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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 350, de 30/10/2001
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2001 VII Legislatura Núm. 350
JUSTICIA E INTERIOR
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSÉ MANUEL ROMAY BECCARÍA
Sesión núm. 38
celebrada el martes, 30 de octubre de 2001
ORDEN DEL DÍA:
Comparecencia del señor secretario de Estado de la Seguridad (Morenés
Eulate) para informar sobre:
- La actuación de la Guardia Civil en los incidentes sucedidos el día
29 de junio de 2001 en Ponte do Porto, Camariñas (A Coruña). A
solicitud del Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 212/
000577.) . . . (Página 11350)
- El incremento experimentado en España por la delincuencia
organizada y medidas que tiene previsto adoptar para atajar la
preocupante situación. A solicitud del Grupo Parlamentario
Socialista. (Número de expediente 212/000807.) . . . (Página 11355)
- Las circunstancias que ocasionaron la muerte de 15 inmigrantes en
las costas de Fuerteventura, al ser abordada la patera en la que
viajaban por una patrullera de la Guardia Civil. A solicitud del
Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 213/000434.). .
. . (Página 11368)
- Los hechos ocurridos en Fuerteventura a raíz de los cuales
fallecieron 15 inmigrantes. A solicitud del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida. (Número de expediente 213/000437.) . . .
(Página 11368)
- La actuación de la Subdelegación del Gobierno en Cuenca que permite
una concentración de carácter claramente racista del llamado grupo
«Democracia Nacional» que se celebrará bajo el lema «Los españoles
primero, ¡alto a la invasión!» en el día de hoy en Las Pedroñeras,
Cuenca. A solicitud del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de
expediente 213/000497.) . . . (Página 11378)
- Las razones por las que la Subdelegación del Gobierno en Cuenca ha
autorizado una concentración de extrema derecha racista, para el día
2 de agosto de 2001, en la localidad conquense de Las Pedroñeras, así
como para que exponga lo planes del Ministerio del Interior en
relación a la represión del fascismo de extrema derecha racista y la
promoción de la tolerancia y el respeto al pluralismo, como exige
nuesta Constitución. A solicitud del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida. (Número de expediente 213/000494.) . . .
(Página 11378)
Preguntas:
- Del señor De la Encina Ortega (Grupo Parlamentario Socialista),
sobre causas por las que no ha entrado en funcionamiento la primera
fase del Sistema Integrado de Vigilancia Exterior en el Estrecho
(SIVE) en el verano del año 2001. (Número de expediente 181/001059.)
. . . (Página 11382)
- Del mismo señor diputado, sobre la fecha prevista para resolver
favorablemente la petición de habilitación del puerto de Tarifa
(Cádiz) como frontera exterior Schengen. (Número de expediente 181/
001061.) . . . (Página 11385)
Se abre la sesión a las diez y cinco minutos de la mañana
COMPARECENCIA DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO PARA LA SEGURIDAD
(MORENÉS EULATE) PARA INFORMAR SOBRE:
- LA ACTUACIÓN DE LA GUARDIA CIVIL EN LOS INCIDENTES SUCEDIDOS EL DÍA
29/6/2001 EN PONTE DO PORTO, CAMARIÑAS (A CORUÑA). A SOLICITUD DEL
GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (Número de expediente 212/000577).
El señor PRESIDENTE: Buenos días, señoras y señores diputados.
Bienvenido, señor secretario de Estado.
Vamos a dar comienzo a la sesión de la Comisión y a desarrollar el
orden del día previsto. En primer lugar, tiene la palabra el
secretario de Estado para la Seguridad para exponer lo que estime
pertinente en relación
con la solicitud de comparecencia formulada por el Grupo
Parlamentario Mixto para explicar la actuación de la Guardia Civil en
los incidentes sucedidos el día 29 de junio del 2001 en Ponte do
Porto, Camariñas (A Coruña).
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA SEGURIDAD (Morenés Eulate):
Buenos días, señorías.
Sobre las 4,40 horas del día 29 de junio de 2001, encontrándose la
patrulla del puesto de Camariñas prestando servicio preventivo de
seguridad ciudadana y vigilancia nocturna en la localidad de Ponte do
Porto, Camariñas, en horarios de 23 horas a 7 horas, observaron cómo
del interior del disco-pub Tejanos salían dos individuos agrediéndose
mutuamente y detrás de ellos un numeroso grupo de jóvenes, que acto
seguido comenzaron a golpear brutalmente a una de esas dos personas,
identificada posteriormente como Hector José Soto Santos, de 22 años,
natural y vecino de Vimianzo, A Coruña. A la vista de estos hechos,
la patrulla estacionó el vehículo oficial y se dirigió en auxilio del
agredido, momento en el que el numeroso
grupo de jóvenes comenzó a insultar y a empujar a los dos componentes
del cuerpo, el sargento don José Manuel Chao Samprón y el guardia
civil don Jorge Pérez Vega.
Ante el cariz que tomaban los acontecimientos, optaron por separar al
agredido del grupo y llevarlo a las inmediaciones del vehículo
oficial, donde invitaron al agredido a que depusiese su actitud
agresiva y colaborase con la patrulla, momento en el que, sin motivo
aparente y de forma intencionada, éste propinó un cabezazo en la cara
del sargento Chao Samprón, procediéndose entonces a su detención como
supuesto autor de un delito de atentado a agentes de autoridad. A
continuación, el referido grupo de jóvenes, en número de unos 50,
comenzó a golpear brutalmente a ambos componentes del cuerpo y al
detenido. Esto provocó la formación de dos diferentes grupos de
agresión: uno de ellos arrojó al suelo al guardia Pérez Vega y al
detenido, a quienes propinaron repetidos puñetazos y patadas; el
otro, mientras tanto, golpeó y zarandeó al sargento Chaos Samprón.
En cuanto el sargento consiguió zafarse de sus agresores, observó que
tanto su integridad física como la de su compañero y la del propio
detenido corrían grave peligro. En ese momento se desplazó al centro
de la vía pública, donde se sucedían los hechos, carretera AC-432
Vimianzo-Camariñas y, previa comprobación de la inexistencia de
riesgo alguno para personas o bienes, desenfundó su arma corta
reglamentaria, con la que efectuó dos disparos intimidatorios al
aire, consiguiendo con ello que los agresores se disolvieran
momentáneamente, circunstancia que aprovecharon los dos componentes
del cuerpo para introducir al detenido en el interior del vehículo
oficial. Tras conseguirlo, el mismo grupo de personas intentó forzar
las puertas y sacar al detenido por la fuerza, llegando a sugerir
alguno de ellos la rotura de los cristales y en otro caso volcar el
vehículo y quemarlo incluso con el detenido dentro.
Hay que hacer notar que en tanto los componentes de la patrulla eran
agredidos, justo antes de los disparos al aire, los guardias civiles
don Miguel Rivadulla Pérez y don Juan Ramón Quintela Pampín,
destinados respectivamente en los puestos de Vimianzo y Carballo, que
se encontraban en un local situado al otro lado de la vía pública,
francos de servicio y vestidos de paisano, se percataron de la grave
situación en la que se encontraba la citada patrulla, saliendo de
inmediato en su apoyo tras identificarse con los gritos de: ¡Somos
guardia civil! El grupo de alborotadores la emprendió igualmente a
golpes con ellos, cayendo al suelo el guardia Quintela Pampín, donde
fue alcanzado en la cabeza por una patada, que le originó cinco
minutos de inconsciencia.
Participada la novedad a la central operativa de servicios de la
comandancia, se envió al lugar de los hechos las patrullas de
servicio más cercanas, personándose, en primer lugar, el alférez
oficial adjunto de
la compañía de Carballo, don Carlos Bello Ramos, que se encontraba en
vigilancia de servicio. Al llegar al lugar, intentó repetidamente
dialogar con varias de las personas allí presentes, con objeto de que
depusieran su agresiva actitud y abandonasen el lugar, haciendo éstos
totalmente caso omiso a su solicitud.
Poco después se personaron las patrullas de los puestos de Muxía,
Ponteceso y Carballo, y posteriormente el teniente jefe del puesto
principal de esta última localidad, lográndose la detención de uno de
los agresores, previa identificación por parte de los integrantes de
la patrulla de Camariñas, el cual ofreció fuerte resistencia,
golpeando a los componentes de la patrulla de Ponteceso, constituida
por los sargentos Ortiz Ramírez y el guardia civil Marcos Ageitos
Galán. A otro de los agresores, tras ser introducido en el vehículo
del alférez, se le colocaron los grilletes. Sin embargo, y debido a
la presión ejercida por los exaltados, logró escabullirse entre
ellos. Acto seguido, el alférez Bello Ramos, junto con el agresor
detenido, que fue identificado como don José Manuel Andrade Pereira,
de 29 años, natural de Gran Bretaña y vecino de Ponte do Porto,
intentó salir en el vehículo oficial con dirección al centro médico
de Vimianzo, momento en el que un grupo de personas se cruzó delante
del automóvil, con el propósito de que el turismo no pudiese avanzar,
zarandeándolo e intentando abrir la puerta para sacar al detenido,
mientras otras dos personas se tumbaron en el asfalto delante del
mismo para impedir su marcha. Ante la imposibilidad de continuarla,
optó por dar la vuelta para dirigirse a Vimianzo por una vía
secundaria, consiguiendo dar marcha atrás y salir en esa dirección,
efectuando la correspondiente maniobra. Algunos de los presentes
corrieron detrás del coche oficial, al percatarse de que la intención
de dar marcha atrás no era la de pararse, sino la de escapar e ir al
centro sanitario por otra vía.
Al cruzar el puente sobre el río existente en la localidad, el
detenido, que iba situado en el asiento trasero izquierdo, golpeó el
respaldo del asiento del conductor, motivando que el alférez se
girase para ver qué ocurría y repeler la posible agresión,
circunstancia que motivó que invadiese ligeramente el carril
contrario y entrase en colisión, en la zona próxima a la línea
discontinua de separación de carriles, con un turismo marca Audi,
modelo A-4, que, conducido por su propietaria, doña Irene Peña
Quintans, vecina de Sardiñeiro (Fisterra), circulaba en sentido
contrario. Ambos conductores, así como los respectivos ocupantes,
resultaron ilesos. Al alférez le fue practicada la prueba de
alcoholemia por personal del destacamento de Tráfico de Corcubión,
con resultado negativo, 0,00 gramos de alcohol por litro. Ambos
vehículos resultaron con daños de consideración. El detenido fue
introducido en el vehículo oficial de la patrulla de Muxía, siendo
conducido al centro médico de Vimianzo para reconocimiento y
posteriormente a las dependencias del mismo puesto, al
igual que el primero de los detenidos, don Hector José Soto Santos,
para la confección de diligencias.
Durante los hechos narrados resultaron lesionados los siguientes
componentes del cuerpo: el sargento don José Manuel Chao Samprón fue
reconocido en el hospital Virgen de Xunqueira, en Cee, Corcubión,
diagnosticándosele traumatismo en la región molar derecha, muñeca
derecha y hombro derecho, se le colocó una férula metálica en dicha
mano, causando baja para el servicio; Don Jesús Ortíz Ramírez, fue
reconocido inicialmente en el centro de salud de Vimianzo y al día
siguiente en el hospital modelo de esta ciudad, se le diagnosticó
traumatismo en pómulo derecho, costado izquierdo y rodilla derecha,
causando baja para el servicio; el guardia civil, don José Alberto
Pérez Vega fue reconocido en el hospital Virgen de Xunqueira, en Cee
(Concurbión), se le diagnosticaron contusiones en el molar y en el
antebrazo izquierdo y esguince en la muñeca y cuarto y quinto dedos
de la misma mano, se le colocó una férula metálica y causó baja en el
servicio; el guardia civil, don Miguel Rivadulla Pérez, fue
reconocido en el centro de salud de Vimianzo y posteriormente en el
hospital modelo de esta ciudad, diagnosticándosele traumatismo en la
mano derecha, hematoma en el brazo izquierdo, heridas incisas en la
mano izquierda y antebrazo y herida en la sien izquierda, siéndole
colocada también una férula metálica y causando baja para el
servicio; el guardia civil, don Ramón Quintera Pampín fue reconocido
en el centro de salud de Vimianzo y posteriormente en el hospital
modelo de esta ciudad, diagnosticándosele contusiones y hematomas
varios en brazo, antebrazo y hombro izquierdo y causando baja para el
servicio; y el guardia civil don Marcos Ageitos Galán fue reconocido
en el centro de salud de Vimianzo, diagnosticándosele traumatismo en
el antebrazo izquierdo y rodilla del mismo lado, no causando,
afortunadamente, baja para el servicio.
Además de los dos detenidos ya mencionados y como resultado de las
gestiones practicadas se efectuaron posteriormente las siguientes
detenciones: Javier Sánchez Alonso, de 27 años, natural y vecino de
Puente del Puerto, se presentó a las 17,20 horas del día de los
hechos en las dependencias del puesto de Vimianzo con las esposas que
le habían sido colocadas en el transcurso del altercado; Vidal Martín
Méndez, de 21 años, natural de Camariñas y vecino del Puente del
Puerto, los autores de las diligencias se entrevistaron con sus
padres y fue identificado como uno de los cabecillas de las
agresiones, fue detenido a las 22,00 horas en dependencias del puesto
de Vimianzo; Javier Baña Torres, de 27 años, natural y vecino de
Camariñas, tras ser identificado como uno de los autores de la
agresión y de las lesiones a los guardias civiles que se encontraban
de paisano, fue detenido a las 12,00 horas del día 5 del mes de
julio; Manuel Alejandro Baña Torres, de 24 años, hermano del
anterior, identificado también como otro de los agresores de los
guardias civiles de paisano,
fue detenido a las 16,00 horas del día 5 del mes de julio.
Las diligencias número 59/2001, y ampliatorias número 60/2001
instruidas por el equipo de la Policía judicial de la compañía de
Carballo, fueron entregadas junto con los detenidos, en el Juzgado de
Instrucción número 2 de Corcubión. En relación con los detenidos
Sánchez Alonso y Andrade Pereida, la autoridad judicial determinó la
prisión provisional comunicada y sin fianza; para los señores Soto
Santos y Ximénez Vidal se determinó la prisión provisional bajo
fianza de 250.000 pesetas y para los hermanos Baña Torres se
dictaminó la libertad con obligación de personarse en el juzgado el
día primero de cada mes.
El señor PRESIDENTE: Por el grupo parlamentario solicitante de la
comparecencia, tiene la palabra el señor Aymerich.
El señor AYMERICH CANO: Señor secretario de Estado, siempre está bien
pedir la comparecencia, porque ya contábamos con una respuesta por
escrito y de nuevo las versiones no coinciden demasiado. En la
comparecencia se dice una cosa, se había dicho otra cosa en la
respuesta por escrito y las contradicciones son numerosas.
En primer lugar, los incidentes no empezaron a las 4,40 horas de la
mañana, empezaron antes, en una sardiñada a la que dos guardias
civiles de paisano -que, por cierto, no aparecen en la respuesta por
escrito y aparecen aquí, a las 5,30, más o menos, de la mañana, como
que estaban en otro local, cruzaron la calle, etcétera- quisieron
entrar gratis, según dicen vecinos de la localidad, aunque tampoco es
cuestión de ver cual es la verdad material o formal, porque eso ya se
verá en el juicio. Al parecer, entre alguno de estos dos guardias
civiles y vecinos de la localidad había diferencias que venían de
atrás, diferencias anteriores. Entonces empezó una discusión que
siguió después en otros locales, en el bar Tejanos, y es cuando
aparecen los guardias civiles de uniforme, a consecuencia de un
incidente provocado, al menos, por guardias civiles de paisano.
Aparecen guardias civiles de Carballo, de Vimianzo y de Muxía, se
realizan unos disparos al aire, actuación que parece totalmente
desproporcionada, se detiene a algunos jóvenes, actualmente todos
ellos están en libertad con cargos, pero muchos de ellos estuvieron
también detenidos en la cárcel de Teixeiro por un tiempo inusualmente
largo. Efectivamente, hubo una colisión entre un vehículo de la
Guardia Civil, que conducía a uno de los detenidos, y un vehículo
conducido por una ciudadana de Fisterra, afectada por una minusvalía.
Vuelvo a insistir en que la causa del accidente o la versión que da
la Guardia Civil está repleta de contradicciones, porque si el
detenido es introducido en el vehículo, como se dice en la respuesta
por escrito, para liberarlo de la agresión de otros jóvenes, no es
normal
que siendo librado por la Guardia Civil de ser agredido por esos
otros jóvenes, a su vez, agreda al guardia civil que conducía el
vehículo. Desde mi punto de vista, esto no parece una versión
correcta, lógica ni congruente.
Aparecen nuevas cuestiones, pero, señor secretario de Estado, no se
trata de realizar aquí un juicio paralelo ni de averiguar qué es lo
que pasó, sino que se trata de sacar lecciones y conclusiones para el
futuro. Se dio una imagen de esta localidad, de Ponte do Porto, como
si los jóvenes de esa comarca fuesen especialmente conflictivos o
violentes, que no responde a la realidad. En su versión parece que de
repente se desata una pelea, que no se sabe por qué se desata, que
hay dos bandos enfrentados. Por un lado, hay que decir que
seguramente habrá causas que originen estos disturbios, sin que, por
supuesto, en ningún momento los justifiquemos. Por otro lado, hay una
actuación desproporcionada de la Guardia Civil y no se trata tampoco
de realizar aquí una causa general a un cuerpo, sino de lograr entre
todos mejorar la actuación de ese cuerpo, y donde existan
desviaciones y existan personas que pertenezcan a este cuerpo de
seguridad que no actúen correctamente, que se depuren las
responsabilidades oportunas, pero no caer en un corporativismo que,
desde mi punto de vista, no arregla nada, sino que lo que hace es
enconar situaciones y no resolver problemas, lo que en este caso no
me parece de recibo ni oportuno.
Por lo demás, le vuelvo a decir que usted da una versión, en la
respuesta por escrito se da otra, los vecinos dan otra, en los días
subsiguientes en la prensa se dio otra, por lo que sigue habiendo
contradicciones, sigue habiendo cuestiones que aclarar, pero lo que
me atrevo a recomendarle es que averigüe internamente, aunque lo haga
sin publicidad, lo que pasó. Averigüe si hubo dos guardias civiles de
paisano que provocaron la discusión, con una actitud realmente poco
adecuada, diciendo: queremos entrar gratis en la sardiñada, nosotros
no pagamos. Averigüe si esa actitud respondía a diferencias
anteriores. En definitiva, averigüe que pasó realmente esa noche y no
se fíe simplemente de unos atestados o de unos informes que, aunque
legalmente tengan presunción de veracidad, lo cierto es que ya
tenemos varios distintos y están llenos de contradicciones.
El señor PRESIDENTE: ¿Desea intervenir algún otro grupo? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora
Marón.
La señora MARÓN BELTRÁN: Señor secretario de Estado, intervengo muy
brevemente, en nombre del Grupo Socialista, para fijar la posición
sobre este hecho. Desde luego, es difícil confluir en las
exposiciones reales de los hechos, pues existen diversas versiones,
tanto de los medios de comunicación como del
propio compareciente. Lo cierto es que de las conversaciones
mantenidas con las instituciones de Camariñas, de la comarca de
Bergantiños, de un análisis sosegado de los medios de comunicación y
de las propias declaraciones de familiares de los afectados se
desprende que no se debe utilizar políticamente el tema. Los propios
vecinos tratan de evitar movilizaciones para no interferir en unos
hechos desgraciados. En este caso concreto en el Grupo Parlamentario
Socialista debe imperar la prudencia y la sensatez, dejando este
desgraciado incidente en una algarada demasiado violenta, con buena
dosis de alcohol y con dos agentes de la Guardia Civil de paisano por
medio. Creo que corresponde hacer un análisis, una reflexión interna,
como decía muy acertadamente el anterior portavoz. No parece
desprenderse de los hechos que hubiera unas actitudes
desproporcionadas. Lo que sí es cierto es que la Guardia Civil debe
propiciar acciones pacificadoras y no camorristas, a fin de evitar,
aunque sea de paisano, la ingesta de alcohol.
El Grupo Socialista llama la atención al Gobierno en un tema que nos
parece importante. Hay que actuar buscando fórmulas para evitar que
con demasiada frecuencia se organicen peleas de fin de semana, que
generan una espiral de violencia en la juventud, que cada vez se
agranda más y que, además de provocar lamentables incidentes, crea
también desgraciados estereotipos, como que la juventud de esta zona
es más o menos violenta. Algo falla: la educación, las alternativas
de ocio, los valores de tolerancia y convivencia o el respeto mutuo.
El Gobierno debe tomar nota de ello para propiciar actuaciones en
esta línea. Exigimos un mayor compromiso y más recursos para fomentar
estos valores democráticos, que respeten la libertad y la tolerancia,
sin que ello signifique ni un ápice de retroceso en las actuaciones
de represión ni de recorte de libertades. Por tanto, en este caso
concreto, el Grupo Socialista adopta una posición de prudencia, no
así en otros casos ocurridos en Galicia, en los que sí exigimos duras
responsabilidades a quienes daban órdenes e instrucciones a las
Fuerzas de Seguridad del Estado. En este caso concreto respetamos la
petición de los familiares, solidarizándonos especialmente con ellos
y ofreciéndoles todo el apoyo y asesoramiento. Deseamos que la
convivencia vuelva a la comarca de Bergantiños, y que se normalice,
como ya lo está en estos momentos. Eso sí, advertimos al Gobierno que
la Guardia Civil ha de extremar la prudencia y cautela a la hora de
intervenir en reyertas o algaradas juveniles, y si ha de hacerlo, que
lo haga con una actitud pacificadora y ejemplarizante. Desde luego,
el Grupo Socialista no intenta capitalizar con esta intervención
ninguna actuación política, sino hacer una valoración responsable de
unos hechos y pedir al Gobierno actuaciones que induzcan a cambiar
estos comportamientos entre la juventud y las propias fuerzas de
seguridad.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra el señor Gil Lázaro.
El señor GIL LÁZARO: Intervendré con toda brevedad. Tenemos que
partir de nuestro acuerdo con la afirmación hecha por el señor
Aymerich, en cuanto a que en un asunto como éste no se trata de
realizar ningún juicio paralelo ni de justificar los medios.
Valoramos la afirmación del señor Aymerich en ese sentido, como
también valoramos la afirmación hecha por la señora portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista, en orden a que este asunto no se debe
utilizar políticamente, porque es necesario que aquí impere la
prudencia y la sensatez. También quiero recordar una reflexión
realizada por ella misma, cuando señalaba que este tipo de
situaciones, en las que se puede producir una mezcla de violencia y
alcohol en exceso, nos obliga a todos a abordar un proceso de
reflexión para prevenirlas. En ese sentido, quiero recordar a la
señora portavoz del Grupo Socialista que la Delegación del Plan
Nacional sobre Drogas viene actuando de una manera muy decisiva en
esta dirección, con el apoyo y la colaboración de todos los grupos
parlamentarios. Esta misma Comisión aprobó recientemente por
unanimidad una proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular,
que se vio enriquecida con una aportación muy notable del Grupo
Parlamentario Socialista, en orden a este tipo de actuaciones de
prevención de esa combinación ciertamente explosiva de violencia y
alcohol que se produce en algunos sectores de nuestra población
juvenil durante los fines de semana.
No entendemos -y mi grupo parlamentario quiere reafirmarse hoy
claramente en ello- que ni de lo sucedido ni de la versión de los
hechos que ha dado el señor secretario de Estado pueda desprenderse
-y el señor Aymerich manifestaba su temor al respecto- en modo alguno
ni una imagen colectiva negativa de la localidad ni de la totalidad
de su población juvenil.
Finalmente, tenemos que mostrar nuestra diferencia con alguna
expresión que se ha utilizado aquí. No entendemos en modo alguno que
la Guardia Civil incurra nunca en acciones camorristas. Precisamente,
tanto la Guardia Civil, como el Cuerpo Nacional de Policía o como las
propias policías municipales se caracterizan, en situaciones como las
que hoy son objeto de debate, por extremar el rigor y la cautela
antes de tener que verse finalmente forzadas a intervenir. Por eso el
único punto de discrepancia que tenemos con lo que hoy se ha dicho es
la afirmación que se ha hecho de que la actuación de la Guardia Civil
pudo ser o fue desproporcionada. Entendemos que la actuación de la
Guardia Civil fue ajustada a la legalidad, ajustada a lo dicho en el
artículo 5, apartado 2, de la Ley Orgánica 2/1986, y a la Instrucción
de la Dirección de la Seguridad del Estado, de fecha de abril de
1983, sobre utilización de armas de fuego por parte de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado. Entendemos además que esa
actuación, ajustada a la legalidad, fue también una actuación
adecuada y proporcionada ante la agresión padecida, de gran
intensidad y violencia, y para defender no solamente la propia
integridad de los miembros del cuerpo, sino en origen para defender
la integridad de un tercero. Incluimos en esos términos de actuación
adecuada y proporcional a los agentes francos de servicio, que
acudieron en auxilio de la dotación uniformada y de la persona que
estaba siendo agredida, viendo el alcance y la naturaleza de los
hechos.
Por último, a esa nota de actuación ajustada, adecuada
y proporcional, queremos añadir también, precisamente porque medió la
utilización de un arma de fuego, la nota de una actuación prudente;
una actuación prudente por cuanto que siendo una situación muy
difícil la que en ese momento se estaba produciendo, el agente -según
la versión de los hechos que hemos podido conocer- que hizo uso de su
arma con ese carácter preventivo y que consiguió que los hechos
pudieran comenzar a perder aquella violencia y aquella intensidad,
antes de hacer uso de ese disparo al aire, previno dónde y cómo
efectuaba el disparo para evitar cualquier daño no deseado.
