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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 729, de 25/03/2003
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2003 VII Legislatura Núm. 729
POLÍTICA SOCIAL Y EMPLEO
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JULIO PADILLA CARBALLADA
Sesión núm. 35
celebrada el martes, 25 de marzo de 2003
ORDEN DEL DÍA:
Comparecencia del señor subsecretario de Trabajo y Asuntos Sociales (Mari Olano) para informar de las razones por las que los inspectores de Trabajo y Seguridad Social han convocado varios días de paro durante los meses de febrero, marzo y
abril del presente año. A solicitud del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 212/001456.) ...
(Página 23392)
Proposiciones no de ley: - Para que se acelere la instalación de un centro comarcal de la Seguridad Social en Vélez-Málaga (Málaga). Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/001798.) ...
- Sobre medidas en relación con la cohesión y el modelo social de la Unión Europea. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/001931.) ... (Página 23407)
- Por la que se insta al Gobierno a que adopte las medidas necesarias para prohibir la comercialización y uso de la variedad de amianto denominado blanco o crisolito, así como para realizar una detección precoz y dar un tratamiento médico
adecuado a las enfermedades derivadas de la exposición al mismo. Presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida. (Número de expediente 161/000745.) ... (Página 23414)
- Por la que se insta al Gobierno a la puesta en funcionamiento de un tribunal médico de incapacidades laborales para la comarca del Campo de Gibraltar (Cádiz). Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.
(Número de expediente
161/001695.) ... (Página 23418)
- Sobre reapertura de la tesorería de la Seguridad Social de Morón (Sevilla). A solicitud del Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/001989.) ... (Página 23421)
Se abre la sesión a las diez y diez minutos de la mañana.
COMPARECENCIA DEL SEÑOR SUBSECRETARIO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (MARI OLANO), PARA INFORMAR DE LAS RAZONES POR LAS QUE LOS INSPECTORES DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL HAN CONVOCADO VARIOS DÍAS DE PARO DURANTE LOS MESES DE
FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL PRESENTE AÑO. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 212/001456.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, se abre la sesión. Tiene como puntos del orden del día en primer lugar la comparecencia del subsecretario del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales para informar de las razones por las que los inspectores
de Trabajo y Seguridad Social han convocado varios días de paro durante los meses de febrero, marzo y abril del presente año, comparecencia solicitada por el Grupo Parlamentario Socialista.
Damos la bienvenida al subsecretario de Trabajo, señor Mari Olano, a esta Comisión una vez más y le concedo la palabra. Señor subsecretario.
El señor SUBSECRETARIO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Mari Olano): Muchas gracias, presidente, y buenos días a todos los miembros de esta Comisión.
En esta comparecencia, a solicitud del Grupo Parlamentario Socialista, voy a informar acerca de los motivos por los cuales, no los inspectores de trabajo, sino una de las asociaciones del cuerpo, convocó tres días de paro hace un mes y medio
aproximadamente. La Asociación profesional de inspectores de Trabajo y Seguridad Social, que es una de las dos asociaciones existentes que agrupan a los miembros del cuerpo de inspectores, convocó mediante un escrito presentado el día 5 de febrero
tres jornadas de paro, los días 24 de febrero, 21 de marzo y veintitantos de abril; esas jornadas de paro fueron desconvocadas al día siguiente por un escrito presentado el 6 de febrero y ninguno de los dos paros inicialmente previstos, a causa de
esa desconvocatoria, se llegó a celebrar. Las razones fundamentales por las cuales la asociación convoca estas jornadas de paro se hacen constar en el escrito de convocatoria de los paros, que ya he dicho que al día siguiente se desconvocan.
Alegan básicamente como medidas de presión la aprobación de una nueva relación de puestos de trabajo que suponga una modificación de los complementos específicos así como una modificación del sistema de productividad, que dicen que es injusto y con
visos de ilegalidad, la falta de medios materiales humanos entre los que APIT, la Asociación profesional de inspectores de Trabajo, destaca la escasa informatización, el escaso personal administrativo, etcétera. Según ellos hay una sucesión de
incumplimientos por las autoridades del ministerio, citando algunos concretos para ellos como, por ejemplo, un seguro de los vehículos particulares de los inspectores, que manifiestan que se prometió que se contrataría por el ministerio.
Puedo destacar que, desde mi nombramiento a finales de julio de 2002, he tenido numerosísimas entrevistas y conversaciones telefónicas, tanto con representantes de la Asociación profesional de inspectores de Trabajo y Seguridad Social, con
representantes de la Unión progresista de inspectores de Trabajo y Seguridad Social, que es la otra asociación, como con representantes de la Federación de asociaciones de cuerpos de subinspectores de Empleo, que es una federación, y en este ámbito
sé que hay muchas más, que agrupa a las numerosas asociaciones de subinspectores, con objeto de debatir y examinar con ellos el estado actual de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y los distintos programas que pueda tener la misma y poder
hacer entre todos una inspección cada vez mejor. Lo mismo ha hecho el director general de la Inspección,
que, como a SS.SS. les consta, fue nombrado a finales de octubre de 2002.
El ministro Zaplana, ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, el 11 de febrero de 2003 mantuvo una entrevista con los representantes de la Asociación profesional de
inspectores de Trabajo y Seguridad Social, lo que pone de manifiesto la atención que el actual equipo del ministerio dispensa a la inspección. Yo les puedo asegurar que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social ocupa una enorme parte de mi tiempo
de trabajo. Es para mí una responsabilidad esencial y un cometido que tengo asumido, ya no sólo como tarea administrativa y política, sino incluso con empeño personal.
La convocatoria de estos paros intermitentes, como he dicho, estaba fechada el día 4 de febrero de 2003, aunque el día anterior, el 3 de febrero de 2003, ya se había comunicado a la Asociación profesional de inspectores de Trabajo y
Seguridad Social que el ministro les recibiría el día 11. Es decir que la fecha de la reunión proyectada entre el ministro y la APIT se les comunica un día antes de que estos fecharan y presentaran la convocatoria de paros. Esa es la razón
fundamental por la cual se desconvocan los paros al día siguiente. Estuve hablando con su presidente y le dije que, en el intento de llevarnos bien y de buscar soluciones para los eventuales problemas que pudieran afectar a la inspección, no era lo
mejor tener una entrevista con el titular del departamento con una convocatoria de huelga. En función de los resultados de esa entrevista, tendría que resolver lo que procediera, y no parece que los resultados por ahora hayan sido malos cuando no
se ha vuelto a convocar esta huelga.
De todas maneras, y con independencia de las cuestiones que plantea la Asociación profesional de inspectores de Trabajo y Seguridad Social en su escrito de convocatoria de los paros, de las conversaciones que he tenido con ellos y de las
reuniones que he tenido, no sólo con ellos sino también con las otras asociaciones y particularmente con la Federación de subinspectores, he llegado a la conclusión de que en el fondo late una cuestión esencialmente retributiva. Quiero destacar que
no son ni mucho menos todos los inspectores; me atrevería a decir que la mayor parte del cuerpo no está asociada a ninguna de las asociaciones de inspectores. El descontento de estos funcionarios puede venir fundamentalmente por cuestiones
retributivas. Centrándome precisamente en esta materia, saben SS.SS. que el complemento específico de la relación de puestos de trabajo en la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, por lo que se refiere al cuerpo de inspectores, se ha revisado
anualmente, como todos los complementos específicos de los funcionarios públicos. Además, no sólo se hizo esta revisión anual para adecuarlo al índice de precios al consumo, sino que en el año 2000 se revisó la relación de puestos de trabajo para
adecuarla a la Ley ordenadora de la inspección del año 1997 y se incrementó sustancialmente este complemento y el de destino para 136 puestos de inspectores, lo cual representa aproximadamente el 18 por ciento de la plantilla. De la misma manera,
todos -recalco lo de todos- los puestos de trabajo reservados a subinspectores, todos los funcionarios del cuerpo de subinspectores de Trabajo y Seguridad Social, tuvieron un incremento del complemento específico en un 16 por ciento en el año 2000 y
se mejoró el nivel de complemento de destino de todos los funcionarios de este cuerpo.
Actualmente, la Comisión ejecutiva interministerial de retribuciones está examinando un proyecto de modificación de la relación de puestos de trabajo, cuyo eje central es el incremento de la plantilla de la inspección y su reestructuración,
eliminando antiguas discriminaciones provinciales. En la estructura heredada hay provincias de categoría especial, de primera y de segunda categoría, en función de cargas de trabajo, y muchas veces es difícil adivinar cómo se hizo esa distribución
en su día. En realidad, el trabajo de un inspector es el mismo en cualquier provincia de España, en cualquier inspección provincial.
Incluso me atrevería a decir que en las provincias que se catalogan de categoría especial, como pueden ser
Barcelona, Madrid o Valencia, puede haber una carga de trabajo superior, pero en todo caso no más grave o menos soportable que la que pueda haber en provincias de segunda categoría, pequeñas, dado que en las provincias de categorías pequeñas, los
que actualmente se considera como tales, un inspector tiene que hacer de todo, desde seguridad y salud laboral hasta Seguridad Social. En cambio, en las provincias grandes están bastante más especializados.
Uno de los ejes centrales de la modificación de la relación de puestos de trabajo que está examinando en estos momentos la Comisión ejecutiva interministerial de retribuciones es precisamente suprimir esta discriminación, esta catalogación
provincial desfasada; ello tendrá consecuencias retributivas. Las dos asociaciones de inspectores y la Federación de asociaciones de subinspectores han sido invitadas a participar activamente en este proceso y de hecho lo están haciendo. En
cuanto al complemento de productividad, ha de llamarse la atención sobre las peculiaridades de la función inspectora, cuyos funcionarios no están sujetos ni a jornada ni a control directo, lo que explica que desde 1986 se les aplique un sistema de
productividad por resultados, que los convocantes de la huelga tachan de ser injustos y de tener claros visos de ilegalidad. No entro en si son justos o no porque son conceptos que en muchas ocasiones pueden ser etéreos, pero sí en el de
ilegalidad, que es claro. No recuerdo exactamente qué número de sentencias puede haber, no sé si son 20, 30 ó 40, de todos los órganos del orden jurisdiccional contencioso-administrativo, desde juzgados de lo contencioso hasta la sala de lo
contencioso de la Audiencia Nacional, pero todas las sentencias que han recaído sobre este asunto, que ha sido reiteradamente llevado a los tribunales por funcionarios del cuerpo de inspectores
o del cuerpo de subinspectores , en todos los casos han confirmado la legalidad de los actos administrativos dictados al amparo del sistema de productividad de la inspección. Lo que es o no ilegal, hasta donde yo alcanzo, lo dicen los
tribunales y los tribunales están diciendo que es perfectamente legal.
En cuanto al complemento de productividad entre 1995 y 2002, el promedio individual de este complemento ha crecido aproximadamente en un 40 por ciento, lo cual está bastante por encima de la evolución del índice de precios al consumo, por
utilizar un baremo de estos años. Por otro lado, próximamente, el ministerio va a plantear al Ministerio de Hacienda la conveniencia de revisar los topes máximos del sistema de productividad y de modernizarlo. Quiero destacar que la legalidad de
este sistema, que está vigente en sus líneas generales desde el año 1986, ha sido reiteradamente confirmada por los tribunales.
Otra de las razones a la que hacían referencia los convocantes en su escrito de convocatoria era la relativa a los medios de la inspección.
Esta afirmación creo que no tiene ningún tipo de base. Entre 1997 y 2002, ha crecido en un 67 por
ciento el gasto de mantenimiento de la inspección de Trabajo y Seguridad Social, incremento que es muy superior al experimentado por el conjunto de servicios de la Administración General del Estado. El presupuesto inicial de 2003 crece con relación
a 2002 en un 4,2 por ciento y el número de la plantilla, desde el año 1995 al 2003, ha crecido en más de un 20 por ciento; a principios de 1995 había 600 y pocos inspectores y el 1 de marzo del 2003 estaban en servicio 700 y muchos. En lo que se
refiere a la disposición de medios, lo que alega la Asociación de inspectores de Trabajo y Seguridad Social en cuanto al personal administrativo de apoyo no tiene ninguna razón de ser, a mi juicio; de 1995 a 2002 el personal de apoyo administrativo
ha crecido en un 87, 2 por ciento, teniendo en cuenta que, como a SS.SS. les consta, la política de personal de la Administración pública durante estos años no ha sido precisamente una política expansiva. Asimismo, el número de metros cuadrados de
los locales de la inspección en estos años se ha incrementado en un 89 por ciento, y el gasto en equipos informáticos se ha incrementado en un 400,7 por ciento.
De todo esto concluyo que la Asociación profesional de inspectores de Trabajo y Seguridad Social, la otra asociación del cuerpo, la Federación de asociaciones de subinspectores y el ministerio comparten una preocupación, que es lograr una
inspección de Trabajo y Seguridad Social cada vez mejor y más eficaz, siendo este uno de los medios esenciales para hacer una auténtica política social. Estas asociaciones por supuesto son libres de defender los objetivos corporativos que crean
convenientes, objetivos que a mi entender se centran básicamente en una cuestión retributiva, lo cual no quiere decir que no se preocupen también por las condiciones de trabajo y por la eficacia social de su función. Lo hacen y mucho; son grandes
profesionales. Perseguimos el mismo objetivo, tanto ellos como nosotros. Por esta razón, en estos momentos, y a través de un proceso de diálogo constante y fluido, una de las reivindicaciones de todas las asociaciones ha sido la constitución de un
grupo de trabajo para examinar la cuestión de la productividad. La constitución de este grupo de trabajo se acordó hace bastante tiempo y ayer tuve una reunión de casi cuatro horas con los representantes de las tres organizaciones y representantes
de la Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. A través de este proceso de diálogo y de trabajo en una misma dirección, creo que vamos a conseguir una inspección cada vez mejor, una inspección que cuente con funcionarios
con un nivel de preparación y una conciencia social importantes y que encuentra eco en el ministerio. Además, la preocupación del ministerio y de los órganos políticos y administrativos del ministerio por esta mejora constante de la inspección se
ve avalada por los resultados de la inspección durante los últimos años. Si SS.SS. lo creen conveniente, les puedo facilitar luego unas cuantas cifras que indican claramente la mejora constante de estos resultados. Queremos conseguir una
inspección de trabajo y seguridad social cada vez mejor, tanto las propias asociaciones, por distintos medios de presión que puedan adoptar, como el ministerio. Las medidas de presión para mejorar la situación de la inspección no son necesarias en
absoluto, porque tanto el titular del departamento, como un servidor, como el director general de la Inspección y como todos y cada uno de los órganos administrativos de la inspección estamos muy concienciados de cuál es nuestro trabajo.
Muchas gracias, presidente. Estoy a su disposición, señorías.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor subsecretario.
En nombre del grupo autor de la iniciativa, el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor González Vigil.
El señor GONZÁLEZ VIGIL: En primer lugar quiero agradecer la comparecencia del señor subsecretario, aunque tengo que decirle que nos ha despejado pocas dudas. Como usted ha dicho, señor subsecretario, aunque en el motivo de la
comparecencia aparece que son los inspectores los que convocaron varios días de paro, no sé si habrá sido un error o un despiste, realmente fue la Asociación profesional de inspectores de Trabajo y Seguridad Social la que convocó el pasado día 9 de
enero a todos los inspectores de trabajo a que secundasen varios días de paro: uno el día 14 de febrero, otro el 21 de marzo y otro el 25 de abril; además, el paro del día 14 de febrero se iba a hacer conjuntamente con la Federación de
asociaciones de subinspectores, que incluso llegaron a plantear una concentración en
las puertas del Ministerio de Trabajo. También es cierto, como usted ha dicho, que esa convocatoria se comunicó al ministerio el día 5 de febrero y se desconvocó el día 6; según nuestras informaciones, se desconvocó porque desde el
ministerio se les impuso la desconvocatoria como condición sine qua non para que les recibiese el ministro el día 11. Lo que no entendemos es su interpretación.
Nos dice que ha tenido varias reuniones con ellos, que el actual equipo ministerial presta muchísima atención a este colectivo, que se ha convocado un grupo de trabajo para subsanar esas posibles deficiencias y que no es algo que afecte a
todos los inspectores, que es sólo una minoría. Nosotros, en principio, tenemos que opinar todo lo contrario.
Creemos que afecta a la inmensa mayoría, prácticamente a todos los inspectores. Sólo la asociación profesional representa al 80 por
ciento de los más de 700 inspectores que hay en la plantilla y, además, precisamente hoy, no sabemos si coincidiendo con su comparecencia o por otros motivos, aparece en un diario nacional, en El País, una noticia que, como es muy breve, me va a
permitir que se la lea: La Federación de subinspectores de Empleo y Seguridad Social con el apoyo de la Unión Progresista de Inspectores de Trabajo -la otra asociación de las dos que hay- tiene previsto para hoy un encierro de los profesionales de
ambas organizaciones. Con esta protesta, que tendrá lugar en las delegaciones provinciales de la inspección, reclaman más recursos humanos y técnicos y el cambio del actual sistema de productividad, según informaron ayer ambas organizaciones. La
medida de presión que va a ser impulsada conjuntamente por los dos colectivos pretende expresar su malestar por la insuficiencia de medios y por unos criterios de productividad basados en los resultados obtenidos en sanciones a las empresas y que no
tienen en cuenta la actividad realizada. Parece ser que no se creen los inspectores esas buenas intenciones -que no dudo que tenga el ministerio- de ir subsanando estas deficiencias. Según estos colectivos, dichos paros se iban a llevar a cabo
para denunciar lo que ellos creen que es una actitud de abandono desde hace mucho tiempo hacia la inspección de trabajo por parte de las autoridades del Ministerio de Trabajo. Incluso llegan a decir que el Ministerio de Trabajo les está condenando
a una situación de deterioro, de desánimo y de desmotivación, que pone en grave peligro el desarrollo de su labor.
Nosotros hemos pedido su comparecencia para que nos explique si el ministerio es consciente de este malestar, si está de acuerdo con sus denuncias y si están dispuestos a dar una pronta solución a este cúmulo de problemas. Usted nos dice
que sí y se refiere a que estas reinvindicaciones las hacen sólo una minoría. Nosotros, con la convocatoria de este encierro que tienen previsto hoy los subinspectores con la unión progresista de inspectores, y con la convocatoria de la asociación
profesional antigua, pensamos que no se creen esas buenas intenciones del ministerio o al menos no las están viendo.
Desde hace tiempo, desde antes de la convocatoria de esta huelga, en el Grupo Parlamentario Socialista estamos recibiendo quejas de muchas inspecciones provinciales. De hecho, una vez pedida su comparecencia, hemos contactado con
representantes de las dos asociaciones y con representantes de una gran parte de las inspecciones provinciales de nuestro país. Prácticamente todos los inspectores vienen a indicar los mismos problemas, las mismas quejas, las mismas
reivindicaciones, entre las que podemos señalar como más importantes las que usted ha mencionado, pero no de la forma tan edulcorada en que usted las ha presentado.
Fundamentalmente, la mayoría de los inspectores denuncian la falta de medios
humanos, materiales y de información; se quejan de la escasa informatización y de la falta de programas informáticos, aunque usted haya dicho que ha crecido en un porcentaje bastante alto; se quejan así mismo de la falta de personal de apoyo, de
auxiliares administrativos, que creo recordar que usted ha dicho que había crecido en un 80 por ciento, y señalan que, por esta falta de personal de apoyo, se incumple el apartado 3 del artículo 2 de la ley 42/1997, de 14 de noviembre, en el que se
dice que la Administración General del Estado dotará a dicha inspección del personal de apoyo administrativo que sea necesario para el correcto desarrollo de su función. Siguen creyendo que ese 80 por ciento que, según usted, ha crecido el personal
de apoyo sigue siendo deficiente. Se quejan de cosas que nos han llamado poderosamente la atención y que hemos visitado in situ, se quejan de falta de líneas telefónicas, de falta de despachos, de escasez de mobiliario, de falta de bibliografía
especializada, denuncian que en algunas provincias la inspección tiene su sede en edificios ruinosos, hasta tal punto que, como aseguran muchos inspectores, si se hiciese una inspección en ellos, casi todos serían sancionados, y se quejan de que en
otras provincias las inspecciones provinciales están repartidas en varios inmuebles.
