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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 201, de 29/03/2001
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2001 VII Legislatura Núm. 201
MEDIO AMBIENTE
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.a MARÍA BERNARDA BARRIOS CURBELO
Sesión núm. 13
celebrada el jueves, 29 de marzo de 2001
ORDEN DEL DÍA:
Celebración de comparecencias de personalidades al objeto de informar
sobre el proyecto de ley del Plan Hidrológico Nacional. (Número de
expediente 121/000031.) . . . (Página 5980)
- Del señor jefe del área de calidad de las aguas del Centro de
Estudios Hidrográficos del CEDEX (Torres Corral). (Número de
expediente 212/000433.) . . . (Página 5980)
- Del señor coordinador de programas técnicos-científicos del Centro
de Estudios Hidrográficos del CEDEX (Estrela Monreal). (Número de
expediente 212/000434.) . . . (Página 5986)
- Del señor jefe del área de estudios y planificación del Centro de
Estudios Hidrográficos del CEDEX (Estrada Lorenzo). (Número de
expediente 212/000435.) . . . (Página 5994)
- Del señor secretario general de la Comunidad de regantes Acequia
Real Júcar (Valero de Palma Manglano). (Número de expediente 219/
000186.) . . . (Página 6005)
- Del señor representante de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria (Vázquez Cobos). (Número de expediente 219/000168.) . . .
(Página 6015)
- Del señor presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro
(Lacasa Azlor). (Número de expediente 212/000436.) . . .
- Del señor presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura
(Cánovas Cuenca). (Número de expediente 212/000437.) . . .
(Página 6035)
- Del señor director general del Instituto Geológico y Minero de
España (Custodio Jimena). (Número de expediente 212/000438.) . . .
(Página 6043)
- Del señor secretario general de Organización de Agricultores y
Ganaderos (Navarro Villarreal). (Número de expediente 219/000177.) .
. . (Página 6048)
Se abre la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana.
CELEBRACIÓN DE COMPARECENCIAS DE PERSONALIDADES AL OBJETO DE INFORMAR
SOBRE EL PROYECTO DE LEY DEL PLAN HIDROLÓGICO NACIONAL. (Número de
expediente 121/000031.)
- DEL SEÑOR JEFE DEL ÁREA DE CALIDAD DE LAS AGUAS DEL CENTRO DE
ESTUDIOS HIDROGRÁFICOS DEL CEDEX (TORRES CORRAL). (Número de
expediente 212/000433.)
La señora PRESIDENTA: Buenos días, señoras y señores diputados.
Comenzamos el último día de comparecencias para informar sobre el
proyecto de ley que regula el Plan hidrológico nacional con don
Miguel Torres Corral, jefe del área de calidad de las aguas del
Centro de Estudios Hidrográficos del CEDEX. Como ustedes recordarán
es uno de los expertos que se han propuesto para intervenir e
ilustrar a SS.SS. Señor Torres Corral, muy bienvenido a esta Comisión
de Medio Ambiente, le agradecemos su presencia aquí y los
conocimientos que nos va a trasladar, su tiempo y dedicación.
La dinámica de funcionamiento que estamos llevando a cabo en la
Comisión con cada experto consiste en una intervención de unos diez
minutos, después las preguntas o aclaraciones por los diferentes
grupos y posteriormente la intervención de nuevo del especialista
para aclarar todas esas cuestiones o preguntas.
Sin más, y de nuevo reiterándole nuestro agradecimiento y nuestra
bienvenida, tiene la palabra.
El señor JEFE DEL ÁREA DE CALIDAD DE LAS AGUAS DEL CENTRO DE ESTUDIOS
HIDROGRÁFICOS DEL CEDEX (Torres Corral): Muchas gracias por las
palabras que me ha dedicado.
Paso a realizar esta intervención que por fuerza será muy sintética y
muy breve sobre el tema de la desalación de agua de mar.
Desalar es separar en una disolución el agua y las sales. Si al
disolver en el agua una cantidad de sal se produce un desprendimiento
de energía, para separar el agua y las sales obligatoriamente será
necesario aportar como mínimo esa misma cantidad de energía. Esta
cifra teórica de lo que cuesta separar el agua y las sales se obtiene
a través de una fórmula empírica que aplicada al caso del agua de mar
-que es una disolución de agua con 35 gramos de sal por litro-,
arroja una cifra de 0,9 kilovatios/hora por metro cúbico como valor
mínimo. Esta cifra teórica está muy lejos de la que se obtiene
realmente, que está entre cinco y veinte veces por encima de esta
cantidad, dependiendo principalmente de la eficiencia del proceso de
desalación que elijamos. Digo esto para dejar claro desde el
principio que desalar conlleva ineludiblemente consumir energía. (El
señor vicepresidente, Ruiz López, ocupa la Presidencia.)
La forma en que se aplica la energía da origen a los siguientes
procesos de desalación. Si aplicamos la energía en forma de calor o
en forma de frío tendremos los procesos de evaporación o congelación;
si aplicamos la energía en forma de presión tendremos los procesos de
ósmosis inversa; si la energía fuera en forma de un campo eléctrico,
tendremos los procesos de electrodiálisis. Los procesos de
evaporación, en definitiva, consisten en evaporar el agua de la
disolución y posteriormente condensar el vapor. En este momento
podemos decir que esos procesos han alcanzado un techo tecnológico y
no cabe pensar ahora en España que tengan ya ninguna aplicación, la
última que pienso que se va a hacer es la que está en este momento en
construcción en la desaladora Las Palmas-Telde que, en definitiva,
consiste en la sustitución de los antiguos evaporadores que llevaban
ya funcionando casi treinta años por otros de nueva generación que lo
que logran es producir el doble de agua con la misma cantidad de
vapor, mejorando sensiblemente la eficiencia. Si cito este caso es
simplemente como excepción y no para que sirva, en absoluto, para
aplicarlo en el futuro en España.
El proceso de electrodiálisis aplica el principio de la electrólisis
para separar los iones del agua dentro de una disolución -es un
proceso que tiene aplicación solamente para aguas de baja salinidad,
hasta siete gramos de sal por litro-, pero no son de aplicación, hoy
por hoy, a la desalación para el agua de mar. Finalmente,están los
procesos de ósmosis inversa. En éstos se logra la separación del agua
y las sales mediante una filtración a través de una membrana
semipermeable, sometiendo la disolución a una presión superior a la
presión osmótica.
De todos los procesos tenemos experiencia en España, ya que desde el
año 1964 se viene recurriendo a la desalación en Canarias como vía
para resolver el déficit. Las otras vías alternativas que se
estudiaron en algún momento, como puede ser el incremento de las
precipitaciones, es decir, la lluvia artificial, o el transporte de
agua en barcos, se abandonaron por ausencia de resultados en el
primer caso y por el elevado coste en el segundo. Canarias, a mi
entender, es un magnífico ejemplo para analizar cómo se han ido
sustituyendo las tecnologías buscando siempre la máxima eficiencia.
En esta evolución que quiero citar, aunque sea de pasada, hay que
marcar unos hitos que, a mi entender, son muy significativos, porque
todos ellos guardan bastante relación con lo que han sido las crisis
del petróleo.
Hasta el año 1973 el sistema único era la evaporación súbita
multietapa, caracterizado por unos bajos precios de la energía que
daban origen a instalaciones de alto consumo de energía y bajo coste
de primera instalación. Son ejemplos clarísimos Las Palmas 1,
Fuerteventura 1 y también Ceuta. Tanto Fuerteventura 1 como Ceuta ya
están desguazadas y solamente Las Palmas 1 queda activa y en fase de
remodelación en este momento, como he dicho anteriormente. En la
crisis del año 1973 la solución en la desalación se busca por la vía
de mejorar la eficiencia, pero dentro del mismo proceso, el proceso
de evaporación; se pasa a evaporadores más caros de primera
instalación pero más eficientes, es decir, con menor consumo de
energía. De este tipo son las desaladoras de Las Palmas 2 y Lanzarote
1. Hasta el año 1973 la ósmosis inversa sólo se aplica a aguas
salobres pero nunca para agua de mar, es decir, no había aparecido
aún una membrana que fuera capaz de resistir los 70 kilos/centímetro
cuadrado que son necesarios para desalar agua de mar.
La crisis de los años ochenta se resuelve apostando ya por un cambio
de tecnología, es decir, se empiezan a
abandonar las soluciones de evaporación para ir incrementando
progresivamente la de la ósmosis inversa para el agua de mar. La
primera experiencia de aplicación de membranas en España se realiza
hacia el año 1982 con una pequeña instalación en Lanzarote, que es la
que ha dado origen a la posterior implantación de forma masiva de la
ósmosis inversa, ya no solamente en Canarias sino también a la
península, como es el caso de una pequeña instalación en cabo de
Gata, en Almería, y también en Baleares.
Los años noventa son los que ven el importante desarrollo de la
ósmosis inversa, bajando considerablemente el consumo específico y
pasando de unos 7 kilovatios/ hora por metro cúbico hasta unos 4 ó
4,5, que son los que tenemos en la actualidad.
Con la última crisis, la vivida en el año 2000, no se ve en el
horizonte ningún cambio de tecnología a corto plazo y únicamente se
ha profundizado en mejorar la eficiencia dentro del proceso de
ósmosis inversa. Los intentos balbuceantes que hay en la actualidad
apuntando nuevos procesos están en una vía muy primaria y desde luego
no se ve en el horizonte una implantación en los próximos años. Por
tanto, hay que concluir que hoy con los mimbres que tenemos sólo
podemos hacer el cesto de la planificación hidrológica, en cuanto
a desalación se refiere, contando con la ósmosis inversa.
Para saber cuánta agua desalada producimos, dónde la producimos y
para qué usos, entiendo que hay que hablar del coste del agua
desalada. He preparado una transparencia para explicarlo. He tomado
como base de cálculo un informe que en el Cedex preparamos en el año
1995 para compararlo con los mismos criterios con el año 2001. Esta
base de cálculo sería el coste de la inversión en miles de pesetas
por metro cúbico/día y estaríamos en el año 1995 entre 140.000 y
145.000 pesetas; en el año 2001 estaríamos en unas 100.000. El
período de amortización elegido siempre es a quince años y quiero
explicar por qué. La experiencia demuestra que las plantas
desaladoras no mueren tanto por obsolescencia física como por
obsolescencia técnica, en este período de quince años siempre aparece
un proceso que hará aconsejable la sustitución de la antigua
desaladora por una de nueva generación; por eso debe quedar
amortizada la instalación en este período. En cuanto al interés, se
aplicaba un 10 por ciento en el año 1995 y un 4 por ciento en la
actualidad. El consumo específico ha pasado de 5,3 a 4,1. El precio
de la energía ha pasado de 11 pesetas kilovatio/hora a 7 u 8 pesetas
en la actualidad. En ambos casos he elegido un tipo de toma de agua
de mar en pozo, un pozo playero, es decir, para buscar la filtración
natural en el terreno como forma de disminuir tanto el coste de
primera inversión de la planta como los costes del post-tratamiento.
Con estos criterios llegamos a las siguientes cifras de coste del
agua desalada. Están desglosadas en los conceptos de energía
eléctrica, personal, productos químicos, reposición de membranas,
limpieza química, mantenimiento y otros, como pueden ver. El coste
total de explotación es de 77,5 y hemos bajado a 52,4. Si le añadimos
los costes de amortización, con agua puesta a pie de planta -resalto
esto especialmente-, agua puesta a cota cero, tendríamos en la
actualidad un coste de explotación de 52,4 pesetas, que más las 35
pesetas dan una cifra de 87,4. Si la toma de agua de mar es abierta,
lo que incrementa el coste en lo que a reactivos se refiere en unas 6
u 8 pesetas sobre esta cantidad, si el vertido de salmuera no lo
podemos hacer en una zona costera porque por efecto medioambiental
tenemos que construir un emisario de la longitud requerida para pasar
sobre todo en el Mediterráneo la barrera de las posidonias, y tomando
las cifras en las que me he basado ahora de la desaladora de
Carboneras y la de Bahía de Palma, a esta cifra de 87,4 habría que
añadirle en torno a unas 20 pesetas por estos tres conceptos que he
citado: toma de agua de mar abierta en cuanto al incremento de
reactivos, incremento de unas 5 pesetas por lo que podía costar el
emisario y el resto, hasta las 20 pesetas, por lo que puede costar la
elevación hasta una cuota que permitiera la distribución.
Voy a pasar a las conclusiones, aunque han quedado ya esbozadas en mi
intervención. Primero, desalar conlleva ineludiblemente consumir
energía. Segundo, el único proceso disponible hoy para desalar a gran
escala es la ósmosis inversa por su mayor eficiencia energética. Este
proceso está perfectamente consolidado y puede confiarse en él para
resolver el déficit hídrico que se le asigne. Tercero, el coste del
agua desalada marcará los usos en función de la rentabilidad de la
actividad económica a la que se dedique.
El abastecimiento urbano está claro que con estos precios puede
asumir perfectamente los costes, lo que se ha demostrado tanto en
Canarias como en Baleares y recientemente en la Península con las
instalaciones, en este momento en construcción, de Cartagena y
Alicante. El riego de productos de alto valor añadido, como es el
caso de la zona del sureste, la que va a regar la desaladora de
Carboneras, puede ser rentable con agua desalada a estos costes,
pero, insisto, siempre en cultivos intensivos, en zonas de cultivos
en invernadero, tanto en el campo de Níjar o en Murcia como en el
poniente de Almería. Otros regadíos considero que son en este momento
inviables con estos costos de los que antes he hablado.
En cuanto a los aspectos medioambientales, hay una opinión
generalizada, que me han comentado en muchas ocasiones, de que la
desaladora tiene un vertido directo de CO2. No es cierto; el vertido
de CO2 a la atmósfera se produce allí donde se realice la generación
de energía, pero no en la desaladora. Quiero resaltar que los efectos
medioambientales del CO2 pueden
tener exactamente la misma influencia que el consumo de energía
eléctrica que en este momento tenemos en esta sala para la
iluminación o para el acondicionamiento del aire, pero no
específicamente para la desalación.
Por último, en cuanto al vertido de salmuera, en este momento está
aún por determinar el impacto real sobre la posidonia de las
salmueras. Es cierto que con la normativa comunitaria, con la
directiva marco, no hay que demostrar la culpabilidad, hay que
demostrar la inocencia. Tenemos que demostrar que no hacemos ningún
daño a la posidonia. Esto está claro que se podrá lograr, pero
llevará costes importantes por el emisario. Bien es verdad que en
este momento en el CEDEX se está acometiendo un importante estudio,
en colaboración con universidades y con el Instituto Oceanográfico,
para determinar en qué grado de salinidad puede desarrollarse la
posidonia. En este momento todavía no hay un resultado, por tanto,
cualquier desaladora ahora tendría que afrontar el hacer ese vertido
mediante un emisario de alto coste. Quiero resaltar que estos cambios
que se han producido en el coste del agua desalada desde el año 1995
hasta la actualidad se deben básicamente a la mejora en los
rendimientos del proceso, a esta bajada importante en el consumo
específico, a la bajada importantísima en el precio de la energía -de
11 ó 12 pesetas que tenemos en el año 1995 podemos pasar en la
actualidad a unas 7 u 8 pesetas-, y ambas columnas que he expuesto
aquí se deben tomar como una foto fija en cada momento, porque es
difícil hacer previsiones de hacia dónde puede evolucionar en el
futuro el coste total, por la incertidumbre de estos factores
externos. Como en el consumo específico hemos llegado prácticamente
al suelo, en el horizonte tampoco se ve ninguna fórmula viable de
rebajar de manera radical estos precios que he dado.
Con esto, doy por concluida mi intervención.
El señor VICEPRESIDENTE (Ruiz López): Por el Grupo Parlamentario
Popular, tiene la palabra la señora De Lara.
La señora DE LARA CARBÓ: Gracias, señor Torres, por su explicación
porque creo que ha aclarado muchos de los conceptos que se han estado
debatiendo últimamente en esta Cámara sobre la desalación.
Lo primero que quiero indicar, a la vista del cuadro comparativo que
nos ha expuesto, es que el precio de la desalación en el año 1995 y
en el año 2001 ha disminuido sustancialmente. Me alegro, y creo que
nos alegramos todos los aquí presentes, porque vemos que el precio
del dinero ha bajado el interés del 10 por ciento que estaba en el
año 1995 al 4 por ciento que está en la actualidad, lo cual es una
buena noticia para todos los españoles, y también vemos que el precio
de la energía ha disminuido de 11 a 8 pesetas kilovatio/hora. Creo
que son buenas noticias y que esto indica que se ha llevado una buena
política en todos estos aspectos.
Respecto a la desalación, nos han quedado algunas dudas porque desde
el Partido Popular, desde el Gobierno de la nación, se defiende que
la desalación es una medida buena, complementaria, pero nosotros la
consideramos complementaria al trasvase, en el sentido que creemos
que la desalación es buena, como usted ha indicado, para
abastecimiento y para algunos regadíos específicos de alta
productividad, como en el caso de Almería. Sin embargo, para un mismo
volumen de agua, ¿es mayor el consumo energético de la desalación que
el consumo energético que se ha calculado para el trasvase,
suponiendo, por ejemplo, 1.000 hectómetros cúbicos de agua? ¿Cuántas
veces es mayor el consumo energético de la desalación que el del
trasvase? Este mayor consumo energético de la desalación supone,
evidentemente, un mayor consumo de combustibles fósiles y, por
consiguiente, un incremento de las emisiones de CO2; si está
calculado este incremento de las emisiones de CO2 de la desalación,
¿cuántas veces sería superior y qué supondría para España, dado que
estamos todos solicitando medidas para combatir este supuesto cambio
climático? Porque nosotros creemos que el incremento de emisiones de
CO2 podría ser perjudicial.
Aunque creo que ha quedado claro, quiero preguntarle el coste que
supondría el bombeo -cuando se ha propuesto desde otras opciones
políticas la desalación incluso para riego en zonas del interior de
Murcia o Alicante- desde la planta desaladora hacia zonas del
interior, si sería realmente un coste asumible y qué efectos podría
tener.
Nos ha indicado usted que uno de los efectos ambientales que todavía
no se conoce y se está estudiando, es el del vertido de salmuera
sobre la colonia de posidonias. Nos ha dicho que se está estudiando y
querríamos que nos indicara, a ser posible, cuándo se espera tener
algunos resultados para ver la incidencia en la posidonia de este
vertido de salmueras. Si esto es así, el emisario que debería verter
la salmuera podría encarecer notablemente el precio del agua
desalada.
Finalmente, querríamos que nos dijera si cree que en un futuro de
unos diez o quince años se puede esperar que el precio del agua
desalada siga bajando, es decir, que de la misma forma que del año
1995 al año 2001 ha bajado sensiblemente el precio, si se puede
esperar que esta disminución vaya progresando.
El señor VICEPRESIDENTE (Ruiz López): Por el Grupo Parlamentario
Socialista tiene la palabra el señor Quirós.
El señor QUIRÓS PULGAR: Agradezco la presencia de don Miguel Torres
así como su intervención. Ha dado una clase magistral de desaladoras
y es bueno
tener un mayor grado de conocimiento de lo que son las desaladoras.
En todo proceso técnico y científico, por suerte, vamos avanzando y
respecto a las desaladoras ha quedado patente que, día a día, se está
mejorando el sistema de desalación, con menos costes e incluso con
menos impacto ambiental, que es lo importante.
Al tratar el tema de las desaladoras se pone en evidencia la
propuesta socialista sobre la desalación. A nosotros nos cabe la
tranquilidad de que hemos presentado menos propuestas de desaladoras
que el Gobierno del Partido Popular. Por tanto, consideramos que es
una alternativa que solucionará el problema en muchos sitios, pero
que quede claro que la alternativa socialista no es sólo la
construcción de desaladoras, que es la visión que aquí se pretende
dar, cuando llevamos incluso menos propuestas, y eso se puede ver en
el programa de inversiones del Plan hidrológico nacional y en nuestra
propuesta alternativa, donde casi hay la mitad. Y ya que estamos
hablando de desalación y antes de pasar a otro tema, quiero
preguntarle si sabe usted si se están haciendo experimentaciones con
energías alternativas en el tema de la desalación y si será un hecho
patente que con el tiempo las energías alternativas formen parte del
proceso de desalación, siendo menores los costes y la contaminación.
Querríamos saber hacia dónde puede ir la desalación desde el punto de
vista técnico y científico.
Aprovechando que usted es el jefe del área de calidad de aguas,
quiero formularle algunas preguntas respecto a la calidad de aguas
dentro del Plan hidrológico nacional. Con carácter general, las redes
de calidad del agua no son adecuadas -esto no lo decimos los
socialistas, lo dice el libro blanco del agua- para obtener la
información necesaria y cumplir con la normativa más reciente. ¿Qué
se va a hacer para mejorar estas redes en lo que se refiere a la
definición de emplazamiento, densidad, estaciones, parámetros y
frecuencia de muestreo? Actualmente -y según dice el libro blanco,
que para nosotros es un punto de partida importante en la
planificación hidráulica- la calidad general del agua superficial
española no es del todo satisfactoria, a la luz de la legislación
vigente y de la aspiración existente en el seno de la sociedad. Con
el cambio climático y la disminución de los caudales existentes se
originará una menor dilución de los vertidos contaminantes. ¿Puede
usted asegurar que la calidad del agua trasvasada va a cumplir los
requisitos y las normas que tiene que tener el agua en función de su
uso?
No le voy a negar que los vertidos urbanos cada vez se van realizando
en mejores condiciones, gracias al saneamiento y la depuración, pero
ello no incluye expresamente la consecución de objetivos de calidad,
más aún si tenemos en cuenta que los vertidos industriales se escapan
de estos planteamientos expuestos. Y no hablemos de la contaminación
agraria difusa y sus efectos sobre la eutrofización de los embalses,
zonas húmedas y contaminación del agua subterránea. En los últimos
años se ha producido una degradación general
y acelerada del agua en los embalses por estos procesos, ¿qué se va a
hacer para mejorar la calidad del agua contaminada y la eutrofización
con la contaminación agraria difusa en Plan hidrológico nacional?
Respecto al delta del Ebro, ¿considera usted que no se van a producir
cambios drásticos en el funcionamiento de este ecosistema?
El señor VICEPRESIDENTE (Ruiz López, don Juan Carlos): Señor Quirós,
vaya concluyendo, por favor, porque el portavoz de su grupo también
va a intervenir.
El señor QUIRÓS PULGAR: Concluyo, señor presidente.
¿Existe para usted un nivel de degradación de los valores ambientales
actuales del delta muy importante, de llevarse a cabo el trasvase,
con relación al efecto de transporte de sedimentos, cuñas salinas,
sales nutrientes, plaguicidas y otros contaminantes?
Y mi última pregunta es la siguientes. ¿Considera usted que con el
Plan hidrológico nacional se supera la visión simplista del llamado
caudal ecológico?
El señor VICEPRESIDENTE (Ruiz López, don Juan Carlos): Señor Morlán,
le ruego que cuando vayan a intervenir dos diputados del mismo grupo,
lo avisen con antelación.
El señor MORLÁN GRACIA: Lo haremos, señor presidente. Lo que sucede
es que a la vista de la exposición del señor Torres, al que agradezco
su presencia y su información, se me han planteado dos dudas que
quisiera que me aclarara. La primera hacer referencia a que este
estudio está contemplado en la desaladora de Carboneras. Ayer el
señor Cabezas reconoció que el agua de Carboneras era entre 50 y 60
pesetas metro cúbico, más los gastos de inversión. Según esa
indicación que me hizo el señor Cabezas y a la vista de los datos que
usted ha expuesto aquí, el coste sería de 100 pesetas metro cúbico y
según lo que dijo el señor Cabezas ayer, el precio sería de 80 ó 85
pesetas metro cúbico de agua en Carboneras al final de todo este
proceso. Yo quisiera saber si usted conoce que haya plantas
desaladoras en este país cuyo precio de metro cúbico del agua es
inferior al que usted plantea, concretamente en Canarias -algunos
miembros de esta Comisión lo hemos observado-, y si en los procesos
de investigación que se están llevando a cabo conseguirán que en
menos tiempo esa agua resulte más barata en función de las nuevas
investigaciones de desarrollo en tecnologías nuevas.
El señor VICEPRESIDENTE (Ruiz López, don Juan Carlos): Para contestar
a las preguntas formuladas por los diferentes grupos parlamentarios,
tiene la palabra el señor Torres.
El señor JEFE DEL ÁREA DE CALIDAD DE LAS AGUAS DEL CENTRO DE ESTUDIOS
HIDROGRÁFICOS DEL CEDEX (Torres Corral): La portavoz del Partido
Popular me ha preguntado cuánto representa el incremento de CO2 para
los 1.000 hectómetros cúbicos de agua que se contemplan en el plan
hidrológico, si se hiciera mediante desalación. He de decirles que
los consumos específicos que se muestran en el plan hidrológico son
de 2,2 kilovatios/hora por metro cúbico. Esa diferencia entre los 2,2
y los 4,5 ó 5, es decir, aproximadamente el doble en el caso de la
desalación, los datos que tenemos no coinciden, pero puedo decir que
si todo el plan hidrológico lo acometiéramos mediante desalación,
estaríamos hablando, en el caso de esa central de 60 y 800
megavatios, que haría falta incrementar la potencia, podríamos estar
hablando de un vertido en toneladas/año a la atmósfera de CO2, que
oscilaría entre 1.615.000 toneladas y los 3,8 millones, en función de
qué combustible se utilizara. Esto sucedería si todo el plan
hidrológico se acometiera mediante desalación. La diferencia con el
trasvase es que este último tendría la mitad puesto que consume
aproximadamente la mitad. Es decir, las cifras que acabo de dar,
entre 1.615.000 toneladas y 3.800.000, divididas por dos sería lo que
se incrementaría mediante desalación.
Me pregunta también por el coste de bombeo de la planta hasta el
exterior, hasta la conducción de distribución. Los costes de bombeo
en cada caso sería uno puesto que no sé exactamente hacía qué cota va
a llegar el agua, si hay que llegar en el trasvase a Almería o a
Murcia. Lo que sí hay que pensar es que podría significar en torno a
unas 12/15 pesetas por metro cúbico.
En el vertido de salmuera, ¿cuándo se espera conocer el informe sobre
la posidonia? No puedo asegurarlo, pero calculo que en lo que queda
de año se van a obtener algunos resultados más o menos convincentes
de cuál es el efecto y ahí determinaremos si hay que hacer emisario;
porque no está asegurado que haya que hacer emisario, de hecho, en la
actualidad, ninguna desaladora tiene emisario. No tienen emisarios en
líneas generales pero bien es verdad que la mayoría de ellas están en
Canarias y allí no tenemos ese problema de posidonia. Donde se
produce el problema de posidonia es en el Mediterráneo y ahí tenemos
que resolverlo de una vez por todas. Habrá que ver si hay que hacer
esos emisarios que atraviesen la barrera de posidonia, o si se pueden
buscar algunas zonas ya deterioradas naturalmente, por ejemplo, en la
desembocadura de las ramblas, o en algún otro sitio donde pudiera ser
fácil poder ubicarlo, pero, en principio, hay que pensar que habrá
que hacer esos emisarios de amplia longitud. ¿Bajará en el futuro el
coste de agua desalada? Yo estimo que algo bajará. Durante los 30
últimos años, que es el tiempo que yo llevo trabajando en estos temas
de desalación, pues toda mi vida profesional la he dedicado a esta
rama, no ha dejado de ir bajando, pero bien es verdad que yo creo que
nos estamos acercando a la asíntota, a la asíntota por abajo.
En cuanto a las preguntas del Grupo Socialista he de decir que, en
efecto, he podido comparar las desaladoras que se contemplan en el
Plan hidrológico nacional y en la propuesta del Partido Socialista y
he visto grandes coincidencias entre unas y otras en cuanto a
desaladoras se refiere. Parece que la desalación es una solución
versus trasvase y entiendo que en el plan hidrológico no está
contemplado así; en el plan hidrológico está contemplado como una
medida complementaria que habrá que estudiar en qué tiempo se
instrumenta. Yo lo veo como una solución puente con la que
perfectamente se puede contar puesto que no olvidemos que tenemos un
periodo de amortización de la instalación de 15 años, que puede
coincidir perfectamente con soluciones posiblemente más estructurales
que las que puedan derivarse del trasvase. Entiendo que son
soluciones sobre las que hay que dialogar porque pueden perfectamente
convivir.
En cuanto a la experimentación con energías alternativas, puedo decir
que no hay una utilización directa de las energías alternativas a la
desalación. Los únicos casos que yo conozco son los de aplicación de
la energía solar, pero la energía solar directa, por sus elevados
requerimientos de superficie, es totalmente inviable, entre otras
cosas por antieconómica. En la historia de la desalación en el mundo
sólo existen referencias a una desaladora de más de 100 años, que se
montó en Chile para abastecer a una pequeña población de mineros por
energía solar, pero no hay una aplicación directa de la energía solar
a la desalación. En cuanto a la energía eólica o la energía eléctrica
de origen fotovoltaico está claro que podría aplicarse a la
desalación pero como un consumidor de energía más, no de forma
directa. Es decir, habría que transformar en energía eléctrica y a
partir de ahí aprovecharla en la planta desaladora.
Respecto a las preguntas que me han hecho en relación con el tema de
calidad de aguas en el plan hidrológico tengo que decir que soy
funcionario del Cedex y que he trabajado en los temas del plan
hidrológico pero no he trabajado en los temas relativos a calidad,
aunque sí lo ha hecho gente que está dentro de mi área, pero no tengo
en este momento los datos que me ha pedido sobre la calidad de agua.
Pienso que los intervinientes posteriores posiblemente puedan
contestarle mejor que yo a esas preguntas.
En cuanto a los temas que me ha planteado sobre Carboneras, y si
conozco algunas otras desaladoras de coste más barato, tengo que
decirle que cuando me hablan del coste de la desalación siempre tengo
que preguntar qué partidas lleva dentro porque es muy corriente que
sólo se hable del coste de explotación y no se incorporen los costes
de amortización. Por eso
yo, en esta columna, tampoco he querido poner estrictamente los de
Carboneras, he querido hacer un refundido con lo que son las grandes
instalaciones que en este momento están en construcción o están ya en
producción, como es el caso de Bahía de Palma, Carboneras, Cartagena
o Alicante. El caso concreto de Carboneras es cierto que estaría algo
por debajo de las cifras que yo he dado, pero sólo un poquito; sin
embargo, no olviden que, por ejemplo, la planta de Cartagena, estaría
algo por encima. Yo creo que estas cifras responden a una visión no
específica de una desaladora sino un poco de lo que cuesta hoy día
desalar el agua del mar.
Innovaciones inmediatas, como he dicho antes, no veo en el horizonte.
Veo que se están haciendo intentos, ligados muchos de ellos a lo que
es la electrodiálisis para aplicación a agua de mar pero, en este
momento, no hay resultados y no veo en el horizonte ninguna otra
ventaja llamativa. Sí veo que dentro de la ósmosis están apareciendo
innovaciones en el campo de las membranas, membranas que toleran más
salinidad y que resisten más presión, y podemos introducir una
segunda etapa de recuperación de las salmueras, con lo que podríamos
subir a conversiones aproximadamente del 55 por ciento. Actualmente
la relación entre el volumen de agua desalada obtenida y el volumen
de agua de mar utilizado está en el 45 por ciento y podríamos llegar
al 55 por ciento con esta segunda etapa de desalación. Eso ya se está
haciendo, ya lo estamos instalando en las últimas desaladoras que
estamos poniendo en marcha. Esto representa un avance leve pero
importante, porque cualquier décima de kilovatio que bajemos es
importante, y cabe pensar que puedan rebajarse hasta medio kilovatio
estas cifras que he dado aquí en un horizonte de seis u ocho años.
Sin lugar a dudas eso se puede producir, pero no con un proceso
nuevo. (El señor Quirós Pulgar pide la palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE (Ruiz López, don Juan Carlos): Señor Quirós,
muy brevemente para ver si podemos mantener el tiempo establecido.
El señor QUIRÓS PULGAR: Quería hacer una aclaración. No se entienda
que nosotros ponemos encima de la mesa, quizá el Partido Popular sí
lo hace, comparación entre trasvase y desalación, como si la
alternativa socialista fuera la desalación al trasvase. Nosotros no
consideramos que la desalación sea una alternativa al trasvase, lo
que nosotros tenemos es una visión integral de cómo se debe gestionar
una cuenca; por tanto, para nosotros la desalación no es una obra
complementaria sino una obra integrada dentro de la gestión de lo que
pueda ser una cuenca. Es distinto a la visión de que se parte del
trasvase y ahora cómo complementamos la falta de agua a que nos va a
llevar el trasvase, con la visión del Partido Popular en cuanto a las
desaladoras; nosotros lo único que queremos es que
las desaladoras sean una parte más de la gestión integrada en una
cuenca.
Y respecto de las energías alternativas, esperaba esa contestación
porque no se está impulsando el desarrollo de las mismas. El día que
las energías alternativas se impulsen quizás sean una competencia
real con las energías fósiles y con otro tipo de energías más
contaminantes. Es decir, tiempo al tiempo, pero espero que ese sea el
desarrollo, por lo que nos jugamos con el tema de la energía. (La
señora De Lara Carbó pide la palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE (Ruiz López, don Juan Carlos): Señora de
Lara, le ruego por favor que no tomen por costumbre hacer doble
intervención.
La señora DE LARA CARBÓ: Señor presidente, no pensaba intervenir;
pero como ha aludido al Partido Popular, sólo decir que me alegro de
que el Grupo Socialista no considere la desalación una alternativa al
trasvase. Me alegra oírlo porque desde su partido habíamos entendido
lo contrario. Dado que ustedes no consideran la desalación una
alternativa al trasvase y ayer se demostró que los bancos públicos de
agua que proponían para Murcia eran inviables porque al no haber agua
no puede haber bancos de agua, resulta que ustedes no tenían
alternativa.
El señor VICEPRESIDENTE (Ruiz López, don Juan Carlos): Señor Torres,
tiene la palabra para contestar a las últimas cuestiones con la mayor
brevedad posible.
El señor JEFE DEL ÁREA DE CALIDAD DE LAS AGUAS DEL CENTRO DE ESTUDIOS
HIDROGRÁFICOS DEL CEDEX (Torres Corral): Sólo para apuntar una
pequeña cosa ligada con la desalación que me he dejado en el tintero
y que quisiera resaltar para concluir mi intervención.
Vuelvo a poner el ejemplo de Canarias; lo siento, pero llevo mucho
tiempo trabajando allí y a veces se me viene involuntariamente a la
boca. La evolución de las desaladoras en Canarias a mi modo de ver es
un modelo en cuanto a la oportunidad, porque se colocaron en el
momento oportuno, y el volumen que se reservó para la desalación para
dotar a las islas de unos recursos absolutamente imprescindibles,
porque el déficit era evidente, también. Como existía una competencia
entre usos del agua natural, del agua subterránea, el abastecimiento
urbano y el regadío, se estableció una reasignación de recursos
dedicando el agua desalada para el abastecimiento, lo que de alguna
manera liberó recursos naturales para la agricultura, que estaba en
franco retroceso. Así se actuó hasta que se llegó a un techo. A
partir de ahí se ha apostado, a mi modo de ver también de un modo
inteligente, por la reutilización de aguas residuales antes que por
incrementar los recursos mediante desalación. Es decir, esa
política absolutamente integrada de buenas gestiones, con la que
estoy de acuerdo, conlleva muchas actuaciones: saber cuándo es
conveniente colocar una desaladora, dónde y con qué volumen y si es
mejor reutilizar unas aguas residuales que liberarían recursos
importantes, como puede ser el caso, muy destacable desde mi punto de
vista, de la isla de Gran Canaria. También hay que decir que no es
sólo en Gran Canaria donde se está apostando de modo muy serio por la
reutilización porque en el campo de Dalías, en Almería, se efectúa
una experiencia que también será modélica y son muy de resaltar los
esfuerzos y la reutilización que se está haciendo en Baleares.
El señor VICEPRESIDENTE (Ruiz López, don Juan Carlos): Muchas
gracias, señor Torres, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente por
su colaboración, por su tiempo y por su esfuerzo al explicar estos
temas e informarnos.
- DEL SEÑOR COORDINADOR DE PROGRAMAS TÉCNICO-CIENTÍFICOS DEL CENTRO
DE ESTUDIOS HIDROGRÁFICOS DEL CEDEX (ESTRELA MONREAL). (Número de
expediente 212/000434.)
El señor VICEPRESIDENTE (Ruiz López, don Juan Carlos): Señorías, a
continuación iniciamos la comparecencia de don Teodoro Estrela
Monreal, coordinador de programas técnico-científicos del Centro de
Estudios Hidrográficos del Cedex, al que damos la bienvenida en esta
Comisión de Medio Ambiente y al que sin más dilación cedemos la
palabra por un tiempo de 10 ó 15 minutos; a continuación se pedirán
aclaraciones si algún grupo las tiene o las necesita y tendrá
aproximadamente el mismo tiempo para contestar.
El señor COORDINADOR DE PROGRAMAS TÉCNICO-CIENTÍFICOS DEL CENTRO DE
ESTUDIOS HIDROGRÁFICOS DEL CEDEX (Estrela Monreal): Señor presidente,
señorías, como miembro del Centro de Estudios Hidrográficos del
Cedex, que ha dado asistencia técnica al Ministerio de Medio Ambiente
para la elaboración del Plan hidrológico nacional, centraré mi
intervención en aquellos aspectos en los que he participado más
directamente. De ellos, me referiré al de evaluación de aportaciones
y específicamente a las aportaciones del río Ebro en su
desembocadura, al previsible o posible impacto ambiental que una
detracción de caudales en el Ebro supone sobre el delta del Ebro y
finalmente describiré de forma breve cómo se han contemplado las
aguas subterráneas en el Plan hidrológico nacional. Comenzaré con la
evaluación de aportaciones y acompañaré mi exposición, como pueden
ver, con algunas transparencias.
Para evaluar las aportaciones en todas las cuencas consideradas en el
Plan hidrológico nacional se ha utilizado un modelo de simulación del
ciclo hidrológico que ya se aplicó en los trabajos del Libro Blanco
del agua en España. Con este modelo se utiliza una metodología
homogénea para la evaluación de recursos en todas las cuencas y
además se extienden las series de aportaciones para contemplar la
última sequía que se produjo en nuestro país a principios de los
noventa. Como puede verse en la transparencia, donde se muestra la
serie de aportación en el Ebro, si comparamos la misma con el
procedimiento utilizado en su plan de cuenca, vemos que la serie se
ha extendido y que se han considerado los años secos de principios de
los noventa. De esta manera, se han obtenido las aportaciones
naturales, las que se producen antes de la utilización del agua por
el hombre, en cualquier punto de la red fluvial española, así como
las recargas de los principales acuíferos españoles. Pero esto no es
suficiente. Por ejemplo, en el caso del Ebro se ha hecho un estudio
específico de las series reales, las que se producen una vez que el
hombre utiliza el agua, habiéndose tomado como referencia la estación
de aforos de Tortosa, prácticamente en la desembocadura del río Ebro.
Allí se han medido los caudales que salen al mar después de que se
hayan producido los consumos en la cuenca. Un primer análisis
mostraba una tendencia decreciente importante. Si uno contemplaba la
serie desde los años sesenta hasta nuestros días, observaba una
tendencia decreciente bastante significativa. Sin embargo, una vez
que se ha completado esa serie, considerando todas las estaciones de
aforo, de medida de caudales en los ríos del entorno, la impresión de
la tendencia decreciente ya no es tan notoria, siendo una serie que
se refleja con línea discontinua desde los años cuarenta. En
cualquier caso, se observa una tendencia decreciente en la serie y lo
que se hace en el plan hidrológico es intentar explicar por qué se
está produciendo dicha tendencia en la serie del Ebro. En principio,
debe ser explicable por los consumos que se han producido en la
cuenca, pero podría deberse también a cambios en las características
de las cuencas, así como a un posible cambio climático que se esté
produciendo en los últimos años. Los trabajos que hemos realizado
muestran que esa tendencia decreciente en las aportaciones del Ebro
es perfectamente explicable si se analizan los consumos básicos que
ha habido en la cuenca.
En esta otra transparencia que se puede ver la evolución de la
superficie regada y los consumos netos obtenidos como diferencia de
la serie de aportaciones naturales y de la serie de aportaciones
medida. Es decir, si comparamos las aportaciones que habría si el
hombre no estuviese en la cuenca y luego medimos lo que realmente se
ha producido, la diferencia básicamente son esos consumos, consumos
que se pueden explicar bastante bien por el principal uso de agua en
la cuenca, que es el regadío. Esto de alguna manera hace que toda
la información hidrológica sobre los usos del agua en la cuenca del
Ebro sea consistente, dado que las series de aportaciones naturales
se han obtenido por simulación del ciclo hidrológico, teniendo en
cuenta las lluvias y las evapotranspiraciones, y luego se ha
contemplado la evolución de los regadíos en la cuenca y se han medido
los caudales en la propia estación de aforos del río. La información,
pues, es consistente, siendo esquemáticamente éstos los trabajos que
se han hecho sobre la evaluación de aportaciones en el plan.
Un punto importante a tener en cuenta es qué pasaría si se realizase
una detracción en la desembocadura del río Ebro. La principal
afección ambiental en origen se podría producir en el delta del Ebro.
El delta tiene una superficie de unas 30.000 hectáreas, siendo un
ecosistema altamente antropizado. En la actualidad, de esas 30.000
hectáreas, unas 23.000 ó 24.000 corresponden a cultivos, predominando
el arroz, que se ha estado cultivando desde mediados o finales del
siglo pasado. Por tanto, estamos ante un sistema altamente
intervenido por el hombre y que ciertamente presenta problemas en la
actualidad. En el Plan hidrológico nacional se han analizado cuáles
son los principales problemas que presenta el delta, entre ellos la
falta de aportes sólidos, la regresión de la línea de costa,
problemas de subsidencia, problemas asociados a una posible
navegación en el último tramo con propósitos recreativos y el
problema de la penetración de la cuña marina. De todos ellos, el que
parece que podría estar asociado a una detracción de caudales en la
desembocadura es la intrusión marina y por eso el Plan hidrológico
nacional lo analiza. El problema de la falta de aportes sólidos, del
que se ha hablado bastante durante los últimos meses, existiendo
muchas publicaciones científicas al respecto, está más ligado a la
construcción de embalses en la cuenca del Ebro, que lo que hacen es
retener los aportes sólidos. Tenemos un gráfico muy ilustrativo
relacionado con ello, en el que se muestra la evolución de la
capacidad de embalse en la cuenca del Ebro, con un incremento muy
fuerte de la misma entre los años cincuenta y setenta, lo que produce
una disminución muy importante de los aportes sólidos en la
desembocadura, pasando de unos 30 millones de toneladas/año de
aportes sólidos a 0,1 y 0,15 millones de toneladas/año en nuestros
días. El efecto de la detracción de unos 1.000 hectómetros cúbicos
sobre aproximadamente unos 10.000 hectómetros cúbicos que en estos
momentos están saliendo al mar realmente no sería un problema
significativo desde es el punto de vista de la disminución de los
aportes sólidos. (La señora presidenta ocupa la Presidencia.) Se
trata de otro problema, que también se está resolviendo, pero no
dentro del marco de los trabajos sobre la documentación técnica del
Plan hidrológico nacional.
Como decía, el Plan hidrológico nacional se centra en la intrusión
marina. Esta intrusión consiste en la penetración de agua del mar a
través del cauce del río
Ebro. Lógicamente, si disminuyen los caudales que van a parar al mar,
su agua va a penetrar más. Básicamente, el funcionamiento de la cuña
salina se debe a los caudales, pero también -y ello se puede ver en
la transparencia- a las características del fondo del cauce. El
perfil irregular del fondo del cauce hace que el funcionamiento de la
cuña salina quede en algunos momentos interceptado en determinadas
posiciones. Esto da lugar a que, una vez conocidos los caudales y el
fondo, podamos relacionar el caudal en Tortosa con la penetración de
la cuña salina, lo que asimismo se puede ver en la transparencia.
Cuando el caudal en la desembocadura es superior a 400 metros cúbicos
por segundo, prácticamente la cuña salina no penetra. Cuando el
caudal está comprendido entre los 300 y los 400 metros cúbicos por
segundo, la cuña salina penetra aproximadamente unos 5 kilómetros.
Cuando el caudal está entre los 100 y los 300 metros cúbicos por
segundo, la cuña salina llega hasta la isla de Gracia, la cual se
encuentra situada aproximadamente en el kilómetro 18, con lo que
penetraría la mitad de lo que sería la longitud del río en el delta
del Ebro. Y, cuando el caudal está por debajo de los 100 metros
cúbicos por segundo, la penetración podría llegar hasta Amposta. En
la actualidad, dado que el Plan hidrológico de la cuenca del Ebro
teóricamente establece un caudal ecológico de 100 metros cúbicos por
segundo, la cuña salina no debería pasar de la isla de Gracia, que es
la posición intermedia.
Estamos hablando de la cuña salina, pero ¿cuál es su efecto negativo?
La combinación del exceso de nutrientes en las aguas del Ebro y una
mayor penetración de la cuña salina del agua del mar provoca
problemas de anoxia, de falta de oxigeno en el río que puede causar
problemas serios a las especies que viven en él. Este problema es
importante y se ha tratado con bastante profundidad en el Plan
hidrológico nacional. Se ha contemplado toda la documentación sobre
este tema, incluso tesis doctorales específicas con experimentación
realizada por equipos muy prestigiosos de investigadores sobre el
delta del Ebro. Con todo ello se ha podido establecer la relación
caudales-penetración de cuña marina y una vez obtenida se ha podido
analizar qué es lo que pasa si disminuimos los caudales. Ese análisis
se ha hecho, se ha analizado qué pasaría si disminuyéramos los
caudales en 1.000 hectómetros cúbicos en desembocadura, y se han
contemplado distintos escenarios. En esta transparencia se muestran
tres escenarios. El primero corresponde a la situación del segundo
horizonte de planificación del plan de cuenca del Ebro, donde se
admite el crecimiento de demandas previstas en el plan; es la
hipótesis correspondiente al escenario 1 que aparece en la
transparencia. El escenario 2 correspondería a la detracción de 1.000
hectómetros cúbicos con un volumen de regulación para modular esa
detracción de 500 hectómetros cúbicos y el tercer escenario
correspondería a un volumen de regulación adicional en Mequinenza de
100 hectómetros cúbicos
con objeto de modular el régimen. Si le estamos quitando agua al río
vamos a modular el régimen con un almacenamiento adicional en
Mequinenza para paliar este efecto. Esta sería una posible medida
correctora. ¿Qué es lo que se observa si uno analiza el tiempo
promedio que penetra la intrusión marina? En la situación 1,
situación correspondiente al horizonte 2 en el plan del Ebro, el
tiempo promedio de penetración sería de 8,6 meses. Si además quitamos
1.000 hectómetros cúbicos el tiempo promedio pasa a 9,3 meses.
Realmente se produce un empeoramiento, pero si hacemos la medida
correctora que en el Plan hidrológico nacional se propone con ese
volumen de regulación adicional en Mequinenza, prácticamente el
tiempo promedio se queda en nueve meses y en una situación muy
similar a la actual. ¿Qué quiere decir esto? Que existen medidas
correctoras actuando sobre el régimen hidrológico para que este
efecto sea muy poco significativo. El plan hidrológico se ha centrado
en analizar este efecto, dado que es el efecto asociado a una posible
derivación, pero en la actualidad se están haciendo estudios de mucho
detalle para contemplar los otros efectos, como la falta de aportes
sólidos, los problemas de navegación, el funcionamiento hídrico de
todo el delta con el agua que va por los canales de riego, con el
agua que llega a las lagunas, al parque natural, el agua que va a las
bahías, problemas que no están asociados directamente a una
derivación, pero que el Ministerio de Medio Ambiente nos ha encargado
que coordinemos nuestros trabajos y que estudiemos con la mayor
profundidad posible todo lo que tiene que ver con el delta del Ebro.
Para terminar, quisiera hablar brevemente acerca de cómo se han
contemplado las aguas subterráneas en el Plan hidrológico nacional.
Uno de los cinco tomos de la documentación técnica trata
específicamente sobre aguas subterráneas y delimita y asigna recursos
a las unidades compartidas entre planes de cuenca. Sobre esto se ha
hecho un trabajo muy laborioso de búsqueda de documentación, se han
analizado todas las propuestas de delimitación de unidades
hidrogeológicas en los distintos planes de cuenca, se han contemplado
trabajos de otros organismos con el Instituto Tecnológico Geominero
de España, como el antiguo Servicio Geológico de Obras Públicas, con
objeto de, para cada una de las propuestas de delimitación de
unidades hidrogeológicas compartidas, analizar información sobre
recursos, usos de agua, poligonales y, finalmente, proceder
a delimitar lo que sería unidad compartida entre dos planes de cuenca y
asignar recursos a cada una de las partes. Esto en cuanto a la
delimitación de unidades, que es uno de los contenidos del Plan
hidrológico nacional, pero si aquí se está estudiando una alternativa
de un posible trasvase también era obvio que había que analizar cuál
era la potencialidad de recursos subterráneos que tenían cada una de
las cuencas candidatas a recibir recursos.
Cada una de las cuencas candidatas a recibir recursos -véase las
cuencas internas de Cataluña, la cuenca del Júcar, la cuenca del
Segura, la parte de Almería de la cuenca del Sur, así como la cuenca
del Guadalquivir, que también se ha estudiado la posibilidad de
transferir recursos- se ha analizado, en cada una de las unidades
hidrogeológicas, en cada uno de los acuíferos que existen en estas
cuencas cuáles eran en la actualidad las entradas a los acuíferos,
las recargas, el recurso renovable del acuífero. Para ello se ha
recopilado información de los planes de cuenca sobre recarga por
infiltración de la lluvia, sobre recarga debida a las pérdidas en los
cauces de los ríos, sobre recarga debida a los retornos de los
riegos, agua que se aplica al regadío y que no se utiliza y que
recarga los acuíferos, y sobre transferencias desde otros acuíferos y
se ha obtenido una cifra representativa del recurso renovable de cada
acuífero.
Por otra parte, se han analizado cuáles eran los bombeos, las
extracciones del acuífero según los planes de cuenca y en algunos
casos incluso se ha actualizado la información como en el caso del
Guadalquivir, porque en los últimos años, desde que se aprobó el plan
de cuenca, se han producido unas extracciones significativas. Con
todo ello se han analizado cuáles eran los recursos en cada uno de
los acuíferos como diferencia entre las recargas y las extracciones.
Este es un límite máximo porque también se podría haber considerado
que parte de esos recursos van al río para mantener los caudales
ambientales o descarga al mar para prevenir que penetre la intrusión
marina, pero queríamos saber cuál era el límite máximo de cada una de
esas cuencas. Los resultados al final nos dicen que en las cuencas
internas de Cataluña podemos estar hablando de unos 100 hectómetros
cúbicos, en la cuenca del Júcar del orden de 100 hectómetros cúbicos
también, en la cuenca del Segura prácticamente nada, 10 ó 20
hectómetros cúbicos en algún acuífero concreto, y también
prácticamente nada en la cuenca del Guadalquivir. Esto considerado
como límite máximo. Por el contrario, hay otras cuencas como la del
Guadalquivir donde se aprecia que todavía existen recursos
subterráneos en una cantidad bastante razonable.
Con esto termino la exposición. De los tres temas de los que he
hablado, parece evidente que la serie de aportaciones registrada en
Tortosa es perfectamente explicable; se explica a partir de
información de lluvias; a partir de la información medida en la
estación de aforos, a partir de los usos de agua en la cuenca; que el
delta del Ebro tiene muchos problemas, pero el problema asociado a
una detracción de caudales en desembocadura no es muy significativo y
puede paliarse con medidas correctoras y, finalmente, que las aguas
subterráneas se han contemplado, y de forma extensiva, a lo largo de
todo el Plan hidrológico nacional.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Estrela Monreal por su
intervención. Ahora los diferentes
grupos intervendrán, haciéndolo, en primer lugar, el grupo
proponente de la comparecencia del experto.
