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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 75, de 11/10/2000
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2000 VII Legislatura Núm. 75
POLÍTICA SOCIAL Y EMPLEO
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JULIO PADILLA CARBALLADA
Sesión núm. 3
celebrada el miércoles, 11 de octubre de 2000
ORDEN DEL DÍA:
Elección vacantes. Mesa de la Comisión . . . (Página 1986)
- Elección de vicepresidente segundo. (Número de expediente 041/
000014.) . . . (Página 1986)
Comparecencias de personalidades y funcionarios de la Administración
del Estado, al objeto de informar sobre temas relativos al Proyecto
de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 20001.
(Número de expediente 121/000016.) . . . (Página 1986)
Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.
ELECCIÓN VACANTES. MESA COMISIÓN.
- ELECCIÓN DEL VICEPRESIDENTE SEGUNDO. (Número de expediente 041/
000014.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, buenas tardes, se abre la sesión.
Ya comprendo que es una sesión entre periodística y parlamentaria,
que alguna diferencia hay entre comisiones a lo largo del tiempo que
presido. Nunca nos hemos reunido aquí, pero cada cosa tiene su lugar.
Tenemos en el orden del día en primer lugar la elección del
vicepresidente segundo de la Mesa de la Comisión por vacante causada
por la renuncia a su acta de diputado de don Manuel Aguilar Belda,
que fue inicialmente elegido vicepresidente segundo de esta Comisión,
al que, aunque con breve presencia en la misma, quiero agradecerle
naturalmente su voluntad -creo que es patente en todas las señoras y
señores diputados- de haber participado en las tareas de esta
Comisión. Como saben SS.SS., el motivo de su renuncia al acta fue su
elección como adjunto segundo del Defensor del Pueblo y,
naturalmente, aunque en su momento la señora presidenta del Congreso
le expresó el deseo de que en el desempeño de esa responsabilidad
tuviera todo tipo de aciertos y satisfacciones, en este momento
también, recogiendo el sentir de todas SS.SS., quisiera que quedara
constancia en acta a nuestro deseo de que en esa responsabilidad el
señor Aguilar Belda tenga todo tipo de aciertos, de satisfacciones y
de éxitos en una de las tareas que en el Estado de derecho es, sin
duda, acaso más gratificante para los que la desempeñan, como es la
Defensoría del Pueblo.
Hay una sola candidatura en relación con esta responsabilidad de la
Mesa, la Vicepresidencia Segunda, que es la promovida por el Grupo
Socialista a favor de su diputada por Barcelona doña Isabel López i
Chamosa. Con arreglo a lo que es norma en la composición y elección
de los miembros de la Mesa, vamos a proceder, por lo tanto, a la
votación por llamamiento para este puesto de vicepresidenta segunda
y, a tal efecto, el señor secretario primero de la Mesa, don Luis
González Vigil, va a proceder al llamamiento de todos los señores
comisionados. Primero vamos a comprobar el quórum y asimismo, si hay
algún señor diputado o señora diputada que sea sustituido por otro
señor o señora diputada, en ese momento dejaríamos también constancia
a efectos del acta de qué diputado o diputada se encuentra presente
en la sesión a los efectos de sustitución.
El señor secretario primero tiene la palabra a los efectos de la
comprobación del quórum.
Por el señor secretario, González Vigil, se procede a la lectura de
la lista de los miembros de la Comisión presentes y sustituidos.
El señor PRESIDENTE: Una vez acreditado el quórum para el desarrollo
de este acto, así como las sustituciones que permitirán a las señoras
y señores sustitutos ejercer el derecho de voto en representación de
los comisionados a los que sustituyen, el señor secretario primero
procederá al llamamiento para la votación.
Por el señor secretario, González Vigil, se procede al llamamiento de
los miembros de la Comisión, que depositan su voto en la urna
preparada al efecto.
El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a proceder al escrutinio.
Verificado el escrutinio, dijo
El señor PRESIDENTE: Señorías, han emitido el voto 29 diputados de
esta Comisión o sustitutos de miembros de la misma, todos ellos
favorables a doña Isabel López i Chamosa, que queda proclamada
vicepresidenta segunda de la Comisión de Política Social y Empleo, a
quien, dándole la enhorabuena y nuestra felicitación en nombre de la
Mesa y de los miembros de la Comisión, invito, en señal de posesión,
a tomar asiento en la misma. Enhorabuena, señora López i Chamosa.
COMPARECENCIAS DE PERSONALIDADES Y FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN
DEL ESTADO, AL OBJETO DE INFORMAR SOBRE TEMAS RELATIVOS AL PROYECTO
DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2001. (Número
de expediente 121/000016.)
- DEL SEÑOR SUBSECRETARIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (DÍAZ
GUERRA). A SOLICITUD DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS POPULAR EN EL
CONGRESO (Número de expediente 212/000175) Y SOCIALISTA (Número de
expediente 212/000259).
El señor PRESIDENTE: El segundo punto del orden del día, señorías, es
comparecencias de personalidades y funcionarios de la Administración
del Estado al objeto de informar sobre temas relativos al proyecto de
ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2001. En la
relación de esas comparecencias figura en primer lugar el
subsecretario de Trabajo y Asuntos
Sociales, a quien vamos a invitar a incorporarse a la Mesa a los
efectos del desarrollo de esa comparecencia en los términos en que
estas se desarrollan en las comisiones de la Cámara, en las que se
delega la práctica de algunas de ellas; por tanto actuaremos con
arreglo a las normas que rigen en las comisiones, sin perjuicio de lo
que es costumbre en la Comisión de Presupuestos, porque es conocido
que el desarrollo de esas comparecencias, siendo los mismos el objeto
y los términos de participación de los grupos en esas comparecencias,
de acuerdo con lo que ha sido uso y costumbre de la Cámara en las
comisiones, tiene alguna pequeña modificación.
Vamos a proceder a llamar al primero de los comparecientes y van a
intervenir, de menor a mayor, los grupos que hayan solicitado la
comparecencia; excepcionalmente, si algún grupo que no lo hubiera
hecho quisiera efectuar alguna pequeña puntualización entendemos que
ex abundantia nunca hay pecado en ningún sentido, ni siquiera en el
Parlamento, de manera que la Presidencia, que quiere que esa
comparecencia sea lo más fructífera posible, si algún grupo, aun
cuando no hubiera solicitado la misma, de manera excepcional y muy
concreta, quisiera hacer alguna pregunta o puntualización respecto
del presupuesto y del objeto de la comparecencia de esa autoridad,
dentro de esos extremos y de esas condiciones, le concedería la
palabra.
Vamos a comenzar, con ese guión o canon, con la comparecencia del
subsecretario de Trabajo y Asuntos Sociales, que solicito que sea
llamado para que, de manera inmediata, como suele suceder en las
comparecencias parlamentarias, se acerque a la Mesa. (Pausa.)
Señorías, repitamos para que no haya errores. En primer lugar, voy a
conceder la palabra a los grupos, de menor a mayor, que han
solicitado la comparecencia del señor subsecretario de Trabajo y
Asuntos Sociales a efectos del análisis y examen del presupuesto. Si
algún grupo, en función de esas concreciones, quisiera hacer alguna
pregunta en ese momento o una puntualización brevísima, lo puede
pedir después de la intervención de esos grupos, que naturalmente es
más amplia porque son actores de la iniciativa a estos efectos de la
comparecencia, y le concedería la palabra. Después de la intervención
del compareciente, si los grupos que han solicitado su comparecencia,
por el mismo orden por el que primeramente hicieron uso de la
palabra, o algún otro quisiera pedir alguna puntualización de la
autoridad compareciente, vuelvo a repetir, absolutamente concreta y
brevísima, en ese trámite le concedería la palabra.
Han solicitado esta comparecencia el Grupo Parlamentario Socialista y
el Grupo Parlamentario Popular. Por el Grupo Parlamentario Socialista
va a intervenir el señor González Vigil, a quien concedo la palabra a
tal efecto.
El señor GONZÁLEZ VIGIL: Gracias, señor subsecretario, por su
comparecencia.
Sólo voy a referirme a cuatro programas de los 19 que tiene su
Ministerio. En primer lugar, quisiera que me resolviese algunas dudas
respecto a los programas 311.A y 315.B, fundamentalmente en los
aspectos relativos a los temas de salud laboral y prevención de
riesgos laborales.
En el programa 311.B, referente a la Inspección de Trabajo, aparece
un aumento del 3,5 por ciento en los gastos del personal funcionario.
Este aumento del presupuesto ¿está destinado a incrementar la
plantilla de inspectores? Si es así, ¿tiene cuantificado el aumento?
Le hago esta pregunta porque, como usted sabe, la ratio inspector/
asalariado sigue siendo una de las más bajas de Europa. En España,
según la información del señor ministro en el Congreso el pasado mes
de mayo, había 734 inspectores. Esto supone un inspector por cada
25.000 asalariados, cuando en países como Dinamarca o Finlandia, que
se toman como referentes en la lucha contra la siniestralidad
laboral, hay un inspector por cada 5.000 asalariados. Por tanto,
habría que hacer un esfuerzo presupuestario para aumentar la
plantilla.
Los incentivos al rendimiento y la productividad aumentan en un 8,4
por ciento ¿Podría explicarnos qué razones le han motivado a
presupuestar este aumento? ¿Qué es lo que se incentiva, el número de
visitas, el número de actas extendidas o el número de actas de
infracción? Hay en su programa algunos aspectos que se contradicen.
Por un lado, los gastos de locomoción suben un 13 por ciento, subida
muy inferior a la experimentada por el precio de los carburantes ¿Qué
significa esto, que los inspectores van a hacer menos kilómetros, que
se van a hacer menos visitas a los centros de trabajo? La labor del
inspector debe realizarse fundamentalmente en las empresas, en los
centros de trabajo y, por tanto, habría que habilitar cantidades
suficientes para garantizar esos desplazamientos.
Por otro lado, observamos que tiene previsto pasar de 130.000 visitas
para el control de la economía irregular presupuestada para el 2000,
a 375.000 en 2001 ¿Con este presupuesto y con la actual plantilla se
puede garantizar el control exhaustivo y la eficacia de estas
visitas? ¿Por qué se redujo entonces a 130.000 visitas las
programadas en el año 2.000? ¿Por qué se programan 245.000 visitas
más a centros de trabajo en este sentido, en el del control de la
economía irregular, y, sin embargo, las relativas a la labor
preventiva sólo son 1.600 más que en el 2000, teniendo previsto
realizar sólo 111.600 en 2001? ¿Están incluidas en ellas las 30.000
empresas que presentan en nuestro país el mayor número de accidentes
laborales? ¿Tiene previsto su Ministerio algún plan especial de
acción respecto a estas 30.000 empresas como continuamente están
demandando los distintos agentes sociales? En estos presupuestos
aparece por primera vez una partida de 100 millones de pesetas para
formación y la curiosidad
nos mueve a hacer la pregunta consiguiente ¿Es que hasta ahora no
había ningún tipo de actividad formativa en la inspección? ¿A quiénes
van dirigidas estas actividades programadas para 2001 y en qué van a
consistir? Nos gustaría enviase a la Cámara el Plan nacional de
inspección para 2001, con el objeto de poder debatirlo en profundidad
y aportar las sugerencias convenientes desde mi grupo, ya que creemos
fundamental la labor de la inspección en todos los aspectos
preventivos en los riesgos laborales.
En otro orden de cosas, ¿podría explicarnos cuál es el programa de
transferencias de todo su Ministerio para el año 2001? Respecto al
programa 315.A, el organismo 19.104, Instituto Nacional de Seguridad
e Higiene en el Trabajo, nos ha llamado poderosamente la atención que
mientras que los agentes sociales reclaman conseguir un sistema
preventivo público eficiente, siendo necesario incrementar entre
otros avances los recursos humanos y materiales del Instituto
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, su Ministerio no sólo
congela su presupuesto, sino que lo rebaja, poco, pero lo rebaja,
respecto al del año 2000. Así, por ejemplo, en el capítulo 1, en los
gastos de personal, hay una rebaja de casi 138 millones de pesetas
que afecta tanto al personal funcionario como al laboral ¿A qué se
debe esta rebaja en el capítulo de personal? Sin embargo, sí
observamos -nos congratulamos con ello- un cierto aumento en algunos
apartados del capítulo 2 en lo relativo a estudios, conferencias
etcétera. En el apartado relativo a reuniones, conferencias y cursos,
se presupuestan casi 126 millones más que en el año 2000. Como nos
imaginamos que esto no es una mera declaración de intenciones, nos
gustaría saber a qué se debe este aumento ¿Podría informar qué se ha
hecho o qué se está haciendo en este sentido en el presente ejercicio
y concretar qué se pretende hacer en el próximo año? Asimismo,
observamos un ligero aumento en el apartado 2.2.7 en lo relativo a
trabajos realizados por otras empresas y profesionales y en estudios
y trabajos técnicos ¿Podría informarnos qué tipo de trabajos y
estudios se han realizado o se están realizando actualmente en el año
2000 y cuáles tiene previsto realizar?
En el programa 134.A, en cooperación para el desarrollo, vemos que el
presupuesto para el 2001 es prácticamente el mismo que el del año
anterior. Es más, la descripción del programa para 2001 es copia
literal del año anterior y es un programa desde todo punto de vista,
o al menos en la redacción que le da su Ministerio, curioso. Para el
año 2000 se tenía previsto realizar, entre otras, las siguientes
actuaciones: modernización de los ministerios de Trabajo en
Centroamérica, Panamá, Belice y República Dominicana. Señor
subsecretario, este es el cuarto año en el que aparece esta actuación
¿A qué se debe? ¿Qué actuaciones se han hecho hasta ahora en este
sentido y cuáles quedan por hacer? Le repito lo que le he dicho hace
un momento. Es curioso que esta modernización no se haya terminado
en cuatro años y suponemos que si los programas se siguen copiando
literalmente de un año para el otro, podría llegar al momento en que
aunque no existieran estos ministerios y siguiéramos destinando
partidas para su modernización.
Asimismo, aparecían en el programa del año 2000 y siguen apareciendo
en el del año próximo, actuaciones relativas al pan de acción más y
mejores empleos para las mujeres en Méjico y al pograma internacional
para la abolición del trabajo infantil. Nos gustaría saber qué es lo
que se ha realizado hasta ahora y qué es lo que se tiene previsto
realizar respecto a estas dos actuaciones. Vemos, por otro lado, que
desaparecen las actuaciones relativas a la promoción de la
estabilidad en el empleo en América Latina ¿A qué se debe que no se
contemple esta actuación, que entre otras cosas es lo único que lo
diferencia del año 2000, en el programa para el 2001?
Señor subsecretario, vuelve a aparecer que se tiene previsto realizar
actuaciones relativas a «otros proyectos» en fases de definición.
Estas son las cosas que aparecen en el papel sobre las que casi nunca
sabemos cuál ha sido su materialización ¿Podría decirnos cuáles
fueron los que se han desarrollado o cuales se están desarrollando en
la actualidad y, si puede, cuáles son los que están en fase de
definición para el próximo programa?
En cuanto al programa 315.B, de prestaciones de garantía salarial, el
Fogasa, vemos que en el capítulo 8, en los activos financieros,
aparece un aumento muy importante de adquisición de deuda del sector
público, casi 72.000 millones más que en el año 2000, exactamente
71.941.821 pesetas ¿Significa esto que hay una previsión de
excedentes de liquidación de 72.000 millones? ¿Qué previsión de
liquidación tiene para el año 2000?
Por último, aseguran en el programa que el plazo medio de tramitación
de los expedientes es de 37 días. Señor subsecretario, tenemos otras
noticias al respecto ¿Puede asegurarnos que es este el plazo medio de
tramitación de los expedientes? ¿Podría enviarme a título de ejemplo
los expedientes tramitados en mi provincia, Granada, durante el año
2000?
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra el señor Azpiroz.
El señor AZPIROZ VILLAR: Bienvenido, señor subsecretario, a esta
Comisión en la que anualmente comparece desde hace cinco años para
informarnos de los presupuestos.
Con carácter previo y recordando aquello de que el presupuesto es la
política hecha números, me gustaría que con un carácter global nos
dijera qué objetivos tiene el presupuesto del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales, es decir, cuáles son los diversos programas, el fin
al que se destinan y, en ese sentido, qué expectativas tienen en
cuanto al orden de crecimiento
general, de crecimiento del empleo y de perspectivas de políticas de
solidaridad, etcétera.
En segundo término, un par de las cuestiones que yo iba a plantear se
han suscitado por el portavoz del Grupo Socialista que me ha
precedido en el uso de la palabra. La primera, se refiere al programa
315.B, del Fogasa. Según nuestra lectura -y le pregunto si es
correcta-, está dotado con 72.000 millones contra 6.000 de 2000,
tiene un aumento del 83 por ciento del global del presupuesto y un
remanente de tesorería de 60.000 millones. De los datos deducimos que
ello se debe tanto al número de nuevos cotizantes en la Seguridad
Social cuanto al incremento de las bases de cotización que se
producen. Hay un remanente obligado para los años de vacas flacas,
que Dios quiera que tarden mucho en venir, pero que el Fogasa ya los
ha tenido en el pasado y en el futuro, en un momento de caída de la
actividad económica, pueda volver a tenerlos.
También le quería preguntar sobre un programa que ya está
prácticamente en vías de extinción, y qué previsiones existen al
respecto. El programa 723 sobre reindustrialización, sobre los fondos
de promoción de empleo, se ha ido reduciendo paulatinamente: el 29
por ciento, en 1999; el 48 por ciento, en el 2000, y en este año se
reduce un 12,3 por ciento. ¿Qué perspectivas hay, a qué acuerdo han
llegado los interlocutores sociales? ¿Se va a mantener esto de alguna
manera? El año pasado S.S. se refirió a esta cuestión, como a otras
que le han planteado anteriormente con relación al programa de
cooperación y al de la inspección de trabajo.
