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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 177, de 07/03/2001
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2001 VII Legislatura Núm. 177
NO PERMANENTE PARA LA VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR EL
PACTO DE TOLEDO
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FERNANDO FERNÁNDEZ DE TROCÓNIZ MARCOS
Sesión núm. 12
celebrada el miércoles, 7 de marzo de 2001
ORDEN DEL DÍA:
Celebración de las siguientes comparecencias para informar sobre
temas relacionados con el objeto de la Comisión:
- Del señor director del Servicio de estudios de La Caixa (Carrau
Ramón). Asolicitud del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de
expediente 219/000007.) . . . (Página 5204)
- Del Catedrático de Economía de la Universidad Carlos III (señor
Dolado Lobregat). A solicitud del Grupo Parlamentario Socialista.
(Número de expediente 219/000042.) . . . (Página
5211)
- Del Catedrático de Economía de la Universidad de Alcalá de Henares
(señor Jimeno Serrano).
A solicitud del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente
219/000040.). . . . (Página 5222)
Se abre la sesión a las diez y treinta y cinco minutos de la mañana.
El señor PRESIDENTE: Buenos días, señoras y señores diputados. Vamos
a comenzar esta sesión, que venimos celebrando todos los miércoles,
de la Comisión no permanente para la valoración de los resultados
obtenidos por el Pacto de Toledo, hoy con la celebración de varias
comparecencias.
Antes de proceder a ellas, someto a la consideración de la Comisión
la comparecencia de don Eduardo Rodríguez Rovira, presidente de la
Confederación Española de Organizaciones de Mayores, Ceoma. ¿Lo
acuerda así la Comisión? (Asentimiento.)
Queda acordado.
CELEBRACIÓN DE LAS SIGUIENTES COMPARECENCIAS PARA INFORMAR SOBRE
TEMAS RELACIONADOS CON EL OBJETO DE LA COMISIÓN.
- DEL SEÑOR DIRECTOR DEL SERVICIO DE ESTUDIOS DE LA CAIXA (CARRAU
RAMÓN). A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de
expediente 219/000007.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la celebración de las comparecencias.
En primer lugar, la de don José María Carrau Ramón, director del
servicio de estudios de La Caixa, para informar sobre los temas
relacionados con el objeto de esta Comisión, a instancias del Grupo
Parlamentario Socialista.
Como es perfectamente conocido de las señoras y señores diputados, el
orden que venimos siguiendo en las intervenciones -le ilustro al
señor Carrau al respecto- es el siguiente. Intervendrá el
compareciente de la forma y manera que tenga por conveniente y
durante el tiempo que considere oportuno, a ser posible breve;
posteriormente, si lo tienen a bien los grupos parlamentarios, le
podrán formular interpelaciones, preguntas, aclaraciones,
puntualizaciones y, luego, las contestará usted, también de la forma
que tenga por oportuno.
Tiene usted la palabra, señor Carrau.
El señor DIRECTOR DEL SERVICIO DE ESTUDIOS DE LA CAIXA (Carrau
Ramón): Señorías, es para mí un honor que hayan solicitado mi
comparecencia como experto en la reforma del sistema público de
pensiones, pero me temo que les voy a defraudar -y déjenme que se lo
diga de entrada- porque en realidad yo no soy un experto en esta
materia. Lo digo no como un ejercicio de humildad sino como un
ejercicio de honestidad y de realismo. Sin embargo, sí es cierto que,
en tanto en cuanto director del servicio de estudios de La Caixa,
también soy el responsable de la colección de estudios económicos de
este servicio de estudios y que en esta colección hemos publicado
cuatro trabajos sobre el futuro de las pensiones en España.
El primer trabajo sobre la reforma del sistema público de pensiones
en España fue publicado en 1995 y corresponde al cuarto volumen de
esta colección; el segundo trabajo fue publicado en 1996 y
corresponde al octavo volumen de la colección; el tercer trabajo fue
publicado en 1997 y corresponde al décimo volumen de la colección; el
cuarto y último trabajo fue publicado en mayo del año pasado,
constituye el volumen 19 de esta colección de estudios económicos y
lleva por título La reforma de las pensiones ante la revisión del
Pacto de Toledo.
Supongo que cada una de SS. SS. dispone de un ejemplar de este último
trabajo puesto que, por su condición de diputados, SS. SS. reciben
todas las publicaciones del servicio de estudios de La Caixa. Todos
los meses les enviamos el informe mensual sobre la coyuntura
económica; también les enviamos, como acabo de decirles, un ejemplar
de todos los números de nuestra colección de estudios económicos, un
ejemplar del anuario comercial de España y, por último, un ejemplar
de todos los volúmenes publicados por la Fundación La Caixa en su
colección de estudios sociales, de la que también soy responsable,
así como un ejemplar del anuario social de España.
Antes de acudir a esta comparecencia, quise asegurarme de que todos
los miembros de esta Comisión figuraban en la lista de nuestro
mailing y, no sé por qué, dos de SS. SS. no están en el mismo. Se
trata de doña
Josefa Aguado del Olmo y de don Rafael Mateos Yuste, a quienes pido
disculpas y a quienes vamos a enviar, a partir de ahora, todas
nuestras publicaciones, así como el último volumen publicado sobre la
reforma de las pensiones.
Permítanme, señorías, que me refiera muy brevemente al contenido y a
los objetivos de esta colección de estudios económicos, en la que han
sido publicados unos trabajos sobre la reforma del sistema público
español de pensiones. Una referencia al contenido y a los objetivos
de esta colección me permitirá enmarcar el objetivo perseguido con la
publicación de los cuatro trabajos sobre pensiones a los que acabo de
referirme. En primer lugar, esta colección pretende ocuparse de los
grandes temas de la economía española. El primer volumen, publicado
en 1994, lo dedicamos al empleo. SS.SS. recordarán que, en aquellos
momentos, una de las cuestiones que más preocupaba a la opinión
pública española era el paro. Nos pareció oportuno publicar la
traducción de un estudio de la OCDE sobre el empleo que acababa de
aparecer. Otro de los grandes temas de la economía española del que
nos hemos ocupado ha sido el de la moneda única, al que hemos
dedicado varios volúmenes, como en el caso de las pensiones.
Precisamente el último volumen de esta colección, que habrán recibido
no hace mucho, está dedicado a la peseta. Su título, Del real al
euro, una historia de la peseta, es suficientemente ilustrativo de su
contenido y constituye el volumen 21 de la colección; llevamos, pues,
publicados 21 volúmenes. Esta cifra, señorías, es bien ilustrativa de
nuestro compromiso de contribuir a un mejor y mayor conocimiento de
los grandes temas de la economía española. De cada volumen de esta
colección se publican más de 20.000 ejemplares, lo que puede darles
una idea, sin duda, del grado de difusión de los temas tratados en la
misma.
En el caso concreto de los volúmenes dedicados a la reforma del
sistema público de pensiones, existe una razón adicional que nos ha
movido a ocuparnos de este tema, más allá de si constituye o no uno
de los grandes temas que tiene planteados la sociedad española de
nuestros días, que sí lo constituye, y esta razón adicional tiene que
ver con los orígenes de la propia Caixa en 1902. Permítanme referirme
brevemente a estos orígenes. La Caixa fue fundada en 1904 y nace como
respuesta a una huelga general en Barcelona en 1902, en la que hubo
varios muertos y bastantes heridos. Como consecuencia de esta huelga
una parte de la burguesía progresista barcelonesa tomó conciencia de
que había que hacer algo por la clase obrera. Como recordarán SS.SS.,
el Instituto Nacional de Previsión no fue fundado hasta 1908. Pues
bien, los dirigentes de Fomento del Trabajo Nacional encargaron en
1902 a don Francisco Moragas y Barret, fundador y primer director
general de La Caixa, el proyecto de creación de una caja de pensiones
para la vejez, inspirándose en la Caisse dEpagne et de la Retraite
de Bruselas, la Caja
de Ahorros y de Pensiones de Bruselas. El primer proyecto de
estatutos de 1902 se refería únicamente a una caja de pensiones para
la vejez. Fue más tarde, en 1904, cuando al proyecto de una caja de
pensiones para la vejez se añadió también que fuese una caja de
ahorros. De hecho, en los estatutos fundacionales de 1904, La Caixa
fue creada como Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorros, nombre
que perduró hasta 1989, cuando se fusionó con la Caja de Ahorros y
Monte de Piedad de Barcelona para dar lugar a la actual Caja de
Ahorros y Pensiones de Barcelona.
La Caixa que se funda en 1904 tiene dos secciones separadas: la
sección de ahorros y la sección de previsión social. La primera se
dedica a los depósitos de ahorros y la segunda ofrece tres
modalidades de seguro: las pensiones vitalicias inmediatas, las
pensiones vitalicias diferidas y el seguro total. Las pensiones
vitalicias podían ser, a su vez, a capital cedido o a capital
reservado. Cuento todo esto para poner de relieve que las pensiones
no son algo nuevo para La Caixa, que antes de que se creara el
Instituto Nacional de Previsión en 1908, La Caixa ya ofrecía la
posibilidad de que, mediante módicas aportaciones, pudiera
constituirse un capital que luego diera derecho a una pensión.
Hay otro aspecto que me gustaría destacar relacionado con los inicios
de la Seguridad Social en España, y es que cuando se crea el
Instituto Nacional de Previsión en 1908, La Caixa es declarada
entidad similar al Instituto Nacional de Previsión por Real Orden de
26 de diciembre de 1908, confirmada por Real Orden de 8 de mayo de
1909. Esta figura consistía en una caja colaboradora encargada de las
operaciones del Instituto en un territorio determinado. No me voy a
extender más en este tema porque no constituye el objetivo de esta
comparecencia, pero si me he referido al mismo es para explicar que
no es de extrañar que esta colección de estudios económicos de La
Caixa se haya ocupado de la reforma del sistema público de pensiones,
por cuanto las pensiones están en el mismo origen de La Caixa,
independientemente, como digo, de si este tema tiene entidad
suficiente, que sí la tiene, para ocuparnos del mismo.
Permítanme que vuelva a los objetivos de la colección para centrarme
en el tema concreto de la reforma de las pensiones. El objetivo de la
colección es ocuparse de los grandes temas de la economía española y
las pensiones es uno de ellos. Hay dos maneras de ocuparse de ellos:
la primera es contribuir a aumentar el conocimiento que se tiene de
los mismos, que es lo que hicimos, por ejemplo, con el euro. En
septiembre de 1996, publicamos el primer volumen sobre el euro,
llamado El desafío de la moneda única europea. Se trataba de una
introducción al euro cuando se sabía muy poco en general sobre el
asunto y cuando, por descontado, todavía no se sabía qué países
entrarían a formar parte del núcleo duro de países de la Unión
Económica y Monetaria. Se trataba de un libro de divulgación que
pretendía
contribuir a un mayor conocimiento de todo lo relacionado con la
moneda única cuando ni siquiera sabíamos si España formaría parte del
primer grupo de países que adoptarían la nueva moneda única.
Más tarde, al cabo de medio año, en febrero de 1997, publicamos otro
trabajo, también dedicado al euro, que en este caso pretendía aportar
elementos a favor y en contra en el debate sobre la conveniencia o no
de formar parte del primer grupo de países que adoptarían la moneda
única. Me refiero al volumen que llevaba por título España y el euro,
riesgos y oportunidades.
En el caso de las pensiones, el objetivo de los volúmenes publicados
ha sido más el de aportar elementos nuevos para el debate que el de
contribuir a un mayor conocimiento de todo lo relacionado con las
pensiones, aunque sin renunciar tampoco a ello. Por otra parte, la
responsabilidad de las opiniones emitidas en los documentos de esta
colección, escritos por especialistas en cada materia, corresponde
exclusivamente a sus autores y La Caixa no se identifica
necesariamente con sus opiniones.
En cuanto a las pensiones SS.SS. recordarán que en el año 1994 -1993
fue un año de crecimiento negativo del producto interior bruto-, se
decía que el sistema público de pensiones entraría en quiebra muy
pronto, si no es que estaba quebrado ya. Aparte de lo inapropiado de
este concepto para llamar la atención sobre los efectos de una
demografía adversa, lo que es cierto es que cuando encargamos el
primer trabajo sobre las pensiones todavía no se había publicado
ninguno en el que se estimara el flujo de ingresos por cotizaciones y
el de pagos por prestaciones que permitiera identificar la magnitud
del déficit para saber exactamente de lo que estábamos hablando. A
decir verdad, la presentación de este primer trabajo, a finales de
1995, coincidió con la presentación de un estudio de la Secretaría
General para la Seguridad Social, del Ministerio de Trabajo, sobre la
Seguridad Social en el umbral del siglo XXI. Este estudio del
Ministerio de Trabajo fue presentado en noviembre de 1995 y nuestra
primera monografía sobre pensiones sólo un mes más tarde, en
diciembre de aquel mismo año. Sabíamos que en Fedea -Fundación de
Estudios de Economía Aplicada- habían estado trabajando en un modelo
que permitía realizar este ejercicio de estimar el flujo de ingresos
y de pagos, que a su vez permitiría estimar el balance del sistema
bajo determinado escenario demográfico y económico para un horizonte
temporal que iba de 1995 al año 2025. Lo que salió de este ejercicio
está publicado en el volumen que apareció en diciembre de 1995. Sin
ánimo de cansarles con cifras, la diferencia entre gastos e ingresos
en 1995 era de un billón y medio de pesetas, es decir, un déficit del
2,2 por ciento del PIB. Este déficit era cada año mayor, siendo de
5,2 billones de pesetas en el año 1995, equivalentes al 3,5 por
ciento del PIB.
La aportación más interesante de este trabajo quizá fue estimar hasta
qué punto diversas medidas de reforma
contribuían a solucionar o simplemente a paliar este déficit
creciente. Concretamente las medidas analizadas fueron las
siguientes: primera, una disminución en los puntos de pensión por año
cotizado; segunda, un aumento de los años de cotización en el cálculo
de la base reguladora; tercera, un aumento en la edad de jubilación;
cuarta, un aumento en la penalización por jubilación anticipada, y,
quinta, una actualización de todas las pensiones en 0,5 puntos
porcentuales por debajo del IPC. El resultado de estas proyecciones
era decepcionante, puesto que de todas las medidas relacionadas tan
sólo la última, consistente en una indiciación de todas las pensiones
por debajo del IPC, lograba atajar por sí sola el déficit creciente
del sistema de pensiones.
En noviembre de 1996, publicamos el segundo trabajo sobre el futuro
de las pensiones en España. Este trabajo también fue encargado a la
Fundación de Estudios de Economía Aplicada y fue dirigido por José
Antonio Erce, como el anterior, director de Fedea y persona conocida
por SS.SS. por cuanto su comparecencia ante esta Comisión como
experto ya fue solicitada hace algunas semanas. Esta vez se trataba
de explorar la viabilidad de una estrategia alternativa consistente
en una progresiva reducción del tamaño del sistema público de reparto
y el desarrollo paralelo de un sistema obligatorio de capitalización
privada, a medida que los cotizantes optasen parcialmente por el
segundo. El objetivo de esta nueva monografía no era otro que el de
aportar elementos de reflexión a un debate tan necesario como es el
de las pensiones. Este trabajo incorporaba por primera vez
proyecciones hasta el año 2050. Los resultados de las proyecciones no
eran menos preocupantes por cuanto el déficit del sistema, en
términos de porcentaje respecto al PIB, alcanzaba más de 6 puntos en
el año 2045.
Respecto a todos estos temas, señorías, debo reconocer que
afortunadamente no se cumplieron las previsiones sobre la evolución
del déficit del sistema, contenidas tanto en el primero como en el
segundo trabajo. La economía española ha experimentado estos últimos
años un crecimiento muy superior al previsto en las hipótesis
macroeconómicas en las que se apoyaban las proyecciones. Creo que
todos debemos alegrarnos de ello. Para reconocer que no se habían
cumplido las previsiones y para analizar por qué habían fallado,
publicamos, en mayo del año pasado, un cuarto trabajo cuyo volumen
lleva por título La reforma de las pensiones ante la revisión del
Pacto de Toledo. El segundo capítulo de este libro contiene una
revisión crítica de las proyecciones realizadas en el pasado y aún a
sabiendas de las limitaciones desveladas en este capítulo, este
volumen también contiene nuevas proyecciones a largo plazo, en el
horizonte del año 2050. A pesar de que la realización de proyecciones
demográficas presenta numerosas incógnitas y está sometida a reservas
detodo tipo y de que el establecimiento de un escenario
macroeconómico en el horizonte del 2050 es un empeño aún más
problemático, pensamos que estas proyecciones a largo plazo son
necesarias y con todas las prevenciones que se quiera, útiles. Si
queremos saber exactamente de qué estamos hablando, no existe otra
manera que realizar estas proyecciones, explicitando, claramente las
hipótesis en las que se basan. En este caso, lo que se puede discutir
son estas hipótesis y también el modelo utilizado al que se aplican,
que en este caso ha sido el de Fedea, aunque, por descontado, se
puede mejorar. Hasta donde yo sé, parece ser que si el equipo de
Fedea hubiera podido disponer de las carreras de cotización, entonces
las proyecciones se habrían podido afinar un poco más, pero las
definiciones tienen que ver sobre todo con lo acertado que sea el
análisis demográfico y con lo acertadas que sean las hipótesis
macroeconómicas.
Respecto a las proyecciones demográficas, me gustaría destacar que
las de este último trabajo contemplan por primera vez saldos
migratorios anuales. Este fenómeno nuevo de la inmigración es otra de
las razones que justifica este ejercicio constante que les comentaba
antes, necesario para saber exactamente de lo que estamos hablando.
En 1994 lo que nos preocupaba era el paro. Las hipótesis
macroeconómicas preveían un crecimiento del PIB de un 2,5 por ciento
anual, con lo cual la tasa de paro estimada prevista para el 2000 era
del 24,2 por ciento, cuando, en realidad, el año 2000 acabó con una
tasa de paro del 13,6 por ciento. En estos momentos en España más que
un problema de paro lo que tenemos es un problema de movilidad
geográfica, porque este 13,6 por ciento es una media y detrás de esta
media hay comunidades autónomas con una tasa de paro estimado del
23,2 por ciento, como Extremadura, hasta comunidades con una tasa del
5,7 por ciento, como Navarra. Una mayor movilidad geográfica
facilitaría enormemente una mayor disminución de paro en España.
Ahora bien, como SS.SS. saben muy bien, se trata de un problema nada
sencillo de resolver. En la medida en que aumenta la movilidad
geográfica disminuyen las necesidades de mano de obra extranjera
globalmente consideradas. Respecto a las hipótesis macroeconómicas en
las que se basan las proyecciones hasta el 2050 de este último
trabajo, lo único que puedo decirles, señorías, es que me parecen
razonables. El PIB crece alrededor del 3 por ciento hasta el año
2025. Se trata de una tasa que no es ni alta ni baja, que permitiría
reducir la tasa de paro por debajo del 6 por ciento a partir del
2010, en la que se ha tenido en cuenta un aumento de la tasa de
actividad como consecuencia, fundamentalmente, de una mayor
incorporación de la mujer al mercado de trabajo.
De todas estas nuevas hipótesis y estos nuevos escenarios, ¿qué es lo
que sale? Sale que el sistema público de pensiones tiene un superávit
que se mantiene hasta el año 2015, en que se daría un equilibrio
entre gastos e ingresos, pasando a ser deficitario a partir de ese
momento. Hablando de pensiones, 15 años es un corto espacio de tiempo
y lo que sugieren de nuevo estas proyecciones es que, a pesar de que
no se prevén problemas para los próximos 15 años, en los que el
balance positivo del sistema permitirá incluso acumular unas
reservas, lo más prudente es plantearse el futuro de nuestro sistema
público de pensiones desde ahora. Por otra parte, el futuro de las
pensiones no es un problema específico de España. Como saben SS.SS.,
todos los países europeos tienen un problema parecido, algunos están
más adelantados y otros no tanto en sus reformas. De que es un
problema que preocupa, da fe el informe publicado en noviembre del
año pasado, por el Comité de Política Económica de la Comisión
Europea sobre el impacto del envejecimiento de las poblaciones en los
sistemas públicos de pensiones y, más recientemente, el informe
publicado en enero pasado sobre los progresos de distintos países
europeos en la reforma de sus propios sistemas de pensiones.
