CORTES GENERALES



DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS



COMISIONES



Año 2000 VII Legislatura Núm. 130



JUSTICIA E INTERIOR



PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. MANUEL SECO GORDILLO,
VICEPRESIDENTE PRIMERO



Sesión núm. 14



celebrada el miércoles, 20 de diciembre de 2000



ORDEN DEL DÍA:



Página



Proposiciones no de Ley:



- Relativa a la creación de un tercer juzgado de primera instancia
e instrucción en Carballo (A Coruña). Presentada por el Grupo
Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/000192)
... (Página 3772)



- Relativa a la elaboración de un plan de emergencia específico
para el municipio de Portbou para atender a la problemática derivada
del tráfico de mercancías peligrosas por ferrocarril. Presentada
por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente
161/000224.) ... (Página 3774)



- Sobre la creación de una comisaría de Policía Nacional en Chiclana
de la Frontera (Cádiz). Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.

(Número de expediente 161/000251) ... (Página 3778)

Página 3772



Página



- Sobre la construcción del nuevo cuartel de Villamartín (Cádiz).

Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de
expediente 161/000305) ... (Página 3778)



- Sobre medidas para paliar los daños sufridos en varios municipios
de la provincia de Ávila como consecuencia de los incendios
producidos. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número
de expediente 161/000254) ... (Página 3781)



- Sobre denominación de Colegio Notarial de Canarias. Presentada por
el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/000303)
... (Página 3784)



- Sobre creación de un segundo grupo de la cuarta Unidad de
intervención policial en la provincia de Cádiz. Presentada por el
Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/000304)
... (Página 3785)



- Sobre construcción de un palacio de Justicia en los antiguos
terrenos del centro penitenciario de Toledo. Presentada por el Grupo
Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/000142)
... (Página 3787)



- Por la que se insta al Gobierno para que someta a la comisión
técnica competente la posibilidad de que la caza o la pesca furtivas
de especies cinegéticas dentro de terrenos sometidos a regímenes
especiales puedan ser constitutivas de delito contra el patrimonio.

Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número
de expediente 161/000312) ... (Página 3789)



Se abre la sesión a las diez y cinco minutos de la mañana.

PROPOSICIONES NO DE LEY
RELATIVA A LA CREACIÓN DE UN TERCER JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
E INSTRUCCIÓN EN CARBALLO (A CO-RUÑA). PRESENTADA POR EL GRUPO
PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 161/000192)



El señor VICEPRESIDENTE (Seco Gordillo):



Buenos días, señoras y señores diputados. Vamos a
comenzar la sesión.




Como cuestión de orden, quiero anunciar a SS.SS. que las
votaciones tendrán lugar, en conjunto, no antes de las trece horas.

A partir de ese momento se procederá a la votación de todas y cada
una de las proposiciones no de ley que se contienen en el orden
del día.




Comenzaremos esta sesión aplazando el punto primero del orden
del día hasta el final del mismo. Por tanto, se debatirá, en
primer lugar, el punto número 2, proposición no de ley relativa
a la creación de un tercer juzgado de primera instancia e
instrucción en Carballo (A Coruña), de la que es autor el Grupo
Parlamentario Mixto. En su nombre y para presentar dicha
proposición no de ley, tiene la palabra el señor Aymerich.




El señor AYMERICH CANO: Aunque sea la primera
vez que el problema de la justicia en Carballo, en
la comarca de Bergantiños, llega a esta Comisión del
Congreso de los Diputados, lo cierto es que la situación
de injusticia por las amplísimas demoras, por las
muchísimas deficiencias que el servicio público de la
justicia tiene en el partido judicial de Carballo, es un
tema que afecta a varias administraciones y que preocupa,
no sólo a los operadores jurídicos -abogados y
procuradores- de la comarca de Bergantiño, sino a
toda la ciudadanía.




Antes de entrar en la proposición no de ley, voy a
hacer un breve excurso acerca de cuál es la situación.

Tanto por el número de litigios, como por la población
que tiene la comarca de Bergantiños, hay quien dice,
incluso, que no serían suficientes tres juzgados (hoy
pedimos la creación del tercer juzgado), sino que sería
necesario crear un cuarto juzgado. En este momento
hay dos juzgados atendidos por un solo juez sustituto,
que no da abasto para el gran número de casos que
tiene que atender, porque por la tarde, y es lógico, se
dedica a preparar sus oposiciones. Hay una flagrante
falta de infraestructuras judiciales adecuadas, hasta el
punto de que llevamos casi cinco años con un peloteo
constante entre el ayuntamiento, que no pone a disposición
de la Xunta los terrenos, y la Xunta, que dice que
no puede construir esta nueva sede judicial en Carballo
por falta de terrenos adecuados. Todo parece indicar
que uno por el otro, la casa sin barrer, es decir, que la
Xunta y el ayuntamiento se encubren mutuamente.




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Un ejecutivo cambiario en Carballo tarda más de dos años, lo cual no
es atractivo para que las empresas y los negocios se instalen en esa
comarca; un divorcio por mutuo acuerdo en Carballo tarda del orden de
cinco o seis meses, lo cual tampoco parece de recibo a estas alturas.

En este sentido, solicitamos la creación de ese tercer juzgado que,
quiero recordar, fue prometido por el Gobierno, en concreto por el
conselleiro de Justicia e Interior de la Xunta de Galicia, en junio
de este año, influido quizás por un encuentro que tuvo con abogados
y procuradores de la comarca. El señor Pillado, conselleiro de Justicia
e Interior y de Relaciones Laborales de la Xunta de Galicia, dijo que
antes de que acabase el año 2000 el Gobierno español crearía el
tercer juzgado en Carballo. Estamos en el último Pleno del año 2000
y, viendo lo que han acordado los consejos de ministros últimamente,
no parece que ese tercer juzgado se haya creado. Por tanto, es un
buen momento para que esta Comisión de Justicia e Interior inste al
Gobierno a crear ese tercer juzgado en Carballo.

También sería bueno instar al Consejo General del Poder Judicial,
aunque no es estrictamente el objeto de la proposición no de ley, a
que dote con medios, sobre todo con medios personales, la
administración de justicia en Carballo. No parece lógico que un único
juez sustituto tenga que atender dos juzgados, que, sin entrar en
cual sea su capacitación técnica, no da abasto, ya que, además, tiene
que preparar sus oposiciones. En definitiva, lo que esta sucediendo
es que hay una quiebra de la confianza en la justicia y en los
resultados de esta justicia, lo que lleva a soluciones poco justas,
tanto por las dilaciones a que ya he hecho referencia como, sobre
todo, por la búsqueda de vías extrajudiciales, que no siempre tienen
todas las garantías, de resolución de estos conflictos.

Esta proposición no de ley que, nunca mejor dicho, es de justicia,
debe contar con el apoyo de todos los grupos, unos porque son
miembros de esos partidos que se comprometieron públicamente a
hacerlo, me refiero tanto al Partido Popular por boca del conselleiro
de Justicia y por boca del alcalde de Carballo, como del Partido
Socialista, que también apoyó una moción en el Ayuntamiento de
Carballo del Bloque Nacionalista Galego instando a la creación de
este tercer juzgado. Si, como espero, esta proposición no de ley
cuenta con el apoyo unánime de esta Comisión, la siguiente tarea a la
que todos nos debemos dedicar es a vigilar que esta proposición no de
ley sea cumplida y, sobre todo, a que la creación de ese tercer
juzgado se vea acompañada de la dotación de medios materiales y
personales suficientes para que en la comarca de Bergantiños un
ejecutivo cambiario mida su duración en meses y un divorcio por mutuo
acuerdo mida su duración en semanas, que son los ejemplos que puse.




El señor VICEPRESIDENTE: ¿Grupos que desean fijar su posición?
(Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Socialista , tiene la palabra la señora
Marón.




La señora MARÓN BELTRÁN: El Grupo Parlamentario Socialista va a votar
favorablemente la iniciativa presentada para la creación del juzgado
número tres de Carballo. El mal funcionamiento de la administración
de justicia es casi una constante por la acumulación de asuntos y la
lentitud en la tramitación, una demanda ciudadana de primer orden y
un evidente incumplimiento de uno de los derechos constitucionales
más importantes, que es el derecho a la tutela judicial efectiva. En
este caso del juzgado de Carballo -actualmente hay dos en
funcionamiento-, por la lentitud y el retraso en la tramitación de
asuntos no se cumple este principio constitucional.

El informe del Defensor del Pueblo recoge, año tras año, la
insatisfacción ciudadana por las numerosas quejas recibidas en el
ámbito de la administración de justicia, quejas que van en aumento en
vez de corregirse por el evidente desarrollo y la evolución económica
que debiera paliar la situación que está viviendo la justicia en los
últimos años. En los juzgados de Carballo se evidencia que la
diferencia entre el número de asuntos registrados, es decir, los que
tienen entrada en el juzgado, y los resueltos da un saldo negativo al
finalizar el año 1999, como se evidencia en la memoria del Consejo
General del Poder Judicial, de la que tengo datos a los que no voy a
hacer referencia por no alargarme. La creación del juzgado viene
amparada por otro dato importante, y es que en el número de asuntos
tramitados en estos juzgados se superan con mucho los módulos que el
Consejo considera necesarios para la creación de un nuevo juzgado. Es
necesaria la creación de este juzgado porque tiene un ámbito de
actuación importante, tanto en población como en número de asuntos a
tramitar. Pero también es importante, como decía el diputado que me
ha precedido en el uso de la palabra, señor Aymerich, la construcción
de un nuevo edificio para albergar con dignidad y comodidad a todos
los juzgados que hay en esa localidad, tanto para los funcionarios
que tienen que trabajar, como para los ciudadanos que acuden a dichas
dependencias. Edificio que hace tiempo que se viene reivindicando y
cuyas obras no se inician, aunque quienes están al frente del
ayuntamiento y de la Xunta de Galicia son del mismo signo político,
del Partido Popular, y entre ellos debiera haber una buena
comunicación. A la hora de crear el juzgado, téngase en cuenta
también la dotación de plantillas acorde con el principio de
inmediatez, y que se ajusten a las necesidades reales para que los
juzgados no inicien su andadura con retraso o con una plantilla
insuficiente, ya que volveríamos a caer en la misma situación que se
viene produciendo.

Por tanto, entendemos que es una proposición no de ley acertada que
debe apoyarse. Pensamos que en este momento la creación de este
juzgado es necesaria y la



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reivindicamos como en su momento hicimos con la creación del juzgado
número 3 de Betanzos, que ya es un hecho. En este caso también se
debía hacer justicia en un tema de la Administración de justicia,
valga la redundancia.




El señor VICEPRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra el señor Pérez Corgos.




El señor PÉREZ CORGOS: Permítanme SS.SS. que, para fijar la posición
del Grupo Parlamentario Popular, empiece haciendo una pequeña
disquisición. La labor del Parlamento, y en concreto la labor de la
oposición en un parlamento democrático, es el control del Gobierno y
también la labor de impulso a la labor del Gobierno. Lo que ocurre es
que no sé en este caso quién ha impulsado o quién ha estimulado a
quién. Me da la impresión de que ha sido esta vez el Gobierno el que
ha estimulado a la oposición a presentar la proposición no de ley que
hoy debatimos.

Hablaba el señor Aymerich de la promesa realizada por don Antonio
Pillado, ex compañero de muchos de nosotros en esta Cámara. Los que
conocemos al señor Pillado desconocemos que tenga cualquier dote
adivinatoria o cualquier otra habilidad taumatúrgica. Cuando el señor
Pillado promete la creación del Juzgado de Primera Instancia número 3
de Carballo sabe lo que dice y sabe lo que hace también el grupo
proponente, porque si esa promesa se produce en junio, la proposición
no de ley que hoy debatimos se presenta en el registro de la Cámara
el día 22 de agosto. Como SS.SS. podrán comprender, a fecha tan
avanzada desde el punto de vista presupuestario, el Gobierno, si va a
contemplar la posibilidad de creación de ese juzgado, en agosto tiene
que tener al menos contemplada esa partida presupuestaria. Pues bien,
dentro de la previsión que contienen los Presupuestos Generales del
Estado hay una partida presupuestaria para la creación de 104 nuevas
unidades en toda España y, entre ellas, a propuesta de la Dirección
General de Relaciones con la Administración de Justicia, está
incluido el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de
Carballo. Creo que el Gobierno se ha adelantado en este caso a la
oposición. Instar al Gobierno a que en el más breve plazo posible se
decida a la creación de esta nueva unidad judicial creo que carece de
sentido porque ya lo ha hecho.

Por tanto, nos vamos a oponer a la toma en consideración de esta
proposición no de ley porque nos queda solamente felicitar al
Gobierno, no instarle a que haga nada nuevo más allá de lo que ya
está haciendo. (El señor Aymerich Cano pide la palabra.)



El señor VICEPRESIDENTE: Señor Aymerich, conoce el Reglamento y sabe
perfectamente que no está previsto ningún turno de réplica en estas
proposiciones
no de ley, máxime cuando no ha apreciado la Presidencia en la
intervención del señor Pérez Corgos motivo para justificar esa
segunda intervención.




El señor AYMERICH CANO: Sé perfectamente que reglamentariamente el
debate de las proposiciones no de ley no prevé un segundo turno, pero
también que es uso ampliamente extendido en las comisiones de esta
Cámara que se dé un segundo turno muy breve de fijación o reiteración
de argumentos que no va a ser reiteración, sino ayudar a fijar la
posición del grupo proponente respecto de la fijada por otros grupos.

Le aseguro que va a ser una intervención muy breve.




El señor VICEPRESIDENTE: Señor Aymerich, tiene la palabra, con la
advertencia de que no reabra nuevamente el debate.




El señor AYMERICH CANO: Simplemente quiero decir que si las cosas son
como el señor Pérez Corgos ha señalado, no sé qué problema tendrá el
Grupo Popular en apoyar esta proposición no de ley. Suele decirse que
lo que abunda no daña; es decir, si el Gobierno ya tiene la previsión
de crear el tercer juzgado, si ya hay dotación presupuestaria -de la
que, por cierto, no tenemos noticia-, miel sobre hojuelas, como se
suele decir en esta Cámara muchas veces, que por parte de la Comisión
se inste o anime al Gobierno a seguir por ese camino, si es que lo
está siguiendo. De todas maneras, como el tiempo es el mejor juez y
estamos hablando de asuntos de justicia, veremos si se crea o no ese
tercer juzgado y sobre todo veremos si esa creación se ve acompañada
de la dotación de medios personales y materiales necesarios para
poner en vías de solución la situación de la justicia en Carballo.




El señor VICEPRESIDENTE: Señor Pérez Corgos.




El señor PÉREZ CORGOS: Señor presidente, sensu contrario y por la
misma razón expuesta por el señor Aymerich, lo que cabría sería
felicitar al Gobierno y que el grupo proponente retire su proposición
no de ley. Las partidas están claramente contempladas en los
Presupuestos Generales del Estado y creo que eso no admite ninguna
discusión.




- RELATIVA A LA ELABORACIÓN DE UN PLAN DE EMERGENCIA ESPECÍFICO PARA
EL MUNICIPIO DE PORTBOU PARA ATENDER A LA PROBLEMÁTICA DERIVADA DEL
TRÁFICO DE MERCANCÍAS PELIGROSAS POR FERROCARRIL. PRESENTADA POR EL
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/000224.)



El señor VICEPRESIDENTE: Pasamos al punto tercero del orden del día,
proposición no de ley relativa



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a la elaboración de un plan de emergencia específico para el
municipio de Portbou para atender a la problemática derivada del
tráfico de mercancías peligrosas por ferrocarril. De esta iniciativa
es autor el Grupo Parlamentario Socialista y para defenderla en su
nombre, tiene la palabra la señora Palma.




La señora PALMA I MUÑOZ: Señorías, esta proposición no de ley que
presenta hoy el Grupo Socialista hace referencia a la problemática de
un pequeño pueblo situado en el extremo nororiental de la Costa
Brava, en la comarca del Alto Ampurdán, en la provincia de Girona. Es
un pequeño pueblo de apenas 2.000 habitantes, que originalmente fue
un refugio de pescadores… (Rumores.)



El señor VICEPRESIDENTE: Un momento, señora Palma. Señorías, por
favor, les ruego que guarden silencio o despachen sus asuntos en el
tono más bajo posible para que se pueda oír a la interviniente.




La señora PALMA I MUÑOZ: Gracias, señor presidente.




Decía que es un pequeño pueblo que originalmente fue un refugio de
pescadores, pero que, con la puesta en marcha de la línea férrea en
el año 1872, inició un proceso de crecimiento que tuvo su máximo
esplendor en la década de los años cincuenta y sesenta, entrando
después en un proceso de recesión en las dos últimas décadas, a
tenor, especialmente, de la supresión de las fronteras en el proceso
de construcción europea. En estos momentos Portbou tiene apenas 2.000
habitantes, pero siguen teniendo unas instalaciones ferroviarias muy
importantes en las que el tráfico de mercancías, que ha sido su mayor
fuente de riqueza, está siendo también su mayor fuente de problemas.

