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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 168, de 27/02/2001
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2001 VII Legislatura Núm. 168
ECONOMÍA Y HACIENDA
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. SANTIAGO LANZUELA MARINA
Sesión núm. 14
celebrada el martes, 27 de febrero de 2001
ORDEN DEL DÍA:
Comparecencia cuatrimestral del señor secretario de Estado de
Hacienda (Giménez-Reyna Rodríguez), para informar sobre las materias
relativas al sistema tributario, previa remisión del informe
correspondiente. (Número de expediente 212/000386) . . .
Proposiciones no de ley:
- Sobre precios de gas natural a Fertiberia. Presentada por el Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/
000511) . . . (Página 4927)
- Relativa al cumplimiento por el Gobierno de la proposición no de
ley sobre Fertiberia, aprobada por unanimidad en la Comisión de
Industria, Energía y Turismo en su reunión de fecha 17 de marzo de
1999. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de
expediente 161/000512) . . . (Página 4927)
Elección de vacantes. Mesa Comisión.
- Elección de Secretario Segundo. (Número de expediente 41/000025) .
. . (Página 4929)
Comparecencia de la señora presidenta de la Comisión Nacional del
Mercado de Valores (Valiente Calvo), para informar sobre el
desarrollo de sus actividades y sobre la situación de los mercados
financieros organizados, de conformidad con lo previsto en el
artículo 13 de la Ley 24/1988, del Mercado de Valores. (Número de
expediente 212/000387) . . . (Página 4929)
Se abre la sesión a las diez y treinta y cinco minutosde la mañana.
- COMPARECENCIA CUATRIMESTRAL DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO DE
HACIENDA, GIMÉNEZ-REYNA RODRÍGUEZ, PARA INFORMAR SOBRE LAS MATERIAS
RELATIVAS AL SISTEMA TRIBUTARIO, PREVIA REMISIÓN DEL INFORME
CORRESPONDIENTE. (Número de expediente 212/000386)
El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.
El primer punto del orden del día es la celebración de la comparecencia
cuatrimestral del secretario de Estado de Hacienda, a quien doy la más
cordial bienvenida, para informar sobre las materias relativas al
sistema tributario, previa la remisión del informe correspondiente que
confío que tengan todas SS.SS.
Tiene la palabra el señor secretario de Estado de Hacienda.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA (Giménez-Reyna Rodríguez):
Muchas gracias, señor presidente, por las palabras de acogida a este
secretario de Estado que tiene el honor de comparecer en esta su
primera vez ante esta Comisión, para dar cuenta de las actuaciones de
la Secretaría de Estado de Hacienda.
Intentaré hacer una exposición -no anunciaré breve porque, obviamente,
no puede serlo y no hay nada más contrario a la brevedad que el anuncio
persistente de que va a ser breve- lo más completa posible, para que
SS.SS. tengan una visión global de las actividades de la Secretaría de
Estado de Hacienda. Si me lo permiten tendría que comenzar con una
breve referencia -ésta sí que sería breve- al momento económico en el
que actualmente vive la sociedad española y a su evolución reciente,
algo que está íntimamente relacionado con el conjunto de datos que
expondré y con las acciones que en la Secretaría de Estado tenemos
proyectado desarrollar en este período de sesiones.
Desde el año 1997, la economía española está manteniendo tasas de
crecimiento superiores a las de la Unión Europea, superando a veces el
4 por ciento del producto interior bruto, lo que, sumado a una
generación de empleo mucho más intensa que la registrada en dicha área,
ha determinado un aumento de la convergencia real con los países de la
Unión, que, en definitiva, se traduce en un incremento del bienestar de
todos los españoles. Asimismo se ha desarrollado un intenso proceso de
internacionalización y modernización de nuestra economía. Esto ha sido
posible gracias al modelo económico aplicado por el Gobierno, un modelo
que está basado en la estabilidad, en la aplicación de una política
fiscal rigurosa y en el conjunto de reformas estructurales de sectores
básicos de nuestra economía. Este modelo, por otra parte, se ha
caracterizado por ser altamente generador de empleo. Durante los
últimos cuatro años se han creado casi dos millones y medio de puestos
de trabajo, reduciéndose la tasa de paro hasta los niveles que
conocíamos en 1980. Estos importantes logros no hubiesen sido posible
sin acometer un importante y exigente proceso de consolidación de las
finanzas públicas.
Quiero destacar la ambiciosa reducción del déficit público llevada a
cabo, desde el 6,6 por ciento del PIB en 1995 al previsto equilibrio
presupuestario en este año 2001. Ello se ha producido con rebajas de
impuesto, con la contención de deuda pública y con el máximo rigor en
el empleo del gasto, sin perjudicar lo que son las partidas que la
sociedad española más demanda, como son las de gasto social. Si
tuviéramos el último dato que tuve la oportunidad de presentar en la
Comisión de Presupuestos para el presupuesto 2001, de cada 100 pesetas
gastadas por el Estado, 55 se dedican a políticas sociales, un 7,3 por
ciento más que en el año 2000.
Es importante destacar que el compromiso de rigor presupuestario debe
ser compartido por todas las administraciones públicas. De ahí que
hayamos puesto en marcha los proyectos para reforzar la cooperación de
todos en la construcción de ese objetivo. Es en este campo donde, sin
duda, van a jugar un papel fundamental ese proyecto de ley de
estabilidad presupuestaria
como la revisión de los modelos de financiación de las
comunidades autónomas y de nuestras corporaciones locales.
La bonanza económica que venimos disfrutando ha sido posible gracias
a la aplicación de una serie de reformas que en el ámbito tributario
se han dirigido no sólo a reducir la carga impositiva para la
familia, para las pequeñas empresas, sino también a configurar un
sistema tributario más eficiente y más transparente, como lo
demuestran los grados de elasticidad de la mayor parte de nuestras
figuras impositivas, a lo que luego me referiré, y un sistema
claramente orientado a la colaboración con el contribuyente como
refleja el grado de satisfacción de éste con respecto a los
principales instrumentos de la Agencia Tributaria.
En el ámbito económico, el principal objetivo de este Gobierno en los
próximos años va a ser continuar avanzando lo más rápidamente posible
en el proceso de convergencia real con los países de la Unión, de tal
suerte que aumente el nivel de vida y el bienestar de la sociedad
española, prolongando la senda de expansión y de creación de empleo
iniciado a mediados de la pasada década. Los principales instrumentos
para alcanzar este fin seguirán siendo la estabilidad presupuestaria
y las reformas estructurales y dentro de ellas, las reformas
fiscales. Desde la Secretaría de Estado que desempeño contribuiremos
al objetivo del Gobierno aplicando las reformas tributarias precisas
que permitan configurar un sistema impositivo más moderno en el que
primen, entre otros aspectos, la elasticidad, la reducción de la
carga fiscal sobre los contribuyentes y las nuevas y más modernas
relaciones entre la Agencia y los ciudadanos. En definitiva, la
aplicación de la reforma tributaria nos debe permitir mejorar la
eficacia y la equidad de los impuestos españoles.
En cuanto al escenario económico actual, como SS.SS. saben, nos
encontramos ante un cuadro caracterizado por un crecimiento estable y
sostenido. En este año se prevé un crecimiento del 3,6 por ciento del
producto interior bruto, con una moderación de la demanda y, en
particular, del gasto en consumo, lo que ha de permitir reducir la
presión sobre los precios, como empieza a apuntar ya el primer índice
disponible del pasado mes de enero. Al mismo tiempo, el mantenimiento
de tasas elevadas de crecimiento de la exportación va a contribuir a
configurar una demanda final más favorable, donde la inversión y la
exportación ganarán peso con relación al consumo. Este cuadro
económico tendrá sus repercusiones en el empleo, estando prevista la
creación de casi 400.000 nuevos puestos de trabajo en el presente año
2001. Todo esto no hace sino confirmar los datos contenidos en la
actualización del programa estabilidad y crecimiento 2000-2004 que,
como SS.SS. saben, aprobó recientemente el Gobierno y fue presentado
por el vicepresidente segundo y ministro de Economía. Básicamente,
este plan contempla un crecimiento medio superior al 3
por ciento en los próximos cuatro años, con lo que la economía
española alcanzará en el año 2004 el octavo año consecutivo,
creciendo por encima del umbral del 3 por ciento, y tendríamos, si se
cumplen todas estas previsiones, el ciclo económico más largo de
nuestra economía. Esto tendrá su traducción en la creación de casi un
millón y medio de empleos en estos cuatro años, con lo que desde el
año 1996 se habrán creado 4 millones de empleos nuevos en nuestra
sociedad. De esta forma, en el año 2004, si se cumplen las
previsiones, la tasa de paro se situará en el 9,5 por ciento de la
población activa -la media de la Unión Europea-, con lo que estaremos
en el camino de alcanzar el pleno empleo en el horizonte del año
2008, uno de los compromisos programáticos de este Gobierno. Este
positivo escenario que estamos viviendo está teniendo su reflejo,
como no podía ser de otra forma, en el comportamiento de los ingresos
tributarios, los cuales han experimentado un crecimiento constante en
los últimos años, a lo que paso a referirme a continuación.
Para explicar la intervención que me propongo desarrollar me voy a
centrar, en primer lugar, en la Hacienda central para examinar
ingresos, actuaciones, normativas de gestión y demás, y luego
descender a los otros planos de la política fiscal española,
financiación autonómica, corporaciones locales y el ámbito exterior
de la política fiscal que lleva a cabo la Secretaría de Estado de
Hacienda para comentar las actividades en el seno de la Unión
Europea, OCDE y países hispanoamericanos. Para dar cuenta de los
resultados del año 2000 empezaré tratando de los ingresos
tributarios.
La recaudación del año 2000 ha ascendido a 17 billones 157.000
millones de pesetas -1,3 billones de pesetas superior a la de 1999-,
con un crecimiento porcentual del 8,3 por ciento. Como he apuntado
anteriormente, las reformas van consolidando el incremento de
recursos. En el año 2000 el incremento de recursos sobre lo
presupuestado asciende a 511.000 millones de pesetas, lo que viene
motivado principalmente por una coyuntura expansiva más intensa que
la inicialmente prevista al tiempo de la elaboración de los
presupuestos. Como resultado, la recaudación tributaria, si la
reducimos a términos homogéneos, corregidos los efectos de la reforma
del impuesto, alcanza en el año 2000 una elasticidad global del 1,35
por ciento, lo que supone que en el pasado año ha crecido un 35 por
ciento la recaudación, más de lo que lo ha hecho el producto interior
bruto en términos nominales, el 7,5 por ciento.
En cuanto a las principales figuras tributarias, salvo los impuestos
especiales que han tenido congeladas sus tarifas para el año 2000,
todas presentan unas elasticidades superiores a la unidad -renta,
sociedades y valor añadido-. Así, la recaudación del impuesto sobre
la renta crece un 26 por ciento más que el producto interior bruto;
el impuesto sobre sociedades y el impuesto sobre el valor añadido
crecen un 52 y un 63 por ciento respectivamente por encima del
producto
interior bruto. Este hecho, de enorme importancia, es el reflejo más
claro del acierto que, sin duda, cabe reconocer a la política
tributaria que venimos desarrollando. El que los impuestos crezcan en
su recaudación por encima de las tasas de crecimiento del PIB son la
mejor demostración de la respuesta exacta que la economía está dando
a los diseños de política fiscal que lleva a cabo este Parlamento.
Con ello se consiguen unos crecimientos de recaudación mayores que la
economía gracias al impulso que se está dando en las reformas
tributarias y a la mejora en el cumplimiento de las obligaciones de
los contribuyentes derivadas de los diversos programas de mejora de
gestión de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Este
dato es todavía más valioso si lo referimos a la situación de déficit
controlado que tenemos en nuestro país y al intenso programa de
reformas fiscales de rebaja de impuestos que se están produciendo en
estos años.
No quiero abusar de los datos, pero les ofreceré algunas referencias
que en nuestra opinión demostrarían el dinamismo económico que ha
alcanzado nuestro país, en buena medida como consecuencia de la
política fiscal que venimos desarrollando. En el último año se han
creado más de 600.000 nuevos empleos según datos de afiliación;
aparecen 66.000 nuevos declarantes de IVA el año pasado de los que
casi 50.000 son empresas societarias; el número de sociedades con
beneficios en el año 2000 aumenta el 16,8 por ciento; las ventas
totales de las grandes empresas aumentan el 14,1 por ciento y en
cuanto a las exportaciones, que ha sido uno de los sectores más
dinámicos, el año pasado han aumentado el 19,3 por ciento. Si nos
referimos a datos salariales, la masa salarial del año 2000
evolucionó a una tasa de aumento del 9 por ciento, consecuencia
principalmente del incremento del empleo producido en nuestro país.
Volviendo al aspecto que comentaba anteriormente, la elasticidad de
las tres principales figuras, el impuesto sobre la renta ha
demostrado una vitalidad nueva y en el año 2000 su elasticidad es del
1,26 por ciento; la del impuesto sobre sociedades es del 1,52 por
ciento y la del impuesto sobre el valor añadido del 1,63 por ciento.
No podemos decir lo mismo de los impuestos especiales, que tienen una
elasticidad del 0,7 por ciento, es decir, no han respondido a esa
vitalidad probablemente por la congelación de las tarifas que para
ello se acordó. También hay un dato importante y que podemos aportar
de la reforma del IRPF como es que en cuatro años, de 1996 a 1999
inclusive, el impuesto sobre la renta ha rescatado una porción de la
renta de los ciudadanos que contribuía en mínima medida a la
recaudación del impuesto. Pues bien, el número de declarantes que
declaran incrementos patrimoniales netos en el año 2000 se ha
multiplicado por 2,7 por ciento en ese periodo 1996-99, las cuotas
asociadas a los incrementos patrimoniales netos se han multiplicado
por cinco en esos cuatro años, pasando de unos
60.000 a unos 350.000 millones de pesetas, y la participación de las
cuotas derivadas de las plusvalías -por decirlo en términos
coloquiales- ha supuesto en el nuevo impuesto una evolución desde el
1,1 por ciento de 1996 hasta el 6 por ciento en el año 2000. La
recaudación que se sostenía por incrementos patrimoniales y que era
un impuesto teóricamente muy progresivo como el que tuvimos hasta
hace poco, ha permitido multiplicarla por cinco en estos cuatro años,
cuando se puso en marcha una reforma que afectó a este componente de
la renta llamado coloquialmente plusvalía y, en términos legales,
ganancias y pérdidas patrimoniales. Paso, a continuación, a examinar
cada una de las diferentes figuras para analizar las circunstancias
que han determinado su comportamiento en el pasado ejercicio.
En primer lugar, el impuesto sobre la renta de las personas físicas,
que sin duda es el principal impuesto del sistema. En el año 2000, su
recaudación alcanza cinco billones 344.000 millones de pesetas, con
un incremento del 4,6 por ciento en el año 2000 sobre 1999. Este
aumento es debido en gran parte a los fuertes crecimientos de los
ingresos provenientes de retenciones del trabajo y de actividades
profesionales: estas retenciones han crecido más de 300.000 millones
respecto al año 1999 debido tanto a la creación de empleo como a la
tendencia al alza de los salarios de los trabajadores motivada por la
fase del ciclo económico en el que nos encontramos y por los aumentos
de productividad de nuestra economía. También deben ser destacados
dos factores: primero, el fuerte aumento experimentado en las
retenciones de fondos de inversión, casi 70.000 millones de pesetas,
un 74 por ciento de crecimiento respecto al año anterior debido al
incremento del volumen de reembolsos, donde pasamos del tipo de
retención del 20 por ciento al 18 por ciento a partir de junio, como
recordarán SS.SS.; y, segundo, una reducción del plazo de dos a un
año. Teniendo en cuenta estas circunstancias, los incrementos son los
que les acabo de comentar. Las disminuciones -que las hay- en las
retenciones de capital mobiliario, por valor de 40.000 millones de
pesetas, tienen su fundamento en la reducción de siete puntos, del 25
al 18 por ciento desde enero de 2000, en el tipo que se aplicaba a
esta renta de las personas físicas. Analizando la evolución de los
ingresos por impuesto sobre la renta en el año 2000, destacaré que ha
venido influida por el hecho de que es el primer año en que los
ingresos líquidos del impuesto, tanto en las retenciones como en la
cuota diferencial, se han regido íntegramente por la nueva Ley del
impuesto sobre la renta de las personas físicas. Comentaré brevemente
esos efectos de la reforma que han venido determinados por la
aplicación de este nuevo modelo y que se concretan en tres grandes
logros que hoy podemos constatar: mejora de la equidad, mejora de la
eficiencia y mejora del diseño para hacerlo más sencillo y más
asequible.
En primer lugar, abordaré la mejora de la equidad. Se han bajado los
impuestos a todos los ciudadanos españoles, siendo especialmente
intensa la rebaja para los pensionistas, familias, asalariados y
contribuyentes con menor capacidad económica. La reducción de la
cuota líquida para rentas inferiores a dos millones de pesetas ha
sido del 38,8 por ciento. Los contribuyentes no declarantes, los que
presentaban el modelo 104, han experimentado una reducción del 30 por
ciento y para las rentas del trabajo esa reducción ha sido del 14,55
por ciento. La reducción de la factura fiscal del conjunto de los
contribuyentes ha sido, en términos medios, de 58.156 pesetas, siendo
el doble la de los contribuyentes que declaran rentas del trabajo. La
reforma también ha conseguido que en el año 1999 se retuviese a los
contribuyentes 541.000 millones de pesetas menos, siendo la reducción
mayor para los perceptores de rendimientos de trabajo que para los
perceptores de rentas del capital. La reforma del impuesto actúa con
mayor intensidad en los niveles salariales inferiores a dos veces el
salario mínimo interprofesional. El tipo medio de retención sobre
estos salarios, que afectan al 48 por ciento de los asalariados, se
reduce un 30 por ciento frente a la rebaja media del 12,8 por ciento.
En segundo lugar, la reforma ha demostrado que el impuesto es más
eficiente. El nuevo impuesto ha impulsado la actividad económica y
consecuentemente ha facilitado la creación de empleo. El coste neto
de la reforma se sitúa en 543.000 millones de pesetas. De los 800.000
millones de reducción de la cuota previstos en los cálculos en frío,
en los cálculos estáticos al tiempo de elaborar la reforma, se han
recuperado 256.000 millones (un 32 por ciento) por el impulso
económico que en buena medida ha provocado la propia reforma y que ha
tenido su traducción en una mayor recaudación en otra figura
impositiva y en cotizaciones sociales derivadas del aumento del
empleo. Si no tuviéramos en cuenta el efecto de las cotizaciones
sociales, la recuperación de esos 256.000 millones sería de 180.000
millones de pesetas, de los que 106.000 corresponderían a aumento de
la recaudación del IVA, 28.000 millones al propio impuesto sobre la
renta, 24.900 a los impuestos especiales y 20.000, en términos
redondos, al impuesto sobre sociedades. Por otra parte, la reforma ha
incrementado la tendencia a la creación de empleo en nuestro país:
78.000 nuevos empleos se atribuyen a la reforma, lo que representa el
12 por ciento del incremento total registrado en el año 1999. La
reforma actúa sobre el empleo por dos vías. Por una parte, el
incremento de la renta disponible de las familias se traduce en el
incremento del gasto en bienes de consumo e inversión,
fundamentalmente vivienda, y éste a su vez en incremento de las
ventas, los salarios y el empleo. La reforma rebaja las retenciones
sobre salarios pagados por las empresas, reduciendo la brecha fiscal
que se establece entre los gastos de personal de los empleadores y el
salario líquido que percibe el trabajador. Por
otra parte, la reforma del impuesto mejora la aportación de los
diversos tipos de renta a la recaudación global del impuesto. Podemos
decir que por primera vez las rentas salariales han dejado de
aumentar su contribución y, sin embargo, han ganado posición las
rentas del capital. Un buen exponente de ello sería el dato que les
acabo de dar de recaudación por ganancias y pérdidas patrimoniales.
Finalmente, respecto del objetivo de mayor sencillez, mayor
simplicidad, el nuevo impuesto reduce el número de declarantes,
mejora el ajuste de retenciones, disminuye trámites para los
ciudadanos, agiliza las devoluciones y mejora el cumplimiento de las
obligaciones tributarias. Se ha liberado a 5 millones de
contribuyentes de la obligación de declarar y se ha producido la
aparición de nuevos contribuyentes, en torno a 700.000, que ha sido
consecuencia de este impulso económico que ha tenido nuestro país. Si
atendemos a una cuota diferencial de más o menos 25.000 pesetas, que
sería un umbral de máxima aproximación, el ajuste de retenciones ha
mejorado en un 30 por ciento con respecto a lo que teníamos en el año
anterior. El aumento de medios y de servicios para reducir trámites y
la mejora del cumplimiento de las obligaciones fiscales a través de
los programas de asistencia lo trataré con mayor extensión cuando
pase a examinar este apartado de la gestión tributaria.
Paso, a continuación, al impuesto sobre sociedades. La recaudación
del impuesto sobre sociedades asciende a 2 billones 863.000 millones
de pesetas, un 17,6 por ciento más que en el año anterior, lo que
supone una mayor recaudación de 427.000 millones respecto a lo
recaudado en 1999. Los mayores aumentos se producen en pago
fraccionado y en cuota diferencial neta, como consecuencia de la
evolución experimentada por la actividad y los beneficios
empresariales. En efecto, los ingresos por pagos fraccionados durante
el año 2000 son 240.000 millones de pesetas superiores a los del año
1999. No hay que olvidar que durante el primer semestre del año 2000
el número de sociedades con beneficio creció un 17 por ciento, cifra
superior a la registrada en el período 1997-1999. Los datos del
cuarto trimestre del año 2000 nos han ratificado la buena tendencia
del impuesto sobre sociedades en cuanto revelan un incremento, en
términos anuales, de un 26 por ciento; un 36 por ciento crece el pago
fraccionado de la pequeña y la mediana empresa, lo cual quiere decir
que las empresas en España gozan en este momento de buena salud,
tienen un incremento de beneficio suficiente y, por tanto, son una
base creíble para el desarrollo económico que esperamos conseguir en
el año 2001 y en los años siguientes. En cuanto a la cuota
diferencial neta que recoge principalmente los ingresos de la
declaración anual del ejercicio 1999, se recaudan 171.000 millones
más que en el año anterior. Del impuesto sobre la renta de los nos
residentes solamente haría el comentario del dato de recaudación de
183.000 millones, casi 60.000 millones más que en el año 1999. Se
trata -como SS.SS. saben- de una figura desgajada de los impuestos
sobre la renta de las personas físicas y de sociedades en la reforma
y que carece de una serie mínima para poder hacer evaluaciones sobre
sus tendencias y comportamiento.
Paso a los impuestos indirectos. En primer lugar, el impuesto sobre
el valor añadido. La recaudación por este impuesto, el IVA, en el año
2000 es de 5 billones 555.000 millones de pesetas, esto es, 455.000
millones más que en 1999, con un crecimiento del 8,6 por ciento. No
obstante, este crecimiento es ligeramente inferior, un 1,8 por
ciento, a lo que inicialmente habíamos presupuestado para el año
2000. Sin embargo, cuando uno entra a analizar el interior del
impuesto, comprueba que se produce una evolución dispar según cuales
sean las operaciones que contemplemos, fundamentalmente distinguiendo
operaciones interiores y operaciones con el exterior. Así, mientras
que el IVA de importación crece un 28 por ciento respecto al año
1999, debido a la aceleración en el crecimiento de las importaciones
de terceros países y a la escalada del precio del petróleo, factor
evidente donde los halla, en el ámbito de las operaciones interiores
el IVA crece en términos brutos un 9,8 por ciento y en términos netos
un 1,9 por ciento, lo cual es debido a tres factores principales: en
primer lugar, al alto crecimiento del sector exportador, que provoca
constantes e importantes devoluciones a los exportadores; en segundo
lugar, a la moderación que en la segunda parte del año 2000 viene
advirtiéndose en el ritmo de crecimiento del consumo en España y, en
tercer lugar, a la mayor recaudación del IVA importación, debida
fundamentalmente al incremento de la subida del precio del petróleo,
IVA de importación que reduce luego el IVA interior por la vía de las
deducciones que practican los empresarios que revenden esos productos
importados. Este es el comportamiento de la principal figura de
nuestra imposición indirecta en nuestro país. Con estas precisiones
que les he hecho podemos decir que ha crecido un 8,6 por ciento, si
indagamos el comportamiento de operaciones interiores y de
operaciones con el exterior.
En cuanto a los impuestos especiales, el Estado recauda en el año
2000 105.000 millones más, un 4,1 por ciento más de lo recaudado en
el año 1999, a pesar de que ni en 1999 ni en 2000 se han actualizado
las tarifas de dicha figura. Hay que destacar el aumento de
recaudación en el impuesto sobre hidrocarburos, que solamente es del
1,5 por ciento, en el que influye el precio del petróleo que ha
afectado negativamente al consumo de carburantes y también el
progresivo trasvase de consumo de gasolinas a gasóleos, el llamado
efecto dieselización de nuestro parque.
Por lo que se refiere a otros impuestos, el de la labor del tabaco,
alcanza la recaudación de casi 700.000 millones de pesetas con un
crecimiento del 9,8 por ciento, debido a las variaciones de precio y
a la efectividad
de la lucha contra el contrabando. El impuesto sobre la
matriculación crece un 2 por ciento, registrando la moderación de la
segunda mitad del año en el ritmo de matriculación de coches,
mientras que el impuesto sobre electricidad compensa la rebaja en la
tarifa eléctrica por la Ley 54/1997 del Sector Eléctrico con un mayor
consumo de electricidad en el año, que en alguna medida debe
adjudicarse al trasvase de consumo de combustibles fósiles al uso de
la electricidad como factor de producción.
Hay otro renglón de enorme importancia en el comportamiento de
nuestra Hacienda que son el efecto de las devoluciones. Las
devoluciones en el año 2000 han ascendido a 4 billones 58.000
millones de pesetas, lo que supone un incremento del 14,1 por ciento
respecto al año anterior, cambiando la tendencia frente a la caída
del 4,7 por ciento que se produjo en el año 1999. Ese aumento de
devoluciones se produce en los tres grandes impuestos: renta,
sociedades y, especialmente, valor añadido. En el año 2000 hay que
destacar que ha tenido lugar la puesta en marcha del sistema de
devoluciones realizada a través de la cuenta corriente tributaria en
la que se han compensado del orden de 120.000 millones de pesetas.
Las devoluciones en el impuesto sobre la renta de las personas
físicas se mantienen prácticamente igual que en el año 1999, como
consecuencia de la entrada en vigor de la reforma, mientras que en el
valor añadido crece un 28,3 por ciento respecto al año 1999. En
conclusión, se consiguen mayores crecimientos de la recaudación que
de la economía, gracias al desarrollo de las reformas tributarias que
facilitan el cumplimiento de las obligaciones fiscales de nuestros
contribuyentes y mejoran la eficacia recaudatoria de nuestra Agencia
Tributaria, especialmente en lo que a lucha contra el fraude se
refiere.
Si me permiten, cumplida esta primera parte de la liquidación
definitiva de ingresos del año 2000, paso a la segunda parte para
comentar las actuaciones más destacadas en materia de política fiscal
durante el año 2000 y los proyectos que tenemos para el presente
período de sesiones. En primer lugar, la política tributaria del año
2000. Desde el año 1996, el Gobierno, con la colaboración o las
sugerencias que han podido prestar los grupos parlamentarios, como el
Grupo Parlamentario catalán o el Grupo Parlamentario canario, viene
considerando el proceso de reforma fiscal gradual como un elemento
esencial de su política fiscal vinculada al comportamiento de las
magnitudes presupuestarias. Esta política fiscal quiere alcanzar una
serie de objetivos claros para la economía española: reducir la
brecha fiscal del empleo, que nos parece esencial para seguir en la
senda del crecimiento del empleo; impulsar el crecimiento económico;
fomentar la asunción de riesgos por los agentes económicos, para lo
cual el componente fiscal puede ser definitivo; incentivar el ahorro
en general y en particular el ahorro previsión;potenciar la pequeña y
la mediana empresa; impulsar
las nuevas tecnologías en el tejido empresarial y apoyar la salida al
exterior y la mayor competitividad internacional de nuestras
empresas. En esta línea, las políticas se han concretado en el año
2000 en la aprobación del Real Decreto-ley 3/2000, de 23 de junio,
finalmente tramitado y aprobado como Ley 6/2000 y las consabidas
leyes de acompañamiento y de presupuestos.
No voy a entrar en el examen de cada una de las medidas, pero me
permitiré agruparlas en grandes rúbricas para destacar las que me
parecen más significativas de todas las que se han adoptado ya en
esta primera fase de legislatura. En primer lugar, hay una batería de
medidas de fomento del ahorro a largo plazo y de protección a la
familia y a las economías domésticas. Ahí tendríamos que destacar la
mejora de la previsión social complementaria, con elevación de los
límites de deducción por aportación a planes de pensiones; la mejora
de la fiscalidad de los seguros de vida, elevando su deducción
fiscal; la exención de la tributación de la vivienda habitual hasta
25 millones de pesetas en el impuesto sobre el patrimonio; la
elevación de la cuantía mínima para estar obligado a declarar en el
impuesto sobre la renta; la prórroga de la compensación de las
deducciones de vivienda que existían en el antiguo impuesto; las
exenciones en transmisiones patrimoniales para la cancelación de
hipotecas y la modificación de las mismas; la congelación de los
impuestos especiales, por segundo año consecutivo; la reducción del
50 por ciento de la base del impuesto de matriculación para familias
numerosas que adquieran un vehículo de cinco o más plazas, o la
reducción del plazo de tributación y el tipo para las ganancias
patrimoniales. Hay un conjunto de medidas que quizá, por el propio
carácter abultado del paquete, no hayan sido todavía suficientemente
divulgadas y aprovechadas por los contribuyentes españoles, pero no
cabe duda de que es un inicio de legislatura en el que el Gobierno
quiso dejar claro su voluntad firme de atender a ese aspecto tan
básico de la economía española.
En segundo lugar, también en la misma línea, están las medidas de
estímulo a la iniciativa empresarial y de apoyo a las pymes.
Solamente destacaría la ampliación del concepto de empresas de
reducida dimensión (cuya cifra de umbral, como saben, elevamos de 250
a 500 millones de pesetas, para permitirles disfrutar un tipo
impositivo menor) y el nuevo diseño, más ágil, del procedimiento de
devolución de las cuotas por IVA a los nuevos empresarios que las
hayan soportado antes del inicio de su actividad.
Otro capítulo es el del impulso del uso de las nuevas tecnologías en
la empresa. Ahí habría que comentar el establecimiento y ampliación
tanto del importe como de los plazos de las deducciones por
adquisición de activos que impliquen innovación tecnológica y por
formación del personal en el uso de nuevas tecnologías. Esta
deducción se extiende también a los sectores que tributan en el
régimen de estimación objetiva; en
segundo lugar, la extensión de las deducciones previstas en la Ley
30/1994, la Ley de fundaciones y de incentivos fiscales, a las
aportaciones económicas a organismos relacionados con la
investigación científica; en tercer lugar, en esta línea relacionada
con el desarrollo de la sociedad de la información, las nuevas
deducciones por las tecnologías de la información y la comunicación,
que permiten recuperar, por crédito fiscal, las inversiones
realizadas por la empresa en la utilización de los medios
electrónicos por parte de los empleados.
Hay otra línea que también he comentado y que interesa
específicamente a la política fiscal que sigamos, que es el apoyo a
la internacionalización de nuestras empresas y a su competitividad en
el exterior. Ahí tenemos que comentar el aumento del plazo para poder
efectuar deducciones por doble imposición, interna e internacional,
desde los siete años actuales a diez; el establecimiento de un nuevo
incentivo fiscal específico por el riesgo asumido por las empresas
que se implanten en el exterior, lo cual supone en todo caso un
riesgo que puede contemplar nuestra fiscalidad, hasta una inversión
de 5.000 millones de pesetas, y, por otra parte, los mecanismos para
evitar la doble imposición internacional sobre las rentas obtenidas
en el extranjero por medios filiales. A ello habría que añadir el
tratamiento para los trabajadores que salen a desempeñar actividades
en las empresas españolas en el extranjero, que ha supuesto una
mejora notable desde el punto de arranque de la reforma que se
produjo con la Ley 40/1998.
Y hay que comentar, porque ha sido de la máxima actualidad, el
conjunto de medidas para los sectores más afectados por la crisis del
petróleo. Ahí tendríamos que referirnos a los sectores agrario,
pesquero y de transporte, donde se han adoptado acuerdos, traducidos
posteriormente en medidas normativas, que no solamente pretenden
remediar la situación coyuntural de ese momento, sino introducir
medidas que favorezcan el impulso al desarrollo, la estabilidad de la
empresa y su continuidad, con los puestos de trabajo que ello lleva
consigo. De ahí el conjunto de medidas que se han adoptado, como
comentaba, en esos tres apartados más afectados por la crisis del
petróleo.
Me voy a referir ahora a una parte de nuestra hacienda que tiene
relación con una porción del territorio, el archipiélago canario. Son
medidas típicamente regionales, pero tienen mucha importancia y yo
quisiera dejar constancia de ello. En cuanto a Canarias, tendríamos
que comentar, en primer lugar, la puesta en marcha definitivamente de
la zona especial canaria, en virtud del Decreto-ley 2/2000, de 23 de
junio, una vez superadas todas las dificultades de tramitación que
tuvimos ante la Comisión Europea. La ZEC, como SS.SS. saben, se
concibe como un instrumento fiscal destinado a conseguir la
diversificación productiva de las islas, reduciendo su excesiva
vulnerabilidad respecto
del sector monocultivo que domina las islas, el turismo, y a
incrementar la creación de empleo para completar definitivamente la
función integradora que tiene el REF canario. Por otra parte, también
hemos actuado en el principal instrumento del llamado REF, el régimen
económico fiscal de Canarias, que es la reserva para inversiones en
Canarias. Aquí nos encontramos con un instrumento de una potencia
extraordinaria. El beneficio se cifra en cantidades superiores al
billón de pesetas, que actualmente están remansadas en las empresas
pendientes de materializar su inversión, y es preciso abrir cauces
que hagan factible que esa inversión pueda llevarse a cabo y que se
lleve a cabo en el archipiélago canario, para impulsar el desarrollo
de las islas. Sobre este particular, por la Secretaría de Estado de
Hacienda se constituyó una comisión a mediados de año, en el verano,
que cumplió su trabajo a final del ejercicio, rindiendo un informe
que supondrá un impulso notable a la clarificación de las numerosas
cuestiones dudosas y la apertura de nuevas vías para la inversión de
estas reservas que actualmente, como digo, tienen congeladas las
empresas canarias, pendientes de su materialización definitiva.
Finalmente, tenemos asuntos no concluidos todavía, pero que serán
puestos en marcha en el año 2001, como son los que afectan a la
fiscalidad canaria, la sustitución de la PIC por una nueva figura, el
AIEM, que actualmente está siendo estudiado por la Comisión Europea,
y, por otra parte, las exenciones arancelarias de las que ha venido
disfrutando el archipiélago canario y que también tienen que tener un
tratamiento definitivo a partir del año próximo, en congruencia con
lo que establece el artículo 299 del Tratado de la Unión.
Acontinuación, me gustaría referirme a las actuaciones previstas para
el año 2001, el actual período de sesiones, en materia de normativa
tributaria. Yo destacaría, en primer lugar, el proyecto de ley
general tributaria. Como ustedes saben, nuestra ley así llamada data
de 1963. Es una ley que ha quedado absolutamente desfasada en el
tiempo. Por dar solamente un dato, por anecdótico que parezca, aún se
sigue hablando de la licencia marital de la mujer casada para poder
actuar con plena capacidad de obrar. Desde ese año, obviamente, el
conjunto de cambios que ha experimentado la sociedad española y las
reformas que se han producido en el sistema tributario obligan a una
redacción de nueva planta que resuelva los problemas que plantea su
desactualización e incluya las necesidades que derivan del tiempo
presente y de los cambios producidos, tanto en la normativa como en
los procedimientos tributarios. Yo quisiera destacar en esta
comparecencia algunos de los aspectos en los que estamos trabajando
para elaborar ese proyecto de ley general tributaria, que ha sido
objeto del estudio de una comisión de expertos, creada en el mes de
julio del año pasado y que ha rendido su primer informe en este mes
de febrero; informe preliminar que se someterá a la consideración de
todas
las partes implicadas (cátedras, colegios y asociaciones
profesionales, academias y, desde luego, nuestras administraciones
territoriales, comunidades autónomas y corporaciones locales) para,
posteriormente, elaborar lo que sería el informe definitivo de la
comisión. Apartir de ese informe, la Dirección General de Tributos
elaborará el correspondiente proyecto de ley general tributaria.
Nuestra intención sería que el proyecto de ley tuviera entrada en el
Congreso de los Diputados en este período de sesiones.
Por apuntar algunas de las líneas en las que quisiéramos abundar en
la reforma de la ley general tributaria, recogiendo lo que parece que
ha sido el sentir mayoritario de la comisión, yo tendría que decir
que la nueva ley general tributaria debe reflejar el cambio de
talante de la Administración tributaria española producido en los
últimos años, centrado en la acción de colaboración y asistencia al
contribuyente, para el mejor cumplimiento voluntario de sus
obligaciones fiscales. Por ello, se incorporarán a la ley los
preceptos de la ley de derechos y garantías del contribuyente y se
reforzarán esas garantías del ciudadano ante la Administración
tributaria. Por otra parte, la ley debe dotar a la Administración
tributaria, a la vez, de instrumentos efectivos de lucha contra el
fraude que se sirve de las nuevas tecnologías y, en particular, aquel
que pretende burlar la aplicación de normas mediante complicadas
operaciones de ingeniería tributaria; la ley debería dar respuesta
también a esto. En tercer lugar, la ley, que tiene un carácter común
y, como su propio nombre indica, general, debe responder a las
exigencias constitucionales de la organización territorial del Estado
en cuanto supone atribución de plena autonomía financiera a las
comunidades autónomas y autonomía de gestión para las corporaciones
locales. Y deben regularse específicamente en la ley las obligaciones
entre particulares, que han tenido un enorme desarrollo en nuestro
país; hablando de obligaciones de particulares, las derivadas de los
actos de retención y de repercusión tributaria.
