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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 521, de 12/06/2002
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2002 VII Legislatura Núm. 521
MEDIO AMBIENTE
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª MARÍA BERNARDA BARRIOS CURBELO
Sesión núm. 30
celebrada el miércoles, 12 de junio de 2002
ORDEN DEL DÍA:
Proposiciones no de ley:
- Relativa a vehículos al final de su vida útil. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/001414.) ... (Página 16798)
- Sobre medidas para que se cumplan los límites en las emisiones de NOx.
Presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida. (Número de expediente 161/001258.) ... (Página 16800)
- Sobre el embalse de Alqueva. Presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida. (Número de expediente 161/001292.) ...
(Página 16802)
- Sobre elaboración de un plan nacional para el desarrollo sostenible en las zonas mineras. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.
(Número de expediente 161/001358.) ... (Página 16805)
- Sobre medidas urgentes a adoptar por la Administración General del Estado para reparar los daños causados por el temporal de viento y agua de los días 7 y 8 de mayo de 2002 en el litoral costero catalán.
Presentada por el Grupo
Parlamentario Catalán (Convergencia i Unió) (Número de expediente 161/001421.) ... (Página 16807)
- Relativa a un Plan de Medidas Urgentes para reparar los daños ocasionados por el temporal de los primeros días de mayo en las playas de las Comunidades de Valencia y Cataluña, así como para establecer un Plan de Estabilización de las
mismas. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 151/001431.) ...
(Página 16809)
- Sobre regeneración de la playa de la Isla en Mazarrón. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/001362.) ...
(Página 16811)
- Por la que se insta al Gobierno a la actuación 'Abastecimiento a Jaén' recogida en el Plan Hidrológico Nacional. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/001420.) ...
(Página
16813)
- Sobre la inclusión en el convenio de colaboración con el Ministerio de Medio Ambiente de los municipios del Alto Aragón. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/001426.) ...
- Relativa al saneamiento de cauces en la comarca de Valdeorras (Ourense) Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/001438.) ... (Página 16821)
- Sobre la construcción de un parking en el Parque Nacional de Timanfaya (Lanzarote) Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
(Número de expediente 161/001442.) ... (Página 16825)
Se abre la sesión a las diez y cuarenta minutos de la mañana.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- RELATIVA A VEHÍCULOS AL FINAL DE SU VIDA ÚTIL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/001414.)
La señora PRESIDENTA: Buenos días a todos, señoras y señores comisionados de Medio Ambiente. Iniciamos esta sesión de la Comisión de Medio Ambiente pidiendo disculpas puesto que se ha retrasado la Mesa y la Junta de Portavoces debido a que
teníamos una reunión con una Delegación de la Comisión de Medio Ambiente de Eslovaquia que, por cierto, ha sido bastante interesante. El orden del día de la Comisión va a versar sobre debates de proposiciones no de ley. Según han trasladado a esta
presidencia, se han puesto de acuerdo la diputada doña Carmen Marón y la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, doña Teresa de Lara, respecto de las proposiciones no de ley. Les pediría a dichas diputadas que transmitieran a la Mesa cuál es el
orden que han acordado.
La señora DE LARA CARBÓ: A petición de la diputada Carmen Marón, se solicita que el punto que figura en el orden del día como número IX pase a verse en primer lugar. Nuestro grupo está de acuerdo.
La señora PRESIDENTA: Habiendo llegado a un acuerdo todos los grupos parlamentarios y no existiendo ningún problema por el resto de los grupos hoy aquí presentes, pasamos a debatir, en primer lugar, la proposición no de ley, relativa a
vehículos al final de su vida útil, iniciativa que fue presentada por el Grupo Parlamentario Popular, para cuya defensa tiene la palabra la señora Pol.
La señora POL CABRER: Buenos días, presidenta. Ante los importantes problemas medioambientales provocados por la eliminación de los residuos que generan los automóviles cuando finalizan su vida útil, la Unión Europea aprobó la Directiva
2000/53 que, además de marcar la líneas básicas de actuación, fija objetivos muy concretos referidos a la reutilización, reciclado y valoración de los vehículos usados al final de su vida útil. El plazo para la trasposición de la directiva
comunitaria finaliza en abril de 2003. El Partido Popular considera, con esta proposición no de ley que hoy presenta, que se debe adelantar lo más posible para empezar a tratar de una forma adecuada los residuos.
Actualmente en España se está desarrollando el proyecto piloto gestión integral de vehículos fuera de uso, financiado con fondos europeos a través del programa Life Medio Ambiente. Hay que tener en cuenta la capacidad de producción de
vehículos nuevos que tiene España. Por esto, el objetivo de este proyecto Life, es demostrar la viabilidad, tanto técnica como económica, de un sistema de gestión integral de los vehículos, implicando a todos los agentes, para lograr garantizar la
retirada y gestión de todos sus residuos y alcanzar cotas de reciclaje próximas al 90 por ciento en peso.
El trasponer la directiva europea relativa a vehículos al final de su vida útil en el plazo de seis meses supondrá la adopción de medidas que, además de facilitar con el mínimo coste el desguace con reutilización, reciclado o valoración,
incorpore las mejores técnicas protectoras del medio ambiente. La directiva sobre los vehículos al final de su vida útil incluye una prohibición general de los metales pesados y dispone que el plomo, el mercurio, el cadmio y el cromo exevalente
quedarán prohibidos a partir del 1 de julio de 2003, a menos que se establezca una excepción.
Asimismo, la Comisión Europea, el pasado mes de marzo, propuso la prohibición del uso de baterías de cadmio en vehículos eléctricos a partir de finales de
2005, a la luz de que, este elemento químico, pueda causar daños al medio ambiente y ya existen en el mercado alternativas en forma de baterías de níquel de metalhidruro.
Todo el mundo es consciente de que el vehículo es contaminante para el medio ambiente, y sobre todo en su final, cuando se convierte en un auténtico residuo. Con la aprobación de la Directiva 2000/53 de la Comunidad Económica sobre la
retirada de vehículos al final de su vida útil, la aprobación del Plan Nacional de Vehículos Fuera de Uso, para el período 2001-2006, y la reciente inclusión de estos deshechos como residuos peligrosos en el catálogo europeo de residuos, el futuro
de los desguaces de coches es la profunda renovación con el reciclaje.
Proponemos esta proposición no de ley y aceptamos el texto propuesto por Convergència i Unió, por la que las competencias atribuidas a las comunidades autónomas en materia de medio ambiente también serán de gestión de los residuos. Nada
más, señorías.
La señora PRESIDENTA: ¿Grupos que desean intervenir?
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Martí.
El señor MARTÍ GALBIS: Mi Grupo Parlamentario tiene una enmienda a esta iniciativa del Grupo Parlamentario Popular. Celebro que antes de la defensa haya aceptado su texto. No obstante, como me corresponde, aprovecharé el turno.
Esta enmienda que hemos presentado está en línea con similares enmiendas que mi grupo ha defendido en esta Comisión en las últimas sesiones. Se trata de un aspecto que a veces pasa desapercibido para el Grupo Parlamentario Popular o,
incluso, a veces, para otros grupos, pero tenemos que ir con mucho cuidado cuando hay trasposición de directivas comunitarias. A veces no somos conscientes de ello, pero en ese proceso de trasposición puede ocurrir -no digo que sea el caso, pero
puede ocurrir-, teniendo en cuenta la complejidad de la distribución competencial en materia de medio ambiente entre el Estado y las comunidades autónomas, que se produzca una invasión competencial o una limitación de la capacidad política o
normativa de las comunidades autónomas. Esta enmienda asegura esa capacidad política y normativa de las comunidades autónomas, de sus parlamentos y de sus gobiernos para intervenir en aquellos ámbitos competenciales que nos corresponden en medio
ambiente y, en concreto, en de gestión de residuos.
Nos corresponde valorar positivamente la asunción por parte del Grupo Parlamentario Popular de la enmienda presentada por mi grupo parlamentario pues ello servirá para dejar más claro que las comunidades autónomas, en un tema tan importante
para el futuro como es la gestión de los componentes de los vehículos una vez están fuera de uso, van a a tener que trabajar cada una en su ámbito.
Para terminar, quiero insistir -lo dice la exposición de motivos pero es importante destacarlo- en que será un decreto el que va a tener que trasponer esa directiva comunitaria y que es muy importante que la Administración general del
Estado, los ministerios que intervienen en este proceso, intensifiquen la colaboración con los sectores afectados, entre ellos, la Asociación Española de Fabricantes de Equipos y Componentes para la Automoción, en concreto, la unión de empresas
Sernauto, que viene colaborando con la Administración desde el año 1967, fecha en la que se creó. En ese proceso final de elaboración del decreto -creo que llevamos nueve borradores- los sectores afectados podrán contribuir con su trabajo y su
experiencia a que esa trasposición finalmente sea un éxito. Aprovecho para agradecer la aceptación de esta enmienda y esperemos que sirva para que el trabajo sea mucho más eficaz ante el futuro.
La señora PRESIDENTA: Ya ha visto S.S. que, como representante de Convergència i Unió, ha vencido incluso antes de haber defendido su enmienda.
Tiene la palabra la representante del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, la señora Urán, que también quiere intervenir en el debate de esta proposición no de ley.
La señora URÁN GONZÁLEZ: Señorías, es la segunda vez, si mi memoria no me falla, que el Grupo Parlamentario Popular se preocupa por los residuos de los vehículos usados y argumenta siempre lo mismo: el problema es grave, urgente, que
produce trastornos
medioambientales a los que debe darse una solución. Y así llevamos ya bastante tiempo. Hay un plan nacional que no se cumple y, señorías, volvemos otra vez a debatir una iniciativa del grupo que sostiene al Gobierno.
Mi grupo parlamentario va a apoyar esta iniciativa, aunque considera que suelen ser brindis al sol. La va a apoyar, entre otras cosas, porque se marca un plazo. Es la primera vez que el Grupo Parlamentario Popular marca un plazo al
Gobierno, señal de que parece ser que tiene intención de cumplir la trasposición de la directiva. Después ya veremos si se produce por real decreto-ley o por proyecto de ley, si el Gobierno está dispuesto a trasponer la directiva en condiciones,
hecho que no suele ser lo habitual.
Señorías, la vamos a votar a favor porque es verdad que es un problema grave, que es un problema urgente, y nuestro país no ha adoptado las medidas necesarias para resolverlo. Es necesario que se trasponga la directiva en el plazo
correspondiente, algo que el Gobierno tampoco suele hacer. Esperemos que con esta iniciativa esta directiva se trasponga en el plazo que corresponde, que es el que marca la proposición no de ley, que el Gobierno lo cumpla y que la Comisión Europea
no nos llame la atención.
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Marón.
La señora MARÓN BELTRÁN: Quiero darle las gracias, señora presidenta, por haber permitido el cambio del orden del día que había solicitado, aunque lamento que no pueda mostrar la satisfacción por ese cambio en la iniciativa que vamos a
debatir.
Esta proposición no de ley es muy interesante pues insta al Gobierno a que cumpla con sus obligaciones, que desde luego no cumple y, además, deja al grupo que le sustenta en una relativa evidencia. Debatimos esta iniciativa el 27 de
noviembre del año 2000. Entonces apremiaba el grupo que sustenta al gobierno a lo mismo que hoy, a trasponer la directiva de vehículos fuera de uso. Decían textualmente que era un tema importante y urgente, con lo que estábamos de acuerdo. Pues
bien, dos años después el Gobierno no ha presentado el decreto-ley ni conocemos en qué situación están los trabajos. Ahora vuelven ustedes a lo mismo, a que en el plazo de seis meses... Permítanme que lo dude. No me parece serio, señorías y el
propio Gobierno -permítanme que se lo diga con toda cortesía- no considera al grupo, si no, no les obligaría a estas actitudes tan poco constructivas y rigurosas.
¿Tienen preparado el real decreto para cumplir con la Directiva 2000/53 del CEE de 18 de septiembre de 2000? Si es así, preséntenla en esta Cámara, como es su obligación, procuren que sea rigurosa, que cumpla con todos los objetivos que
persigue, doten los recursos necesarios para su desarrollo y ejecución pues llevamos dos años esperando. Quiero recordar también que, desde el año 1997, se estaba trabajando en la directiva. Si este Gobierno cumpliera con sus deberes tendría
adelantado el borrador y, una vez aprobada no estaríamos con estas dilaciones innecesarias que perjudican seriamente nuestro entorno.
Señorías del Grupo Popular: cumplan con su obligación, déjense de dilaciones y de iniciativas sin contenido. El Grupo Socialista se va a abstener en la votación porque, aunque fijan un plazo de seis meses, ya han transcurrido dos años
desde que se tramitó una iniciativa similar, por lo que ésta no nos merece credibilidad. Nada más.
- SOBRE MEDIDAS PARA QUE SE CUMPLAN LOS LÍMITES EN LAS EMISIONES DE NOx.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA. (Número de expediente 161/001258.)
La señora PRESIDENTA: Pasamos a debatir la proposiciones no de ley por el orden que aparecen en el orden del día. En primer lugar, la que aparece con el número uno: sobre medidas para que se cumplan los límites de las emisiones de óxidos
de nitrógeno, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida.
Tiene la palabra para su defensa, la señora Urán.
La señora URÁN GONZÁLEZ: La contaminación atmosférica, del aire, es una preocupación bastante importante para nuestro grupo parlamentario, es un problema grave que produce, no solamente daños en el medio ambiente sino que también puede
producir daños en la salud de las personas. Existen varias directivas europeas que intentan trasladar a los Estados miembros legislación para reducir y limitar las emisiones contaminantes a la atmósfera y, desde luego, aquellas emisiones que pueden
producir daños en las personas y no solamente en el medio ambiente.
Conocemos todos los diputados y diputadas de esta Cámara, que existe ya ratificado por el Estado español, el protocolo de Kioto que pretende controlar las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera.
Saben ustedes que hace unos
años se controlaron aquellos gases que incidían en la capa de ozono. Señorías, en el año 1990 se establecieron unas directivas europeas, que se traspusieron a la legislación nacional a través del Real Decreto 646/1991, para limitar las emisiones de
gases que provocan las lluvias ácidas; estamos hablando de dos tipos de gases: el SO2 y el NOx. El Estado español, a través de este real decreto, ha conseguido controlar los gases de SO2 pero no así el NOx, que son los óxidos de nitrógeno. Estos
gases se producen por el funcionamiento y la combustión de centrales térmicas. La legislación establecía unos límites, a partir de 1998, para aquellas centrales anteriores a 1987, porque las que están funcionando con una fecha posterior están
cumpliendo los requisitos, pero no así aquellas anteriores
a 1987. Estos límites estaban establecidos para estas centrales en nuestra legislación en aplicación de la legislación comunitaria en 277.000 toneladas/año. Pues bien, en nuestro país, en el año 2000, estas emisiones han superado las
284.000 toneladas de óxidos de nitrógeno en el año 2000.
Se han presentado diferentes iniciativas. Esta diputada que les habla hizo una pregunta al Gobierno planteando cuáles eran las medidas que se habían adoptado. La respuesta que da el Gobierno siempre se habla de aquellas medidas que fueron
destinadas a limitar las emisiones de SO2 pero en ningún momento el Gobierno facilita datos ni medidas para aquellas instalaciones anteriores a 1987 que son las que no cumplen la directiva europea en cuanto a los óxidos de nitrógeno.
En una respuesta a una europarlamentaria de nuestro grupo en la Cámara europea, le dice que el Gobierno lleva sin facilitar los datos a la Comisión Europea desde 1996. Esa respuesta parlamentaria es de 6 de febrero de 2002. Si tienen
ustedes algún inconveniente les facilitaré la respuesta porque está en mis manos. Se lo dicen así a la diputada; le facilitan los datos existentes en la Comisión en cuanto a óxidos de nitrógeno, desde 1990 hasta 1996. Por lo tanto, hay una clara
falta de información del Gobierno, no solamente a la Comisión Europea sino también a esta diputada o a esta Cámara en cuanto a los óxidos de nitrógeno, porque los datos que facilita el Gobierno hacen y dan cuenta de que no se están respetando las
limitaciones que se establecen por la directiva europea y por el Real Decreto 646/1991.
Señorías, estamos hablando de una contaminación atmosférica que no solamente produce las lluvias ácidas -en la Comunidad Valenciana, de la que soy diputada por la circunscripción de Valencia, las conocemos muy bien por una central térmica
que quemó, por esa lluvia ácida, uno de los bosques emblemáticos de nuestra zona- sino que también causa graves efectos en la salud de las personas y genera otros problemas que pueden afectar a la salud y a la contaminación ambiental.
Nuestra iniciativa solicita al Gobierno que, a partir del cumplimiento del artículo 13 del Real Decreto 646/1991, se le faciliten a la Comisión Europea los datos correspondientes a todos los años que faltan, desde 1997 hasta 2001; que
adopte, en el uso de las competencias que tiene atribuidas y en colaboración con las comunidades autónomas, las medidas necesarias para reducir este tipo de emisiones producidas por las centrales térmicas y que trasponga de una manera inmediata
-ojala fuera posible que se hiciera igual que con la iniciativa de vehículos usados- la última directiva europea que ha fijado límites más estrictos de los que teníamos hasta estos momentos. No estamos hablando de un problema menor sino de un grave
problema que afecta directamente a la buena salud de nuestros ciudadanos y ciudadanas.
Esperamos que esta proposición no de ley tenga una buena acogida en esta Cámara, que la trasposición de la directiva se haga de una manera rápida y eficaz y que se puedan adoptar las medidas necesarias que impidan que el aumento del consumo
de la energía eléctrica y la falta de planificación adecuada para gestionar la demanda siga perjudicando la salud ambiental y el medio ambiente.
La señora PRESIDENTA: ¿Qué grupos desean intervenir en el debate de esta proposición no de ley?
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Sabaté.
El señor SABATÉ IBARZ: Sólo quiero manifestar nuestro acuerdo con esta proposición no de ley. El problema del óxido de nitrógeno viene de antiguo, no sólo de los países de la Unión Europea sino también de Estados Unidos y de otros que
ratificaron un protocolo de 1988, hace ya catorce años, cuando se acordó en Sofía, en Bulgaria. España lo ratificó el 4 de diciembre de 1990. La iniciativa de Izquierda Unida es pertinente y por eso la vamos a apoyar.
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Popular, tiene la palabra la señora Espinosa.
La señora ESPINOSA LÓPEZ: Señorías, hoy en nombre del Grupo Parlamentario Popular, voy a tener la satisfacción de tranquilizar y aclarar diversas cuestiones a los distintos portavoces que me han precedido en la intervención.
Lo primero que diré es que este grupo parlamentario no ve la oportunidad de esta proposición no de ley, por lo menos en los términos que está planteada. Y ello por las razones que brevemente les expondré y que, sin duda, traerán
tranquilidad a los distintos portavoces. Efectivamente, la Directiva 88/609, fue traspuesta a la legislación española por el Real Decreto 646/1991. Esta directiva limita las emisiones a la atmósfera de determinados agentes contaminantes, entre
ellos, los óxidos de nitrógeno.
Y fija los topes y objetivos de reducción de estas emisiones para las grandes instalaciones de combustión existentes antes de 1987. Estos objetivos se debían lograr en dos fases: la primera en 1993, la segunda en
1998. Llegados a este punto, quiero decirles que, para tranquilidad de todos, se cumplieron los objetivos de estas dos fases, es decir, no se rebasaron los límites de emisiones de óxido de nitrógeno. La situación actual es la que sigue: España ha
cumplido con los compromisos adquiridos en cuanto a los límites de emisiones de óxidos de nitrógenos en sus dos fases: 1993 y 1998. Asimismo, y de acuerdo con las exigencias de la Directiva 88/609, España ha remitido a la Comisión el Plan Nacional
de Reducción de Emisiones sin que se hayan recibido observaciones en contra.
