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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 192, de 21/03/2001
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2001 VII Legislatura Núm. 192
ECONOMÍA Y HACIENDA
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. SANTIAGO LANZUELA MARINA
Sesión núm. 15
celebrada el miércoles, 21 de marzo de 2001
ORDEN DEL DÍA:
- Comparecencia cuatrimestral del señor secretario de Estado de
Economía, de la Energía y de la Pequeña y Mediana Empresa (Folgado
Blanco), acordada por la Comisión, para informar sobre la coyuntura
de la economía española, previa remisión del informe correspondiente.
(Número de expediente 212/000110.). . . . (Página
5632)
Proposiciones no de ley:
- Relativa a medidas a tomar ante la asbestosis en los astilleros
públicos. Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto (Número de
expediente 161/000477.) . . . (Página 5653)
- Sobre actuaciones del Gobierno en relación con la situación de
crisis de la empresa Sintel.
Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de
expediente 161/000505.) . . . (Página 5658)
Se abre la sesión a las diez y cinco minutos de la mañana.
COMPARECENCIA CUATRIMESTRAL DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO DE
ECONOMÍA, DE LA ENERGÍA Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA (FOLGADO
BLANCO) ACORDADA POR LA COMISIÓN PARA INFORMAR SOBRE LA COYUNTURA DE
LA ECONOMÍA ESPAÑOLA, PREVIA REMISIÓN DEL INFORME CORRESPONDIENTE.
(NÚMERO DE EXPEDIENTE 212/000410)
El señor VICEPRESIDENTE (Eguiagaray Ucelay): Buenos días, señoras y
señores diputados. Vamos a dar comienzo a la sesión de la Comisión de
Economía y Hacienda, en cuyo orden del día tenemos en primer lugar la
comparecencia cuatrimestral del secretario de Estado de Economía, de
la Energía y de la Pequeña y Mediana Empresa, a quien doy la
bienvenida en nombre de todos ustedes para que informe sobre la
coyuntura de la economía española previa remisión del informe
correspondiente y que obra ya en poder de las señoras y señores
diputados.
Señor Folgado, cuando quiera, tiene usted la palabra.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE ECONOMÍA, DE LA ENERGÍA Y DE LA
PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA (Folgado Blanco): Permítame que mis primeras
palabras sean de condolencia a los familiares del fallecido en
atentado y expresar mi más absoluta y profunda condena a actos de
vandalismo que, como éste, no conducen a nada. Todos los españoles
tenemos que estar muy unidos en la defensa de la libertad, de la
democracia y de la vida.
Señor presidente, señorías, al mismo tiempo que saludo a los miembros
de esta Comisión de Economía en mi segunda comparecencia, comparezco
ante ustedes para informarles, tal como se ha solicitado, sobre la
evolución de la coyuntura económica a comienzos del presente año.
Como ya saben SS.SS., la economía española cerró el año 2000 con un
crecimiento medio del 4,1 por ciento, tres décimas superior al
previsto cuando se elaboraron los Presupuestos Generales del Estado
para el pasado ejercicio. Este año ha sido el cuarto consecutivo en
el que la economía española ha registrado tasas de crecimiento en el
entorno del 4 por ciento, alcanzándose el máximo del ciclo en el
último trimestre de 1999, con un aumento interanual del PIB del 4,2
por ciento. Este crecimiento se mantuvo en los dos primeros
trimestres del año 2000 produciéndose una moderación del crecimiento
en la segunda parte del mismo hasta una tasa del 3,8 por ciento en el
cuarto trimestre.
En este escenario actual de menor crecimiento económico, pero a su
vez más equilibrado, se puede destacar
la influencia que están teniendo, entre otros, los siguientes
factores: una menor pujanza de la demanda interna tras un largo
período de expansión en el que se han registrado niveles muy elevados
en algunos agregados, en particular en el consumo y especialmente en
el de bienes duraderos; el aumento de los tipos de interés ligado a
las presiones inflacionistas, motivadas fundamentalmente por el
encarecimiento de los precios de la energía; el deterioro en la
relación real de intercambio, motivado por el choque externo causado
por el alza de los precios del petróleo y la depreciación del euro;
por último, la necesidad de recomponer la tasa de ahorro de las
familias tras su descenso continuado en los últimos años. En todo
caso, el crecimiento en España sigue siendo elevado y superior al de
la Unión Europea, particularmente en lo que se refiere al empleo. En
el año 2000 el crecimiento del PIB superó al de la zona euro en siete
décimas y el del empleo aproximadamente en 1,5 puntos porcentuales.
Por otra parte, la composición del crecimiento se está haciendo más
equilibrada -esto es muy importante, señorías- al perder peso la
contribución de la demanda interna en favor de la externa. Esta
última presentó en los dos últimos trimestres del pasado año signos
positivos, después de dos años y medio de aportaciones netas
negativas. La causa es que las exportaciones españolas se comportaron
en el segundo semestre de 2000 mejor de lo que se había esperado
mientras que las importaciones se ralentizaron también más de lo
previsto debido a la pérdida de pulso de la demanda interna. En
consecuencia, el saldo neto exterior ha sido más favorable.
En términos de crecimiento, el balance del año 2000 ha sido también
muy positivo para la economía mundial y en particular para los países
industrializados. En concreto, en el área de la OCDE el crecimiento
del PIB fue del 4,3 por ciento, el ritmo más rápido de la última
década. No obstante, la evolución a lo largo del año presentó un
perfil desigual. En el primer semestre el ritmo de actividad registró
una aceleración en Estados Unidos y en la zona euro. En ese período
la principal preocupación se centró en la subida de la inflación
asociada al alza de los precios del petróleo, por lo que en ambos
lados del Atlántico continuaron los aumentos de los tipos de interés
de intervención iniciados en 1999. Además, el peligro inflacionista
aumentaba en Estados Unidos por la fuerte demanda interna mientras
que en la Unión Monetaria la inflación además del aumento de los
precios energéticos acusaba los efectos de la depreciación del euro
frente al dólar y el yen.
Conforme avanzaba el año, y en especial en el segundo semestre, se
intensificó la escalada de los precios petrolíferos, que en octubre
se situaron en el nivel más alto desde la guerra del Golfo, llegando
a rozar el precio del brent los 35 dólares barril, ante lo cual la
OPEP acordó un nuevo incremento de su producción en medio millón de
barriles día. A lo largo de 2000dicha organización aumentó cuatro
veces su producción
de crudo en un total de 3,7 millones de barriles día. Tras los
elevados niveles de mediados de año, el precio del brent cerró el
pasado año por debajo de los 23 dólares. En la reunión de la OPEP del
17 de enero se acordó una reducción de la producción de millón y
medio de barriles día para mantener los precios por encima de los 25
dólares, decidiendo recientemente una nueva reducción de un millón de
barriles día al debilitarse la demanda por la finalización del
invierno y la desaceleración, que también está siendo notable, del
crecimiento mundial.
En el segundo semestre la situación económica empezó a deteriorarse
de manera notable en Estados Unidos por la rápida desaceleración del
crecimiento en el cuarto trimestre, acentuada por la tendencia a la
baja del mercado bursátil iniciada en el segundo trimestre. En el
último tramo del año las señales de ralentización en Estados Unidos
se ampliaron y las condiciones de algunos segmentos del mercado
financiero se endurecieron considerablemente, por lo que la Reserva
Federal redujo en medio punto sus principales tipos de referencia
a comienzos de enero, otro medio punto a finales de dicho mes y
nuevamente en otro medio punto en el día de ayer.
En el último trimestre del pasado año el avance real del PIB fue sólo
del 1,4 por ciento -tasa intertrimestral anualizada-, oscilando las
previsiones para este año en un amplio margen en torno a una media
del 1,8 por ciento. En Estados Unidos se espera en términos generales
para 2001 que, tras un primer semestre débil, el clima económico
pueda recuperarse en el segundo por el efecto del descenso del precio
del dinero y del recorte impositivo anunciado por la nueva
Administración. Al igual que la fuerte expansión de Estados Unidos
actuó como amortiguador en la crisis de 1997 y 1998, esta
ralentización tendrá un efecto negativo sobre la economía mundial.
La magnitud de los efectos sobre los distintos países dependerá
principalmente del porcentaje de sus exportaciones con destino a
Estados Unidos, y por tanto las mayores repercusiones se registrarán
en las economías asiáticas y americanas. Sin embargo, los menores
niveles de los tipos de interés y de los precios del petróleo pueden
mitigar los efectos de la menor demanda de importación desde Estados
Unidos. El impacto directo sobre la zona euro será relativamente
moderado, pues sus exportaciones a Estados Unidos sólo representan en
torno al 2,5 por ciento del PIB. De hecho, podemos decir de alguna
manera, visto desde las cifras de sus transacciones exteriores, que
la economía europea es una economía cerrada, por cuanto solamente el
10 por ciento tiene relaciones con el exterior en cuanto a
exportaciones con relación al PIB, y a Estados Unidos es el 25 por
ciento, de ahí que sea en torno al 2,5 por ciento del PIB, como decía
anteriormente.
Como consecuencia de las dificultades de Estados Unidos, ya en el
tercer trimestre el crecimiento de la
zona euro -2,7 por ciento en tasa intertrimestral anualizada- superó
el de Estados Unidos por primera vez desde el cuarto trimestre de
1997, en plena crisis asiática. En la unión monetaria el clima
económico sufrió también un deterioro en el otoño por el aumento de
los precios del petróleo y el descenso de la cotización del euro,
pero finalizó el año con una mejora de la confianza de los
consumidores ante la favorable evolución de ambos factores. Así el
euro protagonizó una notable recuperación frente al dólar, cerrando
el año un 12,7 por ciento por encima del mínimo del 26 de octubre. No
obstante, desde mediados de enero esta tendencia se ha interrumpido,
lo que podría estar indicando la confianza de los inversores en una
rápida recuperación de la economía estadounidense, aunque
naturalmente se ciernen importantes dudas sobre la intensidad y la
duración de la fase de debilitamiento económico americano.
Volviendo a la economía española, la fuerte expansión de la actividad
en el año 2000 fue impulsada por el dinamismo de la demanda interna
privada, en contraste con el débil ritmo de avance del gasto público
y la negativa aportación del sector exterior. A lo largo del año, sin
embargo y como ya he señalado, señorías, la composición de
crecimiento tendió a equilibrarse, perdiendo impulso la demanda
interna y mejorando la contribución de la externa hasta convertirse
en positiva en los dos últimos trimestres.
Analizando los componentes de la demanda interna, los resultados de
la contabilidad nacional trimestral muestran una desaceleración del
consumo de los hogares desde una tasa de variación interanual del 5,1
por ciento en el primer trimestre de 2000 hasta el 2,8 por ciento en
el cuarto que es una desaceleración realmente importante. Así, el
agregado situó su crecimiento en la segunda parte del año por debajo
del correspondiente al producto interior bruto, tras haber presentado
tasas superiores durante aproximadamente dos años. Los indicadores
más recientes prolongan y acentúan esta tendencia a la moderación del
avance del consumo privado, que es particularmente patente en algunos
tipos de bienes como los automóviles, en que los niveles de ventas
son ya muy elevados tras los intensos crecimientos de los últimos
años.
Además hay que tener en cuenta que el aumento de los precios del
petróleo ha supuesto una pérdida de renta real para las familias, con
el consiguiente efecto sobre el consumo, y también que los hogares
españoles han reducido su tasa de ahorro en los últimos años de
aproximadamente el 14,5 por ciento a mediados de la pasada década, al
11,5 por ciento en el pasado año. Por tanto, la ralentización del
consumo, que previsiblemente se prolongará en 2001, puede llevar a la
recuperación de esta tasa de ahorro, lo que es positivo para
disminuir la presión sobre los precios y aumentar la financiación
interna de la inversión.
El otro componente de la demanda interna, la inversión en capital
fijo, siguió experimentando una notable expansión, como saben SS.SS.,
en 2000, con un ritmo de crecimiento medio de casi el 6 por ciento,
claramente superior al del PIB. En realidad, durante toda la segunda
mitad de los años noventa, a diferencia de lo que pasó en la primera,
la inversión ha crecido a un ritmo medio superior al 6 por ciento.
El perfil de la contabilidad nacional trimestral refleja sin embargo
una desaceleración de este agregado, que se explica fundamentalmente
por el componente de equipo. Por el contrario, la inversión en
construcción mantuvo hasta el cuarto trimestre tasas de variación más
elevadas y prácticamente estables, lo que se debió a que la mayor
actividad del subsector de obra pública en la segunda mitad del año
permitió contrarrestar el menor impulso en el subsector de
edificación, particularmente en el segmento residencial. Así, tras un
largo período de fuerte crecimiento, la demanda en este último
subsector está acusando las subidas experimentadas en los dos últimos
años por los tipos hipotecarios, la moderación del ritmo de avance de
la renta familiar a causa del choque petrolífero y el aumento de los
precios de la vivienda. Todo ello hace prever una prolongación en los
próximos meses de la pérdida de pulso de la demanda de viviendas, lo
que se confirma con la tendencia decreciente de los indicadores
anticipados.
Respecto a la inversión en equipo, tras la ralentización a lo largo
del pasado año se espera un retorno a ritmos de crecimiento más
elevados en los próximos meses. Hay que tener en cuenta el cambio en
la tendencia de los tipos de interés, la flexión a la baja de los
precios del petróleo y, muy importante, la situación financiera de
las empresas. Debo advertir aquí que el apalancamiento financiero
positivo de las empresas españolas en la actualidad, tal como se
refleja en la Central de balances del Banco de España, tiene unos
niveles positivos como no se conocían en los últimos años desde que
existe esa Central de balances del Banco de España. También hay que
tener en cuenta la necesidad de invertir por el alto nivel de
capacidad productiva utilizada, así como para aumentar la
productividad e introducir nuevas tecnologías en un entorno cada vez
más abierto y competitivo.
Desde la perspectiva de la oferta, todas las grandes ramas de
actividad contribuyeron positivamente al crecimiento económico en
2000, incluyendo la primaria, cuyo valor añadido bruto aumentó el 1,5
por ciento, en contraste con la caída del 3,1 por ciento que se había
producido en 1999.
Respecto a las ramas no agrarias, el crecimiento más elevado en el
pasado año correspondió a la energía -10,6 por ciento-, seguida de la
construcción -6,3 por ciento-, la industria -3,9 por ciento- y por
último los servicios el 3,6 por ciento. Si se exceptúa la energía, la
actividad tendió a moderar su ritmo de
aumento en la segunda parte del año en todas las ramas, debido a la
desaceleración de la demanda interna.
Por lo que se refiere al sector exterior, ya se ha señalado su
recuperación progresiva a lo largo del pasado año hasta una
contribución neta positiva de medio punto porcentual en el cuarto
trimestre. Las exportaciones de bienes y servicios crecieron en media
anual el 10,8 por ciento, ligeramente por encima de las importaciones
-10,4 por ciento-; sin embargo, en la segunda parte del año el ritmo
de avance de las exportaciones se intensificó hasta tasas superiores
al 11 por ciento, lo que unido a la ralentización de las
importaciones dio lugar a una aportación neta positiva, como decía
anteriormente, de medio punto porcentual en el cuarto trimestre.
Ahora bien, frente a este balance positivo en términos reales de las
operaciones con el exterior, su evolución en términos nominales ha
sido desfavorable. En efecto, el impacto del alza del petróleo
deterioró el resultado de las cuentas exteriores de nuestra economía,
dando lugar a un aumento de la necesidad de financiación exterior que
en el conjunto del año se situó en el 2,2 por ciento del producto
interior bruto, frente al 1,1 por ciento del año anterior. Esta mayor
necesidad de financiación procedió de la ampliación del déficit
comercial explicado en más del 80 por ciento por la mayor factura
energética neta. En su mayor parte, la necesidad de financiación de
la economía española se cubrió con entradas netas de capital
procedente del exterior y en menor grado con una disminución de
reservas, correspondiendo los mayores flujos de inversión a las
inversiones en cartera. Desde el punto de vista sectorial, el aumento
de la necesidad de financiación se localiza en el sector privado
donde el ahorro fue insuficiente para financiar su inversión.
Por lo que se refiere, señorías, al mercado de trabajo, el
crecimiento económico ha seguido generando un intenso aumento del
empleo, aunque en un contexto de cierta desaceleración. En el
conjunto del año 2000 y según la encuesta de población activa, los
ocupados aumentaron el 4,7 por ciento y los afiliados a la Seguridad
Social el 5 por ciento. En el cuarto trimestre estas tasas se habían
reducido moderadamente, 4,1 y 4,6 por ciento, respectivamente, debido
a la ya comentada desaceleración de la actividad. Sin embargo, los
datos más recientes referidos a las afiliaciones a la Seguridad
Social siguen reflejando un notable dinamismo en la creación de
puestos de trabajo. Al finalizar febrero, el número de afiliados en
alta laboral en la Seguridad Social era de 15.349.934, lo que supone
un aumento de 655.964 respecto a un año antes, y una tasa de
crecimiento del 4,5 por ciento e incluso una décima superior a la de
enero.
A nivel sectorial, el crecimiento más intenso de los ocupados según
la EPA correspondió en el pasado año a la construcción, 8,8 por
ciento, seguida de los servicios, 5,4 por ciento y la industria, 3,4
por ciento. Estas tasas superaron a las de 1999 en todos los casos
excepto
en la construcción. El empleo agrario por el contrario retrocedió el
2,5 por ciento, prolongando una tendencia a la baja que refleja entre
otros factores el envejecimiento de la población y los trasvases a
otros sectores.
Otro de los rasgos destacables de la evolución del mercado de trabajo
el pasado año fue el importante aumento de la población activa que
alcanzó según la EPA el 2,6 por ciento. Este ritmo de aumento de la
población activa es históricamente muy elevado y no se corresponde en
absoluto con el aumento vegetativo de la población activa, sino
simplemente como consecuencia de las expectativas de encontrar un
empleo habida cuenta la evolución del mercado de trabajo, es decir,
parte de la población que era potencialmente activa en años
anteriores que ha ido incorporándose al mercado de trabajo por
entender que la probabilidad de encontrar un empleo era mucho mayor.
Esta evolución no impidió una importante reducción del desempleo, si
bien su ritmo de caída fue inferior precisamente por eso al de 1999,
así la tasa de paro conservó la orientación a la baja que ha
mantenido en los últimos años, situándose como es sabido en el 13,6
por ciento de la población activa en el cuarto trimestre, tasa
inferior en 1,8 puntos porcentuales a la registrada a finales de
1999.
Por su parte, el paro registrado en las oficinas del Inem también
mantuvo su sendas de reducción registrando a lo largo del año 2000 un
descenso del 5,7 por ciento. Hay que señalar que la tasa de paro en
España en la actualidad dista aproximadamente 5 puntos porcentuales
de la registrada en la zona euro, cuando en 1996 la distancia era
aproximadamente de 11 puntos. Pese a ello, es necesario seguir
avanzando en la reducción de nuestra tasa de paro en especial en la
de los colectivos más desfavorecidos, entre ellos las mujeres, así
como en la reducción de la temporalidad y la ampliación de algunas
fórmulas como la del contrato a tiempo parcial de escasa implantación
en nuestra economía.
Así, pese a la notable mejora del mercado de trabajo en el último año
y aunque la tasa de temporalidad, porcentaje de asalariados con
empleo temporal se ha reducido el año 2000 casi en un punto
porcentual, ésta todavía se mantiene relativamente elevada, 32 por
ciento. Por el contrario, el porcentaje de ocupados con empleo
a tiempo parcial, a pesar de la reforma de 1997 ha seguido registrando
en el último año niveles relativamente modestos, el 8 por ciento.
Precisamente, la reforma laboral que acaba de aprobar el Gobierno,
ante la falta de acuerdo de los interlocutores sociales, tiene como
objetivos fundamentales aumentar el empleo estable, incentivando la
contratación indefinida y fomentar el uso del contrato a tiempo
parcial, flexibilizando la organización de trabajo por parte de los
empresarios y adecuando esta modalidad de contratación a las demandas
que hay en la sociedad española actual. Los antiguos incentivos a la
contratación indefinida
se han extendido a los colectivos con mayores dificultades en el
mercado de trabajo como las mujeres, los parados de mayor edad y los
que llevan más tiempo buscando empleo.
Este proyecto de reforma no se considera cerrado sino que deberá ser
complementado con medidas relativas entre otros aspectos a la
negociación colectiva en la línea de introducir mayores dosis de
adecuación a las condiciones de cada empresa, pero siempre en el bien
entendido de que naturalmente el diálogo social es elemento básico
para ir definiendo la modernización del mercado de trabajo. En todo
caso, seguir avanzando en la creación de empleo y el descenso de la
tasa de paro pasa inexorablemente por el requisito de la moderación
salarial que ha sido una de las claves fundamentales de la favorable
evolución del mercado de trabajo en los últimos años. En el pasado
año, el incremento salarial pactado inicialmente en los convenios
colectivos se situó en el 3 por ciento, tasa que se eleva al 3,6 por
ciento una vez aplicadas las cláusulas de revisión salarial
incorporadas en los convenios. Estos crecimientos son claramente
superiores a los correspondientes a 1999 con lo que se interrumpe la
trayectoria descendente de los aumentos salariales que se venía
observando desde 1997.
Por su parte, la encuesta de salarios en la industria y los servicios
muestra que el crecimiento medio de los pagos totales por trabajador
y mes fue del 2,3 por ciento para el conjunto de los tres primeros
trimestres de año 2000, lo que en principio refleja una deriva
negativa respecto al incremento de convenio, explicada por los
cambios en la estructura de empleo por sectores, categorías, tamaño
de empresa, etcétera.
Considerando los datos de la contabilidad nacional trimestral
correspondientes al conjunto de 2000, los costes laborales unitarios
en términos de empleo equivalente a tiempo completo aumentaron el 2,9
por ciento, acentuándose así la trayectoria de suave aceleración que
esta variable ha venido siguiendo en los últimos años. Este
comportamiento se explica por el repunte de la remuneración por
asalariado del 2,7 al 4 por ciento, estoy hablando en términos que
publica el INE sobre la contabilidad nacional trimestral, cuyo efecto
sobre los costes laborales unitarios fue sólo parcialmente compensado
por el mayor crecimiento de la productividad, que ha pasado del 0,4
por ciento, aproximadamente medio punto los dos últimos años, al 0,7
por ciento en el año 2000.
Tanto el repunte de crecimiento de los salarios pactados como el de
la remuneración por asalariado en 2000 indican una situación de menor
moderación salarial que en años anteriores, lo que al no compensarse
con un aumento similar de la productividad por ocupado supone un
empeoramiento de la competitividad de las empresas españolas respecto
al exterior y una mayor dificultad para la reducción de la inflación.
Porello, la economía española se enfrenta con el reto de
volver a la vía de la moderación salarial, sin la cual difícilmente
se podrá mantener una tasa de inflación menor y un ritmo elevado del
crecimiento del PIB y de creación de empleo, que es la senda que
hemos seguido en los últimos años.
