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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 484, de 24/04/2002
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2002 VII Legislatura Núm. 484
JUSTICIA E INTERIOR
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSÉ MANUEL ROMAY BECCARÍA
Sesión núm. 54
celebrada el miércoles, 24 de abril de 2002
ORDEN DEL DÍA:
Preguntas
- De la señora Blanco Terán (Grupo Parlamentario Socialista), sobre asistencia jurídica que se presta a los extranjeros detenidos en Tarifa y Algeciras (Cádiz). (Número de expediente 181/001149.) ... (Página
15620)
- Del señor Gil Lázaro (Grupo Parlamentario Popular en el Congreso), sobre medidas adoptadas durante el año 2001 para avanzar en el desarrollo práctico de lo dispuesto en la línea básica tercera del programa GRECO.
(Número de expediente
181/001290.) ... (Página 15623)
- Del mismo señor diputado, sobre medidas adoptadas por la Delegación del gobierno para la Extranjería y la Inmigración para avanzar en lo dispuesto en la acción tres de la primera línea básica del programa GRECO. (Número de expediente
181/001291.) ... (Página 15625)
- Del mismo señor diputado, sobre balance que realiza el Gobierno del funcionamiento del foro para la integración social de los inmigrantes durante el año 2001. (Número de expediente 181/001292.) ... (Página
15626)
- Del mismo señor diputado, sobre balance que realiza el Gobierno de la aplicación de lo previsto en la disposición adicional segunda de la ley orgánica 8/2000, en relación con la Comunidad Autónoma de Canarias.
(Número de expediente
181/001293.) ... (Página 15627)
- Del mismo señor diputado, sobre balance que realiza el Gobierno de la actividad desarrollada por el Consejo Superior de Política de Inmigración durante el año 2001. (Número de expediente 181/001294.) ... (Página
15629)
- Del mismo señor diputado, sobre evolución experimentada en los últimos cinco años en lo que concierne al número de ciudadanos extranjeros que residen legalmente en nuestro país. (Número de expediente 181/001295.) ...
- Del mismo señor diputado, sobre valoración que realiza el Gobierno en relación con las diversas iniciativas impulsadas por el mismo en materia de integración social de inmigrantes en nuestro país. (Número de expediente 181/001296.) ...
(Página 15632)
- Del mismo señor diputado, sobre valoración que realiza el Gobierno en relación con los diversos procesos impulsados por el mismo en materia de documentación y regularización de inmigrantes en nuestro país . (Número de expediente
181/001297.) ... (Página 15633)
- Del mismo señor diputado, sobre evolución experimentada en los últimos cinco años en lo que concierne al número de ciudadanos extranjeros dados de alta en nuestro sistema de Seguridad Social. (Número de expediente 181/001298.) ...
- De la señora Blanco Terán (Grupo Parlamentario Socialista), sobre medidas adoptadas por la Delegación del Gobierno para la Extranjería y la Inmigración, referentes a las condiciones de vida de los extranjeros internados en el antiguo
aeropuerto de El Matorral en Fuerteventura.
(Número de expediente 181/001302.) ... (Página 15636)
- De la misma señora diputada, sobre medidas para la acogida y atención de los inmigrantes en situación irregular que llegan al archipiélago de Canarias. (Número de expediente 181/001336.) ... (Página 15636)
- Del señor Pedret i Grenzner (Grupo Parlamentario Socialista), sobre las razones por las que el secretario de Estado para la Extrajería e Inmigración considera que debe de suspenderse la aplicación de la ley orgánica de derechos y
libertades de los extranjeros en España en cuanto a la solicitud de documentación por parte de los extranjeros actualmente presentes en España en situación irregular. (Número de expediente 181/001361.) ... (Página
15641)
- Del señor Mayoral Cortés (Grupo Parlamentario Socialista), sobre planes del Gobierno acerca de la expulsión de España de las familias de menores inmigrantes que cometan algún delito en el territorio nacional. (Número de expediente
181/001326.) ... (Página 15644)
- Del mismo señor diputado, sobre emigrantes que han entrado en España como turistas durante el año 2001. (Número de expediente 181/001327.) ... (Página 15646)
Se abre la sesión a las diez y cincuenta minutos de la mañana.
- PREGUNTA:
- DE LA SEÑORA BLANCO TERÁN (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA) SOBRE ASISTENCIA JURÍDICA QUE SE PRESTA A LOS EXTRANJEROS DETENIDOS EN TARIFA Y ALGECIRAS (CÁDIZ). (Número de expediente 181/001149.)
El señor PRESIDENTE: Buenos días, señoras y señores diputados. Vamos a comenzar la Comisión y le damos la bienvenida una vez más al secretario de Estado para la Inmigración que nos va a contestar a las preguntas que han formulado SS.SS.
De acuerdo con el orden del día, empezamos por la primera, formulada por doña Rosa Delia Blanco Terán, del Grupo Parlamentario Socialista, que tiene la palabra para formularla en los términos que estime convenientes.
La señora BLANCO TERÁN: Gracias presidente y gracias señor secretario de Estado. Nos alegramos de que venga usted aquí otra vez, y de verdad que no tiene nada que ver con el informe de Amnistía Internacional. Eran preguntas, como usted
ve, que se habían tramitado con muchísimos meses de antelación a los informes de Amnistía y Human Rights Watch.
La primera pregunta se trata de que usted nos conteste y nos pueda explicar qué está pasando en Tarifa y Algeciras. Los medios de comunicación y las organizaciones, las personas que se ocupan de la asistencia jurídica en Canarias en El
Matorral, en otras zonas del archipiélago de Canarias han salido en la prensa con bastante asiduidad.
Sin embargo, en Tarifa y Algeciras, que es un puesto de entrada fundamental, digamos, para nuestro país, de inmigración irregular en el 99 por
ciento de los casos, como usted bien conoce, es bastante inexistente la información, aunque tenemos alguna. Me voy a referir, en primer lugar, a lo que está pasando en principio, y que usted sabe además que es así porque se lo hemos notificado
mediante otras formas, con los demandantes de asilo y refugio en Tarifa y Algeciras. Usted conoce y todos nosotros conocemos la Ley de refugio y asilo y conocemos también el reglamento de aplicación de la Ley del año 1995, el Real Decreto 203/1995.
Me voy a referir en términos muy estrictos a lo que significa el cumplimiento de la Ley 8/2000. Usted sabe que se debe dar información a los demandantes de asilo y refugio, cuando así lo requieran, en varios idiomas, con respecto a sus derechos.
Sabe que esos folletos han sido y siguen siendo publicados por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
Existen varios miles acumulados, entre otras cosas, en el Imserso en estos momentos porque se distribuyen poco y mal. En principio, esta
información no se está dando de forma clara y evidente a estos demandantes. Sabe que todos los que entran por esas zonas pasan finalmente a Cádiz y es la comisaría de extranjería de Cádiz la que sustancia fundamentalmente todos los casos de
demandantes de asilo y refugio. Pues bien, incluso las autoridades de Tarifa y Algeciras dicen desconocer ese folleto, dicen desconocer el Real Decreto 203/1995, el artículo 5.1 que establece con muchísima claridad cuáles son los derechos de estos
demandantes. Preguntados algunos responsables de los puestos de la Guardia Civil de Tarifa y Algeciras dicen desconocer absolutamente de qué se trata, lo que significa una cosa y usted lo sabe bien. A partir del momento en que las autoridades, las
fuerzas de seguridad que se ocupan de estos puestos desconocen la normativa, desconocen cuáles son los derechos de los demandantes de asilo y refugio se hace muy difícil prestar asistencia letrada, de tal manera (y usted lo conoce además porque hay
denuncias sobre ello) que no se está prestando esta asistencia.
No queremos que las cosas lleguen al punto donde han llegado en Canarias, donde han llegado en zonas de internamiento como El Matorral; no queremos, y se lo decimos con total lealtad, que la situación de Algeciras y Tarifa pase por los
mismos pasos que ya han dado ustedes en Canarias. Si sigue así esta situación, estaremos en las mismas condiciones o peores. El turno de oficio que establece el Colegio de Abogados de Cádiz en Tarifa y Algeciras, que son fundamentalmente los
abogados que asisten a estas personas, el mismo Colegio de Abogados de Cádiz, dice que se ve impotente ante su incapacidad de intervenir. Las organizaciones que trabajan en esos puestos, como Cáritas, Cruz Roja, Algeciras Acoge, constatan que esto
es así. Y usted lo conoce porque ha tenido además previa información mediante cartas, escritos a la Delegación del Gobierno de Extranjería. Sabe que por esta zona entran ciudadanos en un flujo bastante grande procedentes de países que al menos
algunos de ellos son potencialmente emisores de refugiados, países en conflictos bélicos, países que tienen un proceso de violencia y de falta de respeto a los derechos de las personas que los harían, al menos algunos de ellos, potencialmente
demandantes de asilo y refugio; países como Liberia, Nigeria y Sierra Leona. Y, sin embargo, no hay una sola demanda en esta zona sobre asilo y refugio.
El señor PRESIDENTE: Señora Blanco, le ruego vaya terminando.
La señora BLANCO TERÁN: Voy terminando, presidente, gracias.
Le podría dar casos concretos y lo haré si usted no contesta dando alguna solución a lo que está sucediendo en Algeciras y Tarifa.
El señor PRESIDENTE: Señor delegado del Gobierno.
El señor DELEGADO DEL GOBIERNO PARA LA EXTRANJERÍA Y LA INMIGRACIÓN (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, presidente. Yo le rogaría que, si conoce casos concretos, independientemente de que yo conteste o no, S.S.
los dé porque, sin duda
alguna, haría un favor al cumplimiento de las leyes y al respeto de los derechos en este país. Así que aunque yo ahora le conteste exhaustivamente, por favor, proporciónenos esos casos con los que usted amenaza si no le contesto porque sería
importantísimos conocerlos.
Quiero empezar por decirle que el panorama que S.S. ha dibujado no solamente en Tarifa y Algeciras, que es el objeto de la pregunta, sino también haciéndolo
extensivo a Fuerteventura y al resto de las islas Canarias es un discurso absolutamente desenfocado, y parece mentira que S.S. sea presidenta de la Comisión Española de Asilo y Refugio, una importante ONG de este país, no sé si ignorando
consciente o inconscientemente las características del estatus de refugiado o de asilado en función de la Convención de Ginebra.
Pero, bien, quizá ese no sea mi problema, sino el suyo. Simplemente quiero afirmar rotundamente que tanto la Ley de
asilo y refugio del año 1984 modificada en 1994 como la Ley de extranjería, es decir, de derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, Ley orgánica 8/2000, son respetadas escrupulosamente en todos y cada uno de los
casos, en todas y cada una de las situaciones en las que estas leyes tienen que ser aplicadas en todo el territorio nacional, en cualquier parte del territorio peninsular o insular. Creo que hacemos un flaco favor a los inmigrantes, a la sociedad
española. Pero que S.S. afirme simple y llanamente que más allá del desconocimiento o no del folleto, que se lo doy por bueno que, efectivamente, a lo mejor ese folleto no ha tenido la divulgación suficiente, que las autoridades y la Guardia Civil
desconocen la normativa, los reales decretos o las leyes que protegen a estos ciudadanos, señora Blanco, yo creo que a base de exagerar se acaba perdiendo la razón.
Le insisto en la solicitud: le ruego encarecidamente que nos haga llegar todos aquellos casos, con nombres y apellidos, con fechas, con lugares en los cuales se producen vulneraciones de los derechos humanos, de los derechos fundamentales
que tienen estas personas, del incumplimiento de las leyes que les protegen, precisamente para poder ejercer sus propios derechos. Estaremos encantados y es nuestra obligación, y quizá así compartamos la nuestra con la suya al denunciar que las
leyes se cumplan sin excepción; que cada cual haga su trabajo, que la Policía haga su trabajo en la detención e identificación de estas personas, que los colegios de abogados, efectivamente, mediante convenios con el ministerio de Justicia atiendan
a estas personas, que los traductores ayuden cuando estas personas no hablan el idioma en el que los abogados puedan expresarse, que las organizaciones no gubernamentales, como la Cruz Roja, como Cáritas, como CEAR, con respecto a los refugiados en
España cumplan con sus obligaciones y así, sin duda alguna, haremos (por lo menos es el objetivo del Gobierno) todos mejor las cosas cumpliendo con nuestra obligación.
El señor PRESIDENTE: Señora Blanco, por favor.
La señora BLANCO TERÁN: Señor secretario de Estado, puedo aceptar que en términos parlamentarios usted me diga que exagero. Bien, a mí me parece que cuando usted pone la mano en el fuego por todos y cada uno de los funcionarios y fuerzas
de seguridad que se ocupan de la asistencia de los inmigrantes, de los demandantes de asilo y refugio en cada uno de los puestos por donde entran, usted también, si me permite y con todo respeto, procede al menos de forma evidente a una exageración.
Le voy a decir una cosa: distinguimos perfectamente entre lo que es un inmigrante económico y lo que es un demandante de asilo y refugio no porque sea la presidenta del Comité Español de Ayuda al Refugiado, sino porque cualquier persona que se
ocupa de estos temas conoce perfectamente cuál es esa diferencia. Conocemos, mi grupo conoce muy bien y yo misma como usted, supongo, conoce la Convención de Ginebra de 1951 y el Protocolo de Nueva York de 1967; conocemos perfectamente las
directivas europeas en torno al asilo y el refugio. No se trata de una equivocación, señor delegado del Gobierno. Se trata de que es un puesto, y lo he dicho anteriormente, donde entran personas que son potencialmente demandantes de asilo y
refugio; proceden de países en conflictos bélicos, desconocen sus derechos y, si no tienen asistencia letrada, tal como contempla la Ley de asilo y refugio, pero también la Ley de derechos y libertades de los extranjeros 8/2000, difícilmente...
El señor PRESIDENTE: Señora Blanco, le ruego concluya.
La señora BLANCO TERÁN: ...difícilmente, digo, podrán demandar el derecho a asilarse y acogerse. Ese folleto en el que usted ha pasado por encima está contemplado en la Convención de Ginebra y en el Protocolo de Nueva York. No es un
folleto que se les da para cómo mejor cuidarse o cómo mejor defender sus derechos. Es el folleto donde están recogidos todos y cada uno de los derechos de las personas que son demandantes de asilo y refugio. Ocúpese.
Yo no le voy a dar nombres. Los conoce. Nos hemos dirigido a usted en distintas ocasiones para dárselos. Conoce usted los casos denunciados, las querellas admitidas a trámite. Señor secretario de Estado, de verdad, tiene que ocuparse no
sólo en este momento de lo que está en los medios de comunicación, El Matorral, también de Tarifa y Algeciras. Usted sabe que ahí tenemos un problema muy grueso.
El señor PRESIDENTE: Señor delegado.
El señor DELEGADO DEL GOBIERNO PARA LA EXTRANJERÍA Y LA INMIGRACIÓN (Fernández-Miranda y Lozana): Mire señora Blanco, no se empeñe. Yo conozco los nombres de los casos de aquellos asuntos que están en manos de la Justicia. Yo no conozco
más nombres porque nombre que conocemos automáticamente lo ponemos en manos de los jueces, que es en donde están.
Es unas ocasiones son sobreseídos, en otros se les declara inocentes, en otros se les declara culpables y, en definitiva, actúa la
Justicia, que es lo que tiene que suceder en las sociedades democráticas.
Usted me reprocha que yo ponga la mano en el fuego por nadie. Hombre, la pongo porque a todo el mundo hay que concederle, salvo en la República Popular de China últimamente, la presunción de inocencia. Y, por lo tanto, no le extrañe que a
los funcionarios del Estado, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que trabajan espléndidamente, espectacularmente en ocasiones, salvando vidas en ocasiones, haciendo una asistencia humanitaria encomiable, hasta que se demuestre lo contrario,
lo mismo que ellos hacen conmigo o con cualquier ciudadano, yo los considere inocentes. Por lo tanto, pienso seguir haciéndolo como es mi obligación.
Yo no lo he llamado folletito a lo que usted llamaba folleto. Yo lo he llamado folleto e incluso le he venido a reconocer que, efectivamente, a lo mejor no se reparte con la abundancia con la que hay que repartirlo.
No le voy a quitar la
razón en los lugares que pueda usted tenerla, señora Blanco, porque no lo he hecho nunca ni es mi estilo en absoluto.
Lo mismo que tampoco he dicho que usted no distinga entre la inmigración laboral y el asilo y refugio. Yo creo que no lo
distinguen como no lo distinguen históricamente partidos hermanos suyos en el resto de la Unión Europea y yo creo que ese es uno de los errores que hemos venido cometiendo dentro de la Unión, errores que se están reconvirtiendo, afortunadamente.
Simplemente quiero leerle la información que a mí se me proporciona, para que esta pregunta sea contestada con la mayor exactitud posible, desde la Subdelegación del Gobierno en Cádiz en donde se afirma que, según fuentes de la Policía Nacional,
hasta la fecha del envío de este escrito (efectivamente, su pregunta viene del mes de octubre y se iba a ver por primera vez en febrero), no se ha dado el caso de ningún extranjero detenido en Tarifa o Algeciras que solicitara asilo político en
nuestro país, hasta que estas personas detenidas o retenidas y asistidas por ONG u otros grupos de apoyo, al ser informados, acaban solicitándolo. Estamos concediendo, señora Blanco, un porcentaje muy similar de asilo en función de la Convención de
Ginebra al del resto de los países de la Unión Europea, idéntico porcentaje, y somos los únicos, el único país de la toda la Unión Europea que en la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio específica de todos los ministerios implicados en el
hecho, está sentado ACNUR. ACNUR nos está diciendo cuándo desde su punto de vista el enfoque de los expedientes es el adecuado, lo que supone una garantía absoluta. Hasta ahora ACNUR (y debe llevar haciendo esto del orden ya de 15 años desde la
Ley de 1984 de asilo y refugio) jamás ha emitido ningún tipo de informe en donde diga que no se cumplen estrictamente las exigencias para la concepción del estatuto de refugiado.
El señor PRESIDENTE: Señor delegado, le ruego concluya brevemente.
El señor DELEGADO DEL GOBIERNO PARA LA EXTRANJERÍA Y LA INMIGRACIÓN (Fernández-Miranda y Lozana): Concluyo, señor presidente.
Creo, y nos esforzamos por hacerlo así, que estamos trabajando dentro de la más estricta corrección, eficacia y respeto, como no puede ser de otra forma, de nuestras leyes y de los derechos humanos de las personas que como inmigrantes llegan
a nuestras fronteras. (La señora Blanco Terán pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: No, no hay más turnos, señora Blanco, lo sabe usted.
- DEL SEÑOR GIL LÁZARO (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO), SOBRE MEDIDAS ADOPTADAS DURANTE EL AÑO 2001 PARA AVANZAR EN EL DESARROLLO PRÁCTICO DE LO DISPUESTO EN LA LÍNEA BÁSICA TERCERA DEL PROGRAMA GRECO.
