CORTES GENERALES



DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS



COMISIONES



Año 2001 VII Legislatura Núm. 277



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NOTA INFORMATIVA: En la edición impresa de este Diario, sus páginas
aparecieron, por error, numeradas desde la 4781 a la 4808. Tal error
ha sido corregido en la presente edición electrónica.

(Vease 'DS. Congreso de los Diputados' Comisiones, núm. 285)
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POLÍTICA SOCIAL Y EMPLEO



PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.a MARÍA REYES MONTSENY MASIP,
VICEPRESIDENTA PRIMERA



Sesión núm. 12



celebrada el miércoles, 20 de junio de 2001



ORDEN DEL DÍA:



Proposiciones no de Ley:



- Relativa a la inclusión de las mariscadoras autónomas o por cuenta
propia en el Régimen especial de trabajadores del mar. Presentada por
el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/000687.) . .

. (Página 8382)



- Sobre medidas para fomentar el empleo de las personas mayores de 45
años. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

(Número de expediente 161/000342.) . . . (Página 8385)



- Sobre medidas a impulsar a fin de promover el desarrollo de puntos
de encuentro familiar.

Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número
de expediente 161/000699.) . . . (Página 8390)

Página 8382



- Relativa a la necesidad de implantar los gabinetes de mediación
familiar en nuestro país. Presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista. (Número de expediente 161/000436.) . . . (Página 8393)



- Relativa al servicio de ayuda a domicilio. Presentada por el Grupo
Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/000357.) . . .

(Página 8397)



- Sobre medidas para proveer de recursos humanos y económicos a las
Organizaciones no gubernamentales en las que han participado las
personas adscritas a la prestación social sustitutoria. Presentada
por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida. (Número de
expediente 161/000682.) . . . (Página 8402)



Se abre la sesión a las diez y cuarenta minutos de la mañana.




PROPOSICIONES NO DE LEY



- RELATIVA A LA INCLUSIÓN DE LAS MARISCADORAS AUTÓNOMAS O POR CUENTA
PROPIA EN EL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR (RETM).

PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente
161/000687.)



La señora VICEPRESIDENTA (Montseny Masip): Buenos días, señorías. Se
abre la sesión de esta Comisión. Antes de iniciar el debate de las
proposiciones no de ley, debemos aclarar que ha habido la solicitud
de acumular la segunda y la tercera proposición no de ley y que por
ser contenidos distintos, esta Presidencia ha acordado, a solicitud
del Grupo Socialista, que no se van a acumular.

También hay una solicitud de alteración del orden del día y, por
acuerdo de los grupos, iniciaremos el debate de la primera
proposición no de ley relativa a la inclusión de las mariscadoras
autónomas o por cuenta propia en el RETM. No se prevé la votación
antes de la una, para todas aquellas personas que tengan que asistir
a otras comisiones o tengan otros quehaceres.

Sin más preámbulos, damos la palabra al señor Aymerich para que
inicie el debate de la proposición no de ley número 6.




El señor AYMERICH CANO: Antes de comenzar la defensa de la
proposición no de ley, me gustaría que constase en el 'Diario de
Sesiones' mi agradecimiento tanto a la Presidencia como a los demás
grupos y, en especial, a los diputados Arrate Varela y Pérez Corgos
por su flexibilidad y su disposición a esta alteración del
orden del día que realmente me facilita bastante las cosas en una
mañana complicada.

El motivo de la proposición no de ley tiene que ver con lo que es una
práctica del Instituto Social de la Marina, que viene denegando de
forma sistemática la inclusión de la afiliación de las mariscadoras
autónomas o por cuenta propia en el régimen especial de trabajadores
del mar. El interés que tiene para el Bloque Nacionalista Galego,
para las propias afectadas -y hablo en femenino porque las
mariscadoras en Galicia son mayoritariamente mujeres- es que la
inclusión en el régimen especial de trabajadores del mar permite
-sobre todo en un trabajo tan penoso como el marisqueo, donde estas
mujeres trabajan en condiciones realmente duras, con el agua por
encima de las rodillas y durante bastante tiempo- la jubilación
anticipada a través de la aplicación de coeficientes reductores, es
decir, sin merma de su derecho de pensión digna. En el estado actual
de la legislación, tanto el Decreto de 30 de agosto de 1974 como el
Decreto de 9 de julio de 1970, establecen que deben estar incluidos
en el régimen especial de trabajadores del mar los trabajadores por
cuenta propia o autónomos que se dediquen a la extracción de
productos del mar, por tanto, al marisqueo. Sin embargo, estos mismos
reglamentos exigen que la actividad se realice de forma habitual,
personal y directa y que constituya para las interesadas su medio
fundamental de vida. En este segundo caso, las propias normas
establecen la presunción de que el marisqueo no constituye el medio
fundamental de vida de estas personas cuando el trabajador o la
trabajadora, su cónyuge o los parientes de tercer grado por
consanguinidad o por afinidad que convivan con él sean titulares de
un negocio mercantil o industrial.

Los problemas fundamentales, haciendo caso aparte esta presunción de
que un pariente por consanguinidad hasta el tercer grado que conviva
con la interesada sea titular de un negocio mercantil o industrial,
vienen de los requisitos de medio fundamental de vida y habitualidad
en el ejercicio de la actividad. Tal y como estos



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conceptos se interpretan y se aplican por el Instituto Social de la
Marina, se deniega de forma sistemática la afiliación de las
interesadas a este régimen en lo que, desde el punto de vista de
quien suscribe la proposición no de ley, constituye un ejemplo de
interpretación de las normas jurídicas no ajustado ni al tiempo en el
que se han de aplicar ni a la realidad social a la que se han de
aplicar, porque el marisqueo es por naturaleza una actividad cíclica
y no una actividad permanente, en cierto modo similar a la
agricultura. Durante ciertos períodos del año se siembra -porque se
siembra-, durante otros períodos del año se recoge, se realiza la
actividad extractiva y durante otros períodos del año, lógicamente,
las interesadas o bien se dedican a otras actividades, siempre
auxiliares, o bien se dedican directamente a actividades no
remuneradas. Hablar de habitualidad en el ejercicio de la actividad
cuando nos referimos al marisqueo es referirse al desarrollo habitual
de una actividad que por su propia naturaleza es cíclica, es decir,
sólo se desarrolla en determinados períodos del año. Desde nuestro
punto de vista, y esto es lo que se persigue a través de esta
proposición no de ley, la interpretación del requisito de
habitualidad en el ejercicio de actividad referido al marisqueo, debe
querer decir que estas personas, año tras año, vengan -en los
períodos en los que no hay veda, es decir, en los períodos de
explotación marisquera- dedicándose a esta actividad.

Hay problemas también con el otro requisito, que el marisqueo
constituya el medio fundamental de vida.

Comprenderán SS.SS que es complicado exigir a una mariscadora que de
media gana al año 435.000 pesetas -y estos son datos ofrecidos en el
Parlamento gallego por el propio director general de recursos marinos
de la Consellería de Pesca de la Xunta de Galicia-, que el marisqueo
sea su medio fundamental de vida, interpretado como lo hace el
Instituto Social de la Marina en el sentido que sea su único medio de
vida. Hay precedentes, hay interpretaciones jurisprudenciales no
relativas al régimen especial del mar pero sí relativas a otro
régimen y a otras actividades con las que el marisqueo guarda unas
similitudes indudables, como son las actividades agrícolas, en las
que los tribunales consideran que este requisito de medio fundamental
de vida debe interpretarse en el sentido que contribuya de forma
importante al levantamiento de las cargas económicas familiares, de
manera que no sean unos ingresos simbólicos o meramente anecdóticos.

Creo que en el caso de las mariscadoras por cuenta propia o autónoma
este concepto jurisprudencial es aplicable. Desde luego, sus
ingresos, aun siendo una actividad muy escasamente remunerada,
constituye una aportación no anecdótica -de hecho, a veces
importantísima- para el levantamiento de las cargas económicas de la
correspondiente unidad familiar.

Por estas razones, lo que proponemos a la Comisión, mediante esta
proposición no de ley, es lo siguiente:
que se modifiquen los decretos de 1970 y 1974 a los que antes me
referí, que regulan la afiliación al régimen especial de trabajadores
del mar para permitir directamente la afiliación de las mariscadoras
autónomas o por cuenta propia a este régimen, y que mientras por
parte del Gobierno no se acometa esta reforma de dos normas ya
añejas, con cierta antigüedad, que se realice una interpretación, a
través de una circular dirigida a los diferentes centros del
Instituto Social de la Marina, para que los requisitos de
habitualidad y medio fundamental de vida sean aplicados de forma
adecuada a la naturaleza de la actividad y a la realidad de estas
trabajadoras; habitualidad en el sentido de permanencia en el
desarrollo de una actividad que por su naturaleza es cíclica, como el
marisqueo, y medio fundamental de vida en el sentido que constituya
una aportación no exclusiva pero sí importante, como mínimo no
anecdótica, al levantamiento de las cargas familiares. Éste es el
sentido de nuestra proposición no de ley y el espíritu no es otro que
permitir a unas trabajadoras que realizan una actividad realmente
penosa y escasamente remunerada, que a los sesenta años puedan
retirarse y no tengan que esperar a los sesenta y cinco trabajando
con el agua hasta la cintura, con frío, con humedad y sufriendo unos
problemas reumáticos y de artrosis que todo el mundo conoce, que son
verdaderas enfermedades profesionales que afectan a un colectivo ya
de por sí sensible y casi un riesgo permanente de exclusión social.




La señora VICEPRESIDENTA (Montseny Masip): Por el Grupo Parlamentario
Socialista, tiene la palabra la señor Varela.




La señora VARELA VÁZQUEZ: Quiero comenzar la intervención diciendo
que al leer la motivación de la proposición no de ley presentada por
el Grupo Mixto, he tenido la impresión de que en Galicia había una
problemática tremenda con las mariscadoras. De la lectura del texto
de la propia proposición no de ley se deduce que el Instituto Social
de la Marina está impidiendo que las mariscadoras se incluyan en el
régimen especial de trabajadores del mar y algo de eso hay pero no es
del todo cierto. Las personas que ejercen la actividad del marisqueo
a pie deben estar dadas de alta en el régimen especial de
trabajadores del mar de la Seguridad Social que existe en el
Instituto Social de la Marina, requisito indispensable que exige la
Consellería de Pesca, Marisquería y Acuicultura de la Xunta de
Galicia para poder renovar anualmente el permiso de explotación
marisquera que es el título administrativo habilitante para poder
ejercer la profesión en Galicia. Por tanto, la actual legislación del
régimen especial de los trabajadores del mar es el texto refundido de
las leyes 116/1989, de 30 de diciembre, y 24/1972, de 21 de junio,
que ya contemplan el permitir la afiliación de las mariscadoras por
cuenta propia o autónoma.




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Los decretos a los que se alude en la proposición no de ley del Grupo
Parlamentario Mixto están integrados en la legislación refundida a la
que antes hice referencia. Por tanto, hoy día, podemos decir que
todas las mariscadoras están incluidas en el régimen especial de
trabajadores del mar, a excepción -según mis informes- de tres o
cuatro mariscadoras, que no por eso dejan de ser importantes, ni
mucho menos, y que ya han recurrido el tema dándoles los tribunales
la razón y obligando al Instituto Social de la Marina a la inclusión
de estas mariscadoras dentro del régimen especial de trabajadores del
mar. Por tanto, podemos decir que, en la actualidad, la práctica
totalidad de las mariscadoras están ya incluidas en ese régimen
especial de la Seguridad Social. Otra cosa es que los requisitos de
habitualidad y medio fundamental de vida, que están recogidos en las
disposiciones legales, no se ajustan al tiempo de trabajo real de las
mariscadoras, y esa es la discusión que se mantiene en estos momentos
en Galicia en una mesa de negociación en la que participan
representantes del Instituto Social de la Marina a nivel estatal, la
Consellería de Pesa, el sector afectado -es decir, las propias
mariscadoras- y las centrales sindicales. Estas mariscadoras tienen,
aparte de la recogida del producto, como la almeja o el berberecho,
por citar alguno, otras actividades u otras tareas propias de su
actividad y, sin embargo, son actividades no remuneradas. Por
ejemplo, la limpieza de las algas, ya que sin esa limpieza el
producto que hay debajo de la arena muere; tienen la tarea de la
siembra del producto; tienen la tarea de colocar la semilla del
marisco entre esa arena y, además, la vigilancia de las zonas de
producción porque si no la vigilan, como somos así los seres humanos,
otras personas levantan el marisco y se lo llevan.

Esas tareas se realizan la mayoría de las veces de modo cooperativo.

Aún así, su jornada laboral depende siempre, en cualquiera de las
actividades que realicen y que se han mencionado anteriormente, de la
naturaleza, es decir, el trabajo de las mariscadoras depende, como ha
dicho muy bien el señor diputado del Grupo Parlamentario Mixto, de
las mareas y de la climatología. Creo que es excusado decir que,
lógicamente, el marisco se recoge con marea baja porque con marea
alta es imposible y, por lo tanto, la jornada laboral depende de esas
mareas y de la época de veda o no veda, porque, como SS.SS. saben,
tampoco se puede recoger el marisco en cualquier época del año porque
está creciendo. Por tanto, los tiempos máximos de trabajo al mes,
aprovechando todas las mareas, pueden ser de diez o doce días y cada
día no ocupa más de cuatro horas en la actividad extractiva de
limpieza o de siembra, y tampoco es una actividad que se desarrolle
durante todos los meses del año.

Por estos motivos, reclamamos en la mesa de negociación abierta en
Galicia un nuevo modelo de cotización para las mariscadoras a pie,
teniendo en cuenta las especiales características de su actividad,
sin que ello
suponga merma alguna de sus derechos. De todos modos, y por lo que
respecta a la proposición no de ley presentada por el Grupo
Parlamentario Mixto, salvo algunos casos circunstanciales, el resto
de las mariscadoras ya están de alta en el régimen especial de
trabajadores del mar, ya que la legislación vigente así lo permite,
pero en aras de evitar que alguna otra mariscadora tenga que recurrir
a los tribunales, máxime cuando estos les están dando la razón, vamos
a votar favorablemente la proposición no de ley con la intención de
que se revisen los decretos 2864/1974, de 30 de agosto, 1867/1970, de
9 de julio, que, dadas las fechas de su promulgación, pueden estar
necesitados de una nueva lectura a fin de adaptar y actualizar sus
contenidos a la realidad actual.




La señora VICEPRESIDENTA (Montseny Masip): Tiene la palabra el señor
Ruiz López.




El señor RUIZ LÓPEZ (don Antero): El Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida sólo puede expresar su apoyo a esta proposición no de ley. Son
dos razones fundamentalmente las que nos llevan a compartir la
propuesta del Grupo Parlamentario Mixto. Éste es un medio fundamental
de vida para las mariscadoras y la interpretación del Instituto
Social de la Marina es tan restrictiva que vulnera en espíritu y en
la letra la legislación vigente y los derechos de estas trabajadoras
del mar.

Por otra parte, la incorporación de cualquiera de los colectivos
afectados por los trabajos del mar a este régimen es positiva, y es
especialmente importante que lo hagan con las mariscadoras; no puede
tratarse en un caso como éste de medir si las actividades son
permanentes a lo largo del año, sino de entender que un trabajo de
temporada puede suponer, como en este caso supone, el medio
fundamental de vida. Los decretos 2.864 y 1867, de los años 1974 y
1970, donde se establecen las premisas que han de darse para la
inclusión de los trabajadores por cuenta propia en el régimen
especial de los trabajadores del mar, indican tanto la habitualidad,
que no puede confundirse en un trabajo estacional con la extensión
anual, como la característica del medio fundamental de vida. Que el
Instituto Social de la Marina esté haciendo otra interpretación no
valida la exclusión de la ley que realiza este organismo y oculta una
clara situación de injusticia respecto a estos colectivos que se ven
condenados a niveles de protección más bajos y que no permiten
jubilaciones anticipadas, a pesar de la dureza de su trabajo. El
Gobierno debe modificar los citados decretos y debe, mientras tanto,
forzar una interpretación de derecho de esta legislación corrigiendo
el abuso interpretativo en que está incurriendo el Instituto Social
de la Marina.

Es también un buen momento para recordar que no dejaría de ser
positivo que en la próxima renovación de los acuerdos sobre pensiones
afrontáramos el estudio



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de todas las circunstancias especiales existentes que acaban
convirtiéndose en penalizaciones e injusticias y se analizara la
forma de superarlas. En definitiva, son circunstancias de justicia y
de derecho las que justifican la proposición no de ley que estamos
debatiendo hoy.




La señora VICEPRESIDENTA (Montseny Masip): Por el Grupo Parlamentario
Popular, tiene la palabra el señor Pérez Corgos.




El señor PÉREZ CORGOS: Señorías, quería comenzar diciendo que uno se
sorprende cuando asiste a la exposición de criterios interpretativos
o criterios hermenéuticos distintos a los que está acostumbrado a
conocer, como aquellos que informan el ordenamiento jurídico español.