En cuanto al índice de precios de consumo, tras el impulso alcista
registrado en 1999 los primeros meses de 2000 presentaron una notable
estabilidad para reanudar posteriormente la trayectoria ascendente y
finalizar el año en el 4 por ciento. Esta evolución tuvo como
protagonistas principales, como es sabido, los incrementos de precios
de los carburantes y combustibles inducidos por el alza del precio
del petróleo en euros y de los alimentos no elaborados a los que se
unieron las alzas de algún otro componente como los servicios
turísticos. Estos grupos explican una proporción cercana a la mitad
de la citada tasa de inflación; sin embargo, al finalizar febrero la
tasa de inflación se ha reducido en dos décimas, situándose en el 3,8
por ciento, siendo previsible que esta tendencia a la baja se
prolongue en los próximos meses hasta una tasa próxima al 2 por
ciento al término del año debido al menor dinamismo de la demanda
interna y al menor impacto de la inflación importada, al mismo tiempo
que naturalmente se mantienen las políticas de consolidación fiscal y
de flexibilización económica, que depende mucho, como dije
anteriormente también, del comportamiento de los salarios en la
negociación colectiva en curso. El índice de precios de servicios y
bienes elaborados no energéticos, es decir la inflación subyacente,
también viene mostrando una trayectoria ascendente desde abril del
pasado año, aunque más moderada que la registrada por el índice
general. Dicha trayectoria se debió a los efectos de segunda ronda,
que reflejarían la traslación de los aumentos de precios mencionados
anteriormente, sobre todo los energéticos, a ámbitos más amplios de
la economía, principalmente en el sector industrial no energético, y
al mantenimiento de un nivel aún elevado de consumo privado a pesar
de la ralentización de su ritmo de avance. Igualmente, se observó una
evolución alcista en 2000 de la inflación en la unión económica y
monetaria y en los Estados Unidos. En este sentido, el IPC de la
unión monetaria registró un importante incremento derivado del alza
de precio del petróleo en euros y en menor medida de los alimentos no
elaborados, superando ampliamente la definición de estabilidad de
precios establecida por el Banco Central Europeo de un aumento del
IPC de hasta el 2 por ciento, aunque los dos primeros meses de 2001,
igual que en España está flexionando a la baja.
Como consecuencia de esta evolución paralela, el diferencial de
inflación de España con la UEM se ha mantenido con escasas
excepciones en el intervalo entre 1 y 1,3 puntos desde principios de
1999. La reducción de este diferencial se verá favorecida por la
menor presión de la demanda de consumo en nuestra economía y está
condicionada en gran medida, como
decía anteriormente por la moderación de los aumentos salariales y su
mayor vinculación a los avances en la productividad.
Pasando a las finanzas públicas, hay que señalar el nuevo e
importante avance conseguido por el proceso de consolidación fiscal
en 2000, en que el déficit de las administraciones públicas se redujo
hasta el 1,3 por ciento del PIB desde el 1,2 por ciento del año
anterior. Es cierto que dicha reducción se produjo en un contexto de
fuerte crecimiento de la actividad económica, del empleo y de las
rentas, pero aun descontando este impulso beneficioso del ciclo sobre
las finanzas públicas, el componente estructural de aquella
reducción, es decir la contribución discrecional de la política
presupuestaria al descenso del déficit público, fue de una magnitud
significativa. A este respecto, los servicios de la Comisión Europea
estiman que la aportación del ciclo a la reducción del déficit en
España fue de 0,4 puntos, de forma que el resto, otros 0,4 puntos,
tuvo un carácter estructural. Esta nueva contribución de la política
presupuestaria a la estabilidad macroeconómica, siguió asentándose
sobre todo en la vertiente del gasto público, cuya participación en
el PIB se redujo casi 0,9 puntos en línea con la tendencia de los
últimos ejercicios, mientras que los ingresos disminuyeron muy
ligeramente su participación. El cierre de 2000 nuevamente con un
superávit primario significativo, junto a un crecimiento nominal del
PIB superior al tipo de interés efectivo de la deuda pública, se
tradujo por cuarto año consecutivo en un nuevo y apreciable descenso
de la ratio deuda pública-PIB, y por consiguiente en un avance del
proceso de consolidación fiscal iniciado años atrás. Continuando con
dicho proceso, los Presupuestos Generales del Estado para 2001 y el
programa de estabilidad 2000-2004 contemplan un equilibrio
presupuestario para el presente año, que resulta de la compensación
del déficit previsto para el Estado con el superávit de las
administraciones de Seguridad Social, mientras se prevé que las
administraciones territoriales cierren el ejercicio en equilibrio.
Por tanto, el equilibrio de las cuentas públicas se adelanta un año
sobre las previsiones contenidas en la anterior actualización del
programa de estabilidad. La evolución de las finanzas públicas
españolas se compara favorablemente con la del conjunto del área euro
en el pasado año, donde los ingresos derivados de la licencia de
telefonía móvil de tercera generación, que han permitido obtener un
saldo positivo de las cuentas públicas de los países del área en su
conjunto, parecen haber relajado, al menos transitoriamente, los
esfuerzos de profundización de la consolidación fiscal, tal como pone
de manifiesto la evolución en ese año del saldo presupuestario
estructural de la zona, una vez descontados tales ingresos y los
pagos por intereses de la deuda. (El señor presidente ocupa la
Presidencia.)
En el ámbito de los mercados financieros, hay que señalar el cambio
en los últimos meses de 2000 de las
expectativas de los agentes acerca de la evolución de los tipos de
interés, como consecuencia del enfriamiento de la economía de Estados
Unidos, del descenso de los precios del petróleo y de las menores
tensiones inflacionistas descontadas para el futuro. Todo ello ha
dado lugar a que los tipos de interés a medio plazo hayan descendido
más acentuadamente que los tipos a corto, hasta situarse en la curva
de rendimientos por plazos a comienzo de 2001 en una posición
invertida hasta el plazo de tres años. Pese a la existencia de dichas
expectativas bajistas de los tipos de interés, el Banco Central
Europeo ha mantenido hasta el momento los tipos de interés oficiales
en los niveles vigentes desde la reunión del pasado día 5 de octubre,
en el que tras decidir elevarlos un cuarto de punto porcentual, el
tipo básico de referencia quedó situado en el 4,75 por ciento. Esta
prudente actitud de las autoridades monetarias seguramente obedece a
que la desaceleración económica prevista para el área euro en el
presente año será mucho más moderada de lo que la mayoría de las
previsiones pronostican para Estados Unidos, así como al deseo de ver
confirmadas las expectativas de una reducción de la inflación antes
de modificar los tipos de interés. En este sentido, la evolución
salarial y de los precios de la energía en los próximos meses será un
factor de primera magnitud para evaluar la conveniencia de reducir el
grado de restricción monetaria actual. En cualquier caso, los efectos
de la reciente reducción de los tipos de interés en los diferentes
mercados financieros, deben haber compensado sobradamente los efectos
restrictivos derivados de la apreciación del euro y de la caída de
las cotizaciones bursátiles que tuvo lugar en los últimos meses de
2000, contribuyendo así a que las condiciones monetarias y
financieras en que se desenvuelve la economía española recuperaran
cierta orientación expansiva. Estas condiciones, con unas
expectativas para la actividad y el empleo todavía favorables aunque
a niveles más bajos que en el pasado, podrían explicar el
mantenimiento en España y en toda el área del euro de elevados ritmos
de crecimiento del crédito al sector privado.
Los mercados de renta variable españoles, tras el descenso del 22 por
ciento del Ibex 35 a lo largo de 2000, habían anotado durante enero y
primeros días de febrero revalorizaciones muy significativas del
orden del 11 por ciento en este mismo índice a raíz de la
recuperación de los valores tecnológicos negociados en las bolsas de
Estados Unidos. La caída de las bolsas americanas durante febrero y
su arrastre sobre los mercados europeos, ha tenido una incidencia
negativa también sobre las bolsas españolas, aunque de menor entidad
que sobre las plazas más importantes de Europa. Así, mientras que el
Euro Stoxx 50 ha registrado un descenso en lo que va de año cercano
al 10 por ciento, el Ibex 35 anotaba a mediados de marzo una ganancia
superior al 7 por ciento. En los mercados cambiarios, por su parte,
se interrumpió la apreciación del euro respecto
del dólar, después de que la Reserva Federal de Estados Unidos
decidiera en enero reducir en un punto el tipo de interés básico.
Esta decisión reforzó la creencia de los mercados en las
posibilidades de que la desaceleración económica del país se
realizará de forma suave, induciendo un aumento de la demanda de
activos denominados en dólares. No obstante, cabe suponer que el
diferencial de crecimiento económico, que se espera a favor de los
países del euro para el presente año, permita la continuidad de la
tendencia alcista de la moneda europea.
Querría terminar esta intervención haciendo un balance, breve por
otra parte, de factores, negativos y positivos, que condicionan las
perspectivas económicas para los próximos meses. En el lado negativo,
el mayor elemento de incertidumbre es la evolución de la economía
americana y la duración y profundidad de la desaceleración de su
crecimiento. Aunque la mayoría de los analistas prevén una rápida
recuperación, apoyada entre otros elementos en los descensos de los
tipos de interés y la reforma impositiva de la nueva Administración,
existen otras previsiones no tan favorables debidas a la existencia
de algunos desequilibrios importantes como el abultado déficit por
cuenta corriente y el valor negativo de la tasa de ahorro de las
familias. Por otro lado, se confía en la capacidad de crecimiento de
la economía estadounidense a medio y largo plazo, dadas las notables
ganancias de productividad logradas en los últimos años y que se
explican en gran medida por la incorporación de las nuevas
tecnologías a todos los sectores productivos entre ellos los
servicios. Sin embargo, la persistencia de los ritmos débiles de
crecimiento y una lenta recuperación terminarían incidiendo sobre las
economías europeas, y entre ellas la española, restando algunas
décimas al crecimiento. Por lo que se refiere a Europa, la Comisión
Europea revisará próximamente las previsiones de crecimiento,
esperándose que la relativa al año 2001 se corrija ligeramente a la
baja respecto a la última previsión de otoño. Para la zona euro se
estimaba un crecimiento, como saben SS.SS., del 3,2 por ciento, que
previsiblemente se rebajará hasta el 3 por ciento o ligeramente por
debajo. Se confía en que el efecto negativo de la ralentización en
Estados Unidos y el menor ritmo de avance del comercio mundial puede
ser parcialmente compensado por los impulsos fiscales previstos en
algunas economías -por ejemplo Alemania, Francia e Italia-, por la
reducción de los precios del petróleo y el descenso previsto de los
tipos de interés, aunque sea moderado. En este contexto, la economía
española puede alcanzar un crecimiento en este año del 3,6 por
ciento, como se había previsto, o muy próximo a esa cifra,
manteniendo un diferencial del orden de medio punto con la zona euro.
Aunque la desaceleración de la demanda interna es más intensa de lo
que se había anticipado, el comportamiento del sectorexterior va a
ser más favorable, esperándose una
contribución neta en el conjunto del año neutra o incluso ligeramente
positiva.
En definitiva, junto al perfil descendente de la inflación en los
próximos meses, la política económica se centra en dos ejes básicos,
los cuales configuran un escenario muy positivo para que se prolongue
la expansión económica en los próximos años y se avance en el plano
de la convergencia real en renta y en empleo con el promedio de la
Unión Europea.
Esos dos ejes, muy brevemente, son los siguientes: por un lado, la
consolidación del nuevo escenario de equilibrio presupuestario,
dentro del marco definido por la nueva ley de estabilidad
presupuestaria, que haga compatibles dos aspectos claves para nuestra
economía: las reformas tributarias previstas -algunas de las cuales
se han realizado-, que continuarán en la senda de favorecer la
investigación, el desarrollo y la innovación, la inversión y la
internacionalización de las empresas, al tiempo que reducirán la
carga fiscal soportada por los ciudadanos. El segundo aspecto se
halla en la necesaria dotación de infraestructuras que evite la
aparición de cuellos de botella. La política presupuestaria debe
asegurar un marco de financiación que permita la plena absorción de
los fondos europeos estructurales y a su vez estimule la
participación privada en la generación de infraestructuras.
Sin duda ninguna, el gran reto de la economía española está en
continuar creciendo de manera notable por encima de los países euro,
avanzar en la convergencia real y hacerlo de manera equilibrada, lo
que exige naturalmente ampliar y modernizar la oferta, como ha venido
sucediendo en los últimos años. Uno de los aspectos que amplía y
mejora la oferta es el de incentivar fiscalmente la inversión
empresarial, sobre todo en nuevas tecnologías, y, por otro lado, la
inversión pública en infraestructuras, que está siendo, en porcentaje
del PIB, un punto superior a la media de los demás países europeos,
pero que necesitamos para evitar estrangulamientos en la gran función
económica de distribución.
El segundo aspecto es el de avanzar en el proceso de liberalización,
privatización y aumento de la competencia en los mercados de
factores, bienes y servicios. Las medidas adoptadas el pasado mes de
junio -cuyo proceso de implementación se está llevando a cabo-, así
como la reciente reforma del mercado de trabajo o la prevista
tramitación de una nueva ley financiera constituyen buenos ejemplos
de la decidida política emprendida por el Gobierno para progresar en
el logro de mercados cada vez más flexibles y amplios, con el
objetivo de aumentar el potencial de crecimiento de nuestra economía.
Estos son, señorias, los puntos fundamentales que quería exponer hoy
sobre el tema de la coyuntura económica tal como la vemos nosotros.
Agradezco a SS.SS. su atención y estoy a su disposición para las
preguntas que quieran formularme.
El señor PRESIDENTE: En el turno de intervención de los distintos
grupos, tiene la palabra en primer lugar la portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista, señora Mendizábal.
La señora MENDIZÁBAL GOROSTIAGA: Quiero también que mis primeras
palabras sean de condena y sobre todo de dolor por el asesinato de
ayer.
En segundo lugar, deseo dar la bienvenida al secretario de Estado,
aunque me hubiera quedado de su intervención única y exclusivamente
con el tramo final. Como muchos diputados, le hubiera agradecido que
nos hubiera evitado el tener que atender la lectura de un informe que
por otra parte ya estaba leído.
Mi intervención se va a centrar mezclando tanto la primera parte como
la segunda, que son sus medidas de política económica o sus ejes.
Quiero empezar por algo que ya en su anterior comparecencia el
portavoz de mi grupo le explicaba, y es que, en nuestra opinión, el
Gobierno se había quedado sin modelo de política económica. Ese
modelo milagroso del que se había alardeado durante mucho tiempo y
que funcionaba sobre las bases de un crecimiento indefinido y sin
inflación, ya que el consumo privado iba a crecer menos de lo que lo
hacía la economía en su conjunto, ese modelo, ya en octubre del año
pasado, estaba quebrado. Pero usted, señor Folgado, replicaba en
aquel entonces que no era así y que tenían un modelo de política
económica bastante claro basado en dos pilares: por un lado, la
disciplina presupuestaria, que tenía como objetivo la privatización,
liberalización y flexibilización del sistema económico, y una segunda
pata, un segundo pilar, que estaba basado en el diálogo social. El
diálogo social era lo prioritario, tanto en el modelo que se había
seguido en la anterior legislatura como ahora -incluso hacía
referencia a algunas palabras del presidente del Gobierno-, para
lograr introducir unas medidas que puedan profundizar en la
protección social y en un mercado de trabajo más acorde con lo que se
exige en los tiempos actuales. Me parece que más o menos estas eran
sus palabras.
Yo quisiera que hoy nos diera una explicación algo más convincente,
porque está claro que en este momento las dos patas del modelo
resultan bastante poco consistentes, por razones muy distintas
obviamente. Por una parte, en lo que se refiere al diálogo social, ya
no resulta tan importante su modelo, aunque ustedes quieran vender
esta nueva reforma del mercado laboral -y así se ha vendido- como un
fracaso de los interlocutores sociales, que no han sido capaces de
llegar a un acuerdo. Mi grupo opina que es un fracaso del Gobierno
por dos razones fundamentales: primero, porque han presionado para
evitar el acuerdo poniendo plazos, que es una forma de presión, y
porque su reforma no ha sido consultada con los agentes sociales. Por
primera vez en la democracia, señor Folgado, ustedes lo han planteado
por un real decreto-ley urgente, sin que
hubiera ninguna consulta con los interlocutores, con los agentes
sociales. Es decir, su modelo de diálogo ha fracasado. Luego esa pata
que usted decía en su anterior comparecencia que sujetaba ese modelo
económico ya no está.
Respecto a la primera, que es el tema de la disciplina presupuestaria
y que ha vuelto a citar ahora en su comparecencia, ahora se establece
por ley. Han llegado ustedes a la cuadratura del círculo, han
descubierto el Mediterráneo, la máquina de vapor, la imprenta e
incluso han formulado la teoría de la relatividad en este tema porque
presentan una ley de estabilidad presupuestaria que además de inútil,
porque el déficit no se puede abolir por ley, está basada en algo que
ya anunció el portavoz de mi grupo en el debate de totalidad de esta
ley y que es muy peligroso, en la desconfianza, señor Folgado;
desconfianza tanto en las instituciones democráticas, para que en
cada momento puedan adoptar las decisiones que consideren más
sensatas para apoyar la economía, como en el propio modelo
constitucional del Estado autonómico.
En definitiva, lo que está debajo de este modelo que usted sujeta en
este equilibrio presupuestario es la vieja teoría de la incapacidad
de la democracia y de la irresponsabilidad de los políticos, a los
que hay que reducir su margen de maniobra por ley. Esto, señor
Folgado, es un modelo ya viejo y caduco. Nadie niega la importancia
de la estabilidad presupuestaria -quiero que eso quede claro y lo
hemos repetido desde mi grupo-, es un valor positivo y también un
instrumento importante para la gestión pública. Pero lo que sí
tenemos muy claro es que la estabilidad presupuestaria no es el
objetivo, no es un fin en sí mismo y tampoco se puede plantear como
la consecuencia del pacto de estabilidad. La filosofía del pacto de
estabilidad europeo es otra y desde nuestro punto de vista es
correcta, se trata única y exclusivamente de limitar márgenes de
actuación injustificados del déficit público y reconocer la necesidad
de esos márgenes en ciertos casos. Por tanto, respecto del modelo y
ligándolo un poco con su comparecencia anterior, señor Folgado, como
ya le he dicho es un modelo fracasado, viejo y caduco.
A pesar de eso estamos aquí analizando nuevamente la coyuntura. Hay
una serie de referencias obligadas y comenzaré en un orden distinto
del que usted ha utilizado, destacando aquellas cuestiones en las que
puede existir discrepancia y ofreciendo una orientación distinta de
la política económica. Voy a empezar por el tema de la inflación.
Como ha dicho usted, en el pasado mes de diciembre la inflación
interanual se situó en el 4 por ciento, pero lo que yo quiero
recalcar es que es la más alta desde el año 1994, cuando estaba en el
4,65 por ciento. Esto significa que, una vez en la zona euro, con una
moneda única, el IPC es un indicador cada vez más claro de lo que es
la competitividad, y una inflación mayor en España que en la Unión
Monetaria se traduce lógicamente en una pérdida de competitividad
,salvo que fuera acompañada de incrementos superiores de la
productividad, que no es el caso. Estamos cansados de oír -creo que
usted lo ha repetido hoy o a mí me ha sonado así- que una economía
que crece durante tanto tiempo -tres años; ya estamos en el cuarto-
a una tasa media del 4 por ciento no está libre de experimentar
tensiones inflacionistas, que es el precio del crecimiento, y
efectivamente no es erróneo ese análisis; pero desde luego no es
menos cierto que una inflación diferencial continuada, aunque usted
le ha quitado cierta importancia, acaba poniendo en peligro la propia
capacidad de crecimiento. Independientemente de la pérdida de
competitividad, pone en peligro, como digo, la capacidad de
crecimiento. Por eso es importante que uno de los objetivos
fundamentales sea situar nuestra inflación cerca de la media de la
zona euro, aunque la realidad es muy distinta a estos deseos. Desde
diciembre de 1998 -usted ha hecho una breve referencia pero yo quiero
explicarlo más fotográficamente- hasta diciembre de 2000, el
diferencial en la zona euro a Once se ha multiplicado por 2,3: hemos
pasado de un 0,6 a un 1,4; y el diferencial en la zona euro a Quince
se ha multiplicado por un 4,25: ha pasado de 0,4 a 1,7. Si hacemos el
análisis del este mes de febrero, que usted ha olvidado en su
exposición -ha dicho que el diferencial llega al límite del 1,4- nos
situamos dos décimas por encima, estamos 1,6 puntos por encima en el
diferencial. Esta pérdida de competitividad paulatina va a contribuir
o ya está contribuyendo también a agravar nuestro déficit de balanza
de pagos. Además, si seguimos haciendo el análisis comparativo desde
otro punto de vista de la inflación con la unión monetaria, y si
distinguimos entre lo que es la inflación tendencial o subyacente de
la inflación residual o volátil, la situación resulta todavía más
preocupante. Usted también ha hablado de cómo evoluciona la inflación
subyacente pero parece que no le ha dado mucha importancia porque, si
bien durante el año 2000 la tasa más alta -me estoy refiriendo a tasa
de inflación- corresponde al grupo de energía, dentro de su
ponderación del IPC, y la más baja corresponde a los alimentos
elaborados, el grupo que más contribuye a la inflación por su
ponderación dentro del índice es el sector servicios, que explica un
36 por ciento de la inflación interanual: 1,44 puntos del IPC. Creo
que es importante remarcar este comportamiento del sector servicios
porque nos puede dar indicaciones para las medidas que haya que
tomar. Si además nos fijamos en la inflación subyacente completa, la
más estable -me ha parecido que usted era algo optimista respecto a
ello-, resulta que se ha situado en un 3 por ciento de incremento
para 2000. Ese porcentaje de la inflación subyacente explica un 2,4
por ciento en puntos del IPC del 4 por ciento. Es decir, la inflación
subyacente explica el 60 por ciento de la inflación.
En el mes de febrero volvemos a incidir en lo mismo. Esta inflación
subyacente no crece un 3 por
ciento sino un 3,2 por ciento. Batiendo récords, como nos suele
gustar, es la más alta desde septiembre de 1996. Esto, señor Folgado,
va planteando sin duda mayores dificultades futuras. Luego veremos,
por la situación de la evolución de la economía mundial, que puede
haber una inflexión a la baja del índice general. Respecto del resto
de la inflación, ya es responsabilidad del componente más volátil,
como la energía o los elementos no elaborados. Está claro que el
incremento de la inflación en España está repartido entre todos los
componentes por distintas razones; pero la desagregación que se hace
por grupos nos permite analizar de mejor manera las previsiones que
puede haber para 2001, y la verdad es que parece que puede haber un
mantenimiento de la inflación subyacente, lo que contribuirá a la
inflación, como mínimo, entre 2,2 y 2,5 puntos. El resto,
lógicamente, dependerá de lo que pase con los precios de la energía o
de la evolución de los alimentos no elaborados. Pero para que baje de
ese 2,2 o de ese 2,5 lo que está claro es que la contribución de los
elementos más volátiles del IPC tiene que ser una contribución
negativa. Yo creo, señor Folgado, que es difícil plantear eso en
estos términos. En definitiva, a la vista de los últimos datos, lejos
de mitigarse estos problemas de inflación, que al parecer estaban más
claros, se agudizan y el dato de febrero así lo expresa.