Por otro lado, los procedimientos tributarios deben adecuarse, en
opinión de quien suscribe, en la medida de lo posible al tronco común
de la Ley 30/1992, de régimen jurídico del Estado y del procedimiento
administrativo común. No tiene sentido que mantengamos una separación
tan extrema como actualmente existe entre los procedimientos
tributarios y el procedimiento administrativo común. Sin duda, el
procedimiento tributario tiene especialidades, pero no tantas como
para desgajarse tan alejadamente como está hoy del tronco del
procedimiento administrativo común, en el que el ciudadano tiene la
máxima protección ante las administraciones públicas. La ley debe
incorporar las nuevas tecnologías informáticas y telemáticas para la
aplicación de los tributos, haciendo más fácil y sencillo a los
ciudadanos el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Debemos
enmarcar en la ley medidas dirigidas a reducir la conflictividad en
materia tributaria,
fomentando el empleo de fórmulas seguras, determinación convencional
o de recursos de carácter arbitral. Con ello, estaríamos siendo
fieles a la Ley 30/1992, que recomienda la utilización de este tipo
de vías, para evitar la confrontación y el conflicto.
En materia sancionadora, tendríamos que reforzar la presunción de
inocencia y buena fe del contribuyente, mejorando el cuadro
sancionador y probablemente -éste no es un criterio todavía
definitivo- aproximándonos a lo que es la clasificación trimembre que
hace la Ley 30/1992. En suma, la nueva ley general tributaria deberá
contener un régimen actualizado y moderno de relaciones entre la
Administración tributaria y el contribuyente, el administrado que se
comporta como tal, como contribuyente, en el momento supremo del pago
de sus tributos, ofreciendo así a la sociedad un marco de relaciones
tributarias más seguro, más cómodo, más sencillo y más garantista.
Eso también nos permitirá tener un marco más eficaz en el
cumplimiento de las obligaciones tributarias, tanto desde el lado del
contribuyente como desde el de la administración que ha de aplicarlo.
En cuanto a la reforma del impuesto sobre sociedades, poco podría
concretar, dado que es una materia que está todavía en estudio. Sí
que hay líneas que reiteradamente han sido expuestas por el titular
del departamento en las que queremos trabajar. Se trata de aligerar
la carga fiscal de las empresas, en especial de las pymes, al objeto
de continuar esa línea de reducción de la presión fiscal que viene
desarrollando el Gobierno y que tan buenos resultados ha venido
dando. Se está estudiando si esa rebaja de la carga fiscal que
soportan las empresas ha de venir por la reducción del tipo de
gravamen -saben SS. SS. que hoy hay un tipo de gravamen general y un
tipo reducido para las pymes para el primer tramo de beneficio- o por
la elaboración de nuevos criterios de determinación de la base
imponible, lo que supondría alinearnos con lo que serían las
tendencias más generalizadas en el conjunto de la Unión Europea. En
cualquier caso, la reforma que se haga tiene que ser una reforma que
permita cumplir con los objetivos de estabilidad presupuestaria, que
no determine la incurrencia por parte de nuestro país en los llamados
programas de competencia fiscal perjudicial, por lo que seríamos
objeto de reacción por los demás Estados miembros de la Unión y por
parte de la Organización para la Cooperación al Desarrollo Económico,
OCDE, y, por otra parte, un nuevo impuesto que sea capaz de impulsar
el crecimiento del desarrollo de nuestras empresas.
Finalmente, tendría que comentar como proyecto significativo en el
ámbito de la Secretaría de Estado un proyecto de ley que ponga al día
el título II de la Ley 30/1994, la Ley de fundaciones y de incentivos
fiscales -la participación privada en actividades de interés
general-. Ahí hay una necesidad de dar un paso adelante, una promesa
firmemente presentada, de actualizar
y modernizar ese marco, liberar de funciones de intervencionismo
y de control que existen sobre las entidades, potenciando la
aportación de la llamada sociedad civil a las actividades de carácter
general, aquellas que redundan en beneficio de la sociedad.
Ahora pasaría a otro ámbito al que, aunque ha sido tratado
recientemente en la comparecencia del director general de la Agencia
el pasado día 14, en la Comisión, no puedo dejar de referirme para
comentar los logros de objetivos del año 2000 y las actuaciones
previstas para el 2001. Así lo exige la titularidad del cargo de
presidente de la Agencia que ostenta el secretario de Estado de
Hacienda.
En el año 2000, la Agencia ha cumplido con los objetivos generales de
forma satisfactoria en todos los ámbitos de actuación. La recaudación
líquida gestionada ha sido de 17,157 billones de pesetas, con un
aumento, como decía al comienzo de mi intervención, del 8,3 por
ciento sobre el año anterior. Ese continuo crecimiento de la
recaudación es consecuencia, entre otras cuestiones, de la labor
desempeñada en los últimos años por la institución, dirigida a
facilitar el cumplimiento de los contribuyentes y a fortalecer el
control sobre el fraude. Este es uno de los factores que explica por
qué la recaudación viene creciendo en los últimos años por encima del
crecimiento del PIB. Esa elasticidad que, como les decía, tiene las
tres principales figuras de nuestro sistema.
En primer lugar, yo destacaría la línea de colaboración y asistencia
al contribuyente. La asistencia y mejora de las relaciones con los
ciudadanos sigue siendo un objetivo básico de la Agencia. En el año
2000 se han desarrollado más de 40 millones de actuaciones -se ha
repartido a SS.SS. el documento que explica con detalle todo este
tipo de cuestiones-, con crecimientos espectaculares en este ámbito
con respecto a lo que ocurrió en el año 1999. Así, las actuaciones de
información y de asistencia, referidas tanto a las declaraciones
efectuadas con los programas de ayuda como a los servicios de ayuda,
a la cita previa o al envío de datos fiscales han sido masivamente
utilizadas por los ciudadanos. También me gustaría destacar el
impulso de la presentación telemática de declaraciones en todos los
impuestos, especialmente en el impuesto sobre la renta. El año 2000
ha sido el segundo en que ha estado operativo el sistema de
presentación por Internet, consiguiéndose multiplicar por cinco el
número de declaraciones presentadas. De 21.000, en 1999, a 115.000,
en el año 2000. Todas estas actividades han tenido también su
traducción en la agilización de las devoluciones tributarias, el lado
pasivo digamos de nuestra actuación pero el más activo para una gran
parte de nuestros contribuyentes. Así, el tiempo medio de devolución
en que llevamos a cabo las devoluciones del IRPF pasa de 36 días en
1999 a 28 días en el año 2000.
Finalmente, me gustaría reconocer y agradecer en lalabor de
aplicación del impuesto sobre la renta las tareas
que desempeñan en colaboración con la Agencia Tributaria las
comunidades autónomas y las corporaciones locales, por una parte, y
las entidades de crédito, por otra, en el período de declaración del
impuesto principal que pagan los contribuyentes españoles.
Las actuaciones de control tampoco son una excepción con respecto a
las que acabo de comentar. Como señaló recientemente el director
general de la Agencia, desde 1999 se ha venido produciendo un cambio
en la manera de actuar los departamentos responsables. Las
actuaciones inspectoras se efectúan a un menor número de
contribuyentes, con la consiguiente menor presión fiscal indirecta,
estableciéndose mecanismos para garantizar una mejor selección de los
mismos y una mayor profundidad y calidad de las actuaciones
inspectoras. De esta forma, si prescindimos de los resultados
extraordinarios, los resultados de la actividad de control han
ascendido en el año 2000 a casi 1,4 billones de pesetas, con un
crecimiento del 7,65 por ciento sobre el año anterior. Paralelamente
se ha desarrollado un programa de calidad que no sustituye pero sí
complementa y matiza la mera expresión cuantitativa de los objetivos
en materia de control, dotándoles también del necesario componente
cualitativo además de intensificar la colaboración con otras
administraciones tributarias de la Unión Europea.
Yo destacaría tres hechos relevantes que reflejan la progresiva
mejora en el funcionamiento de la Agencia Tributaria. En primer
lugar, el importe de la deuda liquidada ha sido superior al de la
deuda instruida, lo que se traduce en una disminución del plazo medio
de liquidación de las actas, de 56 días pasamos a 49 días en el año
2000. En segundo lugar, el aumento del importe de la deuda media por
contribuyente, de tal suerte que la deuda media en inspección en el
año 2000 ha sido de 13,3 millones de pesetas, frente a 11,7 en 1999.
En tercer lugar, 60.000 nuevos contribuyentes en el impuesto sobre la
renta se han introducido en el circuito tributario en el año 2000;
60.000 contribuyentes, tanto personas físicas como pequeñas y
medianas empresas, que antes no cumplía con sus obligaciones fiscales
y que ahora sí lo hacen.
Hay otro aspecto importante en las actividades de control, la
recuperación de deuda, donde rescatamos las cantidades que se adeudan
al fisco. Esta actividad ha supuesto en el año 2000 que 365.000
millones de pesetas han pasado a las arcas de la Hacienda con un
aumento del 5,25 en este componente sobre el año anterior. Por
primera vez se ha superado la cifra de un millón de embargos con
trabas, habiéndose obtenido 6.631 millones de ingresos por
rehabilitación de fallidos, que es uno de los grandes males que
padece la recaudación tributaria. ¿Y en el año 2001? Para el año 2001
tenemos proyectos en tres ámbitos que me gustaría exponer
separadamente. El primero, los ámbitos generales de recaudación que
tenemos encomendados para cumplir con las
previsiones presupuestarias; el segundo, el ámbito de la gestión y,
el tercero, el ámbito del control. En cuanto al primero, los
objetivos generales de la Agencia, como viene siendo ya habitual y es
conocido de todos, la Agencia cumple un papel relevante en la
consecución de la recaudación prevista en los Presupuestos Generales
del Estado que aprueban estas Cortes. Por ello, y al igual que figura
en los presupuestos del plan de objetivos de la Agencia para el año
2001, el primero de todos consiste en alcanzar que la cifra de
recaudación que se prevé en los presupuestos sea cumplida con
fiabilidad. El objetivo de recaudación, como SS.SS. saben, se sitúa
en 18 billones 37.000 millones de pesetas, lo que supone un 7 por
ciento más que lo realizado en el año 2000. Para alcanzar ese
objetivo disponemos de una serie de medios, como son: mejorar la
información y potenciar la asistencia a los contribuyentes; utilizar
en mayor medida los medios informáticos y telemáticos y dotar de
mayor calidad a las actuaciones de control, en línea con lo
establecido en el plan general de control tributario de la Agencia.
Estos serían los objetivos generales.
Otros de los objetivos son los que afectan a la mejora en la gestión
de los tributos, el plan anual de objetivos para el año 2001. Ahí
tenemos, en primer lugar, un compromiso de asistencia con el
ciudadano en el que queremos profundizar el año próximo. En efecto,
los principios inspiradores de las actuaciones a desarrollar en el
ámbito de la gestión tributaria deben dirigirse a profundizar en el
modelo actual, que tiene ese compromiso firme con el ciudadano para
ayudarle a cumplir con sus obligaciones tributarias. Por tanto, puede
resumirse la obtención de mejora en los siguientes aspectos:
comodidad y sencillez en la realización de los trámites; agilidad en
los procedimientos; utilización de las tecnologías de vanguardia en
la prestación de servicios y seguridad -dato de enorme
transcendencia- en las relaciones con la Administración Tributaria.
En cuanto a asistencia y colaboración con el contribuyente hay una
serie de medidas de gran trascendencia algunas de las cuales ya están
en marcha. En primer lugar, la implantación del centro de atención
telefónica permanente. Se acaba de crear un centro de atención
telefónica en la Agencia Tributaria que tiene carácter de permanencia
y que se extiende, no solamente al impuesto sobre la renta, para el
quequu lo poníamos temporalmente en el tiempo de campaña, sino
también a distintas fases de otros procedimientos tributarios. Por
otro lado, la asistencia al ciudadano en el cumplimiento voluntario
de sus obligaciones, utilizando vías de comunicación que eviten
desplazamientos a las oficinas de la Agencia, es decir, la atención
telefónica, el correo o Internet; segundo, el empleo de los programas
informáticos de ayuda a la confección de declaraciones, que hoy son
masivamente utilizados por los contribuyentes; la obtención de
información tributaria mediante la utilización del programa Informa;
o, finalmente,
la atención a los ciudadanos mediante cita previa, que evita la
acumulación y las colas.
La telematización de la gestión tributaria es otro de los capítulos
en donde tendremos que seguir insistiendo. Ahí hay tres grandes
líneas de actuación: crecimiento en el número de los certificados de
usuarios emitidos por la Fábrica de la Moneda, que permiten una
relación segura con la Agencia Tributaria a través de Internet. Les
recuerdo que la utilización de la firma es un asunto que el año
pasado en los Estados Unidos todavía no tenían resuelto para
garantizar la comunicación segura entre Administración y el
ciudadano, y que nosotros tenemos ya, como he dicho anteriormente,
dos años en utilización. Por tanto, en primer lugar, incremento del
número de certificados de usuario; aumento del número de
declaraciones presentadas por vía telemática -poder tener las
oficinas 24 horas al día, siete días a la semana y 30 días al mes, es
un objetivo que a todo el mundo debe complacer- y, tercero, ampliar
los servicios de calidad a través de Internet.
Hay otra serie de actuaciones que no están incluidas en el plan de
objetivos del 2001 pero que no por ello son menos importantes, como
son: la novedad de presentación de solicitudes de devolución rápida y
las actuaciones para la adaptación al euro. La primera, la solicitud
de devolución rápida, que estará ya en funcionamiento desde pasado
mañana, desde el día 1 de marzo, en que se abre la campaña del
impuesto sobre la renta para aquellos que tienen derecho a utilizar
esta vía para la Agencia, va a incorporar dos novedades: primero, que
la solicitud se podrá hacer por vía telemática; y, segundo, que para
aquéllos que formularon el impreso 104 el año pasado bastará con que
notifiquen para el presente año, mediante una somera indicación, que
los datos del año pasado siguen siendo los válidos para este año;
ello determinará que ni siquiera tenga que cumplimentar ese impreso y
la Agencia Tributaria actuará inmediatamente cumpliendo con la
devolución, si fuera así como corresponde a su derecho. También
tenemos, como decía, la adaptación al euro, como una de las
cuestiones de enorme importancia que inciden en la gestión tributaria
de este ejercicio. A tal efecto se va a realizar un conjunto de
actuaciones, como son: campañas divulgativas; adaptación de todos los
modelos de declaración a la nueva moneda a partir del 1 de enero del
2002, por tanto, la declaración del cuarto trimestre de este año o
del último mes de este año ya deberá presentarse en euros; la
elaboración de programas de ayuda para cumplimentación de
declaraciones; y el establecimiento de criterios precisos para la
presentación de declaraciones sustitutivas y extemporáneas
y devolución de ingresos indebidos. A todo ello nos obligará la
introducción de la nueva moneda.
El control tributario es el tercer frente en el que me gustaría que
quedaran expuestos nuestros compromisos para este año ante esta
Comisión. Continuando con la línea de trabajo emprendida hace unos
años, esta
tarea planificadora se centra en el año 2001 en cuatro instrumentos
básicos: el programa director de control tributario, que abarca 1999-
2002; el plan general de control de 2001, que, como SS.SS. saben, fue
publicado en el BOE del 5 de enero de este año; el plan anual de
objetivos para este año; y el programa de calidad del año 2001. El
objetivo de la actividad de control, tal y como se señala en los
Presupuestos Generales del Estado, se evalúa para el presente
ejercicio en 1,36 billones de pesetas, mientras que en recuperación
de deuda se establece un objetivo de 348.000 millones de pesetas.
Esto supone unos aumentos sobre lo inicialmente presupuestado en el
ejercicio anterior del 23 y del 13 por ciento respectivamente.
En primer lugar me referiré al programa de calidad 2001. La búsqueda
de la máxima calidad es uno de los principios estratégicos que
orientan las actividades desarrolladas por la Agencia Tributaria. Con
tal finalidad durante el año 2000 se estableció un programa especial
de calidad complementario del plan de objetivos para el impulso y
especial seguimiento de diversas actuaciones, añadida a la ya
expresamente reflejada como indicador en el plan de objetivos de la
organización. El cuadro de calidad de los servicios territoriales
para el año 2001 mejora respecto al definido el pasado año. La
experiencia adquirida en el seguimiento de las actuaciones de calidad
inicialmente fijadas así como la opinión de los responsables de las
delegaciones especiales como conocedores directos e inmediatos de las
actividades desarrolladas, han aconsejado la reformulación de algunas
de ellas con el objetivo de medirlasr de forma más precisa.
AsímismoAsimismo se han incorporado al cuadro nuevas actuaciones con
el propósito decidido de su impulso y desarrollo, habiendo
desaparecido otras que tenían una extensión excesiva en el anterior
programa.
Para el plan de objetivos del año 2001 tendríamos que destacar,
primero, que por primera vez se plasman en los programas de control
del departamento de inspección las conclusiones del grupo de alto
nivel creado en el seno de la Unión Europea y conocido como grupo
Rato, a iniciativa precisamente de nuestro país. Lo que se pretende
con ese grupo y con las actividades programadas por la Agencia es
alcanzar una mayor coordinación en el intercambio de información
tributaria entre los diferentes Estados miembros de la Unión Europea
y en general una más intensa colaboración en la práctica de control.
Por otra parte, la oficina que se dedica a la investigación del
fraude desarrollará un proyecto de investigación dirigido a abordar
los perfiles y los retos que el comercio electrónico y la nueva
economía plantean al ejercicio de las funciones de control tributario
en general y de la inspección de los tributos en particular. Por otro
lado, desarrollo entre los departamentos de gestión tributaria e
inspección de una campaña de control sobre la correcta aplicación del
régimen de retenciones del año 1999, que fue el primer año de
implantación
del nuevo impuesto sobre la renta de las personas físicas. En cuarto
lugar, tendríamos que introducir mejoras en la selección de
contribuyentes para aprovechar mejor las distintas herramientas de
selección que la Agencia tiene a su disposición. En el plan parcial
de recaudación se establecería un seguimiento de la rotación del
cargo en la fase de embargo, lo que permitirá agilizar la tramitación
de los expedientes.
Finalmente, tendríamos que elaborar una aplicación informática que
facilite la ya de por sí elevada colaboración de las unidades
operativas de Aduanas e impuestos especiales con los órganos de
inspección de los tributos y de recaudación, para conseguir algo a lo
que me referiré ahora, como es la actuación más integral de las
tareas de control. Ese es el punto al que me voy a referir como uno
de los objetivos para este año. Termino en seguida con las
referencias a la Agencia Tributaria. Tenemos en proyecto muy
adelantado una nueva organización del departamento de inspección
financiera y tributaria. Esa reforma se basa en tres criterios
principales: prevención, reacción, coordinación.
Prevención, para establecer medidas que permitan evitar que el
contribuyente incurra en un cumplimiento erróneo de sus obligaciones
tributarias. A tal efecto, la Agencia debe facilitar que, ante
situaciones complejas o de especial cuantía o trascendencia para la
gestión tributaria, pueda ser la Agencia Tributaria la que ayude
a practicar las liquidaciones que correspondan. En segundo lugar,
reacción, ante el contribuyente que no cumple con sus obligaciones
tributarias; el ordenamiento nada más que contempla la del deber de
reacción para reconducirlo al marco de la ley. En tal sentido, es
nuestro propósito poner en marcha unas unidades de actuación integral
en las cuales confluyan todas las actividades de control, tanto en lo
que afecta a gestión como a inspección, aduanas o recaudación; de
suerte que, cuando lleguemos a cobrar finalmente al ciudadano, no nos
encontremos, como tantas veces ocurre, con que el mismo ha
desaparecido o han desaparecido los bienes que permitan hacer
efectivo el pago de la deuda. En tercer lugar, coordinación. Las
tareas de la Agencia tienen sin duda una enorme repercusión en toda
España en diversos sectores y se hace necesario -imprescindible, a mi
juicio- introducir mecanismos que garanticen la coordinación entre
los servicios centrales y los territoriales del departamento de
inspección. En definitiva, se trata de que haya una coordinación muy
concreta y específica entre los distintos sectores, de manera que se
apliquen criterios similares en toda España para actividades que
tienen incidencia de carácter nacional; que aseguremos que las
unidades de inspección actúan en toda España con arreglo al principio
de máxima unidad de acción y responden a un sistema que garantiza que
las visitas de inspección culminen abordando todos los aspectos que
exige la verificación de la situación tributaria de los
contribuyentes.
Para no extenderme demasiado, no voy a referirme a los órganos
incardinados en la Secretaría de Estado de Hacienda. Me ofrezco para
cualquier aclaración que soliciten sobre los tribunales económico-
administrativos, Instituto de Estudios Fiscales, Dirección General
del Catastro y Loterías y Apuestas del Estado, que son de enorme
importancia para la Hacienda del Estado. No quiero entrar en ellos
para no dilatar en exceso una intervención que ya intuyo que está
siendo demasiado prolongada.
Pasaré, por tanto, a lo que podríamos llamar el segundo plano de la
política fiscal del Estado: la política fiscal territorial. Hay que
hacer mención especial a que durante 2000 se produce la reanudación
de las tareas del Consejo de Política Fiscal y Financiera con la
reunión de 29 de noviembre, en la que el presidente del Consejo, el
ministro de Hacienda, invita a las comunidades autónomas a formular
propuestas para la reforma del sistema de financiación de las
comunidades autónomas. Fue una reunión monográfica dedicada a la
presentación del proyecto de ley de estabilidad presupuestaria, que,
como saben SS.SS., ha entrado recientemente en esta Cámara.
En 2001, la actividad del Consejo, según compromiso de su presidente,
es mantener reuniones trimestrales que garanticen la fluidez de
comunicación entre la Hacienda del Estado y la de las comunidades
autónomas y de éstas últimas entre sí y faciliten asimismo las tareas
de coordinación que proclama la Lofca para el Consejo de Política
Fiscal y Financiera. La principal tarea que sin duda tendrá el
Consejo para este año será elaborar el nuevo sistema de financiación
autonómica. El Gobierno recibe con satisfacción las diferentes
propuestas que le hacen llegar las comunidades autónomas y partidos
políticos y tiene previsto hacer pública su propuesta en breves
fechas. Es su deseo encontrar el máximo consenso posible y el acuerdo
de todos para abordar a partir de ahí una negociación que permita dar
con un sistema de financiación que cumpla con algunos criterios como
los que me permito exponer brevemente a continuación.
En primer lugar, estabilidad. En los próximos años estará
prácticamente culminado el proceso de transferencias y por tanto
debería acordarse un modelo estable de financiación que dé a las
comunidades autónomas y a la Hacienda del Estado la continuidad y
seguridad que les permita una planificación a largo plazo. Segundo:
generalidad. Como saben SS.SS., en el actual modelo de financiación
hay tres comunidades autónomas que no participan de su aplicación. El
nuevo modelo debería ser fruto del acuerdo de todos; deberíamos ser
capaces de lograr una aplicación generalizada del mismo a todas las
comunidades autónomas. Se trata de una asignatura de la máxima
importancia para el funcionamiento del Estado. En tercer lugar, el
nuevo sistema debe ser acorde con los principios de suficiencia,
autonomía y solidaridad. Debe garantizar los recursos
suficientes para que las comunidades puedan atender adecuadamente la
prestación de los servicios asumidos. Éstas últimas deben tener
autonomía para decidir sus políticas de gasto y de ingresos, y me
referiré a ello a continuación. En definitiva, debe hacer más visible
el principio de solidaridad que proclama solemnemente nuestra
Constitución y que constituye la piedra angular de nuestro sistema de
distribución de competencias, como sostiene el Constitucional.
El nuevo modelo debe incrementar la corresponsabilidad fiscal. Como
manifestación de la autonomía a la que me acabo de referir, el nuevo
modelo de financiación debería poner a disposición de las comunidades
nuevos mecanismos financieros o la ampliación de la cesión de los
tributos actualmente existentes, de forma que se incremente la
corresponsabilidad de las comunidades y se reduzca el peso de las
transferencias del Estado. El principio de coordinación, también
proclamado constitucionalmente. Se destacan dos aspectos clásicos a
la hora de examinar este principio: la distribución de tareas y de
recursos entre los distintos poderes territoriales, encaminada al
equilibrio financiero de la nación, y los mecanismos de coordinación
financiera en la gestión tributaria al servicio de la eficacia de los
instrumentos de los diferentes niveles de Gobierno. Este principio de
coordinación entre las haciendas impone, entre otras cosas, adecuar
las potestades impositivas al ámbito territorial de manera que no se
trasladen cargas fiscales más allá del mismo y evitar solapamientos,
contradicciones o superimposiciones entre los diversos conceptos
tributarios de las diversas jurisdicciones de nuestro país.
Otro aspecto que deberá resolver el nuevo sistema de financiación es,
en su caso, la integración de todos los servicios públicos. Se trata
de debatir y resolver la integración de los servicios de sanidad del
Insalud y de los servicios sociales del Imserso, que actualmente se
financian mediante transferencias financieras del Estado a las
comunidades autónomas que tienen transferidos dichos servicios.
Deberíamos analizar la oportunidad y conveniencia de incluir tal
financiación dentro del nuevo modelo, respetando algunas
particularidades que presentan estos servicios. Finalmente, el nuevo
sistema debe propiciar la estabilidad presupuestaria. Debe
desenvolverse sobre la base de la estabilidad presupuestaria como
principio de la gestión de las haciendas públicas; ese es propósito
del Gobierno, que incorpora a los dos proyectos de ley remitidos
recientemente a la Cámara.
En resumen, próximo ya el fin del proceso de transferencia de
servicios a las comunidades autónomas, deberíamos contar con ese
sistema estable, con los principios que acabo de comentar, si
queremos que esta parcela de nuestra Hacienda goce de la seguridad,
autonomía y estabilidad que debe tener con arreglo al modelo de
desarrollo autonómico de nuestro país conseguido ya prácticamente.
Hay otro aspecto de la política fiscal territorial que no puedo dejar
de comentar: el referente al concierto económico con el País Vasco.
Como saben SS.SS., en 2001 concluye la vigencia del concierto que se
aprobó con fecha 13 de mayo de 1980. Son veinte años de vigencia de
este concierto, que deberá ser renovado. El pasado día 15 se produjo
una reunión entre el ministro de Hacienda y la vicepresidenta del
Gobierno vasco en la que se iniciaron las conversaciones para la
renovación del concierto. Se acordó en esa reunión reunir en la
primera quincena del próximo marzo a la comisión mixta de cupo, para
elaborar los detalles de la negociación y concretar el calendario,
los grupos de trabajo y la estrategia de negociación que deberá
seguirse para llegar a redactar antes de que termine el año el
proyecto de ley que deberá ser remitido a la Cámara. Así, el
concierto tendría su nueva redacción en tiempo y forma en la versión
que acordáramos con las autoridades del País Vasco. Nuestra
convicción y nuestro compromiso es la defensa del concierto y su
renovación. Entendemos que es parte esencial y constitutiva de la
foralidad vasca, por una parte, y de la Hacienda del Estado que se
relaciona con ella, por otra. Su contenido debe operar, sin duda,
como elemento vertebrador entre el País Vasco y la Hacienda del
Estado. Por esto y porque el Estatuto de Autonomía tiene pleno apoyo
en nuestro orden constitucional, somos fieles partidarios de
conseguir que la negociación del concierto quede terminada este año,
para que pueda entrar en vigor en el próximo ejercicio de 2002.
Finalmente, me referiré al último plano de nuestra política fiscal:
el ámbito exterior. Hay tres aspectos que me gustaría destacar:
nuestras relaciones con las administraciones americanas, la OCDE y la
Unión Europea. En cuanto a las relaciones con las administraciones
tributarias americanas, quisiera destacar, porque quizá no es
suficientemente conocido, que el CIAT -Centro Interamericano de
Administraciones Tributarias- es uno de los ejes destacados de la
política exterior de la Secretaría de Estado de Hacienda. Fue creado
en 1967 con la misión de propiciar la cooperación mutua y de servir
de foro de intercambio de experiencias entre las administraciones
tributarias del continente americano e incluye algunos países
europeos, como España, que tienen el carácter de países asociados,
aunque, a partir de este año y según las últimas reformas acordadas
el año pasado, pasaremos a ser Estado miembro de pleno derecho de la
organización. Es importante destacar que el CIAT fomenta las
relaciones entre las administraciones tributarias y los cursos de
formación y prácticas de las administraciones. La mayoría de los
funcionarios que vienen a nuestro país a hacer estos cursos o que los
reciben en sus países a través del Instituto de Estudios Fiscales
serán el día de mañana los dirigentes de las haciendas tributarias de
los países americanos, lo que constituirá un factor definitivo para
la fluidez de las
relaciones en ese ámbito tan querido de nuestra relación exterior.
En segundo lugar, me referiré a la OCDE. En el ámbito de la OCDE
tendría que comentar cómo se está trabajando activamente en dos
aspectos principales: por una parte, la lucha contra la competencia
fiscal perjudicial, contra los paraísos fiscales en particular. En
junio pasado, como saben SS.SS., se aprobó una primera lista de 34
paraísos fiscales, que será revisada a mediados de este año. Como
consecuencia de ese trabajo tan inicial, seis territorios se
comprometieron a adaptar sus sistemas fiscales para evitar ser
calificados como paraísos fiscales, y desde entonces se han sumado
tres más y hay en cartera la posibilidad de que esa lista aumente.
Por tanto, se trata de una labor enormemente interesante, a muy largo
plazo sin duda, pero que repercutirá en eliminar los factores de
competencia fiscal perjudicial que existen entre los Estados miembros
de dicha organización.
Otro aspecto importante en el que está trabajando la organización y
en el que España está prestando su máxima colaboración es la
delimitación del marco tributario del comercio electrónico, donde
estamos discutiendo cuál es la consideración que debe darse al lugar
donde sostienen las rentas a efectos de ese comercio electrónico, así
llamado, si el lugar donde está el servidor, donde está la página
web, donde está la cuenta corriente donde se cargan los gastos de
aquel que adquiere un artículo, bien o servicio a través de Internet,
etcétera. Este es un punto que está llevando un largo trabajo que no
se ha concluido todavía y que llevaría a la modificación del artículo
5 del modelo de convenio de la OCDE.
Finalmente me tengo que referir a la Unión Europea. En el ámbito de
la Unión Europea, y por lo que respecta a la Secretaría de Estado de
Hacienda, tenemos un conjunto de actividades, en cuanto a la
imposición directa, que se resumen en el llamado paquete fiscal. Se
trata de un conjunto de medidas como son las directivas sobre
intereses de ahorro de particulares, la directiva que quiere eliminar
las retenciones por intereses y cánones entre empresas participadas
en el seno de la Unión, y el llamado código de conducta. Como tal
paquete, como tal unidad debe avanzar junto, de manera que los
Estados miembros no aceptan que avance uno de los componentes de ese
paquete sin que avance el resto de los demás. Tiene que ser una
medida global, esa fue la gran virtud que tuvo el comisario Monti
cuando puso en marcha esta iniciativa. Actualmente, el de mayor
trascendencia, por la importancia que tiene en los mercados, sería la
propuesta directiva sobre el ahorro que, después de las reuniones del
final de la presidencia portuguesa y francesa, ha recibido un impulso
definitivo. La directiva sólo contemplará un mecanismo para asegurar
que todas la rentas del capital paguen sus impuestos, y es el
intercambio de información, sistema al que se llegará tras un período
transitorio que culmina en el año 2009.
Hasta entonces tendríamos varios hitos: dos años para aprobar la
directiva, que debería ser en el año 2003, cinco años durante los
cuales los Estados miembros que no pueden todavía aceptar el
intercambio de información mantienen un sistema de retención:
Austria, Luxemburgo y Bélgica, que mantendrán retención en las
fuentes y reembolsarán al Estado de residencia el 75 por ciento de
las retenciones que obtengan y, finalmente, la última fase, el año
2010, donde desaparecería el secreto bancario en la Unión y
pasaríamos al intercambio de información multilateral de todos los
Estados miembros. Esto lleva al despliegue de actividades, por una
parte, frente a los territorios dependientes y asociados de la Unión,
para que todos los Estados miembros que los tienen impulsen la
aplicación de la directiva y relaciones con otros Estados no miembros
de la Unión Europea, como son los vecinos de la Unión Europea: Suiza,
Andorra, Mónaco, San Marino, Liechtenstein y, por otra parte, Estados
Unidos y Japón, a los que se les pedirá que tomen la iniciativa, que
no repliquen la directiva comunitaria pero que al menos introduzcan
las medidas que permitan hacer posible que la directiva surta efecto
en una economía tan global como la que tenemos en este momento. Por
tanto, si no se deciden estos países por eliminar el secreto
bancario, esto llevaría a introducir mecanismos de retención del
porte del que se contiene en la directiva que se está discutiendo en
este momento.
Tendría que referirme a lo que ya he comentado del grupo de alto
nivel que se creó para estudiar la cooperación entre las
administraciones tributarias y la Unión Europea en la lucha contra el
fraude, que debe recibir un impulso para continuar en la línea en que
se promovió por la Presidencia portuguesa y francesa. En materia de
imposición indirecta me tendría que referir principalmente a dos
aspectos: el primero de ellos son los impuestos energéticos que, como
saben SS.SS., cuentan con la oposición frontal de España, es el único
país que se opone a esa propuesta de directiva porque entendemos que
ni se ajusta al criterio medioambiental ni tiene sentido, desde el
punto de vista de las obligaciones que impone a los Estados miembros,
ni tiene fundamento, desde el punto de vista de la mejora del mercado
interior y que, por tanto, viene padeciendo ese estado de bloque en
el que lleva ya desde los años 92 ó 93, cuando se empezó a hablar de
la ecotasa. El segundo gran aspecto en materia de imposición
indirecta es el del IVA. Aquí hay que concretar dos aspectos, uno, el
más general de todos, que es el paso del modelo definitivo del IVA en
origen al modelo que tenemos ahora mismo, el IVA en destino. Esta es
una decisión que la Comisión no quiere abandonar, pero que desde
luego no tiene fecha en este momento de llevarse a la práctica.
El segundo comentario es que hay que avanzar en mejoras del propio
impuesto, simplificación del mismo y eliminación de trabas para el
auténtico funcionamiento
del mercado interior. Ahí está, por tanto, la determinación de cómo
debe tributar el comercio electrónico, medida que deberá aprobarse
bajo la presidencia sueca durante este primer semestre y, por otro
lado, medidas que tienden a mejorar el mercado interior, como es
facilitar las deducciones soportadas en distintos Estados miembros al
de la sede, la producción de la factura telemática o la mejora en
sistemas de devoluciones. Todo esto está comprendido bajo un
documento que el año pasado inició el comisario Bolkestein bajo el
epígrafe Estrategia 2000, donde se contiene un repertorio extenso de
diversas cuestiones que deberán modernizar y poner al día nuestro
impuesto sobre el valor añadido.
Sin embargo, no quiero dejar de referirme a una última consideración
a propósito de la Unión Europea. El Tratado de Niza, como saben bien
SS.SS., no ha modificado en nada la situación de la adopción de
acuerdos a propósito de la fiscalidad. Sigue rigiendo el principio de
unanimidad y eso hace que las decisiones sean menores, son más
lentas, más dificultosas, y también que se refuercen las vías de
progresión en la aproximación de legislaciones por los instrumentos
de coordinación que, como se viene diciendo desde el comienzo de la
década de los 90, constituye la mejor manera de respetar la soberanía
de los parlamentos de los Estados miembros y asegurar al mismo tiempo
el crecimiento de ese mercado interior.
Sus señorías han tenido la paciencia de oírme durante algo más de una
hora. He pretendido hacer un repaso completo a los cuatro planos de
la Hacienda española, la política fiscal española y, a partir de
ahora, señor presidente, quedo a disposición de todos para cualquier
comentario o pregunta que me quieran hacer.
El señor PRESIDENTE: Para la intervención de los distintos grupos
parlamentarios, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario
Socialista, tiene la palabra el señor Fernández Marugán.
El señor FERNÁNDEZ MARUGÁN: Señor presidente, parto del
convencimiento de que las informaciones que llegan a esta Cámara
sobre la marcha de los impuestos en España son bastante reducidas y
llegan en dos momentos, el primero de ellos es cuando el Gobierno
presenta el avance de liquidación del presupuesto como documento que
acompaña al proyecto de presupuestos para el año siguiente. Es un
documento que se hace a partir de datos de agosto o septiembre de
cada ejercicio y que externaliza una proyección inicial de cierre de
ejercicio que no tiene por qué cumplirse a 31 de diciembre del año en
curso. El segundo es el que estamos haciendo hoy, que el señor
Giménez-Reyna ha tenido la gentileza de decir que es la primera vez
que acude a esta Comisión para hablar de la marcha de los impuestos a
lo largo del año 2000 y hacer una proyección sobre las ideas de
política tributaria del Ministerio de Hacienda para el ejercicio de
2001.
