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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 469, de 10/04/2002
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2002 VII Legislatura Núm. 469
RÉGIMEN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. NARCÍS SERRA I SERRA
Sesión núm. 17
celebrada el miércoles, 10 de abril de 2002
ORDEN DEL DÍA:
Comparecencia de la señora subsecretaria de Administraciones Públicas (De Cospedal García), para informar sobre:
- Las noticias y rumores preocupantes aparecidos en los medios de comunicación de actuaciones ilegales de concesión de permisos de trabajo a extranjeros por la Delegación de Trabajo en Tarragona, de las actuaciones de inspección de servicios
a este respecto, con el fin de depurar las responsabilidades que en su caso puedan existir y además de ello proteger la profesionalidad de cuantos funcionarios sean ajenos a estas prácticas por las noticias aparecidas en prensa. A solicitud del
Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 212/000622.) ...
(Página 15108)
- La liquidación del presupuesto de 2000 y 2001. A solicitud del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 212/000931.) ...
(Página 15115)
- La ejecución final de presupuesto 2001 y situación final de las diferentes partidas. A solicitud del Grupo Parlamentario Socialista.
(Número de expediente 212/000932.) ... (Página 15115)
Preguntas:
- Del señor Martínez Sanjuán (Grupo Parlamentario Socialista), sobre la situación de las oficinas de extranjería dependientes del Ministerio de Administraciones Públicas. (Número de expediente 181/001318.) ...
- Del señor Ripa González (Grupo Parlamentario Socialista), sobre aumento de la dotación de medios y de personal para resolver los expedientes pendientes en las oficinas de extranjería. (Número de expediente 181/001401.) ...
- Del señor Ripa González (Grupo Parlamentario Socialista), sobre cumplimiento de la normativa sobre eliminación de barreras arquitectónicas para que puedan acceder a las oficinas de la Administración del Estado los que padecen algún tipo de
incapacidad física o sensorial. (Número de expediente 181/001397.) ... (Página 15129)
Se abre la sesión a las diez y treinta y cinco minutos de la mañana.
COMPARECENCIA DE LA SEÑORA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (DE COSPEDAL GARCÍA), PARA INFORMAR SOBRE:
- LAS NOTICIAS Y RUMORES PREOCUPANTES APARECIDOS EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE ACTUACIONES ILEGALES DE CONCESIÓN DE PERMISOS DE TRABAJO A EXTRANJEROS POR LA DELEGACIÓN DE TRABAJO EN TARRAGONA, DE LAS ACTUACIONES DE INSPECCIÓN DE SERVICIOS
A ESTE RESPECTO, CON EL FIN DE DEPURAR LAS RESPONSABILIDADES QUE EN SU CASO PUEDAN EXISTIR Y ADEMÁS DE ELLO PROTEGER LA PROFESIONALIDAD DE CUANTOS FUNCIONARIOS SEAN AJENOS A ESTAS PRÁCTICAS POR LAS NOTICIAS APARECIDAS EN PRENSA. A SOLICITUD DEL
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 212/000622.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, se abre la sesión.
Por acuerdo con el Grupo Parlamentario Socialista, que había pedido las comparecencias, la señora subsecretaria de Administraciones Públicas, a la que agradezco que esté con nosotros en esta Comisión, en una primera intervención tratará los
tres temas que motivan la comparecencia y, después, ya entraríamos en el debate en relación a su intervención.
Tiene la palabra la señora subsecretaria de Administraciones Públicas.
La señora SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (De Cospedal García): Como ha dicho el presidente, contestaré primero a la comparecencia solicitada por el Grupo Socialista acerca de las noticias y rumores preocupantes aparecidos en los
medios de comunicación de actuaciones ilegales de concesión de permisos de trabajo a extranjeros por la Delegación de Trabajo en Tarragona, de las actuaciones de la Inspección de Servicios a este respecto, con el fin de depurar las responsabilidades
que, en su caso, pudieran existir y, además de ello, proteger la profesionalidad de cuantos funcionarios sean ajenos a estas prácticas por las noticias aparecidas en la prensa.
Entiendo que la solicitud de comparecencia y, si no, me corregirá el solicitante de la misma, versa sobre las noticias aparecidas en la prensa y las posteriores actuaciones en relación con el anterior subdelegado del Gobierno en Tarragona.
(Asentimiento.)
Voy a hacer una relación de los hechos acontecidos así como de las actuaciones que han tenido lugar y las consecuencias de las mismas. Como sabe su S.S., en el mes de agosto del pasado año, el Juzgado de Instrucción número 9 de Tarragona
acordó la apertura de licencias previas contra el señor Navarro Roldán, ex delegado del Gobierno en Tarragona, como presunto responsable de un delito de aprovechamiento de la Función pública en beneficio privado y con móvil sexual del artículo 443
del Código Penal. Esta noticia tuvo una amplia repercusión en la prensa, en la nacional y en la local, casi todos los diarios nacionales la recogieron y también los diarios provinciales de Tarragona. Con motivo de la aparición de estas noticias y
desde el
momento en que el anterior subdelegado de Tarragona fue llamado a declarar por el juez instructor él mismo lo comunicó al Ministerio de Administraciones Públicas y acto seguido solicitó, de manera inmediata, su cese a petición propia y por
resolución del 31 de agosto del año 2001, que se publicó en el Boletín Oficial del Estado, el 4 de septiembre del 2001, de la delegada de Gobierno de Cataluña, se dispuso, el cese del mismo. En el marco del procedimiento que se llevaba en el
Juzgado de Instrucción número 9, el juzgado acordó la entrada en el registro de la Subdelegación del Gobierno, en la oficina de extranjería y en la dependencia del área de Trabajo y Asuntos Sociales para obtener copias cotejadas de algunos
expedientes; esta diligencia se practicó a partir de las diez horas del día 18 de septiembre del 2001 en la sede de la Subdelegación del Gobierno. Igualmente, el juzgado interesó información diversa sobre la utilización de determinados números
telefónicos de la subdelegación y citó a declarar, en calidad de testigos, a tres funcionarios adscritos a las citadas oficinas y dependencia y una vez efectuadas las declaraciones el juzgado no ha requerido ninguna nueva declaración. No consta
ninguna otra actuación formal de carácter judicial en la Subdelegación del Gobierno de Tarragona y recientemente el Juzgado de Instrucción número 9 ha dictado auto exculpatorio de la responsabilidad que se imputaba al señor Navarro Roldán. El auto
se fundamenta en la inconsistencia de la denuncia y de las investigaciones y diligencias posteriores llevadas a cabo carentes de la debida base probatoria. Por otra parte, este auto ha sido recurrido ante la Audiencia provincial de Tarragona por la
fiscalía de Tarragona. Quiero señalar a su S.S. que, desde el mismo momento en que, como he señalado en la relación de hechos, el señor Navarro Roldán fue llamado a declarar con motivo de las diligencias para la averiguación de un presunto delito,
lo comunicó al Ministerio de Administraciones Públicas, lo comunicó al ministro y lo comunicó a esta subsecretaria, y se le instó, y así lo hizo, para que de la manera más diligente posible instara a petición propia el cese, porque él también lo
había puesto de manifiesto, y este cese tuvo lugar. La denuncia dio lugar inmediato a actuaciones judiciales y, desde el momento en que se produjeron las actuaciones judiciales, consultada la Inspección de Servicios del departamento, que depende
también de esta subsecretaría, se consideró que, teniendo en cuenta que había una investigación judicial en marcha y que estaba además declarada secreta, no se podía realizar actuación de inspección alguna de tipo administrativo en tanto no se
levantara el secreto de sumario y en tanto no se depuraran posibles responsabilidades como consecuencia de esa investigación judicial que daría lugar, en su caso, a la apertura de un procedimiento, cosa que luego, como he señalado, no se ha
producido.
También tengo que subrayar que el auto exculpatorio se fundamenta en la inconsistencia de la denuncia, en la inconsistencia de las investigaciones y de las diligencias posteriores llevadas a cabo. Fueron llamados a declarar en las
diligencias, en calidad de testigos, dos funcionarios de la subdelegación del Gobierno, lo fueron sólo en calidad de testigos, no en calidad de posibles imputados, y no se ha derivado ni durante las investigaciones ni posteriormente después de
concluidas puesto que el auto es exculpatorio, ningún otro tipo de responsabilidad para ningún funcionario de la subdelegación del Gobierno. Por lo tanto, una vez contrastados estos hechos y vuelta a hacer las oportunas informaciones reservadas por
parte de la Inspección de Servicios del departamento, la actuación del mismo ha sido exactamente esa: dejar las cosas como estaban porque se había depurado ya toda la investigación judicial, no había salido nada de la investigación judicial, la
persona que había sido investigada había sido cesada y no había ninguna otra persona presuntamente implicada en estos hechos, tal como así se ha contrastado con posterioridad.
Con esto, señor presidente, terminaría la comparecencia sobre el asunto de Tarragona, con independencia de que luego el señor diputado me quiera comentar algún aspecto más.
El señor PRESIDENTE: Podemos pasar al examen conjunto de las dos comparecencias solicitadas en relación a temas presupuestarios del año 2000 al 2001. (Protestas.)
Había entendido que los grupos pedían el análisis conjunto de los temas, pero la presidencia no tiene ningún inconveniente si entramos ahora en el debate de esta primera comparecencia solicitada por el Grupo Parlamentario Socialista.
En su nombre, tiene la palabra don Xavier Sabaté.
El señor SABATÉ IBARZ: Señora subsecretaria, desde nuestra posición que hoy reiteramos de la presunción de inocencia y que hemos reiterado en numerosas ocasiones cuando así se nos ha solicitado por los medios de comunicación, quisiera
añadirle algunas cosas más para ver si usted nos puede facilitar más información, sobre todo en la línea de intentar buscar soluciones a un problema que continua existiendo de disfunción y funcionamiento deficitario y no acorde con lo que tendría
que ser, desde nuestro punto de vista, un servicio de la Administración que fuera satisfactorio para todos. Mire estos textos: Profundo malestar por la situación existente en la subdelegación del Gobierno en relación a la tramitación de
expedientes de regularización de emigrantes, saturación, acumulación de más de 10.000 expedientes, reducir el número de expedientes acumulados por la vía de la eliminación arbitraria y discriminatoria, marginación, aparición de mafias ligadas a
actividades delictivas. En fin, todas estas realidades constatables y presentes llevan a las organizaciones firmantes a pedir a la Administración del Estado a poner remedio inmediato a la situación generada y de la que
la Administración es la principal responsable. Señora subsecretaria, esto es un extracto del comunicado que hace pocas semanas firmaban los sindicatos, la patronal tarraconense y el Colegio de Graduados Sociales de Tarragona. Los
periódicos titulaban: Patronal y sindicatos hartos, posteriormente un artículo del presidente de la patronal llevaba por título: Inadmisible, y en el que se recogía que el secretario para la emigración había efectuado unas declaraciones poco
afortunadas respecto a la situación de la subdelegación. Otro titular: Los graduados sociales denuncian discriminación de los inmigrantes en la provincia de Tarragona.
Usted, señora subsecretaria, puede decirme, sería cierto, que este no es el
tema concreto de su comparecencia sino las presuntas actuaciones ilegales en la concesión de permisos a extranjeros en Tarragona que fueron motivo, tal como usted mismo ya ha dicho, del cese del subdelegado de la provincia y que no sólo aparecieron
en la prensa a finales del pasado verano, que fue cuando solicitamos esta comparecencia, sino de que se iniciaran acciones judiciales que todavía continúan, porque es cierta la resolución del juez pero luego, como usted también ha dicho, el fiscal
ha recurrido. Tenemos que dejar a la justicia que actúe y si ella no se ha pronunciado definitivamente no vamos a ser nosotros quienes lo hagamos sobre la conculcación o no de la ley, pero lo que sí podemos afirmar, y no somos nosotros solos, como
habrá podido comprobar por el inicio de mi intervención, es que se mantiene desde hace tiempo un problema que no vemos que exista voluntad de resolver, con miles de expedientes paralizados para desesperación de los afectados, de patronales y
sindicatos con colas diarias en la calle, con sospechas de parcialidad y arbitrariedad que no pueden despejar ustedes porque nos tememos que no ponen los medios suficientes de inspección y de seguimiento del proceso y porque las posibilidades del
discrecionalidad parece que son altas.
Con esta falta de medios y de información ustedes colocan a la subdelegación en el punto de mira de las sospechas y, de forma añadida, a los funcionarios que trabajan en ella y que lo están haciendo, en su inmensa mayoría, nos consta, de
forma ejemplar. Desde nuestro punto de vista, no se asegura la trasparencia. Ustedes no facilitan datos, yo aprovecho la ocasión para pedírselos, no hay memoria ni sistemas de evaluación, no nos ha hablado de ninguna inspección o si lo ha hecho ha
sido simplemente para citarla sin que nos haya comentado qué es lo que se ha derivado de ella a raíz de los hechos del año pasado. En fin, existe, usted también tendrá que concluir con nosotros, una insuficiencia de medios, por ejemplo, hay las
mismas personas que en 1997, cuando los expedientes eran muchos menos que los actuales. Ante esta falta de información sólo tenemos que decirle que creemos que se han multiplicado por lo menos por cuatro, por los datos que en alguna ocasión han
aparecido de forma inconexa y, entonces, nos tememos que no puede usted garantizar si se dan casos de amiguismo, de favoritismo, de abuso del concepto de causas humanitarias a la hora de conceder permisos para la regulación de inmigrantes. En
concreto, aprovecho para pedir datos sobre el motivo de causas humanitarias a la hora de conceder exenciones de visado, por ejemplo, porque son imprescindibles para que podamos juzgar si la Administración, en este caso, esta actuando de forma
adecuada, así como el seguimiento. Creemos que hay un déficit del seguimiento para conocer si, por ejemplo, las empresas que han hecho la oferta luego la materializan o no, porque puede ser que la resolución favorable después no se ponga en
práctica. ¿Hay garantías de que no hay actuaciones fraudulentas, señora subsecretaria, o de abusos por darle de alta a alguien, por facilitar copias de los TC2 a cambio de otras contraprestaciones que puedan producirse o trabajadores que nunca
llegan a trabajar para las empresas que les han tramitado los expedientes? El anterior delegado anunció una oficina, que veo que usted también ha citado, aunque desde nuestro punto de vista no existe una oficina como tal. Lo que si se ha hecho ha
sido centralizar en la Subdelegación de Trabajo la prestación de este servicio, pero no nos consta que exista una oficina de extranjería con todos los requerimientos que ello tendría que conllevar. Hay personas que se encargan del tema en un mismo
centro de Trabajo pero no está constituida esta oficina como tal. Hay personal insuficiente que lo complementan ustedes con trabajadores temporales que, además, luego para que no puedan ser considerados como fijos-discontinuos, no pueden repetir,
con lo cual no creemos que se preste el servicio adecuado con personal cualificado como tendría que llevarse a cabo. Entonces, ¿qué piensan ustedes hacer? Si usted me dice que no hay problema, creo que no me lo va a poder decir, sería que no
conocen ustedes la realidad, y si existe ese problema tendrán que poner los medios adecuados, lo que desde nuestro punto de vista, en la línea de buscar resoluciones prácticas, tendría que pasar por realizar una inspección a fondo sobre el
funcionamiento de la Subdelegación del Gobierno en Tarragona por lo que se refiere a los trámites de inmigración y darle la publicidad necesaria.
En segundo lugar, hay que facilitar la máxima información, único medio para asegurar la transparencia que debe presidir la actuación de la Administración. Si esta información no se nos facilita tendríamos que solicitársela por escrito y yo
espero que esto no sea necesario.
En tercer lugar, creemos que sería necesario aumentar la plantilla con personal cualificado y estable para asegurar que la resolución de expedientes se cumplimenta debidamente y, tanto más importante que lo anterior, ya he hecho referencia,
incrementar la inspección para que vigile y haga el seguimiento posterior que asegure que no se burla la aplicación de la ley, que no se producen abusos y hechos delictivos que ahora se están investigando por la justicia pero que también son citados
por las organizaciones sociales de la provincia.
Señora subsecretaria, permítame un último excurso a mi intervención que no quisiera terminar sin citarle otro caso del que sin duda debe ser conocedora por la repercusión que ha tenido en Tarragona estas últimas semanas. Me refiero a la
tramitación de los documentos nacionales de identidad y pasaportes. La provincia de Tarragona crece al ritmo de un 1 por ciento de la población en los últimos diez años y parece que esto va a continuar. Ha aumentado la demanda, por lo tanto, los
ciudadanos viajan más y queda igual la plantilla. Las noticias que han aparecido en la prensa, y hoy concretamente otra, no son sólo denuncias sino que yo las ha podido presenciar directamente. Antes de Semana Santa acudí para que se tramitara un
documento nacional de identidad a un familiar directo, a un menor, y ya es la segunda vez que voy, espero que no llegue al caso de la denuncia que hoy mismo aparece en el Diario de Tarragona, de una ciudadana que dice que llegó a acudir hasta cinco
veces a la oficina para lograr su objetivo y, en la última ocasión, como decidió presentar una queja por escrito, tuvo que hacer un hora y media de gestiones. Esta señora dicen que intento infructuosamente renovar el DNI, también a su hija, durante
el mes de marzo en cuatro ocasiones pero hay ciudadanos que ya han acudido mayor número de veces. Le puedo decir que las horas de trabajo, en el caso de esta ciudadana y del mío son horas escolares que se han perdido. Esto no debería continuar y,
por lo tanto, le pido también que, en la medida de lo posible, pongan remedio a esta situación, cuya solución, señora subsecretaria, pasa también por aumentar los recursos de que la Administración dispone para ese cometido. Mientras eso no se haga,
y ya termino, pensamos que ustedes están adelgazando tanto la Administración pública que ésta no puede prestar el servicio adecuado a las necesidades de los ciudadanos.