Señor Folgado, volviendo a hablar de récords, estamos en la misma
situación que hace cinco años. ¿Qué ha ocurrido? Que su Gobierno ha
perdido un quinquenio en la lucha contra la inflación. Culpar de esta
situación sólo al Banco Central o a los precios del petróleo, a la
vista del análisis que hemos hecho, resulta poco responsable, habría
que buscar otras causas como, por ejemplo, el fracaso de determinadas
medidas o la ausencia de las mismas por parte del Gobierno que ponen
en evidencia la necesidad de acometer un plan de medidas urgentes
para contener el crecimiento de los precios y recuperar el poder
adquisitivo perdido en los últimos años. Lo que pasa es que ahora
estamos en mala situación para llevarlo a cabo. En cualquier caso,
los sectores no sometidos a competencia y algunos servicios son los
que más suben los precios y no se puede exhibir única y
exclusivamente el fantasma de las liberalizaciones, que muchas veces
y en algunos casos, como veremos, resulta inexistente; ni sólo
apelar, como hoy ha vuelto a hacer, a la moderación salarial y a la
precarización del mercado de trabajo como una solución mágica para la
contención de precios. Pero como ya le he dicho nos ha pillado en una
mala situación, resulta que ahora estamos en una nueva etapa, que
calificaría desde el punto de vista económico, como mínimo, de cierta
confusión. Las previsiones de crecimiento de la economía mundial ya
están siendo revisadas de manera importante, sobre todo por las
instituciones privadas, pero también los organismos internacionales
han anunciado ya que rebajan sus estimaciones. La economía americana,
como usted ha dicho, tiene sus
problemas; se encuentra ante la posibilidad de un cambio brusco de
ciclo, que todavía no ha sido detectado en toda su dimensión, y creo
que no es posible establecer con claridad en qué situación nos
encontramos, si se trata simplemente de una desaceleración, que es lo
que les gusta decir a algunos, si estamos ante el famoso aterrizaje
suave, si es una recesión o si simplemente podemos volver a una
situación de estanflación, ¿por qué no?
Desde luego hay interpretaciones para todos los gustos, pero lo que
está claro es que la producción cae, el consumo cae y las medidas
adoptadas ayer por la Reserva Federal, como la bajada de medio punto
en el tipo de interés, están consideradas insuficientes por la mayor
parte de los analistas, como así lo han anunciado. Por otra parte,
podemos hacer referencia a la situación de Japón, con la amenaza de
hundimiento de su sector financiero, que también puede agravar la
preocupación que pueda existir en la economía mundial.
Parece que con esto la vieja teoría del ciclo económico vuelve a
resurgir, pese a las múltiples discusiones habidas sobre si existía o
sobre su desaparición, discusiones que no han sido ajenas a esta
Cámara ya que lo hemos discutido miles de veces, porque parecía que
íbamos a mantener aquí una situación de bonanza indefinida. De hecho,
en su intervención, finalmente, ha seguido en esa línea. Parece que
aquí todo va a seguir igual; seguimos con unas expectativas de
crecimiento de un 3,6 para el año 2000, pero sin ser catastrofistas,
simplemente analizando la situación, señor Folgado, creo que estamos
ante el primer cambio de ciclo en la era de la globalización, es
decir, algo distinto a lo que había ocurrido en otros casos.
Lo que sí está claro, independientemente de las consecuencias que
pueda tener ese cambio de ciclo en esta nueva era, es que el círculo
virtuoso en el que nos había metido el Gobierno del Partido Popular
ya no existe, pero sin duda, señor Folgado, la culpa no es del
Gobierno, probablemente se deberá a cuestiones totalmente ajenas. El
Gobierno sólo nos introdujo en el círculo virtuoso; al círculo
vicioso probablemente nos lleven los acuerdos judeo-masónicos del
mundo exterior o alguna mano negra del Partido Socialista que esté
suelta por ahí. Sin embargo, aunque estamos acostumbrados a esta
huida de la responsabilidad, sobre todo cuando hay problemas, espero
que no eviten preguntarse qué es lo que pasa en la economía española.
Creo que con el análisis que nos ha hecho usted ha evitado ver lo que
está pasando en la economía española a partir de marzo de 2001,
porque estamos en marzo de 2001 y en los meses de enero y febrero han
pasado distintas cosas.
Parece que podemos volver a acercarnos a la tasa tendencial de la
economía española en los últimos 15 años, que es una tasa del 2,8.
Volver a mantener y expresar continuamente que vamos a seguir en una
tasa del 3,6 para el año 2001 la verdad es que me parece bastante
irreal, señor Folgado, cuando existe un consenso
entre la mayoría de los analistas que la está situando muy por debajo
de las previsiones que tiene el Gobierno. El 3 por ciento del
incremento del PIB para el año 2000 es una tasa normalmente aceptada,
porque así lo expresan los indicadores del consumo y la confianza del
consumidor. Nuestro déficit de balanza de pagos no deja de agravarse,
y sigue siendo una de las más deficitarias. El déficit comercial se
incrementó un 35,8 por ciento en los diez primeros meses del año
2000. El empleo, aun manteniendo ritmos de crecimiento por encima del
3 por ciento, que no son nada desdeñables, se resiente del menor
nivel de actividad y, además, tenemos ciertas dificultades para
valorar su evolución en los últimos trimestres por la variación
metodológica que se ha producido en el año 2000.
En definitiva, la única posición que usted nos ha mostrado es que se
necesita insistir en el ritmo de moderación salarial; el Gobierno se
asusta cuando se están firmando -y usted nos lo ha vuelto a decir-
convenios en el entorno del 3 por ciento de revisión, cuando hemos
tenido una tasa de inflación del 4 por ciento. Nosotros no es que
estemos en contra de los beneficios empresariales, por supuesto que
no lo estamos, nos parece que son necesarios para el crecimiento del
producto y del empleo, pero el Gobierno tiene que reconocer que es
muy difícil pregonar la moderación en estas condiciones, máxime
cuando hemos visto que una de las patas de su modelo económico, el
diálogo social, el consenso social, se ha roto.
Además, yo quería ligar todo esto con la segunda parte del título de
su Secretaría, porque hemos hecho aquí un análisis de coyuntura de la
Secretaría de Economía, pero usted es también secretario de Estado de
Energía. Ha dicho usted. Usted ha dicho que los instrumentos del
Gobierno eran precisamente el decreto de junio, la reforma laboral y
la nueva ley financiera para avanzar en los procesos de
liberalización, que es uno de los pivotes de su política económica.
Por un lado, la consolidación del equilibrio presupuestario y la
dotación de infraestructuras y, en segundo lugar, ese avance en los
procesos de liberalización, basado en esas medidas legislativas.
Quiero aprovechar esta ocasión para denunciar los incumplimientos en
esas materias. Quiero denunciarlos porque -como usted sabrá y, si no,
se lo anuncio ahora- he hecho múltiples preguntas por escrito al
Gobierno, y estoy a la espera de contestación, precisamente respecto
a los incumplimientos en ese proceso de liberalización y en ese real
decreto de junio, que estamos hartos de oír mencionar como panacea de
la solución a todos los problemas de liberalización y competitividad.
La verdad es que no hay más que incumplimientos en los plazos que se
han ido estableciendo no sólo en este real decreto sino en los de las
anteriores legislaturas, en los famosos decretos de liberalización.
Voy a ponerle unos cuantos ejemplos y voy a hacerle unas cuantas
preguntas. Han tardado año y medio, y era un real decreto-ley por la
vía de urgencia,
para desarrollar el artículo 7.º -y me estoy refiriendo al Real
Decreto de 1999, al número 15- en un tema tan simple como el de poner
los carteles informativos de los precios de las gasolinas en las
autopistas. Fíjese, estamos hablando de octubre de 1999 y hace unos
días se desarrolla el artículo 7.º. No se están cumpliendo, como ya
le he dicho, todos los plazos que motivaron la urgencia del Real
Decreto 6/2000, del mes de junio. Primero, respecto a la información
pública de las condiciones de acceso de terceros a las instalaciones
de transporte y almacenamiento de productos petrolíferos; no existe
información pública. Segundo, respecto a la creación de la comisión
para el estudio de uso de biocombustibles y emisión de un informe
sobre las posibles medidas para la promoción de su uso. Se ha
producido un incumplimiento de la orden ministerial que debe
establecer la forma en que los distribuidores minoristas de productos
petrolíferos deben proporcionar información a la Administración. Se
ha producido un incumplimiento en la aprobación por el Ministerio de
Economía de la normativa de gestión técnica del sistema gasista. Se
ha producido un incumplimiento en la aprobación en el plazo de seis
meses del real decreto que debe regular el sistema económico
integrado de gas natural para su aplicación a partir del 1 de enero
de 2001; estamos en marzo. Se ha producido un incumplimiento en
cuanto a la decisión del Gobierno respecto al plan de actuaciones de
Enagás, que parece que está presentado en plazo, para evitar que
ningún accionista tenga más del 35 por ciento del capital de la
sociedad. Se ha producido un incumplimiento respecto a la Orden
ministerial sobre el procedimiento para la aplicación de los
comercializadores del 25 por ciento del contrato de aprovisionamiento
del gas natural procedente de Argelia. Se ha producido también un
incumplimiento respecto a la decisión de la Comisión Delegada del
Gobierno para Asuntos Económicos que, a propuesta del Ministerio de
Economía, debía tomar una decisión sobre tarifas y peajes para
aplicar a CLH en los territorios no peninsulares. Esto respecto a los
incumplimientos del famoso decreto de liberalización que resulta que
es una de las patas sobre las que se va a avanzar en la política
económica, según usted nos ha dicho, el decreto de junio. Pero es que
hay otros muchos más incumplimientos en esta materia y me puedo
referir al nivel de ejecución del Plan de fomento de energías
renovables 2000-2010, que aunque fue aprobado de forma casi
semiclandestina en diciembre de 1999 y luego se vino a explicar a
esta Cámara, me parece que fue en su anterior comparecencia, la
verdad es que no está cumpliendo sus objetivos y desde luego no tiene
la suficiente dotación presupuestaria.
Otra cuestión que también ha planteado mi grupo en las últimas
semanas, después del conocido fracaso de fusión entre las eléctricas
Endesa e Iberdrola, tanto a través de interpelación, de mociones como
de proposiciones no de ley, es la necesidad de una nueva regulación,
de un nuevo marco regulatorio del sector eléctrico, algo que ha sido
negado de manera reiterada por el vicepresidente económico del
Gobierno. Quisiéramos conocer si tienen en algún caso, ya que se ha
negado a un nuevo marco regulatorio del sistema eléctrico,
previsiones de alguna modificación en este sector y si han iniciado
esos contactos periódicos con los dirigentes de las empresas
eléctricas, si han llegado a algún pacto, si hay algo en definitiva
sobre el tema. Y como sigue usted siendo secretario de Estado de
Energía, lleva temas del carbón, no sabemos hasta cuándo (y también
nos gustaría que nos explicara qué es lo que pasa con la Secretaría
de Estado, si va a haber una Secretaría de Estado de Industria, no va
a haberla, qué previsiones tienen en su Ministerio), nos gustaría
conocer si tiene alguna iniciativa respecto al tratado CECA, que
acaba en 2002, si a instancias de la Unión Europea se ha tomado
alguna decisión y qué efectos puede tener eso sobre la minería del
carbón española.
Creo que estos temas que quizá son más puntuales entran de lleno en
su Secretaría de Estado y me gustaría que nos diera alguna
explicación más, que salieran de ese discurso del no pasa nada y todo
va muy bien. Se ha perdido, desde mi punto de vista, una época
importante, una época de bonanza económica. Creo que puedo decir sin
sonrojarme desde ningún punto de vista que han despilfarrado un ciclo
de bonanza económica. No lo sigan haciendo, afronten las reformas que
tienen que afrontar, modernicen el país, aborden el tema de las
infraestructuras -que usted ha citado y me parece bien, es tarde y
había mejores tiempos para haberlo hecho-, aborden todas estas
medidas y todas las que faltan porque la verdad es que si no, señor
Folgado, nos puede pillar el toro otra vez. Contarán con nuestra
colaboración para salir de las situaciones difíciles, pero si no son
capaces de abordar la crítica ni de hacer un análisis, la verdad es
que con lo que contarán será con nuestra crítica y desde luego con
nuestras propuestas alternativas.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió,
tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Señor presidente, nuestras primeras
palabras van a ser de condena por el lamentable atentado y asesinato
del concejal regidor de Lasarte por parte de la banda terrorista ETA.
En segundo lugar, agradezco la comparecencia del secretario de Estado
de Economía, Energía y de la Pequeña y Mediana Empresa ante la
Comisión de Economía.
El Grupo Parlamentario de Convergència i Unió leyó el informe de
coyuntura económica que han hecho llegar desde su Secretaría Técnica
a los grupos parlamentarios, así como también he escuchado
atentamente la exposición que ha hecho del mismo. Nuestro
grupo parlamentario va a hacer una serie de consideraciones, de
sugerencias sobre seis o siete cuestiones que pienso que pueden
afectar negativamente a la buena marcha de la economía española, en
las que hay algunos puntos de concordancia con los planteamientos del
Gobierno y algunos puntos de divergencia y de disconformidad en base
a la exposición que ha hecho el secretario de Estado.
Básicamente nuestras sugerencias y consideraciones van a ir dirigidas
a todas aquellas cuestiones que están ligadas a la inflación y a los
índices de precios al consumo. En el informe que ha presentado el
secretario de Estado contempla el IPC de final del año 2000 como
fruto de factores de carácter coyuntural y transitorio
correspondientes a las alzas de precios de los combustibles
y carburantes y de los elementos no elaborados. También se cita en este
informe de coyuntura la especificación de que no se debe configurar
la actuación de los agentes sociales para evitar consecuencias
estructurales negativas que deteriorarían la competitividad de la
economía española, con su consiguiente repercusión en la actividad
económica y la creación de empleo.s Convergència i Unió, en la
primera comparecencia del ministro de Economía ante esta Comisión el
pasado mes de junio, planteó que no veíamos claro porqué diferentes
economías como la alemana, la francesa y la sueca el comportamiento
de los índices de precios al consumo, en este caso la inflación, no
habían tenido las mismas consecuencias que había planteado el
ministro de Economía para España, en el sentido de que básicamente
eran debidas al incremento del precio del crudo y que en esa misma
comparecencia donde nosotros planteamos: los países productores de
petróleo han incrementado su producción, lo que ha influido
positivamente en determinadas economías europeas, como la francesa,
la alemana y la sueca, en las cuales los precios interanuales de la
inflación oscilaron entre el 1,5 y el 1,3 por ciento. Sin embargo, en
España, estas medidas de incremento de producción del petróleo no
tuvieron las mismas consecuencias positivas que en otros países,
llegando a un límite del 4 por ciento a finales del año 2000. A raíz
de la lectura de este informe de coyuntura se vuelven a repetir las
mismas condiciones, en el sentido de que lo atribuyen a factores de
carácter coyuntural y transitorio. A nosotros no nos convence la
justificación del Gobierno y nos preguntamos por qué estas mismas
consideraciones no han afectado a otras economías de la zona euro.
Desgraciadamente, el tiempo nos ha dado la razón y los datos del IPC
del mes de febrero son reveladores. La inflación armonizada, el 4 por
ciento; la no armonizada, el 3,8 por ciento y la subyacente, el 3 por
ciento, la peor desde el año 1996; han vuelto a subir en relación con
el mes anterior. Es cierto que también se han incrementado en Francia
y en Alemania, pero estamos aún muy lejos de los valores del 1,4 por
ciento y del 2,6 por ciento, respectivamente, que se han registrado
en estos países.
Por otro lado, existen datos sobre la inflación subyacente, que
excluye los precios energéticos y los elementos sin elaborar,
advirtiendo que los costes empresariales siguen subiendo y
básicamente los de los servicios se están incrementando hasta un 4,5
por ciento interanual. A esto hay que añadir que las variaciones de
los precios de cotización del petróleo se reflejan de forma casi
inmediata en los precios de las materias primas plásticas, lo que
penaliza los costes de producción en general. En los últimos 12
meses, si analizamos cuál ha sido el comportamiento de dichos costes,
podemos observar que las materias primas plásticas se han
incrementado alrededor de un 40 por ciento y en el caso de algunos
productos concretos se ha llegado casi a un incremento del 70 por
ciento. Basándonos en la lectura de este informe y después de
escuchar atentamente sus manifestaciones, nosotros entendemos que
estas diferencias interanuales de nuestro país en relación con el
resto de países de la Unión Europea no obedecen a cuestiones
coyunturales, y quizás deberíamos buscar en las reformas
estructurales que están pendientes de producirse en nuestro país o
también, por qué no decirlo, deberíamos profundizar en las recientes
medidas liberalizadoras que hemos aprobado en el Congreso de los
Diputados y que hemos discutido de forma suficiente en esta Comisión.
Por lo tanto, la primera posición de Convergència i Unió es que
pensamos que la inflación continúa siendo uno de los puntos negros de
nuestra economía y que vale la pena trabajar en torno a esta
cuestión, que vale la pena buscar soluciones alternativas y que vale
la pena conducir a nuestra economía hacia unas medidas que puedan
rebajar los índices de precios al consumo, que puedan poner la
inflación en unos límites similares o alternativos a los índices de
inflación que se están manteniendo con nuestros países homólogos de
la Unión Europea.
Una segunda consideración que hace mi grupo parlamentario está
también referida a la inflación, a los índices de precios al consumo,
pero sobre los precios energéticos, concretamente a la competencia en
la distribución de carburantes. El problema del encarecimiento
desmesurado de los productos energéticos es consecuencia, a nuestro
entender, de no haberse resuelto de una forma favorable y adecuada la
liberalización del sector. Si repasamos cuál es la posición de las
diferentes compañías en cuanto a distribución en España, podemos
observar que Repsol, Campsa, Cepsa, BP y Shell concentran el 79,2 por
ciento de la distribución de carburantes en nuestro país. El 1,4 por
ciento está en manos de las grandes superficies y el resto se lo
reparten entre 12 compañías. Si analizamos estos porcentajes y los
comparamos con los porcentajes de distribución del año 1994, antes de
que se produjeran las reformas liberalizadoras, podremos observar que
estas mismas compañías tenían el 81 por ciento de la distribución. Es
decir que, en siete años, con estas modificaciones
y con la entrada en vigor de ciertas medidas liberalizadoras,
solamente se ha conseguido liberalizar un 2,2 por ciento del sector.
Por eso, creemos que se ha de profundizar en las recientes medidas
aprobadas en el Congreso de los Diputados el pasado junio, en el
sentido de poder liberalizar más la distribución de los carburantes.
Es cierto que existe un informe de los servicios de la competencia
sobre el mercado petrolífero español y en él se contempla que muy
posiblemente más del 95 por ciento de las gasolineras españolas no
tengan libertad para fijar los precios. En el caso de Repsol, la
imposición de los precios afecta casi al cien por cien. También es
cierto que se está realizando un estudio sobre la situación de la
competencia en el mercado de la distribución. A esto hay que añadir
que, en diferentes países europeos, se han iniciado procedimientos a
fin de investigarse si las empresas petroleras actúan en oligopolio
y hemos podido contemplar cómo en diferentes países de la Unión
Europea, por ejemplo en Italia, la autoridad competente ha actuado de
forma contundente, imponiendo multas de 56.000 millones de pesetas a
las nueve petroleras que operan. Vale la pena recordar que, en
Francia, Laurent Fabius ha enviado a los inspectores para comprobar
cómo fijan los precios estas grandes compañías y hay que recordar que
la Comisaria Europea de Energía ha requerido repetidamente al
Ejecutivo a fin de que se inicien procedimientos para la
liberalización en los sectores de distribución de carburantes.
Mi grupo parlamentario quiere preguntar al secretario de Estado cómo
se piensan intensificar las diferentes actuaciones desde su
Secretaría de Política Económica para que se pueda garantizar la
efectiva competencia en el sector de la distribución de los
carburantes. También queremos que nos diga, si tiene información
ahora y si no, por escrito, cuáles son las medidas que se están
tomando en el seno de la Unión Europea con el fin de mitigar los
efectos del alza del precio de los carburantes en las pequeñas y
medianas empresas, autónomos y microempresas. Han aparecido recientes
informaciones sobre el precio de los carburantes en el sentido de que
es posible que el precio del barril del petróleo para finales de este
año pueda incrementarse hasta más de 30 dólares el barril. Nos
gustaría saber qué medidas se prevén desde su Secretaría de Estado,
sobre este posible incremento de los precios energéticos y las
consecuencias negativas que pueda tener ese alza de los precios al
consumo.
Desde la óptica de la balanza de pagos y la competitividad de las
diferentes compañías de nuestro tejido industrial, el informe de
coyuntura refleja que el déficit comercial aumentó el 35,8 por ciento
en los diez primeros meses del año y, en términos de balanza de
pagos, asciende a un total de 29.703 millones. Sin lugar a dudas, el
repunte continuado de la inflación en estosúltimos meses está
afectando a la competitividad de
nuestro tejido empresarial, a la competitividad de nuestrasempresas
españolas, ya sea por el alza de los precios de los carburantes o por
aspectos estructurales. El actual marco macroeconómico, con
diferenciales de inflación y de déficit de la balanza de pagos, no
deja de ser un reflejo de la pérdida de competitividad de nuestras
compañías respecto al tejido industrial y empresarial de los países
de la Unión Europea.
De hecho, en el año 2000, España ha perdido 1,2 puntos de
competitividad frente a los países europeos por el diferencial de
precios. Sólo hace falta mirar los diferenciales de la inflación del
resto de países de la Unión Europea para poder afirmar que se ha
perdido una competitividad estimada en 1,2 puntos. Como consecuencia
de esta pérdida de competitividad, el diferencial de la inflación ha
representado un encarecimiento relativo de los productos españoles
frente a los europeos así como la consiguiente pérdida de
competitividad de las exportaciones, acompañado por ese deterioro de
la baja comercial que se ha fijado en un incremento del 35,8 por
ciento en los 10 primeros meses del año pasado. Por ello, nuestro
grupo parlamentario desea conocer los datos de que dispone su
Secretaría de Estado respecto a los efectos de la inflación sobre la
base de la competitividad de las diferentes compañías españolas y sus
actuaciones en el mercado internacional.
