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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 242, de 29/05/2001
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2001 VII Legislatura Núm. 242
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NOTA INFORMATIVA: En la edición impresa de este Diario, sus páginas
aparecieron, por error, numeradas desde la 3651 a la 3678. Tal error
ha sido corregido en la presente edición electrónica.
(Vease 'DS. Congreso de los Diputados' Comisiones, núm. 285)
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RÉGIMEN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. NARCÍS SERRA I SERRA
Sesión núm. 11
celebrada el martes, 29 de mayo de 2001
ORDEN DEL DÍA:
Comparecencia de la señora subsecretaria de Administraciones Públicas
(De Cospedal García) para informar sobre:
- El nivel de seguimiento que a lo largo del Presupuesto 2000 se ha
realizado por el Ministerio para el control de las contrataciones
realizadas de prestaciones de los distintos servicios contratados
externamente. A solicitud del Grupo Parlamentario Socialista. (Número
de expediente 212/000450.) . . . (Página 7252)
- La ejecución en el Presupuesto del año 2000 y lo que ha
transcurrido en el 2001 respecto de la adjudicación de contratos para
prestación de servicios, qué empresas han sido las adjudicatarias,
cuál es el seguimiento que se las realiza, nivel de satisfacción de
la Administración respecto de las prestaciones de los servicios y
nivel de prestación de servicios de las empresas
adjudicatarias, tanto en las empresas adjudicatarias de prestación de
servicio como las de servicios para estudios técnicos. A solicitud
del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 212/
000452.) . . . (Página 7252)
Preguntas:
- Del señor Ripa González (Grupo Parlamentario Socialista), sobre
funciones, nombramientos y composición de los gabinetes técnicos de
las Delegaciones de Gobierno en las Comunidades Autónomas. (Número de
expediente 181/000500.) . . . (Página 7262)
- Del señor Martínez Sanjuán (Grupo Parlamentario Socialista), sobre
programa de simplificación de sedes administrativas en las
Comunidades Autónomas para el año 2001. (Número de expediente 181/
000567.) . . . (Página 7264)
- De la señora López González (Grupo Parlamentario Socialista), sobre
cumplimiento del compromiso de reducción del gasto de bienes
inmuebles. (Número de expediente 181/000742.) . . . (Página 7265)
- De la misma señora diputada, sobre convocatoria por el Ministerio
de Administraciones Públicas de la mesa de contratación. (Número de
expediente 181/000746.) . . . (Página 7267)
Proposiciones no de ley:
- Sobre exclusión en el próximo proyecto de ley de Presupuestos
Generales del Estado del límite general a las convocatorias de nuevas
plazas en las Administraciones públicas. Presentada por el Grupo
Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/000650.) . . .
(Página 7268)
- Sobre la realización de un estudio sobre la situación laboral de
las empleadas públicas, con el fin de adoptar las acciones positivas
necesarias para que las mujeres desarrollen su carrera administrativa
en igualdad de condiciones que los hombres. Presentada por el Grupo
Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/000734.) . . .
(Página 7273)
Vacantes Mesa Comisión.
- Elección de secretaria de la Mesa. (Número de expediente 041/
000015.) . . . (Página 7278)
Se abre la sesión a las diez y cinco minutos de la mañana.
El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a empezar la Comisión, que tiene
un orden del día apretado e incluye un nuevo punto, si hay acuerdo
sobre ello.
Doña Susana Camarero ha renunciado a ser miembro de la Mesa y
podríamos votar en último lugar, cuando votemos las proposiciones no
de ley, su sustitución como secretaria de la Mesa de la Comisión.
¿Hay acuerdo sobre la inclusión de este punto? (Asentimiento.)
- COMPARECENCIA DE LA SEÑORA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS (DE COSPEDAL GARCÍA), PARA INFORMAR SOBRE:
- EL NIVEL DE SEGUIMIENTO QUE A LO LARGO DEL PRESUPUESTO 2000 SE HA
REALIZADO POR EL MINISTERIO PARA EL CONTROL DE LAS CONTRATACIONES
REALIZADAS DE PRESTACIONES DE LOS DISTINTOS SERVICIOS CONTRATADOS
EXTERNAMENTE. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número
de expediente 212/000450.)
- LA EJECUCIÓN EN EL PRESUPUESTO DEL AÑO 2000 Y LO QUE HA
TRANSCURRIDO EN EL 2001 RESPECTO DE LA ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS PARA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS, QUÉ EMPRESAS HAN SIDO LAS ADJUDICATARIAS,
CUÁL ES EL SEGUIMIENTO QUE SE LES REALIZA, NIVEL DE SATISFACCIÓN DE
LA ADMINISTRACIÓN RESPECTO DE LAS PRESTACIONES DE LOS SERVICIOS Y
NIVEL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS,
TANTO EN LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS DE PRESTACIÓN DE SERVICIO COMO
LAS DE SERVICIOS PARA ESTUDIOS TÉCNICOS. A SOLICITUD DEL GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA (Número de expediente 212/000452.)
El señor PRESIDENTE: Empezamos el orden del día previsto en la
Comisión con la comparecencia de la señora subsecretaria del
Ministerio de Administraciones Públicas, a quien agradezco que esté
entre nosotros y a quien hemos pedido que resuma en una única
intervención las respuestas a las dos comparecencias solicitadas.
Tiene la palabra la señora subsecretaria de Administraciones
Públicas.
La señora SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (De Cospedal
García): Muchas gracias, señor presidente.
Buenos días, señorías. Como ha dicho el presidente, voy a unir las
dos peticiones de comparecencia en una única intervención, ya que se
trata de informar a la Comisión de Administraciones Públicas acerca
del seguimiento, control y ejecución de los contratos de servicios de
asistencia y de consultoría que se han realizado o se están
realizando por el Ministerio de Administraciones Públicas durante los
ejercicios 2000 y 2001.
Sólo por clarificar una cuestión previa, permítanme comenzar mi
intervención tratando de aclarar dos conceptos fundamentales a la
hora de desarrollar mi exposición, lo que se configura y se considera
como contratos de consultoría, de asistencia y de servicios. Como
saben SS.SS., anteriormente estos contratos se encontraban regulados
fuera de la legislación general de contratos de las administraciones
públicas y en la actualidad, sin embargo, se encuentran regulados en
la legislación común, en la Ley 13/1995, de contratos de las
administraciones públicas. Este tipo de contratos se ha convertido en
un instrumento útil para todas las administraciones del Estado y
particularmente para lo que se refiere a la Administración general
del Estado y al Ministerio de Administraciones Públicas y, repito, se
encuentran regulados en el título IV del libro II del texto refundido
de la Ley de contratos de administraciones públicas. ¿Cuál es la
diferencia esencial entre ambos tipos de contratos? Que los contratos
de asistencia y de consultoría se identifican fundamentalmente porque
su objeto consiste en prestaciones de carácter intelectual. Todo
aquello que no sea una prestación de carácter intelectual, de acuerdo
con la ley, se configura como un contrato de servicios, exceptuando
el desarrollo de programas de ordenador a medida, que el legislador
también configura como contratos de servicios. Estos contratos se
realizan por la Administración -porque son contrataciones externas-
para cumplir finalidades o satisfacer necesidades administrativas que
no pueden ser cubiertas por la labor ordinaria de los órganos de la
Administración. Para prevenir que esto sea así, y estableciendo
algunas cautelas, el legislador obliga a que, dentro del expediente
administrativo, se incorpore una justificación de la insuficiencia de
medios personales o materiales para realizar este tipo de
prestaciones. Así, en el expediente administrativo tiene que figurar
una justificación: de que la Administración pública carece de
personal con la cualificación
y conocimientos necesarios para desarrollar la tarea que
pretende contratar; de que, aunque dispone del equipo humano
debidamente cualificado, éste se encuentra dedicado al trabajo
ordinario y no puede atender necesidades de carácter coyuntural o de
que este tipo de prestación resulta más barata contratándola
externamente. Sin embargo, esta justificación que previene la ley
adolecía de una evidente limitación y es que el informe era evacuado
por el propio órgano que proponía la contratación. Para revitalizar
esta cautela, el Ministerio al que represento ha promovido el
desarrollo legislativo de la misma y, así, en el Real Decreto 119/
2001, de 9 de febrero, por el que se aprueba la oferta de empleo
público para el año 2001, se señala que la certificación sobre la
insuficiencia de medios personales corresponde no al órgano
proponente de la contratación, sino al responsable de la gestión de
los recursos humanos en cada departamento u organismo público.
Sin querer dar demasiados datos que abrumen a SS.SS., pero
entendiendo que la petición de comparecencia se refiere al volumen de
la contratación, a las clases de contratos y a las principales
empresas adjudicatarias, comenzaré por exponer el número de contratos
de estas categorías que se han celebrado en los períodos 2000 y 2001.
Durante el pasado año 2000 y en lo que va del 2001, el Ministerio de
Administraciones Públicas ha celebrado un total de 283 contratos de
este tipo, con un volumen económico cercano a los 1.400 millones de
pesetas. De éstos, 160 contratos de adjudicaron en el año 2000, por
un importe de casi 750 millones de pesetas, y en el 2001, hasta la
fecha, se han adjudicado 123 contratos, por un montante cercano a los
640 millones de pesetas. En cuanto a la distribución por el tipo de
servicio y atendiendo a su importe, los contratos más importantes son
los de tecnologías de la información y comunicaciones, que absorben
un 37,12 por ciento; después estarían los contratos de limpieza, con
un 30,58 por ciento y en tercer y cuarto lugar, con porcentajes muy
aproximados, se sitúan los contratos de reparación, mantenimiento y
conservación de edificios y los contratos de seguridad, con un 13 y
un 11 por ciento respectivamente; el 6,7 por ciento restante
corresponde a otros servicios.
Respecto a las formas de adjudicación de estos contratos (es decir,
el procedimiento por el cual se designa al contratista), de los 283
contratos adjudicados en este período, 195 son contratos menores, es
decir, la cuantía de estos contratos (lo cual es muy típico en estas
formas de contratación) es inferior a dos millones de pesetas. Esto
quiere decir que se pueden adjudicar sin necesidad de pasar por la
mesa de contratación. En el Ministerio de Administraciones Públicas,
con independencia de que se trate de contratos menores, la mesa de
contratación actúa examinando al menos tres de las ofertas que se
presenten, aunque no venga impuesto por la ley. De estos 195
contratos menores, el 42 por ciento se ha celebradoen el campo de las
tecnologías de la información
y las comunicaciones, alcanzando un importe total de 75,5 millones de
pesetas; el 21 por ciento corresponde a contratos de reparación,
mantenimiento y conservación de edificios, por un importe de 38,5
millones de pesetas, aproximadamente; el 7,17 por ciento corresponde
a servicios de limpieza y el 25 por ciento restante corresponde
a otros servicios, a los que luego me referiré. Esto por lo que se
refiere exclusivamente a la forma de adjudicación que viene
identificada por el volumen cuantitativo del contrato, es decir,
contratos menores de menos de dos millones de pesetas.
El procedimiento prioritario para adjudicar contratos en el
Ministerio es el del concurso, por el que se han adjudicado 64
contratos, por un valor de 1.035 millones de pesetas (en el bien
entendido que, de los 1.400 millones que supone el volumen total de
contratación, 1.035 millones se han adjudicado mediante concurso), y
se ha acudido al procedimiento negociado en un 12 por ciento del
volumen total de contratación, han sido 24 contratos, por valor de
169 millones de pesetas, aplicados fundamentalmente en el ámbito de
la informática. El procedimiento negociado se ha elegido siempre por
razones técnicas, es decir, porque era uno sólo el proveedor o la
empresa que podría prestar estos servicios.
Me he referido al número de contratos y a las formas de adjudicación,
analizaré ahora la otra parte que quedaría en esta exposición, que es
el tipo de servicios que se han contratado. En términos generales, la
tipología de los servicios contratados externamente por el Ministerio
de Administraciones Públicas no dista mucho de la de otros
departamentos ministeriales. En concreto, los servicios contratados
han sido los siguientes: servicios de limpieza, servicios de
seguridad, servicios de mantenimiento de edificios, instalaciones y
mobiliario, servicios relacionados con las tecnologías de la
información y comunicaciones y otros servicios, entre los que se
incluyen, por ejemplo, mudanzas, edición, distribución de
publicaciones, etcétera.
Voy a analizar la distribución de estos tipos de contratos durante el
ejercicio 2000 y lo que va del 2001. El volumen de contratación
económicamente más importante del Ministerio en este tipo de
contratos corresponde a los servicios de limpieza. Aunque pueda
parecer sorprende, tiene una justificación y es que el Ministerio de
Administraciones Públicas, como saben SS.SS., tiene una gran
dispersión de sedes porque engloba toda la Administración periférica
del Estado. Durante los ejercicios 2000 y 2001, el importe total del
gasto público dedicado a financiar servicios de limpieza asciende
a 912.720.000 pesetas. De éstos, 439.900.000 pesetas se imputaron al
presupuesto del año 2000 y 472.800.000 pesetas se encuentran
comprometidas con cargo al presupuesto del año 2001. En relación con
este servicio, resulta ilustrativo distinguir entre los servicios
prestados en los órganos centrales del departamento y en los órganos
periféricos, es decir, en las delegaciones del Gobierno,
subdelegaciones del Gobierno y direcciones insulares de la
Administración general del Estado. El gasto generado por limpieza de
las dependencias que albergan los órganos centrales del Ministerio
asciende a 325 millones de pesetas, de los que 165 millones son
imputables a este ejercicio de 2001. Respecto a la prestación de
estos servicios en las delegaciones del Gobierno, como pueden
apreciar SS.SS., el gasto es cuantitativamente menor teniendo en
cuenta la multiplicidad de sedes, pero eso se enmarca en la
existencia todavía, y con carácter residual, de algún personal en las
delegaciones y subdelegaciones del Gobierno que están pendientes de
jubilación y que no se repone, que tradicionalmente se encargaban de
estas tareas y hay que esperar al agotamiento de estos contratos.
También quiero decirles que la gestión de estos contratos está
descentralizada en las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno
donde se hace necesario, y entiendo que es la fórmula más adecuada
para conseguir un mejor coste en cada una de las provincias. El
procedimiento de adjudicación elegido en este tipo de contratos ha
sido siempre el concurso, excepción hecha de la adjudicación por vía
de procedimiento negociado (y en este caso por razones de seguridad
en una parte del territorio nacional) de la prestación de servicios
de limpieza en la delegación del Gobierno del País Vasco. Por lo que
se refiere a servicios de limpieza, este sería el marco general.
En cuanto a la otra modalidad de servicios a la que me he referido,
la de seguridad y vigilancia, les diré que estos servicios tienen por
objeto no sólo garantizar la integridad de las personas y de los
edificios que son sede de las instalaciones administrativas, sino
también el correcto funcionamiento de los sistemas de incendios y de
alarmas. Sería deseable que estos servicios, en algunos casos,
pudieran ser prestados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado, pero para eso, como saben SS.SS., existen dos obstáculos
fundamentales: en primer lugar, la insuficiencia de recursos de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para el desempeño de estas
funciones y, en segundo lugar, que el servicio de seguridad, aparte
de los servicios de protección de las personas y de los edificios,
también controla los servicios contra incendios y de seguridad
interna del Ministerio, y estos servicios tienen que ser prestados
por una compañía de seguridad que no sean las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado porque no es su misión. Con independencia de
ello, les diré que la tarea es más fácil en las delegaciones y
subdelegaciones del Gobierno teniendo en cuenta que los delegados
y subdelegados del Gobierno son los jefes de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado que dependen funcionalmente del Ministerio del
Interior y que la guarda de los edificios administrativos de las
delegaciones y subdelegaciones del Gobierno sigue encomendada a las
fuerzas y cuerpos. Lo mismo ocurre con la sede central del Ministerio
de Administraciones Públicasen Madrid, Castellana, 3, que también
tiene esta
custodia por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado,
particularmente por la Guardia Civil. El resto de los contratos de
seguridad tienen que ir a contratación externa y la totalidad de las
prestaciones de esta naturaleza se ha aglutinado para hacer su coste
más económico. Está adjudicado un contrato desde 1999, por un importe
de 161.492.000 pesetas, incluido el coste de su prórroga hasta el
final de este ejercicio. Existe también otro contrato de seguridad
distinto al general que abarca todo lo que he comentado, que es el de
la Secretaría de Estado para la Administración pública, y que cumple
sus prestaciones en la sede de María de Molina, pero en este caso
como el edificio está compartido con la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria y con el Ministerio de Hacienda y ellos son
mayoritarios en la ocupación del edificio, el Ministerio de
Administraciones Públicas se limita a proporcionar la parte alícuota
proporcional que por la ocupación del espacio le corresponde a este
contrato. Ello asciende a 73.700.000 pesetas en el año 2000 y a
87.485.000 pesetas durante el presente ejercicio. Los contratos que
existen de seguridad -uno global, éste en particular y alguno más en
alguna provincia- han sido todos adjudicados por el procedimiento de
concurso.
En cuanto a otro tipo de servicios, como puede ser el mantenimiento
de edificios, instalaciones y mobiliario, este servicio es quizá más
costoso en el Ministerio de Administraciones Públicas, sobre todo,
por la existencia de múltiples sedes tanto de servicios centrales
como de servicios periféricos. El coste de servicios contratados por
el Ministerio de Administraciones Públicas para servicios centrales,
mantenimiento, reparaciones, etcétera, es de 114 millones de pesetas,
para el 2000 y de 82,5 millones de pesetas para el ejercicio
presente. Una vez incluidos servicios centrales y periferia, el coste
asciende a 168.273.000 pesetas. La inmensa mayoría de estos contratos
son pequeñas reparaciones y pequeños mantenimientos, son contratos
menores pero más abundantes. Sin embargo, en volumen de contratación
lo que más se ha adjudicado económicamente ha sido por el
procedimiento de concurso. Este tipo de contratos menores son
36.613.000 pesetas y, sin embargo, se han adjudicado en concurso
147.344.000 pesetas. Todos ellos se han adjudicado por concurso,
excepción hecha de las reparaciones y mantenimientos en la Delegación
del Gobierno del País Vasco que ha sido adjudicado, por razones de
seguridad, por el procedimiento negociado.