El señor PRESIDENTE: ¿Otros grupos que deseen intervenir? Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Ricomá.
El señor RICOMÁ DE CASTELLARNAU: Quisiera dar por sentado el agradecimiento por la presencia de la señora subsecretaria general. Dicho esto, no nos queda más remedio que empezar nuestra intervención señalando que entendemos que la
solicitud de comparecencia para el tema que la ha provocado y que formuló el Grupo Socialista carece totalmente de fundamento. Carece de fundamento porque se formula por una información aparecida en el que es periódico de cabecera del Partido
Socialista el día 5 de septiembre de 2001, en el que de forma tan ligera como irresponsable, se presuponía que detrás de la denuncia efectuada al subdelegado de Tarragona, por presuntos delitos vinculados con el ejercicio de su cargo, se escondía
una trama de corrupción que facilitaba permisos de residencia de forma fraudulenta y que afectaba, nada más y nada menos, que a treinta funcionarios. La denuncia estaba muy claro que iba dirigida al subdelegado del Gobierno en aquel momento, por un
presunto comportamiento personal indebido con la responsabilidad que ostentaba como subdelegado pero, entendemos, que el Partido Socialista cayó en el error y también en la irresponsabilidad de creer a su periódico y tomar iniciativas políticas de
acuerdo con la ficción diseñada por dicho periódico, intentando de esta manera, ensombrecer la acción del Gobierno con un caso de corrupción generalizado en todo lo que son las dependencias que tratan los temas de extranjería en la Subdelegación del
Gobierno. Ya en su momento, el medio de comunicación se quedó sólo. Ningún otro medio local ni nacional -y la señora subsecretaria ha hecho referencia a ello-, que sí trataron con profundidad la denuncia que se había puesto al subdelegado, por los
temas que ella misma ha expuesto, aportó nada más en la línea de la corrupción generalizada en las dependencias de extranjería de la subdelegación, que recuerdo, repito e insisto es lo que generó la petición de comparecencia de la señora
subsecretaria. Significativo el silencio a posteriori del propio periódico que sacó la noticia. Esta noticia fue la primera y fue la última y esto es significativo porque si realmente esta denuncia tuviera bases sólidas de credibilidad,
lógicamente hubiera tenido un seguimiento y hubiera tenido una continuidad en dicho medio que jamás llegó a tener. Ello ha dejado en evidencia al PSOE, de forma que ha provocado el cambio de orientación de la comparecencia que el señor Sabaté acaba
de hacer en su intervención. No ha hablado para nada de los presuntos casos de corrupción generalizada en la subdelegación y ha aprovechado para sacar a colación temas vinculados a lo que puede calificarse de deficiencias o incompetencias a la hora
de gestionar los trámites propios vinculados a la concesión de permisos. Repito: este no era, ni mucho menos, el objeto que traía, en principio, la solicitud de su comparecencia y hubiéramos entendido este cambio de actitud si por lo menos el
señor Sabaté, del Grupo Socialista, hubiera dicho que rectificaban en las presunciones que ellos hicieron siguiendo los dictados de un periódico y que ya que estaba la subsecretaria aquí hablaríamos de temas que también pueden ser importantes. No
ha habido esta rectificación, no ha habido esta excusa por el cambio de tema que motivaba la comparecencia y él lógicamente ha aprovechado para hacer política según la estrategia que define su partido y para lo que evidentemente tiene toda
legitimidad. Desde luego, a nuestro entender, no es acertado centrar la actividad política sobre lo que, día si, día también, dicen los medios de comunicación y mucho menos cuando se trata de cuestiones que están sometidas a procedimiento judicial.
Lo único que se consigue, no sé si es lo que se pretendía, es dañar, hacer daño y, en este caso, dañar a un colectivo de personas importante, a un colectivo totalmente ajeno a estas cuestiones como son los funcionarios públicos de la subdelegación,
que lógicamente
hasta tuvieron que entrar en el juego para defenderse de esta acusación de corrupción generalizada y que han publicado en los medios de comunicación notas de prensa diciendo que el colectivo de trabajadores de la subdelegación está integrado
por personas profesionales y honestas que son inocentes mientras que no se demuestre lo contrario con pruebas fehacientes y al que este tipo de informaciones gratuitas les está ocasionando problemas muy graves en su puesto de trabajo e incluso en el
ámbito particular. Esto es lo único que se consigue cuando se intenta hacer bandera política de cuestiones que están sub iudice, que inciden de forma importante en la sensibilidad de la opinión pública y que hacen daño, como de hecho se ha hecho
daño, a todo este colectivo.
Mientras sucedía todo esto, la actitud del Gobierno, la he expresado, ha sido la de libro, la que toca, no hay otra, la sensata. En primer lugar, aceptar la dimisión del subdelegado, no podía ser de otra manera para que pudiera, por un
lado, defenderse de las acusaciones que le habían sido formuladas y, paralelamente, para que no se interfiriera en lo que es la cotidianidad de la vida en la subdelegación y luego ponerse a disposición de la autoridad judicial en todos aquellos
trámites en que así lo requiriera. Esto ya se lo dijo también el ministro Posada al señor Sabaté en una pregunta de control que formuló un miércoles, aquí en esta Cámara.
Hoy, afortunadamente, y desde el 22 de febrero de este año, que es cuando se
dicta la sentencia, ni el subdelegado del Gobierno es responsable de nada. Es cierto que la fiscalía ha interpuesto recurso, pero también quiero aclarar que éste ya excluye dos de los tres presuntos delitos que se le imputaban. El recurso en lo
único que insiste es en que no se han perseguido desde la responsabilidad del ex subdelegado del Gobierno los delitos de prostitución, es decir, que todas aquellas acusaciones ya más personales, más de prevaricación, evidentemente han quedado
totalmente cerradas, y si ni el subdelegado de Gobierno es responsable de nada mucho menos lo es el colectivo de funcionarios, lo es la Subdelegación del Gobierno. Esto es algo que queda ya sólo en el recuerdo, queda ya sólo en una nota del
periódico que levantó las sospechas y que se las tuvo que tragar porque, insisto, jamás pudo profundizar ni probar nada y es algo también que queda sólo en una iniciativa del Partido Socialista abonándose a la posibilidad del juego político que ello
le haga.
Evidentemente el tiro le ha salido por la culata y ahora, pues, vamos a aprovechar para hablar del carnet de identidad y vamos a aprovechar para hablar de si hay celeridad o no en la tramitación de los expedientes de extranjería.
En cualquier caso, el Grupo Parlamentario Popular está satisfecho de la actuación del Gobierno sobre esta cuestión, está satisfecho porque el tiempo ha puesto las cosas en su sitio y el tiempo ha acabado dando la razón, está satisfecho por
la inocencia, prácticamente definida, tanto a nivel del ex subdelegado como, evidentemente, del colectivo de funcionarios que tocan temas de extranjería en la subdelegación y, en el otro capítulo, en el pasivo, no nos queda más remedio que sentirnos
tristes por una actuación penosa del Partido Socialista apuntándose y cimentando falsas acusaciones de corrupción generalizada en un intento únicamente de desgaste al Gobierno del como sea, cuando sea y de la manera que sea.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora subsecretaria de Administraciones Públicas.
La señora SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (De Cospedal García): Agradezco a los dos portavoces sus intervenciones. Quiero precisar varias cosas en relación con el contenido de mi contestación, que entiendo debe versar sobre el
contenido de la comparecencia que en su día fue solicitada. Lo primero que tengo que señalar es que, aunque el señor Sabaté me ha preguntado por los problemas en la oficina del DNI y de expedición de pasaportes, como usted muy bien sabe, son
organismos que dependen directamente del Ministerio del Interior y me va ha perdonar que yo no pueda contestar aquí como representante del Ministerio del Interior con lo cual ese tema lo voy a obviar completamente.
En segundo lugar, indica S.S. que yo he pasado por encima sobre la actuación de la Inspección de Servicios del ministerio en el asunto al que me he referido. No he pasado por encima, he dicho bien claro lo que ha hecho la inspección. La
inspección aunque inició un procedimiento, lo ha tenido que suspender y abstenerse porque había un procedimiento judicial en marcha y así lo he dicho, y después de que saliera el auto exculpatorio, como ha señalado el representante del Partido
Popular, ya se restringe exclusivamente la impugnación de este auto a temas que no tienen que ver con el escándalo, por así decirlo, que en su día se originó. No existen otros funcionarios ni existen otros presuntos delitos que se hayan planteado
en la Subdelegación del Gobierno. Este caso se relacionó con una persona que a la sazón era el subdelegado del Gobierno, y sólo con esa persona; con ella se están ventilando las posibles responsabilidades. Este fue el motivo de que el subdelegado
solicitara el cese porque así creyó que era oportuno para su mejor defensa y también para defender, de manera indirecta, los intereses del Estado. Además, desde el Ministerio de Administraciones Públicas, teniendo en cuenta de qué tipo eran las
acusaciones, no ya tanto desde el punto de vista jurídico sino desde el punto de vista de lo que debe representar un subdelegado de Gobierno en la provincia, se vio muy aconsejable su cese, no obstante las reclamaciones que sobre su inocencia hacía
el anterior subdelegado del Gobierno y que nosotros, por otra parte, compartíamos en cuanto a los hechos de los que fue acusado.
También le tengo que decir que señalar, por una parte, que no se defiende a los funcionarios de la Subdelegación del Gobierno porque puede dar la impresión que con la actuación del ministerio se está implicando a todos ellos y, por otra
parte, señalar que el ministerio tiene que realizar una inspección constante de la tarea de todos y cada uno de los funcionarios, de la realización de su labor diaria en la concesión de permisos de trabajo y residencia, a mí me parece una actitud
contradictoria. Parto de la presunción del buen hacer de los funcionarios de la subdelegación del Gobierno y así ha quedado completamente acreditado, y he vuelto a decir que sólo se llamó a declarar, y como testigos, a dos de ellos, como testigos.
Nadie más se vio envuelto en este asunto. Si parto de la presunción del buen hacer, con independencia de que la oficina funcione mejor o peor que ahora me referiré a ello, y, desde luego, del hacer conforme a derecho de los funcionarios de la
Subdelegación del Gobierno, entiendo que no hay que llevar una inspección constante sobre todos y cada uno de los expedientes que resuelvan. Yo es que parto de esa presunción, pero no es una presunción, para mí no es una presunción de hecho, es que
es una presunción legal y así lo considero. Otra cosa sería considerar que hay que inspeccionar todas las tareas que realizan todos los funcionarios públicos de cualquier servicio que afecte directamente al ciudadano porque, a lo mejor, pueden ser
arbitrarios. Desde luego, no comparto para nada esa apreciación, eso sí se lo tengo que decir.
Se refería también su S.S. a temas ya genéricos en relación con el funcionamiento de la oficina de extranjería que no era el contenido de la comparecencia que a mí me había solicitado en representación del Grupo Socialista. También quiero
recordar que cuando termine la comparecencia voy a contestar a dos preguntas muy generales del Grupo Socialista, sobre el funcionamiento de las oficinas de extranjería. No me voy a detener por eso mucho más en esta comparecencia hablando del
funcionamiento de la oficina de extranjería pero si voy a apuntar dos o tres temas, que luego contestaré en las preguntas, no en esta comparecencia, sobre lo que el señor Sabaté ha comentado.
En primer lugar, me dice que en algunos casos pueden existir actuaciones discrecionales en las concesiones de permisos de trabajo con el epígrafe causas humanitarias. Me voy al argumento que le he dado antes. Si para comprobar exactamente
cuándo se dan causas humanitarias o no hay que tener a un inspector controlando al funcionario que tiene que apreciar o no la existencia de causas humanitarias nos llevaría a un sinsentido en el funcionamiento de la oficina de extranjeros de la
Subdelegación del Gobierno de Tarragona, que ya he dicho que no comparto. Ha señalado también que no se realiza un seguimiento de los expedientes que se conceden o que no se conceden o cómo va la resolución de los expedientes de extranjería. Sí se
realiza un seguimiento de cómo va la tramitación de la extranjería, claro que se realiza un seguimiento. Otra cosa es que estemos más o menos satisfechos de cómo se tramitan los expedientes y no sólo de cómo se tramitan los expedientes sino de los
problemas que podamos tener por el excesivo incremento, durante este último año y el año anterior, la solicitud de permisos de trabajo y residencia que, en cierto modo, han venido a desbordar las previsiones de la Administración, como ocurre en
otros muchos casos en los que la realidad social va por delante de la realidad administrativa, pero sí le tengo que decir que sí se realiza un seguimiento y sí somos conscientes de los expedientes que se resuelven y de los que no se resuelven. Por
supuesto, no estamos pendientes todos los días, por las mismas razones que le he dicho, de si constantemente está existiendo fraude o no está existiendo fraude en la Subdelegación de Gobierno de Tarragona. Entendemos que no existe, por supuesto, a
menos que salte bien a la prensa o bien en un juzgado, o bien tengamos conocimiento en el ministerio de alguna actuación irregular, en cuyo caso, sí actuamos, pero tiene que ser de esa manera, no puede ser a la inversa.
Me dice que no existe oficina de extranjería en Tarragona. Sí que existe oficina de extranjería en Tarragona, a menos que su S.S. considere que para que exista una oficina de extranjería hay que abrir un local nuevo y poner ahí la oficina
de extranjería. Sí que existe oficina de extranjería en Tarragona y ello quiere decir que desde que se constituyó la oficina de extranjería, que tiene no sólo un sentido físico sino también de contenido, todos los funcionarios que tanto desde el
Ministerio de Administraciones Públicas como de las áreas integradas de Trabajo y Asuntos Sociales, como desde la Policía Nacional se dedican a temas de extranjería, en vez de funcionar de manera coordinada pero dispersamente y en distintos locales
para que el público tenga que ir a un sitio o a otro, lo hacen en un solo sitio. Eso es el fundamento de las oficinas de extranjería, es decir, que se funciona orgánicamente unidos y desde un solo centro de trabajo para evitar, en lo posible, en
eso es en lo que estamos actuando ahora, que tenga que haber dispersión de esfuerzos inútiles, no sólo de la Administración sino también del solicitante. Por último, y cerrando mi intervención, si dice que por la actuación de la oficina de
extranjeros o de la subdelegación del Gobierno de Tarragona están vulneradas completamente las garantías de los ciudadanos en la provincia de Tarragona en lo que tiene que ver con las actividades de la subdelegación, y o están vulneradas
completamente las garantías de los solicitantes del permiso de trabajo y de residencia, ello induce a suponer que esas vulneraciones vienen de una actitud irregular, constante y permanente de los funcionarios de la subdelegación y ya le he dicho que
es un tema que no comparto en absoluto.
El señor PRESIDENTE: Si quiere hacer uso de la palabra, tendrá que ser por dos minutos
El señor SABATÉ IBARZ: Sí, muy brevemente, creo que con menos señor presidente.
Por alusiones, si nos atenemos a la intervención del representante del Grupo Popular, no tenemos que rectificar nada porque desde el principio hemos reiterado nuestra presunción de inocencia, y sobre las últimas palabras, implicándonos en
falsas acusaciones de corrupción generalizada -creo que he tomado bien nota literalmente-, que se me diga cuáles. Ni falsas ni verdaderas, no he realizado, ni ahora ni desde que saltó a la opinión pública el caso, ningún tipo de acusación y quiero
que quede claro de nuevo. Nosotros nos hemos hecho eco, como no podría ser de otra manera, de los problemas de la sociedad y de la Administración pública en este caso. No he citado ni mi opinión ni de la de un periódico que no sé cuál es, que
dicen que es el nuestro, sino que he citado opiniones de los afectados y de organizaciones muy respetables, organizaciones sociales y cualificadas, como patronales, sindicatos y colegios profesionales, sobre la situación de la resolución de permisos
de extranjeros en la provincia de Tarragona. Por lo tanto, nos interesa el funcionamiento correcto de la Administración del Estado y de que se preste un correcto servicio a los ciudadanos. En fin, desviar la atención u obviar lo evidente puede
servirle para salir del paso, pero no para resolver los problemas.
Finalmente, señora subsecretaria, en cuanto a la inspección, me refería, a dos inspecciones. Una, la Inspección de Servicios. También creo como usted que no hay que hacer un seguimiento puntual de cada caso ni permanente para vigilar lo
que, también desde nuestro punto de vista, es una actuación correcta de los funcionarios y también se la presumimos desde el principio. Sin embargo, cuando salen comunicados y opiniones, como estas cualificadas a las que me he referido, de
patronales, sindicatos, colegios profesionales, también la nuestra, de que puede haber un funcionamiento incorrecto de la Administración, ustedes tienen que actuar y la Inspección de Servicios también. En cuanto al seguimiento posterior, me refería
a la Inspección de Trabajo, no a si los permisos se han dado correctamente o no. La Inspección de Trabajo debe incrementar la plantilla en la provincia de Tarragona con toda seguridad, yo no sé en las otras, pero sí en la provincia de Tarragona,
que lo conozco bien, para ver si después se hace un buen uso de estos permisos que se han concedido o no, si hay fraude de ley, si hay abusos, etcétera. Se trata de ver si lo que está saliendo y las opiniones que están vertiendo organizaciones
sociales que siguen muy de cerca estos procesos son verdad o no. A eso es a lo que me refería y en ello vamos a continuar insistiendo si es que no se produce. Muchas gracias por el tono de su respuesta.
