CORTES GENERALES



DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS



COMISIONES



Año 2001 VII Legislatura Núm. 193



SANIDAD Y CONSUMO



PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FELICIANO BLÁZQUEZ SÁNCHEZ



Sesión núm. 10



celebrada el miércoles, 21 de marzo de 2001



ORDEN DEL DÍA:



Comparecencia del señor director general del Instituto Nacional de la
Salud (Bonet Bertomen) para informar sobre:



- La situación de los servicios de anatomía patológica de los
hospitales en relación con la adecuación de estos servicios frente a
los riesgos laborales químicos y biológicos. A solicitud del Grupo
Parlamentario Socialista. (Número de expediente 213/000327) . . .

(Página 5668)



- La situación de los facultativos especialistas interinos. A
solicitud del Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 213/
000346) . . . (Página 5675)



- La actuación del Ministerio en el caso de los médicos interinos del
Insalud. A solicitud del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida. (Número de expediente 213/000347) . . . href='#(Página5675)'>(Página 5675)

Página 5668



- La problemática de los médicos interinos. A petición del Gobierno.

(Número de expediente 212/000404) . . . (Página
5676)



- La situación actual y futura del personal al servicio del Insalud.

A solicitud del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente
213/000351) . . . (Página 5676)



Preguntas:



- De la señora Valentín Navarro (Grupo Parlamentario Socialista),
sobre previsiones del Insalud respecto al servicio de neurocirugía
del complejo hospitalario de Albacete. (Número de expediente 181/
000406) . . . (Página 5690)



- De la misma señora diputada, sobre previsiones del Insalud respecto
a la unidad de atención temprana del Hospital Universitario Santa
Cristina. (Número de expediente 181/000427) . . . href='#(Página5692)'>(Página 5692)



- Del señor Arola Blanquet (Grupo Parlamentario Socialista), sobre
medidas para permitir y facilitar la libre elección de hospital.

(Número de expediente 181/000538) . . . (Página
5694)



Se abre la sesión a las diez y cinco de la mañana.




COMPARECENCIA DEL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA
SALUD (BONET BERTOMEU) PARA INFORMAR SOBRE:



- LA SITUACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ANATOMÍA PATOLÓGICA DE LOS
HOSPITALES EN RELACIÓN CON LA ADECUACIÓN DE ESTOS SERVICIOS FRENTE A
LOS RIESGOS LABORALES QUÍMICOS Y BIOLÓGICOS. A SOLICITUD DEL GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 213/000327)



El señor PRESIDENTE: Señorías, se abre la sesión.

Como conocen SS.SS., el orden del día se compone de cinco
comparecencias y tres preguntas. Por acuerdo de Mesa y portavoces se
acumularon cuatro comparecencias y se acordó también que en vez de
comparecer la señora ministra, lo hiciera el señor director general
del Instituto Nacional de la Salud. También quiero recordar, para
evitar ausencias al final de las citadas comparecencias, que estaba
convocada Mesa y portavoces y la ponencia sobre el proyecto de ley de
la Agencia Española de Seguridad Alimentaria. Lo digo por los
ponentes y los miembros de la Mesa y portavoces.

Sin más preámbulos, le doy la palabra al señor director general del
Instituto Nacional de la Salud para que informe sobre la situación de
los servicios de anatomía patológica de los hospitales en relación
con la adecuación de los mismos frente a los riesgos laborales
químicos y biológicos. Dicha comparecencia ha sido solicitada
por el Grupo Parlamentario Socialista. Tiene la palabra el señor
Bonet.




El señor DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD, INSALUD
(Bonet Bertomeu): Señoras y señores diputados, a continuación daré
respuesta a la petición de comparecencia solicitada por el Grupo
Parlamentario Socialista acerca de la situación de los servicios de
anatomía patológica y la adecuación de los mismos ante los riesgos
laborales, químicos y biológicos, dedicando la primera parte de la
exposición a describir a SS.SS. lo que podría llamarse línea de
actuación en cuanto a la prevención de riesgos laborales en los
centros del Insalud. Posteriormente centraré mi intervención en las
actuaciones concretas en los servicios de anatomía patológica.

Señoras y señores diputados, los centros sanitarios son lugares de
trabajo donde determinadas actividades habituales y cotidianas que se
realizan llevan implícito un elevado riesgo. El avance científico,
tecnológico y su aplicación clínica han ido elevando este nivel en
las últimas décadas e incorporando nuevos factores de riesgo, de
forma que el mantenimiento de la seguridad para los pacientes y
nuestros profesionales se ha convertido en uno de los desafíos más
importantes en el ámbito de la salud y en un objetivo permanente y
prioritario en el ámbito de la planificación y gestión sanitarias.

Las acciones preventivas tendentes a garantizar el mayor nivel de
protección a los profesionales deben integrarse en el conjunto de las
actividades y decisiones de los centros, en todos sus niveles
jerárquicos donde recaen directamente las obligaciones que en materia
de prevención de riesgos contempla la normativa vigente. Esta
integración exige que se asuma como obligaciónla prevención de
riesgos en cualquier actividad y en



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todas las decisiones que se adopten, pasando así a formar parte
habitual del sistema general de gestión de la organización.

Obviamente, las actuaciones en este sentido no pasan única y
exclusivamente por el convencimiento o la voluntad de los
responsables sanitarios, sino que existe un amplio marco normativo
donde con carácter general se regulan los criterios que deben
presidir el comportamiento en relación con la prevención.

La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre prevención de riesgos
laborales, es el pilar fundamental normativo y establece la
obligación de los poderes públicos de velar por la seguridad e
higiene en el trabajo en cumplimiento del artículo 40.2 de la
Constitución española, que determina la necesidad de desarrollar una
política de protección de la salud de los trabajadores mediante la
prevención de los riesgos derivados de su trabajo. Como desarrollo de
esta ley, el Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la
protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposición a agentes biológicos en el trabajo, recoge en su
articulado la propia definición y clasificación de estos agentes, la
identificación y evaluación de riesgos, la reducción de los mismos y
las medidas higiénicas fundamentales que se deben tomar al respecto.

De conformidad con lo dispuesto por la ley y el Real Decreto 39/1997,
de 17 de enero, por el que se aprueba el reglamento de los servicios
de prevención, por resolución de 4 de marzo de 1999 de la Dirección
General de Trabajo, se constituyen en el ámbito del Insalud los
servicios de prevención de riesgos laborales. Las actuaciones de esos
servicios con carácter general son: identificación y evaluación de
factores de riesgo que puedan afectar a la seguridad y salud de los
trabajadores; diseño, aplicación y coordinación de los planes y
programas de actuación preventiva; vigilancia de la salud en relación
con los riesgos derivados del trabajo. En el ámbito sanitario se
establecen otras actuaciones específicas que de forma prioritaria se
centran en la prevención de los riesgos a los que están expuestos los
trabajadores de la sanidad y que, como es conocido, abarcan una
variedad muy importante de ellos incluyendo, evidentemente, los
clínicos y biológicos.

Por lo que al Insalud se refiere, el proceso de adaptación a la
normativa sobre prevención de riesgos laborales puedo decirles que ha
sido razonablemente diligente. En el orden puramente normativo, se
negociaron dos pactos en la mesa sectorial, uno sobre participación
de los trabajadores y otro sobre la constitución de los servicios de
prevención. Además, se hizo pública una resolución de la presidencia
ejecutiva, de 28 de abril de 1999, por la que se daban instrucciones
para la constitución de dichos servicios de prevención. En el momento
actual estos servicios se han implantado en la mayoría de las áreas
de salud y desde su constitución se han formado grupos de trabajo que
han elaborado documentos sobre protocolos y procedimientos de
actuación en diversos campos, concretamente en la
guía de servicios de prevención, evaluación inicial de riesgos,
vigilancia de la salud, sistema de información y asistencia de
riesgos profesionales. En el campo de la evaluación de riesgos se
tienen en cuenta todos los posibles, entre ellos los derivados de
agentes químicos y biológicos. Lo mismo cabe decir de los protocolos
específicos de vigilancia de la salud, donde se valoran de forma
especial los riesgos reseñados. Hay que destacar que es aquí donde
más se ha incidido, de manera que en todos los hospitales existen
programas de seguimiento y control de los accidentes biológicos,
notificándose todas las inoculaciones que se produzcan, de acuerdo
con sistemas de información establecidos con carácter general.

Señorías, resumiendo lo dicho hasta ahora, puedo asegurarles que para
los responsables del Insalud la prevención se constituye en piedra
angular para lograr unas condiciones de trabajo cada vez más
saludables y seguras en un sector en el que la exposición
multifactorial (sustancias químicas y agentes microbiológicos) supone
un riesgo importante para los profesionales sanitarios, debiendo
participar todos en la extensión de una cultura de conocimiento y
prevención.

Descritas las actuaciones generales desarrolladas en los centros
sanitarios del Insalud para dar cumplimiento a la normativa vigente y
para mejorar la prevención de riesgos laborales, pasaré a referirme
concretamente al contenido de su petición de comparecencia, esto es,
a la situación de los servicios de anatomía patológica en relación
con la adecuación de los mismos frente a los riesgos laborales
químicos y biológicos. Si anteriormente hacía referencia al marco
legal que nos ampara en cuanto a prevención de riesgos laborales,
recordaré ahora las normas que regulan una de las actuaciones básicas
de estos servicios: la realización de autopsias.

La Ley 29/1980, de 21 de junio, de Autopsias Clínicas, regula en su
articulado los aspectos básicos relativos a la práctica de las
mismas. Posteriormente, el Real Decreto 2270/1982, de 18 de junio,
sobre Autopsias Clínicas, desarrolla por vía reglamentaria los
aspectos recogidos en la ley de forma más detallada, incidiendo en
aspectos descriptivos de las condiciones que deben reunir de manera
que, los servicios de anatomía patológica, que como es lógico se
encuentran sometidos a determinados riesgos, están amparados
legalmente por una doble normativa, la general de prevención de
riesgos y la específica que regula las autopsias.

Contestando concretamente a lo que plantean en el título de la
petición de comparecencia sobre la situación de estos servicios puedo
asegurar a SS.SS. que, con carácter general, los hospitales del
Insalud reúnen los criterios establecidos en dichas normas.

Concretamente, en cuanto a los riesgos biológicos, las medidas
adoptadas hasta la fecha para paliar y controlar los mismos son las
siguientes. En primer lugar, el seguimiento por parte del personal de
los protocolos elaborados por



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los servicios de medicina preventiva de los centros, que involucran
directamente al personal de anatomía patológica respecto a
enfermedades transmisibles; se trata de los protocolos de
identificación de muestras contaminadas y/o potencialmente
contaminantes, de vacunación de hepatitis B en personal sanitario y
de notificación y seguimiento de accidentes biológicos. En este
sentido, hay que destacar que el Insalud recoge en su plan de calidad
el seguimiento y adecuación de todos los protocolos implantados, con
una política de mejora continua. La segunda medida es la realización
de los mapas de riesgo por parte de los servicios de prevención de
riesgos laborales, incluyendo de forma prioritaria los servicios de
anatomía patológica. La tercera es la adaptación y adecuación de las
instalaciones, especialmente en las áreas de autopsias, donde en
principio existiría mayor volumen de material potencialmente
contaminado o contaminante, y la cuarta, el establecimiento de
protocolos de eliminación de residuos biológicos o contaminados/
contaminantes. Como saben SS.SS., en todos los centros hospitalarios
existen estos protocolos, que son revisados permanentemente y que
consisten en el establecimiento de circuitos de recogida y posterior
incineración de estos residuos, con instalación de contenedores
específicos no sólo para tejidos y fluidos orgánicos sino también
para material en contacto con éstos, como frascos, hojas de bisturí,
etcétera. La previsión de vestuario y complementos protectores como
barrera física (gafas, guantes especiales de látex o incluso
metálicos, mascarillas, gafas rígidas y/o caretas, etcétera) es otra
de las actuaciones que se realizan habitualmente. Junto a los
anteriores se han elaborado también para su aplicación protocolos de
limpieza y desinfección de materiales, superficies y locales de
trabajo, en cuya elaboración participa no sólo personal propio sino
también personal de empresas externas en caso de que la limpieza esté
contratada. Los protocolos están incorporados en los propios pliegos
de prescripciones técnicas para la contratación de dichos servicios,
así como los criterios y técnicas de limpieza específicos según el
nivel de riesgos.

Respecto a las muestras titulares o citológicas hay que decir que
estas se consideran contaminadas, potencialmente contaminadas o
contaminantes únicamente en fresco, ya que el proceso de fijación en
formol, glutaraldehído u otros fijadores, así como el posterior
proceso citológico o histológico neutralizan la capacidad infectiva
de todos los agentes, excepción hecha de la secuencia priónica de las
encefalopatías espongiformes, para cuya manipulación y proceso
anatomopatológico ya existen pautas de actuación recogidas en la guía
institucional y en instrucciones posteriores debidamente consensuadas
con las sociedades científicas.

Por lo que se refiere a los agentes químicos, las medidas adoptadas
hasta la fecha para paliar y controlar el riesgo de los mismos han
sido la realización de mapas de riesgo por parte de los servicios de
prevención
en cada hospital con la inclusión de estos productos. Los
agentes de toxicidad y riesgo potencial y de uso más frecuente y
extendido en los servicios de anatomía patológica son el xilol o
xileno y el formol, que se utilizan respectivamente en la
deshidratación y en la desparafinización de tejidos y en el montaje
de preparaciones histológicas y citológicas, en el caso del xilol,
y en la fijación de tejidos en el caso del formol. En los hospitales se
manejan estos productos en las diluciones adecuadas para minimizar su
toxicidad. Otra medida adoptada ha sido la adecuación de las
instalaciones y locales de trabajo con campanas de extracción y
filtración selectiva de vapores para formol y xilol en las áreas de
trabajo con estos productos (preparación y dilución, tallaje,
inclusión, zonas de tinción, montaje, etcétera) Por último, está la
automatización de procesos citológicos e histológicos, con
instalación de procesadores, teñidores y montadores automáticos que
permiten una rapidez mucho mayor en las tareas, tradicionalmente
realizadas de manera manual, permitiéndonos no sólo acortar tiempos
de exposición, sino también tener este aparataje en habitaciones
separadas de la zona de trabajo y del personal. Este tipo de
procesadores automáticos existe en todos los centros y es casi
generalizada la utilización de teñidores y montadores.

Todo lo descrito anteriormente se refiere a la prevención de riesgos,
pero además de esto existe un campo específico en el que desde hace
unos años se han promovido actuaciones especiales. Nos referimos al
problema de la enfermedad Creutzfeldt-Jacob, habiéndose realizado en
el ámbito del Insalud las siguientes actuaciones. En 1997 se ha
elaborado una guía de información y recomendaciones sobre la citada
enfermedad y otras encefalopatías espongiformes transmisibles, donde
se contemplan especialmente las actuaciones de los servicios de
anatomía patológica en el caso de autopsias, manipulación de
cadáveres y embalsamamiento. En este momento, esta guía está siendo
reformada para introducir los nuevos conocimientos que se tienen
sobre estas patologías y las actuaciones aconsejables para la
protección de los trabajadores. Con posterioridad, teniendo en cuenta
la repercusión social que la enfermedad a la que nos referimos está
protagonizando desde hace unos meses y conscientes de la posibilidad
de que surgieran dudas o problemas ante la indicación de una
necropsia clínica a pacientes fallecidos por esta causa, el 26 de
febrero de este año se distribuyeron a todos los hospitales unas
instrucciones para la realización de autopsias en caso de sospecha de
encefalopatías espongiformes transmisibles humanas. Estas
instrucciones recogen de manera detallada todo lo que los
profesionales que intervienen en estas prácticas deben realizar,
manteniendo lógicamente todas las cautelas necesarias para la total
prevención de posibles riesgos. Asimismo, en las citadas
instrucciones, se establece una relación de centros sanitarios donde
puedencentralizarse tanto la necropsia como el posterior análisis



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de los tejidos. Como es lógico pensar, teniendo en cuenta que para el
desarrollo de estas instrucciones será necesario realizar algunas
mejoras y adquirir equipamiento, se han asignado créditos para la
adecuación de los servicios en los distintos hospitales por un total
de 4.250.000 pesetas para obras y 37.054.000 pesetas para
equipamiento.

Con lo dicho hasta este momento creo que queda patente el esfuerzo
que se está haciendo desde el Insalud, tanto a nivel central como en
los propios centros, para alcanzar una mejora continua de las
condiciones de seguridad laboral de nuestros profesionales. Abundando
en esto quiero decir que la evaluación inicial de los riesgos es el
punto de partida para realizar la planificación de la actividad
preventiva. En este sentido, el contrato de gestión de los hospitales
del año 2001 recoge como objetivo institucional en este ámbito, entre
otros, realizar la evaluación inicial de riesgos laborales en los
centros ubicados en el ámbito geográfico competencial del
correspondiente servicio de prevención. Esta evaluación inicial se
realizará en todas las áreas del centro, incluidas las
correspondientes a los servicios objeto de esta comparecencia, es
decir, los de anatomía patológica.

Finalizo, señorías, con unas conclusiones que resumen tanto la
filosofía del Insalud en lo que a prevención de riesgos laborales se
refiere como a las actuaciones realizadas en este campo. Es
importante señalar que los centros sanitarios del Insalud cumplen
formalmente las disposiciones legales en materia de prevención de
riesgos laborales. Todos los niveles directivos están implicados para
incluir la prevención de riesgos en todas las decisiones que se
adopten, convencidos de que es el instrumento idóneo para alcanzar
mayores cotas de seguridad en el trabajo de nuestros profesionales.

En este momento, los servicios de prevención de riesgos laborales
encargados de la salvaguarda de la seguridad de los profesionales se
han implantado en la mayoría de áreas de salud. En ese sentido,
existen diversas actuaciones concretas para atajar y controlar los
riesgos biológicos y químicos en nuestros centros hospitalarios. Los
servicios de anatomía patológica disponen de diversos protocolos de
actuación que regulan las actividades específicas que se realizan en
los mismos. Desde el Insalud se han enviado instrucciones concretas
para la realización de autopsias a pacientes con sospecha de
encefalopatía espongiforme. Para dar cumplimiento a dichas
instrucciones se ha asignado ya el crédito necesario para adecuar
estos servicios en los distintos hospitales.

