESIDENTE: Señor González Pérez, con la misma brevedad.
El señor GONZÁLEZ PÉREZ: Intervengo muy brevemente. Coincido plenamente con la última parte de la intervención de la señora López i Chamosa.
Voy a hacer tres puntualizaciones. Efectivamente, en este país nos podemos encontrar con un nivel del 32 por ciento de contratos temporales.
Afortunadamente, porque anteriormente era mayor y se ha ido reduciendo poco a poco; me imagino
que todos contribuiremos a que eso cada vez sea mejor. Yo también me he encontrado con personas, señora López i Chamosa, que querían ir a trabajar y se les impedía y me preguntaban por qué, si tengo trabajo y puedo ir a trabajar, no se me deja
ejercer ese derecho al trabajo. Es una pregunta que también me imagino que quedará sin respuesta como la de esos dos millones de parados, que cada vez son menos, afortunadamente, en los últimos tiempos. Y quiero precisar algo que es fundamental.
Señora López i Chamosa, a veces los incontrolados provocan situaciones no queridas para nadie. Seguramente usted habrá podido observar cómo mandos policiales consiguieron controlar a esos que usted ha llamado descontrolados, pero a mí me hubiera
gustado ver también en alguna ocasión -y no dudo que haya pasado- que aquellos descontrolados que van en piquetes sean controlados precisamente por los que no quieren que en esos piquetes haya descontrolados.
El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Astarloa Huarte-Mendicoa): Intervengo con la misma brevedad para hacer dos precisiones y dos comentarios. Dos precisiones que se me quedaron en la cartera a dos preguntas que me formulaban, para
que no queden dudas y que conste en el 'Diario de Sesiones'. No hubo ni la más mínima instrucción de que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado el 20 de junio de 2002 repartiesen periódicos; hubo algún acto espontáneo en Madrid en el que
algo de eso se produjo, pero que no tenía nada que ver con una previsión de ninguna naturaleza general. Y más importante que eso, que por supuesto no es verdad -yo lo califiqué en alguna intervención anterior en esta Comisión y fuera de ella de
pura maledicencia-, es que alguien diese la orden de no detener a determinadas personas para que la confusión fuese mayor. Quédese S.S. con la máxima tranquilidad, porque eso sencillamente no es cierto.
Dos comentarios, para que no quede en el 'Diario de Sesiones' la sensación de que yo acepto pacíficamente que hay rango mayor o menor entre uno u otro derecho. Como he estado tantos años explicando estas cosas en el aula de una facultad,
quiero que quede constancia también, por lo menos ante mis ex alumnos, de que sigo pensando lo mismo que les decía cuando se lo explicaba. El hecho de que estén recogidas en secciones distintas del mismo título de la Constitución que reconoce
derechos fundamentales no establece rango. Los dos lo son; lo es sin duda el derecho al trabajo y lo es sin duda también el derecho a la huelga. Otra cosa son los efectos jurídicos que la Constitución atribuye a cada uno de los derechos
fundamentales que enumera en el título I; unos son de directa aplicación y otros son de otra naturaleza. Es importante que en esto nos pongamos de acuerdo, hoy y en el futuro. La obligación de cualquier responsable público no es hacer primar un
derecho sobre otro. No digo yo tampoco que hay que hacer primar el derecho al trabajo sobre el derecho a la huelga, digo que en una convocatoria de huelga general hay que conciliar, y esa es nuestra obligación, el derecho a la huelga, el derecho al
trabajo y el derecho de todos a tener un día de orden y de tranquilidad en el que los demás están ejerciendo a su vez, según su elección, su respectivo derecho. Esa es la buena doctrina. Esa es la doctrina que cualquier gobierno sensato tiene que
aplicar.
Por último, en algunas fases de su intervención parecía que se elevaba a categoría la existencia de circunstancias concretas. A mí me parece importante en materia de seguridad que siempre discriminemos las circunstancias concretas a la hora
de establecer categorías y pongamos cada circunstancia concreta en su sitio. Sobre cada circunstancia concreta, yo siempre diré respecto a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que, si hay un comportamiento no debido, un
comportamiento no ajustado a la ley, habrá de tener las consecuencias individuales que sean. Lo diré siempre, lo he dicho toda mi vida y espero poder decirlo hasta el final de mis días. Dicho esto, añado que jamás hagamos un ejercicio que no es
verdad en la España democrática de estos últimos 25 años, desde que empezó la transición política, que es que de las circunstancias individuales tengamos que llegar a la categoría de que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no tienen un
comportamiento adecuado. Esa categoría no la podemos sentar porque, aparte de no ser verdad, es de una enorme injusticia, primero, con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y, segundo, con nosotros mismos, que hemos conseguido, entre todos,
forjar unas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado democráticos, plenamente adaptados a la misión que les corresponde, de acuerdo con la Constitución de 1978, que es dejarse la vida y el empeño en proteger los derechos de todos. Discriminemos siempre la naturaleza individual de una
circunstancia y jamás la utilicemos para elevarla a una categoría general que nunca va a desmerecer -estoy seguro- bajo gobierno de cualquiera de las fuerzas políticas que están en esta Cámara el principio de que de verdad disponemos de unos
magníficos garantes de nuestros derechos y de nuestras libertades, de todos nuestros derechos y de todas nuestras libertades.
Lo único que me queda en este momento es añadir la petición que haré mañana, tarde y noche, de que todos apoyemos y ayudemos a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a realizar esa misión. (La señora López González pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señora López González.
La señora LÓPEZ GONZÁLEZ: Queremos adherirnos al pésame que esta Comisión trasladará en su momento a la persona de don Julio Anguita por el fallecimiento de su hijo. La justificación de la muerte es siempre muy complicada, pero en estas
circunstancias aún más, el fallecimiento de un hijo con 32 años en un conflicto internacional, cumpliendo con sus obligaciones como periodista. Esta muerte además era innecesaria, porque este conflicto no debía haberse iniciado nunca.
El señor PRESIDENTE: En todo caso, esta presidencia, en nombre de la Mesa y en nombre de todos los grupos parlamentarios, no sólo de los presentes que han manifestado sus sentimientos en estos momentos, sino también de aquellos que no están
presentes, lo trasladará al señor Julio Anguita, haciéndole llegar nuestro sentimiento, nuestras condolencias, nuestro afecto y nuestro pesar por la muerte de su hijo Julio.
Nada más, señorías. Agradeciendo de nuevo al secretario de Estado su presencia, se levanta la sesión.
Eran las diez y veinticinco minutos de la mañana.