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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 640, de 27/11/2002
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2002 VII Legislatura Núm. 640
ASUNTOS EXTERIORES
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JESÚS POSADA MORENO
Sesión núm. 38
celebrada el miércoles, 27 de noviembre de 2002
ORDEN DEL DÍA:
Proposiciones no de ley: - Relativa a compromisos del Estado español derivados de la ratificación de la Carta europea de las lenguas minoritarias. Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/001270.) ...
- Sobre medidas para el reconocimiento de las libertades y los derechos de las mujeres en Afganistán. Presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). (Número de expediente 161/001296.) ...
- Sobre presentación de candidaturas para la elección de magistrados y el fiscal de la Corte Penal Internacional. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/001717.) ... (Página
20842)
Dictamen sobre: - Acuerdo para la promoción y protección recíproca de inversiones entre el Reino de España y la República Federal de Nigeria, hecho en Abuja el 9 de julio de 2002. (Número de expediente 110/000205.) ...
Se abre la sesión a las once y cinco minutos de la mañana.
El señor PRESIDENTE: Vamos a comenzar con los trabajos de la Comisión que tenemos hoy, que como saben es: debate y votación de cuatro proposiciones no de ley y el dictamen sobre un acuerdo.
A fin de racionalizar un poco el funcionamiento y las votaciones, votaremos las cuatro proposiciones no de ley con las enmiendas que se presenten cuando se termine de discutir la cuarta proposición no de ley, y en ningún caso antes de las
doce de la mañana.
PROPOSICIONES NO DE LEY.
- RELATIVA A COMPROMISOS DEL ESTADO ESPAÑOL DERIVADOS DE LA RATIFICACIÓN DE LA CARTA EUROPEA DE LAS LENGUAS MINORITARIAS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 161/001270)
El señor PRESIDENTE: Vamos a comenzar con la primera, relativa a compromisos del Estado español derivados de la ratificación de la Carta Europea de la lenguas minoritarias, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. Tiene la palabra el
señor Rodríguez, del Grupo Mixto.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: En el año 1992, concretamente el 5 de noviembre, el Estado español firmó la Carta Europea de las lenguas minoritarias en Estrasburgo. En el año 2001, en concreto el 9 de abril, la ratificó, después de haber sido
concedida autorización por las Cortes Generales, al amparo del artículo 94.1 de la Constitución española. Y el 1 de agosto del año 2001 entró en vigor.
La Carta identifica el problema de las lenguas minoritarias, y en el caso español se aplica a las lenguas oficiales en los estatutos de autonomía de las comunidades autónomas y también en aquellos territorios donde haya lenguas que merezcan
protección y amparo. Realmente, lo más fundamental que tiene asumido el Estado español es la aplicación de la parte III de la Carta, es decir, de los artículo 8 al 14, en especial lo que son competencias de las comunidades autónomas en un caso, y
en otro, competencias prácticamente exclusivas del Estado, o bien compartidas. Nos referimos en concreto al terreno de la enseñanza, al terreno de la justicia, al terreno de las autoridades administrativas y los servicios públicos, al terreno de
los medios de comunicación, al terreno de las actividades y servicios culturales, al contexto de la vida económica y social y a los intercambios trasfronterizos en general.
Como se ve, son materias que la mayor parte de ellas tienen una incidencia muy importante de la política de la Administración central. En el caso del Estado español se dan en las distintas comunidades autónomas con lengua propia situaciones
lingüísticas nada homologables, no sólo por motivos socioeconómicos e históricos, sino porque hoy por hoy los Gobiernos en cada una de estas comunidades no tienen la misma tendencia política y, por lo tanto, la misma actitud respecto de sus lenguas.
Así, el catalán y el vasco gozan de una política lingüística autonómica favorable cuando menos, de la que no goza, sin duda alguna, el gallego en su comunidad autónoma. Este tipo de determinación no es óbice para que, en todo caso, tanto los
gobiernos de las comunidades autónomas como el Gobierno del Estado tengan que cumplir los tratados o acuerdos que se firmen a nivel internacional.
En el caso particular de la enseñanza, los modelos lingüísticos en Cataluña y en Euskadi intentan favorecer la restauración de usos lingüísticos, haciendo mucho hincapié en la etapa de la formación del alumnado, desde la escuela infantil
hasta la adolescencia. Sin embargo, en el caso una comunidad autónoma en concreto, como Galicia, la teoría del bilingüismo armónico sirve exactamente para no hacer nada a favor de la lengua gallega. La posición clave, por lo tanto, está en los
gobiernos autonómicos y también en el Gobierno central y en las instituciones del Estado, en la medida en que dificulten o favorezcan los usos lingüísticos a través de sus determinados ámbitos competenciales o, cuando menos, que no combatan ni
dificulten ni hostilicen lo que son las políticas lingüísticas autonómicas favorables. Todos sabemos que el Estado español es un Estado plurilingüe y los contenidos de la Carta Europea de las Lenguas Minoritarias ayudarían sensiblemente a que esa
realidad plurilingüe fuese asumida por el Estado Español, que sin duda alguna ha ratificado la
Carta, imaginamos que con algún sentido de carácter práctico.
Para que se den cuenta SS.SS. del desequilibrio y de la desigualdad que existen entre las distintas lenguas del Estado español en sus propios territorios (muchas veces se habla sin conocimiento de causa de la hegemonía del español,
aplastante en terrenos como la Administración de Justicia, la Administración General del Estado y los servicios públicos en general, no hablemos de la vida económica y social e incluso de los medios de comunicación) no hay más que cuantificar el
número de televisiones o radios que están funcionando en español, en los territorios de Cataluña, Euskadi y Galicia, o Navarra, o Valencia, o las Baleares, para no hacer ningún juicio de valor sobre la suerte terrible que pueda correr el español,
porque realmente la balanza está claramente descompensada.
Pasaron diez años, señorías, desde que se firmó la Carta Europea y se puede hacer un balance de estos compromisos internacionales, aunque haya sido ratificada aún recientemente. Puede aparecer, si se hace este balance, el rostro real de la
situación lingüística en el Estado español, y cómo está, de una vez por todas, analizado desde una perspectiva artificial, el respeto por los derechos lingüísticos de los ciudadanos del Estado español que hablan o usan oralmente o por escrito una
lengua distinta del castellano. Tomada incluso esta perspectiva individual, les puedo asegurar que el resultado sería pasmoso, no solamente ya en Galicia, que es un caso muy particular de discriminación lingüística, sino incluso en el caso catalán
o en el caso vasco. Por lo tanto, la incidencia en la política de normalización lingüística de estas lenguas sería importante que fuese asumida por el Estado español, igual que su presencia en el extranjero, de forma que quedase claro que la
política cultural responde a estos parámetros de carácter plurilingüe. En la parte dispositiva, por lo tanto, de nuestra proposición no de ley abogamos porque se realice el informe sobre la situación lingüística en el Estado, tal como contempla la
parte III de la Carta, en sus artículos, 9, 10, 11, 12, 13 y 14, que declara las competencias exclusivas o preeminentes del Gobierno del Estado, para ver si se cumplen los compromisos internacionales que el propio Estado firmó. Y en concreto, que
se hagan públicos sus resultados, e incluso que sea la base para el informe que tiene que enviarse al secretario del Consejo de Europa en el año 2002, según el artículo 15 de la propia Carta. Y me imagino que el Estado español estará dispuesto a
hacer este informe, y debe de hacerlo sobre datos fehacientes y contrastables y de carácter público. En segundo lugar, en el artículo 8, que se refiere a la enseñanza que es una competencia prácticamente plena de las comunidades autónomas, que se
solicite a las comunidades autónomas el informe sobre la situación de la enseñanza en los distintos niveles educativos, y por lo tanto que se cumplan todos estos requisitos, si es que no se cumplen, de la Carta, que cuando menos aseguran en la etapa
preescolar o infantil la enseñanza en la lengua materna o en la lengua que soliciten los padres para sus hijos, igual que una presencia notoria de estas lenguas minoritarias en el resto de los niveles educativos hasta la universidad. Y hay un
aspecto fundamental en el ámbito de la justicia. Ha de quedar claro que los derechos lingüísticos de los gallegohablantes, catalanoparlantes o vascoparlantes se han de respetar en los procedimientos penales, civiles y administrativos y que, a
instancia de parte, se puede hacer uso de estas lenguas que no son el español, con plena validez en todos los documentos de carácter jurídico. Supongo que, igualmente, estaremos de acuerdo en que la presencia clara de estas lenguas con todos los
derechos está muy distante en los usos y formularios y textos de la Administración central. O, por qué no decirlo, también se debe asegurar la recepción directa de emisoras y radios y televisiones de países vecinos que comparten en sus territorios
la presencia de alguna de estas lenguas minoritarias; es el caso del gallego con el portugués, del catalán a ambas partes de la frontera de Francia y de España, o en relación con otras comunidades autónomas, como pueden ser Valencia o las Baleares,
o el caso del gallego en el Bierzo, o el caso del vasco también en la parte vasca francesa. Y por último el informe sobre los puntos 12 y 13, que sería la presencia de estas lenguas y de sus culturas en la actividad cultural del Estado español en
el extranjero.
