CORTES GENERALES



DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS



COMISIONES



Año 2001 VII Legislatura Núm. 260



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NOTA INFORMATIVA: En la edición impresa de este Diario, sus páginas
aparecieron, por error, numeradas desde la 4245 a la 4270. Tal error
ha sido corregido en la presente edición electrónica.

(Vease 'DS. Congreso de los Diputados' Comisiones, núm. 285)
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ECONOMÍA Y HACIENDA



PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. SANTIAGO LANZUELA MARINA



Sesión núm. 24



celebrada el martes, 12 de junio de 2001



ORDEN DEL DÍA:



Comparecencia del señor presidente del Consejo de Seguridad Nuclear
(Kinderlán Gómez de Bonilla) para informar sobre la memoria
presentada, en relación al informe anual del Consejo de Seguridad
Nuclear correspondiente al año 1999. (Número de expediente 212/
000549.) . . . (Página 7846)



Proposiciones no de Ley:



- Sobre la realización de un plan de diversificación económica para
Jédula (Cádiz). Presentada por el Grupo parlamentario Socialista.

(Número de expediente 161/000768.) . . . (Página 7867)

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Se abre la sesión a las diez y treinta minutos de la mañana.




COMPARECENCIA DEL SEÑOR PRESIDENTE DEL CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
(KINDELÁN GÓMEZ DE BONILLA), PARA INFORMAR SOBRE LA MEMORIA
PRESENTADA, EN RELACIÓN AL INFORME ANUAL DEL CONSEJO DE SEGURIDAD
NUCLEAR CORRESPONDIENTE AL AÑO 1999. (Número de expediente 212/
000549.)



El señor VICEPRESIDENTE (Eguiagaray Ucelay): Buenos días, señorías.

Vamos a dar comienzo a esta sesión de la Comisión de Economía y
Hacienda, en cuyo orden del día está, en primer lugar, la
comparecencia del presidente del Consejo de Seguridad Nuclear para
informar sobre la memoria presentada en relación con el informe anual
del Consejo de Seguridad Nuclear, correspondiente al año 1999.

En nombre de todos nosotros quiero dar la bienvenida más cordial a
don Juan Manuel Kindelán y cederle la palabra, con independencia de
las intervenciones después de los portavoces de los grupos
parlamentarios.




El señor PRESIDENTE DEL CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR (Kindelán Gómez
de Bonilla): Empiezo la que va a ser mi última intervención en esta
Cámara agradeciendo, como siempre, a SS.SS. el haberme convocado a la
misma. Aprovecho esta convocatoria para cubrir un triple objetivo que
me parece de importancia. En primer lugar, tengo que cumplir una vez
más con la práctica parlamentaria consolidada de informar al
Parlamento sobre las principales actividades desarrolladas por el
Consejo a lo largo de 1999, que es el período que hoy examinamos, y
del estado de seguridad de las instalaciones, tanto nucleares como
radiactivas, que hoy son radiaciones ionizantes que pueden suponer un
riesgo para las personas y para el medio ambiente. En segundo lugar,
me permitirán ustedes que haga un breve balance del trabajo
desarrollado por el Consejo de Seguridad Nuclear en el período en el
que me ha correspondiendo el honor de presidir el organismo, que fue
a partir de noviembre de 1994. Por último, me parece también
razonable compartir con ustedes algunas reflexiones y preocupaciones
relacionadas con las tareas que tiene planteadas por delante el
Consejo en cuento organismo regulador nuclear en nuestro país.

Hablando del año 1999, es preciso recordar que ha tenido una gran
significación desde el punto de vista del desarrollo normativo del
organismo. Ustedes saben que en un ámbito en que los cambios
normativos se gestan con lentitud, se dio la circunstancia de que en
ese año se produjeron modificaciones legislativas de gran calado que
han afectado tanto a la normativa que rige las actuaciones del
Consejo como a las actividades
que el mismo controla y regula. En primer término, hay que recordar
que se modificó la Ley de creación del Consejo, del año 1980, para
ampliar las funciones que le atribuía. Es notorio que desde entonces
se han puesto en evidencia problemas en relación con el riesgo
radiológico y con la vigilancia del medio ambiente que no estaban
previstos adecuadamente en aquel momento y para lo cual no teníamos
una clara delegación de competencias. Fueron estas Cortes, el
Congreso y el Senado, quienes se hicieron cargo de la dimensión del
problema y de dar una respuesta legislativa clara y rápida al mismo.

Para ello se utilizó el vehículo de la Ley de tasas y precios
públicos por los servicios prestados por este Consejo, introduciendo
en la misma enmiendas correspondientes a la de creación del Consejo,
que dieron como resultado la atribución de competencias en tres
ámbitos muy significativos. En primer lugar, en todas aquellas
situaciones excepcionales en instalaciones no licenciadas. Todos
recordamos el incidente que se produjo el año 1998 por la fusión de
cesio radiactivo en la factoría de Acerinox, en la Bahía de
Algeciras, que puso en evidencia la existencia de un problema que
afecta a otros muchos países, como es el tránsito y la mala
utilización de fuentes huérfanas y en especial de chatarras
radiactivas. En materia de emergencia también se atribuía al Consejo
de un modo preciso la responsabilidad de coordinar los medios
necesarios para dar respuesta a las mismas. También se le atribuyó al
Consejo el control y vigilancia de la calidad radiológica de todo el
ambiente del país y no solamente, como antes, en el entorno de las
instalaciones licenciadas. Además, en aquella reforma legislativa el
Consejo adquirió la facultad de elaborar y aprobar instrucciones,
circulares y guías de carácter técnico relativas a las instalaciones
radiactivas y nucleares y se le dio también un mayor poder de
corrección ante situaciones insatisfactorias. Por otra parte, debería
hacer algún comentario sobre el cuerpo de la Ley de tasas y precios
públicos que modificaba la forma y la cuantía con que estas tasas que
financiaron nuestras actividades se recaudaron. La tasa había
permanecido casi inalterada desde 1980 y una serie de cambios de
orden fáctico que han tenido lugar a lo largo de los años,
aconsejaban acometer una revisión en profundidad de la misma, no
tanto para aumentar la capacidad recaudatoria sino más bien para
buscar una mayor equidad y una adecuación de la tasa a la realidad
del coste de los servicios que el Consejo se ve obligado a
desarrollar. Hay que recordar, por ejemplo, que hasta entonces el
peso de la aportación de fondos a los gastos del Consejo por el
sector nuclear y eléctrico pasa del 90 por ciento, y esto era
excesivo. En el mismo capítulo de desarrollo normativo ocurrido en el
año 1999 debo mencionar que el Consejo de Ministros aprobó en
diciembre de ese año un nuevo reglamento de instalaciones nucleares y
radiactivas que sustituía al que estaba vigente desde 1972. Este
había quedado a todas luces sobrepasado por las nuevas



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realidades que se habían ido produciendo. El reglamento recoge una
serie de novedades que sería muy prolijo detallar ahora,
especialmente la preocupación y el interés social que suscitan las
instalaciones nucleares. Por ejemplo, quisiera citar que en él se
plantea la creación de un comité de información con representantes
del Ministerio de Industria, entonces de Industria y Energía, del
Consejo dentro de la instalación, de las delegaciones del Gobierno,
de las comunidades autónomas y de los municipios implicados. Sé que
SS.SS. se han interesado en ponencia por la puesta en práctica de
estos comités, y les quiero informar que ya se han celebrado las
primeras reuniones y que poco a poco iremos aprendiendo de su
práctica.

Quisiera referirme también a algo importante, que es la reciente
reestructuración del organismo, la más transcendental desde su
creación en 1980. Era preciso dar respuesta a las necesidades de
organización del trabajo impuestas por los cambios que se habían
producido en el entorno, especialmente aquellos que había motivado la
promulgación de la Ley del sector eléctrico del año 1997, que
establecía un contexto de desregulación del sector. Por otra parte,
la atribución de nuevas competencias al Consejo requería cambios en
la organización interior del mismo. La nueva estructura -a la que la
Comisión de Industria, Energía y Turismo en aquel momento de estas
Cortes prestó todo su apoyo, instando a los ministerios competentes a
que la pusiesen en marcha- configura el organismo en torno a dos
direcciones generales técnicas, una de seguridad nuclear y otra de
protección radiológica. Con ello se daba el mismo peso y visibilidad
a las dos áreas en que actúa este Consejo. Al mismo tiempo y en torno
a las unidades orgánicas se crearon tres oficinas técnicas de alto
nivel en su cabeza para impulsar la tecnología, la investigación y el
desarrollo, coordinar y mejorar las labores de inspección y elaborar
normas técnicas, cada vez más necesarias en un campo como en el que
trabajamos.




Quiero pasar ahora a contarles lo más brevemente posible que pueda
los mayores acontecimientos o actividades que el Consejo ha realizado
en el año 1999. En primer lugar, en lo que se refiere a las centrales
nucleares, hay que decir que éstas han funcionado correctamente y se
puede ver a través de todos los resultados de supervisión y control
que ha efectuado el Consejo. Hay que destacar, por ejemplo, la
tendencia decreciente a las radiaciones que sufren los trabajadores
expuestos. Hay que decir que en el año 1999 se produjeron en las
centrales españolas 91 sucesos de carácter notificable, pero
solamente dos fueron clasificados con nivel uno, siendo todos los
demás certificados con el nivel cero. Los dos casos del nivel uno de
la escala INES no tuvieron un impacto significativo, pero
representaron deficiencias leves de los mecanismos de seguridad que
fue preciso corregir. Además, el Consejo propuso al Ministerio de
Industria y Energía entonces la apertura de dos
expedientes sancionadores a las centrales de Almaraz y Cofrentes, por
incumplimiento de sus especificaciones técnicas, que fueron
considerados como infracciones leves. También apercibió, sin llegar a
hacer expediente, a la central de Trillo por el suceso mencionado,
así como a la de Santa María de Garoña por una contaminación de agua
desmineralizada que se no se tradujo en ningún efecto en el medio
ambiente pero que podía haberlo hecho. Se realizaron en aquel año 193
inspecciones por el Consejo a las centrales, 78 dictámenes y 23
instrucciones complementarias a los permisos de explotación por parte
del organismo.

En cuanto a las renovaciones y de permiso de explotación, por los que
se han interesado SS.SS. mucho en los trabajos de la ponencia, debo
informarles y recordarles que el año 1999 el Consejo evaluó las
peticiones de renovación de los permisos de José Cabrera, Santa María
de Garoña y Trillo. Al evaluar estas solicitudes el Consejo tuvo en
cuenta los principios recogidos en su Plan de orientación
estratégica, que considera adecuada la concesión de autorizaciones
por un período de diez años siempre que se realice previamente un
exhaustivo estudio específico de seguridad de las plantas, que
llamamos revisión periódica de seguridad. Esta revisión incluye el
estudio de la experiencia operativa de la central, el estado de su
sistema de seguridad, de las mejoras que se han introducido a lo
largo de su vida y también de su adaptación a los cambios normativos
que se hayan ido produciendo. Además, el Consejo utilizó por primera
vez -creo que esto es importante- las conclusiones preliminares de
los análisis probabilistas de seguridad, lo que le permitió hacer
valoraciones complementarias de los análisis clásicos de ingeniería
deterministas de los diferentes sistemas de seguridad. Basándose, por
tanto, en estos estudios e informes, el Consejo renovó el permiso a
Santa María de Garoña por un período de diez años, imponiendo a la
central un programa de mejoras relacionadas con diversas actividades
y con la gestión de su envejecimiento. En el caso de José Cabrera, el
Consejo estimó que antes de pronunciarse sobre la solicitud de
renovación por un período de nueve años, que pidió el titular, la
central debería introducir determinadas medidas que incrementaran los
niveles de seguridad para acercarlos a los datos centrales del país.

Sobre la base de estas consideraciones, el Consejo propuso al
Ministerio de Industria y Energía la renovación del permiso de
explotación solamente por tres años para permitir a la central que
llevase a cabo el programa de mejoras solicitado. Igualmente se
establecieron los plazos en que la central debería presentar su
programa para que éste fuese evaluado y aprobado por el Consejo antes
de su puesta en práctica.

De todo lo relativo a la renovación del permiso de explotación de
José Cabrera hemos informado al Congreso cumplida y exhaustivamente a
través de informes específicos que en su día nos solicitó la Comisión
de



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Industria y Energía y Turismo. Concretamente se han remitido a esta
Cámara tres informes generales y se ha contestado a numerosas
preguntas parlamentarias realizadas por SS.SS. en ese tema. Al día de
hoy debo informales que en el período considerado en esta
comparecencia la central presentó su programa de mejoras en el plazo
que se le concedió para ello, que este programa ha sido evaluado por
el CSN y que el 17 de abril de este año el Consejo lo ha apreciado
favorablemente, estableciendo instrucciones complementarias relativas
a su desarrollo y seguimiento. Este programa deberá estar implantado
dentro del período de validez del vigente permiso, que finaliza en
octubre del año que viene. Creo que en ponencia SS.SS. han tenido una
exhaustiva explicación del programa de mejoras solicitado a la
central y del grado de implementación del mismo.

Ustedes saben también que la central nuclear de Trillo ha concentrado
sus esfuerzos de mejora en los últimos años en el desarrollo de un
programa de análisis y experiencia operativa que hemos llamado AEOS,
cuyos últimos cambios consistentes en nuevos diseños de sus sistemas
operativos fueron implantados en la parada para recarga de enero de
1999. Teniendo en cuenta que la central tenía pendiente concluir su
revisión periódica de seguridad, el CDN emitió un informe favorable
para la renovación del permiso solamente por cinco años, que es el
tiempo que estima necesario para desarrollar esas tareas. También,
como hechos que deben ser resaltados, el CSN evaluó y dio el visto
bueno a los resultados de las pruebas efectuadas en las centrales de
Ascó II y Vandellós II para aumentar la potencia en un 8 y en un 4,5
por ciento, respectivamente. Por último, les informo que para hacer
frente al llamado efecto 2000 en las centrales nucleares, el CSN
requirió a todas ellas que analizaran el impacto de este eventual
efecto en sus instalaciones y que adoptaran las medidas necesarias
para prevenirlo. Durante la transición al año 2000 las centrales
funcionaron correctamente con la intensa presencia del Consejo en
aquellos momentos y sólo se produjeron incidentes menores en sistemas
informativos de apoyo.

Paso a comentarles las actividades del Consejo en relación con otras
instalaciones nucleares. Deben ser destacados algunos puntos
esquemáticamente. En lo que se refiere a la fábrica de combustible
nuclear de Juzbado, ésta reformó su red de drenaje de aguas de lluvia
e impermeabilizó la cubierta de la nave para impedir la entrada de
agua, hecho que se había producido anteriormente. También en relación
con Enusa, la planta Quercus de fabricación de concentrados de uranio
realizó los estudios de seguridad necesarios para descontaminar todos
los líquidos almacenados en un dique de estériles e impedir su rebose
al río Águeda. El Centro de Investigaciones Energéticas,
Medioambientales y Tecnológicas, Ciemat, presentó al CSN un plan de
descontaminación y desmantelamiento de las instalaciones nucleares y
radiactivas en parada definitiva y,
para la gestión de las zonas que presentan contaminación residual, el
llamado Plan integrado para la mejora de la seguridad de las
instalaciones, Pimic. El Consejo requirió al Ciemat un plan director
en el que se detallara su objetivo; este plan se presentó y han sido
aprobadas sus conclusiones y aceptadas por el Consejo en este mismo
año 2000.

En lo que se refiere a las instalaciones en desmantelamiento
y clausura, ha seguido a buena marcha el proceso de desmantelamiento de
la planta Vandellós II. El Consejo ha supervisado las actividades de
Enresa, que en ese año empezó el desmantelamiento de instalaciones
activas y continuó desmontando los componentes de otros edificios,
estando previsto que prácticamente termine el año que viene el
desmantelamiento total y dejando libre el 80 por ciento del
emplazamiento. El 20 por ciento restante, que corresponde a la zona
del reactor, permanecerá en espera durante 25 años hasta que la
radiactividad disminuya suficientemente para proceder más fácilmente
a su desmantelamiento final.

En lo que se refiere a instalaciones radiactivas hay que decir el
control, el seguimiento y la utilización del gran número de las
mismas que existen en el país es una parte importante del trabajo del
Consejo. Al final del año 1999 había en España 1.312 instalaciones
radiactivas, una de primera categoría, 930 de segunda y 381 de
tercera, además de cerca de 17.000 equipos de radiodiagnóstico, que
también tenemos que supervisar. Se han realizado multitud de
inspecciones en estos campos, 1.285, y se han emitido una serie de
dictámenes y una serie de documentos de control para corregir
desviaciones en el funcionamiento de estas instalaciones. El Consejo
ha propuesto la apertura de 18 expedientes sancionadores.

En relación con los residuos radiactivos, está también bajo control
de supervisión y vigilancia del Consejo el centro de almacenamiento
de residuos de El Cabril, que ha recibido 117 contenedores y 118
bidones de 220 litros, generados por la famosa fusión de cesio en la
acería de Algeciras. Dichos residuos han procedido de varias
instalaciones que tenía Egmasa en la bahía de Huelva, procedentes de
dicha fusión de cesio. Es interesante señalar que el CSN ha
comprobado los estudios y evaluaciones efectuados inicialmente en
relación con la contaminación producida por cesio en las marismas de
Mendaña, cerca del puerto de Huelva, y solicitó a Acerinox los
estudios necesarios para la gestión de residuos de baja actividad que
permanecían almacenados en sus instalaciones. Ya en el año 2000 el
Consejo ha evaluado la conveniencia de cómo tratar estos residuos y
el Ministerio de Economía, por resolución de fecha de 20 de marzo de
este año 2000, determinó que los residuos de mayor actividad que
estaban en la fábrica de Acerinox fuesen retirados por Enresa para
llevarlos a El Cabril y que los de baja actividad fuesen llevados a
un complejo medioambiental, situado en Nerva, que almacena residuos
tóxicos y peligrosos.




