CORTES GENERALES



DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS



COMISIONES



Año 2001 VII Legislatura Núm. 409



ECONOMÍA Y HACIENDA



PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. SANTIAGO LANZUELA MARINA



Sesión núm. 37



celebrada el miércoles, 19 de diciembre de 2001



ORDEN DEL DÍA:



Comparecencia cuatrimestral del señor secretario de Estado de
Hacienda (Rodríguez-Ponga y Salamanca), para informar sobre las
materias relativas al sistema tributario, previa remisión del informe
correspondiente. (Número de expediente 212/000864.) . . .(Página 13302)

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Se abre la sesión a las diez y diez minutos de la mañana.




El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.

El punto único del orden del día es la comparecencia cuatrimestral
del secretario de Estado de Hacienda, acordada por la Comisión de
Economía y Hacienda para informar sobre las materias relativas al
sistema tributario, previa remisión del informe correspondiente que
obra en manos de SS.SS.

Doy la más cordial bienvenida al señor secretario de Estado de
Hacienda a la Comisión de Economía y Hacienda, y le doy la palabra.




El señor SECRETARIO DE HACIENDA (Rodríguez- Ponga y Salamanca):
Buenos días, quiero, en primer lugar, agradecer la oportunidad que me
brindan de comparecer por primera vez para informarles de las
materias que son de su competencia y que afectan al sistema
tributario, especialmente en lo relativo a la evolución de la
recaudación líquida del Estado en el período transcurrido del año
2001, y los principales proyectos normativos en los que la secretaría
de Estado de Hacienda está trabajando en la actualidad. También me
propongo detallarles los objetivos y principales líneas de actuación
que el Gobierno tiene previsto desarrollar en el ámbito fiscal y
tributario durante la Presidencia de la Unión Europea a celebrar
durante los próximos seis meses.

Centrados ya en el objeto de la comparecencia, creo imprescindible
efectuar una serie de consideraciones generales sobre la situación
actual de la economía española y su evolución reciente, algo
íntimamente relacionado con la evolución del conjunto de datos que
les voy a exponer durante mi intervención. Como SS.SS. conocen
perfectamente, nos encontramos en un contexto internacional más
complejo. La ralentización de la economía mundial iniciada hace
aproximadamente un año se ha acentuado según ha ido avanzado el año
2001, lo que ha afectado a la mayoría de las zonas, previendo el
Fondo Monetario Internacional que el PIB de la economía mundial
crezca un 2,7 por ciento, es decir, dos décimas por debajo de
crecimiento registrado en el año 2000. Esta situación ha venido en
parte provocada por la desaceleración económica en la que está
inmerso los Estados Unidos, más profunda y duradera de lo
inicialmente previsto, y el estancamiento de la economía japonesa. A
ello debemos añadir la notable incertidumbre generada por los tristes
acontecimientos sucedidos el pasado 11 de septiembre en Estados
Unidos que han complicado las previsiones de evolución de la economía
mundial a corto plazo.

En la zona euro, si bien la desaceleración está siendo menos intensa
que en otras zonas, algunas economías, como la alemana, están
viéndose notablemente afectadas por esta desaceleración mundial. Por
ello los organismos
internacionales y los propios gobiernos han tenido que revisar
a la baja las previsiones de crecimiento económico del año 2001. Así,
la Comisión Europea prevé un crecimiento económico de la zona euro
del 1,6 por ciento frente al 2,8 por ciento inicialmente previsto y
el Gobierno ha modificado su previsión de crecimiento desde el 3,6
por ciento fijado inicialmente en los Presupuestos Generales del
Estado para el año 2001 hasta el 3 por ciento actual. España, ante
esta situación, siguen manteniendo unos ritmos de crecimiento
positivos, aunque más moderados, como lo demuestran los últimos datos
disponibles: 3,3 por ciento y 3 por ciento de crecimiento tendencial
en el PIB en los dos primeros trimestres de 2001, estimándose por
parte del Banco de España un crecimiento del 2,5 porciento en el
tercer trimestre del año. Si comparamos estas cifras con las de la
zona euro, el crecimiento previsto para el conjunto del año del 1,6
por ciento según estimaciones de la Comisión Europea, podemos
comprobar como nuestra economía sigue creciendo a un ritmo superior
al de la media europea, manteniendo un diferencial favorable de más
de un punto porcentual respecto del resto de los países de la Unión,
lo que supone continuar avanzando en el proceso de convergencia real
con nuestros socios europeos. Este proceso se traduce en creación de
empleo y riqueza a lo que han contribuido los esfuerzos realizados
tanto en el pasado como en el presente en materia de consolidación
presupuestaria y reformas estructurales. De esta forma y gracias a la
política económica aplicada, la economía española dispone de un
importante margen de maniobra para hacer frente al empeoramiento de
la situación económica internacional.

Quiero señalarles que en este año 2001 se va a lograr el equilibrio
presupuestario por primera vez en nuestra historia reciente y esto lo
corroboran los últimos datos de la contabilidad nacional que reflejan
como el Estado ha registrado un superávit de 667.000 millones de
pesetas en los once meses que llevamos del año, un 63,3 por ciento
superior al registrado durante el mismo período del año 2000. Esto es
importante porque, en la medida en la que la economía española
mantenga una situación de equilibrio presupuestario a medio plazo,
tal y como se establece en el pacto de estabilidad y crecimiento,
tendrá el margen de maniobra suficiente para que puedan actuar los
estabilizadores automáticos ante una eventual situación de deterioro
económico.

Por último, y antes de exponerles cuál ha sido la recaudación líquida
del Estado hasta el mes de octubre, me gustaría resaltar el hecho de
que para que la economía española siga creciendo en los próximos años
y continuemos avanzando en convergencia real en renta y en empleo
respecto a la media europea son necesarias tres cosas: primero, que
se mantenga el escenario de estabilidad presupuestaria en el que debe
jugar un papel fundamental y básico la nueva Ley de Estabilidad
Presupuestaria;segundo, que se profundice en el proceso



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de liberalización y aumento de la competencia en los mercados de
factores, bienes y servicios, y tercero, que se realicen nuevas
reformas tributarias que estimulen el crecimiento de la economía y la
creación de empleo.

Vamos a pasar ahora a analizar la recaudación líquida del Estado. En
el informe que se ha facilitado a SS.SS. se analiza la recaudación
líquida del Estado durante los diez primeros meses de este año. No
obstante, disponemos ya de cifras, en parte adelantadas ayer por la
secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos en esta Comisión, por
lo que considero que también es de interés que brevemente señale
algunas circunstancias de la recaudación del año 2001 durante estos
once meses, a la espera únicamente de la recaudación del mes de
diciembre. Hasta el mes de noviembre los ingresos tributarios han
ascendido a 17 billones de pesetas, con una tasa de aumento de 4,7
por ciento. Esto es una mejora de 7 décimas respecto de la
recaudación hasta octubre, aunque el incremento de la recaudación
bruta se mantiene en el 6,4 por ciento. Esta buena marcha de los
ingresos en el mes de noviembre es reflejo de la recuperación que en
este trimestre se está observando en alguno de los indicadores
económicos, como es el caso del consumo de las familias. Como hechos
más desatacados hay que señalar el mantenimiento del comportamiento
en la evolución de la recaudación del impuesto de la renta sobre las
personas físicas con una aumento del 11,1 por ciento respecto del
mismo período del año anterior, hasta alcanzar los 5,66 billones de
pesetas. Este dato se explica por la buena marcha de las retenciones
del trabajo personal, que está causada por el aumento de la masa
salarial, por la creación de empleo y por el buen comportamiento que
ha tenido el segundo plazo de la declaración anual del IRPF. Respecto
al impuesto de sociedades no se produce en el mes de noviembre
ninguna cuestión significativa que altere el comportamiento que ha
seguido la recaudación de este impuesto hasta el mes de octubre y que
posteriormente me referiré. El IVA, por su parte, registra hasta
noviembre una recaudación de 5,54 billones de pesetas, con un
crecimiento del 3,6 por ciento, mejorando también en 6 décimas la
recaudación líquida obtenida hasta el mes de octubre. En términos
brutos la tasa ha pasado al 8,3 por ciento frente al 8,2 por ciento
en octubre. Ahí es donde se puede comprobar la mejora. Y respecto al
comportamiento de los distintos componentes del impuesto sobre el
valor añadido se lo comentaré a SS.SS. al analizar la recaudación de
los diez primeros meses.

Para finalizar estas breves notas sobre la recaudación hasta
noviembre, los impuestos especiales han crecido a una tasa del 3 por
ciento, alcanzando los 2,53 billones de pesetas, habiendo
experimentado un comportamiento más dinámico el impuesto especial
sobre hidrocarburos y el impuesto especial sobre determinados medios
de transporte, es decir, el llamado impuesto de matriculación. Por
otra parte, el impuesto especial
sobre las labores de tabaco ha reducido su tasa de crecimiento debido
a los procesos de acaparamiento en meses anteriores.

Una vez señaladas algunas notas relevantes sobre la recaudación hasta
el mes de noviembre, creo conveniente que analicemos ya, conforme al
informe que les ha sido entregado, la recaudación hasta el mes de
octubre. La recaudación líquida de Estado en estos diez meses del año
2001 viene marcada por el entorno económico que he descrito al
principio de la intervención. Los ingresos no financieros del Estado
ascienden a 15 billones 845.000 millones de pesetas, lo que supone un
aumento del 4 por ciento sobre lo recaudado en el mismo período del
año 2000 y un grado de ejecución presupuestaria del 86, 3 por ciento.

No obstante, descontado el efecto de las devoluciones que presentan
un importante volumen tanto en el IVA como en el IRPF, la recaudación
bruta durante los diez primeros meses presenta un crecimiento de la
recaudación del 6,4 por ciento respecto a la registrada durante el
mismo período del año anterior.

Quiero señalar algunos de los factores que de forma global ha
influido en el comportamiento de los ingresos en estos diez meses del
año 2001. Así, podemos destacar, en primer lugar, la moderación en el
crecimiento del gasto interior y del consumo. En segundo lugar, el
mantenimiento del ritmo de crecimiento de las rentas declaradas por
las personas físicas debido, fundamentalmente, al crecimiento de la
masa salarial y a la creación de empleo que ha tenido nuestra
economía. Un tercer factor es la moderación de los beneficios
empresariales. Y, finalmente, una recuperación en los consumos
sujetos a impuestos especiales.

Entrando en el análisis del comportamiento recaudatorio de las
principales figuras tributarias en el período enero-octubre del año
2001 podemos señalar lo siguiente: Empezamos por el impuesto sobre la
renta de las personas físicas. Este impuesto ha registrado en este
período una recaudación líquida de 5 billones 76.000 millones de
pesetas, lo que supone un aumento del 9,9 por ciento y un grado de
ejecución del presupuesto del 89,4 por ciento. Esta evolución es
debida a los siguientes factores: En cuanto a las retenciones de
trabajo, que es el principal componente del impuesto sobre la renta
de las personas físicas, mantiene un elevado ritmo de crecimiento,
presentando una tasa del 12,2 por ciento, motivado por el
significativo aumento de la masa salarial, que crece un 8,8 por
ciento, por un crecimiento también del empleo asalariado en un 4,8
por ciento y por el aumento de las bases imponibles derivado de la
activación de cláusulas de revisión salarial. En segundo lugar, la
recaudación por retenciones sobre arrendamientos viene influida por
la reducción del tipo de retención del 28 por ciento al 18 por ciento
que se aprobó en junio de 2000, como consecuencia de una sentencia
del Tribunal Supremo, por lo que su tasa de variación es negativa,
del 3,1 por ciento. En cuanto a



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las retenciones sobre los fondos de inversión, han disminuido un 47,9
por ciento, debido a la caída en las ganancias sujetas a retención
como consecuencia de la evolución desfavorable de las cotizaciones
bursátiles, también a la reducción del volumen de reembolsos en este
ejercicio y también a la reducción del tipo de retención del 20 por
ciento al 18 por ciento, que se aprobó el año pasado en el Decreto-
ley 3/2000. En cuanto a las retenciones de capital mantienen un ritmo
de crecimiento hasta octubre del 21,9 por ciento. Las retenciones de
capital, por tanto, han aumentado vigorosamente debido al aumento de
los intereses bancarios, aumentando la retención sobre estos
intereses un 62,7 por ciento. Ello es debido al mayor atractivo que
han presentado durante este ejercicio los depósitos de alta
rentabilidad y el trasvase que se ha producido desde los fondos de
inversión a los depósitos bancarios como consecuencia de la
inestabilidad bursátil. En cuanto a los pagos fraccionados del IRPF,
se mantienen estables prácticamente porque el aumento ha sido del 1,9
por ciento. Y, por último, la cuota diferencial neta, que recoge el
ingreso del primer plazo de la campaña de renta y las devoluciones
efectuadas hasta octubre, registra un saldo negativo de 682.000
millones de pesetas, con un aumento respecto del mismo período del
año anterior del 13,5 por ciento, debido al mayor importe de las
devoluciones por una mayor agilidad en la gestión de las mismas.

En cuanto al impuesto sobre sociedades, la recaudación de este
impuesto asciende a 2,63 billones de pesetas, un 0,5 por ciento
inferior a la del mismo período del año 2000, período enero-octubre,
lo que supone un grado de ejecución del presupuesto del 87,2 por
ciento. Este impuesto es el que más rápidamente ha notado la nueva
coyuntura internacional al reflejar la moderación en los beneficios
empresariales. Las retenciones sobre el capital, fondos de inversión
y arrendamientos a cuenta del impuesto sobre sociedades presentan el
mismo comportamiento que en el IRPF, por lo que únicamente me voy a
referir a los dos principales componentes que explican la variación
de este impuesto y que son los pagos fraccionados y la cuota
diferencial neta. En cuanto a los pagos fraccionados, al mes de
octubre se registra el ingreso del primer y el segundo pago
fraccionado, alcanzando la cantidad de 1,2 billones de pesetas, con
una reducción del 2,4 por ciento respecto del año anterior. Y en
cuanto a la cuota diferencial neta ingresada en este año 2001, que
incorpora la declaración anual del ejercicio 2000, asciende hasta el
mes de octubre a 1 billones 140.000 millones de pesetas, con un
crecimiento del 1 por ciento. Estas nuevas magnitudes reflejan una
clara atenuación en la evolución de la recaudación del impuesto sobre
sociedades, que es fiel reflejo de la moderación que registran los
beneficios empresariales en el nuevo contexto económico
internacional.

Analizando las causas de esta atenuación podemos decir que los
beneficios empresariales han disminuido suavemente por diversos
factores como son: en primer lugar, la elevación de los gastos
financieros de las empresas por un mayor endeudamiento de las mismas.

Se ha reducido el tipo de interés, pero simultáneamente las empresas
se han endeudado más. Según la central de balances trimestral del
Banco de España los gastos financieros de las empresas se han
incrementado un 25 por ciento en el año 2000 y han vuelto a crecer en
los seis primeros meses de 2001 en un 39,6 por ciento; en segundo
lugar, se ha producido otro efecto, como es el aumento de las
pérdidas por minusvalías bursátiles, y, en tercer lugar, se ha
producido también un incremento de los costes laborales unitarios.

Además, en cuarto lugar, la recaudación del impuesto sobre sociedades
se ha visto afectada por las dotaciones para fondos de pensiones
externos impulsadas por el Real Decreto 1588/1999, por el que se
aprueba el reglamento sobre instrumentación de los compromisos por
pensiones con empleados y beneficiarios. Estas dotaciones tienen un
carácter deducible del impuesto sobre sociedades y, por tanto,
afectan a la recaudación de este impuesto. Este factor de la
exteriorización de fondos de pensiones explica a su vez que la
atenuación se concentre en las empresas de mayor tamaño, que son las
que precisamente están obligadas a exteriorizar, a lo que también a
contribuido la necesidad de realizar mayores provisiones que reflejen
las circunstancias adversas de inversiones en el exterior.

En cuanto al impuesto sobre el valor añadido, la recaudación durante
los diez primeros meses del año ha ascendido a 5,23 billones de
pesetas, con un crecimiento del 3 por ciento respecto al mismo
período del año anterior y con un grado de ejecución del presupuesto
del 86,9 por ciento. La atenuación en la tasa de crecimiento, 3 por
ciento en estos diez primeros meses frente al 9,8 por ciento en el
mismo período en el año anterior, se debe a varios factores: en
primer lugar, al importante volumen de devoluciones; en términos
brutos la recaudación del año 2001 presenta un crecimiento del 8,2
por ciento; en segundo lugar, a la desaceleración en las
importaciones; en tercer lugar, al desplazamiento del consumo a
productos con tipo reducido, y, en cuarto lugar, a las medias de
apoyo a los sectores agrario, pesquero y de transporte como
consecuencia del alza en el precio del petróleo a finales del año
2000.

Desagregando el IVA de la importación, crece un 7,1 por ciento cuando
durante el mismo período del año anterior lo hacía a un ritmo del
29,3 por ciento. Este descenso es debido a factores como son:
primero, la desaceleración en el ritmo de importaciones; segundo, las
variaciones en el precio del petróleo, y tercero, la cotización del
dólar, especialmente significativa a partir del 11 de septiembre. En
cuanto al IVA de las operaciones interiores su recaudación bruta
crece un 8,5 por ciento mientras que en términos netos, una vez
descontadas



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las devoluciones, lo hace un 1,5 por ciento. Esto es debido al
importante número de devoluciones que crecen casi un 23 por ciento de
las registradas en el año anterior.

Y pasamos ya a analizar la evolución de los impuestos especiales. La
recaudación durante los diez primeros meses del año del conjunto de
figuras que componen los impuestos especiales asciende a 2,31
billones de pesetas, con un incremento del 2,8 por ciento respecto al
año anterior. Lo cual supone una recuperación frente al pequeño
descenso experimentado en los primeros meses del año. En cuanto al
grado de realización del presupuesto se sitúa en un 83,2 por ciento.