La señora Espinosa López tiene la palabra.
La señora ESPINOSA LÓPEZ: En primer lugar, quiero agradecerle al
señor Estrela su comparencia. Rápidamente paso a solicitarle algunas
aclaraciones o reflexiones sobre aspectos muy concretos.
He creído entender que los problemas del delta del Ebro son viejos,
que se deben sobre todo a la falta de aportes sólidos, a la regresión
de la línea de costa y a la penetración de la cuña salina. Estos
problemas son anteriores y de su exposición he entendido que con el
Plan hidrológico nacional estos problemas serían menores o se
solucionarían en gran parte. También quiero que nos aclare si con el
volumen de regulación de Mequinenza se va a evitar la intrusión
marina que podría ocasionar una detracción de 1.000 hectómetros
cúbicos en el Ebro. También quiero que nos aclare si la bajada de
volumen de caudal del Ebro se debe no a un posible cambio climático,
sino a un aumento del consumo por regadíos y si los nuevos regadíos,
que se puedan poner en funcionamiento han sido tenidos en cuenta a la
hora de calcular los caudales ecológicos.
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Socialista tiene la palabra el
señor Quirós.
El señor QUIRÓS PULGAR: Quiero agradecer su presencia a don Teodoro
Estrela y darle las gracias por su exposición, una clase magistral
sobre las soluciones del delta del Ebro. Yo no voy a entrar en
matizaciones porque el otro día estuvo aquí el señor don Narcís Prat
que tenía una visión técnica y científica muy distinta. No quiero
sopesar su solución y la de él, pero yo esperaba más de la
comparecencia de los tres técnicos del Cedex, lo digo sinceramente.
Pensaba que íbamos a hablar del Plan hidrológico nacional, no del
trasvase Ebro-cuenca mediterránea, pues llevamos ya dos días y medio
hablando del tema. Parece que nos dan la razón a los socialistas
cuando decimos que el Plan hidrológico nacional es una cobertura
legal del trasvase del Ebro a la cuenca mediterránea porque aquí no
se habla de otra cosa, parece que las demás cuencas no tuvieran
problemas. Incluso creo que estamos aburriendo a los medios de
comunicación de tanto marear la perdiz sobre un tema con visiones
distintas.
Le puedo decir una cosa muy contundente. Aquí han venido
representantes de la sociedad, de sindicatos y científicos expertos
en el tema hidrológico tan prestigiosos o más que ustedes, y está
claro que están todos en contra de este Plan hidrológico nacional.
Han venido comparecientes a petición del Partido Popular que dicen sí
al Plan hidrológico nacional, pero con reparos. El presidente de la
Federación Nacional de Comunidades de Regantes decía que es un plan
de mínimos peroque tendrá que hacerse. El señor don Juan Marco
hablaba de que era un plan de obras, que sobraban muchas obras, que
un plan nacional no tenía que ser un plan de obras, tal y como se
recoge aquí, y que faltaban muchos programas en este Plan hidrológico
nacional. Por tanto, quiero que vea la contundencia de las
afirmaciones de los que están en contra y las matizaciones de los que
están a favor. (El señor vicepresidente, Ruiz López, ocupa la
Presidencia.)
Yo esperaba un poco más del Cedex; me siento un poco defraudado, no
por su culpa, porque seguramente a usted le han dicho que tiene que
hablar del delta del Ebro y ha hecho bien, ha hablado fenomenalmente
del delta del Ebro desde la visión del Ministerio de Medio Ambiente.
¿Qué nos indica esto? Pues que hay una división dentro del propio
Ministerio del Medio Ambiente, una división estanca entre lo que es
aguas y lo que es el tema medioambiental, y eso se ve plasmado en
este Plan hidrológico nacional. Hay una exposición de motivos
medioambiental maravillosa; luego hay un articulado, en su mayor
parte sobre el trasvase del Ebro; unas buenas intenciones
medioambientales en el resto del articulado, y una carta a los Reyes
Magos, un catálogo de inversiones en obras hidráulicas, la mayoría
recogida de los planes hidrológicos de cuenca. Ese es el Plan
hidrológico nacional.
Ya le he dicho que no le voy a hacer ninguna pregunta sobre el delta
del Ebro porque las posturas de cada uno ya están suficientemente
claras, y sí me voy a centrar en una cosa que dice de la cuenca del
Guadalquivir. Aprovecho para contestar a la señora Díez de la Lastra,
quien decía el otro día que como yo era de Jaén no conocía los
problemas que tenía Alicante y el Segura. El Plan hidrológico
nacional no tiene que servir sólo para resolver los problemas de las
zonas de la Comunidad Valenciana, de Murcia, de Cataluña y de una
parte de Andalucía que es Almería; el Plan hidrológico nacional tiene
que tener una visión de la problemática hídrica de este país en
muchas más cuencas.
Cuando ha hablado de las aguas subterráneas se ha referido a la
cuenca del Guadalquivir. ¿Usted cree que la única solución que tiene
la cuenca del Guadalquivir son las aguas subterráneas? Porque la
documentación técnica aportada por ustedes venía a decir que el
Guadalquivir era el río con más problemas de España y en el análisis
final se dice que es inútil la transferencia de otras cuencas. Estoy
hablando con la filosofía de planteamiento del Plan hidrológico
nacional del Partido Popular, no entiendan que estoy pidiendo un
trasvase a la cuenca del Guadalquivir. Como estamos debatiendo su
Plan hidrológico nacional y han planteado llevar agua a la cuenca del
Mediterráneo, pregunto por qué en la filosofía del Partido Popular no
se han hecho también el planteamiento del trasvase hacia la cuenca
del Guadalquivir, a la que ustedes dejan como si no tuviera solución
porque, después de todas las obras del plan hidrológico de cuencas,
la del Guadalquivir puede tener un déficit de cerca de 1.040
hectómetros cúbicos. En el
plan hidrológico de cuencas que aprobó el Gobierno del Partido
Popular se reconocía, después de ver todos los horizontes, las
medidas y demás, que era necesaria una transferencia de aguas de
acuerdo con las necesidades que se tuvieran en ese momento. El propio
plan hidrológico de la cuenca reconoce que hay que hacer
transferencias a la del Guadalquivir. Estoy hablando de 1.040
hectómetros cúbicos de déficit después de todas las actuaciones.
Además, en el camino se han quedado actuaciones, que me parece muy
bien que se hayan quedado debido a su impacto ambiental, como la de
Úbeda la Vieja. Las soluciones que da usted, perdóneme que se lo
diga, son de tomadura de pelo. Un pantano que iba a tener cerca de
200 hectómetros cúbicos de regulación lo quieren sustituir por una
regulación del Guadiana Menor cuando este río está regulado por el
pantano del Negratín. ¿Qué capacidad de regulación puede tener? Es
decir, estamos disminuyendo las obras de la cuenca del Guadalquivir,
que ponían un horizonte para bajar los déficit, y no dan soluciones.
¿Es que no tiene solución esta cuenca? ¿No le parece de poco rigor
decir en la documentación técnica que no se puede llevar agua, en
definitiva conectar el tubo con un pantano porque no hay embalse para
ese menester? Tengamos los mismos criterios. Para la cuenca
mediterránea se han hecho obras para almacenar esa agua que se va
trasvasando. ¿Por qué esa rigidez con el Guadalquivir? ¿Por qué en su
planteamiento de plan hidrológico no se ha estudiado la transferencia
del Guadiana II, al que su propio plan hidrológico de cuenca reconoce
un excedente de 150 hectómetros cúbicos? Además, no estamos hablando
de un río transfronterizo con Portugal, por lo que podríamos tener
problemas al tener que llegar a un acuerdo con Portugal, le estoy
hablando de ríos como el Tinto, el Odiel, el Piedra, que pueden
asumir esa regulación para el trasvase dentro de esta cuenca y son
enteramente españoles.
Ya que estamos hablando de la cuenca del Guadalquivir y usted ha
dicho que existían aguas subterráneas, quería preguntarle: ¿Qué
solución técnica tiene el Guadalquivir, sólo las aguas subterráneas y
las obras que han puesto ustedes encima de la mesa en el plan de
inversiones?
El señor VICEPRESIDENTE (Ruiz López): Señor Estrela.
El señor COORDINADOR DE PROGRAMAS TÉCNICO-CIENTÍFICOS DEL CENTRO DE
ESTUDIOS HIDROGRÁFICOS DEL CEDEX (Estrela Monreal): Voy a contestar,
en primer lugar, a las preguntas de la portavoz del Grupo Popular.
Pregunta si con el PHN se solucionan los problemas del delta. No
exactamente. Los trabajos realizados en la documentación técnica del
PHN muestran que una transferencia de agua desde la desembocadura del
río Ebro no empeora de forma significativa el principal
problema, que es la intrusión marina en el río, y que con una medida
correctora como podría ser aprovechar parte de la capacidad de
Mequinenza para regular los caudales del río, soltando más agua en
los meses más secos, este problema prácticamente dejaría de existir;
es decir, no se produciría un empeoramiento de la situación. Eso no
quiere decir que el delta no tenga problemas. El delta tiene
problemas importantes de falta de aportes sólidos. La falta de
fracción gruesa de los aportes está provocando problemas de
regresión, problemas de modificación de la línea de costa. En la
llanura deltáica se ha constatado una subsidencia que distintas
estimaciones sitúan entre 3, 4 y 5 milímetros/año, pero lo que parece
cierto es que hay un descenso de la llanura que no es compensado por
los aportes más finos que el río llevaba cuando no estaba regulado.
Realmente el delta tiene problemas, lo que ocurre es que en principio
no son problemas asociados a la derivación de caudales, y por eso en
la documentación técnica, que se centra básicamente en esas
transferencias de agua, no se contemplan. En este momento se está
trabajando en ello con grupos de expertos en el delta, coordinando
trabajos de una gran intensidad que pueden ser el principio de ese
plan especial que se está prometiendo para mantener el delta e
incluso mejorar su situación.
Me pregunta si la bajada de caudales que se ha observado en las
aportaciones del río Ebro en su desembocadura pueden ser debidas al
cambio climático. En los trabajos que hemos hecho hemos visto que en
principio esa bajada de caudales es explicable con los consumos que
se han producido en la cuenca. Sí que es cierto que el último
período, desde los años ochenta hasta la actualidad, ha sido
extremadamente seco en nuestro país, pero también el período 1960-
1980 fue bastante húmedo. En muchas ocasiones pueden confundirse esas
bajadas que se aprecian en las aportaciones de algún río, debidas a
la variabilidad natural del clima, con alteraciones climáticas de
otra magnitud, lo que se conoce como cambio climático.
Por último, me pregunta si los nuevos regadíos han sido tenidos en
cuenta para la determinación de los caudales ecológicos. Como
comentaba, el plan hidrológico de la cuenca del Ebro considera un
caudal ecológico de 100 metros cúbicos por segundo. De entrada, este
caudal ecológico hace que la intrusión marina no penetre más allá de
la isla de Gracia, que no llegue hasta Amposta, que no recorra todo
el delta del Ebro; además es aproximadamente un 20 por ciento de la
aportación del río. Es decir, con motivo del plan hidrológico se han
hecho contrastes con otras metodologías, como la de caudales de
mantenimiento, y salen cifras similares a los 100 metros cúbicos por
segundo, cifra que deberá mantenerse aunque crezcan los nuevos
regadíos. Es una obligación que se tiene. Tenemos una restricción
ambiental de 100 metros cúbicos por segundo, independientemente de lo
que crezcan los regadíos o el abastecimiento urbano en la cuenca. Con
esto creo que
he contestado las preguntas que me ha planteado el Grupo Popular.
En cuando a las preguntas del portavoz socialista, ha comentado que
aquí sólo estamos hablando del trasvase y no del PHN. Primero quiero
decir que he comentado aquellos temas en los que he participado más
directamente asistiendo al Ministerio de Medio Ambiente, en concreto
en la documentación técnica del Plan hidrológico nacional. Uno de los
tomos de esa documentación no tiene nada que ver con los trasvases,
sino con la delimitación de acuíferos entre ámbitos de planificación
y la asignación de recursos a cada uno de ellos. Es un tomo extenso,
que contiene un trabajo importante de recopilación de toda la
información conocida sobre esos acuíferos, que tras distintas
deliberaciones y con apoyo técnico importante ha permitido asignar
recursos a cada uno de ellos; téngase en cuenta que se están asignado
más de 1.000 hectómetros cúbicos de agua entre planes de cuenca. Por
tanto, en la documentación técnica no sólo se contempla el trasvase,
aunque sí es cierto que una parte muy importante de la misma, como el
tomo de análisis ambientales, se centra en ver el efecto que tienen
esas posibles transferencias de agua; el tomo de sistemas hidráulicos
también estudia lo que esto supone. Es decir, la documentación
técnica analiza los efectos de esas transferencias y supongo que por
eso acabamos hablando del efecto de las mismas. Sobre lo que debe
contener un plan hidrológico nacional está en la normativa y, en
principio, no es cuestión nuestra. Nosotros damos apoyo técnico a lo
que se nos pide como centro de estudios y experimentación.
Hecho este comentario, voy a intentar responder algunas de sus
preguntas centradas en la cuenca delGuadalquivir; otras las podrá
ilustrar mejor el siguiente interviniente, que ha trabajado más
intensamente en este tema y que además tiene algunas figuras sobre el
mismo. Me pregunta si las aguas subterráneas son la única solución de
la cuenca del Guadalquivir. Evidentemente no; ni lo dice el Plan
hidrológico nacional. El Plan hidrológico nacional constata que la
cuenca del Guadalquivir tiene problemas importantes, pero también
analiza que una transferencia no parece que sea la solución de los
problemas de esta cuenca. ¿Por qué? Por la irregularidad de la cuenca
del Guadalquivir. La irregularidad de las series de aportaciones en
la cuenca del Guadalquivir hace que nos encontremos muchos años en
los que no hay problemas y otros en los que tenemos graves problemas.
Con una transferencia continua y mantenida difícilmente vamos a poder
resolver esos problemas. ¿Cómo se contemplan las aguas subterráneas?
Como un elemento más. Lo que se propone en la cuenca del Guadalquivir
es desarrollar lo que viene reflejado en su plan de cuenca en cuanto
a la construcción de una serie de embalses de regulación, porque la
cuenca tiene problemas de regulación importantes, y la modernización;
es decir, que vamos a modernizar la manera de usar el agua en la
cuenca del Guadalquivir.
Pero en situaciones de extrema sequía, cuando necesitemos unos
volúmenes de agua importantes para satisfacer las necesidades de la
cuenca, utilicemos el agua de los acuíferos y no sólo como recurso
renovable y continuo de todos los días, sino como recurso que podemos
extraer en una situación de extrema escasez. Esa es la solución que
se plantea a los problemas de la cuenca, que el siguiente
interviniente -como le he comentado antes- describirá con más
detalle. (El señor Quirós Pulgar pide la palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE (Ruiz López): Señor Quirós, he dicho antes
que no tomara por costumbre reabrir el debate. Esta vez, como vamos
muy bien de tiempo y el ponente ha sido muy escueto y muy sistemático
en su exposición, le voy a dar la palabra, pero la próxima vez por
favor trate de no reabrir el debate.
El señor QUIRÓS PULGAR: Agradezco la benevolencia de la Presidencia,
pero dado que estas comparecencias se están haciendo entre dos
partidos, porque los demás no están participando, queda tiempo
sobrado. Por tanto, todo lo que podamos hablar, aprovechando que
tenemos aquí un técnico especialista en la materia, enriquece el
debate y arroja luz sobre muchos temas.
Me voy a centrar en la cuenca del Guadalquivir porque usted se ha
referido a ella al hablar de las aguas subterráneas. El propio
Consejo Nacional del Agua hace una matización en la cuenca del
Guadalquivir. Usted ha sido un poco reticente -lo he oído en sus
primeras palabras- a hablar del posible cambio climático, como si no
afectara a esta cuenca. El propio Libro Blanco del agua lo reconoce y
muchísimos expertos también. Usted lo ha dejado un poco en el aire
diciendo: puede que afecte. Da la casualidad de que la matización que
hace el Consejo Nacional Agua para la cuenca del Guadalquivir es que
no se ha tenido en cuenta el cambio climático para esa cuenca, que es
una de las mayores afectadas. Estamos hablando de la zona sureste de
España, que es posiblemente la más afectada por el cambio climático,
aunque también se hable del afecta al delta del Ebro. En las demás
cuencas parece que se ha tenido en cuenta la repercusión del cambio
climático quizás en mayor medida de la que puede afectar, pero en la
cuenca del Guadalquivir ni siquiera se ha tenido en cuenta ese
factor. Yo soy de aquella zona y sé que allí las sequías son
cíclicas. Hay una solución que es la construcción de infraestructuras
hidráulicas para el almacenamiento de agua que sirva de soporte en
los momentos de sequía. Pero desde 1991 a 1995 lo hemos pasado muy
mal en Andalucía con el tema del agua. Esto no quiere decir que no se
vaya a repetir porque a lo mejor este año sobra. Los andaluces
miramos al cielo este año y otra vez está lloviendo; sabemos cuando
llueve y cuando no llueve, y lo que
está relacionado con esta tierra en la que por desgracia no llueve la
cantidad que todos deseamos.
Respecto al agua subterránea, la propia Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir sabe que se está explotando ya ese recurso. Sin
embargo, en las actuaciones del Plan hidrológico en la cuenca del
Guadalquivir sólo veo un montón de obras que eran del propio plan,
muchas ya ejecutadas, por lo que me parece de poco rigor que
actuaciones que ya se han hecho aparezcan reflejadas en las propias
actuaciones del plan hidrológico de cuenca. Estoy hablando de una
obra que conozco, que es el saneamiento y depuración de Cazorla,
hecha por el ayuntamiento y la Junta de Andalucía. Lo hemos dicho por
activa y por pasiva en Andalucía, pero no han sido capaces de quitar
estas actuaciones del plan hidrológico y las mantienen aun estando ya
realizadas. Por eso digo que nos da la sensación de que hay poco
rigor con la cuenca del Guadalquivir. Yo entiendo que hay una
solución que apunta la Junta de Andalucía, que es el trasvase. Y los
socialistas no estamos en contradicción, porque decimos que primero
hay que hacer una ordenación integral de cada cuenca y luego, si esa
ordenación integral todavía es deficitaria hídricamente, pensar en
los trasvases. Para el propio Guadiana 2, se reconoce en el plan
hidrológico de cuenca que hay 150 hectómetros que pueden muy bien ir
a la parte baja del Guadalquivir y a Doñana, como parte importante de
un espacio que es parque nacional y así está reconocido. ¿Cree usted
que puede haber un déficit de 1.040 hectómetros cúbicos como se está
diciendo en Andalucía por los diversos expertos y la propia Junta de
Andalucía; que con las actuaciones que se están haciendo y las que se
tienen que hacer va a haber posteriormente un gran déficit de agua
subterránea? Yo no veo aquí más que dos medidas sobre el agua
subterránea, la ordenación y la protección de los recursos
subterráneos - cuestión muy abierta en la interpretación- y la red
básica del control de aguas subterráneas. ¿Cree que con eso se puede
compensar el déficit que tiene la cuenca del Guadalquivir?
El señor VICEPRESIDENTE (Ruiz López): La señora De Lara ha pedido la
palabra. Le pido por favor que sea breve y que no se entable debate
entre los grupos, ya que estamos en una comparecencia.
La señora DE LARA CARBÓ: Lo que ocurre es que en este momento es
inevitable una pequeña intervención como portavoz del Grupo Popular.
Nos ha dicho el portavoz del Grupo Socialista que está asombrado
porque ha venido un experto del Cedex a hablarnos del delta del Ebro
y del trasvase, y que solamente se está hablando del trasvase en esta
Comisión. Yo quería indicarle dos cosas. En primer lugar, quien ha
querido hacer creer a la opinión pública que el Plan hidrológico
nacional es exclusivamente el trasvase
han sido ustedes, porque el Plan hidrológico nacional efectivamente
no es sólo el trasvase, sino que su objetivo es solucionar el
problema en todas las cuencas españolas, señor Quirós, y este
problema intenta solucionarlo con una inversión de 3 billones de
pesetas, la mayor inversión que ha habido en la historia de España en
infraestructuras hidráulicas, y el 84 por ciento de estas inversiones
tienen carácter medioambiental, como usted seguramente sabrá. De otra
parte, en aquellas cuencas en las que una vez aplicadas todas las
medidas de ahorro posibles, todos los recursos no convencionales, la
reutilización, la desalación, la utilización conjunta de aguas
subterráneas y aguas superficiales, cuando la cuenca sigue siendo
deficitaria, es cuando se ha visto que es necesario el trasvase. Por
consiguiente, nosotros creemos que el trasvase es solamente una parte
del Plan hidrológico nacional. Si usted también lo considera, me
alegro mucho del cambio de idea que ha tenido el Partido Socialista,
pero entonces yo me avergonzaría de que, ya que usted lo cree así, el
Partido Socialista haya basado una campaña en el infundio y en la
mentira de que el Plan hidrológico nacional solamente pretende el
trasvase.
El señor VICEPRESIDENTE (Ruis López): Señora De Lara, por favor.
La señora DE LARA CARBÓ: Termino, indicándole que, aunque usted
piensa que no hay que hablar del trasvase ni de la cuenca del Ebro,
en las comparecencias que han pedido ustedes no se ha hablado de otra
cosa. Ha venido don Narcís Prat a hablar del delta del Ebro; don
Pedro Rojo ha venido a hablar de Aragón, del delta del Ebro; el señor
Cabrera ha venido a hablar de Valencia y del trasvase. Por citar a
los científicos, ha venido don Antonio Embid a hablarnos de los
problemas de la cuenca del Ebro; don Pedro Santorromán también de la
cuenca del Ebro, y don Manuel Tomás, portavoz de la plataforma en
defensa del Ebro. ¡Por amor de Dios!, hay que ser un poco
consecuentes con lo que se dice y con lo que se hace.
El señor VICEPRESIDENTE (Ruiz López): Señora De Lara, le vuelvo a
rogar que en sus próximas intervenciones no abra debate porque, como
bien sabe S.S., estamos en el trámite de comparecencias; ya tendremos
tiempo en el trámite de la ponencia y con las enmiendas para abrir
debate sobre las posiciones de cada uno de los grupos.
El señor QUIRÓS PULGAR: Señor presidente, en la anterior
comparecencia no me ha dejado hablar y se me hizo también una alusión
muy directa; espero ahora de su benevolencia que me deje.
El señor VICEPRESIDENTE (Ruiz López): Tiene la palabra por un minuto
y poco más.
El señor QUIRÓS PULGAR: Quiero decirle que se lea también el resto de
comparecencias, porque han venido otras organizaciones
representativas como Comisiones Obreras, UGT, la UPA y no creo que
vinieran exclusivamente a hablar del trasvase. Nosotros hemos
intentado abrir el debate y que en el Plan hidrológico nacional no se
hablara sólo del trasvase, pero en las comparecencias pedidas por
ustedes veo que no hay otra cosa que trasvase. Por tanto, nos viene a
dar la razón en lo que hemos dicho siempre y mantenemos, que el Plan
hidrológico nacional es la cobertura legal del trasvase del Ebro a la
cuenca mediterránea y que no se dan soluciones a las demás cuencas.
Nosotros siempre hemos dicho que primero hay que hacer una
ordenación, una gestión integral de cada cuenca, y posteriormente
habrá que ver si se necesita la transferencia de esa agua. Ustedes
empiezan la casa por el tejado; eso es lo único que nosotros hemos
dicho. Nosotros no mentimos y en nuestras manifestaciones siempre
nuestros planteamientos han sido los mismos y muy coherentes.
Aprovechándome de esta intervención he de decirles que no tengan ese
concepto arcaico y localista de lo que puede ser un banco público del
agua. El banco público del agua no tiene que estar en el Segura,
puede estar en otra zona y luego transferir esa agua porque se
necesita. Tengan ustedes una visión más amplia de los conceptos
porque me temo que los que manejan son un poco arcaicos y localistas.
El señor VICEPRESIDENTE (Ruiz López): Señor Quirós, vuelvo a decir
que no utilicen el tiempo por alusiones. Es la última vez que se da
la palabra para que entre grupos haya este tipo de debates, ya que,
como he comentado, habrá tiempo para hacerlo, sobre todo porque los
comparecientes han tenido la amabilidad de venir aquí para emplear su
tiempo en informar de todas las cosas que esta Comisión suscite y
sería interesante que aprovecháramos el tiempo para eso.
Tiene la palabra el señor Estrada.
El señor COORDINADOR DE PROGRAMAS TÉCNICOS-CIENTÍFICOS DEL CENTRO DE
ESTUDIOS HIDROGRÁFICOS DEL CEDEX (Estrela Monreal): Creo que no sería
justo decir que no se ha considerado el cambio climático. Con motivo
del Libro Blanco del agua en España, por primera vez se analizó el
impacto de un previsible cambio climático sobre los recursos en todo
el territorio a escala nacional, y se hicieron distintas hipótesis de
trabajo basadas en toda la documentación existente del panel
intergubernamental de expertos de la Comisión Nacional del Clima; es
decir, que se ha considerado y con muchísimo rigor. Con un modelo de
simulación y de lluvias correntía se vieron los efectos de un posible
cambio en las temperaturas, un posible cambio en las precipitaciones,
y lógicamente los resultados de ese análisis se
han tenido en cuenta en la elaboración del Plan hidrológico nacional
porque se basaba en trabajos previos desarrollados con motivo del
libro blanco.
En cuanto a que la cuenca del Guadalquivir no ha sido tratada con
suficiente rigor técnico, tengo que decirle que no, que no sólo ha
sido tratada con suficiente rigor técnico sino que incluso con más
rigor que otras cuencas. ¿Por qué? Por la dificultad de la cuenca. Es
una cuenca con una irregularidad hidrológica tremenda donde las
soluciones son bastante más complicadas, y, como se ve, al final se
apuesta por un conjunto de soluciones: mejorar la regulación,
modernizar los regadíos, utilizar las aguas subterráneas. Es
realmente la cuenca más complicada de todas las que hemos estudiado.
Pero no sólo en cuanto al estudio que se le ha dedicado desde el
punto de vista técnico, sino que yo creo que es la cuenca por la que
se ha tenido el mayor número de reuniones con todos los agentes
implicados, tanto institucionales como usuarios, que han ido pasando
por nuestro centro de estudios y nos han ido comentando pegas,
proponiendo alternativas, y hemos ido mejorando todo lo que hemos
podido los análisis realizados.
En cuanto al déficit que cita y la posibilidad de utilizar aguas
subterráneas me remito a lo que he dicho anteriormente.
El señor VICEPRESIDENTTE: Gracias, señor Estrela Monreal, por
ilustrar a esta Comisión de Medio Ambiente.
Suspendemos cinco minutos la sesión hasta la siguiente comparecencia.
(Pausa.)
- DEL SEÑOR JEFE DEL ÁREA DE ESTUDIOS Y PLANIFICACIÓN DEL CENTRO DE
ESTUDIOS HIDROGRÁFICOS DEL CEDEX (ESTRADA LORENZO). (Número de
expediente 212/000435.)
El señor VICEPRESIDENTE (Ruiz López, don Juan Carlos): Señorías,
reanudamos la sesión dando la bienvenida a don Federico Estrada
Lorenzo, jefe del área de estudios y planificación del Centro de
Estudios Hidrográficos del CEDEX.
Siguiendo la dinámica que estamos manteniendo en esta Comisión, sabe
que cuenta aproximadamente con quince minutos para hacer su
exposición y luego tendrán la palabra los portavoces para hacer las
preguntas que requieran y a su vez usted tendrá, lógicamente, tiempo
para contestarles. Sin más dilaciones entramos directamente en su
intervención. Tiene la palabra.
El señor JEFE DEL ÁREA DE ESTUDIOS Y PLANIFICACIÓN DEL CENTRO DE
ESTUDIOS HIDROGRÁFICOS DEL CEDEX (Estrada Lorenzo): Muchas gracias,
señor presidente. Señorías, muy buenos días.
Como en el caso de la comparecencia anterior, yo voy a centrar mi
intervención principalmente en los aspectos del plan en los que he
participado. Soy miembro del Centro de Estudios Hidrográficos del
Cedex, que ha colaborado en la redacción del plan y, por
consiguiente, mi intervención va a ser estrictamente técnica
y centrada, como digo, en los aspectos en los que más directamente he
tenido ocasión de colaborar.
Básicamente me voy a referir al análisis de los sistemas hidráulicos.
Como saben, la documentación técnica del plan -que no constituye el
plan propiamente, sino unos documentos de soporte al texto de la ley
del plan hidrológico- está compuesta por cinco volúmenes. Uno de
ellos, como se ha comentado en la comparecencia anterior, se refiere
a la delimitación y asignación de recursos en acuíferos compartidos,
digamos la ordenación de las aguas subterráneas en aquellos acuíferos
compartidos por varios ámbitos de planificación y en los cuales, por
tanto, un solo ámbito no tiene competencias para ordenar esos
recursos de una forma completa.
Los otros cuatro volúmenes, como saben, se refieren específicamente a
las transferencias. El primero de ellos hace una revisión histórica
de todos los antecedentes de planificación hidrológica que se
refieren a las transferencias, y los otros tres volúmenes se refieren
a las distintas condiciones de viabilidad de esas transferencias. La
primera condición, que es en la que voy a centrar mi intervención, se
refiere al análisis de los sistemas hidráulicos y concretamente a la
viabilidad hidrológica de esas transferencias. A continuación el plan
comprueba la viabilidad ambiental en otro documento, que se denomina
así. Análisis ambientales, y una vez comprobada la compatibilidad de
las soluciones analizadas, de las diversas soluciones propuestas, con
el sostenimiento del medio natural, el último documento técnico del
plan pasa a analizar los aspectos económicos, verificando si desde el
punto de vista económico es razonable la operación que se plantea. Me
voy a referir al primero de esos tres análisis de viabilidad,
concretamente al de la viabilidad hidrológica, que lleva por título
Análisis de los sistemas hidráulicos. Este análisis, como digo, tiene
como objetivo principal comprobar la viabilidad hidrológica de las
posibles transferencias. Por un lado, identificar las necesidades
estrictas, las mínimas necesidades en las cuencas receptoras, y, por
otro lado, los máximos que podrían ser transferidos desde las cuencas
cedentes y por supuesto las condiciones técnicas de ese proceso.
Todo este análisis constituye, como es lógico, un dato básico de todo
el estudio del plan hidrológico. Es una condición necesaria que
existan esos recursos suficientes para ser transferidos y que se
acredite la necesidad de allegar recursos externos a las cuencas
receptoras. Es una condición necesaria pero no es suficiente. El
hecho de que se presentaran esos excedentes y que hubiera necesidades
de aportes externos en las cuencas
receptoras por sí solas no justificaría una transferencia. La
propuesta final depende, como he comentado, de la viabilidad
ambiental de las operaciones y de la viabilidad económica, con lo
cual se llega a unas propuestas que finalmente, como es lógico, será
este Parlamento el que tenga que elegir. Como digo esta viabilidad
hidrológica es una condición previa, necesaria aunque no suficiente.
Es un principio básico de este plan que en las cuencas candidatas a
ceder los recursos se acredite la existencia de recursos suficientes
a largo plazo, de tal manera que esos recursos el plan los evalúa una
vez alcanzados los máximos desarrollos previstos en el futuro en esas
cuencas cedentes, desarrollos relativos al sistema de usos, así como
a la satisfacción de los requerimientos ambientales que el
correspondiente plan de cuenca fija y, en su caso, el cumplimiento de
los compromisos internacionales, concretamente del Convenio de
cooperación con Portugal, que afecta a las cuencas del Duero y el
Tajo. Eso en cuanto a las cuencas cedentes, digamos que es un
criterio de holgura de tal manera que se garantice que no hay una
afección a los desarrollos futuros de esas cuencas previstos en el
correspondiente plan de cuenca.
Desde el lado de las cuencas receptoras el principio básico que
inspira el plan es, en cierto sentido, contrario. La necesidad que el
plan establece es que se acrediten unos requerimientos, unas
necesidades estructurales, es decir, persistentes y actuales, no en
relación con las posibles previsiones de crecimiento de desarrollo de
esas cuencas, sino que esas necesidades estructurales se acredite que
se dan en la actualidad, de forma que el plan contempla todas las
medidas internas para el máximo aprovechamiento de los recursos
propios de cada una de esas cuencas en lo que se refiere tanto a
recursos convencionales como no convencionales, es decir, agotamiento
de las posibilidades de regulación propias en la cuenca,
posibilidades de reutilización, posibilidades de uso conjunto, ahorro
en las redes urbanas por disminución de las pérdidas, mejora y
modernización de regadíos existentes. En esas condiciones, una vez
alcanzado ese máximo desarrollo de los recursos propios internos de
una cuenca y considerando las necesidades actuales, es decir,
congelando las demandas de riego en esas cuencas receptoras, se
determinan las necesidades de aportes externos. Por tanto, máxima
exigencia para las cuencas receptoras en cuanto al máximo grado de
aprovechamiento de sus recursos y congelación de sus demandas de
riego y en el caso de las cuencas cedentes, toda la holgura que se
deriva del cumplimiento de su correspondiente plan de cuenca a largo
plazo, junto con los objetivos de carácter ambiental y compromisos
internacionales.
Para llevar a cabo este análisis el plan utiliza una serie de
conceptos que son discutibles, pero que creo que en el plan quedan
suficientemente claros y que tienen un sentido convencional, me estoy
refiriendo concretamente
a los conceptos de excedente o sobrante y al concepto de
déficit. El plan los emplea, como digo, en un sentido puramente
convencional. Como es natural el déficit sólo cabe planteárselo en
términos del uso o la utilización que se vaya a hacer del agua. En
ese sentido, en un desierto no cabría hablar de déficit, aunque
hubiera escasez de agua; sólo en la medida en que se fuera a utilizar
el agua cabría hablar de ese déficit; y, por el mismo motivo, en una
cuenca muy húmeda no cabría hablar de superávit, porque esa
abundancia de agua está en la misma esencia de esa cuenca, es la base
de sus ecosistemas fluviales y de los paisajes que constituyen esa
cuenca.
Pero este planteamiento en cierta forma simplista llevaría a una
concepción errónea, a mi juicio, de este asunto. Desde luego es
imposible vivir sin utilizar ninguna porción del agua, es decir,
vivir como si no hubiera ningún excedente en los ríos. Hay que
admitir por tanto que una parte de esos recursos naturales se puede
utilizar. De la misma forma que sería imposible vivir agotando
completamente los recursos naturales, como si nunca existiera
déficit. Lo razonable es situarse en un punto intermedio entre esa no
utilización de los recursos o su agotamiento. Ese punto intermedio
depende de muchas consideraciones, depende del sistema de usos que se
adopte, depende de los objetivos ambientales, depende del buen estado
de las aguas y varía con el tiempo, la propia sociedad, con las
señales que emite, la que identifica en qué punto de esas dos
situaciones extremas se sitúa. Pues bien, en ese punto intermedio y
con estos sentidos convencionales de déficit y excedente es con los
que trabaja el Plan hidrológico nacional.
Se consideran como excedente o sobrante, en este sentido convencional
que comento, aquellos recursos que no están asignados ni reservados
para los usos futuros previstos en la planificación de la cuenca
correspondiente a largo plazo ni comprometidos en el cumplimiento de
requerimientos ambientales ni en los compromisos establecidos con
Portugal. El agua restante, la que no está ni asignada ni reservada
ni comprometida, es lo que se considera sobrante y por tanto
susceptible de ser transferida. Una parte de este análisis de los
sistemas hidráulicos se destina a evaluar esta cuestión, a evaluar
estos recursos sobrantes.
Y desde el punto de vista del déficit, el cálculo que se hace es el
contrario, como ya comentaba antes, una vez desarrollados todos los
recursos propios y supuestamente estabilizada la demanda de riego se
ve cuáles son las necesidades externas para cumplir los requisitos
y los criterios de garantía que el propio plan hidrológico establece.
Con este planteamiento de partida, el plan analiza las cuencas que ya
en el Libro Blanco del agua se habían planteado como cuencas con
recursos suficientes para ser transferidos y cuencas con problemas,
con riesgosde escasez de distinto tipo. Estas cuencas se habían cla
sificado
ya en el libro blanco con riesgos de escasez de distinta gravedad,
riesgos de escasez de carácter estructural, es decir, que, de forma
endémica, de forma permanente, los sistemas son incapaces de atender
la demanda consuntiva ya en situación actual, y otros riesgos de
carácter coyuntural en los que esas situaciones de escasez se
presentan en determinadas coyunturas hidrológicas. (El señor Estrada
Lorenzo comienza a explicar unas filminas.)
Los riesgos de escasez de carácter estructural se situaban en toda la
zona del sureste, los sistemas más meridionales del Júcar, la cuenca
del Segura y parte de los sistemas orientales de la cuenca del Sur,
la cabecera del Guadiana y algunos sistemas de la margen derecha del
Ebro. Y el resto de los sistemas con riesgo de escasez de carácter
coyuntural son los que aparecen con un color más débil, todo el
sistema de regulación de la cuenca del Guadalquivir, Jaén y la Hoya
de Guadix, la práctica totalidad de la cuenca del Júcar, algunos
sistemas de la margen derecha del Ebro y los dos sistemas centrales
de Cataluña. Este carácter estructural o coyuntural no tiene nada que
ver con la gravedad de las situaciones, tiene que ver con su
permanencia; de hecho, hay situaciones de gravedad importante en
algunas cuencas, como en la cuenca del Guadalquivir, que ya se
comentó en la comparencia anterior, pero esa gravedad tiene un
carácter coyuntural, es decir, son crisis graves pero no son
permanentes, no tienen un carácter endémico sino cíclico, con un
ciclo de mayor o menor amplitud, mientras que en las cuencas de
carácter estructural son situaciones endémicas, verdaderamente
estructurales.
El Plan hidrológico nacional analiza, desde el punto de vista de su
comportamiento, como posibles cuencas cedentes la cuenca del Duero,
la cuenca del Tajo y la cuenca del Ebro, y analiza como cuencas
candidatas a recibir recursos externos la cuenca del Guadiana, la
cuenca del Guadalquivir, la cuenca del Segura, del Júcar y las
cuencas internas de Cataluña. El tratamiento que se hace en el Plan
para cada una de estas cuencas es el mismo, es homogéneo para todas
las que se analizan, con la diferencia en cuanto a las demandas que
comentaba al principio, demandas futuras para el caso de las cuencas
cedentes y demandas actuales en el caso de las cuencas receptoras.
Pero se analizan tanto las aportaciones, es decir, los recursos
naturales de los que se dispone en las cuencas, como las demandas,
los caudales mínimos, los elementos de regulación, tanto superficial
como subterránea, posibilidad de uso conjunto, los esquemas de
cálculo y las posibilidades de obtener ahorro, tanto en
abastecimientos urbanos o mejora de las redes como en regadíos por
mejora y modernización de las zonas, y se analizan los efectos de los
cambios climáticos.
Me voy a referir de forma muy breve a algunos aspectos relacionados
con estas cuestiones que acabo de comentar y que han suscitado más
dudas o alguna
confusión. En cuanto a las aportaciones, ya vimos en la comparecencia
anterior el tipo de modelo y el procedimiento que se ha empleado, y
me gustaría insistir en que se ha trabajado en los cálculos que se
hacen para cada una de las cuencas. Se emplean series temporales de
recursos naturales, son series de tiempo con valores mensuales que
comprenden todo el período de cálculo que va desde el año hidrológico
40-41 hasta el 95-96; es decir, 56 años de valores mensuales en unos
200 puntos distribuidos en todo el territorio de las cuencas que se
realizan, que no es toda España. Esto quiere decir que se manejan del
orden de unos 150.000 valores de aportaciones en los cálculos de los
sistemas que se hacen en el plan. No se utilizan, por tanto, como en
algunos foros se ha mantenido, valores medios para hacer estos
cálculos, se utilizan series temporales mensuales de un período
suficientemente representativo en términos hidrológicos. Bien es
verdad que los resultados finalmente se expresan con una serie de
índices, como pueden ser valores medios, desviaciones, etcétera, pero
el cálculo se realiza con valores a escala mensual y de un período
suficientemente largo y representativo.
En cuanto a las demandas, uno de los aspectos más complicados de
valorar, el Plan ha hecho un esfuerzo por la mejor caracterización
posible de las mismas. Aquí es donde únicamente aparecen diferencias
de criterios entre unas cuencas y otras. En las cuencas cedentes,
Duero, Tajo y Ebro, la demanda que se contempla es la correspondiente
a largo plazo en su planificación hidrológica. Esta demanda tiene un
carácter potencial, maximalista y, por consiguiente, su
materialización final es probable que no llegue a alcanzar los
valores previstos en esa planificación de cuenca precisamente por ese
carácter potencial. Por ejemplo, si analizáramos el caso de la cuenca
del Ebro, podemos ver cómo ha sido la evolución a lo largo de este
siglo de las transformaciones en regadío hasta el momento de la
confección del Plan hidrológico de cuenca y cómo evolucionaría
a partir de entonces si se alcanzaran las previsiones reflejadas en el
plan. Como se ve, supondría la transformación del orden de 500.000
hectáreas, y ese sería un ritmo de transformación muy superior al que
históricamente se ha registrado.
Este planteamiento tiene dos consecuencias: en primer lugar, evaluar
los sobrantes con esas previsiones futuras de evolución de las
demandas supone que no hay ninguna interferencia en el desarrollo
máximo previsto en la cuenca cedente si se llevara a cabo la
transferencia de recursos; no habría ninguna perturbación de ese
desarrollo previsto; en segundo lugar, en la medida en que tiene un
carácter potencial, maximalista ese desarrollo y no se acabe
materializando, supone una cierta holgura, de tal manera que los
sobrantes calculados quedarían del lado de la seguridad. En todo esto
el Plan ha procurado ser muy prudente y el cálculo de los sobrantes
siempre ha ido a obtener los mínimos
garantizados y el cálculo de las necesidades también ha ido a
garantizar las mínimas necesidades estrictas que permitirían el
sostenimiento de las cuencas receptoras.
Un aspecto importante a la hora de definir las demandas es la
garantía de suministro que se exige. Aquí el plan modifica el
criterio que se había establecido en la orden ministerial de 1992 en
el siguiente sentido: se exige más garantía para las demandas de
abastecimiento a poblaciones, es decir, se utiliza un criterio más
exigente y uno menos exigente en el caso de las demandas de riego.
Estos criterios, como es lógico, operan sólo en las cuencas
receptoras, de forma que los aportes necesarios que se calculan, es
decir, las transferencias que se determinan para aportar a las
cuencas receptoras no son para que se alcance completamente la
satisfacción de las demandas sino para que se alcance el criterio de
garantía de suministro de esas demandas que, como es lógico, admite
una pequeña probabilidad de fallo.
Es importante también la cuestión de los retornos que se consideran
en los esquemas, tanto de carácter indirecto como directo,
planificado, lo que conocemos con el nombre de reutilización. Aquí el
plan maximiza las posibilidades de reutilización en las cuencas
receptoras y es un asunto que tiene gran importancia. Por ejemplo,
pensemos en usos destinados a la refrigeración de centrales térmicas
o nucleares, que son muy poco consuntivos. Una central térmica
prácticamente devuelve toda la demanda que ha requerido. Así, la
refrigeración de la central nuclear de Ascó, en el bajo Ebro, tiene
un retorno del orden de 2.400 hectómetros cúbicos al año, con una
regulación uniforme que se sitúa en el bajo Ebro y, por tanto, se
puede ver la importancia que tiene la consideración de estos
retornos.
El plan también considera, en el análisis de los sistemas, los
caudales mínimos. Estos caudales mínimos tienen un doble objetivo:
por un lado, el cumplimiento de los requerimientos ambientales que
fijan los planes de cuenca, y aquí lo que hace el Plan hidrológico
nacional es reflejar lo que los planes de cuenca han establecido en
todas y cada una de las cuencas, y, por otro lado, el cumplimiento de
los compromisos derivados del Convenio de cooperación con Portugal,
el Convenio de Albufeira, que afecta a las cuencas del Tajo y del
Duero. El plan considera en los sistemas todos los elementos de
regulación superficial y subterránea. En el caso de los elementos de
regulación superficial, los embalses, se consideran tanto los
actuales como los futuros con un doble propósito: en el caso de las
cuencas cedentes, la consideración de los embalses futuros significa
que se va a producir una disminución de los sobrantes, en la medida
en que aumenta la capacidad de retención de la cuenca; es decir,
considerar los embalses previstos para el futuro en una cuenca
cedente significa que los sobrantes que se van a calcular van a ser
menores que si no se consideraran esas infraestructuras, razón por la
cual el plan los considera siempre,
intentando quedar del lado de la seguridad en el cálculo de los
sobrantes. Y, en el caso de las cuencas receptoras, siguiendo el
criterio, que comentaba al principio de mi intervención, de maximizar
el aprovechamiento de los recursos internos propios.
No me voy a referir a medidas de regulación subterránea en su
conjunto porque se comentó en la comparecencia anterior. Sí podemos
ver algunos de los esquemas que se han utilizado.
Pero antes haré una referencia muy breve en cuanto a la evaluación de
las demandas. Acabo de poner el caso de una cuenca cedente, como
sería la del Ebro, donde hemos visto que se aceptan las
determinaciones del plan de cuenca, lo que supone cierta holgura; en
el caso de las cuencas receptoras se ha ido a los mínimos necesarios,
de tal manera que en algunos casos se ha procedido a una modificación
de las previsiones de los planes de cuenca. Por ejemplo, en el caso
de las cuencas internas de Cataluña, donde tienen diversas
previsiones de crecimiento de la demanda, se ha elegido la demanda
más moderada de todas, y ; en el caso del abastecimiento de Sevilla,
por ejemplo, también se ha ido a la demanda más moderada. Es decir,
se ha utilizado un criterio muy restrictivo en esas cuencas
receptoras.
Pasamos al esquema de cálculo que se ha utilizado en la cuenca del
Ebro. Son modelos matemáticos que simulan el comportamiento de una
cuenca, modelos que se han desarrollado en colaboración con varias
universidades y, a mi juicio, creo que representan el estado del arte
en esta cuestión; yo creo que es difícil ahora mismo encontrar
instrumentos más potentes y más sofisticados para el cálculo del
funcionamiento de los sistemas hidráulicos. Incluyen todos los
elementos que estamos comentando (red fluvial, elementos de demanda
de distinto tipo, abastecimiento de poblaciones, regadíos,
refrigeración de centrales térmicas nucleares, elementos de
almacenamiento, elementos de transporte, caudales mínimos, retornos
de cada una de las demandas...), elementos relativamente sofisticados
que yo creo que han dado un buen juego en el cálculo tanto de
sobrantes de las cuencas excedentes como de las receptoras. En el
caso de la cuenca receptora del Júcar, el proceso de cálculo es
relativamente sencillo. En una cuenca excedente se identifican los
recursos cuya detracción del sistema de usos de ese esquema no supone
ninguna alteración del funcionamiento ordinario, es decir, del
funcionamiento que se alcanzaría si no hubiera ninguna transferencia
tanto en los usos como en los requerimientos ambientales como en los
compromisos con Portugal. En el caso de las cuencas receptoras, lo
que se hace es ensayar diversos valores de aporte externo, para lo
cual se elige la mínima combinación, es decir, el mínimo aporte
externo que permitiría alcanzar el cumplimiento de las garantías que
el propio plan ha establecido.
Como es lógico, se ha procedido a comparar resultadoscon todos los
trabajos anteriores. Este plan utiliza
todos los trabajos previos. El plan de 1993 ha sido un referente
básico, no sólo el propio plan sino todos los trabajos que se
desarrollaron como consecuencia del mismo, y lo que hemos podido
comprobar es que en los aspectos más decisivos hay una gran
coincidencia en los resultados obtenidos. La imagen representa los
sobrantes en el bajo Ebro de acuerdo con tres estimaciones distintas,
estimaciones que han sido realizadas en momentos diferentes por
grupos de trabajo distintos con modelos e instrumentos diferentes,
con series de aportaciones también distintas y podemos comprobar que
hay una enorme coincidencia; yo diría que son prácticamente idénticos
los resultados que se obtienen. Ahí aparece la serie de sobrantes, es
decir lo que circularía en el segundo horizonte del plan de cuenca en
el tramo final del Ebro, una vez descontados los caudales destinados
al cumplimiento de los requerimientos ambientales en la
desembocadura, y esa sería la serie estricta de sobrantes. Pues bien,
vemos que hay una coincidencia perfecta con los resultados que se
obtienen en el propio plan de cuenca, en el propio plan hidrológico
del Ebro, en los trabajos que se hicieron en desarrollo del Plan
hidrológico del año 1993 y los resultados que ahora se obtienen en
este plan hidrológico. Si nos fijamos, por la fecha de elaboración,
como es lógico, el que comprende un periodo mayor es este Plan
hidrológico nacional y también el que comprende el periodo más
crítico de toda la serie (eso es algo común en toda la hidrología
española), que es el período de los años noventa, de tal manera que
la serie que maneja este Plan hidrológico nacional, en el caso de la
cuenca del Ebro, es la serie más pesimista, digamos que es la serie
que no sólo tiene unos menores sobrantes medios sino que tiene la
peor racha de sobrantes de todos los estudios precedentes. Por dar un
orden de magnitud, los trabajos anteriores, tanto el plan de la
cuenca del Ebro como los trabajos desarrollados como consecuencia del
plan de 1993, daban unos sobrantes medios del orden de 6.100/6.200,
mientras que este plan hidrológico da unos sobrantes del orden de
5.000/5.200. Se trata, por tanto -insisto en esta idea, de los
sobrantes más prudentes o más conservadores.
Se ha analizado también en la comparecencia anterior el efecto que
posibles escenarios de cambio climático tendrían tanto en las cuencas
cedentes, desde el punto de vista de su afección a los sobrantes,
como en las cuencas receptoras, desde el punto de vista de que se
incrementaran las necesidades de aportes externos. Aquí podemos ver
el efecto que tendrían dos escenarios posibles de reducción de
aportaciones por cambio climático en esos sobrantes de la cuenca del
Ebro. Como se ve, no es un efecto muy apreciable, en todo caso
operaría en los sobrantes totales (estamos hablando de unos 5.000
hectómetros cúbicos), mientras que la transferencia propuesta es del
orden de 1.000, es decir, sería una fracción pequeña de ese sobrante
total. Efectivamente hay afecciones pero, como se puede apreciar,
son realmente muy reducidas y no cuestionan, de ninguna manera, la
existencia de esos sobrantes, ni mucho menos la disponibilidad de
esos 1.000 hectómetros cúbicos posibles en la desembocadura del Ebro.
Se ha operado tanto reduciendo los niveles medios en varias cuantías,
de acuerdo con las especificaciones que ya se obtuvieron en el libro
blanco del agua, como alterando la desviación de esas series, es
decir, un efecto de aumentar los máximos y disminuir los mínimos,
manteniendo esas medias pero reducidas en ciertos porcentajes.
Desde el punto de vista de las cuencas receptoras, lo que analiza el
plan es la necesidad de aportes externos para que se cumplan los
criterios de garantía que el plan fija y que, como decía, son
distintos, son más exigentes en el caso de abastecimiento y menos en
el caso de regadíos. Los resultados que se obtienen yo creo que están
bien sintetizados en esta figura. El plan analiza esa necesidad de
aportes externos desde dos puntos de vista. Primero, ensayando
distintos aportes externos a cada una de las cuencas y eligiendo el
mínimo valor de aporte externo que garantiza el cumplimiento de los
objetivos.