El pueblo de Portbou en la actualidad tiene dos grandes cuestiones
pendientes que, de una forma u otra, tienen que ver con las
competencias -todavía hay algunas- de la Administración central. Una
no es competencia directa del sector del que se ocupa esta Comisión,
que es el tema de la carretera N-260, el eje pirenáico, que llega
hasta Portbou, de la que está pendiente una reforma y para la cual
esperamos que pronto exista algún tipo de solución, puesto que en los
últimos años no ha habido forma de establecer cuál es el futuro de
las comunicaciones con el municipio de Portbou que, como verán
ustedes, tienen bastante que ver con el tema que planteamos hoy aquí,
que es la necesidad de elaborar un plan de emergencia para este
municipio.

El segundo tema es la elaboración de un plan integrado de protección,
de seguridad para el municipio de Portbou, puesto que en demasiadas
ocasiones se ha visto sometido a situaciones de riesgo derivadas del
tráfico de mercancías peligrosas en sus instalaciones ferroviarias.

En el pasado ya ha habido distintas peticiones sobre este tema;
especialmente los alcaldes, los
diferentes equipos municipales que han pasado por el Ayuntamiento de
Portbou realizaron peticiones respecto a este tema. Unos han tenido
más éxito que otros; unos lo han hecho de una forma más acertada que
otros. En cualquier caso, simultáneamente a estas peticiones se han
producido cambios en cuanto a las competencias administrativas, se
han producido las transferencias a la Generalitat de Cataluña
respecto a temas de protección civil y en un pasado muy reciente,
hace apenas un mes y medio, el Parlament de Cataluña aprobó también
una proposición no de ley, a instancias del Grupo Parlamentario
Socialista y con una enmienda de Convergència i Unió, en la que se
establecía la necesidad de que las distintas administraciones se
pusieran de acuerdo para, de una vez por todas, dotar a este
municipio de un instrumento adecuado para prevenir las situaciones de
emergencia, para actuar en casos de emergencia.




La proposición no de ley que debatimos hoy fue presentada pocos días
después de que se produjera el último incidente relacionado con el
tráfico de mercancías. Se produjo, una vez más, una fuga en uno de
los vagones que transportaba una materia peligrosa, un producto
químico que la mayoría de las veces permanece estacionado en la
estación de Portbou, a veces dos, tres, cuatro o cinco días, primero,
para cambiar al ancho de vía y, segundo, muchas veces para hacer
trámites comerciales que se realizan en las instalaciones de las
empresas de transporte que allí están situadas.

Hace un par de años, técnicos de la propia compañía Renfe elaboraron
un borrador de plan de emergencia, en el que se llegó a la conclusión
de que no se podía elaborar un plan interior de emergencia sólo para
la terminal, sólo para las instalaciones ferroviarias, sino que era
absolutamente necesario establecer una coordinación muy estrecha con
lo que compete al municipio, al propio ayuntamiento, puesto que, una
vez establecidas las medidas para las instalaciones ferroviarias,
luego había que decidir, por ejemplo en casos de evacuación, de qué
manera se producían las salidas de emergencia: si se producían por
mar y de qué manera; si se producían por tierra, con las dificultades
que representa tener una carretera en la que para recorrer
simplemente 10 kilómetros son necesarios más de 30 minutos por la
cantidad de curvas que tiene la carretera de Portbou hasta llegar al
pueblo más cercano. Este borrador tenía que seguir unos trámites que
consistían en la homologación por parte de la compañía Renfe y su
posterior aprobación. De este borrador nunca más se supo. Habría que
actualizarlo en estos momentos. Hay que insistir en que es un tema
complejo por la envergadura de la propia terminal, por la diversidad
de las mercancías que circulan en ella, etcétera.

Sabemos que en los últimos meses, a raíz del incidente de agosto y yo
creo que también a raíz de las iniciativas parlamentarias
presentadas, las distintas administraciones competentes ya han
mantenido diversas



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reuniones y parece que esto empieza a tener forma. En cualquier caso…



El señor VICEPRESIDENTE: Señora Palma, un momento, por favor.

Señor Villarrubia, señor Barrero, les ruego que respeten a la oradora
en el uso de la palabra, que es la señora Palma, y que curiosamente
es de su propio grupo parlamentario. Comprendo que el espíritu
navideño, al que hacía referencia antes el señor Barrero, les ha dado
por la locuacidad, pero yo preferiría y les rogaría que la locuacidad
la manifestaran en el exterior de esta sala.

Señora Palma.




La señora PALMA I MUÑOZ: Voy a terminar enseguida.




Decía que es importante integrar y acoplar todas las iniciativas que
se han presentado en esta materia en los últimos meses, que pensamos
que es positivo que, de una vez por todas, los distintos agentes
implicados en este tema se pongan de acuerdo y acaben elaborando este
plan de emergencia, que no es un plan de emergencia normal o igual al
de cualquier otro municipio de este tamaño, sino que hay que entender
que en el caso de Portbou concurren toda una serie de circunstancias
especiales. Pero lo que sí es verdad es que el municipio de Portbou
no puede seguir más tiempo así, pendiente de cuándo va a ser el
próximo incidente, pendiente de qué pasaría si allí se produjera
alguno de los tristemente recordados accidentes relacionados con la
circulación de mercancías inflamables. Nos daríamos por satisfechos
si estas reuniones, que sabemos que han empezado a producirse, siguen
y obtienen un producto tangible en poco tiempo, y aceptaríamos
enmendar nuestro texto, tal como nos ha propuesto el Grupo de
Convergència i Unió, en sintonía con la propia proposición no de ley
que aprobó el Parlament de Cataluña, en el sentido de establecer de
forma muy clara que el tema de protección civil es competencia de la
administración autonómica. Pero quiero insistir en que la compañía
Renfe tiene aquí mucho que decir, puesto que su plan interior de
instalaciones ferroviarias tiene elementos que no se circunscriben
solamente al interior de las instalaciones, porque podríamos decir
que el pueblo de Portbou tiene casi un 50 por ciento de su
funcionamiento y de su propio territorio en instalaciones
ferroviarias. Por lo tanto, lo que haga Renfe o lo que deje de hacer
es muy importante para los ciudadanos y las ciudadanas de Portbou.

Por consiguiente, pensábamos que, aunque las competencias de
protección civil sean de la Generalitat de Cataluña, es importante
que el Gobierno y la Administración central se den por informados,
por aludidos y de alguna forma sean responsables de incidir a través
de la compañía ferroviaria para que este plan de emergencia, de una
vez por todas, vea la
luz y esté a disposición de la seguridad de todos los ciudadanos y
ciudadanas de Portbou.




El señor VICEPRESIDENTE: ¿Grupos parlamentarios que desean fijar su
posición? (Pausa.)
En nombre del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, tiene la
palabra la señora Pigem.




La señora PIGEM I PALMÉS: En nombre del Grupo Parlamentario de
Convergència i Unió, quiero manifestar, en primer lugar, que
compartimos absolutamente el fondo de la iniciativa que ha presentado
el Grupo Socialista, es decir, que compartimos la preocupación por
los problemas de seguridad que tiene la población de Portbou, así
como también la necesidad de que de la manera más rápida posible
Portbou se pueda dotar de un plan específico municipal para hacer
frente al riesgo derivado de las instalaciones de Renfe, riesgo que
la señora Palma ya nos ha detallado de una manera muy pormenorizada y
que no voy a reiterar. Los hechos que sucedieron el pasado día 30 de
agosto, y que nos ha explicado la señora Palma, no es la primera vez
que se producen, aunque, afortunadamente, todos ellos, también el del
pasado día 30, han sido sin importancia y sin mayores consecuencias.

Pero lo cierto es que el pasado 30 de agosto se produjo una fuerte
alarma social porque al olor a gas que impregnó todo el municipio
durante bastantes horas, se unió la desafortunada circunstancia de
que el técnico responsable de la cuba emisora de estos gases estaba
lejos del lugar y tardó 18 horas en llegar y en poder dar las
pertinentes explicaciones. Todo ello, como digo, generó alarma social
y aumentó la fuerte sensibilización que frente a este tema tienen los
ciudadanos de Portbou. Por tanto, reitero que la iniciativa planteada
por el Grupo Socialista nos parece oportuna y compartimos
absolutamente el fondo de la misma.

Justo es reconocer que, inmediatamente después de los hechos del 30
de agosto, el alcalde de Portbou, don Manuel Flores Crespo, tomó la
iniciativa y tomó contacto con todos los organismos implicados. Fruto
de estas gestiones, y también seguramente fruto del acuerdo que se
adoptó por el Parlament de Cataluña al que ha hecho mención la señora
Palma, se tuvieron diversas reuniones, que culminaron en una reunión
de trabajo el pasado día 29 de noviembre, en la que se adoptaron los
siguientes acuerdos: que el Ayuntamiento de Portbou elaborará un plan
específico municipal para hacer frente al riesgo derivado de la
existencia de las instalaciones de Renfe; que la Dirección General de
Emergencias y Seguridad Civil del Departamento de Interior de la
Generalitat de Cataluña apoyara técnicamente la elaboración del plan
y dará ayuda al ayuntamiento para que éste pueda elaborar este plan;
Renfe, por su parte, se comprometió por la vía de urgencia a elaborar
el estudio de riesgos de la estación de Portbou, al que hacía mención
la proponente socialista, y a facilitar



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al ayuntamiento una copia del plan de emergencias interno que tiene
Renfe; y, finalmente, se acordó que, una vez hecho por el
ayuntamiento el plan de emergencia, se presentaría a la comisión de
protección civil de la Generalitat de Cataluña para su homologación.

A esta reunión asistieron representados el Ayuntamiento de Portbou,
responsables de Renfe, responsables de protección civil de la
Generalitat, el director general de Emergencias y Seguridad Civil de
la Generalitat de Cataluña y diversos técnicos.

Enumero los asistentes de la reunión porque esto me permite expresar
que, reiterando el apoyo al fondo de la iniciativa, no podíamos
compartir la forma de la misma en la manera en que venía redactada,
porque entendíamos que en esta manera que venía redactada vulneraba
las competencias que en esta materia tiene en exclusiva la
Generalitat de Cataluña y también el Ayuntamiento de Portbou. Por eso
me he permitido, en nombre del Grupo Parlamentario de Convergència i
Unió, formular in voce una enmienda transaccional que recoge el
contenido de la iniciativa del Grupo Socialista desde el respeto
competencial, y que sería la siguiente: El Congreso de los Diputados
manifiesta la necesidad de articular el mayor grado de cooperación
entre las diversas administraciones públicas y Renfe, sin menoscabo
de las competencias propias de cada una de ellas, a fin de dotar al
municipio de Portbou de los más adecuados instrumentos de seguridad
frente a la problemática que puede derivarse del tráfico de
mercancías que soporta su estación ferroviaria.

Se nos ha dicho por parte del grupo proponente que se acepta esta
enmienda, que he entregado ya a la Mesa, y que también se aceptaría
por el Grupo Parlamentario Popular. Por tanto, si ello es así, nos
felicitamos de poder aprobar esta iniciativa para que pueda coadyuvar
a resolver esta problemática y, en definitiva, a dar seguridad a los
ciudadanos de Portbou.




El señor VICEPRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Popular,
tiene la palabra la señora Torme.




La señora TORME PARDO: El Grupo Parlamentario Popular considera muy
acertada la enmienda in voce que ha presentado el Grupo Parlamentario
de Convergència i Unió a la proposición no de ley presentada por el
Grupo Parlamentario Socialista respecto a la cual, por tanto,
votaremos favorablemente. Todo ello teniendo en cuenta cuál es el
marco legal que regula el transporte de mercancías peligrosas, al que
voy a hacer una breve referencia. La norma básica de protección
civil, aprobada por Real Decreto 497/1992, del 24 de abril, determina
que el riesgo derivado del transporte de mercancías peligrosas será
objeto de planes especiales en aquellos ámbitos territoriales que lo
requieran. Esa misma norma básica señala que dichos planes especiales
se elaborarán de acuerdo con la directriz
básica correspondiente; directriz que ha sido aprobada el 1 de marzo
de 1996. En la misma se recogen los criterios mínimos que han de
seguir las distintas administraciones públicas en la confección de
los planes especiales de protección civil frente a riesgos de
accidentes en transporte de mercancías peligrosas por carretera y por
ferrocarril. Así se establece cuál ha de ser el contenido mínimo en
los planes elaborados por las comunidades autónomas, en los cuales ha
de figurar, asimismo, las directrices para la elaboración de planes
de actuación municipal y, en su caso, de otras entidades locales, y
deberán especificar el marco organizativo general que posibilite la
plena integración operativa de estos en la organización del plan
especial de la comunidad autónoma, regulando cuáles son esas
relaciones de coordinación entre los planes municipales y los planes
de la comunidad autónoma. Los municipios que deben ser objeto de
planes municipales serán listados en los respectivos planes
autonómicos, teniendo en cuenta los análisis del transporte de
mercancías peligrosas en el territorio de la comunidad autónoma, el
mapa de flujos de esos transportes, así como las áreas de especial
exposición. Los planes de actuación municipal se deben aprobar por
los órganos de las respectivas corporaciones y serán homologados por
la comisión de protección civil de la comunidad autónoma que
corresponda. Junto con esos criterios mínimos sobre planes
autonómicos y municipales, también se establecen en la directriz
básica, a la que he hecho referencia, las obligaciones que tienen los
transportistas. Voy a hacer mención exclusivamente a las obligaciones
de las empresas de transporte ferroviario, dado el tenor de la
proposición no de ley que estamos debatiendo.

Pues bien, las empresas de transporte ferroviario habrán de disponer
de la organización y medios necesarios para, en caso de accidente en
un convoy de transporte de mercancías peligrosas, efectuar las
actuaciones más urgentes de lucha contra el fuego, de salvamento y
socorro de posibles víctimas; disponer de los transportes por tren
que sean necesarios para el traslado de personal y equipos de
intervención al lugar del accidente o la evacuación de personas
afectadas por el mismo; adoptar las medidas relativas al tráfico
ferroviario que resulten adecuadas para evitar cualquier riesgo
derivado de la interceptación de la vía; poner en práctica las
medidas de explotación ferroviaria que faciliten las actuaciones de
los servicios de intervención y disminuyan en lo posible los riesgos
para el personal encargado de realizarlas; aportar los medios
necesarios para el traslado de personal y equipos de intervención al
lugar del accidente o la evaluación de personas afectadas por el
mismo; adoptar las medidas relativas al tráfico ferroviario que
resulten adecuadas para evitar cualquier riesgo derivado de la
interceptación de la vía; poner en práctica las medidas de
explotación ferroviaria que faciliten las actuaciones de los
servicios de intervención y disminuyan en lo posible



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los riesgos para el personal encargado de realizarlas; aportar los
medios necesarios para la retirada o trasvase de mercancías
peligrosas involucradas en el accidente y para su transporte en las
adecuadas condiciones de seguridad, y efectuar cuantas operaciones
sean necesarias para la rehabilitación del servicio ferroviario.

Tales actuaciones habrán de realizarse de acuerdo con las directrices
que en cada caso sean establecidas por el órgano a cuyo cargo se
encuentre la dirección y coordinación de la emergencia.

Una vez visto someramente el marco legal que rige el transporte de
mercancías peligrosas, voy a referirme a la situación actual en la
Comunidad Autónoma de Cataluña y en el municipio de Portbou. El Plan
especial de emergencia por accidente en el transporte de mercancías
peligrosas por carretera y ferrocarril de la Comunidad Autónoma de
Cataluña ha sido homologado por la Comisión Nacional de Protección
Civil, con fecha 15 de julio de 1999. En dicho plan se recoge un
análisis del transporte de la Comunidad Autónoma de Cataluña, tanto
del realizado por carretera como por ferrocarril, y a raíz del mismo
se relaciona una lista de municipios afectados, distinguiendo si el
flujo en el mismo es bajo, moderado, medio, importante o muy
importante, lo que servirá de base para decidir si un municipio debe
elaborar plan municipal o no.

Por lo que se refiere al análisis del flujo de transporte por
ferrocarril, el municipio de Portbou aparece en el anexo 5 de este
plan, con un flujo bajo; es decir, inferior a 45.000 toneladas de
mercancías peligrosas al año. De lo expuesto se deduce que, dado que
en el plan especial de Cataluña para hacer frente a este tipo de
riesgos aparece el municipio de Portbou con un flujo bajo de
mercancías peligrosas por ferrocarril, en principio, no debería
figurar como municipio a elaborar su correspondiente plan municipal
frente a este tipo de riesgo, lo cual significa que sería el propio
plan de la comunidad autónoma el que se movilizaría en caso de
accidente en el transporte por ferrocarril en el que se viese
involucrada una mercancía peligrosa, así como toda la infraestructura
interna de la empresa transportista preparada para este tipo de
accidentes.