Por figuras, dentro de los impuestos especiales podemos destacar en
el impuesto sobre hidrocarburos su evolución que ha venido influida
por dos hechos: el primero, los consumos no exentos de hidrocarburos
que crecen a tasas superiores al 4 por ciento; y el segundo, un
desplazamiento del consumo de productos con un gravamen menor, por lo
que el efecto sobre la recaudación también es menor. En el impuesto
de las labores del tabaco se observa un crecimiento del 9,4 por
ciento asociado a la subida experimentada en el precio de las
cajetillas de tabaco. En cuanto al impuesto sobre determinados medios
de transporte, se registra un descenso de tan sólo el 0,4 por ciento,
aunque el número de matriculaciones que se registran en los últimos
meses del año presenta una clara recuperación, por lo que podemos
afirmar que la recaudación presentará una tasa de crecimiento
positiva respecto a la del año 2000. Y, finalmente, y para concluir
el capítulo de impuestos especiales, en el impuesto sobre
electricidad se observa una evolución similar al impuesto sobre
hidrocarburos: crece a un ritmo del 0,8 por ciento, afectado por la
recuperación en el consumo de electricidad, que se mantiene en el
tercer trimestre del año, y por el consumo de productos con un menor
gravamen.

Pasamos ya a analizar las devoluciones. Las devoluciones son una
magnitud de especial importancia dentro de la recaudación de la
Hacienda Pública y en especial en el ámbito de dos impuestos como son
el impuesto sobre la renta de las personas físicas y el impuesto
sobre el valor añadido. El total de las devoluciones gestionadas por
la Agencia Estatal de Administración Tributaria en los diez meses del
año 2000, de enero a octubre, ha ascendido a 3,8 billones de pesetas,
es decir, un 17 por ciento más que en el mismo período del año
anterior, destacando los aumentos registrados en el IRPF y en el IVA.

En relación con el primer impuesto, es decir, el IRPF, las
devoluciones han ascendido a 1,22 billones de pesetas, siendo
superiores a las realizadas en el mismo período del año 2000 en un
10,9 por ciento. Este aumento de las devoluciones en el IRPF es
debido a un adelanto en las campañas de devoluciones, que este año
comenzó en mayo, y además a la mayor rapidez con la que se están
gestionando las devoluciones. Así, en este
período de enero a octubre se ha devuelto el 93,3 por ciento del
importe solicitado, que supone el 94,9 por ciento del número total de
devoluciones solicitadas. Y estos porcentajes son superiores a los
registrados en el año anterior.

En cuanto al IVA, las devoluciones efectuadas han ascendido a 2,07
billones de pesetas, con un crecimiento del 24 por ciento, que se
produce tanto en las devoluciones anuales como en las mensuales. Este
incremento en las devoluciones explica en parte la atenuación en el
crecimiento de la recaudación neta del impuesto sobre el valor
añadido, si bien en los meses de noviembre y diciembre podemos
observar una moderación en el ritmo de crecimiento de las
devoluciones debido tanto a la caída en la actividad exportadora del
impuesto sobre el valor añadido como a un descenso en las peticiones
de devolución. Para concluir esta parte sobre el comportamiento de
los ingresos del Estado y en particular de las distintas figuras
tributarias les puedo decir que los datos expuestos nos permiten
asegurar el cumplimiento de la cifra de ingresos tributarios aprobada
en los Presupuestos Generales del Estado para el presente año 2001.

Y ahora, una vez terminada la exposición sobre los ingresos no
financieros del Estado, y antes de abordar lo que está siendo la
labor de la secretaría de Estado de Hacienda en el ámbito normativo,
me gustaría referirme, aunque sea brevemente, a las actuaciones más
importantes desarrolladas en materia de gestión tributaria. En cuanto
a las actividades llevadas a cabo por la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, el director de la agencia ya les expuso
con detalle la información con motivo de su comparecencia en esta
Comisión el pasado 5 de diciembre. No obstante, me gustaría resaltar
algunos aspectos de los resultados obtenidos por la Agencia
Tributaria en lo que llevamos del año 2001, de los cuales SS.SS.

disponen de información al haberles sido entregado recientemente el
último informe sobre actividades de la Agencia a 31 de octubre de
2001.

En cuanto a la mejora de relaciones con los contribuyentes me
gustaría resaltar algunas de las actuaciones encaminadas a conseguir
y facilitar el cumplimiento voluntario por parte de los
contribuyentes en sus obligaciones fiscales. En materia de
información la Agencia Tributaria ha enviado a los contribuyentes más
de 22 millones de cartas y ha editado y distribuido más de 600.000
manuales. En cuanto a las consultas al programa Informa de
información tributaria básica se han realizado casi 3 millones de
consultas, de las cuales 658.000 lo han sido a través de Internet. En
materia de asistencia y de ayuda al contribuyente se produce un
crecimiento constante de las actuaciones de la Agencia Tributaria.

Permítanme que les destaque algunas de las actuaciones realizadas
durante la campaña del IRPF 2000 que se ha desarrollado durante este
año 2001. Así, la utilización de los programas de ayuda es cada vez



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más extensa puesto que más de 12,8 millones de declaraciones se han
realizado utilizando el programa PADRE, aumentando el grado de
utilización hasta el 87 por ciento de las declaraciones. Esto es,
prácticamente 9 de cada 10 declaraciones presentadas de la renta es
confeccionada con la ayuda del programa PADRE suministrado por la
Agencia Tributaria. Además, se ha utilizado por primera vez el
programa de ayuda a la devolución rápida por 151.000 contribuyentes.

Por su parte, el servicio de envío de datos fiscales tiene cada vez
una mayor aceptación. Mediante este envío se facilitan al
contribuyente la información tributaria, en poder de la Agencia
Tributaria, necesaria para confeccionar su declaración, lo que
facilita enormemente la tarea a los contribuyentes y garantiza a la
administración tributaria una mayor precisión en la cumplimentación
de las declaraciones. Este servicio ha aumentado un 42 por ciento
hasta alcanzar el millón 600.000 envíos. Por otra parte, el servicio
de cita previa ha aumentado un 11,3 por ciento hasta alcanzar 2
millones 711.000 actuaciones. Y el número de declaraciones
presentadas por Internet también ha aumentado espectacularmente, más
de un 370 por ciento respecto del año anterior, llegando a las
500.000 declaraciones.

Pero las actuaciones de asistencia y apoyo no se circunscriben
únicamente al IRPF, sino que se están extendiendo a la totalidad de
las figuras y conceptos impositivos gestionados por la Agencia
Tributaria. Buena muestra de la ampliación de estas actividades es la
creciente utilización de los programas de ayuda en la presentación de
retenciones de trabajo personal, de capital mobiliario y de
operaciones con terceros. Por citar una única cifra, en el modelo de
operaciones con terceros se han efectuado con el programa de ayuda un
millón 200.000 declaraciones cuando en el año 2000 fueron únicamente
143.000, es decir, se ha multiplicado por 11 el número de
declaraciones con este programa de ayuda. Y, por último, para
concluir este apartado debemos resaltar la creciente utilización de
los servicios de la agencia a través de Internet, no sólo como canal
para la presentación de declaraciones, sino también como medio para
utilizar los servicios de información y de asistencia. De esta forma,
asistimos a la constatación de las indudables ventajas de
disponibilidad horaria y de inmediatez que garantiza este canal y que
harán del mismo un elemento esencial en las relaciones entre la
administración tributaria y los contribuyentes.

El segundo gran grupo de actuaciones de la Agencia Tributaria son las
dirigidas a la investigación y comprobación, es decir, las
actuaciones de control, las cuales permiten detectar o comprobar el
grado de cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de
los contribuyentes. Estas actuaciones son las que precisamente
permiten distribuir adecuadamente las cargas públicas y son
necesarias tanto para contribuir a la creación de una auténtica
conciencia fiscal como para evitar situaciones de elusión que
pudieran crear competencia
desleal entre agentes económicos. De la misma manera, es
necesario que una vez detectados y sancionados los incumplimientos se
hagan efectivos y se ingresen en el Tesoro Público tanto las cuotas
defraudadas u ocultadas como las sanciones que se pudieran haber
impuesto.

En las actuaciones de control debemos de distinguir entre las
acciones realizadas por los departamentos de inspección financiera y
tributaria, aduanas e impuestos especiales, gestión tributaria y
recaudación. Los datos globales de deuda liquidada, delito fiscal y
resto de actuaciones recogen un aumento sobre el mismo período del
año anterior del 41,8 por ciento hasta alcanzar 1,56 billones de
pesetas. Por departamentos se distribuyen de la siguiente manera: En
el ámbito de inspección los datos correspondientes a deuda liquidada,
delito fiscal y resto de actuaciones han alcanzado durante los diez
primeros meses del año 641.000 millones de pesetas, lo que representa
un incremento respecto del mismo período del año anterior del 7,72
por ciento. Hay que destacar dentro de este ámbito el crecimiento de
los expedientes de delito fiscal que han aumentado en más de un 10
por ciento. En aduanas e impuestos especiales se han registrado unos
resultados de 609.000 millones de pesetas, lo que supone un aumento
de prácticamente el 33 por ciento. En el área de gestión tributaria
los resultados de control reflejan un crecimiento de más del 22 por
ciento, hasta alcanzar los 311.000 millones de pesetas. Y en el
ámbito de la recaudación, que desarrolla su actividad encaminada a la
recuperación de la deuda tributaria, se han producido unos resultados
de 323.000 millones de pesetas con un aumento del 9,2 por ciento
respecto del año anterior. En resumen y como conclusión del apartado
que hace referencia a las actuaciones de control tributario me
gustaría señalar que los resultados ascienden a más de billón y medio
de pesetas detectado en la lucha contra el fraude fiscal y aduanero y
que el cumplimiento ha sido equilibrado en todas las áreas
funcionales de la Agencia Tributaria.

Voy a pasar ahora a referirme a los trabajos que esta secretaría de
Estado desarrolla en el ámbito normativo. Dentro de las actuaciones
de política tributaria desarrolladas por esta secretaría de Estado de
Hacienda debemos diferenciar tres ámbitos de actuación: Por una
parte, las medidas incluidas en las leyes de presupuestos y de
medidas fiscales que en la actualidad está finalizando su tramitación
parlamentaria. En segundo lugar, los tres proyectos de ley que han
sido aprobados o se encuentran en su última fase de tramitación y que
se derivan del acuerdo de financiación autonómica alcanzado el 27 de
julio de este año. Y, finalmente, los proyectos que serán remitidos a
las Cortes Generales en un futuro próximo.

En cuanto a las medidas incluidas en las leyes de presupuestos y
acompañamiento, a pesar del entornode incertidumbre en el que nos
encontramos, el Gobierno



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no se ha apartado del objetivo que tiene asumido de seguir impulsando
el crecimiento y la competitividad de la economía española y por ello
en ambas normas se han introducido una serie de iniciativas que
permiten, a través de la reforma del Impuesto Sobre Sociedades y de
los sistemas de previsión social, estimular la actividad económica y
el empleo a través de nuevos incentivos a la inversión productiva y
del fomento del ahorro a largo plazo. Estas medidas van a ayudar
mantener el diferencial positivo tanto en términos de crecimiento
como de empleo respecto a nuestros socios europeos.

A continuación voy a describir brevemente algunas de las medidas que
incorporan las leyes de presupuestos y de medidas fiscales,
administrativas y del orden social para el próximo ejercicio 2002 en
lo que se refiere a IRPF, PYMES y sociedades en general. En el
impuesto sobre las rentas de las personas físicas hay una serie de
medidas que reducen el IRPF y que favorecen el ahorro a largo plazo y
que son: por un lado, la exención de las indemnizaciones por daños
personales satisfechos por el mal funcionamiento de los servicios
públicos; la posibilidad, en segundo lugar, de compensación de deudas
entre cónyuges. Así se regula la posibilidad de suspender el ingreso
de la deuda tributaria de uno de los cónyuges por el impuesto sobre
las rentas de las personas físicas cuando el otro cónyuge haya
presentado una declaración con solicitud de devolución. El ingreso se
suspende sin intereses de demora hasta el reconocimiento del derecho
a la devolución del otro cónyuge, extinguiéndose en ese momento la
cuantía coincidente del ingreso y de la devolución.

En las viviendas de protección oficial se produce una bonificación,
porque las subvenciones estatales para la primera adquisición de una
vivienda de protección oficial en pago único en lugar de incluirse en
la base imponible del año en el que se percibe la subvención se
permite imputar por cuartas partes en el año en el que se perciba la
subvención y en los tres siguientes. Por otra parte, se mantiene la
compensación fiscal a los arrendatarios de vivienda habitual. También
se mantiene la compensación fiscal a los adquirientes de vivienda
habitual previsto en la ley 40/1998.

Y en cuanto a los planes de pensiones, que van a permitir reducir la
tributación del IRPF de las personas que realicen estas aportaciones,
es importante señalar la supresión de los límites porcentuales tanto
en los planes de pensiones de empleo como en los individuales; se
suprime el límite porcentual del 25 por ciento calculado sobre la
suma de los rendimientos netos del trabajo, actividades económicas y
de imputaciones de sociedades transparentes así como el límite del 40
por ciento que existía para los mayores de 52 años. Estos límites
estaban afectando a las personas de niveles de renta inferiores, con
lo cual supone una ventaja fiscal precisamente para estos niveles de
renta. Por otra parte se aumentan también los límites absolutos para
los mayores de 52 años, se suprime la restricción relativa al límite
a los tipos de rentas, por tanto, cualquier tipo de rentas que se
perciban podrán dar derecho a la deducción por aportaciones a planes
de pensiones, y también se suprime el límite conjunto de planes de
pensiones, individuales y de empleo, por lo que una persona puede
percibir aportaciones a un plan de empleo con el límite de un millón
200.000 pesetas y adicionalmente realizar aportaciones voluntarias a
un plan individual con este mismo límite. Y también hay una mejora en
cuanto a los empresarios individuales porque se les permite, con
deducción fiscal, realizar aportaciones al plan de pensiones de
empleo de sus empleados a la vez que puede realizarlo al plan
individual.

En cuanto a las PYMES se modifica el ámbito de aplicación del régimen
fiscal de las empresas de reducida dimensión, el régimen fiscal de
PYMES en el impuesto sobre sociedades, porque su definición en
función del volumen de operaciones pasa a 5 millones de euros, que
son 832 millones de pesetas. Hay que recordar que antes del Decreto
Ley 3/2000 estaba en 250 millones de pesetas. Por tanto, en un año se
ha más que multiplicado por tres la cifra de operaciones para poder
acogerse al régimen especial de PYMES, que consiste en que el tipo
impositivo es del 30 por ciento para los primeros 15 millones de
beneficio, en que existe libertad de amortización si crean empleo,
libertad de amortización para inversiones de escaso valor,
amortización acelerada del inmovilizado material nuevo y una dotación
genérica para insolvencias de deudores del 1 por ciento con deducción
fiscal que no tienen el resto de los sujetos pasivos del impuesto
sobre sociedades. También en relación con las PYMES se ha aprobado
este año una deducción del 10 por ciento de la cuota del impuesto
sobre sociedades por inversiones en material destinado a la
protección del medio ambiente y en fomentar el uso de las energías
renovables. También se amplía el período de compensación de pérdidas
de diez a quince años y las provisiones por insolvencia de deudores
reduce su plazo para ser deducible fiscalmente de doce meses a seis
meses. También se amplía el plazo para aplicar las deducciones en el
impuesto sobre sociedades de cinco a diez años y en el caso de I+D el
plazo se amplía de diez a quince años.

Otras medidas que se recogen en el impuesto sobre sociedades
aplicables al resto de las sociedades que no son PYMES, además de
algunas que ya hemos dicho en el régimen de PYMES, son la deducción
por aportaciones a planes de pensiones de empleo (ésta también se
aplica a las PYMES), aplicable a las aportaciones que se realicen
para empleados con retribuciones anuales inferiores a 4 millones de
pesetas o bien por los primero cuatro millones y medio de pesetas de
personas que reciban retribuciones superiores. También se permite una
nueva deducción, que también se aplica a las PYMES, por reinversión
de beneficios extraordinarios del 17 por ciento, por lo que el tipo
efectivo quedaríaen el caso de plusvalías en el 18 por ciento,
siempre y



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cuando se reinvierta, y en el caso de las PYMES quedaría reducido al
13 por ciento (30 por ciento menos el 17 por ciento es el 13 por
ciento) para los 15 primeros millones de beneficios.

Se ha mejorado la deducción por I+D+I permitiendo la deducción del 10
por ciento de las inversiones realizadas en activos afectos a las
actividades de I+D+I y una mejora en la deducción por adquisición de
patentes. Además, se amplía el plazo para aplicar las deducciones de
5 a 10 años, se da la posibilidad de amortizar el fondo de comercio
derivado de adquisiciones en el extranjero y se mejora el régimen de
consolidación fiscal al pasar el porcentaje para determinar el grupo
de sociedades del 90 por ciento al 75 por ciento. Se amplía de 10 a
15 años para compensar bases imponibles negativas y, finalmente, ya
lo he comentado, la reducción del plazo de 12 a 6 meses para ser
deducibles las provisiones por deudores morosos.

En cuanto a las actuaciones en materia de política fiscal territorial
el nuevo modelo de financiación autonómica es fruto del acuerdo
alcanzado por unanimidad en el Consejo de Política Fiscal y
Financiera de 27 de julio de 2002 que se vio refrendado de forma
definitiva el pasado 22 de noviembre. En la actualidad se encuentran
en última fase de tramitación parlamentaria dos de los tres proyectos
a los que ha dado lugar este acuerdo de financiación. Primero el
proyecto de ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica de
Financiación de las Comunidades Autónomas. En segundo lugar, el
proyecto de ley por el que se regulan las medidas fiscales y
administrativas del nuevo sistema de financiación de las comunidades
autónomas de régimen común y de las ciudades con estatuto de
autonomía. El tercer proyecto, que era el proyecto de ley reguladora
de los fondos de compensación interterritorial, fue finalmente
aprobado por el Congreso de los Diputados el pasado 13 de diciembre.

El acuerdo de financiación autonómica es un acuerdo alcanzado por
consenso entre todas las partes intervinientes en la cuestión,
gobiernos central y autonómico y principales partidos políticos, que
permite la creación de un nuevo modelo de financiación autonómica,
modelo que es integrado, corresponsable, suficiente, solidario,
estable, transparente y, finalmente, es un modelo que potencia las
relaciones con la Agencia Tributaria.

Las fuentes financieras para financiar las necesidades de las
comunidades autónomas derivadas de este acuerdo son las siguientes:
En primer lugar, los tributos cedidos, que son el impuesto sobre
sucesiones, patrimonio, transmisiones patrimoniales, actos jurídicos
documentados y tasa del juego con el máximo de competencia normativa.