Espero que a lo largo de mi exposición se hayan ido despejando las
posibles dudas en relación con la situación de prevención de riesgos
en estos servicios. Puedo asegurarles, señorías, que los
profesionales de nuestros centros constituyen nuestro principal
activo, y, por tanto, su derecho a una protección eficaz frente a los
riesgos que pueden encontrar en su actividad laboral es
una preocupación constante de todos los órganos directivos del
Insalud.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra el señor Blanco.




El señor BLANCO GARCÍA: Bienvenido, de nuevo, señor director general
a esta Comisión.

Con la misma tónica que usted ha seguido de dividir la intervención
en dos partes, una sobre el marco legal y otra sobre la realidad
actual de los servicios de anatomía patológica en el territorio
Insalud, le diré que estoy de acuerdo con usted en la primera parte.

Tenemos una normativa que es perfectamente homologable con la del
resto de los países europeos; tanto la Ley sobre prevención de
riesgos laborales del año 1995 como su posterior desarrollo en los
cinco reales decretos del año 1997 y la citada Ley sobre la
realización de autopsias clínicas del año 1980 componen un acervo
legislativo homologable al resto de los países de Europa. Ahora bien,
discrepo radicalmente con usted respecto a la segunda parte, porque
parece que nos ha descrito un país imaginario; este no es el Insalud,
señor Bonet. Podría decirle que en la mayoría de los hospitales, si
hubiese una inspección de trabajo en las salas de autopsias y en los
servicios de anatomía patológica, fácilmente no la pasarían. Tengo
aquí el informe de una inspección del año pasado sobre uno de ellos y
no cumplía prácticamente ningún requisito, y es de un gran hospital
español; ¿cómo estarán los pequeños?
Mi ánimo y el del Grupo Socialista no es alarmar a esta Comisión ni a
la población sobre cuál es la situación en los servicios de anatomía
patológica en las salas de autopsias, sino el de que se realice un
plan general para poner en marcha todos los requisitos necesarios por
adecuar las salas de autopsia a la prevención de riesgos laborales.

Esto es algo por lo que está clamando la Sociedad Española de
Anatomía Patológica desde hace al menos cinco años, que yo sepa.

Señorías, por recordar el título de un prestigioso autor, decía en
inglés: Health care for health care workers, el cuidado de la salud
de los trabajadores que cuidan la salud. Parece una contradicción que
sean precisamente aquellos trabajadores que están cuidando la salud
los que estén más expuestos -y lo están- a riesgos laborales. Es
verdad que los reales decretos y la Ley de prevención de riesgos
laborales, como he dicho antes y coincido con usted, constituyen una
legislación homologable, pero no se cumple, ni en la prevención de
riesgos basados en agentes químicos; hay que tener en cuenta que el
formol y el formaldehído son un potencial cancerígeno que se utiliza
mucho en los servicios de anatomía patológica, como se ha dicho, para
la fijación de muestras, para el tratamiento de los distintos
órganos, las autopsias, vísceras, etcétera. En lo que se refiere a
los riesgos biológicos, en los reales



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decretos hay descritos del orden de 50 a 80 entre virus, protozoos,
helmintos, parásitos...

Le voy a destacar dos o tres cosas importantes, la primera, en cuanto
al formaldehído. Todos tenemos la idea, y es certera, de que los
servicios de anatomía patológica y las salas de autopsia están en los
sótanos de los hospitales; por tanto, tienen mala ventilación y hay
que acometer reformas estructurales para dotar de filtros de
aireación y de extracción de aire a estos servicios de anatomía
patológica, porque tampoco conviene en muchas ocasiones abrir las
ventanas para airear, puesto que entraríamos en otro problema, que es
el de la penetración de agentes biológicos que pudiesen contaminar al
conjunto de los trabajadores que allí realizan su función. Primera
constatación que es un hecho real si vamos a cualquier hospital
construido en los años sesenta, setenta u ochenta. Segunda
constatación, riesgos biológicos ante algo tan corriente -no como
enfermedad sino en términos de que es habitual- como el hecho que se
pueda hacer una necropsia o una autopsia a un paciente que sin
conocerlo haya padecido de tuberculosis. No estoy refiriéndome a los
médicos, que ya tienen una capacidad y unas instrucciones por sus
estudios para autoprotegerse, sino a todo el personal sanitario,
desde los que limpian hasta los auxiliares de autopsias pasando por
las auxiliares de enfermería, enfermeras y médicos, que es de vital
importancia que esté formado e informado, y esto no se hace en los
hospitales. No hay un plan de formación ni de información. Me ha
preocupado algo que ha dicho usted al principio, que la actividad de
todo esto recae en los hospitales. El Insalud, como bien ha dicho en
alguna ocasión, ha producido normativas y circulares -hablaremos de
la enfermedad de Creutzfeldt-Jacob- para que se cumplan esas
instrucciones. Los planes de formación, las comisiones de salud y
prevención de riesgos tienen que funcionar y esto no está ocurriendo
en la mayoría de los hospitales. No depende ya del dinero -luego
hablaremos también del que se debe invertir, que tampoco es tanto-,
sino de voluntad política única y exclusivamente para que haya
formación e información, porque hay que mantener esa actitud
constante de autoprotección y eso hay que inculcárselo a los
trabajadores. La Sociedad Española de Anatomía Patológica -ustedes
tienen correspondencia con ella- dice, entre otras cosas, que hay
muchos casos de servicios de anatomía patológica de salas de
autopsia, servicios unipersonales, donde no existe ni auxiliar de
autopsias y, si existe, no tiene la preparación suficiente como para
protegerse y adecuar su trabajo a los riesgos potenciales que
existen. No hablemos de las salas de los forenses, porque clama al
cielo -estamos refiriéndonos simplemente del territorio Insalud y no
es de su competencia, pero como estamos hablando de autopsias, lo
cito ya también para no dejarles marginados de un proceso en el que
están absolutamente descuidados-. Respecto a hepatitis B, C y sida es
exactamente igual, pero ya no es un problema
de aireación o de contaminación aérea como el de la tuberculosis,
sino de contaminación vía fluidos corporales.




Nos ha dicho que el 26 de febrero se ha mandado desde el Insalud una
circular a todos los hospitales en la que se dan instrucciones sobre
la encefalopatía espongiforme, la enfermedad de Creutzfeldt-Jacob. El
problema es que el Insalud se ha limitado a dar recomendaciones en
esas instrucciones, en las que se catalogan los hospitales en un
nivel 1, donde no se necesita neuropatólogo para hacer una iniciación
de autopsia; un nivel 2, en el que se aconseja el neuropatólogo, y ya
se podrán hacer estudios histopatológicos; y un nivel 3, en el que es
necesario que haya neuropatólogo y se realizan ya toda clase de
estudios de la autopsia completa.

Todos sabemos o lo deberíamos de saber, y usted lo sabe, que el
Decreto 664/1997, de 12 de mayo, dice que hay cuatro niveles de
contención de bioseguridad contra los agentes biológicos en estas
áreas. Para ilustrar a la Comisión de cuál es la situación - y
ustedes mismos en esta circular dan instrucciones para las autopsias
de potenciales enfermos de Creutzfeldt-Jacob-, en España en el
territorio Insalud solamente existen ocho hospitales que lleguen al
nivel 2, que no hacen otra cosa que -y no pretendo aquí emular al
actor que encarna al personaje de Hannibal, el señor Hopkins, ni
mucho menos- extraer el cerebro y luego cierran y punto; este es el
nivel 1, para ilustración de toda la Comisión; en el nivel 2 ya hacen
estudios histopatológicos y fijaciones de tejidos; y el nivel 3 es
solamente Alcorcón. Solamente ocho hospitales en España están en el
nivel 2 y en condiciones de hacer estudios histopatológicos. ¿Qué
diferencia hay, por ejemplo, entre extraer el cerebro, que no es otra
cosa que manipular tejidos frescos, y la manipulación que se dice de
tejidos frescos a la hora de dotar de una cámara de bioseguridad?
Esto es medio millón de pesetas -usted ha hablado de pesetas-,
600.000 pesetas cuesta una cámara de bioseguridad, de la que se
podría dotar al resto de los hospitales del Insalud, al menos a uno
por comunidad autónoma, para que estuviesen en ese nivel 2 donde qué
duda cabe que a los profesionales de la sanidad también les gustaría
llegar a diagnósticos histopatológicos, porque es su formación, es su
carrera y quieren completar los estudios necrópsicos y no tener que
limitarse a extraer el cerebro y luego mandar el cadáver y las
vísceras a Alcorcón. No parece lógico; un cálculo aproximado
cuantifica entre 20 y 25 millones de pesetas, menos de lo que usted
dice, el coste de dotar al menos a un hospital por comunidad autónoma
para alcanzar el nivel 2.

Sobre estas recomendaciones, cuyas acciones no son ni mucho menos
imperativas, como dice en su artículo 4 el Decreto 664 antes citado,
¿qué pasa con la gestión de los residuos sanitarios? No se dice nada
en esa circular que ha mandado el Insalud. ¿O cómo se descontaminael
mortuorio y el instrumental? Tampoco está recogido



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esto de una manera detallada e imperativa. Como le he dicho antes, el
Decreto 664 habla en su artículo 4 de identificación y evaluación de
riesgos, a la que dedica cinco apartados pero en esa circular no se
dice cómo se evalúan permanentemente los riesgos que tienen los
trabajadores de la sanidad. Por tanto, se hacen unas recomendaciones
genéricas, se señala cómo se clasifican los hospitales y se dice que
al final todos los estudios tienen que venir al centro de referencia
de Alcorcón, y muy poquito más. Le he dicho cuál sería el gasto que
se podría introducir para hacer no ya las reformas estructurales de
filtros o de extracción de aire o de presión positiva, reformas
estructurales de las salas de autopsias, sino única y exclusivamente,
con un gasto que rondaría más o menos 20 millones de pesetas, para
dotar a un hospital por cada comunidad autónoma de ese nivel 2 que
satisfaría a los profesionales de cara a su formación y a su
capacidad para diagnosticar.

Termino, señor presidente, acogiéndome a su benevolencia para decir
que puesto que se les está pidiendo ese plan general, cuyo objetivo
primero sería preservar de riesgos laborales a los trabajadores
sanitarios en las salas de autopsias y servicios de anatomía
patológica, el segundo sería, en última instancia, que al menos en un
hospital por cada comunidad autónoma se pudiesen hacer todas las
autopsias de alto riesgo y las de no alto riesgo. Esto se les está
pidiendo desde la Sociedad Española de Anatomía Patológica. Son 20
millones de pesetas, no cuesta más. Si bien es verdad que existe una
buena legislación para la prevención de riesgos laborales, que
disponemos de buenos profesionales, como usted también ha dicho, y de
personal auxiliar en el conjunto de los hospitales, lo único que hace
falta aquí es voluntad política, y mi grupo, señoría, que lo que
quiere es solucionar este verdadero problema en los hospitales, va a
estar vigilante en cuanto a si en un tiempo prudente aparece esa
voluntad política y va a estarlo para ver si observa cambios y
realizaciones en cumplimiento de la legislación en materia de
prevención de riesgos laborales y, si no, utilizaremos los medios que
nos da el Reglamento para corregir esta situación mediante las
iniciativas oportunas.




El señor PRESIDENTE: ¿Algún grupo desea intervenir? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor
Zambrano.




El señor ZAMBRANO VÁZQUEZ: En primer lugar, deseo dar la bienvenida
una vez más al director general por esta nueva comparecencia y además
expresarle mi más sincera felicitación por su extensa y clara
intervención, que ha empezado trazando las líneas de actuación que en
cuanto a prevención de riesgos laborales tiene establecido el Insalud
en sus distintos centros e instituciones, tomando como base en cuanto
a
ello el riesgo que llevan implícitos todos nuestros centros
sanitarios, que evidentemente se han visto incrementados en los
últimos tiempos, como ha dicho el director general, con las nuevas
tecnologías y su aplicación clínica.

Ha recordado el mandato constitucional en su artículo 40, que
propició la aprobación de la Ley de prevención de riesgos laborales y
su reglamento, que hicieron que después se constituyeran en el
Insalud los servicios de prevención de riesgos laborales que se han
implantado en la mayoría de las áreas de salud, de forma que mediante
la protección y prevención de los trabajadores el sistema se consigan
unas condiciones de trabajo cada vez más seguras y saludables, que es
en definitiva lo que demanda el autor de la petición de la
comparecencia. Concretándose en los servicios de anatomía patológica
ha señalado las normas que regulan y reglamentan las autopsias
clínicas y ha aseverado que, con carácter general, los hospitales del
Insalud reúnen los criterios establecidos tanto en las normas
generales descritas como en las específicas que regulan las
autopsias. Ciñéndose más a los riesgos biológicos ha señalado los
protocolos que sobre los mismos tienen elaborados los servicios de
medicina preventiva, así como los mapas de riesgo que incluyen de
forma prioritaria los servicios de anatomía patológica y que elaboran
los servicios de prevención de riesgos laborales. Ha destacado
también la adaptación y la adecuación de las instalaciones y el
establecimiento de protocolos de eliminación de residuos biológicos,
contaminados y contaminantes, y las barreras físicas protectoras y
vestuarios que evitan el contacto directo con los mismos, que se
conocen y se difunden, señor Blanco, porque son de obligado
cumplimiento, aunque ustedes lo pongan en duda en esta comparecencia.


Respecto a las muestras titulares o citológicas, ha dicho que existen
guías elaboradas por las sociedades científicas y también ha señalado
las medidas adoptadas para controlar y para paliar el riesgo de los
agentes químicos. Se ha referido después a una serie de actuaciones
que el Insalud ha establecido desde 1977 en relación con la
enfermedad de Creutzfeldt Jacob, con la elaboración de una guía de
información y las recomendaciones sobre esta enfermedad. Por último,
ha explicado el caso concreto del hospital Marqués de Valdecilla,
cuya repercusión en los medios de comunicación por la no realización
de una autopsia originó la evaluación de riesgos del Servicio de
anatomía patológica del citado hospital a requerimiento de la
Inspección de Trabajo (y todo hay que decirlo), con resultado tan
satisfactorio (no hay mal que por bien no venga) que el Insalud se
está planteando en la actualidad hacer obligatoria esta evaluación en
todos sus centros hospitalarios. Por tanto, no es imaginario, las
medidas de prevención laboral existen. Una cosa es que no esté
totalmente elaborado en todos los hospitales y otra que



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la situación sea tan catastrófica como la que ha planteado el señor
Blanco.

Ha concluido diciendo -que, en definitiva, es lo importante- que los
centros del Insalud cumplen formalmente con las normativas legales en
materia de prevención de riesgos laborales, que en ellos existen
actuaciones concretas para atajar y controlar los riesgos biológicos
y químicos hospitalarios y que, incluso, se está protocolizando la
evaluación de estos servicios de anatomía patológica, tal y como creo
que ha sido demandado. Además, el Insalud, en los últimos tiempos, ha
hecho un esfuerzo económico importante para adecuar los servicios de
anatomía patológica en sus distintos hospitales, de acuerdo con la
normativa legal y con las demandas actuales. Estoy seguro de que,
poco a poco, toda las peticiones del señor Blanco que sean razonables
también se irán llevando a cabo.

Sólo nos queda decir que, después de su clara y extensa explicación,
nos vemos obligados a felicitarle otra vez, porque creemos que ha
respondido sobradamente a lo que se había demandado en esta
comparecencia sobre los servicios de anatomía patológica de nuestros
hospitales y su adecuación frente a los riesgos laborales, químicos y
biológicos.




El señor PRESIDENTE: Cuando quiera puede contestar el señor Bonet.




El señor DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD, INSALUD
(Bonet Bertomeu): Señoría, el propio concepto de mejora continua
implica que siempre hay cosas que mejorar; es una perogrullada
auténtica. En ese sentido, la evaluación de las salas de necropsia,
por un lado, y el avance del conocimiento científico o la aparición
de determinadas alarmas en el mundo sanitario, por otro, generan
valoraciones diferentes en ese proceso de mejora continua.

Evidentemente el hablar de la enfermedad de Creutzfeldt-Jacob fue
quizá un elemento desencadenante que se vinculó a la necesidad de
revisión de las salas de necropsia, como usted conoce. En el caso
concreto del hospital Marqués de Valdecilla, usted sabe que la
repercusión mediática que tuvo la negativa a hacer una necropsia
supuso iniciar, a requerimiento de la Inspección de Trabajo, una
evaluación sobre cómo se estaban realizando y en qué condiciones,
tanto en lo que se refería al espacio físico como a las condiciones
de trabajo. En la inspección participaron los trabajadores -yo creo
que de forma entusiasta- y, por tanto, aportaron valor a esa
evaluación, de la que se han sacado recomendaciones para seguir
trabajando. Fue tan valioso el trabajo realizado -incluso fueron
felicitados- que probablemente se va a incorporar a los protocolos de
los servicios de prevención de riesgos laborales.




En cuanto a la evolución de las salas de necropsia y su espacio de
trabajo, en estos momentos los déficit
podrían ser calificados de menores en su conjunto y, por tanto,
susceptibles de mejora con la inversión que se está realizando. Los
déficit más generales que pueden existir se refieren básicamente a
dificultades en el sistema de antirretorno. En lo que se refiere a
equipamiento, hemos comentado que no vamos a invertir 20 millones,
vamos a invertir 30 millones de pesetas, con lo cual esos déficit que
pudieran existir van a ser subsanados, aparte de que también se pueda
realizar alguna modificación de obra menor.

Como usted sabe, la gestión de residuos se hace a través de la
normativa del Insalud. Los residuos específicos de las salas de
necropsias pertenecen al conjunto de residuos con riesgo biológico o
con riesgo químico, como el conjunto de residuos del hospital.

Pertenecen al mismo universo de residuos y, por tanto, son
gestionados a través de la misma normativa.

Sobre el formol le tengo que decir que -probablemente usted lo sabe
mejor que yo-, afortunadamente, en la mayor parte de los casos se
utiliza de forma diluida y solamente en los casos de la encefalopatía
espongiforme se utiliza al 40 por ciento, pero tampoco en este caso
en estado puro. Existen guías de protección para anatomía patológica,
igual que en aquellas áreas donde existe riesgo, y además el plan de
formación, como cualquier plan de formación en áreas específicas,
está contemplado en el contrato de gestión del año 2001.