El señor PRESIDENTE: El señor Ricomá, también por dos minutos.
El señor RICOMÁ CASTELLARNAU: Muy brevemente. No hablemos de virtualidades o de ciencia ficción. Aquí se pide una comparecencia por unos hechos sucedidos en el mes de septiembre del 2001, en relación al subdelegado del Gobierno, que, por
cierto, y ya que el señor Sabaté ha sacado expresiones de patronal, sindicatos y demás entidades vinculadas con el tema de extranjería, en aquellas épocas lo que decían estos organismos del ex subdelegado del Gobierno era que: ya antes como
delegado de Trabajo y, posteriormente como subdelegado, ha demostrado siempre una sensibilidad extraordinaria hacia la problemática de la inmigración y que dentro de la ley ha favorecido con todo lo que ha estado a su alcance. Lo que pasa es que
realmente el motivo que lleva a la petición de esta comparecencia no es este sino que es entrar en el tema de la corrupción generalizada en la Subdelegación de Tarragona, lo que, por cierto, ocurre al día siguiente de que El País, ya podemos hablar
con nombres, sacara esta información: El País, miércoles 5 de septiembre: Trama de corrupción generalizada en la Subdelegación de Tarragona que puede afectar a treinta funcionarios. Seis de septiembre, el día siguiente: El PSC quiere que el
Ministerio de Trabajo investigue posibles irregularidades en la tramitación de permisos de trabajo a inmigrantes. ¿Qué provoca la comparecencia? Pues el meter cizaña, el intentar aprovechar, el intentar hacer bandera política de una cosa que
estaba sub iudice y que nada tenía que ver con la denuncia, por presuntos delitos, que se habían imputado al subdelegado por un comportamiento individual. A mí me parece estupendo que hablemos, como así se ha hecho, de cómo está ahora la
Subdelegación del Gobierno y de cómo está la oficina de tramitación de expedientes de extranjería, pero, señor Sabaté, diga que se equivocó en el origen, y rectifique, por el que pidió la comparecencia, y que, dicho esto, miremos en positivo,
hablemos en positivo, miremos hacia el futuro y hablemos del presente. Me parece estupendo pero no, de forma velada, aprovechar lo que ha sido un error grave suyo e irresponsable para intentar hacer su política de desgaste en cuanto a concesión y
tramitación de permisos de extranjeros.
El señor PRESIDENTE: Señor Ricomá, la Mesa tiene que tender a que las comparecencias sean más bien un diálogo entre los grupos parlamentarios y la autoridad compareciente y no un debate entre los grupos. Por eso damos la palabra a la
señora subsecretaria para que cierre el debate.
La señora SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (De Cospedal García): Sí, muy brevemente, señor presidente.
A lo que ha señalado el señor Sabaté, le diré que no tenga la menor duda que si consideramos que hace falta
una inspección general de servicios sobre la Subdelegación del Gobierno, la vamos a hacer. Eso se lo puedo asegurar. Usted se puede fiar o no de mi consideración, eso por supuesto, hasta ahí podíamos llegar. Si de verdad no está
funcionando como tiene que funcionar, que no es mi impresión sinceramente, porque protestas puede haber y muchas, desde luego no he tenido comunicación oficial de ellas. Si hace falta una inspección de servicios la realizaremos como la hacemos
siempre. Con relación a la Inspección de Trabajo, tampoco compete a este ministerio, pero sí le quiero decir que en el aplicativo nuevo de extranjería que se ha diseñado ya, este seguimiento se empieza a realizar de manera automática. Es decir, el
seguimiento de si los permisos de trabajo que se han concedido para trabajar para una u otra empresa son reales y efectivamente se están cumpliendo.
- LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2000 Y DE 2001. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 212/000931.)
- LA EJECUCIÓN FINAL DE PRESUPUESTO 2001 Y SITUACIÓN FINAL DE LAS DIFERENTES PARTIDAS. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA.
(Número de expediente 212/000932.)
El señor PRESIDENTE: Terminado este punto, pasamos a los puntos segundo y tercero del orden del día, que son relativos a la liquidación y ejecución de los presupuestos de los años 2000 y 2001.
Tiene la palabra la señora subsecretaria.
La señora SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (De Cospedal García): Se ha solicitado la comparecencia sobre la liquidación del presupuesto del 2000 y sobre la liquidación del presupuesto del 2001. Entiendo, y si no me corregirán los
solicitantes de la comparecencia, que se pretende una exposición de la liquidación del presupuesto del 2000 concierto detalle y con mayor detalle aún de la liquidación del presupuesto del 2001. Sólo era para aclarar este tema. Haré una
intervención en la que daré un repaso a la ejecución primero del presupuesto del 2000, todo lo breve que pueda y luego, del 2001, repasando, aparte de los temas de ejecución general del presupuesto, la ejecución por capítulos, que me parece la más
fácil para la comprensión de todos. Si su S.S. quiere bajar a algún concepto o subconcepto determinado yo no lo he planteado de esta manera, no porque no lo podamos hacer sino porque nos extenderíamos mucho más, pero en todo caso estoy a su
disposición.
Comenzando por el presupuesto del año 2000 y su ejecución, lo primero que le tengo que comentar es que, como seguramente sabrá, por los datos que publica la Intervención General de la Administración del Estado, la ejecución presupuestaria
del año 2000 del Ministerio de Administraciones Públicas alcanzó un 92,6 por ciento. El presupuesto inicial del Ministerio de Administraciones Públicas, de acuerdo con la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2000, era de 66.694,3
millones de pesetas. Durante el ejercicio 2000, sin embargo, este presupuesto experimento un aumento en 7.733 millones de pesetas, lo que lo situó en 74.428 millones de pesetas. Me estoy refiriendo al presupuesto del ministerio, exclusión hecha
del Instituto Nacional de Administración Pública que, como sabe su S.S., tiene un presupuesto que se basa fundamentalmente en los fondos de formación continua, todos ellos prácticamente ejecutados y del presupuesto de la Mutualidad de Funcionarios
Civiles del Estado, que es un presupuesto aparte también del propio del ministerio. La ejecución del cierre de ejercicio fue el porcentaje que le he dicho, el 92,6 por ciento que, en números, es 68.919,5 millones de pesetas. Esto por capítulos se
traduce de la siguiente manera:
En el capítulo 1, gastos de personal, el presupuesto inicial fue 31.000 millones de pesetas y ascendió al final a 36.000 millones de pesetas.
Este ascenso se debe a la subvención que recibió el ministerio del Instituto Nacional de Empleo
para la unidad de promoción y desarrollo de empleo en Ceuta y, la contratación en esta ciudad de trabajadores empleados por un valor de 1.300 millones de pesetas. La transferencia también de casi 1.000 millones de pesetas desde el Programa de
imprevistos del Ministerio de Hacienda para contratar al personal que atendió el proceso extraordinario de regularización de extranjería y la transferencia desde el Parque Móvil del Estado de 2.447 millones de pesetas por la integración en el
Ministerio de Administraciones Públicas de sus servicios provinciales. De estos 36.000 millones de pesetas, que era el conjunto global que teníamos en el capítulo 1, se ejecutaron 34.044 millones de pesetas. Esto es un 94,5 por ciento del crédito
final.
¿Cómo se justifica o cómo se explica este remanente? Como he señalado, el grado de ejecución del capítulo 1 ha sido el 94,4 por ciento en el año 2000, esto se puede traducir en que de cada 100 puestos de trabajo que puede haber, por
ejemplo, en una unidad, 5,5 puestos, si eso puede existir, están vacantes aunque estén cubiertos presupuestariamente. Por eso no me parece que, teniendo en cuenta la importancia que en el presupuesto general del ministerio tiene el capítulo 1, sea
un porcentaje de ejecución malo, pero además, es que el porcentaje de ejecución, perdón, bajó sustancialmente por la trasferencia que le he comentado de los fondos de imprevistos de Hacienda para el proceso de regulación de extranjeros.
Efectivamente, se hizo una trasferencia prácticamente de 1.000 millones pero los puestos que había que crear no se cubrieron a principios de año porque no se dio esa circunstancia a principios
de año y ello dio lugar a que no se agotaran todos. Se empezaron a agotar a partir del año pero, claro, ya no se cubrió todo el crédito que se tenía que cubrir.
Siguiendo en el capítulo 2, el presupuesto inicial era 5.700 millones de pesetas, el capítulo 2 es gastos corrientes en bienes y servicios, y ascendió a 6.500 millones de pesetas. Aunque su participación en el presupuesto general del
ministerio no es demasiado importante porque porcentualmente no representa demasiado, lo cierto es que este capítulo 2, es el más difícil de gestionar en cuanto a la ejecución; se lo explico y creo que su S.S. me entenderá. El Ministerio de
Administraciones Públicas tiene actualmente 60 centros de gasto, desde la incorporación de las delegaciones, subdelegaciones del Gobierno y direcciones insulares, cada una de ellas es un centro de gasto, lo cual quiere decir que a veces en la
ejecución y, sobre todo a finales de año, en algunos centros puede faltar dinero porque no se puede prever todo lo que se puede gastar hasta el último detalle -intentamos hacerlo hasta el último detalle pero siempre surgen imprevistos-, en todos y
cada uno de las sitos y no se pueden hacer a veces acomodos de última hora. Este año ya vamos a solucionar este punto porque hemos establecido una aplicación informática que nos permite tener en tiempo real lo que se va gastando día a día en cada
una de las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno. También la baja ejecución en el capítulo 2, si se puede considerar baja, deriva de fondos que se transfirieron, precisamente para medios materiales de extranjería, que sólo se pudieron empezar
a hacer efectivos a partir del último trimestre de año.
En el capítulo 3, que es gasto financiero, sólo son 150 millones de pesetas, y no merece la pena referirnos a ellos porque es una cantidad que se tiene ahí para pagar los intereses de demora de los jurados de expropiación, a veces se gasta
más y a veces se gasta menos depende de lo que llegue al ministerio que hay que pagar. Eso no tiene, en todo caso, peso específico en el presupuesto del ministerio.
Pasa algo parecido en el capítulo 4, que es el de las trasferencias corrientes. Su dotación inicial fue de 1.615 millones de pesetas y también la final, porque en este caso no se aumentó y la ejecución fue del 100 por cien.
En el capítulo 6, inversiones, el presupuesto inicialmente aprobado por las Cortes fue 1.918 millones de pesetas que se incrementaron hasta 2.300 durante el ejercicio. Las modificaciones más importantes fueron una transferencia, también del
Programa de imprevistos del Ministerio de Hacienda, para hacer frente, una vez más, a los temas de extranjería por valor de 262 millones de pesetas y la transferencia del Parque Móvil del Estado, también en este capítulo, de 137 millones de pesetas.
La ejecución alcanzó en este capítulo un 93,2 por ciento.
En el capítulo 7, transferencias de capital. En este caso hay que distinguir dos tipos de transferencias de capital a Administraciones Públicas: unas son las internas, destinadas a financiar el Instituto Nacional de Administración Pública,
que son de 105 millones de pesetas y se ejecuta completamente y otras son las transferencias de capital externas. En las transferencias de capital externas, el presupuesto final fue de 27.614 millones de pesetas. Este presupuesto final es el
resultado de incrementar el inicial, que era prácticamente 25.930 millones, por fondos extraordinarios que llegaron desde el Ministerio de Hacienda para atender diversos desastres naturales y gastos derivados por las inundaciones de la presa de Tous
El porcentaje de las obligaciones reconocidas sobre el presupuesto final, es decir, de ejecución del gasto fue del 91,6 por ciento. Sí le quiero comentar que en este capítulo 7 -a ello me referiré también al hablar del presupuesto del 2001-, la
ejecución depende relativamente poco del Ministerio de Administraciones Públicas porque la partida más importante, con mucha diferencia, de este capítulo va destinada al Programa de cooperación local y aquí sólo se puede certificar como ejecutado el
gasto una vez que las cooperaciones locales nos han certificado que el dinero que les hemos transferido para realizar una determinada obra por supuestos extraordinarios o desastres naturales se han ejecutado. Entretanto nosotros no podemos
certificar. En todo caso, incluso teniendo en cuenta esta salvedad, lo cierto es que la ejecución fue alta para el tipo de capítulo que es precisamente por esto en el año 2000. Entiendo que el capítulo 8 y el capítulo 9, que son activos y pasivos
financieros, no tienen apenas peso específico en el presupuesto y por eso no me voy a referir a ellos.
Paso al presupuesto del año 2001. En el año 2001 y aquí ya voy a hacer comparativo al final entre el 2000 y el 2001 y voy a hacer también comparativo en relación con la ejecución general de toda la Administración del Estado y lo bien o mal
que se ha comportado en este caso el Ministerio de Administraciones Públicas. En el año 2001, como decía, el presupuesto inicial aprobado por las Cortes, en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2001 fue de 73.546 millones de
pesetas. Después, por las incorporaciones de nuevos créditos, ascendió hasta 82.555 millones de pesetas. La ejecución aparentemente fue baja en cifras, es un 89,4 por ciento y está por debajo de la media de ejecución del presupuesto de toda la
Administración del Estado y sus órganos constitucionales. Voy a tratar de explicar esta ejecución.
En el capítulo 1, que como he dicho es gasto de personal, los gastos inicialmente aprobados fueron de 35.069 millones de pesetas, representando el capítulo 1 el 47,7 por ciento del total del presupuesto del Ministerio de Administraciones
Públicas. Este importe resultó afectado por expedientes de modificación de crédito y se aumentó hasta 36.557 millones de pesetas. El aumento se produjo fundamentalmente por las subvenciones recibidas desde el Instituto Nacional de
Empleo para el funcionamiento de las unidades de promoción y desarrollo de empleo en Ceuta y Melilla que se produce prácticamente todos los años, para la contratación de trabajadores desempleados, para atender operaciones de paso del
Estrecho y los sistemas de alerta de fenómenos meteorológicos diversos, que ascendieron en total a 1.500 millones de pesetas. Del presupuesto actualizado resultante, es decir, 36.557 millones de pesetas, se ejecutó en el capítulo 1 el 97 por
ciento, es decir, 35.410 millones de pesetas. En cuanto a comentarios a este remanente, entiendo que en la ejecución del capítulo 1 hemos subido sustancialmente del año 2001 al año 2000. Le tengo que hacer un comentario parecido respecto a la
ejecución del año 2000, es decir, entiendo que si en el capítulo 1 del MAP, que representa un tanto por ciento tan alto en el total del ministerio, se queda sin ejecutar un 3 por ciento del presupuesto total no es una mala cifra. Podría ser mejor,
pero no es un mala cifra teniendo en cuenta que representa 3 vacantes de cada 100 puestos de trabajo cubiertos presupuestariamente, lo cual entiendo que no es un disparate. Por otra parte, estamos tramitando para el año 2002 una modificación de la
relación de puestos de trabajo de la periferia, que entiendo que va a conllevar que agotemos el presupuesto prácticamente hasta el cien por cien.
En cuanto al capítulo 2, el presupuesto inicial fue de 6.762 millones de pesetas, que se incrementó en 212, pasando a 6.973 millones de pesetas, lo cual quiere decir que en gastos corrientes y bienes de servicios ejecutamos un 90,6 por
ciento del presupuesto. En este caso también se ha producido un incremento sustancial en la ejecución. En el año 2000 la ejecución del capítulo 2 era del 86,5 por ciento y, sin embargo, la ejecución en el año 2001 ha sido del 90,6 por ciento.
Entiendo que se puede seguir mejorando la ejecución y la gestión. Sin embargo, aquí tengo que volver a señalar la situación que tenemos, que esperamos poder solucionar este año, por la existencia de centros de gasto tan diversos y complejos que han
ocasionado que al cierre del ejercicio, un mes antes de lo normal por la introducción del euro e imponérsenos así, hayan quedado muchas facturas sin poderse cubrir porque se pasaban a los 60 centros de gasto de toda España, durante el mes de
diciembre. En algunos casos ha podido haber falta de precaución de los gestores, pero también ha habido imposibilidad de tener esa precaución en algún tipo de facturas, ya que se trata de gastos corrientes de bienes y servicios.
En cuanto al capítulo 3, gastos financieros, tampoco me voy a referir a él porque sabe también su S.S. que se refiere al tema de los expedientes de expropiación forzosa y el pago de los justiprecios. Teníamos un presupuesto inicial de 150
millones de pesetas, lo aumentamos a 425 porque había muchísimos expedientes en tramitación de expropiación forzosa y pensábamos que nos iba a hacer falta para pagar los intereses por la demora en la fijación del justiprecio. Sin embargo, el
cálculo de los intereses por demora fue mucho menor del que nosotros teníamos previsto y además no vino el de todos los expedientes que teníamos previsto, sino de muchos más. Sabe S.S. que esta actuación es ajena a la actuación del Ministerio de
Administraciones Públicas, pero nosotros la tenemos que asumir y por ello la ejecución fue baja, del 58,6 por ciento.