(Número de expediente
181/001290.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la siguiente pregunta del orden del día, la segunda, formulada por el señor Gil Lázaro, que se refiere a las medidas adoptadas durante el año 2001 para avanzar en el desarrollo práctico de lo dispuesto en la
línea básica tercera del programa GRECO.
Tiene la palabra.
El señor GIL LÁZARO: Con toda brevedad, entre otras cosas para poder ajustarnos a los tiempos establecidos en el Reglamento para la tramitación de preguntas, y por tanto, poder agotar el orden del día.
Desde nuestro punto de vista, en el período 1996-2002 se han producido tres hechos muy significativos en materia de extranjería que han supuesto un avance notable para dichas políticas en este país.
En primer lugar una ley, la Ley 8/2000, desde nuestro punto de vista, insisto, infinitamente mucho más garantista para los derechos de las personas extranjeras en nuestro país que la anterior ley de 1985. En segundo lugar, la iniciativa de
creación de la Delegación del Gobierno para la Extranjería y la Inmigración como órgano impulsor y coordinador de todas las distintas políticas ministeriales que confluyen en la cuestión de fondo, lo que significa la evidencia de un claro compromiso
del Gobierno con estas cuestiones. Y en tercer lugar, la formalización del programa GRECO, que nos parece un programa ciertamente sustancial a efectos de la asistencia e integración social de los inmigrantes en nuestro país.
En ese sentido, y precisamente por considerar nosotros que ese programa aporta avances muy sustanciales, quisiéramos que ya a estas alturas del año 2002 el señor delegado del Gobierno nos hiciera un balance de
lo que han sido durante el año anterior las medidas adoptadas, para avanzar en el desarrollo práctico de lo dispuesto en la línea básica tercera del citado programa.
El señor PRESIDENTE: Señor delegado, por favor.
El señor DELEGADO DEL GOBIERNO PARA LA EXTRANJERÍA Y LA INMIGRACIÓN (Fernández-Miranda y Lozana): Efectivamente, el Gobierno del presidente Aznar hace un importante esfuerzo al concretar dentro del programa GRECO aquellas actuaciones que
desde el ámbito de la Administración del Gobierno de la nación debe encarar o era consciente de que debería encarar para conseguir la regulación, la coordinación de un fenómeno como es el fenómeno de la inmigración, un fenómeno positivo, un fenómeno
deseable, un fenómeno necesario que ha de ser ordenado y que ha de ser racionalizado.
Pues bien, esta tercera línea básica del programa GRECO viene a marcar precisamente la necesidad de la regulación de los flujos migratorios para garantizar la convivencia en la sociedad española. Plantea, por tanto, un primer modelo de
deslinde entre la obligación asumida y querida por el Gobierno de potenciar la inmigración legal, pero también de luchar contra la inmigración ilegal; luchar contra los traficantes de seres humanos y contra los explotadores de seres humanos; en
definitiva, intentar preservar, intentar salvaguardar a las víctimas, víctimas a las que además se les prometen paraísos que aquí acaban por no encontrar.
A lo largo de estos dos años hemos planteado desde la existencia de la propia Delegación del Gobierno por decisión del presidente del Gobierno y a través de la Ley orgánica 8/2000 que vino a modificar la 4/2000, que entre otras cosas pasaba
por no considerar una infracción sancionable el hecho de residir ilegalmente en nuestro país, lo cual supuso una distorsión importantísima a efecto de las garantías jurídicas con las cuales unas y otras personas estaban, hemos ahondado en el control
de nuestras fronteras y en la persecución específica de aquellas que contratan a personas en la economía sumergida, en definitiva a los explotadores. Hemos entrado, por tanto, utilizando los instrumentos que la ley nos proporciona, a proceder en
primer lugar a la desarticulación de las bandas organizadas, de los grupos organizados que dan lugar al tráfico de seres humanos. La cifra que podemos darle en este momento actualizada es de 362 bandas organizadas desarticuladas durante el año 2001
con la detención de 1.223 personas, y empiezan a aparecer sentencias firmes condenatorias (de hasta seis años de cárcel es la de tráfico de seres humanos), además en una progresión que consideramos satisfactoria, aunque nos seguimos esforzando en
ella, pasando de lo que fue la desarticulación de 100 bandas organizadas en 1997 a las 362 en el año 2001.
Asimismo, nos hemos esforzado de forma importante en la detención de aquellas personas que pretendían entrar de forma irregular en España, de forma clandestina a través de nuestras fronteras. Son los destinos del sur de la Península y de
las islas Canarias aquellas que con mayor frecuencia han venido utilizándose por los traficantes de seres humanos para conseguir la llegada de estas personas. En el año 1999 llegaron un total de 3.569; en el año 2000, vigente la Ley 4/2000,
llegaron 15.195 y esa inercia se ha mantenido a lo largo del año 2001 alcanzando el número de 18.517. Estas personas han sido expulsadas en el 95 por ciento de los casos, siendo fundamentalmente la nacionalidad de la cual procedían la marroquí y a
continuación de países subsaharianos. Hemos avanzado en ese sentido notablemente mediante la firma de un convenio de readmisión con la República de Nigeria y en nuestras relaciones diplomáticas estándar mediante la colaboración de los Gobiernos de
Senegal y de Ghana también hemos podido efectuar expulsiones a estos países.
Denegaciones de entrada y retornos en frontera. A lo largo del año 2001 se han producido en 8.881 ocasiones, siendo fundamentalmente en el aeropuerto de Barajas con 5.458 denegaciones de entrada y retornos donde se ha producido con mayor
intensidad porque es desde donde nos llegan con mayor intensidad. Las nacionalidades más numerosas fueron Colombia, con 3.476 denegaciones de entrada, las personas marroquíes, con 1.898 y las ecuatorianas, con 1.021.
Asimismo, se ha procedido a dictar expulsiones al amparo también de la Ley 8/2000 de aquellas personas que eran identificadas en España por distintas razones una vez que habían entrado en ilegalidad sobrevenida o bien identificadas en el
intento de entrada clandestina por nuestras fronteras. En el año 1999 se dictaron 20.103 órdenes de expulsión, en el año 2000, obviamente estaba vigente la Ley 4/2000, se dictaron 6.579 y en el año 2001...
El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo; está consumiendo la totalidad del tiempo de las dos intervenciones.
El señor DELEGADO DEL GOBIERNO PARA LA EXTRANJERÍA Y LA INMIGRACIÓN (Fernández-Miranda y Lozana): Concluyo inmediatamente.
En el año 2001 12.976 expulsiones. En estos casos, Marruecos, Senegal, Rumanía y Nigeria son las nacionalidades más frecuentes.
Por último devoluciones, y con ello concluyo señor presidente, devoluciones reguladas en torno al artículo 58 de la Ley 8/2000, se produjeron 22.984 en el año 2001, siendo la nacionalidad marroquí, a continuación la argelina, la nigeriana y
la ecuatoriana las más frecuentes. Por tanto, en conjunto han sido devueltas a sus
países, impedidas en la entrada en nuestro territorio o simplemente expulsadas a lo largo del año 2001 un total de 44.841 personas, habiéndolo conseguido en 35.476 ocasiones en el año 2000.
El señor PRESIDENTE: Señor Gil Lázaro, con toda brevedad.
El señor GIL LÁZARO: Con toda brevedad simplemente, señor presidente, para señalar que probablemente pocas actitudes hay más repugnantes que la de los traficantes y explotadores, es decir, aquellos que su beneficio económico tratan de
articularlo sobre la extrema necesidad, incluso sobre la angustia de otros seres humanos. Por tanto, desde mi grupo felicitamos al Gobierno por las acciones emprendidas, pero instamos también al Gobierno a que de manera permanente y continua ese
esfuerzo bien articulado que se viene realizando, insisto, sobre la acción repugnante de traficantes y explotadores se siga desarrollando al máximo grado y al máximo nivel de eficacia.
- DEL SEÑOR GIL LÁZARO (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO), SOBRE MEDIDAS ADOPTADAS POR LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO PARA LA EXTRANJERÍA Y LA INMIGRACIÓN PARA AVANZAR EN LO DISPUESTO EN LA ACCIÓN TRES DE LA PRIMERA LÍNEA BÁSICA DEL
PROGRAMA GRECO. (Número de expediente 181/001291.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la tercera pregunta formulada también por el señor Gil Lázaro, y para hacerlo tiene la palabra.
El señor GIL LÁZARO: En el mismo contexto de la intervención anterior, señalar cuáles han sido las medidas adoptadas por esa delegación en orden a avanzar en lo dispuesto en la acción tres de la primera línea básica del programa GRECO.
El señor PRESIDENTE: Señor delegado.
El señor DELEGADO DEL GOBIERNO PARA LA EXTRANJERÍA Y LA INMIGRACIÓN (Fernández-Miranda y Lozana): Al arranque de mi anterior contestación le decía que la decisión que toma el Gobierno desde el principio de esta legislatura va clarísimamente
encaminada a completar mediante normas, mediante instrumentos y mediante actuaciones el hecho de luchar contra la inmigración ilegal, pero a la vez potenciar la inmigración legal.
La primera línea básica del programa GRECO consiste, y leo literalmente, en el diseño global y coordinado de la inmigración como un fenómeno deseable para España en el marco de la Unión Europea, y la acción tercera, que es por la que S.S.
pregunta, establece la necesaria ordenación de la llegada de inmigrantes desde los países de origen mediante la firma de convenios que contemplen todos los aspectos del fenómeno migratorio.
Daba la sensación de que cerrábamos puertas, y efectivamente las cerrábamos para la inmigración ilegal, que combatíamos a los traficantes, que combatíamos a los explotadores. En el año 2000 desde la inspección de trabajo se imponen 2.000
millones de pesetas en multas a los que contratan a personas ilegales, en el año 2001 se llegan a imponer más de 6.000 millones de pesetas en multas. Pues bien, es a través del contingente, de la determinación del contingente en función del
artículo 39 de la Ley 8/2000, es decir, el número aproximado de personas que podrán venir a trabajar de acuerdo con los gobiernos de las comunidades autónomas, de acuerdo con los sindicatos, de acuerdo con los empresarios que son en definitiva los
que van a contratar en el seno de las comisiones ejecutivas insulares y provinciales de trabajo o de empleo, en donde con conocimiento del Consejo superior de política e inmigración hemos determinado ya este año por primera vez, por tanto ya no
solamente estamos diseñando sino poniendo en marcha los instrumentos que hacen posible nuestra política, cuál va a ser el contingente que podremos ofrecer a terceros países: 10.884 puestos de trabajo de carácter estable y 21.195 para puestos de
trabajo de temporada, satisfechos ya en cuanto a su oferta de los fijos en el 75 por 100 de los casos supone que ya está funcionando el contingente, única forma para venir a trabajar a España para lo que es imprescindible encontrarse fuera de
España.
Es de destacar profesiones como las de albañiles y mamposteros en donde hay 1.342 ofertas, asistentes domiciliarios 830, trabajadores en hormigón armado, enfoscadores y ferrallistas 715 ofertas de empleo, parqueteros, soladores y asimilados
370, peones ganaderos 218. En definitiva, trabajos perfectamente definidos que van a poder venir a desarrollar a España y van a poder hacerlo desde aquellos países y aquellas comunidades autónomas en donde haya mayor actividad. Andalucía es la
comunidad en donde las ofertas autorizadas van a ser tan numerosas como para alcanzar el número de 6.413. Es en estos países en los que hemos establecido convenios de regulación de flujos migratorios (Colombia, Ecuador, Marruecos, República
Dominicana, Rumanía y en el próximo mes de mayo esperamos firmar el de Polonia) desde donde con mayor facilidad, porque más instrumentos hemos puesto al servicio de esta causa, porque mayor demanda existía ya de inmigración espontánea desde donde
van a venir estas personas para satisfacer las ofertas que hemos concretado, ofertas aprobadas en Consejo de Ministros y ratificadas en el Consejo superior de política de inmigración celebrado en Barcelona el día 16 de abril al menos para el próximo
trimestre, para ver cómo se ejecuta
efectivamente y para ver cómo respondemos al crecimiento real de nuestra economía.
El señor PRESIDENTE: Señor Gil Lázaro.
El señor GIL LÁZARO: Hemos de coincidir en que desde luego y sin género alguno de duda el hecho inmigratorio es un fenómeno deseable para este país y desde luego coincidir también en que esa oferta regularizada y ordenada de empleo es la
mejor forma de garantizar la plena integración, la plena igualdad de derechos de estas personas, como no puede ser de otra forma. La política que en este sentido viene desarrollando la Delegación del Gobierno, el conjunto del Gobierno y
especialmente esa determinación de avanzar en la firma de convenios bilaterales con los países de origen nos parece sin lugar a duda el instrumento más adecuado: oferta regularizada y ordenada de empleo para así garantizar, como no puede ser de
otra forma, la plena integración social de estas personas y la plena igualdad real en el ejercicio de sus derechos.
- DEL SEÑOR GIL LÁZARO (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO), SOBRE BALANCE QUE REALIZA EL GOBIERNO DEL FUNCIONAMIENTO DEL FORO PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE LOS INMIGRANTES DURANTE EL AÑO 2001. (Número de expediente 181/001292.)
El señor PRESIDENTE: Concluido el debate de esta pregunta pasamos a la siguiente, que es la número 4, que formula también el señor Gil Lázaro, sobre balance que realiza el Gobierno del funcionamiento del foro para la integración social de
los inmigrantes durante el año 2001.
Señor Gil Lázaro.
El señor GIL LÁZARO: El principio de integración social es sin lugar a dudas uno de los objetivos esenciales de la acción del Gobierno en materia de políticas de extranjería e inmigración. En ese sentido nos parece que se han puesto en
marcha instrumentos interesantes en orden a dar cumplimiento a esa finalidad esencial entre ellos, sin lugar a dudas, el foro para la integración social de los inmigrantes, y nos interesaría que la Camara conociera ya cuál es el balance inicial que
realiza el Gobierno sobre el funcionamiento y actuaciones de dicho foro en el pasado año 2001.
El señor PRESIDENTE: Señor delegado.
El señor DELEGADO DEL GOBIERNO PARA LA EXTRANJERÍA Y LA INMIGRACIÓN (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Gil Lázaro, el balance del Gobierno respecto al funcionamiento del foro es un balance positivo, es un balance de satisfacción. El foro
para la integración social de los inmigrantes, como S.S. conoce, nace en 1994, se crea mediante Real Decreto en abril de 1995 y la Ley orgánica 8/2000, de 22 de diciembre, lo adscribe a la Delegación del Gobierno para la Extranjería e Inmigración,
en definitiva al Ministerio del Interior de donde depende a su vez la delegación. Se concibe y se acierta al concebirlo así desde el principio como un órgano de consulta, información y asesoramiento en materia de integración social de los
inmigrantes dirigido al Gobierno de la Nación. En definitiva la pieza clave, la pieza básica para mantener bien pegado a la realidad, al terreno al propio Gobierno en uno de los retos ineludibles por no querer ni poder hacerlo, por ser su
obligación y su deseo: favorecer, conseguir la integración social de los inmigrantes en nuestro país.
Pues bien, el foro arranca en esta segunda fase, al haber cubierto los cuatro años anteriores, también con una renovación de sus miembros por mandato de sus propias normas. Las funciones que tiene asignadas, que las he planteado de forma
genérica, se mantienen: formular propuestas y recomendaciones, recibir información sobre programas de administración, recabar y canalizar propuestas de las organizaciones sociales, preparar informes y en definitiva la labor de asesoramiento tan
importante.
Está constituido por un presidente, dos vicepresidentes, que a su vez están elegidos por los vocales, cuatro vocales de la Administración general del Estado, dos representantes de las comunidades autónomas, dos de la Administración local y
ocho vocales representantes de los inmigrantes. Por primera vez se aumenta, se dobla y se pone en situación de equilibrio tripartito a las distintas organizaciones; están representados en igual número que las organizaciones sociales de apoyo, en
igual número que las administraciones públicas los representantes de los inmigrantes, y sus asociaciones, que en definitiva son los que trabajan en este sentido.
Por orden de 28 de junio se abrió el proceso una vez concluido el tiempo de mandato de los últimos cuatro años para la designación de vocales, representantes de las asociaciones de inmigrantes y refugiados. El plazo acabó el 25 de julio y
una vez cerrado este plazo la comisión elevó una propuesta por unanimidad para decidir, en función de las características de cada uno de ellos, cuáles eran los nuevos vocales del foro para la integración social de los inmigrantes.
He de decirles que están incluidas a partir de fecha de 23 de octubre, si no recuerdo mal, la Asociación de trabajadores inmigrantes marroquíes en España, Voluntariado de madres dominicanas, Asociación Iberoamericana para la cooperación y
desarrollo de Colombia, ARI de Perú, la Asociación cultural de Marruecos, Asociación de chinos de España, América España, Solidaridad y Cooperación de Colombia y Asociación cultural
por Colombia de Iberoamérica como asociaciones de inmigrantes.
Como organizaciones sociales de apoyo: Cruz Roja Española, Confederación de Cáritas Española, Red Acoge, Asociación comisión católica española de inmigraciones, Consorcio de entidades para la acción integral con inmigrantes, Comisiones
Obreras, Unión General de Trabajadores y Confederación Española de Organizaciones Empresariales.
Con fecha 19 de noviembre, el ministro del Interior, a propuesta del delegado, propuesta realizada por mí, nombra como presidente del foro, puesto que también el mandato del anterior y por deseo explícito se agotó en esas fechas, a don Mikel
Azurmendi Intxausti, del que afortunadamente hemos tenido ocasión de hablar en esta misma Comisión.
En la última reunión celebrada el día 31 de enero, se han nombrado como observadores a la Asociación solidaria de trabajadores inmigrantes, a la Federación de mujeres progresistas y a la Coordinadora de asociaciones ecuatorianas, y se han
constituido, y con ello concluyo, tres comisiones por decisión expresa de los vocales del propio foro para la integración social de los inmigrantes, una comisión jurídico-laboral, otra comisión de políticas sociales y una comisión educativo-cultural
que analizarán de forma especializada cada uno de los asuntos que les corresponda.
El señor PRESIDENTE: Señor Gil Lázaro.
El señor GIL LÁZARO: Sí, señor presidente, quería señalar, evidentemente, que el principio de integración es una referencia incuestionable en la política del Gobierno, que en ese sentido el foro nos parece que es una pieza de diálogo y una
referencia esencial de realismo en las prácticas de esas políticas orientadas a la integración, y que aunque es cierto que en términos estrictamente jurídicos el foro tiene un carácter consultivo, precisamente por la amplísima representación que hay
en él de todos los sectores implicados en la buena práctica en el logro deseable de ese principio de integración, tal y como ha recordado el señor delegado del Gobierno, nos parece, insisto, que es una referencia esencial, y en ese sentido
celebraremos cualquier impulso que se siga dando a los trabajos de ese foro, porque desde esa interlocución de diálogo y de realismo se puede y se debe avanzar mucho en materia de políticas de integración.
