Breadcrumb
Publications
DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 316, de 27/09/2001
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2001 VII Legislatura Núm. 316
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. EUGENIO NASARRE GOICOECHEA
Sesión núm. 20
celebrada el jueves, 27 de septiembre de 2001
ORDEN DEL DÍA:
Proposiciones no de ley:
- Sobre intercambios de profesores y expertos educativos de España en
Iberoamérica. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso. (Número de expediente 161/000921.) . . .
- Sobre promoción de actividades de información y conocimiento sobre
el sistema educativo, dirigidas a padres y tutores que tengan a su
cargo menores inmigrantes matriculados en centros educativos en que
se imparta la enseñanza obligatoria. Presentada por el Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/
000901.) . . . (Página 9897)
- Sobre la conmemoración del Centenario de la Lletra de Convit.
Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de
expediente 161/000780.) . . . (Página 9899)
- Para la modificación del convenio del Estado con la Iglesia
Católica en materia de educación.
Presentado por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de
expediente 161/000928.) . . . (Página 9902)
Se abre la sesión a las cuatro y veinte minutos de la tarde.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- SOBRE INTERCAMBIOS DE PROFESORES Y EXPERTOS EDUCATIVOS DE ESPAÑA E
IBEROAMÉRICA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL
CONGRESO. (Número de expediente 161/000921.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández Rozada): A la espera de la
incorporación del presidente de la Comisión, iniciamos el orden del
día de la misma con el debate de la proposición no de ley sobre
intercambios de profesores y expertos educativos en España e
Iberoamérica. Por parte del grupo proponente, tiene la palabra su
portavoz don Gabriel Mato.
El señor MATO ADROVER: De una forma breve, porque entiendo que en la
propia exposición de motivos de la proposición no de ley presentada
está bien definida cuál es la pretensión de la misma, que no es otra
que poner de manifiesto en esta Comisión la conveniencia de aumentar
las acciones encaminadas a lograr, en relación con Iberoamérica, una
mayor difusión de nuestra cultura y nuestra lengua, máxime en este
año 2001, Año europeo de las lenguas y en puertas de la celebración
del II Congreso internacional de la lengua española.
Tengo confianza en que esta proposición no de ley sea respaldada por
todos los grupos parlamentarios, ya que el objetivo de difundir y
coordinar, en los países de Iberoamérica, acciones culturales y
educativas puede ser perfectamente compartido, unánimemente, a pesar
de que se pueda pensar que el acuerdo propuesto debería ir más allá
de lo planteado, algo que yo puedo asumir y que en breve
analizaremos.
El castellano ha tenido una extraordinaria expansión en el siglo XX y
sigue progresando; podemos decir que goza de una excelente salud,
siendo cada vez más hablado y más estudiado. Entendemos que hoy más
que nunca debe también convertirse en la lengua de la sociedad de la
información, la lengua Internet, una lengua globalizadora, convertida
ya en la segunda lengua de comunicación internacional y en elemento
inestimable para la creación de riqueza más allá de la creación
literaria; un idioma que no sea patrimonio privativo
sino, muy al contrario, compartido con la mayor expansión posible. En
esa línea, la propia Real Academia Española y el Instituto Cervantes
tienen también intención de adaptarse a los nuevos tiempos y a la
rapidez de los cambios. Ha sido el propio presidente de la Real
Academia quien ha anunciado que el diccionario no esperará diez años
para sacar una nueva edición, sino que se actualizará semanalmente a
través de Internet y dará cabida a un número mayor de palabras
procedentes de Hispanoamérica. Creo que debemos todos alegrarnos con
ello.
La presencia educativa y cultural española en otros países está
garantizada a través de una red de atención al exterior que abarca
diversas acciones relacionadas con los centros docentes de
titularidad del Estado español: asesorías técnicas y programas
específicos que conforman la lengua y cultura españolas, así como la
posibilidad de establecer convenios de colaboración con instituciones
de diferentes países en el ámbito educativo.
Actualmente, en el mundo hay 345 millones de personas que hablan
español o castellano, el 6 por ciento de la población mundial, y es
lengua ya oficial de 21 países. Esta cifra coloca a nuestro idioma
como el segundo más utilizado del planeta. En cuanto al futuro, el
español será hablado en el año 2010 por 514 millones de personas;
creo que estas cifras hablan por sí solas.
Por otro lado, es también conveniente recordar los convenios
culturales firmados con los países iberoamericanos, para su
adaptación a la normativa comunitaria en materia de homologación y
convalidación de títulos superiores, y la creciente participación de
España en organismos internacionales con competencias culturales, así
como la cooperación científica a través de la Agencia española de
promoción y difusión de la lengua y culturas españolas. El Gobierno
ha hecho un esfuerzo notable para incrementar y aprovechar las
potencialidades de la cultura española de cara a Iberoamérica,
fortaleciendo los mecanismos de cooperación y la proyección de la
cultura española en el mundo, pero estos esfuerzos tienen que ser
potenciados.
La preparación de cursos para especialización de profesores y de
enseñanza y aprendizaje de lenguas en el marco de la celebración del
año 2001 como Año europeo de las lenguas, así como el programa
Sócrates, dirigido en su segunda parte a la formación del
profesorado, tanto inicial como continuo, favoreciendo la
movilidad, incluso para los futuros docentes que aún no han acabado
la carrera y desean realizar las prácticas fuera de nuestras
fronteras y, en su tercera parte, estableciendo redes temáticas que
permitan a los docentes acceder a través de las tecnologías de la
información y comunicación a los proyectos desarrollados
anteriormente, son actuaciones que España tiene que seguir liderando,
convirtiéndose en auténtico puente con Iberoamérica para la difusión
de estas iniciativas europeas.
El propio informe del Consejo Escolar del Estado, correspondiente al
año 1999-2000, plantea que hay que hacer un gran esfuerzo en lo que
respecta a la difusión del español y en cuanto a la formación del
profesorado en otros países, cuestión esta que el Grupo Popular asume
plenamente.
Es una constante, igualmente, entre las peticiones del Consejo
Escolar de la Emigración, el aumento de actividades educativas y
culturales que les acerque a España. Así en su pleno cuarto celebrado
en Madrid en noviembre de 2000, se planteó como acuerdo la necesidad
de potenciar la lengua y cultura españolas y el apoyo con profesores,
asesorías técnicas en actividades educativas, etcétera. Es un deber
de la Administración española acceder, en la medida de sus
posibilidades, a una petición que en cierta manera nos enorgullece.
(El señor presidente ocupa la presidencia).
Sabemos que uno de los objetivos prioritarios del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte, en el ámbito de las relaciones
iberoamericanas, es la promoción del intercambio de expertos en
educación, no sólo para que conozca la experiencia española, sino
para propiciar el conocimiento de los sistemas educativos de los
países iberoamericanos entre sí. El intercambio de experiencias,
además de la cooperación bilateral ya mencionada, se lleva a cabo
también a través de programas como el programa de cooperación
educativa con Iberoamérica o el programa de cooperación científica,
así como una serie de programas aprobados en las cumbres
iberoamericanas, como pueda ser el de la televisión educativa
iberoamericana, el programa Ibermade, el programa Iberfot o el
programa de evaluación de la calidad, de la alfabetización y de
educación básica de adultos. Como podemos ver, se ha caminado mucho,
pero todavía queda mucho camino por recorrer, de ahí nuestra
proposición no de ley; una proposición (y lo anuncio claramente para
que vean que nuestro objetivo va mucho más allá de una mera
declaración de intenciones) en la que se insta al Gobierno a llevar a
cabo una serie de actuaciones y se incluye la palabra «potenciación»,
concretando los niveles educativos, los tipos de ayuda o becas, la
cuantía de éstas, así como las asignaciones presupuestarias de las
mismas, un conjunto de actividades y actuaciones que van a permitir
seguir desarrollando ese camino que creemos es muy positivo para
España y para Iberoamérica y sus relaciones.
El señor PRESIDENTE: El señor Guardans tiene la palabra.