Sólo con estas realidades, se lo subrayo, estamos viendo que es algo realmente lamentable y que estamos muy lejos de contar con una inspección de trabajo moderna -como usted ha dicho que tiene intención de hacer este actual equipo
ministerial- propia del siglo XXI, en el que vivimos, y que se parece más a una inspección del siglo XIX. Y lo que no entendemos es cómo el ministerio permite esta carencia de medios en un colectivo que, al menos para nosotros -supongo que para
toda la sociedad y para la Administración del Estado-, desempeña un papel fundamental en el ejercicio del control de la legalidad. Estas deficiencias, que pueden parecer increíbles, son fácilmente constatables y por ello es por lo que creemos que
los inspectores, en su indignación, al ser constatables, proponen estas
huelgas y estos encierros que he indicado anteriormente que aparecían hoy en un diario nacional. Estas deficiencias son increíbles pero son fácilmente constatables. De hecho, no se si usted las ha visitado pero yo les invito, tanto a usted
como al resto de SS.SS. aquí presentes, a que visiten las sedes provinciales de la Inspección de Trabajo y las comparen por ejemplo con las de la Agencia Tributaria. Les invito a que comparen el número de personal auxiliar que tiene cada inspector
de Trabajo con los que tiene cada inspector de la Agencia Tributaria, les invito a que comparen el número de ordenadores y de medios informáticos que tienen unos y que tienen otros y les invito a que comparen las remuneraciones de unos y otros. Le
vuelvo a repetir que esto es fácilmente constatable, nosotros lo hemos hecho. Si lo hacen, podrán comprobar que es algo incomparable. La Agencia Tributaria dispone de edificios, de despachos, de medios materiales, informáticos y humanos, que,
comparados con los de la inspección de Trabajo, hacen que éstos parezcan casi tercermundistas.
Nos da la sensación, al observar estas diferencias tan sangrantes, de que el Gobierno premia la labor exclusivamente recaudatoria de la Agencia Tributaria y menosprecia la función eminentemente social de la Inspección de Trabajo. Denuncian
asímismo la escasez de la plantilla, lo cual es algo que el Grupo Parlamentario Socialista, como usted bien sabe, viene denunciando desde hace mucho tiempo. Nos decía usted el pasado mes de octubre, en esta misma Comisión, en su comparecencia para
explicar los Presupuestos Generales del Estado para este año 2003, que a 1 de enero había 748 inspectores en puestos de inspección y que la cifra que preveía a 1 de enero de 2003 era de 784, porque estaba a punto de incorporarse la nueva promoción.
Suponiendo que ya sean 784 los funcionarios de plantilla, seguimos creyendo que es insuficiente, sobre todo teniendo en cuenta el escandaloso volumen de accidentes laborales que se siguen registrando cada año en nuestro país; y me remito a la
última cifra del ministerio correspondiente al año 2002. Además, prácticamente todas las comunidades autónomas denuncian la falta de inspectores como una de las causas principales de los accidentes laborales y proponen que se incrementen su número
y sus recursos.
Aunque sabemos que al ministerio no le gusta, ni le gustaba al señor Aparicio, ni le gusta al señor Zaplana, y, según su comparecencia, parece que a usted tampoco le hace mucha gracia, tenemos que repetirle que, comparando España con el
resto de los países europeos, con la plantilla existente tenemos una ratio de un inspector por cada 25.000 asalariados, aproximadamente, cuando en el resto de la Unión Europea la ratio es de uno por cada 7.000. Incluso en países que podemos
considerar modélicos en cuanto a la prevención de riesgos laborales o en cuanto a los índices de siniestralidad laboral, la ratio baja y es de uno por cada 5.000. Creemos que el ministerio debe ir aumentando progresivamente pero sin pausa la
plantilla hasta alcanzar los parámetros europeos, usted ha dicho que está en su ánimo hacerlo y también lo dijo en su anterior comparecencia. De hecho, ustedes son conscientes de la escasez de plantilla y de la necesidad de ampliarla, así lo
deducimos de la propuesta anunciada por el ministro señor Zaplana en su acuerdo con los sindicados; hablan de dotar con 700 inspectores más a la inspección de Trabajo. Nosotros le indicamos que esta es una propuesta equívoca y que no sabemos si se
ha vendido intencionadamente de esta forma. Yo insisto en que realmente no se amplia la plantilla en 700 inspectores. Lo que se hace es dotar de funciones comprobatorias con trascendencia jurídica a técnicos de los centros de Seguridad e Higiene
en el Trabajo y del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Y sospechamos que esto va a traer consecuencias, porque se produce sin las garantías jurídicas necesarias para el administrado y sin contar con la propia Inspección de
Trabajo.
En otro orden de cosas, otra de las denuncias de este colectivo son las deficientes condiciones salariales. Usted ha dicho que en el fondo de todo esto lo que late es una cuestión retributiva. Nosotros creemos que no es así. Por las
conversaciones que hemos tenido con inspectores de inspecciones provinciales no representantes de asociaciones y con las asociaciones, a nosotros nos parece que esta es una razón a la que posiblemente dan menos importancia. Por supuesto que la
reivindican, pero le dan más importancia a que se les dote de recursos, de medios técnicos, de medios humanos, de sedes dignas y a que se haga una auténtica planificación y auténtica organización en su trabajo, como expondré a continuación. No
obstante, es cierto que se quejan de estas deficientes condiciones salariales que ligan un tercio de sus retribuciones a un sistema de objetivos injustos; es cierto que ellos dicen que con claros visos de ilegalidad, como usted ha dicho. Nosotros
no nos vamos a meter en eso, son los tribunales, y usted lo ha dicho, los que deben decidir si son legales o ilegales, pero lo que no es de recibo es que se condicione ese complemento de productividad al número de sanciones propuestas. Las
retribuciones de los funcionarios se cuantifican y se calculan con base en las sanciones que se proponen en materia de prevención de riesgos laborales y no en cuanto a criterios de descenso efectivo de siniestralidad o de cumplimiento de normas
preventivas. Y se produce así la paradoja, como está ocurriendo en nuestro país desde hace años, de que aumenta el número de las sanciones pero que a su vez se incrementan aún más los índices de siniestralidad.
Esta espiral autoalimentada se explica por la necesidad de atender, como hemos dicho, las exigencias salariales de los funcionarios, que además en la actualidad se han visto incrementadas por un significativo aumento de las exigencias de
sanciones, que implica que cada inspector de Trabajo y Seguridad Social, en el área funcional de prevención de riesgos laborales, deba producir
una sanción al menos en cada actuación. Nos parece que el ministerio debería modificar los complementos específicos, situándolos en un nivel acorde a las competencias y a la responsabilidad de este colectivo, y debería también modificar el
sistema de productividad, estableciendo la retribución complementaria de los funcionarios en función de objetivos territoriales cualitativos y no con base en las sanciones que propongan.
Las sanciones y las actividades realizadas son un indicador
de la actividad profesional, nunca pueden ser un objetivo. Y ello además contribuye a que los inspectores no hagan una auténtica labor de prevención. No voy a acusar de que a ello se deban los índices de siniestralidad laboral tan altos que
tenemos en nuestro país, pero sin duda sí que contribuye. Los inspectores se dedican a sancionar y no hacen esa auténtica labor de prevención, de asesoramiento, de información a los empresarios y a los trabajadores sobre la manera más efectiva de
cumplir las disposiciones cuya vigilancia tienen encomendada. Si habla usted con los empresarios, una mayoría de ellos le dirá que la situación actual es un auténtico disparate. Los empresarios creen que efectivamente sólo hay sanciones, que,
cuando aparece un inspector en su obra, en su empresa, no hay asesoramiento, no hay prevención; hay sólo sanciones.
Con el actual sistema de productividad esto es comprensible hasta cierto punto. A nadie se le escapa que en cualquier visita a una obra, sólo con mirar los agujeros, los rodapies, las sujeciones de las barandillas, si los trabajadores
llevan puesto el casco o no, si tienen colocados los arneses o no, etcétera, se pueden imponer varias sanciones en una sola visita y así ver cumplido su objetivo y parte de su remuneración. Sin embargo, si se hace una auténtica visita a una
empresa, en la que se vigile el cumplimiento de la normativa sobre prevención de riesgos laborales, se asesore y se informe tanto a los empresarios como a los trabajadores, se compruebe y se favorezca el cumplimiento de las obligaciones asumidas por
los servicios de prevención, ésta puede durar varios días, puede acabar incluso sin ninguna sanción, puede ser eficaz para la prevención de riesgos laborales. Sin embargo, no se hace porque la inspección, al tener este tipo de sistema de
productividad, se dedica, como hemos dicho, a la sanción. Repetimos que el ministerio debería modificar de manera urgente -nosotros incluso opinaríamos que antes del 30 de junio, para que se haga de conformidad con el acuerdo al que ha llegado el
ministerio con los sindicatos- el sistema de productividad, estableciendo la retribución complementaria en función de objetivos territoriales cualitativos y no sobre las sanciones que se propongan.
Por último, y no por ello menos importante -es posiblemente la segunda queja de los inspectores en orden de importancia-, está la falta de una organización adecuada y la deficiente planificación del trabajo. Para tratarlo tenemos que
recurrir al ordenamiento que existe. La ley 42/1997, del 14 de noviembre, ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, consolidó el sistema de inspección de Trabajo y Seguridad Social, que se había establecido como un órgano directivo
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales desde 1985. Posteriormente, la concepción legal del sistema y su desarrollo por el ROFIT, el reglamento de organización y funcionamiento de trabajo y Seguridad Social, que fue aprobado por el Real
Decreto 138/2000, se basa en una integración de medios humanos y materiales de todo tipo, no sólo de inspectores de trabajo y Seguridad Social, en el sistema para la función de vigilancia y control que le atribuye la ley a esta función estatal, y
también en la integración en una unidad de dirección y planificación con fijación de objetivos. En el real decreto esto lo consideramos correctamente, pero frente a esta concepción, la realidad actual es una completa dispersión funcional del
sistema y una caótica gestión finalista, en la que, vuelvo a repetirle, según la inmensa mayoría de los inspectores, hay que destacar los siguientes aspectos: las especialidades funcionales, lejos de servir a un mejor desarrollo integral de la
función, han constituido comportamientos estancos, por lo que la función se desempeña al margen de lo que efectivamente se predica en la ley como unidad funcional. La adscripción de funcionarios a áreas funcionales obedece más a al interés personal
de cada funcionario que a las necesidades del servicio, que entre otras cosas nunca se han evaluado. La integración de un equipo de actuación de los inspectores de trabajo y Seguridad Social con los subinspectores no se está produciendo. Lo que
está ocurriendo es una planificación nominal que se ha convertido sólo en un instrumento para determinar los complementos de productividad, pero sin que se aprovechen los medios existentes en materia de gestión e inspección del sistema. El sistema
carece de medios materiales propios y de una dirección unificada y efectiva, sujeta a cualquier elemento externo que impide un ejercicio racional y un cálculo efectivo de los medios que son necesarios para cumplir unos objetivos que se cifran
únicamente en la imposición de sanciones. La inexistencia de una planificación cualitativa impide una verdadera determinación de los medios necesarios cuya adscripción se fundamenta siempre en decisiones no objetivas. El ejemplo más reciente es la
tardanza en destinar a las dos últimas promociones de inspectores de trabajo y Seguridad Social. Y, por último, no existe una planificación objetiva, sino una cuantificación de sanciones mínimas que se deben imponer a las empresas, y en ocasiones a
los trabajadores, para poder obtener los créditos presupuestarios con que atender a las retribuciones comprometidas a los funcionarios del sistema.
Esta es la realidad que hay ahora mismo en las inspecciones. Como le invitaba anteriormente a comprobar in situ las dependencias y los medios de las inspecciones de trabajo y compararlas con las de la Agencia
Tributaria, le invito a que, en ese grupo de trabajo que usted ha dicho que está funcionando, mediante una encuesta o mediante el sistema que crea conveniente, pidan a estos inspectores que les digan cuál es la realidad de la organización y
del funcionamiento de la inspección.
El señor PRESIDENTE: Señor González Vigil, es S.S. consciente de que ha superado su tiempo en su intervención.
El señor GONZÁLEZ VIGIL: Lo que nosotros creemos que se debería hacer es realizar una planificación de objetivos globales y territoriales del sistema basados en criterios cualitativos asumidos por éste, estableciendo las necesidades de
medios humanos y materiales necesarios en cada ámbito territorial de la red de actuación del sistema, y que los medios se determinen según las necesidades reales y no al compás de sobresaltos mediáticos como lo ocurrido con el acuerdo que hemos
mencionado antes, alcanzado con los interlocutores sociales, de incorporar técnicos de los servicios de prevención de riesgos laborales de las comunidades autónomas. Ello debido a la alarma social que se produjo, fundamentalmente en el verano del
año 2002 por la ingente cantidad de accidentes laborales que ocurrieron.
Para terminar, señor subsecretario, le recuerdo que esta situación de la Inspección de Trabajo no es algo novedoso, no es algo que se le haya ocurrido ahora a los inspectores y a los subinspectores. La existencia de estos problemas viene de
antiguo y de ahí la queja de este colectivo, como usted también ha señalado, del incumplimiento por parte del ministerio; por poner un ejemplo, el que usted mismo ha puesto. El ministerio les prometió, ya que ellos son los que tienen que poner sus
coches particulares a disposición de la Inspección, que al menos el seguro del coche iba a ser sufragado por el ministerio y no ha sido así.
En definitiva, creemos -parece ser que usted también comparte la idea- que se necesita una profunda reforma
de la Inspección de Trabajo para que realmente se modernice y para que pueda cumplir con eficacia sus cometidos. Esto no es una proposición no de ley, no es una iniciativa en la que instemos al Gobierno a nada, es una comparecencia en la que usted
nos ha dado sus puntos de vista y nosotros le damos el nuestro, pero nos conformaríamos sólo con que el Gobierno llevase a cabo las propuestas que don Federico Durán recoge en el informe encargado por el señor Aznar, propuestas que hasta ahora han
sido totalmente ignoradas y que paso a resumirle.
Primero, acelerar la puesta en marcha de manera inmediata y la implantación completa del nuevo modelo organizativo del sistema de inspección de trabajo, dotándolo de los suficientes recursos humanos, técnicos y presupuestarios. Segundo,
dotar de entidad propia a las funciones de planificación, asesoramiento y promoción de la actuación preventiva respecto de las funciones de vigilancia y control del cumplimiento de la normativa sobre salud laboral, incrementando las partidas
presupuestarias dirigidas a aquellas. Tercero, potenciar la especialización de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social incrementando de manera sustantiva los recursos destinados a la formación continua de los inspectores de trabajo. Y cuarto,
modificar el sistema retributivo y de incentivos de manera que prime en él la prevención y no la recaudación. Esto, le vuelvo a repetir, no lo decimos el Grupo Parlamentario Socialista, se lo dice el señor Durán, por decirlo de alguna forma, en un
encargo casi confidencial que le hizo el señor Aznar y que hace más de un año se comprometió a consensuarlo en el Congreso de los Diputados con los agentes sociales y a llevarlo a cabo de la manera más inmediata posible; hasta ahora todo se ha
quedado en una declaración de intenciones y no se ha llevado a la práctica casi ninguna de las medidas que propone, ni relativas a la inspección de trabajo ni relativas a los otros aspectos de que consta el informe.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán, Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: De entrada, agradezco la comparecencia del subsecretario del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Creo que esta comparecencia se produce de manera inusual, en el sentido de que el ministerio y el propio
subsecretario han tenido interés en dar las máximas explicaciones a la Cámara sobre este conflicto laboral, y eso es de agradecer. No es tan habitual que los altos cargos de la Administración acepten acudir con rapidez para dar cumplimiento a las
comparecencias que les solicitan los grupos parlamentarios, y mi grupo parlamentario lo quiere subrayar y se lo quiere agradecer.
En el fondo, todos, el Gobierno, la Administración y los grupos parlamentarios coincidimos en la importancia que una inspección de trabajo tiene en aras del cumplimiento de la legislación laboral, en aras de su acción preventiva, en aras del
buen funcionamiento de las políticas relacionadas con el mercado de trabajo, con la calidad del trabajo. Por otro lado, forma parte también de aquello que es habitual en cualquier administración, conflictos de carácter laboral derivados de
diferencias de valoración sobre las retribuciones entre un grupo de funcionarios y la Administración, sobre las condiciones de trabajo, sobre los medios materiales con los que cuentan determinados funcionarios. En este escenario de normalidad se
les ha planteado un conflicto por parte de un grupo de altos funcionarios del Estado. Ahí nuestra valoración política es muy simple. Pedimos al Gobierno que continúe el diálogo abierto con asociaciones representativas de este colectivo, a la
búsqueda de las mejoras que sean necesarias. Nosotros, por el
tono de la intervención del señor Olano, hemos observado una voluntad del Gobierno de avanzar hacia algún tipo de acuerdo y hay que esperar que esas líneas de diálogo que se han abierto se mantengan y puedan permitir, por un lado, evitar las
huelgas y los encierros y, por otro lado, buscar aquellas soluciones, aquellas mejoras que sean razonables en el contexto de las posibilidades que tiene también la Administración General del Estado en estos momentos.
Es evidente que todos los grupos, y también el propio Gobierno, coincidimos en la necesidad de continuar aumentando el número de inspectores, de continuar aumentando los medios materiales para hacer frente a las necesidades que la inspección
asume, de hacer el esfuerzo de movilización de recursos para mejorar todos los procesos de informatización, para mejorar los procesos de coordinación con los subinspectores y darles mayores capacidades de actuación; que eso además hay que hacerlo
en el marco del modelo de la ley de 1997, que establece que hay una corresponsabilidad con los gobiernos autónomos, formando parte, en el sentido más amplio, del diálogo social que el Gobierno mantiene con las organizaciones sindicales y las
organizaciones empresariales. En este contexto está la línea política que sigue el Gobierno. Quizás desde la oposición todos preferiríamos un mayor empuje, un mayor compromiso, una mayor eficacia del Gobierno en dar respuesta a esas situaciones.
Pero, cuando el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista comparaba lo que sucedía en la Inspección de Trabajo y la actuación de la Agencia Tributaria, supongo que el sentido común nos haría ver que un proceso de una modernización plena de un
servicio del Estado no se improvisa en tres o cuatro años, sino que exige todo un proceso, con su complejidad. Creo entender, porque es de sentido común, que la posición de fondo del Gobierno es ir hacia un efectivo proceso de plena modernización
de la Inspección de Trabajo. Venimos de dónde venimos y, por tanto, tampoco hay que pedir mayor celeridad a aquellas cuestiones que el sentido común también exige que se hagan de manera razonable con su propio ritmo. En todo caso, le planteamos al
subsecretario continuar el diálogo y continuar avanzando en esta materia.
Finalmente, sabiendo que no podemos hacer recaer en la Inspección de Trabajo y en todo el sistema que la acompaña la resolución de todos los males de nuestro mercado de trabajo, porque los problemas a los que debemos hacer frente, los
problemas de los accidentes de trabajo, los de la economía regular relacionada con las personas extranjeras en situación irregular, los derivados de la excesiva precariedad del mercado de trabajo, todas estas cuestiones que son los problemas de
fondo que tiene el mercado de trabajo y en los que hay una responsabilidad de la Inspección de Trabajo no van a encontrar tan sólo respuesta en la actuación de los inspectores. Son muchos más los factores que intervienen y, por tanto, tampoco
queremos hacer recaer en esta acción del Gobierno todo la responsabilidad de aquello que no va suficientemente bien. Creo que hay que ser serios y entender esa complejidad de los factores. En todo caso, insisto en agradecer la comparecencia y
esperar que el conflicto se resuelva pronto.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Azpiroz.
El señor AZPIROZ VILLAR: No puedo empezar mis palabras de forma diferente a como lo acaba de hacer el portavoz de Convergència i Unió, que es agradeciéndole su rápida presencia en esta Cámara como respuesta a la petición de comparecencia
que ha formulado el Grupo Socialista y que, en definitiva, lo que está haciendo es poner en evidencia la importancia que concede su departamento y usted mismo a la actuación, al significado y al contenido de todo el sistema de la Inspección de
Trabajo en nuestro país.
Desde esa perspectiva quiero darle, no sólo protocolariamente sino muy sinceramente, las gracias del Grupo Popular ante esta rápida comparecencia y ante las detalladas informaciones que ha proporcionado, que a nuestro
criterio han despejado bastantes dudas y estoy convencido de que todavía hoy tendrá oportunidad de poner un punto sobre alguna i en esta cuestión que disipe los oscurantismos que pueden quedar para el grupo proponente en esta materia.
