CORTES GENERALES



DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS



COMISIONES



Año 2001 VII Legislatura Núm. 374



INFRAESTRUCTURAS



PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. LUIS MARQUÍNEZ MARQUÍNEZ



Sesión núm. 27



celebrada el martes, 27 de noviembre de 2001



ORDEN DEL DÍA:



- Comparecencia del señor secretario de Estado de Infraestructuras
(Blanco Rodríguez) para informar sobre el Plan de Vivienda 2002-2005.

A petición del Gobierno. (Número de expediente 212/000841.) . . .

(Página 12270)



Proposiciones no de ley: - Sobre desdoblamiento de la carretera N-340
entre Estepona y Guadiaro. Presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista. (Número de expediente 161/000345.) . . . (Página 12292)



- Sobre medidas para reducir la siniestralidad de la travesía de
Guadalmar (Málaga). Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.

(Número de expediente 000791.) . . . (Página 12294)



- Sobre dotación de áreas de servicio a los tramos de las autopistas
A-6 y A-52 que transcurren por la Comunidad Autónoma de Galicia.

Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente
161/000987.) . . . (Página 12295)

Página 12270



- Sobre elaboración de un plan específico para la conexión
ferroviaria del corredor del Mediterráneo con la línea de alta
velocidad Madrid-Barcelona frontera francesa, en la zona de
Tarragona. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número
de expediente 161/000463.) . . . (Página 12297)



- Relativa al refuerzo del servicio de los trenes semidirectos CIVIS
en la línea de cercanías C-2 Madrid-Guadalajara. Presentada por el
Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/000481.) .

. . (Página 12299)



- Relativa a la necesidad de mejorar la seguridad del tráfico
marítimo en las costas de Galicia.

Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente
161/000595.) . . . (Página 12300)



- Para el desarrollo de un plan estratégico de infraestructuras en
Galicia que evite la repetición de los daños causados por fenómenos
naturales como las riadas. Presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista. (Número de expediente 161/000673.) . . . (Página 12302)



- Relativa a la problemática del servicio de Correos en la provincia
de Alicante. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.

(Número de expediente 161/000718.) . . . (Página 12304)



- Sobre la paralización de las obras de construcción del ramal de
acceso al puerto de Marín y estudio de un trazado alternativo.

Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de
expediente 161/000787.) . . . (Página 12307)



- Relativa a la realización del acceso completo y global del
municipio de La Guardia de Jaén a la autovía Bailén-Motril, en el
semienlace de Venta Matías. Presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista. (Número de expediente 161/000788.) . . . (Página 12311)



- Para la realización de un estudio de viabilidad que permita la
modernización y el ancho internacional del tramo Granada-Moreda-
Almería que prolongaría y conectaría el corredor mediterráneo con el
eje transversal de Andalucía. Presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista. (Número de expediente 161/000858.) . . . (Página 12314)



- Relativa a la financiación del eje transversal de Cataluña.

Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de
expediente 161/000809.) . . . (Página 12315)



- Relativa a la construcción del apeadero ferroviario en el campus
universitario de Elviña (A Coruña). Presentada por el Grupo
Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/000875.) . . .

(Página 12316)



- Relativa a la aplicación a las viviendas construidas en régimen de
autopromoción de los seguros obligatorios previstos en la Ley 38/
1999, de 5 de noviembre, de ordenación de la edificación. Presentada
por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/000926.)
. . . (Página 12317)



Se abre la sesión a las nueve y diez minutos de la mañana.




- COMPARECENCIA DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO DE INFRAESTRUCTURAS
(BLANCO RODRÍGUEZ) PARA INFORMAR SOBRE EL PLAN DE VIVIENDA 2002-2005.

A PETICIÓN DEL GOBIERNO. (Número de expediente 212/000841.)



El señor PRESIDENTE: Buenos días, señorías. Vamos a dar comienzo a la
sesión número 27 de la Comisión de Infraestructuras, dando la
bienvenida a
don Benigno Blanco, secretario de Estado de Infraestructuras, que
comparece a petición propia para informar sobre el Plan de Vivienda
2002-2005. Si el secretario de Estado se encuentra dispuesto, tiene
la palabra.




El señor SECRETARIO DE ESTADO DE INFRAESTRUCTURAS (Blanco Rodríguez):
Buenos días, señorías. Como ha indicado el presidente, esta es una
comparecencia solicitada por el mismo Gobierno para poner en
conocimiento de SS.SS. los avances en la definición del Plan de
Vivienda 2002-2005 y recibir las sugerencias pertinentes.

Como saben SS.SS. la fecha de cumplimiento del actual plan de
vivienda es el 31 de diciembre de este



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año y por lo tanto procedía y era obligado, para continuar con la
línea de ayuda a la política de vivienda que supone el plan de
vivienda, proceder a la elaboración de un nuevo plan que tendrá como
ámbito temporal los años 2002 a 2005, ambos inclusive.En el
Ministerio de Fomento llevamos meses intentando definir, tras un
proceso de análisis de la realidad social -sobre la cual debe incidir
el plan- y de las consecuencias más o menos óptimas de la aplicación
del plan vigente a la situación socioeconómica actual,
contrastándolos con los sectores sociales, las comunidades autónomas
y diversos interlocutores que nos han manifestado su interés por el
mismo, cuáles deben ser los contenidos del próximo plan de vivienda
y, en consecuencia, que modificaciones respecto al actual conviene
introducir. Recientemente se ha celebrado una conferencia sectorial
con todas las comunidades autónomas presentes, en la que el
Ministerio de Fomento ha presentado un primer avance o borrador de
propuesta de lo que podría ser el próximo Plan de Vivienda 2002-2005.

Por ello, siguiendo la praxis habitual del ministerio, nos ha
parecido conveniente venir a esta Cámara a poner en conocimiento de
SS.SS. el nivel de propuesta en el que estamos trabajando, para
someterlo al debate y consideración de los distintos grupos
parlamentarios. Por lo tanto, esta Comisión tiene como objeto, en un
momento en que el debate sobre el plan de vivienda está abierto y,
por tanto, es susceptible de recibir mejoras, aportaciones,
sugerencias y críticas antes de su formulación definitiva, el que SS.

SS. puedan participar directamente, mediante información por parte
del Gobierno en este proceso de definición de los contenidos del plan
de vivienda. A partir de este momento, salvo que diga lo contrario,
cuando haga referencia al plan de vivienda me estaré refiriendo
siempre al futuro plan de vivienda o a la propuesta sobre la cual
estamos trabajando de los contenidos que tendrá el Plan de Vivienda
2002-2005. Quisiera resaltar que el plan de vivienda es una norma
administrativa -se aprueba con rango de real decreto, como ha
sucedido con los anteriores - y, por lo tanto, acota sus contenidos
normativos a lo que es propio de una norma reglamentaria. El plan de
vivienda, en consecuencia, no modifica el marco legal actual en
ninguna de sus facetas, incluida la fiscal, porque ni tiene rango
para ello ni es el contenido propio de un plan de vivienda.

Si me permiten SS.SS. quisiera en principio hacer unas
consideraciones generales de cuál es el marco en el cual se va a
mover el futuro plan de vivienda, porque, como es evidente, la
elaboración de una norma de este estilo no se hace en el aire, al
margen de las consideraciones específicas de las circunstancias
socioeconómicas, sociológicas y demográficas en las que incide. Si
quiere ser, como deber ser, un plan eficaz, que produzca los efectos
que del mismo se pretenden conseguir, es imprescindible atenerse a un
análisis específico de la realidad social y económica sobre la cual
va a incidir. Por eso, si me lo permiten SS.SS., reitero, haré una
serie de consideraciones de carácter general sobre
el análisis que hemos hecho en el ministerio respecto a este marco
normativo sociológico y económico en el cual debe incidir el plan de
vivienda, para ver luego cómo se acomodan las propuestas que hacemos
a estas consideraciones sobre la realidad en la que incidirá el
conjunto de medidas del plan.

Me parece conveniente, aunque sea obvio, parar mientes en cuál es el
marco competencial en el cual se desarrolla la política de vivienda.

En primer lugar quisiera resaltar, porque no debemos perder esa
permanente referencia, que nuestra Constitución configura el derecho
al acceso a una vivienda digna como un derecho constitucional. Por
tanto la razón de ser esencial de la existencia del plan de vivienda,
conceptualmente motivadora, es ayudar de forma activa, desde el
ámbito competencial de la Administración general del Estado, por un
compromiso que responde a una clara voluntad política, a poder hacer
sociológicamente más real ese derecho constitucional reconocido en la
Carta Magna. En segundo lugar, conviene tener claro siempre al
analizar los planes de vivienda que en esta materia las competencias
corresponden a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos. La
política de vivienda se ha transferido con carácter exclusivo a las
comunidades autónomas y los ayuntamientos tienen competencia sobre un
aspecto absolutamente esencial para la política de vivienda, como es
la política de creación de suelo, con la incidencia que tiene esa
política en el encarecimiento o abaratamiento de un coste que llega a
suponer en nuestro país hasta entre un 50 y un 60 por ciento del
coste final de la vivienda. Por lo tanto cuando se habla de política
de vivienda y el plan de vivienda es uno de los instrumentos, hay que
tener muy claro que incide en un marco competencial diversificado
entre las distintas administraciones, donde le corresponde a la
Administración general del Estado una parte de las competencias, pero
no el cien por cien de las que inciden en la vivienda y en el suelo.

En este marco competencial, ¿qué es o qué deber ser, a juicio del
Gobierno, el plan de vivienda? El plan de vivienda, como les decía al
principio, debe ser un instrumento para garantizar o ayudar a
garantizar o a promover el derecho de acceso a una vivienda digna por
parte de todos los ciudadanos. Debe ser un instrumento para
complementar, desde la Administración general del Estado, las
políticas de vivienda y suelo que desarrollan las administraciones
territoriales, sin confundir los respectivos ámbitos de actuación y
competencia, pero sí instrumentando unas vías para un actuación
coordinada en pro de la eficacia social de ese derecho constitucional
a la vivienda. También debe ser, por el claro contenido de política
social que tiene todo plan de vivienda, un instrumento para intentar
paliar los efectos negativos que desde el punto de vista de la
accesibilidad a la vivienda para los grupos sociales de menos
capacidad económica supone el libre juego de las fuerzas del mercado.

Por tanto el plan de vivienda



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está al servicio de la garantía de un derecho, es un instrumento para
complementar políticas de otras administraciones y coordinar el
conjunto de las actuaciones y tiene una clara vocación de apoyo
social para paliar, en beneficio de los de menos capacidad
adquisitiva o en los que concurren en circunstancias especiales, de
las que luego hablaré, las lagunas que presenta, en cuanto a la
accesibilidad a la vivienda, el mercado libre de la misma.

En estos momentos -y recuerdo datos que saben todas SS.SS.- hemos
vivido unos años donde, según todos los analistas, ha habido un claro
sobredimensionamiento en la producción de viviendas. Se han estado
produciendo entre 400.000 y 500.000 viviendas al año, lo cual, para
las necesidades del mercado español, a juicio de todos los expertos,
es mucho. Este sobredimensionamiento del número de viviendas
producidas no ha evitado un continuo encarecimiento del precio de la
vivienda libre. Es decir, el exceso de producción - si podemos
utilizar ese término- en un mercado normal podría indicar el
abaratamiento de los precios; en el caso del mercado libre de la
vivienda, ha sido compatible ese exceso de producción con un continuo
encarecimiento de los precios y a ello no es ajeno el continuo
encarecimiento del suelo que se ha producido con carácter general en
nuestro país. Por lo tanto, en lo que al plan de vivienda y a su
eficacia social se refiere, hemos vivido un proceso en los últimos
años en el que se han ido separando progresivamente los precios de la
vivienda de protección oficial y los precios de la vivienda en el
mercado libre. Por otra parte, creo que merece la pena constatar que
el esfuerzo normativo hecho a iniciativa de este Gobierno, a través
de leyes aprobadas en esta Cámara para introducir medidas
liberalizadoras del suelo, con una clara vocación precisamente de
facilitar un abaratamiento del suelo, que incidiría claramente en un
abaratamiento del coste final de la vivienda, no ha tenido tiempo
todavía de producir eficacia social, porque la legislación del Estado
en materia de suelo, por su carácter de básica y reducida en el
ámbito en el que pueda actuar, según la jurisprudencia del Tribunal
Constitucional, necesita un lapso de tiempo prolongado para
convertirse en aplicable al proceso concreto de producción de suelo,
porque antes de ser norma vinculante tiene que pasar por la
legislación de las comunidades autónomas y luego por los propios
planes generales de ordenación urbana o resto de normativa
urbanística que configura los derechos al uso del suelo. Este es un
proceso largo en el tiempo y que además va a ser aplicado en clave
más o menos liberalizadora, según las opciones que legítimamente
adopten las comunidades autónomas, dentro del marco definido por la
normativa básica y por las propias administraciones locales.

Como dato importante para configurar el plan de vivienda, creo que
hay que ser muy conscientes de que
en España no existe un mercado del suelo sino muchos mercados del
suelo. Iba a decir que casi tantos como municipios; quizá sea un
exageración, pero se acerca bastante a la realidad. Las diversidades
y divergencias de precios y de la evolución de los mismos en los
territorios de las distintas comunidades autónomas, provincias
y municipios y dentro de la misma provincia son grandísimas en España.

En consecuencia, las medidas de un plan concebido a través de una
norma reglamentaria de carácter general, si quieren ser eficaces, a
juicio del Gobierno por lo menos, tienen que permitir una
adaptabilidad al terreno y una flexibilidad en su aplicación para
acomodarse a las necesidades reales de la evolución de los costes y
de los precios de la vivienda con esa gran diversidad territorial que
al respecto existe en España. Una uniformidad establecida con
carácter general y sin flexibilidad en su aplicación probablemente
resolvería algunos de los problemas de accesibilidad a la vivienda en
algunos puntos de España, pero por no acomodarse a la evolución real
de los precios y de los costes en otros muchos puntos, sería ineficaz
en los mismos. Por eso, a la luz de esta consideración, una de las
ideas que inspiran la propuesta del nuevo plan de vivienda que
presento en estos momentos a SS.SS. es precisamente la de dotarnos de
un instrumento flexible que permita una aplicación acomodada a las
circunstancias reales, sociológicas y económicas en las que se
plantean las disfunciones de accesibilidad a la vivienda, según los
costes de la misma y los ingresos del candidato a adquirirla.

Por otra parte, creo que es bueno tener en cuenta en el momento de
definir un plan de vivienda la evolución económica de los últimos
años, que ha permitido un claro aumento del bienestar en la sociedad
española. Se está creando empleo y se ha venido creando de forma
sostenida, han bajado los tipos de interés, ha habido una actividad
económica que ha creado esperanza e ilusión aumentando el esfuerzo
inversor y la apuesta por el futuro de muchísimos españoles y eso ha
llevado a que amplias capas de la población que históricamente no han
podido acceder al mercado libre lo hayan hecho en estos últimos años.

Por el contrario, debido a esa evolución hacia el encarecimiento de
los precios de la vivienda, existen en España grupos importantes que
no pueden acceder a una vivienda en el mercado libre. Por ello parece
conveniente -y esa es otra de las ideas que inspirará, a la luz de
estas consideraciones, la propuesta del plan de vivienda que el
Gobierno explica en estos momentos a SS.SS.- , con vistas a esa
finalidad última de que el plan de vivienda sea un instrumento para
garantizar el derecho al acceso a la vivienda, que se inspire en la
idea de concentrar las ayudas en aquellos grupos sociales que más lo
necesitan, huyendo de una cierta tendencia histórica del pasado a
diversificar y ampliar el elenco de grupos objetivos del plan.

Reitero que en la propuesta del plan de vivienda que expongo ante SS.

SS. intentaremos, manteniendo el volumen



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total de ayudas, el compromiso financiero del Estado con el plan de
vivienda, concentrar esas líneas de ayuda aumentando las ayudas en
aquellos grupos sociales que más lo necesitan para poder de verdad
acceder a una vivienda.

Como conclusión de este rápido repaso de la situación sobre la cual
va a incidir el plan de vivienda, terminaría esta parte inicial
diciéndoles que existe claramente una demanda potencial de
adquirentes de viviendas de protección oficial que no ven satisfecha
en estos momentos en el mercado su aspiración de tener una vivienda
digna. A esa demanda, a esos que posteriormente denominaré grupos
objetivos a ser atendidos por el plan, dedicaremos la concentración
de ayudas a la que me refería como medio de dar una dimensión más
social al plan de vivienda. Por otra parte, es necesario actuar sobre
la oferta. En un escenario -aunque en estos momentos parece que está
cambiando ya- de creación de mucha vivienda pero de vivienda cara en
el mercado libre, tenemos que actuar sobre dicha oferta para que se
reduzca el margen entre el precio de la vivienda de protección
oficial y la libre, es decir, para que haya viviendas asequibles
económicamente para los grupos objetivos del plan. Al actuar sobre la
oferta, es decir, sobre la vivienda que se produce en condiciones de
precio razonable y para que sea adquirida por los grupos objetivos
del plan, debemos tener en cuenta esa gran diversidad territorial que
existe en España respecto a la producción de vivienda, sus costes y
sus precios finales. Por otro lado, debemos actuar, como les decía
hace un momento también, sobre la oferta y sobre la demanda: sobre la
oferta, consiguiendo abaratar la vivienda que se ofrece en el ámbito
del plan, y sobre la demanda, ayudando a esos grupos sociales que
tienen menos capacidad por sí mismos de acceder a la vivienda
mediante las líneas de ayuda del plan -a las que luego me referiré-,
para que con ese suplemento de ayudas estén en condiciones de
adquirir las viviendas protegidas.

En cuanto a los instrumentos conceptuales en los que debe apoyarse el
plan de vivienda, sin perjuicio de las medidas concretas a las que
luego me referiré, después de analizar y contrastar la experiencia de
los planes de vivienda de las comunidades autónomas, de la política
de vivienda que se hace en otros países y la propia experiencia de la
aplicación del último plan de vivienda, hemos llegado a la conclusión
-y así se propone en el avance de plan que sometemos a la
consideración de SS.SS. y que se explicó en la conferencia sectorial
de la semana pasada- que debemos seguir apoyándonos en los dos
grandes instrumentos de actuación que han configurado los últimos
planes de vivienda, es decir, en la fijación de precios máximos,
porque si no, en un escenario de encarecimiento de los precios de la
vivienda libre, el plan perdería todo carácter de plan social, y, por
otra parte, en las ayudas económicas directas, bien sean por ingreso
directo al beneficiario
del plan, bien sean mediante la subsidiación de las cuotas de
amortización de los préstamos, a aquellos que por sus recursos
económicos sin estas ayudas no podrían acceder a la vivienda. Por lo
tanto los dos grandes instrumentos conceptuales del último plan los
mantenemos porque no creemos que haya otros más eficaces: fijación de
precios máximos para que haya vivienda asequible a precios razonables
para los grupos que consideramos grupos objetivos y ayudas económicas
directas a las personas de estos grupos objetivos para que,
complementando desde el apoyo del plan de vivienda su propia
capacidad de generar ingresos, eso les permita acceder a la
adquisición o alquiler de la vivienda.

Yendo un poco más allá después de este análisis general y de esta
identificación de los instrumentos de actuación por los cuales el
plan opta, me gustaría resaltar ante SS.SS. que el plan, como todo
plan propuesto por el Gobierno, guarda una coherencia con las líneas
políticas generales de actuación del Gobierno, como no podía ser de
otra manera. Por ello es un plan que tiene muy en cuenta los
objetivos generales de la política económica del Gobierno, la
convergencia real y el pleno empleo. El plan está inspirado también
por un intento de incentivar la actividad en el sector de la
construcción mediante la promoción de más viviendas protegidas,
efecto que en este momento puede tener una clara incidencia
anticíclica, dada la situación general de la economía. Por otra
parte, a través de la política, a la que luego me referiré, de
incentivo a la construcción de las viviendas de alquiler, creemos que
se puede también ayudar desde la óptica del plan de vivienda al
objetivo general de facilitar la movilidad laboral para aquellos que
les interese desde el punto de vista de su situación en el mercado de
empleo.

En cuanto a la definición de los grupos objetivos, como es lógico el
plan de vivienda es coherente con las políticas de cohesión social
que con carácter general promueve el Gobierno. Así, es un principio
claramente inspirador del plan de vivienda -como luego les explicaré
con más detalle- colaborar con la política de la familia y de fomento
de la natalidad, en coordinación con el Plan integral de apoyo a la
familia que ha aprobado recientemente el Consejo de Ministros.

Queremos que las medidas específicas, a las que luego haré referencia
detallada, que inspiran las líneas de ayuda del plan de vivienda
incidan también de forma positiva en un aumento del acogimiento
familiar de personas mayores y minusválidos, creyendo que es bueno
que se interioricen por el plan unas líneas de ayuda que incentiven
y que los hagan posible, para las familias que quieran atender en su
seno a personas de la tercera edad y minusválidos, en términos de
vivienda.

Con carácter general, como antes anuncié, inspira el plan, dentro de
esta faceta de coordinación con las políticas de cohesión social
generales del Gobierno, el apoyo a la población menos favorecida.

Como les decía antes, esta propuesta de plan que estoy comentando se



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inspira en la idea de concentrar las ayudas del mismo aumentándolas
en aquellos grupos sociales que menos capacidad tienen por sí mismos
de acceder a la vivienda, familias o personas con ingresos bajos,
inmigrantes, adultos con personas dependientes, etcétera, según la
escala de ingresos. Por otra parte y por ahí empecé mi intervención,
pero estoy haciendo un balance global de los criterios generales que
lo inspiran, el plan debe ser coherente con el reparto constitucional
de competencias en materia de vivienda y suelo, sin intentar, por la
vía del mismo, recuperar para la Administración general del Estado
competencias que no le corresponden, sino que están claramente
transferidas a las comunidades autónomas.

Finalmente, inspira el plan también la idea de intentar -cosa que no
es sencilla- simplificar el sistema de ayudas y el propio
procedimiento de gestión de plan. Como fruto de la historia, de la
casuística que a lo largo de los años ha intentado ser abarcada por
el mismo, tenemos una normativa de plan de vivienda que es compleja,
profusa, a veces de difícil intelección y que complica, por un lado,
el conocimiento por parte de los ciudadanos de qué tipo de ayudas
tiene previstas el plan para ellos y, por otro, complica la propia
gestión administrativa del mismo incrementando en consecuencia los
costes de gestión.

Este es el esquema general o conceptual y el análisis básico en que
se inspiran los contenidos del plan de vivienda a los que voy a hacer
referencia más detallada a partir de este momento en mi intervención.

Entre los instrumentos previstos por el nuevo Plan de Vivienda 2002-
2005 -y voy describiendo la instrumentación administrativa concreta
de estos principios generales a los que me he referido- me permito
destacar ante SS.SS. los siguientes. Todas las modalidades de
viviendas protegidas se van a agrupar en una única categoría bajo la
denominación genérica de viviendas sujetas a regímenes de protección
pública. Esta es una de las medidas de simplificación del plan en sus
contenidos conceptuales y en su gestión, pero que no implica ninguna
limitación o supresión de los tipos de vivienda que existen ahora. Lo
que sucede es que el plan se va a configurar en un solo tipo de
vivienda, viviendas sujetas a regímenes de protección pública, y la
concreción en número de metros cuadrados y de precios, como luego
explicaré, de los distintos tipos de vivienda podrán hacerla las
comunidades autónomas que por esa vía podrán recuperar, si no el
nombre, sí los contenidos de las vías especiales de protección que en
estos momentos existen en el seno del plan. Estas viviendas sujetas a
regímenes de protección pública van a estar caracterizadas, por una
parte -y les decía anteriormente que no renunciamos a este
instrumento clásico del plan de vivienda-, por una limitación en
cuanto al tamaño máximo de la vivienda protegida, que va a quedar
establecido en 90 metros cuadrados útiles, salvo -y esta es una de
las novedades que introducimos en el plan-
para las familias numerosas, en cuyo caso se amplía la posibilidad de
configurar una vivienda sujeta el régimen de protección pública
aunque tenga hasta 120 metros cuadrados. Esta es una de las
modificaciones introducidas en el plan con el objeto de apoyar a la
familia y la natalidad. En consecuencia, se propone dejar abierta la
posibilidad de dedicar a este tipo de viviendas, las de entre 90 y
120 metros cuadrados, hasta un total del 15 por ciento en cada
promoción.

En cuanto a los ingresos familiares -y aquí hablamos de los grupos
objetivos del plan en los que vamos a concentrar las ayudas-, el
límite máximo para poder acceder a la vivienda protegida se establece
en 5,5 veces el salario mínimo interprofesional -recuerdo a SS.SS.

que en este momento es algo más de un millón de pesetas-. Por otra
parte -y a partir de ahora utilizaré la referencia al salario mínimo
interprofesional-, el plan propone pasar de la cuantificación en
pesetas de los ingresos que permiten la accesibilidad a las distintas
líneas de ayuda del plan a la cuantificación en número de veces del
salario mínimo interprofesional, lo que permite una mayor claridad y
simplificación tanto en las referencias objetivas en cada momento de
los grupos objetivos del plan como en su evolución en el futuro, pues
esas cuantificaciones evolucionarán en la medida y en el porcentaje
en que lo haga el salario mínimo interprofesional. Este límite -hasta
5,5 veces el salario mínimo interprofesional- para acceder a la
vivienda protegida puede sufrir, conforme a la propuesta del plan que
les comento, dos tipos de correcciones, con el objeto de que quede
expresado en términos de poder adquisitivo. Como les decía antes,
siempre tenemos que pensar en la realidad social, en las personas
concretas, en sus circunstancias sociológicas específicas y en el
proceso de costes de la vivienda en el municipio en que está. Por eso
los factores correctores sobre la definición general del plan son
importantes en este tema y en otros que comentaré.

Estos factores correctores van a ser los siguientes. En primer lugar,
según el número de miembros de la unidad familiar, hasta un 20 por
ciento de incremento, lo que equivale a aplicar un coeficiente
reductor de 0,83 a los ingresos reales. Una vez más, esa inspiración
de apoyo a la familia y la natalidad se introduce en el plan -en este
caso como elemento corrector de los ingresos- para interiorizar la
idea, que creo que es evidente, de que a mayor número de miembros de
la familia, los mismos ingresos implican menos capacidad de ahorro
y de inversión, como es lógico. La escala que hemos propuesto -y es uno
de los temas que está sometido a discusión y en la conferencia
sectorial incluso se nos ha hecho alguna sugerencia de poder
cambiarlo, que, como es lógico, será estudiado- para introducir este
coeficiente corrector es la siguiente: para uno o dos miembros de la
unidad familiar el coeficiente corrector es 1; para tres, 0,97; para
cuatro, 0,93; para cinco, 0,88, y para seis o más, 0,83. Reitero que
hemos intentado



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hacer una escala que, a nuestro juicio, responde sociológicamente
a la variación de la capacidad adquisitiva de cada familia según el
número de hijos, pero obviamente es discutible y mejorable con
propuestas bien fundadas.

El segundo elemento corrector se refiere a las circunstancias
territoriales. Les decía antes que el plan tiene que adaptarse a los
distintos mercados, tan variados en costes y en producción, que
existen en España. Por circunstancias territoriales se permite hasta
un 25 por ciento de incremento, lo que equivale a aplicar un
coeficiente reductor de 0,8 a los ingresos reales, a establecer por
las comunidades autónomas. Esperamos que sea utilizado con carácter
general para tener en cuenta las diferencias de precios de la
vivienda en cada territorio. ¿Por qué deferimos a las comunidades
autónomas la aplicación de este coeficiente corrector? Porque cada
comunidad autónoma tiene un conocimiento mucho más preciso de cuál es
la evolución real de los precios y las necesidades sociales en su
territorio. Además, en el nuevo plan no se va a imponer que cada
comunidad autónoma aplique este coeficiente corrector con carácter
uniforme, para todo su territorio, sino que podrá modularlo por
municipios, por áreas, según la variación real que se produzca en los
costes finales de la vivienda en el interior del territorio de la
comunidad autónoma. Si huimos de la uniformidad desde la
Administración general del Estado, nos gustaría que también se huyese
desde las comunidades autónomas. Reitero que intentamos hacer un plan
que, manteniendo las normas imperativas suficientes para que se
respeten los grupos objetivos y las líneas básicas de protección que
el Gobierno ha considerado prioritarias, permita una aplicación
territorializada, de tal manera que sea un traje a medida de las
necesidades de cada municipio o de cada grupo familiar.

En cuanto a precios máximos de venta -al principio les decía que no
renunciaríamos, sino todo lo contrario, a mantener como uno de los
instrumentos básicos de configuración del plan la figura del precio
máximo de venta-, la propuesta que hacemos es que a partir de un
precio básico a nivel nacional fijado por el ministerio, podrán
añadirse dos tipos de ajustes acumulables entre sí, a criterio de las
comunidades autónomas, según las peculiaridades de sus mercados de
vivienda. Una vez más nos encontramos con la idea de que las
comunidades autónomas van a tener una amplia capacidad, dentro de la
definición global del plan, para acomodar a la situación real, que
probablemente irá cambiando -no serán medidas permanentes en el
tiempo-, las instituciones de este plan, en este caso el precio
máximo de la vivienda, a la situación real de los mercados en su
propio territorio. Esta adaptación por parte de las comunidades
autónomas se va a basar en dos grandes instituciones: por una parte,
y el plan lo preverá así con carácter general, permitirles una
actualización del precio máximo de venta fijado a nivel nacional
hasta en un
56 por ciento. Reitero que digo «hasta en un», es decir, que es un
límite máximo que podrá ser adaptado a la baja, en la medida en que
las comunidades autónomas, según las características de su mercado de
vivienda, crean que se pueden producir y vender viviendas de
protección oficial sin llegar a este límite máximo. Por otra parte
-sería el segundo instrumento corrector respecto a la institución del
precio máximo de venta-, se mantiene la institución ya existente en
el vigente plan de vivienda de los municipios singulares. En este
momento existen dos tipos de municipios singulares en el plan de
vivienda, los grupos A y B, que están regulados -y definidos los
municipios que los integran- en la normativa vigente. En la propuesta
del nuevo plan de vivienda hay dos novedades respecto a los
municipios singulares, en esta línea de adaptar a las necesidades de
cada territorio las instituciones del plan, respetando su gran
configuración de protección a los grupos objetivos. Por un lado,
proponemos que en los municipios del grupo A el posible incremento
del precio básico fijado a nivel nacional sea de hasta un 40 por
ciento, en los del grupo B hasta un 20 por ciento y el plan crearía,
según la propuesta que les comento, un nuevo grupo C, ahora
inexistente, que haciéndose eco de una de las experiencias de la
aplicación del plan permitiría que, a propuesta de cada comunidad
autónoma, el ministro de Fomento pueda declarar municipio singular de
grupo C, a aquellos municipios que, sin estar integrados en el grupo
A o en el grupo B, por la evolución concreta de los precios de la
vivienda, juzguen las propias comunidades autónomas que, sin
introducirse en la categoría de grupo C es muy difícil adecuar el
mercado libre al mercado de vivienda de protección oficial y, por
tanto, se mantendría una tendencia a desincentivar la producción de
la vivienda protegida. Es un instrumento más de flexibilidad, de
territorialización, de huir de las grandes uniformidades a nivel
nacional para ir adecuando la aplicación del plan a lo que sucede en
los distintos territorios, pensando siempre en que, al final, se
trata de que los grupos objetivos del plan puedan, con el conjunto de
estas medidas, acceder a la vivienda. Para eso tenemos que establecer
entre las comunidades autónomas y el Gobierno, a través del plan de
vivienda, medidas que permitan adecuarnos a las necesidades concretas
del ciudadano español que en tal municipio, por las razones que sean,
aplicando la normativa general, no logra que haya vivienda protegida
accesible para él. Todas estas instituciones tienden a permitir que,
para ese ciudadano, en ese municipio, exista la vivienda de
protección oficial que él puede comprar o alquilar.

En cuanto a las ayudas económicas directas -sigo desgranando el
capítulo de instrumentos concretos de ejecución del plan-, la
previsión vendría descrita de la siguiente manera. Las ayudas se van
a concentrar en aquellos grupos sociales que más lo necesitan y en su
configuración general van a seguir siendo las dos que



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tenemos en este momento. Una, el apoyo al primer acceso a la vivienda
en propiedad, aunque en el caso de las familias numerosas -esta es
otra de las novedades que incide en esa línea de apoyo a la familia-
vamos a incluir la accesibilidad a las ayudas también para el
supuesto de una familia que quiere pasar de una vivienda más pequeña
a otra más grande -con los límites generales de metros cuadrados que
definen la vivienda protegida- cuando trae su causa de un aumento del
número de integrantes de la familia. Uno de los problemas que se
plantea a muchas familias con el nacimiento de los niños o la
necesidad de cuidar a otras personas es que la vivienda se queda
pequeña. Para que sea factible que ese grupo familiar se mantenga
cohesionado en una vivienda digna vamos a permitir, cosa que no
sucedía hasta ahora, que las líneas de protección y ayuda del plan se
extiendan, en ese caso concreto de las familias numerosas o en que
aumenta el número de miembros, al paso de una vivienda más pequeña a
una vivienda más grande, como digo, en el límite de lo que es la
vivienda protegida en términos de metros cuadrados. Por otra parte,
vamos a incentivar una línea de ayuda a las unidades familiares con
ingresos corregidos inferiores a 1,5 veces el salario mínimo
interprofesional, dentro de esa idea global que comentaba al
principio y que inspira todo el plan de que creemos positivo que se
concentren más las ayudas en aquellos de menos ingresos, que son los
que necesitan más ayuda para acceder a la vivienda. ¿Cuál es la base
de esas ayudas en relación con estos principios que les acabo de
decir? Las que voy a explicar y que son compatibles entre sí, que es
otra de las modificaciones respecto al plan de vivienda. Ahora las
dos ayudas a las que voy a hacer referencia son compatibles y
acumulables para cada unidad familiar o persona solicitante de las
ayudas del plan. Por una parte, será la subsidiación de la cuota de
amortización del préstamo -capital más intereses-, siempre que los
ingresos corregidos no sean superiores a 4,5 veces el salario mínimo
interprofesional y, por otra, la ayuda estatal directa a la entrada,
que hemos creado hace un año y que mantenemos porque creemos que es
positiva, siempre que los ingresos corregidos no sean superiores a
3,5 veces el salario mínimo interprofesional. Recuerdo, pues, a SS.