Por último, quiero hacer mención a las obligaciones concretas de las
actuaciones que por parte de Renfe se han hecho, en concreto en este
municipio de Portbou. El transporte de mercancías, como ocurre en
toda España, se realiza de acuerdo con la ley vigente en la
instrucción general número 43, condiciones generales de aplicación al
transporte de mercancías peligrosas por ferrocarril. Por otra parte,
es de resaltar que Renfe ha realizado una red modélica de protección
contra incendios en la estación de Portbou para elevar el nivel de
seguridad. Asimismo, dentro del Plan de autoprotección de Renfe, la
unidad de transporte combinado dispone de una plan de emergencia
específico para la estación de Portbou y está prevista la mejora del
citado plan para ajustarlo a la nueva instalación y equipos
implantados en la estación.

Teniendo en cuenta la evolución experimentada en el tráfico de
mercancías en este municipio, así como las situaciones de riesgo que
se han producido en algunos casos y que pueden llegar a producirse, y
desde luego algo no menos importante como es la sensibilidad
ciudadana en las distintas peticiones que han surgido aquí, nos
parece bueno que el Congreso haga una manifestación de voluntad al
respecto. Pero nos parece más adecuada la redacción transaccional que
ha sido ofrecida por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió en
la medida en que es mucho más escrupulosa en el reparto de
competencias en esta materia entre las distintas administraciones
públicas.

Por tanto, si el grupo proponente está de acuerdo con esta enmienda,
nosotros también apoyaremos la misma.




El señor VICEPRESIDENTE: Reconociendo esta Presidencia lo irregular
de la presentación de esta enmienda, dado que al parecer no se opone
el grupo proponente ni ninguno de los demás grupos de la Cámara, será
sometida a votación la proposición con el texto incorporado de esta
enmienda.




- SOBRE LA CREACIÓN DE UNA COMISARÍA DE POLICÍA NACIONAL EN CHICLANA
DE LA FRONTERA (CÁDIZ).

PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de
expediente 161/000251)



- SOBRE LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO CUARTEL DE VILLAMARTÍN (CÁDIZ).

PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de
expediente 161/000305)



El señor VICEPRESIDENTE: Pasamos al punto 4 del orden del día que,
según han comunicado a la Presidencia distintos portavoces, puede
tramitarse acumuladamente con el punto número 8, dado que ambos se
refieren a poblaciones de la provincia de Cádiz, incrementando la
proporción que corresponda el tiempo de intervención de los ponentes.

Para defender ambas proposiciones, la primera sobre creación de una
comisaría de Policía Nacional en Chiclana y la segunda sobre
construcción de un nuevo cuartel en Villamartín, de las cuales es
autor el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor
Fernández Chacón.




El señor FERNÁNDEZ CHACÓN: Hoy traemos aquí dos proposiciones no de
ley que se refieren a un tema muy importante. Se trata de la
protección, de la seguridad ciudadana. Como todos sabemos, se protege
con ello también el ejercicio de las libertades públicas y



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constituyen un binomio inseparable porque ambos conceptos son
requisitos indispensables, básicos para la convivencia en una
sociedad democrática. Así lo recogen tanto la Constitución española
en sus artículos 149.1.29 y 104, y posteriormente lo desarrolla la
Ley 1/1992, de 29 de febrero, de protección de la seguridad
ciudadana, que en su artículo 1 establece que corresponde al
Gobierno, a través de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado,
proteger el libre ejercicio de estos derechos y libertades y
garantizar la seguridad ciudadana, crear y mantener las condiciones
adecuadas a tal efecto y remover los obstáculos que lo impidan.

Pues bien, señorías, la creación de una comisaría de policía en
Chiclana está más que justificada, y voy a dar razones objetivas para
que el Congreso de los Diputados inste al Gobierno en la petición de
creación de una comisaría en la ciudad. Para ello habría que
remontarse a los antecedentes de esta petición y decir que ya en los
plenos celebrados en los años 1993 y 1994 en el Ayuntamiento de
Chiclana se empezaba a solicitar la creación de la citada comisaría,
además con los votos favorables de los miembros del Partido Popular
que entonces formaban parte del mismo. Posteriormente, este diputado,
que fue senador en la VI Legislatura, presentó una moción ante el
Senado haciéndose eco del sentir ciudadano de la sociedad chiclanera
y de los grupos políticos y entidades ciudadanas para que se
debatiera en el Senado una moción instando al Gobierno a la creación
de una comisaría de policía en Chiclana. La moción no se vio en el
Senado porque creo que hubo una artimaña por parte del Grupo Popular
que dejó finalizar el período de sesiones y no se pudo debatir ni
votar la misma, pero yo tengo la convicción de que independientemente
de lo que hoy voten aquí, los representantes del Grupo Popular de la
provincia de Cádiz saben que los datos que voy a aportar, como decía
al principio, son muy objetivos y difícilmente rebatibles.

Chiclana es una ciudad que actualmente tiene 62.500 habitantes de
derecho. El ratio de crecimiento poblacional de Chiclana es
actualmente el segundo de la Unión Europea, es decir, es la ciudad
que más ha crecido en los últimos años en la Unión Europea. Tiene en
la actualidad 80.000 habitantes de hecho, si nos atenemos a los datos
aportados por indicadores como la recogida de basuras en el término
municipal, y prácticamente la mitad del año mantiene una población de
alrededor de 100.000 habitantes, que en verano se dispara hasta los
200.000. Las predicciones para los próximos ocho años, según el Plan
general de ordenación urbana, indican que Chiclana puede llegar hasta
los 170.000 habitantes de población de derecho. También conviene
decir que es un término municipal muy extenso, tiene 203 kilómetros
cuadrados, con una longitud entre los puntos más alejados de más de
20 kilómetros y que constituye lo que yo llamaría indicadores
directos que pueden medir la seguridad ciudadana o que pueden
servirnos para valorar el componente de la misma en una población.

Si hablamos de población protegida -actualmente está la Guardia
Civil en el término municipal- el ratio del número de agentes por
población protegida es de 1,21 por cada 1.000 habitantes, o sea
prácticamente un agente por cada 1.000 ciudadanos o población
protegida, estando el límite de cualquier ciudad española bastante
por encima de dicho ratio. Voy a citar un ejemplo muy concreto en la
misma provincia de Cádiz. Una ciudad como La Línea tiene tres agentes
por cada 1.000 habitantes y tiene comisaría de policía. También
podríamos hablar del número de agentes por extensión del término
municipal, que también supera los ratios medios de cualquier
población española, así como de las características poblacionales de
dicho término municipal. Se trata de una estructura poblacional en la
que hay mucha población diseminada, lo que dificulta la actuación de
los agentes dentro del término municipal y es un indicador que nos
está diciendo que es más dificultoso atender a la población protegida
con el número de agentes que hay actualmente. Además, otro indicador
muy importante y una dificultad añadida es que el término municipal
tiene ocho kilómetros de costas y puertos marinos dentro del término
municipal, así como algo fundamental, el enclave geográfico que ocupa
la ciudad de Chiclana. Estamos situados frente a las costas
marroquíes, a menos de 50 millas marinas, es decir, a menos de cinco
horas de Marruecos y estamos situados en uno de los puntos más
calientes del narcotráfico de España. Pues bien, entre los
indicadores indirectos que podríamos citar, podemos hablar del número
total de delitos y faltas pero también tenemos que hablar de la
cualidad de los delitos porque, dentro de estos, los relacionados con
la droga, el narcotráfico o el blanqueo de dinero son los más
importantes que se producen no sólo en la población de Chiclana sino,
desgraciadamente, en la provincia de Cádiz, y Chiclana ya está
empezando a sentir esa cercanía del narcotráfico.

Señorías, si comparamos los ratios y los índices que se dan en
nuestro país, resulta que en España hay 132 ciudades con comisarías,
de ellas 80 tienen menos población que Chiclana. En Andalucía hay 22
ciudades de más de 50.000 habitantes que disponen de comisaría de
policía; Chiclana no dispone de ella. En la propia provincia de
Cádiz, de ocho ciudades con más de 50.000 habitantes, algunas de
ellas muy similares en términos poblacionales a Chiclana, siete
disponen de comisaría y Chiclana no. La instalación de una comisaría
de policía no significa -tengo que salir al paso porque probablemente
será uno de los argumentos que utilice el portavoz del Grupo
Parlamentario Popular-, como dijo el subdelegado del Gobierno en la
zona en octubre de 1999, que la Guardia Civil abandone el término
municipal. Eso es una falacia, primero, porque los dos cuerpos son
compatibles, cada uno puede realizar actuaciones de acuerdo con las
funciones propias de cada cuerpo y, además, porque, como he dicho
anteriormente, el número de agentes en la actualidades totalmente
insuficiente y no llegan ni a la mitad



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de los que tendría que haber. Por tanto, la creación de la comisaría
no significaría en absoluto la desaparición de la Guardia Civil de la
localidad, sino que el aumento necesario y justificado de los
agentes, como estoy exponiendo, debería hacerse creando esta
comisaría de Policía Nacional. Porque si hablamos del número de
delitos y faltas, si comparamos año tras año, según los datos
aportados por la Fiscalía General del Estado e incluso del Ministerio
de Interior -como ustedes saben, hay una discrepancia con los datos
que aporta la Fiscalía- hay que decir que en la ciudad han aumentado
de 1998 a 1999 y en 2000, con una importante aparición de delitos
relacionados con el narcotráfico. Así, en los ocho primeros meses de
1999 se aprehendieron 7.000 kilos de hachís frente a 1.479 kilos que
se aprehendieron en 1998. Otro argumento que no puede escaparse es
que la población protegida del término municipal ha aumentado desde
1990 en más de 25.000 habitantes y, sin embargo, el número de agentes
presentes en la localidad prácticamente sigue siendo el mismo; el
aumento ha sido insignificante. Un argumento más a aportar es que la
comparación con otras ciudades de similares características, como he
referido antes, son bastante elocuentes, con lo que cabría concluir
que en la situación actual se da un trato discriminatorio a la ciudad
de Chiclana. Esto está repercutiendo en la hacienda municipal, en el
Ayuntamiento de Chiclana, que tiene que soportar, con evidente coste
para los contribuyentes chiclaneros, la falta de medios policiales en
la zona. En estos años, ha aumentado notablemente la plantilla de
policía local, y evidentemente eso lo pagan los contribuyentes de
Chiclana, frente a la no presencia de los Cuerpos y Fuerzas de la
Seguridad del Estado en la ciudad. O sea que los contribuyentes
chiclaneros, que contribuyen igual que cualquier otro ciudadano del
resto de España, están discriminados porque, por sus impuestos,
reciben menos servicios del Estado, en este caso en número de agentes
y en la dotación de la comisaría de Policía, por lo que creemos que
es un caso de discriminación hacia contribuyentes que deberían de ser
tratados de la misma manera, independientemente del término municipal
donde vivan.

Tengo que concluir diciendo que espero que el rechazo de esta
proposición no de ley por el Partido Popular no sea por el color
político del Ayuntamiento de Chiclana. En Chiclana hay un alcalde
socialista que consiguió la segunda mayoría absoluta en Andalucía en
número de votos. Espero y deseo que, al fundamentar la no creación de
esta comisaría de Policía, se me argumente con datos objetivos; si
eso no es así, podremos pensar que los argumentos se tornan en
comportamientos sectarios.

Señorías, la proposición no de ley que presentamos aquí hoy insta al
Gobierno de la nación a que, en el plazo de tiempo más breve posible,
apruebe la creación de una comisaría de Policía Nacional en la ciudad
de Chiclana de la Frontera, dotándola de los medios humanos y
materiales para tal fin.

Como se ha dicho que se unían las dos proposiciones no de ley, paso
ahora a defender la proposición no de ley que se refiere al cuartel
de la Guardia Civil de Villamartín, en la provincia de Cádiz.

Señorías, la Guardia Civil desarrolla una labor muy importante en la
provincia de Cádiz. La sierra gaditana presenta unas características
geográficas con una orografía muy dificultosa. Año tras año, el Grupo
Socialista viene defendiendo la necesidad de aumentar la dotación de
agentes en la zona, porque -lo he dicho anteriormente en la defensa
de la otra proposición no de ley- el número de delitos ha aumentado
en la provincia de Cádiz de una forma significativa, sobre todo en la
sierra de Cádiz. También hay que decir que los medios materiales y
humanos han quedado prácticamente como estaban, sobre todo en la
sierra de Cádiz. Hemos visto cómo, en años anteriores, la Guardia
Civil se ha quedado sin combustible o con los coches en el garaje
porque no había dinero para el mantenimiento por su antigüedad. Hemos
visto cómo los alcaldes han tenido que acudir en ayuda de los
guardias civiles para que pudieran prestar su servicio; hemos visto
cómo, en la provincia de Cádiz, los agentes, que eran pocos, han
tenido que realizar sus labores a pie recorriendo largas distancias.

El caso que traemos hoy, la construcción del cuartel en el término
municipal de Villamartín, trata de una obra muy necesaria para la
organización de la Guardia Civil en la sierra de Cádiz. El año 1997
-y tengo que contar la anécdota-, llegó el señor Valdivielso a
Villamartín, puso la primera piedra y un cartel muy grande diciendo
que allí se iba a construir el cuartel de la Guardia Civil de
Villamartín, cuartel que iba a dar servicios comarcales a la sierra
alta de Cádiz. Pues bien, este cartel está todavía allí pero no hay
cuartel. Se puso la primera piedra y lleva tres años en un solar
donde lo único que se observa -yo lo vi con mis propios ojos- son
unos matorrales muy grandes esperando que se ponga la siguiente
piedra y se dé satisfacción tanto a la Guardia Civil, que lo
necesita, como a la población, que necesita la presencia de la
Guardia Civil en la ciudad y en la comarca.

Por ello, señorías -y concluyo-, se insta al Gobierno a que agilice
los trámites necesarios para que se construya de una vez el cuartel
comarcal de la Guardia Civil en Villamartín.




El señor VICEPRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Popular,
tiene la palabra el señor Romero Girón.




El señor ROMERO GIRÓN: Señor presidente, intervengo en nombre del
Grupo Parlamentario Popular para fijar la posición de nuestro grupo
sobre estas dos proposiciones no de ley. En la primera de ellas, se
insta al Gobierno a la creación de una comisaría de Policía en
Chiclana y, en la segunda, a la construcción de un cuartel de la
Guardia Civil en Villamartín.

Con respecto a la primera de ellas, tengo que decirle que la Ley
Orgánica 2/1986, de Cuerpos y Fuerzas de



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Seguridad del Estado, concretamente en su artículo 11.2, establece la
distribución territorial de competencias entre los Cuerpos y Fuerzas
de Seguridad del Estado y atribuye al Cuerpo Nacional de Policía su
ejercicio en las capitales de provincia y en los términos municipales
urbanos que el Gobierno determine, correspondiendo el resto a la
Guardia Civil. En el año 1995, el Gobierno socialista, concretamente
en la Orden ministerial de 28 de febrero de 1995, estableció aquellas
poblaciones distintas de las capitales de provincia que contarían con
comisarías de Policía, en base a criterios objetivos de población,
conflictividad, presencia de la Guardia Civil, etcétera. Por tanto,
las competencias en seguridad se realizan en cada localidad por un
cuerpo, bien la Policía Nacional bien la Guardia Civil.

En caso de crearse una comisaría de Policía en Chiclana, supondría la
retirada de la Guardia Civil de aquellas cuestiones de orden público
a las que hoy se está dedicando. La actuación de la Guardia Civil en
la localidad se limitaría a las especialidades de este cuerpo. En
ninguna localidad conviven los dos cuerpos haciendo funciones de
seguridad ciudadana. En los lugares donde hay presencia de la Policía
Nacional y la Guardia Civil, la actuación de esta última se centra en
las competencias exclusivas de este cuerpo en las que no interviene
la Policía Nacional, es decir, vigilancia fiscal, medio ambiente, mar
territorial, etcétera.