Nos parecen muy importantes los esfuerzos que se han desarrollado y que hasta el momento presente se han traducido en que no se llevaron a efecto los paros inicialmente previstos. Estoy convencido de que esto no obedece, como se ha dicho
esta mañana en la Comisión de Política Social y Empleo, a una actuación que se deriva de una imposición ministerial para que hubiera la reunión con el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales el 11 del pasado mes de febrero sino, más bien todo lo
contrario, de la libertad de las partes y su capacidad mutua para negociar. Ello es una consecuencia y no una premisa, y además entra dentro de la lógica del diálogo y la negociación y no al contrario; y quiero apostillarlo porque luego quedan
impresas negro sobre blanco en los diarios de sesiones afirmaciones como la que acabo de hacer mención. De la misma manera creo que absolutamente nadie ha cuestionado la representatividad de la asociación a que se ha referido el señor
subsecretario, que en su momento fue la que planteó los paros que ha dicho que se desconvocaron y, en definitiva, el objeto específico y concreto de la comparecencia que hoy se le ha demandado a usted aquí.
Hemos de agradecer el esfuerzo que viene haciendo el ministerio en orden a incrementar el número de inspectores de trabajo, en orden a mejorar en ocasiones los eficientes -y por eso se mejoran- medios de que disponían, sean materiales, de
locales, o el enorme esfuerzo que se ha hecho de un mayor número de auxiliares
para que desarrollen cada día con mayor eficacia, como vienen haciendo, la función inspectora. A ello hay que añadir las mejoras legales, el encuadramiento del marco normativo que regula la Inspección de Trabajo.
Yo tuve el honor de ser
ponente por parte de nuestro grupo parlamentario de la Ley de Inspección del Trabajo en el año 1997 y ha habido importantes aspectos que abordan la reforma de la LISOS, que es un instrumento de aplicación por parte de la Inspección de Trabajo en la
materia. Por tanto, creemos que estos datos que usted ha encuadrado -no los voy a repetir-, las mejoras salariales que se han producido en este contexto del Gobierno del Partido Popular son un camino en el cual hay que profundizar, sin duda, porque
usted mismo ha acreditado que todavía no se ha llegado a una situación óptima como, por otro lado, siempre es difícil de acreditar y de llegar en una cuestión de la complejidad e importancia como la que nos ocupa. Pero estamos convencidos de que si
hay deficiencias en los sistemas retributivos o simplemente posibilidades de mejorar la estructura salarial para que sean más razonables, sin duda la voluntad del ministerio y la suya propia estamos convencidos de que allanarán el camino a un
posible acuerdo y modificación de las mismas, como también la posibilidad de mejorar los procesos informáticos que faciliten en su caso la labor. Ya se viene haciendo un enorme esfuerzo; el 400 por ciento creo recordar que es la cifra que nos ha
dado como incremento en este periodo, pero es indudable que en la informática cada vez salen nuevos productos que hacen que haya una cierta obsolescencia y hay también un vértigo en programas, no sólo en software sino en hardware, y en este caso el
software me parece fundamental para las posibilidades de actuación de la Inspección que sin duda irán ustedes incardinando.
Se ha afirmado hace un rato que los problemas vienen de antiguo. Me gustaría saber desde cuán antiguo, porque parece que lo antiguo se circunscribe a un periodo de tiempo limitado y del cual tan sólo tienen la responsabilidad ustedes como
Gobierno y nosotros como grupo que tenemos el honor de apoyarlo. Evidentemente, cuando se dice que en el siglo XXI precisamos todos un magnífico sistema de inspección, cada grupo va a dar su anuencia a esta afirmación, pero habrá que ver también
qué se ha hecho en el siglo XX por parte de todos. De manera que si nosotros hubiéramos tenido un magnífico sistema de inspección hace diez años, estoy convencido de que a lo mejor el objeto de su comparecencia hoy no existiría porque se habría
allanado de forma suficiente el camino.
También quiero poner en tela de juicio afirmaciones gratuitas que se hacen. Se ha dicho hace un momento aquí que el ratio europeo es de un inspector por cada 7.000 asalariados y que en España es de un
inspector por cada 25.000. Se ha venido a decir que prácticamente el número de inspectores en la actualidad es de 800, un poco menos, efectivamente es un poco menos; si fueran 800 significaría que habría 20 millones de asalariados en España. Pues
nos encantaría y el Gobierno popular probablemente acabe consiguiéndolo, pese a lo que se nos ha venido diciendo en los últimos años; vamos camino de ello, pero todavía no tenemos 20 millones de asalariados salvo que queramos incluir en las
personas que perciben rentas a todos los pasivos. Los asalariados ni tan siquiera son los miembros que cotizan a la Seguridad Social porque hay un contingente importante de autónomos que trabajan por cuenta propia, de manera que ese ratio ya no es
uno por 25.000. Naturalmente, cuando se está haciendo esta comparación se está olvidando la incidencia que tienen en el sistema de nuestra Inspección de Trabajo los llamados subinspectores, que también cooperan de forma importante a los fines
propios de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Por tanto, lo primero que tengo que hacer es mostrar mi clara oposición a un dato que no es verdadero, y creo que lo acabo de acreditar con meridiana claridad.
No me voy a meter en comparaciones respecto a qué servicios administrativos del Estado funcionan mejor o peor. Es posible que algunas agencias tributarias estén más bonitas a la hora de cobrar al ciudadano que otras inspecciones de trabajo;
es posible. También es cierto que hay centros de atención e información de la Seguridad Social que están magníficamente bien y que invito a que los visiten. También es cierto que en todo servicio público ¡faltaría más! todos los que están en la
materia siempre quieren más; y si no pregúntenlo a la Policía Nacional, a la Guardia Civil o a cualquier Policía local o autonómica; o pregúntenlo en los sistemas educativos de cualquier comunidad autónoma a los docentes; incluso pregúntenlo en
un sistema del que creo que los españoles podemos estar satisfechos, como es el sistema de salud, a los que se dedican a la curación de las personas, y probablemente todos acaben diciendo que este edificio podía estar mejor, que necesitaría otro
ayudante y más instrumental. Por tanto, todos estamos de acuerdo en que hay que mejorar y en ello está el Gobierno. Yo lo que quiero es animarle a que profundice en este camino, en esta senda, y que el Gobierno siga haciendo lo que está haciendo y
si tiene que hacer más lo haga, a ser posible dentro de los marcos en que nos movemos de equilibrio financiero que tan buenos resultados está dando en cuanto a crecimiento del PIB y del empleo, en una situación de recesión mundial y comparativamente
con los países de nuestro entorno de una forma claramente favorable a la posición española, y en definitiva a la riqueza de todos los ciudadanos. En este contexto que se sigan poniendo los medios posibles para dar satisfacción en lo que sean justas
demandas, que yo estoy convencido de que algunas lo serán, de los que hacen la inspección de trabajo.
Se ha dicho aquí que la Inspección de Trabajo, hablando del sistema retributivo, está siendo ineficaz porque se dedican los inspectores a imponer sanciones ya que constituyen su retribución. Agradecería al señor
subsecretario que me lo aclare porque tengo entendido que el plus de productividad no es esto exactamente. Según mis datos, de cada seis actuaciones inspectoras que se producen cinco van destinadas al asesoramiento y tan sólo una a la
sanción. Es un dato importante pero hay más. Yo creo totalmente en la profesionalidad de nuestros inspectores de trabajo y también de nuestros subinspectores. Por tanto, no concibo ni comparto la afirmación aquí vertida de que nuestros
inspectores o subinspectores abandonan labores propias de su competencia y de su función porque tienen la única finalidad de perseguir sanciones que acaben constituyendo su retribución. Humanamente en un colectivo alguno podrá hacerlo, no lo dudo,
pero estoy convencido de que la inmensa mayoría del cuerpo de inspectores de trabajo tiene una profesionalidad y una validez que no voy a poner en cuestión y que además se está manifestando a través de los resultados y de la mejora de los mismos en
estos últimos años, sin perjuicio de que haya mucho que avanzar, como se ha dicho, sobre todo en el área de los accidentes de trabajo. No me parece buena argumentación imputar al Gobierno que si hay un informe, por cierto público y publicado, como
el informe Durán se imponga de manera automática y, por otra parte, se nos diga virtualmente que lo positivo, lo necesario y lo conveniente es que cualquier tipo de estas cuestiones sea fruto, objeto y resultado del diálogo social. Por tanto ese
informe también tendrá que pasar el tamiz, y lo está pasando, del diálogo social y no debe ser una imposición ipso iure del Gobierno popular, al cual si así actuara se le echaría en cara su falta de respeto y sensibilidad al diálogo social y a los
interlocutores sociales.
Concluyo diciendo que ya se han puesto en marcha determinados mecanismos previstos en el informe Durán y con la anuencia social, desde el nuevo modelo de partes de accidentes de trabajo hasta la progresiva especialización en el campo de la
inspección de trabajo y diversas disposiciones que van a favorecer el cumplimiento de medidas consensuadas en contra de la siniestralidad laboral, en la cual sin duda la Inspección de Trabajo tiene una importante labor que hacer. Pero insisto y lo
he dicho en público, aquí y en la tribuna y no hoy sino hace años, que no sólo ellos, los interlocutores sociales también, los sindicatos también, los trabajadores también, los periodistas si hay alguno que nos escucha también, que tienen la
obligación de llegar a la opinión pública y sensibilizarla con la importancia y trascendencia que tiene todo esto, y sobre todo nuestro sistema educativo que tendrá que inculcar valores preventivos a los que hoy son niños y mañana van a ser
trabajadores.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor subsecretario.
El señor SUBSECRETARIO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Mari Olano): Muchas gracias por las intervenciones de todos los diputados que han hecho uso de la palabra. Intentaré comentar por su orden gran parte de las afirmaciones
que se han hecho aquí. Voy a empezar por una en la cual el representante del Grupo Socialista ha puesto especial énfasis y que también el representante del Grupo Popular ha pedido que se aclarara, y es la cuestión de que el complemento de
productividad está calculado sobre la base de las sanciones que imponen los inspectores y ha dicho que no consideraba propio que la productividad se basara en las sanciones.
Bien, yo tampoco lo considero propio y así ocurre en la realidad. No se
basa en las sanciones; se basa en las visitas, que es una cuestión muy distinta. El inspector va a visitar un centro de trabajo y realiza una labor de asesoramiento, una labor de comprobación y, en el caso que de ella resulte la comisión de alguna
infracción, una labor de propuesta de sanciones que tras la tramitación del correspondiente procedimiento sanciona la autoridad laboral competente de la comunidad autónoma, no del Estado. Por tanto, el complemento de productividad se basa en las
visitas, no en las sanciones; y lo recalco. Además, no sólo se basa en las visitas. Las visitas de seguridad y salud laboral son uno de los tres componentes que sirven para calcular el complemento de productividad. Los otros componentes son los
contratos revisados y la liquidación de cuotas de Seguridad Social. Estos son los tres componentes que sirven para calcular el monto total del complemento de productividad. Y no es lo mismo que sea la sanción, como usted decía, el único componente
-la visita, no la sanción, lo reitero-, además la mayor parte de las visitas no llevan consigo una sanción y, como digo, inciden otros dos componentes que son la liquidación de cuotas y los contratos revisados. Quiero dejarlo claro desde el primer
momento.
No quiero quitar ningún tipo de representatividad a la Asociación Profesional de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, que me merece toda la consideración del mundo. Es más, es la asociación más representativa. Usted ha dicho que el
80 por ciento de los funcionarios del cuerpo está afiliado a ella. Yo no dispongo de las cifras exactas, no las tengo yo, las tiene la asociación, pero le puedo decir que lo que me dicen los inspectores que conozco y con los que hablo es que
aproximadamente la mitad del cuerpo está asociado a una de las dos asociaciones, eso sí la APIT es mayoritaria en comparación con la UPIT, pero repito que aproximadamente es la mitad del cuerpo. Dudo mucho de que estemos cerca del 80 por ciento,
cifra que usted ha manejado, pero eso es lo de menos. Yo no quiero quitar un ápice de representatividad a la APIT.
Ha hecho usted referencia, también el representante del Grupo Popular y el de Convergència i Unió, a un proceso constante de evolución, de mejora, de corrección
de las eventuales deficiencias, de hacer mayores los avances, etcétera.
Este proceso es absolutamente constante desde el momento en que empezó a gobernar el Partido Popular. La situación en la que se encontraron los gobiernos del Partido
Popular en la Inspección de Trabajo no era boyante y se está haciendo todo lo que se puede, en un contexto además que, repito, en particular a los gestores del ministerio les viene dado. Es decir, el contexto de la política de personal y de la
política presupuestaria a mí como subsecretario me viene dado por otros órganos.
Vaya por delante que comparto plenamente esa política, por si hay algún tipo de duda; comparto plenamente la política tanto presupuestaria como de personal que ha
llevado la Administración pública en los últimos años, pero con independencia de que la comparta o no me viene dada y yo juego con lo que tengo, y con lo que tengo se están produciendo avances para mí importantísimos. Me remito, señorías -y no
quiero cansarles demasiado- a las cifras. El gasto en obras de locales ha pasado de 125.000 euros presupuestados en 1996 (les recuerdo que fue un presupuesto prorrogado de 1995 y por tanto estas cifras parten de un presupuesto elaborado en la
última legislatura socialista) a 628.000 presupuestados en este año, es decir un incremento del 399 por ciento. Para este año hay presupuestados 950.000 euros, lo que supone un incremento del 51,1 por ciento respecto del año pasado. En los últimos
años, por ejemplo, entre 2000 y 2002 destacan las actuaciones realizadas en las inspecciones de Barcelona 164.000 euros, Vizcaya 126.000, Santa Cruz de Tenerife 136.000, Alicante 116.000, Valencia 307.000 (por si hay algún tipo de suspicacia las de
Alicante y Valencia son anteriores a que el actual equipo llegara al ministerio), Sevilla 83.000 y para 2003, como he dicho, hay un presupuesto de 950.000 euros. Próximamente se acometerán las obras ya aprobadas en los locales, entre otros, de las
inspecciones de Barcelona 1.231.000 euros, Lugo 1.200.000 y Ciudad Real 750.000, así como se están celebrando contratos para ampliar los locales tanto de Zaragoza como de Castellón. Tenemos 52 inspecciones provinciales, alguna de ellas -lo ha
recalcado su señoría- con locales dispersos y -no lo voy a ocultar- en un estado que en algunas ocasiones deja de desear y se están haciendo todos los esfuerzos posibles para sacarlos adelante y mejorarlos. Me ha invitado a visitar alguna
inspección provincial. Ya lo he hecho, y además he preferido iniciar mis visitas por alguna inspección provincial más pequeña. Ya las conocía porque antes de ser subsecretario un servidor ha sido funcionario de a pie y con mucha relación con la
Inspección de Trabajo, que es donde de verdad aprendí a valorar la profesionalidad de los inspectores de trabajo; como funcionario de a pie y no ahora, que también la valoro, pero lo aprendí entonces. Así como usted me invita a ello yo también le
invito a visitar otros locales como, por ejemplo, los de Valencia, que son prácticamente los últimos, y a compararlos si quiere con la delegación de la Agencia Tributaria, y creo que en este caso tiene mucho más que ganar la Inspección que la
delegación tributaria de Valencia. Parte de la dispersión obedece a razones históricas y a que es difícil encontrar locales lo suficientemente amplios que agrupen a toda la Inspección; obedece también a una de las cuestiones a que usted hacía
referencia, la especialización. Por ejemplo en Valencia, que es una inspección que conozco más o menos, la unidad especializada de Seguridad Social está cerca de la tesorería general de la Seguridad Social y no con el resto de la Inspección, lo
cual ya digo que tampoco es malo en sí, por razones operativas puede ser incluso mejor. De todas maneras en lo que respecta a los locales se está haciendo un esfuerzo. Antes hacía referencia el representante del Grupo Popular a mejorar no
deficiencias sino a posibles mejoras. Yo no voy a ser pacato en reconocer que hay deficiencias y esas deficiencias son precisamente las prioritarias. Lo prioritario no está en mejorar un edificio que está relativamente bien, no; está en mejorar
un edificio que está mal. Hay deficiencias y en ello estamos porque eso es administrar, me imagino.
Se ha hecho referencia también al capítulo de gastos de informática. No creo que tenga mayor interés dar las cifras de equipos de sobremesa, ordenadores portátiles y demás, pero la cifra del incremento de inversión informática del
ministerio del año 1995 a 2002 es del 407,2 por ciento.
Este es uno de los capítulos donde yo creo que más necesario es invertir.
La situación informática de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social está considerablemente peor de la que puede
estar, por ejemplo, la tesorería general de la Seguridad Social, que depende exactamente del mismo ministerio. Para ello estamos haciendo todos los esfuerzos. Los subsecretarios de vez en cuando tenemos que venir aquí a dar explicaciones, lo cual
está muy bien, pero a quien tenemos que dar explicaciones de vez en cuando es al Ministerio de Hacienda. Yo particularmente estoy lidiando con el Ministerio de Hacienda para conseguir dinero, cantidades importantes que impliquen un incremento
sustancial de las dotaciones del ministerio para la informática de la Inspección para el año que viene, con el fin de hacer un buen plan de informática que en un periodo lo suficientemente prolongado para hacerlo bien, con fundamento, empiece a
aplicarse en el año 2004 y que dure hasta el año 2006, y que supondrá una inversión aproximadamente de 6.000 millones de pesetas. En eso estamos y se han hecho mejoras importantísimas, un 407,2 por ciento. ¿No es suficiente? Estoy de acuerdo con
usted. No es suficiente y tenemos que seguir haciendo más.
Ha hecho referencia también al perfeccionamiento profesional, a la formación de los inspectores. En el 1995 se dieron 97 cursos a los cuales asistieron 979 inspectores y en el año 2002 fueron 355 a los cuales asistieron 2.586 inspectores;
hay inspectores que por
supuesto repiten. El número de cursos impartidos ha crecido por tanto en un 266 por ciento y en 164,1 por ciento el de asistentes. El gasto se ha incrementado en un 913,8 por ciento.
Uno de los principales problemas que pueden tener los funcionarios tanto del cuerpo de inspección como de subinspección es el retributivo; lo reitero. Ello no quiere decir que no les preocupe el resto de cuestiones de la Inspección. He
dicho que son grandes profesionales que se preocupan por las condiciones en que realizan su labor, porque esas condiciones indefectiblemente repercuten en la eficacia de esa labor, pero como a todo profesional también les preocupa su retribución y
para mí la cuestión retributiva es importante. Todas las personas que servimos a la Administración pública, comenzando por sus señorías, tenemos unas retribuciones que no son exactamente las mismas para puestos de igual o similar nivel de
responsabilidad o de capacidad directiva en el sector privado. Aun así, las retribuciones de los funcionarios del cuerpo de Inspección son bastante superiores no ya a la media de los funcionarios sino a la media de los funcionarios del grupo A. En
valores de 2003 la retribución promedio de un inspector en puesto de inspección activa -estoy excluyendo a aquellos que puedan estar en otros puestos, que los hay- de la relación de puestos de trabajo de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social,
incluyendo todos los conceptos con excepción de lo recibido por intervención en cursos y, por supuesto, con excepción de los gastos por suplidos, alcanza los siete millones 926.843 pesetas, casi 8 millones de pesetas. Podemos entrar a discutir si
la retribución es suficiente o no, que probablemente puede ser insuficiente, pero desde luego no me atrevería a decir que está por debajo del salario medio de cualquier español y ya digo que no está por debajo de la retribución media de cualquier
funcionario del grupo A. En el periodo 1995-2003 estos promedios se han incrementado en un 29,6 por ciento, que descontando la inflación acumulada durante este periodo implica que se ha incrementado la capacidad adquisitiva de estos funcionarios en
3,5 puntos, lo cual tampoco es para lanzar muchos cohetes pero al menos han tenido un incremento en su capacidad adquisitiva.