En segundo lugar, el 33 por ciento del IRPF. En tercer lugar, el 35
por ciento del IVA. En cuarto lugar, el 40 por ciento de los
impuestos especiales. En quinto lugar, el impuesto especial sobre
electricidad, en el que se cede el 100 por ciento. Y, en sexto
lugar, el 100 por ciento del impuesto sobre determinados medios de
transporte. Y, por último, en el acuerdo de financiación económica se
preveía también la creación del nuevo impuesto sobre ventas
minoristas de hidrocarburos como impuesto finalista afectado a la
sanidad, cediéndose el 100 por ciento de la recaudación a las
comunidades autónomas por ventas minoristas de estos productos. Las
comunidades autónomas pueden establecer un tipo económico con unos
límites crecientes en los años 2002, 2003 y 2004 de modo que ese
último año y los siguientes no superen el tipo general que se
establece para el año 2002. Lo únicos impuestos cuya recaudación
queda íntegramente del Estado son el impuesto sobre sociedades y el
impuesto sobre las primas de seguros.

En cuanto al concierto vasco, otro de los trabajos que está llevando
bastante tiempo a esta secretaría de Estado de Hacienda en este
último trimestre del año ha sido el de la negociación para la
renovación del concierto vasco. Como SS.SS. saben, el Consejo de
Ministros del 30 de noviembre de este año aprobó un proyecto de ley
de prórroga del concierto económico con el País Vasco que pretende
garantizar la vigencia del concierto actual, evitando el vacío legal
que podría suponer la inexistencia de concierto vigente a partir del
1 de enero de 2002. En virtud de esta ley, se prorroga el actual
concierto durante el año 2002 y, en cualquier caso, hasta el momento
en que por parte del Estado y del País Vasco se alcance un acuerdo de
aprobación del nuevo concierto, garantizando con la prórroga la
vigencia de esta ley sustantiva del ordenamiento vasco sobre la que
el País Vasco basa su autogobierno.

Además de los diferentes proyectos que ya han sido presentados en el
Parlamento, si me lo permiten SS.SS. pasaré a referirme a
determinados proyectos que serán presentados en fecha próxima, como
la ley de mecenazgo, la ley general tributaria o la reforma del
impuesto sobre las rentas de las personas físicas. En cuanto a la ley
de mecenazgo, los trabajos del borrador de anteproyecto se encuentran
muy avanzados y esperamos que próximamente pueda ser aprobado por el
Consejo de Ministros para su remisión a las Cortes. La intención es
ofrecer un marco jurídico y unos incentivos fiscales mejores que los
actuales y está prevista la simplificación de trámites y la supresión
de trabas a las entidades sin ánimo de lucro. La mejora del régimen
fiscal de estas entidades abarcará tanto al ámbito del impuesto sobre
sociedades como al de los impuestos locales. En definitiva, se
pretende avanzar hacia un mejor régimen fiscal de las entidades sin
ánimo de lucro que contemple también mayores incentivos fiscales
a los donativos y aportaciones que se realicen a estas entidades.

En cuanto a la reforma de la Ley General Tributaria (este es otro de
los proyectos en los que está trabajando esta secretaría del Estado),
es una reforma que quizá no llegue al gran público puesto que no va a
afectar directamente



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a la cuantía de la factura fiscal, pero que, sin embargo, es una
iniciativa de gran transcendencia porque supone actualizar la norma
que rige las relaciones de los contribuyentes con la administración
tributaria, permitiendo que sigamos avanzando hacia la consecución de
una administración tributaria cada vez más eficaz en la que se
potencie su vertiente de servicio público. Los objetivos que se
pretenden con esta reforma de la Ley General Tributaria son
modernizar la administración tributaria, garantizar los derechos y
garantías de los contribuyentes, incentivar el cumplimiento
voluntario de las obligaciones fiscales y reducir la conflictividad
en el ámbito tributario.

Junto a los proyectos ya enunciados, otra de las iniciativas que el
Gobierno va a adoptar durante la presente legislatura es una nueva
reforma del IRPF. Se pretende acometer una nueva rebaja del impuesto
para todos los españoles que simplifique el impuesto y que mejore el
tratamiento fiscal de las familias con hijos. Los trabajos que se
están llevando a cabo se encuentran aún en una fase preliminar, por
lo que no es posible todavía concretar ninguna propuesta. Sin
embargo, sí se puede recordar que el programa electoral con el que el
Partido Popular se presentó a las últimas elecciones prevé rebajar
los tipos marginales al 46 por ciento el máximo y al 15 por ciento el
mínimo desde el 18 por ciento actual y seguir favoreciendo las rentas
más bajas, atendiendo adecuadamente a las cargas familiares. Uno de
los retos más importantes que tiene que superar actualmente la
sociedad española es, precisamente, el derivado de la actual baja
tasa de natalidad. Tal y como señala Fondo Monetario Internacional en
su último informe sobre España, la baja natalidad asociada a la
elevada esperanza de vida puede suponer un serio inconveniente no
sólo sobre las pensiones futuras, sino también sobre el gasto
sanitario en que se pueda incurrir en el futuro. Las tendencias
demográficas no pueden modificarse en el corto plazo pero la próxima
reforma del IRPF ha de incorporar medidas que mejoren la fiscalidad
de la familia como forma de incentivar la natalidad. Por este motivo,
en el nuevo impuesto se contemplará un tratamiento especial para la
maternidad y en especial para las mujeres que tengan hijos pequeños a
su cargo. Asimismo, el impuesto tendrá como objetivo apoyar a las
familias y a las rentas más bajas así como el ahorro a largo plazo.

El Gobierno ha aprobado recientemente un plan integral de apoyo a la
familia en el que se incluyen disposiciones de carácter fiscal que
juegan un papel importante. Entre las iniciativas en esta materia
está la que ya les he señalado de la ayuda fiscal a las madres con
hijos menores de tres años, una medida que se calcula que beneficiará
a más de un millón de mujeres. Una segunda iniciativa es una ayuda
especial a las familias a partir del tercer hijo, y otra es una ayuda
fiscal al empleo de las familias con hijos. Cuando un empleado parado
deje de percibir prestaciones por desempleo por incorporarse al
mercado de trabajo
podrá ser compensado en el IRPF por el tiempo que le reste para
percibir prestaciones por desempleo. Asimismo, habrá mayores
deducciones para las familias por el cuidado de hijos y ascendientes.

En el plan integral de apoyo a la familia está también la
compensación de declaraciones de IRPF de los cónyuges, que ya se ha
incluido este año en la ley de acompañamiento, y también se incluirá
un incentivo fiscal al alquiler de viviendas, con el fin de reducir
los precios de los alquileres. Esta nueva reforma del IRPF se
pretende que entre en vigor en el ejercicio 2003, por lo que está
previsto que el proyecto de ley sea remitido a las Cortes en la
primavera del próximo año.

A continuación me gustaría referirme a la labor de esta secretaría de
Estado en el ámbito internacional. Paso a comentarles brevemente la
labor desarrollada en cuatro frentes: la OCDE, el CIAT, que es el
Centro Interamericano de Administraciones Tributarias, la ampliación
de la red de convenios y, finalmente, la Unión Europea y
especialmente la Presidencia española de los próximos seis meses.

En cuanto a la OCDE, se ha aprobado el informe de progreso sobre la
lucha contra las prácticas fiscales perjudiciales. Debemos destacar
en este informe de la OCDE -al que también se ha llamado sobre los
paraísos fiscales- la contundencia de la posición española respecto
de Gibraltar, porque se ha aclarado en este informe que la asunción
del compromiso de desmantelar los regímenes fiscales nocivos de
Gibraltar corresponde al Reino Unido y no a las autoridades
gibraltareñas, y ello a pesar de la presión que han ejercido otros
Estados miembros de la OCDE así como otros países que también
comparten los objetivos de combatir los regímenes fiscales desleales
y los paraísos fiscales. Este trabajo de la OCDE está dando ya sus
frutos y ya son once los países o territorios calificados como
paraísos fiscales que se han comprometido a dejar de serlo en un
futuro próximo.

En segundo lugar, el CIAT, que es el Centro Interamericano de
Administraciones Tributarias, constituye otro eje destacado de la
actuación exterior de esta secretaría de Estado. En abril de este año
España pasó a ser miembro de pleno derecho del CIAT como expresión
del compromiso de esta secretaría de Estado para asegurar un canal de
relaciones privilegiadas con le región tan ligada históricamente a
nosotros como es toda América.

En tercer lugar, el tercer ámbito de actuación, los convenios para
evitar la doble imposición. El pasado 10 de enero el Boletín Oficial
del Estado publicaba los nuevos convenios entre España e Israel,
Noruega y Cuba. Se han llevado también a tramitación parlamentaria
los convenios con Eslovenia y Grecia. Y ya están pendientes de firma
por el Consejo de Ministros los convenios con Egipto, Islandia y
Venezuela. Es decir, entre convenios para evitar la doble imposición
ya negociados y los que están en vigor tenemos un total de 57
convenios.




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Por último, y ya para terminar, me voy a referir a la Presidencia
española de la Unión Europea que se va a celebrar durante los
primeros meses del año 2002. Es la tercera vez que España asume esta
función. Los objetivos y líneas de actuación a desarrollar en el
ámbito fiscal y aduanero se los voy a resumir a continuación. España
asume la Presidencia de la Unión Europea en un momento decisivo en el
contexto internacional y coincidente además con el nacimiento físico
del euro. Los recientes acontecimientos nos enseñan que cada vez es
más necesaria, si no imprescindible, una cooperación entre todos los
países en todos los ámbitos de actuación. Por eso la prioridad en el
ámbito fiscal de la presidencia es la mejora de la cooperación en
materia fiscal entre todos los países miembros. Así, entre las
prioridades fiscales que vamos a tener que desarrollar en estos seis
primeros meses del año tenemos, en primer lugar, la fiscalidad del
ahorro. Le va a corresponder a España colaborar con la Comisión
Europea en las negociaciones con Estados Unidos, Suiza, Andorra, San
Marino, Liechtenstein y Mónaco, de modo que estos países se
comprometan a aplicar medidas equivalentes a las que prevé la
directiva del ahorro; es decir, un régimen de intercambio de
información sobre los rendimientos satisfechos a residentes
comunitarios o bien establecer una retención. También le corresponde
a España culminar los trabajos sobre el modo en que operará el
intercambio de información.

La directiva del ahorro se someterá a votación antes del 31 de
diciembre del 2002 y es de esperar que se apruebe al tiempo que se
haga el resto del paquete fiscal. Esta directiva prevé un período
transitorio de 7 años entre el año 2004 y el 2010 inclusive, donde
Bélgica, Luxemburgo y Austria podrán aplicar retenciones en la fuente
sobre intereses satisfechos a particulares residentes en otro Estado
miembro. Es decir, la directiva del ahorro se refiere al ahorro de
personas físicas obtenido en otro país miembro. Los tres estados
miembros que practiquen la retención destinarán un 25 por ciento a
sus costes y el 75 por ciento lo reembolsaran al Estado miembro de
residencia de la persona física beneficiaria de los intereses. Los
doce estados miembros restantes aplicarán el sistema de intercambio
de información desde el primer momento y una vez finalizado el
período transitorio, todos los estados miembros, los que haya en esa
fecha, aplicarán el régimen de intercambio de información. Por tanto,
el período transitorio es el período en el cual van a coexistir los
dos sistemas de intercambio de información y de retención.

En cuanto al código de conducta, a la Presidencia española le
corresponde evaluar la adecuación de las medidas adoptadas por los
estados miembros para desmantelar las medidas perjudiciales y
finalizar el examen sobre nuevas medidas adoptadas desde el año 2000
que pudieran considerarse perjudiciales así como decidir la posible
prórroga de las ventajas para determinadas medidas más allá del año
2005. España está cumpliendo
en esta materia. Está previsto que las tres medidas españolas
que habían sido condenadas cumplan los plazos de desmantelamiento
establecidos. Así, las medidas condenadas fueron los centros de
coordinación de los territorios históricos del País Vasco; en segundo
lugar, los centros de coordinación de Navarra; y, en tercer lugar, el
régimen fiscal de investigación y explotación de hidrocarburos. En
relación con los centros de coordinación ya se han derogado o se han
iniciado los trámites para su derogación. Y en relación con régimen
fiscal de hidrocarburos, a través de la ley de acompañamiento de este
año se ha introducido una enmienda para que este régimen no se
aplique a nuevos beneficiarios. Esto es lo que exige la Unión Europea
además de que se prevé su caducidad tal y como nos hemos comprometido
en el código de conducta.

En materia de fiscalidad indirecta la Presidencia española se
enfrenta asimismo a varios retos. En cuanto al AIEM, que es el
arbitrio sobre la importación y entrega de mercancías en Canarias, el
6 de diciembre, conforme a lo que se había acordado con la Comisión
Europea, la Comisión presentó formalmente la propuesta de decisión,
por lo que se autoriza la estructura de tipos impositivos y
exenciones del AIEM, y aunque se apruebe por la Comisión formalmente,
durante el año próximo tendrá efectos retroactivos del 1 de enero,
convalidando de esta manera lo que se ha incluido en la ley de
acompañamiento de este año. En cuanto al IVA, impulsaremos una
propuesta de directiva relativa a la simplificación, modernización y
armonización del régimen de agencias de viajes, del IVA del comercio
electrónico. En cuanto a impuestos especiales, también España tendrá
que avanzar en la negociación de una futura directiva de fiscalidad
de productos energéticos que tenga una especial consideración de la
actividad del transporte así como de los biocarburantes. Y, por
último, pretendemos en la Presidencia española avanzar especialmente
en el intercambio automático de información, en el intercambio de
información respecto al IVA y, sobre todo, en el intercambio de
información y la cooperación administrativa en materia de control
tributario, con el fin de poder coordinar actuaciones dentro de la
Unión Europea.

Y ya, para terminar, en este primer semestre del año 2002
afrontaremos numerosos retos. Muchas de las cuestiones que se
plantean son nuevas y ello exigirá grandes esfuerzos para alcanzar su
aprobación y, por supuesto, en el Ministerio de Hacienda todo el
personal está dispuesto a trabajar lo necesario para poder cumplir
con la Presidencia europea en este primer semestre del año 2002 de
forma satisfactoria.

Y con esto pongo fin a mi intervención. He intentado hacer un
análisis detallado de las principales actuaciones desarrolladas por
la secretaría de Estado de Hacienda y de las líneas que en el ámbito
fiscal y tributario van a marcas la próxima Presidencia española.

Quiero agradecerles la oportunidad que me han brindado



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para comparecer hoy aquí y, como no puede ser de otra manera, me
pongo a su disposición para suministrarles cualquier aclaración o
contestar cualquier cuestión adicional que deseen plantearme con
motivo y ocasión de mi intervención.




El señor PRESIDENTE: Para la intervención de los distintos portavoces
de los grupos parlamentarios tiene, en primer lugar, la palabra el
portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, señor Bel.




El señor BEL I QUERALT: En primer lugar, quería decirle, aparte de
agradecerle su presencia en la cámara, que no debe tomar como
descortesía el hecho de haber iniciado su intervención en ausencia de
la mayor parte de miembros y portavoces del Grupo Parlamentario
Socialista puesto que tememos que ha habido una confusión. Nosotros
habíamos entendido que se había fijado la comparecencia a las diez y
media, sin embargo, parece que esta se había convocado a las diez. En
todo caso no tome como descortesía el retraso puesto que ha sido una
confusión que ha tenido alcance epidémico en el Grupo Parlamentario
Socialista.

Dicho esto, le debo agradecer que en la primera parte de su
exposición haya hecho referencia a la evolución de la ejecución de
ingresos del Estado para el año en curso. Es una información que ya
nos transmitió ayer la señora Elvira Rodríguez en la Comisión de
Presupuestos, pero le agradecemos, no obstante, la reiteración de la
misma. Y en la segunda parte de su intervención ha hecho referencia a
la actuación de la Agencia Tributaria. Es también una información que
nos trasladó el día 5 de diciembre el director general de la Agencia.

También le agradecemos la reiteración. Ha entrado después en algo que
no habíamos tenido ocasión todavía de tratar con tanto detalle en la
cámara cuáles son los cambios incluidos en el presupuesto y en la ley
de acompañamiento. Es verdad que habíamos tenido alguna oportunidad
de discutir sobre los cambios fiscales que habían venido como
proyecto de ley del Gobierno y se discutieron en el Congreso, pero es
la primera ocasión en la que podemos discutir específicamente sobre
los cambios fiscales introducidos en el Senado. Le agradezco ahí más
todavía sus apreciaciones. Y nos ha hecho, por fin, algún tipo de
referencia a proyectos futuros. Usted mismo ha dicho que, con la
probable excepción de la ley de mecenazgo, se hayan en fase muy
preliminar. Quería plantearle un par de cuestiones respecto a estos
proyectos de futuro. Todavía, en la medida en que se encuentran en
fase preliminar por parte del Gobierno, probablemente no podamos
entrar en cuestiones de detalle.

Respecto a la ley de mecenazgo le he oído decir que se van a
establecer exenciones o deducciones fiscales en el ámbito de la
tributación local. Yo le quería preguntar si han previsto algún tipo
de esquema de compensaciones a las haciendas locales en el supuesto
de
que se realicen deducciones o exenciones en tributos de carácter
local, puesto que creemos que no es una forma de proceder adecuada el
tomar decisiones sobre tributos que recaudan otras administraciones
sin establecer el marco de compensaciones oportuno.

Respecto a la reforma del IRPF, le agradezco la información que nos
ha dado, pero no ha ido usted mucho más allá de la información que
proporcionó en la entrevista que publicó el diario ABC el día 9 de
diciembre de este año. De todos modos, sí quería realizarle un par de
consideraciones: En primer lugar, nos ha recordado usted, aunque lo
sabíamos por el programa electoral del PP, que tienen previsto traer
a la cámara la reducción de tipos, máximo y mínimo, al 46 por ciento
y al 15 por ciento. Yo le pediría que antes de efectuar esta
proposición se haga un cálculo de lo que ha supuesto de presión
fiscal en frío derivado del hecho de no haber actualizado el IRPF por
la inflación desde 1999. Probablemente llegará usted a la conclusión
de que para los contribuyentes individuales con rentas de unos 3
millones de pesetas y las familias con rentas de 6 millones y medio,
la no actualización por inflación del impuesto, el aumento de la
presión fiscal en frío está suponiendo que en la actualidad estén
pagando por IRPF aproximadamente un 3 por ciento más de su renta que
en 1999. De ser así se constataría que una reducción de puntos del
tipo que usted propone, que es la que es consecuencia del programa
del Partido Popular, no vendría en la práctica sino estrictamente
a compensar los efectos del aumento de la presión fiscal en frío que se
está realizando desde 1999.