Decir que el Instituto Social de la Marina incurre en prácticas
interpretativas abusivas o que se está haciendo una interpretación no
ajustada a derecho, me parece excesivo y gratuito. Creo que a lo que
estamos asistiendo es a una interpretación estricta de los requisitos
de habitualidad y de que las percepciones que se obtienen constituyen
el medio fundamental de vida de estos trabajadores o trabajadoras.

Porque interpretado desde el punto de vista lógico, histórico,
sistemático y gramatical, creo que no podemos sacar otra conclusión.

No se debería pedir -y es una opinión que expongo ante la Comisión-,
un nuevo criterio interpretativo, lo que se debe pedir es simplemente
una reforma de la legislación vigente. De cualquier manera, creo que
la situación no es tan desesperada como se nos ha contado. Me parece
que unas rentas de 435.000 pesetas en ningún caso pueden constituir
el medio fundamental de vida. Es lógico, por tanto, que la
legislación establezca una presunción iuris tantum, es decir, que
admite prueba en contrario, de que esas percepciones constituyen el
medio fundamental de vida y esa presunción iuris tantum puede ser
destruida por el propio interesado. Si esto no sucede así el
Instituto Social de la Marina no desestima sistemáticamente -como se
dice en la exposición de motivos y como he oído aquí- la inclusión de
los trabajadores o trabajadoras en el régimen especial de
trabajadores del mar; no es por sistema, es simplemente porque la
legislación así lo exige.

Dicho esto, señorías, una de las cuestiones que se plantea para
justificar la necesidad de esta reforma es la posibilidad de que en
el régimen especial de trabajadores del mar estas mariscadoras
pudieran acceder a los beneficios de la jubilación anticipada sin
menoscabo de su pensión de jubilación. Efectivamente, las normas
reguladoras del régimen especial de trabajadores del mar prevén la
posibilidad de rebajar, mediante decreto, la edad mínima de
jubilación en aquellas actividades profesionales de naturaleza
excepcionalmente penosa, tóxica, peligrosa o insalubre en las que se
acusen elevados índices de morbilidad o siniestralidad así
como en aquellas otras cuya realización implique una continua
separación familiar y alejamiento del hogar.

Estoy seguro de que el trabajo de las mariscadoras es penoso, pero el
trabajo es penoso por propia definición y por propia naturaleza;
todos los que hemos estudiado derecho del trabajo sabemos que una de
las características es la penosidad del trabajo. No creo que en el
marisqueo la penosidad sea superior a la de otras actividades en las
que tampoco se va a aplicar el beneficio de la jubilación anticipada.

Por tanto, señorías, no es necesario en este momento proceder a la
modificación de las normas a que se ha hecho referencia y, en
consecuencia, el Grupo Parlamentario Popular va a votar en contra de
la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto.




- SOBRE MEDIDAS PARA FOMENTAR EL EMPLEO DE LAS PERSONAS MAYORES DE 45
AÑOS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO.

(Número de expediente 161/000342.)



La señora VICEPRESIDENTA (Montseny Masip): Pasamos al segundo punto
del orden del día que figura como primero: debate de la proposición
no de ley sobre medidas para fomentar el empleo de las personas
mayores de 45 años, a iniciativa del Grupo Parlamentario Popular.

Tiene la palabra el señor Carriegas.




El señor CARRIEGAS ROBLEDO: La voluntad del Grupo Parlamentario
Popular al presentar esta proposición no de ley no es otra que instar
al Gobierno de España a mantener el impulso y, si es
presupuestariamente posible, a incrementar ese empuje en el fomento
de sociedades cooperativas que logren la incorporación a las mismas,
como socios trabajadores o de trabajo, de desempleados mayores de 45
años. Los diferentes planes nacionales de acción para el empleo que
el Gobierno de España viene poniendo en marcha en los últimos años,
están cosechando sin duda provechosos resultados, tanto en lo que a
consecución de objetivos se refiere, es decir, creación de más y
mejor empleo, y consiguiente reducción del desempleo, reducción del
número de parados en España, como en cuanto a la diagnosis permanente
de la situación real del desempleo en nuestro país. Y el diagnóstico
a la situación real nos ha ido mostrando a lo largo del tiempo cuáles
eran nuestras carencias, cuáles eran los problemas a los que nos
enfrentábamos, lo que nos ha permitido sin duda acometer las reformas
y las actuaciones destinadas a favorecer su solución.

El Gobierno siempre ha procurado activar estas reformas desde el
mayor de los consensos; se ha actuado de forma intensa en formación,
profesional y ocupacional, educación en las nuevas tecnologías,
nuevas modalidades de contratación, aplicación de nuevas fórmulas



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empresariales, desarrollo de la llamada economía social, incluso de
la igualdad real de oportunidades, fomento del autoempleo, etcétera.

Como también se diagnosticó, ese conocimiento de la realidad nos ha
ido mostrando en qué sectores de población había y hay que seguir
haciendo un especial esfuerzo para lograr su inserción laboral, un
especial esfuerzo por las también especiales dificultades de
inserción laboral. Estoy hablando, cómo no, de la inserción de la
mujer en todo el espectro laboral, es decir, de su inserción total;
de la dificultad por lograr ese tan difícil, en ocasiones, primer
empleo para los jóvenes; de la búsqueda de un espacio laboral estable
para los minusválidos; de la integración de aquellos que vienen a
construir España con nosotros desde otros países, cómo -y es el
motivo de la presente proposición no de ley- de la inserción laboral
de aquellos desempleados mayores de 45 años. Un parado de más de 45
años no es un parado más, ni puede ser un número más en la
estadística; un parado de más de 45 años es un gran problema para la
persona desempleada y un gran problema para todos los que tenemos
algún tipo de responsabilidad en la sociedad, un problema de muy
importante calado social; un parado de más de 45 años supone una
familia con problemas; una persona desempleada con una seria crisis
de confianza; supone unos hijos desorientados y preocupados; supone
el miedo a la amenaza de una hipoteca o un alquiler a fin de mes;
supone un desarraigo social; supone un gran esfuerzo de reciclado
cultural y laboral; supone luchar contra ese canon actual de
idealización de la juventud; supone, señorías, que debemos actuar con
gran celeridad y especial sensibilidad para poner todos los medios
que permitan la reinserción laboral de todos los desempleados pero
más, si cabe, de los desempleados de más de 45 años.

El Gobierno del Partido Popular lo viene haciendo desde tiempo atrás.

Ya en la Orden ministerial de 29 de diciembre de 1998, por la que se
establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas con
cargo al programa Desarrollo de la economía social, se contemplan
ayudas para la incorporación de desempleados mayores de 45 años
inscritos en la correspondiente oficina de empleo como socios
trabajadores o de trabajo a cooperativas y sociedades laborales,
siendo la cuantía de las mismas de 500.000 pesetas, como ustedes
conocen, por cada una de estas incorporaciones a tiempo completo.

Asimismo, en la Orden ministerial de 4 de septiembre de 2000, de
modificación de determinados artículos de la precitada orden, se
prevé la concesión de subvenciones por inversiones en activos fijos
que realicen las cooperativas de trabajo asociado y sociedades
laborales que se constituyan por desempleados también mayores de 45
años. La subvención, como también conocen, será de 500.000 pesetas
por socio trabajador; subvención para la que se cuenta con
cofinanciación de la Unión Europea.

Como saben, las bonificaciones vigentes en el año 2000 son del 50 por
ciento durante el primer año y del 45 por ciento durante el resto de
la vigencia del contrato, en el caso de que dicho contrato se realice
con hombres. Y si se realiza con mujeres mayores de 45 años, las
bonificaciones ascienden al 60 por ciento de la cuota durante el
primer año y al 55 por ciento durante el resto de su vigencia.

Debemos reseñar que los créditos presupuestarios iniciales para
financiar estas medidas de fomento y apoyo, tanto a las cooperativas
como a la contratación de mayores de 45 años, han crecido un 54,48
por ciento entre 1997 y el año 2001.

Por otra parte, como consecuencia de la aprobación de la Ley 27/1999,
de 16 de julio de cooperativas y a tenor de lo establecido en su
disposición adicional duodécima, son de aplicación a los socios
trabajadores y de trabajo de cooperativas, las normas e incentivos
sobre trabajadores por cuenta ajena que tengan por objeto la
consolidación y creación de empleos estables. En este sentido, los
incentivos a la contratación indefinida de los trabajadores
desempleados mayores de 45 años, recogidos en el programa de fomento
del empleo para el año 2000, prorrogado hasta el 17 de mayo de 2001
por la Ley 14/2000, de medidas fiscales, administrativas y de orden
social, son extensibles a las sociedades cooperativas que incorporen
a estas personas como socios trabajadores o de trabajo de las mismas,
pudiendo acogerse a diferentes subvenciones, ayudas y bonificaciones
en función de la especial especificidad de cada caso. Ha de reseñarse
en este sentido que la modalidad de capitalización de la prestación
por desempleo durante el año 2000 ha alcanzado a 10.740 nuevos socios
de dichos entes de economía social, suponiendo un incremento con
respecto al año anterior del 14,9 por ciento.

En cuanto al fomento del empleo en cooperativas y sociedades
laborales, hemos de recordar que, a lo largo del pasado año 2000, se
desarrollaron cursos de creación de empresas, asistencia técnica y
financiera a proyectos empresariales incentivando la incorporación de
desempleados con dificultades de inserción laboral, además de la
creación de cooperativas y sociedades laborales de iniciativa social
para la integración laboral de personas en riesgo de exclusión
social, estableciendo importantes bonificaciones en las
contrataciones de desempleados en situación de exclusión social.

Se ha flexibilizado la constitución de cooperativas mediante la
adaptación de las disposiciones sobre seguridad social para la
contratación a tiempo parcial de socios de trabajo y socios
trabajadores de cooperativas de trabajo asociado, fomentando, por
tanto, el empleo en las mismas. Debe señalarse que el empleo en
cooperativas y sociedades laborales se ha incrementado en un 5,5 por
ciento en el año 2000 con relación al año 1999.

En el desarrollo del conjunto de estas acciones han participado y
continúan participando como actores protagonistas, el conjunto de las
administraciones públicas,



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las organizaciones empresariales y sindicales, los órganos de
representación de los municipios, en especial la Federación Española
de Municipio y Provincias, las empresas de economía social y sus
asociaciones, las empresas de inserción, las ONG, las asociaciones y
las fundaciones. El empleo que mantienen en España las cooperativas y
las sociedades laborales al finalizar el año 2000 supone el 2,42 por
ciento del total del empleo nacional calculado en base a los datos de
personas de alta en la Seguridad Social; este mismo dato en 1997 era
del 1,76. Esta evolución, obviamente, es positiva y nos marca con
claridad un camino a seguir. Tenemos en el horizonte los resultados
de ocupación en este segmento tan magníficos como los del País Vasco,
y también los de Castilla-La Mancha, Navarra, Murcia o la Comunidad
Valenciana, que han sabido potenciar y expandir este modelo, y que
tiene unos porcentajes de empleo en cooperativas y sociedades
laborales muy superiores a la media. Diríamos, en términos actuales,
que se trata de un yacimiento de empleo vivo que debemos seguir
explotando. Los parados mayores de 45 años tienen sin duda, en este
momento, la posición más desfavorable para su inserción en el mercado
de trabajo y tenemos que cambiar esta situación. Al Grupo
Parlamentario Popular le preocupa muy especialmente este conjunto de
españoles; este colectivo es, al día de hoy, uno de los más
beneficiados por el sistema de incentivos a la contratación, a través
de la bonificación de cuotas de la Seguridad Social para los
contratos indefinidos.




Debo recordar a SS.SS. que el Real Decreto Ley 5/2001, de 2 de marzo,
de medidas urgentes de reforma del mercado de trabajo para el
incremento del empleo y la mejora de su calidad, así como el proyecto
de ley del mismo título, actualmente en tramitación en el Senado,
contemplan, especialmente en el programa fomento de empleo para 2001,
al colectivo de desempleados mayores de 45 años.

En la potenciación de las sociedades cooperativas hay, a buen seguro,
un desarrollo empresarial posible y un campo real de creación de
empleo estable. El Grupo Parlamentario Popular pide al Gobierno que
explore, como viene haciendo, todas las posibilidades de actuar en
esta parcela en el fomento de sociedades cooperativas y en inserción
laboral de los parados mayores de 45 años, y en incrementar
presupuestariamente, si es posible, todas las políticas activas que
supongan atajar este problema que estoy seguro nos preocupa a todos.

Por todo lo dicho, solicito formalmente el apoyo de todos los grupos
parlamentarios a esta proposición no de ley.




La señora VICEPRESIDENTA (Montseny Masip): A esta proposición no de
ley han sido presentadas dos enmiendas, una por el Grupo
Parlamentario Socialista y otra por el Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida.

Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista,
tiene la palabra la señora Rodríguez.

La señora RODRÍGUEZ DÍAZ: El Partido Popular, como viene haciendo en
esta Comisión, presenta proposiciones no de ley para seguir
impulsando, seguir incentivando y seguir fomentando, y, las enmiendas
que presenta el Partido Socialista son siempre rechazadas. Pero
nosotros vamos a continuar dando contenido a estas proposiciones no
de ley que presenta el Partido Popular, sobre todo a esta, en la que
se reconoce que los mayores de 45 años tienen problemas importantes
para encontrar empleo es importante. En la exposición de motivos se
dice que hay una cantidad importante de ONG que están impulsando esta
actividad, y nosotros creemos que no es así, que quien está
impulsando esta actividad es otro tipo de colectivos otro tipo de
personas. Desconocemos este gran número de ONG, pero lo que
reconocemos en esta proposición no de ley, en su exposición de
motivos, es que los trabajadores mayores de 45 años tienen más
dificultad a la hora de encontrar un trabajo. Quizás, con esta
proposición no de ley que estamos debatiendo no se va a resolver este
tema. La problemática de los desempleados mayores de 45 años es una
problemática general. De ahí que nosotros queramos dar contenido
principalmente al primer punto de nuestra enmienda, porque el
Gobierno debe mejorar e impulsar la contratación, en primer lugar, de
los mayores de 45 años. Además, es un contrasentido que hoy nos
presenten esta proposición no de ley sobre este tema cuando el
Partido Popular, en la reforma del mercado laboral que ha sido
aprobada hace poco tiempo, crea un contrato de formación para mayores
de 45 años, con el 85 por ciento del salario mínimo y sin
prestaciones por desempleo. Creemos que esta reforma ya implica que
no se toma en consideración la precariedad que existe en estas
personas que son desempleados de larga duración, que son mayores de
45 años y que las posibilidades que tienen para encontrar un puesto
de trabajo son escasas.

Sabemos que el paro de larga duración es especialmente grave en estas
personas; sabemos que los demandantes que llevan más tiempo del
previsto parados son estas personas, a las que, aparte de que es
difícil encontrarles una colocación, también llega un momento en el
que se les acaban las prestaciones y se encuentran con dificultades
para salir de este grave problema. Por eso, nosotros, en el primer
punto, queremos que el Gobierno establezca más y mejores medidas para
la contratación a mayores de 45 años. Sabemos que el 49 por ciento de
los demandantes de esta edad lleva más de un año en el desempleo, lo
que lleva consigo la desprotección de estas personas.

El Gobierno decía en el segundo plan de empleo que se pondrían en
marcha medidas específicamente diseñadas para los mayores de 45 años
y, hasta ahora, no hemos visto nada de eso. Lo único que vemos es la
reforma del mercado laboral, con estos contratos de formación que
para nosotros son denigrantes; degradan a las personas que han tenido
una vida laboral y que al



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llegar a los 45 años tienen dificultad para encontrar un trabajo,
aunque se den bonificaciones a las empresas para la contratación de
estas personas. Creemos que hay que establecer más y mejores medidas
para la contratación de mayores de 45 años y para los parados de
larga duración. Esto es responsabilidad del Gobierno y
responsabilidad también del Partido Popular, que es el partido que
apoya al Gobierno.

En cuanto al segundo punto, estamos de acuerdo en fomentar el
asociacionismo cooperativo, porque ya nuestra propia Constitución, en
el apartado 2 del artículo 129, mandata a los poderes públicos el
fomento de las sociedades cooperativas para canalizar las iniciativas
colectivas de los ciudadanos que desarrollen actividades generadoras
de riqueza y empleo. Ésta sí es una nueva salida. Aparte de que es
una salida para el fomento del empleo, también tenemos que apoyar y
fomentar el asociacionismo y tenemos que apoyar la concesión de
ayudas, tanto en su dimensión asociativa como en el autoempleo,
quizás poniendo especial interés en los nuevos yacimientos de empleo,
como puede ser el desarrollo de los servicios comunitarios y de
proximidad, como pueden ser las plazas geriátricas, la ayuda a
domicilio, los centros de día, aunque ciertamente no son los únicos.

