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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 478, de 23/04/2002
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2002 VII Legislatura Núm. 478
CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JAIME IGNACIO DEL BURGO TAJADURA
Sesión núm. 15
celebrada el martes, 23 de abril de 2002
ORDEN DEL DÍA:
Proposiciones no de ley:
- Relativa al desarrollo reglamentario de la vigente Ley Orgánica sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/000134.) ...
- Relativa a la modificación de la Ley Orgánica 3/1987, de 2 de julio, sobre financiación de partidos políticos. Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/000452.) ... (Página
15418)
- Relativa al censo electoral de residentes ausentes (Cera) Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/000818.) ...
(Página 15421)
- Sobre medidas para reparar moralmente a todas aquellas personas que fueron represaliadas durante la dictadura franquista, en concreto a las víctimas de los sucesos acaecidos en Ferrol el día 10 de marzo de 1972.
Presentada por el Grupo
Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/000869.) ... (Página 15425)
- Sobre colaboración del Congreso de los Diputados con la justicia.
Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/000917.) ... (Página 15431)
- Sobre cumplimiento de las disposiciones previstas en la Ley Orgánica de régimen electoral general para garantizar el ejercicio del derecho de voto a los españoles residentes en el extranjero. Presentada por el Grupo Parlamentario Federal
de Izquierda Unida. (Número de expediente 161/001037.) ... (Página 15434)
- Sobre celebración de encuentros entre la comunidad musulmana en España y los poderes públicos. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.
(Número de expediente 161/001043.) ... (Página 15436)
- Sobre reconocimientos de quienes han contribuido a la extensión y consolidación del derecho a la objeción de conciencia. Presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) (Número de expediente 161/001184.) ...
Se abre la sesión a las diez y treinta y cinco minutos de la mañana.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- RELATIVA AL DESARROLLO REGLAMENTARIO DE LA VIGENTE LEY ORGÁNICA SOBRE DERECHOS Y LIBERTADES DE LOS EXTRANJEROS EN ESPAÑA Y SU INTEGRACIÓN SOCIAL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 161/000134.)
El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.
Comenzamos con el debate de la proposición no de ley relativa al desarrollo reglamentario de la vigente Ley Orgánica sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, presentada por el Grupo Parlamentario
Mixto. (Pausa.) Me comunican que ha sido retirada por el autor de la iniciativa.
- RELATIVA A LA MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 3/1987, DE 2 DE JULIO, SOBRE FINANCIACIÓN DE PARTIDOS POLÍTICOS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 161/000452.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto del orden del día, proposición no de ley relativa a la modificación de la Ley Orgánica 3/1987, de 2 de julio, sobre financiación de partidos políticos, presentada también por el Grupo
Parlamentario Mixto.
Se concede la palabra al representante del Grupo Parlamentario Mixto, señor Aymerich, por tiempo de diez minutos.
El señor AYMERICH CANO: Supongo que me sobrará.
Señor presidente, esta proposición no de ley trata de dar coherencia al ordenamiento jurídico en la medida en que, después de la reforma operada por la Ley 11/1999, de bases de régimen local, esta reforma sanciona la legalidad de que las
corporaciones locales den a los diferentes grupos políticos municipales una asignación económica condicionada: primero, a que se respeten los límites fijados por la Ley de presupuestos generales del Estado; segundo, a la prohibición de que esta
asignación económica se emplee para retribuir a personal al servicio de la correspondiente corporación; tercero, también condicionada a que no se empleen estos fondos en la adquisición de activos patrimoniales fijos. Es decir, es una subvención de
funcionamiento de los grupos políticos municipales equiparable a la que existe en el ámbito de las Cortes Generales, a la que existe en el ámbito de otras asambleas legislativas autonómicas, etcétera. En este sentido, se establece también la
obligación de que los grupos políticos lleven una contabilidad específica.
Digo que esta reforma legal sanciona algo que venía ocurriendo ya en la práctica: la mayoría de las entidades
locales del Estado español venían ya subvencionando, atribuyendo una asignación económica a los diferentes grupos políticos. De este modo nos encontramos con que, de facto, existe una nueva fuente, un nuevo recurso de financiación de los
partidos políticos a sumar a los previstos en la Ley 3/1987, de financiación de los partidos políticos. Se sabe que en su redacción actual el artículo 2 de esta ley establece como recursos financieros de los partidos políticos las subvenciones
estatales o autonómicas a los grupos parlamentarios, pero, lógicamente por el año en que fue promulgada la ley, no podía contener referencia alguna a las subvenciones a los grupos políticos municipales o a los grupos políticos locales. La
exposición de motivos de la Ley 11/1999, de reforma de la Ley de bases de régimen local, dice, también claramente, que esta ley pretendía seguir una regulación similar a la contemplada en el Reglamento del Congreso de los Diputados para sus grupos
políticos, es decir, es la propia exposición de motivos de la Ley de reforma de la Ley de bases de régimen local, la que entiende -así lo entiende el legislador- que nos encontramos ante un nuevo recurso ordinario de financiación de los partidos
políticos.
Para acabar diré que al ser todas estas subvenciones a los grupos parlamentarios o a los grupos políticos municipales, fuentes de financiación de los partidos políticos, el régimen jurídico aplicable a estas subvenciones debe ser idéntico en
los tres casos, es decir, fiscalización por el Tribunal de Cuentas y posibilidad de que este dinero se ingrese directamente en cuentas del partido, de la candidatura o de la organización política de la que forman parte estos concejales o estos
diputados provinciales. No tendría, pues, sentido, exigir, como exigen aún muchas corporaciones locales, que para el pago de esta subvención el grupo municipal perceptor tenga que tener un CIF propio y distinto del del partido y una cuenta bancaria
propia y distinta de la del partido u organización política. Esta exigencia, desde el punto de vista del Bloque Nacionalista Galego y de este diputado, sólo puede ampararse en una incorrecta interpretación de la Ley de partidos políticos y de la
Ley de bases de régimen local. Sin embargo, como quiera que es una exigencia que vienen realizando muchas entidades locales, se insta al Gobierno -y esta sería la proposición no de ley- a que, en el plazo de tiempo más breve posible, promueva la
modificación de la Ley Orgánica 3/1987, de financiación de partidos políticos, para que las subvenciones a los grupos políticos locales sean consideradas una fuente más, un recurso más de financiación de los partidos, al igual que las subvenciones a
los grupos parlamentarios a nivel estatal o a nivel autonómico.
Se trata, como dije al principio, señorías, de dar coherencia al ordenamiento jurídico y cubrir un vacío legal. Nosotros pensábamos que este vacío sí se podía cubrir por la vía interpretativa, pero hay todavía muchas entidades locales que
siguen realizando exigencias que sólo se pueden atajar a través de una reforma legal, que es lo que se pretende con esta proposición no de ley.
El señor PRESIDENTE: ¿Turno en contra de esta proposición?
¿Fijación de posiciones?
Tiene la palabra el representante del Grupo Socialista, señor Sánchez Garrido.
El señor SÁNCHEZ GARRIDO: Muy brevemente, para fijar la posición del Grupo Socialista respecto a la proposición no de ley presentada por el Grupo Mixto, concretamente por el BNG.
En primer lugar, alabamos la iniciativa. Creemos que es importante que se plantee un tema de permanente actualidad que debe resolverse cara al futuro. No obstante, entendemos que es un problema lo suficientemente complejo como para que se
profundice un poco más en su estudio. No cabe duda de que aquí el partido mayoritario, el Partido Popular, tiene toda la capacidad necesaria para acometer la reforma de la Ley de financiación de los partidos políticos con esa profundidad que todos
demandamos. Dicho esto, mi grupo se va a abstener porque en la proposición no de ley, se liga la reforma que se hizo de la Ley de bases de régimen local, la Ley 11/1999 en su artículo 73.3, con la Ley orgánica 3/1987, sobre financiación de partidos
políticos, cuyas redacciones con estas modificaciones que se hicieron, sobre todo a la Ley de bases, son bastante correctas. Es cierto que había un problema, que ha planteado el proponente, como es que algunos grupos políticos municipales podían
tener dificultad para la obtención del CIF y para abrir su propia cuenta bancaria con el fin de obtener las subvenciones que pudieran recibir de los presupuestos generales del ayuntamiento. Sin embargo, esto ha sido salvado por una resolución del
Ministerio de Hacienda de hace seis o nueve meses, con lo cual, ese vacío legal que se producía, esa obstrucción al buen funcionamiento de los grupos políticos municipales, ha quedado subsanada y en este momento los grupos municipales pueden tener
su CIF perfectamente.
No quiero entrar en si es más conveniente o no que sea el grupo político municipal el que maneje los fondos que recibe de los presupuestos del ayuntamiento o sea el partido político, en este caso provincial o local; lo que sí es cierto es
que la propia ley, como se ha dicho antes, establece unos límites al manejo de esos fondos, que quedan condicionados a los fijados en los Presupuestos Generales del Estado, a la prohibición de emplearse esos fondos para retribuir a terceras
personas, a contrataciones y también que se destinen a adquisición de activos patrimoniales. Al quedar todo esto perfectamente claro, al quedar resuelto el problema del CIF de los grupos municipales, la reforma de la financiación de los partidos
políticos tienen que entrar
dentro de un paquete mucho más amplio que este simple retoque que se hace aquí de las haciendas locales.
Sería muy importante conocer la opinión de la Federación Española de Municipios y Provincias, que es el órgano de máxima expresión de los municipios españoles, donde están encuadrados casi todos los municipios de este país. Quisiéramos
saber si esta materia puede ser objeto -y debería serlo- dentro del pacto local. Si adoptáramos hoy la decisión de aprobar esta proposición no de ley, en cuya votación ya he dicho que nos vamos a abstener, podría implicar una reforma de la Ley de
haciendas locales, algo que en esta proposición no de ley no se prevé. Esto modificaría también la fiscalización que hace de las cuentas locales el Tribunal de Cuentas.
Todas estas cuestiones, pacto local, remitirse a la Federación Española de Municipios y Provincias y reforma de la fiscalidad por lo que respecta al Tribunal de Cuentas, hacen que no nos podamos pronunciar a favor de esta proposición no de
ley, por lo que nos abstenemos. Aunque la intención es buena, y dejando claro y resuelto - es la verdad- que la Dirección General del Ministerio de Hacienda ha resuelto el problema candente que tenía el ayuntamiento ante la imposibilidad en algunos
municipios de disponer de fondos, poder tener CIF, etcétera, mi grupo se abstiene en esta proposición no de ley.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Cámara.
El señor CÁMARA RODRÍGUEZ-VALENZUELA: Intervengo en nombre de nuestro grupo para fijar la posición sobre esta proposición no de ley, que he de calificar, para comenzar, de oportuna, porque lo es precisamente en el tiempo y en el contenido.
Estamos hablando de una cuestión que ha sido debatida en alguna otra Comisión de esta Cámara. En concreto, quiero recordar a sus señorías que la semana pasada el presidente del Tribunal de Cuentas presentó ante la Comisión Mixta Congreso-Senado
para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas una moción, consecuencia de una iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario Popular hace dos años, en la que se manifestaba la necesidad de que el Tribunal de Cuentas fijara su posición sobre
cuestiones que suscitaban dificultades de interpretación en la Ley de financiación de partidos políticos, incluso en la Ley orgánica del régimen electoral general. Esta moción, que fue presentada por el Tribunal de Cuentas la semana pasada, todavía
no ha obtenido el trámite de presentación de propuestas de resolución y, con toda seguridad, el señor Aymerich tiene una magnífica oportunidad para poder presentar esta cuestión en esa Comisión Mixta con el Tribunal de Cuentas y algunas otras que
están sobre la mesa, no sólo las relacionadas con las corporaciones locales.
Es muy cierto que esta es una cuestión suficientemente debatida y recurrente en los informes del Tribunal de Cuentas sobre la contabilidad electoral y la contabilidad regular de los partidos políticos. El propio Tribunal, en el informe
sobre fiscalización de formaciones políticas y de su contabilidad del año 1999, publicado el 14 de enero de 2000, dice con claridad que efectivamente existe una falta de sintonía entre lo que establece con carácter general y taxativo la Ley de
financiación de partidos políticos, donde la obtención de subvenciones por parte de los grupos municipales no es una de las formas previstas de financiación de las formaciones políticas en las corporaciones locales; y lo que ha dicho ha dicho el
señor Aymerich, sobre la modificada Ley de bases de régimen local, la Ley 11/1999, que establece la posibilidad de hacer esas dotaciones económicas que en principio podría entenderse que tenían la utilidad que señala la exposición de motivos al dar
ese tratamiento mimético a lo que ocurre con los grupos parlamentarios del Congreso y del Senado en Las Cortes Generales. Lo cierto es que esto no ha resuelto la cuestión sino todo lo contrario, ha establecido una confusión aún mayor de la que
podría existir.
De facto es cierto que los grupos municipales reciben subvenciones de los grupos políticos por virtud de esta nueva regulación de la Ley de bases de régimen local y también es cierto que antes de que no lo regulara de dicha ley también se
daba esta situación; por tanto, venimos arrastrando este problema desde antes de la reforma de la Ley de bases de régimen local. Lo que ocurre, como bien ha dicho el portavoz del Grupo Socialista, es que es ésta y otras cuestiones son las que
están pivotando en torno a la Ley de financiación de partidos políticos. El Tribunal de Cuentas no sólo señala ésta como una de las cuestiones debatidas que queda por resolver, sino otras muchas, entre ellas están todas las recomendaciones que el
Tribunal de Cuentas recurrentemente desde el año 1996 viene presentando a esta Cámara como cuestiones que adolecen de criterios interpretativos en orden a poder establecer una mecánica más ordenada de la que existe actualmente con relación a la
dación de cuentas por parte de las formaciones políticas al Tribunal de Cuentas.
La oportunidad probablemente no será en la mañana de hoy, con todos los respetos para el señor Aymerich; podríamos avanzar en esta cuestión porque ha de ser debatida junto con otras más con ocasión del debate de las propuestas de resolución
de la moción presentada por el Tribunal de Cuentas y nuestro grupo se remite a esa sesión, que se celebrará, con toda seguridad en el mes de mayo, para poder resolver estas y otras cuestiones.
Por lo tanto, nuestro grupo, por virtud de esta cuestión casi formal, votará en contra de la proposición no de ley del Grupo Mixto del día de hoy.
El señor PRESIDENTE: Para el turno de réplica tiene la palabra el señor Aymerich.
El señor AYMERICH CANO: Intervengo en el turno de réplica muy brevemente para decir en primer lugar que, efectivamente, como ha dicho el señor Cámara, estamos ante una cuestión lo suficientemente debatida como para que no tenga que esperar
por un paquete más amplio de reforma del sistema vigente de financiación de los partidos políticos. Me congratulo de que haya esta unanimidad, por lo menos en el sentido y fondo de la proposición, y espero que pueda traducirse en esta Comisión,
bien en la Comisión del Tribunal de Cuentas, o bien votando en esta Cámara la reforma de la Ley orgánica de financiación de los partidos políticos, en la resolución de un problema que va más allá de la concesión o no del CIF ya que es más de
coherencia y de armonía del ordenamiento jurídico, para que las subvenciones a los grupos políticos locales tengan el mismo tratamiento y control que las otorgadas por las Cortes Generales o por los parlamentos autonómicos a los grupos
parlamentarios.
Por mi parte, nada más.
- RELATIVA AL CENSO ELECTORAL DE RESIDENTES AUSENTES (CERA). PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 161/000818.)
El señor PRESIDENTE: Debo anunciar a la Comisión que la votación de las proposiciones se celebrará no antes de la doce y media.
El siguiente punto del orden del día es la proposición no de ley relativa al censo electoral de residentes ausentes (CERA), presentada por el Grupo Parlamentario Mixto.
Se concede la palabra al señor Aymerich, representante de dicho grupo.
El señor AYMERICH CANO: Estamos ante un tema que no es nuevo en esta Comisión ni en la Cámara como es el censo especial de residentes ausentes en lo que respecta al procedimiento en la mecánica de votación de los llamados residentes
ausentes, es decir, de los ciudadanos españoles que residen fuera del territorio del Estado. Es un problema que si bien existe y es grave en el conjunto del Estado, hay territorios como puede ser Galicia donde es gravísimo, sea porque el CERA
representa más del 12 por ciento del cuerpo electoral gallego, sea porque, como se puso de manifiesto y se pudo comprobar en las últimas elecciones autonómicas del 21 de octubre, hubo gente que votó dos veces -estaba inscrita en el censo especial de
residentes ausentes y en el censo ordinario de residentes-sea porque hubo gente inscrita en el censo de residentes ausentes que no votó aunque alguien votó por ella a pesar de que hubiera fallecido, como se puedo comprobar después mediante los
correspondientes certificados. En definitiva, se pudo comprobar que el CERA está lleno de irregularidades, de errores que seguramente provienen de la inexistencia y de la no aplicación de garantías y de cautelas que se prevén en la Ley orgánica del
régimen electoral general y en la propia regulación del censo para el censo ordinario; cuestiones como que el censo especial de residentes ausentes no se exponga y no haya posibilidad de reclamar por lo que nosotros nosotros proponemos que se
realice una exposición del CERA correspondiente a cada uno de los ayuntamientos, los vecinos saben quién es vecino de ese municipio, quién no lo es; se podría evitar de esta manera casos como el de Formentera, que parece que preocupa bastante a un
ministro del Gobierno español, precisamente por haber inscrito en una isla determinada a personas que, al parecer, no tenían ninguna relación con esa circunscripción; cuestiones como la manipulación de los sobres de votación, la ausencia de
garantía del carácter libre, secreto y personal del voto. Todo esto obliga a una reforma del actual sistema.