Y en términos de ayudas a las familias yo creo que es afortunado que
coincidamos en la idea de establecer políticas que puedan incentivar
la natalidad, que puedan hacer que las familias y particularmente las
mujeres puedan combinar de una manera mucho mejor las opciones entre
tener hijos y estar presentes en el mercado de trabajo. Si esto es
así sería importante que este tipo de familias guardaran una relación
estrecha con las circunstancias laborales de las mujeres y de los
hombres, particularmente de las mujeres. No puedo dejar de alegrarme,
incluso personalmente, por el hecho de que se vaya a establecer algún
tipo de bonificación fiscal para hijos menores de tres años, porque,
aunque tarden en aprobar la ley a mí todavía me va a pillar, lo cual
está bien, pero sí creo que deben considerar en el diseño general de
familia que muchos de los problemas, muchos de los obstáculos a la
decisión, a la opción de las familias entre la natalidad y el mercado
de trabajo se sitúan fuera del marco del impuesto y, a la vez, dentro
del marco del impuesto se establecen incentivos que en muchas
ocasiones no están actuando sobre la opción natalidad-mercado de
trabajo. Obviamente, creemos que el IRPF se ha de hacer eco de la
necesidad de disminuir la asunción privada de los costes de tener
hijos, pero creemos que sería una opción miope la que limitara al
IRPF este tipo de políticas, porque, como le repito,



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muchos de los problemas de opción entre natalidad y mercado de
trabajo se sitúan fuera del IRPF, se sitúan en escalas de salarios
que están fuera de los mínimos con obligación de tributación en el
IRPF y, a su vez, dentro del IRPF muchas veces no estamos actuando
sobre este binomio de decisión, sino sobre otro tipo de cuestiones
más generales.

Voy a ir ahora, como usted decía y ha centrado ahí buena parte de su
intervención, al comentario del paquete de medidas fiscales que traen
estos presupuestos y también a los aspectos de presupuestos
territoriales, a las leyes de financiación. Ya hemos dicho en alguna
ocasión, y con carácter general lo voy a repetir, que creemos que los
paquetes fiscales que se han traído en esta ley son inadecuados con
la coyuntura, son injustos y, además, creemos que en cierta medida se
han planteado de una forma vergonzosa. Son inadecuados porque España
va a ser el único país de la OCDE, de las economías desarrolladas,
que en el año 2002 va a plantear una política fiscal que refuerza el
ciclo. Si para el 2002 hay un gran consenso en que es una etapa de
incertidumbre, donde el consumo de las familias y por tanto la
demanda interna no va a tener unas expectativas brillantes, la
mayoría de los países han decido tomar políticas neutrales o
políticas anticíclicas. El caso de las políticas anticíclicas es el
más general; es el que han adoptado Francia, Alemania, Italia o
Estados Unidos entre los grandes países de la OCDE. Y todavía la
semana pasada la Cámara de Representantes en Estados Unidos aprobó
una serie de modificaciones legislativas que venían a reducir la
desfiscalización empresarial inicialmente planteada por el Gobierno
de los Estados Unidos y venían a introducir esquemas de subvenciones
tanto en términos de subsidio de paro como de trabajadores con
ingresos bajos, que nosotros no creemos reproducibles en su
literalidad en España, pero que sí muestran una orientación de la
fiscalidad dirigida a cultivar, a incentivar la disposición de renta
disponible por parte de las familias con vistas al próximo año.

En el caso de España, por el contrario se adopta, por un lado, (usted
ha relatado bien; yo voy a hacer una referencia) un paquete de
medidas que vienen a desfiscalizar rentas empresariales y muy
particularmente le oigo una referencia a un tipo de rentas de
personas físicas y, en cambio, se ha adoptado, inicialmente de forma
limitada en el Congreso, con mayor profusión y con mayor alcance en
el Senado, una serie de medidas que van a gravar adicionalmente a las
familias de forma importante en el 2002. Con relación a los impuestos
que bajan, usted ha hecho una relación muy extensa, yo creo que hay
siete medidas que van a afectar negativamente a corto plazo los
ingresos de la Hacienda Pública. Usted ha mencionado la reducción de
la tributación de los 15 primeros millones de beneficio para las
empresas que facturan entre 5 y 8 millones de euros, del 35 por
ciento al 30 por ciento. Yo creo que los economistas
cuando hacemos estas letanías es cuando nos ponemos más
insoportables, pero es así. Esto va a afectar a 16.200 empresas según
las informaciones orales del señor Montoro; va a tener un coste
fiscal potencial de 12.150 millones de pesetas. En términos de
estricta adecuación a la coyuntura económica no es algo que estén
haciendo los gobiernos de nuestro entorno, ni gobiernos
socialdemócratas ni gobiernos conservadores. Se han aprobado también,
inicialmente en el Congreso y ahora también en el Senado, medidas de
reducción de fiscalidad en fusiones y absorciones y de demora
temporal sine die de la tributación de plusvalías por ventas de
activos a raíz de acuerdos tomados por Consejo de Ministros y órganos
de defensa de la competencia. Es verdad que esta última propuesta que
traía el proyecto de ley en la tramitación parlamentaria sufrió
algunos cambios y a la misma se le dio efecto retroactivo. No nos
extraña entonces que después de la aprobación inicial por el Pleno
del Congreso el día, si no recuerdo mal, 15 de noviembre de la ley de
acompañamiento se haya llegado a una acuerdo de venta de las
compañías Repsol, Cepsa y BP. Llegaron el 26 noviembre las compañías
Repsol, Cepsa y BP al acuerdo de venta del 25 por ciento de
Corporación Logística de Hidrocarburos a la Canadiense Embridge por
70.000 millones de pesetas y, en el mismo momento en el que
anunciaban que llegaban al acuerdo de venta, anunciaban que la
escritura formal del acuerdo, la firma, se posponía a enero por
motivos fiscales. Yo le quería preguntar a usted qué le parecen este
tipo de comportamientos estratégicos porque a veces se introducen
dudas en las relaciones causa-efecto entre las medidas aprobadas y
las decisiones tomadas por las empresas. También entenderé que,
siendo la empresa Repsol una de las empresas que ha participado en la
venta, usted prefiera omitir su opinión puesto que hasta no hace
mucho tiempo desempeñaba su tarea como asesor para esta empresa. En
todo caso, si le merece una opinión, le agradeceré, que nos la
proporcione, porque esto va a suponer una reducción de los ingresos
para la Hacienda Pública en 2002 y por eso el acuerdo sustancial se
lleva a escrituración formal a enero de 2002 a raíz de medidas
tomadas en la ley de acompañamiento de este presupuesto.




Han reducido ustedes también, finalmente al 75 por ciento, las tasas
por el uso del espacio radioeléctrico. Esto va a tener un impacto de
caída de la obligación de tributar para las cuatro grandes compañías
que obtuvieron concesiones de telefonía móvil de 104.698 millones de
pesetas. El señor Rato nos dijo en la comparecencia del pasado
miércoles que este tipo de políticas eran las que hacían que las
operadoras telefónicas europeas tuvieran una evolución en la bolsa
peor que la española. Yo no sé si la evolución en la bolsa de las
operadoras telefónicas debe ser la principal guía. Obviamente, debe
ser una de las guías, pero no sé sidebe ser la principal guía de las
medidas. No creo que



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este sea el momento, en términos de coyuntura, de tomar medidas como
la desfiscalización de este tipo de actividades empresariales, que va
a suponer en el caso de estas cuatro compañías una reducción de la
obligación de tributación en 104.698 millones de pesetas.

Ha hecho usted algunas referencias a la fiscalidad en renta. Se han
tomado medidas, algunas sin el rechazo del Grupo Socialista, pero a
la que usted ha dedicado más tiempo, que es la ampliación de límites
para la posibilidad de deducción por aportación a planes de
pensiones, el tiempo que usted le ha dedicado es casi inversamente
proporcional al número de contribuyentes al que va a beneficiar.

Porque, fíjese, los últimos datos de que uno sensatamente puede
disponer, que casi nunca son los proporcionados por el Gobierno
porque llevan un poco de retraso, indican que entre el conjunto de
contribuyentes por IRPF que hacen aportaciones a planes de pensiones,
que no son todos, sólo el 1,67 por ciento aportan cifras por encima
de un millón de pesetas, o sea, por debajo de los límites actuales
cuantitativos para poder efectuar deducción. Con las memorias de
renta de que podemos disponer uno puede situar entre 16.000 y 18.000
el número de contribuyentes por renta que van a ver ampliada su
posibilidad efectiva, dada la realidad actual de la aportación a la
deducción; entre 16.000 y 18.000 contribuyentes van a ver ampliada su
posibilidad efectiva de hacer aportaciones a planes de pensiones que
generen deducciones. Como usted y yo y todos los miembros de esta
Comisión sabemos, hay una discusión sobre si esto estimula el ahorro
o cambia la fuente de ahorro, pero hay otra cosa que está más clara y
es que, dada la estructura en que está organizada, la deducción tiene
un efecto que crece con el nivel de renta; la rebaja de impuesto o la
demora en el pago de impuesto crece con el nivel de renta y nosotros
tenemos dudas de que en un presupuesto que trae los aumentos de
impuestos y tasas, que luego le mencionaré, sea el momento de
establecer una medida cuyos efectos potenciales se dirigen a entre
16.000 y 18.000 contribuyentes cercanos a la jubilación o la
prejubilación y con niveles de renta realmente muy elevados, porque
cuando uno toma, le repito, las tablas de aportaciones concretas de
contribuyentes a planes de pensiones se encuentra con que muy pocos
agotan en la actualidad el límite cuantitativo existente; no digamos
ya el ampliado.

Claro que todas estas medidas venían en el proyecto de ley que el
Gobierno trajo al Congreso. El único cambio que recuerdo entre todo
lo que he mencionado fue que en el Senado se aumentó, no se
introdujo, se aumentó la rebaja de las tasas por uso del espacio
radioeléctrico. Pero, por el contrario, en los aumentos de impuestos
y tasas que usted ha eludido mencionar (seguramente luego tendremos
más información sobre ellos; ha sido muy poco prolijo en su
enumeración) muy pocos venían en el proyecto de ley que pudimos
discutir en el Congreso. De hecho, los únicos que venían
entre los que han sido más publicitados, eran el aumento del IVA
de peajes, derivado en este caso de la existencia de una resolución
del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el aumento de IVA de
ciclomotores y el aumento del IVA del butano, argumentado al mismo
calor, pero por los cuales este portavoz desconoce que se haya
emitido resolución alguna del Tribunal de Justicia de la Unión
Europea. Quiero preguntarle si usted conoce el hecho o prevé el hecho
de que antes del 31 de diciembre recaiga una sentencia de este tipo.

Esto podría explicar que ustedes, avanzando los hechos, hubieran
introducido el aumento del IVA de butano y ciclomotores. Si no les
consta o no prevén que a 31 de diciembre haya alguna sentencia del
Tribunal de Justicia de la Unión Europea obligando al Reino de España
al aumento de estos impuestos sobre el valor añadido, la conclusión a
la que nosotros debemos llegar es que ustedes toman el caso del IVA,
utilizan el argumento para el butano y los ciclomotores y se dirigen
simplemente a lograr un aumento de recaudación por estos impuestos en
ausencia de una obligación legal coercitiva, de una obligación legal
imperativa de su aumento.

De todos modos, también nos ha quedado una duda con los aumentos que
ustedes endosan a la Unión Europea y es que recientemente hemos oído
que el aumento de las tasas del tabaco también viene derivado de las
necesidades de armonización fiscal ¿Es que ustedes no lo sabían a la
hora de traer el proyecto de ley al Congreso? ¿Es que ha habido algún
cambio en la Unión Europea en el mes de noviembre que explica que
esto se haya introducido como propuesta en el Senado, cuando ustedes,
según afirman, habían traído al Congreso aumentos de impuestos
derivados del cumplimiento de normativas europeas? En esas
condiciones y a falta de mayores explicaciones no nos resulta
creíble. Obviamente, creemos que el aumento de tasas del tabaco se
hace por una determinada reformulación del cuadro macroeconómico como
una vía más para recaudar mayores recursos, que se pone en práctica,
se implementa en la tramitación parlamentaria del Senado. Fíjese,
aumento del IVA de butano, aumento del IVA de ciclomotores, aumento
del IVA de peajes, aumento de impuestos especiales en el tabaco,
aumentos que ustedes descargan la culpa endosándoselos a la Unión
Europea.

Las comunidades autónomas y la oposición también tenemos nuestra
cuota parte en las culpas por el establecimiento de nuevos impuestos.

Me refiero, usted sabe bien, luego volveremos a ello, al nuevo
impuesto sobre combustibles, donde ustedes convierten un
incumplimiento del acuerdo de 27 de julio en un endose a las
comunidades autónomas y a la oposición del nuevo impuesto. Usted, que
conoce la literalidad del acuerdo del 27 de julio en este aspecto,
sabe que el acuerdo del 27 de julio preveía la creación de un grupode
estudio (literal) para analizar la creación (literal) y



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llegar a sus conclusiones a partir de mitad del 2002 y además sobre
la base de aceptar una parte de la recaudación actual del impuesto.

Esto fue un acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera que,
probablemente, no le haya sido trasladado por el señor Jiménez Reyna,
al que usted relevó. De todos modos, ha sido sustanciado en las
discusiones del Consejo de Política Fiscal y Financiera y en las
discusiones que hemos tenido en esta Cámara. Y ustedes en el Senado
meten por enmienda la creación de un nuevo impuesto a 1 de enero de
2002, en ausencia de un grupo de trabajo que haya analizado los
estudios que le hayan remitido, que haya llevado a cabo esos análisis
en la primera mitad del 2002 y, además, con un aumento de la presión
fiscal. Para la oposición es un incumplimiento de forma, tiempo y
fondo del acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera y, como
en la mayoría de los casos cuando hablábamos de los impuestos
endosados a la Unión Europea, simplemente se trata de una forma un
tanto vergonzante de endosar a las comunidades autónomas y a los
requerimientos del sistema de financiación de las comunidades
autónomas la creación de un nuevo impuesto que, por cierto, no va a
añadir financiación adicional a las comunidades autónomas en la
medida en que su recaudación es detraída del fondo de suficiencia.

No acaba ahí el capítulo porque nos hemos encontrado también en el
Senado (ahora básicamente estoy hablando del Senado) con el aumento
de las tasas de alcohol, con los aumentos de los módulos de IRPF y de
IVA para comerciantes y autónomos. Ustedes dicen: «Bueno, al final
son actualizaciones ligeras del IPC», argumento que a mí me podría
resultar plausible si ustedes actualizaran el IRPF por el IPC; si
ustedes evitaran el aumento de presión fiscal en frío. Pero si el
aumento del IPC es un argumento válido para actualizar o subir
algunos impuestos como los módulos de comerciantes y autónomos o para
los alcoholes, en cambio no es un argumento válido para la
actualización del IRPF. Llevamos desde 1999, con la excepción de la
actualización transitoria y en gran parte retirada del año 2000.

Pues, mire, yo creo que el IPC es eso, un argumento. No es una guía
que ustedes sigan en el diseño de su política de cambios fiscales.

Por supuesto, es mucho mayor la potencia recaudatoria del aumento de
presión fiscal en frío derivado de la no actualización del IRPF que
lo que ustedes habrían dejado de recaudar si no actualizaran por el
IPC alcoholes y módulos. Pero el IPC tiene algunas culpas también, lo
hemos visto.

Y, por último, la situación internacional, los aumentos de requisitos
de seguridad, ya sabe, lo de los atentados del 11 de septiembre, con
lo cual se nos argumenta que hay una serie de tasas que se aplican a
medios de transporte terrestres, aéreos y marítimos necesarias para
mejorar las situaciones de seguridad. Otra vez le asalta a uno la
duda sobre hasta cuándo conocían y preveían estas necesidades, porque
el aumento de la tasa
por aproximación aérea figura en el proyecto de ley del Congreso y en
cambio, en el mismo ámbito del transporte, la modificación de tasas
de puertos y la creación de la nueva tasa de servicios ferroviarios
se introduce en el Senado. Otra vez, los argumentos de seguridad
empiezan a parecer eso, un argumento, no una justificación, porque si
hubiera habido un análisis del Gobierno diciendo: «oiga, en los
medios de transporte hay que aumentar las tasas porque va a haber
problemas de seguridad», entonces, se haría en todos. Pero no, al
Congreso nos llega el aumento de la tasa de aproximación aérea, no el
resto. Creemos que otra vez se aprovecha un argumento para buscar un
aumento de la recaudación de impuestos y tasas en el próximo año. Y
el hecho de que la mayor parte de estas medidas sean adoptadas en el
trámite en el Senado de la ley de acompañamiento refuerza nuestra
percepción de que esto es así. Ésta es otra vía por la que va a
aumentar la presión fiscal el año que viene. Usted sabe mejor que yo
que han proliferado las discusiones sobre el aumento de la presión
fiscal del 33 y pico al 35 y pico entre los años 1996 y 2000. Yo, en
esto me gusta ser ponderado -alguno a veces cree que es ponderado y
realmente no lo es-, no voy a afirmar que los dos puntos de aumento
de presión fiscal se deben a medidas discrecionales tomadas por el
Gobierno, porque uno es consciente de que la evolución de, por
ejemplo, el impuesto sobre sociedades y modificaciones de tipo
relevantes van por encima del PIB. Esto no es un aumento de impuestos
individual, pero, la otra versión, la versión de que no hay ningún
aumento de presión fiscal también es bastante increíble y creo que la
verdad está en el medio, porque en el año 1997 y 1998 sucesivamente
se crea primero y se amplía después una prima sobre seguros que no
existía en 1996. Esta prima sobre seguros, que es un nuevo tributo,
genera una recaudación en el 2000 superior a 120.000 millones de
pesetas, lo cual es un aumento de presión fiscal superior a una
décima sólo por este tributo. A este tributo no se ha referido usted
o no le he oído yo, que también podría ser, en el repaso de las
previsiones de la finalización del año de recaudación. De todos
modos, si usted tiene una previsión de cuánto se va a recaudar por
primas por seguros al final de 2001 le pediría que nos la haga
llegar, y usted mismo podría calcular qué décimas de aumento de
presión fiscal neto por actuaciones y decisiones de las Cámaras
supone la recaudación por primas de seguro.