Sobre las recomendaciones contempladas en las instrucciones del
Insalud de principios de este año, lo primero que se tiene que decir
es que no sustituyen a la normativa, no tienen rango para hacerlo,
complementan la normativa. Por tanto, todo aquello no contemplado en
la instrucción pertenece a la propia normativa sobre autopsias, que
hemos dicho que era amplia. En ese sentido, viene a complementar muy
específicamente lo referido al avance del conocimiento científico en
la enfermedad de Creutzfeldt Jacob, introduciendo los elementos que
hoy tenemos en nuestra mano para poder mejorar esas autopsias y, por
tanto, para mejorar globalmente las salas en sí mismas. Ahora bien,
en lo que creo que podemos estar de acuerdo fácilmente (y me ha
sorprendido que usted no lo planteara) es en el planteamiento de la
situación de los hospitales de nivel 1, de nivel 2 o de nivel 3. La
piramidalización de las especialidades en la práctica médica es un
hecho irrefutable, pero no ligado a la capacidad mayor o menor de
asignar recursos a esos hospitales -que se tendrá que explicar-, va
ligado a la necesidad de concentrar casos, de garantizar pericia
(ligada la pericia a la concentración de casos) y a la capacidad de
aumentar el valor predictivo. Igual que hablamos de la
neuropatología, podríamos hablar también de la neurocirugía; va
ligado a la concentración de casos, a la pericia y al aumento del
valor predictivo positivo. Por tanto, no es una cuestión de recursos,
sino de que la inexistencia de casos no podría garantizar un valor
predictivo positivo



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ni una pericia adecuada para la realización de esas necropsias. Se
piramidalizan los servicios de anatomía patológica en el mismo
sentido que se puede hacer con cualquiera de las especialidades que
concentra bajo número de casos y donde, además, se requiere alta
especialización. A eso es a lo que obedece la piramidalización.




Es verdad que nuestro esfuerzo se centrará en lograr al menos un
hospital por cada comunidad autónoma como centro de referencia, y por
tanto en ese sentidovan a mejorar las dotaciones para conseguirlo. No
obstante, insisto, la piramidalización de especialidades médicas no
está relacionada con la dotación de recursos sino con su efectividad.





El señor PRESIDENTE: Señor Blanco, tiene la palabra. Apelo a su
sensatez, consciente de lo prolijo que es el orden del día.




El señor BLANCO GARCÍA: Gracias, señor presidente.




Voy a empezar por el final de la intervención del señor director
general. Está claro que hay una piramidalización en especialidades y
también en la especialidad de anatomía patológica, pero luego viene
usted a reconocer que debe haber un centro de referencia por cada
comunidad autónoma, que es lo que yo le planteaba. Por tanto, estamos
de acuerdo, y le pido que pongan este proyecto en marcha porque no
existe. Y no es de recibo que, por ejemplo, para una extensión
territorial como Castilla-La Mancha el centro de referencia sea
Alcorcón, según la circular de ustedes, y Cantabria, que es en
población y en territorio muchísimo más pequeña, porque tiene una
provincia frente a las de Castilla-La Mancha, que no las he contado
ahora mismo pero que creo que son cinco, tenga centro de referencia
en la propia Cantabria. Por tanto, no es una piramidalización sino
que lo que se ha hecho ha sido tirar a voleo y han caído donde
estaban los hospitales. Donde estaban los mejores hospitales, ahí se
están haciendo, lo cual quiere decir que tienen ustedes que dedicar
recursos, y me está usted dando la razón en que con poco esfuerzo
económico se dota no de obras de estructura, lógicamente, pero sí del
material y utillaje necesarios para la protección laboral de los
trabajadores. En algunos casos habrá que hacer obras, y no van a
tener suficiente con los 30 millones.

En todo caso, yo me quedo fundamentalmente con dos cosas: una, que la
alarma ha saltado, efectivamente, con la enfermedad de Creutzfeldt-
Jacob, como usted ha dicho, y es verdad que ha saltado en Valdecilla
porque se negaron los patólogos a hacer una autopsia. Pero eso quiere
decir que la Sociedad Española de Anatomía Patológica ha clamado en
el desierto durante cinco años; cuando se dirigió al anterior
ministro, ya decía que había que adaptar las salas de autopsia.

Porque no es solamente la enfermedad de Creutzfeldt-Jacob, aunque
sea ahora lo que nos produce más temor, sino que la hepatitis, el
VIH (el sida), la tuberculosis o simplemente los agentes químicos son
elementos muy nocivos, tan nocivos como que pueden extenderse no ya
sólo a los trabajadores, sino que estos también pueden contaminar a
la población adyacente. Este es el riesgo del nivel 3 de protección
que habría que aplicar. Pero junto con la proposición no de ley
aprobada por unanimidad en el Pleno hace unos días para adaptar las
salas de autopsia a la enfermedad de la variante de Creutzfeldt-
Jacob y en esta misma, me quedo con la voluntad manifestada por S.S.

en esta Comisión para que se vaya haciendo una evaluación y una
mejora continuada en las salas de autopsia. Y le manifiesto que vamos
a estar vigilantes y en un plazo prudencial de tiempo mi grupo
retomará este asunto para ver si se han cumplido las palabras y la
voluntad política que hoy ha expresado aquí en nombre del Gobierno o
si no se han cumplido en toda su extensión, en cuyo caso tendremos
que volver a plantear la cuestión.

Muchas gracias, señor Bonet.




El señor PRESIDENTE: ¿Quiere hacer alguna aclaración el señor Bonet?



El señor DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD, INSALUD
(Bonet Bertomeu): Voy a hacer solamente una aclaración puntual.




Respecto a que se aplique el nivel 3 en Alcorcón para Castilla-La
Mancha, usted sabe que no es el único nivel de referencia que tiene
Madrid para Castilla-La Mancha, por lo que probablemente ello
corresponde a una lógica de la distancia y a una lógica histórica.

También es verdad que comentamos el caso de dos hospitales que además
están sometidos a procesos de inversión y de reforma profundos, por
lo que quizá los problemas se podrán subsanar en breve, y por tanto
Cantabria y Toledo, en concreto, tendrán su proceso de reforma
adecuado a esas necesidades.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Con el permiso de SS.SS., suspendemos la sesión durante cinco
minutos. (Pausa.)



- LA SITUACIÓN DE LOS FACULTATIVOS ESPECIALISTAS INTERINOS. A
SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 213/
000346)



- LA ACTUACIÓN DEL CITADO MINISTERIO EN EL CASO DE LOS MÉDICOS
INTERINOS DEL INSALUD. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE
IZQUIERDA UNIDA. (Número de expediente213/000347)



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- LA PROBLEMÁTICA DE LOS MÉDICOS INTERINOS. A PETICIÓN DEL GOBIERNO.

(Número de expediente 212/000404)



- LA SITUACIÓN ACTUAL Y FUTURA DEL PERSONAL AL SERVICIO DEL INSALUD.

A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente
213/000351)



El señor PRESIDENTE: Continuando con el orden del día, como saben SS.

SS., han solicitado la comparecencia del director general del Insalud
el Grupo Parlamentario Mixto, el Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida, el Gobierno y el Grupo Parlamentario Socialista.

Tiene la palabra el señor Bonet, director general del Instituto
Nacional de la Salud, para dar información de las cuatro
comparecencias a que me he referido.




El señor DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD, INSALUD
(Bonet Bertomeu): Señorías, las dificultades más importantes a las
que se enfrenta actualmente el Instituto Nacional de la Salud en la
gestión de sus recursos humanos son las consecuencias derivadas de la
alta tasa de interinidad del personal que presta sus servicios en él.


La magnitud del problema en los momentos actuales es de tal
importancia e intensidad que sus efectos trascienden el ámbito de
gestión de la política de personal, diseminándose negativamente por
todo el funcionamiento de la organización.

Aunque las movilizaciones que están teniendo lugar estos últimos días
pudieran hacer pensar que se trata de un problema de reciente
generación, se desea enfatizar la antigüedad del mismo, cuyos
antecedentes y causas -como veremos- se remontan a finales de los
años ochenta. El objetivo de esta comparecencia es explicar cómo y
por qué se ha llegado a esta situación. De cualquier forma, se trata
de un problema complejo, ya que los agentes, voluntades e intereses
que intervienen en el origen y efectos del mismo son diversos, con
frecuencia contrapuestos y -cómo veremos- de complicada articulación.


La primera parte de esta exposición se dedicará a identificar la
naturaleza del problema. Así, cuando se habla de la temporalidad en
el empleo del personal del Insalud, resulta necesario identificar y
delimitar el colectivo afectado. La norma que actualmente regula la
selección y provisión de plazas de los servicios del Insalud, la Ley
30/1999, determina que todo el personal que preste sus servicios en
los centros sanitarios del Insalud se encuentra vinculado a los
mismos por medio de nombramientos de carácter estatutario. Ahora
bien, los artículo 6 y 7 de la misma distinguen entre los
nombramientos estatutarios fijos, obtenidos por aquellos
profesionales que hubieran superado los correspondientes
procesos de selección, y aquellos otros de carácter temporal
que obedecen a razones de necesidad, urgencia o al desarrollo de
programas temporales.

Los nombramientos estatutarios temporales pueden tener, a su vez,
alguna de las tres siguientes características: interinos para el
desempeño de plazas vacantes; eventuales para la prestación de
determinados servicios de naturaleza temporal, coyuntural o
extraordinaria y también cuando sean necesarios para la cobertura de
la atención continuada; y, por último, nombramientos de sustitución
para atender las funciones del personal estatutario fijo, interino o
eventual, durante los períodos de vacaciones, permisos y demás
ausencias temporales de éstos. De estos tres tipos de personal
estatutario temporal, únicamente en el personal interino se aprecia
la circunstancia de encontrarse en una situación de temporalidad
evitable, al menos en el largo plazo, ya que este personal desempeña
plazas que se encuentran vacantes. Las otras dos categorías de
personal temporal, estatutarios eventuales y de sustitución,
responden a las necesidades estructurales, temporalmente acotadas,
derivadas de la propia naturaleza de la prestación de servicios de
los centros sanitarios, cuya cobertura debe llevarse a cabo
necesariamente por este tipo de personal con el fin de asegurar la
continuidad asistencial.

Una vez establecido el ámbito subjetivo del personal afectado por la
temporalidad, se procede a exponer las características, dimensiones y
antecedentes del problema. Uno de los rasgos distintivos de la
temporalidad en el empleo en el seno de los centros del Insalud es su
componente atípico respecto del conjunto de las administraciones
públicas. Para el personal que desempeña sus funciones en el ámbito
público, tanto la Constitución como el desarrollo normativo
desplegado desde entonces han reforzado el componente de estabilidad
para estos puestos de trabajo. Pese a ello, el personal del Insalud,
cuya relación de servicios de carácter estatutario no significa sino
una especialidad dentro del régimen jurídico general establecido para
los funcionarios públicos, se ha colocado en una situación
excepcional dentro del ámbito de la gestión pública, al mantener unas
tasas de interinidad de gran envergadura. Las tasas de interinidad
son muy elevadas -está en la documentación que les harán llegar- y
afectan a todos los grupos de personal, aunque más al facultativo y
al no sanitario, con índices superiores al 35 por ciento. Es
particularmente significativa la tasa de interinidad dentro de los
facultativos especialistas de área, 41,79 por ciento, que es la más
alta de todos los colectivos, y que afecta a más de 5.000
profesionales. La tasa de interinidad para todo el personal
estatutario en su conjunto es del 27,04 por ciento, especialmente
considerable en el ámbito de las administraciones públicas, siendo
también muy relevante su dimensión en términos absolutos, al afectar
a 36.839 profesionales.

Los primeros indicios que apuntan hacia posiblescausas del problema
de la interinidad en el Insalud los



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proporciona el carácter especial de la relación jurídica de su
personal, que no encaja dentro del régimen jurídico ordinario de los
funcionarios públicos ni tampoco dentro del ordenamiento laboral. La
base jurídica de la relación de servicios del personal del Insalud se
encuentra en estatutos profesionales diferentes para tres grupos de
personal distintos: facultativo, sanitario no facultativo y no
sanitario, adoptados respectivamente en 1966, 1973 y 1971; lo tres
tienen, por tanto, carácter preconstitucional. Sucesivos cambios en
el sistema sanitario desde esas fechas han supuesto la modificación
de múltiples aspectos de los mismos y la Ley General de Sanidad de 14
de abril de 1986 previó su integración en un estatuto marco, básico
para todas las profesiones, en el se contendrían las normas comunes
en materia de selección y provisión de puestos de trabajo, entre
otras, garantizando la estabilidad en el empleo y la categoría
profesional.

La falta de aprobación de dicho estatuto marco no impidió que se
fueran adoptando por el Estado diversas disposiciones básicas sobre
el régimen estatutario y, en lo que se refiere a la selección y
provisión de plazas, las últimas y más importantes fueron las
contenidas en el apartado 4 del artículo 34 de la Ley 4/1990, de
Presupuestos Generales del Estado para 1990, y en su desarrollo a
través del Real Decreto 118/1991, de 25 de enero, sobre selección de
personal estatutario y provisión de plazas en las instituciones
sanitarias de la Seguridad Social.

La interposición de diversos recursos contenciosoadministrativos
contra esta norma reglamentaria y su posterior estimación condujeron
a la inconstitucionalidad de su artículo 34.4 y, en consecuencia, a
la falta de apoyo legal e invalidez formal del Real Decreto 118/1991.


Ante dichos fallos judiciales, el Gobierno, para evitar la
paralización de las numerosas convocatorias amparadas en tales
normas, aprobó el Real Decreto- ley 1/1999, de 8 de enero, con el que
se pretendía dar cobertura transitoria a dichos procesos selectivos,
reproduciendo en su práctica totalidad el contenido del apartado 4
del artículo 34 de la Ley 4/1990 y el articulado del Real Decreto
118/1991, ambos anulados. Dicho real decreto ley fue convalidado por
el Pleno del Congreso de los Diputados de 9 de febrero de 1999,
acordándose simultáneamente su tramitación como proyecto de ley
ordinaria, cuyo resultado fue la Ley 30/1999, de 5 de octubre, de
selección y provisión de plazas de personal estatutario de los
servicios de salud, actualmente vigente, que regula la selección y
provisión de plazas de personal estatutario de los servicios de
salud. Esta ley incorpora una previsión singular en su régimen
transitorio y derogatorio en virtud de la cual la expresa y plena
derogación del Real Decreto-ley 1/1999, al que sustituye, no supondrá
la desaparición total del mismo, que mantiene su vigencia con rango
reglamentario.

La citada Ley 30/1999 configura un régimen de selección y provisión
de plazas que, observando el respeto a los principios de igualdad,
mérito y capacidad y conteniendo igualmente ciertas peculiaridades,
se inserta en los procedimientos selectivos y de provisión de puestos
aplicados en el ámbito de la función pública para los funcionarios,
haciendo del concurso-oposición el procedimiento general de
selección. Como se expondrá más adelante, este sistema de selección
ha originado importantes problemas en su ejecución práctica, ya sea
por la inadecuación de los baremos establecidos o por la gran
contestación que genera la realización de la fase de oposición entre
los facultativos interinos.

De la larga trayectoria normativa expuesta anteriormente pueden
obtenerse diversas conclusiones. En primer lugar, a pesar del
carácter anquilosado y obsoleto de los precitados estatutos de
personal, que justificaba la previsión contenida en la Ley General de
Sanidad de 1986 de elaboración de un estatuto marco, el cual podría
haber puesto, entre otras cosas, las bases para la solución del
problema de la interinidad, ese estatuto marco no ha sido aprobado en
los quince años transcurridos desde entonces. Resulta conveniente
recordar que, durante este período de tiempo, se han sucedido
diferentes gobiernos sin que se haya encontrado una solución
adecuada.

Por otra parte, quizá cabe plantearse si los procedimientos
administrativos de selección y provisión de puestos de trabajo se
adecuan al entorno de relaciones profesionales que requieren la
prestación de servicios sanitarios, marcadamente distintos de los
contenidos ordinarios de la función pública. De ello se han hecho eco
las dos iniciativas parlamentarias desarrolladas durante la pasada
década para la mejora y modernización del Sistema Nacional de Salud.

Si bien ninguna de las dos hacía una referencia expresa al problema
de lainterinidad y sus soluciones, ambas introducían valoraciones
y recomendaciones más generales respecto al problema. La primera de
ellas cristalizó en el denominado informe Abril, publicado en julio
de 1991. Este informe significó un punto de inflexión importante en
la organización y gestión del Sistema Nacional de Salud, por cuanto
que con el mismo se sentaron las bases para un posterior impulso de
modernización, al implantarse herramientas como los contratos de
gestión entre la dirección del Insalud y sus centros o el desarrollo
de experiencias de nuevas formas de gestión, como las fundaciones,
consorcios o empresas públicas. Asimismo, se ponía el énfasis en la
falta de adecuación del régimen estatutario para la gestión de los
recursos asistenciales, apostando por el régimen laboral como el más
conveniente para estos fines. Por tanto, proponía una laboralización
del personal estatutario que, de haberse producido, hubiera hecho
evolucionar el problema de la interinidad por otros derroteros. No
obstante, como es de sobra conocido, esta recomendación



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se desarrolló en los hospitales y otros servicios de nueva creación.

La segunda de las iniciativas cristalizó en el acuerdo parlamentario
de consolidación y modernización del Sistema Nacional de Salud, de 18
de diciembre de 1997. Entre otros aspectos, insistía en la necesidad
de elaborar un estatuto profesional propio para el personal
estatutario, así como el impulso de procesos selectivos del personal
de carácter descentralizado. Entre ambas iniciativas tuvo lugar el
intento fracasado de implantación del régimen jurídico laboral al
personal estatutario desarrollado en 1991.