En conjunto, y retomando las palabras de la señora portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista, se trata de que todos, Gobierno y grupos
parlamentarios, sigamos trabajando conjuntamente en la dirección de
evitar ese cóctel explosivo, violencia y alcohol, que muchas veces
produce efectos tan dañinos como indeseados, pero que en modo alguno,
en opinión de este grupo parlamentario, marcan negativamente el
carácter de toda una localidad o de toda una población juvenil.
El señor PRESIDENTE: Para contestar a los grupos, tiene la palabra el
señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA SEGURIDAD (Morenés Eulate): En
las intervenciones había dos planos. En primer lugar, y en eso
coincido con los tres comparecientes, aquí no se trata de
criminalizar a una juventud. Lo que ha pasado en este lugar, suele
pasar desgraciadamente en otros lugares de España. Por tanto, se
trata de un problema en sí mismo y no causado por la intervención de
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. La violencia y el
alcohol causan enormes estragos a la sociedad, dejando secuelas
derivadas a veces de estragos coyunturales o momentáneos, pero que
otras veces pueden tener un tiempo más largo. Hablando de secuelas,
quiero que entiendan ustedes que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado, que no son perfectas pero que quieren serlo y que quieren
actuar bien, es probablemente la institución de la sociedad más
consciente de lo que es el valor de las actuaciones de pacificación.
Les puedo asegurar a ustedes que es difícil encontrar esa
sensibilidad en otras instituciones sociales distintas de aquellas
que tienen la obligación de tener que enfrentarse
muchas veces a actuaciones violentas. Actuaciones violentas que debo
decir que en este caso llevan a la descripción de los partes médicos
que han supuesto la baja ni más ni menos que de seis guardias
civiles, que es de lo que estamos hablando aquí.
El señor Aymerich hablaba de cuál es el origen de esa violencia. Yo,
señor Aymerich, no sé cual es el origen de esa violencia, entiendo
que hay una actuación de unos guardias civiles de uniforme a la que
luego se incorporan otros dos guardias civiles que estaban francos de
servicio, lo que sí sé es que hay una violencia desatada entre 50
personas y un grupo de guardias civiles. Van armados, saben su
oficio, en el sentido de que conocen determinadas técnicas de
reducción de los violentos, y eso termina con el ingreso de seis en
el hospital y con que seis son dados de baja para el servicio.
Efectivamente, eso es la consecuencia de unas determinadas causas,
pero le puedo asegurar a usted que los guardias civiles no tienden a
crear o provocar algaradas callejeras.
En este caso, y por la descripción de los hechos yo no sé si hay
alguna contradicción. Usted ha dicho que había varias, creo que ha
señalado una: la hora del comienzo de los hechos. Si esa es la
contradicción, no se preocupe, yo analizaré dicha contradicción. Lo
que sí le digo es el desarrollo de los hechos, la práctica
desarrollada por la Guardia Civil, incluso tomando y haciendo la
prueba de la alcoholemia a un señor que llevaba detenido; que el
violento detenido quería pelearse con los otros, no con la Guardia
Civil, y que se lo impidieron. En esas situaciones de violencia se
sabe cómo empiezan pero nunca como terminan. Estamos advirtiendo una
situación que fue extraordinaria porque pocas veces he tenido que
leer un informe como éste en cuanto a violencia; se lo digo
claramente, pocas veces he tenido que hacerlo.
El segundo plano es el tema del porqué se crea esa violencia y lo han
descrito ustedes. Hay una tendencia a la violencia que se agudiza a
esas horas de la madrugada con el tema del alcohol. No es un problema
sólo de la Guardia Civil, el tener que hacer frente a eso, sino que
es un problema previo, es decir, es un problema de educación, de
formación, de dar unas alternativas a nuestra juventud distintas a
las de estar hasta las cuatro o cinco de la mañana y llegar a esas
situaciones no queridas seguramente por los vecinos, desde luego
tampoco por la Guardia Civil y mucho menos por los propios causantes
de esa violencia que son buena gente y que en un momento dado caen en
lo que a esas edades se suele caer.
Dicho eso, vuelvo a insistir en que creo que la Guardia Civil ha
actuado en este asunto de una manera muy rigurosa, con grave
perjuicio de su gente, ejemplarmente debo decir, porque tengo mis
dudas sobre una actuación violenta de la Guardia Civil en este caso,
de ningún tipo, cuando ha ocurrido lo que ha ocurrido. Una medida que
a mí me parece, si quiere, anecdótica,
extremadamente significativa es que al alférez que va conduciendo el
coche para llevarse a este señor detenido a Vimianzo cuando tiene un
problema y tiene una agresión por la cual se distrae y choca contra
un automóvil conducido por una señora, en el que afortunadamente no
ocurre nada, a este señor le hacen la prueba de alcohol. Eso para mí
denota, sinceramente, un rigor extraordinario en el procedimiento de
análisis de los hechos, porque ustedes convendrán conmigo en que no
es frecuente ni muchísimo menos. Por tanto, lamento el incidente, lo
lamento por la comarca, lo lamento por la juventud, lo lamento por
los familiares, lo lamento extraordinariamente por la Guardia Civil,
porque sé lo que cuesta tener a los miembros de la Guardia Civil en
activo y sé el coste que para esas familias supone que estén de baja
seis guardias civiles. Creo sinceramente que aquí se hizo lo que se
pudo, ante una situación descrita, que me parece el epítome de una
situación violenta de este tipo.
- EL INCREMENTO EXPERIMENTADO EN ESPAÑA POR LA DELINCUENCIA
ORGANIZADA Y MEDIDAS QUE TIENE PREVISTO APORTAR PARA ATAJAR LA
PREOCUPANTE SITUACIÓN. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA. (Número de expediente 212/000807.)
El señor PRESIDENTE: Concluido el debate de este punto, pasamos al
siguiente, que es el que figura como número 2 del orden del día y que
se refiere a la comparecencia del señor secretario de Estado de
Seguridad para informar sobre el incremento experimentado en España
por la delincuencia organizada y medidas que tiene previsto adoptar
para atajar la preocupante situación.
Para hacer la correspondiente exposición, tiene la palabra el señor
secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA SEGURIDAD (Morenés Eulate):
Empezaré exponiendo cuáles son las medidas que tenemos establecidas
en el Ministerio del Interior para hacer frente a la delincuencia
organizada, cuyos ratios luego describiré. Por lo que se refiere a la
Policía, hay que señalar, en primer lugar, las contenidas en la
aprobada estrategia nacional sobre drogas - en este ámbito de las
drogas es donde la delincuencia organizada en España tiene una
virulencia mayor- para el período 2000-2008, que determina las áreas
y ámbitos de actuación para la prevención y combate de todas las
actividades relacionadas con la droga y su tráfico ilícito. El
programa 10 x 10 de especialidad policial que se puso en marcha el
pasado mes de junio y desarrolla de manera específica la vertiente de
especialidad policial del programa Policía 2000. El programa tiene
como objetivo sentar las bases para incrementar los niveles de
eficacia en materia de
lucha contra la delincuencia organizada, así como preparar a la
organización policial para afrontar los nuevos retos que plantea una
criminalidad caracterizada por su alto grado de organización y
sofisticación. En este contexto se introducen sustanciales
modificaciones en la estructura organizativa policial. El programa
está en marcha en diez grandes ciudades: Madrid, Barcelona, Sevilla,
Valencia, Málaga, Alicante, Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de
Tenerife, Palma de Mallorca y Vigo. Y está orientada a diez grandes
áreas delictivas, entre las que se destaca el narcotráfico, el crimen
organizado, la delincuencia económica, el blanqueo de capitales, la
delincuencia especializada contra el patrimonio, los delitos graves
contra las personas, el tráfico de seres humanos y las redes de
inmigración ilegal. Con estos objetivos se ha potenciado la
estructura de las unidades de droga y crimen organizado, se han
creado las unidades contra las redes de inmigración ilegal
y falsificaciones documentales y las unidades de delincuencia
especializada y violencia. Una de las principales novedades que
incorpora el programa es la unificación en un único órgano, la unidad
central de inteligencia criminal, de toda la información de interés
policial relacionada con la criminalidad organizada, con el fin de
optimizar esa información a través del adecuado análisis y el
tratamiento para su mejor explotación por las unidades operativas. El
programa contempla la aplicación de la técnica de dirección por
objetivos adaptada a la vertiente de la especialidad, así como la
celebración periódica de las reuniones de control en las que se lleva
a cabo un seguimiento puntual y permanente de las operaciones
realizadas. Esto facilita la fijación de objetivos puntuales, la
fiscalización de las actuaciones realizadas, y sobre todo el
intercambio de técnicas y conocimientos para una más ágil adopción de
decisiones.
Con independencia de este programa, el cuerpo nacional de Policía
tiene también en marcha dispositivos operativos específicos entre los
que destaco la operación Okapi, con la que se pretende obtener un
control más exhaustivo de los integrantes movimientos y conexiones de
las organizaciones criminales con nacionales provenientes de la
Federación Rusa. El proyecto Yugos, cuyo objetivo es conseguir un
mayor control y efectividad en la coordinación operativa de las
organizaciones criminales procedentes de la ex Yugoslavia,
continuando con la labor emprendida en años precedentes. Puedo decir
que se han conseguido unos buenos resultados respecto de la actividad
ilegal de la delincuencia de origen albanokosovar. La operación
Condor, establecida con el fin de prevenir y detectar las actividades
delictivas contra el patrimonio, fundamentalmente los robos con
fuerza en el sector de joyerías realizados por delincuentes de origen
iberoamericano. (La señora vicepresidenta, Del Campo Casasús, ocupa
la presidencia.)
A falta de datos estadísticos sobre el año 2001, puedo ampliar
algunos datos relativos al ejercicio 2000, que al final diré a sus
señorías. Así, fruto de las múltiples operaciones efectuadas por las
fuerzas policiales y administrativas contra la principal actividad
delictiva desarrollada por la delincuencia organizada en España, como
es el caso del tráfico de drogas, los resultados que se alcanzaron
fueron los siguientes: En el año 1999, hubo 13.430 detenidos en estos
grupos, en el año 2000, 17.933 detenidos. En heroína decomisada,
fueron 1.154 kilos en el año 1999 y 485, en el año 2000; en cocaína,
fueron 18.000 en 1999, y 6.000 en el año 2000; en hachís, aumentó de
431.000 kilos a 474.000 kilos; hubo un incremento extraordinario de
los decomisos en pastillas, que pasó de 357.000 a 891.000 kilos. En
general, esos son, en el ámbito de la droga, los números más
significativos.
En cuanto a la Guardia Civil, en su lucha contra la criminalidad
organizada cuenta con los equipos de investigación de delincuencia
organizada y antidroga, los cuales se han concebido como unidades
especializadas en la lucha contra grupos organizados de delincuentes
de actuación trasnacional globalmente considerados, cuya actividad
delictiva afecta a la comisión en una serie o varias tipologías
delictivas. Estos equipos se constituyen en el seno de las secciones
de investigación de las unidades orgánicas de policía judicial a
nivel de unidad central operativa regional, por zonas o por
provincias en las correspondientes comandancias, e integran a
personal de otras especialidades, como es el caso de los grupos de
investigación fiscal y antidroga.
En su estructura organizativa se diferencian dos áreas de actuación,
ambas en relación a las actividades de la delincuencia y grupos
organizados: una, relativa a la investigación de la recolocación de
capitales, blanqueo de fondos ilícitamente obtenidos, delitos
económicos o financieros, fraudes, corrupción de funcionarios,
y otra, que se refiere a la investigación de los delitos relacionados
con su enriquecimiento o predominio de su posición, como son el
tráfico de vehículos, la trata de blancas, la prostitución, la
corrupción de menores, el tráfico de obras de arte, las extorsiones y
los ajustes de cuentas fundamentalmente. También prestan apoyo a la
oficina de análisis de información criminal de la unidad de la
Policía judicial que en su caso les corresponda.
Los equipos de investigación de delincuencia de comandancia actúan
coordinados con los equipos regionales y la central, de los que
pueden recabar los apoyos que consideren necesarios. Además
desarrollan una función de coordinación con otras unidades de
investigación, por ejemplo, con el tráfico de drogas, con el
contrabando y con la inmigración. Esta estructura será sensiblemente
mejorada dentro del Plan de actuación contra el crimen organizado de
la Guardia Civil, en el que se contemplan entre otras las siguientes
medidas. Está prevista la reorganización de las unidades
de investigación criminal en el marco de la nueva jefatura de
información y Policía judicial. Esto representa a nivel central el
establecimiento de una unidad central operativa, en la que se
integren otras unidades centrales de investigación especializada,
antidroga, investigación del automóvil, unidades adscritas a las
fiscalías especiales de antidroga y anticorrupción y medio ambiente,
un servicio de criminalística y una unidad técnica de Policía
judicial que integrará todos los aspectos de coordinación, dirección
técnica y análisis de información criminal. A nivel periférico, toda
la investigación criminal se integra en las unidades orgánicas de
Policía judicial, que además integrarán otras unidades de
investigación a las ahora existentes, por ejemplo, la coordinación
con las unidades antidroga. El plan va acompañado de una serie de
medidas en cuanto a refuerzo, especialización y formación, por
supuesto, del personal, mejora de las instalaciones, del material de
investigación, de los sistemas informáticos y otras medidas de
actuación en un ámbito tan trascendente en este tipo de delincuencia
organizada como es el ámbito internacional.
Los incrementos de personal potencian las posibilidades de
investigación, permitiendo aumentar la especialización con nuevos
específicos dedicados a tareas de interés tales como la prostitución,
mafias, clanes, grupos organizados internacionales de regiones
concretas de interés, como puede ser la Unión Europea, Europa del
Este, Iberoamérica, Asia, o el Magreb, y tráfico de armas, que se
añaden a los ya existentes y que también son reforzados en algunos
ámbitos como pueden ser los homicidios, el patrimonio histórico, los
delitos telemáticos y económicos, la delincuencia organizada de
carácter violento, el contrabando y el narcotráfico.
En el ámbito de la criminalística se establecen nuevos departamentos
como el de electrónica, informática e investigación del automóvil, y
en el ámbito del análisis criminal se potencian estas tareas
ampliando el número de áreas dedicadas al sector de la delincuencia
organizada en esos ámbitos delictivos que antes describí. En todos
los niveles orgánicos se mejora la coordinación con las unidades del
servicio de información que, como conocen SS.SS., es el elemento más
clave en la actitud preventiva de este tipo de delincuencia, al
hacerlo depender de un mando común. La implantación del programa
SIVE, sistema integrado de vigilancia del Estrecho, supondrá además
la dedicación de partidas concretas para incrementar los medios
asignados a las unidades de Policía judicial del Estrecho
directamente involucradas en la detección y lucha contra las redes de
seres humanos.
Independientemente de lo anterior, la participación en Europol
permite intervenir en los proyectos que esta oficina europea tiene en
marcha, referidos principalmente al establecimiento de banco de
datos. El proceso de conexión con dichas bases está en marcha y
deberá ser liderado por la Secretaría de Estado de Seguridad.
También existe el proyecto de conexión al sistema de información
aduanera europeo. A su vez, la participación en los diferentes grupos
de trabajo de la Unión Europea permite conocer los diversos aspectos
del crimen organizado, tanto en cuanto al conocimiento del problema
en sí mismo como en la elaboración de nuevos instrumentos de
cooperación internacional. En este marco se participa en el grupo
multidisciplinar de delincuencia organizada, grupos de drogas, grupos
de fronteras e inmigración, red de apoyo y contacto para la
elaboración del informe anual del crimen organizado en la Unión
Europea y la red de prevención de la delincuencia. Se participa
también en otros foros como el Comité de prevención del crimen y la
justicia penal en las Naciones Unidas, en el Consejo de Europa, en el
diálogo trasatlántico, en la Conferencia interministerial del
Mediterráneo Occidental y en el marco del acuerdo cuatripartito en
colaboración con instituciones tipo gendarmería de Francia, Italia,
los Carabinieri, Portugal y España, a las que se incorporarán otros
países como Holanda y Turquía. Se mantienen especiales relaciones de
colaboración con Marruecos y Túnez, donde la delincuencia organizada
en los aspectos de narcotráfico y tráfico de personas es
especialmente virulenta, y se está mejorando las existentes con
Argelia, todo ello con relación al especial problema que respecto al
crimen organizado plantea la región del Estrecho.
Por último, existe la puesta en práctica de un plan de colaboración
con Gran Bretaña, también para la delincuencia organizada de tipo
blanqueo y narcotráfico, en Gibraltar. A su vez, se han redactado
convenios bilaterales con determinados países cuya puesta en
funcionamiento es progresiva: Federación Rusa, Polonia, Ucrania
y Rumanía. Igualmente, se mantiene el alto nivel de colaboración con
países de Iberoamérica, como Méjico, países de Centroamérica y
Colombia.
De la relación de todos estos programas y planes de actuación habrán
advertido SS.SS. que existe en la práctica una larga serie de medidas
en la lucha contra la criminalidad organizada que tiene
fundamentalmente un aspecto de conexión de organizaciones sin que
exista la barrera de lo que se ha venido conociendo como la frontera.
Quiero decir que la delincuencia organizada es fundamentalmente
trasnacional.
Las cifras que voy a dar a conocer en esta intervención creo que son
expresivas de la eficacia de las medidas que se han tomado. En el año
1999 hubo 329 grupos delicuenciales conocidos en España; en año 2000,
474, y en el año 2001, 428. Los nuevos grupos detectados, que se
acumularon a los ya conocidos, en el año 1999, fueron 126; en el año
2000, 124; y en el año 2001, 144. Y los desarticulados, en el año
1999, fueron 115; en el año 2000, 116; y en lo que llevamos de
año 2001, 136.
La señora VICEPRESIDENTA (Del Campo Casasús): Por el Grupo
Socialista, tiene la palabra el señor Mayoral.
El señor MAYORAL CORTÉS: Buenos días, señor secretario de Estado, y
bienvenido una vez más a esta Comisión.
La comparecencia que hemos solicitado tiene una importancia
extraordinaria desde nuestro punto de vista, en la medida en que la
delincuencia organizada constituye aquel modelo de delincuencia que
es más desafiante respecto a lo que es la estructura del Estado. En
definitiva, siempre que se produce una acción delictiva tenemos una
derogación particular de lo que es el Estado de derecho, pero si
además esa delincuencia viene acompañada por una estructura
organizada evidentemente la amenaza es infinitamente más grave para
lo que significa el Estado de derecho y la seguridad de las personas
y de sus bienes.
Su señoría nos ha hecho una exposición en la que fundamentalmente ha
tratado de exponer elementos de carácter organizativo. Está bien, se
lo agradecemos. Quizá nos hubiera gustado más que S.S. hubiera
introducido en su intervención elementos más relacionados con la
descripción de una realidad que nos parece preocupante, una realidad
en la cual no solamente juegan elementos relacionados con los
aspectos que S.S. ha mencionado, elementos organizativos, sino
también elementos de carácter práctico extraordinariamente
preocupantes.
La criminalidad, según los datos que nosotros poseemos, en lo que
llevamos del año 2001, en términos generales, tiene una perspectiva
de crecimiento, que se podría valorar en un 10 por ciento,
aproximadamente. Por tanto, este tipo de criminalidad, tan
amenazante, repito, para la seguridad de las personas, está en alza.
Aquí es donde S.S. no nos ha dado datos precisos, supongo que se los
reservará para la contestación, es decir, quisiéramos saber cuáles
son los datos relacionados con el incremento de la criminalidad en
estos ámbitos muy diversificados, porque cuando hablamos de
criminalidad organizada lo estamos haciendo de variantes muy
diversificadas, por decirlo así, estamos hablando de tráfico de
drogas, de blanqueo de capitales, de defraudaciones o estafas, de
tráfico de seres humanos, robos, contrabando, robo de vehículos, y
sobre la mayor parte de estas modalidades, señor Morenés, S.S. nos ha
dicho poco o prácticamente nada. Es verdad que, finalmente, nos ha
transferido algunas cifras, grosso modo, de grupos conocidos de
delincuencia organizada en 1999, 2000 y 2001; cifras que ponen en
evidencia un incremento del número de grupos conocidos, incluso un
incremento de los grupos nuevos, lo cual apunta en la dirección en la
que nosotros entendemos que, desgraciadamente, nos encontramos, es
decir, que es un tipo de delincuencia que está en aumento, igual que
el resto de las delincuencias, con el
añadido, repito, de que se trata de modalidades delictivas que son
mucho más amenazantes y peligrosas para los ciudadanos.
También nos hubiera gustado, señor Morenés, que S.S. nos hubiera
indicado cuál es el proceso de evolución en cada uno de estos
sectores, porque es evidente que aquí hay sectores donde la suma de
estos elementos puede dar la sensación de que hay determinadas
tipologías que ocupan un espacio muy importante. Según los datos que
tenemos, en el año 1999-2000 el tráfico de drogas podría suponer
respecto a esta tipología de delincuencia algo así como el 38 por
ciento, décima más, décima menos, y el tráfico de seres humanos
aproximadamente un 7 por ciento, dentro de la globalidad, lo que pasa
es que si grave es el tráfico de drogas, el de seres humanos adquiere
una gravedad infinita, puesto que es la reformulación y actualización
de algo que ya fue erradicado por la humanidad hace tiempo, como es
el tráfico de esclavos y el manejo de las personas como si fueran
ganado.
No nos ha explicado tampoco cuáles son las zonas más castigadas. Yo
creo que esto es muy importante conocerlo. Nosotros tenemos la idea
de que esto se concentra en Madrid, Barcelona, Valencia y Andalucía,
particularmente en Málaga y Cádiz, yo diría que son los lugares de
máxima concentración de este tipo de delitos.
Según la memoria del fiscal general del Estado el tráfico de drogas
como actividad delictiva ha tenido un incremento desde el año 1999 al
año 2000, y aquí ya no manejamos datos que S.S. pueda descalificar o
considerar sospechosos, aunque también tengo que decirle que la mayor
parte de los datos que nosotros conocemos son del propio Ministerio
del Interior, no tenemos otra fuente. Con relación a lo que dice el
fiscal general del Estado es evidente que se ha producido un
incremento en lo que se refiere a la actividad delictiva organizada
relacionada con a la droga que es preocupante. En el año 2000 se
iniciaron 24.426 procedimientos y se detuvo a 98.369 personas, un 9
por ciento más que en el año 1999; el incremento de decomisos también
fue del 9,5 por ciento en el año 2000 respecto a 1999; sin embargo,
disminuyeron los decomisos de cocaína y heroína a menos de la mitad,
y aumentaron los decomisos de LSD y los psicotrópicos del orden de
124 por ciento y 278 por ciento respectivamente. Esto aparentemente
podía dar la sensación de que hay un incremento de la eficacia, y nos
gustaría que fuera así, pero, según la lectura que nosotros hacemos,
desgraciadamente no implica un mayor crecimiento de la eficacia, sino
un mayor incremento de la actividad delictiva. Por eso, en proporción
resulta que lo que se va descubriendo siempre queda por detrás de lo
que realmente va pasando.
El caso, por ejemplo, de la cocaína lo pone en evidencia. Según los
datos existentes, en España entran cantidades importantísimas de
cocaína y, sin embargo,
no es aprehendida ni la décima parte, siendo España uno de los
lugares donde el tráfico procedente de América se introduce en mayor
cuantía y donde además tenemos un número de consumidores bastante
elevado, cifrado en 562.000.
Señor Morenés, éste es el tipo de datos que a nosotros nos interesa.
En la verificación de este conjunto de datos es donde creemos
nosotros que está la auténtica descripción de la realidad, el
auténtico conocimiento de la situación y desde luego el soporte
adecuado para tomar las medidas que sean precisas. Frente a este
impulso, a este crecimiento de esta actividad delictiva organizada
creemos que la respuesta del Ministerio del Interior no está a la
altura de las circunstancias. Concretamente, entendemos que la cifra
de policías que se dedican directa y especializadamente a la lucha
contra la delincuencia organizada en materia de droga es escasa. Yo
aquí le voy a plantear dos elementos de cuantificación que le rogaría
que me los clarificara, porque hemos visto dos planteamientos en lo
que se refiere al número de policías y guardias civiles que se
dedican a la represión de este tipo de actividades. Por una parte,
algunos dicen que hay 1.500 policías y 600 guardias civiles dedicados
en cuerpo y alma a esta tarea y, por otra, el otro día, cuando
comparecieron los directores generales de la Guardia Civil y de la
Policía, ésta fue precisamente una de las preguntas que mi grupo les
hizo y a estas alturas todavía estamos esperando saber cuál es la
cifra de policías y guardias civiles que se dedican a la represión de
este tipo de delitos. No se nos puede contestar, como se hizo en
aquel momento, que era difícil de cifrar, puesto que, al fin y al
cabo, cualquier policía, en cualquier actuación y en cualquier barrio
o calle, se puede encontrar implicado en una actuación relacionada
con la represión de la droga, simplemente detectando un camello o
viendo alguna actividad que él, como policía, obviamente está
obligado a intervenir. Por tanto, señor Morenés, por un lado, nos
dicen que hay 2.100 agentes del Ministerio del Interior dedicados a
estas actividades y, por otro lado, los propios directores generales
que dirigen estos cuerpos no son capaces de decirnos aquí cuál es el
número exacto, y evitan contestar a las preguntas diciendo que sería
muy difícil de precisar, porque lo mismo podía ser todo el
contingente policial que unos cuantos. La pregunta que se le hizo
era: díganos los que se dedican al cien por cien, los que se dedican
al cincuenta por cien y los que, en definitiva, están obligados a
intervenir en cualquier caso y que en la práctica no intervienen
nunca en un hecho delictivo de estas características.
