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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 457, de 21/03/2002
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2002 VII Legislatura Núm. 457
RÉGIMEN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. NARCÍS SERRA I SERRA
Sesión núm. 16
celebrada el jueves, 21 de marzo de 2002
ORDEN DEL DÍA:
Preguntas: - De la señora Cunillera i Mestres (Grupo Parlamentario Socialista), sobre la evaluación de los resultados obtenidos en la atención al público de la Oficina de extranjería. (Número de expediente 181/001415.) ...
Comparecencia del señor secretario de Estado para la Administración Pública (González González) para informar sobre: - La implantación de la administración digital y planes previstos. A solicitud del Grupo Parlamentario Socialista.
(Número de expediente 212/000894.) ... (Página 14672)
- La implantación de la administración electrónica y planes previstos. A solicitud del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 212/000895.) ... (Página 14672)
Preguntas (continuación): - De la señora Serna Masiá (Grupo Parlamentario Socialista), sobre aplicación de la reforma laboral en el ámbito de las administraciones públicas para aumentar la tasa de empleo femenino.
(Número de expediente
181/001038.) ... (Página 14685)
- De la misma señora diputada, sobre valoración del sistema de evaluación del rendimiento implantado en la Administración General del Estado.
(Número de expediente 181/001041.) ... (Página 14687)
- Del señor Martínez Sanjuán (Grupo Parlamentario Socialista), sobre las perspectivas de la oferta de empleo público para el ejercicio 2002.
(Número de expediente 181/001316.) ... (Página 14689)
- Del mismo señor diputado, sobre la valoración del cumplimiento de la oferta pública de empleo de los años 2000 y 2001. (Número de expediente 181/001317.) ... (Página 14689)
- De la señora Serna Masiá (Grupo Parlamentario Socialista), sobre relación entre la tasa de reposición de efectivos del 25 por ciento y el incremento de la delincuencia que se ha producido en España. (Número de expediente 181/001357.) ...
(Página 14694)
Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.
El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a dar comienzo a la sesión.
Alteraremos el orden del día a fin de que la señora subsecretaria no tenga que estar presente durante todo el debate para contestar tan sólo a una pregunta. Por acuerdo de
los portavoces trataríamos en primer lugar la pregunta número 10 del orden del día de la reunión de hoy y seguiríamos con la comparecencia del señor secretario de Estado.
En la última reunión de la Mesa y portavoces de la Comisión se decidió que la próxima se celebrara el día 10 de abril. Quisiera poner de relieve que, puesto que la semana que viene es Semana Santa y no hay Pleno y tampoco en la siguiente,
no vamos a estar en el Parlamento precisamente hasta el día antes del fijado para la reunión de esta Comisión. Luego podemos hablarlo con los portavoces pero tenemos delante una alternativa: al acabar la Comisión (lo cual exigiría que los
miembros, tanto los preguntantes como el secretario de Estado compareciente, hicieran un esfuerzo importante en orden a que utilicen el tiempo que necesiten, pero dentro de una brevedad) podría reunirse la Mesa, o bien el día 9, en que buscaríamos
el mejor momento para volver a celebrar una reunión de la Comisión. (El señor Martínez Sanjuán pide la palabra.)
Adelante, señor Martínez Sanjuán.
El señor MARTÍNEZ SANJUÁN: Pensaba que lo iba a hacer usted, pero veo que el orden del día le apremia.
Quisiera que antes de comenzar esta Comisión quedara constancia en acta de la profunda tristeza que embarga no sólo a mi grupo parlamentario, sino a todos los miembros de la misma, por el asesinato del concejal de Orio Juan Priede Pérez,
recientemente asesinado por los terroristas de ETA.
Esta Comisión de Administraciones Públicas es también la Comisión de los ayuntamientos y creo que nadie mejor para rendir un sentido homenaje antes de comenzar la misma por el asesinato de nuestro
compañero, y compañero de todos los demócratas, Juan Priede.
En otros momentos quizá mi grupo hubiese pedido suspender la Comisión, pero yo creo que no podemos rendir mejor homenaje a un demócrata y a un municipalista que seguir trabajando como lo hemos hecho siempre y como lo teníamos previsto.
Quiero que quede constancia en acta del sentir, el pesar y, desde luego, de la profunda repulsa de mi grupo, y la mía personal, en nombre de todos los demócratas de este país.
El señor PRESIDENTE: El señor Merino me pide la palabra.
El señor MERINO LÓPEZ: En nombre del Grupo Parlamentario Popular querríamos trasladar al Grupo Socialista nuestro más hondo pesar, nuestra solidaridad absoluta y el ruego de que transmitan a su secretario general y a toda su organización
este pesar, así como manifestar el apoyo del Grupo Parlamentario Popular en estos momentos tan difíciles a la familia socialista y, especialmente, a la familia del concejal asesinado.
Coincidimos con las palabras expresadas por el portavoz
socialista.
Siendo esta la Comisión que lleva los asuntos de los ayuntamientos, ratificamos el planteamiento del portavoz socialista de que el mejor homenaje que le podemos rendir hoy al concejal es celebrar esta Comisión con una actitud y
comportamiento democrático, como el que corresponde a esta casa, que
es la casa de todos los ciudadanos y representante de la soberanía nacional. Ojalá no se vuelvan a repetir este tipo de asesinatos, que no conducen sino al dolor de una familia, de un partido político y de toda la sociedad española. Quiero
ratificar mi apoyo muy especialmente a Ángel Martínez, el cual me ha comunicado su amistad personal con el fallecido.
Quiero desearle la mayor fuerza en estos momentos difíciles para él y reconocer el hecho de que hoy esté actuando como portavoz de
su grupo parlamentario, que viene a demostrar su fortaleza personal, política y su convicción en los planteamientos democráticos.
El señor PRESIDENTE: Creo que todos compartimos no ya la tristeza, sino una gran desesperanza por la continuidad de estos asesinatos, con el convencimiento de que ninguno de ellos pueda desviarnos de buscar una solución democrática a
cualquiera de los conflictos que tengamos como sociedad. Precisamente por eso, no podemos dejar de contemplar hasta qué punto es absurdo e inhumano y ni siquiera cruel ni desproporcionado, sino inútil segar la vida de un ciudadano ya jubilado que
se dedicaba al servicio de sus ciudadanos más inmediatos a través del municipio.
Entre todos hemos de encontrar la forma de trabajar para que esa forma de servicio público tenga la valoración que le corresponde en la sociedad, para encontrar una forma de protección de todos los que en el País Vasco decidan servir a sus
ciudadanos a través de sus municipios.
PREGUNTAS:
- DE LA SEÑORA CUNILLERA I MESTRES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LA ATENCIÓN AL PÚBLICO DE LA OFICINA DE EXTRANJERÍA DE LLEIDA. (Número de expediente 181/001415.)
El señor PRESIDENTE: Empezamos, como ha pedido el señor Martínez Sanjuán, el orden del día con la pregunta número 10, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la evaluación de los resultados obtenidos en la atención al
público en la Oficina de Extranjería de Lérida.
Para formular la pregunta tiene la palabra doña Teresa Cunillera.
La señora CUNILLERA I MESTRES: Agradezco el adelanto de la pregunta que sin duda me hará más fácil el resto de la tarde.
Señora subsecretaria, yo le formulé esta pregunta el día 18 de febrero sobre la evaluación que hacía el Gobierno de los resultados obtenidos de la atención al público en la oficina de extranjería de Lleida, porque las noticias que nos llegan
a nosotros desde esa oficina son que, si fuera exagerada, diría que está instalada en el caos. Como no lo quiero ser, le diré que está instalada en el desorden. Es una oficina donde tenemos una muy mala gestión. Hay muchos funcionarios de baja
por depresión y una cantidad ingente de expedientes por resolver.
Con posterioridad a esta pregunta, creo que fue en el mes de marzo, la prensa local de Lleida publicó un extenso reportaje sobre este tema con una cosa que, a mí como diputada interesada en el tema, me ofendió, porque las explicaciones que
daba el jefe de la oficina introducían todavía más elementos de confusión y de no tener la más mínima voluntad de arreglo. Por eso me interesaría mucho, señora subsecretaria, saber cómo se hace desde el Gobierno la evaluación de los resultados que
se obtienen en esa oficina.
El señor PRESIDENTE: Señora subsecretaria, tiene la palabra.
La señora SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (De Cospedal García): En primer lugar, quisiera dar las gracias por la alteración del orden del día.
Ha dicho S.S. que han aparecido en la prensa unas noticias y las declaraciones del jefe de la oficina de extranjería de Lérida que no sé exactamente a qué se refieren. Con independencia de que le conteste a su pregunta, me va a permitir
que a eso en concreto no lo pueda hacer, a menos que me diga luego de qué se trata, ya que no sé exactamente el contenido de esas declaraciones.
Lo que sí le puedo decir es que, como sabe muy bien, en esa provincia se ha multiplicado por tres el número de residentes extranjeros que tienen regularizada su situación laboral o de estancia en España. Digo esto porque hay muchas más
personas que se encuentran en una situación contraria, de no regularización de su permanencia o su permiso de trabajo. Por consiguiente, es verdad que el volumen de trabajo de la oficina de extranjería de Lérida se ha visto desbordado como ha
ocurrido en muchos otros puntos de España.
En cuanto a la evaluación del trabajo en esa oficina de extranjería, quiero expresarle cuáles han sido las medidas que ha puesto en marcha el Ministerio de Administraciones Públicas, particularmente en Lérida.
Inicialmente, esa oficina de
extranjeros, que se creó en el año 1999, estaba sita en la sede de la subdelegación del Gobierno, sitio que no reunía las condiciones necesarias para poder atender a un colectivo tan numeroso que se iba incrementando, por lo que se trasladó a un
nuevo edificio en el que se están terminando las obras de acondicionamiento, en la sede del antiguo Gobierno Militar de Lérida que S.S. conoce seguro que mejor que yo. Estas obras todavía no se han terminado y dispondremos, sobre el espacio que
ahora tenemos, de 500 metros cuadrados más. De esta forma, tanto las condiciones
de trabajo del personal como las condiciones de atención a los extranjeros que llegan a las oficinas de extranjería, así como salas de espera o lugares para ser informados, serán más convenientes y adecuadas a las necesidades del servicio.
Por otra parte, actualmente, en la oficina de extranjeros de Lérida existen 22 personas desempeñando sus funciones. Anteriormente se hacían contratos temporales todos los años. Este año todavía no sabemos si nos van a admitir un nuevo
contrato temporal con el Instituto Nacional de Empleo. Lo cierto es que los ocho puestos de trabajo que el año pasado se cubrían de esta manera este año se están cubriendo con personal de la propia subdelegación del Gobierno, que está sustituyendo
la tarea que realizaban estos funcionarios. Ciertos es, como ha dicho S.S., que existen expedientes pendientes de resolución en una cantidad superior a la esperada, pero también es cierto que últimamente se ha llevado cabo una reforma de la Ley de
extranjería que ha modificado en cierto modo la tramitación de estos expedientes.
También está próxima la terminación -ya se ha concluido- de un nuevo aplicativo para la tramitación de todos los expedientes, que va a beneficiar la gestión -para que sea mucho más ágil y rápida- de todos los temas de extranjería, de tal
manera que no haya que pasar por varias oficinas para conseguir un permiso de trabajo, sino que en un solo sitio (en este caso en la oficina de extranjería de Lérida, como en las de toda España) se pueda conseguir el permiso de trabajo de
residencia, lo cual va a facilitar que haya menos personas esperando la tramitación de un expediente que antes tardaba demasiado tiempo y así las necesidades de atención al público se puedan mejorar de manera muy sustancial. Cierto es que en este
momento no hay una satisfacción de cómo funciona la oficina de extranjeros de Lérida por el desbordamiento que existe, pero creo que estamos en vías de solución, relativamente rápida, de los expedientes que quedan y de la situación que, con carácter
general, se da en toda España, y particularmente en Lérida, por lo que se refiere a la pregunta de S.S.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Cunillera.
La señora CUNILLERA I MESTRES: Señora subsecretaria, en primer lugar, me alegro muchísimo de coincidir con usted en la apreciación de que esa oficina no puede continuar así. Usted me ha dado una respuesta muy positiva. Creo que usted se
ha colocado en el plano de la teoría, de lo que es, y, sobre todo, de lo que debe ser. Y yo lo siento mucho pero me voy a colocar en el plano de la práctica, en lo que es el día a día de la oficina de extranjería de Lleida. Aunque me voy a ceñir
mucho a lo que yo conozco, a los informes que tengo y a lo que me ha contado la gente con la que he hablado, cuando lo he comentado con otros compañeros de mi grupo y de otros grupos, la tónica general de donde hay oficinas de extranjería es
prácticamente la misma.
Esta oficina se situó en un edificio que ocupaba el antiguo Gobierno Militar, un buen edificio, que no está bien preparado para los usos que se le pretende dar. Es un edificio que tiene una valla, pero esa valla ni puede ocultar las colas
que se forman ni la situación en que se hacen esas colas. Por tanto, usted y yo coincidimos en que esas colas no deben existir. Me alegro que me diga que van a hacer salas de espera. Pero si no se mejora la gestión de la oficina, las salas de
espera van a estar a rebosar, con lo cual tampoco habremos avanzado gran cosa; se mojarán menos si llueve, pero no hemos adelantado mucho. Yo conozco muy bien el proceso de creación de esta oficina única, porque participé muy activamente desde la
pasada legislatura para que se creara. Había un único servicio, pero tenía tres dependencias: la comisaría, el departamento de trabajo y la subdelegación. Todo ello constituía un tejemaneje que volvía a la gente todavía más enloquecida de lo que
estaba en la persecución del papel. Nosotros tuvimos que batallar mucho, porque el entonces ministro de Interior, al que no dirigíamos, siempre nos decía que se iba a crear. Se empezó a prometer su creación en agosto de 1998, en el año 1999
formulamos preguntas, presentamos una interpelación y una proposición no de ley (por cierto, una de las pocas que se han debido aprobar en esta Cámara por unanimidad de todos los grupos, hasta su grupo votó a favor de que se creara esa oficina, por
tanto, el problema debía ser tremendo) y, por fin, en el año 2000 empezó a funcionar esa oficina.
Pero tuvo dos defectos de origen, de medios prácticos, del lugar en que se ha situado la oficina: uno, el jefe de oficina que se designó y, otro, la
recluta de personal. Se hicieron muy mal algunas cosas.
Le puedo hacer fotocopias de todos los recortes de prensa que he traído, y tengo todavía más, en los que se denuncia la manera en cómo se contrató al personal laboral que se adjudicó a esa oficina. Nunca se hizo por los conductos oficiales,
se hizo a través de una academia privada de Lleida.
El personal laboral se ha dedicado en esa oficina a hacer el trabajo interior, mientras que en la atención al público está el funcionario. De estos funcionarios, tres están en baja en este
momento con un síndrome depresivo. Le puedo hacer una copia de la información que traigo aquí, de las quejas de organizaciones de empresarios, de las quejas de sindicatos, en el sentido de que la asistencia no está dando el resultado que debe dar.
Es muy distinto el trato que recibe el personal laboral. También tengo aquí una información de prensa con un titular que dice que tres miembros del Partido Popular tuvieron que renunciar a esa selección, a raíz de unas alegaciones que se
presentaron desde los sindicatos. Pero a pesar de eso, el trámite de selección de personal no fue el idóneo y ello ha repercutido en el trabajo. Estamos hablando de un
número de expedientes, señora subsecretaria, que no es algo anecdótico ni un tema menor, ustedes lo deben tratar con el interés que merece. En este momento en Lleida se está hablando de seis mil expedientes de todo orden por resolver.
Es verdad que desde que yo presenté la pregunta, desde que se produjo la primera filtración a la prensa -que siento no haberla hecho yo, porque se hubiera hecho mejor, porque hay mucha más gente interesada en esta historia- mandaron al
personal de la subdelegación. Ahora allí dicen que vayamos presentando aquí una pregunta cada mes, de forma que no tenga que venir la señora subsecretaria a contestar nuestras preguntas y así poco a poco vamos solventando los problemas. Por tanto,
señora subsecretaria, si no quiere venir aquí cada mes a contestar mis preguntas, nos ponemos manos a la obra e intentamos solucionar ese tema. Pero ese tema tiene mala solución si no se hace con un poco más de seriedad la selección del personal.
Y no me estoy refiriendo a criterios ideológicos ni de qué personas deben estar o no. Creo que ustedes deben utilizar los cauces adecuados, el INEM, las oficinas de trabajo de la Generalitat, pero no deben utilizar el sistema de las academias
privadas, sin exámenes previos, sin ningún tipo de rigor a la hora de la selección.
Un consejo que debe dar usted al jefe de la oficina es que se fíe de los funcionarios, porque los funcionarios vienen trabajando desde esa situación creada en el año 1998 en el tema de extranjería, han pasado épocas muy duras y han ido
sacando expedientes. Usted ha dicho que Lleida era una provincia con gran número de inmigrantes, con muchos expedientes por regularizar y no podemos esconder la cabeza debajo del ala, sino darnos cuenta de que tenemos un problema. En esta oficina
hay unos funcionarios muy válidos que podrían hacer ese trabajo si se sintieran bien guiados. El jefe de la oficina de extranjería de Lleida -y en este caso hablo sólo de esta oficina- si quiere exigir rendimientos a los funcionarios y a los
laborales, a todos los que trabajan allí, lo mejor es que trabaje. Usted sabe que si un jefe trabaja, ayuda mucho a que los funcionarios o el personal que trabaja a sus órdenes se sienta motivado.
Que el jefe sea el primero en llegar, como mucho
el segundo. Si hay un ejemplo de este tipo, la gente también se motivará más. Si hay más orden a la hora de ordenar el sistema de trabajo, también se trabaja más tranquilo.
Tengo aquí una serie de cuestiones que me han llegado no sólo de parte de los funcionarios, sino del mundo sindical, y, sobre todo, de organizaciones empresariales. Lleida es una tierra en la que tenemos un pico de trabajo, sobre todo en
verano, cuando viene la cosecha de la fruta. Nosotros somos pioneros en esa tierra de la contratación en origen, que tiene sus pros y sus contras, pero estamos avanzados respecto del resto de España porque hemos tenido mucha necesidad, además hemos
servido de ejemplo porque hemos evitado tener cualquier brote de racismo.