Presionado por la opinión pública, presionado por iniciativas que también fueron en su momento defendidas en esta Cámara, hace diez meses aproximadamente, antes de las elecciones gallegas, el Gobierno se vio obligado a que la Administración
española realizara una operación que se llamó de depuración del censo especial de residentes ausentes que se saldó únicamente con 1.780 expedientes de revisión, número muy insuficiente, que se corresponden precisamente con los de los electores de
más de 95 años que residen en la capital argentina, en Buenos Aires.
Nada sabemos que sucedió con la revisión del CERA en Venezuela, qué sucedió con la revisión del CERA en Uruguay, por hablar sólo de países en los que el contingente de emigrantes
gallegos es importante. También hay otras cuestiones: la falta de actualización automática del CERA, la indeterminación de los criterios exigidos para la inscripción del mismo -basta con tener la nacionalidad española; qué pasa en los supuestos
de doble nacionalidad, qué pasa con las personas que votan en Argentina, en Uruguay y que votan también aquí, etcétera; qué sucede con el procedimiento para el ejercicio del derecho de sufragio que no garantiza en absoluto el carácter libre,
personal y secreto del voto, más bien favorece el voto manipulado o la votación por otras personas, incluso por muertos-. Para el Bloque Nacionalista Galego esto no se puede resolver mediante la mera revisión o apertura de 1.780 expedientes cuando
sólo en Galicia hay más de 300.000 electores inscritos en este censo especial.
Por esa razón formulamos esta proposición no de ley, a cuyos términos, ya que fue formulada en junio del año 2001 realizaría algunas enmiendas in voce. Así, cuando dice el Congreso de los Diputados insta al Gobierno con urgencia y, en todo
caso, antes del inicio de la campaña de las próximas elecciones municipales gallegas, eliminaríamos el adjetivo gallegas; quedaría
redactado: antes de las próximas elecciones municipales porque se van a realizar en todo el Estado. En el punto número 1, cuando se dice que se insta al Gobierno a revisar completamente el CERA correspondiente a las cuatro provincias
gallegas, eliminaríamos la referencia a las cuatro provincias gallegas; quedaría redactado a revisar completamente el CERA del conjunto del Estado. Lo demás quedaría igual. En el punto número 2 instaríamos al Gobierno a exponer en los consulados,
centros oficiales españoles en el extranjero y en los ayuntamientos correspondientes una copia del CERA para que, al igual que se prevé en la ley vigente para los residentes en el interior del Estado, se pueda proceder a su revisión mediante las
reclamaciones censales antes de cada proceso electoral. Esta garantía es para nosotros inexcusable, que en este momento no se contempla y la falta de transparencia permite todo tipo de maniobras y manipulaciones. En el punto número 3 instamos al
Gobierno a utilizar la habilitación reglamentaria contenida en el apartado 6.º del artículo 75 de la Ley orgánica del régimen electoral general para modificar el procedimiento de votación de los inscritos en el censo especial de residentes ausentes,
con el fin de que este procedimiento de votación garantice el carácter libre, secreto y personal del voto y para que a través de esta habilitación reglamentaria se puedan también adoptar las cautelas precisas para evitar la manipulación de este
voto. Una posibilidad que nosotros formulamos aquí es que se extienda a los demás procesos electorales el sistema previsto para las elecciones municipales, el voto rogado, es decir que la documentación electoral no se envíe de oficio a los
electores inscritos en el CERA sino que tenga que ser cada elector interesado el que la solicite. Permitiría comprobar, entre otras cosas, si el elector está vivo o muerto y, desde luego, resolvería algunos problemas. Habría que dar cuenta al
Congreso de la reforma del procedimiento de votación mediante normas de rango reglamentario, y así lo proponemos nosotros. En el punto número 4 proponemos, y va en paralelo con algunas de las enmiendas que el Bloque Nacionalista Galego formula a
las proposiciones de ley para reforma del Código Civil en materia de nacionalidad, que se aclaren los requisitos necesarios para que los ciudadanos españoles residentes en el exterior puedan estar inscritos en el CERA y ejercer su derecho de
sufragio, cosa que sucede en los supuestos de doble nacionalidad. En el punto número 5 instamos al Gobierno a suspender mientras no se adopten estas medidas el volcado en el censo especial de residentes ausentes de las correspondientes matrículas
consulares. Parte del problema está aquí, las matrículas consulares, malamente actualizadas, llenas de deficiencias se vuelcan sin ningún tipo de revisión, sin ningún tipo de filtro, ni siquiera ése que proponemos de la exposición pública en el
censo especial de residentes ausentes; así se va aumentando el CERA correspondiente a Galicia año tras año y se permite que suceda, y ya termino, lo que ocurrió en las últimas elecciones gallegas.
No se modificó el reparto de escaños, pero hubo testimonios fehacientes de irregularidades tan graves como muertos que votan o personas que votan dos veces.
El señor PRESIDENTE: ¿Turno en contra?
¿Turno para fijación de posiciones?
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Marcet.
El señor MARCET I MORERA: Esta proposición no de ley conecta con otra que veremos posteriormente, presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, que es mucho más genérica y, por tanto, plantea menos dificultades en su
lectura y en su posible aprobación. Las dos abordan el tema complejo del voto de los ciudadanos españoles residentes en el extranjero. La presente, la que discutimos en este momento, impulsada por el Bloque Nacionalista Galego, va más hacia un
aspecto concreto, como se desprende de su exposición de motivos y de alguno de sus apartados -si se han modificado es para que no sean tan coyunturales como eran en su redacción inicial-: el relativo al censo de estos españoles residentes en el
exterior, asunto que ha sido objeto de mucha discusión, de mucho debate sobre las diversas modificaciones que la Ley electoral ha ido sufriendo a lo largo del tiempo. Se trata de buscar la fórmula más idónea de tener un censo de residentes ausentes
fiable, que no tenga problemas de utilización en el momento en que se produzca cada uno de los procesos electorales, y de buscar una fórmula que también facilitase el derecho al voto de los ciudadanos españoles residentes en el extranjero.
La redacción actual de la Ley Electoral, en términos generales, es correcta. De hecho, en ningún momento se plantea que se modifique esta redacción, lo que se plantea en la proposición no de ley es que la interpretación y aplicación de esta
legislación, que tiene que realizar el Gobierno, sea lo más cuidadosa posible, para que no se produzcan estos problemas que tan bien ha descrito el señor Aymerich. Por tanto, nos encontramos ante un tema que ha sido tratado muchas veces, que hemos
abordado muchas veces buscando las mejores fórmulas para que la votación de los españoles residentes en el extranjero sea lo más fácil posible, pero todo es perfectible, ya que vemos que continuamente existen problemas en este terreno, un terreno
complejo en el que no acabamos de encontrar la solución más idónea. Así, en algunos casos han surgido indicios de escándalos políticos suficientemente importantes, como es el caso de Formentera, que ya ha sido citado. Si algo es criticable en una
sociedad democrática es que pueda haber manipulación en el proceso electoral en algo tan sensible como es la confección de las listas
electorales, en las listas de ciudadanos que tienen derecho al voto. De hecho, de ser cierto lo que se ha sospechado, sería muy preocupante y hemos visto indicios de problemas cuando se han celebrado los procesos electorales gallegos debido
a las características de la sociedad gallega y el alto número de emigrantes. Por eso, en líneas generales, a nosotros nos parece bien que este aspecto concreto, el censo de residentes ausentes, se oriente hacia algo como lo que está en esta
proposición no de ley. Nos asaltaría alguna duda concreta sobre si es bueno o no que se extienda a todos los procesos electorales el procedimiento del voto rogado, como planteaba el señor Aymerich, o que se frene mientras el volcado de las
matrículas consulares al CERA cuando en la Ley electoral, cuando se hizo la modificación relativa a este aspecto, se creyó que era la mejor fórmula para facilitar el voto de los emigrantes. Nos asalta alguna duda concreta en algún término preciso
de esta proposición, pero, repito, en términos generales estamos de acuerdo con ella como forma de impulsar al Gobierno a preocuparse por este tema. No se trata tanto de decir que el Gobierno no ha hecho nada en este aspecto como de empujarle a que
se preocupe, a que tome conciencia de este problema de aplicación de la Ley electoral. La ley está redactada correctamente, pero en su aplicación existen algunos problemas y hay que empujar al Gobierno a que tome cartas en el asunto para que, de
cara a los eventos electorales de los años 2003 y 2004, se intenten evitar los problemas que tiene la confección del censo y la traslación de esta confección, es decir, las posibilidades de votación de los españoles residentes en el extranjero.
Por tanto, anuncio el voto positivo del Grupo Socialista a esta proposición no de ley, ya que nos parece razonable dar este impulso al Gobierno, sin que ello signifique una crítica a lo realizado hasta el presente.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Vera.
El señor VERA PRO: Los dos portavoces que me han precedido en el uso de la palabra han aprovechado esta proposición no de ley sobre el censo de españoles residentes ausentes para referirse al llamado caso Mapau o Formentera. No voy a
entrar en el juego de abrir juicios paralelos sobre hechos que están en sede judicial y sobre los que nadie puede anticipar conclusión alguna. Los tribunales, en su momento, dirán lo que tengan que decir sobre esta cuestión.
La primera vez que leí esta proposición no de ley en su formulación textual, la verdad es que me causó cierto estupor, aunque después decidí no darle excesiva importancia. Pensé que probablemente la iniciativa reflejaba cierto nerviosismo
preelectoral y que lo que había pretendido el Bloque Nacionalista Galego era, ante la previsión de un mal resultado, deslegitimar unos resultados aun antes de haberse producido. De todas maneras, soy de los que piensan que ni el nerviosismo
preelectoral, y ni tan siquiera el legitimo debate parlamentario que puede producirse sobre cualquier asunto dan derecho a cualquier cosa. Por eso, la exposición de motivos que acompaña a esta proposición me pareció sencillamente impresentable.
¿Cómo puede permitirse nadie acusar, como se hace en la exposición de motivos, al Partido Popular de manipular el censo, de manipular los sobres de votación, de vulnerar el carácter libre, secreto y personal del voto, y todo ello sin un solo dato,
sin una sola prueba, sin la más mínima evidencia de estas acusaciones? ¿Cómo se puede permitir, y ya sé que el papel lo aguanta todo, que se diga que tomando como rehenes a los emigrantes se pretende perpetuar, aun en contra de la voluntad de los
gallegos, el dominio del Partido Popular en Galicia?
Para empezar, el Partido Popular, en Galicia, y lo saben sus señorías., ha obtenido todas las mayorías absolutas holgadamente, sin necesidad de esperar el recuento del voto emigrante, y su dominio electoral se sostiene, se ha sostenido y
espero que se sostendrá por mucho tiempo gracias a la voluntad de los gallegos y no contra su voluntad. Por eso decía que el único interés de esta iniciativa era extender una sombra de sospecha sobre unos resultados que les iban a ser adversos.
Por cierto, señor Aymerich, afortunadamente el señor Fraga Iribarne llegó a la presidencia de la Xunta de Galicia en el año 1989 y no en 1993, como se dice en la exposición de motivos. Ademas, imputarle que desde que llegara a la Xunta se haya
producido un grave hinchado del CERA es demostrar un desconocimiento absoluto del tema, entre otras cosas porque la Xunta de Galicia no tiene nada que ver ni con el censo, ni con la oficina del censo electoral, ni hasta el año 1996 el Gobierno de
España era el que hoy sustenta el Grupo Parlamentario Popular.
El crecimiento del CERA en los últimos años ha obedecido al mandato contenido en la reforma de la Ley orgánica del Régimen Electoral de 1995, y en esta Comisión hay personas que participaron activamente en aquella reforma, como el propio
señor Marcet i Morera, como el señor López Garrido, portavoz del Grupo Socialista en esta Comisión, que actuaba como portavoz del Grupo Federal de Izquierda Unida en aquel entonces, y yo mismo, y en este sentido convendría que todos tuviéramos un
poco de memoria, aunque sólo fuera parlamentaria.
En el año 1995, en el último tramo de la V Legislatura, esta Cámara llevó a cabo una reforma de la Ley orgánica del Régimen Electoral General que tuvo por objeto solucionar los problemas que se derivaban del por aquel entonces sistema
censal, y pasamos así a un nuevo sistema que pretendía mantener un censo continuo y permanentemente actualizado. Asimismo resolvimos dos aspectos fundamentales que venían siendo reclamados desde hacía mucho tiempo por los españoles y españolas
residentes en el extranjero, y me estoy
refiriendo a la inscripción de oficio en el censo especial de residentes ausentes y a la posibilidad de votar, además de por correo, en las oficinas consulares. Estas reformas -basta repasar el 'Diario de Sesiones'- fueron compartidas por
todos los grupos parlamentarios y apoyadas unánimemente por todos los miembros de la Cámara presentes en aquellas sesiones. Aquel año todos pensábamos que estábamos haciendo lo mejor, y mi grupo lo sigue pensando todavía.
Aquellas reformas que se introdujeron en nuestra Ley Electoral traían su causa de un riguroso y laborioso estudio realizado por una ponencia creada en el seno de la Comisión Constitucional que durante más de un año estudió las condiciones de
elaboración del censo electoral y que fue quien propuso las mejoras que después se tradujeron en un proyecto de ley del Gobierno respaldado por la unanimidad de la Cámara.
Es verdad que se han detectado errores en el censo especial de residentes ausentes, pero me parece excesiva la alarma que se pretende crear en torno a este tema. Los errores detectados son consecuencia lógica de haberse volcado en el CERA
registros antiguos de los libros de matrícula consulares que sin duda arrastraban errores inmemoriales. Quienes participamos en aquella ponencia sabíamos que esto se podía producir, pero aun así fue esta precisamente una de las medidas que
consideramos oportuno introducir en aquella reforma, porque era la única manera de realizar un censo de oficio. Lo que se debe hacer es que las administraciones afectadas sigan trabajando para detectar y corregir todos los errores, de manera que el
censo quede definitivamente actualizado. Creo que en eso comparto la preocupación de Sus Señorías y estoy plenamente de acuerdo, pero de ahí a levantar sospechas generalizadas sobre un fraude creo que va un mundo.
Para nosotros, un censo electoral correctamente elaborado es un sistema de registro mediante el cual figuren relacionados en su lugar de residencia todos los ciudadanos con derecho a voto y que, además, figuren inscritos una sola vez. Con
aquella reforma avanzamos mucho en este camino, y lo que debemos hacer hoy es corregir los errores detectados y conseguir que el CERA sea ese registro permanente y correctamente actualizado que todos deseamos.
En lo que se refiere a las propuestas del Bloque Nacionalista Galego, hay que seguir actualizando y depurando el CERA, como ya se está haciendo, pero no sólo el correspondiente a las cuatro provincias gallegas, como se propone en la
iniciativa -ahora lo han cambiado en su intervención-, sino el correspondiente a toda España.
La segunda propuesta se refiere a la exposición del censo y he de decir que ya se realiza en cada convocatoria electoral. La primera actuación específica que se realiza destinada a los electores en el extranjero cuando se produce una
convocatoria electoral, al igual que en el interior de España, es la exposición pública por los consulados de las listas electorales vigentes durante un plazo de ocho días a partir del sexto día posterior a la convocatoria de elecciones. Los
consulados proceden en este caso de forma semejante a los ayuntamientos en España y dentro de ese plazo cualquier persona puede presentar cualquier reclamación sobre los datos censales. Lo que no se puede cumplir es que dicha exposición sea
permanente, si eso es a lo que se refiere el señor Aymerich, por cuanto los datos del censo son privados y su publicidad está protegida por la ley. Sólo se pueden exponer cuando determina la ley, y eso es lo que se viene haciendo. En cualquier
caso, todo español residente en o fuera de España tiene el derecho y el deber, en caso de duda o cuando lo estime conveniente, de comprobar si su inscripción en el censo es correcta acudiendo a los ayuntamientos o a los consulados en cualquier día
laborable.
