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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 244, de 23/05/2001
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2001 VII Legislatura Núm. 244
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NOTA INFORMATIVA: En la edición impresa de este Diario, sus páginas
aparecieron, por error, numeradas desde la 3719 a la 3744. Tal error
ha sido corregido en la presente edición electrónica.
(Vease 'DS. Congreso de los Diputados' Comisiones, núm. 285)
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MEDIO AMBIENTE
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.a MARÍA BERNARDA BARRIOS CURBELO
Sesión núm. 16
celebrada el miércoles, 23 de mayo de 2001
ORDEN DEL DÍA:
Proposiciones no de ley:
- Para impulsar las obras de remodelación del puerto de Segur de
Calafell (Tarragona). Presentada por el Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió) (Número de expediente 161/000634.) . . .
(Página 7320)
- Sobre paralización de la construcción de una balsa para el depósito
de fangos contaminantes en la playa de Oza (A Coruña). Presentada por
el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/000645.) . .
. (Página 7322)
- Sobre el cumplimiento de la regeneración de la playa de Almassora
(Castellón). Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso. (Número de expediente 161/000714.) . . . (Página 7329)
- Sobre la problemática del arsénico en el agua. Presentada por el
Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/000691.) .
. . (Página 7330)
- Sobre medidas a adoptar ante las inundaciones periódicas por el
desbordamiento del río Guadalquivir que está sufriendo el municipio
de Andújar (Jaén). Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.
(Número de expediente 161/000622.) . . . (Página 7331)
- Relativa a las obras de acondicionamiento del río Mero en A Coruña.
Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de
expediente 161/000518.) . . . (Página 7335)
- Sobre la recuperación y cesión para su uso público del poblado de
Sancti Petri en Chiclana de la Fontera (Cádiz). Presentada por el
Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/000293.) .
. . (Página 7337)
- Sobre medidas para que la explotación forestal de la madera respete
los principios del sistema FSC (Consejo de Manejo Forestal).
Presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
(Número de expediente 161/000069.) . . . (Página 7339)
Se abre la sesión a las diez y cinco minutos de la mañana.
La señora PRESIDENTA: Buenos días, señoras y señores comisionados.
Comenzamos la sesión de la Comisión de Medio Ambiente con el orden
del día fijado para hoy.
El señor MORLÁN GRACIA: Señora presidenta, pido la palabra.
La señora PRESIDENTA: ¿A qué efectos?
El señor MORLÁN GRACIA: A los efectos de plantear una protesta con
toda corrección, porque si el Grupo Socialista siempre ha estado
dispuesto a que se produzca una modificación o alteración de los
órdenes del día y ha actuado siempre con la máxima flexibilidad,
entendemos que no puede ser que se nos pase un orden del día, que se
convoque a los diputados para plantear su posición respecto al mismo
y que treinta y seis horas antes de la reunión veamos que hay un
cambio en el orden del día. Es decir, la proposición no de ley que
tenia el número dos en el inicial orden del día, presentada por el
Grupo Mixto, fue sustituida el lunes por otra proposición. No nos
oponemos a que se sustituyan una por otra, lo que sucede es que hay
que establecer siempre una pauta de funcionamiento que permita que se
planteen y debatan las posiciones con cierto tiempo y con una cierta
posibilidad de estudio.
En este caso concreto, yo, portavoz, me entero el lunes a las seis de
la tarde de que se ha cambiado el orden del día. No me parece
adecuado ni correcto que
los órdenes del día sean formulados de esta manera. Si se hace asi,
planteamos que los grupos estén presentes en las reuniones de la Mesa
y portavoces o que por lo menos se nos dé un margen de tiempo para
estudiar los temas con cierta tranquilidad y reflexión. Por ello,
espero que esta sea la última vez que se produce este fenómeno,
señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Efectivamente se ha producido una modificación
del orden del día, pero existen precedentes de diferentes comisiones
en donde el titular de la iniciativa ha propuesto un cambio de la
misma. Es cierto que en este caso se llevó a cabo en un tiempo muy
breve en relación con la celebración de la Comisión, y efectivamente
a todos los grupos parlamentarios les ha costado más la preparación
del debate de dicha iniciativa.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- PARA IMPULSAR LAS OBRAS DE REMODELACIÓN DEL PUERTO DE SEGUR DE
CALAFELL (TARRAGONA). PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN
(CONVERGÈNCIA I UNIÓ) (Número de expediente 161/000634.)
La señora PRESIDENTA: Aceptando su queja en nombre del Grupo
Socialista, si les parece comenzamos el debate de la primera
proposición no de ley, del grupo Parlamentario Catalán, Convergència
i Unió. Para la defensa de la misma tiene la palabra el señor
Maldonado.
El señor MALDONADO GILI: Señorías, este es un tema que viene de lejos
y que afecta al municipio de Calafell, un municipio que sufre un
problema en su puerto deportivo en la zona de Segur. Calafell es una
localidad catalana situada en la comarca del Baix Penedés, que por
ubicación es una zona muy turística. Calafell está jugando
fuertemente la carta del turismo y a la vez lucha por mantener la
pesca, una fuente de ingresos histórica y que antaño fue una de las
más importantes del municipio junto con la agricultura. Ahora traemos
a esta Comisión este tema, para instar al Gobierno a que desatasque
un problema que preocupa mucho a los habitantes de esta localidad.
¿Cuál es el objetivo de esta proposición no de ley? Básicamente pedir
al Ministerio de Medio Ambiente la adscripción a la Generalitat de
Catalunya de los terrenos necesarios para poder remodelar el puerto
de Segur de Calafell. Para ubicar un poco la petición, estos terrenos
están en zona de dominio público marítimo-terrestre, desde la base
náutica hasta la playa. Sólo el hecho de que este puerto esté en
malas condiciones para su uso por las embarcaciones deportivas así
como por las barcas de pesca ya sería motivo para intentar solucionar
de una vez por todas este problema. Déjenme que haga hincapié en lo
que he comentado de la importancia turística de Segur de Calafell
como municipio que juega la baza turística, pero hay otro aspecto
también importante que quiero hacer constar, y es que este es un
puerto en el que también atracan embarcaciones de pesca. La Cofradía
de Calafell, una cofradía con una larga historia, está luchando hoy
en día para que los pescadores de Calafell no desaparezcan. Por
tanto, este es un puerto que tiene varias finalidades, una turística
y deportiva y otra pesquera; por consiguiente, es un puerto deportivo
que tiene una gran importancia en el abanico socioeconómico de este
municipio. Decía antes que sólo el hecho de que sea un puerto que no
está en buenas condiciones para su uso por las embarcaciones
deportivas y de pesca ya sería motivo suficiente para que se
solucionara de una vez por todas un problema que viene de lejos. Los
que conocemos la zona, los que hemos estado in situ sabemos que la
arena está llenando el puerto, lo que hace que sea cada vez más
inservible. Hay un problema técnico que hay que solucionar, y para
ello la Generalitat de Cataluña está reclamando desde hace tiempo al
Ministerio de Medio Ambiente la adscripción de estos terrenos para
poder pasar inmediatamente a la remodelación y a la solución de este
problema. Sólo esto ya sería suficiente para motivar esta petición
ante esta Comisión, pero tenemos otro problema que aún preocupa más a
las autoridades locales y a los vecinos de Calafell. Este es un
puerto que está construido en forma de isla flotante y que tiene un
puente de acceso desde la arena hasta el pantanal. Pues bien, este
puente tiene un grave problema estructural que hace temer su posible
hundimiento. Por allí pasan cada día vehículos y peatones y existen
diversos informes técnicos que
avisan del peligro de hundimiento del puente de acceso al puerto.
Señorías, esta proposición no de ley recava no sólo la solución
técnica que permita a las embarcaciones y a las barcas pesqueras
entrar y salir, sino que recava soluciones de seguridad. Está en
peligro la vida de las personas que pasan el puente, y esto preocupa
muchísimo al ayuntamiento. Es un tema que el Gobierno y el Ministerio
conocen porque reiteradas veces se han mandado informes técnicos. La
sociedad que gestiona el puerto de Segur de Calafell aproximadamente
hace un mes ha mandado el último proyecto; se han mandado varios
porque se han pedido añadidos, rectificaciones, mejoras, etcétera.
Con este último nos consta que el Ministerio tiene todo lo que pidió
en su día y, por tanto, este es un proyecto que se ajusta a todas las
peticiones técnicas del Ministerio, que tiene un plazo para
contestar. Pedimos que desde este Congreso y desde esta Comisión se
inste al Gobierno, al Ministerio de Medio Ambiente, a la rápida
aprobación, a dar el visto bueno a este proyecto y, por tanto, a la
adscripción de estos terrenos para que la Generalitat de Cataluña
pueda proceder inmediatamente a la remodelación del port de Segur de
Calafell. Es un tema que nos preocupa, no sólo social sino económico
y de seguridad, pues está en peligro la vida de las personas, y a
partir de hoy este Congreso tendrá constancia escrita de este
problema. No dudemos, no retrasemos los casos, no tengamos otro día
que lamentar hechos desgraciados que esperamos que no se reproduzcan
pero que según los técnicos pueden pasar. Por tanto, yo pido a los
grupos parlamentarios el voto favorable y dejar la puerta abierta
a cualquier aportación que pueda encaminar a un consenso. Esta
proposición no de ley no es para apuntarse medallas; es para pedir al
Gobierno y ayudarle a que agilice una repuesta, que es posible que
esté en marcha pero que no puede demorarse más porque llevamos
esperando demasiados años y, entre comillas, nos la estamos jugando.
La señora PRESIDENTA: A esta proposición no de ley se ha presentado
una enmienda por el Grupo Socialista. Para su defensa tiene la
palabra el señor Sabaté Ibarz.
El señor SABATÉ IBARZ: Señora presidenta, nos hemos enterado con
posterioridad a la presentación de esta enmienda de que el proyecto,
como ya ha dicho el señor Maldonado, ya ha entrado en el Ministerio.
Por tanto, estamos de acuerdo con la proposición no de ley y la
votaríamos a favor si el grupo proponente nos aceptara no la enmienda
que hemos presentado exactamente en los términos en los que la han
recibido todos los grupos, sino modificándola en el sentido
siguiente. Nuestra enmienda decía que 'en el plazo de seis meses el
Ministerio proceda a...' y lo que proponemos ahora es que diga 'en el
plazo legalmente previsto', porque
si es verdad que ya se ha presentado en el Ministerio y no dudamos de
ello, el Ministerio tiene ahora un plazo que establece la ley, que si
no estamos mal informados, es de dos meses. (El señor vicepresidente,
Ruiz López, ocupa la presidencia.) Consideramos conveniente dicha
proposición no de ley. Tal como se ha dicho, se han presentado otros
proyectos y modificaciones que han sido rechazados por el Ministerio
porque no parecían cumplir con los requisitos técnicos necesarios y
parece que tampoco aseguraban la protección de las playas
colindantes, pero estamos de acuerdo con el grupo proponente en que
este es un tema que hay que solucionar de forma definitiva y cuanto
antes, y esa es la razón por la que nos pronunciamos a favor y por la
que rogamos a dicho grupo que acepte esta pequeña enmienda que
creemos que refuerza todavía más la obligatoriedad del Ministerio de
responder a estas justas peticiones.
El señor VICEPRESIDENTE (Ruiz López): Para fijar la posición del
Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Murcia.
El señor MURCIA BARCELÓ: Intervengo en nombre de mi grupo en relación
con esta proposición no de ley y quiero manifestar en principio
nuestro interés por el asunto que nos ocupa; asunto que ya viene de
largo y que bien conocen algunos de los compañeros del Grupo Popular
de Tarragona. Como digo, es un asunto que digo viene de largo y que
tuvo una serie de escollos, una serie de problemas que hicieron
inviable esta proposición no de ley que hoy se propone, que fue
propuesta ya en el año 1997, por cuestiones técnicas y de tipo
jurídico como ya se ha dicho. No obstante, hoy la situación ha
cambiado. Hay una situación parece ser que de desbloqueo, lógica, por
otra parte, por cuanto que de la Dirección de Ports de la Comunidad
de Cataluña se ha remitido un proyecto y previas reuniones con la
Dirección General de Costas se estableció la línea a seguir con el
fin de no chocar con los mismos problemas que imposibilitan que viera
la luz el anterior proyecto. Por tanto, entiendo que tanto la
Administración de Cataluña como la Administración central están dando
los pasos necesarios para que no se encuentren con el mismo problema
que existía antes. Me consta, porque tengo un informe del Ministerio,
que el día 8 de este mes se presentó un nuevo proyecto que coincidía
con lo dicho en los encuentros que se habían tenido en el Ministerio
y después de una primera lectura, dado el poco tiempo transcurrido
entre la presentación del proyecto y la proposición no de ley y su
debate, se necesitaba un poco más de tiempo para estudiar en
profundidad temas que no son baladíes por cuanto se está hablando de
medio ambiente y los que somos de la zona de la costa sabemos
perfectamente los graves problemas que acarrean los cambios de arena,
etcétera. El mar es caprichoso y quizá un proyecto hoy puede ser
un desastre no sólo ecológico sino para el turismo de la zona. Por
tanto, el Ministerio necesita un tiempo para estudiarlo; sin embargo,
manifiesta que de una primera lectura parece que los acuerdos a los
que se había llegado, los principios básicos reguladores de este
proyecto se cumplían.
Nosotros entendemos que no sería necesaria esta proposición, por
cuanto instar al Gobierno a que inste al Ministerio a que haga lo que
está haciendo realmente y dar un aviso tanto a la Administración de
Cataluña como a la Administración central, que parece más una
regañina que otra cosa, nos parece un poco excesivo; lo digo porque
lo están haciendo tanto una como la otra. En cualquier caso, estamos
abiertos a llegar a un arreglo que permita, sin decir que inste para
que lleguen a un acuerdo inmediato, buscar la forma de que continúen
en el camino o buscar alguna fórmula conjunta. En este caso yo estoy
esperando el visto bueno del Ministerio y en el transcurso de los
otros debates creo que podremos llegar a un acuerdo (ese sería mi
deseo; no sé si podrá ser al final) que permita llegar a una enmienda
transacional.
El señor VICEPRESIDENTE (Ruiz López): Les ruego que cuando lleguen a
ese acuerdo, por favor lo hagan pasar a la Mesa para que conste a la
hora de las votaciones. Les aviso que la votación de esta proposición
no de ley no se producirá antes de las doce horas de esta mañana.
- SOBRE PARALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE UNA BALSA PARA EL DEPÓSITO
DE FANGOS CONTAMINANTES EN LA PLAYA DE OZA (A CORUÑA). PRESENTADA POR
EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 161/000645.)
El señor VICEPRESIDENTE (Ruiz López): Pasamos a la siguiente
proposición no de ley. Para su defensa tiene la palabra el señor
Aymerich.
El señor AYMERICH CANO: El problema que motiva la presentación de
esta proposición no de ley, por si lógicamente algunas de SS. SS. no
lo conocen, es el siguiente. En el barrio de Oza, en plena ciudad de
A Coruña, sobre una playa natural, O Lazareto, y junto a otra playa
artificial para la que el Ayuntamiento de A Coruña acaba de solicitar
la concesión de la bandera azul de la Unión Europea, la Autoridad
Portuaria está construyendo un vertedero de residuos contaminantes
que proceden del dragado general del puerto. Por tanto tenemos -ya lo
están ejecutando- un depósito de sustancias tóxicas situado a escasos
metros del complejo sanitario de A Coruña, a escasos metros de miles
de viviendas y a escasos metros de instalaciones educativas
y amenazando una ría ya suficientemente contaminada. La Autoridad
Portuaria dice que sobre esta balsa de Oza se pretende construir un
club náutico. Lo cierto
es que se están vertiendo sin tratamiento previo alguno lodos
contaminados con PCB, con metales pesados como cadmio, cobre, plomo,
mercurio, zinc, y se está creando entonces un grave riesgo para la
salud de las personas y para el medio marino. Aunque el señor
Couceiro, presidente de la Autoridad Portuaria y presidente del PP
provincial de A Coruña, desmiente estas afirmaciones, esto que acabo
de decir no lo digo yo, no lo dice el BNG, sino que se recoge en un
informe de la nada sospechosa, a los ojos de este señor Couceiro,
Consellería de Pesca de la Xunta de Galicia; un informe de 3 de junio
de 1999 y al que, por cierto, este diputado pudo acceder a pesar de
la actitud obstruccionista del Gobierno, que sólo ayer respondió y de
forma incompleta a una de las ya varias preguntas escritas formuladas
y que sólo ayer por la tarde transmitió parte, por cierto la menos
interesante, de los informes y documentos, porque, como digo, como
reconoce expresamente este informe, lo que se está vertiendo en la
balsa de Oza y lo que se está vertiendo también en las zonas
adyacentes a dos millas de la Torre de Hércules son residuos tóxicos
y peligrosos.