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No obstante, estos materiales se encuentran todavía en acería de
Acerinox esperando su retirada, que ya no depende del Consejo, y no
quiero ocultar a SS.SS. mi preocupación ante esta demora
injustificada. Por ello nos hemos dirigido tanto al Ministerio de
Economía como a la Presidencia de la Junta de Andalucía solicitando
que tomen las medidas oportunas para que se produzcan las retiradas
previstas y autorizadas. El 2 de noviembre de 1999 se firmó el
Protocolo de colaboración para el control de los materiales metálicos
contaminados. Este convenio, que tiene también su origen en aquel
suceso de fusión de cesio en Algeciras y ha sido firmado por el
Ministerio de Industria y Energía en aquel momento, por el Ministerio
de Fomento, por el CSN, por Enresa y por las organizaciones
patronales de la industria siderúrgica y de recuperación de metales,
sumándose después al acuerdo los sindicatos mayoritarios. Gracias a
las medidas puestas en marcha entonces se ha podido detectar en estos
dos años y medio la contaminación en 50 ocasiones debida a la
utilización de chatarras con una mayor o menor contaminación
radiactiva.

En lo que se refiere al control de los trabajadores profesionalmente
expuestos, hay que decir que el año 1999 teníamos dosimétricamente
controlados cerca de 86.000 personas, de las cuales 76.000 trabajaban
en instalaciones radiactivas y cerca de 8.000 en instalaciones
nucleares. La dosis individual media fue muy baja, de 0,81
milisierverts por año, lo que representa algo menos del 2 por ciento
del límite anual permitido. Por otra parte, el 99,94 por ciento de
los trabajadores recibieron dosis inferiores a los límites que van a
ser establecidos por la nueva directiva Euratom. En las instalaciones
radiactivas se produjeron 14 casos de potencial superación del límite
de dosis, que fueron estudiadas individualmente por los técnicos del
Consejo, concluyéndose que en la mayoría de los casos, exactamente en
doce, el fenómeno obedecía más a una incorrecto uso del dosímetro que
a las dosis recibidas y solamente en dos casos se había superado el
límite permitido, que está muy por debajo del límite anual. Hay que
destacar en este orden de cosas que en el año 1999 hicimos una
exhaustiva comparación para intentar ver la homogeneidad de las
medidas en las diferentes instalaciones y se comprobó que era la
adecuada y que los dosímetros medían como era debido al conjunto de
los trabajadores.

Respecto a la vigilancia radiológica ambiental, quisiera destacar que
la Ley de creación del Consejo atribuía a éste la función de vigilar
la descarga de materiales radiactivos al exterior de instalaciones
nucleares y radiactivas y su incidencia en la zona de influencia de
las mismas. Pero en 1999, como he dicho, se aumentó esta competencia,
pudiendo así el Consejo controlar y vigilar la calidad radiológica
del medio ambiente en todo el país, sin perjuicio de las competencias
que tengan otras administraciones sobre la materia. Sin embargo, esta
vigilancia se ha realizado por el Consejo ya
antes de que fuese una obligación legal suya, pero a partir de 1999
claramente se le atribuye esta responsabilidad y hemos seguido
utilizando la instalación de la Red Revira, que servía para medir la
eventual contaminación de la atmósfera por cualquier fuente
radiactiva que hubiese y que incidiera en ella. Igualmente se sigue
llevando a cabo el control de las aguas continentales y de las aguas
fluviales en todo el país, en colaboración con el Cedex, organismo
que depende del Ministerio de Fomento. Todos estos sistemas han
confirmado que en el año 1999 no se ha encontrado riesgo radiológico
en todo el país.

En materia de emergencias nuclear y radiológica, el Consejo tiene
unas claras atribuciones que incluyen la participación en la
elaboración de los planes de emergencia nuclear, la dirección de los
grupos radiológicos previstos en los planes, la participación en los
programas de información a la población y, a partir de mayo de 1999,
la coordinación de todos los aspectos relacionados con la seguridad
nuclear y la protección radiológica en los temas de emergencia.

Quiero referirme también a algunos hechos destacables de este año que
merecen ser brevemente considerados. En mayo de 1999, el Consejo
firmó un convenio de colaboración con el Ministerio del Interior en
materia de emergencias. Tenemos una estrecha colaboración para
elaborar el plan básico de emergencia nuclear y aplicar la directriz
básica de planificación ante riesgos radiológicos, documentos que
pensamos tener terminados en el curso de este año. Hemos participado
en ocho ejercicios que se llaman Ecurie de la Unión Europea y en un
simulacro realizado en Canadá dentro del programa Inex-2, para
entrenar a los diversos organismos reguladores en hacer frente a una
eventual contaminación radiactiva que pueda traspasar las fronteras.

Por otra parte, se han realizado una serie de estudios desde el año
1999 para mejorar y ampliar la capacidad de nuestra sala de
emergencias, que se encuentra bien dotada pero cuyo funcionamiento
técnico puede claramente ser mejorado con el paso de los años.

En este punto de mi intervención quiero compartir con SS.SS. una
preocupación del Consejo. Como he dicho, el Consejo se financia con
las tasas que gira a los titulares por los servicios que presta, pero
no todas las funciones que desarrollamos están ligadas a servicios
prestados a titulares de instalaciones. Por ejemplo, como he dicho
anteriormente, desarrollamos actividades de control y vigilancia
ambiental en todo el territorio nacional y de coordinación para
emergencias que nos exigen tener dispuesto y alerta un dispositivo en
continuo, cuyos costes no se deberían sufragar con las tasas que
cobramos a los titulares. El Tribunal de Cuentas fue taxativo en 1996
en sus recomendaciones al establecer que para aquellas actividades
que presta el Consejo que benefician a toda la sociedad y que no
pueden ser tasadas, el Consejo solicite ser financiado con cargo a
los Presupuestos Generales del Estado para



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cubrir los costes en que incurre en su realización. Este informe fue
estudiado en mayo de este año por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, que asumió sus recomendaciones
y acordó que el informe fuese remitido al Gobierno. Basándonos en
esta recomendación, hemos solicitado fondos presupuestarios para
hacer frente a los costes que implica la asunción de estas funciones
que benefician a toda la sociedad. En los años 2000 y 2001 hemos
recibido una asignación con cargo a los Presupuestos Generales del
Estado para hacer frente a vigilancia radiológica ambiental, pero no
para cubrir los gastos eventuales que produciría una emergencia. Por
ello seguimos pidiendo al Gobierno que incluya en los Presupuestos
Generales del Estado próximos la cantidad que se precisa y me permito
pedir a SS.SS. su apoyo para que esto sea así.

Termino con la mención de las actividades mayores que hemos tenido en
1999 y quisiera pedir a SS.SS. unos minutos para hacer un balance de
lo que han sido los seis años de mi presidencia del Consejo, seis
años y medio ya. Creo que en este período se han abordado proyectos e
iniciativas que merecen ser comentados brevemente. Hemos trabajado en
un plan de orientación estratégica 1995-2000, que fue aprobado en los
primeros meses de nuestro mandato y que fijaba de algún modo las
líneas maestras de actuación durante todo el período. Hemos impulsado
muy especialmente la labor de investigación y política tecnológica.

Aunque no somos ni pretendemos ser un organismo investigador, tenemos
atribuida por ley la función de establecer y efectuar el seguimiento
de planes de investigación en materia de seguridad nuclear y
protección radiológica. Pero para el Consejo que he presidido no se
ha tratado sólo del cumplimiento de un mandato legal, sino que
estamos convencidos de la importancia que tiene la I+D en la
consecución de nuestro fin primordial, que es garantizar en lo
posible la seguridad de los trabajadores y del público frente a los
riesgos producidos por radiaciones ionizantes. A esto se une que el
Consejo es por definición una organización basada en el conocimiento,
lo cual significa que la eficacia y la eficiencia del organismo
dependen de manera crítica de disponer de las herramientas y
capacidades más avanzadas en cada momento. El esfuerzo tecnológico
del Consejo se ha concretado en un plan quinquenal de investigación
de 1996 a 2000, que se sustenta en una partida presupuestaria que se
ha visto incrementada en su cuantía desde los 205 millones del año
1996 a los 550 millones incluidos en el anteproyecto de presupuesto
elaborado por el Consejo para el año próximo. Debo resaltar que el
Consejo desarrolla sus programas de investigación en colaboración con
otras instituciones públicas y privadas, por lo que el monto que
dedicamos a I+D se ve claramente multiplicado en estos proyectos
conjuntos. Dentro de este capítulo quiero mencionar, por su
importancia, el convenio de colaboración técnica que
hemos establecido con Unesa, firmado en 1997, para realizar programas
de investigación de interés conjunto para ambas instituciones y para
el aumento de la seguridad de las instalaciones. El convenio tiene
una duración de cuatro años y una aportación presupuestaria de 1.200
millones de pesetas.

Recientemente, como ya he mencionado, en el año 2000 hemos abordado
la reestructuración del Consejo, creando una oficina de I+D que se
encuadra en la Secretaría General del Consejo y que tiene como misión
centralizar, coordinar, impulsar y gestionar el programa de I+D del
Consejo. Hemos potenciado también, creo que con cierta eficacia, la
presencia del Consejo en los foros y organizaciones internacionales y
creo poder decir con legítimo orgullo y sin falsa modestia que en los
últimos años hemos consolidado el prestigio del organismo en los
ámbitos internacionales donde se discuten y se toman acuerdos
referidos a la seguridad nuclear y a la protección radiológica. Para
ello hemos desarrollado tanto las relaciones bilaterales como las
multilaterales, aportando en todos los foros nuestra experiencia. Me
atrevo a decir que hemos pasado de ser importadores a ser
exportadores de prácticas, técnicas y experiencias. En ese sentido,
estamos trasladando nuestra experiencia y nuestras prácticas
reguladoras a organismos en fase de desarrollo en otros muchos
países. Hemos participado también y de forma destacada en la
promoción y creación de tres asociaciones internacionales de
reguladores nucleares: el INRA, que agrupa a los reguladores de los
ocho países con una seguridad nuclear más desarrollada (Estados
Unidos, Francia, Japón, Alemania, Reino Unido, Suecia y España);
Wenra, que reúne a los reguladores de los países de la Unión Europea
con centrales nucleares, y el Foro de Reguladores Nucleares
Iberoamericanos, que agrupa a los cuatro países iberoamericanos y
España que tienen centrales nucleares.

Hemos intentado hacer estos años un gran esfuerzo en la política de
comunicación porque entendemos que el Consejo es ante todo una
institución que presta un servicio público y que se debe, por tanto,
a los ciudadanos a los que sirve. Con demasiada frecuencia se ha
entendido la ciencia y la tecnología como materias duras a las que el
público no tenía capacidad para acceder -no está preparado, se dice a
menudo-, y los técnicos hemos resuelto a veces nuestros temas en un
coto cerrado, vedado quizá para la opinión pública. Si a esto sumamos
que todo lo relacionado con la seguridad nuclear y con la
radiactividad se ha entendido como materia sensible y añadimos el
rechazo social que el tema suscita, podemos entender las dificultades
que hemos tenido y seguimos teniendo que superar para comunicar con
el público. El objetivo de informar a la opinión pública ha sido
prioritario para el Consejo de Seguridad Nuclear, a pesar de las
dificultades que ello supone y que hemos vivido a menudo en este
período. Hemos establecido una importante línea de publicaciones con
un fondo editorial muy



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estimable y hemos creado un sitio en Internet, el escaparate más
visitado del Consejo, que además hemos mejorado recientemente.

Asimismo, se ha puesto en marcha un centro de información que visitan
más de 7.000 escolares cada año, dedicado a explicar qué son las
radiaciones, para qué se utilizan, qué problemas plantean y de qué
modo actúa el Consejo para hacer frente a esos riesgos eventuales. No
se me oculta lo mucho que queda por hacer en este campo, pero, con
constancia y transparencia, estoy seguro de que los responsables del
Consejo que nos sucedan podrán poco a poco culminar este importante
tarea.

En estos dos últimos años, por otra parte, hemos hecho frente en este
campo a un asunto complejo por las implicaciones de tipo político que
conllevaba, el del submarino británico Tireless atracado en la
colonia de Gibraltar. Desde que se tuvo conocimiento de su llegada,
el Consejo realizó diferentes actuaciones, entre las que cabe
destacar el establecimiento de un programa de vigilancia radiológica
especial en el Campo de Gibraltar, la determinación de los criterios
radiológicos que fueron la base del Plan de actuación ante un posible
incidente y la labor de asesoramiento al Ejecutivo sobre los aspectos
técnicos de la reparación relacionados con la seguridad nuclear y la
protección radiológica. Debemos manifestar con satisfacción que la
finalización de la reparación y la marcha del submarino el pasado día
6 de mayo han confirmado la posición que reiteradamente puso de
manifiesto el Consejo sobre la ausencia de riesgo para la población
del entorno.

Quisiera hacer ahora algunas reflexiones sobre el futuro del
organismo, que pueden tener interés y valor para las personas que nos
reemplacen en breve en esta tarea. Desde el momento de su creación,
el Consejo ha tratado de adecuarse a los cambios que han ido
surgiendo en el entorno que debía regular, adaptándose a las
necesidades derivadas de cada nueva situación. Ha perseguido siempre
el objetivo de cumplir del modo más eficaz posible las tareas que,
como organismo regulador, nos ha encomendado el país.

Todos estaremos de acuerdo en que uno de los cambios más importantes
ocurridos recientemente en nuestro entorno ha sido la liberalización
del sector eléctrico. Ésta se está produciendo con distinto grado y
diferente ritmo en los países de nuestro entorno y en nuestro país
normativamente a partir de la Ley del sector eléctrico del año 1997.

Sin entrar a valorar, porque no es, evidentemente, mi papel, las
características o los problemas del modelo de desregulación adoptado,
ya sea en España o en algún otro país, es evidente que existe un
debate sobre la influencia de la desregulación del sector eléctrico
en la seguridad nuclear. Los organismos reguladores se interesan en
todos los países por este tema, formando parte de las agendas de
trabajo de todos los foros internacionales sobre la materia. En este
ámbito hay un gran consenso en que los organismos reguladores tenemos
que ser conscientes del desafío
que se nos plantea con la desregulación y que debemos ser más
estrictos, pero también más racionales y eficaces y contar con los
recursos humanos y económicos suficientes. Las reducciones de coste
que se imponen a las empresas podrían implicar, en efecto, que se
limitaran las inversiones en seguridad, en análisis y evaluación de
la experiencia operativa, que se redujeran las actuaciones de
mantenimiento o se recortaran las plantillas, entre otros riesgos.

A propósito de este último extremo, quiero mencionar que el Consejo
ha puesto en marcha un programa de análisis para la evaluación de las
necesidades de plantilla y personal. Las asociaciones de Almaraz y
Trillo o Ascó y Vandellós y sus respectivas organizaciones se
incluyen en ese programa, que no es en modo alguno sencillo, pero que
debe abordar y ha decidido hacerlo el Consejo. Por otra parte, la
denominada regulación informada por el riesgo y el uso de la
metodología probabilística, lo que se conoce, como ustedes saben,
como análisis probabilísticos de seguridad, pueden racionalizar la
regulación y ayudarnos a priorizar correctamente los problemas, con
el objetivo de imponer sólo lo que es necesario imponer. Éste es, en
mi opinión, un gran reto para el Consejo y los organismos reguladores
en el futuro y para hacer frente al cual estamos trabajando todos.

Por ejemplo, en la asociación de reguladores nucleares de la Unión
Europea se ha prestado una atención especial a esta cuestión. También
se están dando los pasos necesarios para lograr una mayor
armonización de nuestras políticas. De este modo, algún día, cuando
avance la integración de los diferentes Estados europeos, se podrá
llegar más fácilmente a la existencia de un regulador nuclear
unificado.

Quisiera hablar brevemente de un tema importante: la transparencia
informativa. He dicho que el Consejo actual ha tenido éste como uno
de sus objetivos de actuación, pero somos conscientes de que estamos
sólo en el camino y que queda mucho trabajo por hacer. No es nuestra
misión como organismo tratar de influir sobre el sentimiento nuclear
o antinuclear de los ciudadanos. Nuestra misión es obtener el mayor
respeto posible a la actuación del Consejo como institución garante
de la seguridad nuclear. Para ello es necesario no sólo hacer las
cosas técnicamente bien, sino que hay que decir qué se hace y por
qué. Estoy convencido de que la transparencia redundará en un aumento
de la confianza.