Quisiéramos hacer asimismo otra consideración respecto a la posible
traslación del incremento de los precios al consumo a los costes
laborales. El planteamiento del Gobierno es que en la presente
negociación colectiva que se está realizando en el tejido empresarial
español (sindicato y patronal) sería interesante que no se superase
el dos por ciento; pero también es cierto que ha existido la falacia
del cuatro por ciento. Nos interesaría conocer los datos de que
dispone su Secretaría de Estado para saber si efectivamente se están
cumpliendo las previsiones en los diferentes convenios colectivos que
se están negociando, si se están firmando en la dirección del dos por
ciento, que es la previsión de inflación para este año , o si existen
diferenciales importantes que pueden condicionar el futuro de la
economía productiva.
También nos gustaría saber si, sobre la base del posible
recalentamiento que se pueda producir en la economía española, se
están preparando una serie de medidas adicionales por parte de su
Secretaría de Estado para evitar ese recalentamiento de la economía
española, en el caso de que se produjese. Desde la óptica de las
inversiones españolas en el sector exterior, es cierto que en este
informe de coyuntura se refleja que las inversiones de las empresas
españolas en el exterior aunque han crecido lo han hecho menos que en
el año 1999, correspondiendo al sector financiero un crecimiento
muchísimo más rápido. Querríamos saber cuáles son las causas que su
Secretaría de Estado cree que han influido en la ralentización de las
inversiones en el exterior que han realizado las empresas no
financieras.
Respecto a las reformas aprobadas en el real decreto- ley del mes de
junio del año pasado, han transcurrido ya seis o siete meses desde su
aprobación y nos gustaría saber qué consecuencias han tenido las
diferentes medidas adoptadas, tanto en el sector energético como en
el de hidrocarburos, líquidos, gas natural y defensa de la
competencia, según los datos recogidos en este informe de coyuntura
que usted ha presentado ante la Comisión de Economía. También
querríamos que nos explicara las noticias que han aparecido en
algunos medios de comunicación relativas a que el Ministerio de
Economía estaba preparando diferentes medidas liberalizadoras en
diferentes sectores económicos. Nos gustaría conocer la situación de
esos proyectos, de esas futuras medidas que pueden afectar a los
estancos y al Tribunal de Defensa de la Competencia, así como su
posición respecto al informe de este Tribunal en materia de
distribución de carburantes; en qué situación se encuentra y cuál es
su posición respecto a las futuras medidas que el Ministerio de
Economía o su Secretaría de Estado piensa traer al Parlamento para
liberalizar más la economía española en aquellos sectores que puedan
influir para que se puedan cumplir los objetivos de inflación para el
año 2001, que ustedes han cifrado en el dos por ciento. Nosotros
estamos de acuerdo en apoyar todas aquellas medidas que puedan
reconducir la economía española a más competitividad, con una
inflación similar al resto de países de la Unión Europea, sin perder
de vista que lo importante va a ser el crecimiento. Los efectos
perniciosos que puedan haber tenido estos diferenciales de la
inflación respecto a los demás países de la Unión Europea no nos han
de hacer perder el punto de vista de que lo importante es que las
previsiones de crecimiento se cumplan. Nuestro grupo parlamentario,
lógicamente, va a estar al lado de todas aquellas medidas que vayan
dirigidas a impulsar ese crecimiento previsto para que realmente se
convierta en el crecimiento efectivo a lo largo del año 2001.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV),
tiene la palabra el señor Azpiazu.
El señor AZPIAZU URIARTE: Antes de nada quisiera reiterar la condena
de mi grupo al atentado de ayer en Lasarte.
Agradecemos la presencia del secretario de Estado en esta Comisión
para explicarnos el momento económico en que vivimos. Yo creo que el
secretario de Estado ha mostrado un optimismo desbordado que,
sinceramente, me parece que no se atiene a la realidad económica y a
los problemas que estamos viviendo, no sólo en el Estado español sino
en el conjunto de la economía internacional. Ha hecho un
planteamiento un tanto escapista del análisis económico, que hubiera
sido lo más oportuno. En el entorno económico relevante se están
produciendo unos terremotos económicos como puede ser el problema de
Estados Unidos, los
problemas económicos que está padeciendo Japón, o las revisiones a la
baja, como usted ha reconocido, de las economías de la zona euro, y
parece ser que al Gobierno español todo esto no le afecta. Esto es lo
realmente sorprendente. Nosotros seguimos con el 3,6 por ciento de
crecimiento del PIB previsto para el año 2001 y lo que es más difícil
de creer es que seguimos con una previsión del dos por ciento de
inflación. Yo quisiera que hiciese realmente un esfuerzo y me lo
volviese a explicar. Es realmente sorprendente.
Yo no voy a entrar en muchas de las críticas que ya se han avanzado,
fundamentalmente por parte del Grupo Socialista, muchas de ellas
relevantes, porque es más importante que usted nos pueda explicar
algunas de las cuestiones que ya se han planteado en una segunda
vuelta.
Nadie duda que el problema de la inflación es enormemente preocupante
y realmente grave en la economía española. La inflación se sitúa en
el 3,8 por ciento en el mes de febrero y la inflación subyacente, que
es la que muestra el problema más de fondo y más estructural de la
economía, está en el 3,1 por ciento. Como usted ha indicado
anteriormente, está creciendo y ahí está lo preocupante de este
problema de inflación. Ha reconocido usted que la productividad ha
crecido en un 0,7 por ciento, lógicamente el empleo o la ocupación
está creciendo en un 4,7 por ciento, y la economía creció el año
pasado un cuatro por ciento, con lo cual el crecimiento de la
productividad es muy bajo. Y así como para el caso americano usted ha
dicho que la productividad será la que garantice un futuro mejor, en
nuestro caso, al tener un problema real de productividad, no sé qué
es lo que va a decir. Será que las perspectivas en ese sentido tienen
que ser necesariamente negativas.
Ante este panorama, que yo creo que sí que es preocupante y que
habría que analizar con más rigor para ver qué es lo que está pasando
en los países de nuestro entorno, ¿cuál es la receta que propone el
Gobierno? El Gobierno propone la receta de palo y tente tieso, que es
la receta del déficit cero, la receta que se deriva de la Ley de
estabilidad presupuestaria. No merece la pena hablar más de la Ley de
estabilidad presupuestaria en esta Comisión porque lo hicimos el día
8 y de una forma sobrada. Todos coincidimos en que era una ley
económicamente absurda e innecesaria y que respondía, como antes ha
dicho la portavoz del Grupo Socialista, a una falta de respeto, diría
yo, a otras administraciones públicas, al pensar que no son capaces
de hacer las cosas con responsabilidad y seriedad. Un palo de tente
tieso es fácil, es simplemente llamar al señor Montoro y preguntar:
¿Puedo hacer esto? El señor Montoro dirá: No. El otro llamará y le
preguntará: ¿Puedo hacer esto? Y le dirá: No. Eso suele ser lo más
fácil en la Administración. Lo difícil suele ser decir que sí y
buscar soluciones a los problemas. Ustedes dicen que este problema lo
vamos a arreglar con la moderación
salarial y dirán: trabajadores, modérense. Sus salarios están
subiendo al 3,2 por ciento, aunque los precios estén subiendo al 4.
Sigan perdiendo la capacidad adquisitiva, que ésa es la contribución
que van a hacer ustedes al crecimiento de la economía española.
Si no tienen más recetas, me parecen un tanto pobres. Yo me olvidaría
de la Ley de estabilidad y del déficit cero, tal y como ustedes lo
plantean, y de lo que me preocuparía es de cómo resolver el problema
de la productividad de la economía española. La productividad de la
economía española está vinculada en gran medida desde el sector
público a un aumento de aquellas infraestructuras que favorezcan la
productividad, de aquellas inversiones en I+D, en formación, de todo
aquello que puede hacer que el sistema productivo español funcione
bastante mejor. Pero todas estas actuaciones se van a ver truncadas
por la Ley de estabilidad presupuestaria, con lo cual nos tendrán que
explicar cómo van a hacer estas inversiones, cómo van a invertir en
I+D y en formación en todas estas cuestiones que estoy diciendo, sin
ir en contra de la ley que han aprobado.
No quisiera extenderme mucho más, simplemente quiero volver a decirle
que este optimismo no me parece muy realista. En el mundo están
pasando cosas que van a afectar a la economía española también. No es
que le vaya a afectar, le está afectando, pero quiero que lo
reconozcan ustedes y que digan desde la Administración pública qué
van a hacer. Confío en que será algo más que aplicar la ley Montoro a
ultranza. Espero sus respuestas.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra el señor Martínez-Pujalte.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: En primer lugar, quiero agradecer al
señor secretario de Estado su comparecencia y la documentación que
nos ha remitid, una el viernes, y, una segunda, el lunes.
Las previsiones de crecimiento siguen siendo positivas. Esta frase
con la que empiezo mi intervención no es una frase que haya dicho yo,
es una frase que ha escrito el portavoz socialista hace apenas tres
semanas en La Actualidad Económica. No entiendo muy bien que vengamos
a la Comisión y trimestre tras trimestre oigamos que esto va fatal,
que los ciclos positivos se convierten en ciclos negativos y que la
portavoz socialista diga que esto va muy mal. Su jefe económico
escribió taxativamente: las previsiones de crecimiento siguen siendo
positivas. Dice: La cuestión no es ésa -da por supuesto que son
positivas-. Y pregunta: La cuestión es saber si estamos sabiendo
aprovechar el ciclo económico para lograr incrementar nuestro
potencial de crecimiento, mejorar nuestra competitividad y
redistribuir la renta de forma más equitativa.
Con esas bases y con esos ejes voy a intentar haceralguna reflexión
personal. Aparte de lo que haya dicho
la portavoz socialista, queda fuera de toda duda que las expectativas
siguen siendo positivas y así lo reconoce también el grupo
mayoritario de la oposición. Lo que hay que ver es si la política
económica está llevando a que España mejore su potencial de
crecimiento. Hay una prueba del nueve: el empleo, la convergencia
real y el crecimiento diferencial con relación a los otros países.
Empleo. Estamos cumpliendo con un crecimiento solidario, un
crecimiento que mejora el bienestar de los ciudadanos cuando uno ve
las cifras de la tasa de paro. Podríamos leer cómo ha ido
evolucionando la tasa de paro en los últimos años. Está claro que
estamos consiguiendo rebajar la tasa de paro de manera importante a
la vez que se va mejorando el nivel de empleo. Quiero comentar un
dato que me parece muy importante, el diferencial de nuestra tasa de
paro en relación con la media europea. Si vamos mejorando mucho más o
vamos acortando mucho más nuestro diferencial de tasa de paro. En
1993, la tasa de paro estaba en el 12 por ciento; en 1998, estaba ya
en el 8,9 por ciento; en 1999, en el 6,7 por ciento y, en el año
2000, se situará muy poco por encima del 5,5 por ciento. Hemos
mejorado, reduciendo nuestra tasa de paro con relación a la media
europea y además de una manera importantísima, en mucho más de la
mitad. ¿Estamos consiguiendo que el crecimiento se convierta en
creación de empleo? Esa es otra pregunta destacada que se hace el
señor Sevilla en su artículo. Dice: necesitamos que nuestro
crecimiento se vea acompañado con la creación de empleo. Hay una
manera fácil de comprobarlo, y le pediría al señor secretario de
Estado que lo comentara: Ver cómo se comporta el crecimiento en la
Unión Europea y cómo se traslada en creación de empleo también en la
Unión Europea. Por ejemplo, en 1995, el crecimiento en el entorno de
la Unión Europea era del 2,4 y la creación de empleo, del 0,7; en
1996, 1,6 y creación de empleo 0,4; en 1997, 2,5 y 0,7; en 1999, un
2,5 de crecimiento en la media de la Unión Europea se trasladó a una
creación de empleo en el 1,6. ¿Cómo se comporta en España? En el
último año, un crecimiento del 4, en 1999, o del 4,1, en el 2001, se
trasladó a creaciones de empleo del 3,6 ó del 3,3. Es decir, estamos
trasladando nuestro crecimiento a creación de empleo. Eso es
positivo, igual que creo que es muy positivo que vayamos creciendo
más que la media europea y no sólo en épocas de fuerte o de intenso
crecimiento, sino también en épocas donde se ralentiza el mismo.
Estamos acortando nuestro diferencial con la Unión Europea de manera
muy importante y sostenida en los últimos cinco años.
Sobre la pregunta del Grupo Socialista, que se hacía la señora
Mendizábal, sobre los ciclos económicos y la respuesta de la economía
española a los ciclos económicos, hay que pensar si estamos poniendo
las bases para que, cuando se crezca, crezcamos más, pero también
introduciendo las debidas flexibilidades en la economía
para que, cuando se produzca una coyuntura de ralentización,
nos vaya mejor, aterricemos mejor y también vayamos corrigiendo
nuestro diferencial en términos de convergencia real.
En España se vivieron años importantísimos de 1986 a 1989. Hablaba la
señora Mendizábal del despilfarro del último ciclo económico para
sentar las bases de futuro. En 1986 y en 1989 hubo un crecimiento en
España espectacular, y está reconocido en todos los análisis
económicos. Lo que no se hizo fue aprovechar ese momento para
introducir la flexibilidad necesaria que hiciera que los aterrizajes
posteriores fueran suaves. ¿Qué pasó? Que en 1992 y 1993, como España
tenía una economía mucho más rígida que el resto de los países,
nuestro aterrizaje no es que fuera brusco, es que fue un trompazo
importantísimo. ¿Qué sucedió? Que, en 1992 y en 1993, nuestra
convergencia se fue absolutamente a los suelos, perdimos en términos
de renta per cápita; nuestra tasa de paro se incrementó notablemente
más; hubo muchísimo más paro; muchísimos más cierres de empresas.
¿Qué está sucediendo ahora? Que desde 1996 al 2000 hemos hecho los
suficientes deberes para que nuestra flexibilidad económica sea mayor
y nuestro aterrizaje pueda ser mayor. Por eso, en momentos de
ralentización económica, podemos crecer más, también podemos ir
corrigiendo nuestra convergencia real y vamos a ver qué pasa a lo
largo del año 2001. Yo creo que esa va a ser la línea de los
titulares con que vamos a encontrarnos a lo largo de este año:
ralentización de la economía española. Y algunos periódicos dirán: La
economía española pierde fuerza; otros dirán: Seguimos creciendo más
que la media europea. Ambas cosas son verdad, porque nosotros, en un
momento de ralentización económica, vamos a crecer más que la media
europea. Eso es lo positivo, porque eso es lo necesario para cumplir
el segundo elemento del que hablaba el señor Sevilla, que es
redistribuir la renta de manera más equitativa. Si vamos corrigiendo,
introduciendo flexibilidad, creciendo más, corrigiendo nuestra
convergencia real, podremos ir afrontando reformas que mejoren la
solidaridad y la cohesión de nuestro país, rebajando impuestos, y
haciéndolo con mayor intensidad a los ciudadanos de rentas medias y
bajas; podremos aumentar los gastos sociales; podremos mejorar los
niveles de pensión; podremos incrementar la financiación en sanidad,
en educación, en modernización de España.
A mí me parece que se puede discutir el modelo, todo es discutible en
esta vida, el modelo de política económica lo podemos discutir y
podemos tener seminarios intensos sobre si es el adecuado o no. Las
opiniones son diversas y no se pueden discutir; evidentemente, uno
puede decir que el modelo que se ha aplicado no es el adecuado, o sí
lo es. Lo que sí es verdad es que en esta Comisión, continuamente,
desde elGrupo Socialista, y no ahora desde que existe una
nueva dirección en su grupo sino desde 1996, se están anunciando dos
elementos de incertidumbre. Uno, que hay borrascas en el horizonte.
El señor Sevilla también lo anuncia; en su artículo, aparte de
reconocer el crecimiento, dice: Pero las sombras que se proyectan
sobre la continuidad de la expansión económica son importantísimas.
Siempre estamos con las sombras, llevamos desde 1996 en una continua
sombra para el Grupo Socialista. Que nos invade la sombra; ya lo
anunciaban los portavoces anteriores, lo anunciaba el señor Borrell,
ahora nos lo anuncia el señor Sevilla y la señora Mendizábal se hace
eco de la sombra. Evidentemente, existen ciclos económicos, lo que
pasa es que la existencia de los ciclos no me lleva al determinismo
de que no hay que hacer nada, sino a la necesidad de tomar medidas
para que, cuando la economía va bien, nosotros vayamos mejor, que es
lo que ha pasado, y, cuando la economía está aterrizando, nosotros lo
hagamos de una manera más suave, que es lo que está pasando. Por
supuesto que creo en los ciclos, pero también en que hay que tomar
medidas. Y las medidas que se han tomado son el esquema de la
política económica que se ha empleado desde 1996, que yo creo que es
la que hay que seguir aplicando, la que mi grupo pide que se siga
aplicando y la que vamos a defender en esta Cámara.
Nosotros creemos que es absolutamente necesario seguir con la
política de estabilidad. Absolutamente necesrio. Decía la señora
Mendizábal que no era necesaria la ley porque esto de la estabilidad
presupuestaria ya se daba por supuesto. Pues no se da por supuesto,
no se da. En España, hace unos años, los déficit públicos eran del
6,6, en 1995, del 6,1 en 1994, del 6,7 en 1993; no se daban por
supuestos. Lo que ha sucedido es que desde 1996 hay un punto y aparte
y empieza a descender. Eso es lo que es verdad. Y hemos pasado del
4,9 al 3,2, al 2,6, al 1,2, al 0,3, y al cero. Eso sí que es verdad.
Y, cuando hemos ido reduciendo el déficit público, ha ido creciendo
el empleo, ha ido creciendo nuestra convergencia real, hemos ido
teniendo un diferencial de crecimiento positivo con el resto de la
Unión Europea, hemos trasladado ese diferencial de crecimiento a
creación de empleo, hemos trasladado ese recorte en el gasto público
a tener fondos suficientes para mejorar los gastos sociales, para
mejorar el proceso de modernización de España. Nosotros estamos por
la estabilidad presupuestaria.
Yo, que he oído con mucha atención al señor Azpiazu, le tengo que
decir que no es que estemos imponiendo nada a nadie; es que estamos
sentando las bases para que España crezca, cree empleo y mejoremos el
bienestar de los ciudadanos, que es lo único que nos importa, señor
Azpiazu. Por eso, nosotros mantenemos que ha sido muy positiva la Ley
de estabilidad presupuestaria. Y afortunadamente, señor secretario de
Estado, no sólo lo mantenemos nosotros, sino que las encuestas dicen
que los españoles lo mantienen con una abrumadora mayoría, que lo que
quieren es que las
administraciones públicas no se gasten más de lo que ingresan, porque
parece razonable y porque los ciudadanos saben que, si las
administraciones no se gastan más de lo que ingresan, están
trasladando a generaciones futuras un país más solidario, están
liberando gastos de intereses y de amortización de deuda, que se
pueden emplear para políticas sociales y de modernización, y además
estamos sentando las bases del futuro. Señor secretario de Estado,
nosotros creemos que el pilar primero del modelo de política
económica, que, según la señora Mendizábal, está obsoleto, es la
estabilidad presupuestaria. La señora Mendizábal decía que el modelo
de política económica estaba obsoleto y, sin embargo, ella parece que
se apunta también ahora al carro de la estabilidad presupuestaria. Y
bienvenido sea el Partido Socialista al club de los que opinamos que
la estabilidad presupuestaria es buena. Bienvenido sea. Dice la
señora Mendizábal que ellos también intentaban la estabilidad
presupuestaria; lo que pasa es que no les salía bien. (La señora
Mendizábal Gorostiaga: Hay que distinguir entre la Ley
presupuestaria, la Ley de estabilidad y el Pacto de Estabilidad.)
El segundo punto capital de nuestro modelo de política económica son
las reformas impositivas. Creemos, y no es su campo, señor secretario
de Estado, que es muy importante seguir con un proceso de
modernización de nuestro sistema tributario, para sentar las bases de
futuro, y también seguir apostando por reformas en el impuesto sobre
sociedades, por la reforma que se ha hecho en el ahorro, por la
reforma en el IRPF, por la reforma en la fiscalidad de las pymes. Y
no entendemos desde mi grupo algunos mensajes contradictorios que se
dan desde el Grupo Socialista. Que el señor secretario general del
Grupo Socialista ahora defienda que en una comunidad autónoma se
ponga un impuesto al ahorro me parece que es ir contra lo que se está
haciendo en toda Europa. Ya que ha ido a ver Schröder le podía haber
enseñado algo de lo que se está haciendo en esos países en fiscalidad
del ahorro. Porque defender el impuesto que ha puesto el señor
Rodríguez Ibarra, que lo van a pagar los pensionistas extremeños, que
lo van a pagar los pequeños ahorradores extremeños en forma de menor
rentabilidad de sus ahorros (La señora Mendizábal Gorostiaga:
Presentamos ayer una proposición no de ley.) La proposición no de ley
la presentaron ayer. Lo que pasa es que el señor Rodríguez Ibarra ha
presentado una ley, además una ley que obliga y castiga a los
extremeños, y el señor Rodríguez Zapatero lo apoya. Pues bien, mi
grupo no está en esa tarea. Nosotros creemos que hay que seguir en la
línea de modernización del sistema tributario. Creemos también que
hay que seguir en la línea de las reformas estructurales. Nos parece
muy bien que el Grupo Socialista nos diga que hay que hacer más
reformas, nos parece muy bien y, además, lo aceptamos con todo
afecto. Lo que pasa es que no entendemos que voten
siempre que no cuando las traemos a esta Cámara. Nos pueden decir:
podrían ir ustedes más, pero no nos voten que no, porque traemos el
decreto de junio y nos votan que no; traemos reformas estructurales
en el mercado de trabajo y votan que no. Creo que hay que avanzar en
las reformas estructurales precisamente porque es el elemento
esencial, y me gustaría que el señor secretario de Estado hiciera
también una valoración, para dotarnos de flexibilidad y poder tener
una mejor situación si hay un proceso de desaceleración.
Hay un cuarto elemento en la política económica, que es el apoyo a
las pequeñas y medianas empresas, al tejido productivo. Creemos que
en esa línea hay que seguir para que nuestras empresas estén en los
segmentos del diseño, la marca, la innovación. Ahí tiene muchas
competencias el señor secretario de Estado. Creemos que se está
haciendo un gran esfuerzo desde la Dirección General de PYME para que
las pequeñas y medianas empresas también participen en procesos de
innovación tecnológica, en procesos de internacionalización. Además,
desde la subcomisión que se ha creado en este Parlamento para el
estudio de la pequeña y mediana empresa, nos están aportando datos
muy positivos para que podamos valorar y proponer en el futuro nuevas
ideas, porque creo que es esencial. Esa política económica con esos
cuatro ejes: estabilidad, modernización del sistema tributario,
reformas estructurales y apoyo a la oferta productiva, es el modelo
de política económica que hay que seguir aplicando si queremos que
España siga avanzando y siga en esta línea de recorte de nuestro
diferencial con los países más ricos de Europa.