A la hora de contratar a estas personas mayores de 45 años, aparte de
que el Gobierno establezca más y mejores medidas como pedimos en
nuestro primer punto de la enmienda de sustitución, no solamente hay
que fomentar las sociedades cooperativas sino que también hay que
fomentar las empresas de inserción, hay que fomentar las sociedades
anónimas laborales, hay que fomentar el autoempleo y, por supuesto,
tenemos que contar con los recursos suficientes y necesarios para
llevar a cabo estas soluciones. Como ya he dicho, posiblemente el
Partido Popular no va a apoyar esta enmienda de sustitución, pero la
posición de mi grupo a la hora de votar va a ser la de votar
favorablemente, a pesar de que, como hemos dicho en esta
intervención, queda coja esta proposición no de ley para incentivar
el trabajo de los mayores de 45 años, ya que creemos que nuestra
enmienda es más completa porque abarca todo el marco nacional a nivel
de la contratación, sobre todo a nivel de empresas y a nivel de la
economía social.




La señora VICEPRESIDENTA (Montseny Masip): Para la defensa de su
enmienda, por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, tiene la
palabra el señor Ruiz López.




El señor RUIZ LÓPEZ (don Antero): Empezaré diciendo que este diputado
suele intervenir con claridad pero con mesura, tratando de
interpretar lo positivo que se deduce de cada propuesta,
especialmente si se trata de temas sensibles, y no cabe duda que el
empleo lo es. Este diputado suele ser contundente pero respetuoso con
los enfoques ideológicos de los grupos que
formulan propuestas, pero debo reconocer igualmente que cuando el
Grupo Popular formula propuestas de empleo me llevan al borde de la
indignación. Ya ocurrió cuando el Grupo Parlamentario Popular animó a
las mujeres desempleadas a crear empresas en una mimética copia de
una propuesta de la Unión Europea poco adaptada a nuestra realidad,
pero lo de hoy colma el vaso de mi paciencia y la de mi grupo. Bien
es cierto que antes de dar rienda suelta a nuestro enojo nos hemos
preguntado: ¿Cómo es posible que en ningún país europeo y en ninguna
de las recomendaciones de la Unión Europea para este colectivo de
desempleados se formule este tipo de propuestas? ¿Será que toda
Europa vive de ocurrencias y que sólo el Partido Popular ha
encontrado la respuesta?
Señores del Partido Popular, en Europa, cuando se habla de estos
colectivos se habla de adaptación, de formación de impacto, de
prolongar la asistencia al desempleo, de programas de monitores e
itinerarios de inserción, de vincular estos sectores a la demanda de
asistencia a las personas e incluso algún proponente -que debe vivir
de ocurrencias o ser un rojo desaforado, como el señor Berlusconi- ha
sugerido fomentar la demanda de sectores con alto contenido de mano
de obra para ocupar a este tipo de parados. A nadie se le ha ocurrido
el autoempleo o el cooperativismo para aplicarlo a parados mayores de
45 años. Lo indignante de su propuesta no es que sea bastante
estrafalaria, lo que indigna es que ustedes no tienen la mínima idea
de cómo ocultar el fracaso de su política de empleo en este campo y,
lo más grave, no tienen idea de cómo son los parados españoles de más
de 45 años. ¿Se han preguntado ustedes cuántos son? ¿Se han
interesado por conocer su formación? ¿Tienen la menor idea de cuánto
tiempo llevan desempleados? ¿Tendrán ustedes el valor de salir a la
Castellana y decir a los trabajadores de Sintel, la mayoría con más
de 45 años, que lo suyo es hacer cooperativas? Eso sí, sin que el
Estado ponga un duro.

La realidad es que, desde el año glorioso de 1996, la actividad
económica ha permitido reducir el paro registrado en casi un 35 por
ciento. Sin embargo, en el tramo de edad de más de 35 años, esta
reducción no ha pasado del 16 por ciento. Señorías, en el mes de mayo
había 438.835 personas mayores de 45 años registradas en el
desempleo, un 13,4 de los parados y paradas se encontraban en este
tramo de edad, casi la mitad son mujeres. 387.038 parados de este
tramo de edad, el 88 por ciento, carecen de estudios o no sobrepasan
los estudios primarios. Casi la mitad llevan más de dieciocho meses
en el paro, y el 32 por ciento entre los hombres y el 47 por ciento
entre las mujeres llevan más de dos años en el desempleo.

Señorías, me puede parecer una costumbre política que ustedes traten
de ocultar en este sector como en otros los fracasos de su política
de empleo, pero afirmo que es un sarcasmo, una expresión de
insensibilidad social y una ocurrencia de mal gusto convocar a perso
nas



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de este perfil al cooperativismo y al autodesempleo. Insisto, no
hablamos de jóvenes emprendedores, nos encontramos básicamente ante
un colectivo poco formado y, en general, con una elevada tasa de
permanencia en el desempleo.

Entiendo que ustedes se lancen al cooperativismo o al autoempleo,
toda vez que son incapaces de impulsar y gestionar medidas eficaces
en estos colectivos. Entenderán que no les sigamos por ese camino y
que sigamos insistiendo en mantenernos activos desde la acción
pública para lograr la reinserción de este colectivo en el mercado de
trabajo. Desde estas perspectivas formulamos nuestras propuestas:
aumentar el desarrollo de acciones en itinerarios de inserción;
favorecer económicamente un plan de creación de empresas de inserción
en este ámbito; incrementar la política de apoyo financiero a la
contratación de parados de larga duración mayores de 45 años;
potenciar los programas de escuela taller; elaborar un programa
específico de acciones de orientación o formación; analizar la
conveniencia de diseñar programas de rentas de inserción dirigidos
especialmente a este colectivo; orientar la demanda en sectores de
atención a las personas, a parados y paradas también de este
colectivo.

En definitiva, proponemos una actividad activa que asuma para la
Administración pública la responsabilidad del fomento y la creación
de empleo sin desplazar esta responsabilidad a los propios
desempleados y desempleadas. Los parados y paradas mayores de 45 años
expresan en nuestro país unas características sociales, unos perfiles
y disponen de unos recursos que no nos permiten alegrías de
ingeniería empresarial a las que tan aficionados son ustedes.




La señora VICEPRESIDENTA (Montseny Masip): Por el Grupo Parlamentario
de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Grau.




El señor GRAU BULDÚ: Nuestro grupo ha analizado la propuesta del
Grupo Popular que, en definitiva, considera oportuno crear una
sensibilidad especial para los mayores de 45 años, pero la considera
incompleta en tanto en cuanto los parados mayores de 45 años tienen
la problemática más difícil que se ha generado en este momento, como
ha recordado el proponente de esta proposición no de ley del Grupo
Popular, se han generado una serie de medios para solucionar esta
problemática.




Entendemos que lo que corresponde en un primer momento es analizar la
situación de este colectivo y nuestra valoración es que si la persona
que llega al paro, o que pierde su trabajo, tiende, por razones de
edad, a repetir en un primer momento su empleo anterior y continuar
en lo que se ha especializado en toda su vida, una de las vías que
entendemos que es coherente con la propuesta es generar la auto-
ocupación y, posiblemente, como una persona que genera su propia
empresa puede, al mismo tiempo ser socio de una cooperativa o, de
otro modo, ser un trabajador autónomo.

Otro caso distinto es el de la persona mayor de 45 años que ya ha
sufrido o está sufriendo un paro de larga duración, que necesita
otras acciones complementarias a las anteriores, porque, lógicamente,
su tendencia a repetir su trabajo de toda la vida no ha tenido éxito,
no encuentra solución o, al menos, no puede integrarse en el mundo
laboral en la vía que él al menos predecía, y tiene que
reconvertirse, tiene que adaptarse a las nuevas situaciones del
mercado, con lo cual tiene que acudir a otras fórmulas que ya
existen, como es una contratación mediante planes de ocupación, o
mediante la inclusión en casas de oficio o talleres de ocupación,
tener una tutoría personalizada informándole y orientándole de cómo
encontrar una nueva ocupación. Como último recurso, para aquellas
personas que no han encontrado ninguna solución en esta vía, queda la
renta mínima de inserción.

Otro de los elementos que no se han tratado con profundidad, y que es
una de las directivas que marca la Comisión Europea, es la
potenciación de las nuevas posibilidades de ocupación como
instrumento generador de nuevas ocupaciones y adecuado a este
colectivo de mayores de 45 años. Entenderíamos que la propuesta del
Grupo Socialista es más adecuada por cuanto abre el horizonte o, al
menos, sería la que a nosotros nos convendría más votar en el sentido
de que si bien entendemos que las cooperativas es una de las
soluciones que pueden tener efecto y que pueden mejorar la ocupación
de los mayores de 45 años, también entendemos que no tiene que
hacerse una diferenciación o una clasificación de cooperativas para
mayores de 45 años, de forma que no sean un medio único, un medio
exclusivo para este colectivo, sino que sea una de las alternativas
que tiene este colectivo para encontrar trabajo.

Ya ha hecho referencia el portavoz del Partido Popular a las
cooperativas y al empleo de mujeres, especialmente mujeres mayores de
45 años. Entendemos que la propuesta tendría que tender a la mejora
de instrumentos o a la mejora de medidas que permitieran, dentro de
las cooperativas, dentro de una ley única de cooperativas y sin
excepciones, incluir a este colectivo de mayores de 45 años, con una
potenciación de las ayudas específicas que corresponden a este grupo;
que esta persona de 45 años tuviera otras salidas que no fueran
propiamente las cooperativas o que no tuvieran las cooperativas una
prevalencia respecto a otras alternativas de trabajo, de ocupación,
que se generan para las personas mayores de 45 años. Entendemos que
esta propuesta es inconcreta, muy abierta y agradeceríamos la
consideración de la propuesta del Grupo Socialista a la que nuestro
grupo se sumaría. Entendemos que no obsta, resta ni frena la
eficiencia de la propuesta del Grupo Popular sino que le da el matiz
comprensivo de todas las medidas que corresponden y que se pueden dar
a estos mayores de 45 años sin trabajo.




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La señora VICEPRESIDENTA (Montseny Masip): A efectos de aceptación o
no de enmiendas tiene la palabra el señor Carriegas.




El señor CARRIEGAS ROBLEDO: En primer lugar, quiero agradecer a los
grupos parlamentarios que han hecho el esfuerzo de plantear
alternativas o al menos de trabajar sobre el particular, ya que
estamos convencidos de que es una cuestión que nos preocupa a todos.

Por lo tanto, quiero agradecer tanto al Grupo Parlamentario
Socialista como al de Izquierda Unida la preocupación en enmendar la
proposición no de ley.

Con relación a la enmienda número 1, que es la del Partido
Socialista, el Grupo Parlamentario Popular no la va a aceptar. Que se
establezcan más y mejores medidas para la contratación de mayores de
45 años es el objetivo...




La señora VICEPRESIDENTA (Montseny Masip): Señor Carriegas, sólo
tiene usted la palabra a efectos de aclarar si aceptan ustedes las
enmiendas o no.




El señor CARRIEGAS ROBLEDO: Perdone, señora vicepresidenta mi
desconocimiento, por ser la primera vez que intervengo. No
aceptaremos ninguna de las enmiendas presentadas.




- SOBRE MEDIDAS A IMPULSAR A FIN DE PROMOVER EL DESARROLLO DE PUNTOS
DE ENCUENTRO FAMILIAR. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR
EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/000699.)



La señora VICEPRESIDENTA (Montseny Masip): Pasamos al tercer punto
del orden del día, sobre medidas a impulsar a fin de promover el
desarrollo de puntos de encuentro familiar. El grupo proponente es el
Grupo Parlamentario Popular y tiene la palabra la señora Torme.




La señora TORME PARDO: En el origen de esta proposición no de ley que
hoy presentamos aquí se encuentra la celebración de una jornada que
organizó el Consejo General del Poder Judicial en colaboración con la
Secretaría General de Asuntos Sociales, así como con la Federación
Nacional de puntos de encuentro familiar recientemente constituida,
precisamente a principios del año 2000. Esta jornada tuvo lugar en
septiembre del pasado año, participé en la misma y pude constatar
como se reivindicaba este recurso social, los puntos de encuentro
familiar, valorando la bondad de los mismos para solucionar
determinados problemas, a veces, de muy difícil solución. Se concibe
y aparece como un lugar idóneo, neutral, en el que se produce el
encuentro de los miembros de familias en crisis, donde son atendidos
por profesionales que facilitan la relación
paterno filial, garantizando la seguridad y el bienestar del
menor, así como del padre o madre vulnerable. Cumplen, entre otros,
un objetivo fundamental que es el de garantizar ese derecho que
tienen los menores a mantener la relación con ambos progenitores y
con sus respectivas familias en los casos en que se producen rupturas
familiares.

Pues bien, la celebración de esa jornada contribuyó a dejar muy clara
esa reivindicación que desde distintas instancias se hacía del
desarrollo de este tipo de iniciativas, de este recurso social.

Estuvieron presentes jueces, magistrados, representantes de
corporaciones locales, de comunidades autónomas, trabajadores
sociales y otros expertos en intervención de familias en situación
especial o en intervención con menores en situaciones de riesgo. En
el caso de esta diputada lo que vino a hacer es corroborar una idea
que yo ya tenía y era la conveniencia de desarrollar esta iniciativa.

Conocía cómo funcionaba el punto de encuentro familiar porque,
precisamente, el primero que surgió en España fue en Valladolid, en
el año 1994, promovido por una asociación que se encarga precisamente
de la defensa de los derechos del menor, la asociación Aprome. Había
tenido la oportunidad de visitar esta asociación, de visitar el punto
de encuentro familiar, ver cómo funcionaba y, además, tener
conversaciones también con expertos, con jueces y magistrados que
valoraban de forma muy positiva esta iniciativa porque venía a
solucionar un problema tan grave como es el del incumplimiento en el
régimen de visitas, un problema que es de muy difícil solución.

Cuando se presenta una ruptura, una separación, un divorcio de una
pareja son lamentablemente muchos los casos en los que el régimen de
visitas que se señala se ve incumplido. Muchas veces el progenitor
custodio obstaculiza o impide el cumplimiento del régimen de visitas
acordado pero, además, hay supuestos en que aunque este régimen de
visitas sí que se lleva a efecto, surgen conflictos entre los
progenitores con ocasión de la recogida y de la entrega de los hijos,
conflictos que pueden desencadenar consecuencias de extrema gravedad
en aquellos supuestos en que la ruptura de la pareja se ha producido
precisamente teniendo por causa la violencia familiar. En este
sentido, ya el Consejo General del Poder Judicial, en el informe
sobre la problemática jurídica derivada de la violencia doméstica del
21 de marzo de este año, recoge la necesidad de crear dichos puntos
de encuentro y, en consecuencia, afirma literalmente. 'En los casos
en que fuere inevitable la relación entre denunciante y denunciado
fuera del juzgado, por ejemplo, en aplicación del régimen de visitas
a los hijos, se fijarán judicialmente puntos de encuentro seguros y
se dispondrá lo necesario para que la víctima disponga de
acompañamiento y asistencia si lo precisa.' Pero no es sólo en este
tema donde ejercen una función muy beneficiosa los puntos de
encuentro familiar,sino que se plantean otras cuestiones como por
ejemplo



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la relativa a las visitas tuteladas, aquellas en que por distintos
motivos, el progenitor no custodio debe estar acompañado de una
tercera persona en las visitas a sus hijos menores. Los problemas que
plantea este supuesto son variados, desde la designación del mediador
hasta el local en que ha de desarrollarse la visita.

Por otra parte, otro problema al que vienen a dar solución los puntos
de encuentro familiar es el de las distintas medidas de intervención
social que en número creciente van afectando a distintos menores. Son
temas como las guardas o acogimientos, que no suponen una ruptura
total con las familias de origen y pone de manifiesto la necesidad de
contar con un recurso social que permita ofrecer un marco adecuado
para que ese menor siga relacionándose satisfactoriamente con su
familia biológica. Por lo tanto, y de una forma no exhaustiva, vemos
cuáles son las necesidades a las que de una forma muy beneficiosa y
correcta viene a dar solución este recurso social, el llamado punto
de encuentro familiar.

De ahí que en la proposición no de ley que hemos presentado instemos
al Gobierno a que en el ámbito de sus competencias impulse las
medidas oportunas a fin de promover el desarrollo de puntos de
encuentro familiar para facilitar las relaciones de familia en
supuestos que afectan a la naturaleza y objetivos de los mismos.

Entendemos que el Gobierno, de entrada, ya ha dado un paso muy
importante, que nosotros valoramos muy positivamente, como ha sido la
inclusión de este recurso dentro del recientemente aprobado Plan de
violencia doméstica. En una de sus áreas, en concreto, la tercera
área de actuación, la que se refiere a medidas asistenciales y de
intervención social, aparecen precisamente como una de las primeras
acciones a realizar los puntos de encuentro familiar, donde se lleven
a cabo las visitas de padres y madres a menores en los casos de
separación y divorcio con antecedentes de violencia doméstica,
atendidos con personal cualificado que emita informes a los
tribunales competentes. Nos parece un logro importante que se haya
incluido en el Plan de violencia doméstica, pero creemos que también
el Gobierno puede impulsar su desarrollo mediante otros recursos como
son la convocatoria ordinaria de subvenciones del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales, así como la convocatoria con cargo al
IRPF. Por otra parte, también creemos que la colaboración con
comunidades autónomas se puede concretar también a través de los
convenios que se suscriben con las mismas para el desarrollo de los
programas de apoyo a familias en situaciones especiales; de ahí que
hayamos presentado esta iniciativa y que solicitemos el apoyo de los
distintos grupos de la Cámara.




