CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2002 VII Legislatura Núm. 628

COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JESÚS LÓPEZ-MEDEL BÁSCONES

Sesión núm. 23

celebrada el lunes, 25 de noviembre de 2002

ORDEN DEL DÍA:


Comparecencia de la señora ministra de Asuntos Exteriores (Palacio Vallelersundi) para informar sobre:


- Las líneas generales de su departamento. A petición propia. (Número de expediente 214/000142.) ... (Página 20548)


- Las líneas generales que va a desarrollar su departamento en materia de cooperación internacional para el desarrollo. A solicitud del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 213/000902.) ...
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- Su política de cooperación. A solicitud del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). (Número de expediente 213/000952.) ... (Página 20548)

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Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.



El señor PRESIDENTE: Señoras y señores diputados, es un momento de especial satisfacción el hecho de acoger en esta Comisión la presencia de la ministra de Asuntos Exteriores. Ciertamente esta es una comisión joven, SS.SS. lo saben bien,
la última Comisión permanente de carácter no legislativo creada en el Congreso de los Diputados pero una Comisión pujante desde el momento en que también la sociedad española con el tema de la cooperación internacional para el desarrollo está
adquiriendo un mayor compromiso y una mayor exigencia a todos los actores implicados en esta materia. Por ello el honor y la satisfacción de tener hoy con nosotros a la ministra de Asuntos Exteriores para hablar ante esta Comisión de las líneas
fundamentales de su departamento a propósito de la cooperación para el desarrollo es, como digo, un motivo de satisfacción e insisto, agradecemos de un modo muy especial la presencia de la ministra Ana Palacio.



Sin más dilación, comenzando los puntos incluidos en el orden del día que se refieren a la comparecencia, dejo en el uso de la palabra a la ministra de Asuntos Exteriores, Ana Palacio.



La señora MINISTRA DE ASUNTOS EXTERIORES (Palacio Vallelersundi): Muchas Gracias.



Señor presidente, señorías, para alguien que procede como yo del ámbito parlamentario comparecer ante esta Comisión constituye un ejercicio tan honroso y tan pleno de interés como espero que fructífero, porque es indudablemente una ocasión
de dialogar y conocer sin reservas el criterio, el punto de vista de los representantes de los ciudadanos españoles, que son todos ustedes, en esta variedad de materias.



Ha hablado el presidente del mayor compromiso y exigencia de la sociedad española hacia la cooperación y el desarrollo y es cierto que pocas materias de nuestra acción exterior pueden presumir de recabar un interés tan genuino y tan
comprometido de la sociedad española como la cooperación internacional para el desarrollo, sobre la que orienta su actividad esta Comisión ante la que solicité comparecer al poco de mi nombramiento. También me satisface que este encuentro se
celebre a los pocos días de mi primera y, puedo calificarla sin ambages, densa actividad en Iberoamérica, tanto asistiendo a la cumbre de Punta Cana como acompañando a SS. MM. los Reyes en el viaje a México, ambas ocasiones propicias para conocer
directamente por mi parte algunas cuestiones importantes ligadas a nuestra cooperación.



Ya lo he dicho, pero quiero reiterarlo: la política de cooperación forma parte de la política exterior de España, se inspira en los mismos principios y valores y también defiende los mismos intereses que ésta. En primer lugar, señorías,
pretendemos unas relaciones internacionales basadas en la primacía del derecho y en la primacía del diálogo y creemos firmemente en la universalidad de los principios entre los que destaca la defensa y promoción de los derechos humanos, pero también
la defensa y promoción de la democracia, del Estado de derecho, de la igualdad entre hombres y mujeres y de la economía de mercado. Ahora bien, si queremos ser coherentes con esta convicción, se impone llevar a cabo una traslación de estos
principios y derechos fundamentales, que están recogidos en nuestra Constitución, a nuestra acción exterior, haciendo compatible su universalidad con el respeto y comprensión de la diversidad cultural. España, en su política de cooperación, quiere
que los mismos principios y valores se desarrollen en los países con los que cooperamos.
Dicho de otro modo, España desea para los demás lo mismo por lo que hemos batallado nosotros mismos, es decir, libertad, respeto a los derechos humanos,
democracia, Estado de derecho, separación Iglesia-Estado, igualdad entre hombres y mujeres, economía de mercado, comercio libre; todo lo que define la bandera que compartimos con nuestros demás socios de la Unión Europea. El Gobierno considera que
reclamar la vigencia universal de estos principios es, pues, no sólo una exigencia ética, que deriva de la radical igualdad de los hombres, sino también un requisito de desarrollo. La experiencia demuestra que no hay un ejemplo de país desarrollado
-puede haberlo con renta per cápita alta- que no respete todos estos principios. Es decir, que desde un punto de vista si quieren además -he mencionado las cuestiones éticas y de valores, que son las fundamentales- egoísta, no hay mejor inversión
que la inversión en democracia, en vertebración de la sociedad, en fortalecimiento de las instituciones. El Gobierno, en consonancia con esta concepción, considera que la defensa de los derechos humanos es una de las prioridades sectoriales
establecidas tanto en la Ley de cooperación como en el Plan director de la cooperación 2001-2004, aprobado y dictaminado favorablemente por esta Cámara. Es indudable que el objetivo de ayuda al desarrollo consiste en reducir la pobreza, pero todos
sabemos que la pobreza no radica sólo en la falta de crecimiento, en los bajos niveles de renta. Afortunadamente, a lo largo de estos últimos años se ha ido extendiendo una nueva concepción de la cooperación internacional confirmada en las cumbres
de Monterrey y Johannesburgo, que entiende que la pobreza no se combate con la mera trasferencia de bienes, con la mera transferencia de capital, sino que para salir del subdesarrollo es necesario que haya democracia y respeto a los derechos
humanos, como decía antes.



Se están superando los planteamientos simplistas de los que creían poder resolver el problema del desarrollo tan sólo con aportaciones económicas y elevando sin más el nivel de renta de los países más pobres. La inestabilidad política, los
casos de corrupción entre los gobernantes, la desconsideración de las reglas del buen Gobierno, la marginación social y económica de grupos


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de población, la discriminación de la mujer, son todas ellas unas diferencias que nos exigen planteamientos acordes y nuevos en la ayuda al desarrollo. Creo que debemos ser firmes en nuestras exigencias de democracia y buen Gobierno, si no
malgastaremos el dinero del contribuyente español y estaremos privando de la oportunidad de recibirlo a otros destinatarios que sí podrían aprovecharlo. Por eso, quiero reiterar en esta comparecencia general que el fomento de los derechos humanos,
la democracia y la igualdad, el Estado de derecho y la buena gestión de los asuntos públicos, son parte integrante de la política española de cooperación al desarrollo. Señorías, si me permiten darle la vuelta a un lenguaje hoy inevitable, es ésta
la globalización que queremos, la globalización de estos valores. La mundialización no es, según esa imagen que empieza a estar manida, un proceso cuya lógica a todos nos escaparía, una evolución que tiene a los Estados y a las sociedades como
testigos mudos e inermes. Repito, queremos que esas ambiciones nuestras orienten y conformen esa globalización y en su caso la corrijan, todo ello manteniendo las escalas y la intensidad adecuada a cada objetivo. En resumen, la cooperación es así
una de las políticas que mejor encarna la obligada traslación, a la que me refería, de nuestros principios internos hacia la acción exterior, y la cooperación es también uno de los mejores instrumentos en manos del Gobierno para corregir aquellas
carencias de la globalización, según manifesté hace un momento, con la participación además de la sociedad española a través de las ONG y de las iniciativas particulares.



Señor presidente, señorías, he señalado hace un momento que el objetivo principal, casi el único, de la ayuda al desarrollo es la lucha contra la pobreza. Pero esta afirmación quedaría incompleta si no se añade que la pobreza la padecen las
personas no los países. Por tanto, es preciso combatirla allí donde existen personas en situaciones de pobreza, con independencia de las magnitudes macroeconómicas que se refieren a países y no a personas. Así, algunos Estados e instituciones
multilaterales están tratando de orientar la cooperación hacia los países menos avanzados de África subsahariana y de Asia. Esa tendencia, motivada en gran parte por intereses históricos, políticos y económicos de ciertos países, pretende que se
asimile la pobreza con África y en particular con estos países menos avanzados. Esta orientación preocupa a España por las consecuencias que tiene. Si bien resulta evidente la situación de pobreza y subdesarrollo en la que se encuentran estos
países, no lo es menos la de algunas naciones de Iberoamérica y del norte de África, que necesitan la ayuda internacional para superar las bolsas de pobreza y de exclusión en la que viven gran parte de sus sociedades. Conviene tener presente que,
según los datos y estudios más rigurosos, entre ellos el informe sobre la pobreza del Banco Mundial del año 2001, más de la mitad de la población del mundo que vive en situación de extrema pobreza lo hace en países de los llamados de renta
intermedia. Hay importantes masas de población en países de renta baja o incluso intermedia cuyos ingresos son tan bajos como los de aquellos países menos avanzados. Por eso los recursos destinados a combatir la pobreza deben dar una prioridad
compartida entre los países de rentas más bajas y los países con gran proporción de gente pobre, aunque se encuentren catalogados en estos países de renta media. Por otra parte, esa orientación que tiende a privilegiar prácticamente en régimen de
subsidiar a los países menos avanzados choca radical y frontalmente con los mandatos establecidos unánimemente por el Parlamento para nuestra cooperación al desarrollo, según los cuales nuestra ayuda debe orientarse hacia Iberoamérica, el norte de
África y Oriente Medio, regiones compuestas en su mayoría por países que no se encuadran en esa categoría de los países menos avanzados. Quiero añadir que esas preferencias geográficas no se dan sólo en nuestra ayuda oficial, también los agentes
privados de la cooperación en España tienen como destino prioritario de sus acciones y proyectos estas áreas geográficas. Tampoco se olvida nuestra cooperación de estos países menos avanzados, pues -como SS.SS. saben- junto a estas dos áreas
nuestra normativa asigna como países prioritarios los del África subsahariana.



Pues bien, frente a la tendencia a dirigir la ayuda exclusivamente a los países menos avanzados, para España es fundamental que los países calificados como de renta intermedia puedan ser beneficiarios de la ayuda al desarrollo. No hacerlo
significaría en cierta medida penalizar a aquellos países que por haber realizado esfuerzos en su estabilidad democrática, mejor gobierno y políticas económicas más acertadas, han conseguido abandonar los niveles máximos de pobreza, aunque ésta
todavía afecta a grandes bolsas de su población. Por tanto, apoyar a los países en desarrollo es una decisión justificada y a la vez pragmática de nuestra cooperación. Es indudable que nuestra cooperación, como ha reconocido la Organización para
la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, en su reciente examen a la cooperación española, es mucho más eficaz en zonas en las que el idioma y la cultura nos permiten un diálogo fluido con los beneficiarios de la ayuda. El Gobierno
entiende que es preciso seguir desplegando una acción política intensa en los foros políticos, en los foros académicos y de opinión pública para no perder la legimitidad de nuestra política de cooperación y ayuda al desarrollo. A la vez que
transmito esta preocupación a la Cámara, quisiera recabar hoy aquí formalmente el apoyo de esta Comisión y de los grupos parlamentarios sobre esta cuestión fundamental.