Descrito el marco jurídico en el cual debe desenvolverse la selección
y provisión de puestos de trabajo en los centros del Insalud, la
necesaria cobertura de aquellas vacantes de nueva creación debería
haber llevado aparejada la correspondiente convocatoria de pruebas
selectivas instrumentadas conforme a los principios de igualdad,
mérito y capacidad. Sin embargo, durante la década de los noventa,
las convocatorias para la cobertura de plazas de determinados grupos
y categorías fueron inexistentes, como fue el caso de los
facultativos especialistas de área, o escasas. Esto originó el
creciente aumento del número de profesionales interinos, lo cual a su
vez servía, en cierto modo, para estimular aún más el problema, ya
que la cada vez mayor importancia numérica de este colectivo de
profesionales introducía argumentos de presión para que las
convocatorias para cubrir los puestos que ellos desempeñaban, caso de
producirse, les otorgaran algún tipo de reconocimiento por el tiempo
que llevaban en esa situación. Es decir, que las pretensiones de los
interinos se concretaban en la articulación de convocatorias de
pruebas selectivas diseñadas de forma propicia a sus intereses para
conseguir consolidar las plazas que estaban desempeñando. No
obstante, la instrumentación jurídica y formal de las convocatorias
encontraba el riesgo de lesionar derechos de otros colectivos, como
era el de la movilidad del personal con plaza fija, así como el
derecho de cualquier ciudadano a acceder a los puestos de las
administraciones públicas en condiciones de igualdad, mérito y
capacidad. Sin embargo, la dificultad de articular un sistema
equilibrado que integrara todas las diferentes posiciones ha impedido
hasta el momento presente que el desarrollo de los distintos
procedimientos pudiera alcanzar el fin deseado. Por estos motivos, un
número importante de plazas están afectadas a procedimientos
selectivos ya convocados pero no desarrollados. En la documentación
que recibirán tienen el cuadro donde se explica la convocatoria. De
las 36.839 plazas desempeñadas por personal interino, 15.847 plazas
se encuentran comprometidas actualmente en los diversos procesos
selectivos, estén judicializados o no. Como se explicará más
adelante, resulta de especial relevancia destacar, respecto de las
plazas judicializadas, que en tanto no se dicte sentencia y se
ejecute la misma se plantean interrogantes en el marco de cualquier
alternativa
a la situación de interinidad. Por esta razón, a continuación
se detalla la situación judicial en que se encuentran las ofertas
públicas de empleo de 1997 y 1998, así como los posibles defectos de
las mismas.

La oferta pública de empleo de 1998 ha tenido una especial
trascendencia sobre el colectivo de los facultativos especialistas de
área. Como se ha expuesto anteriormente, a partir de 1991 la
selección y provisión de puestos de personal estatutario de carácter
fijo se insertó claramente dentro de los procedimientos
administrativos característicos de la Función pública. No obstante,
desde 1989 hasta 1998 no se convocó concurso-oposición alguno para
cubrir plazas de facultativos especialistas de área con carácter
fijo. Asimismo, durante este período apenas tuvo lugar en 1994 una
sola convocatoria de concursos de traslado para los facultativos
fijos, en la cual se ofrecieron 622 plazas, de las cuales únicamente
resultaron adjudicadas 348, al resultar poco atractivas
profesionalmente por su carácter periférico ajeno a los grandes
centros sanitarios de prestigio. El Insalud realizó en 1995 un
intento de sacar adelante una convocatoria de cobertura de 1.318
plazas mediante concurso-oposición, que no llegó a cristalizar por la
fuerte oposición del colectivo interino. Ello condujo a que a
mediados de 1996 en el Insalud existieran más de 4.500 plazas
desempeñadas por facultativos, especialistas de área e interinos, con
una antigüedad media en la plaza de siete años.

La dimensión del problema de la interinidad había adquirido para este
colectivo tal envergadura que, con el apoyo de la mesa sectorial de
sanidad en la oferta pública de empleo del Insalud de 1998, se
convocaron 4.099 plazas para facultativos de área, de las cuales 646
se ofertaron para concurso de traslados, si bien la convocatoria
revestía unas condiciones distintas de las establecidas por el Real
Decreto 118/1991, vigente en aquel momento, al no mantener las plazas
ofertadas de traslados la proporcionalidad de un tercio a concurso de
traslados y dos tercios a concurso-oposición. Ni que decir tiene que,
después de nueve años de paralización, esta convocatoria despertó
amplias expectativas entre los interesados, tanto fijos, que deseaban
tener opción al traslado, como interinos, que aspiraban a consolidar
sus puestos de trabajo. Las pretensiones del personal fijo de colmar
sus expectativas de derecho al traslado les llevaron a entender que
el número de plazas ofertadas no se ajustaba a la comentada
proporción de un tercio para traslados y dos tercios para
concursooposición, por lo que varios recursos contencioso
administrativos buscaron la modificación o anulación de la
convocatoria por apreciar que la misma no se ajustaba al ordenamiento
jurídico. Como consecuencia de las impugnaciones, se produjeron dos
sentencias correspondientes a diferentes salas del Tribunal Superior
de Justicia de la Comunidad de Madrid. La primera de ellas fue
favorable a los intereses del Insalud, encuanto que entendía que no
hubo violación de los derechos



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fundamentales en los correspondientes concursos de traslado, mientras
que la segunda, del mismo tribunal, fue contraria a los intereses del
Insalud, en concreto, la sentencia de abril de 1999, de la sección
novena de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, que adquirió finalmente firmeza en enero de 2001 por la
desestimación de diversos recursos interpuestos por el Insalud contra
ella, que estableció que en la convocatoria del concurso-oposición
para facultativos especialistas de área no se había respetado la
proporción de un tercio de las plazas convocadas para concursos de
traslado y los dos tercios restantes para cobertura mediante
concurso-oposición. Actualmente se ha solicitado la ejecución de la
sentencia, estando pendiente el resultado de la misma, si bien
pudiera repercutir negativamente la situación de interinidad como
consecuencia de los efectos de dicha ejecución. En definitiva,
después de tantos años sin que se produjeran convocatorias,
actualmente resulta en extremo complicado diseñar una convocatoria de
pruebas selectivas para las plazas de facultativos especialistas de
área que tenga una alta viabilidad de concluir con éxito, si se
quieren armonizar los diferentes intereses.

En cuanto a la oferta pública de empleo de 1997, las convocatorias
correspondientes a pinches, celadores y auxiliares administrativos se
encuentran suspendidas, cada una de ellas en distintos momentos de su
desarrollo. El fundamento de la suspensión dado por el Tribunal
Superior de Justicia de Galicia reside en las dudas que plantea el
baremo, relativas al respeto al principio de igualdad para los
participantes que acreditan servicios prestados en otras
administraciones distintas a las instituciones sanitarias de la
Seguridad Social. Por lo que respecta a las plazas correspondientes a
la oferta pública de empleo de 1999, todas ellas recogen baremos para
la valoración de méritos iguales a los de las convocatorias de años
anteriores, que se encuentran cuestionadas por las sentencias de
distintos órganos judiciales.

Explicados los antecedentes y los resultados obtenidos por las
actuaciones desarrolladas en los últimos años, resulta necesario
buscar alternativas al camino trazado hasta ahora, ya que, en primer
lugar, los ritmos y plazos que establece la Ley 30/1999, para el
desarrollo de las convocatorias para el acceso a la condición de
personal estatutario fijo, supondrían, para culminar el proceso, la
dilación en la solución del problema durante varios años. En segundo
lugar, los problemas de judicialización y paralización en que se
encuentran las convocatorias de las ofertas públicas de empleo de
años anteriores, significan un complicado obstáculo para la
articulación de soluciones de estabilidad en las plazas afectadas. Y
en tercero y último lugar, el horizonte de transferencias sanitarias
a las comunidades autónomas, que se materializará, previsiblemente,
en el medio plazo, apunta la necesidad de buscar una solución previa,
necesariamente antes de su culminación, con el fin
de no trasladar el problema a las comunidades autónomas, ya que en
este caso se añadirían más dificultades para el diseño de una
alternativa articulada y coherente. Sea cual sea la alternativa que
se instrumente en la solución del problema, ésta ha de conseguir
compatibilizar los intereses de los colectivos y agentes involucrados
en el mismo, como son el personal estatutario fijo, el personal
interino y la propia administración sanitaria.

De una parte, el personal fijo está interesado principalmente en
mantener sus expectativas de movilidad, respetando los principios de
igualdad y mérito. Por tanto, la viabilidad de cualquier alternativa
se ha de apoyar en la oportunidad previa de conceder a los
profesionales con plaza fija unas posibilidades razonables y
adecuadas de concurrir, mediante traslados, a los puestos de trabajo
acordes a sus legítimos intereses, máxime cuando la culminación del
proceso transferencial les motiva aún más para obtener el destino
deseado.

Por otra parte, el personal interino se encuentra en una situación
que difícilmente admite mayor dilación en la búsqueda de la solución
definitiva al problema. Además de encontrarse motivos suficientes
para ello, tanto por el elevado número de años que muchos
profesionales llevan en esta situación como por el carácter muy
numeroso del colectivo, existen una serie de argumentos que apoyan la
búsqueda de una solución excepcional, al margen de los procedimientos
selectivos que ampara la Ley 30/1999, y entre los más relevantes se
encuentran los dos siguientes. El primero de ellos es el
mantenimiento de la continuidad asistencial en su plenitud, ya que la
hipótesis de una convocatoria de pruebas selectivas de carácter
masivo que conllevara grandes desplazamientos de profesionales,
especialmente entre los facultativos especialistas, podría tener
incidencia en el funcionamiento de la organización sanitaria. El
segundo argumento para motivar la solución excepcional a la
interinidad es el carácter colectivo e interdependiente de la
práctica clínica en la actuación de los profesionales en los centros
sanitarios, debido a que la medicina se practica cada vez más en
equipos con un creciente componente pluridisciplinar. El resultado de
todo ello es que la Administración sanitaria, representada por el
Insalud, se encuentra obligada a evitar que cualquier actuación o
disposición específica de solución al problema repercuta en el normal
funcionamiento de las estructuras organizativas sanitarias.

Como conclusión de todo lo anterior, se trataría de instrumentar una
alternativa, de gran complejidad en su articulación, por las
dificultades para compatibilizar intereses que, como ha quedado
señalado, tienen respaldo en razones legales, organizativas,
funcionales y de eficiencia. Significaría el diseño de una solución
de carácter extraordinario que ponga fin a una situación excepcional
que, además, encuentre pleno encaje dentro del ordenamiento jurídico
para asegurar su viabilidad. Asimismo resulta de especial relevancia
destacar que cualquiera de las posibles soluciones apuntadas



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debe contemplar las dificultades que puedan derivarse de los
pronunciamientos judiciales que afectan actualmente, o pueden incidir
en el futuro, a las convocatorias suspendidas, especialmente en lo
relativo a la ejecución de las sentencias y de los plazos derivados
de las mismas.

Como ha podido explicarse, la situación del colectivo de facultativos
especialistas interinos se enmarca dentro de la problemática general
de la temporalidad en el empleo existente dentro del Insalud. No
obstante, ha podido comprobarse que la proporción de interinidad es
la más alta de todos los colectivos. Como se ha explicado
anteriormente y al objeto de dar solución a la problemática del
personal facultativo, especialista de área, tanto de quienes siendo
propietarios deseaban optar a un concurso de traslado como de los
facultativos interinos, en el año 1998 se convocó una oferta de
empleo público extraordinaria, al amparo de la disposición adicional
vigésima de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de medidas fiscales,
administrativas y del orden social. Esta oferta extraordinaria
constaba de un concurso de traslado y de un concurso-oposición,
estando ligada la toma de posesión de los adjudicatarios del traslado
a la efectiva incorporación de los facultativos que obtuvieran plaza
en el concurso-oposición. Como consecuencia de distintas decisiones
judiciales, el concurso-oposición a que nos venimos refiriendo
resultó anulado, lo que supuso que los propietarios que habían
obtenido plaza en el traslado no podían tomar posesión de la plaza
adjudicada. Ante esta situación, se optó por introducir en la Ley de
medidas fiscales, administrativas y del orden social una disposición
adicional que desvinculase las tomas de posesión de ambos procesos.

Conocida esta decisión por la asociación nacional de facultativos
especialistas interinos, Anfei, con fecha 15 de noviembre de 2000, se
convocó una huelga para los días 30 de noviembre, 18 y 19 de
diciembre de 2000.

Con fecha 23 de noviembre de 2000, se mantuvieron negociaciones entre
el Insalud y el comité de huelga con el objeto de negociar un acuerdo
que permitiese la desconvocatoria de esta huelga. Como consecuencia
de estas negociaciones, se suscribió un acuerdo de salida de huelga
en el que se establecía lo siguiente. Primero, el Insalud se
compromete a instar la introducción de una enmienda en el Senado que
modifique la enmienda 110 al proyecto de ley de medidas fiscales,
administrativas y del orden social, con el objeto de que se suprima
el segundo párrafo de dicha enmienda, que era permitir la
participación de los propietarios en los concursosoposición. Segundo,
el Insalud garantiza -estamos leyendo los acuerdos de salida de
huelga- que, como consecuencia del proceso de incorporación de los
facultativos especialistas de área que han obtenido destino en el
concurso de traslados resuelto de diciembre de 1998, a todos los
facultativos especialistas interinos en la fecha de entrada en vigor
de la Ley 66/1997, de
30 de diciembre, que pudieran verse afectados se les asignará un
nuevo destino. Tercero, en el supuesto de que existan facultativos
especialistas de área interinos que pudieran verse desplazados como
consecuencia de la toma de posesión de los facultativos especialistas
de área propietarios, se procurará que el número de afectados sea el
mínimo posible y con las mínimas consecuencias, tanto profesionales
como personales, informando de la evolución del proceso. Cuarto, se
planteará en el ámbito de la mesa sectorial de Sanidad la
articulación de un procedimiento que facilite la reubicación de
posibles afectados como consecuencia de este proceso. Quinto, el
Insalud propondrá al Consejo interterritorial del Sistema Nacional de
Salud la inclusión en el orden del día de una próxima convocatoria
del análisis de la problemática de los facultativos especialistas
interinos, con objeto de intentar alcanzar una solución a la misma
que responda a las especiales circunstancias que concurrern en este
colectivo.

Cuando aún no se había producido la incorporación de ningún
propietario a la plaza adjudicada, dado que hasta el día 15 de marzo
no se abría el plazo de toma de posesión y, consecuentemente, aún no
se había visto desplazado ningún facultativo interino, la asociación
Anfei, ante la suposición de que el Insalud iba a incumplir lo
acordado, con fecha 19 de febrero de 2001, presentó escrito mediante
el que convocaba huelga de facultativos especialistas de área,
facultativos adjuntos, jefes de sección y jefes de servicio del
territorio Insalud los días 6, 7 y 8 de marzo y con carácter
indefinido a partir del día 20 de marzo, por lo siguientes motivos.

Primero, protestar por la situación de precariedad temporal en que se
encuentran los facultativos interinos tras más de once años seguidos
sin que ningún interino especialista hospitalario y del área del
territorio Insalud haya podido tener oportunidad de consolidarse en
su puesto de trabajo y exigir de la Administración la pronta solución
a este problema con carácter excepcional. El objeto de esta
convocatorio es exponer ante la sociedad la situación de un colectivo
de profesionales altamente cualificado, que carece de los más mínimos
derechos de estabilidad en el empleo. Este colectivo -decía el
comunicado de convocatoria de huelga- representa más del 35 por
ciento de los colectivos especialistas en el territorio Insalud.

Segundo, exigir al Insalud el compromiso de no desplazar a ningún
facultativo especialista interino de su puesto de trabajo como
consecuencia de la incorporación de los adjudicatarios del concurso
de traslado de 1998.

La huelga se convocó para los días 6 y 7 de marzo, y con carácter
indefinido a partir del 20 de marzo de 2001. El Insalud, con el
objeto de dar cumplimiento a lo acordado en el pacto de salida de
huelga, planteó en la mesa sectorial de Sanidad la posibilidad de
suscribir en el seno de la misma un acuerdo en el que se
estableciesen criterios de selección y cese del personal temporal,
que facilitasen, por un lado, el cese de los interinos



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de menor antigüedad y, por otro, la reubicación de aquellos
facultativos interinos afectados por la incorporación de
propietarios. Como quiera que el acuerdo en la mesa sectorial no fue
posible, la Dirección General del Insalud optó por dictar
instrucciones en las que se establecían criterios de selección y cese
de personal temporal, en las que se incluía un apartado específico
relativo a la selección y cese de personal facultativo especialista
de área.

Hasta aquí, señorías, las explicaciones que me compete dar sobre este
complejo asunto y que espero hayan aportado elementos para encontrar
soluciones, en la medida de lo posible, a los motivos que han dado
lugar a esta comparecencia.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la
palabra el señor Aymerich.

Anuncio a los miembros de la Comisión que, por acuerdo de Mesa y
portavoces, a las doce habrá un minuto de silencio abajo, como, por
desgracia, es habitual ante hechos luctuosos como el que hoy estamos
padeciendo. Por esta razón, señor Aymerich, le ruego se atenga a los
diez minutos de tiempo.




El señor AYMERICH CANO: Señor director general, efectivamente estamos
ante un problema complejo. Dice usted que es un problema que se trata
de resolver y de no transferir junto a los servicios sanitarios a las
comunidades autónomas que aún no han asumido competencias en esta
materia, pero también es cierto que los precedentes no son
tranquilizadores, porque a Galicia en su momento se le transfirió
este problema, y en el Sergas llevamos desde el año 1988 sin realizar
ningún tipo de prueba para el acceso a la condición de personal
facultativo estatutario fijo. Es un problema complejo, creado por la
Administración, por el Gobierno o por los sucesivos gobiernos, que
para nosotros supone un síntoma o bien de un desinterés debido a un
proceso general de degradación de los servicios sanitarios públicos,
o bien -en un segundo término y contradiciendo sus palabras- de un
desinterés motivado precisamente por la inminente transferencia del
Insalud a las comunidades autónomas, con el consiguiente
desplazamiento del problema a éstas.

Estamos asistiendo a algo similar a lo que sucede en el ámbito de la
investigación científica y técnica. Tenemos un personal formado, en
el que el Estado invirtió importantes recursos, del que en muchos
casos -como en el de los residentes- depende la continuidad y la
calidad de los servicios y que debe subsistir en el sector público
con contratos precarios o en situación de interinidad. Debemos
subrayar también que la gran mayoría de las nuevas especialidades
médicas y de los nuevos servicios sanitarios, como pueden ser la
atención a infectados por el virus de inmunodeficiencia humana o los
transplantes y gran parte de los proyectos financiados por el Fondo
de investigaciones sanitarias, son
desarrollados en su mayor parte por esos facultativos interinos.

Usted conoce las consecuencias de la interinidad, así que, para
ajustarme al tiempo, sólo las voy recordar brevemente: la falta de
estabilidad en el empleo, el no reconocimiento de la antigüedad y las
nulas posibilidades de promoción profesional.

En cuanto a las soluciones, por lo menos la música me ha sonado bien.


Parece que se están dando pasos para encontrar una solución que tiene
que ser extraordinaria, al margen de la Ley 30/1999 -aunque también
hay que decir que podría realizarse a través de un desarrollo
reglamentario imaginativo de dicha ley-, y que tiene que ser
negociada; una solución negociada a un problema creado por la propia
Administración y que extiende sus repercusiones más allá del ámbito
estricto del Insalud, porque las proyecta en el conjunto de los
sistemas sanitarios públicos del Estado. En esa solución
extraordinaria, que precisamente debería blindarse jurídicamente a
través de la negociación con todos los implicados, debería tenerse en
cuenta de forma muy especial la experiencia profesional, el
curriculum, es decir, debería tenerse en cuenta especialmente la fase
de concurso, la valoración de los méritos de estos facultativos
interinos, lógicamente siempre dentro del respeto a los principios
constitucionales y legales de igualdad, publicidad, mérito y
capacidad, y sin menoscabo del derecho de terceros, ajenos
actualmente al sistema sanitario, a acceder a esas plazas.

