CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2002 VII Legislatura Núm. 652

ASUNTOS EXTERIORES

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JESÚS POSADA MORENO

Sesión núm. 39

celebrada el lunes, 16 de diciembre de 2002

ORDEN DEL DÍA:


Comparecencia de la señora ministra de Asuntos Exteriores (Palacio Vallelersundi) para informar sobre:


- Las actuaciones del Ministerio de Asuntos Exteriores en torno al siniestro del buque petrolero Prestige en las costas gallegas. A petición propia. (Número de expediente 214/000156.) ... (Página 21196)


- Las actuaciones de su departamento en relación con la catástrofe ecológica provocada por el petrolero Prestige y las iniciativas que va a adoptar a nivel internacional para evitar situaciones semejantes en el futuro. A solicitud del Grupo
Parlamentario Mixto. (Número de expediente 213/001024.) ... (Página 21196)


- La catástrofe ecológica provocada por el petrolero Prestige y las medidas que va a adoptar a nivel internacional, para evitar estas situaciones. A solicitud del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida. (Número de expediente
213/001044.) ... (Página 21196)

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- Las iniciativas y actuaciones de responsabilidad en su departamento, respecto a la catástrofe del buque-tanque Prestige, en lo que se refiere al cumplimiento de los acuerdos internacionales sobre el tráfico marítimo de mercancías
peligrosas referido a las costas de España y, concretamente, Galicia. A solicitud del Grupo Parlamentario Socialista.
(Número de expediente 213/001057). ... (Página 21196)


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Se abre la sesión a las cuatro y treinta minutos de la tarde.



El señor PRESIDENTE: Buenas tardes. Vamos a comenzar la sesión de hoy de la Comisión de Asuntos Exteriores con la comparecencia de la ministra de Asuntos Exteriores. Como SS.SS. conocen, en el orden del día se celebran las siguientes
comparecencias. En primer lugar, a petición propia de la ministra de Asuntos Exteriores, para informar sobre las actuaciones del Ministerio de Asuntos Exteriores en torno al siniestro del buque petrolero Prestige en las costas gallegas. Con ella
se acumulan las siguientes peticiones de comparecencia: De la ministra de Asuntos Exteriores, para explicar las actuaciones de su departamento en relación con la catástrofe ecológica provocada por el petrolero Prestige y las iniciativas que va a
adoptar a nivel internacional para evitar situaciones semejantes en el futuro, del Grupo Parlamentario Mixto. De la ministra de Asuntos Exteriores, para que informe de la catástrofe ecológica provocada por el petrolero Prestige y las medidas que va
a adoptar a nivel internacional para evitar estas situaciones, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida. Y de la ministra de Asuntos Exteriores, para que explique las iniciativas y actuaciones de responsabilidad en su departamento
respecto a la catástrofe del buque-tanque Prestige en lo que se refiere al cumplimiento de los acuerdos internacionales sobre el tráfico marítimo de mercancías peligrosas referido a las costas de España y, concretamente, Galicia, del Grupo
Parlamentario Socialista. Estas comparecencias se acumulan a la pedida por el Gobierno. Después de que intervenga la ministra, iré dando la palabra a los grupos teniendo en cuenta esta petición de comparecencias.Por ello, dándole las gracias por
su presencia aquí, tiene la palabra la ministra de Asuntos Exteriores.



La señora MINISTRA DE ASUNTOS EXTERIORES (Palacio Vallelersundi): Señorías, comparezco hoy ante esta Comisión, por una parte, a petición propia, tras haberlo solicitado hace aproximadamente veinte días, y atendiendo también a las
solicitudes formuladas, en los términos que nos acaba de leer el señor presidente, por los grupos Mixto, de Izquierda Unida y Socialista. Se trata, en primer lugar, de explicar las actuaciones del Ministerio de Asuntos Exteriores en relación con el
siniestro del petrolero Prestige y detalles entre esas actuaciones e iniciativas todas aquellas que, lógicamente, tienden a intentar que en el futuro una catástrofe de estas características no se pueda producir y, en segundo lugar, de repasar la
relación del derecho internacional público con esta situación dramática.



Quiero empezar diciendo que la intervención del departamento de Asuntos Exteriores en esta crisis empezó la misma tarde del miércoles 13 de noviembre, cuando se recibió la primera llamada acerca de los problemas que sufría el mencionado
buque Prestige a su paso por las costas gallegas y en la que se solicitaba la oportuna colaboración del ministerio. Quiero decirles que yo me encontraba en Bruselas en una reunión de la Convención, que allí me llamaron y así fue como entré en
contacto con este evento. Se procedió en esa misma tarde a entrar en contacto con distintos Estados miembros de la Unión Europea para apoyar las primeras solicitudes de ayuda y para poner en marcha el mecanismo comunitario de alerta urgente contra
la contaminación que existe en el marco de la Comisión Europea. Durante la noche del citado día 13, incorporada ya de Bruselas a la sede del ministerio, se enviaron comunicaciones oficiales en forma de notas verbales a la Embajada de Letonia, donde
está el puerto de origen del navío, y al Ministerio de Asuntos Exteriores de Bahamas, que, como SS.SS. saben, es el país de abanderamiento. Estas gestiones nos permitieron recabar los primeros datos sobre las condiciones de partida del buque y
sobre sus principales características. Seguidamente, y también esa misma noche, yo misma me ocupé de impartir instrucciones a nuestras representaciones diplomáticas para solicitar datos acerca del propietario del buque y acerca de la carga. Desde
entonces el Ministerio de Asuntos Exteriores, tanto su sede central como las misiones en el exterior, han venido desplegando una actividad intensa que continúa en el día de hoy, y así lo seguiremos haciendo en el futuro.



agruparía nuestro trabajo a lo largo de este periodo en cuatro grandes líneas de actuación. En primer lugar, la coordinación de los recursos internacionales que han suministrado otros Estados miembros de la Unión


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Europea y otros Estados, como por ejemplo la colaboración de algunos expertos, en particular de Estados Unidos. En segundo lugar, las actuaciones relacionadas con las indemnizaciones que en su momento deberán cobrar los afectados. En
tercer lugar, el impulso, tanto en el marco bilateral como multilateral, de iniciativas necesarias para evitar en el futuro desastres similares al que ha provocado el hundimiento del Prestige. En cuarto lugar, la movilización de los recursos
financieros comunitarios susceptibles de ser utilizados para remediar los efectos de esta catástrofe. He de decir también que desde el primer momento se estableció en el marco del Ministerio de Asuntos Exteriores una unidad especialmente creada
para asegurar la colaboración con la vicepresidencia del Gobierno y con la Comisión interministerial constituida, en la que Exteriores está representada por el señor subsecretario. He de decir, y tiene además transcendencia pública, que he asistido
a las reuniones específicas que se han realizado convocadas por el presidente del Gobierno.



Retomando los cuatro ámbitos de actuación, me centraré en la coordinación de los recursos internacionales. Quisiera destacar que desde el ministerio hemos dado una prioridad máxima a los esfuerzos dirigidos a paliar, en la medida de lo
posible y de acuerdo con los medios contratados con diversos países de la comunidad internacional, las desastrosas consecuencias ecológicas de los vertidos realizados antes y después del naufragio. En esta crisis han estado operando en aguas
próximas a las costas gallegas un total de quince buques procedentes de ocho países, Francia, Holanda, Italia, Alemania, Reino Unido, Noruega, Dinamarca y Bélgica, todos ellos especializados en labores de extracción de fuel y seguimiento de manchas.
A esta flota hay que añadir seis aviones, cuyo origen es Francia, Portugal y Reino Unido, más un despliegue terrestre que incluye gran número de técnicos y expertos enviados por prácticamente todos los Estados de la Unión Europea y también por otros
países amigos. Así, Portugal ha enviado 47 expertos, Bélgica, 27, Alemania, 31 y Estados Unidos, siete, además de la incesante llegada de equipos especializados de diversa procedencia, especialmente barreras e instalaciones de bombeo.



Para coordinar los medios contratados por España ante la comunidad internacional, hemos mantenido desde el ministerio un contacto permanente con nuestra red de representaciones diplomáticas en el extranjero, a las que se han impartido
instrucciones precisas en este sentido, y también hemos mantenido un constante contacto con las embajadas de los países implicados acreditadas en Madrid. A lo largo de esta crisis, las instrucciones que he dado a los colaboradores del equipo del
departamento han sido las de intentar garantizar permanentemente la puesta a disposición de nuestro ministerio ante los demás departamentos a fin de que sus necesidades de ayuda o apoyo internacional fuesen atendidas con celeridad. En este punto el
Ministerio de Asuntos Exteriores ha actuado en el ámbito internacional como correa de transmisión. Además, con el fin de hacer más inmediata nuestra presencia sobre el terreno mismo de la catástrofe, se ha desplazado a La Coruña el embajador en
misión especial para asuntos medioambientales, que en estos momentos está allí de forma permanente.



En cuanto al segundo punto que he mencionado, sobre las gestiones del derecho a indemnización, este aspecto está dedicado a las gestiones del Ministerio de Asuntos Exteriores realizadas en relación con el cobro de las indemnizaciones a las
que podrían tener derecho los afectados por la marea negra. Como expliqué al inicio de mi intervención, el ministerio se dedicó desde un primer momento a la averiguación de los datos necesarios para conseguir una correcta delimitación de las
responsabilidades y conseguimos determinar todos los datos relativos al buque, lo que es necesario para poder abordar con propiedad los aspectos legales de este asunto. No tengo necesidad de señalar a SS.SS. que la adjudicación de
responsabilidades civiles y penales es una cuestión jurídicamente compleja sobre la que se está trabajando y sobre la que tendrán que pronunciarse en su día los tribunales. Juristas de la Administración española están estudiando la estrategia que
mejor conviene a la defensa de nuestros intereses, pero en última instancia tenemos que tener muy claro que estos intereses no son otros que los de los afectados. Por el momento se ha conseguido delimitar el marco legal internacional al amparo del
cual podemos plantear nuestras reclamaciones, que se trata fundamentalmente de los siguientes convenios internacionales suscritos por España: el Convenio internacional sobre responsabilidad civil nacida de daños debidos a contaminación por
hidrocarburos, de 1992, y el Convenio internacional sobre la constitución de un fondo internacional de indemnización de daños debidos a contaminación por hidrocarburos, también de 1992. El primer convenio establece para el propietario del buque una
responsabilidad objetiva de 59,7 millones de unidades de cuenta, que es aproximadamente la misma cantidad en euros, siempre y cuando el propietario afiance dicha cantidad y no hubiera culpa o negligencia por su parte o por parte de sus
representantes, en cuyo caso la responsabilidad es ilimitada. El segundo convenio establece un fondo internacional para el cobro de indemnizaciones de daños por hidrocarburos, que es el famoso FIDAC, cuya sigla oímos muchas veces estos días, con
sede en Londres y con capacidad para conocer las eventuales reclamaciones por daños que en su día presenten los afectados por los vertidos. En virtud de este convenio, cuando los daños excedan los límites de responsabilidad del propietario, el
fondo cubrirá los daños hasta una cuantía máxima de 135 millones de unidades de cuenta, que insisto representa una cantidad prácticamente equivalente en euros, y que serán ampliables hasta 200 millones si al menos se vieran involucrados


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tres países. Una vez identificado el marco legal y la cuantía de las indemnizaciones a las que se tendría derecho según este marco, la actividad del Ministerio de Asuntos Exteriores ante el fondo ha consistido básicamente en obtener de sus
órganos de gobierno la creación e instalación en la zona afectada de una oficina con los medios humanos y materiales necesarios para que puedan empezar enseguida las tareas de evaluación de daños y de presentación de reclamaciones. Como SS.SS.

saben, esta oficina ya ha empezado a funcionar, lo que representa un plazo comparativamente breve si se tienen en cuenta los casi dos meses que tardó en constituirse la oficina equivalente cuando ocurrió el desastre del Mar Egeo. Esta oficina
cuenta con dos supervisores, uno de la Administración central del Estado y otro de la Xunta de Galicia, para la tramitación de solicitudes de indemnizaciones y reclamaciones. El fondo facilitará ocho formularios para reclamar por conceptos tales
como daños a la propiedad, limpieza, cultivos marinos y pesca, marisqueo, embarcaciones pesqueras, turismo, elaboración de pescado y otros conceptos diversos. Se han elaborado y distribuido ya por la Administración general del Estado y por la Xunta
de Galicia unos folletos explicativos en forma de tríptico y se está insertando publicidad al respecto en los medios de comunicación. Hemos conseguido que la existencia de un proceso judicial penal no afecte al pago de las indemnizaciones, pudiendo
simultanearse la reclamación por vía judicial y la reclamación ante el FIDAC, lo que era de enorme importancia porque, como saben, la vía penal normalmente excluye la reclamación civil. Puedo confirmar que la forma de actuación del fondo ha
mejorado con respecto a experiencias anteriores y de nuevo con respecto a la experiencia del Mar Egeo y es ilustrativo que en el siniestro del Erika se ha satisfecho el 90 por ciento de las reclamaciones formuladas por unos 6.000 solicitantes en el
plazo de tres años, a pesar de la existencia de un proceso penal en curso. Por último, se ha logrado que la acreditación de los daños ante el FIDAC pueda realizarse por certificación de los funcionarios de la Administración general del Estado y de
la Xunta de Galicia en el ejercicio de sus funciones, y ya no sólo por acta notarial, como hasta ahora se venía exigiendo. También se ha prestado una atención muy especial al análisis de la experiencia acumulada en la gestión de catástrofes
anteriores. Es indudable que una revisión crítica de los precedentes más cercanos y, en particular, de las decisiones tomadas al inicio de los respectivos procedimientos administrativos y judiciales servirá para agilizar la resolución de los
expedientes y, con ello, la tramitación de las indemnizaciones para los afectados, evitando así retrasos como los padecidos -y es obligado hacer referencia a ello- con las indemnizaciones procedentes del fondo cuando sucedió la catástrofe del Mar
Egeo, indemnizaciones que, como SS.SS. saben, tuvieron que ser anticipadas finalmente por el Estado. Con el objetivo de evitar nuevas dilaciones indeseables, las embajadas de España en Londres y en París han recibido instrucciones de realizar un
estudio exhaustivo de las actuaciones realizadas en aquella época tanto por el fondo como por las autoridades francesas en el caso del naufragio del Erika.



El tercer ámbito de actuación del ministerio al que aludía se refiere a las iniciativas encaminadas a evitar que se puedan producir desastres similares en el futuro. El Ministerio de Asuntos Exteriores ha desplegado la máxima actividad de
la que hemos sido capaces con el fin de coadyuvar en el establecimiento de reglas que en lo sucesivo eviten o al menos hagan más difícil la repetición de una catástrofe ecológica como la que ha provocado el naufragio del petrolero Prestige. Quiero
recordarles, aunque SS.SS. lo saben, que España es parte de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982, del Convenio de 1978 para prevenir la contaminación causada por buques y de los dos convenios de 1992 a los que ya he
hecho referencia, sobre responsabilidad por daños debidos a la contaminación por hidrocarburos y de creación del fondo de garantía para la indemnización de daños causados por la contaminación por hidrocarburos. Desde esta perspectiva hemos
constatado la necesidad de promover un desarrollo progresivo del derecho internacional del mar y a estos efectos se ha constituido en el Ministerio de Asuntos Exteriores un grupo de expertos con el fin de estudiar las vías de actuación tanto para
cubrir las posibles lagunas que puedan existir en dicho ordenamiento jurídico internacional como para aplicar en toda su extensión las normas en vigor en materia de lucha contra la contaminación del medio marino y de las costas. Asimismo, el
Gobierno, con el fin de llevar al plano internacional la voluntad de que no suceda nunca más, que hoy comparte la ciudadanía europea en su conjunto, ha diseñado una estrategia en la que, lógicamente, el Ministerio de Asuntos Exteriores ha tenido una
participación muy activa. Quiero recordar que la iniciativa la tomó el presidente del Gobierno cuando el 21 de noviembre dirigió una carta a la presidencia de la Unión Europea y al presidente de la Comisión proponiendo la adopción urgente de las
siguientes medidas: la puesta en marcha de forma inmediata de la agencia de seguridad marítima; el establecimiento de un fondo europeo para garantizar la indemnización de los daños producidos por este tipo de siniestros, la introducción de nuevas
normas en materia de doble casco o diseño equivalente para petroleros de casco único que enarbolen pabellón o recalen en un puerto de un Estado miembro; nuevas medidas que incrementen la efectividad en las inspecciones realizadas en los buques; el
refuerzo de los mecanismos de control del tráfico marítimo, incluyendo el establecimiento de una distancia preventiva amplia y suficiente para buques de pabellón de terceros países que, aun sin recalar en puertos comunitarios, naveguen a lo largo de
las costas de


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los países de la Unión Europea; la verificación en todos los puertos de los Estados miembros de la aplicación de los controles establecidos en las normas de seguridad de los buques, y, por fin, la elaboración de propuestas en el ámbito del
derecho marítimo internacional que permitan a los Estados miembros controlar y, en su caso, limitar el tráfico de buques que transporten mercancías peligrosas dentro de las 200 millas de la zona económica exclusiva. En el entendimiento de que nada
puede hacerse en el ámbito internacional actuando en solitario, el Ministerio de Asuntos Exteriores ha recabado apoyo de terceros Estados para la aplicación de este conjunto de medidas que, lógicamente, son justas, necesarias y que respalda la
ciudadanía, pero que -no nos engañemos- contrarían intereses económicos importantes que hasta ahora habían defendido activamente, incluso dentro de la Unión Europea, algunos Estados miembros.



En otro ámbito, la Organización Marítima Internacional ha sido uno de los principales foros en los que hemos presentado estas iniciativas de cambio del derecho del mar, con el paso del principio omnipresente y que lo abarcaba todo de la
libertad de los mares a una prevalencia de otros intereses jurídicamente protegibles, como puede ser la seguridad del tráfico o, sobre todo, el valor del medio ambiente. A lo largo de estas semanas, el embajador de España en Londres, que también es
el representante permanente de nuestro país ante la OMI, ha realizado una serie de gestiones con el secretario general de esta organización para poner de relieve los planteamientos recogidos en la carta del presidente del Gobierno a la que he hecho
referencia. Así, el pasado día 25 de noviembre, por citar una de las gestiones de las que queda constancia, nuestro embajador informó, mediante declaración formal, a los demás países miembros de la Organización Marítima Internacional de la
actuación del Gobierno español durante las fases iniciales de la crisis y, a la vez, propuso la adopción de normas internacionales que tiendan a impedir la repetición de siniestros similares.



Quiero llamar la atención de SS.SS. sobre los resultados de esta estrategia diplomática, que tiene como primer círculo la Unión Europea y como círculo más amplio el derecho marítimo internacional. El 26 de noviembre, al cierre de la cumbre
hispano-francesa celebrada en Málaga, el ministro de Fomento de España y el ministro de Infraestructuras, Transportes y Vivienda de Francia emitieron una declaración conjunta que recogía en el plano bilateral los mismos propósitos y planteamientos a
los que he hecho referencia anteriormente, que ahora se convertían en objetivos plenamente asumidos y respaldados por Francia. Nuestras representaciones diplomáticas en el extranjero han dado a conocer a terceros gobiernos el contenido de la carta
del presidente del Gobierno al presidente de la Comisión, de la declaración de España ante la OMI y de los acuerdos adoptados durante esta cumbre hispano-francesa, con el fin de coadyuvar a la persuasión de todos estos gobiernos de la Unión Europea
acerca de la necesidad de dar en la presente coyuntura pasos decisivos que hagan del hundimiento del Prestige el último de una triste pero, por otra parte, larga saga. En este sentido, el Gobierno italiano aprobó durante la cumbre hispano-italiana
un acuerdo para impulsar las propuestas formuladas por España, y un reflejo semejante existió con Portugal, país con el que además se planteó establecer unos mecanismos de alerta rápida bilaterales, semejantes a los que tenemos en el marco fluvial.
Quiero señalarles que la importancia de esta alerta y de tomar como punto de partida este hecho dramático para cambiar las cosas en profundidad fue objeto de parte de la conversación que tuve ocasión de mantener con el ministro de Asuntos Exteriores
de Marruecos. Y en el caso de Marruecos tenía la importancia fundamental del paso por el Estrecho, que es un problema jurídico importante.



Como les digo, y por resumir, desde el Departamento de Asuntos Exteriores, y a todos los niveles, incluido el de esta ministra, en todo este tiempo hemos tenido absolutamente presentes las iniciativas en el marco de esta catástrofe del
Prestige, repito, tanto en las entrevistas con el ministro de Exteriores de Francia, de Portugal o de Italia como en la entrevista con el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, que tiene lugar después de que el Consejo de Transportes incluya en
sus conclusiones pedir que los países limítrofes y vecinos de la Unión Europea, en particular Rusia, se sumen a estas iniciativas, así como con Noruega, con cuyos representantes hemos tenido ocasión de conversar con motivo de la entrada de España en
el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y, por supuesto, con el presidente de la Comisión Europea, con el comisario Fischler y con el primer ministro de Dinamarca. Repito que la cuestión del Prestige ha estado absolutamente presente, como no
podía ser de otra manera, en toda la actividad, que ha desplegado el Ministerio de Asuntos Exteriores a los distintos niveles. Quiero destacar que las respuestas de nuestros principales socios, en particular de la Unión Europea, han de calificarse
de claramente positivas, aunque vengan iniciadas y expresadas en algunos casos con las lógicas cautelas del lenguaje diplomático que demanda la complejidad de la materia y a veces también con intereses que no podemos olvidar -antes lo he
mencionado-, que son importantes y que están como telón de fondo.