- DEL SEÑOR GIL LÁZARO (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO), SOBRE BALANCE QUE REALIZA EL GOBIERNO DE LA APLICACIÓN DE LO PREVISTO EN LA DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA DE LA LEY ORGÁNICA 8/2000, EN RELACIÓN CON LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CANARIAS. (Número de expediente 181/001293.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta que figura en el número 5 del orden del día referida al balance que realiza el Gobierno de aplicación de lo previsto en la disposición adicional segunda de la Ley orgánica 8/2000, en relación con
la Comunidad Autónoma de Canarias. Para formularla tiene la palabra el señor Gil Lázaro.
El señor GIL LÁZARO: Señalaba al principio de mi primera intervención que a nuestro juicio la Ley 8/2000 supone un importante avance en relación con la ley anterior de 1985 en materia de principios; en el desarrollo de esos principios,
fundamentalmente en orden a garantizar la plena efectividad de los derechos de las personas que residen legalmente en nuestro país. Nos parece también que la Ley 8/2000 crea e impulsa instrumentos muy importantes para poder hacer efectivos esos
fines generales de la norma. En ese sentido nos gustaría que se hiciera ya una primera aproximación, una primera valoración por parte del Gobierno en relación con el balance de actuaciones desarrollado en cumplimiento de lo dispuesto en la
disposición adicional segunda de la Ley orgánica 8/2000 en relación con la Comunidad Autónoma de Canarias.
El señor PRESIDENTE: Señor delegado.
El señor DELEGADO DEL GOBIERNO PARA LA EXTRANJERÍA Y LA INMIGRACIÓN (Fernández-Miranda y Lozana): Efectivamente, se respondió de forma inmediata al mandato que la Ley 8/2000 establecía para la creación de una subcomisión entre el Gobierno
de la nación, el Estado y la Comunidad Autónoma de Canarias en el seno de la Comisión bilateral de cooperación Estado-Comunidad Autónoma de Canarias. A día 10 de julio del año 2001 se reunió la Comisión bilateral de cooperación y adoptó el acuerdo
de la creación de dicha subcomisión que fue aprobada por orden de 1 de agosto, en donde además se recogía la publicación de las normas de funcionamiento de la comisión.
Se cumple por tanto con ello el mandato legal, y se constituye esta subcomisión que estará constituida para favorecer la cooperación y el entendimiento entre las dos administraciones por parte de la Administración general del Estado por el
secretario de Estado de Organización Territorial del Estado, por el delegado del Gobierno para la Extranjería y la Inmigración, el subsecretario de Trabajo y Asuntos Sociales, el delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma de Canarias y los
directores generales de Extranjería e Inmigración, del Ministerio del Interior; de Ordenación de las Migraciones, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales; y de la Administración periférica del Estado de Administraciones Públicas. Por parte
de
la Comunidad Autónoma de Canarias estará copresidido por el consejero de la Presidencia e Innovación Tecnológica y constituido por el consejero de Empleo y Asuntos Sociales y por los directores generales de Asuntos Sociales, de Seguridad y
Emergencias y de Relaciones con África.
La primera reunión, la reunión constitutiva y primera reunión de trabajo, tuvo lugar el día 21 de septiembre del año 2001, en Las Palmas de Gran Canaria, en donde avanzamos ya en una serie de realidades, partiendo de un informe presentado
por mí mismo sobre la realidad canaria a efectos del número, las características, las procedencias, el origen comunitario o extracomunitario de los residentes legales. Entramos también en los primeros informes de lo que estaba empezando a cuajarse
ya a nivel de las distintas comunidades autónomas desde el trabajo realizado en las distintas comisiones técnicas provinciales e insulares de empleo -en este caso insulares- respecto al contingente.
El Gobierno de la Comunidad Autónoma de Canarias pensó desde un principio, así lo planteó y así se le ha respetado, que el contingente respecto a los trabajadores estables debía ser cero. Siguiendo la recomendación, la petición formulada
por el Gobierno canario, que en buena lógica es un buen conocedor de las posibilidades ciertas de crecimiento de su propia economía a lo largo del año 2002, así se aprobó posteriormente en el Consejo de Ministros. Respecto a las ofertas de trabajo
de carácter temporero, fueron aprobadas 940.
Usted habló también, y fue una parte importante del trabajo de esa primera reunión, sobre las necesidades identificadas y objetivadas tanto de centros de internamiento de extranjeros en las islas Canarias como de centros de migraciones,
centros de internamientos de extranjeros que, como saben SS.SS. y en función del reglamento de la Ley 8/2000, son las instalaciones policiales en las cuales se procede a la detención e identificación de las personas que entran ilegalmente en España
y de los centros de inmigraciones que son los centros de acogida, de asistencia social, de ayuda, de favorecimiento de la integración o de cuidado, de proporcionar a estas personas la asistencia social básica a la que tienen derecho hasta que bien
se decide su regularización por razones humanitarias, que es otra de las fórmulas que la ley nos abre, o bien se procede a la devolución a sus países de origen cuando se completan los expedientes, en ocasiones tremendamente complicados.
En aquel momento ya se decidió que los centros de inmigraciones que las islas Canarias iban a tener estarían constituidos por dos centros en las islas capitalinas a petición del Gobierno y a petición también del propio Parlamento autonómico
canario que en varias ocasiones así lo expresó, en Las Palmas de Gran Canaria y en Santa Cruz de Tenerife. Las Palmas de Gran Canaria donde ya existe además un centro de acogida situado en el barrio del Miller Bajo, pero que se completará con un
segundo centro cuyo solar ya está identificado, un solar que era propiedad de la Tesorería General de la Seguridad Social y cuyos trámites administrativos y proyectos están ya en marcha, cuya construcción por tanto es inmediata, y en el centro de
inmigraciones de Santa Cruz de Tenerife que estamos trabajando desde el Inserso, que será el que en colaboración con la Consejería de Asuntos Sociales desde la cofinanciación y la corresponsabilidad conseguirá esta construcción en Tenerife.
Por otro lado, los centros de internamiento de extranjeros; se está en estos momentos procediendo a la construcción de un nuevo centro de internamiento de extranjeros en El Matorral, en Fuerteventura, complementario del que disponemos en
este momento en el aeropuerto de Fuerteventura en instalaciones cedidas por AENA, que como consecuencia del cambio de tendencia de la llegada de personas ilegales (y después tendremos ocasión de ello) está sufriendo un proceso de masificación que
aconsejó la construcción de uno nuevo.
Asimismo, se reformará el centro de internamiento de extranjeros en Barranco Seco, de Las Palmas de Gran Canaria, que ya existe; se construirá un centro de internamiento nuevo en Santa Cruz de Tenerife a petición del Gobierno canario y
también a petición del Parlamento por ese concepto doble del reparto de cargas entre las islas capitalinas y que está ya decidido y existe la cesión por parte de Instituciones Penitenciarias de parte del edificio del centro penitenciario Tenerife-I,
que se procederá a su rehabilitación y a su acondicionamiento para centro de internamiento.
Por tanto, y con ello concluyo, señor presidente, señor Gil Lázaro, esta subcomisión está siendo profundamente útil. Es más, de las conversaciones habidas en ella, de las que se desprende también unas muy buenas relaciones entre el Grupo
Parlamentario de Coalición Canaria, el Grupo Parlamentario Popular y el propio Gobierno, han dado lugar por ejemplo a la aprobación en la semana anterior de una proposición no de ley que viene también a poner de manifiesto cuáles son estas
necesidades objetivadas en sus lugares, fechas y costes aproximados para ser satisfechos.
El señor PRESIDENTE: Señor Gil Lázaro.
El señor GIL LÁZARO: He de señalar que desde luego la subcomisión de referencia nos parece capital para continuar avanzando en la cooperación que se viene dando entre el Gobierno de la nación y el Gobierno de la Comunidad Autónoma de
Canarias y la propia previsión en la Ley 8/2000 es acreditativa de ese buen clima de diálogo, colaboración y respeto mutuo que se aprecia entre ambas administraciones en una materia tan importante y tan sensible como esta y que desde
luego se tiene que seguir acentuando día a día en beneficio del interés general.
- DEL SEÑOR GIL LÁZARO (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO), SOBRE BALANCE QUE REALIZA EL GOBIERNO DE LA ACTIVIDAD DESARROLLADA POR EL CONSEJO SUPERIOR DE POLÍTICA DE INMIGRACIÓN DURANTE EL AÑO 2001 (Número de expediente 181/001294.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta que figura como número 6 en el orden del día, referida al balance que realiza el Gobierno de la actividad desarrollada por el Consejo superior de política de inmigración durante el año 2001, y para
formularla tiene la palabra el señor Gil Lázaro.
El señor GIL LÁZARO: En el conjunto del balance que queremos plantear ante esta Cámara de lo que han sido las distintas actuaciones de los organismos previstos en nuestro ordenamiento en relación con el desarrollo de las políticas de
extranjería e inmigración, quisiéramos que el señor delegado del Gobierno pudiera formular ese balance en relación con la actividad durante el año 2001 del Consejo superior de política de inmigración.
El señor PRESIDENTE: Señor delegado.
El señor DELEGADO DEL GOBIERNO PARA LA EXTRANJERÍA Y LA INMIGRACIÓN (Fernández-Miranda y Lozana): Plantea S.S. otro de los instrumentos, se interesa y pide cuentas al Gobierno sobre otro de los instrumentos, de las piezas que consideramos
absolutamente básicas, imprescindibles para poder desarrollar la política de inmigración y extranjería en general y de inmigración, asilo y refugio en particular planteada por el Gobierno del presidente Aznar.
El Consejo superior de política de inmigración es, efectivamente, el ámbito, es el lugar en cual podremos sentarnos codo con codo las administraciones del Estado, la administración municipal o local, la administración autonómica y el
Gobierno de la nación para poner en común inquietudes, necesidades, problemas, arbitrar y comentar soluciones, identificar y recordarnos mutuamente cuáles son nuestros niveles de competencia tan perfectamente asignados en este momento prácticamente
en todos los ámbitos de gestión.
El Consejo superior de política de inmigración aparece recogido en el artículo 68 de la Ley orgánica 8/2000, como SS.SS. saben. El programa GRECO y en su acción número 5 de la línea básica segunda recoge este mandato legal y prevé la
constitución y el funcionamiento de este órgano como ese mecanismo de diálogo y de encuentro que antes le mencionaba. Por tanto, la ley, el programa GRECO da lugar mediante Real Decreto 344/2001, de 4 de abril, a la creación del Consejo superior de
política de inmigración. Consejo que tiene como funciones servir de cauce de comunicación y colaboración, intercambiar información y asistencia, formular propuestas y analizarlas, emitir informes, seguimiento y evaluación de las materias tratadas
en la conferencia sectorial, ser oído a efectos de la determinación del contingente, función importantísima; en definitiva ese foro de encuentro.
La primera reunión, la reunión constitutiva con la presencia del vicepresidente primero del Gobierno y ministro del Interior, señor Rajoy, tuvo lugar el día 7 de mayo en Madrid. Se designaron los vocales de las distintas comunidades
autónomas y de las entidades locales para el observatorio permanente de la inmigración, y por tanto como otro de esos instrumentos diseñados previamente por nosotros, así como también los vocales de las comunidades autónomas y de las entidades
locales que iban a formar parte del foro para la integración social de los inmigrantes como antes les informé.
El día 11 de julio tenemos la primera reunión ordinaria de trabajo en Sevilla en este caso, en la cual empiezan las primeras sesiones de información y discusión del contingente del año 2002 y se abordan además, en sesión compartida, pero
casi monográfica por su inmensa importancia, los problemas de los menores extranjeros no acompañados y su regulación en la ley de extranjería, llegándose entre otras cosas a un acuerdo que yo querría destacar; un acuerdo sustancial por unanimidad.
Los gobiernos de todas las comunidades autónomas, todos los gobiernos municipales afirmaron, afirmamos junto con el Gobierno de la nación rotundamente, allí, que el primer objetivo que deberíamos satisfacer con los niños menores no acompañados que
se encuentran en España era ser capaces de dar lugar a la reagrupación familiar, a ser devueltos a sus familias.
La segunda reunión se produce el 27 de noviembre en Valencia, segunda ordinaria, en la cual el consejo informa favorablemente y también por unanimidad que la propuesta de contingente que elevaba el Ministerio de Trabajo a este consejo, para
que si efectivamente se conseguía el informe favorable como así fue, fuese sometido a la consideración del Consejo de Ministros y su posterior aprobación como también tuvo lugar. En aquel momento el compromiso que adquirí como presidente, teniendo
en cuenta que el contingente es una estimación de futuro, una estimación dinámica, una estimación de cuántos puestos podremos ofrecer en función de cuánto vayamos a crecer fue revisarlo trimestralmente en el seno del Consejo.
Así se produce y para eso se convoca el día 16 de abril, finalizado el primer trimestre, en Barcelona en este caso, la tercera reunión ordinaria del Consejo superior de política de inmigración en donde de nuevo, informándose prácticamente de
la finalización del proceso
extraordinario de documentación mediante la demostración de arraigo antes de la entrada en vigor del reglamento, que como ustedes saben dio lugar a la regularización de 216.352 personas sobre los 350.000 expedientes existentes, se aprueba el
hecho de continuar un trimestre más con el mismo contingente y analizar de nuevo al final de este semestre la evolución de nuestra economía y la conveniencia o no de recomendar al Consejo de Ministros su modificación.
Estas han sido, señor Gil Lázaro, las actividades desarrolladas desde el momento de su creación por el Consejo superior de política de inmigración que ha de seguir siendo, desde nuestro punto de vista y así lo conseguiremos, pieza clave del
futuro, del diseño y del hacer realidad la política diseñada por el Gobierno del señor Aznar.
El señor PRESIDENTE: Señor Gil Lázaro.
El señor GIL LÁZARO: Ciertamente, nos parece una pieza básica este consejo, una pieza básica en orden a la corresponsabilidad interinstitucional, la coordinación y la definición consensuada y compartida de las grandes líneas de orientación
de fondo de las políticas del Estado en materia de extranjería e inmigración.
Por deternerme solamente en un aspecto, la expresión que ha recordado hoy el señor delegado (ser oído en materia de formación del contingente) nos parece esencial para formular una política realista de oferta de empleo y, por tanto, clave
para orientar la práctica de ese principio de integración en su más amplia concepción. Además nos parece muy inteligente y muy deseable por parte de todas las administraciones (la autonómica, la local y la del Estado) el compromiso -precisamente
para dar realidad a esa concepción global que todos compartimos, el hecho inmigratorio como un fenómeno deseable- de esa revisión constante, periódica, del contingente, para poder dar mayor cabida en nuestro país a personas que buscan una
oportunidad conforme a las propias necesidades de nuestro país y en orden siempre a concebir todas las políticas orientadas a ese principio de integración y de igualdad de derechos.
- DEL SEÑOR GIL LÁZARO (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO), SOBRE EVOLUCIÓN EXPERIMENTADA EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS EN LO QUE CONCIERNE AL NÚMERO DE CIUDADANOS EXTRANJEROS QUE RESIDEN LEGALMENTE EN NUESTRO PAÍS.
(Número de
expediente 181/001295.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta que figura como 7.ª en el orden del día. Se refiere a la evolución experimentada en los últimos cinco años en lo que concierne al número de ciudadanos extranjeros que residen legalmente en nuestro
país. Para formularla tiene también la palabra el señor Gil Lázaro.
El señor GIL LÁZARO: Precisamente porque acababa de señalar, señor presidente, que este Gobierno y el conjunto de las administraciones sin duda, sea cual sea su orientación o su adscripción política, concebimos el hecho inmigratorio como un
fenómeno deseable y naturalmente porque este Gobierno en el año 1996 ya tuvo oportunidad de expresar ante la Cámara su compromiso de potenciar todos los extremos que afectaron al desarrollo del principio de legalidad en el hecho inmigratorio, es
decir, de la inmigración legal, nos parece adecuado que la Cámara conozca cuál es el balance de los últimos cinco años en lo que concierne al número de ciudadanos extranjeros que residen legalmente en nuestro país.
El señor PRESIDENTE: Señor delegado.
El señor DELEGADO DEL GOBIERNO PARA LA EXTRANJERÍA Y LA INMIGRACIÓN (Fernández-Miranda y Lozana): Efectivamente, al principio de mi intervención venía a resumir cuáles son los objetivos de la política de extranjería que el Gobierno está
poniendo en marcha. Una de ellas era la lucha contra la inmigración ilegal, sinónimo en el cien por cien de los casos de explotación y de marginalidad, no podemos olvidarlo; y la otra era potenciar la inmigración legal. Hemos hablado de los
instrumentos puestos al servicio de este objetivo y corresponde, en los últimos cinco años y en los últimos dos años de existencia de la Delegación del Gobierno para la Extranjería e Inmigración, dar cuentas de si efectivamente hemos sido capaces de
potenciar esta inmigración legal y de satisfacer (hablamos de inmigración laboral e inmigración económica exclusivamente) las necesidades que nuestro propio mercado de trabajo, nuestra propia sociedad ha ido suscitando a lo largo de los últimos
años.
A fecha 31 de marzo de 2002 -tuve ocasión de informar de ello en la rueda de prensa después del Consejo Superior de Política de Inmigración en Barcelona- hemos alcanzado la cifra de 1.243.919 ciudadanos extranjeros residiendo legalmente en
España; esto supone el 3 por ciento de la población de nuestro país. De éstos, pertenece al régimen general 785.324, el 63 por ciento, y al régimen comunitario, ciudadanos de la Unión Europea, 458.595. La evolución ha sido pareja a la de nuestra
propia economía; hace bien pocos años éramos país de emigración, necesitábamos buscar puestos de trabajo fuera de nuestras fronteras; hace menos años había un equilibrio razonable, sobre todo había una protección social suficiente para que los
españoles no tuviésemos que emigrar, pero a diciembre de 1994 en España había 461.000 residentes
extranjeros y un 24,2 por ciento de desempleo nacional. A diciembre de 1995 había 499.773 residentes y un 22,9 por ciento de desempleo nacional.
Difícilmente podíamos transformarnos en sociedad de destino cuando no éramos capaces de
proporcionar ni siquiera los puestos de trabajo que necesitaban nuestros conciudadanos; bien es cierto que no emigrábamos porque la protección social había mejorado lo suficiente para poder permanecer en nuestro país. ¿Por qué se produce esa
llegada de hasta 1.243.919 ciudadanos extranjeros a España? Si analizamos en índice de desempleo, veremos que ha llegado al 12,9 por ciento este año; estaba en el 12,9 por ciento en diciembre del año 2001, 1.109.060 residentes extranjeros. Por lo
tanto, hablamos de inmigración laboral. Es nuestra obligación hablar de inmigración laboral para distinguir netamente de aquellas personas para las que no podemos ni queremos tener límite en nuestra capacidad de acogida, que son asilados y
refugiados; pero la inmigración laboral tiene una capacidad de acogida limitada que viene determinada específicamente por nuestro mercado de trabajo.