El señor GUARDANS I CAMBÓ: Como es lógico, mi grupo va a dar apoyo a
esta iniciativa del Grupo Parlamentario Popular, que me parece más
que correcta. Como ocurre a veces cuando se encuentra uno con
iniciativas del Grupo Popular instando a su propio Gobierno a hacer
cosas, siempre tiene uno la tentación de que se le está instando a
que haga cosas que tiene la obligación de hacer. En este caso
concreto, es oportuna porque pone sobre la mesa una realidad, como es
la necesidad de potenciar y perfeccionar lo que son intercambios de
profesores y expertos educativos entre España e Iberoamérica y nos
parece perfectamente oportuno.
Lo único que yo haría como reflexión (comprenderá el portavoz del
Grupo Popular que esa sea la reflexión que hace este portavoz) es que
sería bueno que estas medicinas que ustedes recomiendan para el
castellano o para la lengua española, de vez en cuando también las
tuvieran presentes cuando hablamos de las demás lenguas españolas.
Podría en este caso claramente ejercer de portavoz y decir que mucha
gente, incluso que no tiene que ver con partidos políticos, muchos
catalanes y catalanoparlantes escuchamos esas llamadas a la
protección del castellano, o la lengua española, en Internet, por
ejemplo, por su inferioridad respecto a la lengua inglesa. Cuando por
todos los medios, en la sociedad de la información escuchamos la
necesidad de proteger a la lengua española, nos entran ganas de
decir: Os vamos a dar apoyo en eso, porque también el castellano para
muchos de nosotros, que somos perfectamente bilingües, es también
nuestra lengua. Qué bueno sería que ese tipo de planteamientos y ese
tipo de afirmaciones no se pierdan de vista cuando se trate del
catalán. Sabemos que efectivamente el catalán, por poner un ejemplo,
no lo hablan 345 millones, sino seis. Pero esos seis millones también
precisan protección, esa lengua también necesita protección porque
está en inferioridad respecto de la lengua castellana. Cuando en esta
cámara y en esta misma Comisión mi grupo constantemente trae
iniciativas, un día reclamando que un premio literario del Instituto
de la Mujer también proteja la publicación de libros en lengua
catalana, y otro día recordando que las páginas web oficiales
españolas del Ministerio de Administraciones Públicas no descarte la
lengua catalana, y otro día recordando -y lo releía hace un momento-
que los anuncios del Ministerio del Interior en materia de prevención
del tráfico no dejen de hacerse en los medios de comunicación en
lengua catalana, y así constantemente se nos obliga a este grupo
parlamentario y a algún otro a estar vigilando la actuación del
Estado para que se proteja y se cumpla el mandato constitucional de
la protección de las demás lenguas distintas del castellano, qué
fácil sería todo si esa inquietud que tiene el Gobierno de
defensa del castellano respecto del inglés fuera capaz de entender
que también las tenemos otros de la lengua catalana o del vasco o del
gallego respecto del castellano.
Dicho esto, esto no es un do ut des, yo te apoyo para que me apoyes,
por convencimiento vamos a dar apoyo a esta iniciativa.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, el señor
Martínez Laseca.
El señor MARTÍNEZ LASECA: Intervengo en nombre del Grupo
Parlamentario Socialista para fijar nuestra posición con respecto a
esta proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular por la que
se solicita del Gobierno que potencie los intercambios de profesores
y expertos educativos de España e Iberoamérica para que se
intensifiquen el debate y la reflexión sobre temas educativos y
culturales.
La razón, en la línea que aducen los proponentes, es la existencia
-disiento un poco de las cifras o las tengo más actualizadas- de 400
millones de personas en el mundo que pueden entenderse en español.
Así vemos como la internacionalidad del español viene dada, sin
necesidad de otras consideraciones, por un hecho incontrovertible de
ser la lengua oficial de 23 naciones, única en muchas de ellas y
mayoritaria común y de intercambio en todas las demás. Por añadidura,
y dado que prosigue un impulso ascendente en su trayectoria, también
creemos que puede augurársele al español, como lengua de relación
entre naciones, un porvenir en alza, toda vez que el español no es
sólo la otra lengua del continente americano, sino también la segunda
lengua de los Estados Unidos de América, la única que ha podido
competir con el inglés y no ser neutralizada o borrada por éste.
Lo más curioso y llamativo en este proceso, como señalaba el
académico Gregorio Salvador, es que el español ha llegado a ocupar el
lugar que ocupa entre las lenguas de relación del mundo sin que haya
existido ni en España ni en los demás países hispánicos, una política
que haya podido favorecer su expansión y aceptación. Hubo de
esperarse a que en 1991 el Gobierno de España promulgara la ley de
creación del Instituto Cervantes, que es la entidad pública con
precedentes en otros países de nuestro entorno para la promoción de
la lengua española y de la cultura en español.
Cuando se afirma en la exposición de motivos la necesidad de
desarrollar e intensificar las relaciones en el ámbito cultural y
educativo en el marco de la sociedad del conocimiento, partiendo de
que Iberoamérica es una comunidad cuyo futuro debemos construir desde
la cooperación y el diálogo, tendremos que tener en cuenta ciertas
consideraciones de propiedad compartida y no en exclusiva. En este
sentido existe un organismo supranacional hispánico que se ocupa de
la lengua
común precisamente como patrimonio de millones de hombres. Se trata
de la Asociación de academias de la lengua española llamada a
coordinar esta labor colectiva de defensa, conservación y desarrollo
del idioma. Avanzando por esta senda de cooperación institucional,
cultural y comunicación, entendemos que supone la mejor manera de
alcanzar los objetivos que se pretende con esta proposición no de ley
en relación con los centros docentes en el exterior, convenios de
colaboración, convalidación y homologación en el marco de la Unión
Europea, ayudas y becas, intercambio de expertos y experiencias,
etcétera.
Así las cosas, hemos visto cómo de acuerdo con lo dispuesto en el
apartado cuarto de la Orden de 26 de marzo de 1992, por la que se
establecen las bases para la concesión de ayudas de formación e
investigación, promoción cultural, científica y técnica o de
intercambio, mediante la publicación de convocatorias específicas, se
publica una resolución de la Agencia Española de Cooperación
Internacional por la que se aprueban ayudas de intercambio del
programa de cooperación interuniversitaria que desde 1994 es conocido
como Intercampus, y que consiste en el establecimiento, precisamente
en este año 2001, de redes temáticas de docencia entre universidades
españolas e iberoamericanas. Se trata de un programa que permite
consolidar la colaboración entre las universidades y posibilita el
establecimiento de relaciones, permitiendo el desarrollo de nuevas
experiencias en la cooperación universitaria.
En otros casos, tales ayudas de la AECI vienen a confinanciar la
realización de numerosos proyectos formativos en Iberoamérica de
diferentes asociaciones, universidades, fundaciones e instituciones
diversas. También se cuenta con los institutos descentralizados de
cooperación iberoamericana en Cataluña, Galicia y Canarias, que
vienen a reforzar la acción de cooperación que la AECI desarrolla en
esas comunidades autónomas. No voy a entrar yo aquí a hacer una
relación pormenorizada -se ha hecho ya por el portavoz del Grupo
Parlamentario Popular- de este tipo de actuaciones de cooperación
institucional, cultural y de comunicación promovidas desde la AECI,
como tampoco lo voy a hacer respecto con el antes mencionado
Instituto Cervantes y sus numerosas actividades en orden a fomentar
la enseñanza del español en el mundo y a difundir nuestra cultura a
través de las aulas Cervantes, la red de centros asociados o la
oficina del español en la sociedad de la información. Recordaré cómo
este organismo organiza asimismo congresos internacionales en torno
al español, Zacatecas, México 1997 y Valladolid, España 2001, que
reúnen a cientos de lingüistas, escritores, periodistas, cineastas,
profesores, etcétera, para debatir sobre el idioma que una a la
comunidad hispanohablante. Estas son actitudes que rompen
precisamente con la oscura tradición de imposiciones desde España, al
igual que con los justos recelos
mostrados tantas veces desde los países iberoamericanos, y no cabe
duda que todo ello contribuye al deseo de mantener el idioma común y
defenderlo ante la invasión anglosajona que llega en el mundo actual
por vía informática.
El español es el cuarto idioma del mundo en número de hablantes y el
segundo más utilizado como lengua de comunicación internacional.