En cuanto al espinoso problema de la contraposición de intereses
entre los facultativos interinos y los fijos, es decir, las
expectativas de movilidad de estos últimos, a pesar de reconocer que
efectivamente existe una contraposición de intereses y que hay que
encontrar un punto de equilibrio, el Insalud debe tener en cuenta
cuál es el interés prioritario. El interés prioritario, que es una
prelación que en cierto modo deriva de la Constitución y sobre todo
de la Ley general de sanidad, debe ser la estabilidad en el empleo
del personal sanitario. Lo dice la Ley general de sanidad y se
recuerda en la exposición de motivos de la propia Ley 30/1999, de
hecho ese fue uno de los motivos principales que movió al Gobierno a
elaborar y a aprobar un decreto-ley y a este Parlamento a elaborar
esta ley; tenemos ponentes de esta ley aquí, en esta sala. Le
encarecería que en su segunda intervención nos aclarase cuáles son,
desde el punto de vista del Insalud, las soluciones posibles o en qué
va a consistir ese procedimiento excepcional, que por una sola vez,
como sucedió en el caso de los mestos -médicos especialistas sin
titulación oficial-, puede ayudar a resolver un problema en el que
los menos culpables son los que más lo están padeciendo, y si algún
culpable hay que buscar -que lo hay- es la propia desidia o la propia
incuria de la Administración sanitaria; Administración o
administraciones sanitarias que cabría recordar que también están
manteniendo gente en este momento con contratos por semanas, e
incluso, en el caso de atención de urgencias, por horas,



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es decir, en una situación de eventualidad que, desde nuestro punto
de vista, es inasumible, porque pugna con la dignidad de las
personas, pero también porque incide de forma muy negativa -y esa
debe ser también nuestra preocupación principal- en la calidad de los
servicios prestados por los servicios públicos de salud.

Esperando que en su segunda intervención nos aclare o concrete algo
más en qué puede consistir esta solución y nos diga si están
manteniendo o no y en qué estado se hallan las negociaciones con el
comité de huelga y con los representantes legítimos de los
facultativos interinos, devuelvo la palabra a la Mesa.




El señor PRESIDENTE: Como no hay tiempo para que la señora Castro,
representante del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida,
termine su intervención, suspendemos la sesión hasta que transcurra
el minuto de silencio en la puerta principal del Congreso.




Se suspende la sesión.




Se reanuda la sesión.




El señor PRESIDENTE: Señorías, se reanuda la sesión.

Tiene la palabra la señora Castro, por el Grupo Parlamentario Federal
de Izquierda Unida.




La señora CASTRO FONSECA: Bienvenido, señor Bonet, y muchas gracias
por la información que nos ha facilitado, exhaustiva, pero con
algunas lagunas importantes que deberíamos tratar de resolver entre
otros. Con ese ánimo constructivo va mi aportación a su
comparecencia.




El Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida piensa que es
absolutamente imprescindible que por parte del Ministerio se arbitren
negociaciones para dar una solución definitiva al problema de
estabilidad del empleo en el Insalud, y esto es imprescindible
hacerlo con los sindicatos. La estabilidad laboral en el Insalud es
fundamental. Estamos hablando del colectivo de los sanitarios que no
tiene homologación laboral, que no tiene posibilidad de promoción
interna, que está claramente desincentivado y para el que dicha
estabilidad debería ser sagrada porque, como bien sabe, es una
profesión que requiere un estado de ánimo especial, que no puede
permitirse el lujo de vivir en la incertidumbre, en la angustia y
mucho menos en el desánimo. La situación es insostenible y desde
luego es fruto del incumplimiento de los acuerdos sindicales y de la
dejación en la convocatoria de plazas. Consideramos que el Ministerio
de Sanidad ha de buscar una solución urgente y negociar con los
sindicatos para solventar los problemas de estabilidad en el empleo
de los trabajadores del Insalud. Esta situación es fruto, por una
parte, del incumplimiento de los actuales gestores sanitarios de los
acuerdos sindicales y, por otra, de más de 10 años de dejación en la
convocatoria de plazas. Hay declaraciones
que no compartimos y que entrañan una cierta
irresponsabilidad, declaraciones que se hacen pública o privadamente
pero que pueden significar un aval para salidas que, como la
laboralización, sólo vendrían a agravar la situación de inseguridad
jurídica del personal afectado.

También es una conducta cuando menos irresponsable abordar el proceso
de transferencias sin consolidar los empleos necesarios. Son muchos,
demasiados, los trabajadores que padecen una situación de
inseguridad, y transferir el problema a las comunidades autónomas no
es de recibo ni laboral ni asistencialmente. Es inadmisible, tanto
desde el punto de vista laboral como asistencial, que alrededor de
25.000 plazas se encuentren en situación de interinidad endémica, por
decirlo de algún modo, sin que los gestores del Insalud asuman la
gravedad de la situación y, por tanto, negocien las soluciones
urgentes y el cumplimiento de los acuerdos de la mesa sectorial. Por
todo esto, insistimos en la necesidad de que el Ministerio intervenga
y abra ese proceso de negociación, transparente y serio, que aplique
los acuerdos sindicales de la mesa sectorial y en concreto los
alcanzados el 23 de noviembre de 1999. Por otra parte, queremos
recordar al Ministerio que el compromiso que se contrajo con los
sindicatos para reducir la tasa de empleo interino hasta el 3 por
ciento se incumple sistemáticamente, es decir, se engorda el
problema, se engorda el colectivo de interinos, aunque existen todos
los instrumentos legales y sindicales para poder hacer efectivo este
acuerdo.

Señor director del Insalud, he creído entender que están en la
posición política de encontrar una solución al problema, y para
hablar de soluciones cuentan siempre con este grupo parlamentario.

Pero no quería acabar mi intervención sin decirle que nos preocupa
muchísimo que en un país donde hay gran cantidad de médicos en paro,
donde ahora mismo se están planteando situaciones como las de estos
197 médicos que están siendo desplazados por los traslados de los que
tienen la plaza en propiedad y que se van a ir al paro sin
indemnización, sin derechos laborales y sin nada, parece paradójico
que esta situación se plantee cuando se están engordando las
peonadas, como una necesidad de la sanidad pública. La sanidad
pública y el trabajo que hacen los sanitarios exige, como decía al
principio de mi intervención, estabilidad. Por tanto, pedimos que se
priorice la creación de empleo estable frente a la solución de las
peonadas, que puede ser un recurso en última instancia, pero que no
es precisamente el que necesitamos en este momento. Por tanto,
compartimos la preocupación que a este respecto mantienen algunas ONG
que trabajan en el campo de los afectados por las deficiencias
hospitalarias o por los errores médicos. La solución va por ahí, por
aumentar los recursos materiales y humanos -el presupuesto sanitario,
como usted sabe, disminuye-; la base de todo este problema partede
una negligencia en los gestores. Desde luego, la



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voluntad política es solucionarlo, y esto se expresa básicamente en
el presupuesto y en la apuesta por la sanidad pública sin ambages y
por tener claro que en un Estado democrático, social y de derecho la
medicina privada en todo caso ha de ser subsidiaria de la pública y
nunca al revés.

Reitero el agradecimiento por su comparecencia en nombre de mi grupo
parlamentario y en el mío propio, así como nuestra disposición a
consensuar salidas urgentes que nos permitan llevar la tranquilidad
no sólo al colectivo de médicos afectados, sino a todos los pacientes
de la sanidad pública que, como todo el mundo sabe, inevitablemente
se ven afectados por esta situación de precariedad laboral que
padecen los trabajadores sanitarios.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la
palabra el señor Arola.




El señor AROLA BLANQUET: Voy a intentar expresar, dentro del mejor
tono y del mayor respeto al Parlamento, algunas de las sensaciones
que mi grupo ha tenido esta mañana durante su comparecencia. Primera
afirmación: mi grupo había pedido la comparecencia de la ministra, y
el Gobierno decide. Pero conste que una vez más la ministra, a
solicitud del grupo parlamentario... Leo si quieren el texto.




El señor PRESIDENTE: Perdón, señor Arola. Quiero aclararle que fue un
acuerdo unánime de Mesa y portavoces.




El señor AROLA BLANQUET: Y segundo, y más importante, es que
queríamos información sobre la situación actual y futura. Aquí es
donde usted ha terminado su intervención, prolija en cuanto a la
historia, pero no ha avanzado más allá de dos generalidades sobre
cuál es o puede ser la situación futura del personal al servicio del
Insalud. Supongo que se lo ha dejado para la siguiente y que
responde, por lo tanto, a una táctica parlamentaria. El problema es
que si yo le pregunto por el futuro y usted me contesta con el
pasado, aquí podemos estar perdiendo todos el tiempo, ustedes y
nosotros; y nosotros no venimos a eso.

Siguiente asunto. Ha citado varias veces la documentación que se les
entregará en el futuro para hablar del tema que hoy nos ocupa. Con
toda la cortesía, a estas alturas ahórresela. Entre otras cosas
porque ya tenemos una copia, no entregada por ustedes. Pero demorar a
calendas griegas la información… El Gobierno tiene suficiente
posición de preponderancia en estas intervenciones para encima decir:
ya verán ustedes los datos cuando acabemos la Comisión. Primera parte
de mi intervención: lo lamento, lamento su intervención. De las tres
hojas en las que he ido tomando apuntes se deduce que usted ha hecho,
repito, una magnífica lección de historia, pero la conocíamos todos,
o todos deberíamos tener la obligación de conocerla.

El problema es: ¿y ahora qué? Después de esta lección de
historia, ¿qué? ¿Cómo se explica, por ejemplo, que en su primera
intervención ni siquiera haya aludido a la suspensión de la huelga,
de la que hemos podido saber ayer a través de los medios de
comunicación? ¿Qué lógica política tiene, si hay una suspensión de
una medida de fuerza por parte de los que están realizando la huelga,
lo que es un nuevo horizonte, que usted ni siquiera la cite en la
primera parte de su intervención? ¿A qué nos lleva eso? ¿A las
palabras de la ministra, que dice, por ejemplo, que no sabe con quién
negociar? ¿Con quién ha estado usted negociando? Y de paso, ¿por qué
no se lo cuenta a la ministra? Para que sepa al menos con quién se
está negociando, entre otras cosas porque los afectados dicen haber
enviado cuatro cartas a la ministra que hasta la fecha no han tenido
respuesta alguna. Por lo tanto, la pregunta vuelve a ser, ¿y ahora
qué? Que no se quiera confrontar intereses, va de suyo; que se quiera
buscar una solución, va de suyo. ¿Se imagina usted que pudiera decir
lo contrario, vamos a buscar una solución que no lo sea y además
vamos a confrontar intereses? No, ni usted ni yo ni nadie puede decir
eso. Y cuando no se puede afirmar lo contrario de una cosa es que se
está afirmando bastante poco, señor director general, con lo que mi
pregunta vuelve a ser, ¿y ahora qué?
Sabemos algunas cosas. De momento, que hemos perdido cinco años o
cuatro y medio, como usted prefiera contarlo; y hemos aumentado el
problema, según sus propias cifras, además en un número importante de
personas. Hay una cosa fundamental, que la defensa del servicio
nacional de salud no es ajena en absoluto a la normalización de las
relaciones laborales en su seno, porque no hay estructura que pueda
sobrevivir sin el apoyo explícito de aquellos que la conforman. Este
es uno de los problemas que tiene, ya se han citado otros. Y esa
solución que usted no ha querido apuntar en su primera intervención,
aunque la he enmarcado en un determinado tiempo -desde ahora hasta
las transferencias-, sí, pero ¿para cuándo y con qué criterios? Se ha
citado: parece que ha habido una oferta de laboralización. Pregunto:
¿Es verdad? ¿En qué condiciones? ¿Esa oferta de laboralización no
tendría que tener las tan repetidas condiciones de igualdad, mérito y
capacidad? ¿Considera usted que esa es una hipotética solución? ¿Y
ahora qué? ¿Qué solución se da para que no nos encontremos con 17
subsistemas de relaciones laborales cuando se produzcan las
transferencias a las comunidades autónomas, para que en cada
comunidad autónoma no pueda haber al menos tres o cuatro sistemas de
relaciones laborales dentro del servicio de salud correspondiente?
¿Qué hacemos con la legislación que se ha ido aprobando? Convendrá
conmigo en que, teniendo el problema que tenemos y teniendo una ley
del año 1999, nadie quiere ceñirse a ella porque no parece útil para
solucionar el problema. Fíjese, en elaño 1999 se legisla y al día de
hoy casi nadie cita esa



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ley para solucionar el problema; ley que, por otra parte, comprometía
en el plazo de seis meses al Gobierno a remitir el estatuto marco a
estas Cortes, plazo también incumplido. Yo soy de los que dicen que
ya se han leído bastantes borradores y anteproyectos de borradores
del estatuto marco. Si es un objetivo imposible, elimínese y dígase.


Pero tiene que ser sustituido por un marco referencial de relaciones
del personal laboral y del personal sanitario, obviamente antes de la
entrada en vigor o de la posible regularización de las competencias,
y además con unos elementos de coordinación futura porque no podemos
hacer 17 subsistemas, y además 17 subsistemas estancos. Conocemos
suficiente jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que en algunos
casos no sólo viene a repetir lo que dijo algún diputado socialista
la pasada legislatura, por ejemplo el diputado Jaime Blanco cuando le
decía al señor Romay -entonces ministro- que había un tufillo a
inconstitucional, que obviamente después resultó no ser un tufillo
sino más. Además, tengo la sensación de que hay una especie de
empecinamiento en no encontrar la solución. Recuerdo la encuesta de
1996-97 sobre la disponibilidad de traslado de los facultativos
propietarios. Hubo una pésima interpretación de dicha encuesta como
demuestra el que inmediatamente después los mismos que habían sido
encuestados y habían contestado recurrieron por el escaso número de
plazas que se ofrecían a traslado. Además, tengo personalmente la
sensación de que es sostenella y no enmendalla. El Tribunal
Constitucional comienza diciendo que acuerda su inadmisión -del
recurso- y a continuación dice: siendo notorio. Es decir, se ha ido
recurriendo sistemáticamente las sentencias cuando eran desfavorables
para no reconocer que se había entrado en una solución de vía muerta,
con lo cual hemos aumentado el problema. Por lo que le vuelvo a
preguntar: ¿Y ahora qué? No se trata sólo del problema de los
facultativos especialistas, siéndolo, sino del conjunto de los
trabajadores del Insalud. Y la solución que se dé a un colectivo
afectará necesariamente a las futuras soluciones del resto de los que
están implicados en el problema. Por ejemplo, este fin de semana yo
leía en Zaragoza lo que decía el señor subsecretario, de que el
Insalud tiene una deuda histórica con los médicos de emergencia a los
que se dará una solución diríamos particular, específica o llámele
usted como quiera. Que la tiene con este colectivo, seguro, pero
también la tiene con el resto de los colectivos que están afectados
por la temporalidad en el trabajo; la tiene con aquellas personas que
hoy, al menos en mi comunidad autónoma, entrarán a hacer una guardia
a las tres de la tarde y saldrán a las ocho de la mañana y que habrán
sido contratados exactamente por ese periodo de tiempo. Mi grupo no
va a negar en ningún momento la capacidad que puedan tener de
descentralización en las gerencias de los problemas de gestión de
personal; pero no podemos estar en un mundo tan variopinto en el que
cualquier -comillas- solución
-se cierran comillas- se esté dando al mismo tiempo, porque
evidentemente hay agravios comparativos sostenidos. Le puedo asegurar
que mi intervención, la del Grupo Parlamentario Socialista, está
basada fundamentalmente en dos aspectos: defensa del Sistema Nacional
de Salud y búsqueda de soluciones. Porque sin lo segundo no se dará
lo primero; no se dará nunca lo primero si no encontramos una
solución a los problemas que ahora tenemos. Por eso le repito: ¿Y
ahora qué? Es decir, ¿cómo negocian ustedes, qué negocian ustedes,
con quién negocian ustedes? Y añado: ¿Y qué apoyos van a buscar para
esa hipotética solución, que le deseamos que encuentre? Que nosotros
ofrezcamos el apoyo parlamentario a una hipotética solución ni
siquiera quiere decir que estén ustedes con el pensamiento -o en la
obligación, seguro- de querer consensuarlo con el resto de las
fuerzas políticas. Y sin embargo, casi todas las fuerzas políticas
aquí representadas gobernamos en unas u otras comunidades autónomas.

¿Que tienen ustedes que negociar en el marco del Consejo
interterritorial? Seguro. Pero también tienen ustedes que buscar el
apoyo de las fuerzas parlamentarias.




Termino, señor presidente. Por lo tanto, nuestra disposición
y nuestra exigencia: defensa del Sistema Nacional de Salud y solucionar
el problema de las relaciones laborales porque si no, repito, lo
primero -lo segundo tal como lo ha enunciado- no funcionará. Espero
no haberme equivocado y confío en que usted, por táctica, nos
explique ahora por dónde pueden ir las soluciones, porque si no lo
hace nos podríamos haber ahorrado todo este tiempo. Y si lo hace,
también nos podríamos haber ahorrado este tiempo previo que hemos
tardado en poder encontrar -o en oír de su boca- las soluciones.




El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean intervenir? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, tiene la palabra la señora
Uría.




La señora URÍA ETXEBARRÍA: Seré breve, pero sí quiero dejar
constancia de la postura del grupo al que represento en este
culebrón, palabra que me gustaría emplear por lo gráfica que es, pero
que puede resultar poco seria y poco acorde con la gravedad del
problema que estamos tratando; grave problema no sólo para la
prestación del servicio público de la sanidad sino para todas y cada
una de las personas que están afectadas por esta inestabilidad en el
desempeño de sus puestos de trabajo.