En cuanto a la inspección de trabajo, le solicitamos una aclaración.
De los datos que se extraen del presupuesto, analizamos cómo más de
mil millones se refieren a incentivos a la inspección de trabajo.
Agradeceríamos que nos aclarara este concepto. No sé si aquí está
comprendido algún tipo de fidelización de los inspectores, porque me
imagino que puede pasar como con los pilotos de la aviación militar,
que se pasan a la civil. No sé si está ocurriendo o no, pero
probablemente sea un handicap con que nos encontramos el hecho de que
muchos se puedan ir a la vida privada, sobre todo, a raíz de la Ley
de prevención de riesgos. No sé si esto sucede, pero si nos quiere
aclarar este asunto, se lo agradeceríamos. También le agradeceríamos
alguna referencia a la valoración cuasi final que se puede hacer del
plan del fraude contra las prestaciones que ha desarrollado el
Gobierno en la anterior legislatura y en todo momento en esta
materia.
Por último, aunque luego comparecerá el secretario general de Empleo,
nos gustaría conocer la valoración -que en nuestro caso es positiva-
que S.S. hace de la dotación presupuestaria encaminada a las
políticas de empleo, que prácticamente han pasado de 300.000
millones, en el año 1996, a 800.000, sin tener en cuenta el programa
de inserción de otros 50.000 millones, estaríamos hablando de entre
800 y 850.000 millones en esta materia, cantidad muy importante.
Vemos algún
dato sobre el que agradeceríamos que ahondara, como es el de escuelas
taller, que se incrementa un 9,8 por ciento; el programa 324.B.
También nos parece muy importante la apuesta que hace el Gobierno por
incrementar dotaciones presupuestarias, es decir, voluntades
políticas traducidas a la realidad en un sector en el que todo lo que
se haga es poco y en el que este Gobierno ha mostrado una
sensibilidad -y yo le animo a que lo siga haciendo en el futuro
inmediato-, cual es el programa 322.C, desarrollo de la economía
social, con un incremento de casi el 14 por ciento, obviamente muy
superior al promedio del crecimiento del PIB nominal real de la
inflación, o al que queramos utilizar.
El señor PRESIDENTE: Concedo la palabra al subsecretario de Trabajo y
Asuntos Sociales, que es la primera vez que comparece ante la
Comisión en la VII Legislatura. Le hacemos patente nuestro saludo al
señor Díaz Guerra, y esperamos que a lo largo del desarrollo de esta
nueva VII Legislatura, como sucedió en la anterior, tengamos muchas
oportunidades de seguir trabajando juntos en el empeño común al
servicio del Estado, que es la razón por la cual la Cámara le llamará
todas las veces que sean oportunas, y estamos seguros de que él
acudirá, como lo ha hecho, con la misma prontitud y con el mismo
deseo de facilitar la información que le sea demandada.
Con ese saludo y con esa cordialidad en la que yo creo que se deben
desarrollar los actos parlamentarios, le concedo la palabra al señor
Díaz Guerra.
El señor SUBSECRETARIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Díaz Guerra):
Muchas gracias, presidente, por sus amables palabras. Espero seguir
colaborando con esta Cámara, como se ha hecho en la anterior
legislatura, cuantas veces se me solicite la presencia.
Voy a dar respuesta a las preguntas que se me han ido formulando. En
primer lugar, contesto al representante del Grupo Socialista.
Siguiendo el mismo orden que ha utilizado, por programas, empiezo por
la Inspección de Trabajo y aspectos concretos relativos a la
seguridad y prevención de riesgos laborales. Voy a intentar
facilitarle todos los datos concretos con los que cuento. En cuanto a
aquellos que, por cualquier razón, no le pudiera facilitar, se los
comunicaremos inmediatamente por escrito para completar la
información que ha solicitado.
En relación con el programa de Inspección de Trabajo, me agradaría
poner en conocimiento de S.S., como ya hice precisamente en la
comparecencia del pasado año, que, de acuerdo con la nueva Ley de la
Inspección de Trabajo, los programas de objetivos son aprobados en la
conferencia sectorial de asuntos laborales que se suele celebrar a
finales de año, concretamente en diciembre. En esos programas de
objetivos se aprueban
todos aquellos que son formulados por cada una de las autoridades que
tienen competencias en la materia. Poniendo un ejemplo, los relativos
a relaciones laborales y prevención de riesgos laborales son
elaborados por las comunidades autónomas y se integran en el programa
general de objetivos, que después es aprobado por la conferencia
sectorial de asuntos laborales. Esa es la razón por la cual en el
momento en que se apruebe el programa de objetivos del año 2001, lo
enviaremos es a esta Cámara para su conocimiento. Ahora le podemos
enviar el programa de objetivos que está en ejecución del año 2000,
pero el programa de ejecución del año 2001 será definitivamente
aprobado en el mes de diciembre, cuando se celebre la conferencia
sectorial de asuntos laborales. (La señora vicepresidenta, Montseny
Masip, ocupa la presidencia.)
Ha formulado S.S. una serie de preguntas, en primer lugar, sobre la
plantilla de la Inspección de Trabajo, en qué medida cuenta o no con
el personal suficiente. Con toda nitidez, le voy a decir que la
plantilla no tiene todavía personal suficiente. Buena prueba de ello
es que en estos últimos cuatro años se están haciendo esfuerzos muy
grandes para incrementarla. Sí le puedo decir que, por el momento, no
podemos hacer datos comparados con el resto de Europa. Uno de los
temas que se está planteando en Euroestat en estos momentos es la
elaboración de unos indicadores que permitan ofrecer datos comparados
entre las distintas inspecciones -vamos a llamarlas así- de trabajo
generalista como, por ejemplo, es la española frente a modelos de
otros países europeos donde lo que existen son inspecciones
especializadas por áreas o por sectores. En consecuencia, no existe
en estos momentos ningún dato comparado fiable, al menos amparado por
la Unión Europea, que nos pueda decir realmente cuál es nuestra
situación con el resto de los países. Con independencia de esa
salvedad, le puedo decir que desde el año 1996, en el que en la RPT
figuraban 657 inspectores, 798 subinspectores, en total 1.455, se ha
pasado en estos cuatro años, con unos porcentajes afortunadamente muy
elevados, a un 20,3 por ciento más. En estos momentos tenemos 868
inspectores y 883 subinspectores, lo que suman 1.751. Ahí estoy
contabilizando la oferta de empleo público última en la que todavía
no se han incorporado, pero en la última oferta de empleo público
están contemplados 30 inspectores, más cinco en turno de promoción y
15 subinspectores. El crecimiento porcentual es del 20,3 por ciento
en la plantilla de Inspección de Trabajo.
Otro aspecto que conviene tener en cuenta es que, debido a esa nueva
programación de objetivos y a que, como consecuencia de la nueva Ley
de Inspección de Trabajo, los objetivos se elaboran tanto por
comunidades autónomas como por la Administración general del Estado,
se está esbozando una nueva estructura organizativa de la Inspección
de Trabajo. Esta nueva estructura se delimita en función del decreto
orgánico por
el que se desarrolló la Ley de la Inspección de Trabajo -ya sabe S.S.
que había dos decretos de desarrollo; el primero, del procedimiento
sancionador y el segundo, el reglamento orgánico- y, además, se han
firmado ya gran parte de los acuerdos bilaterales establecido en el
artículo 17 de la Ley de la Inspección de Trabajo; concretamente, se
han firmado ocho, tres están pendientes de firma y seis comunidades
autónomas están en fase de negociación. Sobre la base de los nuevos
acuerdos bilaterales y del reglamento orgánico, se está aplicando la
nueva estructura directiva en los niveles de comunidad autónoma,
provincial y de jefes de unidad de la Inspección de Trabajo. Ya saben
SS.SS. que la Ley de la Inspección de Trabajo fue aprobada
prácticamente con el consenso de todos los grupos parlamentarios de
esta Cámara, excepto tres votos en contra del Grupo Mixto. El
reglamento de desarrollo y los acuerdos bilaterales con las
comunidades autónomas están dando un resultado excelente y espero que
su aplicación ayude en gran medida a la mejora y modernización del
sistema de Inspección de Trabajo.
Me han solicitado datos sobre la actividad de la Inspección de
Trabajo. Les voy a ofrecer una serie de cifras que reflejan los
incrementos de actividad como consecuencia de la ampliación de
plantilla y de la modernización de la Inspección, especialmente en el
campo informático, en el que se ha avanzado enormemente en estos
últimos años, y, muy especialmente, en el último ejercicio.
Comenzaré por el área de seguridad y salud laboral, la que más nos
preocupa a todos. Ya sabe S.S. que la Inspección de Trabajo actúa
siempre a posteriori; hay una Ley de prevención de riesgos laborales
y es la filosofía que se refleja en las directivas comunitarias,
especialmente en la directiva marco de 1989 y en todas las que la
desarrollaron posteriormente. En este área las actas de infracción en
estos últimos años, tomando como base el período 1996-1999, se han
incrementado en un 100,14 por ciento, y en el primer semestre del año
2000, que son los últimos datos que tenemos, el incremento respecto
del primer semestre de 1999 ha sido del 14,5 por ciento. El importe
de las sanciones que se vienen imponiendo en esta materia se ha
incrementado en un 183,5 por ciento; y en el primer semestre de este
año con relación al primer semestre del ejercicio anterior, en un
26,8 por ciento. El número de trabajadores afectados por
infracciones, se ha incrementado en un 251 por ciento; en el primer
semestre del vigente ejercicio con relación al mismo período del
anterior, ha aumentado un 56,5 por ciento. Otro indicador relevante
en este área es el número de paralizaciones de trabajo, que ha subido
un 246,2 por ciento; y en el primer semestre de este año respecto al
primero del pasado, un 12,9 por ciento.
Otro área donde la Inspección de Trabajo incide poderosamente es en
la Seguridad Social. Aquí hay dos indicadores relevantes. El importe
de las liquidaciones
efectuadas por la Inspección de Trabajo se ha incrementado en un
100,14 por ciento, de tal manera que, en la última liquidación que
corresponde al ejercicio de 1999, ascendía a 130.740 millones. El
número de bajas en prestaciones por fraude, otro de los indicadores
muy significativo, sube un 105,8 por ciento. Todos estos datos, que
se elaboran trimestralmente, se los facilitaré íntegramente, tanto
los de 1999 como los de 2000; también se les facilitan a los
interlocutores sociales por acuerdo de éstos con la Inspección para
que puedan disponer de los mismos datos que la Dirección General de
la Inspección de Trabajo -la autoridad central, en términos de la Ley
de Inspección de Trabajo- proporciona a las comunidades autónomas.
Últimamente, la actividad de la Inspección se está extendiendo, como
es lógico, a la irregularidad en la contratación de trabajadores
extranjeros, al fenómeno de la inmigración. El incremento del número
de infracciones registradas en estos últimos años es del 100,76 por
ciento y el importe de las sanciones impuestas por extranjeros
empleados irregularmente se ha incrementado en un 113,9 por ciento.
Me ha preguntado también por los incentivos. En el modelo retributivo
de la Inspección de Trabajo, con independencia de las variables
básicas y fijas tanto de los inspectores como de los subinspectores,
existe un porcentaje de incrementos por objetivos. Esos incrementos
por objetivos están elaborados sobre un modelo que, lógicamente, es
aprobado por la Cecir, Comisión interministerial de Retribuciones. El
modelo se va actualizando en función de los objetivos predominantes
durante cada ejercicio. Es un modelo variable, precisamente en estos
momentos está en fase de actualización de acuerdo con las prioridades
que se fijarán para el año 2001.
Conviene destacar que, dentro de este programa, se inició a finales
de julio una campaña -la campaña ENCA- con el fin de corregir lo que
llamamos el encadenamiento y rotación de los contratos temporales,
siempre y cuando sea posible con la normativa vigente. Como usted
sabe, la normativa vigente es objeto de diálogo en estos momentos con
los interlocutores sociales y todos esperamos que ese diálogo social
dé sus frutos en una revisión que permita evitar dicho
encadenamiento, que tiene su repercusión en las prestaciones de
desempleo. Este tema será tratado con más profundidad -como algunos
de los que me ha planteado, que afectan a la Secretaría General de
Empleo- en cuanto llegue el señor Chozas. Yo le voy a dar los datos
en los que se encuentra más directamente implicada la Inspección de
Trabajo.
La campaña de encadenamiento de contratos temporales persigue
comprobar en una primera fase -habrá otra fase posterior- cuántas
empresas le hacen más de quince contratos al año a una misma persona
en este país. Con esta campaña conseguiremos ir descubriendo en qué
medida se ha instalado en nuestro país la cultura
de la temporalidad, muy especialmente a partir del año 1984, y en qué
medida se requiere un cambio paulatino de esa cultura y un cambio de
la normativa para lograr que se incremente la estabilidad en el
empleo. Quizá sean necesarias acciones normativas que esperamos que
den resultado en las mesas de diálogo social y, sobre todo, esperamos
ser capaces de corregir con la normativa vigente el máximo de
infracciones que se puedan cometer en este terreno; este es el
objetivo que se persigue con esta campaña de encadenamiento de
contratos temporales.
Otro de las temas por el que también me ha preguntado es el relativo
a por qué existe un plan intensivo de formación para el ejercicio
2001. La razón prácticamente va hilvanada con lo que había dicho al
comienzo de mi intervención. El nuevo esquema organizativo requiere
que todos los inspectores de Trabajo y subinspectores de Empleo
conozcan a fondo cuáles son los nuevos métodos, los nuevos objetivos,
la aplicación de la nueva metodología e incluso los nuevos avances
informáticos que en estos momentos, en la actividad inspectora, se
están introduciendo. Esa es la razón por la cual se ha diseñado un
plan de formación, que tendré mucho gusto en remitírselo para que
observe cuáles son los objetivos y las orientaciones de ese nuevo
plan de formación. Esa es la razón por la cual se ha presupuestado
unos 100 millones de pesetas para poder desarrollar ese plan de
formación e incrementar la actividad formativa, como consecuencia
-vuelvo a repetir- de los nuevos modelos organizativos y pautas que
se van siguiendo en relación con la nueva Ley, del año 1997, de la
Inspección de Trabajo.
Con relación al Instituto de Seguridad e Higiene en el Trabajo, le
enviaré los datos que me ha solicitado sobre trabajos realizados,
porque no los tengo aquí y no se los puedo indicar en estos momentos.
Es muy posible que el secretario general de Empleo le pueda avanzar
posteriormente algunos datos más, si efectivamente los solicita.
Me ha preguntado por el programa de cooperación para el desarrollo,
que es un programa que insiste bastante en lo que podríamos llamar
actuaciones y proyectos que se repiten, a veces, año tras año. Muchos
de estos proyectos son multilaterales, la mayoría están hechos con la
Organización Internacional de Trabajo y suelen tener un carácter
plurianual. Por ejemplo, el proyecto Matac, de modernización de lo
que podríamos llamar la administración laboral en los países de
Centroamérica y de Panamá, finaliza precisamente en este ejercicio.
En la comisión mixta con la OIT, a petición expresa de los ministros
de Trabajo centroamericanos, se pide precisamente una ampliación, que
se está ahora debatiendo si será de un año o de dos, y que se
resolverá en la comisión mixta que se celebrará con la OIT en la
segunda quincena de noviembre. En ella se acordará si este proyecto
finaliza definitivamente, una vez concluido el carácter plurianual
que tenía, se va a ampliar
en uno o dos años. Esa es la razón por la cual S.S. puede ver que
periódicamente se repite, durante un determinado número de
ejercicios, aquel en el que el proyecto Matac dure. En consecuencia,
se han conseguido unos logros. Precisamente se celebró, en noviembre
del año pasado, una reunión de ministros de Trabajo centroamericanos
en la cual se evaluaron los logros y los objetivos conseguidos en el
proyecto Matac, y fue de una gran aceptación por todos los ministros
de Trabajo centroamericanos. El modelo que se había desarrollado en
la República Dominicana es el que, en gran medida y como consecuencia
de la aplicación del proyecto, se está empezando a generalizar en
otros países de Centroamérica, salvando singularidades. En gran
medida está sirviendo de eje nuclear porque la experiencia que se
tiene en la República Dominicana de aplicación del proyecto Matac ha
sido muy eficaz. Vuelvo a repetir que son los ministros de Trabajo
centroamericanos los que solicitaron la posibilidad de ampliar el
citado proyecto. En estos momentos está en estudio, tanto por la AECI
como por el Ministerio de Trabajo como por la OIT, que son los tres
financiadores del programa, la posibilidad de ampliar este proyecto.
Aparte de ése, hay otros previstos como grandes proyectos para el
próximo año y otra serie de pequeños proyectos que se ultimarán en
este trimestre, una vez que definitivamente, tanto en el terreno
multilateral como bilateral, se concluyan con los respectivos países
y con la AECI, que suele ser financiadora de muchos de estos
proyectos. En el terreno de cooperación bilateral, le puedo avanzar,
-se lo mandaré por escrito para no leer la lista- cuáles son todos
los países con los que se mantienen para el año 2001 proyectos de
carácter bilateral y el coste previsto de esos proyectos: Argentina,
Bolivia, Centroamérica, Colombia, Ecuador, El Salvador. Y volviendo a
los multilaterales, aparte de ese proyecto Matac, figura un análisis
comparado de sistemas nacionales de seguridad y salud en el trabajo.
Éste, más que un proyecto es un curso que se va a realizar junto con
otro de formación a distancia en materia de iniciativas locales de
empleo en el Magreb; otro de promoción de estabilidad en el empleo en
el próximo ejercicio y otro proyecto de empleo de mujeres pobres
y urbanas en tres países andinos, entre otros ya totalmente cerrados y
previstos para el año 2001. Unos son continuación y otros ex novo. La
mayoría de esta cooperación multilateral es la que se realiza, como
decía anteriormente, con la OIT.