La señora VICEPRESIDENTA (Montseny Masip): A esta proposición no de
ley han sido presentadas dos enmiendas, una de ellas es del Grupo
Parlamentario de
Convergència i Unió. Para su defensa tiene la palabra el señor Grau.




El señor GRAU BULDÚ: Agradecemos la propuesta que ha hecho el Grupo
Popular de estos puntos de encuentro familiar y la exposición de
motivos que justifican y complementan su propuesta. Se han basado
esencialmente en la experiencia de Valladolid de 1994 y realmente se
puede promover una extensión a todo el territorio nacional, de forma
que este servicio tenga cobertura en todas las provincias españolas.

Nuestro grupo, que comparte esta propuesta, desea matizarla y por eso
ha presentado una enmienda en el sentido de recordar que se trata de
un servicio que puede estar entre los servicios transferidos a las
comunidades autónomas. Por tanto, hemos propuesto la adición del
término de comunidades autónomas, para que exista la posibilidad de
la aplicación autonómica de esta propuesta del Grupo Popular. Ya hay
una experiencia de los puntos de encuentro familiar en la Comunidad
Autónoma de Cataluña y, por tanto, en esta adición que proponemos se
insta para que las comunidades autónomas que ya estamos trabajando en
este servicio podamos llevarlo adelante en coordinación con el resto
del Estado español.

La segunda parte de la enmienda va en el sentido de que los acuerdos
que se originen o promocionen con las entidades que promuevan estos
encuentros familiares tengan una experiencia o al menos una capacidad
de calidad la mejor posible. Para garantizar esta calidad hace falta
que la administración competente supervise estos servicios y les dé
las directrices oportunas. Por eso se ha de contemplar mediante la
realización de convenios entre la administración y estas entidades
que quieran prestar los servicios. En el marco de este convenio se
han de tener en cuenta los diferentes compromisos a que pueden llegar
ambas partes, compromisos de espacio, de formación, de estudio, de
investigaciones, de normativa y económicos si es que corresponde. Por
ello, proponemos añadir a la propuesta del Grupo Popular que, a dicho
fin, se fomentará el establecimiento de convenios con entidades que
promuevan estas actividades, garantizando los estándares necesarios
de desarrollo de este servicio. Nuestro voto será positivo y queremos
participar constructivamente en la mejora de la propuesta del Grupo
Popular a la espera de que nuestra enmienda sea aceptada porque
entendemos que mejora y redunda en los proyectos y proposiciones que
a este respecto realiza el Grupo Popular. (La señora vicepresidenta,
López i Chamosa, ocupa la Presidencia.)



La señora VICEPRESIDENTA: (López i Chamosa): Por el Grupo Socialista
la señora Peris tiene la palabra.

La señora PERIS CERVERA: Intervengo en nombre del Grupo Socialista
para fijar la posición de nuestro



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grupo en relación a la proposición no de ley que nos ha presentado
hoy el Partido Popular sobre la creación y desarrollo de los puntos
de encuentro familiar. Tengo que decir que, después de oír la
intervención de la portavoz del Partido Popular, sigo todavía sin
conocer cuáles van a ser las actuaciones que va a emprender el
Gobierno. Apenas al finalizar su intervención se ha referido a alguna
iniciativa muy vaga y muy genérica. Por lo tanto, señorías, antes de
iniciar mi intervención sobre lo que entendemos que son los puntos de
encuentro familiar y el papel que está llamado a desarrollar el
Estado, en colaboración con las comunidades autónomas y las
diferentes asociaciones, y antes también de defender la enmienda que
hemos presentado, me gustaría, señora presidenta, realizar una serie
de observaciones a la vista del nulo contenido de la proposición no
de ley y de lo que está siendo la práctica habitual del Partido
Popular, que copa su cupo de intervenciones presentando iniciativas
con escaso contenido, que no suponen ninguna obligación para el
Gobierno, iniciativas que de tan genéricas se quedan en nada. Me
parece, señora presidenta, que tales prácticas, por muy legítimas que
sean, descalifican al grupo proponente y de paso a este Parlamento,
en el que los ciudadanos esperan que los representemos con
responsabilidad y demos respuestas serias y rigurosas a los problemas
que cotidianamente les afectan. Y hago esta reflexión desde la máxima
serenidad y desde mi más absoluto respeto a todas las posiciones,
pero también pido respeto a este Parlamento y a la labor que tenemos
encomendada.

Señores del partido que sustentan al Gobierno, ustedes cuentan con
los medios de la Administración a su disposición y podrían, si esa
fuera su voluntad, presentar iniciativas rigurosas perfectamente
documentadas, con presupuesto disponible y preparadas para ponerse en
práctica, pero desafortunadamente no es así. Y esta proposición no de
ley es un claro exponente de cuanto hemos manifestado y, a la vista
de su contenido, tan sólo decir algunas cosas.

En primer lugar, el Partido Socialista lamenta la frivolidad con la
que el Partido Popular trata un tema con una alta carga de
sensibilidad como es el trauma que viven muchos menores tras la
separación o divorcio de los padres o el calvario que sufren muchas
parejas a la hora de fijar y cumplir los horarios de visita a los
hijos. En segundo lugar, cuando una fuerza política tiene la
responsabilidad de gobernar no debería traer a esta Cámara una
iniciativa vacía de contenido, una iniciativa sin compromiso, sin
plazo, sin presupuestos, sin objetivos a corto y medio plazo. En
tercer lugar, el pasado 11 de mayo el Gobierno dio luz verde al
Segundo plan integral contra la violencia doméstica. En dicho plan ya
se recogen las medidas asistenciales y de intervención social, con la
creación de los puntos de encuentro. Si dicha iniciativa ya ha sido
tomada por el Gobierno y la recoge en un plan de acción, no entiendo
cómo el Partido Popular trae una iniciativa para instar
al Gobierno a realizar y desarrollar algo a lo que ya se ha
comprometido. ¿O es que a ustedes no les gusta su plan? ¿O es que
pretenden que un plan unilateral del Gobierno lo legitimemos con
nuestro voto los partidos de la oposición? En cualquier caso, sea
cual sea su motivación, esta práctica no es, desde nuestro punto de
vista, aceptable. ¿Cuál es el problema real que existe? En nuestro
país contraen matrimonio diariamente 550 personas y 245 diariamente
se separan. Muchas de estas parejas, cuando desean romper su vínculo
conyugal y existen hijos menores no son capaces de ponerse de acuerdo
en los horarios y el régimen de visita a los hijos, lo que obliga a
que sea el juez quien tome una decisión que, si no es compartida,
difícilmente puede cumplirse.

Los que hemos tenido oportunidad de conocer por nuestra profesión y
mediar en los procesos de separación contenciosa, sabemos lo difícil
y traumático que es en muchos casos, porque es muy complicado que
impere la racionalidad cuando se imponen los sentimientos, los
impulsos o, a veces, el sentido de propiedad. Cada caso es un mundo
con una problemática particular pero si algo les caracteriza es que
los perjudicados son los hijos que comprueban cómo su mundo de
seguridad se les viene abajo.

Para garantizar el derecho de esos menores que, en cualquier caso, no
son los culpables de la ruptura familiar, los poderes públicos han de
tomar las iniciativas necesarias para normalizar lo que a los ojos de
estos niños está siendo anormal. ¿Y cómo se soluciona este problema
en nuestro país? Pues en los últimos años, como ha dicho la portavoz
del Partido Popular, determinadas asociaciones ante el problema de
las visitas que se producen en muchos casos tras la ruptura, han
establecido lo que se conoce como puntos de encuentro familiar, como
un espacio neutral donde iniciar o ejercer el derecho de visita a los
hijos del progenitor que no tiene la custodia y que es un derecho que
se ha interrumpido. Para ello cuentan con la colaboración y apoyo de
un grupo de profesionales que se encargan, no de vigilar, sino de
controlar la visita y de que se cumplan los acuerdos firmados o la
sentencia judicial, siendo siempre ésta una medida transitoria y
nunca a perpetuidad.

Estamos hablando, señorías, de iniciativas espontáneas prestadas en
la mayoría de los casos por asociaciones y personal voluntario que
realizan un bien social sin contar con apenas recursos para ello, y
prestando un servicio que viene siendo demandado desde la propia
judicatura. ¿Qué es lo que entendemos y queremos que se haga desde
los poderes públicos y, en concreto, desde la Administración central?
En primer lugar, queremos un compromiso serio y una apuesta sincera
por el desarrollo y la puesta en marcha de los puntos de encuentro,
de modo y manera que en un corto plazo, como mínimo, todas las
provincias cuenten con un punto de



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encuentro. En segundo lugar, una vez fijado el segundo plan integral
contra la violencia, el objetivo es crear una infraestructura
suficiente y los puntos de encuentro familiar donde se lleven a cabo
las visitas atendidas por personal cualificado, empezando a
desarrollar ese plan con un presupuesto suficiente para crear una red
básica de puntos de encuentro familiar con la colaboración de las
comunidades autónomas, con el Consejo General del Poder Judicial, con
los colegios de abogados y con las asociaciones que se dedican a este
fin. En tercer lugar, no me parece responsable alabar la gestión de
las asociaciones, establecer un plan para el desarrollo de los puntos
de encuentro familiar y no actuar activamente con implicación directa
y económica. Por todo ello, señoría, presentamos una enmienda de
adición, que avanza hacia el compromiso real de potenciar y
desarrollar los puntos de encuentro, y para ello solicitamos de la
Administración una aportación extraordinaria para pasar de la
verborrea a la acción constructiva. (La señora vicepresidenta,
Montseny Masip, ocupa la Presidencia.) Hay que hacer un esfuerzo para
que se pueda ejercitar el derecho del menor a mantener relación con
sus progenitores y hay que intentar que se produzca en un clima de
normalidad y no de confrontación y hostilidad o en una comisaría
policial, como desgraciadamente ocurre en muchísimos casos.




La señora VICEPRESIDENTA (Montseny Masip): Para la aceptación o no de
las enmiendas tiene la palabra la señora Torme.




La señora TORME PARDO: Respecto a la enmienda del Grupo Socialista no
vamos a aceptarla. Señalar que el fundamento de la misma es, entre
otras cosas, el nulo contenido de la proposición no de ley del
Partido Popular...




La señora VICEPRESIDENTA (Montseny Masip): Señora Torme, para no
sentar un precedente, le advierto que su turno es simplemente para la
aceptación o no de las enmiendas, sin abrir un nuevo turno.




La señora TORME PARDO: En este caso quiero manifestar que con esta
iniciativa se demuestra que se cree en este recurso y que lo queremos
potenciar. Surge además en Valladolid, precisamente apoyado por el
ayuntamiento, diputación y comunidad autónoma gobernados por el
Partido Popular.




La señora VICEPRESIDENTA (Montseny Masip): Señora Torme, por favor.




La señora TORME PARDO: Respecto a la enmienda del Grupo Parlamentario
de Convergència i Unió señalar que consideramos que enriquece en su
primera parte el texto de la proposición no de ley al añadir la
colaboración con las comunidades autónomas, de manera que
aceptaríamos, si así lo estima adecuado el
portavoz del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, hasta el
último punto. O sea, quedaría redactada en los siguientes términos.

El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar, en el
ámbito de sus competencias y en colaboración con las comunidades
autónomas, las medidas oportunas a fin de promover el desarrollo de
puntos de encuentro familiar en orden a facilitar las relaciones de
familia en los supuestos que afectan a la naturaleza y objetivos de
los mismos.




La señora VICEPRESIDENTA (Montseny Masip): Señor Grau, a efectos de
la modificación ¿está usted de acuerdo?



El señor GRAU BULDÚ: De acuerdo.




- RELATIVA A LA NECESIDAD DE IMPLANTAR LOS GABINETES DE MEDIACIÓN
FAMILIAR EN NUESTRO PAÍS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA. (Número de expediente 161/000436.)



La señora VICEPRESIDENTA (Montseny Masip): Pasamos al tercer punto
del orden del día que en realidad es el cuarto por la modificación
que ha habido o la alteración del orden del día, con relación a la
proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a la necesidad de implantar los gabinetes de
mediación familiar en nuestro país.

Por el grupo proponente tiene la palabra la señora Cortajarena.




La señora CORTAJARENA ITURRIOZ: En relación a la mediación familiar,
la mayor parte de los expertos de la Unión Europea y diversos
informes emitidos por una serie de países con un largo historial
divorcista como son Canadá, Reino Unido, Francia y Alemania, no dejan
lugar a dudas sobre la inoperancia judicial a la hora de hacer
cumplir las obligaciones a los miembros de la pareja que se separa o
divorcia. La situación es tan grave que a estos efectos los
estudiosos en la materia no dudan en afirmar que ha surgido una nueva
bolsa de pobreza constituida por las familias monomarentales
subsiguientes al divorcio, lo que se ha dado en llamar la
feminización de la pobreza queriéndose referir al desplazamiento de
ésta hacia la parte femenina de la población, la cual está formada en
un 90 por ciento por mujeres con responsabilidades familiares
exclusivas, es decir, que tienen atribuida la custodia de sus hijos.

Por esto, ante consecuencias tan desestructurantes y dramáticas para
los hijos de padres divorciados, buscando las causas que han
originado tales situaciones se han decantado, entre otras, en primer
lugar, la inhibición del padre custodio respecto de sus obligaciones
económicas y de atención y cuidado de los hijos y, en segundo lugar,
la inefectividad de un



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sistema judicial incapaz de hacer cumplir sus resoluciones
judiciales.

Por estas razones, las organizaciones vinculadas con la problemática
de las mujeres han elaborado una serie de propuestas y desde hace
diez años llevan implantando en nuestro país los gabinetes de
mediación familiar. Los destinatarios de estos servicios son tanto
las parejas en conflicto como los hijos de familias en proceso de
disgregación, los cuales evidencian de forma indefensa y pasiva, pero
no por ello de una forma menos directa, los resultados en la
transformación familiar difícilmente asimilable.

Se trata, señorías, de dotar de una auténtica consensualidad los
acuerdos alcanzados por la pareja, es decir, lograr plasmar y
respetar en los convenios la voluntad real de los cónyuges sin
someter a estos a presiones que impidan la viabilidad de lo pactado.

Los gabinetes de mediación familiar, por lo tanto, han sido una
reivindicación constante de determinadas asociaciones y queremos
decir que las asociaciones de mujeres separadas y divorciadas, de
madres solteras, de mujeres maltratadas, de defensa del menor y de
prevención de los malos tratos, han hecho una gran campaña
reivindicativa y una encomiable y tenaz labor en pro del
reconocimiento legal y social de sus derechos, resultando
determinante su influencia en la creación de leyes como la del
divorcio, la de la equiparación de los hijos ante la ley, la acogida
y adopción de menores, la nueva penalización de los malos tratos, la
reforma concerniente a la patria potestad y otras tantas. Durante la
elaboración de la Ley del divorcio, la Federación de asociaciones de
mujeres separadas y divorciadas trabajó por la creación de un equipo
psicotécnico como elemento de apoyo a los jueces. Sin embargo, se
tenía un objetivo que era la resolución adecuada de los conflictos
conyugales, y la práctica posterior de estos técnicos ha llevado a la
Federación de mujeres separadas y divorciadas a presentar numerosas
denuncias y recursos, ya que en muchos casos la resolución de los
equipos atentaban contra la parte más débil, que siempre -¡qué
curiosidad!- eran las mujeres y los hijos y las hijas.

La situación descrita es lo que ha impulsado mayoritariamente a las
organizaciones a reivindicar los gabinetes de mediación familiar.

Queremos decir que los legisladores, en 1981, introdujeron ya en el
ordenamiento jurídico, entre muchas innovaciones, una nueva forma de
acceder a la ruptura matrimonial, que era la llamada separación y
divorcio consensuado. Esta ruptura nos ha permitido, señorías, seguir
avanzando en el desarrollo de los gabinetes de mediación familiar. La
separación conyugal está considerada como un proceso vital estresante
que afecta a diversas áreas, al área emocional, familiar, social,
legal, económica y laboral de la vida de las personas. La situación
de ruptura matrimonial se afronta en nuestro país sin los recursos
personales y sociales que tienen en otros muchos países con más años
de tradición, teniendo siempre presente que
el hecho es traumático para todos los miembros de la unidad familiar.

Este proceso vital supone la pérdida de un vínculo afectivo, la
pérdida de la principal fuente de refuerzo y de apoyo y genera
inestabilidad, inseguridad y desprotección.