Tengo que decirles que la reivindicación que, mediante esta
proposición no de ley, efectúa el Grupo Socialista no es sino una más
en esa política de confrontación que en Andalucía viene manteniendo
el Partido Socialista utilizando sin reparo alguno las instituciones,
porque no tiene explicación alguna -si no, que me lo expliquen- que
ahora se solicite la creación de una comisaría de Policía cuando,
hasta el año 1982 -miren qué casualidad-, existía comisaría de
Policía en Chiclana, se desmanteló y el Partido Socialista no dijo
absolutamente nada en 1982 ni en 1983 ni en 1984, hasta la llegada
del Gobierno de José María Aznar. Es más, que me expliquen por qué,
cuando en el año 1985 el Gobierno socialista detalló las poblaciones
en las que se establecían las comisarías de Policía distintas de las
capitales de provincia, el Partido Socialista no dijo absolutamente
nada. En tercer lugar, tendrán que explicarme qué tiene que objetar
el Partido Socialista a la labor que la Guardia Civil viene
desarrollando en materia de seguridad en Chiclana de la Frontera,
donde los índices de delincuencia van bajando de manera continua,
situándose en la actualidad en seis puntos cuando apenas hace dos
años estaba en doce puntos.

No es cierto que los delitos hayan aumentado. En el año 1999, la
Policía y la Guardia Civil intervino en un total de 1.252 delitos, y
de enero a noviembre del año 2000, acumulados, no alcanzan los 1050
delitos. Nosotros no nos vamos a dejar llevar por esa política sino
por estudios rigurosos y considerando factores, los mismos que decía
la orden ministerial del Gobierno socialista,
es decir, la población, la situación delincuencial, la
presencia de la Guardia Civil, etcétera. El Grupo Popular considera
más conveniente que la Guardia Civil continúe dando respuesta a las
necesidades de seguridad ciudadana en Chiclana. Por tanto, votaremos
en contra de esta proposición no de ley.

En cuanto a la segunda proposición no de ley, la construcción de un
cuartel de la Guardia Civil en Villamartín, permítanme que antes de
fijar la posición del grupo haga una cronología de los hechos. En el
año 1998 -no en 1997, como se dice en la exposición de motivos de la
proposición no de ley-, concretamente el 5 de mayo, se firmó un
convenio entre el Ayuntamiento de Villamartín y el Ministerio del
Interior para la cofinanciación de la construcción de un nuevo
acuartelamiento en terrenos cedidos por el Ayuntamiento.

El terreno fue donado al Estado el 20 de noviembre de 1999 y afectado
al Ministerio del Interior el 14 de junio de 2000. El Ayuntamiento de
Villamartín envió a la Dirección General de la Guardia Civil un
primer proyecto de ejecución de este cuartel que tuvo que ser
devuelvo porque faltaban los estudios geotécnicos de la zona. Se tuvo
entonces que contratar a una empresa privada para que lo realizara,
lo que implicó un considerable retraso en las obras. Posteriormente,
el Ayuntamiento volvió a remitir el proyecto con errores en la
aplicación del IVA. En efecto, la intervención del Ministerio lo
rechazó porque se calculaba un IVA del 7 por ciento en toda la obra,
mientras que el interventor de la Dirección de la Guardia Civil
mantiene que este porcentaje debe aplicarse a la parte de
dependencias oficiales pero no a las viviendas, que deben tributar al
16 por ciento. El 26 de septiembre próximo pasado se devolvió el
proyecto y se está a la espera de que se subsanen estos problemas
para poder iniciar la ejecución de estas obras. El retraso en la
iniciación de las mismas en ningún caso es responsabilidad del
Gobierno, que ha demostrado su voluntad inequívoca de construir este
nuevo acuartelamiento. Los defectos o problemas técnicos del
proyecto, que ha sido redactado no por la Dirección de la Guardia
Civil sino por los servicios técnicos del Ayuntamiento, son la causa
del retraso de las obras.

El Gobierno cumplirá su compromiso, una vez resueltas las
deficiencias técnicas e inmediatamente se iniciarán las obras. Por
todo ello, nuestro grupo votará también en contra en esta proposición
no de ley.




- SOBRE MEDIDAS PARA PALIAR LOS DAÑOS SUFRIDOS EN VARIOS MUNICIPIOS
DE LA PROVINCIA DE ÁVILA COMO CONSECUENCIA DE LOS INCENDIOS
PRODUCIDOS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número
de expediente 161/000254)



El señor VICEPRESIDENTE: Pasamos a la proposiciónno de ley número 5,
presentada por el Grupo Parlamentario



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Socialista, sobre medidas para paliar los daños sufridos en varios
municipios de la provincia de Ávila, como consecuencia de los
incendios producidos.

Para presentar esta proposición no de ley, en nombre del Grupo
Socialista, tiene la palabra el señor Nieto.




El señor NIETO GONZÁLEZ: A comienzos del mes de septiembre pasado, se
produjo un tremendo incendio que asoló una amplia zona de la comarca
abulense del Valle del Tiétar que está situada, como SS.SS. saben, en
la vertiente sur del macizo de Gredos.

El incendio afectó de una forma gravísima a un municipio,
especialmente al municipio de Pedro Bernardo, donde ardieron miles de
hectáreas de bosque de pino y además se provocaron grandes daños
tanto en bienes privados como públicos, en unos casos de forma
directa y en otros casos de forma indirecta, que afectaron a las
actividades agraria, ganadera y forestal; se vieron afectadas las
infraestructuras viarias, de una forma muy grave el medio ambiente y,
de forma indirecta, aparecieron afectadas las actividades turísticas,
comerciales e industriales de la zona, y, lo que es más grave, se
produjo el fallecimiento de una persona que participaba en las
labores de extinción del citado incendio. En esta ocasión el fuego
vino a actuar sobre quemado. Este incendio se produce en el mes de
septiembre del año en curso, en la misma zona donde hace catorce
años, en el verano de 1986, se había producido un incendio de unas
características y de una gravedad similar al de este año. El bosque
estaba en fase de recuperación y no pudo terminar esta recuperación
puesto que fue asolado por este nuevo incendio.

Ante esta situación, el ayuntamiento de Pedro Bernardo, gobernado por
cierto por el Partido Popular, aprobó, en un Pleno celebrado el día
12 de septiembre, la petición al Gobierno de la declaración de zona
catastrófica para su término municipal. Me pareció entonces y me lo
sigue pareciendo ahora una petición razonable teniendo en cuenta la
gravedad del incendio que se produjo en aquellas fechas.

Señorías, han pasado tres largos meses desde entonces y el Gobierno
no ha atendido la petición del Ayuntamiento de Pedro Bernardo que
efectuó en aquellos momentos pidiendo la declaración de zona
catastrófica. En mi opinión, el Gobierno debiera haber hecho uso del
artículo 86 de la Constitución, aprobando un real decreto-ley de
medidas urgentes declarando zona catastrófica la afectada por el
incendio y poniendo en marcha el principio constitucional de
solidaridad para con los ciudadanos afectados. Debiera haber
contemplado en ese real decreto un catálogo de medidas que vinieran,
a reparar los daños causados por la catástrofe, que fueron muchos,
que afectaron tanto a bienes públicos como a bienes privados, que
fueron especialmente graves en lo que se refiere al medio ambiente a
las infraestructuras de la zona y, como decía al principio de mi
intervención, a todo tipo de actividades que se desarrollan
especialmente en el municipio de Pedro Bernardo. Estas medidas
debieran haberse aplicado ya y debieran haber servido para reparar
-insisto- los daños causados por la catástrofe. Por otro lado,
debiera haberse puesto en funcionamiento una serie de líneas de ayuda
pensando en el futuro, porque el futuro es muy complicado para la
zona afectada por este incendio, líneas de ayuda que deberían hacer
posible la recuperación de la actividad económica en las localidades
afectadas y posibilitar el futuro de estos pueblos, especialmente,
Pedro Bernardo, que fue la zona más castigada.

Hoy tiene el Gobierno la segunda oportunidad de poner en marcha este
plan de ayuda aprovechando esta proposición no de ley presentada por
el Grupo Socialista. Si la apoyan (porque esta iniciativa saldrá
adelante si cuenta con los votos del Partido Popular) sumarán sus
votos a los nuestros para que salga adelante esta proposición tan
necesaria para la recuperación de la zona a la que estoy haciendo
referencia.

En la proposición no de ley pedimos, en primer lugar, que se declaren
zona catastrófica los términos municipales afectados a fin de que sus
habitantes puedan ser compensados por los daños sufridos. En segundo
término, que se concedan las ayudas necesarias a la familia del
trabajador fallecido en las labores de extinción. En tercer lugar,
que se concedan préstamos por desempleo a todos los agricultores,
ganaderos y pequeños industriales y comerciantes afectados por el
incendio, y que quienes lo hayan solicitado tengan derecho a ello;
que se conceda la exención de las cuotas de la Seguridad Social a los
colectivos contemplados en la referencia que acabo de hacer
anteriormente; que se concedan subvenciones rápidas a fondo perdido a
los afectados para que puedan afrontar los efectos de esta catástrofe
de forma inmediata y fundamentalmente pensando en el futuro; y, en
último lugar, pedimos que la Administración general del Estado, en
colaboración con la comunidad autónoma, con la diputación provincial
y con los ayuntamientos afectados, elabore un censo exacto de
afectados y daños producidos para agilizar y coordinar las ayudas. Es
lo mínimo que se puede hacer ante una catástrofe como la sucedida en
los primeros días del mes de septiembre en esta comarca abulense del
Valle del Tiétar y especialmente en el término municipal de uno de
sus pueblos, Pedro Bernardo.

Me gustaría que el Grupo Popular se hiciera eco de esta iniciativa y
sumara sus votos a los nuestros para que se pudiese llevar a cabo la
puesta en marcha de un catálogo de medidas como el que acabo de hacer
referencia.




El señor VICEPRESIDENTE: A esta proposición no de ley ha sido
presentada una enmienda por el Grupo Parlamentario Popular. Para la
defensa de la misma, y al mismo tiempo para fijar la posición, tiene
la palabra la señora Torme.




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La señora TORME PARDO: En primer lugar, el Grupo Parlamentario
Popular quiere recordar la tristeza que nos produjo el fallecimiento
de Manuel Víllora, vecino de Lanzahíta, como consecuencia de los
incendios que se produjeron en la provincia de Ávila el pasado mes de
septiembre, así como lamentar los daños medioambientales y económicos
ocasionados tanto en bienes públicos como privados con ocasión de
esos incendios.

Debemos destacar la actuación de las distintas instituciones ante
esos hechos, especialmente la del Ayuntamiento de Pedro Bernardo, con
su alcaldesa Petra Ruiz al frente, la Diputación de Ávila, la Junta
de Castilla y León, a través de la delegación territorial en Ávila,
así como del vicepresidente primero y consejero de Medio Ambiente,
del Gobierno de la nación, especialmente a través del Ministerio de
Medio Ambiente, así como de los distintos parlamentarios autonómicos
y nacionales, en concreto, -y así me lo ha hecho saber la alcaldesa-,
senadores y diputados nacionales del Partido Popular que estuvieron
con ella noche y día en los momentos más amargos y graves de esos
incendios acompañándola.

Cuando ocurren sucesos de estas características, incendios que
provocan esos graves daños en bienes de todo tipo, agrícolas,
forestales, públicos y privados, es frecuente que se produzca una
petición de declaración de zona catastrófica. Es una solicitud que
habitualmente se suele formular cuando tienen lugar acontecimientos
que producen daños en personas y bienes.

El Real Decreto 692/1981, de 27 de marzo, hace mención a esta
declaración, a la que concede carácter de excepción, reservándola
exclusivamente para aquellos casos en los que por la gravedad,
extensión o diversidad de los daños producidos, por la pluralidad de
los sectores afectados, pérdidas de vida humana, interrupción de las
comunicaciones y servicios públicos esenciales, se hiciera
imprescindible una actuación conjunta inmediata de las diversas
administraciones públicas para restablecer en un mínimo plazo la
normalidad alterada. Con objeto de poseer un conocimiento profundo de
los datos se ha elaborado por parte de la subdelegación del Gobierno
en Ávila un informe en el que se hace una referencia a los hechos
ocurridos, los daños producidos, así como las distintas actuaciones
que se han puesto en marcha. En este informe, tras dar cuenta de los
hechos, lo que se hace es circunscribir la naturaleza de los daños
producidos a los sectores agrícola y forestal, destacando el amplio
despliegue de medios y recursos tanto humanos como materiales y las
actuaciones que en todo momento fueron coordinadas, al ser una
materia transferida a la Comunidad Autónoma de Castilla y León, por
responsables de la Junta de Castilla y León. Asimismo, la
Administración autonómica ha manifestado asumir el compromiso de
realizar, en colaboración con la Confederación Hidrográfica del Tajo,
un plan integral de reforestación, plan que afecta a distintos
términos municipales, como son Pedro Bernardo, Lanzahíta,
Gavilanes y San Esteban del Valle.

Por otra parte, se ha suscrito un convenio entre la Comunidad
Autónoma de Castilla y León y el Ministerio de Medio ambiente que
comporta una inversión aproximada de 500 millones para paliar las
consecuencias de los daños producidos en la vida económica, social y
medioambiental de la zona siniestrada.

En cuanto a la persona fallecida, trabajador de una brigada forestal
de la empresa Tragsa, Manuel Víllora, contratado por la Junta de
Castilla y León para labores de extinción, está en fase de
tramitación la indemnización prevista en la legislación vigente a
cargo del fondo de compensación de incendios forestales, con
independencia de otras indemnizaciones a las que pudiera tener
derecho por pólizas de aseguramiento suscritas por la Junta de
Castilla y León para labores de extinción o por la propia empresa en
la que trabajaba. Asimismo, está en fase de ejecución una inversión,
por un importe de 70 millones de pesetas, por parte de la Junta de
Castilla y León para la reparación de los daños que se ocasionaron en
las canalizaciones de agua. Se está efectuando una mejora en la toma,
con una captación más alta que pueda evitar algunos de los problemas
que surgieron en esos momentos y en ocasiones anteriores.

Teniendo en cuenta la naturaleza de los daños, vistas las
actuaciones, tanto las que se han efectuado como las programadas por
las distintas administraciones públicas, el Grupo Parlamentario
Popular presenta una enmienda de modificación que posteriormente
leeré. Lo que pretendemos con esta enmienda es que se aplique la
normativa de una forma correcta porque la proposición no de ley
presentada por el Grupo Parlamentario Socialista podría derivar en
una aplicación incorrecta de la ley, en concreto del real decreto a
que he hecho referencia por el que se regula la declaración de zona
catastrófica teniendo en cuenta los distintos requisitos que en el
mismo se establecen.

El Grupo Parlamentario Popular comparte la preocupación por la
delicada situación económica en que quedó fundamentalmente el
municipio de Pedro Bernardo y la necesidad de inplementar una serie
de medidas que atiendan a la reparación de todos los daños causados,
públicos y privados, y de todos los perjuicios que han sufrido sus
habitantes, pero no podemos apoyar que para paliar esos daños se
aplique de forma incorrecta una norma. La voluntad del Grupo
Parlamentario Popular es decidida y firme: compensar los daños
medioambientales económicos causados en los distintos municipios de
Ávila afectados por esos incendios y a todos sus habitantes, con
pleno y escrupuloso respeto de la normativa que regula tales
posibilidades de actuación. De ahí que si es aceptada la enmienda que
hemos presentado, que compromete al Gobierno hasta el límite de las
posibilidades legales en el marco de la distinta distribución
competencial entre las institucionesque tienen que actuar, daríamos
nuestro voto



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favorable a la proposición no de ley. El texto de la enmienda que
proponemos, que obra en poder de los distintos grupos, es el
siguiente: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que
estudie la aplicación de cuantas medidas complementarias a las ya
adoptadas resulten técnicamente pertinentes en el ámbito de sus
competencias a fin de paliar las graves consecuencias generadas por
los incendios forestales producidos en diversos municipios de la
provincia de Ávila.




El señor VICEPRESIDENTE: A efectos de manifestar si acepta o no la
enmienda presentada, tiene la palabra el señor Nieto, en nombre del
Grupo Parlamentario Socialista.




El señor NIETO GONZÁLEZ: La proposición no de ley persigue un
objetivo muy claro, que es la declaración de zona catastrófica de
unos términos municipales, especialmente de uno afectado por una
tragedia gravísima cual fue el incendio a que hacía referencia en mi
intervención anterior, producido a principios del mes de septiembre.

Si eso no es así, va a ser complicado poder actuar en la zona.

La portavoz del Grupo Popular ha presentado una enmienda que denomina
de modificación, pero, de hecho, es de sustitución al texto total de
nuestra proposición no de ley que a lo único que se compromete es a
que el Gobierno estudie las posibilidades de aplicación de una serie
de medidas complementarias. Yo soy consciente de que, de aprobarse
esta enmienda en sus términos, no tendría ningún efecto.

Evidentemente, el Grupo Popular es mayoritario en esta Comisión y no
saldrá adelante la iniciativa sin sus votos, pero como a mí me
preocupa tremendamente la situación de la zona afectada después del
incendio, la necesidad de actuar con rapidez y seriedad para
conseguir que los habitantes de aquella zona puedan seguir viviendo
en los lugares en que estaban antes del incendio, hay que actuar. En
ese sentido, si el presidente me lo permite…



El señor VICEPRESIDENTE: El presidente, señor Nieto, le insta a que
acepte o no la enmienda presentada a su proposición.