Desde el punto de vista legal, para el Bloque Nacionalista Galego es
evidente que estamos ante una actuación no conforme a derecho,
directamente ilegal, realizada por la Autoridad Portuaria en
connivencia con el Ayuntamiento de A Coruña y la Xunta de Galicia.
Ninguna de las tres administraciones, ni la estatal, autora del
atentado ambiental, ni la autonómica ni la local quisieron en ningún
momento ejercer sus competencias para garantizar la seguridad de la
balsa, para asegurar su inocuidad para las personas y para el medio o
para, en el caso del ayuntamiento, garantizar el respeto a la
legalidad urbanística, en fin, para hacer también efectivo el derecho
de los ciudadanos a acceder a la información ambiental. Más bien todo
al contrario. Aparte del Ministerio de Fomento, en el que se encuadra
la Autoridad Portuaria de A Coruña, el Ministerio de Medio Ambiente
en ningún momento quiso saber nada del asunto y, a pesar de tratarse
de una instalación para la eliminación de residuos tóxicos y
peligrosos por almacenamiento en tierra sujeto, de acuerdo con la
legislación vigente, a evaluación de impacto ambiental, en ningún
momento este Ministerio instó el correspondiente procedimiento.
Tendremos entonces que recordarle al señor Matas que está legalmente
obligado a paralizar esta obra y a sancionar a los responsables,
obligándolos a reparar los daños causados. Eso es lo que dice la
legislación vigente en materia de impacto ambiental. Porque -y
también respondiendo a lo que ayer mismo me comunicaba el Gobierno-
el problema no es si el dragado está o no sujeto a impacto ambiental;
el problema es qué se hace con los residuos procedentes de ese
dragado, y -como ya dije- esas operaciones de tratamiento y
eliminación de residuos tóxicos y peligrosos sí que están sometidas a
declaración de impacto ambiental. El problema reside, pues,
en qué se hace con esos residuos contaminantes: si se vierten en un
depósito permeable, que es el de la balsa de Oza, en donde el agua
sube y baja en función del flujo de las mareas; si se vierten
directamente en el mar, como también se está haciendo con parte de
esos residuos; o si, por el contrario y como propone esta iniciativa,
se deben tratar en instalaciones adecuadas en tierra y depositar en
instalaciones también en lugares más seguros. Para nosotros esta
última es la única opción legal adecuada. La otra, desde luego mucho
más barata, es directamente ilegal y supone un grave riesgo, como ya
dije, para la salud y para el medio ambiente. Baste reparar en que,
de acuerdo con lo que dispone un reciente real decreto, de 27 de
agosto de 1999, relativo a la eliminación y gestión de PCB y aparatos
que contengan PCB, cualquier depósito de sustancias que como las de
los lodos del puerto de A Coruña contengan PCB requiere la previa
descontaminación, el previo tratamiento de estos residuos.
Respecto de la Administración autonómica, de nuevo tenemos que aludir
a su inactividad. Reconoce, como ya dije, que estamos ante residuos
tóxicos y peligrosos y, sin embargo autoriza su vertido, oculta
información a los ciudadanos y renuncia a realizar un seguimiento y
una inspección adecuados de las consecuencias de estos vertidos.
Respecto del Ayuntamiento de A Coruña, la actuación es cuando menos
desconcertante. Primero, los representantes del Ayuntamiento de A
Coruña votaron a favor del vertido en el consejo de administración de
la Autoridad Portuaria. En segundo lugar, renuncia el Ayuntamiento de
A Coruña a paralizar la obra en virtud de las potestades que le
atribuye la legislación urbanística, porque -y eso tampoco debe
olvidarse- esta obra no estaba contemplada en el plan especial del
puerto. Tercero, y desautorizando a su concejala de Medio Ambiente,
el alcalde, el inefable Paco Vázquez, declara que la palabra de
Couceiro es para él suficiente y que, en cualquier caso, el de los
vertidos es un asunto ajeno al Ayuntamiento de A Coruña. Y todo para
amparar el secretismo con el que en este asunto actúa la Autoridad
Portuaria, necesitada de realizar la obra antes de que se cumpliese
el plazo de trasposición de la Directiva 31 del año 1999 sobre
vertederos. Esta directiva, cuyo plazo de trasposición acaba el día
16 de julio de este año, prohíbe completamente este tipo de vertidos
al fijar unas condiciones muy estrictas para el depósito permanente
de residuos tóxicos relativas a la ubicación del vertedero, a la
previa evaluación de los efectos sobre las personas y el medio, a la
obligación de que los residuos sean previamente tratados antes de
proceder a su depósito; es decir, lógicamente todo lo contrario a una
balsa como la de Oza, que no es impermeable, en la que las aguas
suben y bajan por efecto de las mareas y situada en pleno centro de
la ciudad de A Coruña.
Por si lo anterior no bastase, debe aún mencionarse el absoluto
incumplimiento de la legislación reguladora del acceso de los
ciudadanos a la información ambiental. El señor Couceiro dice que la
Autoridad Portuaria no está autorizada a divulgar los informes
emitidos por otras administraciones porque (cito literalmente) la Ley
de procedimiento administrativo no se lo permite. Debe también
mencionarse el despilfarro de dinero público para insertar en los
medios de comunicación anuncios que luego tuvieron que ser
desmentidos por la propia Autoridad Portuaria o para demandar a un
periódico que si cometió algún delito fue el de investigar e informar
por su cuenta. Al margen de estas implicaciones sanitarias y
ambientales, lo que le da una especial trascendencia a este asunto es
la absoluta falta de transparencia y la absoluta falta de respeto por
la ciudadanía. Esto pone bien a las claras que algo huele mal en A
Coruña cuando, frente al pronunciamiento unánime de la sociedad
civil, ninguna administración, y digo ninguna, fue capaz de ponerse
de su lado y hacer cumplir y cumplir ella misma las leyes. Algo huele
mal en A Coruña cuando los responsables políticos no se limitan sólo
a amparar una actuación ilegal sino que también insultan a los
vecinos. Para Fraga Iribarne los que se oponen a la balsa de Oza son
unos papanatas; para el conselleiro de Presidencia de la Xunta de
Galicia, señor Pita, los más de cinco mil manifestantes contra la
balsa de Oza estaban manipulados y emplearon tácticas de guerrilla;
don Francisco Vázquez desautoriza públicamente a su concejala de
Medio Ambiente sentando la curiosa doctrina de que lo que defiende
como diputada no lo puede afirmar como concejala; por tanto la
condena a la esquizofrenia política y la autocensura. Puede que
algunos en los bancos del Grupo Socialista se sorprendan por la
dureza de este juicio, pero simplemente esto es lo que tienen ustedes
en A Coruña, estas son las consecuencias del pacto cada vez más
abierto y cada vez más descarado que un señor que se dice militante
del PSOE, el señor Vázquez, mantiene con Fraga y con el Partido
Popular. Estos son los peajes que hay que pagar por un gobierno
municipal de derecha plural, que es el que tenemos en A Coruña. El
problema es hoy cuando no Paco Vázquez sino su concejala tiene que
dar la cara. Pero, en fin, también tirar la piedra y esconder la mano
es una de las constantes en la actuación de este señor.
Esta es, por tanto, la situación: una ciudadanía que reclama
información clara y completa, que exige el respeto que su salud y el
medio ambiente en el que habitan merecen y que no encuentra amparo en
ninguna de las instituciones que la debería defender; y una Autoridad
Portuaria que actúa como un enclave, como un virreinato dentro de la
ciudad y que, atendiendo a razones estrictamente económicas, pretende
imponer a los ciudadanos de A Coruña el hecho consumado de una
instalación contaminante.
El señor VICEPRESIDENTE (Ruiz López): Señor Aymerich, le ruego que
concluya a la mayor brevedad.
El señor AYMERICH CANO: Enseguida, señor presidente.
Un hecho consumado a menos de que hoy esta Comisión lo impida votando
nuestra proposición no de ley, que es bien simple y bien lógica: Que
se paralice inmediatamente la construcción de esta balsa y que los
residuos contaminantes, que ya se está echando en su interior, sean
tratados y depositados en instalaciones adecuadas en tierra.
El señor VICEPRESIDENTE (Ruiz López): A esta proposición no de ley
hay una enmienda del Grupo Socialista. Para su defensa tiene la
palabra la señora Marón.
La señora MARÓN BELTRÁN: Señorías, quisiera iniciar mi intervención
sumándome a lo que ha dicho el portavoz de mi grupo de que somos
sensibles a cualquier cambio en el orden del día y que la única razón
es que el viernes fue festivo en toda Galicia y no hemos podido
recibir la notificación hasta ayer lunes; sencillamente por eso.
Ninguna otra razón hay en ese cambio. Simplemente una llamada
telefónica hubiera resuelto el problema. Por otra parte, para no
volver al tema, quisiera dejar bien sentado que nadie se preocupe por
el Gobierno municipal. El Gobierno municipal de La Coruña y la propia
ciudad gozan de excelente salud y un buen cazador antes de disparar
se fija hacia donde tiene que dirigir su objetivo. Con esto yo creo
que dejamos sentadas algunas cuestiones que aquí se han visto y,
además, las hemerotecas dan buena referencia de las posiciones
ambientales de cada cual en su momento, de la trayectoria de los
grupos políticos antes y después de gobernar, que de todo hay en la
viña del Señor. Señor Aymerich, el BNG cuando está en el Gobierno y
cuando está en la oposición defiende una política de residuos en un
sentido o en otro. Así que vamos a dejarlo porque en todas partes se
cuecen habas, señor Aymerich, y los reproches lo dejamos para el
terreno municipal, que aquí estamos para tratar de resolver el
problema que tenemos.
Dicho esto y hablando de documentación, yo lamento también
profundamente no haber recibido la documentación que he pedido en
condición de diputada el 21 de marzo, vía artículo 7; no la he
recibido. Hubiera sido importante porque para intervenir en estos
casos se debe de hacer con la información adecuada. A día de hoy
dispongo de bastante documentación por otras vías, también por vías
institucionales y, por tanto, transparentes, y algunos informes a los
que luego me referiré.
En el caso que nos ocupa, relativo al dragado y construcción de la
balsa de Oza para el almacenamiento de los residuos del dragado en
las inmediaciones de una
playa importante, la playa de Oza, no ha sido precisamente la
transparencia la que ha brillado, lo que ha generado una gran
confusión y una tremenda alarma social. Se celebra un consejo de
administración un 27 de agosto con casi nula asistencia y sin que el
presidente informe del tema, como consta en el acta correspondiente;
nula explicación a los ciudadanos hasta el inicio de las obras,
incluso con cambio de ubicación inicial: muelle del Centenario y
luego Oza. Es cierto que el puerto es autónomo y no necesita (se lo
aclaro al señor Aymerich) licencia municipal, y si no que se entere
de la legislación que rige para la autonomía de la Autoridad
Portuaria. Pero si bien todos reconocemos que el puerto es la mayor
empresa generadora de riqueza de la ciudad, ello no lleva a sus
directivos a actuar con total opacidad y los proyectos debieran
hacerse con total transparencia cuando vivimos en una ciudad donde
las normas de convivencia y el diálogo son habituales. ¿Por qué no
mostrar los informes? Si no hay nada que ocultar, exhíbanse y
pónganse a disposición no sólo de los diputados sino de los
ciudadanos en general para su tranquilidad y quitar argumentos a
nosotros mismos, a la oposición, y a los ciudadanos darles
tranquilidad, lo que evitaría muchísima confusión. La poco
información que hubo sobre el tema fue tremendamente contradictoria.
El presidente del puerto un día dice que la balsa es impermeable y
que no va a haber filtraciones (17 de marzo); otro día dice que el
fondo de la balsa no es impermeable (19 de abril). Era una evidencia
que no era impermeable. Es más, el 28 de marzo publica un anuncio en
la prensa (aquí está el famoso anuncio), donde en vez de hacerlo para
aclarar, para ofrecer transparencia (la institución está en su
derecho de dar a conocer su posición, más si lo puede hacer avalada
por informes), lo hace con referencias falsas o verdades a medias.
Por ejemplo dice que El proyecto de dragado no necesita de informe de
evaluación de impacto ambiental en aplicación del Real Decreto 1302/
1986 y del Real Decreto 9/2000. Pero no dice el anuncio que el
almacenamiento de residuos tóxicos y peligrosos sí la requiere, como
dice el anexo 9 del Real Decreto legislativo, al que antes me he
referido, 1302/1986, que dice: Si la instalación de eliminación de
residuos tóxicos y peligrosos por incineración, tratamiento químico
o almacenamiento en tierra (es el caso del que estamos hablando)
necesita de evaluación de impacto ambiental. O el anexo 8 que dice:
Puertos comerciales, vías navegables, puertos de navegación
interiores que permitan el acceso a barcos superiores a 1.350
toneladas o puertos deportivos. Creo que se va a hacer un puerto
deportivo. Puede afectarle esta normativa ¿Por qué inducen confusión?
Si no es así, no se haga mención a estos temas. Y sigo con el
anuncio: La Directiva comunitaria a la que algunos nos hemos
referido, 1009/99/3CE, relativa al vertido de residuos, y a la que se
refieren representantes de algunos partidos políticos, excluye
expresamente los esparcimientos de lodos procedentes
de operaciones de dragados. Hasta ahí de acuerdo, pero
debería añadir: no peligrosos, que es lo que dice la ley y que el
anuncio omite. Y volveré al tipo de residuos para terminar con el
anuncio. Con fondos públicos, señorías, está en su derecho de
explicar lo que considere oportuno institucionalmente, pero añadir
que determinados cargos públicos, entre los que me encuentro,
utilicen de forma demagógica sus puestos para alarmar a la población
anunciando principios y legislación que no son de aplicación, eso no
es de recibo y -hay que decirlo- no se puede hacer con anuncios de
este tipo.
Por mi parte, señorías, pido transparencia, claridad e información;
además, es mi obligación como diputada. Demagogia es otra cosa; es lo
que han hecho algunos representantes de la Consellería de Medio
Ambiente llamando ignorantes a los ciudadanos y diciendo que había
más residuos peligrosos en los domicilios de cada uno de los
ciudadanos de La Coruña ¡Por favor!, Lo dice el delegado de la
Consellería de Medio Ambiente. O confundir impermeabilidad con la
necesidad de ampararse bajo paraguas cuando no son capaces de
controlar las tormentas que ellos mismos generan. Y como quiero ser
responsable, como es mi forma de actuar y la de mi grupo
parlamentario, voy a omitir argumentos y reflexiones que no son de
incidencia en este tema, puesto que aquí tratamos de resolver este
tema y no de generar más polémica.
Volvemos un momento a la peligrosidad de los residuos procedentes del
dragado ¿Son o no tóxicos los residuos? Yo no lo sé. El presidente de
la Autoridad Portuaria decía el domingo pasado que el 99 por ciento
era agua y arena. ¿Tiene datos para afirmar esto? ¿Qué datos? Que los
exhiba, porque si no está contradiciendo el informe del Cedex y el
informe de la Consejería de Pesca, Marisqueo y Acuicultura,
documentos que sí están en mi poder, pese a no habérmelos enviado por
la vía reglamentaria. Caracteriza los residuos de segunda y tercera
categoría según la toxicidad y la composición química o bioquímica.
Los primeros son moderadamente contaminantes y los de tercera
categoría son los que presentan concentraciones elevadas de
contaminantes. Me remito al informe donde textualmente se dice que se
realizaron campañas de muestreo; que las caracterizaciones en metales
pesados son importantes; que los materiales de categoría tres
deberían estar en recintos cerrados e impermeabilizados previamente
para impedir fugas de lisiviados o fracciones finas del sedimento de
vertido, que es donde está el problema fundamental. Añade que en el
proyecto no se define el tipo de recinto, la forma de cerramiento
propuesta, dejando abierta la posibilidad de utilizarlas en recintos
semiabiertos para facilitar la descarga. Tanto el cerramiento como el
sistema de dragado y modalidad de vertido deben ser estudiados
previamente para provocar el menor impacto, evitando la resuspensión
de sedimentos y desplazamiento de los lodos.