Pregunta S.S. también por un proyecto sobre el trabajo infantil. El
proyecto Ipec ha finalizado, está fundamentalmente financiado por la
AECI. En estos momentos le puedo adelantar que está previsto por la
AECI el que pueda reanudarse nuevamente o realizarse una segunda fase
del mismo, porque sus objetivos son muy solicitados. El primer
proyecto ha dado unos resultados excelentes y se pretende seguir
ampliándolo
en los próximos años. Estoy seguro de que el próximo mes, cuando se
celebre la comisión mixta con la OIT, se acordará la aprobación
definitiva, así como la continuación de este proyecto sobre trabajo
infantil.
Continúa S.S. preguntando por el proyecto de Fogasa, especialmente
por qué el capítulo 8, activos financieros, se ha incrementado tanto.
Lo que pudiéramos llamar los excedentes por cotizaciones a la
Seguridad Social también se reflejan en las cuotas del Fogasa, esos
excedentes consecuencia de la buena marcha en la evolución del
empleo. Lo que podríamos llamar la actividad del Fogasa ha decrecido
poderosamente, lo cual se refleja también en el presupuesto. Desde
ese punto de vista presupuestario, los excedentes previstos en el
Fogasa de ejercicios anteriores son los que se van a invertir, al
igual que se hace con el fondo de reserva de la Seguridad Social, en
aquellos activos que se consideren más rentables. Esa es la razón por
la que, por técnica presupuestaria, ha habido que hacer figurar esos
excedentes en el capítulo 8, de activos financieros, para
materializarlos a lo largo del próximo ejercicio, al igual que se
hará con el fondo de reserva de la Seguridad Social. Las pautas y las
técnicas que se van a seguir son análogas, por no decir idénticas.
Esa es la razón por la que se han proyectado esos 77.801 millones de
pesetas para adquisición, entre otras cosas, de deuda del sector
público.
Suscita S.S. otro asunto relacionado con algo que no he entendido
bien. Creo que era sobre un programa de transferencias. Si me lo
pudiera aclarar se lo diría, pero no le he entendido exactamente a
qué se quería referir con el proyecto de transferencias. No sé si de
transferencias a comunidades autónomas o a qué se refería en
concreto. Ha hecho referencia -tengo tomada nota-a transferencias,
pero no le puedo contestar porque no he entendido exactamente a qué
se refería en concreto.
El señor GONZÁLEZ VIGIL: Me imagino que será al Instituto Nacional de
Seguridad e Higiene. Lo que esperaba era que me contestase que eso se
debe a las transferencias, pero no he mencionado en ningún momento ni
en ningún capítulo la palabra transferencias.
El señor SUBSECRETARIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Díaz Guerra):
Perdón, le habré entendido mal. He entendido un programa de
transferencias.
El señor GONZÁLEZ VIGIL: Era una pregunta, en otro orden de cosas,
totalmente diferente a su Ministerio. Era si nos podía explicar qué
transferencias de todo su Ministerio tiene previstas para el año
2001.
El señor SUBSECRETARIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Díaz Guerra):
¿Se refiere a transferencias a comunidades autónomas o a transfe
rencias
a organismos autónomos y entidades de Seguridad Social?
El señor GONZÁLEZ VIGIL: Fundamentalmente a comunidades autónomas.
El señor SUBSECRETARIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Díaz Guerra):
Básicamente, las transferencias a comunidades autónomas que están
pendientes están relacionadas, como sabe S.S., con el Inem. Sería
mucho más lógico, dado que es un tema que lleva directamente la
Secretaría General de Empleo y posteriormente van a intervenir su
titular y la directora general del Inem, que fueran ellas las que le
dijeran con mayor detalle cuál es el programa previsto de
transferencias, si S.S. se refiere a ellas en concreto.
Pasando de nuevo al Partido Popular, en primer lugar me solicita los
grandes objetivos que se persigue con el proyecto de presupuestos del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales para el año 2001. Como sabe
S.S., el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales suele hacer lo que
podríamos llamar un doble planteamiento: el primero, referido a la
gestión de las secciones 19 y 60 globalizadas. Eso es lo que nos
define los dos grandes objetivos que se persigue con el presupuesto
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. El primer objetivo es
seguir incrementando el empleo. Creemos que el empleo es el mejor
mecanismo de distribución de la riqueza en un país, y concretamente
en España. Por otra parte, es lo que podríamos llamar la clave de la
convergencia real de España con respecto a los países más avanzados
de la Unión Europea. Las políticas del mercado de trabajo, junto con
la política económica general, son las que en gran medida contribuyen
a este crecimiento del empleo. En este sentido, en el área del
Ministerio de Trabajo y de Asuntos Sociales las políticas del mercado
de trabajo y, en concreto, las políticas activas de empleo son uno de
los mecanismos fundamentales que se utilizan para lograr incrementar
el empleo. El segundo objetivo, que está muy vinculado, como es
lógico, al anterior, es consolidar y potenciar el bienestar social,
sobre todo consolidando y mejorando de cara al futuro nuestro sistema
de protección social. En la medida en que el crecimiento del empleo
se mantiene, no cabe duda de que se puede seguir consolidando
y mejorando el sistema de protección social. Como todas SS.SS. conocen
perfectamente, a través de las últimas medidas, sobre todo algunas en
coordinación y consenso con el diálogo social, tenemos ejemplos de
cómo han mejorado algunas de las prestaciones más necesitadas del
sistema de protección social.
Pues bien, estas dos secciones que cubren fundamentalmente estos dos
grandes objetivos, hacen que el presupuesto consolidado ascienda a
18,3 billones de pesetas para el ejercicio de 2001, lo que supone un
crecimiento del 7,6. Estoy hablando del presupuesto consolidado. En
este ejercicio de 2001 es el crecimiento
más elevado en los últimos años. Piénsese que en 1997 fue del 4 por
ciento; 4,8, en 1998; 4,4, en 1999 y 4,4 también en el 2000. Este año
es del 7,6 y supera al de los propios Presupuestos Generales del
Estado y al crecimiento nominal de la economía, que, como sabe S.S.,
está previsto que sea del 5,9. En la sección 19, la referida
estrictamente al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, el
presupuesto consolidado asciende (ahí se recogen también las
aportaciones a la Seguridad Social) a 3,2 billones de pesetas, lo que
representa un incremento del 5 por ciento, es decir, un incremento
menor que el presupuesto consolidado junto de las secciones 19 y 60,
porque el que más se incrementa es el de la sección 60, que tiene un
aumento del 8 por ciento. A esos dos grandes objetivos responden los
presupuestos de estas dos secciones 19 y 60.
Posteriormente me ha solicitado una serie de datos relacionados con
los fondos de promoción de empleo. Con independencia de que el
secretario general de Empleo posteriormente le hablará, con más
detalle de los mismos, debo destacar que en estos momentos está
previsto que concluyan los presupuestos de los fondos de promoción de
empleo, entre otras razones porque de esos fondos prácticamente sólo
uno va a estar vigente el próximo ejercicio. El resto de los fondos
de promoción de empleo prácticamente han finalizado. Es muy probable
que en el ejercicio de 2001 haya que operar su liquidación. La
mecánica, el cómo se hará, es uno de los temas que está pendiente.
Me ha preguntado también por los incentivos de la propia Inspección
de Trabajo, aludiendo a la posibilidad de que los inspectores de
Trabajo encuentren estímulos más interesantes en otros sectores
productivos del país y abandonen la Inspección de Trabajo. Estamos
teniendo bastante suerte, por dos razones: primera, porque se están
produciendo bastantes reincorporaciones de inspectores de Trabajo al
cuerpo. No tengo los datos, pero se los puedo facilitar con
exactitud. Segunda, porque muchos de ellos están ampliando su
actividad más allá de los 65 años. Ya sabe S.S. que los funcionarios
pueden ampliar voluntariamente su vida activa hasta los 70 años y la
mayoría de ellos permanece en el servicio activo. Eso unido al
incremento que durante estos últimos años en la oferta de empleo
público están teniendo los cuerpos de inspectores y de
subinspectores, -en el ejercicio pasado el cuerpo de Inspectores de
Trabajo fue el cuerpo de los superiores de la Administración general
del Estado que tuvo un mayor incremento, más que cualquier otro, ese
incremento se sigue manteniendo y es el previsto en el próximo
ejercicio, aunque todavía no ha sido cerrada la oferta de empleo
público; le estoy dando los datos tanto del año 2000 como de años
anteriores-, unido a lo que podríamos llamar algunas mejoras que se
están produciendo dentro del nuevo modelo organizativo, esperamos que
no se haga realidad esa salida del cuerpo de inspectores de Trabajo.
Seguiremos luchando por
mejorar las retribuciones del cuerpo de inspectores de Trabajo, lo
mismo que en estos ejercicios anteriores.
Me pregunta S.S. también por las aportaciones presupuestarias a las
políticas de empleo, supongo que se refería a las políticas de empleo
activas a lo largo de estos años. Como sabe S.S., en estos últimos
años se vienen desarrollando una serie de esfuerzos, de tal manera
que en el campo de las políticas activas de promoción de empleo el
incremento de estos últimos años ha sido cercano a 800.000 millones
de pesetas en números redondos. Concretamente, el incremento en las
políticas netas -también lo podríamos hacer incluyendo los gastos de
funcionamiento de inversión-, que el indicador más genuino es el de
las políticas netas para ver cuál es la evolución que se ha seguido a
lo largo de este período, desde 1996 hasta el ejercicio previsto para
el 2001, ha habido un 189 por ciento de incremento. Ya saben ustedes
que la evolución en el año 1997 ha sido de 372.000 millones en
números redondos; 477, en 1998; 756, en 1999; 865, en el 2000, y 887,
en el 2001. Prácticamente en políticas activas netas, lo que se ha
conseguido acumulado a lo largo de los años 1997, 1998, 1999, 2000 y
2001 va ascender a 3 billones 126.000 millones de pesetas. Estoy
seguro de que el secretario general de Empleo, que intervendrá
posteriormente, hablará con mayor detalle, por ser un campo muy
específico de su área, y podrá desarrollar más ampliamente estos
datos.
No sé si me he dejado algún dado, aunque creo que no.
La señora VICEPRESIDENTA (Montseny Masip): Esta Presidencia agradece
su comparecencia al subsecretario de Trabajo y Asuntos Sociales.
Estamos a la espera de si ha quedado algún dato por aclarar para que
sea remitido a la Mesa y, por tanto, comunicado a SS.SS. ¿Desea
alguna aclaración, señor González?
El señor GONZÁLEZ VIGIL: Una petición.
La señor VICEPRESIDENTA (Montseny Masip): Tiene la palabra.
El señor GONZÁLEZ VIGIL: Sólo deseo agradecerle la información que
nos ha dado y rogarle que en la documentación que ha quedado en
remitirme incluyese el borrador de la nueva estructura organizativa
de la Inspección de Trabajo, que ha dicho que se está confeccionando,
así como los modelos para el cobro de incentivos de los últimos tres
o cuatro ejercicios.
La señora VICEPRESIDENTA (Monstseny Masip): Tiene la palabra el señor
subsecretario.
El señor SUBSECRETARIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Díaz Guerra):
Quiero anticiparle, con respecto al primer punto, el modelo
organizativo, que prácticamente está contenido todo lo sustancial en
el reglamento orgánico que desarrolla la Ley
de la Inspección de Trabajo, porque lo que hacen los acuerdos
bilaterales es aplicar la ley y ese reglamento orgánico. Con respecto
al modelo de productividad -me imagino que se refiere al aprobado por
el Ministerio de Economía y Hacienda-, por descontado que se lo
remitiré.
La señora VICEPRESIDENTA (Montseny Masip): Agradecemos de nuevo la
comparecencia del señor subsecretario.
- DEL SECRETARIO GENERAL DE EMPLEO (CHOZAS PEDRERO), A SOLICITUD DE
LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS POPULAR EN EL CONGRESO (Número de
expediente 212/000176), SOCIALISTA (Número de expediente 212/000260)
Y DE IZQUIERDA UNIDA (Número de expediente 212/000207).
El señor PRESIDENTE: Señorías, corresponde ahora la comparecencia del
secretario general de Empleo, don Juan Chozas, quien, al igual que el
subsecretario, es la primera vez que comparece ante esta Comisión en
la VII Legislatura. No solamente obligada, sino por cortesía, la
Presidencia le hace patente, con mucho gusto, como al señor
subsecretario, el saludo cordial de todos los miembros de la Comisión
de Política Social y Empleo y el deseo de que los trabajos de esta
Comisión, que en muchas ocasiones, a los efectos del cumplimiento de
sus propias funciones, llevarán naturalmente a que comparezca ante
ella, estoy seguro de que conducirán a que la relación entre los
poderes Ejecutivo y Legislativo trabe el fin último de asegurar el
cumplimiento de las funciones que en el régimen parlamentario
corresponde a cada uno de ellos.
Han solicitado la comparecencia el Grupo Popular, el Grupo de
Izquierda Unida y el Grupo Socialista. No veo en la sala a ningún
diputado de Izquierda Unida. Si en el curso de su comparecencia
hiciera acto de presencia, no obstante no encontrarse en este
momento, siempre que ningún grupo se oponga a ello, naturalmente le
concedería el uso de la palabra para que transmitiera al secretario
general de Empleo las preguntas que su tarea de examen y análisis de
los presupuestos demanda.
Y en los mismos términos en que antes indiqué, concedo la palabra, a
esos efectos, por el Grupo Socialista, a la señora López i Chamosa.
La señora LÓPEZ I CHAMOSA: Señor Chozas, bienvenido, gracias por su
comparecencia, y además permítame que le felicite por su estabilidad
en el empleo, porque recuerde que en la pasada legislatura nos
visitaba usted cada vez con un empleo nuevo; esta es la segunda vez,
y permítame que le felicite.
Dicho esto, como está prevista la comparecencia de la directora
general del Inem para más tarde, le voy a hacer una serie de
reflexiones sobre el empleo y alguna
pregunta también, pero no voy a entrar a fondo en algunas cuestiones,
puesto que las dejamos para la directora general del Inem.
Nos encontramos en un momento en la economía española en que desde el
año 1994 se está consiguiendo traducir su crecimiento económico en
crecimiento de empleo. Sucede, además, que la población activa ha ido
aumentando menos en los últimos años, por la fase de crecimiento de
finales de los años ochenta, y por eso no sólo se crea empleo, sino
que somos capaces de traducir también esta creación de empleo en la
bajada del paro. Además, según las previsiones demográficas del
Instituto Nacional de Estadística, la entrada en el mercado de
trabajo va a ser más reducida durante los próximos años, por tres
razones. La primera, porque las generaciones de 12 a 20 años son cada
vez menos numerosas y porque los flujos de entrada a la población
activa también lo serán. La segunda, porque los jóvenes prolongan más
tiempo la formación desde hace algunos años y, por lo tanto, se
incorporan al mercado de trabajo más tarde. Y la tercera, porque la
mujer de entre 20 y 40 años ya no se retira del mercado de trabajo ni
cuando trabaja ni cuando tiene hijos. Esas tres razones influyen
mucho en la estabilidad. Todo esto hace que debamos reconocer que el
problema del desempleo, que creo que todavía es la primera
preocupación de la ciudadanía española, en términos cuantitativos
presenta una cara mucho más amable que en los años ochenta. A finales
de los ochenta se recuperaban para el mercado de trabajo unas 500.000
personas y, sin embargo, seguía aumentando el desempleo.
En estos momentos, con un crecimiento del empleo en torno a los
180.000 puestos, el paro baja. En términos cuantitativos el problema
es hoy mucho menor que en el pasado. Sin embargo, por los cambios
demográficos acaecidos, hay problemas que no debemos desdeñar. Voy a
señalar algunos de ellos, porque si coincidimos en los problemas,
conociéndolos en todos sus términos, podemos acertar mejor en las
respuestas.
A pesar de todo el crecimiento del empleo tenemos una tasa de
actividad muy baja. Además, la tasa de actividad de la mujer es
bajísima. Uno de los objetivos de la cumbre de Lisboa era que había
que crear más empleo y que aumentaran más las tasas de actividad.
En segundo lugar, el empleo de la mujer, habiendo mejorado y
habiéndose incorporado muchas mujeres al mundo laboral, presenta
todavía aspectos muy discriminatorios. Permítanme que en esto haga
una pequeña reflexión. Aunque en la legislatura pasada y en ésta
hemos tocado el tema de la conciliación entre la vida familiar y la
laboral, creo sinceramente que no es suficiente lo hecho para que
podamos incorporar a las mujeres al mundo del trabajo. Primero,
porque hay que hacer una diferenciación respecto de lo que significa
incorporar a la mujer al mundo del trabajo. No es lo mismo incorporar
a mujeres de 25 a 35 años que a mujeres de más de 45 años.
En estos programas necesitaríamos de proyectos específicos, que
deberían estar dentro del aspecto más social y dirigidos a generar
ayudas y puestos de trabajo. En estos momentos hay necesidades que
están en la sociedad, que las mujeres nos hemos encargado siempre de
cubrir, como es el cuidado de mayores o el cuidado de los niños
etcétera. Ese tipo de proyectos pueden ir destinados a personas
mayores de 45 años, que son los colectivos donde más se ceba el paro
y donde es más difícil que se incorporen, repito, las mujeres que en
su día abandonaron el puesto de trabajo para dedicarse a criar los
hijos y que ahora no encuentran un espacio en el mercado. Ahí creo
que podrían haber hecho algo más, no figura nada específico en los
presupuestos y deberíamos prestarle una mayor atención.