En 1991 se pusieron en marcha los primeros gabinetes de mediación
familiar, dos en concreto, auspiciados y avalados por el extinto
Ministerio de Asuntos Sociales. Los programas de mediación familiar
se pusieron en marcha como una experiencia piloto. Esta experiencia
piloto ha sido avalada por los distintos técnicos y las
organizaciones sociales y, por primera vez, en los años 1999 y 2000
aparece un programa con una aplicación presupuestaria específica que
se llama: Orientación y/o mediación familiar.

En la comparecencia de la Secretaría General de Asuntos Sociales se
solicitó una información complementaria dado que se decía que se iba
a pasar de 2.000 atenciones en mediación familiar a 4.080
beneficiarios con el 2 por ciento solamente de incremento de dotación
presupuestaria. Como esto nos parecía un poco extraño se solicitó que
remitieran una información complementaria y lo que se nos ha dicho es
que la estimación que se hizo era una hipótesis teórica de lo que se
pensaba iba a ocurrir con el programa y que, a lo largo del año 2000,
se irían recibiendo en la Dirección General de Acción Social del
Menor y la Familia los programas elaborados por cada comunidad
autónoma. En la actualidad estamos hablando de 30 gabinetes de
mediación familiar, que es lo que se supone, pero con el 2 por ciento
de incremento hemos pasado de 9 atenciones al día a 18; nos parece
casi el milagro del señor Aznar.

Sí quiero referirme a que el Comité de Expertos del Consejo de
Europa, en el informe elaborado en 1997 y 1998 ha encendido las
alarmas con relación a España y con relación a la atención a los
programas de familia porque en España se destina el 0,2 por ciento
del PIB a la atención a la familia cuando en el resto de la Unión
Europea es un 0,4. Estamos de acuerdo con este programa y creemos
suficiente su dedicación, pero nos parece escasa la aportación
económica, porque no llegamos ni al 4 por ciento de las actuaciones
de divorcio y separación en nuestro país. Por lo tanto, esta
proposición no de ley va a reforzar que se contribuya a la
financiación de gabinetes de mediación familiar en las comunidades
autónomas, siguiendo el ejemplo de la propia Comunidad Autónoma de
Cataluña que ya ha establecido su propia ley, que es la Ley 1/2001,
de 15 de marzo, de mediación familiar, en la cual se establecen una
serie de requisitos para establecer gabinetes de mediación familiar.

Creemos que es un ejemplo a seguir por otras comunidades autónomas, y
me consta que en el País Vasco y en Navarra ya se está trabajando en
esta materia. Por lo tanto, creemos en primer lugar, que los apoyos
que se dan del 0,52 por ciento del IRPF para esta finalidad de la
mediación familiar tienen que



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tener un carácter homologado, y en segundo lugar que se debe evitar
un intrusismo para no generar situaciones de conflicto y de potencial
violencia y litigiosidad, que muchas veces generan la alarma social y
sobre todo son perjudiciales para los menores y para todas las
unidades de convivencia. Hemos recibido una enmienda, presentada por
el Grupo Federal de Izquierda Unida, y cuando se produzca la defensa
por parte del representante diremos qué postura vamos a tomar.




La señora VICEPRESIDENTA (Montseny Masip): Para la defensa de la
enmienda que ha sido presentada a esta proposición no de ley, por el
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida tiene la palabra el señor
Ruiz.




El señor RUIZ LÓPEZ (don Antero): Desearíamos que cualquier propuesta
en el ámbito de la familia respondiera a una doble filosofía. En
primer lugar, a una concepción amplia de lo que debe significar un
Estado de bienestar y, en segundo lugar, a una consideración de los
cambios en la cultura de convivencia que se han producido en nuestra
sociedad.

Respecto a la primera cuestión considero que deben ser tres los
parámetros de cualquier estudio sobre las políticas a proponer a las
familias españolas: beneficios ocupacionales; beneficios fiscales, y
beneficios en servicios que se prestan por las distintas
instituciones. Éste último es el campo donde se inscribe la propuesta
que hoy debatimos. Se trata de la protección de un servicio que
pretende ampliar los ámbitos de concertación familiar, acuerdo y
asesoría psicopedagógica ante las dificultades de diverso tipo que
viven las familias españolas. En este terreno no desearíamos que
estos gabinetes se refirieran a la concepción estrecha de asesorar en
momentos de crisis, siendo ésta una función relevante; no aspiramos a
gabinetes destinados únicamente a asesoría en momentos de separación,
divorcio, agresiones en la familia, sino a una amplia función
educativa en la comprensión de las nuevas formas de relaciones
sociales. En consecuencia, con esta concepción, la relación de estos
gabinetes y los centros educativos es esencial, así como con los
centros de salud, donde la prevención debe ser norma. Los gabinetes
deben conocer los casos de abortos en adolescentes y adultos, hijos
no deseados, enfermedades de transmisión sexual, etcétera. Por lo
tanto, es preciso identificar la institución más adecuada para la
prestación de estos servicios. El Estado y las comunidades autónomas
tienen que impulsar, en el contexto de las medidas relativas, el
desarrollo del pacto local, una aproximación de las instituciones del
Estado del bienestar a la ciudadanía. En este sentido, creemos que
las medidas de potenciación de estos gabinetes deben insertarse en un
amplio acuerdo con las corporaciones locales que deben recibir
competencias y recursos en esta materia. Esta función de apoyo y
asesoría debe ser coherente con las nuevas formas convivenciales que
en su modernización está construyendo
la familia española; parejas de hecho, familias
monoparentales, productos de separaciones, divorcios o de voluntades
expresas de los ciudadanos y ciudadanas, nuevas agregaciones de
convivencias con hijos mayores y con personas mayores constituyen hoy
auténticos núcleos familiares que deben ser considerados en cualquier
análisis de nuestra sociedad.

La posición de Izquierda Unida es rechazar cualquier iniciativa que
excluya las propuestas políticas de apoyo a cualquier núcleo de
convivencia de los que se generan en nuestra sociedad en el ejercicio
de la libertad de opción vital de nuestros conciudadanos. Una
conclusión certera de cualquier reflexión que se efectúe en este
ámbito debe insertarse en una más amplia consideración. En este
sentido deben considerarse cambios relevantes en el derecho de
familia, las propias normas que regulan convivencia, actividad y
derechos. En este terreno deseamos incluir las iniciativas de
mediación que se proponen. Todos los mecanismos que se pongan al
alcance de las familias para poder entender el avance de la sociedad
no sólo son buenos sino que cada vez son más necesarios. Entender que
el concepto de familia ha ido desarrollándose en el transcurso de los
años es fundamental para una sociedad como la nuestra y debe
incluirse en la concepción de estas instituciones de mediación.

Divorcio, la separación, las parejas de hecho, homosexuales o
heterosexuales, las familias monoparentales, las familias con hijos
maduros, no emancipados o personas mayores como parte de la unidad
familiar, son fenómenos que chocan con la cultura tradicional de
convivencia. Gran parte de nuestra sociedad no ha tenido acceso a una
educación correcta para entender todo esto en su más amplia
dimensión. Por ello, es fundamental el papel de los gabinetes de
mediación familiar para prevenir y educar. Se trata, en definitiva,
de diseñar instituciones de mediación y asesoría con los más amplios
contenidos, no limitados a las separaciones y menos aún reducidos
a la atención exclusiva a los niños, como propone la propuesta del
Partido Popular; aún siendo éste un campo relevante no puede
reducirse la política de familia a este asunto.

La derecha vive atrapada en su cultura política de siempre: por una
parte, rentas fiscales para algunas familias tradicionales; por otra,
actitudes de beneficencia con los menores, un campo estrecho que deja
fuera de atención los fenómenos más complejos de la sociedad
española, que son precisamente los que requieren mayor atención.

Desde luego, deben contemplarse recursos de asistencia que permitan a
menores en régimen de guarda o acogimiento o de visitas tuteladas,
especialmente en casos de violencia doméstica, mantener adecuadas
relaciones con su familia biológica. Pero éste no es un campo donde
debe animarse a la iniciativa privada, reconociendo la función que se
realiza y el valor de laexperiencia citada, sino que debe fomentarse
una concepción



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integral de la política de menores y, por lo tanto, las medidas que
se proponen deben formar parte de los programas de las instituciones
que gestionan estos asuntos.

Hay dos campos institucionales de actuación: el de las comunidades
autónomas, que se responsabilizan de una parte sustancial de la
política de atención al menor, y el de los ayuntamientos, que
desarrollan numerosas y relevantes políticas de infancia o de
protección frente a la violencia doméstica. En ambas circunstancias
la obligación política del Estado es cooperar con estas instituciones
y proveer de recursos para que estas iniciativas estén dotadas
correctamente y respondan a programas y acciones integrales que no
pueden ni deben separarse. Consideramos que el objetivo, como se ha
dicho, es programar los recursos necesarios para el desarrollo de
esta iniciativa con comunidades autónomas y ayuntamientos,
singularmente con estos últimos, a quienes, en nuestra opinión,
deberían corresponder las competencias exclusivas en esta materia. En
definitiva, señorías, la iniciativa de mediación familiar debe
considerarse en el nuevo ámbito donde opera el derecho de familia, y
la cooperación en este campo, así como la mayor descentralización de
la gestión que confiere a los ayuntamientos especiales
responsabilidades exige nuevas dotaciones de recursos.




La señora VICEPRESIDENTA (Montseny Masip): Por el Grupo Parlamentario
de Convergència i Unió tiene la palabra el señor Grau.




El señor GRAU BULDÚ: Muy brevemente para manifestar nuestra posición
en relación con la propuesta del Grupo Socialista. Creemos que se
basa en un programa iniciado en 1991, con dos centros, y en un
análisis de su evolución, siendo la propuesta que viene a esta Cámara
un ajuste del modelo ha implantado como gabinetes de mediación
familiar en el País Vasco. Nuestro grupo está de acuerdo en el
funcionamiento de estos gabinetes y consideramos que esta propuesta
tiene que extenderse o al menos complementarse en todas las
comunidades autónomas del Estado.

Lo que sucede también es que, alternativamente, por parte del Consejo
de Europa, en 1998, se produjo la Directiva R98.1 en la cual ya se
pedía por parte de este alto organismo la implantación de la
mediación familiar en todos los Estados miembros, dando unas
directivas genéricas, como todas las recomendaciones que hace el
Consejo de Europa, que marcaban las características de estos
gabinetes en todos los estados y que, básicamente, tenían que estar
sustentadas en la voluntariedad, la confidencialidad, la
imparcialidad y el asesoramiento técnico, resaltando también entre
sus recomendaciones el proceso de selección y formación de las
personas mediadoras.

En Cataluña se ha generado un sistema de mediación, en base a esta
recomendación del Consejo de
Europa, que está siendo de aplicación actualmente en la Comunidad
Autónoma de Galicia y en la Comunidad Valenciana, con ligeras
adecuaciones a cada territorio, y que, de alguna forma, están dando
un mejor resultado que el modelo vasco que también -según ha dicho el
portavoz socialista- está en reestudio y en reaplicación. Entendemos
que la vía de aplicación de los gabinetes de mediación familiar tiene
que ser ésta y no nos negamos a la implantación de la mediación
familiar como un servicio público que tiene que sustentar el Estado
en todas las comunidades autónomas, pero la propuesta, en los
términos que viene establecida, no contempla las directivas de
entidades superiores -en este caso del Consejo de Europa- que son las
que aplicamos en la Comunidad Autónoma de Cataluña y nos gustaría
poder entender que la propuesta se matizará en este sentido, para
poderla aprobar definitivamente.




La señora VICEPRESIDENTA (Montseny Masip): Por el Grupo Parlamentario
Popular tiene la palabra la señora Torme.




La señora TORME PARDO: El Grupo Parlamentario Popular cuando estudia
proposiciones de otros grupos parlamentarios lo hace desde el máximo
respeto a la iniciativa que presentan, compartiendo o no compartiendo
los criterios que sustenten estas iniciativas. En este caso no
tenemos ningún reparo en señalar que consideramos que la mediación
familiar ha de ser una técnica y un servicio que se apoye e impulse
desde el Gobierno, desde las comunidades autónomas y desde otras
corporaciones locales. La mediación familiar, como técnica
imprescindible para resolver conflictos donde las partes cuentan con
la ayuda de una persona imparcial, que es el mediador familiar, que
diseña un proceso para que éstas puedan dialogar, proporcionándoles
aquellas habilidades que les capaciten para tomar sus propias
decisiones acerca de cómo organizar su vida futura y cómo ejercer,
conjuntamente, sus funciones y responsabilidades parentales, después
de la ruptura como pareja, primando en todo el proceso el interés de
los menores, creemos, que es un programa fundamental que hay que
seguir apoyando; el Gobierno lo está impulsando y nosotros queremos
que se siga impulsando y desarrollando.

En este sentido, hay que señalar -y ya se ha hecho referencia en las
intervenciones anteriores- que es en 1991, precisamente con un
Gobierno socialista, cuando se pone en marcha como experiencia piloto
la creación de gabinetes de mediación familiar. Esas experiencias son
analizadas de una forma positiva también por el Gobierno actual, que
no tiene reparos en valorar y en destacar una iniciativa cuando es
buena. A raíz de eso, precisamente el año pasado, el Consejo de
Ministros de 18 de febrero de 2000, a la hora de distribuir
territorialmente los créditos presupuestarios destinados
a subvenciones para la realización de programas



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de servicios sociales, destina un crédito por un importe de 2.000
millones de pesetas a realizar programas de apoyo a las familias en
situaciones especiales. En el pasado Consejo de Ministros de 23 de
marzo de 2001 se amplía este crédito a 2.040 millones. Dentro de este
programa genérico de apoyo a familias en situaciones especiales hay
que destacar el programa de orientación y/o mediación familiar. El
objetivo que tiene este programa es precisamente atender las
problemáticas relacionadas con los procesos de conflictividad
familiar, situaciones que impliquen un riesgo de ruptura de la
familia o situaciones en las que la pareja haya decidido separarse,
en cuyo caso se posibilita el recurrir a la mediación familiar como
una alternativa de negociación.




Este programa se instrumenta a través de la creación o del
mantenimiento de servicios de orientación y/o de mediación familiar,
así como de aquellos servicios que faciliten el régimen de visitas.

Este programa se instrumenta a través de convenios de colaboración
que han firmado el Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales con los
consejeros competentes en materia de familia de las comunidades
autónomas. Aquí, desde luego, hay que ser muy respetuosos y
escrupulosos también con el ejercicio competencial de las distintas
administraciones.




Por tanto, el Gobierno ya ha iniciado, en el año 2000, lo que se
establece en el primer punto de la proposición no de ley que ha
presentado el Grupo Socialista. Como señalaba, en los Presupuestos de
2001 se contempla el mantenimiento de incremento del crédito para
este programa. En cuanto al segundo punto de la iniciativa, hay que
señalar que en él se insta al Gobierno a que se establezcan medidas
oportunas en la convocatoria y concesión de subvenciones ordinarias
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y en las que se concedan
mediante el IRPF para esta misma finalidad. Señalar que ya en estas
convocatorias se ha incluido este tipo de programas, por lo que
supongo que el Grupo Parlamentario Socialista, proponente de esta
iniciativa, celebrará que el Gobierno lo demuestre con hechos, no con
palabras, sino con presupuesto que es la forma más patente de dejar
clara cuál es la evolución política que tiene un Gobierno.

En cuanto al tercer punto de la iniciativa del Grupo Socialista,
señalar que es precisamente en este programa de orientación y
mediación familiar donde se definen esas mismas características que
se apuntan en el tercer punto, de manera que ya estaría recogido. Lo
que proponen en ese tercer punto estaría perfectamente recogido en
ese programa presupuestario en el que se contempla la orientación y
la mediación familiar, de manera que en estos términos, tal y como
está, el Gobierno ya está apoyando la mediación familiar, por lo que
no apoyaríamos esta iniciativa. Pero ofrecemos en este momento -como
he señalado anteriormente a la proponente del Grupo Socialista y haré
llegar por
escrito a la mesa y a los distintos grupos- una enmienda
transaccional 'in voce' que consistiría en el siguiente texto. 'El
Congreso de los Diputados insta al Gobierno a continuar impulsando el
Programa de orientación y/o mediación familiar en colaboración con
las comunidades autónomas mediante la creación de nuevos servicios
y el mantenimiento de los ya existentes.' Este es el texto de nuestra
proposición que ahora mismo acerco a la mesa y a los grupos.




La señora VICEPRESIDENTA (Montseny Masip): Para aceptar o rechazar la
enmienda tiene la palabra la señora Cortajarena.




La señora CORTAJARENA ITURRIOZ: En primer lugar, quiero decir que hay
un texto de enmienda presentado por el Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida que tenía tres puntos, aceptando el primero. Pero
quiero conocer si Izquierda Unida aceptaría la enmienda transaccional
que acaba de hacer el Grupo Parlamentario Popular. Como proponente de
la iniciativa, creo que esta enmienda transaccional va encaminada
a colaborar con las comunidades autónomas y a crear nuevos servicios y
mantenimiento de los ya existentes, por lo que votaríamos a favor de
la misma.




