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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 275, de 20/06/2001
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2001 VII Legislatura Núm. 275
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NOTA INFORMATIVA: En la edición impresa de este Diario, sus páginas
aparecieron, por error, numeradas desde la 4711 a la 4740. Tal error
ha sido corregido en la presente edición electrónica.
(Vease 'DS. Congreso de los Diputados' Comisiones, núm. 285)
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ASUNTOS EXTERIORES
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.a ISABEL TOCINO BISCAROLASAGA
Sesión núm. 16
celebrada el miércoles, 20 de junio de 2001
ORDEN DEL DÍA:
Comparecencia del señor secretario de Estado de Cooperación
Iberoamericana (Alberto Lozoya), para informar sobre las funciones y
programas que desarrolla dicha Secretaría. A solicitud del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 219/
000160.) . . . (Página 8312)
Proposiciones no de ley:
- Sobre el tráfico y venta de armas a Angola. Presentada por el Grupo
Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/000724.) . . .
(Página 8322)
- Sobre medidas para evitar el tráfico ilegal de diamantes y armas en
Angola y en otros países con conflictos civiles armados. Presentada
por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) (Número de
expediente 161/000770.) . . . (Página 8322)
Página
- Sobre la venta de armas a paises del Sur. Presentada por el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida. (Número de expediente 161/
000781.) . . . (Página 8322)
- Acuerdo relativo al Grupo aéreo europeo entre el Gobierno del Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y el Gobierno de la
República Francesa y protocolo de enmienda, hechos en Londres el 6 de
julio de 1998 y el 16 de junio de 1999, respectivamente, así como
declaración que España va a formular en el momento de la adhesión.
(Número de expediente 110/000088.) . . . (Página 8328)
Proposiciones no de ley (continuación):
- Sobre firma y ratificación por España de la Convención penal sobre
la corrupción y de la Convención civil sobre la corrupción.
Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de
expediente 161/000842.) . . . (Página 8329)
Dictamen sobre:
- Protocolo adicional entre el Reino de España y la República del
Perú modificando el convenio de doble nacionalidad de 16 de mayo de
1959, hecho en Madrid el 8 de noviembre de 2000. (Número de
expediente 110/000086.) . . . (Página 8338)
- Convenio de Seguridad Social entre el Reino de España y la
República de Túnez, hecho en Túnez el 26 de febrero de 2001. (Número
de expediente 110/000087) . . . (Página 8338)
- Acta constitutiva de la Asociación de Estados Iberoamericanos para
el desarrollo de las bibliotecas nacionales de los países de
Iberoamérica (Abinia), hecho en Lima el 12 de octubre de 1999.
(Número de expediente 110/000089.) . . . (Página 8338)
Se inicia la sesión a las diez de la mañana.
- COMPARECENCIA DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO DE COOPERACIÓN
IBEROAMERICANA (ALBERTO LOZOYA), PARA INFORMAR SOBRE LAS FUNCIONES Y
PROGRAMAS QUE DESARROLLA DICHA SECRETARÍA. A SOLICITUD DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente
219/000160.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, vamos a dar comienzo a la sesión de
esta mañana, empezando con la comparecencia del señor embajador don
Jorge Alberto Lozoya, secretario de Cooperación Iberoamericana, que
viene a informar sobre las funciones y programas que desarrolla dicha
Secretaría, así como sobre los futuros planes de la misma, a propuesta
del Grupo Parlamentario Popular.
El señor embajador tiene la palabra.
El señor SECRETARIO DE COOPERACIÓN IBEROAMERICANA (Alberto Lozoya):
Muchas gracias, señora presidenta. Inicialmente, permítanme agradecer
a ustedes, señores diputados, el honor de recibirme esta mañana. Para
la Secretaría de Cooperación Iberoamericana constituye un aliciente de
extraordinaria importancia la posibilidad de conversar con ustedes
sobre las tareas que las veintiún naciones iberoamericanas
nos han encomendado.
Iberoamérica constituye, ni qué decir tiene, una de las prioridades
esenciales de la política exterior de España, que se aproxima a los
asuntos de nuestra comunidad con una política de Estado. Me complace
constatar ante ustedes y dar testimonio del solidario apoyo que yo he
recibido del Gobierno español y de todas las fracciones parlamentarias
de este cuerpo legislativo. He podido constatar día a día en mi
trabajo que, en efecto, España se aproxima a la conformación de la
comunidad iberoamericana de naciones con un espíritu amplio,
democrático, abierto, que me ha permitido el establecimiento, en esta
bella ciudad de Madrid, de la simiente de lo que ha sido ya, como lo
denominó el señor presidente Aznar en el momento de constituirse la
Secretaría de Cooperación Iberoamericana, el primer organismo
internacional del siglo XXI, y que es orgullosamente nuestro.
En efecto, diez años de intenso trabajo en la concertación política y
en la cooperación internación, convencieron a los jefes de Estado y de
Gobierno de nuestras veintiún naciones de la necesidad de crear el
primer órgano permanente del sistema iberoamericano, para garantizar
el más eficaz cumplimiento de las tareas de cooperación que el sistema
mismo había generado.
Como ustedes recordarán, en la cumbre de La Habana, en el año 1999,
su servidor fue electo por unanimidad secretario de Cooperación
Iberoamericana, y la capital española, igualmente por unanimidad,
electa como sede permanente del organismo. En este lapso de año y
medio hemos trabajado intensamente. Primero, constatando el
cumplimiento puntual y exacto de los compromisos adquiridos por
España como país sede. segundo, constituimos un equipo pequeño,
puesto que así debe de ser, es el espíritu mismo de la nueva
diplomacia, pero de muy alto nivel profesional, para diseñar el
trabajo de la Secretaría.
Permítanme, en una breve exposición, hacer, con brocha gorda, una
mera enumeración de las esferas o espacios de trabajo de la
cooperación iberoamericana. En primer lugar, debo destacar el hecho
de que la concertación política de la cumbre Iberoamericana ha
generado ya un sistema de gran envergadura, de permanente consulta
política entre los veintiún gobiernos.
Como ustedes saben, la cumbre, el encuentro de los mandatarios, es el
iceberg de una enorme construcción política y social que cada año
despliega sus potenciales. Recordemos que, con antelación al
encuentro cumbre, se llevan a cabo más de una docena, según el año y
las circunstancias, de encuentros a nivel ministerial por sector.
Para Panamá, para la cumbre del año pasado, 16 ramas del quehacer
nacional, a nivel de ministro, se encontraron durante el año antes de
la cumbre. Los ministros de Finanzas, de Cultura, de Salud, de
Educación, se reúnen anualmente para revisar los compromisos
adquiridos, hacer balance y dictar nuevas orientaciones para su
trabajo en conjunto. Esto ha desarrollado una impresionante red de
contactos a nivel intergubernamental que necesitaba y necesita un
ordenamiento ejecutivo, sobre todo en lo referente al cumplimiento de
los compromisos de una manera sistémica. Es decir, son los propios
gobiernos, especializados en las tareas que ellos mismos definen, los
que se comprometen a llevar a cabo el cumplimiento; pero era
necesario tener una vista general, una evaluación genérica de hacia
dónde va el sistema. Esta es una tarea importante que estamos
emprendiendo. Este año, por ejemplo, para la cumbre de Lima
tendremos, por primera vez, dos encuentros de ministros que no se
habían realizado y que revisten especial significado, el encuentro de
ministros de Turismo y, a propuesta de España, por primera vez, el
encuentro de ministros del Medio Ambiente. No se les escapa a ustedes
la importancia en cada uno de los campos del quehacer gubernamental y
las interrelaciones que seguramente habrá entre el trabajo de uno y
de otra. Se completa entonces la red de compromisos a nivel
ministerial, que emanan y alimentan el trabajo de la cumbre
Iberoamericana.
La segunda esfera sería la de los proyectos que a lo largo de una
década la propia cumbre ha autorizado y generado. De una manera a
veces casuística, como todo lo que se hace en este nivel de política,
se ha generado
un sistema permanente de proyectos de cooperación iberoamericana que
necesitaban una gerencia. Cada uno tiene responsables específicos,
cada uno tiene un secretario, un director general, según el tema;
pero había necesidad otra vez de establecer una coordinación del
sistema de cooperación; Bariloche lo denominamos porque surgió el
consenso en Bariloche, como la norma de cooperación iberoamericana. A
manera de ejemplo, para que vean ustedes la diversidad de esto. La
cooperación iberoamericana en el ámbito de la ciencia y la tecnología
compromete el trabajo de diez mil personas, de una manera y de otra.
Diez mil personas del quehacer científico y tecnológico del
continente participan en proyectos de la más variada naturaleza,
vinculados a la investigación y al desarrollo tecnológico, bajo el
paraguas de la cooperación iberoamericana. Estamos transmitiendo diez
horas diarias de televisión educativa a todo el continente. El año
pasado participamos en la producción y exhibición de 23 películas
comerciales, que están revitalizando la industria cinematográfica de
nuestros países. Trabajamos en la planeación prospectiva del
desarrollo urbano de 60 ciudades de la región. Tenemos proyectos de
educación para adultos; proyectos de control de calidad; proyectos de
desarrollo informático, etcétera. Todas estas iniciativas han sido
sancionadas y aprobadas a lo largo de una década a nivel de los jefes
de Estado. Cada uno tiene su presupuesto, su dinámica, su acción,
pero, repito, le corresponde ahora a la Secretaría de Cooperación
Iberoamericana la lectura integral del proceso.
Quiero pasar ahora a una tercera esfera de acción que para esta
soberanía resulta de especial significado. Me refiero al crecimiento
exponencial de la participación de la sociedad en la cooperación
iberoamericana. Fundaciones, universidades, asociaciones gremiales y
profesionales, organismos no gubernamentales, empresas, todo género
de formas de activismo social, se plantean ya en el escenario
iberoamericano. Como responsable de la Secretaría, debo confesarles
que para mí esto fue una gran sorpresa positiva. Desde luego, alguna
noticia tenía, pero yo trabajaba fundamentalmente a nivel
gubernamental. Y he descubierto que lo iberoamericano es ya un
fenómeno de dimensiones sociales de la mayor envergadura. Casi
cualquier actividad, cualquier quehacer profesional o social tiene
una organización de perfil iberoamericano: desde los ombudsmen hasta
los alcaldes de capitales o de ciudades medias; desde los médicos
hasta los autores; desde los teatristas hasta las enfermeras. Todos
los quehaceres profesionales o técnicos han generado con sus propios
recursos y por su propio interés organizaciones iberoamericanas.
Converge este fenómeno de enorme importancia con el sentimiento y el
deseo de participación en una comunidad, que somos estas veintiún
naciones. Corresponde a la Secretaría facilitar su trabajo y, en la
medida de lo posible, poner en contacto a unos con otros, generar
sinergias de acción, etcétera. Este campo
tiene un potencial de crecimiento extraordinario, porque representa
en última instancia la voluntad real de nuestra gente de
interrelacionarse, de compartir intereses y destinos.
La cuarta esfera a la que quiero referirme es la que se concentra en
los organismos multilaterales. La Secretaría de Cooperación
Iberoamericana ha encontrado su espacio dentro de la diplomacia
multilateral y tenemos una relación intensa, yo diría cotidiana, con
un número creciente de organismos, que van desde las Naciones Unidas,
la Organización de Estados Americanos, la OCDE, la UNESCO, la OMPI
(Organización de Propiedad Intelectual), la Francofonía, la
Lusofonía... todas las formas de organización tradicional del sistema
en las Naciones Unidas o de los nuevos espacios culturales y
civilizacionales que se están dando en el mundo. Por otro lado, esto
refleja una transformación muy dinámica de la vida internacional. Lo
que quiero subrayar es que somos parte constitutiva de ese fenómeno
ya. Ahí el futuro también es sumamente amplio, puesto que el propio
movimiento de interrelación entre las partes va generando nuevos
compromisos, nuevos esquemas, nuevas situaciones.
De estas cuatro esferas se compone un trabajo y un diálogo intenso a
nivel político, a nivel social y a nivel diplomático. Los quehaceres
se interrelacionan. Permítanme hacer un par de implicaciones. La
primera es el trabajo intenso que estamos realizando con la
Secretaría pro tempore de la cumbre Iberoamericana, que este caso se
deposita en la Cancillería peruana, para el rediseño de la cumbre en
sí misma y de sus mecanismos al inicio de una nueva década de
trabajo. Hay la necesidad, resultado del éxito del proceso, de dotar
al mecanismo de una mayor eficiencia, de una práctica más expedita,
que permita a los mandatarios el uso óptimo de su tiempo y el mejor
seguimiento para nosotros de las altas e importantes decisiones que
ahí se tomen. Es un reto profesional importante, porque de esa
eficiencia que dotemos a la nueva década de la cumbre Iberoamericana
dependerá en buena medida su éxito a partir de ahora.
Estamos también trabajando en el tema crucial del encuentro de
Iberoamérica con la Unión Europea. El hecho histórico de que Madrid
vaya a ser en mayo del año próximo la sede del II encuentro de los
Jefes de Estado y de Gobierno de América Latina, el Caribe y la Unión
Europea, le da a esa tarea un especial significado. Se trata,
siguiendo las instrucciones que recibo de nuestros gobiernos, de que
el esfuerzo regional nuestro sea paralelo, simétrico y, por lo tanto,
interactúe sanamente con el posicionamiento de América Latina y el
Caribe hacia la Unión Europea. Aquí, qué duda cabe, el papel de
España, una vez más, vuelve a ser crucial, en cuanto que su presencia
en ambos grupos, por una parte, y el hecho de que el encuentro
histórico tendrá lugar bajo la Presidencia española de la Unión
Europea, le da a esta situación un doble valor. Es de lógica,
pero también un reto de gran dimensión profesional, el acercar estos
posicionamientos regionales, el de los latinoamericanos, de un lado,
y el de los europeos, en el otro, en lo que a las complejas tareas de
cooperación se refiere.
Encontramos la complementariedad sobre todo en el propósito de
integración. Es indudable que el esfuerzo de América Latina en
evolucionar y avanzar su integración regional y subregional, ha sido
apoyado de una manera sistemática por la Unión Europea. Encontramos
aquí un punto de diálogo que debemos impulsar, que debemos organizar
y que debemos de, de alguna manera, traducir en iniciativas
específicas de cooperación entre esas dos grandes regiones. Pero esto
-y aquí termino esta primera intervención, si ustedes me lo permiten-
le da una nueva dimensión, significa un salto cualitativo para la
cooperación iberoamericana, el hecho de que la coyuntura histórica,
el momento social, los procesos económicos y la cooperación misma
haga converger el punto de madurez de la interrelación iberoamericana
con la formalización e institucionalización del diálogo político y de
cooperación con la Unión Europea. De forma tal que convergen dos
grandes tendencias históricas para que al principio de esta década
puedan convertirse en dos elementos fundamentales de una planeación
política y diplomática de la cooperación iberoamericana, en la que,
como dije ya al principio, el papel de España y de sus fuerzas
políticas y sociales es cada día más relevante.
La señora PRESIDENTA: Vamos a dar paso, a continuación, a las
intervenciones de los diferentes grupos parlamentarios, empezando por
el grupo que ha solicitado la comparecencia del señor embajador, que
es el Grupo Popular. Para ello, tiene la palabra su portavoz, doña
Soledad Becerril.
La señora BECERRIL BUSTAMANTE: Señor embajador, muchas gracias por su
presencia en el Congreso de los Diputados, en nombre del Grupo
Popular. Es para nosotros una satisfacción contar con su presencia
y escuchar sus informaciones y los proyectos de la Secretaría de
Cooperación Iberoamericana.
El interés del Congreso y de esta Comisión de Asuntos Exteriores en
contar con la presencia del señor embajador se debe,
fundamentalmente, a la importancia que damos a los asuntos
iberoamericanos y a esta Secretaría de Cooperación Iberoamericana,
cuyos estatutos y constitución aprobamos aquí mediante el protocolo
al convenio pertinente, en el mes de diciembre del año 2000. Este
convenio tuvo entrada en esta Comisión y fue por ella ratificado como
es preceptivo. Fue entonces cuando sugerimos, de entre otros
diputados yo misma, el interés en contar con la presencia del
embajador para que nos informara de sus proyectos. Además de la
importancia que concede el Congreso de los Diputados y, como el señor
embajador ha expresado, el
Gobierno de España también por los asuntos iberoamericanos, me
parecía que el Parlamento no podía estar al margen de esta política
que se desarrolla desde la Secretaría de Cooperación, política que
necesita el apoyo del Gobierno, como ha sido desde el inicio, desde
el origen de esta Secretaría de Cooperación, pero también el apoyo
económico del Congreso de los Diputados porque cuando llegue la
discusión de los Presupuestos Generales del Estado habrá una partida
en el Ministerio de Asuntos Exteriores para la Secretaría y para sus
actividades. Por otra parte, parece natural y lógico que desde el
Congreso de los Diputados haya un seguimiento de este primer
organismo internacional del siglo XXI, como ha dicho el señor
embajador. Por todo ello nos parecía conveniente y razonable la
presencia del embajador y reitero nuestra gratitud.
Señor embajador, de los campos de actividades, más que programas,
campos de actividades que ha descrito de la Secretaría de
Cooperación, hay algunos de ellos de verdadero interés. El desarrollo
de la cooperación como consecuencia de las decisiones en las cumbres
del campo de la ciencia y de la tecnología es un campo de enorme
importancia para Iberoamérica y para la relación entre los veintiún
países, en el que España puede hacer una aportación importante. La
industria cinematográfica tiene también enormes posibilidades y se va
a desarrollar muchísimo en el futuro. En este campo España puede
hacer una aportación de interés. Otro de los campos que el embajador
ha enunciado, el del urbanismo, es del máximo interés desde todos los
puntos de vista. Entre todos tendremos que poner un poco de orden
(entre comillas) en el crecimiento desestructurado o no controlado de
las ciudades, tendremos que tener una visión de futuro del
crecimiento de las ciudades, de cómo se van a defender los ciudadanos
contra las agresiones que se producen constantemente en la ciudad
contra el medio ambiente, los ruidos, la contaminación. No quiero
decir que nosotros hayamos alcanzado un desarrollo urbanístico
perfecto, ni muchísimo menos, pero en los últimos años en España se
le concede mucha importancia al desarrollo urbanístico sostenible y,
por tanto, podemos hacer una aportación interesante a otros países
iberoamericanos y a programas conjuntos de cooperación. En el campo
de la educación no me voy a extender, porque es conocido de todos la
inmensa importancia que tiene para la comunidad iberoamericana; para
todas, pero en este caso concreto para la comunidad iberoamericana.
