CORTES GENERALES



DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS



COMISIONES



Año 2000 VII Legislatura Núm. 118



DEFENSA



PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. ROGELIO BAÓN RAMÍREZ



Sesión núm. 7



celebrada el martes, 12 de diciembre de 2000



ORDEN DEL DÍA:



Comparecencia del señor subsecretario de Defensa (Torre de Silva y
López de Letona) para informar sobre:



- La racionalización de la Red sanitaria milital. A petición propia.

(Número de expediente 212/000311) . . . (Página 3432)



- La política de personal a desarrollar por el citado Ministerio
durante la presente legislatura.

A solicitud del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente
212/000107) . . . (Página 3432)

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Se abre la sesión a las diez de la mañana.




El señor PRESIDENTE: Buenos días, señorías. Se inicia la sesión.

Conforme al orden del día que estoy seguro que obra en poder de todos
ustedes, son dos asuntos los que nos mueven hoy a traer aquí como
compareciente al subsecretario de Defensa. Como quiera que el primero
es una comparecencia a petición propia -como saben, el Reglamento
tiene un tratamiento especial en este caso- y el segundo es a
petición del Grupo Parlamentario Socialista, vamos a hacer un mismo
debate, de forma unitaria, porque, aparte de que ganamos tiempo, ya
lo hemos experimentado en otras sesiones y ha funcionado bien. De
manera que, como son dos asuntos, los grupos parlamentarios pueden
utilizar a dos portavoces para referirse a uno y otro, aunque el
subsecretario se pronuncie sobre los dos asuntos. Así las cosas y de
acuerdo con el grupo peticionario, el Grupo Parlamentario Socialista,
unificamos formalmente esa doble comparecencia, aunque ya digo que
diferenciada luego en los temas.

Sin más aclaraciones que hacer por esta Presidencia en el orden
procesal, creo que procede ya que el subsecretario tome la palabra y
se refiera a los dos puntos de la comparecencia de forma continuada.

Tiene la palabra.




El señor SUBSECRETARIO DE DEFENSA (Torre de Silva y López de Letona):
Constituye un honor para mí comparecer de nuevo ante esta Comisión de
Defensa del Congreso de los Diputados, ante la que el Gobierno ha de
rendir cuentas de su gestión y de sus proyectos. Quería agradecer
también, especialmente al presidente y a la Mesa, la posibilidad de
tratar de una manera acumulada los dos puntos del orden del día por
mi parte, para dar lugar seguidamente al debate sobre los dos puntos
por parte de los grupos parlamentarios.




La materia que abordaré durante los próximos minutos tiene una
relación directa con las misiones de las Fuerzas Armadas, pero al
mismo tiempo tiene una indudable trascendencia social. Como SS.SS.

saben, se trata de la red sanitaria militar. Aunque haré alguna
referencia a los establecimientos sanitarios no hospitalarios, mi
intervención se centrará en los de naturaleza hospitalaria, tanto por
su número cuanto por su relevancia. El marco conceptual en el que se
ha de encuadrar esta cuestión no es otro que el de la racionalización
de las estructuras de Defensa. A ella aludió el presidente del
Gobierno en su discurso de investidura ante esta Cámara el pasado 25
de abril, así como el ministro Trillo-Figueroa en su comparecencia
ante esta misma Comisión el pasado 6 de junio, más directamente en
relación con la sanidad militar.

El proceso de racionalización de estructuras no es nuevo. Como saben,
la Comisión Mixta que estudió la
plena profesionalización de las Fuerzas Armadas, en su informe, que
fue aprobado por los plenos de ambas Cámaras, se refería a la
necesidad de proceder a la racionalización y reducción de las
actuales estructuras organizativas. En los últimos 20 años, el cambio
que han experimentado las Fuerzas Armadas ha sido inmenso; sin
embargo, queda mucha tarea por hacer, queda mucha tarea para adecuar
nuestros ejércitos a las necesidades de la España del mañana. En este
proceso amplio, que va más allá de la profesionalización y de la
modernización, a la Subsecretaría de Defensa le toca sólo una
parcela. Con la conciencia de que se trata de una política de Estado,
con independencia del control al Gobierno y de las diferencias entre
los grupos parlamentarios, querría pedir para ella la colaboración y
el impulso de esta Comisión.

Para comprender la situación y características de los hospitales
militares, resulta imprescindible hacer una breve alusión a la
evolución que han experimentado en los últimos años; posteriormente
informaré sobre la situación de otros países europeos, para analizar
a continuación la red hospitalaria del Ministerio desde la
perspectiva operativa y de medios humanos y materiales; por último,
trazaré las líneas básicas de la reforma de la red.

Hasta la segunda mitad de la década de los setenta ni el personal
militar ni sus familias estaban incluidos en el Sistema Nacional de
Salud. Ello condujo a un enorme desarrollo de la red hospitalaria
militar. Entonces, sólo el Ministerio del Ejército llegó a disponer
de más de 80 instalaciones hospitalarias. En contraste, el apoyo
sanitario operativo, ante la falta casi absoluta de operaciones
reales, estaba atrofiado. En realidad, se practicaba solamente un
apoyo asistencial a los ejercicios, además de una función pericial.

Por Ley 28/1975, de 27 de junio, sobre Seguridad Social de las
Fuerzas Armadas, se creó el Instituto Social de las Fuerzas Armadas,
el anagrama Isfas. A partir del Reglamento de esta Ley, que fue
aprobado por Real Decreto 2.330/1978, de 29 de septiembre, el
Instituto fue desarrollándose en línea con el régimen de los
funcionarios civiles del Estado. Como SS.SS. saben, también la
Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado se estableció a
mediados de los años setenta. El Instituto Social de las Fuerzas
Armadas marcó un hito decisivo en la sanidad militar, que dejó de ser
la prestadora única de asistencia sanitaria para militares y sus
familiares.

El gran desarrollo de la sanidad pública civil es simultáneo al
deterioro progresivo de la red hospitalaria militar, con algunas
excepciones. Por diversas circunstancias, el Ministerio de Defensa no
pudo realizar el esfuerzo económico y de gestión adecuado para
mantener una asistencia sanitaria de calidad. Ello impuso la
necesidad de disminuir el tamaño de la red. La reducción de la red
fue lenta, pero continua. Así, a título de ejemplo, desde 1990, se
han transferido o



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transformado tres hospitales militares, los de Barcelona, Coruña y
Guadarrama, y se han cerrado otros tres, Granada, Tenerife y
Valladolid. Hoy en día la red dispone de 14 hospitales, diez del
Ejército de Tierra, tres de la Armada, además de la policlínica
Naval, y uno del Ejército del Aire, sin contar tampoco con las
policlínicas del Ejército del Aire.

En este punto, me gustaría referirme con toda brevedad a lo que
acontece en los países de nuestro entorno. Me parece significativo
destacar que, por razones similares a las nuestras, los países
aliados estaban llevando a cabo, a lo largo de estos últimos años, un
profundo proceso de racionalización en su estructura sanitaria
militar. Ello ha supuesto, y está suponiendo, no solamente una gran
disminución del número de centros hospitalarios, sino también la
actualización, en muchos casos, de su estructura sanitaria militar.

En Francia, el cuerpo de sanidad está unificado. La República
Francesa disponía hasta hace poco de 20 hospitales militares, además
de tres enfermerías de ultramar. En la actualidad, quedan únicamente
nueve hospitales que dependen orgánicamente del Ministerio de
Defensa. En Alemania, actualmente, disponen de ocho hospitales
militares que dependen del órgano central. Sin embargo, hace tan sólo
una década existían 14 hospitales militares y existen planes para
reducir los ocho actuales de Alemania a tres. En Gran Bretaña existe
un inspector general dentro del Ministerio de Defensa de quien
depende el único hospital militar de que dispone, en Hasslar. Es
destacable que hace tan sólo diez años el Reino Unido contaba con
cuatro hospitales militares.

En Bélgica han pasado también de cuatro hospitales a uno sólo en los
últimos años. También Holanda mantiene un único hospital militar,
además de cinco secciones militares en determinados hospitales
civiles. Los casos de Italia y Portugal constituyen una excepción, ya
que en estos países los hospitales militares dependen de cada
ejército. En Italia, que cuenta en la actualidad con ocho hospitales,
se desarrollará en breve una reforma, mientras que en Portugal, con
seis hospitales, es el único país de los contemplados que no tiene
previstos cambios cuantitativos en su red hospitalaria.

Como conclusión, cabe reseñar que los países aliados de España en
Europa, con las notables excepciones de Italia y Portugal, tienden
hacia una red hospitalaria única y han experimentado una notable
reducción del número de hospitales militares. Así pues, tanto nuestra
reciente historia cuanto la experiencia comparada avalan el
redimensionamiento de la red sanitaria militar. A la misma conclusión
se llega si se atiende al punto de vista operativo. Como es sabido,
la década de los noventa planteó a la sanidad militar unos
importantes retos para los que había escasa preparación. La
participación en operaciones militares reales en el exterior,
misiones de prevención y gestión de crisis principalmente, demandaba
un apoyo un sanitario totalmente diferente al establecido y
practicado hasta ese momento.

La sanidad operativa, derivada de la aplicada en la Segunda
Guerra Mundial, no se ha adapta a los escenarios actuales. Hoy en día
las formaciones sanitarias se proyectan lo más a vanguardia posible,
en íntimo contacto con las organizaciones operativas. Este carácter
proyectable se une a una más amplia variedad de misiones más allá de
la evacuación, tratamiento y recuperación de bajas propias masivas.

Las nuevas necesidades han obligado a la creación o consolidación de
unidades sanitarias proyectables. Es el caso de los escalones médicos
avanzados del Ejército de Tierra (EMAT), de las unidades sanitarias
embarcadas de la Armada (Usanem) y de las unidades médicas de apoyo
al despliegue del Ejército del Aire (UMAT). La sanidad operativa
requiere, además de lo anterior, de hospitales militares que
alberguen e instruyan al personal médico susceptible de proyección y
que, al mismo tiempo, puedan recibir los enfermos que a él se
evacuan. Sin embargo, las operaciones en las que pueden participar
nuestras Fuerzas Armadas, aún al máximo de su capacidad, hacen
innecesaria una red hospitalaria tan extensa como la existente. Desde
el punto de vista operativo, por tanto, la red hospitalaria del
Ministerio de Defensa resulta a todas luces excesiva. Me importa en
este punto subrayar una idea: la sanidad militar tiene como principal
razón de ser el apoyo operativo a las Fuerzas Armadas. Las exigencias
de las operaciones militares constituyen la razón de ser de la
sanidad militar y a ellas se han de dedicar los mejores esfuerzos.

Sin embargo, la ubicación y las características de los hospitales
militares actuales, tal vez por razones históricas, están orientadas
más hacia la asistencia sanitaria común que hacia la operativa.

Parece claro, no obstante, que la vertiente asistencial, en la medida
en que exceda de los requerimientos operativos, no supone una
necesidad específica del personal del Ministerio de Defensa, sino
común al resto de la ciudadanía. En rigor, a través del Isfas, cada
asegurado tiene garantizada su asistencia sanitaria. Con algunas
salvedades importantes, cada uno tiene libertad de optar entre el
Sistema Nacional de Salud, la sanidad militar o diversas entidades
privadas a la hora de recibir su asistencia sanitaria. Por ello, en
la actualidad tres cuartas partes de los asegurados y beneficiarios
del Isfas reciben su asistencia sanitaria fuera de la sanidad
militar. Un análisis de la red hospitalaria del Ministerio de Defensa
revela que, además de su orientación escasamente operativa, la
asistencia sanitaria que se presta en ellos no alcanza la calidad
deseada. Pese a un magnífico personal sanitario y no sanitario, los
medios materiales y personales de que dispone el Ministerio no
permiten atender satisfactoriamente a los catorce hospitales
militares. Con otras palabras, no sólo nuestra red hospitalaria
sobrepasa las necesidades operativas, sobrepasa incluso nuestras
capacidades humanas y económicas.Ello obliga a dar un servicio que,
pese a los



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deseos y los esfuerzos de todos, no está a la altura de la España del
siglo XXI.

En primer lugar, las necesidades de personal para atender a la red
actual de forma eficaz exceden ampliamente a las disponibilidades, y
ello pese a que el Ministerio de Defensa contrata a un número
significativo de civiles titulados sanitarios, como personal laboral,
para reforzar al personal del cuerpo militar de sanidad. En la
actualidad prestan servicios en los hospitales del Ministerio más de
1.100 miembros del cuerpo militar de sanidad. Frente a ellos, son más
de 4.500 los empleados civiles con titulación sanitaria que prestan
servicios en los mismos hospitales. La cifra de contratados laborales
civiles sanitarios cuadruplica, pues, a la de militares del cuerpo
militar de sanidad, siempre referido a hospitales.

En conjunto, entre civiles y militares, prestan servicio en los
hospitales militares más de 9.000 personas. En un contexto de
reducción del tamaño de las Fuerzas Armadas, este número llama
poderosamente la atención. Una de cada 20 personas que trabaja en el
Ministerio de Defensa lo hace en hospitales militares. El esfuerzo de
personal que los hospitales militares requieren, como SS.SS. pueden
apreciar, es colosal. No obstante, este extraordinario esfuerzo no
permite dotar satisfactoriamente a los hospitales existentes. No
quiero cansar a SS.SS. con datos, simplemente diré que en las cinco
especialidades críticas para las Fuerzas Armadas: anestesia, cirugía
general, traumatología, medicina intensiva y medicina preventiva, las
existencias alcanzan tan sólo al 60 por ciento de las necesidades que
requeriría prestar un servicio de calidad.

La perspectiva, desde el punto de vista material, no es más
halag¸eña. En 1999 los 14 hospitales militares existentes gastaron
unos 51.000 millones de pesetas. Por tanto, más de un 5 por ciento
del presupuesto del Ministerio. De esta suma, los gastos de personal
suponen unos dos tercios. Este porcentaje es desmesurado con relación
a las necesidades tecnológicas de la sanidad moderna. De hecho, sólo
alrededor del 2 por ciento de los gastos de los hospitales militares
se destinan a inversiones. Como SS.SS. pueden colegir, nuestros
hospitales militares están infradotados por lo que a medios
materiales se refiere. Con unos mil millones de pesetas anuales no
puede dotarse de equipamiento sanitario tecnológicamente avanzado a
14 centros simultáneamente.




Como SS.SS. pueden apreciar, hasta el momento he trazado una breve
visión de la historia reciente de nuestra sanidad hospitalaria, así
como la experiencia de otros países europeos, y he hecho referencia a
las necesidades operativas de nuestras Fuerzas Armadas y a las
limitadas capacidades humanas y materiales con que cuenta el
Ministerio de Defensa. Todo ello conduce a una conclusión: la red
hospitalaria militar está necesitada de una profunda reforma.

De lo expuesto en estos minutos se deducen ya una serie de criterios
básicos sobre los que se ha de construir la mencionada reforma. En
primer lugar, la misión fundamental de la sanidad militar es el apoyo
sanitario a las operaciones militares y a la actividad pericial que
requieren las Fuerzas Armadas. La red hospitalaria, por tanto, debe
ser capaz de garantizar los apoyos sanitarios logístico-operativos y
periciales que requieren las Fuerzas Armadas, tanto en situaciones de
normalidad cuanto en situaciones de crisis y de operaciones. Así, los
hospitales militares que se integren en la red han de estar
preparados para proporcionar personal especialista formado y
continuamente preparado para activar las formaciones sanitarias
operativas y actuar cuando se precise como último escalón en la
cadena de evacuación para conseguir la recuperación total de las
bajas.

En segundo lugar, la red sanitaria militar, en cuanto a su dimensión
y estructura, debe estar basada en cuatro claves: a) La entidad de
nuestras Fuerzas Armadas profesionales, que es bien conocida de esta
Comisión; b) El despliegue de estas fuerzas, me refiero al aspecto
territorial; c) Los condicionantes estratégicos derivados del plan
estratégico conjunto; d) Los recursos humanos, económicos, materiales
y de infraestructuras disponibles.

En tercer lugar, los centros sanitarios militares que constituyan la
futura red integrada deben ofrecer a sus usuarios una calidad
asistencial al menos similar a los hospitales del Sistema Nacional de
Salud. Y como último principio que debe inspirar esta profunda
reforma de la sanidad militar, la red hospitalaria ha de ser una red
única y tener carácter conjunto, como ya decidió el anterior ministro
de Defensa. El carácter conjunto, sin adscripción de centros
sanitarios a algún ejército en particular, hace más abiertos los
centros hospitalarios con vistas al necesario uso común de las
instalaciones. Además, hay razones de eficiencia clarísimas que
abogan por esta unificación de la red, a ejemplo de lo que ocurre en
otros países de nuestro entorno.