Acabo diciendo, señorías, que si el Estado español firmó estas responsabilidades, debe de ser consecuente con ellas y sería el momento de hacer un chequeo a la situación lingüística real, desde la perspectiva de estas lenguas, por primera
vez por el Gobierno de España, y así se vería hasta qué extremo se están incumpliendo los derechos humanos elementales en relación con los derechos lingüísticos de muchos ciudadanos, tal como el Estado español además lo firma en acuerdos de carácter
internacional, que esperamos que no sean papel mojado.
No es un tema menor, no es un tema para que quede bien el Gobierno, sin consecuencias de ninguna clase, porque no podemos seguir con una política muchas veces de acoso y derribo de lo que es incluso la legalidad lingüística en muchas
comunidades autónomas. No les voy a hablar del topónimo de A Coruña, legalidad constitucional y autonómica, que ya ven ustedes qué trato recibe muchas veces por parte de la Administración pública del Estado, y no hablemos ya del ínclito alcalde,
que puede permitirse el lujo de violar la ley y aquí no pasa nada; ahora, eso sí, se habla del Estado de derecho todos los días. No podemos ser extranjeros en nuestro propio territorio, y si no se cumple como norma lo establecido en esta Carta
seremos extranjeros en el propio país. Espero, por lo tanto, la mínima consecuencia, porque lo que pedimos se está restringiendo estrictamente a lo que la Carta establece.
Para terminar, señor presidente, quiero manifestar que por motivos de fuerza mayor me voy a tener que ausentar, pido disculpas. También solicito, ya verbalmente, que se posponga para otro día, si puede ser, si no la retiramos, la
proposición no de ley sobre el caso de Irak, que tendría que defender mi compañero Guillermo Vázquez, porque coincide con su presencia en la Comisión de Agricultura y no tuvo posibilidad de hacer el cambio.
El señor PRESIDENTE: En cuanto al punto incidental que ha sacado, que yo creo que tiene su importancia, si es el tercer punto y no va a ser defendido por nadie, decaerá. Sin embargo, y supongo que manifiesto la opinión de todos los grupos,
no creo que hubiera mayor dificultad en recogerla en una próxima convocatoria y ponerla como primer punto del orden del día, porque es un tema interesante. Pero en el momento en que no está presente el portavoz que la va a defender y el grupo que
la presenta, tiene que decaer.
En cuanto a ésta que estábamos discutiendo, no se ha presentado ninguna enmienda. ¿Grupos que quieren hacer uso de la palabra? En primer lugar el señor Guardans, portavoz del Grupo Catalán de Convergència i Unió.
El señor GUARDANS I CAMBÓ: Trae a esta Comisión el Bloque Nacionalista Galego, a través del Grupo Mixto, una iniciativa que aunque a lo mejor, en su tenor literal cien por cien de todo lo que afirma, no es absolutamente aplicable a la
realidad catalana, que es aquella que puede conocer mejor mi grupo, nos parece en su conjunto oportuna. Y nos parece oportuna por una razón, porque enmarca en el contexto internacional lo que son obligaciones del Estado español en materia de
política lingüística.
Ciertamente, señor presidente, nadie en Cataluña llegaría a considerar el catalán como una lengua minoritaria. De hecho, la calificación de lengua minoritaria vale más para otros idiomas que se hablan en Europa y que tienen efectivamente
tal estatus. Nosotros, en sentido estricto, no nos consideramos en absoluto una minoría, más bien los catalanohablantes, somos en nuestro propio territorio una inmensa mayoría. Y en todo caso, si el catalán hubiera de tener, no en sentido
jurídico, que lo tiene, sino en sentido real, la concepción de lengua minoritaria, mucho más minoritaria sería cualquiera de las lenguas, salvo el polaco prácticamente y el húngaro quizá, de los países que se van a integrar en la Unión Europea en
este momento, que ésas sí son auténticas lenguas minoritarias. Más minoritario es el danés que el catalán a estos efectos.
Por tanto, la noción misma de lengua minoritaria no oculto que me incomoda; yo, allí donde se habla el catalán, me siento
no como una minoría a proteger, sino como una mayoría cuyos derechos a veces en el conjunto del Estado quizá no se respetan, pero que en su propio territorio no son minoritarios. Dicho esto, sí es cierto que en el conjunto del Estado español
efectivamente no es la lengua mayoritaria, no es la lengua castellana, y por tanto el catalán merece una determinada protección, que es la que le ofrece la Constitución, la que le ofrece el Estatuto de Autonomía, la que le ofrece la legislación de
política lingüística ratificada o amparada ya por el Tribunal Constitucional y la que le ofrece este convenio del Consejo de Europa ratificado por España.
Convenio cuya importancia no se puede negar, en el sentido de que las obligaciones que impone
son obligaciones tan serias que Francia no se ha atrevido a ratificar, lo cual es la mejor prueba de que es un convenio que va en serio. Si este convenio fuera simplemente un brindis al sol, Francia no hubiera tenido ningún inconveniente en
incorporarlo a su ordenamiento jurídico. Pero precisamente porque una vez que se ratifica impone al Estado que lo ha ratificado obligaciones internacionales muy serias, por tanto responsabilidad internacional en todo su alcance, es por lo que
Francia se opone, por el momento, a ratificar este convenio, y así está siendo denunciado en el Consejo de Europa. ¿Por qué? Porque sabe que si lo reconoce tendrá que asumir las obligaciones, por ejemplo, en materia de enseñanza del catalán, de
libertad de enseñanza del catalán en la Cataluña norte, que llamamos nosotros, y en la región del Midi, ahí donde se habla, y probablemente en el País Vasco francés, sin hablar de lo que pueda ocurrir respecto del bretón o del corso.