SS.: hasta 5,5 veces el salario mínimo interprofesional, derecho de
acceso a la vivienda; hasta 4,5 veces el salario mínimo
interprofesional, posibilidad de recibir la subsidiación de la cuota
de amortización del préstamo; hasta 3,5 veces, posibilidad de recibir
la AEDEN y también, evidentemente, porque es acumulable, la
subsidiación de la cuota de amortización de los préstamos. Además,
estas dos líneas de ayuda, cuando procedan acumuladas o cuando no
procedan, de 3,5 y 4,5 del SMI, podrán verse complementadas con otras
líneas de ayuda que preverá el plan y que son acumulativas con las
anteriores. En concreto, pensando en los jóvenes menores de 35 años,
en las familias numerosas y en otras condiciones de protección,
se prevén las siguientes líneas de ayuda que serán, reitero,
acumulables entre sí y a las anteriores. Los jóvenes hasta 35 años
podrán recibir una ayuda acumulable a las anteriores de hasta 500.000
pesetas. En el caso de las familias numerosas, por tres hijos, hasta
500.000 pesetas; por cuatro hijos, hasta 600.000 pesetas y por cinco
o más hijos, 700.000 pesetas. Y por otras circunstancias, que
desgranará el plan dentro de los objetivos generales de apoyo a la
política de cohesión social general del Gobierno, cuando existan
minusválidos o personas mayores que se integren en el grupo familiar
habrá una ayuda de hasta 150.000 pesetas, ayudas que, reitero, son
acumulables, cuando se dan en el candidato a las ayudas las
condiciones subjetivas para ello, a las propias de la ayuda a la
entrada y de la subsidiación de las cuotas de amortización de los
préstamos.

En cuanto a la escala para recibir subsidiación o ayudas económicas a
la entrada, la que hemos propuesto en el borrador que en estos
momentos está sometido a debate, responde a la siguiente
parametrización, si me permiten esta palabreja. Los ingresos
corregidos en número de veces el salario mínimo interprofesional,
hasta 1,5 llevarían pareja una ayuda a la entrada, la llamada AEDEN,
que es un porcentaje sobre el precio de compra, de hasta un 11 por
ciento, y una posibilidad de subsidiación en porcentaje sobre la
cuota de hasta un 20 por ciento durante un período de diez años. Para
ingresos corregidos, también en número de veces el salario mínimo
interprofesional, entre 1,5 y 2,5 el porcentaje de ayuda a la entrada
sería de hasta un 8 por ciento y la subsidiación en porcentaje sobre
la cuota de hasta un 15 por ciento durante un plazo de 10 años. Para
ingresos corregidos de entre 2,5 y 3,5 veces el salario mínimo
interprofesional, el porcentaje de ayuda a la entrada sería de hasta
un 5 por ciento sobre el precio de compra una vez más, y la
subsidiación de hasta un 10 por ciento sobre la cuota durante un
plazo de cinco años. Y para ingresos entre 3,5 y 4,5 veces el salario
mínimo interprofesional, no habría ya, como les he dicho
anteriormente, ayuda a la entrada y la subsidiación en porcentaje
sobre la cuota sería de hasta un 5 por ciento durante cinco años. En
materia de subsidiación, una vez más en la línea de apoyo a la
familia, habría para las familias numerosas un 5 por ciento adicional
durante cinco años. Recuerdo a SS.SS. -y por eso he parado la lectura
de la tabla en 4,5 veces el salario mínimo interprofesional- que para
el tramo comprendido entre 4,5 y 5,5 veces el salario mínimo
interprofesional no hay financiación cualificada, aunque sí hay
accesibilidad a las viviendas protegidas a las que el plan se
refiere. Si han seguido ustedes la lectura que he hecho, aunque sea
difícil a veces cuando se dan porcentajes tan rápidamente, lo que se
intenta hacer es lo que les comenté como principio inspirador del
plan: concentrar las ayudas en los ingresos más bajos, conmás
porcentaje de ayuda a la entrada, más porcentaje



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de subsidiación a la cuota y más plazo de dicha subsidiación; según
aumentan los ingresos disminuye el porcentaje de ayuda a la entrada,
disminuye el porcentaje de subsidiación de la cuota y disminuye el
plazo durante el cual se subsidia la cuota. Reitero que se trata de
la aplicación concreta, una vez más, de la idea que viene inspirando
todo lo que voy diciendo, y en la que se inspira el plan, de
concentrar lo más posible las ayudas en aquellos que menos medios
tienen y, en consecuencia, más dificultad tienen para acceder a la
vivienda, también a la protegida.

En cuanto a las vivienda en alquiler, que es otra de las
preocupaciones históricas, y muchas veces fallida, de los planes de
vivienda, por circunstancias sociológicas, económicas y de muchos
tipos que no voy a analizar en estos momentos, pero en las que
podemos entrar luego en el turno de preguntas o debate, si quieren
SS.SS., el plan incorpora una serie de medidas específicas destinadas
a favorecer que existan viviendas protegidas de nueva construcción en
alquiler a un plazo de 25 años y respondiendo a la misma idea que
inspira todo el plan de flexibilizar la aplicación de estas medidas
para acomodarlo a las necesidades reales, territorialmente
heterogéneas, existentes en España en el mercado de la vivienda.

Estas medidas, en sus líneas esenciales o básicas, son las
siguientes. Se fortalece en el Plan de vivienda 2000-2005, respecto
al plan vigente, la ayuda a la promoción, aumentando la subvención
hasta un 20 por ciento del precio máximo teórico de la vivienda. Se
reduce -y es consecuencia lógica del fortalecimiento de las ayudas-
el límite máximo de renta anual a percibir en ese tipo de viviendas,
que quedará establecido en el 4 por ciento del precio máximo teórico
de la vivienda, para que haya vivienda en alquiler asequible para
rentas bajas también, y se introduce la posibilidad de derecho de
opción de venta y compra a favor del promotor o titular de la
promoción y del inquilino, siempre que se cumplan determinadas
condiciones referidas a años de permanencia del inquilino en la
vivienda y no superando nunca un porcentaje total del conjunto de la
promoción, entre otras. El plan también incorpora otras medidas
relacionadas con el alquiler, entre las cuales me permito resaltar
ante SS.SS. las siguientes. Se van a incentivar en el plan los
alojamientos o unidades habitacionales intermedios entre las
viviendas individuales y las viviendas o residencias colectivas,
porque creemos que puede ser una solución, si las comunidades
autónomas apuestan por esta vía, para resolver determinados problemas
de accesibilidad a una vivienda digna en determinadas circunstancias,
como es el caso de grupos de inmigrantes, personas de la tercera
edad, situaciones de necesidad de vivienda con carácter temporal,
etcétera. Por tanto, se incluirá en el plan esta vía de actuación
que, por cierto, tiene precedente en algunas comunidades autónomas
que, sin estar previstas en el plan de vivienda vigente, han avanzado
en esta línea con experiencias satisfactorias
que nos parece que merece la pena incorporar con carácter general.

En cuanto a las provisiones de viviendas protegidas para alquiler, en
cualquier momento del período de vinculación a dicho régimen de uso
podrán ser cedidas por sus promotores, previa autorización de la
comunidad autónoma, a nuevos titulares, incluyendo sociedades o
fondos de inversión inmobiliaria. Esta es una petición que nos han
planteado, y que me parece razonable, para que haya más incentivo a
la existencia de viviendas en alquiler, especialmente las
asociaciones de promotores públicos de la vivienda de carácter
municipal o autonómico para tener un instrumento de gestión del
parque de viviendas en alquiler más acorde con lo que son hoy día las
necesidades del mercado financiero. Por último, el plan preverá en
esta misma materia que las organizaciones sin ánimo de lucro puedan,
previa autorización de la comunidad autónoma, adquirir viviendas
existentes con las dimensiones y a los precios máximos establecidos
con carácter general en el plan para las viviendas protegidas, a fin
de cederlas en arrendamiento. Es decir, vamos a incentivar también, a
través del plan y para el caso de organizaciones sin ánimo de lucro,
que se intente movilizar viviendas ya existentes, adquiriéndolas para
ponerlas en este -llamémoslo así- mercado de la vivienda de alquiler
protegida. Por eso exigimos que esta medida se predique en
organizaciones sin ánimo de lucro, públicas o privadas. Creemos que
es otra vía interesante en España, donde existe un amplio número de
viviendas que podrían ser puestas al servicio del alquiler, ya
existentes, aparte de las nuevas que se puedan promover, y pensamos
que si se puede ayudar a movilizarlas se conseguirá avanzar en uno de
los objetivos del plan.

En cuanto al fomento de la creación de suelo urbano -y aquí
permítanme que reitere una vez más que el plan no va a ser ningún
medio torticero para que el Estado rescate unas competencias que en
su momento cedió a las comunidades autónomas porque
constitucionalmente había que cederlas o que son propias de los
ayuntamientos, es decir, no vamos a intentar recuperar vía plan
ninguna competencia en materia de suelo que no tenemos directamente-
vamos a intentar establecer a través del plan instrumentos
incentivadores de que el ejercicio de las competencias en materia de
suelo por los ayuntamientos y las comunidades autónomas incidan
positivamente en las líneas de trabajo que ha establecido el plan, es
decir, coadyuven, apoyadas por estas medidas incentivadoras del plan,
a que haya suelo disponible a precios razonables para que sobre el
mismo se construyan viviendas de protección oficial, bien para la
venta, bien para el alquiler, que es lo que creo que el Estado puede
hacer razonablemente en el ámbito de la política de suelo. A estos
efectos, el nuevo Plan de vivienda 2002-2005 crea la figura del área
de urbanización prioritaria de suelo, en la que se va a exigir que al
menos un 75 por ciento de la edificabilidad



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resultante del sector de urbanización se destine a vivienda
protegida. En este caso, la ayuda estatal que prevé el plan, en la
propuesta que en estos momentos estamos comentando, es una
subsidiación del 40 por ciento de los costes de urbanización del
suelo, con un límite de 400.000 pesetas por vivienda. Para el resto
de actuaciones protegidas en materia de urbanización que no sean
estas áreas de actuación prioritaria, la subvención será del 20 por
ciento. Puedo decirles también que en la conferencia sectorial
celebrada la semana pasada, en la que se habló del plan de vivienda,
este es uno de los puntos sobre los que algunas comunidades autónomas
adelantaron que nos harían alguna observación, por pensar que la
reserva de hasta un 75 por ciento para viviendas protegidas en cada
área de urbanización para que se considerara área prioritaria de
actuación conforme al plan podía ser excesiva, y alguna comunidad
autónoma adelantó que probablemente nos propondrían rebajarla a 60 ó
65 por ciento. Bien, como toda medida instrumental, se puede estudiar
e intentar adecuarla según las razones que se aporten a lo que
parezca más conveniente, siempre que el objetivo final sea que el
plan funcione.

En cuanto a los convenios con las comunidades autónomas, que ha sido
otro de los instrumentos de aplicación del plan de vivienda
tradicionales, el esquema que prevé el plan que tengo el honor de
presentarles es la asignación territorial a comienzo de cada
ejercicio de sólo una parte de los recursos estatales disponibles, en
principio según los criterios de reparto existentes en la actualidad
aprobados en conferencia sectorial. La fracción no distribuida cada
año y los recursos no aplicados dentro de lo distribuido por cada
comunidad autónoma para su territorio, en una fecha que hemos
propuesto que sea el 1 de octubre en cada ejercicio, quedará a
disposición de todas las comunidades autónomas para que aquellas que
se hayan demostrado más diligentes o activas en la gestión del plan y
tengan más proyectos en marcha puedan recibir esa financiación no
previamente distribuida o aquella parte de la financiación
previamente distribuida que no haya sido objeto de actuación en el
territorio de cada comunidad autónoma por las razones que sean. Con
esto intentamos una vez más introducir un instrumento de flexibilidad
en la aplicación del plan que permita una asignación anual de los
recursos acorde con el nivel de actividad que se genere en el
territorio de cada comunidad autónoma dentro de las líneas marcadas
como prioritarias por los grupos objetivos del plan. Es, una vez más,
un intento de adecuar el plan a las necesidades reales, a esa inmensa
variación territorial que se produce durante la vigencia del mismo en
la ejecución según los distintos territorios.

En cuanto a los convenios con las entidades de crédito que dan
cobertura contractual al reparto de las ayudas del plan cuando se
basa en la subsidiación de los préstamos o de las cuotas de
amortización de los mismos,
también vamos a intentar simplificar un poco el sistema vigente.

A esos efectos, la propuesta que estamos presentando del Plan de
vivienda para el periodo 2002-2005 prevé que haya un solo convenio
con cada entidad con validez para los cuatro años de aplicación del
plan sin necesidad de estar haciendo un convenio con cada comunidad
autónoma, que complican la gestión. Por otra parte, se prevé que el
ministro de Fomento pueda determinar anualmente los volúmenes de
préstamos a conceder con carácter global y en concepto de bolsa no
territorializada para alquiler. Es decir, habrá un convenio vigente y
el ministro de Fomento irá diciendo cada año, mediante orden, cuáles
son los créditos disponibles para, en el seno de esos convenios,
establecer las subsidiaciones correspondientes. En cuanto al tipo de
interés de los préstamos cualificados, se partirá -es la propuesta
que hace el borrador del plan sobre el que estamos hablando- del 85
por ciento del tipo de interés medio del conjunto de entidades de
crédito registrado en los últimos dos meses, porque precisamente este
85 por ciento es el que nos demuestra la experiencia que se produce
en las subastas que hemos realizado hasta ahora en aplicación del
plan vigente. También proponemos que las reglas de revisión y de
eventual modificación del tipo de interés inicial se harán de forma
automática en el primer trimestre de cada año. Es intentar una vez
más darle automatismo a los parámetros del plan, simplificar su
gestión administrativa, permitir que no se pierda tiempo, como ha
pasado históricamente cada ejercicio en la aplicación concreta del
plan, en la instrumentación año a año de los parámetros básicos del
plan o de los instrumentos, como pueden ser los convenios con las
entidades acreditadas, para poder hacerla eficaz.

Estas son las líneas esenciales del plan de vivienda que en estos
momentos tenemos a debate. Como conclusión de esta ya larga
intervención, diré a SS.SS. que en estos momentos es un plan abierto,
es una propuesta que se ha pensado, se ha discutido, se ha
contrastado y, evidentemente, es perfeccionable. Tenemos abierto el
diálogo institucional con las comunidades autónomas; en concreto el
próximo 3 de diciembre va a haber una reunión de los directores
generales de las comunidades autónomas competentes en materia de
vivienda con el director general de la Vivienda del Ministerio de
Fomento para intentar concretar la vía de discusión y colaboración
que abrimos la pasada semana en la conferencia sectorial. Asimismo
estamos recibiendo sugerencias y aportaciones de grupos sociales
interesados y, cómo no, esperamos por supuesto las sugerencias
críticas, constructivas, que desde esta Cámara se nos puedan hacer
para poder dotarnos de un plan que sea eficaz, porque estoy seguro de
que todos compartimos la necesidad de que haya una política de
vivienda activa en beneficio de aquellos sectores sociales más
necesitados de las ayudas de las administraciones públicaspara poder
acceder a una vivienda digna, que es el objetivo



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que todos vamos a perseguir. Como sé que los temas de vivienda
preocupan y ocupan mucho a los grupos parlamentarios en esta Cámara y
han dado lugar con frecuencia a debates, espero las sugerencias de
todas SS.SS.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor secretario de Estado.

En el turno de grupos parlamentarios, por el Grupo Parlamentario
Socialista tiene la palabra don Víctor Morlán.




El señor MORLÁN GRACIA: Muchas gracias, señor secretario de Estado
por su comparecencia y explicación de las líneas básicas de esta
propuesta de plan. Espero que sea una propuesta perfectamente
modificable en razón de las aportaciones que puedan hacer los grupos
y que cuando nosotros las hagamos ustedes las tengan en cuenta a la
hora de elaborar el texto definitivo. Por lo tanto, cualquier
valoración sobre el plan habrá que hacerla en el momento en el que
hayan elaborado el correspondiente real decretoley y se hayan
planteado cuáles son las medidas que van a poner en práctica en los
próximos cuatro años.

A continuación, señor secretario de Estado, quisiera hacer algunas
valoraciones sobre lo que usted ha explicado y después el
planteamiento que formula el Grupo Parlamentario Socialista respecto
a lo que tiene que ser el nuevo Plan de vivienda 2002-2005. En
principio, para hacer una valoración adecuada, además de las
reflexiones que usted ha hecho, habría que contemplar todo lo que es
la evolución de la ratio de accesibilidad, que ha experimentado unas
modificaciones bastante sustanciales por cuanto si en el cuarto
trimestre del año 2000 se situaba dicha ratio en el 38,5 por ciento
sobre la renta de cada familia, en este momento, en el segundo
trimestre de 2001, según los últimos datos de que disponemos se sitúa
en el 45 por ciento. Es decir, existe una repercusión mayor del
precio de la vivienda en las rentas de cada familia. Si es un miembro
de la familia el que trabaja la incidencia es superior, si son dos
las circunstancias cambian objetivamente y por tanto la incidencia
sería menor. Podríamos contemplarlo bajo el prisma de que esta ratio
de accesibilidad está en una situación preocupante que habría que
atajar de alguna manera, y no sé si en este nuevo plan de vivienda
estas medidas van a producir el efecto deseado para que dicha
accesibilidad se produzca y la ratio sea más adecuada a la renta de
cada familia. Entendemos, señor secretario de Estado, que durante
estos años de gobierno han introducido una serie de actuaciones en
gasto estatal en materia de vivienda que son preocupantes desde el
momento que han supuesto la reducción del gasto estatal en función
del PIB. Así, nos encontramos con que si en el año 1995 el 1 por
ciento del PIB estaba destinado a gasto de vivienda, en este año es
el 0,55
por ciento, estando situada la media de la Unión Europea en el 2 por
ciento, es decir como no corrijamos ese decalaje estaremos bastante
lejos de lo que se plantea a nivel de la Unión Europea como
aportación del Estado al gasto de vivienda. También observo, porque
en ningún momento le he oído cifras, que ustedes no plantean ningún
objetivo de financiación de número de viviendas. Recuerdo, por
ejemplo, que el señor Aznar llegó a prometer 180.000 viviendas,
supuesto que, como es lógico, no se ha cumplido porque se han
alcanzado unos resultados de 80.000 viviendas en 1996 y 40.000
viviendas VPO el año 2001. Lo que ustedes hacen en este nuevo plan de
vivienda es establecer una especie de barra libre: en función de las
posibilidades que tenga cada comunidad autónoma o de las que tenga
cada institución que pueda llevar a cabo una promoción de viviendas
podrán establecer los mecanismos de financiación para que se lleve a
cabo un número determinado de viviendas sin especificar cuáles son
esos objetivos. Creo observar, en este planteamiento de objetivos en
una planificación de cuatro años -al fin y al cabo, aceptar un plan
de vivienda significa que ustedes aceptan que se planifique y cuando
se planifica se buscan objetivos y se busca forma de financiación-,
que en este plan de vivienda ustedes ni establecen objetivos ni
establecen volumen de financiación. Cuando habla en los convenios con
las entidades de crédito o entidades financieras, que se va a
establecer un convenio con cada entidad por cuatro años, tampoco se
dice, al menos hasta ahora, no sé si al final lo fijarán en el último
momento del plan, qué cuantía es la que se va a financiar, qué
cuantía es la que se va a convenir con las entidades financieras para
llevar a cabo la construcción de un número determinado de viviendas.

En este documento que usted nos ha explicado, que fue el que entregó
a las comunidades autónomas, plantean una serie de medidas que sin
lugar a dudas modifican los planes anteriores y que tienen que ver
con la ampliación de la vivienda de protección oficial -la de 120
metros cuadrados para familias numerosas-, que tienen que ver con el
alquiler, introduciendo la fórmula de las ayudas directas que ya
habían integrado en el plan vigente hasta el 31 de diciembre, e
introducen también una compatibilidad que me parece muy bien que lo
hagan. Cuando se planteó la ayuda directa desde el Grupo Socialista
ya se dijo que no podía ser que únicamente fuera la subvención o la
subsidiación, que era la fórmula inicial que ustedes planteaban. Me
parece muy bien que ustedes vayan a la compatibilización de la
subsidiación con la subvención, pero indudablemente estas medidas
vienen modificar, no profundamente sino en parte, un plan que desde
nuestro punto de vista tiene bastante de continuista con lo hecho
hasta ahora. El plan que ustedes presentan parte de unos datos que
desconocemos. En la comparecencia de presupuestos yo le pedí al señor
subsecretario que nos hiciera llegar unos datos, que me dijo que los
tenía usted por que es el responsable



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de los temas de vivienda y suelo, sobre el seguimiento del plan y la
situación actual del plan de vivienda para saber de qué manera
corroboraban, modificaban o hacían referencia a qué es lo que había
pasado con el desarrollo del plan desde 1999 a 2001. Esos datos no
los tenemos y yo le agradecería, señor secretario de Estado, que
hiciera el favor de entregarnos esa documentación. Yo creo que ya va
siendo hora de que dispongamos en esta Cámara de información sobre
cuál es el nivel de ejecución del plan por comunidades autónomas y
por actuaciones protegibles. Creo que son datos que nos permitirían
evaluar más correctamente qué es lo que está pasando con el
desarrollo de los planes de vivienda, concretamente con el que se
acaba ahora, y qué es lo que puede pasar en el futuro. Como le decía
anteriormente, no vemos que exista una especificación inicial de los
objetivos del plan. Hay algo que usted ha dicho y que nosotros no
compartimos y es que este plan, debido a su fórmula de aprobación, no
implica ninguna modificación de la fiscalidad por que tiene que ser
llevado a cabo por otro tipo de normas. Nosotros entendemos que tiene
que haber una recuperación posiblemente en la declaración por
alquiler o una aplicación del IVA superreducido, es decir, una serie
de fórmulas que usted conoce perfectamente. Si ha seguido todos los
debates sobre vivienda que ha habido en esta Cámara verá que hemos
incidido en este tema y seguimos queriendo incidir en ello. Creo que
debe existir una actuación en materia fiscal en paralelo con lo que
son los objetivos o con lo que es el desarrollo de este plan de
vivienda. Nos gustaría saber si ustedes tienen pensado algo en
relación con este tema o simplemente ya lo desechan desde un
principio y no quieren saber nada de ninguna modificación que
implique actuación sobre la fiscalidad de la vivienda.

Usted no lo ha expuesto aquí, pero en el documento que nosotros hemos
conseguido se introduce la posibilidad, por decirlo de alguna manera,
de estirar la seguridad de la compra de vivienda existente a las
viviendas libres de nueva construcción, lo que, desde nuestro punto
de vista, trae consigo una desnaturalización de dicha actuación.

Nosotros pensamos que, al final, los promotores de viviendas libres
acabarían pidiendo cupos para la venta ex post de las viviendas
libres de nueva construcción, como acabó pasando con las antiguas
viviendas de precio tasado. Entendemos que la figura de la compra de
vivienda existente debe servir para adquirir vivienda usada o nueva,
pero esta última no debe ser de construcción reciente, es decir, no
puede ser que a la vivienda libre acabe aplicándosele los mecanismos
de la VPO. En este documento sobre política de vivienda que ustedes
han elaborado se elimina la rehabilitación individual. Nos gustaría
saber a qué se debe esa eliminación de la rehabilitación individual o
de edificios, dejándose únicamente las ayudas oficiales para la
rehabilitación en las áreas urbanas. Yo creo que se comete un error
porque parece que se ignora la realidad
existente en España en cuanto al volumen del parque de viviendas,
que supone 21 millones de viviendas, aproximadamente. Cuando salga el
último censo del Instituto Nacional de Estadística veremos cuál es el
número correcto, pero la previsión es del orden que le estoy
planteando. Como es lógico, muchas de ellas necesitan una
rehabilitación individual o una rehabilitación de conjunto del
edificio y acudir a áreas de rehabilitación solamente lo que está
haciendo es que muchos ciudadanos y ciudadanas de este país, que
tienen unas rentas bajas, no puedan verse afectadas por estos
mecanismos de rehabilitación que ustedes eliminan. En las actuaciones
protegibles no se especifica la cuantía máxima del préstamo
cualificado sobre el cual se establece la ayuda pública. Nos gustaría
saber si esto lo van a dejar abierto, sin consignar, o si simplemente
es una idea que no han concretado en el documento, que puede ser
sometida a revisión y que al final puede incluirse.

En el tema de los municipios singulares, según he creído escucharle,
ustedes mantienen la división actual, los grupos A y B, e introducen
ese C. Pero ese C, ¿quién lo decide? ¿Lo decide la Administración
central, lo decide la comunidad autónoma, lo deciden los dos, mano a
mano? Usted ha dado una especie de definición sobre qué tipos de
municipios singulares iban a ser pero ha quedado un poco en el aire
quién es el que finalmente toma la decisión sobre esa circunstancia.

En el tema de los convenios no se establece ningún plazo de tiempo
dentro de cada uno de los ejercicios anuales del plan para la firma
de convenios o para la actualización de sus condiciones. Usted ha
dicho que iban a firmar convenios con las entidades financieras por
un periodo de cuatro años. Me imagino que usted será consciente de
las dificultades que han existido con la CECA y con algunas otras
instituciones para llevar a cabo la firma de estos convenios. No
sabemos, y esa es una de las lagunas que entendemos que tiene el
plan, ni el volumen de la financiación que ustedes quieren plantear
ni qué tipo de convenios se van a formular, ni si va a haber algún
tipo de revisión en esos cuatro años, ni si será posible la revisión
cuando se haya consumido todo el volumen de financiación que tenga
establecido. Es decir, ahí se abre una laguna que entendemos debería
ser corregida antes de que se apruebe el plan. En cuanto a los
préstamos destinados a la promoción de nuevas viviendas para
arrendamiento, por lo que se desprende del documento, pueden
plantearse problemas a la hora de establecer la garantía hipotecaria.

Ese tipo de problemas pueden motivar que haya algunas dificultades
añadidas a la promoción o al apoyo que se quiere plantear al
arrendamiento. Si de verdad quieren ustedes apoyar la vivienda de
alquiler creo que deberían incluir en este documento una ayuda
directa al alquiler con la subvención durante un plazo determinado.

Yo creo que de la misma manera que existe una ayuda directa y una
subsidiación de intereses al plan de adquisición, una



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fórmula experimental sería considerar que debe existir para estos
casos una ayuda directa al alquiler durante un plazo que a lo mejor
no tenía por qué ser superior a cinco años, pero una fórmula que
motivara a aquellos ciudadanos y ciudadanas con recursos escasos a
acceder a este tipo de viviendas. Estas serían las observaciones que
yo haría al documento que ustedes han elaborado. Esperemos que cuando
tengamos el texto definitivo podamos ir planteando otro tipo de
iniciativas o al menos otros comentarios que nos permitan ver si las
bondades que ustedes están defendiendo de este plan de vivienda son
bondades que van a tener su efectividad en los próximos cuatro años.

De acuerdo con las buenas intenciones que usted pone de manifiesto en
esta comparecencia, frente a un momento de crecimiento importante de
la vivienda libre se ha producido una disminución de la vivienda
protegida, pero claro hay aspectos que inciden en el precio de la
vivienda y yo no sé si ustedes lo van a contemplar. No sé si usted
habrá tenido conocimiento de la propuesta que hicimos llegar al señor
ministro de Fomento sobre cuáles serían las líneas que podrían
contemplarse en un plan de vivienda y que nosotros plantearíamos como
propuestas. Si es así, señor presidente, me remitiría al documento
que tenga el señor secretario de Estado y lo que haría sería pedirle
que hiciera una valoración de las mismas.

Hay un aspecto que quiero destacar, y es que ayer publicaban los
medios de comunicación que Bruselas va a endurecer las normas de
edificación para disminuir la factura energética de la Unión Europea.

En el debate de la Ley de Ordenación de la Edificación me acuerdo que
planteamos la necesidad de un certificado energético que permitiera
tener las viviendas en condiciones de respeto ambiental, aceptables y
adecuadas para que no se produjeran mayores aportaciones de CO2 como
consecuencia de las calefacciones, la utilización de materiales que
tuvieran una calidad reconocida por la Unión Europea en cuanto a su
nulo o escaso impacto ambiental, pues cuando la Unión Europea está
planteando que es necesario llevar a cabo este tipo de actuaciones
que tienen que ver con los procesos de contaminación, son aspectos
que hay que contemplar. Yo no sé si ustedes tienen pensado incluirlos
en este plan de vivienda, pero si no es así debieran hacer todo lo
posible para que estas normas que se dictan en la Unión Europea y que
tienen que ver con un mejor mantenimiento y conservación de nuestro
medio ambiente y que afectan a la construcción y a la edificación se
estudien. En definitiva, señor secretario de Estado, hace falta que
en este plan de viviendas se recojan -si ustedes lo consideran
oportuno- actuaciones en suelo, en cofinanciación, actuaciones con
recursos presupuestarios que me da la impresión de que en este
momento no están contempladas. Los Presupuestos Generales del Estado,
señor secretario de Estado, no sé qué relación tienen con el
desarrollo de este plan de vivienda, porque
da la impresión de que disminuyen las aportaciones a las
comunidades autónomas, en función de las cifras que nos han
facilitado, para llevar a cabo el desarrollo de políticas de
viviendas. Con estos precedentes que se establecen en esta norma
básica de los presupuestos, la verdad es que hace falta ver de qué
manera van a compensar esta disminución para que la construcción de
viviendas en este país se extienda, sobre todo las de VPO.

Por último, señor presidente, unas reflexiones muy breves. ¿Piensan
modificar la LAU para hacer más viables las políticas de alquiler?
¿Piensan llevar a cabo el compromiso concreto, dentro del plan de
viviendas, de los suelos públicos estatales para viviendas de VPO,
tal y como se acordó en la legislatura pasada en el Congreso? Le
vuelvo a reiterar que necesitamos que nos haga llegar toda la
información necesaria, periódica y completa, sobre la ejecución de
los planes anteriores y de éste que va a poner en funcionamiento a
partir del año 2002.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Jané, en nombre del
Grupo de Convergència i Unió.




El señor JANÉ I GUASCH: Señor presidente, señorías, señor secretario
de Estado, en primer lugar, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió) le agradecemos su comparecencia y la
información que nos ha facilitado.

Intentaré no incidir en aspectos ya destacados por el portavoz del
Grupo Socialista, pero quiero destacar el carácter abierto que usted
hoy ha expuesto sobre el plan de vivienda, carácter abierto que debe
permitir aún nuevas aportaciones. En este sentido nuestro grupo
reconoce que en el proyecto de plan que hoy nos ha presentado ya
existen aportaciones concretas de la Generalitat de Cataluña, que
hemos sabido encontrar en el texto, sobre todo en aspectos sociales.

Quisiera incidir en estos aspectos sociales, para lo cual me gustaría
hacer una reflexión y una pregunta al señor Blanco, en representación
del Ministerio de Fomento. ¿De qué manera estamos incorporando la
necesidad de ayudas específicas a aquellas unidades familiares que
tienen personas discapacitadas con movilidad reducida? Valoramos muy
positivamente el hecho de que la vivienda protegida pueda tener hasta
120 metros cuadrados, cuando se trate de familias numerosas, pero
también debemos prever viviendas de 120 metros cuadrados para una
unidad familiar en que uno de sus miembros tenga una movilidad
reducida, padezca una discapacidad. Esta es una línea que mi grupo
parlamentario quiere plantear; ha presentado una proposición no de
ley sobre este aspecto y quisiéramos que nos diera su criterio sobre
si se contempla alguna ayuda específica en cuanto a mayores metros
cuadrados susceptibles de ser objeto de protección cuando, repito,
uno de los miembros de la unidad familiar padece una discapacidad que
le reducesu movilidad y puede necesitar de un mayor espacio.




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Tema fiscal. Nuestro grupo parlamentario ha incidido en esta Cámara
-y se aprobó una proposición no de ley- sobre la necesidad de
reformar el impuesto sobre sociedades para promover aquellas
promociones destinadas a alquiler y a la rehabilitación. Quisiéramos
conocer cómo contempla el plan de vivienda el aspecto fiscal, si
tiene alguna previsión específica de ayudas fiscales a la
rehabilitación y de fomento del alquiler. En este ámbito fiscal,
nuestro grupo parlamentario ha presentado también una proposición no
de ley sobre la necesidad de revisar el IBI, el impuesto de bienes
inmuebles, aunque tendremos ocasión de reformar la Ley de haciendas
locales durante el año 2002. El IBI grava el valor catastral, que es
mayor cuanto más metros tiene la vivienda, pero en ocasiones esa
mayor necesidad de metros cuadrados obedece a que la unidad familiar
está compuesta por un mayor número de miembros. Deberíamos corregir
el IBI con el fin específico de ayudar a este tipo de unidades
familiares y no gravarlas con el mismo impuesto que a otra unidad
familiar compuesta por dos o tres miembros, pues no es un lujo tener
una vivienda con mayor número de metros cuadrados sino una necesidad
para esa unidad familiar. Por lo tanto, deberíamos encontrar una
fórmula que corrigiera el IBI en esos supuestos.

En cuanto a las viviendas de alquiler, recordará el secretario de
Estado y todos los grupos parlamentarios que hace un año se aprobó
por unanimidad en el Pleno del Congreso una iniciativa de
Convergència i Unió en la que pedíamos al Gobierno un estudio en
profundidad sobre la Ley de Arrendamientos Urbanos. Usted ha
reconocido hoy que debemos fomentar el alquiler, pero quizá por la
evolución económica, por la bajada de los tipos de interés, la
realidad es que el mercado de alquiler en España ofrece unas cifras
muy distintas de las del resto de los países de la Unión Europea.

Deberíamos hacer un esfuerzo para corregir esa tendencia, porque el
alquiler debe ser una buena alternativa a la política de vivienda en
propiedad. El plan reconoce unas ayudas a la promoción de vivienda en
alquiler, que nuestro grupo parlamentario considera positivas, pero
mi grupo reclama en este ámbito un estudio riguroso sobre cómo está
evolucionando el mercado de alquiler en España, cómo está actuando la
Ley de Arrendamientos Urbanos, por si debiéramos hacer alguna
modificación para complementar las ayudas que ya está incorporando el
plan de vivienda.