Además, hay que tener en cuenta que a pesar de que hemos invertido en
los últimos años más de un billón de pesetas en bonificar las cuotas
a la Seguridad Social para el empleo estable, la realidad es que
estamos en un 33 por ciento, todavía, de empleo temporal. Esto nos
puede llevar a decir dos cosas: que es una medida que no sirve o que
no es suficiente, porque la realidad sigue ahí, y la inestabilidad en
el empleo sigue existiendo, aunque se hayan creado empleos estables y
haya mejorado la situación.
Aquí hay una cosa que siempre me obsesiona, y es que nos encontramos
con que en nuestro país las que generan empleo son las pequeñas y
medianas empresas. Las grandes empresas no generan empleo. Sin
embargo, nos encontramos con que la usuaria, la que más aprovecha las
bonificaciones es aquella empresa que no genera empleo ¿Por qué?
Porque a la pequeña y a la mediana empresa creo que le falta el
asesoramiento necesario para que se pueda mover con comodidad en todo
el mare mágnum de contratos, bonificaciones y demás. ¿Y con qué se
encuentra? Con que la mayoría de los que hacen uso de contratos de
este tipo, cuando quieren rescindirlos, como no lo han hecho de
acuerdo con la ley, porque no tienen el asesoramiento adecuado, se
encuentran con que tienen que quedarse con la persona porque dicho
contrato ha sido un fraude de ley.
Estas cosas habría que tenerlas en cuenta porque es lamentable que se
destine más de un billón de pesetas a empresas que obtienen grandes
beneficios y que no generan empleo. Habría que buscar otras
soluciones y otros proyectos que realmente llegaran a las empresas
que generan empleo y necesitan ese tipo de ayudas.
Hay otro tema, que es la que la inmovilidad geográfica, que produce
curiosidades importantes. Tenemos comunidades autónomas con un 20 por
ciento de desempleo y otras que decimos -lo que no comparto- que
están cercanas al pleno empleo. Ahora diré por qué no comparto esa
teoría. Señalaré unas de las que solemos decir que están cercanas al
pleno empleo, como es Lérida o algunas comarcas de Barcelona, que
dicen los empresarios que no encuentran el personal adecuado.
En Cataluña hay desempleo y hay gente parada, hay gente que quiere
encontrar empleo y no lo encuentra. Sin embargo, los empresarios
dicen que no encuentran los trabajadores cualificados que necesitan.
¿Qué estamos haciendo con la formación? ¿Qué está pasando con la
formación ocupacional? ¿No destinamos medios? Los hemos destinado,
pero parece ser que no los suficientes. No hemos creado una
infraestructura adecuada para el tipo de formación que se está
queriendo, sino que nos hemos dedicado a la formación ocupacional.
Voy a dar una definición muy personal. A los trabajadores, cuando les
hablo de formación, para que me entiendan, siempre les digo que la
formación ocupacional es como el que va a comprar un traje y el traje
es de pret-à-porter, existen todas las tallas y punto. Y la formación
continua es el que va a una sastrería y le hacen el traje a medida.
Tal vez es hora de que empecemos a hacer la formación ocupacional en
función de las necesidades que hay en cada lugar. Si lo que
necesitamos son torneros, habrá que preparar a la gente para ese
oficio en vez de tantos cursos de ofimática o de inglés.
Por tanto, mientras haya el paro que hay -y, repito, estoy hablando
de una zona en la que hay mucho menos paro que en otros lugares-, no
podemos hablar de pleno empleo, ni mucho menos. Y, repito, los
parados mayores de 45 años requieren una solución que no se la hemos
dado.
Permítame decirle que al hacer las transferencias del INEM se ha
formado un verdadero desastre, un verdadero lío, por una sencilla
razón. Hemos transferido las políticas activas, por un lado, sin
tener un proyecto global que unifique criterios y que permita que
como instrumento de intermediación en el mercado del trabajo se
puedan cruzar datos, porque nos podemos encontrar con la paradoja de
que en Lérida falten unos determinados puestos de trabajo y en Fraga,
que está al lado, sobren, pero como no hay esa conexión no se sabe. Y
los empresarios de Lérida se van a buscarlos fuera. ¿Y a dónde van a
buscarlos? Van a traer personas sin cualificar, de países en
situaciones muy complicadas, y lo que quieren los empresarios es
acabar por esa vía con las condiciones de trabajo. Y eso no podemos
consentirlo porque al final nos crearía nuevos problemas que serían
de más difícil solución. Por tanto, creo que se debería hacer un
esfuerzo en buscar un proyecto global en que haya una interrelación y
que de verdad las oficinas del INEM sirvan de intermediación para el
que busca trabajo y el que busca un trabajador. Aparte de la imagen
que da un trabajador que va aquí a que le reconozcan su prestación y
luego tiene que ir allí a que le paguen, sin tener en cuenta que
algunos no tienen mucho trabajo y están mirando a los de la mesa de
al lado que no dan abasto y que son del mismo sistema. Hay un
verdadero problema y de alguna manera hay que solucionarlo. Además,
como a estos niveles ya
están hechas las transferencias, habrá que hacerlo en colaboración
con las comunidades autónomas.
Podríamos hablar aquí de un montón de cosas, pero no son motivo de la
comparecencia. Habrá visto usted que los temas que le estoy
planteando son a grandes rasgos los mismos que ha puesto de
manifiesto la última Comisión Europea, y me imagino que serán los
mismos que sirvieron de base para las recomendaciones que dio el
Consejo. Si aceptamos esta realidad, deberíamos aceptar también que
los próximos presupuestos habrían de encaminarse en la dirección
precisa para eliminar estos problemas. El Consejo Europeo de Lisboa
de marzo de este año ha significado un cambio de orientación respecto
a las recomendaciones que había venido haciendo la Unión Europea
desde el Consejo de Essen. El Consejo de Lisboa hace la recomendación
de avanzar con paso decidido en la economía del conocimiento, la
llamada nueva economía. En los proyectos que van en este sentido es
donde deberíamos notar el crecimiento económico. Si invirtiéramos en
este sentido seríamos capaces de garantizar un crecimiento económico
sin inflación, al multiplicar la productividad, que hoy en España
está bastante baja.
Además de los objetivos mencionados antes, hay uno en el que debemos
concentrar nuestros esfuerzos, y es transformar nuestra economía a
base de inversión en investigación, desarrollo e innovación, y
procurar que ésta afecte muy fundamentalmente al mercado de trabajo,
porque para que este objetivo se cumpla es imprescindible mejorar
cualitativamente la inversión en formación. Lo que le decía antes:
Más recursos para formación y una formación más orientada. Además
hace falta una infraestructura para la formación, porque hay
formación ocupacional que no se puede dar en cualquier sala ni en
cualquier lugar, porque necesita un aprendizaje determinado. Por
poner un ejemplo, para el aprendizaje de la construcción, en Cataluña
tienen el Instituto Gaudí, donde cualquiera puede ir a aprender el
oficio en cualquiera de sus fases, tanto el que va a poner los tochos
como el que va a pintar, porque tiene las instalaciones adecuadas
para aprender a realizar prácticamente estos trabajos. A lo mejor, lo
que estamos haciendo en formación ocupacional es dedicarnos a dar
clases teóricas, y cuando mandamos al trabajador a la empresa no
sirve.
Nosotros tenemos como motivo prioritario llegar a una economía del
conocimiento. Me gustaría preguntarle qué piensa hacer el Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales para impulsar este tema, porque en los
presupuestos hemos visto que se va a poder hacer muy poco, por no
decir que son prácticamente iguales a los anteriores. Desearíamos que
hubiera mucha más inversión. Hemos visto que el aumento en formación
ocupacional, con toda la problemática de la que hemos hablado, es de
un 4,1 por ciento, es decir varios puntos por debajo del PIB. Todas
estas cosas son preocupantes.
Estos presupuestos son peculiares. Yo lo que mejor entiendo son los
temas laborales y la sección 19, pero me hace gracia que hablemos de
déficit cero en su conjunto, cuando realmente ese déficit va a ir a
costa de los mismos. Hasta ahora utilizábamos el dinero de las cuotas
sociales para financiar las bonificaciones a los empresarios. Ahora,
según los números de este año, este dinero se destina a pagar el
salario de la directora general del Inem, a pagar las bonificaciones
y a reducir el déficit. Es decir, vamos hacia el déficit cero a costa
del esfuerzo de los trabajadores, a costa de un colectivo que suele
ser siempre el más desfavorecido. Por tanto, comprenderá que
intentemos corregir esto con nuestras enmiendas, aunque tampoco somos
muy optimistas, porque al fin y al cabo los números mandan y donde
mandan los números no se puede hacer otra cosa. Pero nosotros somos
muy tenaces, lo intentaremos, y si no lo conseguimos, lo guardaremos
para cuando gobernemos, que tampoco está tan lejos.
Señor Chozas, lo peor que hay en estos presupuestos es el
incumplimiento total y sistemático de las recomendaciones del Pacto
de Toledo, donde dice que con cuotas sociales no se debe financiar
otra cosa que no sean temas sociales. Esto no es la primera ni la
última vez que lo decimos, pero realmente es lamentable que estemos
financiando todo con el excedente de las cuotas sociales y que seamos
incapaces de hacer, a través del Inem, en un momento en el que hay
dinero, proyectos para esa gente que lleva más de dos años o dos años
y medio en el paro y no tiene ninguna ilusión de encontrar empleo.
Termino como empecé, agradeciéndole su comparecencia.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra el señor Pérez Corgos.
El señor PÉREZ CORGOS: Señor Chozas, bienvenido. Muchas gracias por
su comparecencia.
Le ha precedido en el orden de comparecencias el subsecretario del
Ministerio y nos ha explicado que estos son unos presupuestos que
tienden, como no podía ser de otra manera, a la creación de empleo y
a la consecución de la deseable cohesión social. Efectivamente, es de
destacar que desde su departamento, los presupuestos que el Estado
destina a políticas activas se hayan triplicado en cinco años, desde
el año 1995 hasta estos presupuestos para el año 2001. Esta apuesta
por las políticas activas se ha traducido en una creación
importantísima de empleo, que además se ha trasladado a una elevada
afiliación a la Seguridad Social. Si recordamos como estábamos en el
año 1995, con 2,07 cotizantes por pensionista, con todas las sirenas
y las alarmas sonando, con recomendaciones desde el Gobierno para que
nos hiciéramos planes de pensiones y con algún iluminado
recomendándonos que vendiéramos
el edificio del Banco de España, nos daremos cuenta de los
avances que hemos conseguido.
Este no es un trámite para recomendaciones, aunque ha recibido
suficientes en esta comparecencia, sino que es un trámite
fundamentalmente inquisitorial. Yo, que estoy firmemente convencido
de que esta creación de empleo se ha debido a dos factores
fundamentales: por una parte, el acceso de José María Aznar y el
Partido Popular al gobierno de la nación, y por otra parte, al
compromiso de los agentes sociales que han establecido junto con el
Gobierno esas mesas de diálogo social, quería formularle algunas
preguntas: ¿Cuál es la previsión de creación de empleo para el
próximo ejercicio? Contésteme desde la prudencia que viene
caracterizando a este departamento, señor Chozas, porque ya hemos
tenido experiencias de previsiones excesivamente optimistas con otros
gobiernos, y han sido desagradables.
¿Cuál es la valoración que hace el secretario general de Empleo de
las bonificaciones a la contratación indefinida y su incidencia sobre
el empleo? ¿Qué incidencia va a tener la colaboración con los agentes
sociales en la formación ocupacional y en la formación continua, que,
como ya se ha dicho, tienen un importante incremento presupuestario?
¿Qué tal está funcionando el nuevo programa de talleres de empleo y
la continuidad de los programas de escuelas-taller y casas de oficio?
¿Qué previsión hace el Gobierno de incremento del empleo en la
economía social? En la pasada legislatura aprobamos en esta Cámara
una ley de cooperativas y una ley de sociedades anónimas laborales,
que creo que han tenido una importante incidencia en el empleo;
incidencia que se va a mantener, estoy seguro, en el próximo año.
Estas son las cuestiones fundamentales que a mí me gustaría
plantearle. Repito que estoy convencido, como lo están todos los
españoles, de que estos presupuestos marcarán una continuidad en la
senda de la creación de empleo que hemos tenido hasta este momento.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Ruiz López.
El señor RUIZ LÓPEZ (don Antero): Hemos llegado tarde porque al tener
pocos efectivos en el grupo estos días estamos un poco a la carrera.
El señor PRESIDENTE: Habíamos hecho la salvedad al comienzo de la
comparecencia del secretario general de que si su grupo hacía acto de
presencia en el curso de la misma, le daría el uso de la palabra.
Ningún grupo ha manifestado objeción alguna por la comprensión que,
como es natural, tenemos a las limitaciones de los efectivos de su
grupo. Por tanto, tiene S.S. la palabra.
El señor RUIZ LÓPEZ (don Antero): Pido disculpas,señorías, señor
presidente.
Señor secretario general, el empleo debe ser nuestra prioridad. Esta
es una afirmación ampliamente compartida, pero no consecuentemente
desarrollada por el Gobierno. Estos presupuestos no son en materia de
empleo otra cosa que un expediente que recoge el tran tran del
acompañamiento escasamente activo de la evolución económica.
Deberíamos sentar algunos principios consecuentes con la resistencia
de la economía española a generar empleo estable y de calidad. En
primer lugar, deberíamos entender la política de empleo como un
esfuerzo de solidaridad. En consecuencia debemos auspiciar un
crecimiento de las políticas activas similar al de la economía
española. No es este el caso de los presupuestos del Estado en que el
crecimiento de las políticas activas es inferior al de la economía.
El déficit cero, además de ser una etiqueta publicitaria, esconde la
realidad de un déficit estructural. El déficit cero, además, en un
país necesitado de políticas de cuestión, es una muestra de
insolidaridad y de ineficiencia. Ser los primeros de la clase a costa
de los parados es un sarcasmo europeo. Por otra parte, las políticas
activas crecen porque el fondo social europeo quiere que crezcan. Me
temo que los 20.000 millones de aumento se deben precisamente a la
mejora de las transferencias del fondo social europeo al Inem.
Un segundo principio debería ser la creación de empleo estable y de
calidad. La temporalidad y la rotación de trabajadores es un hecho
indiscutible, reflejo de la incapacidad estructural de la economía
española, frente al empleo. No se encuentra en los presupuestos
ningún atisbo de la iniciativa que vaya más allá de la bonificación
de las cuotas. Sugerimos dos campos sobre los que reflexionar. En
primer lugar, imaginación sobre nuevas iniciativas e incentivos, por
ejemplo, incentivo en los presupuestos del Estado a las empresas que
implanten las 35 horas como empleo estable y contratos de relevo. En
segundo lugar, penalizaciones, por ejemplo, el uso y abuso de las
ETT. El tercer principio debería ser el de reinserción. No
compartimos la evolución de las tasas de cobertura que contienen los
documentos presupuestarios. Pero no vengo a debatir de estadísticas,
sería suficiente constatar que según esas cifras cuatro de cada diez
parados, la mayoría con responsabilidades familiares, carecen de
renta de sustitución. En este contexto, que ustedes definen de
equilibrio de cuentas públicas, deberíamos hacer un ejercicio de
solidaridad e integración, completando el sistema de subsidios y
estableciendo para estas personas una renta mínima.
Por último, me referiré al llamado Plan nacional de empleo, más
diseñado por la voluntad europea que por ustedes. En ese plan, en el
que se incluyen los distintos pilares de la política europea, ustedes
incorporan proyectos como la Info 21, o la mejora de los servicios
públicos de empleo que, siendo necesarios y útiles, no constituyen en
si mismos políticas de empleo.
Acabo como empecé antes de hacerle las cuatro preguntas que a
continuación le voy a hacer. Creemos que ese plan nacional debe
incrementarse en sus dotaciones de modo que nunca el crecimiento de
las economías sea superior al crecimiento de las políticas de empleo.
Nos gustaría hacerle muchas preguntas, pero en este sentido me voy a
limitar solamente a hacerle cuatro en cuatro bloques: en el tema de
la temporalidad, cobertura, fomento de empleo y plan de empleo.
En el tema de la temporalidad, ¿cómo considera la evolución de la
tasa de temporalidad por parte del Gobierno? ¿Cómo valora la
resistencia de la economía española al empleo de calidad? ¿Cree
necesario incluir alguna medida incentivadora en los Presupuestos
Generales del Estado, además de la bonificación de cuotas en
contrato? ¿Estaría dispuesto el Gobierno a introducir en la ley de
acompañamiento alguna medida adicional que penalizara el trabajo
temporal, tal y como viene siendo utilizado por las ETT?
Sobre el aspecto de la cobertura: Disposición del Gobierno a incluir
alguna medida o subsidio adicional o renta de inserción que permita
la ampliación de la cobertura a los parados. Evaluación de las cifras
por parte del Gobierno.
Sobre el fomento del empleo: Aumento de las políticas activas de
empleo, 2,6 por ciento, es inferior al crecimiento de la economía,
¿no cree el Gobierno que esta es una expresión de insolidaridad, de
débil compromiso contra el desempleo? ¿No estima que este crecimiento
leve se debe, por otra parte, a un aumento de las transferencias de
fondo social europeo al Inem? ¿Cuánto aumenta la aportación del fondo
social europeo respecto al ejercicio anterior?
Por último, sobre el plan de empleo, ¿puede identificar una a una las
partidas del plan de empleo que tanto se citan en los documentos
presupuestarios? ¿No cree que se están incluyendo políticas y
medidas, Info 21, mejora del Inem, etcétera, que engordan las cifras
pero difuminan los contenidos de este plan?
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Secretario General.