Hasta aquí me he referido a la primera, segunda y cuarta monografías
publicas por el servicio de estudios de La Caixa. En estas tres
monografías se han estimado los focos futuros de ingresos por
cotizaciones y de pagos por prestaciones, primero hasta el año 2025 y
después hasta el año 2050, con el objeto de averiguar la viabilidad
del actual sistema de pensiones a largo plazo bajo el supuesto de
ausencia de modificaciones legislativas. La segunda monografía
exploraba, además, la viabilidad de un sistema mixto de reparto y de
capitalización, en el que todos los cotizantes entre 25 y 45 años
podrían optar por quedarse en el sistema de reparto o trasladar la
mitad de sus cotizaciones a un sistema obligatorio de capitalización
privado. Pero las monografías primera y tercera, a la que no me he
referido hasta este momento, exploraron también el estado de la
opinión pública ante el sistema de pensiones. Su estudio fue
encargado al equipo de ASP -analistas sociopolíticos-, dirigidos por
Víctor Pérez Díaz, catedrático de sociología de la Universidad
Complutense de Madrid y persona de reconocido prestigio en el campo
del análisis sociopolítico. Se efectuaron dos encuestas: la primera
en la primavera de 1995, con una muestra de 1.200 personas cuyos
resultados están recogidos en la primera monografía. La segunda
encuesta, cuyos resultados están recogidos en la tercera monografía,
se realizó dos años más tarde, en la primavera de 1997, con una
muestra mayor, de 3.500 personas y, por consiguiente, mucho más
representativa. El cuestionario fue mucho más amplio, lo cual
permitió indagar en aspectos que no lo fueron en el primero. Según
comentan los autores en su trabajo, en 1997 existía una mayor
disposición a apoyar reformas del sistema público de pensiones que
favorecieran el recurso a sistemas privados de capitalización. A
pesar de estos avances, sus autores se sorprendieron de que un
elevado porcentaje de encuestados declararan tener la sensación de
estar poco o nada informados sobre una cuestión que concierne tan
directamente.
Sólo deseo añadir que creo que entre todos estamos avanzando en esta
reforma que parece del todo necesaria y que lo que ha pretendido el
servicio de estudios de La Caixa con la publicación de todos estos
trabajos es aportar nuestro granito de arena a la misma.
El señor PRESIDENTE: Por parte del Grupo Socialista, tiene la palabra
la señora López i Chamosa.
La señora LÓPEZ I CHAMOSA: En primer lugar, quiero agradecerle
doblemente su comparecencia -lo comentaba con mi compañero- porque
entiendo el esfuerzo que ha hecho para expresarse en correcto
castellano. En esta Comisión estamos para dos cosas: para escuchar y
aprender de los comparecientes y, segunda, para al final extraer las
conclusiones convenientes y las recomendaciones. Como usted decía, 15
años en un sistema de pensiones son muy pocos años, pero sí son
muchos años para adoptar medidas para que cuando lleguen 2015 ó 2050
no tengamos ningún problema.
Ha hablado S.S. de varios puntos que quiero comentar. Se ha referido
a la tasa de actividad y a la incorporación de la mujer al mundo del
trabajo. A pesar de que en los últimos años la mujer se ha
incorporado al mundo laboral, la realidad es que estamos en tasas de
actividad femeninas muy por debajo de la media europea en comparación
con las de los hombres. Por consiguiente, habría que hacer un
esfuerzo suplementario. Si a eso añadimos las voces que se oyen voces
sobre que la incorporación de la mujer al mundo laboral puede ser una
de las causas que conlleva una baja tasa de natalidad, nos
encontramos ante un problema importante sobre el que le haría la
siguiente pregunta. ¿No cree que al hablar de pensiones, de
incorporación de la mujer al mundo laboral, tendríamos que estar
hablando también de aspectos sociales, de ayudas, de más guarderías,
de mayor atención a la infancia, es decir, dar más facilidades para
que esa incorporación se pueda hacer? No se trata sólo de decir que
vamos a incorporar a la mujer al mundo laboral y dar unas
subvenciones de las cuotas de la Seguridad Social. Eso no se va a
conseguir si no va acompañado de otro tipo de políticas del Estado y
podríamos tomar como ejemplo otros países.
Me gustaría comentar también algo sobre la movilidad geográfica. Con
el mercado laboral que tenemos, la desregulación y la oferta de
empleo, los cambios de empleo que se están haciendo son
fundamentalmente sustituciones no por temas formativos, sino
económicos. Es muy difícil pedirle a un trabajador de Extremadura que
se traslade a Cataluña, si le vamos a pagar un salario de 100.000
pesetas y la vivienda le va a costar 80.000. Habría que hablar de la
movilidad geográfica, pero en un contexto diferente. Recuerdo cuando
hablábamos de movilidad geográfica en el sector del textil en
Cataluña porque se trasladaban las fábricas, pero las ayudas al
traslado de la vivienda lo hacían posible. Si se le ofrece a un
trabajador de Extremadura
un contrato en Cataluña con 100.000 pesetas, sería comprensible que
se quedara en su pueblo porque viviría mejor.
Ha hablado S.S. por encima del sistema de capitalización y del de
reparto. El Grupo Socialista cree en un sistema mixto, pero siempre
que el complementario, el de capitalización, sea un sistema
voluntario. Si hacemos un análisis de los sistemas complementarios de
capitalización entenderemos quién los tiene en nuestro país. La
inmensa mayoría no, porque los salarios en estos momentos a duras
penas permiten llegar a final de mes y no se pueden apartar 15.000
pesetas para dos personas. Estos debates deberían ir acompañados de
lo que hemos manifestado sobre el aumento de la productividad en las
empresas -la productividad industrial es muy importante- y de un
reparto de esa productividad que permita que el trabajador tenga una
capacidad de ahorro que en estos momentos no tiene.
Quiero agradecerle nuevamente su comparecencia. Los estudios de La
Caixa son para mi grupo y para todos los demás una guía importante en
nuestros trabajos. Estamos muy complacidos por sus envíos y le
decimos que vamos a seguir contando con su colaboración no sólo en
esta Comisión, sino en algunos otros temas en este Parlamento.
El señor PRESIDENTE: Por parte del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Grau.
El señor GRAU BULDÚ: Quiero agradecer al señor Carrau su intervención
y su comparecencia en esta Comisión, ya que nos permite ensanchar
nuestro campo de visión y obtener datos más fehacientes para las
conclusiones que un día u otro esta Comisión tendrá que evacuar.
Centrándonos en su intervención en representación de La Caixa, ha
recordado sus orígenes históricos. Su experiencia y su nombre indican
que fue una caja de ahorros de pensiones y ha recordado que era una
previsión para la vejez. En cuanto a su experiencia -lo tenía
apuntado, pero S.S. lo ha recordado después-, estas rentas que se
generaban como previsión en unos tiempos en que la Seguridad Social
no tenía las connotaciones que tiene actualmente, eran de los
vitalicios. La empresa ha sido consecuente en su funcionamiento, ha
tenido una protección social excelente respecto a sus empleados y ha
creado un fondo de pensiones muy importante que ha permitido una
asistencia y una protección social ejemplares -en mi opinión, una de
las mejores del Estado español- para todos sus empleados. Asimismo,
ha sido ejemplar el hecho de que ha sido una de las primeras en
externalizar este plan de pensiones, pasando de una fórmula puramente
empresarial a una fórmula que la ley ya prevía. De hecho, ha sido
cumplidora de esta normativa nueva para personalizar estas ayudas
directamente en el trabajador.
¿Cómo vislumbra La Caixa este cambio que ha sufrido en el sentido de
transferir un activo empresarial a un activo paralelo en función de
los trabajadores?, ¿Lo entiende como algo positivo o negativo como
conclusión de la empresa?, ¿Cómo complementa este sistema la nueva
adaptación con las protecciones que se habían obtenido ya con el que
estaba en marcha? Como entidad gestora de gran número de fondos de
pensiones, como todas las entidades financieras, ¿vislumbra algún
tratamiento especial de los fondos de pensiones según determinados
tramos? Dada su experiencia en los fondos de pensiones que se generan
para los más jóvenes como los que se realizan para determinados
colectivos que con mayor o menor de edad se dedican a intentar
recuperar el tiempo perdido y establecer un tiempo de pensiones para
el futuro, ¿es posible un tratamiento fiscal diferenciado para estos
tramos de edad?, ¿sería una solución alternativa para forzar la
creación de estos fondos de pensiones? Puesto que hablamos de
capitalización y de repartición en los fondos actuales?, ¿ una
solución sería la adaptación a las nuevas fórmulas, hacer el fondo
complementario con determinados tratamientos fiscales o protecciones
a determinados colectivos?
Finalmente, quiero agradecer los estudios que ha hecho La Caixa.
Recuerdo que cuando los portavoces de esta Comisión intervenimos en
la externalización de las gestiones, todos llevamos como libro de
ayuda el estudio del fondo de pensiones de La Caixa. Le animo
a seguir en esta línea porque algunos de los intervinientes nos ha
manifestado que los estudios comparativos entre aportaciones y la
profundización en el análisis de la evolución de las pensiones, son
básicos para un futuro plan de pensiones públicas y privadas.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Txueka.
El señor TXUEKA ISASTI: Tomo la palabra para agradecerle su
presencia, su exposición, y sobre todo las aportaciones que realiza
La Caixa a través de los estudios que promueve y realiza, algunos de
ellos polémicos, pero que exponen puntos de vista muy interesantes
a este debate.
El señor PRESIDENTE: Por parte del Grupo Popular, tiene la palabra la
señora Montseny.
La señora MONTSENY MASIP: Yo quiero también agradecer al señor
Carrau, como no podía ser menos, la amplia estadística que nos ha
aportado sobre el futuro de las pensiones. Nos ha refrescado la
memoria sobre aquellas publicaciones que La Caixa tan eficazmente
viene remitiéndonos a todos los diputados de esta Cámara, que son
estudios muy pormenorizados, serios y rigurosos. Afortunadamente en
los últimos cinco años la tendencia económica de España ha
evolucionado de una forma importante como para que los primeros estudios
queden superados, aquellas expectativas un poco catastrofistas
que había sobre el futuro de las pensiones. Nos ha recordado la
creación del INP, Instituto Nacional de Previsión. Como catalana,
tengo que decir que conozco bien la figura de Francisco Maluquer,
otro gran catalán que fue el creador de dicho Instituto y que yo
personalmente, por motivos profesionales, he tenido el gran orgullo
de haber estado en su casa, puesto que hay una fundación y un museo
que ha continuado todo ese patrimonio de Francisco Maluquer vinculado
de alguna forma al sistema de la Seguridad Social hoy.
Casi todos los comparecientes nos aclaran puntos de futuro y
coinciden en que ha habido unos años de un cierto peligro por el alto
índice de paro que teníamos y era preocupante el sistema público de
pensiones. Si somos capaces de resolver el paro creando empleo,
fomentando el crecimiento económico de las pequeñas y medianas
empresas, el problema principal no es tanto el índice demográfico o
el envejecimiento de la población, puesto que esto se puede
solucionar con movimientos migratorios, haciendo un buen estudio o
aplicando bien una buena ley de inmigración, como la expectativa de
vida. Ayer leíamos en los medios de comunicación algo que parece
contradictorio con lo que se pueda opinar: a mayor expectativa de
vida menor coste para la sanidad pública. Parece una contradicción,
pero la persona que tiene una mayor expectativa de vida pero que no
tiene grandes problemas de salud o no tienen una enfermedad como el
Alzheimer que provoca una dependencia más rigurosa y costosa, le
cuesta menos dinero a la sanidad pública, lo cual, visto que cada vez
vamos a vivir más y se producen grandes cambios en nuestra sociedad,
es importante. El Mundo del domingo, en el área económica, publicaba
que sólo el 26,62 por ciento de la población cuenta con un plan de
pensiones. ¿Nos podría aclarar qué se podría hacer dado los cuadros
que usted nos ha analizado, para ir fomentando no un sistema mixto,
al que creo sinceramente que no se puede ir en nuestro sistema único
de Seguridad Social ya que está dentro de la Unión Europea y nos
regimos por el modelo europeo, que es el sistema de reparto, sino ese
ahorro complementario, que pueda ir en beneficio de una pensión el
día que una persona se jubile? Sería importante ya que es el modelo
hacia el que tenemos que ir.
Yo pido a La Caixa que siga haciendo esos estudios tan importantes,
porque que estamos en un momento apasionante pero cambiante.
El señor PRESIDENTE: Señor Carrau.
El señor DIRECTOR DEL SERVICIO DE ESTUDIOS DE LA CAIXA (Carrau
Ramón): Señora López, no puedo evitar mi acento catalán. Cuando llego
al aeropuerto y cojo un taxi con sólo decir al hotel tal me preguntan
qué tiempo hace en Barcelona. (Risas.) No lo puedo evitar. Quiero
darles las gracias por su comprensión.
La primera cuestión que usted suscita es la relativa a si la tasa de
actividad de la incorporación de la mujer al mercado de trabajo es
todavía muy baja en España y si tendría que ir acompañada de alguna
política específica. No estoy en condiciones de responder algunas
preguntas porque no tengo suficiente conocimiento del tema, por lo
que espero la comprensión SS.SS., pero ésta concretamente sí la puedo
responder. Como antes he comentado yo soy el director de la colección
de estudios sociales de la fundación La Caixa. La Caixa tiene dos
colecciones: una es la colección de estudios económicos, que es de La
Caixa propiamente como grupo bancario; y, otra, es la colección de
estudios sociales que es de la fundación de La Caixa, de la que
también soy director. La comenzamos en junio del año pasado, y hemos
publicado cuatro trabajos, y el tercero se refiere precisamente a la
política familiar, es un estudio sobre políticas familiares
comparadas, y por eso sé algo más sobre este tema porque me estuve
leyendo este trabajo.
Las políticas familiares deberían tener unos objetivos muy
explícitos, que no tienen que ser necesariamente siempre los mismos.
Hay dos grandes tipos de políticas familiares: las políticas
natalistas, que tienen por objetivo aumentar la población con las que
lo que se procura que la mujer se quede en casa cuidando de la
familia; y hay otras políticas, por ejemplo la que se ha llevado a
cabo en Suecia, que ha tenido por objetivo facilitar la incorporación
de la mujer al mercado de trabajo, en donde se vio que un elemento
que podía facilitarla era una red de guarderías infantiles. Como
digo, la política tenía como objetivo facilitar la incorporación de
la mujer al mercado de trabajo y los resultados han sido que ha
aumentado la tasa de natalidad. Suecia, que era uno de los países con
tasas de natalidad bajas, ha aumentado su tasa de natalidad como
consecuencia no de una política natalista, sino de una política de la
incorporación de la mujer al mercado de trabajo. En España se puede
hacer mucho. Seguramente si hay un replanteamiento de la política
familiar en cuanto a facilitar la incorporación de la mujer al
mercado de trabajo, vamos a conseguir las dos cosas: incorporar a la
mujer al mercado de trabajo y aumentar la tasa de natalidad. No sé si
con esto he contestado suficientemente, pero, por descontado, que una
política familiar adecuada podría facilitar las cosas en el sistema
público de pensiones, porque una mayor tasa de actividad quiere decir
mayor número de cotizantes por pensionista y, por consiguiente, es
una medida que contribuiría al equilibrio del sistema.
Por lo que se refiere a la movilidad geográfica, la realidad es la
que es. Como usted ha dicho, hay dos cosas que son ciertas: una, las
cifras que he comentado, son oficiales; hay comunidades autónomas con
tasas de paro muy altas y otras con tasas de paro muy bajas,
prácticamente en situación de pleno empleo, que es lo que hace
necesaria la mano de obra extranjera. Tenemos
encargado un estudio para averiguar cómo se podría facilitar la
movilidad geográfica. Somos conscientes de que es un problema
complejo que no es fácil de resolver. No es una cuestión de voluntad
política, sino de mucha voluntad política, porque, como usted ha
dicho, el salario que puede ganar una persona cambiando de comunidad
autónoma puede resultar insuficiente para cubrir unos mayores gastos
de vivienda. Esto nos lleva al problema de la vivienda, al problema
del suelo, al problema de la financiación de las administraciones
locales; es complejo y abordarlo exige tomar una serie de medidas.
Naturalmente, una mayor tasa de actividad, una mayor incorporación de
la mujer al mercado de trabajo, una mayor movilidad geográfica, una
política familiar que tenga en cuenta los problemas del sistema
público de pensiones, ayudarían a la solución.
Me preguntan respecto al sistema de capitalización. Ya he comentado
que en el segundo trabajo se explora sobre la viabilidad de pasar de
un sistema de reparto a un sistema mixto de capitalización y reparto.
Se explora para saber de qué estamos hablando. No es suficiente decir
que podríamos pasar de un sistema de reparto a uno de capitalización
porque es mejor; se trata de ver qué pasa. Nuestra propuesta en este
trabajo es razonable: sólo el 50 por ciento de los cotizantes entre
25 y 45 años se podría traspasar a un sistema de capitalización, pero
esto quiere decir que habría unas menores cotizaciones al sistema de
reparto, lo que agudizaría el déficit de ese sistema. ¿Cómo se puede
solucionar esto? Hay muchas soluciones. En este trabajo se apuntaba
una, lo que no quiere decir que tenga que ser ésta necesariamente,
que es la siguiente: los fondos que se destinan al sistema de
capitalización se tienen que invertir en alguna cosa y en este
trabajo se proponía la emisión de una deuda especial; que el sistema
de reparto pudiera emitir una deuda especial para financiar este
déficit que se produciría en las cotizaciones precisamente con las
cotizaciones que se dedicarían al sistema de capitalización.
Usted ha planteado algo que debo matizar. Ha dicho que los salarios
no permiten un sistema de reparto y de capitalización
simultáneamente. El planteamiento de este segundo estudio no es
precisamente aumentar la parte de renta disponible y dedicarla al
sistema de capitalización, sino ofrecer la posibilidad de pasar al
sistema de capitalización, destinado la parte que no se dedica al
sistema de reparto al sistema de capitalización, lo cual no supondría
detraer de la renta disponible una parte para dedicarla al sistema de
capitalización. Naturalmente, el que existiera una mayor conciencia
de la población de las dificultades del sistema de reparto
favorecería dedicar una parte de la renta disponible a un sistema de
capitalización adicional complementario. Con esto creo que he
contestado sus preguntas. Gracias por sus palabras de agradecimiento.
El señor Grau pregunta si sería positiva o no la externalización.Yo
creo que es positiva y por eso se ha
hecho. Es un acuerdo entre los sindicatos con representación en La
Caixa y la propia Caixa.
Respecto al tratamiento fiscal diferenciado por grupos de edad, no
soy un especialista en este tema y no le puedo contestar. Así como me
he atrevido a comentar las políticas familiares porque hemos
publicado un libro sobre las políticas familiares comparadas, no me
atrevo a hablar del tratamiento fiscal porque no conozco
suficientemente el tema. Lamento no poder contestar a esta pregunta.
Sí quiero darle las gracias por utilizar las publicaciones y estudios
de La Caixa.
Al señor Txueka también quiero darle las gracias por su
agradecimiento.