La Unión Europea es, como SS.SS. pueden suponer, el escenario en el que nos ha resultado más grato comprobar el grado de apoyo que hemos obtenido para nuestras propuestas. Gracias a ese respaldo mayoritario se están consiguiendo avances
decisivos en el terreno de la seguridad marítima y de la lucha contra la contaminación provocada por los hidrocarburos.
Quiero destacar aquí que la cuestión del Prestige y toda la revolución en el planteamiento de la Unión Europea en el ámbito de
la seguridad del transporte marítimo, en el


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ámbito de la protección del medio ambiente y en el ámbito de las medidas penales o de responsabilidad llegan en un momento en que los esfuerzos de la Unión están concentrados en el tirón último de las negociaciones de ampliación. Esto
también quiere decir, sin perjuicio de que evidentemente es prueba material palpable del esfuerzo, la insistencia y la tenacidad con los que hemos planteado nuestros argumentos, hasta qué punto la expresión nunca más ha sido un clamor de la
ciudadanía europea que ha calado en los distintos gobiernos, haciendo que algunos de ellos hayan cambiando en 180 grados las posiciones que defendían hace meses.



Por detallar, el Consejo de Ministros de Transportes, celebrado el pasado día 6, ha resultado particularmente importante. Entre los logros conseguidos, me gustaría destacar, en la línea de lo ya expuesto por el ministro de Fomento la semana
pasada en la Comisión de Infraestruturas y de lo referido esta mañana por el presidente del Gobierno, que un primer conjunto de las medidas que se adoptan por unanimidad y con unas declaraciones rotundas por los distintos Estados miembros se refiere
a medidas de control inmediato de la navegación. En primer lugar, los países de la Unión Europea deben introducir en sus legislaciones medidas que impidan, con carácter inmediato, entrar en sus puertos barcos que transporten crudo pesado, fuel
pesado, alquitranes y betunes. En segundo lugar, la Comisión ha de modificar el Reglamento 417/02, sobre la retirada de los buques monocasco y aprobar este nuevo reglamento con el adelantamiento de su calendario a antes del 1 de julio de 2003. En
tercer lugar, la Comisión y los países de la Unión Europea deben adoptar medidas para alejar los buques de más de 15 años que transporten mercancías peligrosas y contaminantes a más de 200 millas. Y en cuarto lugar, los países de la Unión Europea
deben fortalecer los mecanismos de control del tráfico marítimo frente a las costas de los Estados miembros. Este es el primer paquete. El segundo paquete o segundo ámbito de las conclusiones del Consejo de Transportes se dirige a la
intensificación inmediata de la inspección en puerto. Todos los países de la Unión Europea deben cumplir el objetivo de inspección del 25 por ciento de los buques de pabellón extranjero que visiten sus puertos. Además deberán reducirse de 12 a 6
meses las inspecciones a los buques de mayor riesgo. Finalmente, la Agencia Europea de Seguridad Marítima promoverá la uniformidad y la calidad estándar mínima de las inspecciones de control por los Estados miembros en todos los puertos de la Unión
para evitar la existencia de puertos de conveniencia que se amparan en agencias que dan estos certificados de seguridad marítima con una cierta, llamémosle, laxitud.
Un tercer grupo de medidas establece aumentos en las coberturas por
indemnizaciones de daños. Los Estados miembros impulsarán la creación en el seno de la OMI o, en su defecto, en el seno de la Unión Europea de un fondo complementario de compensación para las víctimas de la contaminación por petróleo, que deberá
incluir las futuras mareas negras, hasta un importe de 1.000 millones de euros. El último conjunto de medidas del Consejo de Transportes se refiere a medidas inmediatas para aumentar la prevención de riesgos futuros, como por ejemplo el fomento
entre los Estados miembros de la cooperación para aumentar la capacidad operativa de respuestas a estas catástrofes y el estudio de un mecanismo que obligue a petroleras, compañías de seguros, armadores y fletadores a proporcionar también ellos
medios de prevención y de lucha contra estas catástrofes ecológicas. Como pueden comprobar SS.SS., en apenas dos semanas nuestros socios comunitarios y los países candidatos unánimemente han hecho suyas todas las propuestas de la carta del
presidente del Gobierno de 21 de noviembre, que están incluidas en este paquete de medidas.



También quiero mencionar y dejar constancia de que el Consejo de Medio Ambiente que se celebró el día 9 de este mes y también el de Asuntos Generales y Relaciones Exteriores de los días 9 y 10 terminaron con resultados favorables a nuestras
tesis. En el caso del Consejo de Asuntos Generales, conseguimos -y créanme que no era una cosa evidente- incluir en el Consejo de la ampliación el debate sobre las medidas derivadas del Prestige. El Consejo de Asuntos Generales, como saben SS.SS.,
es a partir del consejo de Sevilla el que establece el orden del día cerrado de los Consejos Europeos. Por su parte, el Consejo de Medio Ambiente reafirma en sus conclusiones las decisiones del Consejo de Transportes y respalda el compromiso de
creación del fondo especial de indemnizaciones en el seno de la Organización Marítima Internacional para cubrir los daños medioambientales. Asimismo, en las conclusiones de este Consejo de Ministros de Medio Ambiente se solicita que la Comisión
estudie las posibilidades de utilizar el Fondo Europeo de Solidaridad para financiar tareas de limpieza no cubiertas por otros fondos y se insiste en la necesidad de proteger mejor las áreas marinas y costeras con valor medioambiental. Volveré a
hablar en el último punto de los que he anunciado sobre esta utilización del Fondo Europeo de Solidaridad. En la línea con lo decidido con los ministros de Transportes, los ministros de Medio Ambiente reiteraron también la necesidad de retirar
progresivamente los petroleros monocasco y de obligar a las compañías petroleras, a las navieras y a las aseguradoras a combatir estos desastres ecológicos. El Consejo de Medio Ambiente pidió también a la Comisión y a los Estados miembros que sigan
desarrollando la legislación destinada a prevenir los daños medioambientales de los accidentes, incluyendo la responsabilidad medioambiental, y que adopten los medios suficientes para responder a estos accidentes. Por último, se decidió el
establecimiento de un grupo técnico en cooperación con los Estados miembros para la coordinación de la


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asistencia y para la evaluación de los efectos a largo plazo del accidente del Prestige y la creación de una red europea de intercambio de experiencias sobre contaminación medioambiental por hidrocarburos.



Finalmente, quiero decirles que la semana que viene se reúne el Consejo de Justicia e Interior, que dará el aprobado final a una decisión marco que, entre otras cosas, unificará el tipo penal del delito ecológico, que incluirá los vertidos
contaminantes, lográndose así que queden comprendido estos delitos en el ámbito de aplicación de la Euroorden.
Desde el ministerio -antes ya aludí a ello- hemos hecho gestiones tanto a nivel de ministros como a niveles más técnicos con Rusia,
Turquía y los países candidatos con objeto de recabar su asentimiento para la adecuación de su legislación a las medidas de seguridad marítima adoptadas por los Consejos de Ministros a los que he aludido, en particular por el Consejo de Transporte.



Señorías, la carta del presidente del Gobierno, la declaración de España ante la OMI, la declaración conjunta hispano-francesa, la declaración hispano-italiana, las conclusiones de los Consejos de Ministros de Transporte y de Medio Ambiente
y las conclusiones del Consejo Europeo han recogido de forma fehaciente la estrategia desarrollada por el Gobierno, que, sin embargo, tiene una intensa actividad de preparación para conseguir estos resultados, sin la que no se hubieran conseguido.
Por supuesto, lo que nos ha movido en este ámbito de prevención ha sido coadyuvar a que en el futuro no se vuelvan a repetir catástrofes de este tipo y que las costas de Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco y demás regiones españolas puedan ver
con tranquilidad el paso del transporte marítimo por nuestros mares.



El cuarto ámbito que he enumerado se refiere a la movilización de recursos financieros comunitarios. Me gustaría poner de relieve que a corto plazo la tarea de paliar los daños producidos hacían imprescindible la movilización de todos los
mecanismos comunitarios de financiación a nuestro alcance. Nuestra principal preocupación ha sido la de poder aplicar de la manera más eficaz posible los diferentes instrumentos comunitarios disponibles tanto en el ámbito europeo como en el
nacional.
Esta ha sido, lógicamente, una labor de equipo realizada en estrecha colaboración con los demás departamentos, aunque las otras también, por supuesto. Los diferentes departamentos hemos trabajado con el objetivo claro de que el Consejo
Europeo de Copenhague tomara nota de las acciones ya emprendidas para afrontar las consecuencias económicas, sociales y medioambientales derivadas del naufragio del Prestige y anunciara la intención de examinar la necesidad de adoptar cuantas
medidas adicionales específicas fueran necesarias, sin más limitación que la que imponen las perspectivas financieras. En este sentido, la Comisión Europea debe realizar un informe, que será examinado por el Consejo Europeo en el mes de marzo, en
el que se abordarán todas estas materias. Con este motivo se está en permanente contacto con la Comisión Europea, con los distintos departamentos y con el presidente de la Comisión, señor Prodi, a quien desde aquí quiero reiterar lo que esta mañana
ya ha manifestado el presidente del Gobierno, que es el agradecimiento por la respuesta tan inequívocamente activa y comprometida que desde el primer momento ha tenido en este asunto. Asimismo, quiero decir que, aunque en un plano más retranqueado
porque todavía no le han llegado estas iniciativas, los planteamientos del presidente del Parlamento Europeo, señor Cox, en este punto no han dejado ningún lugar a dudas de su compromiso de poner todos los mecanismos de los que dispone el Parlamento
Europeo, incluidos los procedimientos de urgencia, para que se arbitren estas medidas con la mayor celeridad posible.



Conviene repasar un poco los fondos comunitarios. En primer lugar quiero recordar, aunque SS.SS. son expertos en esta materia, que la utilización de los recursos del Fondo de Desarrollo Regional, FEDER, tiene unas ventajas claras, como son
la posibilidad de aplicarlos a las acciones relacionadas con el medioambiente, limpieza y regeneración y hacer un buen uso rápido de los mismos gracias en buena parte a la aplicación de mecanismos flexibles que puede decidir la propia Comisión. De
hecho, la reunión de comisarios de la semana pasada dio una habilitación especial el comisarios Fischler para que se tomaran todas las medidas necesarias en este ámbito. Permitir una cofinanciación comunitaria del 75 por ciento para operaciones de
limpieza y además contar con los recursos suficientes de los programas operativos previstos para las regiones afectadas son algunas de las claras ventajas que ofrecen estos fondos. Igualmente, en cuanto al paquete de medidas promovidas por la
Comisión Europea a petición del Gobierno, se suavizarán las condiciones para optar a las ayudas del IFOP, el fondo de orientación pesquera, que responde al Reglamento 2792/99, a fin de permitir compensaciones adecuadas en este caso y en situaciones
similares y de incluir en la posibilidad de indemnizar con cargo a estos fondos a algunos colectivos que este fondo no contempla de entrada, como pueden ser algunos sectores de marisqueo o profesiones conexas muy afectadas y que, sin embargo, en
principio no entran en estos fondos. La Comisión propone también que el límite del 4 por ciento del IFOP global destinado a los Estados miembros no se aplique a las compensaciones a pescadores, propietarios de barcos, mariscadores y acuicultores y
que puedan abonarse indemnizaciones por cese de actividad por un período superior a los dos meses que establece el reglamento. También aquí quiero hacer extensivo el reconocimiento al comisario de Agricultura y Pesca, el señor Franz Fischler, que
en todo momento ha tenido una actitud absolutamente constructiva y cooperadora en este punto que en las distintas conversaciones que he


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tenido ocasión de mantener con él, además de las mantenidas por el ministro de Agricultura, me certificó que iba a utilizar en estos días esa habilitación que el Colegio de Comisarios le había otorgado.



En tercer lugar, está el Fondo de Cohesión, que dispone de recursos adicionales y, según la Comisión, su aplicación como línea prioritaria de cofinanciación será posible para atender a la regeneración de las costas.
La presentación de
solicitudes y de proyectos, junto con la celeridad de los procedimientos comunitarios aceptada por la Comisión, hará posible que estos puedan ser aprobados en un plazo no superior a dos meses.



Otro fondo importante por la atención que ha concentrado es el Fondo de solidaridad de la Unión Europea, esos 1.000 millones de euros al año por un período de tres años, es decir, un total de 3.000 millones de euros, regulado por el
Reglamento 2012/2002. Me gustaría referirme, en primer lugar, a los criterios para su eventual activación. Como SS.SS saben, este fondo está pensado principalmente para hacer frente a catástrofes graves de carácter natural y fue creado después de
las inundaciones que asolaron Alemania, Chequia, Austria, etcétera. El criterio cuantitativo, que es al que responde el grueso de estos fondos, es que el daño debe ser superior a 3.000 millones de euros o al 0,6 por ciento del producto interior
bruto del país beneficiario. Sin embargo, en este reglamento -y quiero destacar que por supuesto sin pensar en una catástrofe como ésta, sino pensando mucho más en la orografía propia de nuestro país, en la fragmentación y en la compartimentación
de nuestras regiones- promovimos -y yo en primera línea- que hubiera una parte, aunque fuera menor, destinada a cubrir catástrofes de ámbito regional. Se suavizó la idea de que únicamente cubriera catástrofes naturales y se establece que son
principalmente catástrofes naturales, pero no se excluyen las demás.
Tienen que tener evidentemente repercusiones duraderas y graves en las condiciones de vida y en la estabilidad económica de una parte importante de la población de la región. Con
este criterio Francia ha obtenido, por las inundaciones recientes en el sureste, un monto de 21 millones de euros. El criterio es que se indemniza el 2,5 por ciento de los daños y los fondos destinados a este subapartado regional son de 75 millones
de euros al año. Por supuesto, en este fondo de momento lo que tenemos son unas estimaciones muy aproximadas, porque lamentablemente todavía no podemos tener una evaluación final del daño causado por el accidente del Prestige; por eso las cifras
que ha mencionado el presidente del Gobierno esta mañana responden a las cuantificaciones provisionales que tenemos a fecha de hoy.



Finalmente, quiero hacer referencia al fondo para las indemnizaciones de daños provocados por vertidos de petróleo que pidió el presidente del Gobierno en la carta dirigida al presidente del Consejo y al presidente de la Comisión. Como he
dicho, la Unión Europea propondrá a la Organización Marítima la creación de este fondo antes de que finalice 2003 y se pedirá que tenga una dotación de 1.000 millones de euros. La Unión Europea, como hemos visto, se compromete a dotar este fondo
por la cuantía complementaria que no fuera adoptada en la Organización Marítima Internacional hasta ese momento.



Además de estos fondos me gustaría reiterar particularmente que el Consejo Europeo ha respaldado la adopción de medidas presupuestarias adicionales y específicas que tengan en cuenta la evolución futura de los daños. En este sentido, como
he anunciado, valoro mucho la actitud y las declaraciones inequívocas que formuló el presidente del Parlamento Europeo en su comparecencia ante el Consejo Europeo, con un compromiso claro para tramitar con celeridad todas las medidas que le fueran
sometidas. A pesar de la complejidad de poder concretar a fecha de hoy una cifra definitiva de los recursos comunitarios aplicables, puesto que necesariamente estará vinculada a la cuantía de los daños, los fondos que en estos momentos se podrían
orientar y destinar a paliar los daños provocados por la catástrofe del Prestige, según la valoración que hace el Gobierno, giran en torno a los 265 millones de euros, como ha señalado esta mañana el propio presidente del Gobierno. Evidentemente,
insisto, no se ha fijado ni se puede fijar ningún límite todavía, puesto que no se pueden hacer las valoraciones del daño final.



Quiero terminar mi comparecencia destacando la importancia de las conclusiones del Consejo de Copenhague sobre el Prestige, por el tipo de Consejo, por la concentración de la atención de todo el mundo en finalizar unas negociaciones que
además hasta el último momento estuvieron abiertas y por la voluntad de evitar incorporar al Consejo cualquier otro asunto. Por tanto, me parece destacable la incorporación de esas conclusiones, que son absolutamente claras y rotundas, sin
perjuicio de las declaraciones que se produjeron en el propio Consejo Europeo por parte de la Comisión pero también de distintos Estados miembros, en particular Francia. Insisto en que las medidas específicas adicionales planteadas están sobre la
mesa y que en cualquier caso el Consejo Europeo se ha dado cita para examinar estas cuestiones en el mes de mazo, sobre la base de un informe de la Comisión. El Ministerio de Asuntos Exteriores, todo el departamento, trabaja y continuará trabajando
en esta línea para que la respuesta de la Comisión sea lo más completa, lo más rápida y lo más satisfactoria posible. Espero, señorías, que al tomar conocimiento de cuanto acabo de exponerles compartan mi convicción de que la actuación del
Ministerio de Asuntos Exteriores ha estado en consonancia con lo que la gravedad de la situación nos exigía. En todo caso, les aseguro que el ministerio va a continuar trabajando con la misma intensidad, con el mismo ahínco y con el mismo esfuerzo
que lo hemos venido haciendo a lo largo de todos estos días intentando


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mantener el alto grado de compromiso que la sociedad española exige de todos nosotros en estos momentos difíciles.



El señor PRESIDENTE: Vamos a pasar a las intervenciones de los grupos. Por el orden de petición de la comparecencia, empezaremos por el Grupo Mixto y tiene la palabra el diputado del BNG, señor Vázquez.



El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ: Señor presidente, agradezco la comparecencia de la señora ministra en esta Comisión, aunque creo que después de su exposición -y luego me referiré a algunos aspectos de la misma- la verdad es que le queda muchísimo
trabajo por delante. Usted nos traza una visión absolutamente optimista de la cuestión, que nosotros no compartimos, como luego explicaré. En todo caso, empezaré diciéndole que agradeciendo esta comparecencia, sin embargo, como hice constar en
comparecencias de otros ministros, nosotros, que la solicitamos el 20 del mes pasado, lo hacíamos para que de una manera inmediata y urgente compareciese en esta Cámara para hablarnos de la estrategia que pretendía seguir su ministerio en el
contexto de esta catástrofe ecológica y económica provocada por la marea negra del Prestige, y lo hacíamos, naturalmente, en un momento en que era más evidente aún si cabe no sólo la parálisis gubernamental, sino la falta de información de las
propuestas del Gobierno ante esta crisis de cara a la opinión pública o en el contexto de este Congreso de los Diputados. En líneas generales, lo que le tengo que decir es que, obviamente, en cuanto miembro del Gobierno y solidario con las
decisiones del mismo, y miembro también de esa comisión interministerial a la que usted hizo referencia aunque sea a través del señor subsecretario, es evidente que usted es corresponsable de una actuación, de una gestión que no hizo -por decirlo
brevemente- sino situarnos en el peor de los escenarios posibles. Es vox populi esa afirmación que corre de boca en boca que dice que si quisieran hacerlo peor hubiera sido imposible, que ni esforzándose lo hubieran conseguido. Voy a ceñirme, por
no insistir en cuestiones en las que estamos tratando en otros ámbitos y a las que volveremos a referirnos, en lo fundamental a su intervención.



Desde luego quiero referirme a una cuestión. En primer lugar, usted habla de que el ministerio se encargó de coordinar los recursos internacionales, medios y expertos y nos lo presenta como una gestión diría que muy brillante. A mí me
gustaría que usted hiciese referencia a algo que en los primeros días de esta catástrofe se puso en evidencia en los medios de comunicación, como era la tardanza del Gobierno en aceptar el ofrecimiento de diversos países de buques anticontaminantes,
a los que hizo referencia, y que el Gobierno parecía que, en principio, se resistía a aceptar, no sé si sumido en esa confusión sobre que la catástrofe era muy poco importante o de que estábamos ante un problema menor, tal como se resaltaba desde
diversas intervenciones públicas de altos cargos del Gobierno, de la Xunta, etcétera. Le diré algo más sobre eso, porque a estas alturas, señora ministra, creo que sería necesario que ustedes siguieran recabando más apoyo internacional, si es que
no cuentan con medios necesarios, porque sepa usted -y creo que usted lo sabe- que en este momento, por ejemplo -por citar sólo algo de lo que ocurre en mi país-, son los propios marineros quienes están haciendo frente a la posibilidad de que entren
las manchas de petróleo en las Rías Baixas y con medios absolutamente artesanales, que, por cierto, desarrolla la inventiva de la gente, porque el Gobierno no les aporta los medios que necesita.



Hay una segunda cuestión que quiero tocar, que es el tema de las indemnizaciones. No voy a dudar de sus gestiones en esta cuestión, pero sólo quiero insistir -usted misma ya hizo referencia a eso- en que tanto las indemnizaciones que se
contemplan en el FIDAC como en otros campos son limitadas y, por tanto, no creo que usted lo dijese, pero por si acaso debería quedar constancia de que estas indemnizaciones en el momento en que se produzcan no van a poder resolver o dar
satisfacción a todos los aspectos económicos que fueron tocados gravemente por la catástrofe del Prestige, para nada. Tengo que insistir -y lo vamos a seguir haciendo- en que el Gobierno debe adelantar los fondos necesarios para atender
convenientemente no sólo las necesidades inmediatas de los afectados, sino la reparación de los daños causados y toda la profunda catástrofe económica que se produce o que va a tener lugar alrededor de este episodio y luego ya se recuperará por
otras vías. También espero -y creí entender de sus palabras que es así- que va a ser el Gobierno, con el adecuado equipo de expertos, el que litigue contra quien sea menester para que no se queden a veces los afectados teniendo que enfrentarse por
sí mismos a este tipo de organizaciones, con el coste y dificultades que eso conlleva. Quiero esperar que el Gobierno va a ser el que se va a encargar de esta cuestión.