En verano tenemos cantidad de inmigrantes trabajando en Lleida y no hemos tenido problemas porque todo se ha llevado con rigor. Desde los agentes sociales, que deben ayudar
a que el trabajo del emigrante funcione bien, tendrían que decir al jefe de la oficina que debe trabajar mejor. Por ejemplo, ¿cómo puede ser que un jefe de oficina no permita que los funcionarios vayan a cursos de formación? Usted misma me ha
dicho que están articulando nuevos mecanismos, nuevas maneras de dar solución a nuevos trámites que han surgido a raíz de la entrada en vigor de la Ley de extranjería y eso requerirá una cierta formación. Por ejemplo, impide el acceso a la oficina
de los representantes sindicales sin que él dé su autorización. Usted sabe que esto no puede hacerlo, pues lo hace. Por ejemplo, el jefe de la oficina les pregunta a los funcionarios a qué sindicato están afiliados. Después si van mandando
personal de refuerzo de la subdelegación, a pesar de la ayuda que le pongan, cuando ya ha aprendido, se tiene que ir o pierde el tiempo. Otra cosa que me gustaría que me dijera es si cree que la atención al público debe estar reservada a los
funcionarios de carrera, mientras que los laborales quedan exentos de esta tarea.
La señora subsecretaria debería dejar claro que los expedientes deben resolverse por el orden de entrada o por el orden de preferencia, pero de preferencia objetiva, no de preferencia personal. Estoy convencida de que usted opina como yo en
esto, pero me gustaría que quedara muy claro, para que así también le llegara al jefe de la oficina. Señora subsecretaria, usted debería enterarse, por ejemplo, de qué pasa cuando un funcionario de esa oficina se queja. Porque a mí me constan al
menos dos casos de gente que se ha quejado, gente que ha trabajado mucho tiempo en ese tema y conoce muy bien el orden en que debería trabajar esa oficina, y cuando se han quejado se les ha bajado el complemento de productividad durante un
trimestre. Sé de dos casos; debería usted averiguar si hay más. Yo pongo sobre la mesa estos temas que tengo contrastados, porque usted debe tener el mismo interés que yo en que eso se solucione.
Para acabar insistiré en lo que he dicho antes. Es un tema que tengo contrastado en Lleida y espero que no haya un jefe como éste en muchos más sitios porque entonces estamos todos perdidos. De todo lo que le he dicho no me importa pasarle
los recortes de prensa, si quiere, y se los fotocopia, pero de aquí debería salir un compromiso del ministerio, un compromiso de usted, señora subsecretaria, de que estos temas se van a resolver. Y no me diga eso que se dice cuando no hay
compromiso, en el plazo de tiempo más breve posible. No. Dígame qué cosas vamos a hacer para que la oficina única que tanto costó -imagino que usted habrá buscado los antecedentes de este tema y habrá visto cuántas interpelaciones, cuántas cosas
hubo que hacer para que esa oficina saliera adelante-, ahora que la hemos conseguido, no nos merecemos que sea ese desorden, para no decir ese caos, que tenemos actualmente.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora subsecretaria.
La señora SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (De Cospedal García): Una cosa que quiero puntualizar es que la cuestión de las quejas del jefe de la oficina no se la puedo contestar ahora, como S.S. comprenderá. Sí la ruego que me
deje la lista de agravios o de quejas, para examinar todo convenientemente. Además también tendría que contrastarlo. Voy a referirme a lo que sí la puedo contestar. No es mejor ni peor que los funcionarios o los laborales estén en los puestos de
atención al público; es indistinto. Los laborales o el personal laboral de la Administración tienen la condición de personal al servicio de la Administración pública exactamente igual que los funcionarios tienen la condición de personal al
servicio de la Administración pública, hayan entrado por el sistema de oposición o estén amparados por un convenio colectivo, como no podía ser de otra manera. Ese tema yo no lo considero especialmente relevante. En cuanto a los representantes
sindicales, aunque ya le he dicho que no tengo motivo, es lógico que si es el representante sindical de los trabajadores de la oficina pueda entrar. Y si se trata de una visita institucional de representantes sindicales, si se trata de
representantes políticos, o si se trata de medios de comunicación, es lógico que el jefe de la oficina quiera saber quién entra.
Sobre las medidas de carácter concreto que vamos a adoptar, ya se las he dicho antes pero lo vuelvo a repetir. Estamos en vías, ya está adjudicado el proyecto, para terminar la ampliación de la sede donde ahora se ubica la oficina de
Extranjería, a fin de poder tener más medios materiales y físicos para la atención al público, en este caso a los demandantes de permisos de trabajo y residencia. Ya se ha empezado a instalar o está instalada, en Lérida, en marcha, la aplicación
informática para unificar todos los procedimientos, absolutamente todos, incluso los que tienen que ver con el Ministerio de Asuntos Exteriores o con el Ministerio de Justicia en un único aplicativo informático, y estamos modificando el sistema de
producción de los expedientes para que no se produzcan esos colapsos. No le puedo dar una fecha exacta; con las cuantificaciones que, por volumen de expedientes y por tramitación de los mismos, tenemos ahora mismo, calculamos que de aquí a antes
del verano se pueda desatascar la oficina de extranjeros de Lérida. Esto es todo lo que le puedo contestar, pidiéndole que me deje la relación de actuaciones del jefe de la oficina, porque a eso no le puedo contestar en este momento.
COMPARECENCIA DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (GONZÁLEZ GONZÁLEZ) PARA INFORMAR SOBRE:
- LA IMPLANTACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DIGITAL Y PLANES PREVISTOS. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 212/000894.)
- LA IMPLANTACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA Y PLANES PREVISTOS. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 212/000895.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la comparecencia del señor secretario de Estado. Reemprendemos el orden del día con el debate simultáneo de los dos primeros puntos.
Tiene la palabra el secretario de Estado para la Administración Pública, don Ignacio González, para las comparecencias solicitadas por el Grupo Parlamentario Socialista sobre la implantación de la administración digital y la administración
electrónica, que, dentro de mis ligeros conocimientos sobre la materia, me parece que es casi lo mismo.
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (González González): Buenas tardes y muchas gracias, presidente. Voy a tratar de seguir sus indicaciones y en la medida de lo posible ser breve, tanto en la comparecencia como en
la contestación de las preguntas posteriores.
Como dice el señor presidente, yo también entiendo que las dos comparecencias se refieren a la misma cuestión y lógicamente las uniremos para hacer una referencia a lo que entendemos que debe ser, en
términos generales, tal y como establece toda la terminología que está siendo utilizada tanto en el debate público como en toda la documentación, la implantación de la administración electrónica en nuestro país.
Como saben SS.SS., el origen de esta cuestión está fundamentalmente en el fenómeno que se viene a producir a finales de los años noventa, a finales del siglo pasado y principios de éste, cuando se produce la explosión del fenómeno de la
sociedad de la información y el conocimiento, cuando esta nueva sociedad, que nace en torno a este fenómeno, unido al fenómeno de la globalización y de las nuevas tecnologías, da lugar a esta nueva sociedad de la información y el conocimiento y a la
preocupación por los retos que la nueva sociedad plantea en el mundo moderno y la necesidad de que las sociedades estén a la altura de las circunstancias, hagan frente a estas nuevas situaciones y las aprovechen para obtener de ellas ventajas
competitivas que hagan progresar a las sociedades, que es en
definitiva el objetivo que todas persiguen en estos temas. Esta preocupación, que como digo es de carácter general, tiene especial incidencia en el ámbito europeo y más concretamente en el ámbito de la Unión desde finales del siglo pasado.
Son las distintas cumbres europeas las que se plantean la necesidad de adoptar medidas en esta materia que hagan del ámbito de la Unión Europea uno de los polos más importantes de competitividad, desarrollo y crecimiento económico del mundo, y en
concreto le encomiendan la necesidad de adoptar medidas que impliquen la adaptación de nuestras sociedades a las nuevas tecnologías para aprovechar la ventaja competitiva que esto supone desde el punto de vista de la consecución de esos objetivos.
Esto, que se plantea en la cumbre de Cárdiff, se concreta fundamentalmente en la cumbre de Lisboa y posteriormente en la cumbre de Feira, donde se establecen una serie de objetivos concretos para el conjunto de los países de la Unión que se
denomina la iniciativa E-Europe, que establecía una serie de objetivos en el entorno de las cuestiones de las nuevas tecnologías y más concretamente en el ámbito de la introducción de éstas en la Administración pública en un plazo que terminaría
hacia el año 2005. Básicamente este ha sido el origen de las iniciativas de aplicación de la administración electrónica a los distintos países de la Unión Europea. España, como consecuencia de los acuerdos de la cumbre de Lisboa, adoptó un acuerdo
de Consejo de Ministros del año 1999 para constituir, en el ámbito del propio Gobierno, una comisión interministerial sobre la sociedad de la información, que elaboró lo que se denominó entonces la iniciativa estratégica de INFO XXI, con el objetivo
de adaptar a nuestro país el desarrollo de las iniciativas que habían sido objeto de debate y discusión en la citada cumbre de Lisboa.
Esto fue interrumpido por el proceso electoral y con la constitución del nuevo Gobierno se retomó dicha
iniciativa por el Gobierno actual, que convirtió dicha iniciativa estratégica en lo que fue denominado el plan de acción INFO XXI, donde se recogían las principales acciones que, de acuerdo con los objetivos de la iniciativa E-Europe, era necesario
desarrollar en los próximos años para la introducción y desarrollo de las nuevas tecnologías en nuestro país.
Este es un proyecto ambicioso que no solamente se refería a actuaciones en el ámbito de las administraciones públicas, no sólo por supuesto de la Administración del Estado, sino del conjunto de administraciones públicas, también de la propia
sociedad civil, de las empresas, etcétera y, como ustedes conocen, fue presentado a principios del año 2001. Allí se recogían más de 300 acciones a desarrollar, con una serie de presupuestos cercanos al billón de pesetas entonces, y tenía por
objeto el desarrollo de las nuevas tecnologías en nuestro país. Este plan se estructuraba fundamentalmente en torno a tres grandes patas. Una de ellas era el impulso del sector de las telecomunicaciones y las tecnologías de la información. De
todo ello tienen ya amplio conocimiento. Ha dado lugar a todas las medidas liberalizadoras del sector de telecomunicaciones, promoción de infraestructuras, redes, etcétera. Una segunda pata sería la relativa al acceso de todos a la sociedad de la
información, con toda una serie de iniciativas que favoreciesen la formación en nuevas tecnologías y su uso por parte de los jóvenes en los colegios, de los jóvenes en edad escolar y la tercera edad. Y una tercera pata, que es a la que me voy a
referir a continuación, que es la que se denominaba potenciación de la administración electrónica. Aquí se incorporaba toda una serie de iniciativas muy extensas, dentro de las cuales, como es lógico, me voy a circunscribir a las que son de alguna
manera responsabilidad del Ministerio de Administraciones Públicas, bien directamente o bien en colaboración con otros departamentos del Gobierno, y que tienen una peculiaridad básica, que es que constituyen los proyectos que entendemos que son
estratégicos y necesarios para que en un futuro puedan operar los servicios públicos en red, que es el objetivo que a nosotros nos corresponde; es decir, permitir que todos los servicios que la Administración pública presta puedan ser gestionados
desde los distintos puntos de conexión a una red y que a través de ella puedan recibirse íntegramente.
Nosotros estructuramos los proyectos de administración electrónica que nos corresponden en torno a lo siguiente: en primer lugar, el portal de las administraciones públicas o el portal del ciudadano, quizás el proyecto más ambicioso o más
significativo de lo que quiere representar este proyecto de administración electrónica. Nace como consecuencia de ofrecer a los ciudadanos un punto de entrada común a las administraciones públicas a través de internet ante la proliferación y
difusión de distintas páginas de acceso disperso que existen a lo largo y ancho de lo que es internet para el conjunto de las administraciones públicas, donde hay una información muy rica, pero muy dispersa y no conectada entre sí.
Más de 2.500 web
de las distintas administraciones existen hasta el año 2001 y con una información muy variada. En unos hay información; en otros hay gestión; en otros, ambas cosas. El primer objetivo que nos planteamos es la necesidad de tener un punto de
acceso claro, fácilmente identificable por los ciudadanos, donde tengan una información mínimamente ordenada y donde se les permita, con una cierta facilidad, navegar y acceder a ese tipo de páginas y de información de servicios que en principio son
los que le pueden ser de mayor utilidad. A eso respondía el primero de los proyectos, este portal.
Se trata por tanto de un portal que no pretende ser exclusivo, pero sí singular dentro de la red para el conjunto de las administraciones públicas, que, junto a la información administrativa, permita en un futuro la tramitación electrónica
de procedimientos, la descarga y
cumplimentación de formularios y su remisión, la tramitación electrónica de servicios, etcétera. Desde septiembre del año 2000 venimos trabajando en el análisis de todo este mundo variado que existía en internet en relación con este tipo de
páginas y de información, se fue analizando por un equipo de gente de la propia Administración, se implantaron una serie de requerimientos técnicos que nos permitieran aprovechar los datos que en ese momento operaban en la red, a través de una serie
de equipos específicos, sobre la base de proyectos tecnológicos como el proyecto Pista-Ventanilla única, al que luego también me referiré; contratamos un plan director para el diseño, construcción, viabilidad y explotación de este portal y
realizamos toda esa serie de trabajos a lo largo del año 2000 y 2001, de manera que el 4 de septiembre de 2001 presentamos formalmente el portal de la Administración bajo la dirección que seguramente ustedes conocen de Administración.es. El portal
es hoy una realidad, lleva funcionando seis meses y, aunque sometido, como es lógico, a críticas y a mejoras constantes, creemos que está respondiendo a las expectativas iniciales con las que pusimos en marcha este proyecto.
Al día de la fecha
hemos recibido más de 2.400.000 visitantes, hemos servido más de 19 millones de páginas, estamos por encima de 20.000 visitas diarias y podemos decir que estamos en la línea de los portales de nuestro entorno.
Junto a estas medidas de creación y de mejora constante del portal, y con el fin de cubrir el otro objetivo básico, que es que este portal sirva también al conjunto de las administraciones públicas de nuestro país, pusimos en marcha toda una
serie de iniciativas para sumar al conjunto de las administraciones territoriales mediante, primero, la creación de la Comisión de coordinación de nuevas tecnologías con las comunidades autónomas, semejante a la Comisión de coordinación de función
pública, donde, a través de una serie de reuniones periódicas, de lo que se trata es de poner en común las distintas experiencias que en estas materias estamos desarrollando las distintas administraciones, de manera que aprendamos unas de otras y
caminemos conjuntamente para poder hacer toda una serie de estructuras dentro de la red que sean integradas, integrables, homologables y operativas, para que al final podamos llegar a satisfacer el objetivo común de prestar servicios integrados,
puesto que, en un Estado compuesto como el nuestro, cada día más la prestación de un servicio integral va a exigir la participación de los distintos niveles de administración. Al mismo tiempo, nos hemos lanzado en la necesidad de articular
convenios de colaboración con el resto de las administraciones públicas para poner en marcha este tipo de iniciativas y hemos suscrito ya algún convenio con comunidades autónomas, algunos convenios con algunos ayuntamientos y esperamos seguir en los
próximos meses impulsando este tipo de actuaciones.
El segundo gran proyecto necesario para poner en red los distintos servicios públicos lo constituye otro de los proyectos que para nosotros es emblemático desde el punto de vista de la administración electrónica, que es sin duda el
denominado proyecto de intranet administrativa. Está intrínsicamente unido al portal y la razón de ser de una intranet administrativa es desarrollar una infraestructura de comunicaciones y servicios telemáticos de calidad y capacidad suficiente
para integrar servicios de voz, datos y gestión, que sea rápida, segura, que permita la racionalización y fomento e intercambio electrónico seguro de información, dentro de la Administración general del Estado y de sus organismos autónomos o
entidades dependientes, y simplificar a su vez la interconexión con otras administraciones. Esta necesidad ha surgido, al igual que en el caso anterior, como consecuencia de las páginas web, de la proliferación a lo largo del tiempo de una multitud
de redes de comunicación en el seno de la Administración general del Estado que son muy dispersas, incompatibles y, en ocasiones, poco operativas. Tenemos más de 6.382 redes de área local, lo cual plantea muchísimas dificultades de integración y
operatividad entre los distintos servicios y de aprovechamiento de la información común. Esto nos dificulta muchísimo -como decía- la gestión y la relación con los ciudadanos. A lo largo del año 2000 también estuvimos trabajando en la elaboración
de un plan director de esta intranet administrativa, que supuso el desarrollo de toda una serie de actividades como el análisis de las actuales redes de datos y servicios, la identificación de las necesidades, la definición de los requisitos para
intranet, el diseño técnico de las infraestructuras, los servicios de seguridad, el modelo de gestión y administración que tendría que tener esa red y también el plan de implantación y la puesta en marcha del prototipo de esta intranet.
El objetivo que tenemos es que la intranet esté operativa a lo largo del año 2003 con estas características de capacidad, velocidad, seguridad, etcétera, a las que me he referido anteriormente. Ello nos va a exigir que sobre lo que es la
propia construcción de la red de intranet tengamos que hacer también actuaciones operativas de mejora y modificación de equipos en los distintos departamentos ministeriales, así como en todo lo que es la Administración periférica del Estado, para
conseguir que esa red sea completa; en primer lugar para la Administración del Estado y sus órganos dependientes y en un futuro, sin duda alguna, para permitir la conexión con el resto de las administraciones territoriales, comunidades autónomas y
corporaciones locales y por supuesto también con un punto de entrada y de enganche con la Unión Europea. Próximamente, antes del verano, convocaremos el concurso -en colaboración con la Subsecretaría, que es a la que le corresponde el mantenimiento
de la red común de comunicación de todo lo que es la administración periférica y por tanto de la Administración central del Estado- que
pretende cubrir la puesta en funcionamiento de esa red a partir del año 2003 y la mejora progresiva y el mantenimiento e integración de servicios durante un periodo de cuatro años más dos, aprovechando la última modificación que a estos
efectos introdujimos en la ley de acompañamiento del año pasado para permitir que este tipo de concursos fueran posibles durante este periodo.
Además, el funcionamiento operativo de esta red exige que sobre ella se vayan construyendo una serie de servicios que la hagan segura y que permitan hacer las explotaciones a las que me he referido. Para eso ya hemos hecho algún otro
concurso, fundamentalmente el relativo al correo electrónico, al servicio de directorio y al cifrado para el uso de la propia red con garantías de seguridad y fiabilidad. Este es un concurso absolutamente necesario, puesto que es el complemento
necesario a la propia red para que una vez que esté instalado pueda funcionar con esas garantías de fiabilidad, seguridad, etcétera, a las que me he referido inicialmente. Además, esta intranet nos va a permitir una serie de ventajas, no solamente
desde el punto de vista de la mejora de nuestras comunicaciones, de la racionalización de nuestra infraestructura de telecomunicación o de un mejor aprovechamiento de las comunicaciones, de la información, de las bases de datos, etcétera, sino que
nos va a permitir una importante reducción de los costes de comunicación para la propia administración, nos va a permitir eliminar redes redundantes como las que tenemos ahora y nos va a permitir sobre todo eliminar muchas ineficiencias e
inseguridades en las que se encuentran algunas de estas redes en este momento.