Señor presidente, acabo de aludir a uno de los hechos más relevantes para la cooperación española en este tiempo que llevamos de legislatura, esto es, al examen que el Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE


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ha realizado respecto a la cooperación española y cuyas conclusiones se hicieron públicas en abril pasado. Me consta que esta Cámara ha tenido ocasión de tratar con profundidad esta importante materia, la última vez hace unas pocas semanas,
pero no quiero dejar de referirme al menos a dos cuestiones que me parecen especialmente significativas y relevantes. En primer lugar, al hecho de que el Comité de la OCDE haya confirmado la opción española de cooperar con aquellas regiones con las
que tiene especial afinidad y vinculación, señalando la ventaja comparativa que ello supone. Esta es una cuestión sobre la que hay acuerdo en España, pero que no es compartida universalmente en el contexto internacional. En segundo lugar, a la
llamada de atención que nos dirige la OCDE sobre el riesgo de una posible pérdida de eficacia y de impacto de la cooperación española. En concreto, según el citado comité, la existencia de una gran diversidad de actores en la cooperación y de un
alto porcentaje de dicha cooperación, que se canaliza a través de organizaciones no gubernamentales de desarrollo, puede suponer un riesgo de disminución del impacto de la ayuda. Recuerdo a SS.SS. en tal sentido que somos el país europeo que, con
mucho, más porcentaje de la cooperación destina a subvenciones a organizaciones no gubernamentales de desarrollo, esto es, el 38 por ciento. Por tanto, y para evitar que se dé esa situación, el comité recomienda fortalecer la posición del
Ministerio de Asuntos Exteriores como órgano que coordina y diseña las estrategias del conjunto de la cooperación española. Y señala también la OCDE que otros ministerios y administraciones públicas autonómicas y locales y las organizaciones no
gubernamentales de desarrollo, financiadas con fondos públicos, deberían adaptar sus intervenciones a las estrategias sectoriales y geográficas de la cooperación española. El resultado de este examen ha sido muy satisfactorio para la cooperación
española, pues ha reconocido y confirmado las líneas de actuación llevadas a cabo en los últimos años por el Gobierno. En concreto, ha respaldado el marco institucional y normativo, las preferencias geográficas de la cooperación española,
especialmente hacia América Latina y los países de renta intermedia, la existencia novedosa de una cooperación cultural y los programas de becas para la enseñanza superior, el papel del Ministerio de Asuntos Exteriores en la relación con la
cooperación descentralizada y la que llevan a cabo las entidades privadas, sindicatos, fundaciones, universidades y sobre todo organizaciones no gubernamentales de desarrollo.



Me permitirán SS.SS. que haga ahora un breve recuento de esa labor de coherencia, racionalidad y transparencia llevada a cabo en estos 30 meses de legislatura por el departamento de Asuntos Exteriores. En primer término, se ha establecido
una nueva estructura de la Agencia Española de Cooperación para racionalizar en una misma instancia, esto es, la Dirección General de Relaciones Culturales y Científicas, todas las competencias de cooperación y promoción cultural hasta entonces
diseminadas en diferentes unidades. Porque tenemos la convicción de que la educación y la cultura son vectores del desarrollo humano, mantenemos una política de cooperación también en el ámbito educativo y cultural, en la seguridad de que cuanto
mayor sea el nivel de educación de un país antes alcanzará un mejor desarrollo y erradicará la pobreza. El Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE ha reconocido esta singularidad de la cooperación española. En segundo lugar, quisiera destacar el
esfuerzo de coherencia que entraña la aprobación del Plan director de cooperación española 2001-2004 y de los planes anuales 2001 y 2002, dictaminados todos ellos favorablemente por el Congreso. Sin duda, la misma existencia de un plan director me
parece en sí un éxito, ya que es la primera vez que disponemos de un instrumento de esta naturaleza, refrendado además en su día por un amplio consenso en la Cámara.



También merecen subrayarse otras actuaciones de orden estructural, como la reforma del Consejo de Cooperación, a fin de lograr un mayor equilibrio entre todos los sectores sociales e institucionales de cooperación en él representados, y la
constitución de las comisiones interministerial e interterritorial. Todos ellos son órganos consultivos, en los que se han debatido a lo largo de estos dos años cuestiones fundamentales de la cooperación española para el desarrollo, como el plan
director y los planes anuales de cooperación, el estatuto del cooperante, los créditos del Fondo de Ayuda al Desarrollo y las perspectivas del programa de microcréditos entre otras cuestiones.



Me gustaría destacar el propósito de hacer más coherente y eficaz nuestra cooperación. Ese propósito se ha dirigido hacia la reforma del sistema de financiación de las organizaciones no gubernamentales de desarrollo, que se basa ahora en la
programación de objetivos plurianuales. Este nuevo sistema de subvenciones permite a las organizaciones no gubernamentales para el desarrollo tener previsibilidad en cuanto a los ingresos públicos, lo que redunda en la mejor planificación de sus
proyectos y en una mayor eficacia e impacto social de los mismos.



Resulta también clarificadora la reforma del sistema de becas del Ministerio de Asuntos Exteriores, ámbito en el que se enmarca la creación de la Fundación Carolina. Las becas dirigidas a estudiantes, ahora denominadas becas del Ministerio
de Asuntos Exteriores, y las nuevas becas Carolina ofrecidas a jóvenes profesionales, han mejorado sustancialmente la gestión, dotación y ejecución de este instrumento privilegiado de la cooperación educativa, cultural y científica de España con el
resto del mundo y, especialmente, con la comunidad Iberoamericana.



Por su innovación y trascendencia debo referirme también al programa de microcréditos, incorporado en 1998 a la cooperación española como instrumento de


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cooperación gestionado por el Ministerio de Asuntos Exteriores, con la creación de un fondo para la concesión de microcréditos destinados a proyectos de desarrollo social básico en el exterior. A partir del año 1998, dicho fondo, que otorga
un papel relevante a las organizaciones no gubernamentales, ha dispuesto de dotaciones presupuestarias anuales que han oscilado entre 8.000 y 12.000 millones de pesetas. Para el período 2001-2004 el Plan director de la cooperación española ha
previsto unas dotaciones presupuestarias de 240,4 millones de euros, lo que equivale aproximadamente a 40.000 millones de pesetas. Esto supone la constitución del mayor fondo de este tipo existente en el mundo y, a pesar del poco tiempo
transcurrido desde su creación, el fondo ha tenido una notable actividad, sobre todo en Iberoamérica, donde existe una cuota de actividad microcrediticia de la cooperación española que ha sorprendido a los organismos internacionales que operan en
esta zona.



Otro ámbito que me gustaría destacar es el impulso para las actuaciones de conservación del patrimonio, con el nuevo programa de patrimonio cultural y la creación del premio internacional Reina Sofía de conservación y restauración del
patrimonio cultural. Me consta que varios miembros de esta Comisión han conocido in situ la magnitud de nuestros planes de revitalización de centros históricos en Iberoamérica o la importancia social de nuestras 36 escuelas taller en esa región.
Otro aspecto que quiero destacar es el de los mecanismos de coordinación existentes, en materia de cooperación, con determinados países europeos, en particular, con el Reino Unido, Portugal, Austria, Italia y con los Estados Unidos de Norteamérica,
con los que celebramos reuniones periódicas entre los responsables de cooperación. Por último, quisiera marcar énfasis en la estrategia de cooperación española de medio ambiente y los programas regionales en materia de desarrollo sostenible, que
son dos, el programa Araucaria, en el ámbito de la conservación de la biodiversidad para Iberoamérica, y el programa Azahar, en la conservación de los recursos naturales en el Mediterráneo. Señorías, el Gobierno -lo repito una vez más, si me lo
permiten- valora y aprecia mucho las recomendaciones del Comité de Ayuda al Desarrollo y el reconocimiento del esfuerzo que ha venido realizando nuestro país en los últimos años, tanto en incrementar las cantidades dedicadas a la ayuda al
desarrollo, especialmente destacable, siendo conscientes de la situación de la que partíamos, como por la mejora de la calidad -que resalta- de nuestra cooperación. El comité reconoce expresamente el notable progreso realizado en cooperación al
desarrollo desde la última revisión que data del año 1998. Que una institución internacional de reconocido prestigio haga estas valoraciones a nuestra cooperación es un motivo de satisfacción para el Gobierno, pero también para el conjunto de la
sociedad española, que con sus impuestos y con sus aportaciones voluntarias contribuye generosamente a la tarea, en la que estamos empeñados, de erradicar la pobreza de los países en desarrollo con los que España coopera.



Señorías, por vocación personal, me parece obligado referir aquí cuáles son nuestras actuaciones en el marco europeo por lo que respecta a la cooperación. Con motivo de su presidencia, España, que defiende sistemáticamente en la Unión
Europea la necesidad de una política de cooperación orientada a los resultados, preparó el debate de primavera del consejo de asuntos generales sobre la eficacia de la acción exterior.
En dicho debate se examinaron cuestiones cruciales para la
mejora de dicha eficacia, tales como la coordinación entre pilares, la flexibilidad presupuestaria, los criterios de asignación de recursos, el papel de la Unión Europea en los organismos internacionales financieros y en Naciones Unidas, la
cooperación sobre el terreno realizada por los Estados miembros y el impacto real de ayuda al desarrollo. Precisamente uno de los puntos más discutidos fue el de las sinergias entre política de cooperación y acción exterior en general, siendo la
tesis de la presidencia española que una mayor sintonía entre las dos redundaría en la eficacia de ambas. La creación del CADRE, subsumiendo los dos consejos de asuntos generales y de desarrollo, es una consecuencia de esta filosofía. En cuanto a
los temas sectoriales, el Consejo y el Parlamento aprobaron un importante conjunto de conclusiones y resoluciones, entre las que quiero destacar las resoluciones sobre educación y salud, que apuntan a los problemas esenciales del desarrollo y tienen
el valor añadido de dirigirse a las políticas de cooperación de la comunidad y de los Estados miembros, intentando tener también influencia sobre las políticas bilaterales de los Estados miembros. Por último, la presidencia española otorgó carácter
prioritario a la promoción de la democracia, incluyéndola como uno de los temas principales en la agenda del Consejo de Ministros de Desarrollo, celebrada el 30 de mayo de este año.



Señorías, me gustaría hacer ahora algunas consideraciones sobre un acontecimiento al que ya he aludido, y se trata de la cumbre de Monterrey. Gracias a la cumbre de Monterrey en marzo pasado es posible hablar con propiedad de la existencia
de un acuerdo en la comunidad internacional en materia de cooperación para el desarrollo, un acuerdo que no habla sólo de financiación sin más, sino que habla también, de manera clara y decidida, de los principios a los que me he referido al inicio
de mi intervención: esto es, de la necesidad de la democracia y del Estado de derecho, el respeto a los derechos humanos y a la igualdad entre hombre y mujer como planteamientos previos e indisolublemente unidos al desarrollo. Es lícito que nos
felicitemos de estos resultados por haber correspondido a España, con motivo de su presidencia, impulsar y coordinar en el nivel europeo el desarrollo de la conferencia. Además, en Monterrey, la Unión Europea quiso ir


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más allá con un compromiso formal de aportar no más tarde del año 2006 el 0,39 por ciento del producto interior bruto de la suma de todos los Estados miembros en concepto de ayuda oficial al desarrollo. Con este planteamiento, la Unión
Europea está liderando la comunidad internacional de donantes, para hacer efectivo el compromiso a largo plazo de alcanzar el 0,7 del producto interior bruto.



Como tuve ocasión de señalar en mi comparecencia para informar de los presupuestos para el próximo ejercicio, el total de la ayuda oficial al desarrollo española en el año 2003 será de 2.058,78 millones de euros, de los que 1.771,46
corresponden a la Administración general del Estado.
Estos datos significan un crecimiento respecto al año 2002 del 18 por ciento, puesto que la ayuda oficial al desarrollo en el año 2002 fue de 1.707,5 millones de euros. Por su parte, los
1.771,46 millones de euros de la ayuda oficial al desarrollo de la Administración general del Estado suponen un crecimiento respecto al ejercicio precedente del 22,85 por ciento. En España hemos incrementado considerablemente nuestra aportación a
la cooperación para el desarrollo en los últimos años y ese mismo aumento se prevé para los años que faltan del cuatrienio de vigencia del plan director. Con estas magnitudes estamos en condiciones de llegar en el año 2006 al 0,33 por ciento del
producto interior bruto en ayuda oficial al desarrollo, que es el compromiso adquirido en el Consejo europeo de Barcelona de 15 y 16 de marzo de 2002 y explicitado solemnemente ante la comunidad internacional en la cumbre de Monterrey una semana
después.