Por último, le quisiera destacar dos aspectos más. Decía al inicio de
mi intervención que usted destacaba ese carácter abierto del plan de
vivienda, que aún no está cerrado, pero estamos a finales de
noviembre y debemos prever un régimen transitorio. A mi grupo
parlamentario le gustaría que nos expusiera cómo se contempla ese
régimen transitorio. Quizá sería bueno prorrogar el plan actual hasta
que entre en vigor el nuevo plan de vivienda. También nos gustaría
que nos expusiera cuáles son los criterios que se van a tener en
cuenta para clasificar un municipio singular del tipo C, que es una
de las clasificaciones que lleva incorporadas el plan de vivienda.

Quisiéramos que nos explicara de forma más específica cuál es el
criterio que rige esa clasificación de municipios singulares del tipo
C y qué municipios se englobarían dentro de esa nueva modalidad.

Nada más, señor presidente.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV),
tiene la palabra el señor Otxoa.




El señor OTXOA DE ERIBE ELORZA: Señor secretario de Estado,
bienvenido a esta Comisión.

En primer lugar, quiero agradecerle su presencia y la explicación que
nos ha dado. Me gustaría poner el acento en las palabras que usted ha
pronunciado relativas a una propuesta de diálogo. Nos consta que
hasta el presente dicho diálogo se ha producido y nos congratulamos
por ello, expresando nuestra voluntad de colaborar dentro de nuestras
posibilidades como Grupo Vasco. También nos consta que los
responsables de la Comunidad Autónoma de Euskadi están dispuestos a
ofrecer esa colaboración, en algunos apartados yo creo que novedosa.

Asimismo, agradecemos y valoramos la voluntad aquí expresada de no
interferir en las competencias que en estos momentos tienen las
comunidades autónomas y su nula voluntad de recuperarlas, ya que no
suele ser el espíritu que muchas veces alumbra las leyes que en esta
Cámara se aprueban.

En cuanto a la voluntad expresada en su exposición y lo que se recoge
en el plan, pensamos que hay que precisar más. Se deben concretar las
cantidades destinadas a los diferentes planes, ya que como
consecuencia de ello surgirá el número de viviendas sobre las cuales
se va a incidir. Ya se ha comentado anteriormente por algún portavoz
que dicha concreción hace falta para poder hacer una valoración final
del plan; sin embargo, nosotros nos vamos a abstener de hacer una
valoración, ya que insisto en que aceptamos la propuesta de documento
abierto y mejorable y hasta que el mismo no se presente
definitivamente a esta Cámara no vamos a hacer juicios o críticas de
ninguna de las partes. Simplemente nos gustaría que en esos nuevos
planes de vivienda se incidiese en los aprovechamientos energéticos
y que se potenciasen. Entendemos que es una apuesta de futuro
importante y que no debe estar limitada a las viviendas de alto
precio, sino que de alguna forma deben potenciarse -debe hacerlo el
Estado en este caso- los aprovechamientos energéticos en las nuevas
construcciones y la defensa de la calidad medioambiental, así como
también que haya una mayor incidencia -lo han dicho otros portavoces,
por lo que no quiero extenderme en ello- en el mercado de alquiler,
ya que el mismo es bajo en nuestro Estado con respecto a los
parámetros de otros países europeos. En este caso, el nuevo plan de
alquileres que ha elaborado el



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Gobierno vasco puede ser una ayuda y puede suministrar datos
novedosos que podrían incorporarse al plan estatal.

Le agradezco de nuevo su exposición e insisto en que no voy a hacer
críticas con respecto a puntos concretos. Tan sólo espero que ese
diálogo que se promete para el futuro sea fructífero y que se
convierta en una ley que pueda aprobarse por los grupos de esta
Cámara. Sería una novedad en esta legislatura que la misma obtuviese
apoyo y que fuese bien acogida por los grupos y por los ciudadanos, a
los cuales representamos.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la
palabra el señor Rodríguez Sánchez.




El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Brevísimamente, señor presidente,
quisiera expresar cierta satisfacción por el hecho de que no se
intente incidir con una norma o con un reglamento en la división del
marco competencial existente en el Estado español de manera que se
recentralicen competencias. A continuación quiero hacer al señor
secretario de Estado cuatro observaciones y una pregunta que tiene un
interés concreto para una ciudad gallega a la que después me
referiré. En primer lugar, si no le parece que la norma deja en
suspenso algo muy importante como es el volumen de financiación
anual, que va a ser una de las claves del éxito del plan. En segundo
lugar, si no hay algún elemento que pueda provocar una adaptación al
alza del precio de la vivienda protegida, de la vivienda social,
cuando, aceptando que hay grandes diferencias entre las comunidades
autónomas, se deja la adaptación actualizada del precio hasta un 56
por ciento de máximo. En tercer lugar, cómo se explica que, estando
tan sobredimensionado el mercado de la vivienda en el Estado español,
la vivienda de alquiler siga siendo algo residual, cuando sería la
única forma de que muchos grupos sociales con un poder adquisitivo
limitado tuviesen acceso a la vivienda; incluso en caso de tener
poder adquisitivo, que hubiera una adaptación a la movilidad no
territorial, sino social, así como que se tuviesen en cuenta los
ingresos y los gastos familiares desde una perspectiva que no fuera
solamente endeudarse y pagar durante muchos años un bien de carácter
inmueble que va a quedar después para las sucesivas generaciones. Y
por último, cómo puede incidir este plan, tal como ustedes lo
elaboran, en la demolición de parques de viviendas protegidas,
algunos de enorme extensión, cuyo grado de deterioro y de precariedad
es alarmante, teniendo serias dificultades los ayuntamientos de los
que dependen para que haya una alternativa privada de iniciativa o
pública o mixta, que consiga derribarlos y articular otros nuevos en
donde la vivienda social ocupe un papel importante. Le digo esto
porque en ciudades como Ferrol existe un gravísimo problema con uno
de sus barrios más importantes. Se trata de casas construidas en los
años cincuenta que
hoy corren peligro de derrumbarse, lo que afecta gravemente a las
arcas municipales, además de conllevar problemas sociales añadidos,
puesto que muchas de ellas están vacías y otras han sido ocupadas de
forma ilegal por grupos marginales. En fin, una situación preocupante
a la que un ayuntamiento con 85.000 habitantes y con un presupuesto
de 6.000 millones de pesetas anuales es muy difícil que pueda hacer
frente. Pues bien, quisiera saber si el nuevo plan va a servir para
incentivar que las alternativas públicas, privadas o mixtas puedan
hacer frente a un problema de semejante dimensión. Usted, si no me
equivoco, ha aludido al hecho de que incluso podría haber algún tipo
de protección para la creación de suelo urbano, siempre y cuando -no
sé si lo he entendido bien- se dejara el 75 por ciento para vivienda
protegida, y me gustaría saber cómo puede incidir esto en un caso
como el que yo le he planteado, que le vuelvo a repetir que se trata
de un caso singular y gravísimo en el conjunto de las ciudades
gallegas.




El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Popular, tiene la palabra el
señor Ortiz.




El señor ORTIZ GONZÁLEZ: En primer término, señor secretario de
Estado, mi grupo le felicita por lo claro, preciso e incluso
minucioso de su exposición. Es la primera vez -y uno conoce el plan
de vivienda desde hace muchos años- que el Ejecutivo comparece ante
la Comisión de Infraestructuras, en definitiva ante la Cámara, para
exponer las líneas básicas de un inmediato plan de vivienda. Quiero
subrayar el realismo con que el señor secretario de Estado ha
afrontado los antecedentes del plan de vivienda en curso, habiendo
hecho un diagnóstico de la situación inicial muy claro, sobre todo
cuando ha subrayado la existencia no de un mercado, sino de muchos
mercados; ha llegado incluso a hablar de un mercado en cada
municipio, lo que puede parecer una exageración, pero los que vivimos
esa realidad lo entendemos. Quiero subrayar el realismo en particular
al abordar el condicionante que comporta el esquema competencial en
materia de vivienda, porque en materia de vivienda y en materia de
suelo los protagonistas son múltiples, son las 600 administraciones,
lo que se constata especialmente en materia de suelo. En la pasada
legislatura, el Ejecutivo hizo mucho más de lo que pudo con la Ley
del Suelo de 13 de abril de 1998. Por cierto, es bueno subrayar
-siempre que puedo lo hago en esta Cámara y en este foro- que el
Tribunal Constitucional, como autor de una desdichada -desde mi
óptica personal y la de mi grupo- sentencia de 20 de marzo de 1997,
ha revisado su posición en la sentencia de 11 de julio del corriente
año 2001, en la que al tiempo que estima la constitucionalidad de dos
artículos y medio de esta Ley del año 1998, reitera y ratifica la
plenitud de la anticonstitucionalidad y vigencia de la Ley anterior
de 1998. Incluso con ese esquema,



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lo cierto es que los protagonistas en materia de vivienda y de
urbanismo siguen siendo las comunidades autónomas y los
ayuntamientos, como ha subrayado el señor secretario de Estado. En
este sentido, también me parece realista e inteligente la fórmula de
incentivar a las comunidades autónomas más diligentes -como ha dicho
el señor secretario de Estado- y más eficientes en la colaboración
con la política de vivienda del Gobierno. En esta temática, que tiene
una transcendencia fundamental en el presupuesto estatal, no sólo en
los presupuestos del Ministerio de Fomento sino en el conjunto de la
Administración, es importante la vigencia de un plan, sea trienal
-como en el pasado- o sea cuatrienal -como en los últimos años y el
que estamos debatiendo en este momento-, porque es indicativo del
poder público y de los sectores privados. Es bueno que siga habiendo
un plan que sirva en unos casos de indicación y en otros de
vinculación. A este propósito quiero destacar que el gasto público en
vivienda en España es muy importante y está creciendo no sólo en los
presupuestos del Ministerio de Fomento, que no se reducen, como ha
dicho algún portavoz, sino que se incrementan muy ligeramente. En
términos presupuestarios la cifra del plan de vivienda pasa de los
87.147 millones del año 2001 a los 90.010 millones -naturalmente la
cifra está expresada en euros- en el presupuesto del año 2002, con un
crecimiento que ciertamente no es muy boyante ni espectacular, pero
que es del 3,3 por ciento. En el conjunto de la acción del Estado en
esta materia, el gasto público en vivienda no ha dejado de
incrementarse desde el año 1997, pasando de 732.000 millones a los
971.000 del año 2001. Si a esta cifra se añaden las dotaciones
presupuestarias de las distintas comunidades autónomas y
administraciones territoriales se alcanzarían -como he tenido ocasión
de decir en alguna ocasión- cifras del orden de 1,2 ó 1,3 billones de
pesetas, lo que significa en torno al 1,2 ó 1,3 del PIB, lejos del
0,55 que he tenido ocasión de escuchar a otro ilustre portavoz
adversario y a pesar de todo amigo.

Se dice que el plan es continuista. Todo plan es continuista en una
secuencia de planes trienales y cuatrienales que se remonta a los
tiempos en los que yo tenía responsabilidades en lo que hoy es el
Ministerio de Fomento, pero dentro del continuismo hay una serie de
novedades importantes -que no me resisto a recordar de modo
telegráfico- que se desprenden del documento entregado a las
comunidades autónomas y que es el mismo que ha expuesto el señor
secretario de Estado. En el tratamiento de las familias numerosas se
incrementan los límites de ingreso de hasta un 20 por ciento en forma
de coeficiente reductor; la dimensión de la vivienda sube hasta 120
metros cuadrados; la intensificación de las ayudas en los niveles de
ingreso por debajo de 1,5 veces el salario mínimo interprofesional;
la compatibilización entre la subsidiación de intereses como fórmula
de ayuda y la ayuda a la entrada, que
aunque en algún momento se pensó en su incompatibilidad finalmente ha
prosperado el buen criterio; la resolución del problema de los
precios máximos en los últimos años, que espero que la fórmula
arbitrada que fije definitivamente la Comisión Delegada del Gobierno
y el Consejo de Ministros del 1,56 sobre el precio más los
incrementos que obedecen a la aplicación del concepto de municipio
singular -en particular el grupo C- contribuyan definitivamente a
abordar la razón fundamental por la que en los últimos semestres
o años la VPO ciertamente ha descendido en términos estadísticos con
respecto a la vivienda libre; el automatismo, que es enormemente
positivo y que me imagino que satisfará al sector privado, en la
actualización de los precios máximos mediante el uso de la figura del
coeficiente corrector de los valores catastrales a efectos del IBI;
la intensificación de las ayudas a la armonización de cara a las
comunidades autónomas que pueden llegar hasta un 40 por ciento del
coste de la urbanización; finalmente, la figura de los incentivos
y estímulos a las comunidades autónomas que sean más colaboradoras, sin
perjuicio de la reforma del esquema de los alquileres que tienen
mayores subvenciones con la aplicación del 4 por ciento como alquiler
o renta máxima en la hipótesis de utilizarse este esquema la
posibilidad de compra, y la figura de los convenios cuatrienales con
las entidades financieras. Señor secretario de Estado, le felicito
particularmente por las medidas de simplificación tanto del
procedimiento como del esquema.

En definitiva, mi grupo, como es lógico, saluda con simpatía y con
adhesión este nuevo plan de vivienda -cuando lo sea- en la medida en
que se cumplen los objetivos, pero también tiene algunos
interrogantes que han hecho surgir algunas de las dudas de los grupos
parlamentarios que me han precedido en el uso de la palabra. Por
ejemplo, entiendo que el esquema de rehabilitación que estaba en
vigor hasta ahora sigue vivo, aunque no tiene reflejo en el documento
repartido a las comunidades autónomas, pero quiero creer que
sencillamente es porque las fórmulas de ayuda y de fomento de la
rehabilitación que estaban en vigor hasta ahora van a continuar.

Naturalmente sigue la preocupación en temas fiscales, que no es
competencia del secretario de Estado sino del Ministerio de Hacienda,
pero evidentemente en esta Cámara hay una serie de iniciativas
aprobadas en su momento para forzar -si se me permite la expresión-
a que el Ejecutivo ponga la atención en la fiscalidad de la vivienda;
en particular había una relativa a utilizar los incentivos fiscales
en lo que entonces era el proyecto de reforma del impuesto sobre
sociedades que no se ha acometido. Aun existiendo estos
interrogantes, no hacemos ninguna reserva al señor secretario de
Estado y puede contar con la colaboración de mi grupo y con el voto
favorable a este plan, en su momento.




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El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el secretario de Estado para
cerrar la comparecencia.




El señor SECRETARIO DE ESTADO DE INFRAESTRUCTURAS (Blanco Rodríguez):
En primer lugar, quisiera agradecer sinceramente sus observaciones
a todos los portavoces de los grupos parlamentarios que han
intervenido, precisamente porque estamos -como algunos de ustedes han
resaltado tomando pie de mis palabras iniciales- ante un documento
abierto. Entiendo que todos los comentarios realizados por todos los
portavoces han sido constructivos y con la clara intención subjetiva
de mejorar los contenidos de este plan porque compartimos la
finalidad perseguida. Les aseguro que el debate seguirá, que he
tomado buena nota de todas las observaciones y sugerencias que han
hecho SS.SS. y que se incorporarán a los trabajos que venimos
haciendo desde el ministerio para alumbrar, después de esta fase de
intenso contraste con todos los grupos y asociaciones afectados, el
proyecto definitivo del plan de vivienda que se convertirá en el real
decreto que en su caso apruebe el Consejo de Ministros.

Brevemente, señor presidente, sin afán de generar ningún debate, voy
a realizar algunas consideraciones sobre las observaciones hechas y,
en su caso, voy a responder algunas de las preguntas que se han
formulado para intentar despejar alguna de las dudas que se han
puesto sobre la mesa a lo largo del debate. Como primera observación,
y según ha dicho alguno de los portavoces intervinientes, mi
exposición inicial se ha basado en el documento que se repartió en la
conferencia sectorial a todas las comunidades autónomas, documento al
que se ha referido el señor Morlán diciendo que lo han conseguido,
que es éste, y que puedo decir que hemos enviado a todos los grupos
parlamentarios, por tanto lo tienen porque el Gobierno ha creído
conveniente que lo tuviesen para el debate, como lo tienen las
comunidades autónomas, como es lógico.

Paso singularmente a la intervención del señor Morlán. Ha comentado
en primer lugar que no se contempla, por lo que ha podido ver en el
documento y en mi intervención, la evolución que ha calificado de
preocupante de la ratio de accesibilidad y que había que atajar esa
evolución. Puedo decirle que sí la contemplamos y que precisamente
esa idea que inspira el plan, y a la que me he referido
reiteradamente, de concentrar las ayudas e incrementándolas en los
grupos sociales con menos capacidad para acceder al plan responde a
hacer más accesible la vivienda para los que menos accesible la
tienen y pretende precisamente atajar esa evolución negativa o
preocupante de la ratio de accesibilidad en España.

A continuación ha hecho el comentario de que el porcentaje del
producto interior bruto en gasto de vivienda en España está por
debajo de la media europea y
que está disminuyendo. Tengo que suscribir -y me ahorra datos
similares- lo que ha manifestado el portavoz del Grupo Popular, don
Luis Ortiz. No es cierto. Los datos que ha manejado el señor Morlán
se refieren a la Administración general del Estado, que es, como
hemos resaltado y ustedes han suscrito conmigo, la que no tiene
competencia en materia de vivienda. Por tanto, para hacer el juicio
del compromiso en términos presupuestarios comparando el PIB del
Reino de España con la política de vivienda hay que sumar,
obviamente, los recursos que aporta la Administración del Estado y
los que aportan las administraciones con competencia en materia de
vivienda. Y resulta, como ha dicho el señor Ortiz, que estamos por
encima del uno por ciento del PIB y, por tanto, acorde con la media
europea.

El señor Morlán ha echado en falta que no establecemos un número de
actuaciones. En concreto ha hecho una definición de planificación con
la que no estoy de acuerdo. Dice que planificar es prever un número
de objetivos y buscar la financiación para ello, y que eso no lo
hacemos. En el caso del plan de vivienda, planificación es -y por eso
no estoy de acuerdo- buscar no un número teórico de actuaciones -y le
diré ahora por qué no lo ponemos y por qué no lo buscamos-, sino
buscar y definir con precisión a quiénes tenemos que ayudar.

Planificar en la política de vivienda es buscar esos sectores
sociales que sin el compromiso activo de las administraciones
públicas no podrían hacer realidad el derecho de los ciudadanos de
acceder a la vivienda. Eso es planificar y por eso en la intervención
que les he hecho inicialmente he puesto especial atención y he hecho
especial hincapié en identificar cuáles son los que he llamado grupos
objetivos de actuación del plan, que eso sí es importante. Los tengo
aquí, pero no voy a alargar excesivamente esta intervención, y son
cuántos jóvenes hay en España, qué evolución vamos a tener de
jóvenes, cuántas familias hay en España, con qué número de hijos, qué
evolución está teniendo la natalidad, qué grupos sociales tienen en
este momento personas de la tercera edad a su cargo, cuál es la
evolución del número de emigrantes en la sociedad española. A
diferencia del acento que ha puesto el señor Morlán en el número de
actuaciones, para mí la esencia del plan de viviendas son las
personas concretas y sus circunstancias singulares a las que
tendremos que ayudar para que puedan acceder a una vivienda digna en
propiedad o en alquiler. En cuanto a buscar financiación, que estoy
de acuerdo con que forma parte esencial de cualquier esfuerzo
planificador, en este caso sí existe. He reiterado que el compromiso
financiero del Estado con el plan de vivienda se va a mantener en los
términos que viene siendo tradicional a través de los Presupuestos
Generales del Estado y -lo ha dicho también el señor Ortiz en su
intervención pero vuelvo a ratificarlo- crece en los presupuestos, en
contra de lo que ha dicho el señor Morlán, para el año 2002 -estando
actualmente en tramitación



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en las cámaras- respecto a los presupuestos del año anterior en el
3,3 por ciento. Puesto que el señor Ortiz ha dado las cifras en euros
las daré yo en pesetas para los que todavía no convirtamos con
naturalidad: frente a los 87.147 millones de pesetas del año 2001 el
proyecto de presupuestos para el año 2002 prevé una inversión de
90.010 millones de pesetas en las políticas activas de vivienda. Por
tanto, hay un crecimiento del 3,3 por ciento y a lo largo de la
vigencia del plan se mantendrá este esfuerzo inversor del Estado con
los crecimientos que cada año sean parangonables con los crecimientos
generales del gasto público.

Subraya el señor Morlán, y se lo agradezco, que le parece correcta la
acumulación de la ayuda a la entrada con la subsidiación, que le
parecen bien las medidas respecto al alquiler y el apoyo a la
familia. Veo que en estos temas existe un grado de consenso que me
satisface profundamente. También ha dicho que le falta información
sobre el nivel de ejecución del plan porque se lo pidió al
subsecretario en la comparecencia de presupuestos, que no era el
responsable de la política de vivienda. Es obvio. Yo también
comparecí y no me lo pidieron, pero se los hubiese dado. Puedo
decirle que, a través de reiteradas preguntas escritas que nos
llegan, se va dando información permanente a esta Cámara sobre la
evolución de los objetivos del plan de vivienda por cuanto que está
asequible en los boletines correspondientes de esta Cámara y podemos
hacérsela llegar siempre que S.S. lo solicite.

Ha comentado el señor Morlán -y es un tema que ha salido en las
intervenciones del resto de los grupos hasta la última que hemos oído
del señor Ortiz- que no está de acuerdo con que el plan no contenga
normas fiscales. Tengo que reiterar lo que dije al principio. Por una
parte, no debemos confundir el plan de vivienda con la política de
vivienda. El plan de vivienda es una de las piezas de la política de
vivienda y hay muchas cosas muy positivas que yo suscribo al cien por
cien que hay que hacer en materia de política de vivienda y que ni
van a estar ni pueden estar por el rango normativo que tienen en el
plan de vivienda. Por eso, si me lo permiten SS.SS., aprovecho para
hacer un repaso global a algunas medidas que han comentado varios de
los intervinientes. Las normas fiscales, la posible reforma de la
LAU, la reforma del IBI, a que ha hecho referencia el portavoz de
Convergència i Unió, las iniciativas que se han aprobado en esta
Cámara en materia fiscal de la vivienda, a las que ha hecho
referencia el señor Ortiz, pueden ser todas muy buenas, desde luego
forman parte de las normas fiscales de la política de vivienda, pero
no pueden ser modificadas a través del plan de vivienda porque es una
norma de otro tipo. Cuando hablamos del plan de vivienda estamos
hablando de una parte de las políticas de vivienda del país e incluso
de una parte de las políticas de vivienda de la Administración
general del Estado y a ello podemos acotarnos. Con un real decreto no
podemos modificar
las normas fiscales, como es obvio. Pero, repito, no se nos pierde de
vista ni a SS.SS. ni a mí que la política de vivienda va mucho más
allá que el plan de vivienda, aunque este sea una pieza importante
pero que tiene que acotarse a lo que es propio del plan de vivienda.

Por eso no podemos entrar a través del plan de vivienda en la
incorporación de la normativa de la Unión Europea en materia de
ahorro energético de los edificios, que es muy importante, que hay
que adaptarla, pero que tiene su ámbito específico en el código
técnico de la edificación y no en el plan de vivienda, que no
establece normas técnicas sobre las viviendas. No podemos entrar,
como decía antes, en las reformas legales, sea la Ley de
arrendamientos, sea la normativa que regula las haciendas locales o
el impuesto sobre sociedades o el IRPF, ni podemos entrar, como decía
el señor Rodríguez, en una materia que es ajena al ámbito de
competencias del Estado como es la demolición de edificios en malas
condiciones. En consecuencia, por razones competenciales ni puede ni
debe ser objeto de atención del plan de vivienda, lo cual no quiere
decir que no sea un problema muy importante al que habrá que hacer
frente desde el ámbito de competencia de cada administración con sus
instrumentos normativos o sus decisiones administrativas específicas.

A continuación el señor Morlán ha hecho una referencia, que no sé si
he entendido muy bien, y es que con algunas medidas que proponemos
las viviendas libres pueden pasar a ser protegidas por la vía de las
ayudas a la adquisición de viviendas ya existentes para el alquiler.

Si es esto lo que ha planteado, que tampoco estoy muy seguro de
haberle entendido, eso es así, pero esto se hace siempre que, una vez
adquiridas para ponerlas en el ámbito del alquiler del plan, se haga
con las limitaciones en cuanto a metros cuadrados y a precios del
plan. Por tanto, no es que haya una vía espuria para que el mercado
libre entre en el mercado de la vivienda protegida, sino que hay una
vía nítida para aumentar el ámbito de la vivienda disponible en la
estructura del plan de viviendas protegidas, rescatándolas para
traerlas a las condiciones de dimensiones y de precios del propio
plan. Por consiguiente, cuando por esta vía una vivienda que no ha
sido protegida entre en el ámbito de la protección se acomoda a las
normas de protección y de limitación de precios y dimensiones del
plan, con lo cual no se produce ningún efecto potencialmente
negativo, sino todo lo contrario.

Ha hecho una referencia a que eliminamos del plan la rehabilitación
individual, al igual que ha planteado como duda el señor Ortiz al
final de su intervención que si no mencionábamos la rehabilitación
sería porque no había grandes cambios. Esa es la razón de ser. El
documento que hemos repartido intenta centrarse en los temas más
novedosos en los que hay modificaciones, no reproduce todo el plan de
vivienda, como es obvio. Lo que no reproduce o no toca es porque no
hay cambios sustanciales respecto al plan vigente y por eso



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en materia de rehabilitación, que ha funcionado bastante bien -por
eso creemos que no hay que hacer grandes cambios- no lo hemos tocado
aquí singularmente, pero no quiere decir que cuando se apruebe el
real decreto no figure toda esa normativa, pero será muy similar a la
que ya está en el plan vigente y por eso no hemos hecho referencia ni
en mi intervención ni en el documento.

Dice que no fijamos límite a la cuantía del préstamo subsidiado.

Nosotros sí fijamos un límite a la cuantía del préstamo subsidiado
porque fijamos un límite al precio de la vivienda que puede ser
subsidiada a través del plan. Por tanto, en la concatenación
porcentual de ayuda y subvención va ínsita la limitación a la cuantía
del préstamo subsidiado. En cuanto a los municipios singulares me
pregunta quién los decide si es la comunidad autónoma o la
Administración general del Estado, pregunta que también me ha
formulado el señor Jané y que creo haber contestado en mi
intervención inicial y si no lo hice por omisión se lo digo ahora. Lo
que hemos propuesto es que los municipios de tipo C no aparezcan
listados e identificados a priori en el propio plan, porque nos ha
parecido que sería negativo; sería una vez más una rigidez del plan.

Precisamente porque la institución de los municipios de tipo C
pretende ser un instrumento flexible para ir adaptando los mecanismos
del plan a la evolución de los mercados cuasi municipales -por
decirlo así- del suelo en España, es mejor que sea una institución
abierta, controlada, evidentemente. En concreto, el mecanismo que
hemos propuesto es que la clasificación de un municipio como de tipo
C sea una iniciativa de la comunidad autónoma que propone al
Ministerio de Fomento y que éste aprueba para mantener una cierta
coherencia a nivel nacional. La iniciativa es de la comunidad
autónoma, que conoce la evolución de los precios y del mercado de la
vivienda en el territorio concreto del que se trate, y es aprobada
por el Ministerio, a propuesta de esa comunidad autónoma, para
garantizar los criterios razonables de homogeneidad del plan. Aunque
como todo este es un tema susceptible de debate, nos ha parecido
mejor no hacer ese listado inicial para mantenerlo rígido durante
todo el plan, sino configurar esta institución dentro del espíritu de
flexibilidad y heterogeneidad que queremos que inspire la aprobación
del plan.

El señor Morlán también ha hecho referencia a la existencia -a su
juicio- de una laguna, pues no decimos cuál es la financiación que
hay para los convenios. No hay ninguna laguna, lo que pasa es que la
financiación es la que hay en presupuestos. Como es lógico, el plan
prevé la instrumentación del gasto que, como todo gasto de la
Administración, está autorizado a través de los Presupuestos
Generales del Estado. Por tanto no existe ninguna laguna al respecto.

También ha hecho una referencia que no he entendido y le agradecería
que me explicase al final, si tiene a bien, en particular o como
quiera. Se ha referido a que
la configuración que hacemos de las medidas de ayuda al alquiler
podría introducir dificultades para el crédito hipotecario. Se me
escapa absolutamente qué dificultades pueden ser esas y no puedo
aclarárselas. A mi juicio, no hay ninguna dificultad para el crédito
hipotecario que nazca de las previsiones del plan.

Ha propuesto -y esta ha sido quizás la única observación concreta,
como sugerencia, que ha hecho para el plan en su intervención y la
valoraremos- la posibilidad de crear una ayuda directa al alquiler.

Es una alternativa posible que hemos valorado. Reitero que siempre
agradezco las sugerencias, y ésta la agradezco en concreto.

Respecto a las propuestas sobre el certificado energético y la nueva
normativa europea, ya he dicho antes que el plan de vivienda, por su
naturaleza y su contenido, no es la norma que debe hacer la
introducción de las directivas comunitarias ni de las exigencias que,
aunque no estén en las directivas comunitarias, van a ser objeto
específico -porque así lo establece la Ley de ordenación de la
edificación- del código técnico de la edificación -en preparación en
este momento- que tenemos el compromiso de alumbrar en el primer
semestre del año que viene.

Al final de su intervención ha vuelto a citar dos temas a los que ya
he hecho referencia. El primero es la eventual disminución de los
presupuestos, que no se corresponde con la realidad del proyecto que
está en esta Cámara, como resaltó el señor Ortiz y yo mismo he dicho
hace un momento. Los presupuestos del año que viene crecen un 3,3 por
ciento respecto a los de este año. El segundo es si pensamos
modificar la LAU, como pregunta final de su intervención, a la que ya
he contestado. Este no es un tema del plan de vivienda, sin perjuicio
de que, como toda modificación de una ley, sea un tema que esté
permanentemente abierto como posible objeto de decisión política.

El señor Jané comienza destacando el carácter abierto del plan, cosa
que le agradezco y ratifico que es así. Me plantea algunas preguntas
concretas sobre si pensamos establecer alguna ayuda específica a las
familias con miembros con movilidad reducida en el parámetro metros
cuadrados de la vivienda. No lo hemos previsto así. Como todo es
discutible y es una sugerencia de la que tomo nota también. Lo que
hemos previsto es que la ayuda singular y específica, acumulable a
todas las demás, para las familias que cuentan con miembros con
movilidad reducida no vaya por la vía de los metros cuadrados, sino
por la vía de un complemento de ayuda económica directa, como he
expresado en mi intervención inicial. Nos ha parecido -y repito que
como en todo documento abierto toda sugerencia será valorada
y estudiada- que la movilidad reducida de uno de los miembros de la
unidad familiar supone un plus de gasto más que una necesidad de
nuevo espacio por sí mismo, aunque también depende mucho del tipo de
minusvalía que padezca la persona.




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En cuanto a los temas fiscales, sus reflexiones han sido muy
interesantes, tanto respecto al IBI como al alquiler, pero el plan de
vivienda no es el ámbito en el que hay que hacer este debate; hay que
remitirse a las normas fiscales que -como S.S. ha dicho- tendrán
entrada próximamente en esa Cámara.

Ha planteado un tema que no es propio del plan de vivienda pero que
me parece interesante y en el que el Ministerio intenta avanzar
permanentemente, y es la realización de un estudio riguroso de la
aplicación de la LAU para, a la luz de ese estudio, tomar decisiones
sobre si procede o no la modificación de la misma. La LAU fue una ley
difícil, por razones obvias. Fue una ley que cambió un sistema
cerrado de hacía muchísimos años que dio lugar a muchos debates,
negociaciones y búsquedas de consenso en esta Cámara. Yo tuve el
honor de participar en aquella época con Luis Ortiz, desde el Grupo
Popular, en la definición de algunos contenidos de la LAU. Como toda
ley difícil, que cambia un statu quo muy arraigado, más que en las
costumbres sociales, en los hábitos psicológicos del pueblo español,
fue fruto de un consenso, de un intento de acercarse a lo deseable
sin conseguirlo del todo, y me parece muy razonable que haya una
labor de estudio, seguimiento y en su caso modificación y
acomodación, sabiendo que modificar las leyes de arrendamiento no es
una cosa fácil en términos sociológicos y políticos.

Ha planteado un tema al que yo no hice referencia al principio, y le
agradezco que lo recuerde porque es importante, que es la necesidad
de que se prevea un régimen transitorio en el plan. El señor Morlán
ha dicho, y el señor Ortiz también lo ha resaltado, que el plan tiene
un cierto componente continuista. No vamos a descubrir la pólvora en
materia de planes de vivienda, claro que tiene un componente
continuista, es inevitable, pero tiene también novedades importantes.

Precisamente esas novedades importantes aconsejan que haya un régimen
transitorio que nos permita dos cosas: pasar sin tensiones de la
línea de protección del antiguo plan a la del nuevo y, quizás más
importante todavía, que no perdamos unos meses por medio. Una de las
experiencias de la aplicación de las modificaciones de los planes de
vivienda en España es que, desde que se aprueban las modificaciones
hasta que el Estado y las comunidades autónomas, con las entidades
financieras, instrumentan todo el aparato administrativo para poner
en marcha nuevas medidas perdemos -entre comillas- unos meses que no
es deseable perder. Por eso el plan va a incorporar -le agradezco que
me lo haya recordado- unas normas transitorias para garantizar que
desde que entre en vigor el nuevo plan hasta que la aplicación de sus
medidas esté instrumentada administrativa y contractualmente, pueda
seguir habiendo clasificaciones y otorgamiento de ayudas conforme a
las normas del antiguo plan, aunque luego se ejecuten con el nuevo,
que es un aspecto importante.




Ha concluido su intervención con una pregunta, que ya he contestado
con carácter general, sobre cómo se van a clasificar los municipios
de tipo C.

Agradezco al señor Otxoa que haya puesto de manifiesto que le consta
que ha habido diálogo previo con las comunidades autónomas, porque es
verdad que ha sido así. Elogia que se respeten las competencias de
cada administración, como no podía ser de otra manera, pero, si me
permite, las competencias van parejas -y no es una observación
crítica a su intervención sino una reflexión de carácter general- a
las responsabilidades; cuando uno tiene competencia tiene también la
responsabilidad, cuando no tiene competencia no tiene
responsabilidad.

También ha hecho una referencia a las medidas de tipo energético, que
he contestado con carácter global porque ha sido común a las
intervenciones de casi todos los portavoces. Ha manifestado el
posible ejemplo que podría ser, en materia de política de promoción
del alquiler, el plan que se está aplicando en el País Vasco.