El tema de los recursos humanos en la lucha contra la delincuencia
nos parece fundamental en número y especialización, porque si no será
difícil hacer una lucha eficaz contra este tipo de delincuencia. Se
necesitan medios humanos y técnicos. Su señoría ha mencionado el caso
del SIVE, no hemos sido nosotros. Sobre el SIVE nosotros queremos
saber muchas cosas, pero
quizá hoy no sea el momento para que profundicemos en ello. Yo creo
que el SIVE tiene un desarrollo y un despliegue muy lento, hasta el
punto que consideramos que hasta el 2005 no estará operativo y, para
entonces, es posible que esta onda que estamos experimentando en este
momento de incremento de entrada de ilegales procedentes de la
emigración ya haya pasado. En esa faceta de lucha contra las mafias
que les explotan, manejan y transportan, posiblemente el SIVE no sea
muy operativo; no digo sólo en el sur, sino en el despliegue que vaya
a tener en Canarias.
La otra gran faceta de la lucha contra la criminalidad organizada es
la lucha contra el tráfico de seres humanos. Si importante es la que
se refiere a las drogas, la que se refiere a los seres humanos tiene
una dimensión infinitamente más humana y de mayor defensa de derechos
humanos sustantivos, porque los derechos humanos no sólo se defienden
desde el punto de vista de la implantación genérica de sistemas
democráticos, que ya es bastante, sino día a día. Los derechos
humanos son violentados por organizaciones y esto es un hecho que
ocurre en nuestras puertas, al lado de nuestras casas y debajo de los
edificios donde vivimos, donde se está explotando a seres humanos por
organizaciones de carácter mafioso. Y, particularmente, en lo que se
refiere a las mafias de inmigrantes, hemos podido observar que la
actuación del Ministerio del Interior y, por tanto, de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado, tampoco ha sido realmente brillante
ni determinante para dar un signo de cambio, para hacer una evolución
que permita ver que las cosas han empezado a cambiar, a ser de
distinta manera y a ir a la baja y no al alza, como en este momento
creemos que van las cosas.
Recuerde S.S. que, en gran parte de la propaganda que se hizo en el
entorno de la nueva Ley de extranjería, una de las justificaciones
más importantes que se dio para que esta ley se considerara como
absolutamente imprescindible, tal como el Gobierno la planteaba y
quería poner en vigor, era precisamente que de este modo - según
decía el anterior ministro del Interior, señor Mayor Oreja y su
equipo, al cual usted también pertenecía- se pretendía disponer de un
medio eficaz para la lucha contra las mafias de inmigrantes. Ese era
uno de los argumentos fundamentales para que la Ley de inmigración
nueva fuera absolutamente necesaria e imprescindible para derogar la
anteriormente existente. Desde luego, esto se ha revelado, señor
Morenés, como un argumento oportunista, puesto que no sólo no ha
descendido, sino que - según los datos que nosotros tenemos, y que
son conocidos por la opinión pública- creemos que ha pasado
exactamente a la inversa de lo que se pretendía. Desde que está en
vigor esta ley, y me gustaría que me explicara esto bien, se ha
duplicado el número de detenidos por traficar con inmigrantes. Es
más, esa medida que contiene esta ley en vigor de detenidos que son
regularizados a cambio de delatar a sus explotadores, sólo ha
alcanzado un porcentaje mínimo,
un diez por ciento de las personas que han sido detenidas.( El señor
vicepresidente, Souvirón García, ocupa la presidencia.) Existe en
este terreno, como en otros, una sensación de impunidad.
No ha dicho nada S.S., y esto realmente me preocupa, sobre la
dotación de las unidades de lucha contra redes de inmigración y
falsificación de documentos, las llamadas UCRIF. Esta es una
denominación que resulta un poco chocante de las unidades del cuerpo
nacional de policía. Desde nuestro punto de vista, la dotación de
estas unidades es muy baja. Quiero que me diga S.S. si estoy en lo
cierto o no en relación a la afirmación que le voy a hacer. En este
momento, el total de funcionarios dedicados a trabajar en este tipo
de unidades sería de 342 para todo el país, de los cuales sólo 42
trabajarían en Andalucía. Concretamente en Málaga tendríamos 30
funcionarios adscritos a la UCRIF, en Almería 12 y en Algeciras otros
12. Evidentemente, con 42 funcionarios especializados para la
represión de este tipo de delitos en toda Andalucía yo creo que poco
se puede hacer. También está el despliegue de los cuerpos y fuerzas
de seguridad ordinarios, despliegue que la policía y la Guardia Civil
deben tener sobre el terreno. Pero estamos hablando de delitos muy
preocupantes que requieren una actuación especial por parte del
Estado. Si esta actuación especial, en lo que se refiere a la lucha
contra las redes de inmigración, consiste en poner en juego 342
agentes para toda España, a nosotros nos parece realmente
preocupante. Es un número realmente ínfimo y que no puede más que
incidir sobre una mínima parte del tráfico ilegal de inmigrantes que
existe en nuestro país.
Así que, señor Morenés, los recursos son manifiestamente escasos
sobre el terreno. Esa es nuestra preocupación. Es una situación de
alarma en la medida en que estos fenómenos inciden sobre una serie de
poblaciones, que antes le mencionaba, que tienen la sensación
creciente de un peligro que les amenaza en una situación de la que no
son capaces de salir, puesto que los instrumentos policiales son
escasos; en este caso, por supuesto, los efectivos humanos y también,
como usted mencionaba, en el caso del SIVE, que todavía no está
operativo.
En relación a las mafias organizadas para el tráfico de inmigrantes,
no puedo olvidar en este momento un tema que ha salido a la opinión
pública en estos últimos días en términos de alarma, que es la
llamada operación LUDECO. Operación a la cual S.S. no se ha referido,
pero que tiene como contenido la lucha contra las redes organizadas,
contra las bandas de colombianos y ecuatorianos que se puedan haber
colado con la llegada masiva de inmigrantes de estos países a nuestro
país. Evidentemente, hay que ser muy cuidadoso en este terreno,
porque no se puede utilizar el discurso de la inseguridad para tomar
medidas que puedan incidir negativamente sobre la masa de ciudadanos
que no tengan ningún tipo de responsabilidades sobre el particular.
Esto es lo que nos ha resultado preocupante sobre la operación
LUDECO. Es verdad que en estos últimos meses delincuentes colombianos
han sembrado inquietud y cadáveres en nuestras ciudades; recordemos
los 16 muertos en Madrid y en alguna otra ciudad. No podemos olvidar
que forman un contingente muy importante de las personas que en este
momento están privadas de libertad en nuestro país próximo a los 1800
inmigrantes colombianos que por razones de carácter delictivo,
obviamente, están en la cárcel. Esta delincuencia debe ser combatida,
así que en ese punto, señor Morenés, no crea que nosotros queremos
hacer ningún tipo de demagogia ni debilitar la acción que corresponde
a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado; en absoluto. Esa
delincuencia es como cualquier otro tipo de delincuencia. La primera
preocupación que nos embarga es por qué hacer planes específicos en
relación a nacionales de determinados países. Inexorablemente, esa
metodología de trabajo, señor Morenés, arroja una especie de primera
sombra de sospecha respecto a una impresión, diríamos que xenófoba,
de particularizar sobre la nacionalidad de determinados países
acciones que en definitiva tienen que ser comunes para cualquier
delincuente que exista en nuestro país, proceda de donde proceda.
Evidentemente, habrá elementos particularizados de método, de
relaciones o de cooperación con la policía de los países de origen -
eso nadie lo niega-, pero ir particularizando por nacionalidades la
lucha contra determinadas mafias y bandas delictivas organizadas es
cuando menos peligroso desde el punto de vista del entendimiento de
lo que se pretende hacer. Si además de eso se incorporan elementos
que hacen peligrar determinados aspectos de la intimidad de las
personas (datos, identificación, manejo de esas personas trayéndolas
y llevándolas con o sin fundamento de las comisarías a los juzgados,
etcétera), que parecen implicar cierto grado de liberalidad -y no
quiero utilizar otro tipo de términos- en el manejo de la ley por
parte de los agentes de la autoridad, estaremos introduciéndonos en
un ámbito en el que crecen las sospechas y las protestas.
Su señoría y el señor ministro deberían poner muy en claro que
ninguna de estas acciones tienen que ver en ningún caso ni van a
afectar a la vida cotidiana y ordinaria de ciudadanos pacíficos, que
no tienen ninguna relación con ningún acto violento en el presente ni
la han tenido en el pasado. El mero hecho de ser nacionales de un
determinado país no debe convertirles en sospechosos ni implicarlos
de manera determinada en actuaciones policiales respecto a delitos
que no han cometido. Esto es muy importante, Si no, estaremos dando
pábulo a impresiones como la de que se incide en exceso en las vidas,
libertades y derechos de ciudadanos que no tienen por que
experimentar este tipo deactuaciones.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señor Mayoral, vaya
concluyendo, por favor.
El señor MAYORAL CORTÉS: Termino ya. Nos gustaría que se hiciera una
aclaración sobre este particular, señor Morenés, porque el buen
funcionamiento de un servicio público implica la capacidad de
discernir quién es el responsable, quién es delincuente y quién no lo
es. Según estamos viendo, el servicio público, debido quizá a sus
carencias, actúa de manera genérica, y a veces da la impresión de que
lo hace de manera indiscriminada. La responsabilidad de cómo está el
servicio público de seguridad ciudadana en nuestro país es única y
exclusivamente del Gobierno.
Nosotros vamos a vigilar que actuaciones como las que implica el plan
LUDECO se realicen en los términos que exigimos. Ya que está aquí S.
S., nos gustaría que nos adelantara información sobre una
comparecencia que tenemos pedida al señor ministro del Interior que,
aunque esperamos que se sustancie pronto, creemos que tiene que ver
con un tema de actualidad que S.S. debería aclarar y que forma parte
de una lucha adecuada que se debe mantener: la represión de las
organizaciones delictivas.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señor Silva.
El señor SILVA SÁNCHEZ: Queremos agradecer la comparecencia del
secretario de Estado. Por 1-ni parte, debo justificar la ausencia del
portavoz ordinario de Interior, con excepción de los temas de
terrorismo, del Grupo Catalán, el señor Jané, que asiste en este
momento a los trabajos de otra Comisión. Ruego al señor secretario de
Estado que lo tenga en cuenta.
El señor Mayoral ha incidido en su intervención en algunos aspectos
de carácter operativo, como también lo ha hecho el señor secretario
de Estado. Mi grupo desearía obtener alguna información en alguno de
estos aspectos y en algún otro que señalaré.
En primer lugar, debo decir al señor secretario de Estado que, dentro
de la lucha contra la delincuencia organizada, hoy nos podemos
felicitar por una actuación conjunta de la Policía Nacional y los
Mossos dEsquadra que han logrado la detención en Cataluña de una
banda de criminales organizados, procedentes de la antigua
Yugoslavia, lo que pone de manifiesto la necesidad de coordinación y
la conveniencia y la eficacia que resulta de una actuación conjunta.
Una de las cuestiones que desearía que nos contestara el señor
secretario de Estado es si las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado tienen en estos momentos instrumentos legales suficientes u
óptimos para actuar contra la delincuencia organizada. La legislatura
pasada se produjo una modificación muy concreta con la introducción
en la Ley de Enjuiciamiento Criminal de la figura del agente
encubierto, cuyo resultado
en estos momentos ignoro; claro que, posiblemente, el señor
secretario de Estado tampoco pueda o deba poner de manifiesto
públicamente las actuaciones de este tipo que se hayan podido
realizar y su eficacia. No obstante, a veces tenemos la percepción de
que, desde el punto de vista de la gestión de información, las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no cuentan con todas las
facilidades que debieran; y no me estoy refiriendo a aquellos datos
que, por afectar a la intimidad de las personas, requieren la
intervención de la autoridad judicial, sino a temas aparentemente más
baladíes: conexión de la matrícula de un coche o de un número de
teléfono con un titular, números de teléfono o matrículas de coche a
nombres de una persona o lugares en que trabaja una persona o no. Nos
da la impresión de que, incluso tratándose de información en manos de
los poderes públicos, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
no pueden acceder a ella o no se les facilita el acceso a ella con la
facilidad que se debería, e insisto en que me refiero al marco fijado
por la Agencia de Protección de Datos. Se lo pongo como ejemplo,
posiblemente haya otros supuestos.
La pregunta o la reflexión que nos gustaría hacer es si, dentro del
marco establecido por la Agencia de Protección de Datos y
salvaguardando los derechos fundamentales de la persona, existe
facilidad de acceso a la información para luchar no ya contra la
delincuencia ordinaria, sino contra la organizada, que utiliza medios
sofisticados y se mueve con rapidez, es decir, si tenemos los medios
precisos para actuar en estos casos.
Quería formularle una última pregunta. Se han dado cifras, número de
detenidos, lo ha hecho usted y lo ha hecho también el portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista. Supongo que, más que de número de
detenidos, estamos hablando de número de detenciones. Eso me permite
preguntarle por el funcionamiento y operatividad del SAI -el servicio
automático de identificación dactilar. Al oír el supuesto de la
Comunidad de Madrid que se ha mencionado, de personas detenidas 143
veces en 12 meses ó 40 veces en 12 meses, la duda que a uno le
embarga es: ¿se ha determinado eso a posteriori, al averiguar a
través del SAI que 30 denominaciones diferentes corresponden a una
misma persona? Es que podría estar pasando otra cosa: si una persona
perfectamente individualizada e identificada es puesta 40 veces a
disposición de la justicia en un año porque sigue estando suelto
-para entendernos-, aquí pasa algo que tendremos que abordar desde el
punto de vista legislativo y de otra manera. Le pregunto por el grado
de operatividad del SAI, si tiene información sobre la eficacia que
la autoridad judicial ofrece a ese tipo de identificación a efectos
de reincidencia o a efectos de tener en cuenta que está ante
delincuentes reincidentes o peligrosos. Quisiera que me dijera cómo
está funcionando.
Agradezco de nuevo su comparecencia.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señor Gil Lázaro.
El señor GIL LÁZARO: La delincuencia organizada comporta un reto
importante para la seguridad interior de los Estados, y para España,
por nuestra situación geográfica, esta consideración es especialmente
sensible. Estamos ante un reto que impone incorporar nuevas visiones
en el análisis y tratamiento de estos fenómenos criminales,
precisamente por el alcance y disponibilidad de estos grupos
profesionales de delincuencia trasnacional.
Estas nuevas visiones parten de la aplicación de cinco principios
básicos que, en opinión de mi grupo, constituyen la base de la tarea
preventiva y de investigación que está llevando a cabo el Ministerio
del Interior. A saber- en primer lugar, tina planificación sostenida
en el tiempo, priorizando las zonas geográficas de posible mayor
incidencia de estos fenómenos criminales en el contexto general de
nuestro territorio. En segundo lugar, una especialización operativa
de las unidades intervinientes. En tercer lugar, una racionalización,
adecuación y optimización de los medios materiales a emplear. En
cuarto lugar, una coordinación permanente entre cuerpos, y
convergencia de mando en la Secretaría de Estado de Seguridad. En
quinto lugar, un reforzamiento continuo de la cooperación
internacional desde la participación y la práctica de estrategias
supranacionales compartidas.
Nosotros creemos que esos son los cinco pilares básicos sobre los que
se tiene que realizar una adecuada tarea de prevención y de respuesta
frente a un fenómeno criminal tan multiforme y tan complejo como es
el de la delincuencia organizada. Esos cinco principios están
recogidos y sintetizan perfectamente la valoración y la información
que en este acto ha dado el señor secretario de Estado de Seguridad.
Pero eso también nos obligaría a hacer algunas precisiones. Quiero
decir fundamentalmente -y antes de hacerlas- que nosotros valoramos
la iniciativa planteada por el Grupo Parlamentario Socialista porque
nos parece que el asunto objeto de debate tiene una gran
trascendencia y valoramos también la forma en que se ha planteado por
parte del grupo proponente esta iniciativa por más que, como es
natural, algunas valoraciones concretas no las podamos compartir.
En el contexto de esos cinco principios a los que acabo de aludir
cabe tener muy presente alguna consideración concreta; por ejemplo,
cuando se trata de luchar contra un fenómeno tan singular como el de
la delincuencia organizad, se hace mucho más patente y evidente un
principio que vertebra toda tarea de prevención y de investigación,
es decir, el principio de la pirámide operativa. Toda investigación,
toda acción preventiva tiene su base en una pirámide operativa en
donde los diferentes estamentos policiales intervinientes tienen
misiones distintas, de manera que los especialistas
individualmente considerados y las unidades especialistas
colectivamente consideradas están en el vértice de esa pirámide
preventiva y operativa inspirando y determinando la acción del
conjunto policial. De esta forma, cuando se señala un número concreto
de agentes especializados para cubrir una determinada tarea en este o
en aquel territorio, puede parecer que esa dotación es escasa si se
prescinde de ese concepto de pirámide operativa que, vuelvo a
insistir, es base de la organización policial, tanto en términos
preventivos como en términos de investigación. Sin lugar a dudas
conviene también tener muy en cuenta, en el contexto de estos cinco
principios a los que aludía, que no se puede extraer de ello
(especialmente de ese principio de planificación sostenida en el
tiempo y de especialización de las investigaciones y de las acciones
preventivas) que pueden existir algún tipo de impresiones xenófobas
por establecer determinadas políticas preventivas. Si como se ha
dicho -y se ha dicho esta mañana literalmente- algunas bandas
colombianas han sembrado de cadáveres nuestras ciudades, que es una
expresión que no nos es propia pero que se ha utilizado esta mañana,
parecería que no tendría sentido no establecer, desde el conocimiento
previo de los ámbitos propios de la seguridad del Estado, el hecho de
que hay evidentemente bandas de delincuencia trasnacional que tienen
su origen en antiguos miembros de fuerzas y cuerpos de seguridad de
algunos países del Este que tratan de operar en los territorios de
Occidente y especialmente en nuestro país. No tendría sentido
desconocer que hay países donde tradicionalmente el origen del
tráfico ilícito de estupefacientes es evidente y que las propias
autoridades de esos países son las primeras en reclamar acciones
preventivas y de cooperación y coordinación internacional para evitar
eso.
Me parece que esa especialización en cuanto a la prevención de un
riesgo no puede suponer ni puede concebirse como el riesgo de
incurrir en presiones xenófobas. Por tanto, tampoco se puede
establecer, desde nuestro punto de vista, el riesgo de que pueda
haber una vulneración de derechos de las personas ni sombras
generalizadas de sospecha. Precisamente si hay algo contrario a la
tarea de prevención y de investigación que se tiene que hacer en este
ámbito de cosas, en lo que afecta a la lucha contra la delincuencia
trasnacional organizada, es incurrir en actuaciones genéricas
o indiscriminadas; todo lo contrario, un fenómeno criminal de esta
naturaleza lo que exige es una concreción máxima del riesgo y una
concreción máxima del agente inductor, promotor o autor de ese riesgo
y eso, evidentemente, está reñido con cualquier tentación genérica o
indiscriminada en términos de actuación.
Repito que valoramos la iniciativa planteada por el Grupo Socialista,
que nos parece que este es un debate especialmente importante y,
desde luego, sin triunfalismos ni autocomplacencias mi grupo concluye
que lascosas se están haciendo razonablemente bien y que los
datos, por ejemplo, en materia de desarticulaciones que ha ofrecido
esta mañana el secretario de Estado de Seguridad así lo acreditan.
Termino señalando que, a nuestro juicio, en este asunto
afortunadamente -y quiero subrayarlo- la acción del Estado va al alza
y no a la baja, en beneficio de todos y, desde luego, en beneficio de
la tarea propuesta. Si creo que hay algo que no existe
(fundamentalmente en quien no debe tener esa percepción, que son los
directores y participantes en cualquier grado de estas redes de
delincuencia organizada trasnacional) es sensación de impunidad.
Estas redes creo que llevan tiempo siendo conscientes de que la
acción coordinada de las instituciones españolas frente a ellas está
siendo sensiblemente eficaz y, sobre todo, está bien planificada en
el tiempo conforme a esos cinco principios a los que antes hacía
referencia.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Para responder a los
argumentos de los grupos parlamentarios, tiene la palabra el señor
secretario de Estado de Seguridad, don Pedro Morenés.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Morenés Eulate): Quisiera
en primer lugar hacer una reflexión sobre dos aspectos al enfocar el
problema del que estamos hablando. El primero es el aspecto de la
eficacia en relación con la actividad delictiva. No son
contradictorias, es verdad -lo he dicho y no he ocultado ningún dato,
señor Mayoral; al revés, se lo he reconocido paladinamente- que está
habiendo un incremento en las actividades vinculadas con la
delincuencia organizada. Lo he dicho y lo repito porque creo que es
la mejor manera -como su señoría me aconsejaba sabiamente- de abordar
con éxito la amenaza que supone ese tipo de delincuencia con una
virulencia importante. Otra cosa es la eficacia policial que puede
estar -lo decía antes- en relación directa con el incremento de la
violencia y eso es exactamente lo que pasa. Ese es el mensaje que he
querido dar; es decir, estamos sufriendo un importante ataque -no
sólo lo está sufriendo España sin que eso suponga caer en el mal de
muchos-, pero le puedo decir a usted que la delincuencia organizada
en el tráfico de personas y en el narcotráfico es, junto al
terrorismo, uno de los cuatro elementos que la Unión Europea admite
como cuestión urgente de solución desde el punto de vista de la
armonización de las leyes en la Unión Europea. Por tanto, es algo que
nos preocupa a todos en un ámbito de libertad -ahora iré a la otra
parte-, de Estado de derecho en el que, desde luego, se garantizan
-no por mérito de este Gobierno sino de todos los que creemos en la
democracia- las libertades personales y en ningún momento en
menoscabo de esos derechos constitucionales e individuales a los que
su señoría se refería cuando hablaba de algunos aspectos de la
delincuencia organizada.
Por todo ello digo: incremento e incremento de eficacia. Es una
pugna. ¿Qué se va a hacer? Es lo que he entendido del tenor de la
pregunta tal y como ha sido formulada al Ministerio del Interior,
¿qué medidas tiene previstas el ministerio para ser más eficaz y que
de alguna manera ese incremento inicial pueda ser dominado? Son las
medidas que les he leído y explicado, tanto en policía como en
Guardia Civil. Usted no ha hecho mención a esas medidas; sólo a una.
Sólo ha mencionado una, que es el SIVE, sobre el que tengo que hablar
inmediatamente en otra comparecencia porque me la han formulado y
creo que podré dar razonables explicaciónes. En relación con lo que
estamos hablando y particularmente con el narcotráfico y con el
tráfico de seres humanos (no voy a entrar en la filosofía política de
la importancia del tráfico de seres humanos porque en eso si que
estamos absolutamente de acuerdo en una civilización, no digo
siquiera en un sistema político, como la nuestra, como no podía ser
de otra manera), el SIVE tiene, como su señoría ha dicho, una
especial incidencia. Le adelanto que no estamos preocupados por cómo
va. Ojalá, señoría, en el año 2005 el SIVE sea obsoleto, porque me
temo que el problema de la inmigración, los problemas derivados de la
inmigración ilegal, todo lo que hay al lado del derecho normal,
reconocible y reconocido, de que puedan venir inmigrantes a España,
no se va a ver frenado en los próximos años. La inmigración son
movimientos mundiales de tipo estructural y lo que habrá que hacer es
evitar que, al lado de esos movimientos estructurales, existan
actividades delictivas como la trata de personas o el tráfico de
inmigrantes. Para eso nos servirá el SIVE, que, como luego comentaré,
tiene suficientes garantías de ponerse en marcha y posibilidades de
obtener determinados ahorros derivados de la importancia que tiene
este problema de la inmigración ilegal y el narcotráfico en la propia
Unión Europea.
Su señoría me pedía algunos datos concretos sobre el número de
policías y guardias civiles dedicados a la delincuencia organizada en
sus diferentes facetas. La contestación de los directores generales
de la policía y la Guardia Civil no es una contestación oscura, sino
sabia. ¿Por qué lo digo? Porque hay un ámbito concreto de dedicación
exclusiva al 70, al 50, al 30 ó al 10 por ciento. Es verdad que hay
unos centros de especialización que tienen gente -su señoría decía
que trescientas y pico personas-, pero se trabaja con un sistema de
proyectos. Estos son proyectos de gestión y, al lado del proyecto de
gestión, hay toda una estructura policial, de 70.000 personas en la
Guardia Civil y 58.000 aproximadamente en la policía, que sirve a ese
proyecto. Por ejemplo, los sistemas de información. El servicio de
información de la Guardia Civil sirve a toda la Guardia Civil dentro
de su especialidad y podría resultar chocante que en la Comisaría
general de información en España haya tan poca gente como hay, sin
embargo, la información que reciben es el resultado del
trabajo de 58.000 policías que están obteniendo información. Por eso,
aquel viejo experimento que se quiso hacer de separar la información
de la operativa fue una decisión preocupante.
Si quiere la adscripción personal de cada uno de los grupos
operativos, se la puedo mandar, pero ya le digo que la eficacia viene
de dos aspectos: primero, la creación y especialización de los grupos
que existen y, segundo, la dotación de esos grupos de elementos
materiales, que creo que los tienen, y de elementos humanos, que creo
que no. ¿Qué hemos hecho respecto a los elementos humanos? Poner en
marcha un plan de policía y de Guardia Civil -de 3.500 policías y dos
mil cuatrocientos y pico guardias civiles- hasta alcanzar los
catálogos de las correspondientes instituciones. Esto es lo que hemos
planteado para ir haciendo frente a una situación de personal que
entendemos que hay que mejorar y para eso hemos tomado esas
determinadas medidas, junto a las que he explicado aquí de
organización, de los sistemas 10 x 10, de especialización de
plantillas.