Qué duda cabe que hay que avanzar, y hay que avanzar en temas como el
control de la inflación. Cuando se habla de diferencial de inflación
con otros países, también hay que saber lo que estamos diciendo. Con
Alemania el diferencial de inflación en 1995 era del 3 por ciento; en
1996, del 2,4; en 1998, del 1,2; en 1999, del 1,6 y en 2000 es sólo
del 1,4. Se ha recortado en 1,6 desde el año 2000. Con Francia, que
estaba en 1995 en el 2,9, en el año 2000 es del 1,7; con Bélgica, que
estaba en el 3,2, ahora estamos en el 0,6. ¿Hay que seguir avanzando?
Desde luego. Creo que esa es una tarea, y me consta, que al señor
secretario de Estado le supone una importante parte de sus esfuerzos.
Creo que en esa línea es donde hay que seguir avanzando y también,
señor secretario de Estado, hay que seguir avanzando en plantear
reformas que ayuden a los mercados de capitales, que ayuden a la
financiación de las pymes. Hemos conocido, a través de los medios de
comunicación, alguna de las líneas que puede contener la ley
financiera. Me parece muy importante que avancemos en esa línea y
tendremos tiempo de debatirla en el Parlamento y la debatiremos con
profundidad. Esos son los ejes en los que nosotros creemos que hay
que seguir caminando. Si, de verdad, nosotros conseguimos una
economía que crezca más que la media europea y, además,
que lo haga de una manera estable en el tiempo, con flexibilidad
para no pegarnos esos batacazos de 1992 y de 1993, estaremos
construyendo un país con más solidaridad, que es lo que mi grupo
parlamentario quiere para el futuro.
El señor PRESIDENTE: Para contestar las distintas intervenciones;
tiene la palabra el señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE ECONOMÍA, DE LA ENERGÍA Y DE LA
PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA (Folgado Blanco). En primer lugar quiero
hacer una breve reflexión, porque entiendo que es importante, sobre
la afirmación de la señora Mendizábal acerca del fracaso del modelo
de política económica. Creo que la solidez de un modelo se puede ver
por dos cosas: por el balance y por la capacidad que tiene de
resortes de continuidad. Como balance me voy a referir a dos aspectos
fundamentales, porque es la aspiración de la sociedad española. ¿En
qué medida hemos avanzado en convergencia real y en qué medida hemos
tratado de ir resolviendo el problema básico que tenía España, que es
el del paro, y que sigue siendo un problema que tendremos que seguir
resolviendo? En convergencia real hemos avanzado PIB per cápita en
paridad de poder de compra del 78,1 por ciento en 1995, al 82,1 por
ciento en 2000; la tasa de paro, de 22,9 al 14,1 de media; es decir,
hemos reducido a la mitad la diferencia en puntos. Creo que son dos
aspectos fundamentales. En crecimiento, en empleo, en convergencia
real, en reducción de la tasa de paro, son variables que nos permiten
decir claramente que el modelo de política económica que se viene
aplicando, en el que estamos profundizando, ha tenido un éxito que
debe reconocerse objetivamente por las cifras que hay que lo avalan.
Este modelo, como ha dicho S.S., se basa en tres pilares: el diálogo
social, la política de consolidación presupuestaria y reformas
estructurales. Antes de entrar en ello es verdad que nos tenemos que
preguntar en qué medida un determinado modelo de crecimiento es
sostenible; es decir, en qué medida el ritmo de crecimiento de la
economía nos permite esa convergencia real, aunque nunca estaremos a
salvo plenamente del impacto de las oscilaciones económicas que puede
haber en otros países, como es evidente.
Ya en el año 1998 se nos decía que la economía española iba a sufrir
una importante recesión como consecuencia de la crisis financiera
internacional y afortunadamente la economía española siguió creciendo
a ritmos en torno al 4 por ciento. Con relación a otras fases de
expansión económica, hay unos elementos diferenciales claves. Al
concluir la fase de expansión de la segunda mitad de los años ochenta
el déficit del sector público estructural -ahí están los datos-era
superior al 6 por ciento. Eso fue clave para explicar
por qué, después de cinco años de expansión, seguíamos teniendo, por
ejemplo, un diferencial de cinco puntos en tipos de interés con los
otros países europeos, lo cual imposibilitaba las inversiones y la
competitividad de las empresas. Uno de los pilares de crecimiento
económico es aquel que nos define una situación económico-financiera
de la empresa que permita seguir las inversiones, porque las
inversiones son las que, en definitiva, amplían la oferta, al mismo
tiempo que son un componente de la demanda. La situación económica y
financiera de las empresas españolas, y lo decía en mi primera
intervención, es una situación saludable, y el apalancamiento
financiero positivo es clave para que las inversiones empresariales
sigan creciendo. No existe desequilibrio presupuestario, que es otro
de los elementos que podrían estrangular el crecimiento, que liga
precisamente con el coste financiero y, por tanto, con el
apalancamiento financiero positivo de las empresas. Por tanto, ahí
tenemos unos elementos de base muy importantes para indicar que la
economía española puede seguir creciendo, insisto, con independencia
de que naturalmente sienta -como todas las demás, porque está
interrelacionada con otras economías- los efectos de las oscilaciones
económicas. ¿Esos efectos cuán grandes pueden ser sobre nuestra
economía? Se ha insistido mucho aquí en que la economía
norteamericana está en una situación delicada, y es cierto como
indican todas las variables, pero también es cierto que es una
economía muy flexible, que siempre ha demostrado que sale con
bastante rapidez porque, como digo, tiene mucha flexibilidad en el
funcionamiento de todo el sistema y la Reserva Federal ha reaccionado
con enorme rapidez, tanto en la reducción de tipos de interés, en
enero, como en la reducción de medio punto que acaba de realizar en
el día de ayer, y se supone que eso va a tener unos efectos
positivos.
En cualquier caso, en el primer semestre, el debilitamiento económico
en Estados Unidos está ahí, aunque todas las previsiones que están
realizando los distintos expertos dicen que en la segunda mitad del
presente año la economía norteamericana, las economías europeas y, en
general, la economía a nivel internacional, irán claramente a mejor.
Eso es lo que están diciendo ahora mismo todos los expertos. No
sabemos cuánto mejor; es cierto que en estos momentos hay un
componente de incertidumbre en cuanto a las previsiones para el
contexto económico internacional, en particular en cuanto a la
economía norteamericana, la economía japonesa y algunas otras
economías asiáticas e hispanoamericanas. También es cierto que la
bajada de los tipos de interés en Estados Unidos afecta positivamente
a otras economías, en particular a algunas economías americanas, a
las que va a favorecer en la recuperación económica. Con estas
variables sobre la mesa, y teniendo en cuenta que la economía europea
no es especialmente dependiente en sus transacciones comerciales con
Estados Unidos, se piensa -ésas son las previsiones
de los principales organismos y expertos- que la economía europea
se va a resentir en algunas décimas. Es posible que la Comisión
Europea haga revisiones a la baja de alguna décima, pero, en
cualquier caso, estamos hablando de un debilitamiento,
fundamentalmente en el primer semestre, que se reduciría escasas
décimas el producto interior bruto de la eurozona y que puede
afectarnos a nosotros.
En todo caso, nosotros habíamos previsto que, después de que la
economía española adquiriera una velocidad de crucero del 4 por
ciento, con fuerte aumento de las inversiones y del empleo, es verdad
que había un elemento que podía estrangular ese ritmo de crecimiento,
y es que estaba basado en la demanda interna, con descompensación en
el sector exterior. Afortunadamente, el pasado año, a pesar de que se
fue debilitando la economía, ha traído consigo un ritmo de
crecimiento que sigue siendo intenso, que sigue siendo superior al de
los otros países y, además, con equilibrio en el sector exterior en
cuanto a aportación al producto interior bruto, lo cual es muy
importante. El desequilibrio en pesetas corrientes en balanza de
pagos es obvio, habida cuenta del componente energético y de la
depreciación que ha tenido el euro. De modo que, en estos momentos,
estaríamos ante un crecimiento superior al 3 por ciento y más
equilibrado en el sector exterior, y ese cierto debilitamiento de la
demanda interna debe contribuir a esa variable básica en la que
hacían hincapié no sólo la señora Mendizábal, sino el señor Sánchez i
Llibre y el señor Azpiazu: la inflación y en qué medida la inflación
puede ser un elemento de estrangulamiento del crecimiento económico.
Es verdad que hay un diferencial importante con la Unión Europea y
tenemos que decir -lo ha dicho el vicepresidente económico del
Gobierno- que no estamos satisfechos, naturalmente, con la tasa de
inflación que hay, que, por supuesto, deseamos que sea menor, lo que
sí decimos es que, habida cuenta de cómo se están comportando
determinadas variables y la política económica que estamos aplicando,
entendemos que la inflación va a reconducirse por la senda de la
sostenibilidad en el crecimiento. Eso si, además de las medidas que
se están aplicando y de las previsiones que estamos haciendo a nivel
internacional, la negociación colectiva se comporta de modo coherente
con el marco de estabilidad macroeconómica que deseamos.
En la inflación tenemos que distinguir, como ha hecho la señora
Mendizábal, entre los componentes volátiles y coyunturales y otros
elementos insertos en la inflación subyacente. Dejemos a un lado los
efectos expansivos, que han sido muy importantes sobre la inflación,
de los precios de la energía en euros y de los precios de los
alimentos no elaborados, que en España han sido mayores que en otros
países, que tienen un gran componente de volatilidad. Hay otros
aspectos importantes a considerar. La inflación importada como
consecuencia del debilitamiento del euro, al margen de
los temas energéticos, no es lo mismo en un país que pulsa con
debilidad que en un país cuya demanda está siendo muy intensa. Por
eso, la inflación importada tiene en España un componente muy
importante, y no estoy hablando de la energía, sino de los demás
componentes, bienes intermedios, bienes de equipo, etcétera, que
afectan al conjunto de la inflación del sistema. No obstante, la
inflación de los bienes industriales y, en general, de lo que es la
economía más abierta al exterior y que tiene el efecto de la
competencia internacional, aunque ha repuntado por todo esto que
estamos diciendo, se mantiene dentro de los ámbitos que le permite la
competitividad exterior. El elemento de preocupación en la inflación
está, como ha dicho S.S., en algunos servicios, desde los servicios
turísticos hasta la sanidad, la educación, ocio, publicaciones,
etcétera. Sin duda esto nos tiene que preocupar, pero quiero decir a
S.S. que es obvio que, en un contexto de demanda muy dinámica, la
inflación del sector de servicios, menos expuesto a la competencia
exterior, sea algo superior; al fin y al cabo, la inflación es la que
denota las tensiones en la demanda de los distintos sectores. No
quiero decir que justifique la inflación, sino que la inflación es el
efecto de un comportamiento de oferta y demanda, y tenga en cuenta
que no son sectores que regule el Estado, no son monopolios, sino que
están afectados por la demanda. En ese contexto, y en pura
coherencia, el que la demanda interna se esté debilitando -continúa
con cierto dinamismo, pero se está debilitando- tiene que afectar a
la evolución de la inflación interna, puesto que estamos hablando de
sectores de servicios en los que el efecto de contención de precios
derivado de la competencia internacional es menor. Entendemos que ese
componente de la demanda, juntamente con una política presupuestaria
de consolidación, de equilibrio presupuestario, que es importante
para colaborar a ese marco de estabilidad macroeconómica, con las
medidas en relación con el mercado de trabajo, con las medidas de
liberalización económica, tienen que favorecer ese marco general de
estabilidad. En aquellos sectores en los que se ha actuado de manera
importante en cuanto a flexibilización y liberalización, tenemos una
reducción de precios importante, y más importante en España que en
otros países. Por ejemplo, según la Comisión Europea, en el período
1998-2000, en telecomunicaciones de baja intensidad, para usuarios
residentes, en España se ha reducido el 27 por ciento y en la Unión
Europea el 4 por ciento y para los de elevada intensidad, en España
el 28 por ciento y en la Unión Europea el 13 por ciento. Y lo mismo
sucede con el mercado de electricidad, que en España ha bajado el
14,3 y en la Unión Europea, el 11,9 por ciento. Estamos hablando de
reducciones de precios importantes en aquellos sectores en los que el
Gobierno ha tomado medidas de flexibilización, de liberalización y de
competencia, de manera que estaríamos hablando de inflación en el
sector de servicios, como decía S.S., donde
el componente de la demanda y el componente de ser intensivos en
factor trabajo hace muy importante el hecho de que la demanda se esté
debilitando a efectos de contención de la inflación y que sea
extremadamente importante que la negociación colectiva se desenvuelva
con arreglo a la evolución de la productividad y no tratando de
consolidar la inflación de carácter coyuntural que ha habido en el
año anterior. Si no fuera así, volveríamos entonces a las andadas del
pasado, al círculo vicioso de precios y salarios, naturalmente. (La
señora Mendizábal Gorostiaga: Es que en economía está todo dicho.)
Ha hecho referencia también al tema de la productividad. Al final
estamos hablando de costes, siendo la productividad un componente
importante para el crecimiento. La productividad, como sabe muy bien
S.S., es la relación por cociente de la evolución de dos variables:
la producción y el empleo. Nuestra producción ha estado creciendo
permanentemente mucho más que la de los demás países durante los
últimos años y el empleo lo ha hecho de manera muy intensa. De hecho,
nuestro empleo ha crecido prácticamente el triple que el de otros
países. El año pasado, en términos de contabilidad nacional, el 3,3 y
en Europa poco más del 1,5. No sé si S.S. lo que desearía es que
creciese menos el empleo para que aumentase más la productividad o
que creciese el PIB al 5, al 6 o al 7 por ciento. Eso lo desearíamos
todos. No obstante, es una virtud de la economía española que haya
crecido con una intensidad superior a otros países, avanzando en la
convergencia real, y que además sea intensiva en la creación de
empleo por unidad de producto, porque eso precisamente, en un país
que tenía una tasa de paro del 22,9 por ciento a mediados de la
pasada década, es un elemento fundamental. De manera que, obviamente,
debido a la evolución de esas dos variables, el aumento de la
productividad está siendo relativamente reducido, aunque en el último
año ha crecido más: el 0,7 frente al 0,4 y al 0,5 de años anteriores.
El fuerte aumento que ha habido de las inversiones empresariales, y
en particular el fuerte aumento de la incorporación de nuevas
tecnologías, creemos que es la base sólida para que la actividad
económica, al incrementarse la oferta, siga creciendo, así como el
empleo y la productividad y todo ello sobre la base de aumentar las
dos variables, la producción y el empleo, y no como ha ocurrido en
etapas anteriores, por ejemplo en la primera mitad de la pasada
década, en que la productividad aumentó más del 3 por ciento, pero
sobre la base de destrucción de empleo. Eso es algo realmente grave y
no lo desea nadie. Lo que importa es que siga creciendo, aunque sea a
un ritmo menor de lo que desearía S.S., sobre la base del aumento de
la producción y del empleo.
El empleo no se está resintiendo, señoría. Ya he dado las cifras que
nos ha proporcionado el Inem, así como los datos que tenemos de
afiliados a la Seguridad
Social y sigue aumentando con relativa intensidad. En cualquier caso,
para el presente año nosotros hemos previsto un aumento del empleo
del 2,5 por ciento, inferior al ritmo de aumento del empleo que ha
habido en años anteriores, precisamente como consecuencia de ese
cierto debilitamiento económico, aunque por otra parte sigue siendo
un crecimiento superior al de los demás países europeos, avanzando en
convergencia real. Se trata de un crecimiento más equilibrado, con un
crecimiento del empleo también más sostenible en la economía
española. Por tanto, hasta ahora no se está viendo que se esté
resintiendo el empleo de manera notable.
En cuanto al proceso de liberalización económica, en junio del año
pasado se aprobó un paquete de liberalización en muy diversos
frentes, un paquete muy importante que afecta a diversos sectores, en
particular a los que ha hecho referencia S.S. en los ámbitos
energéticos. La filosofía básica es muy clara y la profundidad de las
reformas también. Queremos competencia en todos esos sectores y por
eso se ha establecido un límite para la ampliación de cuota de
mercado en el sector eléctrico o en el establecimiento de nuevas
gasolineras y por eso se ha introducido competencia en el mercado del
gas. Lo que pasa es que la situación de partida en cada uno de esos
sectores es distinta. Por ejemplo, en el sector del gas partimos de
una situación de monopolio de facto, siendo las medidas tremendamente
importantes en cuanto a hacer separación de la interacción vertical
que había, en cuanto a Enagás, gestor del sistema, y por lo tanto en
cuando a reducción de la participación del propietario dominante, así
como en cuanto a que el 25 por ciento del contrato de gas de Argelia
también pase a competidores. Todo esto está en curso; de hecho, en
breve saldrá una orden ministerial en relación con este último punto,
el contrato de Argelia. Las relaciones con las empresas y con los
sectores implicados son amplias, intensas y muy complejas, siendo
esto lo que hace que en estos meses se estén culminando toda una
serie de medidas de implementación en relación con el Real Decreto-
ley de junio de 2000. Estamos hablando de reformas estructurales muy
profundas, que hacen que España sea hoy en día uno de los países más
avanzados de Europa y probablemente del mundo en cuando a
flexibilización y liberalización económica. Todas estas medidas de
gran profundidad se verán implementadas a lo largo del presente año.
Hablaba el señor Sánchez i Llibre del tema de la distribución y de
las gasolineras. Ahí también hemos establecido una medida para
limitar la apertura de gasolineras de los dos operadores dominantes,
Repsol y Cepsa. Y por lo que se refiere a la evolución de los precios
y los márgenes de distribución, ha ido totalmente en paralelo a la
evolución de otros países, de manera que en España no se ha dado una
situación de la que se pueda derivar una ampliación de márgenes en la
distribución comercial de productos derivados del petróleo
porque no exista una competencia adecuada. Los datos internacionales
están ahí, se los puedo suministrar a S.S., y en ellos puede verse
que no se ha dado en absoluto una ampliación de márgenes derivada de
una situación de no competencia. En todo caso, nuestro propósito es
que la ampliación del número de estaciones de servicio se realice
sobre la base de otros operadores distintos a los dos operadores
dominantes para que la competencia aumente.
En relación con el Tratado CECA, ya sabemos que a partir del año
2002, al desaparecer, naturalmente van a cambiar algunos de los
elementos de base que fundamentan el acuerdo al que llegó el Gobierno
con los sindicatos y con los empresarios del sector minero para el
período 1998-2005. Estamos ahora hablando sobre esta cuestión con las
instituciones comunitarias para que este plan que se ha aprobado, el
Plan de la minería del carbón, tanto por lo que respecta a su
reestructuración como por lo que se refiere a su desarrollo
alternativo, pueda ser perfectamente implementado en todo el período
para el que se aprobó sin que existan problemas desde el punto de
vista comunitario. Sabemos que, al desaparecer la CECA, obviamente se
le dará un tratamiento distinto a nivel comunitario; no obstante, el
efecto final queremos que sea el mismo. Estamos en permanente
contacto con las otras partes sociales, empresarios y sindicatos, y
periódicamente celebramos reuniones de la Comisión de seguimiento del
plan -ayer mismo tuvo lugar una extensa reunión- para demostrar que
se está llevando a cabo con carácter absolutamente minucioso y en los
términos en los que se aprobó. Para nosotros es vital que pueda
seguir todo el proceso de ayudas a la minería del carbón y al mismo
tiempo el programa de inversiones públicas, el programa de incentivos
a las empresas y el programa de formación para el desarrollo
alternativo, para que la transformación que se produzca en esas
comarcas no sea en absoluto traumática.
Al hablar de la inflación, señor Sánchez i Llibre, creo que ya hice
referencia antes a que es uno de los elementos que sin duda nos
preocupa, nos preocupa el diferencial de inflación. Bien es verdad
que una economía que quiere convergencia real difícilmente no tendrá
algún diferencial de inflación. Nosotros tenemos un nivel de precios,
con arreglo a los datos que nos dan las instituciones comunitarias,
que es inferior al de la media europea, como también es inferior
nuestra renta per cápita. Lo lógico es que la convergencia real
traiga consigo un cierto acercamiento de precios. Por tanto, no es
que no deba preocupar el diferencial de precios, pero sin duda será
prácticamente inevitable que haya un cierto diferencial de precios.
Lo que tenemos que evitar por todos los medios para dar
sostenibilidad a la convergencia real es que este acercamiento sea
rápido o muy intenso, porque entonces sí se produce una pérdida
importante de competitividad de la economía española. Nunca se puede
decir que la inflación sea un
tema de Gobierno, es de toda la sociedad. El Gobierno tiene sus
obligaciones. Entre sus obligaciones una de las fundamentales es
avanzar, a través del diálogo social, en la modernización del mercado
de trabajo; otra es su propia política presupuestaria, a través de la
que se controlan y asignan muchos recursos en la economía.
Naturalmente que la Ley de estabilidad presupuestaria no está para
decir por ley que no haya déficit porque no dice eso, sino que fija
instrumentos y mecanismos muy claros para explicar por qué se produce
déficit y cuáles son las normas que se deben adoptar para reconducir
la economía, porque nos va en ello el progreso de todos.
En este segundo plano, después de la reducción enorme del déficit que
ha habido en los últimos años y de reconducir la política
presupuestaria en estabilidad presupuestaria, equilibrio, para que
haya menos inflación es también muy importante avanzar en medidas de
dos tipos en política presupuestaria. Por el lado de los ingresos,
favorecer las iniciativas inversoras, como había dicho el señor
Azpiazu al hacer referencia a los temas de I+D, que son muy
importantes. En esto estamos haciendo grandes esfuerzos -hemos
ampliado las desgravaciones fiscales para I+D- porque la ampliación
de la oferta es vital para que la inflación en España no estrangule
el crecimiento, pues puede haber un crecimiento sostenible. Las
medidas de incentivación de la investigación y el desarrollo con
carácter general, específicamente para las pymes, son muy
importantes. Por el lado del gasto, las inversiones públicas son un
reto. La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista me decía que las
teníamos que haber hecho antes. No es cierto que las inversiones no
hayan estado creciendo durante este período de reconducción del
déficit. De hecho, durante todo este período, las inversiones
públicas españolas han estado, en porcentaje de PIB, un punto por
encima de la media europea, aunque me dirá S. S. que es necesario que
lo tengamos por encima puesto que la carencia de infraestructuras y
equipamientos es mayor. Tenemos que seguir en esta línea de absorción
plena de los fondos comunitarios, de invertir en mayor medida que
otros países, pero hacerlo de manera sostenible. De poco vale haber
creado déficit tremendos habiendo aumentado mucho más las inversiones
públicas, si traía consigo un estrangulamiento de los mercados
financieros con unos tipos altos de interés, como pasó en la otra
etapa de la expansión económica, que hace que inhiba la inversión
privada y al final se provoque un crowding out y no se logre el
objetivo deseado. De cara al futuro es mucho más importante continuar
con este modelo de aumento de las inversiones públicas -ya lo hemos
dicho en el Programa de Estabilidad-, que están en el 3,5 por ciento
del PIB, hacia el 3,9 por ciento del PIB, cercano al 4 por ciento,
frente a poco más del 2 por ciento de la media comunitaria, con
continuidad, absorbiendo plenamente los fondos comunitarios, y crear
la red de infraestructuras
y equipamientos, elemento básico para evitar estrangulamientos en
la inflación en lo que se refiere a todo lo que es transporte y
distribución en la economía, no sólo en bienes industriales sino en
muchos servicios. Ese es el otro punto básico y, luego, que se tomen
todas las medidas; si algunas van con algún retraso es precisamente
porque se quiere hacer de manera que sean plenamente eficaces.