Por otro lado, el plan ha hecho el análisis de dejar que cada una de
esas cuencas utilice desde el exterior toda el agua que requeriría
para satisfacer sus necesidades o sus demandas, es decir, en una
situación sin limitación, sin restricción. Los resultados reflejan
ese carácter más o menos persistente, más o menos estructural de esas
situaciones de crisis. Vemos la situación del Guadalquivir, una vez
adoptadas las medidas que en el propio plan se consideran (medidas de
modernización de regadíos, medidas de carácter estructural e
incremento del aprovechamiento de las aguas subterráneas), y en esas
condiciones, si se repitiera la secuencia hidrológica que se ha
presentado desde 1940 hasta 1995, aparecerían crisis, sobre todo
aparecería una crisis importante si se reprodujera la situación
hidrológica de los años noventa, y sería una crisis que tendría la
máxima gravedad de todas las cuencas que aparecen reflejadas en la
imagen, pero tendría un carácter coyuntural, es decir, se produciría
en muy pocos años de todo el período de análisis.
En el caso de la cuenca del Segura, en Almería, como se ve esa
necesidad de aportes externos es muy persistente, de tal manera que
hay una gran coincidencia entre los valores de diseño y lo que la
cuenca en sí misma iría a tomar del exterior precisamente por ese
carácter estructural.
El caso de la cuenca del Júcar es intermedio. Habría una necesidad
permanente de recursos y coyunturalmente unas mayores necesidades.
Las cuencas internas de Cataluña también serían un caso intermedio,
donde esporádicamente se producirían necesidades importantes. Este
caso es especial, por cuanto predomina un uso de abastecimiento
urbano que tiene mayores exigencias de garantía y de calidad y que
por tanto requiere
una mayor seguridad en el suministro, pero no se requeriría de una
forma estructural, como puede ser el caso de la cuenca del Segura.
Por tanto, vemos distintos comportamientos, distintas pautas,
distintos modelos para los cuales, en unos casos, la transferencia es
una buena solución, y en otros casos sería una solución que tendría
una operatividad reducida. En algunos casos puede paliar los
problemas que se plantean, pero en crisis esporádicas y de gran
magnitud las transferencias realmente tendrían una utilidad muy
limitada.
En definitiva, el análisis de los sistemas hidráulicos tiene por
objetivo verificar o acreditar que existen recursos suficientes para
ser transferidos sin provocar perturbaciones en el desarrollo futuro
previsto de las cuencas cedentes ni en el cumplimiento de sus
requerimientos ambientales ni de los compromisos internacionales y la
verificación de que existen necesidades de aportes externos en las
cuencas receptoras que no tienen posibilidad de ser atendidos con el
máximo desarrollo de sus recursos propios. A mi juicio, el Plan
hidrológico nacional acredita estos dos extremos con suficiente rigor
y transparencia.
El señor VICEPRESIDENTE (Ruiz López, don Juan Carlos): Muchas
gracias, señor Estrada, por su minuciosa exposición.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor
Jiménez.
El señor JIMÉNEZ SUÁREZ: Quiero agradecer al señor Estrada el
carácter global de la exposición que ha hecho con respecto a la
viabilidad de los sistemas hidráulicos, en relación con lo cual le
voy a formular una serie de preguntas.
La primera a lo mejor es un poco atípica, ya que se refiere a su
condición de funcionario público de una entidad que va más allá de la
política del agua y que trasciende al país, puesto que el Cedex tiene
una experiencia y una categoría acreditada en el mundo a lo largo del
tiempo. Yo quiero relacionar todo esto con la ciencia del agua y con
la ciencia de la ecología, ya que tanto una como otra están por
encima de la especulación, caracterizándose por su nobleza, por su
rigor, por su objetividad y por su humildad. Aquí hemos oído
intervenciones amparadas en la ciencia que de alguna manera le hacían
un flaco servicio a la ciencia, así como a la hidrología. Recuerdo
que un interviniente, amparándose en su carácter de catedrático,
científico y ecólogo, reservaba 600 hectómetros cúbicos del Ebro para
garantizar la supervivencia de los pescadores del delta del Ebro,
negando el pan y la sal a los agricultores de la cuenca, cuando la
ecología y el ecosistema debe ofrecer al menos la misma posibilidad
de supervivencia a unos y a otros. Es más, hasta satanizaba la
agricultura en el delta del Ebro porque entendía que era la culpable
de los males actuales en el Ebro por el aumento de los
nutrientes, por no citar que el daño que se le ha ocasionado a los
acuíferos internos de Cataluña por su sobreexplotación estaba muy por
debajo en su escala de valores. Pero creo que el ecosistema debe
valorar todo por igual, ya que el hombre también forma parte del
mismo y de la ecología. Pues bien, en este marco, dado que se ha
puesto en duda la objetividad de los expertos del Cedex por su
carácter de funcionarios públicos, la pregunta es muy clara: en el
desarrollo de su trabajo como técnico y como funcionario público al
servicio de la ciencia y del interés público ¿se ha sentido
manipulado por los políticos?
La segunda pregunta va encaminada a los equilibrios ambientales.
¿Entiende que, desde el punto de vista científico, el equilibrio
ambiental de toda la cuenca del Ebro es manejable y controlable?
¿Estamos en condiciones de decir que el patrimonio ambiental que
vamos a dejar a las futuras generaciones va a verse enriquecido y va
a tener la posibilidad de controlar ese enriquecimiento?
Mi tercera pregunta se refiere a las aguas subterráneas.
Afortunadamente, hasta la directiva explica hoy qué es el agua
subterránea, distinguiendo entre lo que es recurso de agua
subterránea, reservas renovables a corto plazo y reservas no
renovables. Como usted sabe, el volumen de agua de los acuíferos que
se sobreexplotan en nuestro país supera casi dos veces lo que se
intenta trasvasar. En ese sentido, quisiera saber si el requerimiento
ambiental de los acuíferos sobreexplotados se considera en el plan
hidrológico.
La cuarta pregunta está relacionada con la anterior. ¿Considera
viable en el futuro (con la sobreexplotación de acuíferos) el sureste
mediterráneo sin ninguna aportación exterior al sistema? La quinta
pregunta es si, teniendo en cuenta el desarrollo sostenible, no sólo
por el hecho de dejar a nuestras generaciones un patrimonio ambiental
enriquecido, sino también un patrimonio económico (aunque me voy a
referir sólo al ambiental), ¿considera el Cedex que el plan
hidrológico deja a las generaciones futuras un patrimonio
medioambiental enriquecido?
En días precedentes se ha puesto en duda el futuro de este plan y que
aquí se dicen muchas cosas, pero se van a hacer otras. Así pues, la
pregunta también es directa. ¿Existen medios tecnológicos y
científicos para controlar los equilibrios medioambientales y que el
interés público pueda estar garantizado por encima de cualquier
opción política que intente de alguna forma tergiversar o poner en
crisis la supervivencia de nuestro patrimonio ambiental?
El señor VICEPRESIDENTE (Ruiz López, don Juan Carlos): Por el Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el
señor Martí.
El señor MARTÍ I GALBIS: Quiero dar la bienvenida al señor Estrada,
en nombre de mi grupo parlamentario,
así como agradecerle la información que nos ha facilitado. Y a
continuación voy a plantearle brevemente tres cuestiones concretas.
Usted nos ha hablado a lo largo de su exposición de recursos
sobrantes y de déficit desde diversos puntos de vista. Y yo quisiera
que usted intentase explicarnos de manera que podamos entenderlo
todos, esto es, no muy técnicamente, puesto que algunos de los que
nos encontramos aquí no somos expertos, aunque otros tienen la doble
condición de técnicos y políticos, sobre qué base han hecho ustedes
los cálculos que les llevan a acreditar las necesidades hídricas, no
tanto presentes como futuras, de las cuencas receptoras,
especialmente de aquellas en las que el incremento de la población es
continuo y previsiblemente va a seguir siéndolo, población tanto fija
como estacional, especialmente en los períodos de verano, y también
por la construcción de nuevas instalaciones, como pueden ser campos
de golf u otro tipo de negocios relacionados con el ocio.
En relación con el artículo 17 del proyecto actual del Plan
hidrológico nacional, que se refiere a la prohibición expresa de
prever regadíos futuros que se vean beneficiados por la transferencia
hídrica del plan hidrológico, quisiera preguntarle si usted cree que
la actual redacción es suficientemente clara y excluye tajantemente
el hecho de que los actuales regadíos puedan sufrir algún tipo de
modificación que a la larga implique su ampliación. En ese sentido,
me gustaría que nos dijera si la redacción actual del apartado 2 del
mencionado artículo 17 es suficientemente clara, desde su punto de
vista.
Por último, usted ha hablado del aprovechamiento de estudios
anteriores, realizados por el propio Ministerio de Medio Ambiente. Se
ha referido específicamente al proyecto de 1993, pero supongo que
también incluye estudios anteriores que a su vez sirvieron para
elaborar dicho proyecto. Teniendo en cuenta que usted nos ha dicho
que la metodología utilizada está basada, entre otros elementos, en
modelos matemáticos, quisiera saber qué es lo que puede explicar la
diferencia, en mi criterio tan importante, entre la previsión de
transferencias de recursos que planteaba el anterior plan
hidrológico, más de 1.800 hectómetros cúbicos, y lo que prevé el
actual proyecto de plan hidrológico que, como todos sabemos, son
1.050 hectómetros cúbicos al año.
El señor VICEPRESIDENTE (Ruiz López, don Juan Carlos): Por el Grupo
Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Quirós.
El señor QUIRÓS PULGAR: Yo también quiero agradecer en nombre de mi
grupo la presencia de don Federico Estrada, así como su exposición y
su visión sobre la viabilidad del Plan hidrológico nacional. Voy a
empezar con una reflexión que no es del Grupo Parlamentario
Socialista, sino de la Unión Europea. La Unión Europea considera la
posibilidad de los trasvases
entre cuencas, siempre que se esté realizando una correcta
gestión integral de cada cuenca y resulte una opción justificada. Me
gustaría saber desde la viabilidad hidrológica de esta posible
transferencia si tiene la evaluación de impacto ambiental positivo,
puesto que era una de las consideraciones fundamentales que hacia el
Libro Blanco del agua respecto a las transferencias del agua. Me
gustaría que me dijera si tiene ya la evaluación de impacto ambiental
positiva o si tenemos que esperar a que la realicen, porque
consideramos que no está hecha. Para cualquier obra ya sea de
carreteras o hidráulicas se necesita un estudio y sobre él se realiza
una evaluación de impacto ambiental y valorando si es positivo o
negativo, se realiza el proyecto y se ejecuta la obra. ¿Cree usted
que el trámite del Plan hidrológico nacional habría de tener esas
mismas consideraciones en ese aspecto? Usted ha hecho bastante
mención al Libro Blanco del agua y quisiera saber si de una cuenca,
que es reconocida como deficitaria por el mismo, se pueden extraer
1.050 hectómetros cúbicos. ¿Cómo ha cambiado la situación entre el
análisis que hace el Libro Blanco del agua y el que se hace en el
Plan hidrológico nacional?
El señor Cabezas dijo ayer por la tarde que el trasvase era una
decisión política. Me imagino que los funcionarios del Ministerio de
Medio Ambiente ante una decisión política tienen que buscar las
soluciones mejores para que se pueda llevar a cabo esta decisión
política, en eso no nos cabe la duda, pero, en definitiva, dijo que
más que una decisión técnica o ambiental era una decisión política.
Yo creo que ustedes han intentado forjar esa decisión política en un
plan hidrológico que fuera el mejor posible y el que tuviera el menor
impacto ambiental. No nos cabe la menor duda, pero puede que eso
muchas veces sea inevitable, y si no se ha tenido en cuenta
anteriormente, nos pone en duda todo el proceso.
Habla usted también de que el cambio climático se ha tenido en cuenta
en los análisis. ¿En la cuenca del Guadalquivir también se ha tenido
presente el estudio del cambio climático? Porque el propio Consejo
Nacional del Agua en una de sus recomendaciones decía que debía
hacerse el análisis del cambio climático en la cuenca del
Guadalquivir, puesto que no se había hecho. Aquí partimos de unos
datos que no se pueden mantener durante mucho tiempo y en un plazo
inferior a 15 años las consecuencias serían importantes sobre la
cuenca del Guadalquivir. Viendo el gráfico se me ponen los pelos de
punta. Soy de aquella zona y veo cómo suben los perfiles de las demás
cuencas y la del Guadalquivir es casi plana. Aunque, desde 1995, por
suerte, hemos tenido lluvias no sé si se ha realizado un análisis en
deferencia a los últimos años de lluvia y no se haya tenido en cuenta
todo el proceso. Observo pocos perfiles y eso demuestra que durante
muchas épocas existe déficit hídrico en esta cuenca. Además ustedes
loreconocen en su análisis, es la peor cuenca y desde el
Grupo Socialista creemos, incluso avalados por la Junta de Andalucía,
que las soluciones que se plantean en el Plan hidrológico nacional no
van a resolver el déficit estructural que tiene la cuenca del
Guadalquivir. Usted ha hablado de problemas coyunturales, pero
nosotros hablamos de problemas estructurales y lo avala el propio
plan hidrológico de cuenca del Guadalquivir que aprobó en julio de
1998 el Gobierno del Partido Popular donde se reconocía un déficit
estructural y dentro de sus recomendaciones se pedía una
transferencia igual a la cantidad de déficit que podía tener en cada
momento la cuenca.
Finalmente, se ha hablado mucho de las cuencas de Cataluña, del
Júcar, del Segura, pero la de Almería se ha puesto como coletilla, no
ha habido una referencia clara sobre el tema de Almería y ya que
también se ve beneficiada por este trasvase me gustaría hacer una
serie de reflexiones y una serie de preguntas para que, si usted las
comparte, me explique un poco cómo se puede solucionar el déficit de
Almería.
Almería tiene un déficit importante de 320 hectómetros cúbicos,
reconocido por la Mesa de infraestructuras y reconocido últimamente
hasta por el ministro, señor Matas, muy lejos de los 95 hectómetros
cúbicos que se le va a transferir en una horizonte no inferior a 15
años, siendo optimistas. ¿Por qué no se contempla una solución puente
que realmente cubra las necesidades que tiene esta cuenca? A lo mejor
me voy a meter en camisas de once varas que no me corresponde, pero
me gustaría saber cómo Almería puede aguantar esta situación hasta la
fecha del trasvase. Si partimos de los 320 hectómetros cúbicos de
déficit que tiene Almería y le quitamos los recursos que se van a
obtener con la desalación de la segunda fase de Carbonero y el campo
de Dalías, que suman unos 72 hectómetros cúbicos, y los transferidos,
otros 95 hectómetros cúbicos, nos quedan, si las matemáticas no nos
fallan y los trasvases tampoco, un déficit de 153 hectómetros
cúbicos. Podíamos hablar del trasvase del Negratín que también está
contemplado como una solución, aprobado por Decreto 9/1998 como obra
de carácter urgente y un caudal de 50 hectómetros cúbicos a trasvasar
de la cuenca del Guadalquivir a la cuenca de Almería, pero, como
todo, tampoco se están dando mucha prisa en hacerlo. Una obra con
carácter urgente de 1998 que todavía no se ha empezado a realizar,
mucho nos tememos que si no se realiza es porque hay problemas o no
se va a ejecutar. Pero considerando este horizonte de aportación de
agua, si le quitamos los 50 hectómetros cúbicos, me sale que Almería
va a tener un déficit de 100 hectómetros cúbicos y que no se le da
solución por ningún sitio. ¿Por qué no se afina y se realiza con la
misma precisión con la que se ha hecho para la cuenca del Segura, del
Júcar o para la cuenca interna de Cataluña la previsión de
hectómetros cúbicos? ¿Qué soluciones plantean para este déficit
hídrico de 100 hectómetros cúbicos al que el Plan hidrológico
nacional no da solución?
¿Qué previsión tiene para cuando no se puedan trasvasar los 90
hectómetros cúbicos o menor cantidad? ¿Cómo puede salir adelante esta
cuenca? Porque no está asegurado que todos los años vaya a recibir
los 95 hectómetros cúbicos.
El señor VICEPRESIDENTE (Ruiz López): Tiene la palabra para contestar
a las cuestiones que han planteado los portavoces de los grupos el
señor Estrada.
El señor JEFE DEL ÁREA DE ESTUDIOS Y PLANIFICACIÓN DEL CENTRO DE
ESTUDIOS HIDROGRÁFICOS DEL CEDEX (Estrada Lorenzo): Voy a procurar
contestar sintéticamente a todas las cuestiones que se han planteado,
que han sido muchas. Tengo especial interés en responder a la primera
pregunta que se me hacía sobre la posibilidad de manipulación de
nuestros trabajos y tengo que decir con toda rotundidad y con toda
claridad que ni yo personalmente ni el equipo que ha colaborado
conmigo, al cual desde esta tribuna quiero agradecer el esfuerzo, el
entusiasmo, la entrega y la ilusión que ha puesto por hacer este
trabajo, en ningún momento nos hemos sentido presionados. No ha
habido ninguna instrucción política ni ninguna presión. Las únicas
indicaciones que hemos recibido han sido siempre relativas a los
plazos en los que teníamos que entregar los trabajos, que eran
apurados, y que -dicho sea de paso- en los últimos años nos han
llevado a hacer un esfuerzo importante. Tanto con el actual equipo
ministerial como con el anterior, cuando desde 1996 comenzaron los
trabajos del libro blanco todos los que hemos participado en este
equipo siempre hemos comentado y hemos agradecido, además, la
libertad con que nos han dejado realizar nuestro trabajo técnico y
desde aquí quiero públicamente reconocerlo.
Enlazando con una pregunta que se ha hecho posteriormente, si se
analiza el formato que tienen los documentos técnicos del plan, uno
puede verificar que realmente en ninguno de esos documentos por sí
solo se ve cuál es la solución del mismo. Por poner un ejemplo que
acabo de comentar, el análisis de los sistemas hidráulicos termina
indicando cuáles son las posibilidades de extraer sobrantes de
algunas cuencas y cuáles son las necesidades de aporte en otras, no
plantea ningún trasvase. Cuando se hace el análisis ambiental, se
analizan los problemas ambientales de todas las posibilidades de
transferencia y, cuando se hace el análisis económico, se analizan
los costes y los beneficios de todas las posibilidades de
transferencia. Es el texto de la ley el que ahora, y tras el paso por
el Consejo Nacional del Agua, fijó una alternativa concreta, pero de
los trabajos que se realizan, de la documentación técnica, no se
desprende una solución concreta. El objetivo que ha regido nuestro
trabajo en todo momento ha sido ilustrar, con el mayor rigor y la
mayor objetividad posible, de las consecuencias que podría tener una
operación
técnica de este tipo. No sé si hemos acertado o no, pero nuestro
único objetivo ha sido que las decisiones que finalmente se tengan
que adoptar en esta Cámara - efectivamente, creo que es una decisión
de carácter político porque así lo marca la ley- se hagan de la forma
más fundada posible. Esa ha sido nuestra pretensión en todo momento.
No sé si lo hemos logrado, pero ha sido nuestra pretensión y, hasta
los momentos finales de redacción de los documentos del Plan, no
sabíamos cuál iba a ser la solución mejor porque se iban analizando
todas en paralelo, eran distintos equipos trabajando conjuntamente en
los distintos frentes.
Se han planteado cuestiones como los peligros para el mantenimiento
del equilibrio ambiental en las distintas cuencas, las posibilidades
de enriquecimiento de ese patrimonio natural y si existen medidas
para controlar esos equilibrios. Tengo que decir que sí, que
técnicamente existen medidas para conseguir esos equilibrios, creo
que hay medios de control, hay posibilidades técnicas, hay un
conocimiento científico que avanza a gran velocidad. Bien es verdad
que todavía hay dificultades, hay cuestiones que se tratan de una
forma incipiente, como el propio concepto de caudales ambientales,
cuya terminología es incluso confusa, se habla de caudales
ecológicos, caudales ambientales, caudales mínimos; respecto a su
forma de valoración, hasta la fecha hay criterios dispersos en la
propia comunidad científica. Es una ciencia que está avanzando a gran
velocidad, que a mi juicio todavía no ha consolidado las
conclusiones, pero creo que sí hay elementos técnicos suficientes
para controlar que ese equilibrio deseable del medio natural se
mantenga de una forma fiable y razonable sin mayores problemas.
En cuanto a la sobreexplotación de las aguas subterráneas, las
cuencas receptoras y el destino de esas posibles aguas, como se sabe,
el destino de las aguas transferidas no es el desarrollo de nuevos
regadíos sino sostener el nivel actual de utilización del agua; nivel
actual que se está alcanzando gracias a la sobreexplotación de los
acuíferos y a la degradación de los cauces fluviales. Lo que se puede
conseguir aportando esos recursos externos a las zonas receptoras es
precisamente paliar, reducir o incluso eliminar esa sobreexplotación
restableciendo un equilibrio natural que se ha perdido desde hace
años, y lo mismo en los cauces fluviales.
En mi opinión, y contesto a otra de las preguntas que se ha
formulado, si no hay aportes externos a esas cuencas, ese equilibrio
no se puede alcanzar, por la sencilla razón de que faltaría uno de
los dos elementos de ese balance. Sólo se podría alcanzar en el
supuesto de que esas demandas se eliminaran, es decir que se
desmantelaran regadíos o que la población se marchara de allí,
supuesto que este Plan hidrológico no ha contemplado. Por tanto, si
se mantienen esos niveles actuales de demanda y se pretende atender
los crecimientos de población en esas zonas, es inevitable -y así se
desprende
con total claridad de los documentos técnicos del plan-
aportar agua a esas zonas si se quiere restaurar, recuperar, ese
equilibrio hidrológico perdido.
En cuanto a las necesidades de las cuencas receptoras -otra pregunta
que se formulaba-, como digo, el regadío se considera congelado.
Sobre las previsiones de incremento de población, como es lógico, se
parte de los planes hidrológicos de cuenca, cuya fecha de aprobación
es la misma, pero al ser distinta la fecha de disponobilidad de
datos, corresponden a horizontes distintos. El Plan hidrológico
nacional ha hecho un análisis crítico en el caso de las cuencas
receptoras, no en el caso de las cuencas cedentes, pues se adoptan
sin más las cifras incluidas en los planes hidrológicos de cuenca. En
el caso de las cuencas receptoras, se hace un análisis crítico, de
manera que se verifica si la evolución reciente de esas demandas
encaja con las previsiones del plan de cuenca o se ha producido
alguna desviación. En el caso de Cataluña, por ejemplo, se elige la
menor de todas las previsiones de que se dispone, es un trabajo de
Aigües del Llobregat del año 1996, donde, para la zona centro, se
hacen unas previsiones menores que las del plan de cuenca, y ésa es
la previsión que el Plan hidrológico nacional adopta. En el caso del
abastecimiento de Sevilla, se adoptan las previsiones que el propio
organismo encargado de la gestión del abastecimiento, Emasesa, hace a
corto plazo y se extrapolan con las previsiones del plan de cuenca a
largo plazo. En el caso de la cuenca del Guadiana, también se analiza
la evolución reciente, que ha dado lugar a un nuevo reequilibrio del
acuífero. En líneas generales, se adoptan las cifras previstas en los
planes de cuenca, con un análisis crítico y con una revisión en el
caso de las cuencas receptoras.
En cuanto a la redacción del artículo 17.2, es suficientemente claro
y, desde luego, la intención creo que lo es. Yo no soy jurista y,
posiblemente, del paso por esta Cámara podría salir una redacción
quizá más clara. Desde el punto de vista técnico, en lo que a la
documentación técnica afecta, está claro que esos aportes externos se
han calculado sin ningún incremento. Por tanto, si se produjera ese
incremento, no podría hacerse frente a él con aguas que vinieran de
fuera porque no está computado así.
Eso podría enlazar con la tercera pregunta que formulaba respecto a
las diferencias entre planes anteriores y éste. Creo que hay algunas
causas que justifican que se produzcan esas diferencias. En primer
lugar, ahora se dispone de unos planes hidrológicos de cuenca,
aprobados en el año 1998, que fijan una serie de condiciones, hacen
una serie de asignaciones, de reservas, con las que no se contaba en
el año 1993. También hay más información hidrológica y distintos
objetivos. Simplemente considerar que la demanda de riego se
estabiliza y que no se admiten incrementos de demanda de riego tiene
una repercusión muy importante en lasnecesidades de aportes externos.
Si se hubiera adoptado
el criterio, que podría ser perfectamente factible, de admitir
incremento de regadío en esas zonas receptoras, como es lógico, las
necesidades de aportes externos habrían sido mayores. El hecho de no
permitir esos incrementos y congelarlos en la situación actual hace
que el requerimiento de aportes externos sea menor. Todos esos
factores conjugados pueden dar lugar a esas importantes diferencias
entre unos estudios y otros.
En cuanto a la referencia al impacto ambiental, cabe recordar que la
fase en la que nos encontramos es la de planificación, esto no es un
proyecto. En el momento en el que se redacten los proyectos, se
tendrá que hacer la declaración de impacto ambiental; en este
momento, lo que se hace es un análisis ambiental para ver la
compatibilidad de las soluciones propuestas con el sostenimiento del
medio. Cuando este plan sea autorizado, será el momento de redactar
los proyectos y entiendo que será el momento en que se deberán hacer
los estudios de evaluación de impacto ambiental. A mi juicio, estamos
en una fase previa a todo eso.
También se comentaba el caso de la cuenca del Ebro. La cuenca del
Ebro es singular, de entrada, es una cuenca muy asimétrica, cuya
margen izquierda tiene recursos en abundancia -en algunos casos puede
tener algún problema de regulación, pero tiene recursos en
abundancia- y en la margen derecha tiene problemas locales graves de
escasez de recursos; incluso, en alguna de esas zonas, como se ha
visto en las primeras imágenes, escasez de tipo estructural, es decir
de tipo permanente. Lo que el plan hace es indicar que el aporte de
recursos para esas zonas deficitarias de carácter local se puede
obtener de la propia cuenca del Ebro. Se trata de una cuenca
globalmente excedentaria, el conjunto de la cuenca lo es y no hay
nada más que ver los registros de Tortosa para ver que hay agua en
abundancia, con problemas locales de escasez en algunas zonas,
fundamentalmente de la margen derecha.
Insisto en que coincido con la intervención de ayer de Francisco
Cabezas en cuanto a que es una decisión política, estoy de acuerdo
con eso. Es este Parlamento el que finalmente debe elegir la solución
que considere más adecuada y repito cuál ha sido el objetivo de
nuestro trabajo, que esa decisión, desde el punto de vista técnico,
sea lo más fundada posible, que se adopte con el mayor conocimiento
de causa. Desde luego, nuestro interés ha sido, con el máximo rigor y
la máxima objetividad, poner encima de la mesa los conocimientos que
teníamos sobre esta cuestión.
Respecto al cambio climático, tiene razón, en el Guadalquivir no se
ha considerado. Ese es uno de los errores de este plan y en las
recomendaciones del Consejo Nacional del Agua figura que esto se
analice. Esta fue una de las propuestas que se nos hicieron, como se
comentaba en la comparecencia anterior. En la cuenca del Guadalquivir
se ha trabajado mucho, tanto durante la propia elaboración del plan
como después. Hemos mantenido muchas reuniones con usuarios y con
instituciones
del Guadalquivir, y una de las cuestiones que se planteó fue
ésta, que efectivamente no se había analizado el cambio climático.
Debo decir que el análisis que se ha hecho en la cuenca del
Guadalquivir se ha completado bastante como consecuencia de este
proceso de análisis, debate y discusión en la Comisión Permanente del
Consejo Nacional del Agua y de todas las discusiones que se han
mantenido en paralelo, y una de las cosas que se ha hecho ha sido
precisamente analizar el impacto de ese cambio climático con los
mismos criterios que se han aplicado al resto de las cuencas. Sin
embargo, debo decir que la consecuencia no es grave. Lógicamente,
tiene el efecto de agravar la situación, pero si se produjera una
sequía como la de los años noventa, la situación sería tan crítica,
tan grave, tan mala, que aunque el déficit en esa coyuntura de
necesidad de socorros fuera un 10 por ciento mayor no sería
significativo a estos efectos.
Desde luego, no habría costado ningún trabajo plantear una
transferencia a la cuenca del Guadalquivir. De hecho, en el plan se
estudian tres: una transferencia desde el trasvase Tajo-Segura al
embalse de Guadalmena, otra posible transferencia desde el Tajo hasta
el embalse de Sierra Boyera, con una posible conexión con Bembezar, y
una transferencia desde el Guadiana II al Guadalquivir, que tendría
el mismo efecto que cualquiera de las otras, puesto que lo domina. El
efecto que se ve al analizar el funcionamiento con esas posibles
transferencias es que realmente no se resuelve el problema. Se podría
haber planteado una transferencia, pero con eso no habríamos resuelto
el problema. Pensemos que realmente son situaciones de crisis muy
esporádicas. Esa transferencia no funcionaría durante todo el tiempo,
sino en determinadas épocas de crisis, y además, cuando se necesitara
de verdad, serían precisos unos volúmenes transferidos realmente muy
importantes. Desde el punto de vista técnico pensamos que no es una
buena solución. Afortunadamente, la cuenca del Guadalquivir tiene
todavía posibilidades de mejorar en el propio ámbito. En el Plan
hidrológico nacional se contemplan -precisamente porque se extraen
del plan de cuenca- diversas posibilidades de modernización y ahorro
en zonas regables, que llegan a totalizar del orden de 300
hectómetros cúbicos, que se podrían obtener por mejora y
modernización de zonas de riego, lo que significaría alrededor de un
10 por ciento de la demanda y coincide con algunos trabajos que ha
hecho la Plataforma del Guadalquivir. Por tanto, es una cifra
bastante encajada y se incorpora al plan como posible solución para
resolver los problemas que tiene esa cuenca. También se seleccionan
del plan de cuenca diversas actuaciones en infraestructuras, como el
embalse de Melonares, el embalse de La Breña II, Arenoso, San
Calixto, o algunas conexiones, como la conexión del sistema Víboras
al abastecimiento de Jaén, el bombeo al embalse de Arenoso, el bombeo
a La Breña II, la conexiónde Huesna para el sistema de abastecimiento
de
Sevilla. Es decir, se incorporan una serie de medidas, la mayor parte
de ellas extraídas del propio plan de cuenca, que reflejan, por
ejemplo, que aunque se repitiera una crisis como la de los años
noventa, el sistema de abastecimiento de poblaciones estaría
garantizado. Lo que se ve en el propio plan es que no habría
problemas de suministro salvo en zonas -quizás zonas altas- que no
estuvieran dominadas topológicamente por una posible transferencia.
Lo que sí habría serían problemas en algunas zonas de riego, y esos
problemas tendrían una importante magnitud si se repitiera una crisis
como la de los años noventa. En ese sentido lo que hace el plan es
insistir en la necesidad de proceder a la mejora y modernización de
zonas regables, la necesidad de acometer esas actuaciones en
infraestructuras y la necesidad de movilizar con carácter
extraordinario las aguas subterráneas, que pueden utilizarse por
encima de la tasa de renovabilidad en situaciones de crisis, en
situaciones extraordinarias. No habría ningún problema, porque están
estudiados sin plantear un trasvase técnicamente, pero no sería una
solución que resolviera una crisis como la de los años noventa,
aunque podría paliarla. En ese sentido interpreto la recomendación
que hace el Consejo Nacional del Agua de estudiar la transferencia
del Guadiana II al Guadalquivir, que podría paliar el problema que se
presentaría si se repitiera una crisis como la de los años noventa,
pero desde el punto de vista técnico hay que decir con claridad que
una transferencia no sería la solución.
En cuanto al déficit coyuntural o estructural, creo que es una
cuestión simplemente nominal. Con las definiciones que se adoptaron
en el libro blanco, esa es la categoría que le corresponde, pero no
merece la pena discutir por una cuestión de carácter nominal.
En relación con Almería, la cifra de déficit que el Plan hidrológico
nacional maneja es la que ofrece el plan de cuenca. Quizás por su
momento de elaboración es algo inferior a la que se ha planteado
aquí. Creo recordar que el plan de cuenca fijaba la cifra en 288
hectómetros cúbicos, y con las distintas medidas que el propio plan
de cuenca plantea, incluyendo el trasvase Negratín-Cuevas, con esos
50 hectómetros cúbicos que comentaba, se desprende que se necesitan
entre 95 y 100 hectómetros cúbicos adicionales para hacer frente
a ese déficit, que son los que el Plan hidrológico nacional incluye en
su esquema de cálculo para aportarlos. La fiabilidad de obtener esos
95 hectómetros cúbicos creo que está garantizada con los márgenes y
con la holgura con la que se han calculado los sobrantes. En ese
sentido, en el momento que el trasvase esté operativo, no habría
grandes dificultades para hacer llegar a Almería esos 95 hectómetros
cúbicos. (El señor Quirós Pulgar pide la palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE (Ruiz López): Están tomando por costumbre
intervenir dos veces y ya dije al principio que prefería que no
tomaran esa costumbre.
Sus intervenciones ya son bastante amplias. Se les está dando
todo el tiempo que ustedes necesitan para que pregunten todo lo que
estimen oportuno, por tanto no creo necesario que deban intervenir
otra vez, más cuando vamos fuera de tiempo, como saben ustedes
perfectamente.
Por tanto, y es la última ocasión que se da la palabra por segunda
vez, a menos que se produzca un caso muy especial. Tiene la palabra
el señor Quirós.
El señor QUIRÓS PULGAR: Señor presidente, entiendo que hemos
sobrepasado el tiempo, pero quiero aprovechar que tenemos aquí un
especialista en la materia para matizar y aclarar desde nuestro punto
de vista algunas cosas. ¿Está usted de acuerdo en que se haga una
evaluación de impacto ambiental estratégica del Plan hidrológico
nacional? Hablamos de hacer la evaluación de impacto ambiental de las
obras que se van a ejecutar en el Plan hidrológico nacional, pero el
propio plan necesitaría esa evaluación ambiental estratégica para ver
si es viable o no, que en definitiva es el punto de vista global de
todas las situaciones.
Con respecto a la cuenca del Guadalquivir, dice que con la
transferencia de agua no se solucionan los problemas de esa cuenca.
¿Nos asegura que con los trasvases del Ebro al arco mediterráneo sí
se van a solucionar los problemas de déficit de esta cuenca para
siempre? Porque, si no, estaríamos en la misma situación. Si se van a
paliar los problemas del arco mediterráneo, por solidaridad también
tendrían que paliarse los problemas de la cuenca del Guadalquivir.
Esto es necesario. Espero que en trámite parlamentario de enmiendas
parciales se contemple algunas de las medidas que usted ha comentado
y que no están contempladas ahora. En cuanto a Almería, no es
cuestión de números, porque ya le he dicho que las matemáticas nunca
fallan, es cuestión de partir de la cifra de déficit. El propio señor
ministro ha dicho en Almería que reconoce un déficit de 320
hectómetros cúbicos. A mí no me salen las cuentas, como le he dicho,
con lo que se va a hacer en desalación, en transferencias, con la
segunda transferencia del Negratín a Cuevas, me siguen faltando 100
hectómetros cúbicos. Además, Almería va a estar en la cola del
trasvase y el agua puede tardar en llegar.
Se me olvidaba decir una cosa de la cuenca del Guadalquivir. Se ha
referido usted a las obras hidráulicas que se van a realizar dentro
del Plan hidrológico de cuenca. Hemos quitado Úbeda la Vieja, a la
que hemos dado una solución muy sustancial en comparación a la
magnitud que iba a tener. A mí no me vale que la cuenca del
Guadalquivir sólo tenga asegurada el agua para abastecimiento, cuando
todo el sistema socioeconómico de una región se nos viene abajo
porque fundamentalmentees agrícola.
El señor VICEPRESIDENTE (Ruiz López): Señor Jiménez.
El señor JIMÉNEZ SUÁREZ: Sólo quiero hacer una matización muy simple,
no voy a consumir el mismo tiempo que el señor Quirós.
Sobrevuela en el ambiente una afirmación que se ha hecho antes
referente a la cuenca de Almería y a los distintos números en los que
se acota su déficit. Es cierto que desde los primeros estudios hasta
hoy el déficit se ha situado donde está, en los 300 y pico
hectómetros cúbicos/año. Eso es bueno, la planificación es una
ciencia que va haciendo una evaluación continua, pero
afortunadamente, y así lo ha dicho el señor ministro en su
intervención, el déficit es ese y se resuelve con trasvase,
desalación, reutilización, control de regadíos, medidas de ahorro en
los regadíos y eficiencia en los regadíos. Todas esas medidas
conjuntas, como las teclas de un piano, resuelven la sinfonía del
déficit en la cuenca de Almería.
El señor VICEPRESIDENTE (Ruiz López): Señor Estrada.
El señor JEFE DEL ÁREA DE ESTUDIOS Y PLANIFICACIÓN DEL CENTRO DE
ESTUDIOS HIDROGRÁFICOS DEL CEDEX (Estrada Lorenzo): En cuanto a la
evaluación ambiental del plan, lo que el plan contiene son los
análisis ambientales, con el formato de evaluación estratégica, pero
el contenido de los análisis ambientales del plan se puede
interpretar con toda claridad como lo que se perseguiría, como una
evaluación estratégica, me refiero a la transferencia.
La compatibilidad de la actuación con el sostenimiento del medio
natural tanto en origen, como en el transporte, como en el destino,
afecciones en origen, problemas de los trazados, interferencias con
espacios naturales, con espacios de interés, problemas de calidad del
agua, de mezclas en las zonas de destino, todo eso está analizado en
el plan a nivel que creo que corresponde a esta fase de trabajo que
es un nivel de planificación. Tengo la impresión de que si se
cambiara de formato, de forma de presentación, constituiría lo que se
exige como evaluación estratégica, pero el contenido, aunque esté
ordenado formalmente de otra manera, corresponde al concepto de lo
que se persigue en una evaluación ambiental estratégica en lo que se
refiere a la transferencia.
Respecto a la eficacia que las transferencias tienen en unas cuencas,
en las que puede entrar la del Guadalquivir, es que eso es así, es
decir, para la cuenca del Guadalquivir lo que se refleja en los
cálculos es que una transferencia paliaría el problema, reduciría su
gravedad, pero no lo resuelve. Sin embargo, en las otras cuencas que
hemos visto se alcanza un nivel de diseño de transferencias donde las
unidades de demanda dejan de fallar, donde se cumplen los objetivos y
los criterios
de garantía. En eso tiene una parte fundamental, como se comentaba en
la comparecencia anterior, la hidrología de la cuenca del
Guadalquivir, una hidrología muy irregular, una hidrología muy
adversa, posiblemente de las más irregulares de toda la hidrología
española, que ha dado lugar a una crisis como la de los años noventa
que es de una extremada gravedad.
Paliar esta situación de crisis con un aporte externo permanente, que
sólo funcionaría en caso de que se produjera otra vez esta crisis, lo
que demuestran los cálculos es que no la resolvería, incluso
aportando cantidades importantes, de las que no se dispondría en las
cuencas de origen. Como recursos sobrantes, seguirían fallando
demandas en la cuenca del Guadalquivir. Sin embargo, en las otras
cuencas, no, es decir, hay un nivel de diseño en las otras cuencas,
donde las demandas dejan de fallar. Eso en la cuenca del Guadalquivir
no sucede, por su hidrología, por su propia configuración, porque
muchas de las demandas están situadas en la periferia y no podría ser
por lo tanto dominada con una posible transferencia, es una situación
que hace que la eficacia que pueda tener una transferencia en otras
cuencas, en el caso del Guadalquivir no se tenga.
Respecto a lo de Almería, no voy a comentar nada sobre lo indicado
por su señoría. En cuanto a la importancia del Guadalquivir, es
evidente que hay que garantizar los suministros de riego. Lo único
que he dicho antes es que con las actuaciones de distintos regadíos y
de infraestructuras, lo que se demostraba es que los abastecimientos
de poblaciones estaban garantizados, lo que no ocurriría si no se
acometieran esas actuaciones de infraestructura y de mejora de los
regadíos y se repitiera una crisis como la de los años noventa. Con
estas actuaciones, sí se garantizan los abastecimientos. No quiero
decir que eso sea suficiente. Además de ello, hay que actuar para
mejorar los niveles de garantía, de fiabilidad, reducir la
vulnerabilidad de los sistemas de riego, lo que se consigue con las
actuaciones que están previstas en el plan.
El señor VICEPRESIDENTE (Ruiz López): Muchas gracias, señor Estrada,
por sus aportaciones, por su información y por su tiempo.
Suspendemos durante un par de minutos para dar la bienvenida al nuevo
compareciente. (Pausa.)
- DEL SEÑOR SECRETARIO GENERAL DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DE LA
ACEQUIA REAL JÚCAR (VALERO DE PALMA MANGLANO). (Número de expediente
219/000186.)
El señor VICEPRESIDENTE (Ruiz López): Señorías, iniciamos la
comparecencia de don Juan Valero de Palma Manglano, secretario
general de la Comunidad de Regantes Acequia Real Júcar, a quien le
doy la bienvenida
y también le doy la palabra para que comience su intervención.
El señor SECRETARIO GENERAL DE LA COMUNIDAD DE REGANTES ACEQUIA REAL
JÚCAR (Valero de Palma Manglano): Señores y señores diputados, en
primer lugar, quiero agradecer muy sinceramente la amable invitación
del Grupo Popular para que comparezca en esta Comisión en relación
con el proyecto de ley del Plan hidrológico nacional, invitación que
estoy seguro tiene su origen en las largas negociaciones que hemos
tenido con el Ministerio de Medio Ambiente para la aprobación y
preparación del plan.
Creo que ya ha intervenido algún miembro de las comunidades de
regantes en esta Comisión, y siempre se han caracterizado por
colaborar lealmente con todas las administraciones y solidariamente
también con el resto de usuarios para conseguir un horizonte estable,
justo y ordenado del agua en España. Por ello, como no podía ser de
otra manera, vengo con la mejor disposición para colaborar con esta
Comisión, con todos sus grupos parlamentarios y todos sus miembros,
en la medida de mis posibilidades y conocimientos y con el mayor
interés para responder a las preguntas que tengan a bien plantear.
Me gustaría hacer dos comentarios iniciales sobre la conveniencia y
la necesidad de este tipo de comparecencias y sobre mi posición
personal y dedicación profesional en relación con el Plan hidrológico
nacional. Quien viene por primera vez al Congreso de los Diputados
valora muy positivamente este tipo de comparecencias, porque en una
sociedad cada vez más cambiante, en la que todo va cambiando cada vez
más deprisa, en la que el cambio forma parte del paisaje, es
necesario estar informados, y SS.SS. probablemente tendrán muchos
medios y muchas posibilidades de información, pero es muy importante
que incrementen los contactos con los usuarios del agua, con la
universidad, con la sociedad en general y en definitiva con los
destinatarios de las leyes que se están preparando. Ese contacto sin
duda se tiene que hacer en todas las fases del estudio, diseño y
elaboración de las leyes, pero especialmente en la sede parlamentaria
donde reside la soberanía popular.
El debate del tema del agua es sin duda muy complejo y muy polémico,
y debe ser lo más abierto y lo más participativo posible para
integrar al mayor número de agentes sociales. Precisamente en los
debates políticos donde mayor es el conflicto y la crispación es
donde la sociedad y sus representantes más deben estudiar
y participar.
Mi segundo comentario iría en relación con mi posición personal en el
tema. He sido convocado en calidad de secretario de la Acequía Real
del Júcar y me gustaría, porque me parece honrado, advertir que,
igual que cuando uno lee un periódico debe saber qué orientación,
qué intereses o qué ideología hay detrás de la declaración de
independencia o del compromiso con la verdad que hace la portada del
periódico, cuando uno asiste a esta comparecencia, por parte de SS.
SS. deberían saber de qué pie cojea el que les habla, cuáles son sus
preocupaciones. Tengo que manifestar que he consagrado mi vida
profesional a los regantes de la Acequía Real del Júcar, a los
regadíos tradicionales del Júcar y a todos los regantes de España.
Eso, sin duda, se notará en mis intervenciones. Puesto que comparezco
como secretario de la Acequía Real del Júcar, me gustaría en primer
lugar explicar la posición de los regadíos históricos del Júcar en
relación con el Plan hidrológico nacional.
Conviene aclarar que estos regadíos tradicionales del Júcar no
demandan ni una gota del agua del Ebro, están efectivamente dentro de
la Confederación del Júcar. No queremos agua del Ebro porque tenemos
nuestras concesiones históricas y prioritarias y, a pesar de que el
río Júcar es un río con un equilibrio muy precario entre recursos y
demandas y de que somos los usuarios con mayor prioridad, estamos en
una posición a lo mejor similar a los del Ebro porque somos cuenca
cedente. El río Júcar en estos momentos cede con una gran
solidaridad, incluso a veces desde nuestro punto de vista excesiva,
recursos al Turia, cede recursos a la cuenca del Palancia, cede
recursos a la Marina Baja, y está previsto en el plan hidrológico del
Júcar ceder recursos al Vinalopó. Esto se hace muchas veces sin las
garantías y seguridades, a mi juicio todas las que la ciencia y el
sentido común pueden dar a los usuarios del Ebro. Estas cesiones
desde el Júcar no tienen las mismas garantías en el plan del Júcar.
En ese sentido creo que el hecho de que el Júcar sea una cuenca
cedente y el hecho de que no necesitemos el agua del Ebro puede hacer
que nuestra intervención sea más objetiva.
Entrando en lo que sería el Plan hidrológico nacional, me parece
importante comentar que, en un asunto tan polémico y complejo, es
conveniente, entiendo yo, que previamente a debatir las soluciones
intentemos ponernos de acuerdo en unos principios generales, en unos
criterios para afrontar el problema del agua en España y el problema
del Plan hidrológico nacional. Si nos ponemos de acuerdo en esos
principios generales, luego será más fácil descender y encontrar las
soluciones concretas a los problemas del agua y encontrar un acuerdo
y un consenso en ellas.
Quiero que mis primeras palabras sobre el Plan hidrológico nacional
sean de un apoyo claro y rotundo al proyecto de ley que está en estos
momentos en tramitación. Sin duda merece críticas, observaciones,
sugerencias y puede ser mejorado, pero el apoyo al plan en su
conjunto es claro y rotundo. Entiendo que es un plan razonable y
riguroso desde el punto de vista técnico, lo que puede permitir que
el debate se plantee desde un punto de vista racional, sin pasiones
ni banderas.Entiendo que es un plan muy prudente desde el punto
de vista del volumen de agua a trasvasar y, en ese sentido, considero
que debe ser apoyado.
Intentaré señalar a continuación esos principios generales o esos
criterios con los que creo que hay que afrontar el debate del Plan
hidrológico nacional. En primer lugar entiendo que el debate debe ser
racional, justo y ordenado y, en la medida de lo posible, respetar la
opinión de los técnicos. Entiendo que tenemos -y el Cedex ha
elaborado ahí un gran trabajo- los datos con el suficiente rigor
técnico como para que exista una información de partida compartida
por todos, aceptada por todos y que se hable de lo mismo cuando hay
sobrantes o no hay sobrantes, si hay tantos recursos o tantas
demandas en una cuenca o en otra. Entiendo que, aunque no hay una
unanimidad absoluta -y se ha visto aquí en las comparecencias y se
comentaba en la comparecencia anterior-, al final la conclusión de
los técnicos es que el trasvase es necesario para resolver el
problema del agua en España.
Otro segundo principio es afrontar el agua como un problema de todos.
El agua, sin duda, es un problema de todos; el Plan hidrológico
nacional pretende resolver los problemas del agua en España. Todos
somos usuarios del agua en nuestras casas, todos consumimos los
productos procedentes del regadío, todos queremos disfrutar de un
medio hídrico limpio y natural; a todos nos perjudicaría el
estrangulamiento de la economía que se produciría por la falta de
agua en zonas del territorio. Por ello, no podemos permitir que el
agua genere enfrentamientos o conflictos entre regiones. Hemos de
conocer las dificultades y los problemas del agua de las otras
cuencas y de las otras regiones, objetivarlos en la medida de lo
posible, hacerlos nuestros y apoyar las soluciones con solidaridad.
Si hacemos un examen de conciencia colectivo sobre la vida y la
política del agua en España, veremos que las situaciones de conflicto
con el agua son un poco culpa de todos. Por eso es responsabilidad de
todos encontrar las soluciones. Desde aquí quiero apoyar las demandas
razonables y sensatas de las comunidades de regantes de la cuenca del
Ebro que piden que se ejecuten los embalses que necesitan para
aprovechar adecuadamente los recursos. También quiero rendir un
público reconocimiento a sus representantes que están sufriendo
presiones y amenazas injustificables por defender los intereses de
sus comunidades.
Otro principio para afrontar el Plan hidrológico nacional es que el
agua es de todos los españoles. Ninguna cuenca hidrográfica, ninguna
comunidad autónoma, ningún ayuntamiento, ninguna comunidad de
usuarios es la dueña del agua. El derecho al uso privativo del agua
se adquiere por concesión administrativa o mediante una ley y, sin
embargo, la realidad es que los protagonistas de todas las
discusiones sobre el agua son los alcaldes de los pueblos, son los
presidentes de las comunidades autónomas, etcétera, pero al final se
traslada a la opinión pública un concepto localista del agua
con un sentido patrimonial del agua cuando de acuerdo con la Ley de
Aguas, el agua es bien de dominio público hidráulico estatal y así
está recogido también de alguna manera en la Constitución española.
No existe una coherencia, a mi juicio, entre lo que dice la ley y lo
que dice la Constitución española y las manifestaciones de quienes
parece ser que respetan por supuesto la Constitución y la ley
española. Por tanto, yo entiendo que, dado que en España hay
suficiente agua para todas las necesidades actuales y futuras de
todas las zonas de España, nadie debe ver limitadas sus capacidades
de invertir y de crear riqueza por falta de agua o por la mala
calidad de la misma. Si en España hay suficiente agua, no puede ser
un factor que limite el desarrollo para ninguna zona de España. Otro
principio básico, sin duda, es que el Plan hidrológico nacional es
una competencia del Estado, aunque, por supuesto, se tiene que
elaborar con la intervención de las comunidades autónomas y de los
interesados y usuarios.
Quizás a lo largo de estos últimos 20 años el Plan hidrológico
nacional se ha identificado como la solución a todos los problemas
del agua en España. Cuando había cualquier situación conflictiva o
cualquier situación de sequía, parecía que la solución a todos los
problemas viniera a través del Plan hidrológico nacional y hubiera
que posponerla. En realidad, el contenido del plan es mucho más
reducido y es el que está en la Ley de Aguas -por lo menos, así
estaba previsto-, pero se ha acompañado al Plan hidrológico nacional
de una generosa relación de inversiones en depuración, en
reutilización, en modernización de regadíos que, de alguna manera,
son inversiones que ya estaban planteadas en los planes hidrológicos
de las cuencas y en el plan nacional de regadíos, etcétera. Sin duda
se intenta vestir políticamente al Plan hidrológico nacional como un
plan con efectos positivos para todas las comunidades autónomas, para
que todas las comunidades autónomas lo apoyen. Ello es lógico desde
el punto de vista político porque no debemos olvidar que el
desarrollo económico y social, respetuoso con el medio ambiente de
cualquier zona de España, tiene que tener efectos positivos para
todos y que el Plan hidrológico nacional, en definitiva, debe
intentar resolver los problemas del agua en toda España.
Por último -y me parece que el Congreso de los Diputados es el foro
adecuado para decirlo-, un principio fundamental es tratar el agua
como una cuestión de Estado porque el agua también puede permitir la
articulación del Estado español. La política hidráulica puede ayudar,
sin duda, a coordinar y articular mejor la España de las autonomías y
pondría el ejemplo del trasvase que se produce desde el Ebro a la
cuenca del norte, a Bilbao, que conectan, articulan y vertebran el
País Vasco con el resto de España. De la misma manera los trasvases
propuestos en el Plan hidrológico nacional, los trasvases del Ebro a
las cuencas internas de Cataluña conectarían, articularían y
vertebrarían a Cataluña
con el resto de España y lo mismo ocurriría con la Comunidad
Valenciana, Murcia y Almería.