Hay otro aspecto clave en este asunto, que también creo que estamos
abordando con razonable eficacia: todo lo que fomenta la cooperación
internacional en este ámbito. Desde el punto de vista de la Unión
Europea y del ámbito mundial, España está en estos momentos en todos
los foros en los que tiene que estar para luchar contra este tipo de
delincuencia, que tiene una condición fundamentalmente internacional
en los aspectos más graves y desestabilizadores. Pensemos en el
narcotráfico, en las grandes redes de narcotráfico, y veremos que,
cuanto más grandes son, más efectos tienen; pensemos en la
posibilidad que tienen, por ejemplo, de corromper toda la institución
del Estado. No digo ya a las policías, a los guardias civiles, a los
políticos, sino a cualquier institución que se le ponga por delante a
la hora de lograr sus fines y pruebas de ello tenemos variadas a lo
largo de la historia. Por tanto, en ese aspecto también puedo
tranquilizarle, en el sentido de que trabajamos en los ámbitos
policiales mundiales y europeos más eficaces para hacer otra cosa que
señalaba el señor Silva y tiene razón: la mejora de los instrumentos
legales.
La mejora de los instrumentos legales tiene que venir del ámbito de
la cooperación judicial, penal y policial internacional. ¿Qué es lo
que puede ocurrir? Voy a hablar del contagio mutuo que las
organizaciones terroristas pueden utilizar en una organización
delictiva organizada. Es evidente que hoy en día -es un discurso
reiterado, pero no por ello menos importante- la delincuencia
internacional organizada se apoya, se esconde, trabaja utilizando el
concepto político-jurídico de soberanía en los ámbitos de lo judicial
y de lo policial. Ése es un asunto que hay que tratar, que hay que
solucionar y en estos aspectos se está avanzando de manera
sustancial. Se está avanzando de manera sustancial en este tipo de
delitos que ha tratado de manera
singular el representante del Grupo Socialista: el tráfico de drogas
y, sobre todo, por su connotación inhumana, el tráfico de personas.
En cuanto a la mejora en el acceso a bancos de datos, hay que tener
siempre una extraordinaria prudencia. El final de la exposición del
representante del Grupo Socialista señor Mayoral iba en la línea de
decir: no se extralimiten en su celo policial porque ahí hay un
terreno en el que se roza, digamos, el ámbito de los derechos con
tanto trabajo logrados en este país. No puedo estar más de acuerdo y
ahí hay que tener un exquisito cuidado y evaluar la situación de la
seguridad desde el momento en que ésta empiece a afectar mucho más
seriamente que la utilización de determinados medios a la libertad de
las personas que la no utilización de esos medios policiales. Ése es
el punto de equilibrio y, en ese punto de equilibrio, creo
sinceramente que sí es verdad que en determinados asuntos la falta de
datos impide una acción policial más ágil, pero también es verdad que
consideramos que debemos ser extraordinariamente cuidadosos en abrir,
en dar una herramienta que de alguna manera roce un terreno
complicado de poder controlar. Por eso existe la excepción.
Judicialmente, deberíamos ser capaces de utilizar más el ámbito
judicial para poder garantizar que la eficacia policial no va en
mengua de las libertades y de los derechos fundamentales de las
personas, cosa que creo sinceramente que la policía no haría nunca.
Tanto policía como Guardia Civil tienen muy estudiado, están muy
formados en el ámbito de los derechos fundamentales de las personas;
es una asignatura muy importante en su formación. Tengo plena
confianza en que eso no ocurriría, pero mientras tanto, en esos
ámbitos, prudencia y eficacia, utilizando los métodos que en estos
momentos la ley y el Estado de derecho nos tienen concedidos.
El señor Mayoral se ha referido al tema de LUDECO. Comprendo que lo
haya traído a colación, puesto que es un tema de actualidad,
independientemente de que haya pedido la comparecencia del señor
ministro. Yo, por respeto al señor ministro, solamente diré que creo
que se ha llevado un poco más allá lo que el documento dice. Se ha
querido extrapolar del documento una actitud xenófoba, que agradezco
a S.S. que haya matizado. No, no se trata de eso. Ni la policía ni
este Gobierno tienen que convencerse de que no se puede demonizar a
una determinada nacionalidad. Se lo digo de verdad. Sí creemos, como
decía S.S., que en el ámbito de la inmigración ilegal
desgraciadamente hay una práctica en la que se produce una
determinada criminalidad entre paisanos de una determinada
nacionalidad. Y yo diría que eso es natural. Es decir, las personas
se alían para lo bueno y para lo malo con sus afines. De eso estamos
hablando. Estamos hablando de delincuentes que tienen unas
vinculaciones que pueden venir incluso de sus propios países de
origen. En eso estamos de acuerdo incluso con las autoridades
policiales
de esos países, que son con las que trabajamos, como también apuntaba
S.S.
Le aseguro que no hay en absoluto ningún tipo de xenofobia ni contra
los colombianos y las colombianas, ni contra los ecuatorianos y las
ecuatorianas. Al revés; creo que tratamos de que se incorporen a
nuestra sociedad de tal manera que no tengan a veces que delinquir
para incluso poder sobrevivir. Pero también tenemos una obligación,
que es tratar de entender ese movimiento delictivo como un movimiento
que tiene una condición colectiva, no como nacionales de sus
respectivos países, sino como lo que estamos diciendo aquí, como
elementos o grupos de delincuencia organizada que tienen algunas
vinculaciones con sus países de origen.
Yo creo, señor Gil Lázaro, que los cinco ideas que usted ha
explicado, y que le agradezco que lo haya hecho, son elementos clave
que yo he querido explicar en mi comparecencia. En la racionalización
de los medios, vuelvo al principio. Creo que la planificación
sostenida es probablemente la única manera de llevar a buen término
un proyecto político para obtener unos niveles de seguridad ciudadana
que en España debo decir que afortunadamente son de los mejores que
hay en estos momentos en la Unión Europea. La especialización es un
elemento clave a la hora de dirigir los grupos de delincuencia
organizada, que utilizarán luego los recursos generales de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. La racionalización de
medios va en la línea de la mayor inversión en seguridad que debe
hacer el Gobierno y que yo creo que los presupuestos del año 2002
reflejan claramente en el ámbito de la seguridad del Estado; creo que
la coordinación con las policías autonómicas, entre policía y Guardia
Civil, así como con la policía de otros países es absolutamente clave
en este aspecto (en ese sentido agradezco al representante de
Convergència i Unió las palabras de apoyo que ha tenido al reconocer
la cooperación, que yo agradezco a los Mossos dEsquadra, en esta y
en otras actuaciones policiales) y creo fundamentalísimamente en el
refuerzo internacional del ámbito judicial, del ámbito penal y del
ámbito policial. En los cuatro campos que he explicado anteriormente
(terrorismo, delincuencia organizada, tráfico de personas y blanqueo
de capitales) estamos en plena efervescencia de trabajo, permítaseme
la expresión, a la hora de lograr un ámbito común para por lo menos
los países de la Unión Europea.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Tiene la palabra el señor
Mayoral.
El señor MAYORAL CORTÉS: Tengo que reconocer que la intervención del
señor Morenés ha tenido bastante de sinceridad pero muy poco de
aportación de datos. Sin embargo, algo de agradecer hay en ello en la
medida en que puede ser una base para mantener un diálogo fructífero
y que no perdamos el tiempo al traer
estas cosas aquí, porque no se trata sólo de un intento de incordiar
al Gobierno, sino de buscar soluciones a problemas que a todos nos
preocupan y que nos pueden afectar en cualquier momento. Yo creo que
es un trabajo que debemos a la sociedad y que por tanto está hecho
con honestidad y con deseo de que esto sirva realmente para algo. Por
ello, creo que es importante que cuando abordemos estos discursos no
nos vayamos por las ramas con exceso de teorías como la de las
pirámides cooperativas (las pirámides cooperativas, a veces, no
cubren las vergüenzas de los errores que se cometen), las
vertebraciones, los cinco principios, esos programas con
denominaciones tan ampulosas como 10 x 10, Policía 2000, etcétera. Lo
importante es que seamos capaces de reconocer cuál es la realidad.
Hay un incremento de delincuencia organizada, aunque para el señor
Gil Lázaro esto puede ser hasta posiblemente una herejía porque las
pirámides cooperativas pueden tener tal eficacia que puedan borrar
del mapa realidades de este género. Sentado esto, yo creo que el paso
siguiente es lo más discutible. Es decir, ¿qué medidas se ponen en
marcha para combatir esta situación de delincuencia organizada? Aquí
es donde nosotros, pese a la buena voluntad y los datos que intenta
transmitirnos S.S., encontramos el problema básico. En definitiva,
como dice S.S. la eficacia es un componente que deriva de la suma de
efectivos más recursos humanos. Pues bien, el primer problema de
eficacia, si se hace esta ecuación, consiste en que de verdad el
número de efectivos es desconocido. Su señoría considera que la
contestación que nos dieron los directores generales de policía y
Guardia Civil es sabia. Yo no lo puedo compartir. Es una salida como
otra cualquiera porque es verdad que el número de efectivos es el
primer componente de la eficacia, como dice S.S., pero en lo que se
refiere a recursos humanos también reconoce S.S. que es una situación
a mejorar. ¿Cuál es la mejora? Ahí es donde yo quería situar, en
función de sus propios argumentos, señor Morenés, cuál es la mejora
que en materia de personal se pretende, puesto que, reconocida la
insuficiencia, no vemos medidas concretas para potenciar unidades
especializadas en la lucha contra esta delincuencia organizada. No se
puede decir que hay proyectos de gestión, más equis número de
plantilla completa.
Por cierto, ha hablado de una plantilla de la Guardia Civil que no sé
si es la actual -usted lo sabrá mejor que yo-, pero nosotros
entendemos que, en este momento, no hay 70.000 guardias civiles
operativos. Evidentemente, los que se dedican a tráfico no están
operativos en este tipo de trabajo, más los 8.000 que se dedican a
actividades que, desde el punto de vista de la seguridad ciudadana,
tampoco están operativos. Por tanto, su señoría no puede decir que
tenemos 70.000 guardias civiles, más un proyecto que es el que
ampara, decide y articula estas intervenciones. Como mucho tendremos
cincuenta y tantos mil guardias civiles, y en
cuanto a los policías nacionales, también consideramos que hay
algunos menos de los que ha dicho su señoría.
Hay un problema genérico de personal, hay una descapitalización -que
su señoría reconoce y se lo hemos oído decir también a otras
autoridades de su ministerio- de personal en lo que se refiere a los
efectivos de los cuerpos de seguridad. Siendo esto importante y
grave, todavía es más grave que no podamos saber el número de
efectivos. Si su señoría me lo va a enviar, no voy a incidir mucho en
esta crítica. Desde luego, es un dato que no esté en la mente de las
autoridades del Ministerio del Interior considerar que un número
concreto y determinado de personas deben de ser adscritos
a determinados proyectos de lucha contra la inseguridad ciudadana, en
este caso, de lucha contra la delincuencia organizada.
Antes le proporcioné los datos del UCRIF, en el que consta que hay 42
funcionarios para luchar contra el tipo de delincuencia que se dedica
a actuar en Andalucía y consideramos que realmente es pequeño.
Evidentemente, hay una pirámide, como decía el señor Gil Lázaro, pero
los que están en Madrid, sobre el terreno no están en Andalucía, y la
investigación criminal también implica un cierto grado de presencia,
no es un trabajo de laboratorio en el que hay unos señores que están
en una serie de despachos y les llegan unos datos, y no tienen por
qué salir ni investigar, ni aterrizar en ninguna parte. Este tipo de
lucha requiere la presencia de más personal, más funcionarios,
adscritos a este tipo de actuaciones, tanto por lo que se refiere a
la lucha contra la delincuencia organizada en materia de tráfico
ilegal de personas, como en lo que se refiere a la lucha contra las
organizaciones que se dedican al tráfico de drogas.
En este sentido, siguiendo la onda que su señoría, señor Morenés,
pone de manifiesto y puesto que hay un incremento de la delincuencia
organizada, consideramos que se tiene que realizar una reformulación
y mejora en todos los aspectos del servicio público y de la lucha
contra la criminalidad, de manera específica, según las modalidades
de delincuencia, incrementando, efectivamente, los recursos humanos y
los medios materiales. Lamento tener que decirle, aunque luego se va
a tratar con más amplitud, que el programa de implantación del
llamado SIVE nos va a privar de la existencia de este servicio, al
menos, durante un tiempo muy importante y dramático, debido a la
presencia de ilegales y a los intentos del paso de ilegales por
nuestras fronteras, particularmente por la zona sur. No lo decimos
tanto por su dimensión de control y represión, sino para evitar los
males, algunos de los cuales se crean como consecuencia de estos
intentos de inmigración ilegal que acaban en desastres, como el que
luego veremos en relación con el asunto que pasó en Lanzarote hace
aproximadamente cinco meses.
En lo que se refiere al número y especialización, y como
recomendación o propuesta de mi grupo, le tengo
que decir que debemos de mejorar las dotaciones, señor Morenés, para
dotar a estas unidades del personal y de los recursos, para estar a
la altura de las circunstancias, porque ya es muy conocido el dicho y
el comentario de que los cuerpos de seguridad no disponen del
material de embarcaciones y del sistema de comunicaciones que,
desgraciadamente, están en posesión de este tipo de grupos violentos
y organizados que, como nos decía S.S., actúan con una enorme
cantidad de medios, a veces muy sofisticados.
Respecto al fomento de la cooperación internacional, aliento todo lo
que mi grupo pueda ofrecer con respecto a que tiene que ser así y al
hecho de que se desarrollen los correspondientes convenios o acuerdos
entre países y colaboraciones en términos de fuerzas y cuerpos de
seguridad. Es verdad que ahora la nueva política que ha marcado la
Unión Europea va a significar un refuerzo muy importante y debemos
aprovechar esta onda, señor Morenés, porque de ello se puede deducir
avances muy significativos en lo que se refiere a la eficacia de una
lucha, que al enfrentar a organizaciones trasnacionales, es obvio,
que en sí misma también tiene que ser trasnacional.
Finalmente, con respecto al plan LUDECO, que será objeto de un
tratamiento más particularizado, tengo que decirle que cuando en
relación a algo que se plantea se produce un efecto no deseado, en sí
mismo se considera un error. Si lo que se pretende es evitar que la
actuación que se ha puesto en marcha, es decir, el plan LUDECO, no
venga condicionado o determinado por ninguna sombra de xenofobia,
discriminación o de bordeamiento del desarrollo y validez de los
derechos humanos que corresponden a esta cantidad ingente de
inmigrantes, consideramos que se ha producido un efecto no deseable,
lo que en sí mismo es un error. En este sentido les pediría que
corrijan ese error cuanto antes y que se tomen las medidas que se
deban tomar respetando el Estado de derecho y los derechos de las
personas. El hecho de ser un inmigrante, ya de por sí, es una carga
para una persona que tiene que buscarse la vida en lugares lejanos de
su hogar y de su origen. Si a esto añadimos una sospecha
generalizada, deseada o no, aunque yo creo que no es deseada por
parte de la policía o de los redactores de esta circular que estamos
comentando, pero, evidentemente, el intento de tratar de salir como
sea de problemas que a veces resultan inmanejables, lleva a las
autoridades, a las personas y a las organizaciones a tomar medidas y
soluciones que dan la sensación de dirigirse en dirección contraria a
la que realmente se pretende. Como esto es un error y, efectivamente,
compartimos la buena fe de su ministerio y de usted mismo, es por lo
que le pedimos que actúen, cuanto antes, despejando esos errores y
rectificando o clarificando aquellos aspectos de esta circular que
están induciendo a esta situación -que, desde luego, es indeseada- de
mala interpretación por parte de tantos y tantos ciudadanos. Algo
habrá que hacer.
Alguna medida habrá que tomar en relación con el contenido de esa
circular, porque ha habido mucha gente que lo ha interpretado de esa
manera, y cuando esto ocurre así, es porque habrá alguna razón al
respecto.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señor Gil Lázaro.
El señor GIL LÁZARO: Con toda brevedad, voy a mencionar cuatro ideas.
En primer lugar, tengo que aclarar que conceptos como el de pirámide
operativa o la teoría de los vasos comunicantes entre los servicios
policiales, no me los he inventado yo. Ojalá hubiera sido así, me
hubiera encantado inventármelos, pero están en la doctrina desde hace
muchos años.
En segundo lugar, consideramos que determinar el esqueleto de
principios sobre el que se han de articular las políticas de
seguridad es absolutamente esencial, ya que es el primer
requerimiento de la eficacia. Situar la eficacia, simplemente, en los
términos de una ecuación: recursos humanos más medios disponibles,
probablemente es estar sentando una perspectiva incompleta y, por
tanto, menos eficaz de lo que es el concepto mismo de los
requerimientos básicos de eficacia.
En tercer lugar, en el contexto de la España de hoy, ni a este
Gobierno, ni al Gobierno anterior a este, ni a ningún otro Gobierno
de signo ideológico distinto al actual que pudiera venir en el
tiempo, que en su momento vendrá, es decir, a ninguno de estos
Gobiernos cabe hacerles invocaciones sobre presuntos o hipotéticos
riesgos de vulneración del Estado de derecho, de tendencias
autoritarias o xenófobas, o de vulneración de derechos
constitucionales, porque, afortunadamente, esto es algo que el
conjunto de la sociedad democrática española ha situado fuera del
debate político, precisamente por no estar en cuestión por parte de
nadie.
En cuarto lugar, y finalmente, señalar que el señor secretario de
Estado y yo mismo, como no podía ser de otra forma, hemos coincidido
plenamente en el análisis del fenómeno del que estamos hablando como
un fenómeno creciente y, a la vez, también hemos coincidido en que
los datos avalan el incremento de la eficacia frente a ese fenómeno
creciente. Esta última consideración, sin lugar a dudas, me permite
tranquilizar al señor Mayoral y decirle, con todo el afecto, cariño y
consideración que sabe que le tengo, que no se preocupe, que a mí ni
me asustan -y por no asustarme, no invoco jamás la herejía-, porque
el día que me hice mayor me autorreconocí íntimamente como un firme
partidario de los heterodoxos y de la heterodoxia, lo que me
convierte en un firme enemigo de todo dogmatismo.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Para cerrar la
comparecencia, tiene la palabra el señor secretario de Estado de
seguridad.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Morenés Eulate): Gracias,
señorías, por sus intervenciones.
Diría al señor Mayoral, primero, en cuanto a la consideración de
operativo o no operativo, que si usted a lo que se refiere es a
operativo en función de una determinada tarea de la Guardia Civil,
evidentemente la Guardia Civil tendrá los números que correspondan a
cada una de esas tareas, y algunas de ellas las señalaba S.S. ahora
con 300. Lo que yo quiero decir es que la Guardia Civil cuenta en
estos momentos, y he dicho que es un número aproximado, con unos
70.000 guardias civiles dedicados a todas las tareas que el Estado
tiene encomendadas a la Guardia Civil, no tanto en la seguridad
ciudadana que dependa de la Secretaría de Estado de Seguridad en su
función operativa, pero sí en muchas otras funciones, por ejemplo, de
tipo control u otro tipo de cosas que se hacen. La Guardia Civil de
Tráfico la consideramos Guardia Civil. Por lo tanto reitero que el
número aproximado de guardias civiles es de 70.000, y en eso insisto,
señoría, porque más o menos esa cifra es la que tenemos ahora.
Queremos llegar al cumplimiento del catálogo que la Guardia Civil
tiene establecido para cumplir con lo que yo he intentado -y creo que
lo hecho- explicar a S.S. de todos los planes que tenemos, que son
importantes. Porque para llegar a un determinado resultado, hay que
hacer una determinada planificación, hay que conseguir que esa
planificación se lleve a efecto y corregirla en la medida en que el
resultado de esa planificación se desvíe del objetivo que se tenía
planeado. Y eso es lo que vamos a hacer. Señoría, independientemente
de que no comparta o que diga que son grandilocuentes a los nombres
de los planes (y comprendo que a lo mejor 10 por 10 puede parecer
grandilocuente -a mí no me lo parece, pero podría parecerlo-), hay un
plan debajo del 10 por 10. Se llama 10 por 10 porque son 10 ciudades
por 10 especialidades. A lo mejor no hemos acertado con el nombre,
pero el Gobierno sí cree que ha acertado con el plan. Eso por un
lado.
En cuanto a los números de la Policía que le he dado, creo que son
aproximadamente entre 57.000 y 58.000, dependiendo de las bajas que
se produzcan en el momento en que se haga el balance de situación. Le
he dicho que ese el problema y que la solución es poner en marcha
planes de incremento de personal como los que el Gobierno ha puesto
en marcha, que creo que son los que llevan a que, en tres años,
Policía y Guardia Civil tengan cubierto su catálogo, que es el que
les permite luego ser eficaces. En ese sentido, comprendo que es una
preocupación por la situación actual, pero es una preocupación que ha
sido afrontada por este Gobierno de la única manera que se puede
afrontar, que es a través de planes de incremento de personal y
planes de incremento de los recursos en seguridad ciudadana, que en
el presupuesto del año 2000 y en el presupuesto del año 2001 son los
incrementos mayores que ha tenido la
seguridad del Estado desde hace por lo menos 10 años. Es un esfuerzo
que yo creo que también va en la buena línea.
Agradezco al señor Gil Lázaro su intervención y su apoyo y al señor
Mayoral el tono de su intervención. Del SIVE vamos a hablar ahora y,
en el tema del UDECO, no tengo la impresión de que haya algo detrás
de esa orden policial, digamos, algo que vaya más allá que lo que sea
la tarea que tiene encomendada la represión del delito. Si hubiese
algo o alguna interpretación que se haga de buena fe, porque yo creo
en la buena fe, que pudiese llevar a creer que ese colectivo de
alguna manera se sintiera amenazado (yo le puedo asegurar que he
hablado con el embajador de Colombia y con el embajador de Ecuador
para decirles exactamente el alcance y se han sentido satisfechos con
las explicaciones que les he dado), el Gobierno no tendría
inconveniente en corregir un determinado término, porque no es la
intención, no nos arrepentiríamos de una acción que iba destinada a
conseguir un mal efecto sino de un término o de una manera de decir
las cosas, aunque no creo que sea así, se lo digo sinceramente. Dicho
eso, le vuelvo a decir que lo que se pretendía estaba muy claro. Este
Gobierno no es sospechoso de otras pretensiones y si alguien, de ese
texto, intenta llegar a conclusiones que pueden afectar a la
credibilidad de este Gobierno, este Gobierno, en ese aspecto, está
muy tranquilo. Lo ha demostrado durante el año y siete meses que
lleva y lo viene demostrando un Gobierno afín desde el año 1996. Por
lo tanto, le debo decir que en ese sentido hay total tranquilidad por
parte del Gobierno.
- LAS CIRCUNSTANCIAS QUE OCASIONARON LA MUERTE DE 15 INMIGRANTES EN
LAS COSTAS DE FUERTEVENTURA, AL SER ABORDADA LA PATERA EN LA QUE
VIAJABAN POR UNA PATRULLERA DE LA GUARDIA CIVIL. A SOLICITUD DEL
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 213/000434)
- LOS HECHOS OCURRIDOS EN FUERTEVENTURA A RAÍZ DE LOS CUALES
FALLECIERON 15 INMIGRANTES. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO
FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA. (Número de expediente 213/000437)
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Pasamos al tercer punto
del orden del día, en el que se acumulan dos iniciativas referidas a
hechos ocurridos en Fuerteventura, una del Grupo Parlamentario
Socialista y otra del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Tiene la palabra el señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Morenés Eulate):
Señorías, agradezco que hayan aceptado la acumulación.
Como SS.SS. conocen, la entrada mayoritaria de inmigrantes por las
costas españolas se realiza a bordo de pequeñas embarcaciones, en
algunos casos, denominadas pateras. Estas embarcaciones tienen una
eslora no superior a los siete metros y una manga de 1,5 metros, lo
que permite navegar con seguridad a seis o siete adultos, dependiendo
de en qué mares y en qué zonas; sin embargo, en la realidad
transportan entre 15 y 22 personas cada una. El exceso de ocupantes,
unido al agua que entra en la patera durante la navegación, provoca
en muchos casos el hundimiento progresivo de la embarcación, rozando
los límites de la navegabilidad. Por otra parte, la carencia de
cualquier elemento mínimo de seguridad -chalecos salvavidas y otros
elementos que pudieran servirles de flotabilidad- hace que estas
embarcaciones no reúnan en ningún caso las condiciones mínimas de
seguridad exigibles para hacer la travesía, que suele durar más de 14
horas en algunos casos. Los pasajeros van hacinados, empapados en
agua, faltos de movilidad, sufren agarrotamiento de sus miembros y
frío intenso, pese a que normalmente visten abundante ropa de abrigo
para el viaje, lo que aumenta luego, en los casos de vuelco de la
patera, la dificultad de movimientos y los desgraciados accidentes
como el que hoy vamos a describir. En estas condiciones, la
posibilidad de un accidente es extremadamente alta. El menor balanceo
de la embarcación puede originar la pérdida de estabilidad y su
vuelco posterior. En este sentido, basta dar una vuelta por la zona
de Tarifa para ver la cantidad de pateras, algunas destrozadas
y embarrancadas contra las rocas, para entender cuántas de ellas
desaparecen por el camino.
Las patrulleras del servicio marítimo son absolutamente conscientes
de estos condicionantes, de manera que llegado el momento del rescate
o salvamento de inmigrantes se adoptan siempre las medidas necesarias
para realizarlo en las mejores condiciones de seguridad. Existe para
ello un protocolo náutico que creo que está perfectamente adecuado a
las circunstancias. Dichas condiciones de seguridad se toman en
función de las siguientes circunstancias: estado de la embarcación
interceptada, número de personas transportadas, estado de la mar y
existencia de riesgo vital para los auxiliados. Para ello, los
procedimientos de aproximación, avisos, señalización y abordaje se
efectúan conforme a las normas establecidas en el reglamento
internacional para la prevención de los abordajes. Entenderán SS.SS.
que, además de las circunstancias a las que acabo de hacer
referencia, pueden darse otras coyunturales, puesto que son muchas
las variantes posibles, en cuyo caso corresponde al patrón de la
patrullera tomar la decisión oportuna, apreciando las circunstancias
especiales que puedan concurrir, como en este caso ocurrió: noche,
oscuridad y mala mar. Las patrulleras
del servicio marítimo disponen de todos los medios de seguridad y
salvamento exigibles por la legislación marítima nacional e
internacional y pasan todas ellas las inspecciones periódicas
exigibles por la Dirección General de la Marina Mercante, a través de
las capitanías generales correspondientes.