Los continentes de origen de estas personas residentes están muy equilibrados en este momento. Desde Europa han venido, viven entre nosotros 443.409 personas, de las cuales son europeos no comunitarios 106.576. Procedentes de América viven
entre nosotros 379.386 personas, de las cuales 364.045 son de países iberoamericanos. De África proceden 323.705 personas, de las cuales 247.940 son de nacionalidad marroquí, que es la más numerosa de todas las que conviven con nosotros en España.
De procedencia asiática hay 96.184 personas y apátridas 1.235. Marruecos, como les decía, es la nacionalidad más numerosa, según la cifra que les he aportado; a continuación está Ecuador con 124.543 personas, después los nacionales del Reino Unido
con 81.345, Colombia con 73.143 y, en quinto lugar, por no aburrirles, señorías, Alemania, con 62.983 personas conviviendo con nosotros. El reparto entre hombres y mujeres, por género, es prácticamente similar a efectos de población: 44,9 por
ciento varones, 55,1 por ciento mujeres. La mayor concentración de edad se encuentra entre los 25 y los 44 años, con el 54,29 por ciento de toda la población.
Los lugares de España en donde reside mayor número de ciudadanos extranjeros es en
Cataluña en primer lugar, con 293.000 personas, en segundo lugar en Madrid, con 291.000 y en tercer lugar en Andalucía, con 164.194 personas.
En definitiva, señorías, he de hacer hincapié en que después del esfuerzo hecho, después de decidir efectivamente que íbamos a potenciar la llegada de inmigrantes, de personas extranjeras para trabajar, para residir, para ser refugiados o
asilados cuando eran perseguidos en sus propios países, estamos firmemente decididos a seguir siendo sociedad de destino, sociedad abierta cuya única exigencia va a ser el cumplimiento de nuestras normas y de nuestras leyes que, por otro lado, no es
ningún disparate; seguirá aumentando el número de residentes en España dentro de esta exigencia de legalidad y por tres vías: por la del contingente, ya explicada y que seremos capaces de determinar cada año (sabremos de verdad cuántos puestos de
trabajo tendremos para ofrecerlos a aquellos que no nos piden otra cosa que un puesto de trabajo); mediante la reagrupación familiar, que es uno de los derechos que contribuirá a la mejor y perfecta integración de estos ciudadanos en nuestra
sociedad y que en otros países de la Unión Europea supone un incremento del 1,3 por ciento como índice multiplicador desde la población básica al menos en los cuatro o cinco primeros años desde el arranque de los movimientos migratorios; y, por
último, contemplado también en nuestra ley, y será otra forma de incrementar el número de residentes en España, mediante la explicación de aquellas razones humanitarias (un catálogo bastante amplio) por las cuales muchas personas también podrán
encontrar su residencia legal entre nosotros.
El señor PRESIDENTE: Señor Gil Lázaro, por favor.
El señor GIL LÁZARO: La cifra dada por el señor delegado, 1.243.919 personas, que representa el 3 por ciento del total de la población de nuestro país en cuanto al número de ciudadanos extranjeros que residen legalmente en España, cierra
algunas especulaciones o algunos discursos.
Cada cual tiene derecho a hacer el discurso que estime más oportuno, faltaría más, pero evidentemente este dato acredita que en este país no se está llevando una política caprichosa de puertas cerradas,
ni mucho menos que haya fracasado la política del Gobierno del desarrollo del principio de inmigración legal. El dato es suficientemente importante en sí mismo y situado en el conjunto de los países de nuestro entorno mucho más. Si además ese dato
y ese compromiso, esa vocación, esa orientación de las políticas del Gobierno lo situamos en el contexto de algunas de las afirmaciones que se han hecho en la pregunta anterior, es decir, en la voluntad por parte de todas las administraciones, de
las tres (estatal, local y autonómica) de dar un carácter dinámico y revisable al contingente conforme a las posibilidades y a las necesidades reales que puede ofrecer la sociedad española, es obvio que las cosas se están haciendo de una forma
razonable, como no podía ser menos, para intentar hacer efectivo ese principio que yo estoy convencido compartimos todos: el de que España sea una sociedad de destino; una sociedad de destino conforme a tres valores esenciales, que relataba
también el señor delegado del Gobierno: conforme a la legalidad vigente, sin lugar a duda; conforme a las posibilidades reales que tiene nuestro país, que tiene hoy y que tendrá mañana, en cada momento según ese carácter revisable del contingente
conforme
a las posibilidades reales de ofrecer a estas personas unas ofertas de empleo sólidas y estables, que entre otras cosas favorezcan esencialmente su integración social y su igualdad de derechos; y, naturalmente (y me parece que ese es un
dato que no debería quedar simplemente situado en el contexto general de la intervención que acaba de hacer el señor delegado del Gobierno, sino que debe ser especialmente acentuado), conforme siempre a los deberes humanitarios en materia de asilo y
refugio.
Ha dicho el señor delegado del Gobierno que, de la misma forma que hay que poner un límite razonable, compartido y consensuado con todas las administraciones y con todos los agentes sociales y económicos y con las propias representaciones en
las que se agrupan las personas provenientes de otros países en cuanto a inmigración laboral conforme a la necesidad de establecer ese criterio objetivo, hay que acentuar la necesidad de estar permanentemente abiertos, es decir, permanentemente
dispuestos a ir más allá de lo que podría exigir el último deber humanitario en materia de asilo y refugio. Con este contexto se está siguiendo una línea de acción muy sensata de la que desde luego no solamente es responsable positivo el Gobierno,
sino el conjunto de la sociedad española y el conjunto, naturalmente, de todos aquellos otros agentes económicos, sociales y cívicos que tiene mucho que decir, como se ha visto en esta mañana, en lo que concierne al desarrollo de las políticas de
extranjería e inmigración.
- DEL SEÑOR GIL LÁZARO (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO), SOBRE VALORACIÓN QUE REALIZA EL GOBIERNO EN RELACIÓN CON LAS DIVERSAS INICIATIVAS IMPULSADAS POR EL MISMO EN MATERIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL DE INMIGRANTES EN NUESTRO PAÍS.
(Número de expediente 181/001296.)
El señor PRESIDENTE: Concluida esta pregunta pasamos a la siguiente que es la 8.ª del orden del día, que se refiere a la valoración que realiza el Gobierno en relación con las diversas iniciativas impulsadas por el mismo en materia de
integración social de inmigrantes en nuestro país. Para formularla tiene la palabra el señor Gil Lázaro.
El señor GIL LÁZARO: Hablábamos antes, señor presidente, de una cuestión específica, el foro, y hemos visto su importancia como interlocutor permanente en orden al desarrollo de ese principio de integración.
Evidentemente, conviene ahora
situar esta cuestión, este balance, en un término mucho más global en lo que afecta de manera directa a la responsabilidad del Gobierno, partiendo evidentemente de lo que nosotros entendemos que es una realidad que acredita ese compromiso de las
políticas de integración: la creación de la Delegación del Gobierno y, desde luego, la formalización y el impulso del programa GRECO. En la medida en que el Gobierno está desarrollando sus políticas de extranjería e inmigración sobre dos pilares:
el de inmigración legal, residencia legal y el de integración social y plena igualdad de derechos, nos gustaría saber qué valoración se realiza desde el Gobierno de las políticas sectoriales, de las medidas en concreto que se han impulsado en los
últimos tiempos de integración social de inmigrantes.
El señor PRESIDENTE: Señor delegado, por favor.
El señor DELEGADO DEL GOBIERNO PARA LA EXTRANJERÍA Y LA INMIGRACIÓN (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Gil Lázaro, lo he dicho en alguna de las intervenciones anteriores. El Gobierno, como otros muchos, considera objetivo prioritario el
de la integración social de los inmigrantes. No en balde, la Ley 8/2000, que conserva el título de la Ley 4/2000, es la ley de la integración social, es la ley de los derechos y de las libertades, pero es la ley de la integración. Por eso, con esa
relevancia lo recogemos en el programa GRECO, en la línea básica segunda que habla de la necesidad y pone en marcha las medidas, los instrumentos, los órganos ministeriales, los ministerios que son los responsables de ponerlos en escena.
Lo he afirmado en numerosas ocasiones y quiero volver a hacerlo de nuevo: hay un serie de factores que contribuyen, que facilitan o que dificultan la integración social de los inmigrantes, de las personas extranjeras en nuestra sociedad o
en cualquier otra. Ya hay tres factores básicos sin los cuales es imposible conseguir esta integración: el primero es el estatus de legalidad de las personas, para que como ciudadanos de primera puedan convivir con nosotros; segundo, en igualdad
de condiciones con los ciudadanos de la sociedad a la que estas personas llegan, estar en posesión de un contrato de trabajo que le conceda el disfrute de todos los derechos laborales y sociales que como trabajador tiene; y -lo he mencionado-, la
tercera pieza básica que nosotros consideramos absolutamente indispensable es la de la reagrupación familiar. Antes les hablaba de los primeros trabajadores de la población de mujeres y hombres.
Ahora de Asia y Europa hay una llegada equilibrada, al 50 por ciento de hombres y de mujeres; de América llega un 70 por ciento de mujeres y un 30 por ciento de hombres, y de África llega un 70 por ciento de hombres y un 30 por ciento de
mujeres. En definitiva, la posibilidad de la reagrupación familiar es especialmente amplia y deseadamente generosa en nuestra legislación, de forma que el primer residente legal puede reagrupar a su cónyuge, a los ascendientes
de ambos, a los hijos hasta su mayoría de edad, hasta los 18 años, o a los hijos de ambos cónyuges mayores de 18 años dependientes. Después hay una serie de factores instrumentales que hacen más fácil, que hacen posible, a mayor velocidad
esa integración social de la que antes hablábamos. Hay la necesidad de mejor conocimiento del idioma, si no es el mismo que se habla en el sitio en donde se va a vivir, el conocimiento de las costumbres, de las obligaciones y de los derechos, la
posibilidad de acceder a los servicios sociales que hacen realidad derechos fundamentales de las personas. A fecha 31 de diciembre en España estaban expedidas hasta 358.616 tarjetas sanitarias, que, como bien sabe, se conceden a personas
extranjeras sin recursos económicos suficientes. Esas tarjetas de los últimos dos años en buena medida han de ser actualizadas, puesto que muchas de estas personas han sido ya regularizadas (después hablaremos de los procesos extraordinarios de
regularización), y en este momento probablemente sean un número inferior. Dense cuenta del grado de favorecimiento de la integración que supone que 358.616 personas hayan llegado, con los picos que correspondan, a disponer de la garantía de la
asistencia social sanitaria para preservar su derecho fundamental a la asistencia.
Otro dato significativo de las posibilidades ciertas, reales de personas que están integradas o se están integrando en nuestra sociedad, que están disfrutando del Estado del bienestar que entre todos estamos haciendo sostenible es que a
fecha 28 de febrero de este año 102.595 personas eran residentes legales con permiso de trabajo, demandantes de empleo en España. Este factor de las 102.000 personas solicitantes de empleo residentes extranjeros en España junto con los datos de la
desaceleración del crecimiento en los últimos meses en nuestro país, manteniendo todavía la creación de empleo y obviamente muy lejos de la destrucción, llevó a la opinión del Consejo Superior de Política de Inmigración del mantenimiento del
contingente propuesto para este primer trimestre y ya del segundo por parte del Gobierno de la nación.
Mencionaré otros dos datos: uno de ellos menor, porque puede afectar a pocas personas, pero cargado de significado, cargado de intencionalidad, cargado de acierto, que es el Convenio suscrito con el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
y la ONCE el día 17 de diciembre de 2001 para la atención educativa y rehabilitadora de menores extranjeros que padezcan ceguera o deficiencia visual grave. Además, están escolarizados en España 133.684 niños y niñas y adolescentes extranjeros en
el curso 2000-2001: en educación infantil y preescolar, 22.751; en educación primaria, 57.947; en educación secundaria obligatoria (ESO), 37.759, con lo cual finalizaríamos el período obligatorio de escolarización; y en bachillerato y otros
niveles, 15.227. En definitiva, todos ellos -con ello concluyo- conscientes, conocedores -es otra forma de integración en nuestra sociedad- de esos criterios, de esas normas, de esos valores que encierra nuestra Constitución, que son los criterios,
los valores y las normas de nuestra convivencia, en donde queremos movernos como hasta ahora nos hemos movido en una perfecta convivencia y en donde se deben establecer también los límites a lo intolerable.
El señor PRESIDENTE: Señor Gil Lázaro.
El señor GIL LÁZARO: Los datos ofrecidos por el señor delegado del Gobierno son suficientemente explícitos del esfuerzo que se está realizando. Hacemos esta valoración ajena por completo a cualquier nivel de autosatisfacción. Creemos,
porque ése es el compromiso del Gobierno y del conjunto de la sociedad española, que siempre tendremos que plantearnos una meta más ambiciosa y seguir avanzando, pero -insisto- los datos son suficientemente explícitos. Por tanto, me detendré tan
sólo en dos cuestiones: una de carácter más de principio, más general. En todo caso, esos importantes esfuerzos que se están haciendo en materia de reagrupación familiar convendrá seguir acentuándolos a partir, como bien recordaba el señor
delegado del Gobierno, del principio de amplitud y generosidad con el que nuestra legislación concibe la práctica de este principio. Una segunda consideración, más de detalle o particular. Tal vez pudiera ser interesante que en el Foro de la
integración social del inmigrante, tal y como antes tuvimos oportunidad de hablar (precisamente porque el idioma es uno de los principales factores de integración), se pudiera estudiar por parte de todas las administraciones y de todos los agentes
económicos, sociales y cívicos presentes en dicho foro la forma de potenciar una política de convenios con esas instituciones tanto públicas como privadas para la enseñanza del idioma de aquella población que viene que no pertenece a la comunidad
hispanoamericana.
- DEL SEÑOR GIL LÁZARO (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO), SOBRE VALORACIÓN QUE REALIZA EL GOBIERNO EN RELACIÓN CON LOS DIVERSOS PROCESOS IMPULSADOS POR EL MISMO EN MATERIA DE DOCUMENTACIÓN Y REGULARIZACIÓN DE INMIGRANTES EN
NUESTRO PAÍS. (Número de expediente 181/001297.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la 9.ª pregunta, que se refiere a la valoración que realiza el Gobierno en relación con los diversos procesos impulsados por el mismo en materia de documentación y regularización de inmigrantes en nuestro
país. Para formularla tiene también la palabra el señor Gil Lázaro.
El señor GIL LÁZARO: Es obvio que en los últimos largos meses la Administración del Estado ha realizado un importantísimo esfuerzo -hay que mencionar de manera muy especial a las funcionarias y funcionarios que han sido quienes a pie de
obra al final han llevado a cabo este proceso- de documentación y de regularización de inmigrantes en nuestro país. Sería interesante que la Cámara conociera esos datos.
El señor PRESIDENTE: Señor delegado del Gobierno.
El señor DELEGADO DEL GOBIERNO PARA LA EXTRANJERÍA Y LA INMIGRACIÓN (Fernández-Miranda y Lozana): Efectivamente, señor Gil Lázaro, el esfuerzo que ha hecho la Administración ha sido encomiable. Hace dos años, en mayo del año 2000, cuando
arranca la creación de la Delegación del Gobierno para la Extranjería y la Inmigración, teníamos una realidad bien clara en nuestro país. Había un gran número de ciudadanos extranjeros residiendo ilegalmente en España. Había un número enorme
porque se había generado una cultura que, en resumen, un poco en caricatura -me lo van a permitir SS.SS.-, era: Tú vete para España que tarde o temprano, después de encontrar trabajo y que te exploten lo menos posible, te arreglarán los papeles.
Efectivamente, aquello dio lugar a una llegada desordenada y muy abundante de personas, a lo que sin duda alguna contribuyó la Ley 4/2000, profundamente desreguladora, profundamente transmisora de un grado de inseguridad jurídica que casi ponía en
nuestras fronteras un inmenso cartel luminoso que decía: Entrada libre; muchos de ustedes me lo han oído decir así ya. El hecho cierto, el esfuerzo de realismo, el esfuerzo de pragmatismo que le correspondía al Gobierno de la nación era
identificar a aquellas personas, no satanizarlas, porque en demasiadas ocasiones eran exclusivamente víctimas de los traficantes y de los explotadores, como he dicho en numerosas ocasiones, y proceder a su regularización.
La Ley 4/2000 dio lugar en su disposición transitoria primera a un proceso extraordinario de regularización en el cual se debían cumplir una serie de exigencias. En aquel momento se presentaron 244.327 solicitudes de regularización.
Satisfacieron las exigencias planteadas en el Real Decreto 152.207 personas. Durante el trámite de la Ley 8/2000 y en aras de un consenso alcanzado con algunos grupos parlamentarios (alcanzado con todos los grupos parlamentarios en esta disposición
transitoria cuarta) se decidió hacer un reestudio de los expedientes que habían sido denegados en el examen anterior, intentando con esa mecánica jugar a favor de las personas inmigrantes en situación irregular, para ver cuánto podíamos aumentar el
número de residentes legales en España. Las solicitudes revisadas, porque no cumplían el requisito de encontrarse en España antes de junio del año 1999, fueron de 57.616, y sus solicitantes fueron regularizados; se encontró que tenían otras
deficiencias añadidas las de 36.013 personas. Se puso en marcha también una operación humanitaria de documentación dirigida específicamente a ciudadanos ecuatorianos; de 24.884 solicitudes presentadas fueron regularizados 24.352 ciudadanos. Por
último, con fecha 15 de abril y al hilo de lo que había sido la solución de varios conflictos sociales graves, serios, preocupantes de encierros, de manifestaciones, de huelgas de hambre, que fueron solucionadas por vía de una definición anticipada
a la que sería definitiva en el propio reglamento del concepto de arraigo en nuestra sociedad como una de las posibilidades de regularización de las personas que ilegalmente estaban en España, se abre este proceso, al cual se presentan 350.158
solicitudes. Tuve ocasión de decir en Barcelona que el proceso lo damos prácticamente por resuelto, puesto que podemos hablar de terminación y de la resolución del 94 por ciento de los expedientes. En definitiva, de esas 350.158 solicitudes
presentadas tienen ya permiso de residencia 216.352 personas.
Yo quiero destacarles que a lo largo de estos dos últimos años, sin interrumpir en ningún caso el trabajo ordinario ni en las oficinas de extranjería, ni en las comisarías, ni en las delegaciones de las Comunidades Uniprovinciales, ni en las
subdelegaciones de las provincias de distintas Comunidades Autónomas, se han estudiado 676.985 expedientes (es un inmenso esfuerzo no solamente administrativo, sino también humanitario por la voluntad explícita de hacerlo), de los cuales se concedió
el permiso de residencia a 428.924 personas. A la vez, y satisfechos de haberlo hecho, se ha demostrado también que no es el instrumento que necesitamos nosotros ni ningún otro país de la Unión Europea para la ordenación de los flujos migratorios.