El señor NIETO GONZÁLEZ: Presento una enmienda transaccional in voce
que leo en estos momentos. Si es aceptada por el grupo enmendante y
por el resto de los grupos de la Comisión, sería tramitada como tal
y, si no, decaería. La enmienda quedaría redactada de la siguiente
forma: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a la aplicación
de cuantas medidas complementarias a las ya adoptadas resulten
técnicamente pertinentes en el ámbito de sus competencias, a fin de
paliar la grave catástrofe generada por los incendios forestales
producidos en diversos municipios de la provincia de Ávila. Este
sería el texto de la enmienda in voce de carácter transaccional que
el Grupo Parlamentario Socialista presenta.

El señor VICEPRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Torme, para
aceptar o rechazar la transacción a la enmienda presentada.




La señora TORME PARDO: Nos parece correcta la modificación que
propone el señor Nieto y vamos a darle nuestro apoyo. Pero queremos
dejar muy claro que las distintas administraciones públicas
gobernadas por el Partido Popular han hecho, y siguen haciendo,
muchísimo por reparar los daños producidos. Soy testigo de las
gestiones y de los arduos trabajos que están realizando los
parlamentarios nacionales ante los distintos ministerios para paliar
los daños producidos en los municipios de Ávila. Se ha hecho mucho y
se sigue haciendo y tenemos voluntad de hacer más. Por ello, vamos a
dar nuestro apoyo a la modificación que propone el señor Nieto en los
términos que ha manifestado.




El señor VICEPRESIDENTE: En su momento será sometida a votación esta
proposición no de ley con el texto resultante de la transacción a la
enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular .




- SOBRE DENOMINACIÓN DE «COLEGIO NOTARIAL DE CANARIAS». PRESENTADA
POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/
000303.)



El señor VICEPRESIDENTE: Concluido el debate del punto 5, pasamos al
número 6, proposición no de ley sobre denominación del Colegio
Notarial de Canarias, de la que es autor el Grupo Parlamentario
Socialista. Para presentar esta iniciativa, tiene la palabra el señor
Hernández Rodríguez.




El señor HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ: Señoras y señores diputados, no creo
que la defensa de esta proposición no de ley que hago en nombre del
Grupo Parlamentario Socialista precise de muchas palabras. No es la
primera vez que esta proposición se ha presentado en el Congreso de
los Diputados, puesto que ya lo fue en la anterior legislatura,
concretamente el 23 de septiembre de 1999, publicada en el Boletín
Oficial de las Cortes Generales número 483, de 4 de octubre de 1999,
aunque sí es la primera vez que la vamos a debatir. Aquella
proposición no de ley decayó como consecuencia de la disolución de
las Cámaras tras la convocatoria de las elecciones.

Con esta proposición no de ley pretendemos que el ahora denominado
Colegio Notarial de Las Palmas, denominación que se refiere sólo a
una de las dos provincias de Canarias y cuyo ámbito territorial, sin
embargo, abarca la totalidad del Archipiélago, pase a llamarse de
Canarias, a fin de que se produzca una adecuación entre el nombre del
colegio territorial y el territorio que abarca. Como precedente,
resulta oportuno recordar que el Real Decreto 2.038/1994, de 14 de
octubre, por el que se aprueba la demarcación notarial,



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en la disposición final única faculta al Ministerio de Justicia para
dictar las normas complementarias y aclaratorias que precisen la
aplicación del mismo. A la vista de esta disposición final única, el
Ministerio de Justicia aprobó la Orden, de 5 de diciembre de 1997,
por la que se autoriza el cambio de denominación del Colegio Notarial
de Barcelona, sustituyendo esta última referencia por Cataluña.

Para conocimiento de las señoras y señores diputados, aporto la
aceptación del ilustre Colegio Notarial de Las Palmas, en
comunicación remitida con fecha 22 de noviembre de 1999. En ella se
nos comunica que su junta directiva, reunida el 29 de octubre del año
pasado, tomó conocimiento de esta proposición no de ley presentada
por el Grupo Socialista. Dice textualmente: La junta directiva, a la
vista del mismo -del escrito que remitió el Grupo Socialista durante
la legislatura pasada-, acuerda acusar recibo haciéndole saber que
por esta junta directiva -leo textualmente- no hay obstáculo para el
cambio de denominación del ilustre Colegio Notarial de Las Palmas por
el de ilustre Colegio Notarial de Canarias. Previo cumplimiento de
los trámites legales oportunos, se someterá a su aprobación por la
junta general del Colegio Notarial.

Señoras y señores diputados, en nombre del Grupo Socialista, solicito
el apoyo del resto de los grupos de esta Cámara a esta proposición no
de ley.




El señor VICEPRESIDENTE: A esta proposición no de ley se ha
presentado una enmienda por parte del Grupo Parlamentario Popular.

Para defenderla y fijar la posición de su grupo, tiene la palabra la
señora Barrios Curbelo.




La señora BARRIOS CURBELO: Señorías, esta proposición no de ley del
Grupo Socialista al Grupo Popular le parece acertada y ajustada a la
reorganización territorial y político-administrativa del archipiélago
canario que, a partir de la Constitución española y del Estatuto de
Autonomía de Canarias, se denomina Comunidad Autónoma de Canarias.

Nos parece adecuado que todas nuestras instituciones modifiquen las
denominaciones; hay que recordar que en Canarias todavía existen
muchísimas reminiscencias en esta materia debido a la conformación
del archipiélago canario, siete islas, cada una con su capital,
constituidas en dos provincias, hecho que ocasiona problemas para la
aplicación exacta de las denominaciones, problemas que se trasladan
muchas veces a determinadas instituciones.

Como ha dicho hoy aquí al defender la proposición no de ley el
portavoz del Grupo Socialista, señor Hernández, el colegio notarial
de la Comunidad Autónoma de Canarias tiene la denominación de Colegio
Notarial de Las Palmas, que es solamente una provincia de las dos que
componen nuestro Archipiélago, y, por tanto, consideramos que aquélla
debe ser modificada. Los
grupos políticos debemos instar estas modificaciones. A pesar de que
el Colegio Notarial dio el visto bueno a la iniciativa del Grupo
Socialista del año pasado, la legislación a la que se ha referido el
señor Hernández en su intervención y la Ley de colegios profesionales
exigen -y esto es importante- la propuesta inicial del propio Colegio
Notarial.

Nosotros hemos presentado una enmienda no para modificar la filosofía
y el espíritu de la proposición no de ley, sino para incorporar las
exigencias de la Ley de colegios profesionales y de la legislación
que permite su modificación. El artículo 4.2 de la Ley de colegios
profesionales, de 13 de febrero de 1974, nos dice que los cambios de
denominación de dichos colegios serán promovidos por ellos, de
acuerdo con lo dispuesto en los respectivos estatutos, y requerirán
la aprobación por decreto previa audiencia de los demás colegios
afectados. Por tanto, habrá que contar con la propuesta del Colegio
Notarial de Las Palmas, con el que ya nos hemos puesto en contacto y
a quien le ha parecido una iniciativa muy positiva y ha aceptado
hacer la propuesta. No obstante, ésta última requiere la audiencia
previa del Consejo General del Notariado, según el artículo 344 c)
del reglamento notarial.

El Grupo Socialista en su exposición de motivos recoge como
antecedente la propuesta que en su momento hizo el Colegio Notarial
de Barcelona para cambiar su denominación por la de Cataluña, en el
año 1997, y creemos que esos son los pasos a seguir. En ese sentido
hemos presentado la enmienda añadiendo la necesidad de que sea
propuesto por el propio Colegio profesional para que, en base a sus
estatutos, también los otros colegios profesionales den su opinión
y se haga la modificación que efectivamente requiere la comunidad
autónoma. Nos parece muy acertada la proposición no de ley del Grupo
Socialista y quedamos a la espera de que nos acepte la enmienda
porque la legislación requiere seguir este camino para modificar la
denominación del Colegio Notarial de Canarias.




El señor VICEPRESIDENTE: Para aceptar o rechazar la enmienda
presentada, tiene la palabra el señor Hernández Rodríguez.




El señor HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ: Señor presidente, intervengo a los
solos efectos de manifestar la aceptación de la enmienda presentada
por el Grupo Popular y, al mismo tiempo, darle sinceramente las
gracias.




- SOBRE CREACIÓN DE UN SEGUNDO GRUPO DE LA CUARTA UNIDAD DE
INTERVENCIÓN POLICIAL EN LA PROVINCIA DE CÁDIZ. PRESENTADA POR EL
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/000304.)



El señor VICEPRESIDENTE: Pasamos al punto número 7 del orden del día,
proposición no de ley sobre



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creación de un segundo grupo de la cuarta unidad de intervención
policial en la provincia de Cádiz. Esta proposición no de ley ha sido
presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.

Para su defensa, tiene la palabra la señora Sánchez Díaz.




La señora SÁNCHEZ DÍAZ: Señorías, me dirijo a los miembros de esta
Comisión en nombre de mi Grupo Parlamentario para defender una
propuesta que considero de enorme trascendencia para la provincia de
Cádiz en cuanto a que esta provincia presenta una gran falta de
recursos humanos, de agentes del cuerpo nacional de Policía.

Según los datos facilitados por el Ministerio de Interior a esta
diputada, al 31 de octubre de este año teníamos en la provincia de
Cádiz 52 efectivos menos que en el año 1998 y 71 menos que en el año
1999. Además, incluso en este año también se han reducido los
efectivos: desde enero de 2000 a octubre del mismo año, hemos pasado
a tener 32 agentes menos. La oferta pública que hace el Ministerio de
Interior en la provincia de Cádiz no es suficiente ya que no da ni
tan siquiera para completar las bajas de los policías que pasan a la
jubilación o a la segunda actividad, con lo que lejos de aumentar las
plantillas cada día son menos los agentes que prestan sus servicios
en esta provincia. Propongo, señorías, que en la carta a los Reyes
Magos pidamos una buena dosis de planificación para el Ministerio de
Interior, a ver si de esta forma le es más fácil prever cuántos
funcionarios se jubilan cada año, cuántos pasan a la segunda
actividad y hacer una oferta de plazas que pueda cubrir estas bajas.

Centrándome en mi provincia, diré que la situación por la que pasa ha
llevado a muchos municipios a plantear mociones en sus plenos en las
que se insta al Gobierno a solucionar esa falta de efectivos; incluso
alguno de los ayuntamientos ha llegado a dar competencias de
seguridad ciudadana a la policía local y a aumentar las plantillas
ante la falta de policías nacionales y ante las necesidades de la
población. Todo eso se hace a costa de la economía de los ciudadanos
de esas ciudades, que ven que se incrementan sus aportaciones a las
arcas municipales. Asimismo, la escasez de agentes de la Policía
Nacional, y por tanto de seguridad ciudadana, es conocida por todos,
pero también por las mafias, sobre todo la italiana que se está
asentando en la zona costera de la provincia. Un día más que otro nos
podemos encontrar en la prensa titulares como éste que tengo aquí, de
fecha 22 de octubre, que dice que Cádiz está a la cabeza de delitos
por droga y contrabando. A esto hay que sumarle el paso del Estrecho
o la cantidad de pateras que llegan diariamente a las costas del
Campo de Gibraltar.

Por ello instamos al Gobierno a que resuelva, en el menor tiempo,
posible las deficiencias que en cuanto a efectivos del cuerpo
nacional de Policía tiene la provincia
de Cádiz. Además pedimos que en esta provincia se desdoble un
grupo de la cuarta unidad de intervención policial. Esto viene
justificado por la concurrencia de importantes eventos que se suceden
en la provincia, que normalmente se cubre con refuerzos de la unidad
de intervención policial de Sevilla. Pero esto no es siempre
suficiente y, además, viene limitado por los eventos que se realizan
en otras provincias, aparte de suponer un gran coste económico para
el Estado los traslados y las dietas de estos agentes. Para la
provincia de Cádiz, contar con una segunda base de la cuarta unidad
de intervención policial supondría aumentar los efectivos del cuerpo
nacional de Policía, rejuvenecer unas plantillas que tienen una media
de edad demasiado alta -como dicen los funcionarios, hay muchos que
ya no pueden correr detrás de algunos- así como aumentar la seguridad
ciudadana cuando se produzcan grandes concentraciones por eventos
masivos o conflictos laborales. Estos agentes podrían cubrir algunas
funciones de otros policías en períodos tales como vacaciones, bajas
o de espera para cubrir vacantes. Me gustaría señalar que existe un
trato diferencial entre las dos unidades de intervención policial que
tiene la Comunidad Autónoma andaluza. La cuarta unidad tiene base
sólo en Sevilla y la quinta cuenta con dos bases, una en Granada y
otra en Málaga. Los ámbitos de actuación son más amplios para la
cuarta unidad de intervención policial, comprendiendo las provincias
de Sevilla, Cádiz, Huelva, Córdoba, Cáceres, Badajoz y la ciudad de
Ceuta, mientras que la quinta unidad, con dos bases, sólo tiene
ámbito de actuación en las provincias de Granada, Málaga, Almería,
Jaén y en la ciudad de Melilla. Si el Ministerio quiere elaborar una
política coherente y de igualdad para todo el territorio nacional,
espero que no discrimine a la provincia de Cádiz, y por razones de
operatividad, funcionalidad y por las circunstancias que concurren en
esta provincia se aplique también la solución que recoge el Boletín
Oficial del Estado del pasado 14 de diciembre, en la que se desdobla
la sede de la décima unidad de intervención policial ya teniendo base
no sólo en Las Palmas de Gran Canaria, sino también en Santa Cruz de
Tenerife. Puedo indicar que el jefe superior de Policía de Andalucía
occidental ha informado positivamente de la creación de la unidad de
intervención policial para la provincia de Cádiz.

Por todo lo señalado, señorías, pido el voto favorable a los miembros
de esta Comisión.




El señor VICEPRESIDENTE: ¿Grupos que desean fijar la posición?
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Romero
Girón.




El señor ROMERO GIRÓN: Intervengo en nombre del Grupo Parlamentario
Popular para fijar la posiciónrespecto a esta proposición no de ley.

Tengo que iniciar



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mi intervención manifestando, con todos los respetos, que la
propuesta que realiza el Grupo Socialista supone el desconocimiento
más profundo de la organización y funcionamiento del cuerpo nacional
de Policía.

La proposición no de ley en su exposición de motivos pone de
manifiesto, en primer lugar -siempre, como es lógico, desde su
óptica-, la falta de recursos humanos del cuerpo nacional de Policía
en algunos lugares de la provincia de Cádiz, y trata de solucionar
este problema con la asignación de una unidad de intervención
policial. Así lo pide en su parte dispositiva. SS.SS. sabrán que las
unidades de intervención policial fueron creadas por Real Decreto
1.668/1989, de 24 de diciembre, como órganos móviles de seguridad
pública, con un régimen singularizado y con las siguientes
características, entre otras. Es una unidad especializada en los
supuestos de prevención y de peligro inminente o grave de la
seguridad ciudadana; goza de una filosofía de organización,
procedimiento y modalidades de ejecución de los servicios diferente a
la de una policía generalista; son unidades centrales, con base en
diferentes puntos, pero con una filosofía de movilidad en todo el
territorio nacional. Son, por tanto, unidades altamente
especializadas, con cometidos concretos que trascienden a la mera
problemática de inseguridad ciudadana que pueda existir en una
determinada zona y, como les he manifestado, su filosofía pasa
indefectiblemente por la movilidad en todo el territorio nacional. La
idea de crear una unidad como respuesta a la problemática de una zona
concreta choca frontalmente con la filosofía que sirvió de base para
la creación de estas unidades.

Respecto a la deficiencias de efectivos que presentan algunas de las
plantillas de la provincia de Cádiz, no es más que el reflejo de la
situación que se da en otros lugares del territorio nacional y que
ayer puso de manifiesto el secretario de Estado ante esta misma
Comisión. Ello tiene una causa clara, y es que el cuerpo nacional de
Policía viene sufriendo una pérdida considerable de efectivos porque
el número de jubilaciones, fallecimientos, pase a la seguridad
activa, etcétera, supera al de funcionarios de nuevo ingreso.

El Gobierno, consciente de ello, está tomando las medidas oportunas
para solucionar el problema. Y no es necesaria ninguna carta a los
Reyes Magos, ya que en el presente ejercicio se ha aprobado una
oferta pública de funcionarios de nuevo ingreso de 2.000 plazas, que
duplica la efectuada con anterioridad. Igualmente, se están llevando
a cabo los estudios pertinentes para verificar las necesidades de
cada plantilla, atendiendo a criterios objetivos como población,
delincuencia, problemática social, etcétera. De esta forma, una vez
realizados estos estudios, se podrá efectuar un asignación acorde a
las necesidades reales de cada localidad. Quiero añadir que
actualmente está en estudio un proyecto para la creación de unidades
de prevención y reacción, cuyas funciones responderían más a las
necesidades
que se plantean en la provincia de Cádiz y es posible que para la
implantación de la unidad piloto pueda elegirse precisamente esta
provincia de Cádiz.