En todo caso, representa muy poco del total.
En cuanto al capítulo 4, transferencias internas, la nuestra es única y es transferencias corrientes. La interna es única y es la destinada al Instituto Nacional de Administración Pública, con 1.647 millones de pesetas iniciales, que
después se aminoró en 105 millones teniendo en cuenta que se pasaban competencias del INAP a la Secretaría del Estado de Administración Pública. Respecto a las transferencias externas, el porcentaje alcanzó el 99,5 por ciento y son subvenciones
destinadas a las organizaciones sindicales más representativas entre los empleados públicos y a la Federación Española de Municipios y Provincias.
Respecto al capítulo 6, el presupuesto inicial fue de 3.480 millones de pesetas que actualizado, después de las incorporaciones que se produjeron durante el año, ascendió a 3.800 millones de pesetas. La ejecución en este capítulo ha sido,
en el año 2001, del 90 por ciento. El 90 por ciento representa, en este caso, 377 millones de pesetas. La ejecución a la que me he referido, del 90 por ciento, bajó sustancialmente por dos temas: por dos obras importantes que tenía pendientes el
Ministerio de Administraciones Públicas, y que no se pudieron realizar y estaban previstas. En primer lugar, en una obra que estaba adjudicada en Ibiza para la dirección insular de Ibiza hubo que resolver el contrato porque el proyecto era
defectuoso. Este dinero, 100 millones de pesetas, lo perdimos absolutamente porque se produjeron defectos en el proyecto y en la situación del suelo, tal y como se había proyectado; se han pedido responsabilidades a la empresa que lo realizó, pero
ese dinero lo hemos perdido, no ha habido más remedio. Por otra parte, una obra muy importante que estaba proyectada en la subdelegación del Gobierno de Vizcaya, cuyo contrato fue imposible adjudicar, se ha adjudicado ya este año, aunque estaba
presupuestada para el año pasado. Fue imposible adjudicar el contrato, hubo que dejarlo desierto en el último momento, ya que por cuestiones de seguridad en el País Vasco, que conocerán SS.SS., no encontrábamos ninguna empresa que quisiera arreglar
la subdelegación del Gobierno de Vizcaya. Ahí se nos fueron otros 150 millones de pesetas en un ministerio que tiene poco capítulo 6 para invertir; no tenemos demasiado en lo que compete a esta subsecretaría. Tuvimos que perderlo,
lamentablemente, y entiendo que ahí no fue por defecto de gestión sino por imposibilidad absoluta.
En el capítulo 7, transferencias de capital, vuelvo a referirme otra vez a las transferencias internas y a las
transferencias externas. La interna, es de cien millones al INAP, que se agota completamente, y la externa está prácticamente copada por los programas de cooperación con entidades locales. El presupuesto inicial para el año 2001 de este
capítulo fue de 25.933 millones de pesetas, que llegó a ser, al final, de 32.741 millones de pesetas. Prácticamente todo el presupuesto se va, como digo, en programas de cooperación con las entidades locales. Estos créditos extraordinarios
consistieron en mil millones que vinieron del programa de imprevistos del Ministerio de Hacienda para financiar inversiones necesarias para reparar daños por inundaciones en Cataluña y Castilla y León, otros 6.000 para reparar daños por inundaciones
en distintas comunidades autónomas, y una transferencia menor al Ministerio de Agricultura para paliar, entre todos los departamentos, el problema denominado comúnmente de las vacas locas.
En todo caso, lo que sí le quiero decir es que el remanente de este capítulo 7 es el más importante de todo el presupuesto; es un remanente, como he dicho, de 6.360 millones de pesetas. Teniendo en cuenta el presupuesto total del
departamento, este remanente supone nada menos que el 73 por ciento de todo el remanente del presupuesto del ministerio. Y aquí quiero comentar una cosa. Como supone el 73 por ciento del porcentaje total y la ejecución fue del 80 por ciento, este
remanente es el que baja de manera absolutamente significativa la ejecución presupuestaria en el Ministerio de Administraciones Públicas. Como he dicho, los fondos no utilizados en este capítulo ascienden a 3.660 millones de pesetas. De este
importe, 5.295 corresponden a estos incrementos por transferencias y créditos extraordinarios autorizados para hacer frente a los daños por inundaciones que fue imposible gastar en el momento de la incorporación del crédito al ministerio. Se
produjo la incorporación cuando se produjo. De todas maneras, son créditos que no se pierden porque se incorporan en su totalidad al presupuesto del año 2002. Por lo tanto, si descontamos estos fondos, que no son créditos perdidos sino que se
depositan, por así decirlo, en el presupuesto de Administraciones Públicas aunque no los gaste el Ministerio de Administraciones Públicas, el remanente real de este capítulo hubiera sido de 1.066 millones de pesetas, lo que hubiera representado un
porcentaje de ejecución del 96 por ciento. Pero es que además en este capítulo, como ya he dicho al comentar el presupuesto del año 2000, la ejecución del presupuesto no depende de manera exclusiva ni de manera importante del propio Ministerio de
Administraciones Públicas, depende de qué celeridad tengan las entidades locales que reciben subvenciones en el programa de cooperación local para certificar las obras que han realizado, las actuaciones que han realizado con cargo a las subvenciones
que se les han transferido desde el Ministerio de Administraciones Públicas. No estoy aquí para hacer ficciones, porque no hay nada más real y más aburrido que los presupuestos, pero si este programa se hubiese ejecutado al cien por cien, si las
entidades locales lo hubieran ejecutado al cien por cien -hemos hecho esta ficción para saber, porque yo soy la primera interesada, cómo se ejecuta el presupuesto-, hubiéramos estado en la media de todos los ministerios con una ejecución del 97,5
por ciento. Sólo quería resaltar este detalle porque el peso del capítulo 7 en el presupuesto es prácticamente de un 40 por ciento y se nota mucho una ejecución tan baja como la del 80 por ciento, nos baja la media de una manera automática.
Para terminar, como he señalado anteriormente, quiero decirle como conclusión que la situación al cierre del ejercicio del año 2001 del Ministerio de Administraciones Públicas ha sido mala en relación con la Administración general del Estado
y los órganos constitucionales, porque la media de la Administración del Estado ha sido del 97,4 por ciento y el grado de ejecución del MAP 89,4 por ciento, tan sólo estamos por encima del Ministerio de Ciencia y Tecnología y del Ministerio de
Hacienda, de eso somos muy conscientes. Quiero resaltar lo que he dicho con relación al capítulo 7 en la explicación del presupuesto de este año, que creo que es un tema muy importante, y es que si se hubiera ejecutado todo el capítulo 7, ya que
son fondos que no ejecutamos nosotros sino que nos los depositan a nosotros, nuestra ejecución hubiera llegado a la media de la ejecución de la Administración general del Estado. Y yo cierro aquí mi intervención.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra doña María José López.
La señora LÓPEZ GONZÁLEZ: Quisiera agradecer su presencia cordial en esta Comisión y su sinceridad en la conclusión final, en la que reconoce que la situación del ministerio no es precisamente buena en cuanto a la ejecución presupuestaria
del año 2001, ya que tiene grandes deficiencias.
Como usted bien sabe, la comparecencia que usted realiza en esta Comisión, vulgarmente es denominada de altos cargos. En el momento de la presentación del presupuesto, podemos desbrozar, de una
manera rápida y en algunos temas un poco más pausada, cuál va a ser el presupuesto y cómo vamos a distribuirlo a lo largo del año -en concreto me voy a referir al año 2001-, y normalmente el resto de las comisiones van recibiendo algún tipo de
información de la ejecución del presupuesto a lo largo del año.
No es el caso del Ministerio de Administraciones Públicas, pues desde que se produce esa comparecencia hasta que nosotros solicitamos la comparecencia de hoy no conocemos de una forma
exhaustiva -fundamentalmente no obtenemos los datos a través del ministerio sino, como usted muy bien ha dicho, de la Secretaría de Estado de Presupuestos-, cuáles están siendo los resultados y la aplicación del presupuesto
que se presentó en su momento. Lo que este grupo parlamentario quiere conocer a través de la comparecencia de la subsecretaria aquí, esta mañana, es si se han cumplido los objetivos políticos que se acompañan cuando se hace la presentación
del presupuesto y fundamentalmente si los números que aparecen en el presupuesto han dado el resultado que se quería. Queremos saber quién ha gastado, cómo se ha gastado y para qué se ha gastado y si hemos ido cumpliendo a lo largo de la ejecución
presupuestaria las expectativas de los ciudadanos cuando se presentan los Presupuestos Generales del Estado. Por tanto, la finalidad de esta comparecencia no es otra que la que usted ya bien conoce y que ha desglosado por capítulos en su
exposición.
No obstante, hay una cuestión previa sobre la que me parece importante hacer una reflexión, y es que en la página 80 del presupuesto de Administraciones Públicas, en el punto siete, figura la publicación de un boletín mensual para saber cuál
es la ejecución presupuestaria de todo el año. Ese boletín no llega, por lo menos, a este grupo parlamentario y nos gustaría solicitarle que esa documentación se nos hiciera llegar para saber cómo va evolucionando el presupuesto, y si la señora
subsecretaria considera que el seguimiento mensual pudiera parecer excesivo, a pesar de que en el presupuesto el compromiso aparece como mensual, que al menos se le pudiera hacer llegar, a los grupos la información trimestralmente, porque pensamos
que este tipo de comparecencias podrían ser un poco más livianas si se conocen ciertos datos previos y no tendríamos que hacer una comparecencia tan exhaustiva como la que se pretende esta mañana.
Pasando a la ejecución presupuestaria, usted reconoce en su comparecencia del 10 de octubre del año 2000 que el presupuesto del Ministerio de Administraciones Públicas para el año 2001 aumentaba en un 10 por ciento, y justificaba ese aumento
fundamentalmente la aplicación de la LOFAGE. No sé si recuerda que en aquel momento se integraban en el ministerio todos los servicios que antes no estaban integrados. Hablamos fundamentalmente de la Administración periférica, del coste de
material y de efectivos humanos de los servicios periféricos, como parque móvil, las direcciones provinciales de trabajo, seguridad social y asuntos sociales, es decir, que el aumento de ese 10 por ciento del presupuesto era también como
consecuencia de las transferencias de otros ministerios porque el Ministerio de Administraciones Públicas se hacía cargo de esos servicios.
Conocido todo ello, yo voy a hacer un seguimiento prácticamente igual al realizado por usted, porque creo
que es más cómodo hacerlo por capítulos para que las conclusiones y las averiguaciones de los datos puedan ser más fáciles. A 31 de diciembre de 2001, según los datos que nosotros hemos podido obtener que, como usted ha dicho, provienen
fundamentalmente de la intervención general de la Secretaría de Estado de Presupuestos, nos encontramos con que pasamos de 24.500 millones de pesetas en el año 1996, y, actualmente, en el año 2001, a 53.900 millones en la liquidación del año 2001.
Algo parecido ha ocurrido con la situación de los funcionarios de la alta dirección del Estado: en el año 1996, teníamos 40.700 millones y, en el año 2001, nos encontramos con 50.700. Cuando analizamos estos números, lo primero que hacemos es una
reflexión. Yo no sé si usted lo recuerda, pero le dimos muchas vueltas al tema en la comparecencia de octubre del año 2000, cuando esta portavoz en un momento determinado le preguntaba dónde estaba el presupuesto austero, dónde estaba esa política
de ahorro, de control del gasto, dónde estaba esa racionalización de recursos, porque ustedes y el Gobierno nos habían echado en cara a los Gobiernos socialistas que habíamos despilfarrado y habíamos controlado muy poco el gasto que se estaban
produciendo en algunos ministerios.
Con respecto a la ejecución del presupuesto del 2001 del MAP, se mantienen una serie de modificaciones presupuestarias importantes. El presupuesto inicial, según el dato que usted me acaba de dar esta mañana y que coincide con el dato que
nosotros teníamos y que nos había facilitado la secretaría, era de 73.546 millones de pesetas -nosotros teníamos la cifra de 73.594 millones, pero no tiene ninguna trascendencia porque son 3 millones de diferencia-, y se convertía finalmente en
82.559 millones, lo que significa un 12 por ciento de desviación respecto al presupuesto inicial. Si lo comparamos con el resto de los ministerios, nos encontramos con que la desviación del resto de los ministerios es de un 3 por ciento y la
nuestra, la del Ministerio de Administraciones Públicas, de un 12 por ciento. Nos parece que eso debe de tener una explicación, que esta mañana le solicitamos a la señora subsecretaria para entender por qué se ha producido esa desviación que a
nosotros nos ha resultado un tanto llamativa si la comparamos con el resto de los ministerios, con el comportamiento presupuestario del resto de los ministerios. Los motivos de esa desviación quizá podrían ser los créditos extraordinarios y
suplementarios a los que usted ha hecho referencia; unos créditos de 100.000 millones de pesetas, ampliables a 353; algunas diferencias, a las que usted también ha hecho referencia esta mañana, de 793 millones de pesetas; unos determinados
ingresos de 1.863, a los que usted también ha hecho referencia esta mañana.
Quizá ahora usted pueda ampliar su explicación y nos pueda esclarecer algunos hechos que a nosotros, como le decía antes, nos parecían llamativos. Estos datos nos pueden llevar a una conclusión un poco más fuerte, y es que a lo mejor
existen organismos o servicios que han necesitado un mayor gasto o que debido a la LOFAGE, algunos ministerios le tomaron el pelo al Ministerio de Administraciones Públicas en las transferencias que recibió en el año 2001. Yo siento a veces ser tan
directa cuando hago un análisis, pero me da esa sensación de que ha podido ser una tomadura de pelo y
que ustedes no han podido aplicar la LOFAGE tal como se esperaba por esas diferencias, y ver cuál ha sido el destino final de todas esas modificaciones. ¿Qué ha pasado con la ejecución del presupuesto del año 2001? Usted muy bien ha dicho
que el presupuesto inicial era de 73.549 millones y que al final se ha convertido en 82.559 millones a pesar de que en el año 2000 fue de 74.432 millones, según el dato que usted nos ha facilitado esta mañana, con lo cual hay un incremento del 10,9
por ciento; el compromiso de gasto ha sido de 77.899 millones y, sin embargo, en el 2000 fue de 71.238 millones, o sea que hay un incremento del 9,4 por ciento; las obligaciones reconocidas en este año han sido 73.803 millones y en el año 2000,
68.920, lo que supone un incremento del 7 por ciento; y los pagos que se han realizado, en este año, según la información que tenemos, fueron 65.161 millones y en el año 2000 fueron 59.394 millones, lo que supone un incremento del 9,7 por ciento.
La señora subsecretaria a lo largo de su intervención se ha referido a la ejecución, pero no se si cuando habla de ejecución se refiere al gasto comprometido, al gasto que realmente se ha financiado, se ha pagado. Como usted no me ha aclarado el
concepto por eso le pregunto si toda la relación numérica a la que hace referencia se refiere a ese dato o no. El MAP, en su ejecución, está, usted lo ha dicho, más de 3 puntos por debajo del resto de los ministerios. Como lo ha reconocido en su
conclusión final, no le vamos a dar más vueltas a ese asunto.
Me voy a ir refiriendo a los distintos capítulos. En el capítulo 1, la subida presupuestaria del año 2001 con respecto al año 2002, como usted recordará, fue del 12,9 por ciento, excluyendo siempre que hablemos de ese tema a los organismos
autónomos, y los gastos finales han supuesto 35.000 millones. Nos gustaría que la señora subsecretaria se refiriera a una partida cuya ejecución nos ha preocupado a lo largo de todo el año 2001, y aunque este grupo parlamentario ha preguntado hasta
la saciedad, no hemos podido obtener una conclusión definitiva que clarifique en qué situación se ha quedado la productividad, que aparece con una subida del 2 por ciento en los presupuestos, pero que a lo largo de toda la documentación que en este
año hemos recibido del ministerio, vemos que esa partida no ha subido el 2 por ciento sino en un porcentaje bastante más alto; en algunos ministerios ha llegado incluso a rozar el 20 por ciento. Nos gustaría saber qué ha pasado con esos
incentivos, cómo han sido distribuidos, cuáles han sido los criterios y cuál ha sido el resultado final de su ejecución.