Esta unificación de la red afectará no sólo a los hospitales
militares, sino también a otros centros sanitarios. Así, se hace
necesario crear un centro militar de farmacia de las Fuerzas Armadas
y un centro militar de veterinaria de las Fuerzas Armadas que
integren los distintos centros de los ejércitos.

La reforma de la red hospitalaria militar tiene múltiples aspectos.

Además del ya mencionado de la constitución de una red única y
conjunta, nos gustaría destacar aquí el plan de modernización de la
red. Este plan de modernización de la red está siendo elaborado por
la Inspección General de Sanidad y supondrá una mejora significativa
de nuestros hospitales. Comprende tres ámbitos fundamentales:
reingeniería de procesos, implantación de planes y mejora continuada
de la calidad y modernización de los sistemas de información.

Sin embargo, cualquier reforma de la red sanitaria militar pasa por
un redimensionamiento. Los catorce



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hospitales militares actuales exceden con mucho de las necesidades
operativas de nuestras Fuerzas Armadas y de las capacidades presentes
y futuras del Ministerio, tanto en medios humanos como materiales. Se
impone, por tanto, continuar con el proceso de reducción de la red.

Ello implica verificar una entrega a la sociedad de algunos
hospitales militares, de manera que se puedan concentrar los
esfuerzos en un número menor.

Tras múltiples reuniones en el Ministerio de Defensa, por parte de
docenas de especialistas se ha llegado a una conclusión sobre la
dimensión de la red hospitalaria y militar en los próximos años. Las
necesidades operativas y los recursos del Ministerio indican que el
número de hospitales que quedará a medio plazo será seis. No se
trata, como SS.SS. supondrán, de un número aleatorio ni convencional.

Se ha estudiado con todo detenimiento la red y se ha determinado que
nuestras Fuerzas Armadas requieren un hospital central en Madrid,
otro en el área noreste de la Península, otro en el área sur, dos en
el Mediterráneo y uno más en el área noroeste.

Dentro de las áreas de servicio de cada hospital se ha concretado la
ciudad en la que continuarán los hospitales militares de acuerdo con
las necesidades operativas. Así, en un futuro, en el área noreste
quedará el hospital existente en Zaragoza; en el área sur, el de San
Fernando; en el Mediterráneo, los de Valencia y Cartagena, y en el
área noroeste, el de Ferrol. Todos estos centros se potenciarán
debidamente y se integrarán en una red única bajo la dependencia del
órgano central del Ministerio.




Madrid requiere una reflexión peculiar. Las Fuerzas Armadas no
necesitan más de un hospital en la capital de España. Actualmente
existen tres instalaciones hospitalarias -Gómez Ulla, hospital del
Aire y hospital del Generalísimo-, además del sanatorio de Los
Molinos, de la Armada, y la policlínica Naval. Procede en
consecuencia iniciar un proceso de concentración de todos los
recursos humanos y materiales dispersos en estas seis instalaciones,
de manera que se integren en un hospital de las máximas prestaciones,
siempre dentro de las necesidades operativas.

Una vez determinada la composición y la ubicación de la futura red
hospitalaria de Defensa, merece una reflexión el período transitorio
de esta red. ¿Qué va a ocurrir con los hospitales militares que no
tendrán cabida en la red futura? Inicialmente, todos los hospitales
militares quedan sin variación, fuera de lo que se ha indicado al
respecto de Madrid. El período que se inicia será largo y habrá de
gestionarse con prudencia y con la participación de los
representantes de los trabajadores. Es intención del Ministerio de
Defensa transferir los hospitales que en el futuro no se integren en
la red a la sociedad. Sin embargo, esto no se hará de modo inmediato,
sino que habrá de esperarse a que sobre cada uno de ellos se adopte
la pertinente decisión por parte del Ministerio. A título de ejemplo
cabe indicar
que esta decisión no se tomará para los hospitales de Burgos y
Sevilla antes del año 2002, y siempre con respeto escrupuloso a los
períodos de preaviso establecidos en el ordenamiento.

En consecuencia, debo subrayar que los hospitales que no se integren
en la red, fuera de los de Madrid, se transferirán a la sociedad, con
mantenimiento de la actividad hospitalaria, en beneficio de la
población local. Por este motivo, el Ministerio de Defensa desearía
transferirlos al Insalud o a los servicios de salud de las
comunidades autónomas cuando se decida respecto de cada uno de ellos
en particular. Ello tiene la ventaja de que cabe transferir también
el personal que no siga en el Ministerio de Defensa con sus créditos
correspondientes.




Una perspectiva realista indica que la transferencia a una
administración sanitaria no siempre será posible, aunque sea la
preferencia del Ministerio de Defensa; bien por falta de interés de
la administración sanitaria competente, bien porque no llegue a
articularse una compensación razonable al Ministerio de Defensa, esta
preferencia puede frustrarse. Si tal es el caso, el Ministerio
contempla la posibilidad de transferir el centro hospitalario en
cuestión a una entidad privada con una condición básica: la entidad
se ha de comprometer a mantener todos los puestos de trabajo del
personal civil laboral sanitario durante un tiempo razonable, más
allá de las obligaciones que la ley -en este caso el Estatuto de los
Trabajadores- entraña.

En todo este proceso, cuando se inicie para cada hospital en
particular, un principio básico que se respetará consiste en la
prevalencia del mantenimiento de los puestos de trabajo por encima de
las ventajas económicas que se puedan derivar de las posibles
compensaciones al Ministerio de Defensa. Otro principio básico en el
que querría insistir consiste en la no descapitalización de la
sanidad militar. En otros términos, las compensaciones que se
obtengan, en su caso, no tendrán otro objeto que su reinversión en la
mejora de la propia sanidad militar.

He mencionado al personal civil laboral sanitario que mantendrá sus
puestos de trabajo en el mismo hospital, sea al servicio de otra
Administración pública, sea, si ello no es posible, al servicio de
una entidad privada con compromiso respecto de los puestos. Este
personal también podrá acogerse a los procesos laborales establecidos
para continuar al servicio del Ministerio de Defensa en otro puesto
de trabajo en condiciones análogas a otros casos de hospitales
militares que han dejado de serlo.

Mención aparte merece el personal laboral civil no sanitario.

Respecto de todo él, estoy en condiciones de afirmar que podrá seguir
al servicio del Ministerio de Defensa sin cambio de su localidad de
residencia. A todos y cada uno de los trabajadores no sanitarios se
les ofrecerá un puesto de trabajo en el mismo municipio o en los
limítrofes en unidades, centros o instalaciones



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del Ministerio de Defensa, con mantenimiento íntegro de sus
retribuciones.

Señor presidente, señorías, acabo de exponerles, en cumplimiento
estricto del deber de lealtad a la Cámara, la situación y los planes
del Ministerio de Defensa respecto de la sanidad militar. Sólo me
cabe en este momento concluir esta primera comparecencia de un modo
análogo a como la comencé, insistiéndoles en la absoluta necesidad de
acometer esta reforma y pidiendo su colaboración, pues no la guía
otro norte que el de mejorar nuestras Fuerzas Armadas de cara al
siglo que comienza.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor subsecretario, por tan
interesante informe, que tiene continuidad ahora, si así lo prefiere,
con respecto al segundo punto del orden del día, que es en torno a la
política de personal a desarrollar por el Ministerio de Defensa.

Tiene la palabra.




El señor SUBSECRETARIO DE DEFENSA (Torre de Silva y López de Letona):
Las dos comparecencias tienen aspectos comunes puesto que, como han
visto, los aspectos de personal son relevantes también en el ámbito
sanitario.

En cualquier caso, el informe sobre la política de personal del
Ministerio de Defensa en la VII Legislatura ha de partir tal vez de
la consideración de la importancia que siempre ha tenido el factor
humano dentro de cualquier análisis militar. El propio diccionario de
la Real Academia, en la primera acepción de la palabra ejército lo
define como gran copia de gente de guerra con los pertrechos
correspondientes. Por tanto, la gente es el núcleo de la definición
de ejército de acuerdo con lo estipulado en el diccionario de la Real
Academia.

En un plano teórico, cualquier política en el ámbito del Ministerio
de Defensa ha de perseguir que la defensa nacional, y especialmente
la defensa militar esté dotada de los mejores hombres y mujeres en
número suficiente. Por ello resulta esencial que se enmarque
adecuadamente en los principios básicos de la política de defensa.

Me gustaría hacer a este propósito una referencia a las que son, a mi
juicio, las tres claves en las que se enmarca nuestra política de
personal y que paso a enumerar: en primer lugar, la situación
estratégica actual que requiere unas Fuerzas Armadas más operativas,
más flexibles, más polivalentes, proyectables y orientadas a la
acción conjunta; en segundo lugar, el factor tecnológico por el que
adquiere mayor relevancia la calidad sobre la cantidad, en cuanto al
factor humano se refiere; en tercer lugar, la mejora de la gestión
que precisa la adaptación de nuestros procedimientos y estructuras a
los utilizados por las organizaciones más avanzadas.

Con estas tres claves a la vista, la Comisión Mixta Congreso-Senado
elaboró un dictamen que constituye el marco de referencia a la hora
de configurar nuestra política de personal. Este dictamen, al que me
he referido en la comparecencia anterior, fue aprobado por el Pleno
del Congreso de los Diputados el 28 de mayo de 1998 y por el Pleno
del Senado el 9 de junio del mismo año, y en él se establecieron los
elementos fundamentales del modelo profesional de Fuerzas Armadas
hacia el que estamos orientados. Estas Fuerzas Armadas plenamente
profesionales constituyen un objetivo prioritario del Gobierno, con
el que se da cumplimiento al compromiso adquirido por el presidente
del Gobierno en el debate de investidura del año 1996. Como afirmaba
el ministro Trillo-Figueroa en su primera comparecencia ante esta
Cámara, es sin duda el asunto de principal prioridad en el Ministerio
de Defensa.

Como todos ustedes saben, hasta hace poco la mayor parte del personal
del Ministerio de Defensa era reclutado de modo forzoso a través del
servicio militar. Hasta mediados del año pasado, el número de
soldados y marineros de reemplazo superaba aún al de profesionales.

La profesionalización de nuestro personal de tropa y marinería, el
más numeroso, constituye un hito histórico nacional, representa
necesariamente el punto de partida de cualquier exposición sobre la
política de personal del Ministerio de Defensa. Tras una breve
referencia a ella, abordaré los principios básicos de la política de
personal, para concluir con otras dos líneas maestras de acción
durante la legislatura presente.

Tal vez convenga comenzar contemplando en su contexto nuestra
profesionalización, que va sin duda mucho más allá de un cambio en el
sistema de reclutamiento. El fenómeno de la profesionalización, como
es conocido, se ha extendido en las últimas décadas por los países de
nuestro entorno, comenzando por los anglosajones. El Reino Unido,
volviendo a su tradición, licenció al último conscripto en 1962;
Estados Unidos unos años más tarde, tras la guerra de Vietnam; en la
década de los noventa se logró la plena profesionalización de las
Fuerzas Armadas belgas y holandesas; y en la actualidad ha sido
aprobada en algunos de los principales aliados europeos, como Francia
e Italia. La gran excepción en nuestro entorno es sin duda Alemania,
que mantiene un servicio militar de diez meses de duración, que no
pretende suprimir.

En España la profesionalización afecta de un modo más intenso a
nuestras Fuerzas Armadas, pues la tropa y marinería suponen
aproximadamente un 65 por ciento del total de efectivos. Este
porcentaje baja en países como Estados Unidos y el Reino Unido a
tasas cercanas al 44 por ciento, dato que en Francia llega alrededor
del 50 por ciento y en Alemania al 53 por ciento aproximadamente;
Italia con un 61 por ciento en números redondos se acerca a España,
pero aún tiene mayor proporción de cuadros de mando que nuestras
Fuerzas Armadas. Como es obvio, el proceso de profesionalización



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afecta sobre todo a tropa y marinería. Por ello, cuanto mayor sea el
peso porcentual de éstas mayor esfuerzo supondrá la supresión de la
leva forzosa, como en el caso de España.

Está claro, por tanto, que la profesionalización es tal vez la mayor
transformación que está experimentando las Fuerzas Armadas y, en
particular, su personal. Abarca multitud de aspectos, desde el cambio
en el estilo de mando hasta la incorporación de la mujer, pasando por
un nuevo diseño de la enseñanza o de la organización administrativa.

Sin embargo, la política de personal no se termina en la
profesionalización. El objetivo es permanente y en cierto sentido
mucho más ambicioso. Para lograr tan arduo objetivo resulta necesario
plantear una serie de principios básicos. Permítanme ahora exponerles
brevemente nueve principios que han de regir esta política de
personal.

Primero, ha de ser personalizada. Los sistemas de selección y gestión
no deben olvidar que el objeto de la política de personal son
personas y que, por tanto, han de ser tratadas con la máxima
consideración, atendiendo en lo posible sus deseos y perspectivas.

Segundo, la política de personal debe ser conjunta, en el doble
sentido de que debe realizarse desde todos y para todos los
organismos del Ministerio y que debe contemplar a todos los militares
profesionales de carrera, de complemento, tropa y marinería, a los
militares de reemplazo y al personal civil al servicio del
departamento. Resulta esencial que prime la visión global de los
problemas ante la cual han de ser visiones parciales o sectoriales.

Tercero, cualquier política de personal ha de ser flexible, y esto
porque debe tener capacidad de adaptación a un entorno muy cambiante
en el que se desarrollan las políticas de personal y a la propia
evolución de las Fuerzas Armadas. Cualquier política de personal se
ha de trazar sobre todo a medio y largo plazo, pues afecta a largas
carreras profesionales y a procesos de formación prolongados. Sin
embargo, una planificación rígida está llamada al fracaso, pues los
cambios en la sociedad presente y los cambios en las Fuerzas Armadas
son vertiginosos en muchos aspectos, como el tecnológico, el
económico, el internacional, etcétera; sólo la flexibilidad, este
tercer principio, garantiza el éxito en estas condiciones. Cuarto, ha
de ser transparente y dialogada. Todos los profesionales deben
conocer los factores positivos y negativos que puedan influir en su
carrera. Han de poder manifestar a sus mandos principalmente sus
preocupaciones y sus puntos de vista. En este sentido la labor de los
consejos asesores de personal va a resultar fundamental en esta nueva
etapa. Quinto, ha de ser incentivadora del mérito y la capacidad.

Sólo si se identifica el mérito y la capacidad se estará en
condiciones de fomentarlos, y a través de ellos, de lograr atraer y
retener a los mejores. Sexto, cualquier política de personal
articulada por el Ministerio de Defensa ha de estar atenta a la moral
y al bienestar. En una profesión que es y debe ser eminentemente
vocacional,
como la militar, éste es un aspecto trascendental. El componente
vocacional debe ser de importancia también en la tropa y marinería
profesional. Además, el bienestar tiene gran importancia, pues todos
somos partes de la sociedad. Las familias del personal militar
constituyen apoyos morales de primer orden y comparten con frecuencia
la dureza de la vida castrense. Constituye, por tanto, un deber de
estricta justicia atender a su bienestar. Séptimo, la política de
personal del Ministerio de Defensa ha de ser descentralizada. Sobre
la base de la unidad de doctrina en la aplicación de los reglamentos
y normas, la ejecución de la política de personal debe
descentralizarse al máximo. Una mejor organización, más próxima al
personal, llevará consigo mayores estímulos y permitirá ahorros
significativos. Octavo, ha de ser rigurosa en la planificación de
recursos humanos. La doble imposición que comporta la reducción de
efectivos del nuevo modelo de Fuerzas Armadas y los mayores gastos
que implica la profesionalización obliga a dimensionar con precisión
las necesidades de personal de todas y cada una de las unidades,
centros y organismos del departamento, y a actuar, en cuanto a
cuadros de mando se refiere, principalmente sobre las tasas de
ingreso y no sobre el cambio de situación administrativa. Por último,
la política de personal del Ministerio de Defensa ha de estar apoyada
en las nuevas tecnologías. Las Fuerzas Armadas no son un estamento
estanco en el seno de la sociedad, por lo que deben potenciar la
utilización de las herramientas que las nuevas tecnologías ponen a su
alcance también en políticas de personal.