Por lo que se refiere a los hechos ocurridos el pasado 30 de mayo, en
los que 22 inmigrantes subsaharianos que viajaban en una patera
cayeron a la mar en aguas del sur de la isla de Fuerteventura, lo
primero que deseo es manifestar, como no podía ser de otra manera, mi
más profundo pesar por este hecho así como el sincero dolor de todas
las personas que intervinieron en este servicio durante toda la noche
tratando de rescatar a los que cayeron al agua. La secuencia de los
hechos fue la siguiente. A las 21,05 horas del día 30 de mayo,
miembros de la Guardia Civil de la patrulla fiscal detectaron la
presencia de dos embarcaciones ligeras, pateras, con un número
indeterminado de inmigrantes a bordo, dando aviso de inmediato a una
de las patrulleras del servicio marítimo provincial de la Comandancia
de la Guardia Civil de Las Palmas, que se encontraba próxima y a una
distancia de 1,6 millas de la costa.
Su tripulación estaba compuesta por un sargento, un cabo primero,
tres guardias civiles marineros, y un guardia civil mecánico.
Encontrándose las pateras a una distancia de 70 metros entre sí, la
patrullera de la Guardia Civil se dirigió hacia la más próxima.
Efectuado el contacto visual, se advirtió la situación crítica en la
que se encontraban los tripulantes, hacinados y empapados en agua, y
el gravísimo estado de flotabilidad de la embarcación, línea de agua
a diez centímetros por encima de la línea de flotación, con abundante
agua dentro. Y había mala mar. En esta situación se procedió a
informar a sus ocupantes por todos los medios posibles que
permaneciesen sentados en la embarcación sin perder la tranquilidad y
que se abstuvieran de realizar movimientos bruscos. Seguidamente se
envió la embarcación auxiliar de la patrullera para colaborar en las
labores del rescate, dado que las condiciones de la mar, marejada y
viento fuerte, y del tiempo, cielo cubierto y anochecido, así lo
aconsejaban por el tamaño de la patrullera, grande, que en ningún
momento pudiese golpear a la patera. Estuvo tripulada por el guardia
mecánico y por uno de los guardias civiles marineros y se procedió a
la maniobra de abordamiento de la patera para subir a bordo de la
patrullera a los ocupantes de la misma. A las 21,28 horas se largaron
cabos para asegurar la patera al casco de la nave. Mientras se
procedía al desarrollo de estas maniobras, algunos inmigrantes,
haciendo caso omiso de las instrucciones recibidas, se incorporaron y
se abalanzaron sobre uno de los costados de la patera, el más próximo
a la patrullera -se comprende en su desesperación- y, acto seguido,
al lado opuesto para compensar la inestabilidad, lo que provocó el
vuelco y el hundimiento. Inmediatamente, desde la patrullera se
lanzaron cuatro
salvavidas, varias defensas de gomas y cuanto de ayuda había en la
patrullera que pudiese lograr la flotabilidad de quienes habían caído
al agua. Sin embargo estos medios de salvamento apenas resultaron de
ninguna ayuda excepto para tres de los inmigrantes, bien porque el
resto no sabía nadar, bien por la inmovilidad producida por el frío,
por el agarrotamiento muscular, o bien por la excesiva ropa que
llevaban puesta, todo lo cual les impidió afianzarse mientras la
patera se hundía en pocos segundos. La embarcación auxiliar de la
patrullera salvó la vida a otros cuatro inmigrantes.
Hay que hacer notar que inmediatamente después, en la misma noche en
la que acaecieron estos desgraciados hechos, la misma patrullera del
cuerpo, utilizando los mismos procedimientos que he narrado a S.S.,
rescató con vida a los 19 tripulantes que navegaban a bordo de la
otra patera que acompañaba a la que se hundió. Acto seguido se alertó
al helicóptero del IMER, que es una compañía a otra patrullera de la
Guardia Civil y a otras dos embarcaciones pesqueras que se dirigieran
inmediatamente a la zona del naufragio y ayudaron en las labores de
búsqueda, hasta que se comprobó la imposibilidad de rescatar a más
personas. Los 26 inmigrantes rescatados, tres de los cuales sufrían
hipotermia, fueron trasladados al puerto de la localidad del gran
Tarajal y fueron atendidos en su centro de salud. Al amanecer del día
31 de mayo se incorporaron a las labores de búsqueda un segundo
helicóptero y el equipo de especialistas de actividades subacuáticas
de la Guardia Civil, continuando en sus labores el helicóptero del
IMER y las patrullas del servicio marítimo. Resultó negativa la
localización de las personas desaparecidas.
Quiero señalar a SS.SS. que desde el 10 de julio del año 1999, fecha
en que entró en funcionamiento el servicio marítimo provincial de Las
Palmas, se han interceptado un total de 140 pateras que transportaban
209 patrones y 1918 inmigrantes y que hasta el desgraciado accidente
ocurrido el 30 de mayo se habían resuelto todas las intervenciones
satisfactoriamente. En el ámbito nacional, en lo que llevamos del año
2001, los servicios marítimos provinciales de la Guardia Civil han
rescatado de la mar de esa situación a un total de 7295 inmigrantes.
Como SS.SS. sin duda conocen, la formación técnica que poseen todos
los miembros del servicio marítimo de la Guardia Civil se realiza de
acuerdo con los programas lectivos aprobados por la Dirección General
de la Marina Mercante, donde se contemplan todos los campos de la
seguridad marítima. Además, su formación se complementa con la
actividad diaria que realizan en las propias unidades de destino.
Reitero una vez más mi pesar por los hechos dolorosísimos de esa
naturaleza pero al mismo tiempo tengo que apoyar, felicitar y
agradecer a los servicios marítimos de la Guardia Civil el salvamento
de tantas vidas, de miles de vidas, en la dificilísima y durísima
tarea
que realizan a diario a veces con grave riesgo de sus vidas. Y puedo
decir a SS.SS. que he sido testigo presencial durante una noche de la
acción de la Guardia Civil en el Estrecho, rescatando pateras, y sé
que es una de las tareas más duras, más difíciles y más comprometidas
a las que he tenido en este caso el honor de asistir.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señor Mayoral.
El señor MAYORAL CORTÉS: Señor Morenés, tengo que empezar volviendo a
recordar que nosotros calificamos esta comparecencia como
comparecencia urgente, y la solicitamos a inicio de junio del año
2001, hace cinco meses.
Yo pediría a las autoridades del Ministerio del Interior que fueran
más diligentes en la contestación de este tipo de cuestiones, porque
esta tardanza priva a veces de sentido lo que se pregunta y puede
hacer olvidar las cuestiones. Además pone de manifiesto una cierta
fragilidad por parte de esta Cámara. Yo no quiero abundar en esta
cuestión porque es lo suficientemente grave para que se la dedicara
otro tipo de comentario, otro momento y posiblemente otras
presencias. Así que en primer lugar tengo que decir que esta
comparecencia viene tarde. Hace ya cinco mese era urgente y no se
compagina con que se produzca ahora.
Desde nuestro punto de vista, se trata de muertes de ciudadanos
coincidiendo, digo coincidiendo, señor Morenés, -no voy a decir a
causa de, pero hay aquí el fallecimiento de 15 ciudadanos-,
coincidiendo con una intervención de un servicio público del Estado.
Y esta es la cuestión por la cual nosotros hemos traído este tema. No
vamos a partir de prejuicios ni por supuesto vamos a establecer
condenas previas ni sospechas de ningún género. Simplemente
constatamos que, como consecuencia de la actuación de un servicio del
Estado o coincidiendo con esa actuación, se produce un fallecimiento
masivo de personas. Quince personas es una cantidad muy importante y
por eso hemos estimado que las autoridades del Estado, de Interior,
estaban obligadas a investigar y estaban obligadas a comparecer
cuanto antes. Ninguna de las dos cosas se ha producido.
Su señoría ha hecho una expresión de condolencia y de sentimiento que
nosotros consideramos sincera y que compartimos, por este suceso y ha
hecho una descripción secuencial de lo que allí sucedió. Tiene las
características habituales de las descripciones que le pasan los
correspondientes servicios a S.S., con muchos detalles pero donde se
deduce, precisamente por esa expresión detallada de los sucesos,
cuáles son las carencias. Hay un positivo y un negativo de la
fotografía.
Nosotros vemos en toda la descripción que ha hecho S.S. una dimensión
de negativos. Estoy hablando en términos fotográficos todavía, no
estoy hablando en
términos calificativos. En el negativo vemos que S.S. ha hablado de
la intervención de una embarcación auxiliar, la embarcación mayor, la
patrullera, donde hay dos personas. Su señoría ha hablado de dos
guardia civiles, que descienden en esa embarcación auxiliar a prestar
auxilio a las 15 ó 22 personas -los fallecidos fueron 15, pero los
afectados fueron 22- que en aquel momento están experimentando esa
situación de riesgo y de peligro. Después de la descripción, le han
incorporado, señor Morenés, una cuestión que yo creo que es un
indicio de cómo están las cosas. Ha hablado S.S. del lanzamiento de
cuatro salvavidas y más o menos lo que pudieran encontrar a mano los
agentes que estaban en la patrullera. Recuerde S.S. que las personas
que estaban en peligro eran 22. Se lanzan cuatro salvavidas y lo que
estaba a mano, que no sabemos qué es; supongo que serían cables,
serían sogas, serían neumáticos. Yo no sé qué es lo que hay detrás de
esa expresión de lo que pudieron lanzar los agentes de la patrullera.
Después se avisó a otras embarcaciones, etcétera, pero ya era
demasiado tarde.
Así que tenemos un hecho luctuoso, en el cual lo primero que mi grupo
considera es que lo que resulta sorprendente no es sólo el método de
abordaje. No es sólo sorprendente porque evidentemente está dentro de
la condición humana el nerviosismo por parte de unos inmigrantes
subsaharianos que se encuentran ante una intervención policial. Hay
que considerar también que estas personas procedentes de determinados
países están acostumbrados a intervenciones policiales que
afortunadamente no son ya las que tenemos en nuestro país; el respeto
a los derechos humanos por policías de los países de procedencia a
veces deja mucho que desear, lo cual implica que posiblemente estas
personas tengan un efecto reflejo cuando ven a alguna autoridad del
Estado o a un agente de la policía por considerar que pueden ser
objeto del mismo tratamiento que en su país, cosa que afortunadamente
en España no pasa.
El problema fundamental, desde nuestro punto de vista, es que 15 de
los 22 inmigrantes caídos al agua no pudieron ser auxiliados porque
no se dispuso de medios para ello. Señor Morenés, es la conclusión
que yo saco de la descripción que usted mismo nos ha leído; cayó la
cantidad de personas ya mencionada y allí solamente se pudieron
utilizar cuatro salvavidas. Supongo que serían las personas que los
que utilizaron las que se salvaron. Las siete personas que se
salvaron utilizarían los cuatro salvavidas y algún otro instrumento
que les cayó a mano; el resto posiblemente -y me gustaría que se
clarificara esta parte de la investigación- no pudieron disponer de
ningún recurso o instrumento auxiliar para salvar sus vidas en una
situación de naufragio. Esa es la conclusión que saco yo y esa es la
conclusión más preocupante, que a la patrullera le faltaban los
recursos suficientes -para haber puesto a disposición en aquellas
circunstancias no se puede decir- para haber podido auxiliar con más
eficacia a aquellas personas que
estaban sufriendo un riesgo tan inminente para sus vidas. Este hecho
pone en evidencia una vez más carencia de medios, carencia de medios
modernos y eficaces, y también, señor Morenés, la falta de previsión
sobre posibles contingencias en la actuación que las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado, dependientes de Interior, tienen que
abordar. No se puede decir que esta es una contingencia
extraordinaria, el hecho de que una patrullera tenga que abordar a
una patera, ya que este es un hecho tan reiterado, tan repetido a lo
largo de estos últimos tres o cuatro años, que se puede calificar de
cualquier manera menos de que sea un hecho excepcional. Por tanto, yo
creo que ha habido y hay, si no se ha corregido, una imprevisión
importante respecto a la previsión de recursos que deben tener este
tipo de embarcaciones para hacer el salvamento que en un momento
determinado pueden tener que hacer.
Por otra parte, también es importante lo que voy a decir, la cuestión
que nosotros queremos suscitar no es que se investigue a los guardias
civiles que actuaron en este suceso, porque no es ahí donde nos
parece que reside la responsabilidad respecto a la imprevisión, sino
a los órganos de gestión y dirección del propio Ministerio del
Interior que no actuaron con la diligencia y la previsión debida.
Esto es tanto más grave si se considera que además ha habido una
negativa a investigar este suceso. No sé si recordará S.S. la
declaración que hizo el director de la Administración del Estado en
Fuerteventura. Dijo que el hecho no se investigaría, y lo dijo
categóricamente, y que en las mismas circunstancias se volvería a
actuar de igual manera. Esto es tremendamente erróneo, tremendamente
equivocado y absolutamente negativo; esa cerrazón, ese intento de
echar tierra sobre un asunto y decir que no hay ninguna conclusión
que sacar y ninguna investigación que hacer. Y ello no solamente
afecta y ha afectado al señor director provincial o insular de la
Administración del Estado en la isla, sino que también don Pío
Cabanillas, en nombre del Gobierno, en un Consejo de Ministros que
hubo por aquellos días, inmediatamente después de estos sucesos, tras
lamentar la suerte de los quince subsaharianos fallecidos, descartó
en nombre del Gobierno que fuese a realizar investigación alguna. Lo
dijo muy categóricamente. Desde nuestro punto de vista, es el
Gobierno el que asume la responsabilidad, después de lo que ha dicho
don Pío Cabanillas. Ya no es solamente el Ministerio del Interior o
el director provincial insular de Lanzarote sino también la
descripción que hacía el señor Cabanillas con ocasión de aquellas
declaraciones después de un Consejo de Ministros que eran más o menos
las siguientes: Ante la llegada de la Guardia Civil, los ocupantes de
una de las pateras se levantaron, volcó y se produjo la tragedia,
evidentemente sin que la Guardia Civil pudiera hacer nada por falta
de medios. Esto no lo dijo el señor Cabanillas, pero es la realidad.
Estamos ante una actitud propia de una Administración de Seguridad
que yo tengo que calificar, señor Morenés, en este momento de
arcaica, de burocrática, de ciega y sorda con relación a lo que es el
desarrollo de determinados acontecimientos que se reiteran y respecto
a los cuales no se toman las medidas y las previsiones adecuadas. No
reconocer nada, no rectificar nada, a mí me parece grave. Y no estoy
tratando de hacer ningún tipo de demagogia, estoy hablando del
fallecimiento de quince personas, derivado, y reconozco que fue
indeseado, de la intervención de esta patrullera y de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado. Señor Morenés, hay mucho que hacer
en lo que se refiere a la frontera sur de Europa, el Estrecho,
Canarias. Se han convertido en una prueba formidable para la
capacidad y sensibilidad de las autoridades responsables de
extranjería e inmigración, que son, en primer lugar, el señor Rajoy,
y después S.S. como secretario de Estado. Ahí se comprueba y se
condensa un conjunto de actuaciones que desde nuestro punto de vista
son erróneas, son insuficiencias y errores de una política de
inmigración que ya empezó por el despropósito del efecto llamada
aplicado a disposiciones anteriores sobre inmigración y que después
se ha revelado que no tenía nada que ver con la legislación anterior
sino con otro tipo de actuaciones y situaciones. Se ha comprobado que
la carencia de acuerdos sobre inmigración establecidos con los países
emisores de emigración es una fuente de peligros para las personas
que se lanzan a este tipo de actividad de inmigración en manos de
mafias y de personas desaprensivas que les pueden llevar
a situaciones de enorme peligro, y ya se ve, para sus vidas.
Las carencias que padecen las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado, encargadas de aplicar la política del Gobierno, ponen también
sobre la mesa elementos muy preocupantes respecto a lo que debiera
ser una buena política de entrada en nuestro país y sobre todo de
supervisión y actuación cuando se producen hechos como los relatados.
En los últimos cuatro años, señor Morenés, han muerto en el Estrecho
cerca de 4.000 inmigrantes, quizá más; de ellos, 800 en aguas
españolas, sin contar los de Canarias, porque en este momento no
tengo los datos. Podríamos decir que en los últimos tres años y medio
en las aguas españolas han muerto del orden de mil inmigrantes. Esa
cifra tiene que hacer reflexionar y tiene que hacer que se adopten
medidas que en este momento parece que no tenemos y que hechos como
el de Lanzarote no vuelvan a producirse. O, si se producen, por lo
menos que no se demuestre, que es lo que en definitiva he querido
poner en evidencia, señor Morenés, la falta de previsión y de
recursos suficientes para abordar una situación como la que se
produjo en aquel momento. Este es el tema. Hay que preservar la vida
de las personas. La actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado constitucional y legalmente está orientada precisamente en
esa
dirección y porque eso es así creemos que es necesario dotarlas de
los recursos suficientes para ello, porque aquí lo que se ha
demostrado es que no tuvieron los recursos para abordar la situación
que puso en peligro la vida de veintidós personas y que provocó el
fallecimiento de quince.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señor Centella.
El señor CENTELLA GÓMEZ: El Grupo de Izquierda Unida solicitó en su
día esta comparecencia, en primer lugar, porque nos sorprendió y nos
preocupó que el Gobierno se negase de una forma clara a hacer una
investigación especial sobre la muerte de quince inmigrantes la noche
en que, como ya se ha dicho, la patera volcó en las condiciones que
repasaremos. Nosotros pensamos que es necesario hacer una
investigación especial, como ya se ha dicho, no para determinar
responsabilidades directas de los guardias civiles que participaron
en el operativo, sino porque entendemos que de esa investigación
pueden salir elementos que mejoren el trabajo y que permitan que
estos hechos no se vuelvan a repetir. Nos preocupó que fuese el
portavoz del Ejecutivo, señor Cavanillas, el que dijese que la patera
se volcó y se produjo la tragedia. Este hecho fue el que nos hizo
pedir esta comparecencia, porque no se puede decir esto desde las más
altas instancias del Gobierno y luego quedarse igual. Es necesario
hacer una investigación sobre éste y otros casos en los que se
produzcan iguales consecuencias para poner en evidencia la carencia
de medios. Si no se quiere investigar es precisamente por no airear
el que no existen medios para que la Guardia Civil actúe en el
Estrecho para ayudar y resolver estos accidentes. Usted lo ha dicho y
no hace falta repetir las condiciones en que se encontraban, con 4
salvavidas. Dejando al margen el voluntarismo que existe en la
Guardia Civil, que muchas veces se juega la vida en condiciones muy
difíciles, lo cierto es que hay que dotarla de estos instrumentos
cuando se trata de salvar vidas humanas. Eso es lo que se tendría que
hacer en esa investigación porque, con toda seguridad, se podrían
haber salvado más vidas. No podemos pensar que el Gobierno esté
conforme con la situación porque sería algo grave. Creemos que no se
ha tomado conciencia de la situación en la que se encuentran y usted
lo ha dicho. En Algeciras, en la costa del sur de España, los agentes
suelen suplir esta falta de medios con su voluntarismo y suelen
llevar, por propia iniciativa, 15 ó 20 chalecos salvavidas y también
lanzan al agua cuerdas, boyas de defensa de la patrullera, balsas,
etcétera, para intentar salvar el mayor número de vidas. Nos
encontramos con una falta de medios y ante un accidente ocurrido con
una mar totalmente en calma, en la que también se pueden producir
errores humanos. Lo necesario es actuar cuando se dan estas
circunstancias.
Junto a la solicitud de mayores medios, nos ha preocupado parte de su
intervención, que es el segundo motivo de nuestra comparecencia.
Cuando le oímos hacer el relato de las condiciones del viaje, parece
que nos encontramos ante unos señores que han elegido un medio viajar
totalmente inapropiado. Usted ha hablado de las condiciones en las
que están las pateras, del nerviosismo, del hacinamiento y de las 14
horas de viaje. Esa es la realidad, pero no debemos olvidar que les
obliga a estos seres humanos, porque se trata de personas que están
huyendo de la muerte, de la guerra y la miseria. Queremos hacer esta
reflexión para ver lo que supone la inmigración. Usted ha explicado
que hay decenas de pateras destrozadas y ha hablado de los 15 muertos
que ha habido, que no deja de ser una desgracia, pero no es ni la
punta del iceberg de los muchos más que ni siquiera aparecen .
Tenemos que denunciar, una vez más, que hay que cambiar esta
situación, que hay que cambiar una política de inmigración que sigue
provocando el que muera gente en el Estrecho y que cuanto más
restrictiva sea más colocaremos en manos de las mafias a quienes no
les queda más remedio que emigrar, porque nadie coge este medio de
transporte para hacer un crucero o una travesía de placer, sino que
es una salida a la desesperación.
Quiero terminar haciendo hincapié en que hay que dotar de medios a la
Guardia Civil, a las personas que participan activamente en el
salvamento de inmigrantes, pero, que yendo al fondo, hay que cambiar
de política, porque no estamos ante un problema que retrocede sino
que aumenta.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señor Gil Lázaro.
El señor GIL LÁZARO: Lamentándolo mucho, tengo que introducir un giro
en el planteamiento y en el acento con que he venido pronunciándome
esta mañana. Un giro en el acento que afecta a cuestiones de forma y
a cuestiones de fondo a tenor del discurso que he escuchado del Grupo
Parlamentario Socialista.
En primer lugar, giro en el acento en cuanto a cuestiones de forma.
No entiendo - salvo que, como después se ha demostrado en la
intervención del Grupo Socialista, ni haya conocimiento de la
realidad, ni argumentos, ni posibilidad para hacer un debate de
fondo- que se invoquen cuestiones de forma hablando de los cinco
meses de dilación o de que esto acredita la fragilidad de la
institución parlamentaria. El 30 de junio compareció ante esta
Comisión el vicepresidente primero del Gobierno y ministro del
Interior con una sesión monográfica dedicada exclusivamente a asuntos
de inmigración. Ofrecimos que este asunto fuera en el orden del día y
se nos dijo que el orden del día era ya muy largo. El 2 de octubre
compareció ante esta Comisión el delegado de Gobierno para la
extranjería y la inmigración a iniciativa del Grupo Parlamentario
Popular,
ya que queríamos que la primera autoridad compareciente fuera el
delegado de Gobierno para la extranjería y la inmigración en la
apertura del nuevo período de sesiones, precisamente por lo hechos
que habían estado de actualidad durante el verano. En esta ocasión se
trató de un nuevo ofrecimiento de que en esa sesión se hablase de
este asunto y se nos volvió a decir que no. El pasado 22 de noviembre
se dio la posibilidad, cuando compareció otra vez el vicepresidente
primero del Gobierno y ministro del Interior, de hablar de este
asunto y se nos dijo que no. No como punto del orden del día, pero
traído a colación en el discurso de los grupos, en la sesión del 30
de junio se habló de este asunto. Invocar estas dilaciones de cinco
meses, querer esconder el asunto o hablar de fragilidad de la
institución parlamentaria, nos parece que está absolutamente fuera de
cuestión. Esto quizá sea lo de menos, porque son cuestiones que me
obligan a modificar el acento en términos de las referencias de forma
que se han hecho. Lo más preocupante son las cuestiones en términos
de fondo, porque del discurso que hemos escuchado del Grupo
Parlamentario Socialista, la conclusión final es muy clara y la ha
sacado este mismo grupo: faltaron recursos para evitar este hecho y
esto puso en peligro la integridad de las personas con resultados de
muerte. Eso, por utilizar las expresiones del portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista referidas a la administración de la
seguridad, expresiones que no compartimos, pero sí compartimos que la
intervención que hemos escuchado del portavoz del Grupo Socialista no
responde más que a un discurso arcaico, burocrático, ciego y sordo, y
lo que es peor, ignorante de lo que fue la realidad. Quiero ceñirme a
términos de ignorancia y no a intenciones de distorsionar la realidad
para hacer un discurso político que no tiene fundamento en cuanto a
lo que fueron los hechos objeto de este debate y que tiene mucho
menos fundamento en cuanto a otras cuestiones que, por el momento,
eludo comentar.
Se nos dice que había que rectificar, que no se rectificó nada, pero
yo preguntaría: ¿ Qué es lo que hay que rectificar? Después del
tremendismo velado o medio velado del portavoz del Grupo Socialista,
y después de algunas imputaciones casi explícitas, me atrevería a
preguntarle al señor portavoz del Grupo Socialista: ¿por qué no sacan
ustedes a colación -que no lo han sacado- que esa noche, con la misma
embarcación, con las mismas condiciones de mar y de viento -por
cierto, no sé quién le habrá contado al señor Centella que el mar
estaba en calma; no estaba precisamente en calma, y después volveré a
referirme a ello-, de medios y de dotaciones, con la misma
patrullera, se logró salvar a las 19 personas que viajaban en la
patera que acompañaba a la siniestrada? ¿Por qué, en vez de
cuestionar lo que no puede ser cuestionado -en función de la pericia
del patrón y de la tripulación, de la experiencia de la tripulación y
de las características del buque interviniente-, no se reconoce que
no hubo
aproximación de la patrullera porque las condiciones del mar
encrespado y del viento así lo aconsejaban profesionalmente, en
términos puramente marítimos? El señor Mayoral es de una admirada,
querida y profunda tierra adentro y, a lo mejor, no está tan
acostumbrado a estas cosas como los que tenemos vocación y origen
mediterráneos. ¿Por qué no se reconoce que la primera condición de
seguridad para garantizar el éxito de esa operación de salvamento fue
la decisión del patrón, vistas las condiciones de mar y de viento, de
no aproximar la patrullera a la patera? Eso sí que hubiera sido
auténtica impericia, que hubiera puesto en riesgo la vida de las
personas. ¿Por qué no se dice que, cuando se acercó la embarcación
auxiliar de salvamento, se advirtió a aquellas personas, como se ha
hecho en tantos miles de rescates culminados con éxito, que nadie
hiciera ningún movimiento brusco, que no iba a pasar nada? Se hizo
así por la situación de la patera, que estaba ya 10 centímetros por
debajo del nivel del agua. Por cierto, la misma operación y la misma
recomendación se repitieron esa misma noche en el segundo salvamento;
ésta última fue cumplida y no pasó nada. (El señor presidente ocupa
la presidencia.)