Por tanto, valga esto para decir, en primer lugar, que cuando España ratificó este convenio, lo firmó primero y lo ratificó después, debía saber lo que hacía y debía saber que asumía una serie de compromisos internacionales ciertos, que son
los que hoy reclama el Bloque Nacionalista Galego que sean debidamente fiscalizados. De la lista de problemas, por decirlo así, que plantea el Grupo Mixto, yo, insisto, no creo que todos tengan la misma entidad en todas las partes del territorio
del Estado español. Entiendo que probablemente las cosas en Galicia o en Euskadi estén, en términos lingüísticos, ciertamente mucho peor que en Cataluña. Hoy, por suerte, en Cataluña, en el ámbito lingüístico estamos globalmente bien, con
excepciones concretas, por ejemplo, en el ámbito de la justicia, donde también aparecen algunos casos en que las cosas no funcionan bien, como por ejemplo cuando uno se encuentra con algún fiscal o juez recalcitrante, que considera que aquello es un
lugar de paso para él, y plantea dificultades a un acusado, un demandante o un demandado, a la hora de llevar a cabo un proceso judicial en su propio idioma, lo cual en el ámbito penal es particularmente lamentable. Pero, que yo sepa, en este
momento, no es en conjunto el mayor de los problemas. Sí lo es en otro de los ámbitos que se mencionan en la proposición, y es en lo que se refiere a la documentación administrativa de la Administración general del Estado, que no
reconoce suficientemente el plurilingüismo, y en otros ámbitos.
Ahora bien, como aquí se está hablando del conjunto del territorio del Estado, es cierto que también, en un ejercicio de solidaridad, nosotros entendemos que en Galicia y en Euskadi, básicamente, probablemente tampoco en Valencia y Baleares,
las cosas estén como deberían estar en términos de régimen lingüístico y en términos de cumplimiento por el Estado de sus obligaciones. Y por esta razón nosotros vamos a dar el apoyo a esta iniciativa, que sólo pide una cosa si se mira con un poco
de atención, sólo pide que el Gobierno haga un informe objetivo, para lo cual deberá recabar la información correspondiente, para saber exactamente en qué momento está respecto del cumplimiento de sus obligaciones, informe que en el fondo le exige
el propio convenio internacional del que estamos hablando; es decir, el Estado tiene la obligación de informar al secretario general, del Consejo de Europa, sobre cómo está cumpliendo las obligaciones en materia de lenguas minoritarias y
regionales. Lo único que se le pide aquí es que lo haga y, efectivamente, a continuación, que controle determinados temas que se establecen aquí, y que pueden no estar en este momento suficientemente amparados en el ámbito lingüístico. Por todo
ello esta iniciativa tendrá el apoyo de mi grupo.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Pedret.
El señor PEDRET I GRENZNER: Con toda brevedad, manifestar en primer lugar, como introducción, mi satisfacción por, después de unos cuantos años en la Cámara, hablar por primera vez en la Comisión de Asuntos Exteriores, aunque por necesidad
de atender a otras obligaciones en otras comisiones, voy a ser más breve de lo que yo quisiera; aunque seguramente lo agradecerán sus señorías.
En primer lugar tenemos que decir que apreciamos la intención de la proposición no de ley presentada por el BNG. Nos parece que, en una lectura hecha con ojos favorables de su texto, es una proposición adecuada, en el sentido de que
pretende precisamente que se dé cumplimiento a aquello a lo que se ha comprometido España a través de un instrumento internacional como es el convenio al que se han referido los anteriores intervinientes. Y lo hace específicamente en una cuestión,
que es la del estudio de cuál es el estado de la situación de los derechos lingüísticos que se reconocen en la Carta Europea de las Lenguas, que, en una lectura estricta del artículo 15 del convenio debía de haberse realizado y entregado ya en fecha
1 de agosto de 2002, pero en una lectura amplia por parte de los Estados, podría entenderse que hay hasta el 31 de diciembre de 2002. Pero en cualquier caso, estamos ya en un período en que es lógico políticamente exigir al Gobierno el cumplimiento
de esta obligación de estudio e informe sobre la situación de las lenguas.
Dicho esto, tenemos que decir que, a pesar de no haber presentado enmienda a la proposición no de ley presentada por el BNG, dentro del Grupo Mixto, entendemos que hay expresiones en la misma que no son extraordinariamente afortunadas: el
dar por supuesto el incumplimiento antes del estudio no parece lo más adecuado. Por otra parte, entendemos que pueden aparecer determinados problemas competenciales en cuanto que, en la mayoría de las ocasiones, las competencias en nuestro
ordenamiento constitucional en lo referente a lengua competen a las comunidades autónomas y no al Estado; hay otras en que realmente las competencias son estatales, aunque se hayan transferido en parte las competencias, como por ejemplo en el
aspecto de justicia. En este caso, en el aspecto de justicia, en la proposición no de ley hay un pequeño problema de ajuste entre lo que se reproduce de la Carta para todos los ámbitos jurisdiccionales y lo que dice estrictamente la Carta, que se
refiere exclusivamente al ámbito civil. Pero a pesar de estos inconvenientes de redacción, que nosotros entendemos menores, que no deberían de ocupar realmente, por no ser importantes, el tiempo del pretor, como se decía en Roma, vamos a votar
favorablemente la proposición por lo que decía al principio de la intervención, porque entendemos que es necesario que se haga el estudio de cuál es la situación de las lenguas. Con la esperanza, que no perdemos nunca los que creemos en el devenir
de la historia, de que el resultado sea satisfactorio. Pero lo sea o no lo sea (que nos tememos que en algunos lugares pueda no serlo para estas lenguas que sólo son minoritarias, porque el instrumento de ratificación por España, de 2 de febrero de
2001, dice que se aplicará el concepto de lengua minoritaria a las que se establecen como co-oficiales en determinados estatutos de autonomía y aquellas que tienen el reconocimiento dentro de los estatutos de autonomía en su territorio, que sólo por
eso son minoritarias, no por otros conceptos) entendemos que es bueno que lo sepamos, que se comunique al Consejo de Europa y que en el ámbito de competencias que tenga cada uno, por tanto, en los gobiernos de aquellas comunidades autónomas con
lengua oficial propia distinta del castellano, se apliquen todas las políticas necesarias para dar el estricto cumplimiento a las obligaciones contraídas internacionalmente por España.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Ricomá.
El señor RICOMÁ DE CASTERLLANAU: La proposición no de ley que se nos presenta a debate abarca un amplio abanico de peticiones al Gobierno que, a nuestro modo de entender, pueden ser perfectamente sustentadas en dos premisas: la primera de
ellas, en instar al Gobierno para que elabore un informe sobre
la situación del gallego, vasco y catalán, en sus respectivos territorios en diversos temas, como puede ser justicia, autoridades administrativas, servicios públicos, medios de comunicación, actividades y servicios culturales, vida económica
y social e intercambios fronterizos. Y la segunda, y se ha hecho referencia por parte de otros intervinientes, en la presunción de que dicho informe va a evidenciar lagunas o incumplimientos del Gobierno sobre lo que dicta la Carta Europea para
proteger las lenguas regionales o minoritarias.
Pues bien, a nuestra forma de interpretar la realidad, ninguna de las dos premisas tienen actualmente argumentos sólidos que las justifiquen. Por un lado, el Consejo de Europa tiene ya documentación previa al redactado definitivo de este
informe desde finales de septiembre. La Comisión Europea remitió un cuestionario al Gobierno español, en el que solicitaba todo un paquete de documentación que le tiene que ser de utilidad para luego evaluar el informe definitivo que tiene que
presentarse. Insisto, es un primer envío de documentación sobre esta cuestión, que se hizo llegar, a través de la representación permanente española en el Consejo de Europa, al secretario general a finales del mes de septiembre. Es, como le decía,
un informe que sigue letra por letra lo solicitado por el propio Consejo y hace referencia al marco normativo español, a la Constitución, a los estatutos de autonomía, a las diferentes leyes sobre normalización lingüística, estatales y también de
cada comunidad, y además es una documentación que ha sido trabajada conjuntamente con las comunidades autónomas y que ha sido resuelta tras consultar los diarios oficiales y las publicaciones oficiales, lógicamente del Estado y también de las ocho
comunidades autónomas con presencia de lenguas regionales o minoritarias: País Vasco, Galicia, Cataluña, Navarra, Comunidad Valenciana, Illes Balears, y en aquellos aspectos en los que se vieran implicadas también Aragón y Asturias. Insisto en que
dicha documentación ha sido tratada con las comunidades autónomas, y sirva como ejemplo un caso de los que tiene especial incidencia en el redactado de la proposición no de ley, como es el tema de la enseñanza. Todo lo que se ha aportado en este
sentido ha estado debidamente tratado con los responsables de políticas lingüísticas de las diferentes comunidades autónomas, precisamente para que todas las lenguas del Estado puedan participar en los proyectos sobre lenguas que se desarrollen en
foros europeos.