Con independencia de la profesionalización, en esta legislatura se
plantean dos líneas de acción concretas de la mayor importancia. La
primera línea de acción consiste en la elaboración de un plan
director de recursos humanos. Este plan será el primero de esta
naturaleza en el Ministerio y tratará de dar una visión amplia en
perspectiva de las necesidades y posibilidades del recurso humano.

Como orientación concreta, tratará de mejorar el papel del personal
civil que trabaja en el Ministerio de Defensa. Se trata de un número
muy considerable cuya contribución profesional a la defensa puede y
debe ser más intensa. La segunda línea de acción afronta la
aprobación del desarrollo reglamentario de la Ley 17/1999, de 18 de
mayo, de régimen de personal de las Fuerzas Armadas. Como es sabido,
esta ley supuso una transformación relevante del régimen de la ley
anterior, la 17/1989. Hasta la fecha, entre otras muchas normas
reglamentarias me gustaría destacar el reglamento general de ingreso
y promoción a las Fuerzas Armadas, aprobado por Real Decreto 1735/
2000, de 20 de octubre. De este reglamento destaca la plena igualdad
de la mujer en el ingreso así como la fijación de la promoción
interna como única vía para el acceso a las escalas de suboficiales.

Otras muchas normas reglamentarias seguirán a este reglamento de
ingreso.




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Por su importancia, me gustaría mencionar el proyecto de real decreto
por el que se aprobará el reglamento de retribuciones del personal de
las Fuerzas Armadas. Como tuve ocasión de exponer ante esta misma
Comisión el pasado mes de octubre, el reglamento actual, aprobado por
Real Decreto 1494/1991, de 11 de octubre, se enmarcaba en unas
coordenadas propias de otro modelo de Fuerzas Armadas de carácter
mixto. Resulta necesario adaptarlo a las nuevas circunstancias y en
particular a la Ley 17/1999. Además, constituirá un arma poderosa
para fortalecer la profesionalización, sobre todo en cuanto se
refiere a la retención del personal de tropa y marinería y a la
mejora de sus carreras profesionales en las Fuerzas Armadas. Espero
que en los primeros meses del año 2001 este reglamento pueda ver la
luz.

Señor presidente, en síntesis y para concluir, profesionalización,
plan director de recursos humanos y desarrollo reglamentario de la
Ley 17/1999 constituirán durante esta VII Legislatura los tres
capítulos más voluminosos de la política de personal del Ministerio
de Defensa. A ellos dedicaremos nuestros mejores esfuerzos.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor subsecretario.

Acontinuación, la metodología a la que me refería al inicio de la
sesión va a permitir que dos portavoces por cada grupo intervengan
con respecto a los dos informes citados por el compareciente. Creo
que procede también su orden, es decir, primero el tema de sanidad y
luego la política de personal.

Don Jaime Blanco, por el Grupo Socialista, tiene la palabra.




El señor BLANCO GARCÍA: Señor subsecretario, bienvenido a la Comisión
y a esta su antigua casa. Quiero agradecerle que en esta
comparecencia haya hecho una exposición por primera vez al
Parlamento, que hayamos sido los protagonistas del plan del
Ministerio antes de que nos hayamos enterados por los medios de
comunicación. Reitero esos dos aspectos básicos, tanto la bienvenida
como la deferencia que no es más que una obligación, si me permite
decirlo así, de que seamos nosotros los depositarios de esta noticia
y de su discusión previamente al conocimiento del público en general.

Nosotros coincidimos, como grupo, en bastantes de los aspectos que ha
expuesto sobre lo que concibe como sanidad militar. En primer lugar,
coincidimos, porque ya lo hicimos con la directiva 197/1998, en que
tiene que existir una red única de hospitales militares en España,
que dependerán de la subsecretaría, no solamente porque es
racionalizar y no solamente porque lo diga una directiva, sino porque
también nuestros compromisos internacionales con los países aliados
nos hacen mantener esa red hospitalaria para la existencia
de nuestras propias Fuerzas Armadas y también de nuestros aliados.

Por tanto, el primer acuerdo es que debe existir esa red única. En
segundo lugar, que esa red debe estar concebida para el apoyo a las
Fuerzas Armadas. Aquí emplearemos algún matiz porque S.S. ha cargado
las tintas en el aspecto logístico sanitario más que en el aspecto
sanitario de apoyo a las Fuerzas Armadas. La tercera coincidencia es
que hay que seguir trabajando en la racionalización de esa red
hospitalaria, que, como ya ha dicho, se viene haciendo desde el año
1990 o anteriormente a ese año. Sin embargo, con estas coincidencias
de principios, el plan que nos expone nos parece que no se ajusta a
la realidad ni a las necesidades que en estos momentos tiene la
sanidad militar. Además, nos ha presentado una panorámica con tintes
un tanto dramáticos -luego lo comentaré-, probablemente para hacer
más fuerza y hacer más énfasis e intentar convencernos de las
bondades del plan.

En síntesis, en la exposición que nos ha hecho nos ha venido a decir
que se gasta mucho, que hay mucho personal y que no se puede seguir
manteniendo esta situación. Es verdad que hay desajustes de personal,
es verdad que hay bastante gasto sanitario, no tanto como 51.000
millones. A nosotros nos salen en el año 1999 solamente 37.000; hay
una diferencia de 14.000 millones, que no es ninguna tontería. Cifras
aparte, me preocupa que se diga que la vertiente asistencial, en la
medida en que excede de los requerimientos operativos, no supone una
necesidad específica del personal del Ministerio de Defensa. Son
palabras textuales de su señoría. Si solamente se van a atender los
aspectos logístico-sanitarios, S.S. me dirá cómo se pretende mantener
una formación continuada y un buen entrenamiento de los especialistas
y de los trabajadores sanitarios. Este es uno de los objetivos que
tiene que tener el Ministerio de Defensa para la sanidad militar, que
los médicos, los ATS y los diplomados universitarios de enfermería
estén perfectamente entrenados en sus cometidos. Porque podemos tener
una red hospitalaria muy racionalizada, que es lo que se pretende,
pero sin ningún tipo de entrenamiento, con lo cual no sirve para
nada. Este sería el ejemplo, extrapolándolo al otro extremo. Más
claro todavía, si no existen pacientes, si solamente los pacientes
van a ser aquellos que se deriven de la situación logística
sanitaria, no va a haber formación continuada de los trabajadores
sanitarios y de los especialistas.

En este sentido he echado en falta, señor subsecretario, una de las
acciones anunciadas en los presupuestos del año 2001, que todavía no
están aprobados, están discutiéndose en el Senado, por tanto
calentitos. Dice textualmente que se establecerá un acuerdo marco de
colaboración en materia de asistencia sanitaria entre el Ministerio
de Defensa y el de Sanidad y Consumo. Esto es lo lógico, porque ahí
sí están los pacientes, ahí se puede tener personal, ciudadanos
civiles, que acudan a las instalaciones de hospitales sanitarios
militares



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y donde pueda tener una formación permanente y continuada el personal
sanitario militar. Echamos eso en falta y nos preocupa mucho, porque
da la impresión de que todo el objetivo es reducir gastos sin tener
en cuenta objetivos fundamentales que tiene que tener el Ministerio
de Defensa con respecto a la sanidad militar.

Me ha parecido que cargaba las tintas con aspectos un tanto
dramáticos, porque ha dicho, señoría, y espero que no lo vuelva a
repetir: La asistencia sanitaria que se presta en la red hospitalaria
no alcanza la calidad adecuada. Se podría decir que no alcanza la
calidad del Insalud o que se puede mejorar, pero si usted nos dice
taxativamente que no alcanza la calidad adecuada, o cierra los
hospitales o nos trae un crédito extraordinario para ponerlos en
funcionamiento de tal manera que la alcancen. No se puede diferir
esta situación, no alcanzar la calidad adecuada, hasta el año 2003;
nos quedan tres años todavía. Señoría, espero que no repita eso,
porque son afirmaciones que pueden generar una cierta alarma dentro
del sector de población que es atendida por estos centros
hospitalarios.

Luego nos ha hablado del personal diciendo, y es verdad, que está muy
sobrecargado el gasto del capítulo I en personal sanitario, pero por
un lado nos dice que uno de cada diez de los empleados del Ministerio
de Defensa trabajan en la sanidad y luego nos dice que en las cinco
especialidades más importantes, y las ha citado, a que tiene que
dedicarse la sanidad militar solamente se cubre con un 60 por ciento
de los recursos propios de personal, digamos, del Ministerio de
Defensa. Aquí lo único que pasa es que está muy mal repartido el
personal y el gasto, por tanto lo que tienen que hacer es adecuar las
plantillas a las necesidades de la sanidad hospitalaria, de la
sanidad militar. Pero no nos traiga como argumento que hay mucho
gasto, sino díganos que va a adecuar las plantillas. Ya hay un real
decreto para la adecuación de las plantillas y lo que tienen que
hacer es adecuarlas.

Resumiendo esta primera parte, el plan no puede funcionar, señor
subsecretario, si no hay una formación continuada. No puede ser. En
segundo lugar, no se nos ha dicho nada de potenciar las
especialidades médicas propias de cada uno de los ejércitos, que las
hay y muy interesantes. Y, derivado de esto, nada se nos ha dicho de
dedicación a la investigación, de presupuestos para la investigación
médica, de potenciación de la investigación médica. Como nos ha
traído a colación los países de nuestro entorno, de la Europa
comunitaria, en ellos se dedica dinero por parte de los Ministerios
de Defensa a la investigación y aquí, en España, andamos bastante
precarios en esta materia. Por tanto, como resumen de esta primera
parte -y ahora entramos en el plan- tengo que decir que me parece que
están desdibujados los objetivos de lo que debe ser la asistencia
sanitaria por parte del Ministerio de Defensa. ¿En qué consiste la
racionalización que nos ha presentado? Creo que no se han estrujado
mucho el cerebro
los técnicos que se han reunido tantas veces en el Ministerio
para presentarnos este plan, porque consiste en que cierran ocho
hospitales. Si me permite una broma, una ligereza, mantienen los de
la Marina y cierran los demás prácticamente; esto es sólo una cosa
anecdótica. Mantienen el de Cartagena, que es la ciudad del ministro;
sería otra broma. Bromas aparte, vamos a analizar el plan. En primer
lugar, reducen ustedes 400 camas de la reserva logística -son datos
de la comparecencia de su antecesor en 1998- y no nos ha explicado
por qué. Si en 1998 necesitábamos 1.200 camas de reserva logística,
¿por qué ahora solamente se necesitan 800? Me parece que esto merece
una explicación. No es una cuestión baladí, porque tenemos
compromisos internacionales, como he dicho antes.

La Comisión creo, señorías, que debe saber algunos datos estadísticos
comparativos entre los hospitales que se cierran y los que se dejan.

Por ejemplo, van a permanecer Ferrol, Cartagena, Valencia y Zaragoza,
y se cierran, entre otros, Sevilla, Burgos, Las Palmas, Ceuta y
Melilla. En los que van a permanecer hay una media de ingresos por
urgencias entre el 28 y el 35 por ciento. Es decir, que, en Ferrol,
Cartagena, Valencia y Zaragoza, de 100 pacientes que llegan a
urgencias se ingresa a 30. Esto es una barbaridad, como usted bien
sabe; quiere decir que las urgencias en esos hospitales no funcionan.

Curiosamente, en aquellos que se van a cerrar, de cada 100 pacientes
que llegan a urgencias, no superan la cifra de 20 los que ingresan
por esa vía; esto quiere decir que las urgencias en esos hospitales
funcionan. Le puedo poner el ejemplo del hospital de Las Palmas,
donde solamente el 11 por ciento ingresa; quiere decir que allí hay
medios, hay personal cualificado, que analiza la situación de ese
enfermo que llega de urgencia y decide sobre la marcha si necesita el
ingreso o no. Pero curiosamente también, y en relación con esto, en
los hospitales que van a permanecer según el plan del Ministerio, de
todos esos ingresos que se hacen -y que son lógicamente innecesarios
muchos de ellos-, la permanencia luego, la estancia media en el
hospital viene a ser muy baja, de 5 a 7 días, justo los días
necesarios para hacerles análisis, unas radiografías de tórax,
hacerles una exploración y darles de alta. Es decir, se han hecho
ingresos innecesarios muchas veces. Y en los hospitales que se
cierran, Sevilla, Burgos, Las Palmas, curiosamente las estancias
vienen a rondar ya lo que es la normalidad en los hospitales del
Insalud, entre 10 y 14 días. Son ingresos por urgencias que merecen
de verdad ser ingresados, que merecen un estudio y merecen un
tratamiento. Por tanto, no sé qué es lo que habrán estudiado los
asesores que ha tenido, pero parece que no están acertados por las
cifras -y estoy dando cifras del año 1999- de comportamiento de los
hospitales.




Más cifras. El índice de ocupación de camas. El índicede ocupación de
camas sabemos, señoría, que en



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toda la red es muy baja, no llega más allá del 43 por ciento la
ocupación de camas de toda la red. Pero de nuevo, curiosamente,
Sevilla sobrepasa la media, está en el 48 por ciento, y Ferrol está
en el 21 por ciento, señor subsecretario. Burgos, por ejemplo, está
en el 46 por ciento, y lo cierran; está por encima de la media. ¿Qué
quiere esto decir? Que en Ferrol, que sólo se ocupan 21 de cada 100
camas, no hay una masa crítica ni una demanda de población que
necesite ese hospital para ser atendida y ustedes lo van a mantener,
frente a Sevilla, donde hay al menos un 50 por ciento de camas
ocupadas, o en Burgos, donde hay también un 46 por ciento de
ocupación de camas. Seguimos analizando los hospitales, señoría.

Ustedes cierran Ceuta y Melilla. Y en Ceuta, en 1999, se atendieron
4.000 urgencias y en Melilla, con una población realmente reducida,
3.970. Si lo comparamos con Valencia y Zaragoza, Valencia atendió
4.600 urgencias, y ustedes lo quieren mantener, teniendo en cuenta
además su cercanía a Cartagena; realmente, no se explica muy bien
cómo puede haber en la zona del Mediterráneo dos hospitales tan
cercanos, cuando el resto está tan separado, como Zaragoza con Ferrol
o San Fernando con Cartagena. ¿Cómo los piensan cerrar? Dicen que los
piensan cerrar pasándolos al Insalud, está bien; pasándolos a las
comunidades autónomas, nos parece bien; o a entidades privadas, y
tampoco descartamos esta posibilidad si las administraciones no se
hacen cargo de esos inmuebles. Los requisitos son los siguientes. Uno
de ellos es que se siga haciendo uso sanitario de ellos o
sociosanitario, pero el primero es que se mantengan los puestos de
trabajo. Una buena declaración de principios, porque tanto S.S. como
yo y toda la Comisión sabemos que en todos los procesos de
reconversión, y éste es uno de ellos, en las empresas que se han
privatizado no se han mantenido estas buenas intenciones de mantener
los puestos de trabajo. Me parece que esto es innecesario, está bien
que lo diga como declaración de principios, pero todos sabemos que no
va a ser así. En cuanto que uno de estos hospitales pase a ser
propiedad de una empresa privada, los acuerdos a que se hayan llegado
no se cumplen y luego siempre andamos coleando con protestas,
reclamaciones sindicales, etcétera. Toda España está regada de este
tipo de reconversiones, privatizaciones de empresas, en las que no
han cumplido estas buenas intenciones, aunque tanto el Ministerio
como yo agradecemos esa buena intención.

Cabría un tercer requisito, y es que en ningún caso a una entidad
privada se le adjudicara uno de estos hospitales si las condiciones
de la oferta no son superiores a las de cualquier Administración
pública. ¿Por qué digo esto, que parece tan obvio? Porque nos
preocupa una cosa, señoría. Usted no ha hablado prácticamente de la
Policlínica Naval de Madrid, la ha separado de toda la información.