En este sentido tengo que decirles que me gusta siempre recordar
cuando hablo de los temas del consenso y de la cuestión de Estado las
palabras de Indalecio Prieto cuando en las Cortes presentó, en el año
1933, el Plan nacional de obras hidráulicas, que se podría decir que
es un antecedente del Plan hidrológico nacional. Decía Indalecio
Prieto: Ha de consignar aquí también el ministro firmante su
aspiración de que este magno problema atraiga la atención de la
opinión pública y de que converjan hacia él los juicios luminosos del
mayor número posible de órganos directores de la economía y de la
ciencia españolas, porque nada más lamentablemente estéril que
atalayarlo desde el mezquino montículo que puede levantar la bandería
política. Estamos ante una obra nacional para cuyo ordenado
acometimiento se necesita la patriótica cooperación de todos. Creo
que poco cabe añadir a las palabras de Indalecio Prieto, está todo
dicho con una gran visión de futuro y sin duda la política hidráulica
debe ser acordada sólidamente y con la mayor unanimidad posible entre
todos los partidos políticos, las comunidades autónomas y los
usuarios.
Entiendo que si nos pusiéramos de acuerdo y aplicáramos estos
principios sería mucho más fácil encontrar las soluciones concretas
que se plasman en el Plan hidrológico nacional, pero no hay que ser
ingenuos y después de todos los análisis técnicos, económicos y
ambientales que justifican el Plan hidrológico nacional, a mi juicio,
hay que ser conscientes de que las decisiones se toman en clave
política; si interesa o no electoralmente; el número de votos a favor
o en contra de un plan, qué dice la opinión pública; qué dicen las
encuestas, si hay presión o no de los medios de comunicación; el
número de manifestaciones que se produzcan en un sentido o en otro...
Creo que el gran error de estrategia que se puede plantear por parte
de los grandes partidos nacionales es hacer política con el Plan
hidrológico nacional; desde el Gobierno y desde la oposición no se
puede utilizar el Plan hidrológico nacional para hacer política de
partido. La consecuencia de ello podría ser que estuviéramos otros 20
ó 30 años hablando del Plan hidrológico nacional y sin haberlo
aprobado. Pediría que el Plan hidrológico nacional se apartara de la
lucha política de partido. La política hidráulica sin duda tiene que
diseñarse siempre a largo plazo y mi propuesta en ese sentido sería
que se encerrara el Gobierno con una representación de los partidos
de esta Comisión de Medio Ambiente en un monasterio, en un parador
nacional, con los técnicos del Cedex para que acordaran un documento
técnico de Plan hidrológico nacional porque viendo -como estudié en
su momento el plan hidrológico del año 1993 y he estudiado el nuevo
que se propone- el de 1993 sin duda el plan actual debería valer, con
algún cambio o alguna mejora, también para el PSOE. Sin duda eso no
bastaría, sería necesario pactar
la puesta en escena de ese Plan hidrológico nacional en toda
España, una puesta en escena ante la opinión pública para que se
pudiera, por un lado, por el Gobierno demostrar su espíritu de
consenso y, por otro lado, la oposición hablar de una nueva
oposición, con sentido de Estado en una cuestión tan importante como
el agua. Seguro que entonces sí que tendríamos un Plan hidrológico
nacional aprobado este año con el consenso y la estabilidad necesaria
para que se pueda ejecutar en los próximos 20 años. Entiendo que hay
posibilidades de que esto se produzca porque el ministro de Medio
Ambiente es un hombre de consenso, porque los responsables de la
oposición conocen el problema del agua en España perfectamente y han
tenido responsabilidades en el Ministerio, porque los grandes
partidos nacionales necesitan encontrar una posición unánime para
defenderla íntegramente en toda España y la situación actual
perjudica sin duda a la imagen y a la unidad de estos partidos
estatales y porque el resto de partidos también podría actuar con
sentido de Estado, y fundamentalmente porque, como decía al
principio, los técnicos básicamente coinciden en las soluciones que
se han planteado. Estoy convencido de que esto es lo que quiere la
sociedad española, lo que le pediría la sociedad española a nuestros
representantes políticos, que se pongan de acuerdo en el tema del
Plan hidrológico nacional.
En la exposición que les hago -y he entregado una copia a la Mesa-
voy recorriendo algunos artículos del texto del Plan hidrológico
nacional y haciendo algunas enmiendas, algunas sugerencias e incluso
algunas críticas de cosas que a mi juicio pueden mejorarse. Voy a
comentarlas muy brevemente porque están a disposición de todos
ustedes. Nosotros vamos incluso más allá cuando se habla del destino
de las aguas trasvasadas y se dice en el artículo 17 del plan, que en
ningún caso se podrán destinar las aguas trasvasadas a la creación de
nuevos regadíos. Nosotros vamos más allá y entendemos que en las
cuencas deficitarias no se deberían ampliar regadíos, porque si
ustedes ven la gestión de los nuevos regadíos muchas veces se
producen con las aguas que se puedan liberar como consecuencia de las
aguas que se reciban del trasvase. Hago unas referencias a todo el
problema económico de la asignación de costes, de la distribución de
estos costes entre los distintos usuarios, etcétera.
Me gustaría también comentar brevemente que en relación al principio
de recuperación de costes, que está en el artículo 12.3, la directiva
marco -y he formado parte del grupo de trabajo para analizar
económicamente la directiva marco del agua- plantea la recuperación
de costes como un objetivo de futuro y no como algo imperativo o
inmediato y que además se pueden tener en cuenta los efectos
sociales, ambientales, económicos, etcétera, de esa recuperación de
costes; por tanto la legislación española requerirá adaptaciones,pero
en gran parte cumple, a mi juicio, con los requisitos,
en gran parte ambiguos, de la directiva marco del agua.
Por ir acabando, señalaré algo que me parece que no está en el plan
hidrológico de 2001, y es el tema de la modernización de los
regadíos. Están las inversiones concretas, pero no la modernización
de los regadíos, que es algo aceptado unánimemente por todos los
partidos políticos, por todas las asociaciones ecologistas, por los
usuarios, por los regantes, por la sociedad en su conjunto que apoya
la necesidad de mejorar los regadíos y de generar ahorro para atender
las demandas y resolver los problemas de déficit. Entiendo que está
pendiente de resolver la cuestión financiera y la financiación de
esta modernización. En estos momentos los usuarios y los regantes de
España tienen grandes incertidumbres y grandes dudas a la hora de ver
dónde acuden para modernizar sus regadíos, porque tienen normativa de
las comunidades autónomas, normativas estatales, sociedades estatales
del Ministerio de Agricultura, sociedades estatales del Ministerio de
Medio Ambiente y realmente es un poco complejo. En los últimos
documentos que se estudiaron del Plan hidrológico nacional del año
1993 ya se contemplaban unas medidas financieras mucho más razonables
y beneficiosas para el regadío, y les hago una propuesta en el texto
de mi comparecencia sobre cómo podría regularse esto.
Disculpándome porque me he excedido del tiempo y agradeciendo su
atención acabo aquí. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Ruiz López, don Juan Carlos): Quiero
comunicar a los señores portavoces que el señor Valero de Palma ha
dejado el documento en el que se contemplan también posibilidades de
enmiendas. Está a la entera disposición de quien lo solicite en la
Comisión de Medio Ambiente.
Tiene la palabra, por parte del Grupo Parlamentario Popular, la
señora Díez de la Lastra.
La señora DÍEZ DE LA LASTRA BARBADILLO: En primer lugar, señor
Valero, bienvenido a esta Comisión de Medio Ambiente y gracias por su
intervención y por sus aportaciones.
En segundo lugar, quería resaltar cuatro puntos en los que estoy
totalmente de acuerdo con usted: primero que en algo como el agua,
tema tan importante y que es un problema de todos, como usted bien ha
dicho, el debate debe ser abierto y participativo y eso es algo que
creo que el Gobierno del Partido Popular lo ha tenido desde el primer
momento como brújula y ha sido el camino que ha seguido. Tercero,
estoy de acuerdo también en que la política hidráulica debe diseñarse
a largo plazo y a veces esto no es rentable políticamente, pero
también el Gobierno del Partido Popular lo ha afrontado con
responsabilidad y a largo plazo se verán los resultados.
Quería incidir en algo que usted ha dicho al final, en la
modernización de regadíos, que parece que no se trata como usted
querría que se tratase. Le voy a dar una cifra. En el Plan
hidrológico nacional para la Comunidad Valenciana se destinan 71.137
millones para la modernización de regadíos.
Hace días, en el debate del Pleno, se hizo alusión al Júcar y a la
Acequia Real del Júcar. Se sabe que el plan hidrológico de Cuenca fue
de los últimos que se aprobó, que pese a las dificultades con la
comunidad castellano- manchega se llegó a un consenso y que recoge
las demandas de la Comunidad Valenciana, pero la cuenca del Júcar
está claro que no tiene excedentes y que necesita aportes externos.
Esto no significa que dentro de la cuenca no pueda haber sistemas de
explotación con recursos que, gracias al ahorro, la reutilización, la
modernización de regadíos, se puedan llevar a otros sistemas con un
déficit absoluto que es necesario paliar con urgencia, como es el
caso que usted también ha nombrado de la zona del Vinalopó y del
Alacantí. Eso es lo que se está haciendo, además de posibilitar que
se cumplan otras previsiones del Plan hidrológico de la cuenca del
Júcar, como la redotación de regadíos de La Mancha, el trasvase
Júcar-Vinalopó, que es algo que se aprobó en la anterior legislatura
-por cierto, con el apoyo de los diputados del Partido Socialista de
la Comunidad Valenciana frente a la postura del PSOE nacional-, y
esto no es sacar sangre a una cuenca anémica sino redistribuir
recursos.
El otro día, y quisiera que esto nos lo aclarara, en la intervención
del portavoz del Grupo Socialista se pretendían llevar a cabo unas
medidas de ahorro de 310 hectómetros cúbicos, de los cuales 260 eran
el ahorro que tendría que tener el Júcar. Y se dijo que la Acequia
Real del Júcar, de la que usted es experto, podía ahorrar un mínimo
de 200 hectómetros cúbicos con una inversión de 7.600 millones para
decir que se está sobredimensionando los aportes del trasvase del
Ebro. Se explicó claramente por el ministro que eso verdaderamente se
está haciendo, que es un informe de la Consejería de Obras Públicas
de la Comunidad Valenciana, que esa cantidad de dinero se refiere a
una actuación de modernización de regadíos tradicionales en la
Acequia Real del Júcar, que ya está en ejecución desde el año pasado
con un presupuesto de 8.000 millones y que está previsto que acabe en
el año 2003. Esto está contemplado y valorado en el Plan hidrológico
nacional. Lo que no acabamos de entender, aunque lo expresó bien el
ministro, y nos gustaría que nos lo explicara usted como experto y
persona que está disfrutando in situ del agua de la Acequia Real del
Júcar, es, aparte de lo que significan esos excedentes que ya en el
plan de la cuenca hidrográfica del Júcar se destinan a los regadíos
del Vinalopó, del Alacantí y de Albacete, si también esos excedentes
pueden incidir en la conservación de la Albufera.
Voy a ser muy breve y le voy a hacer solamente tres preguntas, luego
matizaré algo más. Usted ha hecho referencia a las presiones que
están sufriendo las comunidades de regantes del Ebro. Ayer estuvo
aquí el presidente de la Federación Nacional de Regantes apoyando el
plan hidrológico, pero también se comentó algo acerca de las
presiones que están sufriendo los regantes del Ebro. Me gustaría
saber si usted las conoce y cuáles son esas presiones.
Todo el mundo sabe perfectamente que los acuíferos, sobre todo de
esta zona, están sobreexplotados y son un problema. ¿Cómo valora la
incidencia respecto al medio ambiente que puede tener la recarga de
acuíferos que contempla el Plan hidrológico nacional?
Por último, me gustaría saber la valoración que hace usted de los
ecosistemas húmedos de la costa de la Comunidad Valenciana, en
concreto de la Albufera, en cuanto a los hectómetros cúbicos que se
van a trasvasar al Júcar, que son 300, frente a los 890 que proponía
en PSOE en 1993, que ahora quieren ahorrar 240 y no se entiende. ¿Qué
valoración y qué incidencia puede tener este recorte en el ecosistema
de la Albufera?
El señor VICEPRESIDENTE (Ruiz López, don Juan Carlos): Señora Díez de
la Lastra, he oído que decía que podría hacer matizaciones después;
le ruego que si tiene que hacer alguna la haga ahora porque en
principio no hay otro turno aparte de éste.
La señora DÍEZ DE LA LASTRA BARBADILLO: Simplemente espero, con las
aclaraciones que haga el señor Valero en cuanto a esa merma de 240
hectómetros cúbicos que pretende el Partido Socialista hacer respecto
al Júcar y la incidencia negativa que puede tener, conocer su
postura. Los datos que manejó el señor Caldera son erróneos, puesto
que está claro dónde van a ir los excedentes y la obra que se está
haciendo de la reparación de un canal de la Acequia Real del Júcar,
que quizá arreglándolo favorezca ese ahorro de hectómetros cúbicos.
El señor VICEPRESIDENTE (Ruiz López, don Juan Carlos): Por el Grupo
Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Morlán.
El señor MORLÁN GRACIA: Muchas gracias, señor Valero de Palma por su
exposición.
Antes de hacer las preguntas quería hacer una pequeña reflexión que
está relacionada con las afirmaciones que se hacen desde el Grupo
Popular. En primer lugar, es una falacia, y son ganas de utilizar la
demagogia para defender sus intereses, plantear que nuestras medidas
van a suponer algún deterioro en el mantenimiento de la Albufera. Si
algo está sucediendo con este plan y lo que técnicamente está
demostrado es que el trasvase sí que puede producir perjuicios al
delta del Ebro; por tanto, las políticas ambientales que lleva a cabo
el plan no son las adecuadas para...
El señor VICEPRESIDENTE (Ruiz López, don Juan Carlos): Un momento,
señor Morlán.
Ruego que apaguen los teléfonos móviles o bajen el volumen, porque
están interrumpiendo a los oradores.
Puede continuar.
El señor MORLÁN GRACIA: ... querer atacar desde esa perspectiva la
política que quiere desarrollar el Partido Socialista. Eso de que no
hay mejor defensa que un buen ataque lo sabemos todos, y creo que el
Grupo Popular debería abstenerse de hacer determinadas afirmaciones
no demostradas ni justificadas.
En segundo lugar, el tema del Júcar-Vinalopó si en estos momentos
está como está no es por la oposición del Partido Socialista sino
porque si se hubieran llevado a cabo las medidas ambientales que se
planteaban en un primer momento este trasvase estaría hecho. No echen
las cargas en el debe del Partido Socialista sobre actuaciones que no
se han producido por razones de no querer tener en cuenta los avisos
que se dieron en su momento en las Cortes valencianas y que no se
aceptaron. No digan que no apoyamos al Júcar-Vinalopó, que ya lo he
oído en varias ocasiones, porque no es bueno reiterar cosas que no
son ciertas.
Señor Valero de Palma, usted ha hecho una exposición que tiene dos
partes, una de ellas como secretario general de la Acequia Real del
Júcar. De acuerdo con los análisis de los temas hidráulicos que
contempla el plan, en la Acequia Real del Júcar está previsto que se
ahorren, por una modernización de regadíos, de acuerdo con el plan de
modernización que tiene la propia Acequia Real del Júcar, 92
hectómetros cúbicos/año. Pero si el plan de modernización se llevara
a cabo tal y como está diseñado, el ahorro sería de 200 hectómetros
cúbicos/año, según dice el propio plan. Nos gustaría saber por qué
razón se produce esa disminución cuando concretamente en la Acequia
Real del Júcar en 1998 había 7.714 hectáreas -un 43 por ciento de las
hectáreas de regadío que tiene la Acequia y que pertenecen a esa
comunidad de usuarios- que se regaban por inundación. Cuando hacemos
nuestra propuesta estamos intentando dar eficiencia al conjunto del
recurso e intentamos buscar fórmulas de modernización que permitan
que, atendiendo a todas las producciones que sean necesarias, se
tenga un mayor ahorro de agua. De ahí que nosotros planteemos que
puede haber una mayor incidencia, una mayor obtención del recurso
agua en la Acequia Real del Júcar si de verdad se hiciera una
política encaminada a obtener una mayor eficiencia en la gestión del
agua y un mayor ahorro en el recurso.
Usted ha elevado el listón de la comparecencia porque cuando dice que
viene el secretario general de la Acequia Real del Júcar piensa que
viene a hablar de la Acequia Real y si acaso del Júcar, pero usted se
ha metido en otros ámbitos superiores que afectan al conjunto del
documento que ha presentado el Gobierno.
Ha dicho que este es un plan que se intenta vestir de Plan
hidrológico nacional para que todas las comunidades autónomas estén
afectadas por el mismo. Yo aquí distingo dos cosas que quiero que me
aclare. En el anexo II, que es donde pueden estar contempladas las
apetencias de las comunidades autónomas del conjunto del Estado,
algunas con mayor intensidad y otras con menor intensidad, y se dice
que se van a gastar tres billones de pesetas, a mí me gustaría saber
si usted opina lo mismo que los representantes de los regantes que
estuvieron ayer en esta Cámara, uno de los cuales dijo que aun
sabiendo que no se va a hacer todo lo que se dice en el anexo II es
bueno que se haga algo. Pero para eso no hace falta un plan, con
desarrollar los planes de cuenca ya es suficiente. ¿Piensa usted que
se van a gastar los tres billones de pesetas que contempla el anexo
II entre el año 2000 y el año 2008? ¿Usted cree que se dispone de
todos los instrumentos financieros de redacción de planes y
desarrollo de los mismos para que esa inversión se produzca?
Ha dicho también que es un conocedor del Plan hidrológico nacional
-por lo que veo que se lo ha estudiado con mucho detenimiento, cosa
que es de agradecer- y que tiene críticas hacia el mismo, pero que
aun así entiende que este es un plan que afecta al conjunto del
Estado. En el conjunto del Estado, de acuerdo con el Libro Blanco del
agua y con la documentación que acompaña al plan, se reconoce que
existe una cuenca deficitaria, que es la del Segura, y que existen
sistemas de explotación en muchas cuencas que también tienen que
tener una atención prioritaria. Por ejemplo, el sistema de
explotación de la margen derecha del Ebro es deficitario, y ayer
decía el señor presidente de los regantes del Ebro y presidente del
Canal Imperial de Aragón que tenía menos agua que Murcia porque
llovía menos. ¿Usted cree que están perfectamente contemplados? Pero
no solamente este sistema de explotación porque le puedo hablar de
los déficit que existen en el Guadalquivir, que pueden existir en el
Guadiana o que pueden existir en el Duero ¿Usted cree que todos esos
déficit tienen una atención especial en el documento del plan? Podría
venir complementado con inversiones, pero si nos dicen que las
inversiones no están garantizadas es muy complicado que se atienda
a esos déficit. ¿De verdad cree que este plan contempla todo el abanico
de déficit que existe en el conjunto del Estado, o que a lo que
verdaderamente se dedica es a definir un trasvase y a satisfacer las
necesidades del arco mediterráneo? Hay una cosa muy clara, cuando el
Partido Popular y el Partido Socialista nos hemos sentado para hablar
del Plan hidrológico nacional -tenía razón mi compañero señor
Quirós-, junto con el resto de partidos políticos, hemos hablado del
río Ebro y de las repercusiones positivas o negativas de ese
trasvase. Es decir, nos hemos olvidado de lo que pueda pasar en
Galicia, en Asturias, en Castilla y León, en Castilla-La Mancha, en
Extremadura, etcétera. Se
dice que el plan contempla todo, pero me gustaría que usted nos
explicara en qué medida este plan, en su texto articulado, contempla
las medidas necesarias para actuar en la eliminación de esos déficit
hídricos.
Ha comentado también que este plan debería prestar una atención
especial a los regadíos. Ha hecho una intervención política, no una
intervención técnica. ¿Usted entiende que el plan nacional de
regadíos debería conocerse ya? El plan nacional de regadíos, no el
borrador, como dijo ayer el señor Cabezas, que dijo que conocía un
borrador. El borrador depende después de las conversaciones que haya
con las comunidades autónomas y se incorporen más o menos regadíos.
Pero antes de ese documento, ¿usted entiende que no era buena la
posición del Partido Popular del año 1995, cuando decía que antes del
Plan hidrológico nacional hay que conocer el plan nacional de
regadíos?
Hay un aspecto que me he olvidado comentar en el inicio de esta
reflexión, que es el que hace referencia a las presiones. Para
presiones las de mis compañeros de Alicante, que los ponen en
fotografías en los medios de comunicación como si fueran auténticos
criminales o traidores a la causa. Yo creo que el tema de las
presiones habría que mirarlo con muchísimo cuidado porque ayer
compareció aquí un representante de los municipios afectados por
embalses que dijo que habría 16.000 millones de pesetas si estaban de
acuerdo con el plan. Y si no ¿qué hay que concluir? ¿Que no los
habría? Yo no sé qué tipo de presiones se han podido utilizar en una
u otra dirección pero de cualquier manera no sería bueno entrar en
ese contexto porque, en la línea de esa voluntad de consenso que
usted plantea, a lo mejor tendríamos que olvidarnos de que en este
proceso tan tensionado que se ha producido y que se está produciendo
algo tiene que ver la estructura del propio plan. Usted ha dicho que
es una decisión política, lo ha dicho esta mañana el anterior
interviniente y se dijo también ayer, y que las decisiones políticas
están basadas en criterios técnicos. Por tanto, este plan no deja de
ser sino una decisión política motivada por diversas razones, pero no
deja de ser una decisión política. Y en el juego de esas tensiones
mis compañeros y mis compañeras de la Comunidad Valenciana y de la
Comunidad murciana están siendo más presionados que lo que dicen los
sindicatos de riego, a los que se les ha ofrecido una cantidad de
obras inmensas para que dijeran que sí. Si usted analiza las cuencas
verá que hay muy pocas actuaciones en la cuenca del Ebro que no estén
comprendidas en el documento con la finalidad de convencer a todos
los regantes, o al menos a sus juntas directivas, de que acepten este
plan.
Nosotros entendemos que este Plan hidrológico nacional que usted ha
estudiado adolece de defectos. ¿Usted entiende que las fórmulas de
coordinación que establece el Plan hidrológico nacional y que derivan
a que el Gobierno elabore después sus normas de desarrollo tienen que
contemplarse tal y como están, o tenían
que perfilarse algo más? ¿Usted, que ha estudiado también la
directiva marco en política de aguas, entiende que este Plan
hidrológico nacional responde no sólo al espíritu sino a los
contenidos de esa directiva marco que usted conoce que va a tener que
ser traspuesta a nuestro derecho en muy pocos años y que si estamos
hablando de un Plan hidrológico nacional a 20 años no podemos someter
otra vez al conjunto del país a una tensión de debate del agua dentro
de muy poco tiempo para revisar planes de cuenca y para revisar el
Plan hidrológico nacional? ¿Usted entiende que el coste del agua, a
que se hace referencia en el artículo 12.3, tiene que estar definido
de manera tan genérica como se hace en el documento y no que tendría
que hacerse una evaluación de las repercusiones de ese coste en
función de la aplicación de la directiva, dado que va a incidir en el
precio de los productos agrarios y puede tener unas repercusiones
negativas en la situación económica del sector agrícola y otros
sectores industriales en el arco mediterráneo? ¿Cree usted que el
precio del agua que va a surgir del trasvase lo van a pagar por igual
usuarios y regantes, o va a haber un equilibrio en virtud del cual,
con la finalidad de dinamizar o de mantener la actividad económica,
va a recaer gran parte de ese coste en los usuarios urbanos y va a
reducirse el de los regantes?
Yo estoy de acuerdo en la política de consenso que usted ha
planteado, pero desde el año 1993 para acá han ocurrido demasiadas
cosas en este país y en el conjunto de la Unión Europea que nos
obligan, entendemos desde mi grupo, a que la gestión del agua en
España tiene que obedecer a otros parámetros en cuanto a su régimen
de calidad y a su cantidad. La directiva marco es una directiva de
calidad de aguas que condiciona de manera muy diferente la gestión
del agua en España. ¿No cree usted que esa directiva marco que va a
condicionar la gestión del agua en España debería ser contemplada de
manera muy diferente a cómo lo está en este Plan hidrológico nacional
con la finalidad de evitar que se produzca una tensión similar dentro
de cuatro, cinco o seis años en el conjunto del Estado? El Partido
Socialista ha dicho siempre que estaba dispuesto a dialogar con el
Gobierno, pero si la decisión política es la de trasvasar 1.050
hectómetros cúbicos será muy complicado hablar sobre aspectos que en
este Plan hidrológico nacional son colaterales al eje vertebral, como
dice la exposición de motivos, del mismo, que es el trasvase del
Ebro. No sé si me queda alguna cuestión más que plantearle, pero me
gustaría que esa valoración política que usted hace la sometiera al
nuevo marco de política de aguas que existe en el conjunto del
Estado, ya que creemos que no podemos dar la espalda a lo que se dice
en Europa cuando en otros temas de la acción política nos
justificamos en función de lo que allí se dice.
El señor VICEPRESIDENTE (Ruiz López, don Juan Carlos): Para contestar
a las cuestiones planteadas
por los portavoces de los grupos parlamentarios, tiene la palabra el
señor Valero de Palma.
El señor SECRETARIO GENERAL DE LA COMUNIDAD DE REGANTES ACEQUIA REAL
DEL JÚCAR (Valero de Palma Manglano): Agradezco las cuestiones que
SS.SS. me han planteado. Tanto la señora Díez de la Lastra como el
señor Morlán se han referido al problema del ahorro en la Acequia
Real del Júcar. La Acequia Real del Júcar es una de las comunidades
de regantes más antiguas de España, remontándose su origen al siglo
XIII, por lo que sus infraestructuras de distribución sin duda están
anticuadas, ya que están dimensionadas para cuando eran prácticamente
los únicos usuarios en el río en la llanura de inundación. El canal
tiene 54 kilómetros, con 500 kilómetros de conducciones, atendiéndose
la mayor parte del regadío por inundación. La Acequia Real del Júcar,
las administraciones autonómicas y el Estado están interesados en
proceder a su modernización. El primer estudio que hace la
Consellería de Obras Públicas sobre las posibilidades de modernizar
la acequia y ahorrar agua parte de unos consumos en la acequia de
alrededor de 538 hectómetros cúbicos al año, considerando estos
volúmenes como la media histórica de los derivados por el canal.
Estos volúmenes se han derivado históricamente cuando no había otros
usuarios importantes en el curso alto y medio del río.
Posteriormente, en el año 1997, el Ministerio de Medio Ambiente
elabora otro documento, un estudio que sirva de base para el plan
hidrológico del Júcar, estimando que el consumo medio es de 392
hectómetros cúbicos. La reducción ya es considerable. El plan
hidrológico considera que esta demanda, una vez efectuada la mejora,
en una primera fase podría llegar a ser de 300 hectómetros cúbicos.
Nosotros pensamos que la modernización no debe finalizar en la mejora
del canal principal y su sustitución por unas tuberías a presión,
sino que tiene que llegar hasta la parcela, con el establecimiento
del riego localizado en toda la zona de frutales y de cítricos. Por
tanto, el volumen de ahorro estimado, que parece ser que da lugar a
un debate, depende del dato de partida que tomemos sobre el consumo
inicial y la eficiencia que fijemos como objetivo en el sistema para
estimar ese ahorro. Teniendo en cuenta que hay una parte importante
de arroz en cuya gestión no va a poder ahorrarse mucha agua, podemos
estimar que el consumo final de la acequia, una vez totalmente
modernizada, podría llegar a ser de alrededor de 200 hectómetros
cúbicos anuales (insisto en que una vez finalizado todo el proceso de
modernización), y por tanto los ahorros totales estarían entre los
192 hectómetros cúbicos, según los planes hidrológicos, y los 340,
según el estudio inicial de la Consellería de Obras Públicas.
Respecto al volumen de agua ahorrada -artículo 32 del plan
hidrológico del Júcar- se llega a una especie de acuerdo político,
dividiéndose su destino entre la zona de
Alicante, para atender la sobreexplotación del Vinalopó y el área de
las marinas, y la de Albacete, que ha tenido un desarrollo de
regadíos con aguas subterráneas en el acuífero de La Mancha oriental,
el cual ha sufrido una grave sobreexplotación. El artículo 32 del
plan también prevé el problema de la albufera de Valencia, al que se
han referido SS.SS. En este sentido, quiero recordar que la Acequia
Real del Júcar y la Comunidad de Regantes de Sueca han aportado a la
albufera de Valencia el agua necesaria para renovar sus caudales y
diluir los vertidos urbanos e industriales de su entorno que se han
producido desde los años cuarenta, cincuenta y sesenta sin ningún
tipo de depuración. Ese cinturón urbano vertía aguas contaminadas,
permitiendo las aportaciones de la Acequia Real y de Sueca que se
incorporaran aguas limpias y que éstas se renovaran. En este sentido,
lo que prevé el plan del Júcar es que las necesidades de la albufera,
estimadas en alrededor de 100 hectómetros cúbicos, sean atendidas con
la asignación que tienen los riegos tradicionales de la ribera y
considerando también sus posibles retornos y sobrantes, teniendo en
cuenta que hay unas 4.000 hectáreas de arrozal de la zona de la
Acequia Real del Júcar en el entorno de la albufera, así como unas
7.000 u 8.000 de la zona de Sueca.
La señora Díez de la Lastra y el señor Morlán se han referido también
a la cuestión de las presiones. Por supuesto, hay que respetar todas
las opiniones y todas las ideas sobre el Plan hidrológico nacional.
Ayer leí en la prensa que el presidente de una comunidad de regantes
del delta del Ebro, el señor Bonet, que además es amigo mío y
compañero de la Federación Nacional de Regantes, había puesto una
denuncia por amenazas porque le habían aflojado tres tornillos de las
ruedas de su coche; me lo contó él mismo cuando le llamé por teléfono
para interesarme por el tema yo creo que eso supera lo razonable y
sencillamente es intolerable. Se pueden tener las opiniones que se
quieran, pero llegar a adoptar medidas de esa naturaleza me parece
que está absolutamente fuera de lugar. Por eso yo pediría
responsabilidad a todos, porque no hay que señalar a nadie y tampoco
especialmente a los políticos. No hay que radicalizar excesivamente
las posturas. En el debate del Plan hidrológico nacional no se habla
exclusivamente de agua, de recursos y de demandas, sino que se
empiezan a plantear agravios de unas zonas con respecto a otras,
fomentándose a veces dichos sentimientos de agravio comparativo que
tienen unas ciudades grandes o unas comunidades autónomas con
respecto a otras. Ese camino no se sabe muchas veces dónde puede
acabar y además es peligroso. Insisto en que este debate se tiene que
racionalizar y objetivar, y así probablemente se evitarán este tipo
de presiones en todas partes.
La señora Díez de la Lastra ha mencionado el problema de las aguas
subterráneas y de la recarga de acuíferos del Plan hidrológico
nacional. Uno de los problemas más graves que tiene en España en
relación con el
agua es la gestión de las aguas subterráneas. En el año 1985 se
declaran de dominio público estatal las aguas subterráneas con la
nueva ley, pero esta medida, que sin duda es acertada, no va
acompañada de la dotación necesaria a las confederaciones
hidrográficas de los medios materiales, humanos y técnicos para
controlar las extracciones, establecer el proceso de otorgamiento de
concesiones, etcétera. Así pues, la falta de medios de la
Administración, la iniciativa privada y un fomento muchas veces por
parte de las comunidades autónomas de nuevos regadíos han llevado a
una sobreexplotación de los acuíferos muy grave, en concreto en la
cuenca del Júcar y en el Vinalopó, así como el acuífero de La Mancha
Oriental, donde hay casi 100.000 hectáreas de regadío que han
generado muchos problemas, problemas ambientales que han dejado al
río seco, afecciones a terceros concesionarios que están aguas abajo
o perjuicios a los usuarios del acuífero aún estando claras las
concesiones y teniendo todos los papeles en regla, ya que cada vez
tienen que perforar más abajo como consecuencia de la caída del
acuífero.
Las soluciones a este problema de sobreexplotación de las aguas
subterráneas se han planteado en dos direcciones: una, en la reforma
de la Ley de Aguas, del año 1999, en la que se intenta mejorar la
gestión de los acuíferos mediante planes de explotación creando y
fomentando la constitución de juntas centrales de usuarios para que
sean los propios usuarios los que hagan una gestión sostenible del
acuífero y controlen las explotaciones y limiten las extracciones a
la recarga natural; y otra, volviendo a dotar esos acuíferos
sobreexplotados con aguas superficiales para reducir la
sobreexplotación, como contempla el Plan hidrológico nacional para
estos acuíferos en concreto y para otros en otras zonas de España.
El señor Morlán hacía referencia al problema del contenido del Plan
hidrológico nacional, al apoyo de las comunidades autónomas y a la
posibilidad de que se agoten las inversiones en este período. Lo que
yo planteaba era que el contenido estricto del Plan hidrológico
nacional -artículo 43 de la Ley de Aguas- se ha superado en gran
parte con el texto del articulado de la ley y sobre todo con el anexo
donde se recogen todas las inversiones. El objetivo era que, si el
plan hidrológico sólo establecía medidas de coordinación entre los
planes y los trasvases entre cuencas no se implicaría a todas las
comunidades autónomas, pero hasta donde yo he estudiado y repasando
el anexo 2 he comprobado que se recogen inversiones en modernización,
en depuración, en reutilización, etcétera, en todas las cuencas
hidrográficas y, por tanto, entiendo que en todas las zonas de
España.
Coincido con usted en un cierto escepticismo en que la totalidad de
las obras que están contempladas se vayan a ejecutar. Los usuarios
estamos acostumbrados desde siempre a que se hagan muchos planes y
grandes proyectos y luego se ejecute lo que las disponibilidades
presupuestarias o lo que los estudios previos de impacto ambiental
-que ahora será necesario realizar- permitan.
Plantea también el problema de la margen derecha del Ebro. Soy
consciente y conozco el problema de déficit de recursos que se
produce en la margen derecha del Ebro y entiendo que las demandas que
puedan tener planteadas irían por la vía de la regulación, del ahorro
y de la reutilización -no sé si estarán contempladas en el pacto del
agua de Aragón-, pero no me atrevo a pronunciarme si son las
adecuadas o no en estos momentos.
Respecto a la atención especial a los regadíos, aunque se especifican
medidas concretas de inversiones en regadíos, no se contempla una
apuesta decidida por la financiación de la modernización de los
regadíos con un régimen claro. En ese sentido, para intentar ser lo
más objetivo, me refería al plan hidrológico del año 1993, que en su
primera versión oficial no contemplaba más que brevemente una
política de financiación de modernización de regadíos, pero los
textos posteriores que negociamos con los responsables del Ministerio
en aquel momento contemplaban unas medidas muy interesantes que
reproduzco en las alegaciones y en la intervención y que pediría que
de alguna manera se pudieran incorporar al texto del proyecto de ley.
Me pregunta si el plan nacional de regadíos debería conocerse junto
con el Plan hidrológico nacional. Existe una resolución del Congreso
de los Diputados que así lo establece, que creo que se adoptó por
acuerdo prácticamente unánime en las Cámaras. Respecto a cómo se
conectan al Plan hidrológico nacional y el plan nacional de regadíos,
entiendo que lo que subyace es un problema político. El problema
político es que, en la situación actual de los mercados y de la
coyuntura agraria, hacer ampliaciones de regadío sumando todas las
que estaban en los planes hidrológicos y en planes iniciales de
regadíos resulta difícil y problemático, aunque hay promesas de
alcaldes de los pueblos y de comunidades autónomas, pero todo eso se
tiene que regularizar, reordenar y probablemente reducir en un plan
nacional de regadíos. ¿Era conveniente que se hiciera? Si el PSOE, el
PP y el resto de los grupos llegaran a un pacto de Estado sobre el
plan nacional de regadíos probablemente sí, y es lo necesario, pero
si ese consenso no se produjera se hubiera dificultado todavía más el
proceso de aprobación del Plan hidrológico nacional, a mi juicio.
En cuanto a la directiva marco y su relación con el contenido del
Plan hidrológico nacional, efectivamente es necesario que el plan se
adapte a la directiva marco. Hay una adaptación clara porque España
está muy avanzada en todos los temas del agua en cuanto al concepto
de gestión por cuenca, aunque tal vez haya que introducir detalles
relativos a la calidad. Tenemos un ejemplo de cómo se podría aplicar
la directiva marco en su apartado económico, en el artículo 9,
referido a la
recuperación de costes, etcétera, porque el régimen económico
financiero que prevé el Plan hidrológico nacional, en su artículo 21,
es mucho más exigente y mucho más duro en cuanto a recuperación de
costes que el régimen económico financiero vigente en estos momentos
de la Ley de Aguas para ejecutar obras hidráulicas o embalses. Por
tanto, se ha avanzado ya mucho en el artículo 21 del Plan hidrológico
nacional en ese camino de la recuperación de costes. Es verdad que
ese apartado se ha podido aplazar en parte. Hay estudios económicos
de cuánto va a costar el agua del trasvase, que está justificado,
pero no se define usuario a usuario porque no se definen tampoco los
usuarios o los destinatarios finales del agua.
Coincido con usted en que la agricultura es especialmente sensible al
incremento de precios y a los costos posibles del metro cúbico de las
aguas trasvasadas, y un incremento de estos precios conllevará una
disminución de rentas de los agricultores. Como el destino de las
aguas trasvasadas a la agricultura no será para hacer nuevos
regadíos, es que serían necesarios 5.000 u 8.000 metros cúbicos por
hectárea, sino para dotar regadíos infradotados, esos últimos 1.000
hectómetros cúbicos que le hagan falta a un regadío que ya dispone de
3.000 ó 4.000 los podrá pagar más caros. Coincido también con usted,
aunque lo planteaba con más subjetividad, en que el agua trasvasada
para regadíos y para usos urbanos debe tener un precio distinto. Lo
digo con toda claridad, lo desarrollo ampliamente en la exposición y
tiene una justificación muy clara. En primer lugar, porque los usos
urbanos tienen una mayor garantía reconocida en la Ley de Aguas y en
el Plan hidrológico nacional y, por tanto, no tiene sentido que
paguen, entre comillas, el mismo tipo de interés cuando se pide un
préstamo que tiene absolutas posibilidades de devolución que otro
préstamo del que existen incertidumbres. Si se pagara lo mismo
estaría el regadío subvencionando la garantía del abastecimiento. En
segundo lugar, porque el incremento de regadíos no está contemplado
con las aguas trasvasadas. Sin embargo, sí que se contemplan en el
plan el incremento de las demandas urbanas y el incremento de las
demandas industriales, precisamente cuando las demandas industriales
tienen en los planes del Júcar, del Segura y del Guadalquivir menos
preferencia que los regadíos, por estas y otras muchas razones que he
intentado exponer en la comparencia.
Muchas gracias y disculpen la extensión.
El señor VICEPRESIDENTE (Ruiz López): Recuerdo a SS.SS. que el señor
Valero de Palma ha dejado un documento más amplio que su exposición y
que está a la disposición de la Comisión de Medio Ambiente junto con
otros documentos que han dejado otros comparecientes también.
Muchas gracias por el documento, por su intervención y por su tiempo,
señor Valero de Palma.
Suspendemos un minuto la sesión para dar paso al siguiente
compareciente. (Pausa.)
- DEL SEÑOR REPRESENTANTE DE LA AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN
TRIBUTARIA (VÁZQUEZ COBOS). (Número de expediente 219/000168.)
El señor VICEPRESIDENTE (Ruiz López, don Juan Carlos): Señorías,
damos la bienvenida, como no podía ser de otra manera, a don Carlos
Jesús Vázquez Cobos, de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, quien tiene el uso de la palabra para hacer su exposición
referente al Plan hidrológico nacional.
El señor REPRESENTANTE DE LA AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN
TRIBUTARIA (Vázquez Cobos): En primer lugar, quisiera manifestar que
para mí es un extraordinario honor comparecer ante esta Comisión de
Medio Ambiente del Congreso de los Diputados especialmente para
tratar de un tema de la importancia y trascendencia del Plan
hidrológico nacional. También quisiera pedir disculpas por adelantado
a SS. SS. si mi exposición no está, como vulgarmente se dice, a la
altura de las circunstancias. Mi intención no es más que tratar de
ayudar en lo posible a que las decisiones que se tomen en la
tramitación de este proyecto de ley de tanta repercusión social sean
las más adecuadas.
Por mi preparación y experiencia profesional, lógicamente me voy a
centrar exclusivamente en aspectos jurídicos del proyecto de ley del
Plan hidrológico nacional. Como imagino el cansancio lógico que deben
tener SS. SS. por el número apretado de comparecencias que han
tenido, trataré de ajustarme al tiempo, que son unos quince minutos
según me han dicho, y ser conciso en mis palabras, sin perjuicio de
que, después, intentaré contestar a todo lo que quieran preguntarme.
Por ello, voy a tratar de hacer una breve referencia a aquellos
aspectos que, en mi opinión, son los más importantes del contenido
del proyecto de ley desde un punto de vista jurídico y los que he
considerado han sido objeto de mayor debate en el seno del Consejo
Nacional del Agua, en particular en la comisión permanente. Hay otros
aspectos que no voy a tratar que también tienen su importancia,
porque todos los preceptos de un proyecto de ley, de una u otra
manera, tienen una eficacia jurídica evidente.
Como ya conocen, el proyecto de ley del Plan hidrológico nacional
tiene dos grandes bloques de materias. En el título I, se regulan
aquellos aspectos que la Ley de aguas considera que son los
contenidos concretos que debe tener el Plan hidrológico nacional. Se
ha incluido un título II donde se recogen aquellos aspectos que, si
bien no son estrictamente necesarios, se ha entendido conveniente
incluir para garantizar el cumplimiento
de dicho plan, es decir, para garantizar una planificación
nacional adecuada del recurso hídrico.
Empezaremos por la primera parte, el contenido esencial del Plan
hidrológico nacional. En relación con este título I, uno de los temas
más controvertidos en su discusión en el Consejo Nacional del Agua
fue la regulación de los llamados criterios de coordinación de los
planes hidrológicos de cuenca. Las observaciones realizadas en aquel
momento sobre el texto inicialmente propuesto al Consejo partían de
la consideración de entender que, tal y como estaba redactado, se
posibilitaba una cierta modificación reglamentaria de los planes
hidrológicos de cuenca al facultar al Gobierno para desarrollar
dichos criterios. Por eso el proyecto definitivo, tratando de
ajustarse a estas observaciones y recogerlas, ha incluido dos
aspectos muy importantes. En primer lugar, recoge las determinaciones
legales mínimas que han de tenerse en cuenta para desarrollar estos
criterios; así se hace en los apartados a) a d) del artículo 5. En
segundo lugar, se deja claro en la disposición transitoria tercera
que los planes hidrológicos de cuenca, salvo lógicamente las
adaptaciones derivadas de las previsiones específicamente
establecidas en la ley, no se verán modificados en virtud de la
aprobación del Plan hidrológico nacional. Por tanto, estos criterios
de coordinación se van a tener en cuenta en el proceso de revisión de
los planes hidrológicos de cuenca, pero no tienen eficacia en sí
mismos considerados. Con esto se alcanza un doble objetivo muy
importante, seguir manteniendo el principio descentralizador en la
elaboración y, en el futuro, en la revisión de los planes
hidrológicos de cuenca, garantizando la participación de todos los
afectados en el ciclo hidrológico, pero también posibilitar una
uniformidad mínima que evite que, como consecuencia de dicha
descentralización, los planes, con independencia de su lógica
diversificación territorial, permitan un mínimo análisis global y
unos mínimos objetivos comunes.
La segunda cuestión importante suscitada en el seno del Consejo fue
la regulación de las transferencias autorizadas por la ley. De
acuerdo con la Ley de aguas, el Plan hidrológico nacional debe
establecer la previsión y las condiciones de las transferencias de
recursos hídricos entre ámbitos territoriales distintos, planes
hidrológicos de cuenca, en especial si ésta es la única alternativa
que prevén los citados planes. Previstas las posibles transferencias,
lo que, como SS. SS. saben, se lleva a cabo en el artículo 13 del
proyecto, lo importante desde una perspectiva jurídica es establecer
el régimen aplicable, es decir, las condiciones que posibiliten el
ejercicio de dicha autorización normativa. Entre estas condiciones
hay que resaltar las de carácter técnico, las de carácter ambiental y
las de carácter económico.
Empezaremos por las de contenido ambiental. El proyecto prevé, en su
artículo 15, la necesidad de someter a evaluación de impacto
ambiental los proyectosrelativos a las transferencias previstas en la
ley. Conviene
resaltar que esta evaluación, que debe hacerse a través de los
procedimientos legalmente establecidos, implica una exigencia
ambiental superior a la regulada en la normativa comunitaria y
nacional por dos razones. La primera, porque el texto exige que la
evaluación ambiental no se haga proyecto a proyecto sino de manera
conjunta para todos los proyectos relativos a las transferencias
autorizadas, garantizando por tanto que, desde un punto de vista
ambiental, se analicen los efectos directos e indirectos de todos los
proyectos derivados de la ejecución o de la eficacia de dichas
autorizaciones. Además, establece de forma clara que la evaluación
ambiental se hará aunque la normativa sectorial no prevea de forma
preceptiva la misma. Es decir, si hubiese algún proyecto que, por su
naturaleza o tamaño, no estuviese obligado a la evaluación de impacto
ambiental, deberá someterse a ella como consecuencia de este artículo
15. Por otra parte, y es importante destacar esto porque a veces se
han dicho cosas distintas, esta exigencia de evaluación de impacto
ambiental no exime de que el plan como tal tenga que cumplir otras
normativas ambientales de carácter preceptivo, en concreto la
Directiva 92/43 relativa a la conservación de los hábitats naturales
y de la fauna y flora silvestre, y así se ha comunicado a la Comisión
Europea ante la solicitud de información que se ha recibido.
Pasemos brevemente a las condiciones de carácter técnico,
posiblemente las más importantes. Estas condiciones tienen como
finalidad principal garantizar de una manera precisa que, desde un
punto de vista hídrico o de gestión de recursos las transferencias
autorizadas por el proyecto de ley no supongan en ningún caso, ni
puedan suponer, ningún tipo de perjuicio para las cuencas cedentes.
Esta premisa, a mi entender, se desarrolla desde un punto de vista
jurídico en las siguientes determinaciones que paso brevemente a
exponer. En primer lugar, la prioridad absoluta de los usos y
aprovechamientos de la cuenca cedente. En este sentido, el artículo
12.2 establece de forma expresa que en ningún caso el desarrollo de
la cuenca cedente puede verse limitado con las transferencias
autorizadas, debiendo garantizarse todos los usos y aprovechamientos
presentes y futuros de dicha cuenca. Pero para que esta prioridad
quede claramente fijada, el artículo 16.1.c) establece literalmente
además que en ningún caso los sistemas de explotación de la cuenca
del Ebro se podrán ver obligados a efectuar ningún desembalse con
destino a favorecer los trasvases y que en la gestión hídrica de la
cuenca del Ebro no se puede considerar servidumbre alguna como
consecuencia de los trasvases. En consecuencia, y dicho de una manera
muy sencilla, según el proyecto de ley del Plan hidrológico nacional,
a mi entender, la cuenca del Ebro podrá seguir gestionándose y podrá
seguir gestionando el recurso hídrico como si no existiesen
trasvases, porque las trasferencias autorizadas
no pueden condicionar en ningún momento dicha gestión ni en
el presente ni en el futuro.
En segundo lugar, la garantía de que sólo se puede trasvasar agua
sobrante. La segunda garantía para no perjudicar en ningún caso la
cuenca cedente es la regulación del concepto de aguas sobrantes que
se realiza en el artículo 16.1, apartados a) y b). Como bien saben
SS.SS., las transferencias autorizadas en el proyecto de ley
permiten, hasta el volumen máximo autorizado, una transferencia de
recursos hídricos entre dos ámbitos territoriales de planificación
hidrológica, pero esa autorización no significa que cada año el
trasvase efectivo, es decir, el volumen concreto que se transfiere,
alcance dicho límite. De hecho, la experiencia demuestra que este
volumen será normalmente inferior al máximo legal, y la razón se
encuentra precisamente, para garantía plena de la cuenca cedente, en
que cada año concreto sólo se puede trasvasar, con el máximo legal
autorizado, el caudal sobrante. El caudal sobrante es la diferencia
entre el caudal que circula por el río y la suma del caudal ambiental
y el caudal correspondiente a las concesiones existentes aguas abajo
de las tomas del trasvase. El caudal ambiental o ecológico será el
que esté fijado en el plan hidrológico de la cuenca del Ebro. Este no
es un concepto estático, no es un concepto permanente, sino que
lógicamente deberá cambiarse en función de las circunstancias de la
cuenca que puedan existir en cada momento o que puedan existir en el
futuro y en función de los ecosistemas afectados. Por tanto, si
cambian las circunstancias -como anteriormente se ha dicho- deberá
cambiar la fijación de ese caudal ambiental y, en definitiva, habrá
que determinar cuál es el caudal ambiental mínimo que siempre debe
garantizarse. Por tanto, si en un año, por cualquier razón, no hay
caudal sobrante, porque todo el caudal existente debe destinarse a
garantizar el caudal ambiental o a suministrar recursos para las
concesiones existentes aguas abajo, ese año concreto no podrá
autorizarse ningún trasvase. Además, el artículo 16.3 establece que
la explotación del trasvase deberá tener en cuenta las condiciones
hidrológicas de cada momento y los requerimientos medioambientales de
las cuencas afectadas, en particular de la cuenca cedente, lo que
significa que los trasvases deben hacerse en los períodos temporales
más adecuados desde un punto de vista hidrológico y ambiental, en
particular en la cuenca cedente y -dice el proyecto- teniendo en
cuenta además las situaciones extraordinarias que puedan darse en
dicha cuenca.
En tercer lugar, el proyecto establece límites precisos para el
destino de las aguas trasvasadas. El principio de solidaridad que
fundamenta el proyecto del Plan hidrológico nacional tiene su
justificación en la medida en que se pretenden solucionar los déficit
actuales de las cuencas receptoras, pero perdería dicha justificación
si a su amparo se pudiera dar cobertura a déficitfuturos, es decir,
déficit no existentes actualmente. Este
principio de garantía se recoge en el proyecto en tres aspectos muy
concretos y precisos. En primer lugar, señalando los destinos de las
aguas trasvasadas, que como ustedes saben, sólo pueden utilizarse
para el abastecimiento, por razones ambientales, para eliminar
situaciones de insostenibilidad de acuíferos sobreexplotados y para
consolidar dotaciones de regadío existentes que se encuentren en
situación de precariedad. Pero también para evitar discusiones
jurídicas sobre el alcance de esta precisión el artículo 12.2 afirma
tajantemente que en ningún caso las aguas trasvasadas podrán
destinarse a la creación de nuevos regadíos. Por último, para mayor
precisión jurídica, el artículo 17.3 establece dos requisitos
adicionales: los potenciales usuarios de las aguas trasvasadas no
sólo deben disponer de una concesión o título habilitante para tener
derecho a un uso privativo del agua, sino que se exige que dicha
concesión o título esté debidamente inscrito en el registro de aguas
de las cuencas receptoras. Como conocen SS.SS., en la Ley de aguas el
registro no es título constitutivo para disponer del derecho, es
decir, uno puede tener derecho al uso privativo del agua sin
necesidad de estar debidamente registrado, pero, en este caso, para
evitar situaciones de dudosa legalidad o dar pie a un uso abusivo, el
proyecto da un paso más respecto a lo previsto en la legislación
vigente y no sólo exige que se tenga título, sino que el título esté
debidamente inscrito en el registro de aguas para garantía de la
plena legalidad de su destino. En cuanto a los acuíferos
subterráneos, no basta la potencial situación en que se puedan
encontrar, sino que es necesario, y así lo exige el proyecto, que se
haya dado un paso más y que, por tanto, haya habido una declaración
formal de que el acuífero esté declarado sobreexplotado o en riesgo
de estarlo, con las consecuencias jurídicas limitativas del uso
privativo que dicha declaración conlleva.