A continuación, voy a abordar una serie de ideas relacionadas con la
legitimidad democrática. Los organismos reguladores en general son
instrumentos de la democracia y nacen de algún modo de la
desconfianza de los ciudadanos hacia el sector que se busca regular,
desconfianza ante la posibilidad de que, si un determinado sector no
es controlado, pueda actuar contra los intereses de los ciudadanos. A
la vez se busca que los ciudadanos puedan confiar, que no se sientan
amenazados por el sector regulado. Por ello se busca acentuar



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su independencia, hacerlos doblemente independientes para evitar que
puedan ser capturados y puestos a su servicio por los intereses que
deben regular y también para evitar que un gobierno determinado
pueda, en función de sus intereses políticos, limitar su papel
regulador. Ya he hablado antes de que fue después de la promulgación
de nuestra Constitución cuando se fueron creando los órganos que dan
forma al entramado político- institucional del Estado: el Tribunal
Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial, el Defensor
del Pueblo. Y se fueron creando también otros organismos menores con
misiones de control, como el Tribunal de Defensa de la Competencia,
la Comisión Nacional del Mercado de Valores o el propio Consejo de
Seguridad Nuclear.

En el caso de la energía nuclear, es evidente que se parte
inicialmente de un sentimiento de amenaza entre los ciudadanos a
causa de la vinculación simbólica de la fisión nuclear con su primer
desarrollo para la guerra y que a ello se suma una visión casi mágica
sobre sus riesgos, motivada en buena medida por el hecho de que las
radiaciones no son fácilmente detectables. Además, existe una
importante barrera técnica, tanto de lenguaje como de comprensión de
los procesos de producción, que se agrava notablemente cuando el
secreto militar entra de por medio. La percepción de riesgo tiene
siempre una fuerte componente subjetiva que depende no sólo del
posible desconocimiento, sino también de las ideas a través de las
cuales tanto las personas como los colectivos interpretan la realidad
social. Y depende además de otros factores, como la proximidad física
al factor de riesgo percibido, la familiaridad con él y los
beneficios percibidos de su existencia. No existe una valoración
objetiva del riesgo a la que puedan remitirse un organismo regulador
o un gobierno democrático. Las instituciones deben negociar con la
opinión pública un nivel de riesgo aceptable, desde la mejor
información de los expertos, pero contando con las percepciones
subjetivas de los diferentes colectivos y segmentos del público que
coexisten en una sociedad democrática. Como todos sabemos, la
confianza es algo que se pierde con la mayor rapidez, pero muy
difícil de crear cuando no sólo no existe, sino que se parte de
antemano de una situación de fuertes recelos. Es aquí donde las
políticas de comunicación de los entes reguladores deben unirse a sus
propias actuaciones para ir construyendo gradualmente una nueva
confianza en el público. Una confianza en el propio organismo
regulador, en su independencia y en su capacidad para actuar tanto
frente a posibles riesgos como frente a los intentos de cualquier
tipo, económicos, políticos, etcétera, de anteponer intereses
concretos o particulares a los intereses de todos los ciudadanos.

Los organismos reguladores se legitiman por el ejercicio de sus
funciones de acuerdo con dos parámetros fundamentales. En primer
lugar, rigor científico y objetividad y, en segundo lugar,
transparencia de sus actuaciones.

Los organismos reguladores son ante todo unas organizaciones
basadas en el conocimiento, como he dicho antes. Esto supone que la
eficacia y la eficiencia del organismo dependen en cada momento de la
disponibilidad de herramientas y capacidades más avanzadas. La
publicidad en la actuación de las instituciones públicas constituye
un elemento indispensable parahacer posible el control y la
participación de los ciudadanos en las decisiones que nos afectan a
todos, mecanismos en los que se basa, como he dicho antes, el sistema
democrático. En el caso de los organismos reguladores, la obligación
de informar, además de constituir una exigencia de ética democrática,
es una exigencia de nacionalidad práctica. Si queremos que los
ciudadanos confíen en nosotros, debemos ser capaces de explicarnos y
de ser accesibles. Las dificultades intrínsecas de la materia, la
tecnificación de nuestro lenguaje o el rechazo y temor social que
suscita todo lo que se refiere al mundo nuclear y radiológico no
pueden constituir un argumento que nos libere de hacer el mayor
esfuerzo de transparencia en nuestras actuaciones. Me he referido
anteriormente a los esfuerzos que durante mi etapa como presidente ha
realizado el Consejo en este sentido, pero sé perfectamente que no
han sido suficientes. Además, la imagen del Consejo se visto afectada
a veces por cuestiones como la del submarino Tireless, que es un tema
complejo que requerirá análisis posteriores. Ha sido sometido a SS.

SS. el informe correspondiente al año 2000, que ha sido entregado el
31 de mayo a esta Cámara, pero probablemente la conjunción de
elementos relacionados con la política exterior y con la tecnología
nuclear y con el eterno problema de Gibraltar contribuyen a hacer más
confusas las cosas para la opinión pública.

El caso es que durante casi siete años de mandato en este Consejo, y
como he ido informando a esta Cámara, nuestras instalaciones, por
suerte, han funcionado correctamente y no hemos tenido que lamentar
casos de afectación para la salud de las personas. No parece, sin
embargo, que la percepción subjetiva del riesgo haya disminuido o que
la confianza en el funcionamiento del sistema haya aumentado
sustancialmente. Es tarea difícil y complicada para el futuro, que
queda para nuestros sucesores. También quisiera señalar que a lo
largo de estos años y debido a los nuevos temas a los que el Consejo
ha tenido que enfrentarse, por ejemplo, el caso Acerinox, así como el
avance de las tecnologías radiológicas en el diagnóstico y
tratamiento médico, hemos sido conscientes de que además de las
competencias que desarrolla el Consejo son necesarios expertos en
protección radiológica y sobre todo en algunos otros departamentos
ministeriales. Estoy pensando en Medio Ambiente, Interior, Defensa y
Sanidad. Quiero hacerles la propuesta de que técnicos formados en
seguridad y protección radiológica se integren en el área de estos
ministerios, con los que necesariamentedebemos relacionarnos desde el
CSN. Además, creo



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que sería beneficioso para el organismo, para su funcionamiento
y renovación, que integrantes de su cuerpo técnico y especialistas
tuviesen acceso a otras áreas de la Administración, en las que son
necesarios su formación y sus conocimientos.

Debo recordar que, antes de llegar a la Presidencia de este Consejo y
durante casi diez años, fui el primer responsable de la empresa
estatal encargada de la gestión de residuos radiactivos y ahora
participo, como experto extranjero, en una comisión del Parlamento
francés, para asesorarle sobre este tema. Muchas veces me han acusado
de no haber superado nunca desde entonces mi preocupación por la
gestión de estos residuos y quizá es verdad. Pero creo que estamos
ante un problema respecto del que hay que tomar decisiones y cada vez
queda menos tiempo. En marzo del año pasado celebramos en Córdoba una
conferencia del OIEA sobre la gestión de residuos radiactivos. Se
están haciendo grandes esfuerzos internacionales para garantizar la
seguridad de su gestión y precisamente nuestro país ha ratificado la
Convención de las Naciones Unidas, que plasma nuestros esfuerzos, en
este mismo año. Además, hay que empezar a preparar el terreno para
poder tomar decisiones en España. Me pregunto, ¿qué vamos a hacer con
los residuos de alta actividad? No podemos olvidar que las actuales
centrales nucleares en operación no van a funcionar siempre. José
Cabrera, por ejemplo, en pocos años tendrá que presentar un plan de
desmantelamiento y habrá inevitablemente que acometer la gestión de
sus residuos.

Insisto, señorías, no es un problema tecnológico principalmente, o al
menos no fundamentalmente. Se trata de un problema sociopolítico. Hay
que ir tomando decisiones y no hay, en mi opinión, mucho margen para
dilatarlas. Hay que actuar ética y responsablemente y yo, que ya no
volveré a comparecer ante ustedes, les deseo firmeza y acierto para
resolver esta cuestión. Porque, señorías, son ustedes los que la
pueden resolver. Los técnicos pueden y deben hacer propuestas, los
políticos deben decidir. Por otra parte, no hay que olvidar el
problema del almacenamiento de residuos de baja radiactividad. El
Cabril es, como saben, una instalación de residuos de baja y media
actividad, con procedimientos y controles exhaustivos, pero El Cabril
sólo debe emplearse para los residuos que requieren este control.

Otra cosa sería un despilfarro impensable y, por tanto, hay que
trabajar también en criterios de desclasificación o en la
construcción de almacenamientos adecuados a estos elementos muy
levemente contaminados.




Quiero terminar con unas breves palabras de agradecimiento
y despedida. Después de seis años al frente del Consejo ha llegado el
momento de que otra persona me sustituya. Voy a recordar las
conocidas palabras de Newton: Si he llegado a ver más lejos, ha sido
encaramándome a hombros de gigantes. Los gigantes, para Newton, eran
todos aquéllos que le habían precedido y
sobre cuyos saberes pudo construir sus teorías. En los tiempos
actuales creo que los gigantes no son las personas sino los equipos,
las personas que trabajan juntas y aúnan sus esfuerzos para conseguir
un objetivo común. Si yo he podido, con mis compañeros del Consejo,
ver un poco más lejos es, sin duda, contando con el esfuerzo
colectivo de todas las personas que trabajan en el organismo, y a
todos ellos debo transmitirles mi agradecimiento. Sólo espero en este
momento de mi vida, en que ya me estoy jubilando, haber podido
contribuir con mi trabajo y el de todos ellos a hacer el Consejo un
poco mejor de lo que era cuando lo encontré hace seis años y medio.

Al llegar al Consejo no pensé que en unos pocos años pudiera
cambiarse radicalmente un organismo sólido y técnicamente competente,
como es él, ni que fuera siquiera necesario hacerlo. Creía, en
cambio, que el deber de un nuevo responsable político a su cabeza era
conseguir que el organismo fuera un poco mejor cada día, sin
revoluciones estériles y aun imposibles. Espero que esto lo hayamos
logrado, lo que nos produciría a todos los consejeros una gran
satisfacción personal. Los que nos sucedan tendrán que avanzar otro
tanto y ello redundará en un aumento de la confianza de los
ciudadanos acerca del control de riesgo potencial que lleva consigo
el uso más generalizado de la radioactividad en una sociedad
desarrollada. También quiero agradecer muy especialmente a SS.SS., a
los aquí presentes y a los que se ocuparon del Consejo en
legislaturas anteriores, su labor de control, seguimiento y también
de propuesta. Ha sido aquí, con sus preguntas, sus peticiones de
informes, sus resoluciones, sus decisiones en materia legislativa,
donde se han marcado muchas de las pautas de cambio o actuaciones que
han orientado el quehacer del Consejo.

Les agradezco de nuevo su trabajo, además, de su paciencia de hoy,
porque he sido bastante extenso. Les remití la semana pasada el
informe del Consejo relativo al año 2000. La comparecencia para
informarles sobre su contenido le corresponderá a la persona que me
sustituya.




Ahora estoy a su disposición para contestar a sus preguntas, después
de esta intervención que me han solicitado sobre las actividades del
Consejo el año 1999. Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE: Señor Kindelán, gracias por su intervención,
que no ha sido sólo para la presentación del informe del año 1999
sino, en buena medida y lógicamente, el balance de más de seis años
al frente del Consejo, cargo que en estos momentos está pendiente de
renovarse. Le quiero agradecer, en nombre de toda la Comisión y antes
de que tengan ocasión de intervenir los portavoces de los grupos
parlamentarios, su presentación, sus palabras y hasta la emoción que
nos ha trasladado a través de las palabras técnicas y del rigor en el
análisis de la gestión del Consejo.




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Voy a dar la palabra a los grupos parlamentarios, empezando por el
Grupo Socialista y terminando por el Grupo Popular.

Señor García Breva.




El señor GARCÍA BREVA: Quisiera, en primer lugar, agradecer a Juan
Manuel Kindelán su intervención en el día de hoy en esta Comisión y
darle la bienvenida, aunque su discurso ha sido de despedida, en esta
VII Legislatura a la Comisión de Economía. También quisiera dejar
constancia de que el retraso para esta comparecencia del Consejo de
Seguridad Nuclear ha sido debido, no al Consejo y muchísimo menos a
su presidente, sino a la propia dinámica de la Comisión de Economía.

Dicho esto, felicito al presidente del Consejo de Seguridad Nuclear
por su gestión, y como diputado primerizo que soy, en mi breve
experiencia parlamentaria, quiero felicitarle por otra cosa, por la
accesibilidad que el presidente del Consejo de Seguridad Nuclear y el
Consejo en su organización han procurado al trabajo parlamentario.

Esto no ha sido sólo una sorpresa personal para mí, sino un elemento
que engrandece no sólo el trabajo del Consejo de Seguridad Nuclear,
sino el propio trabajo parlamentario. Empezaré mi intervención con
una reflexión que ya tuve ocasión de hacer en el vigésimo aniversario
del Consejo, en el Congreso de los Diputados, el pasado mes de
noviembre. He de señalar lo que, a mi juicio, es a la vez la
fortaleza y la debilidad del Consejo de Seguridad Nuclear. El gran
potencial del Consejo de Seguridad Nuclear sobre lo que ha de ser la
cultura de la seguridad en España está muy por encima de la
percepción que se tiene del Consejo de Seguridad Nuclear fuera del
ámbito institucional. Esto es a la vez la fortaleza y la debilidad
del Consejo. Tengo la sensación de que en el tiempo que llevamos de
legislatura no se ha trabajado adecuadamente para corregir esa
debilidad. Y lo achaco a la desaparición del Ministerio de Industria,
que no ha sido un elemento positivo, sobre todo de cara a facilitar
la comunicación del Consejo de Seguridad Nuclear con el Gobierno. Ha
habido una merma de interlocución a la que atribuyo dos cosas. En
primer lugar -y empiezo hablando de cuestiones que ya ha planteado el
presidente del Consejo de Seguridad Nuclear-, el incumplimiento de la
resolución trigesimoprimera de la Comisión de Industria de la pasada
legislatura, en el año 1999, en la que se instaba al Gobierno a dotar
presupuestariamente al Consejo de Seguridad Nuclear para que
dispusiera de los medios necesarios para hacer frente a la
coordinación necesaria en materia de emergencias radiológicas. El
presidente del Consejo lo ha manifestado más diplomáticamente.

Nosotros presentamos enmiendas al proyecto de presupuestos del año
2001 en las que pedíamos la financiación, vía presupuestos generales,
de los planes de emergencia para el año 2001. Me congratulo de que el
presidente del Consejo haya anunciado que ha pedido al Gobierno que
consigne en los Presupuestos Generales
del Estado para el año 2002 una partida de me parece que ha
dicho 100 millones para esta finalidad, en cumplimiento además de los
criterios que ha marcado el Tribunal de Cuentas. En segundo lugar,
considero que hay un insuficiente esfuerzo en investigación y
desarrollo por parte del Consejo de Seguridad Nuclear. El esfuerzo
debería ser mayor. Por eso me congratulo de que el Consejo haya
entendido esta prioridad en el esfuerzo de investigación y haya
solicitado 550 millones para el próximo ejercicio, frente a los 376
millones consignados en la partida del presupuesto para el año 2001.

El Grupo Socialista va a apoyar estos criterios. Sin embargo, vuelvo
a plantear la necesidad de una mejor interlocución del Consejo de
Seguridad Nuclear con el Gobierno, bien a través del Ministerio de
Economía, bien a través de la Secretaría de Estado y a través de una
política industrial más decidida y más concreta.

Voy a pasar a hablar de algunos aspectos del informe anual que hoy ha
presentado en su comparecencia el presidente del Consejo de Seguridad
Nuclear -algunos nada más, porque es muy extenso-. Lo primero que
quiero manifestar es que es un excelente documento. Quiero felicitar
al presidente del Consejo y a sus colaboradores porque es un
documento con una abundante información, que viene además marcado por
un hito, que es la Ley 14/1999 y el Real Decreto 1836/1999, a partir
del cual el Consejo ha tenido más competencias en normativa, en
actuación sancionadora, en control radiológico a nivel nacional y en
planificación de emergencias. Resaltaré los aspectos que a mi juicio
son mas reseñables, sobre todo teniendo en cuenta las comparecencias
que hemos tenido la semana pasada en la ponencia. Respecto al sistema
internacional de notificación de incidentes, hemos visto que las
centrales nucleares españolas tienen más paradas automáticas. Tanto
en el informe como en algunas respuestas que el Gobierno nos ha dado
por escrito se dice que eso se debe a la inestabilidad de la red
eléctrica, a los microcortes. Es paradójico que en el propio sector
eléctrico en las centrales nucleares, que son propiedad de los
titulares, se produzcan también microcortes. Ese es un hecho
paradójico, que requiere un estudio por parte del Consejo de
Seguridad Nuclear, en la medida en que esto se debe evitar. El coste
que suponen estos microcortes, no sólo para las empresas eléctricas
sino para todas las empresas de la economía nacional que los están
sufriendo, es enorme. En este caso concreto, sería necesario hacer un
estudio que analizara las consecuencias, si las hubiera, para la
seguridad en el funcionamiento de las centrales nucleares.

En segundo lugar, quiero manifestar mi preocupación por el
cumplimiento de la resolución quinta, que aprobó la Comisión de
Industria en 1999, en la que se instaba al Consejo de Seguridad
Nuclear a establecer mecanismos de previsión y seguimiento simultáneo
delos protocolos establecidos en las operaciones que se



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efectúan en las centrales nucleares para minimizar la posibilidad del
error humano. Pongo esto de manifiesto porque en la ponencia hemos
tenido testimonios concretos en los cuales se han cuestionado algunos
defectos de la gestión común de centrales como Ascó-Vandellós
y Trillo-Almaraz. Esa gestión conjunta está produciendo recortes en las
plantillas. Lo ha manifestado el presidente del Consejo de Seguridad
Nuclear y yo lo reitero: Este es un fenómeno que debe estudiar el
Consejo de Seguridad Nuclear. No se debe romper bajo ningún concepto
el equilibrio entre rentabilidad y seguridad. Este es un hecho que se
ha puesto de manifiesto en la ponencia y es otro de los temas que
deberá abordar el Consejo en el futuro.