Reconozco que es así. Yo he preguntado expresamente al consejero
responsable del Gobierno vasco, porque tengo muy buenas referencias
de la aplicación del plan que se aplica en la comunidad autónoma del
País Vasco, sobre un tema que siempre es difícil como el del
alquiler.

Ha concluido diciendo que no quiere hacer críticas concretas hasta
que no haya texto definitivo. Yo agradezco las sugerencias, y para
recibir las críticas espero a que esté aprobado el texto definitivo.

En cuanto a las preguntas que me ha planteado el señor Rodríguez, el
plan no deja en suspenso la financiación estatal, porque dicha
financiación está en la ley de Presupuestos Generales del Estado de
cada año, no está en el plan, que es el desarrollo de cómo se gasta
el crédito que autoriza la ley de presupuestos de cada año, que
-reitero- aumenta en los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2002, en tramitación en esta Cámara, en un 3 por ciento respecto
a los presupuestos de este año, en contra de lo que ha dicho algún
interviniente.




Manifiesta su preocupación por la posibilidad de que con las
novedades que se introducen el plan se creen mecanismos al alza del
precio de las viviendas de protección oficial. No se introducen
mecanismos que tensionen al alza, sino mecanismos que intenten
acomodar el precio de la vivienda protegida a lo que cuesta hacer
dicha vivienda en estos momentos. Una de las disfunciones adicionales
del plan es que no se han logrado acomodar los costes de la vivienda
al precio que le ponemos y, en consecuencia, se construyen pocas.

¿Eso puede tener una incidencia al alza? En algunos casos. ¿Y a la
baja? En otros casos. He querido huir de dar datos para no complicar
esta comparecencia, pero creo que éste sí merece la pena. Las
diferencias de precio por metro cuadrado construido en nuestro país
va por comunidades autónomas, es decir, hay gran heterogeneidad



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de precios. El precio en el País Vasco, que es el más caro de España,
en pesetas/metro cuadrado construido es de 235.356 pesetas; en
Extremadura es 76.526 pesetas. Por eso la horquilla que hemos fijado
permite subir los precios en algunos casos y bajarlos en otros,
porque las dos cosas serán buenas según dónde y cómo se aplique por
cada comunidad autónoma. Por eso, en la propuesta de plan hemos
dejado esa competencia en manos de las comunidades autónomas, que son
las que conocen con todo detalle esta inmensa pluralidad de los
precios del metro cuadrado construido que existe en los distintos
territorios de España. Además, partiendo de estos precios tan
variados, la evolución de cada año es también muy distinta en las
comunidades autónomas en España. En las gráficas negras tienen
ustedes el porcentaje de lo que habrá variado en el último año el
precio del metro cuadrado construido. Ven ustedes que no hay
homogeneidad, porque como decía al principio tenemos muchos mercados,
en términos de precios y de costes de la vivienda en España. Por eso,
el mecanismo que hemos fijado en materia de precios, como en otros
muchos, es el que permite a las comunidades autónomas subir o bajar,
según se necesite, dentro de un marco global, para adaptarse a esta
realidad tan variada que no puede cambiarla nadie. Esta es la
realidad que tenemos en España, en estos momentos.

Me pregunta por qué no aumenta el mercado de alquiler, dadas las
necesidades de vivienda existentes. Si yo tuviese la contestación a
esa pregunta, sería un genio sin ninguna duda. Es muy difícil
explicar objetivamente por qué los españoles somos tan poco
aficionados al alquiler y a todos nos gusta tener una casa. Al margen
de condicionamientos económicos y de coste, creo que hay un sustrato
psicológico en España -y ésta es una opinión absolutamente personal-,
que no se da en otros países, y hace que los españoles en general
queramos tener una casa propia y huyamos del alquiler como de una
situación transitoria. Eso es así -puedo avanzar alguna hipótesis
histórica- y luchar contra eso es muy difícil, pero vamos a
intentarlo de todos modos. Por eso se introduce una modificación muy
importante de las ayudas que se prevén para incentivar el alquiler,
pero luchamos contra una realidad psicológica y sociológica, que está
arraigada y que va a ser difícil cambiar sin duda alguna. Respecto al
tema de la demolición de edificios degradados en los centros urbanos,
ya he hecho referencia a ello, no es un tema de la competencia del
plan de vivienda ni de la Administración general del Estado sino de
las entidades locales.

Por último, respecto a la intervención del señor Ortiz, a la que ya
he hecho varias referencias cruzadas según iba comentando las
intervenciones de los portavoces, primero quiero agradecerle la
felicitación que hace al Gobierno, porque sí es verdad -y él es buen
testigo de la historia de las políticas de vivienda en este país- que
es la primera vez que el Gobierno comparece voluntariamente para
explicar un plan de vivienda antes de que
esté aprobado, poniendo en común con el Parlamento sus contenidos,
dificultades y concreciones.

Por otra parte, me gustaría ratificar una vez más - ya lo he dicho al
principio- que tiene toda la razón el señor Ortiz cuando dice que el
gasto público en vivienda en España está más de un punto por encima
del PIB, dos o tres décimas más, y que eso es muy homologable con la
Unión Europea, siempre que se sume el gasto público de todas las
administraciones, como es obvio.

También tiene toda la razón, como he dicho ya tres veces en este
segundo turno, en cuanto a que el presupuesto para el año 2002 en
materia de vivienda crece respecto al presupuesto del año 2001 el 3,3
por ciento, y respecto a las dos dudas que planteó al final creo que
también las he contestado, pero lo ratifico, no se habla de la
rehabilitación porque no hay grandes variaciones respecto al plan
vigente, porque es de las partes que mejor ha funcionado del plan,
pero como es obvio la normativa específica de rehabilitación estará
contenida en el texto definitivo. También comparto su preocupación
por los temas fiscales, sabiendo que son parte muy importante de la
política de vivienda pero que no son parte del plan de vivienda, como
instrumento normativo específico.




El señor PRESIDENTE: Señorías, la comparecencia ha terminado. No
obstante, algunos portavoces han hecho alusión a que quieren hacer
alguna pregunta. Para preguntas concretas exclusivamente, y en un
turno brevísimo, tiene la palabra el señor Morlán.




El señor MORLÁN GRACIA: Muchas gracias, señor secretario de Estado.

Sólo quisiera plantearle dos o tres aclaraciones. Una de ellas, que
me la ha solicitado usted, es respecto a los préstamos destinados a
la promoción de nuevas viviendas para arrendamiento. He dicho que
podía plantearse algún tipo de dificultades. ¿Por qué? Porque la tasa
de alquiler que se fije debe permitir la posibilidad de préstamos con
dicha garantía. ¿Por qué? Porque el precio de venta en la escritura
de la hipoteca depende de la capitalización del alquiler. No estoy
diciendo que haya contradicción, estoy diciendo que puede haber
problemas a la hora de definir qué tipo de préstamos se establecen
y de qué manera en esos préstamos la realidad hipotecaria que se
establece tiene algo que ver con el precio del alquiler que se paga.

En segundo lugar, en el documento que ustedes nos han remitido, se
habla de barra libre en cuanto a los convenios con entidades
financieras. Me gustaría saber si ese concepto de barra libre que
ustedes incluyen en este documento, es un concepto que hace
referencia solamente a los convenios con entidades de crédito o
también tiene que ver con las comunidades autónomas, desde el momento
que pueden ser ellas las que digan el número de actuaciones que
quieren tener y el tipo de actuaciones de carácter protegido que
deben tener en



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cada una de las variables que ustedes mantienen como supervivientes
en este nuevo plan de vivienda.

Después, hay algo en lo que discrepo y me gustaría que me lo aclarara
de manera más sólida. Es un plan de vivienda en que se habla de
financiación, en el que se habla de actuaciones, pero muchas de esas
actuaciones que van a llevarse a cabo tienen mucho que ver con
modificaciones legislativas que ustedes no quieren enunciar. Es
decir, modificar las valoraciones del suelo, lo que afecta al precio
del suelo y por tanto al precio final de la vivienda, o modificar las
políticas fiscales en algunos de los apartados a los que se ha hecho
referencia, por supuesto, tiene incidencia en la promoción de la
vivienda. Modificar la Ley de Arrendamientos Urbanos también tiene
incidencia en la política de vivienda. Por mucho que sean distintas
patas de una política de vivienda, sí es cierto que todas ellas
tienen un objetivo -de acuerdo con sus criterios iniciales, que
espero se cumplan-, conseguir y promocionar la construcción de
viviendas para aquellos sectores que no tienen recursos suficientes
para acceder a las mismas… (Rumores.)



El señor PRESIDENTE: Señor Morlán, perdone un momento.

Señorías, guarden silencio, por favor.

Señor Morlán, termine usted ya.




El señor MORLÁN GRACIA: Con esto he acabado, señor presidente, y
espero que el señor secretario de Estado me aclare estas dudas.




El señor PRESIDENTE: ¿El señor Jané también quiere interrogar al
secretario de Estado? (Asentimiento).

Le ruego brevedad, señor Jané.




El señor JANÉ I GUASCH: Con toda brevedad, quiero agradecer el tono
de las respuestas del señor secretario de Estado y hacerle una
precisión en el sentido de considerar específicamente el número de
metros cuadrados cuando en la unidad familiar existe una persona con
discapacidad que le produce una movilidad reducida, y quiero ponerle
un ejemplo que creo ilustrará la propuesta que hace mi grupo
parlamentario: una persona que tenga necesidad de utilizar una silla
de ruedas en su vivienda necesita más espacio que otra persona que no
precise utilizar esa silla de ruedas. Por tanto, creo que a la hora
de fijar cuándo podemos englobar los 120 metros cuadrados, deberíamos
prever específicamente ese mayor espacio que necesita una persona que
por su discapacidad ha de utilizar una silla de ruedas en su vivienda
habitual. Le quería hacer esta precisión, porque creo que está
claramente justificada.

Una segunda precisión. Evidentemente los aspectos fiscales no
engloban específicamente el plan de vivienda, pero sí la política de
vivienda. Sin embargo, debemos contemplarlo en su conjunto porque, al
final, el objetivo del plan de vivienda, al igual que el de la
política de vivienda, es abaratar el precio de la vivienda, o
por lo menos que no siga incrementándose en los porcentajes que está
evolucionando en el global del Estado, por lo que no podemos obviar
ningún aspecto a la hora de contemplar las medidas específicas del
plan de vivienda.




El señor PRESIDENTE: El señor secretario de Estado tiene la palabra.

(Rumores.)
Señorías, ruego guarden silencio, porque la parte final de la
comparecencia siempre es la más interesante, y se la van a perder
ustedes como sigan en ese tono (Risas.)
Gracias.




El señor SECRETARIO DE ESTADO DE INFRAESTRUCTURAS (Blanco Rodríguez):
Me temo que en este caso no habrá grandes novedades, si la parte
final es mi intervención.

Voy a intervenir muy brevemente sobre lo que se ha dicho.

Evidentemente, en materia de viviendas para alquiler sigo sin
entender cuál es la dificultad para el crédito hipotecario, pero sí
que la renta máxima que se fija, cara al cálculo del valor a efectos
de créditos, supone, el parámetro básico. Por tanto, si la renta
básica tal como hemos propuesto va ser el 4 por ciento, será un
parámetro a tener en cuenta por la entidad financiera y por quien
solicita el préstamo, pero sigo sin entender -probablemente porque yo
no entiendo bien, por lo que nos explica S.S.- cuál es la dificultad
desde el punto de vista del mercado hipotecario que nace de esta
limitación.

En cuanto a la expresión barra libre, que no sé si es muy ortodoxa
para documentos oficiales, quiere decir algo muy sencillo. Dentro del
espíritu de flexibilidad y acomodación territorial del plan no vamos
a hacer cotos cerrados a priori para las entidades financieras ni
para las comunidades autónomas, que puedan derivar en que haya partes
del plan que al final no tengan incidencia social porque no se puedan
consumir. Por decirlo de una manera muy sencilla, sería absurdo que
porque haya menos peticiones de ayudas que las inicialmente previstas
en la tramitación del plan en la comunidad autónoma A y más que las
inicialmente previstas en la comunidad autónoma B se deje sin gastar
parte del dinero en A y sin atenderse parte de las demandas en B, eso
no sería lógico. Por tanto, barra libre quiere decir que al final los
recursos, con esas modulaciones a partir del 1° de octubre según el
grado de ejecución desde el punto de vista territorial, van a ir a
donde esté la demanda de ayudas para viviendas protegidas.

Respecto a las entidades financieras pasa lo mismo. Si a priori se
dice que la entidad financiera A puede otorgar créditos hasta 100, y
en esa entidad financiera, por lo que sea, sólo se piden hasta 80, no
existe ninguna razón para que por ese motivo se pierdan 20. Por eso
vamos a establecer un marco con las entidades financieras que les
permita a todas -y lo vamos controlando,



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evidentemente, porque somos informados puntualmente- otorgar ayudas
hasta el límite de lo que tienen inicialmente repartido, o más allá
si por lo que sea más gente va a pedir el crédito a una entidad
financiera y menos a otra de las que tienen suscrito convenio. Por
tanto, la expresión barra libre no indica caos alguno sino únicamente
la eliminación controlada de parte de las rigideces que han podido
existir hasta ahora en el plan, en aras de buscar siempre la máxima
eficacia en las ayudas previstas por el plan y en su incidencia
social.

En cuanto al tema de la fiscalidad -que ya han comentado en esta
segunda vuelta tanto el señor Morlán como el señor Jané-,
efectivamente, tiene mucho que ver con la vivienda, y como he dicho
al principio forma parte de la política de vivienda, pero insisto en
que no forma parte del plan de vivienda. Lo que sí les garantizo, y
he hecho referencia en mi intervención inicial a ello, es que este
plan se incardina en la política económica general y en las políticas
de cohesión social del Gobierno. Por tanto, cuando diseñamos éstas
intentamos ser coherentes con todo lo que hemos hecho y lo que vamos
a hacer en el resto de líneas de actuación pública que tienen que ver
con la política de vivienda o inciden en la política de vivienda
aunque no sean normativa y conceptualmente parte del propio plan de
vivienda.

Por último, en cuanto al número de actuaciones -tema al que ha vuelto
a hacer referencia el señor Morlán-, digo lo que dije al principio de
mi turno de réplica, el objetivo del plan son las personas y cómo las
ayudamos. El número de actuaciones es instrumental. ¿Por qué no lo
ponemos a priori en el frontispicio de la presentación del plan?
Porque va a depender mucho de las comunidades autónomas. Con este
plan las comunidades autónomas, valorando las necesidades de su
territorio, van a poder tomar decisiones muy importantes para
orientar las ayudas del plan hacia el alquiler, hacia la promoción
del suelo, hacia la creación de viviendas para familias numerosas y
hacia la apuesta dentro del plan de viviendas de protección oficial
actualmente libres vía adquisición por entidades municipales o
autonómicas dedicadas a la promoción de vivienda. Es decir, a priori
no vamos a marcarles desde la Administración general del Estado a
cada comunidad autónoma un número tasado para cada uno de los
capítulos del plan del tipo de actuaciones que hay que hacer. Me
parece que sería contradictorio con ese respeto exquisito a las
competencias de las comunidades autónomas en el que se ha inspirado
el plan y contradictorio con ese carácter flexible y adaptable al
terreno que queremos tenga el plan. Obviamente, si el plan nos lo
reserva, sí garantizaremos, que al final haya una visión homogénea y
razonable en todo el territorio para garantizar que con las
decisiones de las comunidades autónomas, los recursos del plan, y
dentro de las prioridades que establece el propio plan, se atienden
aquellos objetivos que son por los que tenemos que preocuparnos.

El señor PRESIDENTE: Señorías, terminada la comparecencia damos las
gracias por su presencia y por su explicación al secretario de
Estado, y para que puedan dar rienda suelta a sus conversaciones
damos cinco minutos de recreo y recuperamos luego la sesión. (Pausa.)



PROPOSICIONES NO DE LEY:



El señor PRESIDENTE: Señorías, les ruego silencio y que tomen asiento
para reanudar la suspendida sesión número 27 de la Comisión de
Infraestructuras. (Pausa.)
Ruego que se incorporen los distintos portavoces, pues vamos a dar
comienzo al debate y votación de las proposiciones no de ley que
figuran en el orden del día.

Sobre este orden del día, les comunico que las proposiciones que
figuran con los números 2 y 3 en el orden del día, de momento han
sido pospuestas por el proponente, por motivos que ha especificado a
la Mesa.

También los portavoces de las proposiciones número 5 y 13, según
figuran en el orden del día, han pedido que se debatan éstas en
primero y segundo lugar en ese orden. Si los demás portavoces no
tienen inconveniente sería así; si algún portavoz tiene
inconveniente, en este momento puede hacer uso de la palabra para
decir su opinión. ¿Están conformes los señores portavoces? Señor
Rodríguez, por sus gestos, parece que tiene algún inconveniente. ¿Qué
opina al respecto?



El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Que podríamos haber sido advertidos
debidamente. Nosotros somos escasos miembros y no podemos andar así.




El señor PRESIDENTE: Señor Rodríguez, yo le advierto cuando me
entero, lo lamento. Cuando se lo proponen a la Mesa es cuando yo me
entero e inmediatamente lo pongo en conocimiento de SS.SS. (El señor
López-Amor García pide la palabra.) Un momento, señor López-Amor.




El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Yo pido que en otra ocasión se haga esto
en debida manera y forma y con antelación.




El señor PRESIDENTE: Señor Rodríguez, voy a aprovechar la ocasión
para recordar a SS.SS. las normas de esta Comisión, que habitualmente
se incumplen, y precisamente están hechas para eso para incumplirse.

La normativa que esta Comisión aprobó en la última Mesa es que todos
los cambios que se pudieran hacer en el orden del día fueran
solicitados a la Mesa antes del inicio de la Comisión. En este caso
hay un ligero incumplimiento puesto que la Comisión se inició a las
nueve de la mañana, pero no con las proposiciones no de ley, por
tanto el portavoz que ha hecho ahora la advertencia ha incumplido
pero muy hábilmente puesto que el inicio



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de las proposiciones no de ley se produce en este momento. Por tanto
podría admitirse este cambio, pero siempre de acuerdo con los
portavoces.

Usted ya ha expresado su queja de que se haga bien, que comparte la
Mesa, pero está de acuerdo en que se haga.

Ahora, el señor López Amor tiene la palabra.




El señor LÓPEZ-AMOR GARCÍA: Simplemente, preguntarle al señor
presidente si la votación será hacia las dos.




El señor PRESIDENTE: La votación está prevista no antes de las trece
horas y probablemente no después de las catorce horas y quince
minutos, porque la proposición que no entre a las catorce horas y
quince minutos ya no se debate; por tanto, dos y cuarto de la tarde.

Leo a SS.SS. lo que dice el orden del día: Observaciones: Las
votaciones no serán antes de las 13:00 horas. Las proposiciones no de
ley que no se hubieran comenzado a debatir antes de las 14:15 se
tramitarán en la siguiente sesión de la Comisión.

Por tanto, seguiremos ese nivel, y probablemente a las dos o dos y
cuarto de la tarde estaremos procediendo a las votaciones. ¿Algún
otro portavoz tiene algo que decir? (Pausa.)
Entonces, señorías, procedemos en la forma que hemos dicho.




- SOBRE DESDOBLAMIENTO DE LA CARRETERA N-340 ENTRE ESTEPONA Y
GUADIARO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número
de expediente 161/000345.)



El señor PRESIDENTE: Iniciamos con la proposición no de ley que
figura en el orden del día con la número 5 sobre desdoblamiento de la
carretera N-340 entre Estepona y Guadiaro, de la cual es autor el
Grupo Parlamentario Socialista. Para su defensa, tiene la palabra el
señor Heredia.




El señor HEREDIA DÍAZ: Señorías, los socialistas deseamos que la obra
para desdoblar el tramo de la nacional 340, entre Guadiaro y
Estepona, se finalice como muy tarde a finales de junio, de cara a
que entre en funcionamiento antes de la próxima temporada veraniega.




La última respuesta del Gobierno Aznar sobre este tema, que tiene
fecha de salida 25 de octubre, es decir bastante reciente, señala que
este tramo no estará terminado antes de agosto de 2002. A esto hay
que añadir que la pasada semana, el secretario de Estado de
Infraestructuras eludió a conciencia comprometerse a que dicho
desdoblamiento estuviese acabado antes de la primera avalancha
veraniega de tráfico, e insistió en que se terminaría en torno al mes
de agosto. Fue llamativo,
eso sí, la seguridad que mostró el secretario de Estado cuando
habló de terminar la autopista de peaje el 2 o el 3 de agosto, algo
que contrastaba con las dudas, las muchas dudas que tenía cuando
hablaba de la finalización del desdoblamiento en la carretera
nacional. Queda claro que al Partido Popular le preocupa bastante más
las autopistas de peaje en la provincia de Málaga que las carreteras
nacionales, algo que los socialistas no podemos compartir.

Pero hoy no venimos a hablar de ese magnífico préstamo de 16.500
millones de pesetas, que el Ministerio de Fomento ha dado a una
empresa privada para que construya una autopista de peaje entre
Guadiaro y Estepona a devolver hasta el 2054, un préstamo con unas
condiciones que ya querrían los jóvenes malagueños y los no tan
jóvenes para poder pagar la hipoteca de su vivienda.

Tampoco queremos hablar hoy de que el Real Decreto 1099/99, de 18 de
agosto, por el que se adjudica la construcción administrativa para la
concesión de la autopista de peaje, establece que el desdoblamiento
de la carretera nacional tendría que estar terminado aproximadamente
unos veinte meses antes que la autopista de peaje, y no un día antes
como pretende el Gobierno de Aznar. Tampoco queremos hacer hoy
referencia a la mente pensante que ha diseñado ese magnífico trazado
que contempla trece rotondas en 18 kilómetros, por cierto y en
confianza, señor Atencia, ¿sabe usted quién ha sido la mente pensante
que ha diseñado este trazado? El otro día el secretario de Estado no
supo responder. No queremos hoy hablar aquí de los cientos de
anuncios que ha realizado el Partido Popular en los últimos cinco
años a la hora de hablar del comienzo de obras, unas obras que
contaban con presupuestos en 1996, en 1997 y en 1998, pero en donde
el Partido Popular no gastó una sola peseta en 1996, ni en 1997, y
tampoco en 1998.

También nos consta que ustedes seguirán con su cantinela de que
ustedes, los socialistas, tendrían que haberlo hecho. El problema es
que ustedes llevan ya seis años gobernando y la inversión en
carreteras en la provincia de Málaga brilla por su ausencia. Muchos
estudios, muchos proyectos, muchas carreteras virtuales, pero pocas
carreteras reales, y cuando hacen una le meten trece rotondas en 18
kilómetros. ¡Que chapuza!
Pero no quiero hoy hablar de todo esto. Los socialistas traemos a
esta Comisión el debate sobre la necesidad de que se acelere las
obras de la nacional 340, al objeto de que estén listas antes de la
próxima temporada veraniega. A los socialistas no nos parece
razonable que en pleno siglo XXI se dé una imagen tercermundista de
la Costa del Sol malagueña, cuando el pasado verano se registraron
colas de hasta quince kilómetros un día sí y otro también, con miles
de ciudadanos que sufrieron un verdadero calvario de cinco y hasta
seis horas de atascos en pleno mes de agosto, lo que dañó ala imagen
del sector turístico de la Costa del Sol. Por



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todo ello, los socialistas instamos al Gobierno a que aceleren la
obra del desdoblamiento de la N-340, entre Guadiaro y Estepona, y se
comprometan a finalizar el proyecto antes de finales de junio.

Tenemos la confianza de que el Partido Popular va a votar a favor de
esta proposición no de ley por una razón de peso, y es que la empresa
que ejecuta los trabajos anunció, se comprometió en los medios de
comunicación el pasado 16 de septiembre a que la obra se terminaría
como muy tarde el 1.º de julio. Por tanto, señor Atencia, sería
difícil de explicar a los malagueños que el Partido Popular retrasa a
conciencia los propios plazos que ha dado la empresa constructora.




El señor PRESIDENTE: Señorías, les recuerdo que la Mesa de la
Comisión aprobó la no pertinencia de fumar en esta Comisión, es
decir, no se puede fumar, como saben SS.SS., y les rogaría que
cumplieran este precepto hasta tanto la Mesa lo revocara.

Dicho esto, damos la palabra a los distintos grupos parlamentarios
que quieran contestar al señor Heredia, aunque sus alusiones han sido
muy claras a uno solo.

Señor Atencia, a quien parece que iba dirigida a usted esta
proposición especialmente, tiene usted la palabra en nombre del Grupo
Popular.




El señor ATENCIA ROBLEDO: Intervengo lógicamente en nombre del Grupo
Popular para fijar la posiciónsobre esta iniciativa de impulso al
Gobierno. Nos es una interpelación, es una iniciativa de otro tenor.

Ya tuvo oportunidad el representante del Grupo Socialista de formular
la correspondiente pregunta en la última Comisión y creo que es
manifiesto cómo quedó la pregunta, cómo intervino cada uno y cómo
quedó el tenor de aquel debate, y me parece que la segunda
oportunidad se ha perdido porque se ha ido el interpelante.

En primer lugar, tengo que manifestar en nombre del Grupo Popular que
esta iniciativa es absolutamente innecesaria. La puesta en servicio
del desdoblamiento de la N-340 entre el municipio de Estepona y San
Enrique de Guadiaro está prevista para el verano del año 2002 y,
señor Heredia, con meridiana claridad lo explicó en esta misma
Comisión el pasado miércoles, si mi memoria no me falla, el
secretario de Estado, don Benigno Blanco. Por tanto, está previsto
que la autopista de peaje en este mismo trazado esté en servicio
entre el 2 y el 3 de agosto, que fue lo que manifestó don Benigno
Blanco, y con anterioridad se pondrá en marcha el desdoblamiento, tal
como está previsto y cómo se estableció en el pliego de condiciones
de la concesión de la vía de peaje. Me parece que en este caso, venir
a pedir lo que ya se va a hacer es absolutamente innecesario. Pero es
que, señor Heredia, el programa de ejecución de las obras del
desdoblamiento de este tramo entre Estepona y Guadiaro contempla la
aceleración de los trabajos al objeto de cumplir la fecha prevista.

Es verdad que la propia empresa constructora
ha manifestado que puede haber una fecha. Muy bien, es
responsabilidad de la empresa constructora, y este Congreso de los
Diputados insta al Gobierno. El Gobierno y el Grupo Popular, en este
caso queremos que se cumpla el contrato y las propias condiciones
para hacer esta vía. Si se puede terminar antes, bienvenido sea, pero
seamos serios, señor Heredia, exijamos lo que es posible exigir y
todo lo que nos venga añadido bienvenido sea. Por tanto, señor
Heredia, el Partido Popular está haciendo los deberes, está
cumpliendo sus compromisos con las provincias de Málaga y de Cádiz,
especialmente afectadas, y con todos los españoles en conjunto, para
que estén comunicadas por vías de alta capacidad y para que esos
problemas de tráfico que se están sufriendo y a los que S.S. ha hecho
referencia en una parte de la Costa del Sol pasen a la historia.

Señor Heredia, señores del Grupo Socialista, no se van a ir ustedes
de rositas en este asunto, si me permite la expresión, señor
presidente. El parón que sufrió la conexión rápida entre las
provincias de Málaga y Cádiz por el litoral, en los años 1984 a 1995,
fue única y exclusiva responsabilidad del Partido Socialista. No
quería hacer ninguna referencia a ello, pero ante tanta demagogia y
tanta facilidad de palabra, uno tiene que decir las cosas como son.

Es exclusiva responsabilidad del Partido Socialista, en primer lugar
por ser la única actuación no ejecutada del Plan de Carreteras 1984-
1991, y en segundo lugar por no haberse ni tan siquiera redactado los
proyectos, pese a estar previsto también el Plan Director de
Infraestructuras del año 1993. Es decir, que ustedes se marchan del
Gobierno en el mes de mayo del año 1996 y no hay hecho absolutamente
nada ni tan siquiera en lo que se refiere a los proyectos a pesar de
estar previstos. Pero esto no es nada que esté en el aire, es que el
último ministro del Gobierno socialista dijo que no haría una
carretera para unos cuantos señoritos o unos cuantos golfistas.

Tamaña demagogia era absolutamente irresponsable y desconocedora de
la propia realidad ya que es una vía fundamental para el desarrollo
económico de la Costa del Sol y las comunicaciones con el Campo de
Gibraltar. En cualquier caso, las responsabilidades están ahí. El
Gobierno del Partido Popular ha hecho los deberes y el próximo
verano, no sólo tendremos una autovía sino también una autopista. Por
cierto, y con esto termino, señor presidente, para chapuzas, el
desdoblamiento que se hizo en la N-340 entre Fuengirola y Marbella
que precisamente no permite los accesos en condiciones a muchas de
las urbanizaciones, donde las incorporaciones a una llamada autovía
son absolutamente peligrosas y por tanto ahí cada cual que aguante su
responsabilidad. En el desdoblamiento se han hecho rotondas,
atendiendo a las peticiones de los municipios, algunos gobernados por
el Partido Socialista y a las propias urbanizaciones. Por tanto,
señor presidente,el Grupo Parlamentario Popular respaldará esta ini
ciativa



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porque el Gobierno va a poner en marcha el desdoblamiento de la N-340
entre Estepona y Guadiaro y la propia autopista, que se hará realidad
el propio verano, gracias a la gestión del Gobierno del Partido
Popular, a pesar de los pesares de la mala gestión del Partido
Socialista.




- SOBRE MEDIDAS PARA REDUCIR LA SINIESTRALIDAD DE LA TRAVESÍA DE
GUADALMAR (MÁLAGA). PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA.

(Número de expediente 161/000791.)



El señor PRESIDENTE: Pasamos al debate de la proposición número 13,
según lo acordado por los portavoces sobre medidas para reducir la
siniestralidad de la travesía de Guadalmar (Málaga), de la que es
autor el Grupo Parlamentario Socialista Tiene la palabra para su
defensa el señor Heredia.




El señor HEREDIA DÍAZ: Señorías, ante el importante número de
accidentes de tráfico que se están registrando en la travesía de
Guadalmar los socialistas consideramos que el Gobierno de Aznar
debería adoptar medidas concretas y a corto plazo tendentes a mejorar
dicho trazado. (El señor vicepresidente, Torres Sahuquillo, ocupa la
Presidencia.)
En el último año, según se señala en una respuesta parlamentaria
entre el punto kilométrico 228 y 232 de la N-340 se han producido 34
accidentes de tráfico, donde han perdido la vida seis personas y se
han producido 48 heridos de diversa consideración. Estos datos
suponen un importante incremento de la siniestralidad en este tramo
con relación a 1999, donde se produjeron 23 accidentes, ningún
fallecido y 52 heridos.

Desde la apertura a mediados del año pasado de la autopista de peaje
entre Estepona y Málaga y la ampliación a tres carriles por sentido
de la variante de Benalmádena, con el consiguiente aumento de la
velocidad de los vehículos y del tráfico de la zona, era más que
previsible que la peligrosa travesía de Guadalmar lo fuese aún más.

Estamos hablando de un tramo que está incrementando el volumen de
vehículos. De hecho, en 1999 la intensidad media diaria era de 64.000
vehículos y en el año 2000 el tráfico varía entre los 64.000 y los
87.000 vehículos diarios. Frente a este incremento de los accidentes
y a este incremento de los problemas de tráfico, ¿qué está haciendo
el Gobierno central, qué está haciendo el Gobierno del Partido
Popular? Pues, señor Blancas, la verdad hay que decir que no está
haciendo prácticamente nada, algo a lo que ya nos tiene
acostumbrados. Bueno, para ser correcto, algo sí que está haciendo:
está haciendo anuncios, algo a lo que ya también nos tiene
acostumbrados el Partido Popular y de esta forma ha repetido en
reiteradas ocasiones, a través de sus respuestas parlamentarias, que
tiene previsto realizar, ni más ni menos, cuatro actuaciones para
mejorar esta travesía, con un presupuesto de 256 millones de pesetas.

El problema es que llevan diciendo eso mismo desde hace bastante
tiempo, pero hasta la fecha ésta ha sido otra de las muchas
falsedades del Partido Popular hacia la provincia de Málaga. De
hecho, señor Blancas, el Partido Popular se ha permitido el lujo de
rechazar una enmienda socialista a los presupuestos del año 2002,
para que hubiese una partida económica destinada a esta actuación.

Por tanto, queda claro el despropósito del Partido Popular y su
dejadez con relación a este tema.

Por cierto, señores del Partido Popular, ¿saben ustedes dónde ha
llegado el descaro del Gobierno Aznar con relación a esta cuestión? A
decir en una respuesta parlamentaria que cuando esté acabada la
segunda ronda de Málaga se aliviará en gran medida el tráfico intenso
que circula por la citada travesía. Yo le pregunto al portavoz del
Partido Popular: ¿cuándo estará lista la segunda ronda de Málaga?
¿Estará lista en el 2007, en el 2008 o habrá que esperar hasta el
2010? ¿No creen ustedes que es poco serio tener que esperar todos
estos años para dar una solución a la travesía de Guadalmar, sobre
todo, si tenemos en cuenta los accidentes de tráfico y los problemas
de circulación que se están registrando en este tramo? Los
socialistas evidentemente no estamos de acuerdo con esta respuesta
del Gobierno del Partido Popular. En este sentido reclamamos medidas
concretas y a corto plazo para reducir la siniestralidad existente,
por todo lo cual instamos al Gobierno a que en el plazo máximo de
seis meses, se inicien las obras de mejora del trazado de dicha
travesía. Además, demandamos del Gobierno central que se comprometa a
medio plazo a dar una solución definitiva a la travesía de Guadalmar.

Los socialistas ya sabemos que al Partido Popular le gusta bastante
más hablar de la autopista de peaje que de las carreteras nacionales,
pero dado el elevado número de accidentes en el citado tramo no nos
cabe la menor duda de que apoyarán esta iniciativa parlamentaria. (El
señor presidente ocupa la Presidencia.)



El señor PRESIDENTE: Señor Heredia, no creo que mi llegada le haya
invitado a terminar tan rápido.

Por parte del Grupo Popular, tiene la palabra el señor Blancas.




El señor BLANCAS LLAMAS: Supliendo a mi compañero don Manuel Atienza
que tiene que ausentarse, voy a contestar, como malagueño y como
usuario de esa autovía que por cierto señor Heredia, no se llama
travesía de Guadalmar, esa travesía no existe con esa denominación,
se denomina autovía del Mediterráneo y anexa a ella está la
urbanización de Guadalmar, el campo de golf y alguna que otra
urbanización más. Por tanto, quiero puntualizarle que como tal
autovía no existe.