A este respecto, señor presidente, señorías, quisiera hacer una reflexión sobre una vertiente de la ayuda al desarrollo que importa mucho a este Gobierno. Sin duda, en España deben aumentar los recursos públicos destinados a la cooperación,
y lo estamos haciendo de forma decidida, pero no seríamos justos ni objetivos si olvidáramos que a los recursos públicos se suma la contribución libre y voluntaria de los españoles y de las entidades privadas que conforman el entramado de una
sociedad. Esta contribución en España es mucho más generosa que en la mayoría de los países de nuestro entorno. Creo que esta es una vertiente que debemos cuidar, pues son muchos los aspectos en los que se puede avanzar: tratamiento fiscal de las
donaciones, transparencia e información a los ciudadanos, eficacia en la gestión de las contribuciones voluntarias, entre otras medidas.



Señorías, la mayor coherencia y racionalidad de nuestra cooperación, el aumento sostenido de los fondos a ayudas destinados, nos autoriza a encarar con confianza ejercicios inmediatos y futuros de ayuda al desarrollo y en este horizonte
permítanme que esboce las líneas principales de actuación. Por una parte, proseguir la preferencia iberoamericana, consagrada tanto por nuestra normativa como por lo que podríamos llamar un mandato de la comunidad de donantes, que ha aceptado la
especialidad iberoamericana de España y ha solicitado a nuestro país que lleve la iniciativa en la región. Junto a la atención respecto de los nueve países prioritarios, queremos otorgar un tratamiento especial a Argentina en consideración a su
actual situación. En este sentido, dentro de poco está prevista la celebración de una comisión mixta de cooperación hispano-argentina y esperamos que en ella, teniendo en cuenta las propuestas que formule la parte argentina, se determinará el
contenido de nuestra cooperación bilateral. Mantendremos la singularidad de nuestra cooperación con Colombia, dirigida a acompañar el proceso de paz, y de nuestra cooperación con Cuba, orientada a facilitar la evolución interna del país y a mejorar
las condiciones de vida de la población.



En relación con Iberoamérica, quisiera hacer una mención a la cooperación dirigida a las cumbres iberoamericanas, institucionalizada desde la quinta cumbre de 1995. En la actualidad existen 16 programas en ejecución. Para impulsar y
coordinar estos programas se constituyó en 1999 la Secretaría de Cooperación Iberoamericana. Pues bien, en esta última cumbre de Bavaro, por iniciativa de España, se ha puesto en marcha una profunda reforma de esta institución y del sistema de
cumbres. A tal fin se va a constituir un grupo de trabajo, presidido por el actual presidente de Brasil, don Fernando Cardoso, que deberá presentar sus conclusiones en la próxima cumbre que se celebrará en Bolivia, en la ciudad de Santa Cruz de la
Sierra. Además, queremos completar una red de oficinas técnicas de cooperación, abriendo nuevas oficinas en Argel, Dakar, El Cairo y Hanoi, y la red de centros culturales, con nuevos centros en Montevideo y Malabo, aperturas que testimonian las
otras prioridades geográficas de nuestra cooperación, como la destinada a los países árabes del norte de África y de Oriente Medio, al África subsahariana y a Asia. Respecto al norte de África, en la actualidad se están cumpliendo las previsiones
del plan director para los países programa, con la excepción de Marruecos. En efecto, la difícil coyuntura de la relación bilateral con Marruecos impide realizar el mandato de prestar especial atención a Marruecos, aumentando nuestro volumen de
cooperación y concentrando los programas en su región norte. A pesar de que se ha incrementado la cooperación directa no gubernamental, las subvenciones de Estado están congeladas, ya que el Gobierno de Marruecos se niega a aceptarlas. Por lo que
se refiere a Oriente Medio, el Plan director 2001-2004 señala como prioritaria la colaboración activa con el proceso de paz en el que España está involucrada, en especial con los territorios palestinos. Por otra parte, nuestra cooperación con
África subsahariana es expresión del compromiso político asumido en el Plan de acción para África subsahariana del Ministerio de Asuntos Exteriores, que se inscribe en la iniciativa NEPAD. Respecto de Asia, hasta fechas muy recientes, la
cooperación española con ese continente se había limitado a Filipinas. A partir de


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la aprobación del plan director al que me he referido y del plan marco Asia-Pacífico 2001-2002 se ha incrementado el ámbito de actuación a Vietnam y China, que reciben cada uno un 15 por ciento de los fondos destinados a Asia, mientras que
Filipinas recibe un 43 por ciento.
Finalmente, proseguiremos nuestra cooperación con Europa central y oriental, expresamente con los Balcanes, donde el objetivo de la cooperación es el mantenimiento de nuestro compromiso con el proceso de paz y,
como complemento, el apoyo a los procesos de transición en el resto de Europa. La actividad de la Agencia en la región -tradicionalmente España había estado al frente de ella- se ha visto facilitada con la apertura en abril de 2001 de la oficina
técnica de cooperación de Sarajevo.



En otro orden de cosas, nos proponemos asociar el programa de microcréditos a las escuelas taller, puesto que un 20 por ciento de los alumnos que pasan por ellas funda después una microempresa de albañilería, fontanería o carpintería, entre
otras, es decir de la misma especialidad de la que han recibido formación en las escuelas taller.
También esperamos aprobar, una vez hayan pasado por los órganos consultivos de la cooperación, las estrategias de la cooperación española de buen
gobierno de la sanidad, de la educación y del patrimonio y promoción del tejido económico. Por último, estamos determinados a seguir impulsando la elaboración del estatuto del cooperante, sobre la base del principio que rigió la aprobación de la
Ley de cooperación, que es el acuerdo con los sectores y agentes implicados y que ha sido reiterado en la moción aprobada por el pleno del Consejo el pasado mes de febrero.



Concluyo, señor presidente, señorías. España está hoy en condiciones de llevar a cabo una política de cooperación solvente. Con ella contribuiremos de verdad a la transformación de las sociedades destinatarias de esta ayuda y a orientar en
un sentido más justo y equitativo ciertos procesos de mundialización. Me reafirmo en que los elementos sustantivos de nuestra cooperación forman parte de una política que es en último extremo el reflejo de la solidaridad de la sociedad española,
aquella que persigue para otras personas, para otros Estados, para otros pueblos, para los demás ciudadanos el progreso, el desarrollo y los valores de libertad, de igualdad y de democracia que queremos para nosotros mismos.



Muchas gracias.



El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.



A continuación intervendrán los grupos que han solicitado la comparecencia. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Campuzano.



El señor CAMPUZANO I CANADÈS: En primer lugar, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), quiero dar la bienvenida a la señora ministra en esta comparecencia. Estoy seguro que mis compañeros portavoces en las otras
comisiones en que haya comparecido ya le habrán deseado suerte y éxito en su responsabilidad, y yo me sumo a esas consideraciones porque su suerte y su éxito siempre van a ser la suerte y el éxito de todos nosotros. También quiero decirle que nos
gustaría tener ocasión de compartir sesiones con usted de una manera más habitual de aquélla a la que estamos acostumbrados a hacerlo con los ministros de Asuntos Exteriores en esta Comisión. Es evidente que la agenda de un ministro de Asuntos
Exteriores es una agenda densa, y usted lo ha dicho.
De hecho, en la Cámara son tres las comisiones que le corresponden, por lo que supongo que las cosas no son fáciles, pero sería bueno que las comparecencias de los responsables máximos del
ministerio en la Comisión de Cooperación al Desarrollo no fuesen tan excepcionales como lo han sido a lo largo de estos años. Por tanto, ahí queda ese deseo del Grupo Parlamentario Catalán que creo que compartimos el conjunto de los grupos de la
Cámara.



Entrando ya en el contenido de su intervención, es evidente que ha hecho un planteamiento continuista respecto a la política que en esta materia viene desarrollando el Gobierno en esta legislatura. Usted seguramente conoce, sus
colaboradores ya se lo habrán transmitido, las discrepancias de mi grupo respecto a determinadas orientaciones de actuación del ministerio en esta legislatura, y sobre estas cuestiones me gustaría profundizar en algunas ideas. Una primera es que en
esta legislatura la capacidad de diálogo y de articulación de consensos que el Gobierno había mostrado tener en este ámbito se ha roto. Hay una dificultad objetiva de relación con el mundo de las organizaciones no gubernamentales, expresada en el
error que supuso la modificación unilateral del reglamento que regula el Consejo de Cooperación, así como dificultades para alcanzar acuerdos en el seno de esta Cámara en aquellos aspectos que son importantes en la política de cooperación al
desarrollo. Ahí mi grupo plantea una primera petición a la señora ministra, la de que el Gobierno recupere su capacidad de diálogo y de construcción de una política sólida y consensuada en ese ámbito. Creo que el recuerdo de la etapa 1996-2000 es
positivo, lo es en el conjunto de actores involucrados en el ámbito de la cooperación al desarrollo, pero es evidente que desde marzo de 2000 este aspecto ha padecido -si me permite la expresión- un importante nivel de degradación. Esta es una
primera consideración, de carácter general, que le quiere plantear mi grupo.



Una segunda consideración es que mi grupo entiende, y creo que es un elemento de consenso, que la democracia es también posible en las sociedades, y de manera muy fundamental, en la medida en que seamos capaces de construir sociedades donde
las diferencias entre ricos y pobres sean gestionables. En sociedades en


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las que las diferencias entre ricos y pobres son abismales es imposible que la democracia se pueda consolidar, que se pueda implementar. Por tanto, el apoyo a políticas que supongan una redistribución de la renta de las sociedades es básico
y fundamental, y en ello inciden las políticas públicas de cooperación al desarrollo, las políticas que inciden, precisamente, en la creación de condiciones que hagan posible que esas diferencias sociales sean asumibles en términos democráticos y
sostenibles. Por tanto, la orientación fundamental que marca nuestra Ley de cooperación al desarrollo es la de la erradicación de la pobreza. Y aquel principio que la política española de cooperación debe también aspirar a alcanzar en los países
en vías de desarrollo, junto a la democracia y los derechos humanos, es también la construcción de Estados sociales que sean capaces de superar los dramáticos problemas de pobreza y desigualdad que existen en muchos de ellos. Y, lógicamente, esta
reflexión va mucho más allá de la acción de la cooperación española stricto sensu y tiene mucho que ver con las decisiones que se toman en el seno de la comunidad internacional, por parte del Fondo Monetario Internacional, por parte del Banco
Mundial, por parte de la Organización Mundial de Comercio. Ahí mi grupo le plantea una segunda consideración de carácter general como es la coherencia del conjunto de las políticas del Gobierno en ese ámbito. Mi grupo ha mostrado ya su posición de
crítica reflexiva sobre el hecho de que, por ejemplo, de los cuatro primeros receptores de AOD española de carácter bilateral, dos sean países como Indonesia o China. No entendemos por qué forman parte de esta prioridad real de la AOD bilateral
española, en la medida que no forman parte ni de esas prioridades geográficas que marca la Ley de cooperación al desarrollo ni responden a los principales objetivos de erradicación de la pobreza que tenemos marcados. A mi grupo le sorprende y el
mismo CAD plantea algunas dudas sobre la aplicación de los instrumentos concesionales a esos objetivos de erradicación de la pobreza y critica la utilización de los mecanismos de conversión de deuda en inversión privada como mecanismo efectivo para
erradicar la pobreza.