Respecto al funcionamiento interno del Consejo de Seguridad Nuclear,
quisiera destacar algo que no se destaca muchas veces en el
funcionamiento de cualquier organización, que es el plan de calidad
interna y de los grupos de mejora. El hecho de que simplemente
a través de un trabajo de organización de recursos humanos se haya
producido un proceso interno de revisión y de modificación de más de
veintidós procedimientos -incluso se ha llegado a establecer un nuevo
modelo de inspección por un procedimiento de plan de calidad interna-
me parece algo digno de destacar. Me parece positivo que esto, que es
más propio de empresas privadas, se refleje en el informe del Consejo
de Seguridad Nuclear del año 1999.

Sobre la protección radiológica -ya lo ha dicho el presidente del
Consejo y yo lo reitero-, se ha hecho un gran esfuerzo en
instalaciones radioactivas. El hecho de que se hayan hecho 1.825
inspecciones y 1.700 informes da una idea del gran trabajo que se ha
realizado. Ahora bien, quisiera repetir algo que ya salió en la
ponencia, y es que la generalización de los servicios de protección
radiológica tienen una excepción en las comunidades de Castilla-La
Mancha y Extremadura. Hay dos comunidades autónomas que todavía no
cuentan con servicio de protección radiológica y este es un hecho que
el Consejo tendrá que analizar e intentar corregir, porque además son
precisamente dos comunidades autónomas con centrales nucleares. En
cuanto a los problemas de gestión radiológica en hospitales, aparte
del esfuerzo que se ha hecho, se han puesto de manifiesto en los
trabajos de la ponencia algunos problemas concretos, que reflejan
también las conclusiones de la I Conferencia internacional sobre
protección radiológica a pacientes, en Torremolinos. Voy a
destacarlos, porque me parecen interesantes y es importante que el
Consejo trabaje en esa dirección. Me refiero concretamente al
tratamiento específico que tienen que tener los pacientes infantiles,
al abuso del escáner y las lesiones en la radiología
intervencionista. El trabajo de investigación de I+D del Consejo de
Seguridad Nuclear tiene que incidir prioritariamente en esta área,
que va a requerir más atención, más protección y más esfuerzos, sobre
todo porque, una vez que esto se
ha generalizado en la sanidad pública, habrá que trasladarlo a la
sanidad privada.

Centrales nucleares. Quisiera hablar en primer lugar de la situación
de la central José Cabrera, de Zorita. Empiezo reconociendo el
trabajo que ha hecho el Consejo de Seguridad Nuclear. Los informes
que ha hecho sobre Zorita son absolutamente esclarecedores y los
considero de suma utilidad. Aun reconociendo esto, en la ponencia se
ha puesto de manifiesto que Zorita no se ajusta a la normativa,
porque ésta es posterior a la puesta en marcha de la central, y que
no dispone de panel remoto de parada segura. Como ha dicho el
presidente del Consejo, se ha requerido a la central para que corrija
esta deficiencia en el plan de mejoras que ha aprobado recientemente
el Consejo de Seguridad Nuclear. La dirección de la central nos ha
dicho que para agosto del año 2002 se efectuarán las reformas
exigidas. Tampoco tiene simulador, sólo tiene un simulador virtual. Y
he de manifestar que las explicaciones que los responsables del
Consejo han dado en la ponencia han sido, desde mi punto de vista,
claras, pero no dejan de ser un parche y no una solución definitiva.

De hecho, la salvaguarda que en la reciente aprobación de esos planes
de mejoras de seguridad ha puesto el Consejo de Seguridad Nuclear a
partir de 2008 más las críticas que la propia dirección de la central
ha hecho a la gestión del Consejo de Seguridad Nuclear -lo ha
calificado de riguroso, injusto y decepcionante, lo cual no sé si es
más un elogio al Consejo que otra cosa- nos llevan a reiterar que el
Gobierno ha de fijar ya la fecha de cierre de Zorita y establecer el
período de gestión finalista de la central a tal fin. El Grupo
Parlamentario Socialista -y esto lo planteo a la Mesa de la Comisión-
va a solicitar una visita a la central nuclear de Zorita.

Con respecto a Trillo y Garoña, se han producido ciertos incidentes y
algunos ha relatado el presidente del Consejo de Seguridad Nuclear en
su intervención. Concretamente me voy a referir a los vertidos al río
Ebro en Garoña y a las penetraciones en el anillo de contención de la
central de Trillo. Se han producido lapsus de tiempo. En el caso de
Garoña, entre el 19 y el 26 de enero, una semana en la cual se está
produciendo el vertido pero la central no toma nota. Y lógicamente el
Consejo no tiene noticia de ello. En el caso de Trillo, esas
penetraciones se producen desde septiembre del año 1998 hasta enero
de 1999, hay prácticamente cuatro meses en los que se produce esa
anomalía, pero o bien no se detecta o no se comunica. Yo no
destacaría esto si no fuera por la actitud de las centrales o de los
titulares de no dar importancia a estos hechos o a estos lapsus de
tiempo. Yo creo que esto es un error y lo quiero poner de manifiesto,
porque esa actitud un poco trivial de las centrales sobre estos
sucesos me parece que no es correcta. Mucho menos no darle el
tratamiento que debe darse en la ponencia que se celebró la semana
pasada.




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En a Ascó y Vandellós, ya lo he dicho anteriormente, se han puesto de
manifiesto los efectos de la organización integrada y conjunta en lo
que se refiere a reducción de plantilla. Esto -el presidente ya lo ha
dicho y yo no lo voy a reiterar- merece un estudio y un análisis del
Consejo para mantener ese equilibrio entre seguridad y rentabilidad.

A esto quiero añadir la escasa participación -y creo que esto lo
manifestó el director general de Protección Civil- y colaboración de
los titulares en los planes de emergencia. Sólo han contribuido con
un aula circulante de Protección Civil, que cuesta 48 millones, según
declaraciones del director general de Protección Civil. Ante unos
planes de emergencia deben ser, me parece francamente ridículo.

Esto me lleva a hacer una reflexión, sobre la que ha manifestado algo
el presidente del Consejo de Seguridad Nuclear, acerca de los efectos
de la liberalización del sector eléctrico. El Gobierno tendría que
tener muy en cuenta cómo puede afectar la creación de nuevos
monopolios eléctricos, la aparición de operadores extranjeros, la
venta de activos que se puede producir en el sector, como hemos visto
en la frustrada fusión de Endesa e Iberdrola; el Gobierno tendría que
analizar cómo va a afectar a los activos nucleares y a los costes de
residuos vía tarifa todo este proceso que está en marcha y cómo puede
afectar a ese equilibrio que se debe mantener irrenunciablemente
entre la rentabilidad y la seguridad. El Gobierno en estos últimos
días ha hecho manifestaciones de que quiere poner en marcha otra vez
planes energéticos nacionales y mi grupo parlamentario lo va a seguir
con mucha atención para ver cómo pretende desarrollar el Gobierno
estos planes, sobre todo teniendo en cuenta los criterios que acabo
de manifestar.

Con respecto a la revisión del Plaben, el plan básico de emergencia
nuclear, lleva un año de retraso. El Consejo de Seguridad Nuclear, en
abril del año pasado, ya transmitió sus criterios a la Dirección
General de Protección Civil, pero ésta dice que acaba de recibirlos
la semana pasada del Consejo de Seguridad Nuclear. Lo que a mí me
interesa destacar, en definitiva, es que la Dirección General de
Protección Civil en este momento lleva un año de retraso en la
revisión del Plaben, el plan básico de emergencia nuclear, e insisto
otra vez en que en este plan básico se debe exigir más colaboración
de los titulares. En la comparecencia del director general de
Protección Civil se produjo un hecho que calificó el representante de
AMAC como esperpéntico. Es que a estas alturas, en el año 2001, el
plan de carencias de accesos y carreteras para las áreas afectadas o
áreas de influencia de centrales nucleares no esté ejecutado y que
todavía queden por ejecutar 5.600 millones, que parece ser que se
pueden ejecutar allá para el año 2003. Pero para ese momento las
centrales nucleares llevarán ya muchos años en funcionamiento y algunas
de ellas estarán prácticamente finalizando su período de vida
útil.

Ha hablado el presidente del Consejo de las comisiones informativas.

A mí me parece que este es un hecho positivo, pero creo que debería
ampliarse su composición a todos los alcaldes de las zonas de
influencia de centrales nucleares y asociaciones que trabajen en esas
zonas. Lo digo porque una de las conclusiones de los simulacros de
las que nos habló el director general de Protección Civil era que en
esos simulacros falló el aviso a la población y falló la implicación
de la población. De cara a futuros simulacros, hay que evitar
convertirlos en un espectáculo y que sean una experiencia en la que
realmente se implique la población, porque es fundamental para el
éxito y para que las experiencias de estos simulacros sean las que se
buscan.

Con respecto a los residuos, yo coincido fundamentalmente en lo que
ha dicho el señor Kindelán. Lo amplío un poco más. Yo creo que se
debe desarrollar el I+D en el tema de residuos y en el tema de
clausura de centrales nucleares. Vandellós I no es una experiencia
trasladable. El calendario que nos dio Enresa en la ponencia habla de
un período de siete años para la decisión sobre hacer o no un ATC. En
ese aspecto coincido con el presidente en tomar ya medidas. Sobre
Enresa quisiera hacer dos observaciones breves.




El señor VICEPRESIDENTE: Le ruego vaya concluyendo.




El señor GARCÍA BREVA: El Grupo Socialista, ante las respuestas poco
concretas del presidente de Enresa, cree que el fondo de Enresa no
debe externalizarse, sobre todo hacia entidades privadas -estamos
hablando ya de un fondo de 277.000 millones-, y que el dinero que se
distribuye a los ayuntamientos o municipios de zonas de influencia de
centrales nucleares se debe destinar a la creación de riqueza para
aprender a vivir sin centrales nucleares.

Quiero hablar un poco del futuro, en la misma línea que lo ha hecho
el presidente del Consejo de Seguridad Nuclear, en el sentido de que,
para el Grupo Parlamentario Socialista, el Consejo debe tener más
autonomía de cara al futuro. Más autonomía quiere decir para nosotros
más competencias, más capacidad ejecutiva, mayor dependencia del
Parlamento, sobre todo en cuanto a los nombramientos se refiere, y un
presupuesto adecuado a las nuevas competencias. Del I+D ya he hablado
anteriormente, pero insistiré en desarrollar el I+D en tecnología
nuclear, en protección radiológica, en gestión de residuos y en la
clausura de las centrales nucleares. Yo quiero decir en este momento
que la noticia que ha aparecido hoy del acuerdo de las compañías
eléctricas con el Gobierno alemán nos parece satisfactoria y positiva
y es un acuerdo que en Españapuede ser posible.




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Finalizo felicitando, como hice al principio, al señor Kindelán y a
sus colaboradores por la calidad del informe anual correspondiente al
año 1999, que ha facilitado el conocimiento de todo lo relacionado
con las instalaciones nucleares, así como el debate y las
conclusiones para difundir y mejorar la cultura de la seguridad que,
con tanto acierto, el Consejo de Seguridad Nuclear y en especial Juan
Manuel Kindelán han impulsado en estos últimos años.




El señor VICEPRESIDENTE: No le quería interrumpir antes, señor García
Breva, en relación con su solicitud a la Mesa de la Comisión de
Economía y Hacienda para llevar a cabo una visita a la central
nuclear de Zorita. Con independencia de que conste en el 'Diario de
Sesiones', tendrá que ser objeto de planteamiento por su grupo en la
reunión de la Mesa y Junta de Portavoces.

En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió),
tiene la palabra el señor Maldonado.




El señor MALDONADO GILI: En primer lugar, quiero agradecerle, señor
Kindelán, en nombre de Convergència i Unió su presencia. Valoramos
favorablemente su informe, nos unimos a las felicitaciones del
portavoz socialista hacia usted y hacia sus colaboradores. Es un
informe hecho a conciencia, serio, riguroso y bien presentado.

Valoramos su contenido, valoramos, sobre todo, los aspectos de
control en cuanto a que se han abierto expedientes, se ha fiscalizado
y se ha seguido muy cerca todo el tema de la seguridad nuclear, cosa
que a la ciudadanía le importa mucho. Es positivo para los grupos
parlamentarios conocer cuál ha sido el seguimiento, el control, la
fiscalización y las actuaciones del Consejo. Sentimos que sea ésta su
última comparecencia en primer lugar porque es el final de una etapa,
y queremos felicitarle y agradecer su labor al frente del Consejo.

Sentimos también que sea su última comparecencia porque el diputado
que les habla en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència
i Unió) pidió su comparecencia para hablar de un tema que nos
preocupa, como son los incidentes que tuvieron lugar en Ascó II, si
bien entendemos que su sucesor podrá informarnos.

Quisiéramos hablar de muchas cosas, pero antes voy hacer unas
preguntas. Este es un informe sobre el año 1999, pero oyendo a los
otros portavoces, vemos que se habla un poco de todo y se hace un
totum revolutum; se habla de 1999, de 2000,etcétera. Y como al hablar
de temas nucleares es muy difícil circunscribirse sólo a un año, a
nosotros también nos preocupan temas que se han tratado aquí y que
creemos que son de vital importancia para la creencia popular, para
que la sociedad avance cada vez más en el convencimiento de que la
energía nuclear es segura. Nos preocupan muchas cosas, por ejemplo,
la coordinación entre las centrales, las instituciones y el Consejo
de Seguridad Nuclear
ante incidentes, por no hablar de accidentes. Se ha hablado de
Garoña. Nos consta que hubo un desfase entre unos incidentes y el
informe que se presentó al Consejo. Este mismo problema lo intuimos
en Ascó II, si bien es cierto que el diputado que les habla recibió
una información puntual y rápida a través del responsable de
Vandellós y de Ascó, el señor Pérez Reverté, donde se vio que no
había existido un problema grave por el que la ciudadanía estaba
preocupada. Fue un incidente producido por una soldadura de sellado
que produjo un rezumo de boro. Pero nos preocuparon las noticias
confusas que se publicaban en los medios de comunicación, agravadas
por las informaciones de la Subdelegación del Gobierno que aumentaban
más esta preocupación. Por tanto, es importante que los planes de
emergencia se coordinen de forma total. Pero hay que poner en solfa,
decimos en catalán; es decir, coordinar el punto de salida para que
haya unos mecanismos, una correa de transmisión que haga llegar
urgentemente al Consejo y a los integrantes de los planes de
emergencia estas informaciones -por ejemplo en Tarragona el plan
Penta-, para que la ciudadanía esté avisada y no tema por su
seguridad ni por sus vidas. Es importante recabar, como pedimos en la
comparecencia del director general de Protección Civil, una correa de
transmisión rápida en las emergencias por accidentes o incidentes, ya
sean mayores o menores. Nos preocupa mucho la situación de los
instrumentos de emergencia. El portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista ha hablado de otra central, pero de la comarca de la
ribera d' Ebre donde están ubicados Vandellós y Ascó nos llegan
informaciones preocupantes de que, por ejemplo, en Maials hay un
centro de concentración para posibles evacuaciones en un campo lleno
de hierbas y en malas condiciones. Existen unas garitas que no están
bien conservadas. Se ha oído hablar, aunque creemos que está
subsanado, de pastillas caducadas, de falta de máscaras para la
población, etcétera. No profundizo en las infraestructuras ni en
inversiones que no se han llevado a cabo en caminos y accesos, pero
todo esto puede llegar a producir una sensación de indefensión en la
ciudadanía que creo que no es cierta. Nuestro grupo ha dicho
reiteradamente que la energía nuclear es segura y que no tiene que
haber ningún tipo de preocupación. Sabemos que el Consejo vela y
controla la seguridad, pero estos aspectos colaterales, aunque
importantes, no ayudan a esta cultura de dar a entender a la
ciudadanía que están protegidos en caso de incidente.




A diferencia del portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, aunque
no lo ha criticado, queremos dejar constancia de que el
desmantelamiento que ha llevado a cabo Enresa en Vandellós I ha sido
un ejemplo de actuación, de planificación y, sobre todo, de
información al entorno. En la comparecencia de los señores Colinos y
Grávalos, de Enresa, me oyeron hacer esta afirmación en nombre del
Grupo Parlamentario Catalán.




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Nos tranquiliza mucho que esta prueba piloto de desmantelamiento,
realizada por primera vez en el Estado español, se esté haciendo con
este rigor, con esta planificación y con esta seriedad de actuación,
sobre todo en cuanto a información a los municipios, a las
instituciones, al Gobierno catalán, a la Subdelegación del Gobierno,
a las entidades ecologistas y a los consejos comarcales. Nos
satisface el tiempo en el que lo están llevando a cabo y creemos que
es una actuación modélica. Sabemos que el Consejo de Seguridad
Nuclear ha estado y sigue estando muy al tanto del tema.