El Ministerio de Defensa en el año 1998 estableció un convenio con
respecto a esta policlínica con MDA Holding España, S.A., un nombre
bastante rimbombante pero que no conocemos, no sabemos qué existe
exactamente detrás. ¿Para qué era el convenio? Para compartir
recursos sanitarios; no se queda sólo en la Policlínica Naval. Por
tanto, señorías, nos preocupa y nos preocupa profundamente que detrás
de este plan lo que pudiera haber, y lo pongo en condicional, es una
predeterminación de que algunos recursos públicos hoy en manos
patrimoniales del Ministerio de Defensa vayan a acabar en manos de
MDAHolding España S.A. Usted conocerá las cláusulas de este convenio,
y la decimosexta es una cláusula muy muy explicativa, que quiero que
conozca la Comisión. Se dice: Si durante el vigente convenio, que
dura diez años, MDA Holding España S.A. considera conveniente la
apertura en territorio español de otra u otras unidades funcionales,
dicha decisión será comunicada de forma fehaciente al Ministerio de
Defensa y éste gozará del derecho de preferencia. ¿De preferencia de
qué? Si una entidad privada quiere extenderse por el resto de España,
¿el Ministerio de Defensa tiene la preferencia para cederle los
inmuebles? El convenio es de colaboración en la asistencia sanitaria,
señor subsecretario. Por tanto, nos preocupa. Y esto debe quedar muy
claro. Si quiere que nuestro grupo tenga una posición de lealtad
hacia una reforma sanitaria de la asistencia sanitaria del Ministerio
de Defensa y una posición de lealtad con respecto a esta reforma, que
es necesaria, tiene que aclararse toda una serie de interrogantes
y tiene que discutirse más en profundidad el plan. A nosotros nos
parece que este plan no es viable. Parece que se han cogido los
hospitales, se han tirado al aire, los que han caído a la izquierda
de la raya se cierran, los que han caído a la derecha de la raya se
mantienen, porque no hay ningún criterio, ni médico, ni estadístico,
ni básico, de los que se utilizan en sanidad en general para cerrar o
para mantener alguno de los hospitales que dicen.

Señor presidente, señor subsecretario, termino como empecé,
agradeciéndole que haya sido claro en la exposición de los fines que
pretende. Estamos de acuerdo en tres principios básicos, que son la
red única, la asistencia y apoyo de esta red a las Fuerzas Armadas y
la racionalización, pero también le decimos con toda contundencia que
este plan no nos parece el más adecuado, ni nos convence, ni nos
parece consistente.




El señor PRESIDENTE: Señor Moragues, para la segunda parte de la
comparecencia, tiene la palabra.




El señor MORAGUES GOMILA: Permítame que me adhiera a las palabras de
agradecimiento de mi compañero por la presencia del subsecretario y
por las explicaciones que nos ha dado sobre las intenciones que el
nuevo equipo ministerial tiene en cuanto a política de personal, con
cuya filosofía tengo que decirle de antemano que estamos en general
de acuerdo. Nopodía ser de otra manera, ya que esta filosofía se
desprende



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de la Ley 17/1999, que fue una ley muy discutida, muy enmendada, muy
consensuada, y que finalmente fue votada afirmativamente por nuestro
grupo en el debate parlamentario correspondiente, a pesar de algunas
diferencias que lógicamente manteníamos.

El señor subsecretario nos ha hablado de proyectos, de futuro, de
desafíos, de planes de su departamento. No esperábamos que hiciera
otra cosa, como nadie de nuestro grupo debe esperar otra cosa más que
hagamos una intervención que sea el complemento de la suya, señor
subsecretario, sin querer cargas tintas en lo negativo en absoluto.

Ya le he dicho antes que nuestro grupo mantiene aún una postura
positiva con relación a la política de personal del Ministerio,
aunque no es menos cierto que, si usted nos ha hablado
fundamentalmente de proyectos, nosotros queremos hablar
fundamentalmente de realidades. Es decir que entre los dos, entre su
intervención y la mía, vamos a dar forma a la misma moneda, desde el
convencimiento de que las leyes están pensadas para mejorar las
situaciones de los colectivos a los cuales van dirigidas pero también
desde el convencimiento de que su ejecución puede hacer mala la mejor
ley. No es esto lo que deseamos a la Ley 17/1999, pero como no
queremos que el colectivo que la sufre piense que es así
-naturalmente el verbo sufrir entre comillas-, que su ejecución pueda
hacerla mala, vamos a poner sobre la mesa lo que a nuestro entender
son aspectos que pudieran o debieran mejorarse.

Como es obvio, después de esta introducción queda claro que nuestra
intervención va a centrarse en el incumplimiento y en el cumplimiento
de la Ley 17/1999, de régimen del personal de las Fuerzas Armadas,
publicada en el Boletín Oficial del Estado de 18 de mayo de 1999, va
a centrarse en cómo ve el Grupo Socialista y este diputado que les
habla el rodaje de esta ley, que entró en vigor el 19 de mayo, hace
un año y siete meses. El señor subsecretario, en su intervención, ha
hablado de nueve principios que han de regir la política de personal,
y estamos absolutamente de acuerdo. Sin embargo, yo resumiría estos
nueve puntos en uno, fundamentalmente la política de personal debe
referirse al cumplimiento de la ley, porque es el marco en el cual
debe ejecutarse, debe gestionarse, toda la política del personal de
las Fuerzas Armadas.

Estructuraré mi intervención en dos niveles. Hablaré de los aspectos
a los que queremos dar mayor relevancia, ya sea por la novedad que
supuso su incorporación a la ley, ya sea por tratarse de asuntos
especialmente sensibles a nuestro grupo o que fueron objeto de
nuestras enmiendas en la tramitación de la ley. Después, al final de
mi intervención, expondré una serie de cuestiones de menor
importancia, mucho más concretas, más domésticas podríamos decir,
pero que de alguna manera pretenden tomar el pulso a la aplicación de
la ley que nos ocupa y que nos preocupa. Y si, como es natural, no me
son contestadas por el señor subsecretario
en esta comparecencia, agradecería, señor presidente, que se
dieran por formuladas y que me fueran contestadas posteriormente por
escrito, porque en algunas de las cuestiones que le voy a plantear
entraré en detalles y es natural que no tenga ahora los datos.

En primer lugar, quiero hablarles de lo que nosotros entendemos como
un conjunto doctrinal que está compuesto por los artículos 6, 151,
159, 160 y 161 de la ley y se refieren a inspección, recursos y
peticiones y consejos asesores de personal. Intentaré, señor
subsecretario, ser muy claro porque estos artículos dieron pie a una
de las mayores discusiones de toda la tramitación de la ley,
acordándose su redacción final sin haber convencido demasiado a
ninguna de las partes, incluso creo que el propio Ministerio estaba
poco convencido de lo que se hizo. Me explicaré. Este fue un debate,
como otros que se plantearon a lo largo de la discusión en ponencia,
en el que todos los grupos tuvimos muy presente el fenómeno emergente
del asociacionismo militar, reconocido legalmente y actuando desde el
colectivo de reservistas y de familiares de militares en activo.

Estaba claro, al menos para los grupos mayoritarios, que no queríamos
hablar de asociaciones cuasi sindicales o parasindicales en el seno
de las Fuerzas Armadas, pero nos parecía que era imprescindible, si
no queríamos dar alas a este asociacionismo, que la ley previera
algún sistema para que en unas Fuerzas Armadas profesionales se
pudieran plantear cuestiones de índole profesional, de carrera, de
calidad de vida en los acuartelamientos, etcétera, que es una
preocupación que ha expresado el señor subsecretario tanmbién en su
intervención inicial. A este criterio obedeció precisamente el
planteamiento que el proyecto de ley hacía con relación a los
consejos asesores de personal en su artículo 151 y a la regulación de
recursos y peticiones en sus artículos 159 y 160 y muy especialmente
en el 161, que regula la tramitación de la queja. Mi grupo
parlamentario quiso completar estos artículos con un grupo de
enmiendas que creasen y regulasen la figura del inspector de base o
acuartelamiento, cuya función fuera velar por el buen funcionamiento,
habitabilidad y condiciones de vida y profesionales del personal
militar en los destinos correspondientes, y que finalmente fueron
objeto de una transacción que se sustanció incluyendo un nuevo
apartado del artículo 6, que regula las funciones del subsecretario
de Defensa precisamente y que hacía referencia explícita a esta
inspección.




No sé por qué razones -y esto es algo que espero que me pueda aclarar
el subsecretario- ninguno de estos mecanismos se ha puesto en marcha,
pero hasta ahora, y simplemente aplicando el consabido procedimiento
de que la ley lo remite a un posterior desarrollo reglamentario, no
se ha hecho nada en un aspecto que para nuestro grupo era novedoso y
continúa siendo fundamental. Y volvemos a coincidir con el señor
subsecretarioque ha dicho que éste será uno de los focos de



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atención preferente en esta legislatura. Desconocemos de todas
maneras en qué estado se encuentra la tramitación de los tres
reglamentos que deben regular el ejercicio de este conjunto de
derechos, aunque mucho nos tememos que no se haya hecho nada o muy
poco; mientras tanto, el proceso de profesionalización ha adelantado
su implantación total en un año sobre las previsiones de la propia
ley.

Señor subsecretario, como le he dicho ya, nuestro grupo estaba y está
de acuerdo en la configuración del régimen de los militares
profesionales que contempla la Ley 17/1999 y que busca a mi entender
y a mi entender encuentra un equilibrio entre la continuidad de la
normativa anteriormente vigente y un importante componente de
renovación, que debe responder a las exigencias del modelo de Fuerzas
Armadas plenamente profesionales por el que todos hemos apostado.

Añado, señor subsecretario, que no podemos ni debemos -y al menos
desde nuestro grupo no queremos- defraudar las expectativas de
renovación que he comentado, por lo que esperamos que en el menor
plazo de tiempo posible se nos informe cuándo y cómo piensa el
Ministerio regular la apertura de cauces a la participación de los
miembros de las Fuerzas Armadas en la definición de su régimen de
personal y en el seguimiento de su aplicación prevista en la ley, en
el bienentendido de que si ésta no nos satisface, nuestro grupo va a
plantearse la modificación de su tradicional postura sobre el
asociacionismo militar. Esperamos de todas maneras, por el anuncio
que ha hecho el propio subsecretario, que a partir de ahora podamos
entrar en un diálogo entre las fuerzas políticas en esta Comisión
sobre la aplicación de lo que, a nuestro entender, vuelvo a
repetirlo, nos parece uno de los factores más novedosos y esenciales
de la aplicación de la política de personal en el colectivo de las
Fuerzas Armadas. Esta es la primera cuestión que quería exponerle,
señor subsecretario, con una cierta extensión, y la segunda hace
referencia a un conjunto de puntos relacionados con la enseñanza
militar, que también fue objeto de atención preferente por parte de
nuestro grupo y a la que vamos a dar importancia especial a lo largo
de la legislatura con distintas iniciativas parlamentarias que nos
permitan realizar un debate más sosegado pero a la vez profundo y
riguroso. Como les decía, voy a hacer algunas preguntas acerca de la
aplicación de los artículos 59, 61, 63, 64 y 85.

En relación con las escuelas de especialidades complementarias, señor
subsecretario, ¿podría explicarnos qué razones de coste y eficacia
han aconsejado que, lograda la unificación de las distintas escuelas
de Estado Mayor que dio lugar a la creación de la Escuela Superior de
las Fuerzas Armadas, se hayan creado escuelas de guerra en cada uno
de los ejércitos? ¿No parecería más lógico utilizar para ello esta
nueva escuela integrada en el Centro Superior de la Defensa? El señor
subsecretario, en su intervención inicial, ha hablado de la necesidad
de concentrar, referido a los
temas sanitarios. Cuando estaba usted hablando de esta cuestión, yo
lo pensaba también, aplicándolo a los centros de enseñanza. Porque,
por ejemplo, ¿qué razones aconsejan que cada uno de los ejércitos
tenga una escuela central de idiomas? Si apostamos por lo conjunto,
por la racionalización, no tiene demasiadas explicaciones que, creada
la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas, en el Ceseden,
continuemos teniendo escuelas de guerra en cada uno de los ejércitos;
que, existiendo la Escuela de Idiomas Central, cada uno de los
ejércitos continúe teniendo escuela de idiomas. Por tanto, nuestra
primera llamada a esta cuestión, porque la pregunta es muy clara: ¿No
le parece que es posible y sería muy necesario profundizar en el
camino de la unificación de escuelas, de apostar también en el ámbito
de la enseñanza, como lo ha hecho antes, en el ámbito de la sanidad,
por un modelo conjunto y no solamente desde el punto de vista
económico, siendo éste muy importante, sino también desde el punto de
vista metodológico o de doctrina. ¿Nos creemos o no nos creemos esta
idea de impulsar lo conjunto, que todas las autoridades del
Ministerio están repitiendo una y otra vez? ¿Por qué perdemos
oportunidades para profundizar en ello, señor subsecretario?
El artículo 61 de la ley, que habla de la dirección y gobierno de los
centros docentes militares, determina, entre otras cosas, el
establecimiento de órganos colegiados, su composición y
funcionamiento y concretamente contempla el consejo de dirección y
gobierno, la junta de profesores y el consejo cultural, que, como
todo el mundo sabe, persigue la homologación de las estructuras de
dirección con las existentes en el mundo académico civil. ¿En qué
punto se encuentra, señor subsecretario, la confección de las normas
que harán posible la creación y el funcionamiento de estos órganos de
asesoramiento? ¿Cuándo piensa la Subsecretaría que podrá entrar en
vigor? ¿Funciona con carácter experimental en algún centro docente?
Esta es también unas de las cuestions que fue especialmente objeto de
debate en la ponencia durante la tramitación de la Ley 17/1999 y era
uno de los aspectos novedosos y el Grupo Socialista tenía especial
empeño en unir también las estructuras académicas a la homologación
ya existente en cuanto a titulaciones con la universidad civil, por
decirlo de alguna manera. Por tanto, pedimos a la Subsecretaría que
se tome ñusted también lo ha anunciado en su intervención- un empeño
especial en hacer avanzar las previsiones que la ley contempla para
las cuestiones de la enseñanza militar.

El capítulo tercero de la ley se refiere al acceso a la enseñanza
militar y comprende desde el artículo 63 al 69. En este caso hago
referencia explícita, porque debo reconocer y felicitar la diligencia
del Ministerio a la hora de publicar el reglamento general de ingreso
y promoción de las Fuerzas Armadas, al que, en efecto, también ha
hecho referencia el subsecretario en su intervención, pero tengo que
decir que no es menos



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cierto que sin este reglamento era prácticamente imposible realizar
convocatorias de promoción, de acceso, perfeccionamiento, y no sólo
referido a cuadros de mando, sino también a tropa y marinería. Tanta
necesidad tenía este capítulo de aprobar un reglamento para su
aplicación que en cada uno de sus siete artículos existe una remisión
a un posterior desarrollo reglamentario. Por tanto, era una necesidad
imperiosa para que se pudiera aplicar esta ley que existiera este
reglamento. Yo me he leído con detenimiento el reglamento y me parece
un buen instrumento, me parece que facilitará las cosas para las
cuales está pensado. Precisamente al hilo de la lectura de este
reglamento, le voy a formular un par de cuestiones, que también
fueron objeto de debate importante en la ponencia y en la Comisión
cuando se debatió la Ley 17/1999. Hago referencia a la doble vía de
acceso a los centros de formación de las escalas del cuerpo de
intendencia. ¿Cómo tiene previsto determinar el número de plazas de
acceso a los centros de formación, teniendo en cuenta precisamente
esta doble vía que se prevé en el artículo 16.1.a) y 16.1.b), es
decir, entrar directamente a través de la academia o de los estudios
civiles. El reglamento profundiza en esta previsión de la ley y prevé
un proceso especial para cada una de estas opciones, pero yo quiero
saber de qué manera va a determinar el Ministerio la reserva de
plazas para cada opción, porque para nosotros es importante. Nosotros
estábamos, y estamos, en contra del acceso desde las academias
militares, pensamos que tiene que ser requisito indispensable la
titulación civil y el reglamento, aplicando la ley, mantiene abiertas
las dos opciones. Nosotros queremos saber de qué manera para entender
la filosofía que guía al Ministerio en esta cuestión concreta.

El reglamento también prevé una cosa novedosa que había sido objeto
de anuncios por parte de responsables ministeriales: el proceso
continuo para el acceso a militar profesional de tropa y marinería.

El reglamento hace referencia a esto sin concretar el contenido.

¿Puede adelantarnos, señor subsecretario, alguna cosa sobre el mismo?
¿Para cuándo su entrada en vigor? ¿Qué ventajas reportará sobre el
sistema actualmente establecido?
Nos gustaría conocer la respuesta habida a la convocatoria para el
acceso a una relación de carácter permanente de los militares
profesionales de tropa y marinería, que es otra de las cuestiones
tratadas en el reglamento. Vuelvo a repetir que si no tiene respuesta
ahora a las cuestiones muy concretas que formulo, puede contestarme
por escrito.