A la señora Montseny le diré que no me he extendido más sobre los
orígenes de La Caixa porque me parecía que no era el objetivo de mi
comparecencia, pero, por descontado, hay una persona, el señor
Maluquer; no lo he citado, aunque lo hubiera podido citar. Conozco un
poco el tema porque en el año 1979, con ocasión del 75 aniversario de
la fundación de La Caixa encargamos un trabajo al profesor Jordi
Nadal sobre la historia de La Caixa, trabajo que fue publicado en el
año 1982 y en el cual se comenta con bastante extensión este tema. Yo
participé precisamente en facilitar la documentación necesaria para
realizar esta investigación sobre los 75 primeros años de existencia
de La Caixa por cuanto el archivo histórico depende de mí. Por eso
conozco las buenas relaciones no sólo del señor Moragas sino también
del señor Ferré Vidal, que fue el primer presidente de La Caixa hasta
el año 1936, con don Salvador Maluquer. Puedo añadir que don
Francisco Moragas formó parte del patronato del Instituto Nacional de
Previsión y tenían unas relaciones personales excelentes; no lo he
comentado para no extenderme más pero agradezco sus comentarios.
En cuanto a las dificultades del sistema de reparto y que no vienen
tanto por el envejecimiento de la población, lo que sí nos dicen los
demógrafos -yo me remito a las proyecciones que figuran en el cuarto
trabajo- es que hay un envejecimiento de la población; y no sólo eso,
sino que la población se reduce de 40 millones -sin tener en cuenta
lo que pueda pasar con el tema de la inmigración- a algo más de 34
millones. ¿Qué puede pasar con la inmigración y qué puede pasar con
las expectativas de vida? Es muy difícil predecirlo. Es verdad que
todo esto puede cambiar mucho, pero incorporarlo en unas proyecciones
es un ejercicio de puro voluntarismo. Sin ir más lejos, voy a
hacerles un comentario sobre los precios del petróleo, a modo de
ejemplo. El año pasado los precios del petróleo pasaron de 10 dólares
el barril a 30 dólares el barril y nadie lo había previsto el año
anterior. Si se habla con expertos de este mercado tampoco saben
explicar muy bien qué es lo que ha pasado por ahora ni qué va a
pasar. Por tanto, si en una cosa tan próxima es difícil hacer
previsiones y todos nos equivocamos, es todavía más difícil saber lo
que va a pasar en cuanto a las expectativas de
vida. En principio pueden pasar dos cosas. Una, que en la medida en
que aumente la esperanza de vida supondrá una carga mayor para el
sistema público de pensiones; pero otra es que como consecuencia de
los nuevos descubrimientos que puede generar todo lo referido al
genoma humano muchas enfermedades se puedan prevenir y curar lo cual
podría suponer menores gastos para la sanidad pública por lo que si
así lo decide el legislador se contaría con recursos disponibles para
el sistema de pensiones. En cuanto a la última pregunta, referente al
sistema mixto y al sistema complementario, evidentemente un sistema
fiscal favorable ayudaría muchísimo en este sentido.
Nada más por mi parte. Espero haber contestado a todas sus señorías.
El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, señor Carrau, por su
comparecencia, lo ha hecho estupendamente. (Pausa.)
- DEL CATEDRÁTICO DE ECONOMÍA DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III (SEÑOR
DOLADO LOBREGAT). A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA.
(Número de expediente 219/000042.)
El señor PRESIDENTE: Comparecencia de don Juan José Dolado, a efectos
de informar a esta Comisión sobre el objeto de su cometido, cuyo
autor de la solicitud de comparecencia es el Grupo Parlamentario
Socialista.
El orden en el cual se vienen desenvolviendo estas sesiones de la
Comisión, señor Dolado, lo digo para su información, porque
lógicamente por parte de los señores diputados es perfectamente
conocido, es que tras una primera intervención suya, que tampoco
tiene por qué ser muy extensa, porque conocemos su trabajo y su obra
en materia de sistema público de pensiones en España, intervendrán
los diferentes grupos parlamentarios comenzando por el solicitante
que, a su vez, coincide también con el que interviene siempre en
primer lugar por ser el grupo mayoritario de la oposición o de los
grupos que no respaldan al Gobierno y, a continuación, intervendrán
los demás grupos parlamentarios de mayor a menor número de miembros
en cuanto a las formaciones de sus grupos y concluirá el Grupo
Parlamentario Popular para formularle preguntas, interpelaciones,
aclaraciones o puntualizaciones sobre su discurso y, finalmente,
usted podrá, si lo tiene a bien, responder a los señores diputados
las preguntas que le hubieran sido formuladas.
Tiene usted la palabra, señor Dolado.
El señor CATEDRÁTICO DE ECONOMÍA DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III (Dolado
Lobregat): En primer lugar, quiero agradecer a la Comisión y a su
presidente la invitación a compartir con ustedes unas reflexiones
generales sobre el problema de las
pensiones en este país, si es que existe, y algunos problemas
asociados. Básicamente, mi intervención se va a centrar en las notas
denominadas pensiones, demografía e inmigración, que envié a la
secretaría de la Comisión y que supongo que les han repartido.
Además, les incluí un trabajo, que me indica el presidente que
conocen, simplemente para ilustrar gráficamente algunos de los hechos
que voy a comentar.
A veces, en unas discusiones de este estilo lo que queremos es
mojarnos con prescripciones, sujeto a la incertidumbre que lleva el
hacer diagnósticos sobre cualquier ciencia social. He empezado
describiendo cuatro mitos que se encuentran generalmente en la
opinión pública, incluso en la opinión de algunos expertos. Voy a
contraponer estos mitos con lo que son mis realidades, con lo que yo
entiendo que el trabajo científico sobre este tema ha ofrecido como
resultados relativamente robustos. En primer lugar, el dramático
aumento de la carga de pensiones se debe a la demografía. En este
caso estoy hablando de España, pero también sobre la Unión Europea,
porque no es un problema único de nuestro país, sino que hay otros
muchos países que también lo tienen. En segundo lugar, se puede
diseñar un proceso de transición a un sistema de capitalización
completa ganando todos, es decir, sin que haya ninguna generación
presente o futura que pierda. En este sentido, algunas opiniones nos
inducen a imitar el proceso que se produjo en el pasado, durante los
años ochenta, en algunas economías latinoamericanas, véase Chile,
Colombia, Perú, etcétera. En tercer lugar, en general para analizar
qué sistema es mejor tenemos que comparar la rentabilidad de los dos
sistemas. El sistema de reparto se basa en las cotizaciones, que son
un porcentaje de la masa salarial, y la rentabilidad de ese sistema
es cuánto crece la masa salarial. La rentabilidad del sistema de
capitalización es, obviamente, el tipo de interés que ofrecen los
activos financieros tanto renta fija, renta variable, etcétera. Si el
tipo de rentabilidad de los activos financieros es mayor que el
crecimiento de la masa salarial, es mejor el sistema de
capitalización, si ocurre lo contrario, es mejor el sistema de
reparto. La creencia es que el crecimiento de la masa salarial, en
términos reales, -estamos comparando rentabilidades reales-, está
condenado en el pasado. Sobre todo durante buena parte de los
noventa, ha sido bastante inferior a las tasas de rentabilidad de los
activos financieros y uno extrapola esta visión hacia el futuro y
dice: la masa salarial siempre va a crecer menos.
Durante el resto de la comparecencia hablaré a veces sobre el
crecimiento de la masa salarial como si fuera la rentabilidad de
invertir en capital humano, nosotros invertimos en educación, en
formación, para poder ser más rentables a la sociedad y, por tanto,
los crecimientos salariales o los crecimientos de empleo son esa
rentabilidad que obtenemos del capital humano, mientras que la
rentabilidad de los activos financieros está relacionada
con los beneficios de las empresas y el buen hacer de las
empresas será la rentabilidad del capital físico. Es como si uno
tuviera una cartera donde hubiera dos tipos de capital, capital
físico y capital humano, y queremos ver en qué proporciones debemos
combinarlos. La tercera creencia es que la masa salarial siempre va a
crecer menos y que, por tanto, el sistema de reparto domina.
Por último, cuando uno considera criterios de bienestar, de
distribución y eficiencia se piensa que el sistema de pensiones
socialmente eficiente debería ser uno de capitalización plena. ¿Por
qué? Porque incentiva el ahorro y, por tanto, la inversión y el stock
de capital de la economía. En cambio, el sistema de reparto se basa
en cotizaciones, en impuestos, y, por tanto, distorsiona los
resultados. Las cotizaciones son muy largas y puede no merecerles la
pena trabajar. Entonces tenemos estos métodos que se utilizan, que
los economistas llaman las curvas de Laffer, y todos los efectos
distorsionadores. Por tanto, el sistema de reparto está condenado
a la desaparición, este es un poco el resumen. Estos son los mitos.
¿Cuáles son las realidades o mis realidades?
Frente a que el dramático aumento de la carga de pensiones se debe a
la demografía, mis conclusiones recogidas en este trabajo (lo tienen
ustedes en su poder, junto con otros trabajos elaborados por dos
profesores italianos y el profesor Jimeno, que intervendrá a
continuación) lo que reflejan es que solamente, por lo menos hasta
ahora y en una década más, la demografía aporta un cuarto de las
pensiones, los otros tres cuartos del aumento de la carga de las
pensiones son la situación del mercado de trabajo y la generosidad
-entre comillas- del sistema. La cuestión es que la tasa de empleo de
este país, es decir, el número de empleados sobre la población en
edad de trabajar, todos aquellos que podían trabajar, si entendemos
que es a partir de 16 años, solamente son 44 personas. Un sistema de
reparto donde 44 dan de comer a cien está condenado al fracaso, esto
es obvio. El sistema es relativamente generoso, ustedes me dirán:
tres millones de pensiones reciben 70.000 personas, pero la
generosidad se refiere al esfuerzo anterior. Hay muchas pensiones que
no están respaldadas por una senda de contribuciones adecuadas y, por
tanto, esas pensiones que son asistenciales tienen una rentabilidad
altísima desde el punto de vista financiero, porque uno no ha
invertido nada y obtiene la pensión. En ese sentido, cuando uno
observa el panorama conjunto, el sistema español es bastante
generoso. El problema no es completamente la demografía, aunque en el
futuro pueden cambiar las tornas, incluso con la caída esperada de la
población; si se mantienen las pautas actuales de fertilidad y
mortalidad, en diez o en veinte años, es posible que nuestras tasas
de empleo hayan aumentado, a pesar de que seamosmuchísimos menos.
Respecto a la cuestión de que existiera un proceso de transición en
el que nadie pierde, es un resultado de sumas y restas y siempre hay
una generación que pierde en el proceso de transición que,
obviamente, es la generación actual, que sí ha cotizado. Si cambiamos
de repente a un sistema de capitalización, la generación actual tiene
que empezar también a invertir en su fondo de inversión para lograr
la pensión en su debido momento, por tanto, cotiza dos veces, una
para pagar las pensiones de las personas mayores hoy y otra para
pagar sus propias pensiones. Este déficit de la generación actual
-esta carga- no se puede eliminar de ninguna manera. Una posibilidad
sería emitir deuda pública; pero, si se emite deuda pública para
repartir esta carga financiera entre las generaciones futuras, ha de
pagarse al tipo de interés del mercado y, por tanto, aunque la
rentabilidad de los activos financieros sea muy alta, el tipo al que
se descargará la deuda será exactamente el mismo; si no, nadie
compraría la deuda pudiendo invertir en otros activos del mismo
riesgo y mayor rentabilidad. Por tanto, esa generación siempre pierde
y hay que financiarlo. ¿Cuál es el problema de financiarlo hoy en día
mediante deuda? El problema es que hay una serie de condicionantes,
como el pacto de crecimiento y estabilidad y las políticas de
consolidación fiscal, por los que el volumen de deuda en valor
presente -valor 2001- que se necesitaría excedería en varios órdenes
de magnitud los límites establecidos por los Tratados europeos al
respecto.
En cuanto a la imitación de los países latinoamericanos, las
condiciones actuales de la población europea y de la española en
particular son muy diferentes de las que existían en esos países. En
primer lugar, aquellos países tenían en su momento una población muy
joven, en la que el porcentaje de personas menores de 25 años era muy
superior al de personas mayores de 25 años y de adultos que
cotizaban; en nuestro caso la situación es mucho más complicada
porque tenemos una población envejecida. Tenía superávit
presupuestario; la situación presupuestaria en Europa es mejor que la
anterior a la formación de la moneda única, pero para algunos países
como Italia o Grecia, que tienen todavía stocks de deuda muy altos,
endeudarse aún más es completamente imposible. Por último, tenían
regímenes muy autoritarios, como estamos recordando estos días, que
impedían protestas ante los cambios de un sistema a otro.
El problema de todas estas políticas es que lo que es bueno en el
largo plazo tiene costes en el corto plazo, y el largo plazo lo vemos
como algo futuro y, por tanto, lo descontamos; es decir que, aunque
los beneficios en el largo plazo sean muchos, vemos los costes del
corto plazo.
En tercer lugar, que la masa salarial siempre crece menos que la
rentabilidad del capital físico, es posiblemente cierto. Obviamente,
cuando les digan a las personas
para las que hemos invertido en fondos de pensiones cuál ha
sido la rentabilidad de estos fondos de inversión en el último año,
alguno se mostrará escéptico respecto a la afirmación; pero, cuando
uno coge el promedio, es cierto que la rentabilidad del capital
físico suele ser más alta que la del humano. También es cierto, como
hemos visto este último año, que la volatilidad del riesgo de la
inversión en capital físico es mucho más alta que la del riesgo en
capital humano. De la misma manera que uno combina bonos y acciones
en una cartera financiera, activos de más rentabilidad y más riesgo
con activos de menos rentabilidad y menos riesgo y es óptimo desde el
punto de vista financiero combinar ambos activos, cogiendo las
rentabilidades históricas del capital humano y del capital físico
-que están recogidas en el trabajo- hicimos una estimación de cuál
sería la composición de una cartera formada por estos dos activos
-capital humano y capital físico-, utilizando un criterio de cartera
eficiente de los que utilizan las agencias de valores. Pues bien, lo
hicimos para todos los países de Europea y, aproximadamente, siempre
salía alrededor de un 50 por ciento de capital humano y un 50 por
ciento de capital físico; estamos hablando de rentabilidades
históricas, las que hemos observado hasta ahora.
Por último, la eficiencia social. Se nos ocurre que hay una manera de
interpretar el sistema de reparto como una política que mejora el
bienestar; se trata de unirlo a la educación. Pensemos en el
siguiente ejemplo, que luego desarrollaré: mi padre pagó mis estudios
de educación secundaria y terciaria, me hizo un préstamo. ¿Cómo le
devuelvo yo ese préstamo a mi padre? A través de la cotización a la
Seguridad Social para que le paguen a él la pensión; lo que estoy
haciendo es devolverle el préstamo. Como es bien conocido por SS.SS.,
la educación es pública y el sector público tiene que intervenir
cuando se producen fallos de mercado. El fallo de mercado que se
produce en la financiación de la educación es lo que los economistas
llamamos falta de internalización de una externalidad. La
externalidad que se produce es que, si mis hijas, van a un buen
colegio, esto repercute en su beneficio, repercute si sus compañeros
son buenos; ahora bien, yo me preocupo por la educación de mis hijas
pero no por la de sus compañeros. Al final, si el sistema de
educación fuera financiado privadamente, se presentaría el problema
de que el volumen de personas que se educan sería menor del
socialmente óptimo, y de ahí la intervención del sector público.
La única manera de asegurar la financiación adecuada de la seguridad
pública es establecer un contrato intergeneracional entre padres e
hijos, de tal manera que el valor presente -lo que en las notas se
llama VP- de las pensiones de los padres sea igual al valor presente
de los gastos educativos de los hijos; ese es el contrato
intergeneracional. Ese sistema de repartopodría pensarse como el
mecanismo que asegura que
los incentivos vayan en la dirección adecuada: mi padre me paga a mí
mi educación porque yo se lo devolveré a través de las pensiones.
Obviamente, este mecanismo no funcionaría en un sistema de reparto
privado y, por tanto, es posible que la educación pública se viera
más afectada de lo que está en la actualidad; somos uno de los países
más deficitarios a este respecto. Desde el punto de vista del
bienestar, el sistema de reparto tiene un papel muy relevante.
También tengo que decir, y si quieren nos podemos extender más en la
discusión, que no hay magia en el sistema. Ha habido algunas
propuestas; por ejemplo, los cálculos que se hacen en Estados Unidos
son así: las cotizaciones actuales son del 12,4 por ciento y,
haciendo las proyecciones de lo que pasaría hasta 2030, para poder
pagar el déficit, en ese año tendrían que subir las cotizaciones en
cinco puntos, es decir pasar del 12,4 al 17,4. Un economista
americano tan reconocido como Martin Feldstein ha propuesto aumentar
temporalmente las cotizaciones en dos puntos -pasar del 12,4 al 14,4-
durante un período de diez años y destinar esos dos puntos a un fondo
de capitalización; dado que ese fondo va a crecer mucho más que lo
que crece la masa salarial, se podrá pagar el déficit con el extra y
evitar la subida de los cinco puntos a partir de 2030. Recuerden que
la idea es costes a corto plazo; pagamos más a corto plazo y tenemos
beneficios a largo plazo, pagamos menos de treinta años en adelante.
Es muy fácil ver que no hay magia detrás del sistema, está descrito
en el artículo que les he pasado.
Si anunciáramos, y la población así lo creyese, que de aquí a 2030 el
sistema de pensiones debería estar en equilibrio y dejáramos a cada
uno invertir sus ahorros libremente en sistema de reparto o en
sistema de capitalización, obtendríamos el mismo resultado; claro que
hay que asegurarse de que hay un compromiso de no rescatar a aquellos
que hayan ahorrado poco. De modo que no hay magia en el sistema, no
hay resultados que uno pueda sacar del sombrero de copa. Estos son
básicamente los mitos y las realidades.
A continuación, voy a discutir brevemente, porque es un tema en el
que se extenderá Juan Francisco Jimeno en su intervención, sobre
demografía y pensiones en España, en particular. Describiré a retazos
los grandes números -supongo que ustedes ya los han oído en la
intervención del director del Servicio de Estudios de la Caixa, el
señor Carrau-, que están sujetos obviamente a la misma incertidumbre
que todo este tipo de proyecciones. Les recuerdo que las proyecciones
demográficas son muchísimo más exactas que las proyecciones del
precio del petróleo o de lo que va a hacer el IBEX 35 dentro de un
mes.
Les ruego que cojan la nota y miren en la página 2. El gasto en
pensiones, en porcentaje de PIB, es la pensión media por el número de
pensionistas y el denominador, que es el PIB, sería la productividad
media por el número de ocupados, lo que produce cada persona
por el número de ocupados. Se pueden manejar estos cocientes de
manera que la proporción de gasto en pensiones sobre el PIB se puede
dividir en tres componentes: el primer término, es el número de
pensionistas sobre la población de 16 a 64 años, es una especie de
tasa de sustitución, es lo que llamamos el componente demográfico,
cuántas personas tienen derecho a una pensión sobre cuántas personas
podrían potencialmente cotizar; el segundo término es la población de
16 a 64 años dividido por el número de ocupados. Si cogiéramos la
inversa es como la tasa de empleo de la economía, es decir, cuántos
están ocupados, por tanto, las condiciones del mercado laboral; el
tercer término es la pensión media relativa a la productividad media.
Si uno piensa que la productividad media es algo como el salario en
términos reales que uno tiene, el tercer término es el ratio de
sustitución, es decir, cómo degeneró sobre el sistema. Podemos hacer
proyecciones sobre esos tres términos, y me estoy refiriendo
conjuntamente. Los números que aquí cito son pensiones de jubilación
y pensiones de supervivencia, es decir, viudedad. Actualmente la suma
de las dos está alrededor del 11 por ciento del PIB, de manera que el
número de pensionistas sobre la población de 16 a 64 años es
aproximadamente un tercio, la tasa de ocupación, el segundo término,
es aproximadamente un medio y su inversa es dos; el salario real
medio está en 2.400.000 y la pensión media es aproximadamente un 20 ó
un 17 por ciento.