Por último, para cerrar todo el régimen jurídico, el proyecto
establece unas condiciones de organización de los usuarios de las
aguas trasvasadas que impidan unas demandas no adecuadamente
coordinadas. Por ello obliga a constituir juntas centrales de
usuarios para cada una de las transferencias, y en caso de regadíos o
de sobreexplotación de acuíferos, los dos temas más importantes o
polémicos, es además necesario crear comunidades o agrupaciones de
usuarios que después se integrarán en dichas juntas centrales de
usuarios. En definitiva, estas condiciones técnicas establecen
prioridad absoluta de los usos y aprovechamientos presentes y futuros
de la cuenca cedente, la garantía de que sólo se pueden trasvasar
aguas sobrantes, el establecimiento de límites precisos para el
destino de las aguas trasvasadas y la fijación de condiciones de
organización de los usuarios de las aguas trasvasadas.
En cuanto a las condiciones económicas, el proyecto también trata de
aplicar -como he visto que se ha comentado- los principios recogidos
en la Directiva marco del agua. En este sentido, en contra de lo que
se
dice, el artículo 9 de dicha directiva no establece un régimen muy
preciso de lo que supone la recuperación de costes y sólo establece
dos principios: que se deben tener en cuenta todos los costes, los
costes de los servicios ambientales y los costes del recurso, y que
además la política de tarificación tiene que llevar a un uso
eficiente del agua. Pues bien, esos principios se introducen en el
proyecto de ley, porque, a diferencia de lo que sucede en el régimen
económico-financiero actual, el canon del trasvase prevé dos tarifas,
una cuota de utilización que incluye todos los costes vinculados con
la recuperación del servicio (costes de explotación y mantenimiento,
costes de administración, costes de inversión, tanto de capital como
de descuento o financieros) y además una cuota ambiental que trata de
compensar ambientalmente a las cuencas cedentes. No se incluye un
coste del recurso porque, como hemos visto, por definición ese coste
de oportunidad de recursos no utilizados como consecuencia de ese
otro uso alternativo no se da en el proyecto, porque hay una garantía
plena de que todos los usos presentes y futuros de las cuencas
cedentes deben estar garantizados.
En cuanto a la política de tarificación, también como una novedad
respecto a la actual ley de aguas, el proyecto establece de una forma
clara que se debe tener en cuenta para la misma el consumo efectivo
del agua en función de los distintos usos, de tal manera que la cuota
de utilización se va a calcular en función de dicho consumo y va a
repercutir en él, y la cuota ambiental se establece en un importe por
metro cúbico consumido.
Brevemente, porque veo que me excedo en el tiempo, voy a comentar
algunos aspectos adicionales de las normas complementarias en la
planificación recogidas en el título II. Simplemente quiero indicar
que en la tramitación del anteproyecto ante el Consejo Nacional del
Agua, posiblemente este título ha sido el que se ha visto modificado
en mayor amplitud. Se han recogido numerosas observaciones y
sugerencias que han mejorado de forma sustancial, a mi entender,
aspectos ambientales de gran trascendencia jurídica. Me limitaré
a señalar algunos concretos. En primer lugar, la regulación de las
reservas hidrológicas por motivos ambientales, habiéndose precisado
en la redacción definitiva que en ningún caso se está afectando a
competencias autonómicas, porque no se trata de regular o de crear
espacios protegidos en el dominio público hidráulico sino reservas
hidrológicas por razones ambientales, lo que ya preveía la propia Ley
de aguas en el artículo 40.d), pero esta vez facultando al Gobierno,
a propuesta del Ministerio de Medio Ambiente y previo informe de las
comunidades autónomas, para que así lo declare cuando esté plenamente
justificado.
En segundo lugar, la regulación de los caudales ecológicos, y se da
un paso más de lo ya recogido en la reforma de la Ley de aguas,
indicando que esta limitación previa, esta restricción a todos los
sistemas de explotación, que tiene una consecuencia jurídica evi
dente,
se tiene que aplicar aunque en el propio otorgamiento de la concesión
no se previese de forma expresa, porque es una norma de carácter
general, es decir, se haga referencia o no en la concesión a la
existencia o no de este caudal ambiental, el caudal ambiental debe
aplicarse en todo caso para respeto de uno de los principios básicos
en la gestión del recurso, su gestión sostenible. En este caso, si
fuera necesaria la revisión de la concesión se aplicarían los
principios y los procedimientos previstos en la Ley de aguas.
Otro tema muy importante es la gestión de las sequías. El proyecto de
ley del Plan hidrológico nacional da un paso en relación con la
situación actual, en donde se actúa a posteriori cuando la sequía se
ha producido, adoptando decretos de sequía de uno y otro sentido.
Aquí se trata de establecer medidas preventivas a través de
indicadores que den luces de alarma ante un posible riesgo de sequía,
que lo que van a permitir es una declaración formal de situación de
alarma y de eventual sequía y la aplicación inmediata de un plan
especial que tienen que haber elaborado los organismos de cuenca en
cada respectiva cuenca y que establezca las medidas en cuanto a la
gestión del recurso y las limitaciones en cuanto al uso de dicho
recurso para evitar que esa situación de sequía se produzca,
especialmente además en materia de abastecimiento, y por ello se den
planes de emergencia para abastecimiento a poblaciones de más de
20.000 habitantes. Por último, la protección del dominio público
hidráulico, en donde se avanza en medidas de fomento para evitar la
construcción de instalaciones en zonas inundables y dominio público
hidráulico. También se intenta avanzar en este tema controvertido de
la delimitación de las zonas inundables tratando de ajustar más el
procedimiento que va desde la determinación, desde el punto de vista
hidrológico, de cuáles son los datos objetivos que permiten esta
fijación a su inclusión en los ámbitos de planificación urbanística,
en donde lógicamente habrá que evitarse la posibilidad de que en
estas zonas inundables que exceden del ámbito del dominio público
hidráulico se lleven a cabo estas construcciones.
Adicionalmente, este título II recoge aspectos también muy novedosos
respecto de aguas subterráneas, humedales, proyectos de investigación
y desarrollo, de educación y sensibilización que, evidentemente, por
falta de tiempo, no puedo desarrollar.
Agradezco una vez más su petición de comparecencia así como su
atención y quedo a su disposición para las preguntas que quieran
formularme.
El señor VICEPRESIDENTE (Ruiz López, don Juan Carlos): Para formular
las preguntas que deseen hacer los grupos, por el Grupo Parlamentario
Popular, tiene la palabra la señora De Lara.
La señora DE LARA CARBÓ: Yo quiero dar la bienvenida de nuevo a don
Carlos Vázquez a esta Comisión
de Medio Ambiente, porque aunque sabemos que hace un mes que no
está en el Ministerio, indudablemente sus conocimientos y los
estudios que ha efectuado sobre el plan hidrológico, sobre el Libro
Blanco del agua y sobre la Ley de Aguas en la pasada legislatura le
hacen acreedor de su gran saber sobre todo en los aspectos jurídicos
que nos ha nombrado.
Quiero agradecerle también que haya introducido una nueva faceta en
esta Comisión, que hayamos dejado de hablar de aspectos concretos del
plan para hablarnos del proyecto de ley del Plan hidrológico
nacional, que a la postre es lo que vamos a debatir en la ponencia
que se va a crear en esta Comisión, y creo que es un punto de vista
nuevo que todavía no había sido visto por ninguno de los
comparecientes.
Como usted ha dicho, el contenido del proyecto de ley del Plan
hidrológico nacional se ajusta al mandato de la Ley de aguas, que
fundamentalmente nos dice que hay que coordinar los planes de cuenca
y hay que hacer la previsión de las transferencias entre cuencas. Por
consiguiente, creemos que si no se hubieran contemplado las
transferencias entre cuencas no se habría cumplido el contenido
fundamental del Plan hidrológico nacional.
Quiero recordar que en la pasada legislatura en diecinueve ocasiones
hubo iniciativas parlamentarias solicitando que el Gobierno
presentara el Plan hidrológico nacional, y si el Plan hidrológico
nacional debe incluir las previsiones de las transferencias entre
cuencas tampoco entendemos que ahora otros grupos parlamentarios se
opongan a estas transferencias.
De este proyecto de ley quiero destacar en el aspecto ambiental la
evaluación conjunta de todo proyecto de ley, porque esto dará una
medida exacta de si realmente se produce algún impacto, si se puede
evitar y las medidas correctoras que hay que introducir. Después de
llevar aquí dos días y medio oyendo distintos puntos de vista de
distintos expertos y de distintas comunidades de regantes, se ha
dicho una cosa que quería que usted me aclarara. Dijo un
interviniente anterior que en la cuenca del Ebro los nuevos embalses,
muchos de los embalses de las obras de regulación del pacto del agua,
iban a servir para desembalsar aguas para el trasvase, dado que las
aguas que circulan por el Ebro no serán suficientes para este
trasvase. Le quería preguntar si en el proyecto de ley hay garantías
jurídicas suficientes para indicarnos que esto no pueda suceder.
También querría saber hasta qué punto el proyecto de ley del Plan
hidrológico nacional atenta a la Directiva marco, como aquí se ha
dicho en reiteradas ocasiones, y que nos indique usted si cumple
todos los principios que manda la Directiva marco.
Los principios en cuanto a recuperación de costes se recogen en el
proyecto de ley. Dado que aquí también se ha comentado que el precio
que debería fijarse parael agua debería ser un precio que adaptara
este principio
de recuperación de costes, querríamos saber si esto se va a cumplir.
Nos imaginamos que usted estuvo en la elaboración del anteproyecto de
ley, participó en ella, y queríamos que nos indicara si considera que
ha habido modificaciones entre el anteproyecto de ley que se presentó
al Consejo Nacional del Agua y el proyecto de ley del Plan
hidrológico nacional que hoy estamos aquí debatiendo.
Le agradecemos su comparecencia y esperamos sus explicaciones.
El señor VICEPRESIDENTE (Ruiz López, don Juan Carlos): Por parte del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra
el señor Martí.
El señor MARTÍ I GALBIS: Quiero dar la bienvenida al compareciente y
agradecerle la exposición clara que nos ha dado con relación al
contexto global de este proyecto de ley.
Mi intervención será muy breve y hará referencia a dos cuestiones muy
concretas, las dos referidas al ámbito jurídico, que creo que es el
que toca en esta comparecencia, y que en una anterior intervención
mía con otro compareciente he intentado clarificar y me han sugerido,
con muy buen criterio, que, por tratarse de un tema de ámbito
jurídico, lo plantease en esta comparecencia.
Usted se ha referido al artículo 17.2, en el que se prohibe destinar
aguas trasvasadas a nuevos regadíos. Yo le pregunto si usted
considera que con la redacción actual de este artículo se excluye
radicalmente la posibilidad de que una ampliación más o menos
camuflada de un regadío preexistente pueda beneficiarse del agua
trasvasada. No sé si no sería más claro que este artículo
especificara la prohibición expresa de beneficiarse del agua del
trasvase no sólo a los nuevos regadíos, como establece el artículo
17.2, sino también para cualquier ampliación, fuese por el sistema
que fuese.
La segunda cuestión de ámbito jurídico está también relacionada con
regadíos ilegales. Quizá nosotros no hemos interpretado correctamente
la información que nos han dado anteriores comparecientes. Me refiero
a que ha habido diversos diputados de diferentes grupos
parlamentarios en esta Comisión que han aludido a la existencia de
regadíos ilegales sobre los cuales no ha habido efectividad a la hora
de perseguirlos, de seguir las denuncias presentadas por la autoridad
-en este caso, por Seprona-, los expedientes administrativos o
expedientes de infracción y que acabasen en sanción efectiva en el
caso de que se comprobara que esa infracción es la que es. Le
pregunto: ¿usted cree que el texto del actual proyecto de ley va a
traer alguna cosa nueva, va a acabar de una vez por todas con la
impunidad que se ha aludido en esta Comisión de forma insistente
durante las comparecencias anteriores?
El señor VICEPRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene
la palabra el señor Morlán.
El señor MORLÁN GRACIA: Muchas gracias por su lectura del proyecto de
ley, señor Vázquez. La impresión que he tenido de su exposición es
que, en principio, a usted le han hecho comparecer y le han gastado
una buena faena, porque para venir aquí y leernos el texto del
proyecto -respeto que usted lo haya hecho así, no pongo en duda sus
afirmaciones ni sus comentarios marginales-, no habría hecho falta
que viniera, porque eso ya lo conocemos nosotros. El texto lo hemos
leído, lo hemos estudiado con mucho detalle y, por supuesto, alguno
de los comentarios que usted ha hecho se desprende de la propia
lectura del texto. Puesto que usted antes estaba en el Ministerio
-ahora no está, está en la Agencia Tributaria- y ha tenido algún
nivel de participación en la elaboración de este documento, yo
quisiera que usted profundizara en algunos aspectos que hacen
referencia a la coordinación de planes de cuenca.
La Ley de Aguas cuando fija los planes de cuenca y la coordinación
que tiene que llevar a cabo el Plan hidrológico nacional da la
impresión que está pidiendo algo más que lo plantea la propia
coordinación que ustedes establecen en el proyecto de ley. Esto viene
ratificado porque la directiva marco -que ustedes reiteran, como es
lógico, al fin y al cabo tienen que defender su texto, que está
perfectamente contemplada- obliga -lo que sí es cierto- a que en un
breve plazo -tres, cuatro o cinco años- los planes de cuenca se
revisen y también el Plan hidrológico nacional como consecuencia de
la propia directiva. ¿Usted entiende que esas medidas de coordinación
no tenían que haber profundizado más en el contenido de la directiva
marco para evitar el que esa revisión futura que va a haber que hacer
de planes de cuenca y del Plan hidrológico nacional se llevara a cabo
de una manera algo más consensuada, es decir, que no se genere una
nueva batalla del agua en cada cuenca en el Plan hidrológico
nacional?
En segundo lugar ha planteado que este proyecto de ley se deriva del
artículo 43 de la Ley de Aguas y desde el Grupo Popular se nos está
diciendo que nosotros no respetamos el artículo 43 en el texto
alternativo que se desechó el pasado jueves. El artículo 43 habla de
la previsión y las condiciones de las transferencias, no dice
previsión, definición y condiciones de transferencias. Entonces, me
gustaría saber por qué razón ustedes, a la vista de los obstáculos de
carácter social, ambiental y económico que se ponen encima de la
mesa, no han intentado buscar otra fórmula que permita dar
cumplimiento a la propia Ley de Aguas. Aquí no dice que ustedes
definan. Ustedes dicen que prevean los trasvases; nosotros también lo
prevemos. Dicen que establezcan condiciones, nosotros también las
establecemos. ¿No cree usted que el desarrollo de la Ley de Aguas
tenía que haber sido contemplado de otra manera para
que esta guerra del agua que se ha planteado en el conjunto del
Estado se evitara?
Nosotros cuando hablamos de condiciones de transferencias y cuando
hablamos de previsión de trasvases lo hacemos en el marco de otro
aspecto que ustedes no han tenido en cuenta. Entendemos que junto al
artículo 43 de la Ley de Aguas se tiene que llevar a cabo la
aplicación del Reglamento de planificación hidrológica, que ustedes
conocerán y que no se ha modificado. Este reglamento en su artículo
92 dice: La coordinación de los diferentes planes hidrológicos de
cuenca se realizará por el Plan hidrológico nacional, considerando
las diversas planificaciones sectoriales de carácter general, en
particular la agrícola, la energética y la ordenación del territorio.
En este plan que ustedes presentan y que usted defiende en estos
momentos se está contemplando solamente el trasvase del Ebro al arco
mediterráneo. No diga el Anexo II porque todo el mundo está diciendo
que no se va a cumplir, por lo tanto no me vengan diciendo que afecta
al conjunto del Estado, porque después resulta que cuando profundizas
un poco en ese debate, los mismos que han estado redactando o
apoyando este plan están diciendo que hay muchas reticencias a que se
cumpla. Por lo tanto, la gestión del agua en España la vamos a tener
en las mismas condiciones durante mucho tiempo y eso es perjudicial.
¿Usted no cree que para este desarrollo de planificación hidrológica
no hubiera sido conveniente que en el marco de la ordenación del
territorio y de la extensión, ampliación o reducción de regadíos
tuviéramos el plan nacional de regadíos encima de la mesa? Porque me
da la impresión, como ha dicho el anterior interviniente, de que
según cómo sean las conversaciones con las comunidades autónomas, a
lo mejor, nos encontramos con que hay más regadíos y hay más
necesidad de agua y, por lo tanto, las previsiones que establece el
plan no son aceptables. Esta consideración ustedes la debieron de
tener presente en el momento de la redacción del plan.
Hay otro tema que ha planteado el señor Martí hace un momento, que me
gustaría que nos aclarara. Ustedes no han desarrollado la reforma de
la Ley de Aguas. Hasta tal punto no la han desarrollado que usted
ahora tiene un problema, si es que ha firmado el convenio con el
Ministerio de Medio Ambiente, y es que la disposición transitoria
única de la reforma no se cumple. Se lo digo para su información. El
canon de control de vertidos entrará en vigor el 1 de enero de 2001.
Hasta la referida fecha permanecerá vigente el plan de vertidos
establecido en el artículo 105 de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de
Aguas. Quiere decirse que, al no haber desarrollado esta ley, el
canon de control de vertidos no lo están cobrando ustedes. Revisen
esta información que les doy y vean si es cierto o no, porque es
grave que no se hayan molestado en desarrollar la reforma de la ley
ni en aplicar el canon de control de vertidos. Con independencia de
eso, ¿hasta qué punto ustedes pueden evitar que se amplíen los
regadíos?
Hasta ahora lo que se ha demostrado es que cualquier previsión que se
haya hecho de control del incremento de regadíos ha chocado con una
auténtica apatía por parte de la Administración hidráulica y han sido
escasas las denuncias, salvo las del Seprona que se han hecho en
determinadas cuencas, las que han puesto de manifiesto que ese
aumento de regadíos existe. Su proyecto dice que no habrá nuevos
regadíos en las cuencas receptoras. ¿Cómo se garantiza eso? ¿Qué
instrumentos tienen? Los anteriores comparecientes decían que había
cuatro inspectores en cada cuenca para controlar los regadíos. A mí
me gustaría que hubiera solamente uno, pero que lo hiciera bien. ¿De
qué manera se puede evitar que el trasvase -y está demostrado con el
trasvase Tajo-Segura- genere expectativas? ¿Cómo se pueden cortar
esas expectativas?
En cuanto a los costes y a los precios del agua. Usted está ahora en
la Agencia Tributaria y si se firma el convenio que establece la
propia ley y el propio proyecto de ley, a usted le va a tocar
gestionar el cobro del canon correspondiente que surge de esta ley.
¿De qué manera se puede llevar a cabo el cobro de un canon de estas
características o marcar, una cuota, que ustedes fijan de 5 pesetas/
metro cúbico, para atender a los problemas ambientales en las cuencas
cedentes? ¿De qué manera se puede entender que el precio del agua va
a responder no solamente a los costes del trasvase, sino a los costes
de distribución, es decir, trasvase, llegada del agua en alta y en
baja, y qué medidas pueden adoptarse para que la repercusión no
incida de manera negativa en la producción agraria y no nos
encontremos con que en aquellas cuencas que reciben agua sus
agricultores van a tener problemas para hacer frente a los costes de
agua que se van a derivar de la aplicación del propio proyecto de
ley?
En esta comparecencia, además de leer el texto del proyecto de ley,
usted ha hecho algunas afirmaciones, sobre todo relacionadas con la
directiva-marco que quisiera que profundizara. Se establecen de
manera genérica algunos conceptos, algunas actuaciones o se derivan
hacia la decisión posterior del Gobierno esas reglamentaciones que se
plantean en el propio proyecto y me gustaría saber qué garantía ve
usted de que la aplicación de la directiva-marco se puede cumplir con
unos reglamentos que en principio no están basados en la trasposición
de la propia directiva, sino de una norma que no contempla la
directiva desde nuestro punto de vista, en la medida que debieran
contemplarse y evitar en el futuro una confrontación del agua como se
está produciendo en estos tiempos entre diversas cuencas, entre
diversas comunidades.
Por último una pregunta. ¿Cree usted que se han hecho los suficientes
esfuerzos de consenso y entendimiento entre partidos políticos y
comunidades autónomas para llevar a cabo lo que todo el mundo
reclamamos pero que parece que es muy complicado conseguir debido a
la posición intransigente respecto a los 1.050
hectómetros cúbicos? Le voy a hacer una aclaración. Hace un momento
me acaban de enseñar una nota de prensa del ministro Matas que dice
en Huelva que el Gobierno estudiará la posibilidad de realizar el
trasvase del Guadiana-II al Guadalquivir y que cuando va a Cataluña
dice que estudiará la posibilidad de trasvasar del Ródano a Cataluña.
No podemos andar durante el debate de una ley con noticias de prensa
que lo que hacen es desvirtuar su contenido. Creo que hay que tratar
este tema con la suficiente seriedad y rigor y no podemos entrar en
unas polémicas que generan una cierta expectativa y una cierta
inquietud que no conducen más que a la tergiversación del proyecto de
ley y a que este debate sea cada vez más tenso y en algún momento en
esta Comisión se ha puesto de manifiesto. Si usted, que ha sido
corredactor del proyecto -al menos ha tenido mucho que ver con la
redacción del proyecto- entiende que es el mejor proyecto en estos
momentos, creo que debiera de releerlo con un poco más de atención y
entender que la aplicación de la directiva-marco y el desarrollo de
la Ley de Aguas pueden ser perfectamente interpretados con una
gestión del agua más moderna.
El señor VICEPRESIDENTE (Ruiz López): Señor Morlán, supongo que
coincidirá conmigo en que esta Comisión se está desarrollando con la
máxima normalidad y tranquilidad; pero por lo que comentaba,
lógicamente, porque estamos en un tema importante, los sentimientos
siempre afloran.
Tiene la palabra el señor Vázquez Cobos para contestar a los
respectivos portavoces.
El señor REPRESENTANTE DE LA AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN
TRIBUTARIA (Vázquez Cobos): Han sido muchas las cuestiones que se han
suscitado, algunas de ellas además vinculadas, y para tratar de
repasarlas las he ido apuntando, pero no sé si seré capaz de
explicarlas.
En primer lugar, en cuanto a las preguntas que me ha hecho la
portavoz del Grupo Popular tengo que decir que desde el punto de
vista jurídico -y en mi opinión es evidente- la construcción de
embalses en la cuenca del Ebro no tiene en principio ningún tipo de
relación con las transferencias autorizadas en el proyecto y de hecho
he leído, he comentado el artículo correspondiente del proyecto que
no vincula para nada ningún desembalse ni hay ningún tipo de relación
jurídica entre los desembalses y los acuerdos de las comisiones de
desembalse que se gestionan con los criterios que establece la Ley de
Aguas en la cuenca respectiva, con la eficacia o la autorización en
cada año concreto de un trasvase. Será según las circunstancias
hidrológicas de ese año, entre ellas las derivadas de los acuerdos
que se adopten en el seno de la propia cuenca, por las que, en virtud
de la comisión de trasvases, se establezcan los acuerdos concretos de
los trasvases a realizar. Luego en
mi opinión es evidente que no hay ningún tipo de vinculación. La
realización de determinadas obras en la cuenca del Ebro es una
decisión a adoptar dentro de la propia cuenca. En concreto el pacto
del agua trata, entiendo yo, de garantizar una mayor disponibilidad
de recursos para la gestión de la propia cuenca. Eso además es
evidente: si regulas un río -no soy un técnico y estoy entrando en
aspectos que a lo mejor no soy específicamente quien los tiene que
contestar- en la parte alta de la cuenca lo que estás intentando es
garantizar la disponibilidad de recursos para esa parte y no para la
gestión del curso del río en otros aspectos, aunque a veces puede
ayudar a la gestión del caudal ambiental a lo largo de todo el río.
Se puede hablar de muchas cosas sobre la vinculación del Plan
hidrológico nacional con la directivamarco, si se ajusta o si se deja
de ajustar y como todo en derecho hay opiniones para todos los
gustos. Yo lo tengo claro: el proyecto de ley se ajusta plenamente a
la directiva-marco, entre otras cosas porque a veces se habla de la
directiva-marco y no se concreta en qué aspectos de la directiva-
marco y vamos a hablar ahora de los aspectos de la repercusión de
costes. Vamos a leer lo que dice el artículo 9 de la directiva-marco:
Los Estados miembros tendrán en cuenta el principio de recuperación
de los costes de los servicios, los costes a incluir incluirán los
costes ambientales y los costes de recursos, y deja abiertas vías de
adaptación a las circunstancias específicas de cada país, salvo que
el Estado no lo aplique para un determinado uso del agua, siempre que
informe en el plan hidrológico de cuenca y no comprometa objetivos de
la directiva, teniendo en cuenta los efectos sociales, económicos y
ambientales y las condiciones geográficas y climatológicas. Además la
directiva-marco no establece una obligación tajante de unos plazos
concretos, sino que únicamente obliga a los Estados a que garanticen,
a partir del año 2010, que la política de precios incentiva el uso
eficiente y que se explique la distinta contribución de los usos a la
cobertura de los servicios relacionados con el agua.
Eso es lo que dice la directiva-marco. Como en otros muchos aspectos,
la directiva-marco establece principios, muchos de los cuales ya
existen en nuestra legislación de aguas, sobre todo la gestión
integrada de la cuenca. En aspectos vinculados con la calidad en la
gestión del recurso establece también cuestiones en las que se viene
trabajando. Porque la normativa marco lo que hace también en muchos
aspectos es tratar de unificar directivas que ya se han ido aplicando
en distintos aspectos como en vertidos de sustancias contaminantes,
en materia de aguas de baño o de aguas para consumo humano, y lo que
establece o pretende es que todo eso en lugar de estar en normas
sectoriales aisladas estén todas ellas incluidas en un plan
hidrológico para una gestión integral de la cuenca. ¿Cuál es el gran
reto que tenemos? Incluir en los planes hidrológicos de cuenca -y es
donde vamos a tener
que hacer un gran esfuerzo- esa visión integral del aspecto ambiental
de la gestión del recurso. Posiblemente ese sea nuestro defecto
porque la Ley de Aguas, aprobada en 1985, planteó los planes
hidrológicos más sobre la gestión cuantitativa y ahora hay que
evolucionar hacia una gestión de la calidad, pero no hay nada en
contra de lo que dice el Plan hidrológico nacional respecto a eso.
Además cuando hablamos de los criterios de coordinación para la
revisión se tienen en cuenta aspectos recogidos en el proyecto de ley
vinculados con aspectos recogidos en la directiva-marco como la
gestión coordinada de las aguas subterráneas, como aspectos
vinculados al uso eficiente y el uso sostenible, aspectos vinculados
a la calidad. Ese es el gran reto que tenemos, pero ese es un reto no
teórico, no demagógico, sino real. Hay un decreto recientemente
aprobado por el Gobierno que establece objetivos de calidad en la
emisión de sustancias contaminantes y ahora hay que hacer los planes
de reducción, que afectan a todas las autorizaciones de vertidos que
existen en nuestros ríos. Ese es un trabajo ímprobo que nos va a
exigir modificar una a una para establecer cuáles son esos objetivos,
porque no olvidemos que en muchos aspectos la normativa comunitaria
deja un margen amplio a cada Estado para fijar esos objetivos de
calidad e instaurar los planes a medio y largo plazo que permitan
cumplir dichos objetivos de calidad. No es una norma como un corsé en
el cual estás o no estás, sino que en muchos casos es un propósito
que hay que elaborar a través de un trabajo constante, reiterado, a
través de un trabajo que va a durar no cuatro años sino muchos más,
en algunos casos hasta veinte años para mínimamente adaptarnos a la
misma. Por tanto, no hay contradicción, sino que lo que hay es una
tarea que empezamos a desarrollar a partir de ahora en el proceso de
adaptación de la directiva-marco, en el proceso de revisión de los
planes hidrológicos de cuenca, pero, como todo, es mi opinión.
En este sentido entiendo que tal y como he leído el artículo 9 el
proyecto de ley del Plan hidrológico nacional se adapta en cuanto a
la fijación de los principios a lo establecido en la directiva-marco
y recoge los criterios que básicamente ésta va a tener en cuenta.
Evidentemente y de acuerdo con esa directiva habrá que tener en
cuenta aspectos sociales, económicos y condiciones geográficas y
climatológicas, Por eso un principio básico, que es para garantizar
el uso eficiente, se repercute en función del consumo del agua y no
como actualmente se hace por hectárea, y hay que hacerlo
paulatinamente. Ya en la reforma de la Ley de Aguas, manteniendo el
régimen económico financiero actual, se estableció un criterio de
ponderación en función de si el consumo real es superior a las
dotaciones de referencia. En el Plan hidrológico nacional, al
elaborar el canon del trasvase, tenemos en cuenta que hay que ir
hacia una repercusión en el consumo, porque eso
garantiza lo que dice la directiva marco: un uso eficiente, no tener
un criterio de repercusión, más o menos vas a pagar lo mismo,
consumes más o menos, porque lo calculas según unas hectáreas
determinadas de regadío.
El proyecto del Plan hidrológico nacional introduce claramente esos
principios, que después habrá que desarrollar. En política de tasas
es evidente que las leyes no pueden precisar con total concreción el
importe último, sino que establecen los criterios básicos que van a
permitir después un desarrollo reglamentario que se adecue a los
principios previstos en la ley, como se hizo en el año 1985, cuando
se aprobó la Ley de Aguas, que establece los principios básicos y que
después fueron objeto de desarrollo en el reglamento del dominio
público hidráulico. ¿Se va a poder repercutir esos costes y
cobrarlos? Depende, pero tenemos antecedentes muy claros. En el
trasvase Tajo-Segura el grado de cobertura y de cobro de los cánones
es prácticamente el cien por cien, porque realmente el agua está muy
controlada, el destino está muy controlado y se repercute según
consumo.
Hay otro tipo de cánones y de tarifas donde el grado de gestión es
menor. Se ha avanzado mucho en los últimos años y en estos instantes
hay una cobertura de la repercusión de los cánones y de la tarifa muy
elevada, incluso en algunas cuencas satisfactoriamente. También
depende de las situaciones de cada año. Es evidente que en una
situación de sequía es más difícil esa repercusión, pero es un
problema de gestión. La ley tiene los mecanismos adecuados para
liquidar los cánones y para después, en vía de apremio, dirigirse
contra los que no pagan. El problema a veces es de aplicación
efectiva de los mismos. En los últimos años se ha avanzado mucho, el
grado de gestión recaudatoria es muy elevado, en algunos casos es muy
importante, y en los ejemplos que tenemos respecto de los trasvases
existentes podemos asegurar que el grado de cumplimiento es
prácticamente del cien por cien.
La diputada del Grupo Popular me ha preguntado si hubo modificaciones
entre el texto presentado al Consejo Nacional del Agua y el texto
definitivo que salió de dicho Consejo. Yo creo que son evidentes,
hubo un trabajo reconocido por todos. Asistí a las últimas reuniones
de la Comisión Permanente y allí expresamente se comentó. Se puede
decir que hay organizaciones ecologistas que aplaudieron el trabajo
realizado, e incluso representantes de comunidades autónomas críticos
con el proyecto de ley, sin perjuicio de mantener su postura crítica,
comentaron el esfuerzo de todos. Fueron discusiones muy cansadas, muy
trabajosas, donde se intentaba llegar a fórmulas de consenso,
lógicamente en algunos casos sabiendo que la postura última iba a ser
contraria, pero se admitía todo aquello que permitiera una mejora,
pero esperando que en trámite parlamentario sea posible una mejora
adicional porque hay aspectos que a veces, después de leerlos, uno se
da cuenta de que pueden tener una redacción alternativa
que trate de ajustar de una manera más precisa cuál es el objetivo
que se pretende. Una simple comparación de los proyectos demuestra
que el trabajo fue importante, que las introducciones y
modificaciones que se hicieron fueron sustanciales y, en mi modesta
opinión, el proyecto resultante, que no fue elaborado por unos o por
otros sino por el conjunto -de hecho, a veces, las redacciones se
planteaban en la Comisión permanente y ahí se recogían-, fue
manifiestamente importante.
El representante de Convergència i Unió me ha preguntado sobre los
nuevos regadíos y sobre los regadíos ilegales. El proyecto de ley
regula lo que tiene que regular, y en este caso regula que nunca se
podrán destinar aguas trasvasadas a nuevos regadíos. La Ley de Aguas
establece otros criterios para que se pueda dotar agua a nuevos
regadíos. Evidentemente en una cuenca deficitaria no habrá agua
suficiente para nuevos regadíos, por tanto, no habrá nuevas
concesiones, salvo que hubiese disponibilidad de recursos
adicionales. Si se dan esos casos y se produce una situación de
ilegalidad, lo que hay que adoptar son medidas de otro tipo, no de
carácter normativo.
En la Comisión permanente se presentó un informe sobre la situación
de esos regadíos, comparando las diferentes informaciones existentes,
que puso de relieve que la cuestión no era tan aparentemente
generalizada como se indicaba, sí aunque había casos especiales que
exigían una mayor dedicación y mayores medios para hacer frente a los
mismos. A veces el problema está en que falta coordinación entre
todas las administraciones implicadas -y tenemos ejemplos en algunas
comunidades- porque son departamentos de agricultura donde, por
políticas más o menos adecuadas, se incentiva una cierta
proliferación de nuevos regadíos.
Respecto a la pregunta que me ha suscitado, la ampliación del área de
regadíos significa, desde el punto de vista legal, una nueva
concesión porque las concesiones de agua exigen la determinación del
perímetro afectado por las dotaciones de regadíos, por tanto, ampliar
una superficie regable exigiría una nueva concesión y otro de los
aspectos previstos en el proyecto de ley es que tienen que ser
concesiones existentes. Hubo distintas alternativas de redacción de
los nuevos regadíos. Había una primera redacción, pero el objetivo es
claro, es incluir no solamente lo que se refiere a nuevos regadíos
stricto sensu, sino también nuevos regadíos en la medida en que
significa una ampliación de la superficie regable de los existentes.
Después, tras diversas discusiones, se llegó a la conclusión de que
esta era la mejor fórmula; no obstante, se pueden recoger textos
alternativos que se han barajado y ver si ha quedado algún aspecto
que habría que precisar. El objetivo claro es, dentro del concepto de
nuevos regadíos, incluir los dos aspectos.
Con relación a las preguntas realizadas por el representante del
Grupo Parlamentario Socialista, señor Morlán, algunas de ellas ya las
he comentado y voy a
tratar de recordarlas. En primer lugar, me ha hecho una referencia
con respecto a los criterios de coordinación de los planes
hidrológicos de cuenca. En mi opinión, que puede no ser compartida
por otros, deriva de un problema que en su momento existió jurídico
sobre qué era antes el Plan Hidrológico Nacional o los planes
hidrológicos de cuenca. Cuando la Ley de aguas hace referencia a que
se tienen que establecer los criterios de coordinación, está dejando
la idea de que los planes hidrológicos de cuenca irían después del
Plan hidrológico nacional y, lógicamente, el Plan hidrológico
nacional fijaría criterios de coordinación para elaborar los planes
hidrológicos de cuenca. En cierta manera eso ya se produjo, y hay una
orden ministerial del año 1982, que viene a fijar unos ciertos
criterios de coordinación para la elaboración de los planes
hidrológicos de cuenca, por ejemplo la obligación de establecer un
sistema de explotación único, lo que pasa es que en algunos casos se
cumplió de forma más o menos efectiva.
Aprobados los planes hidrológicos de cuenca, ya no tiene tanto
sentido que haya unos criterios de coordinación regulados en el Plan
hidrológico nacional en sí mismo y con referencia efectiva respecto
de los planes hidrológicos de cuenca, sino -y es lo que pretende en
estos momentos el texto definitivo- que se mantenga esa coordinación
para que en la revisión de esos planes hidrológicos de cuenca no se
caiga en un cierto error que hemos cometido en el proceso de
planificación. Hay que poner de relieve que estamos ante un hecho
novedoso, no ha existido planificación hidrológica en España nunca,
pero también en muy pocos países de Europa, es decir, los errores que
se puedan cometer son también fruto de la inexperiencia que podemos
tener. Hay que tratar de coordinar para mantener la descentralización
lógica y necesaria, porque la planificación parte del terreno, parte
de la base, va de abajo a arriba, y ya nos ha pasado que, al final,
los planes hidrológicos de cuenca que nos hemos encontrado con que
algunos casos tienen ciertas discrepancias en cuanto a su estructura,
que a lo mejor los hacen más adecuados a la realidad territorial pero
con un grado de diferenciación en cuanto a su contenido difícilmente
homologable.
Me ha planteado determinados aspectos sobre la previsión, definición
y condiciones de las transferencias. La opinión de si existe una
guerra suscitada entiendo que es un comentario que cada uno puede
hacer en función de sus consideraciones políticas o sus propias
apreciaciones. En mi modesta opinión, no como redactor sino
colaborador en la redacción del proyecto, lo que se está haciendo es
dar una solución integral a los problemas del agua en España y por
tanto no se está suscitando ninguna guerra, al revés, se está
intentando resolver los problemas de todos sin perjudicar a nadie.
Por eso, aunque haya leído el proyecto de ley, he intentado poner de
relieve todos aquellos aspectos que, desde el punto de vista
jurídico, en mi modesta opinión, determinan que en ningún caso nadie
puede salir
perjudicado con el proyecto de ley que en este momento se está
tramitando y discutiendo. Entiendo que pueda haber otras opiniones.
Yo, como modesto funcionario, creo que las leyes están para
aplicarlas, así me han enseñado, y si se aprueba un anexo II es para
aplicarlo; otra cosa es que después haya otros condicionantes.
Lógicamente, si un proyecto tiene una declaración de impacto
ambiental negativo no se puede llevar a la práctica, pero no es
porque no se quiera hacer sino porque hacer un proyecto exige cumplir
una serie de normativas, igual que si existe un problema de seguridad
de una presa por mucho que se quiera hacer no se podrá realizar. Lo
que existe en el proyecto de ley es un compromiso del Gobierno de
llevar a cabo unas actuaciones recogidas en el anexo II, y cuando
existe compromiso, en mi opinión lo que hay que hacer es ejecutarlo.
No sé si habrá opiniones en otro sentido.
En cuanto a la vinculación con el plan nacional de regadíos, sigo
creyendo que se ha trabajado coordinadamente con el Ministerio de
Agricultura. Las previsiones en las cuencas cedentes, que es el
ámbito que se tiene en cuenta para determinar las disponibilidades de
recursos a efectos del cálculo de los superávit y los déficit, tienen
en cuenta el escenario máximo previsto en los planes hidrológicos de
cuenca, que están coordinados con el plan nacional de regadíos;
lógicamente no las cuencas receptoras, porque ahí se está teniendo
siempre en consideración exclusivamente las situaciones actuales, es
decir, las necesidades hídricas derivadas del momento actual.
La Ley de Aguas hay que desarrollarla. Hay un reglamento del dominio
público hidráulico en fase de elaboración, un proyecto en el que se
está trabajando, un proyecto complejo como todo en esta vida y creo
que se presentará en breve plazo para su discusión social. A veces
los tiempos políticos determinan que proyectos que podían ir más
avanzados se retrasen y unos adelanten a otros. No existe un problema
de aplicación en estos momentos porque el canon de vertidos que se
aplica cada año es el devengado el año anterior. En estos momentos se
está liquidando el canon de vertidos del año 2000 en función del
canon regulado en la Ley de Aguas, y el canon de control de vertidos,
cuya entrada en vigor se produce en el año 2001, se tendrá que
liquidar a partir del año 2002. Durante este año habrá que solucionar
un problema que ha planteado y que no le voy a negar que existe y es
que no se han desarrollado reglamentariamente algunos aspectos
previstos en la Ley de Aguas, especialmente la fijación de los
coeficientes de mayoración y minoración.
Me pregunta también si se ha planteado el adecuado consenso y si creo
que es el anteproyecto de ley más adecuado. Yo, señor Morlán, le
conocí en una reunión en el Ministerio de Medio Ambiente y por parte
de la ministra de Medio Ambiente en aquel momento se pidió consenso a
su grupo para discutir el Plan hidrológico nacional. Es lo único que
recuerdo. No se llevó a cabo
porque hubo planteamientos políticos distintos en diferentes aspectos
pero el ofrecimiento -estoy hablando de hace varios años- se planteó
en aquella mesa. Creo que por parte del Gobierno se ha hecho todo el
esfuerzo, en mi modesta opinión y por lo que yo conozco, para llegar
a ese consenso. Cuando se puede consensuar se consensúa porque el
diálogo es cuestión de dos y si uno no quiere dialogar lógicamente es
difícil consensuar. Pero ese ofrecimiento ha existido.
El señor VICEPRESIDENTE (Ruiz López, don Juan Carlos): Muchas
gracias, señor Vázquez Cobos, por la información que ha aportado a
esta Comisión de Medio Ambiente.
Se suspende la sesión hasta las cinco de la tarde.
Eran las dos y treinta minutos de la tarde.
Se reanuda la sesión a las cinco de la tarde.
- DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO
(LACASA AZLOR). (Número de expediente 212/000436.)
La señora PRESIDENTA: Buenas tardes, señoras y señores comisionados.
En relación a las comparecencias del Plan hidrológico nacional esta
tarde tenemos, en primer lugar, la de don José Vicente Lacasa Azlor,
presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro, al que quiero
dar la bienvenida y agradecerle que nos traslade sus conocimientos
para poder presentar despues las correspondientes enmiendas.
Tiene la palabra para que nos haga una exposición sobre el Plan
hidrológico nacional durante quince minutos. Posteriormente
intervendrán los diferentes grupos y finalmente contestará a las
preguntas que le formulen.
El señor PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO (Lacasa
Azlor): Gracias, señora presidenta. Señoras y señores diputados, en
primer lugar, querría agradecer la oportunidad que me ha dado el
Grupo Parlamentario Popular de estar aquí en esta comparecencia para
tratar de un tema trascendente para el Estado español en su conjunto
y, en particular, para la cuenca del Ebro y Aragón.
Voy a hablar brevemente de la problemática de la cuenca del Ebro y
haré una referencia específica a la Comunidad Autónoma de Aragón.
Como SS.SS, saben, en la cuenca de del Ebro las lluvias son
irregulares, tanto en el tiempo como en el territorio. Quería hacer
referencia a que hay zonas en las que existe una pluviometría
superior a 1.800 milímetros y otras zonas en las que esa pluviometría
no alcanza los 300 milímetros. A
la vista de esta distribución se ve claramente que donde llueve el
agua no se puede aprovechar y donde no lo hace, si queremos que el
territorio siga habitado, debemos llevar el agua. Para llevar y
garantizar el agua ¿qué es lo que tenemos que hacer? Por supuesto,
regularla. Desde ese punto de vista se ve necesaria la planificación
hidrológica; una planificación que sobre el papel es fácil, pero
después hay que poner en práctica y ejecutar esas obras que a veces
son complicadas, sobre todo lo que está relacionado con los embalses.
Quería hacer una referencia específica a lo ocurrido en Aragón en el
año 1992 y un poco antes. En aquellos momento (y continuamos igual
ahora) había mucha polémica en cuanto al uso del agua. Las fuerzas
parlamentarias en las Cortes de Aragón en el año 1992 decidieron
firmar un documento en el cual recogían las infraestructuras que
había que poner en marcha al objeto de acabar con esa polémica. Y
hemos visto a lo largo del tiempo que esa polémica continúa y a veces
incluso se ha incrementado. Ese pacto del agua fue recogido
posteriormente en el plan hidrológico de la cuenca del Ebro en toda
su amplitud. Por tanto, desde el punto de vista de planificación en
la cuenca del Ebro este plan recogió aquellas actuaciones que
demandaban los representantes de la sociedad aragonesa a través de
las Cortes de Aragón. Ese plan hidrológico de la cuenca del Ebro se
aprobó en el mes de febrero de 1996 por parte de los organismos de
cuenca. En ese plan hidrológico de la cuenca del Ebro se recoge, en
primer lugar, la evaluación de los recursos hasta el año 1985. En ese
documento se especificaba que los recursos medios generados en la
cuenca se evaluaban en aproximadamente 18.000 hectómetros cúbicos al
año. En segundo lugar, se recogían las demandas en aquel momento
actuales y futuras así como los caudales ambientales que se debían
respetar en la cuenca del Ebro después de haberse aprobado ese plan.
Concretamente, se preveía transformar en regadío algo más de 500.000
hectáreas en toda la cuenca, siendo por supuesto ése el principal
consumo que existía en todo lo largo y ancho de la cuenca del Ebro.
Asimismo se fijaron también unos caudales ambientales que
concretamente se cifraron en 100 metros cúbicos por segundo la
aportación mínima que había que hacer al delta y también la
aportación mínima de un 10 por ciento en los tramos de río en los que
hubiera que ejecutar alguna obra hidráulica nueva.
Las aportaciones medias en la desembocadura del Ebro ascienden en el
periodo 1960-1998 a 12.480 hectómetros cúbicos. La aportación mínima,
puesto que hay años que lógicamente lleva menos caudal o menos
volumen de agua al final del río, en 1989 fue de 4.283 y la máxima
fue en 1960 cuando se llegó en el delta del Ebro a 22.540 hectómetros
cúbicos. Estudiando la serie diaria de las aportaciones en la
desembocadura se observa que en las épocas en que no existía
regulación los caudales estivales ocasionalmente llegaban a ser
inferiores a 50 metros cúbicos por segundo y en los
meses lluviosos ese caudal superaba los 500 metros cúbicos por
segundo. Según los datos disponibles, al aumentar los
aprovechamientos consuntivos y la regulación con la entrada en
servicio del embalse de Mequinenza se han reducido drásticamente los
días con caudales inferiores a 50 metros cúbicos por segundo y
también se han reducido las puntas de caudales superiores a los 500
metros cúbicos por segundo. Esta irregularidad temporal no permitía
el desarrollo de aprovechamientos que demandaba el agua en verano
sobre todo para regadíos, haciendo necesaria la regulación por medio
de embalses. Se estima que con la regulación natural, es decir, sin
los embalses, se podrían suministrar unos 1.800 hectómetros cúbicos,
por tanto, un 10 por ciento aproximadamente de la media, y el 25 por
ciento de las demandas consultivas actuales se suministrarían y
abastecerían de esos 1.800 hectómetros cúbicos. Sin embargo, con las
regulaciones actuales, cifradas en 7.500 hectómetros cúbicos al año,
prácticamente duplicamos esas cifras llegando a los 6.500 en
regadíos, 300 en abastecimientos, 400 en usos industriales y 230 en
otros trasvases que ya existen en las cuencas. Para hacer frente a
los requerimientos de los aprovechamientos, se ha desarrollado en la
cuenca del Ebro una capacidad de embalse del orden de 7.600
hectómetros cúbicos, capacidad que supone el 42,5 por ciento de la
aportación media al régimen natural. Esta relación es la más baja
dentro de las cuencas en el Estado español, puesto que el Guadiana
tiene una regulación de 181 por ciento; el Segura 122 por ciento; el
Guadalquivir 111 por ciento; el Tajo 91 por ciento; el Júcar el 81
por ciento y el Duero el 50 por ciento. A la vista de todos estos
datos, dentero el plan hidrológico de la cuenca del Ebro que se
aprobó y que se incorporaba al pacto del agua, al problema
cuantitativo derivado de la irregularidad temporal y espacial en la
presentación de los recursos se añaden problemas cualitativos y de
gestión. El plan hidrológico de cuenca afrontó estos aspectos,
consiguiendo resolver divergencias que desde hacía largo tiempo no
habían tenido solución y dando unas normas para el aprovechamiento
eficiente del recurso, tanto en dotaciones máximas, eficiencias
mínimas, objetivos de calidad, objetivos para los ríos de la cuenca,
etcétera. En el plan también se contemplan una serie de
infraestructuras ligadas al desarrollo de unas demandas potenciales
concretadas en él. Paralelamente a la formulación del plan
hidrológico de la cuenca, la Comunidad Autónoma de Aragón, la mayor
tanto en superficie como en cantidad de aportación de recursos y
aprovechamientos potenciales de la cuenca, se planteó garantizar el
uso del recurso hídrico natural y regulado generado en su territorio
y la regulación necesaria para su aprovechamiento. Este requerimiento
tuvo su plasmación en el pacto del agua firmado por los
representantes de los grupos políticos en las Cortes de Aragón en
1992. Ese pacto se incluyó, como he dicho antes, en el plan
hidrológico del Ebro.
A la vista de los análisis técnicos efectuados, hay que afirmar que
el plan hidrológico nacional garantiza el plan de cuenca del Ebro. Es
verdad que el plan hidrológico nacional modifica en algún aspecto las
precisiones hechas en el plan hidrológico de cuenca y las modifica en
el sentido que se incluyeron los años secos, a principios de los 90,
en cuanto a la generación de recursos. Por lo tanto, se ha disminuido
en su conjunto la aportación y generación de recursos en la cuenca
del Ebro, bajando de los 18.000, que en su momento preveía el plan de
cuenca, a los 17.000 aproximadamente que prevé el plan hidrológico
nacional. Querría hacer referencia a dónde se generan estos recursos
medios en la cuenca del Ebro. Aragón genera una media de 6.364
hectómetros cúbicos; Cataluña 3.359; Castilla y León 1.735; Castilla-
La Mancha 75; Cantabria 375; La Rioja 815; Navarra 3.328; País Vasco
1.081 y la Comunidad Valenciana 99. Todo eso da un montante de 17.000
hectómetros cúbicos al año. Frente a estos recursos, las demandas
existentes en la actualidad son de 3.660 hectómetros cúbicos en
Aragón; 2.210 en Cataluña; 770 en Navarra; 400 en La Rioja; 400 en el
País Vasco; 55 en Castilla y León y en el resto de las comunidades
autónomas las demandas son inferiores a los cinco hectómetros cúbicos
al año. Estas demandas obtenidas, considerando las dotaciones
objetivo-teóricas, no están satisfechas en su totalidad, en
particular en sistemas como el canal de Aragón y Cataluña y en la
subcuencas de la margen derecha, aguas abajo de las del Queiles. Por
el contrario, en algunos sistemas los suministros son superiores a
las demandas teóricas, recuperándose el excedente y siendo utilizado
por los usuarios existentes aguas abajo.
En el plan hidrológico de la cuenca del Ebro se recogen las normas
que regirán el aprovechamiento del recurso hídrico en sus aspectos de
calidad y garantía. En particular hay que resaltar los aspectos
relacionados con la eficiencia en el aprovechamiento del recurso, que
son un referente constante del plan hidrológico de cuenca. En el plan
hidrológico de la cuenca del Ebro se plantean dos hipótesis de
partida: en cuanto a las demandas de agua para aprovechamientos y
para la reserva medioambiental para los horizontes de los años diez y
los años veinte. Para atender estas demandas se precisa un conjunto
de infraestructuras para la mejora en la eficiencia en el uso del
recurso y, en concreto, infraestructuras de regulación. En una cuenca
como la del Ebro, en la que existen aprovechamientos en cascada y los
retornos de un aprovechamiento que suministran demandas situadas
aguas abajo, la mejora en la eficiencia no genera nuevo recurso, por
ello la obtención de estos tiene que ser a través de las
regulaciones.
En el anexo de infraestructuras del Plan hidrológico nacional se
recogen aquellas que vienen reflejadas como más relevantes en el plan
hidrológico de la cuenca del Ebro, que garantizan la disponibilidad
de recursos hídricos para atender las demandas crecientes, en
particular las agrarias, las de los abastecimientos urbanos, usos
industriales y medioambientales. Al analizar conjuntamente las
infraestructuras que aparecen en el plan hidrológico y en la cuenca,
hay que tener en cuenta los diferentes horizontes temporales del plan
de cuenca y del plan nacional. Por ello, existe una identificación
perfecta entre los contenidos en infraestructuras de ambos planes.
Asimismo, en las infraestructuras de regulación que se contemplan en
el plan hidrológico, además de que son infraestructuras
multipropósito -riego, abastecimiento, caudales mínimos, nominación
de avenidas-, se pretende en muchos casos la consolidación del
regadío hasta sus dotaciones teóricas, además de la ampliación de los
regadíos de acuerdo con los planes de las comunidades autónomas y del
Estado.