Nos sorprenden también las políticas que España mantiene en el Fondo Monetario y en el Banco Mundial, desconocidas la mayoría de ellas por esta Cámara desde la perspectiva de esas actuaciones, pero muy especialmente desde la perspectiva de
los objetivos de la erradicación de la pobreza, y también la ausencia de una política que vincule emigración y cooperación. Mi grupo planteó en el seno de esta Comisión la creación de una subcomisión para analizar las vinculaciones entre las
políticas de emigración y las políticas de cooperación, y esa propuesta fue rechazada por la mayoría del Grupo Popular. Nosotros no entendimos cómo se privó a la Cámara de la posibilidad de estudiar esa materia, de formular propuestas, en
definitiva, de avanzar en lo que empieza ya a ser un lugar común del conjunto de reflexiones que se producen en el ámbito del Mediterráneo. En la última reunión de los cinco más cinco -creo recordar que en marzo de este año-, en Túnez, se aprobaron
resoluciones que vinculaban esas políticas de emigración y cooperación. Nos gustaría que como nueva ministra asumiese una voluntad de vincular expresamente políticas de emigración y de cooperación, en esa visión de coherencia del conjunto de la
Administración exterior del Estado en la erradicación de la pobreza. Usted sabe, señora ministra, que instrumentos básicos para la política de cooperación española como el FAD, que representa alrededor de un 15 por ciento del conjunto de la AOD, la
gestión de la deuda externa y la participación en los organismos internacionales financieros son tan importantes o más que las medidas que se impulsen estrictamente por lo que gestiona la Agencia española de cooperación, y ahí se exige un liderazgo
del Ministerio de Asuntos Exteriores. A nuestro entender, en esta legislatura el ministerio ha renunciado a ese liderazgo.



Nosotros esperamos que se puedan cumplir dos compromisos a los que usted ha hecho referencia. Uno es el del estatuto del cooperante. Hay un mandato legal explícito en la Ley de cooperación al desarrollo que el Gobierno ha incumplido. El
segundo mandato político es la moción que aprobó el Pleno de la Cámara. Nosotros entendemos que sería esencial que el Gobierno, en los primeros meses del año 2003, enviase a la Cámara un proyecto de ley del estatuto del cooperante, con la voluntad
de que este instrumento llegase con el máximo consenso posible, pero también convencidos de que, si el Gobierno quiere, es posible alcanzar ese consenso. Mi grupo parlamentario anunció la semana pasada en la Cámara, en un seminario que organizó un
grupo de ONG vinculadas a la Coordinadora de ONG para el desarrollo, que si el Gobierno no envía a la Cámara ese proyecto de ley a principios del año que viene, mi grupo presentará a la Cámara para su toma en consideración una proposición de ley que
regule el estatuto del cooperante. El Gobierno tiene ese compromiso legal y político y debe cumplirlo.



Existe un segundo compromiso, el de cumplir lo acordado en el Consejo de Barcelona -expresado pública y solemnemente, como usted ha recordado, en Monterrey- para alcanzar esa cifra mínima de ayuda. Vamos a estar atentos a la evolución de
los compromisos del Gobierno para alcanzar efectivamente esos acuerdos. La señora ministra estará de acuerdo conmigo en que, junto a la dimensión cuantitativa de esta cuestión, la dimensión cualitativa es básica. A mi grupo, en la misma línea que
al CAD, le preocupa la definición que el Gobierno hace de servicios sociales básicos. El Gobierno hace una definición de servicios sociales básicos muy laxa, amplia e incorpora conceptos que el CAD no valora de la misma manera. Le invitamos a que
haga una reflexión sobre el cumplimiento de la recomendación que efectúa el CAD. En esa


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misma línea el CAD plantea la cuestión de si efectivamente la ayuda que destinamos a los países de renta intermedia se dirige efectivamente a luchar contra la pobreza. El CAD destaca la ventaja comparativa de España, pero también plantea la
duda de si estamos dedicando esa ayuda a combatir la pobreza. Como es habitual, el CAD lo plantea en términos suaves y diplomáticos, pero abre dudas sobre la política de becas, sobre la política patrimonial o de reconstrucción del patrimonio
público y recuerda que quizá sería bueno vincular estas actuaciones a una estrategia global, por ejemplo, de promoción del turismo, pero no de la manera que se está realizando hasta ahora. Ahí existen elementos de reflexión. Le recomiendo una
lectura atenta del informe del CAD porque se marcan sugerencias importantes de cara a la cooperación española.



Este miércoles hay una reunión convocada por el Banco Mundial en el marco de esta iniciativa por vía rápida para intentar alcanzar los objetivos de Dakar de una plena educación básica para todos en los años 2002-2015. En esta reunión del
día 27 de noviembre, convocada por el Banco Mundial, nos gustaría saber qué posiciones va a mantener el Gobierno español. Sabemos que han existido dificultades, seguramente el mayor responsable sea el Banco Mundial, en la convocatoria de esta
reunión. Nos gustaría saber qué va a plantear el Gobierno en esta reunión y qué compromisos va a asumir España en la iniciativa por la vía rápida que se va a plantear por el Banco Mundial, de lo que a nuestro entender debería ser otro compromiso
básico de la ayuda española como la educación básica. El mismo informe del CAD plantea dudas sobre una excesiva orientación de nuestra ayuda hacia la educación superior.



Voy a hacer dos últimas consideraciones. Nosotros entendemos que España debe incorporar entre sus prioridades a África. Hoy existe un consenso internacional en que África es la gran olvidada del actual proceso de globalización. Al margen
de los intereses políticos legítimos de cooperación que tiene España en otras áreas del mundo, África debe ser nuestra nueva prioridad. Señora ministra, le pedimos que en el marco de aquellos países que la cooperación española define en el África
subsahariana como prioritarios se haga un esfuerzo muy especial en los próximos años. El plan director define los países del área lusófona y Guinea. Nos parece, señora ministra, que España debería abocarse en ese compromiso del mundo entero con el
gran olvidado de la globalización que es África. También le invitamos a resolver la cuestión de las relaciones con Marruecos. Es imposible plantearnos de verdad una lógica diferente con Marruecos en la actual situación. Esto es responsabilidad
del Gobierno marroquí, pero también lo es del Gobierno español. Mi grupo le encarece a buscar ya una solución política a esta situación.



Quisiera hacer un último comentario -ya se lo he dicho por lo bajo al portavoz del Grupo Popular- sobre el proyecto de ley de mecenazgo y de incentivos fiscales, ya que en su trámite parlamentario ha recibido una enmienda planteada por el
Grupo Popular que hace que aquellas expectativas que se abrieron para las ONG de cooperación al desarrollo con la Ley de 1998 se vean truncadas. Tenemos aún la posibilidad en el Senado de recuperar el texto que el Gobierno introdujo, que era
positivo pues reconocía la singularidad de las ONG de cooperación al desarrollo con un trato fiscal favorable. Mi grupo va a plantear en el trámite del Senado una enmienda en ese sentido y nos gustaría que el Grupo Popular la apoyase y volviésemos
al texto inicial que el Gobierno presentó en la Cámara, que respondía a la filosofía de la Ley de cooperación internacional. Si se volviese a ese texto inicial, se daría una dimensión importante a la participación privada en la cooperación al
desarrollo. Si finalmente se plasma el escrito que salió del Congreso, las ONG de cooperación al desarrollo quedarían en la misma situación que tenían antes de la Ley de cooperación al desarrollo y ahí habríamos perdido algo importante. Le ruego
que reflexione sobre eso en el marco de la necesidad de darle un nuevo impulso a la política de cooperación al desarrollo de España, bajo la lógica del diálogo y del consenso que nos parece que se ha perdido en esta legislatura.



El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, el señor Pérez Casado tiene el uso de la palabra.



El señor PÉREZ CASADO: Señora ministra, en nombre propio y en el del Grupo Socialista, bienvenida a nuestra Comisión. Comienzo por subrayar que la asiduidad y la frecuencia nos complacerían y serían bien recibidas.
Entendemos que la
ministra de Asuntos Exteriores tiene una complicada agenda, sus frecuentes y obligados viajes, pero subrayamos también que la cooperación, como se ha dicho esta tarde aquí y he querido escuchar de la propia ministra, forma parte de la acción
exterior de España, es decir, es política de nuestro Estado.



Dicho esto y expresando sinceramente nuestra bienvenida y nuestra acogida de sus palabras y de su presencia, comienzo por destacar un elemento que el Comité de Ayuda al Desarrollo ya resaltaba y al que se ha referido la señora ministra: la
necesidad de que el Ministerio de Asuntos Exteriores lidere la política de cooperación y ayuda oficial al desarrollo. Nos inquieta que pueda afirmarse, y se hace, que existe una gran coordinación interministerial. Esto es algo obligado, señora
ministra, es obligado por la acción de Gobierno que es siempre unitaria y corresponsable, pero apreciamos que se producen frecuentes desviaciones en lo que concierne a la cooperación internacional y a la ayuda oficial al desarrollo de España. Tanto
es así que el portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra ha afirmado que objetivos de la cooperación española prioritarios son China e Indonesia. A nadie se le escapa


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-desde luego no a este portavoz- que estos países tienen un alto interés para la promoción económica de España y siempre hemos dicho, lo volvemos a hacer y lo repetiremos hasta la saciedad, que la promoción económica de las empresas
españolas nos parecen un buen objetivo de política internacional de España, pero no es en absoluto asumible dentro de lo que entendemos, entiende la comunidad internacional y quienes de estos temas se ocupan, como ayuda oficial al desarrollo.
Señora ministra, con toda cordialidad le diré que ha hecho un buen inventario de buenas acciones y de buenos propósitos, pero bastará recordar algunos hechos más o menos recientes (no estaba usted en el cargo en el Ministerio de Asuntos Exteriores,
pero el portavoz que les habla sí), y la continuidad de los gobiernos y de los Estados es la pieza central de la seguridad jurídica.
Recordaremos, por ejemplo, que el Consejo de Cooperación, a partir de decisiones unilaterales que se compadecen
poco con el ánimo de complicidad, de sosiego y de diálogo, fue modificado unilateralmente por el Gobierno creando una situación poco frecuente, sin precedentes, según lo que son mis recuerdos, entre las ONG y la Administración central del Estado.
Ahí cabe poca felicitación, como cabe poca felicitación en la forma de abordar el problema de las becas. En el recuerdo de todos están los encierros de estudiantes que no podían concluir sus estudios en nuestro país por una decisión asimismo
unilateral. Tampoco es un buen ejemplo -luego entraré en otro tipo de consideraciones- de cooperación entre administraciones el imponer, aunque el verbo es un poco fuerte, a las comunidades autónomas o en la ayuda descentralizada las estrategias
medioambientales en un plazo brevísimo al que prácticamente sólo cabría o adherirse o callarse.



Yo creo que hay elementos de esa continuidad, porque, señora ministra, el Grupo Socialista ha dicho siempre, y vuelve a decirlo en esta oportunidad que nos da su presencia en la Cámara, que en política exterior tienen nuestra complicidad y
nuestra lealtad, pero complicidad y lealtad significa también corresponsabilidad, información y oportunidad de poder manifestar en qué puntos discrepamos, en qué puntos coincidimos y qué camino estamos dispuestos a recorrer como oposición crítica,
por supuesto, pero entendiendo que es un principio fundamental de los Estados democráticos el que la política exterior o la de defensa, por ejemplo, tengan el máximo consenso, la máxima complicidad de todos los actores para que el cumplimiento de
esos objetivos obtenga resultados que beneficien al conjunto.



Entrando ya en elementos que nos inquietan, quisiéramos saber la opinión del Gobierno a través de la ministra de Asuntos Exteriores sobre temas tales como el seguimiento de la Organización Mundial del Comercio respecto de los medicamentos
genéricos. Este es un tema que tuvo su momento, su oportunidad; nos felicitamos, todo hay que decirlo, de la actitud del Gobierno de España dentro de la Organización Mundial del Comercio, pero sabe, señora ministra, y sabemos todos que si las
acciones no tienen continuidad pueden caer en la melancolía o en el olvido.
Nosotros en el olvido no caemos, en la melancolía no nos gustaría caer tampoco.