Hay dos informes del Cedex. Uno habla de las medidas preventivas
durante la ejecución de la obra: incremento de la turbidez de las
aguas con colocación de cortinas en la zona del dragado, forma de
trasladar los residuos, recintos móviles para evitar vertidos,
control de las embarcaciones en el transporte de los materiales; un
programa del seguimiento para el vertido de los materiales. ¿Se ha
hecho todo esto como medidas preventivas? En fin, hay una serie de
recomendaciones en el informe del Cedex de cómo hay que hacer estas
cosas. El otro informe del Cedex, de 15 de noviembre, recoge en gran
medida el informe de la Consejería de Pesca y Marisqueo, al que voy a
referirme, en dos temas importantes. Dice que los PCB son el
parámetro más crítico puesto que presenta niveles altos en las capas
superficiales, superando los niveles de acción dos; que supera el
nivel de acción dos en aproximadamente el 50 por ciento de las
estaciones; que su presencia es elevada en los muelles interiores,
superando en algunas estaciones ocho veces el nivel de acción dos.
Hay otra parte importante que respecto a los materiales de categoría
tres propone utilizarlos de relleno de recintos portuarios en futuras
ampliaciones del puerto. Estos recintos deberían ser cerrados,
impermeabilizados previamente para evitar las fugas de lisiviados o
fracciones finas (no es el caso de lo que se ha hecho), y la forma de
descarga. Esto está todo detallado en el informe del Cedex al que ya
no voy a referirme más.
Termino, señor presidente. Yo me pregunto por qué se depositan los
residuos de categoría tres en una balsa situada en las inmediaciones
de una playa y que no reúne las condiciones de impermeabilidad
adecuada; por qué se vierten los de categoría dos en una zona de
pesca y marisqueo de la ría, una zona importante de bancos de peces y
mariscos. Se ha dicho por las autoridades portuarias que esta obra se
hace como tantas otras hechas con anterioridad: utilizando los lodos
del dragado para rellenos portuarios. Señorías, estamos en el siglo
XXI y, por tanto, debiera hacerse con las medidas técnicas y
ambientales acordes con el tiempo que vivimos y no del siglo pasado,
con las garantías adecuadas para que el principio de precaución no
sea sólo deseable sino aplicable. ¿Por qué no se almacenan los lodos
en un vertedero controlado, es decir, impermeabilizado, con captación
de lisiviados y en tierra firme, no en una playa? ¿O por qué no se
hace un pretratamiento de los mismos? En definitiva, hacerlos con
tecnologías adecuadas como se decía en las recomendaciones: secar
previamente los lodos y tras un proceso adecuado depositarlos en
contenedores estancos para que permitan ser controlados para evitar
vertidos. ¿Cuál es el problema? ¿El mayor coste? Realizar un
vertedero controlado para el almacenamiento de los lodos que se están
dragando costaría 250 millones de pesetas; una inversión de 250
millones que garantizara la salud, la vida de la flora y la fauna y
que evitaría esta
alarma social y estos tres meses de contradicciones, de versiones
indeseables totalmente.
He presentado una enmienda a la proposición no de ley el BNG en el
sentido de que dichos residuos deben ser ubicados en vertedero
controlado de almacenamiento en tierra, según establezca la
declaración de impacto ambiental, porque entiendo que tiene que haber
declaración de impacto ambiental, ya que es ahí donde se define con
claridad la forma del depósito, el tratamiento, el seguimiento, del
que nada se habla, y no sirve que se hagan muestras de agua, pues si
no se tienen que hacer de sedimentos, y todo ello con luz y
taquígrafos. Crear alarma social innecesaria es un tremendo error;
desde luego no está en el ánimo de la diputada que les habla, quien
demanda información, y si se ha generado alguna alarma es por las
contradicciones, la opacidad y la cicatería presupuestaria a la hora
de abordar un problema tan serio, cuando al menos queda la duda de
que afecte a la salud pública por la alimentación de pescado o por
las aguas de baño. Si exigimos a los empresarios particulares el
cumplimiento de la normativa, las instituciones debemos ser
extremadamente cumplidoras y ejemplarizantes en aquello que
realicemos con fondos públicos
El señor VICEPRESIDENTE (Ruiz López): Para fijar la posición del
Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Fariñas.
El señor FARIÑAS SOBRINO: Es obvio que estamos ante un tema de enorme
relevancia como para ser tratado demagógicamente, superficialmente,
incluso a la ligera. Los políticos deberíamos poner cordura muchas
veces en nuestras actuaciones y dejarnos de trifulcas particulares
llevadas a la prensa, que más parecen dilucidaciones de quién tiene
razón y quién no a la hora de hacer declaraciones más o menos
acertadas. El Grupo Parlamentario Popular no va a entrar en
disquisiciones teóricas sobre quién tiene más o menos acierto a la
hora de hacer declaraciones, quién corrige a quién, si nadie corrige
a nadie o si yo estoy más atento a las correcciones que me hacen o a
las correcciones que me dejan de hacer. En cualquier caso, a mí me da
exactamente igual quién tenga razón en ese sentido; quién tenga la
irresponsabilidad de salir a la prensa manejando no se sabe qué
informes y manejando no sé sabe qué argumentos razonados o en la
mayor parte de las ocasiones sin razonamiento alguno más que el de la
propia palabra, con lo cual estamos otra vez más en ese juego
favorito que tienen algunos de la credibilidad sobre las cuestiones
de fe. Pues para las cuestiones de fe hay algo importantísimo a la
hora de dilucidarlas que son los hechos, los hechos y las realidades,
que esas no pueden ser tergiversadas ni por la prensa ni por las
declaraciones en la prensa ni por informes más o menos sesgados
o utilizados partidistamente, ni muchísimo menos.
Después de este panorama que nos han descrito aquí, en el que los
coruñeses estamos prácticamente en trance
de desaparición por los elevados índices de toxicidad a los que vamos
a estar sometidos de ahora en adelante, y dado el corto espacio de
vida que parece ser que nos queda, yo me siento en la obligación de
decir claramente qué es lo que está sucediendo con todo esto
y aportar un poco de tranquilidad a esa tranquilidad que ya tienen los
ciudadanos. No crean ustedes que el clima de exaltación ciudadana es
semejante al de algún político que pretende que su posición sea la de
los ciudadanos; nada más lejos de la realidad. El ciudadano sabe
perfectamente cuál es la situación; sabe perfectamente donde está la
playa, artificial por otra parte, construida y ejecutada precisamente
por la Autoridad Portuaria de La Coruña. Y estamos hablando de otra
de playa que no es tal, porque está situada precisamente en terrenos
de la Autoridad Portuaria y no en terrenos de dominio público, con lo
cual no es playa. Utilicen ustedes los términos de forma correcta y
entonces empezaremos todos a saber qué es y cómo se utiliza la
transparencia. ¿Quién está falto de transparencia? ¿A quién se le
puede achacar? Desde luego, a nosotros no. Por nuestra parte no hay
ese temor de que haya una falta de transparencia en la actuación. A
pesar de la confusión competencial que parece que alguno pone de
manifiesto hoy aquí, he aclararle que, aun siendo competencia de la
Xunta de Galicia el hacer evaluaciones y seguimientos de los impactos
ambientales, la Demarcación de Costas de Galicia, con fecha de 21 de
julio de 1999, informó a la Autoridad Portuaria de La Coruña que
debería solicitar el informe preceptivo de la comunidad autónoma en
materia de medio ambiente, y así lo ha hecho. También se informó por
la Demarcación que la obra no afectaba a la dinámica litoral. Son
informes que a mí me extraña que ustedes no manejen y que los enseñen
a los cuatro vientos de la misma forma, porque dicen exactamente lo
contrario de lo que ustedes están diciendo aquí hoy. Y es que nunca
estamos satisfechos. Si damos publicidad a las obras que se están
haciendo, si las describimos pormenorizadamente, entonces estamos
hablando de demagogia, entonces estamos utilizando nuestro aparato de
propaganda al cien por cien. Es una cuestión de fe. No nos lo
creemos. En cambio, cuando nos ceñimos a la legalidad vigente es que
somos artimañeros ocultistas. Estamos siempre con la misma canción;
no estamos nunca satisfechos y una vez hablamos de que el aparato de
propaganda funciona de maravilla y otra vez es que somos unos faltos
de transparencia, somos ocultistas, llámenlo ustedes como quieran.
Sobre la estanqueidad del relleno, señorías, las condiciones de
almacenamiento de estos residuos vienen en el mismo informe que
ustedes han citado tantas veces aquí esta mañana, en el informe del
Cedex, apartado 3.3; ahí lo pueden leer. A mí no me cabe la menor
duda, como así lo dicen todos los informes técnicos, (para
comprobarlo están ustedes en el consejo del Puerto), de que se
cumplen escrupulosamente todas y cada
una de las condiciones que dice el apartado 3.3, repito. A mí no me
cabe la menor duda tampoco de que el Cedex es un organismo totalmente
competente para elaborar este tipo de informe, salvo que ustedes
tengan algo que decir al respecto también.
Yo no creo que estemos hablando de obstruccionismo. Eso corresponde a
otras etapas a las que la melancolía de algunos parece importantísimo
recurrir a estas alturas. Para mí no. Si fuese como ustedes dicen no
les hubiésemos contestado ni ayer. (Rumores.) Si fuésemos
obstruccionistas no les hubiésemos contestado, sencillamente, ni ayer
tampoco. Lo tienen ustedes en la mano. Dice que le han contestado
ayer. Claro que le han contestado ayer; le han contestado cumpliendo
el plazo reglamentario de contestación a cada uno de los diputados,
que todos sabemos cuál es, ni más ni menos.
Respecto a la connivencia con el alcalde de La Coruña, es curioso que
a estas alturas me vengan a mí a explicar precisamente los dos
partidos que han firmado pactos de gobierno para desalojar de las
alcaldías al Partido Popular en Galicia, en toda Galicia, que el
Bloque Nacionalista Galego y el Partido Socialista me vengan a mí a
decir ahora que hay connivencia del Partido Popular con el Partido
Socialista. Estaría bueno que, después de haber sido la lista más
votada en no sé cuantas alcaldías, hoy tengamos que estar soportando
a alcaldes del Bloque Nacionalista o del Partido Socialista en virtud
de ese pacto y hoy los conniventes somos los del Partido Popular. Es
curioso. (Varios señores diputados: ¡Muy bien! Rumores.)
Vamos a seguir hablando. Yo he sido muy respetuoso con las
intervenciones de todo el mundo y eso que no me han gustado. En la
exposición de motivos hablamos de concesiones de banderas azules como
si corriésemos el peligro de que se eliminasen todas las banderas
azules de la circunscripción. Pues no señor, nada más lejos de la
realidad. Por cierto, estarán ustedes de acuerdo conmigo en que no
habrá ninguna queja sobre la opinión global que Europa tiene acerca
del estado de nuestras playas, dada la reciente concesión de banderas
azules. Nada tiene que ver la concesión de una bandera azul con la
construcción de infraestructuras que, por cierto, están hechas en
otro lugar diferente y como todos conocemos la zona sabemos que están
al otro lado del dique, en esa playa artificial, dicho sea de paso.
Por cierto, bien cerca de allí hay otra playa artificial, en Caranza,
enfrente de Astano, Izar-Fene, y al lado de Bazán, Izar-Ferrol.
Espero que ustedes no recurran a reclamar el cierre de Astano y Bazán
para que los vecinos de Caranza y Ferrol nos bañemos más tranquilos
allí, porque yo supongo que alguna vez habrán pasado por allí y
habrán visto que a veces de forma involuntaria surgen vertidos de los
barcos, porque hasta ahora los barcos como llevan petróleo y van
sucios a veces hacen vertidos en aquella zona, y no hay más que ver
la arena.
Termino ya, señor presidente, diciendo que mi intervención ha sido la
que es en virtud de la intervención de los distintos portavoces, pero
bien podría haberse resumido simplemente en cuatro preguntas:
Primero: ¿Qué hace esta proposición no de ley en este Parlamento
nacional? Segundo: ¿Qué hace esta proposición no de ley en la
Comisión de Medio Ambiente? Tercero: ¿Estamos realmente hablando de
la construcción de una balsa? Cuarto: ¿Estamos hablando realmente de
residuos peligrosos y tóxicos, como aquí se dice? Pues para todo esto
hay respuesta. A la primera pregunta, en materia de regulación y
protección medioambiental, como ya he dicho antes, las competencias
están en la propia Comunidad Autónoma de Galicia. Todos tenemos
representantes en el Parlamento autonómico y podemos recurrir a todas
a las medidas parlamentarias de iniciativa legislativa que queramos
para que la comunidad autónoma cumpla con la aplicación de la
evaluación de impacto ambiental preceptiva. A la segunda pregunta,
las áreas de puertos nada tienen que ver con la Ley de Costas. Esta
pertenece al ámbito del Ministerio de Medio Ambiente y Puertos del
Estado al de Fomento. A la tercera pregunta, esto no es una balsa,
señores; esto es un relleno en terreno de la Autoridad Portuaria para
fangos cuya categoría les permite ser eliminados directamente en el
mar y tienen que ser confinados en recinto cerrado. A la cuarta
pregunta, no estamos hablando de residuos tóxicos y peligrosos. Por
tanto, que se tranquilice la población que mínimamente pueda estar
alterada por las manifestaciones de algunos, dado que los análisis y
controles, que son públicos, revelan inapreciables cantidades -dice
así- inapreciables cantidades de materiales pesados. El porcentaje de
los PCB presentes tendría que ser mil veces superior para ser
considerado peligroso y, como bien decía la portavoz socialista, el
99,9 por ciento de estos vertidos son arenas y agua. Lo pueden
ustedes comprobar también con presencia, como tienen, en el consejo
del Puerto.
Yo les rogaría menos alarmismo y más rigor. Estamos hablando de
cuestiones extremadamente delicadas como para que sin fundamento
alguno estemos alarmando a la población innecesariamente. Desde el
Grupo Parlamentario Popular tenemos que decir que rechazamos
absolutamente las propuestas de esa proposición y queremos enviar un
mensaje de tranquilidad porque las cosas se está haciendo conforme a
la legalidad vigente, incluso con el apoyo del alcalde de La Coruña o
sin él; nos da igual.
El señor VICEPRESIDENTE (Ruiz López): Sólo a efectos de fijar si
acepta la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra el señor Aymerich.
El señor AYMERICH CANO: He de congratularme de que el señor Fariñas,
que ayer por la mañana no sabía nada de este asunto, haya estudiado
tanto.
(Risas.) Lo digo, porque lo comentó él y es listo, sí. No vamos a
aceptar la enmienda del Grupo Socialista no porque no estemos de
acuerdo, sino por dos razones: una, porque está ya subsumida en
nuestra iniciativa, y dos, porque las cosas cuando se enmiendan y se
defienden hay que defenderlas aquí en A Coruña también. No vale decir
una cosa aquí y luego que -ya que se habla de hemerotecas- aparezca
en la prensa: Vázquez corrige a sus concejales: que abran la fosa. Yo
no estoy hablando del PSOE sino de Paco Vázquez. Creo que cada vez
son cosas más distintas.
El señor FARIÑAS SOBRINO: Señor presidente, por una alusión.
El señor VICEPRESIDENTE (Ruiz López): No, señor Fariñas. Sería abrir
de nuevo el debate.
El señor FARIÑAS SOBRINO: Señor presidente, según lo que yo he
entendido, se ha atentado contra mi honorabilidad como diputado y
siento la necesidad de defenderme ante ese ataque injusto e
innecesario.
El señor VICEPRESIDENTE (Ruiz López): Yo creo que no se ha atentado
contra su honorabilidad, señor Fariñas. Sólo ha querido decir que
usted se ha puesto muy al día.
El señor FARIÑAS SOBRINO: La cortesía parlamentaría, señor
presidente, que se ha tenido siempre como norma en esta Cámara, jamás
en los anales de la historia de este Parlamento ha sido tan brusca al
referirse a si un diputado conoce o deja de conocer. Si he estudiado
o he dejado de estudiar, en cualquier caso, es mi obligación.