Para reducir el coste de estos servicios y por lo que se refiere a
servicios centrales del Ministerio, existe un contrato global que
asume la conservación y mantenimiento integral de todos los servicios
centrales del Ministerio de Administraciones Públicas. Es un contrato
adjudicado a la empresa Maesa por valor de 127.360.000 pesetas, de
los cuales 37 millones son imputables al 2000; 63.680.000 pesetas al
2001 y el resto al 2002. Por lo que se refiere al coste de
mantenimiento y conservación en el
resto de los edificios, ascendió a la cifra a la que me he referido
con anterioridad.
Le siguen en importancia a este tipo de contratos los contratos
cualitativamente inferiores, de conservación y reparación del
mobiliario. Hay que tener en cuenta que en las sedes del Ministerio
de Administraciones Públicas tenemos muchos fondos de Patrimonio
Nacional y Patrimonio del Estado. Supusieron estos contratos
28.754.000 pesetas en el año 2000, y en este año como ya se reparó
mucho el año pasado, sólo se han comprometido 1.794.000 pesetas. El
mantenimiento y reparación de instalaciones y maquinaria que albergan
las dependencias del Ministerio ha consumido en estos dos últimos
ejercicios, en el 2000 y en lo que va del presente, 20,5 millones de
pesetas, de los que 12 millones son imputables al ejercicio 2000 y el
resto, al 2001. Como entenderán SS.SS., en lo que me estoy refiriendo
al 2001 en la práctica totalidad de los casos, se trata de gastos
comprometidos y no todavía pagados porque no ha terminado la
prestación del servicio. Hay otra pequeña categoría que también puede
incluirse en este tipo de contratos, que es la reparación de los
vehículos integrados en el Parque Móvil de las delegaciones
y subdelegaciones del Gobierno que ha supuesto un gasto, en este
ejercicio, mínimo ya que no ha llegado a las 200.000 pesetas, pero
habrá que ver cómo se desarrolla el año.
Paso a informar sobre los servicios en el ámbito de las tecnologías
de la información y de las comunicaciones. La contratación por el
Ministerio de Administraciones Públicas de los servicios relacionados
con las tecnologías de la información y de las comunicaciones,
resulta especialmente intensa en comparación con otros departamentos
ministeriales. Ello se debe a que, como saben SS.SS., el Ministerio
de Administraciones Públicas tiene incardinado en la Secretaría de
Estado para la Administración Pública la función de la plena
promoción e incorporación de las tecnologías de la información y las
comunicaciones a la prestación de los servicios públicos y,
particularmente, el impulso y desarrollo de la política informática
de la Administración. Durante el período 2000-2001 se han adjudicado
en este campo 122 contratos por un importe total de 513.325.000
pesetas. De éstos, 78 son contratos menores de menos de 2 millones de
pesetas; el 25, por concurso y el resto se ha adjudicado por el
procedimiento negociado. En el ámbito de las tecnologías de la
información se pueden distinguir de entre los contratos que aquí
estamos analizando, es decir, servicios y asistencias, tres tipos:
los servicios de mantenimiento de tecnologías de la información y de
las comunicaciones, los servicios que suponen el encargo de programas
de ordenador a medida de la Administración y otra clase de contratos,
es decir, las asistencias técnicas en el ámbito informático. Comienzo
por los primeros, los servicios de mantenimiento, que se contratan
cuando la Administración ha adquirido equipos informáticos de
comunicaciones o software, pero no
ostenta la propiedad intelectual de los mismos. El caso más evidente
es el del software, ya que el suministro del programa únicamente
proporciona el derecho a utilizarlo, pero no atribuye a la
Administración los derechos de la propiedad intelectual sobre el
mismo, de tal manera que si la Administración pretende modificarlo o
alterarlo tiene que contratar con la misma empresa que lo ha
suministrado o con alguna que esté autorizado para ello. Esta es la
razón por la que en los servicios de mantenimiento se acuda quizá con
más asiduidad que en otro tipo de contratos al procedimiento
negociado por la existencia de un único adjudicatario. En este tipo
de contratos el coste anual de un servicio de mantenimiento suele
cifrarse entre un 10 y un 15 por ciento del precio de adquisición del
producto. Puesto en relación este dato con la intensiva utilización
de nuevas tecnologías por el departamento al que represento, explica
que las pensiones presupuestarias para este año hayan experimentado
un incremento del 11,45 por ciento respecto del ejercicio anterior.
Quiero decirles a SS.SS. que con el objeto de reducir los recursos
públicos que se están canalizando en este tipo de mantenimiento, está
ya prácticamente terminado un estudio para disminuir el grado de
dependencia del Ministerio respecto al software externo que haga que
el Ministerio tenga una dependencia de empresas que son las
propietarias de determinados productos y está ya muy ultimado el
estudio para la promoción y la utilización del software libre de
derechos de propiedad intelectual, el sistema Linux, que intentaremos
poner en práctica antes de que termine este ejercicio. En cuanto al
mantenimiento de los contratos celebrados, la mayoría, como he dicho,
se ha adjudicado, en cuanto al volumen cuantitativo, por concurso,
pero, en cuanto al número de contratos, por el procedimiento
negociado por las razones técnicas que he expuesto.
Respecto a la otra categoría de contratos de tecnologías de la
información y de las comunicaciones, se trata del desarrollo de
programas informáticos a medida de la Administración. Se recurre a
esta contratación cuando se necesita desarrollar un sistema de
información completo y, aunque puede definirse suficientemente, se
necesita apoyo externo. En estos casos la propiedad intelectual sí
queda para la Administración que puede modificar el programa que ha
encargado y, por tanto, también adquiere con el producto la propiedad
intelectual del mismo. Se recurre a esta contratación cuando no se
tiene personal suficientemente cualificado. La extraordinaria
movilidad, actualización e innovación en este campo implica muchas
veces que la Administración tenga dificultades para encontrar
técnicos cualificados para desarrollar nuevos programas al servicio
de la Administración. Por esto es practica relativamente frecuente en
todas las administraciones que los programas se contraten fuera de la
Administración y que el personal cualificado de la organización se
dedique a la elaboración de las especificaciones técnicas, al control
de la calidad del servicio
prestado y al mantenimiento de estos productos una vez entregados. El
coste de este tipo de contratos durante el ejercicio 2000 ascendió a
33.384.000 pesetas y en este ejercicio, hasta la fecha, se han
comprometido gastos por algo más de 23 millones de pesetas.
Finalmente, están los contratos de asistencia técnica en el ámbito
informático y tecnologías de la Administración. Este tipo de
contratos encuentran su justificación en las mismas razones expuestas
para el desarrollo de los programas de ordenador a medida.
Normalmente estas prestaciones, es decir los contratos de asistencia,
se recogen como complementarias en contratos de servicios cuando
resulta muy difícil definir con detalle el perfil del producto a
confeccionar o cuando parte del trabajo para la consecución del
producto final va a ser desarrollado por el personal de la
Administración que de esta manera mantiene el control sobre el
proceso de desarrollo. En todos estos casos la Administración
necesita en determinadas fases del proyecto expertos cuyo
reclutamiento no sería conveniente por razones de política de
recursos humanos.
De acuerdo con los datos del 2000 y del 2001, la mayoría de los
contratos de asistencia técnica se adjudicaron mediante concurso,
tanto por su número -14-, como por su importe, 168 millones de
pesetas. A continuación se sitúan los contratos adjudicados mediante
procedimiento negociado -7 en este período- que comprometieron gastos
cercanos a los 100 millones de pesetas. En la mayoría de estos casos,
como ocurre en los anteriores a los que me he referido, la forma de
contratación del procedimiento negociado se justificaba por razones
técnicas.
Termino con los servicios y con los contratos de asistencia técnica
para pasar a la segunda parte de la comparecencia, que es más breve,
refiriéndome a otros servicios contratados externamente por la
Administración. Particularmente se encuentran aquí los servicios de
mudanzas y transporte de mobiliario, la edición y distribución de
publicaciones del departamento, los servicios de traducción
simultánea y cualquier otro servicio complementario. Estos servicios
tienen únicamente en común la baja cuantía de los mismos, la mayoría
de los 61 contratos concertados son inferiores a dos millones de
pesetas. Por la categoría y la forma y por el objeto de la prestación
del contrato -pueden observar SS.SS. las razones-, sólo se supera el
umbral de los dos millones de pesetas, que es el límite que define a
los contratos menores, y de estos contratos los 6 que los superan, 3
han sido adjudicados mediante concurso y los otros 3 mediante el
procedimiento negociado. La razón de estos procedimientos negociados
es que lo que se contrataban eran empresas suministradoras de
noticias y se pretende el suministro de noticias por una empresa y no
por otras. Este tipo de contrato generalmente no se saca a concurso.
En cuanto a los gastos consumidos en cada ejercicio, durante el año
2000 ascendieron a 48,5 millones de pesetas y a estas alturas, en el
año 2001, se han comprometido gastos por 44.724.000 pesetas.
Por lo que se refiere al seguimiento de la ejecución, el grado de
cumplimiento y el nivel de la satisfacción con los servicios
prestados por contrataciones externas, aunque no lo menciona
expresamente la Ley de contratos, no cabe duda de que una de las
prerrogativas de la Administración es la de vigilar y controlar el
contrato. Se manifiesta constantemente así en la Ley de contratos,
pudiendo el órgano de contratación dar las instrucciones que
considere oportunas para el desarrollo de la prestación. Basándose en
esta facultad general reconocida del Ministerio de Administraciones
Públicas, el seguimiento de este tipo de contratos de asistencia o de
servicios se hace diferenciando el tipo de contratos de que se trate.
Cuando se trata de contratos de servicios referidos a una de las
clases a las que he hecho alusión, fundamentalmente mantenimiento,
seguridad, limpieza, mudanzas, etcétera, la contratación se supervisa
directamente por la Subdirección General de la Oficialía Mayor y
Tecnologías de la Información, que realiza un seguimiento diario en
servicios como limpieza o seguridad, bimensual o trimestral. Existe
un responsable para cada uno de los contratos que es el encargado de
vigilar el desarrollo del servicio y de la prestación. Tengo que
decirles que, hasta el momento, el nivel de satisfacción respecto a
los servicios prestados de estas categorías en contratación externa
es alto en el Ministerio. Cuando se trata de contratos de asistencia
técnica y de consultaría, en los que lo que se contrata es una
actividad de carácter intelectual, el seguimiento es más complicado
y, por tanto, el órgano proponente de la contratación, que en este
caso fundamentalmente corresponde a las direcciones generales de la
Secretaría de Estado de la Administración Pública encargadas de las
tecnologías de la información, designa a un jefe de proyecto del
propio centro directivo que, aparte de hacer cumplir en su caso las
penalizaciones que se incluyen en los pliegos de cláusulas
administrativas, es el encargado de dirigir y controlar el desarrollo
de los trabajos, las horas trabajadas por los técnicos y, en su caso,
los plazos de cumplimiento. Hay una pregunta sobre este tema, pero
quiero adelantarles que se ha constituido en el Ministerio la junta
de contratación que, aparte de servir como órgano de contratación, al
constituirse por los ministerios, puede tener la función de
vigilancia, control y planificación de la actividad contractual del
Ministerio. En este sentido la hemos constituido en el Ministerio de
Administraciones Públicas.
Para concluir diré que considerada en su conjunto la contratación de
servicios por parte del Ministerio, no presenta grandes distorsiones
con relación a la que se realiza en otros departamentos
ministeriales, más allá de los mayores costes que se derivan de la
integración de servicios periféricos en el Ministerio de
Administraciones Públicas, que obliga a destinar un mayor volumen de
recursos públicos para garantizar prestaciones de servicios tales
como limpieza, mantenimiento de edificios, instalaciones, etcétera.
En el ámbito material, donde se concentra y tiene mayor peso la
contratación
de este Ministerio es en tecnologías de la información y de las
comunicaciones, de acuerdo con el papel horizontal que el Ministerio
de Administraciones Públicas tiene en este ámbito. Dentro de la
contratación a la que me he referido, contratos de servicios y de
asistencia técnica, el 80 por ciento se ha adjudicado mediante
concurso. El resto son contratos inferiores a dos millones de pesetas
en los que, aunque también interviene la mesa de contratación para
examinar distintas ofertas, el volumen de contratación por
procedimiento negociado ha sido inferior al 12 por ciento.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Socialista que
solicitó la comparecencia, tiene la palabra doña María José López.
La señora LÓPEZ GONZÁLEZ: En primer lugar, quiero darle la bienvenida
a la señora subsecretaria que desde los presupuestos no comparecía
ante esta Comisión, las gracias por la cantidad de datos que nos ha
ofrecido y por lo exhaustivo de su información. Cuando este grupo
presentó esta iniciativa quería conocer cuál era la situación de las
contrataciones que había realizado el Ministerio de Administraciones
Públicas.
A pesar de la gran cantidad de datos que la señora subsecretaria nos
ofrece en esta comparecencia, me gustaría hacer algunas reflexiones
previas. En la comparecencia del día 10 de octubre del año 2000
correspondiente al debate de los presupuestos ya tuvimos la
oportunidad de obtener una primera valoración de estos datos.
Entonces mostramos nuestro desacuerdo respecto al volumen, al
incremento y a algo que nos parecía mucho más importante. Queríamos
saber cómo se hacían las contrataciones, cuál era su seguimiento, la
satisfacción, qué servicios se prestaban con estas contrataciones,
qué nos conducía a hacerlas así y por qué no las prestaba la
Administración del Estado, en este caso, el Ministerio de
Administraciones Públicas. Fundamentalmente incidíamos en todos esos
aspectos, porque los tres grandes retos que se había planteado el
Gobierno con respecto a la Administración eran tres: la modernización
de la Administración, el modelo de eficacia, que correspondiera más
con las prestaciones que deberíamos hacer llegar a los ciudadanos, y
los resultados de esa contratación y de la prestación de esos
servicios.
En aquella ocasión también hablábamos de algo que nos preocupaba y en
lo que hoy hemos vuelto a incidir, y es que la mayor parte del
volumen de las contrataciones se sigue realizando en la prestación de
la información y de los servicios informáticos. A la vista incluso de
los propios datos que nos ha facilitado la subsecretaria, el resto de
las contrataciones son mucho más concretas, más pequeñas y, sin
embargo, el gran volumen de hecho sigue residiendo ahí. En aquel
momento, igual que nos ocurre ahora, nos seguíamos preguntando si el
Ministerio controlaba cada una de esas adquisiciones
de material en temas informáticos que se hacían desde el resto de la
Administración, en esa labor que el Ministerio de Administraciones
Públicas tiene de regular y de coordinar ese tipo de información, no
sólo en el propio Ministerio, sino también con el resto de los
ministerios. Deberíamos también conocer si el resto de los
ministerios seguían las mismas directrices que el Ministerio de
Administraciones Públicas, que era quien debería de controlar ese
tipo de contrataciones.
Las respuestas que obtuvimos en aquel momento de la subsecretaria en
algunos aspectos ya nos ponía de manifiesto que aunque no estaba
demasiado de acuerdo en que algunas contrataciones no se controlaban,
por parte del Ministerio parecía que eran necesarias, bien porque no
teníamos el personal adecuado o porque eran unas empresas tan
punteras y tenían un producto tan concreto, que no era posible que
fuese financiado por la Administración, aparte de que no teníamos los
técnicos adecuados para ese producto tan concreto. También reconoció
en la comparecencia que efectivamente había momentos en que no se
conocía cuál podía ser el resultado que se estaba produciendo en la
Administración y si eran adecuados o no. Esto por lo que se refiere
a la reflexión que hacíamos hace muy pocos meses.
La sensación que nosotros seguimos teniendo, con todos los respetos,
es la misma. Usted nos ha hecho un memorándum de las contrataciones
en general y nosotros nos seguimos centrando en que algunas de esas
contrataciones, concretamente las de información e informática, nos
siguen preocupando. A la vista tanto de los datos que nos ofrece en
este momento como de los que nos ofreció con anterioridad, seguimos
haciendo algunas reflexiones. En primer lugar, se está dejando en
manos de terceros tareas que la Administración debería prestar
directamente a los ciudadanos, que son obligaciones inherentes a la
propia Administración. Es verdad que hemos podido comprobar esta
mañana que hay determinadas contrataciones que, a pesar de que
pudieran parecer pequeñas (se han hecho casi todas por concurso y
otras por procedimiento negociado), si las sumamos no representan un
volumen pequeño. Se trata de un gran volumen de contrataciones que,
por una o por otras razones que usted ha explicado, siguen estando en
manos privadas y no en manos de la Administración. Desde 1998 hasta
el 2001 hemos podido ver cómo cada vez aparecen más partidas en los
capítulos 2 y 6; pero de alguna forma se ha ido devaluando ese
capítulo 2 y transfiriendo al capítulo 6 algunas de esas
contrataciones que aparecen como inversión pero que, con todos los
respetos, a este grupo le parece que no sólo comportan la inversión
sino que también comportan algún tipo de contratación que no es el
momento ni el capítulo adecuado para hacerla. Pensamos que esas
cantidades se van traspasando del capítulo 2 al 6 quizá por no
aumentar ese capítulo 2, que sería demasiado evidente, y a lo mejor
al pasarlo al 6 parecería que podría pasar más desapercibido.