A partir de este análisis quiero decir que el Plan hidrológico
nacional está totalmente en consonancia con el plan hidrológico de la
cuenca del Ebro y del pacto del agua. Se recogen y se garantizan los
recursos a través del compromiso por ley de la ejecución de las
distintas actuaciones en ellos contempladas. Se ejecutarán en menos
tiempo. En resumen, mejorarán las condiciones que se pactaron en su
día en el plan hidrológico de la cuenca del Ebro. Las recomendaciones
introducidas en el Consejo Nacional del Agua son importantes y
afectan específicamente a la cuenca del Ebro; concretamente quiero
hacer referencia a algunas de ellas. En relación a la comisión de
seguimiento están previstos unos mecanismos en los que van a
participar las distintas comunidades autónomas y en este caso las de
la cuenca del Ebro. Aparte de eso se prevé una revisión de los planes
hidrológicos de cuenca y del plan nacional cada cuatro años. En
nuestro plan de cuenca se preveía la revisión a los ocho años. La
garantía de los usos y aprovechamientos, tanto actuales como futuros,
de la cuenca cedente constituye el principio básico de toda
transferencia. En ningún caso, y así se especifica, la cuenca cedente
puede ver limitado su desarrollo como consecuencia de las posibles
transferencias. Todo ello se configura dentro de un concepto
absolutamente básico, que es que el trasvase debe ser siempre
realizado con aguas excedentarias y siempre con el criterio de la no
exigencia a los sistemas de explotación de la cuenca cedente de
efectuar ningún desembalse destinado a su trasvase, salvo lo
referente a los embalses de Mequinenza, Ribarroja y Flix. Los
trasvases, como autorización concreta de los volúmenes a transferir,
deben asumir la necesidad de garantizar el suministro de los
aprovechamientos de la cuenca cedente. Por ello, se configura como
elemento fundamental la emisión de un informe por parte de la cuenca
cedente que explique la situación de dicha cuenca. Aparte de esto, se
les exige a las cuencas receptoras un esfuerzo especial en cuanto a
la disponibilidad de sus propios recursos, incluyendo los de carácter
no convencional, y se especifica el destino de las aguas trasvasadas.
Las comunidades
autónomas se incorporarán a la comisión de trasvases y la cuota
ambiental que reciba la cuenca cedente será destinada a actuaciones
medioambientales dentro de la cuenca según las superficies. En todo
caso, se hará de acuerdo con las comunidades autónomas y las
corporaciones locales de su territorio. Con el fin de mejorar la
gestión futura desde las confederaciones se hace referencia a todo lo
relacionado con inundaciones y abastecimientos. Queda reflejado el
trato especial que requieren las situaciones específicas de sequía
redactándose planes de emergencia y también el tratamiento especial
de los humedales y aguas subterráneas.
Por fin, quiero mencionar específicamente el delta del Ebro. Está
previsto como recomendación que se lleve a cabo un plan integral de
protección del delta. Es una zona importantísima dentro de la gestión
de la cuenca por su valor medioambiental. Concretamente, se han
contemplado las siguientes cuestiones: definición del régimen hídrico
que permita el desarrollo de las funciones ecológicas del río, el
delta y el ecosistema marino; definición de las medidas a tomar para
evitar la subsidencia del delta, el aporte de sedimentos o la
promoción de vegetación alófila; mejora de la calidad del agua de
modo que sea compatible con la presencia de especies a conservar, que
no se genere eutrofia y que no existan concentraciones de
fitosanitarios y otros contaminantes en cantidades potencialmente
peligrosas para el ser humano, la flora o la fauna del ecosistema;
mejora del hábitat físico de los ecosistemas y de la interrelación de
las actividades humanas presentes en el delta con los flujos del agua
y nutrientes necesarios para los ecosistemas. El texto legal hace
referencia específicamente a los acuerdos alcanzados por las Cortes
de Aragón en reunión celebrada el 30 de junio de 1992; acuerdos que
han sido incorporados al plan hidrológico de la cuenca del Ebro en
aplicación del principio general de garantía de las demandas actuales
y futuras de la cuenca cedente, que será el objetivo básico a
alcanzar por las administraciones públicas.
Una vez analizado técnicamente el Plan hidrológico nacional hay que
decir, como resumen, que se garantiza el cumplimiento del plan
hidrológico de la cuenca del Ebro, aprobado por los órganos de cuenca
en febrero de 1996, ya que asegura la ejecución de actuaciones para
suministrar las demandas actuales y futuras de la cuenca. Por tanto,
resuelve los problemas del agua de la cuenca del Ebro
específicamente, y lo hace adelantándose a las previsiones del plan
hidrológico de dicho cuenca. He estudiado personalmente el Plan
hidrológico nacional desde el punto de vista técnico y he comprobado
todos los pormenores y asistido a los debates de la comisión
permanente. Me ha quedado muy claro que el plan hidrológico de la
cuenca del Ebro es respetado por el Plan hidrológico nacional.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra la señora de Lara por el Grupo
Popular.
La señora DE LARA CARBO: Muchas gracias a don Vicente Lacasa por su
exposición. De su intervención y de las de esta mañana ha quedado
meridianamente claro que el proyecto de ley del Plan hidrológico
nacional que estamos debatiendo en esta Cámara va a ser beneficioso
para todas las cuencas españolas. Y cuando decimos todas las cuencas
españolas, por supuesto, incluimos la del Ebro. Nos ha dicho aquí don
Vicente Lacasa que el Plan hidrológico nacional garantiza el plan
hidrológico de la cuenca del Ebro, y a su vez se garantiza por ley
que se van a realizar todas las obras del pacto del agua. Este
compromiso que asume voluntariamente el Gobierno de incluir en la ley
que se van a realizar las obras del pacto del agua es una garantía
para todos los aragoneses de que sus viejas aspiraciones, de que sus
necesidades al final van a ser solucionadas.
A lo largo de estos tres días nosotros hemos tenido ocasión de oír
muchas opiniones, unas favorables y otras contrarias. A decir verdad,
de todos los expertos que han venido aquí solicitados por el Grupo
Parlamentario Socialista, a mí me ha quedado alguna duda que querría
que usted me aclarase. En primer lugar, han venido unos expertos que
nos han ofrecido las aportaciones de los últimos diez años. A mí me
preocuparon un poco porque en el gráfico que nos pusieron se veía que
las aportaciones eran escasas, que no llegaban a lo que se ha
indicado en el plan hidrológico, no llegaban ni a los 12.000 ni a los
17.000 hectómetros cúbicos de los que se parte, que es la base de
estudio para el Plan hidrológico nacional. Por esto desearíamos que
nos lo indicara usted, porque los datos que nos dieron estos señores
no coinciden con los que usted nos ha dado. Es un tema que nos
preocupa. En segundo lugar, quería preguntarle cómo puede incidir una
detracción de 1.050 hectómetros cúbicos para el trasvase a la cuenca
mediterránea en el delta del Ebro. En tercer lugar, también se ha
dicho aquí por parte de algunos expertos que la regulación que se
contempla en las obras del pacto del agua, a las cuales se compromete
el Gobierno de la nación a través de este proyecto de ley, van a
servir para desembalsar agua para el trasvase. Queríamos preguntar al
presidente de la Confederación del Ebro si existe alguna garantía de
que eso no va a ocurrir. En cuarto lugar, tengo una duda que me ha
quedado de unos datos que usted ha dado. Nos ha leído usted las
aportaciones de las distintas comunidades al Ebro y, si yo no he
anotado mal, ha dicho usted que la aportación de Aragón al Ebro es de
6.334 hectómetros cúbicos. Si mis datos son correctos, la reserva de
agua que se hace para Aragón es de 6.500 hectómetros cúbicos, es
decir, se hace una reserva mayor que lo que aporta Aragón al Ebro. Me
he debido confundir yo en los datos, por lo que espero que usted me
lo aclare.
Quería preguntarle también al presidente de la Confederación del Ebro
como presidente de la confederación, como aragonés, como persona que
está viviendo
intensamente la controversia que se ha originado en Aragón por el
tema del trasvase del Ebro si nos puede dar algún motivo, uno sólo
-con uno me conformaría-, que nos explicase el porqué de la oposición
de Aragón al trasvase. Un solo motivo sería suficiente para que
nosotros pudiéramos entender un poquito lo que está pasando, porque
de todos los expertos que han venido aquí, de todas las opiniones que
se nos han dado, yo no he oído ni un solo motivo que indicase que el
trasvase del Ebro va a perjudicar a Aragón. Desearía que usted me
diera su opinión sobre la valoración que se nos ha hecho aquí estos
días por algunos expertos de que no debe haber nuevos regadíos en
Aragón, porque esta nueva dotación que se prevé para los regadíos de
Aragón puede perjudicar al delta del Ebro. ¿Cómo está funcionando la
sociedad estatal Acesa?
Para terminar, se nos ha indicado estos días los problemas que tiene
actualmente el delta del Ebro. Son problemas que ahí están, reales,
debidos a la falta de aporte de sedimentos, a la intrusión marina, a
la regresión del delta. Nosotros desearíamos saber si este plan
integral de protección del delta va a mejorar su situación. Es decir,
que podamos explicar que después del trasvase del Ebro, gracias a
este plan integral de protección del delta, la situación ha mejorado.
La señora PRESIDENTA: Por el Partido Socialista tiene la palabra el
señor Morlán.
El señor MORLÁN GRACIA: Muchas gracias, señor Lacasa por su
explicación. A mí me gustaría no equivocarme y si yierro, le pediré
perdón, pero usted cuando se aprobó el plan de cuencas se abstuvo en
la votación en el año 1995. Ante la defensa que está haciendo del
plan de cuenca me gustaría o bien que respondiera a la abstención que
tuvo antes o bien al cambio de posición en estos momentos. El Ebro es
el único río de donde se va a sacar agua para hacer frente al déficit
que existe en el arco mediterráneo y el que está sometido a
controversia, lo que supone que los que estamos en la cuenca del Ebro
decimos que no nos gusta ese trasvase y los que están en el arco
mediterráneo nos dicen que es necesario. Por ello nos gustaría que
para justificar el trasvase se nos diera algunos datos más de los que
contiene el propio plan. Se nos ha dicho estos días que esto es una
decisión política. Por lo tanto, me gustaría saber si comparte esta
decisión política, porque usted sabe igual que yo en la margen
derecha hay déficit, pero ¿de qué manera este plan afronta el déficit
de la margen derecha?
Ha hablado usted del anexo II, Inversiones, en el que se hace
referencia a un conjunto de obras en la cuenca, pero no sé si hay
algún tipo de contradicción con el pacto del agua. ¿En qué sentido se
lo digo? El artículo 36.4, Programación de inversiones, las que se
tienen que llevar a cabo entre 2001 y 2008, dice que serán objetivo
básico a alcanzar por las administraciones
hidráulicas competentes que la mayor parte de las infraestructuras
incluidas en la mencionada resolución se encuentren terminadas o en
ejecución, con anterioridad a la efectividad de las transferencias
autorizadas. ¿Esto quiere decir que en este listado de obras que
figuran aquí, que hacen referencia al pacto del agua -no me refiero
al resto de la cuenca, sino al pacto del agua- existe una garantía en
cuanto a financiación, en cuanto a desarrollo de proyectos, que
estarán todas ellas hechas o en ejecución (me imagino que no me dirá
que es el trámite de inicio de expediente con relación al
anteproyecto o de toma de datos, porque la ejecución es la ejecución)
antes de que este trasvase se pueda llevar a cabo?
La impresión que hay con este texto, mi impresión personal, es que el
trasvase se puede hacer cuando muchos de las obras (algunas de ellas
están en ejecución, otras están paralizadas) se puedan llevar a cabo
en un plazo muy breve de tiempo. ¿En qué medida piensa que esa
posible decisión incumple el contenido del pacto del agua?
Al ser la cuenca cedente, ¿usted ha consultado con el Consejo del
Agua de la cuenca, lo ha reunido para elaborar un informe que se
hiciera llegar al Gobierno, al Ministerio de Medio Ambiente, en el
que se pusieran de manifiesto las posiciones mayoritarias y
minoritarias de esta decisión del Gobierno? ¿En qué momento se ha
celebrado esa reunión del Consejo del Agua de la cuenca, si es que se
ha llevado a cabo?
Me habla usted del plan integral del Ebro y le he oído estos días en
muchísimas ocasiones. Usted es el máximo responsable de la cuenca del
Ebro y, por tanto, del delta. ¿Me puede especificar algo más en qué
consiste ese plan? Porque yo oigo a los que dicen que va a haber un
plan y que se van a gastar 71 millones de pesetas, como dice el señor
Pujol, en función de las conversaciones con el señor ministro, a
otros que manifiestan que ese plan integral va a consistir en poner
un muro delante del delta para que no entre el agua marina, cosa que
parece una aberración, y hay quien agrega que el plan integral debe
tener otro tratamiento de las aguas en cuanto a su calidad y al
reforzamiento de lo que es el delta para que se evite la
salinización. Si lo tienen tan perfilado y tan cuantificado, me
imagino que eso supondrá que ya está definido, y como máximo
responsable me gustaría que nos dijera si eso es así.
Después la señora De Lara le ha hecho una pregunta relacionada con
las aportaciones medias. No son solamente los comparecientes
solicitados por el Grupo Socialista los que han hablado de este tema.
La compareciente solicitada por Convergència i Unió, que es la
responsable del agua de Cataluña, puso encima de la mesa unos datos,
que tienen que coincidir con los suyos, porque no creo que la
administración hidráulica catalana tenga datos distintos de los suyos
en cuanto a los aforos que constan en Tortosa, que parece que es
donde todo el mundo tiene los ojos puestos para ver
cuál es la aportación media de los últimos 10 ó 15 años. En función
de ese criterio, sí es cierto que el trasvase que se plantea no va a
solucionar todos los años los déficit hídricos que existen en el arco
mediterráneo; creo yo, usted me dará la explicación que considere
oportuna.
Hay otro aspecto que tiene que ver con el desarrollo del Plan
hidrológico nacional y con la Ley de Aguas: el régimen concesional. A
mí se me ha dicho en algunas ocasiones que en la cuenca del Ebro hay
muchísimas concesiones sin resolver. Es decir, hay aprovechamientos
por parte de usuarios, pero no tienen regulada su concesión. Me
gustaría que nos dijera si esa situación se produce y si los niveles
de inspección, de policía y de control que hay actualmente en la
Confederación Hidrográfica del Ebro son suficientes para hacer frente
a esas situaciones de control que tienen que producirse y que, según
dicen, no se producen.
Usted sabe perfectamente, señor Lacasa, que, concretamente en mi
provincia, en Huesca, existen poblaciones en las que, en verano, el
abastecimiento es por camiones cisterna; la pretendida zona húmeda
del país tiene una serie de territorios en los que, por diversas
circunstancias, está suministrándose agua de boca mediante cisternas.
¿Piensa usted que las medidas que se contemplan en esta ejecución,
las obras que se plantean aquí van a paliar o van a evitar que se
produzcan esos niveles de abastecimiento tal y como se llevan a cabo
ahora? ¿Piensa que el Plan nacional de regadíos tenía que haber sido
antes que el Plan hidrológico nacional? Y no voy a entrar en las
cifras de regadíos para evitar líos; no tengo ganas de líos, pero,
respecto a Aragón, sí le puedo decir que antes, en el año 1995, no
salió un Plan hidrológico nacional porque no había plan nacional de
regadíos y ahora sale un Plan hidrológico nacional sin plan nacional
de regadíos. Por ello, me gustaría que nos aclarara si puede ser que
este Plan hidrológico nacional pueda salir adelante sin un plan
nacional de regadíos que contemple el conjunto de los regadíos que se
definen en cada una de las comunidades autónomas de la cuenca del
Ebro.
Respecto a los caudales ambientales, le diré que, según creo
recordar, en el plan hidrológico de cuenca se habla de un 10 por
ciento. ¿En qué medida esos caudales ambientales están sujetos a
control, a vigilancia y a cumplimiento en los distintos ríos de
nuestra cuenca y en qué medida hay tramos de río -si lo tienen
estudiado- en que esa circunstancia no se produce?
No le voy a preguntar nada más, señor Lacasa. Espero su contestación.
(La señora De Lara Carbó pide la palabra.)
La señora PRESIDENTA: Señora De Lara.
La señora DE LARA CARBÓ:Como hay precedentes en esta Comisión, va a
hacer una pregunta don Santiago
Lanzuela, que sustituye a don Ángel Pintado, con la venia de la
señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: ¿El Grupo Socialista tiene algún problema para
que se produzca esta intervención?
El señor MORLÁN GRACIA: Yo no tengo ningún problema. Espero que no se
reabra ningún debate y que no acabe discutiendo yo con el señor
Lanzuela.
La señora PRESIDENTA: Señor Lanzuela, siempre que se refiera a la
intervención previa del compareciente, puede usted intervenir y hacer
las preguntas que considere oportunas.
El señor LANZUELA MARINA: Le agradezco mucho que hoy sí me conceda la
palabra después de cumplir todos los requisitos reglamentarios del
Congreso.
En primer lugar, quiero dar la bienvenida muy cordial a mi paisano y
sin embargo amigo, señor Lacasa, porque además de felicitarle quiero
agradecerle como aragonés el esfuerzo que está haciendo no sólo por
toda la cuenca, sino particularmente por su tierra, Aragón.
Quiero decirle al señor Morlán, al que ayer escuché... (El señor Morlán
Gracia pide la palabra.) Perdón, es que ayer escuché cosas muy graves
aquí. Déjeme hablar porque esta es la casa de la palabra, si la
palabra aquí se pierde dejo el acta y me voy. Esta es la casa de la
palabra y tiene que haber libertad de expresión, usted después abre
el debate que quiera. Usted ayer habló del plan estratégico del bajo
Ebro, que tuve el honor de firmar con el anterior presidente de la
Confederación y con el presidente de Enher para regar hasta 20.000
hectáreas y que ahora el Gobierno que usted apoya en Aragón, después
naturalmente de haber ganado las elecciones otro partido político...
La señora PRESIDENTA: Señor Lanzuela, no le permito que se dirija a
otro parlamentario, su intervención tiene que ir dirigida al
compareciente en relación a su intervención.
El señor LANZUELA MARINA: El señor Lacasa, sabe muy bien que el
Gobierno en el que usted participó puso en marcha 22.000 hectáreas de
regadío nuevas y estos días se pregunta al señor ministro de
Agricultura que cuántas se han hecho. Pues cero, porque la Diputación
General de Aragón no ha hecho ninguna; la Diputación General de
Aragón, según todos los planes establecidos, tiene que financiar la
mitad de las inversiones de regadíos. El ministro de Agricultura -y
ayer lo dijo públicamente en Zaragoza- está dispuesto a financiar
hasta la mitad de 48.000 hectáreas de regadío y quiero saber si usted
tiene noticias de que el Gobierno de Aragón vaya a poner el otro 50
por ciento. Con el anteriorGobierno se pusieron en marcha 22.000
hectáreas de
regadíos nuevos. Con el actual Gobierno no llevan ni una sola y,
además, han parado el plan principal que era el del bajo Ebro donde
la altitud, que es 150 metros, da la agricultura competitiva más alta
de Europa.
Por último, quiero recordar que aquí algunos decimos lo mismo desde
el año 1993. Tuve el honor de estar en el consejo de gobierno que
firmó el pacto del agua. Sé muy bien los entresijos del pacto del
agua y cómo no se hizo absolutamente nada de 1992 a 1996, hasta que
llegó doña Isabel Tocino al Ministerio de Medio Ambiente. Quiero
dejarlo muy claro, no se hizo nada, y además el siguiente presidente
-que por cierto lo fue con un tránsfuga- tuvo nada menos que el
atrevimiento de firmar un acuerdo para que las restituciones y las
expropiaciones las pagara el Gobierno de Aragón, que estos días está
dudando si tiene dinero o no para pagarlas. En cualquier caso, estoy
sorprendidísimo de que el señor Morlán, entonces ayudante de campo
del señor Borrell, iba vendiendo...
La señora PRESIDENTA: Señor Lanzuela no tiene la palabra.
El señor LANZUELA MARINA: Y ahora es el enemigo del Plan hidrológico
nacional.
La señora PRESIDENTA: Señor Lanzuela le he retirado la palabra.
El señor LANZUELA MARINA: Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra el señor Morlán.
El señor MORLÁN GRACIA: Señora presidenta, respeto esta Cámara.
Entiendo que es la Cámara del diálogo y del debate, que tenemos aquí
una cortesía parlamentaria respecto de los diputados de los diversos
grupos parlamentarios, que respetamos el funcionamiento de la Cámara
y que utilizamos los métodos que nos facilita el reglamento que todos
hemos aprobado para hacer valer nuestros criterios. No voy a
contestar al señor Lanzuela porque sería ponerme a su altura. Por
tanto, lo que pretendo es que el señor Lacasa conteste a las
preguntas que se le han planteado, que es el compareciente, y olvidar
esta provocación del señor Lanzuela; allá él con sus
responsabilidades, con lo que ha hecho en Aragón y con lo mal que nos
lo hemos encontrado cuando hemos llegado.
La señora PRESIDENTA: Para responder a las diferentes cuestiones y
preguntas, tiene la palabra el señor Lacasa.
El señor PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO (Lacasa
Azlor): Voy a intentar contestar a todas las preguntas
que se me han hecho y a intentar hacerlo también brevemente.
Señora De Lara, lo que sí está muy claro es que el Plan hidrológico
nacional intenta beneficiar a todas las cuencas, estoy de acuerdo.
Una de las más beneficiadas en cuanto a realización de obras y a
poner en marcha el plan hidrológico de la cuenca va a ser
precisamente la cuenca hidrográfica del Ebro. Sobre la referencia que
la pregunta hacía a Aragón, le diré que el pacto del agua, al estar
garantizado por ley, exige mucho más, lógicamente, a las distintas
administraciones y a los distintos gobiernos que puedan regir los
destinos del Estado español.
En cuanto a las aportaciones, el Plan hidrológico nacional es muy
claro. Las aportaciones son las medias a lo largo de unos años. Si
alguien utiliza otro tipo de medias, otro tipo de años y elige
determinados períodos, por supuesto saldrán unas cantidades
distintas. Esas cantidades se pueden utilizar como se quiera. En todo
caso, quiero dejar muy claro que el Plan hidrológico nacional baja la
cantidad que se suponía que era aportación natural en el plan
hidrológico de la cuenca del Ebro que se aprobó en 1996, por tanto,
mejora las condiciones en cuanto a las aportaciones. ¿Cómo afectan
los 1.050 hectómetros cúbicos al delta? Lógicamente, señora diputada,
tiene que afectar de alguna forma, puesto que se dejarían de aportar
1.050 hectómetros cúbicos al delta. Para eso hay que tomar una serie
de medidas, para intentar paliar esa disminución de aportación de
volúmenes al delta; estamos hablando de 1.050, no estamos hablando de
otras cantidades. En cuanto a las obras del pacto del agua, su uso es
única y exclusivamente para la comunidad autónoma, así lo dice el
pacto del agua; si esto no fuera así, aquellos firmantes del pacto
del agua y promotores de ese pacto nos habrían engañado a todos los
aragoneses. Eso está muy claro en el plan hidrológico de la cuenca
del Ebro y creo que lo está en el Plan hidrológico nacional.
Respecto a las aportaciones, he dicho que la aportación de la
Comunidad Autónoma de Aragón a los volúmenes medios de la cuenca del
Ebro es de 6.334 hectómetros cúbicos. En el pacto del agua del año
1992 se recogió una reserva para la comunidad autónoma de 6.500
hectómetros cúbicos al año. Además, para los que estuvieron
negociando en el pacto del agua -y yo estaba también en aquel momento
aportando técnicamente desde la Dirección General mis conocimientos-
se desprendía que Aragón iba a tener que suministrarse del eje del
Ebro con 200 hectómetros cúbicos, aparte de las aportaciones que
tenía en la comunidad autónoma.
Como aragonés diré que si tengo algún motivo de verdad, que se
desprende de las distintas manifestaciones, es sentimental, y los
sentimientos difícilmente son combatibles, porque de los datos que he
dado anteriormente se desprende que el recurso generado en la
comunidad autónoma es utilizado o puede ser utilizado, si queremos y
estamos todos de acuerdo, en la Comunidad Autónoma de Aragón; eso se
desprende, asimismo, porque yo he leído y he releído las alegaciones
que se presentaron al plan hidrológico nacional, fui componente de la
comisión permanente y tuve que leerlas todas. Hubo alegaciones que a
mi me encantaron, hubo alegaciones de distintas comunidades que de
verdad defendían su comunidad. Yo no encontré motivos técnicos en las
alegaciones que presentó el Gobierno de Aragón que justificaran la no
puesta en marcha del Plan hidrológico nacional.
También quiero decir que he oído a algunas personas que los regadíos
van a perjudicar al delta. A los que dicen eso habría que recordarles
otra cosa. ¿Cuándo se formó el delta? ¿Cuándo se empezó a formar el
delta, en el año 1200, en el 1300? ¿Por qué se formó el delta tal y
como está ahora? Seguramente por la deforestación que se produjo en
toda la cuenca del Ebro; como consecuencia de esta deforestación hubo
arrastres que fueron los que crearon el delta del Ebro.
Lo que tampoco sería deseable es que aquellos territorios que hoy
están dentro de la cuenca se vean perjudicados por denuncias de
problemas por contaminación. Lo que tenemos que hacer, y es nuestra
labor, la de todos los gobiernos autonómicos de la cuenca del Ebro y
la del Gobierno central a través de la Confederación, es un uso
racional del agua y conseguir que la contaminación, sobre todo de
productos fitosanitarios y de abonos, sea la menor posible en la
cuenca, para que llegue el agua en las mejores condiciones posibles
al delta del Ebro. Por eso uno de los motivos de la inclusión del
canon ambiental de cinco pesetas, que en principio está fijado en el
Plan hidrológico nacional, es conseguir la mejora medioambiental del
río Ebro. Tendremos que ponernos a trabajar en esa línea.
La sociedad Acesa está funcionando, a veces un poco más lenta de lo
que nos gustaría a los que dirigimos la sociedad, porque los temas
son complicados y en poner en marcha una obra que se quiere hacer con
participación de los distintos afectados se tarda un poco más de lo
previsto. En todo caso querría dejar una cosa clara, porque a veces
se acusa de que la sociedad Acesa, y todas las sociedades
instrumentales que se han creado, modifica las condiciones de pago de
los usuarios. Eso tampoco es cierto y a veces achacan que funciona
mal por esa razón. Los usuarios pueden gestionar sus créditos
directamente. Y la tarifa que les correspondería pagar lo pueden
hacer con las distintas entidades financieras. De hecho lo están
haciendo en mejores condiciones de las que yo les puedo ofrecer como
Administración en la realización de una obra, teniendo en cuenta la
Ley de Aguas vigente.
En cuanto al plan integral del delta, los dos intervinientes han
preguntado al respecto. En este momento se va a estudiar un plan
integral del delta, que podemos cifrar en 70.000, 60.000, 80.000 ó
90.000, no sé en
cuánto saldrá, puesto que hasta que no esté redactado difícilmente
podremos llegar a una evaluación fija. En todo caso, ahí se van a
recoger medidas desde el punto de vista de inclusión de la cuña
salina; medidas que a veces pueden solucionarse con una buena gestión
de agua en la cuenca, haciendo unos desembalses más rápidos,
etcétera, no solamente con los diques de contención para inclusión
del agua salina, sino con otros sistemas que podemos ir poniendo en
marcha con la propia gestión de la cuenca.
Hay otras actuaciones relacionadas con la implantación de nuevos
cultivos o la reordenación de los mismos, como es la mejor gestión
del agua dentro del propio delta. Quiero indicar una cosa muy
importante. Tanto el Ministerio como la Confederación Hidrográfica
del Ebro vamos a estar muy unidos para llevar a cabo la realización
de este plan integral, puesto que si no contamos con los habitantes
de las zonas, difícilmente podríamos sacar adelante este tipo de
actuación. Estamos trabajando de abajo a arriba, que sean ellos los
que nos vayan marcando las actuaciones que crean convenientes,
teniendo en cuenta la experiencia de que disponen con relación a la
vida que están llevando a cabo y que conocen muy bien a lo largo de
estos años.
Voy a contestar al representante del Grupo Socialista. En relación al
plan hidrológico de la cuenca del Ebro, señor Morlán, mantuve en 1996
una postura que en estos momentos ha sido corregida. Entonces no se
querían incluir las series de años secos, puesto que decíamos que los
recursos estaban sobrevalorados y en ningún momento se quiso
modificar la serie de años para tomar datos más allá o más acá de
1985. Una de las cosas que ha hecho este Plan hidrológico nacional es
corregir ese planteamiento e incluir los años secos. En un momento
determinado, siguiendo las reglas democráticas, uno se puede
abstener; pero desde que fue aprobado el plan hidrológico de la
cuenca del Ebro siempre, en todo momento, lo he defendido y usted no
habrá oído que yo haya hablado en contra de ese plan en ningún foro.
Siempre, desde mis distintas responsabilidades, y sobre todo en mi
época anterior, he estado defendiendo que se pusieran en marcha las
obras del pacto del agua, puesto que así venía recogido en el plan
hidrológico de esa cuenca.
En cuanto a la margen derecha, usted conoce muy bien la situación de
falta de agua de esa parte del territorio aragonés. Desde hace cinco
años estamos trabajando a fin de poner en marcha todos aquellos
proyectos que vienen a mejorar las condiciones hídricas y el
suministro de caudales para toda la zona, aparte de las regulaciones
previstas en el plan hidrológico de esa cuenca y en el Plan
hidrológico nacional. Me estoy refiriendo a todas las regulaciones
del Jalón con el Jiloca, del Guadalope, del Matarraña. Todo esto lo
tenemos prácticamente en disposición de poder iniciar los trámites
finales para las ejecuciones de la obra, pues como bien ha dicho
usted la ejecución no es lo mismo que la
puesta en marcha del proceso administrativo. Desde el Ministerio son
prioritarias estas obras. Otra cosa es que algunas que estaban más
adelantadas en el trámite se encuentren ya en disposición de poder
iniciarse.
Hay otras actuaciones, y yo reto a quien quiera, y así lo dije, a que
ponga sobre la mesa actuaciones porque se habla mucho de la margen
derecha, señor Morlán, pero también me gustaría ver realidades.
Concretamente, desde esa sociedad a la que hacía referencia hemos
hecho un estudio para la elevación de caudales para el riego entre
Zaragoza y Fayón. Una vez hecho el estudio y presentado a los
regantes, dicen que tienen dificultades para devolver en su momento
las cantidades que lleva consigo una transformación, porque también
es verdad que la única salida que tenemos desde la Administración es
aplicar la Ley de Aguas vigente, no podemos movernos. Otra cosa es
que el Gobierno de Aragón pueda echar una mano a esos regantes y
ayude en la financiación de las obras. Nosotros estamos abiertos
a esa posibilidad y, además, encantados de que fuera así, puesto que
también comprendemos -y comprendo- la situación de la zona. Aunque
sea de Huesca, usted sabe que también conozco aquella parte del
territorio desde hace bastantes años por motivos profesionales.
En relación al artículo que hacía referencia a las obras terminadas o
en ejecución, creo que la ley es muy clara. Si usted ha seguido
últimamente lo manifestado por los regantes de la cuenca del Ebro
sabrá que incluso ponían sobre la mesa ese mismo planteamiento. ¿Cuál
es el deseo del Gobierno y el encargo que tiene este presidente de la
Confederación? El encargo que tengo del Gobierno es agilizar todo lo
que pueda la redacción de los proyectos, de los cuales en este
momento no disponemos, y a partir de ahí ejecutar las obras. Le puedo
decir, señor Morlán, que el Gobierno ha puesto a este presidente las
cosas muy difíciles. De lo que sí dispongo es de recursos económicos
y financieros para llevar a cabo las obras. Otra cosa es que en
momentos determinados tengamos problemas administrativos o de
cualquier otra índole, como, por ejemplo, las expropiaciones, para
poder llevar a cabo esas obras. En todo caso, ¿cuál es la idea del
Ministerio? La idea del Ministerio es que prácticamente todas las
obras estén finalizadas o ejecutadas en el año 2008, salvo aquellas,
y les pido comprensión, en las que en algún momento nos surja, como
nos ha surgido ahora mismo en Jánovas, algún problema medioambiental
para llevar a cabo la ejecución de obras. A mí me consta que en foros
privados está de acuerdo el propio Gobierno de Aragón en que
busquemos una alternativa a Jánovas; alternativa que se conoce y se
sabe, que es la alternativa del Susía, en la que estamos trabajando.
Pero en su momento tendremos que comunicar, y que lo sepan la
comisión de seguimiento del pacto del agua y también el consejo de
cuenca del Ebro, que hay que cambiar esa infraestructura por otra que
nos regule si no todo el
volumen que estaba previsto en Jánovas, una cantidad similar, porque
el Ministerio quiere ser respetuoso con el medio ambiente. Y si en un
momento determinado a nosotros se nos plantea un impacto ambiental
negativo, tendremos que buscar una alternativa a esa obra, puesto que
lo que tenemos que hacer es preservar el medio ambiente.
En cuanto al consejo del agua de la cuenca del Ebro, usted sabe mejor
que yo -usted lleva aquí bastantes años de parlamentario y sabe que
después de discutir y aprobar las leyes por estas Cortes hay que
cumplirlas- que esta ley y el desarrollo del reglamento establece
unas competencias específicas para las juntas de gobierno de las
confederaciones, los consejos del agua de las confederaciones y el
Consejo Nacional del Agua. Lógicamente, en la planificación
hidrológica la competencia de redacción del plan hidrológico de la
cuenca del Ebro es del consejo del agua de la cuenca del Ebro,
competencia que ejerció en su momento; y la competencia de elaborar
el informe del Plan hidrológico nacional es del Consejo Nacional del
Agua. Por tanto, en ningún momento el Consejo Nacional del Agua puede
ver usurpada su competencia por la Confederación Hidrográfica del
Ebro, por el consejo del agua de la propia cuenca, porque no tiene
ningún sentido. Me gustaría, y si usted tiene datos me los da, saber
qué consejo del agua en las distintas confederaciones ha discutido el
plan nacional. En todo caso, si yo, como presidente de la
confederación, hubiera detectado que había una modificación del plan
hidrológico de la cuenca del Ebro, hubiera planteado el tema en la
discusión del Plan hidrológico nacional. Pero es que los usuarios y
las distintas comunidades, que también lo son del Consejo Nacional
del Agua, en ningún momento hicieron ese planteamiento. Solamente lo
hicieron unos determinados componentes del consejo del agua de la
cuenca del Ebro, a los cuales, me da la impresión, vista la redacción
de la carta, alguien les envió una nota para que la hicieran llegar a
la Confederación Hidrográfica del Ebro, pidiéndome la reunión del
consejo del agua, que se celebró el veintitantos de enero, puesto que
teníamos que elegir al representante de la cuenca del Ebro en el
Consejo Nacional del Agua. Además, en plan coloquial, diría que al
día siguiente hicimos comedias, no los de la confederación ni los del
Ministerio, sino que se hicieron planteamientos desde el Gobierno de
Aragón para que un representante democráticamente elegido en el
consejo de cuenca no asistiera al Consejo Nacional del Agua. Ese es
un tema que de verdad a mí me dolió, porque el voto del Consejo
Nacional del Agua no era más ni era menos, y hemos visto lo que ha
ocurrido hace unos días con José Antonio Rubio, que también estuvo
aquí ayer en la comparecencia.
En cuanto a las aportaciones medias, en la Confederación Hidrográfica
del Ebro tenemos los datos a disposición de todo el que quiera
verlos. Nosotros tenemos unos datos puntuales cada cuarto de hora, a
través
del SAIH, a disposición de todos los ciudadanos que quieran ver las
aportaciones. Por supuesto, nosotros no las manipulamos; se pueden
interpretar, pero las aportaciones ahí están, como estaban antes de
1996. En ningún momento se han puesto en tela de juicio.
En cuanto al déficit hídrico, el Plan hidrológico nacional es muy
claro. El Plan hidrológico nacional especifica claramente, y no
engaña a nadie, como también especifica que hay una posible
incidencia del cambio climático, que puede haber determinado número
de años que no se pueda llevar a cabo un trasvase. ¿Por qué?
Sencillamente porque estamos hablando de excedentes y, por tanto, si
no hay excedentes la primera que tiene que beneficiarse de los
recursos que hay en la cuenca tiene que ser la propia cuenca, pero el
Plan hidrológico nacional así lo dice. Yo creo que eso lo saben tanto
las cuencas cedentes como las receptoras y las distintas comunidades
autónomas.
En cuanto a las concesiones de las que me estaba hablando, en la
confederación estamos trabajando, y me consta que en otras
confederaciones hacen lo mismo, para poner al día todas las
concesiones. En lo relativo al tema de personal, lo estamos
reivindicando, puesto que a veces, y no tenemos que engañar a nadie,
vamos retrasados en el tema de las concesiones. Pero esto no es
nuevo, tenemos un déficit histórico en cuanto a concesiones que se
está poniendo al día. Yo lo único que le puedo decir es que en estos
últimos cinco años, y quizá añadiría los dos anteriores, el número de
expedientes que eran resueltos en la confederación superaba al número
de expedientes que entraban. Por tanto, se va disminuyendo ese
déficit. Estamos trabajando para conseguir más guardería fluvial, ya
que es necesaria. También intentamos trabajar con todas las
comunidades autónomas, puesto que tienen su competencia y nosotros
tenemos la nuestra. Por tanto, conjuntamente con el Seprona, tenemos
que trabajar unidos. En todo caso, nuestra línea de actuación va
dirigida a disponer de más recursos, y espero que podamos
conseguirlos, puesto que en un futuro todas las confederaciones y el
Ministerio tenemos por delante un reto importante, que es cumplir las
directivas europeas y, por supuesto, para cumplirlas se necesitan
nuevos trabajos, es decir, hay necesidades de personal.
En cuanto a abastecimiento, este Plan hidrológico nacional viene a
corroborar lo especificado en el plan hidrológico de la cuenca del
Ebro y alguna actuación más que también se ha incluido, aunque no
estaba específicamente en el plan hidrológico de la cuenca. Yo, como
he sido consejero de Ordenación Territorial en el Gobierno de Aragón,
sabía que la competencia en abastecimientos era de los ayuntamientos
y que después, según el estatuto y las transferencias a las distintas
autonomías, quien tiene la competencia en cuanto a la ayuda para
abastecimientos a las poblaciones son los gobiernos de las
comunidades autónomas. La única posibilidad que tenemos para actuar
desde el Ministerio
en la mejora de abastecimientos o saneamientos es que esas obras
se declaren de interés general. Las actuaciones que están enmarcadas
dentro de la relación de obras que usted tiene en la mano y aquellas
que pudieran incorporarse dentro del debate parlamentario, serán
consideradas de interés general y desde el Ministerio podremos tener
la posibilidad de llevarlas a cabo. Lo que sí le digo es que estamos
trabajando con todas las comunidades autónomas de la cuenca para
intentar solucionar cualquier problema que pueda haber de
abastecimiento. Estamos dispuestos a firmar convenios y ustedes lo
saben. Estamos trabajando sobre el convenio del abastecimiento a
Zaragoza y a todos los pueblos del entorno, ya que estamos hablando
de un abastecimiento para 800.000 personas, estamos hablando del
abastecimiento de los pueblos del bajo Ebro, estamos hablando del
abastecimiento de la zona de Alcañiz, incluso hasta el abastecimiento
de Huesca está recogido. Y en un momento determinado podremos poner
en marcha la mejora del abastecimiento de Huesca desde el embalse de
Montearagón. En ese aspecto el Ministerio va a estar ahí.
En cuanto al Plan nacional de regadíos, llevo mucho años trabajando
en el tema de regadíos, concretamente desde 1975, en la provincia de
Huesca, y hay ejecutadas por mí directamente algunas hectáreas de
riego por aspersión. Se cambió el sistema de riego de pie a riego por
aspersión y está funcionando, aunque en algún momento no lo pasamos
bien, pero en este momento seguimos trabajando. Los regadíos en la
cuenca del Ebro y en Aragón para mí son prioritarios. Lo que tenemos
que hacer -y estoy de acuerdo con su inquietud- es cumplir los
planteamientos que hay en el plan hidrológico de la cuenca del Ebro;
por lo tanto, el que esté aprobado un plan de regadíos en cuanto a la
reserva de caudales en la cuenca del Ebro me tiene sin cuidado. ¿Por
qué? Porque el Plan hidrológico nacional me dice que las reservas de
caudales para las transformaciones en regadío se hacen tal y como
figuran en el segundo horizonte del plan hidrológico de la cuenca del
Ebro. Por tanto, los regadíos y los recursos los tenemos
garantizados. Otra cosa es que esas transformaciones en regadío las
podemos hacer de varias formas: bien con cargo a los Presupuestos
Generales del Estado, declarando las obras de interés general, o bien
con presupuestos de las propias comunidades autónomas, puesto que
para eso tienen la competencia de regadíos. Por lo tanto, el reto lo
tenemos delante: intentar entre todos que los regadíos en la cuenca
del Ebro sean una realidad lo antes posible, puesto que va a haber
recursos y regulaciones.
En cuanto a los caudales ambientales, a los que ha hecho referencia,
está en lo cierto su señoría. Sólo se fijan dos condicionantes en el
plan hidrológico de la cuenca del Ebro que se respetan íntegramente
en el Plan hidrológico nacional. Por un lado, los cien metroscúbicos
por segundo, como mínimo, en el delta del
Ebro. Eso fue discutido cuando se redactó el plan y, por cierto, sólo
se opuso una persona a que se fijara ese caudal ambiental en cien
metros cúbicos por segundo, que compareció aquí el otro día. Los
demás estábamos de acuerdo, independientemente de algún desacuerdo en
el conjunto. Por otra parte, si se ha leído el plan de cuenca, se
habrá dado cuenta de que ese 10 por ciento se fija para las obras
nuevas de regulación, puesto que la fijación de caudales ambientales
para las distintas cuencas tiene que hacerse por los consejos de
cuenca de las distintas confederaciones. También puedo decirle que en
este caso es pionera la Comunidad de La Rioja, que ya nos ha remitido
a la Confederación Hidrográfica del Ebro una relación o un estudio de
los caudales ambientales que le gustaría que se respetaran en dicha
comunidad, y lo estamos estudiando en este momento para,
posteriormente, elevarlo al consejo de cuenca. Por tanto, el
Ministerio y la confederación estamos trabajando en esa línea,
conjuntamente con las comunidades autónomas, porque fijar un caudal
ambiental piense, señor Morlán, que no es una cosa fácil, porque hay
que hacer un estudio exhaustivo de las concesiones para que esos
caudales ambientales no lesionen intereses de terceros, y si lesionan
intereses de terceros, habrá que poner sobre la mesa las
compensaciones preceptivas que pueda haber. Eso ya en las nuevas
concesiones lo estamos corrigiendo, porque están condicionadas a la
normativa de caudal ambiental y en ningún momento nos podrán reclamar
ninguna indemnización si se produce una modificación de los caudales
ambientales de acuerdo con la normativa estatal y europea.
Para terminar, por parte de la confederación se llegó a un acuerdo
con Enher para hacer una reserva de caudales en el bajo Ebro aragonés
para 20.000 hectáreas. Me consta que esa negociación fue dura, aunque
yo no participé en ella, puesto que la sociedad Enher ponía un canon
en las concesiones que hasta entonces se hacían por la utilización
del embalse, y fue la única vez que no puso esas hectáreas. En la
confederación ahora tenemos en reserva la concesión para las 20.000
hectáreas, y vamos dando concesiones conforme nos van viniendo. En
este momento, para dar un dato de las concesiones -en cuanto a
ejecución, como no soy el responsable, tampoco sé las que se han
ejecutado directa o indirectamente con la aportación del Gobierno-,
aproximadamente tenemos concedida agua para unas 3.000 hectáreas. Ésa
es la concesión que en este momento figura en la confederación, pero
tenemos en reserva 17.000. Lo que necesitamos son ideas para llevar
a cabo esa concesión y poner en marcha esos regadíos en las
inmediaciones del embalse de Mequinenza. Para nosotros utilizar el
agua en ese momento que la tenemos regulada es muy importante.
La señora PRESIDENTA: Señor Morlán, tiene la palabra.
El señor MORLÁN GRACIA: Muchas gracias, señor Lacasa, por su
explicación.
Usted comparece como presidente de la confederación, y de la misma
manera que usted critica y cuestiona la decisión de un Gobierno sobre
trasvases, yo le tengo que recordar que en el año 1993 usted decía no
a los trasvases y no al trasvase del Ebro. ¿Puede explicar cuál es la
variación, el cambio de postura de 1993 acá?
Ha hablado de financiación y ha hecho referencia al pacto del agua.
¿Usted piensa que el pacto del agua de Aragón se ve afectado por la
modificación y la financiación de la obra pública, tanto en trasvases
como en regadíos, en función del desarrollo de las sociedades de agua
y de las sociedades de riego?
Ha hecho referencia al pantano de Jánovas, y es la segunda vez que lo
oigo en estas comparecencias. No digan cosas raras, porque ayer se
dijo que el pantano de Jánovas se había desechado ahora por impacto
ambiental, cuando la declaración de impacto ambiental se firmó en
marzo del 2000. Oportunidad política, no decisión justificada por
medio ambiente.
No me gustaría que esta comparecencia se convirtiera en un rifirrafe
entre usted y yo, señor Lacasa, pero las cosas hay que situarlas en
su justo punto, y me gustaría que me contestara a alguna cosa más.
Usted está hablando de la bondad del trasvase, porque usted lo
defiende, de que este Plan hidrológico nacional contempla todas las
previsiones y me dice que en el año 2008 van a estar ejecutadas gran
parte o la totalidad de las obras. Por ejemplo, por referirme a cosas
que usted y yo conocemos, ¿usted cree que la regulación en Alcanadre
va a estar antes de 2008? ¿El canal de la vía de Huesca usted cree
que va a estar antes de 2008? ¿El embalse de Beranuy cree que va a
estar antes de 2008? ¿Le sigo leyendo? Esto no es sino una
declaración de intenciones. Ustedes han puesto encima de la mesa un
listado de obras cuya financiación no tienen asegurada. Es imposible
cumplirla de aquí a 2008, a menos que usted en la confederación o
alguien en el Ministerio de Hacienda se pase las noches haciendo
billetes de euros.
Puede decir usted que está políticamente de acuerdo con el Plan
hidrológico nacional porque es su partido el que lo presenta. Es una
decisión política; contraria a la de 1993, pero respetable como tal
decisión política. Puede decir que están dispuestos a defender el
pacto del agua de Aragón -que no lo están defendiendo ni lo están
ejecutando-. Puede decir que están dispuestos a que los ríos
aragoneses y los de la cuenca del Ebro estén en buenas condiciones y
que tengan garantías medioambientales. De todos modos, me ha
reconocido usted que no tiene gente suficiente para revisar las
concesiones ni para hacer frente a todos los problemas
medioambientales que tienen los ríos aragoneses o los de la cuenca
del Ebro; lo digo por no centrarnos sólo en Aragón, puesto que usted
es el presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro.
Por último, insisto en que yo le he hablado de una cifra. No me
conteste que ustedes han trabajado más que antes y van consiguiendo
reducir el número de concesiones; quiero saber las concesiones que
tienen pendientes de resolver en este momento. (La señora De Lara
Carbó pide la palabra.)
La señora PRESIDENTA: Le pido al señor Lacasa que trate de ser breve
en su respuesta. Me comunica el siguiente compareciente que debe
coger un avión pronto.
Señora De Lara.
La señora DE LARA CARBÓ: El pacto del agua se firmó en 1992 y, si mis
informaciones son correctas, hasta el año 1996 no se hizo nada. La
primera pregunta que le quiero hacer al presidente de la
confederación es la siguiente: ¿cree usted que las obras del pacto
del agua se iniciaron con la creación del Ministerio de Medio
Ambiente y con el Gobierno de José María Aznar?
Se ha hablado aquí estos días de que las peticiones para la
financiación comunitaria de los proyectos comprendidos en el Plan
hidrológico nacional tienen que ser formuladas antes de 2006. Mi
segunda pregunta es: ¿cómo cree usted que pueden incidir o qué
retrasos administrativos pueden originar las peticiones de ciertos
grupos o de ciertos presidentes de comunidades autónomas yendo a
Bruselas a quejarse de que el Plan hidrológico nacional atenta contra
la directiva marco, cosa que nos han demostrado que no es cierta? (El
señor Lanzuela Marina: ¡Muy bien!)
La señora PRESIDENTA: Señor Lacasa.
El señor PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO (Lacasa
Azlor): Señora presidenta, intentaré ser breve siguiendo sus
instrucciones.
Me ha preguntado por qué me oponía a los trasvases en 1993.Usted
sabe, señor Morlán, que me oponía porque defendía la cuenca, y sabe
que el plan hidrológico que se presentó no respetaba ni había
estudiado las necesidades de la cuenca. Presentaba únicamente una
serie de flechas con transferencias de recursos. Me extraña, señor
Morlán, que usted, que defendía aquellos trasvases con mucho mayor
cantidad de recursos a transferir, diga ahora que no hacen falta
recursos; no lo entiendo. Entendería que defendiera la misma postura
que en aquel momento, pero esto no lo entiendo.
Cuando leí el plan alternativo -que lo estudié varias veces- y vi que
preveía trasvases en su momento, cuando hicieran falta, por real
decreto ley, me quedé impresionado. Para mí, estas Cortes son las que
tienen que decidir los trasvases.
En cuanto a Jánovas, desconozco cuándo se firmó el impacto ambiental.
Sí le puedo decir que el primer día que vimos que había problemas, se
puso sobre la mesa
la alternativa. Además, me consta, señor Morlán, que hasta el propio
presidente de la comunidad autónoma estaba al corriente de eso. No
quiero decir más porque no se puede y no me gusta hablar en público
cosas que hemos hablado en privado.
La señora PRESIDENTA: Señor Lacasa, desearía que respondiera al señor
Morlán brevemente. Si hay temas privados, ya se hablarán fuera de la
Comisión de Medio Ambiente y no en estos momentos. Por favor, vamos a
ajustarnos al contenido de la comparecencia.
El señor PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO (Lacasa
Azlor): Voy a hacerlo rápidamente, en un minuto.
Defiendo el trasvase y no estoy en contra de él porque en ningún
momento el Plan hidrológico nacional perjudica a la cuenca del Ebro.
En cuanto a los embalses que están previstos en la relación de obras,
son unas previsiones reales desde nuestro punto de vista. Lo único
que le puedo decir es que cuando se pusieron aquellas obras alguien
nos engañó. En lo relativo a la financiación, le puedo decir que está
asegurada por parte del Ministerio. Ya le he dicho que a quien le van
a poner las cosas difíciles es a este presidente de la Confederación
Hidrográfica del Ebro, porque a lo mejor no puede cumplir con las
previsiones que tiene el Ministerio, y por eso estoy diciéndoles que
me asignen más personal para poderlo llevar a cabo. En relación con
las concesiones, yo estoy dispuesto a enviar al Grupo Parlamentario
Socialista, si lo solicita, la información puntual de cómo están las
concesiones para que no haya ningún problema.
En cuanto a lo que ha dicho la señora De Lara en relación con el
pacto del agua, puedo decirle que a partir del año 1996 fue cuando de
verdad se empezó a trabajar seriamente en el cumplimiento del pacto
del agua. Respecto al fondo de cohesión, a veces se está equivocado,
porque hay obras, concretamente la mayor parte de las obras de la
cuenca del Ebro, que no tienen posibilidad de captación de fondo de
cohesión como, por ejemplo, todos los embalses, porque van para
regadío. En todo caso, a quien perjudicaría la no llegada del fondo
de cohesión es precisamente a aquellas que están enmarcadas dentro de
actuaciones medioambientales y de abastecimiento de aguas. Por lo
tanto, esos dos sectores son los que se verían perjudicados en el
tema de captación de fondos.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Lacasa, por su estancia
entre nosotros, por su intervención y su contenido. Tenemos dos
minutos de pausa. (Pausa.)
- DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA
(CÁNOVAS CUENCA). (Número de expediente 212/000437.)
La señora PRESIDENTA: Continuamos con la segunda comparecencia de la
tarde del jueves 29 de marzo, en relación con el proyecto de ley del
Plan hidrológico nacional.