El señor SECRETARIO GENERAL DE EMPLEO (Chozas Pedrero): Agradezco el
cariñoso recibimiento por parte de todos los que han intervenido
y ratifico mi disposición para intentar dar la mejor y mayor
información de las cuestiones que se me plantean.
Inicio mi intervención haciendo referencia a lo que se ha señalado
por la representación del Partido Socialista Obrero Español.
Efectivamente, en un primer momento se han hecho una serie de
reflexiones acerca de la evolución del mercado de trabajo español, no
exactamente ligadas a lo que es la presentación del presupuesto, y se
ha señalado que se concretarán en las preguntas a la directora
general del Inem. En ese sentido
me permitiré también hacer unas reflexiones en relación con las que
se han apuntado y que indudablemente tienen influencia en la
definición y organización del presupuesto por parte del Ministerio de
Trabajo, en general, y por la Secretaría General de Empleo en
particular, señalando que se han apuntado muchos de los problemas y
características de la evolución del mercado de trabajo español que
son las que tenemos que afrontar en el momento del diseño de nuestras
políticas.
Han hecho unas primeras reflexiones respecto del empleo de la mujer.
Esta es probablemente la característica fundamental de nuestro
mercado de trabajo si lo comparamos con el resto de los países
europeos. Tenemos un diferencial de tasas de actividad y tasas de
empleo entre hombres y mujeres con la distancia mayor en detrimento
de la mujer. En mi opinión, esto obedece -y está suficientemente
documentado- al problema de una incorporación más tardía en función
de nuestra evolución política y social que en el resto de los países
de la Unión Europea, y está generando que un proceso que más o menos
entre el final de los años cincuenta y principios de los setenta se
va produciendo en todos los países de la Unión Europea, en el nuestro
empiece a producirse a finales de los años setenta y de manera mucho
más clara por la incorporación, en los años en los que nos
encontramos, de la mujer al mercado de trabajo. Esto está planteando
un incremento evidente de las tasas de desempleo y del número de
desempleadas que se registran en nuestro mercado de trabajo. Sin
embargo, no creo que deba ser analizado como un factor absolutamente
negativo. El primer paso para acceder al empleo es el de manifestar
esa disposición, incluirse entre los activos, manifestar la intención
de incorporarse al mercado de trabajo, cosa que las mujeres en España
no hacían en épocas anteriores. Creo que hay elementos muy positivos:
está creciendo el empleo de la mujer en porcentajes que prácticamente
duplican el de los hombres. Los datos de la última encuesta de
población activa dan un crecimiento interanual del 4,4 por ciento, y
en el caso de la mujer superan el 7 por ciento; o sea, se están
incorporando más mujeres porcentualmente al mercado de trabajo, lo
que no evita que como hay un número todavía mayor de ellas que
quieren acceder al empleo también esto sea compatible con el
crecimiento del desempleo. Si echamos un vistazo a los presupuestos
de este año y de los anteriores -luego haré una referencia sobre
cierta provisionalidad que afecta al presupuesto de este año, pero
prefiero hacerla al final porque afecta a muchas de las cuestiones
que se han planteado-, veremos que ha habido una concentración de
medidas que intentan favorecer el acceso de la mujer al empleo de
calidad, que van desde la preferencia en las políticas activas
dirigidas a desempleados; la preferencia con incrementos porcentuales
de bonificaciones cuando estamos hablando de la contratación
indefinida de mujeres y especialmente en los casos en que quieran
acceder a un empleo en actividades
o profesiones en que están poco representadas; la regulación
específica del propio contrato de trabajo en el caso del fomento del
empleo indefinido, que cuando se habla de los grupos a los que va
dirigido también contempla de una manera especial a la mujer; o
legislaciones de carácter más amplio como pueden ser la conciliación
de vida familiar y laboral, que conlleva también medidas más
dirigidas no sólo al empleo de la mujer sino a la misma mujer cuando
está relacionada con procesos de maternidad.
También se han hecho unas reflexiones sobre la persistencia de la
tasa de temporalidad en nuestro mercado de trabajo y se ha señalado
que, en opinión de S.S., es injusto encomendar o canalizar las ayudas
en bonificaciones que favorecen a las grandes empresas y dejan de
lado a las pequeñas, que son las que efectivamente crean más empleo.
La regulación actualmente recogida en nuestra normativa del derecho
del trabajo nace, como todas SS.SS. saben, del diálogo social,
fundamentalmente de los acuerdos de 1997, que intentan recuperar el
atractivo de la contratación indefinida para empresarios y
trabajadores. Efectivamente, en el lado bueno de la evolución de esa
contratación se ha recuperado un nivel de contratación indefinida muy
superior al que existía antes de las reformas y, por otro lado, sería
necio negarlo, no se han rebajado las tasas de temporalidad en los
términos y porcentajes que todos desearíamos. Según los datos de
análisis de la encuesta de población activa, aproximadamente el 80
por ciento del empleo nuevo que se está creando en nuestro país es
empleo indefinido. Dicho de otra manera, si uno fuera un pesimista
diría que el 20 por ciento del nuevo empleo es temporal, con lo cual
el diferencial que tenemos que reducir todavía requeriría unos plazos
significativamente largos. Esto no quiere decir que no se haya
recuperado la contratación indefinida. No estoy de acuerdo en la
distribución entre grandes y pequeñas empresas, en que las
beneficiarias de las ayudas de las bonificaciones por contratación
indefinida, más del 65 por ciento, son empresas pequeñas de menos de
25 trabajadores. Se podrán criticar otras facetas, otras áreas del
programa de bonificaciones, pero efectivamente sólo beneficia a quien
crea empleo, ya que las bonificaciones se perciben por nuevo empleo
creado o, en los años anteriores, por empleo temporal transformado en
empleo indefinido y no por el tamaño de empresa ni por el de su
plantilla ni por su volumen de negocio, sino que se aplican contrato
por contrato. En ese sentido, insisto en que el programa podrá ser
criticable, pero no porque afecte a otros que no sean los que crean
los empleos indefinidos.
Se ha aludido también a la movilidad geográfica, que es sin duda una
de las características que podríamos calificar como negativas de
nuestro mercado de trabajo, no sólo del español, me atrevería a decir
que es casi una característica del mercado europeo, y se ha indicado
que hay provincias con pleno empleo. También se
ha ligado la reflexión con la formación. Haré unas pequeñas
precisiones. Efectivamente, hay provincias en las que se da lo que
técnicamente se denomina pleno empleo, lo que es el paro friccional,
y otras en las que las tasas de desempleo son muy elevadas. En mi
opinión, la falta de movilidad geográfica, o la existencia de una no
suficiente movilidad geográfica para que nuestro mercado de trabajo
registre mejores indicadores en este sentido, obedece a un número muy
amplio de causas que exceden -insisto, en mi opinión- a lo que es la
regulación del mercado de trabajo o la actuación en lo que se refiere
a políticas activas dirigidas a desempleados. Intervienen cuestiones
como pueden ser la vivienda, acceso a la educación y un sinfín de
consideraciones que sería bastante largo enumerar. Pero si se ha
señalado la formación como uno de los elementos claves para casar las
necesidades de las empresas con las expectativas de los trabajadores,
eso que es realmente cierto hay que considerarlo también desde la
perspectiva de que la formación, lo que es la gestión, la ejecución
de esas políticas, salvo en el caso del País Vasco, Ceuta y Melilla,
corresponde a las comunidades autónomas. Lo que el Estado hace es
dotar de transferencias, de fondos, de recursos a las comunidades
autónomas para su ejecución, dotar de una normativa común que se
aplica por todas ellas, pero la elección de un determinado contenido
de cursos, el elegir un colectivo concreto o el atender un convenio
con un determinado sector empresarial corresponde específicamente a
las comunidades autónomas. Y ligado con ello -para no escurrir el
bulto en una cuestión que es compleja- se señala una valoración
bastante negativa de las transferencias del Instituto Nacional de
Empleo, con una referencia a una falta de unificación de criterios,
etcétera. Entiendo que la transferencia del Instituto Nacional de
Empleo se hace en función de un mandato constitucional que atribuye a
las comunidades autónomas la ejecución de las políticas activas de
empleo y a la Administración del Estado la legislación en materia
laboral, que en este caso significan políticas de empleo. En este
sentido, señalar que hay una falta de unificación de criterios
tampoco lo considero exacto, ya que, como decía antes, una comunidad
autónoma decide dónde y cómo ejecuta determinados cursos de formación
o a qué ayuntamiento le otorga una determinada escuela-taller, pero
todas aplican una misma normativa. Todas vuelcan sus datos en un
registro común, que es el del Instituto Nacional de Empleo.
De hecho, como SS.SS. saben, tenemos un registro nacional de
demandantes de empleo que a pesar de las transferencias seguimos
manejando sin demasiados problemas, sin perjuicio de que uno de los
elementos -y aquí estoy totalmente de acuerdo- que más pueden
favorecer o ayudar a la movilidad geográfica es una mejora en la
transparencia de la información de nuestro mercado de trabajo y del
funcionamiento del sistema de información de nuestro mercado de
trabajo,
sobre todo en tiempos en los que ya no existe el monopolio del Inem
desde el año 1994 en lo que se refiere a la intermediación, con lo
cual no es ninguna obligación de los desempleados ni de las empresas
acudir al Inem a buscar trabajo o trabajadores, y por ello la labor
del Inem tiene que apostar por la calidad, por ser un elemento que
sirve adecuadamente a empresarios y a trabajadores porque, como
decía, con el escenario que tenemos de extensión de nuevas
tecnologías, si no lo hace el Inem, cualquier otra de las múltiples
redes que hoy todos conocemos que cubre estas necesidades será
naturalmente a la que el mercado vaya acudiendo, sin perjuicio, por
supuesto, de los controles públicos que sobre esta materia hay que
tener. Precisamente por eso se está trabajando en el proyecto Sispe,
sistema de información del servicio público de empleo; llevamos ya un
par de años con ello. Se está trabajando en el ámbito de la
conferencia sectorial de asuntos laborales con todas las comunidades
autónomas para hacer un sistema integrado de información y de flujos
de esta información que, sin perjuicio de esta necesaria
transferencia en la ejecución de los programas a las comunidades
autónomas, implique no perder la unidad del mercado de trabajo, que
también es uno de los mandatos constitucionales que luego se podrán
concretar en la efectiva libre circulación de nuestros ciudadanos y
residentes y en la no discriminación, sea cual sea la Administración
que tramite un expediente. En ese sentido se está trabajando y en ese
sentido una de las recomendaciones del borrador del informe conjunto
que ha presentado la Comisión Europea es que continuemos trabajando
en la mejora del servicio público de empleo, pero reconociendo un
trabajo que se está haciendo y que, al menos en opinión de la
Comisión Europea, no va por mal camino.
También se ha señalado que volvemos loco al desempleado, que en un
sitio se reconoce la prestación y en otro se paga. En mi opinión eso
no es así. Las oficinas de empleo, aunque estemos hablando de
comunidades autónomas en las que se haya producido ya la
transferencia, siguen prestando servicios integrales al desempleado.
Bien es cierto que son políticas activas a cargo de funcionarios de
una administración y la protección por desempleo o la tramitación de
las prestaciones a cargo de funcionarios del Estado, del propio
Instituto Nacional de Empleo, pero el desempleado no sufre esa
división entre administraciones, sino que es atendido de manera
integral en la misma oficina.
Se hace también una amplia reflexión sobre las conclusiones de
Lisboa, la apuesta por la economía del conocimiento, etcétera. Este
es uno de los retos que Europa tiene puestos encima de la mesa.
Lisboa mandó un desafío realmente amplio a todos los países europeos
que, en mi opinión, excede a lo que son las políticas de mercado de
trabajo, pero apostar por ser la economía más dinámica del mundo es
algo más que cambiar las leyes laborales. Se señala que con estos
presupuestos
no se ve por ningún lado que se haga referencia a las nuevas
tecnologías o a la extensión de la formación en las mismas. Ni a las
nuevas tecnologías ni a la forja ni a la siderurgia. Lo que hace el
presupuesto es distribuir acciones para formación, fomento de empleo
o escuelas taller; luego el gestor, específicamente a partir de 1998
el Plan nacional de acción para el empleo, da las directrices
políticas de cuáles son las acciones que fundamentalmente se van a
financiar. Ya el Plan de empleo de este año recoge una preferencia
para formación en nuevas tecnologías y, aunque sea un poco pronto
para hablar del Plan de empleo del próximo año, del 2001, los
borradores de directrices de empleo hacen mucho hincapié en esta
materia y con toda seguridad en ellos se concretarán las medidas
específicas que tengan que incorporar todas las administraciones para
utilizar recursos en el desarrollo de nuevas tecnologías, módulos de
aprendizaje informático en las escuelas taller o módulos para tener
lo que se llama el mínimo nivel de usuario básico en el plan FIP;
todo eso está ya recogido en el Plan de empleo de este año.
Se señala que el crecimiento de la formación profesional es muy
escaso. Luego haré una referencia sobre esto, porque sobre todo el
representante de Izquierda Unida ha hecho una alusión al crecimiento
o al incremento del presupuesto. Se me pasaba comentar que en el
ámbito de la formación continua estamos en tránsito de alcanzar los
terceros acuerdos nacionales de formación continua, porque, como se
sabe, los segundos finalizan el 31 de diciembre de este año. Es un
poco pronto para hacer previsiones de cuáles van a ser los resultados
del diálogo social, pero sí me atrevería a apostar que una referencia
a las nuevas tecnologías no es que sea un deseo del Gobierno, es que
es obligatorio por las directrices que tendremos que aplicar en el
ámbito de la Unión Europea.
Se finaliza con una reflexión general, en un debate que tuvimos en
este Parlamento el año pasado, respecto a que las cuotas pagan todo
-uso literalmente sus expresiones-, incluido el sueldo de la
directora general. Tengo que hacer una precisión. Efectivamente, las
aportaciones del Estado al presupuesto del Inem han ido descendiendo
año tras año en función de que la evolución del empleo y el descenso
del gasto en prestaciones ha ido significando mayores ingresos y
menores gastos. Es cierto que la primera recomendación del Pacto de
Toledo, tomada en 1995, señalaba que las bonificaciones se deberían
cubrir con cargo a la fiscalidad general; creo que lo señala
textualmente. Bien, pero es que de entonces a ahora también el
Parlamento ha producido nuevos instrumentos. Como señalaba creo que
en la comparecencia de los presupuestos del año pasado, también esa
primera recomendación del Pacto de Toledo hacía una referencia a la
necesidad de financiación de los procesos de prejubilaciones. En mi
opinión, desde 1995 hasta estas fechas han cambiado un poco las
cosas. Entiendo que las recomendaciones
adoptadas aquel año para el Pacto de Toledo, siendo, por supuesto,
fundamentales para la viabilidad de nuestro sistema de protección
social, estaban más enfocadas hacia la protección social en el ámbito
de pensiones que hacia la evolución del empleo. Realmente hoy es
difícil encontrar una justificación para incitar con recursos
públicos a las prejubilaciones. Nadie se agarra de manera dogmática a
que ahí se contenga una recomendación que no se haya desarrollado.
Entrando directamente en el caso de las bonificaciones, en 1999 se
aprobó un decreto-ley, que se convalidó por este Parlamento, en el
cual se modificaba el artículo 206 del texto refundido de la Ley
General de Seguridad Social, que permitía que las cuotas por
desempleo financiasen todo tipo de políticas activas, incluidas, por
supuesto, las bonificaciones. Eso está aprobado y se está aplicando.
¿Qué ocurre? Que la vocación de todos los ingresos de políticas de
empleo, con la aplicación en años en los que los ingresos se
incrementan de una manera diferencialmente creciente respecto de los
gastos, debe ser financiar todas las políticas de empleo. Como ha
señalado anteriormente el subsecretario en su comparecencia, la
apuesta del Ministerio en estos últimos años es incrementar las
políticas activas de empleo, de manera congruente con lo que nos
señalan las recomendaciones de Bruselas o las directrices de empleo.
Como precisión final hay que señalar que en el capítulo de ingresos
el presupuesto del Inem incluye algo más de 60.000 millones de
pesetas provenientes de remanentes de tesorería que, al menos
utilizando los criterios del Tribunal de Cuentas, deben considerarse
como aportaciones del Estado al presupuesto, con lo cual, al menos el
sueldo de la directora general del Inem, por seguir con su
planteamiento específico, viene financiado por esta vía.
Por el Grupo Popular se me pregunta cuáles son nuestras referencias
sobre creación de empleo. Las contenidas en la Ley de presupuestos.
Esta también fue una cuestión que se planteó en el debate
presupuestario del año pasado. En mi opinión, no hay que tomar como
una previsión absoluta las cifras que contiene el cuadro
macroeconómico de la presentación de presupuestos, sino que son
previsiones hechas precisamente para la gestión y ejecución de los
presupuestos. A nadie se le escapará que si deben pecar de algo estas
cifras es de prudencia. Un buen ejemplo lo tenemos en estos últimos
años en los que el crecimiento del empleo ha sido habitualmente
superior al del cuadro macroeconómico contenido en la ley
presupuestaria. Cualquier error en sentido contrario sería
tremendamente peligroso para la estabilidad y garantía de gastos,
específicamente en el caso de protección social.