Un segundo elemento de reflexión que nos inquieta de manera singular que es si vamos a subordinar nuestra cooperación internacional a elementos, por ejemplo, como la seguridad; ¿vamos a condicionar, como ya lo estamos haciendo en algunos
aspectos, nuestra ayuda a tener seguridades de países que probablemente no nos las pueden ofrecer? Este es un problema, a juicio de quien les habla y de mi grupo, sumamente importante. Sabemos y comprendemos los apremios de Gobierno, hemos sido
Gobierno y aspiramos a volver a serlo, y muy pronto lo vamos a ser efectivamente, pero, volviendo al tema, ¿vamos a subordinar nuestra ayuda a compromisos de seguridad en los flujos migratorios?


Entendemos que hay dos ámbitos donde esto se puede abordar.
Indudablemente, señora ministra, como sabe muy bien, hemos sido países de emigrantes hasta hace muy poco, hasta hace poquísimo, se olvida en el tiempo histórico acelerado pero
hemos sido país de gran afluencia de emigrantes hacia países que eran más ricos. Además, hemos sido emigrantes sin pasaportes, sin papeles, hemos sido sin papeles, señora ministra, porque quien les habla lo ha sido, y luego se nos acogió, por
ejemplo, en la República Federal de Alemania o en la República Francesa.



Otro elemento que nos inquieta, pero entiéndame bien que no hay demagogia ninguna detrás de esta pregunta, es si vamos a abandonar a los más pobres. Esto es algo que nos inquieta. Sabemos de las limitaciones, somos conscientes de ello,
pero no podemos abandonar a quienes más sufren. El portavoz de Convergència i Unió ha hecho alusión a África. En África, por ejemplo, sí se ha hablado, aunque estrictamente no sea una prioridad en términos jurídicos de la Ley de 1998, del plan
director del área lusófona y también española desde el Sahara a Guinea. Estos apartados nos inquietan por si se puede deducir que vamos a abandonar a los más pobres.
Quisiera saber, en lo que a educación se refiere, qué actitud va a tomar el
Gobierno de España en la reunión de Bruselas del día 27 ante los fast track, que es el camino más rápido para los países que han cumplido sus deberes -comillas: durísimos- tanto por parte del Banco Mundial como del Fondo Monetario Internacional.
¿Qué actitud vamos a tener? Porque algunos de ellos son países que caen dentro del ámbito de nuestras prioridades en las políticas de ayuda oficial al desarrollo; y le puedo hablar -de memoria porque no tengo los datos encima de la mesa- de
Honduras, Nicaragua o Bolivia. Porque no nos gustaría que, al igual que le dije en el Pleno de la Cámara a propósito de la ley presupuestaria, tengamos buenas intenciones en Comisión y a la hora de votar desaparezcan elementos tales como enmiendas
sencillitas, modestas, rigurosas en todo caso, por ejemplo acerca del cambio


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de cultivos -los cultivos alternativos- en el plan Colombia; que no sea solamente aportación, que también es necesaria, de guardias civiles o de instrumentos de seguridad para combatir el narcotráfico. En definitiva, señora ministra,
seguimos pensando que las prioridades básicas de nuestra cooperación deben encaminarse a la educación básica y universal en 2015 y pasado mañana por ejemplo hay una oportunidad de consignar 25 millones de euros cada año para estos países que han
cumplido las exigencias del Banco Mundial. Sigue siendo prioritaria la atención a la salud y, cómo no, a los derechos humanos; pero comprobamos que se compadecen mal estas buenas intenciones, este inventario excelente de acciones efectuadas y de
buenos propósitos para el futuro cuando bajamos al detalle de los gastos o de las consignaciones presupuestarias para hacer frente a las mismas.
Ciertamente ha habido un crecimiento de la ayuda oficial al desarrollo, como no podía ser de otro modo
¡Cómo no iba a haberlo tras la presión -me pregunto y afirmo al mismo tiempo- de los grupos de oposición en la Cámara! Pero también por la exigencia de una sociedad que es fundamentalmente solidaria. Lo que no podemos hacer es rehuir, como creemos
que a veces se hace, la responsabilidad de la Administración general del Estado en el crecimiento de la ayuda oficial al desarrollo y trasladar la responsabilidad a esa solidaridad ciudadana que existe -por fortuna somos un país solidario- o a otras
administraciones que con frecuencia tienen que descartar de sus objetivos ordinarios fondos, recursos y acciones que corresponderían y seguimos pensando que corresponden al Estado. Tenemos serias dudas (ya las hemos expresado y hoy no es el día de
reiterárselas, señora ministra) de que se puedan alcanzar los objetivos de ayuda oficial al desarrollo que se han comprometido en numerosas declaraciones públicas y solemnes. Monterrey es un punto de partida, no un punto de llegada y nunca
estaremos satisfechos, al menos la parte próspera de la humanidad o aquellos que lo somos aunque tengamos bolsas de pobreza, que también las tenemos en nuestras sociedades; nunca nos parecerá suficiente. Insisto en que el camino emprendido,
Monterrey, es un punto de partida y no un punto de llegada. Si les satisface que sea punto de llegada, ahí tendrá usted sin duda nuestra oposición y nuestra discrepancia.



Finalmente, unas palabras sobre Marruecos. Nosotros podemos entender las dificultades; pero permítame que haga una alusión muy coloquial que suele aplicarse -y estamos en un día sensible para ello- a las parejas. Uno ha de hacer el
esfuerzo de evitar que el otro riña. Sin duda ninguna, una de nuestras prioridades -y soy consciente de que la señora ministra lo tendrá en su agenda- es estar a buenas con los vecinos, sobre todo si esos vecinos requieren de nuestra ayuda para su
estabilidad y para la nuestra propia. Cualquier esfuerzo sobre Marruecos nunca será baldío. Yo creo que detrás de las grandes palabras están las pequeñas acciones, y una de las pequeñas acciones consiste en trabajar más en el Rif, por ejemplo, y
ayudar a las organizaciones no gubernamentales de un lado y otro del Estrecho a que asienten estabilidad y que logren prosperidad, siempre dentro de estos objetivos de educación, de salud y de derechos humanos que compartimos. Nunca hemos
contrapuesto, señora ministra, la estabilidad democrática, el buen gobierno y los derechos humanos a cualquier otro propósito. Somos unos firmes partidarios, históricamente pero también en el presente, de la democracia, del buen gobierno y de las
libertades, y las queremos para todos, eso sí, sin pobreza, con salud, con educación y con prosperidad económica.



Concluyo, señora ministra, reiterándole nuestra felicitación por su presencia y la confianza en que nos podremos ver en más ocasiones que con su antecesor, con el cual también tuvimos una excelente relación, pero por una sola vez.



El señor PRESIDENTE: Por Coalición Canaria, la señora Julios tiene el uso de la palabra.



La señora JULIOS REYES: Quiero manifestar en nombre de mi grupo y en el mío propio el agradecimiento y la bienvenida a la señora ministra a esta Comisión. Igualmente, quiero disculparme porque no he podido llegar a tiempo y no he escuchado
toda su intervención, la cual me leeré con detenimiento. Por tanto, siento no poder hilar fino algunos de mis comentarios con respecto a lo que usted haya podido exponer. Voy a transmitirle algunas de las preocupaciones que mi grupo, tanto en ésta
como en otras comisiones, viene planteando desde hace tiempo.



Con carácter general, me gustaría comentar algo que yo creo que está en la mente de todos, que es el hecho de que cada vez vivimos en un mundo más globalizado y los países desarrollados hemos apostado por un modelo de desarrollo económico y
social que abre cada vez una brecha mayor entre los países pobres y los países ricos. Podríamos decir que la riqueza cada vez se concentra más en menos y que, por el contrario, la pobreza se expande cada vez más. En este sentido, debiéramos
sentirnos con un cierto bochorno -y permítame esta expresión- todos los países considerados como países desarrollados ante este contexto internacional, donde incluso en los foros internacionales a veces es difícil que prosperen con consenso
actuaciones más comprometidas ante lo que se está viviendo. En ese sentido, comparto las opiniones de otros portavoces cuando hablamos de Monterrey y de las cifras mínimas de porcentajes que queremos alcanzar en ayuda al desarrollo, que han de
entenderse como puntos de partida y no como puntos de llegada, porque el 0,7 por ciento -que de vez en cuanto hay que recordarlo- cada vez es algo más utópico y lejano. Ya hemos planteado en otras ocasiones que durante la presidencia española de la
Unión Europea nosotros apostábamos


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por que España jugara un papel cualitativamente más significativo en el contexto internacional dentro de Europa haciendo que Europa también lo jugase. Ese papel de liderazgo de Europa en la ayuda al desarrollo lo debe tener también en el
contexto del resto de las políticas exteriores de Europa y de España en el sentido de ser un contrapunto, porque incluso en la estrategia de la lucha internacional contra el terrorismo ha de entenderse la importancia de la ayuda al desarrollo, pero
no a cambio de seguridad, como antes se comentaba, sino simplemente porque la miseria siempre es un buen caldo de cultivo en donde puede prender con mucha facilidad la llama del fanatismo y del odio. Europa, y por consiguiente España, debería jugar
otro papel en el contexto internacional.



Pido disculpas a los demás portavoces porque estoy segura de que ya me lo han oído decir con anterioridad, pero no puedo dejar de repetir algunas especificidades en relación con lo que nos preocupa desde Canarias. Como ya han dicho otros
portavoces, una de las prioridades que España establece en la ayuda al desarrollo, las que establece para sí mismo y las que debe establecer a la hora de las negociaciones con el resto de países europeos es África, y no sólo el África mediterránea,
sino la atlántica y la subsahariana. Deben definirse programas específicos con presupuestos específicos y objetivos concretos en lo que se refiere a África y a los países del África subsahariana. Como usted comprenderá, Coalición Canaria vive este
tema con gran sensibilidad porque, si bien España es puerta de entrada hacia Europa de los países africanos, cuánto más lo es Canarias. Conocemos la situación que se vive en los países africanos donde, por ejemplo, las cifras de la prevalencia del
sida de aquí a diez años son espeluznantes; la esperanza de vida se ha acortado brutalmente ya no por el problema de la hambruna, sino por la mortalidad y la prevalencia de esta infección en todo el continente africano. Son elementos que deberían
hacernos reflexionar sobre la necesidad de introducir de forma urgente una ayuda especial hacia el continente africano. Cuando hablamos de las políticas de inmigración y de cooperación, todos estamos de acuerdo en que deben ser cada vez más unas
políticas integradas dentro de la propia Unión Europea, como ya ha dicho el portavoz del Grupo Catalán. Nosotros también hemos planteado en una proposición no de ley en esta Comisión la necesidad de empezar desde la serenidad a profundizar en algo
que está encima de la mesa, incluso en las propias declaraciones y directrices de la Unión Europea, que es la importancia de la ayuda a la cooperación para paliar el problema de la inmigración irregular. Ambas propuestas no prosperaron en esta
Comisión, por lo que -es un planteamiento que le hacemos al Grupo Popular y al ministerio- se debería volver a profundizar en este sentido. Ahora mismo, aparte de un plan especial de cooperación con el África subsahariana, existe una batería de
puntos concretos -no los voy a repetir, puesto que ya los he mencionado en otras ocasiones- en los que, a nuestro modo de ver, España, y concretamente el ministerio, debiera implicarse. Desde el propio Gobierno de Canarias abogamos por hacerlo, ya
que existe una coordinación importante entre ambos gobiernos, el autonómico y el estatal. Me refiero a la necesidad de establecer más recursos materiales y humanos desde el punto de vista de la diplomacia española en muchos de los países del África
subsahariana, en donde, aparte de que existen programas de ayuda a la cooperación por parte de la Comunidad Autónoma canaria, intentamos que haya un mayor flujo de relaciones comerciales, utilizando Canarias como plataforma de África, e incluso
programas y actividades de formación con intercambio de profesionales. Se trata de países que tienen dificultades por los escasos recursos que existen en sus consulados y en embajadas. Por eso insistimos en la necesidad de reflexionar, tal y como
han dicho otros portavoces, en las prioridades geográficas, puesto que, aparte de las prioridades en un sentido comercial, desde el punto de vista de la cooperación España tiene que poner los ojos en continentes como el africano, en donde la
situación de miseria que se vive es espantosa, aparte de que somos el país que más cerca está de dicho continente.