Como dijera nuestro Rey en la inauguración del II Congreso de
historia de la lengua, en Sevilla, eso contribuirá a hacer más leve
el castigo de Babel. En fechas recientes hemos leído noticias tan
gratificantes como que los docentes brasileños se vuelcan en la
difusión del español, ya que el IX Congreso de profesores
especializados en enseñar lengua española reúnen en Brasil a más de
800 profesores, o que se constituye en Toledo una federación
internacional de profesores de español que agrupa a 40.000 personas.
No voy a decir que hagan ustedes como el fénix de los ingenios, el
gran Lope de Vega que en horas veinticuatro pasaba de las musas al
teatro, pero sí les diré que estaremos vigilantes para que estos
buenos propósitos que ponen de manifiesto se hagan realidad en
partidas concretas en estos Presupuestos Generales del Estado para el
2002. No sé si cuanto aquí proponen allá se dispone, pero en
cualquier caso les queda tiempo para la presentación de las
correspondientes enmiendas.
Quedamos a la espera y cuenten con nuestra colaboración al efecto y
el respaldo consecuente con su instancia al Gobierno que sustentan y
que todos soportamos.
El señor PRESIDENTE: A los efectos del orden de nuestros trabajos
quiero comunicarles, primero, que el portavoz del Grupo Parlamentario
Mixto, nuestro colega señor Rodríguez, me ha comunicado que no puede
asistir a la sesión y que, por lo tanto, el punto quinto del orden
del día queda retirado.
Asimismo, les tengo que comunicar, desgraciadamente, la noticia de
que la secretaria general de Educación, señora Couso, no va a poder
venir esta tarde porque hace unas horas ha tenido una situación
familiar de enfermedad muy grave que le impide estar con nosotros en
estas horas. Quiero transmitir, creo que en el consenso de todos
ustedes, que se mejore esta situación de gravedad que le ha sucedido
a un hermano de la señora Couso. Por lo tanto propondremos la
contestación a las preguntas que figuran en el orden del día al
momento en que decidamos la Mesa y portavoces en la reunión que
celebraremos a continuación de esta sesión.
Por último quiero decirles que, como es tradicional en nuestros
trabajos de la Comisión, vamos a acumular las votaciones de las
proposiciones no de ley al final de la última que vamos a debatir,
que es la número cuatro. Votaremos las cuatro que debatimos hoy al
final de la última.
- SOBRE PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO SOBRE
EL SISTEMA EDUCATIVO, DIRIGIDAS A PADRES Y TUTORES QUE TENGAN A SU
CARGO MENORES INMIGRANTES MATRICULADOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS EN
QUE SE IMPARTA ENSEÑANZA OBLIGATORIA. PRESENTADA POR EL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR DEL CONGRESO. (Número de expediente 161/
000901.)
El señor PRESIDENTE: Sin más, pasamos al segundo punto del orden del
día, proposición no de ley sobre promoción de actividades de
información y conocimiento sobre el sistema educativo, dirigidas a
padres y tutores que tengan a su cargo menores inmigrantes
matriculados en centros educativos en que se imparta la enseñanza
obligatoria, que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular.
La señora Caracuel tiene la palabra.
La señora CARACUEL DEL OLMO: Señorías, es para mí un honor presentar
en nombre del Grupo Parlamentario Popular, en esta Comisión de
Educación, Cultura y Deportes esta proposición no de ley para que,
con la aprobación de todos los grupos, la cual solicito de antemano,
podamos contribuir de una forma real a esa plena igualdad de derechos
y contribuir de una forma eficaz a reducir el absentismo escolar
provocado en algunos casos por falta de información y formación de
los padres inmigrantes respecto de nuestro sistema educativo.
Estamos hablando de un tema de gran actualidad ya que la buena
situación económica y social en España ha facilitado que personas de
otros países se estén integrando en nuestra sociedad así como sus
hijos en nuestro sistema educativo. La integración de estos
extranjeros residentes, la información sobre los derechos reconocidos
por nuestra normativa y la consecución del pleno ejercicio de éstos
por sus titulares han sido objetivos que se han tenido presentes en
el programa global de coordinación y regulación de la inmigración en
España, aprobada por acuerdo del Consejo de Ministros del 30 de marzo
del año en curso. Los programas de la Unión Europea, concretamente el
programa Sócrates, gestionado desde el Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte en cooperación con las comunidades autónomas,
respecto a la integración cultural, también tiene como objetivo la
mejora de la integración escolar. Concretamente, en la acción
Comenius II, que es la que hace referencia a proyectos de educación
intercultural, España es el país que ha tenido el mayor número de
proyectos aprobados por la Comisión. Asimismo, el foro mundial sobre
educación, apadrinado por Naciones Unidas y por el Banco Mundial,
tiene como objetivo la educación para todos, basándose en la
conferencia mundial sobre educación celebrada en Yung-teng.
Señorías, esta educación para todos no sería una realidad si no se
hiciera en las mismas condiciones que tiene cualquier niño español en
sus aulas, lo que exigiría entre otras cosas un conocimiento real del
sistema educativo español por parte de los padres. De lo contrario
redundaría en un fracaso escolar o en una falta de integración.
Como ustedes saben, señorías, en esta Comisión de Educación en la
anterior legislatura se aprobó por unanimidad una proposición no de
ley con un contenido similar a ésta, presentada igualmente por mi
grupo. Aun así hemos creído conveniente volverla a presentar dado que
el número de niños inmigrantes en edad escolar ha aumentado en estos
últimos años. Lo justifica también las retiradas visitas a centros
educativos donde hemos podido ver la realidad y la realidad es que, a
pesar del esfuerzo que tanto el Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte como las consejerías de Educación de las distintas
comunidades autónomas, puesto que estamos hablando de competencias
transferidas, se han desbordado todas las previsiones y hay centros
con 30 ó 40 nacionalidades distintas que suponen 30 ó 40 sistemas
educativos distintos. Y en los contactos que hemos mantenido con los
padres y colegios hemos podido contemplar que el conocimiento que los
padres tienen del sistema educativo español es bajo y no participan
en las asociaciones de padres y madres de alumnos ni mantienen
tampoco contactos con los profesores. Pocos conocen más allá del
curso que están realizando sus hijos. Este desconocimiento muchas
veces es por falta de una plena integración social y educativa de los
padres, cosa que se contradice con las motivaciones que les llevan a
salir de su propio país, que son precisamente la mejora social,
económica y educativa de sus hijos.
Estoy convencida de que la actitud de los padres hacia la educación
es uno de los puntos donde se concreta la influencia familiar en el
rendimiento escolar, pero también soy consciente de que el proyecto
familiar producto de la trayectoria inmigrante puede condicionar esta
actitud y en consecuencia las expectativas y la función otorgada a la
escuela podría llegar a producirse en más casos de los deseados en un
fracaso escolar de los hijos de los inmigrantes. La propia Comunidad
Europea, en la resolución sobre la diversidad cultural de los hijos
de emigrantes, considera necesario aplicar los mismos derechos que
los que disfrutan los menores del país de residencia, derecho a la
educación que, junto al de asistencia sanitaria, tienen reconocidos
todos estos niños, independientemente de la situación que sus padres
tengan en nuestro país.
Resumiendo, señorías, con esta proposición no de ley que traemos hoy
a esta Comisión perseguimos que la integración de las nuevas
poblaciones de emigrantes sean lo más efectivas posible en el ámbito
educativo español, otorgándole un trato especializado y para ello
creemos necesario promover actividades de información
y de conocimiento sobre el sistema educativo previo acuerdo,
como no podía ser de otra manera, con las comunidades autónomas y a
través de programas de educación de adultos desarrollados por
convenios con las federaciones de asociaciones de padres y madres de
alumnos dirigidos a padres, madres y tutores que tengan a su cargo a
menores inmigrantes matriculados en los centros educativos en que se
imparte esta enseñanza obligatoria.
El señor PRESIDENTE: Por parte del Grupo Parlamentario de
Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Guardans.