Desde la perspectiva de la formación a la que represento, creemos que
desde siempre ha habido unas inercias importantes por parte de quien
ha desempeñado o ha tenido la responsabilidad en la gestión sanitaria
de no regular y de no convocar -las dos cuestiones nos parecen
importantes- ni oposiciones ni concursos ni



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algunas OPE, lo que sí ha podido hacerse con la misma normativa
vigente desde la comunidad vasca o desde la catalana. Todos ustedes
conocen que en esta materia es legislación básica lo que hace
referencia a selección y provisión y que, a partir de ahí, puede
gestionarse por parte de las comunidades autónomas. Todo proceso
público de selección genera un riesgo y es complicado, sobre todo
cuando afecta a colectivos muy numerosos, pero hay quienes sí han
estado a la altura de las circunstancias y han sabido oxigenar o
sanear sus funciones públicas sanitarias, repito, convocando en
tiempo oposiciones y concursos, no sin problemas, y haciendo las
correspondientes ofertas públicas de empleo.

Siempre se ha tenido la tentación, y se ha utilizado el criterio de
no emplear los instrumentos normativos que se debiera. Se ha
recurrido siempre a lo que llamaré instrumentos normativos de
excepción: bien se ha procedido a regular dentro de la Ley de
presupuestos -técnica legislastiva absolutamente criticada y ya
declarada inconstitucional en diversas sentencias-, bien se ha
acudido, ya en tiempos en los que gobernaba la formación política a
la que usted representa, a la Ley de acompañamiento, y, finalmente,
para hacer la ley de provisión y selección se acudió a esa otra
fórmula que tanto gusta que es la del decreto-ley. Nunca ha habido un
debate serio en la Cámara, nunca un debate con la presencia y con la
posibilidad de que se sumen al consenso (lo cual es garantía de
mantenimiento de una norma, de su vigencia) todas las formaciones
políticas. Finalmente, en las convocatorias que se han efectuado
usted se amparaba en la existencia de un importante número de
procedimientos judiciales pendientes. Cuando se acude a convocatorias
que tienen el carácter de numerosísimas, bestiales, es evidente que
unos u otros sindicatos, unos u otros colectivos de trabajadores van
a proceder a su recurso y que están abocadas necesariamente a salir
mal. Ahora está todo suspendido y, según tengo noticias, con el
planteamiento de numerosas cuestiones de inconstitucionalidad. Algo
hay que hacer, y siempre está ahí pendiente la idea de elaborar el
estatuto marco, asunto que ustedes abordaron con total empeño e
interés cuando entraron en el Gobierno en el año 1996, pero que
después por unas u otras cuestiones ha quedado estancado. Se me dirá
que desde la formación política a la que yo represento, desde el
Gobierno vasco, se han puesto siempre impedimentos a su negociación,
pero también está presente esa idea de homogeneizar y de querer
igualar, no teniendo en cuenta las diferencias que existen o que
pueden existir entre unas comunidades autónomas y otras. El hecho de
que existan regímenes distintos no genera incomunicabilidad entre
ellas, es perfectamente posible; hay otras áreas de la función
pública que garantizan la movilidad de los funcionarios, sin que por
ello tenga que haber un sistema tan rígido y tan monolítico que
aboque a las comunidades autónomas a no poder ejercitar sus
competencias en la materia, sino simplemente a la mera gestión
de lo ya establecido o regulado desde el Estado. Retomen ustedes la
idea del estatuto marco y sobre todo negocien.

Ha indicado usted (y me ha causado cierta desazón cuando planteaba
soluciones) que era un problema harto complicado. Desde luego lo es
porque se ha ido generando una bola muy antigua en el tiempo y que
hace difícil cualquier solución, pero no hay otra que la negociación:
negociar con los interlocutores sociales, negociar con las
formaciones políticas e intentar limpiar el campo. Ciertamente la
gestión pública, sobre todo la gestión cuando se trata de colectivos
tan numerosos como del que estamos hablando, es complicada, pero ese
es el riesgo que uno asume cuando le nombran y acepta el
nombramiento, de la misma forma que se somete a la crítica política
que desde esta Comisión estamos efectuando, por no atisbar qué
soluciones plantea el Ministerio. Desde el Grupo Socialista se le ha
dicho que había un cierto empecinamiento en no encontrar la solución,
yo no lo manifiesto así, no me consta, pero sí hay una cierta torpeza
en encontrarla o por lo menos no ha sabido trasladarnos, -aún
reconociéndole la gravedad del problema- lo complicado del poder
abordarlo. Tampoco cabe -con esto finalizo- ampararse en el
importantísimo número de procedimientos judiciales que están
pendientes. Si se negocia, todos los procedimientos judiciales son
desistibles. Es decir, si los colectivos de recurrentes y los
colectivos o sindicatos que tienen interpuestas demandas quedasen
medianamente satisfechos en esas negociaciones, a las que
reiteradamente les estamos llamando, es perfectamente posible que se
pudiese limpiar el campo de lo judicial (que tanto les asusta) para
abordar de una vez y por derecho esta cuestión Repito, nos gustaría
que en su réplica nos tranquilizase algo más, para que pudiésemos ver
hacia dónde van estos caminos o búsquedas de soluciones, para que no
pensemos que existe este empecinamiento en mantener la situación tal
y como está.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència
i Unió), tiene la palabra la señora Riera.




La señora RIERA I BEN: Bienvenido a esta Comisión, señor Bonet, y
gracias por sus explicaciones.

Evidentemente, mi grupo coincide con lo que han manifestado otros
portavoces respecto a que el problema que estamos debatiendo es
complejo y, por tanto, difícil de solucionar. El futuro se construye
cada día y lleva siempre en sus genes escrito el pasado. Hablaba el
portavoz socialista de que usted ha dado una lección de historia y yo
opino que es inevitable, porque es evidente que la situación actual
no es fruto del actual Gobierno, de éste, y tampoco del anterior que
también era del Partido Popular. Aunque eso es cierto, a ustedes las
urnas les han dado la responsabilidad de gobernar,



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en esta legislatura y en la otra, lo que implica, por una parte, la
suerte y la responsabilidad de recoger lo bueno que otros habían
sembrado y, por otra, la de solucionar lo que no funciona, en poco o
en mucho, pero que no funciona. El problema del personal interino del
Insalud es grave y es evidente que para afrontarlo y solucionarlo hay
que compatibilizar intereses contrarios, incluso muchas veces
contradictorios. Seguramente la solución nunca podrá ser
satisfactoria al cien por cien para todos, pero hay que intentarlo,
hay que hablar, hay que negociar. Según el compromiso que la propia
ministra de Sanidad, la señora Villalobos, adoptó al principio de
esta legislatura y que ha reiterado en otras ocasiones el propio
presidente del Gobierno, señor Aznar, hay que afrontar esta situación
teniendo en cuenta que estamos ante un marco, ante un compromiso en
el que durante esta legislatura se van a formalizar las
transferencias al cien por cien de lo que hoy es Insalud a las
comunidades autónomas. Señor Bonet, como representante de un grupo
parlamentario, en cuya comunidad hace muchos años que tenemos las
competencias de sanidad transferidas, como usted sabe perfectamente,
no sería de recibo (bastantes problemas tenemos ya debidos
básicamente a la escasez o la mala financiación del sistema) que
estas competencias se transfieran antes de finalizar este mandato con
un problema tan grave, pendiente de solucionar, limitándose a pasar
la patata caliente a otras administraciones, a otros gobiernos. Por
experiencia les decimos que esta situación no se la deseamos a nadie,
que quede bien entendido, a nadie, a ningún gobierno, de ninguna
comunidad autónoma, sea del color que sea. Señor Bonet, le pediríamos
por favor, prescindiendo de que evidentemente ustedes están
gobernando con mayoría absoluta, que tuviesen sensibilidad -y no
presumo que no la tengan; al contrario- para ver que en situaciones
tan difíciles como ésta -a pesar de la comodidad que da la mayoría
absoluta de poder prescindir de hablar, de negociar para que salgan
sus propuestas- el escenario más favorable para solucionar estos
conflictos es el diálogo. Creo que ustedes deben imponerse, aunque la
matemática parlamentaria no lo exija, el diálogo y la complicidad con
las fuerzas políticas de esta Cámara, que tienen mucho que decir, y
por descontado con los representantes y los sindicatos de todo el
sector sanitario que están afectados por esta problemática.

En un momento en que el Gobierno popular está haciendo esfuerzos
valorables y positivos desde el Ministerio de Trabajo para luchar
contra la precarización laboral, tampoco es comprensible que el
sector público se instale de manera fija en una interinidad
constante. La precarización laboral hay que afrontarla desde todos
los sectores y el Gobierno tiene la responsabilidad de intentar
atacarla en aquello que de entrada tiene más sencillo y es más lógico
que haga, que es solucionando el problema de todos aquellos
trabajadores que por ser del sistema público dependen directamente
de las acciones y de las omisiones que efectúe el Gobierno.

Nosotros le deseamos suerte, señor Bonet, en esta labor, que reitero
que no es fácil, le ofrecemos nuestra colaboración y le prestamos
nuestra complicidad, pero es evidente que lo que no sería prudente y
nosotros no podríamos aprobar es que escudándonos en un pasado no
solucionáramos el futuro.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra el señor Zambrano.




El señor ZAMBRANO VÁZQUEZ: Gracias, señor director general, les
felicito de nuevo por su extensa y documentada explicación, que
amplía con estos cuadros que le habían solicitado y que, al parecer,
tenían.

Ha empezado identificando con seguridad y realismo este problema de
la temporalidad en el empleo en el Instituto Nacional de la Salud,
mejor dicho, en las interinidades del Insalud y también su carácter
atípico, aunque creemos que el problema -tal y como ha señalado algún
parlamentario que ha intervenido anteriormente- puede hacerse
extensivo a una serie de comunidades que tienen ya transferida la
gestión de la asistencia sanitaria. Creo que ha catalogado el
problema, con certeza, de muy complejo y difícil de resolver porque
en él confluyen sujetos, voluntades e intereses diversos en muchos
casos contrapuestos y además de complicada articulación, y ha dado
después una explicación clara de cómo y por qué se ha llegado a esta
situación, que sin duda se debe -y en esto coincidimos todos- a la
prolongada ausencia de ofertas públicas de empleo para estos
profesionales. Después ha repasado extensamente la normativa que
regula los recursos humanos y además ha hecho hasta un preciso
recordatorio de las dos iniciativas parlamentarias hasta ahora
realizadas en este campo encaminadas a la mejora, viabilidad y
modernización del Sistema Nacional de Salud, que ya ponían en
evidencia la problemática situación de los recursos humanos en el
mismo. Después ha analizado la evolución reciente de los procesos
selectivos que han desembocado, como todos sabemos, pese al evidente
empeño y la excelente voluntad desplegada por este Gobierno del
Partido Popular, en una serie de ofertas de empleo público de 1997 a
1999 cuyas convocatorias con dificultades jurídicas han terminado
judicializadas. A partir de ahí se ha referido ampliamente al caso de
los Feas, motivo inmediato de estas peticiones de comparecencia, ya
que su proporción -como vemos en los cuadros- de interinidad es
además la más alta de todos los colectivos. Terminó, por último,
haciendo una valoración de la situación actual y de los problemas de
judicialización y paralización de las convocatorias, así como del
horizonte de las transferencias sanitarias del Insalud, que pueden
llevaral reparto y multiplicación de esta situación problemática



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a todas las comunidades autónomas que las tienen transferidas y a las
que las tienen por transferir.

El problema, por tanto, no es fácil, ya que su resolución está en
conjugar los derechos de una serie de agentes implicados en el mismo:
por una parte, del personal propietario fijo, respetando los
principios de igualdad, capacidad y mérito; por otra, del personal
interino cuya antigüedad -pues hasta ahora no han tenido posibilidad
de acceso- propicia argumentos en el sentido de buscar soluciones
excepcionales, singulares o extraordinarias al margen de la normativa
vigente; y también, cómo no, de los usuarios del sistema sanitario,
cuyo derecho a la protección de la salud y a una asistencia sanitaria
de calidad debe garantizarse por encima de cualquier problema
específico.

Por último, ha explicado el motivo inmediato de la huelga actual y de
la que se produjo en noviembre y diciembre de 2000, la evolución del
conflicto y las distintas reuniones, ofertas y negociaciones
realizadas hasta el día de hoy en el que están abiertas de nuevo las
negociaciones para intentar una solución lo más razonable posible del
problema, de forma que no se conculque ningún derecho ni se resienta
la calidad asistencial de nuestros centros sanitarios.

En resumen, redundamos diciendo que es un problema crónico y
complejo, o quizá complejo por crónico, y que explota al final de
2000 y ahora mismo en forma de huelgas y movilizaciones de los
facultativos especialistas de área, de los Feas interinos en el
territorio del Insalud, pero que tiene su origen y su causa en la
falta de convocatorias de ofertas públicas de empleo periódicas, que
se remontan a los años ochenta, tal y como nos ha dicho el director
general. Podríamos poner un ejemplo y es que sería algo así como la
explosión retardada de una bomba que fue cargada con la pasividad y
la dejación de funciones en cuanto a la gestión de recursos humanos
bastantes años atrás y que ahora explota de forma similar a la última
gota que colma el vaso o que no permite prolongar una situación que
se produce al anunciar formalmente que las transferencias sanitarias
van a efectuarse a medio plazo.

En la búsqueda de culpables hay que decir que indudablemente
culpables son la Administración y los gobiernos sucesivos, cada uno
en su momento y en su forma, pero algunos más que otros. Y si lo que
el portavoz del Partido Socialista ha pretendido decir es que el
problema mayor se circunscribe a los últimos cinco años y carga las
tintas ahí, yo le contesto que no porque sería una incongruencia y
habría que decirle entonces que esto sería como si el pirómano que
provoca un incendio quisiera echar la culpa a los que lo están
intentando apagar porque no utilizan la técnica adecuada. Sé que no
ha sido su intención, le agradecemos su mano tendida y esa oferta de
diálogo que nosotros le devolvemos a él y a todos los grupos, siempre
en la defensa, como usted ha dicho, del Sistema Nacional de Salud y
en la búsqueda de soluciones.

Como ha dicho el parlamentario del BNG, la situación no es solamente
central, sino que es extrapolable a casi todas las comunidades
autónomas. Porque habría que hacer una pregunta, ¿se conoce el número
de interinos que existen en las mismas? ¿Se ha encontrado en alguna
de ellas la fórmula adecuada para resolver este problema heredado?
¿Tiene, por ejemplo, Andalucía menos proporción de número de
interinos que el territorio Insalud? Cada cual que cargue con su
culpa porque aquí lo repito, algunos tenemos más que otros y habría
que decir aquello de que el que esté libre de pecado que arroje la
primera piedra.

Lo que sí tengo que aclarar como portavoz del Grupo Popular es que
nuestro Gobierno, el actual, intentó en 1997 y 1998 solucionar el
problema de forma generosa y con una decidida voluntad política de
arreglarlo para que no se complicara más, y lo hizo cargando la
sensibilidad de ayuda en el más débil, en ese que todo el mundo ahora
quiere defender, en el interino en situación precaria de empleo,
prolongada e inestable, y lo hizo buscando además su continuidad -y
de ahí el tufillo ese al que hacía referencia- para preservar el
mantenimiento de la calidad de la asistencia sanitaria en todo el
territorio de su competencia.

Al final, como saben, la normativa -lo conocemos todos- fue impugnada
por las dificultades ya descritas y hoy nos hacen oír y decir al
mismo tiempo que con la regulación actual -por cierto, la de 1999
también, que apoyó el PSOE- es muy difícil, por no decir imposible,
encontrar una solución que contente y no dañe los derechos legales de
los distintos sujetos implicados en el proceso. En resumen podemos
decir que por no hacer lo que se debía en su momento la situación se
ha hecho ingobernable y prácticamente inviable con los instrumentos
legales actuales.

No obstante, hablando de futuro y de eso de: ¿y ahora qué?, yo no soy
el que tiene que contestarle, lo va a hacer el director general, pero
lo que sí les digo es que desde este Gobierno una vez más hay una
decidida voluntad de solucionar el problema antes de que siga
creciendo y sea todavía más difícil su solución, sobre todo para
evitar eso que planteaba el parlamentario del BNG, y es que las
comunidades autónomas en las que queda por transferir la asistencia
sanitaria hereden una situación tan comprometida que les impida la
gestión razonable y responsable de los recursos humanos en sus
servicios de salud. Así, este Gobierno sigue negociando y estudiando
la posible normativa y ese consenso, al que apunta todo el mundo, que
le permita resolver de forma definitiva la problemática planteada.

Afortunadamente, hoy hemos recibido la información de que se ha
conseguido una salida a la huelga con su suspensión y la apertura de
una nueva negociación que intenta solucionar el problema más
acuciante, que son los traslados y los desplazamientos planteados de
los interinos. Posteriormente se abordará la consecución, elaboración
y publicación en el BOE de una normativa



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legal en estudio que sea capaz de resolver definitivamente el
problema de los interinos sin dañar los derechos adquiridos de los
propietarios, de forma que todo al final va a redundar, como es el
deseo de todos, sin duda, en la mejora y consolidación de nuestro
sistema público de salud.




El señor PRESIDENTE: Cuando quiera puede dar contestación el señor
Bonet, director general del Insalud.




El señor DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD, INSALUD
(Bonet Bertomeu): Muchas gracias, señorías, porque yo creo que lo más
importante de sus aportaciones es que todos ustedes están en la
gravedad del problema y ofrecen, a mi modo de entender y según lo han
planteado, su apoyo, su ayuda para la solución definitiva del
problema. Por tanto, lo primero de todo es agradecérselo. No
obstante, espero no defraudar, porque si yo tuviera la solución hoy
aquí la verdad es que probablemente estaríamos hablando de una
solución frívola o parcial, no comprensiva de todo el problema. Me la
piden, pero no la tengo hoy aquí. Esta comparecencia puede servir
precisamente para decir que soluciones en estos momentos, como para
poder plantear hoy y aquí, no las tenemos y, por tanto, necesitamos
encontrarlas conjuntamente. Lo que sí está claro es que cuando se ha
hecho la presentación -por cierto, no está en la segunda parte de la
comparecencia la solución-, el tono en el que se ha relatado la
historia se debe a que hace falta conocer todas las aristas que tiene
este proceso, toda la complejidad, incluso he mencionado todos los
intentos que se han hecho por abordar de base, estructuralmente, el
problema. Por consiguiente, esa era la intención. Pero debería añadir
que la historia es necesaria, y no se debe olvidar, y además en la
historia se fundamentan soluciones. Si la historia, señor Arola,
fueran cinco años, es probable que no encontráramos adecuadamente la
solución, es probable que se cometieran nuevos errores, aunque sería
una de las alternativas no hacer nada o ir creando la bolsa de empleo
interino mayor y mayor. Por tanto, una de las conclusiones que
podemos sacar del análisis de la historia es que la historia no son
cinco años, sino muchos más. Por consiguiente, muchos sabios ha
tenido la Iglesia como para buscar soluciones. Yo sigo creyendo que
si la ampliamos, si abarcamos el conjunto de la evolución de la
historia, seguramente encontraremos mejores soluciones a la
problemática planteada.