Por otro lado, no está de más recordar que España es referencia en el ámbito internacional en cuanto a la defensa y promoción de las lenguas presentes en su territorio. La propia actitud de España frente a la Carta entendemos que es un buen
ejemplo. Hay que recordar que de los diferentes grados de compromiso que sugiere, España ha suscrito los de mayor nivel, los que conllevan mayor compromiso; concretamente, ha suscrito medidas de protección referentes a las sesenta y nueve medidas
máximas contempladas en la Carta. Y todo ello, señorías, no ha sido ni por capricho ni por presumir ni por ceñir estos compromisos al terreno teórico, como también se ha insinuado por parte de algún interviniente. Todo ello es simplemente fruto de
la evidencia de que la legislación española, su operativa, su mecánica administrativa y la cotidianidad en la utilización de dichas lenguas, no sólo dan cumplida cuenta de las medidas previstas en la Carta Europea, sino que van mucho más allá. Por
ello, Francia sea probablemente muy reticente a firmarla y por ello España refrendó esta Carta con un voto mayoritario, creo que fueron 262 votos favorables sobre 264, hubo tan sólo dos abstenciones. Este grado de consenso y unanimidad refleja
voluntades, conciencias y objetividades.
Si el análisis global sobre la consideración y el trato que el Gobierno dispensa a las lenguas presentes en el territorio entiendo que deja sin objetividad la filosofía que inspira la iniciativa que aquí ha sido presentada, la reflexión
individualizada para cada uno de los puntos, para cada una de las muchas propuestas, yo creo que nos llevan también a la misma conclusión. Hemos hablado ya de que el Gobierno está al tanto y cumpliendo plazos en cuanto al envío de documentación
para la elaboración del informe. Hemos hablado también del trabajo compartido o coordinado con las comunidades autónomas, con todo el respeto a las ingerencias competenciales, que tal como está presentada la proposición puede así sobreentenderse, y
a nuestra forma de verlo sería totalmente negativa. Y si nos ceñimos, a aspectos concretos, por ejemplo al tema de justicia. el Ministerio de Justicia está especialmente afectado en sus competencias por los planteamientos que se describen en la
proposición no de ley, concretamente en el apartado 3, y en este sentido, sólo hay que señalar que la Ley Orgánica del Poder Judicial regula el uso de las lenguas oficiales propias de las comunidades autónomas, diciendo que jueces, magistrados,
fiscales, secretarios y demás funcionarios de juzgados y tribunales podrán usar también la lengua oficial propia de las comunidades autónomas si ninguna de las partes se opusiera alegando desconocimiento de ella, por la indefensión que ello pudiera
producir.
Además, señala que parte sus representantes y quienes les dirijan, así como testigos y peritos, podrán utilizar la lengua que sea también oficial en la comunidad autónoma en cuyo territorio tengan lugar las actuaciones judiciales, tanto
en manifestaciones orales y escritas.
Si seguimos revisando nuestro ordenamiento jurídico, también vemos que, en cuanto a los procedimientos administrativos, la utilización de las lenguas presentes en el territorio queda garantizada por el artículo 36 de la ley 30/1992, de
Régimen jurídico de las administraciones públicas y del régimen administrativo común. Si además queremos referirnos también al aspecto operativo, es decir, a la posibilidad de la utilización de formularios y a la posibilidad de establecer
redactados de
textos administrativos en lenguas regionales, que también se define en el apartado número 4 de la proposición no de ley, hay que recordar que este derecho se encuentra garantizado por la ley a la que antes he hecho referencia y también por
el real decreto del año 1999, de 17 de septiembre, por el que se establecen criterios de imagen institucional y se regula la producción documental y el material impreso de la Administración General del Estado, en cuyo artículo 5 se regula la
utilización de las lenguas co-oficiales en material impreso y modelos normalizados y en señalizaciones y carteles, asegurando el bilingüismo respecto de aquellos impresos o señalizaciones referentes a ciudadanos de dependencias situadas en el ámbito
de una comunidad autónoma con lengua co-oficial.
Todo ello creo que da perfecta cuenta de que las lenguas oficiales, y las co-oficiales en aquellas comunidades autónomas que las tengan, se hallan suficientemente garantizadas en su desarrollo y promoción en los términos que marca la ley y
están perfectamente englobadas en las propias exigencias de la Carta Europea. Por todo ello, resumido en el cumplimiento del Gobierno en aquello que la Carta Europea le exige de forma o práctica operativa, que es el trabajar para remitir este
informe, y el hecho de que la realidad de nuestras lenguas co-oficiales supera ampliamente los dictados de la Carta Europea, entendemos que no tiene razón de ser el apoyar esta proposición no de ley, al margen de las percepciones objetivas que todos
podemos tener y al margen de las valoraciones que queramos hacer de la situación de cada una de las lenguas en sus distintos territorios. Desde luego, es motivo de reflexión el porqué el nivel de utilización de una lengua en una comunidad pueda ser
superior al de otra lengua propia en otra comunidad. Aquí inciden y hay que valorar muchas cuestiones. Y yo tampoco puedo taparme los ojos ante la realidad que conozco, que es la catalana, y el esfuerzo que se hizo por parte de la ciudadanía en
mantener viva esta lengua durante muchos años en el ámbito privado y, posteriormente, con la llegada de la democracia, desde una sociedad plural, extenderla y generalizarla. En consecuencia, todos los actores tienen un papel que jugar. El Estado,
claro que sí, tiene el suyo e importante papel, que pasaba por suscribir en los niveles máximos esta Carta y que, una vez suscrita, pasa por darle el debido cumplimiento, con la satisfacción para este grupo parlamentario de que dicho nivel de
cumplimiento, como ya he señalado, roza por la banda alta, por el nivel máximo, las exigencias implícitas en la Carta Europea, que también señala, y hay que recordarlo, que en ningún caso estas actuaciones tienen que ir en detrimento de la lengua
oficial en toda la extensión del territorio. Por tanto, en base a estos argumentos, reiterar el voto contrario del Grupo Parlamentario Popular a esta proposición no de ley.
- SOBRE MEDIDAS PARA EL RECONOCIMIENTO DE LAS LIBERTADES Y LOS DERECHOS DE LAS MUJERES EN AFGANISTÁN. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ). (Número de expediente 161/001296.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al debate de la segunda proposición no de ley, sobre medidas para el reconocimiento de las libertades y de los derechos de las mujeres en Afganistán, presentada por el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència
i Unió. Para su defensa tiene la palabra el señor Grau.
El señor GRAU BULDÚ: La proposición no de ley que presenta nuestro grupo se hace en coherencia con diversas intervenciones habidas en otras comisiones en esta Cámara, y especialmente en la Comisión Mixta de los Derechos de la Mujer en este
año y en el año anterior. El motivo de esta proposición es profundizar en la vía del reconocimiento del derecho de reintegración de las mujeres afganas en la vida social del país, del reconocimiento de sus derechos a la educación, al trabajo, a
participar en la vida política y, en definitiva, a su inserción local social plena.