Esta autovía se puso en funcionamiento, como usted bien sabe, no hace
uno, ni dos años, sino hace nueve



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años. Si usted dice que es peligrosa, yo le pregunto: ¿Está diciendo
S.S. que los gobiernos del PSOE construían y ponían en servicio
autovías peligrosas, porque esa autovía se diseñó durante el Gobierno
del Partido Socialista, o está usted diciendo que hicieron mal las
cosas? He de reconocer, y lo hago públicamente, que ese tramo de
autovía del Mediterráneo, que va desde la ronda oeste de málaga hasta
la variante de Benalmádena, tiene una influencia grande de vehículos,
yo que he pasado por ella durante año y medio dos veces casi todas
las semanas la he sufrido, y en horas punta hay que reconocer que es
una autovía muy cargada, que tiene 75.000 vehículos diarios, gracias
al turismo que tiene la Costa del Sol malagueña. La solución que S.S.

apunta para paliar esos seis accidentes mortales y esos 56 heridos, a
los que se ha referido en su intervención, pueden ser una autovía
rápida, una autovía que tiene confluencias de urbanizaciones, que son
las que provocan principalmente estos heridos mortales y graves.

Tenga en cuenta que el Gobierno del Partido Popular tiene previsto un
plan de infraestructuras de 2000 a 2007, y que está prevista una
nueva ronda de circunvalación exterior que evitará tener que pasar
por esa autovía del Mediterráneo. ¿El plazo? No me atrevo a decirle
plazos, porque para eso está el secretario de Estado (la semana
pasada estuvo aquí y esta mañana ha estado hablando de otros temas,
de viviendas), que es el más idóneo para hablar de los plazos para
esta nueva circunvalación exterior de Málaga. Ya están previstas
partidas en este presupuesto de 2001, y también habrá alguna partida
en los próximos presupuestos generales.

No quiero abundar sobre este tema, pero sí quiero decirle, señor
Heredia, que las infraestructuras no se improvisan. Necesitan
planificarse, necesitan estudios y necesitan proyectarse y, por
supuesto, realizarse. El Partido Popular no vende humo, el Partido
Popular ejecuta las cosas. Como antes le ha dicho el compañero señor
Atencia, la N-340 es una carretera sobrecargada, y parte de la culpa
de que esté como está es de su partido, porque en su día no tomaron
las medidas oportunas. No pueden negar que hasta 1995 ustedes
tuvieron la obligación de desdoblar y mejorar la N-340.




- SOBRE DOTACIÓN DE ÁREAS DE SERVICIO A LOS TRAMOS DE LAS AUTOPISTAS
A-6 Y A-52 QUE TRANSCURREN POR LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA.

PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente
161/000987.)



El señor PRESIDENTE: Pasamos al debate de la proposición no de ley
número 4, recuperando el orden del día previsto, sobre dotación de
áreas de servicio a los tramos de las autopistas A-6 y A-52, que
transcurren
por la Comunidad Autónoma de Galicia. Es autor el Grupo
Parlamentario Mixto. Tiene la palabra don Guillerme Vázquez.




El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ: El Bloque Nacionalista Galego presenta esta
proposición no de ley para seguir incidiendo en la necesidad de dar
solución a un problema que existe, que es real y que es percibido
como tal por los ciudadanos, como es el que las autovías que conectan
Galicia con la meseta dentro de la comunidad autónoma carecen de
áreas de servicio. Tampoco es un descubrimiento decir que eso provoca
inconvenientes importantes a los viajeros, y de manera notoria a los
transportistas. Dificultades para el descanso, la higiene, la
alimentación, el surtido de combustible o incluso la realización de
simples necesidades fisiológicas. Nos parece sorprendente que cuando
se empezaron a hacer estas autovías no se diseñaran estas áreas de
servicio. Pero también es cierto que es necesario avanzar con rapidez
en la corrección de esas carencias. Tal como están las cosas,
cualquiera que circule por esa autovía sabe que la alternativa a la
falta de estas áreas de servicio es salir de la misma hacia destinos
muchas veces inciertos. Porque a pesar de que hay señalización cada
varios kilómetros, no indican a qué distancia se encuentran las
gasolineras.

Sé que existen ciertas presiones, por otro lado absolutamente
lógicas, por parte de sectores sociales de las poblaciones cercanas
al paso de esa autovía, en el sentido de mantener la situación tal
como está, porque temen perder una parte de la actividad que hoy
desarrollan. Se podría planificar teniendo en cuenta lo que se pueda
aprovechar de las infraestructuras existentes, por ejemplo en la N-
525, indicando claramente los kilómetros, las dotaciones concretas
que ofrecen, los horarios, iluminando esas zonas, etcétera. En todo
caso, también habrá que avanzar en la creación de áreas de servicios
específicos en la propia autovía.

En junio de este año el ministerio nos informa que existe la
previsión de construir diversas áreas de servicio en esas autovías.

Unas están adjudicadas, otras en fase de adjudicación y otras
simplemente en estudio. En cualquier caso, el Ministerio de Fomento
informaba en junio de 2001 que no preveía que ninguna de ellas
estuviese en servicio antes de 18 meses. Es decir, que yendo las
cosas bien y no prolongándose los plazos previstos, hasta finales de
2002 ninguna de estas áreas entraría en funcionamiento. Y de las que
aún están en estudio, francamente ni se sabe. Por tanto, reconociendo
que el Ministerio de Fomento está sentando las bases para resolver
este problema, lo que pretendemos con esta proposición no de ley es
que esa resolución se acelere en la medida de lo posible y se inste
al Gobierno que es necesario acortar los plazos lo más posible.

Hace un momento hablaban unos compañeros diputados del turismo. Sería
bueno que en verano, que seproduce un incremento del número de
viajeros que



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entran o salen de Galicia por esas autovías, algunas estuvieran en
funcionamiento. Convendría que esta Cámara, desde los criterios que
acabo de exponer, instase al Gobierno a acelerar al máximo la puesta
en funcionamiento de estas áreas. Cabe también la posibilidad de
negar ese impulso y refugiarse en el argumento habitual de lo que
siempre se dice, que el ministerio ya está en ello. Sin embargo,
sería mejor inclinarse por la contraria porque no perjudicaría a
nadie, simplemente sería un toque de atención para que el ministerio
hiciese un esfuerzo.

Señor presidente, termino leyendo el texto de nuestra proposición no
de ley que dice lo siguiente: El Congreso de los Diputados insta al
Gobierno a agilizar los trámites administrativos para acortar los
plazos que permitan dotar a los tramos gallegos de las autovías de
conexión con la meseta de la imprescindible red de áreas de servicio.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra el señor Hernández.




El señor HERNÁNDEZ CERVIÑO: Para adherirnos a esta proposición no de
ley del Grupo Parlamentario Mixto. Quería recordar que el 28 de junio
de 2000 intervino el señor ministro de Fomento, Álvarez Cascos,
refiriéndose a la necesidad objetiva de estas zonas, y que debían ser
cubiertas inmediatamente, precisamente por el ministerio. Decía que
con carácter inmediato se preveía la construcción de un área sita en
Puenteareas, en la provincia de Pontevedra. Hablaba de que estaba
pendiente de licitación una en la provincia de Orense, otra en
Ribadavia y también en la zona de Zamora. Es verdad que estas zonas
permiten una cierta subsistencia a pueblos y aldeas que están
cercanas a las autovías, pero, por el contrario, los alejamientos que
hay no permiten hablar de comodidad. Curiosamente es al contrario.

Hay que tener en cuenta que en 308 kilómetros, por ejemplo en la A-
52, no hay ni una sola área de servicio. Esto aumenta la
siniestralidad, ya que influye en el cansancio de los conductores.

Por esa razón nos vamos a adherir a esta proposición no de ley.




El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene
la palabra la señora Vázquez.




La señora VÁZQUEZ BLANCO: Me alegra saber que hoy es cuestión de
debate en esta Comisión la ubicación de áreas de servicio en las
autovías gallegas, y que por suerte para muchos usuarios la
realización de la propia autovía ya no es cuestión de debate. Eso
quiere decir que con los gobiernos del Partido Popular algo va
cambiando en Galicia y que los ciudadanos recientemente, en concreto
el día 21, así lo han percibido. Pero vayamos a lo que hoy es
cuestión de debate.

Conforme al Reglamento general de carreteras, en su artículo 60 se
contempla la inclusión de áreas de
servicio en estudios de carreteras, definiendo estas áreas como
elementos funcionales de las autopistas y de las autovías. Si con
posterioridad a los estudios citados se justificara la necesidad de
un área de servicio, se someterá a información pública, de acuerdo
con el procedimiento regulado en el título II del capítulo 2 del
reglamento, el correspondiente estudio de carreteras que incluirá la
localización, accesos e instalaciones, como es el caso de las
autovías gallegas A-52 y A-6, que hoy son motivo de la proposición no
de ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto.

A continuación, voy a hacer una breve referencia a la situación en la
que se encuentra actualmente la dotación de áreas de servicio en los
tramos gallegos de las autovías A-6 y A-52, para que SS.SS. la
conozcan. Se han tramitado los estudios informativos de localización
de áreas de descanso en las autovías gallegas que diré a
continuación; me referiré únicamente a los tramos que discurren por
territorio gallego, excluyendo de mi explicación muchas otras áreas
de servicio correspondientes al de Castilla y León. En la A-6,
hablamos de dos tramos: el primero, Castro Lamas a Nadela, fue
aprobado definitivamente el 19 de mayo de 1999 con las áreas de
servicio de O’Corgo y Becerreá. El segundo tramo, de las Rías Altas,
el tramo Nadela-Arteixo, se aprobó definitivamente el 31 de marzo de
1999 (doy las fechas con precisión, señor presidente, para que los
dos grupos parlamentarios que se han posicionado respecto a la
proposición las tenga en cuenta) con las áreas de servicio de
Begonte, Guitiriz, Coirós y Cambre.

En la A-52, de las Rías Baixas, se sitúa, en primer lugar, el tramo
Villavieja-San Ciprián das Viñas, aprobado provisionalmente el 19 de
junio de 2001 y sometido a información pública con las áreas de
servicio de A Mezquita, Taboadela y Monterrei, pendiente de
aprobación en mi provincia, Ourense. El segundo tramo de la A-52
-Rías Baixas-, que discurre entre San Ciprián das Viñas-Porriño, fue
aprobado definitivamente el 30 de marzo de 1999 con las áreas de
servicio de Ribadavia, en Ourense, y de Puenteareas, en Pontevedra.

Saben SS.SS. como legisladores que el emplazamiento y adjudicación de
un área de servicio van acompañados de una serie de requisitos y
trámites legales. Así, el Reglamento general de carreteras establece
que la adjudicación de la concesión, que en todo caso se realizará
por concurso, irá precedida de las siguientes actuaciones: la
definición del área de servicio en el estudio de carreteras;
determinación de las instalaciones y servicios que deban
establecerse; aprobación del pliego de condiciones particulares para
la ejecución de las obras y pliego de las cláusulas de explotación;
por último, resolución del expediente de contratación, de conformidad
con las prescripciones de la Ley de contratos de las administraciones
públicas.




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Para la tramitación citada se hace preciso, lógicamente, definir el
área de servicio a través de la redacción de un anteproyecto. La
redacción de estos documentos requiere el plazo mínimo de un año y, a
partir de su aprobación, con la orden de expropiación de los terrenos
por el procedimiento de urgencia, por ser obra de interés público y
elemento funcional de la carretera, nuevamente el plazo mínimo de un
año.

Para concretar, señor presidente, les diré que las áreas de servicio
de O’Corgo y Guitiriz se encuentran en proceso de expropiación de los
terrenos, con una prórroga de tres meses para la iniciación de las
obras por falta de posesión de los terrenos. También se encuentran en
proceso de expropiación de los terrenos las áreas de Coirós y
Begonte, en la A-6, con anteproyectos y sin licitar; está prevista su
licitación dentro del plazo de seis meses, y no de 18. En la A-52 de
las Rías Baixas se ha licitado y adjudicado el área de Ribadavia
y está pendiente el inicio de las obras, una vez se disponga de los
terrenos a expropiar. Por último, los emplazamientos de las áreas de
Taboadela, Monterrei y A Mezquita se encuentran en el trámite de
información pública, y es imprevisible en este momento la fecha de su
aprobación.

Aunque el Ministerio de Fomento está haciendo lo posible por llevar a
cabo los trámites indicados en el menor tiempo posible, hay algunos,
como los relativos a información pública, licitación mediante
concurso y expropiación, en que hay que respetar los plazos
legalmente establecidos, sin que resulte posible obviarlos, por
imposición legal. Sabe S.S. perfectamente que no se puede obviar el
plazo de un año de información pública, puesto que los ciudadanos y
colectivos sociales tienen derecho a alegar lo que a su interés
convenga cuando se ven afectados por la ubicación de un área de
servicio. Ya sabemos que, por un lado, están los usuarios de las
autovías, y por otro los servicios que venían prestando hasta ese
momento las vías en uso; el Gobierno deberá decidir en base a los
argumentos y no impedirles -como se pretende en esta proposición- ese
derecho fundamental por agilizar la dotación de áreas en las
autovías. A pesar de ello, el Gobierno está interesado -como he dicho
anteriormente- en apurar esos trámites y, sobre todo, en construir
las áreas de servicio, por eso se contemplan.

Termino, señor presidente, fijando la posición del Grupo
Parlamentario Popular, que será contraria a esta proposición por
considerarla anacrónica, puesto que lo que pide ya está establecido.

Si no se estuviera tramitando ya la realización de estas áreas de
servicio, votaríamos a favor lógicamente, pero en este momento, no sé
si porque entró tarde en la Cámara o en la Comisión, la proposición
es anacrónica y no votaremos a favor de ella.




El señor PRESIDENTE: Ha dejado muy clara su posición, señora Vázquez.

- SOBRE ELABORACIÓN DE UN PLAN ESPECÍFICO PARA LA CONEXIÓN
FERROVIARIA DEL CORREDOR DEL MEDITERRÁNEO CON LA LÍNEA DE ALTA
VELOCIDAD MADRID-BARCELONA-FRONTERA FRANCESA, EN LA ZONA DE
TARRAGONA.

PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de
expediente 161/000463.)



El señor PRESIDENTE: Seguimos el orden del día con el debate de la
proposición número seis, sobre elaboración de un plan específico para
la conexión ferroviaria del corredor del Mediterráneo con la línea de
alta velocidad Madrid-Barcelona-frontera francesa en la zona de
Tarragona, de la que es autor el Grupo Parlamentario Socialista.

La señora Miralles tiene la palabra.




La señora MIRALLES I GUASCH: Esta proposición no de ley entró en el
Congreso con fecha 25 de enero de este año y, por tanto, hemos tenido
mucho tiempo para poderla retirar si hubiésemos tenido información
fehaciente y oficial sobre este asunto. Como no ha sido así, hoy se
debate en esta Comisión de Infraestructuras. Esta misma propuesta, o
una muy parecida, se debatió en el Parlamento catalán en fechas
recientes y fue aprobada por unanimidad.

Dicho esto, a nadie se le escapa que el eje Mediterráneo es uno de
los grandes ejes peninsulares. No sólo porque conecta zonas de
intensa actividad con vocación exportadora, no sólo porque por él
circulan las mercancías que, desde el Magreb, llegan a Francia y al
resto de Europa, sino porque a lo largo de este eje se podrán también
articular puntos de intermodalidad entre la infraestructura
ferroviaria y los puertos de Valencia, Barcelona y Tarragona. Estos
puntos de intermodalidad entre el transporte marítimo y el
ferroviario son una de las estrategias que apunta el libro blanco del
transporte elaborado por la comunidad para poder superar los niveles
de congestión existentes en las redes viarias de alta capacidad.

A pesar de todos los elementos positivos de este eje peninsular, en
este momento no aparece en el mapa del Ministerio de Fomento. Parece
como si el Ministerio de Fomento no apostara por la alta velocidad en
el eje del Mediterráneo. Además, en este eje está la zona de
Tarragona por donde, como punto natural de conexión entre este eje
costero y el del Ebro, podría unirse la alta velocidad que viene
desde Zaragoza hasta la estación de Perafort, y que seguirá hasta
Barcelona, con la línea de alta velocidad que podría discurrir por el
eje costero. Esta idea estaba sobre la mesa, pero sólo en forma de
idea, y no sabemos si el Ministerio de Fomento la hará realidad.

Por todo ello, planteamos que el Ministerio de Fomento tenga en
cuenta la importancia de este eje y



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que nos informe sobre qué piensa hacer de esta línea de alta
velocidad en el eje del Mediterráneo.




El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Sedó.




El señor SEDÓ I MARSAL: Yo tengo mucho… (Rumores.)



PRESIDENTE:
El señor Perdón, señor Sedó. Señorías, ¿quieren guardar silencio, por
favor? El señor Sedó no puede explicarnos lo que tiene que decir y
tenemos mucho interés en escucharle. Siga usted, señor Sedó.




El señor SEDÓ I MARSAL: La proponente nos dice dos o tres cosas
previas. Nos dice que hace mucho tiempo que hubiesen podido retirar
esta proposición no de ley. Supongo que lo dice porque, antes de
iniciarse la reunión, le he comentado que sería interesante que la
pudieran retirar, explicándole los motivos. Ya que no puede ser así y
persisten en defenderla, quiero añadir que ha habido muchas reuniones
de la Comisión y que esta proposición no de ley no ha sido
prioritaria.

Nos dice también la proponente que, en el Parlamento catalán, hubo
una proposición análoga votada por todos los grupos, y lógicamente
por el nuestro. Pero todo tiene su tempo y el de esta proposición no
de ley está superado porque se nos habla de que se realice un
proyecto. Ahora no se nos pide esto, sino que el ministerio informe,
que es distinto a lo que se insta en la proposición no de ley, sobre
la alta velocidad entre Castellón y Barcelona, tampoco es entre
Castellón y Barcelona.

Hay más que suficiente documentación, incluso de la anterior
legislatura, porque da la casualidad de que el secretario de Estado
que estaba entonces, señor Vilalta, era natural de Reus, la señora
proponente en aquellos momentos era responsable en el Ayuntamiento de
Reus de temas de urbanismo y yo como diputado de la misma ciudad de
Reus conocemos toda esta temática que está en marcha. Ya se hablaba
entonces de lo que tenía que hacerse. Por tanto, no puede decirse que
se realice un proyecto porque ya sabemos que está en marcha. Incluso
no hace mucho se efectuó una visita a la zona del propio alcalde de
Reus, que es uno de los máximos promotores de toda la organización en
el entorno de lo que llamamos Camp de Tarragona, junto con el Alcalde
de Tarragona -el Alcalde de Reus es socialista y el Alcalde de
Tarragona es de nuestro grupo-, y demás alcaldes y miembros de
instituciones de ámbito local y en estos momentos se está a la
espera.

En todo caso, lo que sí podíamos pedir sería que el ministerio
acelere lo que dijeron el propio ministro y el secretario de Estado,
que figura en el «Diario de Sesiones», en el sentido de que el
estudio informativo de todo lo que hoy se pide aquí estaría listo en
un par de
meses, plazo que venció en septiembre u octubre. Por tanto, lo que
deberíamos pedir es que se acelerara todo este tema.

Creo que en estos momentos votar esta proposición no de ley, cuando
todo ello ya está prácticamente en marcha, es absurdo. Lo que sí
tenemos muy claro es que dentro de poco tendremos toda la
documentación, y que discutiremos en torno a este enlace del corredor
que no es del Ebro, sino del Mediterráneo, que es la línea Valencia-
Tarragona-Barcelona, que tiene que enlazar en la zona de Vilaseca,
muy cerca del aeropuerto de Reus -y ahí es posible hacer una
actuación- con la línea de alta velocidad que viene desde Madrid-
Zaragoza-Lleida-Barcelona y en Tarragona tiene su parada en la
estación de Perafort. Todo esto está prácticamente en marcha. Por
tanto, nosotros no vamos a votar a favor para no interferir en el
trabajo que se está haciendo. También tendría que hacer mención a que
si tanto interés hay en que esto se ecelere, me hubiese gustado ver
en las enmiendas a los presupuestos generales del Estado alguna
partida, de la misma manera que había para líneas de alta velocidad
en Pamplona o en Teruel-Zaragoza o en otras zonas. Para la línea
Castellón-Tarragona-Barcelona no había enmiendas por parte del Grupo
Socialista. En realidad lo que importa es que todo este trabajo que
se pide en esta proposición no de ley, que se pidió en su momento por
el Parlament de Cataluña, está en marcha, por lo que en este momento
hubiese sido muy oportuno explicarlo y retirarla. Como no es así,
nuestro grupo no va a apoyarla.




El señor PRESIDENTE: Por parte del Grupo Popular, el señor Bertomeu
tiene la palabra.




El señor BERTOMEU BERTOMEU: Señor presidente, señorías, el Grupo
Parlamentario Popular es consciente de la importancia que tiene el
arco del Mediterráneo como corredor natural de comunicaciones, desde
Murcia hasta la conexión con nuestro país vecino francés. De igual
forma somos conscientes de la necesidad de la puesta en
funcionamiento de la red de alta velocidad de ancho internacional
entre Valencia y Tarragona, que enlace con la línea de alta velocidad
Madrid-Zaragoza-Barcelona. Es verdad que actualmente las ciudades de
Castellón, Tortosa, Reus y Tarragona sufren un desequilibrio en sus
vías de comunicación, comparado con la red nacional, principalmente
las dos primeras, pero esto es debido a la política de
infraestructuras llevada a cabo por los anteriores gobiernos.

De las acciones que se están llevando a cabo actualmente, se puede
comprobar que el Gobierno está dispuesto a subsanar estas
deficiencias y es de su interés dotar de las correspondientes vías de
comunicación a una zona que es el eje vertebrador de varias
comunidades autónomas, como es el corredor del Mediterráneo.




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El Gobierno del Partido Popular tiene actualmente en estudio el
posible desdoblamiento de la N-340 o la alternativa de una autovía
paralela a la misma y a la autopista A-7, desde Castellón a
Hospitalet del Infante. Ha puesto en funcionamiento la variante entre
Altafulla y Torredembarra. También se ha abierto la circulación de
las variantes de Santa Margarita y Monjos. Se ha mejorado parte de la
N-340 a la altura del Ordal. Existen en estos momentos tres proyectos
de licitación del tramo entre Hospitalet y Vilaseca, y uno que está a
punto de salir a licitación. Se está ejecutando el tramo de la
variante de Vilaseca a Tarragona. Se encuentra en licitación la
redacción del segundo proyecto del cinturón de Tarragona. O sea, que
el desequilibrio existente en el arco Mediterráneo cada día es menos
debido a las acciones que existen y que se están realizando por parte
del Gobierno.

La proposición no de ley presentada por el Grupo Socialista para la
elaboración de un plan específico, coincidiendo en que por parte del
Ministerio de Fomento se está realizando actualmente el estudio para
la conexión del corredor del Mediterráneo con la línea de alta
velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona-frontera francesa, no parece que
sea el momento más oportuno, ya que una vez finalizado dicho estudio,
de acuerdo con la legislación vigente, deberá ser sometido a
información oficial y pública, y tras las alegaciones recibidas
durante este periodo será enviado al Ministerio de Medio Ambiente
para que formule la declaración de impacto ambiental, lo que
permitirá a partir de este momento la aprobación del trazado y
realizar los proyectos constructivos necesarios para la ejecución de
las obras.

En consecuencia, el Ministerio de Fomento está llevando a cabo las
actuaciones necesarias para, de acuerdo con la legislación, definir
el trazado de esta conexión. Como es lógico se deberá proceder a la
modificación del ancho entre Castellón y Tarragona, pero eso el
Gobierno tiene previsto que se realice cuando pueda existir
continuidad en el ancho desde Castellón hacia Valencia y desde
Tarragona a Barcelona.

Teniendo en cuenta las gestiones que se están llevando a cabo por
parte del Gobierno, con todo lo anteriormente expuesto el Grupo
Popular va a votar en contra de esta proposición no de ley presentada
por el Grupo Socialista.




- RELATIVA AL REFUERZO DEL SERVICIO DE LOS TRENES SEMIDIRECTOS CIVIS
EN LA LÍNEA DE CERCANÍAS C-2 MADRIDGUADALAJARA. PRESENTADA POR EL
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/000481.)



El señor PRESIDENTE: Terminado el debate de esta proposición no de
ley, pasamos a la siguiente, relativa al refuerzo del servicio de los
trenes semidirectos
CIVIS en la línea de cercanías C-2 Madrid-Guadalajara, de la que es
autor el Grupo Parlamentario Socialista, y para cuya defensa tiene la
palabra el señor García Breva.




El señor GARCÍA BREVA: Intervengo muy brevemente para pedir al
presidente que esta proposición no de ley no se debata ni se vote,
dado que la proposición se presentó en el mes de febrero,
precisamente a raíz de que diciembre del año 2000 RENFE puso en
marcha ya dos unidades de trenes semidirectos desde Guadalajara hasta
Madrid, pero no las dos unidades de regreso correspondientes.

Nosotros presentamos la proposición no de ley en el mes de febrero,
pero hemos comprobado que en el mes de septiembre u octubre RENFE ha
puesto esas dos unidades de regreso desde Madrid a Guadalajara, con
lo cual el objetivo de la proposición no de ley se ha cumplido por
RENFE y en este caso nos queda simplemente dejar constancia de este
hecho y decir que la petición que hacíamos en febrero se ha cumplido
ya.




El señor PRESIDENTE: ¿Ningún portavoz quiere intervenir al respecto?
(Pausa.) Señora Guarinos, le ruego brevedad. Si el señor García Breva
o el portavoz de su grupo la hubieran retirado anteriormente, no
hubiéramos dado lugar al debate, pero ahora los portavoces tienen un
turno también de intervención.




La señora GUARINOS LÓPEZ: Con mucha brevedad, señor presidente.

Entendemos lógica, desde este grupo, la retirada de la proposición no
de ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista por todo
aquello que ya ha dicho el señor García Breva, porque es
extemporánea, es decir, es un hecho aquello a lo que se insta al
Gobierno porque ya está hecho. Obviamente, estas unidades están
establecidas desde el 1 de octubre, y quiero señalar que no hay
solamente dos, como en principio solicitaban en la proposición no de
ley presentada, sino que el número de trenes CIVIS de regreso que se
ha puesto en marcha por parte de la compañía ferroviaria RENFE es de
cuatro. Por tanto, queremos agradecer desde nuestro grupo a la
compañía ferroviaria que haya puesto en funcionamiento este nuevo
servicio. Lamentamos que esta proposición no de ley no se haya
debatido antes, pero entendemos que obedece a que por parte del grupo
proponente no se le ha dado a lo mejor la prioridad que debería haber
tenido en las reuniones de la Mesa y portavoces.

Simplemente quiero agradecer el esfuerzo que RENFE está realizando
mediante la implantación de estos trenes semidirectos CIVIS en la
línea C-2, ya que va a mejorar claramente su utilidad y, desde luego,
la comodidad para todos aquellos usuarios que bien por razones
educativas, laborales o profesionales tienen que desplazarse
diariamente desde Guadalajara a Madrid y posteriormente regresar a
Guadalajara desde Madrid.




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- RELATIVA A LA NECESIDAD DE MEJORAR LA SEGURIDAD DEL TRÁFICO
MARÍTIMO EN LAS COSTAS DE GALICIA. PRESENTADA POR EL GRUPO
PARLAMENTARIO MIXTO (Número de expediente 161/000595.)



El señor PRESIDENTE: Pasamos al debate de la proposición número 8,
relativa a la necesidad de mejorar la seguridad del tráfico marítimo
en las costas de Galicia. Es autor el Grupo Parlamentario Mixto. Para
su defensa tiene la palabra el señor Rodríguez.




El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Empezaré por justificar brevemente la
propuesta que formulamos en nuestra proposición no de ley, utilizando
exclusivamente los datos de tráfico marítimo en la zona de Fisterra
del año 2000, que son elocuentes por sí solos no solamente por la
cantidad, sino por el número de siniestros que acontecen en la zona.

Un aspecto fundamental del tráfico con la Europa industrializada lo
constituyen los 44.568 mercantes que pasan por las costas de
Fisterra, es decir, más o menos un tráfico diario de 122 mercantes.

La proporción de mercantes que navegan con mercancías peligrosas
llega a representar prácticamente el 30 por ciento de esta cantidad,
unos 13.000 barcos al año, lo que equivaldría a decir a 36 por día.

Pero lo que es más grave es el grado de siniestralidad que se da en
estas costas. Hay nombres emblemáticos en lo que se refiere a mareas
negras, es decir, a contaminación por hidrocarburos, como puede ser
el caso del Urkiola o Mar Egeo, que provocaron pavor en la costa, aún
hoy en día no suficientemente esclarecidos en cuanto a mercancía que
llevaban, como fue el caso de El Casón, o en el año 2001, en el que
estamos, accidentes gravísimos que pudieron provocar no solamente la
alarma social que causaron, sino una catástrofe de consecuencias
imprevisibles, como fue el caso del gasero argelino con 55.000
toneladas de gas natural a la deriva y que se llegó a aproximar a
tres millas de la costa. Tal es así que incluso la Dirección General
de la Marina Mercante tuvo que reconocer los errores de cálculo y los
retrasos en la actuación de las operaciones de emergencia, lo que
conllevó la destitución del director de Salvamento Marítimo y del
responsable de Remolques Marítimos, sociedad anónima. Pero podríamos
aludir a los muchísimos naufragios de pesqueros gallegos con elevado
número de muertos, incluso al choque de un carguero con fosfatos
contra un petrolero en lastre. Todo el mundo sabe las consecuencias
que se habrían derivado no solamente por la inexplicable proximidad a
la costa, sino también por el tipo de carga que llevaban. Todo esto
nos lleva a considerar que los dispositivos de seguridad, en cuanto a
alejamiento de la costa, no son los adecuados.

En el año 1990 el dispositivo de seguridad consistía en 8 millas en
relación con la costa, con lo cual la inmensa parte de la pesca,
prácticamente 350 barcos
y 3.850 marineros, se veían continuamente asediados o prácticamente
en zona de peligro, puesto que trabajaban en los cantiles por los que
transcurrían los barcos. Esto llevó a la ampliación del dispositivo
de seguridad a 21,4 millas en concreto, con autorización de la OMI.

Así se estableció a partir del 4 de mayo de 1994. De todas maneras,
después de la experiencia de todos estos años, se viene comprobando
que el tráfico sigue transcurriendo en concreto por una zona de
caladeros donde trabajan 110 barcos y 1.000 pescadores, y la propia
Administración del Estado reconoce, además, que la infracción de la
zona de separación es bastante elevada. En concreto, el número de
expedientes abiertos por infracción, no solamente el número de los
que realmente infringen la norma, alcanzó en el año 2000 a 34 buques.

Si además se constata que existen vertidos contaminantes no solamente
en alta mar, cuando pasan los buques haciendo la limpieza de sentinas
con total impunidad, sino incluso en puertos, como se comprobó
durante el año 2001 en el caso de Riveira -hay varias preguntas al
efecto formuladas por este diputado-, en el caso de A Coruña o en el
caso de Ferrol, todo esto nos lleva a que presentemos esta
proposición no de ley. Como SS.SS. comprueban, hay una parte que va
dedicada a la seguridad en la navegación, que es el punto 1. Lo que
se propone, conforme a la petición de las cofradías de pescadores de
la zona de A Costa da Morte, es prolongar el dispositivo de seguridad
a 23 millas para que no se pase ya por ninguna zona de pesca y, por
tanto, no se vean afectados los marineros y los buques en estos
caladeros. Después hay unas medidas destinadas a la prevención de
siniestros. En concreto en el punto 3 se pide la mejora de la
seguridad de tráfico marítimo en la zona, con adaptación de más
medios materiales y humanos a la Sociedad Estatal de Salvamento
Marítimo para poder realizar debidamente las labores de prevención,
de control y de lucha contra la contaminación. El punto 4 está
destinado a que el organigrama de las administraciones esté
perfectamente coordinado y sea coherente de tal manera que se puedan
utilizar de la mejor manera los medios de la Xunta de Galicia y los
de la Dirección General de la Marina Mercante. El punto 2 se refiere
a la inspección y control de buques que pasan por el dispositivo de
seguridad en cuanto al cumplimiento estricto de las normas
medioambientales en sus actividades de limpieza y las conexiones de
seguridad. Quiero hacer especial hincapié en este aspecto porque es
una comprobación constante, incluso de los visitantes a las playas,
ver que se actúa con total impunidad en las costas de Galicia a este
respecto a pesar del control del tráfico marítimo.




El señor PRESIDENTE: Señor Segura, en nombre del Grupo Socialista,
tiene la palabra.




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El señor SEGURA CLAVELL: Nosotros vamos a votar a favor de esta
proposición no de ley por cuanto los cuatro puntos que se nos someten
a consideración ponen de manifiesto la preocupación del Bloque
Nacionalista Galego por la lucha contra la contaminación y por el
incremento de la seguridad en la mar. Lo hacemos aun cuando podamos
diferir en algunos de los integrantes de la exposición de motivos,
pero como todo es discutible, por la premura de tiempo no vamos a
entrar en este tema.

La Administración española hoy se caracteriza, a través del
Ministerio de Fomento, por tener una escasísima sensibilidad hacia el
mantenimiento de nuestros puertos, hacia la seguridad marítima, hacia
el control en la navegación en nuestras aguas. Esto se demuestra con
los contenidos de los presupuestos generales del Estado. No logramos
entender la escasísima dotación presupuestaria, un 2 por ciento con
la que se incrementa las partidas de que dispone la Sociedad Estatal
de Salvamento Marítimo o la Sociedad Remolques Marítimos, es decir,
todos los medios al servicio de la lucha contra la contaminación, de
la defensa de la vida en la mar. Hay infinidad de convenios
internacionales -el convenio SOLAS, que vincula al Gobierno español
en lo que se refiere a seguridad marítima y salvamento en la mar-,
así como gran cantidad de incumplimientos que se producen en nuestras
aguas, no solamente en aguas próximas al litoral gallego, sino en
aguas del Estrecho, donde el tráfico es espectacular, o en el propio
Mediterráneo.