Los escenarios demográficos son muchísimo más ajustados que los
escenarios sobre generosidad, incluso sobre el mercado laboral. Las
cifras del mercado laboral obviamente van a mejorar en este país,
aunque sólo sea por la desaparición de 5 ó 6 millones de españoles.
Las proyecciones nos dicen que para el año 2020 subirá el 14 por
ciento y para el año 2050 subirá al 121 por ciento.
Respecto a las proyecciones demográficas, he dado una especie de
mezcla de las proyecciones que obtiene el profesor Jimeno, de las
proyecciones que da Eurostat, de las que da la ONU y de las que da el
demógrafo más importante de este país, el profesor Fernández Cordón,
del CSIC. De mantenerse las actuales tendencias demográficas, una
tasa de fertilidad de 1,2 ó 1,3, una esperanza de vida de 75 años
para los varones y 82 años para las mujeres y una tasa de inmigración
con un flujo anual de 30.000 personas, la población en España se
reduciría de 40 millones a 32 millones, pasando la edad media de los
españoles de 38 años, que es la media en la actualidad, a 53 años.
Estos datos son de aquí al año 2050.
Si aumentara la tasa de fertilidad hasta el 1,5 -cosa que es
complicada, no pasa de un año para otro en promedio- y se mantiene
constante después, si aumenta la esperanza de vida de 75 a 78 años y
medio, si aumenta el flujo de inmigración de 30.000 a 70.000 personas
durante los años 2000 y 2025 y a 160.000 personas posteriormente, la
población se mantendría, y la cifra
sería de 39.200.000 personas frente a 39.900.000, que son los datos
actuales. Pero la población de 60 años o más pasaría del 25 por
ciento al 36 por ciento de la población total, mientras que la
proporción de jóvenes menores de 20 años pasaría del 24 por ciento al
20 por ciento. Es decir, que si uno piensa que los cotizantes es la
población que está entre 20 años y 60 años, ésta vería reducida
sustancialmente su tamaño en ese escenario, y ese escenario es muy
ilusorio, donde todo va bien. Lo que vemos es nuestra tasa de empleo,
el número que aparece aquí es en términos de la población de 16 a 64
años, en lugar de mayores de 16 años, que es más baja que la de la
Unión Europea, 62 por ciento, sobre todo en mujeres. Las condiciones
de nuestro mercado laboral y la falta de incentivos a la oferta y la
demanda, por ejemplo de contratación a tiempo parcial, etcétera, son
elementos muy claros a la hora de explicar por qué los españoles
trabajamos mucho menos en promedio que nuestros socios europeos,
sobre todo en Estados Unidos, donde la tasa de empleo es del 74 por
ciento.
Se ha comentado en ocasiones desde diferentes foros que una solución
a nuestros problemas podría venir vía la inmigración. Aquí hay un
grave problema interpretativo. Imaginemos que tuviéramos un sistema
donde hubiera algún criterio actuarial de que lo que uno recibe está
en proporción de alguna tasa de rentabilidad de lo que uno aporta. Si
aumenta la tasa de inmigración y los inmigrantes se retiran en
España, cada uno se lleva lo que ha aportado, por tanto, no es
solución alguna. La única manera de que la inmigración ayudase a la
financiación de los sistemas de pensiones es que vinieran, cotizaran
y luego se fueran, que no vinieran con niños pequeños, porque
tendríamos que pagarles su educación, su sanidad, que vinieran con
hijos relativamente mayores, que también cotizaran y que se fueran
con ellos cuando se retiraran.
Estos cálculos en el caso de Estados Unidos están hechos por algunos
profesores y les voy a relatar la evidencia empírica. En Estados
Unidos, frente a una subida de 4 puntos porcentuales en las
cotizaciones sociales, de manera que se elimine el déficit del
sistema de pensiones -en este estudio son cuatro puntos y antes les
he citado cinco puntos-, a la gente se le podría plantear otra
alternativa, que es decirle: usted va a tener que pagar 4 ó 5 puntos
más o vamos a tener que dejar que entren muchos inmigrantes. La
alternativa basada en la inmigración, es decir, las dos vías que
ofrecerían el mismo resultado, supondría aumentar el flujo anual
actual, que es de 1,1 millones de inmigrantes que entran en Estados
Unidos a 1,6, es decir, medio millón más al año, con edades
comprendidas entre 40 y 44 años, con educación superior, porque no
cotiza lo mismo un albañil que un ingeniero de telecomunicaciones,
sin hijos, y suponiendo la tasa de retorno actual. Sólo el 12 por
ciento del flujo actual de inmigrantes en Estados Unidos cumplen
estos requisitos, es decir, sólo el 12 por ciento tienen educación
superior, sin hijos y
están entre 40 y 44 años. Si llegan con dos hijos menores de 15 años,
entonces el flujo requerido en vez de ser de 1,6 millones es de 2,2
millones, ¿por qué? Porque hay que pagar la educación de esos hijos y
la sanidad. De nuevo, es como un mito más. La inmigración puede ser
absolutamente favorable desde el punto de vista de que la libertad de
comercio y la libre movilidad de factores son buenos a nivel
económico, pero no podemos aducir la llamada a los inmigrantes como
una salvación de nuestras pensiones.
Un último punto para discutir es otro mito -que no he incluido aquí-,
el del reparto del trabajo. Quizá las pensiones anticipadas, las
jubilaciones anticipadas, sean una manera de dar trabajo a nuestros
jóvenes.
Sobre esto hay algunos estudios, y uno de ellos está recogido
-simplemente les quería mostrar un gráfico- en el artículo El futuro
del sistema de pensiones en la Unión Europea, de Miquele Boldrin,
Juan José Dolado, Francisco Gimeno y Franco Peracchi. Si van a la
página 250 verán que hay dos gráficos, uno para varones y otro para
mujeres. Éstos se han hecho utilizando regiones de toda Europa; en el
eje horizontal lo que figura es la tasa de jubilaciones anticipadas y
en el eje vertical -que no ha salido en la fotocopia- lo que figura
son los cambios en la tasa de paro de los jóvenes. Y lo que se
esperaría, si hubiera este sistema eficiente del reparto del empleo,
es que cuando aumentara la tasa de abandono del mercado de trabajo,
cuando aumentaran las jubilaciones, la tasa de paro disminuyera. Es
decir, que hubiera una recta con pendiente negativa, una relación
negativa, pero lo que se ve es que no hay relación alguna, quizá en
el caso de los varones ésta sea positiva. Es decir, a más
jubilaciones más parados jóvenes. Porque los parados son jóvenes, van
de 21 a 30 años, y las jubilaciones son -esto es para el año 1996- de
personas entre 55 y 60 años. No hay ninguna relación. Además, se
puede controlar de otras formas y jamás sale.
Estos eran mis pensamientos y ahora estoy a su disposición para las
preguntas que tengan a bien plantearme.
El señor PRESIDENTE: A continuación, por parte del Grupo Socialista,
tiene la palabra el señor Rodríguez Bolaños.
El señor RODRÍGUEZ BOLAÑOS: Señor Dolado, en primer lugar, muchas
gracias por comparecer ante esta Comisión. Entenderá que ésta es una
Comisión que quiere prestar enorme atención a aquellas personas que
por su experiencia profesional, o de cualquier otro tipo, puedan
aportar soluciones o vías de mejora de un sistema que, según todos
los comparecientes, en estos momentos está en una zona de riesgo,
pero no podemos hacer unas precisiones exactas de dónde está el
riego, cuál es y en qué momento se produce.
En la primera parte de su exposición, usted ha hecho un esfuerzo en
descalificar aquella pretensión que va encaminada a hacer desaparecer
el sistema de reparto. Yo quiero decirle que no parece que sea ésa la
tendencia en este momento, o por lo menos ninguno de los expertos que
ha pasado hasta ahora por esta Comisión ha planteado -algunos con
intereses en un determinado sistema, como es obvio- radicalmente la
desaparición del sistema de reparto.
En todo caso -y en eso sí ha coincidido la mayoría-, en base a esa
previsión de futuro, a la que usted también hacía referencia, lo que
han planteado es un sistema de complementariedad, de complementar el
sistema de reparto en un momento determinado, en el que estiman que
el sistema de reparto hace inviable la situación actual.
Una de las preguntas que me gustaría hacerle es ¿usted qué piensa de
ese sistema de complementariedad? Porque aquí caben dos cosas, una,
preguntarse por qué complementar el sistema cuando tal vez puede
seguir existiendo el sistema de reparto, porque de la misma manera
que el sistema de capitalización va a exigir un esfuerzo mayor, lo
que vaya destinado a la vía de la capitalización, por ese esfuerzo
mayor, también puede derivarse hacia la otra situación, por lo que de
hecho supone un incremento en la cotización, habiéndose hablado del
incremento de las cotizaciones. Un incremento de la cotización que
podía producir un ahorro, y que ese ahorro pudiese, perfectamente,
afrontar el déficit previsto en un momento determinado. Ese es el
ahorro del fondo de reserva. Un fondo de reserva que en este momento
todavía es escaso, hagamos lo posible para que se fortalezca; pero sí
es cierto que un fondo de reserva en una situación de déficit, a
partir del año 2020, no daría mucho de sí, o tendría que haber un
fondo de reserva enormemente importante y destinado a una vía de
capitalización que produjera unos beneficios espectaculares.
Lo primero que quiero decir es que no creo que se plantee, nadie lo
plantea, la desaparición del sistema de reparto y caminar hacia un
sistema de capitalización puro. Creo que esto es algo que no se ha
planteado ninguna fuerza política. En todo caso existe la
incertidumbre de qué pasa a partir del año 2020 y si se complementa
ese sistema de reparto con el sistema de capitalización.
Usted ha dicho una cosa radicalmente cierta, que es difícil hacer
previsiones de futuro. Es verdad que hay previsiones de futuro que
son absolutamente inciertas, pero hay otras que tienen una base
científica. Los datos que se dan en función de la evolución
demográfica de un país tienen una certeza, una viabilidad o una base
bastante cierta para saber dónde o qué población va a haber en España
en determinado momento. Lo que es absolutamente imprevisible es por
dónde va a caminar la riqueza de un país, dentro de 20, 30 ó 40 años.
Acaba usted de mencionar la subida del precio del petróleo,
pero pueden influir infinidad de factores, que en este momento
cualquiera puede ser incapaz de prever. Podemos hacer previsiones de
mantenimiento de la situación actual, de un crecimiento en este
ritmo, de una estabilidad del sistema, pero ahí sí que nos podíamos
perder y, sin embargo, en el tema de las previsiones de vida tenemos
alguna certeza más.
También se me ocurre hacer otro planteamiento, sobre el que me
gustaría que nos pudiera dar su opinión. Estamos en Europa, estamos
construyendo una Europa y la verdad es que hemos avanzado demasiado
poco desde el punto de vista de la arquitectura institucional de
Europa. Hemos avanzado y estamos perfilando un territorio, pero no es
menos cierto que no tenemos muy claro qué va a ser esa Europa, ni tan
siquiera si en esa Europa se va a mantener, por ejemplo, la
disparidad de sistemas que hay en este momento. Cuando hay una
libertad de movimientos, una libertad de capitales, una libertad de
todo, ¿vamos a permitir que en la Europa de dentro de 20 años estemos
en la situación en que estamos o se va a reflexionar o se está
reflexionando en Europa para que a la hora de construir una
arquitectura institucional se prevea esta situación? Si se prevé esta
situación ¿no es razonable que pensemos en coordinarnos todos los
países de la Unión Europea, para tener un sistema con cierta
homogeneidad? ¿Eso está o no previsto? ¿Cuál es su opinión al
respecto.
Por otra parte ha dicho cosas muy ciertas para desmontar una serie de
tópicos o de mitos. Aquí no se resuelve, ni muchísimo menos, la
capitalización, que tiene sus fervientes defensores, pero que también
tiene unas dependencias, o la volatilidad de un sistema sobre el que,
como usted dice muy bien, es muy difícil hacer previsiones. Lo otro
puede tener un menor rendimiento en un momento coyuntural, pero con
una mayor estabilidad de lo que es la capitalidad. Por tanto, los que
sacralizan el sistema, que creo que cada vez son menos o por lo menos
aquí nadie lo ha sacralizado de una manera tan firme, no parece que
estén en una posición de convencimiento absoluto.
Termino diciendo que nosotros, el Grupo Socialista, obviamente somos
conscientes de que el sistema de reparto tiene esa bondad de la
solidaridad intergeneracional. Para nosotros es algo fundamental. En
un sistema de capitalización puro se elimina cualquier elemento
o criterio de solidaridad y no sabemos, en un futuro a medio o largo
plazo, en qué medida es absolutamente necesaria la
complementarización, pero en este momento no vemos que se perfile la
necesidad de introducir un sistema de capitalización de manera
obligatoria en nuestro país.
El señor PRESIDENTE: A continuación, por parte del Grupo Catalán
(Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Grau.
El señor GRAU BULDÚ: También me sumo, como el anterior interviniente,
al agradecimiento a la comparecencia del señor Dolado y a sus
exposiciones, realmente técnicas y detalladas, en esta Comisión.
Intento congeniar con todos los comparecientes, o al menos es la
novedad que se vislumbra en estas sesiones y estas comparecencias, en
que la bondad o el camino a seguir en una de las conclusiones a las
que tendremos que llegar en estas sesiones seguramente será la del
establecimiento de sistemas mixtos o, al menos, a establecer una
cierta bondad a la capitalización y al sistema de reparto.
Posiblemente lo justo -y después volveré un poco sobre el tema- es
dar más consideración social a la capitalización que ha hecho la
persona durante su período de trabajo.
Volviendo a su intervención, una de las cosas que he echado en falta
en su exposición -quizás es que he llegado un poco tarde-, es el
incremento del sistema de trabajo al que estamos asistiendo en los
últimos años. Estamos asistiendo a la aparición de sistemas de
trabajos distintos, sistemas autónomos, aquellas personas que
trabajan por cuenta propia y con mayor proyección, y que necesitan un
sistema ligeramente diferente al del trabajador por cuenta ajena. Por
otra parte, en la actualidad hay una incorporación más tardía de los
jóvenes al sistema de trabajo, mientras que muchas de las personas
que tienen sesenta años es difícil que encuentren trabajo, por lo que
abandonan -como está demostrado- el mercado de trabajo, dejan de
capitalizar y pasan a ser sujetos pasivos del sistema de pensiones.
¿Han considerado sus proyecciones de alguna forma este acortamiento
del período de cotización o de aportación de fondos al sistema de
pensiones? ¿Se ha considerado -parece ser que el sistema sueco, según
nos han explicado aquí en otra comparecencia, ya lo vislumbra- la
aportación total al sistema, para que se vinculen de alguna forma la
cantidad aportada y la cantidad generada por la propia pensión, y sea
el sistema de reparto el que complemente esta aportación? Dado que el
Estado de bienestar que preconizamos intenta ofrecer un sistema de
pensiones que justifique una estabilidad y una pensión para las
personas mayores, que les permita vivir con aportaciones de su propia
cotización y aportaciones con cargo al presupuesto, ¿cómo piensa
usted que se puede calcular esa complementariedad, con las
facilidades para que estas personas tengan una mejor pensión en su
momento?
Centrándonos en su aportación sobre la inmigración, nos ha hecho las
salvedades correspondientes de que era un estudio teórico y nos ha
positivizado las aportaciones de los inmigrantes al sistema. También
nos ha recordado los costes sociales y los pasivos que la estancia de
los trabajadores aquí genera en la sociedad, en cuanto a educación,
sanidad o ayudas sociales. Estamos en un mundo globalizado, y este
sistema positivo puede estar pensado en principio como una aportación
a los fondos de pensiones del país, pero tendremos que
pensar que esta globalización va a llevar a una competencia entre
países, y que los inmigrantes, si han pagado, reclamarán su derecho
-y ya se ha dicho aquí en alguna de las intervenciones- a percibir
sus pensiones en sus países de origen; cosa a la que lógicamente
tienen derecho, porque han cotizado aquí en el sistema. La conclusión
es que esto será pan para hoy, pero obligaciones para mañana. Mi
pregunta es: ¿cómo se van a poder extender estas aportaciones del
sistema de pensiones a cubrir necesidades de ciudadanos que han
trabajado en el país y que están en el país de origen?
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la
palabra el señor Txueka.
El señor TXUEKA ISASTI: En nombre del Grupo Vasco, quiero agradecerle
la presentación realizada.
Como pequeña anécdota le comentaré que, antes de comenzar su
presentación, he preguntado al señor Griñán si los comparecientes
eran buenos. El señor Griñán me ha contestado que todos eran buenos.
La pregunta se la hacía un diputado de agricultura de un grupo
pequeño a un diputado, inspector de Trabajo, de un grupo grande, con
la capacidad que tienen estos grupos de poder analizar todas las
cuestiones que aquí se plantean. En esta línea le agradezco
enormemente el esfuerzo que ha realizado para presentarnos muchos de
los temas candentes del gran debate que mantenemos sobre la
actualización del Pacto de Toledo, sobre mitos y realidades, y además
haberlo hecho de forma esquemática, ya que -como comentaba en la
reflexión inicial- el volumen de documentación y de análisis es
tremendo -agradezco también el esfuerzo del presidente y de la Mesa-,
y a veces nos resulta difícil de digerir. Por tanto, termino
agradeciéndole la forma en que ha realizado su presentación, sobre
todo porque nos facilita enormemente la reflexión que tendremos que
hacer sobre toda la documentación que nos plantea, para tomar
posición sobre las materias en las que vamos a tener que hacerlo de
cara a la adecuación o modificación de los puntos del Pacto de
Toledo.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra el señor Burgos.
El señor BURGOS GALLEGO: Muchas gracias, profesor Dolado, por su
aportación, por sus estudios y por el esfuerzo -que se ha recalcado
aquí- de trasladarnos esquemáticamente los puntos fundamentales de
discusión desde su punto de vista.
Voy a utilizar esta misma sistemática para trasladarle algunas de las
impresiones y de las cuestiones que a mi grupo parlamentario le
preocupan en relación con todo este debate social y económico que se
está generando. Es verdad que hay una serie de mitos, a veces muy
acendrados, muy incorporados al acervo intelectual de la discusión,
que a los grupos de esta Cámara, por lo menos al Grupo Popular, nos
gusta desmontar.
El primero de los mitos es que los diputados de esta Cámara adoptamos
una posición o una doctrina del avestruz. Esta Comisión es la
expresión clara y evidente de que en esta Cámara existe conciencia de
la necesidad de acometer reformas en profundidad y de que esas
reformas han de contar, además, con el mayor consenso posible, con el
mayor respaldo social y con la confianza de los ciudadanos, lo cual
no tiene por qué implicar que hayan de ser necesariamente de menor
alcance, porque eso sería tanto como pensar que los ciudadanos y sus
legítimos representantes son incapaces de ver más allá de sus propias
narices ante una cuestión tan relevante como ésta para el futuro. Por
eso es especialmente importante que los profesionales, que los
estudiosos de esta materia contribuyan al debate público, pero, por
favor, no negándole a esta Cámara la preocupación evidente por que
esas reformas se planteen y por la profundidad de las mismas,
tomándonos el tiempo que sea oportuno para gozar de ese consenso
social que la realidad nos demuestra que, al final, es la garantía de
funcionamiento de este proceso.
Otro de los mitos que ya se ha puesto aquí de manifiesto es que hay
alguien en esta Cámara o en este Parlamento que está abogando por la
traslación a un sistema de capitalización completa. Por tanto, muchos
expertos casi tienen la responsabilidad intelectual de trasladarnos
sus argumentos en contra. Con independencia de que algún experto lo
haya podido plantear desde el punto de vista del debate teórico, yo
creo que no hay ningún grupo parlamentario que defienda ni siquiera
la posibilidad de estudiar una transición mayor o menor a un sistema
de capitalización. Por tanto, desde el punto de vista de los
parlamentarios, del debate político, sería interesante que nos
centráramos en lo esencial, que es cómo podemos reformar o cómo
podemos introducir mejoras en el sistema de reparto, que, sin variar
los pilares que lo sustentan, sí lo hagan más eficiente, más
equitativo y, sobre todo, más sostenible financieramente en el
tiempo. Porque si nos centramos en un debate -sostenido en muchos
casos en los medios de comunicación- sobre la amenaza supuesta
o aparente, defendida por intereses espurios, de trasladar nuestro
sistema a un sistema de capitalización, estamos perdiendo un tiempo
precioso para adoptar aquellas medidas que de verdad le sustentan.