A mí me parece que el trabajo que desarrolla y puede desarrollar la
Secretaría de Cooperación para impulsar todos estos programas y
acciones, consecuencia de las decisiones en las cumbres, es muy
interesante. Si el embajador así lo estima conveniente, podríamos
tener información sobre estas actividades con cierta periodicidad
a través de los documentos o boletines que haya de los proyectos en
estos campos que antes he enunciado. Asimismo me parece relevante el
campo de acción
que ha enunciado el embajador en relación con organismos
multilaterales, internacionales. Es de especial interés, desde mi
punto de vista, impulsar la participación de la sociedad en todos
estos proyectos, las universidades, las empresas, las fundaciones,
etcétera. Hoy en día la participación de la sociedad en todas las
actividades, económicas, sociales y culturales, tiene el máximo
interés en todos los continentes, pero en Europa y particularmente en
España, se le está dando, afortunadamente mucha importancia a que la
participación de la sociedad en la toma de decisiones, la
participación económica en el seguimiento de los proyectos y la
asunnción de responsabilidades o en la responsabilidad como
consecuencia de todas esas acciones, sea cada vez mayor. A medida que
uno participa más, a medida que uno se involucra, es más responsable
y consciente de sus deberes, se convierte uno en artífice de
programas y de proyectos y no en mero receptor o espectador. La
participación de la sociedad a través de estas entidades, organismos
y empresas privadas, nos parece muy importante.
En resumen, embajador, creo que fue una decisión sabia la
constitución de la Secretaría de Cooperación, por la que España
apostó en su momento de manera clara y firme. Me alegro muchísimo de
que se consiguiera que la sede estuviera en Madrid, de que tanto el
Gobierno como el Parlamento, mediante la financiación en gran parte
de esa sede y de sus actividades, se comprometieran. Es algo muy
bueno para España, que va a hacer que las cumbres tengan no sólo un
seguimiento, sino que se ejecuten las decisiones que allí se tomen,
se pueda ver hasta qué punto esas decisiones se completan o no. Es
muy satisfactoria la existencia de la Secretaría, fue una buena
decisión de los veintiún países, me alegro de que España haya tenido
un protagonismo especial en la constitución de esta cumbre y deseo
que el embajador y la Secretaría, a cuyo frente está, tenga grandes
éxitos en la preparación de la próxima cumbre y en el seguimiento de
los programas y proyectos que los veintiún países decidan elaborar
conjuntamente.
Gracias, señor embajador, por su presencia y espero que volvamos a
verle y tengamos noticias suyas y de la Secretaría en un futuro
próximo.
La señora PRESIDENTA: ¿Grupos que desean fijar su posición?
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra su
portavoz.
El señor GUARDANS I CAMBÓ: Muchas gracias, señor embajador.
Bienvenido a esta Comisión. Estamos muy agradecidos porque esté usted
hoy aquí y por las explicaciones que nos ha facilitado.
Quiero felicitar la iniciativa del Grupo Parlamentario Popular de
proponer que usted compareciera ante esta Comisión para explicarnos
exactamente, tal como figura
en el orden del día, dicho de una forma más coloquial, para
explicarnos lo que se lleva entre manos y lo que tiene usted en la
cabeza para el próximo futuro inmediato. Eso es lo que nos ha
explicado y, como tal, a mí me ha parecido una descripción de enorme
interés el marco de la cooperación iberoamericana, de la cual usted
es no sólo un protagonista activo, sino sobre todo un espectador
privilegiado. Muchas de las cosas que usted ha descrito pasan por
delante de usted sin que haya tampoco un protagonismo claro de lo que
son los poderes públicos, sino más bien lo que hay es un conocimiento
y en algunos casos un impulso de actividades que desarrolla la
sociedad civil. Como decía, me ha parecido muy interesante esa cifra
de las diez mil personas, esa cooperación científica, tecnológica,
universitaria en buena medida, que se desarrolla entre las propias
universidades y que es una de las dimensiones más importantes y con
más futuro de esa cooperación iberoamericana. La cooperación
iberoamericana será de las sociedades de los países o no será. Si se
hubiera quedado sólo, porque ya está claro que no está ahí, en la
cooperación de las élites políticas, difícilmente hubiéramos llegado
a donde estamos y difícilmente podríamos seguir creciendo en esa
intensidad de cooperación en la que queremos ir. Es muy interesante
la referencia que ha hecho usted a la importancia de la sociedad
civil, de ese ámbito universitario, pero también el cine, que es un
caso muy concreto y real, que este portavoz por otras razones conoce
un poco bien y donde ciertamente hay mucho que hacer. Hay mucho que
trabajar en el ámbito cinematográfico. Por poner un caso muy
concreto, puede parecer un sector empresarial muy específico pero
tiene una trascendencia enorme, si de cine hablamos más en general,
la distribución, el consumo, la producción y la puesta en común de la
gran industria del ocio y del entretenimiento -por llamarlo de alguna
forma-, y nos extenderíamos ya a los contenidos de Internet en lengua
castellana, a la producción cinematográfica y televisiva. Ahí hay un
enorme sector de cooperación donde queda mucho por hacer.
Preguntas tengo pocas, porque de lo que se trataba es de ofrecer
fuentes y de darle la posibilidad de que viniera aquí a explicarnos.
Querría hacerle una, pero no sé si se la debo hacer. Como usted es un
embajador experimentado, contra el vicio de pedir, la virtud de no
dar. En sede parlamentaria se la formulo y usted administra la
respuesta como le parezca más oportuno y de la forma más prudente que
usted estime. No me resisto a preguntarle a un testigo de primer
nivel y tan cualificado como usted en la situación actual de la
cooperación iberoamericana y, en sentido más amplio, de las
relaciones entre España y todos los países iberoamericanos. Querría
conocer, en la medida en que estime oportuno pronunciarse, no al hilo
de un caso concreto sino en general, la percepción que podemos estar
teniendo unos de otros, especialmente en Iberoamérica respecto
de España, a medida que las inversiones españolas en
Iberoamérica crecen.
Podría existir el riesgo -y quiero seguir poniéndolo todo en
condicional- de que la percepción de España en Iberoamérica, en la
medida en que era remota y sentimental, se jugara en un determinado
plano, porque se basaba en vínculos históricos, culturales,
lingüísticos, bastante evidentes y todos ellos sentimentales también.
Progresivamente estamos pasando a una relación real y cultural, como
usted ha dicho, pero también, y de una forma muy importante en
algunos países, una empresarial y económica, lo cual tiene otro tipo
de consecuencias porque afecta a las personas individuales, en
algunos casos, por ejemplo, a sus puestos de trabajo. Yo no querría
entrar en ningún caso concreto que algunos podamos tener en la cabeza
en este momento, pero sí querría saber si usted percibe algún fallo,
algún error o, dicho en términos positivos, algo donde desde España,
desde la empresa española, desde la gran multinacional española que
invierte en América Latina, en Iberoamérica, debería corregirse, algo
que usted pueda apuntar como riesgo. No vaya a ser que la
intensificación de las relaciones con Iberoamérica en el ámbito de
las inversiones exteriores acabe perjudicando lo que hasta ahora ha
sido una relación exquisita.
Creo que me entiende usted la pregunta. Pretendo huir de un caso
específico y de absoluta actualidad hoy. En términos de una reflexión
mucho más global de hasta qué punto pueden no ser positivas en
términos políticos, de recíproco respeto entre nuestras sociedades,
las inversiones exteriores españolas en Iberoamérica, algo en lo que
quizá podamos tener una parte de responsabilidad a este lado del
Atlántico, pero quizá haya otra parte de responsabilidad al otro lado
del Atlántico, y dado que su S.S. tiene información de primera mano,
le agradecería que nos diera información al respecto.
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra su
portavoz, don Manuel Marín.
El señor MARÍN GONZÁLEZ: También quiero felicitar al Partido Popular
por haber tomado la iniciativa de invitar al secretario general de la
comunidad iberoamericana. Sea S.S. bienvenido, tanto usted como una
persona también muy querida de este Parlamento, como doña Guadalupe.
Creo sinceramente que la propuesta de conceder un cierto grado de
institucionalización a la comunidad era necesaria. En este sentido,
participo de la idea de que todos los ejercicios de buena voluntad
política, por muy bien que se desarrollen, siempre necesitan un
elemento de referencia permanente y estable, porque finalmente la
gestión del día a día es algo necesario. Tengo que confirmarle, en
nombre de mi grupo, que consideramos su nominación y el
establecimiento de la Secretaría como algo obviamente necesario. Esto
le da, señorembajador, una especial responsabilidad.
Participando de su proyecto, quisiera hacerle algunas observaciones,
no tanto porque tengamos una posición predeterminada -que no la
tenemos pues también tenemos dudas- respecto a una serie de elementos
que usted ha señalado y que tienen que ver con su trabajo de
secretario general, en la medida en que ustedes estén reflexionando
respecto a cómo mejorar el funcionamiento, la eficacia o el tiempo
disponible en la comunidad, en las cumbres. Quisiera hacerle la
siguiente reflexión y, en la medida en que pueda, nos responde.
Insisto en que el Grupo Socialista no tiene una visión determinada ni
determinante sobre el tema pues también tenemos nuestros
interrogantes y nuestras dudas. ¿Es una buena idea seguir manteniendo
la periodicidad anual? Gran parte de los problemas que se han
producido en ocasiones en la agenda de las cumbres es que de un año
para otro es muy difícil presentar resultados. Esto no suele ocurrir
solamente en la cumbre Iberoamericana, sino que sucede en todas las
organizaciones, hay veces que un año produce resultados
espectaculares, cuestiones interesantes, pero en otras ocasiones no
se obtienen esos resultados de una cumbre para otra sólo en un año,
sobre todo cuando se trata de proyectos a medio y largo plazo. Como
usted sabe, yo tuve la posibilidad y el honor de participar desde el
nacimiento hasta la última de las celebradas en Isla Margarita, donde
se producía un cierto grado de disfunción, porque cuando había que
rendir cuentas se producía esta situación de flotamiento porque un
proyecto de becas, de colaboración universitaria, el que usted
quiera, necesita su desarrollo, su tiempo y muchas veces exige una
base plurianual. Desde entonces me pregunto si es necesaria la
periodicidad anual. Hablo de las reuniones de jefes de Estado, me
refiero a las cumbres, no a las reuniones habituales de los
ministros, porque, obviamente, en función de la temática tendrán que
reunirse una, dos o tres veces al año, las que haga falta y estimen
oportuno. Muchas veces nos preguntamos si no sería bueno dar una
periodicidad más amplia, dos años por ejemplo, porque ya es un tiempo
donde razonablemente se puede verificar lo que se realizó.
El segundo punto, señor embajador, es si van a intentar, aunque sé
que es muy difícil, acotar la agenda. Uno de los problemas que pueden
tener es que la comunidad iberoamericana puede hacer ciertas cosas,
pero hay otras que no es el ámbito. No me refiero a falta de
capacidad pues se supone que todos nuestros jefes de Estado y de
Gobierno son muy capaces, pero en ocasiones en la agenda del trabajo
se introduce una serie de puntos que conducen inevitablemente a la
frustración, porque no es el lugar adecuado, no se tiene la
competencia requerida, o simplemente hay tal grado de división o de
dificultad que la prudencia aconseja acotar la agenda. Me explicaré.
Hablar de cultura, lengua, universidad, Internet, cine, bellas artes
en general, problemas políticos de envergadura como el de la droga,
para confrontar el principio
de la responsabilidad compartida, que es el principio iberoamericano,
frente al principio de la certificación y los problemas que se causó
con algunos países latinoamericanos, se ha hecho en valores comunes,
derechos humanos, democracia. Se lo pongo en términos caricaturales,
opuestos, la comunidad iberoamericana difícilmente puede resolver
cuestiones que tengan que ver con la Organización Mundial del
Comercio, con la negociación del TLC con los Estados Unidos o con la
Unión Europea, acuerdo de México, Mercosur, SPG andino u otros. En
ocasiones, muchas veces concurren las delegaciones ministeriales o de
presidentes intentando aportar demandas o soluciones a un foro que no
las puede conceder, con lo cual se genera una disfunción en términos
de imagen pública -lo he notado de una manera muy fuerte- y
frustración. Y uno se pregunta: ¿por qué ustedes se reunieron, si no
dan respuesta? Aporto la reflexión de que hay que evitar la
dispersión porque es siempre complicado disciplinar a los diversos
jefes de Estado y de Gobierno, y usted lo sabe muy bien.
Probablemente será excesivo para un secretario general, pero habría
que avanzar en la línea de darle a la comunidad iberoamericana todas
las ambiciones que tiene, que son muchas y las puede desarrollar,
para acotar la agenda, porque hay cosas que no puede hacer. En mi
opinión, sería bueno discutir tranquilamente este asunto.
Por último, al tiempo que hay que evitar la dispersión y crear
expectativas que luego no se pueden cumplir, tienen una posibilidad
muy importante de incrementar el nivel de decisión y debate político
en la comunidad iberoamericana. Me refiero a que ustedes se van a
confrontar en el ámbito iberoamericano -usted lo dijo- a una oferta
fundamental, me refiero a la última reunión de Québec -me va
comprendiendo ya-, que va a determinar unas relaciones de
verticalidad con un sistema que no es iberoamericano, sino
anglosajón. Usted habló de la cumbre tan importante que se celebrará
bajo Presidencia española aquí, que determina otra relación distinta,
con otro tipo de valores, pienso que más interesantes para América
Latina, pero soy español y europeo, ¡qué iba a decir! Es evidente que
en los próximos años verticalidad frente a relación diferenciada va a
ser un debate político de una enorme envergadura en América Latina.
Y eso es todo. Gracias, embajador.
La señora PRESIDENTA: Para dar respuesta a estas intervenciones de
distintos grupos parlamentarios, tiene de nuevo la palabra el señor
embajador.
El señor SECRETARIO DE COOPERACIÓN IBEROAMERICANA (Alberto Lozoya):
Muchísimas gracias, señoras y señores diputados. Es para mí un
verdadero placer constatar el extraordinariamente alto nivel de
percepción que esta soberanía tiene de los asuntos iberoamericanos.
Quiero hacer explícito, una vez más, mi agradecimiento a todos los
grupos parlamentarios
de esta casa por su apoyo de Estado a las tareas de la Secretaría de
Cooperación Iberoamericana, apoyo que agradezco enormemente que hoy
se me haga explícito una vez más en cuanto a la aprobación unánime
que todos ustedes han hecho de los presupuestos con los que la
Secretaría funciona, que constituyen, por cierto, el 80 por ciento
del total. Es un hecho público que el compromiso de España, de
Estado, con el futuro de Iberoamérica se hace contante y sonante en
este caso cuando públicamente este país aceptó cubrir el 80 por
ciento del presupuesto de la Secretaría de Cooperación
Iberoamericana.
El cumplimiento cabal de todos los compromisos del Gobierno va
aparejado, repito, a la voluntad y a la visión histórica que los
grupos parlamentarios de España han expresado al aprobar los
presupuestos. En unos meses, durante este verano, ocuparemos nuestra
sede permanente en la ciudad de Madrid. Yo querría, señora
presidenta, poder invitarlos a ustedes pronto a que conozcan ésa su
casa; va a ser un inmueble de gran elegancia, como se hacen las cosas
aquí, que representa el compromiso de Estado que ustedes han asumido
con las tareas de la cooperación iberoamericana. Intentaré no ceder a
la tentación de expandirme, porque los temas que han planteado son de
gran importancia.
En primer lugar, quiero dar las gracias a la señora Becerril.
Empezando a responder ahí, quiero sumar mis observaciones. Voy a
detenerme en las industrias culturales, no sólo en el cine, como aquí
se dijo, sino en el valor estratégico y económico de las industrias
culturales iberoamericanas. Aceptada la globalización, la imperiosa
necesidad de garantizar la diversidad de esa globalización, la
colectividad, la comunidad iberoamericana tiene un reto y una
oportunidad extraordinaria a partir del trabajo conjunto en la
evolución técnica, artística y general del mercado de las industrias
culturales, del cual somos poseedores. Es un hecho de la más alta
prioridad, no sólo en el campo del quehacer y el disfrute de la
cultura, sino de nuestra propia evolución económica. No es aceptable,
ni lo vamos a permitir, que siendo 600 millones de personas seamos
meros compradores de tecnologías de las industrias culturales.
Tenemos que participar en el diseño, en el avance y en el mercado
mismo de esa enorme red de productos que estamos consumiendo y que
vamos a seguir de alguna manera diversificando, porque es indudable
que somos poseedores, en el caso de la lengua española, de uno de los
más ambiciosos y amplios mercados de industrias culturales del mundo.
Acabo de participar la semana pasada, en nombre de la comunidad
iberoamericana, en la reunión de la francofonía, que tuvo lugar en
Benín, en África Occidental, donde el tema fue las industrias
culturales y hubo un reconocimiento absolutamente claro de los
francófonos de que la lengua española está en una situación de
privilegio en la globalización respecto de sus mercados y que tenemos
que aprovecharla y utilizarla. Nadie nos
niega esto, lo que tenemos quehacer es responder adecuadamente.
Estamos trabajando no sólo en cine sino también en el libro, el
complejísimo tema del mercado del libro en español y en portugués,
los nuevos sostenes tecnológicos, la propiedad intelectual..., tengo
mandatos explícitos de la cumbre en este sentido. Pasamos
inmediatamente al tema informático.
El Gobierno español, al anunciar en voz del señor presidente Aznar
hace unos meses el gran proyecto informático de España para la
educación Info XXI, en el programa español, se acota un espacio
específico para la Secretaría de Cooperación Iberoamericana, con los
recursos manifestados y las tareas específicas que estamos
desarrollando con el Gobierno español, de forma tal que tenemos ahí
un campo enorme en el que esta soberanía hará muy bien en vigilar
nuestro desarrollo y ayudarnos con su decisión política y con su
consejo respecto a cómo facilitar estas complejas relaciones que van
desde las patentes y las marcas hasta la transformación tecnológica,
pasando por una lucha feroz por los mercados.
Respecto al urbanismo, hay tareas en las que estamos trabajando
juntos. Debo decirle al señor diputado Guardans y a Convergència i
Unió que nuestro proyecto de cooperación urbana está basado en
Barcelona, que juega un papel de liderazgo de enorme importancia. Yo
me propongo -y así lo he sugerido a los responsables de ese programa-
que subrayemos la cooperación en los ámbitos de los valores
culturales y la convivencia urbana. ¿Qué quiero decir con esto?
Aquello que compartimos las ciudades de gran dimensión o de
desarrollo intermedio -llámense Barcelona, Buenos Aires, Sao Paulo o
Ciudad de México- respecto a la convivencia misma a partir de nuestra
identidad compartida. Ya se dice en sociología urbana que la cultura,
el modo de ser de la población, tiene una incidencia clara y precisa
en la convivencia, que tenemos nuestra manera de ser en nuestras
ciudades por de donde venimos y quienes somos culturalmente, nuestra
herencia, nuestra manera idiosincrática de conducirnos. La
interrelación puede ser muy profunda en cuanto a experiencias que
nuestras grandes metrópolis tienen y que pueden trasladar fácilmente
de un país a otro de una manera muy efectiva.