El señor VICEPRESIDENTE (Ruiz López): Señor Fariñas, tiene la palabra
durante treinta segundos para explicar su conocimiento de dicho
problema.
El señor FARIÑAS SOBRINO: Señor presidente, quiero decir en este
trámite que de todos es conocido, también de la Presidencia de esta
Comisión, que, lejos de los foros de debate públicos con luz y
taquígrafos, todos los diputados mantenemos una excelente relación
que nos lleva a hacer corrillos, a conversaciones y manifestaciones
fuera de los micrófonos sobre ciertos asuntos que, luego, esa
cortesía parlamentaria nos impide revelar en foro público. Pero como
parece ser que esa es la norma y pauta de comportamiento que alguno
quiere establecer también en las comisiones, yo voy a decir, sin
embargo, que no voy a recurrir a esa falsedad de tener que hablar de
lo que no se habla con luz y taquígrafos, es decir, con los
micrófonos abiertos, sino en el tren o en un avión.
Por lo tanto, yo, que sí he estudiado este tema hoy, entre otras
cosas, porque, como ha expuesto la portavoz socialista, se ha
incluido a última hora, he tenido a
bien enterarme lo mejor posible para defender la verdad y no posturas
personales que, por supuesto, nada tienen que ver con la
honorabilidad de ningún diputado ni de ningún grupo parlamentario.
(El señor Aymerich Cano pide la palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE (Ruiz López): No hay más turnos de palabra,
señor Aymerich.
- SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA REGENERACIÓN DE LA PLAYA DE ALMASSORA
(CASTELLÓN). PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL
CONGRESO. (Número de expediente 161/000714.)
El señor VICEPRESIDENTE (Ruiz López): Pasamos al debete de la
siguiente proposición no de Ley, sobre el cumplimiento de la
regeneración de la playa de Almassora (Castellón), cuyo autor es el
Grupo Parlamentario Popular. Para la defensa de la misma, tiene la
palabra el señor Ortiz.
El señor ORTIZ PÉREZ: El motivo de presentar esta proposición no de
ley es que los grupos municipales del Ayuntamiento de Almassora, las
Cortes Valencianas y la Diputación Provincial de Castellón han
debatido y aprobado una moción idéntica para regenerar la playa de
Almassora en la provincia de Castellón.
Bien es cierto y conocido -y me imagino que el señor Edo será el que
fije la postura del Grupo Socialista- que la playa de Almassora,
debido a las distintas ampliaciones del puerto de Castellón, ha
tenido un efecto regresivo y que la Administración tiene la
obligación de restablecer a su estado inicial. Como se recordará, se
procedió a la ampliación del dique de levante y ello produjo una
regresión importante a la playa de Almassora. La Dirección General de
Costas, consciente de su obligación de restablecer a su estado
natural las playas, actuó y el Consejo de Ministros aprobó una
dotación presupuestaria de 200 millones de pesetas para aplicar un
plan de emergencia a esta playa de Almassora. Posteriormente, se ha
hecho otra pequeña aportación de arena y una aportación de 120
millones de pesetas, que consideramos que ha mejorado un poco el
aspecto de la playa, pero que no es ni la solución definitiva ni la
que creemos y cree el Gobierno que se debe hacer.
La Autoridad Portuaria de Castellón, ha solicitado una nueva
ampliación de las instalaciones portuarias y se encuentra el proyecto
en fase de declaración de impacto ambiental. Consideramos desde el
Grupo Parlamentario Popular, y todos los grupos que han intervenido
en las distintas instituciones así lo han corroborado, que es
necesario plantear de una forma definitiva la solución de la
regeneración y restauración de la playa de Almassora. Por eso hemos
presentado esta proposición no de ley, porque queremos que se
impliquen las administraciones competentes, es decir, por una parte,
la Dirección General de Costas, que, dependiente del Ministerio de
Medio Ambiente, es quien debe procurar y preservar el estado natural
de las playas, y también la Autoridad Portuaria de Castellón, que
debe estar implicada no sólo de forma testimonial, sino también con
la aportación de las arenas que se van a producir del dragado del
puerto de Castellón.
Por lo tanto, como creo que habrá consenso sobre esta materia, para
terminar quiero manifestar que el Grupo Parlamentario Popular ha
presentado esta proposición no de ley, como decía, para que de una
forma definitiva el Gobierno asuma la responsabilidad de elaborar un
proyecto técnico y que se incluya también en los Presupuestos
Generales del Estado del año 2002 la consignación presupuestaria
suficiente para la licitación de la obra de regeneración de la playa
de Almassora.
El señor VICEPRESIDENTE (Ruiz López): A esta proposición no de ley
hay una enmienda del Grupo Socialista, para la defensa de la cual,
tiene la palabra el señor Edo.
El señor EDO GIL: En primer lugar, quiero dejar claro que el Grupo
Socialista está de acuerdo en la exposición que ha hecho el Partido
Popular y en su nombre el señor Ortiz, está de acuerdo en la
proposición no de ley. Ha sido un acuerdo de todas las
administraciones, incluido el ayuntamiento, que ha ido en primer
lugar y abanderándolo, cuyo alcalde es de nuestro grupo, es del
Partido Socialista. Coincido en que el problema principal está en la
ampliación del puerto, por otra parte, una ampliación necesaria y que
nunca debe de coartar la regeneración de la playa de Almassora
o cualquier actuación que se lleve en dicha playa. De ahí que hayamos
presentado una enmienda en el sentido de que tampoco puede ir una
cosa delante de la otra. Tienen que ir al unísono o, como mínimo,
tienen que ir antes las actuaciones en la playa que las actuaciones
en el puerto. Por ello hemos presentado esta enmienda, que esperamos
que nos admita el Partido Popular, que también tiene que tener en
cuenta que cuando se presentaron los presupuestos había dos millones
de pesetas para todas las playas de Castellón; como sólo había dos
millones de pesetas, luego hay que ir con remiendos, a pesar de que
hay problemas que ya se conocían entonces, algunos de los cuales ya
tendrían que estar solucionados. Pero de lo que no se olvidaron fue
de poner 90 millones de pesetas en la playa en donde se baña el señor
Aznar, que no es precisamente la que más necesita regenerarse, que es
la playa de Les Platjetes. De eso sí que se acordaron. Señorías, el
que habla no está poniendo pegas; está poniendo datos encima de la
mesa. A partir de ahí, espero que se nos admita la enmienda. De
cualquier forma, nuestro Grupo apoyará la iniciativa que presenta el
Partido Popular aquí, en esta Comisión.
El señor VICEPRESIDENTE (Ruiz López): ¿Algún grupo quiere fijar su
posición? (Pausa.)
Para manifestar si acepta o no la enmienda, tiene la palabra el señor
Ortiz.
El señor ORTIZ PÉREZ: Como quiero demostrar que el Grupo
Parlamentario Popular quiere llegar al máximo consenso posible, voy a
ofrecer otra enmienda transaccional a la inicial del señor Edo, que
recoge los dos puntos de nuestra proposición y también las
inquietudes del señor Edo. Como tendremos tiempo para fijar la
posición, voy a repartirla a la Mesa y al Grupo enmendante, en este
caso al señor Edo, y espero que lleguemos a un acuerdo.
Sólo decirle que si a usted le parece mal que en la playa que más se
ve en toda España se inviertan 90 millones de pesetas, que venga Dios
y lo vea, señor Edo.
El señor VICEPRESIDENTE (Ruiz López): Muchas gracias, señor Ortiz.
El señor EDO GIL: Por favor, es que me ha preguntado si yo...
El señor VICEPRESIDENTE (Ruiz López): Son preguntas retóricas propias
del uso parlamentario, señoría.
El señor EDO GIL: No, yo no lo he entendido como retórica. Tendré que
contestar si me parece bien o no.
El señor VICEPRESIDENTE (Ruiz López): La Presidencia, si le parece
bien, es quien dirige el debate y considera que...
El señor EDO GIL: De cualquier forma, me parece bien. Lo que pasa es
que no era precisamente a la que más falta le hacía ni muchísimo
menos. Como prueba de ello hay aquí una proposición no de ley
defendiendo la de Almassora.
- SOBRE LA PROBLEMÁTICA DEL ARSÉNICO EN EL AGUA. PRESENTADA POR EL
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/000691.)
El señor VICEPRESIDENTE (Ruiz López): Pasamos al debate de la
siguiente la proposición no de ley, que aparece en el orden del día
como número cuatro, sobre la problemática del arsénico en el agua,
cuyo autor es el Grupo Parlamentario Socialista, para la defensa de
la cual tiene la palabra la señora García Pérez.
La señora GARCÍA PÉREZ: El Grupo Socialista trae hoy aquí esta
proposición no de ley que intenta solucionar una problemática que
está sufriendo una población de aproximadamente 18.000 habitantes
desde julio
o agosto del año pasado y que afecta a las tres provincias de
Valladolid, Ávila y Segovia. Por eso voy a hacer una referencia a
esta problemática y a la proposición que desde el Grupo Socialista
realizamos.
A finales del mes de junio se detectan en el municipio de Iscar, en
la provincia de Valladolid, unos niveles de arsénico de entre 81,8 y
98,1 microgramos por litro, resultados que se van incrementando hasta
llegar a los 183 microgramos por litro de arsénico en el agua. (La
señora presidenta ocupa la Presidencia). Durante el mes de agosto,
tras una campaña de análisis en los municipios de alrededor, se
comprueba que existen altas concentraciones de arsénico en varios
municipios de Valladolid, Segovia y Ávila. La legislación actual
permite unos niveles de arsénico inferiores a 50 microgramos por
litro en las aguas de abastecimiento y en la actualidad existe una
directiva de la Unión Europea que limita a 10 microgramos por litro
la máxima concentración de arsénico, que entrará en vigor en el año
2003. Por tal motivo, la Consejería de Medio Ambiente de Castilla y
León encarga la realización de un estudio de las soluciones para el
abastecimiento en esta zona que abarca a veinte poblaciones y afecta
aproximadamente a 18.000 habitantes. Posteriormente se desarrollan
varias reuniones con alcaldes de los municipios, con presidentes de
las diputaciones afectadas y la Junta expone un plan de solución para
este problema, que se ejecutará en dieciséis meses.
Asimismo, en enero de 2001, las Cortes de Castilla y León aprueban
una proposición no de ley, presentada por el Grupo Socialista y el
Grupo Popular, instando a la Junta a desarrollar en el más breve
plazo posible este plan y a buscar la solución integral del acuífero
de los Arenales, con el que se está dotando de agua a toda esta zona.
En este sentido queremos insistir desde esta Cámara y conseguir un
compromiso del Gobierno para participar en la elaboración de un
estudio y la puesta en marcha de una solución integral que permita la
recuperación de este acuífero. Y decimos esto porque el plan que se
está ejecutando en la actualidad, y que establece la captación de
agua de los ríos Cega y Eresma, es una solución transitoria que sólo
resuelve el agua del consumo humano, pero expertos de universidades y
de organismos científicos reconocen que el agua contaminada con
arsénico no sólo no es apta para el consumo humano, sino que no se
debería de utilizar para nada. Asimismo, la Junta reconoce que a
largo plazo el riego puede extender la contaminación.
Por ello, entendemos que es necesaria la recuperación de este
acuífero, es necesario poner en marcha un plan integral para
solucionar este problema, ya que en estos momentos se está utilizando
el agua de los acuíferos para regar plantas y para abastecer de agua
al ganado y a los animales de esta zona. Entendemos que la solución
que está en estos momentos en marcha es transitoria, sirve
exclusivamente para un tiempo determinado. Creemos que los habitantes
de esta zona llevan
ya mucho tiempo sufriendo esta situación, llevan un año teniendo que
utilizar garrafas para abastecerse de agua para su consumo y
consideramos importante que desde el Gobierno se aporten soluciones
para poder llegar a una situación en la que no exista ningún riesgo
para el consumo humano ni para toda la zona de la que estamos en
estos momentos hablando. Por eso esperamos que exista un apoyo a esta
proposición no de ley, porque afectará a la mejora de la calidad de
vida de los ciudadanos de estas provincias.
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Popular se ha presentado una
enmienda. Para su defensa, tiene la palabra el señor Reguera.
El señor REGUERA DÍAZ: Como muy bien sabe S.S., la Confederación
Hidrográfica del Duero, del Ministerio de Medio Ambiente, al conocer
la existencia del agua contaminada por arsénico los primeros días del
mes de agosto del año 2000 en algunos municipios de Ávila, Valladolid
y Segovia, puso en marcha un estudio para conocer el origen y la
extensión de esta contaminación, su incorporación y disolución en las
aguas subterráneas y las posibles medidas para minimizar o eliminar
este fenómeno.
Para el seguimiento de este problema se constituyó una comisión
interadministrativa, integrada por la Consejería de Sanidad y
Bienestar Social, la de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y
León, la Confederación Hidrográfica del Duero, las diputaciones
provinciales de Valladolid y Segovia y también los ayuntamientos, con
la finalidad de coordinar un programa de investigación para delimitar
el área afectada, el origen del arsénico y las causas de su presencia
en aguas subterráneas. La comisión ha mantenido diferentes reuniones
el día 9 de agosto, los días 12, 13 y 18 de septiembre, etcétera.
Concretamente en la reunión de 9 de agosto se acordó que la solución
del problema a corto plazo se realice desde las diputaciones
provinciales, con la ayuda de la Consejería de Medio Ambiente de la
Junta de Castilla y León, que es la solución que usted apunta que ha
sido transitoria. La solución a largo plazo la estudiaría dicha
consejería, la cual el 13 de diciembre, como usted muy bien
manifiesta, hizo una propuesta, que presentó públicamente, por la
cual la Confederación Hidrográfica del Duero se encargaría del
estudio y la investigación del fenómeno, del origen y existencia del
arsénico en la matriz de los acuíferos de la zona y los procesos de
incorporación por la disolución de las aguas subterráneas, y la
Consejería de Sanidad se encargaría del seguimiento y evolución del
arsénico en los abastecimientos afectados, enviando las muestras a
analizar al laboratorio de la Confederación Hidrográfica del Duero.
Su proposición no de ley consta de dos partes. En la primera parte,
entendemos que el Gobierno, a través del Ministerio de Medio
Ambiente, está colaborando y
lo va a seguir haciendo, manteniendo una relación directa con la
Junta de Castilla y León y con la Consejería de Medio Ambiente. En
cuanto al segundo punto, entendemos que, aparte de que es una obra
que ya ha asumido la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de
Castilla y León en el 100 por cien, es lógico que la haya asumido
porque es una competencia exclusiva de la comunidad autónoma. Por
ello, si el Grupo Socialista retirase el segundo punto, nosotros
apoyaríamos el primero, tal como lo ha propuesto S.S. en la
proposición no de ley.
De todas formas, me gustaría manifestar que esa obra definitiva ha
sido ya adjudicada a dos empresas y que la consejera de Medio
Ambiente de la Junta de Castilla y León, el viernes 25 concretamente,
colocará la primera piedra de esa obra. Yo creo que en este caso hay
que felicitar a la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de
Castilla y León porque ha actuado diligentemente en este asunto y en
un plazo bastante breve, pues desde agosto hasta ahora podemos decir
que ya ha sido adjudicada la obra, y esperemos que sea una solución
definitiva para todos los ciudadanos de esas poblaciones, de esos
veintisiete municipios de Valladolid, Segovia y Ávila.
LA señora PRESIDENTA: ¿Alguna otra intervención? (Pausa.) La portavoz
del Grupo Socialista tiene la palabra para pronunciarse respecto a la
enmienda del Grupo Popular.
La señora GARCÍA PÉREZ: Aceptamos la propuesta del Grupo Popular.
Sólo quería decir que esperamos que el poner la primera piedra no
signifique otra medida propagandística más, sino que realmente
signifique el que de una vez por todas se pueda llegar a la solución
del problema de esta población.
- SOBRE MEDIDAS A ADOPTAR ANTE LAS INUNDACIONES PERIÓDICAS POR EL
DESBORDAMIENTO DEL RÍO GUADALQUIVIR QUE ESTÁ SUFRIENDO EL MUNICIPIO
DE ANDÚJAR (JAÉN). PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA.
(Número de expediente 161/000622.)