Los meses pasados desde la finalización del conflicto van abriendo pasos poco a poco, a esta integración de la mujer. Vamos recibiendo noticias sobre la incorporación femenina a diversas actividades como, la más reciente y que apareció esta
semana en la prensa, el reingreso de las mujeres en el servicio de azafatas de las líneas aéreas afganas. Pero todos estos resultados, que podrían de forma aislada presentar un cambio posiblemente importante en la sociedad afgana, no tienen la
intensidad que deberían tener por la existencia de graves problemas en la convivencia social dentro del país (La señora Vicepresidenta, García Arias, ocupa la presidencia). La burka aún no ha desaparecido completamente; muchas mujeres, por falta
de tradición, hábito o confianza en el sistema, aún no son capaces de mostrar su propio rostro y el progreso social de la mujer no avanza suficientemente. El presidente Karzay debe jugar un equilibrio político muy inestable dentro del conglomerado
de las etnias del país y posiblemente, si carece de una firme ayuda bien definida de la comunidad internacional, no podrá en ningún caso dejar una estructura social preparada para afrontar los retos de defensa de los derechos humanos, sobre todo
para las mujeres. Hasta ahora se ha mantenido la confianza de la comunidad internacional respecto a su gestión y el Gobierno ha recibido unas ayudas para la reconstrucción del país, pero la recuperación, como todos sabemos, está a medio hacer y no
podemos permanecer impasibles porque a pesar de los pasos importantes que han dado, aún son escasos. La realidad social del país es aún decepcionante, impresionante. Por citar
un documento reciente, me permito recordar a SS.SS. el programa de Televisión Española 'Línea 900', emitido el pasado domingo, en el que se ponía de manifiesto el duro camino del retorno al país de los refugiados, la desoladora vida de los
ciudadanos que lo han perdido todo, que tienen serias dificultades en su alimentación, que tienen serias dificultades en la supervivencia y en acudir a los servicios sociales y sanitarios, y que frente a sus propiedades destruidas carecen de la más
mínima posibilidad de reconstrucción. Es necesaria una actuación que permita la consolidación sin excepciones de toda la ciudadanía. Es necesario el restablecimiento de la autoestima de la población y abrir una luz en el futuro de todos los
hombres y mujeres. Es necesaria, pues, una restitución del reconocimiento y respeto a los derechos de la mujeres y rechazar la vuelta de ciertas prácticas y que, en nombre y respeto a ideas religiosas, políticas o tradiciones seculares, se vulneren
derechos humanos. Es por ello que nuestro grupo insta al Gobierno a exigir un compromiso de las Naciones Unidas, Rusia, los países árabes, etcétera, para garantizar el respeto a los derechos de las mujeres en Afganistán; a promover que, dentro de
las actividades desarrolladas por la misión especial de las Naciones Unidas en Afganistán y la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, se priorice la protección de los derechos humanos de las mujeres en Afganistán; también, por último, a
colaborar con las ONG que están trabajando para restablecer las libertades y derechos de las mujeres en Afganistán y de la totalidad de la población.
Esperamos recibir el apoyo de los grupos de esta Cámara para que estas intenciones al menos se puedan plasmar en una acción positiva del Gobierno español a favor de este país tan necesitado.
La señora VICEPRESIDENTA (García Arias): En primer lugar, tiene la palabra la señora Manzanares, por el Grupo Socialista, y a continuación la señora Becerril.
La señora GARCÍA MANZANARES: Como decía el parlamentario autor de esta iniciativa, efectivamente no es la primera vez que vemos este tema. Que yo recuerde, en el último año, desde diciembre del 2001 hasta hoy, creo que es la séptima
proposición no de ley, amén de preguntas y otras iniciativas, que sobre la situación de derechos humanos en Afganistán, y con referencia específica a la situación de las mujeres, debatimos en esta Cámara. Y fueron al menos dos en la Comisión Mixta
de la Mujer, una en el Pleno, otra en la Comisión de Cooperación y esta tercera en esta Comisión, presentadas por distintos grupos, debatidas y aprobadas por unanimidad, como sin duda ocurrirá también hoy.
¿Contenido de lo aprobado en todas ellas? Señorías, variaciones sobre el mismo tema: reiteraciones, deseos sinceros, pero siempre exigir, denunciar, colaborar, trabajar, apoyar, defender, impulsar, desarrollar, proponer, promover,
etcétera. Todo tipo de expresiones más o menos imperativas, según fuera quien formulara la iniciativa; pero en todo caso instando al Gobierno a dirigirse a los organismos internacionales a los que pertenece: Naciones Unidas, Unión Europea, otras
instituciones y ONG.
¿Exposiciones de motivos de todas ellas?: datos, opiniones, afirmaciones o informaciones contrastadas. Dispensaré a SS.SS. de reiterarlos, existe abundante material argumentario en los respectivos 'Diarios de Sesiones'.
Y hoy, tras unos meses en que ya apenas se habla de Afganistán, salvo por algún asesinato de ministros del Gobierno de Karzay o de algún soldado, ¿cuál es la situación? Señorías, la situación de las mujeres de Afganistán es prácticamente la
misma, es casi idéntica. El burka es lo de menos, aunque es un hecho importante. Las dificultades para incorporarse a la educación, las dificultades para salir a la calle son las mismas, salvo algún hecho más o menos, y lamento decir la expresión,
propagandístico, como la incorporación en las líneas aéreas, que me parece muy bien, pero que no son un ejemplo de lo que realmente significa la incorporación de la mujer a la vida y a la participación social, económica y educativa de Afganistán.
Ya no gobiernan los talibanes, es verdad, pero el presidente Karzay, y lo ha dicho también el portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra, lo hace dentro de una gran fragilidad y con grandes y serias dificultades para poner en marcha todos
los buenos deseos de este cambio. Sólo les aportaré algún dato más para recordar. En la frontera entre Pakistán y Afganistán, en la región de Peshawar, sigue el 75 por ciento de mujeres con niños en campos de refugiados bajo el patrocinio de
Naciones Unidas, pero con reducido presupuesto, cada vez más reducido, cada vez con menos ayuda y sin posibilidad de reagruparse. En la frontera entre Irán e Irak, en tierra de nadie, hay un millón y medio de mujeres iraquíes y afganas con niños
que llevan más de diez años, desde la Guerra del Golfo, olvidadas de todos. Mi pregunta es: ¿España ha llevado en alguna ocasión esta situación a la Comisión de Derechos Humanos de la Mujer de Naciones Unidas? Me temo que no. ¿El reasentamiento
de refugiados de larga duración, firmado por la Unión Europea, y también por España, ha tenido alguna actuación en nuestro país? Me temo que no. Solamente Alemania ha llevado mujeres afganas, consecuencia de la firma de este compromiso de
reasentamiento de refugiadas de larga duración; España no.
Por tanto, nuestra pregunta en relación con el texto de esta proposición no de ley quizá sería: ¿dónde están las anteriores proposiciones no de ley que hemos ido aprobado?, ¿qué ha hecho el Gobierno con ellas? Recordaré solamente la
última, del 21 de marzo de 2002, presentada por iniciativa del Grupo Parlamentario Popular unos pocos días antes de dar comienza la 58 sesión de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones
Unidas. En aquel debate decíamos: parece que es el momento oportuno, parece que es el momento idóneo para que el debate y el resultado de esta proposición no de ley aprobada se traslade a nuestro equipo que va a trabajar en esa Comisión de
Derechos Humanos. Nada nos dijo de ello el señor secretario de Estado de Asuntos Exteriores el pasado 30 de octubre.
(El señor presidente ocupa la presidencia). Por otra parte, ¿cómo se ha apoyado a las ONG sin apenas dotación presupuestaria, si
en los programas para la cooperación no hay apenas gran cosa?
En fin, señorías, señor presidente, aprobemos una vez más esta proposición no de ley. Lo digo con pocas esperanzas de que vaya a alguna parte, aunque con fervientes deseos de que sea útil y eficaz, pero anuncio también que lamentablemente
volveremos sobre estos temas de las mujeres afganas y de las mujeres de otros pueblos que hoy centran la atención informativa en el mundo.