Por todo ello, el Grupo Popular, consciente efectivamente de los
problemas que existen en la provincia, pero consciente también de que
se están tomando medidas para solucionarlos, va a votar en contra de
esta proposición no de ley.




- SOBRE CONSTRUCCIÓN DE UN PALACIO DE JUSTICIA EN LOS ANTIGUOS
TERRENOS DEL CENTRO PENITENCIARIO DE TOLEDO. PRESENTADA POR EL GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/000142)



El señor VICEPRESIDENTE: Concluido el debate de esta iniciativa,
retomamos la que figura en el orden del día con el número 1 y que fue
aplazada a la espera de que pudieran asistir los ponentes de ambos
grupos: la proposición no de ley sobre construcción de un palacio de
justicia en los antiguos terrenos del centro penitenciario de Toledo,
de la que es autor el Grupo Parlamentario Socialista.

Tiene la palabra el señor Sánchez Garrido.




El señor SÁNCHEZ GARRIDO: En primer lugar, permítaseme una pequeña
referencia cronológica, referencia que figura ya en la motivación de
mi proposición no de ley para justificar el porqué de esta
iniciativa. El Consejo de Ministros, en su reunión de 5 de julio de
1991 y a propuesta del ministro de Justicia, aprobó el Plan de
amortización y creación de centros penitenciarios con el fin de
renovar en aquellas fechas el parque existente de establecimientos
penitenciarios mediante la construcción de nuevas instalaciones y la
amortización simultánea de aquellas que hubieran alcanzado
condiciones de obsolescencia o tuvieran una escasa o nula
rentabilidad.

Uno de los fines que perseguía aquel plan, que vinculaba y vincula a
la Administración del Estado, era el de cubrir en lo posible los
costes de las nuevas construcciones con el valor patrimonial que se
obtuviera de la amortización de las antiguas. Este es el caso del
centro penitenciario de Toledo. Así, la Secretaría de General de
Asuntos Penitenciarios, de acuerdo con el Ministerio de Economía y
Hacienda, estudió las condiciones del establecimiento de Toledo, su
posibilidad de cierre y decidió la desafectación del inmueble del uso
público que tenía asignado y que fuera destinado al fin descrito en
el apartado anterior. A tal fin, el Ayuntamiento de Toledo y el
Ministerio de Justicia suscribieron un convenio, allá por el mes de
febrero del año 1992.

Con independencia de todas estas cuestiones y de otras que se
plantearon, la realidad ponía de manifiesto la necesidad urgente de
dar una solución a la ubicación disparatada de los juzgados en esta
ciudad; una ciudad



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pequeña, de setenta y tantos mil habitantes, donde los juzgados están
en siete lugares distintos. Esto fue lo que nos llevó a presentar,
allá por el mes de junio, esta proposición no de ley. Ciertamente,
nos congratulamos de que haya tenido alguna influencia positiva,
aunque sea escasa, en los Presupuestos Generales del Estado, porque
es cierto -hay que reconocerlo, y por ello felicitamos al Partido
Popular- que el nuevo edifico para los juzgados se va a hacer en el
centro penitenciario, no sin vencer ciertas dificultades. Pero la
realidad es esa y todos nos felicitamos por ello.

Como ha transcurrido un tiempo, esta proposición no de ley puede
haber perdido actualidad. A la vista de las cantidades consignadas en
los Presupuestos Generales del Estado para este edificio en el
antiguo centro penitenciario de Toledo -se ha consignado la cantidad
de 800 millones de pesetas, distribuidos de la siguiente manera: 50,
50, 300 y 400, es decir, en cuatro anualidades- y teniendo en cuenta
lo importancia que tiene esto para la ciudad y, sobre todo, para la
aplicación de las nuevas leyes que se van a poner en marcha a
principios de año, que necesitan un apoyo inmobiliario si queremos
llevar a la práctica ese principio de inmediación del que tanto se
habla en la Ley de Enjuiciamiento Civil y en la Ley Penal del Menor,
nosotros vamos a hacer una autoenmienda en el sentido de que esos 800
millones -que están programados para invertir en cuatro años, que
acabarían con la última partida en el año 2004 y dado que la cantidad
tampoco es excesiva- se agrupen de tal manera que se pueda inaugurar
este palacio de justicia en el primer semestre del año 2003. Esto
serviría para dar satisfacción a muchísimos profesionales, jueces,
secretarios y funcionarios que en una ciudad tan pequeña como la de
Toledo se ven obligados a ejercer su actividad en siete sitios
distintos, lo que hace que los administrados no perciban, ni
muchísimo menos, la eficacia de la Administración.

Como ya ha perdido una cierta virtualidad e interés esta proposición
no de ley, porque afortunadamente algo ha sido contemplado en los
Presupuestos Generales del Estado, insto a que, de forma conjunta, el
Grupo Parlamentario Popular apoye el que a principios del año 2003
tengamos en nuestra ciudad este palacio de justicia, porque es muy
necesario. Hace unos días tuve la ocasión de visitar uno de los
edificios de los juzgados de Instrucción de Toledo y, efectivamente,
hay una sala para cuatro juzgados. La necesidad es imperiosa. Por eso
reiteramos nuestra petición. El dinero -lo reconocemos- está
consignado en los Presupuestos Generales del Estado, pero tan
dilatado en el tiempo que tendríamos este Palacio de Justicia a
finales del año 2004. Lo que solicitamos en este momento al Grupo
Parlamentario Popular es su apoyo para que podamos disfrutar de este
nuevo palacio de justicia para la ciudad de Toledo, hecho con miras
de futuro, en el primer semestre del año 2003.

Nada más.

El señor VICEPRESIDENTE: ¿Grupos Parlamentarios que desean fijar su
posición?
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor
Ballestero.




El señor BALLESTERO DE DIEGO: Intervengo para fijar la posición del
Grupo Popular. En primer lugar, queremos congratularnos del fin
último que se contiene en esta proposición no de ley. Un fin que no
persigue sino la construcción de un nuevo palacio de justicia, algo
con lo que todos los toledanos, y desde luego todos los diputados por
aquella circunscripción, estamos totalmente de acuerdo. No obstante
como se puede extraer de la exposición del ponente socialista, por
los acontecimientos sucedidos durante estos años y por la posición
del Gobierno Popular, es una proposición no de ley prácticamente
innecesaria.

Entiendo que una proposición no de ley se puede presentar al Gobierno
básicamente por dos motivos, en primer lugar, porque haya una falta
de interés por parte del Gobierno, o, en segundo término, porque
pueda haber una falta de celeridad en la realización de los proyectos
del Gobierno. En este sentido parece totalmente necesaria esa función
de control de la oposición. Mi opinión -y espero demostrarlo en esta
intervención- es que los hechos acontecidos sobre esta materia no
hacen precisa la presentación de esta proposición no de ley;
innecesaria no sería la palabra adecuada, porque cualquier iniciativa
de la oposición que colabore a la celeridad de la construcción de ese
palacio de justicia, como de tantos otros proyectos, es siempre una
aportación muy positiva.

De una primera lectura de la motivación de esta proposición no de ley
puede parecer que en el año 1991 es cuando se revela esa necesidad de
la construcción de un palacio de justicia, y en mi opinión no es así.

En ese acuerdo que se fija en el Consejo de Ministros, en ese plan de
amortización y creación de centros penitenciarios no se revela esta
necesidad del palacio de justicia, sino que lo que se hace es acordar
el traslado de los centros penitenciarios.

Quisiera fijar el punto exacto donde de verdad empieza a haber esta
preocupación. Durante años hubo la posibilidad de plantear la
situación y durante algunos años ponente socialista un insigne
alcalde del Ayuntamiento de Toledo. Entiendo que la preocupación era
la ubicación del centro penitenciario y que por tanto se estaba en
otros temas, pero ¿cuándo existe esa preocupación real por la
construcción de un nuevo palacio de justicia? En mi opinión en la
anterior legislatura. Fruto de iniciativas tanto del Grupo
Parlamentario Socialista como del Grupo Parlamentario Popular, se
reconoce la pésima ubicación del palacio de justicia, como ha
señalado el ponente socialista, con siete sitios diferentes, lo que
en una ciudad tan pequeña es un auténtico caos. Es en ese momento
cuando se ve la preocupación y cuando el Ministerio de Hacienda es



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advertido por el Ministerio de Justicia de la necesidad de unos
terrenos. Por tanto, es en la pasada legislatura. Este es un lugar
común, por lo menos en la provincia de Toledo. Sinceramente, en las
grandes obras o en las obras importantes, háblese de hospital o
palacio de justicia, durante muchos años los gobiernos de la nación,
en este caso los gobiernos socialistas, se olvidaron permanentemente
de la provincia de Toledo. Nosotros, igual que nos congratulamos con
la presentación de esta proposición no de ley, no con la finalidad,
nos congratulamos también con que la sensibilidad de los gobiernos
populares a partir del año 1996 haya sido bien diferente y partiese
de este reconocimiento de la preocupación de crear el palacio de
justicia. Tanto es así que en los presupuestos del año 2000 se
consignan, como bien se ha comentado, 800 millones de pesetas para la
construcción del mismo. Pero creo que hay otro hecho importante,
aunque la consignación presupuestaria es una evidencia incontestable,
y es que en marzo del año 2000 se firma un convenio con el Ministerio
de Justicia en el que se reconoce esa necesidad que ustedes plantean
hoy y se dice: constrúyase a la mayor celeridad ese palacio de
justicia. A partir de ese momento ¿qué ha sucedido? Ha habido
gestiones que nos invitan al optimismo, que nos invitan a confiar en
la actuación del Gobierno en los próximos años. En ese sentido, se
han agilizado los trámites de la cesión de esos terrenos por parte
del Ministerio de Hacienda al Ministerio de Justicia y estamos en un
punto donde sólo falta que el Ministerio de Justicia pueda ceder al
Ayuntamiento de Toledo unos terrenos para que éste apruebe en su
pleno la modificación del plan general necesaria para la construcción
final del palacio. Por tanto, estamos en un punto donde, teniendo en
cuenta los plazos, teniendo en cuenta la consignación presupuestaria
del año 2000, teniendo en cuenta el convenio firmado entre el
Ministerio de Justicia y el Ayuntamiento de Toledo de marzo de este
mismo año, parece muy oportuno, viendo la rapidez con que se están
realizando todos los trámites, dar un margen de confianza, dejar que
se firme la cesión, dejar que el pleno del Ayuntamiento apruebe la
reforma del plan general para que en los plazos muy probablemente que
pretende el Grupo Parlamentario Socialista en esta proposición no de
ley se pueda construir el nuevo palacio de justicia.

Termino, señor presidente, reconociendo que se cumple esa función de
control, pero también pidiendo que no se cree alarma social. Estoy
convencido de que el portavoz socialista no va a crear alarma social,
pero es importante que esa preocupación no nos sirva para que ni en
la provincia ni en la ciudad de Toledo se dé la sensación de que aquí
no se están haciendo las cosas en sus tiempos debidos. En este
ambiente de cordialidad en que se ha presentado esta proposición no
de ley y como creo que se ha demostrado que parece innecesaria por
los trámites de los distintos ministerios y por las consignaciones
presupuestarias del Gobierno, yo solicitaría una cordial retirada
de la iniciativa (Risas.-Un señor diputado: ¿Por qué se va a
retirar?) porque parece que si no hay ningún problema probablemente
todos veremos ese palacio de justicia en los plazos que queremos.




- POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO PARA QUE SOMETA A LA COMISIÓN
TÉCNICA COMPETENTE LA POSIBILIDAD DE QUE LA CAZA O LA PESCA FURTIVAS
DE ESPECIES CINEGÉTICAS DENTRO DE TERRENOS SOMETIDOS A REGÍMENES
ESPECIALES PUEDAN SER CONSTITUTIVAS DE DELITO CONTRA EL PATRIMONIO,
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número
de expediente 161/000312)



El señor VICEPRESIDENTE: Señorías, concluido el debate de esta
iniciativa pasamos a la última, que figura con el número 9 y cuyo
autor es el Grupo Parlamentario Popular, por la que se insta al
Gobierno para que someta a la comisión técnica competente la
posibilidad de que la caza y la pesca furtivas de especies
cinegéticas dentro de terrenos sometidos a regímenes especiales
puedan ser constitutivas de delito contra el patrimonio. Para la
presentación de esta proposición no de ley de tan largo nombre, tiene
la palabra el señor De Luis Rodríguez.




El señor DE LUIS RODRÍGUEZ: Señor presidente, el nombre es largo pero
tiene que ser suficientemente claro el objetivo que pretendemos
alcanzar. En cualquier caso, tal como el señor presidente ha
señalado, el Grupo Parlamentario Popular ha presentado el 6 de
noviembre la proposición no de ley a cuya lectura ha procedido la
Presidencia y que pretende la revisión de las penas en el Código
Penal en relación con esta actividad que ya se ha comentado. Es
evidente para la Cámara y para los grupos parlamentarios con
representación en la misma el firme compromiso del Grupo
Parlamentario Popular con esta actividad, hasta el punto de que en el
mes de noviembre hemos presentado una proposición no de ley que va a
ser debatida en la Comisión de Agricultura en su momento y que
pretende que, previo estudio del sector cinegético y del sector de la
pesca para conocer su auténtica dimensión y cuál es su aportación al
PIB, su aportación a la creación de empleo, a la conservación del
medio ambiente y demás, es decir, para conocer realmente cuáles son
los factores positivos que esta actividad genera, poder considerarla
en términos de igualdad con agricultura y ganadería a efectos de que
lo que se pretende sea un impulso al desarrollo del medio rural.

Conseguir ese objetivo, conseguir que esta actividad se convierta en
un sector más del medio rural, desde nuestro punto de vista requiere
incrementar la seguridad de la misma. Para ello es porlo que hemos
presentado esta iniciativa.




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La Ley de caza de 1970 establecía en su artículo 42 como delito con
penas de arresto mayor o multa de 5.000 a 50.000 pesetas, privación
de licencia o de la facultad de obtenerla, a los que sin el debido
permiso cazasen en terrenos sometidos a régimen cinegético especial
cuando el valor cinegético de lo cazado excediera de 2.500 pesetas.

El Código Penal de 1944, dentro del capítulo de robo, en su artículo
504, contemplaba pena de arresto para el que entrara en heredad
cerrada o campo vedado, de tal forma que así se entendía que se
protegía el derecho de caza en un determinado territorio. En 1995
esta situación queda alterada al excluirse la protección de los
derechos de caza del Código Penal actualmente vigente.

Posteriormente, la cláusula derogatoria del Código Penal de
referencia establecía que los supuestos no contemplados en el mismo
serían sancionados como infracción administrativa en las leyes de
aplicación de ámbito autonómico. Así lo hacen con una cierta dureza
Castilla-La Mancha, Extremadura, Cantabria, entre otras comunidades
autónomas. Pero la realidad es que de entonces acá parece que la mera
sanción administrativa para esa situación está causando lesiones
importantes a los titulares de terrenos cinegéticos de especial
tratamiento, como pueden ser los cotos de caza, sea cual sea la
titularidad del coto, pública o privada; la mayor parte de los
terrenos cinegéticos que existen en este país son de titularidad
pública, por cuanto que son cotos de carácter social, y no son
necesariamente cotos de titularidad de grandes propietarios o de
grandes terratenientes. Nosotros consideramos que esta situación de
tratamiento suave de lo que se entiende que puede significar un
atentado contra determinados intereses no está convenientemente
contemplado en el Código Penal. La Comisión de Justicia e Interior
quizás esté un poco lejos de la actividad cinegética y de la pesca.