Además, en la historia deberíamos incluir un hecho al que no he hecho
demasiada referencia, deberíamos incluir lo que ha ocurrido en
comunidades autónomas con competencias transferidas. Se han comentado
los casos del País Vasco y Cataluña y después Andalucía, donde es
probable que también se hayan encontrado soluciones en un caso y no
en otro. Convendría -nosotros
lo haremos- trabajar en ese análisis para ver qué ha ocurrido en
Cataluña y en el País Vasco para que la situación sea algo diferente,
a lo mejor también por su propia dimensión. El caso de Cataluña no es
comparable al de la Administración del Estado en este momento. Yo
creo que convendrá trabajar en el análisis. En estos momentos estamos
trabajando. Evidentemente, es el Ejecutivo el que tiene que plantear
una solución al Parlamento. La primera cuestión, a mi modo de
entender, es que la solución deberá pasar por el Parlamento, tendrá
que traerla el Ejecutivo aquí, y en estos momentos se está trabajando
en el seno del Ministerio de Sanidad juntamente con el Ministerio de
Administraciones Públicas. Está claro que el problema y la búsqueda
de la solución afecta también al Ministerio de Administraciones
Públicas, que está totalmente implicado y con el cual nos estamos
reuniendo de forma continua en busca de esa solución. Y las
soluciones, contestando globalmente y pasando de unas de sus
aportaciones a otras, deberán ser globales para el conjunto de
trabajadores del sistema y no soluciones parciales o que no den
respuesta al conjunto de la problemática.

Respecto a con quién se negocia, se negocia en estos momentos con
quien se deba en todos los ámbitos. El primer ámbito sería el de la
mesa sectorial. Se ha hecho alguna referencia al acuerdo de 23 de
noviembre de 1999, por el cual se acordaba una tasa de interinidad
para el año 2002 del 3 por ciento. Es verdad que para cumplir
acuerdos no solamente hace falta voluntad de hacerlo, sino que hacen
falta instrumentos y una de las cuestiones que nos trae hoy aquí es
precisamente la dificultad de sus propios instrumentos. En ese
sentido, le puedo garantizar que la voluntad de cumplir esos acuerdos
sigue existiendo, sigue vigente y tendremos que ver cómo se pueden
reformar o mejorar los instrumentos para que los acuerdos se puedan
cumplir. Seguimos interesados en llegar a acuerdos con la mesa
sectorial, cómo va a ser de otra forma, pero es verdad que en una
convocatoria de huelga estamos obligados a negociar con el comité de
huelga y, por tanto, la negociación es diferente en el ámbito de la
mesa sectorial que con el comité de huelga, que, como saben, es el
que nos obliga.

No he hecho referencias al momento actual de la huelga por una razón,
y es que para nosotros la suspensión de la huelga -que es lo que
anunciaron los medios, no nosotros- no es un acto a considerar desde
el punto de vista legal. La suspensión de la huelga, en todo caso, es
un gesto por parte de la plataforma, pero no un acto legal en sí
mismo. Lo que nosotros hemos estado pidiendo siempre es la
desconvocatoria de la huelga, dado el nivel de avance en las
aportaciones que hacía a la solución del conflicto el Insalud. Por
tanto, bienvenida sea la suspensión de la huelga, pero de alguna
forma es lo que facilita que nos sigamos sentando a negociar y nos
hemos sentado siempre. Hoy se estáofreciendo a los interinos la
posibilidad de sentarse con



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nosotros y ver la problemática global de los movimientos producidos
por la toma de posesión de los propietarios, y así lo seguiremos
haciendo durante esta tarde. Pero la suspensión de la huelga
anunciada por los medios no es en sí mismo algo de carácter legal que
nosotros podamos atribuirnos en cuanto a la solución del conflicto,
sino un paso más de aproximación para sentarnos y seguir hablando.

Se ha hecho referencia también a lo que ha publicado algún medio
sobre laboralización, e incluso me ha planteado el señor Arola la
hipótesis de que hayamos hecho una oferta de laboralización. Lo
primero quizá lo he leído yo también; no lo he dicho pero lo he
leído. O digamos que no lo he dicho exactamente. Una cosa es que se
puedan entrever de lo que son las negociaciones o de lo que serían
las voluntades las aproximaciones o las alternativas que cualquiera
pueda plantear, pero no se han planteado formalmente. En todo caso,
creo que se debería debatir en el Parlamento en el momento oportuno
cualquiera de las alternativas antes que cualquier oferta que no se
ha hecho.

Decíamos que la mesa sectorial es un ámbito de negociación paritaria
importantísimo en la búsqueda de soluciones, pero pensemos que esa
mesa sectorial tiene también enormes dificultades porque el
agotamiento de los instrumentos es probablemente uno de los elementos
que dificulta los avances dentro de la mesa sectorial, o de hecho la
situación de que muchos de los colectivos no se sientan representados
adecuadamente a la hora de la negociación. Evidentemente, cualquiera
que se encuentre en trámites de gestión desea interlocutores
legítimos que representen adecuadamente a su colectivo. Digamos que
eso añade dificultad para encontrar soluciones que no lesionen
intereses y que por tanto puedan ponerse en común en la medida de lo
posible.

Aparte del ámbito que hemos comentado (mesa sectorial), el ámbito de
trabajo del propio Ejecutivo con el Ministerio de Administraciones
Públicas y el ámbito parlamentario, como he comentado, se tiene que
trabajar también con las comunidades autónomas. El día 24 se lleva al
ámbito de las comunidades autónomas, tanto a las transferidas como a
las no transferidas, la problemática. El día 24 no se va a llevar una
solución sino que intentaremos ilustrar el debate para la mejor
búsqueda de una solución. Dentro de la problemática en la propia
negociación de la huelga ha estado precisamente evitar soluciones
aisladas, como comenta el señor Arola. Es una enorme dificultad
(usted lo ha comentado también) por el hecho de la autonomía de
gestión o de la descentralización. Es conocido que existen acuerdos,
incluso locales o de comunidades autónomas, que pueden ser diferentes
en temas de calado de los acuerdos entre comunidades autónomas o de
algún tipo de acuerdo a nivel de mesa sectorial. El problema de los
médicos interinos es un problema que requería la centralización de
determinadas decisiones, si no se podía
caer en cierta arbitrariedad o en cierta iniquidad en la solución. De
ahí que se haya centralizado la decisión sobre la reubicación de
interinos para que de esa forma pudiéramos evitar en la medida de lo
posible agravios dentro del colectivo. De alguna forma, por tanto, la
autonomía que podían tener y que seguirán teniendo los hospitales en
un futuro próximo queda en estos momentos sometida a la evaluación de
la Dirección General en cuanto a reubicación de interinos se refiere.


Aparte de haber mostrado torpeza o empecinamiento, como usted
comentaba, espero haber demostrado también voluntad en especial en la
búsqueda de soluciones. Está claro que es voluntad del Gobierno
encontrar el mayor grado de consenso para hallar la solución. En
absoluto se plantea la mayoría absoluta como uno de los instrumentos
para la solución del problema de los interinos. Me parece que está
claro por el propio análisis que eso no sería posible. En ese
sentido, la solución que se apuntaba será planteada por el Ejecutivo
al Parlamento; una solución que, a mi modo de ver, tendrá que ser de
carácter legislativo, con el mayor grado de consenso posible,
extraordinaria y negociada en todos los ámbitos. (El señor Arola
Blanquet pide la palabra.)



El señor PRESIDENTE: Dígame, señor Arola.




El señor AROLA BLANQUET: Señor presidente, solicito de su
benevolencia un breve turno de réplica.




El señor PRESIDENTE: Turno de réplica, no. Si lo estima oportuno
puede hacer alguna aclaración puntual, pero turno de réplica en
ningún caso porque no existe, como S.S. sabe perfectamente puesto que
conoce el Reglamento. Lo que sí le pido es que no abuse del tiempo
teniendo en cuenta la hora que es y lo que nos queda todavía. Tiene
la palabra por un tiempo de dos minutos.




El señor AROLA BLANQUET: Muchas gracias, señor presidente.

Señor director general, no es que hayamos avanzado mucho más en su
réplica. ¿Por qué no estudia la solución de Castilla y León, por
ejemplo, reconocida por el Tribunal Constitucional, ante una
situación de excepcionalidad? No sé si es la misión de este grupo
darles a ustedes soluciones, pero estúdienlo.

En segundo lugar, por favor no lleven al Consejo Interterritorial,
según sus propias expresiones, la problemática; intenten llevar las
soluciones porque allí conocen bien la problemática.

Lamento las declaraciones de la ministra esta mañana en el Senado.

Hay una cosa que está clara, dice el refrán que si uno no quiere dos
no se pelean; pero es que además si uno no quiere dos no se ponen de
acuerdo. Por tanto, yo creo que, aunque parezca mera suspensión, es
un elemento que tiene que impulsarles a ustedes a negociar, como ha
parecido desprenderse de



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sus palabras. Por favor, negocien, aporten soluciones y esta vez no
se equivoquen. (El señor Zambrano Vázquez pide la palabra.)



El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Zambrano.




El señor ZAMBRANO VÁZQUEZ: Una pequeña intervención para decirle al
portavoz del Grupo Socialista que la oferta de Castilla y León nos la
habían planteado ya los interinos. La conocíamos suficientemente. Lo
digo porque si ésa fuese la solución a lo mejor el problema estaba
resuelto.




PREGUNTAS:



- DE LA SEÑORA VALENTÍN NAVARRO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA,
SOBRE PREVISIONES DEL INSALUD RESPECTO AL SERVICIO DE NEUROCIRUGÍA
DEL COMPLEJO HOSPITALARIO DE ALBACETE. (Número de expediente 181/
000406)



El señor PRESIDENTE: Pasamos al turno de preguntas.




Pregunta de la señora Valentín Navarro, sobre previsiones del Insalud
respecto al servicio de neurocirugía del complejo hospitalario de
Albacete. Tiene la palabra la señora Valentín.




La señora VALENTÍN NAVARRO: Señor director general del Insalud,
traigo esta cuestión a la Comisión de Sanidad porque se produce una
alarma social y una gran preocupación no solamente en la provincia de
Albacete, a la cual estoy en este momento representando, sino también
en provincias limítrofes de CastillaLa Mancha cuando a principios de
año el servicio de neurocirugía del hospital general de Albacete, en
cuestión de 15 días, pasa de tener cuatro profesionales a quedarse
solamente con uno. Esto, desde mi punto de vista, se enmarca dentro
de un desarrollo del complejo hospitalario de Albacete que
consideramos que no es el deseado, que tiene problemas todavía no
resueltos, que tiene una notable carencia de inversión en alta
tecnología, una insuficiente dotación en recursos humanos y en el que
se opta en exceso por la derivación de pacientes a centros privados
concertados, por ejemplo, cuando hace falta hacer una prueba
diagnóstica tan común en estos momentos como es la resonancia nuclear
magnética o para servicios como cirugía cardiaca o neurofisiología.




El hospital general de Albacete tendría que ser en estos momentos el
futuro hospital universitario por la existencia de la Facultad de
Medicina en la ciudad de Albacete; tendría que dotarse de alta
tecnología y de nuevos servicios -repito-, y lo que ocurre, es que el
servicio de neurocirugía, con diez años de existencia,
se ve abocado casi a la desaparición a principios de enero de este
mismo año. Este servicio empezó a funcionar en enero de 1991. Da
cobertura no solamente a la provincia de Albacete, sino también a la
de Cuenca y a parte de la de Ciudad Real. Ha estado cumpliendo la
función de único servicio regional de referencia hasta que se
implantó el de Toledo y ha cubierto una necesidad que estaba
ampliamente demandada por nuestra sociedad, ya que la atención, más
allá de la asistencia programada, va dirigida a problemas
neuroquirúrgicos, atendiendo las urgencias que se derivan de
accidentes de tráfico y accidentes laborales que precisan de esa
asistencia inmediata. Desde su creación, este servicio ha atendido a
más de 4.500 pacientes, de ellos 1.200 precisaron atención urgente
derivada de accidentes de tráfico, en su gran mayoría, y la
disminución de la mortalidad y la mejora de la calidad de vida de
muchos de los accidentados en nuestra provincia ha sido posible,
precisamente, gracias a la existencia de esta unidad y al buen hacer
de sus profesionales.

Desde el punto de vista de la actividad programada, también ha
resuelto gran cantidad de problemas importantes, como pueden ser
tumores cerebrales, problemas de columna, tanto para pacientes de
nuestra provincia como de las limítrofes, como decía anteriormente.

El día 3 de enero se produce una situación extraña y es cuando la
noticia salta a la opinión pública. Hay reacciones por parte de
sindicatos, de profesionales, de los ciudadanos de la provincia de
Albacete que muestran su malestar y su preocupación, sobre todo,
porque el servicio que el día 15 de diciembre estaba integrado por
cuatro facultativos, solamente era de uno el día 31 de diciembre. En
aquellos momentos, y quiero denunciarlo públicamente, la gerencia y
las autoridades sanitarias provinciales no estuvieron a la altura,
desde el punto de vista de la urgencia, en la toma de decisiones que
esperaban los ciudadanos de Albacete. El gerente estaba de vacaciones
y el responsable provincial del Insalud tardó bastante tiempo en
salir a explicar a la opinión pública por qué se había dado esta
circunstancia y, sobre todo, por qué desde la dirección médica del
complejo hospitalario de Albacete se mandaba una circular al servicio
de neurocirugía en la que se les comunicaba que era imposible atender
ningún caso, ni urgente ni programado -leo textualmente-, que precise
asistencia neuroquirúrgica debido a problemas en nuestra plantilla de
neurocirujanos. Por ello, te ruego se vehiculicen hasta nueva orden
los citados pacientes a otros hospitales que tengan servicio de
neurocirugía en otra provincia.

La respuesta de los profesionales fue inmediata. Pusieron sobre la
mesa posibles soluciones, sobre todo, pensando en aquellos ciudadanos
a los que hay que atender cuando lo requieran en este servicio.

Además, ha cumplido durante esta época y ha desarrollado un trabajo
que puede ser comparado con cualquier otro servicio de neurocirugía
del país, incluso con mejores



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rendimientos que algunos servicios dotados con mayores recursos
humanos y materiales.

Señor director general, me gustaría escuchar si es que el Insalud
tiene la solución a este problema, cómo se puede resolver y de qué
manera se puede dotar con el mismo personal que este servicio tenía
el 15 de diciembre, cómo se puede resolver que la lista de espera,
que en este momento está prácticamente en un año, no siga creciendo y
se desborde con los perjuicios que les causa a los ciudadanos que
están esperando una solución a su problema. Conozco los problemas que
han surgido. El problema de la falta de profesionales neurocirujanos
lo conozco, pero también le quiero plantear que desde el Ministerio
se tiene que tener previsto, cuando se hacen las convocatorias vía
MIR, cuáles son las carencias de especialistas que se están
detectando en los distintos territorios de las diversas comunidades
autónomas. Además, quiero que valore la propuesta que los
trabajadores profesionales del servicio de neurocirugía le hicieron a
la gerencia del hospital y que fue rechazada.

Quiero que me explique por qué no puede ser viable esa propuesta de
autoconciertos que los profesionales de servicios le plantean a la
gerencia y al director provincial del Insalud de Albacete. No me
sirve la respuesta que les dieron de que para autoconciertos hay 30
millones, si no recuerdo mal, y para conciertos con clínicas privadas
hay 150 millones. Esa es la razón por la que están derivando en estos
momentos todas aquellas patologías de neurocirugía que no son graves
a las clínicas privadas. Me gustaría se restaurara el normal
funcionamiento de este servicio, que se vuelva a atender otra vez a
ciudadanos de provincias limítrofes porque es un servicio de
referencia regional y, sobre todo, me gustaría que, hasta que se
encuentre aquellos profesionales que puedan cubrir las plazas que
están vacantes, se tuviera voluntad de solucionar el problema que
tienen los profesionales y al parecer no tiene la Gerencia y la
dirección provincial del Insalud de Albacete.




PRESIDENTE:
El señor Señor director general.




El señor DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD, INSALUD
(Bonet Bertomeu): Señoría, el complejo hospitalario de Albacete tiene
entre sus actividades y servicios la especialidad de neurocirugía
como servicio de referencia y las previsiones del Insalud, en
relación con el citado servicio, es que desarrolle su labor
asistencial con los recursos necesarios, ofreciendo unos servicios de
calidad a todos los ciudadanos. El problema, como usted ha dicho y
conoce, ha estado basado en las dificultades para tener cubierta
totalmente la plantilla del servicio por no encontrar especialistas
en neurocirugía con disposición para trasladarse a Albacete. El
Insalud ha realizado todas las actuaciones posibles para tratar de
incorporar especialistas a este servicio. El problema
está en parte paliado. Esperamos que en breve plazo esté totalmente
solventado y este servicio de neurocirugía de Albacete tenga su
plantilla al completo.

Este servicio está manteniendo, desde el 15 de enero de 2001, la
siguiente oferta asistencial: asistencia especializada médico-
quirúrgica a pacientes que requirieran la atención urgente;
asistencia especializada a pacientes hospitalizados, actividades
quirúrgicas programadas y asistencia especializada con la oferta de
tres consultas externas por semana. Con el fin de regularizar
e incrementar la oferta asistencial en esta especialidad en el complejo
hospitalario de Albacete, se han adoptado las siguientes medidas:
Diseño de un plan especial para aumentar de tres a cinco la oferta de
consultas externas a la semana y continuar con las actuaciones
oportunas encaminadas a incrementar el número de especialistas en
neurocirugía, que evite que se produzcan situaciones como las
señaladas.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Valentín Navarro.