El tercer proyecto esencial para el objetivo al que me he referido inicialmente -y que está intrínsecamente relacionado con el portal y la red- sería el proyecto denominado Pista-Ventanilla única. Este proyecto, al igual que los anteriores,
es esencial para la consecución de una prestación integral de servicios a través de la propia red. Por así decirlo, es la parte telemática de la reforma operada dentro de la Ley de procedimiento administrativo, cuyo objetivo era que los registros
de las distintas administraciones fueran registros indistintos, de manera que cualquier ciudadano pudiera presentar cualquier solicitud en el ámbito de cualquier administración, de forma que con eso pudiera ahorrarse desplazamientos innecesarios, se
acercase la Administración a su lugar propio de residencia y se facilitase la gestión. Esta sería la parte telemática de este proyecto que está recogido en la propia Ley de procedimiento administrativo.
El proyecto Pista tiene de momento dos fases. La primera de las fases fue iniciada ya a finales de la legislatura pasada, se denominó Pista-Ventanilla única y tenía como objetivo la interconexión electrónica de los registros públicos de las
distintas administraciones. El proyecto Pista es un proyecto global para el desarrollo de procedimientos de gestión a través de redes, que se realiza por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, en colaboración con los distintos departamentos, en el
caso de administraciones públicas con los que se refieren a la gestión en la propia administración. Este proyecto fue desarrollado en su primera fase en colaboración con la empresa privada, en aquel momento con Telefónica e Indra, que desarrollaron
tecnológicamente todo el software y toda la infraestructura necesaria para la conexión electrónica de esos registros.
Fue concluido en el año 2000, se ha puesto en funcionamiento a través de una serie de convenios que en estos momentos vinculan a
diez comunidades autónomas y a más de 1.240 ayuntamientos y sigue en desarrollo. Este proyecto permitía hasta ese momento la comunicación electrónica de los asientos registrales. Era una primera fase de lo que pretendemos que sea el futuro de la
gestión de servicios a través de la red.
En estos momentos se acaba de aprobar y publicar la segunda fase del proyecto Pista-Ventanilla única, que tiene como objetivo seguir en la línea apuntada, pero la pretensión es ampliar el marco anterior mediante el desarrollo conjunto de
herramientas necesarias para la tramitación por vía telemática de los procedimientos administrativos y la definición y establecimiento de las normativas y especificaciones para sistemas de información del sector público. Dentro del proyecto Pista
existen en este año tres líneas de trabajo que se van a desarrollar. Una, relativa a los propios registros, en estos momentos se trata de conectar el registro del organismo tramitador con sus aplicaciones de tramitación de expedientes, de manera
que la mera presentación del documento permita ya al propio órgano de gestión tener la propia recepción del documento para poder iniciar la tramitación. Una segunda línea de actuación -también de carácter general y muy importante en el futuro para
el desarrollo de la propia gestión a través de la red- que es el desarrollo de un sistema de módulo de pago general que permita al órgano gestor de aquellos procedimientos de los que se deriven obligaciones de pago utilizar este módulo electrónico
de pago para facilitar en su momento el pago de esas transacciones a través de la propia red. Y un tercer aspecto esencial para la tramitación de procedimientos es la posibilidad de que el órgano gestor pueda obtener electrónicamente los
certificados que son necesarios aportar por parte de los ciudadanos en muchos procedimientos administrativos, para que obren en poder de la Administración para la tramitación de determinados tipos de solicitudes, fundamentalmente los certificados de
la Agencia Estatal de Administración Tributaria y los de la Tesorería General de la Seguridad Social, que son requisitos normalmente indispensables para la tramitación de la mayor parte de las solicitudes en las que se incorporan derechos a favor de
los ciudadanos primordialmente de contenido económico. Para que SS.SS. se hagan una idea, en estos momentos la Agencia Estatal de Administración Tributaria emite del
orden de 3.000.000 de certificaciones anuales para este tipo de cuestiones. Estas serían las tres líneas de actuación básicas que el proyecto Pista-Ventanilla única II tendría que desarrollar a lo largo de todo el año 2003 y principios del
año 2004 y sin duda alguna significará un avance muy importante de cara al objetivo de la tramitación administrativa de los procedimientos. Este año se va a desarrollar a través de la empresa IECISA, que ha sido el adjudicatario del proyecto por
parte del Ministerio de Ciencia y Tecnología.
Un cuarto proyecto complementario de los anteriores para el objetivo que venimos señalando lo constituye sin duda alguna el proyecto denominado CERES, o de certificación digital o de firma electrónica. Como SS.SS.
conocen sin duda, este
proyecto es la base de las transacciones a través de la red y consiste básicamente en garantizar a los ciudadanos que dichas transacciones se hagan en las mismas condiciones de seguridad y confidencialidad con las que se hacen las gestiones
tradicionales, en las mismas condiciones de validez y eficacia y desplegando los mismos efectos que despliega la tramitación ordinaria. Para ello se habilitó a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre a desarrollar los servicios que hicieran posible
la emisión de estas certificaciones digitales y se ha concretado así en el proyecto Ceres, integrado también como un proyecto estratégico en el plan INFO XXI, cuyo objeto es dar a los solicitantes que estén interesados en la gestión a través de la
red un certificado electrónico reconocido, que actuará como firma electrónica y que le permitirá hacer esas transacciones en condiciones de seguridad, fiabilidad, etcétera, a través de la red. El certificado permite acreditar la identidad del
emisor y del receptor de la documentación, garantizar la integridad del documento, acreditar su presentación y la recepción por el destinatario y garantizar la confidencialidad en la emisión, transcripción y recepción de las comunicaciones. Esto es
lo que hoy permite hacer gestiones a través de la red en cuestiones tales, conocidas por ustedes, como el pago de los impuestos, dar de alta y de baja a los trabajadores en la Tesorería General de la Seguridad Social, la compraventa de deuda
pública, la realización de los censos de población del INE, la formulación de becas o de ayudas del programa de investigación del presente año o toda una serie de posibilidades de gestión a través de la red que en estos momentos ya están en vigor.
Existen también avanzados borradores de convenios para extender el uso de la firma digital de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre al conjunto de las administraciones públicas territoriales, por cuanto que es esencial que los sistemas de
certificación digital y de firma electrónica, aunque no sean iguales, sean compatibles y operativos entre sí, para permitir que cualquier ciudadano, desde cualquier punto de España y con cualquier certificación digital pueda hacer los trámites que
considere oportunos a través de la red con cualquiera de las administraciones, porque de lo contrario todo el objetivo que persigue este proyecto realmente no tendría ningún sentido. Existen conversaciones muy avanzadas con las distintas
comunidades autónomas y se están elaborando convenios con muchas de ellas. También existen convenios en este sentido con algunos ayuntamientos importantes, y el objetivo básico y fundamental es este que le digo.
Una derivación del proyecto Ceres de firma electrónica lo constituye el proyecto de DNI electrónico. Esta es una iniciativa europea de identidad digital, que se está desarrollando en el ámbito de la Unión con mucha intensidad y cuyo
objetivo fundamental es conseguir que haya un DNI electrónico que dé identidad digital a los ciudadanos en el mundo virtual de las transacciones telemáticas y que además les capacite para firmar todo tipo de documentos electrónicos. Existe un
proyecto muy ambicioso, en cuatro fases, que está siendo desarrollado en estos momentos por la Policía.
Por último, dentro de estos proyectos de Administración electrónica existen dos cuestiones que son de una cierta entidad, una más y otra menos, pero exactamente igual de relevantes para lo que pretendemos hacer en el futuro. La primera y
sin duda la más importante se sitúa en el ámbito de la formación. Como S.S. sabe, desde hace mucho tiempo los planes de formación continua están incrementando sus dotaciones con carácter general, y dentro de esos planes de formación, el número de
cursos de formación en nuevas tecnologías es cada vez más amplio, tanto en las formaciones dadas por las propias administraciones, como en las formaciones que imparten el resto de los agentes sociales que participan de los programas de formación
continua, y constituye sin duda el elemento más importante de preocupación en este sentido. Lógicamente nosotros estamos impulsando en nuestro ámbito ese tipo de programas, incluso a nivel directivo, para conseguir la mayor concienciación y
difusión en el uso de las nuevas tecnologías en el ámbito de la Administración, y pretendemos continuar haciéndolo en los próximos años, por lo cual el INAP está impulsando decididamente esta formación.
Por último queremos introducir algunas modificaciones en la estructura actual de los órganos de coordinación internos de la Administración general del Estado desde el punto de vista de la Administración electrónica, y estamos elaborando un
ambicioso real decreto, que tiene por objeto la modificación y adaptación de los órganos tradicionales -responsables tradicionalmente en materia de informática, pero hoy también de nuevas tecnologías- a las nuevas circunstancias y a las nuevas
necesidades que han surgido con el desarrollo de todo este fenómeno a lo largo de este tiempo, y que esperamos presentar próximamente.
El señor PRESIDENTE: Por el grupo parlamentario solicitante de la comparecencia, tiene la palabra doña María José López.
La señora LÓPEZ GONZÁLEZ: Quiero agradecer al señor secretario de Estado su presencia en esta Comisión. Siempre nos congratulamos de que venga a informarnos en las comparecencias que se le solicitan.
Para entender el objeto de esta comparecencia deberíamos partir de unas determinadas premisas. El señor secretario de Estado ha hecho un análisis muy rápido, pero quizás deberíamos detenernos un poco más en algún punto.
Parece obvio que
las necesidades y las peticiones de la sociedad y de los ciudadanos exigen a la Administración que tome decisiones adecuadas para cubrir lo antes posible esa demanda. También es necesario partir de la premisa de que la Administración está
totalmente obligada a garantizar ciertos valores, como son la libertad, la igualdad y la solidaridad, que son los valores básicos de una sociedad democrática y por tanto son plenamente transportables a la gestión de la Administración. La
Administración es clave, tanto para la sociedad como para el ciudadano, y lógicamente esas necesidades han de acomodarse a esa necesaria respuesta.
Siento decirle, señor González, que quizás lo mejor que ha hecho el Gobierno hasta este momento ha sido su plan de marketing en todos los aspectos, aunque quizás haya sido en la Administración pública donde ha puesto en su momento más carne
en el asador. El Gobierno enarboló la bandera de que la modernización de la Administración era su principal objetivo, y para el cumplimiento de ese objetivo básico se comprometió a adaptar lo más rápidamente posible todos aquellos cambios que se
estaban produciendo en nuestra sociedad, para que la Administración diera una respuesta rápida y adecuada a todas esas necesidades de nuestra sociedad.
Lógicamente, en aquel momento también se comprometía a adaptarse y a ponerse al nivel de lo que
estaba ocurriendo en Europa, donde supuestamente tendríamos que estar plenamente integrados, al mismo nivel de los países de nuestro entorno, como mínimo.
Este grupo parlamentario creía ingenuamente que eso iba a ser cierto, que el Gobierno iba a llevar a cabo el esfuerzo al que se había comprometido, que esa bandera de modernización iba a ir a pasos agigantados, con dinero, con presupuesto,
con medios, y que íbamos a dar inmediatamente respuesta a unas necesidades que se estaban produciendo ya. No pensábamos que iban a tomar la decisión de estudiar, de planificar, de contratar y de poner en marcha después, sino que todo eso se iba a
hacer lo más rápidamente posible. Estábamos demandando en aquel momento una administración cercana, en la que creímos que de verdad la opinión de los ciudadanos iba a contar; estábamos hablando de una administración activa, con nuevas tecnologías
y nuevos procesos; estábamos hablando de una administración transparente, donde se eliminaran todos los trámites innecesarios para evitar reiteraciones, y de una administración solidaria que, con un lenguaje sencillo, claro y sin discriminaciones,
fuese de alguna forma una aliada del ciudadano.
Señor secretario de Estado, nada más lejos de la realidad. Usted ha hecho muy bien sus deberes y nos ha contado la teoría, el compromiso del Gobierno sobre el papel y, como usted bien sabe, el papel lo resiste todo pero la práctica resiste
menos; la situación de los programas, en la teoría puede ser que aguanten lo que usted ha contado, pero la realidad no es esa. Y no es esa porque los datos están claramente contrastados a poco que nos molestemos en hacer un pequeño ejercicio
delante de nuestro ordenador, como el que he hecho esta mañana, que luego le contaré porque ha sido muy divertido. La situación, como le decía, no es esa.
El plan INFO XXI fue presentado en enero del año 2001, lo presentó su presidente de Gobierno; es un plan, como usted ha dicho, de un billón de pesetas, cuya inversión está estructurada para tres años. ¿Cuál es su objetivo? Llevar las
tecnologías de la información a todos los ciudadanos. Una vez que ha finalizado el año 2000 y hemos hecho el balance, como le decía, señor secretario, la conclusión es desesperanzadora. La realidad es que la mayoría de los proyectos a los que
usted se ha referido y a los que no se ha referido (porque usted no se ha referido a la ventanilla única empresarial, al sistema de licitación electrónica, a determinados aspectos del portal único, a los formularios administrativos por Internet, en
fin, usted ha hecho una pasada lo más positiva posible para los intereses del Gobierno en determinados aspectos que yo quiero ahora poner de manifiesto) no se han puesto en marcha, otros no funcionan y otros funcionan mal. Y, señor secretario de
Estado, los que están funcionando bien, como el de Hacienda, ya lo venían haciendo, aunque podrían ser mejorados.
Señor secretario, la mayoría de los representantes económicos coinciden en que no han visto los compromisos económicos a los que se refería el Gobierno en el plan INFO XXI ni lo que se iban a gastar en el año 2001.
Tengo las referencias de
cada una de estas comunidades autónomas, que no tengo ningún inconveniente en referirme a ellas, y son muy ilustrativas, porque todas están pendientes de que en algún momento les llegue ese dinero.
Como le decía, algunos ejemplos son ilustrativos. El más ilustrativo es el del ministro Posada, que anunció que el nacimiento del portal tendría un acceso organizado, sencillo y asequible. Estos fueron los calificativos que le dio al
portal y la situación actual es que siguen produciéndose discriminaciones, los invidentes no pueden acceder al portal, y localizar la información de los 117 organismos estatales, locales y autonómicos es complicadísimo, por no decir que
prácticamente imposible. Carece de criterios básicos de navegación, la única lengua que se utiliza -a pesar de que su ministro dijo que todas las lenguas del Estado español estarían en el portal, no es cierto- es el castellano y de
los 150 formularios previstos para entrar en funcionamiento en el año 2001 hay cien que se han puesto en marcha, de los cuales nueve se repiten en diferentes apartados y otros no son precisamente programas únicos sino programas de ayuda para
poder cumplimentar los formularios. Y hay una cosa importante, y es que una vez que el ciudadano se toma la molestia de entrar (usted me había dicho que han tenido 2.400.000 visitantes, cuando son 1.600.000, según los datos que ustedes mismos
tienen colgados en la red como información actualizada de los visitantes que han tenido en el año 2001, la información es suya) y baja el formulario y lo rellena, no lo puede enviar por correo electrónico, es decir, se tiene que desplazar a la
oficina pública, hacer su correspondiente cola y presentarlo allí.
No sé qué ventaja es ésa, señor secretario. A mí no me parece que sea ninguna. El portal consiste en una sola base de datos que centraliza toda la información dispersa por las
páginas web, como ha dicho usted anteriormente, y lo único que han hecho es aprovechar lo que ya tenían, lo han volcado pero sin molestarse en organizar los contenidos.
La coordinación no existe. Tenemos un ministro de Administraciones Públicas que en algunos momentos va a remolque de lo que le fija la ministra de Ciencia y Tecnología y en otros casos se rebela y le dice a la ministra que lo siente mucho
pero que no piensa llevar a cabo aquello a lo que ella se ha comprometido. Como le digo, en cada sitio se cuenta una cosa, en cada sitio hay un responsable, hay una apariencia diferente, no se coordinan ni los propios ministerios, y lo que se
comprometió a realizar la ministra de Ciencia y Tecnología el ministro de Administraciones Públicas sigue sin llevarlo a cabo.
Cuando el ministro Posada presentó el proyecto decía que era el inicio de la administración electrónica, que se iba a comenzar con 49 servicios y que rápidamente terminaría con la totalidad de los servicios. Ha terminado el año 2001, señor
secretario de Estado, con 54, es decir, hemos puesto en marcha cinco más, porque los 49 anteriores ya estaban en funcionamiento. Eso lo han dicho ustedes, no lo hemos dicho nosotros.
Ustedes tienen la deformación de llamar servicio a cualquier
cosa, a cualquier prestación que hay en la red, como la información o las transacciones. Ustedes llaman servicio al estado de las carreteras, por ejemplo, o a la información del tiempo. Usted me disculpará, señor secretario, pero eso no es un
servicio, esa es una información que ustedes dan, y cuando ustedes lo desglosan, cuentan todo como servicio.
Cuando ustedes hablan del número de visitantes que han tenido, no coincide con los datos que he sacado de la red esta mañana, y son datos
suyos; el muestreo no coincide con lo que ustedes manifiestan. La mayoría de los servicios que se ofrecen ahora, usted lo sabe muy bien porque lo ha dicho antes, ya estaban disponibles en el año 1999, y muy pocos servicios pueden estar ahora mismo
complementándose por Internet, como usted también sabe.
Ejemplos le puedo dar todos los que quiera, tanto de su ministerio como de otros. Usted se ha referido al programa de formación e inserción laboral con mucho ímpetu. Se comprometieron a educar a 2.000 parados durante este año en el
programa de formación e inserción laboral y el proyecto no se ha puesto en marcha. Eso fue a principios del año 2001, y todavía está aquí. El plan INFO XXI decía que la formación de los profesionales de las TIC, coordinado por el Instituto
Nacional de Empleo del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, se proponía formar e insertar en el mundo laboral 14.000 nuevos profesionales; se ha producido la formación de 2.000 a lo largo de este año. Le podría dar un rosario de ejemplos
sobre el funcionamiento del plan INFO XXI. Por ejemplo, Correos se comprometió con el Ministerio de Fomento en que abriría 625 ciberquioscos, y no han abierto ninguno; luego habló de otros 25 para evaluar la idoneidad del servicio, y no se ha
puesto en funcionamiento ninguno. En cuanto a otros ministerios, por ejemplo el de Educación tenía comprometidos 250.000 millones de pesetas con su consejero gallego Jesús Pérez, que elogió los planes de la ministra de Ciencia y Tecnología y del
ministro de Administraciones Públicas, pero de momento todavía no se ha puesto nada en marcha. Esos son simplemente botones de muestra de la situación actual.
El señor PRESIDENTE: Señora López, le ruego que vaya terminando.
La señora LÓPEZ GONZÁLEZ: Voy concluyendo, señor presidente.