Estamos hablando de medidas que se tenían que haber adoptado en el
pasado y no se habían adoptado durante muchos años. De hecho,
nosotros seguimos en la línea de flexibilización y liberalización
económica, lo que necesariamente tiene que traer un contexto de
competitividad mayor, por tanto de crecimiento más sostenible, es
decir crecimiento más intenso con menos inflación.
Entiendo que con todo lo que he manifestado hasta ahora estarían
respondidas las cuestiones que se plantearon en las intervenciones de
los distintos portavoces.
El señor PRESIDENTE: Quería dar la bienvenida y saludar a un grupo de
estudiantes invitados, que hoy nos acompañan, de los últimos cursos
de derecho y de derecho y empresariales de la Universidad Carlos III.
Es bueno que vean que los políticos, como el que acaba de hablar y
los que han hablado antes, son algo realmente cercano y que alguno se
anime a meterse en política porque últimamente no está muy bien
valorada por algunos y hay que buscar gente joven.
Señora Mendizábal, un minuto, por favor.
La señora MENDIZÁBAL GOROSTIAGA: Procuraré ser muy breve. Quiero
hacer algunas matizaciones, primero, respecto al modelo. Creo, señor
Folgado, que usted confunde modelo económico con ciclo de bonanza
económica. Para que se pueda saber si el balance es bueno o malo,
habrá que ver cómo se comporta el modelo en otra fase del ciclo,
porque yo creo en el ciclo. Hay que someter a este modelo a una
cuestión de prueba y error y ver qué pasa. Lo que me preocupa es que
en estos momentos no sean conscientes de que este modelo puede fallar
precisamente en una fase del ciclo que no es la de bonanza económica.
Me habla de la velocidad de crucero del 4 por ciento, pero yo
sinceramente no creo en la velocidad de crucero del 4 por ciento. He
hablado de la tasa tendencial de la economía española, que en quince
años estaba en el 2,8; que esté en el 3 es estupendo, pero me parece
terrible decir que está en el 4 y, además, que digan que se va a
compensar la caída de la demanda interna con la demanda externa.
Precisamente el problema es que estamos perdiendo competitividad
porque no controlamos la inflación y, por tanto, la demanda externa
puede resentirse, pero es que además estamos en una situación
bastante clara de recesión de la economía mundial, con lo cual la
compensación puede tener susinconvenientes. Por lo menos reconózcame
eso.
Me alegro de que me diga que al vicepresidente del Gobierno le
preocupa mucho la inflación. Es la única alegría que me da, porque a
él no le he oído decir muchas veces que le preocupa. Aunque no me da
tiempo, señor presidente, me habría gustado seguir, para esos alumnos
que están en estos momentos en la Comisión, en la disquisición que
podríamos tener sobre el tema de la inflación, una discusión entre
profesores universitarios sobre este tema. Ha hablado de la inflación
importada en España y de la importancia que tiene, pero todos sabemos
que, ante un shock simétrico de precios internacionales, el sector
energético ha repercutido en los precios finales, pero tiene un
incremento menor en España que en el resto de la unión monetaria por
estar ésta en una situación de precios mayores. Quiero decir que
podríamos empezar a discutir un montón de cosas respecto a esto, pero
creo que no es el caso. De este tema me quedo con que ustedes están
preocupados y piensan que hay que hacer algo, pero el paso siguiente
son las reformas estructurales. Ya le digo que no creo en la Ley de
estabilidad presupuestaria, es inútil, pero sí creo en las reformas
estructurales. Por eso le he dicho todos los incumplimientos del
Gobierno respecto de las reformas estructurales. Son incumplimientos
que no sé a qué son debidos, pero también le he dicho antes que hemos
desaprovechado un ciclo económico estupendo precisamente para poder
hacer esas reformas estructurales. Hay que seguir haciéndolas, pero
nos pilla en peor situación.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE ECONOMÍA, DE LA ENERGÍA Y DE LA
PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA (Folgado Blanco): Voy a ser muy breve en mi
respuesta a la señora Mendizábal.
Yo no he dicho que la economía vaya a seguir al 4 por ciento. Es más,
nosotros hemos previsto que pasa del 4,1 por ciento en el año 2000 al
3,6 por ciento en el año 2001. También hemos dicho que esta velocidad
de crucero que hemos puesto del 3,6 y del 3,3 por ciento en los años
siguientes -lo hemos puesto por escrito y lo hemos mandado a Europa-
es un crecimiento sostenible, es menos intenso que el anterior pero
más equilibrado y sigue aumentando el empleo la convergencia real,
que es lo que quería decir con el modelo de crecimiento, no
necesariamente garantizar -ojalá- que pudiera ir a esos ritmos la
economía. Pero qué duda cabe que, en efecto, se ve afectada por una
serie de variables importantes relacionadas con el contexto
internacional y naturalmente con lo que significa un crecimiento
sobre bases de estabilidad macroeconómica. Lo que sí hemos dicho
claramente es que se han sentado las bases para que pueda seguir
creciendo la economía de esa manera en los frentes que mencioné
anteriormente. Durante toda la pasada legislatura y en
la actual se han puesto los pilares y se ha avanzado en numerosos
frentes para la flexibilización y la liberalización económica.
También se ha avanzado en el diálogo social. Lo que hemos sentido es
que después del período de ampliación que se dio para el diálogo
social haya habido que elaborar el real decreto-ley, que es
precisamente para poder seguir avanzando en el empleo estable,
naturalmente también en las bonificaciones al empleo estable, y
establecer ciertas restricciones al empleo temporal y flexibilidad en
los contratos a tiempo parcial, porque si queremos seguir aumentando
el empleo en el futuro es muy importante que se modernice el mercado
de trabajo. Partíamos de una tasa de paro del 23 por ciento, estamos
en algo menos del 14 y tendremos que ir hacia tasas menores sobre la
base de modernizar el mercado de trabajo y siempre sobre la base del
diálogo social. De hecho, las medidas que se han adoptado forman
parte del grueso de lo que era la mesa de negociación, incluso de
cierto consenso entre los interlocutores sociales.
Estos son los frentes que nos han permitido explicar por qué la
economía española no se encuentra, después de cinco años de expansión
importante, con los estrangulamientos que le auguraban mal futuro a
una fase de expansión, como pasó en otras fases anteriores, por
ejemplo, en la segunda mitad de los años ochenta. Afortunadamente
podemos decir que la economía española goza de resortes suficientes
para sortear con vigor las situaciones extranjeras delicadas, por
ejemplo, como pasó en 1998 con la crisis financiera internacional, en
la cual también ustedes nos auguraban -lo recuerdo aquí- un proceso
de debilitamiento rápido y muy intenso y no fue así, precisamente
porque la economía española goza de los resortes para responder a
esas situaciones más delicadas que puede haber a nivel internacional.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor secretario de Estado por su
comparecencia de hoy. En otra ocasión, cuatrimestral o cuando lo
considere conveniente, será nuevamente bienvenido.
Suspendemos dos minutos para despedir al secretario de Estado.
(Pausa.)
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- RELATIVAA MEDIDAS A TOMAR ANTE LA ASBESTOSIS EN LOS ASTILLEROS
PÚBLICOS. PRESENTADAPOR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de
expediente 161/000477)
El señor PRESIDENTE: Señorías, pasamos al siguiente punto del orden
del día: Proposiciones no de ley. En primer lugar, la relativa a
medidas a tomar ante la asbestosis en los astilleros públicos,
presentada por el Grupo Mixto. Para su presentación, tiene la palabra
el señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Previamente a meternos en el caso
concreto que nos ocupa, nos gustaría comentar algunas cuestiones
referidas a los antecedentes históricos y a la situación actual en
relación con los casos de asbestosis; casos que tienen sus
antecedentes más remotos en la transición del siglo XIX al siglo XX,
coincidiendo con la expansión industrial, que se manifiesta a través
de distintas enfermedades como la fibrosis pulmonar, conocida como
asbestosis, el cáncer broncopulmonar, el de laringe y también una muy
particular y abundante en nuestros astilleros, el mesotelioma de
pleura, de peritoneo o de pericardio. A partir del año 1955 las
autoridades sanitarias no dudaron de la relación causal que existía
entre el cáncer de pulmón y la exposición al trabajo con amianto; se
demostró experimentalmente que 113 trabajadores que habían estado
expuestos durante 20 años al contacto con este material acabaron
sufriendo diversas manifestaciones de carácter cancerígeno. Tan es
así que, en el año 1986, la Organización Internacional del Trabajo, a
través del Convenio 162 y de la Resolución 172, sobre uso de amianto
en condiciones de seguridad, puso el dedo en la llaga al advertir de
la necesidad de que los trabajadores actuasen bajo unas estrictas
condiciones en este tipo de contactos. El Convenio de la OIT fue
ratificado por el Estado español en 1990, pero previamente varias
directivas europeas se trasladaron a la legislación española, en
concreto de los años 1983, 1990 y 1991, bien en forma de órdenes
ministeriales bien en forma de reales decretos. No se puede decir,
por tanto, que en el Estado español no exista un claro reglamento
para el trabajo con amianto, que fue modificado sucesivamente para
adaptarlo a la realidad práctica, pero sí se puede decir y afirmar
con contundencia que esta legislación no es respetada en la práctica,
a pesar de, vuelvo a repetir, no solamente la constatación y la
debida justificación internacional, también del Estado español, de la
relación causa-efecto entre los distintos tipos de cáncer y el
trabajo expuesto a amianto. En concreto, la Agencia Ambiental de
Estados Unidos reconoce que el asbesto es el principal contaminante
ambiental cancerígeno que se conoce y en el Estado francés ya se ha
prohibido su uso desde 1999, sin necesidad de esperar a esa moratoria
que coloca el horizonte de la prohibición del amianto en el Estado
español, por ejemplo, en el año 2005. Incluso el Estado español creó
una comisión de seguimiento para la aplicación del Reglamento de
1984, el primero con el que contamos, que duró hasta el año 1996, y
en 1999 en el Comité Nacional de Seguridad y Salud en el trabajo se
creó un grupo específico precisamente para tratar esta temática.
El caso concreto que nos ocupa es el de una empresa estatal, la hoy
llamada IZAR y que antes se denominaba Bazán, con sus distintos
centros de Ferrol, Cartagena y Cádiz, si bien los casos que se han
expuesto públicamente y las reclamaciones oportunas por vía judicial
o reconocidas por la empresa se dan Ferrol. En esta ciudad
se dejó de trabajar en sus astilleros con amianto desde el año
1980 y 20 años más tarde se demuestran las consecuencias del contacto
con este producto cancerígeno. Los jueces de lo social de la ciudad
han aceptado y legitimado demandas por graves enfermedades o muertes
por amianto, en concreto dos formas de consecuencia cancerígena:
mesoteliomas y de fibrosis pulmonar. Al mismo tiempo, el comité de
salud laboral de la factoría tiene contabilizados y reconocidos por
la propia empresa 300 casos de asbestosis, de los cuales 200
pertenecen a personal laboral en activo. Esto ha llevado a que el
comité de empresa de IZAR-Ferrol haya presentado un plan de choque a
la dirección de la empresa para que sea discutido por la SEPI, de
forma que se asuman las consecuencias y se garantice una política
preventiva, que si bien está asegurado desde el punto de vista de que
hoy ya no se trabaja con este tipo de producto, es cierto que en el
RERA, el registro donde están todas las empresas que pueden estar
afectadas por contaminación de este tipo, se reconoce que en los
desguaces y en las reparaciones de barcos que se efectúan no
solamente en esta empresa sino en la antigua Astano, también
dependiente de la SEPI, se trabaja aún en condiciones de contacto con
el amianto, por no hablar de cuando se hacen reparaciones en las
antiguas fragatas, por ejemplo las fragatas Baleares, que tienen
fibras de amianto en sus forrados y además, en malas condiciones.
Nuestras propuestas siguen al pie de la letra las presentadas por el
comité de empresa de IZAR-Ferrol a la dirección de la empresa y van
referidas a los trabajadores en activo afectados, a los trabajadores
en activo no afectados, por medidas de precaución y seguridad, a los
trabajadores prejubilados afectados, a los trabajadores prejubilados
no afectados, a los jubilados e incapacitados precisamente por estar
afectados y a los jubilados e incapacitados no afectados. En el
primero de los casos proponemos que se hagan reconocimientos
periódicos en la unidad de silicosis que está en Oviedo, pero
nosotros pretendemos que el Estado español tenga más unidades de
tratamiento de silicosis y no haya que desplazarse precisamente a
esta ciudad cuando hay muchísimas empresas sometidas al contacto con
amianto en distintas comunidades autónomas. En segundo lugar
proponemos que se posibilite el acceso voluntario a la incapacidad
absoluta por enfermedad profesional. En tercer lugar, en el caso de
los trabajadores activos que estén afectados, de los que estamos
hablando, que puedan acceder a puestos de trabajo alternativos donde
sea muchísimo más fácil resistir en condiciones de afectación como
las que padecen ya algunos de estos trabajadores en activo. En
relación a los trabajadores no afectados en activo proponemos que se
haga un reconocimiento general en el año 2001, con pruebas
específicas dedicadas a comprobar si realmente puede haber
contaminación por amianto y quelos casos sospechosos vayan a la
unidad de silicosis
más próxima para ser examinados. En relación con el tercer grupo, los
prejubilados afectados, pedimos reconocimientos periódicos en las
unidades de silicosis y el acceso a la incapacidad absoluta por
enfermedad profesional. En el caso de los prejubilados no afectados
pedimos reconocimientos específicos voluntarios y, en los casos
sospechosos, exactamente igual, además de ser examinados en la unidad
de silicosis más próxima. En el caso de los jubilados incapacitados
por estar afectados pedimos que se haga un reconocimiento periódico
en la unidad de silicosis más próxima. Pedimos lo mismo para los
jubilados e incapacitados no afectados, que se puedan reconocer
voluntariamente y se remitan los casos sospechosos a la unidad de
silicosis más próxima. Como es lógico, sería totalmente parcial y no
tendría unas consecuencias prácticas de importancia si no se
estudiasen las indemnizaciones o el fondo que hay que dotar para
hacer frente a todas las medidas anteriores, ya que los tribunales
tanto por la vía de lo social como por la vía de lo penal y de lo
civil ya sentenciaron, pero sentenciarán mucho más en la dirección de
obligar a que se asuman las consecuencias de no haber tomado medidas
a su debido tiempo. En el Estado francés son ya miles las demandas y
las sentencias en esta dirección y, vuelvo a repetir, en el caso de
Ferrol ya hay algunas también de los juzgados de lo social. Los
puntos 8, 9 y 10 se refieren solamente a prevención y seguridad, a
prevención en el control e inspección de todos los bienes inmuebles
que hay en la factoría para ver si tienen fibras de amianto, en los
buques de guerra que necesiten sustituirlas como en el caso de las
fragatas Baleares, a las que antes aludí, y la protección y
vigilancia de las fibras sustitutorias del amianto pero que puedan
tener también consecuencias dañinas para la salud.
Acabo recordándoles que en una comparecencia del 28 de abril de 1998
en la Comisión de Política Social y Empleo de este Congreso de los
Diputados el Gobierno reconoció, respecto del número de trabajadores
que ha sufrido alguna patología derivada del uso del amianto durante
el período 1980-1997, que se han producido 37 fallecimientos. Las
causas de estas 37 muertes fueron: seis por mesotelioma, 11 por
carcinoma pulmonar, 12 por asbestosis y ocho por insuficiencia
respiratoria aguda. Estos datos chocan con los del Ministerio de
Sanidad, a través del Centro Nacional de Epidemiología, que reconoce
entre 460 y 500 muertes por año. La diferencia de los datos está
simplemente en que en la Comisión de Política Social y Empleo se
informaba desde una óptica puramente laboral y, sin embargo, Sanidad
da unos datos puramente sanitarios, pero no cabe duda de que no se
puede esconder la cabeza debajo del ala y decir que este problema no
existe. En todo caso, como se trata de una empresa pública, sería
importantísimo, incluso modélico y ejemplar, para todas las empresas
registradas en el RERA y que dan información a través de las
comunidades autónomas
muchas veces directamente al Estado, que comprueben que el Estado
practica con el ejemplo y controla sus empresas, que tiene una
política preventiva y asume las consecuencias derivadas de años en
que esta política preventiva no se aplicó como se debía. Por lo
demás, sabemos que es muy urgente la prohibición del uso del amianto
y, en todo caso, en el litigio que hay en la organización mundial del
comercio entre la Unión Europea, en particular Francia, y otros
Estados como Canadá, gran beneficiario de este tipo de producción, el
Estado español abogue siempre por defender las posiciones preventivas
y las posiciones que tienen un fundamento científico, pues
desgraciadamente ya hay un contraste palpable y empírico en nuestro
caso con tantos cientos de enfermos que, vuelvo a repetir, en la
empresa Bazán-Ferrol está demostrado y reconocido por la empresa que
hay 200 afectados en activo y 300 casos de asbestosis y mesotelioma.
El señor PRESIDENTE: Para defender la enmienda que ha presentado el
Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el diputado señor
Díaz Díaz.
El señor DÍAZ DÍAZ: Un tema de revistas especializadas
o publicaciones minoritarias empieza a ser noticia habitual en la
prensa de Galicia. Nos referimos a la asbestosis, y el portavoz del
grupo proponente acaba de explicar por qué el tema es noticia en
Galicia.
Varios organismos internacionales responsables de la seguridad e
higiene han calificado el asbesto como una sustancia potencialmente
cancerígena, estableciendo límites muy precisos de presencia de
partículas en el aire. Ante este problema, la misma Unión Europea,
considerando que es un medio eficaz para proteger la salud humana, ha
decidido prohibir la utilización de las fibras de amianto crisotilo y
de los productos que lo contengan. Por ello, en julio del año 1999,
la Comisión adoptó una directiva que prohibe a los Estados miembros
la introducción de nuevas aplicaciones de amianto en sus territorios
y regula de manera rígida la eliminación de este material y los
trabajos relacionados con el mismo. Es una pena que esta medida no se
tomara veinte años antes, cuando se descubrieron los primeros casos
de la enfermedad, porque así nos hubiéramos evitado muchas muertes y
también nos evitaríamos la discusión de hoy.
Estudios de la Unión Europea estiman que el amianto causará en los
próximos treinta años 500.000 muertes, de las cuales más de 40.000 se
estiman en España. Todos los países de la Unión Europea, en
correspondencia con la directiva citada, tienen decretada la
prohibición de este material y desarrollan planes específicos para su
retirada allí donde fue instalado. Se crearon comités científicos que
están ocupados de este control, y en España, como se dijo, también
existen, aunque su funcionamiento en estos momentos es discutible.
El tema que nos trae aquí es la construcción naval, pero el uso de
amianto está bastante extendido, se utiliza amianto en los repuestos
de coches, de electrodomésticos, en la construcción, etcétera. Por
ello es muy grande el número de afectados o de personas expuestas
a este peligro potencial. En España echamos en falta campañas
explicativas, así como la retirada y sustitución de este material, lo
cual nos parece una irresponsable despreocupación. Uno de los
problemas más importantes del amianto hoy en día lo produce el
amianto instalado. El peligro ya no está en la colocación -no se está
colocando ya amianto-, sino en la misma retirada. Entre el año 1965 y
el año 1980, España importó una media anual de 10.000 toneladas de
fibras de amianto, en buena parte para la fabricación de
fibrocemento, o sea, de uralitas y tuberías del mismo producto que
están instaladas en cantidad de edificios públicos y privados.
Estamos, pues, ante un problema no sólo de salud laboral, sino
también de salud pública, ante el que se debe actuar dándose una
respuesta adecuada por el conjunto de las administraciones.
Nosotros, los socialistas, conocíamos este tema y lo tenemos
planteado ante la Comisión de Sanidad y ante la Comisión de Trabajo
por entender que estamos ante un problema grave de salud, de salud
laboral, que debe tener una respuesta, un problema que afecta a miles
de trabajadores y también a diferentes sectores y actividades.
Entendemos la propuesta del Bloque Nacionalista Galego, pues en
Ferrol hay una gran preocupación por este tema, tengamos en cuenta
que la construcción naval fue hasta hace poco tiempo el sector
dominante en esta zona. El comité de salud laboral de la factoría
ferrolana de Izar detectó el problema; como se dijo, 300 casos de
asbentosis, de los cuales 200 son aún trabajadores en activo en la
factoría. Como quiera que Izar es un grupo público, su comité de
empresa aprobó una tabla reivindicativa, una tabla de negociación, de
reclamaciones ante la empresa, que coincide, como dijo el proponente,
con la propuesta, y en este caso entendemos que la Administración es
responsable última de Izar y debe tener algo que decir en el
problema, de ahí que consideremos pertinente la propuesta. Además,
como se dijo, las medidas tienen un coste económico que debe
presupuestarse, y por eso nos parece correcto que el tema se debata
hoy aquí.
Nosotros suscribimos la propuesta, pero también entendemos que el
problema es general y queremos aprovechar la ocasión para extender la
propuesta a otros campos. Por ello, en nuestra enmienda demandamos
que se ponga un mayor celo en el cumplimiento de la legislación
vigente, sobre todo en lo que se refiere a la obligatoriedad de
inscripción de las empresas en el Registro de Empresas con Riesgo de
Amianto, RERA, y también exigencia en el cumplimiento de las
obligaciones derivadas del libro de registro, que está comprobado que
no se cumple, así como que se considere que han de inscribirse en el
RERA las empresas que trabajan
con amianto manufacturado y también las que trabajan en
desamiantado, porque esta última parte no siempre se cumple.
Igualmente proponemos un plan de recogida de residuos de asbestos a
través de empresas y personal autorizado para su tratamiento en zonas
controladas, comenzando de inmediato la retirada de los componentes
de amianto y su sustitución por materiales inocuos en las
instalaciones públicas, colegios, hospitales, redes de
abastecimiento, etcétera, y por último, anticipar el fin de la
moratoria prevista por la directiva de la Unión Europea para la
prohibición definitiva del amianto en determinados usos. Esta es
nuestra aportación a ese tema que, como digo, esperamos discutir
próximamente en las comisiones de Sanidad y de Trabajo, aunque el
enfoque no va a ser exactamente el mismo.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra el señor Souvirón.