Al margen de estos dos eventos, la actuación tributaria del Estado no
merece una atención muy intensa por los órganos en los que nos
encontramos en este momento. Lamentablemente tengo que decir que esto
contribuye a un fenómeno de deslegitimación del Parlamento y, en la
medida en que la regularidad informativa se establezca, seremos
capaces de volver, si no a establecer elementos de confrontación con
el Poder Ejecutivo, que me parece que los tiempos en los que vivimos
alejan esa proyección de la política presupuestaria en una sociedad
como la española, sí a potenciar los elementos de control que,
insisto, me parecen muy deficientes. Para cualquier profesional que
quiera ver cómo marcha el comportamiento económico del Estado es
preferible consultar los boletines de coyuntura económica que las
instituciones privadas o públicas lanzan a la luz mensual o
trimestralmente, y ahí encontrará más información que la que
proporciona el Gobierno a la Cámara o la que la Cámara le pide al
Gobierno. Y no es que estemos delante de unos agentes que no tengan
peso económico. El Estado levanta cargas públicas por cerca de 40
billones de pesetas en su conjunto, de los cuales 20 le corresponden
al agente Estado, lo otro era al conjunto de administraciones
públicas, y 10 le corresponden a la Seguridad Social. Por tanto, sí
quiero recalcar que algunos déficit en el funcionamiento de nuestras
instituciones democráticas deberíamos reconocer, y yo no tengo ningún
inconveniente en reconocer que dos mayorías absolutas de distinto
signo no han sido capaces de abordar con altura este problema.
La segunda de las cuestiones a las cuales tengo que hacer referencia
es que, para establecer un elemento de comparación, he tenido que
situarme en el último documento oficial que ha llegado a esta Cámara
y que no ha sido otro que un texto de objetivos de política
tributaria para el año 2000, incorporado a un documento que yo he
valorado muy negativamente. Yo he hecho público que a mí me parece
que el libro amarillo del presupuesto de 2000 es un libro poco
elaborado, pero sí tengo que reconocer que en ese libro amarillo hay
un embuchado -por decirlo de alguna manera-, que se titula Coyuntura
declarada, que me parece que incorpora una información sólida. Y al
margen de la dureza de su literatura sólida y solvente, permite ser
capaces de entender algunas de las cosas que vinculan el nivel de
actividad económica con el ciclo tributario. Y eso lo hace porque
trabaja con dos indicadores que a mí me parecen útiles: las ventas
interiores declaradas por las grandes empresas a la Administración
tributaria del Estado y los asalariados del sector privado afiliados
a la Seguridad Social. Ese enfoque de alguna manera ha estado y está
en el texto que el jueves pasado se nos hizo llegar y en algunos de
los elementos de la intervención del señor Giménez-Reyna.
Yo creo que acercarse a lo que está ocurriendo hoy en la tributación,
en el funcionamiento del sistema fiscal
español pasa por conocer elementos tan característicos como son las
ventas, el empleo, las rentas de los hogares, los beneficios
empresariales, y tomar en cuenta cómo a partir de estos fenómenos hay
actuaciones por parte de los diferentes agentes. Ese documento, por
ejemplo, señalaba en el mes de septiembre que las ventas interiores
declaradas crecían en aquel momento el 14,8 por ciento y que por
encima de ese porcentaje estaban las empresas denominadas de la nueva
economía o bien las del circuito de las telecomunicaciones. Las
primeras, las de la nueva economía, crecían el 30 por ciento y las de
telecomunicaciones crecían el 40 por ciento. Pero no es menos cierto
que lo mismo que se pueden encontrar unos indicadores de esta
naturaleza, que tienen que ver con el proceso de ventas de la
actividad económica española, también se podían encontrar con la
evolución de las retenciones de trabajo o con el grado de
asalarización que experimentaba la economía. En cualquier caso, lo
que está claro es que en el mes de octubre el Gobierno eleva, de una
manera significativa, su previsión de ingresos para el final del
ejercicio y que ahora estamos en condiciones de ver si la previsión
inicial del presupuesto ha sido correctamente ejecutada, y también
estamos en condiciones de comparar la realización del ejercicio de
2000 con la realización del ejercicio de 1999.
Este trabajo no es sencillo para mí y supongo que tampoco es sencillo
(un poco más lo será) para el señor Giménez-Reyna. En cualquier caso,
nos ha adelantado un documento, el cual ha servido de elemento
director del análisis que ha hecho mi grupo. No ha sido el único. Ha
habido algunas interferencias de recorrido y se las cito, porque me
producen alguna preocupación. El día 8 el Gobierno -y se lo dije al
director de la Agencia- hizo público, a través de un documento que se
llama El Gobierno informa, un primer avance de las cifras del año
2000 que no entró en Internet, y en la tarde de ayer se hicieron
públicas las cifras definitivas del año 2000. Se ha hecho pública
porque el señor Montoro ha querido dar una conferencia en un medio de
comunicación masivo de esta sociedad y no solamente ha cerrado el año
2000, sino que ha hecho una estimación del déficit público que le
obliga a estimar el crecimiento del producto interior bruto.
Por tanto, aquí nos vamos a encontrar con unos elementos de
distracción. Usted ha hecho un esfuerzo; la Agencia Tributaria nos ha
proporcionado una información, es decir, 72 horas después de esa
información la Intervención General del Estado y el Ministerio de
Hacienda han hecho otro esfuerzo, pero los datos no coinciden. No es
que haya grandes diferencias, pero hay algunas diferencias
significativas. La más significativa es que, a la luz de la
información que usted nos proporciona, la economía en el año 2000
creció el 7,5 y el Ministerio -eso lo decía la Agencia Tributaria el
jueves/viernes de la semana pasada- el lunes nos ha dicho que crece
el 7,7. No es un hecho muy grave, pero
indica un poco el proceder que yo lamento, que mi grupo lamenta. En
un año en el cual no había ninguna necesidad de no ser rigurosos,
hemos pasado una mañana usted manejando unos datos que han sido
alterados y todos nosotros analizando unos datos que en el día de
ayer se han visto modificados. Son formas de evolucionar de las
administraciones públicas españolas. Me gustaría que alguna vez,
gobierne quien gobierne, fuéramos capaces de establecer un debate con
cifras dotadas de alguna certeza, y a ello voy.
De su análisis tendría que decir -y me voy a apoyar en esa evolución
que ya conocíamos de los ingresos tributarios del año 2000 comparados
con los ingresos tributarios del año 1999- que se han elevado en una
cifra de 1 billón 314.000 miles de millones. Es difícil leerlo bien.
1,3148 para decirlo en billones, que quizá sea lo más sencillo, a
través de lo cual uno se puede mover con cierta facilidad. El
incremento es del 8,3. Comparado el realizado con el inicial, como
usted ha dicho bien, hay una desviación al alza de 511.000 millones
de pesetas. Ese es el primer dato que quisiera destacar. Nosotros
hemos tenido tres años de un espectacular crecimiento de los ingresos
que han hecho, inclusive, de la realización y de su comparación con
el inicial del presupuesto un perfil donde en el año 1998 la
desviación fue de 308.000; en el año 1999 la desviación fue superior,
de 852.800 millones, y en el año 2000 la desviación es de 511.000.
Por tanto, parece ser que hay un ciclo en la tributación que en
alguna medida refleja la evolución de la economía, y a mí me alegra
que ustedes dispongan de indicadores como los que aparecen en el
libro amarillo, pero me hubiera gustado que hubieran sido más
abundantes en la información que usted nos ha proporcionado al final
de la semana pasada, pero que nos permite inferir algunas cosas que
mi grupo va a querer hacer a partir de los mismos datos que usted nos
ha suministrado. Yo puedo desde los mismos datos que usted nos ha
suministrado hacer una interpretación diferente para hacer útil la
reflexión que nosotros queremos hacer en esta Cámara.
La distribución de 1,3 billones es dispar: 441.000 corresponden al
IVA; 227.000 corresponden al impuesto sobre sociedades, como usted ha
dicho; 235.000 corresponden al impuesto sobre la renta; a los
impuestos especiales, 105.000 y a los de residentes, 62.000. Eso dice
poco, pero si se ven los incrementos, ya se encuentra algo más,
porque por encima del 7,5 ó 7,7, que a los efectos de seguir él
análisis me da lo mismo, hay dos figuras cuyo crecimiento de
recaudación en el año 2000, comparado con el año 1999, es superior al
crecimiento del PIB monetario. Estas dos figuras son, por un lado, el
impuesto sobre sociedades, que crece el 17,6, y por otro lado el IVA,
que crece el 8,6. Por debajo de ese incremento se sitúa el impuesto
sobre la renta, con el 4,6, como usted ha dicho, y los impuestos
especiales, con el 4,1.
Por tanto, yo creo que el análisis de los cuatro grandes impuestos
que constituyen nuestro sistema tributario es pertinente, y lo único
que tengo que decir es que cada cual viene de ritmos un tanto
diferentes, porque de alguna manera el impuesto sobre sociedades
creció modestamente en el año 1999 y se despega con mucha fuerza en
el año 2000, y el IVA crece de forma espectacular en 1999 y en cambio
en el año 2000 experimenta una evolución más moderada. Y siempre
tenue ha sido el comportamiento del impuesto sobre la renta, que ha
tenido un incremento que de alguna forma refleja algunos cambios
normativos que se han producido en el transcurso de los últimos años.
Usted ha dicho que es la primera figura del sistema tributario
español, y por el volumen de ingresos no es la primera, es la
segunda: son 5,3 billones de pesetas, 195.000 más de lo inicialmente
presupuestado y 235.000 más que en 1999. Y ese comportamiento es
distinto, porque algunos componentes de renta han crecido al alza
-312.000 las retenciones, que han crecido un 6 por ciento más que en
1999- y tan sólo han crecido un 3,5, y desde luego las retenciones de
capital han vuelto a decrecer en el año 2000, como lo habían hecho en
1999. Entre los dos años, las retenciones de capital han caído
160.000 millones de pesetas, el 19 por ciento en 1999 y el 8,4 por
ciento en 2000.
Coincido con su valoración respecto a la marcha del impuesto sobre
sociedades, que ha tenido un comportamiento importante y cuyos pagos
fraccionados se han elevado en el 2000 en 244.000 millones, con una
renta diferencial de 170.000. Si le quitáramos los incrementos
atípicos de los años 1998 y 1999 serían espectaculares y no
revelarían otra cosa que el buen discurrir de los negocios.
Más preocupante es el IVA, porque es, en mi opinión, la primera
figura del sistema. A fin de cuentas, proporciona 5,5 billones, y
cuando se ve el cierre del año 2000, hay que decir que ha
proporcionado 100.000 millones menos que lo inicialmente
presupuestado, a pesar de lo cual ha proporcionado 442.000 millones
más que en 1999.
Por tanto, hay que ver algunas cosas. Hay que ver cómo evoluciona el
IVA sobre importaciones, cuyo incremento recaudatorio ha sido de
370.000 millones de pesetas, y cómo evoluciona el IVA sobre
operaciones interiores. ¿Y por qué hay que hacer esa discriminación?
Por una razón muy sencilla: porque el IVA sobre operaciones
interiores es prácticamente el 70 por ciento de la recaudación del
IVA y por tanto el 30 por ciento corresponde al IVA sobre
importaciones.
No voy a hacer muchas comparaciones con la información que nos ha
proporcionado ayer -digamos- las necesidades publicitarias del señor
Montoro, pero usted ha dicho -y no le falta razón- que el IVA sobre
importaciones ha crecido el 27,9 por ciento, lo que no es muy
significativo, pero hoy hay un diario español que ya dice que el
Ministerio de Hacienda señala el
incremento en el 28,1. Y desde luego usted no lo ha dicho, pero le
digo yo, que el IVA sobre ventas interiores creció en el transcurso
del año 2000 el 1,9, y en la mañana de hoy ya hay un diario que dice
que creció el 2,2. Son datos que marcan un hecho que a mí me parece
que es relevante, y es que la parte más importante del primer
impuesto de España, que es un impuesto que grava el consumo, crece
bastante poco, lejos del 7,5 o del 7,7, mientras que la parte menos
importante de ese mismo impuesto crece con bastante lentitud; es
decir, la parte importante crece con lentitud y la parte menos
importante crece con prisas, y algo tendríamos que hacer, pensar y
valorar cuando vemos que el IVA sobre las operaciones interiores está
creciendo el 2 por ciento en una economía que ha crecido el 7,5, y
que el IVA sobre importaciones está creciendo el 28 por ciento en una
economía que está creciendo el 7 por ciento. Algo está pasando en la
economía española que nos debe hacer reflexionar en este sentido.
Respecto a impuestos especiales, poco más tengo que añadir a lo que
ha dicho. Ha dicho que crecen el 4,1, lo que no hace más que reflejar
la acomodación de las familias españolas a la marcha de los precios.
Por tanto, una primera evaluación del ciclo tributario es que en el
año 1998 la desviación de ingresos fue positiva, en 308.000 millones;
en el año 1999, la devaluación fue de 852.000, con una comparación
respecto a 1998 de 1 billón 200.000. En el año 2000, la desviación es
de 511.000, con un incremento respecto al ejercicio anterior de 1,3
billones. Sumados todos estos datos, hemos de reconocer que hemos
tenido un trienio excepcionalmente bueno en materia de fiscalidad, en
el que el tirón tributario es el agente fundamental del conjunto de
los ingresos. Y si a estos ingresos añadiéramos la marcha de las
cotizaciones sociales, llegaríamos a la misma conclusión: han sido
unos años en los que el ingreso público del Estado y el ingreso
público de la Seguridad Social se han convertido en el agente
fundamental. No voy a reproducir aquí la discusión sobre la presión
fiscal, pero recomiendo un texto poco conocido en esta casa: el Libro
Verde. El Libro Verde es un libro oficial del Ministerio de Hacienda
que publica la Intervención General del Estado, que constituye la
base de una información que ha de proporcionar la Administración
pública española a las Comunidades Europeas sobre la marcha del
presupuesto de los últimos años. El Libro Verde, que no se conoce
prácticamente en esta casa, dice oficialmente que la presión fiscal
creció un 2,8 por ciento en el período que va entre 1996 y 1999.
Este juego de dar poca información, información confusa y de
información sensible que no se porporciona no debe hacer que dejemos
de pensar en cómo han ido las cosas. Y las cosas, en mi opinión, han
ido de la siguiente manera. Arrancamos el año 2000 con una marcha
fuerte de la imposición sobre consumos; el IVA crecía en el primer
trimestre, según datos del Banco España, porque no tengo otros, el 19
por ciento; en el
segundo, el 16,8; en el tercero, el 11 y en el cuarto, el 8,7. Y la
renta crecía poco, la renta en el primer trimestre de 2000 decrecía
el 5,3, creció el 3,7 en el segundo, el 3,8 en el tercero y el 4,9 en
el cuarto.
Eso dice algo que a nosotros nos produce alguna preocupación, porque
en este momento nos encontramos con que esos datos de la marcha de la
economía española están sometidos a una cierta revisión. Usted ha
hecho un esfuerzo, que yo le elogio, por enmarcar la evolución del
sistema tributario en unas condiciones económicas dadas. Ha hablado
de las previsiones oficiales, y yo tengo que decirle que esas
previsiones oficiales no gozan hoy del consenso de los analistas, y
me atrevería a decir que no gozan ni siquiera del consenso del señor
Montoro. Leo un faldón de un periódico económico de esta mañana: El
señor Montoro sugiere que la economía española no necesita crecer más
del 3 por ciento anual. Hace unos meses crecía al 3,5/3,6, usted y yo
estamos manejando aquí datos de esa proyección para este ejercicio, y
el señor Montoro se desliza con una información un poco diferente.
¡Cielo santo! Convendría, insisto, situar los elementos de certeza
mejor de lo que los tenemos situados en este momento.
Por eso me va a permitir que me siga apoyando en el texto que me ha
proporcionado la Secretaría de Estado, que coincide de alguna manera
con la metodología del embuchado de la coyuntura declarada y que dice
algunas cosas que tienen que ver con lo que usted ha señalado en su
intervención hace un momento. Si uno de los rasgos positivos de un
sistema tributario es su capacidad para tener sensibilidad y
flexibilidad, veamos cómo ha ido el sistema tributario en su conjunto
y cómo han ido algunas de esas figuras que forman parte de él. Hay un
análisis visual que uno puede hacer de la página 6 de esta
información, y es que la marcha de los llamados ingresos tributarios
líquidos (homogéneos) y su comparación con el PIB nominal refleja que
a lo largo de 1998 y 1999 la elasticidad del sistema era muy notable
y desde luego sus crecimientos eran muy superiores a los del PIB
monetario. Fueron años de expansión de las bases, fueron años de las
bases y de las rentas sujetas a tributación. Cuando vino el director
de la Agencia yo hice una alusión que quizá no compartieran otros
portavoces, pero que no me importa decirlo ahora. Yo me apoyé en una
vieja frase de Schumpeter, que decía que no era bueno atribuir al
jinete los méritos del caballo.
Cuando uno ve este perfil se tiene que dar cuenta de algunas coas:
1998 y 1999 son años de una extraordinaria expansión, gracias al buen
funcionamiento de la economía española, pero 2000 es un ejercicio en
el que la curva de los ingresos flexiona con intensidad y cae con
velocidad. Y si es verdad lo que usted ha dicho, que yo no tengo
elementos para decir, que la flexibilidad del sistema tributario
español en el año 2000 es de 1,3, me atrevería a decir que en
ejercicios anteriores fue mucho más alta, y el que nosotros estemos
perdiendo
adaptabilidad entre recaudación y ciclo me parece preocupante.
Le hago estas dos referencias: la economía española tiene una
proyección a lo largo de 1999 y del primer trimestre de 2000
extraordinariamente alta. Los ingresos tributarios crecen cuando
crecen, y cuando hay un punto de giro en la actividad económica los
ingresos son sensibles a ese tema. Eso me hace pensar que sobre
algunas cosas convendría reflexionar. ¿Por qué digo esto? Por una
sencilla razón, señor Giménez-Reyna. La tasa tendencial de
crecimiento de la economía española, en los últimos años, ha sido del
2,8 por ciento del PIB. Hace unos meses, cuando el Gobierno trajo el
avance de liquidación, todos creíamos que estábamos bastante lejos
del 2,8 por ciento del PIB. Hoy no me atrevería a decir lo mismo; hoy
el consenso de los analistas ya no está en el 3,5/3,6. El consenso de
los analistas, para el crecimiento medio del año 2001, está entre el
3,2, el 3,1 y quién sabe si algún analista, en las próximas semanas,
no se arriesga a hacer una proyección del crecimiento de la economía
española cercana al 2,8 por ciento. Y si la fase expansiva se contrae
y si las previsiones de crecimiento de la economía española se
ajustan a estas magnitudes de entre el 3,1 y el 2,8, tendremos que
admitir aquí, esta mañana, que el bucle de la economía que se inicia
en 1995 ha llegado a sus fases finales. Y en ese terreno cabe
preguntarse por qué y cabe preguntarse qué es lo que se tiene que
hacer. ¿Qué es lo que ha pasado? Creo que la demanda interna se ha
contraído con fuerza, que ha habido un cambio de expectativas en las
familias españolas y que lo que venían haciendo, que era comprometer
sus decisiones de inversión en función de un volumen de recursos por
debajo de sus compromisos, no lo van a poder hacer. No lo van a poder
hacer y, como consecuencia de ello, vamos a asistir a una
reordenación y una reorientación de sus decisiones económicas que les
va a llevar a adoptar criterios de ahorro.
Ya no va a ser posible funcionar como hemos funcionado en los años
1999 y 2000. Ha habido una transferencia de renta de España a los
países productores de crudo y, como consecuencia de esa transferencia
de renta, la renta disponible en nuestra sociedad se ha reducido.
También existe un fenómeno singular, y es que, en el momento en el
cual los tipos de interés de los créditos bajaron sensiblemente,
muchos españoles comprometieron decisiones económicas a largo plazo,
fundamentalmente en vivienda. Compraron una vivienda a crédito y hoy
esos créditos son más caros de lo que eran en el momento en que
suscribieron las correspondientes pólizas. Y aquel efecto riqueza que
hacía que, de una manera continua, sistemática y espectacular los
activos financieros en manos de las familias crecieran altamento se
ha truncado.
Es un hecho que la Bolsa de Madrid creció espectacularmente hasta el
año 1999 y que en los años 1999 y2000 ha tenido unas contracciones, y
ese tipo de contracciones
en su marcha económica ha generado una adaptación. No quisiera que
mis palabras supusieran la presentación de un panorama no alentador,
pero sí quiero decir que la economía española camina en una senda
distinta para los hogares y para las empresas, porque, a fin de
cuentas, si en lugar de fijarnos en una familia española nos fijamos
en una empresa española, en los años 2000 y 2001 sus input se
encarecen: los salariales, los financieros, los energéticos, las
materias primas. Digamos que las entradas se elevan y las salidas se
elevan menos. Por tanto, la cuenta de explotación de las empresas
españolas varía. Y algo debe estar ocurriendo cuando el IVA y la
renta en el último trimestre se comportan como hemos visto a lo largo
de los últimos meses, a pesar de la poca información que tenemos al
respecto. ¿Qué hacemos en ese contexto? Lo he preguntado, se lo
pregunto a ustedes y lo seguiremos preguntando ¿Cuál es la previsión
de una economía como ésta y de un sistema tributario como el actual?;
un sistema tributario que -recuerdo- tiene dos piezas esenciales: en
el agente Seguridad Social, las cotizaciones sociales, que en el año
2000 han crecido en un cifra, me atrevería a decir, superior a 10
billones de pesetas; en el agente Estado, el IVA, que en el mismo año
ha alcanzado un volumen de recaudación cercana a 5,6 billones de
pesetas. Esos son los dos elementos que financian esencialmente la
actividad de las administraciones públicas españolas y de los cuales
dependen los servicios públicos y la política social.
A pesar de que usted lo ha dicho, a mí me hubiera gustado que hubiera
estado en el informe que nos ha suministrado, porque yo tengo más
curiosidad en saber cómo va renta que la información que me
proporciona, y valoro mucho cómo va sociedades. Algunos de los datos
que usted ha dado en renta podían haber estado en este informe,
porque nos hubiera permitido reflexionar sobre ellos. Es posible que
renta sea un tributo al cual han sometido a un vaciado de tal entidad
que en este momento sus gravámenes quizá no sean los de mayor
flexibilidad del sistema tributario español. Usted tiene más datos
que yo, pero podría preguntarse cuál es el ciclo tributario, cómo se
adaptan esas figuras al ciclo tributario, cómo han ido las distintas
figuras a lo largo de los años 1996-2000 y ver si renta es de las que
más o de las que menos flexibilidad tienen. Usted ha dicho que es del
1,35, pero yo no tengo elementos de comparación para decir si es
bueno o malo. No conozco la flexibilidad en el tiempo del resto de
las figuras tributarias, con cambios normativos y sin cambios
normativos, con atípicos o sin atípicos, porque si uno se acerca a
sociedades, también tendría que tener en cuenta este tipo de
fenómenos. Seamos sinceros, la información de la que nosotros
disponemos es mucho más reducida que la que dispone usted, pero, en
este momento, mi pregunta es: ¿estamos en condiciones de hacer frente
a objetivos que la sociedad española quiere? Con menos crecimiento
del que hemos tenido, cerrado el bucle del ciclo de 1995
a 2000 y situada la economía española en el 3 por ciento, y cayendo,
yo me pregunto si, en estas circunstancias, no va a haber necesidad
de intervenciones macroeconómicas de naturaleza fiscal. Yo lo doy por
descontado. Yo creo que, a lo largo del año 2001, va a haber
intervenciones macroeconómicas de naturaleza fiscal, bien por el lado
de los ingresos o bien por el lado del gasto, y lo que me preocupa es
la orientación, es decir, con qué finalidad se hace y a quién se
destina. Porque si el origen de esas intervenciones volviera a ser la
consumación de grandes desgravaciones (por decirlo en términos
anglosajones, empleo la palabra desgravaciones en su sentido más
amplio), con menores crecimientos económicos (que creo yo que va a
haber en los próximos años), creo que la economía española sería más
vulnerable. Le ahorro algunas de las reflexiones que podría hacer en
este sentido, porque creo que no será usted el último responsable del
Ministerio de Hacienda que aparezca por aquí para explicarnos su
punto de vista; nosotros también tendremos oportunidad de darle los
nuestros. Simplemente, le ilustro con un artículo -espléndido, por
otra parte- de Samuelson, el domingo pasado, en un periódico español,
donde decía que la mix de política económica él no la veía como se ha
visto a lo largo de los últimos años, con una reducción sistemática
de las tasas de los impuestos. Él cree que ese tipo de políticas, la
mayor parte de las veces, se aplica con bastante idealismo y con poco
altruismo. Desde luego, yo comparto ese tipo de planteamientos. A mí
me parece que en un momento como éste, cuando la economía española ha
dejado de vivir el círculo virtuoso y ya estamos muy lejos de los
niveles que tenía en el año 1999, tenemos que reflexionar serenamente
sobre la marcha del sistema. En ese sentido, mi grupo, desde la
oposición, hará las reflexiones que estime conveniente en cada
momento y circunstancia, como las que ha hecho en la mañana de hoy.
En cuanto al resto de las cuestiones que ha expuesto, en materia del
funcionamiento de la Agencia Tributaria, nos dimos por satisfechos
con la intervención del director, el día 14 de febrero. Ha
introducido usted algún dato novedoso, pero se sitúa en ese contexto.
En materia de política fiscal territorial, valoro positivamente que
ustedes hagan una propuesta del sistema de financiación autonómica, a
la vista de la cual habrán de ser las instituciones y los partidos
los que se pronuncien. En ese sentido, los que ha señalado son
principios generalmente admitidos; no ha tenido otra pretensión que
la de enunciarlos. Es difícil estar en contra de los principios, pero
es más complicado ver cómo se aplican en cada caso y en cada
circunstancia. Por tanto, no estime como descortesía el hecho de que
no me pronuncie sobre ellos.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència
i Unió), tiene la palabra el señor Padrol.
El señor PADROL I MUNTÉ: Ante todo, quiero agradecer la comparecencia
del secretario de Estado de Hacienda y la amplitud de la información
que ha ofrecido a esta Comisión, tanto sobre los datos de la
recaudación líquida y el comportamiento de los distintos tributos
a lo largo del año 2000 como del balance de la política tributaria
realizada, las normas proyectadas a más corto plazo, que próximamente
entrarán en el Congreso de los Diputados, y el balance sobre la
actuación de la Agencia Tributaria, así como sus visiones finales
respecto de los temas más inmediatos del futuro en el ámbito de la
Unión Europea y de las distintas administraciones territoriales.
Si vamos por partes, porque la comparecencia del secretario de Estado
de Hacienda ha sido amplia y abundante en datos, quisiera referirme,
en primer lugar, al balance que hace mi grupo sobre los datos de
recaudación líquida y del comportamiento de la recaudación de las
distintas figuras tributarias. Respecto de la recaudación líquida, ya
tuvimos ocasión de pronunciarnos en la comparencia del director
general de la Agencia Tributaria y mi grupo ya expresó en aquel
momento en esta Comisión hace quince días que valoramos muy
positivamente la evolución de la recaudación líquida en su incremento
del 8,3 por ciento, que es fruto de tres causas. Es innegable que es
consecuencia de un buen comportamiento de la actividad económica
española, pero también es cierto que este buen comportamiento de la
economía española se puede utilizar de manera más o menos provechosa
en función de las leyes tributarias, de la política legislativa
tributaria que se articule, cuestión a la que me referiré
posteriormente. Un tercer factor, que fue quizá, por razón de la
autoridad del compareciente, el que más comenté hace quince días, es
que la buena evolución de la magnitud de recaudación líquida también
refleja una buena percepción de los ciudadanos españoles respecto de
la institución que se encarga de gestionar las relaciones tributarias
con los particulares, como es la Agencia Tributaria, buena valoración
que, por otra parte, así viene acreditada por las encuestas del CIS
que recogen el sentir de los españoles respecto de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria. Por tanto, hay un balance positivo
respecto a la recaudación líquida y también del comportamiento de los
distintos tributos.
Compartimos con el secretario de Estado de Hacienda la valoración
positiva que se hace de la elasticidad superior a la unidad de las
tres principales figuras impositivas en España, el impuesto sobre la
renta de las personas físicas, el impuesto sobre sociedades y el
impuesto sobre el valor añadido. Quisiera detenerme en una serie de
datos que ha ofrecido en su alocución, sobre todo en la aparición de
66.000 nuevos declarantes de IVA en el 2000, 700.000 nuevos
contribuyentes del IRPF y la multiplicación por 2,7 desde 1996 del
número de declarantes de ganancias patrimoniales en el ámbito del
impuesto sobre la renta de las personas físicas, porque
son datos importantes. Los casos de nuevos declarantes no suponen
en todos los casos afloración de los que estuvieran ocultos, sino que
en muchas ocasiones son nuevos operadores económicos o nuevos
perceptores de rentas, y la cifra global nos parece positiva.
Antes de referirme a la política tributaria realizada, quiero
expresar una opinión de mi grupo parlamentario y mía respecto a la
amplitud y la calidad de la información que sobre el tema nos ha
ofrecido el secretario de Estado de Hacienda en la documentación que
ha enviado a la Comisión y a lo largo de su exposición. Puedo afirmar
con conocimiento de causa que hacer la recopilación de los datos que
se remiten a esta Comisión no es tarea fácil, es fruto de una labor
de muchos años, que ha sido particularmente intensa en los últimos
tiempos y al margen de las discrepancias que puedan surgir en
distintas fuentes -es muy difícil amalgamar las fuentes de
información tributaria que son necesarias para ofrecer el resultado
documental que hoy estamos analizando- puedo afirmar que posiblemente
el Parlamento español es de las Cámaras que mayor información tiene
de las cuestiones hacendísticas en el ámbito no sólo de la Unión
Europea sino de los demás países de nuestro entorno.
En cuanto a la política tributaria realizada, creo que en política es
extraordinariamente importante, como en cualquier orden de la vida,
tratar de romper tópicos y pienso que la política tributaria que se
ha realizado en los últimos años incide fundamentalmente en la
ruptura de algunos de los tópicos más significados que se han
producido en este ámbito de la producción normativa. Me estoy
refiriendo a aquéllos sobre que las normas puedan ser justas o
injustas. Creo que en este proceso de ruptura de tópicos sobre
política normativa de carácter tributario el Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió) ha tenido un papel destacado. Podemos
encontrar alguno de los tópicos no ya en la última, sino hace dos
legislaturas, con la reforma parcial de la Ley General Tributaria en
virtud de ley 25/1995 y la reforma del régimen sancionador. Hubo
quien se rasgó las vestiduras ante la rebaja de sanciones tributarias
y bien se ha demostrado que el efecto es el contrario, es positivo,
bueno y eficiente para la economía y para las relaciones sociales
entre administración y particulares españoles. Pero qué duda cabe que
esta ruptura de tópicos se ha hecho especialmente intensa en la
última legislatura, al acometer determinadas reformas sobre la
tributación de las ganancias patrimoniales, sobre la
internacionalización de la empresa española, insisto, que arrancan ya
de los ya conocidos reales decretosleyes 7 y 8 de junio de 1996 y que
han culminado muy recientemente con el Real Decreto-ley 3/2000,
aprobado finalmente en su tramitación como proyecto de ley como Ley
6/2000, de 13 de diciembre.
Con esto quiero decir que si se asumen determinadas medidas de
política fiscal respecto de la tributación delos rendimientos de
capital mobiliario, de las ganancias
patrimoniales, en un mundo en el que el capital es móvil, lo cierto
es que lo que hay que conseguir, para poder luego hacer el balance de
que cada norma sea justa, eficaz y eficiente, es aplicarla. Puede
haber normas muy bonitas en el BOE, que aparentemente persiguen
grandes objetivos de equidad tributaria, cuando lo cierto es que no
hay norma más injusta ni menos equitativa que aquella que nunca se
aplica. Creo que este tópico se ha vencido en los últimos años, creo
que el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) ha tenido
una participación decidida ello y la prueba más evidente la tenemos,
por ejemplo, por proximidad temporal, en la Ley 6/2000, con la
ampliación de las aportaciones a planes de pensiones y un paquete de
medidas realmente muy importantes para la internacionalización de la
empresa española.
Para acabar con este apartado de política tributaria efectuada en los
últimos años y con el balance de la realizada en los últimos meses,
quisiera hacer referencia a un dato que aparece en la información
rendida a esta Comisión, como es la puesta en práctica de la cuenta
corriente tributaria, no tanto por el impacto cuantitativo de las
devoluciones gestionadas a través de dicha cuenta que no alcanza el 3
por ciento de las realizadas -que, por otra parte, no nos tiene que
extrañar, porque la cuenta corriente tributaria pierde su atractivo
cuanto más rápidamente se gestionan las devoluciones a los
particulares españoles, cuestión a la que me referiré
posteriormente-, sino simplemente porque articular este tipo de
mecanismos supone un importante esfuerzo gestor por parte de la
Administración tributaria. Por tanto, insisto, lo valoro
positivamente desde el punto de vista del servicio que se presta a
los particulares y, sobre todo, de la voluntad de este servicio.
En cuanto a las normas proyectadas a las que ha hecho referencia el
secretario de Estado de Hacienda, ha aludido a la nueva Ley General
Tributaria. Mi grupo coincide con la autoridad compareciente en que
hace falta poner al día una ley que es de 28 de diciembre de 1963,
que en algunas partes está ampliamente desfasada, no sólo en lo
tributario sino incluso desde el punto de vista de las percepciones
sociales, cuestión a la que ha hecho referencia el secretario de
Estado de Hacienda, y los puntos fundamentales de la reforma que han
sido enunciados por el secretario de Estado de Hacienda nos parecen
muy interesantes. Posteriormente, al hablar del capítulo de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, haré referencia a una
cuestión de futuro que nos parece de mucho interés y que tiene que
evolucionar de la mano de la configuración de la nueva Ley General
Tributaria, más abierta y que impulse todavía más las relaciones con
los particulares.
En cuanto al título II de la Ley 30/1994, que también será objeto de
reforma, coincidimos en la necesidad de la misma. Creo que puedo
afirmar sin temor a la exageración que el Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió) tuvo un papel muy importante en la
aparición de esta ley en el año 1994 para vencer las seculares
reticencias a otorgar incentivos fiscales a las iniciativas
particulares que redundaban a favor del interés general y entendemos
que hace falta un paso adelante en el tratamiento de los incentivos a
este tipo de actuaciones de fundaciones y asociaciones de interés
general.
Respecto de las normas proyectadas hay dos puntos que a juicio de mi
grupo parlamentario es importante plantear y en los que, llegado el
momento, cuando se tramite la oportuna ley que sirva de vehículo
parlamentario para plasmar estas inquietudes, mi grupo parlamentario
incidirá. En primer lugar, se trata de la problemática de la gestión
de las retenciones sobre el trabajo personal al amparo de la Ley del
IRPF 40/1998. Posiblemente el horizonte para tratar esta cuestión
está todavía algo lejano -qué duda cabe que será la nueva reforma del
impuesto sobre la renta de las personas físicas que ha sido anunciada
por el ministro de Hacienda y por el propio secretario de Estado de
Hacienda-, pero entendemos que el actual sistema de gestión de las
retenciones, que es un sistema válido, útil y que valoramos
positivamente, porque además ha permitido dar respuesta al objetivo
de ajustar las retenciones en la factura final a pagar por los
contribuyentes de IRPF, supone, sobre todo para los empresarios más
pequeños, una carga formal o una presión fiscal indirecta excesiva,
y creemos que con tiempo debe de tratar de revisarse y de aligerarse
para un mejor funcionamiento del sistema y salvaguarda, insisto, de
esta presión para los particulares. Somos conscientes de que el
horizonte no es inmediato, no tan inmediato como el de la Ley de
Sociedades, la Ley General Tributaria o el de la Ley 30/1994, pero a
juicio de mi grupo parlamentario cabe alguna reflexión adicional
sobre cómo hacer evolucionar este sistema, que, insisto, valoramos
positivamente y que ha permitido dar cumplida respuesta, y muy
rápida, a los objetivos gestores de la reforma del IRPF aprobada en
diciembre de 1998.
Otro punto muy concreto al que también querría hacer referencia
dentro de este bloque de reformas proyectadas e inminentes es el de
la transparencia fiscal. Mi grupo parlamentario considera que el
régimen de la misma hoy en día plantea demasiados problemas para
poder efectuar un balance positivo de supervivencia de su existencia.
Entendemos que la reforma próxima de la Ley sobre el impuesto de
sociedades puede ser un escenario para reflexionar sobre una
redefinición del actual régimen de transparencia fiscal siquiera en
alguna de sus modalidades, como pudiera ser la de profesionales o de
artistas. Insisto en que simplemente queda apuntado como reflexión
abierta, porque el cauce parlamentario indiscutiblemente va a ser el
de la tramitación de la Ley del impuesto sobre sociedades.
En cuanto a la Agencia Estatal de Administración Tributaria, la
verdad es que, tal como ha dicho el portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista, estas cuestiones
fueron ampliamente abordadas en la comparecencia del director general
de esta institución, pero querría hacer referencia a una serie de
cuestiones. Quiero destacar muy positivamente la disminución drástica
del plazo medio de devolución en las declaraciones del impuesto sobre
la renta de las personas físicas, que ha pasado de 33 días de período
medio a 28 días. Quisiera recordar que en la tan comentada reforma de
la Administración tributaria norteamericana, del IRS, se propuso como
uno de los objetivos absolutamente estrella y como ejemplo de un buen
servicio prestado a los ciudadanos que las devoluciones que no se
presentaran por vía telemática se efectuaran en un plazo de 21 días.