En personal estamos realizando una política de incremento constante de las plantillas. Una de las razones por las cuales se están examinando las plantillas por la Comisión ejecutiva interministerial de retribuciones es precisamente porque
hay que proceder a una ampliación de las mismas. De hecho estamos barajando una cifra que podría rozar los 100 puestos nuevos de trabajo de inspectores y los 100 nuevos puestos de trabajo de subinspectores en esta propuesta que está barajando la
CECIR. De todas maneras, como me quiero remitir a hechos, le diré que en el Boletín Oficial del Estado -no recuerdo de qué fecha- que publica la oferta de empleo público verá que este año se han convocado 46 plazas de inspectores, lo cual supera
con creces la media de los últimos diez años: desde 1993 que fueron 15 hasta el año pasado que fueron 36. Es más, hace unos años hubo una política a la que hice referencia, creo, en la comparecencia presupuestaria y que cortó mi predecesor de raíz
con todo el acierto del mundo; ya se produjo este corte en el año 1993, cuando gobernaba el Partido Socialista, pero en los años 1990-1995 se convocaron bastante más plazas que ahora. En 1991, por ejemplo, se llegaron a convocar 100 plazas, eso sí
se cubrieron aproximadamente la mitad. La tasa de cobertura, por decirlo así, de plaza cubierta respecto de plaza convocada ha pasado de un 75 por ciento a un 96 por ciento. Ahora se convocan las plazas que el propio cuerpo de opositores está en
condiciones de soportar.
En cuanto a los inspectores en inspección activa, a lo que se ha referido también su señoría, a fecha 1 de marzo de 1996 había 612 y el 1 de marzo de 2003 había 765. Yo hice referencia a 784 en mi comparecencia pero hay 765, habrá más de
784 dentro de dos meses, cuando tome posesión la nueva promoción que actualmente está finalizando el curso de formación que tiene la misma duración que ha venido teniendo en los últimos años y el mismo modelo que se ha venido aplicando (me refiero a
la última década o los últimos 15 años) porque se considera que funciona bien. De todas maneras es una cuestión que plantearé a las asociaciones de inspectores y de subinspectores cuando me reúna con ellos. Yo pertenezco a un cuerpo que no ha
tenido curso de formación. A nosotros nos publicaron en el BOE, a la semana siguiente tomamos posesión y nos lanzaron a un tribunal, pero hay cuerpos que tienen cursos de formación. Me gustaría compartir con las asociaciones de inspectores y de
subinspectores si es necesaria o no la asistencia a un curso de formación tan largo como el que se produce ahora antes de ponerse a ejercer su labor de inspectores primero como funcionarios en prácticas. Creo que dentro de un par de meses habrá
acabado el curso de formación de la nueva promoción y serán nombrados funcionarios en prácticas, y en cuanto pasen el periodo de prácticas preceptivo serán nombrados funcionarios de carrera. Además, hay una nueva promoción que está en el tercer
ejercicio de la oposición, les quedan dos y se va al ritmo que se va.
Es posible que sea necesario más personal administrativo, no lo niego.
Hemos pasado de 891 puestos de trabajo de personal administrativo en 1995 a 1668 a fecha 1 marzo de 2003. Es posible que sean necesarios más auxiliares administrativos.
Particularmente creo que deberíamos invertir más en informática, y así se lo he hecho saber a las asociaciones. La relación entre medios informáticos y la necesidad de personal administrativo es inversamente proporcional: cuantos más medios
informáticos tienes menos personal administrativo necesitas. Es una cuestión que, como digo, está en debate con estas asociaciones.
Se ha hecho la comparación con la Agencia Estatal de Administración Tributaria y se ha puesto especial énfasis en que ésta sólo premia la labor recaudatoria. Recordaré a su señoría que los inspectores de Trabajo y Seguridad Social también
ayudan y bastante a recaudar, son inspectores de trabajo que se dedican a la seguridad y salud laboral pero también son inspectores de Seguridad Social y su labor se traduce en actas de liquidación de cuotas, su labor se traduce también en detección
de fraude y en afloramiento de empleo sumergido, y eso es recaudación. No sé si en el Ministerio de Hacienda se premiará o no la labor recaudatoria, lo que sí digo es que nosotros también nos centramos en la labor recaudatoria.
Reitero que los
inspectores y subinspectores son grandes profesionales pero para medir la labor tenemos que ir a parámetros objetivos, fiables y que no dependan de una apreciación más o menos subjetiva tanto de una parte como de la otra, y la recaudación es una de
ellas, igual que lo son el número de visitas de seguridad y salud laboral que se hacen. Cuando un inspector va a hacer una visita se comprueba que se ha hecho, se levantan una serie de documentos como diligencias, actas, etcétera, y eso es fiable.
Lo que no parece que sea muy fiable es ver qué grado de dedicación pone el funcionario; sí que puede ser fiable tenerlo sentado en una silla pero también nos costaría bastante calcular el tiempo que tiene que estar sentado en una silla y tener una
persona detrás para calcularlo. Particularmente como gestor me tengo que basar en parámetros fiables, en parámetros objetivos que no dependan no ya de la percepción del inspector sino particularmente de la mía, que puede estar equivocada o
distorsionada.
No se ha hecho nunca y no me parece -se ha utilizado el término vender- que el ministerio haya comunicado públicamente de esa manera que se vayan a seleccionar 700 nuevos inspectores de trabajo; nunca por parte del ministerio se ha dicho
eso. Sí que se está viendo la posibilidad (y le aseguro que tendrá todas las garantías que sean necesarias conforme a nuestro ordenamiento jurídico, es decir que si se tiene que hacer a través de la modificación de disposiciones legales o
reglamentario se hará así, no a capón, y perdón por la expresión), como digo, sí que se ha barajado la posibilidad de dotar de funciones comprobatorias, sólo comprobatorias, no sancionadoras, más amplias de las que hay en estos momentos a
funcionarios de comunidades autónomas. Personalmente cuando he examinado esta posibilidad he puesto una serie de requisitos pero no convertirlos en inspectores, no son 700 nuevos inspectores, es dotar de funciones comprobatorias a funcionarios de
comunidades autónomas.
Personalmente creo que se deberá reunir una serie de requisitos de los que ya se hablará no sólo con las inspecciones sino fundamentalmente con las comunidades autónomas, pues al fin y al cabo son sus funcionarios.
Particularmente considero que tienen que ser funcionarios de carrera, con un nivel de cualificación mínimo, un grupo B o A, y que deberán tener una cierta formación en materia de seguridad y salud laboral, que ya veremos cómo se adquiere, o si la
tienen que tener preadquirida o no. No se ha hablado de 700 inspectores más sino de dotar de esas funciones comprobatorias a funcionarios esencialmente de comunidades autónomas, no del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Es
una cuestión además que nos han pedido las comunidades autónomas y, como su señoría sabe sin duda, a pesar de que la dependencia orgánica de la Inspección de Trabajo es del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, la dependencia funcional es doble.
Ningún funcionario del Ministerio de Trabajo se mete en las sanciones que las comunidades autónomas imponen por infracciones detectadas por los inspectores. Los inspectores se limitan a levantar un acta y a hacer una propuesta, que es lo que les
dice el reglamento del procedimiento, pero nada más. Por eso precisamente es importante tener en cuenta en el futuro de la Inspección lo que dicen las comunidades autónomas respecto del particular. Es cierto -su señoría lo ha dicho- que las
comunidades autónomas solicitan constantemente mayor número de inspectores; también es cierto que no los pagan ellos; eso hay que tenerlo en cuenta. Y la labor de coordinación con las comunidades autónomas es constante, entre otras cosas, en una
cuestión fundamental a la que su señoría ha hecho referencia, que es la planificación. La planificación no viene porque el ministro un día se reúna conmigo y con el director general de la Inspección y se le ocurra planificar la inspección de toda
España, sino que en último extremo se hace a través de lo que se llama programa integrado de objetivos, que se aprueba en conferencia sectorial. El último fue, por cierto, en la conferencia sectorial de asuntos laborales del mes de diciembre y por
unanimidad absoluta, prácticamente sin ningún debate en el pleno, entre otras cosas porque el debate se había producido con anterioridad dentro de cada una de las comisiones territoriales, que es donde entre la comunidad autónoma y la autoridad
central de la Inspección se determinan los objetivos de planificación para el ejercicio correspondiente. Sí que es cierto que habrá cuestiones que mejorar en esa planificación, incluso puede haber deficiencias en ella, pero les puedo asegurar que
en ello estoy.
Es importante centrarme en lo que ha comentado el representante del Grupo Parlamentario Popular sobre el ratio de inspectores por asalariados. Uno de los primeros papeles que me pasaron cuando ocupé la Subsecretaria, con un desconocimiento
más o menos profundo de la dimensión general de la Inspección -el que tenía era haber colaborado con los inspectores en el puesto de trabajo de una provincia-, fue el del famoso ratio. Recuerdo que hablé con un par de altos cargos de la Inspección
y les pregunté cómo era posible que tuviéramos tal diferencia, que a mi modo de ver eso no podía ser, y fue cuando me hicieron ver la luz en el sentido
al que ha hecho referencia el representante del Grupo Parlamentario Popular. Ya no es sólo por lo que ha dicho el representante del Grupo Parlamentario Popular sino también porque los métodos de cálculo de este ratio son absolutamente
diversos en Europa y no están unificados por la Comisión. En muchos países europeos se incluyen no sólo los funcionarios de la Inspección sino los funcionarios del cuerpo de Subinspectores, los funcionarios del Instituto Nacional de Seguridad e
Higiene en el Trabajo, los funcionarios de las comunidades autónomas, etcétera. Son distintos los ratios. Tenemos un número de inspectores que es muy superior al que había hace siete años, un veintitantos por ciento superior, más lo va a ser en el
futuro y además cuenta con la colaboración de los funcionarios de las comunidades autónomas y del cuerpo de Subinspectores de Empleo y Seguridad Social.
Como culminación de lo que he dicho, creo que es una inspección que tiene todavía algunas imperfecciones, que presenta alguna deficiencia y que es susceptible de mejora, y esa mejora tiene que ser constante, con objetivos temporales
determinados, y en ello estoy yo particularmente, está el titular del departamento y el director general de la Inspección.
Se quiere hacer en colaboración y diálogo constante con los profesionales de la inspección y de la subinspección, se quiere
hacer en colaboración con las comunidades autónomas y en colaboración con los destinatarios o las personas en las que la inspección repercute más cercanamente, sea para bien o mal, que son los empresarios y los trabajadores. Enlazando con lo que
decía el representante de Convergència i Unió, tiene que ser un proceso constante y de continuo diálogo.
Agradezco la atención que me han prestado a pesar de que quizá no haya sido yo el que haya desviado mi respuesta, sino el contenido de las intervenciones, del objetivo concreto de la comparecencia, las razones de una huelga, que en último
extremo habrá de preguntarse a los inspectores, no a un servidor que soy -valga el palabro- el huelgueado, no el huelguista; pero al fin y al cabo estoy encantado de darlas y creo que es muy bueno que todos participemos en este debate acerca del
futuro de la Inspección.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra brevísimamente el señor González.
El señor GONZÁLEZ VIGIL: Sólo quiero hacer una observación para que no haya lugar a equívocos. En ningún momento el Grupo Socialista ni creo que se haya desprendido de mi intervención que dudemos de la alta profesionalidad del cuerpo de
Inspectores, como se puede deducir de alguna parte de la intervención que ha hecho el representante del Grupo Parlamentario Popular, señor Azpiroz. Quiero que no haya lugar a equívocos. Desde el Grupo Parlamentario Socialista en general y desde
este interviniente en particular reconocemos el alto grado de profesionalidad del cuerpo de Inspectores. Es más, creemos que pese a todo este cúmulo de deficiencias, que repito que son difíciles de creer pero fácilmente constatables, si la
Inspección funciona es justamente por ese grado de profesionalidad que tienen los inspectores.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Azpiroz.
El señor AZPIROZ VILLAR: Personalmente quiero felicitarme por esta unanimidad y agradecer la aclaración que hace el portavoz del Grupo Socialista en cuanto a su convicción de la profesionalidad de los inspectores. Yo tan sólo me he
limitado -y se leerá en el 'Diario de Sesiones'- a decir algo que ha dicho el representante del Grupo Socialista en relación con la retribución, a la actuación de los inspectores en relación con la búsqueda él entendía que de sanciones porque
suponían una retribución. Yo no he hecho una valoración sino tan sólo he puesto en evidencia una vez más lo que por otra parte era conocido, y es el reconocimiento del Grupo Popular y del Gobierno de la labor, de la profesionalidad y de la
categoría y cualificación de la Inspección de Trabajo.
El señor PRESIDENTE: Se suspende la sesión durante unos minutos. (Pausa.)
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- PARA QUE SE ACELERE LA INSTALACIÓN DE UN CENTRO COMARCAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN VÉLEZ-MÁLAGA (MÁLAGA). PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/001798.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, continuamos con el orden del día. Teniendo en cuenta los puntos que restan, quiero anunciar que las votaciones no tendrán lugar antes de las 13,30 horas.
Pasamos a la siguiente proposición no de ley, del Grupo Parlamentario Socialista, para que se acelere la instalación de un centro comarcal de la Seguridad Social en Vélez-Málaga, provincia de Málaga. Para la defensa de la misma tiene la
palabra el señor Heredia.
El señor HEREDIA DÍAZ: Señorías, los socialistas traemos hoy a esta Comisión la necesidad de impulsar la instalación de un centro comarcal de la Seguridad Social en el municipio de Vélez-Málaga, una actuación de enorme interés. Hagamos un
poco de historia.
En 1995 comenzaron las conversaciones sobre esta cuestión entre el ayuntamiento, entonces gobernado por el PP, y la Seguridad Social. Más tarde, en un pleno celebrado el 6 de febrero de 1998 se acordó adquirir un
inmueble situado en la calle Félix Lomas 27, de Vélez, con destino a equipamiento público. Concretamente en el segundo apartado del convenio urbanístico suscrito con los propietarios del inmueble se manifestaba que se habían realizado
gestiones con la tesorería general de la Seguridad Social con objeto de ubicar en dicho edificio la administración de la Seguridad Social y un centro de atención e información de dicho organismo. Una vez adquirido el edificio, con objeto de llevar
a acabo la cesión gratuita del mismo a la tesorería general de la Seguridad Social para que dicho organismo instalase aquellos departamentos que estimase convenientes, el pleno de la corporación, en sesión celebrada el 2 de julio de 2001, acordó por
unanimidad la cesión gratuita del uso con reserva municipal de la titularidad del edificio. Hay que destacar que el ayuntamiento ha realizado un importante esfuerzo económico al adquirir el inmueble por un valor de 216.364 euros, edificio como he
dicho que se cede hace dos años a la tesorería de la Seguridad Social. La cesión plena de la titularidad a la tesorería obedece al deseo de establecer en esta localidad una administración pública que acerque a los ciudadanos a los servicios
derivados del sistema público de salud y pensiones, a la par que posibilitar la rehabilitación de un edificio con protección arquitectónica dentro del Plan general de ordenación urbana de Vélez-Málaga. En un primer momento no se habla de
necesidades de espacio, más tarde se dice que se necesitan como mínimo 1.000 metros y en el pleno del ayuntamiento de 11 de febrero de 2002 se ceden unos 910 metros cuadrados; más tarde desde el Ministerio de Trabajo se demanda que son necesarios
2.000 metros para ubicar este centro y en un informe de fecha 3 de abril de la Gerencia de Urbanismo del municipio de Vélez-Málaga se señala que el volumen edificatorio de la parcela es de 1.946,36 metros cuadrados, y ahora se pide para ubicar el
centro un mínimo de 3.000 metros cuadrados. Primero fueron 1.000, luego dijeron que 2.000 y ya vamos por 3.000. A ver si el Ministerio de Trabajo en lugar de plantear un centro de Seguridad Social lo que quiere es una gran superficie comercial en
Vélez-Málaga y no lo ha dicho hasta ahora. A los socialistas nos parece que el Gobierno no es nada serio en este tema y tenemos la impresión de que el Partido Popular no tiene el más mínimo interés en llevar a cabo dicho centro de la Seguridad
Social en Vélez, por lo que cabe preguntarse cuánta superficie tiene este centro en Marbella, en Ronda, en Antequera o en Mijas. A todo ello hay que añadir que el edificio que ha sido cedido se encuentra en el centro de la ciudad, tiene protección
arquitectónica y si no se actúa de forma inmediata puede caerse en cualquier momento, de ahí la necesidad de que se rehabilite cuanto antes. Nos parece intolerable que el Ministerio de Trabajo no haya llevado a cabo ninguna actuación dirigida a
impulsar la apertura del servicio en el municipio ocho años después de los primeros contactos. La irresponsabilidad del Partido Popular contrasta con la seriedad del ayuntamiento que ha vuelto a pedir una vez más, y ya son muchas, al Ministerio de
Trabajo que ejecute cuanto antes la obra de construcción de las oficinas comarcales en Vélez. La ubicación del centro de atención e información de la Seguridad Social, que como he dicho se encuentra situada en la calle Félix Lomas, potenciaría
además esta zona del centro histórico antiguo de la ciudad. Se necesita un pronunciamiento rápido porque, como digo, el edificio cedido corre el riesgo de caerse y si lo que quiere el Ministerio de Trabajo es otro sitio hay que decir que el
ayuntamiento tiene parcelas hasta de 7.500 metros cuadrados, es decir que problemas de espacio no hay ninguno, pero lo que ocurre realmente es que nos parece -vuelvo a insistir- que al Partido Popular no le preocupan absolutamente nada las
cuestiones de Vélez y este tema no es ninguna excepción. Lo que no se puede permitir es que todos los proyectos que son importantes para el municipio de Vélez y que dependen del Gobierno central sean torpedeados por el Partido Popular.
Por todo lo dicho presentamos y traemos hoy aquí esta proposición no de ley en la que se insta al Gobierno a que se comprometa a acelerar la instalación de dicho centro de la Seguridad Social, que es de enorme importancia para el municipio
malagueño de Vélez y para la comarca, y en el plazo máximo de seis meses se inicien las obras de adecuación del edificio cedido por el ayuntamiento para instalar dicho centro. Esta iniciativa nos parece importante y confiamos desde aquí en que los
diputados malagueños del Partido Popular, que por cierto no veo en este debate, la apoyen porque es un proyecto importante no sólo para la Axarquía sino para toda la provincia de Málaga.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, tiene la palabra la señora Gracia Jiménez.
La señora GRACIA JIMÉNEZ: El Grupo Popular agradece y comparte la preocupación que desde el Grupo Parlamentario Socialista se tiene para con los vecinos de Vélez-Málaga. Quiero recordar a su señoría que si bien no soy diputada nacional por
la circunscripción de Málaga, justamente por ser diputada nacional mi preocupación abarca todo el territorio nacional.
No podría ser de otra forma cuando bajo un gobierno del Partido Popular es el director provincial de Trabajo el que en 1997
recuerda al Ayuntamiento de Vélez-Málaga el compromiso que tenía de ceder un inmueble al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales en compensación por otro que el ministerio cedió al ayuntamiento para su demolición y construcción de la actual plaza
de la Constitución, y en este caso me estoy remontando a la década de los ochenta. Como su señoría sabe, en ese momento el ayuntamiento ofreció el edificio que es objeto de la proposición no de ley que estamos debatiendo.
Sin dudar de su buena fe permítame decirle que en la exposición de motivos de su proposición hay algunas inexactitudes. La primera se debe a que su señoría afirma que el ayuntamiento cedió un edificio al ministerio hace dos años. Quiero
aclararle que eso no puede ser cierto ya que según los datos que facilita el propio ministerio el acuerdo plenario en el que quiere ceder dicho inmueble y que se traslada al ministerio es de 11 de febrero de 2002; habían pasado poco más de nueve
meses cuando se presentó la iniciativa que hoy estamos debatiendo. Otra inexactitud es afirmar textualmente que a día de hoy el ministerio no ha hecho absolutamente nada. Como su señoría sin duda conoce, se han producido algunos cambios en los
criterios y política de creación de nuevos centros de atención a los usuarios de la Seguridad Social, ya que con vistas a la previsible puesta en marcha de la agencia estatal de la Seguridad Social se pretende construir oficinas integrales en las
que se integrarán tanto dependencias de la tesorería general como del Instituto Nacional de la Seguridad Social y otras entidades por determinar. Para la construcción de estas oficinas integrales me imagino también que su señoría debe saber que se
ha tomado como media una superficie mínima de 3.000 metros cuadrados.