Como consecuencia de ello no habrá más procesos extraordinarios de regularización, ya me lo han oído en numerosísimas ocasiones. La entrada, la potenciación de la inmigración legal será una entrada regulada en función del contingente que decidan
las Comunidades Autónomas, los interlocutores sociales y el propio Gobierno; será una entrada aprovechando ese refuerzo administrativo que tenemos con los países con los que hemos firmado convenios de regulación de flujos migratorios, para seguir
creciendo y compartiendo nuestro crecimiento con los ciudadanos de terceros países no comunitarios.
El señor PRESIDENTE: Señor Gil Lázaro, por favor.
El señor GIL LÁZARO: Simplemente, aclaro que he de coincidir en que evidentemente no era éste, no puede ser éste el procedimiento de futuro, no va a ser éste el procedimiento de futuro. Agradezco y valoro
desde la posición de mi grupo dos cuestiones: en primer lugar, la sensibilidad del Gobierno de no haber hecho víctimas de unas situaciones anteriores a unas personas que estaban en este país y que merecían quizá esa extraordinaria y última
oportunidad de regularización; y, en segundo lugar, como señalaba al comienzo de mi intervención, agradezco y valoro el enorme esfuerzo realizado en el cumplimiento de esa tarea por todos los cuerpos funcionariales de la Administración
intervinientes, porque más allá del ejercicio de una tarea estrictamente profesional su ingente esfuerzo, como señalaba el delegado del Gobierno, merece calificarse de tarea esencialmente humanitaria, que ha ido mucho más allá de su estricto deber
profesional. En este acto queremos valorarlo y que así conste en el 'Diario de Sesiones'.
- DEL SEÑOR GIL LÁZARO (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO), SOBRE EVOLUCIÓN EXPERIMENTADA EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS EN LO QUE CONCIERNE AL NÚMERO DE CIUDADANOS EXTRANJEROS DADOS DE ALTA EN NUESTRO SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL.
(Número de expediente 181/001298.)
El señor PRESIDENTE: Tiene usted otra vez la palabra para formular la pregunta 10 que figura en el orden del día.
El señor GIL LÁZARO: Con ello concluyo, señor presidente.
Apuntaba en una de sus intervenciones anteriores el señor delegado del Gobierno el elemento de participación de los ciudadanos extranjeros en nuestro sistema público sanitario como una referencia clave, evidentemente esencial, en el
desarrollo del principio de igualdad de derechos de estos ciudadanos en relación con los españoles y el esfuerzo del Gobierno en esa dirección. Por eso nos parece interesante conocer el dato de evolución de los últimos cinco años en lo que
concierne al número de ciudadanos extranjeros dados de alta en nuestro sistema de Seguridad Social.
El señor PRESIDENTE: Señor Delegado, por favor.
El señor DELEGADO DEL GOBIERNO PARA LA EXTRANJERÍA Y LA INMIGRACIÓN (Fernández-Miranda y Lozana): Pues bien, no cabe duda que uno de los parámetros a través de los que podemos valorar el grado de integración social de los trabajadores
extranjeros es su afiliación a la Seguridad Social. En definitiva, dan un paso más, disponiendo de las ventajas, de los beneficios que tienen como conciudadanos en una sociedad libre, democrática, del Estado del bienestar. Afiliándose a la
Seguridad Social se garantizan su propia seguridad y estabilidad y, afortunadamente para todos, para ellos y para nosotros, contribuyen a la sostenibilidad de nuestro Estado del bienestar. Desde el Gobierno en numerosísimas ocasiones habrán oído
que es precisamente generando un puesto de trabajo y las cotizaciones correspondientes a la Seguridad Social como vamos a ser capaces de darle ese rasgo de sostenibilidad que queremos concederle a nuestro Estado de bienestar.
He de comunicarles simplemente las cifras, suficientemente elocuentes, de las personas residentes trabajadores extrajeros afiliados a la Seguridad Social. En el año 1999 estaban afiliados un total de 342.657 trabajadores; al 31 de
diciembre del año 2000 eran ya 470.840; a finales de 2001 esta cifra alcanza los 627.795, y a finales del primer trimestre del año 2002 es de 675.410 trabajadores afiliados a la Seguridad Social.
(La señora vicepresidenta, del Campo Casasús, ocupa
la presidencia.) Incrementos, por lo tanto, importantísimos que han dado lugar a una distribución además (quizá a S.S. le resulte interesante) por sexos: el 65,83 por ciento de los afiliados son varones y el 34,17 por ciento son mujeres. La
distribución por edad es la de una población muy joven, ya que el 53 por ciento tiene menos de 35 años; el 83 por ciento tiene menos de 45 años y el 95 por ciento tiene menos de 55 años. Antes les he expresado los contingentes de origen, las
comunidades autónomas donde residen con mayor frecuencia y también esos 102.595 trabajadores extranjeros, es decir, el 15,19 por ciento, que se encuentran como solicitantes de empleo. En el año 1999 este hecho afectaba a 53.846.
En definitiva, señor Gil Lázaro (espero con esto contestar a su pregunta), la afiliación de trabajadores a la Seguridad Social ha sido muy importante, y el porcentaje con respecto a la población viene a demostrar también que estamos ante la
primera generación de trabajadores inmigrantes que han venido a España; veremos cómo los incrementos poblacionales se producirán a lo largo de los próximos años, fundamentalmente en torno al ejercicio del derecho a la reagrupación familiar, y
veremos cómo incorporándose unos y otros al mercado de trabajo, nuestra economía seguirá creciendo y podremos todos disfrutar del Estado del bienestar en las actuales circunstancias, pudiendo, que es el objetivo de este Gobierno y de todos los que
le han precedido, transmitirlo de generación en generación.
La señora VICEPRESIDENTA (del Campo Casasús): Señor Gil Lázaro.
El señor GIL LÁZARO: Para finalizar, señora presidenta, en mi opinión no podía concluir mejor este turno de preguntas que formula este diputado porque, si hemos venido señalando que el objetivo del Gobierno es potenciar y desarrollar la
emigración legal, concebir el fenómeno inmigratorio como un fenómeno deseable para España, aplicar una política de igualdad de derechos y de integración, el dato de que en dos años
y tres meses se haya aumentado más del doble el número de afiliaciones de ciudadanos extranjeros a la Seguridad Social, pasando de las 342.000 de 1999 a 675.000 a la finalización del primer trimestre del año 2002, demuestra que las cosas se
estén haciendo sencillamente bien.
- DE LA SEÑORA BLANCO TERÁN (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA), SOBRE MEDIDAS ADOPTADAS POR LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO PARA LA EXTRANJERÍA Y LA INMIGRACIÓN, REFERENTES A LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS EXTRANJEROS INTERNADOS EN EL ANTIGUO
AEROPUERTO DE EL MATORRAL EN FUERTEVENTURA.
(Número de expediente 181/001302.)
- DE LA SEÑORA BLANCO TERÁN (DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA), SOBRE MEDIDAS PARA LA ACOGIDA Y ATENCIÓN DE LOS INMIGRANTES EN SITUACIÓN IRREGULAR QUE LLEGAN AL ARCHIPIÉLAGO DE CANARIAS. (Número de expediente 181/001336.)
La señora VICEPRESIDENTA (Del Campo Casasús): Pasamos a las preguntas 11 y 14 que formulará conjuntamente la señora Blanco Terán. Tiene la palabra.
La señora BLANCO TERÁN: Señor secretario de Estado, la verdad es que hemos asistido a un espectáculo un poco sorprendente en esta Cámara y en esta Comisión; hemos asistido al espectáculo de lo obvio. El Gobierno se congratula de su
política de inmigración y de extranjería y el partido que sustenta al Gobierno se congratula a su vez con el Gobierno de lo bien que lo hacen todo. Es sorprendente porque normalmente esta Comisión está, entre otras cosas, para que usted responda a
la oposición. Hemos asistido a una batería de preguntas del portavoz del Grupo Popular en las que prácticamente ha podido usted explicar todos aquellos aspectos de la política de extranjería profusamente, felicitándose mutuamente.
Espectáculo de
lo obvio porque malos tiempos corren para la política de extranjería y para esta Cámara cuando aquí se habla de lo obvio, porque precisamente de lo obvio es de lo que no se tiene que hablar aquí. Lo obvio es lo obvio, el Gobierno hace una política
y el grupo parlamentario que lo sustenta, por supuesto, la apoya. Exigirnos que asistamos a este espectáculo es, cuando menos, sorprendente
Dicho esto, voy a sustanciar las dos preguntas, una se refiere a El Matorral y otra se refiere a la política de integración, a la política de acogida que se da en el archipiélago de Canarias. Voy a intentar ser breve para no aburrir porque,
entre otras cosas, estas preguntas se hicieron en un momento en que la situación era diferente.
Empiezo por lo que usted me decía anteriormente: yo no tengo conocimiento más que de aquellos casos que llegan mediante denuncias, que prosperan o no prosperan, son admitidas a trámite o no. Tengo que decirle que con fecha 27 de febrero de
2002 se le dirigió una carta, antes del informe Human Rights Watch sobre El Matorral y sobre la situación en el archipiélago de Canarias y también antes del informe de Amnistía Internacional. En esa carta se le explicaba a usted -y se hizo con
copia al señor ministro del Interior- la situación que se estaba viviendo en Canarias. Era una carta contrastada en la que se denunciaba la situación que se estaba dando en el archipiélago canario y, en concreto, en el centro de internamiento de El
Matorral. Ustedes le llaman centro habilitado; creo que es así como la Administración ha denominado al centro de internamiento de El Matorral. Por supuesto, esta carta no tuvo contestación, pero sí supimos que les había llegado a usted y al
ministro del Interior. Luego, no diga, señor delegado del Gobierno, que no tiene ninguna noticia de irregularidad. Nosotros compartimos con el Gobierno la lucha contra la inmigración irregular, contra las personas que trafican con personas, contra
todas aquellas personas que cometen delitos contra la libertad y la dignidad de otras personas, pero hay una diferencia entre eso y el estricto cumplimiento de la ley, de la que ustedes consideran netamente suya, la 8/2000, que hemos oído, con
profusión de adjetivos, cómo vino a enmendar aquella otra ley espantosa, la 4/2000, de entrada masiva, que era, según decían ustedes con muy poca fortuna, un coladero, entre comillas, para las personas que querían venir de forma irregular. Pues,
según sus datos, según la Delegación del Gobierno, a partir de la entrada en vigor de la Ley 8/2000 se ha incrementado la entrada irregular en un 30 por ciento de personas. Luego, el primer argumento que con respecto a la Ley 4/2000 usted ha
esgrimido aquí, y también, por supuesto, el portavoz del Grupo Popular, no es cierto. Lo dijimos aquí; les dijimos que están siguiendo un camino erróneo, están llevando a una dramatización -que lo es, no lo vamos a negar- la entrada en pateras,
que no constituye el grupo más amplio de entrada irregular, que entra por aeropuertos, con visas de turistas, etcétera. Están creando un caldo de cultivo en la opinión pública absolutamente desfavorable para un país que tiene muchos problemas con
la inmigración. Usted lo sabe; somos frontera, esto se veía venir. Todavía no hemos llegado a las cifras de otros países de la Unión Europea cercanos a nosotros por producto interior bruto y por capacidad de absorción de integración de
inmigrantes. Ustedes lo sabían y usaron un argumento torticero y, si me permite, un argumento
tan primitivo que no se debe usar jamas y menos por los responsables de la política migratoria.
No me voy a extender sobre las condiciones en que los retenidos y los internos siguen retenidos e internados en la terminal cedida por AENA llamada El Matorral. Usted ha explicado, sobre todo a partir de la denuncia de Human Rights Watch y
de otras organizaciones sociales, qué es lo que van a hacer en Canarias y el acuerdo al que han llegado y esperamos que lo hagan pronto. Sí me voy a referir a otras cuestiones.
Hay tres informes sobre la inmigración y el derecho de asilo y refugio
en nuestro país que, cuando menos, llaman la atención y deberían ponernos en guardia a todos sobre cómo se lleva a cabo en la práctica la Ley 8/2000.
Voy a referirme a la Ley 8/2000. Somos respetuosos; ésa es la ley vigente y ahí vamos a estar
pero, como decía, hay tres informes. Uno, el informe anual a este Parlamento del Defensor del Pueblo que, en un momento dado y en relación con los plazos de internamiento y los procesos de expulsión y devolución en fronteras, que tienen graves
deficiencias en relación con la tutela judicial efectiva, dice exactamente: La iniciación del proceso de expulsión de aquellas personas intentando entrar en España ilegalmente -se refiere a las que entran a las islas Canarias en patera- no se
encuentra en línea con la Ley actual 8/2000, ya que los ciudadanos extranjeros son detenidos en el mismo momento que intentan entrar en el país y no una vez que ya se encuentran en territorio nacional, por lo que técnicamente la detención inmediata
y el inicio de los procesos de expulsión y devolución de los inmigrantes que llegan a las islas Canarias en patera es una mala aplicación de la Ley española en vigor 8/2000.
Algunos inmigrantes detenidos incorrectamente justo después de su intento
de entrar ilegalmente en territorio español -también a lo largo de la costa de Andalucía- han obtenido órdenes judiciales para su liberación sobre la base de los anteriores argumentos. Es decir, la ley no se aplica igual en Canarias que en
Andalucía; no se aplica igual por todos los funcionarios. El que muchos de los funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado que se ocupan de inmigración efectivamente cumplan la ley y cumplan sus deberes humanitarios, incluso haciendo uso
de su tiempo libre, no significa que muchos otros no lo hagan. Me refiero otra vez a la carta que usted ha recibido y no ha contestado. Ha contestado a través de los medios de comunicación cuando Human Rights Watch presenta su informe y se produce
un cierto escándalo, y digo cierto porque en estos temas siempre son un poco menos ciertos de lo que son en otros temas que afectan al Estado. No sé si me interrumpía algún portavoz del Grupo Popular, ¿no?, lo agradezco.
He sustanciado dos preguntas y no sé cuánto tiempo tengo, señora presidenta. ¿Me queda tiempo?
La señora VICEPRESIDENTA (Del Campo Casasús): Teniendo en cuenta que formula usted dos preguntas conjuntamente tiene en total, entre este turno y el de la réplica, 15 minutos y lleva consumidos ocho.
La señora BLANCO TERÁN: Muchas gracias, señora presidenta.
Me voy a referir al problema de los menores indocumentados no acompañados que, como sabe, es un problema grave y que también entran en Canarias y en Fuerteventura. El artículo 127.8 de la Ley 8/2000 prohíbe ingresar a los menores
extranjeros en los centros de internamiento, salvo que el juez de menores lo autorice previo informe favorable del ministerio fiscal, siempre que sus padres y tutores se encuentren ingresados en el mismo centro, manifiesten su deseo de permanecer
juntos y existan módulos que garanticen la unidad e intimidad familiar. Las precauciones del reglamento de Extranjería están plenamente justificadas y ahí damos la razón al reglamento, el problema es que no se cumple y éste es un tema muy
importante para Canarias; muy importante. Como usted sabe, cada vez entran más menores indocumentados no acompañados. No hay centros. No se sustancian a la hora de las devoluciones de estos menores, y estas devoluciones tienen lugar -y usted lo
sabe- si tienen las debidas condiciones para el retorno con sus familias. Hemos denunciado en muchas ocasiones, hay querellas, han sido admitidas a trámite y usted las conoce, señor delegado del Gobierno.
Voy a terminar, no quiero alargarme y además sé lo que me va a decir: ha sustanciado su pregunta con otros temas. Es que en Canarias se dan todos estos temas, y ya que el señor Gil Lázaro ha preguntado nueve preguntas y hemos hecho un
repaso general de la Ley de extranjería (El señor Gil Lázaro pide la palabra.), permítanos al menos que podamos sustanciar las preguntas de la manera que creamos conveniente. Hay varias directivas de la Unión Europea que afectan a Canarias, que
afectan a nuestro país y que afectan a la entrada irregular, pero también a la entrada regular, pero también al reagrupamiento familiar, pero también al asilo y el refugio. A mi me gustaría, señor delegado del Gobierno, que pudiera contestar qué
papel está jugando España, en presidencia española, con todas estas directivas. Primera, la propuesta de directiva del Consejo sobre el derecho a la reunificación familiar. Queremos saber cómo han votado ustedes en el Parlamento Europeo, qué es lo
que dicen en el Parlamento y qué es lo que dicen aquí. Queremos saber qué dicen en el Consejo de Ministros en la Unión Europea y cuáles son las contradicciones de lo que mantienen aquí. Segunda, propuesta de directiva sobre normas mínimas para los
procedimientos que deben aplicar los Estados miembros para conceder o retirar el estatuto del refugiado. Propuesta tercera, propuesta de directiva del Consejo relativo al estatuto
de los nacionales de terceros países residentes de larga duración. Cuarta, propuesta de directiva del Consejo por la que se establecen normas mínimas para la acogida de los solicitantes de asilo en los Estados miembros. Quinta, propuesta
de reglamento del Consejo por el que se establecen los criterios y mecanismos de determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de asilo presentada en uno de los Estados miembros por un nacional de país tercero. Sexta,
propuesta de directiva del Consejo por la que se establecen normas mínimas sobre los requisitos y el estatuto al que pueden optar ciudadanos de países terceros y personas apátridas para ser refugiados o beneficiarios de otros tipos de protección
internacional. Estamos en presidencia española, queremos saber exactamente qué ha hecho el Gobierno en presidencia española con estas seis directivas que no han sido impulsadas.
La señora VICEPRESIDENTA (Del Campo Casasús): Señor Gil Lázaro, ¿puede esperar S.S. para plantear la cuestión de orden al final de la tramitación de esta pregunta?
El señor GIL LÁZARO: No.
La señora VICEPRESIDENTA (Del Campo Casasús): Adelante.
El señor GIL LÁZARO: Evidentemente no, señora presidenta, aunque hay una cuestión a la que luego me referiré, pero no porque afecte a la tramitación de la pregunta. Es decir, la señora Blanco tiene formuladas dos cuestiones concretas en el
orden del día. Probablemente porque ya no cree en sus propias cuestiones, se ha salido de ahí y formula otras cuestiones que no tienen nada que ver con el orden del día. Supongo que estará en el criterio del compareciente hacer lo que estime
oportuno, pero en todo caso quiero recordar que la obligación del compareciente es contestar lo que figura en el orden del día.(La señora Blanco Terán pide la palabra.)
La señora VICEPRESIDENTA (Del Campo Casasús): Señor Gil Lázaro, muchas gracias por su intervención. Creo que no es una cuestión de orden.
Precisamente esta presidencia era quien iba a plantear que, efectivamente, la obligación del
compareciente se ciñe a contestar lo que figura en el orden del día y no creo que haga falta que los portavoces de los grupos recurran a este expediente.
Señora Blanco, ¿es para intervenir sobre la cuestión de orden?
La señora BLANCO TERÁN: Quisiera intervenir un segundo sobre la cuestión de orden.
La señora VICEPRESIDENTA (Del Campo Casasús): Tiene usted treinta segundos.
La señora BLANCO TERÁN: He sustanciado las preguntas con todos aquellos aspectos que nos preocupaban con respecto a las islas Canarias y a Fuerteventura, y las he sustanciado como mi grupo, Partido Socialista, considera pertinente.