Y hay ahí, si ustedes me permiten, un asunto de gran envergadura que
la intervención de doña Soledad Becerril me da pie para mencionar
hoy, que es el tema de los inmigrantes entre nuestros países; los
inmigrantes iberoamericanos que se mueven en nuestros países, no sólo
a través del Atlántico, sino en las región americana, en busca de
trabajo. Podemos y debemos hacer un esfuerzo real y tenemos elementos
en nuestra propia experiencia para facilitar la sana inserción de
esos inmigrantes en el proceso social.
Si me permiten, como amigo de España, puedo afirmar hoy que la
coincidencia en el tiempo histórico de la aceptación plena de la
diversidad social y democrática
de este país, que tanto admiramos los iberoamericanos, con la
presencia de los inmigrantes, debe convertirse en un reto y en una
oportunidad de una mejor convivencia. En el caso concreto de España,
hoy por hoy, que ustedes aceptan con regocijo admirable para todos
nosotros la pluralidad de lo que son, aprovechen el momento para
aceptar con el mismo entusiasmo la diversidad que implica la
inmigración y el enriquecimiento a la propia diversidad española que
va a generarse de ello. Yo siento que América Latina, en el caso de
la expulsión de los emigrantes hacia la península Ibérica, debería y
podría participar con su propia experiencia en la aclimatación social
de esos inmigrantes. Tenemos suficientes experiencias de nuestro
propio traslado intranacional dentro del flujo desde ciudad pequeña a
gran metrópoli o de campo a ciudad, experiencias en salud, en
sanidad, en educación, para trasladarlas a la recepción más sana y
eficiente de esos inmigrantes al caso español. Lo mismo puede y
debería suceder en el enorme tráfico de personas, en el movimiento de
personas que se está dando en toda la región latinoamericana: el caso
de los centroamericanos hacia México o el movimiento enorme entre los
países del Pacto Andino.
Me permití hacer el pie de página respecto a España, porque yo
concibo, como reflejo del mandato de los jefes de Estado y de
Gobierno, que nuestra cooperación es una cooperación fraternal y
horizontal, y creo que en este caso América Latina puede ayudar, como
creador en parte del mismo fenómeno de la migración, a la mejor
adecuación de las condiciones de esos inmigrantes y su recepción
social y cultural en España. Eso respecto al urbanismo.
Ustedes han subrayado -y me da mucho gusto que así sea- la
cooperación universitaria. En efecto, la cumbre de Panamá generó un
mandato específico a la Secretaría de Cooperación Iberoamericana de
explorar en el muy corto plazo, con fines ejecutivos, el surgimiento
de un programa iberoamericano de cooperación interuniversitaria, que
no existe. Existe un número importante y creciente de iniciativas
entre las universidades, pero no existe el paraguas político
sistémico que lo organice a nivel regional. Estamos trabajando muy
intensamente en esto, la Unión de Universidades Españolas está
desempeñando un papel protagónico. A iniciativa de España, en el gran
encuentro universitario europeo que acaba de tener lugar en
Salamanca, los rectores de setenta universidades latinoamericanas
estuvieron presentes de tiempo completo, es decir, como participantes
directos en el fenómeno, para que la integración del programa
iberoamericano universitario sea compatible con el posicionamiento
iberoamericano respecto a la Unión Europea. Vamos a dar un paso muy
importante dentro de unas semanas en Perú, como país sede este año, y
creo que podemos llegar a la cumbre de Lima con el esquema general
para ser aprobado por los presidentes de un programa iberoamericano
de cooperación interuniversitaria.
A la pregunta extraordinariamente interesante de Convergència i Unió
respecto a la percepción de España, le voy a contestar a usted como
amigo de España, como mexicano, como iberoamericano. Desde luego
percibo las cosas, es mi obligación y es mi trabajo, y quiero dividir
mi respuesta en varios escalones.
En primer lugar, todos los países iberoamericanos hemos aceptado la
globalización y el mercado. Entonces, la presencia de España en el
mercado iberoamericano es una noticia bien venida. América Latina
necesita inversión extranjera, de forma tal que el hecho de que
España se haya convertido en el primer inversionista extranjero en la
región es muestra de la dimensión, de la intensidad de la integración
misma en la comunidad iberoamericana. Yo no temo a esta inversión,
esta inversión es necesaria, y hemos de tener muy en cuenta (y estoy
ante personalidades políticas de la mayor envergadura, que son
ustedes) que puede haber a quienes no les guste, fuera de la región,
que ustedes ocupen esa posición. Y se valen del mercado. Si es un
mercado en competencia, puede haber quien esté fomentando una actitud
antiespañola porque quisieran ocupar el espacio que ustedes
meritoriamente, por su sagacidad empresarial, están llenando. Hay que
tener también en cuenta que algunas de las manifestaciones pueden
estar dentro de la legalidad de la lucha por mercados. En ese
sentido, yo le puedo asegurar a usted que la inversión extranjera de
signo español en América Latina es y seguirá siendo sumamente
bienvenida, porque es muy necesaria.
Ahora bien, y aquí está la segunda parte, es necesario que esa
inversión, igual que la de México en Centroamérica, igual que la de
Brasil en Mercosur, avance un compromiso social con el desarrollo.
Tenemos todos los elementos de experiencia histórica, de ideología,
para desarrollar una teoría y una práctica de ese compromiso del
sector empresarial iberoamericano con el desarrollo social de España
y de América Latina; o, en el caso brasileño, acabo de estar en una
visita sumamente productiva en Brasil, discutiendo precisamente la
extraordinaria evolución de esta problemática desde la perspectiva
brasileña. Los brasileños han desarrollado en verdad todo un credo y
una práctica de la obligatoriedad de la función social de la
inversión. En Brasil tienen en este momento el más avanzado sistema
de voluntariado, pero no por una concepción elemental de la
beneficencia; el voluntariado es generado por la propia empresa para
su bienestar y para su aceptación social en el propio país, de forma
tal que el caso español no es único. Hay un gran debate, por ejemplo,
en Centroamérica respecto al posicionamiento de la inversión
extranjera mejicana y cuáles deberían ser los compromisos que esas
grandes empresas mejicanas deben asumir con el desarrollo social de
la región centroamericana y el Caribe. Hay ahí un asunto importante
en el que creo que tenemos todos los instrumentos, históricos,
sociológicos, económicos, filosóficos, para generar nuestra propia
praxis y nuestra propia doctrina respecto al asunto.
Lo que sí es muy importante es que, cuando sean inversionistas
españoles en América Latina, se comporten como españoles, porque en
eso va su ventaja. Desafortunadamente, hay momentos en las teorías y
en los ejercicios heredados de las universidades de otras regiones
del mundo en los que, so pretexto de la llamada eficiencia de quienes
dialogan tecnocráticamente en las inversiones, de repente los
españoles llegan a América Latina y en lugar de hacer uso de la
cordialidad y de la fraternidad, de ser iberoamericanos y de ser los
españoles de siempre, a veces se comportan según sistemas de
marketing y de management que vienen de otras regiones, y ahí,
desafortunadamente, pierden la ganancia, porque cuando un español
llega a América lo queremos español; queremos que converse con
nosotros fraternalmente, que no esté viendo el reloj y que no nos dé
las citas en el aeropuerto, porque tiene sólo media hora para estar,
porque times is money. Hay también ahí un factor cultural, hay una
manera de hacer negocios a la española y a la iberoamericana que
debemos conservar, porque ahí está una de las ventajas y en buena
medida reduce las tensiones en el momento de conflictos, conflictos
que, por cierto, yo creo que son signo de vitalidad y de energía de
las inversiones españolas.
Y ahora hablaré de la cumbre como tal. El señor diputado Marín, gran
experto en todo esto, sabe incluso mucho más que yo del asunto.
Primero debo aclarar que la responsabilidad última de la cumbre está
depositada cada año en el secretario pro tempore. Yo no soy el
secretario pro tempore, el secretario pro tempore es el canciller
anfitrión cada año, hasta este momento. Es decir, la labor de la
secretaría a mi cargo es la de asistir a la Secretaría Pro Tempore,
que cada año establecer modalidades ad hoc, y no es fácil, en esta
complejidad que usted describió, diferir los campos si estamos
trabajando exclusivamente día a día. Esto es importante decirlo,
porque no puedo yo, desde mi posición en este momento, más que
sugerir o proponer algunos cambios, y estoy muy de acuerdo en todo lo
que usted dijo.
Respecto a la periodicidad de la cumbre en sí, mi posición personal.
Yo estoy en esto también como usted, señor diputado, desde el
principio, desde la cumbre de Guadalajara, de manera que mi
experiencia personal me lleva a hacer algunas afirmaciones a título
de mi sentir profesional. Creo que la periodicidad, que va a ser
definida en última instancia por los mandatarios, debe ir evaluada
paralelamente con el fortalecimiento del sistema. Tenemos que darle
al sistema iberoamericano, cuya complejidad aquí describí con brocha
gorda y que ustedes conocen mejor que yo, suficiente autonomía de
gestión técnico-profesional para que la cumbre como tal, las treinta
y tantas horas o cuarenta horas que los veintitrés mandatarios tienen
para estar juntos, se usen más eficientemente. Si ellos deciden que
se tienen que reunir una vez cada año o cada dos, o dos veces en un
año por algún asunto crítico, es válido si hay el peso
político. Y dejar avanzar el sistema iberoamericano, lo que
denominamos la conferencia, palabra un poco difícil de manejar porque
se confunde con la cumbre. La conferencia es el sistema más eficaz
hacia la conformación de la comunidad. Hay que manejar las dos
variables. Concretamente, si se amplía la periodicidad, no descuidar
el fortalecimiento del sistema, porque entonces sí se nos pueden
perder muchos elementos en el camino.
Yo creo que lo ideal para los jefes es tener el espacio político de
dialogar cara a cara. Hacerlo una vez al año es apenas, apenas... Yo
a veces pienso que se deberían ver cada tres meses, pero ése es otro
tema. Es importante la posibilidad de que quienes deciden el destino
de seiscientos millones de personas, con nuestra diversidad
y complejidad, se conozcan, se tuteen, se vean y hablen de sus
experiencias interrelacionadas, porque tenemos en el sistema países
de enorme peso a nivel planetario que tienen que intercambiar también
sus experiencias extra foro, o sea, cómo se relacionan ellos en lo
personal y su país con otras problemáticas que tocan de alguna manera
a la comunidad, porque nuestros actores están en los temas de macro.
Es decir, España, Argentina, Brasil, México, Cuba, Chile (estoy
diciendo sólo algunos), Portugal, tienen tareas en la conformación de
la comunidad internacional del siglo XXI tan variadas, tan grandes,
que el intercambio directo de experiencias entre nuestros líderes es
muy importante. Para eso hay que garantizarles dos cosas, yo creo, el
uso eficiente de ese tiempo y la confidencialidad de lo que hablan. Y
en esto el modelo europeo es muy claro y muy bueno. Para que este
tiempo se use bien, para que los jefes sientan que el encuentro
contribuye a la conformación de consensos y a la propia experiencia
de cada uno de ellos tienen que estar solos en un ámbito eficiente.
No es porque sea secreto lo que van a hablar, sino para tener la
confianza que tenemos hoy aquí, por ejemplo, de intercambiar
experiencias.
Yo creo que esto es un hecho técnico y que la Unión Europea tiene la
manera de hacer estas cosas muy experimentada y que podríamos incluso
pedir asesoría. Ya la estamos recibiendo de España y de Portugal,
como miembros de los dos grupos, para hacer las cosas de esa manera
más eficiente. Ahora, la construcción de la interrelación entre los
jefes de Estado es muy importante. Señor diputado, usted debe haber
sido testigo de muchos momentos de esa interrelación en la que por el
diálogo de los mandatarios se construyen consensos que van mucho más
allá de la región. En eso estoy de acuerdo con usted en que hay
asuntos meramente iberoamericanos, pero hay también una gran cantidad
de temas globales, y la presencia de todos ellos juntos un día y un
momento les permite crear ciertos consensos iberoamericanos para
actuar en el mundo. Y aquí voy a lo que usted mencionó muy bien, muy
claramente, la cumbre de Québec.
Yo siento que en la multilateralidad compleja del siglo XXI nuestros
países están aprendiendo muy bien a actuar simultáneamente en
diferentes esferas del quehacer
diplomático, que no son excluyentes, no pueden serlo, que convergen y
que actúan al mismo tiempo. Yo creo que la cumbre de Québec, la
cumbre Iberoamericana y la cumbre Unión Europea, América Latina y
Caribe son partes de un sistema, no son excluyentes, y vamos a tener
que percibirlas y trabajar con ellas en una simultaneidad compleja. Y
hay buenas noticias de la cumbre de Québec. Si usted recuerda, por
primera vez en la historia de nuestras complejas relaciones
hemisféricas, me refiero a las americanas, el Gobierno de los Estados
Unidos acepta la diversidad cultural, que es una de nuestras banderas
desde Guadalajara, y usted lo sabe. Es un triunfo iberoamericano. La
cumbre de Québec es un triunfo de los ideales iberoamericanos. Si no
hubiéramos tenido la intensa conciencia y consenso de la importancia
de la diversidad cultural, trabajada durante una década, tal vez este
importantísimo asunto no habría aparecido paradigmáticamente ya en la
nueva percepción de los Estados Unidos hacia la convivencia
internacional. Ese es para mí un ejemplo muy fuerte.
Por el otro, si usted ve los resultados programáticos de la cumbre de
Québec, y cuando veamos en mayo de 2002 el capitulado programático de
la cumbre de Madrid, hay sinergias muy fuertes con la cumbre
Iberoamericana. Esto no es coincidencia, lo estamos haciendo al mismo
tiempo; en última instancia, son los mismos gobiernos, los mismos
parlamentos, los mismos funcionarios y las mismas personas que
concurren a los foros. Tenemos que trabajar para que esto lo
manejemos visual y políticamente a nuestro beneficio, pero que se
está dando la convergencia de posiciones es sano y es positivo.
Ahora, ¿va a haber conflicto de intereses? Desde luego, pero esa es
la política.
En ese sentido, yo veo a la cumbre Iberoamericana como vacunada al
conflicto. Yo creo que cada encontronazo que ha habido en la cumbre
Iberoamericana es sano, es legítimo y fortalece al sistema. Es decir,
cuando los jefes de Estado y los gobiernos dialogan tan francamente
que se dicen sus divergencias de fondo y el sistema sobrevive, es una
prueba de vitalidad. Yo considero que donde no hay conflicto no hay
vitalidad. Si un organismo como la cumbre Iberoamericana fuera
siempre en un tono medio, bajo, plácido, sería amorfo, es decir, no
se estaban tratando los temas de fondo, no se estaban diciendo las
verdades en profundidad. En eso tenemos que trabajar, y una vez más
la Unión Europea es muy buen antecedente para manejar nuestros
conflictos y dar un espacio para su resolución o para ponerlos a
mediano y largo plazo, y estar de acuerdo en no estar de acuerdo,
como ustedes los europeos lo hacen con mucha frecuencia, y seguir
avanzando en otros campos: no contaminar, compartimentos estancos
para el conflicto, puertas abiertas para la cooperación, etcétera.
Hay metodologías y la Unión Europea las ha desarrollado mucho y por
eso los latinoamericanos vemos que la presencia de España y de
Portugal en nuestro sistema iberoamericano es enormemente provechosa.
Agenda de la cumbre. Los mandatarios nos están pidiendo que a ellos
les dejemos hablar de lo que ellos quieren hablar, que la agenda de
la conferencia, la agenda del sistema, se vigorice y se sistematice a
plazos que el propio sistema vaya dando, es decir, que los encuentros
del sistema, sean ministeriales o sean de cooperación, tengan su
propio ritmo; pero que les demos a los presidentes, a los
mandatarios, al rey, a los veintitrés jefes, la posibilidad de que el
apunte de la agenda sea lo suficientemente elástico que permita
absorber situaciones de último minuto que estén sucediendo en la
comunidad mundial o en la regional, o simplemente el planteamiento de
asuntos que por subgrupos de dos o tres quieran poner sobre la mesa
ellos en el momento de su diálogo. Esta es también una metodología
compleja, porque las cancillerías tienen que apuntar antes la agenda,
pero quiren la suficiente elasticidad. Yo encuentro que es más
difícil disciplinar a los gobiernos que a los mandatarios. Los
mandatarios llegan con fuerza, se concentran en lo que quieren ellos
hablar y a veces les pesa demasiado el bagaje de lo que sus gobiernos
les han organizado para esas treinta y cinco horas. Tenemos que darle
al diálogo intergubernamental el dinamismo que ya tiene,
intensificarlo, pero de alguna manera autonomizar el encuentro mismo
de las treinta y tantas horas de los mandatarios más eficientemente.
Creo que por ahí va la fórmula. No es la mera improvisación, pero sí
darles, y además lo exigen ellos, una mayor apertura para el uso de
sus horas juntos. Por ejemplo, la comida a puerta cerrada de los
mandatarios se ha convertido en uno de los momentos cruciales de la
cumbre, donde de una manera casi casuística se han planteado a lo
largo de la década asuntos cruciales porque uno o dos de los
mandatarios los ponen en la mesa y encuentran una respuesta que
históricamente hubiera tomado mucho más tiempo si quiera el
plantearse y llegar a soluciones.
Hay macroideas, hay macrorregiones, hay macroasuntos que sí (y aquí
termino, señora) me preocupa definir. Yo intento hacerlo de esta
manera: lo iberoamericano es lo que podemos hacer todos juntos,
apoyando su posición, señor diputado. Lo iberoamericano es lo que
nuestros países y nuestros gobiernos pueden hacer juntos. Es mucho,
pero es difícil de disciplinar la metodología cotidiana de esto.
Los latinoamericanos tienen la tendencia a plantear en lo
iberoamericano asuntos norte-sur, simplemente trasladar la
problemática latinoamericana a otro foro, a este, y, si nos
descuidamos, España y Portugal resultan convidados de piedra cuando
los latinoamericanos están discutiendo sus complejísimos problemas
sociales o de desarrollo. Ese no es el propósito de la cumbre
Iberoamericana. La cumbre Iberoamericana pretende identificar
aquellos asuntos en los que los dos países europeos y las diecinueve
repúblicas americanas puedan trabajar juntos. Todo el tiempo tenemos
que estar haciendo eso.
Pero hay asuntos muy importantes. El primero es el de la identidad,
aunque suene como una verdad de Perogrullo, identidades entendidas
como plurales, abiertas y democráticas, que todos estamos
construyendo. Pero sí existimos como región, sí hay cosas que
queremos hacer a nuestra manera. Por ejemplo, para referirme a
informática, ¿un niño español y un niño costarricense están
condenados por un mandato divino, pregunto, a usar una lengua
extranjera para la informática? ¿Es esto un mandato divino, que
aprendan el acceso a los nuevos lenguajes en una lengua que no es la
propia? Este es un tema iberoamericano. Si somos un mercado de
seiscientos millones, ¿no tenemos la fuerza para incidir sobre esos
productos y hacerlos? Es un tema nuestro. Eso, si están enfrente los
chinos y los anglófonos y la Commonwealth, nos admiten que es un tema
nuestro y que lo tenemos que abordar.