Otra cuestión que quiero comentar es la preocupación por nuestra relación con Marruecos. Es algo importante para todos, pero desde Canarias lo vemos con más preocupación por el relevante papel que Marruecos juega y debe jugar en la
estabilidad del Magreb. Marruecos es un socio privilegiado, y debe seguir siéndolo, de Europa y de España, pero es evidente que las relaciones actuales no son las que quisiéramos, por lo que entre todos debiéramos tratar de buscar un cauce para que
las mismas vuelvan a normalizarse y haya unas bases de entendimiento y mutuo respeto entre ambos países.



Por último, quisiera hacer una mención especial al Sahara. Somos conscientes de la posición que el Gobierno de España ha mantenido en el seno de Naciones Unidas en las últimas resoluciones con respecto al conflicto del Sahara, pero lo
cierto es que el problema sigue estando ahí. Se trata de un problema eterno y, mientras se eterniza, su resolución a corto plazo también se va complicando, a lo que hay que unir la compleja relación que tenemos con Marruecos. Nos gustaría saber su
opinión acerca de cómo se puede avanzar en este proceso para que el mismo se solucione garantizando la paz en la zona del Magreb, así como los derechos del pueblo saharaui, en relación con el cual es necesario asimismo hacer un esfuerzo de
cooperación. Con motivo de las últimas resoluciones, Naciones Unidas hizo un llamamiento urgente por la difícil situación que vive el pueblo saharaui, resaltando la necesidad de volver a las cifras de apoyo internacional que hasta


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ahora había. Si no me falla la memoria, inclusive en los presupuestos de este año había partidas que estaban destinadas a la ayuda a la cooperación del Sahara y por razones de urgencia fueron destinadas a otros países. Lo que de alguna
forma habrá que retomarse para que, mientras no se resuelva este conflicto, no deje de llegar la ayuda humanitaria al pueblo saharaui. Por supuesto, señora ministra, quiero desearle suerte en su mandato, porque será en beneficio de todos y de la
cooperación internacional de España.



El señor PRESIDENTE: Finalmente, por parte del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Izquierdo Juárez.



El señor IZQUIERDO JUÁREZ: El Grupo Parlamentario Popular quiere agradecer la presencia de la ministra en esta Comisión y valorar, en su justa medida, que horas después de tomar posesión de su cargo solicitara inmediatamente su
comparecencia ante la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Nos consta desde hace muchos años la vocación y el interés personal de la ministra, tanto en sus responsabilidades en la Unión Europea como antes, por los temas de la
cooperación internacional y por los temas de la lucha contra la pobreza.
Por tanto, queremos valorar especialmente esa disposición que ha sido reiterada esta tarde en esta Cámara.



Recordamos también -y sin ánimo de polemizar- que la ministra de Asuntos Exteriores tiene unas responsabilidades parlamentarias extraordinarias, no solamente en el Congreso sino también en el Senado, y muchas veces es prácticamente muy
difícil la comparecencia en una Comisión como ésta, que desarrolla un trabajo con una extraordinaria intensidad, muy de acuerdo con el Ministerio de Asuntos Exteriores y muy en relación y en coordinación con el propio Ministerio de Asuntos
Exteriores, con la Secretaría de Estado de Cooperación y con la propia Agencia Española de Cooperación. Además, sabemos que esta es una Comisión multidisciplinar, como lo es también la cooperación para el desarrollo, que es parte fundamental de la
política exterior -como ha dicho la ministra-, y, por tanto, inunda de esos principio y de esos valores a la política exterior o viceversa, porque ya tuvimos ese debate con amplitud en la pasada legislatura, cuando fue aprobada la Ley de
Cooperación, evocando el principio de coherencia, porque por primera vez en el ámbito de la Unión Europea una legislación establecía un articulado, en el que se invocaba como derecho positivo el principio de coherencia en la coordinación de toda la
proyección de España en el exterior y la observancia de los principios fundamentales y generales de nuestra cooperación para el desarrollo.



Señora ministra, nosotros estamos muy de acuerdo en que España es el mejor ejemplo. España, que es un país que recibía fondos de ayuda al desarrollo en 1981 y que se dio una democracia -no sin dificultad-, es el mejor ejemplo para demostrar
que luchar por las libertades y por la igualdad genera desarrollo y progreso. Sabemos que esto, por encima de la retórica y de las oposiciones circunstanciales, lo compartimos todos los grupos parlamentarios de la Cámara. El nivel de diálogo y de
acuerdo entre los grupos parlamentarios es muy amplio en todos los sentidos. Nuestro grupo parlamentario está -exactamente igual que la ministra- preocupado por determinados enfoques que se están dando en la cooperación internacional en los últimos
años, pero no estamos preocupados por que el futuro vaya a ser distinto, porque la sociedad española empuja y ha empujado siempre a una política de cooperación, que si tiene alguna virtud es la de estar muy atenta a lo que ha demandado siempre la
propia sociedad española desde los principios de nuestra transición democrática. En esta materia es fácil hacer oposición y también es fácil dar buenos resultados y no estar satisfecho, puesto que los problemas son muchos y serán muchos por mucho
tiempo. La Ley de Cooperación no es una ley milagro, que reduzca y elimine la pobreza sólo con haber sido promulgada, ni tampoco lo es el Plan director de la cooperación española que, por cierto, tuvo el apoyo de la gran mayoría de los grupos
parlamentarios de la Cámara, con la excepción del Grupo Parlamentario Socialista.



Para España es una prioridad que se reconozca a nivel internacional que la pobreza no es una cuestión estadística y que nuestra cooperación está y debe de estar orientada a las personas. Para España y para nuestro grupo parlamentario esa es
una prioridad anunciada hoy por la ministra, a la que seguiremos apoyando con todo interés. En ese sentido, recordamos los recientes sucesos ocurridos en Argentina. De esta manera, y por entrar en materia, señora ministra, debo pedirle al Gobierno
de España, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, que en los próximos años Argentina sea una prioridad para la cooperación española.



Nosotros podemos hacer una valoración, aprovechando su comparecencia, pero probablemente sería entendida de oficio. No obstante, creo que la mejor valoración de la cooperación española son los tres últimos informes del Comité de Ayuda al
Desarrollo de la OCDE: el de 1994, el de 1998 y el del año 2002. Estamos preocupados, como grupo parlamentario que apoya al Gobierno, por algunas de las dificultades de nuestra cooperación, como es, por ejemplo, la multiplicidad de actores en la
cooperación para el desarrollo. Esa multiplicidad de actores es un valor en sí mismo porque refleja un extraordinario compromiso de la sociedad española, que, por cierto, señorías, ha estado, y no precisamente ahora -ahora con mucha intensidad,
pero desde siempre-, impulsado desde las administraciones públicas. Una multiplicidad de actores de administraciones públicas y de organizaciones no gubernamentales que puede restar eficacia a nuestra


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cooperación, y creo que es algo que tenemos que tener muy presente en los próximos meses.



La cooperación española al desarrollo siempre ha estado enmarcada dentro de un concepto amplio de la multilateralidad. España necesitaba homologar su joven democracia y normalizar su situación internacional. En ese sentido, España está
dando un impulso, en el marco de las instituciones comunitarias, para reenfocar una cooperación, la de la Unión Europea, que tiene muchas virtudes, pero también algunas cosas importantes que mejorar, como es el hecho de que se ejecute poca
cooperación, comparando los presupuestos que se plantean cada año, y que se oriente la cooperación al desarrollo en muchas ocasiones al margen del interés de los Estados miembros. El Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE no solamente dice a los
españoles, con respecto a la cooperación, que debemos de aprovechar nuestra ventaja comparativa y priorizar geográfica y sectorialmente nuestros recursos, sino que se lo manifiesta al conjunto de la comunidad internacional. España puede ser más
eficaz en la lucha contra la pobreza en Centroamérica para consolidar la paz, la democracia y el desarrollo y debe de hacerlo, y así lo reconocía el Comité de Ayuda al Desarrollo en 1998. Hoy Centroamérica es curiosamente, y digo curiosamente entre
comillas, una región con enormes posibilidades y expectativas de futuro, de paz, de estabilidad, de democracia y de desarrollo. No así otras regiones del continente iberoamericano.



Para nosotros la cumbre de Monterrey es un punto de partida, pero ha supuesto un acuerdo muy importante, que es un consenso internacional, por primera vez, sobre las políticas de desarrollo. Y anuncia algo que lleva demandando Naciones
Unidas desde hace mucho tiempo y el conjunto de la comunidad internacional, que es la responsabilidad de los países en su propio desarrollo. Lógicamente, para evitar dependencias y procesos de desarrollo que se han demostrado ineficaces.



Nosotros pensamos que una política de cooperación para el desarrollo debe de seguir incentivando algo que en España es una gozosa realidad, que es el compromiso de la sociedad con la cooperación internacional en la lucha contra la pobreza.
A tenor de algunos estudios reputados y, desde el punto de vista técnico, sin tacha y sin contestación, España es uno de los principales países del mundo en los que los recursos fiscales y la promoción que las administraciones públicas dedican a la
solidaridad privada son extraordinarios. La cooperación para el desarrollo debe continuar en ese sentido.



Nuestro grupo quiere manifestar su completo apoyo a los planteamientos de futuro de nuestra cooperación en los próximos meses, señora ministra, sobre la base de experiencias perfectamente contrastadas. Es de extraordinaria importancia que
se potencie la política de desarrollo en las cumbres iberoamericanas. En ese sentido, la última cumbre iberoamericana ha supuesto un hito fundamental, ya que ha potenciado la secretaría de las cumbres y la cooperación interregional en ese
continente. Celebramos las noticias que la ministra ha traído a esta Comisión sobre la apertura de nuevas OTC y de nuevos centros culturales y sobre la unión de un programa exitoso de la cooperación española, como es el de microcréditos, con otro
programa exitoso, ampliamente reconocido, como es el de las escuelas taller, al tiempo que se trabaja en la promoción y restauración de nuestro patrimonio cultural. Estamos convencidos de que la cultura es formación y hace a los hombres más libres.
Por tanto, animamos al Gobierno a que siga priorizando de alguna manera unos programas de cooperación que han resultado de extraordinaria eficacia. Estamos ante una política de cooperación al desarrollo dinámica y atenta a la sociedad, una política
que ha basado su éxito, más allá de las oposiciones de oficio, en el diálogo permanente con la sociedad civil, diálogo que no se ha roto. Prueba de ello son algunas de las importantes reformas que se han hecho de acuerdo con la sociedad, como la
renovación del programa de ayudas a las organizaciones no gubernamentales. No es una casualidad que, del conjunto de los países de la Unión Europea, sea España el que más destine a cooperación a través de las organizaciones no gubernamentales. No
es una casualidad, es una decisión política de este Gobierno, que nosotros aplaudimos y que debería tener el reconocimiento del resto de la Cámara.



Junto con el tema de Argentina, queremos aclarar simplemente algunas cuestiones que se han suscitado en cuanto a la participación del Grupo Parlamentario Popular en algunos temas en esta Cámara en los meses pasados. La incorporación de la
cooperación al desarrollo como actividad de las organizaciones no gubernamentales, fundaciones y asociaciones viene fundamentalmente de la Ley de Cooperación de 1998, que supuso un paso extraordinario para incrementar la cooperación privada y el
apoyo a las organizaciones no gubernamentales. La Ley de Fundaciones, señora ministra, ha gozado de la amplísima mayoría de la Cámara, y pensamos que en el futuro seguirá siendo así. Las organizaciones no gubernamentales que se dedican a ayuda al
desarrollo tienen sus beneficios fiscales absolutamente incólumes -si se puede utilizar esta expresión- y los seguirán teniendo cuando termine la tramitación de la ley.