En el capítulo 2, el incremento en el año 2001 fue del 13,8 por ciento, en relación con el presupuesto de 2000. En términos numéricos, no sé si lo tiene la subsecretaria, suponía aproximadamente unos 797 millones de diferencia del
presupuesto de 2000 al de 2001, a pesar de que se preveía un traspaso de 102 millones de pesetas a las comunidades autónomas. El dato de ejecución final ha sido de 6.762 millones, aunque fue actualizado inicialmente en 6.900 millones. Nos gustaría
saber qué modificaciones se han producido en este capítulo para establecer este aumento, qué modificaciones han podido tener relación en la variación de ese capítulo con respecto a las variaciones del capítulo 6, capítulo de inversiones, cuál ha
sido la evolución, cómo ha ido la ejecución en concreto (si puede darnos ese dato, si no no tendríamos ningún inconveniente en que la señora subsecretaria nos mandara la información por escrito) de los programas 227 y 226. Yo le alabé su decisión
sobre la reducción de los arrendamientos y los alquileres de los inmuebles, que fue uno de sus grandes compromisos. Queremos saber qué pasó con el plan de la Dirección General de Patrimonio para racionalizar el uso de los edificios y los usos
múltiples de las subdelegaciones del Gobierno; qué ha pasado con aquellos servicios que íbamos a poner en funcionamiento para que el ciudadano no estuviese deambulando por todo el territorio, para que pudiéramos centralizar algunos servicios,
aunque estuviesen compuestos por las comunidades autónomas y por la Administración central, a los que pudieran dirigirse los ciudadanos para resolver una situación administrativa que no tuviese mayor trascendencia. En definitiva, queremos saber qué
ha ocurrido con todas esas desviaciones, de las que no hemos obtenido ninguna información a lo largo de este año. Como en el capítulo 4 podría tener mayor trascendencia la subida prevista, en el año 2001 fue del 16,2 por ciento en relación al año
2000. Si usted lo recuerda, la justificación del aumento de ese porcentaje fue la subvención a la Federación de Municipios y Provincias por 250 millones de pesetas, superior a la que se había previsto inicialmente, y las trasferencias del INAP, que
pasaron de 1.640 a 1.752.
Y por último, nos gustaría hacer una reflexión especial en el capítulo 6, de inversiones. A lo largo del año 2001, a través de las distintas comparecencias y de las preguntas formuladas por los miembros de este grupo parlamentario, hemos
podido obtener informaciones contradictorias que yo no tengo ningún inconveniente en ponerlas sobre la mesa para ver si nos las pueden aclarar. El presupuesto inicial en la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas aumentaba en un 81,5 en
el año 2001.
El presupuesto inicial era de 3.482 millones de pesetas, pero había luego unas transferencias previstas que, según manifestó la señora subsecretaria, podían situar el porcentaje de inversión en alrededor de un 69 por ciento del
inicial, y yo le he dicho que era del 81,5 el que aparecía en el presupuesto del año 2001. En aquella ocasión le pedíamos que presentara las inversiones de forma territorializada, porque los diputados de determinadas circunscripciones necesitábamos
saber cómo se iban a realizar esas inversiones en cada una de nuestras circunscripciones. Usted ya me manifestó con anterioridad que era muy difícil territorializar el presupuesto, pero que había un compromiso
expreso de que el proyecto de inversiones del año 2001, que afectaba al programa 121.E, nos lo haría llegar para que conociéramos cuál era la inversión que se iba a hacer en cada uno de los territorios. No nos ha llegado esa información.
Hay otro dato que también parecía importante por la trascendencia que empieza a tener. Como usted bien sabe, hemos hablado de oficinas de extranjería en reiteradas ocasiones, y en el capítulo 1 las oficinas de extranjería (termino, señor
presidente, en un minuto) ascendían a 800 millones de pesetas y en el capítulo 2 a 2.260. Queremos saber qué ha ocurrido con las inversiones, con la redistribución de las delegaciones y las subdelegaciones y la implantación de esa administración
eficaz a la que hicimos referencia; cuántos programas se han llevado a cabo; cuántas han sido las inversiones; en definitiva, saber qué ocurrió con ese proyecto y con todas las oficinas de extranjería.
Para finalizar con la reflexión inicial con la que iniciábamos nuestra comparecencia, debemos concluir que, por lo menos para este grupo parlamentario, esta ejecución presupuestaria retrata cuál es la política del Gobierno a lo largo de todo
este año, y nuestra conclusión no es favorable. Nosotros seguimos pensando que no existe un control exhaustivo del gasto y que no hay una racionalización para maximizar los recursos con los que cuenta el ministerio. Es posible que haya tenido más
dinero, pero se ha ejecutado peor, se ha hecho una peor ejecución del presupuesto correspondiente al año 2001. Si, aunque se tenga más dinero, no se gasta adecuadamente, la sensación que percibe el ciudadano es que no es eficaz ese presupuesto, y
hay algunos datos que nos llevan a hacer esa reflexión última a la que he hecho referencia. Porque sí que hay una conclusión, y es que cada vez estamos externalizando más algunos servicios, que se está degradando el buen servicio que al ciudadano
que tiene que prestar la Administración.
No quiero cansar más al señor presidente.
El señor PRESIDENTE: ¿Qué otros grupos quieren hacer uso de la palabra? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra doña María Jesús Ruiz.
La señora RUIZ RUIZ: Yo quería comenzar mi intervención felicitando a la señora subsecretaria porque es muy difícil hacer un balance como el que ha hecho de dos ejercicios presupuestarios, de los años 2000 y 2001, que creo que ha sido capaz
de sintetizar perfectamente en cada uno de los capítulos, facilitando la información que se pedía, que era el objetivo de esta comparecencia. Ese ejercicio de síntesis en un tema tan árido como son los presupuestos, como ella misma ha reconocido,
al estar constantemente manejando números, creo que es merecedor de un reconocimiento por parte de este grupo parlamentario. Los números, efectivamente, tienen la cualidad de ser un poco áridos y pesados, pero, por otro lado, también tienen la
ventaja de que son los que son y a veces facilitan mucho las cosas a la hora de discutir determinadas cuestiones, ya que ellos mismos se encargan de definirlas, porque, como he dicho, son los que son.
En ese sentido, y empiezo por el final para ser todavía más breve, no podemos compartir en absoluto las conclusiones que acaba de realizar la representante del Grupo Socialista, porque entendemos que la explicación exhaustiva que se ha dado
por parte de la señora subsecretaria en cada una de las partidas y los porcentajes de ejecución de cada una de ellas han sido suficientemente clarificadores. Por supuesto, siempre se puede mejorar -ella misma es consciente de ello y así lo ha
manifestado-, pero en cifras generales no se puede decir que la ejecución del presupuesto haya sido mala, teniendo en cuenta además que este ministerio está afectado por las actuaciones de otros muchos organismos que están dentro de sus
competencias, lo que supone una agilidad y una capacidad de gestión mayor que la que puedan tener otros ministerios más inversores que el de Administraciones Públicas. Sin embargo, a la hora de ver la ejecución en las distintas partidas se puede
claramente inferir que ha sido un ejercicio muy importante en cuanto al seguimiento y control de la ejecución de los presupuestos en cada uno de sus organismos. Me estoy refiriendo básicamente a la ejecución presupuestaria y al seguimiento de esos
60 centros de gasto, entre otras cuestiones, partiendo de que las partidas más importantes que han hecho que bajara ese porcentaje de ejecución en el año 2001 no son gestionadas directamente por el ministerio, sino que según el plan de cooperación
local son gestionadas por las corporaciones locales. Yo tengo que decir en este aspecto, porque lo conozco más detalladamente, que la actuación que están llevando a cabo en los últimos años el Ministerio de Administraciones Públicas y las
corporaciones locales para dar celeridad a la gestión y que se destinen esos fondos y se ejecuten en los plazos presupuestarios ha sido muy importante. De hecho, el que en el año 2000 haya habido una ejecución del 91,6 por ciento se debe, por
supuesto, a la acción eficaz de las corporaciones locales, sin olvidarnos de que detrás está la gestión del ministerio, que ha propiciado y que está constantemente requiriendo que se ejecute en los plazos establecidos y, como consecuencia de eso, se
gaste el dinero que está destinado a la cooperación local, que además conlleva directamente la ejecución de determinadas obras importantes en cada una de esas corporaciones locales.
No me voy a extender más porque creo que la explicación ha sido exhaustiva, además ha sido honesta, se ha visto por qué en cada uno de los casos las partidas no se han ejecutado al cien por cien y además por qué
el porcentaje de ejecución en el año 2001 en el Ministerio de Administraciones Públicas ha sido un poco menor que la media del resto de la Administración del Estado. Creo que las explicaciones que ha dado la señora subsecretaria son
absolutamente veraces; además estoy segura de que en la segunda intervención, porque le consta a este grupo que existen esos datos, va a poder todavía matizar más los aspectos que ha pedido la portavoz del Grupo Socialista, porque efectivamente ha
habido reducciones importantes, como se comprometió aquí el Gobierno en anteriores comparecencias, en el tema de la gestión de alquileres y en otros aspectos. Por tanto, no se puede decir que la ejecución del presupuesto del Ministerio de
Administraciones Públicas haya sido deficiente; para nada podemos compartir la afirmación de que no existe control del gasto, sino todo lo contrario. De hecho, los números están ahí y se ve perfectamente cuáles han sido las causas. La LOFAGE
afectó directamente a este ministerio, que ha tenido que hacer un esfuerzo mucho mayor que otros para poder, primero, salir al paso de las necesidades, y segundo, coordinar ese gran número tanto de efectivos como de necesidades a la hora de valorar
sus gastos de funcionamiento. Creemos que la ejecución no ha sido mala, que puede mejorarse, y la propia subsecretaria ha matizado ya en qué aspectos se podría mejorar. En definitiva, es un ministerio al que le afectan mucho las actuaciones no
sólo de otros ministerios, sino también de otros centros de gastos, de otros organismos, en este caso las corporaciones locales, y por tanto creemos que el esfuerzo que está realizando debe valorarse y además esta mañana debe ser objeto de especial
reconocimiento por parte de nuestro grupo parlamentario.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la subsecretaria de Administraciones Públicas.
La señora SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (De Cospedal García): En primer lugar, quiero agradecer el tono de las dos diputadas intervinientes, tanto la del Grupo Socialista como la del Grupo Parlamentario Popular.
Voy a contestar primero a lo que a lo mejor ha sido lo último que ha mencionado en su exposición. Yo he hablado, es verdad, de datos de ejecución. Me estoy refiriendo no a obligaciones reconocidas, sino a propuestas de pago al Tesoro
Público que ya se pueden equiparar con la liquidación. No liquidamos nosotros, liquida el Tesoro. Quiero que quede ese concepto claro.
Se ha referido también al boletín de ejecución mensual y trimestral. Yo creo que el mensual no es nada útil. No lo es ni a nosotros mismos. El trimestral sí me comprometo a hacérselo llegar. Creo que también estaba en deuda con S.S. con
el proyecto de inversiones para el año 2001. Tendré especial cuidado en que le llegue el proyecto de inversiones para el año 2002. De esta forma dejo cubiertos los primeros temas.
A ver si soy capaz de contestar a todas las preguntas que me ha formulado la diputada del Grupo Socialista. Efectivamente, como dice S.S., la ejecución presupuestaria del MAP es una ejecución baja (y esto no es que sea una apreciación mía,
es que los datos y los números lo reflejan así de manera indubitada), pero esta baja ejecución se debe casi exclusivamente -aunque hay errores en la gestión, como en todas partes- a la baja ejecución en el capítulo 7, a créditos que no se han pedido
ejecutar, que se transfirieron al ministerio y que se incorporan en el presupuesto del 2002, es decir, que no se pierden, por decirlo de alguna manera, porque son para planes por desastres naturales y catástrofes para los ayuntamientos. Esto es lo
que baja la ejecución de todo el ministerio con carácter general y eso lo sabemos nosotros y yo creo que también lo sabe S.S. después de la explicación que le he dado. En todo caso, ahí están los números.
Efectivamente, como ha señalado, el presupuesto del Ministerio de Administraciones Públicas para el año 2001 se incrementó en un 10 por ciento, y, ese incremento se debió a que ya se había producido la integración real de algunos servicios
de las áreas de Trabajo y Asuntos Sociales y del parque móvil en el Ministerio de Administraciones Públicas. El incremento era debido, a ese tema, porque si no, el incremento hubiera sido el mismo que el de todos los ministerios para el año pasado.
El incremento en el capítulo 1 fue debido precisamente a eso, esto es, se nos incorporó muchísimo personal. Y no sólo personal funcionario y laboral, sino también todos los delegados y subdelegados del Gobierno. También hay un incremento en esa
partida por los altos cargos. No se han creado nuevos altos cargos; es el incremento que recibimos, no sólo por la incorporación de delegados y subdelegados, que a lo mejor estaba reflejada antes, sino también de muchos jefes de áreas y de
dependencias, de niveles 30. No se han creado -que yo creo que era la pregunta que me hacía S.S.- nuevos altos cargos en el año 2001 respecto al 2000. Se ha trasladado el personal y nos han dado los créditos de personal que nos han trasladado.
Eso sí se lo puedo asegurar con toda contundencia.
En cuanto a la desviación del presupuestaria, es cierto que la desviación del presupuesto del MAP es mayor que la desviación del presupuesto de otros ministerios. Esa desviación responde a las características del propio ministerio, al ser
el ministerio que aplica la LOFAGE. Y es que los nuevos temas, fundamentalmente el de extranjería, que tiene que ver tanto con el capítulo 1 como con el capítulo 2 como con el capítulo 6, el tema de inundaciones y todos los temas que funcionalmente
son atribuibles a otros ministerios en todo el territorio nacional, al final donde se reflejan económicamente es en nuestro presupuesto y somos sufridores, por decirlo de alguna manera, de los vaivenes de los acontecimientos que se tienen que
reflejar económicamente en un
presupuesto. Eso nos pasa porque las desviaciones en muy pocas ocasiones sirven para hacer frente a obligaciones que el MAP ya tenía asumidas, porque son obligaciones nuevas. Fundamentalmente, las más importantes suelen venir por los temas
de extranjería, por los temas de desastres, por los temas de control en protección civil, que también es una partida importante a veces en desviaciones, y, como he dicho, por desastres naturales, que esa partida siempre es impresionante. Yo creo
que es la propia dinámica de este ministerio al no ser un ministerio estático (es el más dinámico de todos, aunque pueda parecer lo contrario), la que hace que las desviaciones en nuestro presupuesto sean siempre muchísimo mayores que las de ningún
otro ministerio. Hay que tener en cuenta además que es un ministerio en expansión, en el bien entendido de que la LOFAGE tiende a que cada vez se vayan integrando más servicios, pero ahí también se producen desviaciones, al igual que se producen
desviaciones en los capítulos, en los conceptos y en los subconceptos, que en algunas ocasiones hacen que bajemos en la ejecución. En algunas ocasiones hemos bajado en la ejecución no ya por defecto de gestión, sino por mejora de gestión, porque al
incorporarse servicios nuevos, inicialmente resultan economías de escala que nos los hacen más baratos hasta que se vuelva a adecuar el servicio o bien ya se queda más barato. A veces las ejecuciones bajas también derivan de esos temas. Por
ejemplo, eso pasa mucho en los capítulos 2 y 6, en el tema del parque móvil y de las comunicaciones informáticas. Eso nos ha pasado mucho. Esto nos permite, por ejemplo, para este año, haber definido cantidades para cosas que antes no podíamos
definir. O sea, que no está mal.
Se refería también la señora López al tema de los arrendamientos. Yo no tengo aquí los datos, pero le puedo decir que en arrendamientos, en el año 2000 -y vamos a ahorrar más en el 2002- ya hemos ahorrado unos 60 millones de pesetas. Yo sé
que no es mucho, pero en una partida de 500 millones sí es mucho; es un 10 por ciento. Podría ser más, pero ya es un ahorro. Las cuentas concretas de arrendamientos se las puedo mandar.
Respecto al plan de racionalización del patrimonio que se está llevando a cabo con la Dirección General de Patrimonio, dentro de la comisión delegada del Gobierno para asuntos económicos se ha creado una comisión especial en la que participa
Administraciones Públicas para la gestión del patrimonio del Estado. Este plan en el que participan dos ministerios, sigue adelante. De hecho, casi todas las obras que se están realizando en estos momentos y casi todos los proyectos de ejecución
de obras tienden a ese objetivo, es decir, a concentrar en espacios únicos el mayor número de dependencias de la Administración del Estado. En la relación de proyectos para el año 2002 queda bastante demostrado. Le podemos adjuntar a esa
información las concentraciones de edificios que se están haciendo dentro de nuestras posibilidades. Siempre se puede ir más rápido pero no vamos a mal paso, teniendo en cuenta los tiempos de la administración.
Se refería también S.S., dentro del capítulo 1, a una partida que le preocupaba, que es la de productividad, y cómo se ha ejecutado en el ministerio. La partida de productividad en el ministerio no se ha incrementado. Yo no sé lo que ha
pasado en otros, pero en el MAP no se ha incrementado. ¡Que más querría yo! Hemos ejecutado prácticamente el 99,5 por ciento, teniendo en cuenta, además, que en términos reales a veces se ha disminuido. Hemos tenido que afrontar por ejemplo, los
cambios legislativos en materia de extranjería, ha habido que establecer productividades especiales y justificadas con baremos de productividad y de resolución de expedientes al Ministerio de Hacienda, hemos tenido que hacer frente a productividades
que antes no teníamos consignadas presupuestariamente, fundamentalmente en el tema de extranjería.
Respecto al capítulo 2, usted me pedía que le diera información por escrito sobre los programas 227 y 226. Yo se lo agradecería, porque en este momento no la tengo aquí. En el capítulo 4, efectivamente, el año pasado se produjo un
incremento de las subvenciones porque se incrementaba en un tanto por ciento elevadísimo la subvención a la Federación Española de Municipios y Provincias. Esa subvención se ha ejecutado enteramente.