Otro de los mitos que mi grupo tratar de cuestionar permanentemente
es que el futuro va a resolver el problema por sí mismo y que, en
todo caso, siempre tenemos -como alguno de los expertos que han
venido a esta Comisión, sobre todo del ámbito económico, se han
encargado de trasladarnos- el recurso último de elevar los impuestos,
que pueden perfectamente asumir el coste de sostenimiento de este
sistema de pensiones, puesto que, por lo visto, los españoles pagamos
menos que el resto de los europeos y, por tanto, estamos en
condiciones de asumir un gasto suplementario para sostener el sistema
de pensiones.
Yo quiero trasladarle una preocupación que tal vez, porque la
comparto en otros ámbitos parlamentarios, a mí me suscita este falso
debate en relación con la evolución demográfica y las posibilidades
de absorber por la vía de los impuestos o del incremento fiscal los
previsibles problemas de pensiones que se pueden generar. Y es que en
este país el envejecimiento no sólo crea un problema de financiación
del sistema de protección social de las pensiones; crea otros
problemas, si me apura, incluso más graves, desde el punto de vista
financiero, como es el sostenimiento del sistema sanitario público.
Cuando hablamos de un margen de crecimiento de la financiación vía
impuestos, o desconocemos o, tal vez, nos limitamos a no tener en
cuenta que el mayor problema que va a tener que asumir la vía
impositiva general en los próximos años, si se mantienen estas tasas
de triple envejecimiento de nuestra población, va a ser cómo
financiar el sistema sanitario público universal para todos los
ciudadanos. Creo que sería un debate falso que al final los
ciudadanos tuvieran que elegir qué quieren que financien los
impuestos: los sistemas de protección social, las pensiones dignas
y crecientes para todos los ciudadanos o el sistema sanitario público.
Por tanto, cuando se habla de que hay margen para incrementar los
impuestos, claro que existe; el problema es que no lo hay para todo,
para cubrir todas las expectativas que se pueden plantear.
Otro de los mitos es que hay soluciones que no pasan por otra cosa
que no sea estimular el crecimiento económico, la creación de empleo,
las tasas de actividad masculina y femenina, y no por jubilarse más
tarde y por buscar mecanismos complementarios de ahorro privado o de
ahorro empresarial. Creo que una de las realidades que usted pone
negro sobre blanco en el documento de conclusiones y que para
nosotros es más obvia, es que en este país sólo se puede mantener
esta situación en el futuro próximo si se trabaja más años y si se
trabaja mejor. Todo lo demás puede ser darle vueltas al debate
teórico, pero difícilmente se van a extraer conclusiones. Esto nos
lleva a recabar su opinión sobre uno de los debates no por concreto
menos relevante desde este punto de vista. ¿Cuál es su opinión
respecto a la edad de jubilación y a los debates que se están
sosteniendo en estos momentos en la opinión pública respecto a la
posibilidad no sólo de incrementar esa edad legal de jubilación, que
la mayoría de los grupos entendemos que no es ni siquiera necesaria,
sino cómo estimular que los ciudadanos puedan seguir trabajando a
partir de esa edad de jubilación, por supuesto con carácter
voluntario? Es decir, no tiene mucho sentido que si la coincidencia
general de todos los expertos y de todos los grupos es que en este
país hay que fomentar el trabajo y el retraso en la jubilación,
aunque sea voluntaria, en este momento lo que esté en cuestión en el
debate de los agentes sociales sea qué otros colectivos, aparte de
los ya existentes, se pueden jubilar anticipadamente a partir de los
55 ó 60 años. ¿De qué nos
vale la opinión de los expertos, los análisis de las realidades y de
los hechos si, al final, lo que estamos discutiendo es cómo podemos
jubilarnos más ciudadanos y mucho antes? Hay algo que aquí no está
funcionando y no estamos siendo los grupos parlamentarios los que
estamos generando este debate en dirección exactamente contraria de
la que entendemos que debería ir.
Uno de las afirmaciones que también se ha suscitado aquí es que, al
final, no tiene mucho sentido que tomemos medidas porque Europa
decidirá. No parece que vayan por ahí los tiros, y al Consejo de
Ministros de ayer de la Unión Europea en materia de trabajo me
remito; no parece que los ministros de la Unión Europea estén por la
labor de armonización ni siquiera a medio plazo en materia de
protección social o de modelos de Seguridad Social. Por tanto, creo
que esa excusa de que, por muchas vueltas que le demos, al final
Europa decidirá un modelo y tendremos que sumarnos al mismo es
también un falso debate.
Otro de los mitos que creo que usted se ha encargado de forma más
explícita que otros intervinientes de desmontar es que la inmigración
es un factor que evidentemente va a contribuir a resolver el problema
de la protección social. Algunos pensamos que, incluso, lo puede
empeorar notablemente si no se hace de una manera bien planificada y
pensada. Creo que los datos que nos ha facilitado usted estimulan un
tipo de inmigración a la carta que es absolutamente inviable en la
sociedad que vivimos. No solamente es que tienen que tener entre 40 y
44 años y, además, no tener hijos; es que algunos grupos hoy mismo
plantean en los medios de comunicación que, además, tienen que
conocer una lengua determinada para poder instalarse en un territorio
concreto de nuestra geografía nacional. Este concepto de la
inmigración a la carta, desde el punto de vista de la edad, de la
formación, de la natalidad, etcétera, es absolutamente insostenible.
Un elemento más a tener en cuenta que a veces no se ha puesto con esa
claridad encima de la mesa es que pese a los intentos de vendernos la
idea de que la inmigración es un factor añadido positivo, puede serlo
en primer término, pero no hace más que retrasar el problema y
cargarlo sobre las generaciones futuras.
Por no extenderme más y después de agradecerle de nuevo sus
aportaciones, quiero decirle que mi grupo valora como especialmente
interesante el concepto de pacto intergeneracional que usted ha
expuesto. Incluso, más allá del concepto económico que nos plantea,
es el concepto social el que creo que debe impregnar todas las
iniciativas y las actuaciones en esta materia en el futuro. La
creciente tasa de dependencia esperable en nuestro país en los
próximos años, el desequilibrio entre las personas dependientes y las
personas activas es lo que puede poner en riesgo la estabilidad
social en el futuro. Hemos asistido, no solamente en España sino en
otros países también de la Unión Europea, a importantes debates sobre
conflictos territoriales en relación
con lo que aportan y reciben unos territorios y lo que incorporan al
producto interior bruto, con lo que supone de esfuerzo de solidaridad
con otros. Creo que corremos el riesgo de empezar a sustituir ese
debate territorial, que se ha producido en muchos lugares de la
Europa comunitaria, por un conflicto entre generaciones, donde si no
somos capaces de estimular ese concepto de pacto y dotarle además, de
todo el barniz, hasta ideológico, que debe conllevar, estaríamos ante
un riesgo evidente de que algunas generaciones puedan empezar a
cuestionarse si el nivel de aportaciones que van a tener que plasmar
en el futuro es realmente equitativo y justo, o simple y llanamente
si les resulta rentable en términos de reeditar ese contrato. Creo
que este tema merece la consideración política en el sentido más
amplio. Así como en su día el contrato social dio lugar a todo este
tipo de sistemas de protección social, estamos en un momento en el
que hay que empezar a hablar de contrato generacional de forma mucho
más relevante y política, en el amplio sentido de la palabra,
y empezar a educar también a las nuevas generaciones de ciudadanos de
cara a la necesidad de tomar en cuenta estos factores de carácter
estrictamente solidario, es decir, educación por pensiones, educación
por sanidad pública, sanidad pública por estabilidad social, sanidad
por crecimiento económico, etcétera, que a veces no están presentes
en el debate diario, pero que son la llave, creo yo, de la
estabilidad del futuro, no solamente del sistema de protección social
sino probablemente de las sociedades modernas.
El señor PRESIDENTE: Antes de continuar, vamos a proponer a la
Comisión que se acuerde la comparecencia de un representante de la
Asociación de prejubilados, jubilados y pensionistas de MCA, Metal,
Construcción y Afines. ¿Lo acuerda así la Comisión? (Asentimiento.)
Queda acordado.
Me gustaría decirle al señor Txueca que en esta Comisión procuramos
que vengan siempre autores y personas de la academia absolutamente
consagrados en materia del sistema público de pensiones. Por
supuesto, no van a poder pasar por aquí todos los que son, pero así
lo procuramos por parte de la Mesa y portavoces.
Esta Comisión procura generar polémicas en asuntos que tal vez no han
sido tratados todavía científicamente, pero que nos gustaría que lo
fueran a nivel de discusión pública. En este sentido quisiera
formularle al señor Dolado una serie de preguntas, por una parte, que
se pronuncie en orden a la posible actualización de las pensiones de
acuerdo con un IPC especial, y, por otra y en relación con la
inmigración, me parece muy importante que se estudie la tasa de
retorno. Evidentemente no tenemos todavía análisis estadísticos, pero
sí que podemos tenerlos comparativos y se podrían iniciar estudios de
opinión en cuanto a la tasa de retorno posible de los inmigrantes,
porque, en función de ésta, desaparece o se
agrava el problema de la inmigración en cuanto a su aportación al
sistema público de pensiones.
Yo le rogaría que desde la academia se comience ya a trabajar con
asiduidad y prontitud en relación a los tratamientos cuantificados
del futuro del sistema público de pensiones, tanto en cuanto a las
posibles modificaciones de los aspectos paramétricos del sistema
actual, cuanto a los posibles sistemas complementarios y incidencia,
tanto fiscal como del posible gasto público vía subvención, que
pudiera representar para el tratamiento del sistema público de
pensiones, y hago una última alocución relativa a que ojalá hagamos
ahora un tratamiento para el sistema público de pensiones; que luego
la economía española responda de otra forma, evidentemente mucho más
positiva, y que los que ingresan ahora en el mundo del trabajo con 25
ó 30 años tengan una jubilación absolutamente de lujo, que tal vez
sea así.
Tiene la palabra señor Dolado.
El señor CATEDRÁTICO DE ECONOMÍA DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III (Dolado
Lobregat): En primer lugar, me gustaría agradecer a todos los
portavoces sus comentarios, que han sido muy interesantes, sobre todo
los relativos a su valoración de mi exposición, que he intentado que
fuera clara y transparente. Voy a referirme a las distintas
cuestiones por el orden por el que han intervenido; quizá no pueda
contestar a todas las preguntas, pero he seleccionado las más
relevantes y algunas se solaparán.
Comenzaré contestando al señor Rodríguez Bolaños sobre la zona de
riesgo. Es un aspecto consustancial. Ahora estamos en épocas de vacas
gordas, porque las generaciones que se están jubilando son los niños
de nuestra guerra civil, son generaciones que obviamente sufrieron un
recorte muy sustancial. En estos momentos la persona que tiene 65
años nació en 1936. Son generaciones en las que decrecieron muchísimo
durante la guerra las tasas de nacimiento, y las de mortalidad, no se
lo tengo que decir, un millón de muertos. Por tanto, ahora no tenemos
que dejarnos llevar por el espejismo de que las cosas van
razonablemente bien; van razonablemente bien porque demográficamente
es así, porque en este momento están llegando a la jubilación los que
sufrieron la guerra civil, pero dentro de diez o veinte años esas
generaciones habrán pasado y llegarán los niños del baby boom,
llegarán las familias de cinco o seis hijos, que son los que dentro
de veinte años estarán jubilándose.
Creo que yo no he intentado construir un muñeco de paja sobre el que
luego arrojar piedras y tirar fácilmente. Estoy de acuerdo con el
señor Burgos y con otros muchos, en que nadie en su sano juicio
-nadie en esta Cámara, fuera de esta Cámara sí- aboga por un sistema
de capitalización completa. Lo que les he dado son argumentos no para
decir que vamos a dejar una parte del sistema de reparto, porque
simplemente es lo que
hay y es malo destruir inmediatamente lo que hay para pasar a algo
que tiene incertidumbres. Les he dado argumentos por los cuales el
sistema de reparto es bueno; no es que sea lo existente y, por tanto,
no se puede destruir inmediatamente, no; es que es bueno. Como todo,
tiene su parte buena y su parte mala. Su parte buena, que es esta
especie de pacto intergeneracional que asegura, es importante, sobre
todo en un país donde la educación pública deja bastante que desear
-este es otro tema, si ustedes quieren, de otro día- a nivel de
educación secundaria y de educación universitaria. (El señor
vicepresidente, Rodríguez Bolaños, ocupa la Presidencia.)
Fondo de reserva. En estos momentos cojamos los datos que les he dado
yo hasta el año 2020 como si fueran ciertos. Ello implicaría que las
pensiones aumentarían tres o cuatro puntos porcentuales del PIB. Hoy
en día serían unos tres o cuatro billones. Si uno compone tres o
cuatro billones hoy al tipo de interés de mercado, eso se puede poner
fácilmente a lo largo de 30 ó 40 años, al emitir deuda hoy por valor
de tres o cuatro billones a un tipo de interés de mercado del 4 ó 5
por ciento a 50 años, en unas cantidades que en porcentaje del PIB
lleguen a ser el total de éste. A esos tipos de interés emitir hoy 90
billones de deuda sería una barbaridad, no se podría pagar, no tiene
ni pies ni cabeza. Por tanto, los fondos de reserva, cuando uno los
analiza respecto al orden de magnitud que supondría financiar a la
generación actual presente de pensionistas, son irrisorios. Un fondo
de reserva de 300.000 millones de pesetas es el chocolate del loro,
es nada básicamente. Hay una cuestión que tiene que estar muy clara y
que ya se decidió y es la separación de recursos, es decir, las
cotizaciones en un sistema de seguro y, por tanto, estas van a
financiar los derechos de las pensiones aseguradoras, mientras que
las pensiones asistenciales habrá que financiarlas con el sistema de
impuestos. Mezclar ambos recursos para financiar la misma cosa
produce un gran número de distorsiones. Esa es una idea muy clara.
Un tema que se ha repetido es el relativo a la armonización social en
Europa. Aquí tenemos que pensar dos cosas. La competencia puede ser
buena, pero puede llevar a excesos. Imagínense que hubiera
competencia por inversiones, el típico caso de la competencia fiscal,
y se dijese: yo reduzco los impuestos sobre el capital, y Francia
mañana los reduce para atraer inversiones extranjeras y pasado mañana
lo hacen otros y acabamos todos con un impuesto de sociedades del
cero por ciento; incluso empezamos a dar subsidios, en lugar de
gravar los beneficios. Esto socialmente es completamente ineficiente,
porque es bueno que haya un impuesto sobre la renta que genera el
capital. Tiene que haber un suelo -es como el salario mínimo, por
ejemplo, o la pensión mínima- a nivel europeo respecto a lo que es
una pensión de subsistencia digna y, por encima de esto, que haya
competencia, pero que no se pueda bajar.
Es bueno que haya competencia entre los sistemas, porque así vemos
cómo operan los sistemas, es decir, cuando un trabajador alemán en
una zona de libre movilidad como debe ser la unión monetaria europea
se pregunte si le merece la pena venir a España, donde existe una
precariedad extrema y unos costes de despido a lo mejor exagerados,
decidirá no venir aquí e irse a Holanda, donde las cosas van muy
bien, o irse a Irlanda, que a pesar de haber sido amonestada
públicamente, es la perla europea, la esmeralda europea en este caso,
porque es verde. Por tanto, es buena la competencia entre sistemas
porque, en ese sentido, observamos lo que funciona y lo que no, pero
es bueno establecer suelos porque, si no, la competencia puede
resultar en una reducción excesiva de la imposición y de otras cargas
sociales que es bueno que haya.
Respecto al sistema en concreto de las pensiones, tiene más que ver
con la portabilidad -no me gusta utilizar esta palabra porque soy muy
cuidadoso con el idioma-, con el hecho de poderse llevar la pensión y
con la traslación de una pensión de capitalización; es decir, si yo
me voy a trabajar ahora mismo a Holanda o a Inglaterra y tengo un
fondo de pensiones, el fondo sigue siendo mío, de Juan José Dolado,
no del Estado español; por tanto, su portabilidad es mucho más
sencilla. Sería un elemento más a considerar porque debe haber un
componente de reparto, que en ese sentido favorece la movilidad del
factor trabajo, como hay otros argumentos, como he dicho antes, como
es el de la educación pública, que favorece el sistema de reparto.
Hoy en día los acuerdos que existen a nivel comunitario en el
capítulo social europeo son acuerdos de proporcionalidad; es decir,
si un señor ha trabajado un número de años en un país y otro número
de años en otro, recibe una especie de pensión ponderada. Esa es la
idea que, por otra parte, parece bastante razonable.
El señor Rodríguez Bolaños dice que hay mucha incertidumbre sobre las
previsiones de riqueza. Ya les he comentado que para calcular la
carga uno no tiene que prever el PIB, tiene que prever la
productividad, y la productividad es mucho más fácil de predecir que
cuál va a ser el PIB dentro de 50 años. La productividad sabemos que
está en órdenes de magnitud entre el cero y el tres o el cuatro por
ciento, no se puede equivocar uno muchísimo más; son porcentajes
acotados y resulta más fácil que decir si va a ser 150 billones o 135
billones. Es una magnitud de otro orden.
El señor Grau me decía que existen esas nuevas corrientes de
trabajadores que cada vez son más autónomos, en lo que llama un
proceso de desalarización. Fíjense que en ese proceso de
desalarización es probable que el problema de las jubilaciones
anticipadas se reduzca, porque si yo soy el dueño de mi destino, yo
decido cuándo me jubilo, de acuerdo con mis preferencias óptimas, no
lo decide el consejo de administración de la empresa donde yo
trabajo. Esto es algo que supongo que SS.SS. tienen clarísimo. El
problema de
las jubilaciones anticipadas en este país es un escándalo, donde
todos los españoles estamos contribuyendo al patrimonio de diferentes
empresas, financiando con nuestros impuestos generales las pensiones
anticipadas de las personas que prejubilan; es decir, la empresa le
paga durante dos años: si prejubila a una persona a los 55 años le
paga hasta los 57 años, y a partir de los 57 le pagamos todos los
españoles. Esto es un abuso intolerable.
Al señor Txueka le quiero agradecer sus palabras. No es tanto la
novedad de las ideas que les he traído aquí, sino que se trataba de
darles argumentos para poder defender posturas.
Al señor Burgos quiero agradecerle su intervención. Es obvio que los
procesos de ampliación de la longitud de vida llevan consigo unas
consecuencias. Es algo que ha sido comentado por el señor Rodríguez
Bolaños. Por una parte, el aumento de la esperanza de vida supone una
carga sobre el sistema sanitario, pero, por otra, todos los avances
que estamos viendo en la tecnología genética pueden suponer
justamente lo contrario. Pensemos que quizá en 15 ó 20 años muchas de
las enfermedades que hoy en día exigen tratamientos intensivos
y costosísimos podrían eliminarse. ¿Quién le iba a haber dicho al
descubridor de la penicilina que una pastillita iba a tener el efecto
que ha tenido? Los descubrimientos surgen con una sintonía peculiar y
de repente aparecen saltos en el conocimiento. El conocimiento no
fluye de forma continua y yo creo que estamos en presencia de algo
que va a tener unas consecuencias enormes en el futuro. No sé si será
dentro de 10 ó 15 años, pero yo creo que ha habido un salto
cualitativo en este aspecto.