Pues bien, la verdad es que si aquello lleno ríos de tinta como
paradigma de lo que es una buena asistencia a los contribuyentes,
tenemos que decir -y aquí coincido con el tono general de la
intervención del secretario de Estado- que realmente la
Administración tributaria española, que está devolviendo en un
período medio de 28 días en el ámbito del IRPF, ha tenido un avance
sustancial en los últimos años en este tipo de relaciones con los
contribuyentes, que deben potenciarse e impulsarse.
No voy a incidir demasiado sobre el control tributario en cuanto a
comentar las cifras ofrecidas, porque fue objeto de amplia discusión
y debate con el director general de la Agencia Tributaria, pero no me
resisto a hacer dos planteamientos de futuro, al igual que hacía en
el ámbito de las reformas normativas proyectadas y que ha expuesto el
secretario de Estado de Hacienda en su intervención. Comenté también
hace quince días que es muy importante que al lado de los objetivos
cuantitativos, de los objetivos de deuda liquidada, delitos fiscales
denunciados, etcétera, vayan implementándose medidas de calidad, y
así se ha hecho y es positivo, pero a juicio de mi grupo
parlamentario debe trabajarse para atenuar la importancia de estos
objetivos cuantitativos de deuda liquidada, delitos fiscales,
etcétera. Incluso le diría que esta atenuación que propugnamos podría
ser tan amplia como este Parlamento estuviera dispuesto a debatir,
porque realmente es una medida compleja, es una medida política muy
delicada, pues ciertamente cuando se atenúan los objetivos
cuantitativos, los objetivos de deuda liquidada bajan. Esto ha
quedado comprobado en la experiencia norteamericana, en la que tres
veces a lo largo de su historia ha eliminado de cuajo las referencias
cuantitativas a las que estoy haciendo alusión, y realmente la
producción de liquidaciones ha bajado. Sin criticar estos objetivos
cuantitativos, que cumplen una función importante, por tanto sin
denostarlos, sería positivo un proceso de atenuación de los mismos
para un mejor desempeño de la función pública tributaria que es
propia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, y ello con
un objetivo ulterior que ha esbozado también el secretario de Estado
en su intervención al tratar de las líneas maestras de la reforma de
la Ley General Tributaria. Me estoy refiriendo a que mi grupo
parlamentario
entiende que la Administración tributaria española -y la he valorado
positivamente en todos sus ámbitos de desarrollo de tareas- tiene
todavía un camino por recorrer, al igual que la mayor parte de las
administraciones en la Unión Europea, desde el punto de vista de la
reducción de la conflictividad y de ser un instrumento al servicio de
la actividad económica de este país. No se trata de no perseguir al
defraudador. Efectivamente, contra quien incumpla sus obligaciones
tributarias tiene que actuarse con las oportunas regularizaciones,
del tipo que sean y que procedan, pero existe un margen para que la
Administración tributaria, sin desvestirse de su imperium, trabaje de
manera más activa en la reducción de la conflictividad y, en última
instancia, en una actuación al servicio de la actividad económica de
este país. Tenemos ejemplos en nuestro entorno, los menos pero los
hay en alguna Administración tributaria, y entendemos que debe
avanzarse en este camino. Desde este punto de vista, la atenuación
-sin denostarla ni criticarla- de la incidencia de los objetivos
cuantitativos y la introducción por parte de la nueva Ley General
Tributaria de mecanismos que reduzcan la conflictividad a través de
instancias arbitrales o de terminación convencional de los
procedimientos administrativos tributarios son líneas correctas que
mi grupo parlamentario apoyará decididamente.
Otro tema al que querría hacer referencia desde el punto de vista de
la Administración tributaria es el de las relaciones con las
administraciones tributarias de las comunidades autónomas. Qué duda
cabe que es una de las cuestiones a tratar en el marco más amplio de
la reforma de la financiación autonómica, pero me gustaría aportar
alguna línea de reflexión al respecto. Mi grupo parlamentario no
tiene ninguna duda de que la reforma articulada en el entramado
orgánico a través del cual fluyen las relaciones entre Administración
tributaria del Estado y administraciones tributarias de las
comunidades autónomas ha experimentado un notable avance como
consecuencia de la creación de la comisión mixta de coordinación de
la gestión tributaria y de los consejos territoriales de dirección de
la gestión tributaria, pero no puede suponer un punto y final. Por
tanto, como reflexión que simplemente esbozo, debe seguirse adelante
en este proceso de mejora de las relaciones, del intercambio de
información y de los mecanismos gestores entre Administración
tributaria del Estado y administraciones tributarias de las
comunidades autónomas.
Respecto al último bloque de la intervención del secretario de Estado
de Hacienda, no voy a hacer referencia en esta intervención a la ley
de estabilidad presupuestaria -próximamente tendrá lugar un debate en
el Pleno de la Cámara-; sí la voy a hacer, aunque de forma muy
general, porque estamos todavía en el inicio de conversaciones,
respecto de la financiación autonómica. Mi grupo parlamentario se
acerca a este proceso de conversaciones de manera optimista, y lo
digo
con toda sinceridad, fundamentalmente porque constatamos que existe
un punto de acuerdo en la consideración por parte de las distintas
fuerzas políticas respecto de esta cuestión. No cabe duda de que en
España a lo largo de las últimas dos décadas se ha asumido un proceso
muy importante de descentralización del gasto público, pero que no ha
ido de la mano de una descentralización tan importante de los
ingresos tributarios, cuyos rendimientos son cedidos a las
comunidades autónomas. Se ha avanzado mucho en los últimos años, y en
este sentido valoro muy positivamente los acuerdos sobre financiación
autonómica que están en vigor en la actualidad. Supuso un paso
adelante, pero qué duda cabe que si observamos el peso de los
ingresos tributarios en los presupuestos de ingresos de las
comunidades autónomas -en algunos casos las transferencias se acercan
al 70 por ciento de los citados presupuestos de ingresos de algunas
comunidades autónomas- y vemos el peso de los ingresos tributarios en
otros Estados de nuestro entorno -por ejemplo, en los länder alemanes
se acerca al 85 por ciento-, convendremos -y creo además percibir que
en este punto hay un importante consenso y que es el punto de partida
clave para un saludable y eficiente proceso de conversación respecto
de la financiación autonómica- que es necesario incrementar el peso
de los ingresos tributarios en los presupuestos de ingresos de las
comunidades autónomas. Apartir de este punto de acuerdo, en el que
además han confluido también informes de la OCDE aproximadamente hace
un año, en los que se considera necesario incrementar el peso de los
ingresos tributarios en los presupuestos de las comunidades
autónomas, insisto, mi grupo parlamentario se acerca a estas
conversaciones con un ánimo optimista.
Quisiera acabar este punto de la financiación autonómica
y prácticamente mi intervención haciendo referencia también a la
necesidad de romper un tópico -lo he hecho anteriormente- valorando
la política tributaria -siquiera de manera somera- efectuada en los
últimos años. Se han roto algunos tópicos sobre que determinados
esquemas de tributación de los rendimientos de capital o de apoyo a
la internacionalización de la empresa española no afectan -se ha
visto claramente- a la equidad del sistema tributario y han sido
tremendamente positivos para el sistema en su conjunto. Quisiera
hacer referencia también a una cuestión que me parece similar,
siquiera en su filosofía. El debate sobre la financiación autonómica
-y creo que coincidiremos los distintos grupos parlamentarios- no
debe ser percibido por la opinión pública como un asunto de
reivindicaciones territoriales; lo es y es es lícito que lo sea, pero
es mucho más que eso. No debe ser percibido -insisto- como una
reivindicación territorial de mayores presupuestos para ser
gestionados desde otras instancias políticas o administrativas. Lo es
y es lícito, porque siempre recuerdo en mis intervenciones que las
raíces del parlamentarismo clásico
han sido la reivindicación de los intereses de los votantes del
territorio por el que uno se presenta, pero no es sólo eso, es mucho
más; es una cuestión que es absolutamente clave desde una visión
general, conjunta y global del conjunto de España. Voy a poner un
ejemplo muy claro.
La financiación de las comunidades autónomas debe ser equilibrada,
suficiente y que dé una plasmación correcta al principio de
corresponsabilidad fiscal, como bien ha dicho el secretario de Estado
de Hacienda en su intervención. Voy a referirme a una cuestión muy
clara. Si la sanidad se gestiona desde las comunidades autónomas -hoy
en día desde algunas y prácticamente en su integridad en las que la
gestionan; por ejemplo en Cataluña lo único que no se gestiona son
las plazas que proveen los exámenes de MIR y determinadas cuestiones
patrimoniales no tan importantes desde el punto de vista de la
prestación del servicio público de la sanidad- y este servicio
público esencial en cualquier sociedad adelantada y en cualquier
Estado adelantado se presta desde las comunidades autónomas, resulta
evidente que es una cuestión absolutamente prioritaria, y no ya desde
una visión territorial sino desde una visión de conjunto y
responsable del servicio público español, que quien presta este
servicio de la sanidad tenga un presupuesto correcto, con
suficiencia, con autonomía y suficiencia financiera. Estoy seguro de
que todos estamos absolutamente de acuerdo en este planteamiento,
pero utilizo este ejemplo para romper quizá el tópico de que el
debate sobre financiación de las comunidades autónomas no es una
cuestión de reivindicación territorial, es mucho más, va mucho más
allá, y entiendo que este puede ser un buen punto de partida para
alcanzar un consenso en esta materia. Las comunidades autónomas, por
razón de los muy importantes servicios públicos que prestan,
necesitan un traje financiero que no sea estrecho; tiene que ser a
medida, porque, por otra parte, está el objetivo del equilibro
presupuestario, que es importantísimo en la gestión de las finanzas
públicas. No puede ser un traje estrecho, tiene que ser un traje a
medida, correcto que permita conciliar la prestación de los servicios
públicos esenciales a cargo de las comunidades autónomas con los
objetivos de equilibrio presupuestario que a todos nos incumben.
Desde este punto de vista -insisto- se justifica el optimismo y la
actitud clarísimamente constructiva con la que mi grupo parlamentario
se acerca a estas conversaciones sobre financiación autonómica.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Vasco tiene la palabra el señor
Azpiazu.
El señor AZPIAZU URIARTE: Voy a ser realmente breve y voy a cumplir
con el estricto sentido de la palabra brevedad.
Quisiera, en primer lugar, agradecer al secretario de Estado su
comparecencia, las explicaciones y la información
que nos ha dado con relación a la evolución y la marcha de los
impuestos, pero siendo esto importante, como representante del Grupo
Vasco en el Congreso, me preocupan otras cuestiones de cara al
futuro, que son las que le voy a tratar de comentar al señor
secretario de Estado.
Nos ha dicho que va a haber un proyecto de ley general tributaria que
hay un informe de una comisión de expertos que -supongo- sienta las
bases de esa nueva ley (no dudo de la necesidad de esta nueva ley
porque la anterior es del año 1963) y nos ha comentado -por lo menos
es lo que yo he entendido- que lo que va a hacer es trasladar este
informe a las comunidades autónomas y corporaciones locales para que
se discuta y se llegue a un acuerdo por las partes, dado que va a ser
una ley que va a afectar a todos los niveles institucionales. Dada la
peculiaridad de las haciendas forales que usted conoce perfectamente,
quisiera preguntarle si va a trasladar este informe y su discusión al
marco de la Comisión de evaluación normativa, de manera que las
autoridades vascas, las haciendas forales, que tienen competencias
exclusivas en materia tributaria, puedan dar su opinión con relación
a esta ley que les va a afectar directamente. Realmente me preocupa
cuál va a ser el procedimiento que van a seguir desde el Ministerio
de Hacienda con respecto a la Ley General Tributaria. Por otra parte,
me parece estupendo que el Gobierno diga que quiere llegar a un
acuerdo a lo largo de este año en materia de concierto económico, que
manifieste su voluntad de hacerlo, y en este proceso lo que hace
falta es que se vean avances cuanto antes.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la
palabra el señor Martínez-Pujalte.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: En esta mañana de comparecencia y
cambio ministerial a la vez, quiero agradecer al señor secretario de
Estado su comparecencia hoy aquí, así como la información que ha
suministrado a los grupos parlamentarios. Quiero hacer una especial
mención de mi agradecimiento a la visión que ha dado sobre el trabajo
y las funciones de la Secretaría de Estado de Hacienda. Ha sido una
comparecencia en la que hemos podido conocer con detalle cuáles son
las tareas que tiene entre manos la Secretaría de Estado en todo su
conjunto, la tarea normativa, la presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, la coordinación con las administraciones
locales y la dimensión internacional. Esta comparecencia, que vendrá
continuada por la de la secretaria de Estado de Presupuestos la
semana que viene y del debate de totalidad el jueves si se presenta
alguna enmienda de totalidad, como parece ser, sobre las leyes de
estabilidad presupuestaria, tiene un primer rasgo que me gustaría
destacar, y es la contribución que se hace desde la Administración
tributaria a la consecución de un objetivo importantísimo de política
económica que
es el equilibrio. Aquí hay que hacer una especial mención al esfuerzo
que está haciendo el Gobierno para conseguir el equilibrio
presupuestario, esfuerzo que no es puntual, que no es de un ejercicio
determinado, sino que se viene produciendo a lo largo de los años y
donde se ha ido reduciendo el déficit público desde tasas de cerca
del 7 por ciento del PIB a lo que se ha llamado déficit cero para el
año 2001. Es importante señalar que el equilibrio presupuestario no
es una manía; es una base sólida para el crecimiento, el empleo y el
bienestar. Podemos ver en España cómo las reducciones del déficit
público han venido en paralelo a los incrementos en el empleo, a las
reducciones en la tasa de paro, y han venido acompañadas con un mayor
esfuerzo en la financiación de los gastos sociales o de las
inversiones en infraestructuras, en políticas de modernización. En
esa línea hay que seguir trabajando, y creo que es muy importante el
debate que la semana que viene tendremos en esta Cámara sobre
estabilidad presupuestaria, el debate de presentación por parte del
ministro y de defensa de las enmiendas de totalidad, si las hubiere,
sobre estabilidad presupuestaria. Es un debate esencial para el
futuro de este país; es un debate que tiene que ser la piedra angular
del futuro. Es decir, los españoles queremos construir una política
económica basada en el equilibrio de las cuentas públicas, queremos
construir una política económica basada en que las administraciones
públicas no se gasten más de lo que ingresan. Creo que eso es básico
para que en España se siga produciendo una curva de crecimiento, una
curva de creación de empleo, que es donde estamos situados. Yo, a
veces, cuando oigo hablar a la oposición, hoy al señor Fernández
Marugán, pienso que o no le he oído bien o no tendré bien aprendido
el último dato de crecimiento económico porque, escuchando la
intervención del señor Fernández Marugán, parece que todo esto va
fatal, que hemos llegado al fin y que los pronósticos son
absolutamente ensordecedores. Pues no. Se está creciendo y se está
creando empleo. Es verdad que hay una cierta ralentización del
crecimiento, producto de la situación internacional, pero España
tiene todavía mucho vigor en el crecimiento y, como ha dicho el señor
secretario de Estado de Hacienda, todos los pronósticos son que el
próximo año seguiremos creciendo por encima del 3,5 por ciento y,
además, con mayor vigor que el resto de las economías europeas, en
una situación donde está mejorando el bienestar de los ciudadanos.
Hace unos meses nos decían desde la oposición que los tipos de
interés habían subido enormemente. Pues posteriormente a esas
declaraciones bajaron. Lo que se ha conseguido con el modelo de
crecimiento económico en España es mantenernos en una horquilla de
tipos de interés moderada, en una horquilla que hace posible el
bienestar de las familias y que hace posible que las empresas sigan
en su proceso de inversión y de contribución al crecimiento y al
empleo.
Dicho esto, quiero hacer especial mención a la contribución que desde
la Administración tributaria o desde el lado de los ingresos se ha
hecho al proceso de estabilidad presupuestaria. En España se ha hecho
compatible la bajada de impuestos con el aumento de la recaudación.
Esto es una realidad. Hace unos años, en esta misma Cámara, cuando mi
grupo estaba en la oposición y decíamos que se podían bajar los
impuestos y que a la vez se podía aumentar la recaudación nos decían
que eso era la cuadratura del circulo, que era imposible y que íbamos
a llevar a España a la bancarrota. Pues no, se pueden bajar impuestos
y aumentar la recaudación. Por lo menos es lo que ha sucedido, y a
las pruebas me remito. A lo mejor es por casualidad, a lo mejor es
porque los astros nos han sido favorables, o también es posible que
se deba a que se ha hecho un trabajo esforzado en la modernización
del sistema tributario que, como ha dicho el secretario de Estado de
Hacienda, ha hecho que los impuestos actúen con mayor eficiencia. Lo
cierto es que en España, bajando los impuestos, se ha aumentado la
recaudación y que eso es positivo. Puede decirme que la presión
fiscal, entendida por los ingresos del Estado en relación con el
producto interior bruto, se mantiene equilibrada o se sube un poco.
Lo que es evidente es que la presión fiscal individual -concepto que
manejaba un anterior secretario de Estado y ahora insigne diputado
del Partido Socialista- o la presión fiscal subjetiva ha bajado. Los
impuestos de cada ciudadano han bajado ¿Han aumentado los ingresos?
Es evidente. Hay más personas trabajando y, por tanto, hay más
cotizaciones a la Seguridad Social; hay más ciudadanos trabajando y,
por tanto, hay más retenciones. Hay menos impuestos que paga el
individuo, pero una mayor base de personas que contribuyen a los
gastos públicos. Por tanto, lo que decía el señor Fernández Marugán
referente a la presión fiscal es muy relativo. Hoy todos los
españoles pagan menos, pero hay mucha más gente que paga. Lo que ha
habido de verdad es una modernización importante del sistema
tributario y una bajada de impuestos. Decía el señor Fernández
Marugán -y perdonen la expresión- que le hacía tilín el artículo de
Samuelson diciendo que había que subir los impuestos. Yo no lo sé. Mi
grupo siempre está por la bajada de impuestos. Yo sé que el Grupo
Socialista siempre está por la subida de impuestos, pero mi grupo
está por la bajada de impuestos, es evidente. Nosotros estamos por
que bajen los impuestos, y la modernización del sistema tributario
tiene que llevar a nuevas bajadas de los impuestos a los ciudadanos.
En esta legislatura ya se empezó con el decreto-ley, cuando se bajó
el tipo impositivo del ahorro, y nosotros creemos que se tiene que
seguir produciendo a lo largo de los próximos años.
Se ha hecho un buen trabajo de modernización del sistema tributario;
se ha hecho que el sistema tributario español a lo largo de los
últimos cuatro años contribuya de una manera más eficaz a los
objetivos de política
económica: crecimiento, creación de empleo; se ha hecho que el
sistema tributario contribuya a repartir con mayor equidad la carga
que intensifique las políticas de redistribución y, además, se ha
hecho que el sistema tributario sea más eficiente también para la
recaudación y el señor secretario de Estado hablaba de las
elasticidades. No hace muchos años en España se subió el IVA un
punto, cuando estaba otro Gobierno, y bajó la recaudación. Y hay un
buen comportamiento de la recaudación de todas y cada una de las
figuras tributarias: IRPF, IVA, impuesto sobre sociedades. Aquí
siempre estamos con la vieja discusión de qué crece más, si los
impuestos directos o los impuestos indirectos, y qué es antes. Las
comunidades autónomas ahora tienen la cesión de un porcentaje; si les
cediéramos en el próximo modelo un porcentaje mayor de IRPF y
comparáramos el estatal con el IVA dirían que ha bajado. No. No es
que haya bajado el IRPF, es que lo recauda otra Administración. El
IRPF sigue siendo la primera figura del sistema tributario español.
Si no he sumado mal, los ingresos directos siguen siendo superiores a
los ingresos indirectos, teniendo en cuenta que hay ya otra
Administración que cobra impuestos directos. Hay un buen
comportamiento en la recaudación de las figuras tributarias porque se
ha hecho un esfuerzo normativo importante. El señor secretario de
Estado hablaba de las próximas reformas tributarias, y yo creo que
hay que seguir en esta línea. Es bueno que afrontemos la reforma del
impuesto sobre sociedades o que hagamos uno nuevo para que las pymes
sigan siendo motores del crecimiento y de la creación de empleo, para
promover y fomentar procesos de reestructuración empresarial que
hagan que tengamos empresas más dimensionadas para competir en la
economía globalizada. Es importante tener empresas que puedan
participar más activamente en los procesos de internacionalización y
es muy importante también tener un nuevo impuesto que fomente que las
empresas intensifiquen su política de salario diferido, de previsión
social complementaria, y que también fomenten más el empleo estable.
Creo que es muy bueno también afrontar una reforma de la Ley General
Tributaria, y el secretario de Estado hoy nos daba algunas pinceladas
que me parecen muy apropiadas. En ella habrá que incluir también la
Ley de derechos y garantías del contribuyente; sería un buen momento
para fusionar ambas leyes. Creo que una buena ley general tributaria
puede ayudar al mejor cumplimiento de las obligaciones tributarias.
Posteriormente habrá que abordar una reforma de las pymes, de acuerdo
con el programa electoral que el Partido Popular presentó para estas
elecciones, con la eliminación del IAE para el 90 por ciento de las
empresas; habrá que abordar una nueva reforma del IRPF que ayude a
seguir en la línea de crecimiento, empleo y equidad del sistema
tributario, que ayude a las familias y a los ciudadanos de rentas
medias y bajas. Hay que seguir en esa línea y ahí tiene el secretario
de Estado una tarea
difícil y apasionante por delante, para lo que desde luego va a
contar con el respaldo de esta Cámara, porque en mi grupo creemos que
hay que seguir contando con el sistema tributario como una de las
piezas claves para que España siga teniendo un crecimiento fuerte y
superior al de la media europea, es decir, que vayamos consiguiendo
una convergencia real. Por tanto, en mi grupo parlamentario va a
contar con apoyo para afrontar las reformas que tenemos por delante.
También ha hecho referencia el secretario de Estado a la financiación
de las comunidades autónomas, y creo que en este sentido tenemos un
reto en el transcurso del año 2001. Es un reto importante y hay que
conseguir que el 1 de enero del 2002 tengamos un sistema de
financiación de las comunidades autónomas estable en el tiempo. Hasta
ahora era lógico tener sistemas que al principio eran provisionales y
luego tenían un carácter quinquenal y en los que se iban produciendo
transferencias de una manera paulatina. El proceso de transferencias
se ha hecho de una manera pausada y paulatina, pero ahora, una vez
casi concluido el proceso de transferencias a las comunidades
autónomas, convendría diseñar un modelo estable. Usted se ha referido
a la estabibilidad del modelo, y yo creo que ese es el camino y es el
que desde luego mi grupo va a apoyar. En mi opinión, es
importantísimo que el nuevo modelo de financiación autonómica tenga
vocación de permanencia en el tiempo y que no esté sujeto a
revisiones totales cada cinco años. Tiene que ser un modelo que haga
que las administraciones, la central y las autonómicas, sepan qué
competencias van a tener que asumir y con qué financiación van a
contar en el futuro. Y es bueno profundizar también en la generalidad
del modelo y en que sea aplicable a todas las comunidades autónomas.
Evidentemente, para eso hay que hacer un gran esfuerzo de consenso
político y territorial y hay que trabajar con prudencia para
conseguir el mayor grado de consenso que otorgue al sistema
permanencia en el tiempo y que haga posible que todas las comunidades
autónomas tengan el mismo esquema de financiación; un esquema que
tiene que estar basado en la suficiencia, en la solidaridad y en la
corresponsabilidad fiscal y que tiene que abundar en hacer más
visibles los mecanismos de solidaridad. Hemos de tener un sistema que
permita a las comunidades autónomas la suficiencia necesaria para
afrontar las competencias que tiene encomendadas, pero tiene que ser
un sistema que haga que España sea un proyecto solidario y que todos
los ciudadanos puedan recibir servicios con calidades similares y que
el sistema produzca que las comunidades autónomas tengan mecanismos
que les faciliten una convergencia con la media nacional. Hay que
trabajar decididamente en esa línea y, desde luego, mi grupo está
dispuesto a que en el transcurso de este año podamos abordar la
reforma y que el 1 de enero de 2002 tengamos un sistema estable en el
tiempo, para
lo que el secretario de Estado tiene, sin duda, un trabajo muy
interesante y también apasionante.
También se ha referido el secretario de Estado a la Agencia
Tributaria. Tengo que decir que se celebró una comparecencia del
director de dicha Agencia hace unos días en esta Comisión y que,
aunque mi grupo ya lo hizo en aquella ocasión, quiere otra vez
valorar muy positivamente los trabajos que están realizando todos los
funcionarios de la Agencia Tributaria. Es de justicia valorar el
esfuerzo de nuestra Administración tributaria, la cual está actuando
con mucha eficacia y con mucha responsabilidad y cuenta con
profesionales de primer nivel. Los datos que nos dio el director de
la Agencia hace unos días y los que nos ha facilitado usted ponen de
manifiesto que todo lo relacionado con la recaudación está
funcionando extraordinariamente bien, así como los trabajos de
gestión y de intensificación de la ayuda al contribuyente para que el
cumplimiento de las obligaciones tributarias de manera voluntaria sea
mejor. En este camino se está avanzando; los datos claramente
positivos. Asimismo, creo que se está luchando con eficacia contra el
fraude. Voy a decir algo que ya se ha dicho en esta Comisión
repetidamente, pero al estar compareciendo usted hoy aquí pienso que
es un buen momento para volver a manifestarlo. Se trata de que el
incremento del IVA y de las retenciones, así como el crecimiento por
encima del PIB y del consumo, ponen de manifiesto un mejor
cumplimiento de las obligaciones tributarias. Además, como he dicho,
se está actuando con eficacia en la lucha contra el fraude. Hay que
seguir siempre por este camino, por lo que le animo a que cuando
abordemos la Ley General Tributaria y el nuevo impuesto sobre
sociedades debatamos en esta Cámara y analicemos alguna medida para
intensificar el buen cumplimiento de las obligaciones tributarias y
para evitar posibles mecanismos de fraude fiscal.
Señor secretario de Estado, concluyo diciendo que tenemos por delante
unos años apasionantes en materia tributaria. Hay que seguir dando
pasos en la reforma del sistema fiscal, pasos hay que dar con
valentía, ya que se ha puesto de manifiesto que, a pesar de las
críticas que se reciben, cuando se abordan reformas con valentía,
esas reformas luego dan unos frutos muy positivos en crecimiento, en
creación de empleo, en bienestar y sobre todo en sentar bases para
poder aprovechar las oportunidades que nos da esta sociedad.
El señor PRESIDENTE: Para contestar a las distintas intervenciones de
los grupos, tiene la palabra el señor secretario de Estado de
Hacienda.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA (Giménez-Reyna Rodríguez):
Quiero agradecer ante todo las intervenciones que se han hecho y los
comentarios, sobre todo los críticos, ya que son los que más
estimulan a uno a perseverar en la tarea de corregir lo que aún no se
ha conseguido, así como
las diversas sugerencias y propuestas que se han realizado, de las
que he creído tomar buena nota. Muchísimas gracias con toda
sinceridad por esos comentarios y aportaciones.
Si me permite, señor presidente, quisiera contestar, entendiendo esta
palabra en el sentido más español y no en el de otras latitudes, a
los distintos portavoces por el orden en el que han intervenido. En
primer lugar, señor Fernández Marugán, hay una queja de partida sobre
la falta de información que le lleva a un lamento que a mí me parece
muy fuerte. Es posible que la información no sea suficiente, pero no
tanto como para llegar a decir que hay una deslegitimación del
Parlamento. Todavía no. Nos quedaría mucho camino, un camino que yo
creo que nadie está dispuesto a recorrer para llegar a ese punto.
Suficiente o no es un criterio tan relativo que es difícil precisar
cuál es el volumen necesario para alcanzar ese grado de suficiencia.
Lo que sí le puedo decir es que esta es mi primera comparecencia
regular ante esta Comisión, la cual acepté desde el momento en que se
acordó que viniera, y que estoy dispuesto a comparecer las veces que
sean necesarias. La información que suministremos será la más
completa que podamos disponer para que el trabajo de esta Comisión,
que al fin y al cabo no es nada más que control de la política fiscal
del Gobierno que se lleva a cabo a través de la Secretaría de Estado
de Hacienda, pueda realizarse en plenitud y con todos los medios. Si
hubiera algún aspecto de la información que fuera mejorable, o que
deba completarse,estaría encantado de recibir la sugerencia y
haríamos el esfuerzo para futuras comparecencias.
A continuación se hace una referencia cruzada desde diversos extremos
sobre los datos, sobre los índices de afiliaciones, de asalariados;
datos que dio el ministro de Hacienda en la conferencia de ayer. Yo
comparto que todo el mundo desea datos con certeza, los datos son
para generar certeza. Sin embargo, las investigaciones, la formación
de los datos tampoco se hace en un momento; son procesos a veces
largos que concluyen en un momento determinado y el que tiene que
hacer de portavoz de un dato en ese momento se ve obligado a darlo en
el estado de elaboración en el que se encuentra y a lo mejor no es
concluyente al final. Esa es la razón por la que yo me he permitido
comentarles unos datos e introducir algunas referencias sobre el
resultado de la primera aplicación del impuesto que no tenía la
semana pasada. Estamos preparando un informe sobre los efectos
económicos de la reforma del impuesto sobre la renta que tendrá el
carácter de monografía porque nos parece importante. Al fin y al cabo
es la primera vez que se bajan los impuestos en España, es una cosa
tan sencilla y tan trascendente como eso, y nos parece importante que
la sociedad española tenga una evaluación de cuáles han sido los
efectos económicos de la reforma para que los podamos valorar en toda
su magnitud. Desde ese trabajo, del que me he permitido anticipar
algunas ideas, tengo otras complementarias
sobre progresividad y redistribución del impuesto que denotan
que hemos mejorado en los dos aspectos y que cuando esté el informe
terminado podremos presentar a la opinión pública española y, por
supuesto, a los miembros de esta Comisión, que probablemente son los
primeros interesados. Pido disculpas si hay alguna falta de
concordancia de algún dato, pero no hay ninguna trampa en la
situación, como no podía esperarse de otra forma entre personas de la
altura de las que estamos en esta sala, y si hay diferencias serán de
apreciación o tal vez de pronunciación, porque no siempre en todos
los foros en los que uno se pronuncia lo hace con la misma exactitud
y con la misma precisión. Yo mismo me he permitido redondear cifras,
lo cual puede variar resultados, pero en todo caso pido disculpas por
la parte que nos toca.
Agradezco la interpretación que hace de la recaudación del año 2000
en comparación con la de 1999. Coincidimos, como no podía ser de otra
manera, en que el impuesto sobre sociedades se ha comportado de una
forma muy favorable. Es, sin duda, el impuesto con más vitalidad.
También apreciamos que los beneficios tienden a moderarse -lo
percibiremos pronto-, aunque los datos de enero no son como para
introducir una especial preocupación a corto plazo. Comparto también
la interpretación que globalmente hace sobre los datos de
recaudación, pero no puedo compartir la reflexión a propósito de
renta y valor añadido. Respecto a renta, he dicho que es la primera
figura y el señor Martínez- Pujalte se ha adelantado en la
argumentación. Ciertamente, si uno añade a la recaudación del
impuesto los 800.000 millones que aporta la tarifa autonómica, ya
estamos por encima del IVA, y ese es el impuesto sobre la renta, por
más cedido que esté a las comunidades autónomas. Es verdad que la
técnica presupuestaria tiene que reflejar dónde tiene que estar pero
estoy completamente de acuerdo en que el IVA en los presupuestos del
Estado es el que más ingresa, es innegable que es el primero de los
impuestos. Crecer al 4,1 por ciento saliendo de una reforma que ha
supuesto unas pérdidas de 800.000 millones de recursos no es mal
dato. Ya podríamos haberlo firmado más de uno hace tres años, porque
¿quién no hubiera firmado esto? Es un magnifico resultado el que
estamos dando. Recordemos las tasas de crecimiento del IVA antes de
la reforma, un impuesto totalmente agostado, sin capacidad de
reacción, sin músculo alguno, sin ninguna elasticidad, por cierto.
Por tanto, estamos en unas tasas muy razonables, saliendo no de una
sino de varias reformas que le han afectado definitivamente, porque a
veces olvidamos las reformas que se produjeron en 1996, que
supusieron un primer paquete de reformas, y durante todo el año
pasado se han aplicado distintas medidas de reforma que han afectado
también al impuesto sobre la renta de las personas físicas.
En cuanto al IVA, no es mala marca el 8,6 de crecimiento.Ciertamente,
si uno entra en los pormenores de
los distintos tipos de operaciones, se llega a conclusiones tan
acertadas como las que se han expuesto. El IVA es lo que es, un
impuesto que subsume todos los componentes positivos y negativos, y
el resultado final es un crecimiento de 8,6 por ciento. Si se compara
con la tasa de consumo, uno puede llegar a la conclusión de que hay
más recaudación procedente del impuesto que del consumo ¿Por qué es
eso? No es por generación espontánea, es porque hay un mejor servicio
al contribuyente, porque hay un mejor aparato disuasorio del fraude,
porque quizá el fraude no tenga tanto aliciente como en otro tiempo
y, en definitiva, porque se está alumbrando economía sumergida, a lo
que confluyen muchos factores; probablemente las medidas laborales
también están jugando su papel, al ser más moderado el conjunto de
los impuestos introduce que la contribución sea más razonable.
Insisto, el impuesto crece al 8,6 por ciento.
Si se entra en todos los interiores, y en la página 13 del documento
que les hemos repartido está el cuadro al que me estoy refiriendo,
uno puede comparar que las importaciones son el principal componente
del crecimiento, en torno a cifras superiores al 26 por ciento, cifra
abultadísima que se corresponde con el incremento de los precios del
petróleo; creo que es fácil encontrar esa referencia. También llama
la atención la cifra de exportadores, un crecimiento del 70,6 por
ciento, cifra importantísima que denota la vitalidad de nuestro
sector exterior en un momento en que la demanda interna ha tomado una
cierta atenuación, la demanda externa tira y los exportadores
encuentran una magnífica oportunidad de negocio; además, comparemos
con los últimos datos del año anterior, menos 30.4. Por tanto, hay
dos componentes, importaciones y exportaciones, que nos dicen que la
economía española está fuerte y vigorosa.
Un dato más, operaciones interiores. Es verdad que, en global, las
operaciones interiores están creciendo al 1,9 por ciento, pero veamos
a qué cifras están creciendo particularmente las grandes empresas
-grandes empresas son las superiores a 10.000 millones de pesetas-,
donde está el grueso de la recaudación, están creciendo al 19,9 por
ciento; no es mala marca un crecimiento de casi el 20 por ciento en
las grandes empresas. Sin embargo, hay incidencias en régimen
simplificado y demás, medidas adoptadas el año pasado en compensación
a los sectores afectados por la crisis del petróleo, que sin duda han
tenido que incidir ahí.
Yo volvería de nuevo a importación-exportación. ¿Por qué? Porque el
exportador recibe la devolución de todos los impuestos soportados; la
mejor filosofía del impuesto es la neutralidad total, que el bien
salga para ser gravado en destino, y la incidencia de las
importaciones. Uno y otro son dos componentes que merman la
recaudación bruta del impuesto, las exportaciones por la vía de
devoluciones y las importaciones por la vía de la compensación en la
tabla de los input de los
empresarios interiores, si valiera esa expresión. Por tanto, podemos
ser todo lo críticos que queramos, pero seamos objetivos pues los
datos dicen lo que está en la página 13 del documento que les hemos
facilitado. No son datos definitivos, puede que tengan alguna
aproximación, pero con este dato no me encuentro nada insatisfecho al
ser un momento -no lo olvidemos- en que se dice que el ciclo está
agostándose. Última reflexión que me queda ante la queja por el poco
vigor del IVA. La única pregunta que me hacía cuando oía al señor
Fernández Marugán es qué habría pasado si en lugar de crecer el 8
hubiera crecido el 16. Tendríamos el punto de vista contrario, los
impuestos indirectos están absolutamente lanzados y van a provocar un
incremento de recaudación. Yo creo que está en una tasa de
crecimiento muy razonable, nos permite conservar ese cierto
equilibrio -que yo no comparto del todo pero está en la mente de los
hombres, y de las señoras por supuesto- entre impuestos directos e
indirectos. No estoy obsesionado con eso de ninguna manera, pero creo
que nos permite cumplir con esos requerimientos para aquél que los
tenga por convenientes. En todo caso, para lo que nos valga,
recordemos, como ha apuntado el señor Martínez-Pujalte, que la tasa
de crecimiento de los impuestos directos en el año 2000 ha sido
superior a la tasa de crecimiento de los impuestos indirectos.
Podríamos hacer una comparación en paralelo del IVA y de la renta,
como los dos grandes impuestos, con otros dos segundos grandes
impuestos: especiales y sociedades, y veríamos que son magnitudes muy
próximas. Cuando uno toma las tasas de crecimiento de los impuestos
directos y los indirectos, concluye que la tasa de crecimiento de los
impuestos directos en el año 2000 ha sido superior a la de los
indirectos.
Aquí surgía un comentario, sin duda coloquial, que el ministro hizo
ayer en una conferencia que pronunció, sobre que no necesitábamos
crecer más del 3 por ciento. Yo no soy quién para interpretar las
palabras del ministro, pero se me ocurre pensar que se refería a que
la economía ha tenido una buena tasa de crecimiento y que estamos en
un momento en el que hay que ajustar todos los parámetros, porque
unas tasas de crecimiento muy fuertes, durante mucho tiempo, pueden
llegar a producir situaciones de recalentamiento que al final
conduzcan a una situación peor de la que se desea alcanzar. Me figuro
que su reflexión podía ir por ahí. De todas formas, la previsión de
crecimiento para este año es del 3,6 por ciento, y la previsión para
todo el cuatrienio que está comprendido en el programa es siempre
superior al 3 por ciento. Crecer al 3 por ciento está muy bien; ya
podíamos firmar por estar diez años más creciendo al 3 por ciento,
pues sería un magnífico dato.