Igualmente, España, ha remitido a la Comisión Europea los datos de emisiones de todos los años hasta el 2000, último año del que se disponen de datos contrastados, en
cumplimiento del artículo 16 de la directiva.
Se
puede concluir, por tanto, que España ha dado debido cumplimiento a la Directiva 88/609.
Finalmente, y respecto de las nuevas directivas a las que también se ha hecho referencia y que se han adoptado por el Parlamento Europeo y el Consejo, se han aprobado dos directivas: la primera la 2001/80, que versa sobre las limitación de
emisiones procedentes de grandes instalaciones de combustión. Esta directiva actualizará y modificará la 88/609. En segundo lugar, se ha aprobado la Directiva 2001/81, que se refiere a los techos nacionales de emisión de determinados contaminantes
atmosféricos. Así pues, la primera deja como válidos los compromisos de la Directiva 88/609 para las instalaciones existentes en cuanto a dióxidos de azufre y establece, además, unos límites más estrictos para las nuevas instalaciones de
combustión. Se da a los Estados la opción de elaborar un plan nacional de reducción de emisiones que debe de estar operativo a partir del año 2008. Por otra parte, la Directiva 2001/81 establece unos topes de emisión totales para cada Estado
miembro, para el año 2010, para algunos contaminantes, entre los que se encuentran los óxidos de nitrógeno. Esta directiva también prevé la elaboración de un programa nacional para el cumplimiento de los límites que se establecen.
Estas dos directivas tienen como plazo máximo de trasposición al derecho positivo español el 27 de noviembre del año 2002. Puesto que España ha remitido a la Comisión Europea los datos de emisiones de todos los años hasta el 2000, puesto
que se han adoptado las medidas adecuadas de reducción de emisiones que se establecieron en el Plan Nacional de Reducción de Emisiones y puesto que actualmente en el Ministerio de Economía y en el Ministerio de Medio Ambiente se están llevando a
cabo los trabajos para la trasposición de las citadas nuevas directivas, no vemos la oportunidad de esta proposición no de ley y queremos tranquilizar a la portavoz de Izquierda Unida y comentarle que somos igualmente conscientes de la necesidad de
limitar estas emisiones que son garantía de presente y de futuro para nuestro país. Nada más.
- SOBRE EL EMBALSE DE ALQUEVA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA. (Número de expediente 161/001292.)
La señora PRESIDENTA: Pasamos a debatir la proposición no de ley, que aparece señalada en el orden del día con el número dos. Es una iniciativa del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre el embalse de Alqueva.
Para la defensa de la misma, tiene la palabra la señora Urán González.
La señora URÁN GONZÁLEZ: El pasado 8 de febrero se ha consumado uno de los mayores desastres ecológicos que a principio del siglo XXI, se pueda producir en nuestro planeta. Hay un tramo del río Guadiana, que hace frontera entre Portugal y
España, que ha cerrado las compuertas, un embalse que está en terreno de Portugal, que se llama el embalse de Alqueva. Este embalse se proyectó hace 45 años y tiene que ver con un acuerdo suscrito en los años sesenta entre el General Franco y el
General Salazar. Un acuerdo que tenía que ver con los recursos hidroeléctricos.
En aquellos momentos se empieza a pensar en este embalse y se proyecta.
En 1998 se suscribe un nuevo acuerdo hispano-portugués, sobre aprovechamiento de los caudales
hidrológicos y se mantiene este pantano.
Probablemente cuando se empezó a proyectar tenía un sentido, una orientación, dar agua a una zona de Portugal, El Alentejo, de las más deprimidas y desfavorecidas de este país. Pero, señorías, han pasado
muchos años y la situación y las condiciones cambian. Ni el Gobierno español ni el Gobierno portugués han puesto problema alguno a este proyecto y el día 8 de febrero se cierran las compuertas y se empieza a llenar el pantano.
Este gran embalse, que va a ser uno de los mayores lagos artificiales de Europa por no decir del mundo, tiene unas repercusiones medioambientales y económicas para la zona afectada en el territorio español, Extremadura, muy importantes.
Señorías, este embalse tiene una capacidad que casi es imposible de imaginar. Se habla de un total de 4.150 millones de metros cúbicos, tiene 83 kilómetros de largo por 1.100 de márgenes y va a cubrir un área de 250 kilómetros cuadrados. Sin
verlo, es imposible que nos podamos hacer una idea de su capacidad y magnitud. Una vez finalizada la obra y empezado a llenar, va a disponer de 680 kilómetros de canales para la red primaria y de 4.400 para la red secundaria y terciaria, además de
otro número de lagos pequeños e instalaciones. (El señor vicepresidente, Sabaté Ibarz ocupa la presidencia.)
En nuestro país este embalse va a afectar -ya ha afectado porque se iniciaron ya hace tiempo las talas- a más de un millón de encinas y alcornocales. Yo visité la zona en el mes de enero de este año y les tengo que decir que las encinas y
los alcornoques que se están talando son centenarios. Es un paraje maravilloso y además de la tala de estos árboles que se van a destruir, si el pantano se llena en su totalidad, también se va a destruir el hábitat del águila real; se van a
inundar terrenos en estas zonas donde habita la nutria, que va a desaparecer, el lince ibérico, y hay otras muchas especies animales en peligro de extinción y protegidas que van a tener difícil solución y que, desde luego, no van a poder mantener su
hábitat natural y van a desaparecer.
Además de la afección ecológica, hay una afección cultural porque han aparecido unos restos arqueológicos, en el término municipal de Cheles y los arqueólogos que están trabajando en ellos estiman que son de gran valor. Son grabados
prepaleolíticos, pinturas rupestres de animales y figuras que podrían pertenecer,
porque estaban empezando las excavaciones y sus estudios, al neolítico.
Son vestigios de gran interés y en las más de trescientas excavaciones que se han realizado siguen apareciendo ese tipo de grabados y de vestigios de la época
neolítica.
Hay también un asentamiento romano, que hallaron no hace mucho tiempo, que si se llena el pantano hasta su cota máxima, no va a poder ser estudiado, no se va a mantener una investigación que permita el estudio, la documentación y la
conservación puesto que el agua del pantano lo va a anegar. Señorías, es una forma de desprecio hacia el patrimonio histórico que se encuentra en una zona que tiene una cultura tan ancestral y en la que aparecen siempre vestigios muy importantes.
Los datos que les he facilitado son suficientemente importantes, pero es que, además, en la zona hay cultivos que se van a ver afectados por la inundación de las aguas del pantano de Alquieva, cultivos que no se pueden trasladar a otras
zonas porque tienen una determinada configuración por los limos del río que van a afectar no solamente a la economía sino también a los puestos de trabajo y al desarrollo económico de la zona. De ahí que hayamos planteado una proposición no de ley
pidiéndole al Gobierno que discuta y negocie con el Gobierno de Portugal para que la elevación de las aguas se fije sólo en la cota 139 y no en la 152, que es la cota máxima de llenado del pantano. Llenándolo hasta la cota 139 se salvarían muchos
de los árboles, de las encinas y de los alcornocales; se mantendrían los hábitat, tanto del águila real como de la nutria y del lince ibérico así como de otras aves. Señorías, no le solicitamos -que sería lo que a mi grupo parlamentario le
gustaría- que el pantano no se llene. Teniendo en cuenta el esfuerzo económico ya realizado y no pretendiendo perjudicar los intereses del país vecino, Portugal, lo que si pretendemos es que el pantano no se llene hasta su cota máxima, que el
Gobierno de España negocie con el Gobierno de Portugal para que se mantenga la cota en la 139. Salvaremos patrimonio cultural, salvaremos nuestro entorno y los hábitat de determinadas especies, no perjudicaremos el desarrollo y la economía de las
zonas afectadas y Portugal vería satisfechas sus necesidades. Hay que tener en cuenta que, cuando se proyecta el pantano, se preveía el aumento de los cultivos en la zona portuguesa, en El Alentejo; en estos momentos ya no se prevé como riego para
cultivos sino que hay proyectado un aumento de las dotaciones en infraestructuras para abastecer una economía que nos parece muy legítima pero que no puede ser a costa de los intereses ecológicos del Estado español. La economía del turismo nos
parece muy respetable y muy buena para el país vecino, pero no a costa de nuestro patrimonio ecológico, cultural y del desarrollo económico de las zonas de Extremadura que se ven afectadas por el pantano de Alqueva. Creemos que es importante, que
se verían satisfechas las necesidades de agua de Portugal sólo y exclusivamente con que se llenara el pantano a la cota 139 y no necesariamente a la 152. Estaríamos equilibrando los intereses de una nación con los intereses de otra, que debe de
ser, en este caso, salvar su patrimonio. Nada más.
El señor VICEPRESIDENTE (Sabaté Ibarz): Por el Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Camacho Vázquez.
La señora CAMACHO VÁZQUEZ: Como bien ha dicho la portavoz del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, Alqueva se gestó hace unos 45 años y es fruto de un convenio bilateral luso-español de 1968, firmado por los gobiernos
dictatoriales de entonces de Franco y Salazar, que fue prorrogado en la pasada legislatura por la entonces Ministra de Medio Ambiente, Isabel Tocino, y la también portuguesa Elisa Guimares. El principal objetivo del convenio es el del
aprovechamiento conjunto de los ríos transfronterizos. Será el mayor embalse de Europa, ya que tiene una superficie de 250.000 kilómetros cuadrados, 35 de ellos en territorio español; 83 kilómetros de largo y alrededor de 1.100 kilómetros de
márgenes, con una capacidad de 4.150 millones de metros cuadrados de agua que surtirá a 110.000 hectáreas de nuevos regadíos.
Con la construcción de la presa el Gobierno luso pretende garantizar el abastecimiento regular de la población, la agricultura y la industria.
Por su características es una obra que asusta y, por lo tanto, es muy cuestionada no solamente
por partidos políticos y asociaciones ecologistas portuguesas y españolas, sino también por la propia Unión Europea quien no solamente aún no ha confirmado su apoyo económico sino que, a través de responsables medioambientales, manifestó, hace unos
dos años, que esta presa de acuerdo con la nueva normativa europea no se hubiera construido ya que existe inseguridad en cuanto al impacto ambiental que tendrá Alqueva. Para empezar, ya ha desaparecido la aldea portuguesa de La Luz, se talarán o se
han talado ya 540.000 encinas y unos 130.000 olivos y desaparecerán millones de aves y mamíferos, algunos de ellos en vías de extinción y afectará, en Portugal, a unos 19 municipios. En territorio español, el embalse inundará unas 3.600 hectáreas
de terreno, destruirá millones de encinas y sumergirá 25 kilómetros de vegetación además de un importante yacimiento de arte rupestre al que ya ha hecho también referencia la portavoz del Grupo de Izquierda Unida, una pequeña ciudad romana y 23
antiguos molinos harineros, además de destruir el hábitat de diversas especies animales que, como decía antes, están en peligro de extinción. La portavoz del Grupo de Izquierda Unida se ha referido al impacto que puede tener en Extremadura.
También, en la provincia de Huelva tiene su impacto. Parece que afectará a la parte occidental de la provincia de Huelva porque se facilitará el avance del agua del mar sobre la superficie de arena de diversas playas, sobre todo en las localidades
onubenses de Ayamonte e Isla Cristina. También repercutirá en la pesca, ya que recibirá menos aportes nutrientes para su desarrollo.
Por lo que esta diputada conoce, a través de un seguimiento sobre las repercusiones de la presa y de diversas respuestas parlamentarias recibidas del Gobierno, en junio de 1995 las autoridades portuguesas remitieron a España el estudio de
impacto ambiental del proyecto a fin de que las autoridades españolas remitieran su opinión. Tras examinarlo, los servicios técnicos encontraron deficiencias en la documentación por lo que entonces el Ministerio de Obras Públicas, Transportes y
Medio Ambiente, remitió un informe técnico que recogía las condiciones y estudios complementarios necesarios para determinar que el proyecto no tuviera efectos ambientales significativos. Durante los años 1995 y 1996 se creó un grupo de trabajo,
compuesto por el Laboratorio Nacional de Ingeniería Civil de Portugal y por el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas, con objeto de realizar los estudios relativos a las afecciones y propuestas de medidas correctoras del proyecto de
la presa de Alqueva, sobre el estuario del Guadiana y sobre el acuífero Ayamonte-Huelva. Más tarde se crearon otros grupos para definir un programa de minimización de impacto sobre el patrimonio natural y cultural en los territorios de Badajoz,
Olivenza, Cheles, Alconchel y Villanueva, quienes solicitaron estudios previos sobre el patrimonio, la reforestación de riberas ricas en ornitocenosis, distribución de la nutria, distribución del avifauna y sobre la construcción de un azud contra
embalses. Sabemos que los trabajos mencionados fueron presentados por el Ministerio de Medio Ambiente el 26 de abril de 2000 y que el Gobierno portugués se comprometió a concretar los programas de trabajo y a formalizar las oportunas
contrataciones, lo que no sabemos es qué decía o a qué conclusiones llegaron con esos trabajos y, por lo tanto, cuáles eran, al final, las repercusiones reales del impacto de la presa de Alqueva sobre España. Todo ello hace pensar en la falta de
claridad del proyecto. Incluso algún periódico ha llegado a denominarla la macropresa fantasma, argumentando que la falta de información sobre el pantano más grande de Europa hace que parezca como un proyecto clandestino.
Por ello, a mi grupo le parece acertada esta proposición no de ley y está de acuerdo en que se solicite al Gobierno español que se renegocie la afección, en territorio español, del embalse de Alqueva, solicitando que la elevación de las
aguas sea hasta la cota 139 en lugar de la 152, como plantea ahora Portugal. A nuestro juicio, son demasiadas las incertidumbres y pocas las certezas que tenemos respecto a la presa y hay que decir que, de las certezas, abundan aquellas que tienen
un carácter negativo.
El señor VICEPRESIDENTE (Sabaté Ibarz): Por el Grupo popular tiene la palabra el señor Álvarez Álvarez.
El señor ÁLVAREZ ÁLVAREZ: Al Grupo Popular también le interesa la preservación de la dehesa extremeña y todos los aspectos ecológicos como medio natural representativo de nuestra tierra, pero la proposición exagera, desde mi punto de vista,
algún término como que es el mayor desastre ecológico del planeta. No creo que, de momento, se haya producido ni probablemente tampoco se vaya a producir. No vamos a apoyar la proposición del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida por las
razones que expondré a continuación.
Nos preocupa el tema medioambiental, sin embargo hay que respetar la legalidad con la que se ha llevado a cabo este proyecto. Como bien ha dicho la portavoz socialista, se han seguido todos los estudios que exigía la normativa europea,
porque afectaba a dos países: a Portugal y a España. Está acogido este proyecto al Decreto 1302/86, de 28 de junio, que a su vez recoge la directiva comunitaria de la Unión Europea cuando los proyectos afectan a terceros países. Antes de
construirse la presa de Alqueva se llevaron a cabo, con todas las prescripciones legales y se aprobaron por parte de la Comisión mixta hispano-lusa, todos los estudios medioambientales, sociales y económicos pertinentes. Esto no quiere decir que
sea una empresa fantasma que en un momento determinado aparece y nadie sabe cuál van a ser las repercusiones. Las repercusiones están establecidas con, como digo, en los estudios medioambientales que lleva anexo el proyecto.
La decisión que ahora solicita Izquierda Unida no es posible porque alteraría jurídicamente a la legislación comunitaria para aprobar este proyecto y al mismo tiempo demostraría falta de seriedad y competencia de la Comisión mixta
hispano-lusa y de ambos gobiernos. Hay que tener en cuenta que existe un Convenio, de 29 de mayo de 1968, que fue ratificado el 14 de enero de 1969, entre España y Portugal para regular el uso y aprovechamiento hidráulico de los tramos
internacionales del río Miño, el Tajo, el Guadiana y Chanza y de sus afluentes y que, posteriormente, la promulgación del Decreto 1032/71, de 6 de mayo, por el que se dispone la publicación y entrada en vigor del estatuto del funcionamiento de esa
Comisión mixta portuguesa para regular el uso y aprovechamiento de los tramos internacionales de los ríos Miño, Tajo, Guadiana y Chanza y de sus afluentes y reglamentos anejos que están vigentes y funcionando. Esa Comisión Mixta es la que debe
estudiar cualquier alteración que se produjera, que como digo, no sería posible.
En cuanto a la preocupación del llenado del pantano, tengo que decir que experiencias anteriores como la del pantano de La Serena, también en la Comunidad Autónoma extremeña, que estaba diseñado para tener una capacidad de 3.200 hectómetros
cúbicos, al final, por las prescripciones técnicas nunca ha pasado del 70 por ciento. Si esto se sigue en todas las demás presas, la preocupación de la señora Urán por el llenado no tendría sentido. Pero repito que cualquier modificación de las
condiciones que se establecieron en la aprobación del proyecto abriría otro procedimiento. Si se ha dicho aquí que la nueva normativa europea probablemente no lo aprobaría en las condiciones en que está aprobado, abrir un nuevo
procedimiento sería una falta de respeto hacia otro país miembro de la Unión Europea, por lo que creo que en este momento no sería necesario. Quizá es ponerse la venda antes de que exista la herida.
Algunos grupos ecologistas hubieran preferido
que no se hubiera construido la presa y, si hubiéramos seguido siempre las opiniones de los grupos ecologistas, probablemente no habría carreteras, ni presas ni ningún otro medio de futuro para la población, porque si tiene efectos que pueden ser
negativos, también es verdad que tiene efectos muy positivos en cuanto al desarrollo de una región como es El Alentejo en Portugal. Por tanto, el Grupo Popular va a votar en contra de esta proposición.
- SOBRE ELABORACIÓN DE UN PLAN NACIONAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN LAS ZONAS MINERAS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA.
(Número de expediente 161/001358.)
El señor VICEPRESIDENTE (Sabaté Ibarz): Los puntos 3 y 8 se van a tratar conjuntamente, pero dado que este presidente tiene que intervenir y ello no sería posible, si les parece bien a todos los grupos pasamos al punto cuarto del orden del
día sobre elaboración de un plan nacional para el desarrollo sostenible en las zonas mineras. Para su defensa tiene la palabra la representante del Grupo Socialista, señora Peris Cervera.
La señora PERIS CERVERA: El Grupo Socialista ha presentado esta proposición no de ley con el ánimo de poder encontrar fórmulas para proteger un recurso no renovable cuya explotación conlleva un gran impacto medioambiental. Se trata,
señorías, de regular o de encontrar una serie de propuestas para adecuar las explotaciones de minas a cielo abierto, comúnmente conocidas como canteras, explotaciones que, como todos ustedes saben, tienen un enorme impacto paisajístico. A estas
alturas nadie duda de la importancia del sector minero en el desarrollo económico e industrial al proporcionar toda una serie de materias que son básicas para algunos sectores económicos y productivos, como la construcción, las industrias de
cerámica y azulejera, en definitiva, muchísimas industrias que necesitan este tipo de explotaciones. (La señora presidenta ocupa la presidencia.) La producción de las rocas y de los minerales industriales ha experimentado un crecimiento continuo y
progresivo en todo el mundo, especialmente en la última década, y ello obedece a que ha habido un crecimiento de los países desarrollados y por tanto ha aumentado la demanda de estos productos. España en estos momentos es un importante productor de
recursos minerales y destaca fundamentalmente en la producción tanto de rocas como de minerales industriales que, con una producción superior a los cinco millones de toneladas, nos coloca en el tercer productor mundial tras China e Italia.