Me gustaría saber cuál ha sido el resultado de la convocatoria para
el acceso directo con reserva de plazas al cuerpo militar de sanidad,
especialidad en psicología. Es una cuestión que nos interesa porque,
como usted sabe, en la citada especialidad había una serie de
suboficiales que tenían funciones que en estos momentos están
reservadas a oficiales del cuerpo superior y
había que darles un tratamiento especial. Nuestra preocupación es
saber si han respondido afirmativamente -espero que sea así- a las
convocatorias hechas con este fin los pocos suboficiales que tenían
la titulación requerida para desempeñar esas funciones.

La penúltima cuestión hace referencia a los planes de estudio. ¿Se
están introduciendo los planes de estudio tal como prevé la ley?
¿Cómo piensa el Ministerio introducir los criterios que marca el
artículo 70 de la ley, y concretamente el apartado b), que dice:
fomentar los principios y valores constitucionales, contemplando la
pluralidad cultural de España? Si alguno de los aquí presentes estaba
en el debate en la Comisión recordará que fue una cuestión que
originó mucho debate en la tramitación parlamentaria de la ley. ¿Cómo
y cuándo tiene previsto el Ministerio aplicar estos criterios, si es
que tiene previsto aplicarlos? Supongo que no se puede sustraer, pero
no sabemos de qué manera se va a hacer. En el momento de su
tramitación ya desconocíamos de qué manera se podría sustanciar esto
y ahora, que ya está en vigor la ley, debería haberse andado algún
camino. Nos gustaría saber qué planes tiene el Ministerio para
introducir esto en los estudios militares.

Por último, también referido a la formación de militares
profesionales de tropa y marinería, nos gustaría saber cuál es el
modelo y los contenidos concretos de la formación de tropa y
marinería. ¿Continúa considerando el Ministerio de Defensa la
posibilidad de crear, de acuerdo con el Ministerio de Educación, una
titulación oficial de FP de técnico en defensa para militares
profesionales de tropa y marinería? Esta también fue una de las
cuestiones importantes que se debatieron en la tramitación de la ley,
para, de alguna manera, facilitar el reingreso de los soldados, de la
tropa profesional a la sociedad civil.

No voy a extenderme en el cumplimiento del importantísimo capítulo de
profesionalización, entre otras cosas porque hace muy pocas semanas
tuvimos ocasión de debatir el informe correspondiente al año 1999 con
el ministro presente, aunque el debate se centrara más en el
comportamiento del proceso a lo largo del año 2000. Es un debate que
tenemos muy fresco y, por tanto, voy a abstenerme hasta que tengamos
los datos cerrados al 31 de diciembre. Luego, podremos hacer una
nueva valoración con mayor conocimiento de causa y, si hace falta
-que supongo que hará falta-, solicitaremos de nuevo su presencia en
la Cámara para poder contrastar las informaciones de que dispongamos.

Como digo, fue objeto de controversia entre este portavoz y el
ministro el incumplimiento, si bien por causas no atribuibles al
Ministerio de Defensa, de las previsiones de los presupuestos del año
2000 acerca del proceso de profesionalización. Para este diputado es
absolutamente imposible que el Ministerio cierre el año con 85.000
soldados profesionales y, a partir de aquí, nuestro grupo tiene unos
planteamientos sobre la



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necesidad de reducir la tropa profesional. Nos gustaría discutirlo a
partir del 31 de diciembre, una vez cerrado el proceso de
profesionalización del año 2000, que aún está en curso. ¿Puede
hacernos el señor subsecretario alguna referencia al plan de
actuaciones de apoyo a la reincorporación laboral de los militares
profesionales de tropa y marinería? ¿Cómo están funcionando los
acuerdos suscritos con empresas para incorporar a profesionales de
tropa y marinería? ¿En qué situación se encuentra el reglamento que
debe considerar como mérito para el acceso a las administraciones
públicas los servicios prestados a las Fuerzas Armadas? Son preguntas
relacionadas, como las anteriores, con la necesidad de facilitar el
reingreso a la sociedad civil de militares profesionales, de soldados
y marineros profesionales.

El señor subsecretario ha dicho, y coincido en ello, en que es
necesario...




El señor PRESIDENTE: Señor Moragues, le ruego que vaya concluyendo.




El señor MORAGUES GOMILA: Termino en seguida, señor presidente.

Decía que estamos de acuerdo en que el desarrollo reglamentario es
una necesidad imperiosa. Es una ley, como lo fue la Ley 17/1989, muy
complicada de aplicar y, por tanto, necesitada de mucho desarrollo
reglamentario, hay muchísimas revisiones al desarrollo reglamentario.

Querría que profundizara en las previsiones que tiene el Ministerio
para la publicación de los distintos reglamentos que prevé la ley. Yo
haré referencia a los dos últimos reglamentos y termino, señor
presidente. Le agradezco su paciencia, bíblica en este caso,
profundamente.

Que conste, señor subsecretario, que no estoy urgiendo a la
publicación de todos los reglamentos que contempla la ley, ya que sé
de las dificultades que ello tiene y tenemos experiencias, como la de
la aplicación de la anterior Ley 17/1989, del Personal Militar en que
se tardaron prácticamente 10 años en hacer todo el desarrollo
reglamentario. Por tanto, no entienda de mis palabras que estoy
urgiendo a que el año que viene tienen que estar aquí todos los
reglamentos, pero algunos sí son muy necesarios para que se pueda
aplicar el espíritu de la ley. Haré referencia a dos. Uno, que usted
ya ha comentado y tendremos ocasión de debatirlo cuando lo tenga un
poco más adelantado, que es el reglamento de retribuciones. No haré
más comentarios, pero sí reitero la petición -creo que es la tercera
vez- de que este reglamento y la filosofía que lo impulsa pudieran
ser debatidos con los grupos de la Cámara, ya que algunas de las
cuestiones que se plantean no satisfacen demasiado a este portavoz,
fundamentalmente lo relativo a la retención de la tropa. Creo que el
modelo profesional se tiene que basar en dos cuestiones. La retención
de la tropa es un valor a considerar, pero las dos
cuestiones fundamentales han de ser las siguientes: incentivar la
entrada de los soldados profesionales, para lo que se requiere, entre
otras muchas cosas, más recursos, cosa que el borrador que yo tengo
-que no sé si es bueno o no- no contempla, y preparar la salida de
los soldados profesionales que han cumplido sus compromisos. Yo creo
que eso es fundamental porque si nos equivocamos de dirección y lo
que hacemos es promocionar la retención de la tropa, al cabo de
algunos años vamos a tener un problema importante en los ejércitos y
es que todos los soldados se querrán quedar, y ése no es el modelo ni
la filosofía de la ley. Hemos de facilitar la entrada y la salida
puesto que esa es la filosofía de la ley que discutimos. Es un error
que el Ministerio quiera incentivar demasiado la retención de la
tropa, creo que ése no es el camino. Como hasta ahora sólo he oído
pequeños retazos del reglamento, reitero mi petición de diálogo sobre
este asunto.

Una última cuestión, y con ello termino, señor presidente,
reiterándole mi agradecimiento. Es absolutamente imprescindible urgir
la publicación de un reglamento para aplicar el artículo 147,
relativo a la renuncia a la condición de militar. Nuestro grupo, así
como otros muchos de esta Cámara, es especialmente sensible a este
tema. Querríamos saber cómo y cuándo se publicará, porque sabe muy
bien el subsecretario que hay un número de solicitudes de renuncia en
el Ministerio cuya resolución está paralizada precisamente por la
inexistencia del reglamento correspondiente y, en mi opinión,
violentando el espíritu de la ley. Yo creo que se está haciendo un
fraude de ley. No dejar ejercer un derecho regulado por la ley por
falta de desarrollo reglamentario es un fraude de ley, entre
comillas, si se quiere, pero seguro que esto va a terminar en los
tribunales y va a acabar mal; estoy completamente convencido de ello.

Señor subsecretario ¿cuándo piensa resolver este problema? Y referido
también a esta cuestión, me gustaría hacer un pequeño paréntesis. ¿Se
hará caso a las valoraciones que el Cuartel General del Aire ha
propuesto, a pesar de lo que nosotros entendemos que también contiene
fraude de ley a la hora de realizar estas valoraciones? S.S. sabe muy
bien que el artículo 147 dice que las valoraciones sobre esta
cuestión tienen que estar de acuerdo con los cursos de formación
recibidos y tiene que haber diferentes valoraciones para los
distintos militares, sean pilotos de caza, de combate, de transporte,
etcétera. En este caso, la propuesta que nosotros conocemos del
Cuartel General del Aire era unificar todas las valoraciones en una
sola y esto, para nosotros, también contraviene no sólo el espíritu
sino incluso la letra de la ley.

El trabajo pendiente y las dificultades que reconocemos sin ambages
que conlleva la aplicación de la Ley 17/1999 es lo que nos ha movido
a solicitar la comparecencia del señor subsecretario para que nos
explicara la política de personal y nos aclarara algunos de sus
aspectos concretos, sin que por supuesto nuestra intervención,



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aunque haya sido extensa, tenga carácter exhaustivo. Hemos dejado
muchísimas cosas pendientes para debatir, pero comprenderán todos
ustedes que es imposible tratar la infinidad de problemas derivados
de una gestión tan complicada y tan importante como es la gestión de
personal de las Fuerzas Armadas, cuyo colectivo asciende a 150.000
efectivos militares y a alrededor de 40.000 civiles, a los que debe
aplicárseles la nueva legislación en la medida de lo posible y con la
máxima rapidez.

Señor subsecretario, alentándole en su ingente labor y esperando que
nuestra petición de diálogo en cuanto a la aplicación concreta de
algunas de las cuestiones tenga más éxito del que ha tenido hasta
ahora, le agradezco su presencia en esta Comisión y espero las
explicaciones que pueda dar a mis preguntas.




El señor PRESIDENTE: Toda vez que el representante del Grupo de
Coalición Canaria tiene que ausentarse, entiendo que con la anuencia
del Grupo Parlamentario Popular, rompemos el turno de intervenciones
establecido dando la palabra a don Luis Mardones.




El señor MARDONES SEVILLA: Señor presidente, seré lo más breve
posible por tener que ausentarme para asistir a la reunión de la
Junta de Portavoces en esta Cámara.

En primer lugar, señor subsecretario, siguiendo la cortesía
parlamentaria, le doy la bienvenida y le agradezco la información que
nos ha facilitado. En su intervención ha pedido una cooperación y una
lealtad de la Cámara. Yo le expreso mi lealtad, en lo que entiendo
que es una política de Estado, hacia nuestras Fuerzas Armadas y la
persona de su ministro, don Federico Trillo, pero yo quiero situar
este escenario de lealtad -vamos a llamarlo así- que, por ser leal,
tiene que ser crítico. Nuestro grupo apoyó al señor Trillo cuando
compareció ante esta Comisión para explicar las directrices que iba a
seguir en la política de Defensa al principio de la legislatura, y
coincidiendo en el camino marcado por el señor ministro de Defensa,
don Federico Trillo-Figueroa, quiero efectuar mi modesta aportación
para que no le queden minas antipersonas en el camino y las pise con
determinados riesgos.

En cuanto a la política de personal, señor subsecretario, seré tan
breve que solamente le voy a exponer tres preocupaciones. ¿Qué va a
pasar con los consejos de personal, que ya vienen de la ley del
régimen de profesional militar de las Fuerzas Armadas? ¿Van a
incardinar ahí alguna política de personal y le van a dar alguna voz,
constituyendo previamente los mismos? Sabe S.S. que la postura que
este diputado mantuvo en la discusión de la anterior ley fue
contraria a los consejos de personal porque suponía introducir en los
cuarteles un elemento de distorsión que, si no estaba suficientemente
medido con un ejército profesional de clase de tropa y marinería,
prácticamente iba a dar lugar a sindicatos
encubiertos. En segundo lugar, entiendo que no se puede hablar de
política de personal sin referirse al reservismo porque el reservismo
va a tener que ocupar un capítulo muy importante en un ejército
profesional tan disminuido de efectivos humanos personales bien en
cuadros de oficialidad y de cabecera, bien en clase de tropa, pero
sobre todo en cuadros superiores directivos de oficialidad, etcétera.

Me ha complacido la posición adoptada por el Grupo Parlamentario
Socialista, expresada por el señor Moragues, que comparto plenamente,
aunque yo voy más allá, como saben, en el tema del asociacionismo, no
vaya a ocurrir que a un médico militar, ejerciendo de uniforme en una
instalación militar, le esté vetado el asociacionismo y cuando ejerce
su profesión liberal como facultativo tiene que estar colegiado y
puede asociarse. Son contradicciones que una política de personal
lógica, inteligente, democrática y adecuada al momento actual tienen
que dejar perfectamente clarificadas.




Entro en el primer tema de su comparecencia sobre la reestructuración
de la red sanitaria militar, lo que ustedes llaman, según la petición
del Gobierno, racionalización. Señor subsecretario, si por
racionalización se entiende el totum revolutum de lo que usted nos ha
expuesto, yo no veo racionalización alguna. Según lo que he podido
anotar rápidamente -esperaré disponer del «Diario de Sesiones» para
conocer in extenso su intervención-, ha hablado de cuatro criterios
básicos, con los que yo estoy de acuerdo; el cuarto se refiere a una
red única y conjunta y la racionalización va por ahí. Apartir de esos
cuatro criterios, lo que trae el informe que usted nos ha leído aquí
es algo verdaderamente contradictorio. Señor subsecretario, parece
ser que el criterio que ha predominado es el economicista porque, si
no, no se entienden las frases peyorativas a la asistencia sanitaria
militar que vienen en el informe que usted ha leído aquí: falta de
calidad, recursos que no se han asignado, etcétera. Entonces, ¿los
males de la red hospitalaria militar se deben a una mala gestión, a
una mala planificación, o a una carencia de recursos? Si usted invoca
la sanidad militar de la red hospitalaria como una política de
Estado, con lo que estoy conforme, vamos a tratarla como política de
Estado. Sería impresentable que aquí llegara, por ejemplo, el
presidente de Aena y dijera: como tengo que ahorrar gastos en la red
de aeropuertos nacionales y como tengo la obligación de tener un
servicio de bomberos en todos los aeropuertos, vista la estadística
que dice que en los últimos cinco años no han salido los bomberos a
apagar ningún fuego en ningún avión, voy a empezar a suprimir el
servicio de bomberos de los aeropuertos. Sería algo descabellado
porque se está en una política de prevención, donde no se puede
improvisar como ocurre en el ámbito militar, cuando ocurre una
contingencia que obliga a disponer de todos los recursos
profesionales y materiales de esa red de asistencia sanitaria.




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Tengo que pensar que se ha seguido un criterio economicista cuando
dice usted que los actuales 14 hospitales militares van a quedar
reducidos a 6. El señor Blanco, en nombre del Partido Socialista, ha
hecho una serie de observaciones. Yo no tengo esos datos, pero los
comparto plenamente para que el Ministerio de Defensa pueda encontrar
en nosotros la cooperación y colaboración ante un problema de Estado.

Usted lo ha definido así y yo lo comparto. Si es de Estado, aceptemos
todos las consecuencias de una política de Estado reflejada en los
Presupuestos Generales del Estado y en la legislación complementaria.

Le voy a hacer una serie de consideraciones y de preguntas.

Usted dijo que fue un proceso largo y prudente. Pues bien, le
recomiendo que lo aplique. Hágalo de forma muy prudente y racional,
porque podemos empezar a hablar ya de verdadero desguace de la red
hospitalaria y de la sanidad militar; es un verdadero
desmantelamiento el que puede ocurrir.

Uno de los criterios que usted ha señalado -creo recordar que era el
segundo- hablaba de la dimensión y la estructura de esta sanidad
militar o de esta red hospitalaria. No sé si se está usted refiriendo
a una red hospitalaria en sentido estricto, material de hospitales, o
si estamos hablando de la sanidad militar, pero esto está aquí
implicado plenamente. Señor subsecretario, no se puede venir aquí a
hablar de edificios situados en determinadas capitales de provincias
de España, y mencionar sólo de pasada cuál es la otra estructura
sanitaria complementaria. Hay que dar cifras y datos. Yo le pregunto:
¿Qué número de camas hospitalarias hay en este momento? ¿Cuántas
camas hospitalarias se quieren suprimir? ¿Qué compromisos tiene
España con el Plan estratégico conjunto y con la OTAN (uno de los
datos que usted ha citado en su informe, son los condicionantes
estratégicos derivados del citado plan) que obligan a contar con una
reserva estratégica de camas? Un hospital militar no tiene el mismo
comportamiento en cuanto al número de camas ocupadas, no sigue los
criterios económicos que rigen los hospitales privados y los de la
red pública, pues sería un escándalo que un hospital público tuviera
camas y plantas vacías. El funcionamiento de un hospital militar es
totalmente distinto porque está obligado a prevenir riesgos de guerra
o actividades militares y a contar para estas eventualidades con
camas estratégicas. He conocido algunas cifras y puedo decir que en
algunos casos el 30 por ciento de las camas tienen que estar en
disposición de ser ocupadas en el caso de cualquier eventualidad. Es
distinta la concepción economicista de un hospital militar a la de un
hospital civil de iniciativa pública o privada.