Turismo, medio ambiente e inversiones se están perfilando como de
gran importancia en la región iberoamericana. Inversión extranjera,
desarrollo turístico, conservación del medio ambiente, desde natural
hasta patrimonial, es un asunto que es nuestro, lo tenemos que
dirimir entre nosotros. ¿Cómo vamos a encontrar un equilibrio
dificilísimo entre estas tres o cuatro variables, que estamos
convencidos marcan uno de los parámetros de nuestra futura y presente
interrelación económica, social, productiva y cultural? Son asuntos
que si no los decidimos nosotros no los podemos dejar de lado.
La convivencia en las ciudades, la manera de hacer las cosas a
nuestro criterio, la gobernabilidad, y ahí termino. Yo creo que la
democracia española y la democracia portuguesa, o sea, la democracia
que habla español y la democracia que habla portugués son nuestras y
es tan antigua y tan válida como la de otros espacios culturales.
Nosotros no arribamos a la democracia ayer en la mañana. Nuestras
instituciones, nuestra manera de sentir la representación popular,
nuestra manera de organizar nuestra convivencia política, la
estructura de nuestros partidos, la estructura de nuestra
administración de justicia, es nuestra históricamente, tiene el mismo
caudal de experiencia que el de otras grandes civilizaciones. Y hay
una tendencia, desafortunada pero real, a suponer que la de otra
región del mundo es más avanzada o más auténtica que la nuestra. No
se puede aceptar que de otras partes del mundo nos vengan a decir
cómo ser democráticos cuando nosotros, con nuestros graves fracasos
pero nuestros grandes éxitos históricos también, tenemos nuestra
propia manera de hacer democracia, de hacer ley, de hacer
jurisprudencia, de aplicar la ley y de convivir. Esos son temas
iberoamericanos, y creo que el concierto de la globalidad con
diversidad que se está creando en el mundo nos da oportunidad, nos a
va abrir espacios que debemos aprovechar vía esta interrelación
intensa de nuestros mandatarios y, sobre todo y como aquí quedó
dicho, de nuestras sociedades, de nuestros parlamentos, de nuestros
partidos políticos y de nuestra convivencia.
Muchísimas gracias.
La señora PRESIDENTA: Señor embajador, antes de interrumpir
brevemente la Comisión para despedirle, permítame que le agradezca
muy sinceramente, en nombre de todos los miembros de la Comisión y en
el mío propio como presidenta de ella, no solamente su presencia esta
mañana, la amabilidad que ha tenido de responder a la solicitud de
comparecencia, sino sobre todo el contenido, la profundidad con que
se ha manifestado y la sinceridad con que se ha expresado a lo largo
de su intervención. Ha comprobado por el nivel de las preguntas, como
usted mismo decía, el interés que a esta Comisión, a esta casa le
suscitan los temas iberoamericanos, pero desde luego hemos podido
comprobar esta mañana el gran acierto, como aquí también ha sido
dicho, de la creación de este organismo, que celebramos tenga
próximamente también una sede permanente. Hemos recogido esa
invitación que su excelencia nos ha hecho, y por tanto creo que en un
futuro próximo podremos tener nuevos contactos, bien sea algún día de
manera más informal en la sede de la Secretaría de Cooperación
Iberoamericana, o en nuevas comparecencias que le solicitaremos en
esta Comisión, dado el alto nivel y el interés que para todos
nosotros suscita el trabajo que usted viene desarrollando.
Muchas gracias, señor embajador.
El señor SECRETARIO DE COOPERACIÓN IBEROAMERICANA (Alberto Lozoya):
Gracias, señora presidenta. (Pausa.)
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- SOBRE EL TRÁFICO Y VENTA DE ARMAS A ANGOLA. PRESENTADA POR EL GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/000724.)
- SOBRE MEDIDAS PARA EVITAR EL TRÁFICO ILEGAL DE DIAMANTES Y ARMAS EN
ANGOLA Y EN OTROS PAÍSES CON CONFLICTOS CIVILES ARMADOS. PRESENTADA
POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ). (Número de
expediente 161/000770.)
- SOBRE LA VENTA DE ARMAS A PAÍSES DEL SUR. PRESENTADA POR EL GRUPO
PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA. (Número de expediente 161/
000781.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, reanudamos la sesión pasando a
contemplar el siguiente punto del orden del día, y quiero comentar
con SS.SS. lo siguiente: existe un convenio internacional relativo al
grupo aéreo europeo entre el Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte y el Gobierno de la República Francesa y
protocolo de enmienda, hechos
en Londres el 6 de julio de 1998 y el 16 de junio de 1999,
respectivamente, junto con la declaración que España va a formular en
el momento de la adhesión, que no ha podido ser incorporado a este
orden del día porque existían unos errores técnicos. Subsanados,
parece, con acuerdo de los portavoces, estos errores técnicos,
podríamos proceder en este momento a su inclusión en el orden del día
para su debate y posterior ratificación. Si SS.SS. aceptan esta
modificación, lo incorporaríamos a continuación de las primeras
proposiciones no de ley, que también pediría a SS.SS. se acumularan,
puesto que tienen el mismo objeto, la venta de armas a Angola, que
han formulado tres grupos parlamentarios.
Por tanto, entraríamos a continuación en el debate y votación de la
proposición no de ley sobre el tráfico y venta de armas a Angola, del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), en primer lugar;
en segundo lugar, del Grupo Parlamentario Socialista, en tercer
lugar, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, y el
siguiente punto del orden del día, a solicitud también del Grupo
Socialista, sería el que acabamos de incorporar, el Acuerdo relativo
al grupo aéreo entre el Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte, habiendo retirado el Grupo Socialista la enmienda
que había presentado a este tratado. Después seguiríamos ya con
normalidad el orden del día, por lo que pasaríamos nuevamente a la
firma y ratificación por España de la Convención penal sobre la
corrupción y de la convención civil sobre la corrupción, como
proposición no de ley, y a continuación entraríamos ya en los
dictámenes sobre protocolos, convenios y acuerdos. ¿Aceptan SS.SS. la
modificación de este orden del día? (Asentimiento.) Muchas gracias.
Damos paso a continuación al señor Guardans, portavoz del Grupo de
Convergència i Unió, para presentar su proposición no de ley sobre
medidas para evitar el tráfico ilegal de diamantes y armas en Angola
y en otros países con conflictos civiles armados.
El señor GUARDANS I CAMBÓ: Quiero agradecer al portavoz del Grupo
Socialista su deferencia de permitirme hablar en primer lugar, porque
este portavoz tiene que intervenir en otra Comisión. Pero la ventaja
que tenemos, y de ahí el buen sentido de acumular las intervenciones,
es que se van a debatir a continuación tres iniciativas con un
denominador común, e incluso aquellos grupos que no han presentado
iniciativas, como es el caso del Grupo Popular, que sí ha presentado
una enmienda, que ahora comentaré, a nuestra propia iniciativa, vemos
por el propio tono de su enmienda que comparte absolutamente el
sentido de la iniciativa y por tanto no hará falta que yo me extienda
más de la cuenta.
Estamos ante una situación dramática, como es una situación de guerra
civil en Angola, financiada por nosotros, financiada por, digámoslo
claramente, el consumidor
de diamantes, el consumidor de productos de lujo en el mundo
occidental. Ese es el drama en el que estamos, por más que intentemos
utilizar eufemismos. La realidad es que estamos, desde el mundo
occidental, desde el mundo desarrollado, adquiriendo, comprando,
dando salida a los diamantes producidos en esos países, y muy
fundamentalmente en el caso de Angola, pero no sólo, lo que está
permitiendo la financiación de todo lo que son movimientos, más que
terroristas, auténticamente militares, que provocan la subversión y
provocan la guerra civil en Angola.
No quiero desarrollar mucho más, porque lo único importante, en lo
que estamos todos de acuerdo, es que de lo que se trata es de
limitar, condicionar, organizar el tráfico internacional de
diamantes, el comercio internacional de diamantes, cosa que piden los
propios productores, de forma que se evite su utilización para la
financiación del comercio de armas y, simultáneamente, que
perfeccionemos mucho más la posición de todos los gobiernos europeos
concretamente en lo que se refiere a la exportación de armas hacia
esos países.
Ese es el sentido de nuestra iniciativa que, insisto, entendemos que
coincide básicamente con la de los demás grupos. A esta iniciativa
nuestra se ha presentado una enmienda por parte del Grupo
Parlamentario Popular y, como suele ocurrir (y esa es la obligación
del Grupo Parlamentario Popular, defender al Gobierno al que da
apoyo), el Grupo Parlamentario Popular estima que el Gobierno ya hace
buena parte de las cosas que mi grupo le insta a hacer. Forma parte
del juego parlamentario que nosotros instemos y el Gobierno del
Partido Popular se ocupe de recordarnos que ya está haciendo buena
parte de esas cosas.
Dentro de este cierto juego parlamentario al que algunos ya estamos
acostumbrados, nosotros, en aras de que se consiga una transacción y
se pueda aprobar un texto, aceptamos la enmienda de modificación que
nos propone el Grupo Parlamentario Popular, que aporta además algún
dato nuevo, como es la posición del Gobierno español al apoyar la
resolución 55/1956 de la Asamblea de las Naciones Unidas del 1 de
diciembre del 2000, que nos parece muy bien.
Hay un único matiz que haríamos, señor letrado, a la enmienda. Por
tanto, aceptaríamos la enmienda no en sus propios términos, sino con
una pequeña corrección, porque ahí sí que nos parecería un poco
excesivo. El punto 3.o de la enmienda de modificación que plantea el
Grupo Popular a nuestro propio texto pretende que diga El Congreso de
los Diputados insta al Gobierno a seguir trabajando tan activamente
como hasta ahora en el marco de la Unión Europea para asegurar... Eso
nos parece un poco excesivo. No es ninguna crítica al Gobierno
español en este momento, sino sencillamente que siempre se puede
trabajar más activamente. No nos parece que el listón tenga que estar
en lo que se ha hecho hasta ahora, creemos que se puede hacer más y
que no debe molestar al Grupo Popular ni al Gobierno
que se le exija más, siempre se le puede exigir más. Por tanto
diremos: seguir trabajando activamente en el marco de la Unión
Europea. En esos términos y con esa modificación, aceptaríamos la
enmienda.
Y adelanto ya desde ahora que también daremos nuestro voto positivo a
la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, porque
nos parece que aunque, efectivamente, en algunos puntos va más allá,
no creemos que en su contenido haya ningún punto que contradiga
frontalmente lo que es el sentido de la iniciativa que traemos aquí.
No podemos dárselo a la iniciativa del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida, salvo que en el momento (estoy mezclando distintas
intervenciones, señora presidenta) de la votación, si este portavoz
puede estar presente, se pudiera hacer la votación por separado. Si
es posible la votación por separado de esa proposición no de ley, la
pediré, y a una parte sí la votaría, a otra no. En caso contrario, no
podremos apoyar la iniciativa de Izquierda Unida.
La señora PRESIDENTA: Aunque el portavoz de Convergència i Unió en la
defensa de su proposición no de ley ha hecho también una
justificación, yo diría casi hasta una enmienda, porque ha
justificado el porqué puede aceptar esa enmienda que el Partido
Popular ha presentado a su proposición no de ley, el Reglamento exige
que quien ha presentado la enmienda y es autor de la misma tenga en
este momento su turno para defenderla y justificarla. Por tanto, voy
a dar la palabra al portavoz del Grupo Popular, el señor Arístegui.
El señor ARÍSTEGUI Y SAN ROMÁN: Voy a hacer una intervención muy
breve, además diciendo que creo que la presentación de las
proposiciones no de ley, tanto por el Grupo Parlamentario Socialista
como por el propio Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió),
son altamente oportunas, puesto que es verdad que se ha producido una
circunstancia realmente dramática los pasados días 5 y 6 de mayo,
pero eso no hace más que poner de manifiesto una realidad que viene
ocurriendo en Angola desde hace veintiséis años.
Desde que accedió a la independencia ese país ha presidido la falta
de convivencia, ha tenido una guerra civil casi permanente, que
solamente pudo ser parcialmente terminada en 1991, con los Acuerdos
de Bicese y ratificados en 1994 por los Acuerdos de Lusaka. Las
elecciones legislativas de 1992 son las causantes de la situación
actual, puesto que Jonas Savimbi, líder de Unita, no aceptó el
resultado que arrojó como ganador claro y rotundo al presidente Dos
Santos.
Yo quiero decir, ya entrando específicamente en el comentario del
diputado señor Guardans, que nuestra enmienda no defiende por el
juego parlamentario la acción del Gobierno español, es que lo hacemos
por coherencia, puesto que desde principios de los años ochenta, y
por tanto un Gobierno anterior al que apoya el Partido Popular, ha
estado manteniendo una línea de
compromiso claro con Angola, y justamente por esa situación de
emergencia humanitaria a la que hacen referencia los antecedentes en
la presentación de las proposiciones no de ley tanto del Grupo
Parlamentario Catalán como del Grupo Parlamentario Socialista. Y
justamente por esa situación de emergencia humanitaria que ustedes
recogen en sus antecedentes el Gobierno español está comprometido con
la paz en Angola desde hace veinte años. Y nosotros lo que queremos
hacer es que se recoja con nuestra enmienda y en las intervenciones
de este portavoz y de otros justamente el reconocimiento a ese
compromiso y a ese esfuerzo que han hecho los gobiernos democráticos
de España a favor de un pueblo que sufre.
En cuanto a la aportación de información nueva, que decía el señor
Guardans, quiero decirle que no es que España dé a conocer a esta
Cámara que el Gobierno apoyaba la resolución 55/1956, no. Nosotros
queremos decirle a usted, señor diputado, que el Gobierno español es
uno de los principales impulsores de la resolución 55/1956, lo cual
demuestra justamente las tesis que nos han impulsado a enmendar su
iniciativa para reconocer esos esfuerzos y el liderazgo que el
Gobierno español ha tenido, tanto en el seno de la Unión Europea como
en las Naciones Unidas, a la hora de apoyar y de construir
positivamente la paz y la estabilidad política en Angola.
Yo quiero además recordar muy brevemente algunas de las iniciativas
más importantes en las que ha participado el Gobierno español.
En primer lugar, nosotros apoyamos de forma resuelta y claramente sin
ambages, los acuerdos de Bicese y de Lusaka de 1991 y de 1994. España
ha participado de forma yo diría que muy mayoritaria y muy
comprometida en los contingentes de Naciones Unidas en Angola, Unavem
y Monoa. Yo quiero decir que además España ha presionado desde hace
ya mucho más de diez años en este caso a Unita y a Jonas Savimbi para
que aceptasen los acuerdos de Bicese de 1991 y de Lusaka de 1994, y
quien ha manifestado de manera reiterada una deslealtad manifiesta
con esos acuerdos ha sido justamente Jonas Savimbi. Una de las
razones por las cuales, lamentablemente, no vamos a poder votar a
favor de la iniciativa parlamentaria del Grupo Parlamentario
Socialista (que quiero decirle que está excelentemente bien planteada
en sus antecedentes y bien estudiado el tema) es porque nosotros no
podemos compartir algunas de las cosas que ahí están, puesto que no
recoge con suficiente claridad que hay una parte culpable y una parte
víctima, y la parte culpable es evidentemente Unita y la parte
víctima es evidentemente el Gobierno legítimo de Angola. No se puede
poner en pie de igualdad a un gobierno y a quienes pretenden usurpar
el poder legítimo de un partido y de un gobierno que ha ganado con
claridad unas elecciones en el año 1992.
Además, creemos que si nosotros pusiéramos en pie de igualdad a Unita
y al Gobierno legítimo de Angola estaríamos dando pie para que esta
situación se repitiese
en otros lugares de África, y justamente creo yo que hay que dejar
muy claro que España apoya la estabilidad política y los procesos de
democratización claros en Angola, en el resto del continente
africano, como en el resto del mundo.
En cuanto al régimen internacional para la exportación de material de
doble uso o de material militar, también hay que tener mucho cuidado
en los matices, puesto que el embargo o la prohibición afecta
esencialmente a un grupo que, como Unita, pretende la
desestabilización de un gobierno legítimo y democrático, mientras
que, evidentemente, sus fuerzas armadas pueden legítima y legalmente
adquirir material para la defensa legítima de su régimen democrático
en los mercados que tengan a bien.
Yo no quiero extenderme mucho más. Mi grupo votará a favor con las
enmiendas y los matices hechos por el señor Guardans. Pero además de
lo que he dicho en torno a la resolución 55/1956, quiero añadir que
es coherencia de este grupo el reconocer la acción del Gobierno
apoyado por el Partido Popular desde el año 1996, pero también los
logros y el compromiso de gobiernos democráticos anteriores a favor
del pueblo que sufre en Angola.
No votaremos, por los matices que he dicho (y ya lo habíamos hablado
previamente a esta sesión de la Comisión con el portavoz socialista)
a la iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista, y tampoco
votaremos a favor de la iniciativa presentada por el Grupo Federal de
Izquierda Unida.
La señora PRESIDENTA: A continuación, tiene la palabra el portavoz
del Grupo Socialista para defender su proposición no de ley sobre el
tráfico y la venta de armas a Angola.
El señor MARSAL MUNTALÁ: Vivimos en un mundo en que existen
conflictos, unos heredados de la guerra fría y otros que han
aparecido después. Uno de los conflictos heredados, pero que continúa
después del fin de la guerra fría, es el conflicto de Angola. Estos
conflictos que existen, existen, pero muchas veces no hay una
conciencia de ellos si no aparecen en las pantallas de la CNN o en
las pantallas de los medios de comunicación y, por tanto, llega un
momento que los olvidamos, que parece como si ya hubiesen dejado de
existir y, sin embargo, desgraciadamente, siguen existiendo.
La situación del conflicto en Angola llevó a una serie de ONG a tener
una loable iniciativa que llamaron Angola conflicto olvidado. Estas
ONG, IntermónOxfam, Acción contra el Hambre, Medicus Mundi y Médicos
del Mundo, han realizado en las últimas semanas una campaña y, dentro
del marco de esta campaña, propusieron que ese debate llegase también
al Parlamento español, que fuese un debate en la sociedad española,
pero también en el ámbito de sus representantes en el Parlamento. Han
trabajado profundamente
en Angola y han trabajado también en elaborar documentación y una
propuesta para que pudiese ser debatida hoy aquí, en el marco de esta
Comisión.