La señora VICEPRESIDENTA (Montseny Masip): El señor Ruiz tiene la
palabra.




El señor RUIZ LÓPEZ (don Antero): Se puede aceptar perfectamente,
pero eso implica que yo tendría que retirar todas las enmiendas, en
lo que estoy de acuerdo.




La señora VICEPRESIDENTA (Montseny Masip): El señor Ruiz López retira
sus enmiendas ¿Señora Cortajarena?



La señora CORTAJARENA ITURRIOZ: Se acepta la enmienda transaccional y
es la que va a votar mi grupo parlamentario.




- RELATIVA AL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO. PRESENTADA POR EL GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/000357.)



La señora VICEPRESIDENTA (Montseny Masip): Pasamos al quinto punto
del orden del día relativo a una proposición no de ley del Grupo
Parlamentario Socialista sobre el servicio de ayuda a domicilio.

Tiene la palabra la señora García, por el Grupo Parlamentario
Socialista.




La señora GARCÍA PÉREZ: La proposición no de ley que hoy trae el
Grupo Socialista a debate en esta Comisión, relativa al servicio de
ayuda a domicilio, se



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enmarca dentro de una realidad de la que ya, tanto en esta Comisión
como en el Pleno, los distintos grupos parlamentarios hemos tenido la
posibilidad de debatir, como son las políticas en favor de las
personas dependientes y de la familia. Pero no queríamos dejar de
traer hoy aquí una cuestión concreta, como es el servicio de ayuda a
domicilio, que afecta a multitud de personas mayores que necesitan de
este servicio para poder seguir en sus medios habituales de vida.

En la proposición no de ley se hace referencia a que la evolución de
nuestra sociedad ha posibilitado que los ciudadanos puedan vivir
muchos más años, a que está aumentando la esperanza de vida de estas
personas y a que en los últimos años de su vida están en una
situación de dependencia entendida como necesidad de ayuda para la
realización de las actividades de la vida diaria, lo que origina un
nuevo número de necesidades para mejorar la calidad de vida de estos
colectivos ya que, de hecho, los mayores de 65 años son uno de los
grupos con mayor riesgo de exclusión social. Lo que no se puede
negar, dentro de esta realidad, es que el cuidado de estas personas
mayores dependientes recae en muchas ocasiones sobre los hombros,
como no podría ser menos, de las mujeres, y en este sentido es
necesario realizar políticas y crear servicios públicos para aliviar
a estas mujeres de la carga que les supone el cuidado de estas
personas y les permita incorporarse al mercado laboral, que es uno de
los objetivos que creo que todos consideramos claves para favorecer
la situación de vida de estas personas y de las mujeres en concreto.

En 1999, la Conferencia de Ministros de Salud de Europa aprobó una
declaración política que hacía referencia a reorientar la atención de
las personas mayores hacia su domicilio, ayudándoles en las tareas
cotidianas mediante una adecuada organización de cuidados
comunitarios que garantizasen la atención social necesaria. El
incremento de esperanza de vida y la disminución de las tasas de
fecundidad se reconocen como las causas del envejecimiento progresivo
de la población en los países desarrollados, y las proyecciones de
vida en nuestro país demuestran una tendencia incrementalista,
alcanzando actualmente los 77,9 años.

Existen unas apreciaciones por parte de la EuroOMS en las que se
establece que tenemos que plantearnos la meta de ahora al año 2020 de
que las personas mayores de 65 años deberán tener la posibilidad de
gozar de todo su potencial de salud y jugar un papel activo en la
sociedad. Para ello es necesario, entre otras cosas, que los
servicios sanitarios y sociales ayuden en el ámbito local a las
personas mayores en las tareas de vida cotidiana en función de sus
necesidades y deseos, ayudándoles a ser más autónomos y activos. Este
planteamiento no es ajeno a las políticas desarrolladas en España
dentro del marco de actuaciones previstas en el Plan gerontológico
estatal. Asimismo, en este Plan gerontológico se establece como
necesario un nivel de
cobertura, por parte del servicio de ayuda a domicilio, del 8 por
ciento de las personas mayores de 65 años, y hay que decir que en
estos momentos ese nivel de cobertura está muy por debajo de esta
apreciación ya que se encuentra en el 1,7 por ciento. Por ello, se
debe hacer un esfuerzo por parte de las administraciones, por parte
de este Gobierno y por parte de las comunidades autónomas para
ampliar la cobertura y prestar el servicio de ayuda a domicilio a un
mayor número de personas de las que en estos momentos la están
recibiendo. Esta proposición no de ley que hoy presentamos es una
proposición no de ley que se encuadra dentro de otra, desarrollada y
debatida en el anterior Pleno del Congreso de los Diputados por
nuestro grupo parlamentario, en la que hacíamos referencia a todas
las necesidades de la población dependiente de nuestro país y en la
que también se establecía el servicio de prestación básica de la
ayuda a domicilio.

Por ello, en la proposición no de ley se insta al Gobierno a
desarrollar actuaciones en coordinación con las comunidades autónomas
y las corporaciones locales para alcanzar este nivel de cobertura en
el servicio de ayuda a domicilio del 8 por ciento de la población que
el Plan gerontológico establecía. Asimismo, revisar, dentro de las
prestaciones, las nuevas demandas, ya que en algunas comunidades
autónomas y en algunos municipios no se está prestando la ayuda a
domicilio en fines de semana; esto no es lógico, porque entendemos
que las personas mayores dependientes son dependientes los lunes y
también los domingos, con lo cual es necesario que se revisen estos
criterios que actualmente se están desarrollando.

Asimismo, entendemos que para llegar a este nivel de cobertura sería
necesario hacer un esfuerzo financiero por parte del Gobierno, dentro
del Plan concertado de servicios sociales, en el que se establece
esta prestación social básica de la ayuda a domicilio, y que así no
se dieran casos como el de la Comunidad Autónoma de Castilla-León. En
la Ley de acción social se establece que dentro de las prestaciones
básicas se encuentra la ayuda a domicilio y que la comunidad autónoma
debe aportar el 90 por ciento de la financiación de estos servicios,
pero nos encontramos en que por la falta de financiación hay
corporaciones locales que están teniendo que asumir, en muchos casos,
un coste muy importante de estos servicios, cuando realmente no es a
la corporación local a quien corresponde sino que, como establece la
Ley de acción social, corresponde a la comunidad autónoma. Y no sólo
está cargando sobre las corporaciones locales sino también sobre los
usuarios, y en estos momentos tenemos datos, por ejemplo, de la
Diputación de Valladolid, en donde en el año 2001, el 43 por ciento
del coste del servicio de ayuda a domicilio lo asume la Junta de
CastillaLeón, el 43 por ciento lo asume la Diputación y el 13 por
ciento lo están asumiendo los usuarios de este servicio. (La señora
vicepresidenta, López i Chamosa,



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ocupa la Presidencia.) Entendemos que esto está siendo una falta de
cumplimiento de la propia ley cuando establece que la comunidad
autónoma debe de financiar el 90 por ciento del servicio, por lo que
es una realidad que existe una falta de dotación económica para que
se puedan cumplir realmente estos objetivos y para que el desarrollo
de este servicio no se cargue sobre las corporaciones locales y sobre
los usuarios. Es por eso por lo que pedimos en esta proposición no de
ley que se intente hacer un esfuerzo para llegar a este nivel de
cobertura deseable y que se revisen estas prestaciones de las que
estamos hablando.




La señora VICEPRESIDENTA (López i Chamosa): Hay una enmienda a esta
proposición no de ley, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida,
para cuya defensa tiene la palabra el señor Ruiz.




El señor RUIZ LÓPEZ (don Antero): Existe cierta reducción de ámbito
de acción y población a proteger en el contenido de la proposición no
de ley que se presenta. Su formulación genérica se refiere a la
asistencia a domicilio, pero su concreción se cifra en la población
sujeta al Plan gerontológico. Según nuestro criterio, una reflexión
sobre la atención a domicilio debe de basarse en la consideración
como población objetivo a todas las personas dependientes, mayores y
menores de 65 años, y referirse a cuatro ámbitos de actuación: la
mejora de la cobertura y asistencia, la financiación, la coordinación
sociosanitaria y la cooperación entre los ámbitos público y privado.

Es evidente que en este campo, como en el de la teleasistencia, las
necesidades son apremiantes. En propuesta formulada por nuestro grupo
en distintos debates o reflexiones, hemos evaluado esta necesidad de
asistencia a domicilio en el caso de personas mayores de 65 años por
encima de las 150.000 personas. Estas cifras se refieren a
necesidades urgentes que afectan al 4 por ciento de la población
mayor de 65 años, muy lejos del 8 por ciento deseable previsto en el
Plan gerontológico. Creemos que además de garantizar la cobertura
señalada en el plan, deben desarrollarse acciones programadas que
permitan, al menos en un plazo plurianual razonable, cubrir los
objetivos más urgentes. En la actualidad, tenemos un problema de
cobertura en la asistencia domiciliaria a menores de 65 años, pero
también un problema de baja calidad e intensidad de la ayuda
prestada. Así que necesitamos más horas prestadas, más calidad y más
usuarios atendidos en esta prestación. En esta medida, la proposición
no de ley se refiere fundamentalmente a cobertura y no atiende a los
otros aspectos.

Determinados análisis han estimado un coste para esta prestación de
624.000 pesetas al año para 40 horas de atención mensuales y un coste
horario estimado de 1.300 pesetas la hora. Compartiendo como
compartimos este análisis y suponiendo que los beneficiarios no
pueden aportar más de un 25 por ciento de este coste, la cobertura de
necesidades de 150.000 personas adicionales supondría un coste para
las administraciones públicas de alrededor de 70.000 millones de
pesetas, que si consideramos Estado, comunidades autónomas
y ayuntamientos, es perfectamente asumible en períodos cuatrianuales de
adaptación a los objetivos. Pero como hemos señalado, la atención a
domicilio no debe referirse sólo al Plan gerontológico sino también a
personas menores de 65 años que tienen dependencias constatadas y
necesidades similares. Las cantidades que hemos sugerido para
afrontar estas necesidades urgentes pueden basarse en un nuevo plan
concertado pero exigen que el Estado, a través de la Seguridad
social, aumente su participación en los mismos. Hay dos razones para
que la Administración central, con recursos de los Presupuestos
Generales del Estado y a través de la Seguridad social, participe en
la financiación de estos recursos sociales. En primer lugar, en el
largo proceso de transferencias a las comunidades autónomas
desarrollado durante 14 años, el Estado o no disponía de programas
específicos en esta materia o eran prácticamente simbólicos, por lo
que las comunidades autónomas han afrontado programas sin haber
recibido recursos ni medios suficientes.

Por otra parte, es evidente que la prestación de estos servicios es
muy desigual en el conjunto de las comunidades autónomas y, por lo
tanto, la Administración central debe jugar el papel compensatorio de
librador que le corresponde. Entendemos que la financiación de los
instrumentos citados debe basarse en aportaciones equivalentes del
Estado, las comunidades autónomas y las corporaciones locales en el
marco de un nuevo plan concertado. No cabe duda que estos objetivos
no pueden absorberse en un único ejercicio presupuestario; debería
analizarse la posibilidad de afrontar esta demanda aproximadamente en
un cuatrienio.

Otros dos aspectos vinculados a esta circunstancia deben reseñarse.

En primer lugar, la necesidad de que todas las administraciones
públicas, Seguridad social, comunidades autónomas y ayuntamientos,
convengan los criterios básicos comunes para el reconocimiento de la
situación de dependencia, el diseño de los programas y la fijación de
derechos y deberes de las personas dependientes. En segundo lugar, es
evidente la necesidad de coordinación sanitaria de estos programas de
atención a domicilio y de la asistencia a la dependencia en general.

La coordinación sociosanitaria juega un papel fundamental en el
impulso de programas de atención integral a las personas
dependientes. Existe una experiencia de coordinación entre el Inserso
y el Insalud iniciado en 1993 que ha dejado de funcionar en la
práctica, así como están pendientes de desarrollo los criterios
elaborados en los años 1998 y 1999 para la Comisión de trabajo de la
Conferencia sectorial de asuntos sociales y la Conferencia
interterritorial de salud. Por otro lado, junto a la mejora de la
cobertura y



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asistencia, la financiación y coordinación sociosanitaria merece ser
enfatizada en este campo, me refiero a la cooperación entre los
ámbitos público y privado. Adelantaré que Izquierda Unida se opone
con carácter general al cheque servicio que se está experimentando en
este campo en algunas comunidades autónomas. Aunque entendemos que
este servicio puede jugar un papel en determinados tramos de renta y
determinados tipos de servicios, mantenemos el criterio de que los
servicios a las personas dependientes deben prestarse por las
administraciones públicas. Es desde este criterio donde deben
experimentarse fórmulas que tiendan a optimizar los recursos sociales
y fomentarse una distribución territorial equilibrada de los mismos y
acordar las garantías de calidad básica para todos los ciudadanos así
como la Seguridad Social para los propios gestores de la iniciativa
privada, especialmente las organizaciones no gubernamentales. Esta
colaboración de público y privado debe servir para homologar
servicios, las normas básicas de calidad y la forma de control
e inspección.




La señora VICEPRESIDENTA (López i Chamosa): Para fijación de posición
tiene la palabra, por el Grupo de Convergencia i Unió, el señor
Campuzano.




El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Hoy de nuevo llega a la Cámara, esta
vez a la Comisión de Política Social y Empleo, una proposición no de
ley que incide en un aspecto central relacionado con las políticas de
atención a las personas dependientes y, muy específicamente en este
caso, a las personas mayores.




A raíz de los debates que ha habido ya en el Pleno de la Cámara, uno
de ellos una interpelación con la moción subsiguiente del Grupo
Parlamentario de Convergència i Unió que abordaba la necesidad de
articular una política amplia de atención a la dependencia en los
próximos años en España y, por otro lado, una proposición no de ley
del Grupo Socialista en la que se instaba al Gobierno a la
elaboración de un proyecto de ley que diese respuesta a estas
necesidades, nuestro grupo manifestaba su visión de que en esta
materia era bueno y necesario efectuar un análisis de las políticas
que hoy se están desarrollando por parte del Gobierno del Estado, por
parte de las comunidades autónomas o por parte de las corporaciones
locales, y de ahí derivar todo lo que fuesen iniciativas tendentes a
reforzar los compromisos presupuestarios de las administraciones en
esa materia y, por otro lado, observar también cuáles eran las
necesidades a medio y largo plazo en ese ámbito. La iniciativa del
Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió, su interpelación
y moción, pretendía impulsar las políticas necesarias en ese medio y
largo plazo. Y decíamos en aquellos debates que todas las iniciativas
que estuviesen hoy orientadas a mejorar el compromiso presupuestario
en esa materia encontrarían
en la medida de lo posible el apoyo de Convergència i Unió. En
este sentido, la proposición no de ley que nos plantea el Grupo
Socialista, en la medida en que marca un objetivo perfectamente
asumible, va a encontrar nuestro apoyo.

Algunas consideraciones muy breves. Es evidente que desde hace unos
cuantos años ha existido un cambio de perspectiva en las políticas de
atención a las personas mayores, y la atención domiciliaria, que hace
relativamente poco tiempo era rechazada, a menudo, por razones
ideológicas o de tipo receptivo, y se situaba como única referencia
en las políticas de atención a las personas mayores todo lo
relacionado con la presencia en residencias, directamente, hoy es
evidente que ha existido un cambio de perspectiva en ese sentido y la
opción por la atención domiciliaria se ha convertido en una opción
preferente, tanto para ayuntamientos como para comunidades autónomas;
responde muchas veces a mejores opciones personales o familiares,
puede dar respuesta a un mundo laboral cada vez más flexible, permite
hacer emerger trabajo sumergido y supone también una mayor
racionalidad en los costes presupuestarios que estas nuevas
necesidades implican cada vez más para el conjunto de las
administraciones. Por tanto, desde ese punto de vista, creo que la
evolución en esta materia ha sido importante.

Seguramente continúa faltando una articulación mucho más potente de
las políticas fiscales y de empleo relacionadas con los servicios de
atención domiciliaria, desde la perspectiva, por ejemplo, de la
creación de nuevos yacimientos de empleo como de la colaboración
entre el sector público y el sector privado, tanto el lucrativo como
el de sin ánimo de lucro. Ahí nos parece también que es bueno
analizar las opciones en el terreno de las políticas sociales con
poco dogmatismo. Hay que recordar a algún portavoz que las políticas
de cheques servicios han sido impulsadas precisamente por
ayuntamientos de izquierdas como el de Sabadell, demostrando una
eficacia social altamente rentable.