En cuanto a la demografía, es obvio que las personas no deciden tener
menos hijos porque sí. La precariedad de nuestro sistema laboral está
íntimamente relacionada con la baja fertilidad; es decir, hoy en día,
por ejemplo, las leyes de arrendamiento, tener un mercado
estrechísimo de alquileres y el hecho de que los contratos supongan
una rotación altísima -los datos salieron ayer: del millón y pico de
contratos que se firman cada mes, la mitad de ellos tienen una
duración menor de tres meses- hacen que uno se plantee el futuro con
una incertidumbre muchísimo mayor que la que tenía mi generación, por
no decir la generación de mis padres. Por tanto, uno no se puede
plantear tener un hijo -ya no hablo de dos- si dentro de seis meses
no sé qué va a ser de mí si vivo de alquiler y me resulta
complicadísimo encontrar una casa en otro sitio. La escasa movilidad
tiene unas connotaciones y es que en este país es muy difícil irse a
otro sitio. Tenemos esta cultura de la vivienda, un bien que no es
muy líquido, perdemos dinero si la queremos vender rápidamente y
además es complicadísimo encontrar vivienda en otro sitio. Estas son
las rigideces que producen estos problemas. Por tanto, uno espera que
si cambian las condiciones del mercado de trabajo también cambie la
demografía,
lentamente, pero cambiará; ya se está empezando a observar una
mejora, aunque pequeñísima, de la tasa de fertilidad.
Mi opinión sobre la edad de jubilación es clarísima: hay que
postergarla, hay que ampliarla, pero que quede claro que una gran
parte de las prejubilaciones no vienen determinadas por el individuo
sino por la empresa. La empresa está aprovechándose del sistema; el
sistema ofrece unas rentas y la empresa se las está apropiando.
Respecto a las preguntas que ha formulado el presidente de esta
Comisión he de decir que no soy partidario del IPC especial. Yo creo
que esto produciría excesivo confusionismo. El que hace la ley hace
la trampa. Yo creo que parte de la reputación de un sistema está en
la claridad con que se transmiten sus mensajes. Tener un IPC
especial, de manera que si yo tengo 64 años tengo una cesta de
consumo completamente diferente que la que tendré cuando tenga 65
años, la gente no lo entendería. Lo que sí que está muy claro es que
las pensiones deben estar indexadas al IPC, no tanto a la
productividad; la productividad de mis hijos es mucho más alta que mi
productividad; por tanto, si indexamos a la productividad, tendríamos
que aumentar sus pensiones, no las pensiones de todo el stock de
pensionistas que hay en un momento dado. Cuando yo me jubile
seguramente seré más productivo que mi padre o que la generación
posterior a mi padre; entonces, que aumenten mi pensión pero no la de
ellos. Es decir, hay que aumentar las pensiones de generaciones, no
la de todos los pensionistas en un momento dado.
El señor Fernández de Trocóniz también me preguntaba por la tasa de
retorno de la inmigración. La tasa de retorno es importante, pero
recuerden que desde el punto de vista del seguro, el inmigrante que
cotiza tiene un derecho. Es como el señor que paga el seguro del
coche al que, si tiene un accidente en circunstancias normales, el
seguro le tendrá que pagar los gastos del arreglo de su coche. La
tasa de retorno en este país actualmente no es muy alta, pero nos
encontramos en un momento en el que son personas relativamente
jóvenes las que están viniendo, que es lo que por otra parte uno
pensaría. Si la inmigración es una inversión, a un señor de 60 años
le quedan 15 para vivir; por tanto, el período en el cual va a poder
rentabilizar el traslado a otro país va a ser muy corto. Los
inmigrantes, en general, suelen ser jóvenes. Por tanto, todavía no
hemos visto la maduración del sistema; es decir, todavía son
relativamente jóvenes para plantearse el volver. Voy a dar una cifra:
en estos momentos hay aproximadamente un millón de inmigrantes en
España y hay 2,3 millones de españoles fuera de nuestras fronteras. A
pesar de todo lo que pensemos, España es un país de emigración no de
inmigración neta.
Creo que con esto he respondido a todas sus preguntas.
- DEL CATEDRÁTICO DE ECONOMÍA DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ DE HENARES.
(SEÑOR JIMENO SERRANO). A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA. (Número de expediente 219/000040.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Bolaños): Sin dilación, vamos a
dar comienzo a la tercera comparecencia, de don Juan Francisco Jimeno
Serrano, al que agradezco en nombre de la Comisión su presencia. No
creo que haga falta explicar nada, visto el mecanismo de
funcionamiento. Por tanto, directamente le doy la palabra para que
haga la exposición y, a continuación, los portavoces de los grupos
que deseen intervenir lo harán.
El señor CATEDRÁTICO DE ECONOMÍA DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ DE
HENARES (Jimeno Serrano): Quiero darles las gracias por invitarme
a comparecer ante esta Comisión y exponer mis puntos de vista sobre el
sistema de las pensiones. En primer lugar, tengo que decir que no son
muy diferentes, como SS.SS. pueden imaginar, a los que se han
expuesto en la anterior comparecencia, porque buena parte del trabajo
que se ha citado por el anterior compareciente está hecho
conjuntamente entre él, otros profesores y yo. Por tanto, compartimos
puntos de vista muy similares.
Para no repetir lo que ya se ha dicho y cosas que han visto y oído
muchas veces a lo largo de estas comparecencias, voy a hacer una
reflexión general sobre por qué creo yo que hay que reformar el
sistema de pensiones y cuáles son las alternativas, en líneas muy
generales, cuáles son las ventajas, cuáles los inconvenientes y
cuáles son los problemas que se plantean entre estas alternativas. Lo
que voy a decir en parte está escrito en el documento, que creo que
se ha repartido, titulado El debate sobre las pensiones. Este
documento es un resumen de otras publicaciones recientes que también
están citadas en el.
Mi punto de vista sobre este problema es el siguiente. Si uno mira
con perspectiva la historia socioeconómica europea del siglo XX uno
tendría que llegar a la conclusión de que uno de los grandes inventos
y uno de los grandes avances sociales del siglo XX han sido los
programas de Seguridad Social, la generalización, la universalización
y la extensión de todos estos programas de Seguridad Social, que
básicamente lo que tratan de hacer es asegurar a los individuos ante
diversas contingencias que suponen una pérdida de renta. Esto
fundamentalmente se da en Europa continental, pero hay otros que
tienen un objetivo más decidido de lucha contra la pobreza. Esta es
la diferencia entre los programas de tipo más asistencial o
contributivo. La mayoría de los países desarrollan hoy sus programas
de seguridad social con dos pilares: un pilar contributivo y un pilar
asistencial. Todo lo que voy a decir aquí se
refiere al pilar contributivo; no me voy a referir al pilar
asistencial.
Si este es uno de los grandes avances, ¿por qué existe un debate tan
intenso, que en algunos países dura 20 ó 25 años, sobre la necesidad
de reformar el sistema de pensiones? Y cuando digo reformar el
sistema de pensiones no me estoy refiriendo a reformas marginales,
paramétricas del tipo del que habitualmente se hacen en estos
sistemas para adaptarlos a cambios, sino a cambios más radicales que
tienen que ver con los dos principios fundamentales que subyacen en
estos programas, que son el principio de reparto y el principio de
contribución definida. ¿Por qué existe este debate? Mi forma de
entender la existencia de este debate es que estamos en una realidad
socioeconómica muy diferente a la que existía cuando estos programas
se diseñaron que, como digo, ha sido un gran éxito. La mayor parte de
la estabilidad económica y social de la que ha disfrutado Europa
durante la segunda mitad del siglo XX se debe a este tipo de
programas, pero fueron diseñados en un escenario socioeconómico
diferente. ¿Qué quiero decir con esto? Que se están produciendo
cambios que hacen necesario adaptar los sistemas de seguridad social
y, en general, las políticas sociales al nuevo escenario económico.
Cuando uno piensa sobre qué cambios son más evidentes, en primer
lugar aparece el cambio demográfico, el envejecimiento de la
población y el hecho de que estamos ante una nueva transición
demográfica hacia un escenario con tasas de fecundidad más bajas y
con una esperanza de vida mucho más alta que cuando se diseñaron
estos programas. La edad de jubilación de los 65 años fue una idea de
Bismarck de finales del siglo pasado. Desde entonces, la edad de
jubilación sigue en los 65 años. Esto cambia de país a país, pero
normalmente la edad legal de jubilación está en los 65 años. Desde
finales del siglo pasado hasta hoy la esperanza de vida ha aumentado
en aproximadamente 25 ó 30 años. El cambio más evidente es el
demográfico, pero no el único que se está produciendo. Se están
produciendo cambios en la estructura familiar, en las pautas de
formación de familia, en el ciclo vital y familiar de los individuos,
que no se producían en el siglo XIX y principios del XX o, si
quieren, hasta la segunda mitad del siglo XX. ¿Qué quiero decir con
esto? Si uno piensa cómo están diseñados los programas de seguridad
social de tipo contributivo y bismarckiano, llega a la conclusión de
que lo que hace fundamentalmente este tipo de programa es proteger a
un tipo de individuo muy determinado, el varón cabeza de familia que
participa en el mercado de trabajo. En una estructura familiar donde
la familia tradicional es mayoritaria, donde protegiendo al varón
cabeza de familia que participa en el mercado de trabajo se protege a
la familia, la mayor parte de los riesgos que se supone tienen que
cubrir los programas de seguridad social se cubren. Hoy día sabemos
que la familia tradicional ha dejado de ser mayoritaria. Ya no
hay familias donde trabaja sólo el varón. De hecho, éstas son las
menores. Ni siquiera hay familias donde haya dos personas. Y por otra
parte, las familias son mucho más inestables. De forma que en la
estructura familiar los tipos de riesgo que los programas de
seguridad social tienen que cubrir son diferentes a los de antes.
Ahora, para un niño de diez o doce años es mucho más peligroso que se
produzca una separación de sus padres, sobre todo en niveles de renta
bajos, que el que su padre se quede sin trabajo. Éste es el segundo
cambio, que a mi me parece importante y que lleva a replantearse la
organización de los sistemas de seguridad social.
El tercer cambio es en el escenario económico. Un sistema basado en
cotizaciones, impuestos sobre el trabajo, en una economía
especialmente cerrada, con poca movilidad del trabajo y con poca
movilidad del capital, no genera muchos problemas, porque, variando
los tipos de cotización, uno puede hacer frente a variaciones del
gasto. En economías como las actuales, mucho más abiertas, con un
grado de movilidad del capital y del trabajo mucho más alto, el grado
de autonomía del que se dispone para utilizar la imposición sobre el
trabajo y para utilizar las cotizaciones sociales como mecanismo de
financiación de los programas de seguridad social es más limitado,
porque no sólo las empresas, sino los individuos pueden moverse en
función de las diferencias en cotizaciones sociales y van a poder
elegir en qué país desarrollar su actividad en función de estas
diferencias. ¿Qué consecuencias tienen estos cambios? La que más
preocupa y que más se ha debatido es sobre el gasto en políticas
sociales. Es evidente que el envejecimiento de la población acaba
provocando un aumento del gasto en pensiones, y esto es lo que
fundamentalmente se debate. Pero no sólo es ésta la única
consecuencia que se está produciendo. Como decía antes, los sistemas
de seguridad social se están enfrentando a lagunas y colectivos poco
protegidos y poco asegurados que tienen que ver con riesgos nuevos
relacionados con la inestabilidad familiar y con los desarrollos de
la estructura familiar a que me refería antes, que hace que haya
individuos que estén poco cubiertos. Familias monoparentales, por
ejemplo, o niños de familias monoparentales son colectivos
especialmente poco asegurados y, por eso, no es de extrañar que la
tasa de fecundidad haya caído mucho en los últimos años. Si la
sociedad no facilita y no asegura los riesgos familiares, es normal
que la estructura familiar se resienta y que haya cada vez menos
familias tradicionales y, en segundo lugar, menor niños.
En cuanto al problema del gasto, comparto la forma de realizar
previsiones sobre gasto en pensiones que se ha planteado antes. La
forma de realizar estas previsiones es descomponer el gasto en
pensiones en relaciónal PIB en tres factores: un factor que depende
de la evolución
demográfica, otro factor que depende de la situación del mercado de
trabajo y otro factor que depende de la relación entre la pensión
media y la productividad media. De forma que realizando previsiones
sobre cada uno de estos factores, uno puede proporcionar cifras sobre
cuál va a ser el gasto en pensiones en relación al PIB. Si uno
realiza esta descomposición, no importa tanto cuánto crezca el PIB,
porque lo que está detrás de estas previsiones es cuánto crece la
productividad, como se ha explicado antes; lo relevante es el
crecimiento de la productividad, que es lo que acaba determinando el
tercero de los factores, el factor económico si quieren, la relación
entre pensión media y productividad media.
Con respecto al factor demográfico no voy a repetir previsiones que
ya habrán visto por activa y por pasiva. Déjenme decir dos cosas.
Una, que comparto plenamente las precisiones que se han hecho antes
sobre la inmigración como solución al problema de las pensiones. La
inmigración no es la solución. La inmigración es deseable por otras
razones, pero no podemos pensar que recibiendo 300.000 inmigrantes al
año vamos a resolver los problemas del Estado del bienestar.
En cuanto al envejecimiento de la población, aquí se suele discutir
sobre si las previsiones acerca de la tasa de dependencia, el número
de cotizantes y de pensionistas que habrá en el futuro -el año 2050
es el que se toma como referencia-, si estas previsiones son fiables
o no. Se dice que como no sabemos cuál va a ser la tasa de fecundidad
en los próximos años, posiblemente nos equivoquemos en la relación
entre pensionistas y cotizantes. Sobre esto quiero decir que la
demografía cambia muy lentamente, y una cosa que sí sabemos es que
las madres de las personas que van a tener 25 a 50 años en el año
2050 y que van a ser los principales sostenedores del sistema de
pensiones en un sistema de reparto, las madres de esos individuos ya
han nacido, ya sabemos cuántas son, ya están aquí. Una simple
operación muestra que para que aumentos de la tasa de fecundidad sean
la solución al problema de pensiones, las tasas de fecundidad que
deberíamos tener son tan altas que difícilmente son pensables. Ya no
se trata de discutir si con una tasa de fecundidad de uno y medio o
de dos vamos a resolver el problema de pensiones, necesitaríamos
tasas de fecundidad mucho más altas, cercanas a tres, que son las que
teníamos a finales de los años setenta para resolver el problema.
Si el problema al que tenemos que hacer frente, aparte de los que
decía antes de posibles lagunas que se están generando en el sistema
de Seguridad Social, es un aumento del gasto, hay dos tipos de
medidas que uno puede desarrollar. El primer tipo de medidas son
cambios paramétricos en el sistema de reparto que limiten el aumento
del gasto. Por ejemplo, un retraso en la edad de jubilación, cambios
en las fórmulas de las pensiones que supongan una disminución de la
tasa de reemplazamiento, es decir, la relación entre pensión y
base reguladora, o ampliaciones del período de vida laboral sobre el
cual se calculan las pensiones. Está claro que cualquiera de estas
tres medidas reducen el aumento del gasto en pensiones. Es difícil
saber cuánto, porque no disponemos de los datos necesarios para hacer
estimaciones precisas sobre cuál es el impacto de estas medidas sobre
la reducción del gasto. Hay estimaciones disponibles aproximadas.
Serían mucho más precisas si se dispusiera de mejores datos. En
cualquier caso, lo que hacen estas medidas es reducir las rentas
relativas de los futuros pensionistas. Reducir las rentas relativas
de los futuros pensionistas no quiere decir que los futuros
pensionistas vayan a vivir mucho peor. Evidentemente, si la
productividad y el PIB crecen mucho, en el futuro podremos pagar
pensiones mucho más altas. Pero la relación entre esa pensión y el
salario medio en la economía será inferior a la que tenemos hoy si
queremos controlar el aumento del gasto. Es posible que en el futuro,
en el año 2050, se puedan pagar pensiones 2,5 veces superiores a las
actuales, como se proponen en algunos documentos, pero para limitar
el gasto en pensiones el resultado será que esas pensiones en
términos relativos serán inferiores a las de hoy, como no puede ser
de otra manera. Esto tiene que ver con la descomposición a la que me
refería antes; lo que determina el gasto en pensiones es la relación
entre pensión media y productividad media. Si queremos controlar el
gasto hay que controlar esa relación y para controlar esa relación el
resultado será que los pensionistas, aunque serán mucho más ricos que
hoy si aumentan la productividad y la riqueza, en términos relativos
serán más pobres.
Queda el último factor, que es el del mercado de trabajo, el empleo.
Obviamente la evolución de la tasa de empleo va a depender mucho de
cuál sea el escenario legal y las medidas de políticas de empleo que
se aborden, así como las reformas de la regulación laboral que se
lleven a cabo, pero es evidente que hay un tope en lo que se puede
conseguir con este tipo de medidas: la tasa de empleo no puede
superar el pleno empleo; la tasa de empleo en países como Estados
Unidos, por ejemplo, donde se supone que están en una situación casi
por encima del pleno empleo, en la actualidad es del 73 por ciento,
es decir, de cada cien personas de 16 a 64 años 73 trabajan. En
España son 58 personas, es decir, tenemos todavía quince puntos de
diferencia que se pueden cubrir en los próximos años, pero
seguramente no podremos pasar de ahí. De forma que pensar que con
aumentos de la tasa de empleo se va a solucionar el problema
demográfico que viene del primer factor, es ser muy optimista dado
que hay un tope, que no podemos pasar del 73 por ciento; hay una
restricción que impide que la tasa de empleo cubra cualquier
empeoramiento demográfico que se produzca en el primer factor.
En cuanto al aumento de la edad de jubilación la medida más razonable
está justificada por el aumento
de la esperanza de vida y por el hecho de que muchos trabajadores hoy
día tienen unas condiciones de salud muy superiores a las de antes y,
por tanto, pueden seguir trabajando en determinados trabajo hasta
períodos más tardíos. Es una medida que también está justificada por
la contabilidad generacional y por los argumentos que se esgrimían
antes sobre contrato social que dice que lo que una generación recibe
y lo que una generación aporta debería tener una cierta relación. Me
parece que debería ser una de las primeras medidas a tener en cuenta.
Por supuesto, cualquier intento de adelantar la edad de jubilación,
de extender la prejubilación en la situación actual, me parece un
grave error.
En cuanto a las otras medidas, hay otro elemento que también es
importante y es que en los sistemas de reparto es conveniente hacer
una relación cada vez más estrecha entre contribuciones y
prestaciones; por tanto, ampliar el período de vida laboral, el
período de cálculo para la pensión a toda la vida laboral o cambiar
la tasa de reemplazamiento de las pensiones, la tasa de sustitución,
de forma que la relación entre cotizaciones y prestaciones desde el
punto de vista individual sea una relación naturalmente sensata, es
un desarrollo que parece muy favorable y que, por otra parte,
serviría para resolver algunos de los problemas que se plantean
actualmente con algunos colectivos de prejubilados que después de
estar cotizando durante 30, 35 o en algunos casos 40 años, se ven
forzados a prejubilarse recibiendo una pensión muy baja. Este es el
primer tipo de medidas. El punto fundamental que quiero tocar es que
se puede controlar el gasto en pensiones acudiendo a él pero que el
resultado será un empobrecimiento relativo de los pensionistas.
El segundo tipo de medidas es: si vamos a tener un aumento del gasto,
dediquemos más recursos a financiar ese gasto. Aquí hay varias
alternativas. Una alternativa es el fondo de reserva. Utilicemos
recursos de hoy, guardémoslos para hacer frente a este aumento del
gasto para cuando se llegue en el futuro. El aumento del gasto en el
futuro, como se ha explicado antes, es de tal magnitud que las
cantidades actuales que se están dedicando al fondo de reserva
resultan irrisorias; si estamos hablando de aumentos del gasto de 4,
5 ó 6 puntos del PIB en el año 2050, 300.000 millones de pesetas al
año son una ridiculez, incluso si todos los superávit en los próximos
10 ó 15 años -si las cosas siguen bien habrá superávit en el sistema
contributivo de la Seguridad Social-, aun cuando todos esos superávit
se dedicaran al fondo de reserva, no sería suficiente.