También nos preocupa, y en esto abundamos en lo que ha dicho el
portavoz socialista, el papel a jugar por los ayuntamientos de los
municipios nucleares y de sus alrededores. Cada vez es más importante
la participación en comisiones y en planes de actualización y
emergencia de los ayuntamientos, ya que son el puente de conexión
entre los ciudadanos y el centro productor de energía. Incluso es
importante tener en cuenta la tipología de la zona. En Cataluña
existe la figura del consejo comarcal, que no existe en el resto de
España, y cuya presencia debe estar recogida en los órganos de
información, de control y de seguimiento. Es importante que desde el
Consejo de Seguridad Nuclear se le dé el espacio político que le
corresponde.

No quisiera alargarme más, sólo desearle un feliz paso a nuevas
etapas profesionales o personales y esperar que su sucesor comparezca
lo antes posible para informarnos sobre el tema que requerimos en su
día de Ascó II.




El señor VICEPRESIDENTE: En nombre del Grupo de Izquierda Unida,
tiene la palabra doña Presentación Urán.




La señora URÁN GONZÁLEZ: Señor Kindelán, bienvenido a esta su última
comparecencia ante el Congreso de los Diputados para explicarnos no
solamente un informe, el del año 1999, sino también -y usted lo ha
introducido en su intervención- una valoración de lo que han sido
estos seis años en los que usted ha estado al frente del Consejo de
Seguridad Nuclear.

Siento ser la voz discrepante en esta Comisión, pero sabe usted,
señor Kindelán, que nuestras discrepancias a lo largo de estos seis
años han sido claras y hemos sido claros y sinceros a la hora de
exponer nuestros criterios y sabe usted cuáles han sido nuestras
críticas con respecto a la actuación del Consejo de Seguridad
Nuclear. Voy a empezar por una en la que ustedes han hecho mucho
hincapié. Reconocemos que algo se ha avanzado, malo sería que no se
avanzara y mucho más en el trabajo del Consejo de Seguridad Nuclear,
no sería bueno, pero no se ha avanzado, para nosotros, en el tema de
la información y de la trasparencia todo lo que se podría haber
avanzado, señor Kindelán. Es cierto que ustedes han establecido
nuevos mecanismos
para intentar facilitar información a la opinión pública e incluso a
esta Cámara a través de resoluciones aprobadas en su día por la
Comisión de Industria para que nos tuvieran ustedes más al corriente
de lo que sucedía en la seguridad nuclear. Pero, señor Kindelán,
tengo que recordarle que, alegrándome de que ustedes al final hayan
llegado a la conclusión de que lo mejor para el Consejo de Seguridad
Nuclear y para la ciudadanía es tener más información y más
transparencia en la información para la credibilidad y el
funcionamiento del propio Consejo, al principio de su presidencia
tuvimos problemas, no solamente para que se facilitara información
a la ciudadanía, sino para que se le facilitara información
suplementaria a esta Cámara, al Parlamento y en concreto al grupo
parlamentario del que soy portavoz y que tuvimos que resolver a
través de recursos y del cumplimiento estricto del Reglamento del
Congreso de los Diputados. Afortunadamente el Reglamento en eso es
bastante claro y desde luego se recibe -y en este año tengo que
decirle que de manera totalmente puntual- la información que el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida solicita como complemento a
los informes anuales del Consejo.

También tengo que decirle, señor Kindelán, que me alegro de que
reconozca que queda mucho camino por recorrer en el tema de la
información y de la transparencia y solamente espero que el próximo
presidente o presidenta del Consejo de Seguridad Nuclear mantenga,
mejore y amplíe esa línea que hoy usted remarcaba sobre la
información y la transparencia. Porque, señor Kindelán, aprobamos al
hilo de la Ley de tasas del año 1999, además de las ampliaciones de
las competencias del Consejo de Seguridad Nuclear, que los informes
se emitieran durante un año. Desde mi grupo parlamentario pusimos
reticencias intentando, por un lado, colaborar con el Consejo para
que solamente hubiera un informe, pero al mismo tiempo teniendo dudas
de que la información llegara con el tiempo suficiente para que
pudiéramos discutir de una manera más próxima a los hechos concretos
la situación de la seguridad nuclear y de las instalaciones nucleares
en nuestro país en general. No pasa con el informe de 1999, que no es
un problema del Consejo, pero desde luego si lo hubiéramos tenido de
una manera normalizada el hecho de que el informe del año 2000 nos
llegue a mediados del año 2001 no nos aproxima a que podamos discutir
de una manera más próxima los problemas que puedan surgir o la
información que debamos recibir. Creemos que esto supone, desde
nuestro punto de vista, un debilitamiento no solamente del control
sino de la información que deberíamos de tener en esta Cámara.

Señor Kindelán, usted mismo en su informe nos habla de preocupaciones
del Consejo a través de la modificación de la Ley del Sector
Eléctrico y de la desregulación que esta ley supone para el sector,
preocupación que compartimos con ustedes, que se veía cuando se
aprobó la ley, pero que, desde nuestro punto de



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vista, también genera dudas con respecto a la actuación del Consejo.

Ustedes nos dicen que están preocupados no solamente por esta
desregulación y lo que supuestamente podría suceder si las empresas
no hicieran las inversiones necesarias que deberían de hacer en
seguridad, incluso con las reestructuraciones de plantilla que se
pueden plantear, pero al mismo tiempo ustedes aprueban en un plan de
orientación estratégica una ampliación de los plazos de concesión en
las explotaciones, que les deja a ustedes en unos períodos muchísimo
más largos para poder controlar realmente que se implantan las
medidas necesarias que el Consejo de Seguridad Nuclear cree que deben
de imponerse a las centrales nucleares. Desde nuestro punto de vista
creemos que han dejado ustedes de tener un arma en sus manos para
controlar más a las empresas, sobre todo a las centrales nucleares a
la hora de que se cumplan esos condicionantes o las necesarias
mejoras que se deben implantar.

Ustedes mismos reconocen que hay un envejecimiento de los elementos
de las centrales por el funcionamiento de las mismas y por los
períodos, fundamentalmente en alguna de ellas, tan largos de
funcionamiento. Creemos que no es lo más favorable para la actuación
del Consejo que vayamos a períodos de explotación provisional de 10
años y que las que se han visto con los períodos de explotación más
recortados son aquellas que están teniendo, que han tenido y que
probablemente seguirán teniendo problemas en sus sistemas de
seguridad que, si bien puedan no ser excesivamente significativos, sí
son lo suficientemente serios como para no tenerlos en cuenta dado
que no es nuevo, son siempre problemas con una mayor o menor
reiteración. Ustedes mismos -creemos- han renunciado a un elemento de
presión que no va a ayudar, según nuestro criterio, a mejorar la
seguridad o a imponer más severamente, con independencia de lo que
puedan pensar los propios explotadores, las opiniones del Consejo de
Seguridad Nuclear.

Hay algo que nos preocupa y es el hecho de que una central como la
central nuclear de Zorita no solamente es que tenga en estos momentos
un período de explotación por tres años, sino que ha quedado, claro
por las comparecencias que se han producido, en la ponencia que en el
momento que el Consejo considere que están cumplidas las condiciones
y que sus sistemas están, dentro de lo que cabe, con un máximo de
seguridad de la que se le puede pedir a la propia central, va a tener
una ampliación de hasta seis años más en su período de explotación.

La verdad es que nos llamó muchísimo la atención que se nos dijera
que Zorita no cumple la normativa; se sabía que es anterior a la
normativa hoy existente, y que el Consejo no solamente no haya
autorizado los tres años, sino sencillamente que no haya dicho que no
puede seguir funcionando y que sus informes fueran negativos a la
continuación en explotación de esta central
nuclear. Si no cumple la normativa, señor Kindelán, el Consejo
tendría que haber previsto que debe cerrarse. No solamente Zorita,
sino algunas más; Garoña también la han ampliado ustedes por 10 años
y en Cofrentes también han ampliado por 10 años la explotación
provisional. Garoña no hace falta que le recordemos que es de las más
antiguas y a Cofrentes ustedes mismos les plantean en sus
condicionantes que tiene que tener evaluación del envejecimiento de
los elementos. A nosotros nos parece altamente preocupante que
hayamos ido a una situación que no me parece que sea la más adecuada
para el control de la seguridad por parte del Consejo de Seguridad
Nuclear.

En otro orden de cosas, señorías, la verdad es que esta diputada no
sabía muy bien cómo plantear esto pero, ya que lo han hecho mis
compañeros de grupo, me sumo a que nos explique qué es lo que se va a
hacer con las centrales en esos períodos de desfase no en cuanto a la
actuación del Consejo, si después hay necesidad de abrir un
expediente sancionador y cuando llega la sanción, sino en relación
con la notificación que las centrales tienen que hacer al Consejo de
Seguridad Nuclear cuando surge cualquier tipo de incidente que deba
ser notificado. Se está viendo, informe tras informe, que se produce
siempre un retraso que nosotros creemos que es injustificable y que
el Consejo debería actuar con mayor contundencia. Pero es más, en
este orden de cosas, señor Kindelán, además de las sanciones que se
han impuesto en el año 1999 a algunas centrales nucleares hay
apercibimientos que ustedes también imponen y nosotros creemos que en
algunos de ellos son reiteraciones de incumplimientos que se producen
sistemáticamente. Señor Kindelán, cuando se sanciona o se apercibe de
manera reiterada a una central nuclear no solamente habría que
considerar las faltas graves, muy graves o leves en función de lo que
haya ocurrido, sino que cuando hay reiteración de determinadas
actuaciones esto se debería considerar como un agravante a la hora de
si hay expediente sancionador, sancionar a las centrales nucleares o
sancionar a la central nuclear que incumpla reiteradamente en este
tipo de actuaciones. Creemos que ahí el Consejo de Seguridad Nuclear
sigue siendo bastante laxo a la hora de hacer estas interpretaciones.

Quiero recordar el último informe que emitió la Comisión de Industria
y Energía y los problemas que en aquella comparecencia del informe de
1998 hubo con una sanción a la central nuclear de Cofrentes, donde
había discrepancias entre el inspector residente de la propia
central, el Consejo de Seguridad Nuclear y la propia empresa en
cuanto a la consideración de lo que eran sanciones muy graves, graves
o leves. Para nosotros quedaron bastante favorecidos los explotadores
de la central cuando algunas sanciones que se planteaban como muy
graves se quedaron en sanciones leves. Por lo tanto, señorías, a
pesar de los avances quese hayan podido producir, mi grupo
parlamentario cree



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que no han sido suficientes y que ustedes mismos en la situación
actual han dejado determinadas cosas por intentar ejecutar o, por lo
menos, por tener mayor presión o mayores posibilidades de presión en
lo relativo a la seguridad en las centrales nucleares.

En cuanto a algo que usted comentaba, que era la situación por la que
se atravesó en el Campo de Gibraltar con la llegada del submarino
Tireless, la sensación que teníamos de la actuación del Consejo de
Seguridad Nuclear era de que ustedes bandeaban según le interesaba al
Gobierno: unas veces no sabían; otras no tenían muy claro lo que
pasaba, o no pasaba nada. La verdad, señor Kindelán, es que me parece
que la credibilidad del Consejo de Seguridad Nuclear en cuanto a la
actuación que ha tenido que ver con el submarino Tireless no ha sido
la que pueda dar mayor tranquilidad a la población o a la opinión
pública. Esos bandazos no han sido nada favorecedores y con
independencia de que no ha pasado nada y el submarino,
afortunadamente, ya está fuera, lo que sí es cierto es que el Consejo
de Seguridad Nuclear no fue capaz de tranquilizar a la población de
la zona por esos bandazos a los que hacía alusión.

Señor presidente del Consejo, me gustaría que nos dijera, si es
posible, si ustedes han establecido algún plan de vigilancia de
Egmasa. Sabe usted que allí fueron residuos, en un principio, de
Acerinox, ha quedado una parte de la zona contaminada y no va a ser
posible la descontaminación a pesar de la retirada de los residuos.

Me gustaría que nos explicara si se ha establecido algún plan de
vigilancia en cuanto a la utilización o situación de Egmasa.

Para terminar, me gustaría que nos hablara, algo que no ha hecho en
el informe, de cuál va a ser la situación de los contenedores de
Trillo, de las modificaciones que se han tenido que introducir
después de las pruebas que se hicieron a los contenedores, ya que no
solamente eran las soldaduras, sino que también había unas
modificaciones que tenían que ver con la estabilidad de los
contenedores por si recibían algún tipo de golpes. Me gustaría, si es
posible, que nos explicara eso de una manera un poco más detallada.

Señor presidente, he concluido. Señor Kindelán, quiero desearle,
tanto a nivel personal como a nivel de la actividad profesional que
vaya a desarrollar, los mejores deseos de esta diputada y que le vaya
lo mejor posible.




El señor VICEPRESIDENTE: Tiene la palabra don Javier Gómez
Darmendrail, en nombre del Grupo Popular.




El señor GÓMEZ DARMENDRAIL: En primer lugar, y como es natural, darle
la bienvenida al señor Kindelán, presidente del Consejo de Seguridad
Nuclear, y que esta bienvenida sea especialmente cálida porque esta
comparecencia es también su despedida. Le queremos agradecer el
informe, que es un informe que completa
y amplía los enviados en su día a la ponencia. Es un informe
riguroso y a este respecto hago mías las palabras de portavoces que
me han precedido en el uso de la palabra. El informe presentado por
el presidente del CSN pone de manifiesto que el consejo es el único
órgano competente en materia de seguridad y protección radiológica y
que está integrado por profesionales de alta cualificación, como
usted ha destacado en su acertada cita de Newton. El fin esencial del
Consejo es la seguridad y de este informe se desprende que las cosas
van razonablemente bien en este sentido. Además, después de escuchar
con detenimiento las declaraciones efectuadas ante la Ponencia por
los directores de las centrales nucleares, presidente y director de
operaciones de Enresa, director general de Protección Civil, director
del Ciemat, presidente de AMAC, reponsables de protección radiológica
y de instituciones nucleares, director general de seguridad nuclear,
secretario general del Consejo de Seguridad Nuclear, es decir, las
máximas autoridades en relación con la energía nuclear, estamos en
condiciones de afirmar que las centrales nucleares españolas han
funcionado durante 1999 sin incidente que suponga un impacto
radiológico que pudiera afectar a las personas o al medio ambiente.

Si bien es cierto -y usted lo ha señalado y también se señala en el
informe- que ha habido 91 sucesos notificables, también es cierto que
89 han sido clasificados en el nivel cero de la escala internacional
de sucesos nucleares y dos en el nivel uno, que, como saben SS.SS.,
es el nivel más leve de la escala del uno al siete. Esto quiere decir
que podemos considerar la seguridad, desde el punto de vista nuclear,
garantizada. En 1999 se llevaron a cabo 193 inspecciones a las
centrales nucleares, es decir, 68 más que el año anterior, un gran
trabajo, como ha señalado el portavoz del Grupo Socialista. Por lo
que se refiere a las instalaciones radiactivas con fines científicos,
médicos e industriales, se llevaron a cabo 1.285 inspecciones, con el
resultado de 18 expedientes sancionadores y 85.720 trabajadores, que
desarrollan su actividad en instalaciones radiactivas; todos estos
fueron controlados durante el año 1999.

Si en las propuestas de resolución del año 1997 tanto la ponencia
como la Comisión impusieron la idea de que el Consejo incitara a las
comunidades autónomas a que cumplieran los requisitos de celeridad y
rigor en la vigilancia, hay que resaltar que a 31 de diciembre de
1999 tenían transferidas las competencias ejecutivas sobre
instalaciones radiactivas de segunda y tercera categoría 10
comunidades autónomas: Asturias, Baleares, Cantabria, Cataluña,
Extremadura, Galicia, Madrid, Murcia, País Vasco y Valencia. También
quiero reseñar que el CSN no registró anomalías radiológicas, medidas
en la red de alerta a la radiactividad de que dispone la Dirección
General de Protección Civil y que cuenta con 902 estaciones
automáticas. Por lo que se refiere a las actividades de
desmantelamiento deVandellós I, el informe constata que se
desarrollaron en



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cumplimiento de los límites y condiciones establecidos en la orden
ministerial correspondiente. En cuanto a transporte de material
radiactivo por carretera, ferrocarril y vía aérea, su reducido número
de incidentes y su escaso impacto se hace merecedor de una valoración
satisfactoria. Respecto a la valoración de los resultados de control
de vertidos y vigilancia radiológica ambiental, tanto en el entorno
de las centrales nucleares como fuera de su entorno, se deduce la
ausencia de riesgo radiológico para la población y que se mantiene la
calidad del medio ambiente español.

Hay, señorías, muchos aspectos que resaltar, y ya lo han hecho en
gran medida los portavoces que me han precedido en el uso de la
palabra, porque el informe es amplio y además usted, señor Kindelán,
ha tenido la cortesía de hacer un balance de gestión, cosa que le
agradecemos. En definitiva, creo que han cumplido sobradamente el
objetivo de proporcionar a este Congreso de los Diputados información
detallada y precisa de las actuaciones que lleva a cabo el Consejo de
Seguridad Nuclear y le felicitamos por ello.