Podríamos seguir. Hay medidas que ha tomado este Gobierno que han
contribuido a aumentar la presión fiscal. La falta de actualización
del IRPF por inflación desde 1999 se ha comido una buena parte,
quizás más de los 900.000 millones de pesetas de ahorro de pago de
impuestos a las familias. Creemos que esta es la realidad de lo que
está pasando y creemos que de esta realidad se hace poco eco el
Gobierno.




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Pasando a la discusión sobre las leyes de financiación autonómicas,
la cosa concreta, más o menos, es la siguiente: el jueves 15 de
noviembre en esta cámara se votó, con el apoyo del Partido
Socialista, el 90 y pico por ciento de la Ley de medidas
administrativas y fiscales que en sus artículos 2 a 6 establecía el
núcleo duro del acuerdo del mes de julio, y se aprobó con la
abstención del Grupo Socialista la reforma de la LOFCA porque
entendíamos que la traslación a la ley que se hacía por parte del
Gobierno de los términos del acuerdo era restrictiva con las
posibilidades que se establecían y no nos satisfacía.

Además, pudimos oír al portavoz del Grupo Popular en esos debates,
que yo creo que fueron unos debates enriquecedores, el lanzamiento de
una propuesta que nosotros creíamos tenía un alcance general: la idea
de que si alguien no está de acuerdo o no está cómodo con los
proyectos de ley que el Gobierno ha traído a la Cámara, siempre puede
hacer llegar al Consejo de Política Fiscal y Financiera esas
propuestas de modificación. Decía el portavoz del Grupo Popular que
todas aquellas propuestas de modificación que el Consejo de Política
Fiscal y Financiera acuerde por unanimidad podrán ser tramitadas en
el Senado.

Pues bien, parece que esa doctrina sólo rige para la oposición y no
para el Gobierno y para el grupo que le da apoyo, puesto que cambios
de los proyectos que discutió esta cámara en noviembre han sido
presentados en su tramitación en el Senado y fueron adoptados no por
unanimidad, sino por mayoría en el Consejo de Política Fiscal y
Financiera. Y los cambios son importantes. A uno ya he hecho
referencia. El otro es un cambio que ni siquiera ha pasado por el
Consejo de Política Fiscal y Financiera y es el que más debate está
suscitando porque es el más grave: establece la condición de la
aceptación incondicionada -y verá que no es una redundancia- de la
transferencia de la sanidad para estar en el sistema.

Le diré por qué es un cambio. Porque en el acuerdo de julio y en el
proyecto de ley que el Gobierno envió a esta cámara se preveía la
existencia de comunidades que tuvieran asumida la competencia de
sanidad y comunidades, que en un entendimiento de marco temporal, no
la tuvieran atribuida. Y, de hecho, se establecía que la
participación en nuevos impuestos de tipo indirecto venía vinculada a
la aceptación y gestión de la transferencia. Tanto es así que la
modificación del cuadro macroeconómico que aprobó el Gobierno el día
7 de diciembre y remitió a la Comisión Europea, en sus páginas 43 y
44 dispone un cuadro en la parte inferior donde se distingue con
claridad entre los tributos propios de las comunidades autónomas, la
participación en el IRPF, que son características generales del
sistema, y en el bloque siguiente las participaciones en nuevos
tributos, que esa sí, dice el cuadro, vienen condicionadas a la
gestión de la sanidad. Día 7 de diciembre, anteayer como si
dijéramos. Por lo tanto, esto
rompe las previsiones del acuerdo de financiación y rompe los
contenidos del proyecto de ley y particularmente del de medidas
fiscales y administrativas que, le recuerdo, salió con el voto
positivo de esta Cámara por parte de todos los grupos mayoritarios al
92 por ciento de sus artículos.

Y nos parece todavía más grave, señor RodríguezPonga, que la forma de
abordar el tramo final de la discusión que ustedes han tenido en el
Senado haya roto por primera vez un precedente asentado en el Estado
de las autonomías en España. Y este precedente es que las relaciones
entre el Gobierno central y los gobiernos autonómicos se desenvuelven
en el campo de la competencia, no en el campo de la jerarquía, y las
transferencias se negocian y asumen a partir del acuerdo y no se
imponen. Nosotros consideramos la ruptura del acuerdo de julio y la
imposición de la transferencia de la sanidad (aunque el marco legal
que se dibuja puede afectar a cualquier transferencia, no sólo la
sanidad) una ruptura sin precedentes del juego institucional correcto
entre Estado y autonomías. No nos parece ni adecuado ni oportuno y
por eso, ante ese hecho y ante esa ruptura, que es lo que nos parece
más grave, expresamos nuestro rechazo más firme.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán de
Convergència i Unió tiene la palabra el señor Padrol.




El señor PADROL I MUNTÉ: En primer lugar, dar la bienvenida a esta
Comisión al señor secretario de Estado, señor Rodríguez-Ponga, en su
primera comparecencia para informar de las materias que son
competencia de su secretaría de Estado, que lo cierto es que,
haciendo una relación de las materias que abarca, es ciertamente
amplia, tal y como su exposición ha acreditado, y en muchas de ellas
no sólo es amplia sino que está de actualidad.

De todas formas, intentado poner un poco de orden en mi intervención
querría hacer referencia, en primer lugar, a la documentación que nos
ha remitido, que es un formato que ya conocemos, amplio y
descriptivo, de las distintas magnitudes que afectan a la recaudación
líquida y a los resultados y funcionamiento de la Agencia Tributaria.

Una de las primeras cuestiones a las que quería hacer referencia es a
los datos de recaudación líquida. Fundamentalmente me voy a centrar,
porque los datos están en la documentación que todos tenemos, en el
IRPF. La evolución de la recaudación líquida por IRPF hasta noviembre
es superior al 11 por ciento (11,1 por ciento creo que es la cifra
que ha dado) y 9,9 por ciento hasta octubre. Querría detenerme en
este punto en concreto, en primer lugar, porque quisiera recordar que
hablamos del próximo sistema de financiación pero algunas coletillas
son similares en el tiempo y se van repitiendo con distintos
contenidos. Recuerdo que cuando el todavía vigente acuerdo de
financiación



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autonómica, que deriva del acuerdo del Consejo de Política Fiscal y
Financiera de 23 septiembre de 1996, se dijo que era claramente un
avance en el peso relativo de los ingresos tributarios respecto del
que estaba vigente hasta la fecha, hasta 31 de diciembre de 1996; se
comentó que el pilar que se había establecido de participación en
ingresos tributarios a través de una participación, primero, del 15
por ciento y, luego, del 30 por ciento en la cuota líquida de IRPF se
había establecido sobre un impuesto cuasimuerto en su evolución
recaudatoria, que no iba a tener importancia el vigor recaudatorio en
términos evolutivos, sí en peso relativo, que lo sigue teniendo, pero
que evolutivamente iba a tener mucha más importancia respecto del
IVA, máxime con la que finalmente fue la reforma de diciembre 1998.

La verdad es que las cosas hay que verlas en su justa dimensión
temporal, y el paso del tiempo suele ser un buen elemento de frialdad
para la reflexión sobre si hay impuestos que pierden o no pierden o
han ganado elasticidad con la última reforma de la que sí fue un
claro copartícipe. El IRPF, su recaudación líquida ha crecido un 11,1
por ciento hasta noviembre y ciertamente este es un dato al que
quería hacer referencia debido a las predicciones agoreras sobre el
de peso y la importancia relativa de esta figura tributaria que ha
sido, en el actual sistema de financiación, una pieza clave en el
incremento de los ingresos tributarios dentro del presupuesto de
ingresos de las comunidades autónomas.

Por lo tanto, recordemos lo que decíamos y recordemos los hechos al
cabo de una serie de años, máxime teniendo en cuenta que hablamos de
una magnitud de recaudación líquida que, por tanto, está muy influida
por la evolución de las devoluciones, a las que me referiré
posteriormente en el ámbito de asistencia al contribuyente, de lo que
supone de mejora de la gestión de las relaciones con los
contribuyentes, en donde observamos que en el 2001 la devolución del
importe alcanza el 93,3 por ciento en esta fecha cuando el año
anterior era el 87,2 por ciento y que el número de solicitantes es
del 94,9 por ciento y el año anterior era del 90,6 por ciento.

Recuerdo bien determinadas críticas hechas con profunda acritud,
aunque este portavoz no era todavía miembro de esta Cámara, a finales
del año 1996, pero los hechos van poniendo en su lugar determinadas
valoraciones agoreras sobre estructuras o sistemas de financiación.

Sobre la evolución del resto de impuestos creo que la información
dada es amplia y la tenemos en la documentación. No me extendería en
sobremanera, simplemente constatar el cumplimiento del presupuesto de
ingresos. Si se habla de que en la acción política se debe tender a
una eficacia gestora, (requisito que considero absolutamente
ineludible), es bueno que cuando hablemos de presupuestos no sólo
hablemos del proceso de presupuestación, sino también del de
ejecución presupuestaria y, desde este punto de vista, es una buena
noticia.

En cuanto al ámbito de los resultados de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, se produjo ya una comparecencia de su
director general el 5 de diciembre, si no recuerdo mal, y la verdad
es que la información ya se recibió en aquel momento. No haré
especial hincapié en uno u otro punto de la información rendida o de
los resultados de la Agencia Tributaria. Simplemente destacar, y
además en una materia que conozco, el magnífico funcionamiento que
tiene la agencia española en lo que es el fomento del cumplimiento
voluntario, facilitar las obligaciones tributarias a cargo de los
particulares y la posibilidad que figura en la ley de acompañamiento
de compensar deuda entre cónyuges.

Sólo una pequeña reflexión, aunque no me gusta divagar demasiado en
mis intervenciones. Creo que al término control tributario le
podríamos buscar un cambio, porque es cierto que hay que ejercer el
control tributario, es una pieza clave en cualquier Estado social y
democrático de derecho, hay también que facilitar el cumplimiento
voluntario, pero entiendo que la administración tributaria tiene que
ser algo más. Tiene que ser una pieza de modernidad para el impulso
de la estructura socioeconómica del país, que transciende de lo que
es el control tributario, al que nunca se puede ni se debe renunciar
en el ámbito de un Estado social y democrático de derecho.

En la ley de acompañamiento y en la ley de presupuestos, difíciles de
separar la verdad, el elenco de medidas es ciertamente espectacular
en el ámbito de la fiscalidad. Es muy amplio. Desde este punto de
vista, el balance que hacemos de la ley de acompañamiento es
positivo, también de la ley de presupuestos, pero no por ello debe
dejarse de comentar determinadas cuestiones que nos parece que son
manifiestamente mejorables. Desde este punto de vista, la acumulación
de enmiendas en el Senado y lo que ello supone de menos espacio para
el debate sosegado, tranquilo, parlamentario sobre medidas realmente
importantes nos parece que tiene que superarse y es un hecho que no
valoramos positivamente, pero no quita para que realicemos un balance
global positivo de los contenidos de esta ley de acompañamiento.

Coincide mi grupo parlamentario con la valoración positiva que se
hace del cambio de los límites en los planes de pensiones, el doble
límite por aportaciones empresariales y por partícipe y la
eliminación, con lo que ello supone de positivo para las rentas más
bajas, del techo porcentual a las aportaciones. Y en el ámbito del
impuesto sobre sociedades hay medidas francamente positivas, como por
ejemplo, en el ámbito de las PYMES, usted lo ha dicho, el incremento
del volumen de 3 a 5 millones de euros de facturación para poderse a
acoger al régimen especial, la disminución del número de meses hasta
la mitad para poder optar a provisiones por insolvencia en el caso de
los morosos, la ampliación del plazo de compensación de bases
imponibles negativas, la deducción del 10 por ciento por aportación a
planes de pensiones y, en virtud



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de una enmienda de Convergència i Unió, también a mutualidades de
previsión social y, particularmente, la nueva regulación del fondo de
comercio financiero y la del artículo 36.3 sustituyendo al
diferimiento por reinversión que regula todavía el artículo 21 de la
Ley del impuesto sobre sociedades. Desde este punto de vista,
quisiera destacar que nos parece una medida francamente acertada
porque concilia lo que es una medida positiva para sus destinatarios
con un incentivo también positivo para el presupuesto de ingresos del
próximo año. En lo que hace referencia al régimen transitorio, el
haber mantenido un régimen transitorio que permita, a quien estuviera
de acuerdo con el régimen todavía vigente, optar por mantenerlo y a
quien no, tributar al 18 por ciento, es una medida francamente
positiva porque permite optar en el régimen transitorio y, como fruto
de la opción puede haber una mejor evolución de los ingresos para el
año que viene. Pero ello fruto de la opción y no de la coacción. Por
lo tanto, hacemos un balance positivo del tratamiento fiscal en la
ley de acompañamiento.

Una referencia a la enmienda sobre diferimiento por reinversión en el
caso de enajenaciones, transmisiones producidas como consecuencia de
decisiones en materia de defensa de la competencia. Recordatorios
breves: el diferimiento por reinversión, que es lo que propone esta
medida que se ha aprobado por la ley de acompañamiento, a la que ha
hecho referencia el portavoz socialista en su intervención, en primer
lugar no es una desfiscalización. El diferimiento por reinversión es
la esencia de la regulación de la directiva 90/434 sobre fusiones. Es
decir, cuando hay operaciones de concentración, de reestructuración
empresarial es algo conocido que se considera procedente desde el
ámbito de la política fiscal, no sólo española, el que se opte no por
una exención, que era el régimen antiguo que existía en España, la
Ley 66/80, sino por un diferimiento por reinversión. Esto es lo que
ha ocurrido para las transmisiones ocasionadas por decisiones en
materia de defensa de la competencia. Un diferimiento por reinversión
tributará a futuro. No tributa hoy si reinvierte, que es algo
absolutamente propio no ya de la normativa española de fusiones y
decisiones, canjes de valores, aportaciones no dinerarias, sino
también, insisto, de la directiva de CEE 90/434.

La verdad es que en mi grupo parlamentario hay quince diputados y la
estructura para buscar información rápidamente no es la misma que en
los dos grandes grupos de esta Cámara (me refiero al número de
diputados), pero del debate no saco la impresión de que el Partido
Socialista valorara negativamente esta medida si entrara en vigor a
partir de enero de 2002. Con lo cual se me hace harto extraño
considerar extraordinariamente criticable una medida que sería buena
a partir de enero de 2002 y no hacia atrás, cuando además lo cierto
es que el carácter retroactivo de determinadas medidas tributarias no
es extraño a leyes ya vigentes en
el ámbito de la fiscalidad como, por ejemplo, la Ley del impuesto
sobre sociedades de 27 de diciembre de 1995, que estableció el
carácter retroactivo para la amortización del fondo de comercio.

Carácter retroactivo en la ley de diciembre de 1995 para ese fondo de
comercio que aprobó el Parlamento con mayoría socialista y con el
apoyo de Convergència i Unió. Ese carácter retroactivo ha ocurrido en
el pasado y no entendemos las extrañezas por lo que ocurra en el
futuro si el contenido es positivo y encaja además con la lógica de
la política fiscal que se viene produciendo en España y en el ámbito
de la Unión Europea.

Sobre la financiación autonómica lo cierto es que en el Pleno,
fundamentalmente, y también en la Comisión de Economía y Hacienda los
distintos grupos parlamentarios hemos tenido ocasión de debatir
ampliamente, como corolario parlamentario lógico y democrático, sobre
las previas conversaciones políticas producidas entre las distintas
fuerzas políticas que llegaron al acuerdo del 27 de julio del
presente año de 2001. Acuerdo político, que luego ha sido objeto de
distintas interpretaciones, reinterpretaciones, etcétera. Mi grupo
parlamentario siempre ha dicho que valora el consenso. Creemos que lo
que ocurrió con la reforma de financiación autonómica producida en
diciembre de 1996 no fue un buen precedente político, con críticas
conceptuales absolutamente incompatibles y he tenido ocasión de
comentarlo en distintos debates parlamentarios; por lo tanto, el
consenso lo valoramos positivamente. Consenso que parece bastante
evidente que va a ser difícil de mantener siquiera en las formas o en
las votaciones, porque yo creo que en la asunción de los nuevos
recursos no nos vamos a llevar ninguna sorpresa en cuanto a que serán
asumidos por las distintas comunidades autónomas, porque en cierta
forma, igual que en la etapa académica de nuestra juventud cuando, al
final, después de las distintas previsiones que uno hacía sobre sus
resultados, aparecían los exámenes, la piedra de toque, que no examen
final, de la financiación autonómica va a ser la renuncia o no a los
nuevos recursos. Esa va a ser la piedra de toque más allá de
votaciones cambiantes o no cambiantes, respetables en cualquier caso,
en la Comisión o en el Pleno. No es examen porque el examen en
democracia son siempre las elecciones. Lo que hay, aparte de las
elecciones, son piedras de toque. Y creo que la piedra de toque puede
ser el resultado bastante claro al final de este proceso de reforma
de la financiación autonómica.

Muy rápidamente haré una breve referencia al impuesto sobre
hidrocarburos, y más a las posiciones políticas que a los contenidos,
que han sido ampliamente debatidos, posicionados y manifestados en el
caso de Covergència i Unió, no sólo en el Parlamento, sino por su
conseller de Economía, señor FranÁesc Homs. Aparte de si hubo o no
acuerdo respecto del nuevo impuesto de hidrocarburos en fase
minorista, lo cierto es que el acuerdo de 27 de julio establece un



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acuerdo para crear un grupo de trabajo sobre la creación de un
impuesto de hidrocarburos, no sobre los hidrocarburos en general o
los impuestos de hidrocarburos o sobre el futuro de la imposición
indirecta en España; grupo de trabajo sobre la creación, por tanto ex
novo del nuevo impuesto de hidrocarburos. Y ese acuerdo lo
compartieron las tres primeras fuerzas políticas de esta cámara como
son Partido Popular, Partido Socialista y Covergència i Unió, acuerdo
que en su contenido literal fue reiterado en la enmienda número 84
del PSOE, presentada en el debate sobre el proyecto de ley de
medidas, la ley ordinaria que recogió el nuevo sistema de
financiación autonómica. Simplemente recordar este hecho.