El señor SOUVIRÓN GARCÍA: La asbestosis es una fibrosis pulmonar
producida por la inhalación de fibras y polvos de amianto, que tiene
la consideración de enfermedad profesional en nuestro ordenamiento
jurídico laboral. El Real Decreto 1995/1978 cita entre las
enfermedades profesionales a la asbestosis, y se refiere a los
trabajos expuestos a la inhalación de polvos de amianto y
especialmente a los trabajos de aislamiento térmico en la
construcción naval. De esta calificación jurídica se derivan
consecuencia sanitarias y de seguridad e higiene en los centros de
trabajo mediante normas que vienen a prevenir y limitar los posibles
efectos de la enfermedad. A título de ejemplo, la Orden Ministerial
de 21 de junio del año 1982 y la resolución de la Dirección General
de Trabajo, de 30 de septiembre del mismo año, sobre condiciones en
que deben realizarse los trabajos en los que se manipula amianto, la
Orden Ministerial de 31 de octubre del año 1984, que aprueba el
reglamento sobre trabajos con este material, o la Resolución de 30 de
febrero del año 1989, que regula la remisión a las autoridades
administrativas de las fichas de seguimiento ambiental y médico para
el control de la exposición al amianto. Hay, por tanto, toda una
construcción legal relativa a esta enfermedad profesional que pone de
manifiesto la sensibilidad de la legislación social española sobre la
asbestosis y que ha de ser cumplida preceptivamente por la empresa,
habiendo, si no, mecanismos suficientemente contrastados para que
esto hubiera sido así, como por ejemplo la inspección de trabajo o
los propios tribunales de lo social.
Pero además, el astillero de Izar-Ferrol ha venido tradicionalmente
adelantándose a la regulación legal general en la previsión de las
consecuencias del trabajo con amianto. En los años sesenta, antes de
que en 1971 la ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo
lo hiciera obligatorio, ya se utilizaba en la empresa
la protección respiratoria en los trabajos con riesgo de amianto. En
febrero de 1977, cuando todavía no existía ninguna normativa legal
específica, el servicio de seguridad del astillero, debido a los
índices de mayor toxicidad del amianto aparecidos en ciertas
publicaciones técnicas, establece unas normas de seguridad
específica, llamadas instrucciones de seguridad para prevenir los
riesgos de exposición al amianto, adelantándose así al conjunto de la
industria española al respecto. Se adquieren sistemas de medidas y se
comienza con las primeras mediciones de fibras de amianto en el
ambiente de trabajo, utilizándose como criterios de referencia para
valorar la exposición valores mucho menores que los oficializados en
el registro de actividades molestas, nocivas, insalubres y
peligrosas.
Por otra parte, los servicios médicos vienen realizando los
reconocimientos específicos legalmente exigidos a partir de los
protocolos y las fichas médico-laborales, reconocimientos que
continuarán durante el tiempo necesario para detectar las posibles
patologías en los trabajadores profesionalmente expuestos. La
empresa, como ya se ha dicho aquí, figura de alta en el registro de
empresas con riesgo de amianto y, por tanto, sujeta al seguimiento
legal que corresponda. Existen, por otra parte, numerosas actas de
los órganos paritarios en seguridad, en las que a partir del año 1989
se informa a los representantes de los trabajadores de todas estas
cuestiones y ellos participan activamente en el desarrollo de las
actuaciones que se van estableciendo. Por todo ello, nos parece que,
si bien toda cautela es poca, las garantías legales vigentes y la
práctica de la empresa son suficientes en este momento para prevenir
y tratar el problema de la asbestosis en la factoría de Izar-Ferrol,
entre otras cosas, porque algunas de las propuestas de la iniciativa
que debatimos ya se cumplen en la realidad de cada día. Las
propuestas concretas que hoy se nos plantean pueden ser divididas en
cuatro grupos.
Antes de analizarlas, sí querría decir que el número de afectados,
según los datos que tenemos, es, afortunadamente, muy inferior al que
expresa la exposición de motivos de la proposición que debatimos, lo
que no resta importancia al problema pero sin magnitud. Así, el grupo
proponente dice que hay 300 casos reconocidos, de los que 200 están
en activo, mientras que nuestras cifras nos dicen que se han
examinado 321 casos expuestos al riesgo, de los que 98 se han enviado
al Instituto de Silicosis de Oviedo para su dictamen y, entre ellos,
han sido declarados oficialmente como enfermos de asbestosis 86, de
los que 29 son los que están en activo. Ya digo que con ello no
restamos importancia al problema, pero sí lo centramos en su real
magnitud.
Para finalizar, brevemente vamos a pasar al análisis de las
propuestas concretas que recogen la inciativa, que son numerosas y
que nosotros dividiríamos en cuatro grupos.
Primer grupo, relativo a los reconocimientos médicos. Tanto si se
trata de trabajadores afectados como no afectados, en activo,
prejubilados o jubilados, ya está regulada la obligatoriedad de los
reconocimientos médicos periódicos, ocupacionales o
postocupacionales, y las características que deben reunir los mismos
por el reglamento sobre trabajo con riesgo de amianto.
En cuanto al acceso voluntario a la incapacidad absoluta por
enfermedad profesional, hay un procedimiento legalmente establecido
para el reconocimiento de la invalidez absoluta. Cualquier trabajador
en activo o prejubilado puede instar el inicio del procedimiento de
declaración de la invalidez y no creemos que sea oportuno establecer
excepciones al sistema legalmente, y con generalidad, establecido.
En cuanto a la creación de un fondo económico, dado que las medidas
recogidas anteriormente no proceden, desde nuestro punto de vista, al
estar recogidos por la normativa vigente, no nos parece necesario el
fondo que se solicita para cubrir las necesidades que pudieran
derivarse precisamente de la toma en consideración de lo que
anteriormente se nos proponía.
En lo que se refiere a los puntos 8, 9 y 10 de la inciativa, tenemos
que decir, en cuanto al punto 8, que la evaluación de los riesgos que
debe realizar toda empresa, teniendo en cuenta todas las actividades
que se desarrollen, sean regulares o esporádicas, incluye la
identificación de cualquier elemento que contenga amianto, en la
medida en que este contamine o pueda contaminar el ambiente de
trabajo. En cualquier caso, los trabajos de mantenimiento y
reparación de elementos en los que exista riesgo de desprendimiento
de amianto deben realizarse con las especiales precauciones que se
establecen en la Orden Ministerial de 7 de enero del año 1987.
En cuanto a la sustitución de los forrados de amianto, el principio
de sustitución de los peligrosos por los menos peligrosos, en este
caso del amianto por otras fibras menos nocivas ya está recogido en
el artículo 15 de la Ley de prevención de riesgos laborales y en el
artículo 5.1 del reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto, los
trabajos de desmiantado se regulan a su vez en la Orden Ministerial
anteriormente citada de enero de 1987.
Por último, en cuanto al tratamiento de nuevas fibras con los mismos
sistemas de protección que se emplean para el amianto, quiero decir
que cuando se efectúe la sustitución será obligatoria la revisión de
la evaluación, lo que pondrá de manifiesto la magnitud de los riesgos
existentes y las medidas preventivas que conviene adoptar, que
dependerán de la naturaleza de las fibras empleadas, que precisamente
se sustituyen para que no sean cancerígenas, y de las condiciones de
exposición a las mismas.
Por tanto, con arreglo a todo lo dicho, nos parece que tenemos un
edificio legal suficientemente importante sobre la materia que
tratamos, y con ese edificio legal
se garantiza sin duda alguna que la enfermedad esté suficientemente
prevenida y que se puedan tomar las medidas oportunas para su
tratamiento. Nos parece que existiendo todas estas leyes, lo que debe
plantearse es su cumplimiento, si alguien piensa que no se están
efectuando, y estamos seguros que las normales relaciones entre el
comité de empresa y la dirección de Izar-Ferrol seguirán avanzando en
la permanente mejora de la situación.
En ese ámbito es en el que creemos que se debe seguir avanzando y, en
consecuencia, vamos a votar en contra de la iniciativa que se nos
plantea.
El señor PRESIDENTE: Por parte del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Frutos.
El señor FRUTOS GRAS: El amianto es malo, porque produce asbestosis.
Hace mucho que se sabe, pero el Grupo Parlamentario Popular vota en
contra de esta proposición no de ley. Aunque sea malo y se sepa,
afecta a trabajadores directamente, y hay mucho tiempo para prohibir,
hay mucho tiempo por delante, toda la historia. Si las asbestosis
pasasen por ministerios y ámbitos ejecutivos, seguramente se habría
ido más deprisa en su prohibición, pero normalmente los más afectados
son los de abajo, en primer lugar, los trabajadores que tienen
contacto directo con el material, que se producía en las fábricas y
que desde hace mucho tiempo se sabe que es malo.
Todas las medidas propuestas por el compañero Francisco Rodríguez,
representante del Bloque Nacionalista Gallego, tienen un sentido
concreto referido a los afectados o potenciales afectados de la
empresa Izar, pero, a mi entender, son válidas como medidas
preventivas en todos los casos y sustitutivas del amianto. Por ello,
nosotros vamos a votar favorablemente esta proposición no de ley, ya
que nos parece que es válida para este momento concreto, pero al
mismo tiempo nos gustaría que, con la extremada sensibilidad de esta
Comisión, se expresase una iniciativa hacia el plenario para el
adelantamiento de la total prohibición del amianto y todo tipo de
medidas preventivas y sustitutivas del amianto en los lugares en
donde hace muchos años se ha instalado. Tenemos que hacer frente
a este problema para que los trabajadores y las gentes de la ciudadanía
en general que no son trabajadores directos pero que sufren las
consecuencias de la enfermedad del amianto, puedan tener unas mínimas
garantías y la seguridad de que están debidamente protegidos ante
esta posible enfermedad.
Por tanto, no es necesaria mucha retórica para explicar que una
medida es buena; por el conjunto de propuestas que hacen en la
proposición no de ley los amigos del Bloque Nacionalista Gallego, la
apoyamos sin más.
El señor PRESIDENTE: Señor Rodríguez, ¿acepta usted la enmienda
socialista?
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Por supuesto que aceptamos la enmienda de
adición del Grupo Parlamentario Socialista, porque viene a completar,
con medidas de carácter amplio y genérico y con objetivos a más largo
plazo, nuestra proposición no de ley.
- SOBRE ACTUACIONES DEL GOBIERNO EN RELACIÓN CON LA SITUACIÓN DE
CRISIS DE LA EMPRESA SINTEL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA. (Número de expediente 161/000505)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la siguiente proposición no de ley,
del Grupo Parlamentario Socialista, sobre actuaciones del Gobierno en
relación con la situación de crisis de la empresa Sintel.
Tiene la palabra el portavoz socialista.
El señor CUEVAS DELGADO: Presentamos esta iniciativa porque de todo
el mundo es conocido el drama que atraviesan los trabajadores de una
empresa que hasta hace muy poco tiempo era rentable y con beneficios,
que no tiene absolutamente ninguna solución. Es verdad que después de
haber presentado esta proposición ha habido algún acontecimiento,
como ha sido una resolución del Ministerio de Trabajo por la cual se
ha aceptado el expediente de rescisión presentado por la empresa.
Nosotros en este mismo acto ya anunciamos que presentaremos una
enmienda in voce para que en el punto 3 se sustituya la palabra
aplace por: que se reconsidere la decisión resolutiva, puesto que
todavía no es firme.
Es muy conocido el calvario que ha tenido esta empresa desde 1999. Es
una empresa que -para refrescar la memoria- se vendió por parte de
Telefónica a otra empresa en 1996, que tuvo unos beneficios de 2.350
millones en ese mismo año de la venta. Siguió teniendo beneficios en
1997, en 1998 y hasta en 1999. En 1998 fueron 1.168 millones y en
1999, 3.430 millones. Por tanto, era una empresa que funcionaba bien,
no había ningún problema. Pero, ¿qué ocurre a partir de 1999? En el
informe que hace la Inspección de Trabajo para que la dirección
general definiera el expediente, están perfectamente explicadas las
causas por las cuales esta empresa entra en crisis. Las causas
fundamentales son un fuerte descenso de la cartera de pedidos de su
principal cliente, que era Telefónica. Hay que decir que en los
compromisos de venta estaba el mantenimiento de estos contratos por
parte de Telefónica. Por cierto, ese informe es denegatorio a las
pretensiones de la empresa y, al parecer, no se ha tenido en cuenta
para aprobar el expediente. Es un informe prolijo en el que se
detallan con precisión las causas fundamentales que son, como digo,
ésta y también un deterioro
de la situación financiera, porque el accionista principal empieza a
hacer una serie de modificaciones en el patrimonio de la empresa, con
ventas de filiales en paraísos fiscales, que lleva a una situación de
quiebra y a la suspensión de pagos.
No me voy a extender porque es muy conocido. Lo que sí me interesa es
analizar la clave del año 1999, qué es lo que pasa, porque aquí hemos
ido muy deprisa sobre todo el tema de las privatizaciones. No ha
habido posibilidad de discutir en esta Cámara en profundidad sobre
las privatizaciones que se han efectuado por parte del Gobierno del
Partido Popular, y éste es un ejemplo. No pudimos en su día
fiscalizar lo que supuso la privatización de Telefónica. Hoy tenemos
un ejemplo de lo que esto ha producido. Un año antes de 1999 se
produce una circunstancia, y es que hay una empresa, que se llama
Radiotrónica, una empresa pequeña que se dedicaba a la misma
actividad que Sintel, que estaba en crisis en esa época, tenía
deudas, tenía conflictos, y es comprada por un cuñado, del entonces
presidente de Telefónica, Juan Villalonga. A partir de ese momento,
esa empresa, según las noticias de prensa de aquella época, en un mes
sube espectacularmente; la inversión de apenas 1.000 millones de
estos accionistas, que se convierten en accionistas principales, en
un mes se acerca a los 5.000 millones. Empieza a haber contratos con
Telefónica; Telefónica otorga un contrato de 17.000 millones a
Radiotrónica; sigue operando en Brasil; Villalonga se lleva nueve
proveedores a Brasil, entre ellos Radiotrónica, etcétera. O sea, que
se trata de una empresa pequeña, comprada por un familiar cercano
a Juan Villalonga -Juan Villalonga era amigo del señor Aznar cuando fue
nombrado presidente de Telefónica, para que refresquemos la memoria-
y automáticamente empiezan a decaer los contratos de Telefónica con
Sintel. ¡Qué casualidad! Empiezan las prácticas extrañas, porque la
familia Mas Canosa, que compra esta empresa, abandona la gestión de
la misma no se sabe por qué. Me imagino que será porque empieza a no
haber contratos de Telefónica y comienzan, es cierto, las actividades
especulativas que llevan a la situación actual.
No estoy eximiendo de ninguna responsabilidad a los accionistas de
Sintel. Lo que sí es cierto es que Sintel tenía en esa época 2.000
trabajadores, que se reducen luego a 1.800 y ahora, con el
expediente, se quedarán prácticamente en 600 trabajadores. Yo creo
que ahí hay una clara responsabilidad, porque en esa época todavía
Telefónica era una empresa pública. (Rumores.) Sí, sí, Telefónica era
una empresa pública en 1996 y en 1997. (El señor Martínez-Pujalte
López: pero no en 1999.) Hay una clara responsabilidad de no
mantenimiento de esos contratos. Creemos que es una operación de
vaciado de una empresa que estaba funcionando para montar un grupo
alrededor de esa actividad de Telefónica, o sea que el negocio
público se va convirtiendo en negocio privado con personas claramente
identificadas. Es cierto que estos accionistas a los que me he
referido antes, posteriormente, después de algún acontecimiento que
surge en relación con el presidente de Telefónica, abandonan esta
empresa y recalan en otra empresa, que se llama Puleva-Ebro.
Ahora, resulta que Sintel es comprada por dos euros por un señor que
se llama Carlos Gila. Dirán ustedes: bueno y qué. Es que Carlos Gila
fue presidente de la empresa pública Alimentos y Aceites y consejero
de Azucareras Ebro Agrícolas. O sea, que nos encontramos ahora con
que el señor que hoy es propietario de Sintel proviene del núcleo de
Ebro Agrícolas, donde curiosamente recalan los accionistas que
estaban en Radiotrónica. Estamos hablando de que en el informe, que
yo he mencionado antes, de la Inspección de Trabajo se relata cómo se
ha producido la descapitalización de Sintel y por qué se reduce la
carga de trabajo. Pero es que además en otro informe que pide, para
emitir el suyo, el Ministerio de Trabajo, concretamente a la
Dirección General de Política Tecnológica, se habla de que las
inversiones previstas en este sector hasta el año 2007 son de 600.000
millones de pesetas y sólo en Telefónica de 480.000 millones. O sea,
que estamos hablando de un sector que tiene inversiones de futuro,
que tiene futuro y que por una operación financiera para pasar la
propiedad y el negocio de un lado a otro, 1.800 trabajadores llevan
en la calle un tiempo y sin cobrar seis meses, y este Gobierno no
hace absolutamente nada y este Gobierno no tiene ninguna
responsabilidad, ni siquiera desde el ámbito del trabajo, ni siquiera
desde el ámbito de su responsabilidad en Telefónica, que todavía la
sigue teniendo, porque tiene una acción de oro. Lo que pasa es que
durante estos cinco años parece que ustedes no tienen ninguna
responsabilidad, las elevan todas a quince años atrás. Pues tienen
responsabilidades.
Por eso, como creemos en esos trabajadores, en esas familias y que
esta actividad merece la pena ser conservada y no merece esa actitud
del Gobierno, hemos presentado esta proposición para que se tome en
consideración y el Partido Popular la vote, porque lo único que
pedimos es que se realicen las gestiones necesarias para que
Telefónica cumpla sus compromisos con Sintel; que coopere en el
proceso de reflotamiento de esta sociedad con las negociaciones que
tenga que haber con los trabajadores, porque somos conscientes de que
la situación de ahora no es la misma de hace dos años; que se analice
ese plan de ajuste y que se vea la viabilidad de esta empresa, que es
posible. Para ello, como digo, pedimos que se reconsidere la decisión
resolutiva sobre este expediente, que no es definitiva, que tiene un
margen de recurso y que me imagino que los trabajadores lo habrán
planteado; que el Ministerio de Trabajo analice a fondo el expediente
que ha aprobado, porque, como he dicho, la Inspección de Trabajo se
muestra contraria a ese expediente. Por tanto, no entendemos por qué
el Ministerio de Trabajo, siendo la Inspección
de Trabajo contraria a ese expediente y razonándolo perfectamente, da
el sí al mismo; no entendemos la connivencia que puede haber aquí
para que se diga que sí a un expediente clarísimo, en el que se pide
la nulidad, y se vea una clara justificación económica en todas las
medidas de ajuste de plantilla. El Grupo Socialista no tiene ningún
inconveniente en que se revise la situación de Sintel desde el mismo
momento de la venta hasta ahora. Por eso pedimos el apoyo a esta
proposición, que sólo pretende resolver un problema gravísimo de
muchas familias que no tienen ninguna solución y también resolver un
problema de empleo en un sector que entendemos que tiene futuro,
tiene actividad y por lo tanto merece la pena que este Gobierno haga
un mínimo esfuerzo para resolverlo.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la
palabra el diputado señor Aymerich.
El señor AYMERICH CANO: Intervengo para manifestar el apoyo del
Bloque Nacionalista Galego a esta proposición no de ley y para
recordar que a estas alturas, y después de seis semanas de protesta y
de acampada de los trabajadores de Sintel en pleno Paseo de la
Castellana, los medios de comunicación, muchos controlados por
Telefónica, ellos sabrán por qué, no se han hecho eco de la
importancia que una protesta de estas características debería tener.
El hecho de que las familias se encuentren encerradas en la catedral
de la Almudena, en condiciones muy precarias, tampoco tiene la
repercusión mediática que, desde nuestro punto de vista, por la
importancia del asunto, debería recabar.
Hay que recordar de dónde parte el problema de Sintel. Esta empresa
se vende a Mas Canosa-por cierto, recibimos periódicamente en los
buzones que están en la M-30 la revista hispano-cubana, editada por
una fundación, en su momento financiada incluso por el señor Mas
Canosa- por un precio que, según denuncian los trabajadores, en
ningún momento se cobró, por lo que creo que estamos ante un contrato
nulo, porque no hubo pago del precio. Sin embargo, Telefónica,
curiosamente, en ningún momento reclamó el pago de ese precio, se
desentendió de los trabajadores y unilateralmente, seguramente era lo
que buscaba como represalia frente a MasTec, la empresa de Mas Canosa
y ahora de sus hijos, retiró la cartera de pedidos. De esta manera
sumió a una empresa -por cierto, los señores del Partido Popular y la
ministra de Ciencia y Tecnología se llenan la boca hablando de las
nuevas tecnologías, de la nueva economía, del sector con futuro- con
personal especializado, una empresa que opera en el sector de las
telecomunicaciones, con contratos en ese sector, en la situación que
se encuentra actualmente. Estamos hablando de trabajadores en edades
muy conflictivas, muy peligrosas para poder encontrar un empleo,
entre 40 y 50 años, algunos más; estamos hablando de trabajadores que
llevan ocho meses sin
cobrar una nómina; estamos hablando de un Gobierno que aprueba un
expediente de regulación de empleo -ya sé que a ustedes les puede dar
igual, que no es asunto suyo- para hundir aún más a esta empresa, y
creo que este Gobierno debe hacer algo. Este Gobierno interviene como
muñidor de varias operaciones, algunas de ellas fallidas, como puede
ser la malograda fusión eléctrica; este Gobierno se excede de lo que
son sus competencias en materia económica siempre que conviene a los
intereses no generales, sino particulares de partidos o de personas
determinadas, por lo que en aras de los intereses generales el
Parlamento les pide que intervengan para resolver el problema de los
trabajadores de Sintel y que lo hagan utilizando, como se acaba de
recordar aquí, la golden share, la acción de oro que tienen en
Telefónica, que para algo les debe servir, aparte de para conformar
alrededor de esta empresa un grupo mediático que les es afín.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Vasco, tiene la palabra el señor
Azpiazu.
El señor AZPIAZU URIARTE: El Grupo Vasco va a apoyar, yo diría que
sin reservas, la proposición no de ley del Grupo Socialista sobre las
actuaciones del Gobierno en relación con la situación de crisis de la
empresa Sintel.
Como se ha dicho, la situación actual de la empresa es fruto de un
largo proceso de operaciones societarias en el que los mayores
perjudicados han sido, a la postre, los trabajadores de la compañía.
En estos momentos, la empresa se encuentra en suspensión de pagos,
con un expediente abierto de reducción de plantillas, que afecta a
casi dos tercios de sus empleados (unos 1.200 trabajadores), así como
con un importante atraso en el abono de las nóminas, en los pagos a
la Seguridad Social y en las cuotas de los planes de pensiones. Esto
supone una situación enormemente difícil para muchos de estos
trabajadores, así como para sus familias, un colectivo que abarca en
el conjunto del Estado a más de 2.000 personas con empleo directo,
112 de ellas en Euskadi. Todo ello, como decía, forma parte de una
gestión confusa y de una actuación irresponsable producida en varios
momentos de un largo proceso. Éste comienza con la venta en marzo de
1996 de la empresa Sintel por parte de Telefónica a la compañía
MasTec, propiedad de la conocida familia anticastrista Mas Canosa.