El tercer punto de su proposición se refiere a extender el procedimiento del voto rogado a todos los procesos electorales. Usted, señor Aymerich, sabe perfectamente, porque ha participado en alguna reunión con los representantes del Consejo
General de la Emigración, cuál es la opinión unánime de todos los consejeros, que es no al voto rogado. Sinceramente el Grupo Popular coincide con esta posición. Pretender, como hace su proposición no de ley, que el procedimiento de votación se
convierta en un censo rogado, es decir, a instancia de parte, como remedio para evitar errores es una vuelta atrás que mi grupo no comparte y que además se aleja enormemente de las pretensiones de nuestros emigrantes.
El cuarto punto se refiere a cuestiones que están claramente reguladas por la ley, porque para estar inscritos en el CERA los españoles sólo requieren estar debidamente inscritos en el registro de matrícula consular y ser mayores de edad, y
para ejercer el derecho de sufragio son conocidas también las dos modalidades que establece la Ley orgánica del Régimen Electoral, el voto por correo o el depósito del voto en los consulados.
Respecto al último punto, no se puede cumplir, porque el volcado, entre comillas, al que usted se refiere y que quiere impedir, fue el que, bien o mal, se realizó en su momento. Ninguna oficina consular de España realiza actualmente el
volcado en el CERA de inscripciones antiguas del registro de matrícula consular, salvo que se haya comprobado caso por caso que corresponden a residentes españoles actuales.
Termino, señor presidente. Es verdad, lo decía el señor Aymerich también, que en los últimos tiempos se ha debatido con profundidad sobre las cuestiones que hoy examinamos, y de común acuerdo de todos los grupos representados en la Cámara
Alta se decidió la creación de una ponencia en el seno de la Comisión Constitucional en la Cámara Alta, como digo, que en estos momentos sigue realizando sus trabajos, para que estudiara y elevara al Pleno las conclusiones sobre las
reformas posibles a introducir en la Ley Electoral sobre esta materia.
El Grupo Parlamentario Popular va a votar en contra de esta proposición no de ley, no ya sólo porque discrepemos de las medidas que nos proponen, sino porque no nos parecería oportuno adoptar acuerdo alguno respecto a unas propuestas que
podrían verse cuestionadas por los trabajos de aquella ponencia a la que me acabo de referir.
El señor PRESIDENTE: Para turno de réplica, tiene la palabra el señor Aymerich.
El señor AYMERICH CANO: En primer lugar, manteniendo el tono cordial que está imperando en este debate, he de decir al señor portavoz del Grupo Popular que no hay ningún tipo de nerviosismo preelectoral. Lo que se pretende con esta
proposición no de ley no es mirar atrás, no es hablar de los agentes contratados por el Partido Popular en Buenos Aires que van casa por casa recogiendo la documentación del CERA para votar en la sede del Partido Popular, no es hablar de los
anuncios que el Partido Popular paga en la prensa bonaerense o en la prensa de Montevideo llamando a los gallegos a votar en la sede del Partido Popular, eso no es lo que pretendemos con esta proposición no de ley, no queremos mirar atrás, sino
delante cambiando lo que haya que cambiar. Es decir, se crea una ponencia en el Senado porque se reconoce que no sólo hay fallos en el CERA que siguen sin resolverse por falta de voluntad política, sino que estamos con un procedimiento de votación
que no garantiza en absoluto lo que la Constitución dice que tiene que ser el voto: libre, personal y secreto.
Cuando se puede votar por uno es que el voto no es libre, personal ni secreto, y eso lo permite el actual procedimiento de votación
previsto en la Ley orgánica del Régimen Electoral General y que el Gobierno, sin esperar propuesta alguna de la ponencia del Senado, podría cambiar a través de la habilitación reglamentaria que se contiene en el artículo 75.6.
Por otro lado, no creo que sea una buena técnica o una buena excusa utilizar la existencia de una ponencia en el Senado (que, por cierto, aún no ha rendido sus trabajos, cuando me parece recordar que el plazo que se había fijado está en este
momento casi ya vencido, porque se había fijado un plazo de seis meses, si no me falla la memoria, para elaborar sus propuestas) para paralizar iniciativas que autónomamente podamos aprobar en el Congreso. Repito que no me parece una buena excusa.
Respecto a lo que quieren los emigrantes, nuestra propuesta es extender el voto rogado de las elecciones municipales, esta es sólo una entre las posibles soluciones. Lo que sí están proponiendo los emigrantes, y a lo que se niega el Partido
Popular, es a votar en mesas electorales con interventores, con apoderados, es decir, a votar en urnas, para que no sólo se pueda votar en los consulados -porque a veces es muy gravoso desplazarse hasta el consulado-, sino también en otros centros
oficiales y en otras sedes oficiales que el Estado español pueda tener en esos países. El CERA sigue teniendo muchos defectos y espero que no tengamos que volver a comprobar la existencia de los mismoscuando lleguen las elecciones municipales.
Acerca de la exposición y de la revisión, nosotros proponemos que la exposición no se realice sólo en los consulados, porque a veces es muy gravoso para un emigrante tener que desplazarse al consulado, que sólo se encuentra en la capital del
Estado correspondiente, sino que sería muy oportuno que se expusiesen públicamente en los ayuntamientos en los que los electores emigrantes están inscritos. Serviría para que se evitasen casos como el que usted dice que en este momento está sub
iudice, pero parece que como mínimo hay humo, veremos si hay fuego o no. Se podría comprobar por parte de los propios ayuntamientos si las personas que se inscriben como electores en ese municipio y que residen en el extranjero tienen o no alguna
relación con él, nacieron o no en él o si su inscripción obedece sólo a intenciones poco confesables.
El señor PRESIDENTE: Señor Vera.
El señor VERA PRO: Intervengo muy brevemente, con respecto a lo que ha manifestado en este momento el portavoz del Bloque Nacionalista Galego, para decir que nadie puede cuestionar la legitimidad de promover el voto institucionalmente y
mucho menos se puede cuestionar que un partido político intente conseguir el mayor número de votos donde sea y como sea, por supuesto, sin infringir la ley. El Partido Popular siempre ha actuado en este marco.
- SOBRE MEDIDAS PARA REPARAR MORALMENTE A TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE FUERON REPRESALIADAS DURANTE LA DICTADURA FRANQUISTA, EN CONCRETO, A LAS VÍCTIMAS DE LOS SUCESOS ACAECIDOS EN FERROL EL DÍA 10 DE MARZO DE 1972, PRESENTADA POR EL GRUPO
PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 161/000869.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto cuarto del orden del día: Proposición no de ley sobre medidas para reparar moralmente a todas aquellas personas que fueron represaliadas durante la dictadura franquista, en concreto, a las víctimas de
los sucesos acaecidos en Ferrol el día 10 de marzo de 1972, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto.
Tiene la palabra el representante del Grupo Parlamentario Mixto señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: A comienzos del año 1972 tenía lugar la negociación del quinto convenio
colectivo en las tres factorías de la Empresa Nacional Bazán. En el caso de Ferrol, con 6.000 trabajadores -que superaban al conjunto de los otros dos astilleros, el de Cartagena y el de San Fernando-, la preeminencia, la presencia y el
activismo de Comisiones Obreras y del Partido Comunista -entonces ilegales- eran notorios. Realmente, por aquel entonces, tanto el Partido Comunista como Comisiones Obreras defendían que el convenio se debía realizar a nivel provincial o a nivel de
la factoría, ya que si se hacía así, las conquistas para la clase obrera serían muy superiores debido a la preeminencia y a la presencia determinante de estas corrientes ideológico-políticas, lo que no acontecía en el caso de Cartagena o en el caso
de San Fernando.
De todas las maneras, en contra de la opinión de los representantes sindicales de Ferrol, el 7 de marzo se firmó en Madrid el quinto convenio. Los obreros de Ferrol no cejaron de protestar y continuaron con su intento de que hubiese un
convenio a nivel provincial o de factoría.
Así, a partir del día 7 de marzo, se produjeron una serie de fenómenos o de sucesos que voy a relatar brevemente.
En primer lugar, se suspendió de empleo y sueldo a varios enlaces sindicales como el señor Riobó, el señor Amor o el señor Ramiro Romero.
El día 9 tuvo lugar un paro y concentración de la práctica totalidad de la plantilla de la factoría,
sobre todo, después de la agresión a que había sido sometido por los guardas jurados el señor Ramiro Romero, representante sindical. Ese mismo día la policía cargó, produciéndose 20 heridos. Las protestas continuaron de tal forma que el día 10 se
concentraron 4.000 obreros a la hora de entrada en la factoría e iniciaron una marcha en busca de solidaridad en el resto de las factorías y fundamentalmente en el gran astillero situado al otro lado de la ría, entonces denominado Astano. A la
altura de As Pías aparecieron un nutrido grupo de policía armada que acabaron por disparar de forma directa y a bocajarro contra dos obreros -el señor Amador Rei y el señor Daniel Niebla- que en aquel momento quedaron tirados justo en la carretera.
El primero fue asesinado a bocajarro de forma directa y el segundo quedó tirado, prácticamente agonizando. A esta intervención policial se sumaron 40 heridos más, algunos de ellos muy graves como el caso de don Julio Aneiros, un viejo representante
comunista y sindical de intachable conducta moral y de reconocido prestigio en la sociedad de Ferrol.
Las dificultades para atender a los heridos en los hospitales se derivaban especialmente del miedo a ser denunciados a la policía e incluso de la dificultad de los propios hospitales a atenderlos desde el punto de vista oficial. No
obstante, la mayoría de la sociedad de Ferrol fue solidaria a tope, precisamente cuando las mujeres de los trabajadores buscaron ayuda: se cerraron los comercios, los centros de enseñanza y el resto de las empresas. El acuartelamiento y la toma de
la ciudad por los efectivos del ejército y la Guardia Civil prácticamente creó un estado de excepción que duró más de 10 días. Los ecos de solidaridad empezaron lógicamente en Galicia, continuaron por el Estado y llegaron a nivel internacional. La
forma en que se realizó el entierro de los obreros asesinados, bajo control policial, no hizo más que añadirse a todas las circunstancias de una sociedad que vivía sin libertades de carácter público. El propio párroco de San Pablo, don Antonio
Martínez Aneiros, que fue el encargado de decir la homilía, fue multado por las autoridades políticas con 250.000 pesetas y fue arrestado en el monasterio de Sobrado.
La Iglesia católica en gran parte fue solidaria con la causa de la clase obrera y, en concreto, todas las iglesias de Ferrol, a excepción de una o dos, leyeron una homilía, debidamente aprobada por el obispo de Mondoñedo-Ferrol, monseñor
Araújo Iglesias, de la que paso a leer brevemente alguno de sus párrafos más sintomáticos que contrastan con la posición del Gobierno. La Iglesia católica decía en esta homilía: Creemos que despedir a los representantes de los obreros precisamente
por el capital y en plenas deliberaciones es algo tan injusto en sí mismo que no se puede admitir ni debe repetirse más. Ante la muerte de nuestros hermanos sólo oímos la voz del Sinaí: no matarás. Deseamos y pedimos con toda la fuerza de nuestra
palabra y de nuestra vida que esas muertes sean las últimas, que los responsables del poder político y económico creen los cauces adecuados de diálogo y participación que hasta ahora no se ha hecho, busquen otros medios de custodia del orden
público, eliminen el miedo de la gente con la restauración plena de la confianza y la tranquilidad de la conciencia.
Sin embargo, el Gobierno civil opinaba: Como consecuencia de la actividad de la célula de matiz comunista que días atrás se vino acusando en la factoría de Bazan de El Ferrol del Caudillo y sobre las cuales se viene practicando una intensa
investigación por la actitud de violencia de los manifestantes que ocasionaron diversos daños en la propiedad privada, así como coacciones a la población civil y al comercio local, se hizo necesaria la intervención de las fuerzas de la policía
armada, la cual ante la agresión de los revoltosos tuvo que hacer uso de las armas. Pero realmente ni parte de la policía fue agredida de ninguna forma ni muchos menos fue asesinada.
El obispo de Mondoñedo-Ferrol fue denunciado a la Santa Sede por el entonces ministro de Asuntos Exteriores señor López Bravo. Desde luego, todo esto repercutió en multas y procesos a otros muchos clérigos que es de justicia recordar hoy en
día. Por supuesto, la represión afectó no solamente a la clase obrera sino a los estudiantes y a personas que vivíamos a 200 kilómetros de distancia, lo cuál prueba que fue utilizada ni más ni menos que para el desmantelamiento y persecución de
aquellos que no pensaban como los que controlaban el régimen político.
La empresa Bazan abrió -como dije antes- diez días más tarde, el 21 de marzo, pero habían sido sancionados 20 cargos sindicales, habían sido detenidos más de 160 trabajadores y personas que no tenían nada que ver directamente con la causa,
que fueron llevados al Tribunal de Orden Público o a la justicia militar y cuando los tribunales decretaban su libertad, eran debidamente multados para que si no pagaban la multa tuviesen que ingresar en la prisión de A Coruña. Así, gran parte del
tejido social del centro social de Santa Mariña o bien del bufete de abogados laboralistas del señor Barez, o personas que se habían refugiado a prácticamente 1.000 kilómetros de distancia u otras que vivían a 200 ó 150 kilómetros de distancia,
tuvieron que ingresar en la cárcel de A Coruña.
Se recuerda todo el proceso posterior a través del sumario 469/72, denominado Proceso de los 23, donde los principales encausados (los señores Rafael Pillado, Manuel Amor o Xosé María Riobó fueron condenados a siete años de prisión, el señor
López Bonome a cinco años de prisión, el señor Aneiros a tres años y siete meses, o los señores Fernández Toxo y Loureiro Lugris a un año) fueron acusados de asociación ilicita, manifestación no pacífica, terrorismo y propaganda ilegal. Estos
procesados, los 23, sólo fueron saliendo progresivamente en el año 1975, cuando sube a la Jefatura del Estado el actual monarca, y en el año 1976, cuando se inicia el proceso de transición política.
Señorías, quiero recordar que la solidaridad popular en toda Galicia fue evidente, que sacó del letargo a muchas conciencias y que esta solidaridad evidente provocó manifestaciones en las paredes de todos los edificios de las principales
ciudades de Galicia, así como manifestaciones y protestas en otras factorías, lo cual dio pie a nuevas represalias. En todo caso, esto demuestra, por más que la historia intente negarlo, que la lucha antifranquista tuvo un papel muy significativo
en las ciudades de Galicia, en especial en Ferrol y en Vigo. Además, puede decirlo quien viajó, vivió y trabajó en centros como Cádiz, Albacete o Madrid. Sin duda, en aquel momento histórico, en los años setenta, la presencia de las fuerzas
antifranquistas en estas ciudades gallegas era, en términos relativos, muchísimo mayor, más preponderante y más determinante que en las ciudades que acabo de aludir.
Los hechos nunca fueron esclarecidos, ni investigados, ni hubo reconocimiento y agradecimiento de carácter público y oficial por la participación en la lucha para alcanzar la libertad y la democracia por parte de todos estos sectores y, en
concreto, por aquellos que pagaron con su vida y con la persecución y la intimidación de sus familias lo que no era más que defender valores democráticos fundamentales, como el derecho de asociación, de reunión, de manifestación, de huelga y de
libre expresión.
Con nuestra proposición no de ley sólo intentamos que, respecto de aquéllos que fueron reprimidos por luchar en defensa de las libertades y de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución española, esta fase, que se llamó de
reconciliación, no pase por su olvido y la desmemoria, sino que pase por reconocer, en la página de la historia de la lucha por la democracia, todas las represiones que hubo. Que no pase por la amnesia colectiva, sino por la creación de una cultura
democrática que no puede lanzar al ostracismo a las víctimas de la represión. Por eso pedimos a este Congreso de los Diputados, en primer lugar, que reconozca la gran contribución de todas aquellas personas que participaron en la lucha y la
resistencia antifranquista para la institución de un régimen democrático en el Estado español. También ínstamos al Gobierno a que adopte las medidas necesarias para reparar moralmente -estamos hablando moralmente- bien a aquellos que padecieron
directamente las represalias de la dictadura franquista por defender la libertad y los derechos fundamentales o, en caso de haber desaparecido, a sus familias, para que se les repare moralmente las situaciones que han vivido.