Me gustaría facilitar a la subsecretaria algunos datos que nos
parecen dignos de reflexión por esos dos motivos que le decía. En
primer lugar, porque tenemos 853 técnicos del grupo A dentro de la
Administración que son informáticos y que ahora mismo, según la
información que nos da la subsecretaría, parece como si estuviesen
ociosos, y le explico por qué. Incluso en la oferta pública para este
año aparecen también puestos de informática. Nos parece además una
reflexión contradictoria. Por una parte, usted nos dice que hay
determinados productos que la Administración no puede poner en marcha
porque no tiene los técnicos adecuados. En otros momentos nos hace
una reflexión sobre el porqué se hace la contratación a terceras
personas, porque aún teniendo esos técnicos el producto es tan
concreto, tan puntero y con un desarrollo tan puntual de una
programación, que no tendríamos posibilidad de hacerlo, ya que la
inversión económica sería superior. Usted también ha justificado que
ese tipo de contrataciones podrían adelantarse porque son más
baratas, pero no dejamos de hacernos la siguiente reflexión. Nosotros
seguimos pagando a esos 853 técnicos, que son funcionarios del
Estado, y además gastamos 553 millones de pesetas, según los datos
que nos ha facilitado esta mañana, en esas contrataciones externas.
Ésa sería una primera reflexión de una contradicción.
Si hacemos la evolución de todos los datos desde 1998 al año 2001,
nos encontramos con que en 1998 el presupuesto sobre estudios,
trabajo y técnicos que aparecía en el epígrafe 227.01 como código
presupuestario, y por supuesto dentro del programa 121.B que gestiona
su Subsecretaría, era prácticamente cero, porque, como usted sabe,
aparecen 10 millones de pesetas. En el año 2001 nos encontramos con
que ese mismo concepto en ese epígrafe tiene 214.500.000 pesetas. A
nuestro entender, es un aumento bastante considerable para ese tipo
de gestión, de estudios y de trabajo. En el año 1999 aparece casi el
mismo presupuesto inicial que en el año 1998, 10.120.000 pesetas,
pero el gasto real que se produce en el año 1999, después de hacer
modificaciones presupuestarias, es de 941 millones de pesetas, que se
concreta en el artículo 64. Nos parece muy significativo que este
tipo de evolución sea tan rápida, fundamentalmente porque no responde
a los conceptos que luego hemos visto que aparecen en la memoria del
presupuesto. En el año 1999, en ese mismo programa 121.B, dirección y
organización de la Administración pública, que seguimos insistiendo
está en el artículo 64, aparece ese presupuesto con esa evolución,
cuando el inicial, como le decía antes, era de 29.411.000 pesetas. En
el año 2001 hay de nuevo un salto cualitativo y cuantitativo, porque
aparecen 1.211 millones de pesetas en ese mismo artículo, cuando la
evolución ha sido en el año 2000 de pasar de 98.500.000 pesetas a
228.500.000 pesetas, con lo cual ya estamos viendo que las
referencias presupuestarias van a una velocidad vertiginosa.
Le decía antes que para qué nos sirven los TIC que tenemos en la
Administración, para qué nos sirven esos 853 técnicos del grupo A. Se
lo diría, con todos los respetos, de una forma suave, pero da la
sensación de que para lo único que sirven esos técnicos es para hacer
de agentes comerciales entre la Administración y las empresas
privadas a las que contratamos, porque según la explicación que nos
ha dado la subsecretaria esta mañana no tienen ningún otro cometido.
En un principio podríamos pensar que quizá su función estaba en hacer
ese seguimiento, pero ya nos ha dicho que no, que hay una sola
persona, que es el responsable de ese departamento cuando se hace la
propuesta, que es el que hace el seguimiento al programa, con lo cual
el resto de los técnicos no sabemos bien a qué se dedica. Repito que
me hacía la pregunta de si son agentes comerciales que llevan las
relaciones entre la Administración y las empresas.
Usted sabe, porque hace muy bien su trabajo -de lo cual estoy
absolutamente convencida-, que ese control y esa contención del gasto
no existen con este tipo de contrataciones. Usted sabe igual que yo
que hay un auténtico despilfarro en el tema de la contratación, tanto
de bienes materiales, de los ordenadores, como de la programación y
del tipo de servicio que se hace por parte de las empresas. Usted
sabe también que no existe, en absoluto, ese control y que no es la
primera vez que nos hemos encontrado ordenadores en los pasillos del
Ministerio. Las empresas que prestan el servicio no sabemos, ni
siquiera de forma relativa, qué tipo de prestación están dando. No
sólo le preocupa a este grupo la razón cuantitativa (si me lo
permite, le diré que no me preocupa tanto, de hecho le he dado
algunos datos que nos parecen al menos chocantes), sino que también
hay algo que nos preocupa mucho más, que es la calidad del servicio y
cada vez más, porque no vemos que la prestación de los servicios se
corresponda con la inversión económica que se realiza. Quizá sea una
percepción de este grupo, pero la información que nos llega, como le
decía con anterioridad, es preocupante porque esa relación económica
no se corresponde con la calidad de la prestación del servicio por
parte de las empresas.
Me gustaría que le quedara claro que hay dos preocupaciones que van
muy vinculadas. La primera es que, a pesar de lo que el Gobierno ha
manifestado en tantas ocasiones y de que tanto el ministro de
Economía como los responsables de cada uno de sus ministerios,
incluido el de Administraciones Públicas, nos han asaeteado en
presupuestos anteriores con respecto a un tema que les parecía un
baluarte de este Gobierno, que es la contención del gasto, a nuestro
modo de ver en este tipo de contrataciones y de prestaciones de
servicio no está habiendo contención ni control del gasto. En segundo
lugar, sigue preocupándonos una cosa que cada vez es más evidente y
que cada vez percibe más el ciudadano, no sólo los políticos que nos
sentamos en estas comisiones, y es que está habiendo una dejación por
parte
de la Administración, por parte del Gobierno, de los servicios
obligatorios que debían prestarse de una forma clara hacia los
ciudadanos directamente por parte del Administración, dándole la
mejor calidad que se pudiera; esto no lo está haciendo y lo está
dejando en manos privadas. Esas manos privadas son las que están
prestando determinados servicios a los ciudadanos que a nosotros nos
parecen fundamentales y cuya calidad tendría que estar estrechamente
vigilada por la propia Administración, cosa que tampoco hace.
Como última reflexión, le diría que el Ministerio debería plantearse
que no está existiendo ninguna coordinación para este tipo de
contrataciones con el resto de los ministerios, que los criterios que
debería implantar el Ministerio no se siguen en el resto de las
contrataciones, que hay todo tipo de material, tanto informático como
no informático, de todas clases, de todos los pelajes, sin que se
haga de la misma manera en todas partes y con los criterios que el
Ministerio trata de implantar.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Ruiz, en nombre del
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
El señor RUIZ LÓPEZ (don Antero): Puesto que he llegado tarde y me he
perdido parte de la intervención de la subsecretaria, simplemente
quería agradecer, en nombre del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida, la información que nos acaba de suministrar la
subsecretaria de Administraciones Públicas.
Quiero decirle que, en esa misma línea, la semana pasada hicimos una
serie de preguntas encaminadas de alguna forma a efectuar un mayor
control sobre esta materia. Sí quiero comentarle brevemente que
nosotros estamos en contra del modelo que el Gobierno del PP está
imponiendo en las administraciones públicas. Creemos que el asunto de
las subcontrataciones es una tapadera para ir privatizando
paulatinamente el empleo público.
Nosotros vamos a estar ahí llevando un control y pidiendo
explicaciones sobre estas subcontrataciones que se están realizando.
Repito que en ese sentido hemos realizado una serie de preguntas que
esperamos que sirvan para esclarecer o tener mayor control sobre
estas materias.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra don Rafael Merino.
El señor MERINO LÓPEZ: Sean nuestras primeras palabras de
agradecimiento a la señora subsecretaria por su intervención y de
felicitación en un doble sentido: primero, en el de la propia
intervención, por cómo se nos han detallado todos los datos propios
de la comparecencia que había sido solicitada por el Grupo
Socialista; en un segundo sentido por el trabajo que ella y su equipo
están realizando en el Ministerio.
La intervención del Grupo Socialista ha sido un poco rasgarse las
vestiduras y un poco catastrofista.
Donde ha incidido ha sido precisamente en los servicios tecnológicos,
que vienen a suponer 513 millones de pesetas entre los años 2000 y
2001; cantidad sinceramente que no consideramos significativa dentro
del esfuerzo que está haciendo el Ministerio de Administraciones
Públicas. Como bien se nos dijo en la primera comparecencia que el
señor ministro llevó a cabo ante esta Comisión, iba a haber un
esfuerzo importante para mejorar el servicio informático, para
modernizar el servicio de la Administración. Se quiera o no se quiera
reconocer, la Administración central hoy en día es más moderna, está
tecnológicamente más preparada y presta mayor y mejor servicio a
nuestros ciudadanos.
Creemos que los objetivos que el ministro y todo su equipo
ministerial se habían marcado al inicio de la legislatura se están
llevado a cabo. Se están llevando a cabo sin un excesivo coste. Desde
luego nosotros discrepamos en cuanto a las observaciones que hacía el
Grupo Socialista de que parece que los 853 técnicos estaban ociosos.
Creemos que los 853 técnicos informáticos que existen están llevando
a cabo su trabajo de forma correcta, y la señora subsecretaria ha
justificado el porqué de las contrataciones externas. Creo que
podíamos hacer un repaso a la misma situación de contratación externa
en cuestiones informáticas o tecnológicas en las administraciones
autonómicas o locales y observaríamos que en todas ellas se produce
un gasto propio derivado de esa situación que no puede ser asumido
por los funcionarios informáticos, lo cual no quiere decir que en
ninguna de las administraciones los funcionarios informáticos que
presten su trabajo estén ociosos o como aquí se ha dicho, que ha
sonado un poco fuerte, aunque lo haya querido decir con suavidad, que
parezca que están de agentes comerciales en la relación de la
Administración con las empresas informáticas.
Creo que la señora subsecretaria ha expresado con mucha claridad en
su intervención el porqué, la justificación de estas contrataciones.
También ha dicho la señora subsecretaria que parte del gasto viene
como justificación del mantenimiento de los propios programas
informáticos, de los equipos tecnológicos que se adquieren, que no se
puede adquirir la propiedad intelectual y que, como bien reconocía el
propio Grupo Socialista y así lo ha dicho la señora subsecretaria,
hay una serie de contrataciones que se llevan a cabo por la
especialidad de la materia o por la tecnología propia que algunas
empresas privadas tienen con derecho de propiedad intelectual y que
no hay otro camino para llevarlo a cabo. Se podrá estar de acuerdo o
no en si es mejor que los propios servicios informáticos del
Ministerio o de los ministerios intenten llevar a cabo ese trabajo,
pero yo creo que lo que está claro desde el Gobierno de España, desde
el Gobierno del Partido Popular es que se busca un equilibrio entre
la eficacia y la prestación del servicio a los ciudadanos, y creemos
sinceramente que ese servicio se está prestando.
Discrepamos en cuanto al planteamiento del Grupo Socialista y
ratificamos el planteamiento de la señora subsecretaria en cuanto a
que existe un servicio de control de esas contrataciones que se están
llevando a cabo, un servicio de seguimiento en la propia junta de
contratación que ha creado el propio Ministerio según nos ha
informado la subsecretaria, lo que viene a demostrar que se está
llevando a cabo ese control y ese seguimiento de los equipos
tecnológicos que se adquieren. Observamos cómo hay una absoluta
transparencia en todos los procedimientos de contratación que se van
llevando a cabo y nos alegramos. Es una satisfacción para el Grupo
Parlamentario Popular que prácticamente el 80 por ciento -el 79,9 por
ciento- de las contrataciones se hagan a través de concurso público,
lo cual creemos que es una garantía para todos. Evidentemente, todos
los servicios que conlleva este Ministerio, con las incorporaciones
que ha tenido de otros ministerios, hacen que una serie de servicios
como limpieza, seguridad o mantenimiento representen cantidades
realmente poco significativas dentro del presupuesto global del
Estado y muy ajustadas, creemos nosotros, en consonancia con el
volumen de edificios, de sedes y de distintos departamentos que
existen a lo largo y ancho de toda España. La verdad es que vemos las
cantidades muy ajustadas y donde se está haciendo un auténtico
esfuerzo por parte del Ministerio en lograr ese equilibrio
presupuestario que el Gobierno de España se ha fijado y que, como no
podía ser de otro modo, el Ministerio de Administraciones Públicas
está cumpliendo a rajatabla.
Sinceramente creemos, por lo oído a la señora subsecretaria, que el
volumen tecnológico de 513millones de pesetas en dos años, en donde
se ha hecho más incidencia por parte del Grupo Socialista, es muy
reducido, muy ajustado, en busca de esa eficacia y de esa modernidad
que se persigue desde el Ministerio. Creo sinceramente que los
ciudadanos que están acudiendo a las distintas administraciones están
comprobando cómo cada día se les presta mejor servicio, de mayor
calidad y con mayor rapidez y donde los equipos informáticos están
realizando un trabajo de gran importancia. Desde luego, por parte de
este grupo parlamentario sí queremos hacer un reconocimiento expreso
a los 853 técnicos informáticos que existen por el trabajo que vienen
desarrollando, porque está incidiendo positivamente en todos los
ciudadanos y en el trabajo que el Gobierno quiere llevar a cabo.
El señor PRESIDENTE: Tiene ahora la palabra para responder a las
distintas intervenciones la señora subsecretaria.
La señora SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (De Cospedal
García): Voy a contestar brevemente, puntualizando algunas de las
afirmaciones que ha hecho la señora representante del Grupo
Socialista porque entiendo que no obedecen
demasiado a la realidad, aunque, lógicamente, aquí podemos tener
distintos puntos de vista.
En primer lugar, el motivo de esta comparencia se refiere a los
contratos de servicios y de asistencias técnicas. He comentado a S.S.
y a toda la Comisión que el volumen de contratación,
cuantitativamente hablando, en los años 2000-2001 ha sido de 1.400
millones de pesetas. De estos 1.400 millones de pesetas, si bien el
número de contratos sobre tecnologías de la información ha sido el
más abundante, sí que es verdad que cuantitativamente hablando, por
volumen de contratación, desde un punto de vista económico, esto se
reduce a quinientos y pico millones de pesetas, por lo cual no se
puede considerar como la partida económica más importante de todas
las contrataciones externas de servicios. Hay servicios que suponen
un gasto mucho mayor que se pueden considerar como servicios menores,
como el contrato de limpieza. Es una cosa que considero evidente.
En segundo lugar, discrepo en una cosa que ha dicho también la señora
diputada. Dice que hay actividades que la Administración tiene que
prestar directamente a los ciudadanos porque si no están en manos de
empresas privadas y eso supone el incumplimiento por parte de las
administraciones públicas -en este caso, del Ministerio de
Administraciones Públicas- de su obligación para con los ciudadanos.
Entiendo que la Administración tiene la obligación de prestar el
mejor servicio posible a los ciudadanos y si existen técnicas, como
son las de contratación de las administraciones públicas, es
precisamente para que, si algunos servicios la Administración
entiende que por sus propios medios no los puede prestar, los saque a
contratación o a otras fórmulas como pueden ser las concesiones
administrativas. En este caso estamos hablando de contratación
pública. Pero eso no quiere decir que la Administración no preste
servicio a los ciudadanos, lo presta a través de determinadas
fórmulas. Cuando no tiene los medios, debe proceder a la
contratación. Eso, como criterio filosófico. Yo en ese punto no
estaría de acuerdo y no creo que sea una dejación de las funciones de
la Administración en manos privadas. Si fuera así, la Administración
directamente no contrataría y lo dejaría todo al impulso privado,
pero no lo hace así; necesita dar ese impulso, no tiene los medios
suficientes para hacerlo y debe proceder a una contratación externa.
Como cuestión filosófica sí quería plantear este tema.
Se ha comentado también por el Grupo Socialista que desde 1998 al año
2000 las inversiones en temas informáticos han subido
espectacularmente. Las cifras que daba S.S. se refieren
fundamentalmente al presupuesto de inversiones, más que a asistencias
técnicas y servicios, que es de lo que estamos hablando aquí. El
presupuesto de inversiones ha sufrido un incremento muy importante
por una razón fundamental, porque el Ministerio de Administraciones
Públicas tiene dos programas fundamentales a cumplir en esta
legislatura (así se entendió
en los presupuestos del Ministerio, incorporados en los
Presupuestos Generales del Estado) y, por tanto, se le ha dado
dotación para ello. Existe el proyecto general de crear la Intranet
administrativa, del cual es líder el Ministerio de Administraciones
Públicas y necesita recursos tecnológicos para ello, y se está
también trabajando en el portal único de las administraciones
públicas. Son proyectos muy ambiciosos que requieren una inversión
que no entiendo excesiva para lo ambiciosos que resultan estos dos
programas y también de asistencia técnica externa, y este es otro de
los puntos que ha señalado la señora diputada. Sí es cierto que la
Administración tiene técnicos superiores en informática y técnicos de
grado medio (no son tantos con los que cuenta el Ministerio de
Administraciones Públicas, pero sí los tiene la Administración), pero
no es cierto que estos técnicos estén ociosos. He comentado aquí que
cuando hay un contrato de asistencia técnica, que supone el
desarrollo de una actividad intelectual y de una prestación de
servicios, donde se confía en un experto o en una empresa externa
experta y que es líder en un determinado sector o en un determinado
tipo de programas, sí que hay un jefe de supervisión encargado del
seguimiento del contrato. Eso no quiere decir que sólo esté encargado
del seguimiento de ese contrato ese jefe de supervisión. Como en toda
organización, hace falta preparar ese contrato, saber cuáles son las
condiciones técnicas que tiene que cumplir, evaluar cómo se está
cumpliendo ese contrato, ponerlo en marcha, mantenerlo y ayudar a su
mantenimiento y, sobre todo, trabajar con él, y a eso sí se dedican
los técnicos de la Administración, que, por el devenir diario de su
trabajo ordinario, es muy difícil que puedan dedicarse a desarrollar
proyectos punteros. Por eso muchas veces se tienen que contratar
externamente o porque son proyectos que sólo los está fabricando
determinada casa o determinada empresa.