Por referirme a iniciativas para evitar nuevos desastres, que tampoco voy a cuestionar su actividad para que se pongan en marcha modificaciones en la legislación internacional o se adopten una serie de medidas a nivel internacional para que
estas catástrofes no tengan lugar nunca más. Lo que sí le tengo que comentar -y usted reconocerá conmigo- es que efectivamente todo este tipo de decisiones o de actividades se está llevando a cabo un poquito tarde, porque efectivamente no es que el
Gobierno español -también otros gobiernos- no tuviese, digamos, pruebas suficientes del peligro que conlleva el tránsito de buques con mercancías peligrosas por donde lo están haciendo, que no tuviera constancia del alto número de accidentes de este
estilo que sufrieron las costas de Galicia, y vuelvo a insistir en las costas de Galicia porque debe ser el lugar del mundo donde más accidentes de estas características se


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produjeron en los últimos años; por eso digo que llegan tarde.



En segundo lugar, creo que también deberíamos reflexionar en el sentido de que a esta situación no se llega por que sí. A esta situación de falta de inspecciones, de buques basura, como se dice ahora, de dificultades para controlar las
empresas que fletan estos buques por la maraña burocrática de interposición de sociedades no se llega porque sí; se llega porque hay, efectivamente, una aceptación o unas decisiones del Gobierno español y de otros gobiernos también para que esto
sea así. ¿Por qué? Porque -y usted hizo referencia de pasada a eso- lo que se está buscando en esto -porque al final todo está detrás de una ideología determinada- es que el máximo beneficio justifica todo. Quiero decir con esto que tampoco
pueden ponerse algunos en situación de una virgen sorprendida, no, porque aquí se estuvo haciendo una política que llevó a esto. Uno puede recordar que en su día había flotas de pabellón estatal, que, por cierto, fueron arrumbadas para dar paso a
este nuevo tipo de compañías, y ya no sólo con los peligros -y aprovecho para decirlo ahora-, por ejemplo, de tipo medioambiental, que están a la vista de todos, sino también con consecuencias lamentables, por ejemplo para los trabajadores del mar,
que se vieron obligados a partir de entonces a trabajar en este tipo de barcos, con consecuencias lamentables de tipo económico o de derechos laborales y sociales, porque también ahora a veces nos rasgamos las vestiduras hablando de que si esos
barcos están ocupados por tripulaciones baratas, etcétera. ¿Pero no era eso lo que se buscaba, señora ministra? Es que era eso lo que se buscaba, porque eso está también en relación con el famoso máximo beneficio. Todas las cuestiones tienen que
ver con esto.



En todo caso, quiero dar también un espacio a la esperanza y creer que pasada, digamos, o desaparecida esta catástrofe del primer plano de las noticias de los medios de comunicación, no caiga en saco roto todo esto que se está diciendo.
Digo esto porque también con motivo de otras catástrofes se nos dijo -y ahí está, por ejemplo, la reciente catástrofe del Erika, donde se habló de la puesta en marcha de determinados paquetes que hasta ahora no vimos concretados- que efectivamente
se iban a tomar medidas absolutamente enérgicas y que esto nunca se volvería a repetir.
Quiero dejar un margen a la esperanza para que esta vez, efectivamente, los gobiernos -el Gobierno español también naturalmente- se tomen otro en serio y que
las medidas que se pongan en marcha sean urgentes y serias para que no nos encontremos en una situación parecida dentro de poco.



Me voy a referir a una cuestión en la que estoy totalmente en contradicción con usted que, es su satisfacción sobre la movilización de recursos comunitarios. Nosotros no compartimos su entusiasmo, no por lo que decía el presidente del
Gobierno esta mañana, en el sentido de que no queramos que se destinen partidas suficientes para compensar a los afectados de una manera inmediata o para paliar las consecuencias de la catástrofe, sino, todo lo contrario, porque creemos que esa
satisfacción que ustedes manifiestan no debe ser tal. Estamos hablando de una aportación de fondos de 265 millones de euros. Si no me equivoco, estamos hablando de la reprogramación de 260 millones de euros, es decir, no estamos hablando de fondos
específicos y concretos que ponga la Unión Europea para afrontar esta crisis, sino que hablamos de reprogramación.
Señora ministra, a mí me resulta absolutamente sorprendente que el argumento fundamental para decir que esa reprogramación no va a
afectar a nada es que se trataría de partidas que no se gastan en determinados programas. Me resulta absolutamente increíble que un gobierno pueda admitir que para programas de cohesión o estructurales diga que, efectivamente, de Europa llegan
fondos, pero no los gastamos. Me parece absolutamente increíble que se pueda decir eso cuando son tan necesarios precisamente para hacer avanzar a zonas cuyo atraso económico y social es muy evidente respecto a la media europea y la estatal, como
es el caso de Galicia. Creo que esta cuestión tendría que enfocarse más bien al revés.
En primer lugar, habría que haber conseguido -otra cosa es si la cantidad es suficiente, pero esa es otra discusión- unos fondos europeos específicos para esta
cuestión. Si al final efectivamente algún Estado miembro -o nuestro propio Estado- ve que no gasta unos determinados fondos, ya se recuperarán, pero desde luego esta vía no es la más sensata -vuelvo a insistir-, no porque no queramos que se
apliquen fondos europeos a la catástrofe sino por esta otra cuestión.



Usted nos habla de la sensibilidad que Europa tiene respecto a esta catástrofe. ¡Caramba!, en términos económicos se manifiesta poco. Voy a entrar en una cuestión más concreta que es la relativa a la reprogramación precisamente de fondos
dedicados a la pesca. No entiendo como ustedes nos hablan de la reprogramación de los fondos IFOP como algo fantástico. Tengo en mi poder un fax fechado el 4 de diciembre, que supongo que a usted le habrá llegado igual que a mí -para que vea que
no es una opinión exclusiva del Bloque Nacionalista Galego, que lo es, sino del propio sector pesquero-, donde se nos pide que Europa utilice fondos extraordinarios que eviten tener que reprogramar los fondos IFOP, puesto que esta medida
perjudicaría al resto de pescadores no afectados directamente por el accidente, que es algo absolutamente lógico, porque están ustedes desvistiendo a un santo para vestir a otro, justo en un sector como el de la pesca, por no hablar de la
reprogramación de los fondos al parecer no empleados para paliar las consecuencias de la no renovación del acuerdo de pesca con Marruecos. Señora ministra, a mí esto también me hace saltar todas las alarmas. Si después de una crisis tan


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importante como la derivada de la no renovación del acuerdo con Marruecos, tras la que aún no somos capaces de ver -yo por lo menos no soy capaz y estoy bien cerca de las comarcas afectadas- cuántos puestos de trabajo alternativos se crearon
en las comarcas afectadas por la no renovación, cuántos proyectos industriales se han puesto en marcha en estas comarcas y cuántos tripulantes pudieron cobrar esas ayudas, me dicen que aún sobran 30 millones de euros para esta función, venga Dios y
lo vea.
Francamente me parece que esto no es aceptable desde ese punto de vista.



Usted nos dice por encima que usted se dirigió al señor Fischler y que él coopera. Yo ya le digo que no me extraña que la Unión Europea esté encantada porque no le cuesta un duro, pero el señor Fischler estará más encantado aún, y me
explico, no solamente porque no le cuesta nada, sino porque usted sabrá que una de las propuestas del comisario europeo de Pesca en el marco de la reforma de la política común de pesca era hacer disminuir los fondos IFOP, es decir, disminuir los
fondos destinados a la modernización de la flota. Esa era una de sus propuestas, con lo cual yo supongo que a estas alturas el señor Fischler estará encantado. Por cierto, su afirmación de satisfacción entra en contradicción con lo afirmado hasta
ahora por el Gobierno español y por el propio Grupo Popular en el sentido de que los fondos estructurales para la pesca eran intocables. Yo no encuentro cómo compaginar estas dos situaciones. Por tanto, debe haber mucha menos satisfacción en este
terreno de la que se nos dice y, como le decía al principio, les queda mucho trabajo por delante en esta cuestión. Creo que no se puede presentar como un éxito, como digo, más allá de la cantidad, que la Unión Europea se avenga a reprogramar
determinados fondos.



Para ir concluyendo, quisiera que usted me aclarase algunas cuestiones que surgieron a lo largo de esta crisis y que probablemente tengan que ver con su ministerio. Antes hice referencia al problema de la lentitud.
¿Cómo valora usted eso?
¿A qué se debió esa lentitud en la aceptación de ayudas que ofrecían otros Estados miembros? También me gustaría que nos explicase qué tipo de comunicación tuvieron con otros gobiernos europeos, ya que supongo que establecerían los contactos a
través de su ministerio.
Por ejemplo, le pido que aclare aquí y ahora si algún gobierno europeo forzó el cambio de ruta del Prestige hacia el sur. Como usted sabe, cuando se inicia ese fallido remolcado del buque se hace en dirección norte y de
repente se cambia la dirección al sur y en aquel momento -como usted sabe también- se dice que se debe a las presiones de gobiernos europeos. Quisiera que nos dijera algo al respecto.



También quisiera que nos aclarase qué tipo de comunicación mantuvo su ministerio con el Gobierno portugués, también hablando de este fallido remolcado y teniendo en cuenta que la ruta del buque antes de hundirse era hacia el sur y que el
Gobierno portugués envió nada menos que a su Armada para impedir el avance del Prestige hacia la frontal de sus costas. Estaría bien saber si a ustedes les comunicaron esta decisión de no permitir que siguieran remolcando el Prestige hacia las
costas portuguesas, si ustedes hicieron caso omiso y si eso obligó al final al envío de la flota de guerra por parte del Gobierno portugués. Algo que estuvo muy en evidencia en los medios y sobre lo que usted nos podría informar es qué tipo de
comunicación -no sé si fue a través de su ministerio, pero en todo caso sí a través del Gobierno; usted forma parte de la comisión interministerial y nos lo podría aclarar- mantuvieron ustedes con el Gobierno portugués acerca de las predicciones de
los organismos científicos sobre la previsible evolución de las manchas de fuel o sobre la aparición de nuevos vertidos, porque mientras el Gobierno portugués alertaba -por cierto, con bastante exactitud- sobre la dirección que iban a tomar las
manchas o informaba a la opinión pública de que existían nuevos vertidos en determinadas zonas, el Gobierno español lo negaba. Yo no sé si a ustedes se lo comunicaron por canales oficiales y simplemente no consideraron estas informaciones del
Gobierno portugués. Me gustaría que nos explicara mas a fondo qué grado de comunicación mantuvo con el Gobierno francés, que, efectivamente, se mostró altamente alarmado por las posibles consecuencias de este vertido para sus costas y que motivó
-que yo sepa- una visita de la propia ministra de Medio Ambiente.



En otro orden de cosas, me gustaría que nos dijera a qué se debió la posición de su Gobierno durante los primeros días de la crisis y lo que dio de sí este asunto en lo referido a la cuestión de Gibraltar, porque ustedes al principio, en vez
de atender a solucionar esta catástrofe y actuar correctamente, nos hablaron de que el problema estaba en que el barco se dirigía a Gibraltar. Los primeros días el debate se centró en esa cuestión e incluso varios días después del inicio de la
crisis -el día 18 de noviembre- el presidente del Gobierno afirmaba que esa catástrofe tendría repercusiones políticas en las conversaciones que se mantenían en el Reino Unido sobre el futuro de Gibraltar. Afirmaba también que en su momento se
extraerían las pertinentes consecuencias legales. Pasado un mes largo, me gustaría saber qué consecuencias políticas y legales se van a derivar después del análisis del Gobierno.



Por último, y usted hizo referencia a eso, en los primeros días de la crisis se dirigió a los gobiernos de Bahamas, de Letonia, etcétera, si no me equivoco, para determinar las eventuales responsabilidades en esta catástrofe y pasó un poco
por encima sobre esa información. Me gustaría que nos diera más datos sobre las responsabilidades que se derivaron de estas comunicaciones, qué análisis hace el Gobierno. En todo caso, señora ministra, vuelvo a insistir en que me parece que no es
para estar especialmente satisfecho. No voy a cuestionar, a otros ministros sí lo haré, que como ministra


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no hubiera puesto todo lo que pudo de sí o de su ministerio para avanzar en algunas cuestiones, pero de satisfacción y autocomplacencia, un poco menos. Para resolver una cuestión tan importante como ésta su ministerio tiene un arduo trabajo
por delante. Va a tener que colocarla entre sus prioridades, es decir, esas que no se olvidan pasados unos días o pasados los momentos de más impacto en los medios de comunicación. Ya sé que no va a bastar solamente su acción, la acción del
Gobierno español, pero va a ser muy importante que pongan toda la carne en el asador en estas cuestiones. Si no, nos vamos a encontrar desgraciadamente muy pronto ante una situación semejante y eso no se puede tolerar. Señora ministra, me parece
que ustedes siguen sin darse cuenta exactamente de cuál es la magnitud de esta catástrofe. Creen que todo esto se puede solucionar satisfaciendo mejor o peor las necesidades inmediatas de los afectados, pero esta catástrofe va mucho más allá de
esta simple cuestión y requiere una acción gubernamental mucho más decidida. No voy a entrar en lo que hacen otros departamentos de su Gobierno, pero hay que hacer algo que vaya más allá que unas simples indemnizaciones, a pesar de que son
necesarias, y pensar que todo se resuelve de esa manera.



El señor PRESIDENTE: Tiene ahora la palabra el portavoz del Grupo Federal de Izquierda Unida, señor Centella.



El señor CENTELLA GÓMEZ: Señora ministra, quiero agradecerle nuevamente que haya encontrado tiempo para celebrar esta comparecencia, ya que se nos dijo en otra junta de portavoces que no tenía tiempo para acudir a esta Comisión cuando
planteábamos otros temas. Si es evidente que el ministerio que dirige no tiene responsabilidades tan directas como otros ministerios en lo que ha sido el seguimiento de la catástrofe, ministerios que hemos denunciado no han estado a la altura de
las circunstancias y han estado total o parcialmente ausentes cuando debían haber sido mucho más rápidos y más eficaces en su conjunto, usted es solidaria de las acciones del Gobierno y esto, por tanto, le hace también corresponsable de las críticas
que desde toda la sociedad civil y desde todos los grupos políticos de la oposición se está haciendo a su Gobierno y de modo muy especial a su presidente. Nos ha sorprendido un poco cuando ha hablado de la rapidez con la que su ministerio, usted
misma, da la alarma a nivel internacional, cosa que contrasta con la poca importancia que en el interior del país le daba el Gobierno. Tenemos que recordar una vez más como el ministro Cañete decía textualmente que estábamos ante un accidente sin
importancia y que gracias a la acción rápida de las autoridades españolas no iba a convertirse en una catástrofe ecológica.
Esto decía el señor ministro cuando al parecer, usted, según nos ha dicho, daba la alerta internacional. Más hubiese valido
que junto con esa alerta internacional se hubieran dado también todas las alertas nacionales, porque ese accidente que para el señor Cañete carecía de importancia hoy es una inmensa marea negra que afecta a cientos de kilómetros de litoral y que ha
llevado a la prohibición de faenar y de recoger marisco desde el norte de Galicia hasta La Guardia en la frontera con Portugal. El fuel ya ha llegado a Asturias, a pesar de que también hubo un ministro que dijo que el fuel que aparecía por Asturias
no era del Prestige, sino que había habido barcos que habían aprovechado para limpiar sus tanques. El fuel ha llegado desgraciadamente a Asturias, Cantabria, Euskadi, y Francia y Portugal han declarado el estado de alerta ante la posibilidad de que
las manchas se acerquen a sus costas.
Su Gobierno ha intentado minimizar la catástrofe hasta que la mancha le ha hecho volver bruscamente a la realidad y ahora ustedes acuden a dar toda clase de informaciones. Digo ustedes los ministros porque el
presidente todavía sigue sin querer tener una comparecencia en el Pleno y es una verdadera vergüenza que a estas alturas no haya habido un pleno monográfico sobre este tema.



Tenemos que resaltar que además de esta parte que a usted le corresponde de forma solidaria con su Gobierno, hay unas responsabilidades más concretas, que son las que le competen a su cartera de Asuntos Exteriores y que tienen mucho que ver
con el cumplimiento de los convenios internacionales de los que España es parte y también con nuestras obligaciones en la Unión Europea, tanto en lo que respecta a la trasposición de las directivas comunitarias como en la participación que usted
tuvo en el Consejo Europeo de Copenhage junto al presidente del Gobierno. Ahí es donde quisiera centrar un poco nuestra intervención. Por ello sería importante que aclarase aquí lo que pasó en realidad, que nuestro Gobierno no estuvo en su momento
presto a la hora de aprovechar la presidencia de la Unión Europea para hacer una serie de actuaciones.
Usted viene hoy aquí a decir que el presidente ha mandado una carta para que se hagan esas actuaciones. España ha dejado la presidencia de la
Unión Europea hace muy poco y con ello perdió la oportunidad de que lo que es una carta hubiese sido algo más. Para nosotros era evidente, y así se nos traslada por parte de nuestros compañeros en el Parlamento Europeo, que ha habido y hay un
deterioro de la imagen de España en el exterior. España sale de esta crisis muy debilitada y, aparte de las consideraciones que nos trasladan nuestros compañeros en el Parlamento Europeo, no hace falta más que ver las penosas críticas, muchas veces
irónicas, que se nos están haciendo en la prensa internacional, no solamente en cuanto a la decisión de alejar el barco mar adentro, lo que ha provocado además de la catástrofe en nuestro país la amenaza de que se extienda a otros países como
Francia o Portugal, sino también y sobre todo, y es lo que más penosamente se nos ha trasladado, en cuanto a la absoluta carencia de medios técnicos


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de prevención y lucha contra la marea negra. Su afán privatizador y su afán liberalizador nos ha llevado a estas consecuencias. No es malo decirlo porque dentro de poco intentarán privatizar más, que haya cada vez menos sector público, y
cuando ocurren hechos como este es cuando uno no tiene más remedio que volver a recordar que en su afán liberalizador muchas veces ponen en riesgo elementos muy importantes como es en este caso el de la seguridad de nuestras costas. A nuestro grupo
le preocupa este deterioro de nuestra imagen, porque España, entre otras cosas, vive mucho de ella en el exterior. Sabe usted cómo va a repercutir todo esto en el sector turístico y eso debería haberse tenido más en consideración.



Queremos hacer constar que es de agradecer la solidaridad que se ha mostrado en el Consejo Europeo de Copenhague, aunque también es verdad que es una solidaridad más testimonial que efectiva, más de palabra que de dinero contante y sonante.
Desde esta óptica, quiero dejar claro que ni usted ni su Gobierno son responsables del accidente del Prestige, pero son tremendamente responsables de cómo han tratado este accidente, porque más allá de las responsabilidades penales o financieras que
tienen los propietarios del barco y que tienen las autoridades portuarias, la responsabilidad política recae sobre los gobiernos y recae también -nosotros la queremos hacer extensiva- en la Unión Europea, que ha estado más dispuesta a ceder a las
presiones de la industria petrolera y naviera que a garantizar la seguridad del transporte marítimo de los hidrocarburos. Estamos hablando del petróleo, de uno de los elementos que generan más beneficios a nivel mundial, que es capaz de provocar
guerras, como a la que desgraciadamente nos podemos ver abocados dentro de poco.
Sin embargo, todo ello contrasta con la forma tan ruin en la que se pone en peligro la riqueza de muchos países, solamente con el objetivo de sacar beneficios. Sobre
su Gobierno, su presidente y sobre usted también, recae la responsabilidad de no haber impulsado con la suficiente energía, durante el semestre de la presidencia española de la Unión Europea, la adopción por el Consejo de las propuestas avanzadas
que la Comisión Europea le planteaba, que han quedado muy debilitadas, vacías de contenido tras su paso por el Consejo, en lugar de estar mucho más pendientes de su éxito personal, cuando no tenían en aquel momento ningún reparo en soltar lastre a
la hora de asegurarse ese pretendido éxito personal para situarse en el líder europeo que pretendían ser. Según dicha propuesta, subrayada por la comisaria de Transportes, señora De Palacio, en una intervención el día 25 de noviembre en el Pleno
del Parlamento Europeo, el Prestige hubiese sido desguazado hace tres años.
Me imagino que la señora De Palacio le habrá comentado a usted algo sobre esta cuestión. Ahora se hacen propuestas, pero ustedes tendrán que explicar por qué se dejó pasar
aquella ocasión, por qué el Gobierno no fue capaz en aquel momento de tomar esas medidas que ahora hubieran evitado, en gran medida, esta catástrofe.



Aunque ya se lo ha planteado otro portavoz, nosotros le solicitamos que nos diga si tiene conocimientos sobre por qué el Gobierno ordenó el alejamiento del barco hacia el mar, hacia aguas internacionales. No sabemos si usted fue consultada,
porque eso podía tener repercusiones con terceros países. Nos gustaría saber si usted fue consultada en algún momento en esa decisión. El lanzamiento suponía, aparte de que lo posteriormente hemos visto que ha sucedido, un posible enfrentamiento
con terceros países y usted en algún momento debería haber sido corresponsable de esa decisión. Todos estábamos pendientes de ver cómo se tomó la decisión y esta mañana el presidente poco nos ha aclarado, no sabemos su usted podrá decirnos si fue
consultada sobre esa decisión. Una decisión que también tuvo graves consecuencias fue la renuncia del Gobierno a arrastrar por la fuerza al barco hacia el noroeste. Hemos oído cómo el Gobierno ha acusado al capitán del barco de haber desobedecido
la orden de abandonar Finisterre rumbo noroeste y de haberle enfilado hacia el sur, agravando las consecuencias de la catástrofe. Nosotros queremos saber qué es lo que hizo el Gobierno ante esa decisión. Porque tenemos un Gobierno que tiene
rapidez para intervenir y hace intervenir a otra Armada en otros mares y nos gustaría saber por qué no se decidió la intervención inmediata de la Armada española para obligar al capitán a cumplir esa orden, si es que es orden se dio o qué fue lo que
ocurrió.