Este requisito se comunicó al gerente de la empresa municipal de urbanismo de Vélez-Málaga, junto con la condición de disponer de la propiedad sin condicionantes ni posibilidad
alguna de reversión, cosa que ocurría con el acuerdo de la sesión extraordinaria de 11 de febrero del año 2002. Repito que sin posibilidad de reversión, por lo que el acuerdo del pleno a que me he referido antes debía ser modificado. En
contestación de la Gerencia de Urbanismo se hace saber que la superficie del edificio que se ofrece es de 1.946 metros cuadrados, que distan muchos de los 3.000 metros cuadrados que requiere la puesta en marcha de una oficina integral. A la vista
de la contestación emitida por la Gerencia de Urbanismo, la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social se dirige nuevamente al señor gerente de la empresa municipal de urbanismo comunicándole que, además de no haberse
modificado el acuerdo de pleno en lo que se refiere a la cesión, el edificio no cumple los requisitos necesarios para la instalación de una oficina integral. Permítame que le diga que después de este último escrito, al que me he referido, ha sido
el ayuntamiento el que no ha hecho absolutamente nada. Lo cierto es que el problema se plantea cuando el ayuntamiento envía al ministerio un escrito de fecha 3 de agosto de 1998 en el que se atribuye la propiedad del edifico, lo cual era incierto
ya que hasta que no pasan más de dos años, ya sea por negligencia, dejadez o quizás un olvido por parte del ayuntamiento, éste no se hace con la propiedad. Lamento decirle que si el ayuntamiento hubiese actuado con la diligencia necesaria hoy,
posiblemente, Vélez-Málaga tendría las dependencias que su señoría está solicitando en su iniciativa. En cualquier caso, desde mi grupo no podemos apoyar su proposición no de ley, aunque animamos desde aquí al Ayuntamiento de Vélez-Málaga a
negociar con la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social cuando disponga de un inmueble que cumpla las condiciones y los requisitos que la tesorería establece.
- SOBRE MEDIDAS EN RELACIÓN CON LA COHESIÓN Y EL MODELO SOCIAL DE LA UNIÓN EUROPEA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/001931.)
El señor PRESIDENTE: Concluido el debate de esta primera proposición no de ley, iniciamos el debate de la siguiente sobre medidas en relación con la cohesión y el modelo social de la Unión Europea, presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista y para cuya defensa tiene la palabra el señor Jáuregui.
El señor JÁUREGUI ATONDO: Señor presidente, la proposición que hemos presentado tiene una cierta entidad, si me permiten la petulancia.
Realmente la situación que está viviendo la Unión Europea en este momento implica una consideración en
nuestra opinión seria sobre cuál es el papel que juega nuestro país ante los acontecimientos que se vislumbran como muy importantes en los próximos meses. En primer lugar, quiero recordar que estamos en la Convención europea dando los primeros
pasos para la creación de una constitución para la Unión Europea; y en segundo lugar, estamos a las puertas de una ampliación muy importante el 1 de enero del año que viene que va a hacer de Europa un nuevo espacio económico y político con la
incorporación de diez nuevos países. En la Convención europea se está discutiendo cuáles son los contenidos de esa constitución y la proposición que planteamos precisamente trata de instar al Gobierno a que en la negociación de la Convención
defienda en todos los foros en los que se discute sobre el contenido de esta constitución europea una serie de principios. Les confieso que en varias comisiones parlamentarias nuestro grupo ha presentado un conjunto de iniciativas y propuestas en
esta dirección que les señalo, y en la Comisión de Política Social y Empleo en la que ahora estamos se discuten los ocho puntos que el Partido Socialista considera que el Gobierno español debiera defender en la Convención europea en relación con lo
que llamaríamos política social y empleo, justamente coincidiendo con los términos que titulan esta misma Comisión. Nosotros creemos que el compromiso del Gobierno en relación con estos principios es fundamental porque este no es un debate
cualquiera.
Tenemos que reconocer, señorías, y espero que compartan nuestra preocupación, que en estos momentos Europa está atravesando una crisis antológica y desde luego también ontológica; antológica porque es enorme y
ontológica porque afecta a su propio ser. Diría que es una crisis casi existencial, porque en las últimas semanas una quiebra muy profunda atraviesa el futuro de la Unión Europea. Por eso tiene tanta importancia saber cuál es la posición
del Gobierno español en la defensa de esa Convención europea, porque hay que saber de nuevo si por encima de los eslogans queremos más Europa o menos Europa, si queremos una Europa política articulada, una Unión Europea de verdad, que supere la
perspectiva económica o de mercado, si queremos ese espacio económico o queremos realmente construir un espacio político, una entidad supranacional capaz de tener una voz en el nuevo -iba a decir orden- desorden del mundo.
La impresión que nosotros tenemos es que es precisamente la decisión del presidente del Gobierno español, el señor Aznar, en las últimas semanas la que realmente ha incorporado mayores dudas sobre el papel de España en este momento tan
importante que estamos viviendo, porque claramente ha escorado el papel de su proyecto de Europa hacia Estados Unidos, hacia menos Europa, hacia menos unión política, hacia menos construcción política de una Unión Europea y hacia una visión más de
mercado, más de un espacio económico interesante, pero no hacia la creación de un espacio político, de una potencia política en un nuevo escenario mundial, que es la Unión Europea. Porque al colocarse al lado de Estados Unidos, el Gobierno español
ha apostado literalmente por una posición en la que no haya una política exterior común ni desde luego una política defensiva; es el gran amigo americano el que va a construir la política exterior y la defensa de Europa; y esta es una decisión muy
importante. Yo puedo comprender que ustedes crean que hay algo de oportunismo en mis palabras cuando estoy haciendo esta alegación sobre la actualidad, pero me parece que está muy bien traída, porque la proposición que les planteamos tiene que ver
con lo que el Gobierno español va a defender en la convención respecto a uno de los planos que configuran la nueva constitución europea, que es la parte social y la política de empleo. En otras comisiones se verá qué va a defender España en la
Convención europea puesto que el Partido Socialista así lo ha planteado, pero aquí discutimos qué vamos a defender allí.
La proposición no de ley trata de responder a esta filosofía que les señalo. Queremos que la Convención europea defina una serie de compromisos en relación con la política social; entendiendo que probablemente en la fase siguiente a la
elaboración de los trabajos de la convención, los Estados limarán y reducirán los contenidos de esa convención. Por tanto, ahora, en la fase de estudios, de propuestas, en la fase más teórica y política, pedimos al Gobierno español que defienda
ocho grandes principios que debieran de incorporarse, en nuestra opinión, a la convención y a la constitución europea.
En primer lugar, el principio de que la Unión Europea no puede construirse si no es sobre la base de un principio de cohesión interterritorial. No hace falta argumentar demasiado en favor de este principio si tenemos en cuenta que España ha
sido la gran beneficiaria, desde prácticamente el año 1986, de la política de cohesión, de la política de fondos estructurales y de otra naturaleza para, precisamente, aplicar la solidaridad interterritorial. Hoy con nosotros, mañana con otros, se
podría decir así. Porque queremos una Europa que responda a unos mínimos, a una ecuación de equilibrio interterritoral, que no esté atravesada por grandes diferencias que hagan imposible cualquier política común por la heterogeneidad de sus
realidades económicas y sociales. Este es el primer punto que reclamamos que el Gobierno español defienda en la elaboración de la convención. La cohesión social y territorial es un principio esencial de la Unión Europea y como tal queremos que
quede recogido constitucionalmente al máximo nivel.
En segundo lugar, planteamos la necesidad de confirmar y consolidar en el nuevo tratado constitucional el modelo social europeo, el modelo social frente al neoliberal. Tampoco aquí hacen falta demasiadas explicaciones para argumentar que el
conflicto ideológico del mundo en este momento transcurre entre dos ecuaciones o posiciones, una neoliberal que da al mercado un poder absoluto para organizar la sociedad, y una concepción europea que, a través del llamado Estado del bienestar, ha
configurado el modelo social cohesionado y que reclama que el mercado inspire a la economía, pero reclama para la política y para la cohesión social la organización de la sociedad.
El tercer principio que pretendemos incorporar a la Convención constitucional europea es el de recoger que los derechos sociales de los ciudadanos son derechos subjetivos. No se trata, por tanto, de que las políticas sociales respondan a
una determinada política presupuestaria, a una determinada coyuntura económica, sino de que los ciudadanos, además de los derechos constitucionales de libertad, de expresión, etcétera, tengan derechos sociales, y que como tales, los Estados y la
organizaciones políticas sean deudoras de su prestación y por tanto estén obligadas a prestarlos. Los derechos sociales así concebidos incorporan lo que se llama un nivel de excelencia a las configuraciones constitucionales que responden en gran
parte a la concepción de los Estados sociales y de derecho que en Europa se han configurado en nuestros textos constitucionales.
La cuarta idea es la que pretende el establecimiento de unos niveles sociales mínimos que garanticen una existencia digna de los ciudadanos.
No es fácil, y aquí confieso que la pretensión que planteamos puede ser sólo realizable a medio o
largo plazo porque, por ejemplo, la instauración de un salario mínimo europeo, dada la heterogeneidad tan enorme que hay entre los diferentes países, no resulta verosímil a corto plazo; sin
embargo, queremos que se incorpore también a los estudios de la Convención europea el planteamiento de que haya unos niveles sociales mínimos que garanticen una existencia digna de todos los ciudadanos.
El quinto apartado que planteamos es la defensa de unas reglas claras que garanticen la convivencia entre la competencia del mercado y los principios de solidaridad, universalidad, equidad, calidad y accesibilidad a los servicios públicos
esenciales. En esencia, estamos queriendo responder al problema que se plantea con las exigencias de los mercados cada vez más salvajes, y perdonen la expresión. Los mercados van apretando cada vez más a los Estados para que les reduzcan costes
extrasalariales, para que les faciliten los despidos frente a las evoluciones de los mercados, para que se aumente la jornada laboral y competir mejor así con los países donde se trabaja más, en una clara dirección regresiva sobre lo que han sido
las conquistas sociales y laborales del último siglo, y en particular de la segunda mitad del siglo XX. Y esto es algo en lo que debemos de reflexionar muy en serio porque si los mercados siguen imponiendo su ley, lo que haremos es prácticamente
retrotraernos a los comienzos de las largas luchas obreras de finales del siglo XIX, porque seguramente los derechos, las prestaciones y las coberturas, que dan dignidad al trabajo y que dan seguridad al trabajador, irán desapareciendo.
El sexto apartado es el que pretende adjudicar al pleno empleo un papel protagonista en la política europea. Sólo desde las cumbres de Luxemburgo, y más tarde de Lisboa, etcétera, se ha planteado en serio la Unión Europea objetivos en
materia de empleo. Curiosamente, ha sido una cuestión que ha estado bastante alejada de las preocupaciones, de los debates y sobre todo de los compromisos de la Unión Europea; hubo un gran compromiso político para hacer la unión monetaria y ha
sido un gran logro del futuro de la Unión Europea, sin duda, pero siempre ha habido una cierta retranca en relación con los objetivos sociales y de empleo, en particular por los obstáculos que algunos países ponen a los compromisos europeos en esta
materia. Me consta que esos obstáculos siguen, pero de lo que se trata es de incorporar a la constitución europea un objetivo de pleno empleo, que es verdad que la cumbre de Lisboa fija para 2010. En todo caso sin fijar concreciones, porque un
texto constitucional no las admite, sí debiéramos de plantear la recuperación de este objetivo social del pleno empleo como uno de los objetivos básicos de la política social o del tratado constitucional de la Unión Europea.
El séptimo apartado que plantea nuestro grupo consiste en la necesidad de reforzar el papel de los sindicatos, de los interlocutores sociales, de las ONG y de las asociaciones ciudadanas en la concertación tripartita y en el diálogo social.
También aquí quiero utilizar un brevísimo turno para hacer una loa a una concepción abierta y progresiva de la democracia y sobre todo de la participación ciudadana. Estamos viviendo momentos espectaculares, yo diría que también esperanzadores, en
cuanto a la importancia de la ciudadanía, de su opinión pública, de qué manera están condicionando a los gobiernos, a los medios de comunicación, de qué manera organizaciones casi inexistentes -o que creíamos que no existían- o desconocidas están
articulando y promoviendo la participación, el derecho de manifestación y el derecho de expresión. Europa no se puede construir si no es respondiendo a la antigua cultura que configura esta vieja y grandiosa democracia que es la Unión Europea.
Finalmente y termino, en el último apartado, el Grupo Parlamentario Socialista plantea incorporar un objetivo que es también básico en la concepción social progresista que nuestro grupo mantiene en relación con el futuro de Europa, que es la
igualdad plena entre hombres y mujeres.
Esta es una batalla que prácticamente acaba de empezar; en términos históricos sólo llevamos 50 años de igualdad pero en el capítulo social, y en el del empleo en particular, sigue habiendo gravísimas
discriminaciones. Hay discriminación en el acceso al empleo, en el desarrollo de una carrera profesional, en la promoción profesional, en la conciliación de vida y familia, etcétera. Este es un tema capital, porque aborda una de las injusticias
más severas, más importantes y más sensibles de una concepción progresista de la igualdad. Por esto, al igual que la Unión Europea en varias directivas, planteamos que este objetivo se incorpore también al tratado constitucional de la Unión
Europea.
Señorías, el Grupo Parlamentario Socialista cree que es importante que esta Comisión traslade al Gobierno un mandato, porque es el Gobierno el que está compareciendo con más fuerza, con más capacidad de negociación sobre el futuro de la
Convención europea en representación de España; y creemos que es oportuno y necesario que esta Comisión inste al Gobierno a defender estos postulados. Quiero pedirles su voto favorable porque creo que es un mandato parlamentario necesario y que
puede hacernos mucho bien en la defensa de una concepción social y progresista en la próxima constitución europea.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor don Antero Ruiz.
El señor RUIZ LÓPEZ (don Antero): Señorías, la proposición no de ley que se presenta hoy a través del Grupo Parlamentario Socialista contiene a nuestro entender importantes criterios para conciliar la ampliación de la Unión Europea y la
estrategia de cohesión social que viene defendiéndose desde el Consejo de Lisboa. Sin embargo, estos principios de carácter general ni nos alertan de la delicada situación política y económica que se vive en la Unión Europea ni nos permiten
intervenir en el momento político más próximo para
abordar estos asuntos, que es precisamente el Consejo de primavera que se celebró el 21 de marzo. Los Estados miembros deben intensificar la realización de las reformas si quieren que la Unión Europea consiga el objetivo de convertirse en
la economía más competitiva del mundo. Este es el mensaje del informe al Consejo Europeo de primavera del pasado 21 de marzo. La Comisión sostiene que existen claros indicios de que las reformas realizadas en los cinco últimos años han introducido
importantes cambios estructurales. El informe sobre la renovación económica, social y medioambiental de Europa pone de manifiesto que los objetivos siguen estando a nuestro alcance pero aún no tenemos la garantía de que vayan a realizarse. Lo
necesario, más allá de la retórica, es acelerar las medidas para lograr los objetivos que los jefes de Estado y de gobierno acordaron hace tres años en el Consejo Europeo de Lisboa. El objetivo prioritario que debería marcarse en el contexto de una
coyuntura económica grave no es otro que la inversión esencial para el crecimiento sostenido, el empleo y el medio ambiente. La presidencia española, y en su momento en la cumbre de Barcelona, no parece haber estado a la altura de estos retos, y lo
que es peor, no estuvo a la altura del momento delicado que vivía la Unión Europea y que afecta a muchos de los retos fijados en Lisboa. De hecho, la tasa de actividad se encuentra 7 puntos por debajo de aquellos objetivos. La presidencia española
impulsó, como en muchos otros campos de acción de nuestro gobierno, un giro en la política europea, impulsó una orientación unilateral y desequilibrada basada en la aceleración de las reformas estructurales ligadas al mercado único, liberalización,
gas y electricidad, etcéctera, en la ulterior flexibilización del mercado de trabajo y en la exoneración de cargas fiscales a las empresas y contrapartidas de inversión y empleo. En una palabra, la presidencia española puso en segundo plano los
objetivos de coherencia política hacia el pleno empleo y un modelo social de cohesión para sustituirlos por más liberalismo, más desestructuración social y menos protección social.
La agenda de la cumbre que se celebró el 21 de marzo parece seguir este sesgo desequilibrado y se corre el riesgo de profundizar en un deterioro de las condiciones de cohesión. El desempleo aumenta y las reformas realizadas en los cinco
últimos años han introducido importantes cambios estructurales en numerosos mercados de trabajo europeos, por no decir en todos. De hecho, sin esfuerzos adicionales será imposible que la Unión Europea alcance la tasa de empleo que se ha planteado
para 2005, que es del 67 por ciento de la población en edad de trabajar. El problema de España y su déficit respecto a Europa es porque sigue siendo el país con la tasa de paro más elevada y con los niveles más bajos de actividad laboral entre las
mujeres, y esto último debido a su débil gasto social en políticas de apoyo a la familia, guarderías, infraestructuras de cuidado e inversión en investigación y desarrollo. Todos estos desajustes no se resuelven con nuevas reformas del mercado de
trabajo o del sistema de protección social, como ha sugerido el señor Aznar anunciando una propuesta junto a Blair, sino invirtiendo en la generación de nuevos puestos de trabajo, estableciendo una red sólida de infraestructuras sociales y
aumentando el gasto público y privado en I+D. El reto europeo está en aumentar la productividad del trabajo invirtiendo en formación y en tecnología, manteniendo un sólido sistema de protección social como el construido en Europa; el recorrido debe
contemplar ambas premisas y no sólo la primera, como sucede en Estados Unidos.
Los grandes objetivos europeos fijados en la cumbre de Lisboa no requieren de modificaciones sino de voluntad política para cumplirlos, y el primer objetivo es mantener un crecimiento económico anual del 3 por ciento, pero para ello es
imprescindible generar un clima de confianza y de estabilidad internacional a todos los niveles y una necesidad a la que sin duda no está contribuyendo el presidente español con su actitud en el conflicto de Irak. El proceso de liberalización en un
creciente número de sectores económicos, obsesión española en el Consejo de primavera celebrado en Barcelona y anuncia nuevos pasos en la próxima cumbre, no ha hecho sino agravar la situación y el avance en la liberalización del mercado de los
servicios y no está haciendo más que crear problemas sociales sin que la competencia anunciada ofrezca resultados en el terreno de los precios ni ventajas a los consumidores. Las empresas no invierten suficientemente en conocimiento e innovación,
ni parece escucharse la necesidad de que se creen las condiciones para que se incremente la inversión en educación, investigación y economía del conocimiento, elementos esenciales del conocimiento a medio plazo y de la calidad de empleo. Es
necesario conceder incentivos fiscales y reguladores que orienten la inversión privada hacia estas prioridades.
Debe preocuparnos que se estén debilitando las acciones en la lucha contra la pobreza y la exclusión social; el desempleo de larga
duración y el número de hogares desempleados siguen siendo elevados frente a las reiteradas promesas de mejorar la situación. En este contexto es especialmente grave que se inste en medidas necesarias para garantizar la viabilidad a largo plazo y
la calidad de su sistema de producción social, teniendo en cuenta en particular el envejecimiento de la población o reducir las desigualdades entre hombres y mujeres sin que estos proyectos de viabilidad garanticen la universalidad de los sistemas
de protección ni su carácter público. Junto al empleo, la inversión en conocimientos y la cohesión social, se encuentran el medio ambiente y el desarrollo sostenible en la última referencia inexcusable de la estrategia de Lisboa.
Ahora, señorías, se trata de poner en práctica las importantes decisiones adoptadas en 2002 a nivel mundial,
como la puesta en marcha del programa de Doha para el desarrollo, la Conferencia internacional sobre la financiación para el desarrollo de Monterrey y la Cumbre mundial sobre el desarrollo sostenible de Johannesburgo. La ampliación no puede
ser concebida como un riesgo para la estrategia de Lisboa o que deba relajarse en sus objetivos básicos; éstos van dirigidos al conjunto de la Unión y no a los países individualmente. En este sentido, sigue siendo válido para la Unión de 25
Estados miembros o más. El primer paso en estos momentos, más allá de los principios generales que se indican en la proposición que debatimos, es optar por el crecimiento, la creación de empleo de calidad y aumentar la cohesión social.
En definitiva, señorías, y para terminar, la ampliación y la nueva constitución europea no definirán un marco de cohesión si no se aplican medidas de garanticen los derechos de ciudadanía y afirmen el modelo social europeo.
El señor PRESIDENTE: Había olvidado que el Grupo Parlamentario Popular tenía una enmienda; el señor Carriegas no me reclamó la palabra como debió de haber hecho en el momento de concluir la intervención del señor Jáuregui. Rogándole que
disculpe este pequeño despiste, le concedo ahora la palabra, precisamente para que pueda mantener su enmienda antes del resto de las intervenciones, señor Carriegas.
El señor CARRIEGAS ROBLEDO: Buenos días a todos.