Por lo que me decía en cuanto a la función coordinadora del
Ministerio de Administraciones Públicas en materia informática, la
Comisión Superior de Informática de la Administración está radicada
en el Ministerio de Administraciones Públicas y, como sabe S.S.,
recientemente se ha dado también un impulso a la función de la
Comisión Superior de Informática de tal manera que sirva como
baluarte, como orientadora y dando criterios genéricos para la
contratación de servicios informáticos y de tecnologías de la
información y de las comunicaciones, pero necesariamente esos
criterios no tienen por qué pasar por la prohibición de la
contratación externa cuando está reconocido incluso por la junta
consultiva de contratación administrativa que en este tipo de
contratos es donde la Administración se ve más desasistida. Le pongo
un ejemplo. Si estuviéramos hablando de que el Ministerio de
Administraciones Públicas tiene contratos de servicios externos, por
ejemplo, en temas económicos, en temas de asistencia jurídica, usted
me diría: ¿y para qué están los funcionarios? Porque sí tiene gente
con capacidad suficiente y su labor ordinaria es realizar
ese tipo de seguimiento, pero cuando estamos hablando de un campo
como el de tecnologías de la información, que es puntero, que es
novedoso y que cada día está modificándose, es imposible que los
funcionarios puedan estar en la última novedad.
Por último, tengo que discrepar en cuanto a la calificación de los
técnicos de la Administración como agentes comerciales. Yo entiendo
la posición de S.S., pero creo que ha sido un tanto desmedida su
afirmación porque entiendo, a menos que otra cosa se demuestre, que
con carácter general la Administración funciona fundamentalmente
gracias a los funcionarios, y la probidad y el buen hacer de los
mismos está suficientemente demostrada.
PREGUNTAS:
- DEL SEÑOR RIPA GONZÁLEZ (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA), SOBRE
FUNCIONES, NOMBRAMIENTOS Y COMPOSICIÓN DE LOS GABINETES TÉCNICOS DE
LAS DELEGACIONES DE GOBIERNO EN LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS. (Número de
expediente 181/000500.)
El señor PRESIDENTE: Terminamos aquí el primer punto y pasamos al
segundo bloque del orden del día: Preguntas orales en Comisión.
Para formular la primera de ellas, tiene la palabra el señor Ripa
González.
El señor RIPA GONZÁLEZ: Gracias, señora subsecretaria, por su
comparecencia en esta Comisión para contestar, entre otros asuntos, a
la pregunta que este diputado, en nombre del Grupo Socialista, ha
formulado en la Comisión de Administraciones Públicas.
A veces tengo la sensación de que el ciudadano, cuando nos ve, nos
oye y nos lee en estas comisiones, tiene la impresión de que está
asistiendo a una especie de teatro: la oposición hace unas preguntas
con la intención -parece a primera vista- de meter el dedo en el ojo
al Gobierno, y el Gobierno contesta, en este caso además con mayoría
absoluta, como quiere. Digo como quiere porque yo en la siguiente
pregunta le diré que a veces hacemos preguntas por escrito y la
contestación que se nos da no nos sirve para nada, y digo también
como quiere porque esta pregunta que yo he hecho se repite cada
legislatura. El año pasado se investigó bastante sobre esta cuestión,
pero yo creo que no se ha resuelto nada. La cuestión es cuáles son
las funciones, cómo se nombran y cuál es la composición de los
gabinetes técnicos de las delegaciones del Gobierno. Espero que hoy,
con la respuesta de la subsecretaria, me quede yo más tranquilo y
conforme.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra, para responder, la señora
subsecretaria.
La señora SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (De Cospedal
García): Contestaré no como quiera, sino como puedo, señoría.
La pregunta se refiere a cuáles son las funciones, cómo es el
nombramiento y cuál es la composición de los gabinetes técnicos de
las delegaciones del Gobierno, y para eso, como sabe S.S., tiene que
quedar bien clara la función del delegado del Gobierno, que, como
usted sabe, es la cabecera de la Administración del Estado en la
comunidad autónoma en la que lo representa y, además, es el delegado
del Gobierno de la nación en esa comunidad autónoma. ¿Cuál es la
regulación de los gabinetes de las delegaciones del Gobierno? Pues
tienen su regulación en el Real Decreto 1330/1991, que dice
particularmente que, además de los órganos básicos que integran la
Delegación del Gobierno, existe un gabinete como apoyo y como
asistencia inmediata al delegado del Gobierno. La regulación legal
está ahí y no dice nada más; no dice cuál tiene que ser su estructura
ni cuáles tienen que ser sus funciones. ¿Cuáles son sus funciones?
Como todo gabinete, el gabinete técnico de un delegado del Gobierno
tiene funciones de especial confianza y asesoramiento. Es una labor
típica en todos los gabinetes; pasa en los gabinetes de los ministros
y en los gabinetes de los delegados del Gobierno.
El delegado del Gobierno tiene funciones de coordinación con la
Administración de la comunidad autónoma, y en eso lo tienen que
apoyar y asesorar; tiene funciones de dirigir la Administración
periférica del Estado, a veces agrupando a distintas subdelegaciones
del Gobierno, y tiene funciones de ser la cabeza de Gobierno y de la
Administración del Estado en la comunidad autónoma. ¿Qué ocurre? Que
hay delegaciones del Gobierno que tienen carácter uniprovincial,
y por lo tanto los gabinetes tienen una función más restringida porque
más restringidas son las funciones de los delegados del Gobierno, y
hay delegaciones del Gobierno que engloban a comunidades autónomas
muy amplias y a varias subdelegaciones del Gobierno, y entonces la
labor de los asesores se difumina y se refiere a distintas áreas, el
área de trabajo, el área de agricultura o el área de sanidad, y
tienen que prestar asesoramiento realizando informes, dando apoyo,
etcétera, al delegado del Gobierno.
En cuanto a la confianza y el asesoramiento de un asesor incorporado
en el gabinete del delegado del Gobierno, yo creo que mucho más no se
puede decir, porque es la tarea típica de un gabinete, la tarea de
staff que yo creo que aparece en todos los altos cargos de la
Administración. Fíjese que para potenciar la figura del delegado del
Gobierno, la Lofage le da rango de subsecretario y es, además, un
alto cargo cuyo nombramiento se hace a propuesta del presidente del
Gobierno y que depende directamente de la Presidencia del Gobierno
aunque esté adscrito al Ministerio de Administraciones Públicas, por
lo que estoy yo contestando a esta
pregunta. Pero quiero decir que la relevancia no sólo administrativa
sino también política de este cargo público es algo más que evidente
para que tenga personal de confianza.
Me pregunta también S.S. cuál es la composición y cómo se produce el
nombramiento. Dice también el real decreto al que me he referido que
los gabinetes están integrados por un jefe de gabinete. El número de
asesores varía y oscila en este momento de 1 a 4. ¿Por qué? Porque no
existe una determinación del número de asesores que tiene que tener,
sino que viene dado por la relación de puestos de trabajo que existe
ya en cada una de las delegaciones del Gobierno. Como le decía,
oscila en la actualidad de 1 a 4. Todos estos puestos, que están
asignados a niveles que van del 26 al 30, pueden ser cubiertos por
personal funcionario o no funcionario, pero en todo caso es personal
eventual, lo cual quiere decir que no supone mérito para el acceso a
la Función pública el desarrollo de estos puestos de trabajo y que,
además, cesan cuando cesa la autoridad por la cual fueron nombrados,
es decir, para prestar su apoyo o asesoramiento. Su nombramiento y su
cese (ya he dicho que el cese viene determinado de manera automática,
pero también puede ser, por supuesto, a propuesta de la autoridad que
propició su nombramiento) se realizan por el ministro de
Administraciones Públicas. Particularmente, el ministro de
Administraciones Públicas tiene delegado en esta subsecretaria el
nombramiento y cese de los asesores de los gabinetes y de los jefes
de gabinetes de los delegados del Gobierno.
Creo que con esta contestación puedo dar satisfacción a su pregunta.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Ripa González.
El señor RIPA GONZÁLEZ: La verdad es que ya me imaginaba lo que me
iba a contestar: lo que dice el real decreto y ya está. Pero si yo
fuera ahora a alguna Delegación del Gobierno -no a una, a casi todas,
por no decir todas- y preguntara al resto de funcionarios, a los que
no son del gabinete técnico, a los que no son asesores: ¿Estos
señores, qué hacen? Casi todos me dirían que nada. Estos señores
entran y salen de la Delegación del Gobierno cuando quieren, porque
en la filosofía de su trabajo de asesores, como el asesoramiento se
puede hacer todas las horas del día, el control de su trabajo es muy
difícil en cuanto a horarios y en cuanto a rendimiento. Se puede
asesorar de tantas cosas, de tal cantidad, de tal manera, que al
final se puede tomar un café hablando con el delegado del Gobierno y
estar o no asesorando. Además de esta percepción que tienen el resto
de funcionarios de las delegaciones de Gobierno, si preguntamos: ¿Y
quiénes son? ¿Son personas de gran valía para poder asesorar en
determinados temas? Al final vemos que son como un reducto en el que
algunas personas de determinado
partido político adquieren su trabajo. A veces incluso su preparación
inicial deja mucho que desear. Sus niveles, como son de libre
designación, pueden ser 30, 29, 28, 27 y 26, como muy bien ha dicho
usted. Pero a veces se pagan servicios prestados a determinado
partido político, y no quiero sacar aquí ejemplos concretos que usted
conoce mejor que yo. Por lo tanto, en este momento, a mí, como
miembro de un partido de la oposición, me toca denunciar. Examine los
nombramientos. En su día dijo el señor Aznar en las elecciones que él
hacia las listas de las personas conforme a su valía, conforme a su
preparación; examine si los asesores de los gabinetes técnicos de las
delegaciones de Gobierno y de las subdelegaciones se corresponden con
esta idea, con su preparación, con su formación, si hay un control
realmente. Si el asesor va alguna vez a la Delegación de Gobierno,
entiendo que puede asesorar fuera, lo entiendo, pero sería más
prudente que asesorara dentro de la Delegación de Gobierno.
Es un tema que al final incide en el rendimiento del resto de los
funcionarios, porque dicen: para hacer lo que hace aquél y cobrar lo
que le pagan, mucho más hago yo y tengo un nivel 12, 14 ó 16, y estoy
aquí mis ocho horitas trabajando, y éste entra y sale, sale y entra.
(Un señor diputado: Te gusta la polémica.). Me gusta la polémica pero
es que es verdad, lo que estoy diciendo es verdad y si lo puedo
demostrar con nombre y apellidos, miel sobre hojuelas. Me parece poco
prudente en este momento decirlo, pero S.S. sabe mejor que yo que hay
casos, no digo todos, pero los hay.
Por lo tanto, le pido a la subsecretaria, que tiene, como ha dicho,
la facultad de nombrar a esos asesores técnicos, que inspeccione, que
vigile, que vea quiénes son esas personas y si cumplen como asesores
técnicos del delegado de Gobierno.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora subsecretaria.
La señora SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (De Cospedal
García): Quiero contestar a S.S. diciéndole que, en primer lugar, yo
no conozco ninguna administración ni ningún gobierno a lo largo de la
historia donde los funcionarios estén contentos con el personal de
los gabinetes. Yo creo que eso es casi por definición. Eso ha sido
así toda la vida y algunos de los que estamos aquí hemos sido o somos
funcionarios y hemos estado en gabinetes y nunca son el santo de
devoción de los funcionarios.
Pero dejando aparte de dónde saca sus fuentes de información, y lo
entiendo, porque existan actuaciones -que pueden existir, no lo
niego- que no sean lo más profesionales en la labor de prestar el
asesoramiento y la confianza al cargo al que se la están prestando y
no sean ejemplares, no se puede desvirtuar la labor de los gabinetes
con carácter general en las delegaciones del Gobierno.
Su señoría me pide que inspeccione especialmente el cumplimiento de
las funciones por parte de las personas que desarrollan estas tareas.
Lo empezaremos a hacer si entiende S.S. que es una cosa tan
escandalosa lo que está pasando, que a mi entender no es así. Quizá
pueda haber algún caso, como existe en muchísimas otras áreas y
también entre los funcionarios, pero yo no creo que sea un asunto
generalizado.
- DEL SEÑOR MARTÍNEZ SANJUÁN (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA), SOBRE
PROGRAMA DE SIMPLIFICACIÓN DE SEDES ADMINISTRATIVAS EN LAS
COMUNIDADES AUTÓNOMAS PARA EL AÑO 2001. (Número de expediente 181/
000567.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la siguiente pregunta del orden del
día, sobre programa de simplificación de sedes administrativas.
Tiene la palabra don Vicente Ripa.
El señor RIPA GONZÁLEZ: Nuevamente doy las gracias a la señora
subsecretaria por su comparecencia y por la respuesta a la pregunta
de este diputado.
Este tema tiene una historia que casi se remonta al siglo XIX. ¿Cómo
intentar rentabilizar, cómo intentar organizar las diferentes sedes
administrativas que existen en las delegaciones del Gobierno en las
comunidades autónomas para hacer que la Administración periférica del
Estado sea una Administración más ágil, más reconocible, de mejor
acceso a los ciudadanos y que redunde en un ahorro importante de la
economía del Estado? De ahí la pregunta de si tiene su Ministerio
algún programa de simplificación de sedes administrativas en las
comunidades autónomas para el año 2001.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora subsecretaria.
La señora SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (De Cospedal
García): Previamente, quiero plantear una cuestión de orden.
Había dos preguntas que eran prácticamente semejantes: sobre un
programa de simplificación de las sedes administrativas y de
reducción de gastos en sedes administrativas. Tenía entendido que la
Mesa las había unido.
El señor PRESIDENTE: En todo caso, se trataba de las números 5 y 6,
pero la número 4 se formula por separado. Esto es lo que acordamos,
aunque son más parecidas la 4 y la 5, pero es lo que se ha acordado.
La señora SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (De Cospedal
García): Gracias, presidente.
Efectivamente, el Ministerio de Administraciones Públicas tiene un
programa de simplificación de las
sedes administrativas del Ministerio en las distintas comunidades
autónomas. Es un programa que se está llevando a cabo con el
Ministerio de Hacienda conjuntamente. En este momento se está
elaborando un proyecto junto con la Dirección General de Patrimonio
del Estado para, con el inventario de inmuebles que tiene el
Patrimonio del Estado y el que tienen las delegaciones y las
subdelegaciones del Gobierno, hacer una propuesta global de
integración de los servicios de la Administración general del Estado
en todas y cada una de las provincias, particularmente por lo que se
refiere a las delegaciones y a las subdelegaciones del Gobierno. Sí
tenemos el programa y en este momento estamos trabajando en ello.
El señor PRESIDENTE: Señor Ripa.
El señor RIPA GONZÁLEZ: Este tema es parecido al anterior, porque
está enquistado. Hace tres años, en la comparecencia del
subsecretario de Economía y Hacienda en la Comisión, ya dijo que el
Gobierno tenía un plan de optimización sobre los recursos y sobre los
inmuebles de la Administración periférica del Estado. Dijo que se
pretendía concentrar los servicios públicos o administrativos en los
edificios en propiedad y dar salida al mercado a los edificios
excedentes no utilizados.
Cuando el Partido Popular estaba en la oposición continuamente
gritaba contra el despilfarro que suponía tener un sinfín de sedes
administrativas en las diferentes comunidades autónomas que
confundían, y digamos que anunciaron una especie de revolución dentro
del Ministerio de Administraciones Públicas, revolución que me parece
que ha durado menos que la gloriosa de 1868. Bueno, no ha durado nada
porque no ha empezado.
Por lo que yo conozco de la Administración periférica del Estado, en
los lugares donde he sido funcionario siguen los mismos edificios,
eso sí, casi vacíos, porque las transferencias van cada vez a más,
los funcionarios son cada vez menos, pero las oficinas se siguen
manteniendo. Yo recuerdo que en Cantabria hay un edificio que reúne
en parte a la mayoría de los servicios de la Administración
periférica del Estado desde hace ya muchos años, estoy hablando de
hace veinte años. Este es un ejemplo que podría trasladarse al resto
de las comunidades autónomas, de tal manera que el ciudadano que
tiene que recurrir a la Administración periférica del Estado para
cualquier tipo de gestión pudiera realizarla en un mismo edificio,
porque a veces tiene que recorrer tres o cuatro oficinas y tiene que
recorrer la ciudad y dedicarse toda una mañana para gestionar a lo
mejor un simple carnet de identidad o un pasaporte, porque no está
concentrado donde debería estar concentrado.