El señor GUARDANS I CAMBÓ: Brevemente quiero decir que mi grupo va a
apoyar con entusiasmo esta iniciativa por su contenido porque,
además, en su propia redacción, nos parece -y como protestamos cuando
las cosas se hacen mal, cuando se hacen bien hay que subrayarlo- que
esta iniciativa respeta y recoge perfectamente las competencias de
las comunidades autónomas al dejar claro que todo lo que aquí se
pretende promover se hará previo acuerdo, no previa consulta, con las
comunidades autónomas, que tienen ciertamente las competencias
correspondientes. Es cierto que desde el propio Ministerio, desde la
Administración General del Estado, queda mucho por hacer en este
frente y nos parece muy oportuno que se subraye y que se inste a
hacerlo. Mi grupo viene insistiendo hace tiempo en que la política de
emigración no puede ser sólo ni una política de visados ni una
política policial, ni siquiera estrictamente una política laboral,
sino que llega un momento en que, por la dimensión que ha cogido, es
una política sobre todo cultural, educativa y social en otros
ámbitos. Esto es una manifestación concreta y, como tantas otras
cosas, esto va a requerir medios. Una de las cosas que mi grupo viene
repitiendo en las comisiones parlamentarias correspondientes es el
incremento de medios dedicados a la implementación del plan Greco. El
hecho de que aquí el propio Partido Popular inste al Gobierno a
desarrollar eso es una buena noticia, porque nos hace suponer que por
lo menos en este sector concreto, para este plan concreto que
apoyamos, sí habrá medios. Esperamos que esta iniciativa contagie a
otras y podamos seguir, aunque sea gota a gota, ir ampliando lo que
es la dimensión humana, educativa, cultural y de integración del plan
Greco para atender a la extranjería en nuestro país.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra la señora Palma.
La señora PALMA I MUÑOZ: También muy brevemente debo decir que el
Grupo Parlamentario Socialista, como no puede ser de otra manera, va
a votar a favor de un objetivo muy loable, como el que está reflejado
en esta proposición no de ley, pero quiero matizaralgunas cuestiones
que están expuestas en la propia
motivación de la proposición no de ley, y que creemos que pueden
inducir a una cierta confusión. En la exposición de motivos se afirma
la necesidad, de acuerdo incluso con algunas disposiciones de
Parlamento Europeo, de promover la lengua materna de los inmigrantes,
la multiculturalidad, así como las acciones compensatorias para que
los inmigrantes también puedan acceder al aprendizaje en óptimas
condiciones de la lengua autóctona del país de acogida y que puedan
tener a su disposición la atención y programas específicos para
promover una integración educativa y social que en muchas ocasiones
es bastante complicada.
Quería referirme a alguna cuestión que ha expresado la portavoz del
Partido Popular y decir que no todo vale, ni todo es lo mismo ni
estamos en las mismas condiciones. Cuando hablamos del programa
Sócrates, que tiene como objetivo el intercambio, sobre todo de
experiencias educativas, para promover el aprendizaje de las lenguas,
no es la misma situación. El tipo de alumnos que acceden a los
programas Sócrates y Comenius no es igual que el tipo de alumnos que,
procedentes la mayoría de las veces de países no comunitarios, forman
el contingente principal de alumnos inmigrantes con necesidades
educativas especiales que están en nuestras escuelas públicas en
estos momentos. Que hay dificultades para esta integración educativa.
Evidentemente que la hay. Que el Gobierno con esta proposición no de
ley, sí se acepta, diríamos que se plantearía como objetivos que los
padres conozcan el sistema educativo, que participen en el
funcionamiento de los centros escolares, que mantengan relación y
contacto con los profesores, que los niños vayan a la escuela y no
tengamos un nivel de absentismo escolar, que puede ser muy
perjudicial para los rendimientos y para que cada niño desarrolle al
máximo sus capacidades. Evidentemente, estaremos de acuerdo en todo
esto pero también, ya que se cita en la exposición de motivos el plan
Greco, hay que decir que la propia dotación presupuestaria del plan
Greco es una aceptación muy disminuida en el sentido de que son
presupuestos que ya estaban en actuaciones ordinarias. Sí quiero
destacar que sólo 7.000 de los 38.000 millones del plan Greco son
recursos financieros previstos para las comunidades autónomas. Y
cuando estamos hablando de prestar atención a los inmigrantes sea en
las escuelas o sea en todo tipo de servicios sociales, quien a la
hora de la verdad tiene que prestar estos servicios son las
comunidades autónomas y son las administraciones locales, que tienen
las competencias para ello y son los que afrontan en primera línea el
problema. Nos parece muy bien declarar que este es un objetivo, nos
parece muy bien que hay que conseguir que las familias, los padres y
tutores de chicos y chicas inmigrantes conozcan, estén informados y
participen del sistema educativo, pero hay que decir también que esto
no se hace a través de una simple campaña de publicidad, sino que la
mejor política para favorecer la integración de los inmigrantes
es una buena política social, una buena política educativa, con
los medios adecuados para hacerlo. Está muy bien tener objetivos,
está muy bien formularlos, está muy bien que el Parlamento los
suscriba e inste al Gobierno a hacer todas estas cosas pero a la hora
de la verdad lo que cuenta son las actuaciones. Las declaraciones son
muy loables pero si no dotamos de instrumentos y de recursos a
quienes tienen que llevar a cabo todas estas actuaciones tampoco
llegaremos a nada. En cualquier caso, suscribimos completamente la
voluntad de esta proposición y esperamos que dentro de un tiempo no
muy lejano podamos valorar las actuaciones que de ella se desprenden.
- SOBRE LA CONMEMORACIÓN DEL CENTENARIO DE LA LLETRA DE CONVIT.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA (Número de
expediente 161/000780.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto tercero del orden del día, que
es la proposición no de ley sobre la conmemoración del Centenario de
la Lletra de Convit, que ha presentado el Grupo Parlamentario
Socialista. Para su defensa tiene la palabra la señora Riera.
La señora RIERA MADURELL: Este año, el año 2001, se cumple el primer
Centenario de la Lletra de Convit. La Lletra de Convit, señorías, es
el documento con el que el conocido filólogo mallorquín Antoni María
Alcover invitó a todos los ciudadanos y ciudadanas de los territorios
de habla catalana a participar en la elaboración de lo que tenía que
ser el diccionario general de la lengua catalana.
Como probablemente muchos de ustedes conozcan, este hecho, esta
invitación, dio lugar a uno de los más importantes movimientos en
favor de la lengua y la cultura catalanas del siglo XX, que culminó
en 1906 con la celebración del primer congreso internacional de la
lengua catalana, presidido por el propio Antoni María Alcover y,
después de muchos años de trabajo, con la redacción del magnífico
diccionario català-valenciàbalear. También tengo que decir, señorías,
que este año no sólo se cumplen los cien años de la Lletra de Convit,
este año hace también setenta y cinco años que las Cortes Generales
aprobaron en los Presupuestos Generales del Estado, concretamente en
el año 1926, una partida que fue concretamente en aquel momento de
25.000 pesetas -estamos hablando de 1906- de ayuda para la
elaboración de dicho diccionario. Nuestro deseo, como así parece que
será, es que el consenso que se consigue entonces, el consenso que
fue posible en 1926, podamos repetirlo este año dando apoyo a esta
proposición no de ley, que no pretende otra cosa que el que se
reconozca el gran esfuerzo que llevaron a cabo Mossen Alcover y sus
cerca de dos mil colaboradorespara sacar adelante el proyecto de
diccionario que culminó,
en 1962, justamente el año del centenario de nacimiento de Antoni
María Alcover, con una obra tan importante como es el diccionario
català-valencià-balear. Fueron, señorías, más de tres millones de
voces las que recogieron para el proyecto de Antoni María Alcover sus
colaboradores, lo que convirtió el proyecto de diccionario en el más
importante que hubiera llevado a cabo nunca cualquier lengua
románica, voces que hacía lógicamente referencia a todos los ámbitos
del saber, las ciencias, el derecho, los deportes, la música, la
arquitectura, etcétera.