Dicho esto, nosotros vamos a apoyar esta proposición no de ley, pero
vamos a insistir en que, junto a este incremento de recursos, que
poco o mucho implica, está la necesidad de articular estas políticas
de empleo y de activación de los mercados relacionados con los nuevos
yacimientos de empleo. Nos continúa faltando un gran pacto de Estado
alrededor de los servicios sociales y de los servicios de proximidad
que deberá tener en algún momento su concreción a nivel de una nueva
ley reguladora de las dependencias, reguladora de los servicios
sociales y que, por tanto, es bueno que vayamos avanzando compromisos
en esta materia, pero no olvidemos cuál debe ser el objetivo que, a
medio plazo, el conjunto de la sociedad española debe marcarse. De
ahí que el papel que van a tener que jugar las corporaciones locales,
y muy significativamente las administraciones autonómicas, va a ser
muy especial.En ese sentido nosotros vamos a continuar trabajando



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en nuestro ámbito de responsabilidad para avanzar hacia esa mayor
articulación.




La señora VICEPRESIDENTA (López i Chamosa): Para fijar la posición
del Grupo Popular, tiene la palabra la señora Montseny.




La señora MONTSENY MASIP: Cuando se debaten temas como éste en esta
Comisión, que evidentemente suelen ser la mayoría de los que
estudiamos, hay que ser conscientes de que son temas delicados y que
a todos nos induce a una cierta sensibilidad para mejorar todas las
situaciones de aquellas personas que requieran ayuda por parte de las
diferentes administraciones que se integran en el Estado español.

Quiero agradecer el tono de todos los grupos e incidir en algo, con
lo que estoy de acuerdo, que ha dicho la señora García y es que la
mujer siempre, de alguna forma, en nuestra sociedad ha tenido un
especial papel de relevancia en cuanto a la atención, ya no sólo de
las personas mayores dependientes, sino de las personas mayores en
general. Nuestra sociedad ha venido sufriendo unos cambios sociales
importantes y lo que antes era habitual, que era que las personas
mayores seguían conviviendo en el seno de la familia, hoy, quizá
desgraciadamente, porque no sé si eso es bueno o es malo, ha sufrido
una transformación muy importante.

Creo que habría que marcar dos etapas en nuestra sociedad, dada la
tardía incorporación de la mujer al trabajo, puesto que ahora se ha
producido una nueva situación en que la mujer parece que ya se va
incorporando a su vida profesional y que, lógicamente, tiene menos
tiempo para atender determinadas tareas. Todos hemos reconocido
muchas veces que la mujer siempre tiene una mayor carga, puesto que
ya no sólo está al cuidado de las personas mayores, de los familiares
próximos, sino que también dedica mucho más tiempo y esfuerzo al
cuidado de la vida familiar. Se ha hablado de esfuerzo económico y
financiero. Me gustaría decir que, si bien estoy de acuerdo, en este
área se han producido hechos por lo que todos nos debemos felicitar,
porque se ha incrementado el número de residencias geriátricas para
determinadas personas dependientes; se ha estudiado en el plenario de
la Cámara el seguro de dependencia, que parece que vamos abocados a
él, puesto que existe un número de personas en nuestra sociedad que
no pueden valerse por sí mismas, aunque yo, a título personal, debo
decir que soy en ese aspecto tremendamente optimista, pienso que a
medio o largo plazo las situaciones de dependencia van a ir
mejorando, porque se producen avances sanitarios todos los días y
muchas de las enfermedades hoy degenerativas vamos a saber
solucionarlas dentro de nuestro sistema sanitario, que todos
reconocemos que es uno de los mejores de Europa.

Es cierto que la prestación de los servicios sociales no depende sólo
de la administración estatal sino que
están transferidos y deben ser compartidos con las comunidades
autónomas y con las corporaciones locales. En este sentido las
dotaciones presupuestarias que ha habido desde 1996 al 2000 ya han
tenido un incremento importante que, si lo fijamos en porcentajes,
estaríamos en una dotación presupuestaria de 10.000 millones para esa
prestación de servicios sociales en el año 1996 y, hoy, en los
presupuestos del año 2000, la dotación es de 14.000 millones. Pero es
cierto también que la cobertura para las personas que perciben
prestaciones de jubilación o de invalidez llega escasamente a un 2
por ciento. El compromiso del Grupo Parlamentario Popular es seguir
atentos a que ese incremento se vaya produciendo de una forma
importante en los próximos años en las partidas presupuestarias
asignadas a tal fin para que lleguemos, en los años próximos
inmediatos, a la cobertura del 4 por ciento, que creo que ya
afectaría a un colectivo de 260.000 personas, y para ello el esfuerzo
económico que supondría sería de unos 60.000 millones,
aproximadamente.

No obstante, a título personal, muchas veces he hablado con diversos
diputados que integran esta la Comisión de Política Social y Empleo y
somos muchos los que pensamos, con otros diputados y de otras fuerzas
políticas distintas a la mía, que no sólo hay que hablar de
incremento de recursos económicos sino que muchas veces deberíamos
acudir un poco a la imaginación, y se me ocurre que, por ejemplo, el
servicio del voluntariado podría también prestar una labor importante
en cuanto a la atención de personas dependientes. Lamento decir que
hoy no vamos a apoyar esta iniciativa pero sí me quiero comprometer a
que desde el Grupo Parlamentario Popular vamos a seguir atentos a que
se vayan produciendo incrementos para poder paliar esas situaciones
de dependencia. Pero también quiero decir que, dentro del colectivo
de personas dependientes, debemos estar atentos todos los grupos ya
no a que se produzca ese mayor incremento, que por supuesto sí, sino
a que, ante personas que no tengan familiares próximos, que no puedan
tener una prioridad para acceder a una residencia geriátrica, esas
situaciones en que realmente existen personas indefensas, hagamos
todos los esfuerzos para que los servicios sociales del Imserso, en
concatenación y coordinados con las comunidades autónomas y las
corporaciones locales, tengan conocimiento y esas personas sean
prioritarias en la atención domiciliaria o en la prestación de
cobertura con relación a su situación de dependencia.




La señora VICEPRESIDENTA (López i Chamosa): A los simples efectos de
decir si acepta la enmienda o no tiene la palabra la señora García.




La señora GARCÍA PÉREZ: Con respecto a las enmiendas presentadas por
el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, como ya dentro del Plan
concertado de servicios sociales se establece la prestación básica



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de la ayuda a domicilio no entendemos la necesidad de un nuevo plan.

Por tanto, las cuatro primeras enmiendas no las aceptaríamos;
aceptaríamos la última con una modificación que dijera
definitivamente: Se insta al Gobierno a impulsar el encuentro de los
órganos de participación institucional autonómicos con organizaciones
sindicales y empresariales y con las organizaciones sociales
representativas de las personas dependientes con el objetivo de fijar
los criterios de colaboración entre los ámbitos público y privado.

Creemos que así se puede recoger la apreciación que el Grupo Federal
de Izquierda Unida ha hecho sobre incorporar un tema importante como
es el de los nuevos yacimientos de empleo, que nunca deben ser
sustituidos por el voluntariado.




La señora VICEPRESIDENTA (López i Chamosa): A los efectos de decir si
acepta el señor Ruiz la propuesta de la señora García Pérez, tiene la
palabra.




El señor RUIZ LÓPEZ: Sí, ya lo habíamos hablado.




- SOBRE MEDIDAS PARA PROVEER DE RECURSOS HUMANOS Y ECONÓMICOS A LAS
ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES EN LAS QUE HAN PARTICIPADO LAS
PERSONAS ADSCRITAS A LA PRESTACIÓN SOCIAL SUSTITUTORIA.

PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA.

(Número de expediente 161/000682.)



La señora VICEPRESIDENTA (López i Chamosa): Pasamos a la siguiente
proposición no de ley sobre medidas para proveer de recursos humanos
y económicos a las organizaciones no gubernamentales en las que han
participado las personas adscritas a la prestación social
sustitutoria, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, con
lo cual tiene la palabra el señor Ruiz.




El señor RUIZ LÓPEZ: Izquierda Unida pretende instar al Gobierno a
elaborar un plan de apoyo a las organizaciones no gubernamentales con
el objeto de que puedan abordar la realización de contratos de
trabajo sustitutivos de las tareas que, en el ámbito de la atención a
las personas, venían realizando jóvenes con motivo de la prestación
social sustitutoria. Como ya hemos señalado en otra ocasión, las
prisas profesionalizadoras del ministro han producido tanto
improvisaciones evidentes como gestos socialmente lesivos, como es el
mantenimiento de la criminalización de los insumisos, lo que resulta
no sólo un contrasentido sino un atentado contra la razón y la
justicia.

En el campo al que se refiere nuestra propuesta, se corre el evidente
riesgo de que la oferta de servicios de
atención a las personas, desarrollado por impulso de las
organizaciones no gubernamentales, pase a ser insolvente y esta
ausencia produzca daños en ámbitos de la población que han venido
recibiendo una notable aportación a la mejora de su calidad de vida.

Esta sería una paradoja producto de la improvisación de un ministerio
más impulsado por la política de imagen que por la superación de
problemas políticos y sociales, un efecto que no pagará el
Ministerio, que parece haber heredado la peor de las tradiciones de
comportamiento de nuestro ejército, la del soldado oficial que
escaquea, sino las administraciones locales que tienen encomendadas,
fundamentalmente, las obligaciones de asistencia a las personas, esto
es, los ayuntamientos. De hecho, como ya se ha señalado en la Cámara
en otra ocasión, el final de la prestación social sustitutoria ha
puesto en evidencia dos críticas que sindicatos y agentes sociales y
políticos habían formulado a este mecanismo. Por una parte, la
sustitución de recursos locales, fundamentalmente de empleo, en
materia de atención a las personas, por otra, la aparición de una
demanda de servicios no contemplada por las instituciones públicas,
materializada especialmente por la falta de atención a las personas
dependientes, especialmente mayores y personas con discapacidades.

Resulta llamativo que ni el Ministerio ni nadie en el Gobierno haya
previsto esta circunstancia y establecido medios para resolver la
situación. No descarto alguna propuesta de análisis o de reflexión a
las que el Grupo Popular nos tiene acostumbrados, como la conversión
en autónomos o creación de cooperativas por parte de los antiguos
objetores que deseen trabajar en este campo, o personas que decidan
desarrollar su actividad en el sector de la atención a las personas.

En todo caso, la respuesta es imprevisible. Antes el esfuerzo de los
individuos que la potenciación del tercer sector y antes la
beneficencia que la creación de empleo estable. En realidad a estas
dos gestiones se refiere nuestra propuesta. Nos encontramos ante un
sector de actividad que se revela como uno de los que potencialmente
demandan más creación de empleo y en un terreno donde las
instituciones sin ánimo de lucro o de inserción han prestado y deben
prestar una notable contribución social. El final de la prestación
social sustitutoria sin una alternativa a los programas de
voluntariado o un apoyo a las organizaciones no gubernamentales,
prestadoras de estos servicios, o una propuesta de cooperación en el
ámbito local, creará sin duda un serio problema para continuar
prestando estos servicios en detrimento de los beneficiarios de los
mismos.

A estos tres niveles de actuación se refiere nuestra propuesta que
pretende: primero, encontrar mecanismos que faciliten la presencia de
un tercer sector en el terreno de la prestación de servicio de las
personas; una presencia que permitiría afrontar dos objetivos
fundamentales, la mejora de la calidad de vida de muchos ciudadanos y
ciudadanas y estabilizar la presencia del



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tejido asociativo en este ámbito; segundo, el impulso de carreras
vocacionales en atención a las personas en lo que evidentemente es un
yacimiento de empleo y la profesionalización de ámbitos del
voluntariado sujetos a controles de calidad y formación en la
prestación de estos servicios y, tercero, la aparición de una
cooperación en el ámbito local que permita extender las políticas de
atención a las personas dependientes sobre la base de la iniciativa
social y la programación local responsable de articular los baremos
exigibles para esta práctica social y económica.

En relación con la actuación local debemos señalar dos problemas
evidentes: un reto a los ayuntamientos para cumplir demandas
ciudadanas y una necesidad de regular el tipo de actividad que estas
personas venían realizando. Es evidente que a estas instituciones
sólo les cabe una estrategia, externalizar la prestación de servicios
apoyándose en las organizaciones del tercer sector que venían
prestándolas. Es en el contexto de esta externalización donde la
potenciación del tercer sector de sus capacidades de prestación de
servicios resulta determinante, siempre y cuando dispongan de
recursos para profesionalizar la actividad de los prestadores de
servicios, lo que sin duda es una fuente de empleo.

Al citar este asunto sé que me expongo a una exposición de cifras
sobre la magnífica política del Partido Popular en el campo de la
creación de empleo juvenil. Pues bien, nuestra propuesta supone ni
más ni menos que abrir las posibilidades a la creación de 50.000
potenciales puestos de trabajo que, además, aparecen vinculados a
necesidades sociales. Esta demanda de servicios de atención a la
dependencia va a seguir persistiendo y se trata de evitar los riesgos
evidentes que la desaparición de la prestación social sustitutoria
puede provocar, la inmersión en la economía sumergida de personas que
sigan prestando servicios en este campo o la insatisfacción de la
demanda existente.

En definitiva, el Gobierno se encuentra ante una triple
circunstancia: la existencia de una demanda de prestación de
servicios de atención a las personas, la existencia de una estructura
organizativa capaz de prestarlos y, por último, una evidente demanda
de puestos de trabajo que puede contribuir a una creación estable de
empleo. Para que este programa de empleo se articule a través de las
organizaciones no gubernamentales se hace preciso arbitrar cauces
financieros adecuados y modalidades de contratación adecuadas basadas
en un empleo estable de calidad y con derechos. Sería preciso
disponer de una evaluación rigurosa de los servicios que se han
prestado y una evaluación de los empleos potenciales a crear,
especialmente en el campo de las personas dependientes. Esta
evaluación habría de permitir establecer líneas financieras de apoyo
que se vincularían a créditos de políticas de bienestar social, a
recursos procedentes del IRPF y bonificaciones según la naturaleza de
los contratos.

Una segunda línea de acción debería afectar a comunidades autónomas y
administraciones locales, que deberían responsabilizarse tanto de
definir los baremos y medidas que garanticen la calidad de los
servicios que se van a prestar como de articular un sistema ágil de
externalización de servicios. Un factor que no puede ignorarse es la
función de creación de habilidades y capacidades nuevas,
prácticamente inexistentes en el mercado formativo, y que deberían
promoverse a diversos ámbitos formativos reglados y no reglados,
específicamente en ámbitos autonómicos y locales. (La señora
Vicepresidenta, Montseny Masip, ocupa la Presidencia.) En esencia, no
estamos planteando responder a una nueva perspectiva de empleo
vinculada a la extensión del estado del bienestar.




La señora VICEPRESIDENTA (Montseny Masip): Por el Grupo Parlamentario
de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Campuzano.




El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Efectivamente, ante la perspectiva de
la desaparición, el próximo 31 de diciembre, del servicio militar
obligatorio y, en consecuencia, la desaparición de la prestación
social sustitutoria, se ha abierto ya, desde hace unos cuantos meses,
cerca de un año, un amplio debate en el conjunto de la sociedad
española con relación a las consecuencias que se van a derivar
principalmente para las ONG que han acogido objetores de conciencia y
el impacto de la supresión de la prestación social sustitutoria en el
ámbito del mundo no gubernamental, y muy especialmente en el mundo no
gubernamental que trabaja en cuestiones de carácter asistencial o
social.

Resultado de esta preocupación y de este debate social nuestro grupo,
en diciembre del año pasado, ya planteó una interpelación y una
moción subsiguiente para instar al Gobierno del Estado español a que
impulsase una determinada política para dar respuesta a los
previsibles problemas que en este ámbito se van a generar. El texto
que se aprobó por unanimidad del conjunto de los grupos ordenaba tres
puntos al Gobierno. En primer lugar, la remisión a la Cámara, antes
del final del período de sesiones, de un informe sobre la base de los
trabajos que ya habían comenzado los diversos ministerios implicados
en la cuestión; segundo, impulsar con las ONG, los gobiernos
autonómicos y demás organizaciones sociales afectadas medidas que, a
través del voluntariado, diesen respuesta a esas necesidades y,
tercero, que se estudiasen conjuntamente con las comunidades
autónomas y las propias organizaciones sociales medidas que, en el
terreno de la política de empleo, sirviesen para consolidar como
puestos de trabajo aquellas actividades que efectivamente podían
responder a esa lógica.

Posteriormente, el Grupo Socialista planteó una proposición no de
ley, hace cuestión de unas pocas semanas, incidiendo también sobre la
necesidad de articular



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una política de empleo en ese ámbito. Y hoy, el Grupo Federal de
Izquierda Unida vuelve a insistir planteando tres medidas que poco o
mucho enlazan con aquello que planteaba la moción de Convergència i
Unió, aprobada por el conjunto de la Cámara, y la proposición no de
ley del Grupo Socialista.