Esto nos permitiría un ahorro impresionante de dinero y además dar
una imagen de respeto al ciudadano que tiene que ir a gestionar estos
servicios, porque podría hacerlo con la mayor celeridad y la mayor
rapidez posible. Además, transmitimos una falta de eficacia
y de ahorro de personal, porque probablemente nos evitaríamos también
recursos personales importantes al tener concentrados todos los
servicios en uno o dos edificios. Los funcionarios no se verían
desasistidos, aislados y solos, como ocurre en alguna oficina donde
están prácticamente uno o dos esperando que venga alguien de algún
lugar a hacer algún papel. Falta de referencia. En las comunidades
autónomas que gozan ya de competencias la Administración del Estado
no tiene ningún tipo de referencia, porque además la poca que tiene
está tan diluida, tan diseminada, que al final es muy difícil tener
un parámetro para decir aquí está la Administración del Estado,
prácticamente no existe. Eso se reconduciría, se solucionaría y se
ahorraría mucho dinero porque se podrían vender o enajenar muchísimos
inmuebles con un edificio de usos múltiples.
El señor PRESIDENTE: Señora subsecretaria.
La señora SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (De Cospedal
García): Es cierto que en la primera fase de integración de todos los
servicios periféricos de la Administración en Administraciones
Públicas se hizo una concentración de funcionarios en algunas sedes,
que yo discrepo de usted porque considero que tienen un volumen de
ocupación muy alto. De todas maneras le comentaré a S.S. qué está
haciendo en este momento el Ministerio de Administraciones Públicas
para concentrar todas las funciones en las delegaciones y
subdelegaciones del Gobierno, según el proyecto que le he comentado.
Ahora mismo se están ejecutando contratos de obras, que le voy a
comentar muy brevemente, para conseguir este fin. En la Subdelegación
del Gobierno de Badajoz se integrarán todos los servicios que no lo
están hasta el momento, se está ejecutando ya el contrato con una
inversión de 355 millones de pesetas. En Lérida se está haciendo
exactamente lo mismo y se liberarán edificios que estaba ocupando
hasta ahora la dependencia de Agricultura, que era un alquiler, lo
cual va a suponer un ahorro directo en gastos de arrendamiento de 5
millones de pesetas. Se está haciendo exactamente igual en la
Subdelegación del Gobierno de Cuenca con una inversión de 100
millones de pesetas, se van a incorporar a la sede de la
Subdelegación las sedes funcionales de Trabajo y Asuntos Sociales y
de Agricultura y se van a liberar dos arrendamientos, uno por
2.700.000 pesetas y otro por medio millón de pesetas. En Lugo también
se está haciendo una inversión y está comenzando ya la ejecución de
la obra por 44 millones de pesetas, donde se van a integrar los
servicios de Trabajo, Agricultura y la Oficina de Extranjería. Lo
mismo sucede con Orense. En estos casos no se va a ahorrar coste
directamente porque era patrimonio sindical, pero la Administración
general del Estado va a dejar libre esos locales de patrimonio
sindical. En la Delegación del Gobierno de Melilla se está ejecutando
la obra para integrar las dependencias de Trabajo, Asuntos Sociales,
Sanidad, Agricultura, Fomento y el parque móvil y se ahorrarán
arrendamientos por valor de 7 millones y medio de pesetas. En Logroño
se está remodelando también la sede de la Delegación del Gobierno, se
va a ubicar la alta inspección de Educación, el área de Fomento y el
Instituto Geográfico, se van a liberar dos locales que estaban en
régimen de arrendamiento por valor de 6.700.000 pesetas uno y
2.100.000 pesetas otro y se integrarán además las áreas de Trabajo,
Agricultura e Industria. Esto por lo que se está ejecutando en este
momento, pero también están en tramitación, todavía no se ha llegado
a ejecutar el contrato, obras en la Subdelegación del Gobierno de
Albacete que integrarán las áreas de Trabajo, Agricultura, Sanidad,
Industria, Instituto Geográfico y parque móvil. Se liberarán
alquileres por valor de 1.350.000 pesetas y se dejarán libres otros
inmuebles que son de Patrimonio del Estado, que los podrá desafectar
o enajenar con su correspondiente ingreso para las arcas públicas.
También está en tramitación una obra en La Coruña para ubicar las
dependencias que tienen que pasar a integrarse. En Málaga, en el
conocido palacio de la Aduana, también se está realizando una
tramitación -todavía no se ha producido la adjudicación de la obra-
para integrar en la Subdelegación del Gobierno la oficina de
Registro, información integrada de servicios y oficina de
extranjeros, y exactamente lo mismo se está haciendo en Guipuzcoa. El
total de todos estos ahorros por las obras que se están ejecutando y
que están en tramitación ahora para ejecutarse durante este año en
contratos de arrendamiento va a ser de 31 millones de pesetas. (El
señor Ripa González pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Tiene un minuto, señor Ripa, porque no está
previsto en el orden del día.
El señor RIPA GONZÁLEZ: Agradezco la relación, pero me ha extrañado
que no aparezca Navarra. Lo digo porque Navarra está en un proyecto
desde el año 1988 ó 1989 para unificar servicios, espero que con
estos que me ha relatado no ocurra como con el de Navarra, que lleva
13 años esperando y no se realiza. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías. Cuando despidamos a la
señora subsecretaria haremos un break de dos minutos para que
mantengan estas discusiones.
- DE LA SEÑORA LÓPEZ GONZÁLEZ (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA), SOBRE
CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO DE REDUCCIÓN DEL GASTO DE BIENES
INMUEBLES. (Número de expediente 181/000742.)
El señor PRESIDENTE: Vamos a pasar al punto del orden del día número
5, pregunta sobre la reducción de gasto en bienes inmuebles.
Tiene la palabra doña María José López para formularla o ajustarla a
lo que hemos estado discutiendo hasta este momento.
La señora LÓPEZ GONZÁLEZ: Vamos a ajustarla a lo que ha planteado
nuestro compañero el señor Ripa, y aparte de la contestación de la
señora subsecretaria.
No sé si recuerda que este tema ya se trató el 10 de octubre cuando
discutimos sobre el tema presupuestario y hubo dos conceptos que
quedaron bastante claros. El primero era la voluntad por parte del
Ministerio de hacer esa reducción de gasto, a la que se refería el
señor Ripa, tratando de concentrar todos los servicios en los
espacios que habían llegado al Ministerio por parte de la
Administración periférica, y de esa forma tratar de concentrar en las
provincias una presencia más globalizada de la Administración central
fundamentalmente en algunas comunidades autónomas, por ejemplo, en la
mía, en la Comunidad Autónoma de Andalucía, que tiene un nivel de
competencia muy alto y quizá la representación del Estado queda muy
concretada en algunos aspectos muy puntuales. Otra cuestión a la que
se refirió la subsecretaria en aquella misma comparecencia es la
relativa al plan de la Dirección General del Patrimonio en relación
con el Ministerio de Administraciones Públicas, y nos puso de
manifiesto que los edificios eran patrimonio del Estado y que, por
tanto, no podía ser el Ministerio solo el que hiciese una
disposición. El tema que nos ocupa en este caso es complemento de lo
que planteaba el señor Ripa, no sólo la concentración de servicios,
sino la reducción del gasto, porque no hay sólo edificios en
propiedad, sino en arrendamiento y lo que se trataba era de ir
reduciendo el gasto en ese tipo de arrendamientos.
Otro aspecto que nos parece importante resaltar con esta pregunta es
que, aunque la Lofage aparece en 1997, presupuestariamente comienza
en 1998, me refiero al concepto presupuestario de lo que puede
significar el desarrollo de esa legislación, y nos preocupa que desde
ese año, en el que aparece una inversión de 900 millones de pesetas,
la evolución de todo ese concepto presupuestario ha ido subiendo y
para el año 2001 los tres conceptos que aparecen tanto en el artículo
20 como en el concepto 212, arrendamientos, reparación e inversión,
ascienden a un total de 2.200 millones de pesetas. Nos parecía
preocupante la cifra, de ahí que planteemos la pregunta, para ver
cuál va a ser la reacción del Ministerio de Administraciones Públicas
para empezar a hacer una política más adecuada con respecto a los dos
conceptos que hemos planteado, tanto a la concentración requerida por
el señor Ripa como a la reducción del gasto.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora subsecretaria.
La señora SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (De Cospedal
García):
Efectivamente, como dice S.S., ha aumentado el volumen en
reparaciones y en mantenimiento, porque mediante este tipo de
actuaciones y de la ejecución de obras lo que se permite es ir
liberando arrendamientos. Hay que hacer una inversión inicial para ir
liberando y dejando locales libres porque a la larga es mucho más
barato, pero de primeras el coste parece mayor.
El coste directo de ahorro en liberación de contratos de
arrendamiento de lo que estamos ejecutando ahora y lo que está en
tramitación ya lo he comentado. Durante el año 2000, el ejercicio que
hemos terminado, esta política de ir concentrando servicios y de
liberar arrendamientos ha supuesto un ahorro en arrendamientos de 56
millones y medio de pesetas, todo ello como gasto directo que se deja
de pagar, pero como gasto indirecto, que también se ahorra mucho
gasto indirecto porque los servicios se pueden contratar
conjuntamente cuando se trata de un único edificio y se evitan otro
tipo de servicios, ha supuesto un ahorro de 42 millones y medio de
pesetas.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra doña María José López.
La señora LÓPEZ GONZÁLEZ: Tanto en el planteamiento del señor Ripa
como en éste, que es complementario, efectivamente, la inversión
puede ser mayor. Pero yo, cuando veía los datos en el presupuesto,
hacía una reflexión y es que no deja de ser una contradicción el
decir que cuando asumieron la administración periférica se
encontraron los edificios hechos un desastre y que usted, en su
comparecencia del 10 de octubre, me reconociera que cuando se asumió
la incorporación del parque móvil se encontraron con una serie de
hangares, edificios, etcétera, que parecía que podían ser
reconvertidos y utilizados por la Administración para otros fines. Me
sigue pareciendo contradictorio que, a pesar de la reducción del
gasto en arrendamientos (ya me dijo usted en su momento -y me lo ha
repetido ahora- que la pondrían en marcha en el presupuesto del año
2000 y que todavía no se había podido hacer porque se había asumido a
mitad del presupuesto y había que dejar un margen de tiempo),
tengamos esas inversiones tan fuertes (fíjese que le he dicho tres
conceptos: arrendamientos, reparación e inversión), es decir, me
sigue pareciendo mucho los 2.200 millones de pesetas. Sólo en dos
ejercicios hemos pasado de 900 millones a 2.200 millones de pesetas,
a pesar de que en un ejercicio ha habido una reducción de 86 millones
y en el otro (usted me acaba de dar el dato) de 53 millones de
pesetas. Me sigue pareciendo contradictorio porque no hay correlación
entre el objetivo que se plantea el Ministerio y el hecho de que no
se contiene el gasto de una manera más evidente.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora subsecretaria.
La señora SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (De Cospedal
García): Efectivamente, S.S. puede considerar que existe una
contradicción, pero lo cierto es que, junto con la tarea de aglutinar
todo lo que son servicios de la Administración General del Estado
para que aparezca de la forma más unívoca posible para el ciudadano,
al mismo tiempo, estamos tratando (porque estaba muy dejado y hacía
mucho tiempo que no se había hecho nada, y el Ministerio de
Administraciones Públicas tenía una deuda pendiente en ese sentido)
de adecentar en muchos casos las sedes principales de las
delegaciones y subdelegaciones del Gobierno y los edificios que tiene
la Administración en la periferia, porque las recogimos en muy mal
estado cuando se integraron los servicios en este Ministerio. Para el
ciudadano, la imagen de la Administración general del Estado tiene
que ser una, pero también tiene que ser decente.
- DE LA SEÑORA LÓPEZ GONZÁLEZ (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA), SOBRE
CONVOCATORIA POR EL MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS DE LA
MESA DE CONTRATACIÓN. (Número de expediente 181/000746.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al último punto de este bloque de
preguntas orales.
Para formular esta última pregunta, tiene la palabra doña María José
López.
La señora LÓPEZ GONZÁLEZ: Muy brevemente, porque hay una parte de la
pregunta que ya, de alguna forma, hemos debatido durante la
comparecencia de la subsecretaria.
Hay una reflexión que a mí me parece importante respecto a la
política de contratación del Ministerio, y me refiero no sólo a la
convocatoria de la mesa, sino a la posibilidad de que el desarrollo
legislativo de esa mesa, digamos, central, a la que usted ha hecho
referencia con anterioridad, había hecho que no se hubiera reunido
nunca, aunque la mesa de contratación sí que lo hace de forma
habitual. Al hacer esta pregunta, la centro en una cuestión que a mí
me parece importante y es que sigue sin convencerme la actitud de la
Administración en este aspecto y sigo sin ver una coordinación en las
contrataciones que se hacen desde los diferentes ministerios, como he
dicho anteriormente. Tenemos la sensación de que las mesas de
contratación de los ministerios no siguen los criterios que el
Ministerio de Administraciones Públicas quiere ir imponiendo.
Hay otro aspecto que también nos preocupa y es que no exista la
posibilidad de que esas mesas de contratación hagan una evaluación de
cómo está llevando a cabo el servicio la empresa privada contratada
por parte de la Administración. No me refiero sólo al hecho de que se
haga el contrato y se preste el servicio, me refiero a que haya una
evaluación, un seguimiento para saber que el servicio se está
prestando tal y como era el objetivo cuando se hizo la contratación,
es decir, que el
servicio se adecue perfectamente al objetivo que en su momento quería
el Ministerio. Además, creo que sería prudente y necesario que al
hacer ese seguimiento tuviéramos la posibilidad (así está previsto en
la Ley de contratos del Estado, por lo que no sería ninguna novedad)
de controlar la calidad del servicio, no sólo cuantitativa sino
cualitativamente, es decir, que pudiéramos controlar que la calidad
del servicio es la adecuada para que, en caso de que así no fuese,
tuviéramos la posibilidad (porque la ley nos la da) de resolver ese
contrato haciendo uso de los correspondientes criterios legales.
El señor PRESIDENTE: La señora subsecretaria tiene la palabra.
La señora SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (De Cospedal
García): Antes de contestar directamente la pregunta, tengo que hacer
una precisión porque, si no, no entendería bien lo que me está
preguntando la señora diputada. Me preguntaba cuándo va a convocar el
Ministerio la mesa de contratación y aquí tengo que hacer una
distinción previa. Imagino que el Ministerio convoca la mesa de
contratación desde su nacimiento, porque siempre hay una mesa de
contratación para un contrato que se tiene que adjudicar. Lo que ha
ocurrido (y entiendo que a eso se refiere la pregunta de S.S.) es que
recientemente, en una orden publicada en el mes de abril, el
Ministerio ha constituido dos órganos, no sólo uno. En primer lugar,
la junta de contratación del Ministerio, que es un órgano de
contratación colegiado. Como sabe S.S., los órganos ordinarios de
contratación son órganos unipersonales, son los ministros y los
secretarios de Estado, que pueden delegar -y generalmente lo hacen-
en el subsecretario del Departamento. Es decir, los órganos
ordinarios de contratación son los que deciden sobre la contratación.
En segundo lugar, existe un órgano de asesoramiento, que puede
constituirse ad hoc para cada contrato o con carácter general, para
que funcione de manera permanente en el Ministerio, con sus vocales
designados. Eso es la mesa de contratación, que es lo que hemos
constituido también, con carácter permanente, en el Ministerio. Tanto
la junta de contratación -el órgano de contratación- como la mesa de
contratación general del Ministerio -el órgano de asesoramiento- ya
se han convocado y se han constituido en el Ministerio (me refiero a
las generales), y la junta de contratación (por terminar de responder
a la pregunta de S.S.) puede tener dos funciones: o ser sólo órgano
de contratación colegiado, representado por todos los centros
directivos del Ministerio y bajo la presidencia del subsecretario del
Ministerio, o ser órgano de contratación y, además, órgano de
asesoramiento, de vigilancia y de seguimiento de los contratos que se
hagan en el Ministerio, y de planificación contractual. De esta
segunda manera es como la hemos constituido en el
Ministerio de Administraciones Públicas y a esas funciones también se
va a dedicar.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora López.
La señora LÓPEZ GONZÁLEZ: Querría una aclaración. En esta fase
estamos en fase de constitución, ¿por eso no ha habido convocatoria?
El señor PRESIDENTE: Señora subsecretaria, tiene la palabra.
La señora SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (De Cospedal
García): Se ha constituido ya la junta de contratación y ya se ha
convocado. La junta de contratación se constituyó formalmente el 18
de mayo y la mesa general de contratación también se ha constituido,
la general, no la anterior, que ya estaba funcionando. Como sabe S.
S., la constitución de la junta de contratación como órgano colegiado
y la de la mesa permanente de contratación no es obligatoria, es una
facultad que se deja al titular del departamento.
El señor PRESIDENTE: Despedimos aquí a la señora subsecretaria y
suspendemos la sesión durante un minuto, para terminar con las
proposiciones no de ley, creo que en el plazo que habíamos marcado
para las votaciones.
Se suspende la sesión.
Se reanuda la sesión.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- SOBRE EXCLUSIÓN EN EL PRÓXIMO PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS
GENERALES DEL ESTADO DEL LÍMITE GENERAL A LAS CONVOCATORIAS DE NUEVAS
PLAZAS EN LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. PRESENTADA POR EL GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/000650.)
El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión para continuar los trabajos
de la Comisión con el punto VII: Proposición no de ley sobre
exclusión en el próximo proyecto de ley de Presupuestos Generales del
Estado del límite general a las convocatorias de nuevas plazas en las
administraciones públicas.
Tiene la palabra doña Juan Serna, en nombre del Grupo Parlamentario
Socialista.