La señora VALENTÍN NAVARRO: Señor director general, me gustaría
saber, si nos lo puede anticipar como máximo responsable del Insalud,
cuándo se puede solucionar el problema de personal que tiene el
servicio de neurocirugía, porque en estos momentos tiene la mitad de
lo que tenía el día 15 de diciembre. En estos momentos está
funcionando con dos profesionales de los cuatro que el día 15 de
diciembre tenía. Si las cosas siguen funcionando es precisamente por
la voluntad, y no me cabe la menor duda, de los profesionales, tanto
del jefe del servicio como del neurocirujano, que se incorporaron
recientemente para mantener esa actividad que usted relataba. Pero me
gustaría saber cuándo se van a dejar de derivar todas esas patologías
menos urgentes a las clínicas privadas, en qué fecha aproximadamente,
porque en aquellos momentos los responsables del Insalud nos
comunicaron que en torno al mes de marzo se iba a completar el cuadro
de facultativos que iban a estar en el servicio de neurocirugía. Me
gustaría saber también si tienen alguna previsión respecto a la
dotación de medios materiales para que las intervenciones quirúrgicas
se puedan hacer en el menor tiempo posible, de los que, por cierto,
carece todavía el servicio de neurocirugía.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra le señor Bonet.




El señor DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD, INSALUD
(Bonet Bertomeu): El problema actual del servicio de neurocirugía es
la disminución brusca que se produjo en su plantilla en el mes de
diciembre y la dificultad precisamente en esa época del año de
encontrar especialistas; dificultad que es general en el año, pero
que se minimiza cuando termina una promoción MIR. Por tanto, si la



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oferta es complicada de cubrir en todo momento por no encontrar
especialistas dispuestos a desplazarse a Albacete, es más complicada
justo antes de que se produzca la salida de los MIR. Sabe S.S que en
el mes de diciembre, cuando se produjo el problema, y por tanto hubo
dificultades serias para encontrar a los especialistas, se contactó
con directivos de otros hospitales y con la Sociedad Española de
Neurocirugía, incluso se intentó desde la dirección general encontrar
especialistas que pudieran estar en disposición, aunque fuera
temporal, de desplazarse a Albacete. Además, desde la dirección
general se dictaron instrucciones para que ningún hospital dotado
adecuadamente en el territorio nacional bajo la competencia del
Insalud contactara neurocirujanos y, por tanto, cualquier oferta de
empleo en neurocirugía en cualquier hospital del territorio Insalud
tenía que ser previamente conocida por la dirección general para
poder reconducirla hacia el hospital de Albacete. Eso se hizo en la
fase aguda, tanto los contactos con los hospitales como con la
Sociedad de Neurocirugía. El 30 de abril sale la promoción MIR y se
estará al tanto para poder ofrecer adecuadamente las plazas en
Albacete y cubrir el servicio.

En cuanto a la lista de espera, la demora de un año me imagino que se
refería a la demora máxima. La demora máxima no llega al año, pero en
esos momentos sería la más preocupante. En cuanto tengamos
restablecida la plantilla, se intentará recuperar la actividad y las
esperas en lo que serían los tiempos razonables. En estos momentos la
demora media estaría en 138 días y no en el año. No obstante, se
seguirán haciendo los esfuerzos pertinentes para mantener el servicio
de neurocirugía dotado adecuadamente. (La señora Valentín Navarro
pide la palabra.)



El señor PRESIDENTE: ¿Para qué solicita la palabra, señora Valentín?



La señora VALENTÍN NAVARRO: Porque no es de recibo que respecto a las
listas de espera se estén utilizando permanentemente términos que
están desvirtuando lo que es la realidad. Yo no sé si es demora
máxima o media, lo que sí sé es que la gente de la provincia de
Albacete está esperando un año para que la citen al servicio de
neurocirugía. Me gustaría que esos datos los comprobara el director
general del Insalud, si es que no los tiene.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Bonet.




El señor DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD, INSALUD
(Bonet Bertomeu): La terminología es algo que sale de forma
recurrente. Es verdad que la terminología, que puede gustar o no,
tiene ya un amplio consenso y permite explicarles a los ciudadanos la
diferencia entre espera media tras ser operado, demora media mientras
está en
la lista y demora máxima. Desde luego, la demora máxima no es la que
esperan todos los ciudadanos gracias al magnífico sistema sanitario
público que tenemos. Por tanto, no es nuestra intención introducir
más conflicto en la hipótesis de que en algún caso algún ciudadano,
por circunstancias determinadas en el servicio, deba confundir el
conjunto de la demora en la lista de espera. La demora máxima está en
310 días para consulta y se tiene que mejorar claramente. No
obstante, no es lo mismo decir eso que decir que todos los ciudadanos
deban esperar 310 días para ser atendidos.




- DE LA SEÑORA VALENTÍN NAVARRO (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA),
SOBRE PREVISIONES DEL INSALUD RESPECTO A LA UNIDAD DE ATENCIÓN
TEMPRANA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SANTA CRISTINA, DE MADRID.

(Número de expediente 181/000427)



El señor PRESIDENTE: Pasamos a la siguiente pregunta: Previsiones del
Insalud respecto a la unidad de atención temprana del hospital
universitario Santa Cristina, de Madrid. Ha sido formulada por la
señora Valentín Navarro.




La señora VALENTÍN NAVARRO: Traigo esta pregunta porque me trasladan,
tanto los profesionales que integran esta unidad como las propias
familias (los padres de los niños que son tratados en este equipo
interdisciplinar de atención temprana del hospital universitario
Santa Cristina, dependiente del Insalud de Madrid), su preocupación
por la posible desaparición de la unidad como tal. (El señor
secretario, Gutiérrez Molina, ocupa la presidencia.)
El libro blanco de atención temprana, que se publicó en el año 2000
por el Ministerio de Asuntos Sociales y el Real Patronato de
Prevención y Atención a Personas con Minusvalías, define precisamente
que es el conjunto de intervenciones dirigidas a la población
infantil de cero a seis años, a la familia y al entorno que tienen
por objetivo dar respuesta lo más pronto posible a las necesidades
transitorias o permanentes que presentan los niños con trastornos en
su desarrollo o que tienen el riesgo de padecerlos. Continúa el libro
blanco diciendo: Estas intervenciones, que deben considerar la
globalidad del niño, han de ser planificadas por un equipo de
profesionales de orientación interdisciplinar o trasdisciplinar.

Precisamente nos encontramos ante un equipo que tiene su origen en el
año 1974, en el que un grupo de psicólogas inicia con carácter
voluntario un trabajo de investigación sobre estimulación precoz con
niños prematuros, que luego se extiende a niños con síndrome de Down
y semiología de alarma neurológica.

Estas profesionales (que inician este trabajo en el año 1974)
desarrollan una tarea asistencial, en un principio



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-en el año 1979- recibiendo subvenciones que el propio hospital
obtuvo del Seren y luego del Inserso, pero a lo largo de los años se
vio la necesidad de incluir profesionales de otras disciplinas,
fisioterapeutas y logopedas, precisamente para llevar a cabo esa
atención integral de los niños prematuros; en el año 1982, los padres
crearon una asociación de necesitados de atención precoz, y en el año
1987 el hospital ofertó plazas de atención temprana, en concurso-
oposición, y se constituyó la primera unidad de atención temprana,
con un equipo interdisciplinar, en un servicio de noenatología, que
posteriormente pasó a formar parte del Insalud.




El equipo profesional de atención temprana del hospital universitario
Santa Cristina no solamente realiza esa labor asistencial, sino que
también ha realizado, y sigue realizando, una labor docente, tanto
intrahospitalaria como extrahospitalaria. Esta unidad atiende a niños
que presentan trastornos del desarrollo psicomotor, desde su
nacimiento hasta los tres años de edad, y no solamente prestan
atención a los niños, sino que hacen una magnífica labor de atención
psicológica y social a las familias. Después del alta de
hospitalización neonatal, los niños que siguen necesitando el
tratamiento son atendidos, desde el punto de vista ambulatorio, en
esta unidad, con un abordaje integral, recibiendo tratamiento según
sus necesidades. La unidad se coordina, además, con otros centros y
con otros equipos externos al hospital, que prestan alguna atención
a los niños tratados. Los pediatras, el neonatólogo y el psicólogo
llevan el seguimiento durante el tratamiento, y también se hace una
importante labor de integración de estos niños cuando salen del
hospital y están en edad de acudir a las escuelas infantiles,
coordinando directamente con los profesionales de los equipos de
atención temprana que tienen que asistir a estos niños.

A mí me gustaría que quedara absolutamente claro la importancia de la
atención temprana en un servicio de neonatología y la importancia de
la labor que está haciendo esta unidad de atención temprana en el
hospital universitario Santa Cristina, pero lo que me gustaría, sobre
todo, es que quedara absolutamente claro que esta importancia no la
resalto yo ni la resalta usted, como director del Insalud, sino que
la resaltan las familias, los padres y las madres de los niños que
han sido atendidos, y que siguen siendo atendidos, en esta unidad
y que cuando tuvieron conocimiento de la posible desaparición de esta
unidad de atención temprana se movilizaron, a través de la
publicación de cartas y de escritos en los medios de comunicación,
como ésta, que creo que es la más definitoria de la importancia de la
tarea que está haciendo esta unidad. Se publicó en El País el día 4
de febrero de 2001 y dice así: Hace cuatro años y medio nació mi hijo
Diego en el hospital Santa Cristina de Madrid: 33 semanas, 1.700
gramos de peso, sufrimiento fetal; no respiraba. Su supervivencia era
más que dudosa. En manos del servicio de neonatología
del hospital, mi hijo superó sus problemas de nacimiento y hoy es
un niño sano y feliz. Para mí es un milagro; para ellos, su trabajo.

Para mí fueron 40 días; para ellos, cada día de muchos años. La
eficacia del servicio sólo se entiende por el equipo humano, médicos,
ATS, auxiliares, logopeda, psicóloga, fisioterapeuta, todo un equipo
magnífico, eficaz y experimentado. ¿Cómo pretenden desmontarlo ahora?
Mi pregunta, señor director general del Insalud, es ésta. Me gustaría
que usted nos confirmara que este servicio no va a desaparecer; que,
con independencia de las obras que están realizando en el hospital,
esta unidad no se va a desmantelar. Aunque tenga que trasladarse
a otro hospital, con servicio de neonatología, creo que seguiría
llevando a cabo la magnífica labor y la tarea que están realizando.

En nombre de los muchos niños y niñas atendidas y de sus familias, le
pediría que nos explicara qué va a ocurrir con esta unidad.




El señor SECRETARIO (Gutiérrez Molina): Señor director general.




El señor DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD, INSALUD
(Bonet Bertomeu): Señorías, señora Valentín, las previsiones que el
Insalud tiene en relación con la unidad de atención temprana es que
siga prestando, en las mejores condiciones, unos servicios tan
especializados y de tan alta calidad como lo viene haciendo desde su
creación en el año 1975.

La unidad de atención temprana será trasladada al hospital del Niño
Jesús, de Madrid. El hospital Santa Cristina, en el que actualmente
está ubicada, está inmerso en un programa de reforma total de gran
envergadura. El hospital del Niño Jesús, por su carácter pediátrico
de referencia, es el centro más adecuado y en él se garantiza una
atención integral a los niños; además, estará asegurada la
continuidad de cuidados que actualmente tienen los que vienen siendo
tratados en esta unidad.

Nuestra preocupación ha sido en todo momento la misma que refleja
usted en su pregunta: la atención reconocida por los ciudadanos. La
labor prestada por los profesionales, reconocida por ciudadanos y
desde luego por la dirección general del Insalud, se mantendrá en su
nueva ubicación.




El señor SECRETARIO (Gutiérrez Molina): Señora diputada.




La señora VALENTÍN NAVARRO: Simplemente, quiero decirle que me alegro
enormemente de que la dirección general del Insalud confirme que esta
unidad no desaparece, que esta unidad no se desmantela, que se va a
seguir prestando estos servicios en un hospital que tenga un centro
maternoinfantil. (El señor presidenteocupa la Presidencia.)



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Me gustaría terminar con un ruego. Efectivamente, esta unidad hace
una labor magnífica y creo que se tendría que estudiar por parte del
Insalud la posibilidad de ampliar este tipo de unidades en algún otro
hospital de la red del Insalud, sobre todo por el beneficio que pueda
suponer para los niños prematuros, y por esa función que hacen desde
el punto de vista preventivo, que creo que es lo más importante.




- DEL SEÑOR AROLA BLANQUET (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA), SOBRE
MEDIDAS PARA PERMITIR Y FACILITAR LA LIBRE ELECCIÓN DE HOSPITAL.

(Número de expediente 181/000538)



El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta formulada por el señor
Arola Blanquet, que tiene la palabra.




El señor AROLA BLANQUET: Señor presidente, dése por formulada
directamente.




El señor PRESIDENTE: Cuando quiera, puede contestar el señor director
general del Insalud. La pregunta, como conoce, se refiere a las
medidas para permitir y facilitar la libre elección de hospital.




El señor DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD, INSALUD
(Bonet Bertomeu): Señorías, de acuerdo con el anuncio de la ministra
de Sanidad y Consumo efectuado en esta misma Comisión el pasado 22 de
febrero, el Insalud ha puesto en marcha -desde el pasado lunes, 19 de
marzo- el programa Avance, en el cual la libre elección de hospital
es una más de las medidas contenidas en este programa, que se ha
diseñado para reducir la demora quirúrgica en los hospitales.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Arola.




El señor AROLA BLANQUET: Señor Bonet, tiene usted, en sus primeras
intervenciones, la habilidad de aumentar mis dudas en vez de
solucionarlas.

En principio, nosotros no nos oponemos a la libre elección de
hospital, lo que queremos saber es cómo (supongo que esto me lo va a
contestar usted después), porque la libre elección de hospital por la
que yo le pregunto ya la anunció la señora ministra en su primera
comparecencia en esta Comisión. Pero si es a partir del 19 de marzo
cuando ustedes se plantean ir avanzando en esta medida; me imagino
que me podrá aclarar alguna duda.

Cuando hablamos de libre elección de hospital, ¿lo enmarcamos sólo en
el problema de las listas de espera, o es más amplio el concepto,
como parecía en un principio? ¿A qué ámbito se circunscribe, por
ejemplo,
dentro de una comunidad autónoma, a sus hospitales de referencia,
incluso a los servicios de no referencia que puedan estar dentro del
propio hospital? ¿Hablamos de hospitales de referencia a nivel
nacional, en cuanto a la libre elección que podrá hacer el ciudadano?
¿Cómo se piensa regular? Tenemos las transferencias, según parece, a
la vuelta de la esquina, y habrá que dejar claros estos conceptos. Un
ejemplo de la situación actual -y supongo que usted comprenderá por
qué le hablo de Aragón- lo tenemos en la provincia de Zaragoza, en la
que en un pueblo llamado Tarazona, en el que vio la luz un
ilustrísimo y excelentísimo diputado del Grupo Popular, existía el
viejo problema de que había un hospital a 4 kilómetros, en Tudela,
Navarra, Comunidad Foral, y se ha necesitado al menos el acuerdo de
las tres administraciones implicadas para poder utilizar ese
hospital, como supongo que usted conoce. Usted sabe que las urgencias
de Fraga se atienden en Lérida pero después hay que ir a Barbastro.

Por lo tanto, yo creo que se requerirá la atención y el estudio del
Insalud para establecer los criterios, por ejemplo, de accesibilidad
o científicos, porque me imagino que no se puede dejar simplemente a
criterios personales, pero eso es sólo lo que yo imagino. Reitero mi
pregunta de si el concepto está relacionado con las listas de espera
y de cómo puede abordar el Insalud, vista además la posibilidad de
transferencias, la repercusión económica, es decir, cómo se compensa
el gasto entre administraciones distintas o entre hospitales aún
dependientes de la red Insalud. También quisiéramos saber si tendrá
el mismo tratamiento por desplazado, porque conocemos las
reivindicaciones, que usted también conoce, de Cataluña y Valencia,
fundamentalmente, y también las de Madrid. En cuanto a los problemas
de transporte, yo creo que el récord está en ambulancias que se paran
en el límite de la comunidad autónoma: la una la saca y la otra la
entra -y no estoy haciendo ningún chiste-. Finalmente, le preguntaría
qué estudios se están realizando para poder abordar esta
problemática. Ya ve usted por el tono de mi intervención que lo que
recabamos fundamentalmente es información y quedo a la espera de la
misma.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor director general del
Insalud.




El señor DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD, INSALUD
(Bonet Bertomeu): Señorías, la pregunta genérica tendría difícil
respuesta. En la medida en que es una propuesta genérica, se propone
avanzar -déjenme que lo interprete de esta forma- hacia mayores cotas
de capacidad de elección de los ciudadanos, pero que se concreta hoy
-y de ahí la respuesta quizá un tanto lacónica- en el programa Avance
en lo referido a listas de espera. Para el resto debo confesarle que,
en el entorno actual tanto temporal como de diversos escenarios
territoriales,



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plantear hoy la libre elección es complejo no sólo por la necesidad
de arbitrar medidas respecto a la temporalidad de la transferencia y
ver qué comunidades autonómas se van desgajando del Insalud, sino
porque además podríamos estar generando una expectativa justamente en
el momento en que se hace la transferencia a la comunidad autónoma y
estaríamos, por tanto, entrando en su ámbito de competencias. En ese
sentido, la respuesta se planteaba, efectivamente, como un avance en
el programa de lista de espera para poder ofertar mejores
posibilidades a los pacientes y además vincularlas a los tiempos de
espera. A este respecto, el programa Avance que se les presentó
vinculaba diversos tiempos a partir de los cuales existía opción, en
primer lugar, dentro del hospital público o, como última opción,
superado también otro límite, pasar a un hospital concertado si no se
pudiera en el público oportuno. Por tanto, como digo, no deja de ser
de nuestro interés aumentar las cotas de elección, pero problemas
como los que usted plantea, en este momento y con las competencias de
las comunidades autónomas, serían difíciles de abordar en su
conjunto. Es verdad, no obstante, que los problemas que usted ha
comentado, como otros
-ya que en Calahorra, por ejemplo, también se recibe a la gente de
Navarra-, siguen siendo abordados yo diría que de la forma más
flexible hasta el momento. En este sentido esperamos que el programa
Avance produzca al menos una mayor libertad de elección, vinculada,
desde luego, a una mejor prestación en la lista de espera y consulta
externa de forma inmediata.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Bonet.

Finalizado el trámite de preguntas, y antes de levantar la sesión,
recuerdo a los miembros de la Mesa y portavoces que a continuación se
procederá por los mismos a calificar las enmiendas al articulado del
proyecto de ley que crea la Agencia española de seguridad
alimentaria; que a continuación se reúne la ponencia y que también
hay reunión de Mesa y portavoces para confeccionar el orden del día
de la próxima sesión de la Comisión, que se celebrará el día 4 de
abril.




Se levanta la sesión.




Era la una y cincuenta minutos de la tarde.