MasTec no abona a Telefónica el precio de compra, como se ha dicho, y
Telefónica por su parte no exige el cobro en virtud de las acciones
ante los tribunales de justicia a las que legítimamente tendría
derecho. Por último, la familia Mas Canosa se desprende en diciembre
de 1998 de un 87 por ciento del capital de Sintel sin haber liquidado
su deuda de compra anterior y apuntalando de este modo una operación
especulativa que significa a la postre abandonar la empresa a su
propia suerte. La conclusión final de todo este proceso
supone dejar a los trabajadores en la peor de las situaciones
y generar en consecuencia un grave problema de dimensión social, que ya
ha dado lugar a huelgas y movilizaciones.
Resulta cuando menos extraña la actitud de Telefónica, que renuncia a
exigir el pago de la operación de venta de la empresa, pero que
después, como medida de presión, retira a la misma su cartera de
trabajo. Todo ello repercute de nuevo en los trabajadores, que ven
peligrar la existencia de la empresa y que no afecta en modo alguno a
los responsables del impago, la compañía MasTec y la familia Mas
Canosa.
Consideramos todos estos hechos como especialmente graves y sugieren
la posibilidad de dos líneas de actuación sobre las que esta Comisión
tiene ahora la oportunidad de pronunciarse. En primer lugar, un
problema de responsabilidad en la gestión con evidentes derivaciones
políticas, una responsabilidad exigible en medio de la euforia
privatizadora desencadenada por el Partido Popular y que afecta a
Telefónica, en primera instancia con relación a la presidencia de
Cándido Velázquez, alma mater de esta operación, pero también
posteriormente cuando incluso como empresa privada el máximo
responsable de Telefónica seguía siendo fruto de una designación
gubernamental.
Por todo ello, el Grupo Vasco piensa que el procedimiento de venta de
Sintel a la familia Mas Canosa debe ser revisado y que al mismo
tiempo se debe instar al Gobierno a que asuma su responsabilidad
subsidiaria y a que busque para la compañía Sintel un futuro que
garantice el máximo de los puestos de trabajo que se encuentran
actualmente en peligro. Esta Comisión debería también instar al
Gobierno para que aborde sin dilación alguna el problema de carácter
social que ya se ha desencadenado e instrumentar, a través de las
entidades financieras pertinentes, un crédito-puente que permita a
los trabajadores afectados recibir un anticipo sobre las ya
importantes cifras de deuda que con ellos tiene la empresa.
En definitiva, nos parece oportuna la posibilidad de que el Gobierno
afronte las consecuencias sociales del problema y aclare
definitivamente las extrañas circunstancias que han rodeado la vida
de esta empresa a lo largo de los últimos años, por cuanto que su
corresponsabilidad en las decisiones estratégicas adoptadas por
Telefónica resulta relevante a la hora de valorar la venta de Sintel
al entorno empresarial de los Canosa. Una operación de choque para
paliar la dramática situación de los trabajadores afectados por esto
en ningún caso debe hacernos olvidar las responsabilidades previas en
el esclarecimiento de este asunto, ni tampoco la obligación del
Gobierno central de garantizar la estabilidad laboral del conjunto de
los puestos de trabajo que ahora se encuentran amenazados.
Señores del Partido Popular, tomen ejemplo de sus correligionarios en
el País Vasco y faciliten la solución de Sintel. El Parlamento Vasco
ha aprobado una
moción con el apoyo de todos los grupos de la Cámara, incluido el
Partido Popular, con el siguiente texto: El Parlamento Vasco insta al
Gobierno vasco a instrumentar a través de entidades financieras un
crédito puente en concepto de anticipo de las cantidades a recibir
del Ministerio de Trabajo por cada uno de los trabajadores de la
empresa Sintel pertenecientes a los centros de trabajo de Álava,
Vizcaya y Guipúzcoa. El Parlamento Vasco insta a la Administración
central del Estado a que, en coherencia con el punto anterior, ponga
en marcha las acciones oportunas para paliar la situación actual de
deterioro de los trabajadores de Sintel en todo el Estado español y
lleve a cabo las gestiones que considere más oportunas para
garantizar la estabilidad laboral de este colectivo.
Señores del Partido Popular, el Gobierno vasco funciona y arregla los
problemas de los ciudadanos, los problemas reales de la gente que
sufre incluso las consecuencias de una empresa privatizada por el
Estado. El Gobierno del Partido Popular podría tomar ejemplo y hacer
lo mismo. No sé por qué me da la sensación de que no lo va a hacer.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida, tiene la palabra el diputado señor Frutos.
El señor FRUTOS GRAS: Desde hace 48 ó 49 días hay 1.800 trabajadores,
1.800 personas que están aparcadas en el Paseo de la Castellana o en
la catedral de la Almudena. Gentes que sufren. Gentes que buscan una
solución. El otro día murió en este proceso, por infarto, el segundo
trabajador. El primero murió en diciembre. Y Telefónica no dice nada.
Y el Gobierno, que tiene la acción de oro, no dice nada. Y el Partido
Popular dice que esta empresa es una empresa privatizada. Es decir,
detrás de todo eso se camufla la realidad que afecta a 1.800
trabajadores, a sus familias, a todo lo que representa de ebullición
social, etcétera. ¿No ven ustedes ningún peligro en todo esto? ¿Creen
que esto puede continuar in aeternum, que empresas de ese tipo se
vean liquidadas, los trabajadores engañados, frustrados? En fin,
ustedes mismos. A lo mejor esta es la imagen del centro, que
finalmente chocará con la realidad social de los hechos y producirá
otras reacciones.
En marzo o abril de 1996 Telefónica vende Sintel a la empresa MasTec.
Debería irse con cuidado para en el futuro no vender ninguna empresa
a grupos empresariales gansteriles. (Rumores.) Sí, gansteriles, de
gansterismo: Chicago. (El señor Martínez-Pujalte López: Mira allí.-La
señora Pleguezuelos Aguilar pronuncia palabras que no se perciben.)
En ese momento concreto se acuerda un precio a pagar aplazado. Nunca
se paga. Telefónica no exige cobrar a MasTec. En 1999 Sintel inicia
pagos a Telefónica para pagar la deuda que MasTec mantiene con su
anterior propietario. Parece un jeroglífico, ¿no? Es innecesario
argumentar lo irregular de que MasTec compre Sintel y no lo pague y
que tres años más tarde Sintel asuma su propio pago. Esto es un grave
perjuicio para Sintel. Telefónica vende Sintel a MasTec; pero a
MasTec le sale gratis la compra de una empresa. Los gestores de la
sociedad consideran ahora que no hay ilegalidad porque han pasado
tres años desde la compra -que no el pago- de Sintel. Es decir, la
marrullería legal para acabar de hacer el trabajo.
Desde 1996 -el año de la compra- los nuevos propietarios han
propuesto cuatro expedientes de regulación de empleo: cuatro. Tres de
ellos han sido rechazados por la Dirección General de Trabajo, y el
cuarto es aceptado con 796 despidos, de 1.800 trabajadores. La
Dirección General de Trabajo adopta esta decisión contra el informe
de la Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social, que lo ha emitido previamente. Es frecuente que la Dirección
General de Trabajo se pronuncie contra los sindicatos y los
trabajadores. Lo que es muy infrecuente -no sé si hay alguna ocasión,
sin duda la habrá- es que se pronuncie también contra la Inspección
de Trabajo y Seguridad Social, que en teoría debe haber hecho un
análisis de la situación más exhaustivo, más profundo y más objetivo.
Además, la Dirección General de Trabajo se pronuncia contra los
informes realizados por las inspecciones de Trabajo de todas las
comunidades autónomas. El informe de la Dirección General de la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social, entregado a la Dirección
General de Trabajo el 20 de febrero es contundente en relación a este
tema: que no hay motivos para el expediente de regulación de empleo.
El Gobierno desprecia este informe, da la espalda a los trabajadores
y sindicatos, apoya a los responsables del estrangulamiento de
Sintel, que, al mismo tiempo, debemos recordarlo, obtiene beneficios
en los años 1997, 1998 y 1999; oculta maniobras especulativas que
originan un espectacular crecimiento de los costes financieros
originados por las operaciones a favor del accionista y por la
externalización de pedidos para provocar la desocupación en este caso
concreto de los trabajadores de Sintel y la ocupación de trabajadores
mediante subcontratas. De nuevo chocamos con las subcontratas. ¿Por
qué la Inspección general informa desfavorablemente el informe de
regulación de empleo después de un pormenorizado y exhaustivo
análisis? ¿Por qué dice que a su entender no debe apoyarse este ERE?
Porque con dicha petición y el plan de viabilidad presentado por la
empresa no se garantiza su viabilidad futura, ni el empleo en la
misma ni la superación de la situación económica negativa. Cito
textualmente. Y continúa: La gravedad de la situación de la empresa
es fundamentalmente de carácter financiero y patrimonial sin que el
plan de viabilidad de la empresa aporte compromiso o acuerdo y
decisión del accionista propietario de la sociedad y de apoyo
financiero y patrimonial,
necesario para garantizar la continuidad de las operaciones de la
sociedad.
Igualmente, el informe plantea que las medidas de reducción de
plantilla no resuelven ni ayudan a resolver el grave problema
financiero y patrimonial que tiene la empresa. Del texto en su
conjunto se desprende que el verdadero responsable de la situación no
es el exceso de plantilla, ya que desde que la empresa fue vendida
por Telefónica su plantilla se ha visto rebajada en más de un 25 por
ciento, pasando de 2.524 trabajadores a los actuales 1.800 empleados.
Lo que sí parece el elemento fundamental y crucial para haber llegado
a esta situación ha sido la gestión financiera y de especulación
realizada desde la compra, inmersa en una verdadera maraña de
actuaciones financieras infestada de irregularidades como las que en
su momento ha denunciado el comité intercentros. Algunas ya las he
planteado antes. Vuelvo a reiterarlas citando exactamente lo que dice
el comité intercentros: Sintel presta dinero a sus filiales por un
valor de 623 millones en préstamos directos y 290 en fianzas y
avales. Sintel presta dinero a su propietaria MasTec: un total de
2.353 millones de pesetas en dicho ejercicio. Sintel tiene que
afrontar el pago de la deuda con Telefónica por la propia compra con
un desembolso de 1.973 millones en 1999. Sintel realiza trabajos a
Telefónica que luego no cobra y ésta tiene una deuda con Sintel de
6.000 millones de pesetas. Sintel vende sus filiales a MasTec, pero
lo cobra por valor de 1.736 millones. Sintel reconoce deudas a MasTec
que no existen formalmente. Telefónica en el momento de la venta se
apropia de todo el patrimonio inmobiliario de Sintel por valor de
1.500 millones de pesetas, mientras su valor en el mercado se acerca
actualmente a los 20.000 millones de pesetas. Esta es la historia que
hemos vivido ya en otras ocasiones, pero es la historia de la última
aventura de las empresas de carácter industrial que, además, en este
caso concreto de Sintel tienen absoluto futuro, tal y como ha
señalado el informe del compañero del Grupo Socialista.
Frente a todo esto, no se puede inhibir el Gobierno, no puede decir
que esto es una empresa privatizada. Ya veremos lo que ha pasado con
las empresas privatizadas, pero en relación con esta empresa concreta
y, especialmente, en relación con los 1.800 trabajadores afectados
y sus familias, lo que tiene que hacer el Gobierno de forma diligente
es poner en marcha una acción para que en un plazo rapidísimo
solucione el problema y dé viabilidad a una empresa que tiene futuro
con prácticamente todos sus trabajadores. En todo caso, si se tiene
que negociar alguna salida de trabajadores de la empresa, negóciese
con el comité intercentros, que están abiertos en su propuesta para
ver cómo puede llegarse a determinado tipo de prejubilaciones, pero
nada más. Por ello, pedimos al Grupo Popular que apoye la proposición
no de ley del Grupo Socialista y podamos salir de esta Comisión con
un poco más de optimismo respecto a la solución de los problemas que
tiene planteados
la gente de nuestro país, la gente de abajo, la gente que no sale en
las macromagnitudes económicas que antes el Gobierno ha mencionado a
través del señor Folgado o que el representante del Grupo Popular nos
ha expresado de una forma absolutamente brillante.
Nosotros apoyamos esta proposición no de ley y es lo que deberían
hacer todos los grupos presentes en esta Comisión.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència
i Unió), tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Señoras y señores diputados, en primer
lugar, antes de fijar la posición de nuestro Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió) respecto a la proposición no de ley
presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, nos gustaría
informar a la Cámara de las actuaciones políticas que ha ejercido
nuestro grupo parlamentario ante la Comisión de Política Social, en
el sentido de que ha presentado una proposición no de ley por la cual
el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a actuar de manera
urgente, a través del Fondo de Garantía Salarial, para garantizar el
pago de los siete meses de salario que la empresa Sintel adeuda a sus
trabajadores, como consecuencia de la suspensión de pagos de la
misma, así como también a adoptar todas aquellas medidas que sean
precisas para acelerar el pago de las nóminas.
Cabe decir también que dicha proposición no de ley, que ha presentado
nuestro Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), está
basada en un acuerdo reciente que tomó el Parlamento de Cataluña, con
la aprobación de todos los grupos de la Cámara, en el sentido de
instar al Gobierno de la Generalitat de Catalunya a realizar una
serie de actuaciones y gestiones orientadas a paliar el déficit que
la situación de suspensión de pagos de la empresa Sintel está
proporcionando a todos sus trabajadores. Dichas orientaciones iban
dirigidas a realizar gestiones necesarias para que Fogasa pagara a
los trabajadores de Sintel las nóminas atrasadas y en el caso de
insolvencia serían abonadas por el mismo Fogasa. En segundo lugar,
también se instaba a garantizar la aplicación urgente de los
oportunos expedientes de renta mínima de inserción, así como también
a impulsar ante las entidades de crédito la gestión de una línea de
créditos personales para los trabajadores de Sintel a cuenta de las
cantidades que por salarios impagados obtengan del Fogasa. También se
aprobó en dicha resolución una moción orientada a realizar las
gestiones oportunas para la búsqueda de una solución empresarial a la
empresa Sintel.
Por este motivo, sobre la base de esta proposición no de ley,
presentada ante la Comisión de Política Social, así como de la
resolución aprobada por todas las fuerzas políticas del Parlamento de
Cataluña, nuestro grupo parlamentario votará favorablemente el primer
punto
de la proposición no de ley presentada por el Grupo Socialista, ya
que va en la misma dirección que alguno de los puntos aprobados en el
Parlamento de Cataluña, así como también asume el espíritu de la
proposición no de ley presentada por nuestro grupo parlamentario ante
la Comisión de Política Social con el fin de acelerar el cobro de
todas las mensualidades que se adeudan a los trabajadores de Sintel,
y pediríamos votación separada del resto de los puntos.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra el señor Martínez-Pujalte.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Con brevedad.
Intentaré ser lo más claro posible acerca de la posición de mi grupo
sobre una cuestión que nos preocupa seriamente. Cuando se habla de
ciudadanos o ciudadanas que lo están pasando mal, mi grupo tiene una
especial sensibilidad y creemos que las bromas no han lugar porque
estamos ante un tema muy serio y desde nuestro grupo parlamentario
queremos expresar nuestra absoluta solidaridad con los trabajadores
de esta empresa que, además, tienen el apoyo absoluto de mi grupo
parlamentario y del Gobierno, que ya ha intervenido.
Anteriormente, se ha hablado de una cierta inhibición. El Gobierno ha
intervenido a través del Ministerio de Ciencia y Tecnología y del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales para, dentro del marco legal
de competencias que le da este Parlamento, hacer lo posible por
ayudar a la empresa. Tienen nuestro apoyo absoluto en dos
direcciones. La primera, en las acciones legales que se lleven a cabo
para dirimir las responsabilidades, si las hubiere, de los
administradores. Algunos grupos parlamentarios han hablado aquí de
responsabilidades que hacen referencia al marco penal y los
trabajadores tienen todo nuestro apoyo para que se diriman cuantas
responsabilidades de los administradores a que hubiere lugar en este
campo. La segunda, ofrecemos nuestro completo apoyo para ayudar a la
empresa en su viabilidad y a los trabajadores dentro del marco legal
-y mi grupo parlamentario se lo ha manifestado al comité de empresa
todas las veces que se ha reunido con ellos-, primero, para
establecer la viabilidad de esa empresa tras la suspensión de pagos,
estudiando todas las quitas a que hubiere lugar y, después, ayudando
a los trabajadores, tras el expediente de regulación de empleo, para
que el Fogasa les pague cuanto antes.
El portavoz del Grupo de Convergència i Unió ha hablado de que el
Fogasa adelante los pagos o que pague en el menor tiempo posible;
nosotros estamos absolutamente de acuerdo, pero hay que dejar bien
claro en esta Comisión que, para que el Fondo de Garantía Salarial
pague, tiene que haber un expediente de regulación de empleo; si se
ha hecho un expediente
de regulación de empleo, estamos dando el primer paso para que los
trabajadores cobren y, en tercer lugar, para intermediar intentando
lograr un plan de viabilidad para esa empresa.
Dicho esto, que es importante y expresa nuestra absoluta solidaridad
con los trabajadores y nuestro compromiso para que, en el marco
legal, podamos facilitar la viabilidad, creo que la intervención del
portavoz del Grupo Socialista ha pecado de una cierta osadía. Es
verdad que esta empresa se vendió el 1 de abril del año 1996. Es muy
importante tener esta fecha en la cabeza porque las elecciones se
celebraron el 3 de marzo del año 1996. Telefónica vende esa empresa y
no tenía por qué pasar por Consejo de Ministros, porque en ese
momento Telefónica, aunque su capital era principalmente público, era
una empresa privada que vendió y tomó la decisión veintitrés días
después de que el Partido Socialista perdiera las elecciones y
previamente a que el Partido Popular tomara posesión. En ese
interregno se vende la empresa. ¿Y cuándo se decide la venta de esta
empresa, cuestión muy importante, porque a la vista de ello hay cosas
que no se pueden decir? Se decide en un consejo de administración,
del que tengo el acta para que no haya duda, del 29 de marzo de 1996.
¿Quién estaba en ese consejo de administración? Un vicepresidente
nombrado por la Dirección General del Patrimonio; el director general
del Patrimonio; el director general de Tributos; el jefe de gabinete
del señor Borrell; el subsecretario del Ministerio de Asuntos
Exteriores socialista; el secretario de Estado de Administración
Pública y también el de Industria del Gobierno Socialista; el
secretario general de Empleo; el director general de Presupuestos, y
una persona nombrada por la Presidencia del Gobierno socialista.
Todos ellos votan por unanimidad, señorías -para que se sepa de qué
estamos hablando- la venta del grupo Sintel a la empresa MasTec,
propiedad de la familia Mas Canosa.
Estoy seguro, señorías -y mi grupo lo afirma-, que en esa decisión,
en ese momento procesal, donde se habían perdido las elecciones y
todavía no había tomado posesión el Gobierno del Partido Popular,
todo este conjunto de altos cargos del Gobierno socialista -a los que
quizá les podían invitar a un seminario para que les expliquen la
venta- decidió la venta a la familia Mas Canosa por motivos de
racionalidad económica. Estoy seguro -y no voy a decir aquí lo
contrario en un momento y en un tema tan serios- de que no hubo
ningún otro motivo, estoy seguro de que estos señores la vendieron
por pura racionalidad económica, pero no nos diga que el señor Mas
Canosa, al que se han referido algunos intervinientes anteriores,
tenía alguna relación con nosotros -como alguien ha dicho-; tendría
alguna relación con estos señores. Por unanimidad todos esos señores
dicen que Sintel se ha vendido a la familia Mas Canosa porque su
empresa es la líder mundial, dicen que la empresa MasTec lleva
más de cien años funcionando y siguen diciendo que está introducida
en el campo de las telecomunicaciones en Estados Unidos y que cotiza
en Nasdaq -todo eso está en el acta-; todos estos señores, ex altos
cargos socialistas, votan para que se transfiera Sintel a la familia
Mas Canosa, a la empresa MasTec. Esta es la prueba de cómo no se debe
afrontar un proceso de privatizaciones y, desde luego, desde 1996
cuando el Partido Popular asume la responsabilidad de Gobierno, no se
hace ninguna privatización de ese modo. Ni fue el momento, ni había
plan de empresa ni se garantizaban los puestos de trabajo.
De aquella situación viene la actual y los trabajadores de Sintel son
los afectados por una mala política de privatizaciones en un momento
en que el Gobierno era interino y que altos cargos de ese Gobierno
están en el consejo de Telefónica y lo deciden. Ahora nos encontramos
con la situación de una empresa privada, sin gestores, sin carga de
trabajo y con una estructura poco competitiva. El Gobierno y mi grupo
harán todo lo posible para darle viabilidad, pero desde luego lo que
no queremos es que ahora, en un momento en que una empresa privada lo
esté haciendo mal, nos reinventemos el hospital de empresas que era
el INI. Eso no nos parece que deba hacerse; nos parece que dentro de
los marcos legales tenemos que apoyar a esa empresa que hace una
suspensión de pagos para que la Comisión delegada del Gobierno tome
las decisiones oportunas para que le dé viabilidad. Tenemos que
garantizar que si hay un expediente de regulación de empleo, esos
trabajadores van a cobrar cuanto antes del Fondo de Garantía
Salarial. Señorías, estamos ante un tema muy serio, que mi grupo
afronta con muchísima seriedad, y desde luego el Grupo Socialista
debería mirar en el pasado, y no en un pasado lejano, sino en un
momento en que el Gobierno socialista estaba en situación provisional
y que toma una decisión que ha afectado a muchos trabajadores. (El
señor Cuevas Delgado pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: ¿Señor Cuevas?
El señor CUEVAS DELGADO: Solamente para decir que los problemas de
esta empresa empiezan en el año 2000, no en 1996.
El señor PRESIDENTE: Pasamos a votar, en primer lugar, la proposición
no de ley relativa a medidas a tomar ante la asbestosis en los
astilleros públicos, del Grupo Parlamentario Mixto, con la
incorporación de la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, que
ha sido aceptada por el proponente.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16;
en contra, 22.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos ahora la proposición no de ley sobre actuaciones del Gobierno
en relación con la situación de crisis de la empresa Sintel,
presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, con la
incorporación que ha hecho el señor Cuevas de la enmienda in voce de
corrección técnica formulada por el propio grupo proponente, que es
únicamente, en el punto 3, cambiar el verbo aplazar por reconsiderar.
(El señor Sánchez i Llibre pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señor Sánchez i Llibre.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Señor presidente, he pedido votación
separada del punto 1.
El señor PRESIDENTE: Votación del punto 1 de la proposición.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17;
en contra, 21.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la proposición no de ley en el
punto 1.
Votación de los puntos 2 y 3 de la proposición.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16;
en contra, 22.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazados los apartados 2 y 3 de la
proposición no de ley.
Se levanta la sesión.
Eran las dos y diez minutos de la tarde.