No es menos cierto que por razones de índole externa, es decir, por
el desarrollo de las infraestructuras, cambios en los procedimientos
de explotaciones agrícolas y ganaderas y por otros factores de
carácter natural, cuando un determinado titular de coto quiere
mantener un nivel aceptable de poblaciones de fauna autóctona tiene
que hacer una auténtica gestión que se llama cinegética, que no sólo
implica repoblaciones y renovaciones de sangre, lo que significa
inversiones, dinero y asunción de riesgo, sino que también tiene que
adoptar medidas para el mantenimiento correcto de los hábitats que
hagan posible el desarrollo de esas especies ofreciendo alimento,
cobijo y demás, y en ocasiones demasiado frecuentes en nuestro país
por efecto de cambios climáticos, como pueden ser la sequía o
fenómenos de otra naturaleza, hay que aportarles suplementos de
alimentos y de agua. Ello implica una inversión para conseguir tener
unas determinadas poblaciones de fauna autóctona. Por otra parte,
tampoco parece que el tratamiento que el Código Penal dispensa a este
tipo de comportamiento esté en plena coherencia con las medidas de
protección de la
naturaleza que muchas comunidades autónomas han adoptado en el ámbito
de sus competencias. Las comunidades autónomas -yo diría que con un
rigor importante- establecen que para poder ejercer la actividad hay
que tener unos planes cinegéticos aprobados. Esos planes cinegéticos
en cada coto establecen no solamente las especies cazables sino el
número de piezas, las modalidades de caza y demás con un rigor
importante. No parece que, si una determinada persona se introduce en
una zona que tiene una protección cinegética, que debe estar sujeta a
la legislación de las comunidades autónomas y tener un plan
cinegético aun con las restricciones que he señalado, pueda saltarse
a la torera - por hablar en términos llanos- simplemente con una
infracción administrativa una normativa tan estricta, que al final lo
que pretende es la protección de nuestra fauna.

Como antes he señalado pensamos que si la proposición no de ley
prospera en esta Comisión, como así lo espero, con el apoyo de todos
los parlamentarios, se podría proceder a un estudio de esta situación
e intentar mejorar lo que en este momento es para nosotros un
defecto. Si observamos la legislación que existe en otros países de
nuestro entorno europeo, veremos que en Portugal, por ejemplo, el
furtivismo, especialmente el que afecta a la protección de la
naturaleza -y por eso he hecho referencia a las medidas que las
comunidades autónomas adoptan para conseguir la protección deseada-,
está castigado con un máximo de 200 días de prisión; en Austria se
contempla la posibilidad de prisión, multa y la retirada del arma; en
Inglaterra, el furtivismo sorprendido en coto ajeno con piezas
implica que el furtivo es puesto a disposición del juez, pudiendo
determinar su ingreso en prisión en cuestión de horas; en Noruega, el
furtivismo puede ser castigado hasta con un año de cárcel. Por tanto,
creo que si las comunidades autónomas establecen unas normas
estrictas para evitar el deterioro y daños irreparables a nuestro
medio ambiente y a las poblaciones de fauna salvaje en nuestro país,
si la legislación de los países de nuestro entorno europeo, en
efecto, tiene un tratamiento llamémosle más efectivo y también, por
qué no, más duro con quienes no son respetuosos con la gestión
equilibrada de los recursos cinegéticos y de pesca, para así
garantizar la supervivencia de las distintas poblaciones, y si los
antecedentes de nuestro país también han contemplado en otro momento
la penalización del furtivismo, me parece que el asunto merece ser
estudiado. Por ello considero que a los efectos de, por un lado,
proteger el medio ambiente, las especies, las poblaciones de fauna y,
por otro lado, proteger los legítimos derechos de los titulares de
estos terrenos que están dedicados a la explotación cinegética o a la
pesca, los grupos parlamentarios con representación en la Comisión
pueden dar perfectamente su apoyo, tal y como deseo, a esta
iniciativa de mi grupo parlamentario.




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El señor VICEPRESIDENTE: Por el Grupo Socialista tiene la palabra el
señor Sánchez Garrido.




El señor SÁNCHEZ GARRIDO: En nombre del Grupo Socialista, voy a fijar
nuestra posición sobre esta proposición no de ley que ha planteado el
Grupo Parlamentario Popular, con la que no podemos estar de acuerdo
en modo alguno, por varios motivos. El primero, porque somos
absolutamente solidarios con el señor ministro de Justicia y no
queremos dar trabajo a los juzgados en una etapa en la que por si
algo se distinguen los juzgados es por su ineficacia y por estar
absolutamente colapsados. Si diéramos pie a esta proposición no de
ley -que puede salir perfectamente por la mayoría que tiene el Grupo
Parlamentario Popular y que el día de mañana puede sacar adelante en
la comisión técnica de modificación del Código Penal-, estaríamos
haciendo un flaco favor a la Administración de justicia porque, entre
otras cosas, los juzgados se verían incrementados con miles de
asuntos. Esta no es una objeción suficiente para rechazar esta
proposición no de ley. La rechazamos fundamentalmente porque
entendemos que el derecho a cazar y su regulación están perfectamente
definidos y contemplados en las leyes de caza de las distintas
comunidades autónomas que tienen las competencias transferidas y,
además, en algunos aspectos también en el propio Código Penal.

Mi grupo y yo entendemos que no vivimos en España unos momentos
socioeconómicos que aconsejen que el incumplimiento de las leyes de
caza, que evidentemente afecta tanto a las piezas como al derecho de
caza y de pesca, tenga que tener un tratamiento penal generalizado,
incluso con privación de la libertad para el infractor. Ello porque
ya el Código Penal, en sus artículos 334 y 335, delimita exactamente
cuándo la caza o pesca de determinadas especies protegidas y
catalogadas pueden acarrear sanción penal. Téngase en cuenta que el
hecho en sí de cazar estas especies, se cobren o no, ya es una
práctica que entraría dentro del concepto de furtiva. Además, nuestro
Código Penal, en los artículos 234, 235, 236 y 623, contempla
perfectamente los delitos y las faltas contra el patrimonio y contra
el orden socioeconómico, es decir, ya existe una regulación de esto.

No puede negarse que nuestro Código Penal vigente y el anterior
tienen un marcado acento proteccionista de la propiedad, como decía
don Enrique Tierno Galván; ello debido quizá al exacerbado sentido de
la propiedad que tenemos los españoles , que creo que quedan
satisfechos en nuestra máxima norma punitiva. Por tanto, consideramos
absolutamente innecesario que el hecho de cazar con infracción de los
reglamentos pueda ser considerado un delito contra el patrimonio. No
quiero olvidar aquí las normas administrativas, las leyes de caza a
que antes hacía referencia, fundamentalmente la Ley de caza de
Extremadura y la Ley de caza de Castilla-La Mancha, que tienen una
regulación suficiente del derecho a cazar y de la protección
de las propiedades, sean terrenos o piezas de caza. Existe una
prolija y detallada legislación sobre esta materia. No debemos
olvidar que estamos ante una competencia transferida y que las
principales regiones con riqueza cinegética, Castilla-La Mancha y
Extremadura, tienen sus leyes especiales que regulan este derecho. Si
examinamos cualquiera de estas leyes, veremos que en esta materia
difieren muy poco y sobre todo coinciden en algo muy significativo,
en su severidad en el tratamiento de aquellas prácticas, formas o
maneras que algunas personas puedan emplear para cobrar las piezas de
caza que no les corresponden. Me voy a referir a algunos artículos
concretos, que son comunes en la reglamentación existente tanto en
Castilla-La Mancha como en Extremadura, que son las regiones con más
riqueza cinegética de este país. Así por ejemplo, para que nos demos
cuenta del rigor con que los reglamentos de caza de estas comunidades
autónomas tipifican las sanciones, diremos que en el artículo 132 se
tipifica como muy grave cazar en los refugios sin autorización, cazar
con medios prohibidos, la destrucción de las instalaciones destinadas
a la protección o fomento de la caza, cuestiones éstas que inciden
directamente en el patrimonio. Las sanciones son, nada menos, que de
un millón a diez millones de pesetas, la retirada de la licencia, la
inhabilitación de cinco a diez años y la suspensión de la actividad
cinegética por el mismo número de años. También se sanciona como
grave en otro artículo, el 133, el hecho de cazar o portar medios
dispuestos para la caza sin autorización o con incumplimiento de los
requisitos establecidos, ya sea en tiempo de veda, en la época, hora,
lugar, etcétera. La destrucción de hábitats cinegéticos, a la que se
hacía antes referencia por el ponente en el sentido de la protección
del medio ambiente, y de vivares o nidos de especies de caza o cazar
incumpliendo las medidas de seguridad, lleva acarreada una sanción de
100.000 ó un millón de pesetas, la retirada de la licencia e
inhabilitación de uno a cinco años. Hay otro artículo en las
disposiciones administrativas a que nos venimos refiriendo, relativo
a la graduación de las sanciones. Vemos que, en la graduación de las
sanciones se tendrá en cuenta, primero, el ánimo de lucro y la
cuantía del beneficio obtenido en la comisión de la infracción y la
reincidencia. Es decir, a la hora de graduar la sanción, si se dan
estas dos circunstancias, la cuantía de la multa puede subir hasta un
50 por ciento más. Quiero poner de manifiesto también que esta
reglamentación sobre infracciones administrativas contempla asimismo
el hecho del decomiso de las piezas cinegéticas, vivas o muertas, que
hayan sido ocupadas. Es decir, que esas piezas, una vez decomisadas,
son valoradas e incluso tienen que ser pagadas por el infractor.

También quiero llamar la atención del ponente en el sentido de que
las sanciones que impone la Administración son compatibles con las
indemnizaciones de daños y perjuicios, porlo que entra en aplicación
aquí la culpa extracontractual



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del artículo 1.902 del Código Civil. También quiero llamar su
atención sobre que, cuando el instructor del expediente apreciase que
la infracción puede ser constitutiva de estos delitos o faltas a que
hemos hecho referencia, pasará inmediatamente el tanto de culpa al
ministerio fiscal competente. Hemos querido poner de manifiesto que
el bien jurídico a proteger, cual es el derecho de caza y la
propiedad de las piezas de caza, se hallan suficientemente protegidos
con las normas penales y administrativas reseñadas. Sinceramente, nos
parece excesivo y desproporcionado que el hecho de cazar furtivamente
unos conejos, unas perdices o unos peces de la especie que sea, sea
considerado un delito de forma indiscriminada.

Señor ponente, también nos hemos tomado la molestia o el interés,
llámelo como quiera, de consultar a diversas personas que son
titulares de cotos privados de caza y presidentes de asociación de
cazadores. Les hemos preguntado de absoluta buena fe cómo verían
ellos que las actividades que hasta ahora están consideradas como
infracciones administrativas pudieran estar consideradas dentro del
ámbito de lo penal, y sinceramente -lo digo de verdad- no he
encontrado eco para que esto sea así, que también confieso lo he
hecho solamente en una provincia, que es Toledo, a la que yo
pertenezco, que posiblemente sea -si se me permite- la que más piezas
de caza puede tener en este país. Quedan lejos aquellos tiempos en
que muchos españoles eran furtivos por necesidad, y usted lo sabe,
pues aquellas piezas eran fundamentales para el sustento de la
familia y, además todo hay que decirlo, los propietarios actuaban de
forma cruel y caciquil y castigaban a esta gente. Por tanto, yo
entiendo que no se puede, al amparo de la técnica jurídica, volver a
aquellos tiempos pasados que creo que ninguno de nosotros queremos,
sobre todo en este ámbito, considerando la infracción, que está
perfectamente definida en nuestras normas, como administrativa, que
es castigada dura y severamente, que deja abierta la posibilidad de
que incluso por las normas penales que están comprendidas en los
artículos a que antes he hecho referencia puedan ser consideradas de
orden punitivo, pero no con la amplitud que S.S. pretende,
considerando en la actual reglamentación de caza el hecho de entrar
en un coto privado con la escopeta dispuesta o portar las armas para
cazar sin haber cazado, como dice usted, como un delito. Nos parece
que es absolutamente desproporcionado, y ya he hecho antes una
alusión en el sentido de que la reglamentación de las comunidades
autónomas que tienen transferida esta competencia son absolutamente
severas. Precisamente se ha hecho un gran esfuerzo por estas dos
comunidades en especial, sin perjuicio de que las otras también lo
hayan hecho, comunidades de Extremadura y Castilla-La Mancha, en la
severidad del tratamiento del infractor, pero de ahí a la privación
de la libertad va un tramo todavía
muy grande, a lo que nosotros lamentamos decirle que nos oponemos
firmemente.




El señor VICEPRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario de
Coalición Canaria tiene la palabra el señor Mardones.




El señor MARDONES SEVILLA:
Respecto a la proposición no de ley que presenta el Grupo
Parlamentario Popular, mi grupo la va a apoyar en razón de que nos
ajustamos estrictamente al texto literal de su iniciativa. En primer
lugar, es una proposición no de ley, y no voy a hacer calificativos
de manera restrictiva como si estuviéramos ante un texto para una
proposición de ley; es una proposición no de ley que va a instar al
Gobierno a que lo someta a una comisión técnica, aun compartiendo las
palabras del portavoz del Grupo Parlamentario Socialista plenamente,
que es la que tiene que medirlo. Hablo desde la experiencia en un
territorio insular fragmentado como es el archipiélago canario, donde
las especies cinegéticas en sus territorios tienen unas especiales
características de vulnerabilidad y de sensibilidad al furtivismo
sobre áreas protegidas incluso por los endemismos zoológicos
cinegéticos. Por tanto, no trato de anular ningún argumento que sea
más bien válido para el territorio continuo peninsular de comunidades
autónomas que se han citado aquí. Además esa comisión técnica que se
pueda formar con esta proposición no de ley, caso de ser aprobada,
insta al Gobierno a que tenga la representación competente de la
Administración central del Estado y de las administraciones
autonómicas, que como en el caso de nuestra comunidad autónoma tiene
competencias cinegéticas en la ordenación de la caza correspondiente.

Por tanto, en la caza furtiva de estas especies en territorios
sensibles y vulnerables, declarados por las propias comunidades
autónomas que tienen las competencias para dar un régimen cinegético
especial aprobado por nuestro Parlamento autonómico, los derechos que
sean conculcados están graduados en la legislación actual como falta
administrativa, pero no olvidemos que el vigente Código Penal de
1995, en los artículos 334 y 335, tiene las sanciones penales
correspondientes a la caza y pesca de especies amenazadas o distintas
a aquellas que puedan ser objeto de caza y pesca, que es una primera
advertencia de lo que puede ser un delito que tiene entrada por estos
dos artículos. Si de esa comisión técnica, valorando el parecer de
los expertos de las comunidades autónomas, tiene que salir un informe
o un dictamen que se eleve a los grupos parlamentarios o al Gobierno
para que el Gobierno haga un proyecto de ley o los grupos
parlamentarios una proposición de ley, entonces nos pronunciaremos
sobre los requisitos de la tipificación de la figura penal. Dicho
esto, ateniéndome exclusivamente a la literalidad de la iniciativa,
que es una proposición no de ley que insta al Gobierno a constituir
una comisión técnica con las



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comunidades autónomas, y ya veremos qué consideraciones salen de ella
de plena validez, mi grupo entiende que esta iniciativa merece ser
apoyada para que se corra la voz entre los furtivo y los infractores
sepan que se les amenaza.

La Guardia Civil, el Seprona, al menos yo conozco casos en nuestra
comunidad autónoma, frecuentemente está denunciando las infracciones
de cazadores furtivos que saben que se acogen a una sanción
administrativa que no les va a reportar ningún daño económico, además
del largo plazo en que se fía la ejecución de la sentencia
administrativa a que estos furtivos recurren continua
y constantemente, con lo que el principio de ejemplaridad de las leyes
se pierde. Como digo, daremos nuestro apoyo a esta proposición.

Señor presidente, con su benevolencia, quiero apoyar la iniciativa
del Grupo Parlamentario Socialista, de la que ya se había hablando en
nuestro Parlamento de Canarias, referente al colegio notarial. El
Partido Socialista tiene la oportunidad, que mi grupo apoya porque
viene siendo un clamor de los que representamos a la circunscripción
de Santa Cruz de Tenerife, de cambiar la denominación del Colegio
Notarial de Las Palmas, en el que aparecía el componente notarial de
la provincia de Santa Cruz de Tenerife como una especie de añadido
y de anexo. Como bien dice la exposición del Grupo Parlamentario
Socialista, ya se cambió el de Barcelona por Colegio Notarial de
Cataluña, con enmiendas del Grupo Parlamentario Popular, con lo que
estamos también de acuerdo. Creemos que es una cuestión muy oportuna
y que dará un sentido unitario concordante con un colegio notarial
que actúa a nivel de la Comunidad Autónoma de Canarias. Por lo tanto,
la rima y la concordancia merecen que yo explique el voto favorable a
la iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista. (El señor De Luis
Rodríguez pide la palabra.)



El señor VICEPRESIDENTE: Señor De Luis, lo excepcional del trámite
obliga a que la intervención sea lo más breve posible.




El señor DE LUIS RODRÍGUEZ: Señor presidente, creo que las
precisiones que pueda hacer a la intervención del representante del
Grupo Socialista pueden resultar esclarecedoras para el sentido del
voto de la Comisión. Hay algunos puntos de coincidencia en la
valoración de la intervención del representante socialista y no
entiendo muy bien por qué se manifiesta contrario a la iniciativa que
mi grupo presenta.