Podemos entender la situación de estas personas; ¡cómo no vamos a
entenderla, si es dramática! Lo que nos parece sorprendente es que en
algún discurso -en el del portavoz del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida- parezca que la culpa de las pateras la tiene el
Ministerio del Interior o el Gobierno de España. Compartimos, como es
natural, el análisis de fondo que se hace, pero decir -como se ha
dicho- poco menos que la culpa de escasez de medios que se utilizan
es del Gobierno de España o del Ministerio del Interior, es
ciertamente un exceso. ¿Qué medios había que rectificar, señor
Mayoral? No sé si sabe usted -y me da la sensación de que no lo sabe-
que la Guardia Civil del Mar que prestaba servicio en el archipiélago
canario ha tenido que cambiar las embarcaciones porque aquellas de
que disponía en origen no eran adecuadas para un mar de altura y de
las características del que rodea al Archipiélago. Fíjese que he
dicho en origen, no heredadas...; en origen, término muy respetuoso.
¿Sabe usted que, como primer elemento de garantía de la eficacia de
esas operaciones, se ha producido un cambio, costosísimo por cierto?
Se dice que hay que rectificar. ¿Qué hay que rectificar, la pericia
del patrón, sustituyéndola por la impericia de acercarse? ¿Qué hay
que sustituir, las instrucciones explícitas de silencio dadas por la
dotación de la embarcación auxiliar, por otras instrucciones
equívocas? Ciertamente, el discurso que se ha hecho no es serio. Se
imputa a la autoridad correspondiente del Archipiélago que dijera: en
las mismas circunstancias se actuaría de igual manera. ¡Naturalmente!
En las mismas circunstancias, no es que se actuaría, es que se actuó
de igual manera, señor Mayoral: unas horas después, y con el
resultado de salvar todas las vidas humanas,
en la operación de salvamento de la patera que acompañaba a la
siniestrada. Por las características del mar y del viento, se hizo la
misma operación de anclaje previo; por las características del mar y
del viento, se hizo la misma operación de aproximación de la
embarcación auxiliar; por las características del mar y del viento, y
por la situación de la patera, los miembros de la embarcación
auxiliar dieron las mismas instrucciones; y, felizmente, todo ello
concluyó como todos hubiéramos deseado que concluyera la primera de
las operaciones, y como han concluido miles de operaciones de
rescate. Salvo en la consideración de haber escuchado un discurso
arcaico, burocrático, ciego y sordo, no puedo entender el discurso
del señor portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Tengo que hacer alguna otra consideración. ¿Cómo se puede decir -y lo
ha dicho literalmente el señor portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista- que resulta sorprendente el método del abordaje? El
método del abordaje es exactamente el que determinaban las
condiciones meteorológicas, las de la embarcación a salvar, y la
contrastadísima pericia y experiencia profesional del patrón de la
patrullera de la Guardia Civil. Que establezca un criterio contrario
y diga que eso le parece sorprendente, nos lleva a pedirle que nos
explíque cómo se tenía que haber hecho el abordaje. ¿Se tenía que
haber acercado la patrullera, de modo que hubiera hundido
directamente la embarcación, dadas las condiciones de viento y mar y
las de la lancha a salvar? ¿Se debería haber hecho eso? Si se dice
que se hizo mal la operación de salvamento, en los términos que la
previó la dotación de la Guardia Civil, habrá que entender que se
debería haber hecho en sentido contrario.
Las patrulleras de la Guardia Civil que cubren el servicio en el
Estrecho y en el Archipiélago están dotadas de altísima tecnología y
de los medios suficientes para poder desarrollar las operaciones de
salvamento con un porcentaje abrumador de éxito. Poner eso en
cuestión es querer hacer un discurso interesado, que nos parece
profundamente irresponsable. Decir que 15 personas de las que
naufragaron no pudieron ser auxiliadas por falta de medios, es
frivolizar una situación dramática en unos términos que rayan con el
esperpento. Lamento tener que ser así de crudo, pero me parece mucho
más crudo el discurso de fondo que se ha hecho y algunas de las
imputaciones que se han lanzado aquí.
En primer lugar, estamos ante una situación luctuosa que todos
lamentamos. En segundo lugar, estamos ante un accidente que no se
puede atribuir, a tenor de la información dada y de la acreditada, ni
a impericia de la Guardia Civil ni a una maniobra marítima errónea.
En tercer lugar, el accidente que se produce en el contexto de una
operación de la patrullera para el salvamento de vidas, que terminó
por salvar otras vidas esa misma noche y aun en el mismo acto que nos
ocupa, acredita que la disposición de medios es adecuada y que las
decisiones que tomaron los miembros de la
patrullera fueron las que debían tomar a tenor de las circunstancias
meteorológicas y de la situación en que se encontraba la embarcación
a salvar.
En definitiva, la tarea que desempeña la Guardia Civil del Mar -y
convendría que todas SS.SS. tuvieran presente esta consideración- no
es esencialmente de represión de la inmigración marítima ilegal, sino
de salvamento de vidas con riesgo de la propia. Esa consideración
a este grupo parlamentario no le ofrece duda alguna, por más que esta
mañana hayamos escuchado algún discurso que lo pone en cuestión.
El dato lo ha dado el señor secretario de Estado de Seguridad: que en
lo que va del año 2001 se haya salvado a 7.295 inmigrantes lo dice
todo. Esa es la verdadera vocación de la Guardia Civil del Mar, esa
es su dedicación, esa es su tarea y ese es también su sacrificio. En
el suceso que nos ocupa, que todos lamentamos, este grupo
parlamentario tiene la certeza de que la Guardia Civil, la dotación
de la Guardia Civil del Mar actuó con pericia profesional, con
vocación y voluntad de servicio. Y esta consideración no es una mera
expresión voluntarista, lo acredita el que horas después esa misma
dotación, haciendo esa misma maniobra, con los mismos medios, logró
culminar con éxito la operación de salvamento de la segunda patera
que acompañaba a la siniestrada. (El señor Mayoral Cortés pide la
palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señor Mayoral.
El señor MAYORAL CORTÉS: Señor presidente, no le extrañe que le pida
la palabra, porque la intervención del señor Gil Lázaro ha estado
llena de alusiones directas y personales...
El señor PRESIDENTE: Me extraña, señor Mayoral.
El señor MAYORAL CORTÉS: Es que S.S. no estaba presente, pero si el
señor Souvirón no hubiera abandonado la mesa en este momento
podríamos tener un testimonio, porque no se lo voy a pedir al señor
Morenés, de la cantidad de alusiones absolutamente directas...
El señor PRESIDENTE: Tendrá su oportunidad, señor Mayoral.
El señor MAYORAL CORTÉS: No, no es oportunidad, es que pido un turno
por alusiones, señor presidente, que es distinto.
El señor PRESIDENTE: Tiene dos minutos.
El señor MAYORAL CORTÉS: De manera absolutamente desmediada, porque
no se puede considerar de otra manera, con un exceso, diríamos, de
hemorragia oratoria que no viene al caso, e intentando cubrir la
intervención del señor secretario de Estado, que no lo
necesita, que se sabe defender solo perfectamente, el señor Gil
Lázaro ha montado un discurso de contestación de oposición a la
oposición lleno de descalificaciones absolutamente improcedentes, que
no son de recibo ni tienen justificación. Esta no es la manera de
actuar ni de defender al Gobierno. El señor Gil Lázaro tiene la
obligación de exponer la posición de su grupo, pero no la
contraposición del discurso, para eso viene el secretario de Estado.
Si siguen las cosas así, señor Romay, cuando en el futuro comparezcan
autoridades del Ministerio de Interior se pueden marchar una vez que
intervengan, porque ya se queda aquí el señor Gil Lázaro que se lanza
al foso de los leones dispuesto, como caballero andante, a desfacer
todo tipo de entuertos que él mismo se organiza.
El señor PRESIDENTE: El señor Gil Lázaro tiene la palabra, con la
misma o mayor brevedad.
El señor GIL LÁZARO: Señor presidente, estamos en las de siempre.
Creo que el señor Mayoral ha querido decir desmedida, no desmediada.
Este grupo parlamentario no cubre a nadie, da su posición, ¡y
faltaría más que no pudiéramos explicar nuestra posición!
Descalificaciones, ninguna. Me he limitado a repetir, salvo que el
señor Mayoral lo considere tal, los calificativos arcaico,
burocrático, ciego y sordo que él ha empleado.
Finalmente, lo del foso de los leones no sé a qué viene, salvo que
alguno tenga todavía -por aquello de las viejas herejías y de los
viejos dogmatismos a los que hacía referencia- vocación cristiana de
ser mártir o de martirizar. A mí me es igual. El señor Mayoral puede
tener vocación de ser mártir o de martirizar, a mí me resulta
indiferente.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor secretario de Estado
para contestar a los grupos.
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA SEGURIDAD (Morenés Eulate):
Señor Mayoral, me ha sorprendido su intervención. Le voy a decir por
qué. He explicado bastante bien -y ahora iré dato por dato- cuál fue
la situación, cuáles fueron los medios, cuál fue la intervención de
la Guardia Civil y también cuál fue la actuación de las personas que
venían en la patera. No voy a entrar en si deben venir en pateras o
en otros barcos, es un problema que ocurre en el lado de donde
vienen.
Todas estas embarcaciones pasan las regulaciones de marina mercante;
es decir, tienen todos los elementos auxiliares de salvamento que son
requeridos por la marina mercante y algunos más. He leído que desde
la patrullera se lanzaron cuatro salvavidas, varias defensas de goma
y cuanta ayuda había en la patrullera que ayudase a flotar, cuerdas,
balsas, etcétera, elementos que el representante del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida nos comentaba como una acción que en
el Estrecho parece válida pero en Canarias, no.
Quiero decir que las patrulleras cumplen estrictamente, y a veces con
exceso, precisamente porque tienen una gran experiencia en este tipo
de salvamentos, las exigencias legales. No creo que de mi exposición
se pueda deducir que había falta de medios, lo que hay es una
tremenda desgracia porque hay unos señores en unas condiciones
dificilísimas para sobrevivir: es de noche, hay mala mar, están
ateridos, no saben nadar, y van con mucha ropa. A pesar de los medios
que se utilizan, a pesar de poner en el agua una embarcación más leve
para que no se produzca un branque o choque entre una embarcación u
otra, ocurre.
Permítame que le diga que lo que se produce en la patera es
exactamente el efecto contrario del que S.S. señalaba. Ellos no huyen
de la embarcación de la Guardia Civil, se ponen en la zona de la
embarcación de la Guardia Civil para subirse a bordo ante una
circunstancia angustiosa, como es que veían que se iban a ir a pique
sin que hubiese allí ninguna embarcación. Al ver que el efecto es el
vuelco, instintivamente se ponen en el otro lado y es cuando se
vuelca. Eso ocurre en la mar, es muy clásico que cuando todas las
personas van a desembarcar por un lado se produzca una inclinación de
la embarcación, que eso produzca una reacción instintiva de
protección hacia el otro lado y entonces es cuando vuelcan. Eso es lo
que pasó. Yo no creo que la Guardia Civil tenga falta de medios. Yo
he estado en esas embarcaciones y le diré que son capaces de poner
a bordo a 60 personas. Lo que ocurrió fue un desgraciadísimo accidente,
que todos lamentamos, con una buena práctica y con una circunstancia
imprevista, como fue un movimiento brusco, con una embarcación
prácticamente hundida, que produjo que estas personas fuesen al agua.
Otras veces hay personas que van al agua y conseguimos rescatarlas,
pero en otras circunstancias, por ejemplo, con mejor mar. La
distancia entre la costa africana y donde se recogió a estas personas
es mucho más larga que el Estrecho. Ahí la travesía es extremadamente
complicada, con unas aguas mucho más frías.
Sinceramente creo que no ha habido falta de medios. Las embarcaciones
pasan una inspección en la que tienen que llevar todos los sistemas
de seguridad; van dotadas de suficiente gente y las pequeñas tienen
que ir con dos personas porque de otra manera no podrían cumplir su
misión. He echado de menos en las intervenciones de los
representantes del Partido Socialista y de Izquierda Unida que no
hayan reconocido un hecho claro, estadístico por un lado, y de cierto
reconocimiento por otro, que es que estos señores de la Guardia Civil
llevan en su libro de eficacia siete mil y pico inmigrantes
rescatados en malas condiciones, de noche y generalmente con mala
mar.
Cuando hay tres personas de la Guardia Civil en una embarcación, a la
cual se incorporan 72 inmigrantes - lo digo porque lo he visto-, es
muy difícil mantener el orden, es muy difícil que no les tiren al
agua -lo digo
así de claro- porque vienen muy irritados, puede haber alguien que en
un momento dado quiera liderar una revuelta a bordo, etcétera. Tienen
una extraordinaria profesionalidad. Estaría encantado de facilitar a
SS.SS. una visita al servicio marítimo de la Guardia Civil en el
Estrecho para que vean cómo se desarrollan esas tareas, con qué
eficacia, en qué condiciones, con qué peligro, con qué entrega, con
que no voluntarismo, señoría voluntad y capacidad de esfuerzo;
voluntarismo es otra cosa.
Hay medios suficientes; y práctica probada por todos los éxitos que
ha tenido la Guardia Civil. Respecto a la inmigración en sí misma
como situación mundial de desigualdades, es una parte clave en la
solución de un problema del cual esto que estamos viendo hoy no es
más que una trágica consecuencia.
El señor PRESIDENTE: Señor Mayoral.
El señor MAYORAL CORTÉS: Señor presidente, señor secretario de
Estado, constato que, por lo que deduzco de sus intervenciones, con
usted se puede hablar. Creo que tiene un entendimiento abierto de las
cuestiones y que muchas de las cosas que nos dice tienen su
fundamento y su convicción. Tengo que señalar en esta comparecencia,
que finalmente se ha accidentado un tanto, la diferencia de posición
que hay entre hablar con seriedad y hablar con frivolidad; la
diferencia que hay entre decir que no hay nada que rectificar,
sostenerla y no enmendarla, utilizar un estilo ampuloso
y prácticamente de noticiarios viejos, de antaño, y aterrizar en la
realidad y contar las cosas como uno cree honestamente que han
ocurrido. Pienso que hacernos propaganda aquí unos a otros es una
estupidez y no quiero que nadie se sienta ofendido por esto, porque
nada más lejos de mi intención; quiero decir como actitud de la que
debemos huir.
Creo que aquí, y yo se lo dije en la primera comparecencia, si esto
tiene sentido es porque en el diálogo que tengamos ustedes y nosotros
podamos conseguir clarificar y rectificar algo. Honestamente le digo
que me llevo la impresión de esta comparecencia, primero, que la
posición del partido que le apoya es que no hay nada que rectificar,
lo cual no es cierto desde mi punto de vista, y siento no coincidir.
Y segundo, también entiendo de su propia intervención, señor Morenés,
que hay una cierta falta de medios. Cuando usted mismo ha hecho ahora
la descripción de que en una intervención, respecto a una patera, los
agentes de la autoridad pueden ser incluso arrojados al mar, ya se
demuestra que se realizan intervenciones con un enorme riesgo para
los agentes que intervienen, por falta no ya de recursos de
salvamento, sino de medios humanos. Tampoco le voy a decir yo, señor
Morenés, que haya que avisar a la Armada, porque eso sería un
despropósito, pero quizá hay una conjugación de elementos que hacen
que las intervenciones de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad,
en este caso la Guardia Civil, cuya eficacia y dedicación todo el
mundo reconocemos, tiene riesgos importantes. Ello se debe, señor
Morenés, créame que se lo digo con auténtica sinceridad y seriedad, a
que hay cierta carencia de medios, de medios de prevención o de
detección en la distancia, de medios en lo que se refiere a la
intervención en sí misma y de medios en lo relativo al salvamento en
los supuestos de naufragio que se pueden producir. Cuatro mil muertos
en el Estrecho creo que puede ser un indicativo y una experiencia
suficiente como para tomar medidas. Evidentemente, los 4.000 muertos
del Estrecho no tienen, la mayor parte de las veces, nada que ver con
la intervención de ninguna patrullera de la Guardia Civil, pero hay
casos en los que se han producido hechos parecidos y, desde luego,
creo que las patrulleras deben ser más abundantes, porque hay también
una carencia de medios.
En los presupuestos del Estado, y este es un tema que debatiremos en
otras circunstancias, hemos observado un escaso crecimiento del gasto
público del Ministerio del Interior para dotarse de recursos que, en
este caso, consideramos absolutamente imprescindibles para la
intervención y eficacia de las fuerzas de seguridad. Creo, por tanto,
que hay un problema sobre el que SS.SS. debieran reflexionar; hay
falta de medios.
Por supuesto que nosotros no estamos enjuiciando, repito, la
actuación de la eficacia o no de la Guardia Civil ni tampoco quiero
descartar la dimensión del accidente, que S.S. ha introducido en su
intervención y que es verdad. Un accidente es algo que no está
previsto, que no se realiza en función a ninguna previsión; es algo
extemporáneo, algo, como dice la propia palabra, que ocurre por
circunstancia no deseada. Descartando la dimensión de accidente y
teniendo en cuenta que éste puede ser frecuente, es por lo que
nosotros pedimos que haya más medios y que se rectifique; que se
rectifiquen los errores que se hayan cometido, se rectifiquen las
dimensiones de una política de dotación y de personal, que a nosotros
nos parece insuficiente, y que se rectifique dotándole de los medios
que necesitan.
Si S.S. considera, por otra parte y finalmente, que es conveniente
que tengamos esa experiencia de visualizar in situ el funcionamiento
del servicio marítimo, no le quepa la menor duda de que estamos
dispuestos a verlo, a hablar, a experimentar y a llegar a la
conclusión honesta y leal a la que en estos casos se tiene que
llegar. En definitiva, hablaríamos con servidores públicos que tienen
que cumplir con una serie de misiones en circunstancias muy difíciles
y con unos medios, los que sean. Verlo sobre el terreno creo que
sería una buena experiencia para todos y seguiría la línea que
nosotros queremos imprimir a este tipo de comparecencias, de búsqueda
de soluciones, de diálogo real con el Gobierno, en busca de aquellas
medidas que de verdad mejoren el funcionamiento de un servicio
público tan fundamental para nuestro país.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Centella.
El señor CENTELLA GÓMEZ: Señor presidente, voy a intervenir muy
brevemente.
Señorías, podemos entrar aquí en una cuestión de replicarnos unos a
otros sin mucho sentido, pero le voy a hacer una pregunta muy
concreta: ¿Usted cree que cuatro chalecos salvavidas son medios
suficientes? Nosotros creemos que no. Nosotros creemos que esos no
son medios suficientes. Por tanto, nos preocupa que ustedes nos digan
que sí, que son medios suficientes, y que están conformes. Nosotros
creemos que no. Sin entrar en asuntos más de fondo, creemos que no
hay medios suficientes y que, efectivamente, si todo el mundo fuese
tranquilo, si todo el mundo supiese nadar, si todo el mundo
entendiese el español, probablemente se salvarían; pero los medios se
hacen más necesarios cuando hay problemas y, precisamente, se puede
salvar a una patera porque no se pierden los nervios y a otra, que es
cuando se producen incidentes, cuando los medios son necesarios. Por
tanto, no nos vale el argumento de decir que hay una que se ha
salvado y otra que no. Precisamente ahí es cuando hay que actuar.
Nosotros creemos que el Gobierno tendría que asumir que hacen falta
más medios y ver de dónde se sacan. Nosotros sí hemos reconocido la
voluntad y el voluntarismo, porque el voluntarismo sirve para salvar
con escasez de medios, y cuando yo le he señalado lo que se hace en
Algeciras y en el sur de Andalucía es porque parte del voluntarismo
de los guardias civiles. ¿Cómo no lo vamos a reconocer si es una
realidad que todo el mundo del lugar conoce? Pero contra eso hace
falta que se les dote de muchos más medios; incluso que se les dote
de algo más de moral. Si usted hablara con ellos con toda franqueza
le dirían que están algo bajos de moral.
También le podría decir que las crónicas de los días hablan de que la
mar estaba totalmente en calma; incluso, no me he querido referir a
ello porque no lo consideraba oportuno, se señalaba que había un
cuarto de luna y que los pescadores de la zona, y está publicado en
la prensa, señalaban como causa del vuelco la marea que había
producido la patrullera al acercarse debido a su gran potencia. Eso
último no lo quise señalar porque puede ser una opinión más, pero lo
que es objetivo es que la mar estaba en calma y que había un cuarto
de luna, todo lo cual ha sido publicado. Pero éste no es el fondo de
la cuestión. En este caso puede estar la mar en calma y en otros no
lo está. Nosotros no echamos la culpa, señor Gil Lázaro, al Gobierno
español, pero sí tiene parte cuando participa de una política de
extranjería de la Unión Europea que, al final, es la que provoca que
haya gente desesperada que tenga que obedecer a estos medios para
intentar alcanzar, al menos, una posibilidad, aunque sea jugándose la
vida, de sobrevivir.
Por tanto, algo de culpa sí que tiene nuestro Gobierno, su Gobierno,
en todo ello.
Si al final a lo que se viene es simplemente a justificar una
actuación, poco hemos avanzado. Si a lo que se viene es a intentar
reflexionar conjuntamente y nosotros creemos que a concluir que nunca
van a ser suficientes los medios para estas circunstancias, pero que
los que hay ahora dejan mucho que desear, algo habríamos avanzado. De
lo contrario, ustedes, con ayuda desproporcionada, a veces, señor Gil
Lázaro, podrán salir muy contentos, pero, al final, la realidad es la
triste misión que solemos ver en el Estrecho de que cada vez es mayor
el número de personas que se juegan la vida y que sigue aumentando el
número de muertos. También tengo que decír que sigo mirando el número
de personas salvadas por la Guardia Civil, que nosotros reconocemos y
felicitamos, pero que, repito, con más medios sería mucho mayor el
número de los que se podrían salvar.
El señor PRESIDENTE: Señor Gil Lázaro.
El señor GIL LÁZARO: Con toda brevedad, señor presidente, para
celebrar que en este segundo turno, o segundo turno y medio, o turno
final, en todo caso, de portavoces todos hayamos vuelto -fíjese que
digo todos, no utilizo un se haya vuelto- a la sensatez y a la
prudencia, y desde luego celebro que el señor Mayoral constate que
con el señor secretario de Estado se puede dialogar. Permítame
decirle que reconocerá que en esto llega y llega bien, porque llega a
una buena conclusión, pero un poco más tarde que otros que lo
teníamos acreditado por experiencia propia en tiempo anterior.
Coincido con el señor Mayoral en que es fundamental hablar con
seriedad y no con frivolidad, y me gusta mucho la referencia que ha
hecho a viejos noticiarios -me imagino que se referirá al NO-DO-,
porque como en el NO-DO todo estaba bien y por aquello tan castizo de
que como los extremos se tocan incurre en el NO-DO aquel que plantea
que todo está mal, ni en la intervención del señor secretario de
Estado ni en la mía se puede ni deducir ni inducir que hayamos
afirmado que todo está bien con carácter global, universal y en
tiempo indefinido. Para que no tenga duda el señor Mayoral, este
grupo parlamentario sí dice que nada hay que rectificar en relación
con el suceso concreto que nos ocupa, en relación con este suceso
concreto que nos ocupa; y la mejor prueba de que nada hay que
rectificar es que en un brevísimo lapso de tiempo posterior a este
lamentabilísimo accidente, la misma embarcación, la misma dotación,
con las mismas condiciones meteorológicas y con la realización de la
misma maniobra pudieron íntegramente salvar las 19 vidas de la
segunda patera que acompañaba a la siniestrada.
Finalmente, creo que es una buena conclusión que en ese retorno
general a la sensatez y a la prudencia, a
que aludía al principio de mi intervención, todos hayamos dejado muy
claras dos cosas: que estamos ante un lamentable accidente y que
nadie pone en duda, como desde luego se puede deducir claramente de
las intervenciones de todos los señores portavoces, la
profesionalidad de los miembros de la Guardia Civil; profesionalidad
que se acredita en el hecho de que casos como el que hoy estamos
analizando, casos tan lamentables, sean ciertamente excepcionales, y
que situaciones como las de riesgo -en términos puramente lógicos-,
que ha descrito el señor secretario de Estado de Seguridad, de echar
al mar, gracias a esa profesionalidad no se hayan producido nunca. En
todo caso, sin que esto signifique afirmar que todo y siempre está
bien, sí concluimos que en relación con el luctuosísimo y tristísimo
suceso que nos ocupa hay que manifestar que la actuación, desde
nuestro punto de vista de la dotación de la patrullera de la Guardia
Civil, fue la correcta y que en términos de efectos no deseados se
produjo un accidente tan lamentable como el que nos ha ocupado esta
mañana.