Señorías, si fue posible que en 1926 las Cortes Generales
reconocieran el interés general del proyecto, cuando todavía la idea
del reconocimiento de la realidad plurilingüística y pluricultural de
España era una pura utopía, hoy, con una Constitución que reconoce
que son cuatro las lenguas que conviven en el conjunto del Estado
y de tal forma que el catalán, el gallego y el vasco son lenguas
oficiales en aquellas comunidades en que las hablan sus ciudadanos, y
con un Estado de las autonomías en pleno desarrollo, no hay duda que
cabe perfectamente el apoyo de esta Cámara a la conmemoración del
Centenario de la Lletra de Convit. Señorías, dar apoyo a esta
proposición no de ley es reconocer la labor que a favor del
diccionario llevaron a cabo personas de tan amplio espectro como el
propio Joan Alcover, el rey Alfonso XIII, el embajador de la
República en Roma y diputado de esta Cámara, Gabriel Alomar, el
médico y filólogo valenciano Faustí Barberà, el historiador
castellano Adolfo Bonilla, políticos y también miembros de esta
Cámara como FranÁesc Cambó, el mallorquín Alexandre Roselló, el
médico menorquín FranÁesc Camps, el poeta Josep Carner, el jesuita
catalán Ignasi Casasnovas, el poeta mallorquín Miquel Costa, el
filólogo colombiano Rufino José Cuervo, el gran filólogo catalán
Pompeu Fabra, el historiador ibicenco Enric Fajarnés, el médico
naturista y poeta catalán Josep Falp, el sacerdote y geólogo catalán
Norbet Font, el mallorquín FranÁesc de Borja Moll, el periodista
mallorquín Miquel dels Sants Oliver, el político catalán Enric Prat
de La Riba y un largo etcétera. Señorías, me he permitido citarles
una larga lista perfectamente seleccionada para hacer evidente a esta
Comisión la distinta procedencia, tanto profesional, territorial como
ideológica, de quienes apoyaron el proyecto, fueron muchísimos los
ciudadanos que hicieron posible el proyecto inicial de 1901 de hacer
un diccionario que comprendiera todas las variedades del catalán y
que se convirtiera en la gran obra, el diccionario català-valencià-
balear, que figura hoy en todas las bibliotecas más importantes del
mundo. En consecuencia, está más que justificado que, mediante la
aprobación unánime de esta proposición no de ley por parte de esta
Cámara, podamos rendir el merecido homenaje al impulsor y principal
artífice de esta importante obra, el sacerdote y filólogo mallorquín
Antoni María Alcover y también a todos los que con él lo hicieron
posible.
Dicho esto, quiero decir que nuestro grupo conoce la enmienda que ha
presentado el Grupo Popular y que refleja una serie de cautelas, unas
las compartimos y otras no, pero, en aras del consenso, en un tema
tan importante como éste, un consenso que es deseable, hemos llegado
con la portavoz del Grupo Popular a una redacción de consenso que se
ha plasmado en una enmienda transaccional que entregaremos a la mesa
y que lógicamente nuestro grupo va a apoyar.
El señor PRESIDENTE: Ha presentado el Grupo Parlamentario Popular una
enmienda a esta proposición no de ley y por lo tanto para su defensa
tiene la palabra la señora Rodríguez.
La señora RODRÍGUEZ CALLAO: Señorías, ante todo quiero manifestar que
el contenido de esta proposición no de ley considerábamos nosotros
que era más propio del parlamento autonómico que de este foro.
Así y todo nuestro grupo parlamentario estaba dispuesto a aceptar
esta proposición no de ley siempre y cuando se aceptara esta
modificación. Con la portavoz del Grupo Socialista lo que hemos
conseguido es una transaccional. La moción nuestra dice: El Congreso
de los Diputados insta al Gobierno a que colabore, previa petición
expresa de las instituciones de las comunidades autónomas
participantes en la conmemoración del Centenario de la Lletra de
Convit y a la emisión de un sello dedicado a la figura de Antonio
María Alcover.
Respecto a la emisión del sello dedicado a la figura de Antonio María
Alcover, queríamos decir que este sello es voluntad nuestra que
pudiera salir emitido durante este año 2001, pero eso no sólo depende
del Congreso de los Diputados sino que depende de la Comisión
interministerial. Tenemos entendido que ya se han reunido. Lo que no
me gustaría es que, si no se pudiera llegar a emitir dentro de este
año 2001, fuera otra cuestión de debate el hecho de haber propuesto
la emisión del sello y que durante el año no hubiera sido emitido.
Nos gustaría que la diputada proponente tuviera esta consideración,
que si no es durante este año, saldría la emisión lo más seguro al
año siguiente. Veo que asiente con la cabeza que está de acuerdo. Al
aceptar esta proposición no de ley con estas enmiendas, lo que
queremos hacer resaltar sobre todo es la figura del filólogo
mallorquín y la obra que realizó y nos sabe mal que los actos ya se
hayan empezado a celebrar el 3 de julio. Gracias a Dios nos quedan
tres meses durante los que podremos colaborar en la participación del
centenario de Antonio María Alcover. Lo que nos gusta resaltar es
que, como muy bien ha dicho la anterior interviniente, Antonio María
Alcover invitó a los ciudadanos de los territorios de habla catalana
a participar en la elaboración del diccionario. Nosotros no estamos a
favor de la Lletra de Convit del 2001, estamos a favor de la
conmemoración del Centenario de la Lletra de Convit de 1901, porque
con la Lletra de Convit de 2001
lo que se intenta, desde nuestro punto de vista, es distorsionar la
obra que realizó Antonio María Alcover. El Grupo Popular es
plenamente consciente de la unidad de la lengua catalana pero al
mismo tiempo defiende las peculiaridades lingüísticas de las Islas
Baleares, para poder difundir la riqueza dialéctica frente a los
intentos uniformadores que nuestra lengua está sufriendo en los
últimos años. Ante aquellas acusaciones en que se denuncia la amenaza
del proceso de globalización cultural que supone para las pequeñas
comunidades culturales, como pueden ser las Islas Baleares, el Grupo
Popular también advierte y prevé que en el marco de las comunidades
de habla catalana se intente uniformar ésta y no se respete la
riqueza léxica, dialéctica y cultural de los diferentes territorios
que la integran. Un caso concreto lo tenemos en la misma
pluriculturalidad de las Islas Baleares.
Además, nuestro Grupo Popular manifiesta su voluntad de cumplir y
hacer cumplir con los medios adecuados, que es la Ley 3/1986, de 29
de abril, de normalización lingüística, así como también que todos
los partidos políticos y entidades sociales respeten los artículos 13
y 14 de la Constitución Española y el artículo tercero del Estatuto
de Autonomía, que es para nosotros el marco jurídico constitucional y
estatutario que está plenamente vigente y cuyo cumplimiento pedimos.
Este es el marco de lo establecido y este es el marco idóneo donde se
tienen que desarrollar las acciones necesarias para poder promover el
reconocimiento de la lengua mallorquina y de las particularidades
culturales, con tal de enriquecer aún más la diversidad cultural de
las tierras de habla catalana en las cuales la Comunidad Autónoma de
las Islas Baleares es un exponente diferenciador y único.
Me ha agradado mucho y me ha dejado bastante fuera de juego oír la
exposición de la portavoz socialista, porque desde nuestro punto de
vista nosotros de lo que queríamos hacer mención especial era de que
queríamos participar en la conmemoración de un filólogo de la
importancia de Antonio María Alcover, filólogo que fuera de las zonas
catalano-hablantes quizás no es muy conocido pero es una persona que
consiguió, gracias a su tenacidad, realizar ese diccionario
catalanobalear- mallorquín.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergencia
i Unió), el señor Guardans tiene la palabra.
El señor GUARDANS I CAMBÓ: La verdad es que mi reacción ante esta
iniciativa o más bien ante la propia evolución de esta iniciativa en
esta Comisión tiene algo de tono agridulce. Empecemos por lo dulce y
luego haré mención de la parte que le da un poco de pimienta, que
hubiera preferido que no tuviera.