Si en
los últimos años ha habido una extracción de minerales que ha experimentado un gran incremento ha sido la producción del caolín para usos cerámicos y la de arenas silíceas también utilizadas para la construcción. Como les decía, este incremento
obedece fundamentalmente al crecimiento de los países desarrollados. Junto con este incremento y esta demanda de recursos naturales existe una demanda social, que también está creciendo, de proceder a la extracción, a la producción, al uso y a la
eliminación no agresivos con la naturaleza.
Sin duda, el medio ambiente es uno de los factores que está condicionando en mayor medida a la industria minera. De hecho, hay algunos productos como los asbestos, la sílice o la florita que plantean graves problemas medioambientales y que
cuyo uso ya se ha prohibido en algunos países. La minería, señorías, siempre estará en un difícil equilibrio técnico con la preservación del entorno. Para el Partido Socialista es necesario no satanizar tampoco a quienes explotan los recursos
minerales, porque siempre es una mala política trazar una línea y decir: aquí están los buenos y aquí están los malos. Pero por ello vuelvo a reiterar la importancia del sector minero para a continuación decir que es necesario, señorías, que
encontremos soluciones para hacer compatible la explotación minera con el respeto al entorno y el derecho de los ciudadanos a poder disfrutar de un medio ambiente adecuado. Existen, en estos momentos, suficientes avances tecnológicos para que estas
explotaciones mineras sean compatibles con el respeto al medio ambiente. La industria minera tiene viabilidad pero no puede sustentarse en el deterioro del entorno.
Los efectos de la minería en el entorno provocan una grave preocupación y
consecuencia de la misma es que en España tengamos una amplia legislación que trata, de alguna manera, de regular y hacer compatible la explotación minera con la conservación del medio ambiente. Esa preocupación no es baladí porque la explotación
de las minas tiene, desde el punto de vista del Partido Socialista, tres razones fundamentales que avalan esta enorme preocupación. Todos somos conscientes de que las minas a cielo abierto, las conocidas como canteras, tienen un impacto crítico
sobre el lugar en el que se desarrollan porque modifican el espacio en el que se producen estas extracciones, porque en muchas ocasiones las minas actúan sobre territorios de alto valor medioambiental, montes y montañas, y porque, como decía antes,
en la última década el espectacular crecimiento de estas actividades no se ha visto acompañado de medidas de protección para minimizar los daños a los recursos y al patrimonio natural, y mucho nos tememos que, de no prosperar
algún tipo de medida para poner solución a este tema, este problema se va a acrecentar en el futuro.
Señorías, simplemente quiero exponerles, en forma de flash, algunas de las consecuencias o de los efectos que provocan las minas a cielo abierto en el entorno y en el medio ambiente. Tienen impacto medioambiental porque tienen impactos
atmosféricos, provocan emisiones de polvo, ruido por las explosiones y modifican o tienen un enorme impacto paisajístico. Si ustedes han tenido la oportunidad de ver minas a cielo abierto, por ejemplo en Valencia, en mi comarca, en el Rincón de
Ademuz y la serranía tenemos montañas que no sólo tienen escalones sino que se encuentran completamente cortadas buscando la extracción de minerales. Por tanto, nadie negará que el impacto ambiental que se produce en el paisaje es tremendo. Tienen
también efectos hidrológicos porque muchos de los minerales que quedan en las minas son arrastrados a los ríos, manantiales o acuíferos y terminan envenenando la base los mismos. Pero si tienen un impacto importante las minas es sobre todo en la
modificación que provocan en los suelos donde existen. Tras una explotación minera, los suelos quedan llenos de materiales deteriorados, productos residuales de las extracciones y escombreras que dificultan el desarrollo posterior de la cubierta
vegetal. Con las extracciones mineras a cielo abierto es muy difícil, en muchos casos, conseguir la restauración del medio porque se ha eliminado la capa de suelo necesaria para poder regenerar la flora de la zona, porque hay dificultad en el
enraizamiento de la nuevas plantas y porque hay baja retención de agua. En definitiva, señorías, yo creo que todos ustedes son o deberían ser conscientes de que nos encontramos con un grave problema medioambiental al que hay que dar soluciones.
Igual que he empezado hablando de lo esencial que es la actividad minera en nuestra economía, también he de decir que es necesario modernizarla y racionalizar la extracción mineral aplicando índices correctores de impacto ambiental, pues si no, como
denuncian los ciudadanos, estaremos condenando a que en el futuro lo que eran espacios verdes y vivos se conviertan en espacio lunares y yermos.
Dicho todo esto, podíamos preguntarnos qué ocurre con nuestra legislación.
Tenemos un marco legal amplio, legislación de la Unión Europea, legislación nacional y legislación autonómica y, sin embargo, la restauración de las minas no se está
llevando a cabo. ¿Por qué? Sencillamente porque en la mayoría de los casos los empresarios no cumplen con la legislación existente; la burlan y utilizan los proyectos de restauración como mero trámite burocrático.
La señora presidenta me dice que termine, pero es que el tema es muy importante porque tiene un efecto medioambiental gravísimo, porque afecta a la Comunidad Valenciana de la que yo soy, pero afecta también a la catalana, a la andaluza, a
Castilla-La Mancha, a Castilla-León, a Galicia, a muchísimos sitios y la verdad es que...
La señora PRESIDENTA: Señoría, todos los temas que se debaten en esta Comisión de Medio Ambiente son importantísimos; todos, no lo dude, y todos tienen un tiempo tasado. Así que ruego a S.S. que termine su intervención.
La señora PERIS CERVERA: Termino diciendo que el gran problema que tenemos es el incumplimiento de las leyes. Por eso el Partido Socialista lo que pretende con esta proposición no de ley, sin invadir competencias de ninguna comunidad
autónoma porque no es esa nuestra intención, es que se haga una inspección extraordinaria para conocer la realidad de las minas, la situación en la que está la restauración y en qué sitios no se está produciendo, y a partir de ahí y en colaboración
con las comunidades autónomas que se elabore un plan nacional de ordenación del sector minero. No conozco cuál va a ser la posición del resto de grupos, pero desde la preocupación de la comarca de la que vengo, que es el Rincón de Ademuz y la
serranía, hacen falta medidas prontas y rápidas para solucionar el enorme impacto ambiental que está sufriendo el entorno con la minas a cielo abierto. Si hoy, mañana o en un futuro muy cercano no somos capaces de adoptar medidas serias y
razonables para conseguir que los empresarios mineros cumplan escrupulosamente con la ley y fundamentalmente con la restauración, si no somos capaces de establecer medidas para que esa restauración sea efectiva, como decía, señorías, estaremos
condenando a que cada vez nuestro entorno natural sea menor y más pobre.
La señora PRESIDENTA: ¿Grupos que desean intervenir en el debate de esta proposición no de ley? Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra la señora Urán González.
La señora URÁN GONZÁLEZ: El Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida va a apoyar la iniciativa presentada por el Grupo Socialista, entre otras cosas, porque es una iniciativa razonable ante un problema serio, grave y que está
afectando de una manera muy determinada al entorno natural, a los ecosistemas, porque no olviden ustedes que talar una montaña, agujerearla, modifica no solamente el entorno y la visión o, si quieren ustedes, el paisaje de la zona, sino que también
afecta al microclima que establece unas determinadas circunstancias con sus montañas, sus árboles, su entorno y su vegetación. Por tanto, señorías, creo que esta iniciativa, que solamente pide que se haga una inspección especial en colaboración con
las comunidades autónomas para conocer la realidad del cumplimiento de la legislación, tanto estatal como autonómica, es suficientemente razonable ante un problema grave que está afectando al desarrollo de muchas zonas del Estado español, de la
Comunidad Valenciana y de otras muchas comunidades autónomas, no solamente por las molestias que
genera a los vecinos sino por el impacto que realmente está produciendo. Y siempre tenemos la misma dicotomía: ser más severos con la aplicación de la legislación, por tanto la amenaza de desaparición de la mina con el perjuicio económico
para los ayuntamientos, para la economía de la zona y para los puestos de trabajo, o la preservación del medio ambiente. Es una dicotomía falsa que lo único que pretende es plantear una excusa para no cumplir la ley y, desde luego, una falta de
voluntad política para ponerla en práctica. Creemos que esta iniciativa es importante y por eso la vamos a respaldar.
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Acevedo.
El señor ACEVEDO FERNÁNDEZ: La proposición no de ley presentada por el Grupo Socialista básicamente hace dos peticiones: la primera, que se evalúe el impacto ambiental en las zonas mineras, así como la situación medioambiental del entorno,
haciendo a nivel nacional un informe con los resultados de dicho trabajo, y la segunda, que se elabore un plan nacional de desarrollo sostenible de las zonas mineras.
La minería es una actividad sometida a evaluaciones de impacto ambiental y está regulada por el Real Decreto legislativo 1302/1986 y el Real Decreto 1131/1988, en los que se establecen los requisitos ambientales requeridos para autorizar una
explotación y se indica expresamente la necesidad de elaborar un programa de vigilancia para el seguimiento de las medidas correctoras impuestas. A menos de que la explotación afecte a más de una comunidad autónoma, el otorgamiento de la
declaración de impacto ambiental favorable y el seguimiento de las medidas correctoras comentadas anteriormente es competencia autonómica. Por ello, la primera parte de la propuesta, la elaboración de un estudio de seguimiento de impacto ambiental
en las zonas mineras, no es competencia del Ministerio de Medio Ambiente y sí de la comunidad autónoma que concedió la autorización.
El punto tercero de la motivación de la proposición no de ley del Grupo Socialista dice que se establezca un plan especial de dotación de infraestructuras básicas en las zonas más regresivas y despobladas que permita el asentamiento de la
población y el desarrollo de nuevas actividades; aunque no hizo mención la diputada socialista en su intervención, en la proposición no de ley sí figura. La elaboración de un plan nacional de desarrollo sostenible de las zonas mineras tiene dos
aspectos a contemplar: el primero, los medioambientales tratados en el párrafo anterior, y el segundo que se refiere a conseguir para estas zonas un desarrollo económico sostenible. Las zonas mineras, por el declive de la actividad, especialmente
en la minería energética y la extracción del carbón, son zonas de bajo crecimiento económico. A estos efectos se está prestando especial atención en el plan de la minería, en el que se establece el cierre de las explotaciones deficitarias y el
desarrollo de esas zonas en declive con la implantación de nuevas industrias y actividades económicas que puedan garantizar puestos de trabajo y riqueza suficiente para las zonas. El Gobierno del Partido Popular no se plantea la desaparición de la
minería, pues destacó Rodrigo Rato, vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía, que hace unos días se aprobó con el apoyo de España un nuevo reglamento de ayudas al sector minero de la Unión Europea que las prorroga hasta el año
2010, y no lo que ustedes aceptaron cuando gobernaban en 1992: que en el año 2002 sería el final de las ayudas del carbón. El carbón, según Rodrigo Rato, seguirá jugando un papel importante en la economía asturiana (me he ceñido a mi tierra
asturiana) dentro del nuevo modelo de desarrollo de Asturias, promovido desde el año 1996. Este fue el objetivo planteado por el Gobierno de la nación a partir del año 1996, que consistía en incorporar a las comarcas mineras, a un ritmo de
crecimiento económico, importantes medidas de apoyo como un plan específico para el sector minero, el plan de la minería del carbón y desarrollo alternativo de las comarcas mineras, que incluía fondos para la recuperación de las comarcas carboneras.
Concretamente -y volviendo a referirme a Asturias- entre el año 1998 y el 2001, el plan de la minería ha dotado de ayudas a Asturias con un volumen total de 4.350 millones de euros, que representa el 54 por ciento de la totalidad de los fondos
mineros previstos para el conjunto de España, y que ha servido para crear en las cuencas 6.702 puestos de trabajo, a los que se deben sumar las recolocaciones de 1.100 empleos de la mina; en total fueron 7.800 puestos generados que compensan en un
70 por ciento el empleo perdido en la minería. Respecto a otros sectores mineros, áridos, minerales, etcétera, no hay que paliar problemas económicos y los aspectos medioambientales ya han sido contemplados, tal y como se ha dicho previamente. Por
tanto, elaborar un plan nacional no añadiría nada sobre las actuaciones ya puestas en marcha. No sirve de nada la simple redacción de un documento cuando la realidad es que, tanto desde el punto de vista medioambiental como desde el punto de vista
económico y social, las medidas requeridas ya se están desarrollando de forma adecuada y satisfactoria.
- SOBRE MEDIDAS URGENTES A ADOPTAR POR LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO PARA REPARAR LOS DAÑOS CAUSADOS POR EL TEMPORAL DE VIENTO Y AGUA DE LOS DÍAS 7 Y 8 DE MAYO DE 2002 EN EL LITORAL COSTERO CATALÁN.
PRESENTADA POR EL GRUPO
PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGèNCIA I UNIÓ).
(Número de expediente 161/001421.)
La señora PRESIDENTA: Pasamos al debate de la proposición no de ley que aparece en el orden del día
con el número tres. Es una proposición no de ley que ha presentado el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió sobre medidas urgentes a adoptar por la Administración general del Estado para reparar los daños causados por el
temporal de viento y agua de los días 7 y 8 de mayo de 2002 en el litoral costero catalán. Para su defensa tiene la palabra el señor Martí i Galbis.
El señor MARTÍ I GALBIS: Señorías, de nuevo esta Cámara va a debatir sobre la necesidad de adoptar un conjunto de medidas tendentes a paliar en algunos casos y en otros a solucionar los efectos de los temporales de lluvia y viento que han
asolado diferentes puntos de la geografía del Estado, en concreto del litoral costero catalán. Ésta es una realidad que se viene produciendo con cierta frecuencia, con una recurrencia más que alarmante en los últimos tiempos, principalmente en este
último año o año y medio, que tanto expertos y científicos catalanes como del resto del Estado atribuyen (es una teoría que se va imponiendo) a lo que se denomina cambio climático, que estamos padeciendo y que tiene consecuencias en otros muchos
órdenes de la geografía europea y mundial.
El motivo concreto de la presentación de esta proposición no de ley son los efectos del temporal de lluvia y viento que azotó la costa catalana los días 7 y 8 de mayo, hace justo un mes. Quiero poner de relieve que al día siguiente, el día
9 de mayo, mi grupo parlamentario presentaba en el registro de la Cámara esta iniciativa parlamentaria dada la gravedad de la situación y la urgencia con la que se debían tomar las medidas adecuadas al objeto de evitar que la temporada turística se
viera afectada por el mal estado de las playas y las infraestructuras dañadas.
Antes de realizar el somero repaso de los daños causados debemos lamentar la muerte de una persona, que cayó con su coche en un canal de la zona del Delta del Ebro, que
es una pérdida irreparable que se suma a las víctimas de otros temporales anteriores que tuvieron lugar también en Cataluña y en otras comunidades autónomas del Estado. ¿Qué pasó esos dos días? Un fuerte temporal de viento y lluvia hizo que el mar
engullera playas enteras de varias localidades de la Costa Dorada, costa tarragonina, y de la ciudad de Barcelona principalmente, aunque también afectó a muchas otras comarcas litorales catalanas. El temporal de Levante provocó la desaparición de
más de 40.000 metros cúbicos de arena de las playas de la capital catalana, las llamadas Bogatell y La Barceloneta, que ya habían sufrido los estragos de anteriores temporales y en las que se hacían trabajos de mejora. También quedaron dañadas con
diferente intensidad las playas de la ciudad de Badalona, próxima a Barcelona, y de los municipios de Vilassar de Mar y Masnou, en la comarca del Maresme, fronteriza a la de Barcelona. En las comarcas de Tarragona el oleaje inundó de deshechos los
paseos marítimos de Torredambarra, Cambrils y La Pineda, esta última en el municipio de Vilaseca. También el Delta del Ebro resultó dañado con afectación en los campos de arroz, con el consiguiente peligro para las cosechas.
Como SS.SS saben, la gravedad de la situación no viene determinada exclusivamente por los daños del temporal al que estamos aludiendo de los días 7 y 8. Lo que es realmente preocupante y grave es el resultado de la suma de los diversos
temporales, hasta nueve sucesivos, que han afectado a la costa catalana desde el mes de noviembre del año pasado; o sea que, en pocos meses, nueve temporales de diferente intensidad han ido agravando la situación de las playas y las
infraestructuras viarias anexas a las mismas. Esta cadena de temporales, hasta nueve, no tiene precedentes en todo el Estado español desde el año 1946 y la reiteración de los mismos y la acumulación de sus efectos ha provocado que una parte
importante de los esfuerzos y los recursos destinados por las administraciones públicas para la reparación de las playas, especialmente los trabajos realizados por el Ministerio de Medio Ambiente, no diremos que hayan caído en saco roto pero sí que
se han visto muy mitigados o no han tenido la eficacia que hubieran tenido si no se hubiera dado el supuesto de esa recurrencia en los temporales que han tenido lugar estos últimos meses. Somos conscientes y valoramos positivamente los esfuerzos de
las Administraciones competentes, del Ministerio de Medio Ambiente, de las corporaciones locales que han tenido que hacer reparaciones de urgencia en el ámbito de sus competencias y también de la Generalitat de Cataluña hasta la fecha. Pero no es
menos cierto que las pérdidas y los daños del temporal de los días 7 y 8 de mayo hacen necesaria y urgente una actuación más decidida, si cabe, sin que la temporada turística de los municipios afectados pueda verse seriamente dañada, afectada y
amenazada, incluso arruinada en algunos de los municipios que, repito, han sido seriamente afectados por los temporales.
Las declaraciones del director general de Costas del día 10 de mayo, dos días después del temporal, en el sentido de que las playas más afectadas de la Península eran las de las demarcaciones de Barcelona y Tarragona, confirman el relato que
acabo de hacer. Es destacable el hecho de que el ministro de Medio Ambiente, acompañado por el secretario de Estado de Aguas y Costas, por el director general de Costas, por las autoridades y consejeros de la Generalitat de Cataluña competentes y
los alcaldes, concejales y regidores de los ayuntamientos afectados, visitó algunas de las zonas afectadas el día 12 de mayo, o sea cuatro días después del temporal. Precisamente durante esta visita el señor Pascual Fernández afirmó que las playas
afectadas estarían listas y recuperadas para la temporada de verano, sin descartar aportaciones adicionales a la inversión inicialmente prevista, que recuerdo que era en aquel momento de nueve millones de euros más tres millones de euros dedicados
exclusivamente a las playas de la ciudad de Barcelona. Quiero recordar, sin embargo, que algunos alcaldes de poblaciones afectadas expresaron
en los días posteriores sus recelos por la lentitud de los primeros trabajos de evaluación de los daños producidos en sus respectivos municipios. Quiero recordar también que a una pregunta oral formulada por un senador de mi grupo
parlamentario a finales del mes de mayo, en concreto del senador por Girona Salvador Servià, al ministro de Medio Ambiente sobre las actuaciones que tenían que hacerse a su criterio para paliar esos efectos, en su respuesta el ministro asumió el
compromiso de que este verano estarían las playas en condiciones; y estamos a diez días escasos del inicio del verano, aunque la temporada turística ya ha empezado.
Por todo ello, y al objeto de evitar los graves perjuicios que para las poblaciones turísticas afectadas puede provocar el hecho de que las playas dañadas por el último temporal aún no hayan sido recuperadas, mi grupo parlamentario decidió
presentar con la máxima urgencia esta proposición no de ley del tenor literal que todas SS.SS. conocen porque está publicada en el Boletín del 16 de mayo y que me ahorro leer. Creemos que la estructura y el alcance de la proposición no de ley
debería permitir su aprobación y, por tanto, obtener hoy el compromiso firme del grupo parlamentario que apoya al Gobierno de actuar con la máxima celeridad posible para concluir los trabajos que ya se vienen desarrollando; repito que los trabajos
ya se vienen desarrollando poco después de los temporales de estos días 7 y 8 de mayo. De todas maneras, mi grupo parlamentario, con la voluntad de hacer todo lo posible, como es habitual, para conseguir el apoyo de todos los grupos parlamentarios
de esta Comisión, está en condiciones y desearía aceptar un texto transaccional del Grupo Parlamentario Popular, que se deriva de las conversaciones que hemos mantenido antes del debate de esta proposición no de ley, para hacer posible que el
objetivo que persigue esta proposición no de ley sea un hecho; en definitiva, que se finalicen con la máxima urgencia y eficacia todas las obras de recuperación, de regeneración de la playas afectadas por el temporal. Por tanto, quedamos a la
espera de ese texto transaccional que pueda tener el apoyo y el compromiso de todos los grupos parlamentarios presentes en esta Comisión.