Respecto a una valoración sobre las bonificaciones a la contratación
indefinida, creo que debe ser obligatoriamente positiva. Incluso hoy
se ha hecho por las organizaciones sindicales una valoración de los
acuerdos de 1997 y la han calificado de positivo. La vocación
del programa de bonificaciones fue desde el primer momento apoyar lo
que el diálogo social nos remitía a los poderes públicos para que lo
recogiésemos y lo desarrollásemos. Y como reflexión general a que me
refería antes, estos presupuestos también tienen esa vocación. En ese
sentido, no está todavía concretado el programa de bonificaciones ni
el de empleo para el próximo año porque, igual que ocurrió en 1997
que se acomodó al diálogo social, esperamos que este año se acomode
a los resultados de la mesa de diálogo social, lo que no impide que
estén presupuestadas partidas para bonificaciones cercanas a los
300.000 millones. Que se hayan hecho más de 2.700.000 contratos
indefinidos desde aquella fecha, superando el año pasado y éste
1.200.000 contratos al año cuando las cifras previas de contratación
indefinida apenas era de 350.000, creo que es suficientemente
indicativo. Exactamente igual pasa con la incidencia de los
interlocutores sociales en formación. Tenemos todo lo referido a
formación continua pendiente de lo que se derive del diálogo social
que se está llevando a cabo y de la misma manera en otros ámbitos en
los que participan no sólo los interlocutores sociales sino también
el Consejo General de la Formación Profesional, con la participación
de las comunidades autónomas está llevando a cabo todo el desarrollo
de la formación profesional ocupacional en un contexto más amplio de
todo el sistema de formación y educativo.
En cuanto a la valoración del programa de talleres de empleo, este
programa, como saben SS.SS., se aplicó por primera vez en 1999, tuvo
un presupuesto inicial de 7.000 millones que se ejecutó prácticamente
en su totalidad, 6.927 millones, del que se beneficiaron cerca de
5.000 trabajadores, fundamentalmente mayores de 45 años, y para el
año 2000 tiene previsto ejecutar la práctica totalidad del gasto,
alcanzar 16.500 millones de pesetas y doblar el número de
beneficiarios, 9.610 trabajadores.
Voy a hacer una pequeña referencia a la evolución del empleo en
economía social. Como se sabe, el año pasado el Parlamento aprobó una
nueva legislación de las cooperativas, su inclusión en normativa
general que puede favorecer el empleo en este sector, como puede ser
el programa de bonificaciones, al que se han incorporado los socios
cooperativistas en las cooperativas de trabajo asociado, o la
inclusión de las medidas en beneficio de la maternidad de las
personas que trabajan de la Ley de conciliación de la vida laboral,
que se extienden también a este colectivo. Estos son algunos de los
factores que hacen posible que el año pasado el crecimiento del
empleo en la economía social haya superado el 7,3 por ciento, muy por
encima del crecimiento del empleo asalariado.
Por último, por parte de la representación de Izquierda Unida se
hacen unas reflexiones generales acerca del déficit cero, del Fondo
Social Europeo como única causa de crecimiento en políticas activas,
de una falta
de apuesta por las políticas de empleo. Simplemente señalaré que la
vocación del presupuesto del Ministerio de Trabajo en estos últimos
años, concretamente de 1996 a esta fecha, no ha variado; ha sido
apostar por las políticas activas de empleo y mantener los niveles de
protección en desempleo, incluso incrementarlos para determinados
colectivos que no estaban suficientemente atendidos. Ese sería el
caso de los contratos a tiempo parcial denominados marginales o de
menos duración, o sería el caso de programas nuevos como la renta
activa de inserción. Esto se refleja en que las políticas activas de
empleo de 1996 a 2001 han pasado de 300.000 a 800.000 millones de
pesetas, con lo cual, independientemente del crecimiento coyuntural
de un determinado ejercicio, está fuera de duda que el crecimiento ha
sido muy superior al que ha tenido la economía. Esto, combinado con
el descenso del número de demandantes de empleo, del paro registrado
en el Instituto Nacional de Empleo, hace que se haya pasado a un
coste por desempleado de 128.000 pesetas en 1996 a 550.000 pesetas
para el presupuesto del año que viene. La calidad, intensidad y
eficacia de las políticas de empleo, al menos en lo que se refiere a
la dotación presupuestaria, creo que es apreciable en la evolución de
los presupuestos. También hay que señalar -y se ha repetido en
multitud de ocasiones en la presentación de este presupuesto- que los
años de menor déficit público han sido los de mayor y mejor
crecimiento del empleo en nuestro mercado de trabajo, con lo cual no
coincido en esa especie de confrontación o tensión de presentar la
disciplina presupuestaria como un enemigo de la creación de empleo
cuando los datos objetivos nos señalan lo contrario. Tampoco estoy de
acuerdo en señalar que no hay más que bonificaciones en los
presupuestos de políticas activas, hay 800.000 millones de los cuales
300.000 -hablo en números redondos- son bonificaciones, pero 500.000
-hablo sólo del presupuesto del Inem- son políticas activas de otro
tenor, en las cuales prima fundamentalmente el empleo o el acceso al
mismo de los desempleados. Lo mismo ocurre respecto a la tasa de
cobertura. Se señala que cuatro de cada diez desempleados no tienen
protección. Efectivamente, ahí es donde entran para este año 2000 y
para el que viene programas nuevos para colectivos que no están
protegidos, como es la renta activa de inserción, que es cierto que
ha tenido un desarrollo fundamentalmente programático o piloto
durante este año pero esperamos que se vaya consolidando en el
próximo año, para el que están presupuestados 50.000 millones que
esperamos que lleguen a beneficiar a más de 70.000 personas. Por otro
lado, la apuesta en políticas activas intenta también dar solución a
estas personas a las que no llega la protección por desempleo.
Respecto a las preguntas específicas realizadas, en relación con
dotaciones mayores ya he señalado lo que han crecido las políticas
activas en el período, que es algo más del 140 por ciento. Sí se
deberían tomar medidas
incentivadoras en la lucha contra la temporalidad. Entiendo que un
buen ejemplo de las mismas han sido las bonificaciones a la
contratación indefinida, sin perjuicio de que tenemos confianza en
que el diálogo social nos aporte la posibilidad de actuar de manera
más directa en el fomento de la contratación indefinida. Respecto a
alguna penalización adicional a las empresas de trabajo temporal, yo
no soy partidario de penalizar a ninguna empresa que pueda colaborar
a la creación del empleo, y desde luego las empresas de trabajo
temporal están colaborando a la creación de empleo en nuestro país.
Como sabe, tienen un incremento en sus cotizaciones que se ha
incorporado en los presupuestos de los años 1999 y 2000, tienen una
obligación de cotizar unas partidas adicionales en lo que se refiere
a la formación de sus trabajadores, tienen una indemnización incluso
en los casos de la contratación temporal y, además, desde el año
pasado tienen obligación de pagar iguales salarios que las empresas
usuarias para el mismo puesto de trabajo. No consideramos que deba
existir ninguna penalización adicional. En cuanto al subsidio
adicional o renta, como he señalado, la renta activa de inserción es
un programa que ha nacido para este año, pero esperamos que se vaya
consolidando en el próximo ejercicio. No comparto el análisis de
simplemente otorgar rentas o subsidios a los desempleados, sino que
entendemos que es más operativo y que ataca mejor las causas por las
que las personas tienen dificultades en acceder al empleo o
dificultades como el paro de larga duración combinar medidas de
protección con medidas de mejora de la empleabilidad, medidas de
acceso a la formación, disponibilidad para el empleo, orientación,
posibilidades de atención de ofertas.
Por último, me señalan un par de cuestiones relativas al Plan
nacional de acción para el empleo, indicando que se debe más a la
voluntad europea que a la del Gobierno español y que se incorporan
programas que exceden lo que es la ejecución de las políticas
específicas de empleo. Evidentemente, los planes de empleo son una
consecuencia de la voluntad europea en materia de políticas de
empleo, pero esa voluntad europea la construimos todos los Estados de
la Unión y, en ese sentido, las directrices de empleo han sido año
tras año aprobadas por unanimidad por todos los Estados miembros, con
lo cual a la Administración española también le tocaría al menos un
mínimo de responsabilidad.
Su señoría indica correctamente que en el plan de empleo se
incorporan más cuestiones que las específicas de políticas de empleo.
Es que esa es la vocación de las directrices de empleo, que sean
congruentes con la política económica general y que además aborden
otras cuestiones, como el desarrollo de nuevas tecnologías, la lucha
contra la discriminación de la mujer o de colectivos con dificultades
o el desarrollo del espíritu emprendedor. Entonces, con lógica, el
plan de empleo en ningún caso es el plan de empleo del Inem o del
Ministerio de Trabajo, sino un plan de empleo español, que incluso
excede al Gobierno español, porque una parte fundamental de las
medidas que recoge y de su ejecución son aportadas
presupuestariamente no ya por otros departamentos, sino por las
comunidades autónomas y una parte fundamental en su elaboración y en
el desarrollo de varias de sus directrices corresponde, por ejemplo,
a los interlocutores sociales, con lo cual tiene un contenido mucho
más amplio de lo que sería el desarrollo presupuestario de las
políticas del Ministerio de Trabajo. (La señora López i Chamosa pide
la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Le doy la palabra porque sé que la señora López
i Chamosa tiene una gran capacidad de síntesis, yo lo sé.
La señora LÓPEZ I CHAMOSA: Seguro, señor presidente.
Estos días he leído en los medios de comunicación que han sido
rescindidos muchos contratos estables. Me gustaría saber cuántos se
han rescindido, porque se habla del 30 por ciento. Además, quisiera
que me dijera si cuando las empresas externalizan sus servicios, como
han hecho la Danone o la Ericsson, los nuevos contratos son
considerados contratos estables.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor secretario.
El señor SECRETARIO GENERAL DE EMPLEO (Chozas Pedrero): En relación
con la primera de las preguntas, tengo que decir que la información
de prensa que a todos nos ha preocupado esta semana es algo inexacta.
Desde la suscripción de los acuerdos de 1997 y la aprobación de la
normativa que los recoge se han registrado unos 2.700.000 contratos
indefinidos. Yo entiendo que de la información de prensa se deduce
porque de ellos 1.900.000 siguen vivos bonificándose, lo que
implicaría una caída de alrededor del 30 por ciento. Sin embargo, al
hacer dicho análisis no se ha tenido en cuenta que todos los
contratos suscritos entre mayo y octubre de 1997 ya no tienen derecho
a bonificación, porque ha vencido su período de tres años, pero en un
número importante siguen vigentes, con lo cual, aproximadamente, de
los 2.700.000 que se han registrado en todo el período, pueden estar
vigentes -asumiendo que este es un dato que tiene una movilidad
permanente- entre 2.100.000 y 2.200.000, lo que implicaría que del
total de los suscritos podría haber caído una cifra algo inferior al
20 por ciento, que a su vez implicaría una tasa de finalización de
contratos indefinidos que coincide absolutamente con la tasa de
duración de los contratos indefinidos ordinarios. Efectivamente, no
tenemos ninguna garantía de que sea en empleo indefinido e ilimitado,
pero sí estamos observando que están teniendo una vida igual que los
contratos no bonificados, lo cual no voy a ocultar que era una
preocupación del gestor de las bonificaciones cuando se aprobaron los
programas o cuando venció el período de finalización de las
bonificaciones.
Respecto de la externalización de servicios y nuevas contrataciones,
sólo le diré que dependerá de cada caso. No quiero hacer aquí
publicidad gratuita para nadie. Lo que se bonifican son contratos
indefinidos que se suscriban inicialmente y con una cláusula de
garantía de que no puedan ser aplicables a las mismas empresas que
hayan rescindido contratos con esos trabajadores, sean temporales o
indefinidos. Hay cláusulas de garantía. Dicho esto, no me
pronunciaría más allá.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor secretario general. Damos
por concluida esta comparecencia. Suspendemos la sesión durante un
minuto. (Pausa.)
- DE LA SEÑORA SECRETARIA GENERAL DE ASUNTOS SOCIALES (DANCAUSA
TREVIÑO). A SOLICITUD DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS POPULAR EN EL
CONGRESO (Número de expediente 212/000177) Y SOCIALISTA (Número de
expediente 212/000261).
El señor PRESIDENTE: Señorías, continuamos la sesión.
Con arreglo a la relación de comparecencias a celebrar en el día de
hoy, corresponde ahora la de la secretaria general de Asuntos
Sociales, doña Concepción Dancausa, quien, desde el ejercicio de esa
responsabilidad, es la primera vez que como tal comparece ante esta
Comisión de Política Social, por lo que le expreso nuestro saludo,
nuestra bienvenida y el deseo de una fecunda colaboración en el
transcurso de esta VII Legislatura.
Vamos a proceder tal y como hemos hecho con las anteriores
comparecencias. La de la señora secretaria general de Asuntos
Sociales la han solicitado los grupos Popular y Socialista. Para la
intervención en nombre del Grupo Socialista, tiene la palabra la
señora Cortajarena.
La señora CORTAJARENA ITURRIOZ: En relación con los presupuestos
adscritos a la Secretaría General de Asuntos Sociales tenemos un gran
compromiso y es que de ellos depende un número muy importante de
personas, que a veces tienen carencias económicas y de otro tipo. Por
lo tanto, voy a hacer una intervención en plan inquisitorial. Primero
le voy a formular una serie de preguntas, puesto que no nos queda
claro cuáles son los compromisos que ustedes asumen en función del
dibujo y del proyecto de presupuestos que nos han presentado en el
Congreso de los Diputados, y posteriormente haré una reflexión más de
carácter político y que tiene que ver con la proyección que
queremos dar al ámbito de la política social y de los servicios
sociales en nuestro país. (La señora vicepresidenta, Montseny Masip,
ocupa la Presidencia.)
En primer lugar, quiero decirle que hemos visto con satisfacción que
han incrementado la transferencia al Consejo Económico y Social, pero
los socialistas nos preguntamos si a veces ustedes cuando nos
presentan el dibujo de estos presupuestos hacen mucho caso a los
estudios que el propio Consejo Económico y Social realiza, porque la
memoria anual de la situación socioeconómica española del año 1999
parece ser que es un documento que o no lo han leído o bien no han
querido hacerse responsables con la recomendaciones que en el mismo
se hacen.
En segundo lugar, queremos que nos diga cuál es la razón por la que
decrecen tanto los presupuestos en pensiones asistenciales. No
estamos hablando de las pensiones no contributivas, sino de las que
emanan del Fondo nacional de asistencia social del año 1960, las que
emanan de la Ley de Amnistía del año 1982 y las de la guerra. En
cuatro años, señora secretaria general, han reducido ustedes la
partida presupuestaria de 36.000 a 19.000 millones, lo que supone un
ahorro de 17.000 millones. Estamos hablando de un colectivo de
personas que, según su referente, suman 71.775 para el año 2001, por
lo cual hacen decrecer este cómputo de personas en un 20 por ciento,
y nos extraña, ya que en la Comunidad Autónoma del País Vasco no es
tan alto el porcentaje de decrecimiento de este colectivo de personas
y por eso se lo pregunto. Quisiera darle un consejo. Dado que desde
que tienen mayoría absoluta tienen bastante tendencia a convalidar
reales decretos por motivos de urgencia, al menos así lo justifican
ustedes, podrían proponer uno nuevo, para incrementar las pensiones
de este colectivo de personas, porque no se van a volver a producir,
es decir, son legislaciones que ya no van a tener una nueva
recuperación y por lo tanto se podrían mejorar las condiciones
económicas de un colectivo mínimo, pero que está muy castigado o bien
por la guerra o bien por las consecuencias de la expulsión de
trabajos, etcétera.
En tercer lugar, vemos con preocupación que en las comunidades
autónomas en las que se ha producido la transferencia del Imserso se
incrementan solamente en un 2,9 las previsiones que ustedes
establecen para el año 2001 en las transferencias de su presupuesto
en cuanto a las obligaciones de los gastos y transferencias y sobre
todo de prestaciones y servicios que tienen que acometer estas
comunidades autónomas. La verdad es que poderosas razones tendrán que
asistir a la Secretaría General para que hayan pintado un esfuerzo
económico tan pobre en esta materia.
El programa 313.H, acción en favor de los migrantes, lo vamos a pasar
por alto, ya que creemos que este tema se va a tratar en relación con
las partidas presupuestarias que vienen dibujadas en el proyecto de
presupuestos con el delegado del Gobierno para esta materia.
Creemos que es un ámbito más amplio el que va a abarcar y por lo
tanto no lo vamos a tocar en la reflexión que nosotros hacemos,
aunque creemos que sigue en la misma línea, es decir, que el
incremento presupuestario que se produce es muy bajo.
En cuarto lugar, vamos a analizar el programa 313.L, denominado otros
servicios sociales del Estado. El primer choque que se recibe en el
incremento del gasto es en el plan gerontológico: solamente 835
millones de incremento. Le recuerdo que comprende la ayuda a
domicilio, las residencias, las estancias temporales, las estancias a
medio camino. Es decir, su tan divulgado plan contra el Alzheimer,
que en la legislatura anterior tuvimos ocasión de escuchar y sobre
todo en los medios de comunicación -fue francamente muy bien
divulgado-, ha tenido un incremento para la propuesta del año 2001 de
311 millones de pesetas. Creo que su Ministerio y su Secretaría
General son conscientes de que estamos hablando de más de 1.500.000
de personas que tienen más de 80 años y de que el 37 por ciento de
este colectivo o bien sufre de Alzheimer o padece algún tipo de
trastorno relacionado con la demencia senil, es decir, tiene algún
tipo de dependencia. Por lo tanto, nos dirá usted cómo lo van a hacer
con 311 millones. Cuéntemelo, porque puede que nos llegue
a convencer.
En quinto lugar, pasamos a ver el plan de prestaciones básicas
firmado con las corporaciones locales. En el año 1988 se firmó este
plan concertado que establecía la contribución de tres
administraciones: la central, la autonómica y la local. Ustedes, el
Ministerio, al cumplirse el décimo aniversario de la ejecución del
plan, hicieron un estudio -no lo decimos la oposición, no lo decimos
los socialistas- poniendo en evidencia que de la aportación que se
hacía a la gestión del plan en el año 1998, en que el plan concertado
tenía 64.500 millones de pesetas, el 48 por ciento provenía de las
corporaciones locales, el 31 por ciento las comunidades autónomas y
el 21 por ciento de la Administración central. Si estamos hablando de
que en este año 2001, con toda la bonanza económica de la legislatura
anterior y de ésta, solamente son capaces de incrementar esta
partida, ustedes tienen todavía mucho por hacer, porque, desde que
dibujamos el primer plan concertado, la idea era llegar a 100.000
millones de pesetas, es decir, 33.000 millones por cada una de las
instancias administrativas que estaban involucradas en esta materia.