Y termino, señor presidente, recordando una cita de la Torá, libro sagrado judío, nada sospechoso, por tanto, del tema que nos atañe, donde se dice: Yahvé cuenta las lágrimas de las mujeres. Me pregunto, ¿contará también todas estas
proposiciones no de ley?
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, tiene la palabra la señora Becerril.
La señora BECERRIL BUSTAMANTE: La proposición no de ley que nos presenta el Grupo de Convergència i Unió sigue siendo necesaria, pese a que, como se acaba de manifestar por parte de la diputada socialista, esta Comisión y la Comisión Mixta
de la Mujer se haya ocupado de la situación gravísima por la que atraviesa la mujer en Afganistán desde hace ya muchísimo tiempo. Como decía, a pesar de que la Comisión de Exteriores y la Comisión Mixta de la Mujer se han ocupado, estudiado y
aprobado resoluciones sobre estos dramáticos aspectos de la vida internacional, yo creo que sigue siendo necesario que esta Comisión vuelva sobre ello, porque la situación por la que han atravesado y siguen atravesando las mujeres y las niñas en
Afganistán continúa siendo dramática y va a necesitar mucho esfuerzo, bastantes medios económicos y años, seguramente, para que podamos decir que se van recobrando libertades y derechos fundamentales y básicos. Va a costar mucho tiempo, porque es
un país, por un lado, en proceso de reformas institucionales, pero es un país en una situación devastada, sin infraestructuras, sin infraestructuras sanitarias, sin infraestructura escolar y educativa, y todo ello va a necesitar, por tanto, de un
tiempo. Pero a mí me parece que es necesario que volvamos y que además es oportuno a estas alturas volver sobre esta situación, porque próximamente se va a reunir la comisión o el comité que sigue las reformas institucionales acordadas en
diciembre, el 5 de diciembre del año 2001, en Bonn, y esta comisión se va a reunir en los próximos días, también en el mes de diciembre, cerca de Bonn, en Petersberg, y va a analizar cuál ha sido la evolución del proceso de reformas, cuáles han sido
las dificultades del Gobierno provisional, de la Asamblea provisional, y por tanto van seguramente, y esperemos que así sea, a analizar también cuál ha sido la evolución de la condición y de la situación de las mujeres en Afganistán. Por tanto, yo
creo que es oportuno que se trate esta cuestión aquí, para que hagamos llegar al Gobierno de España, a la Comisión, a la Unión Europea, a las personas que van a participar en esa reunión, entre otras, el alto representante para la Política Exterior
y de Seguridad Común de la Unión Europea, nuestras inquietudes y nuestra insistencia en la lucha por las libertades y los derechos humanos para las mujeres y niñas en Afganistán.
No voy a volver a hacer el relato que en otras ocasiones ya se ha hecho de cuál es la situación y la condición de la mujer en este momento.
Solamente, pensando una vez más, y en esta ocasión en voz alta, sobre esta materia, yo pienso que la
represión a la que se ha llevado a las mujeres en Afganistán, y que todavía padecen, es una represión y es una persecución muy similar, salvando la distancia de los tiempos y de los procedimientos empleados, a las represiones y a las persecuciones y
exterminios que a lo largo de la historia fueron llevados grupos religiosos o étnico. Salvando las distancias del tiempo y los procedimientos empleados, al final es lo mismo el apartamiento en un gueto, en el de Varsovia, no dista mucho del
apartamiento al que se está sometiendo y se ha sometido a las mujeres en Afganistán. La exclusión, la reclusión e incluso los campos de exterminio y los campos de concentración, los procedimientos utilizados en Afganistán a lo largo de décadas han
sido más lentos en el tiempo y las mujeres, por su propia naturaleza y resistencia, sobrevivían durante más tiempo; pero al final conducía inexorablemente a la muerte. Por tanto, estamos hablando de exterminio, porque al final esto es un
exterminio y no hay palabras con las que calificarlo; todas las palabras del diccionario se quedan cortas.
Me parece, como decía, que volver sobre esta materia es conveniente y habrá que hacerlo en el futuro, porque va a costar años, años, que las
mujeres tengan y disfruten (entre comillas) de las garantías democráticas y de las libertades de un Estado de Derecho, aunque sea incipiente Estado de Derecho.
Creo también que hay que reconocer los esfuerzos que se están haciendo por parte de las autoridades afganas, que insisten constantemente en la necesidad de que las mujeres, además de la asistencia esencial y básica que deban recibir,
participen en el proceso de reformas y de instauración de instituciones democráticas en el país (creo que es un esfuerzo loable) y el esfuerzo que se está haciendo desde las Naciones Unidas. Naciones Unidas y las distintas agencias están volcándose
verdaderamente,
a pesar de las dificultades que hay, e insisten en la situación de la mujer y en cómo hay que irla corrigiendo y ayudándola en estas situaciones tan dramáticas de las que hemos hablado. Pero tendremos que seguir insistiendo.
En la Conferencia de Tokio de hace un año, de enero del año 2002, los países que ayudan en la reconstrucción de Afganistán se comprometieron a unas aportaciones económicas importantes. La Unión Europea se comprometió a una aportación
económica, y España concretamente a cien millones de dólares. Los resultados de Tokio no fueron absolutamente satisfactorios en relación a los compromisos o a los deseos de compromisos económicos por parte de los responsables de la conferencia,
pero se lograron importantes aportaciones. Yo creo que tenemos también que trasladar al Gobierno español (y así supongo que se hace o va implícito en esta proposición) la necesidad de seguir contribuyendo con medios económicos a paliar esta
situación. La verdad es que por parte de la Unión Europea (desde luego España durante la presidencia ha insistido en esta cuestión en varias ocasiones, y España preside el Comité Director para la reconstrucción de Afganistán), se ha insistido en la
situación de la mujer y en la necesidad de la recuperación de los derechos y de las libertades, pero creo que es conveniente que volvamos otra vez a insistir ante el Gobierno y ante las agencias de las Naciones Unidas en la importancia que le damos
a esta materia y en la conciencia que tenemos en el Parlamento español de su gravedad, trasladando también a toda la diplomacia, no sólo española, sino europea, nuestra preocupación y que nos ocupamos de ello.
Espero que cuando volvamos a tratar el tema podemos tener una visión un poco más optimista. En este momento no puede serlo, si bien sí que hay que reconocer los esfuerzos que en esta materia se están haciendo. Vamos, por tanto, a apoyar
esta resolución de Convergència y como decía yo estoy segura que no será la última vez, pero ojalá que la próxima vez que tratemos esta cuestión veamos el futuro un poco mejor gracias al esfuerzo internacional, gracias al esfuerzo de organizaciones
no gubernamentales, especialmente de mujeres, y, aunque sea en pequeña dosis, modestamente gracias al esfuerzo que hace también el Congreso de los Diputados por ocuparse de la situación de la mujer y de las niñas en Afganistán.
- SOBRE PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS PARA LA ELECCIÓN DE MAGISTRADOS Y DEL FISCAL DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/001717.)
El señor PRESIDENTE: Terminado el debate de esta proposición no de ley y retirada por el Grupo Parlamentario Mixto la número 3, pasamos a la número 4, sobre presentación de candidaturas para la elección de los magistrados y del fiscal de la
Corte Penal Internacional. Es autor de esta iniciativa el Grupo Parlamentario Socialista y para su defensa tiene la palabra el señor López Garrido.