Me ha hecho mucha gracia la frase de Schumpeter, de no dar al jinete
los méritos del caballo, pero no es esa la voluntad de este
secretario de Estado. Hay medidas claras con las que estamos
reaccionando ante la situación económica. No siempre es cuestión de
hacer,
sino a veces también de no hacer, de no actualizar los impuestos
especiales. Esto nos ha permitido, sacrificando recaudación,
inflación a que el índice de inflación sea mejor. El no haber
aumentado el IVA ningún punto nos aporta la experiencia de los
últimos datos de 1995, cuando una subida de tipos generó más fraude.
Estamos potenciando la vía de la gestión, estamos potenciando la vía
de la estabilidad y creemos que la política fiscal que estamos
haciendo es la adecuada. Por una parte, hay reformas que tenemos que
hacer obligatoriamente, como el reforzamiento de garantías y demás
que tenemos que llevar a cabo por la Ley General Tributaria, que
están al margen de la coyuntura; por otra parte hay otras medidas,
como la imposición directa, que ha contribuido a dar vigor al ciclo
económico. Esa medida se acompañará ahora con otra nueva actuación en
el impuesto sobre sociedades, con ese afán de compensación del ciclo.
En materia de imposición indirecta, máxima prudencia, para evitar que
se produzcan efectos indeseados.
En cuanto al impuesto sobre la renta de las personas físicas, la
reforma ha cumplido perfectamente su función y en el momento
oportuno. Probablemente si lo hubiéramos hecho al comienzo de la
legislatura no hubiéramos conseguido un efecto tan positivo como el
que hemos logrado. La flexibilidad que ha alcanzado -si no he
expresado mal el dato- es de 1,26 por ciento, es decir, por cada
punto del PIB, el impuesto sobre la renta de las personas físicas
crece un 26 por ciento más, lo cual no está mal para una tasa de PIB
nominal del 7,5 por ciento, que es la que tenemos en este momento. En
último término quisiera darle el dato de la disminución de la
contribución de las rentas de trabajo. En el año 1998, las rentas de
trabajo aportaban el 83,4 por ciento, y en el año 1999 aportan el
77,6 por ciento de la recaudación del IRPF. Todos estos datos los
presentaremos cuando hagamos el informe sobre efectos económicos.
Esto es importante, porque a S.S. y a mí, que hemos compartido muchas
horas en la Dirección General de Tributos, nos preocupaba mucho la
situación de la contribución de cada fuente de rentas a la
recaudación global del impuesto. En este momento hemos roto esta
tendencia y las rentas de trabajo han disminuido su contribución, lo
cual es, por otra parte, una recomendación de los organismos
internacionales, y el que más se ha distinguido en los últimos
informes de la OCDE sobre España.
Finalmente ha hecho un comentario sobre la rebaja de impuestos. Yo
creía que todos estábamos de acuerdo en la rebaja de impuestos.
Parece que ahora el señor Fernández Marugán dice que no estaría de
acuerdo con la rebaja de impuestos. Las que llevemos a cabo estarán
bien preparadas y bien fundamentadas y podremos hacerlas de consuno
con el grupo que representa el señor Fernández Marugán, porque al
final se ha demostrado que son buenas para la economía española y
para los españoles en general.
A propósito del sistema de financiación autonómica, no tiene por qué
disculparse. En este momento yo no podía hacer otra cosa más que
enunciar las grandes reflexiones que tenemos presentes para llevar a
cabo la reforma del sistema de financiación autonómica. Ciertamente
los principios tienen mucho contenido detrás, y yo puedo estar de
acuerdo con los principios y no con su desarrollo. Pero ya me vale si
estamos de acuerdo en esos principios; hemos dado un gran paso
adelante porque eso es una buena entrada para un sistema que pretende
ser estable en el tiempo, en donde el esfuerzo de diálogo y de
acuerdo debe ser mayor que nunca si queremos que este subsistema de
nuestra Hacienda adquiera los compromisos y pueda cumplir con los
requerimientos que le hace la sociedad española. En todo caso, le
reitero mi agradecimiento por su intervención, señor Fernández
Marugán.
A continuación, ha intervenido el señor Padrol, del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que ha hecho unos
comentarios positivos sobre el comportamiento de la recaudación de
los diferentes impuestos, que le agradezco, y también los comentarios
elogiosos acerca de la información recibida. En todo caso, le
reitero, como he dicho al señor Fernández Marugán, que cualquier
información adicional estaremos encantados de poderla suministrar en
próximas comparecencias para mejorar, si es posible, el trabajo de
esta Comisión.
Hago mía la reflexión sobre la ruptura del tópico en materia de
normativa tributaria. Creo que las cosas son lo que son hasta que
dejan de serlo, y algún día había que tomar medidas como las que
hemos tomado y demostrar que las reformas tienen una virtualidad de
impulso al desarrollo económico. Ahí estamos de acuerdo y no puedo
por más que compartir la reflexión y la frase literaria que ha
utilizado para describirla.
A propósito de los proyectos, el del mecenazgo es uno de los primeros
que tendremos que elevar al Gobierno y éste a su vez remitir a la
Cámara si lo estima pertinente; es un proyecto en el que tenemos
puestas muchas esperanzas. Sabemos que es un proyecto largamente
esperado por la sociedad española y que tendremos que dar cumplida
respuesta a diversas demandas. Ciertamente tenemos un alto nivel de
protección. Yo hice mis comentarios elogiosos que están publicados, a
la Ley de 1994; reconozco que fue un gran avance, pero también ha
llegado el momento de dar un paso más y reforzar la participación de
los particulares en la actividad que se ha dado en llamar sociedad
civil, y que yo siempre digo que no hay más sociedad que la sociedad,
no hay otra ya en el mundo de nuestros días, en donde otros
estamentos han desaparecido. Por tanto, compartimos plenamente la
preocupación y el interés en el proyecto.
Luego ha apuntado dos cuestiones en las que sin duda tenemos que
reflexionar, una es la de la transparencia fiscal, que yo creo que es
un aspecto que está en
el debate, que está sometido a la consideración de las entidades
representativas de los diferentes colectivos del asesoramiento fiscal
de economistas y abogados y, por otro lado, es un instrumento que
quizá ha perdido la virtualidad desde su significación inicial. Yo
estoy de acuerdo que es una reflexión que tenemos que hacer y que
habrá que abordarla en las próximas reformas que acometamos.
Igual cabría decir con respecto a la gestión de las retenciones. Aquí
más matizadamente. Comparto que hay una posible sobrecarga de
obligaciones sobre determinados contribuyentes, pero no es menos
cierto que eso es un sacrificio que se le pide a alguien que tiene un
apoyo, fuerte y decidido, de la Agencia Tributaria y que además el
resultado final es que consigamos una reducción de las retenciones
que puedan soportar los trabajadores. Nos vamos directamente a la
tarifa del impuesto, aplicamos todos los mecanismos de la liquidación
que son posibles y conseguimos que en alguna medida aquí reduzcamos
la brecha fiscal del empleo, es decir, reducir los componentes de
gastos no salariales que inciden en el coste del empresario, y ese ha
sido un sacrificio que los retenedores, los empresarios profesionales
han llevado con toda dignidad ciertamente y que será difícil que
modifiquemos, pero en todo caso siempre estaremos dispuestos a
considerar cualquier reforma que pudiera mejorar este sistema.
En cuanto a la Agencia Tributaria, no puedo por menos que agradecer
los comentarios favorables y elogiosos que ha hecho en materia de
devolución, cómo hemos reducido plazos y demás. También comparto la
reflexión que hace a propósito de la disyuntiva objetivos
cuantitativos y objetivos cualitativos. ¡Qué más quisiera el que
suscribe que poderse centrar solamente en reflejar los aspectos
cualitativos de una gestión! Pero la sociedad española quiere otros
datos, quiere otras referencias, probablemente porque tiene
mentalizadas unas series históricas en las que quiere permanecer
y las que quiere actualizar constantemente. Sin duda estamos poniendo
el acento, y esa es un de mis líneas, en que nuestra actuación tiene
muchos efectos favorables, además de la incoación de actas, la
recuperación de recaudación o las actividades de control y demás.
Esta es una parcela que no podemos desconocer porque la sociedad nos
lo demanda, los medios informativos son absolutamente constantes en
esa línea y no podemos descuidar el cumplimiento de objetivos
cuantitativos para el mejor servicio al ciudadano y el mejor
funcionamiento de la institución a la que represento. En todo caso,
tomo buena nota de su recomendación de atenuar el valor, el peso de
los llamados objetivos cuantitativos.
También comparto la referencia a avanzar en las relaciones con las
comunidades autónomas. Creo que la reforma del sistema de
financiación nos debe dar la oportunidad de tratar este asunto y
buscar medidas que permitan avanzar en la corresponsabilidad fiscal.
Eso
es lo que late detrás de la reflexión que ha hecho sobre mejorar las
relaciones con las comunidades autónomas, porque buenas ya lo son. De
lo que se trata es de reforzar más la intervención de las comunidades
autónomas en la institución que gestiona y que procura los recursos
tributarios que prevén los presupuestos del Estado, de los que se
nutren principalmente también las comunidades autónomas.
En cuanto al sistema de financiación autonómica, creo que la
filosofía que manejamos es de incrementar la corresponsabilidad
fiscal, lo cual se traduce en el incremento de los recursos
tributarios, no sé si llegaremos a los niveles en que están los
países federales, como el que ha citado de Alemania. En todo caso hay
que incrementar los recursos tributarios que nutren los presupuestos
autonómicos, dotando de capacidad normativa a las comunidades
autónomas en todo aquello que sea factible. Hay capítulos donde es
difícil avanzar en la capacidad normativa, pero en otros muchos sí
que se puede y tendremos que hacer un esfuerzo para reforzar
auténticamente la capacidad de decisión de los ingresos de las
comunidades autónomas Ciertamente el debate de financiación
autonómica es algo más que una reivindicación territorial. Es un
debate en el que pretendemos establecer un sistema que tuviera ya una
vigencia temporal indefinida, lo cual no es más que deshacer una
convención que hubo en los años ochenta, porque, como bien sabemos
todos, eso no está en una ley sino que fue un acuerdo que se adoptó
por entonces. En todo caso, muchísimas gracias, señor Padrol, por su
intervención y por las palabras elogiosas que ha tenido para con los
trabajos de la Secretaría de Estado de Hacienda.
Al señor Azpiazu le tendría que contestar a sus intervenciones con
respecto a los dos asuntos que ha planteado. En cuanto a las
incidencias que sigue la reforma de la Ley General Tributaria, como
ya he dicho, a lo mejor no me he expresado adecuadamente: hay una
comisión de expertos que ha concluido un informe preliminar de
reforma de la Ley General Tributaria. Ese informe preliminar ahora se
someterá a la opinión pública, a las comunidades autónomas, a las
corporaciones locales, entre ellas las diputaciones forales, se
someterá al conocimiento de la Academia, de las cátedras, al
conocimiento de los profesionales del sector y recibidos los
comentarios, sugerencias y propuestas de todos los consultados, la
comisión se volverá a reunir y cerrará su informe de la reforma de la
Ley General Tributaria. A partir de ahí se hará el proyecto de ley.
Es decir, vamos a consultar a las diputaciones forales, no ya por la
vía de la comisión de evaluación normativa, que será cuando esté el
proyecto, sino por la vía previa de la valoración de ese informe,
pues los expertos han creído oportuno, y yo el primero con ellos no
como experto sino como presidente de la comisión, que debemos
consultar a la sociedad española para saber si las reflexiones que
está haciendo la comisión de expertos
es acorde con las reflexiones que hacen todos los expertos en materia
de fiscalidad. En cuanto al concierto, sólo puedo suscribir sus
palabras. Ha propuesto que haya avances reales y pronto y eso es lo
que nosotros deseamos a partir de la primera reunión que
celebraremos, Dios mediante, en la primera quincena del próximo mes
de marzo.
Finalmente ha intervenido el señor Martínez-Pujalte que ha hecho un
comentario muy pertinente sobre el equilibrio presupuestario y sus
virtudes. Comparto esa reflexión. No se trata de ningún dogma, de
ningún apriorismo el alcanzar el equilibrio presupuestario. No es
nada más que un instrumento que permite el cumplimiento de otras
políticas, el desarrollo, la liberación de recursos para poder hacer
las políticas sociales, darle estabilidad y credibilidad a nuestro
país ante los mercados internacionales y tantas otras virtudes que
deben derivar de unas finanzas que, al fin y al cabo, se adecuen a lo
que manda el refrán español de no estirar los pies más lejos de donde
llega la sábana.
La situación económica es otro de los aspectos que ha comentado el
señor Martínez-Pujalte. Comparto que la política fiscal ha sido, al
menos en parte, protagonista de esta situación de bonanza en la que
estamos. Sin duda, la bajada de impuestos y el correlativo -nadie tan
contestado, y había quien consideraba que nunca se producirían
subidas de recaudación- han sido factores importantes para que
estemos en la situación en la que estamos. El hecho de que esté
subiendo la recaudación no es porque haya habido normas de subidas de
impuestos. ¿Quién puede decir que ha subido el impuesto sobre la
renta de las personas físicas? Sin embargo, sí que hay una respuesta
positiva de la recaudación como consecuencia del ensanchamiento de
las bases. El dato más terminante que le apuntaba en mi primera
intervención es el de las ganancias patrimoniales. En el antiguo
impuesto, hasta el año 1996, las plusvalías aportaban del orden de
60.000 millones de pesetas, un sistema muy progresivo que las sometía
al 56 por ciento, pero con unos mecanismos de corrección que hacían
que, al final, las plusvalías no tributaran. Hoy esa cifra está en
torno a 340.000 millones de pesetas( 60-340, 96-99.) Ese es un dato
por el que nadie puede dudar que se ha bajado el impuesto. Las
plusvalías tributan al 20 y al 18 por ciento. Pero ¿qué ocurre? Que
se ha ensanchado la base. Todas las plusvalías tributan. Ahora que ya
no queda ninguna plusvalía sin tributar, ya no vale aquella técnica
antigua de ir guardando la reserva de cada año para poderlas
disfrutar libre de impuestos. Al final, todos contribuyen en menor
medida, lo cual también lo hace socialmente más aceptable. Porque el
ciudadano cuando se enfrenta con una plusvalía y ve que por un millón
de pesetas que ha ganado en un fondo tiene que pagar 200.000, ó ahora
180.000, y ese es el coste de pasar de renta fija a renta variable,
lo toma con naturalidad. De suerte que, según el último dato que
conozco de hace ya varios
meses -no tengo el dato del año 2000-, los cambios de fondos estaban
próximos al 50 por ciento. Es decir, el movimiento que hay en la
política de fondos de inversión mobiliaria es de casi el 50 por
ciento, y cuando yo me aproximé a esta cuestión, allá por el año
1996, era del 25 ó 27 por ciento. Ha habido un cambio extraordinario
al que probablemente ha ayudado la política fiscal y ha facilitado el
que tanto ahorro pequeño que hay en las instituciones de inversión
colectiva haya podido beneficiarse de esa política fiscal. Por tanto,
comparto, como no podía ser de otra manera, que esta técnica de
rebajar impuestos ha dado un buen resultado y tenemos que persistir
en ella, insistiendo en la redistribución que tienen que procurar
todas las políticas fiscales, porque no es sólo la de ingresos la que
la tiene que proporcionar, mirando siempre a ese equilibrio
razonable, no riguroso, que debe haber entre la imposición directa y
la imposición indirecta que, hasta este momento y hasta donde a mí se
me alcanza, está bien atendido.
Nos quedan unas reformas futuras, a las que se ha referido el señor
Martínez-Pujalte, que están comprometidas por el Gobierno de la
nación y que se llevarán a cabo en los plazos más idóneos para
nuestra situación económica. Luego nos queda la financiación
autonómica como el gran asunto para este año, dada la trascendencia
que tiene para el conjunto de la Hacienda española. Estamos en la
línea de poder cumplir nuestros compromisos en ese plazo y buscaremos
el acuerdo. Los principios que se han esbozado son ya una buena base
para construir ese acuerdo. Lo que nos queda es poder entrar en
pormenores y encontrar pronto ese acuerdo que tanto servirá para
todos.
Ha terminado el señor Martínez-Pujalte destacando el trabajo de los
profesionales de la Agencia Tributaria. No puedo más que ratificarlo
públicamente por su enorme abnegación y su capacidad de trabajo al
servicio del contribuyente. Hemos pasado en diez años a un cambio
radical de Administración que nadie la conoce. El grado de servicio
que se presta al ciudadano es elevadísimo. La campaña de renta que
viene ahora es una buena oportunidad para contrastar, de nuevo, esa
política de ayuda al contribuyente y lucha contra el fraude por el
lado más positivo que queremos hacerlo, que es impulsando el
cumplimiento voluntario. Esa es la mejor justificación de cualquier
hacendista que se precie: encontrar el pago del tributo por la vía
del complemento de las normas y no por la vía de la reacción que, en
todo caso, siempre será necesario mantener.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Fernández Marugán.
El señor FERNÁNDEZ MARUGÁN: Últimamene se ha puesto de moda en España
analizar las series económicas a través de una técnica que llaman de
ciclo
tendencia. Ese tipo de técnicas planchan, almidonan, y me va a
permitir que diga que encañonan, porque creo que así lo dicen en
Bilbao, las series. ¿Qué problemas plantea este tipo de técnicas? Que
el dato real se sitúa siempre por debajo del dato que dan las series
estadísticas elaboradas bajo el procedimiento de ciclo tendencia.
¿Qué he querido decir esta mañana aquí? He querido decir que nos
estamos aproximando a una velocidad superior a la prevista a la tasa
tendencial de crecimiento de la economía española; que esa tasa está
en el 2,8 es un hecho que se puede producir en un futuro próximo,
y eso condiciona la mix de política económica. Voy a ver con interés el
«Diario de Sesiones» porque creo haber empleado la expresión mix de
política económica y no la de mix de política fiscal; no soy muy dado
a hacer la comparación entre impuestos directos e indirectos, me
gusta más hablar de impuestos de consumo e impuestos de renta-
patrimonio, porque creo que es un ciclo más poderoso incluso
teóricamente. ¿Me hace tilín, como decía el señor Martínez-Pujalte,
alguna medida o propuesta de modificación tributaria? Sinceramente
las cosas que me hacen tilín no están en el mundo de los impuestos,
se lo garantizo al señor Martínez- Pujalte. (Risas.) Pero como él
apoyaba sus afirmaciones en un artículo que le he proporcionado
-porque no se lo había leído, no por otra cosa-, me voy a permitir el
lujo de leer una frase de Samuelson, que creo que sigue siendo una
autoridad de peso en el mundo de la economía, que dice así: Es mejor
dejar la estabilización macroeconómica del corto plazo a la Reserva
Federal que a la política fiscal del Tesoro. Esa es la mix de
política económica que yo he querido traer esta mañana aquí. Además,
la concreto con otro elemento. En los tiempos que vivimos, si alguien
postula recortes fiscales habría que recordarle que esos recortes
deberán estar acompañados de las correspondientes reducciones del
gasto. En la fase del ciclo en la que estamos, ya no va a haber
grandes posibilidades -como las ha habido y con la misma intensidad-
de hacer política económica y política fiscal contando con una
elasticidad de los impuestos extraordinariamente poderosa; eso es lo
que he querido señalar. ¿Por qué? Porque el indicador, el gráfico que
nos ha proporcionado usted -que me parece un documento sugerente-
señala que, pasado el punto de giro del primero o segundo trimestre
de la economía española, cae la producción -con cierta fuerza, a un
nivel alto, pero cae; no estoy hablando de nivel, sino de ritmo y
desde luego de tendencia- y cae la marcha de algunos impuestos. ¿Que
de esos impuestos unos sean más proclives que otros a este tipo de
tratamiento estadístico? Pues sí; no habla mucho de renta, entre
otras cosas porque la renta ha sufrido tantos cambios normativos que
establecer en este momento la verticidad de ese gravamen no debe de
ser sencillo, seguramente estamos hablando de bases imponibles muy
diferentes. En cualquier caso, esas cosas quedan ahí. Creo que es
bueno pensar cómo va a evolucionar la
economía española en los próximos meses y cómo puede evolucionar
dentro de ella una parte importante suya, que es el sistema
tributario.
Termino reconociendo una vez más, y como siempre, el buen tono del
señor Giménez-Reyna; el buen tono de su intervención y el mejor de su
respuesta. Eso me anima a mí a hacer una consideración recíproca:
tuve una imprecisión que usted y el señor MartínezPujalte
corrigieron. Es verdad que si uno le suma a la recaudación de renta
la transferencia a comunidades autónomas, renta es el primer impuesto
del sistema; pero no es menos cierto que, si se la deja fuera, el
primer impuesto del sistema para el Estado en este momento es el IVA.
Ustedes lo han precisado mejor que yo. En cualquier caso, muchas
gracias por esa corrección que no tengo ningún inconveniente en
reconocer.
El señor PRESIDENTE: El señor Martínez-Pujalte tiene la palabra.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Sólo un segundo, señor presidente.
En la legislatura pasada, señor Fernández Marugán, nos votaron que no
a las bajadas de impuestos; esta legislatura la comenzamos dándoles
la bienvenida al club de los que querían bajar los impuestos. Hoy les
despido con tristeza cuando vuelven a decirnos que quieren subirlos.
Creo que volverán al buen club, bajada de impuestos, porque eso hará
posible, señor Fernández Marugán, que en España crezcamos y podamos
seguir aumentando los gastos sociales y los que se destinen a la
modernización de este país. Les despido con tristeza, pero espero que
vuelvan al buen camino.
El señor PRESIDENTE: El señor secretario de Estado tiene la palabra
si quiere hacer algún tipo de comentario.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA (Giménez-Reyna Rodríguez):
Intervendré con mayor brevedad que los que me han precedido en el uso
de la palabra en este último trámite.
Yo no puedo aportar al señor Fernández Marugán más que el aval del
Fondo Monetario Internacional y de la OCDE que pronostican para
España un crecimiento este año superior al 3,6; quiero recordar que
el Fondo Monetario daba el 3,7 y nosotros hemos dado una décima
inferior. El Programa de Estabilidad está ahí y será examinado en la
Unión. Esas eran las previsiones. A partir de ahí, uno cuenta con los
avales de los especialistas para hacer esas previsiones de
crecimiento futuro. Naturalmente, nosotros creemos en ellas. Sólo
queda esperar a que con esa profesión tan conocida por interpretar el
pasado cuando llegue el momento nos lo explique, pero nuestra
previsión de salida, que la tenemos que hacer, y a cuatro años vista,
la hemos tenido que hacer incluyendo hasta el impacto de la reforma
del impuesto sobre la renta en el año 2003. Y ese es el ejercicio en
el que queremos perseverar para conseguir esa tasa de crecimiento
que, si fuera, como decía ayer el ministro, del 3 por ciento, ya
sería una magnífica tasa para el futuro.
En todo caso, señor presidente, quiero aprovechar la oportunidad para
agradecer las intervenciones de todos y particularmente los
comentarios tan amables que ha tenido para conmigo el señor Fernández
Marugán.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Giménez-Reyna, por su
primera intervención en la Comisión de Economía y Hacienda. Reitero
mis palabras iniciales de bienvenida y esperamos una próxima
comparecencia.
Inmediatamente después de despedir al señor secretario de Estado,
pasaremos al segundo punto del orden del día. (Pausa.)
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- SOBRE PRECIOS DE GAS NATURALA FERTIBERIA. PRESENTADA POR EL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/
000511)
- RELATIVA AL CUMPLIMIENTO POR EL GOBIERNO DE LA PROPOSICIÓN NO DE
LEY SOBRE FERTIBERIA, APROBADA POR UNANIMIDAD EN LA COMISIÓN DE
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO EN SU REUNIÓN DE FECHA 17 DE MARZO DE
1999. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de
expediente 161/000512)
El señor PRESIDENTE: Señorías, iniciamos el debate del segundo punto
del orden del día: proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Popular sobre precios de gas natural a Fertiberia.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Señor presidente, si no tiene
inconveniente, podíamos tramitar las dos proposiciones no de ley
conjuntamente y solo con un turno de intervención.
El señor PRESIDENTE: Tramitamos los puntos 2 y 3, conjuntamente.
Tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Popular.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Señor presidente, no tengo mayor
inconveniente, porque voy a ser muy breve en esta intervención para
defender la proposición no de ley que mi grupo ha presentado, en la
que solicitamos instar al Gobierno a que se continúe con la
realización de las actuaciones tendentes a facilitar
la prórroga del contrato de suministro de gas entre Enagas y
Fertiberia de 13 de abril de 1994.
Mi grupo ha creído oportuno presentar esta proposición no de ley que
vamos a apoyar. Es muy similar a la proposición no de ley presentada
por el Grupo Socialista y nosotros, incluso, hemos propuesto un texto
conjunto para hacer una sola votación, recogiendo en ese texto
nuestra voluntad de que el Gobierno publique cuanto antes la orden
ministerial tendente a facilitar a esta empresa un precio de gas que
haga posible la viabilidad y la competitividad de la empresa y por
tanto que haga posible la continuidad de los puestos de trabajo.
La producción de amoníaco es parte fundamental de la producción de
fertilizante nitrogenado y en España tiene concentrada una parte de
su actividad en Fertiberia, que es referencia básica para el sector
de fertilizantes y cuyo centro de actividad más importante está en
Puertollano, Palos y Huelva. Todo el mundo conoce, señor presidente
-en esta Comisión se puso de manifiesto en la aprobación de la
anterior proposición no de ley-, que la producción de amoníaco tiene
en el consumo de gas natural el input fundamental dentro de su
estructura de costes, que llega a representar casi las tres cuartas
partes del coste total de producción y, por lo tanto, la posibilidad
de un precio de gas competitivo internacionalmente, además de
estable, es clave para mantener la competitividad.
Nosotros no plantearíamos esta proposición no de ley si no
estuviéramos viendo que en el concierto de la Unión Europea hay otros
países que están estableciendo precios similares para sus
producciones. Lo mismo sucede en Italia, Bélgica, Francia y de manera
especial, que es la referencia, en Holanda. Nosotros creemos que no
hay una oposición a la normativa europea y que aquí no estamos
hablando de ayuda de Estado. Es verdad que, cuando se sometió a
información de la Comisión Nacional de Energía la orden ministerial,
la Comisión Nacional de Energía puso algunas objeciones diciendo que
podía ser considerada ayuda de Estado. Nosotros creemos que eso no es
así. Pensamos que es bueno para la competitividad y para el
mantenimiento de los puestos de trabajo que se apruebe esa orden
donde se establece la continuidad de lo pactado en 1994. Y nos parece
que es una buena ocasión para hacer una brevísima referencia a que
España necesita una política industrial importante y que a veces en
la Comisión Nacional de Energía no debe radicar todo el poder
decisorio, que el Gobierno y estas Cortes Generales también tienen
que contribuir a la política industrial. Por tanto, a pesar de que la
Comisión Nacional de Energía haya puesto alguna objeción, están por
delante los intereses de los trabajadores, de la competitividad de
nuestras empresas y del mantenimiento de un sector industrial
importante.
Por todo eso, mi grupo solicita que se vote ese textoconjunto.
Creemos que es bueno que hoy en el Parlamento
digamos al Gobierno que dé continuidad a esto porque así estamos
dando continuidad a unas empresas importantes y estamos dando
continuidad al mantenimiento de muchos puestos de trabajo.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra el señor García Breva.
El señor GARCÍA BREVA: Empiezo anunciando que el Grupo Socialista va
a aceptar ese texto al que se ha referido el portavoz del Grupo
Popular para votar así conjuntamente o de acuerdo estas dos
proposiciones no de ley.
El artículo 93 de la Ley del sector de hidrocarburos establece que el
Ministerio de Industria o el Gobierno, en su caso, dictará las
disposiciones necesarias para establecer las tarifas de venta de gas
natural para los consumidores finales y distribuidores, estableciendo
los valores concretos de dichas tarifas y precios. En la Unión
Europea los precios para la utilización del gas natural como materia
prima en la fabricación de amoníaco han seguido una evolución
diferenciada en relación con los precios del gas natural que para
usos industriales existen en España. Por ello, para mantener el grado
de competencia con nuestro entorno en ese sector industrial o en esta
industria básica es necesario crear una nueva tarifa de gas natural
para este uso específico. En la Unión Europea el precio de venta del
gas natural para su uso como materia prima en la fabricación de
amoníaco está regulado por lo que se llama la fórmula efe o la tarifa
holandesa, que tiene por objeto permitir la competencia entre los
productores en condiciones de igualdad.
La Comisión Europea, a través de dos comunicaciones en el año 1992 y
de una decisión de la Comisión en diciembre del año 1993, ha
establecido que no son ayudas de Estado y actualmente Enagas está
aplicando a este tipo de suministros la tarifa general, con un
descuento del 7,18 por ciento. La aplicación de la tarifa holandesa,
que es lo que proponemos en nuestra proposición no de ley, con un
incremento por el transporte, supondría un descuento medio
aproximadamente del 20 por ciento. Actualmente, como decía el
portavoz del Grupo Popular, en la Unión Europea el precio holandés se
aplica en los Países Bajos y es referencia en Bélgica, Francia e
Italia, añadiendo un diferencial correspondiente al transporte. En
los países con más competencia y sobre todo debido al mejor acceso y
disponibilidad de gas, no es la referencia, aunque sus precios son
similares o más bajos, como es en el caso del Reino Unido, Alemania y
Austria. En el contrato que en abril del año 1994 establecieron
Enagas y Fertiberia hasta el año vigente, hasta diciembre del año
1997, se establecía un precio similar a esa tarifa holandesa, con un
precio medio de 1,48 pesetas por termia. Su aplicación en el año 1999
daría lugar a un precio de 1,14 pesetas por termia.
El portavoz, señor Martínez-Pujalte, ha hecho referencia a que la
Dirección General de la Energía tiene previsto y pendiente publicar
una orden ministerial que recoja esa tarifa de gas natural como
materia prima. Esa orden ministerial también tiene que ver con
nuestra proposición no de ley, pero asimismo con el cumplimiento de
tres compromisos. El primero, los acuerdos de la Comisión delegada
del Gobierno para asuntos económicos, que se tomaron en los años 1994
y 1995 para aprobar esta tarifa específica para el gas natural. El
segundo compromiso que se debe cumplir es el acuerdo que por
unanimidad tomó la Comisión de Industria del Congreso de los
Diputados en la pasada legislatura, el 17 de marzo del año 1999,
acuerdo que suponía la prórroga del contrato de Enagas y Fertiberia.
El tercer compromiso es cumplir con la voluntad del pueblo de
Puertollano, que el 22 de febrero pasado aprobó, por unanimidad, la
publicación de esta orden ministerial por la Dirección General de
Energía.
Estos tres compromisos que pretendemos cumplir hoy aprobando esta
proposición no de ley también tienen que ver con tres sucesivos
incumplimientos del Partido Popular. El primer incumplimiento
corresponde al anterior Ministerio de Industria, al anterior ministro
de Industria, el señor Piqué, que en la pasada legislatura no cumplió
los acuerdos que adoptó en su momento la Comisión Delegada de Asuntos
Económicos y el que tomó la Comisión de Industria del Congreso de los
Diputados en el año 1999. Éste es un incumplimiento importante y
merece la pena destacarlo en esta Comisión. El segundo incumplimiento
es el del acuerdo del propio Congreso de los Diputados, que en la
Comisión de Industria acordó por unanimidad aprobar esta tarifa
específica. Quiero denunciar este incumplimiento porque me parece
grave, porque refleja dónde sitúa al Parlamento el Partido Popular,
en esa nueva lectura de Montesquieu que está haciendo el Gobierno
actual, y porque supone una negligencia en el sentido de que la
desaparición del Ministerio de Industria ha provocado un perjuicio a
muchos sectores económicos. Decía ahora el portavoz del Grupo Popular
que ellos apoyan una política industrial fuerte. El tema que estamos
tratando hoy es un ejemplo de que no la apoyan y la desaparición del
Ministerio de Industria tampoco fue un buen ejemplo en esa línea.
Además, es un perjuicio a la sociedad el hecho de haber puesto en
peligro el futuro o la competitividad de Fertiberia y los 500 puestos
de trabajo que supone.
Y en tercer lugar está el incumplimiento de los propios compromisos
de la política económica del Gobierno. En su discurso de investidura,
el actual presidente del Gobierno hablaba de completar la
liberalización e incrementar la competencia de la economía española;
sin embargo, un año después de ese discurso de investidura podemos
decir que, en lo que se refiere al mercado del gas, a la competencia,
la segregación de Enagas sigue siendo sólo una operación estética;
los consumidores domésticos no podrán elegir proveedor hasta el año
2013 y, en cuanto a los precios, el gas natural para usos
industriales -es una noticia de hace unos días- ha triplicado su
precio en el último año y medio, ya que ha pasado de 1,3 pesetas por
termia en abril del año 1999 a 3,5 pesetas por termia en diciembre
del año 2000. Se ha triplicado el precio del gas natural para usos
industriales, lo que ha provocado un efecto inflacionista en todos
los sectores económicos.
No me voy a extender más, pero sí quiero decir que el Grupo
Socialista desea que mañana o dentro de dos años no pase lo que ha
pasado hoy con Fertiberia y que, aprobando la proposición no de ley
con la redacción propuesta por el portavoz del Grupo Popular, no
tengamos que esperar otros dos años, sino que el Gobierno cumpla sus
compromisos, sus propios compromisos, y los compromisos de esta
Cámara.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència
i Unió), tiene la palabra el señor Padrol.
El señor PADROL I MUNTÉ: Simplemente quería traer a colación la
posición que ya manifestó mi grupo el 17 de marzo de 1999 cuando, en
la Comisión de Industria, Energía y Turismo del Congreso de los
Diputados, se aprobó por unanimidad la proposición no de ley relativa
al incumplimiento de los compromisos con la empresa Fertiberia.
Lógicamente, la posición de mi grupo fue no sólo votar a favor -como
digo, fue aprobada por unanimidad-, sino que presentó una enmienda,
que fue incorporada a dicho texto. De igual forma que en la fecha a
que he hecho referencia, 17 de marzo de 1999, mi grupo parlamentario
sigue manifestando la necesidad de pedir al Gobierno un compromiso
ante la situación descrita y lograr el mantenimiento de las
condiciones de precio de gas tal como las tenía Fertiberia. La
modificación de estas condiciones podría suponer la pérdida de
puestos de trabajo.
Por tanto, mi grupo parlamentario va a votar a favor de la
proposición no de ley hoy debatida, igual que lo hizo en marzo de
1999 a otra proposición, a la que incluso se incorporó, como digo,
una enmienda del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
El señor PRESIDENTE: Como el texto está consensuado, no sé si hace
falta leerlo. ¿Desean SS.SS. que lo leamos? (Pausa.) Dice así: El
Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que actúe para que de
forma efectiva se produzca la prórroga del contrato de suministro de
gas entre Fertiberia y Enagás de 13 de abril de 1994, de acuerdo con
el espíritu y la letra de la iniciativa parlamentaria aprobada por
unanimidad y en este mismo sentido el pasado 17 de marzo de 1999.
¿Están de acuerdo los portavoces? (Pausa.) Pasamos a la votación.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el texto consensuado por 30 votos
a favor.
ELECCIÓN DE VACANTES. MESA DE LA COMISIÓN.
- ELECCIÓN DE SECRETARIO SEGUNDO. (Número de expediente 041/000025)
El señor PRESIDENTE: Ahora vamos al punto 4 del orden del día,
elección de secretario segundo.
Recuerdo a SS.SS. que a las cuatro y media de esta tarde veremos el
punto 5. ¿Existe alguna propuesta para nombrar al secretario segundo
de la Mesa de la Comisión de Economía? (Pausa.-Por el señor
secretario (Mancha Cadenas) se procede al llamamiento de los miembros
de la Comisión, que depositan su voto en la urna depositada al
efecto.)
Efectuada la votación y verificado el escrutinio, dijo
El señor PRESIDENTE: Por 28 votos a favor, queda proclamado don
Miguel Campoy. Enhorabuena. (Aplausos.)
Se levanta la sesión hasta las cuatro y media de la tarde.
Eran las dos y treinta minutos de la tarde.
Se reanuda la sesión a las cuatro y treinta y cinco minutos.
- COMPARECENCIA DE LA SEÑORA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL
MERCADO DE VALORES (VALIENTE CALVO), PARA INFORMAR SOBRE EL
DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES Y SOBRE LA SITUACIÓN DE LOS MERCADOS
FINANCIEROS ORGANIZADOS, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL
ARTÍCULO 13 DE LA LEY 24/1988, DEL MERCADO DE VALORES. (Número de
expediente 212/000387)
El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
Continuamos el orden del día de la Comisión de Economía y Hacienda
con la celebración de la comparecencia
de la presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores para
informar sobre el desarrollo de sus actividades y sobre la situación
de los mercados financieros organizados, de conformidad con lo
previsto en el artículo 13 de la Ley 24/88, del Mercado de Valores.
En nombre de la Mesa, en el de la Comisión y en el mío propio doy la
más cordial bienvenida a doña Pilar Valiente que, como saben SS.SS.
lleva relativamente muy poco tiempo en el cargo y es la primera vez
que viene a esta Comisión.
Tiene la palabra la señora presidenta.