Por lo tanto, me podrá contar usted cuáles son las razones para que
sólo se hayan incrementado 835 millones de pesetas.
En sexto lugar, me parece oportuno reseñar un tema y es que los
medios de comunicación, a los que ustedes, al parecer, hacen bastante
caso, nos han presentado situaciones graves de racismo en nuestro
país. Llevan varios años (yo diría dos legislaturas) adscribiendo al
programa de integración de los gitanos 500 millones
de pesetas. Señora Dancausa, ni una peseta más. ¿Me puede decir
cuáles son las razones?
En séptimo lugar, le voy a hablar de un tema que creo que le va a
sonar y le voy a citar un texto. Decían: promoveremos el plan
nacional de guarderías y escuelas infantiles, con la colaboración de
las comunidades autónomas y municipios, para proporcionar una oferta
que garantice una plaza a los menores de tres años a todas las
familias que lo demanden. Esto lo decían ustedes en el mes de marzo,
en su programa electoral para el año 2000. Pues bien, ¿cree de
verdad, señora secretaria general, que con el incremento de 491
millones que han dibujado ustedes en el programa de infancia
y familia se puede llegar a lograr este objetivo? Lo veo muy difícil.
Es más, hasta los indicadores de este programa están muy mal hechos,
producen un cierto rubor. Porque ustedes pueden pensar que la
oposición no leemos los programas, pero de verdad que los leemos, los
estudiamos, y además con mucho interés, y le voy a decir una cosa. De
repente, ustedes, con 491 millones producen un milagro: en el año
2000 atienden a 26.455 niños en la edad de cero a tres años y en el
año 2001 atienden a 33.535 niños. Me va a contar usted cómo, con ese
dinero, pueden hacer todo el programa. Puede que al Gobierno le haya
gustado lo de la rotación y lleven a los niños a las guarderías o a
los centros de cero a tres años en días alternos o bien que los
lleven a tiempo parcial, lo que les podría permitir ir sumando niños;
si no, con esta cuantía económica, le aseguro que los números no
salen.
Otro indicador del programa que también nos ha llamado poderosamente
la atención es el del tratamiento de la orientación y la mediación
familiar. Con los mismos servicios, pasan ustedes de 2.000 a 4.000
atenciones. Tienen 30 gabinetes de mediación familiar y suben de
2.000 atenciones en el año 2000 a 4.000 en el año 2001. Uno se
pregunta: ¿cómo será esto? Con estos 30 gabinetes, incrementan el
número de nueve atenciones diarias a 18. No nos imaginamos cómo.
Cuéntenoslo, por favor.
Otro aspecto importante. Usted sabe, y lo han divulgado por activa y
por pasiva, que no hay niños y que el índice de natalidad es muy bajo
en nuestro país, y también dijeron en alguna comparecencia anterior
que, además de la colaboración de las comunidades autónomas, ustedes
iban a dedicar un gran esfuerzo al tema de las adopciones
internacionales. Pues bien, los datos reflejan justo todo lo
contrario. En el año 1999 hubo 662 expedientes de adopciones
internacionales; en el año 2000 la cifra baja a 500 y en el
presupuesto para el año 2001 ponen ustedes que serán 700. ¿Me lo
puede explicar? ¿Está mal hecho el indicador, no hay dinero? ¿Por
qué, de repente, de los 662 expedientes del año 1999 se ha pasado a
500 en el año 2000?
En octavo lugar, le quiero decir que se han reducido las inversiones
del Imserso en 489 millones de pesetas. Desde luego, si Estado o la
Administración central
tiene la obligación de impulsar determinados programas, no entendemos
cómo lo pueden hacer con estas reducciones.
En noveno lugar, le planteo seriamente una cuestión. Sería importante
(ya lo hemos recalcado en otras comparecencias) que, por fin, se
hiciera una estrategia decidida y definida de qué queremos hacer con
el 0,52 por ciento del IRPF. Lo que en un inicio fue una alegría, yo
diría colectiva, para los servicios sociales y para los programas de
atención social, se ha convertido en un verdadero problema, porque lo
que no se puede hacer con el 0,52 por ciento es intentar impulsar
todo tipo de programas que puedan llegar, aunque ahora ya cuentan con
la aquiescencia y la autorización de las comunidades autónomas, cosa
que antes no ocurría. Nos da la impresión de que, al no seguirlos
financiando más que en un proceso de años determinados, ustedes dejan
desatendidas necesidades sociales a las que luego no sabemos cómo
hacerles frente.
En último lugar, quisiera decirle que nos parece preocupante toda la
política que van a hacer ustedes en relación con la discapacidad.
Simplemente, decrece en 4.000 millones la Lismi, han tardado dos años
en abrir el centro de Fuencarral, tienen los CRMF sin ocupar.
Cuénteme usted qué pasa.
Señora Dancausa, respecto a aquel eslogan maravilloso de que España
va bien, le puedo decir que España no va tan bien y hay estudios que
lo corroboran. Hemos perdido tres puntos en el gasto social en
relación con la riqueza y esta es una realidad que a mí me da mucha
pena tenerla que constatar. Me encantaría mucho más poderles
felicitar, pero no podemos hacerlo. En su programa electoral decían:
crearemos 60.000 plazas de largas estancias, de ellas 36.000
asistidas y 24.000 para personas sin necesidad de cuidados
especiales. ¿Me dice cómo lo van a hacer? Con este presupuesto, no. Y
tienen cuatro años para hacerlo. No se puede engañar a la ciudadanía.
Todos sabemos que cuando ha habido épocas de recesión económica, en
los presupuestos hay cenicientas; pero todos sabemos que en épocas de
bonanza, cada lustro ha reflejado un gran avance social en esta
materia. Y ustedes, en los cinco años que llevan gobernando no nos lo
han dibujado.
Le quiero decir una cosa, señora Dancausa. La mayoría absoluta puede
tener buenos efectos si se sabe administrar, pero el Partido Popular
y los gestos del Gobierno nos están poniendo en evidencia demasiado
pronto que ustedes están embriagados de soberbia, que no es grandeza,
sino hinchazón.
La señora VICEPRESIDENTA (Montseny Masip): Tiene la palabra la señora
García Pérez.
La señora GARCÍA PÉREZ: Prometo brevedad en mi exposición, dada la
hora en la que estamos.
Comenzaré diciendo que en la década de los ochenta había un informe
de Foessa que establecía que la
pobreza en España en aquellos años tenía cara de persona mayor.
Transcurridos diez años, en la década de los noventa, se dibuja la
pobreza con cara de mujer y de joven. Entender el cambio en esa
simbología de la pobreza será muy complicado si vemos la realidad de
estos presupuestos y no somos capaces de mejorarlos de alguna manera.
Respecto al capítulo de la juventud, en relación con el Consejo de la
Juventud de España y al Instituto de la Juventud, nos parece bastante
bochornoso tener que ver y escuchar en muchos medios de comunicación
que se va a poner en marcha por parte de este Gobierno un famoso plan
de juventud, un plan de juventud que no ha sido debatido en forma con
el Consejo de la Juventud, que probablemente sea uno de los
organismos que más podrían aportar a ese plan. Se da un plan de ese
tipo a bombo y platillo, pero luego vemos que el presupuesto global
en materia de juventud sólo asciende a 200 millones de pesetas, por
lo que creemos que va a ser complicado desarrollar realmente todas
las acciones que se nos dice que quieren hacer. De todas formas,
agradecería que se pudiera traer al Parlamento ese plan de juventud y
pudiéramos conocerlo los parlamentarios y las parlamentarias para
poder participar en el mismo. Además, me gustaría saber por qué han
desaparecido este año algunas partidas, por ejemplo, la de
transferencias a entidades y jóvenes participantes en el programa del
servicio de voluntariado europeo.
En relación con el Instituto de la Mujer, hay varios indicadores y
cifras que nos preocupan. Por una parte, reconocemos que el
presupuesto sube 300 millones de pesetas, pero también nos gustaría
señalar que, desglosando este presupuesto, hay 400 millones de subida
en material, suministros y otros. También me gustaría que me
explicaran a qué se destina esa subida de 400 millones en el capítulo
de material, suministros y otros, porque yo veo la hoja donde está el
desglose, y o el desglose no es total o no cuadran las cifras porque
pasamos de 1.500 a 1.900 millones. Aquí aparece parte del teléfono,
combustible, transportes, etcétera, pero tampoco corresponde con esta
subida de la que estamos hablando de 400 millones de pesetas. Si todo
el presupuesto del Instituto de la Mujer sube 300 millones, pero el
material, suministros y otros sube 400, eso supone una bajada en otra
serie de programas que nos parece bastante preocupante.
En cuanto a transferencias corrientes hay una bajada global de
aproximadamente 200 millones de pesetas. Se me podrá decir que
aumentan 110 millones en transferencias de capital, pero, aun así,
sigue habiendo ahí alrededor de 90 ó 100 millones de bajada en cuanto
a lo que corresponden a transferencias.
La señora VICEPRESIDENTA (Montseny Masip): Señora García Pérez, le
ruego vaya concluyendo.
La señora GARCÍA PÉREZ: Ya voy terminando.
En cuanto a transferencias a familias e instituciones sin fines de
lucro, las transferencias corrientes bajan 230 millones; aunque suben
100 las de capital, siguen siendo 130 millones menos.
En un minuto me gustaría poder decir que, viendo los indicadores, es
más preocupante todavía que el centro de información determina que se
va a pasar de 45.000 consultas a 3.500; que apoyo a movimientos
asociativos pasará de 63 a 43 entidades; que en los programas plan
contra violencia doméstica -algo sobre lo que en el Parlamento hemos
demostrado mucha sensibilidad- se pasa de 15 a 12; que los programas
para promover la coeducación pasan de 7 a 3; que en fomento
empresarial de mujeres rurales hay 15 formadores menos y mil mujeres
formadas menos. Podría seguir diciendo muchos más indicadores, pero
creo que estos son significativos y me gustaría que nos pudiera dar
respuesta.
La señora VICEPRESIDENTA (Montseny Masip): Por el Grupo Parlamentario
Popular, tiene la palabra la señora Muñoz.
La señora MUÑOZ URIOL: Quiero agradecer, en primer lugar, a la
secretaria general de Asuntos Sociales su comparecencia para exponer
las prioridades y las líneas de actuación que han seguido a la hora
de elaborar estos presupuestos.
Quiero empezar mi intervención resaltando que los presupuestos del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, a nuestro juicio, se
ajustan a un doble objetivo. Por un lado, el empleo, base sobre la
que se asienta el presente y futuro de las pensiones, clave la
convergencia real, y, por otro, la consolidación y potenciación del
bienestar social; para nosotros objetivos irrenunciables. Estos
presupuestos conjugan el incremento de gasto de política de
solidaridad con un descenso del déficit público. Esto, señorías, es
importante resaltar en una comparecencia de presupuestos, sobre todo
porque ha sido una actuación constante en los últimos cuatro años.
Antes de hacer puntualizaciones a estos presupuestos, es bueno ver
cómo en el año 1996 se destinaron 39.000 millones a políticas de
solidaridad y que ha ido aumentando hasta llegar a los 60.461
millones en estos presupuestos. Por otro lado, el déficit público ha
ido disminuyendo desde el 5 por ciento del PIB en 1996, hasta la
previsión cero para estos presupuestos del 2001, lo cual nos parece
un magnífico dato. Hay que resaltar que los presupuestos de Asuntos
Sociales van a suponer un incremento del 7,5 por ciento con respecto
al año anterior, y de un 54,8 por ciento con respecto a los de 1996.
Este incremento es superior al de los Presupuestos Generales del
Estado un 4,5; al crecimiento nominal de la economía, 5,9; y superior
en casi cuatro veces al IPC previsto.
Señorías, es para nosotros una situación muy positiva desde cualquier
punto de vista y demuestra la clara apuesta del Gobierno por invertir
en política social, máxime teniendo en cuenta que para los
presupuestos de 1996, los últimos que realizó el Gobierno del Partido
Socialista, en Asuntos Sociales se disminuyó en un 5,9 por ciento,
aunque el entonces subsecretario del Ministerio de Asuntos Sociales
lo calificó de una pequeña rebaja.
Ya hace cinco años -quiero hacer una referencia expresa- se dijo en
esta Comisión que también era un momento de bonanza económica y,
según las palabras del señor Valero, se elaboró un presupuesto para
controlar el gasto público y luchar contra el déficit. Pese a eso
-leo literalmente-, el Gobierno ha hecho un importante esfuerzo en
materia de servicios sociales, y, una vez homogeneizado el
presupuesto, es decir, descontada la rebaja por transferencias, el
Ministerio de Asuntos Sociales sólo baja un 5,9 por ciento, mientras
que hay ministerios que bajan un 13,4, un 26,9, un 18,4, un 10,7, un
11,7, un 14,9, etcétera; y, en cambio, el Ministerio de Asuntos
Sociales no baja más que un 5,9 por ciento. Es importante resaltarlo
aquí, después de oír la intervención de la señora Cortajarena si
tenemos en cuenta que con estos presupuestos, con un aumento de más
del 7,4 por ciento y un déficit cero, parecería que estábamos
haciendo un gran recorte en política social.
Sin levantar polémica, nos gustaría resaltar el gran esfuerzo que se
hace en estos presupuestos para disminuir el déficit público y
aumentar políticas de solidaridad. Dicho esto, paso a exponerle a la
secretaria general de Asuntos Sociales algunas cuestiones muy
concretas después de haber estudiado detenidamente los presupuestos.
En primer lugar, nos gustaría saber cuál va a ser la cofinanciación y
la complementariedad que las comunidades autónomas van a llevar a
cabo teniendo en cuenta las competencias en política social. Es
importante resaltar la labor de coordinación del propio Ministerio de
Trabajo y, en concreto, de la Secretaría de Asuntos Sociales. Me
gustaría saber también cuáles han sido las prioridades marcadas por
su departamento para estos presupuestos del 2001.
Queremos hacer una especial referencia a la política de mayores, en
concreto al plan de Alzheimer, pues supuso un gran acierto la puesta
en marcha en el año 1999, ese plan piloto que contó con 300 millones.
No nos olvidemos de que fue el primero que se ponía en marcha en
nuestro país y que actualmente, con un presupuesto de 850 millones,
resalta un incremento del 57,7 por ciento. También nos gustaría que
nos explicara cuáles van a ser las medidas, dentro del plan
gerontológico, que se van a contemplar, ya que experimenta un
incremento del 14,7 por ciento. Y con respecto a las partidas
destinadas a los emigrantes -tal como decía la señora Cortajarena, el
concepto 313.H no se refiere a
emigración sino a españoles que siguen en el exterior-, nos parece
muy positivo y justo ese incremento del 9,6, pero nos gustaría saber
cuáles, dentro de las prioridades de su departamento, van a ir
destinadas a ese incremento.
En cuanto a la conciliación de la vida laboral y familiar, dado que
el próximo año Naciones Unidas ha declarado año internacional para el
voluntariado, nos gustaría que nos explicara si su departamento ha
presupuestado alguna partida en concreto para ello. Respecto
a exclusión social, deseo decirle que, dado que España ratificó su
compromiso en la cumbre de Lisboa en mayo del 2000, para luchar
contra la pobreza y la exclusión social, queremos saber cuáles son
las partidas que podrían destinarse para tal fin.
Nos gustaría también que nos explicara el plan concertado de
prestaciones básicas de servicios sociales. Sabemos que es imposible
que pueda responder a todas las preguntas, pero en caso de que no
pudiera hacerlo, esperamos que nos las haga llegar a la Comisión.
Sabemos que esas partidas van a ser aumentadas por las otras
administraciones por lo que nos interesa resaltar el incremento del
5,8, porque, tal como ha dicho aquí la anterior portavoz, ya en 1995
la partida inicial de 10.500 millones se vio disminuida en 500
millones, pasando a ser de 10.000, y ahora nos encontramos con un
incremento para este presupuesto de 800 millones, lo que hace que
este presupuesto sea de más de 14.800 millones, aunque probablemente
podría ser superior ese incremento del 5,8. Como decíamos al
principio, este hecho unido a un importante ajuste presupuestario
para lograr ese déficit cero, nos parece una apuesta muy positiva.
Para ir finalizando, deseo soliciten un mayor detalle de ese
incremento presupuestario del 20 por ciento en el plan de integración
social de inmigrantes y que en el plan de juventud explicara los
grandes rasgos, sabiendo que ese plan que ha presentado su
departamento es un plan transversal donde también están implicados
comunidades autónomas y ayuntamientos.
Para terminar, en cuanto a la mujer, nos gustaría conocer las
prioridades que han marcado ese incremento del 8,69 por ciento,
concretamente el capítulo 226.10, que hace referencia a las
actividades a través de convenios y donde se observa un incremento
del 38,4 por ciento, que nos parece muy importante porque es donde se
pretende coordinar e incrementar el número de actividades con
comunidades autónomas, otras administraciones y organismos.
He sido rápida, lo sé. He dado un vistazo muy somero a estos
presupuestos. Nos gustaría que, en caso de que no pudiera
facilitarnos ahora toda la información, nos la hiciera llegar. Le
felicito por la sensibilidad demostrada en estos presupuestos. Estoy
convencida de que vamos a tener numerosas oportunidades para debatir
en esta Comisión, y le agradezco de antemano tanto su información
como su comparecencia.