No hemos rechazado estudiar la vinculación de las políticas de inmigración y de cooperación para el desarrollo. Sabemos que España prioriza geográfica y sectorialmente sus programas y proyectos en aquellos países que son los principales
emisores de inmigrantes a nuestro país. Esa es la mejor cooperación que se puede hacer. Es el caso de Marruecos, de Perú, de Ecuador o de República Dominicana. Hacemos también un llamamiento a la responsabilidad. Hay que entender que la
cooperación al desarrollo está directamente enfocada a las personas. Es lealtad de Estado apoyar a un gobierno que tiene la razón en determinados conflictos bilaterales,


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que además tendrán una solución satisfactoria en los próximos meses. Llama la atención que a pesar de esas dificultades no provocadas precisamente por España, la cooperación española con Marruecos se haya incrementado de manera muy notable.
Eso muestra el talante de un gobierno y el talante de una cooperación admirada y reconocida en el conjunto de la comunidad internacional.



Señora ministra, termino mi intervención recordando que la cooperación al desarrollo es una política de Estado; recordando que no está vinculada a los intereses estratégicos ni políticos ni económicos de España; recordando las valoraciones
del Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE sobre los avances muy notables de la coordinación en el conjunto de los instrumentos de la cooperación española en los últimos años; pero recordando también algo muy importante: que no existe la presión
social que en el pasado hubo reclamando una ley de cooperación internacional o denunciando una cooperación al desarrollo pacata, exenta quizá de largas miras o de reformas necesarias para los tiempos que corrían, o hablando de los recursos, porque
hasta 1996 la mayor parte de nuestra cooperación era reembolsable, donde se ejecutaban al cien por cien los fondos de ayuda al desarrollo que gestiona el Ministerio de Economía y Hacienda, sino, por el contrario, una cooperación al desarrollo que
incrementa en términos absolutos sus presupuestos, que los ha incrementado en términos de porcentaje, aunque muchas veces el porcentaje no indique el esfuerzo real de una sociedad; una cooperación al desarrollo que ha variado de manera muy
sustancial sus prioridades sectoriales, incluso en los instrumentos financieros de la cooperación al desarrollo.



Pensamos, señora ministra, señorías, que tenemos los instrumentos precisos para seguir haciendo una cooperación al desarrollo de éxito; una cooperación al desarrollo que es parte fundamental y sustancial de la imagen de España en el
exterior.



El señor PRESIDENTE: A continuación, tiene el uso de la palabra la señora ministra de Asuntos Exteriores.



La señora MINISTRA DE ASUNTOS EXTERIORES (Palacio Vallelersundi): Quiero empezar agradeciendo a todas SS.SS. sus intervenciones, a veces críticas pero siempre constructivas. Con toda sinceridad, quiero decirles que he tomado buena nota de
sus observaciones -algunas las comparto, otras las comparto menos, y algunas, pocas, no comparto- y que las tendré muy en cuenta.



Si me permite el señor Pérez Casado y con la misma cordialidad de su tono, quiero señalarle que, aunque usted apuesta que pronto estarán gobernando, yo suelo decir que en el kit de ministro no viene bola de cristal, pero que el Gobierno
continuará haciendo el mismo esfuerzo para presentar un buen balance. Creo que el balance de etapa que ahora podemos presentar supondría, sin lugar a dudas, que los españoles nos volverían a otorgar hoy su confianza, y espero que el balance de
etapa que presentemos en el año 2004, cuando se lleve a cabo la convocatoria de elecciones, sea todavía mejor, pero en 2004 lo veremos. En cualquier caso, creo que en estas cosas más vale no vender la piel del oso antes de haberlo cazado.



Empezaré por retomar una cuestión general que todos ustedes han mencionado: la de la continuidad en la acción -algunos lo han mencionado con una cierta constatación no crítica pero sí menos positiva- con mi predecesor. Creo que esto es
absolutamente lógico. En mi primera comparecencia, la de presentación de cuáles eran las líneas con las que pensaba tejer lo que es la política exterior, planteé desde el primer momento que heredaba una buena gestión y que pensaba continuarla, que
no iba a haber grandes cambios ni novedades en las prioridades que ya estaban marcadas. Por tanto, esa es una constatación y es cierta.



Por otra parte, muchos de ustedes han resaltado un aspecto que me parece de enorme importancia, y es que la política exterior, en general, y desde luego la política de cooperación al desarrollo, salvo en algunas cuestiones que no son las
esenciales -son importantes pero no las esenciales-, es una política de Estado. Agradezco mucho al señor Pérez Casado, como representante del primer partido de la oposición, así como a otros intervinientes, que hayan hablado de complicidad. Creo
que es cierto, que es bueno y que hay que continuar en ese planteamiento.



Antes de entrar en las cuestiones de fondo, una observación a título preliminar en relación con mis deberes de control parlamentnario. Ya les he dicho que mi única experiencia es parlamentaria, no la experiencia más importante como pueden
decir otros políticos, y, por lo tanto, tengo una cultura muy clara y muy consciente del papel importante que representa el control del Parlamento a la acción del Gobierno. Antes ha dicho alguien que tenía tres comisiones, pero la verdad es que yo,
además de comparecer ante el Pleno, comparezco ante cinco comisiones, entre Congreso y Senado.
Con esto no pretendo escudarme, en absoluto. Nada más tomar posesión del cargo, yo pedí comparecer. En estos momentos debo llevar en el cargo cien días
más el mes de agosto y he de decir que han sido cien días moviditos.
Y lo pedí cuando llegué porque entiendo que obras son amores y no buenas razones. Me dicen que a mi predecesor le vieron una vez, fue muy cordial y no volvió a aparecer. Yo
espero falsear esa premonición. Es probable que no tengamos la asiduidad que ustedes y yo desearíamos, pero sí una asiduidad razonable en las comparecencias porque les vuelvo a decir, y no lo digo a humo de pajas, que han puesto énfasis y han
iluminado cuestiones que, incluso a veces no compartiendo los planteamientos, me parecen de enorme importancia.



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Entrando ya en materia, se ha recordado varias veces la trayectoria de España. Es bueno no perder memoria, y yo creo que nadie la perdemos, de que nosotros, hace muy poco, hemos sido, digamos, cocineros antes que frailes, es decir, que
éramos país de emigración antes de ser país de inmigración. Afortunadamente, eso es algo que está muy hondo, todavía impregna nuestra sociedad y hace que, pese a que tampoco nos podemos dormir en los laureles y tenemos brotes de xenofobia y de
racismo, que los tenemos, nuestra sociedad sea mucho más abierta, mucho más receptora, mucho más dispuesta a compartir que muchas de las sociedades de nuestro entorno, en particular de la Unión Europea. Creo que debemos trabajar para conservar ese
capital, esa memoria en la sociedad española, especialmente en las generaciones más jóvenes que ya no tienen esa memoria directa. Desde luego, en mi generación, quien más quien menos, conoce directamente, es decir, sin paso intermedio, la
experiencia de la emigración, o porque la ha vivido en primera persona o en persona muy allegada que se la ha narrado. Tenemos que trabajar para conservar esta característica de nuestra sociedad, que es bastante excepcional, quitando probablemente
a Portugal, que es otro país que tiene esa memoria pero con unas características distintas.



Es verdad que nosotros recibíamos cooperación al desarrollo en el año 1981. Hace muy pocas semanas, hablando con el presidente Pujol en Barcelona, por un proyecto de Casa Asia, él recordaba que hasta hace muy poco de España íbamos al
extranjero a trabajar o a buscar capitales que vinieran a invertir en España, y ahora esa tendencia se ha invertido.
Debemos conservar la memoria, pero también debemos ser conscientes de cuál es nuestra nueva responsabilidad -todos ustedes lo han
destacado- en esta sociedad solidaria. Nuestra sociedad es solidaria no sólo por esa memoria de la inmigración, que también, sino que es una característica cultural de España. Probablemente en estos momentos una de las pocas cosas que mueva y haga
vibrar a la sociedad española es la cooperación al desarrollo. Entre nuestros jóvenes lo único que les puede mover a hacer sacrificios importantes es participar en esa nueva frontera para erradicar la pobreza, alfabetizar, llevar salud a todos los
puntos del globo o cooperar para que los derechos humanos se abran paso.



Alguno de ustedes ha criticado una cierta cicatería en las cifras.
Francamente quiero decirles que no. Digo esto aquí con perfecta y profunda convicción y no porque tenga que defender al Gobierno. España ha tenido una evolución más que
razonable en lo que es el porcentaje del producto interior bruto que se dedica a la cooperación y al desarrollo.
Esto hace que podamos no sólo plantearnos con holgura llegar a la cifra que hemos pactado en Monterrey para el año 2006, sino que yo
les recuerdo que España nunca ha dejado de apostar por ese famoso 0,7, que se ha convertido en un número casi mágico como el número pi. Ahí está -creo recordarlo, aunque lo digo de memoria- el Consejo Europeo de Laeken donde se vuelve a plantear
este número como objetivo. Señorías, pueden existir otros planteamientos, pero si comprobamos la evolución no sólo nos estamos manteniendo, sino que estamos consolidando la ayuda al desarrollo. Si la memoria no me falla, en los últimos 15 años
hemos multiplicado por tres nuestras cifras de cooperación al desarrollo y tenemos unas cifras similares a países de nuestro entorno con unas rentas per cápita mucho más altas como pueden ser Austria, Alemania o Estados Unidos. No me parece que
esta sea la referencia. Nosotros no tenemos que hacer cooperación al desarrollo en tanto nivel porque así lo haga Alemania o cualquier otro país. Nosotros tenemos una sociedad que probablemente sea mucho más exigente que la alemana y, por tanto,
debemos responder a eso. La evolución está ahí y estamos consolidando esa franja en torno al 0,30, para llegar con un razonable fuelle a los compromisos que tenemos.



A continuación contestaré a las diversas cuestiones planteadas por SS.SS., que he ido apuntando y que me parecen las más relevantes. Ustedes han acusado al Gobierno de falta de coordinación en los distintos ámbitos de inmigración y
cooperación. La coordinación nunca es suficiente, siempre se puede mejorar y es algo que me ocupo y me preocupo. Sin embargo, hay que destacar la coordinación -y este es un ámbito que podemos tomar como ejemplo- institucional que existe en la
cooperación porque el delegado del Gobierno -lo saben todos ustedes- forma parte del Consejo de Cooperación y el responsable de la AECI forma parte del Consejo de Inmigración. Por tanto, existe un cruce simbólico de participación en ambas materias.
Este esquema institucional se corresponde con un más que fluido contacto entre las oficinas consulares, que llevan una parte de todas estas cosas, la AECI y, por supuesto, el Ministerio del Interior.
Ya digo que ustedes señalan que hay que mejorar
en cooperación y es una de las cosas que me llevo como idea, que voy a contrastar en otros ámbitos porque lo han señalado muy específicamente, me parece que era la diputada representante de Coalición Canaria quien más énfasis ha puesto en ello. En
este ámbito me consta porque además por experiencia personal conozco bastante bien la cuestión de inmigración y cooperación y luego volveré sobre ello al hablar de Europa. En otros ámbitos la percepción que tengo es que hay una cooperación buena,
pero como digo me llevo esa preocupación y voy a comprobar cooperación con educación, cooperación con otros ámbitos en los que tengo una experiencia menos directa. En inmigración, que les conste que existe a todos los niveles.