La señora PRESIDENTA: Pasamos a debatir la siguiente proposición no
de ley del Grupo Socialista, sobre medidas a adoptar ante las
inundaciones periódicas por el desbordamiento del río Guadalquivir
que está sufriendo el municipio de Andújar (Jaén). Por el Grupo
Socialista, tiene la palabra el señor Quirós.
El señor QUIRÓS PULGAR: Hay que decir que esta proposición no de ley
que vamos a debatir hoy en esta Cámara ha tenido un amplio recorrido
en la misma y también, tanto en la legislatura anterior como
actualmente, en el Senado. Se vio en la anterior legislatura en las
comisiones de Infraestructuras, de Medio Ambiente
y de Agricultura y también en el Senado, hace unos quince días, como
he dicho anteriormente. Es un tema que el Partido Socialista viene
presentando reiteradamente porque no se está dando una solución
definitiva a los problemas que está sufriendo el municipio de Andújar
con el tema de las inundaciones. En definitiva, seguimos debatiendo
este tema por la falta de compromiso político del Partido Popular en
querer resolver los problemas derivados de las inundaciones que está
sufriendo la población de Andújar.
Las inundaciones constantes que sufre este municipio representa un
cúmulo de despropósitos por la política de parcheo que está
realizando el Gobierno con las actuaciones que está llevando a cabo,
que no han servido para nada. Se han gastado más de 1.000 millones de
pesetas, como reconoce el propio presidente de la Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir, para que se lo lleve de nuevo el río y
se siga inundando el término municipal.
Decía el otro día el senador del PP, señor Pérez Ruiz: El Gobierno
está actuando de forma contundente y coherente; de una forma seria.
Pues bien, el río le está quitando la razón. Me remito a las últimas
inundaciones de marzo de este año. Si esto es serio, como se dice,
que venga Dios y lo vea. Llevan cinco años con estudios y sin dar
soluciones coherentes y serias; me remito a los hechos: tres
inundaciones en este período. En la Comisión de Medio Ambiente,
celebrada en la anterior legislatura el 10 de marzo de 1998, ustedes
presentaron una enmienda a una proposición no de ley del Grupo
Parlamentario Socialista en la que se decía textualmente: Instar al
Gobierno a continuar con la mayor diligencia las actuaciones
encaminadas a la expropiación de los terrenos acordados y que
pudieran ser en el futuro receptores de los lodos extraídos de la
limpieza del cauce del río, y agilizar en todo lo posible los
estudios en curso -que ya dice el informe de la Confederación
Hidrográfica al Defensor del Pueblo que estarán en junio de 1998-
sobre la incidencia de la presa de Marmolejo en las inundaciones que
provoca el río Guadalquivir en la zona de la comarca de Andújar.
El Ayuntamiento de Andújar lleva pidiendo ese estudio, si existe ya
ese estudio que se comprometieron a tener en 1998, durante muchos
años. ¿Y saben lo que le contestó el subdelegado del Gobierno el día
30 de marzo del presente año? En cumplimiento de lo acordado en la
reunión mantenida en esta Subdelegación del Gobierno el pasado 20 de
marzo en el sentido de dar un plazo de una semana, a partir del lunes
26 de dicho mes, para transmitirles informe general sobre el cauce
del Guadalquivir y análisis sobre posibilidades técnicas de
actuaciones en distintas zonas o, en su caso, la posición de la
Confederación al respecto, he de informarle que por la Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir se me comunica que existen diversos
estudios, algunos más generales y otros parciales, que constituyen un
conjunto difícilmente disociable, por lo
que la remisión de cualquiera de ellos no reflejaría fielmente las
distintas opciones técnicas derivadas de las dificultades técnicas
existentes. Es por ello por lo que se está elaborando un informe de
síntesis que puede ser válido como reflexión e instrumento de trabajo
para la propia mesa técnica que está en constitución.
Pero es que el señor Pérez Ruiz, senador del PP, dijo hace quince
días: Un diputado de su mismo grupo parlamentario decía en el
Congreso de los Diputados que la demolición de la presa de Marmolejo
no era algo que hubiera que hacer tan rápidamente, sino que habría
que realizar los estudios pertinentes. Estos estudios se han
elaborado y como consecuencia de ellos se ha acometido la obra que he
mencionado anteriormente.
La interpretación que se puede hacer es que existe el estudio de la
incidencia de la presa de Marmolejo y que se está actuando en
consecuencia, según ustedes, aunque no lo quieren hacer público, y me
parece muy grave su actitud. Ahora bien, si existe ese estudio y se
está actuando en consecuencia, ¿me querrían ustedes contestar para
qué crean una comisión técnica que analice las consecuencias de las
inundaciones si ya los conocen ustedes? Como no contemplan la
demolición de la presa de Marmolejo, ¿es que esta no afecta a las
inundaciones que sufre el municipio de Andújar? Si esto es así, ¿por
qué no lo hacen público y los agricultores afectados quitan la
demanda impuesta a Endesa para el cobro de las indemnizaciones de los
años 1997-1998, que ascienden en torno a 300 millones de pesetas?
Si esto es así, asuman que las inundaciones se deben a una falta de
previsión y de actuaciones coherentes a las circunstancias y que se
haga efectivo por parte del Gobierno el pago de las indemnizaciones a
los agricultores afectados. Ustedes mismos se contradicen, si no,
¿cómo se interpreta la enmienda presentada por su grupo municipal en
el Ayuntamiento de Andújar? El grupo de concejales del Partido
Popular presentaron una enmienda de modificación a una moción
presentada conjuntamente por el Partido Socialista e Izquierda Unida
sobre el problema de aterramiento del río Guadalquivir, en la que se
decía el 22 de junio del año 2000: Instar a Endesa a una solución
amistosa y extrajudicial con los damnificados por las inundaciones
del río Guadalquivir a su paso por Andújar respecto de las
indemnizaciones por daños ocasionados por dichas inundaciones, dando
de esta forma satisfacción a la justa reivindicación de los
afectados.
Espero que su argumentación para no apoyar esta iniciativa
parlamentaria no pase por echar balones fuera diciendo que el
ayuntamiento tiene la culpa por comerse el río, como dijo en su día
el presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Yo
no conozco ninguna ciudad que se haya construido alejada de un río,
sino que más bien lo integra en su transcurrir urbano; es decir,
todas las ciudades por las que transcurre un río lo integran dentro
de la propia ciudad. Poco dice de su organismo si su propio
presidente reconoce
la dejación de sus funciones, como es el control del dominio público
hídrico. En un escrito del comisario de aguas de la Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir a la Subdirección General del Dominio
Público Hidráulico, de 22 de noviembre de 1996, se reconocían como
posibles causas, más que posibles contundentes causas que podían
estar produciendo las inundaciones de Andújar el hecho de que cuando
se construyó la presa de Marmolejo, en el año 1962, se decidió
reducir al máximo la zona a expropiar para el vaso del embalse debido
a sus excelentes condiciones agrícolas. En la era de menor cota con
mayor probabilidad de ser inundada se construyó un muro de defensa
para contener la avenida de bajo período de retorno. Cuando este muro
es rebasado por las riadas mayores, las aguas que anegan los terrenos
quedan retenidas por el propio muro, lo que dificulta o imposibilita
el drenaje una vez que la avenida ha remitido. Ello hace que los
terrenos queden encharcados durante mucho tiempo y se pierdan los
cultivos. Este ha sido el caso de las últimas inundaciones
registradas, cuyos efectos han producido cuantiosos daños. Por lo
tanto, se señala la posible causa de las inundaciones de Andújar, es
decir, una presa que se construyó en el año 1962, con muy poco vaso,
donde se puso un muro de contención para poder paliar un poco las
avenidas, que se volvió en contra porque encharcaba los propios
terrenos. Y si a esto le unimos que este pantano tiene una
colmatación en torno al 70 o al 90 por ciento, podemos vislumbrar un
poco las causas de las inundaciones reiteradas de este municipio.
Pero no lo vamos a decir nosotros. Queremos que venga avalado por un
informe técnico, que tenía que estar terminado en 1998, como se
comprometieron en su día, y que si está realizado no lo conocen más
que ustedes. No le echen la culpa al ayuntamiento por no formar parte
de la comisión técnica que quieren poner ahora en marcha para
analizar los problemas de las inundaciones de Andújar. Esta comisión
técnica estaría constituida por el director técnico de la
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, por el jefe de la
Confederación Hidrográfica de Jaén y le piden ustedes, le ruegan, por
la naturaleza del estudio, al Ayuntamiento de Andújar que recaiga en
un técnico cualificado en temas de hidrología. No esperen ustedes que
cualquier ayuntamiento de este país tenga un técnico cualificado en
temas de hidrología. Yo no conozco a muchos ayuntamientos que tengan
esta especialidad dentro de sus funcionarios.
La señora PRESIDENTA: Señor Quirós, le ruego concluya.
El señor QUIRÓS PULGAR: Yo le pediría un poco de benevolencia, porque
he estado aquí escuchando las exposiciones de otras proposiciones y
no han sido tan cortas. Además, el tema que estamos tratando es de
tanto interés para la resolución del problema de una
población que lleva cinco años sufriendo la dejadez de un Gobierno,
que merece la pena que lo tratemos en profundidad para que se pongan
todos los puntos sobre las íes.
Como dije anteriormente, ya no hacen falta más análisis. Llevan
ustedes cinco años analizando. Eso suena a torpeza o a no tener la
voluntad de realizarlo. Sobran análisis y hacen falta actuaciones
coherentes y serias, como decían ustedes. No le echen la culpa a los
socialistas, porque desde que se produjeron las inundaciones que
estamos tratando están ustedes gobernando. Asuman su responsabilidad.
Parecen más bien un grupo de oposición que de gobierno.
No me vengan a decir que la solución a la inundación de Andújar está
recogida en el Plan hidrológico nacional. Díganme ustedes en qué
página y en qué epígrafe viene recogida esta actuación. Yo tengo aquí
el proyecto de ley, que hemos debatido bastante en esta Comisión, y
no encuentro ningún epígrafe que ponga encauzamiento, ordenación
integral o resolución del problema de las inundaciones de Andújar.
Quiero terminar haciendo un llamamiento a la situación de los
agricultores afectados por las reiteradas inundaciones a las que
ustedes no han dado solución, y lo voy a hacer con palabras del
comisario de Aguas en 1997, el señor Saura, que remitió un escrito al
ingeniero jefe de la Confederación Hidrográfica de Jaén, para que no
crean que nos lo inventamos los socialistas: Los colonos (dice así
textualmente) asentados en esta zona en virtud de los planes del
antiguo Instituto Nacional de Colonización, hoy Instituto de Reforma
y Desarrollo Agrario, son de economía muy modesta que accedieron a la
propiedad de estas tierras con gran esfuerzo a lo largo de muchos
años, constituyendo su explotación en la mayoría de los casos su
único medio de subsistencia. Esto pone de manifiesto el interés
social de la expropiación en beneficio de los propios afectados. Y
hay una imagen que ha pasado...
La señora PRESIDENTA: Señor Quirós, tiene un minuto.
El señor QUIRÓS PULGAR: Ya estoy terminando. Hay una imagen, como
decía anteriormente, que ha pasado a la historia, la de un agricultor
poniendo en un tendedero los libros de su hijo mojados por las
inundaciones. Como, no tenía recursos para comprar otros, tuvo que
darle esa solución. Por ello entre todos tenemos que facilitar, y el
Gobierno propiciar, el pago de estas indemnizaciones.
Ante la propuesta que me ha hecho el señor García, del Partido
Popular, me gustaría que los cuatro puntos que recoge la parte
dispositiva de esta proposición no de ley se votaran por separado.
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la
palabra el Núñez Castain.
El señor NÚÑEZ CASTAIN: Puede deducirse clarísimamente de la
intervención del portavoz proponente que estamos ante un problema
absolutamente técnico que lleva una serie de años, más de la cuenta,
sin resolverse. Por tanto, a mí me gustaría que fuésemos capaces en
la Cámara de ser pragmáticos e, independientemente de discutir de
dónde proviene la responsabilidad política de no arreglar este
problema, no consideráramos la finalidad de la proposición, la
dialéctica de quién queda sobre quién y quién es el culpable de esta
solución, porque me parece que no lo asumirían los ciudadanos de
Andújar afectados por estas inundaciones, sino que fuéramos capaces
de verdad de coger el toro por lo cuernos, de resolver el problema
técnico, porque es técnico, y entre todos aportar soluciones. En este
momento no podemos permitirnos estudiar, ver y planificar, porque ha
pasado demasiado tiempo y ha habido demasiadas inundaciones, sino que
es el momento de actuar. Desde la posición andalucista se apoya
totalmente el espíritu de la proposición y naturalmente el consenso a
que hubiera lugar, cambiando palabras que van más en la línea de
defender la posición política de cada uno que en la línea de resolver
mejor o peor el problema, cuando aquí lo importante es resolver el
problema.
Por tanto, apoyamos a la solución inmediata y rápida de este problema
y que se abonen las indemnizaciones a los afectados.
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor
García Gómez.
El señor GARCÍA GÓMEZ: Intervengo en nombre del Grupo Parlamentario
Popular en relación a la proposición no de ley, presentada por el
Grupo Parlamentario Socialista, sobre inundaciones en el municipio de
Andújar por desbordamiento del río Guadalquivir. Como se ha dicho,
mucho se ha debatido sobre este asunto no sólo en esta sede
parlamentaria, sino también en el Senado y en el propio Ayuntamiento
de Andújar, y desde el primer momento ha sido voluntad de este Grupo
Parlamentario y del Gobierno de la nación al que apoya que se
solucionen estos problemas. Pero no sólo ha sido voluntad política,
sino que, desde que tiene responsabilidad de gobierno, se han tomado
las medidas que en cada momento han sido necesarias y con un
presupuesto que supera los 1.000 millones de pesetas: dragado de los
ríos Guadalquivir y Jándula en los términos municipales de Marmolejo
y Andújar; actuaciones en el río Guadalquivir a su paso por Andújar
entre el puente de la autovía y el polideportivo; acondicionamiento
de las márgenes derecha e izquierda del río entre Andújar y La
Ropera. Hay que reconocer que las actuaciones llevadas a cabo han
sido necesarias y no inútiles, como por parte de algún grupo político
o de alguna organización se dice.
Ningún gobierno anterior se había preocupado de los problemas del
Guadalquivir a su paso por Andújar, porque podríamos preguntarnos:
¿Desde cuándo se producen inundaciones en el municipio de Andújar?
¿Sólo desde 1996? ¿Sólo desde que gobierna el Partido Popular? Si se
achacan estos desbordamientos a la presa de Marmolejo, que puede ser
si así lo dice el informe que se redacte, ¿qué ha pasado desde la
construcción de esta presa hasta el año 1996? ¿Nada? Podemos seguir
preguntándonos, aunque las respuestas son claras: ¿Quién ha
construido un polideportivo en el cauce del río Guadalquivir? ¿Quién
ha permitido con su política urbanística que varias construcciones se
hayan realizado en el cauce de ese río? Lo que sí está meridianamente
claro es que las competencias urbanísticas son responsabilidad del
Ayuntamiento de Andújar y de la Junta de Andalucía, ambas gobernadas
por el Partido Socialista desde hace años. No sólo el ayuntamiento
permite que se invada un dominio público y no asume competencias,
sino que a la hora de poder opinar y de aportar ideas para la
solución de las inundaciones declinan la invitación a participar en
la recién creada comisión técnica de estudio. Como de costumbre, de
una manera demagógica se manejan los problemas de los ciudadanos sin
intentar aportar soluciones o algo positivo. Esta es nuestra postura
y nosotros vamos a aportar soluciones como hemos venido haciéndolo
hasta la fecha.
Estamos de acuerdo en que se realice un estudio y en base al mismo la
comisión técnica creada tome las conclusiones y adopte las medidas
oportunas que, junto con las cantidades consignadas en el Plan
hidrológico nacional, en su apartado forestal, para la cuenca del
Guadalquivir en la zona de Andújar, por un importe de más de 3.000
millones de pesetas, solucionen de una vez por todas la situación de
la cuenca del río Guadalquivir a su paso por Andújar.