El Grupo Socialista, haciéndose eco de esa voluntad, de ese loable
esfuerzo, consideró oportuno presentar esta proposición no de ley en
la que no vamos a atribuirnos el mérito fundamental, el trabajo
fundamental ha sido realizado por estas ONG y nosotros asumimos esa
voluntad y por eso lo trasladamos en forma de proposición de no de
ley a esta Comisión.
Angola, a diferencia de otros países sumidos en conflictos en África,
es un país que tiene recursos, no es un país pobre, es un país que
tiene potencialidades y que tiene básicamente dos recursos
importantes, los diamantes y el petróleo. Desgraciadamente, esas
fuentes de riqueza, por la situación, por la propia historia que
explicaba el señor Arístegui y que por tanto yo no voy a hacer más
incidencia en ella, se han convertido en unas fuentes que permiten
que una guerra civil, una desgraciada guerra, tenga una continuidad
en el tiempo más allá de lo que fuera deseable.
Se llegó a un acuerdo gracias a la intervención internacional.
Desgraciadamente, las elecciones realizadas no fueron aceptadas por
el grupo perdedor y por tanto Unita tiene una responsabilidad
fundamental en la situación actual y el Gobierno está legítimamente
constituido y refrendado a través de las elecciones. Por tanto, nada
más lejos de nuestra intención que poner a un mismo nivel Gobierno y
guerrilla. Sin embargo, existen unos problemas de complejo
tratamiento, y a ello responde también la complejidad de nuestra
proposición no de ley.
España y sus gobiernos, los gobiernos anteriores, el Gobierno actual
y estamos seguros de que, si continúa el conflicto, los gobiernos
posteriores, han jugado, juegan y jugarán un papel importante
directamente en el marco de la Unión Europea. Gracias también a estos
esfuerzos ha sido posible que se produzcan avances, concretamente en
el campo del control de la exportación de los diamantes. Y hace sólo
dos días se ha dado un nuevo paso adelante con la visita del
presidente de Angola y la firma de un nuevo convenio con Holanda que
permite un marco general de identificación y control de la
exportación de diamantes. Sin embargo, se van produciendo avances,
pero estos avances aún no son suficientes para conseguir lo que es el
objetivo final que a todos nos une, que es el objetivo de la paz.
Por eso y para ayudar a avanzar en este proceso, la proposición no de
ley contempla una serie de medidas, unas relacionadas con el tráfico
de diamantes (una serie de propuestas en las que no voy a profundizar
más, todos ustedes tienen la proposición no de ley), que permitirían
un mayor control, permitirían algo tan importante como la
diferenciación entre países de procedencia y países de origen, ya que
su no distinción permite a veces que se produzcan estas ambigüedades
en el tráfico de diamantes, la intervención de las Naciones Unidas
para conseguir que se avance en este proceso de acuerdos. También
instamos a que se promueva la realización y la aprobación de un
código de conducta para la industria extractiva en general. Incidimos
en el aspecto del tráfico y la venta de armas, en un campo en que se
ha avanzado a nivel de la Unión Europea con su código de conducta;
creemos que se ha recorrido camino y que aún queda camino por
recorrer, pero es un elemento importante que tiene también su
incidencia en el mantenimiento de esta guerra. Sobre este tema hay
otras iniciativas en trámite en esta Cámara, proposiciones no de ley
para Pleno, que piden tanto la profundización del código de conducta
como también un mayor control y un control específico sobre las armas
ligeras.
También incidimos en nuestra propuesta en el proceso de desminado de
Angola y el avance de lo que significa el Tratado de Ottawa en
general y concretamente para Angola. Asimismo incidimos en que, en la
situación que se produce sobre el terreno, las ONG que están allí
tengan unas garantías de poder intervenir y de poder hacer también su
importante contribución al proceso de pacificación y sobre todo al
proceso que haga que la población civil padezca lo menos posible,
cosa harto difícil dadas las consecuencias de esta guerra.
También hacemos una referencia al mantenimiento de las ayudas para
proyectos específicos de acción humanitaria desde España y desde el
conjunto de la Unión Europea, y hacemos incidencia en la necesidad de
que, dentro del marco de este conflicto, se cumpla la Ley
internacional de Derechos Humanos. Igualmente insistimos en que
tendría que haber una actuación, en un momento además en que el
mercado de petróleo supone para los países productores un aumento de
ingresos, y que ese aumento de los ingresos que se producen a partir
del petróleo y que gestiona directamente el Gobierno legítimo también
tuviesen unas consecuencias positivas para el progreso y el nivel de
la población civil. Este es el conjunto de medidas que proponemos,
que van más allá que algunas de las otras propuestas. y por tanto
nosotros pedimos el voto positivo para esta proposición no de ley.
Respecto a las otras dos proposiciones no de ley que se han
presentado, la proposición de Convergència i Unió trata una parte de
los aspectos de este conflicto. Estamos de acuerdo en su contenido,
creemos que tendría que haber entrado también en otros aspectos, como
hemos hecho nosotros, pero como lo que dice está en la misma línea,
al menos parcialmente, nosotros la votaremos favorablemente también.
Respecto a la proposición no de ley que ha presentado el Grupo de
Izquierda Unida, en los temas que se relacionan con el aspecto
estrictamente de Angola van en la misma línea; pero la proposición no
de ley contiene también otros aspectos que van más allá estrictamente
del conflicto, que requieren un debate específico, que requieren una
mayor profundización, y por ello nosotros vamos a abstenernos en la
votación.
La señora PRESIDENTA: A continuación tiene la palabra el portavoz del
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida para la presentación
de la proposición no de ley sobre la venta de armas a países del sur.
Señor Alcaraz, tiene la palabra.
El señor ALCARAZ MASATS: Como ya se ha dicho, nosotros también
queremos traer a este Parlamento la voz de una serie de
organizaciones no gubernamentales con respecto a los países del sur,
a la venta de armas, y singularmente también al caso de Angola.
El caso de Angola podía explicarse parafraseando a un filósofo
francés, Foucault, que decía 'yo creo que la realidad no existe, que
sólo existe el lenguaje'. Habría que añadirle quizá el término 'la
imagen', porque es cierto que para muchos la guerra de Angola ha
terminado porque no sale en las agencias o no sale en las imágenes de
las televisiones, la dan por terminada. La guerra ha terminado porque
no se transmite como noticia y, sin embargo, la guerra sigue.
Por tanto, nos parece oportuna esta protesta de las ONG citadas, que
hemos recogido una serie de grupos y que estamos en ese mismo sentido
defendiendo aquí. Consecuentemente, votaremos la parte que se remite
a la situación de Angola y que ha sido recogida, aunque parcialmente,
por el señor Guardans y Convergència i Unió, y la parte parcial, muy
parcial, que recoge el Partido Popular. Pero en fin, quien quiere lo
más quiere lo menos y apoyaremos esta parte que recoge Convergència
i Unió. Votaremos también la propuesta del Partido Socialista.
Y voy a aclarar, señora presidenta, por qué no se acepta la propuesta
de Izquierda Unida, porque no se ha dicho, y vuelvo a Foucault,
existe esa realidad que nosotros reflejamos aquí, existe, y afecta a
Marruecos, afecta a Turquía y afecta a Indonesia. Muchos estudiantes
han muerto en Indonesia con armas españolas, vendidas por España. Y
muchos pesqueros españoles han sido ametrallados con armas vendidas
por España. Y lo mismo en Turquía. Por tanto, esta realidad existe y
nosotros la recogemos aquí en el seno del mismo análisis.
Y luego recogemos otra realidad, y es que hay una serie de
instituciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos, de
reconocido prestigio internacional, que están realizando análisis y
emitiendo dictámenes sobre la prohibición de transacciones militares.
Abogamos porque se tengan en cuenta estos análisis, porque, tal como
refleja el punto 2, no se quieren tener en cuenta. En el punto 1, que
tampoco se acepta, se habla de tomar cuantas medidas sean necesarias
para impedir la venta de cualquier tipo de material militar o de
doble uso fabricado en España o en la Unión Europea a países del
llamado sur en los que se violen los derechos humanos. Ni siquiera
esto se acepta. Relaciones diplomáticas específicas con Marruecos,
con Turquía, con Indonesia, evitan que tengamos una concepción
integral de la realidad. Tenemos una realidad
parcial por intereses económicos, comerciales y amputamos la
realidad.
Conste que nosotros votaremos lo de Angola, aunque se recoge muy
parcialmente, y que queda pendiente para este Parlamento el coraje de
analizar la realidad en su completo sentido para más adelante.
La señora PRESIDENTA: Para fijar la posición de su grupo, el señor
Ricomá tiene la palabra.
El señor RICOMÁ DE CASTELLARNAU: Aunque las tres proposiciones que se
están discutiendo en estos momentos tienen un hilo conductor, tienen
un denominador común, la presentada por Izquierda Unida incluye, como
ha dicho el portavoz socialista, una serie de aspectos que merecen
atención especial. Es por esto por lo que hemos pedido la palabra
para fijar nuestra posición. No voy a comentar nada de lo vinculado a
Angola o al comercio de diamantes, porque los puntos que sobre esta
cuestión se reflejan en la proposición de Izquierda Unida, están
perfectamente asumidos en la enmienda presentada por el Grupo
Popular, que va a obtener el consenso de esta Comisión.
El señor Alcaraz ha hecho referencia, a la guerra olvidada de Angola
pero entiendo que no lo es para el Gobierno del Partido Popular desde
el momento en que viene colaborando en diversos ámbitos para intentar
ayudar a este país a salir del serio problema por el que está
atravesando: esfuerzos a nivel de cooperación, de entrenamiento y
legitimación de las fuerzas angoleñas para reprimir los problemas que
allí se están dando.
Respecto a la proposición de Izquierda Unida, al margen de estos dos
puntos que han quedado perfectamente asumidos, nos ha sido difícil
buscar argumentos para posicionarnos, no por falta de criterio del
grupo, sino porque es difícil encontrar una relación entre aquello
que propone el ámbito de aplicación y la realidad actual en España
respecto de la exportación de armamento convencional y de doble uso.
Hablar de países del sur y meter en un mismo saco a todo el mundo, a
Turquía, que es un miembro aliado de la OTAN -aunque ya sé que a
usted esto no le dice absolutamente nada-, o a Kosovo, un país
europeo balcánico, nos da a entender una generalización excesivamente
subjetiva para tratar temas tan sensibles como el comercio exterior
de armamento bajo el criterio por el que objetivamente conocemos y
enmarcamos el concepto de países del sur. Por otro lado, meta en un
mismo saco a países tan dispares como Angola, Marruecos, Turquía,
Sudán, Eritrea, conlleva el peligro de homogeneizar aquellas acciones
exigibles a España para ayudar a solucionar sus problemas, cuando las
circunstancias que los han ocasionado, son muy diferentes para cada
caso.
Se trata de una proposición no de ley motivada por unos principios en
los que nos sería fácil coincidir; en
el espíritu del debate anterior, como aquí se ha manifestado,
coincidimos en febrero de este mismo año, cuando en la Comisión de
Economía y Hacienda se aprobó por unanimidad otra proposición no de
ley tendente a la estricta aplicación del código de conducta aprobado
por la Unión Europea en materia de exportación de armas y de la
ausencia de riesgo de desviación o reexportación en condiciones no
deseadas, pero la iniciativa que debatimos es una proposición
estructurada mediante la combinación de obviedades, que no requieren
ninguna profundización, con generalizaciones que aplicadas a ciertos
países pueden convertir la buena intención, que sin duda tienen
ustedes inicialmente, en irresponsabilidad final. ¿Obviedades?
Muchas, incluida la que se puede atribuir al espíritu general de la
proposición. Cabe recordar que España aplica estrictamente el código
de conducta sobre exportación de armamento, analizando caso a caso y
aplicando a cada uno de ellos los 8 criterios, con especial atención
al número 2, de respeto de los derechos humanos en el país de destino
final; al criterio 3, sobre la situación interna del país de destino
final en términos de la existencia de tensiones o conflictos armados;
al criterio 4, mantenimiento de la paz, la seguridad y la estabilidad
regionales; y al criterio 7, existencia del riesgo de que el equipo
se desvíe dentro del país comprador o se reexporte en condiciones no
deseables. Paralelamente, la Junta interministerial exige un
documento adicional de control, que debe ser firmado por las
autoridades del país importador. De la misma forma, hay que dejar
constancia, aunque sea de Perogrullo, de que el Gobierno español
cumple escrupulosamente los embargos decretados tanto por Naciones
Unidas como por la Unión Europea, no realizando exportación alguna de
material de defensa a estos países. Lo digo porque en su proposición
se hace referencia expresa a Etiopía, Eritrea, Kosovo, República
Democrática del Congo, países sujetos a embargo. ¿Generalizaciones en
su proposición? Las que ustedes quieran. En cualquier caso,
equivocadas como concepto. La complejidad de las situaciones en las
que se mueven estos países merece un estudio particularizado que
ayude a formalizar una opinión sobre ellos lo más realista posible.
Precisamente, en el proceder de nuestro Gobierno mediante el
análisis, como decía, caso a caso, individualizado y pormenorizado,
encontramos la fórmula para detectar aquellas diferencias entre
países que permiten romper la rigideces técnicas y administrativas
para ajustar al máximo la concesión de autorizaciones a los criterios
del código de conducta.
Tengan la seguridad, señorías, de que la complementación, de aplicar
a la vez aspectos tan importantes como el ya referido cumplimiento
del código de conducta, el respeto al derecho de los países a su
defensa legítima, contenido en el artículo 51 de la Carta de Naciones
Unidas y la puesta en marcha del mecanismo de notificación de
denegaciones para evitar la aprobación
por un país de operaciones esencialmente idénticas denegadas por
otro, al margen de establecer una línea de actuación homogénea en el
seno de todos los países de la Unión Europea, dotan a las
autorizaciones que se formulan de legitimidad y objetividad en cuanto
a la consideración de cada país solicitante. En base a ello, y
también porque lo cita específicamente, hay que señalar que las
exportaciones a países como Turquía, Marruecos o Indonesia, ninguno
de ellos sujeto a embargo, además de representar un porcentaje mínimo
en el conjunto del valor de las ventas españolas, gozan de todas las
garantías, y en el caso de Turquía se establece en base a la lógica
relación que debe existir con un socio económico importante de la
Unión Europea, con un miembro de la OTAN y con un miembro del
principal foro de no proliferación y de control de armamento.
Sobresale en la proposición la reflexión sobre la transparencia que
debe acompañar a los procesos de exportación de armamento. Es un tema
recurrente en esta Cámara, lo cual nos parece muy positivo dadas las
características especiales del material del que estamos hablando. Hay
que tener cuidado. Dijo el secretario de Estado de Comercio en su
comparecencia, el pasado 5 de abril, en la Comisión de Defensa que no
estamos hablando ni de baldosas ni de jamones, sino de un material
cuya información puede ser en algunos casos de especial sensibilidad,
debido al carácter estratégico del sector y a las inevitables
connotaciones que tiene de seguridad nacional y política exterior,
derivadas de tales ventas.
Con ello quiero señalar que las actitudes más importantes a aplicar a
esta cuestión son las de la prudencia y las de la responsabilidad.
Sólo a partir de ellas podemos establecer aquellas fórmulas que
permitan trasladar a esta Cámara, y también a la opinión pública en
general, la información más relevante posible. Esta es la línea de
trabajo que viene adoptando el Gobierno desde el acuerdo plenario del
año 1997, fecha a partir de la cual se remiten a esta Cámara los
datos de exportación de material de defensa y doble uso, desglosados
por países de destino, desagregando a partir del año 1998 el valor de
lo exportado en seis categorías básicas de productos. A partir de
ahí, el informe del año 1999 introdujo el análisis de la legislación
española, de normativa europea, los foros internacionales de control,
la relación de embargo y el peso de las exportaciones españolas en el
conjunto mundial. Todos estos datos se vienen publicando en el
Boletín Económico de la Revista Información Comercial Española. Con
todo ello, el Gobierno de nuestro país se mueve en la línea de los
comportamientos de los otros países de la Unión Europea, que es donde
hay que estar, intentando avanzar y mejorar el proceso de
información, pero, como decía, con la prudencia que requiere el estar
tratando de un material de extrema sensibilidad.
Salvando los puntos referidos a Angola, discrepamos de sus
planteamientos y no podemos dar apoyo a su iniciativa. Por tanto,
manifestamos el voto contrario del Grupo Parlamentario Popular.
- ACUERDO RELATIVO AL GRUPO AÉREO EUROPEO ENTRE EL GOBIERNO DEL REINO
UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE Y EL GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA FRANCESA Y PROTOCOLO DE ENMIENDA, HECHOS EN LONDRES EL 6 DE
JULIO DE 1998 Y EL 16 DE JUNIO DE 1999, RESPECTIVAMENTE, ASÍ COMO
DECLARACIÓN QUE ESPAÑA VA A FORMULAR EN EL MOMENTO DE LA ADHESIÓN.
(Número de expediente 110/000088.)
La señora PRESIDENTA: Como varios miembros de esta Comisión tienen
que asistir a otras Comisiones, les anuncio que las votaciones de
todos los puntos que son susceptibles de votación se realizará no
antes de la una.
Pasamos, a continuación, al siguiente punto que hemos acordado, que
es el del acuerdo relativo al Grupo aéreo europeo entre el Gobierno
del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y el Gobierno de
la República Francesa y protocolo de enmienda, hechos el 6 de julio
de 1998 y el 16 de junio de 1999, incluyendo la declaración que
España va a formular en el momento de la adhesión.
Ha pedido la palabra para fijar su posición el Grupo Socialista y se
la concedo en este momento a su portavoz, el señor Marsal.
El señor MARSAL MUNTALÁ: Estamos de acuerdo con el acuerdo relativo
al Grupo Aéreo Europeo. Creemos que es importante la adhesión de
España a este grupo y que va en la línea del proceso de
profundización de la Unión Europea y de sus aspectos de política de
seguridad y defensa. En la declaración que España va a formular en el
momento de la adhesión y que forma parte adjunta también a la firma
de este acuerdo, había una redacción que tenía una formulación
técnicamente no muy correcta y distinta a la de otras declaraciones
de España cuando incidía en los acuerdos, la posición española
respecto a Gibraltar. Nos parecía que era una redacción nueva, que
nunca había aparecido, y que técnicamente era mejor volver al
redactado anterior. Básicamente era una cuestión técnica. Ante el
consenso alcanzado después de los contactos tenidos con el Ministerio
y con el Grupo Popular, en cuanto a que puede considerarse una
rectificación técnica y que se va a proceder a esta rectificación
técnica, retiraríamos esta enmienda y así facilitamos también el
trámite de este acuerdo, para que pueda ser aprobado lo más
rápidamente posible por el Pleno de esta Cámara.
La señora PRESIDENTA: En efecto, puedo confirmar que esa
rectificación técnica se ha producido y me gustaría leer, a
continuación, el texto tal y como va a quedar, para pasar después a
dar la palabra al representante del Grupo Popular.