No obstante, el Grupo Popular quiere hacerle algunas preguntas. El
señor presidente sabe bien que, a través de la nueva Ley de tasas y
precios públicos, que afectaba directamente a la capacidad para
generar recursos del propio CSN, se introdujo también un mayor ámbito
competencial en materia de seguridad radiológica. Se pretendía con
ello que el sistema de seguridad en España conectara perfectamente
con las ideas más avanzadas de la Organización Internacional de
Energía Atómica, que fue la que acuñó el término de seguridad
radiológica. Con este término se buscaba abarcar lo que en España
hasta 1999, había correspondido a ámbitos competenciales diferentes;
es decir, la seguridad nuclear por un lado y la protección
radiológica por otro. Lo cierto es que ya existía la directiva
Euratom, que modificaba la concepción anterior y obligaba en alguna
medida a establecer un conjunto de normas básicas relativas a la
protección radiológica; por eso, los artículos 27, 28 y 29 de esta
ley significaban un cambio de concepción respecto a estas cuestiones.

Lógicamente esto ha supuesto cambios en el propio CSN, en su
estructura organizativa, en la asignación de recursos a las distintas
áreas e incluso en el ámbito de las necesidades de capital humano y
material para llevar a cabo sus tareas. Por ello, nadie mejor que el
presidente del Consejo de Seguridad Nuclear para contestar a la
siguiente cuestión: ¿Qué efectos está teniendo la modificación legal
de 1999 por la que el CSN adquiere nuevas competencias en materia de
control radiológico?
La reorganización del CSN derivada de la ampliación de competencias
ha servido para elaborar nuevos planes o la revisión de los mismos en
materia de emergencias nucleares como, por ejemplo -también se ha
hablado de ello aquí-, el denominado Plaben, Plan básico de
emergencia nuclear. Por eso le pregunto: ¿cree que las competencias
que se añaden al CSN en la
Ley 14/1999 permiten una mejor planificación y coordinación de las
emergencias nucleares?
Respecto al acuerdo del Consejo de Ministros de 1 de octubre de 1999,
relativo a la información al público en emergencias nucleares y
radiológicas, quiero destacar, y el informe así lo hace, la
importancia que tuvo la participación en ejercicios y simulacros en
la transmisión adecuada a la opinión pública de las actividades del
CSN en respuesta a emergencias. El informe lo dice y usted también ha
dicho en el balance -ha hablado de transparencia informativa y ha
dicho que es uno de los objetivos prioritarios- que la percepción de
riesgo tiene siempre un fuerte componente subjetivo. Por eso quiero
preguntar al presidente, si es que tiene datos, cuál es la valoración
del CSN por parte de los ciudadanos, qué percepción tienen de ustedes
y si ha mejorado esta valoración desde que disponen de un centro de
información al público.

Por otra parte sabemos que el Ciemat está realizando un plan
integrado para la mejora de sus instalaciones y que el CSN tiene que
informar en un sentido u otro acerca de las bondades y defectos del
citado plan desde el punto de vista de la seguridad nuclear y la
protección radiológica. Por ello nos gustaría conocer el estado de la
cuestión.

Para finalizar, sobre todo por aquellos que no somos especialistas en
temas nucleares, tengo que decirle, señor Kindelán, que en la página
149, donde hablan del combustible irradiado almacenado en las
piscinas de las centrales nucleares, se dice que la situación se
resume de la siguiente manera: las centrales nucleares José Cabrera,
Santa María de Garoña, Almaraz I y Almaraz II dispondrán de capacidad
hasta el final de su vida útil; Trillo saturará su capacidad tras la
recarga del año 2002; la siguiente en saturarse será la piscina de
Cofrentes, en el año 2009, y el resto de las piscinas se saturarán
progresivamente a partir del año 2013. Quiero saber si es o no un
motivo de preocupación el que Trillo sature su capacidad tras la
recarga del año 2002.

Con esto termino, señor presidente, como empecé: agradeciéndole en
nombre del Grupo Popular su trabajo, su rigor en la información y
felicitándole por la gestión que ha tenido al frente del Consejo de
Seguridad Nuclear durante los últimos seis años y medio.




El señor VICEPRESIDENTE: Tiene la palabra el señor presidente del
Consejo de Seguridad Nuclear para contestar a los grupos brevemente.




El señor PRESIDENTE DEL CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR (Kindelán Gómez
de Bonilla): Siento preocupación, señor presidente, señorías, por el
tiempo que pueda ocupar para contestar, que, desgraciadamente, no es
infinito. Como son muchas las preguntas y no han sido fáciles, me
atrevo a preguntar al presidente qué opina, cuál es el tiempo que,
razonablemente, debo ocupar.




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El señor VICEPRESIDENTE: En términos estrictos, señor presidente, no
puedo restringirle el tiempo para contestar a las preguntas. Tiene un
tiempo suficientemente amplio, pero me parece que interpreto el
sentir de todos si le pido que su probada capacidad de concisión y de
síntesis, se exprese a la hora de contestar a las preguntas, para no
hacer interminable la sesión.




El señor PRESIDENTE DEL CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR (Kindelán Gómez
de Bonilla): Contestaré a las cosas más significativas, aunque,
primero, quiero agradecer a todos los intervinientes las alabanzas
que me han hecho, sobre las que no comentaré en absoluto.

A la señora Urán agradezco sinceramente sus palabras finales, que
demuestran que, a pesar de las discrepancias de todo tipo, que pueda
haber, en lo técnico, en lo político, hay relaciones personales que
superan con mucho esas discrepancias.

El señor García Breva ha hecho una serie de comentarios que, en el
fondo, no tengo que contestar porque creo que están contestados ya.

Su vocación de intentar por todos los medios que el Consejo se
tecnifique lo más posible y avance para hacer lo mejor en política de
investigación es de agradecer, somos sensibles a eso. Tratamos de
gastar los recursos lo mejor posible, porque no sólo basta tenerlos,
sino que hay que gastarlos adecuadamente. En ese aspecto hacemos un
gran esfuerzo para intentar coordinarnos con otros organismos
europeos y americanos, de modo que aprovechemos conjuntamente lo que
hacemos.

En relación con la seguridad, hay un tema a destacar: los riesgos que
pueden suponer las paradas breves de las centrales por falta de
suministro eléctrico. Este problema no es, digamos, de deficiencia de
las centrales y poco puede hacer el Consejo al respecto, ya que no
creo que los interesados lo hagan a propósito. El problema son las
deficiencias estructurales de la red, que espero que se remedien. No
me compete a mí decir cómo se remedian estas deficiencias, pero sí
tranquilizar en la medida en que esto, que es lamentable que ocurra y
que puede tener costes, no es peligroso. Todas las centrales, sin
excepción, tienen muchas barreras de seguridad precisamente para que
la parada no afecte a los niveles de seguridad, lo malo es que reduce
la producción, tiene efectos económicos, etcétera, pero, como digo,
ninguna falta de suministro eléctrico puede causar efectos en la
seguridad porque hay infinidad de sistemas diseñados precisamente
para hacer frente a esta eventualidad.

Todos los intervinientes han hablado del problema de las plantillas y
la competencia humana. Usted ha introducido las palabras error
humano. Hay que distinguir dos cosas para entender bien esto: el
error humano es un problema muy importante en seguridad nuclear, que
se aborda con normas para intentar paliar los eventuales errores
humanos que puedan producirse, para
intentar que no exista la posibilidad de que el error humano
introduzca daño, pero, por otro lado, no cabe duda de que la
competencia general de las plantillas también es importante en la
ejecución, en la práctica de la producción, en la manutención y
reparación. Es evidente, por tanto, que la competencia técnica es
algo esencial a mantener y no sólo técnica, sino que es necesario un
mínimo de capacidad humana para actuar cuando sea preciso. Yo quiero
tranquilizar a SS.SS. en el sentido de que cuando decimos que estamos
preocupados por este problema eventual no estamos pasivos. Existe una
comisión multidisciplinar que analiza esto con detalle. No se produce
la baja de una persona sin que el Consejo lo autorice y no están
produciéndose de repente reducciones de personal relacionado con la
seguridad. Los puestos de trabajo que tienen que ver con la seguridad
están catalogados, referenciados y, cada vez que hay negociación,
aceptamos cosas que nos parecen razonables; aquello que es razonable
debe ser aceptado. El problema a medio plazo es precisamente estudiar
con más detalle, con el sector, con la conciencia de que somos
responsables nosotros y no el sector, qué es lo que estamos haciendo
de un modo sistemático. Poco a poco se irá concluyendo qué es lo que
se puede aceptar y qué es lo no aceptable.

Contestando al señor García Breva, respecto al tema de los hospitales
e instalaciones radiactivas y el problema de control que pueden tener
los servicios radiológicos dentro de un hospital, así como el control
que se ha hecho en Extremadura y Castilla-La Mancha, tengo que
explicar algo muy importante y que es muy sencillo de comprender. En
una instalación radiactiva controlada no está garantizada su
seguridad porque haya un servicio central de protección radiológica,
sea hospital u organismo. Está garantizada porque tiene un operador y
un inspector responsable que son los que garantizan la seguridad y
porque el Consejo inspecciona que los mecanismos y los procedimientos
sean los adecuados. A parte de eso, por razones técnicas para el buen
funcionamiento conviene tener a alguien que les asesore continuamente
sobre cómo deben hacer mejor su trabajo. Pero no es el servicio de
protección que puede haber en Andalucía, o en parte de ella, o en
Madrid el que garantice la seguridad sino el que asesora técnicamente
para que lo hagan lo mejor posible. La seguridad está garantizada por
la instalación, que en su funcionamiento tiene unas condiciones de
seguridad que el Consejo fija. Está claro que no está más segura
Extremadura porque lo tenga; lo que pasa es que será más eficiente su
gestión de seguridad si tiene quien les asesore. Sin embargo, en los
casos en los que hay instalaciones centralizadas que prestan servicio
técnico, que no es precisamente garantizar la seguridad sino
coadyuvar a que salga mejor, en Extremadura precisamente está
instalándose ya y estará puesto en marcha en breve el servicio
técnico que faltaba en Badajoz, y CastillaLa Mancha usa otro que hay
en Valencia y por lo que



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sea todavía no han llegado a la decisión de tener un servicio técnico
que les sea útil. Repito, no es el servicio técnico el que garantiza
la seguridad, la seguridad está garantizada por los operadores, el
supervisor que tiene la instalación y el control que el Consejo hace
sobre la misma. Es un detalle importante. Esto no quiere decir que no
fomentemos y no intentemos que no haya este servicio técnico porque
mejorar la tecnología y el buen funcionamiento siempre será mejor. Es
importante detallar eso.

En cuanto a los pacientes, tengo que destacar dos cosas importantes.

El Consejo no tiene competencia alguna legal en la intervención para
saber que a un paciente se le quema, se le trata bien o mal. Esto
puede ser lamentable pero es así. El Consejo está siempre al servicio
de la autoridad sanitaria, sea de la comunidad autónoma o del
Ministerio cuando se le pide un informe o un estudio, etcétera. El
Consejo también hace publicaciones e informes técnicos sobre lo que
se debe hacer, por ejemplo, para que funcionen bien las instalaciones
de radioterapia. Pero no es responsable de lo que se hace con las
instalaciones cara a un paciente. Este punto debe ser definido
claramente. Por tanto, no podemos inmiscuirnos en lo que reclama el
mundo médico como suyo, siendo las autoridades de sanidad las
competentes.




Me comentaba el señor García Breva hace un momento los grupos de
mejora. Efectivamente, el plan se empezó en el año 1999 y los grupos
de mejora son del año pasado y de este. Estamos muy satisfechos de lo
que va ocurriendo porque, como decía en mi intervención, no son
revoluciones. La eficacia mejora continuamente y por infinitésimas, y
esto es lo importante en los grupos de mejora que estamos instalando,
que estamos copiando lo que hacen muchas empresas privadas, como
usted ha dicho; lo que hicimos en Enresa, y es que por todos los
medios, y en la medida de lo posible, cada sector del organismo
funcione un poquito mejor, no mucho, sino un poquito mejor, que es de
lo que se trata.

Otros interlocutores han mencionado cosas importantes, por ejemplo,
lo referido a los espacios de tiempo, qué ocurre entre un incidente y
cuando el Consejo se entera. Es evidente que el Consejo no debe
consentir esto. En cada caso que ha ocurrido el Consejo ha hecho lo
que puede hacer, apercibir, amonestar o instruir un expediente
sancionador. Esto se ha hecho en todos los casos, y de los varios que
se han citado aquí, a pesar de todo, como no han tenido consecuencias
ni siquiera en el entorno, se les ha sometido a apercibimiento y
amonestaciones. Pero de algún modo lo que hay que asegurar es la no
reiteración. Este Consejo de ninguna manera está olvidando esa
reiteración. Lo que ocurre, señor García Breva, es que, contra lo que
usted ha dicho, no hay tantas reiteraciones. Esa es mi opinión
personal, que como todo siempre es discutible. Cada vez que ha habido
una reiteración se ha amonestado y, efectivamente,
cuando haya cinco reiteraciones en una empresa habrá que hacer
algo, porque estoy de acuerdo con el principio pero no estoy de
acuerdo con que el Consejo desprecie la reiteración como algo que no
es pecado.

Se ha mencionado el tema del Plaben, y no sólo por usted sino por
otros intervinientes. Desgraciadamente, las cosas de palacio van
despacio. Las que hacemos nosotros y las que hacen otros. Es evidente
que afortunadamente ya estamos con promesas de la Dirección General
de Protección Civil que este verano tendrá el Plaben para que por fin
intervengamos y tengamos a fin de año un Plaben realmente revisado.

Nosotros hicimos nuestra revisión creo que en abril de 2000.

Desgraciadamente, ha habido muchos contratos de Protección Civil,
muchas interlocuciones, la última en primavera, hará unos dos meses.

Entendemos que va elaborando lentamente su borrador, consultando con
todas las comunidades autónomas, con todas las delegaciones
provinciales y de algún modo se presentará este verano, al menos
teóricamente, el borrador que discutiremos en otoño y que esperamos
tener listo para fin de año.

También se han mencionado -el señor Maldonado lo ha hecho- las
comisiones de información. No nos compete a nosotros, los comités de
gobierno, decir quién va a estar o no, esa es una declaración que
tiene que hacer el Ministerio de Economía, que creo que está
receptivo, como he dicho, ha comparecido en ponencia, a aumentar el
número de alcaldes, que creo que es importante. Pero hay algo que
parece interesante para el caso catalán como son las comarcas, el
Consell Comarcal ya es un organismo. Yo soy efectivamente del
sentimiento de que si simplemente es del alcalde de quien depende la
central, no basta para difundir de un modo más extenso lo que tenga
que explicar o no explicar una central en su información. Por tanto,
ahí somos un poco sujetos pasivos. Pero impulsores, todo lo que sea
posible para que la información sea lo más fluida posible para que
llegue al mayor número de gente interesada. Dentro de Cataluña los
Consell me parecen excelentes. Los ayuntamientos de las zonas que en
estos momentos están cobrando, por ejemplo por su proximidad, por la
gestión de suelo activo de Enresa, puede ser otro tipo de mecanismos
que deben ser solicitados al Ministerio de Economía, que entiendo que
estará proclive a hacer las reformas que parecen necesarias.




Tanto en los sucesos de Trillo como en los de Garoña, tan comentados,
no ha habido en ningún caso ninguna consecuencia exterior peligrosa
para el pueblo. En Garoña hubo un escape de agua radiactiva que
tardamos en conocer, no se llegó a verter por encima de lo autorizado
al río Ebro el agua con todas las medidas que se hicieron. Es
deficiente lo que ocurrió, es criticable porque se ha amonestado, ha
habido un apercibimiento a la central porque hizo algo inadecuado.

Peroese algo inadecuado no se tradujo nunca en un riesgo



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que pueda ser considerado como importante. Estamos en un tema general
que todas SS.SS. pueden comprender -compartir no, pero comprender sí-
y es que estamos siempre ante tal cantidad de barreras de seguridad
que, a pesar de todo, dormimos tranquilos, porque lo que es evidente
es que, aunque haya fallos, generalmente otras cosas compensan esos
fallos.

También se ha planteado la seguridad de Zorita. Hay una frase que no
se ajusta a la normativa, es una frase que en rigor no quiere decir
nada; no existe esa normativa así, con mayúscula. Lo que le ocurre a
Zorita es que no sería licenciada ahora, que es algo más grave, si
ustedes quieren. Es decir, con el progreso tecnológico cada vez se
exige más a los que hacen una inversión para que la hagan lo más
segura posible. Este Consejo ha repetido en muchas ocasiones que
Zorita, siendo segura, es menos segura que otras. Quisiera transmitir
bien lo que estoy diciendo. Lo que se llama la percepción por el
público, el aspecto seguro, es su objetividad. A una central nuclear
se le exige una seguridad muy alta, mucho más alta que a muchas de
las industrias que se autorizan, como he dicho en muchas otras
ocasiones, mucho más que lo que se refiere al uso del automóvil. Eso
se traduce en que se admite que haya un riesgo grave, por ejemplo, al
núcleo, que puede ser de un suceso cada 1.000 ó 10.000 años si
continuase esa central funcionando esa cantidad de tiempo. Sin
embargo, cada vez se exige más, y se hace bien, porque una central
nuclear que hagamos mañana no va a tener las mismas características
que una que se hizo hace 20 ó 30 años. Y el deber del órgano
regulador es ver si es aceptable (con esa dificultad, esa verdad de
qué es lo aceptable y qué es inaceptable) que una central siga
funcionando en esas condiciones que son menos seguras que otras.