La iniciativa que nos trae hoy aquí el Partido Socialista pretende redefinir la estrategia de cohesión de la Unión Europea, fundamentalmente dedicada a la próxima ampliación, así como reorientar el proceso de construcción europeo impulsando
unos objetivos de carácter social. El Grupo Parlamentario Popular presenta una enmienda meditada, que pretende ser de consenso, que quiere valorar el trabajo realizado y el magnífico resultado obtenido por los representantes españoles en el seno de
la Convención europea, y en particular de los integrantes del grupo de trabajo once, denominado Europa Social. Por tanto, apostamos no por redefinir o reorientar la postura de los representantes españoles en el seno de la convención sino que
convenimos en el esfuerzo de continuar profundizando en el objetivo de una Europa más cohesionada social y territorialmente, más justa socialmente y más equilibrada. Se trata pues de una enmienda de coincidencias, de una enmienda que plantea
trasladar a los órganos europeos el modelo de bienestar que posee España y que garantiza y ampara nuestra Constitución. Deseamos en este esfuerzo contar con el mayor acuerdo posible y por tanto no me cansaré en el día de hoy de llamar al consenso.
Como todos ustedes conocen, la Convención europea está configurada como un gran debate abierto, como un foro de análisis y reflexión, y se va nutriendo de contribuciones de todos los representantes así como de todos los segmentos de la
sociedad. Desde su creación, la convención se ha organizado operativamente a través de grupos de trabajo, hasta once, a los que se les ha encargado el análisis de cuestiones claves que deberán incluirse en el articulado del futuro tratado
constitucional. Como ha quedado dicho, el grupo Europa Social es el que ha tratado cuestiones del ámbito al que se refiere la iniciativa planteada y la Comisión en la que nos encontramos. Este grupo concluyó sus trabajos el pasado 27 de enero del
presente año 2003. El fruto de su trabajo se constituye en un documento de trabajo muy elaborado y consensuado, en el que se plantean una serie de valores que definen muy seriamente el modelo social de lo que habrá de ser la nueva Europa.
Intentaré resumir muy brevemente cuáles eran los asuntos sometidos a análisis de trabajo del grupo Once Europa Social y cuál ha sido la postura de nuestro Gobierno. Se le plantea al grupo desde la convención definir los valores esenciales
en el ámbito de lo social que deberán incluirse en el futuro artículo 2 del tratado constitucional europeo. La propuesta de redacción, con gran acuerdo, cita expresamente la dignidad humana, la libertad, la democracia, el Estado de derecho, los
derechos humanos, la tolerancia, la justicia y la solidaridad. Nuestro Gobierno ha presentado además una enmienda para la inclusión de una referencia específica al concepto de igualdad. La convención plantea asimismo un grupo de trabajo definir
los objetivos de la Unión Europea. La propuesta de redacción, también con gran consenso, ha incluido los siguientes objetivos de la Unión Europea: desarrollo sostenible, justicia social, pleno empleo, cohesión económica y social, igualdad entre
hombres y mujeres, protección social, solidaridad entre generaciones y Estados, e igualdad de oportunidades para todos. Además nuestro Gobierno ha trabajado y sigue haciéndolo por incluir conceptos tales como la educación y la formación
permanentes, la erradicación de la pobreza, la protección de la infancia, la cohesión no sólo económica y social sino también territorial, el nivel elevado de salud pública y servicios sociales, así como la calidad en el trabajo. Son conceptos que
ha defendido el Gobierno, compartidos a buen seguro por todos los grupos de la Cámara, y por los que seguiremos luchando. En cuanto al mandato de la convención de decidir las categorías de las competencias, el Gobierno ha defendido la conveniencia
de racionalizar los diversos procesos de coordinación económica y social. Como saben, el vigente tratado de Niza califica las políticas económica y de empleo como de interés común, previéndose su coordinación en el seno del Consejo con el fin de
contribuir a lograr los objetivos definidos en el actual artículo 2 del Tratado constitutivo de la Unión, que alude al desarrollo armonioso, equilibrado y sostenible de las actividades económicas en el conjunto de la comunidad, un alto nivel de
empleo
y de protección social. Se considera que no existe una relación de prioridad y jerarquía entre ellos. Esta posición de España es coherente además con las conclusiones del Consejo Europeo de Barcelona, que decidió la bondad de sincronizar
los calendarios para la adopción de las orientaciones generales de las políticas económicas y del conjunto anual de medidas relativas al empleo.
Me gustaría comentar también que en las conclusiones del grupo Europa Social, de la convención, y con apoyo de nuestro Gobierno, se han incluido el reconocimiento del papel de los interlocutores sociales y su inserción como tal en el
tratado, la conveniencia de regular la cumbre social tripartita, el mantenimiento de las disposiciones relativas al diálogo social y la introducción de una referencia al diálogo civil y a la sociedad civil. El proceso de Lisboa ha reconocido ya un
importante papel a los interlocutores sociales, reconocimiento que ha asumido la forma de cumbres sociales periódicas que permiten a los interlocutores sociales exponer sus puntos de vista sobre las cuestiones tratadas por el Consejo. Si bien el
papel de los interlocutores sociales ya aparece consagrado en los tratados, dicho papel podría reforzarse en su consideración de interlocutores necesarios de los poderes públicos comunitarios en la definición, elaboración y aplicación de las
políticas económicas y sociales, y también como actores del diálogo social y de las relaciones laborales.
No obstante lo anterior, el proceso de debate dentro de la Convención para la reforma de los tratados de la Unión Europea continúa abierto, previéndose que el primer texto del tratado constitucional esté preparado para su discusión en el
Consejo Europeo de junio del presente año 2003.
Pienso que la posición mantenida hasta ahora y el arduo trabajo realizado hasta la fecha sirven de fiel reflejo de cuál es la dirección de España para ir hacia una Europa más social. Pero nos queda
plazo, interés y voluntad en seguir haciendo aportaciones porque los retos a los que nos enfrentamos bien lo merecen. La futura, pero cercana, ampliación de la Unión Europea, la globalización, el previsible desequilibrio entre el núcleo económico
más próspero de la Unión Europea y la periferia, o la propia pervivencia del modelo social europeo, especialmente en lo que se refiere al sostenimiento de los sistemas de protección y de inclusión social así lo apuntan. Si bien las políticas de
cohesión social son aspectos centrales del modelo social europeo, su mantenimiento en el futuro está sujeto a decisiones económicas y financieras y a una mayor implicación en las mismas de los agentes sociales y de las relaciones.
Conviene recordar
que con la expresión modelo social europeo, se hace referencia a los rasgos comunes de todos los países de la Unión Europea en relación con otras áreas económicas y políticas del mundo. Unos sistemas sociales asentados sobre un desarrollado derecho
del trabajo, un amplio sistema de negociación colectiva y de derecho de participación de los trabajadores en las empresas, así como una protección social de carácter universal. En las conclusiones de la presidencia relativas al Consejo de Barcelona
del año 2002, se declara que el modelo social europeo se basa en unos buenos resultados económicos, la competitividad, un alto nivel de protección social y educación, y el diálogo social.
Resulta vital, pues, que el pleno reconocimiento de un mayor
equilibrio entre progreso económico y desarrollo económico sostenible entre a formar parte de las bases de actuación de la Unión Europea en materia socioeconómica.
El Grupo Parlamentario Popular hace suyas estas definiciones, conclusiones y propuestas, y pienso que el Grupo Parlamentario Socialista, partido proponente de esta iniciativa, también. Planteamos una enmienda que recoge a nuestro entender
la mayoría de los principios inspiradores de la iniciativa socialista: equiparación de los objetivos sociales y económicos dentro de la consolidación del modelo social europeo; promoción de medidas que garanticen la convivencia entre la
competencia del mercado y los principios de solidaridad, universalidad, equidad, calidad y accesibilidad a los servicios públicos esenciales, así como el acceso a los servicios de interés general de todos los ciudadanos; otorgar carácter
prioritario al pleno empleo y al conjunto de la política dentro de las prioridades de la Unión; incluir dentro de las competencias de la Unión la igualdad entre hombres y mujeres mediante la inclusión de un título específico en el tratado
constitucional que permita garantizar esa igualdad en el acceso al empleo, en la promoción profesional, así como la igualdad salarial, mediante acciones positivas que contribuyan a corregir las desigualdades existentes, y de forma específica a
combatir la violencia de género. Ha calificado este punto, señor Jáuregui, como capital, espero que así lo entienda a la hora de aceptar o no nuestra enmienda.
Nos es imposible, por otra parte, contemplar la propuesta socialista de un salario mínimo europeo, puesto que, en virtud de las actuales competencias comunitarias, hoy no sería posible la instauración del mismo, y creemos además que no sería
conveniente permitir esta posibilidad por las enormes dificultades que conllevaría derivadas de los distintos niveles geográficos de productividad existentes en Europa, que se verán acentuados por la próxima ampliación de la Unión Europea. Le pido
al Partido Socialista hoy, que aparte este asunto y nos permita unos consensos fundamentales.
No es posible tampoco recoger la iniciativa y consagrar en la carta de derechos fundamentales unos derechos sociales vinculantes jurídicamente.
Quiero recordar que en la declaración de Laeken no se otorga a la actual Convención Europea el
mandato de reformular la Carta que, si bien se ha convertido en un importante texto de referencia, continúa recogiendo unos derechos que no son directamente ejercitables; los derechos de asociación y huelga a los que se refiere el Partido
Socialista no aparecen recogidos en la Carta y además están excluidos de cualquier acción comunitaria en virtud del artículo 137. 5 del Tratado constitutivo de la Unión Europea. Insisto al Partido Socialista: aparquemos estas
reivindicaciones, hoy inviables, y logremos consensos básicos.
Por todo lo dicho, porque consideramos que coincidimos en lo fundamental, que debemos coincidir en la defensa del concepto de Estado del bienestar que tenemos en nuestro país y su traslación al conjunto de la Unión Europea, y porque pensamos
que el proyecto merece la pena, les animo a que acepten nuestra enmienda y podamos seguir caminando juntos, construyendo juntos una Europa más social, más cohesionada y más justa.
De verdad que siento tristeza ante la mezcla oportunista e
interesada -en mi opinión- que el Partido Socialista hace de la situación actual en el Golfo Pérsico con el diseño del modelo social a futuro en la Unión Europea. Sólo puedo finalizar con una frase del portavoz socialista: esta no es una cuestión
cualquiera. Por ello les pido reflexión y responsabilidad.
El señor PRESIDENTE: Finalmente, por el grupo de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Grau.
El señor GRAU BULDÚ: Después de oír las intervenciones tanto del señor Jáuregui como del señor Carriegas, uno llega a la conclusión de que es una propuesta oportuna, que ambos grupos la aceptan, que en definitiva lo que intentan es plasmar
unas acciones del Gobierno español, o instar al Gobierno español para que frente a la Convención Europea sea más estandarte de una política cohesionada y equilibrada. Realmente ambas fuerzas políticas han invocado la necesidad de un consenso y de
presentar una propuesta unívoca por parte de los dos. Este consenso tendría que ser uno de los ejes de esta aprobación porque de alguna forma la postura española tiene que presentarse sin fisuras ante los foros europeos y, en definitiva, si hay un
acuerdo por parte de todas las fuerzas políticas, el Gobierno sale con más fuerza en sus intervenciones. Es por ello que, tratándose en esta proposición y en esta enmienda, de abrir el modelo social a Europa, tendríamos que instar al Gobierno a que
admitiera la posibilidad de las propuestas que hace el Partido Socialista, de forma que las incluyera en la posibilidad de avanzar en este sentido, y me refiero, por ejemplo, que sería oportuno aceptar la necesidad de establecer un salario mínimo
europeo y que el Gobierno lo aceptara con una transacción de necesidad de avanzar en el salario mínimo europeo, y que el mismo grupo proponente también lo aceptara en este sentido, como una voluntad compartida de que este es uno de los puntos en los
que tenemos que llegar al consenso y a la cohesión.
En definitiva, se trataba, a partir de este tema -creo que en la Comisión de Política Social y Empleo esto tiene su importancia-, de mejorar todas las acciones que invocamos cuando hablamos de armonización de pensiones y de movilidad de
trabajadores en la Unión Europea, y tenemos que hablar anticipadamente de la necesidad de que este salario mínimo sea comparable y de la forma de mejorar estas relaciones. Sabemos que es un objetivo a largo plazo, como ha dicho el señor Jáuregui,
sabemos que es una cuestión imposible en estos momentos, y más aún cuando hablamos de la ampliación con los nuevos miembros, pero realmente tenemos que enfocar el modelo social europeo hacia esta uniformidad para que de alguna forma este concepto de
Europa que tanto invocamos y esta base real que intentamos que sea Europa en el mundo occidental en la actualidad sea una realidad.
Entendemos que la propuesta que ha hecho el Partido Popular es una propuesta más ideológica que, tal como ha dicho
el señor Carriegas, redunda en la aceptación de las gestiones hechas por el Gobierno en nombre del Estado español ante la Unión Europea, pero entendemos también que sería oportuno en este foro admitir la confianza de tener más apertura o más
concreción en las propuestas que realizamos. Entiendo que de esta manera sería una apertura positiva por parte del Estado en este tema y que, de alguna forma, lo mejoraría, al menos lo entendemos así aunque no cuadre, como ha dicho el señor
Carriegas, dentro de los objetivos exactos de la Unión Europea, pero sí tiene que estar en la voluntad del Estado español crear este modelo social europeo como diferenciador de la cultura occidental. Es por ello que, aún no estando totalmente de
acuerdo con el Grupo Parlamentario Socialista, preferimos la alternativa socialista y es por ello que nuestro grupo dará el voto favorable al Grupo Parlamentario Socialista.
El señor PRESIDENTE: Señor Jáuregui, a efectos de aceptación o rechazo de la enmienda, tiene la palabra.
El señor JÁUREGUI ATONDO: Quería en primer lugar agradecer el esfuerzo que el Grupo Parlamentario Popular ha hecho por intentar una aproximación a nuestra proposición no de ley. Quiero señalar que los cuatro puntos que recoge su enmienda
responden a los apartados 2, 5, 6 y 8 de la nuestra, e incluso puedo admitir que hasta los mejoran. En ese sentido, estoy dispuesto a sustituir los puntos 2, 5, 6 y 8 por los cuatro que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular, pero a
continuación debo decir que sólo aceptaría esa corrección si el Grupo Parlamentario Popular a su vez acepta la redacción contemplada para los apartados que no han sido asumidos en su enmienda y que hacen referencia a cuatro aspectos para mí muy
importantes: uno, la referencia a la cohesión territorial; otro, que es el punto 1 de nuestra proposición no de ley, relativo a lo que llamamos derechos sociales vinculantes, y quiero señalar que este es el apartado que nuestro representante en la
Convención, el señor Borrell, ha expuesto como
capítulo principal de nuestra política social en la Convención; el tercero, el de los niveles sociales mínimos que, aunque acepto que la regulación de un salario mínimo europeo es un compromiso quizás exagerado, sí me gustaría mantenerlo en
relación con los niveles sociales mínimos, y aceptaría una transacción en ese sentido si fuera necesario; y por último, el refuerzo del papel de los sindicatos, ONG, y asociaciones ciudadanas. Estos cuatro elementos no están contemplados en la
propuesta del Grupo Parlamentario Popular y sólo puedo admitir una transacción si esos cuatro apartados se incorporan a un texto final. Como de esto ya he hablado antes con el portavoz del Partido Popular, y no parece posible, tengo que decir que
si no es posible esa incorporación mantenemos nuestra proposición no de ley en su integridad.
Termino diciendo que no puedo creer en sus palabras porque sus hechos las desmienten, porque la decisión que ha adoptado el Gobierno en relación con la política exterior y con la Unión Europea de las últimas semanas está rompiendo Europa y
está apoyando un modelo económico antisocial como es el americano.
- POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A QUE ADOPTE LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA PROHIBIR LA COMERCIALIZACIÓN Y USO DE LA VARIEDAD DE AMIANTO DENOMINADO BLANCO O CRISOLITO, ASÍ COMO PARA REALIZAR UNA DETECCIÓN PRECOZ Y DAR UN TRATAMIENTO MÉDICO
ADECUADO A LAS ENFERMEDADES DERIVADAS DE LA EXPOSICIÓN AL MISMO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA. (Número de expediente 161/000745.)
El señor PRESIDENTE: Continuamos el debate con la proposición no de ley por la que el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida insta al Gobierno a que adopte las medidas necesarias para prohibir la comercialización y uso de la
variedad de amianto denominado blanco o crisolito, así como para realizar una detección precoz y dar un tratamiento médico adecuado a las enfermedades derivadas de la exposición al mismo.
Para su defensa, tiene la palabra el señor Ruiz.
El señor RUIZ LÓPEZ (don Antero): Empiezo mi intervención diciendo que seguramente por el tiempo que ha transcurrido desde que se registró esta proposición no de ley en algunos de sus puntos puede haber algún tipo de desfase, no así en el
conjunto de la proposición y sobre todo en lo que voy a centrar mi intervención, que es en los efectos secundarios, en las secuelas que se desprenden de esos efectos y que a nuestro entender no se están tratando adecuadamente. En este sentido, el
amianto causará en los próximos 30 años 500.000 muertes en Europa, 250.000 por cáncer de pleura, y el resto por cáncer broncopulmonar. Además de los trabajadores que manipulan amianto o lo han hecho en el pasado, la población que vive cerca de las
fábricas y astilleros, donde el amianto se utiliza u ocupa edificios que tienen amianto en su estructura, están expuestos a los daños de este material. Muy probablemente asistimos a la eclosión de los periodos de latencia de enfermedades
relacionadas con el amianto como consecuencia de exposiciones incontroladas en los años setenta y ochenta.
El fenómeno continuará creciendo en los años venideros, pero, además, el uso habitual de este producto, el amianto, ha protagonizado alguno
de los grandes escándalos en materia de salud pública: instalación de fábricas y astilleros junto a núcleos poblados, acumulación de residuos, transporte inapropiado, sustitución peligrosa de piezas de amianto, son algunos de los usos incorrectos
que han expuesto a muchas ciudades a riesgos muy graves. Por lo tanto, el amianto supone un grave problema que afecta a tres bandas: por un lado están los trabajadores en activo que continuarán manipulando amianto hasta el año 2005, pero también
se encuentran los trabajadores que han estado expuestos ya durante su vida profesional a este producto, o los trabajadores y la población en general que conviven con el amianto instalado en edificios, vagones, etcétera. Estos efectos hacen que el
amianto sea, además de un problema de salud laboral, un problema de salud pública y del medio ambiente. En definitiva, la prohibición del amianto crisolito usado en el fibrocemento es un paso en esta dirección y una parte imprescindible de una
estrategia sobre el amianto que aborde el conjunto del problema al que nos enfrentamos.
Esta es una iniciativa que está siendo adoptada por países europeos conscientes de que debe irse más allá de la normativa comunitaria existente en estos momentos. Debe tenerse en cuenta que prácticamente no hay ninguna actividad en la que
pueda asegurarse que los trabajadores no están expuestos al amianto, aunque hay grupos profesionales en los que el riesgo es aún mayor, especialmente entre los trabajadores de la industria naval, los de fábricas de fibrocemento y los dedicados a la
reparación y retirada de material ferroviario. Pese a los efectos probados del amianto sobre la salud, rara vez los trabajadores afectados consiguen que se les reconozca la enfermedad profesional. Muchas de estas enfermedades provocan una muerte
rápida, por lo que en el caso de que el trabajador inicie un proceso judicial lo más probable es que fallezca antes de que se produzca el fallo. Nos enfrentamos a procesos judiciales muy largos y a plazos de vida muy cortos, y la escasa
sensibilidad de muchos jueces en este asunto también lo prueba. Las dificultades para establecer la relación entre la actividad profesional y la enfermedad, y el tiempo que transcurre entre la exposición al riesgo y el desarrollo de la enfermedad,
son obstáculos añadidos
en un proceso que cuando acaban con el reconocimiento del daño suele fijar indemnizaciones muy pequeñas. En consecuencia, la intensificación de inspecciones de trabajo a través de unidades especializadas y el aumento y mejora de las medidas
sanitarias que permitan una detección más precoz de las enfermedades derivadas de la exposición al amianto es imprescindible. Más de 30.000 trabajadores han estado expuestos al amianto durante su vida profesional y deben ser atendidos desde el
punto de vista de la salud, pero también para compensar a las víctimas y a las familias. La utilización de la inspección de trabajo y seguridad social como herramienta base en la gestión de esta política autonómica parece obvia exigiendo la
realización periódica de controles ambientales y médicos a los que obliga la norma, y el posterior envío de esta información a la autoridad laboral. Asimismo, la coordinación entre Administración central y autonómica, una suministrando datos y otra
recopilando esta información, y la actualización, deberían ser asumidas como líneas de trabajo constantes y firmes sin permitir ningún tipo de dilación o relajación en su ejercicio. Más de 50 millones de toneladas de amianto recubren hoy tejados,
paredes, techos y tubos en edificios de toda Europa. En Francia, tres universidades permanecen cerradas por la presencia de materiales de amianto; en Suiza se han detectado más de 4.000 edificios con amianto en sus estructuras. Es preciso
enfatizar que en España, sin embargo, se desconoce el número total de edificios afectados por amianto, lo que exigiría la realización de un censo de edificios, estructuras y productos en las comunidades autónomas, como paso previo a su sustitución,
así como un registro de empresas autorizadas para su retirada. De esta forma se evitaría que el amianto se retire de forma peligrosa para los trabajadores, como ya ha ocurrido en instalaciones ferroviarias, estudios de televisión y radio, o centros
comerciales.