Nuestra sensación -y así lo manifestamos en el último debate que
tuvimos, a raíz de la iniciativa del Grupo Socialista- y nuestro
convencimiento era que el Gobierno no estaba dando cumplimiento a lo
aprobado por la Cámara en diciembre del año pasado. Ese informe que
debería darnos a todos una visión de conjunto de cuál es el problema
aún no se ha entregado a la Cámara. No sé si hoy el Grupo Popular va
a darnos alguna pista con relación a esta cuestión. Continuamos sin
saber qué medidas concretas en el terreno del voluntariado se van a
poner en marcha para dar respuesta a esas necesidades, y no nos
consta que se haya avanzado la definición de acciones positivas en el
terreno de la creación de empleo. Es más, una enmienda de nuestro
grupo parlamentario presentada en el trámite de la reforma laboral,
en el Congreso, en que se instaba a incorporar a la política de
bonificaciones a la acción social aquellas contrataciones que se
realizasen en el marco de la generación de empleo por parte de las
ONG que tuviesen objetores de conciencia (aún esperamos que en el
Senado se pueda rectificar), pero, de momento, el Grupo Popular la ha
rechazado. Por tanto, nos sitúa, a finales de este período de
sesiones de mediados del año 2001, con la sensación de que los
problemas que vamos a tener a principios del año que viene, los
problemas que hoy ya tenemos en muchas de las organizaciones no
gubernamentales que han prestado un servicio al Estado asumiendo sus
responsabilidades para permitir que la prestación social sustitutoria
se pudiese desarrollar de manera racional, inteligente y positiva,
continúan sin estar resueltos. Nuestro grupo continúa preocupado por
esa inactividad que hasta ahora hemos percibido en el Gobierno.

En paralelo observamos que allí donde existe voluntad política se
están tomando medidas para avanzar en este sentido. Hace días se
presentó, por parte del Gobierno de Cataluña, un programa para hacer
frente a la financiación de la prestación social sustitutoria, un
programa que se fundamenta en un mandato legal, la propia Ley de
presupuestos de la Generalitat para el año 2001 que aprobó una
disposición adicional instando al Gobierno a elaborar un plan
específico de actuación ante la situación que va a suponer la
desaparición de la prestación social sustitutoria, un plan que el
Gobierno catalán ya ha presentado y que es amplio, que se formula en
línea de impulsar los programas de voluntariado; facilitar la
incorporación de voluntarios a entidades; impulsar la contratación
laboral -y en este sentido recordar que en el plan de ocupación del
departamento de la Consejería de trabajo de la Generalitat se van a
aportar 250 millones para el presente
año, para políticas relacionadas con la creación de empleo en las
ONG, y 450 millones para el año 2002-; se pone en marcha el impulso
de nuevas figuras dentro del sector asociativo, vinculadas al
voluntariado de empresa de manera muy significativa. Todo ello a
nosotros nos hace insistir en que hoy votaremos favorablemente esta
iniciativa de Izquierda Unida y en que al Gobierno le queda menos
plazo para dar respuesta a esas necesidades. El 31 de diciembre está
ahí y tenemos la sensación de que el Gobierno no ha entendido la
importancia que esta situación va a generar a un número significativo
de entidades, de asociaciones que en el conjunto de la geografía del
Estado español, a lo largo de estos años, han hecho sostenible el
sistema de la prestación social sustitutoria, han generado
actividades sociales importantes, han dado respuesta a problemas
sociales que desde la Administración no estábamos cubriendo y han
visto reforzadas sus actividades. Por tanto, lo positivo y lo normal
sería que el Gobierno diese cumplimiento a los mandatos
parlamentarios y empezase ya a desarrollar una política en este
ámbito.




La señora VICEPRESIDENTA (Montseny Masip): Por el Grupo Parlamentario
Socialista tiene la palabra el señor Velasco.




El señor VELASCO SIERRA: Desde el Grupo Parlamentario Socialista
vamos a apoyar esta iniciativa que como bien han expuesto tanto el
portavoz del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida como el portavoz
de Convergència i Unió, viene a enlazar esta proposición no de ley
con la moción consecuencia de una interpelación de Convergència i
Unió y con la última, hace pocas fechas, del Grupo Parlamentario
Socialista que debatimos en Pleno. Como bien resalta el portavoz de
Convergència i Unió se van acabando los plazos, quedan pocos meses
para que la prestación social sustitutoria desaparezca, igual que el
servicio militar obligatorio, y seguimos a expensas de que el Partido
Popular, el Gobierno, nos presente en esta Cámara, como mandato de
todos los grupos parlamentarios, ese estudio coparticipado con las
asociaciones y ONG afectadas en este tema, con las comunidades
autónomas y con los ayuntamientos, donde nos expongan la realidad que
se presenta a partir del 1 de enero.

Hemos escuchado muy atentamente la exposición de la portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el último debate en el Pleno, y no
entendemos las razones por las cuales nos explicó la negativa del
Partido Popular a rechazar la proposición no de ley del Grupo
Parlamentario Socialista, si bien lo único que planteamos es una
alternativa. Si no se está de acuerdo con ella estamos esperando la
alternativa del Partido Popular o del Gobierno sobre este tema. Al
día de la fecha no encontramos esa alternativa y la realidad es que
las organizaciones no gubernamentales ONG, instituciones, etcétera,



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se van a ver muy desamparadas por este Gobierno el próximo 1 de
enero.

En cuanto a la moción en concreto no estamos muy de acuerdo en el
punto 1 por las razones ya expresadas por los anteriores portavoces,
ya que el Gobierno debería haber mandado a esta Cámara, en el
anterior período de sesiones, el documento mencionado y no lo ha
hecho. Izquierda Unida le da un plazo de tres meses, que nosotros no
vemos ni bien ni mal pero seguimos esperándolo.

Y con los puntos 2 y 3 estamos de acuerdo porque encaja perfectamente
con el plan que nosotros proponíamos. Hay una realidad juvenil que
quien quiera verla lo puede ver y quien no que mire para otro lado,
pero la temporalidad y la rotación en este sector y, en concreto, en
el llamado tercer sector, es muy alta, altísima. Hay un documento del
Gobierno presentado hace pocas fechas donde se hace una valoración
del plan de empleo de acción para el Reino de España del año 2000,
donde hay un párrafo exclusivamente tratando sobre este sector y
donde el Gobierno apunta a que la temporalidad es muy alta en este
sentido. Con esta proposición no de ley y con las anteriores que
hemos visto en la Cámara se corrige esta situación; hoy en día los
jóvenes acceden al mercado de trabajo con unos contratos muy en
precario y, de esta manera, apuntaba el portavoz de Izquierda Unida
que serían unos 50.000; nosotros apostamos por 60.000, de esos
100.000 objetores de conciencia que están ahora mismo desarrollando
puestos de interés social, ayudando a personas de tercera edad,
niños, jóvenes, etcétera, donde hay oportunidad de crear un empleo
estable muy importante y no entendemos que el Partido Popular no
intervenga en estos planes o con otros que ellos podrían hacer pero,
hasta el día de la fecha, no tenemos constancia de que tengan ni
intención -porque así nos lo trasladan las asociaciones y ONG- de
presentar un plan alternativo ante la desaparición de la prestación
social sustitutoria.

Esperemos que esta iniciativa sea apoyada, nosotros lo vamos a hacer
y sería bueno que todos los grupos nos pusiéramos a trabajar en la
misma dirección por la sociedad juvenil, por los puestos de trabajo
en este tercer sector al que tanta ayuda hace falta y, en definitiva,
por el conjunto del mercado laboral español.




La señora VICEPRESIDENTA (Montseny Masip): Por el Grupo Parlamentario
Popular tiene la palabra la señora Moneo.




La señora MONEO DÍEZ: Señorías, de las afirmaciones que he podido oír
antes de mi intervención, tanto la del portavoz del grupo proponente
como las intervenciones de los restantes portavoces de grupos
parlamentarios, deduzco que de mi intervención en el Pleno, cuando
planteó el Grupo Socialista una proposición no de ley referida a un
plan de empleo alternativo juvenil, respecto a esas prestaciones que
hasta
ahora desarrollaban los objetores de conciencia, quizás no se captó
claramente o quizás no supe expresarme perfectamente respecto a
cuáles son las alternativas que ha planteado el Gobierno, pero lo
cierto es que me veo en la obligación de volver a señalarlas, entre
otras razones porque son muchas, porque son variadas y porque son
efectivas. Siento que el señor Antero no quiera volver a oír los
datos del empleo juvenil pero es que de lo único que es responsable
este grupo y el Gobierno, y además es una responsabilidad que
llevamos con cierta dignidad, es de haber rebajado la tasa de
desempleo juvenil en menores de 25 años en 18 puntos; si eso no es
hacer nada en materia de empleo quizás hay que buscar otras
alternativas pero le puedo asegurar que en la historia de esta
democracia nunca se ha creado tan rápidamente empleo estable y, desde
luego, de mayor calidad.

En cualquier caso, debatimos hoy en esta Comisión una proposición no
de ley que nos presenta el Grupo Federal de Izquierda Unida, cuyo
contenido ha sido -y pienso que será a la luz de las mociones, de las
proposiciones no de ley en Pleno y ahora en Comisión-, objeto de
múltiples debates y que, en líneas generales y como he señalado
antes, hace referencia a las circunstancias que se pueden y de hecho
se han de plantear con la anunciada desaparición del servicio militar
y, con ello, de la prestación social sustitutoria. Y digo esto porque
hace escasas fechas debatíamos ya en el Pleno una proposición no de
ley del Grupo Socialista, cuya exposición puede considerarse similar
en todo o en parte al punto número 3 de esta proposición no de ley.

Nos encontramos, reiteradamente, ante el planteamiento de la creación
de un plan de apoyo, puede decirse quizás un plan de empleo, respecto
a aquellos servicios hasta ahora prestados por los objetores de
conciencia, en una labor sin duda alguna encomiable, pudieran quedar
desatendidos con la desaparición de l a prestación social
sustitutoria. Y he de decirles, señorías, que la posición de mi grupo
va a seguir siendo la misma que tuve el honor de defender ante el
Pleno de la Cámara, y va a ser la misma porque los planteamientos
siguen siendo los mismos. He de volver a recordar aquí -y me veo en
esa obligación en vista de las exposiciones- que si hablamos de
empleo juvenil y de medidas de desempleo juvenil, el Plan de acción
para el empleo 2001, que quizás algunas de SS.SS. no conocen bien, ya
recoge en sus 18 directrices una serie de actuaciones
interrelacionadas cuya finalidad es no sólo mantener, sino
incrementar la creación de empleo, y no sólo de empleo, sino de
empleo para jóvenes, mediante actuaciones de impulso del tercer
sector como generador de empleo, mediante concretas medidas de
inserción, mediante la defensa de la calidad de un empleo estable,
por ejemplo, a través de la ampliación del intervalo de edad que
afecta al nuevo contrato indefinido y que ha pasado de poder
realizarse de los 16 a los 30 años, inclusive.




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El Plan nacional global en materia de juventud también recoge
diferentes medidas destinadas a la creación de empleo para jóvenes,
como aquellas actuaciones referidas, por ejemplo, a la formación, al
empleo, a la orientación, a los nuevos yacimientos de empleo,
dirigidas especialmente a aquellos jóvenes que por su nivel
socioeconómico, por su nivel educativo, etcétera, encuentran
dificultades para su inserción laboral. Ahora bien, a tenor de la
proposición no de ley que aquí se presenta, especial relevancia
merecen para mi grupo esos 8.000 millones de pesetas destinados a
contribuir a la implantación, al desarrollo y a la consolidación del
movimiento asociativo juvenil y, por consiguiente, del voluntariado.

Podríamos continuar también con otro tipo de actuaciones como las que
establece el propio Plan de inclusión social, pero creo que de lo
expuesto se deduce, por lo menos, la innecesaria adopción de una
actuación tal como establece y especifica la proposición no de ley de
Izquierda Unida por cuanto sus actuaciones ya están previstas y
algunas de ellas en vía de ejecución.

Por lo que respecta a los puntos 1 y 2, hay que recordar -y aquí se
ha hecho por algún portavoz- que en el mes de diciembre del pasado
año se debatía y aprobaba, en el Pleno de esta Cámara, una moción
fruto de una interpelación urgente del Grupo de Convergència i Unió,
aprobada por unanimidad, de cuyos contenidos se deduce la apuesta de
la Cámara por la atención, a través del creciente voluntariado -hay
que recordar también que el número de voluntarios en nuestro país se
ha duplicado, que disponemos de un número tan importante como 550.000
voluntarios-, de las auténticas necesidades atendidas hasta ahora por
la prestación social sustitutoria, planteamiento coincidente con las
propias manifestaciones del ministro de Trabajo y Asuntos Sociales en
el curso de sus intervenciones en respuesta a la señalada
interpelación parlamentaria. El propio ministro, ante las
discrepancias que se habían ido evidenciando en torno a la creación
de un servicio civil voluntario y a la pujanza adquirida por el
movimiento voluntario en nuestro país en los últimos años, señalaba
el voluntariado como posible cauce adecuado en orden a paliar en
parte la situación derivada de la supresión de la prestación social
sustitutoria, que también podría dar lugar a la creación de nuevos
puestos de trabajo en ese tercer sector. Es por ello, por estar en
puertas ya de la presentación de ese II Plan nacional del
voluntariado anunciado por el ministro en esta Cámara, con una
importante dotación presupuestaria de la que disponemos de una
primera asignación, así como el hecho de que ya en la actualidad una
parte del IRPF viene destinándose a programas específicos tendentes
a la promoción del voluntariado social, de sensibilización, de
formación, etcétera, por lo que esta asignación también contribuirá,
y nuestro grupo así lo defiende, a paliar la situación derivada de la
desaparición de la prestación social sustitutoria.




Señorías, en definitiva lo que nosotros venimos a plantear es la
falta o lo innecesario de esta proposición no de ley que hoy nos
presenta Izquierda Unida, por lo menos en los términos que consta,
porque las medidas que ellos plantean en materia de empleo se están
ejecutando o están en vías de ejecución a través de diferentes
planes, porque con relación a ese apoyo decidido del voluntariado
estamos en puertas de ese segundo plan, y de una dotación
presupuestaria importante directa o indirectamente. Vamos a seguir
manteniendo nuestro apoyo a los términos que se plantearon en la
moción aprobada en el Pleno de la Cámara en el mes de diciembre.

Consideramos que muchos de sus aspectos están siendo ejecutados,
sobre todo en materia de empleo y también señalamos que el Ministerio
de Justicia ya ha editado un amplio estudio y balance sobre la
objeción de conciencia y la gestión desarrollada para el desempeño de
la prestación social sustitutoria durante todo el período de su
vigencia. Confiamos que el informe que se pretende realizar y que
instaba el Gobierno en la moción aprobada en el mes de diciembre esté
finalizado con la mayor brevedad, pero las líneas de actuación que en
aquel momento aprobó esta Cámara y el compromiso que el Gobierno
adquirió respecto a esas líneas de actuación, están siendo cumplidas
suficientemente en cuanto a empleo, en cuanto a apoyo decidido del
voluntariado y en cuanto a la firmeza de que esos servicios que han
prestado diligentemente los objetores de conciencia van a ser
cubiertos para que todas aquellas personas que hasta ahora han sido
beneficiadas por los mismos puedan sentirse seguras de su realidad.




La señora VICEPRESIDENTA (Montseny Masip): Señorías, vamos a
proceder, a las votaciones.

Proposición no de ley relativa a la inclusión en el régimen especial
de trabajadores del mar a los mariscadores por cuenta propia.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14;
en contra, 21; abstenciones, 1.




La señora VICEPRESIDENTA (Montseny Masip): Queda rechazada.

Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular para fomentar
el empleo de las personas mayores de 45 años.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 35;
en contra, uno.




La señora VICEPRESIDENTA (Montseny Masip): Queda aprobada.




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Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular de impulso a
los puntos de encuentro familiar, con una enmienda introducida por el
Grupo Federal de Izquierda Unida.




Efectuada la votación, dijo



La señora VICEPRESIDENTA (Montseny Masip): Queda aprobada por
unanimidad.

Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista para
implantar gabinetes de mediación familiar, en los términos del texto
transaccional.




Efectuada la votación, dijo



La señora VICEPRESIDENTA (Montseny Masip): Queda aprobada por
unanimidad.

Proposición no de ley del Grupo Socialista relativa al servicio de
ayuda a domicilio, en los términos resultantes de la aceptación
parcial de la enmienda de Izquierda Unida.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15;
en contra, 21.




La señora VICEPRESIDENTA (Montseny Masip): Queda rechazada.

Pasamos a votar la última proposición no de ley del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida para proveer los recursos
económicos y humanos a las ONG que han contado con personas adscritas
a la prestación social sustitutoria.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15;
en contra, 21.




La señora VICEPRESIDENTA (Montseny Masip): Queda rechazada.




Se levanta la sesión.




Era la una y treinta minutos de la tarde.




Nota.-El presente 'Diario de Sesiones', de la Comisión de Política
Social y Empleo, del miércoles, 20 de junio de 2001, no guarda la
relación cronológica habitual, con el fin de no retrasar la
publicación de los 'Diarios de Sesiones' ya elaborados.