Otra alternativa es introducir algunos sistemas complementarios de
capitalización. Aquí hay tres alternativas. Una es pasar a un sistema
obligatorio y utilizar parte de las cotizaciones que ahora sirven
para financiar el sistema de reparto para aportarlas en el futuro.
Desde un punto de vista teórico, esto es equivalente a constituir un
fondo de reserva mucho más grande, es
decir, utilizar parte de las cotizaciones que actualmente se recaudan
por la Seguridad Social y pasarlas al fondo de reserva. Desde el
punto de vista teórico es lo mismo. Si los recursos son los mismos y
el rendimiento es el mismo, los que tendríamos en el futuro también
serían los mismos.
Desde el punto de vista de la economía política, hay una diferencia
entre un fondo de reserva y un fondo de capitalización obligatorio.
La diferencia es que con un fondo de reserva los riesgos políticos en
la utilización de ese fondo para otros fines son mayores que teniendo
un sistema de capitalización obligatorio donde claramente haya
cuentas individuales y los individuos sepan qué van a recibir de esas
cuentas y esas cuentas no se puedan tocar. Este es el primer tipo de
sistema de capitalización complementario que se puede adoptar, un
sistema obligatorio financiado por parte de las cotizaciones
sociales. En la actualidad se discute sobre si se deberían reducir o
no, en parte porque en el sistema de prestaciones por desempleo
empieza a haber superávit notables, causados por el recorte de las
prestaciones de desempleo de principios de los años noventa, y en
lugar de reducir esas cotizaciones una buena idea sería utilizar
parte de las mismas en este sistema complementario de capitalización
obligatorio.
Un segundo sistema complementario de capitalización es el que tenemos
actualmente, basado en los fondos privados incentivado públicamente
por desgravaciones fiscales. Mi opinión es que este sistema es, en
primer lugar, insuficiente. Actualmente las personas que tienen los
fondos privados representan un porcentaje muy pequeño del PIB, a
pesar de las fuertes desgravaciones fiscales. Tengo dudas sobre que
el desarrollo de estos sistemas privados voluntarios sea suficiente
para hacer frente al aumento del gasto. En segundo lugar, desde el
punto de vista de la distribución, me parecen muy regresivos. Las
personas que pueden contribuir a esos fondos privados son personas de
alto nivel de renta que tienen capacidad de ahorro, que reciben
desgravaciones fiscales fuertes por invertir en estos fondos privados
y que luego van a cobrar una pensión más alta. Desde un punto de
vista distributivo a lo largo del ciclo vital, me parece un sistema
claramente regresivo. Por ponerles un ejemplo, diré que soy de los
españoles que por primera vez se hizo un fondo privado de pensiones
en la última semana de diciembre del año 2000. Como saben, este año
los fondos privados de pensiones no van muy bien, incluso aunque a
final de año la rentabilidad de ese fondo de pensiones fuera menos 15
por ciento estaría especialmente feliz, porque la desgravación fiscal
que voy a obtener sobre el año 2000 hace más que compensarme por ese
menos 15 por ciento y porque sé que ese menos 15 por ciento en el
futuro se va a convertir en un más algo por ciento. Confiar sólo en
el sistema voluntario complementario de capitalización privado me
parece, por un lado, insuficiente
y, por otro, regresivo desde el punto de vista de la distribución.
Para finalizar, el último tipo de sistema de sistema complementario
son los planes ocupacionales, el desarrollo de planes de pensiones en
las empresas. De hecho, muchos países han resuelto sus problemas con
estos planes; por ejemplo, Holanda, el Reino Unido, sólo que en menor
escala, porque ahí tienen un problema grave de niveles de
prestaciones. Incluso en Estados Unidos, donde la mayor parte de los
individuos tienen estos planes de empresa, los 401K, que suponen una
buena parte de su renta durante la vejez. Todo lo que se pueda hacer
por desarrollar estos planes ocupacionales sería bienvenido. El
problema es que con la estructura actual de la negociación colectiva,
con la forma en la que actualmente se negocian los convenios
colectivos, con los graves problemas que hay en la regulación de la
negociación colectiva, sin una reforma seria, no parece que estos
planes ocupacionales se vayan a desarrollar. Se podrían desarrollar
con incentivos fiscales, lo que, por cierto, tendría un coste fiscal;
es decir, todas estas soluciones basadas en el voluntarismo, en la
voluntariedad, bien sea por el individuo o bien sea por la empresa,
tienen un coste fiscal. Posiblemente si se empezaran a desarrollar en
una cierta escala, acabarían haciéndolo completamente, porque cuando
una buena parte de las empresas están ofreciendo estos planes, las
que no lo están haciendo tienen todos los incentivos del mundo para
ofrecerlos para captar buenos trabajadores y para competir en la
gestión de sus plantillas. Quiero decir que no hay ninguna solución
mágica. Hay que tener en cuenta que lo que el sistema de
capitalización puede ofrecer es complementariedad, por eso me declaro
partidario de los sistemas mixtos con capitalización obligatoria,
porque pienso que sólo con el pilar privado no se van a desarrollar
en la magnitud suficiente.
Para terminar déjeme decirle que la idea de que el problema es que
hay que reformar el sistema de pensiones y, en general, la Seguridad
Social para un nuevo escenario socioeconómico, no significa que haya
que renunciar al pasado, a los sistemas de reparto ni a los sistemas
de contribución definida que hemos tenido ni tampoco quiere decir que
haya que renunciar a nuevos mecanismos de los que disponemos ahora y
de los que no se disponía en el siglo XIX, cuando se desarrollaron
los sistemas de la Seguridad Social. Ahora disponemos de mercados de
capital desarrollados, disponemos de mercados de seguros
desarrollados que pueden ayudar a resolver el problema y de los que
no disponíamos en el siglo XIX y durante buena parte del siglo XX.
Posiblemente por eso, cuando se organizaron los sistemas de Seguridad
Social en los siglos XIX y XX se optó por el reparto, porque no había
alternativa. Por tanto, de la misma manera que no hay que renunciar a
los principios de reparto y de contribución definida, tampoco hay que
renunciar al principio de capitalización como
uno de los elementos que pueden ayudar a la financiación del aumento
futuro del gasto en pensiones.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Bolaños): Siguiendo el orden, por
el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Griñán.
El señor GRIÑÁN MARTÍNEZ: Muchas gracias, señor Jimeno, por su
exposición y por lo claro que ha sido. Aparte del rigor que se
contiene en el documento que nos ha aportado, su exposición ha sido
franca en las palabras y, por lo tanto, muy inteligible. Le diría al
señor Txueka, que veo que no está, que el Grupo Socialista cuando
pide comparecencias lo hace basándose en el conocimiento del
compareciente, como ha quedado demostrado. También habrá comprobado
el compareciente cómo los que estamos aquí sentados le hemos
escuchado con atención, porque precisamente los diputados que
formamos parte de esta Comisión estamos para escuchar a todos
aquellos que tienen algo que decir, con humildad, también con
conocimiento, para luego tomar las medidas necesarias para conservar
el sistema de pensiones.
Hace un momento, me he encontrado con dos viejos amigos cineastas,
Fernando Méndez Leite y Manolo Gutiérrez Aragón, que comparecían en
la Comisión de al lado, porque están hablando del cine -ahí hablan de
cine, aquí hablamos del futuro- (Risas.), y cuando se han enterado de
qué iba lo que tratábamos en esta sala, se han mostrado muy
interesados. Yo les he dicho que estábamos hablando de los problemas
que hay. Me decía uno de ellos: Hay que ver esta generación, la
nuestra, -formamos parte de la misma generación- lo desgraciados que
somos que pasamos de tener racionamiento en los alimentos cuando
éramos niños a tener racionamiento en las pensiones cuando seamos
viejos. (Risas.) Precisamente para que eso no ocurra estamos aquí
todos reunidos, le escuchamos a usted y lo que pretendemos es que las
pensiones puedan sobrevivir con las medidas que haya que tomar.
Yo no voy a referirme a su intervención, que le agradezco
profundamente, simplemente haré algunos comentarios y quizá alguna
pregunta. Es verdad que la tasa de dependencia nos lleva a la
demografía y es cierto que cuando hablamos de demografía, y usted lo
ha comentado en un momento determinado, también lo hacemos de los
riesgos familiares. Yo más que de riesgos familiares hablaría de
riesgos de la mujer, porque normalmente lo que llamamos riesgos
familiares son los que padece la mujer, en la medida en la que es la
que está asumiendo una buena parte de la responsabilidad social -del
cuidado de los hijos, del cuidado de los ancianos- y, por lo tanto,
la que está viendo cómo sus carreras profesionales se ven preteridas
como consecuencia de tener que dedicarse a otras actividades que la
sociedad no asume. Por lo tanto, cuando hablemos de demografía,
cuando hablemos de tasa de ocupación
femenina, cuando hablemos de todos estos factores tengamos en cuenta
que el problema de la mujer hoy ya no es tanto el empleo -la mujer
hoy día consigue el empleo- como la carrera profesional, y esta
última está deteriorando lo que es la natalidad. Porque es verdad que
son muchas más las dificultades con las que se encuentra la mujer en
el mercado de trabajo que el varón para desarrollar plenamente su
carrera profesional, para llegar a esos niveles a los que podría
llegar por sus conocimientos y cualificaciones. Lo que habría que
conseguir precisamente para incrementar la natalidad es, primero, que
maternidad sea sinónimo de paternidad, o sea, que sea lo mismo una
cosa que otra, y, segundo, que la maternidad no sea un obstáculo para
poder desarrollar plenamente la carrera profesional de la mujer.
Estoy de acuerdo en lo que respecta a la inmigración. Me parece que
lo más egoísta que puede decir el primer mundo es que vengan los del
tercer mundo a resolverle los problemas que tiene en el sistema
público de pensiones; me parece un profundo disparate, hasta hiere el
pensar que eso puede ser así. En todo caso, es verdad que los
inmigrantes aumentarán en el futuro el porcentaje de las personas
potencialmente activas y también de las potencialmente pasivas.
En cuanto a la relación salario medio/pensión media, yo estoy
completamente de acuerdo en que, aun cuando fuera inferior en el
futuro, si conseguimos que aumente la productividad lo suficiente,
esa menor cuantía de la pensión respecto al salario medio no
afligiría a los futuros pensionistas con menor capacidad adquisitiva,
sino todo lo contrario. Por lo tanto, creo que uno de los elementos
que deben contribuir también a mejorar el futuro del sistema de
pensiones es un modelo de producción, un modelo de ordenación
productiva que se base en la calidad, en la innovación y, por lo
tanto, en los incrementos de productividad.
Las preguntas que le quería formular se refieren a los fondos: fondo
de reserva y fondo de capitalización. El fondo de reserva podría
estar bastante bien nutrido. En el año 2000 puede haber un remanente
de 400.000 millones de pesetas más 600.000 millones de pesetas de
complementos a mínimos, por lo que estaríamos hablando de
1.000.000.000 de pesetas de excendentes del sistema contributivo.
Pero mi pregunta es: ¿Cree usted que el fondo de reserva -porque
todavía no está desarrollado reglamentariamente- se debería
desarrollar en la medida en que pudiera no privatizarse, pero sí ser
asumida su gestión por empresarios y sindicatos, por ejemplo,
entidades privadas, con objeto de que el fondo de reserva no se
invirtiera exclusivamente en fondos públicos? Es decir, si los
productos financieros en los que se invierte el fondo de reserva son
solamente fondos públicos, estaríamos haciendo que la Seguridad
Social estuviera financiando una vez más al Estado a través de la
financiación del endeudamiento. Por lo tanto, la pregunta sería:
¿Cree usted conveniente que el
fondo de reserva pudiera comparecer en los mercados financieros con
una mayor libertad y, por lo tanto, entrar también en los productos
financieros privados y no solamente en los públicos?
En segundo lugar, usted considera que el fondo de capitalización
podría ser obligatorio con el ahorro que se está produciendo en
desempleo, utilizando esos tipos de cotización. Yo ahora me pongo en
la situación del trabajador al que se le plantea la opción de que
puede tener, además de una pensión pública determinada por el sistema
de reparto, un fondo de capitalización. Es decir, ¿quién elige el
fondo? ¿El trabajador? ¿La empresa? ¿Cómo se elige el fondo? ¿Ante
quién respondería el fondo? ¿Ante quién responden los que manejan los
fondos? ¿Cómo se puede garantizar que ese manejo de los fondos no sea
indeseable desde el punto de vista de la estabilidad que es necesaria
para un sistema de Seguridad Social? Porque no hay que olvidar que
tiene un adjetivo, social, pero que tiene también un sustantivo, que
es seguridad. Ante un sistema como el nuestro de Seguridad Social es
necesario saber cómo se manejan estos fondos, quién los maneja y con
qué garantías. ¿Quién soporta una quiebra de un fondo, en el supuesto
de que se produzca, como ha ocurrido recientemente, por ejemplo, en
Estados Unidos? ¿Cómo se garantiza la aportabilidad de los fondos
ante un mercado de trabajo, que, obviamente, va a ser bastante
movible? Estas son las incógnitas que planteamos, porque si queremos
incorporar la filosofía de los fondos de capitalización
complementarios al sistema de reserva, lo más importante es
transmitir seguridad a los ciudadanos, saber que el sistema va a
seguir siendo seguro en el futuro y que esa seguridad va a estar
garantizada por alguien.
No sé si recuerda el debate que se produjo a principios de siglo con
la creación de los sistemas de Seguridad Social. Precisamente, si no
me equivoco, este domingo se cumple el aniversario del primer seguro
social de retiro obligatorio que hubo en España. Todos los debates
eran siempre los mismos: primero, si era obligatorio o no y, segundo,
quién lo garantizaba. ¿El Estado debe garantizar el pago de las
pensiones en el momento en que no fueran suficiente los recursos
allegados para pagarlas en un sistema mutualista? Aquí sucede lo
mismo. El ciudadano pone el dinero en un fondo, éste se introduce en
los mercados financieros, los mercados financieros son muy
exuberantes -el fondo Nasdaq en un momento sube y en otro baja, hay
empresas que quiebran, hay efectos tequila y no sé qué más cosas-,
pero, al final, ¿quién le garantiza que eso va a tener una
certidumbre?
Estas son las preguntas que políticamente usted entenderá que hay que
realizar. Cuando se toma una decisión, tiene que estar bien apoyada
por los expertos, y por eso agradecemos a todos los que están
compareciendo sus aportaciones, pero luego tiene que estar
garantizada por los políticos, que somos los que nos
responsabilizamos ante los ciudadanos de que lo que les estamos
ofreciendo va a tener ese mínimo de seguridad que se exige en un
sistema público de pensiones.
Termino como empecé, agradeciendo mucho su intervención y la claridad
de la misma.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Bolaños): Tiene la palabra el
señor Grau.
El señor GRAU BULDÚ: Quiero agradecer al señor Jimeno su exposición,
que consideramos muy interesante, porque ha tocado los temas con
profundidad y con precisión. Quiero decirle que en todas las
comparecencias tratamos los sistemas de reparto y de capitalización,
a fin de buscar un sistema mixto en el que convivan de alguna forma
una aportación de solidaridad con una aportación de capitalización
que compatibilice este sentimiento de previsión, tanto a nivel
público como personal, para asegurar estas pensiones. Ha explicado
muy bien todos estos temas y es muy difícil plantearle algunas
cuestiones, porque realmente ya no quedan muchas respuestas.
Me gustaría que me ampliara sus puntos de vista sobre si, cara al
futuro, hay que visualizar más las políticas familiares, cara a la
productividad o a la forma de capitalizar los elementos familiares.
Si pensamos en las pensiones clásicas, había un elemento que
trabajaba en la familia y en caso de viudedad o de orfandad se cubría
esta pensión. En el sistema actual, como ya hay servicios sociales,
asistencias sociales que se generan por orfandad, por disminución
física, psíquica o viudedad, como hay determinadas aportaciones, hay
un aumento en la productividad de la familia, si me permite la
expresión, que permite corroborar esta situación. Se trata de
compatibilizar este sistema de forma que el sistema de pensiones
tenga una independencia propia con la capitalización y que la
asistencia social esté subdividida en lo que es la asistencia social
propiamente dicha por discapacidad o por necesidad social de
solidaridad, y la que se genera en la persona mayor.
Estoy de acuerdo en que el tema de la productividad es básico. La
productividad puede ser promovida en tanto en cuanto se generen
determinadas inversiones. Estos fondos de capitalización permiten que
esta masa financiera redunde en beneficio de inversiones de las
empresas y lógicamente en el aumento de la productividad. Como decía
el señor Griñán, se trata de saber cómo transferimos estos fondos de
cara al elemento productor, es decir, que no vayamos directamente a
fondos públicos, sino a elementos productivos, de forma que se genere
empleo y que, lógicamente, pueda tener mayor retribución. La
seguridad que se pueda generar debe tener la cobertura necesaria. En
este caso estamos buscando la solución o la vía que permita al
sistema solventarse por sí mismo.
Nada más. Únicamente reiterar mi agradecimiento por su presencia y su
exposición.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Bolaños): El señor Ruiz López
tiene la palabra.
El señor RUIZ LÓPEZ (don Antero): No vamos a intervenir en esta
comparecencia. Agradecemos a don Juan Francisco Jimeno su exposición.
Tenga la garantía y la seguridad de que, en el futuro, esta Comisión
tendrá en cuenta las opiniones que hoy ha vertido aquí, al menos en
lo que respecta a mi grupo.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Bolaños): Señor Merino.
El señor MERINO DELGADO: En primer lugar, agradezco al compareciente
su exposición y el texto que nos ha facilitado. Mi grupo aprecia el
interés de esta intervención, puesto que viene a confirmar, en
grandes datos, como él ya ha dicho, lo que otros autores han venido
ratificando. Nosotros le hemos escuchado con interés, como ha dicho
también el representante del Grupo Socialista, porque pretendemos
aprender el máximo de estas comparecencias. Le puedo decir que en
esta Comisión procuramos hacer los deberes con toda humildad, pero lo
mejor posible.
En otro orden de cosas, debo decirle que el racionamiento de las
pensiones, de las que hablaba el representante del Grupo Socialista,
será para los que tengan que cobrarlas dentro de 20 ó 25 años. Los
que ya están a punto, las tienen bastante aseguradas. Es un problema
que los cineastas de los que hablaba creo que van a tenerlo en menor
medida que muchos de nosotros que, por cuestiones de edad, lo tenemos
más crudo. Como el profesor y otros autores que han tenido ocasión de
comparecer aquí nos han dicho, hay fórmulas que nos pueden garantizar
esa percepción de las pensiones.
Para no alargar mucho esta intervención, quería plantearle tres
cuestiones concretas. En cuanto a las medidas laborales de las que ha
hablado, como el factor trabajo, decía que, según las que se
establecieran, podían afectar o no a ese sistema. Yo le quería
preguntar qué tipos de medidas laborales entiende usted que deberían
adoptarse de forma progresiva, teniendo en cuenta que la tasa de
empleo no va a subir más allá de un porcentaje determinado. Por
tanto, ¿de qué límite podríamos estar hablando?
En relación con esta misma pregunta, ¿cómo incidiría en la
productividad? Porque si vamos a llegar hasta una tasa limitada y de
ahí no vamos a pasar, se supone que a partir de ahí actúa la
productividad. ¿Hasta dónde puede llegar la productividad, teniendo
en cuenta la complejidad que esto supone en las distintas sociedades
en las que nos movemos?