Respecto al Plan estratégico conjunto, ¿cómo se puede decir aquí,
señor subsecretario, que desaparece el hospital militar de Las
Palmas? No se da ninguna justificación a una zona estratégica, de la
cual todavía no tenemos ni siquiera la certeza, porque no está en
ningún documento escrito sino sólo palabras del anterior
ministro de Defensa, de si Canarias está en área del mando
europeo o del mando atlántico. Esté donde esté, en el Saceur o en el
Saclant, no se puede suprimir un hospital militar porque, en caso de
una eventualidad militar en el Magreb sur -alguien debe haberse
olvidado de mirar el mapa-, cómo se va a llevar a un contingente de
militares que necesitan asistencia hospitalaria a un centro que, por
lo que usted ha dicho, el más cercano es el de San Fernando, en
Cádiz? A 2.000 kilómetros de distancia, en una zona que, si estamos
en el mando europeo, es la más meridional y la más lejana de teatros
de operaciones europeos, y si estamos en el Saclant, es la
estratégica, porque Portugal no tiene similares en el Atlántico sur.

Esto tendría que haberse explicado.

Dice usted que se han reunido una serie de expertos en el Ministerio
en largas sesiones. Dudo muy mucho que profesionales de la sanidad
militar hayan llegado a estas conclusiones. Por tanto, tengo que
pensar que debe haber alguna entidad que ha hecho el estudio que
usted ha dispuesto. Dice S.S. que no. Pues bien, lo celebro.

Entonces, que se aporte a esta Comisión el número de camas, la
reserva estratégica o logística de estas camas para caso de
eventualidades. Y que se nos diga cuál es la población militar
cubierta, la directamente profesional militar y la de sus familiares,
incluida también la Guardia Civil, porque la Guardia Civil -que no
son pocos en España- ha tenido acceso a los hospitales militares. Es
necesario saber el número de profesionales militares por regiones o
zonas militares que tienen cobertura, porque la ministra de Sanidad
siempre habla de la población protegida por acción de cobertura, la
que se da asistencia desde los centros de salud pública.

Paso a la siguiente cuestión. Al diseñar este plan ¿han consultado
con el Ministerio de Sanidad y Consumo las comunidades autónomas que
tienen transferida la sanidad, entre ellas, la Canaria? Porque dudo
mucho de que los responsables de la sanidad pública de las
comunidades autónomas que la tienen transferida sepan que un buen
número de pacientes o de consultas va a llegar a la puerta de los
hospitales públicos. Si ya tenemos listas de espera en el servicio
público de salud como problema de debate siempre abierto, imagínese
usted si lo agrava con el cierre de hospitales. Estoy pensando en mi
comunidad autónoma, donde ya se cerró -usted lo ha citado- el
hospital militar de Tenerife, y queda una zona militar específica,
estratégica y de primer orden en España, con fuerzas de tierra, mar y
aire, con mandos máximos del Ejército de Tierra, de la Armada y del
Ejército del Aire totalmente desprovistos de infraestructura
sanitaria. Si allí han primado criterios economicistas, el error es
verdaderamente garrafal. Si tienen que primar criterios estratégicos,
es que ese elemento no se ha tenido en cuenta, porque no tieneencaje
alguno con un criterio lógico de racionalización.




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Necesitamos saber qué población protegida de militares profesionales,
Guardia Civil y familiares se va a transferir. Yo he consultado este
tema con el consejero de Sanidad y Salud Pública del Gobierno
autónomo de Canarias, quien me dijo ayer que desconoce totalmente
este planteamiento. No puede ser que este señor se entere mañana por
los periódicos de que le puede llegar allí un colectivo, que debe ser
bastante numeroso por los efectivos militares y de Guardia Civil que
hay en Canarias. Necesitamos ese dato que aporte clarificación.




Cuando el señor subsecretario habla en su informe de enajenar o
transferir -se ha empleado la palabra transferir hospitales-, yo
pregunto: ¿con qué criterios y a quién? Porque no es lo mismo
transferir un hospital en el caso de Canarias, por ejemplo, o otras
comunidades autónomas- que tengan competencia en la materia. No hablo
del Ministerio de Sanidad y Consumo, de la red del Estado; aclare
usted con la ministra de Sanidad este problema; hablo de las
comunidades autónomas que tienen transferida la competencia. ¿Se les
va a transferir a las comunidades autónomas el hospital, en qué
condiciones, o se va a hacer una operación de privatización tipo
Santa Bárbara y que después nos veamos metidos en un lío entre
norteamericanos y alemanes y no sepamos si podemos fabricar el
producto para el cual estaba hecho el concierto primitivo con Santa
Bárbara? No vayamos a repetir el caso Santa Bárbara con los
hospitales que se quieren cerrar, déjese esto muy claro.

Otro dato que sería conveniente que viniera a esta Comisión es la
racionalización de los actos médicos que se están haciendo con la
actual red hospitalaria, es decir, número de intervenciones que ha
habido, y la previsión de los que se pueden mantener por convenio con
la organización pública de la sanidad. En las comunidades autónomas
transferidas esto se hace así: convenios, incluso mitad y mitad como
compensación de gastos y población cubierta, para que los conciertos
o convenios económico financieros no sean gravosos para ninguna de
las partes. Si no es así, mi comunidad autónoma tiene que plantearse
el levantar la mano ante los Presupuestos Generales del Estado y la
Comisión Mixta de Sanidad, sectorial, para decir: Si usted me
transfiere población que estaba atendida por la red militar de
hospitales, se requiere la renovación de cantidades en el coste de
transferencia.

Para que tomemos una decisión de apoyo lógica en la red hospitalaria
necesitamos saber qué estructura de sanidad militar y médica existe
en lo que da satisfacción a los efectivos profesionales que estén
proyectados hacia el exterior. No se puede hablar de supresión de
hospitales -cuestión en la que pudiéramos estar de acuerdo- diciendo
por las bravas, con unos criterios extraños y contradictorios, entre
economicistas, estratégicos y logísticos, que pasamos de 14 a 6.

Además están los escalones, a los que usted se ha referido. Pero
en esta Comisión no tenemos conocimiento de cuáles son los efectivos
que están en los escalones médicos avanzados, en lo que es una fuerza
de proyección y qué garantías van a encontrar esos escalones médicos.

Le pongo un ejemplo extremo, el de unas operaciones exteriores de las
Fuerzas Armadas españolas, dentro de la OTAN o de la ONU, que vayan a
zonas africanas donde existe el virus ébola, y hay soldados españoles
que contraen dicho virus. ¿Qué hacemos con ellos? ¿Se les va a
mantener en los escalones médicos avanzados o se les va a traer a la
retaguardia para hospitalizarlos?
Señor subsecretario, usted ha hablado de que hay unos hospitales que
parece que se van a dedicar a mantener unas especialidades. Usted
sabe que las Fuerzas Armadas tienen unidades de protección BNQ, de
guerra biológica, nuclear y química y que, aparte de unas operaciones
sobre el terreno, si hay fuerzas armadas afectadas por procesos
biológicos, guerra bacteriológica, nuclear o química, han de tener
una asistencia hospitalaria. Y tener una asistencia hospitalaria no
es solamente tener el hospital sino también a los especialistas en
estas actuaciones.

Aquí llueve sobre mojado, sobre los informes o propuestas del
Ministerio de Defensa en la anterior legislatura. No olvide usted que
nos llegó un texto original del Ministerio que, en uno de sus
artículos, proponía la creación del cuerpo de sanidad y psicología. Y
menos mal que pudimos dispersar la palabra sanidad entre médicos,
farmacéuticos y veterinarios de los cuerpos militares
correspondientes, y se solventó aquel tema, incluso con la aceptación
de quien había planteado el apellido de psicología.

Yo no sé quien habrá estudiado este tema, pero tenemos que
reflexionar con mucha intensidad. Estaba recontando los datos que
tengo de los seis hospitales que le quedan y resulta que los
criterios del Plan estratégico conjunto no se sostienen si sumamos
las camas hospitalarias que van a quedar en Madrid, el Gómez Ulla y
el Hospital del Aire -porque al final no sabemos si ustedes van a
cerrar el Gómez Ulla o el Hospital del Aire-, al resto que quedan en
el territorio. Quiero incidir en algunas cuestiones que el señor
Blanco ha señalado como, por ejemplo, que van a quedar dos
hospitales, los de Valencia y Cartagena, distanciados por 300
kilómetros, mientras que las Fuerzas Armadas en Canarias quedan a
2.000 kilómetros del hospital más cercano. (El señor vicepresidente,
González Pérez, ocupa la Presidencia.) Esto tendrá que tener alguna
explicación logística, y eso es lo que queremos saber, señor
subsecretario, en nuestro afán de colaboración, para prestar dicha
colaboración. La lealtad aquí pasa por tener, en lenguaje militar,
una munición de alcance suficiente para llegar hasta el objetivo,
porque si no, nos quedamos a medias en este tema.

Mi grupo -y con esto termino, señor presidente- está en una línea de
cooperación, pero de cooperación activa, positiva y racional, ya que
este tema necesita un



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remojo bastante largo, porque llega aquí muy incompleto. Nosotros
estaremos siempre dispuestos, en la lealtad a nuestras Fuerzas
Armadas como instrumento del Estado -que no estamos hablando de cosa
menor-, a tratar este tema con lealtad pero no a cooperar en una
cuestión extraña, que no esté suficientemente aclarada y que lleve a
una pérdida de eficacia y de calidad del servicio hospitalario de la
sanidad militar española. En los compromisos actuales, señor
subsecretario, ese es nuestro parámetro de lealtad y de cooperación,
y no contribuir -porque ahí nos negamos en rotundo-, por unos
criterios espurios, mal enfocados, de intereses personales
determinados o de intereses colectivos no claros, a un
desmantelamiento de la sanidad militar, y del basamento fundamental y
visual en su red hospitalaria, porque al final de esta información no
nos hemos enterado de cuál es el personal militar que está en fuerzas
de proyección, dónde están los hospitales de campaña o dónde está la
red complementaria. Mi grupo siempre ha dicho que si esto es una
repercusión presupuestaria hemos de asumir todas las consecuencias
para llevarlo a los Presupuestos Generales del Estado. Hemos de
proteger a los profesionales cualificados para evitar que, por
cualquier tentación de actividades mejor remuneradas en la vida
civil, abandonen los imprescindibles y prestigiosos cuadros de
nuestra sanidad militar.

Nada más, señor presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (González Pérez): Antes de la intervención
del Grupo Popular y de la posterior réplica del señor subsecretario,
vamos a suspender la sesión durante cinco minutos, para reponer un
poco las fuerzas, afectadas por esta intensidad. (Pausa.)



El señor PRESIDENTE: Cierra el turno de portavoces el Grupo Popular.

Don Manuel Atencia se referirá al primer asunto, la reforma
sanitaria. Tiene la palabra.




El señor ATENCIA ROBLEDO: Como bien indicaba el presidente,
intervendré en primer lugar en relación con el primer punto de la
comparecencia que estamos celebrando.

Como ya han hecho otros grupos, quiero agradecer la presencia del
subsecretario, que en el caso del asunto para el que yo intervengo es
a petición propia, y especialmente quiero destacar ñtambién lo han
hecho los representantes del Grupo Socialista- que la información
o la exposición de los proyectos del Gobierno en materia de
racionalización de la red sanitaria militar que se acaba de dar se
haga en primer lugar aquí, en sede parlamentaria. Sin perjuicio de
que la obligación del Gobierno es comparecer, como ha manifestado S.

S., ante esta Comisión y rendir todo tipo de explicaciones sobre su
gestión y sobre los proyectos que tiene en marcha, nos parece
destacable desde el Grupo Popular
que lo que el Gobierno tiene voluntad de afrontar en lo que se
refiere a la red sanitaria militar lo quiere hacer contando con el
Parlamento y, en primer lugar, antes que nada, compareciendo en esta
Comisión, dando todo tipo de información.

En segundo lugar, afirmaré que para el Grupo Popular es una necesidad
imperiosa afrontar una profunda reforma de la red hospitalaria
militar. Los datos expuestos por el señor subsecretario evidencian
esa necesidad que comparte el Grupo Parlamentario Popular, pero es
una necesidad que no es nueva y que responde a una iniciativa del
Grupo Parlamentario Popular del 3 de junio del año 1999 que buscaba
la racionalización de la red hospitalaria militar, persiguiendo el
objetivo de la integración y unificación, pero fundamentalmente para
que ese principio de racionalización, que en este caso demanda una
profunda reforma, se llevara a cabo.

Desde el punto de vista del Grupo Popular -y en esto coincidimos con
la intervención del subsecretario y de algún grupo-, los principios
básicos de esta propuesta de racionalización son compartidos.

Entendemos que debe haber una red hospitalaria del Ministerio de
Defensa; que esta red hospitalaria debe ser única, como ocurre -y se
ha destacado por el señor subsecretario- en la mayoría de los países
de nuestro entorno; que esta red hospitalaria del Ministerio de
Defensa debe estar orientada a la fuerza, a nuestro personal militar,
y que la red hospitalaria debe ser lo más eficiente y racional
posible. En esos principios entendemos que debe sustentarse la
reforma de la red hospitalaria militar española adscrita al
Ministerio de Defensa.

La propuesta del Ministerio de Defensa expuesta por el subsecretario
atiende a los criterios de fuerza operativa, que debe ser el
principal objetivo que debe orientar la red sanitaria militar
española. Y la propuesta que ha hecho el señor subsecretario, que
aplaude este grupo, afronta de forma global la cuestión con un diseño
completo -frente a una política de parches que podría llevarse a
cabo- que pretende el redimensionamiento de nuestra actual red
sanitaria.

Pero es que, además, nosotros entendemos que se afronta la cuestión
objeto de esta comparecencia de forma clara, realista, responsable y
prudente, pensando ante todo en los intereses generales y respetando
o salvando los intereses particulares, pero anteponiendo lógicamente
los intereses generales, como ha quedado claro en la primera
exposición del señor subsecretario.

Esta propuesta de racionalización de la red sanitaria militar del
Ministerio de Defensa que se ha presentado se enmarca, como ha sido
destacado en la intervención del señor subsecretario, en el proceso
de transformación de nuestras Fuerzas Armadas y es consustancial a
aquélla. La propuesta es coherente, como se ha expuesto, con la
política llevada a cabo en los últimos años y especialmente en la
última década, la década de losnoventa, por los distintos
responsables del Ministerio



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de Defensa. Pero además es consecuencia del compromiso de investidura
del presidente Aznar y de la exposición de política general del
departamento a llevar a cabo en esta legislatura realizada por el
ministro TrilloFigueroa en su primera comparecencia ante esta
Comisión.




La propuesta parte de la necesidad de que la sanidad militar, como
antes he destacado, esté volcada en la asistencia a la fuerza y no en
la asistencia a los civiles, que para eso hay otros cauces, y
entiende el Grupo Popular que debe cumplir fundamentalmente el
objetivo de apoyo operativo a las Fuerzas Armadas y garantizar la
asistencia sanitaria de calidad del personal del Ministerio de
Defensa.

Como también ha quedado suficientemente claro, la propuesta que se
nos ha realizado es coincidente con lo que han hecho o con lo que
están haciendo los países de nuestro entorno. Por eso entendemos que
los intereses generales deben primar sobre los particulares, y aquí
en ningún caso se ha hablado de cerrar hospitales. Lo que se ha
planteado es que hay una serie de hospitales que se considera que no
son adecuados dentro de la red sanitaria del Ministerio de Defensa,
que pueden tener otros usos, de carácter sanitario preferentemente,
a ser posible dentro de las otras administraciones con competencia en
materia sanitaria, para el conjunto de los ciudadanos, bien dentro
del Sistema Nacional de Salud, Insalud, o dentro de los servicios de
salud de las comunidades autónomas, pero insisto, los intereses
generales deben primar sobre los particulares. Creo que la propuesta
que se ha realizado, clara, prudente, realista y responsable, adecua
perfectamente que los intereses generales que deben primar en los
objetivos en política de asistencia sanitaria en el ámbito del
Ministerio de Defensa se hagan compatibles con el hecho de que se
garanticen los puestos de trabajo de aquel personal laboral que
trabaje en los hospitales que se han señalado como transferibles, de
forma que se ha planteado por el señor subsecretario que tanto el
personal sanitario como el no sanitario tendrá resuelta esa
situación.