En segundo lugar, pedimos que se tomen las medidas necesarias para otorgar el honor, reconocimiento y agradecimiento públicos por su contribución en la defensa de las libertades públicas y los derechos fundamentales, a don Daniel Niebla
García y a don Amador Rei Rodríguez, así como reparar, en las personas de sus herederos, el daño ocasionado por la violenta actuación policial del día 10 de marzo de 1972, en Ferrol. Hasta ahora estas familias sólo tuvieron el reconocimiento de un
monumento a la lucha el 10 de marzo, que está situado preciadamente en el lugar de As Pías, donde acontecieron estos sucesos, así como un homenaje a la viuda de Amador, la única que hoy todavía está con vida, en el Ayuntamiento de Ferrol, el día 10
de marzo pasado, en el que se celebraron los 30 años de estos luctuosos sucesos, que siguen prácticamente estando en el sustrato de la conciencia colectiva de todas las personas que directamente lo padecieron y de todas las que vivieron una
situación inusitada en el conjunto del Estado español, lo que, como recordaba el señor Carrillo últimamente, fue fundamental para el debilitamiento internacional e interno del régimen franquista.
El señor PRESIDENTE: A esta proposición no de ley se ha presentado una enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, de la que pido al letrado que dé lectura.
El señor LETRADO: La enmienda es de adición, cuyo texto es el siguiente: Se propone la adición del apartado c) con la siguiente redacción: c) Revise con carácter general todos los derechos reconocidos a las víctimas de la guerra civil y a
los perseguidos y represaliados por el régimen autoritario del general Franco, a fin de establecer un cuadro de indemnizaciones y pensiones que supere el carácter parcial e insuficiente
de la actual regulación, fijándoles una cuantía digna y acorde con la deuda que la causa de la libertad tiene contraída con la resistencia antifranquista.
El señor PRESIDENTE: Para la defensa de esta enmienda, tiene la palabra la señora Marón.
La señora MARÓN BELTRÁN: Señor presidente, señorías, con esta proposición no de ley el Grupo Parlamentario Socialista mantiene la misma posición que ha sostenido en otros debates similares, que han tenido lugar en esta Cámara, reclamando,
reivindicando, que en nuestra ya bien asentada democracia, afortunadamente superada con el esfuerzo de todos, se haga justicia, con un reconocimiento expreso, a las personas que han dejado su vida o han sufrido graves situaciones personales por la
represión de la dictadura, precisamente por encarar aquella tremenda situación que vivía nuestro país, luchando por la libertad y la democracia. Por tanto, vamos a apoyar la iniciativa presentada con una enmienda de adición a la que luego me
referiré y que acaba de ser leída por el letrado de esta Comisión.
Fueron dramáticos los sucesos ocurridos en Ferrol el 10 de marzo de 1972, a los que ha hecho mención hace pocos instantes el señor Rodríguez, en los que perdieron la vida por disparos de arma de fuego dos trabajadores de la factoría Bazán,
Daniel Niebla García y Amador Rei Rodríguez -ambos bien jóvenes, 38 años, casados, Amador con cuatro hijos- durante la manifestación referida de obreros de la construcción del sector naval, reclamando libertades sindicales, derecho a negociación
colectiva y que fueron reprimidos brutalmente, falleciendo dos de ellos, como ya es sabido y resultando muy graves otros por arma de fuego, e incluso la prensa de esa época, la prensa del año 1972, recoge la relación de numerosos heridos por arma de
fuego. Yo diría que hubo más de un centenar, pero muchos no figuran en las relaciones, puesto que era bien sabido que no acudieron a los hospitales, que no acudieron a los lugares de asistencia médica, precisamente para no ser identificados y que
fueron atendidos en sus domicilios por médicos conocidos o por familiares. Esto se conoce muy bien en la historia de Ferrol.
Algunos de los que se encontraban en la concentración de la avenida de As Pías se salvaron gracias a parapetarse detrás de un autobús de la empresa de El ideal gallego, que circulaba en aquel momento por el lugar de los hechos y que resultó
acribillado por los impactos de bala. Muchos trabajadores y personas comprometidas con la democracia, que no estaban en ese lugar pero que eran sospechosas, entre comillas, ideológicamente, han sido encarceladas y la represión vivida en esa etapa
fue tremendamente dura. Es curioso leer la relación de personas represaliadas, pasado el tiempo, en la historia de hoy. Yo tengo una relación delante y me sorprende encontrarme con cientos de personas bien conocidas, algunas han sido ya citadas,
pero destacaría, por ejemplo, al profesor Cortizas Domenech, citaría a Fernández Toxo, a Llano Cotofre, a Martínez Aneiros, el cura de Serantes -la Iglesia estabas muy comprometida en Ferrol con el movimiento antirrepresión, es cierto-, a Rafael
Barez, un conocido abogado laboralista, a Vicente Álvarez Areces, actual presidente de la Comunidad de Asturias, a Vicente Couce y a Rafael Pillado Lista.
Es necesario citar a algunas personas bien conocidas que la historia posteriormente ha puesto en su sitio. No me gusta hablar en primera persona ni referirme a vivencias personales en mis intervenciones, pero en este caso lo voy a hacer
porque me tocó vivir muy de cerca aquellos sucesos de marzo de 1972. Yo estaba entonces -era muy joven- destinada en el Juzgado de Instrucción número 2 de Ferrol como funcionaria de la Administración de justicia. Era mi primer destino. Me tocó
colaborar en todas las diligencias judiciales que se practicaron y fueron unas vivencias tan duras que jamás desaparecieron de mi cabeza. Soy una persona fuerte al intervenir y no me emociono ni me motivo demasiado, pero reconozco que estoy
emocionada al recordar aquella situación. El sanatorio del Carmen, el sanatorio de San Javier donde acudieron la mayoría de los heridos a recibir esa primera asistencia, era una imagen que no le recomiendo a nadie. El posterior silencio de la
ciudad con las calles vacías y los comercios cerrados como una ciudad desierta y sin vida porque todos se habían recluidos en sus casas, mejor dicho, muchos habían cambiado de casa para no ser encontrados en sus domicilios. El goteo de detenidos en
las semanas posteriores y las condiciones en que eran conducidos al juzgado forman parte de la historia de nuestro país, pero también, tengo que decirlo, de mi vida personal y ojalá que nadie tenga que volver a vivir situaciones similares.
Ayer leía la prensa de esa época, la he consultado en el archivo, para recordar un poco esa situación. Me llamaba la atención la visita del obispo monseñor Araújo Iglesias a las familias de los dos fallecidos en Ferrol y eso tuvo un efecto
muy negativo en el régimen de la época. Lo que hacía era dar un poco de consuelo ante tanto dolor. Esta situación de Ferrol, lejos de frenar la lucha por las libertades democráticas, se extendió a la zona de Vigo y culminó posteriormente con la
huelga general de septiembre del mismo año, pero todavía quedaba un largo y penoso camino hasta la Constitución de 1978. Que la historia sirva al menos para no volver a cometer los mismos errores y me gustaría resaltar, sobre todo, que la juventud
sea consciente de estos hechos que no les ha tocado vivir para que nunca nada ni nadie les halague el oído con cantos de sirena.
La enmienda que presentamos es de adicción de un apartado c) que recoge íntegramente el apartado 2 de la proposición no de ley presentada ante esta Cámara, debatida el 19 de febrero de este mismo año y suscrita por todos los grupos
políticos, excepto el Grupo Popular
por propia voluntad. Con esta enmienda pretendemos dar un paso más sobre el reconocimiento moral y el reconocimiento público que es el primer derecho a reparar. Asimismo, es necesario que se revisen con carácter general todos los casos y
se establezca un cuadro de indemnizaciones y pensiones que recupere ese carácter parcial e insuficiente de la actual regulación y que reconozca el caso concreto de Ferrol, pero también otras situaciones similares que todavía quedan. Quiero resaltar
que cada partido político que tuvo la responsabilidad de gobernar ya en democracia le ha tocado restañar heridas. Fue el consenso constitucional, fue la amnistía, fueron las pensiones a militares de la República, fue la pensión especial a presos de
la Guerra Civil y tantas situaciones indirectas que se han llevado a cabo en distintas iniciativas con el consenso global de los partidos políticos. Es imprescindible dar un paso más para saldar una deuda con la mitad de los españoles de antes
porque creo que no se ha cumplido todavía con todos. Aún quedan algunos casos como los de los sucesos de Ferrol de los que hoy han transcurrido ya más de 30 años.
Uno de los hechos con los que la democracia sigue teniendo una deuda es especialmente con la memoria de Daniel y de Amador, con sus herederos y sus familias, pero también con los que han sufrido prisión y graves daños por haber defendido la
libertad, por haber luchado contra la dictadura y la represión. Es el Gobierno que ostenta hoy el Grupo Popular quien tiene la responsabilidad de asumir, desde luego con el apoyo del resto de los grupos políticos que estamos representados en esta
Cámara, esa tarea. En este caso concreto se trata, en primer lugar y finalizo, de reconocer los hechos, de reconocer lo que ocurrió en ese día y por qué y, en segundo lugar, se trata de reconocer los derechos moralmente y también con las
indemnizaciones que corresponda, reparando así en lo posible, aunque ya no sea posible reparar la vida, su memoria.
Pido a los grupos el apoyo para la proposición no de ley presentada y para la enmienda de adición del Grupo Socialista.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Delgado para fijar la posición del Grupo Popular.
El señor DELGADO ARCE: Señorías, intervengo para posicionar al Grupo Popular en relación con esta proposición no de ley que formula el señor Rodríguez. Ha expuesto con exhaustividad los acontecimientos trágicos ocurridos en la ciudad de
Ferrol hace ya 30 años. En efecto, el movimiento sindical en Galicia, y concretamente en la comarca de Ferrol, jugó un papel decisivo en la conquista de las libertades democráticas. En los años 1966-1967 surgieron en esa ciudad las primeras
Comisiones Obreras de Galicia. Desde que iniciaron esta actividad se encontraron con la represión de un régimen que no toleraba ningún movimiento que se saliera de lo establecido dentro de aquella normalidad vigente en aquella época y así, en 1970,
se produjeron despidos de dirigentes sindicales, algunos de los cuales han sido mencionados como don Rafael Pillado y don Julio Aneiros. En el año 1971, y siguiendo la estrategia marcada por el sindicato de Comisiones Obreras, muchos militantes de
esta organización e independientes se presentaron a las elecciones sindicales, verticales en aquel momento, porque juzgaban que era el método idóneo para propiciar el desmoronamiento desde dentro del sindicalismo vertical oficial.
En esta situación de lucha y reivindicación por los derechos laborales y también de libertades democráticas, se produjeron un conjunto de acontecimientos en los años siguientes, como los que han sido mencionados del primer trimestre del año
1972. Se ha aludido a lo acontecido el 9 de marzo. Hubo una multitudinaria asamblea en las gradas de la Empresa Nacional Bazán, en Ferrol, y una fuerte intervención policial que terminó con numerosos heridos. Al día siguiente, el 10 de marzo, se
produjeron los trágicos acontecimientos que son justamente como ha relatado el señor Rodríguez. En esa mañana más de 4.000 trabajadores de los astilleros tuvieron enfrentamientos con las fuerzas de orden público. Hubo disparos de la policía y dos
muertos, don Daniel Niebla y don Amador Rei. Estos hechos provocaron una conmoción en Ferrol -estamos totalmente de acuerdo con la descripción que se ha hecho- y también tuvieron eco en toda Galicia, que se fue enterando, como se podían enterar las
personas en aquella época, con dificultades, pero aquella noticia corrió. Quien habla tenía entonces 14 años y recuerdo haber tenido noticias de este trágico acontecimiento.
Estos dos trabajadores, don Daniel Niebla y don Amador Rei, han pasado a la historia del movimiento obrero en Galicia y por ello el día 10 de marzo de cada año se conmemora el día de la clase obrera gallega. Es un hecho que la sociedad
gallega en su conjunto reconoce el papel que Comisiones Obreras de Galicia, y en general el movimiento obrero de Galicia, desempeña desde aquel año 1966, que era un movimiento social y político que, además de defender los intereses laborales de los
trabajadores, se comprometió activamente por la lucha, por las aspiraciones de libertad y de democracia política que tenía la inmensa mayoría de la sociedad española y, por supuesto, la sociedad gallega. Y es indudable que los trabajadores de toda
España y de Galicia en particular, contribuyeron como otros colectivos a la transición política de la dictadura a la democracia. Yo creo que hay ni una sola intervención pública de un representante de Galicia o del Estado español que al referirse a
las personas que han desempeñado un papel activo en la lucha por la democracia no se haya referido a los movimientos sindicales, a los movimientos obreros. En Galicia estas manifestaciones se refieren muy especialmente a los movimientos sindicales
de Ferrol y también a los de Vigo, por citar dos
importantes ciudades industriales de Galicia. Por lo tanto, no creo que responda a la realidad decir, como recoge la proposición no de ley, que hay una desmemoria histórica y que hay un olvido de personas que se han significado activamente
por la lucha hacia la democracia. Todo lo contrario, estas personas han pasado a la historia de Galicia en los términos que acabo de mencionar y se les reconoce su papel decisivo.
El señor Rodríguez dice en su proposición no de ley que se han producido reconocimientos de estas circunstancias en las normas legales del Estado español. Habla de reconocimientos parciales que están plasmados en la distinta normativa
dispersa a partir de la Ley de Amnistía de 15 de octubre de 1977, que supuso excarcelación de presos políticos, que supuso rehabilitaciones de personas en sus puestos de trabajo y otras muchas decisiones; una ley de tan sólo doce artículos, pero
importantisima en su contenido, que declaró amnistiados todos los actos de intencionalidad política, cualquiera que fuera su resultado, tipificados como delitos y faltas realizados con anterioridad al día 15 de diciembre de 1976, y que abarcó este
conjunto de hechos execrables, que nosotros condenamos, pero respecto a los que esta ley quiso poner un punto y final con una visión hacia adelante de la historia y de la convivencia entre todos los españoles. Desde el 30 de julio de 1976, fecha el
primer real decreto que introdujo una amplia amnistía, se han venido aprobando en el Estado español, en el marco de una política de reconciliación nacional, diversas disposiciones normativas con la finalidad de establecer prestaciones sociales y
económicas a favor de quienes sufrieron las consecuencias de la Guerra Civil primero y del régimen anterior después po lo tanto, nuestro grupo parlamentario entiende que disponemos hoy de los instrumentos legales para formular reclamaciones de todo
tipo, y las hemos tenido ya desde hace bastantes años. Nos reafirmamos en el criterio que hemos sostenido en otras proposiciones no de ley sobre temas parecidos al que hoy se plantea; por ejemplo, el sostenido el 21 de julio de 2001, cuando
veíamos una proposición no de ley sobre revisión de sentencias y restitución moral de españoles fusilados durante el franquismo por motivos políticos y de conciencia. Nuestro grupo parlamentario, con el espíritu de reconciliación nacional que ha
presidido el conjunto de las leyes de la transición democrática y el conjunto de las leyes que han tenido plasmación y corolario en la máxima ley, la Constitución española, ha tomado decisiones para cerrar todas estas heridas, para compensar
situaciones discriminatorias y para restituir moralmente a todos los afectados por esta situación, afortunadamente, creemos nosotros, superada. Superada, que no olvidada.
Superar no significa olvidar. Superar no significa perder memoria histórica
y no reconocer los esfuerzos de aquellas personas que lucharon en momentos muy difíciles por la democracia y que este grupo parlamentario, por boca de este portavoz, ha reconocido en esta Comisión.
Nuestro reconocimiento y nuestra gratitud a todas
estas personas.
Entendemos que existen los instrumentos para la rehabilitación jurídica y legal y consideramos que en este caso la rehabilitación moral ya la tienen ganada, pues la sociedad gallega les ha reconocido su lucha y su esfuerzo.
El señor PRESIDENTE: Para un turno de réplica, tiene la palabra el señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Voy a aclarar sólo tres cuestiones muy brevemente. En primer lugar, que ninguna ley promulgada por el Gobierno del Estado español ha hecho un reconocimiento explícito de la contribución de todas estas personas
en la lucha en la resistencia antifranquista para instaurar un régimen democrático en el Estado español. Una ley de amnistía no es una ley de reconocimiento. En segundo lugar, y en el caso particular que nos ocupa, ni se han aclarado o esclarecido
los hechos ni se asumen, por lo tanto, las consecuencias derivadas de un esclarecimiento que tendría que pasar por el reconocimiento de que los dos obreros fueron asesinados, cosa que nunca se ha hecho. Y eso tuvo consecuencias prácticas en las
pensiones de viudedad, por ejemplo. No es igual morir accidentalmente en una calle no se sabe muy bien por qué, que morir como consecuencia de disparo de bala de unos miembros que forman parte de las fuerzas, en aquel momento represivas, del Estado
español. Y en tercer lugar, la reconciliación está bien, pero nunca puede pasar por asumir como normales fenómenos que se dieron, sin que esos fenómenos hayan sido esclarecidos ni hayan asumido las consecuencias que tuvieron. Este tipo de
mentalidad de la reconciliación es el mismo que nos está llevando a que un sector pequeño de la población diga que hay que mantener la estatua de Franco a la entrada de Ferrol. Lo siento mucho, pero no podemos mantener en la entrada de Ferrol,
dominando la ciudad, la estatua de un caudillo asesino. Esto no lo podemos tolerar. Si vamos a un concepto de reconciliación que pasa por asumir todo lo que se ha hecho, no tenemos solución. En ese aspecto, yo creo que habría que aclarar las
cuestiones de otra manera.