Comunidades autónomas. Hay multiplicidad de autores y en particular los planteamientos que nos ha hecho la señora representante de Coalición Canaria. Hay buena cooperación. Sin ir más lejos, esta mañana he estado hablando con los
responsables del Gobierno


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de Canarias de proyectos que en estos momentos tenemos en marcha y en los que estamos colaborando bien, desde proyectos en Cabo Verde, en general proyectos en toda la zona del África subsahariana en donde es verdad que cada vez hay una mayor
presencia de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Por citar dos proyectos de los que hablaba hoy -más que proyectos programas-, está el de pesca con Canarias, en el que creo recordar que también participan Andalucía y Galicia. Asimismo, hay
proyectos del área de salud que también se han mencionado. En este asunto siempre se puede mejorar en coordinación de acciones y puedo señalar que mi preocupación es clara y que a eso obedece que esta misma mañana haya estado hablando una hora con
los responsables de la comunidad canaria. He hablado con otros responsables y también me llevo esa preocupación de SS. SS., de la importancia, que comparto por cierto, de la coordinación.



África, por hablar ahora por áreas. En cuanto a la preocupación de muchos de ustedes sobre esa percepción de que España ha dejado de lado la pobreza y se ha dedicado a otras cosas, niego la mayor. Lo que es la definición de las prioridades
de cooperación marca muy claramente que España no ha dejado de lado a África. Lo que pasa es que somos conscientes de nuestras limitaciones. Como se ha indicado en varias ocasiones y señalaba el estudio de la OCDE, somos más eficaces en algunas
zonas. Sin embargo, la cooperación con África es clara y ponemos énfasis en ella. Es un área de cooperación creciente. Ahí he mencionado de pasada el proyecto NEPAD, que es algo que debemos arropar desde Europa porque es la primera vez que hay
una iniciativa de África, por África, para África y analizada y seguida en una especie de pre review entre africanos, lo cual es algo que nos ocupará a todos y hay áreas, como pueden ser las de los programas de igualdad de la mujer, que en África
tienen un campo de desarrollo muy especial.



Han mencionado la cuestión de la erradicación del analfabetismo, es decir, la iniciativa Dakar, en la que España por supuesto participa. La próxima vez que venga daré cuenta de lo que ha acontecido en la reunión del próximo día 27, pero así
a bote pronto de los 18 países que señala el plan promovido por el Banco Mundial son prioridades de la cooperación siete de ellos, y desde luego estamos trabajando en dos de ellos en labores de alfabetización en Honduras y Nicaragua, que son países
que es verdad que no son de África, pero también son prioridades de España Mauritania o Mozambique, por citar dos de los que recuerdo ahora que son africanos y que están incluidos en esta iniciativa.



Otra cuestión que también tiene mucho que ver con África, aunque se ha planteado en un contexto muy general, es la cuestión de los genéricos.
Ustedes mismos han destacado no sólo la importancia sino la postura clara que ha adoptado España
en lo que es la adecuación de los ADPIC, es decir, la protección, dentro de la Organización Mundial del Comercio, de los derechos de propiedad intelectual y de propiedad industrial, en abordar esta cuestión que es complejísima.



También he de decir que, al analizar desde la Unión Europea esta cuestión, la postura de España es que hay que continuar. El Gobierno vio muy claro que hay que llegar al compromiso de no permitir determinadas pandemias por razón de una
propiedad industrial, a la vez que hay que plantear las salvaguardas que representan las importaciones paralelas, que seguro que más de uno de ustedes conoce. No sería justo tampoco que las sociedades que invierten en investigación y en desarrollo
vieran cómo mediante un proyecto, que tiene el aval del mundo occidental, se minase o se socavase a través de estos sistemas (y he citado uno de los más claros en el tema de las importaciones paralelas) lo que es la propia subsistencia del sistema
que tenemos. Desde que estoy en el ministerio no me he vuelto a ocupar concretamente de este asunto de los genéricos, pero tomo nota para ver su situación, y en mi próxima comparecencia a ver si les puedo dar alguna otra indicación, espero que sea
de progreso.



Otro apartado es Europa, la coordinación de nuestra política de cooperación europea. En estos momentos Europa tiene cinco bases jurídicas a través de las cuales hace cooperación al desarrollo. Por base jurídica entiendo artículos en el
tratado que amparan actuaciones de las instancias europeas. Desde el Tratado de la Comunidad Europea hacemos política de cooperación al desarrollo a través de la Comisión Europea en lo que se llama marco del segundo pilar, sobre todo para el
desarrollo de los derechos humanos, el antiguo artículo J2; también se lleva a cabo en el marco de los proyectos Phare y Tacis, de puro mercado interior. En fin, es un desorden, un tema confuso. Quizás alguno de ustedes me habrá oído decir
-porque he tenido responsabilidad en esas políticas europeas- que si cae un paquete en un pajar en la época de la guerra de Kosovo, si viene de Estados Unidos, todo el mundo lo ve claramente: USA, donación del pueblo americano. Está muy claro
también quién es el responsable y quién está mandando esa ayuda. Si viene de Europa, son posibles todas las combinaciones: que sea de un país miembro, que sea de varios países miembros actuando en coordinación fuera de la Unión Europea, que sea de
países miembros actuando dentro de la Unión Europea, pero no sólo dentro del segundo pilar, o que sea de países miembros con la Comisión Europea.
Las combinaciones son casi infinitas. Uno de los logros que saldrá de la Convención y de la reforma
del Tratado es una racionalización de esa política, porque se pierde no sólo sinergias sino pura eficacia por no compartir unos objetivos claros que sean consensuados y que obedezcan a unos procedimientos perfectamente establecidos y no a 16
distintos.



También ha salido el tema de la vinculación entre ayuda al desarrollo y seguridad -y lo relaciono con


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esto porque salió en Sevilla-. Por conocimiento directo quiero deshacer esa idea de la vinculación en negativo de la ayuda al desarrollo a la seguridad. Lo que se plantea cada día más en la Unión Europea es incentivar determinados
cumplimientos de acuerdos de readmisión, por ejemplo a través de la cooperación al desarrollo, por supuesto no tomar ningún tipo de represalias, entre comillas, porque la cooperación al desarrollo, lo he dicho al principio, no es una cuestión de
estadísticas y de países sino de ciudadanos y por tanto no se puede penalizar al ciudadano por algo de lo que no tiene ninguna responsabilidad. Al contrario, hay que establecer algunos incentivos en positivo a determinados gobiernos que cooperen
con la Unión Europea. Esto nos lleva a otro ámbito de las políticas europeas, que no es de esta Comisión pero que está íntimamente ligado, en el que existe desorden, la política de inmigración. Necesitamos que la política de inmigración sea una y
no quince como tenemos ahora y además que sea una política de inmigración integrada, porque ahora tenemos política europea de lucha contra la inmigración ilegal y política europea de control de fronteras, incipiente y mal coordinada; pero no puede
ser de otra manera hasta que sólo tengamos una política de inmigración integrada e integral, las dos cosas.
¿Qué quiero decir con eso? Que sea una política de inmigración que tenga en cuenta la fijación de poblaciones a través de una política
coordinada de cooperación al desarrollo y que propicie la integración de los inmigrantes en las sociedades de acogida. Yo espero personalmente, no sé si todos ustedes compartirán esa idea, que en la reforma de los tratados también se establezca esa
competencia clara de la Unión Europea no sólo en algunos trocitos o en algunas acciones que deben formar parte de esa política de inmigración, como es la lucha contra la inmigración ilegal, etcétera, sino de toda la política de inmigración.



Marruecos y Sahara me parecen cuestiones relevantes. No sé quién de ustedes ha dicho que dos no se pelean si uno no quiere, pero no se trata de un problema de peleas; es que también se dice que dos no hablan si uno no quiere. Esa es más
bien la situación. Afortunadamente espero que el ministro Benaissa -es una noticia de ayer, en que he tenido una conversación con él- venga a España entre el 10 y el 15 de diciembre y que a partir de ahí situemos las relaciones institucionales en
el nivel que corresponde en el marco social, económico y cultural, porque la realidad es que hay una desproporción absoluta entre dos sociedades que están colaborando, conviviendo, compartiendo y creando riqueza, desde el colectivo de inmigrantes
marroquíes en España hasta las empresas españolas en Marruecos, que hay muchas, pero desde el punto de vista del Gobierno de España y desde que me he hecho cargo de este departamento, les puedo decir que hay una clara voluntad por nuestra parte de
hacer planteamientos constructivos y no entrar en las provocaciones o en las descalificaciones, y estoy segura de que ahora que han pasado las elecciones y la constitución del Gobierno esa voluntad verá la luz. Sé que ustedes lo saben, pero me
gustaría recordarles el nivel de cooperación que tenemos en estos momentos con Marruecos, que es uno de los destinos privilegiados de la cooperación española, como lo demuestran las cifras, que son muy importantes, y cuando se habla de Marruecos hay
que tenerlo presente. He señalado que en estos momentos había algunos fondos que no se habían utilizado, pero porque en algunos asuntos ha jugado esta falta de buen tono institucional y ha habido una imposibilidad de encontrar contraparte para
ejecutarlos. Marruecos es y seguirá siendo una zona prioritaria de nuestra cooperación.



Por último, quiero hablar del estatuto del cooperante, que es un tema que han sacado casi todos ustedes. Recuerdo que el primer Gobierno del Partido Popular, en la pasada legislatura, ya presentó un proyecto de estatuto que, por distintas
vicisitudes, no fue aprobado y, por tanto, esta legislatura lo retomó a través de un grupo de trabajo que se ha venido reuniendo. Esto es anterior a que yo me hiciera cargo del departamento. Es cierto que a partir de la iniciativa de Convergència
que se aprueba hay un cambio de naturaleza, de un decreto-ley a una ley, y eso hace que la cuestión no digo que se complique en el mal sentido, pero sí que sea más compleja. Yo no sé si conseguiremos sacar el estatuto del cooperante, espero que sí.
Desde luego, yo tengo el compromiso de acelerarlo al máximo, pero tiene que haber una necesaria coordinación con otros departamentos, como pueden ser Trabajo o Hacienda, que no siempre es fácil, y algunos de ustedes que han seguido las tareas de ese
grupo de trabajo y sus vicisitudes son perfectamente conscientes de ello. Espero que seamos capaces de superar esas objeciones y esas dificultades y que lo llevemos a buen puerto.



En cuanto al Sahara, que me lo había dejado, es uno de los destinos prioritarios de la cooperación española. Han preguntado ustedes en términos más generales cómo va a evolucionar la cuestión del Sahara.
España ha mantenido una postura
sostenida desde el año 1975, dando muestras de continuidad en este ámbito de la política exterior. Se resume en decir que España, en definitiva, respaldará una solución razonable que venga a través de Naciones Unidas. La pertenencia de España
durante el próximo bienio al Consejo de Seguridad indudablemente nos va a dar una mayor responsabilidad y participación en lo que pueda ser esa solución.
No se les oculta que es muy probable que sea el primer expediente que tengamos encima de la
mesa cuando nos sentemos en el Consejo de Seguridad, puesto que, como todos ustedes saben, el mandato de Minurso termina el 31 de enero y antes de esa fecha el Consejo de Seguridad tiene que tener encima de la mesa un proyecto. Pudiera haber una
prolongación del mandato de Minurso,


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pero tengo la sensación de que es más que probable que haya una tendencia a abordar el tema a fondo. Varios de ustedes han señalado que esta es una cuestión que se viene arrastrando y es cierto. Como suele pasar en este tipo de
circunstancias, los más perjudicados son los más débiles, en este caso los saharauis. La cooperación española ahí está, sigue activa y no ha desfallecido. En la próxima comparecencia que tenga ante esta Comisión, espero poder darles alguna
información complementaria.



Confío en que habré contestado y comentado las distintas intervenciones, por lo menos en los grandes ejes.



El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra, por su amplia intervención y sobre todo por la posibilidad que nos ha brindado de escuchar un tema tan interesante en el ámbito de la política. Quiero agradecer de un modo particular en
nombre de toda la Mesa su disposición para venir con una asiduidad que se puede calificar como razonable.
Reiterando el agradecimiento a la ministra por su comparecencia, a todas SS.SS. por estar hoy aquí y a los servicios técnicos, se levanta la
sesión.



Eran las siete y quince minutos de la tarde.