La señora VICEPRESIDENTA (Del Campo Casasús): Señor Fernández-Miranda, para responder a las preguntas formuladas, tiene la palabra.
El señor DELEGADO DEL GOBIERNO PARA LA EXTRANJERÍA Y LA INMIGRACIÓN (Fernández-Miranda y Lozana): Esperando que no se me haya olvidado lo poco que aprendí en esta casa como vicepresidente primero del Congreso de los Diputados, voy a ser
exquisitamente respetuoso con el reglamento, que es mi obligación como compareciente en este caso.
Señora Blanco, efectivamente usted plantea las cuestiones como le parece conveniente, como no puede ser de otra forma en un país libre. Lo que pasa es que quizás a lo mejor también de paso lo que podía hacer era una propuesta de
modificación del reglamento porque usted nos ha acusado de plantear lo obvio, que parece que le ha molestado, y sin embargo el señor Gil Lázaro se ha ceñido estrictamente a la literalidad de las preguntas que a la Delegación del Gobierno habían
llegado en tiempo y forma enviadas por esta Cámara. (El señor Gil Lázaro: De eso hablaré yo luego.) Sin embargo, S.S. ha hecho una intervención, de la cual es muy libre por supuesto, de las que yo siempre he calificado como ómnibus, en donde ha
planteado lo que cabía y lo que no cabía de lo previamente conocido por escrito por el Gobierno. Me parece muy bien, y sobre todo me parece bien porque son también cuestiones que yo personalmente he contestado quizás dos, tres veces ya, a lo largo
de los últimos seis meses, que ha tenido ocasión de contestar el vicepresidente primero del Gobierno, el propio presidente del Gobierno en alguna ocasión. Además, no sé de dónde se saca S.S., desde qué conocimiento del reglamento S.S. llega a
afirmar que lo único que tiene que hacer el Gobierno es contestar a la oposición. Bueno, contestar a la oposición y contestar a cualquier grupo parlamentario, a no ser que desde que yo no soy diputado en esta casa se haya prohibido el uso de la
palabra a cualquier grupo parlamentario que no se declare miembro de la oposición. (El señor Gil Lázaro: Ésa es la cuestión de orden.) Porque creo que además, señora Blanco, le he proporcionado una serie de datos que algunos conocería S.S., pero
no todos y, por tanto, desde mi obligación de dar cuentas a esta Cámara, creo que he prestado un servicio, como es mi obligación, a los grupos parlamentarios. Pero en fin, usted dice lo que le parece apropiado, señoría, y yo no soy nadie para
decirle lo contrario. Pero me habla usted de una carta de la que, si no me he distraído,
no me ha dicho usted quiénes son los remitentes, con lo cual difícilmente puedo saber si la he recibido, si la he contestado, si no la he contestado. Tengo por norma contestarlas todas, si bien es cierto que en algunas ocasiones, por
sobrecarga de trabajo, se tarda más o menos. Sin embargo, sí entra a decirme poco más o menos que como las preguntas que me hace ya conoce usted su contestación, pues que no se las conteste.
Pues las voy a contestar simplemente porque es mi
obligación, porque venir aquí con unas preguntas formuladas y que yo no las conteste, al final el tirón de orejas de la señora presidenta me lo puede dar a mí en vez de a cualquier otro.
En cuanto a la realidad de la terminal del aeropuerto de Fuerteventura, habilitado como centro de internamiento de extranjeros, siempre como centro de internamiento de extranjeros, porque yo no sé de dónde se saca S.S. otras denominaciones
(La señora Blanco Terán: Son sus palabras.), que viene funcionando desde el año 1999, yo lo visité el 20 de septiembre de 2001. El 20 de septiembre de 2001 decido la petición al Ministerio de Defensa de la cesión de esas instalaciones. Arbitro el
necesario estudio y diseño de un proyecto y habilito, mediante el procedimiento de emergencia, la financiación para la realización de un segundo centro de internamiento provisional, que es lo que he podido decir en alguna ocasión y a lo mejor en su
momento no quedó suficientemente claro, para completar el actual centro del aeropuerto, como consecuencia de que por primera vez y por la presión ejercida en el Estrecho sobre los traficantes de seres humanos, están llegando el doble de personas de
forma clandestina a las islas Canarias desde el continente africano que al Estrecho. Por tanto, lo que estaba planificado para un número determinado de personas, que desde el año 1999 fue útil y suficiente, se masifica y no es suficiente y nos
obliga a ese centro provisional, que será completado mediante la colaboración del Ayuntamiento del Puerto del Rosario, que está cediendo el suelo municipal para la construcción del centro de internamiento definitivo en aquella isla. Con todo lo
cual, aumentaremos la capacidad de las infraestructuras dedicadas a la detención, identificación y expulsión de las personas que se encuentran en situación ilegal en España, en definitiva, respondiendo al Plan global de lucha contra la inmigración
ilegal y el tráfico de seres humanos, aprobado en el Consejo de Ministros de la Unión Europea el 28 de febrero, como no puede ser de otra forma, por unanimidad, como el primer plan de la Unión Europea dirigido específicamente a la gran lacra de
nuestra sociedad y de las personas que tienen que emigrar de sus países, que es el tráfico de seres humanos y la explotación de estos seres humanos en nuestras sociedades para nuestra vergüenza. Ésa es la realidad del centro de Fuerteventura, que
será finalizado a mediados del mes de mayo. Ésa es la realidad de una de las islas del archipiélago canario en la que en estos momentos se están poniendo en marcha las mismas medidas proporcionales que en cualquier comunidad autónoma española que
esté soportando la presión migratoria que en este momento soportan las islas Canarias, con la peculiaridad añadida del concepto de insularidad, de fragmentación y de fragilidad del territorio insular del cual estamos plenamente convencidos.
Le he explicado ya a través de la pregunta formulada por el señor Gil Lázaro cuáles son las infraestructuras que están comprometidas y se construirán en las islas Canarias por acuerdo del Gobierno autónomo y del Gobierno de la nación, con
participación del Parlamento canario. He de decirle además que a lo largo del año 2002 se han aportado desde el Imserso 739.954 euros para atención humanitaria básica; que en el año 2002, mediante convenios suscritos entre la Administración del
Estado y el Gobierno canario en materia de inmigración, se proporcionarán un total de 123.118.062 pesetas (739.954 euros); que como consecuencia de las subvenciones a organizaciones no gubernamentales y entidades en materia de inmigración se han
aportado en el año 2001 y estamos pendientes de aportar 61 millones en 2002, mediante las subvenciones del IRPF, y 15 millones de pesetas mediante las subvenciones de régimen general; que se está desarrollando ya desde el año 2001 el plan de
vigilancia intensiva exterior de fronteras ya desarrollado prácticamente en su totalidad en la costa andaluza, que se está desarrollando en las islas Canarias y que este año contará con una inversión de 2.181.673 euros para dotar de estaciones
sensoras, cámaras técnicas, equipamiento y tecnología en definitiva para la identificación de las embarcaciones que lleguen traficando con seres humanos a las islas Canarias. En definitiva, señora Blanco, desde su óptica el camino erróneo.
Llevamos recorriendo a lo largo de estos dos años el camino erróneo, el que nunca debíamos habernos atrevido a comenzar a recorrer, modificando la Ley 4/2000. Bien es cierto que tendríamos que meditar aquí y quizá debería meditar la propia sociedad
española si el camino que ustedes nos proponen, el camino de la política de puertas abiertas, el camino de la rifa para dar trabajo a los inmigrantes que vienen aquí, sorteando entre ellos los puestos de trabajo, el visado para buscar trabajo...
Muchos de sus compañeros están sosteniéndolo (señor López Garrido, señora Rumí...). El señor Bono, hace bien pocos meses, afirmó que él no iba a pedir ni un solo papel en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Éste es el camino que ustedes
han ido diseñando y que quieren recorrer. Bien es cierto que en el mes de agosto me llama personalmente el señor Clos por teléfono para que, por favor, detenga y expulse a los ciudadanos subsaharianos que se encuentran en la plaza de Cataluña
porque es una situación insostenible.
Nuestro camino es el acertado. Quizá cometemos errores como cualquier hijo de vecino, pero es un camino conocido, es un camino derecho, es un camino amplio, es un camino en el que discurrimos codo con codo en este caso con ciudadanos
extranjeros y con ciudadanos españoles. Es un camino que nos lleva, señora Blanco, a lo que es la sociedad europea en este momento, lo que será con mayor claridad y mayor abundancia la sociedad española en muy poco tiempo, una sociedad plural, una
sociedad multiétnica, una sociedad enriquecida en el mestizaje, una sociedad tolerante y hospitalaria, una sociedad en donde afortunadamente -lo dije antes- tenemos todos perfectamente definido cuáles son nuestras obligaciones y nuestros derechos.
Nos marca el límite de lo tolerable de nuestras normas de convivencia la Constitución española por la que tanto hemos peleado todos, que enseñamos a nuestros pequeños y pequeñas y que recordamos a los adultos con la frecuencia con la que debemos
recordarla para que no sea transgredida por nadie. Lo hacemos plenamente convencidos de que ésta es la política que tiene un encaje perfecto en el espacio común de extranjería e inmigración que estamos contribuyendo a diseñar dentro de la Unión
Europea.
Yo estaré encantado, en el momento en que S.S. me lo plantee como pregunta o como comparecencia, de contestar a los requerimientos que S.S. me hace con respecto a las futuras directivas de la Unión Europea. El 90 por ciento de las que
S.S. ha mencionado se debatirán mañana en el Consejo de Ministros de Justicia e Interior que se celebra en Luxemburgo, en plena sintonía con la política que estamos contribuyendo a dibujar. Insisto que el primer plan global que se aprueba en la
Unión Europea para la lucha contra la inmigración ilegal se hace durante la presidencia española (el 28 de febrero) y que el comisario Vitorino presentará en breve el libro verde para la unificación de los criterios de expulsión, rechazo y
devolución de extranjeros en situación irregular en cada uno de los estados miembros de la Unión. Lo lamento por el disgusto que le damos pero incluso ahí estamos avanzando para conseguir ese equilibrio, esa perfecta ordenación a la que nos
permitirá acceder la nueva Ley de extranjería, su reglamento y el programa GRECO, que son realidades saludables en nuestro país.
La señora VICEPRESIDENTA (Del Campo Casasús): Señora Blanco, le recuerdo que son tres minutos los que le quedan de su tiempo.
La señora BLANCO TERÁN: Señor delegado del Gobierno, no entiendo por qué hace usted electoralismo aquí, y además con este tema. ¿Cómo es posible que usted afirme que nosotros propugnamos una política de puertas abiertas en materia de
inmigración, asilo y refugio? ¿Cómo es posible que vierta usted esas acusaciones y que además no pase nada? Luego el señor Gil Lázaro, seguramente, volverá a preguntar y usted volverá a decir lo bien que lo hacen. Usted sabe, como nosotros, que
la política migratoria es enormemente compleja, que tiene muchas miradas, que es como un caleidoscopio y usted mira sólo desde una perspectiva. Cada vez que mi grupo parlamentario intenta que usted mire hacia alguna de las otras caras usted nos
acusa de política de puertas abiertas. Es muy fácil, es absolutamente fácil decir esas frases en materia migratoria. Usted sabe, como nosotros sabemos, que siempre dijimos que la política migratoria debería constituir un pacto que ustedes no
quisieron, que ustedes cercenaron en la Ley 8/2000 y sigue acusándonos de lo mismo. Pues bien, yo digo aquí con contundencia: el Partido Socialista y mi grupo parlamentario no propugnan una política de puertas abiertas, propugnan una escrupulosa
forma de tratar y de ejecutar la Ley 8/2000, de derechos y libertades de los extranjeros. Eso es lo que propugnan mi partido y mi grupo parlamentario. No siga usted diciendo que propugnamos políticas de puertas abiertas.
Ahora me quiero referir a algo que usted ha mencionado, el tema de las mafias que trafican con seres humanos, que usted sabe que apoyamos y redactamos conjuntamente en la ley.
La señora VICEPRESIDENTA (Campo Casasús): Señora Blanco, vaya concluyendo con toda rapidez.
La señora BLANCO TERÁN: Sin embargo, sabe que la mayor parte de las denuncias que se están produciendo en este momento por parte de los inmigrantes hacia las mafias que trafican con ellos -son datos de la fiscalía- se debe a que no se les
trata como testigos protegidos. Es muy difícil -y usted lo sabe- para un inmigrante o para un demandante de asilo y refugio presentar una denuncia sin tener al mismo tiempo protección.
La señora VICEPRESIDENTA (Campo Casasús): Señor Fernández-Miranda, con la misma advertencia que le he hecho a la señora Blanco respecto al tiempo.
El señor DELEGADO DEL GOBIERNO PARA LA EXTRANJERÍA Y LA INMIGRACIÓN (Fernández-Miranda y Lozana): Señora presidenta, voy a intervenir brevemente. (El señor presidente ocupa la presidencia.)
Señora Blanco, le haré llegar los diarios de sesiones en donde todos sus compañeros han ido haciendo todas esas afirmaciones. Le doy la enhorabuena. Ya era hora de que algún miembro del Partido Socialista dijese en voz alta, y para que
constase en acta, que el Partido Socialista no es partidario de una política de puertas abiertas. Ahora, lo único que deseo es que el señor López Garrido -que lo sigue afirmando-, la señora Rumí, el señor Bono, el señor Chaves, el señor Clos o el
señor Zapatero digan exactamente lo mismo
que ha dicho usted. Me temo que le van a dejar más sola que la una, porque es lo que vienen haciendo desde hace dos años: donde hoy digo digo, mañana digo Diego; si es la misma persona todavía, pero resulta que son distintas personas,
ustedes han insistido mucho en la necesidad de un pacto de Estado, nosotros les venimos diciendo desde hace dos años que por favor, nos dígan cuál, en torno a qué tenemos que pactar, con quién tenemos que hablar. Lo que hace 15 días era una ley
plenamente constitucional a la que no iban a presentar ustedes recurso -dicho por el mismísimo secretario general de su partido-, resulta que a los 15 días da lugar a un aluvión de presentación de recursos de inconstitucionalidad por parte de
distintos partidos, gobiernos y grupos parlamentarios.
Señora Blanco, son tan inconsistentes, son tan pintorescos en algunas ocasiones y son tan demagógicos en otras que no me extraña nada que tengan que empezar a decir cosas como la que usted
acaba de decir ahora.
El Partido Socialista, -señora Blanco dixit- no es partidario de la política de puertas abiertas. Es un paso, menos mal. Desde luego, nosotros estamos convencidos de ello desde hace dos años. Hemos cambiado una ley que
hacía posible la política de puertas abiertas, hemos desarrollado un reglamento que hace cierta la aplicación de una ley que combate la política de puertas abiertas y venir con visado a buscar trabajo a este país. Desde hace dos años hemos
desarrollado una serie de instrumentos imprescindibles e importantísimos como son el reforzamiento de la Comisión interministerial de Extranjería; reforzamiento de la Comisión de Asilo y Refugio, observatorio permanente de la inmigración; foro
para la integración social; consejo superior de política de inmigración, todo ello encaminado...
El señor PRESIDENTE: Señor Fernández-Miranda, le ruego que concluya, por favor.
El señor DELEGADO DEL GOBIERNO PARA LA EXTRANJERÍA Y LA INMIGRACIÓN (Fernández-Miranda y Lozana): Concluyo inmediatamente, señor presidente.
Todo ello encaminado a luchar contra la inmigración ilegal, contra los traficantes y contra los explotadores; insisto en que, que para nuestra vergüenza, los explotadores son españoles en un porcentaje altísimo, para nuestra vergüenza. (La
señora Blanco Terán: No me lo cuente.) Espero que para usted no sea un descubrimiento.
El señor PRESIDENTE: Concluya, por favor.
El señor DELEGADO DEL GOBIERNO PARA LA EXTRANJERÍA Y LA INMIGRACIÓN (Fernández-Miranda y Lozana): En definitiva, para luchar contra la inmigración ilegal. Por eso el 28 de febrero, la Unión Europea aprueba un plan específico contra ello y
para potenciar la inmigración legal, conscientes de que es imprescindible, deseable y beneficiosa para nuestra sociedad. (La señora Blanco Terán pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señora Blanco, lo siento mucho pero no hay más turnos.
Si el Grupo Parlamentario Popular no tiene inconveniente, pasaríamos a la pregunta número 15 y dejaríamos la 13 para el final. ¿Están de acuerdo, señor Gil Lázaro?
El señor GIL LÁZARO: Por nuestra parte no hay ningún inconveniente.
Solamente quiero aclarar una cuestión. Como S.S. se incorpora en este momento, para no interrumpir el desarrollo de la sesión había hecho indicaciones a la Mesa para señalar que, al finalizar el trámite de las preguntas, plantearé una
cuestión de orden. Simplemente para ponerlo en su conocimiento.
- DEL SEÑOR PEDRET I GRENZNER, (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA), SOBRE LAS RAZONES POR LAS QUE EL SECRETARIO DE ESTADO PARA LA EXTRANJERÍA E INMIGRACIÓN CONSIDERA QUE DEBE DE SUSPENDERSE LA APLICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA DE DERECHOS Y
LIBERTADES DE LOS EXTRANJEROS EN ESPAÑA EN CUANTO A LA SOLICITUD DE DOCUMENTACIÓN POR PARTE DE LOS EXTRANJEROS ACTUALMENTE PRESENTES EN ESPAÑA EN SITUACIÓN IRREGULAR. (Número de expediente 181/001361.)
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Pedret, para formular la pregunta que figura con el número 15.
El señor PEDRET I GRENZNER: Quiero agradecer al conjunto de la Comisión la gentileza de admitir este pequeño cambio en el orden de las preguntas previsto en el orden del día para poder atender otras obligaciones que tengo en la Comisión de
Control Parlamentario de RTVE.
Señor delegado del Gobierno para la Extranjería y la Inmigración, después de haber oído sus intervenciones, estando presente aquí durante una parte de la mañana y a través del circuito interno de televisión la otra parte, uno llega a la
conclusión de que tenemos un Gobierno realmente excepcional que tiene aquello que los filósofos otorgan sólo a determinados entes que no son terrenales, que es la cualidad de la inerrancia. Vamos a admitir que los filósofos digan que sólo cierto
ente -cuya existencia o no es una cuestión de conciencia de cada uno- es inerrante, pero ustedes desde luego manifiestan tener esta cualidad. Hay ciertos aspectos
de su política que me parecen que no son tan acordes con esta cualidad que se autoatribuyen, sino que, desde mi punto de vista de simple humano, plantean unos ciertos problemas. No sólo desde mi punto de vista, voy a citar por primera vez
en el día de hoy el 'Diario de Sesiones' de esta Comisión, del día 26 de febrero de 2002, en el que se afirma que hay una preocupación por el nivel de protección legal o por el nivel de vigencia del régimen general, después del acuerdo del Consejo
de Ministros sobre el contingente y las circulares que ha desarrollado el mismo. Son palabras del diputado don Carlos Campuzano, es decir, persona que representa a un grupo parlamentario poco sospechoso de situarse en la oposición, la verdad sea
dicha. Hay otras manifestaciones, pero al ser de grupos de la oposición, como no tenemos razón, no voy a citar como argumento de autoridad.