Respecto a los nuevos proyectos normativos a los que ha hecho
referencia el señor Rodríguez-Ponga en su exposición, la ley de
mecenazgo sabido es que es una nueva regulación que se debe a
Covergència i Unió. Lo cierto es que creemos que tiene que
impulsarse. Creo que fuimos, y puede decirse sin faltar a la
realidad, que en la reforma producida por la ley 30/1994 tuvo mucho
que ver el impulso de Covergència i Unió desde su labor parlamentaria
en aquellos momentos de mayoría relativa y de apoyo al Gobierno
socialista, que creo que dio lugar a unas leyes tributarias
ciertamente interesantes. El Grupo Parlamentario de Covergència i
Unió ha presentado una proposición de ley sobre reforma del
mecenazgo, aunque en cualquier caso las medidas contenidas en esta
proposición de ley esperamos poderlas debatir ampliamente en la
tramitación del proyecto de ley que, sabido es y nos lo ha comentado
usted hoy aquí, se va a presentar ante esta cámara.

En cuanto a la Ley General Tributaria es cierto que es una ley que
quizá no sea fácilmente comentable para los destinatarios pero es más
importante de lo que parece y también creemos que va a ser muy
transcendente para los ciudadanos, que son los destinatarios en
última instancia o que se relacionan con la administración
tributaria.




Respecto de la reforma del IRPF, lo cierto es que creemos que la
estructura del impuesto es correcta. Sabido es también que somos
copartícipes directos en la reforma producida por la ley 40 del año
1998 y, por tanto, los retoques que tenían que producirse son a nivel
de tipo de gravamen e impulsos en el ámbito de la familia o apoyo a
las rentas más bajas, pero la estructura nos parece correcta.

Sí que nos interesaría conocer alguna previsión o algún avance que
nos pudiera hacer el señor Rodríguez- Ponga respecto de la reforma de
la Ley de haciendas locales, también anunciada para el debate
político en este año. Le agradecería que aportara alguna información
de contenido respecto de la Ley de haciendas locales.

Y por mi parte nada más. Son conocidas las previsiones que hay sobre
el avance de la directiva sobre el ahorro y del código de conducta.

Sólo finalizaría
haciendo referencia a la estabilidad presupuestaria porque quisiera
comentar en este foro una noticia que hoy recogen diversos medios de
comunicación respecto de la emisión de la deuda pública por parte de
España el pasado 13 de diciembre. Más allá del debate político sobre
la bondad o no de unos presupuestos, de una ley de acompañamiento, de
una ejecución presupuestaria, donde como es lógico y lícito el
Gobierno hace más hincapié en los aspectos positivos y la oposición
hace más hincapié en los aspectos criticables, lo cierto es que el
pasado 13 de diciembre la agencia de calificación de riesgos, Moodys,
elevó la calificación de la emisión de deuda por parte del Reino de
España a la máxima calificación posible como es la triple a, pasando
desde la A mayúscula, a minúscula 2 y saltándose el escalón
intermedio en el que se sitúan países como Bélgica o como Suecia. Es
decir, que la emisión de deuda pública hoy en día por parte del Reino
de España tiene la misma calificación que la deuda pública que puedan
emitir Estados Unidos o Alemania, y creo que esto es una buena
noticia.

Pero quisiera recalcar especialmente también que hoy se ha divulgado
en diversos medios de comunicación la medida tomada por la misma
agencia de calificación, Moodys, respecto de la deuda emitida por
tres comunidades autónomas entre las cuales está la Comunidad
Autónomas de Cataluña, comentando precisamente la buena calidad, la
mejora de la estabilidad presupuestaria en el presupuesto de
Cataluña. Lo digo porque el esfuerzo común de estabilidad
presupuestaria es, como la propia palabra que acabo de emplear
indica, común y lo es por parte de la Administración general del
Estado y lo es también por parte de la Administración autonómica,
como así se ha reconocido respecto de tres administraciones
autonómicas, entre las que está la Comunidad Autónoma de Cataluña.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la
palabra el señor de Juan.




El señor DE JUAN I CASADEVALL: Señor secretario de Estado, en nombre
del Grupo Popular le doy la bienvenida a esta Cámara en esta, si no
recuerdo mal, su segunda comparecencia, primera en la Comisión de
Economía y Hacienda y primera comparecencia cuatrimestral.




Mi grupo quiere manifestar su satisfacción por lo que es la
orientación de lo que es la política fiscal quesigue el Gobierno y
quiere una vez más explicitar su apoyo a esa política fiscal. Una
política que entendemos de constante modernización de nuestro sistema
tributario, de profundización de las reformas fiscales que
contribuyan a garantizar el crecimiento, el ahorro, la inversión en
momentos como los actuales en que se registra una ralentización de la
actividad económica derivada del cambio de tendencia del ciclo.

Creemos que la política fiscal que ha planteado el secretario de



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Estado es la adecuada, es la que nuestro país necesita para continuar
mantenido ese diferencial de crecimiento y para seguir en lo que es
la senda de generación de empleo. Compartimos, por tanto, como grupo
que apoya al Gobierno el ambicioso programa que ha expresado y ha
expuesto aquí el señor secretario de Estado y valoramos muy
positivamente, entre otras cosas, los objetivos que se han marcado
para la Presidencia española de la Unión Europea. En este capítulo,
el principal grupo de la cámara que apoya al Gobierno cree,
efectivamente, que esa cooperación de administraciones tributarias y
ese proceso de armonización fiscal son objetivos prioritarios. Sin
duda la llegada del euro que saludará en hora temprana el inicio de
la Presidencia española va a producir la existencia de mercados más
integrados, de mercados más homogéneos, de mercados más transparentes
en cuanto a los precios, sin riesgos cambiarios y parece obvio que en
esos mercados integrados debe existir una coordinación de las
políticas fiscales y deben existir avances en materia de armonización
fiscal.

Mi grupo apoya la continuidad de la política que ha expresado el
señor secretario de Estado de reducción de impuestos, de reducción
impositiva. Una política fiscal que hemos de recordar que se inició
en este país con una serie de reformas. Ya en la pasada legislatura
la reforma del IRPF, la reforma y mejora del tratamiento fiscal de la
pequeña y mediana empresa, de bonificaciones en el impuesto sobre
sociedades, medidas que a nuestro juicio tienen continuidad en el
importante paquete de medidas fiscales que se incorpora en la ley de
acompañamiento con la mejora de los incentivos fiscales a la pequeña
y mediana empresa, la ampliación de la deducción por I+D+I, las
deducciones por aportaciones a planes de pensiones, es decir, todo lo
que es el tratamiento fiscal de mejora del ahorro previsión y una
política fiscal que, como ha anunciado el señor secretario de Estado,
tendrá continuidad con las anunciadas reformas: la ley del mecenazgo,
que viene a incentivar fiscalmente la participación de actividades
privadas en esas actividades de mecenazgo o, sin lugar a dudas, la
importante reforma que va a suponer la modificación del IRPF en los
dos aspectos que ha señalado, tanto en el aspecto que supone en
definitiva reducción de tipos marginales, tal y como, efectivamente,
proponía mi grupo en las pasadas elecciones, como en lo que es la
mejora de del tratamiento fiscal a la familia. Algunos grupos han
descubierto recientemente la política de familia. Nosotros siempre
hemos sido partidarios de la bondad de esas políticas de familia. Lo
vimos ya con la ley 40/1998 y seguimos en la senda precisamente de
esas políticas de incentivos fiscales a la familia con la reforma del
IRPF.

Ese es, sin duda, el modelo que comparten el Gobierno de la nación y
el principal grupo de la Cámara. Hay otros modelos como el modelo que
establecía la ley de 6 de junio de 1991, que suponía una elevación
de la carga fiscal para los contribuyentes con rentas medias y bajas
y una reducción para los contribuyentes con rentas más elevadas, o
también el modelo del tipo único o la tarifa plana del IRPF que
algunos han planteado y que, probablemente, generaría algunos
problemas de financiación de ese aumento del gasto público que han
venido defendiendo en el último debate presupuestario, probablemente,
en una línea de incoherencia que algunos, insisto, vienen mostrando
en lo que es la política económica, fiscal y presupuestaria. Y lo
hemos visto recientemente en el último debate presupuestario, por
ejemplo, en los planteamientos sobre incentivos fiscales a la pequeña
y mediana empresa, que en tres momentos históricos distintos hemos
visto como un mismo partido era capaz de proponer el aumento de la
cifra de negocios para beneficiarse de esos incentivos fiscales, el
mantenimiento o la supresión. En definitiva, son bandazos en una
política fiscal yo siempre digo que errática, confusa, incoherente,
que no sigue una línea lógica en absoluto y que contrasta con una
política fiscal clara, certera, de reducción de impuestos que viene
caracterizando al Gobierno de la nación. Y quiero insistir en que son
reformas fiscales que van en la línea del reformismo centrista que
caracteriza al Gobierno, que no son meramente reformas parciales. Son
reformas de conjunto. Y precisamente por esa visión de conjunto hay
una importante reforma en ciernes que ciertamente no afecta a la
factura fiscal del contribuyente directamente, pero que tiene una
extraordinaria importancia en términos de modernización de nuestra
administración tributaria y de racionalización de nuestro sistema
tributario, como es, en definitiva, la reforma de la Ley General
Tributaria. Una reforma que ha de ser fundamental en la modernización
de las relaciones entre el contribuyente y la administración
tributaria, en la posición jurídica del contribuyente, y lo decía el
secretario de Estado, en términos de derechos y garantías del
contribuyente, reducción de la conflictividad o en algo tan lógico
como es hacer referencia al poder financiero y tributario de las
comunidades autónomas en un esquema constitucional de distribución de
competencias.

Reformas fiscales, insisto, que han tenido continuidad desde el año
1996 y que hoy se manifiestan en medidas también necesarias. Se ha
hablado aquí hace un momento de los módulos. Bien, yo creo recordar
que fue mi grupo el que congeló la imposición de los módulos, que es
mi grupo, en definitiva, el Gobierno con el apoyo del Grupo
Parlamentario Popular, el que actualiza los módulos por debajo de lo
que es el crecimiento del PIB, y quiero recordar también, porque me
parece muy importante, que el sistema de módulos en nuestro derecho
es un sistema opcional, por tanto, en modo alguno se puede sostener
que haya aquí un incremento de la presión impositiva. El
contribuyente puede optar libremente entre lo que es estimación
directa o lo que es el régimen de módulos.




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Se ha hecho referencia a la introducción en el Senado de un nuevo
impuesto de hidrocarburos. Yo creo que el acuerdo de política fiscal
y financiera, y lo decía el portavoz que me ha precedido en el uso de
la palabra, era de una claridad meridiana: crear un grupo de trabajo
que estudie la creación ex novo de una figura impositiva, que se hace
en la forma, en el tiempo, en el fondo, probablemente en el espíritu
y en las circunstancias en que debe hacerse, teniendo en cuenta que
el nivel impositivo del impuesto de hidrocarburos está hoy en España
-creo recordar- en torno a un 23 por ciento por debajo de lo que es
la media europea en la imposición sobre hidrocarburos. Alemania paga
98,7 pesetas por litro y España paga en torno a 61,8 pesetas por
litro, Gran Bretaña 123,2 pesetas por litro... Ciertamente alguien me
dirá aquello de mal de muchos…, pero, en cualquier caso, el Gobierno
ha venido resistiendo a esa tendencia a la armonización fiscal y hoy
disfrutamos de una imposición sobre hidrocarburos que está por debajo
de lo que es la media europea ¿Y se ha hecho en el momento oportuno?
Pues probablemente sí, si tenemos en cuenta que hoy el Brent de
petróleo ha bajado sustancialmente su precio, que hace un año
teníamos un Brent por encima de 30 dólares y que hoy tenemos un Brent
por debajo de 20 dólares. Pero es que, además, en términos reales
algunos cálculos dicen que desde el año 1997 teníamos que haber
actualizado el impuesto un 12 por ciento, cuando en este ejercicio no
hay actualización porque es creación de un nuevo impuesto, pero en
todo caso supondría un 3,9 por ciento.

Por tanto, yo creo que en tiempo se ha planteado oportunamente. En el
fondo también, porque estamos hablando de un acuerdo que deriva del
acuerdo de financiación de las comunidades autónomas, que viene
afectado a lo que es la sanidad, servicio público esencial, y no voy
a recordar aquí lo que ha sido el incremento del coste sanitario de
los últimos años, en donde el Estado no va a percibir una sola
peseta, sino que va a cederlo a las comunidades autónomas. Y en la
forma, el acuerdo unánime del Consejo de Política Fiscal y Financiera
creo que se ha respetado escrupulosamente. Otra cosa es que algunos
suscriban el acuerdo y luego voten en contra, pero ese es un problema
de coherencia que no nos afecta a nosotros en absoluto.

Mi grupo quiere hacer también algunas reflexiones muy sucintas sobre
el informe que se nos ha remitido. Creo que la recaudación líquida
evoluciona positivamente en nuestro país. Algunas cifras son
especialmente expresivas. Aquí habla de un incremento de la
recaudación del IRPF. Ciertamente hay un leve retroceso en la
recaudación del impuesto sobre sociedades. Probablemente se explica,
como ha dicho el secretario de Estado, por la moderación de los
beneficios empresariales. Sí que hay un incremento de la recaudación
de lo que es el IVA, lo cual significa, y en eso coincido también con
el análisis que ha hecho el secretario de
Estado, que hay un mantenimiento de la variable económica del
consumo.

Quisiera subrayar también como dato positivo el incremento de las
autoliquidaciones presentadas, más de un 9,9 por ciento respecto al
período anterior, y como muy positivo el esfuerzo que está haciendo
la administración tributaria para que las devoluciones tributarias,
por ejemplo, del IRPF lleguen a los contribuyentes con el máximo de
celeridad. Hoy la cifra que tenemos es de un 93,3 por ciento de
ejecución de esas devoluciones tributarias, que suponen un sustancial
incremento respecto a las mismas fechas del ejercicio anterior, en el
que estábamos en torno al 82,2 por ciento.

Decía nuestro portavoz, Vicente Martínez-Pujalte, en su intervención
cuando compareció aquí el director de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria que lo importante en materia tributaria no
sólo es la recaudación, sino también la calidad del servicio; no sólo
el quantum que recaudamos, sino también cómo se presta un servicio
público. Y en ese terreno creemos que es muy positivo el informe que
está haciendo la Agencia Estatal de Administración Tributaria y la
secretaría de Estado para facilitar al contribuyente el voluntario
cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Estamos hablando del
acceso a Internet, estamos hablando de programas de ayuda, estamos
hablando de manuales de información al contribuyente, estamos
hablando de plataforma telefónica para resolver consultas
tributarias. Al Partido Socialista yo creo que eso no les ha gustado
nunca. Nosotros presentamos en su momento en el Congreso una
proposición no de ley instando al Gobierno a que hiciera precisamente
eso y nos lo han criticado en reiteradas ocasiones. Nosotros creemos
que una administración tributaria eficiente no es sólo una
administración que recauda impuestos, sino también es una
administración que presta servicios, que ayuda al contribuyente en el
cumplimiento de unas obligaciones de suyo complejas.

Si hay algo en lo que tenemos que mostrar especial satisfacción es en
el compromiso de la administración tributaria en la lucha contra el
fraude fiscal. Creo que hay unas cifras en este informe que se nos
presenta que son especialmente positivas. Hay un incremento de la
deuda liquidada, de la deuda instruida. Hay un incremento de los
porcentajes de delito fiscal. En el caso de aduanas, por ejemplo,
llama sobremanera la atención ese incremento del 57 por ciento en
deuda liquidada. En su conjunto hay un incremento de más del 48 por
ciento en el ejercicio de esa actividad de control y, por tanto, de
afloración de deuda tributaria que parecía que se movía en terrenos
de opacidad fiscal.

Señorías, no quiero entrar en otros debates que se han suscitado a lo
largo de esta comparecencia, como por ejemplo el pretendido aumento
de la presión fiscal. No quiero entrar en polémicas sobre el
numerador o denominador de la fracción que mide la presión fiscal, lo
que no sé es si se incluye dentro de esa presión fiscal



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el aumento de las cotizaciones a la Seguridad Social. Sabemos cuál es
su planteamiento sobre esa inclusión de las cotizaciones en la
Seguridad Social; sabemos que hemos llevado a niveles realmente
históricos en nuestro país en cuanto a lo que hace referencia al
número de cotizantes en la Seguridad Social y también ese es un
elemento positivo.

Preocupa a algunos la llamada progresividad en frío. Hombre, yo creo
que es positivo que les preocupe la progresividad en frío. Algunos la
progresividad la tenían congelada y olvidada en los arcanos de la
memoria con propuestas como la tarifa plana en el IRPF, por tanto, es
bueno que les preocupe la progresividad en frío, pero yo creo que
estamos en un horizonte de estabilidad de precios y de moderación de
la inflación que mitiga esos efectos de la progresividad en frío.

Estamos ante un tributo como es el IRPF con menos tramos en la escala
de gravamen, lo cual favorece la estabilidad de los tipos impositivos
aplicables. Otra cosa es que se hiciera o no se hiciera en otras
épocas de la historia de este país, en los años 1993 y 1994 cuando
había inflaciones muy superiores a las que se registran hoy y cuando
el país padecía, efectivamente, una progresividad en frío sin que el
Gobierno deflactara las tarifas del IRPF y, por tanto, los
contribuyentes tenían que pagar impuestos, pero además tenían esa
presión fiscal encubierta a través de ese impuesto ciego e injusto
que es la inflación.

Yo no sé si la política fiscal que practica el Gobierno es una
política fiscal cíclica o anticíclica, lo que sí sé es que los
organismos internacionales no están diciendo que España va a mantener
un diferencial de crecimiento respecto de los países de la Zona Euro
y que, por tanto, seguimos en la senda de crecimiento relativo en un
escenario como el actual de ralentización de la actividad económica.

Creemos que eso es posible, entre otras razones por las políticas
reformistas que hace el Gobierno y por las políticas fiscales de
apoyo al ahorro, de apoyo a la inversión, y tenemos ahí una serie de
medidas significativas en el paquete fiscal de la ley de
acompañamiento.