Termino diciendo que aceptamos la enmienda de adición de la señora Marón, del Grupo Parlamentario Socialista en la medida en que ella misma reconoce que habría que establecer un cuadro de indemnizaciones y pensiones que supere el carácter
parcial e insuficiente de la actual regulación. En el caso que nos ocupa, ni siquiera es parcial ni suficiente, sino que no se reconocen bajo el prisma de personas afectadas por la represión del franquismo, sino que simplemente se les reconoce como
viudas y familias cuyos esposos murieron accidentalmente, no sé sabe muy bien cómo. Francamente, esto no es reconciliación.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Marón.
La señora MARÓN BELTRÁN: Intervengo también muy brevemente al hilo de lo que se ha comentado, respecto a que a cada grupo político le ha tocado asumir un papel durante la afortunadamente larga democracia. Yo quisiera recordar que, aparte
de la iniciativa firmada por todos los grupos políticos a la que hacía referencia, en el debate del estado de la Nación se aprobó la resolución número 29, que instaba al Gobierno a presentar en los presupuestos para el año 2000 una regulación
específica y generosa con quienes padecieron prisión etcétera, consecuencia de los hechos mencionados, en la que tendría cabida la situación de estas dos personas.
Esta resolución ha sido incumplida por el Gobierno en los sucesivos presupuestos
generales de 2000, 2001 y 2002. Por tanto, pido que dicha resolución, que formaría parte de esa corresponsabilidad, se llevara a cabo de una manera más eficaz.
- SOBRE COLABORACIÓN DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS CON LA JUSTICIA. DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/000917.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 5.º del orden del día: Proposición no de ley sobre colaboración del Congreso de los Diputados con la justicia, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. Para su defensa tiene la palabra la
portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, señora Del Campo.
La señora DEL CAMPO CASASÚS: La proposición no de ley que voy defender en nombre del Grupo Parlamentario Socialista tiene por objeto solucionar algunas dudas que se han producido últimamente en la colaboración del Congreso de los Diputados
con la justicia. Antes de referirme a estas últimas dudas, quisiera partir de algunos textos fundamentales de nuestro ordenamiento que fundamentan esta colaboración. El artículo 118 de la Constitución establece que es obligado prestar la
colaboración requerida por jueces y tribunales en el curso del proceso y en la ejecución de lo resuelto, con las excepciones que establezcan la Constitución y las leyes. A su vez, la Ley Orgánica del Poder Judicial, en su artículo 17.1, obliga a
todas las personas y entidades públicas y privadas a prestar esta colaboración en los mismos términos recogidos constitucionalmente.
Por su parte, la Ley orgánica 5/1984, de comparecencias ante las comisiones de investigación de Congreso y Senado
que desarrolla el artículo 76 de la Constitución, dispone que si de las manifestaciones del compareciente ante alguna de estas comisiones se dedujeran indicios racionales de criminalidad para alguna persona, la Comisión lo manifestará así a la Mesa
del Congreso, para que ésta, en su caso, a través de la presidencia lo haga llegar al fiscal general del Estado. En términos parecidos se explica nuestro Reglamento al prever el traslado por la Mesa del Congreso de las conclusiones de estas mismas
comisiones al fiscal general del Estado, cuando proceda para el ejercicio de las acciones oportunas.
Señor presidente, hasta este momento podría parecer que esta proposición no de ley no hace más que recordar lo obvio, pero es que hay ocasiones en que hasta lo obvio ha de ser recordado para mantener su vigencia, y el Grupo Socialista
considera que esta es una de ellas. En efecto, la obligación de colaboración del Congreso de los Diputados con la justicia ha sido escrupulosamente respetada desde el inicio de la democracia hasta fechas muy recientes tanto por lo que se refiere a
los datos de carácter general que obraban en poder del Congreso como aquellos que se le solicitaban referidos a comisiones de investigación. En consecuencia, se ha puesto siempre en conocimiento del ministerio fiscal la existencia de indicios de
criminalidad deducidos de las comparecencias ante las comisiones de investigación o de sus conclusiones y se respondía siempre que los datos se encontrasen en la Cámara a las solicitudes de informes y documentación que hacían jueces y tribunales a
través del presidente del Tribunal Supremo. Así sucedió con los datos de comisiones como la del síndrome tóxico, Rumasa, el caso Roldán y algunas otras que no enumero para no aburrir a sus señorías. Sin embargo, aunque no se ha alterado la
colaboración con el fiscal general del Estado, en lo que se refiere a las respuestas a las solicitudes de datos enviadas directamente a través del Supremo por jueces y tribunales, la postura de la Mesa del Congreso ha sufrido en estos últimos
tiempos vacilaciones que se han hecho patentes con más intensidad en esta legislatura, concretamente cuando se rechazó la solicitud del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional en la que se requería la documentación presentada en la
Comisión del lino y se optó en cambio por trasladar estos documentos no directamente a través del Supremo al juzgado solicitante, sino al fiscal general del Estado, olvidando según cree el Grupo Socialista que la función de este órgano de la
fiscalía general del Estado no es precisamente la de establecer la colaboración entre poderes ni la de transmitir la información que un poder del Estado solicita al otro. La verdad es que las razones aducidas para este cambio de postura han venido
siendo variadas: el eventual carácter secreto de una de estas comisiones, la posibilidad de que no haya finalizado sus trabajos en el momento de solicitarse los datos o incluso el hecho de que se pidan declaraciones incluidas en el registro de
bienes y derechos patrimoniales de altos cargos. Ninguna de ellas nos parece suficiente para negar la colaboración constitucionalmente exigida con la justicia. Incluso en el caso más difícil, en el de información de carácter secreto, el deber de
colaboración contemplado en el artículo 118 de la Constitución debe prevalecer sobre cualquier otro. Así
lo entendió al menos el Tribunal Supremo en un caso tan extremo como el de los papeles del CSID, en el que documentos declarados secretos por el Gobierno tuvieron que llegar y ser entregados al órgano jurisdiccional que lo solicitaba a pesar
del criterio negativo del tribunal de conflicto que se había reunido al efecto. Menos todavía nos parece que sea un argumento suficiente para negar esta colaboración el hecho de que una comisión no haya terminado sus trabajos. Es cierto que el
interlocutor directo al que la Mesa del Congreso tiene que enviar los indicios de criminalidad aparecidos es el fiscal general del Estado, pero eso no quiere decir que desaparezca la obligación constitucional de colaborar con jueces y tribunales si
solicitan información sobre una investigación en curso relacionada con el objeto de esa comisión. Menos de recibo aún, señorías, es argüir que para negar la información solicitada es motivo la inclusión de ésta en el registro de bienes y derechos
de altos cargos, tanto más cuanto que el artículo 8.3 de la Ley 12/1995 establece la posibilidad de acceso a este registro de los órganos judiciales de acuerdo con lo dispuesto en las leyes procesales para la instrucción o resolución de procesos que
requieran el conocimiento de los datos que obran en él.
Con estos argumentos y con esta propuesta de acuerdo, para la que solicitamos apoyo, por tanto, señorías, el Grupo Socialista pretende recordar lo obvio, superar errores, atajar las desviaciones que empiezan a producirse y encomendar a los
órganos competentes de esta Cámara, es decir, a la Mesa del Congreso en sus decisiones y a la Comisión de Reglamento en sus trabajos de cara al futuro, que restablezcan en toda su plenitud la colaboración del Congreso de los Diputados con la
justicia.
El señor PRESIDENTE: ¿Turno en contra? (Pausa.) ¿Fijación de posiciones? (Pausa.)
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Ayala.
El señor AYALA SÁNCHEZ: Me corresponde fijar la posición del Grupo Popular en esta proposición no de ley del Grupo Socialista sobre la colaboración del Congreso con la justicia. Adelanto que no la vamos a apoyar, pero me apresuro a aclarar
que no es por ningún motivo de fondo, sino por lo innecesario de la misma, tal y como reconoce el texto de la proposición, como ha reconocido por la señora Del Campo en su exposición e incluso, si quieren sus señorías, porque entiendo que la
aprobación podría distorsionar ante la ciudadanía las reales relaciones entre el Congreso de los Diputados y la justicia. Creo que podremos aclarar cuáles han sido y son esas relaciones y que en ningún caso las dudas que plantea la señora Del Campo
pueden ser analizadas y admitidas tal y como lo ha hecho sino que, al contrario, las relaciones reales que existen entre estos dos poderes del Estado en ningún caso merecen la puesta en duda de la integridad de las mismas. Creo que no deberíamos
hacer que los ciudadanos pudieran llegar a preguntarse si es que las relaciones entre estos dos poderes del Estado son tan frágiles y superfluas que necesitan un acuerdo expreso y una manifestación pública de voluntad. Es evidente que el ejercicio
de colaboración entre los poderes públicos es imprescindible, y así existe. El juego de las instituciones obliga a ello y es lo cierto que existe no solamente relación sino también colaboración entre los tres poderes. Entendemos, por tanto que es
innecesario que nos pronunciemos sobre lo obvio. Yo insistiría a la señora Del Campo en que las obviedades, en el momento en que se argumentan, no pueden utilizarse como elemento para fundamentar, sustentar o justificar una proposición no de ley
que es de suyo superflua. Creo -lo digo con todo respeto hacia el Grupo Socialista- que esta proposición no de ley es fruto más del oportunismo que de la necesidad. Me pregunto qué pensaría el señor López Garrido, firmante de la proposición, o la
señora Del Campo, defensora esta mañana de la misma, si de pronto el Consejo General del Poder Judicial adoptara un acuerdo para propiciar la colaboración del Poder Judicial con el Ejecutivo, por poner un ejemplo. ¿Cómo lo entenderían? Lo
entenderían mal porque interpretarían que se pone de manifiesto un mal funcionamiento entre estos dos poderes si del seno de uno de ellos emergiera tal acuerdo. Mi grupo considera que el respeto a cada institución básica del Estado, tan básica como
puede ser este Congreso, obliga a ser riguroso y a analizar las relaciones entre los distintos poderes en el marco de la normalidad de las relaciones. Parecería si no, que hasta ahora el Congreso no ha colaborado con la justicia, lo cual es
rotundamente falso; y no es falso sólo por lo que se refiere al nivel institucional, por evidente, sino también por lo que se refiere al nivel individual, por convicción personal, al menos en lo que se refiere al Grupo Parlamentario Popular. Creo
que existen muestras inequívocas de lo contrario, muestras inequívocas de colaboración con la justicia no solamente del Poder Legislativo sino también del Ejecutivo, y los casos que se han puesto aquí de manifiesto esta mañana no dan la razón a la
proposición del Grupo Socialista porque en ningún caso se ha negado la colaboración; se ha hecho la aplicación del rigor de la ley que se ha entendido y se ha dado a cada caso el trámite que se considerabaque respetaba el cauce legal oportuno, de
la misma manera que cabe recordar a la señora Del Campo que precisamente parte de los preceptos que ha citado hoy como sustento y argumento de su proposición son los que disciernen a cuál de los órganos del Poder Judicial hay que dar conocimiento de
los hechos, datos o documentos que obren en poder del Congreso. Por tanto, no puede argumentarse que la remisión al Poder Judicial
no se ha efectuado porque se haya hecho al fiscal general del Estado, cuando la ley expresamente señala la fiscalía como la residencia de la denuncia por parte del Congreso de los Diputados.
El respeto y el equilibrio entre los poderes del Estado no necesita por tanto reforzarse con pronunciamientos de esta manera y mucho menos podemos admitir que sea el Grupo Socialista el que ponga en tela de juicio el buen juego de las
instituciones y tampoco, por supuesto, que se erija en valedor de ninguna de ellas. Mi grupo, como he dicho, no aprecia ninguna actuación en la que se haya roto este principio y mucho menos que existan dudas ni externas ni internas, es decir, ni en
el seno de la Cámara y sus miembros ni en la opinión pública, sobre ello. La conciencia y la cultura constitucional es cada vez están más asentadas en la sociedad y cada vez es más pacífico y sereno el respeto íntimo al funcionamiento de la
democracia y, por ende, de sus instituciones. El análisis de los términos concretos de la proposición no de ley no merece otro resultado. El apartado uno que dice: reafirmar la obligación de todos los ciudadanos y poderes públicos de prestar la
colaboración requerida por la justifica, parece absolutamente innecesario y el apartado dos, referente a considerar la forma adecuada de colaboración, nos parece -dicho sea también con todos los respetos-, supérfluo. De esta proposición y de este
segundo punto parece deducirse que el ordenamiento jurídico no tiene los cauces necesarios para propiciar o asegurar esa colaboración, y el bloque de nuestro ordenamiento tiene las suficientes normas, de mayor rango que una PNL, para hacerla
totalmente innecesaria.
De la lectura del mismo parece que sea el propio Grupo Socialista el que tenga que reafirmarse en sus convicciones, incluso que las leyes se dictan para cumplirse. Yo creo que no desconoce el Grupo Socialista, que tiene
buenos juristas en su seno, cuáles son los preceptos legales que sustentan el armazón jurídico para las relaciones con la justicia del Gobierno, del Estado, del Congreso de los Diputados y de la ciudadanía en general. Aquí se han citado algunos de
ellos: efectivamente el artículo 76 de la Constitución y la referencia genérica al 118 y al 9 así lo acreditan, pero también el 17.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley Orgánica 5/1984, citada por la señora del Campo, como sin duda
también los artículos 262 y 264 de la Ley de enjuiciamiento criminal, que obligan de forma global no solamente a los cargos públicos sino a todos los españoles a colaborar con la justicia y a poner inmediatamente en conocimiento del fiscal o del
Poder Judicial los hechos que sean constitutivos de delito.
Posteriormente a la presentación de esta proposición no de ley hemos tenido ocasión de ver el buen cumplimiento de estas normas y la buena relación existente entre los poderes, concretamente en la Comisión de investigación de Gescartera,
pues a petición de los parlamentarios que formaban parte de ella a la Mesa de la Comisión y, a su vez, de la Mesa a la presidencia de esta Cámara, la presidenta no dudó en remitir al juzgado las declaraciones de alguno de los comparecientes, lo que
dio lugar precisamente a la imputación de uno de ellos y a su ingreso en prisión. Por tanto, no existen dudas, ni antes ni después, de esta colaboración. Entendemos que el armazón del ordenamiento jurídico español establece una regulación completa
y bastante, por lo que la proposición no de ley no deja de causarnos la perplejidad de no entender cuáles son las razones íntimas que la justifican.
Por último -y con esto acabo, señor presidente-, lo que el Grupo Popular quiere dejar claro es que nuestra postura es no apoyar la proposición no de ley, pero que esto no significa no apoyar la colaboración del Congreso con la justicia sino
que, antes al contrario, damos nuestro apoyo a la justicia, en consecuencia el apoyo del Congreso está fuera de toda duda y no necesita reafirmarse.
El señor PRESIDENTE: ¿Turno de réplica? (Pausa.)
Señora Del Campo
La señora DEL CAMPO CASASÚS: El portavoz del Grupo Popular me acusaba en su intervención de reafirmar lo obvio, y yo voy a insistir y además voy a recordar un dicho: son tiempos desdichados aquellos en los que hay que recordar lo evidente,
y hoy vamos a volver a recordar lo evidente.
No está el Grupo Socialista, señorías, hablando de un incumplimiento sistemático de las obligaciones que tanto la Constitución como las leyes imponen al Congreso de los Diputados en sus relaciones con la justicia, está hablando de
vacilaciones en la aplicación del criterio que debe presidir esta colaboración; vacilaciones que pretendemos que sean subsanadas tanto por la Mesa como por la Comisión de Reglamento. El mejor ejemplo de estas vacilaciones lo citaba su señoría, el
representante del Grupo Popular, al establecer la diferencia de criterios entre el envío de información de dos comisiones de investigación muy recientes, la Comisión del lino y la Comisión de Gescartera.
El resumen de la postura del Grupo Socialista, señorías, es que las comisiones de investigación deben enviar, de acuerdo con la ley y con la Constitución, el resultado de las comparecencias o de sus conclusiones al fiscal general del Estado
siempre que de ellas se deriven indicios de delito para alguna persona. Eso es cierto y se ha venido cumpliendo. Pero no es menos cierto, y no se ha cumplido siempre, que las solicitudes de jueces y tribunales a través del Tribunal Supremo deben
ser respondidas directamente por esta Cámara de acuerdo con el artículo 118 de la Constitución. Subsanar los
errores y las vacilaciones que se han producido en esta materia es precisamente el objeto de esta proposición.
El señor PRESIDENTE: Señor Ayala.