La señora PRESIDENTA DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
(Valiente Calvo): Comparezco con mucho gusto ante esta Comisión para
dar cumplimiento al mandato del artículo 13 de la Ley del Mercado de
Valores, que establece que la Comisión Nacional del Mercado de
Valores elevará anualmente a la Comisión de Economía, Comercio y
Hacienda del Congreso de los Diputados un informe sobre el desarrollo
de sus actividades y sobre la situación de los mercados financieros
organizados. La presente comparecencia tiene el objetivo de que les
informe sobre la evolución de los mercados y las actividades
reguladoras correspondientes al ejercicio 1999. Sin embargo, si algo
caracteriza a los mercados de valores y, en general, al mundo
financiero es su constante y rápida evolución. Desde 1999, se han
producido ya cambios de considerable trascendencia para los mercados
españoles, tanto en el ámbito puramente nacional como en el
internacional. Sus señorías disponen ya de información detallada
sobre el ejercicio 1999 a través de dos publicaciones de la CNMV, la
memoria 1999, sobre la actuación de la institución que presido, y el
informe anual sobre los mercados de valores 1999, que también cumplen
un mandato específico de información, contenido en el citado artículo
13 de la ley. Por todas estas razones, estimo que mi intervención no
debe circunscribirse al citado ejercicio, sino que debe extender el
horizonte temporal y contemplar la trayectoria en nuestros mercados
hasta la situación presente.
También creo que es adecuado que me refiera a la actuación presente
de la CNMV y a los retos a los que actualmente se enfrenta la
regulación y la supervisión de los mercados de valores españoles.
Todo ello sin perjuicio de que me ponga a su disposición para atender
cuantas aclaraciones me soliciten sobre el ejercicio objeto de la
comparecencia.
En un plazo de tiempo relativamente corto se ha producido una
profunda transformación en las pautas de ahorro de los españoles.
Actualmente, los valores y los fondos de inversión tienen un lugar
predominante en la riqueza financiera de las familias, en comparación
con la pauta existente hasta hace pocos años, cuando el ahorro se
dirigía, de forma predominante, hacia los depósitos bancarios.
Las cuentas financieras de la economía española ilustran la magnitud
del cambio que se ha producido. En el año 1995 los hogares españoles
mantenían el 52 por ciento de su inversión financiera en efectivo y
depósitos, mientras que los valores y los fondos de inversión
representaban el 30 por ciento del total. En 1999 la situación era
radicalmente distinta: solamente el 33 por ciento de los activos
financieros familiares estaba compuesto por efectivo y depósitos y,
sin embargo, el 52 por ciento de la riqueza financiera se mantenía en
valores y fondos. Este cambio se explica, aparte de por la mayor
cultura financiera de las familias, fundamentalmente por la fortísima
revalorización de las acciones durante la pasada década y por el
creciente flujo inversor hacia las instituciones de inversión
colectiva.
Los últimos datos disponibles de las cuentas financieras, que son los
de septiembre del año 2000, indican que se ha producido una notable
recuperación de los depósitos debido especialmente al tratamiento
fiscal más homogéneo entre los productos financieros así como por el
descenso en el valor de las acciones y otros activos financieros. A
pesar de ello, el peso de los valores y de los fondos de inversión en
los activos financieros de los hogares sigue siendo elevado,
situándose en torno al 48 por ciento frente al 35 por ciento de
efectivo más depósitos.
Los españoles no sólo invierten más que antes en valores y fondos de
inversión, sino que, dentro de estos instrumentos financieros,
también han modificado sus preferencias frente al riesgo. La
tradicional preferencia por la deuda pública nacional ha dado paso a
estrategias de inversión más diversificadas que incluyen un
significativo componente de renta variable, activos emitidos por el
sector privado nacional y valores extranjeros. Este cambio se aprecia
claramente en la composición de la cartera de las instituciones de
inversión colectiva, esto es, de los fondos y sociedades de inversión
mobiliaria. Así, en 1995, casi el 90 por ciento del patrimonio de
estas instituciones estaba compuesto por deuda pública a vencimiento
y adquisiciones temporales de este instrumento; los activos de renta
fija y variable emitidos por las empresas nacionales suponían sólo el
8 por ciento y la cartera exterior un escaso 2 por ciento. Sólo cinco
años más tarde, las preferencias de los inversores por la renta
variable y por los valores extranjeros son muy superiores. A finales
del pasado año, el patrimonio de las instituciones de inversión
estaba compuesto en un 42 por ciento por valores extranjeros, en un
16 por ciento por valores emitidos por el sector privado nacional y
la deuda pública había descendido hasta el 39 por ciento.
Se trata, sin duda, de un cambio positivo para los ahorradores porque
significa que ahora tienen mayores oportunidades de inversión, tanto
en los mercados nacionales como en los internacionales. Indica dos
cuestiones: que los ahorradores aceptan más fácilmente
el riesgo de los mercados de valores y también que las entidades
financieras han aumentado su oferta de valores y fondos de inversión.
El hecho de que su tolerancia al riesgo sea mayor ahora significa que
saben explotar en mejor medida sus oportunidades, y eso tiene unas
consecuencias positivas para la financiación de la economía nacional,
fundamentalmente para la iniciativa privada. Por otra parte, gracias
a la existencia de mayores posibilidades de diversificación y al
papel decisivo de los inversores profesionales en la gestión del
ahorro, fundamentalmente los gestores de inversión colectiva y fondos
de pensiones, los ahorradores disponen ahora de mecanismos más
eficaces para conseguir una adecuada relación entre rentabilidad y
riesgo.
El desarrollo de los mercados de valores tiene consecuencias muy
favorables sobre la economía por su potencial para canalizar los
flujos de financiación hacia los sectores más productivos y con
mayores posibilidades de crecimiento. En España los mercados de
valores han desempeñado, hasta hace relativamente poco, un papel poco
relevante en la financiación del sector privado; no así en lo que se
refiere a la financiación del sector público que, como es conocido,
ha acudido tradicionalmente a los mercados para captar recursos en
volúmenes muy elevados.
La comparación con la situación de otros países refleja el
insuficiente papel de nuestros mercados en la canalización de
recursos hacia el sector privado y la fuerte dependencia que éste aún
mantiene del crédito bancario. Por ejemplo, en 1999 los saldos vivos
de renta fija emitida por el sector privado eran equivalentes al 13
por ciento del PIB en España, en comparación con el 44 por ciento en
la zona euro y con el 70 por ciento en Estados Unidos. Por el
contrario, los préstamos bancarios equivalían al 128 por ciento del
PIB en España, al 100 por cien en la zona euro y al 48 por ciento en
los Estados Unidos.
Afortunadamente, esta situación está cambiando. Ya he señalado las
transformaciones que se han producido en el ámbito del ahorro: la
mayor decantación por los valores y la mayor disposición a aceptar
riesgos e invertir en valores emitidos por el sector privado; pero
también se ha producido un aumento espectacular de la actividad
emisora privada, tanto en la renta fija como en la variable.
El despegue de las emisiones de renta fija privada se produjo en
1999. En dicho año la Comisión registró emisiones de estos
instrumentos por importe de 56.000 millones de euros, frente a un
promedio anual de 16.000 millones de euros en los cinco años
inmediatamente anteriores. Este salto se ha consolidado en el año
2000, con un importe de 51.000 millones de euros.
El dinamismo del mercado primario de renta fija fue particularmente
notable en el segmento de pagarés de empresa. Los programas
registrados en la Comisión pasaron de 5.000 millones en 1998 a
33.000, tanto
en 1999 como en el año 2000. Hay que señalar que un factor esencial
del impulso en este segmento y en el conjunto de la renta fija
privada ha sido la mejora del tratamiento fiscal de estos
instrumentos, que supuso su equiparación con la deuda pública a estos
efectos para la mayoría de las emisiones.
El dinamismo del mercado primario también alcanzó a la renta
variable. Durante 1998 y 1999 ya se produjo un aumento sustancial de
los recursos captados por las empresas a través de ampliaciones de
capital, con importes nunca alcanzados hasta este momento en nuestro
país. Pero el año pasado se produjo un salto de mayor consideración
en la cuantía de estas operaciones, que pasaron de 12.000 millones de
euros en 1999 a 41.000 millones.
Las empresas destinaron la mayor parte de los recursos captados en
las ampliaciones de capital y en las ofertas públicas de suscripción
a financiar procesos de fusión o adquisición, tanto a escala nacional
como internacional, fundamentalmente en Latinoamérica. Es plausible
que los citados procesos de reestructuración empresarial continúen en
los próximos años y, por tanto, es de gran importancia que nuestros
mercados de capitales muestren un elevado grado de eficiencia en su
funcionamiento.
Un factor que ha facilitado la realización de ampliaciones de capital
ha sido la nueva regulación, más flexible, de la supresión del
derecho de suscripción preferente de los accionistas en la Ley de
Sociedades Anónimas. En 1999 y en 2000 la gran mayoría de las ofertas
públicas de suscripción de valores que se llevaron a cabo, nueve en
1999 y once en 2000, utilizaron esta posibilidad. En ambos ejercicios
supusieron un tercio de las ampliaciones de capital que se produjeron
en nuestro país.
Los últimos años se pueden caracterizar como de efervescencia
bursátil en todo el mundo; especialmente las empresas de
telecomunicciones y las empresas relacionadas con las nuevas
tecnologías tuvieron un papel destacado en la evolución de los
principales mercados internacionales durante 1999 y 2000. Durante
1999 las ganancias en los índices bursátiles tradicionales oscilaban
en el rango del 30 al 50 por ciento en los países desarrollados; sin
embargo, en los mercados dedicados a empresas de nueva economía los
aumentos en los índices fueron muy superiores. Dicha situación, que
apuntaba una cierta sobrevaloración de muchas de las empresas de
nueva tecnología, cambió durante el año pasado.
España no ha sido una excepción al auge bursátil. Gracias,
fundamentalmente, al fuerte crecimiento de los precios de las
acciones emitidas por las compañías de nueva tecnología, la Bolsa
española cerró el año 1999 con una ganancia del 18 por ciento en su
principal índice, el Ibex 35. Sin embargo, a partir de marzo de 2000
los precios de estos valores empezaron a caer en todo el mundo,
arrastrando a los índices mencionados. El
pasado año se cerró en nuestro país con una pérdida cercana al 22 por
ciento en el índice Ibex 35.
En enero de este año se produjo una recuperación transitoria de las
cotizaciones, pero la evolución más reciente de los índices sugiere
que persiste una elevada incertidumbre en los mercados
internacionales, fundamentalmente por la situación de la economía
norteamericana, la crisis turca y su posible contagio a otras
economías emergentes, especialmente las latinoamericanas, y la
situación del sector tecnológico. El mercado español también se ve
afectado, pero su atractivo sigue siendo elevado, por la solidez de
la economía nacional, por la trayectoria positiva de los beneficios
de las empresas cotizadas y por la existencia de una relación precio-
beneficio de las acciones menor que en otros mercados. Así lo
entienden, por ejemplo, los inversores extranjeros, que mantienen de
modo permanente una participación muy destacada en nuestros mercados,
en torno o por encima del 50 por ciento de los volúmenes negociados.
La corrección de los mercados bursátiles durante el año 2000, que
continúa durante este año, está sirviendo para clarificar las
perspectivas que, en particular, ofrecen las empresas tecnológicas, y
los inversores están aprendiendo a discriminar adecuadamente entre
ellas. De este modo, el mercado bursátil recobra un escenario más
tradicional, en el que los criterios de valoración tienden a ser
menos heterogéneos en función del sector analizado y más racionales
en su conjunto. Además, los años transcurridos desde el inicio del
fenómeno llamado de la nueva economía han servido para ir perfilando
los factores particulares que inciden en su valoración.
A pesar de que la Bolsa está sujeta a oscilaciones en los precios
que, en ocasiones, son considerables, puede afirmarse que la
evolución de los mercados españoles refleja la buena situación de la
economía española y la confianza que en ellos depositan los
inversores. Por ejemplo, si consideramos la evolución del Ibex 35
durante los últimos cinco años, vemos que su apreciación fue
equivalente a una rentabilidad anualizada del 20 por ciento y del 15
por ciento si consideramos los diez últimos años.
Como he señalado al principio, los mercados de valores constituyen
una fuente de financiación importante de la economía. La regulación y
supervisión de los mismos deben contribuir a que se afiancen como una
vía atractiva, ágil y segura de colocación del ahorro. A este fin
orientamos los esfuerzos de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores.
La introducción del euro en enero de 1999 fue uno de los
acontecimientos con mayor impacto en los mercados de valores
europeos. Los mercados de valores españoles se adaptaron desde el
primer momento. El proceso técnico de introducción de la nueva moneda
de cuenta se realizó con éxito, sin que se produjesen incidencias
significativas en el funcionamiento operativo de los mercados. La
deuda pública comenzó a emitirse
en euros y la existente viva se redenominó; los mercados secundarios,
bolsas, mercados de renta fija y mercados de derivados, comenzaron a
negociar en euros, así como los registros de valores en el servicio
de compensación y liquidación de valores también se redenominaron en
la moneda europea. Desde ese mismo momento todas las informaciones
relevantes de los mercados secundarios y de productos derivados
españoles se proporciona en euros; los fondos de inversión también
proporcionan en euros la información a los partícipes y, a lo largo
de los años 1999 y 2000, las empresas cotizadas han ido redenominando
su capital y la contabilidad al euro. Sin embargo, este proceso aún
no está completado. Las empresas cuentan aún con el presente año para
adaptar la nueva moneda.
Durante el año 2001, por tanto, culminará el proceso de adopción del
euro. Esta etapa final no plantea especiales dificultades en el
ámbito de los mercados de valores, donde, como he dicho, la mayoría
de las instituciones y procesos están ya adaptados. Sin embargo, al
igual que en el resto de los sectores de la economía, se requiere un
especial seguimiento de la adaptación en el segmento minorista. Los
ahorradores deben estar seguros de que la transformación en euros se
realiza de forma correcta en sus cuentas bancarias, en sus órdenes de
valores y en sus posiciones en fondos y en valores; deben conocer
cómo se lleva a cabo el redondeo de las cifras y familiarizarse con
la nueva moneda; asimismo, debemos estimular a las empresas a que se
adapten a la nueva moneda a lo largo del presente año, sin agotar el
período transitorio, para evitar incómodos embotellamientos en los
registros oficiales. La Comisión participa activamente en este
proceso, como lo hizo en el período anterior a la introducción
oficial del euro, coordinando las actuaciones del sector y
supervisando el efectivo cumplimiento de las medidas previstas.
Pero más importante que estas implicaciones técnicas son las que se
manifiestan en las estrategias de los participantes: inversores,
emisores e intermediarios. El euro ha tenido un impacto notable en el
comportamiento de los inversores. La eliminación del riesgo cambiario
en la zona euro ha estimulado la inversión nacional en valores
extranjeros denominados en la nueva moneda; los inversores nacionales
invierten ya con una perspectiva paneuropea para aprovechar las
oportunidades de diversificación que la nueva moneda les brinda,
tanto en la renta fija como en la renta variable.
Ya he señalado el aumento producido en la cartera exterior de las
instituciones de inversión colectiva que, en muy poco tiempo, ha
alcanzado un peso cercano al 42 por ciento del patrimonio de estas
entidades. Los valores extranjeros denominados en euros han
contribuido de forma destacada a este aumento, puesto que suponen
actualmente el 31 por ciento del patrimonio total de las
instituciones de inversión colectiva. También los emisores se han
adaptado al marco más abierto que implica la Unión Europea; así, cada
vez son más
importantes los tramos internacionales en las colocaciones de
valores. El acceso a mercados de financiación mayores ha permitido
que algunas empresas españolas pudieran abordar estrategias
organizativas o de adquisición de otros negocios que únicamente
hubiera sido difícil realizar apelando al mercado español.
La industria de valores, por su parte, ve en el marco europeo retos y
oportunidades. Retos porque se enfrentan a la competencia de
entidades extranjeras que pueden prestar sus servicios en España,
posibilidad ya introducida por la Directiva de servicios de
inversión, pero también por la competencia que puede provenir de
otros frentes, de otras entidades y de los propios mercados
organizados; oportunidades, porque un mercado europeo integrado les
permite crecer y desarrollar nuevas actividades dentro y fuera de
nuestras fronteras.
El paso al euro no es el único elemento de presión a favor de la
integración de los mercados europeos; los factores que impulsan la
globalización, como la liberalización de los movimientos de
capitales, la liberalización del sector financiero y el uso de
tecnologías cada vez más avanzadas en las comunicaciones y el
tratamiento de la información, favorecen de forma muy particular la
creación de un espacio europeo menos fragmentado en las actividades
de los mercados de valores.
La integración supone una ampliación de las oportunidades de elección
para inversores y empresas a la hora de invertir o financiarse y,
además, favorece el abaratamiento de los servicios financieros por el
aumento de la competencia entre los proveedores. Para la industria
financiera española el impacto final es más incierto, puesto que
supone una mayor exposición a la competencia en los negocios
tradicionales. La industria española se ha enfrentado con éxito a las
profundas reformas, transformaciones que se han producido en los
mercados de valores desde mediados de los años 80, y ahora también
debemos ser optimistas y confiar en su capacidad para innovar y
competir, de forma que pueda afrontar también con éxito los retos del
nuevo escenario europeo y de la globalización.
No obstante, es un proceso que exigirá nuestra atención. La
regulación no debe poner trabas a la competencia, pero debe
establecer las condiciones para que el marco de funcionamiento
proporcione igual trato a todos los participantes y para que la
competencia en la actividad financiera ni reduzca las garantías con
que cuentan los inversores, sobre todo los minoristas, ni suponga una
amenaza para la estabilidad del sistema financiero. Como mencionaré
más adelante, la regulación de valores se está modificando a nivel
europeo, proceso en el que participa la Comisión y donde defenderá el
respeto a estos principios.
El euro también ha estimulado la competencia entre los proveedores de
servicios de negociación. Las bolsas y los mercados de productos
derivados se han visto claramente afectados por un escenario que
tiende a reducir las diferencias entre productos de un mismo
tipo negociados en distintos mercados y que, por tanto, puede
propiciar desplazamientos en la actividad de negociación de un país a
otro.
Uno de los ámbitos de los mercados de valores donde se han hecho más
patentes los efectos de la integración europea es en los mercados de
productos derivados, donde se negocian contratos muy homogéneos en
algunos segmentos. El impacto ha sido particularmente inmediato e
intenso en el segmento de contratos sobre tipos de interés, en el que
se experimentó un fuerte desplazamiento de la negociación hacia los
mercados de mayor liquidez, fundamentalmente el mercado suizo-alemán
Eurex y el Liffe británico.
MEFF, el mercado español de derivados financieros, acusó de forma
notable el impacto del euro en este segmento. No obstante, ha
mantenido una elevada actividad en el segmento de contratos sobre
índices, al que ha incorporado índices paneuropeos e internacionales
junto al índice nacional Ibex 35, y donde ha incrementado fuertemente
los volúmenes negociados en contratos de derivados sobre acciones.
Para competir en el nuevo y exigente mercado europeo, MEFF, además de
mejorar los servicios actuales, ha optado por una doble vía de
innovación y acuerdos con otros mercados. Así, en el primer caso cabe
citar el reciente lanzamiento de futuros sobre acciones españolas, un
instrumento hasta ahora inexistente en nuestros mercados. Con su
lanzamiento, MEFF se ha adelantado a los movimientos de sus
competidores extranjeros y se ha afianzado como el principal mercado
de referencia para contratos de derivados, tanto futuros como
opciones, sobre acciones españolas.
En el segundo caso, MEFF ha desarrollado ya acuerdos con diversos
mercados europeos e internacionales para facilitar a sus miembros el
acceso a los productos que se negocian en ellos. De esta forma, las
entidades financieras miembros de MEFF tienen la posibilidad de
utilizar este mercado para ofrecer a sus clientes servicios de
inversión en los principales contratos europeos e internacionales.
Asimismo, MEFF participa de la alianza Globex, que incluye a mercados
de diversos continentes y que, entre otros objetivos, ofrece un
servicio de negociación electrónica continuada aprovechando la
distribución de los husos horarios.
Como ya he indicado, las bolsas no escapan a la competencia. Su papel
está cambiando rápidamente. Hasta hace poco eran consideradas
instituciones nacionales y, en algunos casos, tenían atribuidas
funciones de autorregulación muy importantes. Pero hoy en día se les
considera como empresas que prestan un servicio, que puede ser
también proporcionado por otras empresas en régimen de competencia.
Las bolsas europeas están ensayando diversas estrategias para
adaptarse a esta nueva realidad de los mercados. Una de las
respuestas de mayor calado, por cuanto implica una reestructuración
de los mercados europeos, es la consolidación a escala internacional.
Es
una opción difícil, como se puso de manifiesto el pasado año con el
fracaso del proyecto iX, que pretendía la fusión de las Bolsas de
Londres y Francfurt. Sin embargo, ya se han llevado a cabo algunos
proyectos importantes como Euronext, que supone la fusión de los
mercados francés, holandés y belga, o Norex, que es la alianza que
proporciona una plataforma común de negociación para los valores más
importantes cotizados en los mercados de los países escandinavos, con
excepción de Finlandia.
También se está ajustando el estatuto legal de estas instituciones.
Una manifestación de esta tendencia es el proceso de
desmutualización, que supone la posibilidad de que las sociedades
rectoras admitan como accionistas a entidades que no necesariamente
son miembros de las bolsas y, en algunos casos, que se permita la
cotización del capital de la rectora.
En España hemos dado recientemente un paso importante en esta
dirección con la modificación de los artículos 47 y 48 de la Ley del
Mercado de Valores. Esta modificación rompe la conexión obligatoria
entre el carácter de miembro de estas instituciones y la
participación en el capital. De este modo, se facilita la admisión de
nuevos miembros en las bolsas, sobre todo miembros remotos, cuyo
único interés en la Bolsa española sea participar en la negociación.
Al mismo tiempo, se crea un marco societario más flexible para las
sociedades rectoras, que puede ser útil para desarrollar estrategias
competitivas, incluidas posibles alianzas con otros mercados.
Las bolsas españolas han adoptado iniciativas muy importantes para
fortalecer su posición competitiva. Entre estas cabe citar la
creación del Nuevo Mercado y de Latibex. El Nuevo Mercado es un
ámbito de negociación del mercado electrónico bursátil de renta
variable especializado en valores de alto crecimiento. En esta
categoría se encuadran principalmente empresas relacionadas con las
nuevas tecnologías. Estos valores necesitan un ámbito específico de
negociación que tenga en cuenta sus características, fundamentalmente
su volatilidad. El Nuevo Mercado español entró en funcionamiento en
abril del pasado año, coincidiendo con el inicio del movimiento de
corrección de los precios en este tipo de valores que se produjo en
todo el mundo. Así pues, la trayectoria de los precios de los valores
cotizados en este mercado no ha sido buena durante su corta etapa de
funcionamiento. Sin embargo, el mercado tiene un elevado potencial de
futuro, porque es previsible que sigan creándose empresas de este
tipo que busquen financiación a través de los mercados de capital. Su
creación refuerza la capacidad de la Bolsa española para retener
también en su seno la negociación de los valores emitidos por estas
empresas.
Igualmente importante es, desde el punto de vista estratégico, la
creación de Latibex. Se trata de un mercado para grandes valores
latinoamericanos en el que las transacciones y la información se
denominan en
euros. El sistema operativo es el mismo empleado para el mercado
continuo español, por lo que se proporciona a los inversores
españoles y europeos un entorno de negociación con el que ya están
familiarizados. Los mercados latinoamericanos tienen un notable
interés para los inversores especializados y la diversificación de
carteras. A su vez, Latibex facilita a las grandes compañías
latinoamericanas una vía de aproximación para financiarse en los
mercados europeos. Así pues, Latibex es una iniciativa que puede
resultar útil tanto para Latinoamérica como para España. En este
sentido, la Comisión, como autoridad que tiene encomendada las
funciones de su control y supervisión, hará lo posible para colaborar
con las bolsas, para promover el desarrollo del mercado, tanto en el
área de incorporación de nuevos emisores como en su difusión entre
los inversores. Hay que señalar que en un año de vida las empresas
cotizadas han pasado de 5 a 14 y que el potencial de crecimiento es
importante.
Una de las tendencias más destacadas en los mercados de valores
internacionales durante los últimos años es la progresiva
implantación de sistemas electrónicos de negociación que, entre otras
ventajas, proporcionan un considerable volumen de información en
tiempo real y facilitan mayores horarios de negociación. También
estos sistemas permiten que los participantes negocien directamente,
sin necesidad de la presencia de mediadores por cuenta propia (en
terminología anglosajana, dealers), que puede provocar situaciones de
poder de mercado y discriminación de precios. Los sistemas
electrónicos son ya comunes en los mercados de renta variable y en
los de productos derivados, pero hasta ahora tenían una penetración
mucho menor en los mercados de renta fija. La posibilidad de
negociación electrónica de valores ha servido de base para la
aparición de sistemas alternativos de negociación, más conocidos por
las siglas inglesas ATS, alternative trading systems. Los ATS están
promovidos por entidades financieras y por otras empresas proveedoras
de servicios de inversión y en algunos casos compiten con los
mercados organizados o bolsas negociando instrumentos ya admitidos a
cotización en éstos. En Estados Unidos, estos sistemas se han
desarrollado aprovechando la existencia de ineficiencias en los
mercados principales por altos costes o por dilación en la ejecución
de las órdenes. La consecuencia es que las bolsas principales están
sufriendo una pérdida de negocio que se está desviando hacia los ATS.
Por ejemplo, el Nasdaq ha perdido alrededor de un 30 por ciento de la
negociación. En Europa estos sistemas están menos implantados, con la
excepción de Alemania y sobre todo del Reino Unido, debido a que los
mercados bursátiles son electrónicos desde hace tiempo y a que la
negociación no precisa de dealers. Son mercados denominados de
órdenes, donde estas se cruzan directamente según el precio y la
prioridad temporal. En Europa, uno de los servicios que podrían
ofertar los ATS sería la posibilidad de negociar
en un mismo sistema valores emitidos en diversos países.
Naturalmente, esta posibilidad suscita la necesidad de que cuenten
con una regulación adecuada que salvaguarde la correcta formación de
los precios y la integridad del mercado. Sin embargo, todavía no
existe un modelo específico de regulación de estas entidades en la
Unión Europea. En opinión de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores, los ATS deberán cumplir los mismos criterios de
transparencia exigibles a los mercados organizados, ya que prestan el
mismo servicio.
En España, la Ley del Mercado de Valores contempla, desde su reforma
en 1998, la posibilidad de que se creen entidades de este tipo bajo
la denominación de sistemas organizados de negociación, SON. Al igual
que en los mercados organizados, compete al Gobierno autorizar su
creación, previo informe de la Comisión. El Latibex se enmarca dentro
de esta figura. Recientemente, la Comisión ha informado
favorablemente al Gobierno sobre la creación de un SON en el ámbito
de la renta fija, tanto pública como privada, y en otros productos
relacionados con ésta, que ha sido autorizada por el Consejo de
Ministros del pasado viernes. El nombre de esta entidad es Senaf
(Sistema electrónico de negociación de activos financieros), que
tiene como antecedente el sistema de negociación ciega, sin
identificación de las partes, Infomedas, formado por las principales
agencias de valores, que ya venía operando en el mercado de deuda
pública. En noviembre del pasado año, AIAF, el principal mercado
organizado español de renta fija privada, adquirió una participación
del 60 por ciento en el capital de esta entidad. El proyecto Senaf
tiene un indudable interés para desarrollar el mercado de renta fija
en nuestro país y fortalecer su posición competitiva en el ámbito
europeo. La introducción del euro y el avance en la integración
financiera europea tienen un impacto cada vez mayor en la renta fija,
donde ya compite a escala europea algún ATS de notable incidencia.
Está previsto que alguna de estas entidades solicite también,
próximamente, autorización para operar como SON en el mercado
español. El proyecto de Senaf contempla también la posibilidad de
negociar renta fija emitida en otros países.
Los sistemas de compensación y liquidación europeos también se están
viendo afectados por la presión competitiva. Estos servicios son
esenciales en el proceso de transferencia de valores, que tiene lugar
con posterioridad a los acuerdos entre las partes durante el proceso
de negociación. La compensación permite reducir el número de pagos y
entregas de valores tras la sesión de mercado y, por tanto, supone un
ahorro de costes para los participantes. La liquidación supone la
culminación del contrato de transacción y, por tanto, la movilización
efectiva del dinero y de los valores. En Europa, los sistemas que
proporcionan estos servicios son esencialmente nacionales, aunque
también hay dos sistemas de carácter internacional: Euroclear y
Clearstream. En
algunos países, entre ellos España, existen diversos proveedores que
se especializan en función del producto. El creciente interés de los
inversores por las estrategias de inversión de carácter paneuropeo ha
puesto en evidencia la necesidad de desarrollar conexiones entre los
diferentes sistemas nacionales de compensación y liquidación que
faciliten las transacciones internacionales. Al mismo tiempo, ha
suscitado una notable presión a favor de una simplificación del
complejo sistema europeo que permita reducir los costes derivados de
esta actividad. Algunas voces se pronuncian a favor de un único
proveedor de estos servicios a nivel europeo; sin embargo, no es una
solución única y tampoco sin inconvenientes. Puede que simplifique
los procesos administrativos, pero un proveedor único europeo podría
concentrar el riesgo sistémico, de forma que este hecho pueda matizar
cualquier estimación de ahorro de costes.
En nuestro país se están dando pasos importantes para aumentar la
eficiencia de los servicios de compensación y liquidación y
proporcionar un adecuado servicio en las transacciones
transfronterizas. Ya desde hace tiempo los sistemas españoles actúan
de manera ajustada a los estándares de calidad internacionales, con
plazos de liquidación que se sitúan entre los más cortos de los
mercados desarrollados. En relación con las transacciones
internacionales, los dos principales sistemas españoles, el SCLV, que
opera en valores privados de renta variable y renta fija, y el
sistema de la Central de anotaciones de deuda del Estado, que depende
del Banco de España, han desarrollado ya conexiones operativas con
los principales sistemas europeos. Asimismo, el SCLV proporciona
cobertura a Latibex mediante acuerdos con los sistemas nacionales
latinoamericanos. Pero el avance más importante para mejorar la
posición competitiva española en estos servicios es el acuerdo
alcanzado el pasado año para crear un sistema unificado que englobe
tanto a los valores de renta fija emitidos por el sector privado como
a la deuda pública. La entidad resultante, actualmente en gestación,
recibirá el nombre de Iberclear. Su entrada en funcionamiento
facilitará, sin duda, el acceso de los inversores internacionales
a nuestros mercados al proporcionarles una puerta única de entrada en
el ámbito de la compensación y liquidación. Al mismo tiempo,
simplificará y abaratará la operativa.
Todos los cambios que se están produciendo en los mercados demandan
modificaciones importantes en la regulación europea. A pesar del
avance de la integración financiera, todavía existe una fragmentación
excesiva de los mercados europeos debido a las diferencias en la
legislación nacional sobre los mercados de valores en la regulación
societaria, en la fiscalidad, en las normas de las propias bolsas y
en los hábitos de los inversores. Ello impide que los usuarios de los
mercados puedan beneficiarse plenamente de las ventajas de la
integración. La cumbre de Lisboa, de julio de 2000, asumió la
realización, en un plazo de cinco años, del
plan de acción de servicios financieros, que es un amplio programa de
medidas tendente a eliminar los obstáculos que aún dificultan la
integración de los mercados europeos. Los objetivos del plan en el
ámbito de los mercados de valores se resumen en tres grandes
apartados: favorecer una rápida integración de los mercados
mayoristas, extender de una forma segura las ventajas de la
integración a los servicios dirigidos al segmento minorista y
promover la adopción de reglas prudenciales sanas.
En octubre de 2000, con ocasión de la publicación del tercer informe
de progreso del plan, la Comisión Europea identificó un conjunto de
áreas prioritarias entre las que se encuentran: la regulación de los
servicios transnacionales de inversión; la regulación de los
servicios de negociación, tanto de los provistos por los mercados
tradicionales como de los suministrados por los ATS; la regulación
sobre folletos de emisión y oferta pública de valores con alcance
transnacional; la armonización de las normas contables para las
empresas cotizadas; la regulación de las instituciones de inversión
colectiva y de los mercados de valores; la regulación prudencial de
los intermediarios financieros y el acuerdo y adopción de un
tratamiento común de la manipulación del mercado. La amplitud e
importancia de los objetivos del plan han suscitado algunas dudas
sobre su viabilidad bajo el actual sistema de regulación europeo.
Precisamente con el propósito de avanzar en el mercado único, la
Comisión Europea encargó a un comité de sabios que identificase las
causas del retraso en la integración financiera y elaborase
propuestas para eliminar los obstáculos. Este comité acaba de
publicar su informe final este mismo mes de febrero y entre sus
principales conclusiones destaca que el actual marco regulatorio
europeo resulta poco ágil y no garantiza la aplicación consistente y
homogénea de la normativa comunitaria. Las sugerencias del comité
apuntan hacia la conveniencia de una reforma del mecanismo actual
para la elaboración de la regulación de los mercados de valores en
Europa, con la finalidad de dotarle de mayor agilidad y favorecer una
aplicación consistente y homogénea de la normativa en todos los
países miembros de la Unión. Su propuesta eleva la regulación de
valores al ámbito europeo al proponer que la nueva regulación se
canalice a través de reglamentos, que a diferencia de las directivas
son de aplicación directa en los países sin necesidad de trasposición
al derecho nacional. El comité sugiere que la regulación que fija los
principios básicos del ordenamiento en los mercados siga dependiendo
del Consejo y Parlamento europeos, como hasta ahora, pero que la
regulación del segundo nivel, aquella que desarrolla los principios
generales, se encomiende a un comité de valores formado por
representantes de los países miembros. La aplicación de la normativa
y el desarrollo de la supervisión seguirían siendo responsabilidad de
las autoridades nacionales. La propuesta del comité de sabios incluye
la creación de un comité de
reguladores que tendría dos funciones básicas. Por una parte,
asesoraría a la Comisión Europea y al Comité de Valores en la
preparación de iniciativas en la regulación de segundo nivel y, por
otra, impulsaría una mayor convergencia de las prácticas supervisoras
de las autoridades nacionales y efectuaría un seguimiento de la
aplicación por éstas de la normativa comunitaria. El comité de
reguladores estaría formado por representantes de los Estados
miembros, preferentemente por supervisores. Sus propuestas deberían
tener en cuenta, mediante las oportunas consultas, las opiniones de
los emisores, la industria de valores y los consumidores. Así pues,
cabe la posibilidad de que a las novedades en la legislación europea
se sume la adopción de nuevas reglas para producirla. En los próximos
meses estas iniciativas irán perfilándose. La Comisión prestará la
máxima atención a este proceso de tanta trascendencia para nuestros
mercados.
Desde el punto de vista español debe resaltarse el convencimiento de
que, globalmente consideradas, las medidas en el plan de acción y las
recomendaciones del informe del comité de sabios tienen una finalidad
positiva al contribuir a la integración del mercado europeo. Sin
embargo, la Comisión considera importante que la regulación del
mercado único garantice la proporcionalidad entre los objetivos de
contribuir a la integración del mercado y facilitar la innovación y
competencia y el de establecer una adecuada protección a los
inversores. Esa proporcionalidad define lo que se puede entender por
una buena regulación. Los mercados españoles de valores se
caracterizan por la calidad de su regulación, que tiende a ser cada
vez más flexible en aspectos puramente formales o burocráticos, pero
que es altamente exigente respecto al cumplimiento de los estándares
de transparencia y las normas de conducta. Nuestro propósito es que
la regulación europea respete el nivel de protección que actualmente
disfrutan los inversores españoles. A pesar del esfuerzo armonizador
que ya se ha realizado, existen todavía notables diferencias en la
regulación de los países miembros; diferencias que afectan al nivel
efectivo de protección de los inversores. Por tanto, será preciso
examinar con atención las propuestas legislativas del plan de acción
para asegurarse de que el avance hacia el mercado único se produce en
un entorno regulatorio de calidad elevada.
Otra cuestión respecto al marco regulatorio de valores propuesto para
el entorno europeo que la Comisión considera de gran importancia es
la aplicación de la normativa, así como el ejercicio de supervisión
que llevarán a cabo los distintos países. Una aplicación nacional con
diferencias en los criterios o una supervisión con distinto grado de
rigor podrían abrir oportunidades de arbitraje regulatorio que
condicionarían las decisiones de los participantes en los mercados de
valores e inducirían desplazamientos de negocio de un país a otro.
Evidentemente, esta situación, de producirse,
atentaría contra el principio de construir un mercado que proporcione
las mismas oportunidades para todos, con reglas de juego neutrales
desde el punto de vista de la competencia y garantes de una efectiva
protección a los inversores. Un ejemplo puede ayudar a entender la
importancia de efectuar un activo seguimiento en la nueva regulación
europea. En relación con la supervisión de los servicios de inversión
transfronterizos, la Comisión Europea ha propuesto recientemente que
se avance hacia un sistema de regulación de estos servicios basado en
la jurisdicción del país de origen del proveedor. Esta propuesta
puede tener ventajas de simplicidad sobre la situación actual, en la
que las empresas de servicios de inversión se someten a la
jurisdicción de los distintos países en los que operan en lo que se
refiere a las normas de conducta. Sin embargo, las normas de conducta
varían considerablemente de un país a otro, por lo que un enfoque de
este tipo podría tener repercusiones negativas sobre la protección
efectiva de los inversores españoles si no va acompañado de una
armonización de las normas basadas en estándares elevados. Además de
armonizar adecuadamente las normas, será preciso hacer converger las
prácticas de supervisión, que hoy también son diversas. La
supervisión desempeña un papel esencial a la hora de garantizar el
cumplimiento de las normas. Si no se produjese una convergencia de
las prácticas supervisoras de las distintas actividades nacionales
sería difícil garantizar una aplicación consistente de la normativa
europea.