De esa inversión a la que usted se refería, hasta el año 2001, que es hasta donde se ha podido hacer la evaluación, se han gastado 400 millones del billón que usted mencionaba, y parte de ese dinero se ha pagado a la empresa que se ha
encargado de su puesta en marcha.
Como le decía, el portal, al que usted se ha referido como el primer proyecto, el más ambicioso, en el que empezaron a trabajar en septiembre del año 2000 y pusieron en funcionamiento el 4 de septiembre del año 2001, y que estuvieron un año
estudiando, no sirve para la Administración y menos para el administrado, porque no reduce los plazos y hay que seguir acudiendo a las oficinas y guardando cola. Tenemos la impresión de que lo que hemos digitalizado es el vuelva usted mañana, a lo
mejor es más moderno decirlo así. Es una realidad que somos, y usted lo sabe, el país con menor acceso a Internet, el que tiene menos acceso en el mundo rural, el del monopolio en las redes y el del control de precios. El fracaso es visible: es
malo y además disperso.
Señor secretario de Estado, así nos hemos presentado en Europa y nos hemos comprometido con otros
países de la Unión Europea, con nuestro ejemplo, a la apuesta que hizo la Administración sobre la administración electrónica y la sociedad de la información en la cumbre de Feira, en Portugal, para mejorar la calidad de la Administración y
de los servicios públicos, para que todos los ciudadanos tengan acceso fácil al servicio administrativo. No sé lo que van a hacer en la cumbre de San Millán de la Cogolla, en La Rioja, porque no somos precisamente un ejemplo a seguir. Señor
secretario de Estado, quizá antes de comprometernos con los demás países a asumir determinados proyectos comunes habría que mejorar nuestra Administración, porque tenemos el reto urgente e imprescindible de simplificar la Administración, para que
esta esté más próxima al ciudadano, y modernizarla definitivamente de una forma clara y contundente.
La anécdota a la que me refería es que esta mañana me he conectado a la red y he visto todos los proyectos de portal único: administraciones, formularios, Internet, pista ventanilla única, pista ventanilla empresarial, y ni siquiera ustedes
tienen actualizada su propia información. De hecho, en unos casos aparece el presupuesto previsto, pero en la mayoría de ellos ni siquiera aparece; por supuesto, la ejecución presupuestaria no está en ninguno. Esto suele ocurrir cuando se hacen
proyectos con gran autobombo, pero la realidad es que nos encontramos con que no se dispone de información de la ejecución presupuestaria; no se dispone de información del presupuesto previsto; el presupuesto previsto en pista ventanilla única del
MAP es cero; la ejecución presupuestaria es cero; en la ventanilla única empresarial no se dispone de la ejecución presupuestaria; y en los formularios administrativos por Internet la ejecución presupuestaria ha sido cero.
Señor secretario de
Estado, parece que la realidad no es la misma que la que usted nos ha contado esta tarde en esta Comisión.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean intervenir? (Pausa.)
Por el Grupo de Izquierda Unida, tiene la palabra don Antero Ruiz.
El señor RUIZ LÓPEZ (don Antero): Gracias, señor secretario de Estado por su comparecencia hoy en esta Comisión.
En principio, quisiera hacer algunas consideraciones generales.
Reconocemos, y no nos duelen prendas, que en el terreno en el que estamos discutiendo hoy se ha avanzado un notable trecho en los últimos años, en parte porque se partía de la
nada más absoluta en materia de administración electrónica, pero también, no hay que negarlo, porque el Gobierno de la nación está realizando ciertos esfuerzos en materia de administración electrónica al calor del plan INFO XXI y de las iniciativas
de Gobierno de la Unión Europea.
Ahora bien, queremos poner de relieve que uno de los mayores cuellos de botella de un acuerdo para el desarrollo de la administración electrónica en España se centra en la escasa penetración de las nuevas tecnologías en la vida diaria del
común de los ciudadanos. A pesar de los avances realizados en los últimos años, España sigue ocupando los puestos del furgón de cola de la Unión Europea en cuanto al número de ordenadores personales en los domicilios, uso no profesional de
Internet, comercio electrónico, etcétera. Para comprobar este extremo basta con consultar los informes anuales de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones e incluso las publicaciones del propio Ministerio de Ciencia y Tecnología. Por
tanto, lo primero que es necesario resaltar en relación a la implantación de la administración electrónica en España es que la misma será difícil en tanto en cuanto la sociedad de la información ha tenido, al menos de momento, una penetración
reducida en España. No se puede conseguir que una gran parte de los administrados se relacione con las administraciones públicas a través de Internet si estos administrados en su vida privada no usan a su vez la red. Por poner un ejemplo que todos
comprenderemos, es difícil que millones de ciudadanos se dirijan a las administraciones públicas a través de Internet si previamente esos millones de consumidores no compran entradas para el cine, libros, música y otros productos a través de la
propia red.
En segundo lugar, quiero referirme a los problemas que vamos a llamar de tipo tecnológico. Es evidente que tanto la sociedad de la información como la administración electrónica necesitan de herramientas tecnológicamente avanzadas, y en
este campo en España también llevamos cierto retraso respecto a las sociedades occidentales más avanzadas. Los problemas para la implantación en España de las soluciones tecnológicas con gran ancho de banda son notables y precisamente en estos
meses estamos asistiendo al lanzamiento de la ADSL para clientes no corporativos a precios reducidos, aunque todavía no plenamente asequibles. Como es evidente, del desarrollo de estas soluciones de banda ancha depende también en gran medida la
posibilidad de implantar una administración electrónica eficaz y omnicomprensiva.
Paso a continuación a realizar una serie de preguntas o mostrar algunas inquietudes parciales o particulares en relación a la administración electrónica, que espero que el señor secretario de Estado sea capaz de aclarar a este grupo
parlamentario. Los operadores públicos y privados involucrados en la sociedad de la información y en la administración electrónica nos han hecho llegar su preocupación con relación a determinados asuntos. Se denuncia un general retraso en los
plazos de ejecución de acciones emblemáticas de la administración electrónica contenidas en el plan INFO XXI. A este respecto solicitamos información precisa de qué actuaciones va a tomar el Gobierno para acelerar las referidas ejecuciones.
Por otra parte, hay una denuncia generalizada de carencias en materia de formación de las y los funcionarios que deben trabajar en la implantación de la administración electrónica. Como en el caso anterior, nos interesaría que el señor
secretario de Estado nos informase de las actuaciones en materia de formación y capacitación del personal al servicio de todas las administraciones públicas en esta materia, pues, como es evidente, sin un funcionariado bien formado en estas nuevas
tecnologías será muy difícil impulsar la administración electrónica que todos necesitamos. En tercer lugar, hay ciertas críticas, no sólo entre los funcionarios sino también entre los internautas y las empresas privadas del sector, respecto al
cuello de botella que está jugando la deficiente legislación vigente en materia de relaciones telemáticas entre los administrados y las administraciones públicas, no pudiendo salvarse estas dificultades simplemente con la reciente reforma de la Ley
30/1992, en la Ley de acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado o con la actual legislación en materia de firma electrónica. Por ello, nos gustaría conocer de primera mano cuáles son los planes de los ministerios de Ciencia y
Tecnología y de Administraciones Públicas en este campo. Es decir, cómo se va a mejorar el insatisfactorio marco que forma la actual normativa sobre firma electrónica, en conexión con la Ley de régimen jurídico de las administraciones públicas.
Continúo con las cuestiones parciales, señor secretario de Estado. Tenemos interés en conocer si la crisis de Enron y Andersen en Estados Unidos ha podido afectar a alguna de las empresas españolas que realizan labores de consultoría de
todo tipo, en materia de administración electrónica, para la Administración general del Estado, dado que es público y notorio que la rama española de cierta consultora, en estos momentos en crisis mundial, es una de las principales asesoras de la
Administración general del Estado en materia de administración electrónica. También nos interesa saber cómo van las firmas de convenios entre administraciones públicas, para completar de forma efectiva el objetivo de la ventanilla única, que no es
otro que lograr que cualquier documento presentado ante cualquier Administración pública surta efecto ante la Administración pública competente, pero realizando una compresión digital o electrónica del propio concepto de ventanilla única. A este
respecto, debemos hacerle saber que vemos con buenos ojos la apertura del portal INFO XXI a las comunidades autónomas y que también nos parece correcto que la Administración general del Estado y las comunidades autónomas se reúnan para trabajar en
materia de administración electrónica. Estos no son más que los primeros pasos que deben darse para una verdadera Administración pública en red virtual y telemática.
No quiero finalizar sin hacerle una matización con relación a la administración electrónica y los derechos políticos de los ciudadanos.
Nos parece bien, como no podía ser de otra manera, que se trabaje por facilitar el derecho de petición
gracias a las nuevas tecnologías, pero consideramos necesario hacer un esfuerzo similar en campos de mayor relevancia, como puede ser el de la iniciativa legislativa popular, que también se podría beneficiar de las posibilidades de las nuevas
tecnologías. A este respecto, el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida ya ha presentado una proposición de ley, pero queremos conocer los planes del Gobierno para facilitar la participación política de los ciudadanos en eso que los
expertos llaman teledemocracia o democracia participada, gracias a las nuevas tecnologías. No puedo acabar, y créame que lo lamento, sin una mención al portal ciudadano del Ministerio de Administraciones Públicas. El dominio administración.es
causa entre los internautas en particular, y entre los ciudadanos en general, no ya el enfado o la perplejidad, sino simplemente la risa. Estamos ante una web que, según todos los usuarios con los que hemos consultado, nada ofrece y no facilita
nada apreciable. Este grupo parlamentario no quiere dar pábulo a este tipo de acusaciones, pero la mera visita a la citada página web produce sonrojo. Señor secretario de Estado, no quisiera que este último inciso alterase el tono de mi
intervención. Como ya he dicho, hay avances en materia de administración electrónica que no se pueden negar.
Tenemos dudas y peticiones de información que acabamos de plantear y a las que esperamos respuesta. Queremos insistir en que sin atacar
los cuellos de botellas tecnológicos (en lo relativo a la banda ancha) y sociológicos (en lo que tiene que ver con el número de internautas españoles) será difícil la implantación de una administración electrónica real y eficaz. Finalmente, nos
parece oportuno reiterar que no habrá administración electrónica sin una colaboración y una cooperación fructífera entre la Administración general del Estado, las comunidades autónomas y las corporaciones locales.
Nada más.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió tiene la palabra doña María Luisa Expósito.
La señora EXPÓSITO MOLINA: Señor secretario de Estado para la Administración Pública, quiero agradecerle su presencia hoy aquí, ya que ello me da la oportunidad de hacerle llegar la voz del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i
Unió, al cual represento. Lo haré muy rápidamente; seré muy breve, porque simplemente quiero hacerle una petición.
Nos gustaría pedirle que tenga en cuenta las necesidades de las personas que carecen de visión al implantar la administración digital y electrónica. Las nuevas tecnologías no pueden ser motivo de exclusión social sino que, por el contrario,
deben ofrecer a los colectivos con deficiencias la oportunidad de integrarse en
una sociedad mucho más solidaria. Esto es importante no sólo para mi grupo sino para todos los grupos con representación parlamentaria. Quiero recordarle que la Generalitat de Catalunya firmó el día 23 de julio de 2001 un pacto para la
promoción y el desarrollo de la sociedad de la información en las administraciones catalanas, pacto que fue firmado por la Generalitat, por todos los grupos políticos presentes en el Parlamento catalán y Localred en representación de los municipios
de Catalunya. En este acuerdo, entre otras muchas cosas, se garantizaba el acceso de todas las personas a la formación y al conocimiento.
En esta sociedad plural, donde existen personas que padecen discapacidad visual, todos los grupos debemos intentar plantear propuestas que acerquen las nuevas tecnologías a la sociedad, así como crear para personas que padecen algún tipo de
discapacidad iniciativas que puedan ayudarles de forma real y efectiva a una mejor integración social. Por ello, al llevar a cabo la implantación digital solicitamos que se tengan en cuenta a las personas con algún tipo de discapacidad visual,
personas ciegas o con baja visión. Asimismo, deberían tener en cuenta las llamadas pautas de accesibilidad para personas ciegas, estas pautas que en España están difundiendo tan bien la ONCE o la Fundación Manuel Caragol. Son instituciones de la
sociedad civil que están ayudando a esa mejor integración de las personas con discapacidad visual. Las nuevas tecnologías, señor secretario de Estado, son ese gran instrumento que les va a permitir nuevas y mejores oportunidades. Esta petición se
presenta a favor de los colectivos citados e intenta concienciarnos y concienciar a los poderes públicos para que tengan en cuenta sus dificultades tan especiales.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra don Rafael Merino.
El señor MERINO LÓPEZ: También intervendré con brevedad, señor presidente.
Las primeras palabras del Grupo Parlamentario Popular son para agradecer al señor secretario de Estado su comparecencia hoy aquí y su explicación profunda, pero concisa, a pesar de lo amplio que podía ser el tema. Desde el Grupo
Parlamentario Popular hoy sacamos una conclusión clara, contundente y que se ajusta a la realidad de la situación: Hay un proyecto del Gobierno de administración tecnológica, que se está ejecutando, que está haciendo más moderna la Administración y
que está permitiendo que se acceda a los nuevos sistemas que están implantándose en todo el mundo. Evidentemente, la mejor respuesta ha sido alguna que se ha dicho aquí. Desde el Grupo Parlamentario Popular queremos expresamente agradecer al
portavoz de Izquierda Unida el reconocimiento que ha hecho del esfuerzo que está realizando el Gobierno y de que se está implantando la administración tecnología y telemática. Cuando lo dice Izquierda Unida, y no el Gobierno ni el Grupo
Parlamentario Popular, esa es la mejor respuesta que se puede dar a alguna visión catastrofista que hoy hemos escuchado en esta Comisión y a la que ya estamos acostumbrados, pero que evidentemente no aporta nada para solucionar los problemas y
mejorar la situación de la Administración. Quedará muy bien en el 'Diario de Sesiones' para el grupo de la oposición que lo menciona, pero a los ciudadanos y a la Administración le aportan bastante poco.
El señor secretario de Estado ha dado datos que son claros y que recogen muchas de las manifestaciones aquí expuestas, como son los de la colaboración y la cooperación que tiene que existir entre la Administración general, las comunidades
autónomas y los ayuntamientos. El señor secretario de Estado ha hablado acerca de la ventanilla única de la firma de 10 convenios con comunidades autónomas y más de 1.240 ayuntamientos. Ese espíritu de cooperación y de colaboración es un buen
reflejo -ratificado por las palabras que permanentemente dice el ministro de Administraciones Públicas en esta Comisión y en todas sus intervenciones sobre la colaboración que debe existir entre las administraciones- del diálogo y de la colaboración
del Gobierno con el resto de las administraciones y del hincapié que hace en que todas las administraciones dentro de su ámbito vayan accediendo a esta nueva administración.
Hay un dato importante y que viene a demostrar cómo está hoy nuestra Administración. El hecho de que más de 500.000 ciudadanos hayan presentado su declaración de renta a través de medios tecnológicos, lo cual ha supuesto un incremento del
434 por ciento, viene a demostrar el salto cualitativo y cuantitativo que año tras año se está haciendo en cuanto a la modernización de la Administración, y es la mejor respuesta para quien suele visitar poco las instalaciones de la Administración
general del Estado y no comprueba la situación de modernidad.
Evidentemente, estamos convencidos de que el Gobierno va a hacer un gran esfuerzo para que los discapacitados tengan mayor facilidad de acceso a estos nuevos sistemas. Estamos
convencidos de la sensibilidad del Gobierno en cuanto a esa cuestión que se ha planteado.
No debe hablarse de que el portal es mejor o peor -un portal que nace el 4 de septiembre del año 2001; prácticamente no lleva ni seis meses de vigencia- ni entrar a criticarlo cuando su vigencia es mínima. Necesita su desarrollo y su
tiempo para que vaya mejorando día a día, como se está produciendo. Nos gustaría, con respecto a la nueva administración que se está llevando a cabo, que cuando se realiza el debate presupuestario no se criticara al Gobierno por invertir en
externalización de servicios, porque para poder llevar muchos de estos proyectos adelante es necesario que el Gobierno externalice servicios. Si cuando estamos en el debate presupuestario se critica al Gobierno para que no saque fuera
de la Administración contratación externa para que se pueda llevar a cabo estos proyectos y cuando en esta Comisión estamos hablando de administración tecnológica y moderna se critica que el Gobierno no hace las actuaciones necesarias, nos
pasamos la vida permanentemente criticando y en una contradicción permanente a la que ya se nos tiene acostumbrados alguna formación política.
Como conclusión, el Grupo Parlamentario Popular quisiera felicitar al Gobierno, a usted, a todo su equipo y a todos los miembros del Ministerio por el trabajo que se viene realizando en lo referente a esta cuestión.
Quisiera animarles a que
se siga avanzando en este proceso y reiterarles la sensibilidad -sabemos que ustedes y este Grupo Parlamentario Popular la tienen- en cuanto a facilitar mejor el acceso de los discapacitados a la administración tecnológica; que se siga esa
colaboración con comunidades autónomas y con ayuntamientos; que se siga -como usted bien ha dicho- en ese proceso de formación continua de los funcionarios, porque era un elemento primordial; y que se siga llevando a cabo la inversión
presupuestaria que año tras año se está haciendo desde el Ministerio.
El señor PRESIDENTE: Para responder a las intervenciones de los diversos grupos, tiene la palabra el señor secretario de Estado para la Administración Pública, don Ignacio González.
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (González González): Trataré de seguir sus recomendaciones sobre la brevedad.
En primer lugar, sí quiero señalar que después de oír algunas de las intervenciones de los portavoces el ámbito de esta Comisión no es exactamente el ajustado a alguna de las cuestiones que ustedes han planteado o, sin duda alguna, el ámbito
de la propia comparecencia tampoco es propio según alguna de las intervenciones que se han hecho aquí. En todo caso, y dentro de lo que es mi responsabilidad y mi conocimiento voy a tratar de dar algunas respuestas en torno a ello. Le reitero que
el ámbito de mi responsabilidad se refiere a la administración electrónica en el ámbito de la Administración general del Estado. Por lo tanto, es eso lo que le corresponde desarrollar y tutelar al Ministerio de Administraciones Públicas. En
segundo lugar, cuando estamos hablando de la administración electrónica lo hacemos fundamentalmente, dentro del ámbito de la Administración general del Estado, de aquellos proyectos de administración electrónica que el Ministerio de Administraciones
Públicas tiene que impulsar, con el objetivo final de hacer que cada uno de los responsables pueda prestar sus servicios a través de la red. Por lo tanto, ese tiene que ser el ámbito en el que nos movamos, entre otras cosas porque algunas de las
cuestiones que se plantean aquí lamentablemente no se las voy a poder contestar, porque no son de mi responsabilidad y no tengo los datos necesarios para hacerlo adecuadamente.