- RELATIVA A UN PLAN DE MEDIDAS URGENTES PARA REPARAR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL TEMPORAL DE LOS PRIMEROS DÍAS DE MAYO EN LAS PLAYAS DE LAS COMUNIDADES DE VALENCIA Y CATALUÑA, ASÍ COMO PARA ESTABLECER UN PLAN DE ESTABILIZACIÓN DE LAS
MISMAS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/001431.)
La señora PRESIDENTA: Debido a que los grupos han llegado a un acuerdo, se va a debatir a continuación la proposición no de ley que aparece con el número 8 y que está relacionada con la enmienda que a esta proposición no de ley de
Convergència i Unió ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista. Por tanto, doy la palabra al portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, señor Sabaté Ibarz, para que intervenga defendiendo su proposición no de ley relativa a un plan de
medidas urgentes para reparar los daños ocasionados por el temporal de los primeros días de mayo en las playas de las comunidades autónomas de Valencia y Cataluña, así como para establecer un plan de estabilización de las mismas, a la vez que
defiende la enmienda que ha presentado a la proposición no de ley del Grupo de Convergència i Unió. Posteriormente daré la palabra a los dos portavoces del Grupo Parlamentario Popular que van a intervenir, que son diferentes, para hacer un debate
conjunto de estos puntos.
Tiene la palabra el señor Sabaté.
El señor SABATÉ IBARZ: Seré breve porque el portavoz de Convergència i Unió ha justificado suficientemente la necesidad de estas proposiciones no de ley, que son sensiblemente iguales en su contenido. En nuestra proposición no de ley
simplemente añadimos un punto que dice textualmente: Iniciar un estudio de las medidas que serían necesarias para estabilizar las playas con mayor peligro de afectación por temporales en la costa mediterránea. En la medida en que pueda ser
recogido -y parece que va a ser así- por el texto transaccional que explicará el Grupo Popular, nosotros estaremos en condiciones también de aprobar ese texto.
Para justificar este añadido diré rápidamente que creo que todos somos conscientes de que lo que hasta ahora se viene haciendo en política de regeneración de playas quizá no sea lo más adecuado por dos motivos: en primer lugar porque
soluciona el problema circunstancialmente, hasta que el siguiente temporal vuelva a arrasar las playas, y en segundo lugar porque en algunas ocasiones lo que en realidad se produce es otro impacto ambiental negativo, y me refiero al hecho de retirar
arena del interior marítimo donde habitan las praderas de poseidonia, una especie vital para el mar. Quedamos también a la espera de ese texto transaccional para confirmar nuestro voto positivo.
La señora PRESIDENTA: ¿Grupos que desean intervenir en el debate de estas dos proposiciones no de ley que aparecen en el orden del día con los números 3 y 8? Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, tiene la palabra la señora Urán.
La señora URÁN GONZÁLEZ: Vamos a apoyar la transaccional que va a ofrecer el Grupo Parlamentario Popular y que parece que van a aceptar los dos grupos proponentes. Mi grupo parlamentario quiere hacer constar y nos gustaría que se hiciera
llegar al Gobierno que cuando se hace la regeneración de las playas se
tenga muy en cuenta que regeneración de playas estamos haciendo, de qué estamos hablando. Porque si algo ha quedado de manifiesto con los temporales que se vienen sucediendo de manera sistemática en la zona del Mediterráneo, con una
afectación no solamente de vidas humanas sino en los destrozos que se ocasionan a toda la costa, es que sirve de muy poco el esfuerzo económico que se hace para las aportaciones de arena a las playas, que generan un impacto ambiental bastante
importante, y que no sirven para paliar después que las playas continúen estando en condiciones de disfrute por los ciudadanos y ciudadanas y de mantenimiento del entorno. Compartimos plenamente la necesidad de que se inicie un estudio de las
repercusiones en aquellas playas que se ven más afectadas por los temporales y las medidas que se puedan adoptar precisamente para evitar este tipo de daños. Creo que si el estudio se lleva a cabo nos encontraremos con alguna que otra sorpresa y
nos daremos cuenta de que no solamente los temporales afectan a las playas sino que la afectación se ve agravada por nuestra forma de tratar las playas y por la mano del ser humano que se ve en toda la costa.
Insistir en que vamos a apoyar estas iniciativas, en que los temporales son cada vez más numerosos y dañinos porque recaen sobre playas ya deterioradas por otros temporales y en hacer llegar al Gobierno que la regeneración de playas no puede
ser sólo y exclusivamente el aporte de arena, que quizá tengamos que estudiar otro tipo de tratamientos que impidan que los temporales hagan tanto daño como el que hacen.
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Popular, y en relación con la proposición no de ley de Convergència i Unió, tiene la palabra la señora Rodríguez Callao.
La señora RODRÍGUEZ CALLAO: Quiero dar las gracias a Convergència i Unió por el interés demostrado en los temas de nuestra comunidad, la comunidad catalana, y felicitar al Gobierno del Partido Popular, a través del Ministerio de Medio
Ambiente, por la eficacia de su actuación porque, como muy bien ha dicho el señor Martí, al poco tiempo de haber acontecido los grandes chubascos y tormentas que arrasaron nuestra costa los días 7 y 8 de mayo, el ministro de Medio Ambiente y el
secretario general de Costas se personaron en la costa catalana el domingo día 12 y en la comparecencia del ministro Matas en el Senado el día 22 en contestación a las preguntas del Grupo Parlamentario de Convergència adquirió el compromiso de que
las costas catalanas estarían listas en época turística, es decir que las playas estarían completamente arregladas.
A mayor abundamiento de la cuestión, el Consejo de Ministros del día 24 del mismo mes aprobó una serie de planes de emergencia relacionados con las costas catalanas, con unos presupuestos extraordinarios que eran los siguientes: en Girona,
en las costas de Lloret de Mar, reparación del paseo marítimo; en Playa de Aro, reparación del paseo marítimo; en Blanes, saneamiento y consolidación del acantilado de unos 50 metros de longitud; en Palamós, saneamiento y consolidación del
acantilado de unos 50 metros de longitud. Para la provincia de Girona se destinan 300.000 euros. En Barcelona, reparación y aportación de las arenas a las playas; en Premiá de Mar, reparación de las sendas y accesos de playas; en Mongat-El
Masnou, reparación de sendas y accesos de playas; en Sant Andreu de Llabaneras, reparación de escolleras y accesos; en Canet de Mar, reparación y limpieza de zona marítimo-terrestre; en Arenys de Mar, redistribución de arenas y en Badalona,
demolición de las instalaciones y limpieza de playas. Lo que afecta a la provincia de Barcelona importa la cantidad de 2.175.000 euros. En la provincia de Tarragona el presupuesto aproximado es de 1.045.000 euros y las actuaciones se harán en
Vendrell, protección de las bases de los muros de la Riera del Bisbal, en Roda de Bará, en Torredambarra, en Tarragona, en Vilaseca, en Cambrils, en Montroi d'Alacant, en el Delta del Ebro, en San Carles de la Rápita, y en Sant Andreu.
Lo que más me interesa y creo que es lo más importante no es tan sólo este crédito extraordinario para reparar la zona costera catalana, sino los casi 60 millones de euros de los anteriores temporales. ¿Pero qué es lo que ha pasado? Que
por el Ministerio de Medio Ambiente se habían destinado para este año en Cataluña 2.000 millones de pesetas, lo que ha supuesto que con estas nuevas aportaciones nos vamos del presupuesto general, pero el ministro Matas ha dicho que no hay ningún
problema y sólo ha supuesto rehacer los proyectos ya existentes para poder contemplar todas estas medidas accesorias que se tienen que tomar.
Esta proposición no de ley sería aceptada por nuestro grupo siempre y cuando la enmienda transacional presentada por nuestros portavoces fuera aceptada por Convergència y posteriormente la haríamos llegar a la Mesa.
La señora PRESIDENTA: Para defender la postura del Grupo Popular en relación con la proposición no de ley que aparece en nuestro orden del día con el número 8, tiene la palabra el señor Ortiz.
El señor ORTIZ PÉREZ: También seré breve porque lo que interesaba aquí esta mañana es que todos los grupos seamos conscientes de la importancia que tienen nuestras playas en el litoral de todo el Estado español, y concretamente, en la
Comunidad de Cataluña y en la Comunidad Valenciana.
Creo que hemos dado una muestra de responsabilidad en este momento y hemos llegado a una transaccional de la que después daré conocimiento a esta Comisión y que creo que será apoyada por todos los
grupos.
Sólo quiero decir dos cosas. En primer lugar, sería bueno reconocer la prontitud de la actuación del Ministerio de Medio Ambiente para paliar los efectos producidos
por los temporales acaecidos los días 7 y 8 de mayo y también los que se produjeron en el mes de noviembre. A modo de anécdota he de decir que los temporales son imprevisibles y que no es culpable el Gobierno. Y para tranquilizar al señor
Sabaté he de decirle que hay una directiva comunitaria que prohíbe extraer arena a una distancia prudencial de las plantas de poseidonea y el ministerio no incurre en esos defectos. He de decirle también a la portavoz del Grupo de Izquierda Unida,
a la señora Urán, que efectivamente hay que tener mucho cuidado cuando se efectúa la regeneración de las playas y que es bueno que se tomen las medidas correctoras. Por eso cuando lea la enmienda transaccional verán que una de las medidas que se
proponen es que se estudie precisamente qué se va a hacer en el futuro para prevenir los efectos negativos de los próximos temporales. Pero como lo que importa, como decía antes, es que lleguemos a un acuerdo todos los grupos parlamentarios, con el
permiso de la señora presidenta, voy a dar lectura de la enmienda transaccional que proponemos, que sería refundir las dos proposiciones, la número tres y la número ocho, y en caso de ser aceptada sería conveniente que los textos propuestos por
Convergència i Unió y el Partido Socialista fueran retirados y se votara únicamente la enmienda transaccional, que dice lo siguiente: El Congreso de los Diputados, ante los graves desperfectos producidos en la línea costera catalana y valenciana y
en muchas de sus playas a causa del temporal de viento y lluvia de los pasados días 7 y 8 de mayo de 2002, insta al Gobierno a intensificar y concluir las actuaciones que está llevando a cabo al objeto de recuperar, con la máxima prontitud posible,
las playas del litoral de Cataluña y de la Comunidad Valenciana ante la inminencia del inicio de la temporada turística. Asimismo, insta a iniciar un estudio de las medidas que serían necesarias para estabilizar la playas con mayor peligro de
afectación por temporales en la costa mediterránea.
La señora PRESIDENTA: Por favor, pase a la mesa el texto de la enmienda transaccional.
Tiene la palabra el señor Martí i Galbis a los efectos de aceptar o no la enmienda transaccional.
El señor MARTÍ I GALBIS: Aceptamos la enmienda transaccional que propone el Grupo Parlamentario Popular, por tanto se entiende que se retira el texto de mi grupo parlamentario, y nos congratulamos de ese acuerdo al que se ha llegado.
La señora PRESIDENTA: Por tanto, esta presidencia entiende que quedan englobadas en un mismo texto la proposición no de ley que aparece en el orden del día con el número 3, de Convergència i Unió, y la del Grupo Socialista que aparece con
el número 8.
El señor Sabaté tiene la palabra.
El señor SABATÉ IBARZ: Señora presidenta, para manifestar igualmente que retiramos nuestro texto y aceptamos la enmienda transaccional.
- SOBRE REGENERACIÓN DE LA PLAYA DE LA ISLA EN MAZARRÓN. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/001362.)
La señora PRESIDENTA: Pasamos a debatir la siguiente proposición no de ley, que aparece en el orden del día con el número 5, sobre la regeneración de la playa de La Isla en Mazarrón, Murcia. Esta proposición no de ley es del Grupo
Parlamentario Socialista y para su defensa tiene la palabra el señor Gallego.
El señor GALLEGO LÓPEZ: Permítanme que comience mostrando una envidia sana e insana por las cuantiosas inversiones que ha hecho el Gobierno del Partido Popular en las comunidades de Cataluña y Valencia. Esta proposición no de ley intenta
decir que Murcia está aquí y hay una playa, la playa de La Isla, que necesita también de alguna pequeña inversión que la regenere.
Brevemente haré un poco de historia, aunque lo ideal sería que pudiera dar a los señores portavoces y a la señora presidenta una fotocopia antiguas fotos de cómo estaba hace unos 30 ó 35 años la playa de La Isla, que es una pequeña cala en
el municipio de Mazarrón, en el litoral murciano, concretamente en el núcleo urbano del puerto de Mazarrón. Es una zona que tradicionalmente se utilizó para baño por los pocos bañistas que desde hace más de 50 años empezaron a utilizar esta zona al
oeste del puerto de Mazarrón, creando una fila de viviendas y algún establecimiento de hostelería junto a la carretera que bordeaba la línea del mar y que separaba unas salinas que hoy son una poblada urbanización. Además de la zona de arena, en la
parte de Levante, en tiempos pasados, se depositaron los estériles de unas minas cercanas que incluso eran refugio de unas pocas barcas de pescadores. La pequeña cala casi se cierra al mar con una isla que da nombre a la playa y existe un peñón que
en otros tiempos estaba en medio de la ensenada y hoy está prácticamente unido a tierra por el proceso de desplazamiento de arenas y piedras que viene produciéndose. Al norte se encuentran las viviendas antes mencionadas y la carretera. En otros
tiempos las viviendas tenían varios metros de playa delante y hoy han de ser protegidas con aportaciones artificiales de rocas y piedras que eviten el avance del mar. Al oeste se construyó un pequeño puerto deportivo que pudo modificar, al decir de
algunos, los oleajes y las corrientes marinas del suroeste. En los últimos tiempos se ha producido un acelerado proceso de degradación que se agrava día a día y se pierde la franja de arena que existe en la parte norte, frente a las casas. Además,
los temporales desplazan piedras de los
antiguos estériles de las minas que están anegando la zona de Levante invadiendo el centro de la cala y sigue perdiéndose arena también del fondo escaso porque la profundidad es muy poca. Al retirarse la arena del fondo se ha producido un
hecho positivo: la aparición de un pecio, un barco fenicio, que naufragó en aquellas costas cuando los mercaderes del Mediterráneo recalaban en ellas; aunque este hecho positivo da la impresión de que se convierte en la excusa para no actuar en la
regeneración de esta playa.
Llegados a este punto y vistas las cuantiosas inversiones en otras partes del litoral mediterráneo, nos preguntamos ¿es qué el Ministerio de Medio Ambiente ha dado por perdida la playa de La Isla, en Mazarrón, Murcia? Porque se ha
solicitado desde diversas instancias municipales y regionales y ha habido enmiendas en los presupuestos generales del Estado para que se actúe por parte del Ministerio de Medio Ambiente, en coordinación con los responsables de Cultura de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y con el ayuntamiento por el tema del barco fenicio.
Entre las escasas actuaciones de costas en el litoral de la Región de Murcia no aparece nunca la playa de La Isla. Como la situación nos parece
insoportable y aún se está a tiempo de detener el proceso de degradación y de regenerar una zona de gran encanto natural, porque existe la activa disposición del Ayuntamiento de Mazarrón para colaborar en la consecución de acuerdos con vecinos y
negocios que circundan la playa y que presentan problemáticas distintas en cuanto al uso, la propiedad y la concesión de las construcciones existentes y hay algunas propuestas muy concretas encaminadas a encontrar soluciones que tengan en cuenta los
legítimos intereses, se entiende que han de ser los departamentos ministeriales y la comunidad autónoma los competentes para realizar los estudios y las actuaciones pertinentes. No se trata sólo de una actuación administrativa para aplicar la Ley
de Costas en lo relativo al dominio público terrestre, que también, sino de una actuación medioambiental y arqueológica que ha de hacerse con medios físicos adecuados, con obras adecuadas, con la maquinaria adecuada y por los técnicos competentes y
especializados. Y los problemas con los afectados se resuelven con negociación y con diálogo, y no sólo haciendo caer el peso de la ley sobre ellos. (El señor vicepresidente, Sabaté Ibarz, ocupa la presidencia.)
Por todo lo dicho, instamos al Gobierno a que realice las actuaciones pertinentes para la regeneración de la playa de La Isla, en Mazarrón, teniendo en cuenta la existencia del pecio, el barco fenicio, de gran valor arqueológico, y
salvaguardando los legítimos intereses de los propietarios de las viviendas y negocios colindantes. Esta propuesta en positivo ha de ser asumida por el Gobierno con fechas concretas y un calendario de actuaciones inmediatas que recuperen y
regeneren esta playa y encuentren la solución técnicamente más adecuada para conservar el barco fenicio y esto no justifique el retraso de las medidas necesarias porque, de seguir la situación en la que está la zona, ni habrá playa ni habrá restos
arqueológicos ni habrá casas, es decir perjuicios para todos. Por eso es necesaria esa actuación coordinada a la que me refería antes. ¿Vamos a ser capaces entre todos de arrancar un compromiso del Gobierno? Eso esperamos. Por ello pedimos el
apoyo de todos los grupos a esta proposición no de ley.
El señor VICEPRESIDENTE (Sabaté Ibarz): Para intervenir en nombre del Grupo Popular, tiene la palabra la señora Díez De la Lastra.
La señora DÍEZ DE LA LASTRA BARBADILLO: Esta iniciativa propone tres cosas distintas, quizá concatenadas pero en ámbitos administrativos distintos.
Propone la regeneración de la playa, teniendo en cuenta la existencia de un pecio de gran
valor arqueológico y salvaguardando los intereses de los propietarios de las viviendas y negocios colindantes.
En el tramo de costa de la playa de Mazarrón, las actuaciones de regeneración se hallan ligadas y pendientes de las actuaciones de recuperación del dominio público marítimo-terrestre ilegalmente ocupado por las viviendas del frente costero,
a excepción de dos que creo que tienen el título administrativo de concesión, que se ubican por delante de la zona marítimo-terrestre aprobada por Orden Ministerial del 9 de junio de 1982. Se felicitaba el señor Gallego porque en otras comunidades
autónomas y en otras localidades la regeneración de la playa se había llevado a cabo. No cabe duda de que aquí el problema es que se mezclan distintos aspectos, unos más bien culturales y otros sobre la legalización o no de esas actuaciones. No
cabe duda de que las viviendas y negocios allí existentes, aunque sean muy antiguos, en su inmensa mayoría no están en situación legal y por tanto es difícil, como dice en su propuesta de acuerdo, conciliar los legítimos intereses de los que se
habla en esta iniciativa con el cumplimiento de la ley. Es un poco demagógico, si me permite, pedir que se salvaguarden los intereses que no tienen ninguna cobertura legal. Cualquier actuación sobre las viviendas tiene que ir aparejada a la
incorporación al dominio público de las construcciones existentes. Se sabe también el interés arqueológico que hay sobre los precios, porque usted, señor Gallego, tiene que saber que ahora se está restaurando en Cartagena para el futuro Museo de
Arqueología Submarina, en colaboración con la Comunidad Autónoma y la Autoridad Portuaria de Cartagena, un pecio que es gemelo al que usted ha aludido en su intervención.