En cuanto al capítulo 6, no sé si he dado bien el dato o no me ha entendido bien, seguramente me habré explicado mal. He comentado que la ejecución había sido del 90,1 por ciento. Las transferencias que se han podido producir entre el
capítulo 2 y el capítulo 6 son debidas fundamentalmente a proyectos, y lo ha dicho además S.S., de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas relativos al portal de las administraciones públicas. Es un proyecto a largo plazo, a cuatro
años, y por lo tanto en ocasiones requiere realizar modificaciones de un capítulo a otro según vayan avanzando los trabajos y según se requieran más actuaciones en un capítulo o en otro. Ya sabe S.S. que yo no comparto su opinión sobre el tema de
la externalización de los servicios. Yo ahí no voy a hacer mayor abundamiento, pero no creo que estemos dando un servicio más deficiente porque en algunos servicios, sobre todo de altas tecnologías de la información, estemos trabajando con las
empresas punteras en el sector.
Con relación a la extranjería, le hablo un poco de memoria porque estos datos no los tengo aquí, pero le diré que hemos agotado completamente el capítulo 1 y en lo que respecta a las inversiones también lo hemos agotado completamente, porque
las obras que se han dejado de ejecutar en el 2001, como le he dicho y es absolutamente cierto, se han debido fundamentalmente al problema que hemos tenido en el País Vasco y en Ibiza. No eran necesariamente obras para las oficinas de extranjería o
para adecuar locales de extranjería;
eran obras integrales en las que también habría habido un local o una oficina de extranjería.
Yo creo que he dado contestación prácticamente a todo, lo que me ha preguntado su señoría. A lo mejor se me ha quedado algo en el tintero, y en ese caso me lo dirá su señoría. La información que me he comprometido a darle, tanto del
boletín trimestral como del proyecto de inversiones, con esa apreciación acerca del plan de racionalización de edificios, se la enviaremos lo antes posible. Por mi parte sólo me queda agradecer el tono de su intervención y el de la representante
del Grupo Popular. (La señora López González pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Tiene dos minutos, pero no más.
La señora LÓPEZ GONZÁLEZ: Simplemente quiero agradecerle a la señora subsecretaria que nos mande la documentación a la que hemos hecho referencia. Comprendo que no tuviera la documentación necesaria para contestar a algunas de las
preguntas que le he realizado, pero entendemos que es interesante hacer el seguimiento presupuestario de algunos temas y que para ello necesitamos los datos que nos va a facilitar la señora subsecretaria. Simplemente quiero agradecerle que nos
facilite esa documentación.
PREGUNTAS:
- DEL SEÑOR MARTÍNEZ SANJUÁN (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA), SOBRE SITUACIÓN DE LAS OFICINAS DE EXTRANJERÍA DEPENDIENTES DEL MINISTERIO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. (Número de expediente 181/001318.)
- DEL SEÑOR RIPA GONZÁLEZ (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA), SOBRE AUMENTO DE LA DOTACIÓN DE MEDIOS Y PERSONAL PARA RESOLVER LOS EXPEDIENTES PENDIENTES EN LAS OFICINAS DE EXTRANJERÍA. (Número de expediente 181/001401.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos, ahora sí, a los puntos del orden del día que se refieren a las preguntas formuladas por el Grupo Parlamentario Socialista.
En primer lugar, tiene la palabra don Ángel Martínez Sanjuán para formular las preguntas que figuran en los puntos cuarto y sexto del orden del día.
El señor MARTÍNEZ SANJUÁN: Vamos a unificar las dos preguntas, tanto la que había realizado mi compañero Vicente Ripa como la que había hecho yo.
Espero que el debate que ha tenido esta mañana con mi compañero el señor Sabaté lo podamos
continuar ahora, porque también vamos a hablar de las oficinas de extranjería.
En primer lugar, señora subsecretaria, le quiero felicitar por la información que nos ha suministrado por escrito tanto a mi compañero, Vicente Ripa, como a mí al contestar a dos preguntas que habíamos formulado en relación con este tema, lo
cual nos permite afrontar este problema con un conocimiento mayor de datos sobre el funcionamiento de las oficinas de extranjería dependientes de su ministerio. Yo creo que cuando estamos hablando de las oficinas de extranjería y de la problemática
de los extranjeros en relación con la Administración española hay que aclarar su funcionamiento ¿Por qué? Porque, en algún momento, esta mañana he oído hablar a la señora subsecretaria de la oficina de extranjería dependiente del MAP de Tarragona.
En la información que me ha suministrado por escrito no existe esta oficina de extranjería. Posiblemente exista una oficina que se encargue de los asuntos de extranjería, como hay en muchas provincias españolas, porque oficinas únicas de
extranjería creadas de acuerdo con la última reglamentación española y de acuerdo con el real decreto que desarrolla la Ley de extranjería del año 2000, según sus datos, sólo hay trece.
Todas las demás las podremos llamar oficinas de extranjería,
pero no sé si son responsabilidad exacta y concreta de su ministerio, de la subsecretaría. Con lo cual estamos hablando de la problemática de las oficinas de extranjería en España de varios ministerios. Yo me querría centrar en las que dependen de
su ministerio, en las que son de su responsabilidad, porque no podré pedirle responsabilidades a usted cuando las responsabilidades son de otros compañeros de otros ministerios, aunque yo creo que hay una problemática común a todas ellas, porque
tanto las que existen de forma unificada, que son de su competencia, como las que existen de forma agregada, dependientes de varios ministerios, tienen una problemática bastante parecida. Y la problemática es bastante parecida porque la conclusión
después de conocer la realidad de unas y de otras es que, como las fincas de muchos sitios de España, estas oficinas son manifiestamente mejorables. La vedad es que, señora subsecretaria, quiero que vea en esta pregunta voluntad constructiva desde
mi grupo parlamentario para encontrar soluciones a un problema social importante, para un problema de empleados públicos importante y para un problema no sólo estético, sino de realidad interna, que afecta a muchas personas, muy importante. Mi
compañera Cunillera en la última comparecencia que tuvo en esta Comisión le habló en concreto de los problemas que existían y que usted conocía en parte y me imagino que habrá dado órdenes oportunas para que todos vayan desapareciendo; no que hayan
desaparecido, sino que vayan desapareciendo; mi compañero Sabaté hablaba del de Tarragona y yo le podría hablar de la que más conozco que es la de mi circunscripción; mi compañero Ripa conoce profundamente los problemas
de la de Navarra, pero la verdad es que la situación de las oficinas de extranjería es un problema muy generalizado. Es cierto que la realidad ha superado los medios que la propia Administración ha puesto en marcha.
Posiblemente también
haya superado no sólo los temas de carácter físico, sino los problemas o las cuestiones de carácter administrativo. De eso quiero preguntarle, señora subsecretaria.
Ustedes han creado trece oficinas únicas de extranjería a la luz del decreto que desarrolla la ley de extranjería ¿Para cuándo las demás? ¿Qué calendario tienen? ¿Cuántas de estas oficinas únicas de extranjería están pendientes de ser
aprobadas por la CECIR están cambiando de estrategia? El otro día ustedes han contestado a mi compañero Vicente Ripa que están estudiando la implantación de un modelo descentralizado ¿Por qué? Por ejemplo, si lo vende igual en Almería, el problema
no es resolver el problema en Almería capital, sino que a lo mejor tiene que haber una oficina de extranjería, no sé si centralizada o única, posiblemente en El Ejido o en otras provincias españolas. Es decir, cuando nos están diciendo o están
contestándonos diciéndonos que estamos estudiando en el nuevo plan un modelo de descentralización de gestión de la problemática de las oficinas de extranjería, ¿están pensando en cambiar el sistema que estaban desarrollando hasta ahora, que era el
de la unificación de oficinas únicas de extranjería en la capital o en la Delegación o en la Subdelegación del Gobierno? Por eso es un tema importante encontrar un camino adaptable a la propia realidad, porque la realidad es cambiable.
El modelo del que ustedes tienen la responsabilidad es el del modelo único, el modelo unificado. Es verdad que en otras comunidades autónomas, en otras delegaciones o subdelegaciones del Gobierno existen, digamos, oficinas de extranjería
pero con tres, como mínimo, unidades administrativas distintas y no unificadas físicamente, sino con problemas de gestión, de coordinación a pesar de que, efectivamente, van mejorando en la tramitación informática de los expedientes y en el cruce de
información. No puede ser eficaz hoy estar manejando temas de extranjería en las delegaciones de Gobierno o subdelegaciones de Gobierno, en los expedientes laborales en lo que eran las delegaciones de Trabajo, aunque muchas de ellas están
integradas en las oficinas centrales de las delegaciones y subdelegaciones de Trabajo, pero no siempre, y toda la problemática sobre las cuestiones de orden público y de papeles vinculadas en las comisarías de policía. Es decir, que tenemos
gestiones centralizadas y gestiones dispersas, pero todas ellas, insisto, señora subsecretaria, casi con los mismos problemas: falta de medios, falta de coordinación, problemas en la cuestión de tramitación, excesiva burocracia y, en definitiva,
una lentitud del servicio y, sobre todo, colas. Si hablamos de extranjerías lo que primero viene a la memoria, y no sólo histórica sino a la real, son las colas. He pasado antes de venir a la Comisión por la calle Los Madrazo, para ver si había
cambiado la realidad y yo me iba a referir a una realidad que, en fin, había cambiado radicalmente en los últimos días. Espectaculares; espectacular la cola, los problemas, pero no solamente en Madrid, sino en muchos sitios. El otro día estuve en
Valencia y tengo que reconocer que como era un día de fiesta no había nadie, pero lo que vi pegado en la puerta trasera de la Delegación de Gobierno, que me imagino que es donde se tramitan las cuestiones de extranjería, eran vallas, carteles,
colas, etcétera. Es que esto es en todos los sitios; en La Rioja, colas, en Navarra, colas; en todos los sitios, colas; en Andalucía, no le digo. Así, que estamos hablando de una realidad y de una situación regular que, como se suele decir, es
manifiestamente mejorable, pero la verdad es que con muchos problemas.
¿Cuáles son los síntomas de lo que está pasando? Pues son de dos tipos.
Uno, caos administrativo, grandes retrasos en los permisos tanto de trabajo como de residencia y que presentados muchos en octubre, todavía no están contestados. Sin
embargo, hay prioridades que se han puesto por encima, como, por ejemplo, los expedientes de arraigo que se están agilizando de una forma mayor. Entonces, claro, no solamente es un problema de tipo administrativo, sino que es un problema de
dirección política, de posiblemente definición y de prioridad de objetivos, y esto no solamente tiene que ver con los empleados públicos, no tiene que ver con las instalaciones, no tiene que ver con los equipos informáticos, sino que tiene que ver
con las prioridades políticas del Gobierno. No sé, señora subsecretaria, qué prioridades emiten ustedes por lo menos a las delegaciones o a las oficinas dependientes del Ministerio de Administraciones Públicas. Dos, no le voy a hablar de
irregularidades, como se ha dicho por parte de mi compañero Sabaté o el otro día denunciaba mi compañera Cunillera, sino efectivamente de anomalías en el funcionamiento de las oficinas de extranjería, no aceptando, por ejemplo, permanentemente a
trámite solicitudes de permisos de trabajo y de residencia o de asignación del número de identificación de extranjeros ¿Por qué hay esa voluntariedad por parte de los empleados públicos a la hora de decir que no aceptan determinada tramitación de
expedientes a los que los ciudadanos tienen derecho? Además, esto no solamente está causando lentitud a los ciudadanos que van a resolver su problema, sino que está afectando a los propios ciudadanos funcionarios y personal de las propias
administraciones que trabajan en unidades que no tienen que ver nada con las unidades de extranjería porque se les amontona prácticamente el trabajo, las colas, etcétera, y hay que buscar una cierta racionalización ahí donde no existen todavía,
señora subsecretaria, las oficinas centralizadas en cuestión de extranjería.
Le preguntaba por qué no han creado estas oficinas además de las trece ¿Por qué no hacen más esfuerzos con el tema de personal desplazando empleados desde
otras unidades, aunque alguno están haciendo, concretamente del Ministerio de Educación y Ciencia cuando hay muchas solicitudes para ocupar estas plazas? ¿Por qué existen en las oficinas de las que usted tiene responsabilidad, señora
subsecretaria tantas vacantes? El 10 por ciento cuando estamos hablando de personal funcionario y el 20 por ciento en las trece oficinas únicas de extranjería en personal laboral. Según sus datos hay 77 vacantes cuando hay 543 efectivos ¿Por qué
hay tantas vacantes? ¿Por carga de trabajo, por mala organización, porque no se encuentra gente, porque la gente no quiere ir? Habrá que buscar alguna solución, pero no podemos tener un problema de carácter administrativo y político y tener
setenta y tantas vacantes para luego tener que crear 333 nuevas plazas por interinos o por traslados de unos ministerios a otros si no tenemos la capacidad a veces de cubrir lo que esta puestos en relación de puestos de trabajo de las oficinas de
extranjería. ¿Por qué las inversiones en elementos informáticos han sido tan escasas? La media por oficina ha sido de 10 millones de pesetas en términos generales.
La conclusión es, señora subsecretaria, la demora y el retraso de los expedientes. Así, por los datos que nos ha dado usted, señora subsecretaria, sacados del ministerio, en el año 2001 hay aproximadamente casi 200.000 expedientes que se
encuentran en tramitación, aproximadamente el 20 o el 25 por ciento, pero hay algunas oficinas, la de Alicante, la de Lleida, la de Murcia, la de Valencia en las que los expedientes que están pendientes de tramitación casi llegan al 50 por ciento de
los resueltos, lo cual nos da una ratio del funcionamiento de las oficinas dependientes de su ministerio bastante irregular. Es decir, no sé si los expedientes son más complicados en unos sitios que en otros, no sé si, desde luego, la eficacia de
los empleados públicos de algunas oficinas es mayor en unas que en otras, pero, cuando en Barcelona la ratio de expediente resuelto por empleado público es de 1.400, en Murcia es de 600 y en Almería de 578. ¿Es que hay problemas de gestión, hay
problemas de organización, hay problemas de dirección política? Porque también, señora subsecretaria, observo que en las oficinas de extranjería dependientes de su ministerio digamos que hay mucha mano de obra -entre comillas- poco cualificada
porque el costo de empleado por oficina es muy bajo, no llega a dos millones y pico de pesetas. Eso significa que hay mucho auxiliar, mucha persona con poca capacidad y hay poca dirección, y yo creo que, como decía mi compañera Teresa Cunillera el
otro día, en muchos sitios hay poca dirección política.
Así que, señora subsecretaria, no quiero ser ni alarmista ni tremendista ni nada. Simplemente este es un problema muy serio que tiene este país, que tiene su ministerio y que tiene el Gobierno, pero que tiene la sociedad española, porque la
verdad es que no es de recibo, cuando España está ocupando la presidencia de la Unión Europea ver los espectáculos que están ahí detrás del Congreso de los Diputados, porque detrás de cada problema o detrás cada ciudadano hay un drama a veces
personal. No podemos ser tan lentos, tener tan pocos medios, a pesar de todos los esfuerzos, y que las oficinas de extranjería, las que dependen de su ministerio o las que no dependen de su ministerio, estén en la situación en la que las tenemos.
Hay que mejorar los medios, las personas, los procesos pero, sobre todo, los procedimientos para no causar las situaciones que se están dando en estos momentos de aumento de la burocracia bajo la posible excusa política de evitar loablemente,
siempre que sea con debidas condiciones, la emigración ilegal, los fraudes, etcétera. Señora subsecretaria, este es un tema para seguir de cerca no sólo en esta Comisión, sino en general en el Congreso de los Diputados.
El señor PRESIDENTE: Señora subsecretaria.
La señora SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (De Cospedal García): Primero, le quería quizá matizar un punto. Cierto es que orgánicamente son las oficinas de extranjería creadas como tales las que están integradas todas ellas en el
Ministerio de Administraciones Públicas y que lo que todavía no está creado como oficinas de extranjería, y ahora me referiré, lo que son unidades de extranjería más o menos dispersas, esas tienen parte integrada en el Ministerio de Administraciones
Públicas y otra que no lo está. Todo eso es cierto, pero también es cierto que tanto en un caso como en el otro las obligaciones del Ministerio de Administraciones Públicas no son obligaciones funcionales, por decirlo de alguna manera, aunque quede
un poco chocante decirlo así, son obligaciones orgánicas. Quiero decir que en las oficinas de extranjería constituidas como tales, Administraciones Públicas tiene la obligación, que cumplirá de mejor o peor manera, de suministrar en la medida de
sus posibilidades el personal y los medios materiales que sean necesarios, incluidos los medios informáticos a los que se ha referido, pero la dirección política, desde el momento en que existe una Delegación del Gobierno para la extranjería
residenciada en el Ministerio del Interior, no corresponde al Ministerio de Administraciones Públicas. Lógicamente, tenemos que estar coordinados o lo estamos. Eso sí se lo quería decir a S.S., sin exclusión de ninguna responsabilidad por mi parte
porque tengo la que tengo que tener, pero por matizar un poco en ese tema, le diré que también a la inversa; fíjese que lo digo en los dos sentidos, porque donde no están creadas oficinas de extranjería, mis obligaciones como ministerio orgánico,
es decir, por la dependencia orgánica de las personas que trabajan allí y de los medios materiales que están allí, las tiene también el Ministerio de Administraciones Públicas con independencia de que no se hayan creado las oficinas de extranjería.