Ustedes han demostrado tener cierto interés y cierta facilidad para que nuestra Armada realice operaciones, algunas de ellas concluidas con cierto ridículo, y cuando había que intervenir en defensa de nuestros intereses (porque ahí sí que
estaban en juego nuestros intereses, no los de Estados Unidos ni los de ningún otro país) nuestro Armada brilló por su ausencia. En aquel momento España tenía jurisdicción sobre el Prestige. Si el petrolero no se hubiera ido a 200 millas tenía
toda la responsabilidad sobre el Prestige y así tenía que haber actuado.
Explíquenos usted por qué no se hizo. Nos gustaría saber en qué medida el Gobierno aplicó en este caso la Carta de Derechos del Mar de Naciones Unidas, así como el Convenio
internacional sobre intervención en accidentes con derrame de hicrocarburos. Quisiéramos saber en qué medida el Gobierno ha actuado en función de estos convenios para evitar el desastre que ha tenido dimensiones espectaculares.



Tras escuchar esta mañana al presidente del Gobierno, tenemos la impresión de que en la Unión Europea se han dado ustedes muchas palmadas de espalda, pero han conseguido pocos fondos adicionales. Se les ha dado bastante solidaridad, pero
pocos euros reales y se los han concedido, además, de una forma que a nosotros nos preocupa. Creemos que ustedes no han conseguido


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en Copenhague la ayuda que nos hacía falta y que a todos nos hubiese gustado. Tenga la seguridad de que no les hubiésemos llamado pedigüeños ni nada parecido si ustedes se hubiesen presentado aquí con el monto total de la ayuda que deberían
haber conseguido. Nos habría gustado la concesión de un fondo adicional de 1.000 millones de euros, cuando en realidad no ha sido así, sino que todo ha quedado pendiente de próximas reuniones, todo queda pendiente del futuro. Dinero real de
Europa, poco o muy poco.



El presidente del Gobierno dijo en Galicia que España recibiría 5 millones de euros del Fondo Europeo de Solidaridad frente a catástrofes. Nosotros no sabemos de dónde ha sacado el presidente esta cifra. Nos gustaría que usted lo
corroborase o que dijese simplemente que no sabe nada. Porque en las conclusiones de Copenhague no hemos encontrado por ninguna parte este cifra y nos gustaría saber si es que hemos buscado mal. Esta mañana el presidente del Gobierno ha dicho que
no estamos ante una catástrofe natural. Por tanto, nos gustaría saber si es que ustedes hacen declaraciones diferentes o hay algo de fondo, aunque estamos hablando de una cantidad bastante ridícula. Es una simple aclaración la que solicito, porque
nos siguen preocupando sus diferentes declaraciones para intentar salir del paso. Eso no sólo es bastante negativo para su propia imagen -que de ella se cuidarán ustedes-, sino que viene a desprestigiar la acción del gobernante, la acción política
y al final nos encontramos con una sociedad civil cada vez con menos fe en el Gobierno y ello preocupa a todos, pero especialmente a todos los que hemos trabajado tanto por la salud de la democracia. Y con este incidente ustedes están llenando de
fuel los cimientos de la democracia.



Ustedes han conseguido -y a ello se ha referido otro portavoz- flexibilidad para reorientar inversiones. Eso nos preocupa. Usted debería aclarar aquí que ningún pescador que ha sido afectado por el acuerdo con Marruecos va a verse dañado
por el dinero que se entregue en estos momentos. Usted debería decirlo aquí, porque no podemos enfrentar a trabajadores con trabajadores, a afectados por su política -como fue la no firma del acuerdo con Marruecos- con los afectados por esta
catástrofe. Por tanto, debería quedar muy claro que en ningún caso ninguna inversión necesaria en regiones Objetivo 1, que lo necesitan, como Andalucía, van a perder ni un solo euro. Lo que hay que hacer es aumentar las ayudas. Si usted no aclara
esta cuestión, su silencio será seguramente la confirmación de que efectivamente se va a quitar dinero de un sitio para ponerlo en otro. Eso sería muy grave porque estaríamos enfrentando a sectores sociales, a comunidades, que no tienen ninguna
responsabilidad de que ha sido una mala gestión de su Gobierno.



Voy a formular alguna pregunta. Me gustaría saber si ustedes de esta experiencia van a sacar, de una vez por todas, la conclusión de que hay que suprimir las banderas de conveniencia. Aquí radica uno de los fondos del problema. Podremos
seguir poniendo parches, pero la existencia de estas banderas de conveniencia es uno de los problemas, no solamente en este caso sino en otros muchos, y sería un buen momento para plantear con valentía que su Gobierno asumiese ante Naciones Unidas
esta petición y que se acabase con un sistema que si no es de piratería moderna se parece bastante en muchas ocasiones, y que finalmente se exijan responsabilidades financieras ilimitadas a la aseguradora y propietaria de la carga. Si usted está
dispuesta a asumir esto con valentía.



También quiero que el Gobierno nos informe de las leyes que han sido aprobadas en Suecia y en Estados Unidos y que no sólo prohíben la entrada de buques en su puerto, sino que incluso, como en el caso de Estados Unido, exige a las compañías
un depósito multimillonario de fianza.
Creemos que habría que plantear esta situación con valentía, porque si no al final el negocio es el negocio y dentro de unos días, unas semanas o unos meses, cuando se haya acabado la alarma social que hay, de
nuevo volverá a ocurrir lo que ha ocurrido esta vez: que seguirán campando a sus anchas en busca del negocio y dentro de uno, dos, tres o cuatro años volveremos a tener una desgracia quizá mayor.



Señora ministra, ya ha dicho otro portavoz que ustedes no pueden venir aquí a decir que han hecho bien los deberes, porque no los han hecho.
Tienen que empezar ustedes con una autocrítica, y me gustaría que usted, en nombre de su Gobierno,
la asumiese. Si usted desde el primer momento alarmó de la catástrofe a la comunidad internacional, nos gustaría que alguien nos explicara por qué el Gobierno hacia el interior decía que eso no era así sino todo lo contrario, ya que entonces sí que
sería más grave. Si el Gobierno conocía desde el primer momento la magnitud de la catástrofe y no informó estaríamos ante una ocultación que sería mucho más grave. Repito, señora ministra, que si usted era consciente de esa gravedad nos explique
por qué el resto del Gobierno no lo era, porque si lo era ha ocultado a la sociedad española durante semanas la gravedad de una catástrofe y ahora sería mucho mayor su responsabilidad.



Dicho esto, señora ministra, yo no sé si algo la he podido aportar, pero sí me gustaría que hoy usted al menos cerrase la intranquilidad que hay en parte del Estado, que está mirando a ver si al final el Gobierno va a vestir un santo
desnudando a otro. Eso no solamente no sería una solución, sino que acabaría en una crisis.



El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra, también como autor de petición de comparecencia, el representante del Grupo Parlamentario Socialista, señor Segura.



El señor SEGURA CLAVELL: Señora ministra, el Grupo Parlamentario Socialista solicitó su comparecencia


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para que explicara, y le leo textualmente, las iniciativas y actuaciones de responsabilidad en su departamento, respecto a la catástrofe del buque-tanque Prestige, en lo que se refiere al cumplimiento de los acuerdos internacionales sobre el
tráfico marítimo de mercancías peligrosas referido a las costas de España y concretamente a Galicia.
Solicitamos su comparecencia para que usted, en el ámbito de sus responsabilidades institucionales, diese a esta Comisión y, consiguientemente a
las Cortes Generales, la explicación de la actividad llevada a cabo por su departamento en un tema que ya lleva un mes de preocupación europea y singular en nuestro Estado español. Nos parece positiva su comparecencia, habida cuenta que la hemos
solicitado, y quisiéramos hacerle algunas consideraciones.



Señora ministra, el accidente más reciente en el túnel del tiempo equivalente al que acabamos de sufrir, el del buque Erika, en las costas bretañas, tuvo unas circunstancias desde la perspectiva y desde el punto de vista de la
responsabilidad notablemente diferenciadas de las que caracterizan a este hundimiento. Concretamente, el fondo de compensación por derrames de hidrocarburos, que tiene una responsabilidad limitada y que no traspasa a unos terceros, pudo ser
utilizado por el Gobierno francés, habida cuenta que el fletador del Erika, que era un buque de bandera de conveniencia, de pabellón subestandard, matriculado en La Valetta, era precisamente la importante empresa TotalFina, petrolera con importantes
intereses en el Estado francés, con un importante número de estaciones de servicio -de gasolineras, como decimos los canarios- en suelo francés y se vio sometida a una presión ciudadana de colosal importancia. El Gobierno francés se encontró con
unas circunstancias muy distintas de las que caracterizan el caso desgraciado del Prestige.



Como conviene recordar de qué estamos hablando, diremos que el Prestige se trataba de un buque viejo de 26 años, construido en Japón, en los astilleros de Hitachi, en 1976; es un barco del tipo Aframax, de los que se construyeron mucho en
la década de los setenta del siglo pasado. Hoy en día quedan todavía cuarenta de ellos navegando en el mundo. Algunos están siendo desguazados, como el Abdoun Discovery, que se construyó en 1977, el Camaro Pride, que se construyó en 1974, el Abant
que se construyó también en 1974, el Stanvenger Pride de 1979, etcétera. De tal manera que hoy en día queda un número importante de petroleros de estas características que previsiblemente pueden ser de nuevo clientes de nuestros puertos, pueden
arribar a puertos comunitarios, mientras no se pongan en marcha las normas que se nos han anunciado en Copenhague, y pueden dar origen a circunstancias de esa índole. Ese buque, señora ministra, sirvió de almacén flotante en San Petersburgo desde
junio de este año y durante estos últimos meses recibió inspecciones de mantenimiento rusas, pero ninguna de seguridad tipo Port state control no había sido inspeccionado al amparo de lo preceptuado en el memorándum de París; era un barco con una
tripulación variopinta, de dudosa cualificación, que cuando tuvo daños en los tanques 2 y 4 en forma de lastre el capitán pidió que se salvase a la tripulación.



En la comparecencia del ministro de Fomento ya hemos puesto de manifiesto determinados criterios que sostiene el Grupo Parlamentario Socialista, pero para poder argumentar la petición de información y las recomendaciones que este grupo
parlamentario le quiere hacer llegar conviene que le demos también algunos datos.



Señora ministra, este barco, como hemos podido ver en la prensa nacional o quien ha sentido curiosidad por entrar en la correspondiente página web, ha sido fletado por no se sabe bien quién, de tal manera que se dice que el Prestige es
propiedad -insisto página web, pero conviene que queden algunos datos en el 'Diario de Sesiones'-, de una sociedad con sede en Liberia, la Mare International, y para limitar sus responsabilidades esa sociedad tiene un solo barco, el Prestige, tenía
un solo barco; este barco estaba asegurado por un total de 22 millones de euros, en Liberia, y como bien sabe usted las leyes de Liberia no permiten llegar con seguridad a la identidad del accionista del barco, de la sociedad, pero según fuentes
vinculadas al transporte marítimo se habla de personajes muy relevantes en algunos países comunitarios, unos miembros de la Unión y otros futuros miembros de la Unión. El barco se encontraba registrado en la autoridad marítima de Bahamas. De todos
es conocido que este país pretende, a lo largo de los últimos años, crear un clima favorable para los negocios, para los servicios financieros de nivel internacional, y ha posibilitado una desfiscalización total de la actividad marítima, así como la
ausencia total de respuestas acerca de las operaciones de equipo.



El petróleo del Prestige pertenece a una sociedad comercial, la Crown Resources, registrada en Gibraltar en 1996 -según dice la página web a la que estoy haciendo referencia- y las oficinas de Gibraltar siguen suministrando un apoyo
logístico a esta sociedad, que se supone que controlaba la navegación del barco rumbo a Singapur. Se supone, aunque todos sabemos la terminología marinera en el sector del spot comercial, del crudo y de los combustibles derivados de él, que la
terminología de: a órdenes, se le da al capitán cuando el fletador adquiere una carga y le dice: zarpe usted en determinado rumbo y espere órdenes que mientras tanto -me voy a explicar coloquialmente-, voy a intentar buscar quién me compre la
mercancía en mejores condiciones. Estamos hablando de un mundo muy complejo, ante el que curiosamente la ciudadanía española -aparentemente un porcentaje muy elevado de ciudadanos españoles- se enfrenta ante una realidad desconocida para el
ciudadano que normalmente no ha tenido actividad profesional o de interés vinculada con este sector.



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Señora ministra, en 1997 la sociedad titular de la carga abrió una serie de oficinas en Londres; posteriormente se trasladó a una determinada ciudad suiza; uno de los administradores de esta sociedad es un ex ministro del Gobierno de
Gibraltar; parece que cinco más son también ciudadanos británicos, parece ser que la sociedad fletó petróleo por distintos lugares, en el año 2000, por 21,5 millones de euros; también parece ser que la sociedad Crown Resources es propiedad de un
conglomerado superior, la Alfa Group Consortium, que a su vez es una filial de la Tyumen Oil, que está vinculada a poderes muy importantes en determinadas repúblicas de la antigua URSS. Así podríamos seguir con el parece ser. Señora ministra,
nosotros nos encontramos con un caso concreto, por lo que le formulo la primera batería de preguntas. A diferencia del Gobierno francés, que sabía a quién acudir para decirle que pagara, si estos datos son fidedignos, aparentemente el Gobierno
español -y consiguientemente los ciudadanos españoles- tiene un problema de mucho calado. Porque, ¿a quién vamos a recurrir? ¿Quién ha de pagar?


Si nosotros echamos mano del Convenio internacional sobre responsabilidad civil nacida de daños debido a contaminación por hidrocarburos, nos encontramos con que en efecto hay una serie de responsabilidades gubernamentales que han de ser
ejercitadas. Si también echamos mano de otras normas de otro nivel, con las que no me quiero extender, le dan cobertura al Gobierno español para llevar a cabo las pertinentes reclamaciones en los foros internacionales. Los servicios jurídicos de
la Administración del Estado se encuentran con que tienen la inexcusable obligación (aquí estimo que tanto el Ministerio de Justicia como el Ministerio de Asuntos Exteriores tendrán que jugar papeles de coordinación con el objeto de llevar a cabo
actuaciones legales contra todas las empresas responsables del petrolero en cuestión, contra el armador, contra las sociedades titulares o intermediarias de la carga, contra los gestores en Atenas, contra el fletador, contra la agencia de
clasificación, ni más ni menos que la American Bureau Shipping, que es de las conocidas internacionalmente, de larga tradición y de importante potencia internacional) de llevar a cabo, señora ministra, acciones de muy diferente índole, por lo que le
ruego que en la contestación que realice a las preguntas que le formulamos los diferentes intervinientes las detalle con el mayor rigor posible.



Señora ministra, este tema está impactando notablemente en los ciudadanos españoles, pero además en este último mes, después del 13 de noviembre, se da el SOS por parte del capitán, después de haber recibido 3 horas antes una comunicación de
la autoridad marítima española diciendo que más de 200 grandes troncos de madera estaban flotando en aquella área del atlántico, por lo que nos encontramos con que en los últimos días se han producido acontecimientos espectaculares en nuestros
puertos. Cuando se están haciendo unas operaciones de soldadura en el puerto de Las Palmas de Gran Canaria hace muy pocos días en el Front Lord, que es un petrolero de bandera de Singapur, se produce una importante explosión y mueren dos
trabajadores. Repito que el barco estaba reparando una grieta. ¿Por qué plantea esto este diputado? ¿Tiene esto algo que ver con el Prestige? Sí, porque, después del 13 de noviembre, siguen ocurriendo fenómenos muy preocupantes en nuestras
aguas. Nosotros no somos de los que ingenuamente creemos que la actuación de la fragata Andalucía pueda ser una medida sólida en el tiempo. Señora ministra, debería preocuparse por lo que aparentemente puede ser un deterioro de las normas de
convivencia internacional que el Estado español está obligado a mantener, no solamente porque lo diga el convenio de Montego Bay, sino porque el paso inocente por las aguas jurisdiccionales de un país está consagrado también en el túnel del tiempo
en normas muy diversas.



Primera reflexión. Conjunto de actuaciones que han de llevar a cabo desde la perspectiva de los recursos en distintos foros para exigir responsabilidades, desde la sociedad de clasificación hasta los titulares de la carga. Le pido que me
conteste a esta segunda reflexión. Ahora le planteo si el Gobierno español está violentando alguna norma, cogiendo, por ejemplo, una fragata y pidiéndole a un petrolero, el Moskovsky Festival, que el 30 de octubre pasado, a través del puerto de
Santa Cruz de Tenerife -puerto español-, pasa la inspección de port State control, le da la certificación válida, figura en el listado del Lloyds list como compañía aseguradora que, en consecuencia, recibe todos los plácemes de cumplimiento de
calidad en el mantenimiento y tecnología incorporada a bordo por la administración marítima del Estado, y un mes y medio después una fragata le desaloja de esa ruta. ¿Que a nosotros nos parece bien en un momento en el que hay una profunda
sensibilidad ciudadana? No le digo que no, pero dénos una explicación al respecto. Señora ministra, le haría muchas otras reflexiones, pero voy a referirme a aspectos concretos.



Este diputado y su grupo parlamentario estamos profundamente convencidos, aunque para ello se requiere tiempo en el diálogo y tiempo para dar explicaciones razonables al respecto, que el Gobierno español no hizo uso de los preceptos que le
proporciona el convenio de intervención y posibilitó ese hundimiento -insisto- haciendo una dejación espectacular del principio de soberanía y de autoridad. Le ruego, señora ministra, que no me interprete incorrectamente porque este diputado quiere
expresarse con el mayor rigor posible. No culpo, obviamente, del accidente al Gobierno español, pero si se recibe una llamada de auxilio, se comunica al Gobierno español que el barco está sin gobierno, a 28 millas de Galicia, con una grieta de 25
metros, que pierde carga y que hay un mal tiempo evidente. ¿Qué debe hacer un Estado ribereño como el nuestro, señora


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ministra? Debe hacer uso de la doble posibilidad que le dan dos convenios.
El Convenio internacional de búsqueda y salvamento, el SAR 79, le obliga a salvar a la tripulación en peligro. Correcta decisión. Dos horas después, 25
tripulantes estaban en tierra, fueron rescatados por dos helicópteros. Pero ¡ojo!, señora ministra, el Convenio de intervención en alta mar en caso de accidentes que causen o puedan causar una contaminación por hidrocarburos, ratificado por España
el 26 de febrero de 1976, en su artículo 1.º dice claramente lo que se debe hacer y en el 3 d) puntualiza: En caso de urgencia que requiera medidas inmediatas, el Estado ribereño podrá tomar las medidas que se hayan hecho necesarias para la
urgencia sin notificación o consultas previas. Con esos dos instrumentos internacionales (de los que España ha echado mano en otras ocasiones que lo ha hecho bien), lo que tenía que haber hecho España era mandar a bordo, de inmediato, un equipo de
expertos de la administración marítima española, y no se hizo. Señora ministra, permítame una frase coloquial. Cuando a un infartado se le produce un infarto, las primeras 24 horas son esenciales y la administración marítima española, a ese
infartado, las primeras 24 horas lo dejó al garete, no se hizo cargo del barco, y ahí está el error colosal que ha conducido a lo que ha conducido.



Se podrá decir que es fácil dictaminar a posteriori. No es esa mi intención. Pero como esto ha de ser motivo de profundización, esperemos, si hay auténtica dignidad en las Cortes españolas, en el seno de una comisión de investigación, como
ha hecho el Parlamento gallego y como muy probablemente hará el Parlamento Europeo, obviamente las Cortes Generales españolas no dejarán de ejercer la digna representación que nos corresponde. Habrá, espero, comisión de investigación, que dependerá
de la mayoría que apoya al Gobierno y que espero recapacite durante unas horas. Esto va a ser objeto de análisis.



Señora ministra, usted es la responsable...



El señor PRESIDENTE: Señor Segura, ya sabe que siempre le concedo un turno de palabra amplio, pero yo creo que ha superado bastante el límite. Por favor, vaya acabando.



El señor SEGURA CLAVELL: Señor presidente, obviamente, yo acepto sus indicaciones.



Señora ministra, temas comunitarios, bienvenidas sean las medidas que se adopten, pero usted es una parlamentaria, digamos, de largo recorrido -se lo digo con respeto-, muy conocedora de la política comunitaria y de las enormes dificultades
que tiene la tramitación de cualquier norma, y este diputado tampoco vive en la luna, vivo con realismo. He leído con mucho interés los acuerdos del Consejo de Ministros de Transporte y también la decisión adoptada en Copenhague. Ojalá, en plazos
relativamente cortos, obtengamos buenos resultados, porque que se ofrezca como un éxito la creación de la agencia de seguridad marítima... Yo lo apoyo, y mi grupo parlamentario, pero yo no diría cautela sino con cierto desasosiego porque eso está
aprobado desde el año 1994 y desde entonces va avanzando con una lentitud colosal y el Gobierno español dejó pasar el semestre de su presidencia sin dar ni un paso, solamente se dieron algunos pasitos en las políticas de cabotaje marítimo de corta
distancia, pero con escasa rentabilidad.