En primer lugar, nos parece (creo que conviene destacarlo, y lo hacía
al final de su intervención el señor subsecretario) que las claves de
la racionalización de la sanidad militar se apoyan, como se ha
destacado, en abrir a la sociedad algunos de los hospitales
actualmente de Defensa y que podrán ser utilizados por la propia
sociedad; en segundo lugar, el mantenimiento de los puestos de
trabajo, y por tanto no primar el objetivo de hacer un negocio, de
obtener fondos, que sin duda tendrá otro objetivo, sino primar, como
se ha destacado por el señor subsecretario, el mantenimiento de los
puestos de trabajo frente a cualquier otro criterio economicista;
y en tercer lugar, que los fondos obtenidos de la transferencia de los
hospitales, preferentemente a las otras administraciones, como se ha
señalado, se reinvertirá en la sanidad militar. Creo que es difícil
presentar
un planteamiento de objetivos claro, coherente y global mejor
que el que se ha hecho.

Por eso, y esperando a las mayores concreciones que sin duda va a
hacer el señor subsecretario, quisiera plantear algunas preguntas
sobre alguno de los aspectos que en la primera intervención se han
tratado. En primer lugar, ya lo ha hecho el señor subsecretario, los
actuales hospitales militares ubicados en la capital de España se van
a concentrar en uno, y sin duda se ganará en eficiencia y también en
calidad de prestación de servicios sanitarios. ¿En qué hospital se va
a llevar a cabo esta concentración de medios materiales y personales
y, por tanto, en qué hospital se llevará a cabo la ubicación del
hospital central, en qué período, en qué plazos y de qué forma? En
segundo lugar, ha hablado el señor subsecretario de la unificación de
la red hospitalaria del Ministerio de Defensa, ¿qué previsiones
temporales hay para la unificación de la red hospitalaria de su
Ministerio? En tercer lugar, ¿qué pasa con Ceuta y Melilla por las
especiales circunstancias que se dan? Y en cuarto lugar, ¿se van a
mantener los convenios de colaboración con el Servicio Nacional de
Salud o los servicios de salud de las comunidades autónomas
actualmente en vigor?
Reiterando el respaldo del Grupo Parlamentario Popular a la
disposición que ha realizado el señor subsecretario y al proyecto de
racionalización y reforma de la red hospitalaria militar, cedo la
palabra, con la venia de la Presidencia, a mi compañero Miguel
Campoy, para que intervenga sobre el segundo asunto de la
comparecencia.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Campoy.




El señor CAMPOY SUÁREZ: En primer lugar, quiero agradecer la
presencia del señor subsecretario motu proprio para explicar el
actual proceso de racionalización de la red sanitaria militar y, lo
que es más importante, la exposición clara, concisa y yo diría que
brillante de la política de personal del Ministerio que se halla
inmerso en un proceso de transformación irreversible, profundo y
complejo, producto de ese nuevo concepto de defensa y en aras de esas
Fuerzas Armadas modernas y de esos nuevos retos que suponen la
seguridad y la defensa. Para ello, con el consenso de toda la
sociedad y de los distintos grupos políticos, el Ministerio ha
elaborado un plan que pasa por la profesionalización, la
modernización y la racionalización.

Estamos de acuerdo con el Grupo Parlamentario Socialista en que no
son fines en sí mismos, sino técnicas de consecución que al cabo se
convierten en compañeras de viaje permanente para ese destino final
que son unas Fuerzas Armadas modernas. Es cierto que todas ellas
afectan al personal de nuestras Fuerzas Armadas, especialmente lo
referido a la profesionalizaciónque, como sabemos, no tiene
precedente en nuestra



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historia. Es un reto ambicioso y muy complejo que esta sociedad
demanda y asume. Desde aquí quiero destacar la valentía, la
responsabilidad y la flexibilidad con que la Subsecretaría está
llevando este proceso, que tiene un esfuerzo añadido y es el adelanto
del fin del servicio militar en un año. Paradigma legal de todo este
proceso de profesionalización es la Ley 17/1999, que entró en vigor
el año pasado. Nuestro grupo cree que resuelve todos los problemas
que se han planteado hasta este momento; posibilita la solución de
los problemas de esos colectivos que podríamos calificar de cautivos
hasta la entrada en vigor de esa ley y, lo que es más importante,
responde al interés general del conjunto de las Fuerzas Armadas.

Quisiera resaltar que me parece un magnifico punto de partida. Prueba
de que es una buena ley es que ha contado con el consenso de los
distintos grupos políticos, y lo que es más importante, sienta las
bases de lo que serán nuestras Fuerzas Armadas en un futuro no muy
lejano.

Como toda ley que tiene retos ambiciosos, aunque lleva un año y pico
en vigor, necesita de una maduración en su ejecución. Es grato
escuchar por parte del subsecretario que una de las formas de que
esta ley se pueda aplicar en todos sus términos es con un oportuno
desarrollo reglamentario. No compartimos que el ínterin que pueda
existir pueda ser calificado de fraude de ley, como ha dicho el señor
Moragues, del Grupo Parlamentario Socialista, porque con el escaso
tiempo transcurrido desde que entró en vigor es lógico pensar que el
desarrollo reglamentario que ha puesto en marcha la Subsecretaría
pueda cubrir los objetivos que se marca la ley.

En cuanto a la rapidez de actuación por parte de la Subsecretaría
ante lo que es un fenómeno novedoso como es el de la
profesionalización, quisiera resaltar las medidas que se están
llevando a cabo en aras de conseguir los objetivos que se marcó en su
día la Comisión Mixta. La Subsecretaría ya ha tomado una serie de
medidas en cuanto a facilitar todo el proceso de profesionalización,
es decir, la renovación, el reenganche, la implantación de un salario
más competitivo, para lo cual será esencial el desarrollo
reglamentario dentro de las dos líneas de actuación que ha mencionado
el subsecretario, como es el reglamento de ingreso y promoción en las
Fuerzas Armadas y el reglamento de retribuciones tan esperado y que
verá la luz en pocos meses.

Quiero hacer especial hincapié en esas salidas profesionales tan
necesarias, llamadas apoyos a la reinserción en la vida civil. A
nuestro grupo le gustaría conocer, no en esta comparecencia que ya es
bastante extensa, en qué situación se encuentra la homologación
respecto a la enseñanza y a los títulos y los acuerdos que ha podido
suscribir el Ministerio con distintas empresas y organismos, para la
salida laboral de la tropa y marinería del personal de las Fuerzas
Armadas. Ya sabemos que está en marcha el plan de mejora de la
calidad de vida. En definitiva, hay determinadas cuestiones
a las que debemos prestar especial atención. Por eso
compartimos con el Grupo Parlamentario Socialista todo lo referente a
renovación y reenganche, lo cual debe ser objeto de un especial
cuidado.

Ha hablado el subsecretario de esa proporción, que nos parece óptima,
entre mandos y tropa de marinería. Asumimos plenamente el
planteamiento que ha hecho el subsecretario en cuanto a los
principios de esa política de personal, planteamiento que, por otra
parte, nos parece impecable. Destacaría el principio del que ha
partido, que es el más importante en unas Fuerzas Armadas, y es la
destacada atención a lo que es la persona.




Por último, quiero animar a la Subsecretaría a continuar el arduo
esfuerzo que lleva acabo en el ejercicio de responsabilidad que la
caracteriza para alcanzar ese gran reto común que suponen unas
Fuerzas Armadas modernas.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor subsecretario para
contestar a los portavoces de los distintos grupos parlamentarios.




El señor SUBSECRETARIO DE DEFENSA (Torre de Silva y López de Letona):
Respecto a los dos portavoces que han intervenido del Grupo
Parlamentario Socialista, en primer lugar, quería agradecer el tono
que han empleado y sus palabras cordiales en relación con la
presencia del subsecretario de Defensa en esta Comisión. Paso a
responder algunas de las cuestiones suscitadas por don Jaime Blanco,
en relación con la sanidad militar, para referirme, a continuación, a
las propuestas por el señor Moragues.

La formación del personal sanitario de las Fuerzas Armadas es una
preocupación importante para la Subsecretaría en todo este proceso.

Pero no se ha de tender sólo a una formación de tipo asistencial,
como se puede dar en la medicina civil, sino también a una formación
en aspectos logístico-operativos que permitan una eficacia militar de
estos profesionales de la medicina. El plan en cuanto al
redimensionamiento de la red sanitaria militar no sólo no perjudica
esta formación sino que la beneficia, pues la concentración de medios
posibilita una formación mucho más intensa por parte de los
profesionales médicos de las Fuerzas Armadas, que pueden articularse,
como he dicho en mi comparecencia, en unidades logísticas operativas
y tener el entrenamiento apropiado en este aspecto. También la
formación desde un punto de vista asistencial general se beneficia en
la medida en que se concentra en menos instalaciones el número de
médicos militares y ello permite que haya más especialistas y,
consiguientemente, una mejor formación en cada una de las áreas
convencionales, por así decir, de la medicina.

Comparto absolutamente la necesidad de que haya un número de
pacientes elevado que permita que, másallá de lo logístico-operativo,
todos nuestros profesionales



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presten servicios y su eficacia médica. Igual que comparto la
necesidad de esta formación continuada, es preciso también buscar y
obtener el número suficiente de pacientes. En este sentido el acuerdo
marco de colaboración con el Ministerio de Sanidad, a que se refería
el señor Blanco, no sólo es interesante, sino que ha de ser
potenciado. Respondo a una cuestión que me ha planteado el portavoz
del Grupo Parlamentario Popular, señor Atencia, diciendo que los
convenios de colaboración con el Insalud y con los servicios de las
comunidades autónomas no se ven perjudicados con este plan, todo lo
contrario; estos convenios pueden seguir en plena eficacia, incluso
potenciarse en aquellos hospitales que van a mejorar sus
instalaciones en cuanto a medios humanos y materiales, y de esta
manera pueden ampliarse estos convenios. Es cierto que un convenio
más global con el Insalud podría plantearse también y sería
interesante. En síntesis, en cuanto a este segundo punto, compartimos
la necesidad de un número adecuado de pacientes que permitan el
funcionamiento de los hospitales.

No comparto en cambio la alarma que ha señalado S.S. en cuanto a la
calidad adecuada. He tenido buen cuidado de no improvisar en mis
palabras en este punto. Creo que están reflejadas en el «Diario de
Sesiones» con toda precisión. Lo que he dicho es que el servicio,
pese a los deseos de todos, no está a la altura de la España del
siglo XXI. No he hablado de que la calidad sea inadecuada ni nada
parecido, pero son simplemente distintas apreciaciones de mis
palabras que constan en el «Diario de Sesiones», de manera que es
inútil extenderse sobre esto.

Estoy de acuerdo con S.S. en que hay que adecuar las plantillas. La
adecuación de las plantillas, que está en marcha, es una de las
necesidades claras de nuestra sanidad militar, precisamente para
repartir correctamente este personal sanitario militar. Estamos en
ello y esto se lleva en paralelo a este proceso, que se iniciará
pronto, de redimensionamiento de la red sanitaria.

Las especialidades específicas de los ejércitos -que no son
especialidades médicas en sentido estricto, sino unos conocimientos
específicos de la medicina aeronáutica, de la subacuática o la más
próxima al Ejército de Tierra- se van a potenciar e incluso con
arreglo a estas especialidades, se va a estudiar un nuevo modelo de
carrera del personal sanitario, sobre todo de los médicos militares,
de manera que se aproveche esta enseñanza más apropiada o más intensa
en el ámbito específico de cada uno de los ejércitos. La
investigación médica debe ser potenciada, en eso estamos
absolutamente de acuerdo, pero no puede haber investigación médica si
no hay unos recursos que invertir en ella y como de todos es
conocido, y lo conoce mejor el señor Blanco, es una investigación
sumamente cara en cuanto a las necesidades que requiere.

Ha hablado el señor Blanco del cierre de ocho hospitales. Este
subsecretario no ha hablado del cierre de
ningún hospital. La palabra cierre no está recogida en los planes del
Ministerio de Defensa, que contempla exclusivamente la transferencia
de hospitales, no el cierre de ninguno. Yo creo que es importante el
lenguaje que empleemos para no dar lugar a falsas inquietudes por
parte del colectivo afectado.

Ha planteado también S.S. la reducción de camas de la reserva
logística y aprovecho para responder a una pregunta del señor
Mardones sobre el número de camas totales, ya que me pregunta cuántas
camas hay en la actualidad y cuántas camas van a quedar. En la
actualidad hay en torno a 3.200 camas en la red hospitalaria militar
y quedarán en servicio entre a 1.500 y 1.700 camas. De cualquier
modo, no hay que hacer una comparación pura y simple de la magnitud
de las camas de la reserva logística en el año 1998 y de las camas de
la reserva logística del año 2000 que prescinda del tamaño de las
Fuerzas Armadas. En el año 1998 las Fuerzas Armadas tenían un tamaño
sensiblemente superior al actual, de manera que es imprescindible
adecuar también el tamaño de esta reserva logística de camas a las
nuevas dimensiones de las fuerzas armadas.

A continuación el señor Blanco ha hecho alarde de cifras y de datos
importantes, alguno de los cuales no coincide con los que nosotros
tenemos, pero no vamos a entrar en una discusión pormenorizada;
simplemente diré que los criterios de urgencias, estancias y
ocupación no han sido los únicos que se han empleado; al contrario,
han sido los criterios logístico-operativos, es decir, los derivados
de las operaciones de las Fuerzas Armadas presentes y previsibles los
que han primado. Los datos que ha mencionado el señor Blanco se han
tenido en cuenta, pero no han primado como primer criterio.

Me alegro que como posición global del Grupo Socialista se compartan
no sólo los principios a los que he hecho referencia de red única en
apoyo a las Fuerzas Armadas, orientados básicamente al apoyo de la
fuerza, sino también que no haya una oposición del Grupo Socialista a
una posible enajenación subsidiaria a una entidad privada si la
Administración pública competente en materia sanitaria no muestra
interés o no se llega a ningún acuerdo con ella. En cualquier caso,
los puestos de trabajo -y a esto se ha referido el señor Blanco- no
sólo están garantizados por buenas intenciones; los puestos de
trabajo van a tener una garantía adicional a las buenas intenciones
del Ministerio de Defensa y una garantía doble. Hay una garantía
absoluta, derivada de los acuerdos o del convenio colectivo único con
personal laboral al servicio de la Administración del Estado y de los
documentos que los rodean, de mantenimiento de los puestos de
trabajo, de manera que una persona afectada por este proceso puede
encontrar colocación dentro del Ministerio de Defensa en otra
ubicación, por así decirlo, o en otro destino, de manera que por esa
vía hay una garantía de puestos de trabajo. Y hay una segunda
garantía que introducimos



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nosotros que es el compromiso que habrá de asumir cualquier empresa
privada a la cual sea transferida una determinada instalación
hospitalaria de respetar los puestos de trabajo durante un plazo de
tiempo razonable. Este es un compromiso contractual, parte del
negocio de la enajenación del hospital se integra en este compromiso;
por tanto, tendrá una garantía jurídicoprivada, por así decirlo, más
allá de la genérica del Estatuto de los Trabajadores y demás.

El Ministerio de Defensa es consciente de que imponiendo este
compromiso a las posibles entidades privadas interesadas en esta
transferencia cuando no haya entidad pública que lo esté -y esto me
interesa recalcarlo- puede hacer disminuir la compensación económica.

Un empresario lógicamente puede hacer la consideración de que si
tiene que mantener los puestos de trabajo, su oferta será menor. El
Ministerio de Defensa acepta esta oferta menor con tal de que respete
durante un plazo razonable la integridad de los puestos de trabajo
del personal civil sanitario que vaya a ser transferido a esta
empresa privada. Por tanto, no sólo son buenas intenciones las que
garantizan los puestos de trabajo.

En quinto lugar ha señalado una cuestión con la cual este
subsecretario no puede estar más de acuerdo. Las condiciones de
oferta para que una determinada instalación hospitalaria pase a una
entidad privada han de ser muy superiores a aquellas condiciones de
oferta de las administraciones públicas. Es decir, en condiciones de
igualdad o incluso de ligera mejoría, el Ministerio de Defensa tiene
una preferencia por las administraciones públicas. Esto ha de quedar
bastante claro y en ese sentido compartimos con S.S. completamente
esta prioridad hacia lo público. Con esto creo que respondo, según
mis notas, a todos los extremos que ha planteado, pero si quiere
alguna aclaración, con gusto volveré sobre ella.