La señora SERNA MASIÁ: El Grupo Parlamentario Socialista presenta
esta proposición no de ley sobre la exclusión en los Presupuestos
Generales del Estado del límite general a las convocatorias de nuevas
plazas en las administraciones públicas. Podemos hacer una reflexión
que podría ser compartida por la mayoría de los grupos presentes en
la comisión a raíz de un hecho que sucede en el año 1997. Es la tasa
de reposición de efectivos del 25 por ciento, cuyo objetivo
fundamental era limitar el incremento del empleo en las
administraciones públicas. Sin embargo, en estos años se ha recogido
en todos los Presupuestos Generales del Estado esta tasa de
reposición de efectivos que ha tenido una serie de efectos que
podríamos evaluar como efectos no deseados e inesperados, que están
generando consecuencias negativas para la Administración pública. De
ahí la bondad política de nuestra proposición no de ley.
Querría enumerar algunos de esos efectos no deseados. Digo sólo
enumerar porque en otras sesiones de esta Comisión los hemos debatido
suficientemente, en algunos casos llegamos a acuerdos pero en otros
no. Veamos qué es lo que ocurre esta mañana. El primer efecto
negativo para la Administración pública es el aumento de la tasa de
temporalidad. La primera vez que discutimos esto, en octubre de 2000,
veíamos que la tasa de temporalidad en la Administración pública
estaba establecida en torno al 20 por ciento. Hace tres meses tuve
que corregir ese dato y elevarlo al 21 por ciento, y en la última
encuesta de población activa vemos que está situada ya en el 22 por
ciento. Por otro lado, esta tasa del 25 por ciento está generando la
restricción del acceso de los jóvenes al empleo público y el aumento
de la media de edad de los empleados públicos. Se está produciendo la
externalización de los servicios públicos y privatizaciones de
servicios que son propios de la Administración pública. Un simple
ejemplo que ha producido estupor y chirigotas en los últimas días
entre la población ha sido que la seguridad de la Escuela Militar de
Zaragoza está en manos de empresas privadas de seguridad. Asimismo se
está produciendo un crecimiento de las quejas de los usuarios. Voy a
darles otro ejemplo aparecido en la prensa de mi ciudad, Alicante: en
los tres últimos años las quejas de los usuarios han aumentado el 214
por ciento, según el alcalde, por mala atención y mala calidad de los
servicios públicos. Con grandes quejas de los funcionarios, se está
produciendo el aumento del trabajo que debe realizar cada empleado
público para sustituir el trabajo de las plazas vacantes. Recordamos
que lo que hace la tasa de reposición del 25 por ciento es que de
cada cuatro vacantes sólo se sustituya una. En definitiva, esta serie
de efectos enumerados, no deseados, son negativos para la calidad de
las administraciones públicas. Como la tasa de reposición del 25 por
ciento es una medida básica para todas las administraciones, que
afecta a las administraciones
territoriales, nos encontramos con que en las comunidades autónomas y
los ayuntamientos, que son los que prestan los servicios de gestión
más directo para los ciudadanos, más que la Administración general
del Estado, la tasa de temporalidad aumenta año tras año.
Lo sorprendente es que en estos momentos el Ministerio de
Administraciones Públicas acepta que la tasa de reposición de
efectivos es, cuando menos, una medida vulnerable. Me voy a remitir a
unas declaraciones hechas en esta Comisión el día 10 de octubre por
el secretario de Estado para la Administración Pública, en las que
textualmente dice que la tasa de reposición puede ser una causa de
precariedad, sobre todo en el ámbito de las otras administraciones.
Añade que es una de las razones de que en este año 2000 se vaya a
flexibilizar esa tasa de reposición. Textualmente, dice: Hoy la tasa
de reposición es la excepción a las políticas de la oferta de empleo
público. Por otro lado, el ministro para las Administraciones
Públicas, el señor Posada, hace tan sólo un mes indicaba. Si con este
sistema no se está limitando el crecimiento del número de efectivos
-que como todos sabemos, era el objetivo principal del Gobierno- y
además se está generando temporalidad, debe cambiarse y aplicar otro
modelo que evite estos efectos negativos. No nos gusta -sigue
diciendo el ministro-, que la tasa de temporalidad baje en el sector
privado y suba en el público, por lo que hay que buscar otras
fórmulas.
Concluyendo, señor presidente, si nos encontramos con que se ha
aumentado la tasa de temporalidad y hoy uno de cada tres empleados
públicos no es fijo; si no se ha conseguido limitar el número de
efectivos; si por estas razones los servicios públicos están
perdiendo calidad y vemos, como dice el secretario de Estado, que la
tasa de reposición del 25 por ciento se está convirtiendo en una
excepcionalidad, nuestra proposición no de ley tiene una cierta
bondad política. Quiero añadir un dato ante la alarma que se esgrime
continuamente del exceso de empleados públicos. Según el último
informe de la OCDE, España mantiene una diferencia negativa de dos
puntos con relación a la media europea en la tasa de empleo público
respecto al empleo total. Si esta tasa es vulnerable y ha devenido
negativa para la buena marcha de la Administración pública, el Grupo
Parlamentario Socialista considera que debe aprobarse esta
proposición no de ley que insta al Gobierno a que en el próximo
proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado no incluya
limitación alguna en el número de plazas de nuevo ingreso en las
administraciones públicas, de tal manera -quiero subrayarlo- que la
oferta de empleo público pueda ser objeto de negociación en cada
Administración pública y se concentre en aquellos servicios públicos
que se consideren verdaderamente prioritarios.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV),
tiene la palabra el señor Erkoreka.
El señor ERKOREKA GERVASIO: Para el grupo al que represento, la
limitación del número de plazas de nuevo ingreso al 25 por ciento de
la tasa de reposición de efectivos es una medida que padece de
estatocentrismo; una patología que, dicho sea de paso, aqueja a un
importante número de las normas que dicta el Estado en materia de
Función pública. En el ámbito que nos ocupa, la limitación del número
de plazas al 25 por ciento de la tasa de reposición de efectivos,
este estatocentrismo se produce, sobre todo, en un doble sentido. En
primer lugar, aun cuando afecta al conjunto del sector público
estatal autonómico o local, porque reviste carácter básico, esta
medida toma como referencia única o principal la Administración
general del Estado, una organización administrativa que cuenta con
una amplia plantilla y está integrada por una gran variedad de
cuerpos en casi todos los niveles de titulación, dos características
que no se dan en la misma medida en el resto de las organizaciones
administrativas sobre las que pretende imponerse. ¿Qué es lo que esto
provoca? Que lo que en la Administración general del Estado puede
constituir una razonable medida de ajuste exigida por la estabilidad
económica del equilibrio presupuestario y el control de la inflación,
en otras organizaciones administrativas estructuralmente menos
complejas y que cuentan con un número de efectivos infinitamente
menor constituye con frecuencia una vía de estrangulamiento del
propio servicio público.
Afortunadamente este año se ha excluido del ámbito de aplicación de
esta medidas a las corporaciones locales de menos de 50.000
habitantes y a la Policía local, pero todavía entre las corporaciones
locales cuyo número de habitantes supera esta cifra y entre las
administraciones autonómicas se da una amplísima gama de situaciones
específicas ligadas a las políticas de personal puestas en marcha por
cada una de estas organizaciones que no pueden ser resueltas por una
sola norma de vocación uniformizante. Imaginemos el caso, no
infrecuente, de una organización administrativa que, haciendo un uso
responsable de su competencia para fijar sus propias políticas de
personal, hubiera establecido medidas de ajuste con carácter previo a
la introducción en la Ley de Presupuestos Generales del Estado el año
1997 de esta limitación a la que nos estamos refiriendo. Imaginémonos
que, como consecuencia de esas medidas de ajuste, hubiera limitado ya
su estructura y sus plantillas de manera que la irrupción de esta
previsión en el ordenamiento jurídico con carácter básico y de
obligatoria sujeción a todas las administraciones públicas, supondría
un auténtico desastre en la gestión de recursos humanos en esa
organización administrativa.
Al principio de mi intervención he calificado esta medida de
estatocéntrica y he dicho por qué lo era en
un determinado sentido. Esta medida es también estatocéntrica en el
sentido de que acostumbra a exceptuar la aplicación del límite a
ciertos empleados que están definidos también en función de los
intereses y necesidades del propio Estado. La Ley de presupuestos de
este año, por ejemplo, excluye del ámbito de aplicación del límite
del 25 por ciento de la tasa de reposición de efectivos a las Fuerzas
Armadas, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a las
policías autonómicas que deban efectuar algún despliegue, al personal
de la Administración de justicia, al personal docente y al personal
de prevención y extinción de incendios. Tampoco aquí se toman en
consideración las necesidades específicas que pudieran tener las
corporaciones locales de más de 50.000 habitantes y las
administraciones autonómicas, cuyas políticas de personal podrían
exigir, y con frecuencia exigen, la excepción singular de esta regla
que el Estado pretende imponer al conjunto de las organizaciones
administrativas sin ningún tipo de excepción.
Las consecuencias que este estatocentrismo produce las ha puesto de
manifiesto la portavoz del Grupo Socialista que ha presentado la
proposición -y no voy a insistir en ellas-: la precariedad en el
empleo público y la desatención en muchas ocasiones del servicio que
puede llegar a auténticos estrangulamientos. Además de
estatocentrismo, este año la medida que nos ocupa padece también de
otro mal que afecta igualmente a un número no desdeñable de medidas
que dicta el Estado en materia de Función pública: el mal de las
apariencias. Por tanto, una doble patología: estatocentrismo y mal de
apariencias. ¿A qué se refiere este grupo cuando hace referencia al
mal de apariencias? En la comparecencia del ministro de
Administraciones Públicas la semana pasada ante esta misma Comisión,
mi grupo denunció la existencia, en el marco de la política
retributiva seguida por el Estado, de un doble mensaje: uno oficial,
dirigido a presentar ante los sectores económicos y empresariales del
país la apariencia de que la política salarial del Gobierno respeta
escrupulosamente el IPC previsto y se ajusta rigurosamente a la
ortodoxia de los objetivos de política económica general, y otro real
que tiene por destinatarios a los sindicatos y a los grupos de la
oposición parlamentaria y que defiende que los empleados públicos no
han perdido poder adquisitivo dado que, aun cuando el incremento de
sus retribuciones se ajusta al IPC incorrectamente previsto por el
Gobierno, lo cierto es que han sido compensados a través de otras
medidas presupuestarias, de modo que el incremento real y efectivo de
su salario se encuentra próximo al IPC real, no ya al previsto sino
al real. Pues bien, esta patología consistente en aparentar en el
discurso oficial lo que realmente no es, es también un mal que aqueja
a la medida que nos ocupa, porque este año la inclusión en la Ley de
Presupuestos Generales del Estado de una cláusula que permite
convocar
los puestos a plazas que estando presupuestariamente dotadas e
incluidas en sus relaciones de puestos de trabajo, catálogos o
plantillas se encuentran desempeñados interina o temporalmente -una
excepción que, añadida a todas las demás que incluye el precepto,
prácticamente neutraliza o por lo menos deja vacía de contenido la
regla general de la limitación del número de plazas de nuevo ingreso
al 25 por ciento de la tasa de reposición de efectivos-, es una
medida que no tiene efectividad real. Y si de facto la regla general
queda vacía de contenido, ¿para qué mantenerla, preguntamos nosotros?
¿Solamente a efectos de mantener la apariencia de que se es riguroso
con el gasto de personal? El propio secretario de Estado para la
Administración Pública reconoció, en su comparecencia del 10 de
octubre de 2000, que efectivamente hoy la tasa de reposición es la
excepción a las políticas de oferta del empleo público. Si es la
excepción, una excepción cuya materialización prácticamente no se
acaba de vislumbrar, ¿qué sentido tiene mantenerla? Nosotros siempre
hemos sido partidarios de suprimirla y, por tanto, vamos a votar en
sentido favorable a esta proposición no de ley.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida, tiene la palabra don Antero Ruiz.
El señor RUIZ LÓPEZ (Don Antero): Son bien conocidos los efectos
perversos de las limitaciones presupuestarias de la creación de
nuevas plazas en el seno de la Función pública. En la comparecencia
de la subsecretaria he dicho algo al respecto.
Como bien denuncia la proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Socialista, el envejecimiento de las plantillas al servicio de las
administraciones públicas, el incremento de la temporalidad y
precariedad en las mismas, así como la reducción de la calidad de los
servicios públicos tienen mucho que ver con la limitación
presupuestaria antes citada.
El pasado viernes yo mismo hice una batería de preguntas escritas al
Gobierno sobre estos asuntos. Este grupo parlamentario comparte los
temores y los análisis del Grupo Parlamentario Socialista en esta
materia.
Aprovecho que el Grupo Parlamentario Socialista ha suscitado este
asunto hoy en la Comisión de Administraciones Públicas para
denunciar, una vez más, el perverso modelo de Función pública del
Partido Popular, que consiste fundamentalmente en congelar las
ofertas públicas de empleo, reducir las plantillas presupuestarias,
precarizar los contingentes laborales, amortizar puestos
funcionariales y aumentar la subcontratación del servicio del sector
privado. El Gobierno del Partido Popular consigue con todo ello que
los servicios públicos tengan verdaderos problemas para seguir
funcionando como consecuencia de la política de personal en
el Gobierno y, de rebote, lograr desprestigiar lo público y mejorar
la imagen de las empresas privadas.
Anuncio, por tanto, que votaremos a favor de la proposición no de ley
del Grupo Parlamentario Socialista, por entender que la limitación
presupuestaria a la creación de nuevas plazas es uno de los
principales obstáculos para la vertebración de una Función pública
moderna y saneada en España, así como para la existencia de unos
servicios públicos modernos y propios de una democracia avanzada como
debería ser la española.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene
la palabra doña María Jesús Ruiz.
La señora RUIZ RUIZ: Nos vamos a ceñir al contenido de la proposición
no de ley, al margen de otras consideraciones que sobre aspectos que
no están directamente relacionados con esta proposición se han hecho
por parte de algún portavoz. Existen una serie de criterios y de
políticas aplicadas por el Gobierno del Partido Popular que para
nosotros son acertadas, han dado resultados y que partían de un
principio general, que era la política general de contención del
gasto público, con un objetivo muy concreto en el ámbito del sector
público, que era la racionalización y adecuación de los recursos
humanos como uno de los grandes objetivos a alcanzar, pero -insisto-
directamente relacionado con esa política de contención del gasto
público y de criterios de convergencia, ya que el conjunto de las
políticas puestas en marcha por el Gobierno del Partido Popular desde
el año 1996 ha dado el resultado positivo que la sociedad española en
su conjunto valora. Dentro de la capacidad del Gobierno para la
regulación de la actividad económica y la coordinación del Estado,
según se desprende del artículo 156.1 de la Constitución, desde el
año 1987 se ha ido manteniendo de una manera coherente una misma
política en la oferta de empleo público, con la que se pretendía, de
forma ordenada, que para aquellos servicios considerados como no
imprescindibles se aplicara una reducción de efectivos asignados y al
mismo tiempo una reasignación de los existentes para que pudieran
utilizarse más eficazmente dentro de los servicios esenciales o en
expansión.
Quiero precisar que estamos hablando de una tasa de reposición de
efectivos, es decir, que dentro del conjunto de las plantillas de las
distintas administraciones del Estado suponía una racionalización de
sus recursos en materia de personal. A través de las sucesivas leyes
de presupuestos se diseñaba una oferta de empleo público selectiva a
la que, por el criterio de restricción cualitativa del 25 por ciento,
se le han ido aplicando importantes excepciones a las que han hecho
relación los grupos, que van dirigidas a las
grandes líneas políticas básicas del Estado y que en este caso ha
fijado el Gobierno para el año 2001. Se han exceptuado de esa tasa de
reposición importantes servicios de competencia del Estado que
inciden directamente en el conjunto de servicios demandados por los
ciudadanos. Así, se ha excepcionado las Fuerzas Armadas, Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado de las comunidades autónomas, el
personal correspondiente a la Administración de justicia, las
administraciones públicas con competencia educativa para el
desarrollo de la Logse; el personal al servicio de la prevención y
extinción de incendios, el personal al servicio de las corporaciones
locales menores de 50.000 habitantes y en el ámbito uniforme total de
la Policía local. Creemos que esa misma excepción, directamente
relacionada con las políticas básicas que quiere primar especialmente
el Gobierno, anularía prácticamente los argumentos esgrimidos por la
portavoz del Grupo Socialista y por el resto de portavoces que han
intervenido.
Por otra parte, se han hecho una serie de consideraciones sobre los
posibles efectos perversos de esta tasa de reposición y así se decía
que ha tenido una incidencia directa en el aumento de la
temporalidad. Mi grupo no comparte que exista una relación causa
efecto entre esta tasa de reposición y el aumento de la temporalidad
en el conjunto de las administraciones. Compartimos el criterio de
que en el ámbito de la Administración pública hay que restringir lo
más posible y eliminar esa tasa de temporalidad, que no vamos a
discutir que ha crecido, pero no creemos que esté directamente
relacionada con esta tasa de reposición. Por consiguiente, ese límite
de tasa reposición no tiene nada que ver con la tasa de temporalidad
que ahora se mantiene en el sector público y que es objeto de otras
medidas correctivas que ha puesto en marcha el Gobierno y que se
mantiene dentro de la negociación con las centrales sindicales para
evitar mayores efectos. En ese sentido, en esta Ley de presupuestos
para el año 2001 se contiene una serie de medidas concretas que
restrinja esa contratación de personal temporal y el nombramiento de
funcionarios interinos. En la oferta de empleo público se han
introducido una serie de criterios correctivos, como es la reducción
de los plazos de las remisiones de las convocatorias para el informe
receptivo, así como la publicación de las mismas, con el objetivo de
que se imprima mayor celeridad al proceso de selección de personal y
se evite ese período excesivo entre la selección como tal y la
incorporación efectiva de ese personal.