El señor AYALA SÁNCHEZ: Intervengo con brevedad señor presidente.
Evidentemente, yo no la acusaba de nada, la obviedad la había puesto usted en sus propios labios. Por resumir, lo que la señora Del Campo entiende por vacilaciones nosotros entendemos que es aplicación rigurosa de la ley al caso concreto.
Por tanto, ni existen las vacilaciones ni existen las dudas en cuanto a la colaboración del Congreso con la justicia, pues, como he dicho, dichas vacilaciones son aplicación del rigor de la ley al caso concreto.
- SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA LEY ORGÁNICA DE RÉGIMEN ELECTORAL PARA GARANTIZAR EL EJERCICIO DEL DERECHO DE VOTO A LOS ESPAÑOLES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE
IZQUIERDA UNIDA. (Número de expediente 161/001037.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 6.º del orden del día: Proposición no de ley sobre cumplimiento de las disposiciones previstas en la Ley orgánica del Régimen Electoral General para garantizar el ejercicio del derecho de voto a los
españoles residentes en el extranjero, presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Para su defensa, tiene la palabra su portavoz, señor Rejón.
El señor REJÓN GIEB: Señor presidente, señorías, la modificación de la Ley orgánica del Régimen Electoral General llevó en su momento a plantear la necesidad, la urgencia y la conveniencia de que se aplicaran los mismos criterios de
eficacia, corrección y supervisión administrativa de las personas residentes en el extranjero. En particular, se modificó el artículo 32.3 en el sentido siguiente: Las oficinas consulares, de carrera y sesiones consulares de las misiones
diplomáticas tramitarán de oficio la inscripción de los españoles residentes en su demarcación en la forma que se disponga reglamentariamente, y el artículo 36, que dice que para la actualización del censo de los lectores residentes o ausentes que
viven en el extranjero, los consulados tramitarán conforme al mismo procedimiento en los ayuntamientos, el alta y la baja de los españoles que vivan en su demarcación, así como sus cambios de domicilio.
Señorías, siempre que hay unas elecciones, como se suele decir, el que pierde con razón o sin razón, suele buscar explicaciones del porqué de su descenso de votos. Evidentemente, ha habido casos de denuncias muy serias, pero yo no quiero
mirar hacia atrás como la mujer de Lot. Mi grupo quiere mirar hacia adelante y entiende la insatisfacción de muchos electores que, pretenden ejercer su derecho al voto y no lo pueden realizar y, la de quienes constatan que hay una determinada
picaresca en relación con personas que ya han muerto, etcétera. Por tanto, ha llegado el momento de que esto se haga y se haga bien. Además, yo creo que el momento político es interesante, es decir, yo soy de los que opinan que las modificaciones
de los censos y todas estas cuestiones siempre hay que hacerlas en los momentos en los que los gobiernos están dulces, es decir, cuando consideran que están en un buen momento -lo que se sabrá o no- y por tanto se sienten generosos y no emplean una
cierta picaresca en la revisión de los censos, sino que tales gobiernos, los que fueran, procuran adecuarla a la realidad, sin ningún temor a que un voto más o menos pueda en un momento determinado decidir unas elecciones.
Por todo lo anterior nosotros hemos presentado la iniciativa que debatimos y conocemos la enmienda transaccional que presenta el Grupo Popular, que aceptamos. Como diría un castizo, si nosotros proponemos empezar a hacerlo y la enmienda del
Partido Popular dice que se continúe lo que se está haciendo, lo que decimos es: empiécese, continúese, pero hágase. Es decir, me da igual que haya que empezar o continuar, pero pido que se haga y se haga bien. Yo tengo que entender que cuando
plantea esta enmienda el grupo que soporta al Gobierno es que hay una voluntad clara del Gobierno de hacerlo y hacerlo bien. Por tanto, mostramos la satisfacción por la transaccional, la aceptamos y esperamos el respaldo del resto de los grupos.
El señor PRESIDENTE: El señor letrado de la Comisión, va a dar lectura de la enmienda que ha presentado el Grupo Popular, y después tendrá la palabra el señor Vera para la defensa de la misma.
El señor LETRADO: El texto quedará redactado de la siguiente forma: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a continuar la actualización del censo de españoles residentes ausentes por parte de las oficinas consulares de acuerdo con
las disposiciones previstas en la Ley orgánica del Régimen Electoral General en orden a garantizar el ejercicio del derecho de voto a los españoles residentes en el extranjero.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Vera.
El señor VERA PRO: Con la venia, señor presidente. Por el texto de la proposición no de ley del Grupo Federal de Izquierda Unida -y se lo digo al señor
Rejón con toda la cordialidad- deduzco que se trata de una iniciativa antigua que dicho grupo ha recuperado hace poco tiempo, y lo digo porque la reciente aprobación de la Ley orgánica del régimen electoral general a la que se refieren se
produjo hace siete años, en el año 1995. Pero, dicho esto, añado que la veo oportuna, al menos desde un punto de vista que comenté con el señor Rejón la semana pasada: creo que tienen parte de razón por cuanto que lo que vienen a expresar es su
preocupación por la falta de actualización del CERA. Y digo que sólo tienen parte de razón porque, como él bien ha dicho, nosotros pensamos que no es que no se haya efectuado este trabajo, sino que se está haciendo con una serie de dificultades que
se vienen superando.
La actualización y depuración del registro de matrícula consular y del CERA es una tarea permanente en las oficinas consulares. A partir precisamente de la reforma del año 1995, del 23 de marzo, de la ley electoral, el censo de todos los
españoles, formado por el CER, es decir, censo de españoles residentes, y el CERA, -censo de españoles residentes ausentes-, pasó a actualizarse mensualmente. Por el Real Decreto 157/1996, de 2 de febrero, y por orden del por aquel entonces
Ministerio de Economía y Hacienda de 24 de abril del mismo año se dictaron las normas técnicas que siguen plenamente vigentes para la actualización del censo electoral. De conformidad con esa normativa, tanto los ayuntamientos de España como las
oficinas consulares en el extranjero remiten mensualmente los datos de las bajas, las altas y las modificaciones producidas durante el mes anterior a la oficina del censo electoral, la cual las procesa y las incorpora al censo electoral que, por
tanto se revisa cada mes. Es verdad -y lo decíamos antes- que el CERA, en mayor medida que el censo de españoles residentes ausentes, adolece de errores e inexactitudes que son comprensibles teniendo en cuenta el volcado de los antiguos registros
de los libros de matrícula consular efectuados en su momento. Estoy convencido de que eso no sucede con los nuevos registros, pero también estoy seguro de que aquellos antiguos sí podían tener estas inexactitudes, que pasaron al CERA, y
precisamente en esto están trabajando las administraciones afectadas, comprobando las inscripciones y manteniendo suscripción o procediendo a la baja. Yo creo que debemos entender todos que la actualización es ardua y compleja dado que muchos
ciudadanos residentes en el extranjero no comunican a los consulados sus cambios de domicilio, ni los traslados a España o a otra demarcación consular y que nadie comunica los fallecimientos. Por tanto, es una labor más difícil que la que realizan
los ayuntamientos respecto al CER. Nos consta que se está trabajando intensamente no sólo desde las oficinas consulares, sino también desde la oficina del censo electoral, la cual viene realizando una serie de actuaciones especiales desde el año
1997. Estas actuaciones son, por ejemplo, el contraste con los ficheros de defunciones existentes en el Instituto Nacional de Estadística para detectar a los inscritos en el CERA fallecidos en España y efectuar las correspondientes bajas; también
se están estudiando las devoluciones de la documentación para el voto remitido en cada proceso electoral. Como resultado de estos estudios, que se vienen realizando después de cada elección desde el año 1997, se envían a los consulados unos
listados de la documentación devuelta con indicación de la causa de devolución (es decir, si es dirección incompleta, persona desconocida o persona fallecida) a fin de que puedan efectuar las rectificaciones oportunas. También realizan el envío a
los consulados de listados de electores con edades avanzadas a efectos de comprobar su supervivencia. Junto a estas medidas, los consulados están incrementando su actuación en la depuración y actualización del CERA, lo que se puede observar en las
variaciones registradas en los últimos tiempos. Desde las elecciones generales del año 2000, aunque el número total de electores no ha aumentado significativamente, se han producido 177.497 altas y 121.853 bajas. A la vista de esto, sólo cabe
decir que la actualización mensual del CERA no sólo se viene realizando de acuerdo con la legislación vigente, tal y como se insta al Gobierno en esta iniciativa, sino que además se están llevando a cabo actuaciones extraordinarias para mejorar la
información contenida en el censo de españoles residentes en el extranjero.
Por todo lo anterior en un principio no nos parecía conveniente adoptar acuerdo alguno sobre el texto de esta proposición no de ley. No obstante, como creo que lo que ha movido al Grupo Federal de Izquierda Unida es su preocupación de que
el CERA sea el registro permanente y correctamente actualizado que todos deseamos, hemos ofrecido el texto transaccional que ha leído el letrado de la Comisión al inicio de este debate.
El señor PRESIDENTE: Para fijación de posiciones, el portavoz del Grupo Socialista, señor Marcet, tiene la palabra.
El señor MARCET I MORERA: Como he señalado anteriormente, nos encontramos ante una proposición no de ley que se conecta con la que hemos discutido hace hora y media o dos horas respecto al censo de residentes ausentes, pero mucho más
genérica, y me satisface que el Grupo Popular, aunque sea rebajando un poco el planteamiento de la iniciativa del Grupo Federal de Izquierda Unida, haya presentado un texto que haga posible que entre todos demos un nuevo impulso a la práctica de
configuración del censo de residentes ausentes con el objetivo, que me parece que es lo esencial de la iniciativa, de garantizar el ejercicio del derecho del voto a los españoles residentes en el extranjero. Se trata de que aquellos mecanismos que,
como se ha señalado, pusimos en la letra de la ley en el año 1995 se vayan perfeccionando de forma que cada
vez sea más claro, más fácil y más limpio el ejercicio del derecho del voto que realizan los españoles residentes en el extranjero.
Sería bueno -voy a ser muy breve, señor presidente- que aprovecháramos esta iniciativa, esta proposición no de ley para que el Gobierno impulse a los consulados, al conjunto del servicio exterior a que colabore plenamente en que el proceso
electoral llegue a buen término. Siempre nos ha dado la impresión -seguramente el señor Vera coincidirá conmigo porque llevamos años trabajando en este terreno- de que el Ministerio de Exteriores veía estos aspectos de las elecciones como algo
externo a su quehacer cotidiano; efectivamente es externo a su quehacer cotidiano, pero es algo que debería interiorizar como un aspecto más. La imagen que ofrecen algunos países de sus elecciones a través de sus embajadas, de sus cancillerías
-estoy pensando en Estados Unidos, Francia, Italia, cualquier país-, es de estar plenamente en sintonía con el proceso electoral que se realiza en su país; cuando nosotros tenemos nuestros procesos electorales, que son los que son y están
relativamente acotados en el tiempo, nuestro Ministerio de Exteriores y el conjunto del servicio exterior se preocupan relativamente de este hecho. Esta es, muchas veces, la queja que nos trasladan nuestras asociaciones de emigración, que no hay
esta preocupación por parte del Ministerio de Exteriores. Por tanto, aprovecho el debate que estamos teniendo sobre el perfeccionamiento del CERA para impulsar las iniciativas que hagan que se ordene de forma más clara, más libre, más perfecta el
ejercicio del derecho al voto de los españoles residentes en el extranjero. Hago al Gobierno el llamamiento de que ponga al frente de esta manifestación de impulso al Ministerio de Exteriores, a su servicio exterior, y de forma especial a los
consulados, que son los que más tienen que colaborar. En este sentido, manifiesto, para terminar, el propósito del Grupo Socialista de votar favorablemente la proposición no de ley en el sentido del texto acordado entre el grupo que ha tenido la
iniciativa, el Grupo de Izquierda Unida, y el Grupo Popular.
El señor PRESIDENTE: ¿Tiene algo que decir el señor Rejón?
El señor REJÓN GIEB: Estoy de acuerdo con la intervención de los portavoces, pero quiero decir cordialmente al portavoz del Grupo Popular que el 95 fue ayer.
El señor PRESIDENTE: Pero, ¿acepta la enmienda presentada?
El señor REJÓN GIEB: Sí, ya dije antes que si, que nos parecía bien lo de continuar o empezar, pero que se haga.
- SOBRE CELEBRACIÓN DE ENCUENTROS ENTRE LA COMUNIDAD MUSULMANA EN ESPAÑA Y LOS PODERES PÚBLICOS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA.
(Número de expediente 161/001043.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 7: Proposición no de ley sobre celebración de encuentros entre la comunidad musulmana en España y los poderes públicos, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.
Para su defensa, tiene la palabra la portavoz socialista, señora Blanco.
La señora BLANCO TERÁN: Esta proposición no de ley que presenta hoy mi grupo parlamentario se hizo un mes y medio después de los dramáticos acontecimientos que tuvieron lugar en Nueva York el 11 de septiembre.
Desde luego, la falta o, por
lo menos, la no estructura de reuniones entre los poderes públicos y la comunidad musulmana era algo que nos venía preocupando desde hacía tiempo. Sabemos que es la Dirección General de Asuntos Religiosos, del Ministerio de Justicia, quien se ocupa
de alguna forma de estas reuniones, sabemos que lo hace y queremos reconocerlo aquí; sin embargo, como todos ustedes saben, hay un convenio, que se firmó en el año 1992, sobre libertades religiosas y un convenio posterior, que se firmó en 1996,
para la contratación de profesores de religión musulmana en determinados centros en que la comunidad musulmana tenía una alta densidad de población. Solamente se están financiando por el Estado español ocho profesores en Ceuta y 10 en Melilla.
Esto nos preocupa, aunque no es exactamente el objeto de la proposición, pero queríamos incluirlo formando parte de los poderes estatales al Ministerio de Educación, por una razón. Todos sabemos que en nuestro país, en determinados territorios de
alta densidad de población musulmana, se empiezan a implantar escuelas coránicas. Las escuelas coránicas están fuera del control de la Administración y, por tanto, el Grupo Socialista considera que es fundamental la intervención del Estado para que
los profesores que imparten religión musulmana estén, de alguna forma, tutelados o, por lo menos, bajo el paraguas del Ministerio de Educación.
Este asunto nos parece esencial, pero la proposición se dirige fundamentalmente a establecer contactos
periódicos, de forma estructurada entre los distintos poderes públicos y la comunidad musulmana.
A partir de los dramáticos acontecimientos del 11 de septiembre ha habido muchas opiniones, muchas voces. Nosotros pensamos que, entre todos, hay que evitar la confrontación entre culturas, que no tiene ningún sentido.
Hay que evitar el
desconocimiento del otro y, en este caso, del Islam; no todo es lo mismo.
Todos, poderes públicos, partidos políticos, Parlamento, sociedad civil, ciudadanos activos en la pedagogía de lo que supone el conocimiento del otro, del diferente -hay 400.000 personas en nuestro país que constituyen en este momento la
comunidad musulmana-, debemos huir de la asimilación y potenciar la integración y, sobre todo, debemos huir de la angustia identitaria de Occidente frente al Islam, eso es algo fundamental, que es responsabilidad de todos nosotros, en la
construcción de una sociedad democrática. En este sentido, la xenofobia visceral es peligrosa, pero la xenofobia racional que a veces se emite es todavía más peligrosa. El artículo 16 de nuestra Constitución, que mantiene que nuestro Estado es
aconfesional, no impide mantener estos encuentros, como se hace con distintas confesiones religiosas. Así, instamos a la Administración, a los poderes públicos, al Ejecutivo, pero también al Congreso, a los medios de comunicación de titularidad
estatal a que promuevan esta pedagogía, a que promuevan el encuentro entre las culturas y a que promuevan un diálogo fluido entre el Islam, la comunidad musulmana en nuestro país, y los españoles. Nuestro país conoce bien, por tradición, lo que es
la convivencia de distintas confesiones religiosas. Debemos intentar, entre todos, hacer algo que es nuestra responsabilidad antes de que otras situaciones se nos pongan por delante.
El señor PRESIDENTE: El señor letrado va a dar lectura a una enmienda que ha sido presentada por el Grupo Popular.
El señor LETRADO: El texto que se propone queda redactado de la siguiente manera, según dice la enmienda: El Congreso de los Diputados resuelve proseguir y profundizar en la realización y desarrollo de actuaciones de diversa naturaleza, ya
iniciadas, encaminadas al fomento del conocimiento e integración en la sociedad española de las diversas comunidades de razas o de religión existentes en la misma, a fin de evitar y erradicar cualquier conducta o actitud xenófoba o racista, al mismo
tiempo que recuerda al resto de poderes públicos los acuerdos y recomendaciones sobre la materia adoptados en reuniones o por organismos internacionales.