La dulce es obvia y además a este portavoz le afecta personalmente
puesto que no se escapa, al menos a
alguno de los miembros de esta Comisión, que en el listado de las
personas que se están homenajeando con esta proposición no de ley
está el propio abuelo del portavoz que los habla. Por tanto es obvio
que lógicamente me encuentre especialmente satisfecho porque el Grupo
Parlamentario Socialista presente esta iniciativa y que finalmente
esta Comisión apruebe un texto que homenajee a la figura de Antonio
María Alcover y a todos aquellos, entre ellos quien les he
mencionado, que con él permitieron, apoyaron e impulsaron la
elaboración de ese riguroso estudio de cara a la unificación y el
impulso de la lengua catalana en un momento en el que estaba en una
situación de desprotección absoluta, en términos no sólo jurídicos,
que todavía tardaría mucho en estarlo, sino incluso -y eso es lo que
nos ocupa ahora- en términos filológicos y con un riesgo grave de
desunión, de desvertebración, si se quiere, con unas ortografías
distintas, no ya entre Valencia, Baleares y Cataluña, sino
prácticamente entre un ciudadano y otro ciudadano. Nuestro Nebrija no
había trabajado como debía y no teníamos la unidad que podía tener la
lengua castellana. Esta contribución, en la medida en que pretendía
reconocer y dejar claro la unidad de la lengua catalana, recogiendo
precisamente los vocablos, las modalidades de uso de todo lo que es
el territorio de lengua catalana en su conjunto, fue una obra
filológica de enorme importancia. Cien años más tarde se le quiere
dedicar un homenaje o en este caso concreto que esta Cámara -y creo
que es bueno que sea esta Cámara, no cada uno de los parlamentos
autonómicos, que también, sino esta Cámara como cámara que reconoce
el conjunto de España, una España que nosotros queremos pluricultural
y plurilingüística- reconozca, que homenajee a la persona de Antonio
María Alcover y que además también lo haga a las personas que en su
momento, a su alrededor, permitieron que eso se desarrollara. Esa es
la parte dulce y la parte por la cual nosotros le prestamos todo
nuestro apoyo.
En la parte agria no voy a hacer excesivo hincapié, pero no puedo
dejar de mencionarlo porque efectivamente es uno de esos tristes
ejemplos en los cuales lapolítica viene a estropear algunas cosas. La
propia presentación de la enmienda, la posterior intervención de la
portavoz del Grupo Parlamentario Popular -e insisto en que no voy a
profundizar mucho en eso- es todo un juego de equilibrios para
contentar a unos, intentar que otros no se molesten, intentar dejar
claro que esto se puede aprobar pero no vaya a ser que, si aprobamos
esto, alguien entienda, en alguna parte del propio territorio, que en
el fondo se está afirmando algo que podría crear problemas políticos
en determinadas comunidades autónomas. Todo eso es sencillamente
lamentable, comprensible sí pero lamentable, profundamente
lamentable, muy lejano del espíritu con el que un montón de personas
apoyaron la iniciativa hace cien años, cuando no estaban para la
sarta de problemáticas
pobres que acaban introduciendo a veces las miserias de la política,
que estaban mucho más para lo que era una realidad cultural y la
protección de una realidad cultural sin distorsiones de otro ámbito y
que parecerán ridículas al conjunto de personas que hace cien años lo
que estaban era intentando que no desapareciera un idioma, que
recuperara la viveza cultural que había tenido, que se mantuviera su
unidad. Andar con ese tipo de disquisiciones -que insisto no se las
echo en cara a la portavoz porque ha hecho lo que tenía que hacer y,
probablemente, el problema lo tiene dentro el Partido Popular y no es
el momento de resolverlo- simplemente provoca un punto de tristeza,
que a estas alturas, en un tema estrictamente cultural, estemos con
esta distorsión, este juego, diciendo: yo le apoyaré pero sólo si
usted me lo pide y además tenga usted cuidado en cómo llama a este
idioma, no vaya a ser que alguien interprete que aquí hay una especie
de imperialismo del otro. Todo eso es sencillamente lamentable a
juicio de este portavoz y del grupo parlamentario que representa,
pero vamos a ir a lo positivo. Lo positivo es que por lo menos hemos
llegado a un texto, el texto nos parece bien y, como aquí lo que se
vota es el texto y no la intención con la que los demás lo votan, en
el texto evidentemente estamos todos de acuerdo y la iniciativa, en
su fórmula transaccional, la apoyamos.
El señor PRESIDENTE: Voy a leer el texto transaccional, que es el que
vamos a someter a votación. Está redactado en los siguientes
términos: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a rendir
homenaje a la figura del filólogo Antonio María Alcover y a todas las
personas que con él realizaron un trabajo riguroso que culminó en el
diccionari català-valencià-balear, así como a colaborar, previa
petición expresa de las instituciones de las comunidades autónomas
implicadas en la conmemoración del Centenario de la Lletra de Convit
y en la emisión de un sello dedicado a la figura de Antonio María
Alcover. Este es el texto de la proposición no de ley que someteremos
en su momento a votación.
- PARA LA MODIFICACIÓN DEL CONVENIO DEL ESTADO CON LA IGLESIA
CATÓLICA EN MATERIA DE EDUCACIÓN.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de
expediente 161/000928.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la proposición no de ley para la
modificación del convenio de Estado con la Iglesia Católica en
materia de educación, que presenta el Grupo Parlamentario Socialista
y que va a defender la señora Valcarce que tiene la palabra.
La señora VALCARCE GARCÍA: Con la llegada de la democracia y la
promulgación de la Constitución se estableció en España un régimen de
libertad religiosa.
La Constitución Española de 1978 estableció en su artículo 16 el
principio fundamental de libertad religiosa, en primer lugar,
aceptando también la posibilidad de establecer convenios de
cooperación con la Iglesia Católica y con todas las demás confesiones
religiosas de notable arraigo en España. La Iglesia Católica
suscribió diferentes acuerdos entre el Estado español y la
Conferencia Episcopal Española relativos a diferentes asuntos
económicos, jurídicos, sobre enseñanza y también sobre asuntos
culturales.
Señorías, en 1990, la disposición adicional segunda de la LOGSE,
modificada por el artículo 93 de la Ley 50/1998, de 30 de diciembre,
de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, disponía que
los profesores que, no perteneciendo a los cuerpos de funcionarios
docentes, impartiesen enseñanzas de religión en los centros públicos
lo harían en el régimen de contratación laboral, un régimen de
duración determinada y coincidente con el curso escolar,
equiparándose su retribución a la que tenían y tienen los profesores
interinos. En desarrollo de esta disposición, el 2 de marzo de 1999
se suscribe un nuevo convenio que modifica el del año 1993 entre el
Gobierno de España, representado por los ministros de Educación y de
Justicia y el presidente de la Conferencia Episcopal Española. Según
este convenio, los profesores a los que nos referimos, los profesores
de religión católica, deberán, según su cláusula cuarta, puntos uno y
dos, entre otros requisitos derivados del artículo tercero del
acuerdo sobre educación del año 1979, encontrarse en posesión de la
declaración eclesiástica de idoneidad. Esta declaración eclesiástica
de idoneidad es expedida por la Conferencia Episcopal Española. Dicho
convenio establece por tanto un procedimiento por el cual la Iglesia
Católica designa a los candidatos en tanto que el Estado asume la
contratación y la retribución de dicho profesorado.
Señorías, desde la entrada en vigor de este convenio de 1999, se han
producido varios casos que revelan la existencia de criterios de
índole moral en la elaboración de las listas de candidatos a las
plazas de profesores de religión, porque las autoridades
eclesiásticas se amparan en la cláusula primera del citado convenio.
Señorías, estamos aquí porque al menos desde esta primavera se vienen
dando una serie de denuncias que han producido una notoria alarma
social, denuncias por parte de profesores de religión que han sido
despedidos por motivos como haberse casado con un divorciado, salir a
tomar copas, también denuncias relativas a que una parte del salario
de estos profesores debe pasar a la Iglesia, etcétera. En definitiva,
señorías, nos encontramos ante una serie de denuncias que dicen que
se despiden profesores por asuntos que no son sólo una cuestión de
dignidad; sin duda, es una cuestión de dignidad. Por asuntos que no
son sólo un problema laboral; aunque también es un problema laboral.
Señorías, se despide por asuntos que vulneran a nuestro juicio,
principios y valores constitucionales.