Les voy a dar un dato, señorías, que no tiene nada que ver de forma
directa con esta propuesta, pero que se enmarca en el planteamiento
general. Son decenas las empresas dedicadas a cruceros turísticos,
con barcos de alto porte, que, como consecuencia de los
incumplimientos en materia de seguridad en los puertos españoles, han
tomado la decisión de dejar de operar en puertos españoles muy
relevantes. Este tema no se vincula, si bien es cierto de forma
directa, con el planteamiento que ha hecho el señor Rodríguez y que
recoge su exposición de motivos, pero se enmarca en un debilitamiento
experimentado por la Dirección General de Marina Mercante, en un
incumplimiento de los contenidos de los convenios internacionales y
en un incumplimiento de las normas dictadas por la Organización
Marítima Internacional. Por ello, como se trata de una proposición no
de ley que marca una actitud política de preocupación hacia ese
sector, el Grupo Parlamentario Socialista, sin entrar en más
consideraciones, votará a favor de esta proposición en sus cuatro
puntos.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor
Mantilla.




El señor MANTILLA RODRÍGUEZ: Señorías, en principio, quiero decir que
discrepo frontalmente de la
gratuita opinión del señor Segura cuando dice que el Gobierno y las
comunidades autónomas no están dispuestos a apoyar ni a mejorar el
salvamento marítimo. Se viene haciendo constantemente. Recientemente
se ha creado el centro de salvamento; por ejemplo, en la zona de
Galicia se están cambiando constantemente unidades de navegación. Por
tanto, queremos decirle que es una preocupación no solamente del
Gobierno central, sino de todas las comunidades autónomas que están
vinculadas con el tema de la mar.

Hablando ya de la proposición no de ley que presenta el Grupo Mixto
por mediación del Bloque Nacionalista Galego, queremos decir que nos
oponemos al primer punto porque la propuesta es prácticamente
inviable. Desde 1970 había tres corredores, por decirlo de alguna
manera, habilitados. En 1987 se hizo un nuevo borrador, que se puso
en funcionamiento en 1990, y uno de esos tres corredores,
precisamente el destinado a los buques que transportaban sustancias
peligrosas, fue modificado porque estaba invadiendo las zonas
pesqueras. A partir de 1994, dos de los tres corredores, los que
quedaban, se han trasladado a más de 10 millas, lo máximo que se
podía, teniendo en cuenta la operatividad de las unidades en tierra y
de los radares instalados o que se puedan instalar en tierra;
alejarlos más sería contraproducente porque esos radares no tendrían
funcionalidad. Por eso decimos que no sería operativo lo que
proponen, independientemente de que perjudicaríamos a los puertos de
La Coruña y de Ferrol cuando sus tráficos tuvieran que dirigirse
hacia el sur, hacia Portugal o hacia las zonas americanas. No cabe la
menor duda de que el Ministerio de Fomento ha mejorado
sustancialmente las zonas y últimamente -desde 1994 hasta la fecha-
no se tiene conocimiento de que hubiese ningún abordaje de buques
pesqueros por buques mercantes en estas zonas. Sé que el señor
Rodríguez está muy preocupado con la contaminación, como podemos
estarlo todos los portavoces, pero hay asuntos que se sacan a
colación sin tener por qué. Por ejemplo, los accidentes del Urquiola
o el Mar Egeo, como sabe S.S., han sido simple y llanamente por
despistes humanos y no por asuntos relacionados con la seguridad. Por
tanto, repito, no podemos aceptar el primer punto porque lo que
proponen no es operativo.

En cuanto a las inspecciones de los buques, SS.SS. saben que es
preocupación del Gobierno que sea posible la inspección de los barcos
que recalan en nuestros puertos. Recientemente se ha llegado a un
entendimiento entre el Gobierno español y el Gobierno de Gran Bretaña
e Irlanda para que los barcos pesqueros que descarguen su pescado en
puertos españoles puedan sufrir las mismas inspecciones que sufren
los barcos españoles. En 1999 se han inspeccionado 6.083 barcos
españoles y en el año 2000, 6.087; y en cuanto a barcos extranjeros,
347 y 370 respectivamente. Es decir, que nos preocupa que los barcos
españoles y extranjeros cumplan con las medidas de seguridad y



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con las relativas a la contaminación. Recientemente se ha puesto en
marcha la normativa de que no puedan atracar en puertos españoles los
petroleros que no tengan doble casco, precisamente para evitar la
contaminación; lógicamente, esto es para barcos que se estén
construyendo a partir de ahora, los anteriores ya no tienen ningún
tipo de solución. (El señor vicepresidente, Torres Sahuquillo, ocupa
la presidencia.)
Sobre las propuestas tercera y cuarta, diré que la labor del Servicio
de Salvamento está mejorando día a día, como le comentaba antes al
señor Segura. Tenemos un plan, incluido en el Plan Nacional de
Servicios Especiales para el salvamento de la vida humana en el mar y
medio marítimo, en vigor desde 1998 hasta el año 2001 y ahora estamos
con el borrador de un nuevo plan para los próximos cuatro años. Con
respecto a la lucha contra la contaminación, en el año 2000 se
inspeccionaron 44.561 barcos y se cursaron 44 denuncias, y en el año
1999 se inspeccionaron 41.829 barcos, con un total de 52 infracciones
por contaminación. Este año, hasta el mes de marzo -son los datos que
tenemos- hay 8 infracciones por contaminación. El despliegue de
unidades de intervención rápida en la costa gallega está siendo
sensiblemente mejorado. Recientemente se ha puesto en funcionamiento
una nueva unidad de 20 metros de eslora en Camariñas y seguimos con
la sustitución de las unidades de 15 metros por otras nuevas de 20
metros. Por tanto, repetimos que el Gobierno central está mejorando
continuamente en el tema del salvamento marítimo y las medidas de
seguridad en la mar. Además, no le quepa duda de que la coordinación
entre la Administración central y las comunidades autónomas está
siendo claramente positiva, y de forma especial con la Comunidad
Autónoma de Galicia.




- PARA EL DESARROLLO DE UN PLAN ESTRATÉGICO DE INFRAESTRUCTURAS EN
GALICIA QUE EVITE LA REPETICIÓN DE LOS DAÑOS CAUSADOS POR FENÓMENOS
NATURALES COMO LAS RIADAS.

PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de
expediente 161/000673.)



El señor VICEPRESIDENTE (Torres Sahuquillo): Pasamos a la siguiente
proposición no de ley del orden del día, la que figura con el número
9: para el desarrollo de un plan estratégico de infraestructuras en
Galicia que evite la repetición de los daños causados por fenómenos
naturales como las riadas. El autor es el Grupo Parlamentario
Socialista.

Para fijar la posición, tiene la palabra su portavoz, el señor
Hernández Cerviño.




El señor HERNÁNDEZ CERVIÑO: Con fecha 22 de marzo, es decir, hace ya
tiempo, presentamos una proposición no de ley que tenía por objeto
desarrollar
un plan estratégico de infraestructuras en Galicia para zonas,
cuencas, concellos, que evite la repetición de los daños causados por
los fenómenos naturales más frecuentes, como es el caso de las
riadas. Pensábamos también que había que dotarlo económicamente en
los Presupuestos Generales del Estado del año 2002 y que asimismo
había que dotar económicamente un proyecto urgente de catalogación de
las obras e infraestructuras necesarias.

Señorías, cuando empezó el mes de octubre temí que volviese a
repetirse lo que pasó el año pasado. Los primeros días de octubre
fueron de ciertos temporales y nos recordaban lo que Galicia fue este
año: protagonista a causa de la violencia de los temporales, que se
convirtieron en noticia habitual y sobre todo en preocupación
constante. Alguien recordó incluso que aquello, en vez de partes
meteorológicos parecían partes de guerra, precisamente por la fuerza
devastadora de los fenómenos naturales, que no encuentran más que
tímidas respuestas por parte de la Administración. Los nombres de las
zonas afectadas se repetían temporal tras temporal: la cuenca del
Limia, Terriumia, Cambre, Támega, Miño, Miñor. Por otro lado, estaba
el problema de la flota de bajura, que estaba amarrada, los
aeropuertos y los puertos se cerraron; hubo desprendimientos, cortes
de carretera, afectó a los ferrocarriles, hubo anegamientos de
fincas, de naves industriales, desastres en explotaciones ganaderas.

Para que se hagan idea, según el Instituto Nacional de Meteorología,
en el último trimestre del año 2000 cayeron en Galicia más de 600
litros por metro cuadrado, cuando la media anual es de 770 litros por
metro cuadrado. El observatorio astronómico Ramón María Aller señaló
que entre el 12 de noviembre y el 12 de diciembre del año 2000 hubo
31 días de lluvia en La Coruña, 30 días en Santiago y Ferrol, 29 en
Pontevedra, 28 en Vigo, 27 en Lugo y 26 en Ourense. Se ha tratado en
diversos debates el problema de los temporales. Conocemos que los
daños evaluados oficialmente hasta marzo se valoran en más de 45.000
millones. Se ha puesto en marcha un decreto sobre medidas de ayuda y
hemos visto alguna manifestación, como la de don Manuel Fraga, en la
que decía que se mostraría satisfecho con una ayuda de 1.000 millones
de pesetas por parte de la Administración estatal. Hasta se negó el
voto por el Partido Popular a las ayudas solicitadas por este
diputado y por otros grupos para paliar los daños. Las condiciones
meteorológicas ponen en evidencia que las sorpresas no existen en
Galicia, porque las consecuencias de los temporales son fácilmente
previsibles cuando los poderes públicos no organizan ninguna defensa
para adecuar el medio a las condiciones meteorológicas, que sólo son
beneficiosas económicamente para las empresas eléctricas y eólicas.

De poco van a servir las cantidades aportadas para sufragar las
pérdidas pues en el futuro, si se repiten las causas, tendremos los
mismos efectos en el caso de la pesca, en el marisqueo, la
agricultura y la industria,



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porque los destrozos son inversamente proporcionales a la
infraestructura adecuada, máxime cuando muchas veces ocurren en
ayuntamientos, en concellos, con presupuestos muy limitados. Ésa es
la razón última de esta proposición no de ley.

La valoración de los daños constituye una recopilación de
valoraciones de diversos organismos. Esas valoraciones, tras ser
analizadas por una comisión que se constituyó al efecto y que
integraban la Delegación del Gobierno en Galicia, la comunidad
autónoma, las cuatro diputaciones provinciales y la Federación
Gallega de Municipios y Provincias, fueron comunicadas por la
Delegación del Gobierno al ministro del Interior, al objeto de servir
para la elaboración del Real Decreto 6/2001. Curiosamente, los bienes
de titularidad estatal en la provincia de Pontevedra sufrieron unos
daños evaluados en 447 millones de pesetas; en la provincia de Lugo,
de 46 millones; en la provincia de La Coruña, de 362 millones, y en
la provincia de Ourense de 390 millones. A esto hay que añadir, cosa
curiosa, que esta orden fue completada con diversos municipios. No
quiero entrar en la relación de daños, por que ya se ha hecho otras
veces, pero sí quiero señalar que, según respuesta del propio
Gobierno, las obras de emergencia acometidas en Galicia por la
Dirección General de Costas del Ministerio de Medio Ambiente para
paliar los daños provocados por el temporal en los últimos meses son,
en la provincia de A Coruña, obras de emergencia en las playas de
Cedeira y de O Conchido; en Pontevedra se reparó un muro y rampa en
Boeu. Podemos hacer una valoración y un recuento de todas las obras
que se han hecho sólo en las provincias de A Coruña y Pontevedra,
excluyendo, por supuesto, la zona de Lugo y la zona de Ourense. Lo
curioso del caso es que sólo son 174 millones invertidos en obras,
que lógicamente no sirven para prevenir ninguna posibilidad de
futuro.

Nosotros tenemos claro que se necesitan abrir líneas de investigación
sobre este tipo de fenómenos naturales. Las perturbaciones como las
riadas e incluso las sequías requieren la elaboración de una
cartografía y de sistemas de información geográfica precisamente para
su prevención, pero al margen de esto necesitan una serie de
infraestructuras que es lógico, necesario y yo creo que hasta justo
que se pongan en marcha, dada la serie continuada de años en los que
se van produciendo estos hechos y la serie continuada de años en los
que se van repitiendo las consecuencias. Por ello solicitamos el voto
afirmativo de los diferentes grupos para que se apruebe esta
proposición no de ley.




El señor VICEPRESIDENTE (Torres Sahuquillo): ¿Grupos que desean
intervenir? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la
palabra el señor Rodríguez.




El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Señor presidente, solamente quiero
expresar el voto afirmativo del
Bloque Nacionalista Galego a esta iniciativa del Grupo Parlamentario
Socialista.




El señor VICEPRESIDENTE (Torres Sahuquillo): Tiene la palabra el
señor Delgado, en nombre del Grupo Parlamentario Popular.




El señor DELGADO ARCE: Señorías, con fecha 22 de marzo se presentó la
proposición no de ley que estamos discutiendo en este momento. Por
tanto se ha quedado desfasada puesto que con posterioridad, el 6 de
abril, el Real Decreto-ley 6/2001 adoptó medidas para reparar los
daños causados por las lluvias y temporales acaecidos en Galicia
desde los últimos días de octubre de 2000 hasta finales del mes de
enero de 2001. Esos daños muy cuantiosos fueron provocados por unos
temporales que no se recordaban en muchos años en Galicia; fueron
unas inclemencias imprevisibles, como otras muchas que se han venido
produciendo a partir de esa fecha en distintos lugares del Estado
español. Han sido pavorosas las imágenes, muy recientes, de los
acontecidos en Baleares o en la costa catalana. Es lo cierto que el
conjunto de actuaciones desplegadas, tanto para paliar los daños
derivados de estos temporales como las planificaciones de
infraestructuras que en este momento existen, presentan un panorama
bien distinto en orden a abordar la problemática general de las
infraestructuras y de los encauzamientos, fundamentalmente de ríos y
de cauces, que es el objeto de esta proposición no de ley.

Tanto el Ministerio de Fomento como el Ministerio de Medio Ambiente
tienen planificado en sus presupuestos generales para el próximo año
2002 un conjunto de actuaciones tendentes a dar solución a estos
problemas. Pero ello no se hace desde una perspectiva descoordinada
con la Administración autonómica sino que se hace justamente en una
perspectiva coordinada con la Xunta de Galicia puesto que la mayoría
de estas actuaciones afecta a obras que no son de interés general;
algunas sí lo son. En concreto, muy recientemente ha sido presentado
en Galicia el plan director de infraestructuras de Galicia 2001/2010,
que contempla una inversión de más de 21.000 millones de pesetas, de
los cuales la Xunta de Galicia, con competencias en la materia,
aportará 14.400 millones y el Ministerio de Medio Ambiente 6.790
millones de pesetas. Esto se concreta en las actuaciones que, por la
premura de tiempo, voy a desmenuzar mínimamente en esta intervención.

Buscan mejorar, mantener y restaurar hidrológica y ambientalmente
ríos y aguas continentales; buscan aplicar medidas preventivas
incluidas en el marco de la planificación, que reduzcan en lo posible
los daños derivados de las inundaciones; buscan combinar
equilibradamente las condiciones de estabilidad estructural
y capacidad de desaguar con la recuperación y la regeneración del
entorno ribereño natural y buscan también contribuir y garantizar la
protección del patrimonio



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natural y la seguridad de los ciudadanos. Como actuaciones más
importantes estaría la ordenación hidráulica del río Saren,
Bertamirans, Padrón y Rois, una zona en la que se dan importantes
inundaciones; allí se van a ejecutar obras por valor de 2.175
millones de pesetas, además de las que ya se están ejecutando en este
momento. La ordenación hidráulica del río Mero, obra de interés
general por parte del Estado, que supone acometer unas importantes
obras hidráulicas en el río, entre el embalse de Cecebre y su
desembocadura en la ría del Burgo; aquí estamos hablando de 2.700
millones de pesetas. Otras obras importantes son las que se están
ejecutando y se van a ejecutar en el río Miño entre los puentes de
Ourense, donde se invertirán 800 millones de pesetas, y todo lo que
es el acondicionamiento de los ríos Barbaña y Miño, también en
Ourense, por importe de 3.200 millones de pesetas. Por lo que se
refiere a los problemas de inundaciones que se plantean en el
ayuntamiento de Valga, también se prevén obras de encauzamiento y de
limpieza, dragado y ensanchamiento de diversas zonas del río Valga y
de sus afluentes, por importe de 195 millones de pesetas. Además de
una limpieza general de todo lo que son los lechos de los ríos en la
cuenca Galicia costa, en lo que se va a invertir, en conjunto, 2.800
millones de pesetas.

Con todas estas obras de infraestructuras que están perfectamente
planificadas entre la Administración autonómica y la Administración
central se espera poder paliar en lo posible los daños derivados de
unas inundaciones y de unos fenómenos meteorológicos que desde luego
el Partido Popular no está en condiciones de impedir; por el momento
no controlamos las inclemencias climatológicas, ni por otra parte lo
pretendemos, pero lo que no se puede impedir es que los agentes
naturales, en ciertas ocasiones, desborden todas las previsiones. Las
obras y actuaciones para superar los problemas que se plantearon
durante los pasados temporales han sido importantes y ya se ha
producido la resolución de muchos de los problemas que se dieron. Los
ciudadanos de Galicia apreciaron muy diligentemente que el Gobierno
central y la Xunta de Galicia actuaran coordinadamente en la
resolución de los mismos y hace muy poco obtuvimos la respuesta de
los ciudadanos.

Entendemos que no procede aceptar esta proposición no de ley porque
existe ya una planificación de infraestructuras para un horizonte
amplio, tanto de la Comunidad Autónoma de Galicia como del Ministerio
de Fomento y del Ministerio de Medio Ambiente.




- RELATIVA A LA PROBLEMÁTICA DEL SERVICIO DE CORREOS EN LA PROVINCIA
DE ALICANTE. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA.

(Número de expediente 161/000718.)



El señor VICEPRESIDENTE (Torres Sahuquillo): Pasamos a la siguiente
proposición no de ley, relativa a
la problemática del servicio de Correos en la provincia de Alicante,
presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. En su nombre, tiene
la palabra el señor González Serna.




El señor GONZÁLEZ SERNA: Señorías, el Grupo Socialista trae esta
proposición no de ley con el objetivo de mandatar al Gobierno a
normalizar una grave situación en la provincia de Alicante. El correo
es un servicio público, es un instrumento importante para la
comunicación y a la vez es un elemento de cohesión social. Así lo
reconoce la Unión Europea y las normativas españolas. Sin embargo, el
Gobierno se ha olvidado de que es un servicio público y de que tiene
la obligación de cumplir las directivas europeas y las normas propias
de nuestro país.

Señor presidente, la calidad del servicio postal universal es una de
las principales preocupaciones de la Directiva comunitaria 97/67. La
Ley española 24/1998, del servicio postal universal, establece en su
artículo 17 las obligaciones de Correos y Telégrafos en relación con
la calidad de los servicios. La Directiva 97/67 del Parlamento de
Europa, de 15 de diciembre, en su artículo 3 -si me lo permiten voy a
leerlo- punto 1, dice: Los Estados miembros garantizarán a los
usuarios el derecho a un servicio universal que corresponda a una
oferta de servicios postales de calidad determinada prestados de
forma permanente en todos los puntos del territorio a precios
asequibles a todos los usuarios. El punto 3 establece: Los Estados
miembros velarán porque el o los proveedores del servicio universal
garanticen todos los días laborables y por lo menos cinco días por
semana. La Ley 24/1998, de 13 de julio, del servicio postal universal
y de liberalización de los servicios postales, viene a establecer lo
mismo en su artículo 17; al hablar de las obligaciones del prestador
del servicio, en un párrafo de su punto 2 dice: En todo caso, se
exigirá al menos una recogida en los puntos de acceso que se
determinen y una entrega en la dirección postal de cada persona,
física o jurídica, todos los días laborables y como mínimo cinco días
a la semana.

Dicho esto, queremos hacer constar y dejar claro que Correos no
funciona en la provincia de Alicante. Los socialistas, a través de
esta iniciativa parlamentaria, a través de esta proposición no de
ley, queremos que el Gobierno reaccione y normalice la lamentable
situación que están sufriendo los alicantinos y sus visitantes. En
primer lugar, lo están sufriendo los trabajadores de Correos por las
duras políticas de personal de la empresa, con unas plantillas
escasas y que disminuyen constantemente, falta de gente para
sustituciones y principalmente falta de una plantilla volante
entrenada para hacer frente a las alteraciones que puedan producirse
en la plantilla. No se puede dejar, señorías, el primer día a un
cartero sin experiencia y solo en un distrito, porque seguramente no
podrá cumplir con su trabajo, no podrá terminarlo. También lo están
sufriendo



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los ciudadanos de las zonas afectadas; se ven impotentes ante el
abandono de Correos. Les sugiero que hagan la prueba de solicitar una
hoja de reclamaciones en cualquier oficina de Correos de la provincia
de Alicante y comprobarán que es toda una aventura. Señorías, los
ayuntamientos no tienen competencias, pero a la vez se encuentran
incapaces de solucionarlo ante la cantidad de quejas que reciben de
los ciudadanos y muy especialmente de los turistas. Lo están
sufriendo las empresas, porque pierden parte de sus comunicaciones
o llegan tarde, implicando demoras en solucionar problemas propios de
su actividad y pérdidas económicas constantes, y lo están sufriendo
los turistas y los ciudadanos asentados en la zona; piensan que somos
el hazmerreír de Europa y comentan que en España ni siquiera el
correo va bien.

Señor presidente, en la comparecencia del director general ante esta
Comisión, que tuvo lugar aproximadamente en mayo de este año, en la
que nos daba cuenta de un resumen del plan estratégico que de forma
pomposa había presentado públicamente meses antes, nosotros le
comunicamos que Correos no funcionaba y le trasladábamos nuestra
profunda preocupación, pero hasta la fecha no nos han hecho caso.

Señoría, cuánto nos costaría aquella pomposa presentación del plan
estratégico y sin embargo, a fecha de hoy no ha servido absolutamente
para nada, si no, que se lo pregunten a los ciudadanos alicantinos.

Que en el siglo XXI una provincia tan dinámica y tan emprendedora
como es Alicante siga teniendo graves problemas para enviar o recibir
una carta, una comunicación del seguro del coche, el recordatorio de
la Dirección General de Tráfico para renovar el carnet de conducir o
algo más sencillo como la invitación de alguna sociedad para asistir
a una conferencia o una invitación para ir a la próxima manifestación
que habrá contra la ley de universidades, seguramente parece
anacrónico pero es absolutamente cierto. En Alicante, la
correspondencia no se sabe cuándo llega, puede ser que tarde 15 días,
un mes o quién sabe. En cualquier caso, aconsejamos que nadie confíe
en el servicio que en estos momentos está prestando la empresa de
Correos.

Existen denuncias de ayuntamientos, de vecinos, de responsables de
colectivos, hay denuncias del día, del mes o de la localidad que se
quiera. Al menos me van a permitir que les enumere algunas. En
Orihuela, vega baja, se denuncian retrasos de más de 20 días en el
reparto. El señor Marcos Senén, propietario de una pizzería en la
calle Zoa, asegura que la correspondencia le llega en bloque cada
veintitantos días y que el retraso de la correspondencia le supone en
muchas ocasiones una pérdida de dinero de la que Correos no le
resarce. Algunos usuarios que ayer aguardaban más de 30 minutos
comentaban que el reparto de la correspondencia en sus urbanizaciones
se hacía una vez al mes. Uno de los trabajadores del reparto
denunciaba la escasez de personal que sufre la estafeta. Un sindicato
-el
CSIF- denuncia al jefe provincial de Correos por impedir una asamblea
en la estafeta en julio de este año y los sindicalistas manifiestan
que la situación de Correos es tercermundista porque todavía no se ha
aumentado la plantilla. Así podríamos seguir; hay algunas que son muy
buenas y que no está de más mencionarlas. El correo llega con un mes
de retraso. La nueva oficina de correos ubicada en Cabo Roig con gran
frecuencia presenta larga colas. Los vecinos de la urbanización
reciben habitualmente su correspondencia con un mes de retraso. El
presidente de la agrupación ciudadana independiente Marina Baixa, don
Luis J. Serrano Menéndez, dice: El retraso en la llegada y
distribución no son 10 días sino 15 ó 20. Lo que sí es cierto es que
el servicio de reparto funciona mal, muy mal, por falta de cartero, y
el servicio interior de la oficina no puede en forma alguna dar más
de sí, porque sólo dos empleadas, funcionarias o contratadas, es
imposible que puedan atender todos los servicios. El Ayuntamiento de
Calpe se plantea agrupar buzones en las urbanizaciones y manifiesta
que el problema de las deficiencias en el reparto del correo
constituye una de las reivindicaciones más comunes de cualquier área
unifamiliar de la Comunidad Autónoma Valenciana. Una denuncia de mayo
de este año dice: lanzan al jardín de un particular la
correspondencia de toda la calle. El propietario de una vivienda de
la urbanización Los Frutales, José Ignacio Ruiz, manifestó que el
pasado martes por la tarde un paquete de correspondencia en el que
había cartas e impresos dirigidos a diversos vecinos de la calle
Gandhi, donde se ubica su domicilio, cayó en el jardín de su casa, en
el que se encontraba su madre en ese momento. Esta anécdota fue
considerada por José Ignacio Ruiz como un episodio más de las
deficiencias que sufre Torrevieja en el reparto del correo y que hace
un par de años le obligaron a solicitar un apartado, después de que
en las proximidades de su edificio apareciese el sobre abierto y
vacío de una carta que le enviaba un familiar.




El señor VICEPRESIDENTE (Torres Sahuquillo): Señor González, le ruego
que vaya concluyendo.




El señor GONZÁLEZ SERNA: Concluyo rápidamente.




Señorías, también podemos hablar de los acuerdos plenarios de
distintos ayuntamientos. Por ejemplo, cabe destacar las ciudades de
Orihuela y Torrevieja; si quisieran SS.SS., incluso podrían hacer una
tesis doctoral sobre cómo puede ir empeorando un servicio público de
forma progresiva. Hay un acuerdo plenario, a iniciativa del Partido
Socialista, en el que se solicita a Correos la normalización de la
situación. Benidorm -ciudad conocida en el mundo entero por muchas
cosas y que, si no me equivoco, es visitada anualmente por más de 12
millones de personas- se está planteando



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poner entre sus características singulares el hecho de que Correos no
funciona en esta ciudad. (Rumores.)



El señor VICEPRESIDENTE (Torres Sahuquillo): Señorías, ruego que
guarden silencio, porque no podemos escuchar al interviniente. Puede
continuar, señor González.




El señor GONZÁLEZ SERNA: Muchas gracias. En Elche, ciudad industrial
donde las haya, con más de 200.000 habitantes, algún cartero me decía
que se reparte cuando se puede. Los ciudadanos de las pedanías, en
las que viven alrededor de unos 25.000 habitantes, ya tienen por
costumbre esperar entre 15 ó 20 días y muchas veces, para acelerar la
recogida de su correspondencia, se acercan a la oficina de Correos
correspondiente y esperan entre media hora o tres cuartos de hora. En
Mutxamel, la alcaldesa ha denunciado por enésima vez la presión que
tiene de los vecinos, porque no saben donde dirigirse y lógicamente
van a la alcaldía, para quejarse a la alcaldesa del problema que
tienen con Correos.

Resumiendo, nosotros entendemos que hay dos responsables
fundamentalmente. Por una parte, el Ministerio de Fomento, al que
podemos calificar de vago o de perezoso, ya que la ejecución
presupuestaria es lenta y mala; por otro lado está su incapacidad
para invertir en la provincia de Alicante pues se ha invertido más o
menos la mitad de lo que se estaba invirtiendo con los gobiernos
socialistas. Voy a dar algún dato, porque considero que es
importante. El último Presupuesto General del Estado del Ministerio
de Fomento en el que había tintes del Partido Socialista es del año
1996. En 1996 -y esto es un documento cuya publicación corresponde al
Ministerio de Fomento- se invirtieron en la provincia de Alicante
14.077 millones de pesetas, englobando todo el grupo Fomento, como le
ha dado en llamar al señor Álvarez Cascos. En el año 2000, cuyas
cuentas se cerraron en agosto, el Partido Popular manifestaba que la
inversión había sido de 8.693 millones de pesetas. Ustedes me pueden
decir: ¡Hombre!, usted ha cogido estas dos cifras porque le
interesaba. Muy brevemente, me van a permitir que diga que en el año
1997 fueron 10.000 millones, en el año 1998 fueron 6.710 y en el año
1999 fueron 5.707. Es decir, en el año 2000 apenas se llegó al 50 por
ciento de 1996 y en los años intermedios acabo de decírselo.

Dicho esto, señorías, creo que los grupos políticos van a apoyar esta
iniciativa que presentamos hoy, porque en la mayoría de los
ayuntamientos que hemos nombrado, y en otros, el Partido Popular se
ha situado exactamente igual que nosotros con la profunda
preocupación que están teniendo los ciudadanos por un servicio
público tan importante como es Correos.




El señor VICEPRESIDENTE (Torres Sahuquillo): ¿Grupos que desean
intervenir? (Pausa.)
Por el Grupo Popular, tiene la palabra la señora Ferrando.




La señora FERRANDO SENDRA: Buenos días, señorías.

Intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Popular para fijar su
posición respecto de esta iniciativa parlamentaria. Como
introducción, diré que no voy a contestar a todos los calificativos
que han adjudicado tanto al Ministerio de Fomento como a otras
instituciones o departamentos, pero permítame que haga un comentario.

Estoy totalmente de acuerdo con el portavoz del Grupo Socialista
cuando en el texto de la iniciativa parlamentaria habla de que
nuestra provincia, Alicante, es una provincia dinámica, comunicadora,
emprendedora y acogedora. Debe concedernos que algo de todo eso haya
tenido que ver con las políticas que ha puesto en marcha el Partido
Popular, no sólo la Generalidad Valenciana sino también el Gobierno
de España. Una vez dicho esto y entrando en el fondo del asunto, le
adelanto que vamos a votar negativamente a esta proposición porque
nos parece innecesaria. Innecesaria porque, como usted sabe, en
primer lugar, el plan estratégico de Correos, que es un plan global
que además afecta a todo el territorio español y que tiene una
duración de tres años, del 2001 al 2003, ya prevé que se realice el
estudio de las necesidades postales que requieran la apertura de
nuevas oficinas, su remodelación o su reforma. En segundo lugar, el
portavoz socialista ha mencionado que no se cumplían las leyes
actuales ni la directiva europea. Tengo que decirle que, precisamente
en cumplimiento de esa directiva europea, en cumplimiento de la Ley
del servicio postal universal y de la liberalización de los servicios
postales, actualmente Correos efectúa, con carácter general, el
reparto durante cinco días a la semana en la provincia de Alicante,
aunque es cierto que hay que exceptuar algunos puntos concretos,
sobre los que en estos momentos ya se está trabajando desde Correos.

Además, el servicio de reparto está implantado los sábados en las
oficinas que son de nivel técnico en la provincia, actualmente 73. Y
le podría decir el número de oficinas que hay abiertas en toda la
provincia de Alicante, que asciende a 91, aparte de los agentes
móviles, que son 163, por lo que los puntos de atención al público en
concreto son más de 250. Y todo ese porcentaje de gente, el 82 por
ciento, es atendido en las oficinas de Correos, con horarios de
mañana y tarde. Y cuando, por necesidades concretas, hay que paliar
incidencias que se producen en los servicios de distribución, la
Jefatura Provincial de Alicante es la que realiza la contratación del
personal que considera necesario.

Con respecto a otro tema que ha comentado el portavoz socialista, la
dotación de nuevas oficinas en distintos puntos de ciudades, empezaré
por la ciudad de Orihuela. En Orihuela, en concreto, hay dos
oficinas, una que tiene horario completo y otra únicamente por



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la mañana, y en estos momentos se estima que con estas dos oficinas
está suficientemente atendida la demanda que existe de servicios
postales de la ciudad. Hay otros puntos, como pueden ser Benidorm y
Torrevieja, de los que ahora pasaré a hablar. En Benidorm existen
cuatro oficinas de correos, dos que tienen horario completo y dos con
horario por la mañana. Es cierto que en algunas de estas oficinas
existen problemas de accesibilidad, en concreto en la oficina
principal, y para solucionarlos, en estos momentos se está tratando
ya de adquirir un local nuevo en el centro de Benidorm o de reformar
el actual. Otro tema que también se ha planteado es aprobar reubicar
una de las oficinas, puesto que por su proximidad con la otra, era
preferible desplazarla hacia otra zona. En Torrevieja existen tres
oficinas. La principal tiene un horario de mañana y tarde y las otras
dos horario de mañana. Actualmente, se tiene previsto crear una
oficina nueva de Correos y el sitio que se está contemplando para su
ubicación más idónea, con conversaciones con el ayuntamiento, podría
ser el centro Carrefour. En estos momentos es cierto lo que comentaba
el portavoz socialista, que no en todas las urbanizaciones se tiene
esa facilidad, ni en otras partes de la ciudad, y por eso se están
realizando gestiones tanto con el ayuntamiento como con presidentes
de urbanizaciones al objeto de instalar lo que se denominan buzones
concentrados pluridomiciliarios, para que el reparto de la
correspondencia en estas urbanizaciones sea más ágil. En definitiva,
de lo que se trata es de mejorar la señalización adecuada en las
calles y de facilitar el reparto de la correspondencia mediante
casilleros concentrados.

Otro tema que se ha tratado es el del parque industrial de Elche y en
el texto de la iniciativa parlamentaria venía. En Elche, en concreto,
hay tres oficinas de Correos, dos de ellas con horario completo. El
personal que tiene la oficina de Correos sí ha mantenido contactos
con la asociación empresarial de este parque industrial de Elche,
para disponer de un nuevo local, una nueva sede de Correos, en el
mismo parque industrial, con lo cual prestaría los servicios de
admisión de la correspondencia. Con esto, desde luego, se mejoraría
la atención postal tanto de Elche como del parque industrial en
concreto. En cuanto al parque empresarial, al estar ubicado -como el
portavoz socialista sabe- en el término municipal de Torrellano, es
atendido por la oficina de esta localidad a la que, además, se ha
dotado de un nuevo local arrendado.

En resumen, lo que le tenemos que decir es que la medición de la
calidad que se ha hecho a lo largo del período que va desde enero
hasta mayo de este año 2001 ha mejorado con respecto a la calidad que
se estaba dando en la prestación de este servicio el año anterior.
Y con respecto a la correspondencia urgente la calidad está en muchas
ocasiones por encima de la media nacional.