Don Alberto Moragues plantea distintas cuestiones sobre la segunda
comparecencia en materia de personal. La palabra incumplimiento que
ha empleado sobre la Ley 17/1999 él mismo la ha matizado
posteriormente diciendo que no se trata tanto de un incumplimiento,
sino de que es un desarrollo reglamentario amplísimo, muy prolijo y,
consiguientemente, no es que se incumpla, sino que se dilata en el
tiempo porque la capacidad del Ministerio de Defensa para acometer
simultáneamente el desarrollo reglamentario que requiere la ley es
limitada y hay que priorizar, por decirlo así. En cuanto al primero
de los puntos, básicamente habla de tres áreas: área de inspección,
área de quejas-recursos y área de consejos asesores. Aquí la
prioridad del Ministerio de Defensa ha sido la de los consejos
asesores de personal, que quizás es la cuestión más polémica y es la
innovación más importante en este ámbito y, por tanto, se está
trabajando en esta materia, se están recabando experiencias de otros
países y a lo largo del año 2001 tendremos el reglamento de consejos
asesores de
personal en vigor. Si las previsiones del Ministerio de Defensa se
cumplen, en el año 2001 tendremos este reglamento en vigor, que sería
un buen marco para afrontar esta cuestión. En este sentido, aprovecho
para responder, aunque no esté presente, al señor Mardones, que es
contrario a los consejos asesores de personal. Pues bien, el
Ministerio de Defensa es favorable a los consejos asesores de
personal, a la aplicación de la Ley 17/1999 en este punto, como no
podía ser de otra manera, y, por tanto, las reservas que mantiene el
Grupo de Coalición Canaria en este punto no son compartidas por parte
del Ministerio de Defensa.

En segundo lugar, como segundo gran ámbito, S.S. se ha referido a la
enseñanza militar como un gran conjunto. Este subsecretario de
Defensa comparte absolutamente que hay que profundizar en el camino
de la unificación de escuelas. Esta es la vía apropiada para afrontar
la cuestión de la enseñanza en el siglo XXI. La Escuela Superior de
las Fuerzas Armadas, cuyo primer curso terminó el pasado mes de
junio, es una buena muestra de ello y un desarrollo rápido de la Ley
17/1999 y en este sentido es muy interesante. Efectivamente, las
escuelas de guerra de cada ejército -antiguas escuelas de guerra
naval y escuelas de Estado Mayor- han de ser repensadas y
redimensionadas a partir de la creación, hace un año, de la Escuela
Superior de las Fuerzas Armadas. Esta es una tarea que habrá que
llevar adelante. La Escuela Central de Idiomas ha de ser potenciada y
en esto está trabajando ya la subsecretaría con bastante impulso para
ofrecer en la misma no sólo los idiomas que se vienen impartiendo en
la actualidad, sino los idiomas principales, por así decirlo, por
ejemplo el inglés y el francés, y de esa manera hacer un trasvase de
las escuelas propias de cada ejército hacia la escuela central. Puede
haber alguna especialidad lingüística en algún idioma en materia
aérea o marítima, pero estas especialidades son siempre menores y no
justifican la dimensión actual de las escuelas de idiomas de los
ejércitos. En cuanto a los órganos de los centros docentes, el
Ministerio de Defensa está estudiando ya un proyecto de norma sobre
los órganos para desarrollar la ley, es decir, ha comenzado ya el
estudio y la elaboración del proyecto de norma reglamentaria. El
reglamento de ingreso es un buen instrumento -comparto con el señor
Moragues sus apreciaciones y se las agradezco- y da lugar a su vez a
una serie de subapéndices.

En cuanto al cuerpo de intendencia, la convivencia de los dos accesos
de los profesionales al cuerpo de intendencia plantea algunos
problemas o dificultades. De momento, la decisión que se ha tomado es
que en la convocatoria de plazas al cuerpo de intendencia del año que
viene se van a mantener los criterios vigentes desde la Ley 17/1989,
es decir, acceso con titulación universitaria, y no se va a abrir en
el año 2001 a personal que ingrese en las academias militares. El
personal que



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accede desde la universidad tiene unas ventajas innegables y yo creo
que su formación puede ser mejorada. Estamos estudiando cómo mejorar
la formación específica de este personal de intendencia que ingresa
por vía oposición después de una licenciatura universitaria. El
proceso continuo de formación tiene ya en marcha un plan piloto con
una experiencia en este campo. Propiamente, no es sólo que vaya a
entrar en vigor, no es una norma jurídica, por así decirlo, sino que
es una fórmula de selección distinta de la empleada actualmente. ¿Qué
mejora? Lógicamente, las mejoras del proceso continuo de formación
son muchas: en primer lugar, una mejora temporal. Hoy en día sólo es
posible entrar como militar profesional de tropa y marinería en las
distintas convocatorias que se van sucediendo. En cuanto se
establezca un proceso continuo de formación, cualquier momento será
apto para el ingreso en las Fuerzas Armadas. En segundo lugar,
proporciona sobre todo una posibilidad de adaptar la plaza de las
Fuerzas Armadas a la cual se aspira al perfil del candidato. Hoy en
día estamos haciendo incorporaciones muy masivas, que no permiten el
adecuado asesoramiento individual sobre cuál es la plaza que más se
adecua al perfil del candidato. Este asesoramiento individual será
posible cuando se establezca de modo generalizado el proceso continuo
de formación, pero el establecimiento de dicho proceso está también
en función de los resultados de la profesionalización. En cuanto a
que haya que hacer convocatorias muy masivas, el proceso continuo de
formación puede no dar el número suficiente de personas. Por tanto,
hay que adecuarlo o hay que combinarlo con esta serie de
convocatorias que habrán de mantenerse durante una serie de meses. En
cuanto a los resultados del acceso directo al cuerpo militar de
sanidad de los suboficiales con la titulación de psicología, siento
no responderle en este momento porque no tengo el dato. Le haré
llegar por escrito la contestación.

En cuanto a los planes de estudio, se están modificando todas las
directrices de todos los planes de estudio de los distintos cuerpos y
escalas. Las directrices se establecen por real decreto, como sabe S.

S., y los planes de estudio por unas normas de rango inferior. Como
no podía ser de otra manera, los principios constitucionales y la
pluralidad cultural de España serán contemplados en los distintos
planes de estudio. En relación a la formación de militares
profesionales de tropa y marinería al título oficial de técnico en
defensa, solamente puedo decir que estamos en contacto con el
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, las conversaciones están
avanzadas y hay un borrador en estudio por parte de este Ministerio
que sería el que tendría que sacarlo adelante. Hay un contacto y un
impulso constante por parte del Ministerio de Defensa, porque
entiende que este título oficial de FP será muy favorable para la
reinserción o reincorporación a la vida civil de los militares
profesionales de tropa y marinería una vez que terminen sus
compromisos. En lo relativo al
plan de actuaciones sobre el apoyo a la reincorporación, los
convenios van aumentando progresivamente -este mes se firmará otro
más- y están empezando a dar buenos resultados en cuanto a
colocaciones. No tengo en este momento las cifras exactas del número
de convenios, pero el Ministerio está muy satisfecho con la marcha de
estos convenios.

En cuanto a los servicios prestados a las Fuerzas Armadas como mérito
para entrar al servicio de la Administración pública, estamos en
conversaciones con el Ministerio de Administraciones Públicas, sobre
todo individualizando aquellos cuerpos de la Administración civil del
Estado para los cuales la formación militar pueda ser interesante. No
sería tanto un mérito general para cualquier puesto de la
Administración civil del Estado cuanto particular para determinados
cuerpos que tengan afinidades en materia de seguridad u otras que son
apropiadas para nuestros profesionales de tropa y marinería.

Simplemente quiero destacar que por lo que se refiere a las
posibilidades de apoyo o de ingreso en la Administración pública a
través de la tropa y marinería profesional, como sabe S.S., en la
convocatoria extraordinaria de plazas a la Guardia Civil se ha
aumentado del 50 al 65 por ciento el cupo reservado para dicha tropa
y marinería, lo cual es un impulso a esta reincorporación a la vida
civil, en este caso civil sólo hasta cierto punto de la Guardia
Civil.

En relación con el reglamento de retribuciones, acojo con gusto la
petición de diálogo y estamos abiertos a las reuniones que quieran
plantear, aunque de momento el asunto está todavía en estudio en el
seno del Gobierno. Cuando el reglamento de retribución esté más
avanzado con gusto podremos dar información adicional a la que ya
proporcioné en mi comparecencia en materia de presupuestos. La
renuncia a la condición militar y la norma reglamentaria, que es una
orden ministerial que va a regular las compensaciones al Ministerio
de Defensa, es una materia urgente y será aprobada y publicada a
corto plazo. No me aventuro a decir un plazo concreto, pero a corto
plazo esta norma verá la luz, porque es una necesidad muy sentida por
parte de los profesionales de las Fuerzas Armadas. Yo creo que con
esto contesto a las cuestiones plantedas por el señor Moragues, salvo
la relativa a los suboficiales con titulación en Psicología, sobre la
que mandaré los datos posteriormente. Si quiere cualquier aclaración
adicional, estoy a su disposición.

Paso a referirme a la intervención del señor Mardones. No voy a
entrar en los calificativos que ha empleado en relación con el plan
ni voy a emplear otros parecidos en la contestación a su
intervención. Simplemente diré que no ha predominado el criterio
economicista; no sólo no ha predominado, sino que si tuviera que
decir qué criterio -aunque han sido muchos- ha sido el rector, el más
importante en este proceso de racionalización de la red sanitaria
militar, diría que ha sido el criterio de las operaciones de las
Fuerzas Armadas.




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El criterio operativo de las Fuerzas Armadas ha sido el que ha estado
a la cabeza, por así decirlo, en este estudio que se ha hecho. El
personal de los estados mayores es el que tiene conocimientos más
amplios en esta materia, como no podía ser de otra manera. Por tanto,
no hay ningún desguace de la red sanitaria militar ni cosa parecida,
sino simplemente un redimensionamiento, con una devolución, entrega o
apertura a la sociedad de determinados centros sanitarios que
conservan tal característica. Por tanto, desde el punto de vista de
la sociedad civil, entiendo que sólo puede alegrarse de tener una
serie de instalaciones a su servicio que hasta ahora lo estaban muy
parcialmente. En cuanto a las camas que hay, he respondido
anteriormente al hilo de la respuesta al señor Blanco, pero con mucho
gusto le repetiré, señor Mardones, que actualmente hay unas 3.200
camas en servicio y que posteriormente quedarán unas 1.500 ó 1.700,
siempre en servicio.

Me ha preguntado también por el hospital militar de Las Palmas y cuál
es la población cubierta por este hospital. Actualmente, la población
militar cubierta o, mejor dicho, potencialmente cubierta por el
hospital militar de Las Palmas está en torno a las 5.000 personas.

Como sabe, el personal militar -en su inmensa mayoría profesional- de
las islas Canarias es asegurado del Isfas, y estas más de 5.000
personas pueden optar por recibir su asistencia sanitaria por parte
del Sistema Nacional de Salud, de la sanidad militar o de entidades
privadas. De los asegurados del Isfas, solamente 257 personas reciben
asistencia hospitalaria por el hospital militar de Las Palmas. Estas
cifras son significativas a la hora de valorar el servicio
asistencial, por así decirlo, que presta el hospital militar de Las
Palmas a la población. Esto se debe a diversos motivos, entre otros
al estado de la sanidad civil. El Ministerio de Sanidad y diversas
consejerías de Sanidad de las comunidades autónomas han sido
contactadas informalmente a lo largo de este proceso. De todos modos,
como he dicho anteriormente, el primer criterio no ha sido el
relativo a la facilidad o dificultad de transferencia, sino el
relativo a las operaciones previsibles de las Fuerzas Armadas. He
explicado en mi comparecencia a quién se transferirá esta red
hospitalaria: con preferencia hacia a las administraciones públicas
y, subsidiariamente, en caso de que la Administración pública no esté
interesada o no haga una oferta que se adecue a lo razonable, existe
la posibilidad de transferirla a alguna entidad privada, como ya he
explicado. Creo, por tanto, que he explicado a quién y con qué
criterios, aunque el proceso de transferencia de cada hospital se
iniciará individualmente; es decir, habrá una decisión individual
a partir de la cual se iniciará el proceso en cada hospital singular.

Esta decisión no ha sido tomada para el hospital militar de Las
Palmas todavía. Creo que con esto he respondido básicamente a las
cuestiones planteadas por el señor Mardones.




Al señor Atencia y al señor Campoy les quiero agradecer muy
especialmente las palabras que han tenido de agradecimiento y de
consideración, y, junto a ellos, al Grupo Parlamentario Popular en la
Comisión de Defensa, así como sus palabras de bienvenida y sus
ponderaciones sobre el informe que este subsecretario ha expuesto
esta mañana. Muchas gracias por ello.

El señor Atencia ha planteado algunas cuestiones concretas, a alguna
de las cuales -los convenios de colaboración con el Insalud y con las
comunidades autónomas- me he referido anteriormente cuando he
respondido al Grupo Parlamentario Socialista. En cuanto a la
unificación de la red hospitalaria del Ministerio de Defensa, la
fecha de referencia es el 1 de enero de 2003. En esa fecha comenzará
a funcionar esa red unitaria; hasta entonces hay que tomar una serie
de medidas, que ya han comenzado en los presupuestos del Estado de
este año, de centralización de los créditos presupuestarios, del
personal y demás.

Efectivamente, Madrid es una plaza con particulares características.

Como he dicho, las instalaciones hospitalarias de la Comunidad de
Madrid serán concentradas en una sola; por tanto, todos los recursos
personales y materiales se volcarán en este hospital, que será el
central de Defensa. El único hospital que por sus características
puede acoger a toda esta pluralidad de medios materiales y personales
es el hospital militar Gómez Ulla, que es el que recibirá a los
profesionales y a los medios materiales del hospital del Aire, del
hospital del Generalísimo, del sanatorio de Los Molinos y de la
policlínica Naval y que por tanto actuará como hospital central de
las Fuerzas Armadas en una primera etapa. Ahora bien, al Ministerio
de Defensa le gustaría que el hospital central de las Fuerzas
Armadas, de alguna manera, fuera un hospital de menor tamaño que el
hospital militar Gómez Ulla, un hospital más moderno, con un diseño y
unas características más modernas y un hospital mejor comunicado por
tierra que el hospital militar Gómez Ulla. En los planes del
Ministerio de Defensa está la creación de una nueva sede de este
hospital central de Defensa sobre la base del actual hospital del
Aire. Después de la concentración se harán los proyectos y los
estudios necesarios para, sobre la base del edificio actual y sus
instalaciones, construir un hospital plenamente moderno a la altura
de la nueva sanidad hospitalaria militar que, como he dicho y como
creo que es voluntad de todos los grupos parlamentarios, será una
sanidad militar más dotada tecnológicamente, más competente y por
tanto más eficaz.

Ceuta y Melilla, efectivamente, tienen unas consideraciones
especiales. La asistencia sanitaria civil, que no es el factor
principal pero que tampoco podemos desatender, tiene especiales
características que no quiero calificar en este momento. La
asistencia sanitaria al personal del Ministerio de Defensa ha de
estar siempre garantizada con carácter previo a cualquier transferencia



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de estos hospitales. Solamente si por vía de sanidad civil hubiera
una posibilidad de atención a nuestros profesionales que no fuera
inferior a la que reciben actualmente, se podría abordar esta
transferencia. Si no existiera esa asistencia civil simultánea, por
así decirlo, o como consecuencia de la transferencia, estos centros
llamados hospitales militares de Ceuta y Melilla conservarían sus
características. Con ello creo que he respondido a las preguntas del
señor Atencia.

La primera pregunta del señor Campoy hacía referencia a los títulos
de enseñanza. El título básico es el de técnico en Defensa, tal como
he contestado anteriormente al señor Moragues. En cuanto a los
convenios
con empresas y organismos, como ya he informado anteriormente a dicho
diputado, se desarrollan satisfactoriamente; si quiere el detalle de
los convenios firmados o cualquier otra aclaración, con mucho gusto
se lo haría llegar por escrito.

Quiero agradecer a esta Comisión la atención prestada a mis palabras.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor subsecretario.

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión.




Era la una de la tarde.