En cuanto al planteamiento de la intervención de la señora López -se lo digo con todo cariño-, hay una cierta confusión entre los asuntos que usted ha expuesto y quizás en algunos casos un poco de desconocimiento sobre lo que realmente
pretenden ser los proyectos tecnológicos que nosotros estamos desarrollando desde el punto de vista de la introducción de la administración electrónica. No voy a entrar en cuestiones como que el Gobierno tiene buen marketing o no. Ojalá, porque
nos acusan tradicionalmente de no tenerlo. Si usted nos dice que lo tenemos bueno, no sabe lo que me tranquiliza y estoy encantado de que lo tengamos.
Normalmente, cuando alguien tiene un buen marketing es porque tiene algo que vender; eso es lo
que nosotros estamos haciendo. Es decir, como usted misma ha reconocido, nosotros estamos realizando un gran esfuerzo desde la legislatura pasada en poner en marcha toda una serie de iniciativas dirigidas a mejorar la organización y el
funcionamiento de la Administración. También he dicho aquí -lo he dicho muchas veces- que los proyectos de mejora de la Administración no son exclusivos ni de este Gobierno ni del anterior -cuando digo el anterior me refiero al de la legislatura
pasada-, ni tampoco de los anteriores. Es una constante de todos los que han tenido responsabilidades públicas ir impulsando siempre transformaciones y mejoras de los servicios públicos; no es patente exclusiva del que está en un determinado
momento, y la prueba es que la Administración avanza y se renueva durante todo el tiempo, porque todos los que están al frente de ella sienten, como es lógico, la necesidad de hacerlo así; eso significa que hubo avances antes de nuestra llegada
pero también -créanme- que los hay y los habrá durante nuestra estancia en el Gobierno. En el ámbito de la administración electrónica le puedo asegurar que los ha habido. De hecho tenemos un portal, probablemente mejorable, con seis meses de vida
nada más, por tanto, relativamente joven, pero antes no teníamos ninguno. Internet y las nuevas tecnologías existen desde hace mucho tiempo. De hecho había 1.300 páginas web en los años 1998 y 1999 y nadie sintió la necesidad de ordenar todo lo
que estaba por ahí disperso para dar servicio al ciudadano. También existían evidentemente servicios que se prestaban a través de la red, pero estaban dispersos y lo conocían solamente las personas que tenían una cierta vinculación con ellos. En
definitiva, nosotros hemos tratado, como usted muy bien decía, de empezar la casa por los cimientos, no por el tejado, poniendo la base y ordenando lo que tenemos, racionalizándolo y permitiendo que el ciudadano que no esté familiarizado con el uso
las nuevas tecnologías tenga facilidad de acceso y pueda llegar a partir de ahí a los servicios de su interés; pero no se confunda, nosotros no pretendemos sustituir en el portal a los gestores de los servicios. Esa no es nuestra pretensión y el
que lo
pretenda se equivocará. El servicio, a través de la red o con presencia física, lo tendrá que seguir dando el responsable de turno. Lo único que nosotros tendremos que generar son las condiciones para que sea posible hacerlo desde un punto
de vista tecnológico, con calidad, eficacia, eficiencia, etcétera; pero es el responsable del servicio el que lo tendrá que hacer. Hoy, aunque a usted le parezca poco, poner servicios en red cuesta un mundo. En seis meses nosotros hemos mejorado
los servicios en red, los procedimientos en red, los impresos en red, hemos reducido los tiempos de respuesta, los tiempos de acceso de los internautas al portal e introducido muchísimas modificaciones, y más que vamos a introducir desde ahora a
final de año. Esto es un servicio de mejora continua y a ello nos vamos a dedicar, porque ese es el compromiso que tenemos asumido.
Puede que yo no me haya explicado muy bien, lo cual es posible, o usted no me ha entendido bien, porque no sólo en esta intervención, sino en otras que yo he tenido en esta Cámara relativas a las nuevas tecnologías acerca de los
procedimientos de administración electrónica me he centrado en los que son efectivamente administración electrónica. Esos procedimientos de administración electrónica están dentro de un plan de modernización más amplio que incluye otra serie de
proyectos dirigidos a la mejora de la organización y funcionamiento de los servicios públicos, a los que no me he referido en esta ocasión, primero, porque no es el motivo de la comparecencia y, segundo, por la brevedad que me pide el presidente,
pero que en otra ocasión, con mucho gusto, estoy dispuesto a hacerlo: planes de calidad, de evaluación, de simplificación, el programa de ventanilla única empresarial y un sinfín de procedimientos.
Usted ha hecho referencia a la guía de gestión de servicios, que está puesta a través de conexiones de informática, de Intranet y de Internet, en nuestro servicio de información de la Dirección General de Inspección desde hace mucho tiempo.
Tenemos 400 procedimientos básicos de uso masivo que son de fácil acceso, pero no de ahora, sino desde hace mucho tiempo.
En el portal están los 170 de mayor uso y nunca hemos dicho que los impresos vayan a estar en la fecha a que S.S. se ha
referido para rellenarlos. Lo que hemos dicho es que están ahí, que se pueden consultar, se pueden conocer y en muchos de ellos se pueden obtener los impresos. Es verdad -eso ya lo anunciamos en su momento- que no se pueden remitir porque todavía,
como usted sabe o debería saber, es necesario contar con un sistema de certificación electrónica, es necesario que estén habilitados los ordenadores y los procedimientos para que eso se pueda producir así. Por lo tanto, si usted tuviera en estos
momentos un certificado de firma electrónica, con la modificación que aprobamos en la Ley de acompañamiento del año pasado relativa a registros y comunicaciones telemáticas, hoy podría usted hacer comunicaciones como las que de hecho se pueden hacer
en el Ministerio de Economía, que han empezado este año como experiencia piloto, donde se están emitiendo certificados digitales a quien lo pide, fundamentalmente los funcionarios de esta casa para hacer gestiones a través de la red. Este es un
proceso progresivo que lógicamente exige ir poco a poco en la experimentación de este tipo de nuevas iniciativas, porque desgraciadamente esto no está lo suficientemente extendido para que se pueda generalizar y funcionar de manera más sencilla,
como a todos nos gustaría. Por lo tanto, señoría, no debemos confundir unas cosas con otras, porque si no perderemos la referencia de cuál es el objetivo de cada uno de los proyectos que en estos momentos estamos desarrollando.
Yo no voy a entrar en la discusión de lo que es un servicio o no. Si usted considera que dar una información sobre el estado de las carreteras o sobre el servicio meteorológico o sobre cualquiera otra de estas circunstancias no es tal,
decida usted misma; yo no voy a entrar a discutir esa cuestión. En lo que sí quiero insistir es en que me preocupa la confusión, porque puede dar lugar a una desorientación en la información. Usted me dice que no tengo el portal actualizado y
como ejemplo de ello me menciona los presupuestos. Los presupuestos nunca han estado, depende de qué presupuestos y depende de dónde esté entrando usted; que no esté no significa que no esté actualizado, a lo mejor es una información que no está o
no tiene que estar. También me dice que no pongo el coste del Pista-Ventanilla, ni el coste de la elaboración de los impresos que se ponen en red. No se pone porque no cuesta nada, lo hace nuestra gente, cómo va a costar algo. Le he explicado que
Pista-Ventanilla no nos cuesta nada porque se hace por el Ministerio de Ciencia y Tecnología que pone el dinero a través de los programas propios que desarrolla y que hace un contrato, en este caso con El Corte Inglés (informática). Si usted le
pregunta al Ministerio de Ciencia y Tecnología y ve la publicación tan interesante y amplia como la que yo tengo en mis manos, donde está lo que cuesta cada uno de los proyectos pista y quién participa, seguramente saldrá de todas sus dudas sobre
los costes y objetivos de estos proyectos, a quién afecta, a quién no afecta y cuáles son las empresas y las administraciones que participan en cada una de estas iniciativas. Esto es un elemento esencial para no confundir a la gente.
Desde el punto de vista de la participación yo he explicado aquí ya quienes son las entidades que participan en los proyectos de Pista-Ventanilla única. No me voy a extender porque el presidente me mira para que acorte, pero aquí tiene
usted los ayuntamientos y las comunidades autónomas que vienen participando en todos los proyectos de nuevas tecnologías que desarrollamos en colaboración con las comunidades autónomas, en este caso en el proyecto Pista-Ventanilla II. Se trata de
comunidades del Partido Popular, del Partido
Socialista y ayuntamientos de todos los colores y niveles de nuestro país.
Le vuelvo a decir que, afortunadamente, la ventaja de este asunto es que da para poca discusión política, porque el objetivo de mejora en el funcionamiento de los
servicios es una constante con carácter general y no creo que haya nadie que se oponga a ninguna de estas iniciativas. Por lo tanto, tenga usted la absoluta tranquilidad de que estamos trabajando en colaboración con todos, que los proyectos son una
realidad que usted puede contemplar, éstos y muchos otros sobre los que podemos discutir hoy y otros días, cuando usted quiera. No tenga usted la más mínima preocupación porque esto está produciendo un avance importante desde el punto de vista de
la posición de nuestro país en el ámbito de la administración electrónica.
Yo le recomiendo que además de todo lo que a usted le cuentan-permítame que le diga que responde a un discurso un poquito estereotipado-, coja los análisis internacionales y vea cual es el estado de la aplicación de estos objetivos de la
iniciativa Europe en España. Analice usted los estudios de las consultoras internacionales que tienen encomendado este asunto. Coja los estudios de Accenture, de Cap Gemini y de otras grandes empresas y mire cual es la posición de España desde el
punto de vista del cumplimiento de los compromisos de la Unión Europea a los que usted se refería. Créame, no estamos tan mal. Evidentemente nosotros venimos desde más atrás, pero estamos haciendo un esfuerzo muy importante. El propio estudio de
Accenture del año pasado nos coloca en estos momentos en medio de la posición de los 22 países del mundo que toma como referencia para hacer este asunto. Cap Gemini, analizando cada uno de los 20 servicios básicos que están dentro de la iniciativa
europea aprobada en Lisboa, nos va analizando uno a uno, y ahí podrá ver usted exactamente cuál es la posición de España, que es equivalente a la de los países de nuestro entorno.
Sobre la intervención del señor Antero Ruíz quiero agradecerle el reconocimiento de los esfuerzos que se están realizando en este sentido por parte del Gobierno. Alguna de las cuestiones que usted me plantea, como le decía al principio, no
son responsabilidad de mi Ministerio, por lo que no le puedo contestar; no sé cuál es la implicación de la crisis de Enron. Desde luego, a nosotros no nos afecta, no tenemos ninguna relación con ninguna de las empresas que tengan vinculación con
esto.
Desde el punto de vista de los retrasos de algunos de los proyectos de INFO XXI yo sólo le puedo informar de los nuestros y no de otros que sean objeto de desarrollo por otros ámbitos de la Administración, que son muchos. Me remito a la
comparecencia que hizo el señor secretario de Estado de Telecomunicaciones en el Senado a finales del año pasado, en la que fue detallando cual es la situación de las distintas trescientas y pico iniciativas que se contienen en ese proyecto; allí
probablemente encontrará respuesta a los proyectos que a usted le interesan dentro de este plan. Ya le he dicho que la mayor parte de los cursos de formación de los tres últimos años en los planes que estamos desarrollando -no sólo nosotros sino
los agentes sociales que participan en el plan de formación continua- están siendo dirigidos fundamentalmente a las nuevas tecnologías, porque es una preocupación sentida, tanto por los propios trabajadores como por las organizaciones, la demanda de
estas necesidades de conocimiento de nuevas tecnologías para el desarrollo profesional de los trabajadores y en esa línea vamos a seguir trabajando.
En cuanto a la ventanilla única electrónica he dado los datos al principio y entiendo que usted no los había oído. Vuelvo a repetir que en estos momentos tenemos 10 comunidades autónomas y 1.240 ayuntamientos que han suscrito el convenio
bilateral para suscribirse al proyecto de ventanilla única electrónica y permítame decirle que el final de su intervención no me ha parecido razonable. Dice que el portal mueve a risa. No sé a cuántos ha consultado usted, pero tenga en cuenta que
han accedido dos millones cuatrocientos y pico mil internautas al portal. Decir que estos señores acceden a un sitio que a usted le parece que induce a risa y a sonrojo y descalificar de esta manera el uso que más de 20.000 ciudadanos españoles
hacen diariamente del uso del portal no me parece razonable. Me parece razonable y admisible que a usted o a ustedes o a quien le haya asesorado en relación al contenido del portal no le guste el mismo, me parece bien y también me parece razonable
y admisible que usted critique su contenido. No me parece bien que lo califique como lo ha hecho y que descalifique indirectamente a las personas que día a día están haciendo uso de este servicio.
Por último, en relación con la intervención de la representante de Convergència i Unió, dentro de los objetivos de mejora que a medio plazo nos planteamos cuando inauguramos el portal, uno es permitir que sea de acceso a los discapacitados
visuales. En este sentido, tenemos cerrado con el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales un convenio de colaboración para desarrollar el protocolo que está establecido en los portales para el acceso a estas personas discapacitadas visuales y
estamos trabajando en un diseño que responde en la primera página a que puedan tener una versión sólo texto de fácil acceso, que esperamos esté operativa a lo largo de los próximos meses. Agradezco la intervención del portavoz del Grupo
Parlamentario Popular y debo señalarle que en la medida de nuestras posibilidades seguiremos adelante con estos proyectos que hemos planteado. (La señora López González pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Un minuto exacto, señora López.
La señora LÓPEZ GONZÁLEZ: Señor secretario de Estado, se ha referido usted fundamentalmente a si conocíamos el último informe de evaluación de los servicios públicos que se sigue en el programa e-Europe. La evaluación de ese programa es
que somos los penúltimos -de los países de nuestro entorno sólo tenemos por detrás a Grecia-, en cada uno de los servicios analizados que figuran en los cuadros de referencia que ha manifestado usted somos los penúltimos. Me parece que su
conclusión al decir que estábamos en una buena situación no es correcta. Estamos en una mala situación de evaluación. ¿Que somos como las fincas, manifiestamente mejorables? Evidentemente, ¡claro que tenemos que mejorar, claro que esto es una
evaluación continua y claro que se trata de un interés continuo por modernizar la Administración! ¡Hasta ahí podíamos llegar, que hiciéramos la primera intervención y ya no hiciéramos ninguna más!
El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (González González): No sé de dónde saca la señora portavoz ese dato, pero yo lo tengo aquí delante. (El señor secretario de Estado muestra unos gráficos.) Como puede ver, esa es
la posición en la que está señalada España en el resumen de los 20 servicios. Como ve usted, está en el medio. Si quiere más información, como esto es público y la empresa lo publica, aquí tengo servicio a servicio, donde se va viendo la posición
de España en cada uno de ellos, en unos atrás, en otros delante y este es el cuadro-resumen de la media. Le agradecería a S.S. que si tiene otro estudio distinto del mío me lo haga llegar cuanto antes.
PREGUNTAS. (Continuación.)
- DE LA SEÑORA SERNA MASIÁ (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA) SOBRE APLICACIÓN DE LA REFORMA LABORAL EN EL ÁMBITO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS PARA AUMENTAR LA TASA DE EMPLEO FEMENINO. (Número de expediente 181/001038.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a las preguntas orales en Comisión empezando por la presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, que hace referencia a la reforma laboral en el ámbito de las administraciones públicas para aumentar la tasa
de empleo femenino. Tiene la palabra doña Juana Serna.
La señora SERNA MASIÁ: Bienvenido, señor secretario de Estado. Esperamos que se encuentre mejor porque sabíamos que tenía una afección gripal y en la Cámara durante un par de meses todos hemos sabido lo molesto que eso es.
En una respuesta escrita del Ministerio de Administraciones Públicas me indicaban textualmente a mi pregunta sobre la aplicación de la reforma laboral en el ámbito de las administraciones públicas para aumentar la tasa de empleo femenino (la
pregunta era textualmente qué implicaciones tenía la reforma laboral en el ámbito de las administraciones públicas para aumentar la tasa de empleo femenino), y la leeré porque es muy breve: El artículo 6 de la Ley 12/2001, de 9 de julio, de medidas
urgentes de reforma del mercado de trabajo para el incremento del empleo y la mejora de su calidad prevé una serie de incentivos para fomentar la contratación indefinida de trabajadores con especiales dificultades para el acceso al mercado de
trabajo. Dentro de estos colectivos que tienen especiales dificultades figura las mujeres desempleadas. En el caso de las administraciones públicas la aplicación de estos incentivos no puede justificar un aumento de la tasa de empleo femenino, ya
que el acceso a la Función pública viene determinado por imperativo constitucional por los principios de igualdad, mérito y capacidad. Estamos plenamente de acuerdo, señor secretario de Estado; no iba por ahí y de ahí la sorpresa que me llevé y
por eso la convertí en una pregunta oral, para que pudiéramos debatirlo. La sorpresa estaba, en primer lugar, en cuanto al acceso a la Función pública. Es verdad que el principio de igualdad prima sin la menor duda, pero aunque está en el acceso,
en el mercado de trabajo en general la igualdad brilla un poco por su ausencia. Le voy a dar datos, datos de ustedes, y digo de ustedes porque hace poco, en un debate de televisión, donde cada uno de mis contertulios tenía unos datos totalmente
distintos de los que yo tenía, tuvimos que tomar una decisión acerca de aquellos con los que íbamos a trabajar y yo dije que sobre los míos, pero no porque fueran los míos, sino porque los he obtenido del Gobierno, y en un Estado democrático y de
derecho se supone que esos siempre son los mejores. De estos datos me voy a fiar. En una pregunta sobre hombres y mujeres empleados como laborales y como funcionarios en las administraciones públicas me dice el ministerio lo siguiente: El número
en total, tanto de funcionarios como de laborales, es el siguiente: Las mujeres representan el 45,58 por ciento, los varones el 54,42 por ciento. Si desglosamos esas cifras -lo voy a hacer rápido, pero verá usted como es muy interesante- se dice
que en el grupo A los hombres son el 67 por ciento (no doy decimales; dice el 67,8, pero daré números redondos). En el grupo B los hombres son el 56 por ciento. En el grupo C los hombres son el 60 por ciento. En el grupo E los hombres son el 81
por ciento. Sólo en el grupo D las mujeres son un poco más, el 53 por ciento.