Como considero que al menos hay sombras de algún posible error en su política respecto a la gestión de los flujos migratorios, es por lo que le pregunto sobre cuáles son las razones -que seguramente deben existir, porque si no, no le
formularía la pregunta- que han llevado al Gobierno al que usted pertenece a considerar que, a partir del 16 de enero de 2002, debía suspender el denominado régimen general que, en la Circular 1/2002 de la Dirección General, a la que me refiero, se
reconoce que existe, a base de indicar, en el mismo 7, puntos 4 y 5, que o se inadmitan a trámite o se denieguen las solicitudes que se presenten en virtud de dicho régimen general.
El señor PRESIDENTE: Señor delegado del Gobierno.
El señor DELEGADO DEL GOBIERNO PARA LA EXTRANJERÍA Y LA INMIGRACIÓN (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Pedret, no se ha dado esa instrucción, desde el momento en que el concepto de régimen general es poco menos que coloquial. No existe a
efectos legislativos, por tanto, difícilmente -me pregunta si lo he hecho yo- he podido decir que se deje de aplicar el régimen general para las personas que quieran venir a residir a España.
Lo único que quiero aclararle y probablemente contribuya a que no exista ninguna duda con respecto a lo que es la legislación vigente, por lo tanto la aplicación de la misma, es que en este momento la forma a través de la cual ciudadanos de
otros países pueden venir a residir y a trabajar en España es mediante la determinación del contingente de trabajadores extranjeros por cuenta ajena, regulado en el artículo 39 de la Ley orgánica 8/2000, que S.S. conoce perfectamente, en la que
habrá que tener en cuenta la situación nacional de empleo, las propuestas que elevan las comunidades autónomas y la audiencia del Consejo Superior de Política de Inmigración antes de entrar en la decisión última, que corresponde tomar al Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales, y de aprobarse en el Consejo de Ministros. Mediante el reglamento, donde se desarrolla la ejecución de la mecánica de hacer cierta la ejecución del contingente, también se establecen una serie de mecanismos
alternativos para poder ser regularizados en España; S.S. los conoce pero, se los cito encantado. En el artículo 71 se dice que se considerará no necesaria la valoración de la situación nacional de empleo, y por lo tanto se concederían permisos
de trabajo fuera del contingente, para cónyuges o hijos de extranjeros residentes en España con permiso renovado, al titular de una autorización previa de trabajo cuya renovación se pretenda; a quien haya gozado de la condición de refugiado durante
el año siguiente a la cesación del estatuto; a quien haya sido reconocido como apátrida; a quien haya nacido y sea residente en España; a quien tenga a cargo ascendiente o descendiente de nacionalidad española, a quien sea hijo o nieto de español
y -artículos 76 y 77- a los trabajadores transfronterizos o a quienes realicen prestaciones transnacionales de servicios.
En definitiva, señor Pedret, en la normativa vigente en materia de permisos de trabajo a extranjeros no existe ningún régimen general, sino los regímenes que le he expuesto. Habitualmente se ha venido llamando régimen general, a efectos
coloquiales, para entender la pregunta que S.S. plantea, a la posibilidad de obtener un permiso de trabajo por un procedimiento que no fuese el extraordinario, el excepcional, el de los repetidos procesos extraordinarios de regularización a los que
antes he hecho mención. En definitiva, al estar perfectamente definido el contingente, que sólo podrá ser satisfecho por personas que se encuentren fuera de España, no habrá manera alguna -salvo las excepciones marcadas en el reglamento, a través
de los artículos del reglamento que le he mencionado, 70.1, 71, 76, 77 y 79- de que puedan formalizar contratos en España aquellas personas que se encuentren en situación irregular.
El señor PRESIDENTE: Señor Pedret.
El señor PEDRET I GRENZNER: Señor delegado, como me ocurre casi siempre que debato con usted, me alegro de varias cosas. En este caso, una de ellas es su claridad al decir que no van a cumplir la ley en cuanto al régimen general. La
segunda es el hecho de que el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, concretamente la Dirección General de Ordenación de las Migraciones, se haya sumado tanto a la modernización de la Administración que utilice expresiones coloquiales en sus
circulares, por cuanto en dos ocasiones, en la instrucción séptima, puntos 4 y 5, establece la referencia al régimen general para decir que no se van a admitir a trámite, o se van a denegar, las solicitudes que se presenten a partir de aquella fecha
por dicho régimen
general. Por tanto, existe. Coloquial o no coloquial, por parte de la Administración se reconoce su existencia.
Ustedes, con una clarísima infracción del artículo 9.3 de la Constitución respecto de la jerarquía normativa, a través de una circular, consecuencia de un acuerdo del Gobierno que ni siquiera tiene el rango de real decreto, infringen lo que
ustedes mismos reconocen que existe en el reglamento de desarrollo, en el Real Decreto de junio de 2001 -no recuerdo en este momento la fecha exacta-, y existe también porque lo desarrolla el reglamento de la Ley 8/2001, que ustedes tanto defienden.
Por tanto, ustedes, directamente, infringen un precepto constitucional, el artículo 9.3, respecto a la jerarquía normativa, infringen la ley que ustedes defienden como la única posible para resolver todas las cuestiones de la inmigración y
crean un problema -ha quedado clarísimo que tienen la intención de crearlo- con una serie de personas realmente existentes en el interior de nuestro país, que son migrantes laborales, para distinguirlos de todos aquellos a los que usted se ha
referido anteriormente, a los que condenan absolutamente a una irregularidad permanente y eterna, infringiendo el régimen general establecido en la ley. Esto, señor Fernández-Miranda, en contra de todas sus proclamas anteriores, es lo que establece
un ejército de reserva -ésta sí es una expresión clásica- de trabajadores en una situación de docilidad absolutamente obligatoria porque, si no, están amenazados por la expulsión, con unas posibilidades de explotación dentro de nuestro país, por
parte de empresarios españoles, como usted ha reconocido anteriormente, o extranjeros, que también los hay, como a usted le consta, que se dedican a esta explotación laboral, lo que crea un problema donde había una cuestión.
Señor Fernández-Miranda, como usted sabe porque se lo he repetido en más de una ocasión, esta expresión es el resumen real de su política migratoria: donde hay una cuestión la gestionan ustedes de forma que crean un problema, un problema no
sólo político, no sólo constitucional, sino directamente de legalidad. Cuando con la circular remiten modelos para inadmitir a trámite o denegar el permiso de trabajo en estas circunstancias están infringiendo, de una forma absolutamente directa,
el artículo 89.4 de la Ley de Régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común -cuyo conocimiento no sólo le supongo, sino que sé que tiene usted- y están, una vez más, dando una muestra del convencimiento
de la inerrancia del Gobierno porque dicen que, en el momento en que se adoptó el acuerdo sobre contingentes, ya se sabía cuál sería la situación del mercado nacional del trabajo durante todo el año y cuáles serían las circunstancias concretas de
cada solicitante, pues sólo por las circunstancias concretas de cada solicitante puede denegarse correctamente una solicitud administrativa.
Éstos, señor Fernández-Miranda, son elementos básicos del Estado de derecho y a ellos le ruego que se
atenga en sus actuaciones políticas para evitar la creación de más problemas donde existen cuestiones.
Nada más.
El señor PRESIDENTE: Señor delegado.
El señor DELEGADO DEL GOBIERNO PARA LA EXTRANJERÍA Y LA INMIGRACIÓN (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Pedret, lo lamento, porque sus intervenciones son siempre de agradecer, pero tengo que añadirle a la lista que le acabo de dar a la
señora Blanco, en la que están el señor López Garrido, la señora Rumí, el señor Bono, el señor Chaves, el señor Clos y el señor Zapatero, en donde la incoherencia es la sorpresa.
¿Usted no sabe, señor Pedret, que el contingente queda como la única forma legal de contratación de las personas que no se encuentran en España, salvo las excepciones planteadas por los artículos 70, 71, 79, etcétera, y que ese artículo, el
37, de la ley fue enmendado y aprobado por el Grupo Parlamentario Socialista en el debate de la ley? El Grupo Parlamentario Socialista añade, como enmienda, que no se hallen ni sean residentes en España las personas que puedan acceder al
contingente; que se elabore a propuesta de las comunidades autónomas; que no sea obligatorio sino cuando existan necesidades de mano de obra, y que se hallen en España.
El artículo 37, en cuanto al contigente y a su exclusividad, para ser firmado por personas que no se encuentren en España, es criatura suya, señor Pedret, miembro del Grupo Parlamentario Socialista, coincidente sin duda con el espíritu y la
voluntad, primero, de una política de inmigración determinada y, segundo, de un consenso del que ustedes se alejaron porque les dio vértigo. Aquello de dar la razón al Gobierno, incluso cuando la tiene, es algo que desde algunos puntos de la
oposición no se sabe hacer. No nos está yendo mal, a la segunda conseguimos la mayoría absoluta, después de haber ejercido ustedes esa oposición durante cuatro años. Por tanto, sigan actuando como más conveniente les parezca, pero, al menos, no se
olviden de aquellos artículos, de aquellas leyes, que ustedes apoyan y que incluso llevan más allá, en su entusiasmo quizá circunstancial y sorprendente, de lo que planteaba el Gobierno, para, al cabo de dos años, ir a reprocharle al Gobierno por
qué está poniendo en marcha el sistema del contingente, rigurosamente legal, obviando ese sistema general que consistía en que, desde cualquier país del mundo, con una oferta potencial de empleo se podía venir aquí a que esa oferta se hiciese cierta
y, después, con una exención de visado, se pudiese dar permiso de residencia. Eso ya no se hace así. En la Ley 8/2000 y en su reglamento figura que no se hace así. Aparecen otras muchas posibilidades, hasta la de estar cinco años residiendo
ilegalmente en España, que vaya cómo tendrá que pasarlo esa persona con cinco años de explotación continuada (El señor Pedret i Grenzner: Muy mal.), Aparecen excepciones, flexibilidad, garantismo, todo lo que quiera, pero el artículo 37
está aprobado a instancias del Partido Socialista y lo apoyamos de manera entusiasta. Ustedes mismos, en una de sus enmiendas, hablan de que no pueda ser cubierto...
El señor PRESIDENTE: Señor delegado, le ruego vaya concluyendo.
El señor DELEGADO DEL GOBIERNO PARA LA EXTRANJERÍA Y LA INMIGRACIÓN (Fernández-Miranda y Lozana): Termino, señor presidente.
Por tanto, tranquilos con respecto a la aplicación, de la norma; tranquilos respecto a lo impecable de su aplicación, que incluso está dando lugar a que la mesa técnica de contratación de Huelva se felicite por el éxito de la campaña
fresera de este año, públicamente.
Empresarios, sindicatos, Junta de Andalucía, subdelegación del Gobierno se felicitan públicamente del éxito de la campaña fresera en la que, como usted sabe, se mueve hasta un total de 60.000 empleos en cada una.
Cinco mil de esas personas fueron seleccionadas por los empresarios en Polonia y en Rumanía en tres días. Hicieron un trabajo impecable que les permitirá continuar en la recogida de la naranja y de la frambuesa, como en campañas sucesivas en
aquella provincia. Lamento y lamento darles el disgusto, pero parece que esto va funcionando.
- DEL SEÑOR MAYORAL CORTÉS (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA), SOBRE PLANES DEL GOBIERNO ACERCA DE LA EXPULSIÓN DE ESPAÑA DE LAS FAMILIAS DE MENORES INMIGRANTES QUE COMETAN ALGÚN DELITO EN EL TERRITORIO NACIONAL. (Número de expediente
181/001326,)
El señor PRESIDENTE: Pregunta duodécima del orden del día. Entiendo que la va a formular la señora Blanco.
La señora BLANCO TERÁN: Señor delegado del Gobierno, quería empezar por decir que usted se permite lujos como hacer listas de compañeros del Grupo Socialista que suenan a listas macarthyanas; no sé muy bien de donde los saca, pero creo que
debería contener sus impulsos de hacer listas negras en torno a aquellos que opinamos sobre inmigración, refugio y asilo con legitimidad dentro de nuestro grupo parlamentario.
Ha recogido que he dicho, lo he dicho y lo repito, que no somos partidarios de una política de puertas abiertas entendida como se ha venido entendiendo tradicionalmente la política migratoria de puertas abiertas, pero he continuado diciendo,
señor delegado del Gobierno, y también debería recogerlo, que nos vamos a tomar con seriedad que ustedes respeten escrupulosamente la ley 8/2000; los tres informes antes mencionados por mí ponen de manifiesto que eso no se está haciendo, al menos
en algunos casos y en algunos puestos fronterizos.
La pregunta era sobre los planes del Gobierno para avalar la expulsión de España de las familias de menores que hayan delinquido. Recojo textualmente sus declaraciones del martes 22 de enero de este mismo año, estando usted en Melilla. El
secretario de Estado para la Inmigración, expresó ayer su apoyo a las declaraciones del delegado del Gobierno en Melilla, Arturo Esteban, respecto a la posibilidad de expulsar no sólo a los menores inmigrantes que cometan delitos, sino también a los
familiares que tengan la patria potestad sobre ellos. Fernández-Miranda señaló en Melilla que esas medidas excepcionales se adoptarán siempre con conocimiento de los tribunales. Menos mal, señor Fernández-Miranda, sólo faltaba que no tuvieran
conocimiento. Sin embargo, continúa. Se entrevistó con el delegado del Gobierno en Melilla, con el presidente de la Ciudad Autónoma, Juan José Imbroda, que también es senador del Partido Popular, con representantes de las fuerzas de seguridad, y
manifestó: los objetivos que ha marcado la Junta de Seguridad son los que marca el Gobierno de la nación, es decir, preservar la convivencia y la tranquilidad social. Podría haber añadido que también se respetaría el artículo 127.8 respecto a los
menores indocumentados no acompañados que cometan delitos. Entonces, a lo mejor no tendríamos que hacerle esta pregunta. Usted, manifestó en esta Cámara y en esta misma Comisión que no lo iba a llevar a cabo, que las manifestaciones que había
vertido el 22 de enero de este mismo año no se iban a efectuar tal y como habían acordado en la Junta de Seguridad, pero queremos saber cómo va este tema.
Así que, sustancio la pregunta: ¿De verdad sigue considerando que se puede expulsar a las
familias de los menores que delinquen?, ¿con los menores, separadamente, primero unos y luego otros, primero la familia y luego el menor para hacer reagrupamiento en su país de origen? ¿Cómo pretende resolver este tema?
El señor PRESIDENTE: Señor delegado, tiene la palabra.
El señor DELEGADO DEL GOBIERNO PARA LA EXTRANJERÍA Y LA INMIGRACIÓN (Fernández-Miranda y Lozana): Señora Blanco, sustancio la contestación y me remito al 'Diario de Sesiones' en sus páginas 13829, 13836, 13837, 13838 y 13839, sobre mi
comparecencia del día 26 de febrero, cuando contesté exactamente a esta misma pregunta formulada por su grupo parlamentario. Si quiere, señor presidente,
para no ser descortés, puedo leerlo literalmente o simplemente nos remitimos a ello.
En cuanto a las listas macarthyanas, señora Blanco, no hago listas macarthyanas, hago listas en las cuales cuento mi experiencia personal.
Por ejemplo, usted sólo lee periódicos, porque podía haberme citado el 'Diario de Sesiones' del cual
dispone con mayor facilidad que yo, y puedo ponerla en la lista por eso ¿Por qué pongo en la lista al señor López Garrido? Porque en las conversaciones que tenemos, donde usted está presente, me dice que hay que poner en marcha un visado para
extranjeros para que vengan a España a buscar trabajo. Si eso no es política de puertas abiertas, que baje Dios y lo vea. La señora Rumí dice, y lo leemos todos, que la mejor forma de asignar los puestos de trabajo es hacer una rifa, tómbola o
sorteo; lo ha dicho y ha aparecido en los periódicos. No me invento nada con espíritu macarthyano. El señor Bono dijo también que él -no tiene que hacerlo, pero se arroga esa facultad- no pedirá ni un papel a nadie en Castilla-La Mancha. El 16
de agosto me llamó personalmente el señor Clos y me dijo: por favor, expulsa -para eso hay que pedir papeles- a los ciudadanos subsaharianos que tengo en la plaza de Cataluña. El señor Zapatero dijo que no iba a presentar recurso y lo presentó.
El señor Pedret acaba de decir que no está de acuerdo con el artículo 37 de la Ley 8/2000 que ustedes enmendaron y votaron afirmativamente. No sé lo que somos, pero ustedes no dejan de ser al menos sorprendentes y quizá dan mayor divertimento a las
comparecencias.
El señor PRESIDENTE: Señora Blanco, por favor, tiene la palabra.
La señora BLANCO TERÁN: Sus ironías respecto a todos estos temas no me producen ninguna alegría ni ninguna hilaridad. Estamos todos preocupados, la opinión pública también, y usted debería mostrar más preocupación de la que muestra. Su
obligación es respetar la Ley 8/2000. No está entre sus obligaciones, ni siquiera lanzándonos entusiásticamente a ellas, hacer listas de nadie y menos en sede parlamentaria. Diga lo que quiera a los medios de comunicación, no haga demagogia, señor
delegado del Gobierno. Es complicado y usted lo sabe mejor que yo. Tenemos los suficientes datos para saber que es uno de los temas más complejos que vive nuestro país y no porque en sí mismo sea un problema, sino porque muchas veces lo
convertimos en un problema. Además detrás de toda esta ironía hay personas concretas, con biografías concretas, se saltan sus derechos y no tienen derecho a la tutela judicial efectiva que les reconoce la ley. Le recomendaría menos ironías, menos
listas y, sobre todo, preocúpese. La diputada que le habla está muy preocupada y usted lo sabe. No somos irresponsables, no hemos dicho nunca lo que usted dice que decimos, lo que usted mantiene en conversaciones telefónicas. No estamos aquí para
hacer un circo de esta comparecencia, estamos aquí para hablar seriamente de inmigración, lo hacemos con la mejor voluntad, queremos mostrarle otras miradas. Señor delegado del Gobierno mire para otro lado también, es lo suficientemente listo para
hacerlo; no sea tan orgulloso, nadie puede hacerlo muy bien en este tema, si acaso lo podemos hacer medianamente bien, pero nadie lo puede hacer tan perfecto como usted dice que lo hace.
El señor PRESIDENTE: Señor delegado, tiene la palabra.