A razón de este tema y precisamente porque me lo ha comentado S.S., ¿cuándo se va a crear el resto de las oficinas de extranjería que están pendientes? Le puedo decir, y estos datos son de ayer, que ya está iniciado el proceso de
tramitación porque las oficinas de extranjería se crean por orden del Ministerio de la Presidencia a propuesta conjunta del Ministerio de Administraciones Públicas, del Ministerio de Trabajo, que integra parte de sus efectivos, y del Ministerio del
Interior, pero por el Ministerio de Administraciones Públicas ya está iniciada la tramitación de modo inminente -no sé si hacerle una relación- de muchas oficinas de extranjería: en Málaga, Córdoba y Jaén en Andalucía, en Huesca en Aragón; en
Oviedo; en Santander; en Toledo, Albacete y Guadalajara en Castilla-La Mancha; en Palencia, Burgos y Ávila en Castilla y León; en Badajoz y Cáceres; en La Coruña, Lugo y Orense y en Logroño, efectivamente, en La Rioja. De esas ya está iniciada
la tramitación. Algunas de estas son posibles porque se han realizado ya obras de remodelación que nos han dado la posibilidad de tener un local adecuado para crear físicamente la oficina de extranjería y no sea una oficina virtual y ha habido
obras de remodelación en La Coruña, en Lugo, en Orense o en Logroño. En otros sitios ya hemos encontrado el espacio para construir sin que sea demasiado costosa la obra, y en otras ciudades se están terminando obras para el sitio apropiado como en
Albacete, en Badajoz, Cáceres, Burgos y Guadalajara. Antes de seis meses, y están terminándose las obras para ello, se crearán las de Álava, Pontevedra y la oficina única de extranjería de Madrid, que no está creada, como sabe S.S., y por eso esa
dispersión entre Bretón de los Herreros y Los Madrazo que decía usted. Están en proyecto ya, pero no en proyecto ideal, sino que está el proyecto de obras ya aprobado de las oficinas de extranjería en Cuenca, en Huelva, en Guipúzcoa, en Valladolid
y Zamora y en Zaragoza.
Eso se lo quería indicar al principio de mi contestación porque son proyectos que ya estamos haciendo y algunas de ellas van a ser absolutamente inminentes. Si quiere S.S. luego le puedo pasar un estadillo de todas con los plazos o como le
parezca bien. Hay en otros sitios donde todavía le tengo que decir que no tenemos la ubicación física necesaria para la creación de las oficinas de extranjería y, por lo tanto, no podemos dar un servicio integrado, evitando que se produzcan esas
distorsiones tanto para los funcionarios públicos como para los solicitantes de permisos. No son los sitios, desde mi punto de vista, más conflictivos en materia de extranjería. Son casi todas ellas ciudades que, francamente, no tienen problemas
en materia de extranjería, que afortunadamente también las hay.
En cuanto a la aplicación informática a que se refería usted, le voy a contestar primero sobre lo que es más técnico para hacer después una reflexión general. Efectivamente hasta hace muy poco tiempo, hasta hace tres meses prácticamente se
venía trabajando con distintas aplicaciones informáticas, y esto, no es por hablar de tecnicismos, influía muchísimo en la gestión de las oficinas de extranjería y, por lo tanto, en el problema de colas o de retrasos. Resultaba que los expedientes,
una vez presentados en las oficinas de extranjería, había que volverlos a presentar y había que volverlos a grabar por la Dirección General de la Policía porque existían datos confidenciales, había que volver a hacer otro proceso otra vez con las
gerencias territoriales de Justicia y después había que constatar datos que son de necesaria comprobación con la Agencia Tributaria y con la Tesorería General de la Seguridad Social.
Todo eso afortunadamente lo hemos resuelto con una aplicación informática que lleva funcionando prácticamente un mes y que de verdad está aligerando mucho el trabajo porque en un único procedimiento y en una única ubicación física, por así
decirlo, se resuelven todos los problemas de tramitación que antes, teniendo en cuenta que en España no teníamos el volumen de solicitantes de permisos de trabajo que tenemos ahora, no eran necesarios. Entiendo que esa aplicación informática que ha
desarrollado el Ministerio de Administraciones Públicas en colaboración con el Ministerio del Interior, con la Agencia Tributaria, con la Seguridad Social y con Justicia va a dar excelentes resultados y va a aligerar en mucho la gestión, va a
retrasar de una manera espectacular la tramitación de los permisos de trabajo y residencia y va a hacer además mucho más fácil la tarea de los funcionarios en las oficinas de extranjería.
No creo que hayan sido pocas las inversiones informáticas que se han realizado; quizá por los datos, que además le hemos remitido desde el ministerio, le salga ese tanto por ciento para cada una de las oficinas de extranjería, pero lo
cierto es que casi todas ellas, estén constituidas o no como oficinas de extranjería, es decir, incluidas las áreas de trabajo de las delegaciones o subdelegaciones que todavía no estén integradas como oficinas de extranjería, están dotadas de
nuevos ordenadores personales y se han cableado enteros cincuenta edificios para los temas de extranjería. Dentro de las posibilidades presupuestarias que tiene la Subsecretaría de Administraciones Públicas, prácticamente toda nuestra inversión
informática se ha ido a oficinas de extranjería. Se lo digo porque a lo mejor los datos no son fiel reflejo de la realidad.
Cuando se arregla completamente, desde el punto de vista informático, una delegación o subdelegación lo primero que se
arregla es lo que tiene que ver con la oficina de extranjería que está en esa delegación o subdelegación del Gobierno desde el punto de vista informático. Esa nueva aplicación informática va a resolver mucho y además tanto lo entendíamos así que en
el reglamento de ejecución de la Ley de extranjería se ha incluido, lo cual es un poco anormal en una norma de carácter reglamentario, para que la aplicación del sistema informático en la tramitación de extranjería sea única y sea coherente. Además
de eso, a principios de mayo estará lista una base de datos que parte de ese sistema informático y que nos va a permitir tener datos no diría más fiables -ahora las informaciones vienen de muy distintas vías y siempre no podemos tener a lo
mejor el dato completamente cerrado- pero sí tener datos a tiempo real, efectivamente, de todos los permisos de trabajo que se han solicitado en un sitio, tener datos de qué servicios de trabajo o permisos de residencia están siendo presentados
simultáneamente en varias provincias, cosa que pasa con mucha asiduidad, cuáles son los expedientes cuya tramitación se deniega directamente, teniendo en cuenta la presión a la que se ven sometidos no sólo los funcionarios, sino también la gente que
tiene que solicitar el permiso de trabajo y residencia; muchas veces esto genera una burocracia perversa, es decir, que la gente está presionada desde le punto de vista legal y desde el punto de vista social y presenta solicitudes en varias
oficinas al mismo tiempo y además presenta solicitudes que nunca podrían ser admitidas porque no reúnen el mínimo requisito, pero la desesperación, que es muy lógica en determinadas personas que se encuentran en ciertas situaciones, hace que a veces
se presenten. También vamos a poder saber las que se presentan sin cumplir los más mínimos requisitos.
¿Por qué no se cubren las vacantes existentes en las oficinas de extranjería? Nosotros sacamos los concursos e intentamos cubrir las vacantes; los puestos en las oficinas de extranjería, a pesar de que desde el punto de vista retributivo
han existido productividades especiales tanto para los funcionarios como para los laborales, a pesar de que se ha creado un número sustancial de puestos de trabajo que, por lo tanto, aligera la carga de trabajo para los que están allí, en contra,
entiendo yo, de lo que S.S. ha dicho, no son puestos, puestos que resulten atractivos porque son cara al público y no son los más queridos en la Administración aunque tengan un complemento especial por la atención al público; además son puestos de
trabajo que tienen que soportar una tensión mucho mayor que un puesto de atención al público normal. Generalmente hay problemas idiomáticos, aunque hay traductores; hay problemas por personas que se encuentran en situaciones de desesperación y no
son puestos a los que la gente necesariamente quiera ir. Siempre prefieren un puesto que no sea de extranjería. Eso nos lo hemos encontrado, por ejemplo, incluso con los propios funcionarios o personal laboral que teníamos en delegaciones o
subdelegaciones, aunque también es cierto que en muchos casos los delegados y subdelegados están destinando funcionarios de otros servicios a atender la oficina de extranjería. Por ejemplo, cuando desapareció, que ya desapareció, la Dirección
General de Objeción de Conciencia se dijo desde la subsecretaría y también entendían así los delegados del Gobierno, que las pocas personas que en las delegaciones o en subdelegaciones trabajaban en esa área, bueno, tenían que ir a trabajar a
extranjería. Ha sido una noticia mal recibida. No era una cosa que especialmente les gustara.
Muchos de ellos pasaban a estar mejor retribuidos. No era una cosa que les gustara porque es verdad que es un puesto de trabajo que tiene tensiones.
¿Que se puede mejorar para que tenga menos tensiones? Desde luego. Entiendo que la situación más problemática, que es precisamente a la que se ha referido S.S. viene ocasionada por las colas, que generan mucha tensión en el trabajo y que generan
mucha tensión al que las tiene que padecer.
Las bolsas de expedientes que hay hacen que atender a lo urgente siempre obligue a que la tramitación ordinaria se resienta, porque, claro, junto con la avalancha, que se ha incrementado en un 230 por ciento las solicitudes de permisos de
trabajo y de residencia en dos años, la tramitación ordinaria hay que seguirla llevando, porque hay que seguirla llevando, y eso se resiente. También ha aumentado de manera espectacular el servicio de información tanto telefónica como presencial a
los extranjeros; ha aumentado de manera muy significativa en un 120 por ciento el número de extranjeros residentes legales en España, lo que genera mucha burocracia administrativa en la tramitación de permisos, porque no se agota esto en el permiso
de trabajo y en el de residencia, sino que viene después la solicitud del agrupamiento familiar, de la renovación del permiso de trabajo, etcétera. Quiero decir que desde que un extranjero está legalmente en España empieza a crear, y perdón por la
expresión, burocracia administrativa en las oficinas de extranjería.
Desde el ministerio hemos enviado los datos de las bolsas que hay en los expedientes de extranjería y sé muy bien que es mejorable. Confío sinceramente en que la nueva aplicación
informática y una dirección política basada en un medio técnico que ya es real y es útil para todo el mundo como un único instrumento de gestión va a facilitar mucho la descongestión de todos los expedientes que tenemos en este momento y coincido
con el señor Martínez Sanjuán en que no es un problema del Ministerio de Administraciones Públicas, que es un problema del Gobierno y que es un problema de la sociedad española. Desde luego sí le digo que prácticamente todos los esfuerzos de
inversiones tanto en capital humano como en medio materiales que va realizando el Ministerio de Administraciones Públicas se dedican de una manera muy importante al tema de la extranjería.
También le tengo que decir con relación a la existencia de muchos soldados y pocos capitanes en las oficinas que en la modificación de la relación de puestos de trabajo que estamos ahora negociando con la CECIR solicitamos muchos niveles
intermedios porque, efectivamente, nos hacen falta. Nos hacen mucha falta niveles intermedios. No sólo niveles administrativos intermedios que dirijan la gestión, nos hacen falta niveles intermedios informáticos y nos hacen falta más plazas de
intérpretes y traductores.
Me refiero por último, se me iba a olvidar contestarle y me ha venido a la cabeza ahora, al posible cambio de estrategia en la creación de las oficinas de extranjería. No hay cambio de estrategia. La creación de las oficinas de extranjería
que se va a realizar a instancias del MAP, pero coordinada con todos estos ministerios que le he dicho, está en los tiempos que le he comentado. La pregunta que se le contestó por escrito tenía que ver con oficinas puntuales. Se refiere
especialmente, a día de hoy y con las disponibilidades presupuestarias que tiene este departamento, que son bastante pocas, a la posibilidad de que en determinados sitios en los que el volumen de extranjería es muy elevado, efectivamente, se cree la
oficina única de extranjería y se centralice todo, pero que esa oficina única tenga oficinas delegadas en determinados sitios. Estamos estudiando la posibilidad de crear -y yo creo que posiblemente se lleve acabo antes de que termine el año- dos en
Madrid, en Leganés y en Alcobendas, que son focos importantes de personal extranjero, residente legal y residente no legal, y también en Valencia, en Alzira y en Sagunto, que son dos zonas que concentran no sólo población de la provincia de Valencia
sino de las provincias limítrofes.
No quiere decir que sea un cambio de estrategia, sino que en algunas provincias no es suficiente con una oficina única, que es el modelo de gestión. Esa oficina única tiene que tener, a lo mejor, oficinas
delegadas en algún otro sitio. No se trata de dispersión de esfuerzos, sino de llevar el centro de trabajo al punto que sea más conflictivo.
El señor PRESIDENTE: Señor Martínez Sanjuán, ¿quiere hacer una segunda intervención? (Asentimiento.) ¿Será breve?
El señor MARTÍNEZ SANJUÁN: ¿Lo pone en duda, señor presidente?
El señor PRESIDENTE: Dos minutos.
El señor MARTÍNEZ SANJUÁN: Señora subsecretaria, quiero agradecerle muy sinceramente la información que ha dado. No he podido tomar nota, espero que me dé la relación, de todas esas oficinas que piensan crear. Le animo a que las creen,
pero también a que conve a los compañeros de su ministerio o de otros ministerios de que la cuestión no es solamente abrir oficinas centralizadas, sino que hay que mejorar los procedimientos, hay que evitar duplicidades, hay que hacer las cosas más
sencillas, porque con oficinas centralizadas en Murcia la obtención de la renovación de un permiso de residencia a veces tarda diez meses y en mi región, no habiendo oficina única centralizada dependiente del ministerio, se tarda del orden de tres o
cuatro meses, es decir, que a veces no es cuestión solamente de que exista una oficina única centralizada. Efectivamente, creo que será positivo que haya oficinas de extranjería únicas y centralizadas dependientes de una misma Administración, pero
para eso hay que funcionar con mejores medios y con mejores métodos administrativos.
Asimismo, señora subsecretaria, le animo a que todas esas oficinas que piensan crear este año tengan los medios oportunos y necesarios en materia de inversión, porque nos ha contestado, concretamente a mi compañero Vicente Ripa, diciendo que
las previsiones para mejorar los medios materiales de las oficinas, dentro del capítulo de obras en el año 2002, son de 5.085.000 euros para realizar las obras de reforma y traslado de las sedes de Alicante, Barcelona, Girona, Guadalajara, Huelva,
Lleida, Madrid, Melilla, La Rioja, Sevilla, Tarragona, Valladolid, Zamora y Zaragoza. Usted ha dicho muchas más; luego va a necesitar más dinero. No le pediremos responsabilidades políticas más allá de las modificaciones presupuestarias, que
esperemos que consiga, porque de verdad es necesario establecer prioridades en este asunto y para eso hay que poner medios e infraestructuras, y si tiene que convencer a la secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos de que le dé más dinero y a
otros ministerios, nosotros la apoyaremos porque es un tema importante. En esta reforma profunda que parece que quieren realizar desde su ministerio en la Administración general del Estado por encargo del presidente del Gobierno y que parece ser
que van a aprobar próximamente, les sugiero que tomen buena cuenta de que esta es una de las prioridades y que, efectivamente, si tiene que haber movilidad funcionarial, es uno de los capítulos al que, se quiera o no se quiera, hay que prestar
especial atención porque es un problema de gran magnitud desde el punto de vista social y político para las personas que trabajan, viven y llegan a este país. Nosotros, señora subsecretaria, la apoyaremos como grupo parlamentario.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora subsecretaria.
La señora SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (De Cospedal García): Muy brevemente, señor presidente, para agradecer el apoyo del señor Martínez Sanjuán y para decirle que todas esas oficinas que se añaden a las que por escrito le
contesté al señor Ripa son provincias o capitales de provincia en las cuales ya existe espacio para con muy poco crear la oficina de extranjería. Se lo digo a propósito de las responsabilidades políticas que se me puedan o no pedir. En esos sitios
ya tenemos el local y ya hemos sacado el espacio suficiente. Agradezco otra vez el apoyo del Grupo Socialista.
- DEL SEÑOR RIPA GONZÁLEZ (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA), SOBRE CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA SOBRE ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS PARA QUE PUEDAN
ACCEDER A LAS OFICINAS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO LOS QUE PADECEN ALGÚN TIPO DE INCAPACIDAD FÍSICA O SENSORIAL. (Número de expediente 181/001397.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al último punto del orden del día. Es una pregunta sobre las barreras arquitectónicas para acceder a las oficinas de la Administración del Estado. Para formularla tiene la palabra don Vicente Ripa.