Por tanto significa que en el ámbito de las administraciones públicas el principio de igualdad en el acceso seguramente funciona. En el mercado laboral, aunque sea en
el sector público, funciona muy mal, señor secretario de Estado. Aunque voy con prisa, le voy a
gastar una pequeña broma. Hablamos de administraciones públicas, hablamos de la Administración del Estado. En la última convocatoria de este año de tropa profesional en la ciudad de Valencia, en el regimiento de transmisiones tácticas
número 21 de marines, han accedido más mujeres que hombres y, cosa curiosa, cuando ellas ya han conseguido ser marines -lo he comentado a veces con la diputada Ferrando-, en el momento de realizar las tareas de guardia de servicio, de cuartel o
imaginaria, las hacen los marines porque a las marines las ha dedicado su autoridad competente a los servicios de limpieza y de cocina. De manera que deberíamos ser mucho más cuidados cuando hablamos de los principios de igualdad.
Teniendo en cuenta toda esta serie de cuestiones, le indico, aunque usted lo sabe perfectamente, que ha habido una serie de recomendaciones importantísimas en el ámbito de la Comisión Europea. Precisamente lo que dice la Comisión Europea en
el análisis anual que hace sobre el empleo en Europa, a partir del año 1999 -leo textualmente-, es que a pesar de la evolución favorable de la economía española, España sigue teniendo un paro elevado, mucho empleo temporal y las mujeres siguen
castigadas en este ámbito con especial dureza. En esta crítica se señalaba que estábamos en muy mal lugar, porque seguimos con una tasa del 37 por ciento, y usted sabe que es muy alta. La Comisión, como creo que saben todas SS.SS. o por lo menos
las señorías que quedan esta tarde, hace una serie de recomendaciones en las que se pide que tiene que hacer un esfuerzo muy grande de aquí al año 2009, pues nos falta casi un millón de empleos a las mujeres españolas por parte de los gobiernos. Se
hace esa recomendación para cumplir el principio de igualdad entre hombres y mujeres y que las mujeres accedan con mayor facilidad al mercado de trabajo. Pues aquí está el asunto y era la sorpresa que yo me he llevado, y es que tiene razón el
ministerio cuando me contesta que la Ley 9/2001, de medidas urgentes de reforma del mercado de trabajo para el incremento de empleo y la mejora de su calidad, contiene dos cuestiones en su articulado que van dirigidas específicamente a las
administraciones públicas. Como sabe, una es la nueva causa de despido por causas objetivas, que no es tema para mí esta tarde, y la otra es la creación de un nuevo contrato de inserción. Ese nuevo contrato de inserción es -según su documento- un
nuevo contrato temporal que se caracteriza por su utilización restringida en las administraciones y en entidades sin ánimo de lucro para que contraten desempleados inscritos en la oficina de Empleo para realizar una obra o servicio de interés
general o social y que debe servir como medio de adquisición de experiencia laboral y mejorar su ocupabilidad. Fundamentalmente está dedicado a los jóvenes y a las mujeres. Por ello mi pregunta y por eso me sorprendió mucho la respuesta del
ministerio de que teniendo en cuenta los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, no podía tener ninguna incidencia la reforma laboral en el ámbito de las administraciones públicas. No le voy a leer órdenes ministeriales de
ustedes muy interesantes que dicen cosas muy relevantes al respecto y que no se están cumpliendo. En ese sentido me sorprendió mucho la respuesta escrita, la convertí en pregunta oral por si me iluminaba mejor y daba un poco más de luz a este
problema en relación con el empleo, y le voy a decir por qué y con ello acabo. Este contrato de inserción es un instrumento específico del Gobierno para las administraciones públicas. Sería por lo tanto fundamental que las administraciones
públicas cumpliesen con este objetivo, de tal manera que si aumentásemos a través de ese contrato de inserción temporal el empleo de las mujeres desde el sector público, se daría un gran ejemplo al sector privado y cumpliríamos mejor las
recomendaciones de la Comisión Europea.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra para responder el señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (González González): Yo creo, señora Serna, que tanto su pregunta escrita como su pregunta oral estaban bien formuladas, pero referidas fundamentalmente a lo que ha sido el objeto
de nuestra contestación. Ahora, que hace una intervención mucho más amplia y mucho más explicativa de lo que usted pretendía, es evidente que va por otra cuestión. Yo creo que tanto nuestra respuesta como la que yo debería darle a su pregunta oral
es la que le dimos por escrito. No podemos establecer ningún tipo de discriminación para el acceso al sector público porque, como usted sabe, los criterios de acceso al sector público por cualquiera que sea la vía, tanto de funcionarios como de
laborales, obliga a respetar los principios de igualdad, mérito y capacidad. Por lo tanto aquí no existe discriminación; ni ha existido históricamente en el régimen estatutario ni puede existir en el futuro.
En cuanto a las dos reformas puntuales de tipos de contratos con los que se operó hace un año aproximadamente, eran para regularizar toda una serie de situaciones que se producían como contrataciones en el ámbito de las administraciones
públicas para el desarrollo de determinados programas singulares, que normalmente vienen financiados con cargo a fondos estructurales o de tipo europeo para la prestación de determinados servicios. Eso se canaliza normalmente a través de las
oficinas de Empleo por los procedimientos de selección que están establecidos dentro de estas oficinas y que además no van preferentemente dirigidos al ámbito de la Administración del Estado, sino fundamentalmente al ámbito de las administraciones
de las comunidades autónomas y de las corporaciones locales, a través de ese tipo de programas. Por lo tanto, habrá que cumplir las determinaciones que ahí se contienen. Si la normativa da prioridad, desde el punto de
vista de la contratación, a determinados colectivos, en este caso a las mujeres, lógicamente ese tendrá que ser uno de los criterios a tener en cuenta a la hora de la contratación de ese personal.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Serna.
La señora SERNA MASIÁ: Le recuerdo que precisamente el contrato de inserción está hecho para realizar una obra o servicio de interés general o social. Le voy a recordar una orden ministerial de fecha 19 de diciembre de 1997 que dice:
Bases reguladoras de la concesión de subvenciones en el ámbito de la colaboración con órganos de la Administración general del Estado y sus organismos autónomos, comunidades autónomas, universidades e instituciones sin ánimo de lucro que contraten
desempleados para la realización de obras y servicios de interés general y social. Ese es el ámbito que dio pie a que yo le plantease si estaban usando no solamente la Ley 9/2001 sino también esa orden ministerial, y si a través de esa orden
ministerial estaba aumentando el empleo de la mujer en el ámbito de las administraciones públicas, aunque fuese un empleo diferido a organizaciones sin ánimo de lucro, universidades, etcétera.
El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado.
EL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (González González): Eso es lo que le trataba de explicar, pero le insisto que la mayor parte de esos programas normalmente ya no son desarrollados directamente por parte de la
propia Administración del Estado, sino que son desarrollados, como usted ha señalado ahí, bien por organizaciones no gubernamentales o fundamentalmente por administraciones territoriales de ámbito inferior al Estado. Lógicamente es ahí donde
tendremos más datos sobre el uso que están haciendo de las facultades que dan prioridad a la contratación de la mujer para el desarrollo de este tipo de programas.
- DE LA SEÑORA SERNA MASIÁ (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA) SOBRE VALORACIÓN DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO IMPLANTADO EN LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO. (Número de expediente 181/001041.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta número 4, también presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre valoración del sistema de evaluación del rendimiento implantado en la Administración general del Estado. Tiene la palabra
otra vez doña Juana Serna.
La señora SERNA MASIÁ: Señor secretario de Estado, en la comparecencia que tuvo usted en octubre de 2000 para el debate de los Presupuestos Generales del Estado de 2001 dijo una cosa que a mí me interesó bastante.
No habló mucho de ello,
pero hizo alusión a uno de los programas en los que usted estaba interesado, que era el sistema de evaluación del rendimiento. Indagué un poco y lo único que pude saber entonces es que por acuerdo del Consejo de Ministros de 17 de julio de 1998 se
habían implantado unos sistemas de evaluación del rendimiento en los ministerios y que se había formado una comisión de coordinación para concienciar a estos de la necesidad de modernizar las administraciones. Hice una pregunta escrita para que me
ampliaran los detalles y me contestaron que la valoración que se hace de estos sistemas es muy positiva en cuanto que se han alcanzado los objetivos previstos. Ahora le hago la pregunta oral.
Teniendo en cuenta que es un sistema, se supone que
responde a un plan, que es un sinónimo de sistema, y que además tiene un método de trabajo y me gustaría que nos ampliase más detalles sobre este asunto, aunque sólo sea en los cinco minutos que tiene. ¿Cuáles son esos objetivos que se considera
que están alcanzados y de los que hay una valoración muy positiva? ¿Cómo se han evaluado? ¿Quién ha evaluado? ¿A quién se ha evaluado? ¿Cuándo se han hecho tales evaluaciones, puesto que lleva casi cuatro años, desde el año 1998? ¿Por qué y
para qué se ha hecho este sistema? ¿Qué indicadores de calidad se han tenido en cuenta para medir la eficacia de las organizaciones o de las unidades departamentales evaluadas? ¿Se ha conseguido la concienciación esperada en cuanto a la relación
coste-ahorro de la Administración general del Estado, algo que para usted era muy importante? Todo esto es para lograr algo que me gustaría si es posible y es que pudiésemos sacar dos conclusiones. ¿Se va a tener en cuenta esta valoración del
rendimiento a la hora de implantar las retribuciones variables, que según nos decía el ministro en su comparecencia irán unidas al rendimiento y a la productividad de los empleados públicos? Esto sería muy interesante. En ese sentido, ¿existe
algún documento elaborado que como diputada me permita tener acceso a esa información? Por último, teniendo en cuenta que ha sido valorado muy positivamente, debo suponer que es un sistema que continúa en alza, que usted está defendiendo
enormemente, puesto que depende de su propio departamento y según respuesta escrita de su secretaría es tan estupendo que pienso que debe continuar. ¿Me podría contestar a esto por favor?
El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA ADMINISTRACION PÚBLICA (González González): Voy a tratar de contestar a los veinte interrogantes en que la señora Serna habilidosamente ha convertido
una pregunta. Como usted ha explicado muy bien, el origen del sistema de evaluación del rendimiento no es una cosa que se nos haya ocurrido a los que estábamos aquí, porque como usted sabe está en la propia Ley de régimen jurídico y es una
de las innovaciones que introdujo dicha ley dentro de lo que se ha venido en determinar los planes de mejora, simplificación y calidad de la Administración pública. En concreto, el sistema de evaluación forma parte del sistema de calidad en la
Administración. Lo que se estableció en el año 1998 fue un sistema de autoevaluación para perfeccionar la función directiva, las mejoras del sistema de control interno, la fijación de una serie de indicadores de calidad y resultados y, como usted
decía, la concienciación dentro de la Administración del binomio ahorro-coste. Este sistema en su momento se puso en marcha experimentalmente con cuatro o cinco unidades que fueron las que inicialmente empezaron a desarrollar esta tarea -por
cierto, novedosa en el ámbito de la Administración, puesto que no existe experiencia en el desarrollo de la autoevaluación interna de servicios-, y lo que hemos venido haciendo, especialmente desde el año 1999, es profundizar, ampliar e impulsar
este tipo de sistemas de calidad, más que exclusivamente de auto-evaluación, dentro de un plan de calidad más amplio -al que no me voy a referir ahora para que no me regañe el presidente-, en el que metimos algo esencial para el sistema de
autoevaluación que nosotros estamos siguiendo, que es lo que dentro del plan de calidad denominamos el modelo EFQM. Nosotros optamos por el modelo europeo de gestión de calidad y lo incorporamos como sistema de evaluación al ámbito de la
Administración del Estado; elaboramos una guía de adaptación del modelo EFQM a dicho ámbito y constituimos toda una serie de equipos de trabajo para la explicación de este nuevo modelo para la formación de evaluadores y para el desarrollo posterior
de estos análisis y evaluación de las unidades administrativas. Esto lo hicimos mediante un convenio de colaboración con el Club europeo de gestión de calidad y desde entonces hemos venido formando a toda una serie de empleados de la
Administración; actualmente estamos por encima de los 100 empleados, que tienen capacidad de hacer evaluaciones reconocidas por el Club europeo de gestión de calidad y que siguen este modelo de referencia. Además, lo que hicimos fue completar este
modelo con dos actuaciones primordiales, que son los premios a la calidad y a las mejores prácticas, que son dos instrumentos esenciales dentro del plan de calidad que se completan a su vez con las cartas de servicio -a las que no me voy a referir
ahora-, que también llevan una parte fundamental de evaluación del funcionamiento del servicio y de la organización por parte incluso de los propios usuarios. Los premios se hacen también sobre la base de la evaluación externa del funcionamiento de
las propias unidades que se presentan a estos premios. Como requisito previo para optar al plan de calidad tienen que tener su propia carta de servicios. Además, se siguen los parámetros, los niveles de medición y las ratio que están establecidas
dentro del modelo de EFQM. Este es el que se va siguiendo para hacer las distintas evaluaciones de las unidades. Prácticamente se sumaron todos los ministerios, es decir, algún servicio de cada uno de los ministerios se ha sometido al proceso de
evaluación. Evidentemente, este es un proceso lento, se va poco a poco, porque como digo no hay cultura de la autoevaluación y hay que generarla dentro de la propia Administración. Cada año vamos incorporando más unidades, este año vamos a
incorporar a un gran número de la propia periferia con el fin de ir haciendo esa evaluación más general. Desde el punto de vista de los planes de servicio, prácticamente hemos duplicado el número de los participantes, lo que significa que tenemos
más del doble de los que se presentaron el año pasado tanto al plan de calidad como al plan de mejores prácticas y que están sujetos también a la propia evaluación. Los resultados que se derivan de esas evaluaciones son de todo tipo. No es
solamente el coste-ahorro por la minoración del dinero, sino por otras cuestiones como son: eficiencia, es decir, menos tiempo, o por atención más rápida en determinados servicios. Hay toda una serie de variantes que son las que se toman en
consideración para medir ese coste-ahorro. En cuanto a que usted lo ha ligado lógicamente al tema de la retribución variable, etcétera, tengo que aclarar que este es un debate mucho más amplio, pero qué duda cabe que el objetivo final de un sistema
de retribución variable asociada al rendimiento que pretendiese lógicamente llegar a medir el rendimiento individualizado de cada uno de los trabajadores para asociar una parte de su salario individual a ese rendimiento sería indudablemente la
culminación de un proceso de esta naturaleza. Evidentemente, esto requiere tener un sistema muy desarrollado de valoración, de medición, de acreditación y una cultura muy bien implantada, tanto en la estructura de la organización como en los
propios trabajadores, para poder llegar a aplicarlo a este grado de detalle tal que incluya trabajador a trabajador. Este sería el punto final de ese proceso de evaluación. (La señora Serna Masiá pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señora Serna.
La señora SERNA MASIÁ: Solamente es un segundo.
Señor secretario, simplemente es para decirle que efectivamente mi grupo está de acuerdo en que ese sería el punto final y lógico. Un sistema de evaluación de rendimiento tendría que dar lugar a que luego se pudiese unir al sistema de
retribución variable. Le voy a decir lo mismo que me decía en relación a las mujeres. Cuando acuden a estos cursos, ¿saben perfectamente que podría ser ese el final del proceso? ¿Se cubren los principios de igualdad, mérito y capacidad?
El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA ADMINISTRACION PÚBLICA (González González): Esto último no lo he entendido.
La señora SERNA MASIÁ: Me refiero a que cuando los participantes acuden a estos cursos -usted me ha dicho que en este año se ha duplicado el número- entienden que son unos cursos de formación o para su mejor rendimiento, etcétera, pero le
pregunto si ellos saben que el final de todo ese proceso formativo podría ser no solamente la eficacia de la Administración sino que podría redundar en un aumento de la retribución variable. Lo que le planteo es si conocen esas condiciones de
participación, si están explicitadas por el ministerio. Se lo digo un poco si quiere en plan de broma a estas horas de la tarde y lo mismo que usted me contestaba al tema de las mujeres, le contesto yo ahora. Si lo saben, entonces no iría
cualquiera, porque se le ocurre, porque quiere saber más, sino que también se tendrían en cuenta los principios de igualdad, mérito y capacidad a la hora del acceso a una formación, porque ellos sabrían cual es el final del proceso, es decir, el
punto lógico que usted indicaba antes.
El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA ADMINISTRACION PÚBLICA (González González): No estoy brillante esta tarde, señor presidente, no me estoy expresando bien.
Cuando me refería a la participación de personas en cursos de formación, como autoevaluadores, no tiene que ver en absoluto con la participación en los premios y mejores prácticas administrativas que se evalúan desde el punto de vista del
modelo EFQM para obtener esos premios de mejores prácticas o de calidad en la prestación de los servicios. Son dos cosas distintas. Es decir, el que quiere ser evaluador acreditado por el Club europeo de gestión de calidad se apunta
voluntariamente. No vamos pidiendo a la gente que se apunte obligatoriamente. No tiene ningún otro tipo de contrapartida, sólo es un título reconocido por el Club europeo de gestión de calidad y por tanto permite evaluar en la Administración y
fuera de ella. Ese es el único reconocimiento que tiene.
Cuando digo que se duplican las unidades que se presentan a los premios de calidad o a los premios de mejores prácticas, me refiero a que las propias unidades administrativas se presentan a los premios y someten su trabajo a la evaluación de
evaluadores, con el objetivo de obtener el reconocimiento de ese premio, es decir, que su servicio tenga el reconocimiento de que es un servicio de calidad dentro de la Administración; no tiene ningún otro efecto en el sistema, no tiene nada que
ver con el sistema retributivo hoy por hoy.
- DEL SEÑOR MARTÍNEZ SANJUÁN (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA), SOBRE LAS PERSPECTIVAS DE LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO PARA EL EJERCICIO 2002.
(Número de expediente 181/001316.)
- DEL SEÑOR MARTÍNEZ SANJUÁN (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA), SOBRE LA VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA OFERTA PÚBLICA DE EMPLEO DE LOS AÑOS 2000 Y 2001. (Número de expediente 181/001317.)
El señor PRESIDENTE: Las dos siguientes preguntas, también del Grupo Parlamentario Socialista, hacen referencia a la oferta de empleo público para diversos años.
Para formularlas conjuntamente, tiene la palabra el señor Martínez Sanjuán.
El señor MARTÍNEZ SANJUÁN: Efectivamente, voy a acumular las dos preguntas, porque en definitiva de lo que quiero hablar es de la oferta de empleo, no sólo de la del año 2002, sino de la de estos años.
Le voy a sorprender, señor secretario de Estado: ¡Felicidades! Han aprobado una oferta pública de empleo en tiempo y en forma, aunque discrepemos con ella. Es bueno que a comienzos del ejercicio y muy pronto, se apruebe una oferta de
empleo que permita ir cubriendo rápidamente las vacantes y lo que ustedes quieran cubrir con estos cuatro decretos. Dicho esto, mis discrepancias. Pero quería empezar por ahí, porque lo han hecho rápido, aunque lo de bien ya es otra cosa, y de eso
es de lo que quiero hablar.