Como ya he señalado, la regulación española tiende a ser cada vez más
flexible, sin menoscabo de las exigencias en materia de integridad
del mercado y protección del inversor. Algunas medidas importantes de
la reforma de la Ley del Mercado de Valores de 1998 y, en general,
las medidas introducidas en la regulación durante los últimos años
tenían la doble finalidad de facilitar una mejor aplicación de los
principios de regulación y eliminar requisitos y costes innecesarios
para que no afecten negativamente a la competitividad de la industria
española de valores. También en su práctica supervisora la Comisión
se ajusta a este doble objetivo. En los próximos años la Comisión
velará para que la regulación respete el principio, también señalado,
de proporcionalidad. Es decir, apoyará las medidas que mejoren la
eficacia de nuestros mercados, pero asegurando que sus bases sean
sólidas y que contribuyan a la confianza de los inversores. Este
enfoque es el más adecuado para hacer frente a los retos competitivos
de la integración financiera europea y promover una efectiva
protección de los inversores. De forma más concreta, podemos destacar
entre los objetivos que se ha planteado la Comisión en el futuro
próximo los siguientes: simplificación de procedimientos de registro
de entidades y de emisiones; agilización de trámites con la Comisión;
profundización de las relaciones con otras instituciones; vigilancia
de la adecuación de los medios de las empresas de servicios de
inversión; supervisión de la actividad
relacionada con mercados de valores canalizada a través de
Internet; énfasis en la calidad de la información suministrada al
mercado de las empresas emisoras; regulación de la manipulación de
precios y de la información privilegiada; desarrollo de la atención
de la Comisión al inversor fomentando su formación; fomento de la
actividad de emisión de valores, sobre todo en el ámbito de renta
fija; seguimiento del desarrollo de los mercados de reciente
implantación como son el Nuevo Mercado y Latibex; seguimiento de las
relaciones de los mercados españoles con otros mercados organizados
europeos o paneuropeos, tanto en el ámbito de la negociación como en
la compensación y liquidación; participación activa en todos los
foros internacionales donde se discuten las iniciativas de regulación
y el establecimiento de estándares.
La utilización de Internet como canal de difusión de información y de
apoyo a la comercialización de productos financieros cada vez está
más extendida. La Comisión utiliza ya ampliamente las ventajas de
este medio para llevar a cabo actividades de una gran importancia,
como la difusión de información al mercado o la tramitación de un
número cada vez mayor de procesos administrativos que afectan a las
entidades supervisadas. La Comisión proporciona a través de su sitio
de Internet una amplísima información a los inversores, los analistas
y, en general, a todas las personas interesadas en los mercados de
valores. Através de este canal es posible consultar la información
actualizada de la mayor parte de los registros oficiales: hechos
relevantes, información financiera de las sociedades cotizadas,
participaciones significativas, folletos de emisión, etc. Una mejora
reciente en esta línea es la posibilidad de acceder en tiempo real a
los hechos relevantes del día y a la información sobre suspensiones y
levantamientos de cotización, utilizando la telefonía móvil a través
del protocolo WAP. También en la web de la Comisión aparecen para su
conocimiento por el público advertencias relacionadas con la
peligrosa actividad de las entidades no registradas, conocidas
popularmente con el nombre de chiringuitos financieros, así como
recomendaciones o informaciones de diverso tipo que pueden resultar
de utilidad para los inversores. Junto a esta información
estrechamente asociada a la tarea supervisora, el sitio web de la
Comisión permite a las personas interesadas acceder con facilidad a
la mayor parte de la legislación relevante en los mercados de
valores. La Comisión entiende que la difusión de las normas ayuda a
su mejor cumplimiento. Recientemente se ha editado un libro
electrónico que recopila un amplísimo número de sentencias de los
tribunales relativas a los recursos contencioso-administrativos ante
resoluciones de la Comisión y del Ministerio de Economía. Asimismo,
se ha efectuado una compilación actualizada de la regulación del
mercado de valores deuso muy práctico, que puede adquirirse en
soportepapel
en el departamento de atención al público de la Comisión.
Internet es un vehículo también idóneo para agilizar el cumplimiento
de los requisitos de información exigibles a los emisores y a los
intermediarios y realizar diversos tipos de trámites. Las entidades
supervisadas utilizan de forma creciente el protocolo de firma
electrónica que la Comisión tiene establecido a estos efectos: el
sistema Cifradoc-Comisión Nacional del Mercado de Valores, de cifrado
y firma electrónica. El 65 por ciento de las instituciones de
inversión colectiva y el 40 por ciento de las sociedades y agencias
de valores envían su información periódica por esta vía.
Recientemente se ha ampliado la utilización del sistema a las
sociedades emisoras para su remisión de los estados financieros
públicos trimestrales y semestrales y los hechos relevantes. Entre
los proyectos a abordar, en los que ya se han dado pasos, se
encuentra el establecimiento de una ventanilla virtual para poder
realizar en línea el trámite de registro de folletos de instituciones
de inversión colectiva. También, con el objetivo de facilitar el
trabajo y el trámite de los expedientes dentro de la propia Comisión,
se ha implantado un sistema de oficina sin papeles que se irá
extendiendo a diversas áreas de la CNMV.
La implantación de las nuevas tecnologías de información
y comunicación es una realidad en el mundo financiero. Cada vez son más
las entidades que desarrollan a través de Internet una rama de su
negocio de servicios de inversión, que puede abarcar desde la
difusión de información a la clientela a la comercialización de
fondos de inversión u otros productos financieros, hasta el envío de
órdenes de compra-venta de valores para su tramitación inmediata. En
relación con el desarrollo de servicios de inversión, basados en el
soporte que proporcionan las nuevas tecnologías, como es el caso de
Internet, la Comisión está diseñando un plan para vigilar que las
entidades dispongan en todo momento de los medios humanos y técnicos
adecuados para realizar su actividad, requisitos que se exigen cuando
se constituye una entidad de servicios de inversión, pero que se
deben mantener actualizados según las actividades que se desarrollen.
Por otra parte, desde el punto de vista de la regulación, Internet
plantea diversas cuestiones de las cuales destacan especialmente
tres. La primera se refiere a la oferta de servicios por entidades no
autorizadas y a la persecución de sus proveedores. La cooperación
entre los supervisores es esencial para erradicar estas actividades y
evitar que Internet se convierta en un canal que facilite su
difusión. El segundo tema es la necesidad de clarificar las
competencias en materia de regulación, supervisión y reclamaciones
sobre servicios a través de Internet en la Unión Europea, donde
todavía existen importantes diferencias en el grado de protección al
inversor concedido por las distintas regulaciones nacionales. En
tercer lugar, el acceso a los servicios proporcionados por
las entidades de valores directamente por parte del público en
general plantea la necesidad de que los reguladores realcen la
importancia de la formación de los ahorradores como una vía de
contribuir a la protección de los inversores en un marco de libertad
de decisión.
Uno de los objetivos prioritarios que tiene planteado la Comisión es
el mantenimiento del nivel de calidad de nuestro mercado. El mercado
español tiene una excelente reputación en materia de transparencia e
integridad. Una prueba evidente de ello es la elevada participación
que mantienen en sus actividades los inversores extranjeros, a la que
ya me he referido con anterioridad. Un mercado poco transparente y de
dudosa reputación en sus prácticas no contaría, bajo ningún concepto,
con su confianza. Una línea de actuación necesaria dentro de ese
esfuerzo es el desarrollo de medidas que favorezcan el cumplimiento
de las normas de conducta y ayuden a prevenir las infracciones,
fundamentalmente en el ámbito de lo que son conductas abusivas en el
mercado, como es el caso de la utilización de información
privilegiada y la manipulación de precios. La Comisión utiliza con
rigor las facultades de inspección y sanción que la ley le confiere
para mantener la integridad del mercado. Es un requisito esencial de
la actividad supervisora por el carácter disuasorio que tienen estas
medidas. Sin embargo, la experiencia demuestra que la potestad
sancionadora no resulta suficiente para alcanzar el objetivo deseado
si no va acompañada de otras medidas que dificulten la comisión de
infracciones en el contexto donde éstas se pueden producir. Por
tanto, es conveniente el desarrollo de medidas preventivas. Además,
la creciente actividad transfronteriza en los mercados financieros
exige que el tratamiento de estas infracciones se aborde con una
perspectiva internacional.
En el caso de la información privilegiada es esencial que los
emisores y las entidades financieras adopten medidas preventivas para
evitar que se produzca un flujo indeseable de información sensible
para el mercado. La Comisión ha insistido siempre en la importancia
de este tipo de actuaciones. En particular, ha recordado
reiteradamente la responsabilidad de los administradores respecto al
contenido de los códigos internos de conducta y su efectiva
aplicación. Los códigos ya deben recoger medidas específicas para
evitar el uso indebido de información no pública, como su prohibición
taxativa y la implantación de barreras entre departamentos, las
denominadas murallas chinas. Por otra parte, la Comisión mantiene una
presencia activa en los foros internacionales donde se discuten estas
cuestiones. En este sentido, cabe señalar el grupo de trabajo
constituido en el seno de Fesco, el foro informal de reguladores de
valores europeos, para diseñar las bases de un régimen contra el
abuso de mercado, término que comprende principalmente tanto la
información privilegiada como la manipulación de precios. Esta
iniciativa responde a la constatación por las autoridades nacionales
de la insuficiencia de las regulaciones nacionales. Además, la
efectividad de la actividad de un regulador nacional en la
persecución de este tipo de prácticas puede verse seriamente mermada
si no hay un tratamiento homogéneo y cooperación a nivel europeo.
Para prevenir estas prácticas abusivas de mercado y velar por su
integridad es necesario que haya homogeneidad, tanto entre los
organismos reguladores competentes y sus facultades como en la
definición de las conductas, en la tipificación de las infracciones y
en la determinación de las correspondientes sanciones. En caso de no
cumplirse esos requisitos es factible que el infractor encuentre
mecanismos para beneficiarse de un arbitraje regulatorio. Asimismo es
necesario que las autoridades nacionales cooperen entre sí, no sólo
ante comportamientos abusivos que puedan afectar a varios mercados,
sino también ante los requerimientos de información de un regulador
que esté investigando comportamientos abusivos en su propio mercado.
Hay que señalar que la Comisión ha sido destacada en los foros
europeos por su diligencia en la colaboración con las demás entidades
nacionales y que está poniendo su empeño en que esa diligencia sea un
hecho común en Europa. La Comisión seguirá manteniendo una presencia
activa en los grupos de trabajo sobre abuso de mercado para
contribuir a que se diseñe un marco de regulación, supervisión
y cooperación eficaz para erradicar esa práctica.
He mencionado que la Comisión se plantea una labor de fomento del
mercado mediante la eliminación de trabas burocráticas innecesarias y
también mediante la creación de un marco regulatorio en el cual
nuestros mercados organizados y empresas de servicios de inversión
puedan desarrollar sus actividades de forma competitiva. En este
sentido de aumentar las oportunidades de nuestros mercados se
encuadran algunas de las actuaciones de la Comisión que han
flexibilizado la capacidad operativa de las instituciones de
inversión colectiva. La Comisión, en colaboración con Inverco, la
agrupación de gestoras, estableció en 1999 una nueva clasificación de
los fondos de inversión basada en la vocación inversora declarada en
el folleto informativo y en el reglamento de fondos. Se trató con
ello de proporcionar una mayor utilidad para el inversor, pues dicha
agrupación por políticas de inversión permite realizar comparaciones
de los resultados obtenidos por los fondos con similares niveles de
riesgo. Hasta entonces la clasificación se realizaba a partir de la
composición de la cartera a una fecha dada, lo que impedía reflejar
las intenciones del gestor en cuanto a la asunción de riesgos
futuros. Se han introducido también importantes modificaciones
normativas en materia de instituciones de inversión colectiva. El
nuevo reglamento de instituciones de inversión colectiva,
recientemente aprobado, persigue un doble objetivo. Por una parte
desarrolla la regulación de las nuevas figuras introducidas en 1998
con la reforma de la Ley del Mercado de Valores: instituciones de
inversión
colectiva que invierten en fondos de inversión, instituciones
principales y subordinadas e instituciones especializadas en valores
no cotizados. Por otra parte aumenta las posibilidades operativas de
las instituciones de inversión colectiva al flexibilizar los límites
de inversión, lo que permitirá que se ofrezcan nuevos productos al
mercado. La mayor flexibilidad que se propone respecto a los límites
y coeficientes de inversión de los fondos no debe afectar nunca a la
exigencia de que la gestión de los fondos sea prudente y se ajuste
siempre a los criterios de inversión de las sociedades gestoras.
Tampoco debe afectar a las obligaciones de información a los
partícipes. En este sentido hay que entender la reciente implantación
de la posibilidad de que las gestoras difundan un informe trimestral
reducido a los partícipes de los fondos de inversión. Estos
documentos parecen más idóneos para su difusión masiva y de más fácil
comprensión para los partícipes que los folletos e informes
completos. Estos, no obstante, deben seguir manteniéndose a
disposición del público, según se establece en la normativa.
Otro ámbito donde se han llevado a cabo medidas de flexibilización y
simplificación de procedimientos es la emisión de valores. Entre las
mismas destacan por su importancia las siguientes: la utilización de
folletos continuados y reducidos de programa en las emisiones de
renta fija. Este sistema, introducido por el Real Decreto 250/1998,
de 7 de diciembre, sobre modificaciones del régimen jurídico de los
mercados de valores, permite que los emisores puedan presentar un
único folleto para todas las emisiones de renta fija que realicen
durante un año, sin necesidad de presentar un folleto específico para
cada una de ellas. Otra medida es la nueva regulación de la renuncia
al derecho de suscripción preferente de los accionistas en las
ampliaciones de capital, contemplada en las disposiciones adicionales
de la Ley de reforma de la Ley del Mercado de Valores. La nueva
regulación agiliza el proceso de decisión societario en relación con
la renuncia a este derecho y facilita, de este modo, un mejor
aprovechamiento de las condiciones del mercado para realizar
determinadas operaciones financieras, como es el caso de la
instrumentación de ampliaciones de capital mediante ofertas públicas
de suscripción de valores o la adquisición de sociedades mediante
canje de acciones. Otra medida es la supresión del folleto
informativo en determinadas modificaciones de valores en circulación
con un carácter tan obvio y comprensible para los inversores que no
se justificaba el mantenimiento de ese coste para el emisor. Y por
último, el acuerdo de la Comisión Nacional, el SCLV, las bolsas y el
Colegio de Registradores Mercantiles, en mayo de 1999, para
posibilitar la admisión a cotización de las nuevas acciones emitidas
en las ampliaciones de capital en sólo seis días después de la fecha
de otorgamiento de la escritura, si bien en la actualidad la admisión
se está consiguiendo
al día siguiente al otorgamiento de la escritura pública.
Quisiera resaltar que todas estas decisiones de simplificación se han
realizado sin menoscabo de la información de que debe disponer el
inversor para poder decidir sobre la colocación de su ahorro con
pleno conocimiento de los riesgos que se deriven en cada caso. La
disponibilidad de información completa, oportuna y veraz es el primer
elemento para garantizar una efectiva protección del inversor.
Finalmente, es importante señalar que la Comisión considera un
objetivo prioritario el crecimiento de los mercados primarios,
particularmente en el segmento de renta fija privada. El proceso de
consolidación fiscal y la reducción consecuente de los saldos vivos
de deuda pública favorecen una mayor demanda de valores alternativos
por parte, fundamentalmente, de las entidades financieras y de los
inversores institucionales. Estos no dudarán en adquirir valores
emitidos en otros países si la oferta de los emisores españoles es
insuficiente para satisfacer sus necesidades. Nos hallamos, pues,
ante una oportunidad para desarrollar el mercado de renta fija
privada nacional, de gran interés para los emisores y para el mercado
de valores español en su conjunto.
He señalado en diversos momentos de esta intervención lo importante
que es el mantenimiento de la confianza de los inversores en los
mercados de valores. Por muy eficiente que sean, por mucha
diversificación o sofisticación de los productos que se ofrezcan, el
éxito de los mercados se mide por la confianza que los inversores
muestran colocando su ahorro en ellos con propósito de permanencia.
Esto explica la importancia que tiene el objetivo que se plantean los
reguladores de los mercados de valores de proteger a los inversores,
particularmente a los minoristas. Para reforzar la protección del
inversor, la Comisión considera eficaz establecer un canal de
comunicación con el público a través del cual suministrar información
o bien responder a consultas y reclamaciones. Con este fin, la
Comisión añadió el uso de Internet ya en 1998 a los medios
tradicionales de consulta. Este canal cada vez es más utilizado por
los particulares. A través del mismo se accede a los registros
oficiales de la Comisión, que proporcionan información que puede ser
de gran utilidad para el inversor y permite además plantear consultas
particulares. La Comisión ofrece a los inversores un sistema
especializado, rápido y eficaz en la protección del inversor a través
de la ventanilla de reclamaciones. Muchas de las mismas se resuelven
simplemente mediante la información pertinente a los inversores,
aunque en ocasiones la Comisión promueve la resolución de las
reclamaciones a través de la conciliación de las partes, obteniéndose
en esta vía resultados positivos. En ese sentido es decisiva la
disposición de la mayor parte de las entidades reclamadas en la
búsqueda de soluciones satisfactorias para todos. Dentro de su
actuación para defender a los inversores, la Comisión
pone en su conocimiento el peligro que supone confiar en entidades no
registradas y advierte al público de la existencia de las que ya se
han detectado. También establece recomendaciones que los particulares
pueden seguir a la hora de tomar decisiones de inversión. Esta línea
de promover la protección del inversor mediante la difusión de
información continuará en el futuro. En particular, se prestará una
atención especial a la formación de los inversores para que puedan
identificar con mayor facilidad los riesgos inherentes a sus
decisiones.
Señor presidente, señorías, espero haberles transmitido una idea
suficientemente ajustada sobre la importancia del papel que hoy en
día desempeñan los mercados de valores en nuestro país y sobre los
retos considerables a los que nos enfrentamos tanto en el campo de la
competencia entre proveedores de servicios financieros como en el de
la regulación. La calidad de la regulación y la supervisión no sólo
es esencial para garantizar adecuadamente la protección de los
inversores, también es un activo para los mercados que refuerza su
posición competitiva. La situación actual es positiva en este punto y
forma parte de nuestra tarea como supervisores mantenerla y en lo
posible mejorarla. Me gustaría destacar, a modo de conclusión, que
España tiene unos mercados de valores íntegros, seguros y eficientes.
A pesar de su intenso crecimiento durante los últimos años nuestros
mercados todavía pueden expandir sus actividades y mejorar sus
servicios en beneficio de la economía española. Creo, además, que la
industria de valores cuenta con profesionales muy preparados que
están dispuestos a afrontar con seriedad los retos de la competencia
en el escenario europeo. El programa que la Comisión tiene previsto
desarrollar en los próximos años bajo mi mandato se dirige a
consolidar la posición de nuestra industria de valores como
competitiva, pero con el activo de contar, además, con una regulación
seria que promueva la integridad del mercado y el respeto a las
garantías de los inversores.
El señor PRESIDENTE: Para la intervención de los distintos grupos
parlamentarios tiene la palabra, en primer lugar, el portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista, señor Martínez Sanjuán.
El señor MARTÍNEZ SANJUÁN: Señora Valiente, mi grupo parlamentario
quiere agradecer su primera comparecencia en esta Comisión en la que
desde su nueva responsabilidad informa a la Cámara del funcionamiento
del mercado, de las gestiones de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores. Tiene que disculparme, de entrada, la dificultad en la que
mi grupo parlamentario tiene que afrontar esta comparecencia, en el
sentido de que hemos recibido una información, la memoria y el
informe del año 1999; usted ha hablado del mercado más reciente y ha
hecho referencia al pasado, y hay algunas cuestiones, en la medida
que preocupan
a la sociedad y a mi grupo parlamentario, sobre las que quisiera
reflexionar. Hoy hemos conocido también un avance, no sé si tiene que
ver con su presencia aquí, de la ley financiera, no sé si oficial u
oficiosa, en el que algunas de las cuestiones que afectan a los
mercados, a los problemas que tiene en estos momentos la Ley del
Mercado de Valores, las dificultades en su cumplimiento y en la
búsqueda de esos mercados eficientes, seguros e íntegros que todos,
empezando por la presidenta, quieren tener en España. Todo esto
anuncia que posiblemente vayan a dirigirse los cambios legislativos
en una determinada dirección, y eso, unido a que no se había
presentado la memoria de la Comisión Nacional del Mercado de Valores
desde junio del año 1999. Es verdad que compareció su predecesor en
el mes de septiembre, pero, como dicen los clásicos, era otra
historia, no tenía nada que ver ni con la memoria, ni con la
situación de los mercados, sino que era otra historia. Con todo este
puzzle de circunstancias quisiera fijar la posición de mi grupo
parlamentario en relación a su comparecencia, en relación al informe
del año 1999, en relación al avance de resumen anual del mercado del
año 2000, que ha sido publicado ya, o por lo menos está colgado en la
web de la Comisión Nacional y, en definitiva, son cuestiones que
afectan a los mercados y que preocupan a mi grupo. La fijación de mi
posición en esta comparecencia irá dirigida a establecer algunas
reflexiones y a entablar quizá alguna discusión o aclaración con la
presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
No ha hablado nada, señora Valiente, de la situación actual de la
Comisión, primera cuestión que a mí me parece que es oportuna para
enfocar el importante trabajo actual que tiene que desarrollar la
Comisión Nacional del Mercado de Valores. Es verdad que la Comisión
no vivió en el pasado reciente los mejores momentos de su historia,
desde el punto de vista de mi grupo parlamentario, y quizá está
pendiente una reflexión, ahora que se está hablando de posibles
modificaciones legislativas, de cuál es el papel de la Comisión
Nacional del Mercado de Valores y hasta qué punto el Gobierno y el
grupo parlamentario que le sustenta hacen suyas o no las valoraciones
de organismos internacionales, concretamente la OCDE, que hablan de
que el órgano supervisor, regulador de los mercados de valores debe
de ser un organismo tan pegado o no al Gobierno, en cuanto a sus
nombramientos, a su funcionamiento, a su autonomía y al papel que
debe tener este Congreso de los Diputados en relación a este órgano
supervisor y también al seguimiento de sus acciones fundamentales. Es
verdad que la ley de 1998 introduce la presencia cotidiana una vez al
año de la presidenta, pero quizá en la evolución que está teniendo
este mercado y en las previsiones que se establecen sea insuficiente
este grado de excesiva lejanía de la Comisión Nacional en relación a
este Parlamento y quizá una estructura, un funcionamiento, una
supervisión y un
grado de dependencia excesivamente pegado al Gobierno de la nación
(reflexión que dejo caer, porque creo que no es el momento, tiempo
tendremos para hablar de estas circunstancias). Con su presidencia
intenta dar a la Comisión Nacional del Mercado de Valores un nuevo
giro, y algunas decisiones que tomó la señora Valiente nada más
hacerse cargo de la presidencia así lo avalan; luego hablaremos de la
eliminación o de la supresión de las circulares, de determinadas
decisiones que se han tomado que, en definitiva, suponen un cambio
importante al sistema de funcionamiento que había venido operando
desde la Comisión Nacional antes de la llegada de la señora Valiente.
Creo que hay vacantes en la Comisión Nacional. Recientemente ha sido
elegido un vocal, el señor De Luis, y he leído una información que ha
dejado preocupado a mi grupo parlamentario y es que una de las
vacantes que parece que existen en la Comisión Nacional del Mercado
de Valores no se va a cubrir por la dificultad, y lo decía un
editorialista de la prensa económica, de encontrar a profesionales
que quieran hacerse cargo o participar en la Comisión Nacional del
Mercado de Valores como vocales, en función no sé si de las
retribuciones, del régimen de incompatibilidades, en función de las
exigencias que conlleva un cargo de estas características, una vez
concluido su mandato, o en función de las circunstancias. Si esto es
así, señora Valiente, me parece que se está lanzando un mal mensaje
a la sociedad española y a los mercados; es decir, que la Comisión
Nacional del Mercado de Valores no encuentre personas capaces de
ocupar unos cargos del máximo órgano de responsabilidad supervisora
de los mercados de valores y de los organismos de inversión colectiva
me parece que es un mal mensaje. No sé si esto es así o es una forma
de banalizar periodísticamente una situación que, de ser así, me
preocupa y preocupa a mi grupo parlamentario.
En el informe de la Comisión del año 1999 se hablaba de que se está
aumentando la plantilla, de que se han incorporado a la Comisión
Nacional nuevos profesionales y que se está mejorando lo que sería la
dotación de personal. Creo que también se están dando pasos en
materia de política inmobiliaria, que no sé exactamente cómo están,
por lo que le pediría una aclaración en cuanto a los pasos que está
dando la Comisión Nacional del Mercado de Valores en aras de mejorar
su ubicación inmobiliaria. Porque los que hemos estado alguna vez en
la Comisión Nacional creemos que está un tanto ajustado en cuanto a
espacio y a medios, y se lo pregunto porque no lo conozco. Lo digo
porque a mi grupo parlamentario siempre le han preocupado los medios
profesionales y técnicos de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores. Creemos que ha tenido muy poca plantilla durante muchos
años, que tiene unos presupuestos saneados, ejercicio tras ejercicio,
y que se debiera de cuidar más a fondo la política de personal,
porque la supervisión es algo a lo que mi grupo
parlamentario nunca pondrá objeciones para mejorar todo lo que sea
política de personal. En cuanto a los mercados, ¿cómo está la
Comisión Nacional del Mercado de Valores español en la ratio
personal, volumen de mercado y sociedades que están en el mercado?
Tenemos la sensación de que habría que hacer un esfuerzo mayor que el
que se ha hecho en esta materia, porque es una de las claves
fundamentales de la política de la información, del seguimiento de
supervisión de las sociedades.
Ha hecho referencia, señora Valiente, a las consecuencias de la
memoria de 1999. Es verdad que en ese año se produjeron hechos
importantísimos sobre los que pasaré por encima, pero hay algunas
cuestiones de ese informe que a mi grupo parlamentario le llaman la
atención y quisiera pedirle alguna precisión. Es verdad que en 1999
entró en vigor la modificación de la Ley del Mercado de Valores.
Nuestro mercado se abrió a nuevos agentes, a nuevas sociedades
europeas, con la trasposición de la directiva de servicios de
inversión. ¿Qué impacto ha tenido la apertura de los mercados en
cuanto al funcionamiento de las sociedades de inversión por parte del
sector exterior? Es verdad que 1999 fue un año complicado desde el
punto de vista de convulsiones de algún tipo. Fue el año de las stock
option, de poner sobre la mesa unas operativas no bien explicadas,
fue un año que dio origen a importantes conflictos de carácter
mediático y político, que quizá puso sobre aviso la urgente necesidad
de ir aplicando permanentes cambios legislativos y jurídicos y al
funcionamiento de los mercados de valores. Mil novecientos noventa y
nueve fue también el año de la puesta en vigor de la nueva ley de
capital riesgo y del papel supervisor de la Comisión Nacional de un
área hasta entonces no supervisada, que ha supuesto importantes
cambios en el mercado de valores.
Una de las cosas que me ha llamado la atención del informe de 1999 es
el notable incremento del número de sociedades inscritas en el
registro de entidades. Concretamente el aumento importantísimo de las
Simcav en 1999 que fue de 523 sociedades de inversión mobiliarias en
capital variable frente a las 261 que había. Es una desproporción
importante. No sé si tiene que ver con el sistema fiscal de las
mismas, si estamos hablando de que realmente todas las que están
registradas son Simcav o estamos en una situación -y eso sería
preocupante para el funcionamiento homogéneo y transparente de los
mercados- en la que se estén buscando fórmulas societarias, lo que
definitivamente daría lugar a otro tipo de situaciones de
administración patrimonial distintas a las sociedades de inversión
mobiliaria en capital variable. ¿Qué opinión tiene la Comisión
Nacional del Mercado de Valores, concretamente su presidenta, en
relación con esta figura de servicio de inversión mobiliaria, que es
la generalización de las Simcav?
En 1999 se siguieron persiguiendo, me imagino que lo mismo que en el
año 2000, desde el punto de vista de supervisión y de inspección de
expediente, los llamados chiringuitos financieros. Dado que de nuevo
ha habido información en relación con un tema que se discutió en la
Comisión de Economía del Congreso de los Diputados, como es el caso
de la Agencia de Valores AVA, me gustaría saber si hay nuevos datos o
qué mensaje les manda la Comisión Nacional del Mercado de Valores a
los miles de inversores de una sociedad que vio torcer la lógica del
mercado y poner en una situación dificilísima los intereses de miles
de inversores españoles.
Ha hablado la señora Valiente de la situación más reciente de los
mercados de valores y de los mercados de inversión. Es verdad que se
ha producido un boom, desde el punto de vista de acceso a los
servicios de inversión y al mercado de valores, de miles de
ciudadanos españoles que, de una forma directa o indirecta, y a
través del mercado primario, han accedido a valores bursátiles o han
confiado sus ahorros a través de los fondos de inversión. Es verdad
que se han generado nuevos mercados, pero también se han generado,
señora Valiente, abundantes fracasos económicos. Es un tema que a mi
grupo parlamentario le preocupa de forma importante. Hay la sensación
de que la creación del nuevo mercado tecnológico o de que el Latibex
era una especie de panacea inversora. Las nuevas tecnologías, la
nueva economía han tenido quizá un desarrollo y un acompañamiento
mediático lo suficientemente desaforado y poco prudente como para que
la realidad nos indique hoy que no es oro todo lo que reluce y que
las grandes expectativas que se habían puesto en todos estos mercados
han sido capaces de sostener. Eso ha llevado a miles de ciudadanos,
que confiaron sus ahorros en OPV y en colocación de nuevos valores, a
una situación verdaderamente complicada. Creo recordar que las
últimas ofertas que salieron al mercado, concretamente de Telefónica
Móviles y Logista, dos empresas que habían sido privatizadas y que
una parte importante fue colocada en el mercado, se encuentran en
situación bursátil poco satisfactoria, por no darle otro
calificativo. Ello ha hecho que las perspectivas económicas de miles
de ciudadanos en estos momentos estén profundamente defraudadas, lo
que me lleva a hacer una reflexión que tiene que ver con la
comunicación y la publicidad de la colocación de acciones. Es verdad
que la Comisión Nacional del Mercado de Valores tiene una
responsabilidad que es la que marca la ley en cuanto a la veracidad
de la publicidad que se establece, pero estamos hablando de servicios
y productos financieros, estamos hablando del dinero de los españoles
y de las sociedades que van a ser colocadas en determinados productos
que se ofrecen al mercado. Uno tiene la sensación de que se está
frivolizando ante los ciudadanos sobre la colocación de determinados
títulos y servicios. Se ofrece publicidad de cosas que
no tienen mucho que ver con acciones o valores; se venden sensaciones
y, desde el punto de vista de mi grupo parlamentario, se ofrece una
información poco rigurosa. Creo, señora Valiente, que habría que
introducir algunos cambios o elementos de autorregulación en un
mercado sensible e importante que puede generar dificultades a miles
de ciudadanos; están comprando una parte de una sociedad, no están
comprando una colonia ni una ilusión, están invirtiendo en acciones.
A veces se hace una publicidad poco controlada que tiene muy poco que
ver con la realidad del mercado. Es verdad que todos los datos
económicos están en las páginas web de la Comisión Nacional del
Mercado de Valores o de las propias sociedades, pero reconocerá
conmigo que la generalización de estos instrumentos de comunicación y
de conocimiento está muy poco desarrollada en la mayor parte de la
sociedad española. Somos el país que menos acceso y menos
participación tiene en la nueva economía y en los servicios de
Internet. Toda esa información está ahí, pero la mayor parte de los
pequeños inversores de esta sociedad se fían más de la televisión y
de los anuncios o les prestan más atención que a los hechos
relevantes y a las circunstancias que puede ofrecer la Comisión
Nacional del Mercado de Valores sobre las ofertas de acciones que se
van a poner en circulación en los próximos años. Creo que esto debe
ser elemento de reflexión porque los intereses de muchos ciudadanos
pueden estar en juego.
Es verdad que el mercado español de valores no ha atravesado su mejor
momento en el año 2000. Concretamente el Ibex-35 tuyo en 2000 una
caída del 21,75 por ciento, el mercado de Madrid del 12,68 y el
Latibex del 23,41; todas ellas muy superiores a las de otros
mercados, como el Dow Jones, el Dax-30 de Francia o el mercado de
Londres. A mi grupo parlamentario le preocupan las caídas y las
pérdidas de rentabilidad, tanto las globales como las de algunos
sectores importantes en los que se había puesto excesiva atención,
excesiva publicidad y excesiva ampulosidad para atraer la inversión
de los ciudadanos. Por eso creo que hay que reforzar la información,
la seguridad, los elementos de control y los códigos de buen gobierno
de las empresas. Necesitamos la seguridad absoluta de que la Comisión
pone todo de su parte en pro de la seguridad del mercado, de que no
haya información privilegiada, de que las fusiones que se produzcan
-o algunas que no se han producido- estén bien llevadas. No tiene que
haber tanta injerencia desde los poderes políticos respecto a una
dirección u otra o al fracaso o éxito de determinados instrumentos
que pueden dar lugar a una fusión; uno tiene la sensación de que, a
veces, no se hace suficiente esfuerzo para transmitir seguridad y
transparencia al mercado.
Ha hablado de los nuevos retos y de las asignaturas pendientes que
tienen el mercado y la Comisión; ha hablado de las reformas
legislativas en materia de información privilegiada y nos ha
adelantado la tendencia
que seguirán, cuestión fundamental para nosotros. Del mismo
modo que colaboramos durante la pasada legislatura en la
modernización de la nueva Ley del Mercado de Valores del año 1998,
ahora estamos preocupados porque se puedan establecer jurídicamente
-no por circulares, sino por trasposición jurídica a la ley o leyes
necesarias- todos los instrumentos de control y todos los
instrumentos necesarios para evitar la información privilegiada y la
manipulación de los mercados.
También nos preocupa la cuestión pendiente de las operaciones con la
autocartera. No he oído cómo piensa la Comisión del Mercado de
Valores que se debe avanzar en este terreno, o las medidas necesarias
a tomar en cuanto a la manipulación de las cotizaciones. Parece que
todavía no es posible la coordinación internacional desde el punto de
vista de la supervisión por medio de la creación de un organismo
supervisor paneuropeo, quizá por falta de voluntad política, por la
diversidad de las normas y sistemas reguladores o por la falta de
voluntad de determinados países para avanzar en esta línea.
La señora Valiente ha hecho referencia a dos temas de actualidad. El
primero es la ley financiera; no sé si se llamará así
definitivamente, pero todo el mundo la llama así ya. No sabemos si
será un cajón de sastre en el que se tocarán cuestiones de la
Comisión Nacional del Mercado de Valores, de sistemas bursátiles, de
instituciones de inversión colectiva ; en fin, una especie de ley de
acompañamiento del sector financiero. Nos gustaría que fuera una ley
bien pensada y bien madurada y que pudiera ser consensuada; estamos
hablando de cosas que afectan fundamentalmente a la estabilidad de
los mercados y a los intereses de millones de ciudadanos.
El otro tema de actualidad son las consecuencias del informe
Lamfalussy. Quisera conocer la opinión de la presidenta de la
Comisión Nacional de Mercado de Valores sobre si el ritmo y el nivel
de las exigencias de dicho informe y la opinión de los expertos son
compartidos por la Comisión Nacional del Mercado de Valores; si el
Gobierno español está por la adaptación en un plazo suficientemente
rápido -quizá excesivamente rápido, me parece que se hablaba de tres
meses- de determinadas normas europeas en materia de regulación del
sector cambiario, si está por la adaptación de nuestra legislación a
lo que pretende la Comisión Europea. Quisiera conocer más a fondo la
opinión de la presidenta en relación con la eficacia y con la
dirección de las conclusiones del grupo de expertos de la Comisión
Europea en la reforma del mercado de valores.
Concluyo ya, señor presidente, diciendo que mi grupo, que ha adoptado
en los últimos años en cuanto a estos mercados una actitud positiva y
tolerante adaptada a la nueva realidad cambiante, se propone seguir
en esa línea de colaboración en la trasposición de unasnormas
importantes que debe llevar el ritmo positivo
con que avanza la adaptación de los mercados en Europa. La Comisión
encontrará en mi grupo parlamentario colaboración, siempre que
entienda, como nosotros, que flexibilizar no debe estar reñido con
controles eficaces ni suponer disminución de garantías; que ampliar
los mercados debe ir acompañado por un aumento de la importancia del
órgano regulador español o de los órganos multilaterales, como decía
al principio; que debemos contar con los medios suficientes para ir
adaptándonos a esta nueva realidad y que la simplificación a que
pueden dar lugar en estos momentos los nuevos vehículos de captación
de inversión a través de Internet deben ir acompañados de suficientes
controles, puesto que se trata de medios que dan la sensación muchas
veces de escapársenos. La mejora de la eficacia y de la eficiencia no
puede suponer en ningún momento un aumento de la desregulación o de
la desfiscalización que muchas veces viene aparejado a los cambios en
los órganos de inversión y en los mercados bursátiles y similares.
Esta es la posición de mi grupo parlamentario en relación con los
asuntos que nos preocupan y en cuanto a las tendencias de
modernización y de cambio que se están dando en los mercados
bursátiles españoles y europeos.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió),
tiene la palabra el señor Padrol.