El señor RIPA GONZÁLEZ: Señora subsecretaria, digo bien subsecretaria, no subdirectora -no quiero degradarla-, este tema que nos ocupa hoy es de gran sensibilidad social. Lo que ocurre es que en este tipo de cuestiones puede tener cabida
un cierto tono de demagogia, en lo que yo no quiero caer. No me gusta ser demagógico, sino que quiero simplemente constatar una realidad y preguntar qué objetivos o perspectivas tiene el Gobierno en cuanto a la eliminación de barreras
arquitectónicas. Es verdad que últimamente la oposición y concretamente este diputado tenemos algún problema al plantear preguntas, porque por parte de los que contestan a veces se suele decir: no es mi responsabilidad. Por otra parte, hoy he
leído que el Gobierno del Partido Popular va a hacer que los ministros en la sesión de control del Gobierno puedan contestar preguntas de cualquier tipo; es decir, una pregunta de economía la puede contestar perfectamente la ministra de Educación y
una pregunta de educación la puede contestar el ministro de Economía, y, claro, parece ser que aquí se mide con doble rasero: por un lado, lo señores ministros pueden contestar a cualquier pregunta y, por otro, cuando planteamos aquí alguna
cuestión que evidentemente concierne a muchos ministerios, como es la eliminación de barreras, me puede decir la señora subsecretaria: yo simplemente puedo referirme a las oficinas de la Administración periférica del Estado, que es lo que
corresponde a mi subsecretaría, pero no a las de otros, y tiene cierta razón. Me parece que la señora subsecretaria intentará contestarme ampliamente.
Usted sabe mejor que yo, probablemente, por el cargo que ocupa, que en este mundo casi todo se arregla con dinero, tristemente. A mí no me gustaría que fuera así, pero esa es la triste realidad, como digo, y por lo tanto tengo que
aceptarlo. Como el dinero no se puede estirar hasta el infinito, normalmente en las actividades humanas se suelen marcar unos objetivos; objetivos que casi siempre se proyectan al máximo, sabiendo de antemano que algunos de ellos no se van a poder
cumplir, pero se marcan, primero porque está muy bien y además porque es más bonito, es más brillante. De los que se piensa que se van a cumplir en cada actividad humana, en cada departamento, hay algunos que normalmente se priorizan y siempre
suelen quedar algunos de esos que se pensaba que se iban a cumplir que no se cumplen. Este es un tema interesante porque me lleva a la situación siguiente. Parece ser que el objetivo prioritario del Gobierno actual es el déficit cero y el déficit
cero, desde mi punto de vista -no soy economista-, no es ni bueno ni malo. Depende; relativo que diría Einstein. Depende. A veces podremos ir al déficit cero y a veces no podremos. Sobre todo no podremos ir al déficit cero a cualquier precio y
que por conseguir ese déficit cero no intentemos resolver problemas importantes que tiene nuestra sociedad.
El otro día oía yo a un asesor del Ministerio de Hacienda pintar este país, España, como un país idílico, casi el país de las maravillas. Daba la sensación de que nuestro Estado del bienestar había llegado ya a todo el mundo y, por lo
tanto, se podía perfectamente, en el nuevo impuesto sobre la renta, reducir los tramos y bajar a los que ganan poco, que me parece muy bien -a lo mejor no había que cobrarles nada-, del 18 al 15, y bajar a los que ganan mucho del 48 al 45 -yo opino
que a esos habría que subirles-. Claro, si reducimos los tramos y conseguimos menos impuestos porque pensamos que este país vive ya en un Estado del bienestar, yo me pregunto qué dirán aquellas personas disminuidas físicas y sensoriales que no
pueden acceder todavía a una inmensa mayoría de las oficinas. Lo he constatado yo en Pamplona. No se puede acceder a la Delegación de Gobierno, por ejemplo. No se puede acceder a la alta Inspección de Educación, en la que yo estuve cinco años
dirigiéndola. No se puede acceder a la Inspección de Trabajo; no pueden acceder estas personas que van con sillas de ruedas. En algunos sitios donde hay ascensor, son de hace 35 ó 40 años y esos ascensores no permiten que pueda acceder una silla
de ruedas y algunas de estas personas, con problemas de visión, no tienen facilidad ni accesibilidad para utilizar estos medios. He dicho que no quería hacer demagogia en este tema, pero tengo a alguna persona discapacitada en mi entorno. Casi
siempre ocurre que nos damos cuenta de esas cosas cuando tenemos a alguien cerca y cuando el tema se nos escapa o se nos va porque está un tanto lejano, probablemente no le dedicamos toda la atención del mundo. De ahí que mi pregunta a la señora
subsecretaria sea la de cuándo va el ministerio, el Gobierno, a eliminar las barreras arquitectónicas que impiden el acceso a la Administración, en este caso periférica del Estado, a estos disminuidos físicos o sensoriales.
El señor PRESIDENTE: Señora subsecretaria.
La señora SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (De Cospedal García): Señor Ripa, aunque ha empezado su intervención diciendo sobre lo que yo debería o no debería contestar, va a comprender que yo pueda contestar sólo lo que puedo
contestar, que es sobre los edificios; por cierto, son 432 los inmuebles, que no son pocos, que están gestionados
por el Ministerio de Administraciones Públicas. Por el planteamiento que ha hecho usted, le tengo que decir que yo sí considero que sea bueno un criterio de austeridad en el gasto público y el planteamiento del Gobierno del déficit cero.
Desde luego que este planteamiento se tiene que coordinar con los objetivos sociales y económicos que tenga un Gobierno determinado, pero desde un planteamiento general a mí me parece que no sólo es aceptable, sino que es más que recomendable. Con
esas precisiones le voy a contestar.
El Ministerio de Administraciones Públicas, efectivamente y como no podía ser de otra manera, teniendo en cuenta además que la legislación que existe en este momento no obliga a ninguna Administración a tener que adecuar en un plazo
determinado las barreras arquitectónicas que puedan existir para el acceso de disminuidos físicos, psíquicos o en su caso sensoriales, no existiendo esta obligación temporal, como digo, entiende que es una obligación tanto de este ministerio como de
toda la Administración del Estado y de todas las administraciones públicas y, por lo tanto, ese no plazo temporal no hace cuenta. En todo caso, precisamente por ese criterio de austeridad presupuestaria, nosotros nos movíamos entre dos
alternativas. Una posibilidad era hacer actuaciones completas e integrales en algunas sedes del Ministerio de Administraciones Públicas -léase también delegaciones y subdelegaciones del Gobierno y todas las oficinas que hay de servicios integrados
todavía- y dejarlas completamente accesibles desde el punto de vista de la normativa general y de la normativa autonómica -que luego se plantea de manera diferente y con requisitos distintos en cada una de las comunidades autónomas donde estamos-, o
bien establecer el planteamiento, que es por el que hemos optado -porque pensamos que es más efectivo, ya que esas obras integrales harían concentrar todos los esfuerzos económicos a lo mejor en dos o tres obras y no podríamos hacer nada más-, de
que en todas las obras nuevas que vayamos realizando, y así lo estamos haciendo, incorporemos ya los criterios de accesibilidad para todo tipo de disminuidos físicos, psíquicos o sensoriales en las dependencias del Ministerio de Administraciones
Públicas y además de eso ir adoptando paulatinamente medidas de carácter paliativo para permitir el acceso, si no en todas nuestras oficinas públicas, que le digo son 432, por lo menos en aquellas oficinas que respondan a las siguientes condiciones:
en primer lugar, que sean propiedad del patrimonio del Estado y no hacerlo con las que tenemos en arrendamiento, que poco a poco estamos quitando.
Eso desde un punto de vista de austeridad presupuestaria significa no malgastar las inversiones y,
por otra parte, no suelen ser oficinas a las que acceda el público, con lo cual resulta menos problemático. En segundo lugar, se trata de dar preferencia a las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno y a las oficinas de información y registro
que tiene la Administración del Estado en todas y cada una de las provincias de España, con estas prioridades: que el edificio sea accesible desde la calle al interior; que la actuación que tenga que realizar un particular cualquiera,
fundamentalmente información y registro, la pueda llevar a cabo en la planta baja y que en esa planta donde tiene que realizar la actuación el particular en concreto sí exista movilidad horizontal completa. De esta manera estamos trasladando muchas
oficinas, por ejemplo, de información a plantas bajas, haciendo accesible el edificio de la calle hasta el interior y que las personas se puedan mover sobre la planta baja. Este el caso, por ejemplo, que tenemos en Pamplona, que me citaba usted.
Sí es accesible el edificio para minusválidos, por ejemplo, con una silla de ruedas. Hay un elevador, no en la entrada principal de la Delegación del Gobierno, porque también aquí contamos con una limitación y es que el MAP tiene muchos edificios
históricos cuya estructura no se puede romper -y esa también es normativa autonómica y estatal- para permitir la accesibilidad, pero siempre hay otra vía por la que se puede acceder, en este caso al hall principal de la Delegación del Gobierno; ahí
está establecida la oficina de información y registro y ahí sí que se puede mover en un sentido horizontal una persona discapacitada o con movilidad restringida, que no tiene que ser siempre una persona discapacitada, o que lleve cualquier otro tipo
de aparato. Es verdad que el ascensor no está adaptado, por ejemplo, en su provincia.
Este es el tipo de actuaciones que estamos realizando. En las nuevas obras estamos incorporando completamente proyectos de accesibilidad, en todas, y mientras tanto estamos realizando -se han realizado ya en muchas provincias españolas y
yo, por no cansar ni al presidente ni a la Comisión, si quiere, le puedo dejar una relación- pequeñas obras para permitir el acceso por lo menos a las dependencias centrales y a las de información y registro. Esto no quiere decir que con arreglo a
la normativa estatal o autonómica ese edificio se considere como completamente adaptado. No lo está. Para considerarlo completamente adaptado tendría que ser accesible el edificio completo, tendría que tener un ascensor totalmente adaptado. No lo
está, pero o vamos a medidas paliativas, mientras que vayamos haciendo las nuevas obras, o no hacemos nada y en este caso no sé si la estrategia es acertada o no es acertada, pero es la que hemos elegido en el Ministerio de Administraciones
Públicas. Además tenemos firmado un acuerdo con el centro especial que para este caso existe en el Imserso, que es el que evalúa la posibilidad y la accesibilidad a los edificios tanto públicos como privados de las personas discapacitadas, y el
centro, que se llama CEAPAT, nos revisa todos los proyectos de obra para decirnos si, efectivamente, cumplen con la normativa o no. Respecto a las pequeñas obras que estamos realizando con carácter paliativo también nos asesoran ellos sobre si
verdaderamente son lo que tienen que ser o con eso no estamos haciendo nada. El Imserso por su
parte se compromete a hacer una evaluación de las actuaciones que hayamos realizado sin su previa supervisión para comprobar si, efectivamente, se pueden considerar como edificios accesibles o no accesibles, en el bien entendido, como le he
dicho, que considerar, con la normativa que hay ahora, accesible un edificio de cualquier administración es muy complicado porque habría que hacerlo prácticamente nuevo, pero nosotros estamos en esa vía de concentrar las obras y cuando no podamos
porque sean obras muy cuantiosas y el ministerio no tiene ese presupuesto, por lo menos hacer accesibles las dependencias de atención al público y la Delegación y la Subdelegación del Gobierno.
El señor PRESIDENTE: Señor Ripa.
El señor RIPA GONZÁLEZ: Me alegro que precisamente haya comenzado su contestación, después de un preámbulo, diciendo que la legislación no tiene plazo temporal. Es verdad, pero si yo le digo a usted que en la Constitución española del año
1978, en su artículo 49, dice: Los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestará la atención especializada..., etcétera,
etcétera, estamos hablando del año 1978. Como consecuencia de este artículo de la Constitución, en la Ley 13/1982 -hace veinte años-, de integración social de los minusválidos, ya se decía que los principios que inspiraban dicha ley se
fundamentaban en los derechos que el artículo 49 de la Constitución reconoce, en razón de la dignidad que les es propia, a los disminuidos en sus capacidades físicas, psíquicas o sensoriales para su completa realización personal y su total
integración social y a los disminuidos profundos para la asistencia y tutela necesarias. Estamos hablando de que el Estado español inspirará la legislación para la integración social de los disminuidos en la declaración de derechos del deficiente
mental, aprobada por Naciones Unidas el 20 de diciembre de 1971, y en la declaración de los derechos de los minusválidos, aprobada por la resolución 3400. En fin, como ve, estamos hablando de leyes de hace veinte años. Yo no hablo de una ley de
hace tres o cuatro años, evidentemente, y comprendo que la rehabilitación, la mejora y la adaptación de estos edificios requiere tiempo y hay que dedicarle muchos años, pero han pasado, ya digo, unos cuantos. Inmediatamente después está el Real
Decreto 556/1989, por el que se arbitran medidas mínimas sobre la accesibilidad en los edificios. Hace también trece años. Todo esto, como ha dicho muy bien usted, en cada comunidad autónoma está resuelto por sus leyes, concretamente, en Navarra,
por la Ley foral 4/1988, de 11 de julio, sobre barreras físicas y sensoriales, y Decreto foral 154/1989, de 29 de julio, por el que se aprueba el reglamento para el desarrollo y aplicación de la ley foral, etcétera. Por tanto estamos hablando de
trece o catorce años como mínimo y desde 1978 en el caso de la Constitución, un largo tiempo.
Le decía que el dinero evidentemente no se puede estirar hasta el infinito, pero hay una prioridad. Probablemente, si fuera un tema más reivindicativo, es decir, si mañana en la Castellana todos los disminuidos físicos españoles se
manifestaran, 20.000 ó 30.000 personas, probablemente la solución a este problema se acometería con más prontitud. Vuelvo a lo que decía antes. Si no fuera por el déficit cero, porque hay que dedicar equis millones a mejorar, rehabilitar y adaptar
todas las oficinas de la Administración periférica del Estado, no solamente del Ministerio de Administraciones Públicas sino del resto de ministerios, para que sean accesibles a esas personas, probablemente lo haríamos. Lo que pasa es que no se
manifiestan, no reivindican, tienen que tener asociaciones que por ellos lo hagan y, claro, que solamente atendamos los problemas por el grado de reivindicación, de protesta o de manifestación tampoco es correcto. Me parece que se debería atender
y, como he dicho antes, es una cuestión de dignidad personal. Yo ya sé que no solamente afecta a las oficinas ministeriales, pero si el ministerio o los ministerios no cumplen la normativa, después las comunidades autónomas, siguiendo el ejemplo
del que, digamos, más manda, tampoco lo hacen. No lo hace ni el ministerio ni lo hace la comunidad autónoma y, evidentemente, mucho menos, los particulares, porque, claro, el ejemplo está ahí. Habrá también que dotar y dar subvenciones a aquellos
edificios o a aquellas casas de vecinos que quieran adaptarlos, porque puede haber un vecino de esa comunidad que va en silla de ruedas y no puede acceder porque hay unas escaleras o lo tiene muy difícil. Ese sería un poco el punto. Vamos entre
todos a apoyar -nosotros desde la oposición- que cuando usted como subsecretaria vaya al ministro y le diga que necesita dinero para adaptar estas oficinas, en el presupuesto se ponga más dinero. Ya sabemos todos cómo se hace el presupuesto. De
arriba te dicen corta, corta, corta y tú al final, como subsecretario, tienes que cortar, pero los de abajo tenemos que decir hay que hacer, hay que hacer, hay que hacer, porque, evidentemente, la sociedad lo exige.
Esta es la reivindicación que yo en nombre de estos disminuidos físicos y sensoriales quiero hacer aquí, que se arbitren las medidas económicas necesarias para que en el plazo más corto posible se adapten esos edificios.
El señor PRESIDENTE: Para cerrar la sesión de la Comisión tiene la palabra la señora subsecretaria de Administraciones Públicas.
La señora SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (De Cospedal García): Señor Ripa, tan sensible es el Ministerio de Administraciones Públicas y desde luego la persona que les habla respecto a la accesibilidad de los edificios
administrativos
por parte de los disminuidos físicos que cuando recibió dicho ministerio todos estos edificios a los que me estoy refiriendo, fundamentalmente vía LOFAGE, en el año 1997, se encontró con que hasta el año 1996 prácticamente ningún edificio de
la Administración del Estado y desde luego de la Administración periférica era accesible y, sin embargo, hoy en día es cierto que no cumplirán completamente la normativa de accesibilidad, y eso se lo tengo que reconocer, pero, por lo menos, en casi
todos ellos, prácticamente en todas las provincias españolas, un disminuido físico o con una silla de ruedas, por ser más gráficos, o sensorial puede acceder desde el exterior a la Delegación del Gobierno o a la Subdelegación del Gobierno y puede
acceder a una oficina de información y registro. Vuelvo a repetir que eso sí creo que da imagen de la sensibilidad que tiene este ministerio. Ya le digo que antes nos habíamos encontrado con que nada era accesible y yo creo que el esfuerzo ha sido
muy importante. Esta prioridad se manifiesta en el sentido que le he dicho, en que estamos trabajando con centros, que bien es cierto que son de la Administración del Estado, como el que le he comentado del Imserso, pero que son para nosotros
ajenos a la propia dinámica del ministerio, como son los centros del Ministerio de Asuntos Sociales, para que nos controlen y nos digan lo que tenemos que hacer para solventar este problema. Quizá no sea la mejor solución. La mejor solución sería,
como siempre, tener dinero para todo, pero las disponibilidades presupuestarias son las mínimas y con las que tenemos yo creo sinceramente, señor Ripa, que aunque nos queda bastante que mejorar, estamos haciendo mucho y desde luego nos lo
encontramos muy mal.
El señor PRESIDENTE: Agotado el orden del día, cerramos la sesión de la Comisión.
Era la una y treinta minutos de la tarde.
Nota.-El presente 'Diario de Sesiones', de la Comisión de Régimen de las Administraciones Públicas, del miércoles, 10 de abril de 2002, no guarda relación cronológica habitual, con el fin de no retrasar la publicación de los 'Diarios de
Sesiones' ya elaborados.