Antes de empezar, permítame otra licencia. Cuando los domingos por la noche veo los resúmenes de los partidos de fútbol, hay una persona que se llama igual que usted, que es el portero de Las Palmas, que no solamente defiende la portería,
sino que a veces tira los penaltis. Usted me lo recuerda, porque cuando viene aquí, no solamente viene a explicar, sino que muchas veces lo que hace es atacar a la oposición. Pero esta tarde veo que sus condiciones físicas y también mis
condiciones intelectuales de hoy por lo que ha pasado esta mañana en Orio no son las más óptimas.
Usted sabe que hace unos días, en la Comisión de Administraciones Públicas, mi grupo parlamentario y yo defendimos una proposición no de ley que fue rechazada por su grupo, sólo por su grupo, además porque todos los demás grupos
parlamentarios votaron con nosotros, porque era bueno sugerirles que en la próxima ley de presupuestos, la del 2003, en la que ya empiezan a trabajar, vayan eliminando ese famoso artículo, que además tiene normativa básica, del 25 por ciento de
recuperación o presentación o aceptación de la tasa de efectivos que quedan vacantes en la Administración. ¿Por qué? Nosotros estamos absolutamente en
contra, y está claro que en la oferta pública de este año, lo mismo que en la de los anteriores, en el frontispicio de todos los decretos aparece, como no podía ser de otra forma, esta referencia a la Ley de presupuestos y a unos objetivos
en materia de política de personal. Si discrepamos de lo que da origen a la oferta de empleo, lógicamente discreparemos en términos generales de la oferta de empleo. ¿Por qué? Porque ustedes, señor González, han pretendido siempre -lo han dicho
cuando han tomado estas decisiones de carácter político con su mayoría- alcanzar unos objetivos. La pregunta es: Después de varios años, ¿se están alcanzando estos objetivos? ¿Son buenos? ¿Son válidos para que sigan apareciendo en el
frontispicio de los decretos y en los artículos correspondientes de la Ley de presupuestos? ¿Se están reduciendo efectivos en la Administración Pública? Parece que no. En la Administración General del Estado, descontando el efecto de las
transferencias masivas que están haciendo todos estos años, no parece que estén disminuyendo sensiblemente los efectivos. ¿En la Administración autonómica, en la que también se imponen como normativa básica los artículos correspondientes de la
limitación en la renovación de efectivos? Tampoco. ¿En la Administración local? Tampoco. ¿Qué está pasando, señor González? ¿Se está haciendo verdad ese refrán tan castellano que dice: Hecha la ley, hecha la trampa? ¿Se están utilizando otras
vías de contratación por parte de las administraciones públicas al margen incluso de lo que dice la Ley de presupuestos?
Segundo objetivo: rejuvenecimiento de la Administración. Ahora que estamos hablando de las nuevas tecnologías, de la Administración digital, de los sistemas de calidad, del EFQM y de los nuevos sistemas, parece que consustancial a esto
debiera ir un rejuvenecimiento de la Administración, una adaptación, una preparación de las nuevas administraciones en relación con estas nuevas tecnologías, para hacer verdad que la juventud mejor preparada de la historia de España tenga acceso
también a los puestos de la Administración pública. ¿Se está consiguiendo? Parece que tampoco o no mucho, porque adoptan ustedes medidas contradictorias.
Adoptan medidas de control en materia de oferta de empleo, pero a su vez hace muy poco
tiempo adoptaron el criterio de aumentar la edad de jubilación voluntaria en la Administración pública española, con lo cual los dos efectos están produciendo muchas veces políticas contradictorias.
¿Estabilidad en el empleo? No parece que se esté consiguiendo. ¿Adaptación a las necesidades sociales y al nuevo papel que deben tener las administraciones públicas y la Administración del Estado? Luego hablaremos y analizaremos con
detalle la oferta pública de empleo de estos años y la de este año en concreto, para ver si se adapta o no a las necesidades del Estado. Y es que, señor González, da la sensación de que su política de personal, su oferta pública de empleo, la de
los otros años y la del año 2002 responden no sólo a planteamientos de tipo económico, sino también de tipo político, al papel de las administraciones públicas y de la Intervención General del Estado, qué deben y qué no deben hacer; responde a su
lógica económica neoliberal conservadora -menos Estado, más mercado-, de tal forma que, aunque luego no lo consigan, parece que vamos reduciendo el tamaño de la Administración y parece que, con perjuicios hacia lo público, vamos contratando
servicios al exterior, como la seguridad. Si usted supiera -que imagino que lo sabe- la cantidad de servicios públicos que están contratando en el exterior y cómo está evolucionando en los últimos años, daría una explicación no sólo técnica, sino
también política de qué se está haciendo, por qué se está optando y qué decisiones se están tomando.
¿A qué criterio responde la oferta pública de empleo de este año y la de los años anteriores? ¿Qué planificación se ha hecho? ¿Qué estudios de
efectivos se han realizado? ¿Qué necesidades hay en los servicios? ¿Cómo se encaja, señor González, esta oferta del año 2002 y la de los anteriores en ese programa de reformas, de reasignación de efectivos, de análisis de ministerios y de papel de
los servicios públicos, que nos ha anunciado el presidente del Gobierno, eso sí, en el comité político de su partido, del Partido Popular, y que parece que ha encargado al señor Rajoy, me imagino que al señor Posada y me imagino que también a usted?
¿Toda esta oferta se encaja en algún diseño específico o es una oferta allá que te va? ¿Está encajada en un diseño? ¿Está encajada esta oferta del resto de efectivos, al margen o además de los de las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado,
en algún diseño? Con estas premisas, señor González, se ha hecho la oferta de estos años pasados y la de este año.
Analizando la oferta de los años pasados y la de este año, quiero decirle, señor González, que es el truco del almendruco. ¿Cumplen de verdad, al margen de los servicios que exceptúan, en el conjunto de la oferta el límite del 25 por
ciento? ¿Cómo lo calculan? ¿Sobre los que se han ido o sobre los que se van a ir? ¿Se hacen trampas en el solitario?
Le pediríamos que nos mandara la planificación sobre cómo calculan, pero es que son propaganda, además, propaganda porque, como le decía al principio, señor González, tengo la sensación de que el ministro de Economía y vicepresidente segundo
de este país, cuando va a las reuniones de la OCDE y le dicen qué vais a hacer para eliminar el déficit público, para reducir el gasto público, contesta: Vamos a congelar los efectivos.
Se quedan todos muy tranquilos, y luego pasa lo que pasa, que
no se cumplen las premisas, porque las comunidades autónomas, las corporaciones locales y parece que también la Administración General del Estado aumenta sus efectivos, pero es que además se contrata de otra forma, precarizando, haciendo temporales
y externalizando muchos servicios, que no
se cumplen por parte de los servicios públicos pero se contratan fuera, y lo que están haciendo es desviar el capítulo I al capítulo II. Pero las ofertas de empleo son caras, ¿o no es caro, señor González, sacar una oferta de empleo
adecuada a una política casi inmóvil en materia de cuerpos, en materia de servicios, en materia de esta oferta que se ha presentado al 2002?
¿Cuánto han costado los tribunales? Lo he preguntado por escrito -espero que me contesten- respecto a todos los tribunales que se han puesto en marcha en los últimos años, porque hay que tener tribunales para una oferta, por ejemplo, de dos
ingenieros geógrafos, o para dos astrónomos, en la oferta de este año, o para dos ingenieros de minas, o muchas otras.
Es una oferta de empleo cara, pero es una oferta de empleo, señor González, frustrante para la gente y sobre todo para los
jóvenes, para toda esa gente incluso que se cree los anuncios, que me parecen vergonzosos, de verdad, esos que salen en la radio habitualmente ofreciendo a mucha gente entrar en la Administración pública primero, como si fuera fácil, y, segundo,
como si fuera un chollo. No sé si los oye usted: Un empleo para toda la vida, y no sé que más, y hay mucha gente que se lo cree. Pero luego tiene que enfrentarse a una realidad, que es que si eres farmacéutico y quieres hacer una oposición para
la sanidad nacional, sólo hay dos plazas. Eso es frustrante. ¿Por qué? Porque se hace una oferta de empleo muy parcelada, sin una planificación a medio plazo. De la promoción interna de este año, señor González, de las 1.438 plazas, todos
sabemos, usted y yo, que más de mil o en torno a mil son para reclasificaciones del nivel que está acordado, no son para promoción interna en términos generales en el conjunto de la Administración.
Así que yo creo que es una oferta de empleo por otra parte bastante desequilibrada, que denota en términos generales, desde mi punto de vista, una visión respecto a lo que es el papel del Estado. No me malinterprete cuando le digo que la
mayor parte de las plazas que han salido son para Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y para personal de Fuerzas Armadas, que es una demanda efectivamente, sobre todo las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. No me oirá a mí criticarlo.
Lo que me parece preocupante, señor González, es por qué hemos llegado a esta situación, y no me ponga los ejemplos anteriores de lo que hacíamos los socialista, que hace ya mucho tiempo que nos fuimos del Gobierno. La planificación de efectivos de
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se sabía desde hace tiempo, y ahora se está yendo deprisa, corriendo y creo que mal, especialmente para la formación, porque incorporar 4.200 efectivos de golpe en la Escuela de Ávila en un plazo de tiempo
relativamente corto no sé si es la mejor forma de conseguir los mejores policías para luchar contra los problemas que tenemos en materia de seguridad ciudadana.
En materia de Fuerzas Armadas, ¿seguimos manteniendo los mismos criterios, habiendo reducido del diseño del Ejército profesional de 102.000 a 86.000 para mantener la misma estructura de mandos? La verdad es que no parece que sea la mejor
forma de abordar una oferta de empleo capaz de responder a los problemas de este país.
Yo tengo los datos de las necesidades de los servicios, lo que han pedido y lo que les han dado en la oferta de empleo, y es bastante preocupante.
Es preocupante que AENA, que tendrá que ver, digo yo, con la seguridad de los aeropuertos y
con más cosas, pida 464 efectivos en la oferta de empleo y le den solamente 80; o que a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que por cierto digamos que con sus propios ingresos tiene para cubrir sus propios gastos y más, de una demanda de
72 efectivos, en la oferta de empleo solamente le hayan concedido 24. Se ha aplicado a rajatabla la tasa de reposición o la tasa de un tercio de lo que piden.
Pues no está la Comisión Nacional del Mercado de Valores como para echar cohetes desde
el punto de vista del papel de órgano regulador y de funcionamiento de los servicios.
Pasaría lo mismo con el mercado de las telecomunicaciones, con el GIF o con los puertos del Estado, que tienen que ver con la seguridad. Han pedido 277 efectivos, y no creo que se hayan inventado los gestores que les hace falta casi 300
personas porque sí. La oferta de empleo es de 48.
Eso sí, a algunos otros ministerios les han dado muchos más. Así que, desde mi punto de vista, señor González, esta una mala oferta de empleo público, que denota una política, denota unas
insatisfacciones y denota clarísimamente por dónde creen que debe ir el funcionamiento de los servicios públicos, y esto, señor González, bromas aparte, nos preocupa, y mucho, al Partido Socialista.
Así que esta oferta pública de empleo no sé si será la posible o la deseable, desde luego la deseable nuestra, no, la posible, no lo sé, pero desde luego quiero que sepa que no es la que a nosotros nos hace más feliz.
El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (González González): Voy a tratar de contestar a la interpelación del señor Martínez Sanjuán porque yo creo que esta pregunta se ha convertido casi en una comparecencia sobre las
cuestiones de política de empleo, y en ese sentido voy a tratar de darle respuesta.
Quiero empezar diciéndole, señor Martínez Sanjuán, que no me sorprende que me felicite, hace usted bien en hacerlo cuando me tiene que felicitar, no se corte, hágalo sin ningún tipo de miramientos. Yo creo que es un éxito que consigamos que
las ofertas de empleo se vayan haciendo en los plazos razonables y en los que establece la ley, entre otras cosas, porque usted sabe que es una de mis pretensiones desde que llegué a la secretaría de Estado ya que creo que es uno de los principales
objetivos para conseguir que la gestión de los recursos humanos sea mejor de lo que estaba siendo anteriormente y poder paliar algunas de las deficiencias que precisamente usted ha señalado a lo largo de su intervención. Por lo tanto, creo
que este es un objetivo importante, no porque lo hayamos conseguido ahora ya, que habrá que estar encima porque la tendencia natural es que no se cumplan los plazos, sino que debe serlo siempre en materia de gestión en este caso de la oferta pero
asimismo en general, de las políticas de empleo.
Dice usted que no están de acuerdo con la oferta de empleo fundamentalmente porque no están de acuerdo con la tasa de reposición -ya lo sabíamos, señor Martínez Sanjuán, es la discusión recurrente del debate de presupuestos de cada año al
discutir las políticas de empleo y retributivas- y a partir de ahí ha hecho una larga exposición a la que yo voy a tratar de contestar. Pero yo creo que, aparte del discurso político, que está bien, hay que ser relativamente coherente con los
planteamientos políticos que hacemos y con los objetivos de lo que entendemos que debe ser una adecuada organización de la Administración en el ámbito, en concreto en este caso, de los recursos humanos.
Respecto a la expresión tasa de reposición, le recuerdo que está en el famoso acuerdo, éste que da para tanto, el de la sentencia, y que fue precisamente su Gobierno el que introdujo un criterio de racionalidad respecto a los efectivos de la
Administración pública, criterio que nosotros compartimos totalmente, y que, con un alcance algo mayor, por supuesto, que el nuestro pero con una pretensión muy clara de cuál era el objetivo, lo que pretendía era que no se incorporase a la
Administración ningún trabajador más de los que salían, de tal forma que el efecto de lo que resultase de las políticas de empleo fuera cero.
Yo creo que es importante tener esto como punto de referencia para hablar del planteamiento sobre cómo deben ser las políticas de empleo público en el sector público, porque yo estoy de acuerdo en que lo que tenemos que conseguir es
racionalizar los efectivos. Podremos discrepar en el alcance, pero lo que creo que es evidente, salvo que usted haya cambiado de posición, es que tanto ustedes en su momento como nosotros ahora entendemos que el dimensionamiento de la
Administración, al menos en una foto fija en el ámbito de la Administración del Estado, era, por así decirlo, suficiente para prestar los servicios que teníamos que dar a los administrados. A partir de ahí, insisto en que podemos discrepar sobre el
alcance. Nosotros entendíamos que en el año 1996 era necesario implementar, para conseguir toda una serie de criterios económicos, de convergencia, etcétera, racionalizar la Administración, reducir el gasto público, etcétera, y yo creo que eso ha
sido objetivamente bueno, puesto que, como usted sabe, hemos conseguido los objetivos económicos de los que estábamos alejados al llegar al inicio de nuestras responsabilidades de Gobierno: nos incorporamos a la moneda única, cumplimos los
criterios de convergencia, y estamos en una situación económica yo creo que bastante buena desde el punto de vista del conjunto de los países de la Unión. Podrá usted discrepar, y yo lo respeto, pero nosotros entendíamos que esa era una buena
política, que era necesaria para producir resultados, y los produjo, y creemos que en ese sentido acertamos.
Yo creo que la política de reducción y de racionalización de efectivos en el ámbito del sector público debe ser una constante, porque usted sabe como yo que hay una cierta tendencia a la expansión que en muchas ocasiones no está justificada
tanto desde el punto de vista del personal como del gasto público en general, y esas no suelen ser buenas políticas para el conjunto de las administraciones. Desde luego, nosotros no las compartimos, no las hemos compartido nunca, yo no la
comparto, y en la medida en que tenga algo que decir en el asunto, le aseguro que trataré de introducir medidas de racionalización siempre que sea posible. A eso es a lo que pretenden hacer frente las ofertas de empleo que venimos publicando en los
últimos años.
¿Cuáles son esos objetivos? Usted lo sabe, porque se los hemos explicado cada año a la hora de presentar los Presupuestos Generales del Estado.
Estamos tratando de racionalizar los efectivos, de mejorar la utilización de los que tenemos a
nuestro alcance, de los que están en el ámbito de la Administración del Estado; queremos acabar con la temporalidad en el sector público; queremos consolidar el empleo temporal que tenemos; queremos hacer una mejor gestión de las ofertas de
empleo y de la política de personal con el fin de ayudar a que estas políticas que están dando lugar a esa situación de inestabilidad de algunos trabajadores o a que haya personas con contratos a tiempo parcial, como existían, se acaben y que
tengamos el número de efectivos que necesitamos para prestar nuestros servicios, no más, y que además, en la medida de lo posible, ese empleo sea de la mayor calidad. Para eso hemos puesto en marcha una serie de iniciativas que están en las ofertas
de empleo que usted conoce: las contrataciones temporales son absolutamente excepcionales, necesitan autorización conjunta de los ministerios de Administraciones Públicas y Hacienda y son absolutamente tasadas; hemos incorporado la obligatoriedad
de la cobertura como puesto fijo en un plazo máximo de diez meses, y si no, la obligatoriedad de incorporar los puestos en la oferta de empleo y hemos iniciado procesos de consolidación masivos, como usted sabe, de todo el personal temporal que
tenemos, incluso de funcionarización del personal laboral. La principal medida que hemos tomado desde el punto de vista de acabar con la temporalidad que teníamos en el sector público ha sido el proyecto que hemos aprobado al final del año pasado
sobre el Insalud. Sabe usted que más del 48 por ciento del personal del Insalud estaba en una situación de temporalidad,
y pusimos en marcha un mecanismo tendente a acabar con esa situación.
Creo, por tanto, que las manifestaciones que usted ha hecho a lo largo de su exposición en el sentido de que no se acaba con la temporalidad, que hay precariedad, la baja calidad, etcétera, no son justas, como usted sabe muy bien y como
ponen de manifiesto las medidas que estamos tomando.
De hecho, si ahora mismo tuviésemos aquí datos del INEM y del Ministerio de Trabajo con la aplicación fáctica de lo que se derivase de esa ley más el resto de medidas que hemos tomado, incluso en
la oferta de empleo del año 2000, donde hemos reflejado más del 50 por ciento de los puestos que tenemos como contratados temporales que hemos incorporado a la oferta en aplicación de esa disposición de los diez meses, veríamos muy reducido en el
ámbito de la Administración General del Estado el índice de temporalidad en el sector público, como usted sabe.