Quiero también referirme a la valoración que sobre este mismo hecho
realiza el Juzgado de lo Social número 33, de Barcelona, en un
sentencia fechada el 7 de febrero de 2001, por la cual el juez número
33 de lo social de Barcelona estima, contra el Arzobispado de
Barcelona pero también contra la Consejería de Educación de la
Generalitat de Cataluña, despido improcedente el de un profesor y lo
hace no sólo por cuestión de dignidad, no sólo por cuestión de índole
laboral sino sobre todo y fundamentalmente por entender que se han
vulnerado sus derechos constitucionales. Nos parece, señorías,
suficientemente relevante para citarlo aquí. Y lo hace precisamente
recordando y anteponiendo que la Constitución está por encima de
cualquier tratado, por encima de cualquier otra consideración, de
cualquier otra norma que pueda ser traída a colación y lo hace
recordando la sentencia del Tribunal Constitucional, la sentencia 88/
85. Dicha sentencia básicamente dice: La celebración de un contrato
de trabajo no implica en modo alguno la privación para una de las
partes, el trabajador, de los derechos que la Constitución le
reconoce como ciudadano y cuya protección queda garantizada frente a
eventuales lesiones a través del proceso laboral. Las manifestaciones
de feudalismo industrial repugnan al Estado social y democrático de
derecho y a los valores superiores de libertad, justicia e igualdad.
Por lo tanto, y así lo reconoce en esta sentencia, es una relación
triangular pero sin duda laboral y no puede de ninguna de las maneras
conculcar los principios y los valores constitucionales.
Señorías, mi grupo parlamentario entiende que la interpretación hecha
por la Conferencia Episcopal del convenio suscrito con el Estado
vulnera los derechos fundamentales consagrados en la Constitución,
derechos que en ningún caso pueden verse cercenados o
desnaturalizados al amparo de normas susceptibles de aplicar o
interpretar vulnerando preceptos constitucionales. Por esa razón,
señorías, el Grupo Parlamentario Socialista insta al Gobierno a
revisar el convenio suscrito entre el Estado español y la Conferencia
Episcopal Española, de 2 de marzo de 1999, por el que se determina el
régimen económico laboral de los profesores interinos encargados de
la enseñanza de la religión católica en los centros públicos de
educación infantil, educación primaria y educación secundaria, en el
sentido de eliminar del mismo cualquier disposición que su aplicación
o interpretación pueda resultar contraria a los preceptos
constitucionales. Y más, señorías, mi grupo parlamentario también
solicita que en el posible nuevo convenio que se estableciese entre
el Gobierno y la Conferencia Episcopal, se introduzca una cláusula
general que garantice, en el proceso de selección de los profesores,
el respeto explícito a los derechos fundamentales y de manera
específica el derecho a la intimidad, igualdad y no discriminación a
los principios constitucionales incluida la interdicción de la
arbitrariedad de los poderes públicos.
Señorías, pido su voto favorable a esta proposición no de ley en la
intención de que no sólo queremos que se reponga la dignidad de
ciudadanos, de profesores que se han visto intimidados de manera
intolerable, porque entendemos que aquí, además de derechos
laborales, se está conculcando algo importantísimo, los principios y
los valores constitucionales.
El Señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean intervenir? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió tiene la palabra el
Señor Guardans.
El señor GUARDANS I CAMBÓ: La iniciativa que presenta el Grupo
Parlamentario Socialista es importante y de enorme calado. Hace poco,
tuvimos ocasión, en el Pleno de la Cámara, al hilo de una moción si
no recuerdo mal del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida,
de discutir este mismo tema, y finalmente no fue posible llegar a una
votación que permitiera aprobar el contenido de aquella moción por
distintas razones. Hoy vuelve a traer este tema el Grupo
Parlamentario Socialista y es probable que no sea la última vez que
lo discutamos.
La posición de mi grupo parlamentario en este asunto es clara y la
quiero expresar en este momento porque me parece que aunque estemos
pocos eso no reduce ni un ápice la importancia enorme que tiene esta
cuestión, y es que efectivamente en el conjunto de la sociedad
española, en el conjunto del ordenamiento jurídico español no puede
haber oasis de constitucionalidad, no puede haber zonas grises o
zonas en las cuales, por la razón que sea y con la argumentación que
sea, la Constitución no rige. Eso es incompatible con la propia
esencia de la Constitución y con la propia esencia del Estado de
derecho. A partir de ahí es más dudoso saber hasta qué punto la
inconstitucionalidad la producen determinadas normas o la aplicación
que de esas normas se está haciendo. De esto segundo estamos
convencidos, que tal como se está aplicando en este momento tanto el
convenio entre el Estado Español y la Conferencia Episcopal Española
de 2 de marzo de 1999, como el Tratado internacional del que éste
trae causa, que es el Acuerdo de 1979 en materia de asuntos
educativos y culturales entre la Santa Sede y el Estado español, la
aplicación que se está haciendo de eso tiene resultados
inconstitucionales, y por tanto nos parece de gran importancia y de
cierta urgencia que el Gobierno se plantee la revisión, en primer
lugar la revisión de lo que es más fácil de revisar, que es aquello
que no tiene carácter de tratado internacional que es este convenio;
este es un convenio cuya naturaleza jurídica podría dar lugar a toda
una serie amplia de tesis doctorales, y probablemente antes o después
ya habrá quien se ocupe de hacerlas puesto que es un convenio entre
el Gobierno Español por un lado, representado por dos ministerios,
y por otro lado la Conferencia Episcopal Española que
a su vez dice que tiene unos poderes que no acredita, y que habría
que examinar, de la Santa Sede; pero en todo caso, quien está
firmando allí es el presidente de la Conferencia Episcopal. En todo
caso, es un convenio entre la Iglesia española y el Estado español y
no es un convenio internacional, no tiene los problemas de denuncia
de un convenio internacional, tiene sencillamente los problemas de
renegociación de cualquier acuerdo entre dos partes, donde
lógicamente no es sólo una de las dos la que lo puede romper.
Desde esta perspectiva, a nosotros nos parece oportuna la iniciativa
que trae el Grupo Parlamentario Socialista instando a la revisión de
ese convenio y dejando para otro momento plantear algo de mucho más
calado, de mucha mayor complejidad, como sería la revisión o eventual
denuncia del Acuerdo de 1979 entre la Santa Sede y el Estado español.
Todo eso sabiendo que en cualquier momento y al hilo de la sentencia
que nos ha leído la portavoz del Grupo Socialista, los tribunales
pueden tener su palabra y pueden tener una firmeza que hoy por hoy
los grupos políticos o este parlamento no se atreven a tener o no
pueden tener. No le sorprendería nada a este portavoz que en algún
momento el Tribunal Constitucional se pronunciara expresamente sobre
el Convenio de 1999 o sobre los propios acuerdos de 1979. En todo
caso, a la espera de que eso ocurra, cosa que me parecería
absolutamente oportuna pero tiene sus propios procedimientos y unas
determinadas instancias legitimadas para instarlo -valga la
redundancia-, a la espera de que eso ocurra mi grupo político da todo
su apoyo a la solicitud de que se revise el Convenio de 2 de marzo de
1999.
Por decirlo de una forma más familiar, pedimos que se sienten y que
negocien, no vamos a poner sobre la mesa la literalidad de cuál tiene
que ser el resultado de esa negociación. En este momento no vamos a
decir al Gobierno qué es lo que tiene que cambiar y en qué términos
lo tiene que cambiar, sí pedimos al Gobierno que se siente con
quienes negoció y firmó el Convenio de 2 de marzo de 1999,
constatados sus efectos perversos, constatado que en aplicación de
ese convenio se están violando derechos fundamentales de las
personas, se sienten, negocien y quizás modifiquen su aplicación o si
es imposible a la luz de la literalidad del convenio revisen su
propia literalidad y por tanto se produzca un texto distinto. De ahí
-y termino- que mi grupo parlamentario va a dar su apoyo a la mitad
de esta proposición no de ley, y por tanto pido la votación separada
de los dos párrafos, puesto que la proposición no de ley del Grupo
Parlamentario Socialista, por un lado solicita algo que insisto
nosotros compartimos, que es la revisión del convenio para eliminar
del mismo cualquier disposición que en su aplicación o interpretación
pueda resultar contraria a los preceptos constitucionales. Esta
formulación la compartimos en toda su literalidad y la hacemos
propia, y eso es lo que pedimos al Gobierno que haga.