Por todas estas razones expuestas, el Grupo Parlamentario Popular no
va a aprobar la presente iniciativa parlamentaria, porque además nos
parece innecesaria.




- SOBRE PARALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL RAMAL DE ACCESO
AL PUERTO DE MARÍN Y ESTUDIO DE UN TRAZADO ALTERNATIVO. PRESENTADA
POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/
000787.)



El señor VICEPRESIDENTE (Torres Sahuquillo): Pasamos al siguiente
punto del orden del día, la proposición no de ley número 11, sobre
paralización de las obras de construcción del ramal de acceso al
puerto de Marín y el estudio de un trazado alternativo, cuyo autor es
el Grupo Parlamentario Socialista. En su nombre, tiene la palabra la
señora Varela.




La señora VARELA VÁZQUEZ: Señorías, esta iniciativa, presentada en el
registro hace algunos meses y que hoy vamos a debatir, trata de una
obra ya bastante avanzada pero que ha levantado desde el inicio de su
construcción, y lo sigue levantando todavía, un fuerte rechazo y una
fuerte contestación social. Estamos hablando de la conexión
ferroviaria entre el puerto de Marín y Pontevedra, estamos hablando,
nada más y nada menos, que de la relación entre un puerto y la
necesidad de dar salida y conectar ese puerto a través del transporte
ferroviario, que es uno de lo más convenientes, de los más adecuados,
y de los más fundamentales para el desarrollo de la actividad
portuaria. Señorías, desde el año 1985 hasta el año 1990 en el puerto
de Marín se realizaron tales inversiones que posibilitaron
y permitieron que este puerto haya multiplicado por cinco su tráfico;
se multiplicó de manera considerable su volumen de facturación y hoy
el puerto de Marín da trabajo, directa e indirectamente, a unas 4.000
pesonas.

En la actualidad, el puerto de Marín es un puerto autofinanciado y
con muchas más posibilidades de futuro todavía, es un puerto con
rentabilidad social y es vital desde el punto de vista comercial y de
puerto pesquero. Una vez que el puerto de Marín se hubo consolidado
y su volumen de tráfico era importante, se pensó por todos los grupos
políticos presentes en esta Cámara que la obra de conexión
ferroviaria entre Pontevedra y el puerto de Marín -por cierto
largamente anhelada por el conjunto de las fuerzas sociales,
políticas y empresariales tanto de Pontevedra como de Marín- se podía
realizar. Se pensó que era el momento de llevarla adelante ya que,
además, todos los estudios e informes que se realizaron acreditaban
la viabilidad económica de esta inversión. Y tampoco podemos olvidar
que el puerto de Marín era el único puerto internacional, de los que
existían o existen dentro de la península, que no tenía, todavía no
tiene, el acceso por ferrocarril. Con



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todos estos datos, el 20 de mayo de 1997, por acuerdo unánime de
todos los grupos, se aprobó unan iniciativa por la cual se instaba al
Gobierno a realizar esta obra. Ahora bien, este proyecto es un viejo
proyecto; tanto es así que data del año 1928. Es un proyecto cuyas
obras se habían iniciado y paralizado a lo largo de diversos años. En
1936 se paraliza por la Guerra Civil. Se retoma en el año 1959. Se
vuelve a retomar en el año 1985. Se realiza otro proyecto en 1991,
por INECO. El caso es que por diversas razones en las que ahora no me
voy a extender en su explicación, la obra no se termina y de este
modo, cuando en el año 1997 esta iniciativa se debate en esta Cámara,
resulta que de la obra ya se encontraba realizada la explanación.

Estaban prácticamente terminados dos túneles. Estaban hechos los
puentes que cruzan la autopista y estaba hecho el puente que cruza la
carretera N-550, es decir parecía absurdo que una obra tan adelantada
no se hubiese concluido y por tanto después de una enmienda
presentada por el Grupo Popular y pensando, además, en que se debía
aprovechar toda la infraestructura y la obra que ya se había
realizado, se aprobó por unanimidad -cito textualmente- que: la vía
discurriera por el trazado preexistente de infraestructuras en
superficie y estará convenientemente vallada cuando discurra por zona
urbana. Pues bien, señorías, el problema está precisamente en ese
paso del tren por superficie a la altura de Placeres. Con el paso de
los años y a día de hoy se encuentra consolidado en esa zona un
núcleo de población importante. Existen edificaciones y el tren por
superficie atraviesa la plaza pública por la mitad. Pasa por delante
de la iglesia y en una zona como ésta que está catalogada en el plan
de ordenación como zona urbana, no se ha podido vallar la vía como se
mandataba en la proposición no de ley aprobada por unanimidad aquí en
el Congreso. Como consecuencia de esta imposibilidad, se han colocado
pasos a nivel sin solución de continuidad a lo largo de los 200
metros que tiene la mencionada plaza de Placeres. El impacto es
impresionante y a esto hay que añadir que las viviendas se encuentran
a una distancia de apenas 5 metros de la vía.

No voy a entrar aquí y ahora en la legalidad o ilegalidad de la
construcción de pasos a nivel en zona urbana; no voy a entrar aquí en
si la redacción y tramitación del proyecto básico de construcción del
ferrocarril del puerto de Marín se desvincula y desconecta o no de la
tramitación del expediente de autorización para la ampliación del
puerto de Marín; no voy a entrar tampoco en la inexcusabilidad del
procedimiento reglado de evaluación del impacto ambiental; no voy a
entrar en si la Consellería sin expediente de expropiación y sin
levantar actas previas ha iniciado la ejecución material del proyecto
ocupando propiedades particulares; no voy a entrar tampoco, señorías,
en si con esta obra se ha incumplido o no el artículo 152 de la Ley
de Transporte Terrestre o el artículo 226, el artículo 227.3 ó el
artículo 235 del Reglamento de ordenación del transporte terrestre,
ya que estos temas y otros muchos más están en la actualidad en los
tribunales, y llegado el momento el Tribunal Superior de Justicia de
Galicia fallará la correspondiente sentencia. Lo que quiero,
señorías, es poner de manifiesto lo siguiente: con fecha 13 de mayo
de 1999 el Ministerio de Fomento remite al Ayuntamiento de Pontevedra
un ejemplar del denominado proyecto básico ramal de acceso al puerto
de Marín, Pontevedra, para que el ayuntamiento emita en el plazo de
dos meses el correspondiente informe municipal. Con fecha 8 de julio
de 1999, es decir dos meses después, el ingeniero jefe de los
servicios técnicos de Pontevedra emite un primer informe en el que
hace constar que la construcción del ferrocarril no condiciona en
ninguna parte de su trazado las redes viarias existentes salvo en el
cruce situado frente a la iglesia de Placeres. Como continuación, el
13 de julio de 1999 emite este ingeniero jefe un nuevo informe al que
adjunta plano de planta de propuesta de modificación de trazado en la
zona de Placeres y con el fin de evitar el paso del ferrocarril por
la plaza, evitando en lo posible interferencias con el carácter
urbano de la citada plaza. Es digno de ser subrayado que el ingeniero
jefe afirma que la modificación del trazado es factible, tanto
técnica como económicamente, consiguiéndose por otro lado una menor
longitud de la vía férrea. El día 13 de julio de 1999, la Comisión de
urbanismo emite por unanimidad, dictamen favorable a la modificación
del trazado previsto del ferrocarril, desde su salida del paso
inferior próximo al enlace de la autopista. La comisión consideró
oportuno formular alegaciones ante el Ministerio de Fomento en
solicitud del cambio de trazado, en atención a que la alternativa que
se proponía minimizaba el impacto en el municipio en general y en la
parroquia de Lourizán en concreto, evitando el impacto del trazado
previsto a la plaza de la iglesia de los Placeres, espacio que es
comunitario, donde se encuentra la iglesia, la cofradía de
pescadores, equipamientos deportivos de ocio y convivencia, el campo
de la fiesta, el campo de fútbol y el parque infantil, preservándose
por tanto un espacio público de interés urbano. (El señor presidente
ocupa la presidencia.)
Pues bien, después de esta exposición, tengo que decir que la obra se
está realizando por el diseño o plano realizado en el año 1928 y
además que el Grupo Socialista es sensible a las demandas ciudadanas
y entendemos que hoy día se deben concebir las actuaciones en
infraestructuras con perspectivas de futuro, teniendo en cuenta los
núcleos urbanos y los entornos con el fin de que la agresión e
impacto no sea superior a los beneficios. Una visión de futuro es
facilitar las comunicaciones entre núcleos urbanos y al mismo tiempo
hacerlo sin agresión e impacto o con el mínimo posible. Por todo
ello, dado que existe un informe del ingeniero jefe de los servicios
técnicos de Pontevedra en el que afirma que la modificación del
trazado es factible



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tanto técnica como económicamente, y dado que esta diputada que les
está hablando ha preguntado al Gobierno hace meses sobre si se han
efectuado estudios alternativos actuales al trazado de 1928 y no ha
obtenido respuesta alguna, consideramos que tal vez sea factible
variar en lo posible el trazado para que el gran impacto ambiental y
el efecto barrera que supone esta obra, se minimicen lo máximo
posible y por ello se ha presentado esta iniciativa. En caso de que
esos estudios alternativos estuviesen hechos, cosa que desconocemos,
y no existiese posibilidad de modificación alguna, esta diputada
solicita que los vecinos sean ampliamente informados de las razones
de esa imposibilidad de variar el trazado, en caso de que así sea, y
en último extremo como se está ampliando el puerto de Marín porque se
está ganando terreno a la ría, y en caso de que en un futuro más
lejano se pudiese soterrar total o parcialmente el tren a su paso por
la plaza de Placeres, sería bueno que el Gobierno se comprometiese
por medio del Grupo Popular, a hacer un estudio para realizar un
soterramiento de vías por la citada plaza en cuanto ese soterramiento
fuese factible.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Vázquez, para defender
la enmienda que ha presentado el Grupo Mixto.




El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ: La proposición no de ley del Grupo
Socialista, que hoy se trae a discusión a este Congreso, como hizo
referencia la señora Varela, proponente de la misma, casi seis meses
después de registrada -y digo esto porque tiene su importancia por lo
que más adelante afirmaré-, trata de una iniciativa sobre un aspecto
muy conflictivo como es la construcción de un ramal ferroviario
Pontevedra-Marín a su paso por Placeres. Es difícil en el tiempo de
que disponemos valorar los múltiples matices que rodean este
problema. Para intentar ser breve diré lo siguiente: En primer lugar,
estamos ante una demanda social muy antigua que se está realizando
por fín. Sobre esta demanda hubo pronunciamientos en los tiempos más
recientes, por ejemplo del Parlamento de Galicia que por unanimidad
de todos los grupos presentes en aquella Cámara, también presentes en
ésta, de ayuntamientos, y como dijo la señora Varela del Congreso de
los Diputados el 20 de mayo de 1997, adopta una resolución unánime
después de transar dos proposiciones no de ley, una del Bloque
Nacionalista Galego, y otra del Grupo Socialista, con una enmienda
del Partido Popular. Ya que sale a colación este acuerdo, quiero
recordar hoy que a esas proposiciones se presentó una enmienda del
Partido Popular que decía literalmente -tengo aquí aún constancia
documental de esa enmienda presentada-: esta vía discurrirá por el
trazado preexistente de infraestructura en superficie y estará
convenientemente vallada cuando discurra por zona urbana, en concreto
en Placeres. Como observarán SS.SS., en el texto
finalmente aprobado por este Congreso, desapareció el párrafo: en
concreto en Placeres. Tengo que decir, ya que sale esto a colación,
que el portavoz que está hablando en este momento y no otro, se negó
a aceptar que figurase la resolución en esos términos ¿Por qué?
Porque a esas alturas nosotros éramos conscientes de que dada la
realidad urbanística existente hoy en ese núcleo de población, cabría
estudiar otras posibilidades y por eso pedíamos que el texto quedase
algo más ambiguo, más general sin entrar a concretar el tema de
Placeres, como proponía el grupo enmendante en aquella ocasión.

En segundo lugar, una vez que el Ministerio de Fomento decide
realizar las obras y las incluye en un convenio con la Xunta de
Galicia, es el ministerio el que realiza los estudios sobre el
trazado, es también el ministerio el que desestima las alegaciones,
entre ellas la que acaba de mencionar también la señora proponente,
una alegación que presentó el Ayuntamiento de Pontevedra, la única
que se presenta a ese trazado, que fue desestimada por el Ministerio
de Fomento. Este ministerio afirma que el actual trazado es el único
posible y viable técnicamente. Sobre esta cuestión también nosotros
formulamos las correspondientes preguntas en su día y el ministerio
se reitera en esa opinión, y decide iniciar las obras, que como saben
también SS.SS. ejecuta la Xunta de Galicia por acuerdo entre estas
administraciones, Ministerio de Fomento y Xunta. En tercer lugar
quiero decir que iniciadas las obras se produce una fuerte oposición
vecinal al paso de la línea férrea por la superficie de la plaza de
Placeres. Tengo que decir que como comprenderán SS.SS. es una
oposición lógica por la cercanía de las vías a las viviendas y por el
peligro que puede suponer el paso del tren para las personas entre
otras cuestiones. Es cierto que a estas alturas podímos decir, por
decirlo suavemente, que es un trazado poco afortunado, crea un
impacto, eso es evidente, que ni siquiera se corrige con algún tipo
de paso subterráneo para permitir el paso de vehículos y personas sin
peligro.

Dicho esto, señoras y señores diputados, desde mi punto de vista el
problema se plantea en los siguientes términos: el tren Ponvedra-
puerto de Marín, ¿sí o no? Todo el mundo, incluidos los grupos que
vamos a intervenir en este debate, dice que sí, incluidos por cierto
los vecinos que se oponen al paso en superficie por ese lugar.

Entonces viene la segunda cuestión, ¿por dónde? ¿En superficie, bajo
un túnel o por otro lugar? Ahí está la discusión de fondo del
problema que hoy estamos abordando. Por tanto, y termino, señor
presidente, el problema siguiente es cómo resolver esta cuestión.

Efectivamente Xunta y Fomento afirman que no existe otra posibilidad,
que discurra por donde va, pero a su vez tengo que decir que tampoco
hasta el momento existe ningún estudio alternativo, salvo el
presentado por el Ayuntamiento de Pontevedra, y repito desestimado
por Fomento, que demuestre técnicamente que se



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puede por ejemplo soterrar o ir por otro lugar. Por tanto, qué
solución se puede dar a esta cuestión, si hablamos en serio, llevando
a la práctica esa afirmación que todos consideramos necesaria la obra
pero podemos discutir el trazado. Yo sólo veo la posibilidad de que
se realicen estudios, que esos estudios convenzan a los vecinos de
que son serios técnicamente y en ese sentido va nuestra enmienda.

Nosotros vamos a seguir manteniendo nuestra posición. Creemos
necesaria esta conexión ferroviaria para el desarrollo económico del
puerto y de la comarca y defenderemos otro trazado, como siempre
afirmamos, si se demuestra su viabilidad técnica.

Concluyo diciendo lo siguiente: la parte dispositiva de la
proposición no de ley del Grupo Socialista presenta algún problema
según nuestro criterio. El punto primero, a día de hoy, en Placeres
esas obras están concluidas. El punto tercero propone una solución
técnica concreta que no soy quién para decir si es factible, ni si
sería del agrado vecinal. En el punto segundo estaríamos de acuerdo
porque es el que plantea el quid de la cuestión, pero para
desarrollar este punto segundo nos parece que nuestra enmienda daría
una respuesta más adecuada, más real y práctica, daría una salida al
problema de aprobarse y por eso proponemos una enmienda de
sustitución en el sentido siguiente: El Congreso de los Diputados
insta al Gobierno a tomar las medidas necesarias para en primer lugar
permitir el conocimiento público de todos los estudios técnicos
realizados por el Ministerio de Fomento, previos a la construcción
del ramal ferroviario Pontevedra-puerto de Marín, y en concreto los
referidos a su paso por Placeres, singularmente el Ministerio de
Fomento mantendrá una reunión con representantes de los vecinos de
Placeres y los técnicos que designen. En segundo lugar, financiar la
realización de un estudio alternativo por el equipo técnico que
designen los vecinos, con el fin de reestudiar la viabilidad de un
trazado distinto al realizado por la superficie de la plaza de
Placeres. En tercer lugar, de demostrarse la posibilidad técnica de
realizar un trazado que evite el paso de la vía férrea por la
superficie, proceder a su ejecución. Esta es nuestra propuesta.




El señor PRESIDENTE: El señor Fariñas, tiene la palabra en nombre del
Grupo Popular.




El señor FARIÑAS SOBRINO: Señor presidente, para fijar la posición
del Grupo Parlamentario Popular empezaré diciendo que yo no soy
ingeniero de caminos y no me voy a aventurar a dar soluciones que a
mí no me compete por falta de preparación decidir si son o no las
validas. Lo cierto es que 73 años después de que se haya hecho un
proyecto para establecer una comunicación ferroviaria de Pontevedra
con el puerto de Marín, el Partido Popular está ejecutando esa obra,
con toda la historia que hay en esos 73 años. Pero es que resulta
que en una obra que está prácticamente hecha, que está casi
totalmente realizada en el tramo urbano que presenta este conflicto,
ahora hay una alternativa que estudiar. Con el máximo respeto que me
merecen las decisiones personales, y sobre todo los informes técnicos
elaborados con un criterio evidentemente científico, como es en este
caso el ingeniero-jefe del Ayuntamiento de Pontevedra, permítame que
tenga la libertad de fiarme más del gabinete técnico del Ministerio
de Fomento, también compuesto por ingenieros expertos en la materia,
que es el que ha realizado el proyecto que actualmente está en
ejecución. Esto no es una cuestión adoptada por libre albedrío, es
que hay unos estudios informativos que han decidido cuál va a ser el
trazado idóneo, cuál es el trazado realizable, cuál es el posible
y cuáles no son válidos y posibles.

Según estos datos que figuran en el Ministerio de Fomento y también
en el expediente de estudio informativo, no hay posibilidad de otro
trazado y tengo que creerlo así, entre otras cosas porque no soy
ingeniero de caminos para valorarlo, pero no será porque no se hayan
estudiado otras opciones y otros trazados alternativos, sino porque
es la única viable y según ese mismo informe la que se ajusta mejor
que todas las demás a la construcción de esa conexión viaria con el
puerto de Marín.

Sobre la legalidad o no de la actuación en este caso de la Xunta de
Galicia, del Ministerio de Fomento y de la propia RENFE, no voy a
emitir ningún juicio porque como bien dijo la portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista está en el Tribunal Superior de Justicia,
pero tengo que decir, haciendo un poco de historia, que el estudio
informativo del ramal de acceso fue redactado por el Ministerio de
Fomento y aprobado técnicamente mediante resolución de la Secretaría
de Estado de Infraestructuras el 4 de mayo de 1999. En virtud de la
anterior resolución y conforme a lo dispuesto en el artículo 228 del
vigente Reglamento de la Ley de ordenación de los transportes
terrestres fue sometido a información pública, mediante la
publicación del correspondiente anuncio en el BOE, de fecha de 20 de
mayo de 1999. Posteriormente y en virtud del mismo artículo, se
realizó el trámite de información oficial en el cual fueron
consultados el ayuntamiento de Pontevedra, la Xunta de Galicia y
otros organismos oficiales.

En cuanto a la tramitación medioambiental que establece el Real
Decreto 1302/1986, de evaluación de impacto ambiental, la Dirección
General de Calidad y Evaluación del Ministerio de Medio Ambiente
eximió a este proyecto del procedimiento reglado de evaluación de
impacto ambiental. Mediante informe de la Abogacía del Estado, de
fecha de 17 de marzo del año 2000, el abogado jefe informo de que no
existía objeción a la tramitación dada al expediente por estimarla
ajustada a derecho. Por tanto, el Ministerio de Fomento no hizo más
que estudiar las distintas soluciones



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y proponer la que consideraba adecuada. En cualquier caso, si hay un
dictamen en contra el partido Popular acatará como siempre con
respeto las decisiones que tomen los tribunales, pero estamos ante
una obra, y se ha dicho aquí también, imprescindible para el
desarrollo comarcal, económico, no sólo para el servicio del puerto
de Marín sino también para viajeros, y el Grupo Parlamentario Popular
está firmemente comprometido con la ejecución y terminación de esta
importantísima obra, y estando seguro de que estamos ante una obra de
inexcusable realización y de que el trazado es el que debe ser,
debemos adoptar, y termino señor presidente, una decisión basada en
el rigor. Todos los políticos que somos en muchos casos los que
creamos la propia inestabilidad en la opinión pública y ante una obra
que fue requerida por todos los grupos políticos del arco
parlamentario y social gallego, incluido el Partido Socialista que
especialmente ha apoyado esta obra, por el señor don Emilio Pérez
Touriño desde la Secretaria de Estado, lo que hay que pedir es que en
ese esfuerzo de rigor seamos capaces dentro de nuestra propia casa de
aunar y argumentar o articular una posición coherente e igualitaria
para todos los representantes de un mismo partido. Eso es lo que yo
le solicitaría ahora mismo al Partido Socialista. Por tanto, nosotros
no estamos a favor de la suspensión de las obras, estamos a favor de
la realización y terminación de esas obras. Lo mejor para Pontevedra,
lo mejor para Placeres y también lo mejor para su comarca y el puerto
de Marín es que se aclaren esas posturas de una vez, y que no sigamos
la política del coche fantástico, que lo mismo rueda sobre una
carretera, lo mismo vuela, lo mismo navega o lo mismo desaparece. Lo
que tenemos que hacer, por imperativo constitucional y por
responsabilidad social, es adoptar decisiones muchas veces en contra
de unos cuentos vecinos que lo que hacen es apoyarse en la demagogia
de algunos políticos para defender lo indefendible, máxime en un
territorio con las particularidades que tiene sobre la propiedad
privada como es Galicia, en el que cualquier obra pública genera
debate, genera tensión entre los distintos propietarios, en Galicia
especialmente por esa particular afección al terruño que todos los
gallegos tenemos. Yo no voy aquí y ahora a dar más argumentos, sino
que como estamos inundados en este Parlamento de proposiciones de
todos los grupos legítimamente presentadas y defendidas sobre
impulso, aceleración, reducción de plazos para ejecución de obras, en
este caso no vemos razonable que se nos pida un estudio informativo
que lo que va a hacer es paralizar la ejecución de la obra y causar
un evidente, innecesario y desde luego inasumible por este Gobierno
retraso en una obra que consideramos fundamental. Por tanto muy alto
y muy claro, queremos que se finalice cuanto antes esta obra, y
asumir si es necesario la responsabilidad de su ejecución en solitario,
porque luego también recogeremos la cosecha, como viene siendo
habitual, también en solitario.




El señor PRESIDENTE: Señora Varela, ¿nos dice si acepta o no la
enmienda presentada por el Grupo Mixto?



La señora VARELA VÁZQUEZ: Dejando claro que en ningún momento de mi
exposición el Grupo Socialista ha puesto en duda la necesidad de esa
conexión ferroviaria, lo que sí parece que no está muy claro es que a
los vecinos al menos…



El señor PRESIDENTE: Señora Varela, perdone que la interrumpa. Lo que
no está muy claro es lo que yo la he dicho a usted por lo visto. Sólo
debe decir si acepta o no la enmienda, no reabra usted el debate, se
lo ruego.




La señora VARELA VÁZQUEZ: Nosotros aceptaríamos la enmienda porque va
en el espíritu de lo que proponemos, es decir que se informe a los
vecinos, como acaba de afirmar el portavoz del grupo municipal que no
hay otra posibilidad, otra alternativa, que se explique a los vecinos
que no hay otra alternativa para que lo entiendan.




El señor PRESIDENTE: De acuerdo, señora Varela. Hemos entendido que
acepta usted la enmienda y le damos las gracias.




El señor FARIÑAS SOBRINO: Señor presidente, sólo quiero hacer una
matización. Soy el portavoz del grupo municipal en mi Ayuntamiento,
aunque aquí ejerza como portavoz del grupo parlamentario.




- RELATIVA A LA REALIZACIÓN DEL ACCESO COMPLETO Y GLOBAL DEL MUNICPIO
DE LA GUARDIA DE JAÉN A LA AUTOVÍA BAILÉN-MOTRIL, EN EL SEMIENLACE DE
VENTA MATÍAS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA.

(Número de expediente 161/000788.)



El señor PRESIDENTE: Pasamos al debate de la proposición número 12,
relativa a la realización del acceso completo y global del municipio
de La Guardia de Jaén a la autovía Bailén-Motril, en el semienlace de
Venta Matías. Es autor el Grupo Parlamentario Socialista y para su
defensa tiene la palabra el señor Quirós.




El señor QUIRÓS PULGAR: Señorías, todos coincidiremos en que la
construcción de una autovía como eje fundamental de comunicación y de
vertebración, posibilita a los municipios por donde transita unas
perspectivas de desarrollo que van a depender de la capacidadde
iniciativa de sus habitantes y de las instituciones



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locales que los representan. Es legítimo que un ayuntamiento
planifique el desarrollo local en torno a esta infraestructura vial.

Esta es la situación del municipio jienense de La Guardia, que ante
esta oportunidad magnífica que le ofrece el paso de la autovía
Bailén-Motril por su término municipal, está proyectando actualmente
la construcción de 110.000 metros cuadrados de suelo industrial, muy
cercano a los accesos actuales de esta vía de comunicación. Pero este
recurso tan importante para las perspectivas de desarrollo del
municipio no se puede conjugar con la oportunidad que le ofrece la
autovía Bailén-Motril, porque no se tiene un acceso completo a la
misma, sino medio acceso con dirección La Guardia hacia Jaén, Bailén
o viceversa. En cambio, el acceso dirección Granada está situado a
una distancia de más de cinco kilómetros, discurriendo por un camino
de servicio agrícola rural, asfaltado, con bastante curvas,
pendientes pronunciadas y estrechamientos de calzada insalvables para
vehículos pesados y de gran volumen. Asimismo, varias calles del
municipio que conectan con la carretera comarcal CJV-2223 se ven
afectadas por este transcurrir para su conexión con la autovía
Bailén-Motril, con lo que el peligro de seguridad vial es bastante
manifiesto en esta población. La propia actividad industrial
originará un gran tránsito de vehículos pesados, que si no se tiene
acceso a la autovía en ambos sentidos, deberán atravesar la
población. Por otro lado, si no se tiene un acceso en condiciones
será difícil que tenga auge el propio polígono industrial y el
desarrollo de este municipio. No es tiempo de reproches, como lo
manifiesta la moción conjunta de los grupos municipales del Partido
Socialista y del Partido Popular al Pleno municipal celebrado el 6 de
marzo del presente año y la aprobación por unanimidad de los acuerdos
solicitando al Ministerio de Fomento el acceso completo a la autovía,
cuya copia del acta de la sesión tendrá el Ministerio de Fomento y
los grupos parlamentarios del Partido Popular y de Izquierda Unida,
como lo tenemos nosotros por la disposición de los grupos
municipales, tal como lo recogía el punto cuarto aprobado en su día
por el Pleno municipal. A nuestro grupo parlamentario no le gustaría
entrar en reproches siguiendo la filosofía de la moción conjunta
presentada en el Ayuntamiento de este municipio, pero cada uno es
libre de manifestar sus consideraciones. Están ustedes en su derecho
de decirnos que este proyecto de autovía es socialista y que nosotros
no realizamos en su momento el acceso completo. Pues bien, hasta ahí
de acuerdo. Lo mismo que ustedes estarán de acuerdo también en el
hecho de que las autovías que discurren actualmente por la provincia
de Jaén las hemos realizado los socialistas; muchos kilómetros de
vertebración que posibilitaron el inicio de la convergencia de la
provincia de Jaén frente a cero kilómetros de autovía desde que
ustedes gobiernan. Quedan dos años para que finalice su segunda
legislatura y podemos decir que tampoco van a construir ni un
kilómetro.

Aunque esta gran inversión en el programa de autovías -estamos
hablando en torno a los 70.000 millones de pesetas- es motivo
fundamental para considerar que no se realizara el acceso completo a
este municipio, dejándose para la segunda fase en años sucesivos la
realización de mejor acceso o la adecuación a las nuevas necesidades
que pudieran tener los municipios como el que nos ocupa. Las
circunstancias también han cambiado. El municipio de La Guardia ha
experimentado un cambio sustancioso desde que hace más de doce años
se diseñó este proyecto de autovía. Otra cosa es cuando se haya
realizado, que ha sido más recientemente. También conocemos las
reticencias que se ponen muchas veces a los modificados de los
proyectos para no retrasar la ejecución del objetivo fundamental, que
en este caso es la realización de una vía moderna de circulación,
dejándose para posteriormente, una vez finalizada la obra, las
peticiones de los ayuntamientos. Pueden ser muchas las causas o los
motivos por los que no se hiciera en su día el acceso completo, que
tampoco tiene que tener una mayor consideración y pérdida de tiempo,
porque lo fundamental actualmente es resolver el problema que tiene
este municipio por su gran auge.




El señor PRESIDENTE: Señor Quirós, le ruego termine, porque ya ha
consumido su tiempo. Sea usted lo más breve posible.




El señor QUIRÓS PULGAR: Intentaré ser lo más breve posible.

Señoría, la doble condición de cercanía a la capital de la provincia
de la autovía Bailén-Motril ha servido de atrayente en este último
año para empresarios y ciudadanos que ven muchas posibilidades de
ubicar su negocio y residencia en esta localidad. Son muchos los
interesados en adquirir suelo industrial y se están construyendo
residenciales por el gran atractivo que tiene este municipio. En
concreto se están construyendo 500 viviendas y se tiene proyectada la
realización de otros dos residenciales que supondrán la construcción
de otras 200 viviendas más. Espero que no vote en contra de esta
iniciativa por el hecho de que es un proyecto que hicimos los
socialistas y que no le dimos solución en su día, pues sería una
respuesta bananera, y más cuando tenemos un ejemplo reciente en otro
municipio de la provincia; me estoy refiriendo a la localidad de La
Carolina, que se le va a mejorar su acceso con la autovía de la N-IV.

Estamos en el mismo caso. Se trata de una autovía que realizamos los
socialistas y que con el transcurrir del tiempo necesita una mejora
de sus accesos, mejora que mi grupo parlamentario se alegra de que se
realice. La única diferencia que tiene un municipio y otro es que
ustedes gobiernan en La Carolina y nosotros en La Guardia y que en el
Ayuntamiento de la Carolina se le impuso una medalla al señor
ÁlvarezCascos. Esperemos que una medalla y el color político



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no separe la consideración de una ciudadanía respecto a la otra. En
definitiva, y voy terminando, ustedes están gobernando en este
momento y a ustedes les corresponde dar respuesta a lo que
actualmente el Ayuntamiento de La Guardia les está demandando, lo
mismo que han hecho con la petición del municipio de La Carolina.

Midan con la misma vara a los dos municipios, no hipotequen el futuro
tan prometedor que tiene actualmente la localidad de La Guardia, por
lo que esperamos su voto afirmativo a esta iniciativa, que viene con
la esperanza por parte de todos los grupos políticos de la localidad,
incluido el Partido Popular. Esperamos que no se contradigan.




El señor PRESIDENTE: El señor Puche tiene la palabra, en nombre del
Grupo Parlamentario Popular.




El señor PUCHE RODRÍGUEZ-ACOSTA: Muy brevemente. El portavoz
socialista que acaba de exponer y defender la proposición no de ley
que en este momento se está sometiendo a debate respecto a la
concesión de un enlace completo al municipio de La Guardia, se ha
puesto la venda antes de que le den la pedrada; es decir él mismo
reconoce que el fallo de esta carretera proviene de una actuación
socialista. Efectivamente, yo creo que la proposición no de ley que
se presenta hoy aquí a debate tiene letra y tiene música. La letra,
evidentemente y como no pude ser de otra forma, señor presidente, yo
creo que es coincidente, coincidente por parte del Grupo Popular del
Ayuntamiento de La Guardia, coincidente con el Grupo Popular en el
Parlamento de la nación, en la Junta de Andalucía o donde quiera que
sea. Es más, creo que cualquier grupo político que haya escuchado la
fijación de posición del portavoz socialista, en lo que es la
intención de un eje vertebrador de una autovía respecto a un
municipio, lógicamente debe de estar de acuerdo. Por tanto, yo en la
letra, lo mismo que el Grupo Popular en el Ayuntamiento de La
Guardia, coincido plenamente. Soy consciente de que un eje
vertebrador de una autovía puede beneficiar a todos los municipios
del entorno, que esos municipios deben legítimamente aspirar en su
desarrollo a crecer en torno a esa autovía, que están legitimados,
lógicamente, a crear suelo industrial, a establecer comercios,
industrias, cualquier otra cuestión, y en eso coincidimos todos, y
que, por tanto, el acceso de un pueblo a una autovía puede suponer un
mayor desarrollo.

Lo ha dicho usted mismo poniéndose, insisto, la venda antes de que le
den la pedrada. Ese tramo concretamente fue finalizado en 1994 y
usted sabe mejor que yo, porque había administración socialista en la
Junta de Andalucía, administración socialista en el Ayuntamiento de
La Guardia, administración socialista en la Diputación Provincial y
administración socialista en el Gobierno central, que al alcalde
socialista ustedes no le hicieron caso. Hubo manifestaciones,
concentraciones,
peticiones y no hubo posibilidad de que ese eje vertebrador
que era la autovía, que podía suponer un desarrollo industrial para
esa zona, que podría suponer el establecimiento de nuevas viviendas,
de nuevas construcciones, de nuevos comercios, se hiciera porque
ustedes hicieron caso omiso y condenaron a ese pueblo por razones,
además, que nosotros todavía no hemos acertado a comprender, porque
justo al lado hay otra entrada a un cortijo, con acceso completo, que
no tiene un pueblo, por algunos intereses ocultos que todavía
nosotros no hemos sido capaces de descubrir.

Ustedes intentan comparar con esta proposición no de ley un pueblo
como La Carolina con La Guardia, con esa obsesión permanente que
tiene el Grupo Socialista y que tiene el Partido Socialista de Jaén
con el Alcalde de La Carolina, porque son incapaces de ganar las
elecciones democráticamente en las urnas. Están ustedes
permanentemente obsesionados por ver que un magnífico alcalde, que
barre sistemáticamente en las elecciones democráticas, va
consiguiendo cosas para su pueblo: suelo industrial, más de mil
puestos de trabajo; en definitiva, el desarrollo magnífico de un
pueblo tan importante en la provincia de Jaén -también lo es el de La
Guardia- pero en este caso condenado a no entrar en ese canal
vertebrador de la autovía BailénMotril precisamente por culpa de la
administración socialista.