El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado, para cerrar el
debate.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Morenés Eulate): Muy
brevemente, señor presidente, creo que hay un debate sobre el tema de
los medios y quisiera hacer una puntualización. Vamos a ver. Los
medios que lleva cada una de las pateras son suficientes desde el
punto de vista de la organización de las tripulaciones porque hay las
pateras que hay; es decir, hay más guardias civiles que pateras. (El
señor Mayoral Cortés: Patrulleras.) Perdón, perdón, patrulleras; lo
otro sería excesivo. Y ese es el punto en el que quiero incidir. Es
decir, las patrulleras que existen van dotadas de suficientes medios
de acuerdo con la Dirección General de la Marina Mercante, con la
inspección de la propia Guardia Civil y con la experiencia que ésta
tiene. En ese sentido, en todo lo que se ha llevado a efecto hasta
ahora, salvo este desgraciado accidente, se han producido unas
actuaciones enormemente eficaces de la Guardia Civil. El otro hecho,
que se refiere a dotar -y ese es el SIVE-, de más pateras en el
Estrecho no es un tema de falta de medios dirigidos a provocar un
accidente como se ha producido aquí, sino una situación general de
cobertura de unas ciertas zonas donde precisamente hay muchísimos
desaparecidos en pateras que naufragan, sin que nosotros lo sepamos,
apareciendo luego cadáveres por las playas en España y en el propio
Marruecos. Esos medios sí son un proyecto que nosotros tenemos de
SIVE, de vigilancia del Estrecho en la parte de Gibraltar y en la
zona de las islas Canarias precisamente para poderlo evitar.
Aparte del proyecto de controlar la inmigración ilegal, en lo que
fundamentalmente se ha convertido el servicio de vigilancia marítima
de la Guardia Civil en
este tema es en salvar cuantas más vidas mejor. Otra cosa es, cuando
llegan a costa, si se devuelven o no se devuelven subsaharianos. Pero
en la mar -les aseguro que es una cosa muy seria- a lo que se dedican
estos señores es a salvar la mayor cantidad posible de vidas. Creo
que las pateras, reitero, cuentan con los medios suficientes. (El
señor Gil Lázaro: Patrulleras.) Las patrulleras cuentan con los
medios suficientes, y lo que hay que hacer es incrementar -eso es el
SIVE que estamos poniendo en marcha y que irá a continuación- tanto
la prevención desde el punto de vista de que no salgan de su lugar de
origen, como su control en la mar y, en su caso, el auxilio si
hiciera falta, que siempre hace falta cuando se utilizan esas
embarcaciones, ahora sí pateras.
- LA ACTUACIÓN DE LA SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CUENCA QUE PERMITE
UNA CONCENTRACIÓN DE CARÁCTER CLARAMENTE RACISTA DEL LLAMADO GRUPO
«DEMOCRACIA NACIONAL» QUE SE CELEBRARÁ BAJO EL LEMA «LOS ESPAÑOLES
PRIMERO, ¡ALTO A LA INVASIÓN! EN EL DÍA DE HOY EN LAS PEDROÑERAS,
CUENCA. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de
expediente 213/000497)
- LAS RAZONES POR LAS QUE LA SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CUENCA HA
AUTORIZADO UNA CONCENTRACIÓN DE EXTREMA DERECHA RACISTA, PARA EL DÍA
2 DE AGOSTO DE 2001 EN LA LOCALIDAD CONQUENSE DE LAS PEDROÑERAS, ASÍ
COMO PARA QUE EXPONGA LOS PLANES DEL MINISTERIO DEL INTERIOR EN
RELACIÓN A LA REPRESIÓN DEL FASCISMO DE EXTREMA DERECHA RACISTA Y LA
PROMOCIÓN DE LA TOLERANCIA Y EL RESPETO AL PLURALISMO, COMO EXIGE
NUESTRA CONSTITUCIÓN. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE
IZQUIERDA UNIDA. (Número de expediente 213/000494)
El señor PRESIDENTE: Concluido este punto del orden del día, pasamos
a los que aparecen con los números 5 y 7 toda vez que el 6 se ha
considerado debatido en una ocasión anterior. Por tanto doy la
palabra al señor secretario de Estado para que exponga lo que estime
oportuno en relación con los puntos 5 y 7 del orden del día, que se
tratarán agrupadamente.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Morenés Eulate): No creo
que haga falta recalcar, porque lo hemos venido diciendo, que el
talante de este Gobierno desde luego en ningún caso está por apoyar
cualquier tipo de manifestación que
tenga un contenido de tipo xenófobo, racista o de cualquier tipo de
estos. El Gobierno tiene muy claro cuál es su talante democrático. En
ese sentido, como secretario de Estado les puedo asegurar que no es
ese el talante del Gobierno en cuanto a tener una determinada
benevolencia con unas manifestaciones y con otras no.
En fecha 21 de julio de 2001 se recibió en la Subdelegación del
Gobierno de Cuenca, vía telefax, un escrito firmado por don Alberto
Ruipérez Moreno, con domicilio en Albacete, quien decía actuar en
representación de Democracia Nacional, partido político legalmente
constituido. En este escrito solicitaba autorización para realizar
una concentración a las trece horas el día 2 de agosto siguiente en
la plaza de la Constitución de la localidad de Las Pedroñeras
(Cuenca), manifestando que el motivo de la convocatoria era la
información y análisis del fenómeno inmigratorio para la vecindad.
Como SS.SS. conocen, la reiterada jurisprudencia del Tribunal
Constitucional, a tenor de lo establecido en el 21.2 de la
Constitución española, así como de lo dispuesto en el artículo 3.º
apartado uno de la Ley orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora
del derecho de reunión, establece que el ejercicio de este derecho
fundamental no está supeditado a autorización gubernativa, sino tan
solo a la comunicación previa a dicha autoridad con los requisitos y
condiciones que establece la propia Ley orgánica 9/1983 en su
redacción, dada por la Ley orgánica 9/1999, de 21 de abril. En
consecuencia, el tratamiento administrativo que se dio al citado
escrito fue el de comunicación previa a la autoridad, en aplicación
del principio administrativo de economía procesal. Sobre la base de
esta consideración, se remitió escrito por correo urgente y con acuse
de recibo al señor Ruipérez Moreno concediéndole el plazo de
subsanación de 10 días hábiles a que se refiere el artículo 71.1 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las
administraciones públicas y del procedimiento administrativo común,
para que corrigiera ciertas deficiencias en el escrito de
comunicación presentado, tal y como exige el artículo 9.º de la Ley
orgánica reguladora del derecho de reunión, citada anteriormente, y
relativas al domicilio de la persona jurídica en cuya representación
se efectuaba la convocatoria, la duración aproximada de la
concentración y las medidas de seguridad previstas por los
organizadores.
El día 23 de julio se recibió vía telefax un escrito del señor
Ruipérez Moreno subsanando las deficiencias señaladas. En esa misma
fecha se remitió un telefax al señor alcalde, presidente del
Ayuntamiento de las Pedroñeras, trasladándole el escrito de
comunicación de la concentración, en cumplimiento de lo dispuesto en
la Ley orgánica reguladora del derecho de reunión y a los efectos
establecidos en u artículo 9.º, apartado 2. Transcurrido el plazo de
24 horas señalado en el citado precepto legal sin que el Ayuntamiento
de las Pedroñeras
remitiese a la Subdelegación del Gobierno ningún informe
contrario a la concentración comunicada, éste se entendió favorable,
según establece dicha norma, continuándose la tramitación del
procedimiento y sin que pudiera producir efecto alguno el escrito que
el alcalde de dicha localidad remitió vía fax extemporáneamente a la
Subdelegación del Gobierno en fecha posterior, el 1 de agosto del
corriente.
El mismo día 23 de julio se cursó fax al ilustrísimo señor director
general de Política Interior, comunicándole la convocatoria de la
concentración y solicitándole que, dado que el señor Ruipérez Moreno
manifestaba actuar en representación de un partido político
legalmente constituido, sobre cuya existencia la Subdelegación no
tenía ninguna constancia, informase al respecto, así como de todo
aquello que se considerara procedente en relación con la organización
política Democracia Nacional. En esa misma fecha se recibió respuesta
del subdirector general de Política Interior y Procesos Electorales,
en que se informaba que el partido denominado Democracia Nacional se
encontraba inscrito en el registro de partidos políticos dependientes
de esa subdirección con fecha 21 de mayo del año 1995, folio 346 del
tomo 111 del libro de inscripciones, determinando la referida
inscripción el goce de todos los derechos jurídicos y legales
establecidos en las leyes. Cuatro días más tarde, el 27 de julio, se
acusó recibo al señor Ruipérez Moreno de sus escritos de comunicación
de la concentración, notificándole sobre la responsabilidad de los
organizadores en cuanto al buen orden en el desarrollo de la misma,
así como sobre la obligación de acatar en todo momento las
instrucciones que recibieran de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado y dando traslado de todo ello al teniente coronel, primer
jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Cuenca.
Como estaba previsto y anunciado, según informe de la Guardia Civil,
a las trece horas del día 2 de agosto comenzó la concentración, en la
que participaron 25 personas portando banderas nacionales y otras
enseñas con anagramas de Democracia Nacional, congregándose en las
inmediaciones unas 100 personas de la localidad entre simpatizantes y
curiosos. La convocatoria finalizó a las 14 horas, es decir, una hora
más tarde, sin que se produjera incidente alguno. Seguidamente, una
representación de los convocantes entregó en el Ayuntamiento de las
Pedroñeras un escrito en el que se contenían las propuestas que dicho
partido político efectuaba a la corporación municipal. En resumen, la
concentración se desarrolló, en cuanto a la asistencia de público y a
la ausencia total de incidentes, conforme a las previsiones y a los
requisitos que había establecido la Subdelegación del Gobierno. En
ningún momento se entró a valorar el contenido de las ideas políticas
del partido Democracia Nacional, asunto que desbordaba por completo
las competencias del citado subdelegado.
El Gobierno, lo he dicho al principio de mi intervención, rechaza
cualquier tipo de manifestación racista. Por supuesto no comparte el
concepto ni lo apoya ni lo promueve, ni siquiera lo considera como
elemento político a tener en cuenta en ningún caso. Y condena además
con la mayor energía cualquier tipo de acción que se derive de esa
clase de manifestación política entre comillas. Sin embargo, en este
caso no se estaban juzgando las ideas políticas del partido
Democracia Nacional, sino el derecho constitucional a manifestar sus
opiniones, por perversas que puedan parecernos a algunos. Ahí está la
grandeza y la servidumbre de la democracia, y ahí está también
nuestra tarea pendiente, para convencer, con argumentos sólidos, a
determinados grupos extremistas sobre lo que son los criterios de la
práctica democrática más elemental.
Quizá S.S. tenga conocimiento de que la Delegación del Gobierno en
Murcia prohibió la manifestación contraria a la inmigración,
convocada por el Partido Nacional de los Trabajadores y por
Democracia Nacional, prevista para el 1 de abril del año en curso en
Torre Pacheco y entienda que en el caso que nos ocupa se debería
haber hecho otro tanto. Si así fuera, permítame diferenciar entre un
supuesto y otro. En el caso de Murcia, los organizadores recurrieron
a la justicia, que falló en contra de ellos, pero no por la ideología
política de la manifestación, sino por existir razones fundadas para
pensar que la misma pudiera suponer una alteración del orden público,
con peligro para personas y bienes, teniendo en cuenta los informes
emitidos por el teniente- alcalde del Ayuntamiento de Torre Pacheco y
precisamente por el coronel de la Guardia Civil, y he leído
textualmente. El contenido ideológico no se valoró en sí mismo, sino
en sus repercusiones sobre el tejido social, que, y sigo leyendo
textualmente, recibió la noticia de la convocatoria de la
manifestación con alarma dada la trascendencia que para el municipio
podría tener una manifestación como la pretendida a la vista del dato
objetivo de la fuerte inmigración existente en el mismo. Valga
recordar que el 30 por ciento de la población de Torre Pacheco es de
origen inmigrante y que el momento era especialmente delicado tras el
accidente de una furgoneta, en el que fallecieron 12 inmigrantes de
origen ecuatoriano. En las Pedroñeras no se dieron las mismas
circunstancias ni la previsión de alteración del orden público, como
lo demuestra el hecho de que la manifestación se desarrolló sin
ninguna incidencia. Entiendo, por otra parte, que este lamentable
acontecimiento tuvo una mínima importancia social y que hoy por hoy
le estamos dando un eco que, en mi opinión, es excesivo.
Su señoría pregunta qué es lo que se está haciendo desde el
Ministerio del Interior para promover la tolerancia y el respeto al
pluralismo. Pues bien, la respuesta es precisamente esa: impulsar los
valores democráticos y establecer, apoyar y exigir el cumplimiento
del Estado de derecho en todas sus facetas. Pero no es sólo
desde el Ministerio del Interior desde donde el Gobierno ejerce su
labor en este sentido, sino que todos los frentes de la
Administración pública (el Ministerio de Educación, el Ministerio de
Medio Ambiente, el Ministerio de Economía, el Ministerio de la
Presidencia o el Ministerio de Fomento) están impregnados de alto
sentido democrático y de alto sentido del Estado de derecho, de
equilibrio en las posiciones políticas y de búsqueda de ideales
democráticos, que es en lo que creo que todos estamos comprometidos.
El señor PRESIDENTE: Por el grupo solicitante, el Grupo Parlamentario
Socialista, tiene la palabra el señor Sanjuán.
El señor SANJUÁN DE LA ROCHA: Señor presidente, señorías, he prestado
atención a las explicaciones que nos ha dado el señor secretario de
Estado, en relación con esta comparecencia, sobre la actuación de la
Subdelegación del Gobierno en Cuenca, que permitió una concentración
de carácter claramente racista del llamado grupo Democracia Nacional,
concentración que se celebró bajo un lema al que el secretario de
Estado no ha hecho alusión. Ese lema era: Los españoles primero,
¡alto a la invasión! Hago referencia a esto porque la explicación del
secretario de Estado ha sido que no se podía prohibir esta
concentración dado que se cumplía con las exigencias de la
legislación. Y adelantándose a lo que hubiese podido ser una petición
deexplicación que le hiciera este grupo o cualquier otro diputado de
por qué aquí si y en Torre Pacheco, en Murcia, no, nos ha facilitado
por adelantado dicha explicación. Pues bien, la negativa a celebrar
esa concentración en Torre Pacheco fue ratificada por el Tribunal
Superior de Justicia de Murcia. Sin embargo, en supuestos semejantes
se actúa de diferente manera y en un caso se deniega por el delegado
del Gobierno en Murcia y en otro, en Cuenca, el subdelegado del
Gobierno lo autoriza. Y usted me dice que en ambos casos se cumplía
con las exigencias de la legislación y que lo único que sucedió es
que en Torre Pacheco concurrieron circunstancias de orden público y
de oportunidad que no se dieron en el caso presente. Pues bien, ni en
uno ni en otro caso se cumplían las exigencias de la legislación.
Desde luego, aceptar un lema como el que propugnaban los
peticionarios -los españoles primero, ¡alto a la invasión!-, dirigido
naturalmente contra los inmigrantes que existen en Las Pedroñeras, no
es ajustarse a la legislación. Las invasiones -lo sabe el secretario
de Estado- se rechazan siempre. Por consiguiente, una manifestación
que dice que la presencia de inmigrantes en Las Pedroñeras produce
una invasión, es una manifestación racista, xenófoba y que induce a
la violencia.
Quisiera recordar al secretario de Estado que la Ley de derechos y
libertades de los extranjeros en España y su reinserción social,
conocida como Ley de extranjería,
en su anterior artículo 21 -actualmente, artículo 23- contenía una
serie de medidas contra el racismo. En el capítulo IV decía: En
definitiva, son medidas antidiscriminatorias. En su actual artículo
23 -antes 21-, en el punto 2, define lo que son actos
discriminatorios, cuando dice: Constituyen actos de discriminación en
cualquier caso aquellos que sean efectuados por autoridad o
funcionario público o personal encargado de un servicio público que
en el ejercicio de sus funciones, por acción u omisión, realice
cualquier acto discriminatorio prohibido por la ley contra un
ciudadano extranjero sólo por el hecho de serlo, por su condición de
tal. Esto es lo que estaba haciéndose claramente aquí: por su
condición de extranjeros se decía: alto a la invasión, que tenían que
estar fuera y que los españoles tenían que estar primero. Por
consiguiente, era un acto claramente discriminatorio contra los
extranjeros en general y desde luego contra los inmigrantes que
estaban trabajando en ese pueblo; constituía una falta muy grave,
según la actual Ley de extranjería, y tenía que haber dado pie a que
dicha manifestación no fuera autorizada.
El Gobierno contestó, por vía de su portavoz, el señor Cabanillas,
que no se iba a tomar ninguna medida contra el subdelegado del
Gobierno, porque era un partido legal el que lo solicitaba, pero el
propio señor Cabanillas lamentó el triste espectáculo xenófobo. Yo
pregunto: ¿Qué medidas se toman contra estos tristes espectáculos de
xenofobia y de racismo, que no están permitidos en este país y que
constituyen actos discriminatorios merecedores de una sanción o al
menos de que se instruya algún expediente? ¿Se ha instruido algún
expediente para evitar estos actos xenófobos? ¿Es conveniente tener
que mandar 150 policías a un pueblo como Las Pedroñeras para evitar
una manifestación de xenofobia y de racismo que puede originar
alteraciones del orden público? Si a veces nos rasgamos las
vestiduras por la autorización que se concede para otro tipo de
actos, ¿por qué no lo hacemos en una actuación de este tipo, que
tenía en contra a todas las fuerzas políticas y sociales? ¿Por qué se
permite una manifestación de este tipo? Repito, la manifestación
puede enmascararse perfectamente en el ejercicio de derechos y
libertades, pero el lema no puede hacerlo. Esta manifestación tenía
que haber sido prohibida por ese lema o debía haberse obligado a que
sus organizadores hicieran una nueva petición cambiando su lema.
Desde ese punto de vista y con el precedente que había de la
prohibición de Torre Pacheco, no entendemos la actitud del
subdelegado del Gobierno en Cuenca y nos parece absolutamente
rechazable la posición que adoptó. No voy a entrar en si hay que
pedir o no la dimisión; todo el mundo la pidió en su momento, pero ha
pasado el suficiente número de meses para que pensemos que ustedes la
van a aceptar ahora como consecuencia de la intervención de este
diputado.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la
palabra el señor Gil Lázaro.
El señor GIL LÁZARO: Tan sólo quiero expresar cuatro ideas, señor
presidente. En primer lugar, manifestamos el rechazo contundente y
explícito de este grupo a lo que significa ideológicamente democracia
nacional. En segundo lugar, compartimos una idea incuestionable: que
el Estado de derecho determina procedimientos que amparan también a
los que combaten ese Estado de derecho y que es obligación de las
autoridades cumplimentar todos los requisitos de procedimiento que se
establecen al efecto. En tercer lugar, el subdelegado en Cuenca
cumplió estrictamente - como no podía ser de otra forma- con esos
procedimientos, y conviene no olvidar que para poder evitar esa
autorización de la manifestación requirió en tiempo a la autoridad
municipal para que emitiera opinión al respecto, no produciéndose esa
contestación en el tiempo requerido por el propio procedimiento.
Finalmente, a todos nos produce indignación ese acto xenófobo, pero
no pueden articularse medidas administrativas posteriores a juicio de
nuestro grupo contra quien en su parte del procedimiento -y subrayo,
en su parte del procedimiento- cumplió estrictamente con él. Al
final, lo importante es que eso que representa ideológicamente
democracia nacional no tiene la más mínima consideración en el
contexto de una sociedad profundamente avanzada, de un Estado social
y democrático y de un Estado afirmado en la convivencia desde la
tolerancia y la pluralidad. Para nosotros la mejor acreditación de
que quienes se reunieron en Las Pedroñeras están en las catacumbas de
la historia es la respuesta que les dio el propio pueblo.
El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA SEGURIDAD (Morenés Eulate):
Podría hacer una digresión sobre el derecho a la reunión pacífica y
sin armas consagrada en la Constitución española, pero SS.SS. lo
conocen perfectamente. Me imagino que ante la duda de prohibir la
manifestación o autorizarla, de acuerdo con lo que establecen la
Constitución española y las normas derivadas y las sentencias del
Tribunal Constitucional, el subdelegado del Gobierno se limitó -sin
que limitarse suponga una dejación de sus deberes como responsable
político en la provincia- a cumplir y a hacer cumplir el esquema
jurídico en el que todos sustanciamos el Estado de derecho.
Que el lema o la condición no democrática de un partido, que utiliza
los elementos de la democracia para sostener una idea que la combate,
sea un elemento que produce aversión en quienes creemos realmente en
el sistema es absolutamente evidente; sin embargo, ya se ha dicho -y
lo tengo que reiterar- que el sistema, tanto desde el punto de vista
de la legalidad como de la
interpretación que de ella han hecho reiteradamente los tribunales de
justicia, no juzga el talante político o ideológico de quien solicita
la manifestación, sino que establece claramente que todo el mundo
podrá manifestarse, sin perjuicio de los derechos de las otras
personas con quienes convivan en el momento de la manifestación, es
decir, fundamentalmente el riesgo para las personas y para las cosas
derivado de una ruptura del orden público o de una agresión a bienes
y personas. Es indiscutible que eso es así, y está establecido; es el
criterio que tiene que fijar un Estado de derecho y donde reside
precisamente su grandeza. Sinceramente en este asunto esto se llevó a
cabo, es decir se preguntó a quien se tenía que preguntar y se
investigó a quien se tenía que investigar. Conocidas las cosas no
alegremente y sin ningún tipo de precaución, solicitada por lo menos
la opinión del alcalde, solicitada la opinión del director general de
Política Interior en cuanto a la inclusión o no, conocida la
legislación aplicable y conocido el criterio de los tribunales, se
estableció el derecho de estas personas a manifestar unas ideas. En
ningún caso esa autorización conlleva que se comparta ninguna, ni de
cerca, de esas ideas que allí se manifestaron. En ese sentido quiero
agradecer sus palabras al portavoz del Grupo Popular. El daño que se
hubiese hecho de no haberse autorizado esa manifestación, a los
efectos de la propaganda que ese grupo hubiese tenido de aparecer
como víctima de un Estado de derecho que no ampara a quien no tiene
el marchamo democrático porque tiene unas ideas distintas, hubiese
sido mayor desde el punto de vista de la promoción que buscaban con
esa actitud totalmente rechazada y rechazable por todos, y
especialmente por los del pueblo de Las Pedroñeras.
PREGUNTAS:
- DEL SEÑOR DE LA ENCINA ORTEGA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA,
SOBRE CAUSAS POR LAS QUE NO HA ENTRADO EN FUNCIONAMIENTO LA PRIMERA
FASE DEL SISTEMA INTEGRADO DE VIGILANCIA EXTERIOR EN EL ESTRECHO
(SIVE) EN EL VERANO DEL AÑO 2001. (Número de expediente 181/001059)
El señor PRESIDENTE: Concluido este debate, pasamos a los puntos
siguientes del orden del día que son ya las preguntas. Como quiera
que el señor Pedret está en otra Comisión, las preguntas formuladas
por él quedan pospuestas.
Pasamos a la pregunta número 10, formulada por don Salvador de la
Encina, que se refiere a las causas por las que no ha entrado en
funcionamiento la primera fase del Sistema Integrado de Vigilancia
Exterior en el Estrecho en el verano del año 2001.
Señor de la Encina tiene la palabra. (El señor vicepresidente,
Souvirón García, ocupa la presidencia.)
El señor DE LA ENCINA ORTEGA: Señor Morenés, durante el mes de mayo
de 1999 el director general de la Guardia Civil, señor López
Valdivielso, anunciaba que se iban a invertir entre 20.000 y 25.000
millones de pesetas a lo largo de los cinco años siguientes, para lo
que se ha calificado como blindaje del Estrecho con sistemas de
radares, sensores, cámaras técnicas, visores, rayos infrarrojos, en
definitiva con medios tecnológicos con un centro coordinador en
Algeciras. En marzo del 2001 de nuevo el señor López Valdivielso
afirmó en esta misma Comisión que la primera de las torres piloto del
SIVE iba a comenzar a funcionar en el verano del año 2001 y que el
centro operativo estaría totalmente concluido en el verano del 2002.
Indicaba en esta misma Comisión que este año se había dotado
presupuestariamente con 3.000 millones de pesetas . Usted a lo largo
de su comparecencia ha hecho ya alguna referencia a que el SIVE está
funcionando. El ministro del Interior, señor Rajoy, en el Senado dijo
el día 24 de septiembre que el SIVE se está aplicando. Si es así poco
éxito ha tenido este verano sobre la base de las estadísticas y los
datos sobre la llegada masiva de inmigrantes y las actuaciones de los
cuerpos de seguridad del Estado. Algún día ha habido oleadas incluso
1.000 inmigrantes sin papeles detenidos en nuestras costas. En los
seis primeros meses del año han sido 13.395 los inmigrantes sin
papeles que han intentado entrar en nuestro país y han sido detenidos
por los cuerpos de seguridad. No voy a entrar en si eso se podía
interpretar como una mejor eficacia de los cuerpos de seguridad ni
tampoco voy a caer en la irresponsabilidad de decir que es un efecto
llamada de la nueva ley, como algunos responsables del Gobierno
hicieron con la anterior ley del Gobierno socialista, sino que les
voy a indicar una realidad. Hace falta mejora de medios. Los sistemas
de control todavía son insuficientes. No le quiero decir que cuando
el SIVE esté plenamente operativo se solucionen todos los problemas,
pero no cabe duda de que un mejor sistema tecnológico va a permitir
también un mayor control de las entradas en nuestras fronteras,
especialmente en ésta que va a ir al parecer desde el cabo de Gata,
por todo el Estrecho, hasta Canarias.
En síntesis, le quiero preguntar, porque parece que queremos concluir
a las dos la sesión: ¿Por qué no ha entrado en funcionamiento, como
anunció el director general de la Guardia Civil, la primera fase del
SIVE durante el verano del 2001? ¿Para cuándo va a entrar? ¿Qué
problemas existen? ¿Cuáles son esos problemas? Hay una cuestión que
me preocupa, ¿se ha previsto incrementar el personal? La mejora de
los sistemas tecnológicos o las tres torres en funcionamiento en su
momento va a obligar a un incremento importante de personal. No se
trata ya de la inversión de los 20.000 ó
25.000 millones de pesetas, sino de la inversión posterior, sobre
todo en medios humanos que ello tiene que conllevar. También le
quiero preguntar cuáles han sido los resultados obtenidos y las
posibilidades operativas de los Sensores para la detección de las
embarcaciones. Según tengo entendido existen problemas, aunque ya
está operativo el prototipo. Quisiera saber si existe algún problema
en ese sentido. ¿Por qué no ha entrado en funcionamiento -al menos no
nos consta- el radar de Fuerteventura que iba a estar en junio de
2001, según dijo el director general en la comparencia del 13 de
marzo en esta Comisión?