El señor PADROL I MUNTÉ: Quisiera iniciar mi intervención
agradeciendo a la presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores la amplia exposición que ha ofrecido a esta Comisión de
Economía y Hacienda y lo extenso de los datos con los que ha
ilustrado su intervención.
Lo cierto es que querría enfocar la intervención de mi grupo
parlamentario, al hilo de la comparecencia de la presidenta de la
Comisión Nacional del Mercado de Valores, centrándome
fundamentalmente en algunos de los aspectos en los que ha incidido a
lo largo de su exposición, fundamentalmente a cuál debe ser el papel
del organismo de supervisión de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores en un entorno tan cambiante y tan afectado por la
globalización como el que ha descrito usted a lo largo de su
intervención. Son diversos los factores a los que se ha aludido,
insisto, a lo largo de su alocución, que inciden en un papel
ciertamente complejo, difícil, de la Comisión Nacional respecto de
los mercados financieros. El primero de los factores a los que ha
hecho referencia es, lógicamente, a la introducción del euro y el
clarísimo elemento de presión que supone para crear un mercado
europeo integrado, la propia liberalización de los movimientos de
capitales, el uso intensivo de las nuevas tecnologías, con el papel
esencial de Internet y con la profundidad y amplitud que da a los
mercados financieros y a la posibilidad de abaratar costes y de
reducir los plazos de ejecución de
las órdenes que puedan cruzarse. Toda esta serie de circunstancias
han supuesto, en conjunto, qué duda cabe, una ampliación de las
posibilidades de elección de los inversores españoles o de los
inversores de cualquier lugar del mundo. A esto, además, se le debe
unir, como ha puesto de relieve en su intervención, los procesos de
integración de bolsas europeas -usted ha hecho referencia al fallido
intento de fusión de las bolsas de Londres y Frankfurt-, pero qué
duda cabe de que más allá del fallo de algún proceso en concreto el
movimiento parece francamente inexorable. También en esta línea de
integración e interrelación de mercados valoramos positivamente el
impulso decidido dado a la creación del Latibex y del nuevo mercado
para las empresas de alta tecnología.
Otro factor realmente importante es el de los ATS, los alternative
trading systems, y la dificultad que ello introduce para llevar a
cabo una labor de supervisión y de transparencia en el mercado y de
defensa de los intereses de los consumidores de productos
financieros, en última instancia de los inversores españoles, que son
los que aquí nos ocupan. También en esta línea de globalización, la
creación de Iberclear ha sido puesta de manifiesto por la presidenta
de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. El balance que ha
hecho la presidenta es que la industria española ha asumido con éxito
este reto, lo cual es algo que entiendo que todos constatamos, aunque
es cierto que en algunos ámbitos -fundamentalmente usted ponía el
acento en el de los productos financieros de carácter derivado- la
competencia ha sido ciertamente feroz y más que competencia es que
posiblemente antes de que llegaran a España las iniciativas estaban
ya tomadas en otros mercados, no ya de Europa sino alrededor del
mundo.
Una parte muy interesante de su exposición viene dada cuando usted ha
hecho referencia a un tema que a juicio de mi grupo parlamentario es
francamente importante, como son las recomendaciones del comité de
sabios, las propuestas para eliminar los obstáculos en la integración
financiera y las sugerencias concretas que efectúa este comité de
sabios para eliminar estos obstáculos a la integración de los
mercados en el ámbito de la Unión Europea. Han propuesto la reforma
de la regulación de los mercados, que sean más ágiles y homogéneos y
que dejen de regularse por directivas y pasen a regularse a través de
reglamentos; que la supervisión y la aplicación de las prácticas de
supervisión sea también más homogénea, siquiera realizada con unos
parámetros más claros de convergencia. La verdad es que a esta música
lógicamente es difícil no adscribirse o no sumarse; el proceso,
además -lo decía anteriormente-, es inexorable. La posición del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que creo que debe ser la
posición de este Parlamento y ha sido la posición de la Comisión y de
todas las autoridades financieras, es que lo que sea inexorable que
lo sea, pero que al amparo de esta regulación establecida a
nivel de reglamentos comunitarios no se produzca una pérdida de peso
relativo de las plazas financieras españolas más allá de lo que sea
inevitable en virtud de la globalización. Si esta concentración de
operativa financiera tiende, como dice la propia palabra, a
concentrarse en otras plazas, que sea consecuencia de la eficiencia
-y si perdemos esta partida habremos jugado mal nuestras cartas- pero
no como consecuencia de una regulación que pudiera esconder algún
tipo de traspaso de peso relativo de los mercados financieros
españoles a otras plazas europeas. Insisto, lógicamente estas
recomendaciones del comité de sabios parece que la propia eficiencia
de los mercados las puede hacer inexorables, pero siempre -y es la
posición de mi grupo- deberemos estar atentos a cómo se le pone letra
a esta música para evitar, al fin y al cabo, que salgan perjudicados
los operadores y los inversores españoles.
Hecho este dibujo del inexorable proceso de globalización que afecta
a los mercados financieros mundiales, la verdad es que el papel de un
organismo de supervisión y regulación no es nada fácil; no es nada
fácil porque es imposible, y salta a la vista además esta opción,
ponerle puertas al campo, aunque a esta parte me referiré al final de
mi intervención.
En cuanto a los objetivos que tiene planteados la Comisión Nacional
del Mercado de Valores, tal como nos ha anunciado su presidenta, de
apostar por las nuevas tecnologías, por las medidas de carácter
preventivo, por la eliminación de trabas burocráticas innecesarias,
por la lucha contra las prácticas de información privilegiada, e
impulsar cualesquiera iniciativas de carácter normativo o de tipo
operativo que puedan ser buenas para los mercados financieros
españoles, como pueden ser las recientes Latibex o el nuevo mercado
para las empresas de alta tecnología, o el reciente acuerdo con la
Dirección General del Tesoro, que permitió en su momento la creación
y funcionamiento de fondos principales subordinados y de los fondos
de fondos, lógicamente la apuesta nos parece acertada, la dirección
nos parece acertada, y desde este punto de vista valoramos
positivamente el trabajo que se está realizando y las líneas que ha
formulado la presidenta de la Comisión en su comparecencia -valga la
redundancia- ante esta Comisión de Economía y Hacienda.
La verdad es que no voy a entrar en el juicio sobre la evolución de
los mercados, de la cotización de los mercados, porque ciertamente el
papel que pueda adoptar aquí la Comisión puede ser mucho en lo
negativo, pero no en la concreta evolución coyuntural de determinadas
cotizaciones. En lo negativo podría ser mucho pero no es así, no hay
mejor valoración de si el funcionamiento de un organismo de
supervisión es bueno o es malo que la actitud que tomen los
inversores extranjeros respecto a invertir en los mercados que son
objeto de supervisión por este organismo, en este caso la Comisión
Nacional del Mercado de Valores. Desde este punto de vista mi grupo
parlamentario afirma con satisfacción
que no cabe duda de que la práctica otorga muy buena nota a la labor
de supervisión que efectúa la Comisión Nacional.
Respecto de la evolución de las cotizaciones, no voy a entrar en este
tema, porque realmente creo que excede, como todos sabemos, del papel
de la Comisión. Podría ser mucho en lo negativo, no lo es, es
positivo, así es valorado por los inversores extranjeros que confían
en los mercados españoles, pero no voy a centrarme en más aspectos
respecto de la evolución de los mercados.
Para acabar, quisiera hacer referencia a una reflexión que,
lógicamente, con distinto contenido concreto, también he tenido
ocasión de efectuar esta mañana en la comparecencia del secretario de
Estado de Hacienda en esta misma Comisión. Esta mañana valoraba
positivamente el hecho de que en los últimos años se ha producido una
rotura de tópicos en el ámbito de la legislación fiscal. ¿A qué me
estoy refiriendo? A que se han dado pasos adelante en la toma de
medidas normativas que han supuesto impulsos decididos para la
eficiencia de la economía española y que quizá en otras coyunturas
resultaba difícil tomarlas por mor de que podía resultar un mal
entendido atentado a la equidad del sistema, en este caso tributario,
en la referencia que haré posteriormente del sistema financiero. Me
estoy refiriendo, por ejemplo, a la rebaja de los tipos de las
ganancias patrimoniales que se asumió en el año 1996, la propia
rebaja de las sanciones tributarias en el año 1995, la regulación de
los rendimientos de capital mobiliario en la reciente reforma del
IRPF de diciembre de 1998, las normas para incentivar la
internalización de las empresas españolas desde el punto de vista
fiscal. Son normas que en su momento quizá existían ciertos
resquemores antes de adoptarlas porque pudieran parecer normas
inequitativas. No hay norma más inequitativa que aquella que sólo
existe en el «BOE» y que luego no es aplicada.
El capital es móvil y los mercados financieros están globalizados.
Desde este punto de vista, desde el Parlamento, desde la acción
política del Gobierno y de las instituciones, en este caso de
carácter financiero, hay que ser valiente y apostar por impulsar
decididamente la eficiencia de los mercados españoles. ¿A qué me
estoy refiriendo en este caso al hablar de los mercados financieros?
Me estoy refiriendo a que siempre velando por el control de la
tributación que se produzca en España, por la adecuada transparencia
de los mercados, es decir, sin irrumpir nunca en la toma de medidas
normativas o de prácticas que afecten a la equidad, lo que hay que
ser también es prácticos e impulsar el mayor dinamismo a los mercados
financieros españoles. Hay productos en los que no podemos
entretenernos los distintos agentes políticos o administrativos para
ver si pueden ser operativos en España o no porque se están haciendo
en otros países y hoy en día, con las nuevas tecnologías, operar en
un mercado o en otro es cuestión
de una decisión que no consume mucho tiempo. Hay que dar un impulso a
las nuevas formas de las instituciones de inversión colectiva,
figuras como préstamo de valores, etcétera, porque si no se contrata
en España no dejarán de contratarse, no van a dejar de contratarse,
simplemente se contratarán en otros mercados con otras implantaciones
territoriales, con lo cual no habremos ganado nada desde la óptica de
la equidad siquiera tributaria y sí habremos perdido mucho desde el
punto de vista de la eficiencia de los mercados y del impulso a la
actividad económica española.
Estas son las reflexiones que quería transmitir a la presidenta de la
Comisión Nacional del Mercado de Valores y configuran la toma de
posición de mi grupo respecto de su intervención.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra el señor De Juan.
El señor DE JUAN I CASADEVALL: En primer lugar y antes de nada, doy
la más cordial y sincera bienvenida a la presidenta de la Comisión
Nacional del Mercado de Valores ante esta Comisión de Economía y
Hacienda de la Cámara Baja en su primera comparecencia durante esta
legislatura, comparecencia que inaugura una serie que, por mandato
del artículo 13 de la Ley del Mercado de Valores, corresponde con
carácter anual a la Presidencia de la Comisión Nacional para evacuar
informe y memoria anual de cada ejercicio, en este caso del ejercicio
de 1999.
Mi grupo desea realizar una primera valoración positiva de la
actividad de esta institución, actividad a la que su ley reguladora
le encomienda la función de supervisión e inspección de los mercados
de valores y de las personas físicas y jurídicas que intervienen en
los mismos y de ejercicio, en su caso también y cuando corresponda y
dentro del mandato del legislador, de la potestad sancionadora. Sin
duda, y es una obviedad, si el mercado es la institución en que se
forman los precios, el mercado de valores como institución donde se
forman los precios de los activos financieros, está necesitada de la
función que desarrolla la Comisión Nacional como organismo regulador
que debe velar por la transparencia de los mercados, que debe velar
por la correcta formación de los precios en los mismos, que debe
velar por la protección del inversor y por promover, en definitiva,
la difusión de cuanta información sea necesaria para garantizar el
cumplimiento de esos fines. Y debe hacerlo según la plantilla
orgánica, el modelo orgánico que está previsto en la Ley del Mercado
de Valores, ley que en su redacción originaria es de julio de 1988
-enfatizo 1988- y que, por tanto, responde a un modelo de Comisión
Nacional que en un determinado momento se propulsó en aquella
situación en el año 1988 y, por consiguiente, no entraré aquí en el
debate de si ese es el modelo que corresponde o es el mejor modelo o
no. Creo que es un modelo que responde
y que da garantías suficientes en términos de independencia y en
términos de garantía de la transparencia de los mercados y de
cumplimiento de las funciones que tiene encomendadas. En cualquier
caso, fines y objetivos estos establecidos en la ley, a los que ha
dado una cumplida respuesta, una cumplida y satisfactoria respuesta,
a juicio de mi grupo, la actividad desarrollada por la Comisión
Nacional del Mercado de Valores durante el ejercicio de 1999. Y todo
ello, señorías, no se nos escapa, en un contexto de profunda
transformación del mercado de activos financieros, con una
participación masiva de pequeños ahorradores, con una financiación
que apela directamente al mercado cada vez en mayor número de
empresas, con un protagonismo de las instituciones de inversión
colectiva y de otros inversores institucionales y con una fuerte
presión integradora del euro.
En este escenario hemos visto cómo aumenta el número de agentes que
intermedian en el mercado de valores, se ha subrayado por alguno de
los ponentes que me han precedido en el uso de la palabra, se han
registrado nuevas empresas de servicios de inversión, se han
registrado nuevas instituciones de inversión colectiva,
fundamentalmente hablamos de fondos de inversión y de sociedades de
inversión mobiliaria en capital variable, de Simcav, sin obviar la
participación creciente en nuestros mercados de empresas de servicios
de inversión radicadas en otros Estados miembros de la Unión Europea,
beneficiándose, sin duda, del llamado pasaporte comunitario; un
pasaporte comunitario que se preveía en las directivas de servicios
de inversión y que se ha incorporado a nuestro ordenamiento interno a
raíz de la reciente reforma operada por la Ley 37/1998. Entendemos
que la unión económica y monetaria conlleva también la realización de
un mercado financiero único y que en ese mercado financiero único una
pieza fundamental será el mercado único de valores, y a ese
planteamiento se contrae, en definitiva, tanto la directiva de
coordinación bancaria como la directiva de servicios de inversión al
establecer esa figura del pasaporte comunitario, que viene a permitir
que una entidad radicada en un Estado miembro de la Unión Europea
acceda al ejercicio de la actividad de intermediación en el mercado
de valores con la autorización de la autoridad de origen, es decir,
el principio que se conoce con home country, y sujetando su actividad
a la normativa del Estado donde se desarrolla esa actividad, lo que
se conoce como el principio de host country, principios todos ellos
recogidos en esa reforma de la Ley 37/1998 y que por el nuevo
escenario económico, con esa presión integradora del euro, la
desaparición de los riesgos cambiarios, la multiplicidad o la
posibilidad de multiplicar las posibilidades de inversión nos
gustaría preguntar a la presidenta de la Comisión Nacional del
Mercado de Valores sobre si nos puede ilustrar cómo se ha aplicado
ese principio delpasaporte comunitario, cómo se ha desarrollado, cómo
se ha previsto su aplicación a raíz, en definitiva, de esa Ley 37/
1998, que no hemos de olvidar que se aplicó por primera vez en el
ejercicio que es objeto de esta comparecencia, en 1999.
Mi grupo, señorías, quiere valorar positivamente el esfuerzo que ha
realizado y consta como tal en la memoria de la Comisión Nacional por
el organismo regulador del mercado de valores en mejorar la
información. Entendemos que esa mejora de la información, y estamos
diciendo una obviedad, es tanto como fortalecer la transparencia del
mercado, es tanto como robustecer el principio de protección del
inversor. Obviamente, y creo que algún ponente lo ha dicho con
anterioridad a mi intervención, excede mucho de las competencias lo
que es la evolución de la cotización. No le corresponde a la Comisión
Nacional tampoco garantizar resultados económicos de determinados
mercados, como han insinuado algunos ponentes que me han precedido en
el uso de la palabra, sino en todo caso garantizar que esos flujos de
información carezcan de trabas. En ese sentido, valoramos muy
positivamente, por ejemplo, la actividad de supervisión desarrollada,
y se estudia en lo que es la memoria, en el mercado de emisiones, en
el mercado primario, un mercado que durante el año 1999 ha conocido
una actividad emisora privada importante que nosotros ligamos al buen
desarrollo de la actividad económica, con el buen comportamiento de
los tipos de interés y con el aumento de la inversión empresarial,
ello pese a la contracción de otros fenómenos que se han producido,
como el proceso de privatizaciones, que ha causado una reducción del
volumen de las ofertas públicas de venta.
La misma reflexión positiva habría que hacer en cuanto a la
supervisión de la actividad, de los intermediarios y de las
instituciones de inversión colectiva y de la actividad de seguimiento
de los mercados secundarios, unos mercados secundarios que durante
1999 se han caracterizado, y lo explica razonablemente la memoria,
por la irrupción del fenómeno de las tecnologías en la doble
vertiente: aparición de nuevos canales de negociación y admisión a
cotización de valores tecnológicos. Ciertamente, como ha dicho algún
ponente, ha sido el año de las stock options y el año en que se han
emprendido modificaciones normativas importantes -que se incorporaron
a la Ley de acompañamiento del año 2000- sobre notificación de esos
sistemas de retribución de opciones sobre acciones o, también, sobre
la necesidad de que constaran en los estatutos de las sociedades
anónimas y se autorizaran por las juntas de accionistas. En
definitiva, una valoración positiva de lo que ha sido este ejercicio,
y concretamente la actividad, en el ejercicio de sus competencias, de
la Comisión Nacional del Mercado de Valores en todos los órdenes,
incluyendo la actuación de la llamada Unidad de Vigilancia de
Mercados en orden a la prevención y detección del uso indebido de
información privilegiada,
actividad que se ha acompañado con el ejercicio de las funciones
de inspección y, en su caso, de ejercicio de la potestad
sancionadora, que ha dado lugar a los correspondientes expedientes
sancionadores, concluyendo con resoluciones, algunas recurridas ante
los tribunales, que, dicho sea de paso, han confirmado en términos
razonables lo que han sido esas resoluciones sancionadoras. Esto
acredita la ponderación y el buen criterio en la aplicación de la
ley.
En definitiva, mi grupo considera que tenemos y disfrutamos de
mercados de valores cada vez más transparentes, cada vez más
íntegros, seguros y eficientes, como decía la presidenta de la
Comisión Nacional del Mercado de Valores y, sin duda, en ese
horizonte, en ese escenario constituirá una aportación importantísima
esa nueva ley financiera que ya se anuncia, que está en fase de
anteproyecto y que hoy aparecía en algunos medios de comunicación;
una ley que debe suponer una mejora de la estructura de la oferta
financiera y un fortalecimiento del principio de protección al
inversor y al ahorrador, incorporando una regulación más detallada
del uso indebido de información privilegiada.
No sé si la señora presidenta -y con esto concluyo- tiene
conocimiento de lo que es este anteproyecto de ley, que se decía hoy
en los medios de comunicación que modifica los artículos 81 y
siguientes de la Ley del Mercado de Valores en materia de uso
indebido de información privilegiada. Si tiene conocimiento del
mismo, mi grupo tiene interés en que precise su contenido.
En resumen, mi grupo hace una valoración positiva de este ejercicio,
agradece la intervención de la presidenta y quiere mostrar, como
siempre, su predisposición a colaborar en ese fortalecimiento del
principio de protección del inversor y en esa tutela de la
transparencia de nuestros mercados financieros.
El señor PRESIDENTE: Para contestar a las distintas intervenciones,
tiene la palabra la señora presidenta de la Comisión Nacional del
Mercado de Valores.
La señora PRESIDENTA DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
(Valiente Calvo): Muchas gracias por sus aportaciones.
En primer lugar, quiero decir que me congratula que tengan la misma
opinión que yo acerca de que el regular de forma expresa, con rango
de ley, la utilización de información privilegiada es un avance para
todos nuestros mercados. Todos debemos avanzar en una línea de
transparencia, de seguridad para el inversor. Desde luego, ése será
mi objetivo durante estos cuatro años.
Respecto a la comparecencia, tengo que decir que siento tener que
comparecer en el 2001 presentando una memoria y un informe de una
actividad en la que no he sido participante directa. Lo hago con
mucho gusto y he intentado adecuar parte de la información aunas
fechas más actualizadas, que nos pudieran servir a
todos como referencia sobre la situación actual de los mercados.
En cuanto al asunto de la información privilegiada, lo más importante
es que, efectivamente, esto se incorpore con rango legal. Ya he
manifestado en mi comparecencia que la Comisión viene siendo
especialmente activa en todos los foros internacionales al objeto de
conseguir que en materia de información privilegiada, de abuso de
mercados o de manipulación de cotizaciones se llegue a unos
estándares europeos exactamente igual que en otras muchas materias,
porque es imprescindible que se evite el arbitraje regulatorio entre
los Estados miembros de la Unión Europea. Por tanto, la Comisión, a
través de sus técnicos, está participando en todos los grupos de
trabajo, tanto en el foro de Fesco como en el de Iosco -de ámbito
mundial y no exclusivamente europeo-, para llegar a estándares tanto
en la definición de en qué consiste información privilegiada como en
cuanto a cuáles son las consecuencias de la utilización de
información privilegiada dentro de lo que será el mercado único, y,
sobre todo, en cuanto a obligación de los organismos reguladores o
supervisores de colaboración con otros organismos.
España es felicitada en los foros internacionales como el organismo
regulador que más colaboración presta a otros organismos reguladores
en materia de suministro de información. No tenemos esa misma
correspondencia por parte de otros Estados miembros, que, a pesar de
que se insiste reiteradamente en que suministren determinadas
informaciones, en ocasiones ocurre que dichos Estados tienen una
normativa distinta de la española que les impide contestar; en
ocasiones, incluso no son órganos con competencia para dar la
información solicitada.
Dentro del trabajo técnico realizado por la Comisión Nacional del
Mercado de Valores se ha pretendido mejorar aquellas deficiencias que
se habían puesto de manifiesto como consecuencia del ejercicio de la
actuación supervisora: primero, la posibilidad de determinar cuándo
hay información privilegiada; segundo, qué se debe entender por
información relevante y, tercero, la posibilidad de que todos estos
conceptos, estas tipificaciones tengan un rango legal suficiente
para, en caso de que se pueda observar la incidencia en uno de estos
conceptos, que se pueda actuar y abrir el correspondiente expediente
sancionador y, en caso de que procediera, poder imponer sanciones. En
las materias de ámbito sancionador hay que ser especialmente riguroso
y es necesario no basarse únicamente en recomendaciones. Hemos
observado que las recomendaciones se incumplen sistemáticamente y eso
no tiene posibilidad de reconducción, ya que estamos en un Estado de
derecho, y para aplicar un régimen sancionador es necesario que
exista una norma que lo contemple. Por eso, estoy muy de acuerdo en
considerar muy positivo este proyecto de ley, del que hemos tenido
información esta mañana por la prensa. Por supuesto, el Gobierno
tendrá
todo el apoyo técnico de la Comisión Nacional del Mercado de Valores
para conseguir la redacción más adecuada a efectos de establecer,
además de los conceptos y las tipificaciones, medidas preventivas. En
materia de mercados es fundamental no sólo incidir en el ámbito
sancionador, sino, sobre todo, establecer medidas preventivas que
eviten que se produzca el abuso de mercado en sus diversas
modalidades, ya sea información privilegiada, ya sea manipulación de
cotización. Estoy absolutamente de acuerdo con la posición
manifestada por los representantes de los grupos parlamentarios.
Efectivamente, esto forma parte de lo que se llama supresión de las
cartas circulares, donde lo único que se hizo fue descolgarlas de la
web puesto que yo tengo facultades para suprimir algo realizado con
anterioridad. Pero la importancia de suprimirlas de la web es que aun
cuando inicialmente hubo una percepción por parte del mercado de que
producían inseguridad jurídica, lo que se ha pretendido es todo lo
contrario y además así se ha venido demostrando con posterioridad.
Dentro de un Estado de derecho es fundamental que el administrado
conozca en todo momento que se rige por la Constitución, las leyes y
las disposiciones reglamentarias que las desarrollan, que única y
exclusivamente pueden estar generadas por aquellos órganos a quienes
la ley confiere tal facultad. Por lo tanto, en este momento a la
Comisión Nacional del Mercado de Valores únicamente se le reconoce
capacidad regulatoria en el artículo 15 de la Ley del Mercado de
Valores pero de una forma subsidiaria, es decir, no para cualquier
materia que afecte a los mercados sino solo y exclusivamente para
aquellas que determine un real decreto o una orden ministerial.
Además, todas estas disposiciones que tienen la denominación de
circulares es imprescindible que sean adoptadas dentro del seno del
consejo de la Comisión, que es el órgano colegiado que tiene
atribuidas por ley las competencias. Por lo tanto, cualquier circular
que en el futuro tenga que desarrollarse se hará siguiendo
estrictamente el procedimiento establecido por el artículo 15 de la
Ley del Mercado de Valores que es lo que produce seguridad y garantía
tanto al que tiene que aplicar la norma como a todos aquellos que
participan en los mercados, que tienen que conocerla y además tienen
que saber que está dictada por los órganos competentes.
Por lo que se refiere al tema de personal dentro de la Comisión, si
de algo estoy especialmente satisfecha es del personal con que me he
encontrado dentro de la Comisión Nacional del Mercado de Valores
porque son unos profesionales con elevadísimo carácter técnico,
absolutamente inmejorables dentro del sector financiero, y de hecho
continuamente tenemos opas -si se me permite decirlo así- para pasar
del sector público al sector privado. Exactamente lo mismo sucede
respecto del nivel técnico de la casa. Debió existir alguna
manifestación en un artículo, pero no hay ningún problema
en el nombramiento de consejeros. Efectivamente ha sido nombrado
recientemente don Félix de Luis, y lo cito porque, aunque entiendo
que personalmente no debiera hacer esta manifestación, ha sido
nombrado por el procedimiento establecido por la ley. Desde luego
agradezco desde aquí su nombramiento porque le ha venido muy bien al
consejo de la Comisión contar con un profesional experto dentro del
ámbito internacional, ámbito en el que España tiene que desarrollar
en estos cuatro años una posición muy beligerante -permítanme
utilizar esa palabra- que implica estar continuamente dentro de los
foros internacionales. Desgraciadamente, en el día a día yo no puedo
pasar largas temporadas fuera de la Comisión y por tanto es
imprescindible para mí que una persona con la experiencia
internacional y de mercados que tiene don Félix de Luis haya entrado
a formar parte del consejo, donde por supuesto ha sido absolutamente
bien recibido y bien venido por mi parte pareciéndome una
extraordinaria decisión. Es probable que la tercera vacante que
queda, que también será cubierta por nombramiento del ministro, que
es el competente en este caso, reúna las mismas condiciones y
requisitos ya que el nombramiento de la consejera también ha sido
sumamente satisfactorio. También estoy especialmente sensibilizada
sobre los incrementos de plantilla, entre otras cosas porque la
Comisión Nacional del Mercado de Valores realiza una serie de
actividades que si no se pueden atender puntualmente, además de las
actividades de mercado, puede ocurrir que no se puedan desarrollar en
profundidad. La CNMV ha ido aumentando su plantilla anualmente y
también anualmente, además de tener las plazas concedidas de forma
inmediata por parte de Administraciones Públicas, conseguimos que se
concedan una serie de plazas extraordinarias para que se vaya
incrementando cada una de las áreas que desarrolla la Comisión. Hay
que ser especialmente sensibles ya que hay determinadas áreas como
mercados primarios donde no sacar durante un tiempo considerable un
folleto, por ejemplo en renta fija, puede llevar a que incluso haya
variaciones de tipo. Por lo tanto, somos especialmente sensibles a
esta materia y creo que también lo es respecto a nosotros
Administraciones Públicas, que es quien determina la autorización del
número de plazas por ser un ente público. Me ha pedido S.S. algún
tipo de dato comparativo respecto de las plantillas de personal que
existen en otros países de Europa. Es difícil elaborar esa
estadística porque, por ejemplo, tenemos que en Francia, Italia,
Alemania o incluso Reino Unido cada uno de los organismos reguladores
tiene competencias o facultades muy distintas. El Reino Unido tiene
integradas todas las competencias supervisoras y por lo tanto tiene
todas las bancarias o de entidades de crédito, las de seguro y las de
mercados; sin embargo, Alemania es la que tiene un nivel regulatorio
más bajo de todo el ámbito europeo y por tanto la BAWE no tiene
control en mercados secundarios,
no tiene la supervisión prudencial en fondos de inversión ni
las normas de conducta -sí las tiene en emisores- y en intermediarios
financieros tampoco tienen la supervisión prudencial aunque sí en
normas de conducta. Quiero decir con esto que es difícil hacer una
relación exacta de en qué proporción nos encontramos en cuanto a
plantilla de personal frente a otros organismos reguladores en el
ámbito europeo. No obstante, mi secretario general me ha hecho un
magnífico cuadro, sin el que no podría darles esos datos, en el que
figura que intentando hacer comparación con las competencias que
tenemos, Francia tendría 280, Italia (la Consob) 410, Alemania 160 y
el Reino Unido 650. Nosotros tenemos 240, por lo tanto en principio
prácticamente la media excepto Reino Unido y Alemania, que compensan
algo entre ellos. De todas formas, estoy totalmente de acuerdo en que
es necesario incrementar nuestras plantillas y además la gestión
supervisora que realiza la CNMV lo requiere y es fundamental para
llevar un control exacto de todo lo que es la inversión del ahorro
popular.
En cuanto al impacto de las empresas de servicio de inversión, que ha
sido otra de las cuestiones que han formulado SS.SS., la Ley 37/1998,
de reforma de la Ley del Mercado de Valores, estableció la
implementación de lo que es la directiva de servicios de inversión
y por lo tanto se aplicó dentro del ordenamiento interno lo que ya
estaba aprobado por la directiva. En la Directiva de servicios de
inversión lo que se prevé es que respecto de las empresas de servicio
de inversión cada uno de los países autorice las que sean suyas
propias y que ese pasaporte sirva para prestar servicios de inversión
en cualquier otro país de la Unión Europea. Aquí se distingue lo que
es el control de normas de conducta y lo que es el control de la
autorización. En la situación actual, la autorización corresponde por
supuesto al país de origen, es decir, al home country, que quiere
decir que si es una ESI española quien lo va a autorizar va a ser la
Comisión Nacional del Mercado de Valores. Por el contrario, lo que se
refiere a normas de conducta son controladas por el host country. Si
una empresa de servicios española presta servicios en Francia, sus
normas de conducta van a ser controladas por la comisión francesa. En
este momento, todas aquellas entidades extranjeras que tienen
pasaporte comunitario y quieren tener una intervención dentro de
nuestros mercados están obligadas a comunicárnoslo, y respecto al
dato concreto que me había pedido S. S., con sucursal en España
tenemos comunicadas nueve y ESI extranjeras en sistema de libre
prestación de servicios en España, es decir, sin que tengan sucursal
en España, 570. En cuanto a las entidades españolas que han
solicitado pasaporte comunitario tenemos una ESI española con
sucursal en el extranjero y son 35 las ESI españolas en libre
prestación de servicios en el extranjero. En este momento, la libre
prestación de servicios no está realizándosede forma real, es decir,
que las empresas de
servicios de inversión que están actuando en país distinto del de
origen lo están haciendo a través de un establecimiento. El dato de
570 se refiere a que todas las empresas de servicios de inversión del
ámbito de la Unión Europea han pedido registrarse dentro de la
Comisión Nacional del Mercado de Valores y tampoco creemos que si hay
35 españolas que están en régimen de prestación libre de servicios
necesariamente ello implique que las 35 estén prestando servicios de
forma efectiva en los otros países.
Por lo que se refiere al incremento significativo de las Simcav, como
presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores le diré que
todo lo que signifique que el ahorro se encuentre dentro de España me
parece una medida adecuada.
En cuanto a qué opinión tengo sobre una Simcav, le diré que es un
producto que está regulado por la ley y que el órgano supervisor lo
que tiene que hacer es que se cumplan efectivamente, en todo caso,
los requisitos que la ley exige. La ley exige para constituir estas
sociedades de inversión de capital variable que tengan 100
accionistas, 400 millones de capital y que estos requisitos los
tengan de forma previa a su verificación para la admisión a
cotización a Bolsa. La Comisión Nacional del Mercado de Valores lo
que ha hecho es, a través de su consejo, establecer como criterio de
aplicación de la ley, que en tanto en cuanto no reúnan estos
requisitos, no puede ser verificada una admisión a cotización
a Bolsa.
Respecto al nuevo mercado, creo que ha sido muy positivo que el
mercado español abra la posibilidad que otros mercados extranjeros
abren respecto a dar entrada a empresas de nueva tecnología, con un
alto nivel de riesgo y con una alta volatilidad. Tiene menos sentido
que un español que tenga interés en invertir en estas condiciones
tenga que irse necesariamente al Nasdaq y que las empresas españolas
de alta tecnología, que son nuevas, que necesitan financiación, no
puedan acceder al mercado español. Por lo tanto, el nuevo mercado me
parece que es una creación adecuada.
Estoy totalmente de acuerdo en que lo importante, sobre todo desde el
órgano que presido, es que haya total transparencia e información a
los inversores; es decir, que el inversor que quiera invertir en una
sociedad que está admitida a cotización dentro del segmento de nuevo
mercado tenga en todo momento, primero, toda la información de la
sociedad; segundo, que además conozca que estas sociedades tienen un
especial riesgo, que no son unas sociedades en las que no se produce
volatilidad. Estas sociedades tienen una volatilidad muy alta. Por
eso tienen posibilidades de tener grandes pérdidas o de tener grandes
beneficios. Lo que sí quiero transmitir es que respecto de todas
estas sociedades, la Comisión es especialmente cuidadosa en hacer
advertencias muy severas en la publicidad de las mismas, incluso SS.
SS. las habrán visto por televisión, en las cuales se advierte de
forma expresa, no solamente
en los trípticos y en los folletos sino en la publicidad radiada o
en la televisada, que estas empresas tienen un alto riesgo. Se trata
de que los inversores, antes de comprar, conozcan el riesgo que
conlleva tal inversión. Estoy totalmente de acuerdo con S.S. en que
desde el organismo regulador es imprescindible que se dé total
transparencia y total información al inversor para que, antes de
adquirir algo libremente, pueda conocer y no se sienta engañado
respecto de qué es lo que está comprando.
Respecto a la opinión sobre el informe de sabios, mi opinión es, una
vez más, que es un avance. Por lo tanto, todo lo que suponga un
avance siempre tendrá el aplauso por parte del organismo regulador.
Supone un avance porque no cabe la menor duda que en la situación
actual en que nos encontramos de distinta normativa en el ámbito de
los países de la Unión Europea es imposible hacer un verdadero
mercado único paneuropeo. Además, si se hace ese mercado único
paneuropeo es imposible que pueda haber unos niveles exigentes de
control, de transparencia y de supervisión de las operaciones que en
el mismo se hagan. Por lo tanto, bienvenidas sean todas las
recomendaciones que se hacen en el comité de sabios, que implican un
paso hacia adelante para establecer unos estándares comunes en
materia regulatoria. Además prevén la creación de órganos concretos
que faciliten en menor tiempo de lo que tarda la elaboración de una
directiva y además, posteriormente, su implementación en cada uno de
los Estados miembros, la aplicación directa de principios generales
mediante reglamentos, lo cual ayudará a acortar tiempos en cuanto a
lo que es la normativa y los estándares comunes.
Por lo que se refiere al tema de los ATS, señor Padrol, la Comisión
está especialmente vigilante respecto de esta cuestión. En España,
nuestros mercados ya tienen los sistemas electrónicos de
contratación. Por lo tanto, los ATS no suponen, en principio, un
avance técnico respecto de ninguno de nuestros mercados. Sin embargo,
en esta materia sí que estamos especialmente expectantes dentro del
ámbito europeo, como consecuencia de que por vía de la directiva de
empresas de servicios de inversión se pretende conceptuar a los ATS
como empresa de servicio de inversión. La directiva no tiene
clasificados como empresa de servicio de inversión los ATS porque
dentro de la directiva no se habla de ATS. Hay una posición dentro
del mercado europeo que quiere dar este tratamiento porque de esa
forma ellos podrían crear ATS en el país home y posteriormente por
entender que eso tiene un pasaporte comunitario, ellos pudieran
actuar directamente en España sin ningún otro tipo de control.
Respecto de los ATS, las posiciones que estamos manteniendo dentro
del ámbito de la Unión Europea es que bienvenidos sean, pero siempre
que se garanticen las mismas normas de información y de transparencia
que hoy exigimos a nuestros mercados.
En cuanto a la manifestación que ha hecho sobre el informe de sabios,
comparto plenamente que es un avance respecto de la situación actual.
Además, insisto en la mención que ha hecho sobre el arbitraje
regulatorio. Es imprescindible que se consiga una regulación única
dentro del ámbito europeo porque en materia de capitales éstos fluyen
con total libertad y por lo tanto no debemos permitir que haya
diferencias. En lo que está trabajando la Comisión es que los países
que en este momento tienen menor control, menor transparencia,
adquieran esos estándares de control y transparencia, porque
entendemos que no se conseguirá un mercado mejor si al mercado al que
vamos es un mercado menos transparente, menos íntegro, en el que haya
menos protección del inversor y menos control sobre el riesgo
sistémico.
Por último, me dirijo al señor De Juan para decirle que ya he
contestado sobre el pasaporte comunitario.
El señor PRESIDENTE: ¿Alguno de ustedes querría alguna otra
aclaración? (Pausa.)
Le damos las gracias por ésta su primera intervención en la Comisión
de Economía y Hacienda y la veremos, de nuevo, en próximas
comparecencias.
Se levanta la sesión.
Eran las siete y diez minutos de la tarde.