Señor Quirós, nosotros estamos de acuerdo con esa letra y en ese
espíritu de que ese eje vertebrador hubiera beneficiado a La Guardia,
que por su culpa fue imposible hacerlo y hoy no se puede llevar a
efecto. Usted puede dar todos los puñetazos que quiera, pero no se
puede hacer porque incumpliría la norma 3.1 del trazado de
carreteras, que como usted bien sabe -y si no lo sabe se lo añado-
dice que no puede existir un enlace distante de otro menos de seis
kilómetros. Es necesario que se cumplan los seis kilómetros de
distancia entre un enlace y otro, y el punto kilométrico que ustedes
proponen de la Venta de Matías está en el punto kilométrico 47,
cuando en el 50 hay otro enlace completo. Por tanto, se incumpliría
totalmente la norma de trazado de carreteras, y desde luego nosotros,
estando de acuerdo con la letra, no estamos dispuestos, en absoluto,
a incumplir la normativa vigente. Por esa razón técnica de no
incumplir esa norma de trazado, nosotros, vamos a votar en contra.




El señor PRESIDENTE: Continuamos con el debate de las siguientes
iniciativas. La número 14 es la relativa a la financiación del eje
transversal de Cataluña, de la que es autor el Grupo Parlamentario
Socialista. Para su defensa no veo preparado a ningún parlamentario
socialista. (Pausa.) En cualquier caso, la Mesa va a posponer esta
iniciativa un lugar, en función de que pueda haberle ocurrido algún
siniestro inesperado alportavoz, pero sólo un lugar.




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- PARA LA REALIZACIÓN DE UN ESTUDIO DE VIABILIDAD QUE PERMITA LA
MODERNIZACIÓN Y EL ANCHO INTERNACIONAL DEL TRAMO GRANADA-MOREDA-
ALMERÍA, QUE PROLONGARÍA Y CONECTARÍA EL CORREDOR MEDITERRÁNEO CON EL
EJE TRANSVERSAL DE ANDALUCÍA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMETARIO
SOCIALISTA. (Número de expediente 161/000858.)



El señor PRESIDENTE: Pasamos, por tanto, a la número 15, que se
refiere a la realización de un estudio de viabilidad que permita la
modernización y el ancho internacional del tramo Granada-Moreda-
Almería, que prolongaría y conectaría el corredor mediterráneo con el
eje transversal de Andalucía.

Para su defensa, tiene la palabra la señora Pleguezuelos.




La señora PLEGUEZUELOS AGUILAR: Señorías, el Plan director de
infraestructuras 2000-2007 prevé en materia de ferrocarril dos
actuaciones relativas a la alta velocidad que de alguna manera
afectan a la Comunidad Autónoma andaluza: de una parte, lo que es el
corredor mediterráneo de alta velocidad, el Euromed, y de otra, que
actualmente está en tramitación, el AVE Córdoba-Málaga y la conexión
de Granada y Jaén.

Es verdad que algunos puntos de estas actuaciones, que están
incluidas en este Plan director de infraestructuras, se están
desarrollando y están en fase de estudio informativo. Como en ese
diseño entendemos que hay al menos un olvido, el Grupo Parlamentario
Socialista quiere destacarlo a través de esta proposición no de ley.

Es ni más ni menos que lo siguiente. En el corredor del eje
transversal de Andalucía existe el tramo GranadaMoreda- Almería, que
si no se moderniza y se adapta al ancho internacional quebraría
Andalucía en dos: por conexión ferroviaria estaría aislada Almería
del resto de las siete provincias andaluzas, y el resto de las
provincias andaluzas estaría desconectado también del Levante y el
Mediterráneo por alta velocidad. Como entendemos que modernizar este
tramo al que me he referido -el tramo Granada-Moreda-Almería-, en
cuanto a su infraestructura viaria, y adaptarlo al ancho
internacional es viable, con nuestra proposición no de ley
pretendemos llamar la atención del ministro Álvarez-Cascos, que ha
manifestado tanto en Granada cuando ha estado, como en Almería este
verano en la Juan Carlos I, que en el trazado de corredores de alta
velocidad quería el consenso con las comunidades autónomas.

La Junta de Andalucía también pretende que este tramo se haga (es,
digamos, sólo un tramo del corredor transversal andaluz que no está
contemplado en las conexiones de la alta velocidad), puesto que sería
importante por dos razones: primero, porque conectaría
transversalmente toda Andalucía, desde Huelva hasta Almería; y
segundo -y esto creemos que es relevante
y con esto termino, señor presidente-, porque permitiría
también conectar lo que es toda la zona del Algarve portugués con el
Mediterráneo y con el Levante peninsular a través del Euromed. Con
esto estaríamos ante lo que es una solución transnacional, con
vocación de integrarse en la red transeuropea del ferrocarril, y en
ese sentido está trabajando la Junta de Andalucía. Como el ministro
Álvarez-Cascos ha planteado en varias ocasiones que las actuaciones
en esta materia pretende que sean de consenso, al ser un proyecto
novedoso, porque puede añadir el carácter transnacional que traería
fondos europeos considerables, esperamos el apoyo del Grupo Popular
porque entendemos que sólo estamos demandando el estudio de
viabilidad y, por tanto, también los costes que supondrían para el
erario público abordar la modernización y el ancho internacional de
vía de este tramo del eje transversal andaluz.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Blancas en nombre del
Grupo Popular.




El señor BLANCAS LLAMAS: Contesto a la diputada Pleguezuelos en el
sentido de que, efectivamente, Andalucía va a tener la línea de alta
velocidad Córdoba- Málaga gracias al Partido Popular, y recordarle
que fue el Partido Socialista el que no quiso ni siquiera proyectar
y dijo claramente en su plan de infraestructuras de mayo de 1995 que no
se llegaba ni a Málaga y Granada, su provincia que es querida por mí,
en tren tipo AVE, sino en tren de ancho ibérico. Digo esto para
puntualizar que se está realizando hoy día esa gran obra de
infraestructura de Córdoba-Málaga. Quiero decirle que ya van 15
tramos autorizados -123 kilómetros-,quedando solamente por autorizar
32 kilómetros. Le comento esto para que vea que el Partido Popular
cumple lo que lleva en los planes de infraestructuras.

Le quiero decir, y lo siento de verdad, que el Plan de
infraestructuras de 2000-2007 presentado por el ministro Alvárez-
Cascos no contempla desde luego el ancho internacional de vía
Granada-Moreda-Almería. Usted conoce perfectamente que el tren TRD
-yo he tenido en algunas ocasiones oportunidad de cogerlo- en la
línea Granada-Almería, circundando la montaña y pasando por Guadix,
tarda dos horas. Este tren hoy día llega desde Granada a Almería en
dos horas. No tiene el ancho de vía internacional, tiene ancho
ibérico. Quiero decirle que se prevén y se harán mejoras para
canalizar todo el tráfico de mercancías. El desdoblamiento o anchura
variable que llevan estos trenes tipo Talgo no dificulta para nada la
velocidad. El viaje desde Granada a Almería podría ser reducido
lógicamente con esa inversión fuerte que habría que hacer para
establecer un ancho de vía internacional. Quiero decirle que en
principio no será viable introducirlo,puesto que el Plan de
infraestructuras 2000-2007 no



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contempla nada más que la mejora de esta vía de ancho ibérico, como
se dice, o ancho de vía nacional.

Ustedes tampoco han hecho mucho por el ferrocarril en Almería. Quiero
decirle que ustedes suprimieron en su día la línea Guadix-Almendricos
lamentablemente, pero ahí queda. Digo ahí queda porque ahora se
apuntan a que haya que hacerlo todo de hoy para mañana. Yo digo que
todo se hará a su debido tiempo. Esperamos que en un futuro en el
Plan de infraestructuras se pueda conectar Almería-Granada con el red
de AVE nacional.




- RELATIVA A LA FINANCIACIÓN DEL EJE TRANSVERSAL DE CATALUÑA.

PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de
expediente 161/000809.)



El señor PRESIDENTE: Terminado el debate de esta proposición, pasamos
a la anterior, que habíamos pospuesto en función de la no presencia
de la portavoz, relativa a la financiación del eje transversal de
Cataluña, de la que es autor el Grupo Parlamentario Socialista. Para
su defensa tiene la palabra la señora Miralles.




La señora MIRALLES I GUASCH: Gracias doblemente, señor presidente.

Creo que todos los grupos coincidirán que el eje transversal de
Cataluña es una carretera fundamental para la vertebración de esta
comunidad. Pero esta infraestructura nació coja, ya que lo que tenía
que haber sido un eje con dos carriles por sentido, es hoy una
carretera con un solo carril, que, por el tránsito que soporta, es ya
una de las carreteras más peligrosas de Cataluña.

El señor ministro Álvarez-Cascos el pasado 16 de mayo dijo,
respondiendo a una propuesta del diputado Salvador Sedó, del Grupo
Convergència i Unió, que en el Plan de infraestructuras 2000-2007 no
estaba prevista ninguna inversión para desdoblar dicho eje y que sólo
existían dos alternativas -o bien que la carretera pasara a ser del
Estado o que volviera a ser declarada de interés general-, aunque al
día de hoy esta obra sigue contemplada en la lista de actuaciones
viarias con una dotación de 21.000 millones de pesetas en dicho plan
director que sale en la página web del ministerio.

El Parlamento catalán ha instado al consell executiu que se
establezca un proceso de negociación con el Ministerio de Fomento con
el fin de firmar un convenio de financiación del desdoblamiento de
dicho eje. En este mismo sentido el Grupo Socialista insta al
Ministerio de Fomento, a través de esta proposición no de ley, para
que este convenio pueda desarrollarse, con el fin de que las
instituciones implicadas puedan retomar el diálogo para hallar una
financiación a dicho desdoblamiento.

El señor PRESIDENTE: El señor Sedó tiene la palabra en nombre de
Convergència i Unió.




El señor SEDÓ I MARSAL: Además por alusiones, porque el diputado que
recibió la respuesta no satisfactoria del señor ministro de Fomento
fui yo a una pregunta mía.

El Parlamento de Cataluña aprobó una proposición no de ley en la que
se instaba básicamente a dos cosas, una de ellas a redactar el
proyecto de desdoblamiento del eje transversal. El eje transversal,
se ha dicho, es una carretera importante, y es verdad, para el centro
de Cataluña. Nació coja en parte, como dice la señora Miralles, por
cuanto los problemas económicos no permitieron hacer de golpe todo el
desdoblamiento, aunque está prevista alguna de las obras, con grandes
cortes en la carretera, y alguna obra civil para su futura
ampliación. Cumpliendo la primera parte de la proposición, en la que
se instaba al Gobierno de Cataluña a redactar el proyecto del
desdoblamiento del eje transversal, se está trabajando por tramos;
hay unos tramos que tienen más necesidad de ese desdoblamiento que
otros. Desde mi punto de vista tienen que ir unidos unos a otros,
pero sí hay alguno que tiene prioridad.

También, como es evidente, en el Plan de infraestructuras 2000-2007
del Ministerio de Fomento, que tenemos en un pequeño formato, está el
desdoblamiento del eje transversal y algunas obras que acaban de
completar una carretera que haría una especie de arco desde la zona
de Tarragona hasta la frontera por el interior, pero que estas
carreteras puedan hacerse o no depende ya de posibles convenios con
la Generalitat de Cataluña. Nosotros estamos de acuerdo en que el
Parlamento de Cataluña inste a que entre el consell executiu de la
Generalitat y el Ministerio de Fomento se fijen los esquemas para
financiar el desdoblamiento de esta vía. Nos parece aceptable y vamos
a votarlo favorablemente. A la vez nos congratulamos mucho de que
haya conversos, porque, señorías, hay que hacer constar que en el
primer tramo hubo una financiación por parte del Ministerio de
Fomento a través de dos decretos-ley, uno complementario del otro,
que no solamente fueron votados negativamente por el Partido
Socialista, sino que fueron muy criticados. Incluso creo que en los
Presupuestos Generales del Estado se hicieron las propuestas de bajas
en todas las cantidades que los reales decretos daban a la
Generalitat de Cataluña para la financiación de esta vía si el
capital se repartía en otras muchísimas obras.

En este caso nos congratulamos de tres cosas: por un lado, de que
tengamos conversos; segundo, de que el Gobierno de la Generalitat ya
esté trabajando en la redacción de los proyectos, aunque sea a
tramos, y, tercero, de que podamos aprobar, si es que así resulta en
esta Cámara, que se inste al Gobierno a que se establezca el
convenio, que en un momento u otro tendrá que hacerse, para la
financiación de estas obras.




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El señor PRESIDENTE: La señora Montseny, por parte del Grupo Popular,
tiene la palabra.




La señora MONTSENY MASIP: Entendemos que el planteamiento -hay que
decirlo- ab initio de la presente iniciativa que trae a esta Cámara
el Grupo Parlamentario Socialista coincide con el de nuestro grupo.

Es cierto que el ministro de Fomento, el señor AlvarezCascos, el
pasado 16 de mayo respondió que no estaba prevista ninguna partida
presupuestaria para el eje transversal de Cataluña. Desde el Grupo
Parlamentario Popular entendemos, señor presidente, que si bien es
cierto que hubo una proposición no de ley aprobada por unanimidad en
el ámbito del Parlament de Cataluña por todos los grupos
parlamentarios, ello no obsta a que nosotros queramos ser respetuosos
con otros foros parlamentarios como el Parlament de Cataluña. Si bien
compartimos que todo avance en cualquiera de las infraestructuras que
contribuyen a una mayor modernidad en cuanto a desplazamiento, que
facilite el desarrollo económico, comercial y social en el ámbito del
Estado español, siempre es positivo, entendemos que si nosotros hoy
apoyáramos y votáramos favorablemente la presente proposición no de
ley de alguna forma vulneraríamos competencias de otros ámbitos del
Estado. Si ya se ha instado en el Parlament de Cataluña a que sea el
Gobierno de la Generalitat el que inicie conversaciones con el
Ministerio de Fomento, sería entrar en un área que no nos
corresponde.

La Generalitat debe ser la promotora y no nos cabe duda de que
seguramente llegue a acuerdos en el ámbito del Ministerio de Fomento,
porque sus grandes inversiones en infraestructuras han sido
demostradas a lo largo de estos últimos años. Repito, de alguna forma
sería entrar en un terreno que no es competencia de esta Cámara
legislativa y, por tanto, si bien coincidimos en el criterio de que
todo avance de desdoblamiento del eje transversal puede ser positivo
para Cataluña, entendemos que en los momentos actuales debe ser el
propio Gobierno de la Generalitat de Cataluña el que inicie estos
contactos para llegar a acuerdos con el Ministerio de Fomento.




- RELATIVA A LA CONSTRUCCIÓN DEL APEADERO FERROVIARIO EN EL CAMPUS
UNIVERSITARIO DE ELVIÑA (A CORUÑA). PRESENTADA POR EL GRUPO
PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 161/000875.)



El señor PRESIDENTE: Pasamos a la proposición número 16, relativa a
la construcción del apeadero ferroviario en el campus universitario
de Elviña, de la que es autor el Grupo Parlamentario Mixto.

Tiene la palabra su portavoz.




El señor AYMERICH CANO: Defiendo una iniciativa que no es nueva en
esta Cámara, ni siquiera en
esta Comisión, y que se enmarca en algo bastante más ambicioso,
aunque no por el dinero, no por la magnitud de las inversiones que
requeriría: aprovechar la red ferroviaria ya existente entre A Coruña
y Ferrol y en toda la comarca de A Coruña para, sobre ella,
establecer un servicio de cercanías que en este momento no existe; un
servicio de cercanías que permitiría ir desde el centro de A Coruña
precisamente al campus universitario de Elviña o ir desde zonas como
Ferrol, Betanzos, Culleredo, hasta ese campus universitario,
resolviendo el problema que hay ahora de insuficiencia de transporte
por autobús desde el centro de A Coruña o de esos otros municipios,
como Ferrol o los demás municipios limítrofes de A Coruña, hacia la
universidad.

La creación de este apeadero requeriría una inversión mínima, de
seguramente menos de 10 millones de pesetas, ya que está justamente
enfrente del campus. Únicamente estamos pendientes de que el
Ministerio de Fomento, la Xunta de Galicia y RENFE incluyan esta obra
dentro del catálogo de obras que van a abordarse en el marco del
convenio suscrito entre estas tres entidades. En una respuesta que me
transmitió el Gobierno con fecha 19 de junio del año 2001 se decía
que en el convenio firmado el 20 de diciembre de 2000 por el
Ministerio de Fomento, la Xunta de Galicia y RENFE para la mejora de
la red ferroviaria interior de Galicia no figuraba expresamente la
construcción del apeadero en el campus universitario de Elviña. Sin
embargo, se decía que, como consecuencia de la aprobación por el
Parlamento gallego de una proposición no de ley en este sentido, la
Xunta se ha dirigido al Ministerio de Fomento y en la próxima reunión
de la comisión de seguimiento del convenio se analizará de forma
oficial la integración del apeadero, con referencia expresa a su
construcción, si procediera.

Esta proposición no de ley que ahora defiendo persigue precisamente
eso: dar cumplimiento a una demanda unánimemente sentida por la
ciudadanía de A Coruña, de Ferrol y esos otros municipios, que
revertiría de forma positiva en el bienestar de muchos estudiantes y
que es una deuda pendiente con A Coruña. No hablamos ya de la
construcción y puesta en marcha de esa red ferroviaria de transportes
de cercanías, sino de algo mucho más modesto, como es exclusivamente
el transporte universitario que puede realizarse aprovechando la red
existente y simplemente creando un apeadero. Seguramente la reunión
de esta comisión de seguimiento del convenio tenga lugar antes de fin
de año, por lo que resulta muy oportuno el debate de esta proposición
no de ley. No se trata de pedir nada nuevo, sino de instar al
Gobierno a cumplir algo y, si son tan buenas las relaciones como
suelen ser entre la Xunta de Galicia y el Gobierno central, el
Ministerio de Fomento, estará dispuesto a hacerlo de buen grado.




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El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el
señor Díaz.




El señor DÍAZ DÍAZ: Nosotros vamos a apoyar esta proposición no de
ley porque pensamos que es necesaria. El campus de Elviña queda fuera
del núcleo urbano y a él acceden diariamente miles de estudiantes y
profesores. Favorecer el acceso por tren a este campus es una medida
que contribuye a racionalizar el transporte, optando por la mejor
opción de transporte colectivo y, al mismo tiempo, ayudamos a
resolver los problemas de tráfico en la ciudad de A Coruña.

La petición del BNG, como el señor Aymerich reconoció, existe ya en
esta Cámara. Es una petición que también ha hecho el propio
ayuntamiento de la ciudad y en estos momentos existe un anteproyecto
para construir una nueva estación intermodal -se está negociando por
el ayuntamiento con el Ministerio de Fomento-, en la que se tendría
en cuenta el asunto de Elviña. Está prevista una conexión con este
campus por metro ligero o por tren. En todo caso, la solución
propuesta es la más rápida. Es una solución racional, barata, como
decía el señor Aymerich, y no vemos ninguna razón para no apoyarla
ni, incluso, ninguna razón para que no tenga el apoyo mayoritario de
esta Comisión.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Fariñas.




El señor FARIÑAS SOBRINO: En primer lugar, quiero señalar que,
evidentemente, las relaciones entre el Gobierno gallego y el Gobierno
de España son fantásticas, lo han sido y, estoy seguro, lo van a
seguir siendo. Digo esto en respuesta a lo que algunos dieron en
llamar Gobierno amigo y que a mí me gusta más llamar Gobierno justo,
ya que trata de devolvernos lo que algunos nos quitaron.

Nosotros reconocemos la necesidad de dotación de este apeadero en el
campus universitario de Elviña, como solicita el Bloque Nacionalista
Galego. Tanto lo reconocemos que ya está recogido como propuesta
firme, como ha indicado el propio señor Aymerich, y a iniciativa de
la Xunta de Galicia; ha sido reconocido ya en una declaración de
intenciones efectiva por el Ministerio de Fomento. Como el propio
Bloque Nacionalista Galego sabe, y el mismo señor Aymerich casi
reconoce (digo esto por la poca credibilidad que a él le merece una
respuesta parlamentaria del Ministerio de Fomento), esto ya está
prácticamente hecho. Es un acuerdo que sólo tiene que plasmarse; ya
han llegado a un acuerdo los dos representantes de los dos gobiernos
y creemos que esta proposición es innecesaria. De todas formas tengo
que decir que el Grupo Popular también va a apoyar esta intención,
pero no votando a favor de esta innecesaria propuesta, sino
ejecutándola.

- RELATIVA A LA APLICACIÓN A LAS VIVIENDAS CONSTRUIDAS EN RÉGIMEN DE
AUTOPROMOCIÓN DE LOS SEGUROS OBLIGATORIOS PREVISTOS EN LA LEY 38/
1999, DE 5 DE NOVIEMBRE, DE ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN. PRESENTADA
POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 161/000926.)



El señor PRESIDENTE: Pasamos a la proposición no de ley número 17,
que será la última que debatiremos en la sesión de hoy. En el caso de
que su debate terminara antes de las dos y cuarto, que no lo creo
puesto que son tres los intervinientes, se votará a esa hora. Lo digo
para que los portavoces tengan tiempo de recabar votos donde proceda.

El autor de esta proposición no de ley, relativa a la aplicación de
las viviendas construidas en régimen de autopromoción de los seguros
obligatorios previstos en la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de
ordenación de la edificación, es el Grupo Parlamentario Mixto.

Tiene la palabra el señor Aymerich.




El señor AYMERICH CANO: Esta proposición no de ley trata de una
problemática que se da seguramente en otros muchos lugares del Estado
pero que, por la peculiaridad del poblamiento disperso en Galicia,
integrado por muchas viviendas unifamiliares, está afectando de forma
muy negativa a la economía de muchas familias gallegas.

El artículo 19 de la Ley de ordenación de la edificación obliga a los
promotores de viviendas a suscribir una serie de garantías para
asegurar el resarcimiento de ciertos daños derivados de vicios o
defectos de la construcción. Este es un objetivo loable, proteger a
los adquirentes de viviendas de los vicios producidos por los
defectos constructivos de las mismas y de paso garantizar la calidad
en la construcción, pero el problema está en que este régimen de
seguros del artículo 19 se aplica indiscriminadamente también a
supuestos como los de autopromoción, en los que no tiene demasiado
sentido. Este régimen de seguros tiene sentido cuando promotor y
adquirente son personas distintas, pero no cuando la vivienda es
construida en régimen de autopromoción por quien va a ser su usuario.

Sería una especie de autoseguro que no hace más que encarecer, en una
media de 400.000 pesetas más o menos, el precio ya de por sí elevado
de construcción de una vivienda.

Sin necesidad de reformar el artículo 19 de la Ley de ordenación de
la edificación cabrían, aparte del seguro de daños, otras
alternativas, como sería, por ejemplo, el seguro de caución. El
seguro de caución asegura el cumplimiento de la obligación y no la
indemnización de un daño, por tanto en el caso de estas viviendas
construidas en régimen de autopromoción entraría en vigor sólo en el
caso de que la vivienda fuese adquirida en el plazo



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de 10 años por una persona distinta del promotor, de aquel que la
construyó. Si ése es el momento en que entra en vigor el seguro, sólo
a partir de ese momento habría que pagar las correspondientes primas.

Lo que sucede es que el ahorro que por esta vía de diferir el pago de
las primas puede suponer el seguro de caución las entidades
aseguradoras lo cobran por otra vía, cobrando de forma abusiva los
peritajes necesarios para la suscripción de este seguro, con lo cual,
si se me permite la expresión, lo comido por lo servido, y estamos
igual que al principio, ante el mismo problema.

Lo que nosotros pedimos a través de esta proposición no de ley es que
el Gobierno dicte cuantas instrucciones sean precisas para facilitar
y abaratar la suscripción de las garantías obligatorias previstas en
el artículo 19 de la Ley de ordenación de la edificación en los
supuestos de viviendas construidas en régimen de autopromoción y que
dicte cuantas instrucciones sean necesarias para eliminar la
necesidad de peritajes en inspecciones relativas al estado y calidad
de la edificación cuando el promotor opte por la suscripción de un
seguro de caución. Ésta sería nuestra demanda máxima y obedecería al
interés de muchas personas que se dirigieron a nosotros,
exponiéndonos este problema. Sin embargo, vamos a dar un voto de
confianza al Gobierno y al grupo que lo sustenta al admitir una
enmienda transaccional que el Grupo Popular nos propone. Una enmienda
transaccional en virtud de la cual, una vez publicado el código
técnico de la edificación, que se prevé para el primer semestre del
año 2002, se estudie (siempre estamos con los famosos estudios, pero
confiemos que esta vez el estudio llegue a buen puerto) la
introducción de mejoras en la aplicación de las garantías, en
especial en el caso de las viviendas construidas en régimen de
autopromoción. Vamos a votar a favor, a pesar de que ello supone una
rebaja respecto de lo que era nuestra solicitud inicial, porque, por
lo menos, supone reconocer que hay un problema, supone reconocer que
la aplicación indiscriminada de la Ley de ordenación de la
edificación está causando un detrimento patrimonial innecesario a
personas que en muchos casos, aunque no siempre, tienen que soportar
la carga económica que supone construir una vivienda como para que
encima se le ponga otra más.




El señor PRESIDENTE: Señora Miralles, su grupo tenía una enmienda y
no sé si participa de la transacción que se ha producido. ¿Va a
defender usted la enmienda, o se va a posicionar?



La señora MIRALLES I GUASCH: Yo voy a defender mi enmienda y, como no
se va a aceptar, nos vamos a abstener.




El señor PRESIDENTE: Tiene usted la palabra.




La señora MIRALLES I GUASCH: Creo que todos los grupos coincidirán
conmigo en que uno de los
temas más importantes y uno de los objetivos principales que debe
perseguir la actividad parlamentaria es, en el ámbito de la vivienda,
garantizar la seguridad de uno de los bienes fundamentales que, a lo
largo de la vida, la unidad familiar o una persona a título
individual pueda adquirir o comprar. Por ese motivo, la regulación
para asegurar el resarcimiento de ciertos daños derivados de vicios o
defectos en la edificación se reguló en una proposición de ley, por
lo que nuestro grupo sostiene que debe someterse a debate
parlamentario la posibilidad de modificar la Ley de ordenación y en
este sentido debe concretarse en una proposición de ley por la que se
modifique la disposición adicional segunda de la Ley 38/1999, de 5 de
noviembre. Por ello, nuestro grupo ha presentado una enmienda de
sustitución para que, en un plazo de tres meses, se remita a la
Cámara un proyecto de ley que modifique la Ley 38/1999, de ordenación
de la edificación.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Ortiz, en nombre del
Grupo Parlamentario Popular.




El señor ORTIZ GONZÁLEZ: Con la máxima brevedad, señor presidente.

La exposición del señor Aymerich y en parte la de la señora Miralles
me permiten que haga gracia a SS.SS. de todas las razones que existen
en el caso. Es evidente que no parece razonable privar a las
viviendas de autopromoción de las ventajas que representa el seguro
decenal, pero evidentemente buscando fórmulas que no supongan un
incremento de costes en una figura que no es rara, a pesar del
carácter atípico que le ha querido dar el señor Aymerich, como es el
caso de autoseguro o de fórmulas aseguradoras que tengan en cuenta
que hay una coincidencia entre el tomador del seguro y el posible
perjudicado por los daños que pretende cubrir el seguro mismo.

Consiguientemente, compartimos el planteamiento y compartimos los
objetivos que persigue.

Respecto de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista no podemos aceptar que cuando el código técnico de
edificación está en pleno proceso de elaboración (parece que se
espera promulgarlo en el mes de mayo) vayamos a una modificación
anticipada del artículo 19 de la Ley de ordenación de la edificación.

Entendemos que parece necesario esperar a la promulgación de ese
código técnico de la edificación para, tan pronto se promulgue,
estudiar las medidas de mejora que se proponen para evitar ese coste
innecesario que se puede dar en los supuestos de autopromoción.

En la enmienda presentada por el señor Aymerich, en representación
del Grupo Mixto, hay un segundo apartado, en el que se pretende la
eliminación de los peritajes e inspecciones técnicas.

Desafortunadamente, este es un tema que está fuera de la Ley de
ordenación de la edificación; pertenece a la praxis de las compañías
de seguros que, para curarse en salud, obligan



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a peritajes e inspecciones técnicas absolutamente imprescindibles.

Consiguientemente, lo que defendemos con este planteamiento es una
enmienda de texto alternativo que tendría valor de transaccional,
como se ha adelantado a decir el señor Aymerich, cuyo texto ha leído
él mismo y que entiendo como enmienda presentada que obra en poder de
la Mesa y que, en esencia, lo que dice es que, una vez publicado el
código técnico de la edificación, y a la vista de la experiencia
recogida en su aplicación, se estudien -y en este caso estudiar va en
serio, señor Aymerich- las posibles mejoras en la aplicación de las
garantías, en especial en los casos de vivienda de autopromoción, sin
que quede mermada la calidad de las mismas.




El señor PRESIDENTE: El señor Ortiz González se ha pronunciado
diciendo que no aceptaba la enmienda del Grupo Parlamentario
Socialista, pero a quien corresponde decirlo es al señor Aymerich. Le
agradecemos al señor Ortiz el reforzamiento de la voluntad que ha
expuesto, pero dígame, señor Aymerich, si va a aceptar o no la
enmienda.




El señor AYMERICH CANO: Lógicamente, al aceptar la transaccional que
propone el Grupo Parlamentario Popular a una proposición no de ley
del BNG -y quiero reafirmarlo-, no se puede aceptar la del Grupo
Parlamentario Socialista.




El señor PRESIDENTE: Señorías, según mi reloj, quedan cuatro minutos
para las dos y cuarto de la tarde, con lo que no vamos a iniciar un
nuevo debate, pero, si SS.SS. están dispuestos, podemos proceder a la
votación de forma inmediata. (Asentimiento.) Recurro a los portavoces
parlamentarios para que hagan llamamiento a los miembros de sus
partidos, porque vamos a proceder a la votación. Señor Segura, ¿se
encuentra su grupo dispuesto para proceder a las votaciones?



El señor SEGURA CLAVELL: Mi grupo se encuentra dispuesto para votar y
ganar, señor presidente.




El señor PRESIDENTE: Veo que viene usted con un ánimo espléndido.




El señor SEGURA CLAVELL: Hasta que no se vote no se sabe el resultado
de la votación.




El señor PRESIDENTE: ¿Se encuentran el resto de los portavoces con el
mismo ánimo que el señor Segura?



El señor LÓPEZ-AMOR GARCÍA: Con un poquito menos de ánimo.




El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a las votaciones y que Dios
reparta suerte.

Como saben SS.SS., las proposiciones no de ley números 2 y 3 han sido
aplazadas. Por tanto, iniciamos la votación con la proposición no de
ley número 4, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre la dotación de
áreas de servicio en los tramos de las autopistas A-6 y A-52 que
transcurren por la Comunidad Autónoma de Galicia.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16;
en contra, 21.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Pasamos a votar la proposición no de ley número 5, del Grupo
Parlamentario Socialista, sobre el desdoblamiento de la carretera N-
340 entre Estepona y Guadiaro.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14;
en contra, 21; abstenciones, dos.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Proposición no de ley número 6, del Grupo Parlamentario Socialista,
sobre la elaboración de un plan específico para la conexión
ferroviaria del corredor del mediterráneo con la línea de alta
velocidad MadridBarcelona- frontera francesa, en la zona de
Tarragona.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14;
en contra, 23.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Como la proposición no de ley número 7 ha sido retirada de la
votación, vamos a votar la proposición no de ley número 8, del Grupo
Parlamentario Mixto, relativa a la necesidad de mejorar la seguridad
del tráfico marítimo en las costas de Galicia.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14;
en contra, 21; abstenciones, dos.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Proposición no de ley número 9, del Grupo Parlamentario Socialista,
para el desarrollo de un plan estratégico de infraestructuras en
Galicia que evite la repetición de los daños causados por fenómenos
naturales como las riadas.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14;
en contra, 21; abstenciones, dos.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Proposición no de ley número 10, del Grupo Parlamentario Socialista,
relativa a la problemática del servicio de Correos en la provincia de
Alicante.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14;
en contra, 21; abstenciones, dos.




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El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Proposición no de ley número 11, del Grupo Parlamentario Socialista,
que tiene una enmienda del Grupo Parlamentario Mixto, sobre la
paralización de las obras de construcción del ramal de acceso al
Puerto de Marín y estudio de un trazado alternativo.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14;
en contra, 21; abstenciones, dos.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Proposición no de ley número 12, del Grupo Parlamentario Socialista,
relativa a la realización del acceso completo y global del municipio
de La Guardia de Jaén a la autovía Bailén-Motril, en el semienlace de
Venta Matías.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14;
en contra, 21; abstenciones, dos.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Proposición no de ley número 13, del Grupo Parlamentario Socialista,
sobre medidas para reducir la siniestralidad de la travesía de
Guadalmar (Málaga).




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14;
en contra, 21; abstenciones, dos.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Proposición no de ley número 14, del Grupo Parlamentario Socialista,
relativa a la financiación del eje transversal de Cataluña.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16;
en contra, 21.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.




Proposición no de ley número 15, del Grupo Parlamentario Socialista,
para la realización de un estudio
de viabilidad que permita la modernización y el ancho internacional
del tramo Granada-Moreda-Almería que prolongaría y conectaría el
corredor mediterráneo con el eje transversal de Andalucía.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14;
en contra, 21; abstenciones, dos.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Proposición no de ley número 16, del Grupo Parlamentario Mixto,
relativa a la construcción del apeadero ferroviario en el campus
universitario de Elviña (A Coruña).




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16;
en contra, 21.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Finalmente, votamos la proposición no de ley número 17, del Grupo
Parlamentario Mixto, relativa a la aplicación a las viviendas
construidas en régimen de autopromoción de los seguros obligatorios
previstos en la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la
Edificación. Recuerdo a SS.SS. que tiene una enmienda transaccional
del Grupo Parlamentario Popular y una enmienda del Grupo
Parlamentario Socialista que ha sido rechazada, por lo que se vota en
los términos de la enmienda transaccional del Grupo Parlamentario
Popular.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 24;
abstenciones, 13.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.




Se levanta la sesión.




Eran las dos y veinte minutos de la tarde.