El señor DELEGADO DEL GOBIERNO PARA LA EXTRANJERÍA Y LA INMIGRACIÓN (Fernández-Miranda y Lozana): Señora Blanco, no hace más que llamarme cosas y la última orgulloso. Yo no le llamo nada, le contesto con el máximo respeto, no sé si es
porque tengo mayor capacidad para ser cortés que usted. No me insulte, me da pena que lo haga; me llama orgulloso, es desagradable, pero qué le vamos a hacer, lo sufro con paciencia. Lo sorprendente es que ahora, de repente, quiera su grupo
parlamentario venir a darnos lecciones. Ya le dije que en 1995, cuando ustedes dejan el Gobierno de este país, no llegaban al medio millón las personas extranjeras que residían en España. Bien es cierto que había un 24 por ciento de desempleo y
era razonable -¡cualquiera venía aquí a trabajar cuando no había trabajo ni para los oriundos!-, pero tenían la Ley de extranjería de 1984, que ustedes conocen muy bien y que sí era una ley represiva y de ordeno y mando, era parecida a la famosa ley
de la patada en la puerta que acabó en donde acabó, obviamente no se llegó a aquello.
Lo que usted dice no tiene absolutamente nada que ver con lo que dicen y alguna vez ya se lo he recordado. Por ejemplo cuando he tenido ocasión de reunirme en el Vallés, en Tarragona, anteayer, con un grupo nutrido de alcaldes del Partido
Socialista de Cataluña en este caso, lo mismo que lo hice en Murcia y en Andalucía occidental. Sus alcaldes y sus concejales no dicen lo mismo que ustedes. Lo lamento, pero me dicen: no haga usted listas. El señor Chaves está ahí también, y digo
yo que no le molestará que le citemos, porque escribe en El País artículos de opinión sobre inmigración. Cuando uno escribe en un periódico, un libro, un ensayo o pronuncia una conferencia, será para que los demás se enteren, y lo único que puede
no molestar al autor es que lo citen.
En definitiva, señora Blanco, lo lamento, creo que las cifras que les hemos dado, las realidades que hemos dibujado a lo largo de las distintas intervenciones de esta mañana, demuestran que las cosas están saliendo razonablemente bien, que
hemos conseguido dibujar una política perfectamente clara, con la que se puede estar de acuerdo o no. Si ustedes ya no son partidarios
de la política de puertas abiertas, ya están mucho más cerca de nosotros, porque nosotros nunca lo fuimos y ustedes en la Ley 4/2000 lo eran.
Residir en España no constituía ninguna infracción, por tanto eso era política de puertas
abiertas. Si ustedes ya están donde estamos nosotros desde hace más de dos años a efectos legislativos, me alegro inmensamente, porque lo mismo que el Grupo Parlamentario Popular, Convergència i Unió y Coalición Canaria pensaron que las propuestas
que hacía el Gobierno en su capacidad de iniciativa legislativa eran razonables, yo espero que no dejen de hacerlo también en la faceta del contingente, que haya sido simplemente un error del señor Pedret y no vayan a criticar el contingente si lo
apoyaron.
Me alegro, porque no le quepa la menor duda, nosotros la impulsamos, nosotros creemos en ella, nosotros peleamos por ella, la Ley 8/2000 se está cumpliendo rigurosamente, estrictamente, poniendo a su disposición una serie de medios
materiales, de infraestructuras, de tecnología y de personal no solamente por parte de la Administración del Gobierno de la nación, sino de las comunidades autónomas y de los municipios, en ocasiones, sobre todo de estos últimos, muy por encima de
sus posibilidades ciertas. Se está haciendo un espléndido esfuerzo de trabajo administrativo, humanitario y de integración de todas estas personas en una sociedad, en un país hospitalario. España es un país abierto, es un país acostumbrado a la
diversidad, diverso en sí mismo por su propia estructura de comunidades autónomas, acostumbrado no solamente a que haya 1.200.000 residentes legales, sino mucha gente entrando y saliendo en este país a lo largo del año.
Por tanto, agradeciendo muchísimo el interés que sin duda alguna le mueve para que las cosas todavía se hagan mejor de lo que las estamos haciendo -y podemos mejorar-, le agradezco mucho su intervención y espero contribuir a su tranquilidad.
No se inquiete excesivamente por lo que en algunas ocasiones son noticias que pretenden lamentablemente hacer cierto ese dicho de que cuanto peor, mejor, desde una óptica un tanto miope.
- DEL SEÑOR MAYORAL CORTÉS (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA), SOBRE EMIGRANTES QUE HAN ENTRADO EN ESPAÑA COMO TURISTAS DURANTE EL AÑO 2001.
(Número de expediente 181/001327.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta que figura con el número 13 y para formularla tiene la palabra la señora Blanco.
La señora BLANCO TERÁN: Señor delegado del Gobierno, querría, en primer lugar, decirle que no he intentado ofender en absoluto, sino que simplemente, al calor de la intervención, pretendía que usted por lo menos escuchara, que abriera los
oídos. Hay muchas formas de mirar esto, hay muchas miradas, y usted, como cualquiera en su lugar, necesitaría que también le proporcionaran otras miradas.
La pregunta es el número de inmigrantes -creo que ha contestado usted anteriormente al señor Gil Lázaro, aunque con este baile de cifras- que han entrado en España como turistas durante el año 2001. Usted sabe mejor que yo y que todos
nosotros que la mayor parte de la inmigración irregular se sustancia en este país a través de una entrada por aeropuertos con visado de turista, que las pateras, a pesar de que es una situación absolutamente dramática, suponen un número muy
inferior, aunque la situación sea más grave desde el punto de vista humanitario. Por tanto, querríamos conocer qué número ha entrado y si usted nos puede proporcionar -pero no está en la pregunta, así que no se lo exigiría en ningún caso- cuántas
devoluciones se han producido en frontera a partir de esas cifras.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor delegado.
El señor DELEGADO DEL GOBIERNO PARA LA EXTRANJERÍA Y LA INMIGRACIÓN (Fernández-Miranda y Lozana): Señora Blanco, como no iba a formularla usted, si quiere le leo la literalidad de la pregunta, que es muy amplia y está estupendamente
planteada: ¿Cuántos emigrantes han entrado en España como turistas, cuántos a través de procedimientos concertados por otro Estado o en el Estado español y cuántos, excluyendo el paso regular, por los puestos fronterizos desde el año 2001? La
literalidad de la pregunta es ésta, si quiere la recortamos o la formulamos, como S.S.
quiera.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Blanco.
La señora BLANCO TERÁN: Si me permite, señor presidente, un segundo. Claro que ésa era la pregunta en su literalidad. Lo sorprendente es que en el orden del día, por una decisión de la Mesa, se cortó y quedó literalmente: Emigrantes que
han entrado en España como turistas durante el año 2001. No es responsabilidad del Grupo Parlamentario Socialista, que efectivamente formuló la pregunta como usted ha leído.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor delegado.
El señor DELEGADO DEL GOBIERNO PARA LA EXTRANJERÍA Y LA INMIGRACIÓN (Fernández-Miranda y Lozana): Yo estoy sumido en un mar de dudas (La señora Blanco Terán: Yo también.), no sé si contestar o no. Le voy a contestar a todo lo que tengo
aquí, para que vea usted con qué lealtad me muevo hacia su grupo parlamentario y hacia su señoría.
En el año 2001 visitaron España 75,7 millones de personas, de las cuales se consideran turistas aquellas que al menos pasaron una noche entre nosotros, que fueron 49,5 millones de personas. Los emigrantes que entran en España en virtud de
procedimientos concertados, mediante acuerdos y convenios del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales para permisos de trabajo de temporada -sabe usted que en 2001 no existió el contingente porque estábamos en los procesos extraordinarios de
regularización que dieron lugar hasta este primer trimestre a más de 400.000 regularizaciones; podríamos hablar de esos números importantísimos-, fueron, en el año 2001, 5.656 trabajadores de temporada, y por este procedimiento concertado que
ustedes llaman, es decir, el sistema de contingente para 2002 -ya lo he dicho en otra de mis preguntas-, 10.884 ofertas de trabajo estable y 21.195 ofertas de trabajo de temporada.
Por último, contestando a su pregunta, cuántos emigrantes entran en España, excluyendo el paso regular, por los puestos fronterizos durante el año 2001, es decir, de forma clandestina, fueron exactamente 18.517, 14.405 lo fueron en la zona
del Estrecho y 4.112 en Canarias. He de decirle que en el año 2000 llegaron 15.000 y, en el año 1999, 3.000 emigrantes.
Hace S.S. una afirmación muy rotunda con respecto a que la inmensa mayoría de las personas que llegan lo hace por aviones y legalmente, abusando en definitiva de la confianza que España deposita en ellos al concederles su permiso de
estancia para permanecer durante tres meses, para lo cual hay una serie de exigencias determinadas, desde la posesión de los documentos de viaje correspondientes hasta la tenencia de 30 euros al día o de 300 euros para el tiempo máximo previsto, y
que ésos constituyen, entiendo que por ilegalidad sobrevenida, es decir, permanecer más de los tres meses autorizados o simplemente ponerse a trabajar de forma inmediata sin tener permiso para ello, el mayor número de residentes ilegales. No lo
tenemos así de claro, primero, porque hay también -y no podemos olvidarnos de la ausencia de fronteras domésticas dentro de la Unión Europea- un importantísimo movimiento terrestre a través de trenes, de autocares, de coches particulares, más allá
de las aeronaves o de los aviones específicamente a través de los aeropuertos. Además -y S.S.
estará de acuerdo conmigo, aunque a lo mejor tiene una fórmula que podríamos estudiar-, porque difícilmente se puede, primero, establecer ningún tipo de
discriminación con ningún ciudadano que llegue con las condiciones legales exigibles y, segundo, salvo que esas personas a posteriori sean identificadas a través de la inspección de trabajo o a través de la comisión de faltas o de delitos como
administrativamente en situación irregular, dijimos y lo reiteramos, que no vamos a ir a cazar a las personas extranjeras por las calles, por lo que es muy difícil llegar a identificarlos como tales.
Por eso, conscientes de la dificultad que supone luchar contra el tráfico y contra la explotación de estas personas, hemos cerrado una serie de puertas de forma decidida, clara y conocida por todo el mundo y hemos abierto otras muchas
puertas, lo que nos ha llevado a tener en este momento un mercado laboral prácticamente equilibrado. La existencia de 102.000 personas en desempleo -un número todavía asumible para la sociedad española- supone que la oferta y la demanda están más o
menos equilibradas. Hay muchas personas que en situación de irregularidad empiezan a no encontrar trabajo y esas personas vienen sólo a trabajar.
Nuestra petición es que regresen a sus países, que sea a través del sistema de contingente -vamos a
seguir creciendo y ofreciendo puestos de trabajo- y que vuelvan a España a integrarse plenamente a trabajar con su estatus de legalidad, con su contrato de trabajo, para poder traer a su familia al cabo del año, como dice la ley. Ésa es la petición
que les hacemos después del inmenso esfuerzo que hemos hecho regularizando casi a medio millón de personas en los últimos dos años.
La ilegalidad sobrevenida es una de las fórmulas que habría que matizar entre la llegada terrestre desde países de la Unión Europea a través de la inexistencia de fronteras, la libre circulación de personas, de aquellas que llegan también
por vuelos domésticos, de aquellas que llegan de vuelos internacionales desde fuera del espacio Schengen, y todo ello confirmarlo después con cuántas vuelven a su país, que tampoco es fácil de controlar, puesto que puede haber una persona que llegue
desde América a Barajas, que tenga la legalidad para entrar, que viaje libremente por Europa y que acabe saliendo por otro aeropuerto o por donde sea. En esa línea se está avanzando en uno de los trabajos que durante la próxima presidencia, la
danesa, se pondrá en escena, que es un estudio dirigido por Italia, Francia, Alemania y Reino Unido, para la creación de la policía europea de fronteras, que podrá unificar, dentro del espacio Schengen, las entradas y salidas de ese grupo de
personas que entran en ilegalidad sobrevenida y que constituye un grupo no despreciable, sin duda alguna, pero imposible, al menos desde nuestra óptica, de cuantificar con exactitud.
El señor PRESIDENTE: Señora Blanco.
La señora BLANCO TERÁN: Efectivamente nosotros consideramos que la ilegalidad sobrevenida a partir de las visas de turistas y la permanencia en nuestro país está creando una distorsión importante en la medida en que es muy difícil en este
momento la búsqueda de un puesto de trabajo en esa situación. Los tres meses pasan muy rápido -con esto conecto con la pregunta que hacía mi compañero señor Pedret-, y al no haber en este momento la vía de lo que se ha venido denominando el régimen
general, porque están siendo rechazadas
todas las solicitudes, nos vamos a encontrar con una bolsa de irregularidad a la que ya distintos consejos de ministros, y en concreto el de Tampere, se refiririeron, en el sentido de que Europa no podía seguir denominando la inmigración
irregular cero, ya que el paso de fronteras interiores, fuera del espacio Schengen, se hacía enormemente complejo. De cualquier manera, consideramos que es un problema que está conectado también al contingente. Veremos qué pasa con el recurso que
se ha presentado sobre el contingente y qué se decide finalmente en los tribunales.
Nos parece que cerrar la vía total del régimen general, que es al que se acogen estas personas de ilegalidad sobrevenida, durante los tres meses que están legales con su visa de turista es complejo y puede dar lugar a una bolsa de
irregularidad interna todavía más grande. Estamos de acuerdo en que no debe haber regularizaciones extraordinarias de forma habitual, pero lo cierto es que si cerramos cualquier forma de acceder a la regularidad fuera de lo que es estrictamente el
contingente nos vamos a encontrar con que esa bolsa de irregularidad irá creciendo.
El señor PRESIDENTE: Medio minuto, señor delegado.
El señor DELEGADO DEL GOBIERNO PARA LA EXTRANJERÍA Y LA INMIGRACIÓN (Fernández-Miranda y Lozana): Para acabar tan sorprendido como empecé.
Señora Blanco, acaba usted de plantear una política de puertas abiertas.
(La señora Blanco Terán: ¿cómo?) Me ha dicho que hay que hacer posible la búsqueda de un puesto de trabajo para las personas que vienen aquí a su aire con permiso de
turista. Eso es política de puertas abiertas, porque lo otro es política de puertas que se abren y se cierran según los puestos de trabajo, que sabemos que tenemos determinados en el contingente, con un número conocido y modificable.
El señor PRESIDENTE: Señor delegado, concluya, por favor.
El señor DELEGADO DEL GOBIERNO PARA LA EXTRANJERÍA Y LA INMIGRACIÓN (Fernández-Miranda y Lozana): Termino, señor presidente.
Todo lo demás es política de puertas abiertas. Lo lamento porque al final creí que la habíamos convencido y no lo hemos logrado. Por otro lado, señoría, revise sus notas sobre Tampere porque en ningún momento habla de contingente cero,
entre otras cosas, porque nosotros no tenemos como país contingente cero. Es posible que en este momento lo tenga Alemania, que crece al menos uno; nosotros vamos a crecer al 2,8, hemos estado creciendo cuatro o cinco años al cuatro y pico y hemos
sido capaces de subir de 499.000 residentes de 1995 a 1.240.000 en el primer trimestre de 2002. Lamento que se haya arrepentido tan pronto S.S. de la maldad de la política de puertas abiertas.
Mis disculpas por la extensión, señor presidente. (El señor Gil Lázaro y la señora Blanco Terán piden la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señora Blanco, usted conoce que este trámite es absolutamente cerrado y no hay precedente de que se pueda abrir. Lo siento.
Señor Gil Lázaro, tiene la palabra.
El señor GIL LÁZARO: Señor presidente, yo había anunciado que quería plantear una cuestión de orden y que no quería hacerlo en el momento procesal oportuno para no interrumpir el trámite de preguntas sino que lo haría al final. No va a
afectar para nada a las cuestiones de fondo objeto de los debates de esta mañana, sino a una cuestión -iba a decir de procedimiento, pero me corrijo, porque es mucho más importante- reglamentaria y, por tanto, de filosofía.
Señor presidente, a veces lo obvio no es lo obvio para todo el mundo, porque lo obvio es que no existen diputadas y diputados de primera y diputadas y diputados de segunda, ni grupos parlamentarios de primera y grupos parlamentarios de
segunda, o diputadas y diputados con derecho a la palabra y a la iniciativa y diputadas y diputados sin derecho a la palabra y a la iniciativa, o grupos parlamentarios con derecho a la iniciativa y grupos parlamentarios sin derecho a la iniciativa.
Afortunadamente el Reglamento no establece esas distinciones, como no podría ser de otra forma. El Reglamento establece la igualdad de todos los miembros de esta Cámara y de todos los grupos parlamentarios para presentar las iniciativas que
legítimamente entiendan que responden al interés general. Naturalmente calificar eso de espectáculo sorprendente como se ha hecho a tenor de las iniciativas presentadas por mi grupo y que yo he sustanciado esta mañana ante esta Comisión no deja de
parecerme sorprendente. Anuncio, por tanto, señor presidente, que se diga lo que se diga, se quiera hacer la chanza que se quiera hacer, mi grupo parlamentario en modo alguno ni como tal grupo parlamentario, ni las señoras y señores diputadas y
diputados considerados individualmente, van a hacer renuncia a ninguno de los derechos para los que les asiste el Reglamento, sobre todo cual al final de una sesión como la de esta mañana llegamos a la conclusión de que para el conjunto de la
Cámara, para una tarea también de control al Gobierno -puesto que se le han requerido datos y compromisos e información al Gobierno- y, desde luego, para la opinión pública a través del servicio impagable que prestan los señores representantes de
los medios de comunicación, probablemente el conjunto de nuestras iniciativas y de nuestros requerimientos haya podido ser infinitamente más útil y más esclarecedor que otros.
El señor PRESIDENTE: Señora Blanco, si quiere intervenir, puede hacerlo.
La señora BLANCO TERÁN: Muy bien. Hemos terminado, por supuesto, con la intervención del portavoz del grupo que sostiene el Gobierno sin querer oír ni escuchar. Yo creo que esta sesión ha sido esclarecedora, supongo que para todos,
también para los medios de comunicación y, desde luego, para mí y mi grupo parlamentario. Con la mejor voluntad, de verdad, intentamos aportar al debate de la inmigración, tema extremadamente importante y complejo, lo que mi grupo parlamentario
considera que es importante, pero no es así recibido por el grupo que sostiene al Gobierno porque, como siempre, en cualquier momento en que discrepemos se inician las listas macarthyanas. (El señor Gil Lázaro pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señor Gil Lázaro.
El señor GIL LÁZARO: Por terminar felizmente, coincidimos -voy a quedarme ahí, otra cosa es que probablemente el análisis nos llevaría a otro sitio- con la señora Blanco en que esta sesión ha sido profundamente esclarecedora.
El señor PRESIDENTE: Señora Blanco, si se quiere quedar y decir algunas palabras. (Pausa.)
Concluido el debate y este punto adicional del orden del día, se levanta la sesión.
Eran la una y cincuenta y cinco minutos de la tarde.
Nota .-El presente 'Diario de Sesiones', de la Comisión de Justicia e Interior, del miércoles, 24 de abril de 2002, no guarda relación cronológica habitual, con el fin de no retrasar la publicación de los 'Diarios de Sesiones' ya
elaborados.