Señora ministra, que se considere importante que figure la lista negra...
El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista y secretario general, señor Rodríguez Zapatero, habló esta mañana en el Pleno de lo que hablan los expertos, más que de
una lista negra, de una lista blanca, como en lugar de hablar de puntos negros en carretera, los académicos que estudian estos temas ya están valorando los puntos blancos en las carreteras. No es un tema baladí. Y no hay ninguna política clara y
rotunda para arrinconar -fíjese en la terminología, también coloquial- a las sociedades de clasificación, de las que podemos hablar mucho porque los dictámenes que hagan las sociedades de clasificación son aquellos en los que luego se apoyan las
compañías aseguradoras. No nos olvidemos, señora Palacio, que van a entrar dos países que son potentes como subestándar, y dijo esta mañana el señor Rodríguez Zapatero, y dijo bien, que no hay barcos subestándar, suele haber tripulaciones
subestándar.
Señora ministra -y termino, señor presidente, si es tan amable, que lo es- (Risas.), las banderas subestándar de Malta y de Cripre, ¡madre mía, qué banderas subestándar!, y esos dos países van a ser socios de la Unión. Tercer paquete
de preguntas, señora ministra. Indíquenos qué va a hacer el Gobierno español en las instituciones comunitarias para decirles a nuestros dos nuevos socios, y bienvenidos sean: Olvídense del pasado y miren hacia el futuro. Y el pasado de bandera
subestándar no nos puede, en modo alguno, hacer sentir satisfechos. Hay muchas cosas más, la caja negra, los transponedores, etcétera. ¿Cuánto va a costar?


Señora ministra, en cuanto a los lugares de refugio antes de 2003 el señor Rodríguez Zapatero les dijo: Para un tema de tanta importancia aquí está el Partido Socialista, para dialogar sobre un tema importante porque el nuestro es un país
de 8.000 kilómetros de costa, por donde pasan más de 300.000 embarcaciones al año. Y aquellos barcos que no van a poder operar dentro de muy poco, a partir de 2005, en puertos de los Estados Unidos, sus fletadores y los armadores correspondientes
los traerán a nuestras rutas, pasarán por nuestras aguas jurisdiccionales. Señora ministra, nosotros planteamos que, como hicieron los Estados Unidos a raíz del Exxon Valdez, no es necesario esperar a un acuerdo que modifique el de Montego Bay, que
costó 15 años alcanzarlo, no, démosle retoques, adoptemos decisiones consensuadas con los países de la Unión Europea


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para que los dispositivos de tráfico se alejen razonablemente de nuestros puertos.



Señor presidente, un minuto, prometo solemnemente que será un minuto.
(Risas.) No puedo dejar de decirla, señora ministra, que yo creo, y se lo digo con absoluta franqueza, que ha habido un fracaso estrepitoso en lo que se refiere a los
fondos. Respecto a que los fondos de cohesión y los fondos estructurales se puedan reconducir y reorientar a esta función imprevista, el reglamento comunitario por el que se crea el Fondo de solidaridad de la Unión Europea dice muy claramente, no
solamente en el considerando 1 ó en el 7, sino en el artículo 2.2, párrafo tercero: No obstante, bajo circunstancias excepcionales también podría acogerse a los beneficios de asistencia del fondo, incluso cuando no se cumplan los criterios
cuantitativos del primer párrafo, una región que se haya visto afectada por una catástrofe extraordinaria, principalmente de origen natural. Da la posibilidad, no dice taxativamente que sólo pueden acogerse los que han sufrido un terremoto o un
temporal. Señora ministra, yo creo que hay que negociar con mayor calidad, cosa que no ha hecho el Gobierno español. Este Fondo de solidaridad nos da unas posibilidades con las que ustedes tienen que profundizar al máximo. Hasta ahora, lo
conseguido nuevo, cinco millones de euros; indemnizaciones, ojalá tengamos suerte.



El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.



El señor MARDONES SEVILLA: Gracias, señora ministra de Asuntos Exteriores, doña Ana Palacios, por su comparecencia y por la información que nos ha suministrado. Vuelvo a testimoniar por tercera o cuarta vez en la Cámara en las
comparecencias que hemos tenido desde la del vicepresidente primero del Gobierno hasta las de los restantes ministros que en las respectivas comisiones nos han informado, que nuestro grupo mantiene el principio de solidaridad con el pueblo, con los
pescadores y con todos los afectados por la catástrofe del Prestige en Galicia, testimonio al que se sumó también la semana pasada, como otros presidentes de comunidades autónomas, el presidente de la Comunidad Autónoma de Canarias en la reunión
presidida por el señor Rajoy, con asistencia de otros ministros del Gobierno de la nación, para pedir un principio de colaboración y solidaridad entre las distintas comunidades autónomas.
Pero desde Coalición Canaria también queremos aprender la
lección de lo ocurrido. Los hechos no tienen, como en la televisión, una moviola para volver las imágenes al principio y hacer correcciones y rectificaciones.
Sirva, pues, de lección para el futuro. En esa línea se quiere insertar hoy, señora
ministra, mi intervención. (La señora vicepresidenta, García Arias, ocupa la presidencia.)


Canarias es una de las comunidades autónomas y de las zonas territoriales consideradas de máximo riesgo en posibilidad de accidentes o catástrofes marítimas generadas por petroleros o buques que trasladan sustancias tóxicas peligrosas,
radiactivas, etcétera. No se le oculta a la señora ministra que, como zona estratégica, las aguas de Canarias, bien las comprendidas entre las costas canarias y la costa marroquí o bien las aguas interiores canarias, son un lugar de tránsito de los
petroleros de alta capacidad que vienen procedentes del Golfo Pérsico para las refinerías españolas pero también las europeas. Por ahí se producen más de las dos terceras partes del tráfico mundial de petroleros, que normalmente lo que llevan son
crudos, ligeros o pesados, para las refinerías europeas, incluidas las españolas. Por tanto, esa zona de riesgo vive a veces la incertidumbre y necesita ser protegida con todas las medidas correspondientes para adoptar decisiones que eviten
situaciones de este tenor en el futuro. Ese es uno de los componentes de su comparecencia de hoy aquí. Me congratulo, señora ministra, de que el Ministerio de Asuntos Exteriores disponga de un grupo de expertos para hacer todos los estudios que
permitan tener un acervo legislativo a los efectos de evitar las contaminaciones. Desde el primer día mi grupo ha abogado por el reforzamiento de una agencia europea de seguridad marítimo-costera, como se hizo en su día con la crisis de las vacas
locas, que generó la existencia de una agencia de seguridad alimentaria.
Nosotros creemos que España debe poner en funcionamiento una agencia de ámbito de competencial español de seguridad marítimo-costera para que un desastre de este tipo no se
produzca, y, si se produce, que existan las reacciones competentes en la materia. Espero que este grupo de expertos lo haga.



En este momento quiero acogerme a lo que ya ha manifestado la señora ministra en un oportunísimo artículo que hoy publica El País con el título One Europe, del que quiero resaltar algo, porque este diputado la va apoyar incondicionalmente
para que se sienta alentada en algo que usted dice en este artículo y que es fundamental, derivado del Consejo de Copenhague y de su criterio, que es lo siguiente: Europa tiene que abanderar el cambio de derecho marítimo internacional. La
preocupación -y la que usted bien sabe reflejar aquí- es la lucha contra los nuevos piratas del mar, pues se ha acabado el principio de libertad de los mares como si fueran un espacio para utilizar patente de corso de una serie de mafias y de
organizaciones de todo tipo que están actuando en este terreno. Se ha acabado este tráfico de libertad de los mares, que más bien parece recordar la patente de corso que daban los reyes para que los buques, bucaneros y piratas asaltaran a los
transportes normales entre América y Europa; una responsabilidad que hay que exigir, tanto civil como penal, porque Europa no puede tolerar la burla y la mofa de empresas, por llamarlas de alguna manera,


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como la del Prestige, que, radicada en Liberia, tiene su oficina en Atenas (Grecia) y opera con abanderamiento de países de conveniencia de las Bahamas o de donde sea. Europa debe abrir un frente, como señala usted muy bien, de exigencia de
responsabilidad civil y penal en un nuevo derecho marítimo internacional, porque el que tenemos en este momento no nos sirve. Si queremos evitar tragedias como la producida en este momento por el Prestige y otros casos que ha habido en los últimos
años, hay que regular este mundo con exigencias al armador, a la aseguradora y al propietario de la carga. Por tanto, suscribo íntegramente las ideas, señora ministra, que ha expuesto hoy en su oportunísimo artículo de prensa, y a partir de ahí,
plantear definiciones, porque en este caso una aplicación jurisdiccional de aguas territoriales de 12 ó 200 millas de la zona económica exclusiva es fácil cuando el país vecino está dentro de la Unión Europea, como puede ser el caso de aplicarse a
aguas del Cantábrico, donde no abría problemas, ni con Francia, ni con Portugal. El problema en Canarias, como sabe, sí toma una envergadura y un carácter muy difíciles porque nuestro vecino para entendernos en un acuerdo internacional de aguas
jurisdiccionales es Marruecos, que no es miembro de la Unión Europea. Nos encontramos en este caso con una dificultad, y es que no se puede decir que se va a reservar una zona de intervención de seguridad marítima en 12 ó 200 millas , porque 200
millas sobrepasan la distancia de 100 kilómetros que hay entre las costas canarias y la marroquí, más o menos entre Lanzarote y la costa de El Aaiún, de 100 ó 120 kilómetros. Esto me permite pedirle que en la agenda de trabajo de los recientes
contactos, afortunadamente reanudados, con el ministro marroquí de Asuntos Exteriores, señor Benaissa, se lleve junto a otros problemas la resolución diplomática en derecho internacional de dónde situamos la línea de equidistancia entre las aguas
canarias y marroquíes, porque por ahí pasa todo el tráfico junto a petroleros cuyos capitanes deciden no arrimarse a la costa africana, sino atravesar aguas de soberanía española dentro del archipiélago canario, y cruzan entre las islas de
Lanzarote, Fuerteventura y Gran Canaria o entre Gran Canaria y Tenerife petroleros que no van a estas islas, aparte del riesgo que significa el uso de la refinería de petróleos del grupo CEPSA que Canarias tiene en Tenerife. En este sentido se han
dirigido unas actuaciones que creo que eran muy necesarias y oportunas, con el acuerdo del Consejo de Ministros del viernes pasado, de permitir el tráfico entre las islas de petroleros de menos de 5.000 toneladas de registro bruto porque no llevan
transportes peligrosos en la medida en que no es fuel pesado, ni petróleo pesado, ni crudos pesados, ni asfalto, sino productos refinados para la automoción, que salen de la refinería de Tenerife con destino a las seis islas restantes del
Archipiélago para el suministro habitual de queroseno de aviación, gasolina de automoción o diesel para automociones o para las centrales de producción de energía eléctrica. Es necesario un replanteamiento del derecho marítimo internacional y que
esto lo entiendan los países europeos. No me preocupa tanto la cuestión de pedir indemnización por daños y perjuicios, pues a quien hay que pedírsela es a algo que se está olvidando muchas veces por estos piratas de los mares con petroleros
monocascos que van infringiendo todas las normas de seguridad, que son las compañías aseguradoras, que no están ni en Liberia ni en países fuera de la órbita comunitaria, sino en Londres o en Amsterdam, por lo que a estos dos socios europeos se les
tiene que hacer saber la responsabilidad que tienen para no sumar sus compañías de seguros a un silencio total y sepulcral cuando un país como España reclama daños y perjuicios por estas cuestiones a quienes tienen sus sedes fiscales y operacionales
en suelo de la Unión Europea, que es a la que tienen que someterse. Por eso apoyamos la línea de la señora ministra de que Europa, al abanderar este replanteamiento del derecho marítimo internacional, exija un papel de compromiso a las aseguradoras
para que no se presten al oscuro e impermeable comercio mundial de petróleo que está amparado con pólizas de seguros con las que todos quedan contentos, excepto el país que sufre los daños de esta contaminación. En esa línea, señora ministra,
estará mi grupo con todo su apoyo.



Por lo demás, respecto a la información que usted nos ha dado, apoyaremos todas las medidas que puedan venir por vía de los fondos estructurales o de los fondos de cohesión o de cualquier otra medida de la Unión Europea, pero estos serían
fondos para lo que ha ocurrido. Lo que nos preocupa es lo que pudiera y no debe ocurrir, que es lo que usted ha reflejado perfectamente en su artículo de prensa, que, como le he dicho, suscribo y mi grupo apoya y secunda porque con esa nueva
policía y esa ordenación tendremos la seguridad de que no nos pase lo que puede pasar, sobre todo con la sensibilidad que se ha producido a este respecto y con la que hay en Canarias como lugar de paso o puerto de atraque de petroleros que necesitan
estar sometidos a una nueva policía acorde con los tiempos y que no ampare estas cuestiones, para que pueda intervenir el derecho y en apoyo del mismo nuestra Armada para hacer cumplir las exigencias en ese sentido. Ahí nos tendrá, señora ministra,
en la primera línea de cooperación para racionalizar con el mejor sentido común y apoyo un problema que tiene que resolverse en el marco en el que hemos coincidido.



La señora VICEPRESIDENTA (García Arias): Muchas gracias por su brevedad, señor Mardones.



Tiene ahora la palabra el señor Guardans por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).



El señor GUARDANS I CAMBÓ: Gracias, señora ministra, por su presencia aquí hoy para informarnos


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sobre el tema que nos ocupa. Le agradezco mucho sus explicaciones en concreto porque confirman efectivamente que su departamento y las actuaciones del mismo suben la media de la actuación gubernamental. Tiene usted mucha suerte -o la
tenemos todos- de que en el departamento de Exteriores no tengan una responsabilidad directa en protección civil ni en el ámbito militar, ni en la política de medio ambiente, ni en la marina mercante, ni en la gestión informativa de este Gobierno,
temas todos ellos que tienen un balance muy distinto del que trae usted hoy aquí y que en todo caso así es percibido por la opinión pública. En lo que corresponde al área de su responsabilidad, tanto en el ámbito multilateral como en el ámbito de
la Unión Europea, con los matices que percibimos todos y que yo voy a intentar subrayar, como ya han hecho otros portavoces, no deja de ser el área donde ciertamente el Gobierno puede mostrar una relativa satisfacción o por lo menos puede poner
sobre la mesa una serie de actuaciones que no se pueden calificar en absoluto de negligentes y se pueden calificar de positivas, aunque ciertamente de una efectividad o una eficacia que está por ver porque tienen mucho más que ver las medidas que
usted ha planteado con el futuro que con la gestión concreta e inmediata de la crisis que está sobre la mesa; tienen mucho más que ver con el futuro de las personas y de la zona en lo que se refiere a las indemnizaciones que pueden percibir y, por
tanto, a su eventual recuperación, y tienen mucho más que ver con el futuro en lo que se refiere a la prevención. Su departamento tiene muy poco que hacer -más allá de lo que fuera en los primeros momentos la cooperación con otros Estados y en lo
que en el fondo la función de su departamento era más que nada de vehículo de transmisión- en la solución o la atención inmediata de la crisis, que es donde ciertamente el Gobierno -y así lo percibe la opinión pública, eso es indiscutible- ha dejado
bastante que desear.



Querría distinguir por una lado lo que es Unión Europea y por otro lado el resto. En lo que se refiere a la Unión Europea, el portavoz del Bloque Nacionalista Galego, del Grupo Parlamentario Mixto, le ha presentado algunos interrogantes que
afectan a otro sector pero que básicamente se pueden enmarcar en la Unión Europea sobre qué es lo que plantearon otros Estados y qué es lo que se aceptó y lo que no se aceptó en un primer momento, bilateralmente si quiere. Efectivamente, hay
informaciones periodísticas -y no me refiero a informaciones españolas sino de prensa extranjera- que recogen determinadas ofertas que parece que no fueron aceptadas en un primer momento, y sería bueno saberlo. Quizá sería también bueno, en el
ámbito de prevención y de mirar hacia el futuro que se plantea usted también en otros ámbitos, saber si se pueden estudiar -no sé si tiene algún sentido- vías europeas de mejor coordinación de los recursos de unos y otros en este tipo de crisis para
que no sean las vecinas y vecinos quienes tengan que sacar sus cubos palas por si sirven.
Lo que planteo es que ante macrocrisis europeas tengamos no digo un listado cerrado de qué es lo que puede aportar cada uno, pero sí una coordinación un poco
mayor que la que parece que ha habido aquí.



Entrando propiamente en lo que es comunitario, más que estrictamente los miembros de la Unión Europea, ciertamente el Consejo de Ministros de Transporte del viernes pasado en Bruselas tiene una enorme importancia, pero la importancia real la
veremos con el tiempo. Usted es mucho más avezada que este portavoz en la vida comunitaria, y por tanto no tendría yo la audacia de explicarle a usted cómo son las cosas por dentro, porque lo sabe usted muy bien y lo ha vivido. Las decisiones de
un Consejo de Ministros de la Unión Europea tomadas ante 250 periodistas son todas por unanimidad y entusiastas y además con aplausos. Este portavoz tuvo la suerte, porque casualmente estaba por allí, de ver el borrador inmediatamente anterior a la
resolución final que se entregó, y ese borrador inmediatamente anterior al que se entregó a la prensa y al que aparece publicado después formalmente tiene una serie de notas a pie de página en las que hay reservas parlamentarias de los distintos
Estados, con nombres y apellidos. Eso nos lleva a un debate mucho más profundo que es la falta de transparencia en las decisiones. Sería muy bueno que se supiera qué países pusieron reserva parlamentaria -sí, pero ya veremos- en la mesa del
Consejo de Ministros y qué textos alternativos propusieron otros, porque incluso estaba entre corchetes que determinados países que tienen puertos con refinerías tremendamente importantes en el Atlántico, hasta el último momento en que se vieron
arrinconados, proponían fórmulas muy distintas. Eso lo tiene que saber el ciudadano y primero los electores de los ministros que estaban ahí. Lo tienen que saber, y ese es un tema de construcción europea que nos sacaría de este debate. En todo
caso, lo que sí nos centra en este debate es el hecho de que algún Gobierno se haya opuesto hasta el último momento a la aprobación de esa resolución, lo que hace que uno tenga ciertas dudas sobre el entusiasmo con el que va a aprobar las medidas
que se le imponen, sabiendo además, como sabemos todos o por lo menos quienes sabemos cómo funciona el derecho comunitario, que buena parte de lo que se establece en esa resolución del Consejo de Ministros de Transportes no es jurídico sino
político; no es una directiva, no es un reglamento, no es una decisión, no es nada; es un compromiso político por el que los ministros se cogen de la mano y dicen: Juntos haremos esto. Eso tiene su peso políticamente, porque a quien no lo haga
se le puede recordar que dijo que lo haría. Muy bien, eso políticamente -aquí todos somos políticos- sabemos que tiene un cierto peso, pero no tiene más. No hay tribunal de justicia, no hay tribunales europeos, no hay requerimientos posibles de la
Comisión, no hay multas, no hay nada. Si la normativa de prohibición que debe establecerse en cumplimiento de esa decisión del Consejo de Ministros del Transporte no se dicta, si no se establecen en Holanda o en otros países normas equivalentes a
los


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decretos -en este caso los decretos-ley que se han establecido en España-, no va a pasar nada, y usted lo sabe perfectamente, igual que yo. Por tanto, vamos a ver qué ocurre. Vamos a seguir este tema y eso es lo que tiene que hacer España
en este momento, lógicamente.



Me ha sorprendido mucho que no se hable más de Malta, y precisamente en el marco de la adhesión, y que Malta pueda seguir mirando hacia otro lado en este tema. La macropolítica, el miedo a que Malta quede fuera, el miedo a presionar a Malta
más de la cuenta no vaya a ser que aquellos que se oponen a la ampliación en Malta acaben considerando que un intervencionismo excesivo hace daño, el cruce de este tipo de cosas acaba permitiendo que Malta -por poner un ejemplo muy concreto- pueda
acabar siendo el eslabón más débil de la cadena, y sabe usted -perdón por utilizar una frase hecha, no lo suelo hacer- que en este tema de la seguridad marítima la cadena, como siempre, se rompe por el eslabón más débil, y el eslabón más débil es
cualquier Estado soberano por pequeño que sea, pero lógicamente lo mismo vale para los Países Bajos que para el Reino Unido, etcétera. Por tanto, su departamento y su ministerio han hecho los deberes, por supuesto, y los otros en el ámbito europeo
también, pero ha hecho lo que se ha podido hacer hasta ahora. No cantemos victoria en absoluto en la Unión Europea y mucho menos, como ahora veremos, en el ámbito multilateral o propiamente de política exterior.
Queda mucho por pelear.



Respecto a los fondos y acceso a recursos, tiene usted un voto de confianza de mi grupo, lo tiene claramente el Gobierno en que ustedes van a hacer todo lo posible para que España acceda a los recursos que pueda.
Como jurista, y no sé si
como portavoz, yo discutiría sobre si esto es o no una catástrofe natural, en la medida en que son daños producidos por la tormenta y sin tormenta no se hubieran producido. Este es un debate entre juristas y se lo dejo a los de su departamento.
Queda claro que España debería tener derecho al fondo de solidaridad. Sepa que en este aspecto tiene usted el apoyo de mi grupo, pero tenemos claro que hoy en ese ámbito hay muy poco cerrado.