Nosotros hemos presentado una enmienda cuyo objeto es simplemente ordenar en el tiempo las actuaciones del Ministerio de Medio Ambiente y que dice lo siguiente: El Congreso de los Diputados insta al
Ministerio de Medio Ambiente a realizar las gestiones y trámites necesarios para la recuperación integral del dominio público marítimo-terrestre en la playa de La Isla de Mazarrón, Murcia, incluyendo actuaciones para la regeneración de la
playa y resolviendo las situación actual de ocupación del dominio público de acuerdo con lo dispuesto en la legislación vigente en materia de costas. Quizá las actuaciones en distintas comunidades autónomas, a que ha aludido el portavoz del Grupo
Socialista, eran más sencillas en cuanto que no estaba el problema de la invasión del dominio público marítimo-terrestre. Es un tema delicado porque con el tiempo parece que, aunque no estén en situación legal, lógicamente las personas con casas e
incluso los negocios hoteleros que han estado allí desde hace muchísimo tiempo se creen que tienen una serie de derechos. Por eso quizá es muchísimo más lenta esa actuación sobre la regeneración de la playa, porque no solamente se está jugando con
la arena o con los restos arqueológicos sino con las personas que están viviendo allí desde hace tiempo y que incluso tienen sus negocios.
Creemos que esta enmienda es asumible porque, como he dicho antes, lo único que intenta es ordenar en el
tiempo esas actuaciones y la preocupación por el pecio que está hundido la tenemos todos pero quizá no la vemos dentro de las competencias de Medio Ambiente sino de Cultura. Yo le ofrezco al señor Gallego presentar conjuntamente el Grupo Popular y
el Grupo Socialista en la Comisión de Educación y Cultura, (aunque yo no esté en esa Comisión lo haré de buen grado) que cuando se pueda regenerar la playa cuando se solucionen estos temas administrativos haya una actuación sobre el barco fenicio.
Por eso yo pienso que esta enmienda es perfectamente asumible y que la preocupación por la regeneración de la playa la tenemos igual el Grupo Popular. Habría que ver también la situación del Ayuntamiento de Mazarrón, que como usted sabe es un poco
atípica porque está gobernando una coalición del Partido Popular-Partido Socialista-Independientes, situación que se derivó de la conducta un poco extraña del anterior alcalde. Yo soy de la provincia de Alicante y en la regeneración de la playa
-futuros espigones que se han hecho a causa de temporales- el ayuntamiento ha tenido una postura común porque no cabe duda de que para pedir ciertas actuaciones se tiene muchísima más fuerza cuando todos van unidos. El Grupo Popular está dispuesto
a aprobar, porque ve que es necesario, la regeneración de la playa y presentamos -vuelvo a repetir- esta enmienda que lo único que intenta es ordenar en el tiempo las actuaciones de Medio Ambiente.
El señor VICEPRESIDENTE (Sabaté Ibarz): Tiene la palabra el señor Gallego López para manifestar su aceptación o no de la enmienda.
El señor GALLEGO LÓPEZ: De su benevolencia pediría que se nos dejara hablar a los dos grupos de aquí a la hora de la votación para llegar a un acuerdo.
El señor VICEPRESIDENTE (Sabaté Ibarz): Muy bien.
- POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ACTUACIÓN 'ABASTECIMIENTO A JAÉN' RECOGIDA EN EL PLAN HIDROLÓGICO NACIONAL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/001420.)
El señor VICEPRESIDENTE (Sabaté Ibarz): Pasamos al punto 6 del orden del día, proposición no de ley por la que se insta al Gobierno a la actuación 'Abastecimiento a Jaén' recogida en el Plan Hidrológico Nacional. Tiene la palabra el señor
Quirós Pulgar, del Grupo Socialista.
El señor QUIRÓS PULGAR: Señorías, vamos a debatir una proposición no de ley que posibilite la realización de la segunda fase de la obra del sistema Víboras-Quiebrajano, que garantice el abastecimiento de agua de dieciocho municipios de este
consorcio que no lo tienen asegurado con la actuación 'Abastecimiento a Jaén', tal como recoge el Plan Hidrológico Nacional. En este sistema se agrupan veintitrés municipios de los que sólo cinco (cuatro que sí firmaron el protocolo de las obras y
uno, el municipio de Jaén, que no lo firmó) se ven beneficiados con la actuación.
Estamos hablando de los municipios de Jaén, Torredelcampo, Martos, Torredonjimeno y Jamilena. Se va a dar la paradoja de que va a haber agua para todos en cantidad y
en calidad, para los veintitrés municipios, pero dieciocho no se verán agraciados por la falta de cesión y las pérdidas que se producen por la precaria situación de la red de abastecimiento en alta de estas poblaciones. Estamos hablando de una obra
que en sus orígenes, allá por 1996, se concibió para dar solución a los 220.000 habitantes que conforman este abastecimiento; casi un tercio, para que se hagan una idea, de la población de Jaén. Debido a la magnitud tanto económica, de inversión,
como poblacional se solicitó por los alcaldes de estos municipios que fuera declarado de interés general. Gracias -hay que decirlo también- al tesón de los alcaldes y alcaldesas de estos municipios, se consiguió arrancar un compromiso del Gobierno
central del Partido Popular, al que se sumó desde un principio la Junta de Andalucía en una clara muestra de la bondad de competencia de auxilio, porque hay que recordar que las comunidades autónomas tienen competencias de auxilio en abastecimiento
en alta pero para los municipios, no para la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que es la que gestiona en la mayoría de estos municipios este abastecimiento en alta. Así, la Junta de Andalucía se comprometió
en el protocolo, a financiar la obra en un 15 por ciento (858 millones de pesetas es el montante total) y a la redacción de los proyectos cuyas directrices marcaba el Ministerio de Medio Ambiente. Una vez que se van a iniciar estas obras
más tarde que pronto (hay que decirlo también), las obras de interconexión de este sistema de abastecimiento ponen en evidencia, dicho sea de paso, el invento de la sociedades mercantiles de agua por parte del Partido Popular, que para lo que hacen
mejor hubiese sido que no le hubiesen quitado esas funciones a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir para dárselas a esta sociedades mercantiles opacas que con el retraso que acumulan las obras nos demuestran su poca operatividad. Estamos
hablando de unas obras que fueron declaradas de interés general en 1998 y en el año 2002 todavía no se han iniciado.
Pero, parafraseando al ministro de desempleo de su Gobierno, hoy no toca hablar de esto.
Me voy a centrar en nuestra petición. Diremos de nuevo que una vez que se van a iniciar estas obras, pedimos en esta iniciativa parlamentaria que los 57.500 habitantes de estos 18 municipios se beneficien por igual que el resto de
habitantes de los cinco municipios que sí se ven más favorecidos en las obras programadas en la interconexión del sistema Víboras-Quiebrajano. Para ello es necesario que la actuación que recoge el Plan Hidrológico Nacional contemple además la
adecuación en alta de las conducciones de los municipios de Villadompardo, Escañuela, Arjona, La Higuera, Arjonilla, Porcuna, Lopera, Higuera de Calatrava, Alcaudete, Fuerte del Rey, Santiago de Calatrava, Cañete de las Torres y Valenzuela y la
conexión al sistema de los municipios de La Escuela Baeza, La Guardia, Pegalajar, Mancha Real y Bédmar-Garciez. En definitiva, 16 municipios de la provincia de Jaén y dos de Córdoba. Que la financiación de estas obras restantes se haga en las
mismas condiciones que las que se van a ejecutar actualmente, un 85 por ciento el Estado y un 15 por ciento la Junta de Andalucía, para no discriminar en definitiva a ningún ciudadano de este sistema de abastecimiento. Y también para que no haya
ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, entendiendo como ciudadanos de primera los que se ven favorecidos por estas primeras obras y ciudadanos de segunda los que no se van a ver favorecidos. Y no lo decimos por decirlo, por capricho, nos
basamos en los siguientes argumentos. Existe un documento, que no sé si el señor portavoz del Grupo Popular conoce, que es el protocolo sobre las obras de abastecimiento a diversos pueblos de la provincia de Jaén, mediante la interconexión de los
sistemas Víboras-Quiebrajano. Este es el sustento de nuestra petición, que se firmó el 21 de diciembre de 1999 por el Ministerio de Medio Ambiente, la Junta de Andalucía y los alcaldes de los 23 municipios afectados. En su punto octavo se dice
textualmente: Las partes se comprometen a afrontar e intentar resolver, conforme a los principios de buena fe y lealtad institucional cualesquiera dificultades o problemas que puedan surgir en la ejecución del presente protocolo, teniendo como
único criterio de actuación el interés compartido por lograr un abastecimiento seguro y de calidad a todos los pueblos jienenses implicados. Pues bien, 18 municipios de los implicados no tienen asegurado el abastecimiento seguro y de calidad, a
pesar de que las obras que se van a realizar en esta primera fase sí permiten agua en cantidad y en calidad.
Señorías, teniendo en cuenta este punto del protocolo, la petición que traemos para su aprobación debía ser votada afirmativamente por el Grupo Popular porque en definitiva persigue el cumplimiento del compromiso político alcanzado con la
firma del mismo, que no es otro que los 23 municipios que firmaron el protocolo tengan un abastecimiento seguro y de calidad. Además hay que decir, y no por los ciudadanos de Jaén capital -que conste, que luego nadie mal interprete esta
afirmación-, que se merecen como el resto de ciudadanos de este sistema de abastecimiento tener asegurado el abastecimiento, de los cual nos alegramos. Sí tenemos que decir que el único Ayuntamiento que no firmó el protocolo, el Ayuntamiento de
Jaén, es el mayor beneficiado de las actuaciones que se van a acometer. A la chita callando, y en una actitud antisolidaria -y digo antisolidaria en el sentido de que no ha apoyado ninguna de la reivindicaciones, nunca ha estado en ninguna de las
reuniones, nunca ha mostrado su apoyo ni tampoco sus intenciones de las obras- ha conseguido ser el mayor favorecido de unas obras que estaban diseñadas para otros 23 municipios que llevaban reivindicando desde 1996 estas actuaciones. El valor
añadido del color político sí ha tenido mucho peso en este caso, enfocando una actuación global a una situación casi local. Solamente se benefician otros cuatro municipios que están en la misma línea de conducciones de Jaén capital. Hasta el
nombre de la actuación hace mención a su objetivo y aparece en el Plan Hidrológico Nacional: Abastecimiento a Jaén. Existe por tanto un agravio comparativo entre un ayuntamiento y otros, entre unos ciudadanos y otros ciudadanos de la misma
provincia de Jaén.
La cuestión no es que la capital de la provincia no se beneficie, tiene el mismo derecho. Solamente que el grupo municipal del Partido Popular ha considerado no formar parte de este consorcio ni participar en las reivindicaciones que se
iniciaron en 1996 y que dieron lugar a la firma del protocolo de actuación. Tampoco han querido aprobar una moción de apoyo en su ayuntamiento para los municipios que posibilitaron su propio beneficio. En definitiva, con las actuaciones definidas
en el convenio de gestión directa, suscrito por Aquavit con el Ministerio de Medio Ambiente, no se da respuesta al protocolo firmado en 1999 sobre obras de abastecimiento a diversos pueblos de la provincia de Jaén mediante la interconexión de los
sistemas Víboras-Quiebrajano. Que conste que esta solicitud tampoco supone un retraso de las obras que ya están prefijadas y
licitadas. Simplemente se trata de hacer una segunda fase que beneficie a todos los municipios por igual.
Señorías del Partido Popular, si hay voluntad política, y recalco lo de la voluntad política, se puede conseguir el beneficio que viene implícito en el punto octavo del protocolo que firmó el Ministerio de Medio Ambiente con los 23
municipios afectados. El anexo de inversiones del Plan Hidrológico Nacional lo permite, ya que recoge de forma genérica la actuación 'Abastecimiento a Jaén', sin definir las obras que contempla.
No se trata por tanto de incluir unas nuevas
actuaciones al Plan Hidrológico Nacional sino de adecuarlas, redefinirlas a las necesidades reales que tiene este sistema de abastecimiento que agrupa a 23 municipios de esta provincia más Jaén capital y que quedó reflejado con la firma de su
protocolo. En teoría, el Plan Hidrológico Nacional no recoge nada nuevo para la provincia de Jaén en abastecimiento, pues esta obra fue declarada de interés general el 20 de agosto de 1998, en 1999 se firmó su protocolo y en enero del año 2000 se
suscribió el convenio para que Aquavit desarrollara esta obra. Solamente, y hay que decirlo con letras mayúsculas, la mala gestión de esta sociedad mercantil ha hecho que esta actuación no estuviera iniciada antes de la aprobación del Plan
Hidrológico Nacional, que, como todos ustedes recordarán, fue en junio de 2001. Con la segunda fase de actuaciones que proponemos, el Plan Hidrológico Nacional tendría sentido para la provincia porque aportaría alguna obra de abastecimiento para la
provincia de Jaén. Cumpliría también con el protocolo firmado por el Ministerio de Medio Ambiente en 1999 con los municipios del sistema Víboras-Quiebrajano.
No es de recibo, y hay que decirlo, que el Plan Hidrológico Nacional invierta 2.815 millones de euros en abastecimiento para este país y que la provincia de Jaén sólo pueda realizar una obra a medias, que no solucione el abastecimiento de
agua a los 23 municipios que se proyectó desde un principio. No es lógico tampoco que el Partido Popular pida a la Junta que solucione un problema cuya gestión en alta la está realizando en la mayoría de los municipios, la Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir, que pertenece, como todo el mundo sabemos en esta Cámara, aunque algunos diputados parece que no, al Ministerio de Medio Ambiente.
A la Junta le compete...
El señor VICEPRESIDENTE (Sabaté Ibarz): Señor Quirós, le ruego brevedad, por favor.
El señor QUIRÓS PULGAR: Si, voy a ir terminando. A la Junta le competen políticas de auxilio a los ayuntamientos. Ya les dije que era demasiada bondadla participación de la Junta de Andalucía, que es del 15 por ciento de estas obras,
cuando la gestión la está realizando la Confederación. Y también, por agravios comparativos, hay que decir que en la cuenca del Tajo, que abastece a dos comunidades, la de Madrid y la de Castilla-La Mancha, se van a realizar 22 actuaciones dentro
del Plan Hidrológico Nacional para temas de abastecimiento. A la cuenca del Guadalquivir, donde está la provincia de Jaén, sólo se realizan cuatro, dándose la paradoja también de que una de ellas es de Puertollano, de Ciudad Real.
Por tanto quedan
tres. Y estamos hablando de comunidades que tienen el mismo grado competencial que la Junta de Andalucía. Existe un agravio comparativo también en esta situación. Y hay que decir asímismo que el peso específico del Ministerio de Medio Ambiente
son las políticas de agua. Casi el 90 por ciento de sus políticas son de agua y el resto son de otras políticas medioambientales. Pero tiene un gran peso específico las políticas de agua por parte del Gobierno central. En definitiva, la Junta de
Andalucía está dispuesta a participar con otro 15 por ciento en la segunda fase de estas obras. La pregunta es: ¿El Gobierno del Partido Popular, a nivel central, está dispuesto también a participar para que no haya agravios comparativos?
Tengo que destacar que la Junta de Andalucía ha invertido en estos últimos años 4,7 millones de euros en obras de mejora del abastecimiento en distintos municipios de este consorcio, desarrollando su política de auxilio. Entienda la gente
lo que es el auxilio, no es una competencia plena, es de apoyo. Basta ya de mirar para otro sitio por parte del Partido Popular para tapar la falta de compromiso político con los 18 municipios del sistema Víboras-Quiebrajano, algunos de ellos
gobernado por su partido político, que conste. Solamente la disciplina espartana a la que los tiene sometidos hace que pongan por encima de los intereses de su partido los intereses de sus ciudadanos. Basta ya de negarnos el pan y el agua a la
provincia de Jaén también, señores diputados del Partido Popular. Han tenido la oportunidad de presentar enmiendas, si no están de acuerdo con las soluciones que planteamos los socialistas a esta problemática que están creando ustedes por el
incumplimiento del acuerdo político que alcanzaron con los 23 ayuntamientos. Yo me he sentido también muy congratulado de que se llegara a una serie de transaccionales, porque el Partido Popular ha intentado, desde su punto de vista político y
desde su filosofía, algunas soluciones que hemos planteado nosotros en otras circunscripciones. Yo no entiendo lo que pasa con la provincia de Jaén y los diputados de esta provincia del Partido Popular, se han instalado en el no sistemático, con el
único objetivo de no invertir en el progreso y desarrollo de la provincia de Jaén.
El señor VICEPRESIDENTE (Sabaté Ibarz): Insisto en que vaya terminando, señor Quirós.
El señor QUIRÓS PULGAR: Voy terminando ya, señor presidente. Simplemente quiero decir al señor Puche que han escogido el camino más fácil de la negación. Menos mal que cada día estamos más cerca de que los ciudadanos de esta provincia den
respuesta
también a su negativa en contra de los intereses de nuestra provincia.
El señor VICEPRESIDENTE (Sabaté Ibarz): Tiene la palabra, por el Grupo Popular, el señor Puche Rodríguez-Acosta.
El señor PUCHE RODRÍGUEZ-ACOSTA: Yo he de confesarles, señorías, que, cuando leía atentamente hace unos días la exposición de motivos que acaba de hacer el señor diputado, no salía de mi asombro. No salía de mi asombro porque leía una
historia novelada, faltando la verdad, tergiversando la realidad y además, como siempre es habitual en algunas intervenciones del Partido Socialista de Jaén, no exenta de grandes dosis de demagogia. El se retrotraía a la historia. La historia
nunca hay que olvidarla. Las reivindicaciones no son del año 1996, se falta a la verdad cuando se dice, puesto que las reivindicaciones vienen de años atrás, cuando gobernaba el Partido Socialista, a la sazón ministro del ramo el señor Borrell,
que, ante una pertinaz sequía en la provincia de Jaén, asumió el compromiso, él y el Consejo de Ministros, declarando la obra de interés general para solucionar la interconexión del abastecimiento del futuro que iba a ser Víboras con el Quiebrajano.
Se habilitó ese interés general, incluso se fijaron unas cantidades que nunca existieron y a continuación se perdieron las elecciones. Antes de eso, es cierto también que se acabó el período de sequía, de pronto comenzó de nuevo a llover, ya no
hubo necesidad de hacer aquellas actuaciones y el Partido Socialista retiró aquel argumento, guardó en el cajón el papel, y nunca más se supo de las reivindicaciones hasta el año 1996 cuando se obtiene la victoria del Partido Popular. En el año
1996 de nuevo se pone en marcha esa reivindicaciones y la sensibilidad del Gobierno del Partido Popular, como bien ha explicado el señor Quirós, hace que nuestro Gobierno decida declarar esa obra también de interés general haciendo suyo un primer
compromiso asumido por otro Consejo de Ministros que no era de él, compromiso que no afectaba por supuesto al nuevo Gobierno.
Sensible a ese interés, de nuevo declara la obra de interés general.
Declara las obras de interés general de
interconexión del Víboras-Quiebrajano para actuación de cuatro municipios en concreto: Martos, Torredonjimeno, Torredelcampo y Jamilena, que eran las reivindicaciones originales. Para ello, el Gobierno establece un protocolo. Un protocolo citado,
no explicado suficientemente por el señor diputado, porque siempre tergiversa la verdad, al que se adhieren no solamente los 17 municipios del Víboras-Quiebrajano, sino otros siete municipios más que nada tienen que ver con las obras, que nada
tienen que ver con el protocolo; se adhieren a libre iniciativa.