El señor PRESIDENTE: Para la defensa de la enmienda, tiene la palabra el señor De Arístegui.
El señor DE ARÍSTEGUI Y SAN ROMÁN: Mi grupo desea mostrar el acuerdo con la filosofía, con el espíritu que preside la proposición no de ley presentada por el Grupo Socialista. Sin embargo, también queremos decir, como argumentaremos más
tarde, que se han producido algunas novedades en el ámbito de los encuentros intercomunitarios, y sobre todo entre la comunidad musulmana y la Administración, que nos aconsejaron presentar esta enmienda.
En todo caso, en la exposición de motivos de la proposición no de ley se hace referencia, con acierto a nuestro juicio, a una de las claras intenciones del islamismo. El islamismo intenta crear un choque de civilizaciones y de culturas
donde no existe, y hablando de la pedagogía que tiene que hacer la Administración y que tenemos que hacer los políticos conviene recalcar una vez más que tenemos que diferenciar entre Islam e islamismo. Una cosa es Islam, una religión de paz y de
tolerancia, y otra muy distinta es el islamismo. El islamismo no es religión, es la cobertura que emplea para tratar de presentarse ante los creyentes musulmanes como los salvadores y como los auténticos musulmanes. En realidad, el islamismo es
una ideología totalitaria, opresiva y violenta. Es a eso a lo que nos enfrentamos, no al Islam. El desconocimiento, la ignorancia que en Occidente existe del Islam y de sus valores, es exactamente lo que está provocando esos sentimientos de
xenofobia y de racismo y, no nos engañemos, además está favoreciendo y dando argumentos a los más radicales y violentos entre los violentos, pero no sólo entre los islamistas, sino también, como hemos visto por desgracia en Francia, a la extrema
derecha y otros extremismos.
Por tanto, nosotros creemos que es importante recordar el juego, y sobre todo el riesgo geopolítico al que nos estamos enfrentando. El islamismo pretende promover la inestabilidad en los países moderados, pretende extender su ideología como
un reguero de pólvora, pretende contagiar a cuantos países pueda y pretende hacer caer a aquellos que se han manifestado cercanos o próximos a una evolución política participativa.
Por consiguiente, creemos que es importante seguir manteniendo los
contactos que la Administración tiene y ha reforzado en los últimos tiempos, pero también hacemos un llamamiento a que los políticos, nosotros y otras instituciones, hagamos los deberes en materia de contactos con otras comunidades. Desde aquí nos
ofrecemos nosotros a entrar en contacto, como tantas veces yo mismo he hecho -claro, que en otra condición que la de diputado, como miembro de la Comisión Nacional Asesora de Libertad Religiosa-, con los máximos miembros de la comunidad musulmana de
España. Pero además invito a que lo hagan otros grupos, porque sólo con el diálogo, el contacto fluido y el conocimiento mutuo seremos capaces de llevar a nuestros electores y a la opinión pública española la realidad, la verdad de qué es el Islam,
qué es el islamismo y que no es lo mismo Islam que terrorismo, que el terrorismo proviene del islamismo y no del Islam.
Nosotros pensamos que algunas medidas que ha tomado la Administración han sido acertadas. Se ha aumentado el número de representantes de la comunidad musulmana de uno a dos, y en este momento es una comunidad que está sobrerrepresentada con
respecto a su peso demográfico. A nosotros nos parece un acierto, puesto que en este momento es importante que tengan
cauce de expresión las personas que representan la comunidad musulmana, pero además de las reuniones ordinarias que celebran la comisión permanente de la Comisión Nacional Asesora de Libertad Religiosa y los plenarios, se produce un cambio
de la filosofía de las reuniones de la Administración con las comunidades religiosas. Como saben sus señorías, hasta ahora las reuniones se producían en un marco que podríamos decir excesivamente amplio y grande, todas las comunidades religiosas
con toda la Administración. Hoy se ha identificado cada cuestión que se aborda y que se discute y se reúne el ministerio concernido con la comunidad concernida en presencia del Ministerio de Justicia. Eso es un acierto, es mucho más operativo y
funcional y además permite una discusión más profunda y más seria de las cuestiones y de los problemas. Además, por ejemplo, se ha producido la participación de todas las comunidades religiosas en la preparación de la conferencia internacional
consultiva de las Naciones Unidas de educación en la libertad religiosa, la tolerancia y la no discriminación, que se celebró en noviembre del año pasado bajo los auspicios de Naciones Unidas y bajo la presidencia de Su Alteza Real el Príncipe de
Asturias y de la comisaria para Derechos Humanos de las Naciones Unidas Mary Robinson. Próximamente, los días 20, 21 y 22 de mayo, se celebrará un encuentro interreligioso de las diez confesiones más importantes establecidas en España, obviamente
con la comunidad musulmana a la cabeza.
En estos momentos se está produciendo la intensificación de los contactos entre el director general de Asuntos Religiosos y las comunidades musulmanas. Concretamente se convoca, por lo que he sido informado por el propio director general,
al presidente de la Comisión Musulmana de España, señor Tatary, a una reunión por lo menos una vez al mes, de la misma manera que se convoca al presidente de la otra federación musulmana, de la FERI, a esas mismas reuniones, aunque sólo acude a unas
cuatro al año y ya conocemos cuáles son las naturalezas de estos encuentros o más bien de estos desencuentros. Indudablemente estos son los cauces ordinarios de relación de las comunidades religiosas con la Administración, pero me gustaría reiterar
una vez más que, si diversificamos los puntos de contacto y los políticos nos incluimos también en estos contactos, estaremos prestando un gran servicio a la tolerancia y a la convivencia.
Para concluir diría que los cauces de relación entre la Administración y las comunidades religiosas son los adecuados. Sin embargo, tenemos que potenciarlos con otras instituciones, y quizá esta proposición no de ley nos permita a todos
hacer un examen de conciencia y saber aceptar que a veces nosotros, los políticos, estamos denunciando cuestiones que podríamos abordar, asumir nuestras propias responsabilidades y comenzar una nueva etapa de contactos entre las instituciones
democráticas españolas y todas las confesiones religiosas.
El señor PRESIDENTE: Para turno de réplica, tiene la palabra la señora Blanco.
La señora BLANCO TERÁN: Estamos de acuerdo con el texto que ha presentado el Grupo Popular y esperamos que, tras el llamamiento que ha hecho el señor Arístegui, que yo hacía también a todos los grupos parlamentarios y a los medios de
comunicación dependientes del Estado, se ocupen también de esta pedagogía.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Campuzano para fijación de posiciones.
El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Convergència i Unio coincide en el fondo tanto del texto planteado por el Grupo Socialista como de la enmienda planteada por el Grupo Popular y, en la medida en que el Grupo Socialista acepta la enmienda del
Grupo Popular vamos a votarla también favorablemente.
Nos parece -y los dos portavoces han hecho énfasis en ello- que hoy el conjunto de la sociedad española, más allá de una cierta retórica fundamentada en un pasado donde efectivamente pudiesen convivir diversas religiones en el conjunto de la
sociedad, debe afrontar el reto de la convivencia y de la gestión de la pluralidad religiosa, y estos dos retos, el de la convivencia y el de la gestión de la pluralidad religiosa, cuando aterrizamos en la realidad de los municipios, de los barrios,
las ciudades y los pueblos, se nos muestran mucho más difíciles que las buenas voluntades que expresamos en esta Comisión. Creo que este es el valor de la proposición no de ley que ahora votamos, que más allá de nuestra retórica seamos capaces de
verdad de construir una sociedad que se reconozca en su propio ser como plural también en lo religioso.
Eso va a exigir, más allá de las buenas voluntades, más allá de las reuniones de las que nos hablaba el portavoz del Grupo Popular y de las
metodologías que se introducen, que nos parecen positivas, más allá de la pedagogía de todos los responsables en la construcción de la imagen pública de esta pluralidad religiosa, que acometamos la puesta en marcha de políticas concretas en
municipios, en realidades territoriales, que puedan permitir que la vivencia del conjunto de los ciudadanos de la pluralidad religiosa no sea vivida como un conflicto. Yo creo que la reflexión que nos podrían suscitar las elecciones de Francia de
este fin de semana nos indica eso, que más allá del discurso políticamente correcto debemos ser capaces de resolver las cuestiones concretas que se viven en los barrios y en las ciudades.
Creo que el reto está ahí y España tiene la suerte de ser un Estado relativamente reciente en esta materia. A pesar de que los acuerdos, por ejemplo, con la comunidad
musulmana son del año 1992, hace cerca de diez años, cuando este debate se ha abierto en nuestra sociedad ha sido hace tres o cuatro años. Estamos en condiciones de evitar cometer los errores que en otros Estados de la Unión Europea han
cometido y que han llevado, entre otras cuestiones, a que la extrema derecha tenga el auge político que tiene.
Esperamos que esta proposición no de ley, lógicamente con toda su modestia, pueda contribuir a un caminar acertado en este terreno.
- SOBRE RECONOCIMIENTO DE QUIENES HAN CONTRIBUIDO A LA EXTENSIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL DERECHO A LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ). (Número de expediente 161/001184.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 8 y último del orden del día: Proposición no de ley sobre reconocimiento de quienes han contribuido a la extensión y consolidación del derecho a la objeción de conciencia, presentada por el Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Tiene la palabra el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: En esta misma sesión de hoy hemos abordado ya algún otro debate que enlaza con esta proposición no de ley que plantea el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
El año 2002 pasará seguramente a nuestra historia colectiva como el año que -entre otras cuestiones- ha supuesto el fin del servicio militar obligatorio. Hace pocos días, el Pleno de la Cámara dio luz verde a la tramitación parlamentaria en
lectura única de una reforma del Código Penal y del Código de Justicia Militar que suponía la definitiva desaparición de los delitos de insumisión. En este contexto, a nuestro grupo parlamentario le parecía oportuno que hoy la Comisión
Constitucional -que seguramente es la Comisión más singular de esta Cámara en lo que hace referencia al reconocimiento de los derechos fundamentales de los ciudadanos- aprobase una resolución que supusiese un reconocimiento político y moral de todos
aquellos ciudadanos del Estado que a finales de la dictadura franquista, desde su riesgo personal y desde una opción personal y a veces religiosa, optaron de manera pionera por la objeción de conciencia al servicio militar obligatorio. Este es el
sentido de esta proposición no de ley, que además está apuntada en dos líneas. Por un lado, en un momento en el que se empieza a regular este derecho a la objeción de conciencia en el conjunto de Europa del Este y del Centro o bien para que en los
Estados en los que este reconocimiento de la objeción de conciencia no se ha producido, la Cámara, a través de esta Comisión, se pronunciase para que el Gobierno, en su acción exterior, impulsase ese reconocimiento, tal como vienen haciendo desde
mediados de los años setenta el Consejo de Europa, la OSCE y el propio Parlamento Europeo. Por otro lado, para que esta reflexión, este reconocimiento y este impuso del reconocimiento del derecho a la objeción de conciencia en el marco de la Unión
Europea fuese acompañada de una activa política real de fortalecimiento de la cultura de la paz, con el consiguiente apoyo a los centros que, en diversos lugares del Estado, apuestan con acciones concretas en esa línea. Estos son los tres ejes de
nuestra proposición no de ley.
Quiero recordar algunos hechos para lo que tengo aquí en mis manos periódicos de Barcelona de principios de los años ochenta en los que se hablaba de la necesidad de elaborar esa ley de objeción de conciencia en aras de la ejecución del
principio incorporado a la Constitución de 1978; se recuerda a los primeros Testigos de Jehová en el año 1959; se recuerda al grupo de la comunidad del Arca que en 1967 hizo llegar al Gobierno la propuesta de la puesta en marcha de un servicio
civil; se recuerda como las Cortes franquistas rechazaron ese proyecto que envió el Gobierno, y creo recordar que fue el único caso en que las Cortes franquistas fueron más reaccionarias que el propio Gobierno y que una proposición de regulación
del derecho a la objeción de conciencia presentada por el Gobierno fue rechazada por los núcleos más duros del régimen. Recuerdo como en 1971, Pepe Beúnza fue el primer objetor de conciencia no Testigo de Jehová que optó por esta decisión, que le
supuso 15 meses de cárcel, luego fue instado a reincorporarse al servicio militar, lo que le supuso 3 años de cárcel, y finalmente tuvo que hacer la mili en un batallón disciplinario en el Sáhara; recuerdo como en 1973 y en 1974, desde la propia
instancia civil y muy especialmente desde Justicia y Paz se intentaba organizar un denominado voluntariado para el desarrollo; como en esa década en diversas ciudades del Estado, muy singularmente en Cataluña -en Can Serra, un barrio de Hospitalet,
en Reus, en Vic y en Tarragona-, pero también en otras ciudades del Estado como en Málaga, en Bilbao y en la propia ciudad de Madrid se empezó a articular un tejido de personas comprometidas por la paz y por el derecho a la objeción de conciencia
que lo hacían sin esperar ningún tipo de reconocimiento por parte del Estado o por parte de los poderes públicos, sino simplemente desde la voluntad de entender que era fundamental que ese derecho a la objeción de conciencia como parte del derecho a
la libertad de pensamiento, a la libertad de religión y a la libertad de conciencia fuese reconocido por el Estado español. Este no es un tema menor ni mucho menos, porque el derecho a la objeción de conciencia es la expresión concreta en un ámbito
concreto de la libertad de pensamiento, conciencia y religión reconocidas tanto por la Declaración Universal de los
Derechos Humanos como por la Convención Europea de los Derechos Humanos.
Desde el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) nos gustaría que la Cámara hoy fuese capaz -no entenderíamos que la Cámara no lo hiciese- de reconocer el
valor político y moral de aquellas personas que con riesgo de su libertad y de su propia consideración como ciudadanos con plenitud de derechos optaron por la objeción de conciencia en unos momentos especialmente difíciles de nuestra historia. Nos
parecería justo, democrático, moral y político que hiciésemos ese gesto.
Finalmente, también nos gustaría que la Cámara fuese consciente hoy de que este es un debate planteado en muchos Estado de la Unión Europea; por ejemplo, hoy en Grecia el reconocimiento de los objetores de conciencia se continúa produciendo
en situaciones pésimas; hoy en Albania, en Bielorrusia, en Bulgaria, en Rumanía, en Hungría y en la República Checa, el desarrollo legislativo de esta materia es escasa o incluso penalizadora a los objetores de conciencia; o que en Estados como
Rusia, Moldavia, Armenia, Azerbaiyan y Georgia, los objetores de conciencia continúan siendo objeto de prisión. Nos gustaría que la Cámara se hiciese eco de esta realidad y fuese capaz de impulsar, desde la coherencia en la propia trayectoria de
estos años, el valor político y moral de la objeción de conciencia y nuestro compromiso de apoyar a los objetores de conciencia del resto de Europa. La semana pasada recordábamos en el Pleno una frase de Albert Einstein en el sentido de que los
objetores de conciencia eran pioneros de un mundo sin guerras. En 1971, Pepe Beúnza y los objetores de Can Serra fueron pioneros de lo que hoy es la evidencia: de la inutilidad del servicio militar obligatorio y la necesidad de articular una
cultura de la paz desde los poderes públicos. Reconocer esto treinta años más tarde vale la pena, esperemos que así sea.
El señor PRESIDENTE: ¿Turno en contra? (Pausa.) ¿Turno de fijación de posiciones? (Pausa.) ¿Portavoces? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Velasco.
El señor VELASCO SIERRA: Señorías, el Grupo Parlamentario Socialista está totalmente de acuerdo con la proposición no de ley que presenta el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Ya se ha hablado en esta Cámara -creo recordar
que han sido cinco o seis veces- sobre temas relacionados con la objeción de conciencia. Antes de comenzar la intervención del señor Campuzano, le preguntaba si todos los grupos estábamos de acuerdo con la misma, porque yo venía con la mentalidad
de que así era, al ser difícil rechazar una proposición no de ley tan clara, concisa y contundente en la exposición de motivos y en la resolución de la misma como la que ha presentado este grupo parlamentario. Pero, ante mi extrañeza, me decía que
el Grupo Parlamentario Popular la iba a rechazar. No lo entiendo, por lo que me lo tendrá que explicar muy bien el o la portavoz del Grupo Parlamentario Popular para que se rechace una proposición no de ley que habla simplemente de reconocer el
papel jugado por los pioneros en la objeción de conciencia; por esas personas que lucharon en contra del franquismo y que dejaron claros su mentalidad y su impulso en una cuestión tan bonita y tan loable como es difundir los valores de la paz y del
voluntariado social; por construir un mundo sin armas, sin guerras y trabajar en ese sentido desde todas las posiciones.