Si me lleva usted al ámbito de las otras Administraciones, señor Martínez Sanjuán, esa no es mi responsabilidad, pero es evidente que si los datos que son como usted dice, y parece que en muchos casos lo son, algunas otras Administraciones
públicas están vulnerando la ley. No, ésta no, se lo aseguro, señor Martínez Sanjuán. Además, el saldo neto de la política que estamos haciendo es la reducción neta de efectivos. Dice usted que no es sensible, pero es que nosotros no pretendemos
reducir ni acabar con la Administración del Estado, como usted ha querido dar a entender en su exposición, en absoluto, no es esa nuestra pretensión. Lo que pretendemos es hacer una política de racionalización de recursos, y por tanto no crecer en
efectivos y no tener más efectivos de los que necesitamos para la prestación de los servicios que le corresponden al Estado. Le insisto en que el saldo neto de las políticas de tasa de oferta reducida por la tasa de reposición es que en estos años
hemos perdido empleo neto en el ámbito de la Administración del Estado, igual que le digo que hemos reducido temporalidad en dicho ámbito. Sobre lo que ocurre en las otras Administraciones, yo no le puedo contestar porque no entra dentro de mi
responsabilidad.
Curiosamente, también nos acusan de que recurrimos constantemente los acuerdos que se suscriben en el ámbito de las corporaciones locales o de algunas comunidades autónomas, y le pido que no me haga la doble crítica.
Nosotros recurrimos los
convenios de las comunidades autónomas y de las corporaciones locales cuando incumplen las leyes de presupuestos, entre otras cosas cuando, se saltan estas cuestiones, y por otro lado nos piden que no recurramos ese tipo de convenios. Yo creo que
hay que mantener una cierta coherencia.
Le aseguro que nuestra política es coherente. Podrá no ser compartida por ustedes, lo cual es de todo punto razonable, pero le aseguro que es coherente, que responde a unos objetivos y que los datos están poniendo de manifiesto que los
objetivos que nosotros perseguíamos se están consiguiendo con una repercusión nula sobre el funcionamiento de los servicios públicos, como usted sabe bien. No me voy a extender aquí, pero no tiene usted nada más que ver las encuestas del propio CIS
sobre la valoración de los servicios públicos, o cualquier otra, para ver cómo el funcionamiento de los servicios públicos no constituye en absoluto preocupación alguna para los ciudadanos en general.
Desde el punto de vista de las calificaciones que ha hecho usted de la oferta como frustrante, parcelada, sin planificación a medio plazo, una cuestión que me interesa dejarle clara, señor Martínez Sanjuán, es que nosotros ponemos el 25 por
ciento de la tasa de reposición y lo cumplimos. El cálculo de la tasa de reposición se hace por una fórmula que no es nada excepcional: es simplemente contemplar las bajas que se han producido, hacer una proyección sobre las posibles bajas
previstas teniendo en cuenta la evolución estadística de fallecimientos o de cuestiones de esta naturaleza -está perfectamente estructurado cómo se hace esto todos los años-, y a partir de ahí sale una cifra sobre la cual se calcula cuál es el 25
por ciento de la tasa de reposición. Si lo que usted me pregunta es cómo se aplica luego esa tasa de reposición sobre los distintos colectivos, le digo que es efectivamente una tasa global y por lo tanto no la aplicamos a cada uno de los
colectivos, entre otras cosas, porque sería inviable, como usted bien sabe.
¿Cómo se hace la oferta? La oferta se hace por cuerpos, ahora y de toda la vida, porque es el régimen estatutario establecido. Por tanto, tendremos que hacer la selección por cuerpos, en razón de las peticiones. Y si resulta que hay tres
ingenieros aeronáuticos o dos peritos agrónomos tendremos que seleccionar dos peritos agrónomos, porque así es como está hecha la estructura, no de ahora sino de siempre. No podemos cambiarla salvo que cambiemos el modelo estatutario que tenemos
establecido.
Me ha señalado una cosa que es sorprendente, dice que las peticiones superan con mucho lo que se nos da. ¡Claro! Aquí, en los presupuestos y en todo, eso es razonable, señor Martínez Sanjuán. (El señor Martínez Sanjuán: ¿Por qué?) Es muy
razonable porque todos los gestores, lógicamente, tratan de pedir el mayor número posible de recursos a su alcance para la prestación de sus propios servicios. Le vuelvo a decir que lo que se hace -exactamente igual aquí, que en los presupuestos,
que en todo- es analizar con el conjunto de los responsables cuáles son los efectivos y los recursos con los que ya se cuenta, cuáles son las ofertas de empleo que tienen en marcha, cuáles las cadencias de entrada que van a recibir, los efectivos
que tienen ya en funcionamiento, etcétera. También se hace un ajuste que, además, realiza el propio departamento ministerial, en razón de las propias necesidades de sus colectivos, señor Martínez Sanjuán.
Le insisto, la consecuencia práctica es que usted dice que la oferta es frustrante. En cuanto a que es frustrante la oferta, cuando para las plazas que saca la Administración del Estado venimos teniendo una media de presentación aproximada
de 14.000 o 15.000 personas cada año en los cuerpos generales de la Administración general del Estado, sinceramente, creo que es bastante poco frustrante. Si tenemos un grado de cobertura aproximado del 98 por ciento de los puestos, no es razonable
decir que la oferta es frustrante. El grado de respuesta es altísimo, el grado de cobertura es altísimo y, por tanto, la oferta de empleo está dando satisfacción a las demandas de los ciudadanos que aspiran, legítimamente, a obtener un puesto de
trabajo en el sector público, aspiración muy legítima y razonable y que, lógicamente, nosotros atendemos dentro de las necesidades que el Estado tiene año a año. (El señor Martínez Sanjuán pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señor Martínez Sanjuán, tendrá que ser un minuto.
El señor MARTÍNEZ SANJUÁN: Quince segundos, señor presidente.
Uno. Señor González, no le acepto la mayor, la primera frase que ha dicho: Nosotros, en un acuerdo, hicimos... Yo soy laico y mi partido es laico, no sacralizo nada, tampoco lo que hicimos hace años; lo hicimos porque había que hacer
algunas cosas, pero, en cambio, lo coyuntural ustedes lo han convertido en estructural, nosotros, no.
Dos. Cojan todo de lo que aprobamos. Si les gustaba el acuerdo, cúmplanlo.
No sólo cubran una parte y otra no. ¿Simpático, eh? Esto me gusta, esto no me gusta. Esto de los socialistas, esto de cosecha nuestra. No hagamos la política
de que esto figuraba en un acuerdo que firmaron los socialistas, porque aquéllos eran los momentos que eran. Luego, no me lo lleve a criterio estructural.
Por último, no creo que le haya entendido bien. ¿Los gestores no saben lo que necesitan o es que son unos manirrotos? ¿Piden en demasía, todos, o es que realmente creen que necesitan lo que piden para mejorar la calidad del servicio
público?
El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (González González): Señor Martínez Sanjuán, me reitero en lo que le dije en mi primera intervención en relación a esa frase que usted cita. Me parece muy bien que ustedes hayan
cambiado su posición, me parece bien que usted entienda que lo que ahora se necesita es meter más gente de la que sale en la Administración, dígalo, a mí me parece muy razonable. No lo comparto, pero si ésa es la posición de su grupo me parece
perfecto que lo diga. Insisto en que no lo comparto, me parece que es una equivocación. Desde luego, en lo que a mí me corresponde no compartimos ese criterio y le aseguro que no vamos a seguir por ahí. Seguiremos con la política de
racionalización de efectivos que hemos mantenido hasta ahora, pero, insisto, me parece bien que su grupo y usted cambien de posición sobre aquella situación.
Con respecto al tema de la petición, señor Martínez Sanjuán, no lo malinterprete. No he dicho eso, he dicho que al hacer la petición el gestor, lógicamente, sobredimensiona sus peticiones, como es razonable para cualquier gestión, entre
otras cosas porque si nosotros tuviéramos que hacer la aplicación directa, exclusivamente, de la tasa de reposición ni siquiera tendríamos por qué estar a las propias peticiones de algunos de los gestores en los que la tasa de reposición no
existiría. Por tanto, en relación a esos papeles que usted cuenta que le han hecho llegar sobre las peticiones iniciales de algunos centros directivos, éstos ni siquiera podrían tener tasas de reposición porque ni siquiera tienen pérdidas a lo
largo del año. No juegue con unos documentos que no son documentos desde el punto de vista de la utilización. (El señor Martínez Sanjuán: El CESID.) No juegue con unos documentos que no pueden ser utilizados para la evaluación de la propia tasa
de reposición, porque esos documentos, insisto, desde el punto de vista de la tasa de reposición ni siquiera tendrían que jugar en aquellos servicios que hacen peticiones nuevas, como usted sabe, y que ni siquiera tienen pérdidas de efectivos, por
lo que en aplicación de la propia Ley de presupuestos no tendrían derecho a ninguna plaza u oferta.
- DE LA SEÑORA SERNA MASIÁ (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA) SOBRE RELACIÓN ENTRE LA TASA DE REPOSICIÓN DE EFECTIVOS DEL 25 POR CIENTO Y EL INCREMENTO DE LA DELINCUENCIA QUE SE HA PRODUCIDO EN ESPAÑA. (Número de expediente 181/001357.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al último punto del orden del día, la pregunta, también del Grupo Socialista, sobre la relación entre la tasa de reposición de efectivos del 25 por ciento y el incremento de la delincuencia que se ha producido
en España.
Tiene la palabra doña Juana Serna.
La señora SERNA MASIÁ: Señor secretario de Estado, he escuchado con muchísimo interés sus respuestas. A mí siempre me han gustado más las comisiones que el Pleno, creo que son mucho más interesante, incluso, a veces, más inteligentes, y lo
siento por los ministros.
Una cosa es que estemos de acuerdo con la racionalización de efectivos -eso lo inicia el señor Almunia y estoy convencida de que usted como secretario de Estado para la Administración Pública ha leído todos los
documentos de sus antecesores- y otra cosa es que lo estemos con el racionamiento. Aquí parece que más que racionalización lo que hay es racionamiento de efectivos. Supongo que los ministros van pasando por los ministerios de Hacienda,
Economía y Administraciones Públicas, presentando la cartilla para ver cuánto consiguen cada año.
Sabe que, a veces, nosotros hemos discutido sobre que las conclusiones que sacamos de los mismos hechos son distintas, naturalmente, porque pertenecemos a opciones políticas diferentes, pero también sabe -o espero que sepa- que todos los
datos que aporta esta diputada son rigurosos, entre otras cosas porque son los que obtengo del propio Gobierno. Por tanto, me voy a atener a una serie de hechos para articular mi intervención.
Desde el año 1996 hasta ahora se ha producido el incremento de delincuencia más grande que ha habido en la historia democrática de España. Eso está en documentos. ¿Cuánto? Un 19,9 por ciento para ser exactos. A mí me parece que ésa es
una cifra brutal. Como sabe aumentó nueve puntos hasta el año 2001 y en el año 2001 ha aumentado un 10 por ciento. ¿Consecuencias de esto? Nos encontramos con unas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado profundamente irritados. Supongo que la
diputada, señora Ferrando, sentada en la Mesa de estas Comisión, recordará una fotografía realmente sorprendente: En Alicante, tres encapuchados hacen una rueda de prensa. Los tres encapuchados son un guardia civil, un policía local y un policía
nacional. Eso nunca se había visto. ¿Qué denuncian? Que están mal pagados y que los policías nacionales, por ejemplo, cobran 70.000 pesetas -ahora serían 420 euros- menos que los policías autonómicos y los policías locales. ¿Qué denuncian? Que
cada vez son menos y que hoy patrullan las calles 6.000 policías menos que en el año 1996. ¿Y qué critican? Que hay una profunda descoordinación entre la Guardia Civil, la Policía Nacional, la Policía Autonómica y la Policía Local. Supongo que el
sistema de evaluación del rendimiento, del que antes hablábamos, si usted se lo aplicase -no digo al ministro Rajoy, sino al Ministerio del Interior- seguramente le suspenderíamos, porque entiendo que el marrón que se está comiendo el señor Rajoy,
derivado de la política de efectivos del señor Mayor Oreja, desde luego es impresentable.
Por otro lado, nos encontramos que, ante este malísimo servicio público en el ámbito de la seguridad del Estado, naturalmente crece el sector de lo privado. Por tanto, nos encontramos con 100.000 guardas de seguridad privado que antes no
existían. Ante estos hechos y al grito de: El que quiera seguridad que se la pague, aparece nada menos que en Madrid hay 100 asesinatos al día, como usted muy bien sabe puesto que vive aquí; 50 robos con navaja diarios; en mi tierra en Valencia,
350 coches incendiados el año pasado; un robo cada hora, y un 30 por ciento de aumento de la criminalidad en este año. Eso son datos del Gobierno.
Le he traído la revista Cambio 16, de noviembre último, que tuvo un gran impacto: Un día en España. Cinco asesinatos al día; 6.277 robos y hurtos; 23 delitos sexuales, y 1.340 actos violentos. Un día en España. Calles poco seguras.
¿Qué dice ante esto las autoridades competentes y responsables? El propio director de la Guardia Civil, señor López Valdivieso y el ministro de Interior, señor Rajoy -naturalmente coinciden en sus declaraciones- dicen que todo esto se debe al
crecimiento económico -como somos más ricos, los pobres vienen a robarnos-, al aumento de la población y a los inmigrantes. Dado el tiempo que tenemos, y como no son declaraciones suyas, no voy a entrar en esas discusiones, aunque estoy
absolutamente segura de que el ministro Posada no hubiese dicho nunca esa tontería. Sin embargo, dicho eso, debe haber más causas.
Así que también le voy a decir la causa que plantea por ejemplo, esta revista que denuncia todo esto.
Además de que efectivamente -y lo acepto- podrían ser problemas debido a que hay más inmigración y las bolsas de marginalidad son más grandes, a que ha habido un crecimiento económico y a que ha habido un aumento de la población, debe haber
más causas, ¿no? Titular: Menos policías, más delitos. Ahí entramos en la pregunta que yo le quería hacer. Compréndame que igual que cuando le he planteado antes que yo no había preguntado en la primera pregunta aplicación de la reforma laboral,
sino implicación de la reforma laboral, y usted lo entendía muy bien, también quiero decirle -y nunca más volveré a pasar preguntas por escrito, sino que las haré por correo electrónico porque estoy totalmente tecnificada- que la pregunta no era
relación entre tasa de reposición de efectivos del 25 por ciento e incremento de delincuencia, porque, si me permite, según mis pequeños conocimientos filosóficos eso sería una pregunta retórica y usted me iba a contestar que ninguna. Es obvio,
llevamos mucho tiempo discutiendo y siempre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han estado exentos de esta tasa de reposición. La pregunta creo que era mejor, porque era: ¿Hay alguna relación entre la filosofía presupuestaria de la tasa
de reposición de efectivos del 25 por ciento y el incremento de la delincuencia? Seguramente, a lo mejor con tranquilidad hubiésemos llegado al acuerdo de que sí. Por eso, la solución que se acaba de dar ha sido la de aumentar nada menos que 4.350
plazas más. Lo han tenido que hacer porque esa filosofía ha redundado en una inseguridad tremenda para los ciudadanos y en unos malísimos servicios públicos. Tenemos un problema muy grave -como diputada de este país lo siento enormemente- porque
aunque eso se vaya a hacer este año, se lo indicaba antes mi compañero el señor Martínez Sanjuán, hasta que salgan de la escuela de Ávila, en el año 2004, no podrán estar en la calle. Además usted sabe muy bien, y me consta, que por
envejecimiento de la plantilla en los años 2002 y 2003 habrá 2.531 policías menos y que por envejecimiento de la plantilla en el año 2004, habrá entonces 3.094 policías menos. Conclusión, que cuando estos 4.350 policías salgan a la calle
dentro de dos años, significará que habrá 1.275 policías menos que ahora, o sea, que no servirá de mucho.
Por último, al ritmo que ahora el señor Rajoy se ha percatado de que deberían de haber crecido estos efectivos, si la filosofía presupuestaria hubiese sido distinta al ritmo de 4.350 policías al año, sólo en el año 2009 conseguiríamos estar
igual. ¿Que cuándo? Que en el año 1996, en el último Gobierno socialista.
El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (González González): Perdón, señor presidente, pero ¿cómo es la pregunta, señor Serna?
La señora SERNA MASÍA: La pregunta es que la racionalización de los efectivos ha dado lugar, puesto que no eran tan irracionales sino que estaban muy bien racionalizados, a los peores servicios públicos que ha existido jamás en la historia
de este país, y eso es problema suyo.
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (González González): Confieso, señor presidente, que no sé cómo contestar a esto porque no sé si es una pregunta, una afirmación o una manifestación.
Entiendo que ha habido otro error en la pregunta de esta sesión tal y como estaba redactada y, si he entendido bien a la señora Serna, es cómo ha incidido la filosofía presupuestaria del 25 por ciento de la tasa en la delincuencia. (La
señora Serna Masía: Quería decir racionalización de efectivos.)
Si esa fuera la pregunta señora Serna, le tendría que contestar lo mismo que le hubiera contestado si lo que me hubiera usted preguntado es cuál es la relación entre el 25 por ciento de la tasa de reposición y la delincuencia. Ninguna,
porque nunca ha existido una filosofía presupuestaria de racionalización de efectivos unida al 25 por ciento en la policía, porque siempre ha estado excluido y por tanto, no existiría ningún tipo de relación, evidentemente.
La señora SERNA MASÍA: Me parece tan importante el tema de la calidad de los servicios públicos que esta diputada seguirá insistiendo, teniendo en cuenta fundamentalmente nuestras grandes discrepancias en cuanto a los resultados de la
racionalización de los efectivos y el crecimiento.
El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (González González): Estoy encantado de seguir debatiendo sobre la racionalización de efectivos.
Sí quiero decir solamente que respecto a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, desde hace ya dos años el Gobierno, en lo que corresponde al ámbito de la oferta de empleo público, ha planteado dos planes de actuación: uno, en la
Guardia Civil y otro, en la Policía Nacional. Esto se ha planteado desde el punto de vista del incremento de los efectivos de la oferta de plazas en ambos cuerpos, con el objetivo de llegar a una serie de efectivos en el año 2004 en la Guardia
Civil y en el año 2004, con proyección al año 2007 en la Policía Nacional, precisamente para incrementar las dotaciones efectivas de estos cuerpos.
Sólo quiero recordar a la señora Serna que esto no se produce de repente, ya que esto no es una
cadencia de 2, 3, 4 ó 5 años, sino que las consecuencias de las minoraciones de las curvas de efectivos en estos colectivos, que tuvieron acceso masivo hace 30 años, no son proyectables ni en 4, ni en 5 ni en 6 años, sino hace muchos más años. Y
desde hace muchos más años tampoco se tuvieron en cuenta que estas circunstancias se iban a producir.
El señor PRESIDENTE: Con la intervención del señor secretario de Estado cerramos el orden del día de la reunión de hoy.
Les deseo buenas fiestas y hasta el día 10 de abril, fecha en la que volveremos a reunirnos en esta Comisión.
Se levanta la sesión.
Eran las siete y veinte minutos de la tarde.