No debemos ni queremos hacer demagogia con las indemnizaciones. Las
reclamaciones se encuentran en proceso judicial, donde se demanda a
la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y a Endesa, y tendrán
que ser los tribunales los que juzguen y decidan. Eso sí, queremos
dejar claro que en el momento en que se resuelvan las actuaciones
judiciales en curso y si así lo determinan estas actuaciones, se haga
efectivo, y de manera urgente, el pago de las indemnizaciones a las
explotaciones afectadas por las inundaciones de los años referidos.
En este momento quiero presentar una modificación, una enmienda al
punto cuarto que propone la proposición no de ley del Grupo
Parlamentario Socialista, que le he pasado ya al portavoz de esta
proposición, y que dice concretamente que en el momento en que se
resuelvan las actuaciones judiciales en curso, y que si así lo
determinan estas actuaciones, se haga efectivo, y de manera urgente,
el pago de las indemnizaciones a las explotaciones agrícolas
afectadas por las inundaciones
de 1996, 1997, 1998 y 2001. Asimismo, pediría a la Mesa que se
hiciera votación separada de cada uno de estos cuatro puntos. Por
supuesto, espero que por parte del Grupo Parlamentario Socialista se
admita esta enmienda al punto cuatro.
La señora PRESIDENTA: Respecto a la enmienda in voce que ha
presentado en este momento el Grupo Popular, quisiera escuchar la
intervención del Grupo Socialista y decirle al señor portavoz del
Grupo Popular que la votación separada ya la ha pedido el propio
titular, el Grupo Socialista, de dicha proposición no de ley.
El señor QUIRÓS PULGAR: Aceptamos su enmienda y también, como ya he
dicho, la votación separada de cada uno de los puntos que recoge esta
proposición no de ley.
- RELATIVA A LAS OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DEL RÍO MERO EN A CORUÑA.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de
expediente 161/000518.)
La señora PRESIDENTA: Pasamos, por tanto, al debate de la siguiente
proposición no de ley, también del Grupo Socialista, relativa a las
obras de acondicionamiento del río Mero en A Coruña. Para su defensa,
tiene la palabra la señora Marón.
La señora MARÓN BELTRÁN: Señorías, de un modo recurrente, el Grupo
Socialista está reclamando la ejecución de las obras de
acondicionamiento del río Mero. Preguntas, proposiciones no de ley
fueron ya habituales en la anterior legislatura y lo vuelven a ser en
esta, pero en lo práctico sólo sirven para aumentar los índices de
consumo de papel. Espero que, al menos en su mayoría, el papel que
generamos con este tema sea reciclado.
Desde el año 1996, en que las obras de acondicionamiento del río Mero
fueron declaradas de interés general por parte del Gobierno, existe
una total dejación presupuestaria y de impulso administrativo y al
mismo tiempo de colaboración entre las administraciones competentes,
Ministerio de Medio Ambiente y Xunta de Galicia, dejando al
Ayuntamiento de Cambre en solitario sufriendo las consecuencias de
tal dejación, como es el caso de las graves inundaciones sufridas
este invierno, viviendo dicho municipio y sus habitantes en
permanente estado de riesgo. El propio Gobierno reconoce, en
respuesta parlamentaria a la diputada que les habla, que dicha
actuación tiene por objeto resolver el problema de las inundaciones
que sufre la cuenca del río Mero entre la presa de Cecebre y su
desembocadura en la ría del Burgo. Pero, pese a este reconocimiento,
no se vislumbran soluciones de urgencia con dotación presupuestaria
adecuada y licitación y ejecución de las
obras en los plazos mínimos que permite la Ley de contratos y que el
reciente decreto ley para paliar los daños por las inundaciones en
Galicia podía haber contemplado como una excepción.
Existe, además del riesgo de inundaciones, un problema grave de
saneamiento y depuración y, por tanto, de salud, un problema añadido:
la incidencia en el embalse de Cecebre, que suministra agua a la
ciudad de A Coruña y municipios del área metropolitana, 400.000
habitantes, que por las grandes avenidas de agua estuvo a punto de
colapsar la planta depuradora.
Reclamábamos ya en el año 1999 la compatibilidad de los proyectos del
Gobierno y de la Xunta de Galicia y, por tanto, la asistencia técnica
parecía ya imprescindible. Estamos en el año 2001 y seguimos
esperando. Sólo en respuesta a preguntas de la diputada que les habla
dice el Gobierno que se está redactando el proyecto y que prevé su
finalización todavía en octubre de 2001; es decir, desde 1996 al año
2001. ¿Por qué tanta demora? Llevamos desde el año 1996, cinco años,
sin avanzar en el tema, conociendo, además, el riesgo que su falta de
ejecución está generando. En el camino se han perdido fondos de
cohesión (más de 750 millones de pesetas) y hubo una total falta de
entendimiento y de coordinación entre el Gobierno central y Xunta de
Galicia, que ralentiza, si cabe, más la solución al problema.
Tampoco se han tenido en cuenta las enmiendas que cada año se
presentan por parte del Grupo Socialista a los Presupuestos Generales
del Estado para modificar la simbólica cantidad de 100 millones de
pesetas que aparece en los presupuestos año tras año, para que se
tradujeran en una financiación suficiente para abordar de una vez la
ejecución de este proyecto. Seguramente ahora, en la precampaña
electoral gallega, volveremos a asistir a las habituales visitas a la
zona anunciando financiación y soluciones, pero que, como ya estamos
habituados, son sólo palabras que van quedando en el camino, en las
hemerotecas, como recuerdo de la ineficacia política.
La iniciativa que hoy presentamos se centra en tres puntos. Primero,
la urgente, la urgentísima, diría yo, licitación y ejecución de las
obras y, por tanto, la dotación presupuestaria. Segundo, la
determinación de la compatibilidad de los proyectos del Ministerio y
la Xunta de Galicia, a fin de que las interferencias o la falta de
coordinación de dichas instituciones no dilate las soluciones, sino
que sean eficientes colaboraciones que sumen energías y recursos.
Tercero, arbitrar la partida presupuestaria adecuada para hacer
frente a los daños ocasionados en el municipio de Cambre con motivo
de las recientes inundaciones sufridas a lo largo de todo este
durísimo invierno. El decreto-ley, recientemente presentado por el
Gobierno y debatido en el Pleno de la Cámara, no ha servido para
solventar los graves problemas sufridos por numerosas familias que
han tenido que ser desalojadas de sus domicilios ni los
cuantiosos daños de todo tipo, que afectan a particulares y a
sectores productivos. El decreto no cubre dichas cuantías y el
ayuntamiento no puede abordarlo en solitario. Por ello, sigue vigente
esta reclamación específica y concreta en un municipio que ha sido de
los más afectados de Galicia, por no decir el que más, ya que las
consecuencias podrían haberse evitado de ejecutar las obras que
reclamamos con rapidez y eficacia, y eso quiere decir con prioridad
política.
Confío en el voto afirmativo a esta proposición no de ley para de una
vez por todas dejar de hablar de este ya manido problema y así los
ciudadanos y ciudadanas vean resueltos sus problemas y los políticos
cumplamos con la obligación que tenemos encomendada.
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra el señor Fariñas.
El señor FARIÑAS SOBRINO: Indudablemente estamos ante un proyecto que
merece las consideraciones oportunas, las consideraciones que, por
otra parte, ha expuesto atinadamente la portavoz socialista. El Grupo
Parlamentario Popular no tiene más que expresar que está de acuerdo
con que esta obra es fundamental, es muy necesaria y que es urgente
su ejecución. Tanto es así que en este proyecto se han depositado
toda la sensibilidad y todos los medios posibles para que se ejecute,
desde la declaración en su momento de obra de interés general
-recordémoslo, en el año 1996, fue una de las primeras
determinaciones que tomó este Gobierno, el Gobierno del Partido
Popular, no otros gobiernos-, pasando por la evaluación de costes en
torno a los 2.800 millones de pesetas, hasta la redacción del
proyecto que, como se ha anunciado aquí, ya está en fase de ejecución
final. En estos momentos su redacción tiene horizonte de entrega en
octubre de este mismo año, es decir, muy pronto y ahí empezaremos a
ver la realidad de la ejecución de este proyecto.
Todos sabemos de lo que estamos hablando. Estamos hablando de un
proyecto que merece la mayor atención del Ministerio, también de la
acción de gobierno, y que exactamente no es un proyecto, sino dos
proyectos: Uno, la canalización del último tramo de este río, del río
Mero, que es responsabilidad directa de la Confederación Hidrográfica
del Norte; y otro, el saneamiento integral del mismo río, cuya
responsabilidad está en el organismo Aguas de Galicia. La confluencia
de proyectos es cierto que originó un dilema competencial y una
superposición de las mismas que está a punto de resolverse. Es bien
verdad que esta es también una cuestión de fe, de creer o no creer,
pero estamos en el horizonte final de la resolución de este proyecto
y con el proyecto constructivo veremos la luz al fondo del túnel
sobre el inicio de estas obras.
El compromiso que tiene el Gobierno, que no es un compromiso etéreo
sino escrito, es el de licitar la obra de forma inmediata y urgente
en cuanto pueda disponer
del proyecto constructivo, de los bienes y de los derechos necesarios
para poder empezar a ejecutar la obra. No es materia de discusión,
por lo tanto, la voluntad firme, la decisión definitiva de este
Gobierno y el compromiso de que si resulta posible adelantar los
plazos y la disposición de este proyecto del que hablamos, también
habrá una modificación de las previsiones temporales en cuanto a la
ejecución de este proyecto conjunto que ya saldrá como
acondicionamiento hidráulico y único sin interferencias
competenciales para la ejecución de la misma.
Se está cumpliendo, por otra parte, el mandato de esta misma
Comisión, que ha acordado en texto transaccional poner a disposición
la contratación de la asistencia técnica necesaria para la
elaboración de este proyecto y los estudios previos necesarios, pues
estamos ahora en la fase final de ejecución del proyecto
constructivo. De igual forma cabe destacar que el Grupo Parlamentario
Popular no admite, ni puede admitir en buena lógica, ciertas
sugerencias, indicaciones o propuestas como el hecho de solicitar
partidas presupuestarias que todos sabemos que no garantizan la
ejecución de las obras. Precisamente quienes gobernaron antes que
nosotros lo saben perfectamente, porque tenemos multitud de papeles,
que también pueden ser reciclables, en los que aparecen infinidad de
voces abiertas con partidas presupuestarias que jamás han visto la
luz; se han quedado en anteproyectos y en esas alharacas
publicitarias que han hecho correr regueros de tinta y han rellenado
papeles y medios de comunicación. Con lo cual no admitimos ninguna
lección de teoría presupuestaria, precisamente porque estamos dando
ejemplo de lo que es una ejecución presupuestaria, de lo que es el
rigor a la hora de ejecutar esas partidas presupuestarias y el dinero
depositado en cada una, que, como todos sabemos, ya no está
controlado simplemente por un gobierno, por un partido político, sino
por la Intervención General del Estado.
Por lo tanto, en octubre estaremos hablando de este proyecto y en el
debate de presupuestos correspondiente, también en esta Comisión,
tendremos la oportunidad de comprobar si lo que se está diciendo
ahora, lo que se está ahora exponiendo es verdad o es mentira y, en
cualquier caso, todos tendremos la libertad y el derecho de presentar
las enmiendas necesarias, si hubiese lugar. A mí no me cabe la menor
duda de que este proyecto tiene todas las garantías, todas las
bendiciones del Gobierno, también de la Xunta de Galicia y que, por
lo tanto, tanto económica como presupuestariamente verá la luz
inmediatamente.
Respecto a la partida para hacer frente a los daños ocasionados, yo
creo que es un poco extemporánea por cuanto que el decreto al que
hacía referencia la señora Marón ha sido aprobado con una partida de
4.000 millones de pesetas, a los que hay que sumar, no nos olvidemos,
los 3.000 que la Xunta de Galicia anticipó
en concepto de daños ocasionados por las inundaciones, también en el
Ayuntamiento de Cambre.
Por ello, con la garantía de la ejecución de estas obras y con la
máxima celeridad (y estaremos todos vigilantes de que esto así
suceda), vamos a votar contrariamente a que se inste al Gobierno a
hacer lo que ya en estos momentos se está haciendo, y repitiendo y
confirmando que no hay mejor voto afirmativo a ninguna propuesta que
la ejecución de las obras que se solicitan.
- SOBRE LA RECUPERACIÓN Y CESIÓN PARA SU USO PÚBLICO DEL POBLADO DE
SANCTI PETRI EN CHICLANA DE LA FRONTERA (CÁDIZ). PRESENTADA POR EL
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/000293.)
La señora PRESIDENTA: Pasamos al debate de la siguiente proposición
no de ley, también del Grupo Socialista, sobre la recuperación y
cesión para uso público del poblado de Sancti Petri en Chiclana de la
Frontera, Cádiz. Para su defensa, tiene la palabra el señor Fernández
Chacón.
El señor FERNÁNDEZ CHACÓN: La península de Sancti Petri, ubicada en
el término municipal de Chiclana, tiene un amplio bagaje histórico.
Se dice que en sus inmediaciones probablemente se encuentre hoy
sumergido el templo de Hércules. Cierto o no, mito o leyenda,
realidad o no, algo debe haber a juicio de los restos arqueológicos
hallados en su entorno, porque se han encontrado incluso calzadas
romanas sumergidas, hoy sumergidas, fruto de que en un tiempo
anterior hubo una civilización, la civilización romana, que habitó,
que vivió en esta zona incomparable del sur andaluz. (El señor
vicepresidente, Ruiz López, ocupa la Presidencia.)
A finales de los años cuarenta se instaló en la península de Sancti
Petri el Consorcio Nacional Almadrabero para la explotación y
comercialización de atunes mediante el sistema de almadrabas. Se
construyeron las instalaciones fabriles correspondientes propias de
la comercialización del atún, viviendas para los trabajadores y sus
familias, escuelas, servicios sanitarios, bares, restaurantes y
también, incluso, una iglesia.
Este pueblo tuvo una importante actividad económica hasta que decayó
ésta a finales de los años sesenta...
El señor VICEPRESIDENTE (Ruiz López): Un momento, señor diputado. Por
favor, ruego un poco de silencio para que podamos escuchar al señor
diputado en su intervención. Gracias.
El señor FERNÁNDEZ CHACÓN:...y con ello la despoblación del mismo.
Abandonada la labor que se realizaba por motivos económicos el
poblado de Sancti Petri pasó a la jurisdicción
del Ministerio de Defensa, que estableció la servidumbre de
la línea de seguridad del polígono de tiro de Torregorda.
Posteriormente, el Ayuntamiento de Chiclana inició un largo proceso
de negociación con el Ministerio para conseguir la modificación de la
línea de tiro que afectaba a la península y conseguir desviarla de su
entorno. Las negociaciones dieron sus frutos, y así, en 1979, se
consiguió la desafectación de la zona de uso militar.
Actualmente, sobre el poblado de Sancti Petri confluye un conjunto de
intereses que están interfiriendo en las intenciones del ayuntamiento
a favor de su uso público. Bajo un proyecto global de recuperación
medioambiental del entorno, el ayuntamiento ha dispuesto, o quiere
disponer, de este poblado para aprovechar sus condiciones naturales y
hacer de él un espacio histórico, cultural, deportivo y recreativo
para el uso y disfrute de los ciudadanos.
Y uno de los escollos mencionados anteriormente lo constituye una
reclamación judicial de una antigua propietaria de los terrenos, que
se produjo en 1993, cuando el Ministerio de Defensa (a la sazón quien
utilizaba este poblado) finalizó definitivamente el uso militar del
poblado; reclamación judicial que hay que decir que está aún
pendiente de sentencia del Tribunal Supremo.
En estos momentos, el Ministerio de Medio Ambiente, en aplicación de
la Ley de Costas, está tramitando el deslinde de la zona marítimo
terrestre del poblado de Sancti Petri para su adscripción al dominio
público. Tras múltiples reuniones mantenidas entre el ayuntamiento
y la Dirección General de Costas del Ministerio de Medio Ambiente, tras
varios años en los que se mantuvo paralizado el expediente del que
estamos hablando, el ayuntamiento ha propuesto finalmente la solución
definitiva que pasaría por la cesión o adscripción del poblado a
favor de la Junta de Andalucía, dedicándose este a servicios
portuarios, cuya competencia, como todo el mundo sabe, corresponde a
las comunidades autónomas. De este modo entendemos quedarían
satisfechas las demandas de la ciudad de Chiclana, que ha venido
reivindicando durante largo tiempo.