Cuando ha pedido nuestra apreciación sobre el caso de Zorita nuestro
juicio ha sido muy sencillo, prueba de ello es que no ha habido
riesgos, es una central bastante segura, que no ha tenido graves
incidentes, con una experiencia operativa muy razonable. ¿Qué ocurre?
Que nosotros antes de darle la vida, si es factible, tiene que llegar
a la mayor seguridad posible, que puede ser mucho más alta que la que
tiene ahora, aunque la de ahora sea aceptable y se pueda comparar con
la de las demás. Esto es lo que hicimos cuando se pidió el plazo, se
pidió un estudio y hemos llegado a unas conclusiones, que como
siempre son discutibles, en las cuales se decide que, haciendo unas
inversiones de unos cientos de millones, pueden mejorar algunas cosas
que son las que presentan más deficiencias, deficiencias para el caso
altamente improbable de que hubiese una situación extrema en la
central, por ejemplo, un incendio. A partir de ahí, si hace lo que
tiene que hacer ahora, no es que automáticamente tenga el permiso,
sino que el Consejo decide que lo ha hecho adecuadamente y el
Gobierno valorará si da el permiso o no. Esto es lo que ha sucedido
en Zorita; por tanto,
todos los detalles técnicos sobre Zorita que ustedes han oído y
conocen son los que permiten evaluar que en conjunto se llega a un
buen nivel de seguridad, pero ahí está el aspecto subjetivo de qué es
lo que se debe tolerar y qué es lo que no es tolerable.

Sobre el tema de los fondos y Enresa he de decir que el Consejo no es
competente ni tiene por qué meterse en quién maneja el fondo, lo que
tiene que conseguir es que se maneje con seguridad. El Consejo tiene
que estar atento para que al final el dinero esté disponible, cosa
que no pasa en otros países, cuando haya que desmantelarla y cuando
ha habido que desmantelar Vandellós no ha habido ningún problema con
Enresa. Por mi experiencia anterior, no como presidente del Consejo,
entiendo que Enresa manejaba adecuadamente el dinero; se ha hecho
brillantemente con rendimientos que antiguamente se consideraron como
el segundo fondo del país en cuanto a eficiencia. Se ha creado una
comisión de control, que es muy razonable, para intentar ver lo que
hace Enresa. Lo que no se debe hacer nunca es dejar el control de ese
fondo. Yo no me meto ni me compete saber cómo se gestiona el fondo,
pero el fondo no puede estar en manos privadas, en manos de quien
tenga interés crematístico, sino que se debe controlar por el Estado
y sus mecanismos para que se garantice que ese fondo está disponible
cuando sea necesario.

Señor Maldonado, cuando habla de Ascó II no acabo de entender bien de
qué me está hablando. Es un tema de extrema banalidad, en Ascó II no
ha pasado absolutamente nada. En Ascó II en un tema que no es de
seguridad, que es la soldadura que se pone para cubrir el tornillo
que sí es de seguridad, han aparecido grietas y ha habido escape de
boro. Ha ocurrido en muchas centrales en el mundo, no ha pasado nada,
se ha remediado el problema, nunca ha habido fugas de cantidades de
boro por encima de lo tolerado y se han aplicado una serie de medidas
que han reparado el problema que ha sufrido Asco II, como tantos
otros problemas que, afortunada o desgraciadamente, surgen en las
centrales del mundo. Son problemas mediáticos, se habla mucho de
Ascó, se crea por la prensa un clima de inquietud, pero hemos
remitido cantidad de informes a este Parlamento, al Parlamento
catalán, a la Generalitat, a la Delegación del Gobierno de Tarragona,
a los alcaldes concernidos, a los que se les explica con precisión la
intervención del Consejo sobre el asunto para comprobar que lo que
ocurrió allí tenía una importancia secundaria y que se remediaba con
enorme facilidad. El tema de Ascó II, me atrevería a decir y lo digo
con todo respeto, no existe. Ha habido un incidente en Asco II, como
hay tantos incidentes en otras muchas instalaciones y centrales
radiactivas, quédese tranquilo.

Sin embargo, me ha parecido muy interesante pero ignoro la respuesta,
su apreciación sobre el centro de emergencias, porque es un tema que
nos preocupa mucho, la intendencia, los gastos de emergencia, los
transportes, cómo mover a la población si hubiese un



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caso de extrema urgencia. No nos compete a nosotros más que estar
asesorando para que las cosas se hagan bien, pero es lamentable que
un centro de estas características, si existe, esté en malas
condiciones. Usted nos ha hecho su observación que yo transmitiré a
mi equipo para que el tratamiento de protección civil esté en
contacto.

La señora Urán ha citado unos documentos que nos negábamos a
entregar. Dichos documentos nos parecían que no eran públicos, que
eran elementos de reflexión interna del Consejo, que incluso podrían
ser contradictorios. Al final se nos ha impuesto por la Presidencia
de este Parlamento, a quien obedecemos, que les diéramos los informes
que se nos pedían y los hemos dado inmediatamente, y lo hemos hecho
así porque dependemos de ella, sin estar muy de acuerdo en que fuesen
unos documentos que debieran ser públicos.

También hemos comentado que no aceptamos el retraso en las
comunicaciones de lo que ocurre en las centrales. El CSN sí se oocupa
de la reiteración, como ya he contestado un poco a S.S. En cuanto a
las discrepancias del Consejo sobre Cofrentes es un tema agrandado,
señora Urán. En Cofrentes ocurren más cosas y el Consejo tarda en
evaluarlas porque sus técnicos hacen informes y discuten con la
central y, afortunadamente, hay una disposición final. El Consejo
recibe un informe técnico claro y tajante, que es el informe oficial
de los técnicos del Consejo. Yo no sé si después de esto alguno de
los técnicos sigue siendo discrepante de este informe. No me importa
mucho. En el Consejo somos 400 personas, 200 técnicos superiores, y
tienen perfecto derecho a no estar todos de acuerdo, lo que importa
es que sea una opinión jerárquicamente establecida que decida qué es
lo que opina técnicamente el Consejo y sobre esta opinión el Consejo
puede emitir su informe final.

Sobre Egmasa he de decir que el Consejo ha estudiado el proyecto y lo
ha aprobado con matices, porque ha exigido un estudio suplementario
para un riesgo eventual y futuro. Se ha aceptado que no hay ningún
riesgo en dejar los residuos como están, poniendo las capas de
arcilla que ahora se están colocando, siempre que aquello no se
convierta en una especie de piscina pública, es decir, tiene
restricciones de uso, para lo cual, como son terrenos públicos, se
han pedido informes a los organismos públicos responsables para saber
que existen razones de peso. La única duda que nos quedaba al aprobar
el informe es que no hubiese una emigración de residuos, lenta, pero
posible, hacia el estuario del río. Esto es lo que se ha pedido que
se estudie y que se evalúe al cabo de los años, estamos convencidos
de que va a ser muy favorable, pero hay que hacer el estudio, que no
está hecho. Ese estudio tiene que hacerse para que oficialmente se
acabe de completar que el proyecto de Egmasa es una cosa posible y
estamos a la espera de que Egmasa haga el estudio encargándoselo a
quien proceda.

La señora Urán habla mucho de que el plazo de explotación que estamos
dando a las centrales de diez años es muy largo. Yo no acabo de
entenderlo, porque el control de las centrales no tiene casi nada que
ver con el permiso de explotación. El período de diez años está hecho
para evitar estudios burocráticos costosos y penosos que no aportan
nada y existe en el mundo entero. Ya he comentado otras veces que la
única central que tenía permiso definitivo fue la única que se
incendió y que nosotros paramos. El creer que el permiso de
explotación es cuando el Consejo se ocupa de ver lo que pasa en la
central es un error. El Consejo controla todos los días y emite
informes todos los años y está continuamente viendo lo que pasa en la
central y tiene dos inspectores residentes. Los informes no están
directamente ligados al permiso de explotación, aunque este
condicione cosas que tiene que hacer la central.

Tenía que contestar a algunas cosas que ha dicho el señor Gómez
Darmendrail, porque es importante lo que ha dicho del programa de
protección radiológica y cómo el Consejo se organiza y cómo adquiere
estas nuevas competencias. Señor Gómez Darmendrail, el Consejo, desde
hace unos años, está cada vez más preocupado porque opinamos que el
riesgo radiactivo se va desplazando de las centrales nucleares,
altamente tecnificadas y bien controladas, a la profusión de usos de
fuentes radiactivas por todo el mundo, cada vez más difusos y menos
controlados. Es importante adquirir esta conciencia y de ahí surgen
las nuevas atribuciones y los nuevos cambios del Consejo. Hemos
querido reforzarlo hasta tal punto que se ha creado una dirección
general para asumir todas estas competencias al más alto nivel, poder
coordinarlas y enfrentarlas como es debido. Estamos haciendo cada vez
más inspecciones para tener un mayor conocimiento de lo que está
pasando, y estamos llevando a cabo un severo control de las
autorizaciones para saber que se ponen en marcha instalaciones
radiactivas que realmente tienen capacidad suficiente para hacer
frente a los riesgos que puedan plantearse.

Ya hemos comentado el problema del Plaben. En cuanto a los
simulacros, creo que es una cosa excelente; en el fondo, es algo que
estamos empezando a hacer y tienen que darnos lecciones. El Consejo
no es más que un agente pasivo en esta historia, está asesorando,
pero los simulacros que se han hecho han sido satisfactorios porque
se han puesto en evidencia carencias graves. Aquí nos tropezamos con
algo que el señor Gómez Darmendrail entenderá enseguida, y es que el
banco de información es importante para alertar a la población pero,
al mismo tiempo, no puede estar diciendo siempre que viene el lobo,
porque luego el lobo no viene nunca. Hay que hacerlo con mucha
prudencia y con mucho distanciamiento, porque si hacemos un simulacro
todos los años, estaremos perdidos y lo convertiremos en una especie
de verbena. Es importante hacerlo muy seriamente, muy intensamente y,
sobre todo,



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aprender (como ya se está aprendiendo de los que se han hecho) que
hay deficiencias claras. En ese aspecto, quiero hacer hincapié, una
vez más, en que hace falta dotarse de los mecanismos técnicos para
hacer frente a una emergencia. Eso cuesta dinero, como les comentaba,
y además es un dinero un poco muerto porque uno se dota de equipos o
de contratos que, afortunadamente, no va a usar, pero que tiene que
tener.

Respecto al Pimic, creo que es importante, pero tampoco ha habido
mucha información mediática. Nosotros opinamos (porque lo
inspeccionamos desde el principio) que el Ciemat no supone riesgo
alguno para el medio ambiente del entorno, pero en seguridad nuclear
hay un principio, que es el de tan bajo como sea posible conseguir de
un modo razonable. En el Ciemat todavía queda mucho por limpiar, que
se puede hacer a un coste razonable, y esto es lo que el Pimic
pretende hacer. Sin embargo, esto no quiere decir (y esto es lo
peligroso) que al final no quede nada nuclear radiactivo en el
Ciemat. Es importante que el Ciemat siga teniendo la capacidad de
asumir, gestionar, tratar y analizar cosas nucleares y radiactivas,
porque es esencial como base, digamos, de intendencia en el país. No
existe país en el mundo desarrollado que no tenga alguna instalación
capaz de tratar, de manejar cosas radiactivas, porque sería
lamentable. Los pararrayos se han mandado a Inglaterra, todas las
agujas de radio que estaban almacenadas desde hace 30 años en el
Ciemat se han mandado a los Estados Unidos, porque en algún lado
había que ponerlas. Por tanto, el Ciemat debe ser saneado tanto como
sea posible y mantenido como estación radiactiva y nuclear en la
ciudad universitaria.

Finalmente, me ha hablado de la saturación de las piscinas. El
remedio de lo que pasa en Trillo son los contenedores en seco, que lo
que hacen, en cierto modo, es ampliar las piscinas. Lo que ocurre es
que cuando se saturen las piscinas (alguna tardará todavía unos
años), si no se cierra la central, habrá que hace contenedores en
seco. Al final, lo tremendo es que si se piensa cerrar una central
(como he dicho en mi exposición y quiero subrayar, porque usted me lo
facilita), algo habrá que hacer con el combustible que no puede estar
ya en la piscina ni puede estar en contenedores en seco. Habrá que
inventar un almacenamiento temporal centralizado o uno (que será más
caro) en cada central de otra índole -por ejemplo, bóvedas-, que sea
autónomo y no necesite mantener en marcha toda la central sin
producir energía eléctrica, que es a lo que estaremos abocados en
Zorita si no se hace algo para tener a dónde llevar el combustible;
si no, Zorita costará lo mismo que ahora, sin producir un kilovatio.

No sé si he contestado a todo, por lo menos lo he intentado.

Agradezco a SS.SS. sus intervenciones. (El señor Maldonado Gili pide
la palabra.)



El señor VICEPRESIDENTE: Señor Maldonado, le ruego que sea muy breve.

El señor MALDONADO GILI: El señor Kindelán, como consta en el 'Diario
de Sesiones', ha dicho: No entiendo nada de lo que dice de Ascó.

Después he visto que era producto de su hábil retórica porque
finalmente ha contestado lo que yo quería. Pero como tampoco ha sido
todo lo que yo esperaba, quiero dejar constancia de que me ha
preocupado que usted dijera que no entendía mi explicación. Mi
explicación no iba hacia el problema técnico porque -como muy bien he
dicho- el señor Pérez Reverté me explicó técnicamente el problema de
la soldadura que rezumaba boro. Por tanto, yo salí satisfecho
y tranquilo después de la explicación, porque no había sido grave,
había sido un simple incidente menor. De lo que yo me quejaba (y
usted al final ha ido a ello) era de la confusión en la información.

Usted ha dicho que habían informado al Parlament de Catalunya, al
Gobierno central, al Congreso, a los ayuntamientos; pero tarde.

Mientras tanto, salían noticias, que no sabíamos si venían del
Consejo, de la Subdelegación del Gobierno, de rumorología de la
calle, que hablaban de averías de un año y pico. Y esto no era
cierto. Yo tuve la suerte, como diputado, de ir a la central, ser
informado y salir tranquilo, pero la ciudadanía no, y esta era mi
queja y mi preocupación. Después, de alguna forma, usted lo ha
explicado; pero inicialmente ha dicho que no entendía nada. En
cualquier caso, no era esta mi pregunta. Mi pregunta se refería a la
problemática en la rápida respuesta de la Administración, en este
caso de los responsables, que también era el Consejo.




El señor PRESIDENTE: Señor Kindelán, si quiere, se puede pronunciar.




El señor PRESIDENTE DEL CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR (Kindelán
Gómez): Lo acepto plenamente y agradezco su intervención. Una vez
más, me reitero en la dificultad que supone comunicar. Lo cierto es
que nosotros hemos intentado actuar en el momento en el que hemos
tenido información del hecho, pero no siempre es fácil, a pesar de
eso, hacerlo como es debido.




El señor VICEPRESIDENTE: Muchas gracias, señoras y señores diputados,
por sus intervenciones. Muchas gracias, señor Kindelán.

Resumiendo lo que es una comparecencia no solamente para informar
-como tantas veces se ha dicho ya- de las actuaciones del Consejo en
el año 1999, sino, en parte también de algunas del año 2000, y sobre
todo para hacer un balance de muchos años de gestión, me atrevería a
recordar algo que quizá nos corresponde hacer como Cámara. El Consejo
de Seguridad Nuclear es un órgano de extracción parlamentaria. En el
comienzo de la democracia en este país, cuando decidimos dotarnos de
mecanismos de garantía para el público de que la seguridad nuclear en
nuestro país tenía buenos valedores, tomamos una decisión y fue no
acercarlo



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al Gobierno (con independencia de que la colaboración sea
imprescindible), sino hacerlo depender del órgano de la soberanía
nacional, que es el Congreso de los Diputados, las Cortes Generales.

Esta ha sido la trayectoria.




Yo tengo la sensación (y creo que somos nosotros quienes tenemos que
apreciarlo como Cámara de la cual toman su legitimidad no solamente
los nombramientos de miembros del Consejo, sino que el Consejo
también rinde cuentas ante esta Cámara) de que, a lo largo de estos
años, no sé si se ha ganado mucha más confianza, como decía el
presidente del Consejo de Seguridad Nuclear, pero se ha preservado la
que existía y, en todo caso, ha habido una garantía real. A mí me
parece que el Congreso, simultáneamente, ha ido sacando algunas
lecciones de todos estos años. Ha modificado la ley fundacional, ha
dado nuevos recursos al Consejo, ha alterado algunas de las
previsiones legales y reglamentarias o, por lo menos, las ha aprobado
y ha dado su beneplácito.

Señor Kindelán, yo creo que las apreciaciones que usted ha hecho, en
este sublegado que es la intervención final ante esta Cámara, van a
ser tomadas en consideración por todos los grupos parlamentarios para
seguir modificando, para seguir alterando, para seguir impulsando la
tarea que tiene encomendada el Consejo de Seguridad Nuclear, con una
presidencia que será distinta ya de la suya. En todo caso, me parece
que esto es algo que esta Cámara tiene que agradecer al órgano que
ella misma ha creado y que depende de ella. No sé si al Gobierno le
corresponderá felicitar a quienes sean salientes del Consejo de
Seguridad Nuclear. En todo caso, con todas las apreciaciones, incluso
con los matices críticos que sin duda alguna se han producido y se
deben seguir produciendo, naturalmente, hoy podemos decirle: gracias
por los servicios prestados a la seguridad, al sentimiento de los
ciudadanos. Gracias también, como no podía menos de ser, por haber
atendido todas las recomendaciones, incluso las instrucciones de esta
Cámara cuando ha sido requerido para ello. Muchas gracias por su
esfuerzo de estos años, gracias por su servicio público, señor
Kindelán.