En definitiva, señorías, para concluir, el amianto es un asesino que sigue suelto. No genera mucho interés en España aunque sí preocupa mucho en otros países europeos y se ha convertido en una epidemia. Nuestro objetivo final es elaborar
un plan para desmantelar las instalaciones de amianto que permita identificar las instalaciones afectadas por este material y realizar las operaciones en condiciones de seguridad para que no se añadan más efectos a la cifra de entre 30.000 y 40.000
personas que ya han sufrido exposiciones peligrosas. Pretendemos alertar igualmente que las empresas, las mutuas y los médicos de empresa han negado de forma reiterada la relación que existe entre el amianto y la muerte de muchos trabajadores.
El señor PRESIDENTE: Hay una enmienda del Grupo Parlamentario Popular.
Para su defensa tiene la palabra la señora Caracuel del Olmo.
La señora CARACUEL DEL OLMO: Señoría, no es la primera vez que este tema tan importante por sus graves repercusiones sobre la salud de los trabajadores es tratado en esta Comisión de Política Social. En concreto, la última ocasión fue el
11 de diciembre de 2002, y desde entonces hemos asistido a determinados avances que paso a analizar y que he de decirles que han dado motivos, precisamente, a presentar la enmienda que les leeré al final de mi intervención.
Con respecto al primer punto de la proposición no de ley hoy presentada, he de decirle que queda desfasada, como ya reconoció el propio portavoz del grupo proponente en el día de hoy, ya que en la anterior Comisión se dijo -y hoy vuelvo a
repetir- que en virtud de la Orden ministerial de 7 de diciembre de 2002 se imponen limitaciones a la comercialización y al uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos, y dentro de ellos todos los tipos de amianto, pudiéndose utilizar el tipo
crisolito en los diafragmas destinados a instalaciones de electrolisis ya existentes hasta que alcancen el fin de su vida útil o se disponga de un sustituto adecuado sin amianto. En este punto, señoría, sólo me cabe recordar que España ha cumplido
plenamente los plazos de adhesión previstos y la normativa comunitaria; también he de recordarles que concretamente en el Consejo de Ministros del 21 de marzo de 2003, es decir en el último Consejo de Ministros, se ha aprobado un real decreto cuya
finalidad ha sido el mejorar la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición durante el trabajo a agentes cancerígenos y mutágenos, y se incluye también la protección de los trabajadores frente a los riesgos
derivados de la exposición al amianto.
Por lo que se refiere a las propuestas segunda y quinta, he de señalar señoría, que la propuesta del programa nacional de vigilancia de la salud de los trabajadores que han estado expuestos a amianto ha sido aprobada, además de por la
Comisión de Salud Pública en su reunión del 17 de diciembre de 2002, por la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo en su reunión plenaria del 29 de enero del 2003, y por la Comisión delegada del Consejo interterritorial del Sistema
Nacional de Salud en su reunión del 26 de febrero de 2003. Además, señorías, he de decirles que en este documento están consideradas las aportaciones de los representantes de UGT y Comisiones Obreras. La propuesta fue también debatida y
enriquecida por las aportaciones de los representantes de las administraciones sanitarias de las comunidades autónomas, dentro del grupo de trabajo de salud laboral de la Comisión de Salud Pública del Consejo interterritorial del Sistema Nacional de
Salud, y con los representantes de los interlocutores sociales de las comunidades autónomas y de la Administración general del Estado en el grupo de trabajo amianto.
En relación al punto tercero de la proposición no de ley, el texto legal de la Ley 42/1997, de 14 de noviembre, exige la existencia en cada inspección provincial de trabajo y seguridad social de un área especializada de la Seguridad Social,
pero no impide la creación de otro área necesaria y precisa en subáreas funcionales de actuación, como así sucede con la prevención de riesgos laborales en 19 provincias, entre cuyas funciones se encuentra la fiscalización de los riesgos derivados
de la utilización del amianto.
Por otro lado, señoría, en respuesta al cuarto punto, la legislación vigente ya prevé la consideración como enfermedad profesional de aquellas relacionadas con la exposición del amianto, considerando la historia laboral y de exposición del
trabajador, sin establecimiento de ningún plazo en el tiempo. Por lo tanto, en este sentido, es evidente que el plazo de tiempo que se propone en la proposición no de ley, de 10 años, redunda en una menor protección para el trabajador que la
establecida en la normativa actualmente vigente. Se solicita realizar en coordinación con las comunidades autónomas y ayuntamientos, en su caso, y un inventario de edificios, estructuras y productos que se descubran y que contengan amianto.
Respecto a esto, el grupo de trabajo amianto estudia este tema, si bien actualmente planteándolo en el marco de la recientemente aprobada directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, por la que se modifica la directiva 83/477 del Consejo de la
Comunidad Económica Europea sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados por la exposición al amianto durante el trabajo.
Por último, la información más reciente sobre el registro de empresas con riesgo por amianto y exposición de los trabajadores fue presentada en la reunión del 17 de diciembre de 2002 del grupo de trabajo amianto de la Comisión Nacional de
Seguridad y Salud en el Trabajo.
Por todos estos motivos ya expuestos paso a leerles la enmienda que proponemos para modificar el texto presentado por el grupo de Izquierda Unida. El texto que nosotros proponemos quedaría de la siguiente forma: El Congreso de los
Diputados insta al Gobierno a que tome las medidas oportunas para que en el plazo más breve posible el grupo de trabajo amianto, de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, exponga para su debate las conclusiones y soluciones
surgidas del mismo.
El señor PRESIDENTE: Siguiendo el orden del debate de esta iniciativa, tiene la palabra, por el grupo de Convergéncia i Unió, el señor Grau.
El señor GRAU BULDÚ: Intervengo muy brevemente para fijar nuestra posición en favor de la enmienda que propone el Grupo Parlamentario Popular, en tanto en cuanto nuestro grupo entiende que tiene que ser el grupo de trabajo amianto el que
inste a este Parlamento mediante la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo y a esta Comisión las iniciativas propias para que redunden en la regulación de la prevención laboral y de seguridad de los trabajadores sujetos al riesgo del
amianto.
Por ello, no tiene que ser la posición de nuestro grupo una postura en contra de la protección de estos trabajadores, sino a favor de la coherencia de la necesidad de las gestiones técnicas para que el programa de prevención tenga una
estructura coherente y al mismo tiempo cubra todos los aspectos, todo esto en cuanto que la concreción de las propuestas que hace el grupo de Izquierda Unida es muy aceptable y creemos que son más bien una recomendación a realizar al grupo de
trabajo amianto que a esta propia Comisión. Por ello, con el respeto a todos los trabajadores sujetos a la peligrosidad que representa el amianto, no votaremos su propuesta a favor y agradeceríamos que se renegociara esta proposición no de ley
aceptando los términos que propone la enmienda.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor González Vigil.
El señor GONZÁLEZ VIGIL: El Grupo Parlamentario Socialista sí va a apoyar esta iniciativa del Grupo Federal de Izquierda Unida porque aunque es cierto que el pasado día 7 de diciembre de 2001 se aprobó la orden por la que se prohibía la
autorización, la producción y la comercialización del amianto en España, no es menos cierto que esta prohibición de su uso y comercialización sólo soluciona una parte del problema, ya que en la actualidad existen miles de trabajadores que se ven y
se han visto expuestos a esta sustancia cancerígena como consecuencia de su actividad laboral. En España, el portavoz de Izquierda Unida ha dicho que hay más de 30.000 -nosotros decimos más de 60.000- trabajadores que han estado expuestos
directamente a importantes niveles de concentración de fibras de amianto. Esta exposición está produciendo más de 1.100 muertos al año por cáncer de pulmón, pleura o asbestosis y, según los expertos, en nuestro país en los próximos 30 años se
pueden producir más de 50.000 muertes. Y vamos a apoyar esta proposición no de ley porque, de hecho, nosotros el día 15 de octubre de 2002 registramos una proposición no de ley en el mismo sentido -quizá un poco más amplia porque tocábamos otros
aspectos que hoy vamos a presentar como dos enmiendas de adición in voce, y que ya se nos ha comunicado por parte del portavoz del Grupo Federal de Izquierda Unida que se nos va a aceptar-, que fue defendida en esta Comisión el día 11 de diciembre y
que fue rechazada con los únicos votos en contra del Grupo Parlamentario Popular. En ella defendíamos cuatro puntos. Primero, poner en marcha con carácter urgente el programa nacional de vigilancia de la salud de los trabajadores que han estado
expuestos al amianto con los siguientes objetivos: identificar poblaciones
de alto riesgo, identificar situaciones sobre las que actuar preventivamente, descubrir el posible daño para la salud producido por la exposición, desarrollar métodos de tratamiento, rehabilitación o prevención y crear unidades específicas
para realizar controles médicos preventivos en todas y cada una de las comunidades autónomas a las que puedan acudir los trabajadores para realizar los reconocimientos periódicos que obliga la normativa.
Segundo, adoptar una serie de medidas de reparación e indemnización a las personas afectadas a través de tres dispositivos básicos: a) flexibilización de los criterios para el reconocimiento de enfermedad profesional; b) la promulgación de
una norma que posibilite la jubilación anticipada; y c) el establecimiento de un sistema público de indemnizaciones para los afectados. Tercero, crear un organismo oficial, el Instituto para los afectados por el amianto, encargado de tramitar y
gestionar esas indemnizaciones. Y cuarto, desarrollar una normativa adecuada a la nueva situación, en la que se contemple la protección de los trabajadores dedicados a la retirada y confinación del amianto, la protección del medio ambiente y la
protección de poblaciones contra la exposición pasiva.
Como he dicho antes, la proposición no de ley fue rechazada con los únicos votos en contra del Grupo Parlamentario Popular y para justificar su voto en contra, la señora Caracuel del Olmo que defendía la posición de dicho grupo, aducía
fundamentalmente dos cuestiones: una, que el Programa nacional de vigilancia de la salud estaba a punto de ser aprobado por la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo; y otra, que el resto de las medidas que proponíamos suponían un
agravio comparativo con el resto de los españoles, y me remito al 'Diario de Sesiones' del ya mencionado día 11 de diciembre de 2002. Es cierto que ya se ha aprobado el Programa nacional de vigilancia de la salud, nosotros nos congratulamos de
ello, y de que se haya aprobado esa propuesta elaborada, como ha dicho la portavoz de Grupo Parlamentario Popular, fundamentalmente por el Ministerio de Sanidad y Consumo y por representantes de diversas consejerías autonómicas de Sanidad y Salud,
teniendo en cuenta diversas consideraciones de los sindicatos Comisiones Obreras y UGT; únicamente esperamos que se ponga en marcha de forma inmediata. Pero lo que no entendemos es cómo en el resto de los puntos, el Gobierno tiene una posición y
el Grupo Parlamentario Popular tiene otra. En el Boletín Oficial de las Cortes Generales del día 4 de febrero del año 2002, en respuesta a una pregunta escrita, el Gobierno dice textualmente: Medidas adoptadas y previstas por el Gobierno en
relación con los trabajadores que han estado trabajando hasta el día 1.º de enero de 2002 con amianto. Y dice, entre otras, ayudas al empleo con vistas a la reestructuración económica que pueda ocasionar esa prohibición y de reparación e
indemnización a las personas afectadas a través de tres dispositivos básicos: a) reconocimiento de enfermedad profesional; b) cese o jubilación anticipada; y c) creación de un fondo de indemnización para los afectados. Es decir, el Gobierno
reconoce en el Boletín Oficial de las Cortes Generales que unas o algunas de las medidas que tiene previstas son el reconocimiento de enfermedad profesional, el cese o la jubilación anticipada, y la creación de un fondo de indemnización para los
afectados. Pero cuál es nuestra sorpresa que la portavoz del Grupo Parlamentario Popular dice que no son necesarias estas medidas previstas por el Gobierno. Respecto a la enfermedad profesional dice: He de decirles que el concepto de enfermedad
profesional está definido, como se sabe, en la Ley General de la Seguridad Social de 20 de junio de 1994. A su vez, el cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social está contenido en el Real Decreto 1995/1978, de 12 de
mayo. En el anexo de este Real Decreto, se recoge precisamente la asbestosis como enfermedad debida a los trabajos expuestos a la inhalación de polvo de amianto. No hay duda de que la exposición al amianto puede ser causa de enfermedad
profesional. Siendo esto así, no se entiende muy bien la medida cuya implantación se insta, a menos que se pretenda que los reconocimientos para determinar la existencia o no de enfermedad profesional se someta a unos protocolos médicos menos
exigentes que para el resto de los trabajadores.
Señoría, no entendemos cómo el Gobierno tiene previsto reconsiderar el concepto de enfermedad profesional en este tipo de trabajadores y el Grupo Parlamentario Popular dice que no quiere que se haga porque supone un agravio. Ya sabemos, y
el Gobierno supongo también sabe que la asbestosis viene recogida como enfermedad profesional; pero lo que ocurre es que en la actualidad, determinadas enfermedades relacionadas directamente con la exposición al amianto, como derrames pleurales,
engrosamientos y placas en la pleura, determinados enfisemas, bronquitis crónica, etcéctera, no están reconocidas como causas de incapacidad, y sin embargo todas ellas suelen provocar una merma importante de la capacidad funcional en el trabajador
expuesto. El Gobierno dice en la respuesta a esta pregunta -y perdonen por la repetición- que tiene prevista la jubilación anticipada o el cese de algunos de estos trabajadores; y el Grupo Parlamentario Popular vuelve a decir que esta medida no es
necesaria y por tanto insta al Gobierno a que no la tenga prevista. Dice textualmente: En cuanto a la promulgación de una norma que posibilite la jubilación anticipada, se supone que con esta medida se pretende la promulgación de una norma con
rango de Real Decreto al amparo de lo previsto en el artículo 161.2 de la Ley General de la Seguridad Social. Efectivamente, de eso se trata. Y sigue diciendo: el desarrollo restrictivo de la citada previsión podría encontrar su justificación en
que la misma implica cierto trato de favor para unos asegurados
en detrimento del resto que debe soportar un mayor esfuerzo contributivo; es decir, mientras que el Gobierno tiene previsto el estudio de esta posible jubilación anticipada, el Grupo Parlamentario Popular que sostiene al Gobierno, lo sigue
calificando como un agravio comparativo con el resto de los españoles y por tanto inviable. Señoría, de lo que se trata, es de que en la mayoría de los países de nuestro entorno, como Francia o Italia, tienen promulgadas desde hace tiempo normas
que posibilitan el adelanto de la edad de jubilación para los trabajadores de este colectivo, atendiendo a la peligrosidad y toxicidad en el uso y la manipulación de las fibras.
En tercer lugar, dice el ministerio que está estudiando y que tiene prevista la medida de crear un fondo de indemnización para los afectados, y el Grupo Parlamentario Popular vuelve a contradecir al Gobierno y dice: en cuanto al
establecimiento de un sistema público de indemnizaciones para afectados, a falta de una mayor precisión en la formulación de las medidas, he de decir que nos parece que se trata de una medida ajena, se estima que no procede efectuar ninguna
observación a este respecto salvo lo ya reiterado de la elaboración de un estudio comparativo con otros sectores laborales.
De todo esto, podemos deducir dos conclusiones: o que el Gobierno miente, y lo hace por escrito en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, ya que el Grupo Parlamentario Popular que lo sustenta sostiene todo lo contrario de lo que
defiende; o bien que el Grupo Parlamentario Popular intenta impedir las acciones previstas por el Gobierno en este tema.
Nosotros no queremos creer una cosa ni la otra, sino que es simplemente una desinformación entre el Gobierno y los defensores
de esta posición en el Grupo Parlamentario Popular. Por eso esperamos que por esta vez el Grupo Parlamentario Popular vote afirmativamente la iniciativa de Izquierda Unida con las enmiendas que ha añadido el Grupo Parlamentario Socialista y que a
continuación pasaré a leer, ya que como decíamos el pasado mes de diciembre cuando defendíamos la adopción de medidas que ayudaran a paliar la situación de estos trabajadores, son las previstas por el Gobierno, no las hemos inventado ningún grupo de
esta Cámara.
Señoría, paso a leer las dos enmiendas de adición in voce que, como he dicho al principio, nos ha aceptado el portavoz del Grupo Federal de Izquierda Unida. Primero, adoptar una serie de medidas de reparación o indemnización a las personas
afectadas a través de tres dispositivos básicos: a) el reconocimiento de enfermedad profesional; b) la promulgación de una norma que posibilite la jubilación anticipada; y c) el establecimiento de un sistema público de indemnizaciones para los
afectados. Segundo, crear un organismo oficial, el Instituto para los afectados del amianto, encargado de tramitar estas indemnizaciones. Tengo que recordarle que en Holanda, por ejemplo, hace unos meses se creó un organismo oficial de este tipo,
el Instituto para las víctimas del amianto en respuesta a las múltiples demandas que comienzan a presentarse como consecuencia de las exposiciones en las décadas de los años sesenta y setenta. Nosotros consideramos que ante esta nueva problemática,
ante esta nueva situación de dimensiones aún desconocidas, es necesario homogeneizar las políticas reparadoras y compensadoras, y sin lugar a dudas este organismo oficial sería el instrumento más válido para ello.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor González Vigil.
Para la aceptación, bien de la enmienda del Grupo Parlamentario Popular de o las que plantea el Grupo Parlamentario Socialista, señor Ruiz.
El señor RUIZ LÓPEZ (don Antero): Aceptamos como ya ha dicho el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista las enmiendas que acaba de presentar in voce, y rechazamos la enmienda que presenta el Partido Popular si su objetivo, que parece es
así, trata de sustituir todo el párrafo; o sea, que si fuera una enmienda de adición, incluso decir que se recoge en el punto 7 de nuestra proposición no de ley, pero si es de sustitución de toda la proposición no de ley, por supuesto que no se
aceptaría.
El señor PRESIDENTE: Supongo que es de sustitución, por tanto no se acepta.
Muy bien, terminado el debate de este punto del orden del día, vamos a iniciar de inmediato el punto quinto, pero previamente se suspende la sesión durante dos minutos.
Se suspende la sesión.
Se reanuda la sesión.
- POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN TRIBUNAL MÉDICO DE INCAPACIDADES LABORALES PARA LA COMARCA DEL CAMPO DE GIBRALTAR (CÁDIZ). PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA.
(Número de expediente
161/001695.)
El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión, y continuamos con el orden del día, en concreto con su punto 5.º que es la proposición no de ley por la que se insta al Gobierno a la puesta en funcionamiento de un tribunal médico de incapacidades
laborales para la comarca del Campo de Gibraltar.
Iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista. Para su defensa, tiene la palabra el señor De la Encina.
El señor DE LA ENCINA ORTEGA: Muchas gracias, señor presidente.
El Campo de Gibraltar es una comarca gaditana con una peculiaridad realmente importante en cuanto que ocupa siete municipios con una población de 250.000 personas que se encuentran a una distancia de la capital, entre ida y vuelta, de 250
kilómetros. Por otra parte tiene el puerto de Algeciras, con un volumen de actividad no sólo de contenedores sino de actividad laboral impresionante, tiene un polígono químico que es el más grande de Andalucía, y por tanto tiene una población
laboral extraordinaria. Sin embargo, para someterse al perceptivo reconocimiento médico de la unidad de valoración de incapacidades se tienen que desplazar cerca de 1000 trabajadores al año, según respuesta parlamentaria que me trasladó el
Gobierno, esos 250 kilómetros hasta la capital para un simple examen médico.