Desde que esta proposición no de ley se presentó el 26 de septiembre
del año 2000 se han sucedido varias reuniones entre el director
general de costas y el alcalde de Chiclana, y fruto de las mismas se
ha conseguido un preacuerdo verbal para llevar a cabo la adscripción
del poblado de Sancti Petri a la Junta de Andalucía. Esto se llevaría
a cabo mediante un plan de usos por parte de esta última
administración, consensuado, quiero decirlo también, entre las
partes, respetando, como no, la Ley de Costas.
Por ello, mi Grupo, y lo anuncio ahora, va a aceptar una enmienda
transaccional que presenta el Grupo Popular porque recoge el fondo de
nuestra proposición no de ley, esto es, la adscripción del poblado de
Sancti Petri a la Junta de Andalucía y además respeta el consenso
previo alcanzado entre el Ayuntamiento de Chiclana
y la Dirección General de Costas. Creemos que la aprobación implícita
de esta proposición no de ley, con la enmienda mencionada, es fruto
del consenso que hoy podemos alcanzar en sede parlamentaria y debe
significar el espaldarazo definitivo a un proyecto muy querido por la
ciudadanía y largamente esperado, y con ello también la puesta en
valor de un entorno cultural y medioambiental incomparable de
Andalucía.
Señorías, yo quiero terminar mi exposición agradeciendo al Grupo
Popular en este caso, y espero que sirva de precedente, su apoyo a
esta proposición no de ley, aceptando nosotros por nuestra parte la
enmienda transaccional que, como he dicho anteriormente, respeta el
fondo de la cuestión, que no es mi más ni menos que los ciudadanos
usen y disfruten en el futuro un entorno que tuvo en su momento una
importancia vital en la ciudad de Chiclana y que, de alguna manera,
podría significar la puesta en valor, como dije anteriormente, de un
entorno histórico, cultural y recreativo muy importante para poner en
valor también un elemento más que vaya en favor del empleo, de la
actividad económica y que vaya en favor también del uso y disfrute de
los ciudadanos.
El señor VICEPRESIDENTE (Ruiz López): Para fijar posición por parte
de su grupo y para explicar esa enmienda que nos ha anunciado el
portavoz del Partido Socialista, que también le ruego hagan llegar
aquí, a la Presidencia, tiene la palabra el señor Sánchez.
El señor SÁNCHEZ RAMOS: Desde el Grupo Popular entendemos que esta
proposición no de ley debería ser retirada por no estar actualizada,
ya que prácticamente está resuelta, y si no lo está es por culpa de
la Junta de Andalucía, y voy a explicar el porqué. Efectivamente, yo
creo que la Junta de Andalucía es la única que está interfiriendo esa
petición que hacía el portavoz del partido socialista, porque el
director general de Costas desde un principio presentó su disposición
a resolver este contencioso de 20 años nada menos (nosotros solamente
llevamos cinco en el Gobierno pero lo vamos a resolver) en las
reuniones mantenidas con el Ayuntamiento de Chiclana equipo de
gobierno socialista, oposición del Partido Popular, que han tenido
varias reuniones en Madrid, en el Ministerio, y en Chiclana,
concretamente la última fue el 11 de mayo, y también reuniones con la
Junta de Andalucía. El convenio dice que la Junta de Andalucía
solicitará, a través de la EPA, la Empresa Pública de Puertos de
Andalucía, un plan de usos para el poblado de Sancti Petri, pero con
dos condiciones: una, que se justificara en este plan de usos la
necesidad de la adscripción solicitada y otra, que las actuaciones
previstas sean compatibles con la Ley de Costas, como no podía ser de
otra manera. Pues bien, este acuerdo está solamente pendiente, como
decía antes, de la Junta de Andalucía, que se comprometió a
presentarlo primero en el mes de marzo, después en el
mes de abril, últimamente, a instancias de un requerimiento en el
pleno del Ayuntamiento por parte del Grupo Popular, la Consejería de
Obras Públicas se comprometió a hacelo antes del 20 de mayo y a fecha
de hoy no sabemos nada y tampoco sabemos las causas por las que no se
ha presentado. Yo querría resaltar la urgencia de contar con este
plan de uso, precisamente por lo que el portavoz del Partido
Socialista decía, por los condicionamientos que se derivan de una
sentencia, que pudiera alterar gravemente este acuerdo, y pudiera ser
responsabilidad absoluta de la Junta de Andalucía que no pudiera
llevarse a efecto esta cesión. Por eso nosotros no aprobamos los tres
puntos que presenta la proposición socialista: el primero, en el que
se pide que finalice el expediente de deslinde de la zona marítimo
terrestre, porque está finalizado y pendiente de la adscripción; y el
el punto tercero, que solicita cofinanciación de las inversiones
necesarias para la recuperación y rehabilitación del poblado, por
entender que una vez que se adscriba a la Junta de Andalucía, será
ella la que le dé el uso conveniente y las inversiones que crea
oportunas, y no lógicamente la Dirección General de Costas. Nosotros,
entendiendo la necesidad y la petición que hace el Ayuntamiento de
Chiclana, hemos querido consensuar esta cesión mediante una enmienda
transaccional, cuya aceptación agradezco al Grupo Socialista, que
ahora haré llegar a la Mesa y que dice que como consecuencia de los
acuerdos alcanzados por la Dirección General de Costas y el
Ayuntamiento de Chiclana, se procederá a adscribir a la Junta de
Andalucía el poblado de Sancti Petri. Para ello es necesario que la
Junta de Andalucía remita al Ministerio de Medio Ambiente el plan de
usos de la zona portuaria, en el que se contemple la necesidad de
incorporar el poblado de Sancti Petri a la misma y que las
actuaciones previstas para esa zona sean compatibles con la Ley de
Costas.
Yo querría destacar el compromiso del Gobierno del Partido Popular
con la ciudad de Chiclana. Recientemente, en el Ministerio de Fomento
se ha dado un impulso importante a un proyecto largamente exigido por
esta ciudad turística de gran importancia en la provincia de Cádiz,
como es la N-340. De esta Comisión salió el compromiso del Ministerio
de Medio Ambiente con la regeneración de la playa de La Barrosa, sin
consenso, por cierto, del portavoz del Partido Socialista. A ver si
sirven de precedente estos acuerdos nuestros. Nosotros ofrecimos una
transaccional que no fue aceptada porque implicaba a la Junta de
Andalucía. Otro proyecto importante es el encauzamiento del río Iro y
hoy la cesión del poblado de Sancti Petri. Creo que el compromiso del
Ministerio de Medio Ambiente y del Gobierno en general con la ciudad
de Chiclana queda patente en estas últimas actuaciones. Nosotros
esperamos que esto se valore y que se deje de atacar al Gobierno
central desde el Ayuntamiento de Chiclana, porque parece que no hay
otra Administración competente
más que el Gobierno central, sin tener en cuenta que más del 90 por
ciento de las necesidades de la ciudad son competencia de la Junta de
Andalucía, que las tiene transferidas. En este sentido creemos que
los ciudadanos deben plantear a las distintas administraciones,
independientemente de su color, las necesidades que tengan y no
dirigirlas en un solo sentido a un Gobierno que realmente está
comprometido y dando soluciones y respuestas a los problemas de
Chiclana. (El señor Fernández Chacón pide la palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE (Ruiz López): ¿A qué efectos pide la palabra,
señor Fernández Chacón?
El señor FERNÁNDEZ CHACÓN: Creo que el portavoz del Grupo Popular ha
hecho algunas aseveraciones que se salen un poco de la línea en la
que yo había intervenido y me gustaría hacer unas puntualizaciones,
porque se han dicho cosas...
El señor VICEPRESIDENTE (Ruiz López): Señor diputado, usted sabe que
tiene la palabra para fijar su posición sobre la enmienda, pero no
para abrir un debate nuevo.
El señor FERNÁDEZ CHACÓN: Muchas gracias señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Ruiz López): Señorías como no está el
portavoz del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, pero nos avisan
de que viene de camino, suspendemos durante un par de minutos la
sesión, a la espera de que llegue para continuar con el debate.
(Pausa.)
- SOBRE MEDIDAS PARA QUE LA EXPLOTACÓN FORESTAL DE LA MADERA RESPETE
LOS PRINCIPIOS DEL SISTEMA FSC (CONSEJO DE MANEJO FORESTAL).
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA.
(Número de expediente 161/000069.)
El señor VICEPRESIDENTE (Ruiz López): Señorías, ya está aquí el
portavoz del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida para
defender la proposición no de ley que aparece como número 8 en el
orden del día, sobre medidas para que la explotación forestal de la
madera respete los principios del sistema FSC (Consejo de Manejo
Forestal). Tiene la palabra el señor Centella.
El señor CENTELLA GÓMEZ: Muchas gracias, señor presidente, por la
amabilidad de haber esperado. Me encontraba en la Comisión de Asuntos
Exteriores. Es un talante que se agradece, sobre todo con los grupos
que tenemos que estar de un lado para otro.
Presentamos una proposición no de ley que esperemos sea aprobada por
esta Comisión, porque el asunto que traemos debe ser tenido en
cuenta, ya que la certificación forestal de la madera es una
iniciativa interesante que está llevando a cabo para mejorar la
gestión forestal en todos los bosques del planeta. En nuestro país
hay cada vez un mayor número de consumidores que están preocupados
por el origen de los productos que consumen y creemos que es
necesario potenciar el etiquetado ecológico de la madera para su
mejor implantación. Algunos ciudadanos ya han empezado, señorías, a
preguntar en grandes almacenes y en tiendas de dónde viene la madera
de los muebles y si ha sido extraída de bosques gestionados de forma
sostenible.
Creemos que este es un elemento importante, porque no podemos olvidar
que gran parte de los bosques del mundo están en un serio peligro por
una sobreexplotación, y se están causando los mayores estragos en
países como Brasil, Surinam, Rusia, Indonesia o Canadá. En otras
zonas la intensidad de la gestión forestal y de las plantaciones de
turno corto generan problemas medioambientales de todo tipo y sobre
todo generan una pérdida de biodiversidad que es muy preocupante para
nosotros. El bosque y la madera tienen un valor superior a un simple
trato como mercancía y por tanto así debe ser considerado. Nos
negamos a pensar, repito, que la madera y los bosques solamente
puedan significar una mercancía y no se entienda que son parte
fundamental para mantener la biodiversidad del planeta. (La señora
presidenta ocupa la Presidencia.)
Hasta ahora, todas las iniciativas gubernamentales para frenar el
proceso de pérdida de superficie forestal y de biodiversidad han sido
insuficientes o, cuando menos, inútiles. Las instancias
internacionales han visto desaparecer selvas, al mismo tiempo que se
proclama la necesidad de conservarlas, de una manera entendemos que
algo hipócrita. Entre las iniciativas que están en marcha, Greenpeace
ha apostado por la certificación FSC. Otras asociaciones que
participan en la divulgación y sensibilización en nuestro país de una
gestión forestal sostenible son Adena y Ecologistas en Acción. La
certificación FSC es compatible y complementaria con el sistema de
manejo ambiental llamado ISO 14000-series. Propone, desde el
consenso, el sistema más coherente con los tres principios que
creemos esenciales para una gestión forestal sostenible: que sea
económicamente rentable, que sea socialmente beneficiosa y, sobre
todo, que sea ecológicamente apropiada. Esta certificación fue
fundada en 1993 por un grupo de instituciones ambientales y en el
proceso de creación de este certificado han participado o están
representados más de cuarenta países, tan distantes como pueden ser
Bolivia o Zimbabwe.
Nosotros creemos que este Consejo de Manejo Forestal es una buena
apuesta, pues no inspecciona bosques por sí mismo, sino que su
principal actividad es acreditar a las entidades certificadoras que
realizan
la inspección de la gestión forestal o de la cadena de
transformación, así como reconocer procesos regionales de
certificación que estén inspirados en sus diez principios. En España
ya existe alguna empresa con capacidad de operar para inspeccionar y
certificar las explotaciones forestales. Debido a que el sistema FSC
es independiente de productores y comerciantes, los consumidores
pueden elegir un producto etiquetado por el FSC y estar seguros de
que se trata de un bosque bien gestionado. Por tanto, para no alargar
más mi intervención, proponemos, primero, que se establezca una
normativa arancelaria que incluya la exigencia de certificado de
explotación forestal, que respete los principios y criterios del
sistema FSC en la madera importada. En determinados tipos de madera
podrá hacerlos obligatorios. Segundo, que se realicen planes de
promoción, comercialización y exportación de muebles, puertas,
parquets y otros elementos que incluyan como uno de sus componentes
madera que haya sido obtenida de una forma acorde con los principios
fijados por sistemas como el FSC. Creemos sinceramente que con esta
resolución daríamos un importante peso al tema y le daríamos
credibilidad. Sobre todo queremos llamar la atención de que nuestro
Parlamento está preocupado por la defensa del medio ambiente y en
este caso por la defensa de la masa forestal.
Hay una enmienda presentada del Grupo Popular que nos parece
insuficiente. La línea y media en que está redactada nos deja
bastante insatisfechos, por emplear un tono suave. Casi era mejor no
formularla, porque la verdad es que no indica nada. En consecuencia,
si no hay posibilidad de alcanzar un acuerdo que vaya más allá de
esta línea y media, pasaríamos a votación esta proposición tal y como
está.
La señora PRESIDENTA: Para la defensa de la enmienda del Grupo
Popular tiene la palabra el señor Campoy.
El señor CAMPOY SUÁREZ: En primer lugar reconocemos el esfuerzo y el
mérito que tiene el Grupo Federal de Izquierda Unida por conseguir
ese don de la ubicuidad en todas y cada una de las comisiones que hoy
tienen lugar en esta Cámara, reconocimiento que no podemos hacer
extensible a la proposición no de ley que hoy nos presenta aquí, que
tiene como fondo nada más ni nada menos que el desarrollo sostenible,
que casi podía sustituir la denominación de esta Comisión, y más
concretamente lo que concierne a aprovechamiento forestal y al
comercio de la madera. Tengo que empezar diciendo que el Grupo
Parlamentario Popular está a favor de la existencia de una
certificación que más que interesante, como la califica el grupo
proponente, nosotros consideramos sumamente positiva. Puede ser un
instrumento sumamente útil, como decía, para el objetivo de la
sostenibilidad, pero para alcanzar esta utilidad es necesario tener
en cuenta una serie de
cautelas, que pasan en primer lugar por el respeto a la normativa
vigente, tanto la supranacional como la nacional -en este caso la
propia Unión Europea, así como la Organización Mundial de Comercio-;
por otra parte, se debe respetar las reglas del juego del libre
comercio, y por tanto de la libre concurrencia y competencia, y sobre
todo los derechos de los consumidores; si no, corremos el riesgo de
interferir en el mercado y también, porqué no decirlo, de provocar un
perjuicio en aquellos países que están en vías de desarrollo.
El grupo proponente hace una defensa y apuesta por una opción, por
una certificación en concreto, que para nosotros es válida y es
respetable, que es el FSC, conocido como el Consejo de Manejo
Forestal. El Grupo Parlamentario Popular no apuesta por opción alguna
en concreto, pero sí por unas bases que deben de ser comunes a
cuantas existan en el mercado. Desde nuestra posición, creemos que la
elección de una determinada certificación la debe realizar el propio
sector a través de sus agentes y también consideramos que lo ideal
sería que hubiera una, pero tampoco estamos en desacuerdo con que
existan varias. Es un criterio en todo caso o una decisión que debe
adoptar el propio sector, como decía. En cambio, consideramos que
deben existir unos criterios objetivos que deben de tener en cuenta
la libre competencia, la transparencia, el rigor y la voluntariedad.
La obligatoriedad, señor Centella, no puede venir si no es
autoimpuesta por el propio sector. Por lo menos esa es la filosofía
ideológica, casi podríamos llamarla así, de este grupo y de este
partido, a diferencia del suyo, que ya sabemos que tiene una base
ideológica mucho más intervencionista.
En cualquier caso, sabe S.S. que la Unión Europea en estos momentos
está discutiendo acerca de este asunto y que también lo está haciendo
la Organización Mundial de Comercio, y aunque hay rumores de que
pueda optar por una opción, nosotros, en principio, creemos que habrá
que mantener prudencia y esperar a que tomen una decisión al
respecto. Lo que sí es un hecho es que todo el debate o la materia de
la certificación está en una fase inicial, primaria diría yo, y por
tanto desde el punto de vista de la responsabilidad del Gobierno este
no puede adoptar una postura intervencionista, aunque tampoco puede
quedar de brazos cruzados. A este respecto hay que tener muy en
cuenta las competencias que tienen las comunidades autónomas.