Tampoco quiero entrar en debates sobre quién ha cumplido o incumplido
el acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Creo que hay
una cosa muy expresiva y es que el acuerdo de la financiación
autonómica de 27 de julio se adopta por unanimidad, pero cuando llega
el momento de traducir ese acuerdo en ley, hay algún partido que vota
en contra o se abstiene o, en definitiva, es incapaz de mantener una
línea coherente respecto de lo que es la traslación normativa de ese
acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Lo que es
curioso es que se impute la ruptura del acuerdo a otros agentes o al
Gobierno y no a aquellos grupos parlamentarios que no votaron a favor
después de haberlo acordado en bloque. Evidentemente, cuando uno hace
un acuerdo que tiene una serie de cláusulas, lo que no puede hacer,
en base a eso que llaman la
buena fe contractual, es decir: «esta cláusula me gusta y esta
cláusula no me gusta». Cuando hay un bloque homogéneo de una serie de
cláusulas que constituyen un contrato, lo que no puede hacer el
contratista es decir: «esto sí, esto no» después de haberlo firmado.

Por tanto, no podemos compartir algunas de las críticas que se han
venido vertiendo. Como tampoco podemos compartir otras críticas que
se han hecho sobre las subidas de IVA.

Se ha hablado de peajes. Hombre, hay una sentencia del Tribunal de
Justicia de las Comunidades Europeas de 18 de enero de 2001 que nos
obliga a la subida de ese IVA de peajes. Uno puede decir que está de
acuerdo o no con Europa, pero si estamos en Europa tenemos que
aceptar el derecho comunitario y las resoluciones del tribunal. Uno
no puede hacer con Europa lo mismo que pretende hacer con el acuerdo
de financiación autonómica y decir: «en esto estoy de acuerdo y en
eso no estoy de acuerdo».

Y lo mismo podríamos decir respecto de ciclomotores y del gas licuado
envasado o del butano. Ciertamente, en el caso del butano y en el
caso de ciclomotores no hay una resolución del Tribunal de Justicia,
pero hay un dictamen motivado de la Comisión Europea. Y no sólo eso;
hay una demanda interpuesta. Por consiguiente, se anuncia de alguna
forma esa necesidad de la armonización fiscal; cuando a uno le ponen
un requerimiento notarial sabe que le van a demandar. Ese es el
planteamiento que nosotros llamamos exigencias de la armonización
fiscal. Uno puede estar o no estar de acuerdo con Europa, pero si
está de acuerdo con Europa debe aceptar las normas de derecho
comunitario adoptadas por los cauces adecuados. Lo que ocurre es que
estamos en la duda de si bajar impuestos es o no es de izquierdas,
cuando la memoria colectiva recuerda que el último Gobierno que subió
los impuestos indirectos, creo recordar, en el año 1995, fue
precisamente el Partido Socialista.




El señor PRESIDENTE: Antes de que el secretario de Estado conteste a
las distintas intervenciones, suspendemos la sesión por cinco
minutos. (Pausa.)
Se reanuda la sesión.

Para contestar a los distintos grupos parlamentarios tiene la palabra
el señor secretario de Estado.




El señor SECRETARIO DE ESTADO (RodríguezPonga y Salamanca): Voy a
empezar contestando al señor Bel. Me ha comentado el proyecto de ley
del mecenazgo, sobre la exención de tributos locales a las entidades
sin ánimo de lucro. Sobre esto le tengo que recordar que en la ley
actualmente vigente 30/1994 ya se contempla la exención de tributos
locales, por consiguiente, no es necesario hacer ninguna compensación
adicional. En parte ya estaba recogida la posibilidad en la ley
anterior.




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En cuanto al IRPF y a la tarifa del IRPF sí le puedo decir que hoy se
paga menos IRPF que en el año 1996 y en los años anteriores. La
tarifa del IRPF hoy es más reducida, por tanto, todos los
contribuyentes pagan menos. De hecho, desde la reforma del IRPF, se
puede cifrar en 1,7 billones de pesetas la cifra de menor recaudación
por el IRPF, que está disponible como mayor renta de las familias y
de los contribuyentes españoles. Y, siguiendo en esta tendencia, ya
se ha anunciado que en el ejercicio 2003 volverá a reducirse el
impuesto sobre la renta de las personas físicas.

En cuanto al plan de familia, el plan de familia que presentó el
Gobierno no sólo incluye medidas fiscales. Yo he explicado aquí las
medidas fiscales porque es mi materia, pero incluye numerosas medidas
aparte de las fiscales. El plan de familia que aprobó el Gobierno
está disponible y, si quiere, con mucho gusto le puedo facilitar una
copia.

En cuanto a las medidas fiscales que ha comentado el señor Bel que
refuerzan el ciclo, le tengo que decir que las medidas fiscales que
hay en la ley de presupuestos y acompañamiento son medidas
precisamente anticíclicas. Y eso se lo digo claramente. Y le voy a
decir en concreto unas cuantas: Empiezo por la deducción por
reinversión. Eso supone un cambio de fiscalidad. Hoy, en caso de que
una empresa obtenga una plusvalía, el gasto por impuesto sobre
sociedades es del 35 por ciento, pero diferido en el tiempo. Ese
impuesto del 35 por ciento se integra en la base imponible por
séptimas parte en los ejercicios 3 a 10 a partir de la plusvalía o
bien en el período de amortización del elemento en que se reinvierta.

¿Qué es lo que se ha hecho? Se ha cambiado ese diferimiento por una
deducción del 17 por ciento de tal manera que en el ejercicio en que
se reinvierte se obtiene una deducción del 17 por ciento, que restado
al 35 supone una tributación del 18 por ciento. ¿Y por qué es
anticíclica esa medida? Porque cuando las perspectivas económicas
pueden no ser todo lo favorables que se quiere o cuando los
beneficios empiezan a descender, como podemos comprobar a través de
la recaudación del impuesto sobre sociedades, normalmente las
empresas para mantener su volumen de beneficios suelen generar
plusvalías. Generan resultados extraordinarios para mantener ese
nivel de resultados con el fin de retribuir a los accionistas vía
dividendos. Si mantenemos el régimen de diferimiento esas plusvalías
no serían objeto de reinversión nada más que pasados tres años.

Podrían ser objeto de reinversión pasados tres años y eso es
precisamente lo que sería procíclico, porque en un escenario de
empeoramiento de expectativas las empresas procuran reinvertir más
tarde. ¿Con esta medida qué se hace? La deducción del 17 por ciento
se produce en el año en el que se reinvierte. Por tanto, con esta
medida lo que se pretende es que precisamente el año que viene, en el
año 2002, las empresas que realicen plusvalías para mantener su
cuenta de resultados tengan el incentivo a reinvertir en el propio
ejercicio 2002. Con la ley anterior, el diferimiento era una medida
procíclica, porque lo que hacía era retrasar la inversión y al
retrasar la inversión se producía el empeoramiento del ciclo. Con
esto, lo que se pretende es adelantar la reinversión al mismo año en
que se hace la plusvalía, es decir, el año 2002. Con lo cual se
mantendrá la capacidad productiva de las empresas y la creación de
empleo.

Pero hay más medidas anticíclicas. Por ejemplo la compensación de
pérdidas. Evidentemente, si se alarga el período de compensación de
pérdidas, que es un derecho de las empresas a compensar, se podrán
incluso acometer inversiones que tardan más tiempo en generar la
recuperación. Otra medida anticíclica es el rebajar las provisiones
por morosos de 12 meses a 6 meses para ser deducibles del impuesto
sobre sociedades. Cuando las expectativas empeoran ocurre que puede
aumentar la morosidad. De esta manera esa morosidad es deducible de
la base imponible y, por tanto, afectará también al impuesto sobre
sociedades reduciendo la carga de las empresas.

Hay otra más: la consolidación fiscal. Se rebaja el porcentaje para
integrarse en un grupo fiscal del 90 por ciento al 75 por ciento
¿Esto qué significa? Que las empresas entre el 90 y 75 por ciento que
tengan pérdidas podrán compensarlas directamente con los beneficios
del grupo y, por tanto, podrán rebajar la factura fiscal. Y eso es,
precisamente, anticíclico. Se ha dicho que como entra en vigor en el
ejercicio 2002, no tendrá efecto hasta la declaración del 2003. No.

Hay que recordar que en cada año hay unos pagos a cuenta importantes
del propio ejercicio, con lo cual tendrá efecto en el mismo ejercicio
2002 vía los pagos a cuenta. Tendrá efecto sobre la recaudación del
impuesto sobre sociedades, pero también tendrá efecto en la inversión
productiva del año 2002, que es lo que pretendemos mantener. ¿El
objeto cuál es? Mantener la capacidad productiva de las empresas,
mantener la inversión empresarial y de esta manera poder mantener la
creación de empleo. Se podía haber actuado vía la demanda, pero usted
sabe que, si no hay empleo, la demanda, evidentemente disminuye. Y lo
que hay que favorecer sobre todo es la creación de empleo. Esa es
realmente la política económica importante y relevante.

En las fusiones y escisiones se han mejorado también algunos aspectos
¿Y por qué el régimen fiscal de fusiones? Este régimen fiscal viene
de una directiva comunitaria, ya se adoptó en España por la Ley 29/
1991, o sea, que el régimen fiscal de fusiones y escisiones no es un
régimen fiscal nuevo, lleva diez años. ¿Y este régimen fiscal qué es?
No es un régimen fiscal de privilegio, sino de diferimiento. ¿Qué
pretende este régimen fiscal? No limitar por motivos fiscales las
reorganizaciones empresariales, sino mantener la capacidad productiva
de las empresas y lo que establece es el diferimiento de la
tributación de la plusvalía en caso de



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una fusión. ¿Hasta cuándo? Hasta que se trasmita el elemento
patrimonial adquirido. Por tanto, queda diferida la fiscalidad
mientras haya mantenimiento de la capacidad productiva. ¿Cuál es la
diferencia entre el régimen fiscal de fusiones y escisiones y una
decisión de una acuerdo por defensa de la competencia? Pues que las
fusiones o las escisiones suelen ser voluntarias y lo otro viene
impuesto. El acuerdo por defensa de la competencia viene impuesto por
las autoridades. En algunos casos ha ocurrido que para ejecutar ese
acuerdo de defensa de la competencia se puede utilizar el mecanismo
de las fusiones o de las escisiones y en otros casos no. Pero lo que
pretenden en cualquier caso esos acuerdos de defensa de la
competencia es defender la competencia, no perjudicar la capacidad
productiva de las empresas. Y, por lo tanto, para no perjudicar la
capacidad productiva debe haber neutralidad fiscal, no exención
fiscal; neutralidad y, por tanto, diferimiento, siempre que las
empresas mantengan la capacidad productiva ¿Y cómo la mantienen? Vía
la reinversión. Y eso es lo que se ha pretendido. No estoy de acuerdo
con lo del efecto retroactivo. Yo creo que no se ha introducido el
efecto retroactivo. Simplemente, lo que se ha dicho es que será
aplicable a las operaciones de enajenación o reinversión que se
realicen a partir del 1 de enero de 2002, lo cual parece que es
adecuado.

En cuanto a la reducción de las tasas radioeléctricas, usted sabe que
las tasas son un tipo de tributos. Los tributos son de tres clases:
impuestos, tasas y contribuciones especiales. Las tasas son unos
tributos que tratan de compensar o bien el coste de un servicio
público o bien, en segundo lugar, la utilización del dominio público
por parte de un contribuyente. En el caso de la utilización del
espectro radioeléctrico no estamos ante la prestación de un servicio
público; ahí la Administración no está prestando ningún servicio,
estamos ante el segundo caso, ante la utilización del dominio público
de forma privativa por cuatro sociedades en el caso de las licencias
UMTS. Dominio público que pertenece a todos los españoles y, sin
embargo, hay cuatro empresas que lo utilizan de forma privativa. ¿Por
qué está la tasa? Porque esas empresas que lo utilizan de forma
privativa tienen que indemnizar al resto de los españoles por esa
utilización privativa. ¿Y eso cómo se hace? A través de la tasa que
cobra el Estado para que revierta a través de los presupuestos a la
totalidad de los españoles. ¿Cómo se fija la tasa? La ley de tasas
nos dice cómo se fijan las tasas ¿Cuál es la cuantía de las tasas?
Las que son por prestación de un servicio público, en función del
coste. Este no es el caso. El segundo caso, por utilización de
dominio público, en función del valor de mercado de ese dominio
público. ¿Cuál es el valor de mercado del espacio público
radioeléctrico? Ahí es donde viene ya la cuestión. Tenemos
referencias internacionales, tenemos referencias de cuál es la
situación actual tecnológica de este tipo de licencias. Y, a la vista
de la situación de las empresas, de la situación de la tecnología
disponible y de lo que está pasando en otros países, se ha ajustado
ese valor de mercado. Valor de mercado que es cambiante. En algunos
países que han optado por la subasta, incluso han devuelto dinero a
los operadores. Aquí no ha habido que devolver dinero con cargo al
presupuesto. Simplemente se ajusta el valor de mercado.

En los planes de pensiones me dice usted, señor Bel, que la
desaparición de los límites porcentuales sólo beneficia a 16.000
contribuyentes. Supongo que debe usted hablando de los 16.000
contribuyentes que hoy están sobrepasando ese límite y que están
teniendo ese problema. Lo que nosotros pensamos es que hay personas
que no están haciendo más aportaciones, precisamente para no
sobrepasar los límites porcentuales, y que podrían hacerlas. A ellos
es a los que se permite hacer más aportaciones, a los que estaban
dentro de los límites porcentuales. Porque el límite cuantitativo de
1.200.000 pesetas no ha variado y las personas de rentas altas que
superaban los porcentajes tenían ese tope de 1.200.000 pesetas. Ese
no ha cambiado, ha cambiado el de los límites porcentuales.

En cuanto al IVA, le tengo que decir que la adaptación del IVA de las
autopistas, del butano y de los ciclomotores no es una subida del
IVA. Es el cumplimiento de una directiva comunitaria. El IVA es el
mismo; es el 16 por ciento. El IVA no se ha tocado. El IVA sigue
siendo el 16 por ciento, repito. No se ha alterado el impuesto. Y
esto es cumplimiento de una sentencia comunitaria. Usted dice que
sentencia sólo hay en el caso de las autopistas, que en el resto no
hay sentencia. Pero es que el argumento es el mismo. El argumento de
los tres casos es idéntico. Y el Estado español debe cumplir los
compromisos internacionales. La Unión Europea es un tratado
internacional aprobado por las Cortes Españolas y por tanto las
Cortes Españolas deben cumplir este tratado. No hay que esperar a que
venga un tribunal a decir: Usted está incumpliendo este tratado. Si
ya tenemos una sentencia que nos dice que estamos incumpliendo y hay
dos casos idénticos, en la misma situación y por los mismos
argumentos, tenemos que ser razonables y tenemos que cumplir con el
tratado internacional. Había alguna diferencia de criterio y por eso
mismo llegamos a un pleito que ya tuvimos. Pero una vez que el pleito
se ha perdido por los mismos argumentos, no tenemos más remedio que
cumplir la directiva comunitaria y los tratados internacionales. Y en
el tabaco también se hace por la Unión Europea. Efectivamente, es por
necesidades de cumplimiento del mínimo de la directiva comunitaria.

Y ya paso a hablar del acuerdo del 27 de julio. El acuerdo del 27 de
julio de financiación autonómica preveía la creación del grupo de
trabajo para la creación del impuesto sobre hidrocarburos, del
impuesto minorista. Incluso hay una enmienda que presentó el Grupo
Parlamentario Socialista, la número 84, que también



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hablaba de crear un grupo de trabajo para analizar la creación de un
impuesto sobre ventas minoristas de hidrocarburos. Estoy leyendo su
enmienda y dice que deberá tratarse de un impuesto que recaiga sobre
las ventas minoristas, entendiendo como venta minorista la venta o
entrega de productos cuando se destinen al propio consumo de los
adquirientes. Deberá tratarse de un impuesto estatal, que podrá ser
cedido a las comunidades autónomas atribuyendo a éstas capacidad
normativa en cuanto a tipos de gravamen. Dice que deberá tratarse de
un impuesto que respete las pautas marcadas por la Unión Europea y en
particular de un impuesto afectado a Sanidad. Pues esto que dice el
Grupo Socialista, enmienda número 84, Boletín de las Cortes de 31 de
octubre, es lo que ha aprobado el Senado. Esto es lo que ha aprobado
el Senado, repito. Ni más ni menos. Exactamente esto. Estaba esto
mismo en el acuerdo de 27 de julio. Ese grupo de trabajo se reunió y
se analizó una propuesta presentada precisamente por la Comunidad
Autónoma catalana. Se estudió en aquel grupo de trabajo, se presentó
al Consejo de Política Fiscal y Financiera, que finalmente lo aprobó
y por eso se incluyó como enmienda. ¿Dónde? Donde estaba en esos
momentos la tramitación parlamentaria, que era en el Senado. Si
hubiera estado antes el resultado del grupo de trabajo, desde luego
que se hubiera incluido en el Congreso, apoyando la propuesta del
Grupo Socialista.

En cuanto al alcohol, se sube el impuesto sobre el alcohol un 8 por
ciento, pero el impuesto, no todos los productos que contengan
alcohol. Y en algunos de los productos ese impuesto del 8 por ciento
está calculado sobre el volumen de alcohol que contiene una bebida.

Por ejemplo, en una botella de güisqui, la subida puede ser de un 2
por ciento del precio; puede ser de 25 pesetas el aumento. Luego no
es un aumento del 8 por ciento en el precio final. Es un aumento muy
reducido y se llevaba muchos años sin subir. También los impuestos
que son en cuantía fija, como este, tienen que ser actualizados
porque, si no, se quedan desfasados con respecto al precio final del
producto.

De los módulos, tengo un cuadro que le voy a enseñar. Los módulos se
fijan por el Ministerio de Hacienda por orden ministerial, porque lo
autoriza la ley del IRPF. Hay dos métodos de determinación del
beneficio en el impuesto sobre la renta. El método general, el
uniforme, el obligatorio, es el de estimación directa, en el que los
beneficios empresariales de las personas físicas que realizan
actividad empresarial y están sujetos al IRPF calculan su beneficio
por diferencia entre ingresos y gastos, como lo hace una sociedad.

Cuando se calcula el beneficio por estimación directa, estos
beneficios normalmente tienen el mismo crecimiento que tiene el
crecimiento de la economía. Ese suele ser la evolución de los
beneficios empresariales. Sin embargo, el impuesto sobre la renta
prevé que, para determinados empresarios individuales y con el fin de
no obligarles
a llevar una contabilidad, se pueda calcular ese beneficio de
forma forfataria o a tanto alzado en función de una serie de índices.