La política que está diseñando el Gobierno respecto del objetivo de
compatibilizar la racionalización de los recursos humanos con ese
objetivo general de política económica que afecta al conjunto de las
administraciones, es la correcta. Cabría hacerse la pregunta de si el
resto de las administraciones del
Estado, tanto la autonómica como la local, no deben contribuir a la
convergencia y a la realización de los objetivos económicos, como
puede ser el límite del gasto público, objetivos puestos en marcha
por el Gobierno. Tampoco compartimos que esta tasa de reposición
fijada en la Ley de presupuestos haya menoscabado la eficacia de los
funcionarios o de los servicios que se prestan a los ciudadanos. No
creemos que tengan una relación directa, sino, más bien, relacionada
con un objetivo económico de contención del gasto público. En
definitiva, no es una medida aislada, que no tenga relación con el
resto de la política global del Gobierno. No se puede hablar sólo de
la tasa de reposición con esos efectos perversos a los que aludían
SS.SS., sino que hay que tener en cuenta el conjunto de la política
económica llevada a cabo en estos años y que, como decía al principio
de mi intervención, se ha demostrado positiva, ya que ha generado
empleo. Independientemente de que haya tenido que tener un criterio
corrector de racionalización y adecuación en el sector público, es
una política que ha generado desarrollo, empleo y las cifras, en las
que aquí ya hemos incidido otras veces, no tienen discusión alguna.
En la medida en que es un instrumento más dentro de la política
general del Gobierno, estas medidas de contención del gasto público,
de racionalización y adecuación de los recursos requieren para su
eficacia un período de tiempo sostenido, sin perjuicio de que se
revisen anualmente -como también se reconocía por los portavoces de
los grupos que han intervenido- los casos excepcionales contemplados
en las políticas básicas del Gobierno y fijados en la Ley de
presupuestos. Es una medida más dentro del conjunto general de la
política económica que debe mantenerse un tiempo hasta que se vea
cumplido el resto de los objetivos económicos que permitan dar una
mayor flexibilidad al sector público, pero siempre sin perder de
vista ese contenido general del objetivo.
La proposición pondría en riesgo esa política de limitación y
redistribución de efectivos, sobre todo en lo relativo al control del
gasto público. Creemos que se ha demostrado eficaz esa medida, no
compartimos que exista el efecto que han pretendido explicar aquí los
grupos, que se hayan producido restricciones en el acceso de jóvenes
al sector público o aumento de la temporalidad y, mucho menos, la
pérdida de la calidad en la prestación de los servicios. Repito que
es medida más dentro de la política general del Gobierno que mi grupo
apoya y que va en la buena dirección, ya que ha producido los
resultados económicos y de desarrollo que ahora mismo tenemos. No es
una medida aislada que deba ser objeto de análisis aisladamente. Por
consiguiente, no estamos de acuerdo con la proposición de ley que
presenta el Partido Socialista y no la vamos a apoyar.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Serna.
La señora SERNA MASIÁ: Muy brevemente.
En primer lugar, el Grupo Parlamentario Socialista quiere agradecer
al Grupo Parlamentario Vasco (EAJPNV) y a Izquierda Unida su apoyo a
esta proposición no de ley, que, como he dicho antes, nosotros
consideramos que genera bondad para la buena marcha de la
Administración pública.
En cuanto a la intervención de la portavoz del Grupo Popular, quería
hacer algunas consideraciones. Entre las razones por las que su grupo
va a votar en contra de esta proposición no de ley, está el que se
produzca una contención en el gasto público. Quiero decirle
simplemente que la alta tasa de temporalidad está aumentando ese
gasto público.
En cuanto a los servicios sociales, estamos plenamente de acuerdo con
el Grupo Popular. El problema es que esa tasa de reposición obliga a
cubrir vacantes donde no son necesarias e impide ampliar las vacantes
donde sí lo son, precisamente en los servicios esenciales. Lo que ha
ocurrido es que, teniendo en cuenta la oferta de empleo público para
este año, se establecen tal cantidad de excepciones -bastantes más de
las que la portavoz popular ha mencionado- que la propia tasa de
reposición se ha convertido en una excepcionalidad y está dejando de
cumplir el papel para el que se creó por el Gobierno. Por tanto, ese
límite de reposición sí tiene que ver con la temporalidad, tal y como
indica -se lo he leído y no voy a volver a hacerlo- el ministro,
señor Posada, y con la baja calidad de las administraciones públicas;
eso, naturalmente, no lo dice el ministro, sino el gran aumento del
porcentaje de quejas de los ciudadanos. Yo le he puesto un solo
ejemplo, para no hacer el debate largo: que en mi ciudad había
aumentado en un 214 por ciento. Habrá que investigar, de cara al
Defensor del Pueblo, cómo han ido aumentando estas quejas,
precisamente por la baja calidad de los empleados públicos.
Siento, y con esto termino, que el Grupo Popular no acepte esta
proposición no de ley, porque me parece que sería una excelente
salida que esta Comisión, por unanimidad, pidiese al Gobierno que
rectificase en una medida que no solamente no ha sido positiva, sino
que está teniendo efectos negativos y perniciosos para la buena
marcha de la Administración pública.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra doña María Jesús Ruiz.
La señora RUIZ RUIZ: En primer lugar, quiero hacer una aclaración.
Cuando yo hablaba del objetivo, también he dicho que se pretendía la
racionalización y adecuación de los recursos humanos en el ámbito de
la Administración, y eso pasa por la readscripción de esos recursos
humanos a otro tipo de servicios dentro de su
misma administración. Es decir, la administración que nosotros
queremos y que es más eficaz en el servicio a los ciudadanos parte de
no tener compartimentos estancos. Esto es, el puesto que queda
vacante de un funcionario que se jubila y al que afecta esa tasa de
reposición de efectivos no tiene por qué quedar sin contenido, sino
que se puede reasignar o se puede readscribir a otro tipo de personal
funcionario en esa administración y que cubra esos servicios. Por
tanto, ahí quiebra la afirmación que hace la portavoz socialista; en
el conjunto de la administración también son necesarias, y deben
ponerse en práctica, políticas de flexibilización y de movilidad
funcional dentro del colectivo que presta esos servicios.
Yo no digo que la tasa de reposición sea una medida maravillosa ni
que tenga una bondad total, lo que sí digo es que forma parte de un
criterio y de una serie de medidas de política general que sí han
resultado eficaces. Si bien se han ido corrigiendo, en la medida en
que las circunstancias han hecho que se vea que hay determinados
colectivos que por atender a políticas sociales básicas era necesario
excepcionar de esa tasa de reposición, no vemos la necesidad en este
momento de eliminarla totalmente, puesto que, si bien hay
excepciones, la regla general permite seguir manteniendo el objetivo
de contención del gasto público, que creemos que es una de las
medidas importantes de la política general que ahora mismo el
Gobierno pone en marcha. Esto es lo que le he intentado explicar
respecto al mantenimiento de la tasa de resposición. Además, vuelvo a
manifestar que mi grupo no cree, en absoluto, que las posibles quejas
que se puedan dar en el funcionamiento de la Administración estén
directamente relacionadas con la tasa de reposición.
Una precisión más, a la que no he hecho referencia anteriormente: la
oferta de empleo público que se aprueba con criterios generales en la
Ley de presupuestos es luego objeto de aprobación por cada órgano de
gobierno de la respectiva comunidad autónoma o corporación local,
que, a su vez, es objeto de negociación con las representaciones
sindicales y con los representantes de sus respectivos colectivos de
funcionarios. Por tanto, la política general es una competencia del
Estado, pero, después, la política concreta de personal en cada
administración debe tener como referente la consecución de esos
objetivos generales, que nosotros creemos que son básicos ahora mismo
en el conjunto del servicio público, en el conjunto de las
administraciones, que son corresponsables y que deben también
participar en esa consecución, intentando racionalizar sus servicios,
racionalizar sus efectivos y recursos humanos y, por supuesto, sin
menoscabo de las prestaciones y del deber que tienen, al prestar
servicios, de que no haya merma ninguna en su calidad.
- SOBRE LA REALIZACIÓN DE UN ESTUDIO SOBRE LA SITUACIÓN LABORAL DE
LAS EMPLEADAS PÚBLICAS, CON EL FIN DE ADOPTAR LAS ACCIONES POSITIVAS
NECESARIAS PARA QUE LAS MUJERES DESARROLLEN SU CARRERA ADMINISTRATIVA
EN IGUALDAD DE CONDICIONES QUE LOS HOMBRES. PRESENTADA POR EL GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/000734.)
El señor PRESIDENTE: Cerramos el debate de este punto del orden del
día y pasamos a la siguiente proposición no de ley, también
presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, que propone la
realización de un estudio sobre la situación laboral de las empleadas
públicas, con el fin de adoptar las acciones positivas necesarias
para que las mujeres desarrollen su carrera administrativa en
igualdad de condiciones que los hombres.
Para defender esta proposición de ley, tiene la palabra doña Juana
Serna.
La señora SERNA MASIÁ: En enero de este año, el Gobierno, en una
reunión europea que hubo en Suecia sobre igualdad y seguridad,
adquirió dos compromisos muy importantes para nuestro país: adoptar
medidas, tanto para elevar la tasa de empleo femenino como para
llevar a cabo una serie de actuaciones que mejorasen el desarrollo de
sus carreras profesionales. Esta es precisamente la directiva
relativa al principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en
lo que se refiere al acceso al empleo, a la formación y promoción
profesional y a las condiciones de trabajo, y es lo que ha llevado al
Grupo Parlamentario Socialista a presentar esta proposición no de ley
sobre la situación laboral de las mujeres en el ámbito de las
administraciones públicas.
Las actuaciones y las medidas que debería llevar a cabo el Gobierno
son para evitar todo tipo de discriminación. No voy a entrar en cosas
que ya se dicen en la exposición de motivos, pero, como SS.SS. saben,
hay dos tipos de discriminación. La directa, muy visible y sobre la
que puedo poner un ejemplo chusco que ha ocurrido últimamente en
Valencia: mujeres del ejército que acaban de entrar en una unidad de
servicios de telecomunicaciones, con sede Valencia, han visto cómo
sus funciones como mujeres militares han sido reducidas a la limpieza
y a la cocina. Digo que eso es chusco y, aunque no he recibido
todavía respuesta del Ministerio de Defensa, estoy plenamente
convencida de que, cuando me la den, será totalmente positiva para
erradicar esas situaciones. Hay otra serie de discriminaciones no
visibles, indirectas y que no son queridas por las propias
administraciones, pero se producen, y de ahí que trajese a colación
en la exposición de motivos que en el año 1993 se hizo un estudio por
la Generalitat Valenciana, que se llama: Mujer y administración, en
el que se analiza precisamente si las administraciones públicas,
que se rigen por los principios constitucionales de igualdad, mérito
y capacidad, cuando se encuentran con situaciones no igualitarias,
como históricamente ha venido ocurriendo en el ámbito de los hombres
y de las mujeres, a pesar de que estas administraciones públicas se
rigen por tales principios constitucionales, los aplican; es decir,
si se cumplían de hecho o no.
En el análisis de este estudio, que se llevó a cabo por el Instituto
Valenciano de Administración Pública en colaboración con el Institut
de la Dona, se vio que se producía toda una serie de hechos que
podíamos calificar de discriminaciones indirectas no queridas por la
Administración, que daban lugar, por ejemplo, a que en el ámbito de
los altos cargos las mujeres solamente ocupasen el 12 por ciento de
ellos, había una escasa presencia de mujeres en los tribunales de
selección de los empleados públicos, cuanto mayor aumento había de
las retribuciones y de las responsabilidades en cargos funcionariales
la presencia de las mujeres era mucho menor y sorprendentemente
también había un bajo porcentaje de las asistencias de las mujeres a
los cursos de formación; unos cursos a los que no solamente tienen el
derecho de acudir, sino que como empleadas públicas están obligadas a
actualizar sus conocimientos, entre otras cosas porque también les
permitirá tener luego mayores responsabilidades y cumplir mejor con
sus funciones. Este estudio dio lugar a que se pudiese llevar a cabo
una serie de medidas que pedían al Gobierno valenciano que se
realizasen actuaciones para mejorar estas situaciones.
Después de haber visto cómo el Gobierno interviene precisamente para
modificar la directiva de la que antes les hablaba, y cuyas reuniones
en la Unión Europea se produjeron en enero en Suecia, observamos que
va a tener algunas dificultades para llevarla a cabo si no conoce
perfectamente cuál es la situación laboral de las mujeres en el
ámbito de las administraciones públicas, si existen o no esas
discriminaciones (discriminaciones que precisamente hay que
investigar porque no son visibles, porque son indirectas) y qué
medidas podrían adoptarse para corregirlas de manera que eso
permitiese que el Gobierno español cumpliese verdaderamente el
compromiso adquirido de elevar esa tasa de empleo femenino y de
mejorar el desarrollo de las carreras profesionales.
Por otro lado, nos parecía que el Instituto Nacional de
Administración Pública es el lugar adecuado porque tiene cuatro
grandes áreas de actuación. No sólo por la primera, de formación, y
la segunda, de selección, sino que es el lugar adecuado y donde se
llevan a cabo estudios e investigaciones que mejoren la realidad de
la Administración pública, tal como se indica en el organigrama del
Instituto Nacional de Administración Pública. La cuarta área tiene
como objetivo mantener relaciones de cooperación y colaboración con
otras administraciones e instituciones, y a nosotros nos parece que
una de las instituciones que nunca debería quedar fuera es el
Instituto de la Mujer.
Dicho lo anterior, nuestra proposición no de ley indica lo siguiente:
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno para que realice en el
plazo de un año, a través del Instituto Nacional de Administración
Pública (INAP) y en colaboración con el Instituto de la Mujer, un
estudio sobre la situación laboral de las empleadas públicas con el
fin de adoptar aquellas acciones positivas que fuesen necesarias para
que las mujeres desarrollen su carrera administrativa en igualdad de
condiciones que los hombres.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida,
tiene la palabra don Antero Ruiz.
El señor RUIZ LÓPEZ (don Antero): Gracias, señor presidente; ahora sí
debatimos esta proposición no de ley que a mí me tenía un tanto
obsesionado.
El problema que hoy suscita en esta Comisión el Grupo Parlamentario
Socialista también es objeto de la preocupación del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida, puesto que estamos convencidos de
que a pesar de la igualdad formal sigue existiendo una desigualdad
material entre hombres y mujeres en el mundo laboral. Coincidimos,
por tanto, con el Partido Socialista en la necesidad de que las
administraciones públicas actúen de forma ejemplarizante y permitan a
las funcionarias desarrollar su carrera administrativo-profesional en
pie de igualdad con los funcionarios. A este respecto queremos
recordar la existencia de un magnífico tesoro en nuestra
Constitución, el artículo 9.2 de la misma, que obliga a los poderes
públicos a remover los obstáculos que impiden la igualdad material de
los individuos y grupos de los mismos y a la obligación
constitucional de ordenar la función pública en torno al pilar
sagrado del mérito y la capacidad.
Por todo lo anterior, apoyaremos la proposición no de ley del Grupo
Parlamentario Socialista, puesto que entendemos que las medidas de
acción positiva en la promoción laboral de la mujer en la Función
pública pueden tener una capacidad multiplicadora respecto del mundo
laboral privado y también por ser la igualdad en la Función pública
un fin en sí misma que inexcusablemente debe ser perseguido por los
poderes públicos. Finalmente, coincidimos con la necesidad de que el
INAF y el Instituto de la Mujer participen en el análisis de la
situación y en la propuesta de medidas de acción positiva, pero
entendemos que también deben estar presentes en estos procesos los
sindicatos más representativos en la Función pública. A tal efecto,
hemos presentado la pertinente enmienda a la proposición no de ley
del Grupo Parlamentario Socialista, que esperamos sea interpretado
como un intento de sumarnos al texto del PSOE y no como ninguna otra
cosa.
Termino reiterando la necesidad de tomar medidas como las demandadas
en esta proposición no de ley, insistiendo en la toma en
consideración de nuestra
enmienda y conminando al resto de grupos parlamentarios a apoyar la
proposición no de ley que hoy nos ha traído el Grupo Parlamentario
Socialista.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ruiz.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la palabra don Josu
Erkoreka.
El señor ERKOREKA GERVASIO: Señor presidente, la legislación española
en materia de Función pública acusa un claro déficit en cuanto a la
ordenación específica de las condiciones de igualdad material en las
que ha de desarrollarse el trabajo de la mujer en el seno de las
administraciones públicas. En este punto, probablemente como en otros
muchos, el retraso del régimen español de la Función pública puede
decirse que es colosal, sobre todo si lo comparamos con el de otros
países de la Unión Europea que constituyen la punta de lanza en el
ámbito del desarrollo social y muy específicamente en el de las
políticas de igualdad de oportunidades. Las causas pueden ser
variadas, pero probablemente hay una que sobresale de las demás: un
apego excesivamente formalista a los principios constitucionales de
igualdad, mérito y capacidad ha impedido hasta la fecha la posible
adopción de medidas singulares que, sin mengua de estos tres valores
que recoge la Carta Magna en sus artículos 23 y 103, permitan
asegurar un marco real de igualdad de oportunidades en el empleo
público.