Vamos a suspender la sesión un minuto, para despedir al señor
Kindelán.




PROPOSICIONES NO DE LEY:



- SOBRE LA REALIZACIÓN DE UN PLAN DE DIVERSIFICACIÓN ECONÓMICA PARA
JÉDULA (CÁDIZ). PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
(Número de expediente 161/000768.)



El señor VICEPRESIDENTE: Finalmente, habiendo sido retiradas dos
proposiciones no de ley inicialmente presentadas, queda viva para
consideración en esta sesión la que figura como punto número 4 en el
orden del día de la Comisión, sobre la realización de un plan de
diversificación económica para Jédula (Cádiz), a propuesta del Grupo
Parlamentario Socialista.

Para su defensa, tiene la palabra la señora Sánchez.




La señora SÁNCHEZ DÍAZ: La proposición no de ley que defiendo en
nombre del Grupo Parlamentario Socialista nace como consecuencia de
la situación en la que ha quedado la pedanía de Jédula, perteneciente
al municipio de Arcos de la Frontera, en Cádiz, tras el cierre de una
fábrica azucarera de la empresa Ebro-Puleva.

Esta pedanía de 2.300 habitantes ha dependido siempre de esta
azucarera. Familias que tenían sus puestos de trabajo, negocios,
tanto pequeños como medianos, que vivían del movimiento de esta
fábrica y empresas auxiliares de la comarca, se han visto
perjudicadas con este cierre de la azucarera. En total, es un dato
aportado por el alcalde del Partido Popular de la ciudad de Arcos, en
este pueblo se va a dejar de contar entre 500 o 600 millones de
pesetas al año, tras el cierre de la misma.

De nada ha servido que durante meses los ciudadanos de Jédula y de
toda la comarca hayan salido a la calle a pedir no al cierre; un
cierre ciertamente incomprensible para una fábrica que obtenía
beneficio para la empresa y para la zona. De nada ha servido tampoco
que el ministro de Agricultura, Miguel Arias, comunicara que iba a
solicitar la intermediación del ministro Rodrigo Rato para evitar el
cierre de la factoría, como persona que podía influir en la decisión
de la empresa.

Hay que tener en cuenta que hay una parte del accionariado público en
la empresa Ebro-Puleva y que, además, su presidente fue propuesto por
el ministro de Economía para el puesto que hoy ocupa. Pero esto
tampoco evitó el cierre. Además, el Gobierno no ha querido escuchar
la demanda de los ciudadanos. Parece ser que este Gobierno nunca
quiere escuchar sobre todo las demandas de esos ciudadanos que
estamos al sur del sur. Ha habido otra cosa, y es que ha primado los
intereses empresariales y económicos de una empresa con el objetivo
de incrementar sus beneficios antes de tener en cuenta los intereses
económicos y sociales de una comarca.

Pero en este caso también ha existido una mala planificación. Hace
dos años que la empresa tenía tomada la decisión de cerrar dos
centros según el plan de reestructuración y modernización, y con toda
la probabilidad Jédula iba a ser uno de los que se cerrase. Por
tanto, hubiese sido el momento hace dos años de buscar fórmulas
alternativas para ir poniéndolas en marcha tras el cierre de la
azucarera de Jédula, pero no se ha tenido la más mínima
consideración, como tampoco se ha tenido consideración con los más de
doscientos trabajadores de la fábrica. Durante cuatro meses en sus
vidas no ha habido más que incertidumbre y rumores sobre cuál iba
a ser su futuro laboral. Nadie informaba oficialmente de lo que iba a
pasar, pero ellos ya sospechaban desde



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las pasadas Navidades que la azucarera de Jédula se podía cerrar en
breve porque las labores de reparación, de poner en puesta en marcha
de las máquinas para cuando se iniciase la campaña no se estaba
haciendo.

Sin embargo, nada supieron oficialmente hasta mediados del mes de
marzo.

Hoy Jédula es un pueblo abocado a la muerte. Son muchas las
connotaciones que no se han tenido en cuenta y que están marcando a
una comarca situada en la provincia con más paro de España. En total,
el cierre de esta factoría ha afectado a 300 puestos, tanto los que
trabajaban en la empresa como en empresas auxiliares. Los
trabajadores fijos de la empresa se han marchado a otras fábricas.

Los 82 fijos discontinuos han perdido sus empleos, y algunos de ellos
llevaban casi treinta años. Los negocios de las pedanías se están
resintiendo. Los jóvenes saben que allí ya no tienen futuro. Los
mayores están preocupados porque piensan que los pocos servicios
sociales con los que cuenta la pedanía irán desapareciendo conforme
la gente se vaya yendo. Para colmo, quien tiene una vivienda, unos
terrenos o un negocio, sabe que sus inmuebles se quedan sin valor
porque nadie compra en un pueblo fantasma.

Es necesario que se evite urgentemente la desaparición de Jédula, y
el Gobierno debe asumir sus responsabilidades. Espero que luego el
diputado del Partido Popular, que probablemente sea el compañero de
Cádiz, haga por primera vez un discurso lleno de iniciativas y no
vacío de contenidos, como lo suele hacer cuando habla de la
provincia.

Desde el Grupo Parlamentario Socialista pedimos que se inste al
Gobierno a realizar un plan de diversificación económica que
contemple las inversiones necesarias de los ministerios competentes,
que palie las consecuencias del cese de la actividad azucarera, que
genere empleo alternativo a los puestos de trabajo desaparecidos,
y además consideramos que se deben llevar a cabo algunas medidas
incentivadoras y que en los Presupuestos Generales del Estado se dote
de una partida necesaria para que se pueda llevar a cabo el nuevo
desarrollo económico de Jédula.

Como también me preguntarán qué hacen otras administraciones, quiero
decir que la Junta de Andalucía ha mostrado su disposición de ayudar
a la pedanía de forma que cualquier inversión que se realice en
Jédula será subvencionada con el 30 por ciento, dentro de lo
establecido en la zona de actuación especial, además de contar con
las ayudas del Plemca, que se han extendido a toda la provincia de
Cádiz.

Probablemente también el diputado del Grupo Parlamentario Popular que
me siga en la palabra diga que ellos tienen la solución para Jédula,
y que es algo que anunciaron pocos días antes del cierre: la fábrica
de bioetanol. Quiero dejar claro que desde el Grupo Parlamentario
Socialista no tenemos nada en contra de ese proyecto, pero hasta
ahora es un proyecto en el aire, del que no se ha informado mucho, y,
que además tardaría
unos cinco años. No podemos esperar esos años que, por ejemplo, ha
tardado en poner en práctica en Salamanca. Hay algo que nos hace
desconfiar del mismo, y es que el Gobierno del Partido Popular no
acaba de apoyar los biocombustibles, como se demostró hace muy pocas
semanas en esta misma Comisión en que los diputados del Partido
Popular votaron en contra de una iniciativa socialista en la que se
instaba al Gobierno a que incentivara, mediante una exención
sustancial de los impuestos especiales, el desarrollo de los
biocarburantes, facilitando de esta forma su distribución.

Si se realiza la planta de bioetanol que sea con todas las garantías
de éxito, porque la provincia de Cádiz lo que menos necesita son
experimentos. Necesitamos realidades, necesitamos inversiones y
necesitamos puestos de trabajo, algo a lo que precisamente no se ha
contribuido con el cierre de la azucarera de la empresa Ebro-Puleva,
algo que ya no tiene solución de volver a reabrirla, pero sí la
tenemos en presentar iniciativas. Por ello pido que empecemos a
remediar la situación de Jédula y el voto favorable para esta
proposición no de ley.




El señor VICEPRESIDENTE: En el turno de grupos, tiene la palabra el
señor Mancha, en nombre del Grupo Popular, al que le veo con muchas
ganas de intervenir.




El señor MANCHA CADENAS: Las lógicas, señor presidente.

En verdad no debía intervenir, porque la portavoz del Grupo
Socialista ha hecho no sólo una intervención en cuanto a su
posicionamiento, sino también en cuanto al posicionamiento, haciendo
un magnífico alarde de futurismo, de lo que pienso o puedo decir en
esta intervención.




Bendita sea, señor presidente, la juventud, que lleva a la inocencia,
y no sea tan buena la veteranía, que lleva a la libertad y a la
radicalización, como usted sabe. (Rumores.)



El señor VICEPRESIDENTE: Guarden silencio, se lo ruego.




El señor MANCHA CADENAS: Una vez dicho eso, este diputado ya no
sufre, señor presidente, porque tiene la piel curtida en mil batallas
y todos los días se desayuna en los medios de comunicación con
flechas envenenadas de la señora diputada que habla de cierta derecha
recalcitrante que personifica este diputado. Está claro, señor
presidente, que de ninguna manera voy a entrar en ese campo, producto
de la ignorancia y de la inocencia.




El señor VICEPRESIDENTE: Le ruego que no entre, señor Mancha.




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El señor MANCHA CADENAS: La larga exposición de motivos de la
proposición no de ley sobre la situación dantesca que se vive en este
momento en una pedanía que pertenece al municipio de Arcos de la
Frontera, gobernado por el Partido Popular en mayoría absoluta desde
hace más de 12 años, carece a mi entender del rigor necesario.

En primer lugar, habla de la casi desaparición de un núcleo
poblacional importante, de 2.200 habitantes. Habla de un golpe de
mano caprichoso de Ebro-Puleva. Habla de una falta de previsión del
Gobierno de la nación. Habla de que no existen alternativas y habla,
por fin, de la falta de necesidad de la medida.

Es importante que, en la Comisión y en el Pleno, los diputados
tengamos el rigor y la seriedad que se nos exigen, que nos atengamos
a la veracidad de los hechos y que los expongamos huyendo del
tremendismo y de la alarma. Hay excesiva sombra de inexactitud sobre
la exposición que ha hecho la diputada señora Sánchez.

En 1981-1982, el Partido Socialista hablaba ya de la necesidad de una
modernización del sector. Había países, como Brasil, que generaban
una industria un tercio más barata que la europea y, a partir de
1984, empezó el cierre de factorías de azúcar en Gran Bretaña, en
Francia, en Italia, en Alemania, etcétera.

No se ha hecho caprichosamente, se ha hecho de acuerdo -absolutamente
de acuerdo- con el comité intercentros y se ha dispuesto que haya una
planta en el norte -como bien ha dicho la señora Sánchez-, que es la
de Salamanca, y una planta en el sur -que desgraciadamente no ha
correspondido a Jédula porque así lo han acordado no solamente los
gestores de EbroPuleva sino también el comité intercentros-
residenciada en la provincia de Cádiz.

La pérdida de 105 puestos de trabajo fijos y aproximadamente un
centenar de fijos discontinuos ha producido un daño en Jédula. Claro
que también es cierto que los 105 puestos de trabajo fijos han sido
recolocados en otras empresas, puesto que la provincia de Cádiz tiene
dos azucareras más, muy cercanas, en el marco de Jerez, y ha habido
además reubicaciones, prejubilaciones y bajas incentivadas en los
indirectos. Es decir, que no se ha producido ninguna situación de
desamparo entre los doscientos y pico trabajadores fijos discontinuos
o fijos que tenía la empresa. Todo se ha hecho ajustado a derecho. La
clausura del centro fabril se ha hecho ajustada a derecho y con las
bendiciones del comité intercentros. Se ha hecho un estudio
pormenorizado de cada trabajador y se han estudiado las alternativas
para Jédula, de cuya efectividad duda la señora Sánchez.

Desde 1982 a 1996, la bahía de Cádiz perdió más de 1.000 puestos de
trabajo en el sector naval, que significaron una inversión de más de
200.000 millones de pesetas que prácticamente se tiraron a las aguas
de la bahía. Quien conozca Cádiz, sabe que la población está en el
furgón de cola del desempleo gracias a la política
seguida por los gobierno socialistas. Hoy las políticas han cambiado
y existen planes de reindustrialización en el Campo de Gibraltar por
valor de más de 15.000 millones de pesetas, ayudas a zonas deprimidas
como Cádiz-La Línea o ayudas a sectores problemáticos como es el
naval, donde el sector no extractivo no ha recibido ninguna ayuda de
la Junta de Andalucía.

Refiriéndome a Jédula e intentando ser, se lo aseguro, señor
presidente, lo más telegráfico posible, quisiera decir que el
Gobierno desde el primer momento, en cuanto vio la conveniencia de
Ebro-Puleva de cerrar la fábrica de Jédula, comenzó la andadura de la
alternativa. Los propios medios de comunicación vienen diciendo que,
en cuanto a instalaciones, ya existe la alternativa de una planta de
biocombustible y que la propia Junta critica la alternativa de esa
planta. Fíjense, señorías, hay hasta manifestaciones del delegado del
Gobierno andaluz, en Cádiz, en las que se opone frontalmente a la
planta de biocombustible. Junto a ello, lo dicen los propios medios
de comunicación, las declaraciones del delegado del Gobierno chocan
con las expresadas por algunos otros miembros del Partido Socialista.

Así, la parlamentaria socialista Blanca Alcántara declaró que para la
Junta cualquier proyecto de desarrollo de la comunidad es bienvenido.

Ya existe aquí un divorcio claro entre la voluntad de los diputados
-pienso que de la señora Sánchez también-, que quieren de alguna
forma remediar la tragedia que en estos momentos se cierne sobre
Jédula, y la contestación que da la propia empresa Ebro-Puleva de la
creación y puesta en marcha (por cierto, será en el año 2002 cuando
comience la fabricación en Salamanca, no dentro de seis años) de la
planta de biocombustible en la pedanía de Arcos.

Existen comunicaciones, aparte de que ya se ha creado esa sociedad
inversora de energía y medioambiente, de biocombustible, del alcalde
de Arcos de la Frontera y de Ebro al consejero de Agricultura de la
Junta de Andalucía, señor Plata, en las que se le piden reuniones
y que de alguna forma exprese la posición de la Junta de Andalucía en
cuanto a esa alternativa importantísima que puede significar nada más
y nada menos que la creación de más de 200 puestos directos y más de
700 puestos indirectos. Hasta ahora el propio consejero no ha tenido
a bien convocar ninguna reunión ,y lo que es peor, no ha expresado su
parecer con respecto a la nueva empresa que podría crearse al haberse
perdido la fábrica de azúcar.

Quisiera hacer, señor presidente, un llamamiento a la seriedad en el
rigor de las afirmaciones. Jédula es una pedanía que está,
aproximadamente, a 14 kilómetros de Arcos, que se ha visto despojada,
por una política que inició el Partido Socialista y por la propia
estructura del sector, de una fábrica importante, que es una cuestión
que lamentamos todos; pero al mismo tiempo junto a la carta de cierre
aparecía la carta de la alternativa -las propias comunicaciones del
consejero



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de la Junta de Andalucía y los medios de comunicación así lo
atestiguan- y no tiene ningún sentido la apuesta negativa que se está
haciendo en estos momentos.

Quisiera terminar diciendo que la postura del Grupo Popular es
claramente negativa a esta proposición no de ley, no porque no
reconozcamos mucha parte de la exposición de motivos, sino porque
creemos que no es verdad que haya un desentendimiento por parte del
Gobierno de la nación, que no es verdad que no haya una apuesta clara
por Jédula, que no es verdad que no se hayan instrumentalizado ya los
medios convenientes y que sí es verdad, lamentablemente es verdad,
que la Junta de Andalucía tiene secuestrada, cercada, aislada, no
solamente a Arcos de la Frontera por tener un ayuntamiento popular,
sino a la propia comarca.

El ejemplo lo tiene la señora Sánchez. Sabrá que de la energía de
ciclo combinado es la de menos impacto, la más limpia, y lo ha dicho
la propia consejera de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, que
tiene todas las bendiciones. En Arcos de la Frontera hay tres
proyectos de una inversión de más de 80.000 millones de pesetas,
tremendamente respetuosa con el medio ambiente, que significaría más
de 500 puestos de trabajo directos y más de 1.000 indirectos y en
este momento está siendo boicoteado por el propio Partido Socialista
de Cádiz, buscando una demagogia bastante barata, tremendamente
ineficaz, dañina, sin lugar a dudas, a los intereses de Arcos de la
Frontera y su comarca. Ayer mismo el secretario general del Partido
Socialista de Cádiz manifestaba que Arcos exclusivamente
debe pivotar sobre el sector turístico y que en consecuencia
cualquier intento, aunque sea limpio, de buscar alguna eclosión más
importante de Arcos y su comarca -insisto que está a 14 kilómetros
Jédula- puede ser verdaderamente perjudicial para los intereses del
Partido Socialista Obrero español en Cádiz.

Sin entrar, por supuesto, a hacer ninguna manifestación con respecto
a la señora Sánchez, sí le pediría que estudie con rigor y con
seriedad las proposiciones que presenta, que se atenga a la veracidad
de los hechos y que huya del catastrofismo y de la alarma ciudadana,
verdadera bandera del Partido Socialista en la provincia de Cádiz.




El señor VICEPRESIDENTE: Terminamos con esto las intervenciones,
salvo que haya algún otro grupo, que me parece que no hay, que quiera
fijar su posición. Vamos a someter a votación la proposición no de
ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13;
en contra, 17.




El señor VICEPRESIDENTE: Queda rechazada la proposición no de ley del
Grupo Parlamentario Socialista.




Se levanta la sesión.




Era la una y treinta minutos de la tarde.