El señor LÓPEZ GARRIDO: De acuerdo con lo establecido en el Estatuto de la Corte Penal Internacional, que fue aprobado por unanimidad en esta Cámara (se aprobó por unanimidad la ley orgánica que autorizó la ratificación de ese estatuto), el
9 de septiembre de este año se abrió un período para presentación de candidaturas para la elección de los magistrados y del fiscal de la Corte Penal Internacional. Recuerdo a SS.SS. que estos magistrados de la Corte Penal Internacional serán
dieciocho y que deben ser elegidos entre personas de alta consideración moral, imparcialidad e integridad, que reúnan las condiciones requeridas para el ejercicio de las más altas funciones judiciales en sus respectivos países, y, entre otros
requisitos, deben tener también el del conocimiento del Derecho y del procedimiento penal, experiencia en causas penales y también en materias relativas al Derecho internacional, como el Derecho internacional humanitario, derechos humanos, así como
experiencia en funciones jurídicas profesionales que tengan relación con la labor judicial de la Corte. Y también, en cuanto al fiscal, se dice en el Estatuto de la Corte: el fiscal de la Corte Penal Internacional deberá gozar de esa misma alta
consideración moral y tener un alto nivel de competencia. Estos magistrados y el fiscal tienen que ser elegidos por la Asamblea de Estados parte y el plazo para presentación de candidaturas expira, salvo prórroga, el día 30 noviembre, es decir,
dentro de muy pocos días.
Nuestro grupo parlamentario presentó en su momento, exactamente el 24 de octubre, una proposición no de ley, que es la que se debate y la que defendemos hoy, con el objetivo de que por España se presentase una candidatura para cubrir alguno
de los puestos de magistrados de la Corte Penal Internacional. Nosotros entendemos que la colaboración con la Corte Penal Internacional se debe expresar también en proponer candidatos que puedan ocupar esa altísima magistratura, formando parte de
esa Corte Penal Internacional. Por esto es por lo que instamos en esa proposición no de ley al Gobierno a que inicie los trámites oportunos para proceder a la presentación de esas candidaturas. Creemos además que esa colaboración (y esto está por
hacer todavía en esta Cámara) tiene que ver con la aprobación de una ley de cooperación con la Corte Penal Internacional y con una adaptación de nuestro Código Penal para, por ejemplo, tipificar crímenes contra la humanidad que no están en nuestro
Código Penal. Pero por el momento lo más urgente es que se cubran esos puestos de magistrados de la Corte Penal Internacional,
por eso hemos presentado esta proposición no de ley.
Hemos sabido en estos últimos días que ya hay una propuesta formal por parte de España, que se ha hecho a través de la representación española en el Tribunal Internacional de Arbitraje, que es uno de los procedimientos posibles, en la
persona de don Juan Antonio Yáñez Barnuevo. Por tanto, ya hay una propuesta formal a ese respecto, que se unirá a las cerca de treinta que en estos momentos hay presentadas, para poder cubrir en su momento esos puestos de magistrados en la Corte
Penal Internacional. Nos parece que don Juan Antonio Yáñez Barnuevo cubre las importantes exigencias del Estatuto de la Corte Penal Internacional para ser magistrado de esa Corte. Nos parece que es la persona indicada, una de las que estarían en
mejores condiciones para poder desarrollar esa labor. Por tanto, es una muy buena decisión el haber vehiculizado a través de ese procedimiento esta candidatura de un español.
Juan Antonio Yáñez Barnuevo es diplomático, ha estado ligado en todo momento a la elaboración del Estatuto de la Corte Penal Internacional y fue un representante permanente de España a ese efecto; es conocedor, por tanto, como el que más,
de ese Estatuto de la Corte Penal Internacional.
Su carrera profesional le avala cumplidamente. En estos momentos es el jefe de la Asesoría Jurídica del Ministerio de Asuntos Exteriores. Nos parece una magnífica propuesta y es por lo que,
llegados a este punto, entendemos que esta proposición no de ley, debe sustituirse en su parte dispositiva por una enmienda in voce, que inmediatamente presentaremos a la Mesa, que diría lo siguiente: 'El Congreso de los Diputados apoya la
candidatura del embajador don Juan Antonio Yáñez Barnuevo para la elección de magistrados de la Corte Penal Internacional y considera que, además de su alta consideración moral, imparcialidad e integridad, reúne el resto de condiciones establecidas
en el Estatuto de Roma para formar parte de la Corte'.
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno para que, junto con el resto de Estados parte del Estatuto de Roma, promueva el nombramiento de un fiscal de la Corte Penal Internacional que, cumpliendo igualmente los requisitos previstos en
el Estatuto, sea la persona idónea para impulsar eficazmente la actuación de la Corte y promover en todo momento la aplicación del principio de justicia universal, en el que se inspira su creación'.
Éste es el texto de la enmienda in voce que sometemos a los grupos parlamentarios, en sustitución del texto que inicialmente era el contenido de la proposición no de ley que defendemos. Creemos que si se aprueba, y esperamos que sea por
unanimidad esta enmienda in voce que planteamos, se inicia un camino, porque con esto no se produce automáticamente el nombramiento, en su caso, de don Juan Antonio Yáñez Barnuevo para ser magistrado de la Corte Penal Internacional. Luego tiene que
haber un nombramiento por parte de la Asamblea de Estados parte, valga la redundancia. Sería muy importante que esta propuesta recibiese el apoyo de la Cámara, para que, en conjunción con otros Estados parte de la Corte Penal Internacional, tuviera
en su momento el espaldarazo suficiente para que don Juan Antonio Yáñez Barnuevo formase parte de los dieciocho magistrados que inaugurarán en un momento histórico el comienzo del funcionamiento de esa Corte Penal Internacional.
Quedaría, y de ahí la segunda parte de nuestra propuesta, el nombramiento del fiscal de la Corte Penal Internacional, que entendemos debería reunir el máximo consenso del conjunto de los Estados que forman parte en estos momentos de esa
Corte Penal Internacional, que ha recibido en los últimos tiempos algún intento de obstaculización de su labor, como es lo que está sucediendo en este momento con algunas posibilidades de acuerdos bilaterales entre Estados Unidos y algunos miembros
Estados que forman parte del Estatuto de la Corte Penal Internacional. Creemos que la presentación por parte del Estado español de la candidatura de Juan Antonio Yáñez Barnuevo es una manifestación de apoyo a los trabajos de esta Corte Penal
Internacional, que debe ser sin duda uno de los pilares de la futura justicia universal en defensa de los derechos humanos.
El señor PRESIDENTE: Desde el momento en que la enmienda in voce que presenta el propio Grupo Socialista como autoenmienda es aceptada por su propio grupo, señalo a los diferentes grupos que deben tener en cuenta esa enmienda, porque eso es
lo que pasaríamos a votar.
Por el Grupo de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Guardans.
El señor GUARDANS I CAMBÓ: La proposición no de ley que presentaba originariamente el Grupo Socialista tenía su plena lógica y su oportunidad en el momento en que se registró, en la medida en que efectivamente era importante que el Gobierno
español presentara, y eventualmente consensuará con los demás grupos, un candidato a magistrado de la Corte Penal Internacional, continuando con lo que viene siendo un papel activo de España en todo lo que es la construcción de este nuevo órgano, en
el que muchos hemos depositado grandes esperanzas.
Efectivamente, es un hecho, no sé si se puede atribuir directamente a la acción del Grupo Socialista, que lo que era una petición al Gobierno hoy se convierte en una proposición en la que todo lo que vamos a hacer es votar felicitándonos
porque el Gobierno ya haya presentado un candidato, o lo vaya a presentar formalmente. Además nos permite a todos algo que tenemos pocas ocasiones de hacer, y es manifestar el apoyo a la persona concreta que es ese candidato. Mi grupo en esto se
une absolutamente, y sin ningún matiz ni reducción de ninguna clase, a las manifestaciones que ha hecho el portavoz socialista sobre la valía personal y la capacidad de don Juan Antonio Yáñez Barnuevo, que ha sido quien desde el primer
momento lideró el equipo español en las negociaciones que tuvieron lugar durante la Conferencia de Roma, que dio lugar al Estatuto de Roma, quien más activamente ha participado, por tanto, en nombre del Reino de España, en esa tramitación, quien
mejor conoce en nuestro país, sin duda, el contenido del Estatuto de Roma y su complejidad y quien con todo rigor puede, y esperemos que así acabe siendo, actuar como magistrado de esa nueva corte.