El texto quedaría de la siguiente forma: En relación con Gibraltar,
el presente acuerdo y toda actividad realizada o medida adoptada en
aplicación del mismo o como consecuencia del mismo, se entenderán sin
perjuicio de la postura jurídica de España respecto de la
controversia con el Reino Unido, relativa a la soberanía sobre el
territorio en el que está situado el aeropuerto y de lo que se ha
acordado sobre el uso civil del mencionado aeropuerto mediante la
declaración conjunta de diciembre de 1987. Ese sería el texto que
pasaríamos a votar en su debido momento, si hay acuerdo de los demás
grupos conjuntamente, con el acuerdo.
Tiene la palabra en este momento el representante del Grupo Popular,
señor Robles Fraga.
El señor ROBLES FRAGA: En primer lugar, quiero manifestar el acuerdo
de mi grupo con esta modificación de carácter técnico. Permítanme que
utilice este trámite, que ha de ser naturalmente breve, para señalar
la importancia de la posición que sostiene esta Comisión, entiendo
que por mayoría, que defiende el Grupo Socialista respecto a esta
declaración o formulación de salvaguardia de la posición jurídica
tradicional, histórica, española en relación con el contencioso que
mantiene España con el Reino Unido sobre Gibraltar.
Quiero resaltar las palabras del portavoz socialista, el diputado
señor Marsal, porque, a continuación, vamos a discutir una
proposición no de ley en la que está en causa precisamente si se
establecen o no esas salvaguardias. Ese es en el fondo el problema
que nos ocupa ahora y es importante que en este caso quede clara esa
postura. No tengo que acudir a los clásicos, acudo a las innumerables
veces en que estas salvaguardias se han producido por parte de
España. Existe un precedente reciente en el seno de la Unión Europea,
que es el que ha permitido que en los asuntos de justicia e interior
se ponga por fin en claro y quede salvaguardada la posición de España
en este tema en relación con el conflicto que planteaban algunas
pretensiones de las autoridades gibraltareñas de obtener una
presencia internacional que no les corresponde. De eso hablaremos más
adelante. A mí me parece importante resaltar ahora, efectivamente,
que existe acuerdo y consenso sobre la necesidad de salvaguardar en
cualquier caso y en toda ocasión la posición jurídica de España
respecto a la controversia sobre Gibraltar. (El señor Marín González
pide la palabra.)
La señora PRESIDENTA: El señor Marín tiene la palabra.
El señor MARÍN GONZÁLEZ: Quisiera plantear una cuestión de orden,
señora presidenta. Para favorecer
la aprobación de este acuerdo, el Grupo Socialista ha retirado
una enmienda, debido a que el texto que nos había llegado del
Gobierno proponía otra fórmula que no era la que España ha utilizado
siempre. La Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de
Asuntos Exteriores ha confirmado que la enmienda socialista
efectivamente era la correcta. Para favorecer este debate, y para que
se apruebe, la hemos retirado. Y la fórmula que vamos a proponer en
el siguiente debate, querido colega, es exactamente la misma que
acabamos de aprobar. Me imagino que si la Dirección General de
Asuntos Jurídicos del Ministerio de Asuntos Exteriores ha confirmado,
y elegantemente el portavoz no ha dicho absolutamente nada, ni
siquiera para poner de manifiesto que alguien en la Administración se
equivocó, que no se vinculen las dos cosas. En el próximo convenio la
fórmula que vamos a proponer es exactamente la misma que ha venido de
la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Asuntos
Exteriores. Si ustedes quieren votar en contra del convenio sobre la
corrupción, será por otras razones, pero no por la cuestión de la
forma.
La señora PRESIDENTA: Los dos portavoces han aclarado sus posturas.
Tengo la impresión -y así lo quiero afirmar- de que en este convenio
-por lo menos éste- ha quedado clara cuál va a ser la redacción
definitiva en la que SS.SS. están conformes y será el texto que
pasaremos a votación junto con el acuerdo.
PROPOSICIONES NO DE LEY (Continuación)
- SOBRE FIRMA Y RATIFICACIÓN POR ESPAÑA DE LA CONVENCIÓN PENAL SOBRE
LA CORRUPCIÓN Y DE LA CONVENCIÓN CIVIL SOBRE LA CORRUPCIÓN.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de
expediente 161/000842.)
La señora PRESIDENTA: Pasamos al siguiente punto del orden del día,
que sería también una proposición no de ley del Grupo Socialista
sobre firma y ratificación por España de la Convención penal sobre la
corrupción y de la Convención civil sobre la corrupción.
Para su defensa, tiene la palabra el señor López Garrido.
El señor LÓPEZ GARRIDO: El Grupo Parlamentario Socialista propone que
se apruebe por esta Comisión una proposición no de ley instando al
Gobierno de España a que firme y ratifique la Convención penal sobre
la corrupción y la Convención civil sobre la corrupción, que se puso
a la firma en el seno del grupo de países contra la corrupción del
Consejode Europa, grupo Greco, a principios de 1999 y,
sin embargo, no ha sido todavía firmada ni ratificada por España,
porque el Gobierno no ha querido hacerlo por razones parecidas a las
que ahora se estaban comentando, a un asunto relacionado con la
posición jurídica de España respecto a Gibraltar. Lo hemos conocido
por el propio presidente del Gobierno, José María Aznar, quien hace
unos días afirmó que la única razón para no firmar esos documentos
era porque se daban competencias a las autoridades de Gibraltar y
esto era, al parecer, inadmisible para las posiciones de España
respecto de Gibraltar.
Esta Convención penal y Convención civil sobre la corrupción es que
es de extraordinaria importancia y es muy llamativo que sea España el
único país del grupo Greco, el único país de la Unión Europea, de los
poquísimos países que no las ha ratificado. Por cierto, algunos de
ellos son auténticos paraísos fiscales. No es una buena compañía la
que tiene España en estos momentos de países no firmantes de esta
convención.
Ambas Convenciones, la penal y la civil, son de extraordinaria
relevancia y no tiene parangón con otras convenciones
internacionales, es decir, no se parecen o se parecen algo pero van
mucho más allá de la OCDE del año 1997, de la Unión Europea del mismo
año sobre corrupción, ésta del Consejo de Europa es mucho más amplia
y se extiende a figuras delictivas como el cohecho, básicamente de
empleados públicos nacionales y extranjeros, de parlamentarios, en el
sector privado, de jueces y magistrados, tráfico de influencias
activo y pasivo, blanqueo de dinero procedente de delitos de
corrupción, delitos económicos relacionados con la corrupción,
etcétera. La Convención penal incluye medidas de cooperación y apoyo,
de inmunidad, criterios para la determinación de jurisdicción de los
Estados, establecimiento de cuerpos anticorrupción especializados,
obtención de pruebas, comiso de bienes obtenidos, cooperación
internacional, etcétera. Es una convención extensísima sobre medidas
contra la corrupción, que ha sido tomada como ejemplo, por Naciones
Unidas, que está también trabajando en esta línea. Enorme
importancia, por tanto, la de esta Convención penal y también la de
la Convención civil, que instamos a su firma y ratificación. No hay
ningún precedente; es el primer intento de definir reglas
internacionales comunes sobre corrupción en el ámbito privado.
Esta defensa que hacemos de la proposición no de ley coincide, como
saben ustedes, con que ayer mismo, después de un embargo de tres o
cuatro días, del Gobierno español, también incomprensible (me imagino
que por la única razón de evitar que esta semana hubiese en el
Parlamento una pregunta sobre este tema, no se nos ocurre que haya
otra razón para que el Gobierno haya embargado la información sobre
esta evaluación que ha hecho el grupo Greco de la lucha contra la
corrupción en España), se ha conocido este informe en el que el grupo
Greco insta al Gobierno
español a que firme la Convención penal y la Convención civil sobre
la Corrupción. El argumento del Gobierno de que tiene que ver con
Gibraltar para nosotros es absolutamente increíble. Nada hay en esta
convención que tenga que ver con ese asunto. Esta convención no dice
nada sobre si tiene que ver con Gibraltar o no. La cláusula de la
aplicación territorial, que no sé si es la que tiene que ver con
esto, consta en el artículo 34 de la Convención penal, y en el
artículo correspondiente de la Convención civil, es una cláusula de
estilo, que se incorpora prácticamente en todas las convenciones
internacionales de aplicación territorial. Por otra parte España,
durante el Gobierno del Partido Popular, ha firmado convenios
internacionales con esa misma cláusula exactamente igual. Por
ejemplo, la Convención sobre el blanqueo de capitales, una reciente
convención que ha sido ratificada por el Gobierno del Partido Popular
y cuyo artículo 38, que se denomina: de aplicación territorial, es el
equivalente al 34 de la Convención penal que intentamos que se
apruebe aquí, que se inste al Gobierno para su firma. Ese artículo 38
de la Convención del blanqueo de capitales es exactamente una
fotocopia del artículo 34 de la Convención penal; idéntico. Pues
bien, esa convención ha sido firmada y ratificada por España. Si esa
es la razón, habría que preguntar, ¿y por qué han firmado ustedes
entonces esa Convención de blanqueo de capitales?
Es claro que cualquier preocupación que pueda haber sobre Gibraltar
se soluciona por algo que se ha hecho de forma reiterada siempre en
los convenios internacionales, y es que España hace una declaración
en la que deja clara su posición respecto de Gibraltar. Cualquier
declaración es admisible en este caso, pero no tiene explicación que
con esto se esté dificultando su aplicación en Gibraltar lugar en
donde el blanqueo de capitales es desgraciadamente una práctica y uno
de los paraísos fiscales. Como es sabido, en Gibraltar, hay más de
cuarenta o cincuenta mil empresas que tienen allí su sede. En un
sitio tan pequeñito es importante que se aplique también el convenio
¿Cómo va a pedir España que se aplique el convenio allí también si no
lo firma? ¿Qué fuerza moral tiene para pedir que se firme el convenio
o que se luche contra la corrupción si no lo firma?
España, la Administración española, cuando se elaboró la Convención
penal sobre la corrupción y la Convención civil, nunca dijo
absolutamente nada. En el proceso de elaboración no afirmó nunca que
había que cambiar determina cláusula porque afectaba a su posición
sobre Gibralta. España nunca dijo nada y la sorpresa ha sido, en el
seno del Consejo de Europa y del grupo Greco, que España es el único
país de la Unión Europea, el único país del grupo Greco, el único
país de la dirección -porque pertenece a la dirección-, que no ha
firmado esa convención.
La valoración política que nosotros hacemos es que España se sitúa
claramente en la cola de la lucha contra
la corrupción en Europa, con una práctica preocupante, y es que
España no se suma últimamente a convenios internacionales que tienen
que ver con la defensa de los derechos humanos. Está muy presente, y
así es considerado por Naciones Unidas y en los propios papeles de
Greco, que la corrupción es algo que afecta a la democracia, a la
estabilidad democrática, a los derechos humanos y libertades y que
los medios para poder luchar contra ella son importantes. Hace poco
el Grupo Popular se quedó solo en esta Cámara, en la Comisión
Constitucional, no aceptando ratificar los protocolos 4, 7 y 12 del
Convenio Europeo de los Derechos Humanos, por razones
incomprensibles. Y ahora se añade esta negativa a firmar y ratificar
este convenio.
Desde luego, esto va a dificultar enormemente la lucha contra la
corrupción en Europa, porque este es un instrumento básico para
luchar contra la corrupción en Europa, no solamente en España; no
hablamos ya de la corrupción en España, sino en el ámbito europeo.
Porque la corrupción tiene unas connotaciones claramente
supranacionales. Es un instrumento esencial, vital, y si España no lo
firma, evidentemente se convertirá en una reserva de personas que
están aquí mucho más a gusto, que huyen de otros países, que son
perseguidos por delitos como los que aparecen en esta Convención
penal o los que tienen que ver con la Convención civil. Es una
política realmente grave, peligrosa y es un despropósito desde todos
los puntos de vista que España no firme ese convenio.
Por otra parte, tendríamos que preguntarnos si el presidente del
Gobierno, José María Aznar, tiene palabra política cuando firma un
documento o no. El origen de esta convención es una cumbre de jefes
de Estado y de Gobierno del Consejo de Europa de 1997, una cumbre en
la cual los jefes de Estado y de Gobierno del Consejo de Europa
solemnemente se comprometen a impulsar precisamente este grupo Greco
y a elaborar y firmar estas convenciones penales y civiles contra la
corrupción ¿Cómo es posible que ante un compromiso político de esa
naturaleza, firmado por el presidente del Gobierno español, después,
cuando esos instrumentos se ponen a la firma, un año o año y medio
después, España no firma? ¿Qué explicación tiene eso?
Además de eso, resulta que desde ayer mismo España, si no se firma,
si se sigue sin ratificar, va a desoír claramente la decisión que
surge de este informe evaluatorio sobre la lucha contra la corrupción
en España del grupo Greco, en donde se insta a que el Gobierno
español firme estos tratados, estos convenios. Que yo recuerde, es la
primera vez que en el Consejo de Europa se insta a un país a firmar
un convenio internacional. Por eso el Consejo de Europa no se explica
qué es lo que ha sucedido para que el Gobierno español no firme
y ratifique este convenio. Habría que preguntar: Entonces, ¿para qué
está España en el grupo Greco y en su dirección, si el instrumento
básico que surge de ese grupo de lucha contra la corrupción no es
firmado por
España? ¿Para qué está en ese grupo? ¿Qué sentido tiene que España
pertenezca al grupo Greco si la acción fundamental de ese grupo es la
evaluación de los países, el que esos países firmen y el seguimiento
posterior por Greco de la aplicación de esos convenios?
España se aleja claramente de Europa, como en otros aspectos, también
en este asunto. Recientemente, el presidente del Gobierno español se
ha caracterizado por enfadarse con todo el mundo, por ponerse
enfrente de todo el mundo. Desde luego, aquí nos alejamos claramente
de Europa en la lucha contra la corrupción. No estamos hablando de
casos de corrupción, estamos hablando de tomar medidas contra la
corrupción, de eso estamos hablando aquí ahora. Y desde luego en eso
se aleja claramente de Europa. Casi todos los países europeos
firmaron en enero de 1999 y están tomando medidas. Francia está
cambiando su legislación. Hoy mismo, la reina Isabel II va a leer el
discurso de la Corona del comienzo de una nueva legislatura. La reina
de Inglaterra, entre otros contenidos de lo que es un programa de
Gobierno, como es sabido, va a hablar de la necesidad, del propósito
del Gobierno británico de cambiar su legislación, precisamente como
consecuencia de la firma de estos convenios, el convenio penal y
civil contra la corrupción. En toda Europa, las legislaciones están
cambiando, se está produciendo ese cambio, salvo en España. Porque en
España no se ha firmado ni se pretende, al parecer, firmar este
convenio.
La señora PRESIDENTA: Señor López Garrido, le ruego vaya terminando.
El señor LÓPEZ GARRIDO: Termino, señora presidenta, señalando que
tendría que explicarnos el Grupo Popular cuáles son las razones por
las cuales no se ha firmado y, si no se va a firmar tampoco en el
futuro, qué consecuencias políticas tiene; desde luego, tendrá
consecuencias graves en todo lo que tiene que ver con la lucha contra
la corrupción.
Este Gobierno se ha convertido en el Gobierno de las incógnitas o del
porqué de determinadas actuaciones. Es un Gobierno al que hay que
preguntarle por qué decide rehabilitar a un juez que ha prevaricado;
un Gobierno al que hay que preguntarle por qué está impidiendo,
obstaculizando que uno de sus ministros pueda declarar sobre un caso
investigado por la Fiscalía anticorrupción, un caso importante, sobre
el que convendría que declarara; un Gobierno al que habría que
preguntarle por qué ha retrasado el conocimiento de la evaluación
sobre España del grupo Greco y un Gobierno al que habría que
preguntarle por qué no firma y ratifica la convención penal y la
convención civil sobre la corrupción del Consejo de Europa.
La señora PRESIDENTA: Señor López Garrido, ha consumido ampliamente
el tiempo; le ruego termine.
El señor LÓPEZ GARRIDO: Termino, señora presidenta.
Aquí estamos en una sede parlamentaria y creo que por parte de la
oposición este es un regalo para el próximo programa electoral,
porque, si no se firma y ratifica esto, está claro que en el programa
electoral del Grupo Socialista estará la firma y la ratificación.
Pero, en fin, nosotros no queremos que nos den estos regalos, sino
que en este momento, en tiempo y forma, aunque ya con bastante
retraso, se proceda a lo que debíamos haber hecho hace ya algún
tiempo, y es la firma y ratificación del instrumento internacional
más importante de lucha contra la corrupción creado en el seno del
Consejo de Europa.
La señora PRESIDENTA: ¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor
Alcaraz.
El señor ALCARAZ MASATS: Brevísimamente, señora presidenta, voy a
mostrar nuestra coincidencia con la proposición no de ley que
presenta hoy el Grupo Socialista.
Una serie de países de Europa están intentando constituir un
instrumento de lucha contra la corrupción; un instrumento
fiscalizado, dirigido, coordinado por un grupo de países, el grupo
Greco, entre los cuales no sólo está España, sino que está en la
dirección del grupo de países del Consejo de Europa.
A partir de ahí, señora presidenta, no entendemos nada, no podemos
entender nada. Porque si es el tema de Gibraltar, que se diga ahora y
pasaríamos entre todos a solucionar, con una fórmula que ya es
típica, este obstáculo procedimental que no tiene mucho sentido. No
entendemos nada y, por lo tanto, vamos a atender con muchísima
curiosidad las explicaciones que dé el Grupo Parlamentario Popular.
Lo que está mostrando el Gobierno, sustentado en el Grupo Popular, es
una posición a la defensiva constante y nueva en estos temas de
corrupción, porque hasta este momento no se transmitía esta posición
a la defensiva a la sociedad española, y a partir de ahora también a
la sociedad europea. Es una posición a la defensiva que empieza a
tener ciertos ribetes de sospecha. ¿Por qué no se firma? No tiene
ningún sentido rechazarlo. Yo sé que el señor Robles Fraga intentará
por todos los medios transmitirnos una explicación; quizá a él
tampoco se la haya dado el Gobierno. Yo voy a entender sus piruetas,
porque a lo mejor él no conoce el fondo de la cuestión, como no lo
conocemos nosotros. ¿Qué está pasando aquí para que un Gobierno que
pertenece a la dirección del grupo Greco no quiera firmar estar
convención penal y esta convención civil que va instituyendo un
instrumento de enorme importancia de cara a la persecución de la
corrupción, fundamentalmente a través del hecho delictivo denominado
cohecho?
Esperemos la explicación del Grupo Parlamentario Popular, pero
hasta ahora no hay ninguna explicación posible. El señor Aznar cada
vez explica menos, está saturado, se le nota que tiene saturación
política y sus últimas explicaciones son tautológicas: esto es así
porque es así. Pero eso no nos basta a nosotros. Nos gustaría que nos
diera una explicación, aunque comprendo el sinsabor que va a tener el
señor Robles Fraga, porque seguramente a él tampoco se lo han
explicado.