Tenemos entre nosotros a don Juan Cánovas Cuenca, presidente de la
Confederación Hidrográfica del Segura. Le damos la bienvenida a la
Comisión de Medio Ambiente y esperamos su intervención. Además,
conocemos que tiene un problema de salida de avión y por tanto, si le
parece con diez minutos de intervención y posteriores preguntas y
respuestas, se puede solventar el trámite sin mayor problema.
Tiene la palabra el señor Cánovas.
El señor PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA
(Cánovas Cuenca): Señoras y señores diputados, quiero agradecer a la
Comisión de Medio Ambiente la oportunidad y el honor que me dispensa
al convocarme y al pedirme opinión sobre un proyecto de ley que es
fundamental para el territorio en el que se haya la Confederación
Hidrográfica del Segura.
Sobre este tema se ha hablado muchísimo. Soy uno de los
representantes de las cuencas receptoras previstas en el proyecto de
ley y quiero señalar que las opiniones que voy a verter están
influidas enormemente por el espacio físico donde se desarrolla la
labor que tengo encomendada. Estoy hablando de un territorio de casi
19.000 kilómetros cuadrados, que afecta a las comunidades autónomas
de Castilla-La Mancha, de Valencia, de Andalucía y de la región
murciana, que sirve de asiento a grupos sociales que integran a
personas cuyo número está entre un millón y medio y dos millones de
personas.
Quiero señalar que, como todos ustedes saben, el agua es uno de los
factores que determinan y que limitan las posibilidades de desarrollo
de esa sociedad. Ello está suficientemente acreditado en la medida en
que los recursos que se captan en ese territorio, en su condición de
renovables propios, alcanzan los 860 hectómetros cúbicos anuales como
una cifra media. A esos recursos podemos añadir los recursos
trasvasados procedentes del Tajo-Segura, 540 hectómetros cúbicos y
hay que pensar en recursos reutilizados, que alcanzan los 100
hectómetros cúbicos. Todo ello hace un total de 1.500 hectómetros
cúbicos de recursos de los que se puede disponer en la cuenca. A ello
hay que oponer -en una contabilidad de doble columna- el
abastecimiento urbano, que demanda 217 hectómetros cúbicos en el
momento de aprobación del plan hidrológico de cuenca por el Decreto
1664/1998; el abastecimiento industrial y de servicios, que demanda
23 hectómetros cúbicos; el regadío, 1.660 hectómetros cúbicos, y la
demanda medioambiental, 60 hectómetros cúbicos. En consecuencia, en
ese territorio hay una demanda total consolidada, acreditada a lo
largo de muchos años, de 1.960 hectómetros cúbicos.
El balance es inmediato: hay un déficit que se evalúa en 460
hectómetros cúbicos anuales como media, y digo como media porque
también están sometidos a las fluctuaciones derivadas de los cambios
climáticos, entendiendo los cambios climáticos no solamente como la
tendencia doctrinal definida y acreditada en muchos casos, sino como
esa característica que tiene el clima, que en sí es continuamente
cambiante.
Todo esto plantea el problema del desarrollo de esa sociedad; incluso
hay estudios que ponen en relación la renta de esa población con la
demanda de agua -sería ocioso insistir en ello porque es de todos
conocido- y, ante esa demanda de agua, el territorio, las
instituciones, la propia sociedad se preguntan cuál es la forma de
satisfacerla. La conclusión, acreditada, racional, es que ese
territorio necesita recursos ajenos al mismo para satisfacer las
demandas y mantener el actual estado de desarrollo y que esos
recursos tienen que venir bien por el trasvase de otras cuencas
excedentes, bien por la aportación de agua producida por métodos no
convencionales, como puede ser la desalación. Entendemos que una
solución mixta puede ser suficiente para atender esas demandas y de
ahí que, analizado el Plan hidrológico nacional, pueda comprobarse
que satisface, que da respuesta a la demanda fundamental de caudales
planteada en esa zona, que no es excluyente en relación con otras
soluciones, como puede ser la desalación, y que de alguna manera
también viene a dar respuesta a cuestiones relacionadas con la
gestión de los acuíferos subterráneos, con la sequía y con la
situación de las zonas inundables. Porque, como cuenca mediterránea
que se acredite, la cuenca del Segura sufre episodios de prolongada
sequía, pero también de inundaciones, que se dejan ver
frecuentemente.
Como he dicho antes, el proyecto de ley viene a dar respuesta a las
cuestiones planteadas y es respetuoso con el medio ambiente. Así lo
ha entendido la sociedad que habita el territorio a que hago
referencia, que, si no de forma unánime, sí por abrumadora mayoría,
ha dado su aprobación, su visto bueno a la iniciativa del Gobierno
que en este momento se está tramitando en esta Cámara. Hasta tal
punto esto es seguido con interés por la población a que me he
referido que es frecuente que a uno le pidan los papeles para decir
que están de acuerdo con el Plan hidrológico nacional. Ese es un dato
que permite valorar qué calado ha tenido en esa sociedad la propuesta
del Gobierno que, como he dicho, se está debatiendo.
Creo que lo más importante de este acto es, por supuesto, la
intervención de SS.SS. y por eso dejo aquí mi intervención en espera
de poder contestar las preguntas que tengan a bien hacerme.
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor
Ruiz López.
El señor RUIZ LÓPEZ (don Juan Carlos): Señor Cánovas, en primer lugar
bienvenido por supuesto en nombre de mi grupo y en el mío propio,
porque además es paisano y amigo. Siempre da gusto ver comparecer a
paisanos, más siendo expertos, como usted, que con ser presidente de
la Confederación Hidrográfica del Segura coincide su faceta como
experto en temas de agua y especialmente en temas de desalación. Sé
que tiene que coger un avión y también sé que está dispuesto a
perderlo por comparecer en esta Comisión, pero no querría que lo
perdiera por mi culpa sino por las explicaciones que diera usted. Por
ello voy a tratar de ser lo más esquemático posible en mi
intervención.
Quería, si es posible, que me dijera la viabilidad de la desalación
en la cuenca del Segura, su viabilidad técnica, ambiental, económica,
y si solucionaría los problemas hidrológicos de la cuenca del Segura.
Me van a permitir un inciso, señorías, señora presidenta, para
resaltar, ya que vamos a hablar de desaladoras y siempre va asociado
a la emisión de CO2 que se produce con ellas, la preocupación que
produce al Grupo Parlamentario Popular -y, quiero manifestarlo, debe
ser también preocupación de esta Comisión de Medio Ambiente- que
Estados Unidos haya decidido salirse de los compromisos de Kioto,
cosa que creo que debemos deplorar en esta Comisión de Medio
Ambiente. Desde luego, el Grupo Parlamentario Popular lo hace.
Querría también que nos explicara un poco, porque creo que es el gran
desconocido de los debates del agua, lo que es la eficiencia de la
gestión y del uso del agua en la cuenca del Segura. Muchas veces -se
ha dicho en esta Comisión y ha sido uno de los temas centrales- se ha
puesto de manifiesto la importancia de la calidad de las aguas. ¿La
calidad de las aguas de la cuenca del Segura se puede mejorar si no
hay una implementación de nuevos aportes exteriores a la cuenca?
¿Favorecen la calidad de las aguas vertidos ilegales que están
realizando determinadas empresas, apoyadas por alcaldes públicamente
en los medios de comunicación? Se ha dicho asimismo que la cuenca del
Segura es expansiva en cuanto a regadíos ilegales. Me extraña que sea
así en una cuenca que todos sabemos que está en recesión. Querría que
nos aclarara si realmente es una cuenca con tantos regadíos ilegales.
Se ha dicho que hay cuatro posibles administraciones o entes que
vigilan esos regadíos ilegales y me gustaría saber cuál es su
colaboración, por ejemplo, con el Seprona, Servicio de la Guardia
Civil de Protección Natural. Y querría que nos aclarara una confusión
que creo que ha estado rondando los tres días de comparecencias que
llevamos, la diferencia entre lo que es un regadío ilegal y un
regadío en precario.
Ya sólo una última pregunta: ¿Es sostenible la cuenca del Segura tal
y como estamos ahora, incluyendo todo lo que sería modernización de
regadíos, mejora del uso y la gestión del agua, ahorro, por supuesto,
así como desalación? ¿Podríamos aguantar cinco años más
para poder decidir que haya un trasvase o no lo haya a la cuenca del
Segura? Señor Cánovas, creo -y coincido con usted-, que estamos
absolutamente concienciados en todos los territorios de la cuenca del
Segura, que existe unanimidad social, como bien ha dicho usted, y yo
añadiría también política, en que es necesario un trasvase para la
cuenca del Segura.
Bienvenido, como le he dicho antes, y muchas gracias, por su
exposición, señor Cánovas.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra, por el Grupo Socialista, el
señor Morlán.
El señor MORLÁN GRACIA: Gracias, señor presidente de la cuenca del
Segura.
Que quede bien claro que el Partido Socialista reconoce, como lo ha
puesto de manifiesto en su propio texto alternativo, que la cuenca
del Segura es una cuenca con déficit estructural. Por tanto, que
nadie ponga en duda que la preocupación que tiene el Partido
Socialista a nivel nacional y a nivel, desde luego, de Murcia y de
Alicante, es idéntica, con independencia de las soluciones que unos u
otros grupos políticos pongamos encima de la mesa. (El señor
vicepresidente, Sabaté Ibarz, ocupa la Presidencia.)
Hay varios temas que quisiera plantearle, porque indudablemente el
trasvase que se define en este proyecto de ley presentado por el
Gobierno tiene una serie de condicionantes, uno de ellos se ha puesto
de manifiesto en la anterior intervención del señor Lacasa y es el
que tiene que ver con la ejecución de determinadas obras relacionadas
con el pacto del agua de Aragón. ¿Piensa usted que este trasvase va a
tener la demora derivada de la aplicación del pacto del agua de
Aragón y en qué tiempo cifra usted que se va a poder llevar a cabo?
En segundo lugar, este trasvase ha levantado mucha polémica social.
Usted dice que en Murcia hay unanimidad social; tengo que decirle que
el otro día hubo una manifestación y que al menos unos cuantos miles
de personas no planteaban esa unanimidad, algo protestaban por cómo
se gestionaba el agua en Murcia. Por tanto, algo habría que contestar
respecto a esas inquietudes de esos colectivos de ciudadanos y
ciudadanas que ponían de manifiesto su desacuerdo con la gestión del
agua. Lo digo porque a una pregunta que ha hecho mi compañera doña
Juana Serna al Gobierno relacionada con la gestión del agua en la
cuenca del Segura, el Gobierno dice que se está haciendo una revisión
exhaustiva de todas las concesiones de aguas existentes en El
Chopillo así como el sometimiento a autorización de todos los planes
de explotación basados en las mismas. Me gustaría saber, en
principio, en qué situación se encuentra el régimen concesional del
conjunto de la cuenca del Segura. Junto a ello, hay, según la misma
respuesta que da el Gobierno, 1.469 denuncias de las medidas de
protección a la naturaleza del Seprona, que corresponden a 632
expedientes en relación
con la construcción de pozos, 120, sobre usos ilegales, y 87, en
relación con roturaciones. Me imagino que serán datos que usted ha
facilitado, porque cuando el Gobierno responde esto lo hace en
función de los datos que le suministran los respectivos territorios.
Otros ciudadanos dicen que el problema es mayor, y esto lo enlazo un
poco con la pregunta que ha hecho el portavoz del Grupo Popular
respecto a si existen más regadíos ilegales de los que parece que se
derivan de la denuncia que se ha hecho y qué medidas se están tomando
por parte de la Confederación para evitar que estas situaciones
ilegales se produzcan. Como presidente de la Confederación y como
conocedor del proyecto de ley, habrá visto que se dice que en las
cuencas receptoras no se podrán poner en marcha nuevos regadíos.
¿Está usted en condiciones de garantizar que eso se va a cumplir? En
qué medida se pueden evitar los nuevos regadíos, porque si van en
contra de la propia ley van a ser ilegales, cuando resulta que, en lo
que es la gestión del agua en la Confederación Hidrográfica del
Segura, se ha puesto de manifiesto que hay múltiples denuncias por la
gestión del uso del agua que se ha llevado a cabo.
Hay otro tema que también me preocupa respecto al tema del trasvase y
sus consecuencias sobre la producción agraria. Le formulo dos
preguntas, a ver si me las puede contestar, si no ahora por escrito.
Cómo está hecha la distribución de la tierra -yo soy un desconocedor
del conjunto de la cuenca- que existe en la cuenca del Segura,
cuántos pequeños agricultores existen, qué proporción de tierra
regable tienen, cuántos grandes agricultores o sociedades existen y
qué proporción de tierra tienen en el conjunto de la cuenca. Derivado
de ello, este trasvase va a suponer una serie de costes del agua
trasvasada, y en los documentos que se derivan del Plan hidrológico
nacional están cifrados en unas 57, 58 ó 60 pesetas metro cúbico. Es
cierto que los mismos que estudian estos precios después hacen
referencia a otros conceptos que no están incluidos dentro de los
parámetros que definen estos costes y evalúan que esa repercusión de
esos otros conceptos sobre el precio total del metro cúbico puede
llegar hasta un 50 por ciento. Nos encontraríamos con que el agua a
pagar podría situarse entre las 80 y 90 pesetas metro cúbico. ¿Usted
piensa que, en esas condiciones, la producción agrícola de todos los
sistemas de riego de la cuenca del Segura va a permanecer, o va a
tener que introducirse algún tipo de modificaciones o algún tipo de
subvenciones para que se mantenga? Porque indudablemente el agua
trasvasada va a ser bastante cara y va a repercutir en el ámbito de
competencia de las producciones de la cuenca del Segura con la de
otras cuencas españolas o con las de otros países de la Unión
Europea. ¿Usted piensa que el trasvase va a solucionar los problemas
de toda la cuenca del Segura, desde que nace el río hasta que
desemboca en el mar, o va a afectar
de manera concreta a unos o a otros territorios de dicha cuenca?
Por último, hay un problema de calidad de las aguas. Se producen
todos esos vertidos a los que ha hecho referencia el portavoz del
Grupo Popular; también se ha interesado por los mismos mi compañera y
desde el Gobierno le han contestado que se sigue un plan de control
de vertidos urbanos, que hay unos convenios de adecuación
medioambiental de las industrias radicadas en la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia que están cumpliéndose por los distintos
interesados. ¿De qué manera ese plan integral que nosotros hemos
defendido siempre para la cuenca del Segura permite que, hasta tanto
ese trasvase se produzca, el déficit hídrico que existe en dicha
cuenca pueda aminorarse? ¿Usted cree que las medidas que se
contemplan dentro de las actuaciones a llevar a cabo en el anexo 2 de
las inversiones que dice el Plan hidrológico nacional van a ser
suficientes para que se produzca una mejor calidad de las aguas en el
conjunto de la cuenca y para que se palien en la medida de lo posible
esas necesidades de riego que van a existir y que existen en la
cuenca del Segura actualmente?
El señor VICEPRESIDENTE (Sabaté Ibarz): Para contestar a las
preguntas planteadas, tiene la palabra el señor Cánovas.
El señor PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA
(Cánovas Cuenca): Paso a contestar a las preguntas en el orden en que
se me han formulado.
Se me ha preguntado sobre la viabilidad de la desalación. Antes,
quiero agradecerle la bienvenida formulada por el señor diputado. Lo
ha desglosado en tres capítulos importantes: desde el punto de vista
técnico, desde el punto de vista ambiental y desde el punto de vista
económico. Los progresos en desalación de aguas en la última parte
del siglo pasado posiblemente sean un hito en la referencia del
desarrollo científico técnico. En décadas se ha avanzado enormemente,
sobre todo en la lucha contra los consumos energéticos y en la mejora
de los materiales, de los métodos y de los sistemas de desalación. En
este momento, en el mundo se desalan diariamente entre 20 y 25
millones de metros cúbicos, fundamentalmente de agua de mar. Cuando
uno mira el gráfico de crecimiento de esa producción, ve que se
ajusta a una curva muy, muy exponencial. Es posible afortunadamente,
como ya se formulara incluso en Estados Unidos en la década de los
cincuenta, cuando, advirtiendo que el agua crearía tensiones en el
mundo, se intensificó la investigación en desalación, cuando comenzó
a ponerse en práctica el método de la ósmosis inversa y empezaron a
crearse las membranas de acetato de celulosa y después las de
poliamida aromática. A todo eso hay que unir el gran avance en la
recuperación de energía, en la disminución del coste energético. Y
creo que técnicamente es viable.
En cuanto a la viabilidad ambiental, hay que pensar que desalar es
ahora un término vinculado solidariamente con la energía. Desalar es
gastar energía y además hasta tal punto que una media de consumo
energético en la desalación se puede establecer en tres/tres y medio
kilowatios hora/metro cúbico. Posiblemente, dentro de cinco años esa
cifra se haya consolidado más baja, pero en este momento, a efectos y
a nivel de proyectista, hay que considerar que esos son los rangos,
después de optimizar al máximo el diseño. Con ello quiero decir que
hay una relación directa entre ese consumo, esas emisiones y esa
afección medioambiental. También quiero indicar que la desalación es,
desde mi punto de vista, una actividad contaminante. Hasta tal punto
que hay una ley en el Estado español, la Ley 1/1995, de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, que prevé el procedimiento de
evaluación de impacto ambiental sobre las actividades de desalación.
Digo contaminante, no alto ni bajo.
Lo que siempre he pensado, y así lo he expresado en los foros donde
se me ha querido oír, es que todo proyecto de desalación debe llevar
su correspondiente estudio ambiental a fin de determinar de qué
manera esa actividad incide sobre los recursos naturales,
fundamentalmente sobre el agua, sobre el suelo, sobre la flora y
sobre la fauna. Porque no estamos hablando solamente de la
contaminación indirecta que se genera en estas instalaciones a base
de aumentar el consumo de energía, sino de las emisiones directas de
la misma, que, como saben, son los flujos. Sobre todo los de plantas
de ósmosis inversa son tres fundamentalmente: la alimentación, el
flujo permeado o agua desalada y el rechazo o salmuera. Quizás el
flujo más contaminante es la salmuera por su alto contenido en sales.
Al fin y al cabo, la desalación es hacer un poco la política de José
María El Tempranillo: quitarle a uno para darle a otro. Quitarle a
una fracción de agua para concentrar la sal en otra fracción. Eso
necesita una gestión medioambiental, hay que plantearse dónde se va a
echar esa salmuera. Una de las soluciones inmediatas es verterla al
mar; pero el mar es un ecosistema que hay que proteger. Toda la
cuenca mediterránea está en este momento llena de hábitat
prioritarios reconocidos en la directiva correspondiente, me parece
que es la 43/1992, y me refiero exactamente a las praderas de
posidonia, que, como saben SS.SS., se sitúa entre los cinco y los 35
metros de profundidad. Hay que estudiar ese vertido y, que yo sepa,
no existe en este momento una solución definitiva a la evacuación de
esa salmuera. Es más, la siguiente vuelta de tuerca es gestionar esa
salmuera hasta conseguir que, del complejo de desalación, en vez de
salir un flujo salga un sólido, obtener la sal y no la salmuera. Y en
ello se están haciendo grandes esfuerzos.
Ambientalmente estoy convencido que la desalación tiene interrogantes
a los que hay que responder y solucionarlo.
Como es un tema complejo, va a requerir soluciones
complejas; económicamente la desalación es costosa. En este momento
se puede hablar de rangos de coste elevados entre las 75, 110, 120
pesetas por metro cúbico; es la estadística de lo que está
ocurriendo. Si me permiten SS.SS., a esto yo quería, añadir otra
interrogante más. Volviendo a la ecuación inicial desalar es usar
energía y la energía muchas veces no está en nuestras manos, sino en
las de terceros países, quizá, una reflexión sosegada nos puede hacer
pensar si podemos poner la llave de un recurso básico como el agua en
manos de terceros agentes fuera de la soberanía nacional. Por eso, en
mi opinión, no se puede dejar a la desalación toda la producción de
agua que se necesita en el territorio de la cuenca hidrográfica del
Segura. (La señora presidenta ocupa la Presidencia.) A eso hay que
añadir las condiciones litológicas de toda la costa donde es difícil
tener pozos costeros que, como saben, son necesarios para abaratar el
sistema, ya que de un pozo costero lo que se hace es extraer el agua
filtrada. La filtración es básica en el proceso porque es la que
protege las membranas en su funcionamiento. De las investigaciones
que hemos llevado a cabo a través de la Sociedad de Aguas no hemos
encontrado lugares que permiten baterías de 50 ó 100 pozos para
obtener agua de manera continuada y cualitativamente adaptada. No sé
si con ello he respondido a su pregunta. En cualquier caso, quedo a
su disposición.
En cuanto a la eficiencia de la gestión y del uso del agua, cuando
uno tiene conocimiento del uso que se está haciendo de ella, sobre
todo en las zonas de agricultura intensiva -me imagino que se refiere
S.S. al uso agrícola del agua-, en muy pocos lugares del mundo se usa
tan eficientemente como en las explotaciones de cultivos intensivos
que están desarrollándose en la franja mediterránea.
La cuenca tiene grandes problemas de calidad de agua. El río Segura
tiene una calidad (no solamente desde el punto de vista de los
contenidos orgánicos, de los que después hablaré), de acuerdo con las
clasificaciones internacionales, que en este momento deja bastante
que desear desde el punto de vista agronómico. Saben ustedes que, de
acuerdo con los estudios de la FAO, en la medida que aumente la
salinidad de un agua de riego disminuye la producción de los cultivos
a los cuales se está aplicando. Si no hay una bajada de presión en
este momento en el uso de aguas subterráneas en la cuenca del Segura,
difícilmente se va a poder mejorar la calidad del agua disponible.
En cuanto a los vertidos ilegales que se realizan en los cauces
públicos del territorio de la confederación hidrográfica, hemos
heredado una cultura (y digo heredado sin estar eludiendo ninguna
responsabilidad) de vertido a los cauces públicos, hasta tal punto
que en el año 1995 apenas había instalaciones de depuración que
funcionaran con eficiencia, sobre todo en la región deMurcia; y hay
estudios que objetivamente lo ponen de
manifiesto. En el año 1995 apenas había controles de vertidos en las
industrias conserveras a los cauces públicos; en el año 1995 apenas
había ordenanzas de vertidos en los ayuntamientos; en el año 1995 no
existía decreto alguno de control de vertidos a los cauces públicos.
Efectivamente se está avanzando, y los 20.000 millones que hay
invertidos (y ya en fase de ejecución desde el año 1995 hasta esta
fecha) constituyen un activo en el patrimonio de todo aquel
territorio. Van a entrar en funcionamiento el mes que viene, o dentro
de dos o tres meses, pero ahí está la obra y el diseño. Además se
optó por una solución muy racional, que es utilizar las depuradoras
de proceso biológico en sustitución de las de lagunaje que no han
funcionado prácticamente en ningún sitio y que en este momento
constituyen piedra de pensamiento (y no quiero señalar de escándalo)
por las irregularidades técnicas que confluyen en ellas. Estamos
viviendo problemas de vertidos ilegales, ancestrales. Hoy incluso la
prensa ponía de manifiesto la protesta del responsable de un
determinado ayuntamiento porque la Confederación Hidrográfica del
Segura, en uso de las facultades y desde la obligación de proteger el
dominio público hidráulico, ha iniciado un procedimiento para
cancelar vertidos que no cumplían con las condiciones establecidas en
la correspondiente autorización. Quiero señalarlo porque afecta al
ámbito de esta Comisión. Se ha aludido a una manifestación que se
celebró el pasado sábado en Murcia (de ella después hablaré en
respuesta al señor Morlán), pero el contrapunto es la manifestación
de un alcalde que dice que no va a consentir que se prohiba verter
líquidos inadmisibles en un cauce público. La sociedad es así, y es
una sociedad a la que yo le tengo mucho respeto -en eso tengo que
aprender de ustedes, señorías-, pero que se está comportando de esta
manera. Es complejo también tirar, como decimos en mi pueblo, de las
ramaleras y sujetar unas tendencias de agresión al medio ambiente que
se han consagrado a base de tolerancias injustificables.
En cuanto a la expansión de regadíos ilegales, por mi obligación he
tenido que estudiar con detenimiento qué es un regadío ilegal, dónde
está la definición de regadío ilegal y dónde se criminaliza el
regadío. Bien es verdad que hemos cambiado una cultura, puesto que
desde los regeneracionistas hubo una identificación entre regadío
y desarrollo, y en este momento a ese desarrollo le hemos puesto el
título de sostenible; eso quiere decir que en algunas cuencas, como
en la del Segura, se ha renunciado explícitamente a incrementar una
hectárea de regadío, y así lo reflejará en su momento el Plan
nacional de regadío, a fin de no agravar una situación que está
siendo límite en la cuenca. Es más, cuando analizamos la evolución de
los regadíos tradicionales de la cuenca del Segura les puedo decir a
ustedes que lo que reconocía el decreto de abril de 1953 eran 59.000
hectáreas en las tres vegas y el plan hidrológico de la cuenca
aprobado, como les dije, en el año 1998 ya
lo establece en 51.000 ó 52.000 hectáreas. Hay una recesión del
regadío, como no puede ser menos, porque la cuenca del Segura se ha
quedado sin recursos y algunos de esos regadíos no se pueden
mantener. Porque en un regadío desde un punto de vista medioambiental
están afectados varios recursos naturales, al menos la tierra y el
suelo. ¿Es un regadío ilegal porque se riega un suelo que no debe
regarse? ¿O es un regadío ilegal porque se utiliza un agua que no
debe utilizarse? La respuesta requiere una meditación profunda.
¿Estamos confundiendo regadíos ilegales con regadíos en precario o
regadíos infradotados? Estoy convencido (y lo digo sin apasionamiento
alguno) de que a veces se confunde.
Ruego, señorías, que me disculpen si en mi exposición pongo cierta
vehemencia, pero el pasado año hidrológico la cuenca del Segura
recibió 178 hectómetros de aportaciones naturales. Se extrajeron
aproximadamente unos 350 ó 400 hectómetros del subsuelo; recibió 571
hectómetros del trasvase Tajo-Segura. Con todo eso más algo de
reutilización y de desalación, que en este momento es insignificante,
hubo que mantener un sistema que tiene una demanda de 1.960
hectómetros anuales. Quiero señalar que hay áreas en las que se puede
decir claramente que hay un uso ilegítimo del agua o un uso ilegítimo
del suelo. Hay que admitirlo en los porcentajes que están
comprobados, pero en lo relativo al global de la cuenca merece
reflexionar sobre cómo está funcionando. Nos faltaron 1.000
hectómetros para mantener todo el sistema; y en ese clima estoy
convencido que la expansión del regadío, aunque sólo sea por
imperativo físico, está realmente limitado. Las denuncias que se han
tramitado no son por mala gestión del agua, y quiero decirlo aquí;
una denuncia no es una crítica de mala gestión, sino que un agente de
la autoridad le dice a la autoridad: he estado en tal sitio y estoy
viendo un uso que presuntamente puede ser ilegítimo. Inmediatamente
se valora en el correspondiente procedimiento. De las denuncias que
hemos recibido en la confederación en algunas ni siquiera se
mencionaba superficie. De modo que en cuanto a las denuncias y a la
cuantificación estaban en torno a 700 ó 750 hectáreas afectadas;
algunas de las denuncias se han archivado por no constituir ningún
ilícito, ni siquiera administrativo.
De los análisis hechos, vemos que en la cuenca del Segura hay zonas
que reciben aguas superficiales, ya sean del trasvase o de la propia
cuenca. Ustedes, que conocerán el mundo del regadío, sabrán que a
esos no les quita nadie ni una gota de agua. Es dificilísimo que a un
regadío superficial se le detraiga agua para hacer nuevos regadíos;
es complicadísimo. En cuanto a las aguas subterráneas, alguna
expansión de la detectada está basada exclusivamente en ellas. Esto,
a su vez, tiene la complejidad derivada del derecho transitorio de la
legislación de aguas, que saben que permite la existencia de aguas
privadas en virtud de la sentencia
227/1988, tal como fue interpretado por el Tribunal Constitucional.
Eso añade complejidad a la calificación de ilegal. No obstante, de
acuerdo con el estudio que ha hecho el Ministerio de Medio Ambiente,
se puede poner una interrogante en esa cuenca del orden de 6.000
hectáreas. Eso en un conjunto de 270.000 hectáreas significa un
porcentaje que no por pequeño debe dejar de importar al responsable
de la gestión, pero valorado en el conjunto de la cuenca pierde
dramatismo, por lo menos esa es la interpretación; ello -insisto- no
supone admitir ni tolerar su existencia, porque en cualquier momento
-como después diré- se está actuando sobre ello.
En cuanto a la concurrencia de administraciones, ocurre en el agua y
ocurre en casi todas las actividades administrativas en España, y eso
no es ni bueno ni malo en sí. Hay una perfecta coordinación con el
resto de autoridades y de administraciones y cada uno cumple su
cometido; es otra cosa que forma parte de la cultura que en cierta
medida tiene que soportar la Confederación Hidrográfica del Segura.
La confederación no contamina los cauces públicos, y tal vez haya que
decirlo aunque resulte una obviedad. Además el análisis realizado
pone de manifiesto que la gran carga contaminante viene de las
descargas municipales, y no se trata de verter sobre los municipios
ninguna responsabilidad, sino simplemente de describir lo que está
pasando en la cuenca. Entonces, hay una función de control de los
vertidos a los alcantarillados. Nadie, ninguna industria puede verter
a una alcantarilla si previamente no ha depurado sus aguas hasta los
límites cualitativos que establece el ordenamiento, y la competencia
corresponde al Ayuntamiento y subsidiariamente a la comunidad
autónoma. ¿Nos inhibimos ante eso? No, señor -perdón por la expresión
coloquial-; colaboramos, y estamos detectando lo que está ocurriendo
con esos vertidos. Porque también quiero decirles a SS.SS. que la
Confederación Hidrográfica del Segura en el río Segura solamente ha
tenido tres autorizaciones de vertidos, dos ya están declaradas
abusivas y una está inoperante. Por tanto, hay una función de
colaboración de las tres administraciones; es más, esa colaboración
es una demanda que establece la propia sociedad en la medida en que
nos está exigiendo una protección de las aguas.
En cuanto a la colaboración con el Seprona, él y la Confederación
Hidrográfica del Segura están en estrecho diálogo y en estrecha
colaboración, como no puede ser de otra manera, porque, tanto el
Seprona, en cuanto que tiene encomendada la protección de la
naturaleza, como la confederación, tienen el mismo objetivo y no
existe la más mínima discrepancia. Les pondré un ejemplo. Hace apenas
un mes teníamos sospecha de que se estaba vertiendo al río Segura en
un tramo concreto. La confederación y el Seprona montaron
coordinadamente un operativo y entre once y doce y cuarto de la noche
se descubrió quién era. Inmediatamente se tomaron las muestras, se
hizo la diligencia y se fue en
busca del responsable, primero para que cerrara el vertido y,
segundo, para anunciarle las medidas que se iban a tomar. En ese
sentido, SS.SS. pueden considerar que la voluntad de la confederación
y la del Seprona son coincidentes.
Señora presidente, no se preocupe S.S. por perder el avión, porque me
temo que hoy perdemos todos el avión o a alguno nos lo cancelan, pero
lo tengo solucionado.
La sostenibilidad de la cuenca con los recursos que hay hoy en día,
ya he puesto de manifiesto que no es posible. Es necesario el aporte
de recursos, y lo digo sin dramatismo. Incluso aquí se ha reconocido
esta tarde; nadie discute en este momento la necesidad de recursos
ajenos a la cuenca para mantener el nivel de desarrollo, con la
garantía de que ninguno de ellos va a ser empleado en mejorar o
aumentar el regadío. No sé si he contestado a las preguntas de S.S.;
ruego que me disculpe si no lo he hecho. Estoy a su disposición.
En cuanto a lo dicho por el representante del Grupo Socialista, sé
que ustedes conocen la cuenca del Segura. Tienen ustedes una
información excelente sobre la cuenca del Segura y sé que en su grupo
nadie discute la necesidad de agua en ella. La demora del trasvase.
Le puedo hablar de lo que sería necesario en la cuenca del Segura:
que se ejecuten las obras de llegada de recursos para compensar el
déficit lo antes posible. No es que eluda hacerlo, pero no puedo
pronunciarme sobre plazos ya que, al fin y al cabo, el plazo comienza
en el momento que esta Cámara impulse el proyecto o considere que
debe impulsarlo. Ese es el momento cero y a él habrá que hacer
referencia al hablar de los proyectos que haya que ejecutar
posteriormente. Me ha citado S.S. la manifestación del sábado. Yo
estuve, como era mi obligación, no manifestándome, pero sí para saber
lo que se decía allí. Puedo decirle que no se criticó la gestión de
la confederación hidrográfica, créame, ni se criticó al Gobierno.
Había un colectivo de personas que quieren que se siga saneando el
río Segura. Es un colectivo muy respetable y el acontecimiento sirve
de fundamento y de apoyo a las gestiones de la confederación. No hubo
en absoluto crítica a la confederación porque la sociedad percibe los
avances que se hacen en un asunto tan complejo como el de la calidad
del agua del río Segura. Saben que en la confederación no se vacila
lo más mínimo a la hora de tomar medidas. Desde luego, yo no puedo
ponerme como ejemplo, pero también quiero que haya un río Segura
limpio; limpio lo conocí y junto a él me crié, de modo que no es
actitud de converso reciente. Así que no podemos hablar de crítica a
la gestión del agua, sino de apoyo a las medidas que se toman y -eso
sí- petición de que se aceleren. La vega baja tiene razón en sus
demandas, y la Confederación Hidrográfica del Segura no se refiere a
la región de Murcia sino a la vega baja. Le puedo decir que el primer
compromiso que adquirió este presidente con la vega baja fue el de
garantizar un flujo continuo
en el último de los pueblos por los que circula el río Rojales. Desde
ese momento, no han dejado de pasar por el azud de Rojales menos de
100 litros por segundo. Les parecerán insuficientes pero, conociendo
aquel sistema, eso quiere decir que se mueve el agua. No es que es
esto nos satisfaga, puesto que hay una población afectada por un
problema de calidad. No nos sentimos contentos, pero hemos adquirido
ese compromiso y lo vamos a cumplir.
Revisión de concesiones. La concesión, como S.S. sabe, es un acto
administrativo y, como tal, está sujeto a lo que establece la Ley 30/
1992, de procedimiento administrativo. La revisión se puede hacer de
oficio o a petición de parte, y le puedo decir que no ha habido
ninguna petición de revisión de concesiones, que yo sepa. No
obstante, esta misma semana he estado dialogando con los
representantes de la plataforma del noroeste y les he dicho: si
ustedes quieren que se revise, pónganlo en un papel y yo procuraré
que se revise y que se haga en un clima de contradicción, porque lo
que exige el ordenamiento es que cualquier situación de esas se
ventile como corresponde. Hay una diferencia clara entre aplicar la
ley y ser justiciero. Quiero que cualquier actuación esté basada en
los principios de contradicción, presunción, etcétera. No tenemos
ningún miedo a revisar ninguna situación.
Su señoría ha mencionado El Chopillo. El Chopillo es un clásico de la
cuenca del Segura, tiene inscritos derechos de agua por más de cinco
millones de metros cúbicos al año y ha sido sometido a un plan de
explotación por parte de la Confederación Hidrográfica del Segura, de
manera que los pozos que estaban detrayendo agua para transportarla a
otros punto del territorio este año hidrológico no van a poder
extraer más de un millón trescientos y pico mil metros cúbicos, y eso
dentro de las tensiones propias de quien cree que tiene derecho a
más. Pero se está actuando con rigor. No estamos manteniendo ningún
clima de tolerancia. Otra cuestión es que se pueda plantear algún
tipo de desobediencia, pero yo no la he percibido en este momento y
si la percibiese, actuaríamos como debemos. Es más, El Chopillo está
asociado a denuncias ante la Agencia Europea de Medio Ambiente; se ha
preguntado a la confederación y han tenido respuesta de este
presidente. Después no ha habido ninguna contestación y todos los
procedimientos penales que se incoaron en relación con ese tema han
sido archivados por resolución firme de la Audiencia Provincial de
Murcia. Acerquémonos a los problemas que existen en la cuenca, pero
una base de racionalización nos permite acercarnos con sosiego y sin
prejuicio de ningún tipo.
Ya he explicado antes el uso del agua. El agua se está tratando en un
porcentaje muy elevado con altísima eficiencia. En la cuenca del
Segura desde siempre se riega con mucho arte. Las dotaciones con las
que se riega las pondría en comparación con las de otras partes del
Estado español, y no para sacar juicios de si se utiliza
mejor o peor el agua en otros sitios, sino para ilustrar algo de lo
que todos podemos aprender, y es del uso eficiente que generalmente
se suele hacer del agua. No digo yo que no existan desviaciones, pero
la afirmación relativa sigo manteniéndola.
En cuanto a las medidas en relación con los regadíos ilegales, quiero
decirle que la confederación, como no podía ser menos, está
estudiándolo. Hay medidas que se están considerando, que han sido
formuladas. Se va a proceder a estudiar las áreas regadas mediante
las mejores técnicas disponibles para cuantificar su extensión
y distribución en este territorio y establecer un programa de
seguimiento para actualizar esta información con periodicidad no
superior al año. Una vez fijadas las áreas de regadío mediante las
coordenadas más ajustadas posibles y publicada la correspondiente
cartografía, cualquier uso del agua fuera de ellas será detectado y
sometido al procedimiento contradictorio para su justificación. No
quiero decir que en este momento no estén delimitadas zonas de riego,
pero deseo que se advierta el cambio cualitativo mediante las mejores
técnicas disponibles, revisando las autorizaciones y concesiones
registradas en el organismo de cuenca y comprobando in situ el uso
que se está haciendo del agua. Conviene que ese proceso se inicie con
las autorizaciones al amparo del artículo 52.2 de la Ley de Aguas.
Como saben SS.SS., ese artículo permite obtener concesiones por no
más de 7.000 metros cúbicos, y hemos detectado que en algún caso la
trampa se ha establecido sobre eso, usted me da agua para uso
doméstico o uso muy restringido y yo meto el motor y ya sacaré agua.
Puedo decirle que entre los procedimientos que ha citado S.S. que se
han incoado están muchos que se refieren a la puesta de contadores,
al precinto de contadores y a las sanciones por el uso indebido del
agua. Quiero señalar que en muy pocas ocasiones antes, por no decir
ninguna, se había hecho una batida tan extensa como en este momento
sobre ese aspecto.
Todos estaremos de acuerdo en intensificar la función de la policía
fluvial, la colaboración con las autoridades autonómicas, involucrar
a los órganos de gobierno en la Confederación en la política incluso
de contención del regadío etcétera. Hay formulado todo un plan de
actuaciones que no dudaré en poner a disposición de S.S. si lo
estiman oportuno.
En cuanto a la distribución de la tierra, me va a disculpar porque no
tengo en este momento las estadísticas, pero el regadío murciano no
es un regadío de latifundios, o no es un regadío excesivamente
latifundista. Le puedo hablar que la media, por ejemplo, en una zona
del trasvase del campo de Cartagena está en 10 ó 20 hectáreas y menos
de eso, y la gente está viviendo, porque en este momento con 2 ó 3
hectáreas de invernadero se puede sacar adelante a una familia. No es
en mi percepción un regadío ni siquiera latifundista, es un regadío
que tiene una dimensión más reducida que eso.
En gran parte del regadío de la cuenca hidrográfica del Segura el
agua ya es cara. En las áreas de riego del trasvase Tajo-Segura el
agricultor está pagando por encima de 20 pesetas metro cúbico, y en
zonas no regadas con el agua del trasvase se está pagando 30, 40, 50
y 60 pesetas metro cúbico. Lo que pasa es que hay que ver cuál es la
incidencia de ese coste en el coste final de producción de los
distintos productos. Por ejemplo, para un tomate de invernadero,
considerando que el agua se paga a 40 pesetas, a lo mejor el importe
es del 2 por ciento del coste total de producción, como no puede ser
menos, porque es una agricultura muy industrializada en la que los
costes de reposición o de amortización son elevadísimos. ¿Se va a
necesitar subvenciones? Creo que la agricultura está muy relacionada
con las subvenciones, pero si cogemos el mapa autonómico, el mapa del
Estado español, y analizamos cuál es el peso de la subvención en la
renta agraria, encontraremos que las áreas de la cuenca del Segura
son las que menos participación de subvenciones tienen en su renta
agraria. Eso quiere decir que es una agricultura competitiva, que
posiblemente la apertura y la aplicación de la modificación de la
política agraria comunitaria, con la pérdida del principio de
preferencia comunitaria, va a afectar menos que en otros territorios
donde esa participación es del 40, del 50 y hasta del 60 por ciento.
En cualquier caso, es un tema para la reflexión.
Yo creo que 430 hectómetros de aportación van a solucionar el
problema de déficit, por lo menos en un porcentaje asintóticamente
próximo al cien por cien, en la medida en que se va a plantear la
contención de los regadíos.
Los vertidos. Ahí, efectivamente, hay un plan que se está ejecutando;
un ambicioso plan que ya se está ejecutando. En todo el río Segura
hay en este momento 11 plantas depuradoras cuya ejecución se está
terminando, lo que va a quitar una gran presión a los vertidos. El
vertido industrial es, en mi opinión, otra de las cuestiones a tener
en cuenta. Los curtidores de Lorca parece que están construyendo su
planta depuradora, lo que va a quitar la presión al río Guadalentín,
cosa que nos produce gran satisfacción.
El caudal ecológico. Se está luchando por esto. La Confederación
Hidrográfica del Segura lleva gastado en caudal ecológico en lo que
llevamos de año hidrológico 30 millones de metros cúbicos, la mitad
de lo que en condiciones óptimas plantea el plan hidrológico.
Estamos comprometidos, como no podía ser menos, y siempre valoraremos
las sugerencias que se nos hagan en orden a mejorar la gestión de un
recurso que en muchos casos nos viene de territorios ajenos a la
propia cuenca. Espero haber contestado a sus preguntas.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Cánovas Cuenca, por su
presencia en esta Cámara y por sus aportaciones.
Antes de pasar a la siguiente comparecencia, suspendemos la sesión
dos minutos. (Pausa.)
- DEL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO GEOLÓGICO Y MINERO DE
ESPAÑA (CUSTODIO JIMENA). (Número de expediente 121/000438.)
El señor VICEPRESIDENTE(Ruiz López): Señorías, continuamos la sesión
de esta Comisión de Medio Ambiente dando la bienvenida a don Emilio
Custodio Jimena, director general del Instituto Geológico y Minero de
España.
Para hacer su exposición sobre el Plan hidrológico nacional, tiene la
palabra.
El señor DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO GEOLÓGICO Y MINERO DE ESPAÑA
(Custodio Jimena): Para esta comparecencia quisiera aclarar que mi
punto de vista es el científico-técnico, que es el que corresponde al
Instituto Geológico y Minero que en estos momentos estoy
representando. Es la trayectoria personal que he seguido hasta épocas
relativamente recientes y, además, forma parte de lo que ha sido
hasta hace poco también mi especialidad. Por tanto, no voy a entrar
en una serie de temas que creo que han sido debatidos suficientemente
y a fondo en esta Cámara.
Simplemente quiero decir que en el documento que ustedes tienen, que
ha sido elaborado y discutido largamente, con sesiones a veces
maratonianas, como ustedes conocen, hay elementos que son mejorables.
El objetivo desde el punto de vista científico y técnico sería
aportar aquellas ideas que pueden contribuir a que puntos un poco más
débiles, un poco menos definidos acaben de definirse en bien de la
gestión del agua en España, que es el aspecto que ha de ser dominante
en el siglo XXI. En el siglo XIX era un plan estructuralista, en el
siglo XX fue la transición del estructuralismo a la gestión y en el
siglo XXI es fundamentalmente la gestión no ya de unas aguas
superficiales, subterráneas o salinas que se van a desalinizar o unas
aguas salobres subterráneas que son susceptibles de desalinizar, sino
de un conjunto de recursos hídricos que es complejo, que está muy
relacionado con las necesidades variables en el tiempo. El medio
ambiente ha sufrido mucho en los últimos tiempos y tenemos la
obligación de respetarlo. El medio hídrico es esencial para ese medio
ambiente y para las aguas subterráneas. Hasta ahora ha sido
considerado un poco de pasada, pero juega un papel muy importante que
muchas veces todavía no se reconoce; iba a decir que empieza a
reconocerse, pero la realidad es que en muchos casos todavía no se
acaba de reconocer.
En todo este conjunto me voy a referir fundamentalmente a las aguas
subterráneas. No intento tener una posición sectorial con las aguas
subterráneas, sino que las integro en un conjunto de recursos, porque
todo es
parte del ciclo hídrico. El ciclo hídrico hay que considerarlo como
una serie de elementos no iguales, equivalentes, muy diferentes entre
sí, cada uno con características muy diferentes pero complementarias,
de forma que olvidar uno supone perder oportunidades muy importantes.
Una de las propuestas que traigo para SS.SS. es que el uso de
acuíferos debe estar reflejado de una forma más explícita en la ley.
No es que no esté reflejado, sino que posiblemente es susceptible de
mejoras importantes. La utilización de acuíferos, junto con las aguas
superficiales, con las aguas residuales tratadas, es conjunto con las
aguas desalinizadas, es un uso racional, sustentable, y el uso
sustentable quiere decir en las circunstancias actuales y también en
las circunstancias del futuro, de un futuro que, como he dicho hace
un momento, va a ir cambiando continuamente. Por tanto, lo que hoy en
día es una solución o una alternativa dentro de un conjunto de
soluciones, puede ser diferente en algunos años.
Algunos años quiere decir en los períodos que se utilizan normalmente
para la planificación de grandes actuaciones sobre el territorio.
La directiva marco del agua es un elemento que ha entrado en el
conjunto, al mismo tiempo que la elaboración de este documento legal,
y es algo que introduce toda una serie de condiciones, de
matizaciones que son importantes. El documento lo considera, pero
habría que hacerlo en más profundidad y quizá el aspecto que requiere
más atención es el tema de la calidad, concretamente el tema de la
calidad de las aguas subterráneas, lo que el documento europeo llama
el estado de las masas de agua y que después lo establece en una
serie de disposiciones para hablar de lo que es el buen estado de
esas masas de agua, es algo que posiblemente con unos retoques no
importantes en el sentido de la redacción, pero sí en cuanto al
contenido, podrían mejorar notablemente el documento legal.
Este documento legal incorpora una serie de artículos en su parte
final, creo que es desde el 33 en adelante, que aluden a unos
aspectos muy importantes, como son el conocimiento, la observación,
la información del público, la disposición de los datos, etcétera.
Estos artículos, repito, son muy importantes y creo que también
merecen una atención especial porque creo que pueden mejorarse
algunos aspectos de forma notable, aunque determinados detalles son
más bien propios de un reglamento que de una ley.
Lo importante es que España es uno de los países que tiene un
conocimiento de las aguas subterráneas más completo a nivel del
concierto mundial, pero esto no es para que nos sintamos muy
satisfechos, puesto que el conocimiento que hay que tener es en
función del grado de necesidades que existen, del grado de
aprovechamiento. Aunque en España se ha hecho un esfuerzo muy
importante en los años pasados, en las décadas pasadas, en estos
momentos todavía necesitamos
que se realicen esfuerzos por parte de la Administración, por
parte de la universidad, por parte de los organismos de investigación
para conocer esto mejor, no ya en el sentido del primer
reconocimiento (ese está hecho, no va a mejorar; por más que
estudiemos vamos a aumentar a lo mejor un 5 por ciento el
conocimiento básico-científico), pero sí en cuanto a la gestión y a
la utilización conjunta de los recursos que tenemos, sin perder de
vista que las aguas subterráneas son una parte del ciclo con unas
características específicas que las hacen muy atractivas para unas
cosas pero también tienen otras características que las hacen muy
atractivas para otras cosas. Puestas en conjunto, las dos permiten
optimizaciones y ahorros importantes en las infraestructuras que
hacen falta para conseguir una disponibilidad de agua en un momento
determinado y, además, con una flexibilidad importante ante las
variaciones que se van a producir en los próximos años, como se han
producido en el pasado.
En este aspecto, el plan se enmarca en una Ley de Aguas que he dicho
repetidamente que tiene dificultades; es una Ley de Aguas
excesivamente intervencionista; el documento legal que ustedes tienen
creo que también debería ser corregido para disminuir el grado de
intervención estatal, el grado de discrecionalidad que tiene la
Administración y dar mucha más entrada al usuario para que pueda
tomar sus decisiones con responsabilidad y dejando para la
Administración un papel de tutor, pero no del detalle, sino de la
gran política, de las grandes directrices. Este es uno de los temas
que están esbozados en la Ley de Aguas y en este documento, pero no
sería difícil mejorarlo.
Estas son las ideas fundamentales y preferiría contestar a las
preguntas que tengan a bien formularme.
El señor VICEPRESIDENTE (Ruiz López): Por parte del Grupo
Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Jiménez para
plantear cuantas cuestiones estime oportunas.
El señor JIMÉNEZ SUÁREZ: Doy la bienvenida a don Emilio Custodio y
agradezco mucho su presencia porque de su autoridad y de su
magisterio podemos aprender mucho. No debemos olvidar que ha sido
pionero en la educación de la hidrogeología en España y en toda la
cultura del agua, y que en gran parte del mundo de habla hispana ha
dedicado mucho tiempo a la investigación de la hidrogeología.
Aprovechando que está aquí, me gustaría hacer algunas reflexiones y
preguntas. Ha dicho, y lo compartimos desde el Partido Popular, que
lo importante en el futuro va a ser la gestión, una gestión muy
sensible donde debe estar implicada toda la opinión pública y toda la
sociedad. No debemos olvidar el carácter sentimental del agua y la
implicación de la sociedad.
Ha mencionado de pasada, pero me gustaría resaltarlo,que la
planificación del agua tiene un carácter dinámico
que debe ir adaptándose en cada momento a las circunstancias que
plantean los recursos y las demandas. No hay nada estático en la
planificación y menos en la del agua, donde estamos haciendo camino
al andar, no hay mucha experiencia en el mundo de planificación del
agua. En ese marco, me gustaría preguntarle lo siguiente. El artículo
32 establece un mandato a las administraciones para la formación en
la educación del agua. Queríamos preguntarle al señor Custodio, que
ha sido catedrático durante mucho tiempo y se ha dedicado durante
muchos años a impartir enseñanza, qué importancia le da a que en una
ley aparezca la formación en la educación como un mandato imperativo
a las administraciones. En el mismo sentido, el artículo 34 también
establece un mandato a la investigación y a la tecnología del agua.
Sabemos mucho del agua, pero nos queda mucho por saber. Creo que a
este disolvente universal todavía tenemos que pedirle más cosas. Nos
gustaría saber qué importancia le da a este artículo 34.
Repito y reitero la necesidad de implicar a la sociedad, a los
usuarios en el tema de la gestión y la explotación del agua. El
artículo 29 establece también de forma imperativa un mandato para
profundizar en el establecimiento de las comunidades de usuarios en
los planes de explotación de acuíferos y en la explotación ordenada y
sostenible de los mismos. Todos sabemos que sobreexplotamos los
acuíferos algo más de tres veces lo que queremos transferir. Hemos
dado mucha importancia a esos 1.000 hectómetros cúbicos, y a veces,
por ser un coste hundido, no le damos la importancia que tiene a la
sobreexplotación de acuíferos, que está muy lejos de enriquecer
nuestro patrimonio medioambiental.
Por último, me gustaría que valorara la importancia que tiene el
artículo 33 acerca del imperativo que se da a las administraciones
para la publicidad sobre datos de calidad y cantidad del agua, es
decir, la información hidrológica. El mejor patrimonio para poder
planificar es el conocimiento y tener información para poder
establecer medidas de control y de gestión del agua. Que eso se haga
de una forma institucional, que se haga con mandato, es bueno y
necesario, pero nos gustaría conocer su opinión sobre esa
posibilidad.