A continuación el Partido Socialista, legítimamente, va un paso más
allá de lo que nosotros hoy queremos ir y es decirle al Gobierno qué
quiere que se introduzca en esa revisión e incluso le da la redacción
de una de las cláusulas. Eso me parece muy legítimo que el Grupo
Socialista lo haga, nosotros no le acompañamos en esa parte del
viaje. ¿Qué es lo que tiene que salir de esa revisión? Que lo decida
el Gobierno, que lo decida la Conferencia Episcopal Española dejando
claro que tiene que resultar algo que permita que la aplicación de
ese texto no sea contraria a los preceptos constitucionales.
Por tanto, insisto, nosotros pedimos la votación separada y daremos
nuestro voto positivo al primero de los dos párrafos de esta
proposición no de ley.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, señor Guerra
Zunzunegui.
El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: El Grupo Popular va a hacer una
exposición desde un punto de vista y plano jurídico, es decir, no va
a entrar, pues en este país somos muy propensos a veces a ir delante
de los curas en la procesión o a ir detrás en los curas
insultándolos. No, no vamos a entrar en ese tema. Vamos a entrar
desde un punto de vista y plano jurídico. En primer lugar, quiero
decir que aquí se ha indicado despido. Laboralmente no existe
despido, los contratos son contratos laborales por plazo fijo, es
decir, por el curso escolar y por tanto laboralmente no existe
despido, es uno más de los muchísimos contratos laborales que existen
en nuestro país por plazo fijo, por plazo definido.
En segundo lugar, la proposición no de ley presentada por el Grupo
Socialista, pese a lo que cabría deducir de su título, no pretende
revisar el acuerdo sobre enseñanza y asuntos culturales formalizado
el 3 de enero de 1979 entre el Estado español y la Santa Sede sino el
Convenio sobre el régimen económico-laboral de la persona que no
perteneciendo a los cuerpos de funcionarios están encargadas de la
enseñanza de religión católica en los centros públicos de educación
infantil primaria y secundaria suscrito el 26 de febrero de 1999, que
no el 2 de marzo (que por un error material se ha indicado en la
proposición no de ley) por los ministros de Justicia, Educación y
Cultura y el presidente de la Conferencia Episcopal, Orden
ministerial de la Presidencia de 9 de abril de 1999.
Si examinamos detalladamente la parte dispositiva del convenio
comprobamos que ninguna de sus ocho cláusulas se opone a lo dispuesto
en la vigente normativa de rango superior, ni por descontado a los
derechos fundamentales consagrados por la Constitución. La valoración
de la competencia específica de los profesores de religión y la
propuesta de su designación por el Ordinario de la diócesis, así como
la exigencia de la declaración eclesiástica de idoneidad -y subrayo
lo de idoneidad- otorgada por la Conferencia Episcopal Española,
contempladas por las únicas cláusulas del
convenio fijadas en la exposición de motivos de la proposición no de
ley, lejos de ser normas susceptibles de aplicación o interpretación
anticonstitucional, evidencian el respeto del Gobierno hacia el
principio de libertad religiosa consagrado por el artículo 16 de la
Constitución al definirse el Estado como aconfesional (y subrayo lo
de aconfesional puesto que no lo ha dicho la portavoz pero en
anteriores veces en el Pleno oí lo de Estado laico, es un Estado
aconfesional) y por tanto neutralidad del Estado ante los fenómenos
religiosos. La Administración no puede ni debe inmiscuirse legalmente
en los criterios éticos o doctrinales que las distintas confesiones
apliquen al elegir o rechazar a las personas presumiblemente
adscritas a la ideología de tales confesiones que hayan de impartir
la enseñanza y la difusión doctrinal de sus respectivas creencias.
Quiero recordar aquí también, señor presidente, que estos acuerdos no
solamente se han adoptado con la Conferencia Episcopal Española, el
12 de marzo de 1996, y subrayo la fecha 12 de marzo de 1996, es
decir, Gobierno en funciones puesto que se habrían celebrado las
elecciones de 1996 y era Gobierno en funciones, el entonces ministro
de Educación y Ciencia don Jerónimo Saavedra y el ministro de
Justicia e Interior don Juan Alberto Belloch, firmaron con el
secretario de la Federación española de entidades religiosas
islámicas y señalan en su cláusula tercera: Antes del comienzo de
cada curso escolar la Comisión islámica de España comunicará a las
administraciones educativas competentes las personas que considera
idóneas en el ámbito correspondiente para impartir la enseñanza
religiosa islámica en los diferentes niveles educativos, la
designación a que se refiere la cláusula siguiente deberá recaer
necesariamente en las personas que vengan incluidas en esta relación.
Y en la cláusula séptima decía: De acuerdo con lo previsto en el
artículo 6, apartado 1 de la Ley Orgánica 7/1980, de 5 de julio, de
Libertad Religiosa, los profesores de enseñanza religiosa islámica
dependerán de las correspondientes comunidades islámicas designantes.
Igualmente, éstas podrán definir el régimen de dichos profesores en
consonancia con el carácter específico de la actividad por ellos
desarrollada. En términos idénticos se manifiesta el convenio firmado
con las entidades religiosas evangélicas en España y, posteriormente,
con las judías e israelitas.
En fin, resumo, señor presidente, creo que si se considera que
laboralmente ha sido un despido, cosa que entiende este grupo que no
es tal despido puesto que reitero es un contrato laboral de plazo
fijo, hay los tribunales correspondientes, aunque yo quisiera también
citar aquí -puesto que se ha citado alguna sentencia- la sentencia
del Tribunal Supremo de 5 de junio y 7 de julio de 2000, y
análogamente la sentencia del Tribunal Constitucional 5/1981, de 13
de febrero. Creo, señor presidente, señorías, que jurídicamente no
existe, reitero, despido, los contratos laborales son a plazo fijo y
que estos acuerdos y la idoneidad de los profesores no
solamente es con los acuerdos con la jerarquía eclesiástica católica,
sino asimismo, con otras confesiones. Por todo ello, nuestro grupo va
a votar en contra de la proposición no de ley. (La señora Valcarce
García pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Hemos concluido. No ha lugar para...
La señora VALCARCE GARCÍA: Señor presidente, dos cuestiones, una
técnica sobre la referencia de la fecha del convenio y una segunda
porque tengo que expresar la posición del Grupo Parlamentario
Socialista sobre la petición que ha hecho el señor Guardans para la
votación separada.
El señor PRESIDENTE: Para todo ello tiene la palabra.
La señora VALCARCE GARCÍA: En primer lugar, aclarar a los efectos del
«Diario de Sesiones», que el convenio fue firmado el 26 de febrero de
1999 por la ministra de Justicia señora Margarita Mariscal de Gante,
el ministro de Educación señor Mariano Rajoy y el presidente de la
Conferencia Episcopal Española señor Elías Yanes y como instrumento
jurídico en el Ministerio de Educación es del 2 de marzo de 1999.
Segunda cuestión planteada. Mi grupo parlamentario acepta la votación
separada de los dos puntos de la proposición no de ley.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias señora Valcarce.
El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: Pediría, señor presidente, porque como no
sabíamos a que hora...
El señor PRESIDENTE: Conforme a lo anunciado al comienzo de la
sesión, vamos a pasar ahora a la votación de las distintas
proposiciones no de ley.
Primera proposición no de ley sobre intercambios de profesores y
expertos educativos de España e Iberoamérica, presentada por el Grupo
Parlamentario Popular.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Segunda proposición no de ley, cuyo texto conocen, presentada por el
Grupo Parlamentario Popular.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
La tercera proposición no de ley sobre la conmemoración del
Centenario de la Lletra de Convit, en el texto transaccional leído
anteriormente.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Cuarta proposición no de ley para modificación del Convenio del
Estado con la Iglesia Católica en materia de educación, que se va a
votar separadamente en los dos párrafos. Primer párrafo.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15,
en contra, 21.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado. Segundo párrafo de la
proposición no de ley de referencia.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13,
en contra, 23.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado el segundo párrafo, y por tanto
la proposición no de ley.
Se levanta la sesión y ruego a los miembros Mesa y Portavoces que
permanezcan para la reunión que vamos a celebrar a continuación.
Eran las cinco y cuarenta minutos de la tarde.
Nota.-El presente «Diario de Sesiones», de la Comisión de Educación,
Cultura y Deporte del jueves 27 de septiembre de 2001, no guarda la
relación cronológica habitual, con el fin de no retrasar la
publicación de los «Diarios de Sesiones» ya elaborados.