Por tanto, sólo nos queda, por un lado, felicitar al Gobierno por haber tomado esa iniciativa de presentar a un candidato que suscita el consenso más amplio y que es valorado por su enorme capacitación profesional en este punto y, en segundo
lugar, felicitar específicamente al candidato que se va a presentar, al señor Yáñez Barnuevo, con el mejor deseo de que finalmente la Asamblea de Estados parte, que es a quien corresponderá tomar esta decisión, acabe nombrándole magistrado. Porque
hay que subrayar ya desde este momento que esta decisión no está en manos del Reino de España, España lo que puede hacer es proponer un candidato y a partir de ahí veremos cómo se desarrollan los acontecimientos.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Ricomá.
El señor RICOMÁ DE CASTERLLANAU: España ya manifestó con anterioridad su voluntad de impulsar la creación de la Corte Penal Internacional dando un buen ejemplo, siendo uno de los primeros países que ratificó el Estatuto de Roma. Ahora,
ayer en concreto, creemos que ha dado cumplimiento a dicha voluntad política impulsando la candidatura de un magistrado español para formar parte de esta Corte, en concreto de la persona de José Antonio Yáñez Barnuevo. Esto ha provocado el cambio
de orientación de la proposición no de ley que en un principio se nos presentaba, y las palabras de este portavoz, han de ser en primera instancia, de agradecimiento a los demás grupos por la buena acogida que ha tenido la propuesta efectuada por el
Gobierno español, que además se ha hecho trabajando bajo los criterios en los que se debe ejecutar una política en el ámbito de Exteriores. La antigua proposición no de ley nos sugería alguna duda, en el sentido de que se podía confundir lo que era
un diseño de política de Exteriores, que siempre tiene que ir con el más elevado grado de consenso posible, por la importancia que ello tiene, con la responsabilidad exclusiva que tiene el Gobierno en ejecutar dichas políticas, responsabilidad que
evidentemente está siempre en manos de quien tiene bajo su paraguas los destinos de dirigir como intérprete aquellas líneas generales que previamente sí es aconsejable sean trabajadas con el máximo grado de consenso.
En estas circunstancias, y con una candidatura ya formulada, nosotros también celebramos de forma positiva las muchas cualidades que recaen en la persona propuesta, en el embajador Yáñez Barnuevo. Podíamos hablar de capacidad, de
experiencia, de idoneidad y de que ha sido el resultado también de un asesoramiento por parte del Ministerio muy cualificado. Sus virtudes en cuanto a experiencia y en cuanto a capacidades no voy a insistir más en ellas, porque creo que han sido
suficientemente desgranadas por parte del portavoz del grupo proponente, el Grupo Socialista, pero por la importancia que tiene la cualidad de la idoneidad, yo también quiero dejar constancia en el 'Diario de Sesiones' de que precisamente es una
persona que ha trabajado intensamente en la creación y desarrollo de las instituciones multilaterales encargadas de administrar la justicia penal internacional. Por lo tanto, es un anillo de excelente idoneidad que encaja perfectamente en el dedo
nuevo que se abre en el ámbito de la Corte Penal Internacional. Y después, el hecho de que se haya consultado previamente a cuatro jueces del Tribunal de Arbitraje de La Haya, es también prueba de que los mecanismos de trabajo, a la hora de
ejecutar políticas como la de designación de representantes en los diferentes estamentos internacionales, son totalmente correctos.
Si Internet no falla, creo que a estas horas son treinta y tres los candidatos propuestos para una Corte que debe estar integrada por dieciocho miembros, con lo cual es cierto que hemos dado el primer paso para conseguir que tengamos
representación en dicho tribunal, y ahora lo que toca es mantener vivo el paso y establecer con las partes todos aquellos contactos que sean necesarios para garantizar que nuestra candidatura esté en la primera parte de la tabla, con lo que quedaría
perfectamente integrado en uno de los puestos que dan acceso a formar parte de la Corte Penal Internacional.
Reiterando, pues, nuestra felicitación por la forma en que ha sido acogido el nombramiento del Gobierno de nuestro candidato, reiterando también que por esta misma razón vamos a votar favorablemente la propuesta que se ha hecho a manera de
enmienda in voce por parte del Grupo Socialista, sólo nos queda acabar deseando suerte y esfuerzos previos para conseguir que esta candidatura cuaje y que finalmente España tenga un magistrado en la Corte Penal Internacional.
El señor PRESIDENTE: Finalizado ya el debate de las proposiciones no de ley, pasaríamos a su votación. (El señor Marín pide la palabra.) Sí, señor Marín.
El señor MARÍN GONZÁLEZ: Para el buen orden. El señor Diego López Garrido votará sustituyendo a don Felipe González Márquez.
El señor PRESIDENTE: De acuerdo. Comenzamos con la primera proposición no de ley, relativa a compromisos del Estado español derivados de la ratificación de la Carta Europea de las lenguas minoritarias, presentada por el Grupo Parlamentario
Mixto, el señor Rodríguez, del BNG. Como no se han presentado enmiendas a esta proposición no de ley, se vota en sus propios términos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 12; en contra 16.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la segunda proposición no de ley, sobre medidas para el reconocimiento de las libertades y de los derechos de las mujeres en Afganistán, presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Retirada la proposición no de ley número 3, pasamos a la número 4, sobre presentación de candidaturas para la elección de los magistrados y del fiscal de la Corte Penal Internacional, de la que es autor el Grupo Parlamentario Socialista.
Como se ha presentado en el curso del debate una enmienda de sustitución, voy a proceder, a efectos del 'Diario de Sesiones', a leer el texto propuesto: 'El Congreso de los Diputados apoya la candidatura del embajador don Juan Antonio Yáñez
Barnuevo para la elección de magistrados de la Corte Penal Internacional y considera que, además de su alta consideración moral, imparcialidad e integridad, reúne el resto de condiciones establecidas en el Estatuto de Roma para formar parte de la
Corte'.
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno para que, junto con el resto de Estados parte del Estatuto de Roma, promueva el nombramiento de un fiscal de la Corte Penal Internacional que, cumpliendo igualmente los requisitos previstos en
el Estatuto, sea la persona idónea para impulsar eficazmente la actuación de la Corte y promover en todo momento la aplicación del principio de justicia universal en el que se inspira su creación'.
Con este texto pasamos a su votación.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
DICTAMEN SOBRE:
ACUERDO PARA LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN RECÍPROCA DE INVERSIONES ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA FEDERAL DE NIGERIA, HECHO EN ABUJA EL 9 DE JULIO DE 2002. A PROPUESTA DEL GOBIERNO (Número de expediente 110/000205.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos ahora al punto quinto del orden del día, que es un dictamen sobre acuerdo para la promoción y protección recíproca de inversiones entre el Reino de España y la República Federal de Nigeria, hecho en Abuja el 9
de julio de 2002. ¿Hay algún grupo que quiera intervenir? (Pausa.) ¿Se aprueba el acuerdo? (Asentimiento). Queda aprobado por unanimidad.
Se levanta la sesión.
Eran las doce y media del mediodía.
Nota.-El presente 'Diario de Sesiones', de la Comisión de Asuntos Exteriores, del miércoles 27 de noviembre de 2002, no guarda relación cronológica habitual, con el fin de no retrasar la publicación de los 'Diarios de Sesiones' ya
elaborados.