Hay otra cuestión que quería preguntarle: ¿Sirven los actuales
modelos o los sistemas del control de los fondos colectivos que en
este momento están en marcha en muchas empresas, en muchos bancos,
como modelo para el control de los posibles fondos de capitalización
que tengan un origen público? Usted ha hablado de una alternativa que
a mí me parece bastante razonable y que de hecho en algún país ya se
está empezando a practicar. Cuando se crea un fondo de origen público
que complemente, como fondo de capitalización, el sistema de reparto,
se controla mediante algún sistema. En los fondos individuales, en
los seguros individuales no hay ningún problema, pero querría saber
si hay experiencia respecto a los fondos privados que se crean en las
empresas a través de esas comisiones de control. ¿Usted cree que
podría ser un sistema similar el que rigiese en esos casos, cuando se
trata de un fondo de origen público o, por el contrario, debería
haber un mayor control público y un menor control de empresa y
sindicatos, por ejemplo, en el caso de que fuesen los representantes
de los trabajadores y los representantes de la empresa afectada los
que lo hicieran?
En lo demás, creo que ha dejado clara su posición, pero me gustaría
incidir en esos apartados.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Bolaños): Tiene la palabra el
señor Jimeno.
El señor CATEDRÁTICO DE ECONOMÍA DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ DE
HENARES (Jimeno Serrano): Antes de contestar a las preguntas,
quisiera completar algo que debería haber dicho en la exposición y
que no he dicho, y es que, cuando me refería a que va a haber un
aumento del gasto y que hay dos posibilidades para hacer frente a ese
aumento del gasto, medidas que limiten el aumento y medidas que
ayuden a financiar, he dejado de mencionar dentro de las medidas que
ayuden a financiar el gasto en pensiones el recurso a los impuestos
generales. De la misma manera que se pueden obtener recursos del
sistema contributivo, se pueden utilizar recursos de los impuestos
generales. En parte, esto está relacionado con la pregunta que hacía
el señor Griñán, sobre el fondo de reserva, las dotaciones al fondo
de reserva y cómo el fondo de reserva estaría mucho mejor dotado si
los complementos de mínimos del sistema contributivo se financiaran
con los impuestos generales. Tiene una cierta sensatez que así se
haga, puesto que si es una medida asistencial, debería estar
financiada con los presupuestos generales.
Yo aquí sólo planteo dos dudas. En primer lugar, la mayor parte de
los sistemas de Seguridad Social, tal como los conocemos hoy en
nuestro país, tienen un carácter contributivo. Si vamos a pasar a un
sistema donde buena parte de las prestaciones contributivas ya no se
van a financiar por cotizaciones sino por impuestos, la naturaleza
del sistema, los incentivos de economía política del sistema y los
riesgos políticos inherentes al sistema cambian radicalmente. En
segundo lugar, supongo que serán conscientes de que el argumento de
que podemos coger impuestos de un sitio para financiar las pensiones
tiene una restricción, y es que, si
cogen impuestos de los presupuestos del Estado para financiar
pensiones, habrá otros gastos del Estado que no podrán financiarse.
Es obvio, es como si yo dijera que mi situación financiera ha
mejorado porque el colegio de mis hijos, en lugar de pagarlo con la
cuenta que tengo en la Caja de Ahorros, lo pago con la cuenta que
tengo en el banco de la esquina. Mi situación no ha mejorado, habrá
mejorado el saldo en un sitio y empeorado en otro, pero la situación
financiera es la misma. Por tanto, se pueden utilizar recursos de los
impuestos generales, pero aquí también hay restricciones y hay
problemas.
En cuanto a las preguntas más concretas que se me han hecho, es
cierto que los riesgos familiares fundamentalmente recaen sobre las
mujeres que, como decía antes, dado que el sistema ha estado
principalmente dirigido a proteger al cabeza de familia varón que
participa en el mercado de trabajo, en la actualidad están menos
protegidas dentro del sistema. Por tanto, medidas que ayuden a
facilitar la participación laboral de la mujer, a desarrollar su
carrera profesional y a que las prestaciones que reciben de la
Seguridad Social sean mayores y estén más relacionadas con esa
participación, son muy necesarias.
Pero aquí ocurre lo contrario, porque si pasamos de un sistema donde
antes el varón protegía al resto de la familia mediante prestaciones
de supervivencia y ahora participan los dos individuos, el varón y la
mujer, en el mercado de trabajo, entonces la protección de la
supervivencia tendrá que cambiar, porque ya no es lo mismo. Si cada
individuo se cubre asimismo mediante su participación en el mercado
de trabajo, las prestaciones de supervivencia son menos necesarias y
habría que replantearse cómo organizar estas prestaciones cuando
cambia la situación de pautas familiares, cuando cambia la
participación laboral de los individuos en el mercado de trabajo, y
eso tiene que ver con la pregunta que me hacía el señor Grau sobre
políticas familiares.
Es evidente que en España la política familiar está muy poco
desarrollada; no existe una política familiar sensata, razonada de
protección a la familia; los incentivos para que los individuos
traten de conciliar su vida laboral con su vida familiar y al mismo
tiempo la tasa de fecundidad se recupere, son bajísimos. Aquí los
incentivos fiscales son irrisorios, y de nuevo los que más se
favorecen de ellos son los que tienen rentas más altas.
Esto enlaza con unas preguntas que me hacía el señor Merino sobre
medidas laborales: ¿Qué medidas laborales? ¿Cómo generar empleo?
Vamos a fijarnos en las diferencias de empleo que hay entre España y
Estados Unidos, por ejemplo, por poner un punto de referencia. Antes
decía que Estados Unidos es un país que tiene una tasa de empleo muy
cercana al pleno empleo. Si miramos las diferencias, vamos a ver que
los principales déficits de empleo de la economía española se deben a
cuatro factores. En primer lugar, se
deben a que tenemos una tasa de empleo juvenil, sobre todo entre los
jóvenes de bajo nivel educativo, muy inferior a la de los Estados
Unidos, del orden de 20 puntos inferior a la de los Estados Unidos.
En segundo lugar, todavía, aunque esto se está reduciendo, el
porcentaje de mujeres con educación superior es inferior en España
que en Estados Unidos. Como la tasa de empleo de las mujeres con
educación superior es mayor que la tasa de empleo de las mujeres con
educación de menor nivel educativo, eso supone otra diferencia. En
tercer lugar, las tasas de empleo de las mujeres en España de bajo
nivel educativo también son muy inferiores a las tasas de empleo de
las mujeres de bajo nivel educativo en Estados Unidos. Y en cuarto
lugar, las tasas de empleo de la población mayor de 55 años en España
son muy inferiores a las de Estados Unidos. Si debemos llegar al 73
por ciento, que mencionaba antes, como cifra de referencia, tendrá
que aumentar en el futuro.
En el caso de la población mayor de 55 años, está claro por qué las
tasas de empleo son menores: los incentivos a la prejubilación hacen
que empresas y sindicatos utilicen el sistema de Seguridad Social
para algo para lo que el sistema de Seguridad Social no está
diseñado, que es para acomodar perturbaciones negativas sobre el
empleo. El sistema de Seguridad Social y el sistema de pensiones está
diseñado para mantener la renta durante la vejez, no para financiar
reconversiones industriales, no para financiar períodos de desempleo.
Para eso ya está el sistema de prestaciones por desempleo, no el
sistema de pensiones.
En el caso de ese grupo, son las políticas y los incentivos a los
sistemas de prejubilación. En el caso de los jóvenes, los problemas
de precariedad laboral, los problemas de segmentación entre empleo
permanente y empleo temporal, el sistema de contratos de trabajo, que
se ha reformado en los últimos 20 años varias veces, siguen
perjudicando las prospectivas de la carrera profesional de los
jóvenes con bajo nivel educativo; y la forma como se hace la
regulación de la negociación colectiva, que acaba provocando una
estructura de negociación colectiva digamos que excesivamente
centralizada, con un gran grado de atomización y con poca
articulación, genera también que los principales perjudicados a la
hora de encontrar oportunidades de empleo sean los jóvenes de bajo
nivel de cualificación. Y lo mismo para las mujeres de bajo nivel de
cualificación. Los principales perjudicados del sistema de contratos
de trabajo, tal como está diseñado, que tiene muchas deficiencias, y
de la regulación de la negociación colectiva son los grupos más
desprotegidos en el mercado de trabajo, es decir, los jóvenes y
mujeres de bajo nivel de educación. Por tanto, las medidas laborales
deberían estar dirigidas a reformar el sistema de contrato y reformar
la negociación colectiva de forma que haya más oportunidades de
empleo para estos grupos.
¿Cuánto puede aumentar la productividad? La evidencia histórica para
España es que en el último cuarto del siglo XX la productividad
creció a una tasa anual media del orden del 2 ó 2,5 por ciento. En
los últimos años está creciendo bastante menos, entre el 1 ó 1,5 por
ciento. El margen de error que uno puede tener no es muy grande, como
explicaba el profesor Dolado anteriormente. Podemos discutir si las
nuevas tecnologías, la revolución tecnológica, todo esto que estamos
viendo y que vamos a seguir viendo en el futuro, hacen que la
productividad aumente más deprisa, a tasas más rápidas, con esta
historia de la nueva economía, de que se permiten cambios en las
empresas, cambios de organización y que el mundo va a ser diferente
con tasas de productividad más altas. Yo soy bastante escéptico sobre
que la tasa de crecimiento de la productividad pueda aumentar mucho
como consecuencia de esto. Sigo pensando que la estimación más
razonable para el futuro está alrededor del 2 ó 2,5 por ciento, en
ese orden de magnitud. No creo que pueda aumentar más, salvo
descubrimientos científicos radicales que hagan que la tasa de
productividad pueda aumentar más deprisa. Pero incluso la evidencia
histórica muestra que estos descubrimientos científicos radicales,
como fue el de la electricidad a principios de siglo o la industria
del automóvil, o actualmente las nuevas tecnologías de la
información, no están provocando aumento de la productividad por
encima de ese orden de magnitud del 2 ó 2,5 por ciento. Lo que
sabemos hoy sobre las nuevas tecnologías, viene de Estados Unidos, y
los datos dicen que parece que ha habido un ligero aumento de la tasa
de crecimiento de la productividad pero que no ha sido muy grande. Si
se produce este aumento de la tasa de productividad va a permitir que
en el futuro se puedan pagar pensiones más altas. Decía el señor
Griñán que si las pensiones son más altas, aunque en términos
relativos sean más bajas, los pensionistas estarán satisfechos. No lo
sé. Yo no sé si voy a estar satisfecho si el sistema de pensiones me
promete la misma pensión que ahora mismo está recibiendo mi padre,
cuando mis hijos tengan un sueldo cinco veces superior a eso. Los
niveles de satisfacción que se alcanzan normalmente se plantean en
términos relativos. Yo estoy bien en función de cómo vea que está el
de al lado. La utilidad nunca es un término objetivo, no es un
término cardinal, es un término ordinal y subjetivo. Si estamos
dispuestos a permitir que aumente esta desigualdad de la renta y que
los futuros pensionistas tengan niveles de renta relativos más bajos,
las reformas paramétricas del tipo de las que mencionaba antes pueden
contribuir, no a solucionar totalmente el problema, pero sí a limitar
el aumento del gasto, y el resultado será una menor renta relativa.
La última pregunta es sobre el control de los fondos, cómo se
controla el fondo de reserva, y en el caso de un sistema de
capitalización, bien sea obligatorio o bien sea vía planes de
empresa, quién controla el fondo,
etcétera. Evidentemente hay riesgos ante los cuales ni un sistema de
reparto ni un sistema de capitalización nos puede asegurar. Si dentro
de diez años tenemos la mala suerte de sufrir un terremoto y una
secuela de terremotos como la que han sufrido en El Salvador y de
pronto la capacidad productiva de la economía disminuye en una
cuantía sustancial, ni un sistema de reparto que utilice la masa
salarial como fuente de financiación, ni un sistema de capitalización
que tenga los fondos invertidos en empresas pueden asegurarnos contra
eso. Un sistema de seguridad social nos puede asegurar contra los
riesgos de cada individuo, pero no contra lo que los economistas
llamamos riesgos sistémicos, contra condiciones adversas de este
tipo. Si tenemos la mala suerte de que la capacidad productiva del
país se destruye, con un sistema de capitalización o con un sistema
de reparto, ni una cosa ni otra. Hay riesgos contra los cuales no hay
sistema de pensiones que pueda asegurarnos. Lo único que nos podría
servir es tener acuerdos con otros países para asegurarnos contra los
efectos de estos terremotos o incluso con habitantes de otros
planetas para el caso de que hubiera un cataclismo en el planeta
Tierra. Pero por ahora no hemos inventado estos mecanismos. Contra
eso nadie nos puede asegurar.
Es cierto que los sistemas de capitalización tienen riesgos que no
tienen los sistemas de reparto. Por ejemplo, el riesgo de gestión, el
riesgo de inversión y el riesgo implícito en los mercados de seguros,
en los mercados de anualidades, que se tendrán que utilizar para
convertir los fondos acumulados en los fondos de capitalización en
rentas vitalicias. En estos tipos de riesgo los que tienen más
problemas son los sistemas de capitalización. El riesgo de gestión
está en que si los gestores de los fondos son incompetentes o son muy
mal intencionados y cometen fraude, si los consumidores no pueden
supervisar estos controles de fondo, hay un riesgo evidente. ¿El
riesgo de inversión? Si las personas que dirigen estos fondos son
unos ineptos y no saben cómo invertirlos, evidentemente hay un
riesgo. En el mercado de anualidades ocurre lo mismo. Si no
desarrollamos bien nuestros mercados de anualidades y las compañías
de seguros se equivocan al calcular la esperanza de vida de los
individuos y se equivocan en las matemáticas financieras que hay que
hacer para convertir fondos en rentas vitalicias, hay un riesgo. Pero
estos riesgos son bien conocidos, no son nuevos y, como se ha dicho
antes, se conoce la forma de controlarlos.
Lo que se plantea aquí es un problema de supervisión y regulación de
este tipo de fondos, que en algunos casos ya está desarrollado. Otros
países que han abordado esta vía tienen cosas que enseñarnos. Unos
tienen errores que enseñarnos para aprender de ellos, otros tienen
aciertos que enseñarnos para aprender también de ellos. Por ejemplo,
sabemos que Chile en su transición a un sistema de capitalización
cometió
muchos errores en la regulación de estos fondos, como permitir fondos
de tamaño muy pequeño, una competitividad muy grande y una facilidad
grande en la transición de un fondo a otro. Esto lo han pagado con
tasas de rendimiento más bajas. Y no sólo son países latinoamericanos
los que están acudiendo a este tipo de sistemas. Los países de Europa
del este también lo están haciendo. Países como Hungría, Polonia o
Croacia han sufrido durante los años 90 problemas muy graves en sus
sistemas de pensiones, en parte como consecuencia del abuso de las
prejubilaciones como forma de adaptarse a la transición económica. En
estos países han tenido que pasar de pronto de un sistema a otro,
tienen que hacer una reconversión empresarial gigantesca y utilizan
las prejubilaciones como forma de seguro. Esto ha hecho que tengan
unos gastos muy altos en pensiones, en parte dirigidos por el Banco
Mundial y por otros organismos internacionales, y están abordando el
paso hacia sistemas de capitalización obligatorios mixtos
complementarios y lo están haciendo bastante mejor que Chile. Si el
problema es la regulación y la supervisión de los fondos, hay
experiencias de las que se puede aprender y hay formas de solucionar
este problema.
Me han preguntado si, en el caso de que tuviéramos un fondo de
reserva, sería mejor que lo gestionaran los empresarios y los
sindicatos o que lo gestionara el Estado o, subsidiariamente, alguna
otra institución financiera y si ese fondo de reserva se debería
invertir en fondos públicos o en fondos privados. Como decía
anteriormente, tener un fondo de reserva que invierta exclusivamente
en fondos públicos es técnicamente lo mismo que utilizar la deuda
pública como mecanismo de ajuste. Técnicamente es lo mismo, ahora
bien, repito, los incentivos de economía política y los riesgos
políticos que hay detrás de cada opción son diferentes. El problema
que tiene invertir en fondos privados es que para diversificar el
riesgo hay que invertir no sólo en fondos privados nacionales sino
también en fondos privados extranjeros. Y no se puede invertir sólo
en fondos privados nacionales, porque el mercado nacional es muy
estrecho, y tener un fondo de reserva invertido en la Bolsa española
es peligroso por los problemas de estrechez del mercado y de gestión
corporativa de las empresas que puede plantear que haya un fondo
moviendo las cotizaciones en un mercado tan estrecho. Habría que
diversificar e invertir en el extranjero, y si uno diversifica, parte
de las ventajas que se atribuyen a la capitalización, una de las
cuales es que contribuye al ahorro y a la inversión nacional, se
difumina, porque vamos a estar ahorrando e invirtiendo en el
extranjero. Pero cualquier opción que se elija tiene sus pros y sus
contras, lo que no quiere decir que haya que renunciar porque por un
lado haya ventajas y por otro inconvenientes, sino que hay que hacer
una valoración objetiva de las ventajas y los inconvenientes y elegir
la mejor opción.
En cuanto a si deberían gestionar empresarios y sindicatos el fondo
de reserva, no sé si sería una buena idea o no. Mi impresión general
es que cuando han gestionado otros fondos, también es cierto que
dedicados a otras cuestiones -y estoy pensando en los fondos . ¿Esto
queda grabado, queda en el «Diario de Sesiones»? (Varios señores
diputados: Si, pero todos sabemos a qué se está refiriendo.) Bueno.
(Risas.) Cuando han gestionado otros fondos, los resultados no han
sido muy favorables.
Por último, respecto a quién elige el fondo si pasamos a un sistema
de capitalización, yo creo que la respuesta es clara: el trabajador.
Si hay un sistema de capitalización obligatorio según el cual parte
de las cotizaciones del trabajador van a ir a un fondo, debe ser el
trabajador el que elija el fondo. Si es un plan ocupacional,
evidentemente, la empresa debería decidir algo y deberían mejorarse
los mecanismos de representación de los sindicatos y la participación
y la cogestión sindical de las empresas, al menos en lo que se
refiere a estos fondos.
No sé si he respondido a todas las preguntas, pero he tratado de
hacerlo. (El señor Griñán Martínez pide la palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Bolaños): ¿Sí, señor Griñán?
El señor GRIÑÁN MARTÍNEZ: Quería hacer una aclaración, señor
presidente, porque nunca he utilizado la palabra satisfecho. Cuando
hablaba de salario medio y pensión media, lo único que le quería
decir era que con incrementos de la productividad los salarios pueden
crecer por encima del IPC. Si en esas mismas circunstancias se
mantiene el poder adquisitivo de las
pensiones subiendo el IPC, es evidente que las pensiones no se ven
perjudicadas, aunque su proporción con el salario medio haya
disminuido. No he querido decir que se sientan satisfechos; tanto
como ahora, no más.
Por cierto, uno de los fondos norteamericanos que quebraron estaba
gobernado por un premio Nobel y por un ex secretario del Tesoro.
El señor CATEDRÁTICO DE ECONOMÍA DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ DE
HENARES (Jimeno Serrano): Hay muchos premios Nobel que son
incompetentes, y no me voy a referir a algunas disciplinas. (Risas.)
La cuestión de la relación entre pensión media y productividad es
importante, porque es cierto que en términos reales la pensión no va
a disminuir si la productividad crece por encima del salario. La
pensión crece con el IPC, de forma que, en términos reales, los
pensionistas van a seguir cobrando lo mismo que están cobrando ahora.
Pero yo no me estaba refiriendo a términos reales, no me estaba
refiriendo al poder adquisitivo de las pensiones; me estaba
refiriendo al poder adquisitivo de las pensiones en relación con el
poder adquisitivo del salario de los trabajadores. Eso sí disminuye,
y si queremos tener una sociedad más desigual en la que los
pensionistas tengan una renta relativa menor que la de los
trabajadores, esa es la opción a seguir. (El señor Griñán Martínez:
Como en Alemania este año.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Bolaños): Muchas gracias de nuevo
por su comparecencia y muchas gracias también a SS.SS.
Se levanta la sesión.
Eran las dos y veinte minutos de la tarde.