Tengo que recordar, señorías, que la Administración de la Seguridad Social en cumplimiento de lo establecido en el artículo 2.1 del Real Decreto 1300/1995, de 21 de junio, por el que desarrolla en materia de incapacidades laborales el
sistema de la Seguridad Social, introdujo la posibilidad de que se crearan equipos de valoración de incapacidades, los conocidos como EVI en las direcciones provinciales correspondientes e igualmente este Real Decreto dejaba en su artículo 2.2
abierta la posibilidad de que se constituyeran más de un EVI en aquellas direcciones provinciales del INSS en las que el número de casos a resolver o las peculiaridades así lo aconsejaran. Realmente, como he dicho al comienzo, difícilmente se podrá
encontrar una comarca en España que diste entre ida y vuelta, 250 kilómetros, con un desplazamiento además difícil por una carretera que no está desdoblada, y donde además exista una población de 250.000 personas, más que en muchas capitales de
España, y para remate de la situación donde la población industrial o laboral sea muy alta.
¿Por qué planteamos esta proposición no de ley desde el Partido Socialista? Porque llevamos seis años oyendo a los dirigentes del Partido Popular y a los responsables del Gobierno anunciar una y otra vez que se iba a crear otro equipo de
valoración de incapacidades para esta comarca del Campo de Gibraltar. A título de ejemplo, tengo aquí la copia de un medio de comunicación, de fecha 4 de mayo de 1998, donde quien era entonces subdelegado del Gobierno central en la provincia,
anunciaba textualmente, tras una reunión con los sindicatos, que Algeciras y el Campo de Gibraltar contarán en breve con un equipo de valoración de incapacidades, un paso más en el acercamiento del servicio al ciudadano, 4 de mayo de 1998. Pasado
el tiempo, en plenas elecciones generales del año 2000, los candidatos del Partido Popular anunciaban cuatro días antes, y está publicado, el Partido Popular anuncia la apertura de un tribunal médico laboral. Y se decía más, se decía por parte de
los dirigentes del Partido Popular, hoy diputados, que esto sería una medida que viene a demostrar que el Gobierno central del PP está logrando una descentralización acercando lo que el PSOE no hizo: la Administración al ciudadano. Este es un
ejemplo más de la política del Partido Popular, decía en tono muy partidista y electoral, y esto -remataba el dirigente del Partido Popular- es un magnífico ejemplo de lo que prima antes que nada para Jose María Aznar, la persona, y una forma de
conseguirlo es acercar la Administración al administrado. Ha llovido desde entonces y a pesar de los múltiples requerimientos en forma de pregunta que hemos hecho al Gobierno para que no sólo cumpla un compromiso, que por algo se tiene que adquirir
con los ciudadanos y luego cumplirse, sino para dar solución a un problema real como es que hay una población laboral que se tiene que desplazar 250 kilómetros en pleno siglo XXI cuando tiene dos hospitales magníficos en la zona, cuando tiene todas
las posibilidades para que se examinen esas incapacidades laborales en un lugar próximo, que se tengan que desplazar 250 kilómetros a la capital de la provincia para ese examen médico, realmente no es comprensible, no se entiende. El Gobierno llegó
incluso a decir tan sólo hace un año, ya no eran dirigentes del Partido Popular sino el propio Gobierno a través del Ministerio de la Presidencia, que se estaban llevando a cabo gestiones para habilitar un local en Algeciras que reuniera las
condiciones precisas para los actos de reconocimiento médico a los ciudadanos y que una vez se dispusiera de las conexiones informáticas y demás equipos necesarios para la consulta de antecedentes, se crearía esta unidad de valoración médica de
incapacidades que hoy planteamos a través de esta proposición no de ley a la Comisión de Política Social y Empleo. Esto fue el 16 de noviembre de 2001, ya habían pasado las elecciones; estamos en el mes de marzo de 2003, queda un año si no se
adelantan las elecciones, y nos tememos que a este ritmo volvamos a ver repetidas las promesas del Partido Popular sin cumplir en algo que es fundamental para la población laboral del Campo de Gibraltar: evitar esos desplazamientos en una carretera
en la que en tres años han muerto 61 personas, para un simple reconocimiento médico que se puede hacer en Algeciras si se tiene voluntad política de verdad de descentralizar la Administración.
Por todo ello, señorías, es por lo que presentamos esta proposición no de ley dejando otra posibilidad, para que si en tres meses no está funcionando el EVI en Algeciras, si se demora algo más su puesta en funcionamiento, que al menos se
traslade un facultativo desde Cádiz hasta Algeciras para evitar un tormento de carreteras, costes económicos, y en definitiva molestias en pleno siglo XXI para un examen médico que se puede hacer en un lugar mucho más cercano para esa población
laboral de lo que se hace hoy.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor De la Encina.
Señor Núñez, ¿desea intervenir? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Popular, señor Azpiroz.
El señor AZPIROZ VILLAR: Gracias, señor presidente.
Creo que no estamos tan lejanos de los planteamientos que hace el Grupo Parlamentario Socialista, aunque por las razones que ha continuación les expondré no vamos a apoyar la iniciativa. Tal y como decía su portavoz en la defensa de la
iniciativa, efectivamente el Real Decreto 1300/1995, de 21 de julio, regula los equipos de valoración de incapacidades, y en su artículo 2 establece que en cada dirección provincial del INSS se constituirá el correspondiente equipo de valoración de
incapacidades.
Como se ha expuesto, efectivamente, el artículo 2 también prevee la posibilidad de que tal EVI no sea único sino que puedan haber varios, lo único que tengo que matizar en este sentido, y tiene su importancia a efectos de lo que
ahora debatimos, es que las provincias donde existen más de un equipo de valoración de incapacidades siempre están en la capital, en el lugar donde está residenciada la dirección provincial del INSS. En este sentido y en lo que se refiere a la
provincia de Cádiz ya en octubre del año 2000 se constituyó y está en pleno funcionamiento el correspondiente equipo de valoración de incapacidades, y como los demás en toda España, encuadrado en la correspondiente dirección provincial del INSS.
Esto es así porque no se trata sólo cuando se analiza el grado de invalidez, la afectación que puede tener un trabajador, la pérdida funcional y anatómica, que en definitiva se traduce en una pérdida de su capacidad funcional y en consecuencia
laboral, no es sólo el acto médico, que es fundamental, sino también hay una serie de trámites en el expediente, una serie de cotejos de la cuestiones relativas a cotizaciones, hay un seguimiento y control de lo que constituye la incapacidad
temporal, hay una serie de factores en relación a los plazos cuando se plantean supuestas incapacidades en las cuales hay una remisión de grado y si están dentro del plazo o no, hay una serie de cuestiones que hacen que la ley esté ya determinada en
la práctica cuando hay varios equipos de valoración de incapacidades localizados en un mismo lugar. En este sentido, hemos de manifestar que a lo largo de los últimos años con carácter general, y también particular en la provincia de Cádiz, se ha
abordado de forma notable lo que constituye la red de los centros de atención e información de la Seguridad Social, los CAISS, y que en Cádiz alcanzan ya el número de 11 estos centros, que persiguen la aproximación al ciudadano y facilitar trámites
que se pueden realizar de forma descentralizada, y sobre todo información relativa a los derechos, obligaciones o trámites que debe hacer la persona en cuestión. Puedo decir que en este caso, probablemente no con la temporalidad que le gustaría al
grupo proponente de la iniciativa, según los datos que nos proporciona el Gobierno, para el segundo semestre de este año se va a constituir uno más, de 11 vamos a pasar a 12 CAISS en la provincia de Cádiz, y estará en Algeciras.
En este sentido, se ha estimado, y es la previsión que le puedo proporcionar hoy al diputado del Grupo Parlamentario Socialista, que lo que se está barajando es que en este CAISS se dote de un espacio reservado, a fin de dar una respuesta al
planteamiento que se hacía, que efectivamente hay una distancia muy importante, -se señalaba 250 kilómetros-, hay una población residente realmente importante también en la zona y hay una carretera que quien sea competente ojalá pueda mejorar
pronto, no sólo para ir a hacerse un informe médico, sino también para acercar las comunicaciones y mejorar las infraestructuras. La previsión que el Gobierno maneja es que este CAISS, que se va a configurar definitivamente para el segundo semestre
de este año en Algeciras, disponga de unas salas reservadas, unos lugares habilitados al respecto, para que, con el equipo médico del EVI equipo de valoración de incapacidades, que está residenciado en la capital de la provincia, como los del resto
de España, en la Dirección Povincial de la Seguridad Social, se desplacen los médicos para hacer el acto médico del reconocimiento del trabajador que se encuentre en esta situación, y no como hasta ahora, que era al contrario, un desplazamiento de
los trabajadores a la capital. Nosotros pensamos que con esto se va a conseguir por fin dar satisfacción a una demanda que a mí me parece justa y razonable y esperemos que dentro de pocos meses este tema deje de ser un conflicto, esté resuelto
definitivamente y que entre todos consigamos dar una solución a la cuestión.
Desde esta perspectiva, no vamos a apoyar la propuesta, aunque coincidimos en las preocupaciones y en las motivaciones que la sustentan. Me atrevería a rogarle que dé un voto de confianza a que esto va a ser así, tal y como el Gobierno nos
lo manifiesta, y estime la oportunidad de retirar su iniciativa. (El señor De la Encina Ortega pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Queda debatido el punto 5.
Señor De la Encina.
El señor DE LA ENCINA ORTEGA: Como ha hecho una propuesta de que retire la iniciativa, tendré que decir algo ¿no?
El señor PRESIDENTE: No lo he captado así, señor Azpiroz.
El señor AZPIROZ VILLAR: Le he pedido, señor presidente, que, si lo estima procedente, estaría bien que la retirara.
El señor PRESIDENTE: Ya se supone, señor De la Encina, que no estima procedente retirarla.
El señor DE LA ENCINA ORTEGA: Obviamente no, ya he dicho que son múltiples las veces que, dirigentes del Partido Popular, representantes del Gobierno o el propio Gobierno, por escrito, han anunciado lo que el señor Azpiroz acaba de anunciar
y llevamos siete años esperando que se cumpla.
Por tanto, lo siento, aunque me alegro de que haga el planteamiento sensato que ha hecho, debo indicarle que no se trata de un conflicto ni de una reivindicación del Partido Socialista, es una
reivindicación sindical y ciudadana. Me gustaría creer en su palabra, pero, obviamente, cuando vea esto configurado y funcionando será cuando, después de las múltiples promesas incumplidas, lo podamos aceptar. Mientras tanto, su palabra me es muy
válida pero me tendrá que entender que no la puedo aceptar hasta el punto de retirar la iniciativa.
El señor PRESIDENTE: Señor Azpiroz.
El señor AZPIROZ VILLAR: Presidente, un breve comentario. Agradezco la posición del portavoz del Grupo Parlamentario Socialista; era lógica o al menos previsible la respuesta que se nos da. Sólo quiero decirle que difícilmente hace ocho
años se podría haber dado una respuesta así, que en la práctica se va a producir en el segundo semestre de este año, cuando de hecho hasta octubre del año 2000 ni tan siquiera en la capital de la provincia estaba constituido el EVI, en desarrollo
del real decreto al que antes hice alusión. Desde luego, no creo que sea un conflicto entre partes; es una necesidad social, compartimos esa perspectiva y por eso lo vamos a solucionar.
- SOBRE REAPERTURA DE LA TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE MORÓN (SEVILLA). A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 161/001989.)
El señor PRESIDENTE: Abordamos el último punto del orden del día, que es el sexto: proposición no de ley del Grupo Parlamentario Mixto sobre reapertura de la Tesorería de la Seguridad Social de Morón, en Sevilla.
Para su defensa, tiene la
palabra el señor Núñez.
El señor NÚÑEZ CASTAIN: En septiembre del año pasado, la Seguridad Social cerró la agencia territorial de la Tesorería de Morón y trasladó dicha agencia a Osuna. Es difícil de entender este traslado en tanto en cuanto la ciudad de Morón
cuenta con 29.000 habitantes mientras que Osuna cuenta con 11.000 habitantes menos, y hay una distancia de 40 kilómetros. En Morón existen 1300 pequeñas y medianas empresas, hay múltiples trámites de trabajadores respecto a solicitudes de su vida
laboral, de sus retribuciones y de sus derechos; se están produciendo muchos desajustes de este traslado. El ayuntamiento, por otra parte, ha acordado ofrecer espacios, lugares e instalaciones para que pueda reubicarse la agencia territorial no
con el tamaño que tenía sino incluso mayor.
La proposición trata de rogar al Gobierno que reabra esa agencia territorial, que la sitúe en el pueblo que está más habitado y por tanto el que tiene más necesidades, y que negocie con el ayuntamiento, que al parecer ha hecho todo tipo de
ofrecimientos, los posibles problemas de ubicación, de infraestructuras o de espacio que tenga la implantación de esa agencia territorial.
El señor PRESIDENTE: ¿Desea intervenir el grupo de Izquierda Unida o el de Convergència i Unió? (Pausa.) No. ¿El Grupo Parlamentario Socialista? Tiene la palabra la señora Moreno.
La señora MORENO SIRODEY: En nombre del Grupo Parlamentario Socialista anuncio que vamos a apoyar la proposición no de ley presentada por el Grupo Mixto, como no podía ser de otra manera, ya que consideramos que este es un caso de
injusticia con la ciudadanía de Morón, población de gran actividad industrial y con mayor número de población que Osuna.
Actualmente, Osuna tiene una población de 17.000 habitantes, frente a los 27.838 de Morón; además tiene más de 1300 pequeñas y
medianas empresas que generan 1443 puestos de trabajo, frente a los 295 de Osuna. Son datos publicados recientemente por el Instituto Nacional de Estadística de Andalucía, dependiente de la Consejería de Economía y Hacienda. No entendemos cuáles
son los criterios que se han podido barajar por parte de la Administración estatal para llevarse la oficina de la Tesorería de la Seguridad Social que venía funcionando en Morón a la localidad de Osuna, hecho que ocurrió en agosto del año pasado.
Además, el Ayuntamiento de Morón había ofrecido el espacio necesario en el centro de la localidad. Por otra parte, la distancia que separa Morón de Osuna es considerable, 40 kilómetros, lo cual hace que la ciudadanía se vea seriamente perjudicada
por esta decisión. Queremos pensar bien y esperamos que la decisión de llevar esta oficina de Morón a 40 kilómetros no esté relacionada con el hecho de que Morón tiene un ayuntamiento socialista, tal como viene ocurriendo con las políticas del
Partido Popular con respecto a Andalucía. No es de recibo que la Administración General del Estado haga caso omiso de las peticiones del Ayuntamiento de Morón y no haya dado respuesta hasta el momento al ofrecimiento por parte del alcalde y del
ayuntamiento socialista respecto a posibles espacios para una nueva ubicación y a las peticiones del mismo ayuntamiento de las necesidades de aumento de plantilla.
Por todo lo expuesto, votaremos afirmativamente y esperamos que la Administración General del Estado reconsidere su decisión y vuelva a llevar la oficina de la Tesorería a Morón, pues como hemos expuesto es de
necesidad para esta población. Y permítanme que les diga que Osuna, con una población que apenas llega al 62 por ciento de la que tiene Morón, tiene un 50 por ciento más de subsidiados agrarios. En vez de tomar decisiones tan arbitrarias
como retirar esta Tesorería, importante para la localidad de Morón, debían dedicarse a buscar soluciones para los jornaleros agrarios o, en su caso, transferir las políticas activas de empleo para Andalucía mucho antes de lo que lo van a hacer, para
que lo que no se ha hecho anteriormente o que ustedes no hacen de forma eficaz lo haga una administración más competente, como es la de la Junta de Andalucía.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Rodríguez.
La señora RODRÍGUEZ LÓPEZ: Quiero empezar diciendo que la ubicación de las administraciones de la Seguridad Social como centros periféricos de la Tesorería General de la Seguridad Social se determinó en razón a un módulo de 50.000
cotizantes y se tuvieron en cuenta los criterios de volumen, el carácter abierto de la gestión, inscripción y afiliación, la atracción de determinados núcleos urbanos y las redes de comunicaciones.
Basándose en estos factores, la Tesorería General
de la Seguridad Social ubicó en la provincia de Sevilla las diferentes administraciones comarcales de la Seguridad Social en las localidades de Camas, Alcalá de Guadaíra, Dos Hermanas y Osuna, y el municipio de Morón, entre otros, en el ámbito
administrativo de Osuna. Hasta septiembre del pasado año se mantenía desplazado en la agencia de Morón un funcionario dependiente de la Administración de Osuna para realizar las tareas competenciales de la Tesorería General. Desde que este
funcionario fue trasladado son los funcionarios del INSS destinados en Morón los que realizan las funciones de recepción y envío de documentación, y también las de atención e información sobre materias correspondientes a la Tesorería General; es
decir, que los ciudadanos de Morón tienen hasta el día de hoy acceso eficaz y personalizado a los servicios de la Seguridad Social.
Por otra parte, señorías, quiero señalar que la red local de la Administración de la Seguridad Social está en fase de reestructuración, dentro del acuerdo para la mejora y desarrollo del sistema de protección social, acuerdo en el que se
contempla la creación de la Agencia de la Seguridad Social. Esta agencia integrará tanto orgánica como funcionalmente las áreas de afiliación, recaudación y gestión de provincias. El acuerdo al que me refería fue suscrito en 2001 entre el
Gobierno, Comisiones Obreras, CEOE Y CEPYME. Señorías, que es justo y comprensible reconocer y aceptar que los recursos humanos son limitados, que es imposible que pueda existir una agencia en cada población de España, y mucho menos en la sociedad
actual, con la alta expansión tecnológica que tenemos. Hay que reconocer el importante esfuerzo que está haciendo el Gobierno en inversión en I+D+I. Con el uso progresivo de los medios informáticos y telemáticos, que las entidades del sistema de
Seguridad Social están poniendo al alcance de los ciudadanos, se hará posible que muchos de los asuntos que todavía se realizan mediante presencia física en un determinado centro se efectúen sin necesidad de desplazamiento a las oficinas. En
concreto, la ya consolidada implantación del sistema de remisión electrónica de datos, el servicio de atención y gestión telefónica así como la puesta en funcionamiento de los servicios de carácter informativo e interactivo de la Seguridad Social
vía Internet constituyen un mecanismo de un nuevo modelo de gestión virtual que acerca las administraciones a los ciudadanos y empresas y posibilita una relación más ágil y más eficiente. En la actualidad, a través de la página de la Seguridad
Social en Internet, es posible solicitar informes de vida laboral y de bases de cotización sin necesidad de que el solicitante sea titular de un certificado digital. La intención de la Tesorería General es ir incorporando progresivamente nuevos
servicios a la página web que acerquen aún más la gestión al ciudadano.
Consideramos, en definitiva, señorías, que si está en reestructuración la red, que si la medida no es definitiva, que si hasta el momento los ciudadanos de Morón están atendidos sin necesidad de desplazarse y que si se están aplicando a gran
ritmo las nuevas tecnologías, no es necesario apoyar en este momento la iniciativa.
El señor PRESIDENTE: Concluida la discusión del último punto del orden del día, suspendemos la sesión dos minutos, para ordenar las votaciones.
(Pausa)
Se reanuda la sesión. Vamos a proceder a las votaciones.
Votamos en primer lugar la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, para que se acelere la instalación de un centro comarcal de la Seguridad Social en Vélez-Málaga.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 21; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre medidas en relación con la cohesión y el modelo social de la Unión Europea.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 21.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Proposición no de ley por la que se insta al Gobierno a que adopte las medidas necesarias para prohibir la comercialización y uso de la variedad de amianto denominado blanco o crisolito, así como para realizar una
detección precoz y dar un tratamiento médico adecuado a las enfermedades derivadas de la exposición al mismo, con la enmienda aceptada por el grupo promotor de la iniciativa, el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, planteada por
el Grupo Parlamentario Socialista y resultante del debate.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 23.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Proposición no de ley por la que insta al Gobierno a la puesta en funcionamiento de un Tribunal médico de incapacidades laborales para la comarca del Campo de Gibraltar.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 21; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Mixto, sobre reapertura de la Tesorería de la Seguridad Social de Morón, en Sevilla.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 21.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Terminado el orden del día, se levanta la sesión.
Era la una y cincuenta minutos de la tarde.
Nota.-El presente 'Diario de Sesiones', de la Comisión de Política Social y Empleo, del martes, 25 de marzo de 2003, no guarda relación cronológica habitual, con el fin de no retrasar la publicación de los 'Diarios de Sesiones' ya
elaborados.