Esos índices son lo que se llaman los módulos o la tributación por
módulos. Se establece para facilitar el trabajo a determinados
empresarios individuales. Y esos módulos se fijan por el Ministerio
de Hacienda. Por tanto, ahí quedan fijos los módulos. Quedan
establecidos y no tienen posibilidad de variación con el crecimiento
económico, como hacen los beneficios de les empresarios que están en
estimación directa. Esos módulos necesitan una actualización; hay que
actualizarlos conforme se produce el crecimiento económico. Y aquí
está el cuadro en el que figura por un lado el crecimiento del PIB y
por otro cómo han crecido los módulos. Se ve que el PIB ha crecido
mucho más que los módulos. ¿Qué se estaba produciendo aquí? Se estaba
produciendo una distorsión fiscal, porque el empresario que está en
estimación directa va aumentando sus bases imponibles y por tanto
aumenta su fiscalidad. Sin embargo, el que está en módulos ha crecido
menos. Luego es necesario ir adaptando esta situación. No es una
discriminación en contra de los módulos. Es una adaptación al
crecimiento económico. Y si lo comparamos con el IPC, puesto que le
gusta compararlo, tenemos también cómo ha evolucionado el IPC desde
el año 1996 y cómo han evolucionado los módulos, que están
evidentemente por debajo del IPC. Creemos que, para evitar la
competencia desleal y para evitar que el régimen fiscal determine que
unos sujetos pasivos sean favorecidos con respecto a otros, es
necesario que el régimen de estimación por módulos vaya parejo al
régimen de estimación directa.

Ha comentado que las tasas de seguridad son una forma de cuadrar los
presupuestos. Le tengo que decir que me parece que el total de la
recaudación fiscal está estimado en unos 22 billones de pesetas y la
tasa de seguridad son 10.000 millones de pesetas. Creo sinceramente
que los 10.000 millones de pesetas de la tasa de seguridad no se
puede pretender que sirvan para cuadrar el presupuesto. Claramente,
como tasa, está hecha para financiar el coste de un servicio público.

¿Y cuál es ese servicio público? La seguridad, que a partir del 11 de
septiembre necesita mayores inversiones. Y para eso está la tasa,
para financiar mayores inversiones. No para cuadrar el presupuesto.

También ha hablado de la presión fiscal. Fíjese qué cosa tan curiosa,
que la presión fiscal, según las estadísticas, aumenta, porque es
recaudación total con respecto al PIB, pero sin embargo,
individualmente los impuestos han bajado. Los impuestos han bajado
individualmente. Las tarifas del IRPF han disminuido. Ha habido 1,7
billones de pesetas de mayor renta de los ciudadanos. ¿Qué es lo que
está ocurriendo aquí? ¿Por qué se produce esa diferencia? Pues es muy
sencillo. Se produce, primero, porque hay más contratados, haymás
contribuyentes. La creación de empleo lo que ha



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determinado es que hay mayor número de personas. En segundo lugar,
han aumentado las bases imponibles. No solamente porque haya más
contribuyentes. Han aumentado las bases imponibles como consecuencia
del crecimiento económico y de la situación económica. Y hay un
tercer elemento y es el mayor cumplimiento voluntario y la lucha
contra el fraude. Y ahí es donde luce la lucha contra el fraude, en
la mayor recaudación fiscal, por vía voluntaria.

Me ha hablado del impuesto sobre las primas de seguro, de cuál es la
recaudación. Se lo voy a decir. La que está prevista para el año 2001
es de 134.000 millones de pesetas.

Y en cuanto a la sanidad y el acuerdo de financiación autonómica, el
acuerdo de financiación autonómica tiene dos partes. Tiene unas
transferencias del Estado a las comunidades autónomas, que constituye
la esencia del acuerdo ¿Por qué hay financiación autonómica del
Estado a las comunidades autónomas? Porque hay una serie de funciones
o de competencias que antes realizaba el Estado y que ahora realizan
las comunidades autónomas. Por tanto, hay que transferir, además de
la competencia, los medios financieros necesarios para realizarlas. Y
hay unas autonomías que tienen transferida la sanidad y otras que no
la tienen transferida. Si el acuerdo se hiciera tal cual, las
autonomías que no tienen transferida la competencia de sanidad se
encontrarían con una sobrefinanciación, porque hay una serie de
comunidades autónomas que, como he dicho, sí tienen transferida la
sanidad. En consecuencia, creemos que esto es un todo. La
transferencia de los fondos responde a la asunción de unas
competencias. No se pueden transferir los fondos si no se ha
transferido también la competencia o si no se ha asumido la
competencia. Y creemos, desde luego, que esto se está negociando.

Claro que se está negociando. No se está imponiendo nada. Hay unas
comisiones mixtas, que son consecuencia del acuerdo de financiación
autonómica, donde se están negociando las transferencias de sanidad y
donde se están viendo las cifras encima de la mesa. Nadie está
imponiendo nada a nadie. Es más, se da la opción precisamente de que
la comunidad autónoma que se quiera salir del sistema se puede salir
del sistema. Es voluntario. Esto es como los módulos, es voluntario.

Si se quiere, se está en un sistema y si no se quiere, se está en el
otro. Nadie impone nada a nadie.

Al señor Padrol le quería comentar alguna de las cuestiones; alguna
otra ya se la he comentado. Me voy a referir al diferimiento por
reinversión y al impuesto de hidrocarburos. Me había pedido también
un avance sobre las haciendas locales. Sobre eso le tengo que
comentar que ya se ha constituido un grupo de trabajo en el seno del
Ministerio de Hacienda, una comisión, para estudiar la situación y
las perspectivas de futuro de la financiación local. Todavía está en
una fase muy preliminar el estudio del futuro de la fiscalidad local.

En cualquier caso, se cumplirá la promesa electoral de
eliminar el impuesto sobre actividades económicas para el 90 por
ciento de los contribuyentes y eso lógicamente se incluirá dentro del
futuro modelo de financiación local, igual que se ha hecho con el
modelo de financiación autonómica.

Quería agradecer al señor Padrol sus comentarios positivos sobre las
medidas fiscales y también quería dar las gracias al señor De Juan
por sus palabras sobre las medidas fiscales propuestas al Parlamento.

Y con esto ya termino yo mi intervención. (El señor Bel i Queralt
pide la palabra.)



El señor PRESIDENTE: Señor Bel, le ruego que sea muy breve.




El señor BEL I QUERALT: Con mucha mayor brevedad que en la exposición
inicial yo debo agradecer al señor secretario de Estado la oferta de
enviarme el plan de apoyo a las familias que ha hecho el Gobierno,
pero yo eso ya lo tengo. Lo que sí que le agradecería es que me
enviara el plan de consignaciones presupuestarias que den respaldo al
plan de apoyo a las familias; eso ni lo tengo ni creo que exista.

Sobre políticas de familia, coincidimos con la necesidad de hacerlas
pero tenemos discrepancias básicas y es que para nosotros es muy
importante atar esas políticas, vincularlas a la opción entre
maternidad y mercado de trabajo. Y para eso el servicio que presta,
aunque sea positivo, concentrar las ayudas en el IRPF es
insuficiente. Se lo he dicho antes. Porque muchas necesidades están
fuera del IRPF y además, sobre todo aquello que se actúa en el IRPF,
no tiene efectos sobre ese binomio. Yo le agradeceré que me envíe, si
puede a la máxima brevedad, el plan de consignaciones presupuestarias
derivado y que dé sustancia al plan de apoyo a las familias. También,
le agradezco el esfuerzo que ha hecho para explicarnos que han bajado
impuestos a las grandes empresas, pero se lo podría haber ahorrado
porque de eso ya estábamos persuadidos. Que la ley de acompañamiento
incluye una fuerte desfiscalización empresarial con particular efecto
en las grandes empresas ya lo sabíamos. Me ha sorprendido que me diga
que no aumentan los límites cuantitativos en la posibilidad de
deducción en los planes de pensiones, puesto que en el Congreso sí lo
aprobamos y yo no he tenido noticias de que en el Senado se haya
modificado. El aumento a partir de los 52 años y con carácter
particular de los 60 de los límites cuantitativos de aportación de
deducción en planes de pensiones y además la eliminación del límite
conjunto entre aportaciones personales y aportaciones empresariales
salió de esta Cámara y creo que nos vuelve igual. Por lo tanto, no he
entendido, de verdad, su explicación. Por cierto, que quienes ahora
no agotan los límites vayan a agotarlos si estos aumentan, a mí, como
economista, no me persuade. Que quienes ya no llegan ahora, vayan a
llegar ampliando los límites, no me convence. Si lo que ha querido ha
sido convencernos



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de que el Gobierno no ha tenido nada que ver con los once aumentos de
impuestos y tasas, ahí sí le digo que no lo ha logrado. Tengo que
decírselo. ¿Sabe cuál es el balance? Que, a raíz de esos aumentos, el
próximo año las familias españolas verán detraídos unos 400.000
millones de su renta disponible. Casi 35.000 pesetas por familia.

Como esa detracción de renta disponible, además, es, por lo que
sabemos, que no es mucho porque no ha habido memoria económica,
superior a la reducción impositiva de particularmente grandes
empresas, el conjunto de la política fiscal es procíclica, pero
además, con la particularidad de que el lado anticíclico, que usted
comentaba, lo aplica donde no lo ha aplicado ningún país de nuestro
entorno, que es en la reducción de la tributación empresarial, que
también nos ha explicado, y el lado procíclico lo aplica donde no lo
ha aplicado ningún país de nuestro entorno, en la presión fiscal
sobre las familias. Por cierto, le agradezco el dato de los 134.000
millones de primas de seguros. Le he pedido si, de acuerdo con las
previsiones actuales de PIB para el 2001, han hecho un cálculo de qué
aumento, en términos de décimas de la presión fiscal neta respecto a
1996, va a suponer esta recaudación por mor de una decisión tomada en
esta Cámara legislativa a instancias del Gobierno en 1997 y 1998. El
balance es ese: una política que en conjunto es procíclica, que carga
el efecto, que acentúa el ciclo, que acentúa la incertidumbre del
consumo sobre las familias. Esas consignaciones presupuestarias del
plan de apoyo a las familias sí las conocemos ya, esta catarata de
impuestos. La mayor parte han sido aplicados en la tramitación en el
Senado, lo cual se compadece poco con la idea de que provinieran de
necesidades detectadas por circunstancias de evolución de la economía
internacional, que todos conocíamos.

En este aumento de impuestos, usted ha mencionado, como alguno de los
portavoces que le han precedido, el nuevo impuesto, no sólo aquí, en
algunas tertulias de radio. La cuestión es que el Consejo de Política
Fiscal y Financiera acordó en julio la creación de un grupo de
trabajo para analizar la creación de un impuesto, tener sus estudios
en marcha a mediados de 2002 y, además, que afectara a una parte de
la recaudación actual. Este acuerdo por unanimidad del Consejo de
Política Fiscal y Financiera es el que algunos grupos trajimos, en su
redacción literal, en su tenor literal, a esta Cámara. Y el
conseller, a quien usted ha reconocido hace un momento la paternidad
de la idea, y el señor Durán Lleida, secretario general de la
Federación de Convergència i Unió, se han hartado de explicar por
Cataluña que ellos nunca propusieron aumentar la presión fiscal y
consta en los periódicos de tirada nacional, sobre todo con más
profusión en las ediciones particulares de Cataluña. Eso es tan así,
señor RodríguezPonga, que si se hubiera aplicado el acuerdo de julio
del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que nosotros les
ofrecimos con una enmienda el 1 de enero, los
españoles no pagarían casi un duro más de presión fiscal por litro de
combustible. Y esta es la prueba del algodón, que no engaña.

Siguiendo con la sanidad, yo antes he hecho una referencia a un
cuadro macroeconómico, la revisión del cuadro macroeconómico del
Gobierno, que se aprobó el 7 de diciembre en el Consejo de Ministros
para la remisión a la Unión Europea. He mencionado la página 44. Voy
a ser, sin alargarme en el tiempo, un poquito más preciso. El cuadro
13, que dice recursos del nuevo sistema, tiene cuatro líneas. La
primera es tasas; la segunda, tributos cedidos; la tercera, IRPF. Y
fíjese que, en cada una de estas líneas, después de tasas hay un 1
entre paréntesis, que es una llamada a pie; en tributos cedidos hay
un 1 entre paréntesis, que es una llamada a pie; y en IRPF hay un 1
entre paréntesis, que es una llamada a pie ¿Y qué dice el pie?
Financian gastos generales. Y después, en una cuarta fila, pone
porcentaje de recaudación líquida de determinados impuestos; ahí no
pone el 1 entre paréntesis. Y en la definición de esta cuarta fila
dice: para la cesión de esta cesta de impuestos es necesario que las
comunidades autónomas hayan asumido las competencias de asistencia
sanitaria de la Seguridad Social. Este era el acuerdo de julio y es
lo que nos trajeron como proyecto de ley en noviembre. Lo que no es
el acuerdo de julio es lo que ustedes ahora plantean, que no es,
señor Rodríguez-Ponga, y voy acabando, que elijan entre el nuevo
sistema o el otro. Es que elijan entre el nuevo sistema, por cierto,
como estaba previsto en el proyecto de ley, en el cuadro del
Gobierno, o la nada. Porque la alternativa no es ningún sistema, sino
que la alternativa es un modelo, por así llamar, de entrega a
cuentas, que en gran medida va a ser consecuencia de decisiones
discrecionales y no regladas que irá tomando el Gobierno en la
tramitación de la ley de presupuestos. No es, insisto, una
alternativa entre dos sistemas. Es entre el sistema, tal y como a
ustedes les gusta para cuadrar los datos macro, a pesar de las
grandes rebajas fiscales a grandes empresas que han tomado, y la
nada, la arbitrariedad y la ausencia de reglas. Y esto, señor
Rodríguez-Ponga, a nuestro juicio, es lo que rompe los precedentes de
respeto institucional que habían presidido la creación y la historia
del Estado de las autonomías.

Acabo. Sobre política errática, mañana tendremos oportunidad de ver
el comportamiento del Grupo Parlamentario Popular con entre 5 y 6
enmiendas que se han introducido como disposiciones adicionales en la
ley de acompañamiento en el Senado a propuesta de Covergència i Unió
(hoy tiene el mérito de ser la fuente de casi toda la bibliografía.

Como los cuadros. Fuente: Covergència i Unió), que se han aprobado en
la ley de acompañamiento y que mañana me temo que, me temo, preveo
que van a ser votadas en contra por el Grupo Parlamentario Popular.

Con los medios que tienen, ¿es que no se enteran o es que cambian de
posición cada semana?



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El señor PRESIDENTE: Señor Padrol.




El señor PADROL I MUNTÉ: Muy rápidamente, para consumir poco tiempo
tal como ha indicado el presidente.




Simplemente quiero señalar que mi intervención a los efectos del
impuesto sobre hidrocarburos en fase minorista, el nuevo impuesto tal
como se conoce, no era tanto para debatir o no sobre contenidos, sino
para recordar el papel que, negro sobre blanco, consta en el «Diario
de sesiones», consta en enmiendas, consta en acuerdos que han tenido
las distintas fuerzas políticas, en la tramitación, en la gestación
de este nuevo impuesto.




El señor PRESIDENTE: Señor De Juan, ¿desea intervenir?



El señor DE JUAN I CASADEVALL: No.




El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado, puede usted, si lo
desea, contestar a los dos portavoces que han intervenido.




El señor SECRETARIO DE ESTADO (RodríguezPonga y Salamanca): Sobre el
plan de familia, ya le reitero que no solamente hay cuestiones
fiscales, sino que hay muchas más cuestiones. Si usted lo mira, y
verá que hay muchas más cuestiones. Y sobre la consignación
presupuestaria, para eso están los presupuestos del Estado y a medida
que se vayan haciendo los presupuestos del Estado se incluirá el
presupuesto de cada una de estas cuestiones.

En cuanto a las rebajas fiscales a las que ha aludido, de las grandes
empresas, las rebajas fiscales en el impuesto sobre sociedades son
par las grandes empresas y para las Pymes. Para las Pymes también.

También afecta a todas las Pymes y a todo nivel de empresas. Porque
las Pymes tienen las mismas ventajas fiscales que las empresas
normales y además unas específicas para Pymes. Luego no se puede
decir que eso es sólo para las grandes. No, porque las Pymes tienen
las de las grandes y además las específicas de las pequeñas, y en mi
exposición inicial las he contado creo que con suficiente detalle.




En los planes de pensiones, el límite de 1.200.000 pesetas ha quedado
inalterado. Efectivamente, se aumentan los límites para dos casos,
los mayores de 52 años y también se permite la posibilidad del plan
de pensiones de empresa simultáneamente con el plan de pensiones
individual, pero el límite sigue siendo el de 1.200.000 pesetas,
salvo en los casos que hemos dicho excepcionales. Sobre los once
impuestos, yo no sé si le parece que el IVA de las autopistas, el IVA
de las motocicletas y el IVA del butano son tres impuestos. Yo creo
que es sólo un impuesto, que es el IVA, porque si contásemos el
número de impuestos por productos no sé cuantos habría. No hay que
confundir lo que es el impuesto con lo que son efectivamente los
hechos imponibles o los productos sujetos al impuesto. En cualquier
caso, el IVA, se lo reitero, no se ha modificado. Sigue siendo el 16
por ciento. El cíclico. Ya le digo que las medidas son absolutamente
anticíclicas y no se lo voy a reiterar. Y en los hidrocarburos, yo la
única prueba del algodón que conozco es el Boletín de las Cortes
Generales y del Congreso, donde está la enmienda 84. Para mí esa es
la prueba del algodón de que a su grupo le gustaba este impuesto
sobre hidrocarburos. Sobre el cuadro número 13, yo creo que lo
contestó aclaró el vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de
Economía en su comparecencia con suficiente detalle, y yo me remito a
su contestación.

Y nada más que agradecerles a todos su amabilidad y su paciencia.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor secretario de Estado.

Felices Navidades para todos, feliz año y se levanta la sesión.




Era la una y veinte minutos de la tarde.




Nota.-El presente «Diario de Sesiones», de la Comisión de Economía y
Hacienda, del miércoles, 19 de diciembre de 2001, no guarda relación
cronológica habitual, con el fin de no retrasar la publicación de los
«Diarios de Sesiones» ya elaborados.