La propia Unión Europea ha ido dando pasos importantes en el ámbito
de la igualdad laboral efectiva entre hombres y mujeres, poniendo
además especial énfasis en el empleo público. Cabe destacar la
conocidísima Directiva 76/207, de 9 de febrero, relativa a la
igualdad de trato en el acceso al empleo, a la formación, a la
promoción profesional y a las condiciones de trabajo. Una directiva
que ha sido reiteradamente utilizada por el Tribunal de Justicia de
la Unión Europea como parámetro de adecuación al ordenamiento
jurídico comunitario de todas las normas dictadas por los países
miembros con el fin de impulsar la igualdad real y efectiva de la
mujer en el empleo público. Es sabido que fundamentalmente desde el
año 1995 este Tribunal de Justicia Europeo ha tenido la oportunidad
de dictar varias sentencias en torno a la legitimidad, con arreglo al
derecho comunitario, de diferentes medidas de discriminación positiva
adoptadas por diferentes países miembros en el seno de la Función
pública. Hay cuatro sentencias muy conocidas y comentadas en el
ámbito doctrinal dictadas entre 1995 y el año 2000 que hacen
referencia, insisto, a diferentes supuestos de regulaciones relativas
a la Función pública, en las que los länder alemanes y el Estado
sueco adoptan medidas de especial promoción de la mujer en lo que se
refiere a la promoción en la Función pública.
Más allá del juicio que pueda hacerse en torno a cada uno de estos
pronunciamientos del Tribunal de Justicia,
muchos de ellos -no hay por qué ocultarlo- han sido duramente
criticados por cierta doctrina. La atenta lectura de estos
pronunciamientos del Tribunal de Justicia permite apreciar que el de
la igualdad laboral efectiva entre hombres y mujeres en el sector
público constituye un ámbito delicado, complejo, en el que con mayor
o menor acierto países como Alemania y Suecia, a los que se refieren
fundamentalmente los cuatro pronunciamientos, han ido dando pasos
progresivos, explorando posibilidades, sopesando alternativas,
ponderando los diferentes bienes jurídicos en juego y arbitrando
soluciones reales que hasta la fecha no han tenido eco alguno en la
legislación española de Función pública ni para importarlas ni para
matizarlas ni para rechazarlas. Es más, ni tan siquiera el
anteproyecto de estatuto básico para la Función pública contenía
alguna previsión siquiera genérica a este respecto.
A juicio de nuestro grupo, es momento ya de abordar este problema, y
el estudio al que se refiere la proposición no de ley que debatimos
puede constituir un interesante punto de partida, ya que nos
encontramos ante una cuestión en la que las soluciones a adoptar
tienen que atender a las características de cada modelo de función
pública y a las peculiaridades sociales de cada país, sin que sea
factible importar modelos y experiencias acríticamente, que pueden
resultar absolutamente inapropiados para modelos, marcos y contextos
absolutamente distintos. A ello nos estimula, por otro lado, la Unión
Europea, que ha ido ampliando progresivamente el sentido del artículo
119 del Tratado de Roma, que se limitaba a establecer un principio de
igualdad formal entre las retribuciones a percibir por los hombres y
mujeres por el desempeño de un mismo trabajo, hasta convertirlo en lo
que puede ser caracterizado como un auténtico derecho fundamental a
la igualdad de trato entre hombres y mujeres en todos los aspectos de
la vida profesional, muy alejados del original y restrictivo ámbito
salarial.
Clara muestra de lo que digo es el Tratado de Amsterdam, que ha
modificado este artículo del Tratado de Roma, que ahora recibe el
número 141, hablando expresamente de la necesidad de garantizar en la
práctica la plena igualdad entre hombres y mujeres en la vida
laboral.
Como medida complementaria, además, la declaración número 28 del
anexo del Tratado de Amsterdam establece que a los efectos de este
precepto los Estados miembros deberán, en primer término, aspirar a
mejorar la situación de las mujeres en la vida laboral.
Por todo ello, apoyamos la proposición no de ley, porque consideramos
que este tipo de estudios contribuirán a definir el marco en el que
necesariamente tendrá que pensarse y reflexionarse en torno a la
posible aplicación de medidas que ya se han puesto en marcha en otros
países europeos y que tienen que encontrar su acomodo en nuestro
país.
Por lo que se refiere a la enmienda presentada por el Grupo de
Izquierda Unida, no tenemos ninguna objeción en apoyarla también. Es
cierto que el sentido original, auténtico de la proposición aspiraba
fundamentalmente (si no me equivoco y si me permite la portavoz del
Grupo Socialista interpretar el sentido de su proposición) a promover
un estudio en el seno de la organización administrativa que después,
a la hora de su implementación, como cualquier otra medida que afecta
al empleo público, sería negociada con los sindicatos más
representativos. Pero, desde nuestro grupo parlamentario, tampoco hay
objeción para apoyar esta enmienda.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la
palabra doña Amparo Ferrando.
La señora FERRANDO SENDRA: Señorías, la proposición no de ley que hoy
plantea el Grupo Parlamentario Socialista, referente a la realización
de un estudio por parte del Instituto Nacional de Administración
Pública, en colaboración con el Instituto de la Mujer, sobre la
situación laboral de las empleadas públicas, a mi grupo le parece
interesante, aunque tengo que realizar una serie de matizaciones.
A lo largo no solamente de esta legislatura, sino también de las
anteriores, el tema de la igualdad de la mujer en las distintas
facetas de la vida nacional, y sobre todo laboral, suele ser
planteado por la mayoría de las fuerzas políticas y en el que casi
siempre existe una gran mayoría parlamentaria para aceptar las
políticas eficaces que tiendan a alcanzar este objetivo.
Me gustaría resaltar, por un lado, distintas iniciativas
parlamentarias que se han llevado a cabo y, por otro, las políticas
que ya está realizando el Gobierno en este tema de la igualdad de las
mujeres.
En cuanto a las iniciativas parlamentarias, resaltaría una resolución
que se aprobó como consecuencia de una moción que presentó el Partido
Popular en mayo del año pasado en el Senado. En esta moción se
instaba al Gobierno a poner en práctica todas aquellas medidas que
permitieran la integración de la mujer en la vida laboral en igualdad
de condiciones. Asimismo, recordamos que el pasado mes de octubre,
por el Grupo Catalán se presentaron distintas medidas que fueron
aceptadas por el Pleno del Congreso.
Respecto a las políticas que viene realizando el Gobierno a lo largo
de estos años, todas han ido encaminadas a conseguir la plena
igualdad entre hombres y mujeres y no sólo en el ámbito de las
administraciones públicas, sino en todos los campos. Por un lado, hay
que recordar la ley de 1999, de Conciliación de la vida familiar y
profesional, pero también, y sobre todo, un real decreto que se
aprobó el pasado mes de octubre que permitió la puesta en
funcionamiento de un observatorio de igualdad de oportunidades entre
hombres y mujeres. La principal función de este observatorio es ser
un órgano permanente de recogida de datos, de análisis
de información, que permita saber cuáles son los avances en la
igualdad de oportunidades y que se puedan evaluar todas las políticas
que se plantean en este sentido.
Por mencionar dos temas concretos que ha planteado la portavoz del
Grupo Socialista, el primero de ellos destaca algunos hechos
puntuales que se han producido en el ejército, resaltando las
situaciones discriminatorias para la mujer. Con la profesionalización
del ejército militar, lo que se ha producido es un incremento
importante de la incorporación de la mujer al ejército. El porcentaje
actualmente de mujeres en las Fuerzas Armadas -y hablo de datos de
mayo de 2001- ha alcanzado el ocho por ciento, cifra muy cercana a la
de otros países de la Unión Europea, como Francia y Reino Unido.
En la primera convocatoria que se ha realizado para ingreso como
militar profesional, tanto de tropa como de marinería, en el año 2001
el porcentaje de participación de las mujeres se cifra en torno al 25
por cien. Es cierto que el problema particular que plantea la
portavoz del PSOE no son trabas en cuanto al acceso de la mujer al
empleo público, sino de los cometidos que se pueden realizar en el
mismo. Sin duda, son problemas que deben de subsanarse, que debe de
procederse a establecer todos los controles que sean necesarios para
evitar que dichas situaciones se vuelvan a producir.
En la exposición de motivos, la portavoz del Grupo Socialista resalta
que en el año 1993 se realizó un estudio entre el Instituto
Valenciano de Administración Pública, en colaboración con el
Instituto de la Mujer. No me extenderé en este dato, pero sí quiero
resaltar que solamente el 12 por cien en aquellos momentos de los
altos cargos de la administración valenciana estaban ocupados por
mujeres. Fíjense que hablo de 1993. Afortunadamente, gracias a las
políticas que ha desarrollado el Partido Popular, tanto en el
Gobierno autonómico como en el central, estos datos han cambiado. Han
transcurrido más de siete años y no es la misma situación la que
tenemos hoy en día. Hay un estudio sociológico realizado en el año
1999 por la Dirección General de la Mujer, que se circunscribió no
solamente a la Administración pública, sino a todos los ámbitos de la
vida de la mujer: laboral, familiar, de la salud, educación, pobreza,
participación política, a todos los ámbitos porque es en todos donde
tenemos que conseguir esa igualdad de oportunidades con respecto a
los hombres. En este estudio del año 1999 se resalta que el
porcentaje de incorporación de la mujer se dobla en el sector público
con respecto al sector privado; es decir, donde es mayor la presencia
de tituladas universitarias es en el sector público. Posiblemente por
los datos que todos conocemos y por los objetivos formales en los
criterios de selección y promoción.
Las condiciones en que las mujeres desempeñan sutrabajo en la
Administración general del Estado son
exactamente iguales, por lo menos desde un punto de vista jurídico.
Cada vez es más frecuente ver mujeres desempeñando altos cargos en la
Administración. Hay que resaltar que la normativa en materia de
selección, provisión de puestos de trabajo y carrera profesional se
rige, como así se ha mencionado por otros portavoces parlamentarios,
por los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad,
sin que en ningún caso pueda existir discriminación ni por razón de
sexo ni por cualquier otra condición personal o social.
Es verdad que la aplicación de esta normativa ha propiciado un
incremento de mujeres que han accedido al empleo público de todos los
grupos, tanto de titulación, de niveles retributivos como directivos
y de responsabilidad. Hoy en día la Administración se sitúa a la
vanguardia de la equiparación profesional de la mujer. Según los
datos publicados en el boletín estadístico del registro central de
personal correspondientes a la Administración central del Estado, en
diciembre del año 2000, el 45,58 por ciento de los empleados son
mujeres, frente a un 54,42 que son hombres.
Respecto a la posibilidad de que fuera el Instituto Nacional de
Administraciones Públicas junto con el Instituto de la Mujer el que
realizara un estudio sobre la situación laboral de las empleadas
públicas, tengo que decirle que a nuestro grupo no sólo le parece
interesante sino también conveniente y necesario que se pueda
realizar para ver la situación actual de las mujeres dentro de las
administraciones públicas. Sin embargo, tiene que ser también un
estudio compartido con el Instituto de la Mujer, como usted decía,
porque el INAP es un organismo autónomo que depende del Ministerio de
Administraciones Públicas, una de cuyas funciones más importantes es
desarrollar la formación de los funcionarios, por lo que todas sus
competencias de estructura van dirigidas a esta finalidad. Nos parece
que la Administración pública es la que debe contribuir a que se
creen las situaciones objetivas que favorezcan esa igualdad. Además,
esa igualdad debe significar las mismas oportunidades, lo que lleva a
la libertad de elección, de forma que las mujeres también podamos
decidir la orientación que queramos dar a nuestra carrera
profesional.
Plantearía una transaccional a la portavoz del Grupo Socialista para
que este estudio -que como decía al principio no sólo lo creemos
conveniente sino también necesario- no quedara circunscrito al ámbito
de las empleadas públicas, sino hacerlo extensivo a todos los
ámbitos. El texto de la transaccional sería el siguiente: El Congreso
de los Diputados insta al Gobierno para que el Instituto de la Mujer
y el Instituto Nacional de Administraciones Públicas realicen un
estudio sobre la situación de las mujeres en el ámbito laboral, con
el fin de adoptar las acciones positivas que fuesen necesarias para
conseguir la igualdad de oportunidades de la mujer en todos los
aspectos laborales. Con esta transaccional, señorías, no sólo nos
circunscribiríamos al
ámbito del sector público y de las empleadas públicas, sino que lo
haríamos mucho más extensivo acogiéndonos a la situación laboral en
general de todas las mujeres en España.
El señor PRESIDENTE: La Presidencia debe preguntar al Grupo
Parlamentario Socialista cuál es su posición respecto a la enmienda
que ha defendido el señor don Antero Ruiz y respecto a la
transaccional propuesta por la señora Ferrando.
La señora SERNA MASIÁ: En cuanto a la enmienda que ha presentado
Izquierda Unida, nuestra proposición no de ley era más institucional,
pero no hay ningún inconveniente en aceptarla, entre otras cosas para
no romper las buenas relaciones que en estos momentos se empiezan a
establecer entre los sindicatos y el Ministerio de Administraciones
Públicas; no queremos que consideren de ninguna manera que el
Parlamento rechaza que estudien conjuntamente la problemática de la
mujer.
En cuanto a la enmienda que plantea la diputada Amparo Ferrando, del
Grupo Popular, me parece interesante, aunque, si el presidente lo
permite, me gustaría debatir un minuto porque quizá quede
excesivamente amplia. No está considerado en la exposición de
motivos, ni lo he podido decir en mi intervención, que la
Administración pública no cumpla esos principios constitucionales
sobre el acceso de la mujer al empleo público; no creo que se
produzca de ninguna manera. Lo que ocurre -y es lo interesante- es
que estamos hablando no del acceso de la mujer a la Función pública,
sino del desarrollo de su carrera administrativa precisamente en un
sector donde sí se cumplen los principios constitucionales de
igualdad, mérito y capacidad, cosa que a veces no ocurre, como lo
estamos viendo en los últimos meses, en el sector privado. Por eso,
si tenía interés para las empleadas públicas es porque en esa que
podríamos llamar situación ideal sigue habiendo discriminación
indirecta, no querida por la Administración, pero de hecho se
produce, de tal manera que, a partir de ese estudio, el Gobierno, con
las medidas que estableciese el Ministerio de Administraciones
Públicas, podría servir de motor para ayudar a cumplir la Directiva
europea 76/207 de la que hemos hablado anteriormente.
Dicho esto, si el presidente nos deja un minuto, me gustaría matizar
la redacción para mejorarla.
El señor PRESIDENTE: Sin suspender la sesión, podríamos empezar con
la votación para la elección de un miembro de la Mesa y, de esta
forma, dar tiempo para que la defensora de la proposición no de ley y
la enmendante vean si es posible llegar a esa redacción. Tendremos
que preguntar también si el señor don Antero Ruiz se suma al acuerdo
al que se llegue.
VACANTES MESA COMISIÓN
- ELECCIÓN DE SECRETARIA DE LA MESA. (Número de expediente 041/
000015.)
El señor PRESIDENTE: Ruego al portavoz del Grupo Popular que haga la
propuesta del grupo para ocupar la secretaría de la Mesa.
El señor MERINO LÓPEZ: En nombre del Grupo Popular, quiero dejar
constancia de nuestro agradecimiento a doña Susana Camarero por el
trabajo que ha desarrollado en esta Comisión y proponer para la
secretaría de la Mesa a doña Ana Guarinos.
El señor PRESIDENTE: Como me indica el letrado, las designaciones de
personas deben votarse con papeleta escrita depositada en la urna.
Por tanto, vamos a proceder a la votación.
(Por el señor letrado se procede a pasar lista de los miembros de la
Comisión presentes y sustituidos, que depositan su voto en la urna.)
Terminada la votación y verificado el escrutinio, dijo
El señor PRESIDENTE: Ha sido elegida secretaria de la Mesa doña Ana
Guarinos, por 30 votos a favor y un voto en blanco.
Puede pasar a ocupar su puesto en la Mesa. (Aplausos.)
- SOBRE LA REALIZACIÓN DE UN ESTUDIO SOBRE LA SITUACIÓN LABORAL DE
LAS EMPLEADAS PÚBLICAS, CON EL FIN DE ADOPTAR LAS ACCIONES POSITIVAS
NECESARIAS PARA QUE LAS MUJERES DESARROLLEN SU CARRERA ADMINISTRATIVA
EN IGUALDAD DE CONDICIONES QUE LOS HOMBRES. PRESENTADA POR EL GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/000734)
(Continuación.)
El señor PRESIDENTE: Volvemos a la proposición no de ley del orden
del día en la que estábamos y pregunto a los portavoces del Grupo
Socialista, del Grupo
Popular y también al enmendante de Izquierda Unida si están de
acuerdo en la enmienda transaccional.
La señora SERNA MASIÁ: Por parte del Grupo Socialista, sí.
El señor PRESIDENTE: ¿Por parte de Izquierda Unida?
El señor RUIZ LÓPEZ (don Antero): También, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Parto de la base de que la portavoz del Grupo
Popular también estará de acuerdo con el texto, aunque convendría
leerlo.
La señora FERRANDO SENDRA: El texto de la enmienda transaccional
sería el siguiente: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno
para que a través del Instituto de la Mujer y del Instituto Nacional
de Administraciones Públicas realice un estudio sobre la situación de
las mujeres en el ámbito laboral, con el fin de adoptar las acciones
positivas que fuesen necesarias para conseguir la igualdad de
oportunidades de la mujer en todos los aspectos laborales.
El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a votar las proposiciones no de
ley en el orden en que han sido debatidas.
Procedemos a la votación de la anterior proposición no de ley, la
referida a las limitaciones en las convocatorias de plazas para la
Administración pública.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 11;
en contra, 20.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos ahora la siguiente proposición no de ley, teniendo en cuenta
el texto transado entre los proponentes y el Grupo Popular. Imagino
que todos los votos son favorables, pero hemos de cumplir con el
requisito.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Se levanta la sesión.
Era la una y cincuenta minutos de la tarde.