Respecto al Reino Unido, en un primer momento me parecieron excesivas algunas palabras que pretendían buscar una cabeza de turno directamente en Gibraltar. Sin embargo, preferiría más firmeza en el control real de lo que ocurre en
Gibraltar. No sé si ha habido control o no, puede que simplemente sea desconocimiento de este portavoz, pero por las declaraciones de sus dirigentes, Gibraltar sigue siendo no sé si un punto negro o blanco -el señor Segura nos explicará este tema
en otro momento-, aunque me da la sensación de que es un punto negro, y no de un país candidato a la adhesión, sino controlado por un país como el Reino Unido.
De hecho, sería una pena que de nuevo, por consideraciones de alta política, nos
debilitaran en este punto.



Si salimos de los países de la Unión Europea y vamos a un ámbito más amplio, los temas sobre la mesa son mucho más complejos. Ninguno de ellos depende directamente ni del Ministerio de Asuntos Exteriores ni en particular de la ministra, sin
embargo, es cierto que España puede tomarse el tema al tuntún o tomar la bandera por ser víctima directa de este tema y pasar a la historia, si me permite la solemnidad de la expresión, como el país que mordió presa y no la suelta hasta que no
funcione, como han hecho otros países en otros ámbitos, y que nos convirtamos -y tenemos suficientes kilómetros de costa como para tener legitimidad internacional para ello- en los próximos años en el país que en el mundo sea la voz internacional de
la defensa de la reforma del derecho marítimo, de la denuncia y del abuso. ¿Que por sí sola España no puede hacer nada? Perfecto, pero puede ser la mosca que no nombraré por no decir algo que no debe constar en el 'Diario de Sesiones', y puede
serlo en todos los foros. Eso sí lo puede hacer España, y a la larga eso tiene una enorme influencia. ¿En qué temas se puede hacer? En muchos, y estoy hablando de la responsabilidad civil. Yo comparto, sin la mitad de su sabiduría ni de su
erudición, la descripción que ha hecho el diputado señor Segura, portavoz del Grupo Socialista, sobre los problemas de la responsabilidad civil. No voy a extenderme en la descripción que ha hecho, pero comparto las enormes dificultades que va a
tener España y los afectados para cobrar no de fondos públicos pero sí de responsables. Es tremendamente difícil, y lo sabe usted como ministra y como jurista que es. Quiero creer que los servicios jurídicos del Reino de España harán todo lo
posible e imagino que lo que harán será pagar y subrogarse en los derechos de las víctimas y no esperar a canalizar sus supuestos derechos.
El problema va más allá de la posibilidad concreta de reclamar ese dinero, porque va a ser muy complicado
probar la causalidad y los casos de responsabilidad objetiva son mínimos. Hay que hacer pagar muy caro que esto vuelva a ocurrir, y eso es lo que todavía no he escuchado. Hablamos todos de la reforma del derecho marítimo y usted ha dejado caer
-lógicamente, tiene que utilizar un lenguaje diplomático desde el puesto que ocupa- que hay intereses económicos implicados. Hay que empezar a pasar de las musas al teatro y hay que hacer pagar muy caro para Estados, para puertos y para empresas,
porque supone mucho dinero y no podrían tener determinadas prácticas sin el apoyo de sus gobiernos que esto pueda seguir ocurriendo. Eso supone la reforma del derecho de la responsabilidad civil en este punto en profundidad, valiente, denunciando
con nombre y apellidos, porque es la única forma de que eso funcione, manipulando, en el sentido riguroso de la expresión, es decir, transparencia, que los ciudadanos del mundo sepan qué empresa, con nombre y apellidos, y qué Estado detrás de tal
empresa impiden que un convenio funcione o sea modificado. Esto no es para el mes que viene, sino que es una cuestión que hay que resolver más a medio que a largo plazo y en la que España puede hacer muchísimo introduciendo los criterios que hoy ya
están bastante generalizados en el ámbito nuclear. Usted sabe


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que los convenios internacionales en el ámbito de la energía nuclear son extraordinariamente rigurosos y prácticamente todos se apoyan en responsabilidades objetivas, en las que no hay que probar nada más que el resultado del daño. A partir
de ahí, la cadena sube, sin tener que probar la vinculación entre una y otra. Eso puede sonar muy técnico-jurídico pero, de hecho, si el problema existe es porque hay muchísimo dinero por medio y muchos Estados que impiden que esto pueda funcionar.
(El señor presidente ocupa la presidencia.)


Podríamos poner muchos ejemplos, pero le voy a poner uno, Rusia, país con el que se supone que en términos bilaterales estábamos empezando a tener una relación especial. Yo querría -y eso sí es responsabilidad de su ministerio y de quienes
le sucedan en la próxima legislatura o usted misma- saber qué se ha hecho con Rusia más allá de algunas conversaciones con el Ministerio de Exteriores. Esa relación especial que pretende tener España, más allá del mandato que se le ha dado a la
Comisión Europea en el Consejo de Ministros de Copenhague, que se ha dado un mandato para intentar implicar a Rusia en estos acuerdos; ¿la hace propia España?, ¿va a ejercer su presión bilateral en el ámbito del ministerio y del presidente del
Gobierno? ¿Nos va a servir en este caso concreto esa relación particular que se supone que se estaba estableciendo con el presidente Putin? ¿Hemos exigido algún compromiso en firme de Putin -perdóneme, tengo que ser menos correcto diplomáticamente
que usted- de que va a poner todo el empeño que tiene a su disposición, que es mucho, y todos los medios, que son muchos, porque desgraciadamente aquello no es una democracia que funcione? Un decreto de Putin cambia todo el sistema mercantil ruso.
Eso, que tiene enormes inconvenientes en el ámbito de los derechos humanos, tiene enormes ventajas en el ámbito de la seguridad.
Una decisión de una persona en este momento en Rusia puede modificar todo el régimen de responsabilidad y de control de
los puertos. No hacen faltan enésimas ratificaciones ni gran complejidad legislativa. No digo que ese sea un sistema que desee para nuestro país, pero ya que sabemos que es así, exíjase a Rusia en el ámbito bilateral una actitud más constructiva
que la solidaridad -faltaría más- y que nos pasen la mano en la espalda en este momento, cuando sabemos que empresas rusas son las que están detrás de buena parte de lo que está ocurriendo en este momento.



Ha hablado usted del estrecho de Gibraltar, una cuestión que hay que contemplar con mucho más detalle por la dificultad que tiene para determinar normativa. Es cierto -y sería bueno que así lo transmitiera alguno de sus compañeros de
gabinete y en general la Administración- que en el Estrecho la libertad de tránsito impide que algunas cosas que se han prometido luego sean eficaces. Por tanto, antes de que nadie haga el ridículo, es bueno que algunos sepan que no todo se puede
hacer en todas partes, que el Estrecho es lo que es y que no es sólo un accidente geográfico sino que la libertad de tránsito en él tiene enormes obligaciones para España y enormes limitaciones de soberanía, con colonia de Gibraltar o sin ella. Eso
es así y será bueno que lo expliquen.



Ha hecho un comentario el portavoz del Grupo Socialista que también pensaba hacer yo. Es la única crítica que yo haría en este ámbito, pero no se la hago a su departamento sino en el ámbito internacional, y es la aparente -en este momento
lo planteo como una presunción- ignorancia de las normas aplicables que demostraron algunas autoridades administrativas en los primeros momentos. Lo ha detallado con todo rigor el señor Segura, y yo hago propia esa crítica y ese interrogante en
este momento.
Lógicamente, eso no es responsabilidad del Ministerio de Exteriores, sino de gente de otros departamentos que, inexplicablemente y, si se prueba que es así, inexcusablemente, no tenían conocimiento de los derechos que podían ejercer
como Estado soberano ribereño. Por tanto, que el armador -incluso, el capitán- estuviera tomando decisiones durante equis horas, cuando España podía desde el primer momento, como Estado ribereño que iba a ser contaminado, intervenir ese barco y
tomar decisiones, es algo que demuestra un desconocimiento patético del derecho marítimo internacional por parte de autoridades españolas en Galicia, en la dirección general de Marina Mercante, en la Delegación del Gobierno o en el puerto. No lo
sé, habrá que verlo. En todo caso, hay gente a la que hay que explicar el código de circulación. Quien no lo sepa no podrá estar en la Guardia Civil de tráfico, tendrá que estar en otro sitio. Hay gente que tiene que saber las normas que ha de
aplicar. ¿Qué es lo que puede hacer su ministerio? No lo sé, a lo mejor tendría que dar cursos o preparar algún folleto, pero habrá que explicarle qué convenios ha ratificado España a la gente que tenga que aplicar el derecho del mar y tomar
decisiones políticas. Comparto que, según la información de que se dispone, olvidar la posibilidad que se tenía de intervenir ese barco, sin saber que se tenía derecho a ello, y que fuera una decisión tomada por parte de manos privada, tuvo enormes
consecuencias y es muy grave. Si se hubieran conocido los poderes que se tenían, porque parece que no se sabían - según las declaraciones del delegado del Gobierno recogidas en las hemerotecas-, se podían haber ejercido y se podía haber evitado.
Habrá que estudiar las responsabilidades que de ahí se deriven cuando hablemos de la responsabilidad civil del Estado español; y en esto me sale, como en otros temas, la vena de abogado, porque la ignorancia de las leyes no excusa de su
cumplimiento, y si el delegado del Gobierno no hizo lo que debía, sí que hay un vínculo causal que puede tener interés para las víctimas cuando empiecen su proceso civil contra el Estado español.



Finalmente, me gustaría hablar del tema de Marruecos. Me felicito por la oferta que ha hecho su majestad el rey de Marruecos y valoro muy positivamente cómo ha sido recibida por España, porque, más allá de abrir esos caladeros, creo que es
un gesto que tiene toda su


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importancia y que es importante que aquí lo recibamos como un gesto. Por tanto, valoro muy positivamente el ánimo y el tono con que esto se ha recibido. Espero que, entre otros temas, esto contribuya a la normalización de las relaciones.



Termino, señora ministra, diciéndole que no hay críticas concretas a la actuación de su departamento. Sí hay una cierta reducción de la sensación de éxito en cuanto a los fondos europeos, incluso en cuanto a la eficacia concreta de ciertas
medidas que se han adoptado. En todo caso, está claro que es lo máximo que se podía conseguir ahora mismo. Lo que sí le pido es que se clarifiquen los cincos puntos de la política exterior española para los próximos años, no para convertirnos en
potencia marítima -porque difícilmente lo seremos, aunque lo seamos en el ámbito pesquero-, pero sí para ser el país que, en el ámbito jurídico, más defienda en el mundo, en un plazo de unos años, la reforma y revisión del derecho marítimo
internacional, no sólo con retórica y discursos, sino en comités de trabajo, día a día. Esto tiene que tener instrucciones en Ginebra, en Londres - como ha dicho muy bien el representante permanente-, en Naciones Unidas, en el Consejo de Seguridad,
etcétera. Eso hay que traducirlo en normas jurídicas, en decisiones políticas, en circulares, que hagan saber a la Administración exterior española que, entre las prioridades del Gobierno, está este tema; hoy, dentro de seis meses o de dos años,
porque los convenios internacionales no se cierran con un decreto-ley.



El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Arístegui.



El señor ARÍSTEGUI Y SAN ROMÁN: Quiero agradecer a la señora ministra su detallada información y su comparecencia esta tarde ante esta Comisión.



Desde el Grupo Parlamentario Popular mostramos nuestra satisfacción porque creemos que la labor de nuestro país en el ámbito bilateral y multilateral de la Unión Europea ha sido prolija, intensa y multidimensional, teniendo en cuenta el
relato con todo lujo de detalles de las actuaciones ante el FIDAC y la OMI, y sus contactos con el secretario general de Naciones Unidas. Da la impresión que el Gobierno en esta materia, como en el resto de las cuestiones tocantes a la crisis y a
la catástrofe del Prestige, ha buscado la mayor eficacia y no el efectismo ni la teatralidad. Estamos tratando de buscar la agilización de los cobros de las ayudas a que haya lugar, y de ayudar con la máxima diligencia a las personas y colectivos
que se hallan directamente afectados por esta tragedia ecológica y medioambiental. España siempre estuvo a la vanguardia de la exigencia de adelantar las medidas de prohibición de la navegación de los barcos monocasco, y así lo hizo, no sólo ahora,
sino después de la tragedia del Mar Egeo y, muy especialmente, después del naufragio del Erika, como muestra de solidaridad con nuestros vecinos franceses. Durante algún tiempo, nos encontramos bastante solos en relación con otros países de la
Unión Europea. Hoy, gracias a Dios, gracias a los esfuerzos que se han hecho en el ámbito europeo, hemos visto cómo podemos calificar, sin ningún tipo de rubor, de éxito el que la Unión Europea haya asumido como propias las exigencias o posiciones
del Gobierno español. Podríamos decir que en el ámbito bilateral se ha tenido la agilidad y el acierto de aprovechar las cumbres bilaterales con Francia y con Italia, por ejemplo, para cerrar acuerdos y para mejorar la seguridad marítima y la
capacidad de acción de los Estados ribereños que se encuentran cercanos a las principales vías marítimas por las que circulan barcos que transportan mercancías peligrosas.



Otra cuestión importante que hay que destacar - como también ha recordado la ministra, y esta mañana el presidente del Gobierno en su comparecencia sobre el Consejo Europeo de Copenhague- fue la carta de nuestro presidente al presidente de
la Comisión, señor Prodi, y al primer ministro de Dinamarca, señor Rasmussen, presidente en ejercicio de la Unión Europea, pidiéndoles que la tragedia del Prestige tuviese un especial protagonismo en el pasado Consejo de Copenhague, como así ha
sido. La asunción por parte de nuestros socios europeos de las posturas, preocupaciones y la zozobra que invade a todos los españoles en estos momentos es, sin duda, un acierto y un éxito.



Felicito al señor Segura por su prolija y detallada exposición, aunque realmente hizo un análisis de lo que pasó mucho más profundo de lo que algunos -que no somos portavoces de la materia de la que lo es él- conocíamos. Aquí estábamos para
analizar las actuaciones del Gobierno en el ámbito internacional. Agradecemos mucho sus explicaciones en ese terreno porque, sin duda, han sido clarificadoras, pero nosotros consideramos que las gestiones que se han hecho en los diferentes ámbitos
han sido acertadas y profundas. La ministra ha entrado en detalle y hemos visto cómo se han mencionado todas las actuaciones del Gobierno y de la Administración en los diferentes ámbitos europeos para tratar de lograr las ayudas pertinentes. En
cuanto al Fondo de Cohesión, convendría recordar que el reglamento habla, como usted mismo señalaba, principalmente de tragedias o catástrofes naturales, lo cual no excluye esto en absoluto, con independencia de la discusión que sacaba a la luz con
acierto el señor Guardans, sobre si es o no es una tragedia o catástrofe natural el hecho de que un petrolero se vaya a pique o cause un vertido como consecuencia de un fuerte temporal. En todo caso, convendría recordar que, además de sus deberes e
investigaciones, el subsecretario de Fomento le ha mantenido permanentemente informado, lo que ha contribuido a su exposición detallada y rigurosa. Yo creo que eso también sería de agradecer y de destacar.



A mí me gustaría recordar una cuestión que me ha dejado un cierto mal sabor de boca respecto a la comparecencia de esta mañana. He visto como, por desgracia,


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en una circunstancia tan tremenda y horrible como es esta, se ha intentado sacar algún tipo de provecho electoral. Y me causa tristeza y estupor que, en un país como el nuestro, en una hora tan negra como esta, intentemos sacar algún tipo
de rédito electoral de una cuestión tan lamentable. Se han citado unas palabras del vicepresidente primero del Gobierno y ministro de la Presidencia respecto a su comparación de la catástrofe del Prestige con el 11 de septiembre. En realidad lo
que estaba haciendo el vicepresidente primero y ministro de la Presidencia era comparar la ausencia de solidaridad de una oposición y de otra. Lo que hacía era recordar que un una circunstancia terrible para los Estados Unidos todo el mundo estuvo
con el Gobierno en ese momento, y que nosotros echábamos de menos ese tipo de solidaridad y de apoyo en un momento en el que el Gobierno de todos estaba tratando de hacer lo mejor que podía y sabía en beneficio de todos los españoles.



Quiero decirle, de verdad, que también me gustaría ver un mayor apoyo del Partido Socialista Obrero Español en los ámbitos internacionales en los que ustedes tienen influencia: en el Grupo Socialista en el Parlamento Europeo, en la
Internacional Socialista y ante los gobiernos que le son, además, próximos ideológicamente. Eso sería una gran ayuda para el Gobierno español y para los afectados. Créanme que si lo han hecho ustedes y no lo sabemos, estoy dispuesto a felicitarles
en público, como no podía ser menos.



En cuanto a las demás cuestiones, a mí me gustaría mucho decir que el Gobierno también ha hecho autocrítica, y lo ha hecho en diferentes ámbitos: lo ha hecho el presidente del Gobierno, lo ha hecho el vicepresidente primero, lo ha hecho el
ministro de Fomento, lo han hecho todas las instancias que han intervenido para explicar a la opinión pública lo que ha ocurrido en este terreno. Quizá, lo que también se podría achacar al Gobierno es que las medidas, los aciertos, las soluciones y
resoluciones que se han adoptado en diferentes ámbitos con respecto a la catástrofe del Prestige no han sido suficientemente comunicadas a la sociedad, pero se han tomado, con rigor y con seriedad.
A mí me gustaría decirle al señor Centella, de
Izquierda Unida, una cosa que esta mañana ya se dijo en el Pleno por parte del presidente del Gobierno. Me parece increíble y grave, señoría, que ustedes se empeñen constantemente en poner en cuestión la salud y la transparencia de nuestra
democracia. Ustedes siempre critican con todo derecho y con toda legitimidad al Gobierno. Estoy completamente de acuerdo, ese es su papel, ustedes son la oposición. Pero además de criticar al Gobierno, que, también hay que recordarlo, es tan
legítimo en su acción de Gobierno como lo son ustedes en su acción de oposición, no es menos cierto, y me parece más que cuestionable, que ustedes constantemente están poniendo en cuestión la salud y la vigencia de nuestra democracia.



Para ir concluyendo me gustaría decirle, señora ministra, que el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados, como todos los militantes del Partido Popular, y creo unirme con ello a todos los que aquí hemos intervenido,
puesto que todos han dicho exactamente esto, le apoyamos de manera inequívoca para que el Gobierno adopte todas las medidas en el ámbito internacional que sean necesarias para evitar que casos como este vuelvan a darse. Ha dicho el señor Guardans,
creo que con acierto también, que tenemos que convertirnos un poco en la conciencia de la opinión pública internacional a la hora de recordar cuáles son los riesgos que, para el medido ambiente y los países ribereños de grandes vías marítimas,
supone el transporte de materiales peligrosos; pero no sólo eso, sino que tenemos que mejorar la seguridad marítima, reformar el derecho marítimo, como se ha dicho por algún portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra, pero también tenemos
que garantizar que la responsabilidad, ya sea civil o penal, o las dos, de armadores, fletadores, Estados, puertos y gobiernos que permiten que se produzcan este tipo de catástrofes quede meridianamente clara en el derecho internacional. Por tanto,
apoyo incondicional a cuantas medidas se adopten en cualquier ámbito que estime el Gobierno pertinente para dejar meridianamente claro que los países que, como el nuestro, tienen el litoral más importante de la Unión Europea, no estamos dispuestos a
tolerar que los criminales, los delincuentes o, incluso si quiere usted llamarlos así, los piratas medioambientales vuelvan a destruir los medios de vida y las reservas ecológicas, no sólo de los españoles y de los gallegos, sino de todos los
europeos, puesto que, como usted sabe, España es uno de los países europeos que mayor biodiversidad guarda en sus aguas y en su territorio.



Señora ministra, quiero animarla a que siga por esa vía y a que, cuando tenga nuevos resultados, venga a esta Comisión a comparecer ante nosotros y decirnos en qué terreno se ha avanzado para tratar de que esta tragedia sea la última que
ocurra, no sólo en estas aguas, sino en todo el mundo.



El señor PRESIDENTE: Para responder a los grupos y a los distintos portavoces, tiene la palabra la señora ministra.



La señora MINISTRA DE ASUNTOS EXTERIORES (Palacio del Valle Lersundi): Quiero empezar saliendo al paso de la afirmación que se ha hecho aquí de que yo me habría negado a una comparecencia. Yo adquirí con esta Comisión el compromiso, y
espero poder decir cuando deje este cargo que lo he cumplido, de venir aquí, dentro de los imperativos que tiene la agenda de un ministro de Asuntos Exteriores. No tengo ninguna constancia de haberme negado a venir a esta Comisión, sino que, al
revés, fui yo quien, hace más de 20 días, y por tanto cerca del comienzo de toda esta cuestión, pensé que era lógico venir aquí y explicar lo que estaba haciendo el Ministerio de Asuntos Exteriores.



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Antes de entrar en lo que yo considero la contestación a las muchas y muy entendibles preguntas, porque entiendo que se formulen preguntas y se hagan críticas, voy a despejar una cuestión que me resulta profundamente desagradable. Y lo digo
así de claro. Señores Vázquez y Centella, estas descalificaciones globales al Gobierno considero que son tan burdas que no merecen ni contestación. Preocúpense ustedes de la imagen que en el exterior están dando con esa oposición. Se tienen que
preocupar de la imagen en el exterior, de la imagen de que en España haya, como bien han dicho otros portavoces, en particular el señor Arístegui, una oposición que se dedique a decir que no nos lo tomamos en serio, que no hemos acertado en nada,
que todo se ha hecho mal. Eso no tiene pase ni contestación. Les quiero decir que sus intervenciones me recordaban antiquísimos discursos, los del sistema del máximo beneficio y ese tipo de cosas, y me parecía que daba hacia atrás en la máquina
del tiempo.