Agradezco a don Luis Mardones, del Grupo de Coalición Canaria, la
referencia a los términos exactos de la proposición no de ley
sometida a debate. La proposición pretende -y espero que prospere-
que una comisión técnica evalúe y estudie; no hablamos ni de
tipificación de conductas ni tampoco de cuadro de penas. Ha habido
una afirmación mencionando la privación de libertad como si nosotros
la hubiéramos
defendido. Nosotros no nos hemos manifestado por ningún cuadro de
sanciones o penas, sino que simplemente queremos que una comisión
específica estudie esta situación.

Una segunda idea fuerza que yo quiero aportar al representante del
Grupo Socialista es que, tal y como ha señalado, perteneciendo
también a la estupenda provincia de Toledo, que es desde luego
puntera en la actividad cinegética y que significa mucha renta, mucho
empleo, mucha conservación de medio ambiente y puede tener un gran
futuro si lográramos incluir este sector como uno más, es muy
conveniente que valore la importancia que tiene para cualquier sector
de actividad económica, con profundísimas raíces sociales como tiene
esta actividad en su provincia y en la comunidad de Castilla-La
Mancha, además de en grandes partes del territorio nacional, el
concepto seguridad. Si no hay seguridad no hay inversión; si no hay
seguridad no hay gestión seria de los distintos recursos económicos
y humanos. El concepto de seguridad para nosotros es capital si
queremos darle un cuerpo de sector, y si queremos que esta actividad
signifique prosperidad, futuro y mantenimiento de población en el
medio rural.

Respecto a lo que dice el portavoz del Grupo Socialista de que
colaborar con el señor Acebes para evitar el colapso de los juzgados
porque hay miles de casos, es evidente que si hay miles de casos de
furtivismo en este país significa dos cosas: primero, que el
tratamiento de esa conducta no correcta debe ser revisada, porque es
evidente que el efecto disuasorio del ordenamiento jurídico no causa
el efecto que se desea por cuanto que, tal y como ha dicho el ponente
socialista, hay miles de casos; y segundo, que quizá esta idea que
estamos aportando desde el Grupo Parlamentario Popular contribuye
a que no haya miles de casos que practiquen el furtivismo.




En cuanto a las competencias transferidas, es evidente que hay
competencias transferidas en materia de caza, es evidente que hay
infracciones establecidas de orden administrativo por las
legislaciones de caza de comunidades autónomas, pero lo que no me
puede negar usted es que la Administración central, esta Cámara y el
Gobierno mantienen la competencia respecto a una revisión del Código
Penal. Por tanto, no es válido utilizar las competencias
transferidas. Respecto a que el Código Penal contempla como delito
penal alguna actividad cinegética o de pesca, usted sabe igual que yo
que se refiere a especies protegidas, y usted sabe igual que yo que
la iniciativa que he defendido, por la exposición que he hecho y por
la propia exposición de motivos, no hablaba de especies protegidas
sino de las especies cinegéticas o que son cazables. El ponente
socialista ha hecho en términos absolutamente positivos un canto al
rigor que aplican algunas comunidades autónomas, como son Castilla-La
Mancha y Extremadura -y me olvido de quien gobierna en dichas
comunidades-, en las faltas cometidas en esta línea en la



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que estamos hoy hablando en la Comisión de Justicia e Interior, y
señalaba que la infracción administrativa podía ser sancionada con un
monto -y me he quedado con la copla- de hasta diez millones de
pesetas. Parece que no se corresponde y parece que no colaboramos
suficiente con el espíritu del legislador autonómico si una sanción
administrativa que puede ser de hasta diez millones de pesetas, que
en el bolsillo del ciudadano corriente es una barbaridad de dinero,
no tenga una trasposición en el Código Penal. Yo creo que podríamos
someter a estudio de la comisión técnica una revisión del cuadro de
penas en el Código Penal por el furtivismo. El voto favorable
beneficia más que perjudica, y en ningún momento significa que quien
vaya a cazar un conejo vaya a tener que pasar el resto de sus días en
la cárcel.




El señor VICEPRESIDENTE: Señor Sánchez Garrido, con la misma
indicación de brevedad por lo especial del trámite, tiene la palabra.




El señor SÁNCHEZ GARRIDO: Por esa misma regla de tres podríamos
implantar en España la pena de muerte porque hay miles de delitos al
año. El símil es disparatado. En España hay miles de delitos pero eso
no quiere decir que tengamos que endurecer cada dos por tres y
reformar el Código Penal para que las penas sean mayores.

Yo creo que en estos momentos en estas regiones a que hacía
referencia, por ser las más ricas en nuestro país en el ámbito del
terreno cinegético, se genera una gran riqueza en la hostelería y en
el turismo por el ejercicio de la caza, que efectivamente deja
muchísimo dinero y genera muchísimo empleo. ¿Qué existen infracciones
administrativas? Evidentemente y le voy a decir una cosa con
referencia a lo que manifestaba el señor Mardones. Hoy día se puede
demostrar que se ejecutan mejor (y no porque gobierne en estas dos
comunidades el Partido Socialista; eso es totalmente anecdótico) las
sanciones administrativas que las sentencias penales, y le voy a
poner un ejemplo. Las infracciones administrativas llevan aparejadas,
como usted muy bien sabe, la retirada de la licencia y la retirada
del arma, y eso hace que precisamente el infractor se dé mucha prisa
en ir a pagar la infracción y a retirarla. Yo hablaba de miles de
infracciones administrativas, pero no todas son de furtivismo (quizá
no me he sabido expresar suficientemente) y si algo tienen las
legislaciones autonómicas en esta materia es una amplitud de puntos
en lo que se refiere a las infracciones leves, que también suman
muchísimo. En los reglamentos de caza (y usted lo conoce; es notorio
que lo conoce), tanto de Castilla-La Mancha como de Extremadura
existen unos anexos donde vienen también las piezas catalogadas y,
por ejemplo, la perdiz es una pieza catalogada. Quiero decir con esto
que puede considerarse como una especie
protegida, o al menos catalogada, que está dentro del ámbito de
los artículos 334 y 335 del Código Penal.

Para nosotros hay regulación suficiente, hay una protección
importante al propietario, que además es justo, porque es el que
invierte, como usted ha dicho muy bien al principio, en la
conservación y el mantenimiento de esta riqueza cinegética, que hace
que vengan a nuestro país muchas personas de otros países. Estoy
totalmente de acuerdo en que hay que protegerle. Mi ánimo no es
polémico de oposición por oponerme, sino por considerar sinceramente
que hay unas legislaciones. Quiero llamar la atención sobre una cosa
-y corríjanme si no es así- pero es que la Ley de caza de 1970 del
Estado yo creo que no está derogada. Es decir, existen las de las
comunidades autónomas pero no está derogada la de 1970. Quiere
decirse con esto que hay una protección a la propiedad que
sinceramente creo que es importante y que no nos debe llevar al
paroxismo de tener un exacerbamiento tan grande que lleve a la
privación de la libertad de algunas personas.

Esta es nuestra opinión. Hemos dicho que nos oponíamos a que fuera
tratada esta cuestión en Comisión pero no con ánimo de negar la
discusión, sino porque nos parece que la intencionalidad no podía ser
considerada como muy positiva.




El señor VICEPRESIDENTE: Esta Presidencia también se suma a la
excepcionalidad del trámite y constatando que ha habido escasas
diferencias de matiz entre las posiciones de ambos grupos y apelando
al espíritu navideño, al que antes hacíamos referencia, les insto a
que de aquí a la hora de la votación traten de llegar a un texto
consensuado que fuera aceptable por todos.

A efectos de ordenar las votaciones de las proposiciones no de ley
objeto de esta sesión de la Comisión, suspendemos la sesión hasta la
hora señalada al principio, que recuerdo a SS.SS. son las 13 horas.




El señor VICEPRESIDENTE: Señorías, vamos a proceder a la votación de
las proposiciones no de ley que integran el orden del día. (El señor
Gil Lázaro pide la palabra.) ¿A qué efectos solicita la palabra,
señor Gil Lázaro?



El señor GIL LÁZARO: Para una cuestión previa a la votación.




El señor VICEPRESIDENTE: Diga, señor Gil Lázaro.




El señor GIL LÁZARO: Quiero expresar el sentimiento de mi grupo, que
estoy seguro de que comparten todos los grupos parlamentarios, en
relación con el hecho acaecido en el día de hoy.

El asesinato por parte de la banda terrorista ETA del miembro de la
guardia urbana de Barcelona don JuanMiguel Gervilla Valladolid vuelve
a poner de manifiesto,



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como recordábamos ayer en la sesión de esta misma Comisión, la
abnegación, el sacrificio y la entrega permanente de todos los
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, de las policías
autonómicas y de los cuerpos de la Policía local.

En este caso, a tenor de lo que parecen ser los primeros pasos de las
investigaciones que se están realizando, además hay que dejar
constancia de que el asesinato de don Juan Miguel Gervilla Valladolid
ha supuesto, desgraciadamente con su sacrificio, la evitación de
otras pérdidas de vidas humanas. Quisiera que a través de los cauces
correspondientes de la Cámara, y estoy seguro de que este es el
sentimiento que comparten todos los grupos de la misma, lleváramos el
sentir de esta Comisión a la familia de la víctima, a sus compañeros
y a todas las personas de bien, a las que hoy nos sentimos
profundamente unidos, al Ayuntamiento de Barcelona, al cuerpo de la
guardia urbana y, sin lugar a dudas y ante todo, a la familia de la
víctima en el reconocimiento al sacrificio que supone este nuevo acto
terrorista.




El señor VICEPRESIDENTE: Señor Mayoral.




El señor MAYORAL CORTÉS: Quiero proponer, en nombre de mi grupo, que
conste la repulsa por parte de esta Comisión con relación a este
nuevo asesinato cometido por la banda terrorista. Queremos que llegue
de la manera más directa posible, a través de la Cámara, a la familia
del guardia fallecido, esta manifestación de condena, así como
nuestra solidaridad por el fallecimiento de este agente de la
autoridad en Barcelona. Asimismo, al Ayuntamiento de Barcelona, del
cual era servidor. Consideramos que este camino de terror es
atentatorio contra las libertades, por tanto, debe ser un motivo más
para que reflexionen otros acerca de la conveniencia de adherirse a
este pacto que el Partido Socialista y el Partido Popular
recientemente firmaron a favor de las libertades y en contra del
terrorismo.




El señor VICEPRESIDENTE: Señor Aymerich.




El señor AYMERICH CANO: Intervengo para que conste también la repulsa
más firme, como no podía ser de otra manera, del Bloque Nacionalista
Galego y del resto de los partidos integrados en el Grupo Mixto, a
este execrable asesinato de un miembro de los Cuerpos y Fuerzas de
Seguridad del Estado, a quienes desde este grupo apoyamos y alentamos
para que sigan trabajando contra la lacra del terrorismo. Queremos
que llegue nuestra solidaridad a los familiares y compañeros del
guardia urbano de Barcelona, al personal, a los concejales y al
alcalde del Ayuntamiento de Barcelona.

El Bloque Nacionalista Galego comparte que el terrorismo es el
atentado más directo contra las libertades. La mayoría comparte el
texto del acuerdo suscrito entre dos partidos que son muy libres de
pactar lo que tengan por conveniente, como son libres también, y así
se manifestó ayer a un representante del Bloque Nacionalista Galego,
de mantener cerrado ese acuerdo a otras fuerzas. Lo importante no es
que se firmen o no acuerdos -también alguien lo dijo ayer-, sino que
se comparta que el terrorismo no nos puede hacer perder las
libertades ni el pluralismo ni el respeto a las ideas de todos.




El señor VICEPRESIDENTE: Señor Mardones.




El señor MARDONES SEVILLA: En la misma línea que mis compañeros
portavoces, Coalición Canaria deja testimonio en el «Diario de
Sesiones», en primer lugar, de nuestra condolencia y pésame a la
familia del guardia urbano asesinado en Barcelona y, en segundo
lugar, de una reprobación y un rechazo del acto terrorista en sí.

Coalición Canaria, como fuerza democrática que es, igual que el resto
de las fuerzas que están en esta Comisión representadas, está en
contra del crimen, de la banda terrorista ETA. Nuestro voto va
dirigido al rechazo para que sea posible la exterminación de esa
banda.




El señor VICEPRESIDENTE: Señora Pigem.




La señora PIGEM I PALMÉS: Para dejar constancia en este «Diario de
Sesiones» de que desde el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió) nos sumamos a las palabras que han expresado los portavoces de
los grupos parlamentarios que me han precedido en el uso de la
palabra. Desde este grupo queremos manifestar la expresión de
sentimiento y dolor, tanto a la familia del policía asesinado como
también a las instituciones de Barcelona, en especial al
Ayuntamiento, donde prestaba sus servicios. Nosotros condenamos, como
hemos hecho siempre, ese tipo de atentados por los que expresamos
nuestro máximo rechazo y repulsa. Ahora es el momento para expresar
este dolor y dar consuelo a los familiares, con independencia de
otras cuestiones partidistas o políticas, como sería pronunciarnos
acerca del pacto. Ya hemos dicho que nosotros podemos suscribir
enteramente los puntos del mismo, pero consideramos que este no es el
momento para hacerlo.




El señor VICEPRESIDENTE: Los servicios de la Cámara harán llegar el
sentimiento de pesar a la familia de Juan Miguel Gervilla y la
solidaridad con el Ayuntamiento de Barcelona y con el cuerpo de la
guardia urbana.

Pasamos a la votación de las proposiciones no de ley. La proposición
sobre construcción de un palacio de Justicia en los antiguos terrenos
del centro penitenciario de Toledo será votada en los propios
términos en que ha sido presentada.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14;
en contra, 23.




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El señor VICEPRESIDENTE: Queda rechazada.

Proposición no de ley relativa a la creación de un tercer juzgado de
primera instancia e instrucción en Carballo (A Coruña), que será
votada con el texto con que fue presentada.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14;
en contra, 23; abstenciones, dos.




El señor VICEPRESIDENTE: Queda rechazada.

Proposición no de ley relativa a la elaboración de un plan de
emergencia específico para el municipio de Portbou, para atender a la
problemática derivada del tráfico de mercancías peligrosas por
ferrocarril, que será votada en los términos de la enmienda
transaccional in voce presentada por el Grupo de Convergència i Unió.




Efectuada la votación, dijo



El señor VICEPRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.

Proposición no de ley sobre creación de una comisaría de Policía
Nacional en Chiclana de la Frontera, que será votada en sus propios
términos.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14;
en contra, 23.




El señor VICEPRESIDENTE: Queda rechazada.

Proposición no de ley sobre medidas para paliar los daños sufridos en
varios municipios de la provincia de Ávila como consecuencia de los
incendios producidos, que será votada en los términos resultantes de
la transacción aceptada a la enmienda que presentó el Grupo
Parlamentario Popular.




Efectuada la votación, dijo



El señor VICEPRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.

Proposición no de ley sobre denominación de Colegio Notarial de
Canarias, que será votada en los términos resultantes de la enmienda
presentada por el Grupo Popular y que ha sido aceptada por el
proponente.




Efectuada la votación, dijo



El señor VICEPRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.

Proposición no de ley sobre creación de un segundo grupo de la cuarta
Unidad de intervención policial en la provincia de Cádiz.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14;
en contra, 23.




El señor VICEPRESIDENTE: Queda rechazada la proposición no de ley.

Proposición no de ley sobre construcción de un nuevo cuartel en
Villamartín.

Procedemos a la votación en sus propios términos.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14;
en contra, 23.




El señor VICEPRESIDENTE: Queda rechazada la proposición no de ley.

Proposición no de ley por la que se insta al Gobierno a que someta a
la comisión técnica correspondiente la posibilidad de que la caza o
pesca furtiva de especies cinegéticas dentro de terrenos sometidos a
regímenes especiales pueda constituir un delito contra el patrimonio.

Será votada en sus propios términos.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 23;
en contra, 13; abstenciones, una.




El señor VICEPRESIDENTE: Queda aprobada la proposición no de ley.

Antes de levantar la sesión, les recuerdo que el día 27, a las cinco
de la tarde, se reunirá la subcomisión para el estudio de la
extranjería y que la Comisión de Justicia e Interior, a pesar de las
fechas, se reunirá el jueves, día 28, a las 11 de la mañana. (El
señor Gil Lázaro pide la palabra.)
Señor Gil Lázaro, ¿a qué efectos solicita la palabra?



El señor GIL LÁZARO: Antes de que S.S. dé por levantada la sesión,
quiero transmitir a todos los grupos parlamentarios -ayer
correspondía hacerlo a las Fuerzas y Cuerpos- la felicitación y los
mejores deseos de este grupo y, parafraseando el diálogo de una
célebre película, S.S. sabe perfectamente cuál, decir: señor
presidente, fue un placer transitar esta sesión bajo su Presidencia
y otras cosas.




El señor VICEPRESIDENTE: Muchas gracias, señor Gil Lázaro.




Se levanta la sesión.




Era la una y quince minutos de la tarde.