En ese protocolo se acuerda, por parte de la Junta de Andalucía, del Gobierno central y de la empresa que se va a constituir para el convenio de gestión directa, Aquavit, concretamente, la posibilidad de realizar las obras conjuntamente con
una aportación, explicada por el señor diputado, del 85 por ciento del Gobierno central, a través de fondos europeos, el 15 por ciento de la Junta de Andalucía, la redacción de los proyectos por parte de la Junta de Andalucía, su aprobación por
parte del Gobierno de la nación y su posterior construcción. Y el señor diputado obvia en su intervención y por supuesto en su exposición de motivos, que la Junta de Andalucía es la encargada de redactar los proyectos, de ese protocolo. Y ese
protocolo, cuando los proyectos son enviados por la Junta de Andalucía, se demuestra claramente que la financiación, la recalificación y el dimensionamiento de las infraestructuras es para 17 municipios. No hay primera fase, no hay segunda fase, no
hay tercera fase, no hay cuarta fase. No hay más que una sola fase, que es la del protocolo. Así consta en el protocolo y así consta en los documentos mandados por la Junta de Andalucía en los proyectos de actuación: para 17 municipios, sólo y
exclusivamente.
Señor diputado, usted intenta hacer un tótum revolútum del Plan Hidrológico Nacional, del protocolo, del convenio de gestión directa. Y ahí, insisto, da usted sus dosis de demagogia para intentar, de alguna forma, engañar a los ciudadanos y
para también intentar, de alguna forma, eludir las responsabilidades competenciales de la Junta de Andalucía. La Junta de Andalucía qué duda cabe que tiene competencias de apoyo y de auxilio, de abastecimiento a los municipios. Y del pago de esas
obras.
Sin embargo, en auxilio de la Junta de Andalucía sale el Gobierno central aportando el 85 por ciento.
En conclusión, señoría, sabe usted que nada de lo que ha dicho es cierto, sabe usted que el protocolo está suscrito exclusivamente para los 17 municipios de la interconexión del Víboras-Quiebrajano, que ese protocolo se firma porque se trata
de una aducción de agua desde el Víboras al Quiebrajano y porque se trata de una obra interesante para construir el arco principal de la interconexión del pantano del Víboras-Quiebrajano.
En definitiva, señoría, su propuesta, que viene a suponer
que se incluyan nuevos pueblos que nunca estaban previstos en ese protocolo, que se incumpla la adecuación de la red de altas de otros municipios que tampoco estaban en ese protocolo, incluir en el protocolo o en la conexión a pueblos que nada tiene
que ver con el mismo, no puede aceptarse. Primero, porque sería, independiente de la asunción de competencias de la Junta de Andalucía y, segundo, porque sería retrasar la obra, independientemente de lo que usted ha dicho. Habría que recalificar
de nuevo los sistemas, habría que hacer nuevos proyectos, habría que recalificar el agua de tratamiento de la estación de tratamiento de agua potable de Martos, como usted bien sabe, y habría que recalificar de nuevo la elevación del nivel del agua.
Por tanto, independientemente del nivel de competencias de la Junta de Andalucía, que le corresponde a
ella el auxilio de abastecimiento de agua, el pago de las obras, y además por el retraso que se puede producir, nosotros, señorías, está claro que no vamos a apoyar la proposición no de ley que hoy se somete a nuestra consideración.
El señor VICEPRESIDENTE (Sabaté Ibarz): No vamos a prolongar el debate, señor Quirós.
El señor QUIRÓS PULGAR: Es que quiero que el secretario de la Mesa lea los nombres de los ayuntamientos que aparecen y cuente los ayuntamientos que suscribieron el convenio. Porque se está diciendo que hay 17 y son 23. Y que también
conste que el Ayuntamiento de Jaén no está en el protocolo.
El señor PUCHE RODRÍGUEZ-ACOSTA: Señor presidente, en el 'Diario de sesiones' espero que conste que he dicho que el convenio se suscribe afectando las obras a 17 municipios y se adhieren seis más que nada tiene que ver ni con el protocolo
ni con las obras.
El señor VICEPRESIDENTE (Sabaté Ibarz): Así constará, señor Puche, pero, si se solicita la lectura de un documento, esta presidencia acceder a que se lea ese documento. Lo puede leer usted mismo, señor Quirós.
El señor PUCHE RODRÍGUEZ-ACOSTA: Documentos puede leer todos los que quiera.
El señor QUIRÓS PULGAR: Reunidos, por una parte, en representación del Ministerio de Medio Ambiente, el excelentísimo señor don Benigno Blanco Rodríguez, en su calidad de secretario de Estado de Aguas y Costas, de otra, en representación de
la Junta de Andalucía, el excelentísimo señor don Francisco Vallejo Serrano, en su calidad de consejero de Obras Públicas y Transportes, y, de otra, los excelentísimos señores alcaldes de los municipios de Alcaludete, Arjona, Arjonilla, Baeza,
Bédmar-Garciez, Cañete de la Torres (Córdoba), Escañuela, Fuerte del Rey, Higuera de Calatrava, Jamilena, La Guardia, La Higuera, Lopera, Mancha Real, Martos, Pegalajar, Porcuna, Santiago de Calatrava, Torredelcampo, Torredonjimeno, Torres,
Valenzuela (Córdoba) y Villadompardo.
Si las matemáticas no fallan y la numeración tampoco, son 23 ayuntamientos los que firman este protocolo y no aparece para nada el municipio de Jaén.
El señor PUCHE RODRÍGUEZ-ACOSTA: Siga usted leyendo, señor diputado, por favor. Siga usted leyendo el documento.
El señor VICEPRESIDENTE (Sabaté Ibarz): Perdone, señor Puche.
El señor QUIRÓS PULGAR: Si quiere, lo podemos leer entero. Si quiere leemos todas las cláusulas.
El señor PUCHE RODRÍGUEZ-ACOSTA: Es que se refiere a la adhesión de esos municipios pero no a la construcción de lo que hay en el protocolo. Usted tergiversa la realidad, miente, hace demagogia, señor diputado.
El señor VICEPRESIDENTE (Sabaté Ibarz): Señor Puche, vamos a cerrar el debate. Se ha leído el documento.
- SOBRE LA INCLUSIÓN EN EL CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE DE LOS MUNICIPIOS DEL ALTO ARAGÓN. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/001426.)
El señor VICEPRESIDENTE (Sabaté Ibarz): Vamos a pasar al siguiente punto del orden del día, que es el séptimo, sobre la inclusión en el convenio de colaboración con el Ministerio de Medio Ambiente de los municipios del Alto Aragón.
Tiene la palabra el representante del Grupo Socialista, señor Morlán Gracia.
El señor MORLÁN GRACIA: Señorías, sigamos con protocolos. Vamos por el segundo protocolo.
Esta proposición no de ley del Grupo Socialista viene motivada porque, con fecha 15 de abril de 2002, el Ministerio de Medio Ambiente ofreció a una serie de ayuntamientos muy concretos, 24 concretamente, de los cuales uno era del Partido
Socialista, uno independiente y el resto del Partido Popular, la firma de un protocolo para llevar a cabo la ejecución de determinadas obras. Esta presentación del protocolo significaba que, de los 96 ayuntamientos que hay en el Pirineo aragonés,
sólo 24 pueden estar afectados por regulaciones o por alguna infraestructura que se hayan hecho con anterioridad. Si uno observa cómo estos ayuntamientos van encajando en el territorio de la provincia de Huesca concretamente, nos encontramos con
que hay ayuntamientos del Partido Popular que rodean a ayuntamientos del Partido Socialista que no han sido invitados a la firma del protocolo en ese momento, con fecha 15 de abril. De ahí que en esa fecha se planteara la ampliación de este
protocolo al resto de los ayuntamientos afectados por estas obras de infraestructura hidráulica a las que hacía referencia el protocolo. Con posterioridad, una vez presentada la proposición no de ley por parte del Grupo Socialista con fecha 10 de
mayo, el día 29 de mayo se remite al resto de los ayuntamientos una carta, por parte del presidente de la CHE en la que se invita a que firmen este protocolo. Una carta sin registro de salida y, por la información que yo tengo, no se si saldría de
la CHE o de donde saldría pero indudablemente si que es cierto que no consta ninguna referencia del organismo cuyo presidente firma la carta.
Esto nos lleva a hacer el planteamiento que hemos hecho con la enmienda que hemos formulado respecto a que sea no con los ayuntamientos sino con ADELPA. Y les voy a explicar brevemente qué significa ADELPA. Es una asociación de
ayuntamientos del Pirineo que están afectados por obras de infraestructura, las tradicionales obras que se han llevado a cabo a lo largo de los tiempos en el Pirineo aragonés y, como no ha habido en ningún momento un proceso de restitución
territorial, se unen todos ellos para formar un frente común y reivindicar que se produzcan inversiones en esos términos municipales, para mejorar su calidad de vida y su desarrollo. Desde 1999 esta asociación está en contacto con el Ministerio de
Medio Ambiente para firmar un protocolo, que en aquellos momentos se evaluaba entre 12.000 y 16.000 millones de pesetas, cuyo objetivo era elaborar propuestas de desarrollo sostenible ligadas al medio hídrico en el Pirineo aragonés. Esto dicen los
documentos firmados entre el Ministerio y la asociación, esto piensan y lo tienen muy claro los ayuntamientos, y en estas propuestas de desarrollo sostenible lo que se hace es firmar cinco convenios, uno por cada una de las cuencas fluviales que
existen, que afectan a estos municipios, que son las de el Alagón, la del Gállego, la del Cinca, la del Esera y la del Noguera-Ribagorzana. A través de ADELPA, todos los ayuntamientos realizan sus propuestas de intervención, que al final no acaban
siendo plasmadas porque el Gobierno, en esos momentos pendiente del debate del PHN y de la aceptación del trasvase del Ebro, pone encima de la mesa que si aceptan el PHN y se acepta el trasvase se firma el protocolo. Como quiera que esto no se
produce, porque existe una voluntad clara de no aceptar el PHN por la repercusión que tendría en cuanto al trasvases se refiere en la gestión del agua en el Pirineo aragonés, el Ministerio, bajo nuestro criterio, bajo mi criterio, pretende romper
ese frente y pretende desde luego dinamitar la propia asociación de ayuntamientos. La mejor manera de hacerlo es ofrecer este protocolo, que vendrá seguido de un convenio, en el que se pone de manifiesto la ejecución de una serie de obras que
pretenden llevar a cabo por parte del Ministerio en cada uno de estos ayuntamientos.
Señorías, el hecho de marginar a ADELPA, y hay ayuntamientos del Partido Popular, hay ayuntamientos del Partido Socialista, hay ayuntamientos del PAR e independientes, -es una asociación que se ha constituido en defensa de unos intereses que
afectan a las zonas que comprenden esos ayuntamientos-, la propuesta de romper a través de este protocolo creo que es rechazable. Si ha sido bueno que en un momento determinado sirviera como interlocutor válido, no tiene por qué no ser bueno
utilizar, dialogar, negociar o pactar con ADELPA, el desarrollo de las infraestructuras que sean necesarias para recuperar los niveles de desarrollo y de calidad que tiene que haber en nuestros ayuntamientos del Pirineo. Nosotros hemos hecho esta
enmienda queriendo que ADELPA recupere, como representante de esos ayuntamientos, lo que tiene que ser la defensa de los intereses de estos ayuntamientos. Pedimos que se lleve a cabo la negociación con ADELPA como entidad representativa de todos
ellos.
Nosotros tenemos malas experiencias ya respecto a la firma de protocolos y de convenios. Ahora están poniendo interés en la firma de este protocolo y de sucesivos convenios, pero también es cierto que hay convenios firmados con el
ayuntamiento de Fraga, con el ayuntamiento de Barbastro y con los de Canfránc y Sallent de Gallo, para limpieza de ibones, que no se han cumplido, no se han ejecutado, ya llevan un tiempo pendientes y no se ha hecho nada. El Partido Popular debía
reconsiderar un poco su posición respecto al conjunto de los ayuntamientos, debían seguir manteniendo a ADELPA como entidad que coordina y que representa a todos los ayuntamientos del Pirineo aragonés y debían firmar un protocolo, veremos a ver si
luego lo cumplen, en el que se contengan aquellos planteamientos, aquellas fórmulas de restaurar el Pirineo que dieron un inicio a las conversaciones que se llevaron a cabo en 1999.
Me gustaría aclarar algunos aspectos, para que no haya ninguna duda. En principio, entre los 24 que firman inicialmente, ninguno es del Grupo Socialista. No hace falta que nadie lo recrimine. Está por medio el pacto del agua. El pacto
del agua, que está en estos momentos, por acuerdo de las Cortes, en proceso de actualización en las Cortes de Aragón, es un pacto que el Partido Socialista ha apoyado, ha firmado y sigue defendiendo y desde luego no tendría por qué incidir en la
firma de este protocolo. Si se trata de medidas de restitución territorial que hacen referencia a estos ayuntamientos, indudablemente nada debe incidir el pacto del agua ni la defensa, ni la condición que plantea el Grupo Popular, para que una
medida de estas características sea aceptada. Hay suficientes representación entre el Gobierno, la CHE y ADELPA para que los programas que tengan que llevarse a cabo se firmen y se configuren en un protocolo en el que ADELPA tendrá que hablar y
negociar con el Ministerio. Sería bueno que, con la finalidad de llevar la calma y la tranquilidad a todos los ayuntamientos y para evitar discriminaciones y tensiones que no conducen a ningún sitio se pudiera firmar y se pudiera desarrollar en un
tiempo prudencial. Nosotros pretendemos, señor presidente, que esta proposición no de ley pues pueda ser aceptada por el Grupo Popular. No entenderíamos que no fuera así, entenderíamos que se quiere dinamitar la asociación a la que hago referencia
y esperemos que podamos dar una alegría a los altoaragoneses en el sentido de que por fin hemos llegado a un acuerdo en una materia tan delicada como es esta.
El señor VICEPRESIDENTE (Sabaté Ibarz): Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Pintado Barbanoj.
El señor PINTADO BARBANOJ: Nosotros habíamos presentado una enmienda, que retiramos en este momento. Si no hay algún otro grupo que quiera intervenir, pasaríamos a fijar posición. (Pausa.) Vamos a fijar posición, señor presidente.
He dicho esto porque la intención del Partido Popular cuando veníamos a esta Comisión era apoyar la iniciativa que el PSOE había presentado sobre la aprobación o la firma de ese protocolo general del Ministerio de Medio Ambiente y los
diversos ayuntamientos del Pirineo. El PSOE, por las razones que luego explicaremos, ha retirado y ha hecho una enmienda de sustitución, que no tiene absolutamente nada que ver con lo que inicialmente había dicho, y ello nos obliga lógicamente, a
hacer esta intervención.
El señor Morlán ha dicho, y es verdad, que hace dos años y medio que había negociaciones entre ADELPA y el Ministerio de Medio Ambiente a través de la Confederación Hidrográfica del Ebro, que se aprobaron y se dieron ya 10 millones de
pesetas a esa asociación desde la Confederación Hidrográfica del Ebro para que se hiciera una relación de proyectos que pudieran subsanar lo que ellos entendían como déficit histórico en infraestructuras hidráulicas, habida cuenta de las décadas que
se llevaba sin gastar prácticamente un duro en estas zonas afectadas del Pirineo aragonés. Se hizo una primera evaluación; esa evaluación ascendía aproximadamente a unos 14.500 millones de pesetas, compromiso que adquiría el Ministerio de Medio
Ambiente, dotando para proyectos de abastecimiento, depuración y saneamiento, el 100 por 100 de la inversión a cargo del Ministerio de Medio Ambiente; para la recuperación de riberas el 85 por ciento y para otros aspectos, donde entraban estudios,
accesos, turismo, el 70 por ciento de la inversión del ministerio.
La única condición que se ponía a aquel protocolo, que es la única condición que hoy figura en el protocolo que ya han firmado diversos ayuntamientos, es el apoyo al desarrollo de las obras del pacto del agua.
En un momento determinado
parece que se está a punto de llegar a la firma entre el Ministerio y la asociación de municipios y unilateralmente ADELPA rompe negociaciones. Nosotros entendemos que la firma de ADELPA con el Ministerio de Medio Ambiente en aquel momento creaba
pánico en el PSOE de Aragón, habida cuenta de que el Gobierno de Aragón no había sido capaz durante todo el proceso de negociación con el Plan Hidrológico Nacional de sentarse a negociar siquiera las obras del anexo de inversiones del propio Plan
Hidrológico Nacional que beneficiaban a Aragón. Tuvo que sustituir al Gobierno de Aragón el propio Partido Popular, para conseguir 450.000 millones de inversión en el total de lo que eran las inversiones derivadas del Plan Hidrológico Nacional. Al
PSOE que todos los ayuntamientos del Pirineo aragonés, todos, del PSOE de la Chunta, del PAR, del Partido Popular y los independientes, firmaran con el Ministerio de Medio Ambiente le daba pánico. Pensaban: ¡Qué horror! Nosotros no sabemos ni
negociar y los ayuntamientos de las zonas afectadas por los embalses van a firmar con el Ministerio de Medio Ambiente. Ahí está la clave de todo lo que ha pasado. Ni oscurantismo, ni presiones, ni condicionamientos absolutamente de ningún tipo.
Han hecho un uso totalmente partidista de lo que es la puesta en marcha de estas obras y, lo más grave, desde el punto de vista del Partido Popular, es que ustedes prefieren perder la posibilidad de llegar a ese máximo de los 14.500 millones
de inversión antes de reconocer que el Ministerio de Medio Ambiente ha hecho un esfuerzo, que ha trabajado y que, en definitiva, se pretenden solventar los problemas que anteriormente comentábamos. El Ministerio de Medio Ambiente, cuando ADELPA
comunica que no está dispuesta a seguir negociando anuncia que seguirá la negociación individualmente con cada ayuntamiento. El 15 de abril, como muy bien dice usted, firman 24 ayuntamientos, 22 del Partido Popular, uno independiente y uno del
Partido Socialista. Algún alcalde del Partido Socialista, como bien sabe usted, se descuelga a última hora, quizá por las presiones, presiones de todo tipo que han ido recibiendo durante estas últimas semanas para que no firmaran con compromisos
por parte del Gobierno de Aragón, diciendo que este protocolo, por otro lado, no servia absolutamente para nada. Por cierto, nos llama muchísimo la atención cuando luego trae una proposición no de ley al Congreso de los Diputados instando a que se
firme después de que se han llenado la boca durante estas últimas semanas diciendo que no servía para nada.
La Confederación Hidrográfica del Ebro envía una carta y copia del protocolo. La carta dice lo siguiente -yo creo que es importante leerla-: Adjunto le remito el texto del protocolo general firmado el pasado 15 de abril entre el Ministerio
de Medio Ambiente y una serie de ayuntamientos del Pirineo aragonés. Este protocolo recoge la propuesta que en su día fue remitida a ADELPA y que no fue posible firmar con la mencionada asociación y responde a la voluntad del Ministerio de Medio
Ambiente de cumplir con los compromisos que se habían ido alcanzando con los municipios del Pirineo aragonés. Como puede comprobar, contrariamente a lo que se ha manifestado a través de informaciones inexactas, no se ha pedido el apoyo al Plan
Hidrológico Nacional sino a aquellas actuaciones que se ejecuten como consecuencia del desarrollo pacto del agua, documento aprobado en junio de 1992 por las Cortes de Aragón, hoy vigente. El protocolo general recoge, en su cláusula segunda, la
posibilidad de adherirse a él, permaneciendo abierta dicha posibilidad de adhesión hasta el próximo 15 de junio de 2002, fecha en la que se cumplirán los dos meses establecidos en la
mencionada cláusula. Le ruego que si está interesado en suscribir el mencionado protocolo lo comunique a esta Confederación Hidrográfica con indicación del orden de prioridad de las actuaciones solicitadas en su día, incluida su cuantía
aproximada y el nivel de definición de la documentación existente, memoria valorada, anteproyecto, etcétera. Tras la firma del protocolo general y conocida la cuantía de las actuaciones se procederá a la firma del convenio específico con su
ayuntamiento, tal como establece la cláusula sexta del protocolo.