Ahora vamos a entrar en las cuestiones que entiendo, que están dentro de mi obligación y que, además, considero que cumplo, no digo que con agrado, porque nunca es agradable venir a dar cuenta de una situación como ésta, con el drama que
tiene por telón de fondo, pero pienso que forma parte de lo que es lógico esperar en un sistema de control parlamentario. En primer lugar, autocomplacencia. Si alguno ha sacado la conclusión de la autocomplacencia, se la despejo claramente. Yo he
querido exponerles lo que he hecho con una valoración objetiva a la que me referiré. Autocomplacencia, ninguna, entre otras cosas, porque no se puede tener ante estas circunstancia ninguna autocomplacencia. Hay que hacer más, mucho más y volveré
sobre ello. Las criticas, en particular las del señor Segura, aunque también las han hecho los señores Vázquez y Centella, han empezado con lo que se podría haber hecho y no se hizo. Es decir, una crítica al pasado, con algunos incisos muy
concretos por parte del señor Segura; por ejemplo, por qué durante la presidencia española España no promovió que comenzase a funcionar esta famosa agencia de seguridad marítima. Volveré sobre este argumento, pero a mí no me pueden utilizar el
argumento en pro y en contra. Este es un asunto enormemente controvertido. Es verdad, después del drama del Prestige y con una insistencia sobre la que luego volveré cuando comente la intervención del señor Guardans, que hay resistencias por parte
de distintos Estados miembros. Por centrarme, porque luego volveré sobre esa cuestión, ustedes saben que una presidencia tiene que buscar consensos. En esta materia estaban como todos sabemos que estaban y creo que han cambiado cualitativamente, y
volveré sobre ello. ¿Crítica a lo que se podría haber hecho durante la presidencia? Uno siempre puede pensar que se podría haber hecho mucho más y a posteriori es fácil pensar que deberíamos haber cambiado las prioridades, aun a riesgo de entender
que es un sector en el que no existía consenso y era muy difícil adelantar la entrada en vigor de medidas o que cuajaran algunas otras. Debíamos haberlo hecho, pero no es razonable hacer este reproche ex post facto por las circunstancias.
Ustedes
conocen cuál es la función de una presidencia y cómo se tienen que establecer sus prioridades.



Las otras críticas empiezan a partir de lo que se hace en esas primeras 24 horas que, como decía con toda razón el señor Segura, son importantes en un infartado y en cualquier situación de tensión. Por supuesto que todo el Gobierno es
solidario por principio de las acciones y decisiones que se tomen. En este caso salen ahora muchas voces diciendo que se tenía que haber hecho esto, aquello y lo de más allá. Yo sólo les voy a citar un precedente que el señor Segura ha mencionado
con profusión, y es que en el caso del Erika el Gobierno francés optó por la misma solución, intentar alejar el buque de la costa. A partir de ahí uno podrá estar de acuerdo con el acierto o desacierto, pero no será una decisión tan descabellada
cuando es exactamente la misma que se tomó en circunstancias muy parecidas, porque el caso del Erika creo que sucedió el 11 de diciembre, por tanto con la misma situación de mar y en la misma zona de mar. El Gobierno español toma una decisión
semejante a la que tomó el Gobierno francés, de la que nunca nadie ha dicho que fuera desacertada, pese a que Francia sufrió, como todos sabemos, una marea negra de proporciones importantísimas.



Otro bloque de preguntas se interesa por cuáles han sido las comunicaciones con los otros gobiernos. Ya he dicho que la actuación del Gobierno es de solidaridad por principio y las comunicaciones del departamento de Exteriores que yo dirijo
con mis homólogos, en particular con el ministro de Asuntos Exteriores de Portugal, fueron en todo momento muy distintas de esas a las que ustedes hacen referencia y de las que yo también he tenido noticias por la prensa, de algún otro miembro del
Gobierno portugués. No tengo constancia en absoluto de que ningún Estado impidiera o impusiera una determinada trayectoria.



Por fin, la cuestión de Gibraltar. Esa sí es una pregunta de fondo, de las importantes. El señor Segura, con el conocimiento que tiene de estos asuntos, ha expresado muy bien lo que es el mercado expot de este tipo de mercaderías. El
buque Prestige tenía como destino Gibraltar to orders, es decir, que durante esa trayectoria le hubieran dado otra orden. ¿Por qué sale Gibraltar? Porque cuando él lanza el mayday, mayday dice que va a Gibraltar y lo dice porque ese era su destino
mientras no tuviera otro. A partir de ahí surge la mención de Gibraltar, que no la hace el Gobierno sino que nace de ahí y de que los documentos del buque que citan Gibraltar to orders. Salta a los medios de comunicación y a partir de ahí surgen
todas las reflexiones sobre el nivel de control en el puerto de Gibraltar. Es un caso general, no tiene que ver si iba a Gibraltar o no.
Lo que nos tiene que preocupar es que en Gibraltar se controle en términos generales, pero todos somos
conscientes de que en cuanto se menciona la palabra Gibraltar se lanzan los titulares y empieza a crearse una especie


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de expectación. Yo les reto a que busquen una sola declaración de esta ministra de Exteriores que haga referencia a ese asunto concreto. Lo que sí he manifestado y he resaltado cuando me lo han preguntado es la importancia que tendría que
en todos los puertos de la Unión Europea, sin excepción, se cumplieran determinados requisitos que son de acerbo comunitario.



Por entrar en otras cuestiones importantes y respecto de esa petición de mejor coordinación, desde el día 13 el ministerio entra en contacto con el Centro de Prevención de Catástrofes de Origen de Contaminación Marina, dependiente de la
Comisión Europea, que, a mi modo de ver, ha funcionado como coordinador, ha puesto en contacto los medios con el punto donde se necesitan. Ningún país dispone de medios almacenados para cubrir todas las necesidades que se originan con una
catástrofe de este tipo. Ese centro se encarga de esa coordinación que ustedes han pedido y por tanto no hay que crear nada más. Es posible que a la luz del análisis que hay que hacer y que es una bandera que el Gobierno ha tomado claramente -ya
se ven resultados, como más adelante explicaré-, se pueda ver algún punto que se pueda mejorar. Pero durante toda la noche del día 13 tuvimos por lo menos cuatro o cinco comunicaciones con ese centro, a fin de ver cómo lo gestionaban, qué
disponibilidades había y dónde estaban los barcos, puesto que en ese momento no teníamos constancia de si había un barco en Rotterdam y otro en Francia. Eso se hizo el mismo día 13 y por la noche, porque no es una oficina que cierra a las siete.
Probablemente se pueda mejorar, todo es mejorable, pero esa función internacional de coordinación existe, ahí está y depende de la Comisión Europea. Han apuntado ustedes distintas percepciones dentro del Gobierno. Yo iría más en la dirección del
señor Arístegui en cuanto a que el Gobierno no ha contado bien lo que estaba haciendo. Quizá por carácter, por experiencia personal, por la vida propia de uno mismo, desde el mismo día 13 tomamos en el Ministerio de Asuntos Exteriores la decisión
de organizar y coordinar en previsión de una catástrofe. Eso desde el mismo día 13, de ahí el contacto con ese centro de previsión; y no lo hizo el ministerio aisladamente sino que era una idea general del Gobierno. Es cierto que no es eso lo que
se ha traducido a la opinión pública y honradamente en ese punto les tengo que dar la razón: no se ha transmitido de esa manera a la opinión pública. Pero como hay constancia de estas cosas, como esto es así, esa noche del día 13 y a las siete de
la mañana del día 14 tuvimos todos esos contactos con ese centro, que es el primero al que nos dirigimos, sin perjuicio de las otras iniciativas que también se ponen en marcha el propio día 13, como hablar con Bahamas, o ver en Lituania los datos
mínimos e imprescindibles para empezar a saber de qué estábamos hablando.



También tenemos en algunos casos discrepancias en relación con la cuestión relativa a los fondos. En primer lugar, tengo que manifestar de nuevo que demagogias las imprescindibles. No hay ni dinero fresco ni en conserva que será lo
contrario que fresco; no hay dinero nuevo ni viejo, hay disponibilidad. Ustedes saben cómo funciona la Unión Europea y lo que establecen los reglamentos son techos contables. Lo que se ha pedido no es que se quite dinero a nadie, sino
sencillamente que se amplíe el objeto con el fin de que puedan incorporarse proyectos específicos para la catástrofe del Prestige, puesto que si no se ampliase dicho objeto, si no se modificasen las condiciones no entrarían. Así pues, primero,
quiero que me expliquen qué es el dinero fresco y segundo, que me digan por qué dicho dinero es nuestro. Ese dinero no es nuestro; se trata de una línea que abre la Unión Europea, contra la que se pueden presentar proyectos que hay que documentar
y justificar, y si no se hace así no se cubre la línea. Las previsiones del Gobierno son que a día de hoy hay un margen de disponibilidad, contando además con otros mecanismos relacionados con cuestiones de cantidades, gracias a los cuales hemos
conseguido una flexibilidad del 4 por ciento. Por tanto, repito que demagogias las imprescindibles. No hay dinero fresco ni enlatado; hay dinero que se puede justificar con cargo a los reglamentos de la Unión Europea, cuya modificación se ha
pedido, para que no quitando dinero a nadie puedan participar de los mismos los proyectos relativos a esta cuestión.



En cuanto al fondo para catástrofes, señor Segura, me ha leído usted un artículo que me conozco muy bien, puesto que formé parte de su redacción, la cual realicé, como he intentado explicar -bien lo saben los cielos-, no pensando en una
catástrofe de este tipo, sino en la orografía de nuestro país, que tiene compartimentos estanco que son las regiones. Es muy fácil que en Alemania una catástrofe natural afecte a todo el país; sin embargo en España es muy difícil que eso ocurra
por su orografía y por eso pedimos que se destinase una parte a ámbito regional, pensando también en ampliar el objeto, puesto que nunca se sabe, y como ha dicho el señor Guardans, ¿qué es una catástrofe natural en última instancia? Estamos
hablando de un reglamento en el que he participado no en mi vida parlamentaria sino siendo ya ministra -conozco varios que he vivido-, por lo que lo tengo muy fresco, y pensamos que esta es una de las vías. No es la única, pero ¿por qué la vamos a
ignorar si está ahí, si son previsiones comunitarias?


Se me ha pedido que explique de dónde salen los 5.000.000 de euros. Pues bien, no salen de ningún sitio. Una de las cosas que hemos solicitado cuando hemos mantenido conversaciones con el comisario Barnier es que no ultime nuestro
expediente hasta que no se cierre el evento dañoso, es decir cuando cuantifiquemos el daño ocasionado. A día de hoy los cálculos aproximados, que se cifran en 200.000.000 de euros, hacen que ese 2,5 por ciento de que se habla corresponda a esos
5.000.000 de euros, pero evidentemente la cantidad de dinero depende de la cuantificación final.
Esa cifra se ha mencionado simplemente por dar en este momento una cantidad estimativa y razonable. Ya digo que no se trata de desvestir santos ni
nada por el estilo.



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Habiendo hablado de los fondos, el otro ámbito es la prevención. Lo primero y más importante que quiero manifestar es que hay que arbitrar todos los mecanismos -para eso está el derecho comunitario- que puedan ser utilizados para la
reparación del daño causado. Esa es la obligación de cualquier Gobierno. Indudablemente, la prevención es la idea del nunca más, y de cara al futuro es la labor que va a mantenerse. A este respecto quiero decir al señor Guardans que estoy segura
de que esto lo va a hacer este Gobierno y los que le sigan, desde luego mientras esté esta ministra le aseguro que ha mordido una presa -no por presa- y que no piensa soltar, ya que se trata de algo que hay que hacer y que además pide el clamor de
la ciudadanía. La legitimidad del propio proceso de integración se pone en tela de juicio con situaciones como esta. Aun con la imagen en la retina de la catástrofe del Erika, que vuelva a pasar lo mismo a muy pocas millas no hay ciudadano que lo
pueda entender, y si la Unión Europea no sirve para solucionarlo es lógico que se cuestione. A mí me parece que se trata de algo que tiene una enorme trascendencia, habiendo abanderado el Gobierno de España desde el primer momento esta modificación
y además en unas circunstancias que no eran fáciles y que usted entre otros, señor Guardans, ha recordado; pues hubo algunos Estados miembros que mantuvieron posiciones diferentes hasta el mismo día en que se celebró el Consejo Europeo. Y en
cuanto a lo de intentar sacarme los colores, le remito a las hemerotecas y a las videotecas. Mis declaraciones fueron las siguientes: el que no quiera va a quedar al descubierto y va a tener que explicar a los ciudadanos de Europa por qué se está
negando a tomar unas medidas que son absolutamente necesarias, tal y como nos lo ha demostrado la práctica, para intentar evitar estas circunstancias. Por otra parte no soy ninguna ingenua a la hora de hacer este tipo de negociaciones y sé que en
la Unión Europea las cosas hay que intentarlas dos y tres, hay que hacerlo varias veces hasta que salen.
Desde luego, eso sí -esto no es autocomplacencia, sino la valoración de una realidad-, las circunstancias han cambiado cualitativamente. Es
posible que pasado un tiempo baje el entusiasmo, pero la concienciación de que los ciudadanos europeos, por la propia credibilidad de Europa, no pueden permitir esto se mantendrá. Voy a recordar la intervención de algunos Estados miembros, como por
ejemplo la del representante de un Estado miembro que dijo en público en una reunión que su país representaba la propiedad de una de las más importantes flotas y encima no tenemos costa. Estoy hablando de Luxemburgo. Así pues, quiero manifestar
que se ha llegado a un punto en que esto no se puede permitir y que no hay interés económico, señores Vázquez y Centella, que pueda prevalecer sobre el interés ecológico, sobre el medioambiental de una barbaridad como la que ha sucedido.
¿Disminuirá el entusiasmo? Es posible, pero es algo con lo que hay que contar. Se han tomado decisiones que no tienen naturaleza legislativa, pero las mismas se traducirán en actos justiciables ante los tribunales y -ojalá me equivoque y sea muy
fácil- me temo y no me hago ilusiones de que esto no va a ser coser y cantar. Hemos dado un paso importantísimo, aparte de que es patente el hecho de que hasta el mismo día de la celebración del Consejo de Transporte las circunstancias eran muy
distintas. El cambio es significativo, pero evidentemente el juego no ha hecho más que empezar y hay que seguir y seguiremos en ello.



La verdad es que Europa tiene que abanderar este cambio del derecho internacional público en los dos foros más importante, el de Naciones Unidas y el de la Organización Marítima Internacional, y hay compromiso y voluntad política para
hacerlo. Repito que esto es una prioridad para España, que lo empujaremos, que estamos absolutamente comprometidos con ello y que ya hemos puesto en marcha los mecanismos de estudios jurídicos, de respaldo de doctrina, para podernos lanzar a una
aventura de muy largo recorrido.



Después, me hablan de las relaciones bilaterales con Rusia. Evidentemente, este es uno de los asuntos que nos ocupó cuando estuvo aquí el ministro, señor Ivanov, y figurará muy claro en la agenda del encuentro bilateral que tenemos previsto
a principios de febrero. Ya veremos los resultados.
En este momento no me puedo comprometer, pero al menos hay que decir que tenemos un compromiso de la Unión Europea en el sentido de que esto ya no es sólo un interés de España, es un interés de
la Unión Europea, y tampoco es que estas cosas sea un regalo el conseguirlas, porque ahora parece que incluir iniciativas en unas conclusiones por un lado no sirve de nada, por otro parece que es muy fácil, y por otro parece que es dificilísimo; al
final no sabemos a qué carta quedarnos; pero esto está ahí.



Del mismo modo, tuvimos buen cuidado en incluir, respecto de los países candidatos, de los países de la ampliación, porque todos somos conscientes de las circunstancias de dos muy próximos Estados miembros, que esto forme parte del acervo
comunitario y antes de que imperativamente forme parte del acervo comunitario que haya un compromiso político de que esto se va a incorporar en los medios. ¿Que esto no está hecho? Claro que no está hecho. ¿Que hay que seguir batallando sobre
ello? Por supuesto. Tiene toda la razón. No es retórica, efectivamente es un trabajo de día a día.



Quiero decir que la comparación con el derecho nuclear la he hecho yo misma en muchas ocasiones. Creo que en estos momentos, este tipo de transportes tienen muchos puntos en común. Por supuesto, yo no soy especialista y he pedido que esto
se estudie más a fondo en esa dirección, porque ya hay un precedente de cómo está el derecho nuclear en el mundo, ese precedente debe emplearse para ampliar y utilizar unos criterios semejantes.



Se ha ido el señor Mardones, pero en primer lugar quiero agradecerle su apoyo en términos generales. Respecto a la cuestión de las aguas con Marruecos que él ha mencionado, quiero decirle que es otro de los asuntos que nos ocupa en el
ministerio, éste desde hace muchos


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más meses, y sobre el que estamos trabajando. Asimismo, quiero señalar -y esto también lo ha dicho el señor Guardans- que el gesto de Marruecos es un gesto muy importante, porque en una cultura que valora muchísimo los símbolos, es evidente
que un gesto en ese terreno, que no voy a decir que está en el origen, pero sí que tiene mucho que ver con las dificultades que hemos atravesado en las relaciones institucionales, hay que valorarlo muy alto. Coincido con él en este punto.



Señor Segura, en cuanto al derecho que creo es de aplicación en estas actuaciones respecto a las 200 millas, en primer lugar quiero decir que no se trata sólo de España, es una medida que han suscrito Francia, Italia y otros países, y hay un
anclaje jurídico que es el articulo 56 de la Carta de Naciones Unidas, aunque evidentemente no nos puede resguardar -me parece que eso lo decía el señor Guardans- de una demanda; pero a mí me gustaría pleitear esa demanda y defender, después de lo
ocurrido con el Prestige, para que no condenen a un Estado miembro por no haber dejado pasar a uno de estos buques basura cerca de sus costas, con el riesgo que eso entraña. En ese sentido, sabiendo que evidentemente el derecho de paso inocente es
totalmente claro, se trata de una decisión tomada que tiene cierto respaldo, aunque no incontrovertido, en derecho.



Las medidas que usted ha mencionado como caja negra, trasponedores, etcétera, se refieren a cosas que la Comisión Europea tiene que fijar.
Hay algunas de ellas que ya están incluidas en el paquete Erika II que la Comisión Europea tiene que
desarrollar más, y si es necesario tienen que volver al Consejo Europeo para su respaldo político.



Hay otro ámbito que me parece de enorme importancia y que suscribo totalmente, y es ampliar el derecho de responsabilidad y de sanciones. Es otro ámbito en el que tenemos que cambiar; no sólo en este terreno del puro derecho de tránsito
sino también en el derecho aparejado de daños y de responsabilidad. A ese respecto, hay una petición del Consejo de Copenhague a la Comisión Europea para que ponga encima de la mesa iniciativas, al margen de las que ya he mencionado que están en
este mismo ámbito y que va a adoptar el Consejo de Justicia y de asuntos de Interior.



He querido dar una vuelta a todas las preguntas que ustedes han planteado.
Respecto a las trasposiciones de directivas, estamos en plazo en todas, y por supuesto se han acelerado. Una cosa es estar en plazo y otra es que ahora España tiene
que dar ejemplo de interés y trasponerlas cuanto antes, aunque sea con plazos holgados. En cuanto a los acuerdos internacionales sobre tráfico marítimo de mercancías peligrosas, ya he hecho una enumeración de dónde estábamos y cuál era el nivel de
vinculación de España. Pero estoy a disposición del señor Segura, o de cualquier otro señor diputado, para la información complementaria que deseen.



Señor presidente, creo que he dado una vuelta completa a las intervenciones de los señores portavoces de los distintos grupos, a quienes agradezco sus observaciones, que por supuesto tendré en cuenta.



El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra. (El señor Segura Clavell pide la palabra.)


Vamos a ver, no hay réplica, no la ha habido nunca, y no me parece conveniente, porque creo que la explicación ha sido muy larga. Ahora bien, sí quiero decir una cosa, sobre la que he tomado nota. Por parte del portavoz del Grupo Popular
ha habido unas alusiones directas a las posiciones de los grupos, y en ese caso daré un turno de réplica para ese punto. ¿Me quieren plantear algún otro? (El señor Guardans i Cambó pide la palabra.)


Señor Guardans.



El señor GUARDANS I CAMBÓ: No pensaba pedir la palabra y probablemente no la pida, pero por aquello del valor del precedente y dado que algunos sí somos portavoces habituales de esta Comisión desde hace tiempo, sí es habitual en esta
Comisión que después de la intervención haya otro turno breve. Es lo habitual y así ha venido siendo, lo cual no me impide, a título personal, pedirle al portavoz del Grupo Socialista que no abuse de eso incluso en beneficio mío, así de claro se lo
digo. No querría que quedara el precedente de que en adelante en las comparecencias no habrá segundo turno, porque lo habitual ha venido siendo así.



El señor PRESIDENTE: El Reglamento es claro y establece que no puede haber ese turno.