Para ir concluyendo esta primera parte de las preguntas, le quiero
plantear si se tiene previsto solicitar fondos europeos, puesto que
esto deriva del Tratado de Amsterdam, dada nuestra condición de
frontera sur de Europa, para que ese altísimo coste del sistema de
vigilancia de nuestras costas no se sufrague íntegramente de los
Presupuestos Generales del Estado. Por último, en qué medida se van a
ver mejoradas las comandancias de Algeciras, Cádiz y Ceuta ante la
entrada en funcionamiento del SIVE. Señor Morenés, no cabe duda de
que diga lo que diga, a pesar de que diga que parte está en
funcionamiento -espero que lo concrete- a fecha de hoy -ya lo ha
dicho nuestro portavoz- todavía hace falta mejorar los elementos
humanos y materiales en el estrecho de Gibraltar. Mientras llega el
SIVE o incluso habiéndose puesto parte del mismo en funcionamiento es
necesario incrementar los medios materiales, los medios personales
hasta que este sistema integral esté en pleno funcionamiento.
Concluyo diciéndole que le ha traicionado el subconsciente. Se lo
dice alguien que vive en Algeciras, que ha estado en muchas ocasiones
cuando se han desarrollado actuaciones de los cuerpos de seguridad,
los cuales hacen una labor encomiable, con una profesionalidad
magnífica y con un voluntarismo -es lo que usted decía antes y ha
querido luego rectificar- ante la falta de medios muy importante.
Falta de medios de los cuerpos de seguridad en el Estrecho no sólo
para una labor muy importante en la lucha contra los tráficos
ilícitos, sino contra el narcotráfico. Este es un problema tremendo
en el estrecho de Gibraltar. En los últimos años por la situación
espectacular que supone el tráfico de seres humanos, de la
inmigración, los medios de comunicación se están haciendo eco de este
tema con más énfasis, pero el otro sigue ahí; las organizaciones
mafiosas se aprovechan muchas veces de las actuaciones que se tienen
que desarrollar en la lucha contra la inmigración ilegal para operar
más activamente, metiendo la droga por el estrecho de Gibraltar de
manera muy preocupante, desviándose las rutas a sitios como Sanlúcar
y otras zonas de Cádiz con nuevos sistemas a través de avionetas,
etcétera. Eso requiere un incremento de medios materiales y humanos
mientras llega la operatividad del SIVE. Por tanto, también le pido
respuesta en esta primera intervención.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señor Secretario de
Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA SEGURIDAD (Morenés Eulate): Voy
a intentar ser un poco metodológico en la contestación, es decir,
primero voy a hablar de cómo está el SIVE.
El SIVE es un programa que, como sabe usted, tiene unos determinados
años de inversión que se están cumpliendo -como ahora le explicaré-
de manera correcta. Es verdad que ha habido una búsqueda de fondos
comunitarios que procuren el ahorro del coste final del programa, a
través de incorporarlo a una fase no solamente de vigilancia, sino de
prevención de accidentes en la zona del Estrecho. Todo esto, que
luego lo explicaré con un poco más de detalle, lleva a que, si bien
los procesos de inversión han sido los que estaban establecidos
presupuestariamente desde el principio del programa, las cosas que se
han comprado y que se han venido desarrollando obedezcan más a ese
posible ahorro de futuro que hagamos en el caso de poder contar con
los fondos comunitarios, lo cual creo que sería una buenísima noticia
para todos los españoles. Nos ahorraríamos con el mismo programa una
buena parte del presupuesto.
La metodología de planificación seguida para la implantación del SIVE
consta de tres fases: los estudios preliminares y la definición, la
implantación del centro prototipo y la implantación del sistema. En
la primera fase, que finalizó en agosto de 1939, se realizaron las
siguientes actividades: estudios iniciales que incluían un estudio
geopolítico de la zona, la revisión del concepto operativo, las
alternativas técnicas, las pruebas de sensores que continuaron en la
fase número dos y la especificación preliminar del sistema piloto. La
fase dos, en la que nos encontramos actualmente, tiene como finalidad
la implantación progresiva de un centro prototipo compuesto por tres
estaciones sensoras y un centro de mando y control desplegado en el
campo de Gibraltar, del que se pretende obtener la experiencia
necesaria, dada la ausencia de otros modelos similares en el mundo y,
además, debido también al elevado coste del mismo que nos hace tomar
todas las precauciones necesarias para que, la última fase, la
implantación del sistema, se haga con todas las garantías de
funcionamiento. Los presupuestos del Estado para el año 2000 dotaron
al programa con mil millones de pesetas, cantidad con la que se
inició la contratación del centro prototipo, materializada el 12 de
diciembre pasado con un plazo de ejecución de 20 meses. La entrega
del mismo está prevista para el mes de agosto del próximo año 2002,
lo cual resulta acorde con el calendario de planificación que se
consideró desde un principio. Respecto a la fase tres de implantación
del sistema no debería iniciarse hasta la finalización del centro
prototipo, no obstante, la experiencia acumulada durante el proceso
de planeamiento ha permitido empezarla
este mismo año, 2001, en el que se han contratado dos nuevas
estaciones sensoras que entrarán en funcionamiento en el último
trimestre del año 2002. Esto permitirá posiblemente que se pueda
adelantar la implantación del SIVE en la costa andaluza fijada
inicialmente para el año 2004 La Unión Europea exige a los Estados
miembros que establezcan una vigilancia en la totalidad de sus
fronteras exteriores que garantice resultados eficaces en la lucha
contra la delincuencia organizada, el tráfico de drogas y el control
efectivo del paso de personas a través de las mismas. La Ley orgánica
2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, atribuye a
la Guardia Civil la competencia sobre el resguardo fiscal del Estado
y actuaciones encaminadas a evitar y perseguir el contrabando, así
como la custodia de costas y fronteras, puertos y aeropuertos. Para
garantizar el cumplimiento de estas misiones a finales de 1997 se
iniciaron los estudios para aumentar la eficacia de la vigilancia de
las fronteras nacionales. De ahí se produjo el diseño del sistema
SIVE que lo que busca es la presencia adelantada y detección
temprana, en línea con lo que decía S.S., un mando único de las zonas
del Estrecho, la flexibilidad organizativa y el aseguramiento de la
confidencialidad.
El sistema, como S.S. conoce, se compone de estaciones sensoras, de
centros de mando y control y de sistemas de comunicaciones. Se han
adquirido ya dos patrulleras de 24 metros dotadas con radar y sistema
oftrónico, cuya entrega está prevista este mes de octubre, y se
contrataron tres embarcaciones semirrígidas que ya están en servicio
en las comandancias de Ceuta y Cádiz, aunque una de ellas se
encuentra provisionalmente en Algeciras. También se ha adjudicado el
expediente para la adquisición e instalación de dos nuevos sistemas
oftrónicos para instalar en sendas patrulleras que entrarán en
servicio en la primavera del 2002. Antes de finalizar el presente año
se instalarán radares de mayor potencia y mejor prestación en 15
patrulleras; asimismo, se está en periodo de contratación de diverso
material, como radiobalizas, equipos de salvamento y de
posicionamiento y localización.
Para el servicio aéreo se ha contratado, y ya está en periodo de
ejecución, la mejora de cuatro helicópteros dotándoles de capacidad
de vuelos infrarrojos, radar y sistema oftrónico de vigilancia. Los
dos primeros helicópteros entraran en servicio posiblemente en el mes
de diciembre o enero próximos. También se ha contratado la mejora de
cuatro helicópteros mediante la incorporación de equipos de
flotación, focos de rastreo, depósitos auxiliares y grúas de rescate,
además de diverso material de equipamiento para otras aeronaves
y bases. Para el servicio fiscal se adquirieron dos cámaras térmicas
que están en servicio en las unidades de Málaga y Cádiz. Se está en
estos momentos en fase de adquisición de diverso equipamiento para
las patrullas de servicio por un importe de 537 millones de pesetas
en sistemas oftrónicos portátiles, vehículos de diversos tipos, focos
de luz y otro material de trabajo. Todo este equipamiento estará en
servicio antes de que finalice el año. Es muy importante el que ya se
ha iniciado el expediente para la adquisición de un sistema de
lectura automática de matrículas de vehículos para la dotación de
varios puertos y pasos fronterizos, cuya puesta en servicio se prevé
para el último trimestre del 2002. En el servicio de Policía judicial
se están potenciando las unidades de laboratorio de servicio, con el
propósito de dotarles de medios más modernos en equipos de
identificación de personas, de detección de falsificaciones y de
módulos de intervención técnica. Las circunstancias actuales
aconsejaron iniciar el programa con cobertura en la costa sur
peninsular y en las islas Canarias, donde se han producido fuertes
incrementos de los tráficos ilegales, uno de los cuales, el de
personas, exige una actuación rápida y eficaz ante la necesidad de
socorrer los numerosos naufragios que se producen. África es
actualmente el principal proveedor a Europa de cannabis y sus
derivados. Sólo la zona del Rif en Marruecos produce de 1.500 a 2.000
toneladas de estas sustancias, siendo previsible un aumento de la
producción, debida a la mejora de los métodos de cultivo y los
elevados beneficios económicos que produce este tráfico. Dada la
rapidez con la que evolucionan los medios y procedimientos que
utiliza la delincuencia organizada, se ha decidido comenzar la
implantación del sistema integrado con el despliegue del prototipo
formado por tres estaciones sensoras transportables en la provincia
de Cádiz y un centro de mando y control en Algeciras.
Me pregunta S.S. sobre el incremento del personal. Nosotros primero
tenemos que instalar el SIVE. Ya le he dicho que tiene sus fases y se
están cumpliendo. Si ha habido una variación en una serie de
elementos que hemos adquirido es precisamente porque en la fase final
probablemente la Unión Europea financie algunos, no todos, de lo que
pueda ser el SIVE definitivo; por eso hemos cambiado el plan de
inversión. Nos hemos dedicado a incorporar a los servicios de Guardia
Civil aquellos elementos que, siendo necesarios hoy en día, nunca
podrían ser financiados, aunque hubiesen estado en la fase en la que
esa financiación que estamos solicitando a la Unión Europea pudiese
llegar. Hemos hecho una gestión adecuada a la realidad, que no va en
mengua del SIVE sino que acelera sus efectos, y tenemos esperanzas
fundadas de que la Unión al final pueda financiarnos lo que S.S.
señalaba como la frontera sur de Europa.
Señorías, yo no recuerdo que me haya traicionado el subconsciente con
lo del voluntarismo. Al revés, lo que he dicho es que no me parecía
que había voluntarismo en el sentido de la palabra voluntarismo, sino
voluntad, dedicación y esfuerzo por encima incluso de lo que requiere
el sentido del deber. Yo no llamaría a eso voluntarismo.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Tiene la palabra el señor
De la Encina.
El señor DE LA ENCINA ORTEGA: Me gustaría que me contestara porque
realmente tengo dudas, conozco muy bien el terreno y no sé dónde se
encuentran esas tres estaciones censoras en la provincia de Cádiz;
¿me podría concretar dónde están? Porque si están donde se había
dicho fuera de esta Cámara que están, desde luego, no se ven. Quiero
decirle con esto que, por favor, me concrete. Yo sé que estos temas
requieren una cierta -no voy a decir confidencialidad- predicación
allende los mares, pero queremos conocer el lugar donde se encuentra
porque, de lo contrario, con los datos que tenemos, dudaremos de la
eficacia del funcionamiento de esos instrumentos. Usted ha dicho que
está prevista la implantación progresiva de un centro prototipo en el
Campo de Gibraltar. ¿Dónde? Usted dice que hay tres estaciones
censoras en la provincia de Cádiz. ¿Dónde? Que van a ir dos nuevas
estaciones a finales de este trimestre. ¿Dónde? Porque no lo
conocemos, señor Morenés. Concrétemelo. Los datos están ahí. Le he
dicho antes que no quiero jugar con ellos, pero todos hemos sido
testigos este verano de la avalancha de inmigrantes sin papeles que
han sido detenidos. ¿Están siendo operativos esos instrumentos que
cuestan miles de millones de pesetas? ¿Merece la pena continuar con
la tercera fase, como usted dice, mientras que ahora no se ve la
operatividad de las dos primeras por ningún sitio? Yo me creo sus
palabras, pero la realidad me demuestra que los hechos contradicen
sus manifestaciones. Por tanto, concréteme algo más porque realmente
la duda nos invade.
Vuelvo a insistir en la afirmación que hice anteriormente. No sé si
su subconsciente le habrá traicionado o no, pero es cierto que muchas
de las actuaciones de los cuerpos de seguridad en la provincia de
Cádiz están basadas en el voluntarismo ante la falta de medios. Por
eso no me cansaré de solicitar el incremento de esos medios.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señor secretario de
Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA SEGURIDAD (Morenés Eulate): Yo
creo que lo que he dicho es que el centro prototipo que tiene esas
tres estaciones censoras, cuya contratación ha sido materializada el
12 de diciembre pasado, se instala en agosto del año 2002; esto es lo
que yo he dicho en mi exposición. A la pregunta de dónde, estamos en
fase de instalar. Señoría, cuando esté instalado, además siendo usted
de la zona, yo tendré mucho gusto en que se visite. No me parece que
debamos decir dónde tienen que estar esas instalaciones, aunque, como
usted comprenderá, es usted muy bienvenido para visitar el SIVE, pero
no están porque se instalan en el año 2002.
Señoría, lo acepto, no es un problema de inconsciente. La Guardia
Civil es un instituto benemérito que dedica todo su esfuerzo,
atención, voluntad y ganas, muchas veces por encima de lo que es la
obligación exigible como a veces se dice en términos militares, al
cumplimiento de su deber. Este Gobierno, vuelvo a insistir, ha hecho
el esfuerzo para incrementar la seguridad del Estado en los últimos
presupuestos más grande -yo no quiero decir que lo haya hecho este
secretario de Estado en la responsabilidad que detenta- por lo menos
en los últimos diez años, tanto en los aspectos materiales como en
los aspectos de personal con los planes de personal que hemos
establecido para la Policía y para la Guardia Civil.
- DEL SEÑOR DE LA ENCINA ORTEGA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA,
SOBRE LA FECHA PREVISTA PARA RESOLVER FAVORABLEMENTE LA PETICIÓN DE
HABILITACIÓN DEL PUERTO DE TARIFA (CÁDIZ) COMO FRONTERA EXTERIOR
SCHENGEN. (Número de expediente 181/001061)
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señor De la Encina, para
formular la siguiente y última pregunta de la sesión, tiene la
palabra. Hace relación a la habilitación del puerto de Tarifa como
frontera Schengen.
El señor DE LA ENCINA ORTEGA: Señor secretario de Estado, ha
transcurrido ya más de un año, concretamente año y medio, desde que
se solicitara la declaración de frontera exterior Schengen para el
puerto de Tarifa. Esta calificación implicaría obviamente que un
municipio que adolece de unas expectativas industriales y de unas
expectativas distintas al turismo pueda verlas realizadas. Por tanto,
la calificación de su puerto como frontera exterior Schengen iba a
permitir el embarque de pasajeros extracomunitarios y, por tanto, un
relanzamiento muy importante de la actividad turística. Por eso hoy
día ya es un clamor no político, sino empresarial, que es muy
importante, fundamentalmente en el sector turístico, sindical,
ciudadano o municipal, el que lo antes posible se pueda calificar ese
puerto como frontera exterior Schengen, que permita el embarque de
esos pasajeros extracomunitarios que, por cierto, se están derivando
a Gibraltar. A lo largo de este año van a ser cerca de 100.000 los
pasajeros extracomunitarios que hayan ido a Gibraltar. No voy a decir
que sea una competencia desleal, sino que nosotros mismos, mientras
no exista esa calificación, estamos derivando para allá a todas las
personas que vienen a la Costa del Sol y quieren pasar unos días en
Marruecos, etcétera; esos pasajeros extracomunitarios van a Gibraltar
porque no se les permite embarcar desde el puerto de Tarifa.
Había un inconveniente al principio, que era la necesidad de que el
puerto de Tarifa contara con instalaciones portuarias adecuadas para
llevar a cabo el control de la frontera. Esas obras están no sólo ya
en marcha, sino que muchas de sus fases están terminadas.
Concretamente, el edificio de control y policía del puerto se ha
terminado el pasado verano. La autoridad portuaria ha invertido 63
millones de pesetas en la bahía de Algeciras. Lo que es la
urbanización de todo el terminal de pasajeros va a muy buen ritmo. Yo
mismo lo he estado visitando y en el mes de diciembre estará
terminado. Queda nada más la estación marítima, cuya obra está ya
adjudicada por 257 millones de pesetas y va a estar en quince meses.
No obstante, la autoridad portuaria de la bahía de Algeciras se ha
comprometido, y así lo ha hecho constar por escrito incluso al
Ministerio del Interior, a que si se calificara el puerto de Tarifa
como frontera exterior Schengen habría posibilidad en una semana
o menos, como ocurre en la frontera con Gibraltar, de habilitar unos
módulos, que llevan toda la vida, para cumplir esa labor de frontera
exterior. Por tanto, queda solamente un aspecto, que es el de la
dotación de los cuerpos de seguridad de la Policía Nacional y de la
Guardia Civil para cumplir la labor de control una vez que se
califique. Ese aspecto nos preocupa mucho, señor Morenés, porque nos
podemos encontrar con que estas obras estén totalmente terminadas, la
voluntad política del Gobierno sea calificar el puerto de Tarifa como
frontera exterior, pero por una falta de medios humanos, vaya a saber
por qué motivo (porque muchas veces nos preguntamos si esa
intencionalidad es cierta o no, pasan los meses y llevamos ya un año
y medio esperando esa calificación que es vital para el desarrollo
turístico de Tarifa y de toda la zona), pues no se produzca. Por eso
hoy le quiero pedir un compromiso, si no concreto de fechas exactas,
sí aproximado, para que ese sector empresarial y esa población vea
cumplido un objetivo que le puede permitir un despegue económico muy
importante. Por tanto, ¿para cuándo se puede comprometer el Gobierno
-no el Gobierno, porque luego tiene un trámite que tiene que pasar
esa inspección fronteriza europea, pero depende en esa primera
instancia de la voluntad del Gobierno el que se pase ese examen-,
para cuándo se podrán concretar esas actuaciones?
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señor secretario de
Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA SEGURIDAD (Morenés Eulate):
Como S.S. conoce, el problema de las fronteras exteriores de los
países que conforman la Unión Europea es un problema que trasciende
el ámbito nacional. La puesta en práctica del convenio Schengen del
año 1995 estuvo precedida por el previo desarrollo de todos los
puntos habilitados como frontera exterior de una inspección,
asegurándose
que eran adecuadas en medios y efectivos y permitirían un
seguimiento minucioso de todos los pasajeros procedentes del
exterior. El artículo 6.º del citado acuerdo señala que el control de
las personas incluirá no sólo la comprobación de los documentos, sino
otros aspectos de las personas que cruzasen las fronteras. El control
se refería también a vehículos y a objetos en poder de las personas.
En otras palabras, la declaración de punto habilitado como frontera
exterior dejó de tener en aquella fecha carácter voluntarista, de
manera que a partir de ese momento no puede realizarse sin antes
cumplir con una serie de condiciones y contar con unas instalaciones
que el puerto de Tarifa no reunía entonces ni reúne todavía hoy. En
concreto carecía de la más mínima instalación portuaria que
permitiera canalizar el flujo de entrada y salida de pasajeros y
vehículos, carecía de sala de retornados, así como de servicios
sociales, jurídicos y sanitarios, no existía cerramiento de la
estación marítima, tampoco contaba con instalaciones policiales
y carecía de instalaciones informáticas para realizar consultas al
sistema de información Schengen.
Desde que las autoridades locales y la propia autoridad portuaria de
la bahía de Algeciras mostraron su interés por la transformación de
este puerto en frontera Schengen a este secretario de Estado a
principios del año 2000, se han venido realizando los estudios
preceptivos para ello, en absoluto carentes de problemas, ya que,
como acabo de señalar, Tarifa carecía de las condiciones básicas para
dicha transformación, además, claro está, de las necesidades de
efectivos de Policía y Guardia Civil para controlar esta nueva
frontera exterior en una provincia que de por sí tiene ya una
problemática de inmigración irregular y tráfico de drogas notable,
que absorbe, como S.S. en otra intervención señalaba, enormes
esfuerzos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Me pregunta S.S. por la situación a día de hoy y las previsiones de
futuro. Pues bien, sobre las obras iniciadas, como ha descrito S.S.,
en junio de 2000 por la autoridad portuaria de la bahía de Algeciras,
cabe decir que los módulos de control se encuentran finalizados y
podrían ser entregados a primeros de diciembre. Se trata de cuatro
módulos de los que dos están destinados al Cuerpo Nacional de
Policía, uno a la Guardia Civil y otro a las compañías navieras. La
urbanización de la terminal tiene actualmente terminada la tercera
parte y se espera que esté totalmente finalizada en dos meses. La
estación marítima ha sido recientemente adjudicada en segunda
subasta, lo que ha supuesto un ligero retraso y su finalización se
espera para el próximo mes de julio. Quedará pendiente a partir de la
finalización de todas las obras el emplazamiento de las unidades de
la Guardia Civil y la comunicación a la Secretaría General del
Consejo de la Unión Europea de la apertura de una nueva frontera
exterior, a lo que me comprometo adar, evidentemente, la mayor
agilidad, no sé en el caso
de la Unión Europea, pero sí en cuanto al destino de la Policía y la
Guardia Civil. Así las cosas, Tarifa será frontera exterior
inmediatamente después de que la autoridad portuaria finalice dichas
obras, que según me señalan muy bien podría ser el próximo año 2002.
Quisiera hacer una breve reflexión. Desde el momento en que el
Ayuntamiento y los empresarios navieros de Tarifa solicitan esto, el
Ministerio del Interior jamás se ha negado a que eso fuese una
frontera Schengen, lo que ha dicho es que no puede serlo si no cumple
determinados requisitos. Sabe S.S. que hubo una autorización digamos
que durante un cierto tiempo en la que realmente no se cumplieron de
manera rigurosa los requisitos de dicha autorización, pero esa
autorización funcionó y funcionaron transportes allí. Tuvimos
protestas en ese sentido del propio Schengen y de las propias Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad del Estado porque entraba gente y no había
control de ningún tipo. El único requisito que ha exigido la
Secretaría de Estado es: tan pronto como estén terminadas las obras
-y por eso se pusieron en marcha las obras- eso será puerto Schengen.
Ese es el compromiso de la Secretaría de Estado y eso es lo que se
hará inmediatamente, que eso sea puerto Schengen con las dotaciones
policiales necesarias y con la autorización de la Unión Europea como
punto Schengen. No tenga usted la menor duda, señoría.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señor De la Encina.
El señor ENCINA ORTEGA: Muy amable, señor secretario, pero me queda
una duda que le expondré brevemente.
La autoridad portuaria estaría en disposición, y así se lo ha hecho
constar al ministerio a través de Puertos del Estado, de instalar de
forma inmediata, en cuestión de horas, el cerramiento del recinto
portuario, de los módulos para retornados, de asistencia a los
detenidos, si se produjera la declaración de Schengen antes de
finalizar las obras, porque usted condiciona la finalización de las
obras a esa declaración. La autoridad portuaria está en disposición
de hacer lo que acabo de decir. Pregunto: ¿no hay posibilidad de que
se pueda habilitar esa declaración teniendo en cuenta la actuación
portuaria para declarar ese puerto Schengen?
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señor secretario de
Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA SEGURIDAD (Morenés Eulate): Yo
en estos momentos desconozco la propuesta técnica que se ha hecho por
la autoridad portuaria de Algeciras a Puertos del Estado en este
sentido.
Segundo, desde el punto de vista de lo que le compete a la Secretaría
de Estado, que es recabar no tanto a Puertos del Estado la capacidad
logística que tiene que tener el puerto, sino la seguridad desde el
punto de vista de la inmigración, le aseguro que si a mí la Guardia
Civil y la Policía Nacional me dicen -y este es un elemento a tener
muy en cuenta- que los elementos interinos que puede proporcionar el
puerto de Algeciras a Tarifa para que pueda desarrollarse allí la
actividad, que luego de manera ya permanente se hará con los
edificios que se están construyendo, no dificultan la acción de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con la dignidad necesaria y
Schengen aprueba ese asunto, no habrá ningún inconveniente por parte
de la Secretaría de Estado, que ya a través de la Delegación del
Gobierno de Cádiz autorizó de manera provisional la utilización de
Tarifa como puerto Schengen con unos determinados requisitos, que
debo decir que se cumplieron poco o no se cumplieron. En ese sentido
no habrá ningún impedimento porque, vuelvo a decir, desde nuestro
punto de vista no hay un impedimento para habilitar el puerto de
Tarifa como punto Schengen; no lo hay. Solamente tiene que haber unos
determinados requisitos de tipo inmueble y del funcionamiento normal
de la acción que tienen que desarrollar las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad en frontera, la Policía Nacional en cuanto a documentación
y extranjería y la Guardia Civil en cuanto a resguardo eficaz del
Estado. Si podemos trabajar así, si podemos trabajar conectados al
sistema de información de Schengen, yo le aseguro que impulsaré eso
porque no tenemos ninguna vocación de entorpecer la actividad
empresarial de Tarifa, ni muchísimo menos.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Muchas gracias, señor
secretario de Estado, por su presencia y por las informaciones que ha
dado a la Comisión.
Sin más temas que tratar, se levanta la sesión.
Eran las dos y veinte minutos de la tarde.