Muchísimas resoluciones de la Unión Europea ya lo apuntan en ese sentido y, como bien decía el proponente, se recomienda a los
Estados miembros que se quieran incorporar a la Unión Europea que acepten este tipo de resoluciones para que se reconozca a los objetores de conciencia, es decir, a las personas que no quieren participar en conflictos bélicos ni en hacer el servicio
militar. (Rumores.)
Anteriormente, en las proposiciones no de ley y en las interpelaciones que se han hecho al Gobierno se venía a hablar del futuro de la objeción de conciencia como un movimiento y para que no desaparezca una vez que ha desaparecido el
servicio militar obligatorio, sino que tenga un trasfondo futuro. (Rumores.) En este sentido, todos los grupos parlamentarios, excepto el Grupo Parlamentario Popular, apuntábamos que el trabajo desarrollado por éstos debía de seguir vigente. Ya
hemos hablado en algunas ocasiones de cómo en el tercer sector -el famoso y llamado tercer sector- donde han trabajado los objetores de conciencia favoreciendo la integración de los inmigrantes, de las personas mayores con problemas de minusvalía y
en otros campos, tuvieran una continuidad, tanto en las administraciones públicas como privadas, porque han venido desarrollando un trabajo muy digno favoreciendo a este tercer sector. (Rumores.) Podría entender nuestro grupo que no fuera una
prioridad del Partido Popular trabajar en este sentido, argumentando, como así lo ha hecho en las diferentes proposiciones...
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Velasco. Lamento interrumpirle, pero ruego a los parlamentarios aquí presentes que respeten al orador y, en consecuencia, si hacen bureo que lo hagan en voz muy baja, porque las taquígrafas no pueden
oír. Gracias.
El señor VELASCO SIERRA: Gracias, señor presidente.
Decía que podía entender que la posición del Partido Popular en las anteriores proposiciones no de ley fuera de rechazo, por cuanto le hacían al Gobierno gastarse un dinero, desde nuestro punto de vista mínimo y muy interesante, pero que, al
no ser una prioridad del Gobierno, entendíamos, aunque no compartíamos, que fueran rechazadas las diferentes iniciativas, la interpelación de CiU, la proposición no de ley en Pleno del
Grupo Parlamentario Socialista, y en Comisión del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, pero no entendemos, por ninguno de los conceptos anteriormente expuestos, que no sea votado favorablemente reconocer el papel tan digno, humano
y solidario que han venido desarrollando los objetores de conciencia, y yo incluiría a los insumisos, por mostrarlos expresamente, aunque están reconocidos, sin esa expresión concisa, en la filosofía de la proposición de CiU, y, como le decía al
proponente, en aras de que el consenso se diera con muchísima más facilidad. Creo que ha puesto todos los puntos sobre las íes para que sea votada mayoritariamente y por unanimidad esta proposición no de ley.
Por último, quiero destacar que las explicaciones tienen que ser muy claras para que todos los grupos, por lo menos el nuestro y el proponente, entendamos por qué se rechaza esta proposición, hoy, en esta Cámara.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Carriegas
El señor CARRIEGAS ROBLEDO: Deseo fijar la postura del Grupo Parlamentario Popular. En primer lugar, quiero hacer una puntualización sobre algo que estoy seguro se trata de una errata en la confección de esta iniciativa por parte del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió.) La afirmación con la que se encabeza la exposición de motivos de la proposición no de ley es inexacta, ya que el 1 de enero del año 2002 no se ha suprimido el servicio militar. La disposición adicional
decimotercera de la Ley 17/1999, de 18 de mayo, ha dejado en suspenso la prestación y, por tanto, no se ha suprimido la prestación del servicio militar obligatorio, regulada en la Ley orgánica 13/1991, de 20 de diciembre. La supresión no se
producirá en tanto no se derogue la mencionada Ley orgánica 13/1991, de 20 de diciembre, del servicio militar, derogación que habrá de coincidir, en palabras de la Ley orgánica 7/1998, de 5 de octubre, con la culminación del proceso de
profesionalización de las Fuerzas Armadas.
Hecha esta aclaración, entraremos en el fondo de la cuestión que nos plantea Convergència i Unió. En el número 1 de la proposición se solicita que se reconozca el papel jugado por los objetores de conciencia en el proceso de supresión del
servicio militar. Aclarada ya la cuestión sobre el concepto de supresión versus suspensión, el Grupo Parlamentario Popular no puede menos que hacer, en este momento, un recordatorio al documento que da nombre a esta Comisión parlamentaria.
Obviamente se trata de la Constitución española de 1978. En su artículo 30 y bajo la rúbrica de Derechos y deberes de los ciudadanos, proclama que los españoles tienen el derecho y el deber de defender a España, disponiendo que la ley fijará las
obligaciones militares de los españoles y regulará, con las debidas garantías, la objeción de conciencia. Esta regulación se produjo posteriormente, con las leyes 48/1984, de 26 de diciembre, Reguladora de la objeción de conciencia y de la
prestación social sustitutoria, y 22/1998, de 6 de julio, en cuya virtud los españoles sujetos a obligaciones militares, que por motivos de conciencia, en razón de una convicción de orden religioso, ético, moral, humanitario, filosófico u otros de
la misma naturaleza, sean reconocidos como objetores de conciencia, quedarán exentos del servicio militar, debiendo realizar, en su lugar, una prestación social sustitutoria. Éste, señor Campuzano es el bagaje de la democracia, este es el bagaje de
la Constitución, éste es el bagaje del conjunto de los españoles que refrendaron nuestra Carta básica, nuestra Carta Magna. Es pues la Constitución, son todos los españoles, quienes han logrado la extensión y la consolidación del derecho a la
objeción de conciencia, cuestión que nos plantea hoy Convergència i Unió. ¿A quién debemos hoy reconocer no ya sólo la suspensión del servicio militar sino todos y cada uno de nuestros derechos y obligaciones? En nuestra opinión y sin lugar a
dudas, al pueblo soberano, al pueblo español, que pone y quita. El compromiso electoral del Partido Popular, de que crear unas Fuerzas Armadas profesionales y de suspender el servicio militar obligatorio, así como la prestación social sustitutoria
-por cierto, el Partido Socialista no lo planteó en 13 años de gobierno- fue premiado por el voto de millones de españoles y sólo a ellos, al conjunto de los españoles -los que nos votaron y los que no lo hicieron- se les debe reconocer el éxito de
tan importantes decisiones.
El número 2 de la proposición solicita el reconocimiento del derecho a la objeción de conciencia en el seno de la Unión Europea y entre los países miembros de la OSCE, Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa. En este
apartado debemos afirmar que el derecho a la objeción de conciencia no es competencia de la Unión Europea por no estar recogido en ninguno de los tratados, por lo que sigue siendo una competencia exclusivamente nacional. Pero sí debo decir que
España, todos sus órganos de gobierno y su diplomacia, predica con el ejemplo. Creemos que nuestro modelo político es un buen modelo y pensamos que las decisiones que se han tomado son unas buenas decisiones, que benefician a los españoles en su
conjunto y modernizan al país. Por tanto, nuestro talante, nuestros aciertos, nuestro saber hacer, nuestro bagaje y, permítamelo, nuestros tesoros, siempre y en todo caso, intentamos trasladarlos a aquellos foros a los que tenemos acceso y, cómo no
a nuestros relaciones internacionales.
Por último, en el número 3 de la proposición no de ley, se insta a promover la cultura de la paz con acciones de sensibilización entre el conjunto de la población. A sensu contrario, ¿cuál es la cultura que estima Convergència i Unió que
promueve el Gobierno del Partido Popular? Repito lo que he afirmado en el apartado anterior: predicamos con el ejemplo. La cultura de la paz es la cultura de este Gobierno, es la cultura que de manera
cristalina apoyan los españoles, es la cultura que promueven la inmensa mayoría de los partidos políticos españoles. La propuesta de Convergència i Unió parece no haber contemplado los esfuerzos -los titánicos esfuerzos- que el Gobierno de
España, a la sazón Gobierno de la Unión Europea durante este primer semestre del año 2002, ha hecho y está haciendo para resolver la dramática situación que padecen palestinos e israelíes, y tantas y tantas mediaciones y tantas y tantas acciones de
paz. En España no cabe otra cultura que la que se asienta en nuestra Constitución, la cultura de la paz, la cultura del respeto a la diferencia, la cultura de la libertad y la cultura de la convivencia entre todos, y los españoles lo saben, lo
aprecian y lo defienden.
Por todo ello, porque no entendemos la oportunidad ni el fin último de la iniciativa que promueve hoy el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), el Grupo Parlamentario Popular no va a apoyar esta proposición no de ley.
El señor PRESIDENTE: Para turno de réplica, tiene la palabra el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Lamento muy sinceramente la falta de sensibilidad del portavoz del Grupo Popular en este debate. Más allá de la discusión semántica entre suspender y suprimir, creo que todos sabemos que en la práctica la
decisión tomada es la supresión del servicio militar obligatorio -a no ser que el portavoz del Grupo Popular nos haga creer que próximamente se va a reactivar esta obligatoriedad; sería bueno que se aclarase, pero estoy seguro de que no va a ser
así-, lo que hoy Convergència i Unió pretendía formular en este debate parlamentario era un acto de memoria histórica, de memoria colectiva, que diese contenido real a una palabra que utilizamos también en esta Cámara, la palabra pedagogía, el
concepto de pedagogía, y don Gustavo de Arístegui hablaba de ello anteriormente. Si España logró la Constitución de 1978 fue un mérito de todos, pero habrá que reconocer que hubo gente que durante el franquismo se la jugó. Hubo gente que, a riesgo
de su vida, de una vida más o menos cómoda, de una vida más o menos fácil, estudiando, trabajando, fue capaz de permitir que el conjunto de la sociedad llegase a la democracia. Que hoy seamos incapaces de votar a un grupo de personas muy concretas,
que viven una vida muy normal, trabajando en sus oficios, en sus barrios, en sus sociedades, que nunca han pedido nada al Estado -y recomiendo al portavoz del Grupo Popular que mantenga una conversación con don Pepe Beúnza y verá que el señor Beunza
no tiene ganas de que esta Comisión le reconozca nada, hizo lo que tenía que hacer-, que hoy no seamos suficientemente generosos ni pedagógicos para entender que una sociedad madura, moderna, avanzada, situada en parámetros europeos debe ser capaz
de reconocer qué ciudadanos se la jugaron en tiempos malos, en tiempos de la dictadura, indica que hay alguna cosa enferma en nuestra clase política.
Lamento esta decisión del Grupo Popular, esperaba que hoy seríamos capaces de comprometernos con nuestro pasado más reciente, así como de expresar nuestro apoyo a quien en el resto de Europa aún trabaja por conseguir este reconocimiento del
derecho de la objeción de conciencia. Realmente es una pena.
El señor PRESIDENTE: Por último, tiene la palabra el señor Velasco.
El señor VELASCO SIERRA: Voy a ser muy breve, señor presidente. Sin embargo, al César lo que es del César y si bien ha dicho que durante trece años de Gobierno socialista, aunque se habían sentado las bases no se había logrado la supresión
del servicio militar -y no soy yo el más indicado en esta Comisión ni en otras para defender a un grupo parlamentario que no es el mío-, hay que reconocer que en el acuerdo de Gobierno de la anterior legislatura entre el Partido Popular y
Convergència i Unió, este último fija como acuerdo sine qua non que el Partido Popular suprima el servicio militar, y consigo la prestación social sustitutoria, como uno de los objetivos para cumplir en esa legislatura. Fue en la pasada legislatura
cuando se sentaron las bases para que hoy sea una realidad la supresión del servicio militar. La memoria parece escasa, pero el portavoz de Convergència i Unió así nos lo ha recordado y nosotros hacemos ese reconocimiento aquí y en otras
intervenciones.
Por último, ojalá sean titánicos los esfuerzos para resolver el problema entre israelíes y palestinos. Hasta ahora no lo han sido y esperemos que en el futuro entre todos y todos sean capaces de llegar a esos esfuerzos.
El señor PRESIDENTE: Dúplica del señor Carriegas, si la quiere utilizar.
El señor CARRIEGAS ROBLEDO: En primer lugar, con relación al pequeño debate que se suscita a raíz de los errores en la confección, en nuestra opinión errores manifiestos en la concepción de la proposición no de ley, quien lo tiene claro es
el Grupo Popular que es el que ha propuesto las modificaciones que hasta ese momento nadie había hecho y todos somos conscientes de que hoy están en vigor. No tengo más que decir sobre este particular y todo el mundo sabe perfectamente cuáles eran
las propuestas del Partido Popular y cuáles las de otros partidos que sobre este particular no se pronunciaban.
Decía el señor Campuzano que alguna cosa está enferma cuando no se aprueban sus propuestas. Le voy a leer -es muy breve señor presidente- sólo un párrafo de una conferencia que daba en 1996 en Valencia el señor Beúnza, al que tanto cita el
señor Campuzano en su propuesta y en su discurso, que deja bien a las claras cuál era la situación y cuál es hoy.
Decía: En aquella
época murió Franco. Había mucho miedo porque no se sabía lo que iba a pasar, pero se veía más próxima la libertad. En aquel verano vino la amnistía. Este grupo -se refiere a los objetores de Can Serra d'Hospitalet que también ha citado el
señor Campuzano- salió de la cárcel y surgieron otros grupos en Alicante, Málaga, Zaragoza, grupos que fueron el germen de la lucha por la insumisión. Cuando llegó la amnistía, estos salieron a la calle, pero volvían a llamar a filas así que seguía
habiendo objetores en la cárcel, hasta que en 1978, fecha de la Constitución española, Gutiérrez Mellado dio la orden a los cuarteles para que cuando una persona dijera que quería ser objetor lo mandaran a su casa y firmara la orden de incorporación
aplazada. Resolvió el problema de la objeción de una manera muy sencilla. Esto decía el señor Beúnza que deja a las claras, negro sobre blanco, cuál ha sido la situación, cuál ha sido el fruto de la transición y cuál ha sido el éxito del conjunto
de la ciudadanía española sobre este particular, que hoy todos podemos celebrar.
El señor PRESIDENTE: Señor Campuzano, ¿qué desea?
El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Lo normal es que el grupo proponente cierre el debate.
El señor PRESIDENTE: Soy nuevo en esta plaza, pero por lo que sé, no es lo normal, sino lo anormal.
Le pediría brevedad, señor Campuzano. Tiene treinta segundos.
El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Seré muy breve.
Quiero recordarle al portavoz del Grupo Popular que se lea su programa electoral de 1996 donde no figuraba la supresión del servicio militar y me remito a las consideraciones del portavoz Socialista. Quiero decirle que las manifestaciones
del señor Beunza reafirman que hoy no hubiese costado nada que esta Cámara reconociese el valor de esa gente que antes de la muerte de Franco -el señor Beunza se declaró objetor de conciencia en 1971- optaron por esa objeción de conciencia. No
hubiese contado nada.
Es una pena.
El señor CARRIEGAS ROBLEDO: Señor presidente, deseo un turno muy breve por cerrar el turno.
El señor PRESIDENTE: Tiene otros treinta segundos.
El señor CARRIEGAS ROBLEDO: Menos de treinta segundos.
Únicamente le pido al señor Campuzano que se lea el discurso de investidura de don José María Aznar a raíz de ser elegido presidente en el cual podrá ver cuáles eran los objetivos del Partido Popular.
(Protestas.- Risas.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a las votaciones, una vez que se ha terminado el debate de las proposiciones no de ley. Empezamos por la votación relativa a la proposición de ley sobre modificación de la Ley orgánica 3/1987, de 2 de julio,
sobre financiación de partidos políticos, presentada por el Grupo Mixto.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos en contra, 21; abstenciones, 15.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Proposición relativa al censo electoral de residentes ausentes, propuesta por el Grupo Mixto.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 21.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Proposición no de ley sobre medidas para reparar moralmente a todas aquellas personas que fueron represaliadas durante la dictadura franquista, en concreto, a las víctimas de los sucesos acaecidos en Ferrol el día 10 de marzo de 1972. Esta
proposición no de ley incluye una enmienda que ha sido aceptada por el grupo proponente.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 21.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Proposición no de ley sobre colaboración del Congreso de los Diputados con la justicia, propuesta por el Grupo Parlamentario Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 21; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Proposición no de ley sobre cumplimiento de las disposiciones previstas en la Ley orgánica de Régimen Electoral General para garantizar el ejercicio del derecho de voto a los españoles residentes en el extranjero, propuesta por el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida y que incorpora una enmienda aceptada por el grupo proponente.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado, por unanimidad.
Proposición no de ley sobre celebración de encuentros entre la comunidad musulmana en España y los poderes públicos, presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista y con una enmienda que ha sido aceptada por el grupo proponente.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado, por unanimidad.
Por último, proposición no de ley sobre reconocimiento de quienes han contribuido a la extensión y consolidación del derecho a la objeción de conciencia, propuesta por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 21.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Era la una y veinte minutos de la tarde.