Voy a utilizar como precedente uno que establecí y que no lo he creado yo sino un destacado diputado muy antiguo de esta democracia, que hablaba de un turno muy breve de insatisfacciones. (Risas.) Con esto quiero decir que este turno no es
de réplica; pero puede ocurrir que haya algún punto que no se haya tocado o alguna manifestación que quiera hacer algún grupo en ese turno de insatisfacciones y al que me lo pida le daré la palabra como máximo por tiempo de tres minutos. Aparte de
ese turno de insatisfacciones por tiempo de tres minutos, daré otros tres más al señor Segura porque ha sido directamente aludido, y como suponía que me lo iba a pedir prefiero dárselo yo. En este caso les voy a pedir que sean muy estrictos en el
tiempo porque creo que debe ser así.



Tiene la palabra el señor Vázquez.



El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ: Gracias, señor presidente.



Es un turno adecuado porque yo estoy insatisfecho con las respuestas de la señora ministra.



Empezaré diciendo que la señora ministra ha manifestado que no admite descalificaciones globales al Gobierno, que no merecen contestación por su parte y que nos preocupemos de la imagen que las críticas de la oposición labran a su Gobierno
en el exterior. A mí lo que me resulta francamente inaudito es que usted piense


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que la imagen de su Gobierno en el exterior, la que tenga, se debe a las críticas de la oposición. Señora ministra, esa imagen se la labra a pulso el propio Gobierno y desde luego no por las críticas de la oposición ni de los ciudadanos.
Usted dice que no tiene pase que ante una catástrofe se hagan este tipo planteamientos. Como comprenderá a mí no me preocupa -y se lo voy a decir en el mismo tono que usted, porque yo en mi intervención he tratado de ser ponderado- ni poco ni mucho
la imagen de su Gobierno en el exterior e incluso no me preocupa que su Gobierno se vaya. A mí me preocupan las repercusiones de sus decisiones sobre Galicia, sobre sus gentes y sobre su futuro. No nos venga a dar lecciones desde el Partido
Popular de cómo se hace oposición, porque no quiero recordar en ese momento el aprovechamiento político que hizo el Partido Popular en Galicia cuando ardía por los cuatro costados.



El máximo beneficio no es lo que justifica -a usted le suena a máquina del tiempo- la situación que está sufriendo el transporte marítimo a estas alturas. Dígame usted qué es lo que lo justifica, porque entonces sería simple desidia o
inconsciencia. Usted nos dice que no hay interés económico que pueda prevalecer ante la catástrofe ecológica, pero el problema es que hasta hoy si prevalecieron; no sé qué va a prevalecer mañana, pero hasta hoy sí que han prevalecido. No tiene
usted constancia de que ningún Estado impusiera una trayectoria al barco; por tanto, el asunto de la fragata de la marina portuguesa que actuó para impedir que siguiera dirigiéndose hacia el sur simplemente es una invención periodística.



Usted habla de medios y vuelve a recurrir a que ningún país dispone de todos los medios. Efectivamente, ningún país dispone de todos los medios para afrontar una catástrofe de estas dimensiones. Señora ministra, el problema es que el
Gobierno español no disponía de ninguno, ni pocos, ni muchos, ninguno. Es decir, no disponía de remolcadores potentes, ni de barcos anticontaminación, ni de barreras, ni nada de nada. El problema, señora ministra, es que esos medios -por lo que
parece usted los coordina- siguen siendo insuficientes. Le vuelvo a decir que los marineros que están atajando la mancha de fuel en la entrada de las Rías Bajas, por poner un ejemplo, están demandando unos medios que el Gobierno hasta el momento se
los niega.



A continuación vamos a hablar de los fondos y de las demagogias imprescindibles. Señora ministra, la peor demagogia para los ciudadanos es la del propio Gobierno. Estamos hablando de la necesidad de fondos y de dinero. Usted nos dice que
no hay dinero fresco, que hay techos contables y que no se quita dinero a nadie. Hay reprogramación de fondos que sí quitan dinero a otras necesidades y supongo que serán constatables y evidentes. Si se reprograman los fondos IFOP se va a quitar
de un lado para dárselo a otro esto afectará además al sector pesquero. Por ejemplo, ustedes hablan de un Fondo de Solidaridad que sí se ha creado en Europa por catástrofes naturales. Lo que tiene que explicar a los ciudadanos, señora ministra, es
por qué se crea un fondo para catástrofes naturales y por qué no se crea un fondo para una catástrofe de esta envergadura. Al ciudadano le va a ser muy difícil de entender que la Unión Europea para unas cosas sí crea un fondo específico de
solidaridad y para otras no.
Por lo demás, y ya por lo que compete a su Gobierno, desde el punto de vista propio, también se pueden reprogramar cosas, se puede uno endeudar o incluso se puede manejar en los límites que la propia Unión Europea está
afectando el famoso corsé del déficit cero. Se pueden hacer muchas cosas, señora ministra, y no nos hable usted de demagogia. Explíqueselo usted a los ciudadanos.



Concluyo, para que el señor presidente vea que cumplimos este turno. Creo que es mejor que reserve su indignación para mejorar los medios y combatir esta catástrofe, que dedique su esfuerzo de verdad a conseguir cambios a nivel
internacional serios y de fondo para que nunca más tenga lugar una catástrofe, en lugar de tratar de defender la actuación de un Gobierno que es simplemente indefendible, y no porque se lo diga el Bloque Nacionalista Galego; se lo dice toda la
sociedad.



El señor PRESIDENTE: Señor Centella, le insisto en los tres minutos.



El señor CENTELLA GÓMEZ: Con la mayor brevedad, quiero decirle a la señora ministra que le pueden sonar anticuados nuestros argumentos, pero en este caso lo que era anticuado era el buque, que además circulaba sin que nadie se alarmase. Si
a usted no le gusta hablar de beneficio económico, explíquenos por qué circulan por el mundo en esas condiciones esos buques llevando petróleo, que no es precisamente ninguna ONG, que son verdaderas bombas flotantes, si no es función del beneficio
económico. A lo mejor en su línea argumental encuentra una justificación, nosotros seguimos pensando que aunque a usted le parezcan anticuados, es un ejemplo más de cómo va el mundo.



Usted puede descalificarnos como quiera, pero nosotros no la vamos a descalificar, porque su intervención ha sido clarificadora para nosotros, ha sido grave, y vamos a utilizar el 'Diario de Sesiones' de hoy porque hablamos de demagogia.
Usted ha dicho que tenían clara la gravedad desde la primera noche, que así han actuado, y que no ha sido transmitido a la opinión pública lo que ustedes han hecho. Pero yo le he leído unas declaraciones literales del señor ministro de Agricultura,
y eso no es que no se haya sabido interpretar, se interpreta muy fácilmente. El señor ministro de Agricultura con toda claridad dice que es un accidente sin importancia. ¿Eso cómo se interpreta? Por tanto, después de su intervención y con el
'Diario de Sesiones' en la mano, vamos a denunciar que el Gobierno sabiendo lo que había no ha actuado, y eso es más grave que hacer demagogia. El Gobierno desde el primer


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momento, sabiendo lo que se jugaba, usted preocupándose de avisar, de dar la alarma internacional, y el ministro de Agricultura decía textualmente que era un accidente sin importancia. Por tanto, se ha faltado a la verdad ante el pueblo
español, que es lo más grave que puede hacer un Gobierno, y eso no es demagogia, es faltar a la verdad cuando el ministro Cañete dice que es un accidente sin importancia y era un accidente de mucha importancia, según usted ha dicho que había estado
la primera noche.



Termino, pero me gustaría que usted dejase claro si algún pescador de los que está cobrando ayudas por la supresión del acuerdo con Marruecos se va a ver afectado por la nueva reprogramación de fondos. No es que sea una cosa nuestra, es una
preocupación que hay. Usted puede hacer juegos de palabras, pero diga si se van a ver afectados o no por la reprogramación.
Nos gustaría que usted aquí se comprometiese a que ningún pescador de los que estén recibiendo ayudas se va a ver afectado,
porque nos satisfaría esa situación. Por tanto, señora ministra, creo que usted hizo una primera intervención que podía ser más o menos clarificadora, pero en la segunda no puede seguir intentando acusar a la oposición de algo que no es ni más ni
menos que exclusiva responsabilidad del Gobierno, que es gobernar bien o mal, y al final ustedes aquí han gobernado mal.



El señor PRESIDENTE: Señor Segura.



El señor SEGURA CLAVELL: Quisiera indicarle al señor Arístegui, que ha tenido una intervención agrediendo al Partido Socialista, siguiendo la doctrina oficial. Ese es un tema en el que no quiero entrar porque está suficientemente quemado.



Señora ministra, le quiero agradecer su talante. En las contestaciones ha hecho un esfuerzo en ese sentido, pero quiero dejar constancia de una serie de reflexiones. Primero, por lo que se refiere a la Agencia de Seguridad Marítima,
estamos convencidos de que se trata de una agencia marcadamente administrativa desde el punto de vista de las funciones a desempeñar, en la que nos imaginamos ingenieros navales e inspectores MOU revisando papeles. La realidad marítima es que los
papeles, la justificación documental de toda la actividad marítima, no suele coincidir con la realidad técnica y eso es grave. Eso es lo que he querido poner de manifiesto. El Prestige tenía teóricamente unos certificados impecables. Nosotros
planteamos que la Agencia de Seguridad Marítima, que tiene un carácter esencialmente administrativo, dé origen a un ente gestor que sea operativo, que se ponga en marcha ante cualquier emergencia, una especie de coast-guard americana a nivel
europeo, con otra terminología; un ente operativo que, insisto, ante una situación de emergencia determinada, opere de acuerdo con unos protocolos, con unos mecanismos y con unos medios que unos sean de los países miembros y otros a nivel global.



En segundo lugar, usted no nos ha hablado de las sociedades de clasificación y esto es esencial para el futuro, señora ministra. Las sociedades de clasificación son unas multinacionales potentísimas. En los países de primer nivel -y España
lo es- las sociedades de clasificación, a petición de los armadores, emiten certificados que permiten fijar la clase del buque. Hay un certificado inicial, hay renovaciones parciales anuales y hay renovaciones cuatrienales. Sobre esa certificación
la agencia de seguros contrata el casco desnudo del barco; luego la actividad la tienen que controlar los inspectores de la administración marítima, en este caso la administración marítima española, y hoy tenemos una estructura de personal
bajísima. En los países subestándar, donde no hay administración marítima y la sociedad de clasificación juega el doble papel, ocurre todo lo contrario; nos preocupa Malta y Chipre, se lo queremos reiterar.



En tercer lugar, cuando nosotros planteamos una lista blanca (esta es una terminología académica, no es un invento de un diputado en un momento feliz, sino que es una terminología internacional) nos estamos refiriendo a las navieras que
tengan una gestión adecuada, con tripulaciones adecuadas, con buques inspeccionados según todos los niveles correctos, sin detenciones, sin que hayan sufrido sanciones. Esas empresas son las que tienen que potenciar los países comunitarios.



En cuarto lugar, señora ministra, yo le indicaba el tema de los lugares de refugio que tenemos que tener marcados antes de julio de 2003 en este país de 8.000 kilómetros de costa -lo hemos dicho cinco veces en esta intervención-, ¡menudo
tema! Dialogue con todos los grupos parlamentarios y con las comunidades autónomas porque aquí va a ocurrir que los países subestándar o de conveniencia vienen reclamando a voces que haya puertos a los que poderse dirigir en una emergencia y en los
que poder entrar los buques cuando se encuentran en peligro y nosotros, en relación con aquellos puntos de refugio, nos vamos a encontrar con mayor cantidad de buques en situación de emergencia que se dirijan a ellos.



Permítame reseñar dos últimos aspectos. Respecto a las sanciones penales, la verdad es que tampoco me contestó a qué mecanismos va a poner en marcha para buscar a esos personajes casi ignorados que son los que tienen que pagar. Hay algo
que no puedo negar desde el punto de vista personal, y es que me da cierta tristeza ver al capitán griego -no tengo nada que ver con él, obviamente- en prisión, detenido y al armador fumándose un puro -si es que le gusta fumar- e igualmente los
fletadores.
Esto me recuerda un caso, señora ministra. En el año 1983 un buque español de la naviera Fernández Tapias fue requisado en Lagos por las autoridades nigerianas y se condenó a muerte al capitán Peciña, que era español. ¿Recuerda el
caso? Al armador no le pasó nada; afortunadamente el capitán Peciña vive hoy feliz y contento, me parece, porque fue liberado por el Gobierno español. Pero, ojo con este dato.



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Por último, señor presidente -lo prometo-, (Risas.) el Grupo Parlamentario Socialista, señora ministra, y particularmente este diputado -aunque aquí no hablo a nivel individual- defendemos que cabe la posibilidad, desde luego, de modificar
el derecho del mar para dar mayor poder a los Estado ribereños y particularmente los artículos 211 a 220 que tratan del libre uso del mar, que es a lo que me quise referir.



El Convenio de derechos del mar o de Montego Bay, que sustituyó al antiguo convenio de Ginebra de 1958, regula los principales aspectos del derecho internacional marítimo y establece los derechos de paso inocente. Por eso nosotros
planteamos que, por ejemplo, en el archipiélago canario, de forma muy sencilla, sin necesidad de modificar ningún convenio internacional y tirarse diez años negociando, hay que llegar a un acuerdo con las empresas navieras incentivándolas, incluso
con una pequeña componente fiscal. En la Ley de acompañamiento de los últimos años el Gobierno español ha metido exenciones fiscales que son un chollo para los armadores. Se debe modificar la normativa de titulación del personal, porque hoy la
mitad de la flota mercante española está en manos...



El señor PRESIDENTE: Señor Segura, está usted derivando en otra pregunta.
Le ruego que termine.



El señor SEGURA CLAVEL: Termino, señor presidente.



Nosotros planteamos, por ejemplo, que en las rutas de los grandes petroleros que vienen del cabo de Buena Esperanza y que en ocasiones pasan entre dos islas del archipiélago canario, que pasen al oeste de Canarias, por ejemplo en el
meridiano de 20º oeste. Eso lo puede negociar perfectamente el Gobierno español, lo mismo que el desplazamiento de las rutas en Finisterre. Luego, con exquisito tacto, negociar determinadas rutas en el Mediterráneo que pueden afectar de forma
importante a la costa mediterránea española.



Me gustaría que quedasen claros estos razonamientos, hechos a vuela pluma, señora ministra, y que usted responda a los que estime oportunos. Pero seguro que seguiremos discutiendo.



El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Mardones.



El señor MARDONES SEVILLA: Señor presidente, intervengo para agradecer a la señora ministra la contestación que me ha dado, aunque estuviera ausente en ese momento.



En la línea de su pensamiento sobre si la Unión Europea debe abanderar todas estas reformas del derecho marítimo internacional, quiero brindarle una vez más nuestro apoyo para que sea España, a través de usted, quien en el seno del Consejo
Europeo abandere esta exigencia, sobre todo dirigiéndola al mundo donde más poder podíamos tener desde la Unión Europea, que es a las sedes de las grandes compañías de seguros marítimos. Hasta ahora, nos regimos por la Ley 60/1962, de auxilio,
salvamento, etcétera, y de las relaciones contractuales ha hablado muy atinadamente el señor Guardans cuando hacía una referencia a cuestiones de exigencia de responsabilidad civil. Hay que buscar la manera de que se puedan dar garantías jurídicas.
Este Parlamento ratificó la semana pasada el real decreto-ley de ayudas a Galicia por la crisis del Prestige. En los primeros artículos de este real decreto-ley se dice que el Gobierno español no renuncia a ninguna de las acciones de exigencia de
responsabilidad en todos los órdenes, civil, mercantil, etcétera, a los que son responsables ante la jurisdicción ordinaria. Aquí entra el problema de las pólizas de seguro contractuales. Lo que se viene haciendo es un seguro entre la compañía
aseguradora y el armador, el fletador o el propietario del buque, pero no se aseguran los daños a terceros, que es donde está el problema. Esto es lo mismo que se hace en los seguros de automóviles. Se coge la legislación española, como la
francesa, la alemana, la italiana, en materia de seguros de automóvil y se ve que junto a las relaciones contractuales de asegurador y asegurado están los daños a terceros. Ahí es donde hay que incidir para que el Parlamento Europeo pueda ejercer
un derecho positivo internacional, que creo que está en la línea de lo expresado por la señora ministra, porque es necesario plantearse que la Ley 60/1962 está tan obsoleta que fuera del marco de la Unión Europea no hay quien mantenga esa
disciplina.



Señora ministra, le reitero todo nuestro apoyo y le digo que puede empezar por Canarias, porque se encontrará con que allí hay un segundo registro de buques, cosa que no existe en el resto del territorio peninsular. Hay que empezar por unas
exigencias para que se pueda llevar a cabo una actuación inhibidora para cualquiera que quiera circular con petroleros por estos mares sin tener la póliza de responsabilidad a terceros por los daños ecológicos o cualquier daño que se pueda producir
en un medio costero, productivo, biológico, etcétera.



En esa línea le vuelvo a ratificar, señora ministra, todo el entendimiento con su departamento y con usted para trabajar en conjunto y resolver estos problemas.



El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Arístegui.



El señor ARÍSTEGUI Y SAN ROMÁN: Intervendré muy brevemente, señor presidente.



Señor Segura, sólo quiero decirle -y además lo que voy a hacer a continuación no es un recurso parlamentario- que le tengo un enorme respeto, cariño y admiración. Créame porque es verdad. Pero mi discurso no ha sido oficialista. Es la
postura del Grupo Parlamentario Popular, que tiene 183 diputados, que tiene la mayoría absoluta de esta Cámara, que apoya al Gobierno de España en todas sus actuaciones y que tiene, como mínimo, tanto interés como usted en que se resuelva


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esta situación. Quiero garantizarle que su tono constructivo y de propuestas concretas ha sido valorado muy positivamente por mi grupo, pero también tengo que utilizar el turno de palabra que le corresponde a mi grupo para hacer las
críticas que, a nuestro juicio, merece la oposición que se ha hecho desde su partido.



El señor PRESIDENTE: Ahora sí, para terminar y sin posibilidad de más turno, tiene la palabra la señora ministra.



La señora MINISTRA DE ASUNTOS EXTERIORES (Palacio Vallelersundi): Señor presidente, voy a procurar ser breve.



Señor Vázquez, no tergiverse las cosas. Yo no he hablado de la imagen del Gobierno. Usted se refería a la imagen de España y ahí es donde yo le he dicho -y consta en el 'Diario de Sesiones'- que se preocupase de la imagen de España que se
desprendía de ese tipo de crítica, de descalificación global.



Usted quiere decirme que porque no hemos creado un fondo de 1.000 millones de euros esto es un fracaso. En la catástrofe del Erika, Francia consiguió reprogramar -por cierto, con el mismo instrumento que estamos iniciando nosotros- 10
millones de euros. Por eso digo que el resto huelga.



Señor Centella, le digo lo mismo: no tergiverse usted las cosas. Yo no he dicho que teníamos clara la gravedad. Lo que he dicho es que estábamos preparados para una catástrofe, es decir, que a partir de esa noche empezamos a tomar
contacto. Nadie era consciente entonces de en qué podía acabar aquello y no se podía hacer de otra manera. Yo no he hablado del fondo de pesca de Marruecos. Si usted ha prestado atención, se habrá dado cuenta de ello. Por tanto, no hablemos del
fondo de pesca de Marruecos.
Si algún momento lo ponemos encima de la mesa, descuide que vendré aquí y lo explicaré. Vuelvo a decir que no hagan demagogia. No se trata de quitarle el dinero a nadie y dárselo a otros. Se trata de utilizar
recursos que de otra manera quedarían sin utilizar, y ahí está la ejecución del presupuesto de años anteriores -para quien quiera leerla con espíritu objetivo- para saber a lo que me estoy refiriendo.



Señor Segura, he tomado buena nota de las propuestas que ha hecho y, créame, las incorporaré a la reflexión. Tiene usted un conocimiento de todas estas cosas que me ha dejado apabullada. Yo no le conocía en esta faceta, pero me parece que
en caso de duda recurriré a lo que me dice. Es cierto que la Agencia de Seguridad Marítima tiene un matiz excesivamente burocrático. Precisamente, si me refiero a las conclusiones -que estoy segura que usted conoce perfectamente bien-, es porque
se quiere dar una función de establecer los reglamentos acerca de los estándares mínimos que deben cumplir estas sociedades de clasificación para que haya un mínimo de calidad en estas misiones de los certificados.



En cuanto a las sanciones penales y a qué vamos a hacer para buscar al responsable último, estamos en ello. Comprenderá usted que tenemos la misma impresión, es complicado, pero hay que intentar sacar de su covacha a quien ha causado todo
esto y que pague. Además en esto contamos de nuevo con la concurrencia de intereses de otros miembros de la Unión Europea. Al final el éxito o el fracaso lo van a determinar los tribunales de justicia y tendremos que atenernos a lo que digan.

Evidentemente, el derecho tiene aspectos que no nos benefician. Esto es claro y por eso hay que cambiar ese derecho.



Señor Mardones, también tomo nota de todas las cuestiones a las que ha hecho referencia sobre responsabilidad civil. Esto lo han comentado varios de ustedes, refiriéndose a esta labor de prevención, que es una empresa de largo alcance, no
para un día, y tendremos ocasión de seguir hablando de ello. Yo me comprometo a venir a esta Comisión y volver a informar en el momento en que se produzcan cambios que lo justifiquen o, incluso, con motivo de una comparecencia por otra cuestión,
podemos hacer una parte de seguimiento del Prestige.



El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.



Les recuerdo a todos ustedes que mañana, nuevamente, tenemos Comisión, a las doce.



Se levanta la sesión.



Eran las ocho y veinte minutos de la noche.