Señorías, este protocolo y esta carta se envían a la relación de ayuntamientos que, a su vez, ha pedido ADELPA, con fecha 26 de abril.
ADELPA se dirige al Ministerio de Medio Ambiente solicitando que por favor haga llegar ese protocolo a
todo el resto de los ayuntamientos. Con lo cual, aquí alguien está mintiendo y parece que el Partido Socialista está a verlas venir. Por cierto, el 30 de mayo se procede a la afirma en seis nuevos ayuntamientos de este protocolo, seis
ayuntamientos donde ya participan fuerzas políticas de otros partidos que no son el Partido Popular. Hoy han reconocido que no hay ningún tipo de condicionante en el protocolo porque el cambio de una enmienda de sustitución por el texto que habían
planteado totalmente se lleva por delante lo que ustedes ponían aquí de que se habían excluido a una serie de ayuntamientos, que había una serie de presiones o de aceptaciones condicionadas para que se firmara el Plan Hidrológico Nacional. Hoy
pretende que se firme con ADELPA. Bueno, yo le pregunto una cuestión, ¿por qué no firmó ADELPA este mismo protocolo hace medio año, que ya estaba para firmar, y hoy las obras podrían estar en marcha? Quizá el Grupo Socialista podría explicarnos el
asunto. No se ha excluido señor Morlán, absolutamente a ningún ayuntamiento. En cuanto a lo que es el texto del protocolo, en el punto segundo que es, dijéramos el punto de la discordia, dicen ustedes que se condiciona. Voy a leer con la venía
del señor presidente, este párrafo que dice: Exposición de motivos. Punto número 2. La Ley del Plan Hidrológico Nacional establece que en la programación de inversiones públicas se deberá establecer un equilibrio adecuado entre las inversiones
destinadas a la realización de nuevas infraestructuras y las que se destinen a asegurar el adecuado mantenimiento de las obras hidráulicas existentes y a minimizar sus impactos en el entorno en que se ubiquen, con la finalidad de conservar su valor
ecológico, social y paisajístico. Si esto es boicotear, condicionar a los ayuntamientos que están aprobando y apoyando el Plan Hidrológico Nacional, que baje Dios y lo vea porque lo que entendemos los del Partido Popular es que es una cláusula que
hace referencia al Plan Hidrológico Nacional en cuanto a las obras que condiciona el Plan Hidrológico Nacional de gastar el 50 por ciento en obras, concretamente, para tratar de solucionar los problemas que en ese sentido había.
Señor Morlán, ADELPA no supo, no quiso o quizá ustedes no les dejaron firmar. Eso no sé si alguna vez lo llegaremos a descubrir. Están jugando con 14.500 millones de inversión para el Alto Aragón, para el Pirineo Alto aragonés y para
algunos municipios de la provincia de Zaragoza.
Saben ustedes que se trata de solucionar problemas históricos de nuestro Pirineo. Han argumentado durante estas últimas semanas, como anteriormente hacía referencia, que este protocolo no servía
absolutamente para nada y hoy quieren decir que estamos boicoteando y condicionando al resto de los ayuntamientos. Les ha podido el partidismo y si no, para prueba, el acuerdo que tengo aquí de un ayuntamiento de la provincia de Huesca, de
Sabiñánigo, gobernado por ustedes con mayoría absoluta y que supongo que será prueba de algún otro acuerdo en otros ayuntamientos que, después de hacerse eco del escrito que han recibido de la Confederación Hidrográfica del Ebro invitándoles a
firmar dice en su punto tercero: En todo caso, este alcalde que suscribe como consecuencia del recibido acuerdo plenario está incapacitado para firmar cualquier protocolo en cuyo texto se cite el Plan Hidrológico Nacional. No que se condicione,
que se cite. Hasta ahí han llegado ustedes. Es decir, el pánico que les da a ustedes nombrar la palabra Plan Hidrológico Nacional en el contexto de Aragón. Es decir, que de esa manera, lógicamente, se ven las razones claras, partidistas por parte
del Partido Socialista, para impedir que se firme.
Más allá todavía, en la prensa nos despachamos, hace tres o cuatro días, donde salen varios alcaldes que dicen que se van a dirigir a la Unión Europea presentando una queja, y solicitar que no se den fondos europeos para la financiación de
este protocolo. Señor Morlán, dígale usted a estos alcaldes, cuando tenga ocasión de verles, que el Ministerio de Medio Ambiente no ha pedido fondos europeos para la financiación de este protocolo. Es decir, que vendrá con partidas destinadas
desde el propio Ministerio de Medio Ambiente, de los Presupuestos Generales del Estado.
Por otro lado, decir que son proyectos competencia del gobierno de Aragón, excepto el caso de la recuperación de las riberas, y que el Ministerio, en este compromiso de adecuar y de llevar a efecto el hecho de esas obras hidráulicas en
cuanto al abastecimiento, mantenimiento y reposición hace un esfuerzo ímprobo para poder ponerlos al día. Y también preguntarle una cuestión, que si ADELPA está dispuesta, según parece por su enmienda, a firmar el protocolo, tal y como está
redactado, el mismo protocolo, por parte del Grupo Popular estaríamos en condiciones de trabajar, de pedir y de elaborar y coordinar esa posible firma. Ahora no puede venir usted aquí a cambiarnos hoy una enmienda que no dice absolutamente nada de
lo que decía su texto inicial y al mismo tiempo nos ponga una serie de condicionantes. Es decir, ha habido ya 30 ayuntamientos que han firmado, el día 15 termina el plazo de firma,
y yo le puedo anunciar hoy, desde aquí, que son ya varios los ayuntamientos que han solicitado incorporarse de nuevo a esta firma.
Desconozco en estos momentos si hay algún ayuntamiento de su signo político y que las próximas semanas
estaremos atentos para ver, exactamente, quienes son los que definitivamente firman.
Quieren solventar ustedes el error, el grave error que han cometido desde el punto de vista de la presión que han ejercido sobre ADELPA para que no se sumara al protocolo inicialmente, tal como estaba previsto. Quizá ahora lo que intenten
con esta enmienda es recuperar un protagonismo de ADELPA. Eso no nos importa. Y, en definitiva, desde el Partido Popular hemos dicho en muchas ocasiones que ADELPA estaba jugando un papel, a nuestro juicio, importante desde el punto de vista de la
coordinación de los problemas que tiene el Pirineo aragonés, no solamente en materia hidráulica sino también en otras infraestructuras, y en este sentido contará ADELPA con nuestra colaboración, con nuestro trabajo, siempre y cuando se reconduzcan
los temas y, en definitiva, se vuelva a posiciones iniciales donde se trataban de hacer las cuestiones por consenso y, en definitiva, sin aceptar presiones externas, como es el caso de la firma de este protocolo.
Hemos demostrado, señor Morlán, que nosotros veníamos con la sana intención de apoyar su iniciativa con el fin de que todos, absolutamente todos los ayuntamientos, no se perdieran ninguna posibilidad de que llegaran esas inversiones al
Pirineo aragonés. En cualquier caso todavía estamos a tiempo. Sabe usted, por el mismo protocolo, que el día 15 de junio termina el plazo que habíamos dado, o que se había dado, por parte del ministerio para la adhesión del resto de los
ayuntamientos. Yo lo que le pediría es que les animara usted y que quitara los vetos que han puesto a sus ayuntamientos para que se pudieran sumar. En cualquier caso habría que recordarle también a usted y al resto de ayuntamientos que en el
artículo 140 de la Constitución se habla del principio de la autonomía municipal. En cualquier caso, también es cierto que los alcaldes son mayores de edad en el sentido de hacer lo que mejor les convenga de cara a sus propios intereses.
Termino, señor presidente, diciendo que el Partido Popular ha trabajado y seguirá trabajando para tratar de adecuar al máximo posible los proyectos de inversión de los ministerios de la Administración general del Estado, en este caso del
Ministerio de Medio Ambiente, para que todas aquellas necesidades que planteen los municipios, en definitiva, que plantean los ciudadanos, se puedan llevar a cabo con el máximo rigor y con el máximo de inversiones. Nosotros estamos en esa línea,
otros todavía lo tiene que demostrar.
El señor VICEPRESIDENTE (Sabaté Ibarz): Gracias señor Pintado.
El señor MORLÁN GARCÍA: Señor presidente, el señor Pintado me ha hecho dos preguntas y hay algunas observaciones que quisiera rechazar.
El señor VICEPRESIDENTE (Sabaté Ibarz): Dos preguntas y alguna petición.
Las puede responder con la mayor brevedad, sin que ello origine reabrir el debate.
El señor MORLÁN GARCÍA: Rechazo en principio la afirmación que ha hecho sobre las presiones. De presiones podemos hablar cuando quiera el señor Pintado y después comentaré las de ustedes.
En segundo lugar, ADELPA no firmó el convenio inicial por lo mismo que no lo firma ahora y es porque en el párrafo que ha leído el señor Pintado se dice: inversiones destinadas a la realización de nuevas infraestructuras.
Que alguien diga
si el trasvase es una infraestructura vieja. Aceptar esto supone aceptar el trasvase y no puede ser que engañen de esa manera.
Aceptar esto supone aceptar el trasvase y por ello hemos planteado que no se firmara el protocolo en estas condiciones.
Si lo modifican, que se reúnan con ADELPA, que hablen con ADELPA, que es con la que tienen que hablar y con la que han hablado y que lleguen al acuerdo que tengan que llegar. A nosotros nos gustaría que se hiciera así.
El señor VICEPRESIDENTE (Sabaté Ibarz): Con la misma brevedad, señor Pintado.
El señor PINTADO BARBANOJ: Solamente decir que la interpretación del punto segundo de la exposición de motivos del protocolo, hace una interpretación libre. Nosotros entendemos que no se condiciona absolutamente para nada. Y en el segundo
aspecto que usted está tocando, ustedes plantean una proposición no de ley donde se dice que se condiciona el protocolo, luego dicen en la segunda que no se condiciona para nada y que se firme y ahora, y cuando le decimos que estamos dispuestos
incluso a apoyar su iniciativa salvo cambiando o firmando el mismo protocolo, dicen que no están de acuerdo. Aclárense ustedes porque en definitiva lo que están haciendo es marear la perdiz y perder un tiempo precioso que va en perjuicio de muchos
ayuntamientos del Alto Aragón.
- RELATIVA AL SANEAMIENTO DE CAUCES EN LA COMARCA DE VALDEORRAS (OURENSE).
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/001438.)
El señor VICEPRESIDENTE (Sabaté Ibarz): Pasamos al punto 10 del orden del día: Proposición no de ley relativa al saneamiento de cauces en la comarca de Valdeoras, en Ourense. Es autor el Grupo Parlamentario
Popular y para su defensa tiene la palabra el señor Revuelta Méndez.
El señor REVUELTA MÉNDEZ: Señorías, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Popular para defender la proposición no de ley relativa al saneamiento de cauces en la comarca de Valdeorras y lo hago con una dosis de especial entusiasmo que
SS.SS sabrán entender y disculpar en el tono de mi discurso, puesto que como valdeorrés me siento muy honrado con el hecho de poder traer a debate en esta Cámara Baja una de las inquietudes y necesidades más hondamente sentidas por los ciudadanos de
esa hermosa comarca orensana.
Me van a permitir que les presente, de forma muy sucinta, una aproximación a la realidad geográfica y social de este rincón suroriental de Galicia.
Se trata de un estrecho y fértil valle, cuya producción agraria está fundamentalmente
orientada al cultivo de la vid, con la producción de excelentes caldos de la variedades godello -blancos- y mencía -tintos-; que se encuentra rodeado de montañas de las que se extrae el sustento económico fundamental de toda la comarca: la
preciada lousa o pizarra, sector industrial que da trabajo a más de 3.000 familias y viene a suponer casi el 50 por ciento de las exportaciones anuales de nuestra provincia.
Valdeorras tiene algo más de 30.000 habitantes, de los que cerca de la mitad residen en su núcleo principal, la villa de O Barco. Como les iba diciendo, señorías, todo el valle de Valdeorras está surcado por un río, el río Sil, que es
nuestro nexo de unión y el patrón que marca el carácter íntimo de los valdeorreses. Recuerda la sabiduría popular que el Sil lleva el agua y el Miño la fama. Se trata, sin duda, de un río caudaloso, acostumbrado rebelarse cada cierto tiempo contra
los estrechos límites a los que la mano del hombre le ha ido sometiendo a lo largo de la historia. Nuestro querido Sil, ese Sil del que ya se sirvieron los romanos para trazar su impresionante vía nova; ese Sil, en cuyo cauce agotaron sus vidas
las famosas aureanas en la ilusionada búsqueda del preciado metal; ese Sil que fue cantado y ensalzado por los principales poetas galegos en hermosísimos versos; ese Sil que prestó sus orillas para el asentamiento de los principales pueblos de la
comarca y que a través de una humilde barca de madera -dice la tradición- dio nombre a mi propio pueblo: O Barco. Pues bien señorías, ese mismo Sil soporta hoy la presión demográfica y contaminante del progreso industrial, con la dignidad que le
corresponde a uno de los más grandes ríos de Galicia.
Pero es evidente que resulta del todo necesario que el ser humano le devuelva parte de esa dignidad perdida en reconocimiento a todos los bienes que su presencia nos ha regalado durante siglos.
En ese sentido, el pleno municipal del Concello de O Barco, ha debatido en diversas ocasiones iniciativas relacionadas con este tema. Así, el 29 de julio de 1999, se aprobó por unanimidad una moción para el saneamiento integral del Sil.
Menos suerte, quizá por haber sido propuestas por el Partido Popular, tuvieron las mociones debatidas el 25 de mayo de 2000, para el acondicionamiento de la margen derecha del río Sil en el casco viejo de O Barco y el 15 de febrero de 2001, sobre
obras de encauzamiento del Sil a su paso por dicha localidad, que fueron rechazadas por la unión de los votos del Partido Socialista y del Bloque Nacionalista.
En lo que se refiere a antecedentes parlamentarios, este mismo diputado ha formulado diversas preguntas escritas relacionadas con el contenido de esta iniciativa. De entre ellas merece destacarse la referida a la previsiones de acometer, en
un futuro cercano, el estudio de un posible proyecto para un plan de saneamiento integral del río Sil a su paso por la comarca de Valdeorras y que fue contestada por el Gobierno el pasado 8 de abril en los siguientes términos literales: Desde el 1
de julio de 1985, la Comunidad Autónoma de Galicia tiene asumidas las funciones y servicios en materia de obras hidráulicas en todo su territorio, con la excepción de aquellas obras declaradas de interés general del Estado.
Hasta la fecha, no ha
sido declarada de interés general actuación alguna de saneamiento y depuración de aguas residuales del río Sil en la comarca de Valdeorras. No obstante lo anterior, la Confederación Hidrográfica del Norte del Ministerio de Medio Ambiente, se ha
comprometido a realizar el estudio y redacción de un proyecto de saneamiento y depuración del tramo del río Sil entre Sobradelo y O Barco de Valdeorras. A tal fin, en el Boletín Oficial del Estado de 14 de febrero de 2002, se ha publicado el
anuncio de licitación de la elaboración del proyecto de mejora del saneamiento y depuración de los núcleos de O Barco de Valdeorras, Entoma y Sobradelo, en los términos municipales de Carballeda y Barco de Valdeorras, con un plazo de ejecución de 6
meses. El proyecto habrá de definir, con nivel constructivo, la solución más viable para la depuración aislada de cada uno de los tres núcleos, realizando las mejoras necesarias en su red de alcantarillado para conseguir minimizar el número de
puntos de vertido para cada población. Una vez finalizado el proyecto, se dará traslado del mismo al ayuntamiento de O Barco de Valdeorras para que lo tramite ante la administración competente en la materia.
Recordemos, por otra parte, que la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional, recoge en la programación de inversiones para el período 2001-2008 las obras de interés general del Estado, la actuación Plan Hidrológico-Forestal
Protección y Regeneración de Enclaves Naturales, en el que se incluyen las actuaciones en zonas de explotación de pizarras en Galicia, que han sido objeto de un protocolo general de colaboración, suscrito el 10 de julio de 2001 entre la Xunta de
Galicia, el Ministerio de Medio Ambiente, la Confederación
Hidrográfica del Norte y la Asociación Gallega de Pizarristas, que serán financiada en un 70 por ciento de su importe total por el Ministerio de Medio Ambiente, a través de los presupuestos de la Confederación, mediante aportaciones del
fondo FEDER de la Unión Europea, un 10 por ciento la Xunta de Galicia y un 20 por ciento por las empresas del sector.
Las actuaciones de este protocolo general de colaboración, a desarrollar en la provincia de Ourense, corresponden a la restauración hidrológico-forestal de las cuencas de los ríos Sil, Casaio y Candís, en la comarca de Valdeorras para, en
conjunto, acondicionar unos 25,5 kilómetros del cauce de estos ríos y sus arroyos afluentes, con acciones que permitan la fijación y recuperación de márgenes frente a los arrastres y erosiones y restaurar unas 134 hectáreas de escombreras mediante
actuaciones de drenaje, reperfilado y revegetación. El coste total estimado asciende a 42 millones de euros.
La Confederación Hidrográfica del Norte ya ha sacado a licitación, el pasado mes de abril, la asistencia técnica a la dirección de los proyectos y obras correspondientes -de la primera fase-, en la provincias de Lugo y Ourense, por un
presupuesto de 772.982 euros. El objetivo de esta asistencia técnica es, básicamente, el análisis de la situación actual, a partir de los estudios previos realizados por la propia Confederación, de las áreas afectada por las antiguas escombreras,
la priorización de actuaciones para proceder a la redacción de los proyectos y la posterior licitación de las obras y la dirección y seguimiento de las mismas hasta su finalización. Está previsto iniciar en el presente año la redacción de los
proyectos de las obras que se consideren actuaciones prioritarias para desarrollar los convenios específicos a suscribir en cada proyecto constructivo, de manera que puedan estar en marcha las primera obras en 2003.
Del mismo modo, el desarrollo del Plan Hidrológico Nacional recoge diversas actuaciones en la comarca leonesa de El Bierzo, que hacen referencia al saneamiento integral del río Sil a su paso por la misma.
Sin embargo, y como ya hemos
reflejado, aguas abajo este mismo río sufre importantes agresiones por la existencia de vertidos provenientes de la explotación masiva de canteras de pizarra e industrias transformadoras de la misma, así como de la existencia de distintos núcleos de
población carentes, en la mayor parte de los casos, de estaciones depuradoras de aguas residuales. El resultado es que, a su paso por la comarca orensana de Valdeorras, existe una importante contaminación del río Sil, manifestada no sólo en la
turbidez del agua, con la existencia de abundantes partículas de polvo de pizarra, sino también por los arrastres de aceites industriales y residuos urbanos. En este mismo sentido, sería importante complementar las actuaciones de saneamiento
integral del Sil, a su paso por la comarca leonesa de El Bierzo, con un plan de saneamiento similar en la comarca orensana de Valdeorras, que dé sentido a las importantes inversiones que se van a efectuar en el tramo anterior.
Al mismo tiempo, tenemos que tener en cuenta que durante el invierno el año 2000, y como ya había sucedido en múltiples ocasiones, la localidad orensana de O Barco de Valdeorras, con un censo superior a las 13.000 personas, sufrió hasta seis
desbordamientos del río Sil y de sus afluentes Cigüeño, Mariñán y Vegadecabo, en el marco de unos caudales hidráulicos que mantuvieron a esta población en constante riesgo durante varios meses. El propio ayuntamiento valoró las pérdidas originadas
en infraestructuras públicas por los temporales de ese invierno en una cantidad superior a los 540.000 euros, lo cual supone más del 10 por ciento del presupuesto municipal anual. A ello hay que añadir las pérdidas en bienes particulares e
industriales y el incalculable costo que podría llegar a tener un fatal desenlace del previsible riesgo existente para la vida de las personas.