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor
Robles Fraga.
El señor ROBLES FRAGA: La verdad es que lo que es un regalo son los
portavoces con los que me toca lidiar a mí hoy, porque me lo han
puesto muy fácil. Que después de haber debatido una enmienda técnica
del Grupo Socialista para salvaguardar la posición tradicional,
histórica, pero jurídica, de España en el contencioso sobre
Gibraltar, se diga que ese contencioso no tiene nada que ver, no
importa nada en un asunto tan relevante como una convención civil y
penal del Consejo de Europea, en la que no quedan salvaguardadas esas
posiciones españolas, es un ejercicio dialéctico realmente curioso,
que solamente se explica por la valoración política que ha hecho al
final el señor López Garrido. Y volveremos a esa valoración política.
Pero permítame, en primer lugar, que diga que el Gobierno, a través
de su presidente, a través de sus portavoces parlamentarios y
diplomáticos, ha dicho y ha manifestado claramente que no tiene nada
en contra, sino todo lo contrario, de estos convenios y de esta tarea
que realiza el Consejo de Europa a través del grupo Greco para luchar
contra la corrupción. De hecho, España, como ha sido recordado, forma
parte del buró permanente del grupo dirigente del llamado grupo de
Estados contra la corrupción, Greco, desde el primer momento. Somos
miembros fundadores y España ha apoyado todas las acciones
desarrolladas por el Consejo de Europa con el fin de fortalecer la
cooperación en la lucha contra la corrupción en los Estados miembros.
Es verdad que España es el único país del grupo Greco que no ha
firmado y desde luego es el único país del Consejo de Europa, miembro
del buró, que no ha firmado estos convenios. Pero España también es
el único país en otras cosas, no sólo en esa. Es el único país que
soporta una colonia de otro país también miembro del Consejo de
Europa y de otro país firmante de estos convenios. Y esa situación
colonial, que el señor López Garrido, en declaraciones de prensa,
decía que no es una razón válida para impedir o condicionar la
actuación española en este terreno, es lo bastante importante como
para que todos los gobiernos de la democracia española -y estamos en
la Comisión de Asuntos Exteriores, no estamos en la Comisión de
asuntos de política interna-, como por otra parte nos
recordaba la exposición de motivos del Grupo Socialista en el tema
que acabamos de debatir, condicionen cualquier firma, cualquier
convenio, cualquier ratificación, a la salvaguardia de la posición
española en relación con el contencioso de Gibraltar.
El problema, una vez sentado que España apoya el sentido y el
contenido de estos convenios, es Gibraltar. Y por mucho que le
convenga políticamente al señor López Garrido o al Grupo Socialista
traer este asunto aquí tirado de los pelos, por una intervención
desafortunada del señor Jiménez Villarejo en un congreso dela Unión
Progresista de Fiscales, para tratar de decir que este Gobierno no
lucha contra la corrupción, y acabe hablando del juez Gómez de Liaño,
-por cierto, recientemente aclarado su asunto- o al ministro Piqué,
el asunto sigue siendo Gibraltar. En la Comisión de Asuntos
Exteriores tenemos que decir que el convenio penal y el convenio
civil del Consejo de Europa contra la corrupción plantean un problema
de aplicación territorial, un problema de autoridades competentes en
relación a Gibraltar y un problema de comunicación directa entre las
autoridades judiciales competentes. Esta es una Comisión seria, en la
que hay que leerse los papeles y recordar los antecedentes jurídicos
y diplomáticos, y no es una Comisión en la que se pueda alegremente
cambiar la posición del Grupo Socialista, que es la posición que ha
mantenido siempre el Grupo Popular en esta materia, o de gobiernos
socialistas anteriores en relación a la salvaguardia de los intereses
y de la posición clásica española en este tema. Tampoco se puede
venir alegremente a decir que eso no tiene ninguna importancia.
Permítame recordar, ya que estamos hablando con un distinguido
letrado y jurista, que España no puede tampoco contradecir una
reciente sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, de
fecha 20 de febrero, en la que deniega el exequátur a la resolución
de los tribunales gibraltareños, porque, según leo, no es posible
apreciar el más básico de todos los presupuestos del exequátur, que
consiste en la existencia de una resolución dictada por tribunales de
un país extranjero en el ejercicio de una jurisdicción emanada de la
soberanía ejercida incuestionablemente sobre un determinado
territorio. Porque, como recuerda esa sentencia, o bien la cesión
territorial llevada a cabo en 1713 (sí, señor López Garrido, tenemos
que hablar de 1713, aunque usted quiera hablar del juez Gómez de
Liaño, en esta Comisión de Asuntos Exteriores tenemos que referirnos
también a 1713) lo fue desnuda de soberanía y, por tanto, de
jurisdicción, o bien, si conllevó esa transmisión de soberanía
territorial, su legitimidad actual está en cuestión a la vista de las
normas o el derecho de los tratados, del actual derecho de la
descolonización, etc., etc., etcétera.
Señorías, es conocido en esta Comisión, y no tengo que recordar a SS.
SS. recientes debates, como, por ejemplo, el del 14 de marzo de 2001,
que las autoridades
gibraltareñas intentan adquirir una capacidad de interlocución
internacional propia, para de este modo obtener una personalidad
internacional propia, diferenciada del Reino Unido, y que España
desde luego no está dispuesta a reconocer. Esa es la tradición de
esta Comisión, de todos los grupos de esta Cámara, una y otra vez
desde 1713, si es que podemos establecer tal continuidad histórica.
Pero desde luego la posición de España ha sido siempre esta.
Es cierto que en el ámbito de la Unión Europea y de los asuntos de
justicia e interior existe un acuerdo hispano- británico en materia
de autoridades. Pero este convenio, señor López Garrido, señorías, no
se aplica al ámbito de la Unión Europea, es un convenio del Consejo
de Europa; por lo que es evidente que hay que establecer otro tipo de
salvaguardias. Desde luego, no tendríamos ningún inconveniente en
instar al Gobierno a firmar estos dos convenios, siempre que se
establecieran esas salvaguardas, que quedara establecido que las
autoridades competentes son sóla y exclusivamente las autoridades
británicas, y que de ningún modo las autoridades gibraltareñas
pudieran tener reconocimiento o presencia internacional alguna,
porque eso es algo que esta democracia y que este país no ha
reconocido ni va a reconocer nunca, aunque en este momento el señor
López Garrido defienda una tesis realmente singular y peculiar sobre
la política española en relación a la ratificación o firma de
convenios y tratados sin tener en cuenta Gibraltar. Sí, señorías,
Gibraltar es un condicionamiento constante de nuestra política en
materia de cooperación judicial internacional. Y España siempre que
ve que se puede sentar un precedente jurídico negativo, tiene que
tener en cuenta ese condicionamiento y resolverlo.
El señor López Garrido se ha metido en un terreno muy peligroso, y no
me refiero solamente al terreno de la política exterior, porque ha
dicho que si España no obvia esta condición, si no elimina esta
condición gibraltareña y por lo tanto no firma inmediata y
urgentemente, como pide su proposición no de ley, se convertirá en
una reserva de personas perseguidas por corrupción. Señor López
Garrido, yo no tengo más remedio que recordárselo; yo he buscado en
un buscador y he puesto corrupción López Garrido y ya sale usted
esperando en el aeropuerto de Barajas a un banquero ecuatoriano que
ha tenido que ser extraditado a su país por haber defraudado a
140.000 personas. Es decir, ¿por qué me habla usted del señor Piqué y
del señor Gómez de Liaño? ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? Hay
que ser prudente hasta para elegir los clientes y los temas que uno
trae a esta Comisión.
España es un país que ha luchado y lucha, en el Consejo de Europa y
en todas partes, contra la corrupción internacional. En este tema
concreto se ha pretendido y se pretende hacer una imputación de
intenciones, un juicio de intenciones al Gobierno y al Partido
Popular,para llegar a la conclusión, realmente complicada, de
que España no firma estos dos convenios porque este es un Gobierno
que favorece la corrupción.
Señor López Garrido, hay que ser prudentes, como abogado, para elegir
los clientes, y hay que ser prudente como portavoz para venir a esta
Comisión a decir que nos olvidemos de Gibraltar.
La señora PRESIDENTA: Señor López Garrido, tiene la palabra.
El señor LÓPEZ GARRIDO: Quisiera contestar a la intervención del
señor Robles Fraga en este turno de réplica que agradezco a la
presidenta que nos haya dado.
Señor Robles Fraga, yo creo que su intervención pone de manifiesto la
ausencia absoluta de ninguna razón explicable o creíble para que
España no firme este convenio. Y es que aquí estamos hablando de este
convenio, no de otras cosas, y de la actuación de un Gobierno. De eso
estamos hablando en esta Comisión, de la actuación de un Gobierno que
no firma ni ratifica un convenio penal contra la corrupción y que no
ofrece ni una sola razón válida para no hacerlo, salvo que haya
razones políticas, porque no hay otras razones.
Lógicamente, en una Comisión parlamentaria, desde la oposición al
Gobierno hay que pedirle que explique cuáles son esas razones
políticas que hay ahí. Porque la consecuencia de que España no lo
firmae es que España se sitúa en la cola de la lucha contra la
corrupción, va a tener consecuencias políticas desastrosas para este
país y para el conjunto de Europa, porque España no va a colaborar
con ese instrumento de lucha contra la corrupción. ¿Usted me va a
decir que la situación de 1713 en Gibraltar nos va a impedir firmar
en el futuro cualquier tratado internacional que firme el Reino
Unido? ¿Este es el resultado? Tendríamos que irnos de la Unión
Europea, por ejemplo. Es que en la Unión Europea hay una cláusula de
aplicación territorial exactamente igual. No, no se ponga así, es la
misma cláusula que hay aquí. Este tratado que pretendemos que se
firme por España, en el artículo 34 tiene exactamente la misma
cláusula que hay en todos los tratados internacionales firmados por
España recientemente, exactamente la misma ¿Qué diferencia tiene este
tratado con otros? Ninguna, señor Robles Fraga ¿Dígame usted qué
diferencia hay en el texto de ese tratado con otros? Ninguna. El
tratado de blanqueo de capitales, también del Consejo de Europa, no
de la Unión Europea, ratificado por su Gobierno, dice exactamente lo
mismo en el artículo 38 que lo que dice en el 34 el convenio penal,
exactamente lo mismo, no hay ninguna diferencia ¿Por qué firman
ustedes y ratifican el de blanqueo de capitales y no firman éste si
dicen exactamente lo mismo? Las mismas razones de Gibraltar valdrían
para uno y para otro, exactamente las mismas. Y eso es un
razonamiento absolutamente jurídico y riguroso ¿Dígame usted por qué?
¿Pero por qué de
pronto en este tratado hay unas consecuencias horribles en relación
con Gibraltar que no hay en otros? ¿Ustedes no van a firmar ni un
solo tratado a partir de este momento, ni uno solo, que firme el
Reino Unido? ¿Pero qué disparate es ése? Es algo incomprensible.
El Reino Unido es la potencia que tiene responsabilidad internacional
sobre Gibraltar, como es lógico. Precisamente, en el BOE de 20 de
enero de este año sale publicado un acuerdo para solucionar el tema
de las sentencias de los tribunales de Gibraltar. Ustedes no
presentan una enmienda a esta proposición no de ley, para que
aparezca que, en todo caso, si el Reino Unido extiende este tratado
(que aún no sabemos si lo va a hacer o no) a Gibraltar, España
mantendrá su posición jurídica. Ustedes no han presentado ninguna
enmienda a esta proposición no de ley. Nos parecería perfecto, lo
hemos dicho anteriormente. Yo tengo aquí delante decenas de convenios
internacionales que se han ratificado y se han firmado con esas
cláusulas. Por ejemplo, en el convenio sobre el derecho de asilo de
Dublín, se hace la siguiente declaración: El Reino de España declara
que si, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 del
convenio, el Reino Unido decide extender su aplicación a Gibraltar,
dicha aplicación se entenderá sin perjuicio de la postura de España
con respecto al litigio que la opone al Reino Unido a propósito de la
soberanía sobre el istmo. Una declaración que perfectamente se puede
hacer si el Reino Unido en un futuro extendiese la aplicación de ese
tratado a Gibraltar. Pero, desde luego, no me puede usted llevar al
terreno de que, como consecuencia de esto, habría que salirse de los
tratados firmados por España y no firmar ninguno más. Entonces nos
salimos de la comunidad internacional. Allí donde vaya el Reino
Unido, allí nosotros no estamos. Es una cosa absolutamente increíble.
Por tanto, como eso no cabe desde el punto de vista jurídico, hay que
ir a razones políticas. Y si ustedes no nos dan razones políticas,
pues tendremos que extraerlas nosotros. Díganos usted cuál es la
razón política por la cual no se hace esto, porque jurídica no la hay
en absoluto.
Usted ha dicho que aquí se trae por los pelos un debate como este
¿Cómo por los pelos? Hace dos años que ustedes no firman este
convenio y ayer mismo el grupo Greco insta a España a firmar este
convenio. ¿Cómo por los pelos? Si el grupo Greco le dice a España que
firme el convenio penal y el convenio civil sobre la corrupción? ¿Qué
es eso de traer por los pelos? Nunca un debate ha sido más oportuno
y, por cierto, más cercano a los hechos, cosa que no sucede casi
nunca en este Parlamento. Es un debate absolutamente pertinente,
necesario como consecuencia, entre otras cosas, de la decisión del
grupo Greco. Lo que les dijo ayer el grupo Greco es que no hay una
estrategia contra la corrupción en España; no dice que en España haya
mucha o poca corrupción, ése no es el tema; no dice eso, dice que en
España no hay una estrategia contra la
corrupción y, por lo tanto, que no hay medios suficientes contra la
corrupción. No está haciendo una evaluación sobre casos concretos o
no de corrupción, lo que dice es que no hay esa estrategia, ya que
una estrategia exige firmar este convenio; eso es lo que les dijo a
ustedes ayer el grupo Greco, que no hay una estrategia contra la
corrupción. Y lo que debiera decir la declaración del grupo Greco, es
que el Gobierno español, el Partido Popular llegó con una enfática
defensa, cosa que me parece perfecto, de la lucha contra la
corrupción, y desde entonces no ha hecho nada. Lo que dicen las
recomendaciones del grupo Greco es que no se ha hecho nada en cuanto
a medios contra la corrupción, no que haya habido mucha o poca
corrupción, ése no es el asunto, sino en cuanto a los medios contra
la corrupción, en cuanto a los medios materiales y los medios
jurídicos contra la corrupción.
Y no me contesta usted -por último, señora presidenta- a algo que le
he dicho antes. Además de todas estas contradicciones en la decisión
absolutamente arbitraria e incomprensible sobre si firman o no firman
un tratado, además de eso el presidente Aznar firmó en 1997,
solemnemente, que había que poner en práctica estos tratados; eso lo
dijo José María Aznar y lo firmó en la cumbre de jefes de Estado y de
Gobierno del Consejo de Europa en 1997. Y España nunca dijo nada,
repito, nunca dijo nada cuando se elaboraron estos convenios sobre el
particular. ¿Qué pasa? ¿Que aquello que dijo José María Aznar en
1997, que firmó solemnemente, ese compromiso político no se va a
cumplir? ¿Por qué estos convenios, que son, repito, el principal
instrumento en estos momentos del grupo Greco para la lucha
internacional contra la corrupción, no se han firmado y ratificado
por España? Ésa es la situación y es lo que ustedes tienen que
explicar, como es lógico, políticamente. Ustedes tienen que
explicarlo, no la oposición, no los diputados; ustedes tienen que
explicar por qué este Gobierno no lo ha firmado y parecer ser que no
lo piensa firmar. Nosotros estamos abiertos a enmiendas, a
transaccionales, lo que ustedes quieran, pero este convenio tiene que
firmarse; ustedes saben que tiene que firmarse y no han cumplido con
esa obligación, no han cumplido con sus deberes, y eso es lo que
nosotros aquí, como oposición constructiva, les venimos a recordar
esta mañana.
La señora PRESIDENTA: Ha pedido la palabra el portavoz del Grupo de
Convergència i Unió, el señor Guardans.
El señor GUARDANS I CAMBÓ: Muchas gracias, señora presidenta, por su
generosidad en la distribución de palabras, en este caso con un grupo
minoritario que es más pequeño que otros, que en concreto está en
varias comisiones a la vez.
Esta iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista a nosotros nos
parece que es, de entrada, absolutamente
acertada en cuanto al tiempo, porque, efectivamente, la oportunidad
es absoluta.
En segundo lugar, mi grupo, en esta Comisión y en otras comisiones,
ha dejado claro más de una vez su posición de que no es posible que
la actividad internacional española, el compromiso internacional
español, por ejemplo, en los ámbitos de tercer pilar en el ámbito de
la Unión Europea, quede todo él hipotecado o todo él secuestrado por
la posición de España en la materia de Gibraltar. Ha habido debates
sobre este tema en el ámbito de Schengen durante la legislatura
pasada y los ha habido ya en esta legislatura. No es posible que toda
la actuación exterior española quede constantemente hipotecada,
congelada, secuestrada por la posición, legítima en algunos casos,
más discutible en otros, pero en todo caso que no nos vamos a
plantear ahora, sobre Gibraltar, sus autoridades, el papel de sus
autoridades, la validez de sus documentos, etcétera, porque eso,
efectivamente, no sólo no perjudica a Gibraltar, sino que el único
perjudicado en este caso acaba siendo España e indirectamente también
sus socios.
Por otro lado, nuestro compromiso más firme con los instrumentos
elaborados en el ámbito del Consejo de Europa en materia de
corrupción, de lucha penal contra la corrupción y contra el blanqueo
de capitales es claro y ha sido así en más de una ocasión, y por
tanto nosotros no podemos más que dar apoyo a la iniciativa que aquí
se plantea.