El señor VICEPRESIDENTE (Ruiz López): Por el Grupo Parlamentario
Socialista, tiene la palabra el señor Morlán.
El señor MORLÁN GRACIA: Muchas gracias, señor Custodio, por su
presencia en esta Cámara y por los comentarios que ha hecho, que
ciertamente me han llamado la atención.
Ha mostrado usted una voluntad clara de que este sea un proyecto de
ley que profundice en la regulación de las aguas subterráneas.
Efectivamente, hay un artículo especial dedicado a las aguas
subterráneas, pero da la impresión de que usted estima que la protección
de nuestros acuíferos debería estar contemplada de una manera
más precisa y detallada. ¿Cree que sería conveniente que en el propio
proyecto de ley hubiera un plan de actuación especial que regulara la
gestión de las aguas subterráneas? He comentado con algunos de sus
colegas de la universidad, especialistas en aguas subterráneas, y con
gente de diversos territorios sobre el uso que se está haciendo de
las aguas subterráneas y el que se podría hacer. En algunas cuencas
de nuestro país hay acuíferos que no están usados, y hay otros que
están sobreexplotados y es donde más dificultades existen. Me
gustaría saber cómo cree usted que en la situación actual de nuestros
acuíferos algunos podrían tener una utilización o gestión más
eficiente y de qué manera en otros, como los sobreexplotados, habría
que llevar a cabo la necesaria recarga pero también un control de los
mismos, entre otras cosas porque el derecho juega mucho en la gestión
del agua.
En la anterior comparecencia, el presidente de la Confederación del
Segura hacía referencia a que muchos pozos que se abrían en los
acuíferos eran muy difíciles de evitar porque al fin y al cabo
existía un derecho privativo de los titulares de esas fincas para
horadar el terreno y obtener agua. Aquí jugamos con dos fenómenos:
las aguas subterráneas y la utilización de las mismas y de qué manera
podría producirse que esa utilización fuera sometida a regla y fuera
contemplada el agua subterránea como un elemento más a fin de que no
tuviera ese uso privativo tan claro que tiene en muchos casos y se
permitiera llevar a cabo actuaciones que en algunos momentos se
pueden considerar ilegales.
Ha dicho usted que la directiva marco contempla una actuación sobre
las aguas, hace referencia a las aguas subterráneas y también
contempla, como usted bien sabe, una gestión integral del agua en
cada cuenca. ¿Piensa usted que respecto del desarrollo o aplicación
de esa directiva marco (que conocemos, que está aprobada y que dentro
de muy poco, en un plazo determinado de tiempo, tendrá que ser
traspuesta a nuestro marco jurídico) debiera profundizarse más en ese
proyecto de ley en todo lo relacionado con aguas subterráneas?
El señor VICEPRESIDENTE (Ruiz López): Tiene la palabra el señor
Custodio para contestar a las cuestiones que le han planteado los
grupos parlamentarios.
El señor DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO GEOLÓGICO Y MINERO DE ESPAÑA
(Custodio Jimena): Señor presidente, comenzaré contestando las
preguntas del diputado señor Jiménez.
Efectivamente, como he dicho en la exposición, el reto que tenemos en
el siglo XXI es el de la gestión. Especialmente en países
desarrollados y con una larga tradición, como es el caso de España,
ya se han hecho muchas cosas y se trata de ir integrando cada vez más
todas esas inversiones en un uso racional y en un aprovechamiento
de los recursos con los elementos de que nos hemos dotado. Entre esos
elementos hay uno muy importante, el acuífero, que es una
infraestructura natural con la que nos encontramos. El hecho de que
nos la encontremos sin haberla pagado parece una causa que no se
valora. Lo que no se ha pagado parece que no vale. Sin embargo, el
acuífero vale porque aunque un acuífero no nos cueste nada tenerlo sí
nos cuesta mantenerlo. Por tanto, de ahora en adelante tenemos como
reto que estos acuíferos, que son estructuras naturales, sigan siendo
estructuras naturales que contengan agua de buena calidad, que
cumplan sus funciones ecológicas, que cumplan sus funciones de
abastecimiento de la demanda humana del tipo que sea, que permitan
tener los paisajes que corresponden, y deben observarse para que sea
posible su utilización. En esta cuestión tradicionalmente en España
andamos con algo de retraso. Permítame que insista en que andamos con
algo de retraso, lo que no quiere decir que no se han hecho nada; se
ha hecho mucho. España es un país que, en el concierto mundial, en el
manejo de las aguas subterráneas tiene muchas realizaciones
enseñables, pero todavía hay mucho que realizar, sobre todo en un
momento en el que, por una actuación poco controlada -y poco
controlada no quiere decir mucho más intervencionista- podemos perder
estructuras que hoy en día tenemos -y nos pueden ahorrar otras
estructuras-, y que no vamos a poder recuperar, sobre todo los
acuíferos que están en las zonas bajas de las cuencas, donde no es
posible establecer otras infraestructuras, y estas infraestructuras
ya están hechas. Cada vez hay que ir más en esta dirección: todo lo
que se pueda incluir en los elementos legales para conseguir que esta
gestión sea eficaz será un bien para el país.
La planificación, evidentemente, es dinámica y va cambiando
continuamente. Una planificación que se base en elementos muy
rígidos, en cifras inamovibles, en estructuras de movilidad legal muy
difícil de cara a la posterioridad es un problema que vamos
acumulando en nuestro haber y hay que evitarlo en lo posible. ¿Cómo
puede hacerse la planificación adaptable? Aprender a hacerlo es uno
de los retos que tenemos todos los españoles. Hasta ahora eran
sistemas antiguos, muy inmovilistas cuando el recurso es abundante,
donde se garantiza todo al individuo. Ahora vamos a entrar en una
fase en la cual hay que garantizar ese todo pero a la sociedad, no al
individuo como tal.
Hay unos artículos muy interesantes. El artículo 32, que hace
referencia a la formación y a la educación es una novedad, es muy
importante; en cierta forma también está en la Ley de Aguas, pero
toma carta de naturaleza en un documento que es de por sí muy breve.
En España, la formación y la educación a nivel superior no solamente
está bien cubierta sino que hemos exportado conocimiento a muchos
sitios. Sin embargo, la formación a niveles inferiores, a nivel del
técnico, del profesional, del operario, es uno de los puntos flacos
que
tenemos. Si la ley entiende que la formación no consiste más que en
tener más licenciados e ingenieros, que ya los tenemos y que habrá
que tener más y mejores, nos habremos quedado cortos. Hay que llevar
la formación a un sector mucho más grande y difundirla al gran
público. Poco haremos si tenemos unos científicos muy buenos, unas
confederaciones con personal muy bien dotado si la población, que es
la que debe dar el consentimiento, no entiende de lo que se está
hablando, no tiene estos elementos de conocimiento. Entonces, hace
falta formación, educación y transferencia al público de ese
conocimiento al nivel que debe tenerlo. El esfuerzo de transferencia
de los conocimientos al público es uno de los temas en los cuales en
España no se ha hecho una labor excesivamente brillante; se ha hecho
mucho esfuerzo, pero no el necesario. Este artículo trata un tema
que, entendido en la forma que estoy diciendo, puede ser muy eficaz.
El tema de la investigación también es importante. Es el último
artículo que se incorporó en la ley, es un artículo que se discutió
en el último segundo y, sin embargo, creo que es un elemento clave.
La investigación tiene importancia en cualquier campo, ya no me estoy
refiriendo a las aguas subterráneas sino al campo hídrico; la
investigación tiene importancia en cualquier país desarrollado. El
grado de desarrollo de un país es una función directa de la inversión
en investigación, del número de investigadores y de la bondad de la
investigación que se realice. Por tanto, este artículo es esencial.
El artículo 29, que habla de los planes de utilización de los
acuíferos y del papel de los usuarios, es otro de los importantes, y
es, en lenguaje coloquial universitario, una asignatura pendiente. En
la Ley de Aguas está configurado el papel del usuario y su
integración, pero la realidad es que después de 15 años se ha visto
que es un elemento difícil que se tienen que dar una serie de pasos
para cocienciar, para enseñar para interesar a la gente. Los
ciudadanos tienen que darse cuenta de que son los primeros
interesados en conservar los acuiferos. No es la Administración la
que viene a ponerles tasas, pegas y dificultades, sino que ellos son
los que tienen que conservarlos. El papel de la Administración
debería ser el simple tutelaje y ellos deberían gestionar ese
acuífero. Esto se ha conseguido en algunos acuíferos del país,
incluso el acuífero del Bajo Llobregat se gestiona de esa manera
desde antes de que la nueva Ley de Aguas entrase en vigor, y es uno
de los ejemplos de bien hacer en una situación un poco especial.
Aunque bien es cierto que dominan los abastecedores y los
industriales, el número de personas involucradas es menor y es más
sencillo, pero hay otros que se han ido incorporando. Es una de las
labores más importantes a hacer, pero por la experiencia de estos 15
años no es una cosa que se realiza de arriba abajo sino que hay que
plantearla de abajo hacia arriba. De hecho, en los lugares de España
en los que ya empieza a haber problemas
serios conocidos y la gente empieza a saber por qué, se constituyen
estas comunidades de usuarios, aunque a veces la Administración
todavía no esté preparada para encajarlas dentro de sus propias
estructuras. (La señora presidenta ocupa la Presidencia.)
La sobreexplotación en España es una realidad matizable, porque la
palabra sobreexplotación para mí no está claro qué es lo que quiere
decir. La Ley de Aguas da una definición que es incompleta e
insuficiente. La palabra sobreexplotación tiene muchas acepciones. En
estos momentos se utiliza cuando se produce una situación dificil, un
problema dificil de resolver en las aguas subterráneas y también en
las aguas superficiales. En cuanto aparecen problemas difíciles de
resolver, se habla de sobreexplotación. La realidad es que se están
calificando de sobreexplotación situaciones que no lo son, y muchas
situaciones lo son en un aspecto estricto de uso abusivo del
acuífero. Con abusivo no quiero decir ilegal, simplemente que por las
circunstancias que han concurrido se está haciendo un uso más allá de
unos límites razonables. Desde el punto de vista del medio ambiente o
de las propias reservas del sistema, estos casos no están
considerados como sobreexplotación. Ha dependido mucho de las
circunstancias y de una legislación que con quince años todavía es
joven y tiene que desarrollarse mucho. La sobreexplotación en España
necesita un estudio profundo. Se dan unas cifras oficiales que son
una primera aproximación. Probablemente en unas zonas serán mayores
de lo que se está diciendo y en otras menores. Lo importante no es la
palabra sobreexpolotación, que cada vez dice menos, lo importante son
los impactos. Lo que sí estamos viendo es que una explotación de las
aguas subterráneas con un control pequeño, difícil de llevar a cabo,
está dando origen a una serie de problemas, muchos de los cuales son
internalizables y se pueden resolver, pero no se están
internalizando, y otras veces son problemas realmente serios de
desecación de ríos, de descenso excesivo de niveles, de desaparición
de humedales, toda una serie de cuestiones que hay que tener
presente. No hace falta que se saque más agua de la que entra. En
muchos acuíferos con la explotación de una fracción de la recarga es
suficiente para que se produzcan estos efectos. En otros casos, como
sucede en lugares muy áridos, los acuíferos tienen unas reservas que
es racional agotarlas, explotarlas a extremos que van mucho más allá
de lo que sería una gestión sustentable en un entorno reducido,
porque permiten desarrollar otros recursos, se puede traer agua de
otras zonas, se pueden hacer otro tipo de gestiones o se produce una
evoluciona del tipo de demanda. El tema de la sobreexpolotación
conceptualmente es difícil, y ni la Ley de Aguas, ni la ley que
estamos comentando en este momento es el marco adecuado para
introducirlo. Es un tema muy técnico, más de reglamento o, incluso,
más de desarrollo del reglamento.
El artículo 33, el artículo de la publicidad, es importante. Es la
forma de que el público disponga de los datos. Cuando todos jugamos
con las mismas cartas es cuando se puede hacer gestión de verdad. Por
tanto, que los datos sean públicos y estén disponibles en el momento
en que se producen o lo más próximo al momento en que se producen,
para que los usuarios puedan tomar sus decisiones, es sumamente
importante. Es otro de los retos sobre el que hay una posibilidad de
mejora del documento legal que tenemos, en el sentido de definir cómo
va a ser en el futuro. Según la Ley de Aguas, la responsabilidad está
muy clara en el sentido de que la generación de esos datos en aguas
superficiales y en aguas subterráneas corresponde a las
confederaciones, pero anteriormente era el instituto que yo dirijo el
que se dedicaba a la observación de estos elementos, aspecto que ya
no nos corresponde. Sin embargo, en un momento dado hay un vacío de
medidas que habría que resolver encargando, creando o fomentando un
organismo que centralice esos datos, pero no sólo los datos que
corresponden a las cuencas intracomunitarias sino al resto de las
cuencas, y poniéndolos a disposición de Europa; datos resumidos, que
puedan facilitar la gestión que Europa tiene que hacer de nuestros
recursos, una Europa que a veces entiende mal lo que sucede en el sur
del continente. Si dispone de esos datos, es más fácil que pueda
hacer esa gestión.
El señor Morlán me ha preguntado qué se puede hacer con los acuíferos
en España. Lo que se puede hacer es integrarlos en la gestión, y esto
lo han intentado los planes hidrológicos, unas veces con más éxito y
otras con menos éxito. Las aguas subterráneas siguen siendo un poco
la cenicienta del país y es un momento muy oportuno para conseguir
que no sea así. En cuanto a que en España hay acuíferos que están
poco usados y otros muy usados, eso es un tema relativo, puesto que
los acuíferos no solamente son una fuente de agua para el suministro,
el acuífero es el caudal de base de los ríos, es agua para
mantenimiento de humedales, para mantenimiento de bosques en rivera;
en el fondo, tiene un papel ecológico importante. Incluso, en zonas
costeras la descarga de agua subterránea al mar crea unos hábitat
marinos que tienen una producción marisquera o piscícola importante,
que también hay que considerar. Estamos en un mundo muy complejo. El
agua es quizá el elemento más singular que tenemos en el planeta
Tierra y, por tanto, cualquier acción que tomemos tiene siempre unas
repercusiones. Cualquier acción tiene siempre, por un lado, un
beneficio y, por otro, un perjuicio. De lo que se trata es de que el
beneficio sea superior al perjuicio y con ese beneficio se puedan
paliar y corregir los problemas que se originan.
Sin embargo, el tema de las aguas subterráneas no todo el mundo lo ha
tenido claro. Se han explotado, se han utilizado los acuíferos sin
tener en cuenta que eran un elemento integrado dentro de todo el
conjunto del ciclo hidrológico. ¿Que hay dificultades de
control? Está clarísimo. Un río, en el fondo, es un terreno público
de una dimensión que se puede vigilar con relativa facilidad. Un
acuífero es en tres dimensiones, porque la dimensión profundidad
también es importante, en terrenos privados y muchas veces dentro del
propio domicilio. Esto hace que sea enormemente difícil. Estamos en
otra dimensión. Por tanto, aquí la clásica idea de la administración
tutelar, de la guardería que vigila no es efectiva. El que mejor
vigila es el vecino. Los mejores vigilantes de un acuífero son los
propios usuarios. Los municipios son los que están interesados en
conservar su patrimonio hídrico. Por tanto, en esta gestión de cara
al siglo presente el usuario debe estar integrado, porque nadie mejor
para controlar y vigilar lo que sucede en un acuífero como el vecino,
el alcalde, el alguacil del ayuntamiento. De hecho, de nuevo tenemos
el ejemplo del acuífero del delta del Llobregat, que es pequeño.
Desde que la comunidad de usuarios se ha establecido no se ha hecho
un solo pozo ilegal, no se ha abierto una sola extracción de áridos
donde después se vierten residuos que contaminan el acuífero, no hay
un solo vertido de industria que vaya al acuífero, porque van a las
redes de saneamiento. Hay situaciones que se pueden mejorar, pero
este es uno de los temas que tenemos que conseguir. Desde luego, es
inútil empeñarse en que esto se haga desde una pobre confederación,
por muy bien dotada que esté y por mucha gente con mucho espíritu,
que la componga, porque es imposible que puedan trabajar en tres
dimensiones en terrenos particulares. Son los particulares los que,
constituyéndose en un elemento de gestión, bajo la tutela de la
Administración, pueden conseguir este resultado.
Por último, por lo que se refiere a la directiva marco, que ha venido
al mismo tiempo que la legislación que estamos discutiendo, está
considerada, está mencionada, pero yo creo que es un buen momento
ahora para que, sobre todo algunos conceptos básicos, como el de las
masas de agua, la calidad de las masas de agua y el buen estado del
agua, se incorporen con más profundidad, para garantizar que la
incorporación de esta legislación comunitaria se hace con todos los
elementos necesarios para no tener que hacer correcciones
posteriormente.
No sé si he contestado a las preguntas, pero quedo a su disposición
para cualquier aclaración posterior.
La señora PRESIDENTA: Muchísimas gracias, señor Custodio Jimena, por
su presencia hoy aquí y por toda la información y las valoraciones
que nos ha trasladado.
Para despedir al señor Custodio Jimena y recibir al último experto,
nos concedemos dos minutos de pausa. (Pausa.)
- DEL SEÑOR SECRETARIO GENERAL DE ORGANIZACIÓN DE AGRICULTORES Y
GANADEROS (NAVARRO VILLARREAL). (Número de expediente 219/000177.)
La señora PRESIDENTA: Pasamos a la última comparecencia de estos tres
días.
Se encuentra ya entre nosotros el último experto, don Eduardo Navarro
Villarreal, secretario general de Organización de Agricultores y
Ganaderos. Le rogamos que haga una primera intervención de quince
minutos, como máximo. Después, intervendrán los representantes de los
diferentes grupos para preguntar y pedir aclaraciones sobre su
intervención, y cerraremos la sesión con la réplica del señor Navarro
Villarreal.
Le damos la bienvenida a la Comisión de Medio Ambiente y agradecemos
su presencia aquí y toda la información que nos pueda dar.
Tiene la palabra don Eduardo Navarro.
El señor SECRETARIO GENERAL DE ORGANIZACIÓN DE AGRICULTORES Y
GANADEROS (Navarro Villarreal): Señoras y señores diputados, gracias
por la deferencia de citarme. Después de un día tan largo para
ustedes hablando de agua y del Plan hidrológico nacional, espero ser
conciso y breve.
Ante todo, quiero agradecerles en nombre de COAG y en el mío propio
la invitación que nos han hecho como organización agraria para dar
nuestra opinión y valoración del proyecto de ley del Plan hidrológico
nacional.
Como organización profesional agraria mayoritaria, es para nosotros
de vital importancia que se valoren nuestras opiniones en esta
Comisión en particular y en la Cámara en general, tanto sobre el Plan
hidrológico nacional como sobre lo que se refiere al régimen de
gestión de las aguas, especialmente cuando se trata de una ley de un
plan hidrológico que va a marcar el futuro de la gestión y uso del
agua al menos en el medio plazo.
No hace falta que les recuerde a SS.SS. que llevamos más de 10 años
hablando del Plan hidrológico nacional. Tampoco hace falta que les
recuerde que en esta Cámara se condicionó la aprobación del citado
plan a la elaboración de un Plan nacional de regadíos y que debía
tramitarse conjuntamente. Este es uno de los motivos de preocupación
de COAG ante este anteproyecto. A pesar de la insistencia que desde
diversas organizaciones, y especialmente las profesionales agrarias,
hemos hecho para que se dieran estos debates conjuntamente, se ha
llevado al Consejo Nacional del Agua el anteproyecto de ley del Plan
hidrológico nacional, posponiendo el Plan nacional de regadíos.
Igualmente, se tramita este anteproyecto con anterioridad a que el
Parlamento haya debatido o al menos conocido el Plan nacional de
regadíos, a pesar de que este plan debe estar en perfecta
coordinación con el Plan hidrológico nacional. Hemos oído a los
ministerios de Medio
Ambiente y Agricultura manifestar que el Plan hidrológico nacional
contempla el Plan nacional de regadíos, pero permítanme SS.SS.
discrepar al respecto. No podemos estar hablando de modernización y
consolidación de los regadíos existentes para el ahorro del agua si
no existe la adecuada correlación entre la modernización de las
infraestructuras de alta y de baja, tanto en inversiones como en el
calendario de ejecución, aspecto que no se refleja ni en este
anteproyecto de ley ni tampoco en el borrador del Plan nacional de
regadíos. Tampoco podemos estar hablando de cuáles son los nuevos
regadíos o regadíos sociales que puedan realizarse si no se coordinan
adecuadamente en plazos e inversiones con las infraestructuras
hidráulicas que les puedan dar soporte, y todo ello valorando las
condiciones de suministro de agua y de su calidad.
Otro aspecto fundamental sobre el que me detendré un poco es la
gestión y control público de las aguas y el grado de participación de
los usuarios en la misma. Esta cuestión es de vital importancia en el
debate sobre este anteproyecto de ley en lo que se refiere al futuro
de la planificación y gestión hidrológica. En la anterior legislatura
se han dado diversos pasos en una dirección, a nuestro juicio,
equivocada. Uno de estos elementos que nos preocupa en COAG es la
creación de las sociedades estatales de agua y la venta de derechos
de agua, iniciado al amparo de la Ley 13/1996, de medidas fiscales
y orden social, y ampliado posteriormente en la Ley 49/1999, que
modificó la Ley 29/1985, me refiero a la Ley de Aguas. En nuestra
comparecencia ante esta misma Comisión de Medio Ambiente el 28 de
junio de 1999, en la tramitación de dicho anteproyecto de ley
manifestamos nuestro desacuerdo y preocupación por esta medida.
Nuestra oposición desde la COAG a la transferencia de derechos de
agua no es algo baladí y quiero expresarles los riesgos que encierra.
La introducción de la venta de derechos del agua, que quiebra el
principio, desde nuestro criterio, de bien público y social, no
conduce a un uso más eficiente del agua ni a un mejor reparto de la
misma, sino que fomenta que los usuarios con mayor poder adquisitivo
puedan acumular derechos en detrimento del conjunto de la sociedad en
general y de los sectores más desfavorecidos en particular,
estableciéndose un trato discriminatorio hacia posibles usuarios,
especialmente en el caso de los agricultores que no tengan capacidad
económica para adquirir dichos derechos, siendo el mercado el que
regule dicho precio. Además, la Administración pierde su papel en la
adjudicación, gestión y control de los derechos de uso al
establecerse un contrato de compraventa entre privados, lo que impide
que se den garantías para evitar el trato discriminatorio hacia
usuarios que no tengan suficiente capacidad económica, agudizándose
estos problemas en acuíferos sobreexplotados. También se refuerza
esta situación con la posibilidad de cesión de derechos en el caso de
los vertidos. El hecho de que se establezca reglamentariamente un
límite de precio no sirve para eliminar los defectos de este
mecanismo, simplemente se reduce el nivel de especulación pero lo
habrá. (El señor vicepresidente, Ruiz López, ocupa la Presidencia.)
Otro elemento importante que puede provocar es un incremento notable
de los precios del agua, con importantes repercusiones en la
actividad económica y en la población en general, si bien es cierto
que la directiva marco de aguas de la Unión Europea apuesta por una
repercusión de los costes a los usuarios, pero no hay que confundir
eso con una venta del agua al mejor postor. Tampoco nos parece
oportuna la posibilidad que ha establecido la Ley 46/1999, de
modificación de la Ley de Aguas, con la creación de centros de
transferencia de derechos, en los que se establece el mismo principio
de pagar por un derecho que no ha costado nada y establecer de alguna
manera y a partir de ahora que los derechos del uso del agua quieren
un precio, ya que el usuario que acceda al mismo deberá costear el
precio por el que la Administración hubiera ofertado la compra de
dichos derechos.
Con respecto a la intervención de las sociedades estatales en la
ejecución de las obras hidráulicas ya estamos teniendo ejemplo de
cómo en su día mantenían la COAG que, además de perderse el control
público las inversiones y establecerse las prioridades en función de
intereses economicistas, se encarecen los costes de forma que los
usuarios beneficiarios no puedan pagarlos. Comunidades de regantes
que precisaban la modernización de una infraestructura, como el caso
de la comunidad general de usuarios del canal de Lodosa, solicitan
hace poquitos días, en su escrito de alegaciones, la paralización del
procedimiento de información pública alegando que, a pesar de que
consideran necesario el recrecimiento del canal, este se ha sometido
a información pública sin su conformidad con respecto al proyecto y
que quiere que se estudie de nuevo un sistema de financiación que
pueda ser asumible por los beneficiarios. Igualmente, desde COAG
estamos insistiendo desde hace mucho tiempo en la necesidad de la
participación democrática de los usuarios en la gestión. Esto implica
democratizar tanto los órganos de decisión de las confederaciones
hidrográficas como las comunidades de regantes y las tomas de
decisiones en las mismas, reclamación que se lleva haciendo antes de
la aprobación de la Ley de aguas de 1985. Resulta no sólo anacrónico
sino también contrario a un Estado democrático de derecho que se
mantengan unas posturas de decisión en las que no votan las personas
sino las hectáreas.
Por último, el propio libro blanco de las aguas reconoce que no tiene
un adecuado control de aprovechamiento y que es preciso actualizar el
registro de aguas, ya que contempla tan sólo la mitad de las
concesiones actuales. En este contexto y no en otro es en el cual se
presenta el anteproyecto de ley del Plan hidrológico nacional. Falta
coordinación y debate conjunto con el plan nacional de regadíos y con
una modificación en la
gestión de las aguas que no promueve una mayor participación de los
usuarios y que no incorpora la democratización de las comunidades de
regantes, sino que facilita la privatización y la compra de derechos
de agua a precio de mercado. Como sin duda ya conocen, COAG votó en
contra de este anteproyecto ante el Consejo Nacional del Agua. El
anteproyecto presentado por el Gobierno al Consejo Nacional del Agua
no cumple la mayoría de los objetivos que COAG entiende que debe
contemplar en un Plan hidrológico nacional. Para COAG el plan es ólo
una excusa para trasvasar agua del Ebro hacia el arco mediterráneo y
generar nuevas demandas, a la vez que desequilibra el territorio.
Los análisis de las diferentes cuencas incluidas en los informes
técnicos se han establecido desde diferentes puntos de vista para
cada una de las cuencas, con diferentes criterios, con el único
objetivo de demostrar la necesidad de trasvasar agua del Ebro hacia
las zonas con déficit estructurales. Por otra parte, el programa de
inversiones 2000-2008, a realizar en las diferentes cuencas, ya está
incluido en los diferentes planes de cuenca y sin establecer ni
prioridades ni calendarios. Esto nos lleva a rechazar la redacción
del plan y a solicitar una modificación profunda del anteproyecto de
ley presentado, que, como mínimo, debe tener en cuenta no sólo los
aspectos económicos sino fundamentalmente el equilibrio social
territorial poblacional y medioambiental. Uno de los componentes
básicos del Plan hidrológico nacional debe ser asegurar en las
cuencas de origen el cumplimiento de los compromisos históricos de
regadíos y abastecimientos futuros así como el desarrollo de las
obras necesarias para la regulación, saneamiento y depuración de
aguas. Es imprescindible asegurar la calidad del agua en todas las
fases del aprovechamiento, realizando auditorías externas que
garanticen la correcta utilización en todo momento del agua.
Partiendo de la premisa de que el Plan hidrológico nacional ha de
resolver los déficit estructurales que sufren el conjunto de cuencas,
la solución pasa por contemplar diversas alternativas que afectarán
por tanto a diversas cuencas contempladas con las medidas antes
descritas, como desalación, depuración, reutilización. Por tanto, la
solución al problema del agua en España no pasa sólo por el trasvase
del Ebro planteado por el Gobierno. Pero todo esto no significa que
COAG no considere prioritario e imprescindible un Plan hidrológico
nacional. La COAG quiere un Plan hidrológico nacional que se
convierta en una verdadera herramienta de planificación y
coordinación entre los diversos planes de cuenca y los distintos
planes sectoriales, siendo, además, un instrumento esencial que va a
determinar el futuro de la actividad agraria. En este sentido,
llevamos más de 10 años apostando por que se establezcan líneas de
política hidráulica con solidez para nuestro futuro.
Me van a permitir mostrarles cuáles son, a nuestro juicio, las
consideraciones fundamentales. Primero. El agua dulce es el recurso
escaso que más va a condicionar el
desarrollo económico, social y medioambiental en las próximas décadas
en los distintos países, particularmente en los situados en las
latitudes con riesgo de sequía cíclica y estructural, como es el caso
del Estado español. Segundo. De su correcta gestión y utilización
depende que se puedan corregir o agravar los desequilibrios
territoriales que existen en la actualidad. Para las organizaciones
que forman la COAG, el agua, y por tanto la política hidráulica, debe
estar al servicio de todos los seres vivos y especialmente de las
personas. Tercero. En toda actuación debe haber una serie de estudios
previos que valoren sus ventajas e inconvenientes desde todos los
puntos de vista y, posteriormente, debe existir un debate social para
valorar globalmente su interés. Aunque exista una gran diversidad de
agroclimas en el Estado español, se dan unas condiciones muy
favorables de insolación y temperatura, pero es imprescindible el
agua para producir alimentos. Éste es un aspecto que debe tenerse en
cuenta en la política hidrológica. Cuarto. Sólo es agua la de
calidad. La política de búsqueda de la calidad del agua debe ser
siempre prioritaria, enfocada a garantizar los diferentes usos de la
misma y ligada a la defensa del medio ambiente y, consecuentemente,
al mantenimiento de la población en el medio rural.
Quinto. El agua debe considerarse como un recurso natural cuya
explotación debe estar ligada a la del territorio del que forma parte
y sólo debe ser exportada de la cuenca por necesidades sociales de
primer orden y previo acuerdo institucional y social de las partes
implicadas. Sexto. El agua debe ser regulada. En un país
fundamentalmente seco y torrencial debemos evitar seguir sufriendo
los efectos de sequías e inundaciones como hasta ahora. Séptimo.
Gestión del agua. La gestión debe realizarse desde el ámbito de las
cuencas hidrográficas. La creación de las sociedades de cuenca no nos
parece una medida acertada, ya que puede significar la entrada de
capital privado en la gestión del recurso, hecho al que COAG se
opone, así como a la creación de los denominados bancos de agua.
Entendemos que es en el seno de las confederaciones, de sus órganos
de gobierno, donde se han de tomar las decisiones que afecten a la
gestión del uso del agua para que ésta mantenga su carácter de bien
público. Por tanto, no debe comercializarse ni ponerse precio a estos
derechos de uso. Octavo. El agua es un bien de dominio público y, por
ello, su gestión debe socializarse, encomendándola, además de a las
distintas administraciones, a los usuarios y a los legítimos
representantes de los sectores afectados por su uso, entre los cuales
debemos estar las organizaciones profesionales agrarias más
representativas. Esta socialización implica la democratización de los
órganos de gestión y administración del agua, en especial de las
juntas de gobierno de las confederaciones hidrológicas y de sus
juntas de explotación, ya que son órganos en los que se adoptan
regularmente decisiones que afectan de inmediato al buen o mal uso
del agua. Los consejos de cuenca han de jugar un papel más relevante
dentro de
cada confederación. Se ha de acometer también el cambio de las
actuales normativas de regulación del funcionamiento de las
comunidades de regantes, preconstitucionales en su origen y
antidemocráticas muchas de ellas en su práctica. Se ha de cambiar el
actual modelo de voto por hectárea, limitando el mismo a un máximo
por usuario y garantizando al menos un voto por cada regante y se
debe poner freno al uso vergonzoso en no pocas ocasiones del voto
delegado.
Noveno. Los nuevos usos del agua en el medio rural deben reflejar el
criterio de consolidación de la población en el medio rural con el
fin único de mejorar las rentas sin crear expectativas tanto de
nuevos usos como de nuevos usuarios del agua, con una salvedad. Somos
conscientes desde la COAG de que la política agraria común no
estimula la creación de nuevos regadíos en estos momentos. Sin
embargo, en muchas zonas de las cuencas con recursos propios, las
personas que allí residen sólo tienen posibilidad de sobrevivir si
unimos su futuro al recurso agua. Asimismo, no debemos obviar que las
estructuras de regadío sirven también para garantizar el
abastecimiento de las poblaciones rurales y la creación de industrias
ligadas al medio rural e incluso para uso medioambiental. Por tanto,
es urgente la recuperación de humedales y acuíferos así como una
utilización más sostenible del recurso agua, utilizando todos los
medios y alternativas técnicas disponibles.
En este contexto, voy a acabar enumerando cuáles son las líneas
estratégicas y objetivos que debería contemplar un Plan hidrológico
nacional: acciones dirigidas a la obtención de un agua de calidad;
equilibrio y armonización regional para conseguir una vertebración,
teniendo en cuenta que el agua es un recurso natural y su explotación
debe ser prioritariamente ligada al territorio del que forma parte;
coordinar, consolidar y ampliar las competencias de las
confederaciones hidrográficas, así como su democratización;
satisfacer las demandas actuales, evitando generar nuevas demandas
basadas en la oferta del agua; proteger los acuíferos
sobreexplotados, tomando medidas drásticas de reducción de extracción
por debajo del volumen de recuperación y en este sentido las
explotaciones familiares deben ser tratadas en este proceso de forma
especial para no ver reducidas sus dotaciones y para que de esta
manera puedan continuar con su actividad. Además, se deberá exigir el
cumplimiento de los códigos de las buenas prácticas agrarias para
garantizar la salubridad de los acuíferos; contemplar como
alternativa la depuración de aguas residuales con un máximo de
calidad y su aprovechamiento posterior para la actividad agraria;
también debería ser contemplada la desalación del agua del mar y la
normativa que desarrolle su uso. Dicha normativa tiene que
desarrollarse incorporándose los criterios de la directiva marco en
materia de aguas que liga el litoral de la zona de dominio de las
propias cuencas hidrográficas. En este sentido todas las aguas
desaladas deben regirse con criterios de concesión administrativa;
acelerar
el cumplimiento estricto de la Ley de Aguas referido al registro
de aguas y catálogo general de aguas privadas; unificar los criterios
de dotaciones de regadíos y otros usos; el Plan hidrológico nacional
y el Plan nacional de regadíos han de estar perfectamente coordinados
en su debate y aprobación. Es necesario, por tanto, proceder a la
consolidación de los regadíos actuales y a la mejora de las
conducciones de agua y canales de riego, ya que ello supondrá un
importante ahorro de agua consumida. Esta medida ha de tener carácter
de prioridad absoluta dentro del Plan hidrológico nacional.
El Plan hidrológico nacional ha de estar coordinado con el resto de
planes estratégicos del Estado y de forma especial con el Plan
energético nacional. Las nuevas infraestructuras, especialmente los
embalses, deben ir acompañadas de programas de desarrollo compensador
para las zonas afectadas. A nuestro juicio, tanto las consideraciones
planteadas como las líneas estratégicas y objetivos que tenía que
incorporar son inexcusables, ya que sin ellas no existirá un
verdadero Plan hidrológico nacional que pueda ser apoyado por la
COAG. Además, es imprescindible un debate y aprobación conjunta del
Plan nacional de regadíos y el plan hidrológico nacional, con
calendarios y plazos de ejecución, así como la debida coordinación
con otros planes, especialmente el Plan energético nacional.
Para terminar, una frase que decía Joaquín Costa: Cuando salgo a
pasear los domingos, si veo a un agricultor o a un ganadero me quito
el sombrero, porque gracias a él puedo comer dos o tres veces al día.
Esto decía el ilustre Joaquín Costa hace muchos años.
Muchas gracias por su atención, señoras y señores diputados.
El señor VICEPRESIDENTE (Ruiz López): Para hacer las preguntas que
estime oportunas, por parte del Grupo Parlamentario Socialista, tiene
la palabra el señor Morlán.
El señor MORLAN GRACIA: Muchas gracias, señor Navarro, por su
presencia en la Comisión de Medio Ambiente para exponernos el punto
de vista de Coag sobre este Plan hidrológico nacional.
Me gustaría hacerle dos o tres preguntas para que usted me
contestara, porque muchas de las cosas que tenía apuntadas, a la
vista de la lectura del texto que usted ha hecho, las doy por
contestadas. ¿En qué medida la directiva marco en política de aguas
está incluida en el Plan hidrológico nacional? ¿Hay una presencia
fuerte y notoria de la directiva-marco en este plan? El anexo 2 de
inversiones, que supone tres billones de pesetas del año 2001 al año
2008, ¿opina usted que es creíble? ¿Se van a poder ejecutar desde el
año 2001 al año 2008 todas esas obras que figuran en ese anexo? Ha
hecho usted referencia a que no está de acuerdo con las sociedades de
agua y me imagino que tampoco lo estarácon las sociedades de regadío,
con las famosas Seiasa,
que hay constituidas. Esta tarde, a uno de los anteriores
comparecientes, el señor Lacasa, presidente de la CHE, le he
planteado la financiación de las obras públicas. ¿Qué tipo de
financiación -para el bolsillo del agricultor- se lleva a cabo con la
construcción de estas obras de regulación o estas obras de regadío,
quién paga? ¿Quién anticipa y quién paga al final? Da la impresión de
que el 50 por ciento lo paga el Estado y el otro 50 por ciento lo
paga el agricultor o el usuario, pero parece que las cosas no son
así. Hemos tenido al presidente de la Federación de Regantes del
Ebro, el señor Rubio, y al presidente de los regantes y usuarios del
conjunto del Estado, el señor Andrés. Los dos han dicho, sobre todo
uno de ellos lo ha comentado, que hablaban en nombre y representación
de todos los usuarios de España con su sí a este Plan hidrológico
nacional. Me gustaría saber en qué medida su organización o los
regantes, por los conocimientos que usted tenga, están vinculados con
ese sí que dado el presidente de los regantes del Ebro y a nivel
nacional respecto al plan.
Por último, hay un tema que me gustaría comentarle, que es el de los
precios del trasvase. ¿En qué medida van a incidir en el precio final
de la producción agraria que se va a generar en estas zonas afectadas
o beneficiadas por el trasvase; en qué medida los agricultores van a
poder hacer frente al coste del agua para sacar adelante sus
producciones y ser competitivos dentro de la política agraria común?
El señor VICEPRESIDENTE( Ruiz López): Por el Grupo Parlamentario
Popular, tiene la palabra la señora Espinosa.
La señora ESPINOSA LÓPEZ: Señor Navarro, en nombre del Grupo
Parlamentario Popular le doy la bienvenida a esta Comisión, no podría
ser de otra forma con un representante de COAG, una organización que
representa a muchísimos agricultores y ganaderos en este país. Por
eso sus opiniones nos resultan de especial interés.
Me he sorprendido porque su intervención ha versado sobre un tema que
ahora mismo no nos ocupa. Usted se ha dedicado a hacer una crítica,
que creo que es oportuna si a usted se lo parece, sobre la Ley de
aguas, no sobre el Plan hidrológico nacional. Es un plan que creo que
no conoce, porque de los tres billones de pesetas que en él se
destinan a inversiones, 958.000 millones están destinados a
modernizar la red de regadíos, que en muchos casos es antigua y
obsoleta, para así reducir pérdidas; 501.000 millones son para la
construcción de obras de regulación; 428.000 millones son para
saneamiento y depuración; 408.000 millones son para inversiones para
abastecimiento urbano; 286.000 millones para restauración
hidrológico-forestal; 227.000 millones para acondicionamiento de
cauces y prevención de avenidas y 208.000 millones para control de la
calidad de las aguas en superficie y subterráneas. Sinceramente
creo que no conoce este Plan hidrológico nacional y que su
organización y algunos de los representantes de los regantes de toda
España sí lo conocen. Tengo que decirle me he quedado muy sorprendida
con su intervención porque, en febrero de este año, su organización
ha editado su revista y literalmente pone: Plan hidrológico nacional,
ahora. COAG. Textualmente: A la sociedad murciana, a los agricultores
de COAG, les espera la prueba de fuego de saber estar presente en un
debate parlamentario que se anuncia bronco y desfavorable. Más
desfavorable lo ha puesto usted.
Creo que no tienen unión en su propia organización y que usted ha
acudido aquí sin conocer el Plan hidrológico. Después de esta
aclaración que yo le hago, quería hacerle alguna pregunta. Me parece
que no está usted conforme con los bancos del agua. No sé si lo he
entendido bien. Si es así, me gustaría que me lo confirmase. También
querría que me dijese si conoce las cargas medioambientales de la
desalación, si conoce su coste. Y si le parece bueno que se cumpla el
pacto del agua en Aragón y si le parece bueno que Valencia, Almería y
Murcia dispongan de recursos que no dañen excesivamente el medio
ambiente para cubrir su déficit hídricos.
El señor VICEPRESIDENTE (Ruiz López): Tiene la palabra el señor
Navarro, para contestar a cuantas cuestiones le han planteado los
señores portavoces.
El señor SECRETARIO GENERAL DE ORGANIZACIÓN DE AGRICULTORES Y
GANADEROS (Navarro Villarreal): Voy a responder por orden de
intervención. Los ejes fundamentales de la directiva marco de la
Unión Europea no están contemplados o por lo menos no se tienen en
cuenta en el actual anteproyecto de ley del Plan hidrológico
nacional. En mi organización, COAG, estamos convencidos de que la
aplicación de la directiva del agua puede condicionar varios
desarrollos de los planes hidrológicos de cuenca. Indudablemente que
hay muchas obras contempladas en el anexo 2 del anteproyecto de ley
del Plan hidrológico nacional que no tienen ni quiera la valoración
ni el estudio del impacto medioambiental. Esto, de antemano, corre
mucho riesgo. Esta es una de las carencias que hemos visto claramente
en el anteproyecto del Plan hidrológico nacional y que puede
condicionar. Hemos visto en muchas cuencas cómo una denuncia en la
Unión Europea ha paralizado procesos, en muchas obras por no tener el
impacto medioambiental. Nos parece que sería preceptivo que en
cualquier obra se incluyese el estudio del impacto medioambiental.
Me preguntaban sobre las inversiones del año 2001 al año 2008 del
anexo 2. Para nosotros no es creíble en absoluto. ¿Cómo va a ser
creíble el proceso de inversiones si no se han cumplido en los
últimos años las inversiones que estaban previstas por decretos y por
leyes, por actuaciones del propio Gobierno, no solamente en materia
de regulaciones sino también en
materia de regadíos? No es creíble fundamentalmente porque no está el
calendario, ni el modelo de financiación, ni vemos la ficha
financiera. Diría más, hace pocos días nos aprobó la Unión Europea
los PDR, los planes de desarrollo rural, donde se contempla toda la
política de regadíos de este país hasta el año 2006; incluye la ficha
financiera que aporta el Estado y que aporta cada comunidad autónoma.
Ahí figuran de forma explícita las hectáreas de regadío, las
inversiones en regadío y en modernización. Esta ficha financiera está
aprobada por la Unión Europea hace pocos días y va a ser lo que va a
cofinanciar con el Estado. ¿Cómo puede contemplar este plan de
inversiones un plan hidrológico si en estos momentos el plan de
desarrollo rural (PDR), que se ha pactado entre todas las comunidades
autónomas con el Estado y se ha presentado en la Unión Europea, ya
contempla para cada comunidad autónoma toda la política de regadíos
que se va a realizar hasta el 2006? No sé con qué ficha financiera de
los presupuestos comunitarios va a proporcionar esa cofinanciación
para poder desarrollarse. (La señora presidenta ocupa la
Presidencia.)
Con referencia a los bancos de agua, uno de los grandes defectos de
la modificación de la Ley de aguas abarcaba la privatización del uso
y la gestión del agua. Eso conducía al tipo de sociedades estatales y
he puesto un ejemplo muy ilustrativo, muy caliente, muy calentito, el
canal de Lodosa, que no sé si tiene 70, 75 u 80 kilómetros. En los
boletines oficiales del Estado está publicada la inversión para su
recrecimiento, necesario, imprescindible, pactado y asumido entre el
Estado y las comunidades autónomas de la periferia. Ya hace
veintitantos días que la comunidad general de usuarios -donde están
muchas comunidades de regantes, uso industrial o abastecimientos a
ayuntamientos- votó que no, porque no podían financiarlo según el
modelo que se les aplicaba. En el momento en que todos los usuarios
vieron la cantidad que tenían que pagar por el modelo que se aplicaba
del régimen económico y financiero, automáticamente salieron 18.000
votos que no y once mil y pico que sí. ¿Qué pasa ahora? Que está
recurrido desde hace 72 horas; y no es un canal de un kilómetro ni
dos, sino de setenta y tantos kilómetros. La comunidad general de
usuarios ha dicho que no y pone el recurso. Lo cree imprescindible,
pero al sector agrario, en la situación normal, le hace inviable
pagar los costes que se le plantean en esa inversión. ¿Quién paga las
obras de regadío o las obras públicas? Hasta ahora, el Estado. Hasta
que se aplicó el nuevo régimen económico y financiero el Estado
invertía -no estoy hablando de la modernización o puesta en hectáreas
de regadío, sino de las obras y de las conducciones de agua- y
después, durante 20 ó 25 años, la parte alícuota correspondiente a
todos los usuarios se les cobraba. Ahora, desde el momento en que se
hace el proyecto de obra, los agricultores tienen que aportar como
mínimo el 50 por ciento para esa obra de regulación
o de conducción del agua y encima tienen que aportar por una
modernización del sistema de riego en su explotación particular. En
estos momentos, es una realidad palpable que hay muchas comunidades
de regantes que se están volviendo atrás por el modelo de
financiación que se plantea para los embalses laterales. Los regantes
se están volviendo atrás para realizar obras que en tiempos
anteriores habían demandado.
Me preguntaba por el sí de las federaciones o las comunidades de
regantes a este Plan hidrológico nacional. Yo no discuto, un
presidente de una comunidad general de regantes ha podido libremente
decidir o dar su opinión con referencia a este plan. Pero sería falso
o engañarnos a nosotros mismos como organización agraria si dijésemos
que lo expresado por los presidentes de las comunidades generales de
regantes es la voz de todos los regantes. Ni mucho menos, y puedo
hablar con conocimiento de causa. Yo soy un regante que emplea un
sistema de regadíos en 75.000 hectáreas desde hace más de 35 años.
Soy de una comunidad de regantes que tiene 15.000 hectáreas de
regadío, y el presidente general de mi comunidad no nos ha consultado
a ninguno de los regantes de 75.000 hectáreas de regadío cuál era
nuestra posición, sino que ha tomado una decisión unilateral como
presidente y ha dicho sí. Pero sepan ustedes que la mayoría de los
regantes decían que no, pero no se les preguntó. Eso ha pasado
también en Castilla-La Mancha, en Aragón, en todas las comunidades de
regantes.
En el caso del precio de los trasvases otros expertos economistas
habrán valorado cuál es el coste de los trasvases. Indudablemente si
los agricultores de Murcia y Valencia tuvieran que pagar 160, 170 ó
180 pesetas... Los técnicos especialistas dicen que un precio
razonable de un trasvase del Ebro a Levante sería el de unas 160
pesetas por metro cúbico, aunque los costes de repercusión serían
mayores. Esto es lo que se ha escuchado en relación con los precios
de las obras repercutidas con el nuevo sistema de financiación que se
aplica con el régimen económico financiero.
Con referencia a las preguntas de la diputada del Grupo Popular,
señora Espinosa, sobre la Ley de Aguas vuelvo a decir lo mismo.
Nosotros dijimos que su modificación en aquel entonces suponía la
privatización del uso y la gestión. Eso está ahí, ya se están tomando
decisiones; he explicado algunas, como es la del canal de Lodosa. Al
constituirse las sociedades estatales se toma una decisión con
criterios economistas, pero ahora los usuarios dicen no. Acerca de
los tres billones de pesetas de inversiones puedo aceptar que sea la
voluntad del Gobierno, no lo dudo, pero, si me remito a los hechos
relativos a los incumplimientos que estamos viendo en los años
anteriores en regulaciones o en la financiación del Plan nacional de
regadíos, para nosotros no es creíble, fundamentalmente porque
tampoco vemos el calendario y la ficha financiera quepueda darle
soporte. Sobre la revista Coag Murcia
tengo que decirle que nosotros somos una organización democrática y
respetamos que nuestros compañeros de Murcia y de Valencia digan sí a
un trasvase, a este Plan hidrológico nacional; pero sepa usted que
antes que mi organización fuera al Consejo Nacional del Agua votó
internamente y dijo no. Sepa usted que nuestros compañeros de Murcia
tienen necesidad de agua, igual que los de Castellón y Almería. La
posición de la COAG en estos momentos es clara y transparente porque
dicen no a este Plan hidrológico nacional, pero da alternativas, dice
cómo deberían hacerse las cosas; no en vano se aplican otros
criterios en este momento en materia de aguas y regadíos y empieza a
salir mucha gente que rechaza muchas cosas. Eso no nos crea ningún
problema como organización interna ni ninguna discrepancia, sino que
aceptamos con lealtad lo que en nuestra organización decidimos
democráticamente.
Banco de agua, indudablemente. En cuanto a la constitución de los
bancos de agua, a entrar ya en el mercado del agua, a perder el
carácter de dominio público y ser exclusivamente de discusión y
gestión de la Administración pública a través de las confederaciones
hidrográficas de cada cuenca, vemos que a ese mercado del agua
tendrán muy difícil acceso las zonas pobres, con pocos recursos. No
estamos hablando de que el agua tenga un precio y se venda; el agua
hasta ahora no ha tenido ningún precio, lo que hemos pagado todos los
usuarios hasta hoy, llámense regantes, industria, abastecimiento de
las ciudades, no es el precio del agua, porque nunca ha tenido un
precio, sino la infraestructura, el mantenimiento, la inversión para
que esa agua llegue a donde debe. Si usted a través de los bancos de
agua quiere reprivatizar o abrir el mercado con la posibilidad de la
transferencia de derechos... Estamos en la política agraria común y
hemos visto cómo unos no pueden plantar vides y otros sí, y de los
que han querido plantarlas, como el Estado ha distribuido esos
derechos, unos han pagado 100.000 y otros un millón de pesetas. El
que unos no puedan producir leche y otros tengan derecho de cuota
para producirla provoca que algunos la compren. ¿Quién la compra?
Quien la puede pagar. Con eso no estamos equilibrando el territorio,
ni dando oportunidad de que se mantenga una serie de explotaciones.
Hemos entrado en un
mercado de cuotas de producción, pero no podemos entrar en el mercado
de los derechos del agua.
Sobre el precio de la desalación usted sabe que hay gente que está
hablando de 70 pesetas, hay otros que con las nuevas tecnologías
bajan a 34 pesetas el metro cúbico. Según la tecnología que se
aplique podemos estar hablando de unos u otros costes. Al utilizar la
mayoría de los recursos de agua, tanto mediante aguas subterráneas
como por desalación, como según una política de ahorro del agua,
estaremos hablando no de una nueva cultura del agua, sino buscando su
uso más racional. Como agricultores nos preocupa enormemente que
somos un sector que ocupamos el 85 por ciento del territorio y se nos
acusa de utilizar el 80 por ciento del agua. Sabemos que el 90 por
ciento de muchos productos avícolas y cárnicos es agua, por tanto, se
está vendiendo cierta mala imagen a la sociedad en su conjunto del
agua que se utiliza para el regadío. Para nosotros como agricultores
es imprescindible el agua pero también lo es su uso racional y una
política de ahorro de agua, sobre todo en las próximas décadas.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Navarro.
Con este último experto terminamos la sesión más larga que en
relación a comparecencias previas para la elaboración de enmiendas se
haya celebrado nunca en el Congreso. Hemos estado durante tres días a
una media de diez comparecencias. Queremos desde la Presidencia dar
las gracias, no sólo a todos los expertos y especialistas que han
venido durante estos tres días, sino a los diferentes grupos
parlamentarios por el gran interés y a los servicios de la Cámara.
Hemos podido tener aquí en todo momento una demostración de lo que
han sido exposiciones con filminas o, por ejemplo, la traducción
simultánea que se ha llevado a cabo con el señor Brunel.
Levantamos esta sesión de comparecencias, agradeciendo al señor
Navarro su presencia y dando por terminadas las mismas. Muchas
gracias.
Se levanta la sesión.
Eran las nueve y diez minutos de la noche.