El señor VICEPRESIDENTE (Sabaté Ibarz): Señor Revuelta, le ruego vaya concluyendo.
El señor REVUELTA MÉNDEZ: Voy concluyendo, señor presidente. A este respecto, el Ministerio de Medio Ambiente, con fecha 7 de febrero de 2001, y en el ámbito de sus competencias, aprobó la ejecución de actuaciones de emergencia para la
reparación de los daños ocasionados al dominio público hidráulico por los temporales en Galicia y León, por un importe global de 395 millones de pesetas. Queda clara pues la excelente disposición del Ministerio de Medio Ambiente, para cumplir con
sus obligaciones en materia de obras hidráulicas y para prestar además la colaboración a las administraciones competentes en aras de que se puedan desarrollar las actuaciones necesarias para el saneamiento de la cuenca del Sil. Por todo lo
anterior, mi Grupo, el Grupo Popular ha formulado la proposición no de ley.
Señorías, que duda cabe que estamos hablando del futuro de una comarca. No sólo del futuro económico sino también de su futuro medioambiental, que debe permitir la práctica de un desarrollo sostenible y de un futuro de supervivencia de sus
habitantes, que quieren armonizar su vida y la de sus descendientes a orillas del río que les vio nacer, en óptimas condiciones de seguridad.
Termino señorías. Este humilde diputado confía en su sensibilidad y buen juicio para que esta proposición no de ley pueda ser aprobada con la participación y el voto afirmativo de todos los grupos.
En nombre de todos los habitantes de Valdeorras, en nombre de todos los hombres y mujeres de O Barco, A Rúa, Vilamartín, Carballeda, Rubiá, Petín, Larouco, O Bolo, y A Veiga, muchas gracias señorías por la deferencia de su atención.
El señor VICEPRESIDENTE (Sabaté Ibarz): Para la defensa de la enmienda del Grupo Socialista tiene la palabra el señor Fidalgo Francisco, al cual le ruego brevedad porque habíamos fijado la hora de votación a la una y cuarto y ya la hemos
sobre pasado.
El señor FIDALGO FRANCISCO: Señorías, en aras de la brevedad voy a explicar en dos minutos lo que pretendemos nosotros en esta cuestión. (La señora presidenta ocupa la presidencia).
Después de escuchar al diputado, compañero por Orense, por lo menos en provincia, no en Grupo Parlamentario, ya ha explicado él, y yo creo que ha dado una noción bastante evidente, lo que es la comarca a que nos referimos. Comparto con él
tanto las apreciaciones que ha hecho sobre su belleza como su historia y también las cualidades socio-económicas, y compartir también la preocupación sobre la degradación evidente del medio ambiente que se está produciendo en aquella comarca,
degradación que es mucho más patente y evidente en las aguas del río Sil y sus afluentes.
Muchos son los motivos pero básicamente y sobre todo es debido a la fuerte actividad extractiva que se produce en la zona, tanto en la zona de El Bierzo como
en la propia comarca de Valdeorras y que está condicionando de una manera clarísima no sólo el futuro socio-económico de la comarca sino que también, está planteando serios problemas de salud medioambiental e incluso está dificultando captaciones de
aguas para unos núcleos de población con la particularidad de que es una comarca que está creciendo poblacionalmente en contraste con el resto de las comarcas de la provincia de Orense, y no sólo crece poblacionalmente sino económicamente y
representa, en este momento ya, un polo importante de atracción y un polo importante de desarrollo económico para una provincia tan necesitada de ello. Por eso el Partido Socialista cree que es absolutamente imprescindible compatibilizar ese
desarrollo previsible y ya actual con un medio ambiente también sostenible y que ese desarrollo y esa conservación nos proyecten hacia el futuro con garantías, cosa que ahora, en este momento, no puede producirse.
Algunos pasos se han dado, muy escasos, y la firma del protocolo entre la Administración central, la Xunta de Galicia y los pizarristas en junio de 2001 era un buen comienzo. Pero nos da la impresión al Grupo Socialista que ese buen
comienzo se ha estancado, simplemente siendo un buen comienzo, nada más, porque pasado un año no hay ninguna actuación práctica más allá de los papeles en este sentido. Por eso creemos que ante los problemas que se avecinan además en conflictos que
ya están latentes, como la declaración de un parque , de una zona protegida, natural, y las explotaciones de las canteras, yo creo que hay que ir a una nueva fase. Hay que ir a la fase ya de garantizar que las explotaciones pizarreras y las
explotaciones mineras que hay en la zona implementen medidas que garanticen que van a ser compatibles con el medio ambiente. Hay que recuperar lo destruido y en ese sentido, el protocolo que antes citaba, insisto, fijaba un primer plazo, pero ese
protocolo no contempla para nada restituir la calidad de las aguas. Y yo les aseguro, porque lo he visto, y estoy seguro que el señor Revuelta lo ha visto también, que es absolutamente intolerable la calidad de las aguas del Sil y de sus afluentes.
Por lo tanto es un tema urgente que hay que afrontar ya y no podemos plantear actitudes dilatorias.
Nosotros presentamos una enmienda a la proposición no de ley insistiendo, precisamente, en esta cuestión: que se promuevan ya estudios que determinen la calidad de las aguas del río Sil y sus afluentes y que se tomen las medidas necesarias
a fin de garantizar la restauración y preservación de la calidad de dichas aguas de manera compatible con la sostenibilidad y compatibilidad de las explotaciones. Ese es el sentido de nuestra enmienda. Desde luego, la proposición no de ley apunta
a un compromiso y a una solicitud, por parte del Grupo Popular, al Ministerio de Medio Ambiente, para que asuma sus competencias y establezca los mecanismos de colaboración necesarios para el desarrollo de actuaciones de saneamiento de cauces de la
comarca de Valdeorras, pero nos gustaría que esa declaración de intenciones se especificara claramente y se plasmara en convenios, por ejemplo con los ayuntamientos o la propia Xunta, que permitieran afrontar, de una manera urgente, la recuperación
de la calidad de las aguas y de los cauces del río Sil.
La señora PRESIDENTA: Para la respuesta a esta propuesta de la enmienda, tiene la palabra el señor Revuelta.
El señor REVUELTA MÉNDEZ: Estoy básicamente de acuerdo con lo que ha expuesto el diputado orensano del Partido Socialista y, lógicamente, aunque pensamos que lo que él propone en su enmienda de adición está ya más o menos contenido en lo
que supone nuestra propia proposición, puesto que se habla de actuaciones de saneamiento y depuración, estaríamos dispuestos a admitir esta enmienda de adición si se produjeran unos pequeños cambios en la redacción que le hemos propuesto verbalmente
al diputado socialista enmendante y que vendría a decir: Continuar con los estudios que determinan la calidad de las aguas. Y en el punto segundo: proseguir tomando las medidas necesarias a fin de garantizar la restauración y preservación,
etcétera.
La señora PRESIDENTA: Señor Fidalgo.
El señor FIDALGO FRANCISCO: Si, aceptamos la propuesta.
- SOBRE LA CONSTRUCCIÓN DE UN PARKING EN EL PARQUE NACIONAL DE TIMANFAYA (LANZAROTE). PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/001442.)
La señora PRESIDENTA: Esta presidencia agradece muchísimo este acuerdo entre los dos grupos.
Pasamos al debate de la última proposición no de ley. Es una proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular sobre la construcción de un parking en el parque nacional de Timanfaya, en Lanzarote. Para la defensa de esta proposición no
de ley tiene la palabra el señor Reguera.
El señor REGUERA DÍAZ: Debido a la hora, trataré de hacerlo lo más breve posible.
El parque nacional de Timanfaya, en la isla de Lanzarote, es el segundo más visitado de España, con una afluencia diaria en torno a los 2.500 visitantes. Debido a la capacidad de carga del parque, el acceso de los numerosos visitantes y
turistas al mismo se debe realizar escalonadamente, de forma que todos los días se producen grandes retenciones de vehículos a la entrada, colas de más de un kilómetro, que ocupan un tramo importante de la carretera que une Yaiza con Tinajo. En los
últimos años estas retenciones están provocando no solamente un gran impacto medioambiental en un entorno altamente protegido y de un valor paisajístico incalculable, sino que también están afectando, de forma considerable, la seguridad de la
circulación y el tráfico rodado de esta vía, con un solo carril por sentido, entorpeciendo, además, la circulación viaria habitual de la zona. En varias ocasiones se ha planteado abordar la solución a este problema, tanto desde el Cabildo de
Lanzarote como desde la comisión mixta que está trabajando actualmente sobre el impacto medioambiental. En este sentido, la solución que se está estudiando se centra en la posibilidad de construir un parking que contemple la capacidad de carga del
parque nacional, de manera que se evitaría el impacto medioambiental y se eliminaría el peligro que actualmente supone circular por este tramo de la citada carretera.
Señorías, para mí es relativamente fácil defender esta iniciativa porque tengo la suerte de que SS.SS han visitado Canarias, han visitado la isla de Lanzarote y conocen el parque de Timanfaya del que estamos hablando.
Ustedes saben que se
crean problemas importantes en la entrada; los pudieron ver en la visita que hicieron. Tengo que decir que en este momento en el parque se está produciendo no una masificación de personas, sino una masificación de coches que producen las anomalías
que los visitantes sufren cuando acuden a él. También se deberían reservar los derechos históricos del Cabildo Insular de Lanzarote que tiene en ese parking que está funcionando desde hace treinta años y en ese tiempo no ha sufrido deterioro debido
al mimo que ha tenido el personal del Cabildo Insular y los responsables de la explotación en sí de las anomalías.
Señorías, la decisión que se tome para solventar este problema es una solución que no la vamos a dar aquí, sino que ya tiene su
margen competencial, la comisión mixta creada por el Gobierno de Canarias y el Gobierno central y en el seno de la comisión mixta es donde se debe tomar la decisión. Lo que pretendemos es que una vez que se tomen esas decisiones, las más adecuadas
para resolver el problema que tiene planteado el parque y que se mejore de alguna manera la calidad de las visitas, desde el Gobierno se agilicen las actuaciones necesarias para que se resuelva esta situación. Como quiera que el Grupo Popular lo
que pretende es llegar a un consenso que permita resolver este problema, trataremos de llegar a una transaccional que recoja el espíritu y la filosofía que plantean los diferentes grupos respecto a este tema concreto del parque nacional de
Timanfaya.
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo de Coalición Canaria, que ha presentado una enmienda a dicha proposición no de ley, tiene la palabra el señor Rivero Baute.
El señor RIVERO BAUTE: La enmienda que plantea el Grupo de Coalición Canaria va precisamente en la línea de lo que dice el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, va precisamente a ser coherente con lo que ha expresado: un entendimiento
en el seno de la comisión mixta creada en la Ley de parques nacionales dado que hay una concurrencia de competencias.
Se propone instalar el aparcamiento en una zona del parque natural de los volcanes, cuya competencia es de la Comunidad Autónoma
canaria, por lo que es necesario previamente un entendimiento entre ambas instituciones en el seno de esa comisión mixta y, a partir de ahí, impulsar la construcción del aparcamiento que es necesario desde todos los puntos de vista. Nos parece que
obedece mejor a lo que ha expresado el señor Reguera la redacción propuesta por Coalición Canaria que el texto que propone el Grupo Popular, en el que incluso se autoenmienda. Queda mucho más claro en la propuesta que hace el Grupo de Coalición
Canaria. En cualquier caso, lo importante es que haya un entendimiento previo, como no puede ser de otra manera, y a partir de ahí que se tomen las decisiones para construir urgentemente el aparcamiento.
La señora PRESIDENTA: ¿Grupos desean intervenir en el debate de esta proposición no de ley? Por el Grupo de Izquierda Unida, tiene la palabra la señora Urán.
La señora URÁN GONZÁLEZ: Señorías, vamos a apoyar la enmienda transaccional que se nos leerá después, entre otras cosas, porque creemos que va a dar claridad no sólo a la iniciativa del Grupo Parlamentario
Popular sino a su autoenmienda, que después de leida la verdad es que no terminamos de entender muy bien si el Gobierno tenía que trabajar con la comisión mixta o se tenían que aplazar todas las decisiones porque no quedaba nada claro qué
era lo que se pretendía con esta enmienda. Que hay que solucionar el problema que afecta al medio ambiente y a la seguridad vial en los accesos al parque de Timanfaya está claramente expuesto, y lo que hay que dejar claro es que la solución a esos
problemas medioambientales y de seguridad vial no generen un mayor número de problemas. Que se respeten las medidas cautelares en la construcción del parking subterráneo, caso de que sea ésa la decisión que la comisión mixta adopte, pero respetando
el entorno, ubicándolo e integrándolo en el entorno, y que no suponga una solución para la acumulación de vehículos en las entradas del parque pero después tener otro problema de tipo medioambiental. Eso es lo único que mi grupo parlamentario
desea: solucionar los problemas sin generar otros.
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Hernández.
El señor HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ: El Cabildo Insular de Lanzarote lleva más de doce años planteando antes la instituciones competentes la necesidad de un parking en Timanfaya, incluso ha definido ya algunas de las zonas aprovechando hondonadas
naturales con el fin de producir el menor impacto posible. En consecuencia, no tiene muy claro, que deba ser subterráneo pero si tiene claro la urgencia del mismo. El patronato del parque tomó ya hace algunos años por unanimidad (y a nadie se le
oculta la dificultad de conseguir un acuerdo unánime en un órgano en el que hay representadas más de quince entidades e instituciones) el acuerdo de dirigirse a la instituciones competentes reivindicando la necesidad de la zona de aparcamiento en el
parque. En consecuencia creo que está clara y es evidente la necesidad del parque demandada desde la primera institución de la isla, el Cabildo Insular, y desde el propio patronato del parque.
Timanfaya es sin duda, ya lo decía antes el ponente del Partido Popular, el segundo parque nacional en relación al número de visitas que recibe.
No se trata en este caso de mejorar las condiciones de accesibilidad para que haya un mayor
número de visitantes, sino de mejorar la calidad de las visitas al margen de los problemas de tráfico que produce la actual situación y de poner -yo creo que es lo importante- nuestro granito de arena para legar a las nuevas generaciones, en un
compromiso intergeneracional, el parque en las mejores condiciones posibles protegiéndolo, y en este caso protegerlo es mejorarlo aunque parezca una contradicción en los términos. Hay que afinar muchísimo el estudio de impacto y las medidas
consecuencia de ese estudio, pero yo creo que todos coincidimos, desde distintos puntos de vista y con alguna matización, en la urgente necesidad de conseguir una zona de aparcamiento. Como digo, coincidimos todos, el Cabildo Insular, el patronato
y los grupos políticos que aquí se han manifestado hoy, en la necesidad de la zona de aparcamiento.
La enmienda del Partido Popular no nos parece el texto propicio para llegar a un acuerdo sobre una transaccional y preferiríamos la enmienda de Coalición Canaria porque el texto de la enmienda del Partido Popular tiene profundas
contradicciones que me parecen incluso insalvable. ¿Cómo es posible que se diga que el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a aplazar y después del punto y seguido se diga que todo ello con el fin de evitar el impacto medioambiental que
actualmente sufre el área por las grandes retenciones de vehículos que se forman en las carreteras? Pues no, señorías. Es justo todo lo contrario. No sólo no se evitaría con el aplazamiento, reconociendo como se hace en la exposición de motivos
el fuerte impacto medioambiental en un entorno altamente protegido, sino que produciría el efecto contrario. No es congruente el texto de la enmienda, que ya digo que creo que contiene en sí misma contradicciones que son insalvables. En
consecuencia, en esta línea argumental parece más razonable lograr una transaccional, a la que estamos abiertos porque el espíritu es el mismo para todos, sobre el texto de Coalición Canaria y, si me permite la señora presidenta, añadiendo al final
una enmienda in voce que propongo en nombre del Grupo Socialista y que diga que: sin menoscabo de los derechos históricos del Cabildo Insular de Lanzarote.
La señora PRESIDENTA: ¿Podría expresar el señor Reguera la opinión del Grupo Popular respecto a esta enmienda in voce y a las otras enmiendas, si efectivamente hay una transaccional que todos lo grupos conocen menos esta presidencia?
El señor REGUERA DÍAZ: Como quiera que la filosofía era llegar a un acuerdo de todos los grupos, habíamos redactado un texto, que leo: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que conjuntamente con el Gobierno de Canarias, en el
seno de la comisión mixta, busque la adecuada solución a los problemas de impacto medioambiental y seguridad vial que se producen como consecuencia de la fuertes retenciones de vehículos que se forman en la carretera de acceso al parque nacional de
Timanfaya y, una vez adoptadas las soluciones más adecuadas, agilizar las actuaciones correspondientes a la mayor brevedad, teniendo en cuenta los derechos históricos del Cabildo Insular de Lanzarote. Esta es la transaccional.
La señora PRESIDENTA: ¿Están todos los grupos conformes con dicha redacción?
El señor RIVERO BAUTE: Nos parece mucho más claro el texto que nosotros habíamos propuesto, pero
tampoco tenemos inconveniente en incorporar esa parte final que ha leído.
La señora PRESIDENTA: Los derechos históricos del Cabildo Insular de Lanzarote.
Señor Hernández Rodríguez.
El señor HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ: Estoy de acuerdo.
La señora PRESIDENTA: Perfecto.
Si les parece, pasamos a la votación de las once proposiciones no de ley.
Proposición no de ley, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre medidas para que se cumplan los límites en las emisiones de óxidos de nitrógeno.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 21; abstenciones, una
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Proposición no de ley, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre el embalse de Alqueva.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 21; abstenciones, una
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Proposiciones no de ley números 3 y 8, que tienen un texto conjunto.
Efectuada la votación, dijo
La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas por unanimidad.
Proposición no de ley, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre elaboración de un plan nacional para el desarrollo sostenible en las zonas mineras.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 22.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Proposición no de ley, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la regeneración de la playa de La Isla en Mazarrón, Murcia. Aunque los grupos parlamentarios estaban intentando llegar a un acuerdo, como no se ha llegado vamos a votarla tal
como se registró.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 21; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Proposición no de ley, del Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta al Gobierno a la actuación 'Abastecimiento a Jaén' recogida en el Plan Hidrológico Nacional.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 22.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Proposición no de ley, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la inclusión en el convenio de colaboración con el Ministerio de Medio Ambiente de los municipios de Alto Aragón.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 22.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Proposición no de ley, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a vehículos al final de su vida útil, con la incorporación de la enmienda de Convergència i Unió.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 23; abstenciones, 13.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Proposición no de ley, del Grupo Parlamentario Popular, relativa al saneamiento de cauces en la comarca de Valdeorras (Ourense), con una enmienda transaccional que felizmente cerraron todos los grupos parlamentarios.
Efectuada la votación, dijo
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada por unanimidad.
Última proposición no de ley, del Grupo Parlamentario Popular, sobre la construcción de un párking en el parque nacional de Timanfaya (Lanzarote), sobre cuyo texto definitivo todos los grupos llegaron a un acuerdo.
Efectuada la votación, dijo
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada por unanimidad.
Señorías, se levanta la sesión.
Era la una y cincuenta minutos de la tarde.
Nota.-El presente 'Diario de Sesiones', de la Comisión de Medio Ambiente del miércoles, 12 de junio de 2002, no guarda relación cronológica habitual, con el fin de no retrasar la publicación de los 'Diarios de Sesiones' ya elaborados.