Escuchando al portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, me
atrevería a hacer una enmienda in voce, ya que no la ha hecho el
Grupo Parlamentario Popular cuando aparentemente ese es el obstáculo
que impediría al Grupo Parlamentario Popular suscribir esta
proposición no de ley. Por esa razón, no tanto porque yo mismo o mi
propio grupo entienda que eso tiene toda la trascendencia que otros
le dan, sino porque creo que esa sería una posibilidad de, por lo
menos, dejar claro cuál es la posición de cada cual, yo pediría al
Grupo Parlamentario Socialista que aeptara una enmienda in voce
consistente en incluir al final de la proposición no de ley, que
quedaría en sus propios términos: 'sin perjuicio del respeto de la
postura de España en materia de soberanía sobre Gibraltar'. Lo cual,
autorizaría al Gobierno en el momento de la ratificación a añadir una
declaración sobre este tema o a utilizar los instrumentos que el
Derecho internacional permite para reservarse el reconocimiento o no
reconocimiento de determinadas autoridades de Gibraltar. Por tanto,
la enmienda sería exactamente: 'Sin perjuicio del respeto de la
postura de España en materia de soberanía sobre Gibraltar'. Si se
acepta esa enmienda, nosotros la votaríamos. Sinceramente le digo que
si no la aceptan, también nos parece aceptable su proposición. Pero
creo que sería prudente por parte del Grupo Parlamentario Socialista
que lo que se sometiera a votación fuera con esa enmienda
incorporada, para dejar claro que aquí, no estamos debatiendo la
posición de España respecto de
Gibraltar, no se trata de coartar la libertad del Gobierno de España
de utilizar todos los instrumentos a su alcance en el seno del
Consejo de Europa para seguir protegiendo la reivindicación del reino
de España sobre Gibraltar, sino que lo que estamos haciendo es que
España no quede descolgada de lo que es la lucha internacional contra
la corrupción, como puede quedar, efectivamente, si no ratifica este
convenio.
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Federal de Izquierda Unida, tiene
la palabra el señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ MASATS: Señora presidenta, mostrar nuestro acuerdo
con la transaccional que ofrece el señor Guardans, con la que estamos
totalmente de acuerdo, que Dios me perdone, pero es así. (Risas.)
He de decirle al Grupo Popular que era muy fácil interponer esta
enmienda a la proposición del Grupo Socialista y se hubiera
solucionado la única causa que dan para oponerse a la proposición no
de ley. Por lo tanto, el señor Robles Fraga ahora lo tiene mucho más
fácil todavía, porque si no, no tendría otra explicación que
facilitar el flujo de capitales a España, por ejemplo. Y como yo creo
que ésa no es la intención del Gobierno, podríamos solucionar el
trámite de hoy considerando la enmienda transaccional que hace el
señor Guardans con muy buena puntería.
La señora PRESIDENTA: Quiero aclarar a SS.SS., agradeciendo esa
voluntad que algunos grupos plantean con sus enmiendas in voce, que
no es que no existan precedentes, es que no puede haber un soporte
jurídico que permita ese tipo de iniciativas en este momento, puesto
que les recuerdo que estamos ante una proposición no de ley y una
proposición no de ley está absolutamente regulada en el Título X del
Reglamento de esta Cámara, en los artículos 194 y 195. Y no
habiéndose presentado ninguna enmienda a esta proposición no de ley,
entiende la Presidencia que no cabría aceptar en este momento
enmiendas in voce, puesto que no ha habido una enmienda a la que
pueda presentarse la transaccional, ni una enmienda de sustitución. Y
por lo tanto, entendemos que no cabría en este momento, tal y como se
ha planteado, una enmienda in voce.
El señor GUARDANS I CAMBÓ: Señora presidenta, perdóneme. Yo llevo en
esta Comisión en este momento cinco años y medio, voy camino de los
seis, casi el uso de razón en esta Comisión, le puedo decir
precedentes, docenas, docenas y docenas. Si algo hemos hecho en esta
Comisión es una iniciativa que entra, que se somete a debate y
acabamos redactando y sometiendo a votación un texto consensuado
entre varios, siempre y cuando lo acepte el autor de la iniciativa,
con enmiendas formuladas por los demás. Este mismo portavoz ha tenido
ocasión de hacerlo docenas de veces en esta Comisión, y espera tener
la fortuna de seguir haciéndolo. Y otros portavoces lo han hecho con
iniciativas de este grupo, precisamente en aras del consenso que
tiene que animar la política exterior española. Si el precedente que
sienta la Presidencia hoy es que sólo se puede votar aquello que ha
sido presentado en el Registro de la Cámara antes, le aseguro que el
primer perjudicado será en adelante el consenso en la política
exterior.
La señora PRESIDENTA: Acaba de aludir S.S. a una palabra que es
clave, y es la del consenso. Por tanto, hay unos grupos que se han
manifestado en ese sentido, quiero decir que soporte sin consenso no
existe, voy a dar la palabra al portavoz del Grupo Parlamentario
Popular y en el momento final pasaríamos después a la votación
correspondiente.
El señor GUARDANS I CAMBÓ: El autor de la iniciativa es quien tiene
que aceptar.
El señor ROBLES FRAGA: Sí, querido Ignasi, con tu permiso y el de la
presidenta.
El señor López Garrido, en un entusiasmo digno de mejor causa (y
desde luego por el camino que va en esta Comisión de Asuntos
Exteriores, que estoy seguro le dará siempre la bienvenida, sin duda
le permitirá aprender algo sobre Derecho internacional), sabe o
debiera saber que no se trata de que España, y eso lo sabe muy bien
el señor Guardans, haga una declaración unilateral cuando de lo que
se trata es de obtener las garantías adecuadas, jurídicas sobre una
posición española conocida que nos enfrenta al Reino Unido, país
socio y aliado y país con el que compartimos, entre otras cosas, el
ser miembros de la Unión Europea y del Consejo de Europa.
Pero ha habido muchísimos organismos, señor López Garrido, el Consejo
de la Unión en numerosas ocasiones, el Consejo de Europa, todo tipo
de organismos, que han instado a España a que ratificara convenios
que ya estaban firmados y negociados, naturalmente para todos, pero
en los que España se ha resistido, con todo el derecho y todo el
acierto del mundo, a firmar hasta que no obtenía las garantías del
Reino Unido, garantías escritas, garantías formales, sobre la
salvaguardia de su posición jurídica.
No se trata de lo que España diga, porque eso lo podemos hacer aquí,
lo puede hacer el ministro, el presidente del Gobierno, también
vincula a España, pero no vincula al Reino Unido. Ése es el problema.
Si España todavía no ha firmado estos convenios, señor López Garrido,
es porque el Reino Unido, que ha estado en un proceso electoral que
ha terminado hace pocas semanas y en un proceso político complicado
por una serie de razones también en el tema europeo, no ha dado a
España esas garantías. Este es un asunto bilateral entre el Reino
Unido y España, este no es un asunto que se deba estudiar en el seno
de una negociación sobre el Derecho del mar, la corrupción, el asilo,
las
minorías o el blanqueo de dinero. Se trata de que España considera
que en este convenio se debe hacer como en otros convenios mucho más
importantes que éste que se han paralizado en el seno de la Unión
Europea o fuera de ella, en lo que a España se refiere, e incluso
para todo el mundo, porque España se ha resistido y no ha cejado de
resistir hasta que ha obtenido las garantías formales del Gobierno
del Reino Unido y de Irlanda del Norte. De eso se trata. Y si a usted
eso le parece poca explicación, estaremos en discrepancia y sin duda
tendrán ustedes que aclararlo en relación con lo que acabamos de
votar en el tema anterior, en el que efectivamente se producen una
serie de garantías y de declaraciones paralelas. Ya me gustaría a mí
que aquí pudiera haber un acuerdo de autoridades como el que hay en
el seno de la Unión Europea, pero no lo hay.
De todas maneras, yo creo que ésa es la cuestión. Si usted pretende
extrapolar y decir que España está en la cola de la lucha contra la
corrupción, no señor, España está defendiendo unos intereses
permanentes, constantes, una posición jurídica en el tema de
Gibraltar, y además tiene que hacer veintiocho mil cosas más, que no
son incompatibles, pero que llega un momento que si se rozan España
tiene siempre que mantener su posición en este tema. Y desde luego
esperamos que ahora que el Gobierno británico ha revalidado su
mayoría y puede tomar decisiones con mayor tranquilidad, vuelva, como
se ha hecho en muchos otros asuntos, a discutir con España de estos y
de otros temas que están pendientes y que naturalmente están
condicionados por la presencia colonial británica en territorio
nacional. Ya me gustaría a mí que Gibraltar no fuera una colonia, ya
no tendríamos problema ninguno. Pero hacer como que Gibraltar no es
una colonia y que no tenemos una reivindicación sobre Gibraltar, es
hacer todo lo contrario de lo que hay que hacer en esta Comisión de
Asuntos Exteriores.
Y por lo tanto, en aras del consenso y tomando el espíritu de la
transaccional in voce que ha propuesto nuestro colega y amigo el
señor Guardans i Cambó, permítanme que haga una transaccional in
voce, ya que al parecer ésa es la que permitiría que el Grupo
Socialista tomara en consideración las manifestaciones del Grupo
Popular. Pero no hay que hacerla al final, hay que hacerla al
principio, porque ésta es una condición para firmarla. 'El Congreso
de los Diputados insta al Gobierno a que una vez y en el caso de que
quede salvaguardada adecuadamente la posición de España en el
contencioso sobre Gibraltar, de modo similar a como se hace, en el
contexto de la Unión Europea, mediante el Acuerdo Hispano-Británico
sobre Autoridades de 19 de abril de 2000, adopte las medidas
necesarias para proceder a la firma e iniciar el proceso de
ratificación de la Convención Penal sobre la Corrupción'... y así hasta
el final, igual que en el texto socialista. Porque España, repito, no
puede firmar estas convenciones si no queda salvaguardada
adecuadamente su posición en el contencioso
sobre Gibraltar, en este y en otros temas y en innumerables otros
temas en los que puede haber colisión entre esa posición y el
propósito, en este caso de luchar contra la corrupción, o el
propósito de hacer otras cosas. Si a usted le parece que éste es un
texto inadecuado, le recuerdo que entre otras cosas tiene mucho que
ver con lo que acabamos de estar de acuerdo, por cierto, sobre esta
historia de los cielos y de los espacios aéreos.
La señora PRESIDENTA: El señor López Garrido tiene la palabra.
El señor LÓPEZ GARRIDO: Nosotros lo que planteamos en este caso es
una decisión nítida de esta Comisión para que España firme este
Convenio penal sobre la corrupción, y desde luego no podemos aceptar
que en el futuro la política internacional de España, las relaciones
exteriores de España vayan a depender siempre de lo que haga el Reino
Unido al firmar o no convenios internacionales.
Nosotros estamos dispuestos a examinar esa enmienda que plantea el
señor Robles Fraga; la acabo de conocer, obviamente, en este momento
porque ha sido algo improvisado y nos gustaría analizarla un poco más
en detalle. Por eso rogaríamos a la Presidencia algunos minutos para
poder estudiarla, ya que tiene una cierta complejidad. Pero desde
luego que quede claro que nosotros no podemos entregar, y parece
deducirse de las palabras del señor Robles Fraga, la llave de nuestra
política exterior a lo que haga el Reino Unido. Porque si para firmar
convenios internacionales tenemos que esperar a que el Reino Unido
nos reconozca nuestra posición sobre Gibraltar, no firmaremos
ninguno, o sea, es absolutamente imposible esa pretensión. Y yo he
escuchado con cierta rapidez esto que usted ha leído y me suena que
va por ahí. Vamos a ver exactamente qué es lo que dice en detalle
esta enmienda. Por eso pido unos minutos de interrupción para
examinarla. Pero que quede claro, que nosotros no podemos depender en
nuestra política exterior para temas tan importantes como éste y
otros tratados internacionales, de que el Reino Unido decida extender
a Gibraltar o decida hacer determinadas cosas o darnos la razón en
nuestro contencioso sobre Gibraltar de 1713. Entonces nos tenemos que
ir de la Unión Europea, porque en la Unión Europea también existe esa
cláusula, y en Gibraltar se aplica el Derecho comunitario. Por tanto,
si ésa es la fórmula, pues se acabó, ya no hay más tratados
internacionales en los que participa el Reino Unido que esté España.
Así que con esa manifestación, nosotros pediríamos que hubiera unos
minutos para poder examinar un poquito más en detalle la propuesta
del Grupo Popular.
La señora PRESIDENTA: Como evidentemente las enmiendas in voce sólo
pueden ser aceptadas si existe consenso por parte de SS.SS., yo creo
que es conveniente que interrumpamos cinco minutos esta sesión, para
que
le pueda explicar al señor López Garrido que no se trata de esa
observación que está haciendo en este momento. Cinco minutos y
reanudaremos la sesión. (Pausa).
Se reauda la sesión
La señora PRESIDENTA: Reanudamos la sesión. Y paso en primer lugar a
leerles la enmienda que parece sería aceptada por todos los grupos
parlamentarios y que podría pasar entonces a incorporarse a la
proposición no de ley del Partido Socialista para su posterior
votación.
El texto diría lo siguiente: 'El Congreso de los Diputados insta al
Gobierno a que, salvaguardada adecuadamente la posición de España en
el contencioso sobre Gibraltar, de modo similar a como se hace en el
contexto de la Unión Europea, mediante el Acuerdo hispano- británico
sobre Autoridades de 19 de abril del 2000, adopte las medidas
necesarias para proceder a la firma e iniciar el proceso de
ratificación de la Convención penal sobre la corrupción, aprobada por
el Comité de Ministros del Consejo de Europa el 4 de noviembre de
1998, y de la Convención civil sobre la corrupción aprobada por el
Comité de Ministros del Consejo de Europa el 9 de septiembre de
1999'.
Si este texto es de la conformidad de SS.SS., pasaría a ser el nuevo
texto de la proposición no de ley y lo votaríamos en el momento
adecuado.
DICTAMEN SOBRE:
- PROTOCOLO ADICIONAL ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DEL
PERÚ MODIFICANDO EL CONVENIO DE DOBLE NACIONALIDAD DE 16 DE MAYO DE
1959, HECHO EN MADRID EL 8 DE NOVIEMBRE DE 2000. (Número de
expediente 110/000086.)
- CONVENIO DE SEGURIDAD SOCIAL ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA
REPÚBLICA DE TÚNEZ, HECHO EN TÚNEZ EL 26 DE FEBRERO DE 2001. (Número
de expediente 110/000087.)
- ACTA CONSTITUTIVA DE LA ASOCIACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS PARA
EL DESARROLLO DE LAS BIBLIOTECAS NACIONALES DE LOS PAÍSES DE
IBEROAMÉRICA (ABINIA), HECHO EN LIMA EL 12 DE OCTUBRE DE 1999.
(Número de expediente 110/000089.)
La señora PRESIDENTA: El punto siguiente del orden del día hace
alusión a los dictámenes sobre tres temas distintos.
En primer lugar, el protocolo adicional entre el Reino de España y la
República del Perú modificando el convenio de doble nacionalidad de
16 de mayo de 1959, hecho en Madrid el 8 de noviembre del 2000.
¿Algún grupo desea fijar su posición? (Pausa.)
El siguiente se refiere al convenio de Seguridad Social entre el
Reino de España y la República de Túnez, hecho en Túnez el 26 de
febrero del 2001. (Pausa.) Tampoco hay ningún grupo que desee
intervenir.
Y por último, el acta constitutiva de la Asociación de Estados
Iberoamericanos para el desarrollo de las bibliotecas nacionales de
los países de Iberoamérica (ABINIA), hecho en Lima el 12 de octubre
de 1999. Si tampoco ningún grupo desea intervenir, pasamos entonces a
la votación de todo lo que ha constituido debates correspondientes a
los puntos del orden del día de hoy.
En primer lugar, vamos a votar por separado las tres proposiciones no
de ley que han presentado tres grupos parlamentarios sobre el tráfico
y venta de armas a Angola.
En primer lugar votamos la referente al Grupo Parlamentario
Socialista
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15;
en contra, 21.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la proposición no de ley del
Grupo Socialista.
En segundo lugar votamos la proposición no de ley sobre el mismo
tema, tráfico ilegal de diamantes y armas en Angola y otros países
con conflictos civiles armados, del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), con la enmienda aceptada del Grupo Popular con
la modificación que también se ha aprobado, en el párrafo tercero,
que dice 'seguir trabajando activamente en el marco de la Unión
Europea'.
Efectuada la votación, dijo
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada por unanimidad.
Sobre la venta de armas a países del Sur, votamos a continuación la
proposición del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor,
uno; en contra, 22; abstenciones, 13.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la proposición no de ley del
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
El punto siguiente que hemos debatido y que no figuraba en el orden
del día, pero que se incorporó, como recordarán SS.SS., era el
Acuerdo relativo al Grupo Aéreo Europeo entre el Gobierno del Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y el Gobierno de la
República Francesa y Protocolo de enmienda, hechos en Londres el 6 de
julio de 1998 y 16 de junio de 1999, así como la Declaración que
España formulará en el momento de la adhesión.
Reitero la lectura de la declaración que recuerdan SS.SS., había sido
leída y consta en el Diario de Sesiones: 'En relación con Gibraltar,
el presente acuerdo y toda actividad realizada o medida adoptada en
aplicación del mismo o como consecuencia del mismo, se entenderán sin
perjuicio de la postura jurídica de España respecto de la
controversia con el Reino Unido relativa a la soberanía sobre el
territorio en el que está situado el aeropuerto y de lo que se ha
acordado sobre el uso civil del mencionado aeropuerto mediante la
Declaración conjunta de diciembre de 1987'.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 35;
abstenciones, 1.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada esta proposición no de ley.
A continuación, si les parece a SS.SS., puesto que no ha habido
intervenciones, podríamos votar conjuntamente los tres dictámenes
sobre los tres puntos siguientes del orden del día.
Votamos a continuación los tres dictámenes que no han tenido
enmiendas ni ningún tipo de intervención. Si les parece, por
aclamación quedan aprobados los tres. (Asentimiento.)
Y por último tenemos el punto final, que es el referente a la
proposición no de ley del Grupo Socialista sobre firma y ratificación
por España de la Convención penal sobre la corrupción y de la
Convención civil sobre la corrupción. Acabamos de leer incluso
también
para el Diario de Sesiones cuál sería el texto de definitivo, que no
creo sea necesario volver a recordar a todas SS.SS. Y por lo tanto,
tal y como ha quedado...
El señor ROBLES FRAGA: Léase.
La señora PRESIDENTA: Existiendo un grupo que solicita escuchar de
nuevo de esta Presidencia el texto, les digo cómo sería la redacción
de esa proposición no de ley: 'El Congreso de los Diputados insta al
Gobierno a que, salvaguardada adecuadamente la posición de España en
el contencioso sobre Gibraltar, de modo similar a como se hace, en el
contexto de la Unión Europea, mediante el Acuerdo Hispanobritánico
sobre Autoridades de 19 de abril de 2000, adopte las medidas
necesarias para proceder a la firma e iniciar el proceso de
ratificación de la Convención penal sobre la corrupción, aprobada por
el Comité de Ministros del Consejo de Europa de 4 de noviembre de
1998 y de la Convención civil sobre la corrupción, aprobada por el
Comité de Ministros del Consejo de Europa el 9 de septiembre de
1999'.
Efectuada la votación, dijo
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada por unanimidad.
Se levanta la sesión.
Era la una y treinta minutos de la tarde.
Nota.-El presente 'Diario de Sesiones', de la Comisión de Asuntos
Exteriores, del miércoles, 20 de junio de 2001, no guarda la relación
cronológica habitual, con el fin de no retrasar la publicación de los
'Diarios de Sesiones' ya elaborados.