Nosotros creemos que la responsabilidad del Gobierno pasa
efectivamente por promover esos criterios objetivos y sobre todo por
que se respeten escrupulosamente los derechos de los consumidores. En
un primer momento como en el que nos encontramos pensamos que el
Gobierno debería acometer todo lo que sea fomentar la información
mediante los estudios y en este sentido va la enmienda que hemos
presentado, que les informo a SS.SS. que efectivamente puede ser
calificada de tímida, porqué no decirlo, pero yo quisiera que la
consideraran más como un primer paso, habida cuenta
que aunque hemos hecho un esfuerzo por encontrarle algo positivo a la
proposición del Grupo de Izquierda Unida, quitando la premisa, y es
esa sensibilidad que compartimos frente a todo lo que es la
protección del medio ambiente y de los bosques, no podemos estar de
acuerdo con la propuesta que realiza, porque es parcial, vulnera las
reglas del juego y en definitiva, lamentándolo mucho, no tiene pies
ni cabeza. Nosotros en nuestra enmienda, aunque sea un primer paso,
pedimos esa primera aproximación a este asunto que sin duda en el
futuro será de suma importancia.
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Socialista tiene la palabra el
señor Gallego.
El señor GALLEGO LÓPEZ: Yo creo que la iniciativa que ha presentado
Izquierda Unida es oportuna, por la importancia que tiene la
conservación de los bosques y el papel que estos tienen en el efecto
invernadero, en el cambio climático y también, porqué no decirlo,
como negocio. La certificación forestal que se pide se refiere
precisamente a un control del negocio que se monta en torno a la
explotación de los bosques con la producción de la madera. Se ha
citado a la Organización Mundial de Comercio, que efectivamente está
negociando nuevos acuerdos internacionales que repercutirán en el
comercio de la madera y de los productos forestales, con la
intención, y hay que llamar la atención sobre ello, de eliminar
controles y medidas no tarifarias relacionadas con la protección de
los bosques, con el fin de aumentar el consumo mundial de la madera.
Esta reducción de barreras al comercio -cuando se cita al comercio
como la panacea o solución de todos los males ya vamos viendo señales
de alerta- puede debilitar la protección de los bosques, animado todo
ello por los buscadores del negocio fácil. Así, se están abriendo los
bosques nativos a los inversores sin escrúpulos que buscan mano de
obra más barata y leyes ambientales más débiles en el llamado
procedimiento de corta y huye. Por lo tanto no se debe recurrir a la
Organización Mundial de Comercio para justificar que no se quiera
apoyar la intervención de organismos independientes como puede ser
éste que se cita, el FSC, que puede certificar todo el proceso de
elaboración de la madera desde que se busca en el bosque hasta su
transformación y su comercialización. Nos preocupa que el partido que
apoya al Gobierno vuelva a proponernos de una manera creo que poco
responsable su compromiso sólo de cara a los papeles o a avanzar en
estudios sin apoyar concretamente esta certificación forestal que en
España de una manera aún muy limitada ya se está produciendo, porque
hay dos sistemas de certificación, una que está metida dentro de este
Consejo mundial del manejo de la madera, el FSC, y otra que es la
llamada PFC, la Paneuropean Forest Certification, una certificación
podríamos decir de ámbito europeo, que se basa en las resoluciones de
la conferencia ministerial de protección
de bosques en Europa. Por lo tanto, se ha hecho algo, porque
además se ha suscrito en esta misma dirección un convenio con Aenor,
que es el organismo normalizador en España para elaborar las normas
que permiten la certificación según esta certificación forestal
europea, a la que ya se están acogiendo muchos compradores y muchos
canales de comercialización de la madera. Desde la Administración
española se ha dicho expresamente que se apoya a estas dos
organizaciones, tanto a la más internacional, la PFC, como a esta
certificación europea. Nos preocupa que el Gobierno español no se
comprometa ni siquiera a apoyar que esta certificación se haga más
concreta, a que el compromiso sea lo suficientemente eficaz y a que,
de una vez por todas, se pueda saber de dónde procede la madera que
compramos, de forma que los compradores que quieran salirse de
algunos canales de comercialización no muy legales puedan ofrecer al
consumidor los productos que más demandan. Por eso nosotros creemos
que es una iniciativa oportuna y la vamos a apoyar.
La señora PRESIDENTA: Pidiendo disculpas al Grupo Parlamentario de
Convergència i Unió por no haberle dado antes el turno de palabra,
tiene la palabra el señor Martí i Galbis.
El señor MARTÍ I GALBIS: Gracias, señora presidenta, faltaría más,
está disculpada.
El Grupo Parlamentario Catalán quería intervenir en esta proposición
no de ley del Grupo Federal de Izquierda Unida porque se trata de un
tema muy importante desde el punto de vista ambiental y no queremos
ser ajenos a la discusión, aunque sea con una intervención de cinco
minutos. Celebramos sinceramente como grupo parlamentario la
presentación de esta proposición no de ley, no por los términos
exactos en los que se ha planteado, en los que no coincidimos -en
consecuencia, avanzamos que no le daremos apoyo-, pero sí porque se
trata de una cuestión muy interesante.
Nosotros tenemos presente, como todas las señorías de esta Comisión,
que hay unos principios de desarrollo sostenible, que son los que se
aprueban en la Conferencia de Río y en acuerdos internacionales
posteriores, en los que se plantean unos criterios digamos que
universales de gestión forestal considerada como sostenible. Para dar
cumplimiento a estos acuerdos internacionales y para asegurar una
gestión sostenible de toda la cadena forestal se han desarrollado,
como ya han hecho referencia anteriores portavoces de esta Comisión,
dos métodos de certificación forestal: el sistema paneuropeo y el
Forest Stewardship Council, que es el Consejo de Manejo Forestal.
Desde hace tiempo los silvicultores, la industria transformadora y
los consumidores europeos han optado de facto por el primero de
ellos, por el sistema paneuropeo, por considerar que se adecua mejor
a la realidad de los bosques y a la estructuraeconómica y social del
viejo continente. Como
decía el portavoz socialista, y todos los miembros de esta Comisión
hemos tenido en nuestras manos la revista que nos envía
periódicamente la organización Greenpeace, hay ciertas entidades
ecologistas que se posicionan muy claramente a favor de una de las
dos certificaciones y muy raramente en contra de la que yo me
refiero, que es la paneuropea, a la que se ha sumado la mayoría de
entidades del sector hasta ahora a nivel europeo. Como decía también
el portavoz popular, en el Estado español ya se ha iniciado desde
hace un cierto tiempo este proceso de definición de los indicadores
de este sistema de certificación. Hay un sistema abierto de
información pública. A mí me consta que hay unas resoluciones del mes
de enero y del mes de abril del año 2001 publicadas en el BOE, en las
que se da a la información pública este proyecto de normas sobre
gestión forestal sostenible. Creemos que en los próximos meses este
proceso llegará a su aprobación definitiva y en ese sentido nuestro
grupo parlamentario opina que la Administración y las
administraciones en general deberían permanecer abiertas a los
diferentes sistemas de certificación existentes. Creemos que han de
ser los agentes del sector y las empresas distribuidoras de madera y
los usuarios en último caso quienes deberán fijar sus preferencias
para exigir la certificación en primer lugar y el método utilizado en
segundo lugar.
Permítanme que también muy brevemente haga referencia a una
iniciativa concreta que ha tenido lugar en mi país, en Cataluña, en
los últimos meses y que creo que puede dar un poco de luz y puede
aportar cosas positivas al proceso de discusión que tiene lugar hoy
en esta Comisión. En Cataluña recientemente se ha constituido la
Asociación catalana promotora de la certificación forestal, que es
una asociación privada que agrupa a los silvicultores, a la industria
transformadora y a los usuarios con el objeto de promover la
certificación forestal de Cataluña. Los productores están
representados mediante las asociaciones sindicales y profesionales,
la industria transformadora mediante la federación de asociaciones,
gremios, aserradoras y comerciantes de madera de Cataluña, y los
usuarios mediante diferentes organizaciones de consumidores; también
integran esta asociación centros educativos como la universidad,
colegios profesionales y otras asociaciones conservacionistas.
La vía que abre la proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida es interesante y debe avanzarse y
discutirse sobre la misma, pero en todo caso nosotros creemos que los
instrumentos que escoge no son los adecuados. No estamos de acuerdo
con los dos puntos de la parte dispositiva de la proposición no de
ley, porque creemos que el Gobierno del Estado no debería
inmiscuirse, no debería llevar adelante ciertas regulaciones y
normativas, cuando esas competencias están en manos de las
comunidades autónomas. En segundo lugar, creemos que la aplicación de
una normativa arancelaria puede ser contraproducente
en esos momentos, más aún cuando se está decidiendo o se va a decidir
en los próximos años el planteamiento general de lo que es la
política de la fiscalidad ecológica en nuestro país. Por todo ello
nuestro grupo parlamentario no va a dar apoyo a esta iniciativa, pero
creemos que es importante que haya abierto este diálogo entre todos
los grupos parlamentarios y que el Gobierno del Estado, siguiendo la
línea ya avanzada a la que antes me he referido, de aquí a finales de
año pueda llevar a cabo este proceso y el Estado español y las
comunidades autónomas puedan tener el método de certificación que los
sectores implicados deseen y por el que hayan optado.
La señora PRESIDENTA: Una vez debatidas todas las proposiciones no de
ley, señoras y señores comisionados, pasamos a la votación de las
mismas. En relación con la primera, del Grupo de Convergència i Unió,
se ha aportado a esta Mesa una enmienda transaccional, que leeré para
que todos los grupos conozca. La proposición no de ley era para
impulsar las obras de remodelación del puerto de Segur de Calafell,
Tarragona, y la enmienda transaccional sería del siguiente tenor: El
Congreso de los Diputados insta al Gobierno a proseguir la
tramitación del expediente de ampliación del puerto de Segur de
Calafell, en la línea de colaboración que se está llevando a cabo
entre las administraciones central y autonómica, y, en su
consecuencia, a la adscripción de los terrenos para la ampliación a
la Generalitat de Catalunya, siempre y cuando dicha ampliación no
produzca una afección al litoral superior a la que actualmente
existe.
Sometemos a votación dicha enmienda transaccional.
Efectuada la votación, dijo
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada por unanimidad.
Pasamos a votar la segunda proposición no de ley, del Grupo
Parlamentario Mixto, sobre paralización de la construcción de una
balsa para el depósito de fangos contaminantes en la playa de Oza, A
Coruña. Se presentó una enmienda por el Grupo Socialista, que no fue
aceptada por el Grupo Mixto, y, por tanto, pasamos a votar la
proposición no de ley con el contenido tal y como se defendió por el
señor Aymerich, que sería del siguiente tenor: El Congreso de los
Diputados insta al Gobierno a: 1. Paralizar inmediatamente las obras
de construcción de un relleno en la playa de Oza para el depósito de
fangos contaminantes y reponer dicho espacio costero al estado
anterior a la iniciación de la misma. 2. Tratar en instalaciones
adecuadas en tierra los residuos tóxicos y peligrosos que se
extraigan como consecuencia del dragado general del puerto de A
Coruña.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14;
en contra, 21; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
A la siguiente proposición no de ley, del Grupo Parlamentario
Popular, sobre el cumplimiento de la regeneración de la playa de
Almazora, Castellón, se ha presentado una enmienda transaccional que
paso a leer a SS. SS. por si consideran votarla unánimemente: El
Congreso de los Diputados insta al Gobierno para que el Ministerio de
Medio Ambiente y el organismo autónomo Puertos del Estado establezca
los mecanismos de coordinación y colaboración para la redacción del
proyecto técnico de defensa, restauración y regeneración de la playa
de Almazora, Castellón, e incluir en los Presupuestos Generales del
Estado para el año 2002 la dotación económica suficiente para la
licitación del proyecto e inicio de las obras que deberán acompasarse
con las de ampliación del puerto de Castellón.
Efectuada la votación, dijo
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada por unanimidad.
La proposición no de ley que se ha debatido en cuarto lugar es del
Grupo Parlamentario Socialista, sobre la problemática del arsénico en
el agua. Por el Grupo Parlamentario Popular se ha presentado una
enmienda que ha sido aceptada por el Grupo Socialista y que es del
tenor siguiente: Instar al Gobierno a colaborar con la Junta de
Castilla y León al estudio y puesta en marcha de una solución
integral que permita la recuperación del acuífero de Los Arenales y
así poder eliminar la presencia de arsénico en agua.
Efectuada la votación, dijo
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada por unanimidad.
La quinta proposición no de ley, del Grupo Socialista, es relativa a
las medidas a adoptar ante las inundaciones periódicas por el
desbordamiento del río Guadalquivir que está sufriendo el municipio
de Andújar, Jaén. El portavoz del Grupo Socialista pidió votación
separada de los cuatro puntos aceptando una enmienda in voce del
Grupo Popular al apartado cuarto, y en base a ello pasamos a leer los
cuatro puntos para su votación separada:
Punto o apartado 1 de dicha proposición no de ley en la que se insta
al Gobierno a que presente en tres meses desde la aprobación de esta
iniciativa un estudio técnico de que está afectando la presa de
Marmolejo a las inundaciones reiteradas que está sufriendo el
municipio de Andújar.
Efectuada la votación, dijo
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado por unanimidad.
Punto dos. En base al estudio técnico anterior, que se concreten y
planifiquen las actuaciones correspondientes que permitan un
encauzamiento y ordenación integral del río y resuelvan de forma
definitiva la problemática de las inundaciones en el municipio de
Andújar.
Efectuada la votación, dijo
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada por unanimidad.
Punto tercero. Que las obras necesarias sean declaradas de interés
general por el Consejo de Ministros y se incluyan en el Plan
Hidrológico Nacional.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14;
en contra, 23.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazado.
Y por último el punto cuarto con la enmienda del Grupo Popular que
sería el tenor siguiente: En el momento en que se resuelvan las
actuaciones judiciales en curso y si así lo determinan estas
actuaciones se hagan efectivas y de manera urgente el pago de las
indemnizaciones y las explotaciones agrícolas afectadas por las
inundaciones.
Efectuada la votación, dijo
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado por unanimidad.
Pasamos a votar el punto quinto del orden del día, relativo a las
obras de acondicionamiento del río Mero, en A Coruña, del Grupo
Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14;
en contra, 21; abstenciones, dos.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Punto séptimo del orden del día: proposición no de ley del Grupo
Parlamentario Socialista sobre la recuperación y cesión para su uso
público del poblado de Sancti Petri en Chiclana de la Frontera en
base al petitum de la propia proposición no de ley.
Se ha presentado una enmienda transaccional a esta proposición no de
ley que pasamos a votar y que es del tenor siguiente: como
consecuencia de los acuerdos alcanzados por la Dirección General de
Costas y el Ayuntamiento de Chiclana se procederá a adscribir a la
Junta de Andalucía al poblado de Sancti Petri. Para ello es necesario
que la Junta de Andalucía remita al Ministerio de Medio Ambiente el
plan de uso de la zona portuaria en el que se contemple la necesidad
de incorporar al poblado de Sancti Petri a la misma y que las
actuaciones previstas para esa zona sean compatibles con la Ley de
Costas.
Efectuada la votación, dijo
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada por unanimidad.
Por último, la octava proposición no de ley, del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida, sobre medidas que para la explotación
forestal de la madera respete los principios del sistema del consejo
de manejo forestal. Se ha presentado una enmienda del Grupo Popular
que no ha sido aceptada y por tanto pasamos a votar en el tenor
literal de la propia proposición no de ley presentada por Izquierda
Unida.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14;
en contra, 23.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Buenas tardes señoras y señores comisionados. Se levanta la sesión.
Eran las doce y cuarenta minutos del mediodía.
Nota.-El presente 'Diario de Sesiones', de la Comisión de Medio
Ambiente, del miércoles, 23 de mayo de 2001, no guarda la relación
cronológica habitual, con el fin de no retrasar la publicación de los
'Diarios de Sesiones' ya elaborados.