La señora VICEPRESIDENTA (Montseny Masip): Antes de ceder la palabra
a la señora secretaria general de Asuntos Sociales, esta Presidencia
excusa la presencia del Grupo Parlamentaria de Izquierda Unida,
puesto que, a través de su portavoz, hemos sabido que estaban
presentes en otra Comisión.
Tiene la palabra doña Concepción Dancausa.
La señora SECRETARIA GENERAL DE ASUNTOS SOCIALES (Dancausa Treviño):
Quiero dar las gracias a todas las comparecientes y a las que han
intervenido por parte de los distintos grupos parlamentarios por
dejarme explicar las líneas de los presupuestos generales de Asuntos
Sociales.
Antes de entrar en la contestación a las preguntas que me han
realizado, me gustaría señalar que el presupuesto de Asuntos Sociales
en su conjunto supone un total de 60.461 millones que, frente a los
56.000 de que dispuso el año pasado, representa un incremento del 7,5
por ciento. También quiero señalar que, además, se cuenta con el
presupuesto del Imserso que va dirigido a políticas del área de esta
Secretaría General de Asuntos Sociales, que es de 514.914 millones de
pesetas y que representa un incremento de 4,09 por ciento.
Entrando en las preguntas concretas que me han formulado los
representantes de los grupos políticos, en lo que se refiere al
decrecimiento de las pensiones existenciales, quisiera recordar a
esta portavoz que no son competencia de la Secretaría General de
Asuntos, Sociales sino de la Secretaría de Estado de la Seguridad
Social. En cualquier caso, quiero señalar que fueron suprimidas por
el Real Decreto 28/1992, de 24 de noviembre, y que únicamente
conservaban el derecho aquellos que lo tuvieron. Es lógico el
descenso de 24.000 millones a 19.680, puesto que son un número menor
de pensionistas los que han quedado como consecuencia de la
aprobación de ese real decreto del año 1992.
En cuanto a la pregunta relativa a las transferencias a las
comunidades autónomas, y que en su conjunto supone un 31,39 por
ciento de las dotaciones previstas en el presupuesto del Imserso,
quiero decir que estas transferencias se incrementan en un 2,09;
pasan de 158.348 millones de pesetas a 161.656, puesto que se
traspasa el coste de los programas transferidos más un incremento del
2,09 por ciento, que es superior en 0,9 al IPC previsto. Al estar
transfiriendo el coste de lo que ya se transfirió en su día -no
estamos transfiriendo nuevos servicios-, el incremento que se ha dado
a esta partida es el correcto.
En cuanto al programa 313.H, ha quedado bastante claro, lo ha puesto
de manifiesto la portavoz del Grupo Parlamentario Popular al decir
que la partida de emigrantes va a emigrantes. Son españoles
emigrantes en el exterior. Quiero destacar que se ha hecho un
esfuerzo importante para dar respuesta a las demandas que han
formulado los representantes en el Consejo General
de Emigración, los cuales planteaban en el área de asuntos sociales
dos cuestiones fundamentales. En primer lugar, el plan de salud que
se inició en 1998, en el que se han firmado convenios con todos los
países iberoamericanos excepto con tres que están en tramitación.
Creemos que con este incremento vamos a poder dar respuesta a que
haya planes en todos los países del área iberoamericana, para que
aquellos emigrantes españoles que cobran una pensión no contributiva
tengan derecho a la sanidad, cosa que hasta el año 1998 no tenían. En
segundo lugar, hay un aumento significativo del 9,6 por ciento de las
partidas que van directamente a incrementar las pensiones no
contributivas y asistenciales de los emigrantes en el exterior, que
también es una demanda, puesto que nuestros emigrantes son personas
cada vez más mayores que tienen problemas de envejecimiento y están
en una situación desfavorecida. Se ha hecho un esfuerzo por dar
respuesta a las peticiones que se formularon en el Consejo General de
Emigración.
En cuanto al plan gerontológico, quiero señalarle que dentro de las
políticas de mayores, es una parte de todo lo que se destina a
mayores. Tenemos que tener en cuenta que, además del plan
gerontológico y del plan Alzheimer, al que usted hacía referencia,
están también las políticas puestas en marcha por parte del Imserso.
El plan gerontológico se incrementa un 14,72 por ciento, el programa
de Alzheimer, un 57,70 y la atención a mayores del Imserso, un 5,87.
En términos absolutos, hay un incremento de 2.100 millones 972
pesetas. Usted me puede decir que es insufiente. Lo que es importante
es el incremento. En estos últimos cinco años de Gobierno del Partido
Popular, las políticas de solidaridad se han incrementado en un 54
por ciento, lo cual demuestra el esfuerzo y la apuesta importante que
hace este Gobierno por la protección social de los colectivos más
desfavorecidos. Probablemente me dirá que no se da respuesta a todas
las situaciones. Es importante conocer el punto de partida. Lo
relevante es seguir creciendo. En el plan concertado, -creo que usted
lo conoce bien-, el 80 por ciento de las prestaciones básicas son
ayuda a domicilio, y también van a personas mayores en un gran
porcentaje, con lo cual se viene a incrementar. La política de
mayores tiene que ser una política en la que se dé respuesta en
función de las necesidades de lo que llamamos ahora la dependencia,
pero distinguiendo lo que es dependencia y lo que es vulnerabilidad.
Es decir, hay situaciones de dependencia que van a durar siempre y
hay situaciones que, en un momento dado, las personas son
vulnerables. Los dispositivos que ponemos en marcha tienen que ir de
acuerdo a esas necesidades a las que damos una respuesta, no le voy a
decir total, pero importante desde el punto de vista del crecimiento
de los presupuestos, no sólo de este año, sino del crecimiento que ha
tenido en toda la legislatura pasada.
El plan de Alzheimer no es una cuestión que nosotros hayamos
ventilado. La realidad es que hay una necesidad. Es un plan piloto
que se inició hace dos años y que ha tenido también un crecimiento
-este año, el 57 por ciento-, hecho que me parece importante
resaltar. Como todos los programas que hacemos con comunidades
autónomas, se cofinancian con otra parte que ponen las comunidades
autónomas. Es decir, es un plan cofinanciado a tres partes. Hay que
tener en cuenta que las ONG que se dedican al cuidado y atención de
enfermos de Alzheimer también reciben financiación a través del IRPF.
Es decir, hay una política estratégica dirigida a las personas con
Alzheimer.
Respecto al plan concertado que se había iniciado en 1988, decía S.S.
que había tenía un crecimiento insuficiente. Es posible que eso sea
lo que usted aprecia, sin embargo yo tengo otra apreciación
diferente. Quiero señalar que en el plan concertado, un plan de
prestaciones básicas de servicios sociales cofinanciado a tres
bandas, no puede olvidarse que quien tiene hoy la competencia son las
comunidades autónomas. Lo que nosotros estamos haciendo es impulsar
políticas y cofinanciar proyectos. Este plan concertado se ha venido
incrementando; partía de un presupuesto de dos mil y pico millones y
asciende a 14.812, es decir, ha sufrido un incremento mayor en los
últimos cinco años que en todos los años anteriores desde que se
creó.
Me podría usted decir que queremos llegar a los cien mil. Como ocurre
en todas las políticas sociales, probablemente nos parezca poco. Hay
que tener en cuenta el esfuerzo, los incrementos constantes, la
consolidación que estamos haciendo de un sistema de servicios
sociales que lo importante es no solamente que exista, sino que esté
consolidado y que, además, respete las competencias que tienen las
comunidades autónomas.
En cuanto a los gitanos, el programa de desarrollo gitano, que
efectivamente tiene una partida de 500 millones que se ha mantenido
constante durante todos los años, ha sufrido un crecimiento, porque
todas las actuaciones que van dirigidas a gitanos no solamente lo
hacen a partir del programa de desarrollo gitano, sino también a las
partidas que se dedican a las asociaciones que trabajan con gitanos y
en el IRPF hemos partido de un presupuesto que había de 7.000
millones a 15.900 que hemos repartido este año; ahí sí que se ha
incrementado la partida destinada a las organizaciones no
gubernamentales que trabajan con gitanos.
En cuanto al plan de guarderías, usted me hablaba del compromiso del
programa electoral que el Gobierno hizo en el mes de marzo. Tengo que
decirle que, como es lógico, lo vamos a cumplir en una legislatura no
en un año. Pretendemos en estos cuatro años poner en marcha aquellas
propuestas que hemos hecho a los ciudadanos en materia de protección
social. Quiero recordarle que este programa de conciliación estaba
congelado en 1.100 millones, que se destinaban a guarderías, y que a
partir de 1997 ha tenido incrementos
importantes hasta llegar al año pasado a 3.000 y en este año, a 3.500
millones, lo que supone un incremento del 16,32 por ciento. Es verdad
que en estas partidas, que muchas veces son pequeñas, parece que en
términos absolutos es poco, pero hay que ir al porcentaje que
demuestra el esfuerzo que hace el Gobierno en el incremento de cada
uno de los presupuestos.
Con este plan pretendemos en este momento cubrir 5.000 plazas. Tengo
que decirle que como se cofinancia también con comunidades autónomas,
en muchos casos se atiende a proyectos de rehabilitación de los
centros escolares que tenían que adaptarse a la Logse y que, por
tanto, necesitaban obras de adaptación y acondicionamiento. Este
incremento que ha tenido en los años pasados ha permitido dedicar una
parte de estos créditos a lo que es la adaptación, y en este momento
prácticamente la totalidad del crédito va a ir a la creación de
nuevas plazas.
En cuanto a la orientación y mediación familiar, si me permite usted,
ya que no tengo aquí el dato de los indicadores, le contesto al final
puesto que no le conozco. Si le parece, le mandaré una explicación
por escrito de por qué existen estos datos puesto que no los tengo en
este momento delante.
En lo que se refiere a los expedientes de adopción internacional,
usted sabe mejor que yo cuál es el proceso y que no solamente
dependen de la gestión administrativa, sino de la gestión con los
países. Creo que se ha hecho un esfuerzo importante de firma de
convenios con muchos países en los cuales no existía convenio, en la
creación de los Ecais y en la acreditación de estas nuevas figuras de
intermediación que tampoco existían y que en este momento ya están
funcionando. Lo que sí le puedo decir es que hay un interés enorme en
atender las demandas de estos expedientes internacionales y que el
tiempo medio de tramitación por la parte que nos toca, puesto que es
una tramitación compartida con las comunidades autónomas, se ha
reducido. Le mandaré también las cifras.
Hay un tema al que me quiero referir y que afecta a otras preguntas
que me han formulado otros grupos políticos. El tema de los
indicadores sociales (luego dedicaré con mayor atención al tema de la
mujer, puesto que tiene una explicación más lógica y me alegra que me
lo pregunten porque lo iba a explicar aunque no me lo preguntaran)
hay que relacionarlo siempre con el año 1999. Los indicadores de 1999
son los que se ha realizado; en el 2000, son las previsiones hechas
en el mes de mayo, que es cuando se comienzan los presupuestos del
año anterior y, sin embargo, en el 2001 son también previsiones. Yo
le daré una explicación a cada uno de ellos, pero me van a permitir
que los aluda en su conjunto.
En cuanto a las inversiones del Imserso, tengo que decir que no
decrecen. Hay varios centros, no solamente lo que es la reforma tanto
de mayores como de minusválidos y de atención a inmigrantes, algunos
de
reparación, es decir de adaptación, otros de ampliación y nuevos. Lo
cierto es que estamos atendiendo a la demanda que estamos teniendo.
No quiero pasarle toda la lista, pero sí le puedo decir que hay
varios centros, unos que se están terminando, otros en construcción y
otros en reforma. El problema es que cuando se inicia un proyecto de
inversiones lo que se hace fundamentalmente en el primer año, puesto
que los solares son cedidos por las comunidades autónomas y los
ayuntamientos, es el estudio de detalle del proyecto urbanístico y lo
que es el proyecto, por lo que en muchos casos el coste de la
inversión es mínimo en el primer año; lo importante es que son
programas plurianuales que la mayoría de las veces son a tres años y
que, por tanto, el esfuerzo presupuestario se hace en el segundo y en
el tercero. Le enviaré la lista de los centros que están en
construcción -la tengo aquí, pero sería interminable leerla- para que
usted los conozca, pero le digo que no han decrecido las inversiones;
decrece el presupuesto por las razones que le he dicho, porque este
año la inversión en muchos de ellos es mínima porque simplemente se
refiere al proyecto y estudio de detalle urbanístico y no a la puesta
en marcha de la propia construcción.
En lo que se refiere al IRPF, sinceramente me extraña ese dato que
usted da, porque no solamente se ha incrementado, afortunadamente, el
presupuesto de la convocatoria de subvenciones, sino porque hay un
criterio de valoración que prácticamente se cumple a rajatabla, que
es la continuidad de los proyectos. Uno de los criterios que se
valora fundamentalmente es la continuidad, pero no ahora, sino desde
que yo conozco el IRPF, que es desde el año 1991. Es un criterio que
se introdujo cuando yo era responsable de subvenciones a ONG.
Precisamente porque hemos tenido la posibilidad de tener más crédito,
hemos pedido no solamente atender a los proyectos que se venían
desarrollando sino incorporar nuevas prioridades e incrementar el
número de programas que tenemos porque, como decía, afortunadamente
el crecimiento ha sido muy notable y este año hemos repartido casi
16.000 millones, 15.900 millones. Desconozco ese dato que usted da y
me gustaría que me lo pasara. Es posible que en algún caso proyectos
que hayan tenido problemas de justificación o que hayan sido mal
valorados no solamente por nosotros sino también por la comunidad
autónoma, se hayan dejado de atender, pero tengo que decirle que del
volumen del conjunto de las subvenciones del 0,5, habrá un 99 por
ciento de proyectos de continuidad y el resto nuevos.
Plantea S.S. el tema de la discapacidad. La Lismi no decrece; decrece
la Lismi porque en ella hay un decreto por el cual se asume por las
pensiones no contributivas. Si usted mira el presupuesto verá que,
aunque decrece la Lismi, se incrementan notablemente las pensiones no
contributivas, concretamente un 6,37 por ciento, puesto que no hay un
nuevo reconocimiento de pensiones
Lismi sino que lo que hay son muchas personas que estaban en la Lismi
que pasan a pensiones no contributivas, es decir, una baja demanda de
las pensiones Lismi. Esa es la explicación que puedo darle para
entender por qué descienden las pensiones de la Lismi, lo cual no
quiere decir que dejemos de atender a ninguna persona que tenga una
necesidad o un reconocimiento de discapacidad, de acuerdo con los
baremos que ha marcado el Imserso.
Quiero decirle que lo de la soberbia es una apreciación exagerada. En
ningún momento estamos hablando de soberbia. Nos remitimos a los
datos, a los hechos, al incremento de estos cinco últimos años que,
como decía, son de un 54 por ciento. Tengo que decirle que no
solamente ha habido un control muy fuerte del presupuesto, que usted
conoce, en los primeros años, sino que también este año se ha hecho
el esfuerzo de reducirlo a déficit cero y que esta reducción del
déficit cero no ha supuesto una disminución de los porcentajes de
incremento del presupuesto de esta Secretaría General. Espero que S.
S. nos dé el plazo de cuatro años para cumplir nuestro programa
electoral, en el cual podremos demostrarle con hechos y con
resultados qué es lo que hemos hecho.
En cuanto a las cuestiones que me ha planteado la señora García
Pérez, tengo que decirle que se ha referido a la pobreza con cara de
mujer. Efectivamente, hay una feminización de la pobreza; pero
también quiero decirle que hay unos datos bastante significativos de
las pensiones no contributivas que se distribuyen. El perfil del
fichero técnico de los PNC del Imserso respecto a la jubilación e
invalidez, es el siguiente. En el caso de jubilación es que es una
mujer en una proporción de seis a uno con respecto al hombre, de una
edad entre 65 y 74 años, que está casada y que tiene una unidad
familiar formada por dos o tres miembros. En el caso de invalidez,
estas pensiones se dan a las mujeres en una proporción de dos a uno
respecto a los hombres, para unas edades entre 50 y 64 años, la
mayoría de las mujeres casadas, ellos solteros, y con una unidad
familiar formada por tres o más miembros. Quiero decirle que, aunque
es verdad que la pobreza tiene cada vez más cara de mujer, también es
verdad que cada vez vamos atendiendo más pensiones contributivas
destinadas precisamente a las mujeres, con un incremento mayor que al
de los hombres; es decir, aquellas pensiones para las que no es
necesaria la cotización a la Seguridad Social.
El plan del Instituto de la Juventud, el plan Juventud 2000, se ha
calificado como de bochornoso. La verdad es que no he escuchado las
razones de por qué lo califican así. El plan Juventud se planteó al
Consejo de la Juventud y este hizo una serie de precisiones y
aportaciones. Muchas de ellas se tuvieron en cuenta; evidentemente,
otras no, pero le puedo decir que un porcentaje grande se tuvo en
cuenta. Es un plan transversal. La mayoría de las políticas que
nosotros tenemos son
transversales, pero concretamente en mujer y juventud tiene una
importancia enorme. Lo que hace el Instituto de la Juventud, teniendo
en cuenta que también las competencias están transferidas a las
comunidades autónomas, es fundamentalmente impulsar, pero no
solamente lo que hace el Instituto, sino también lo que ponen el
resto de los ministerios. Como parece que hay un desconocimiento del
plan Juventud, me comprometo a que la directora general del Instituto
de la Juventud o yo misma vengamos a esta Comisión a explicarlo. Me
parece que explicándolo con todo detalle podrán ustedes conocer no
solamente de dónde salen los números, sino también cuál ha sido todo
el proceso de negociación, cómo se ha implementado y cuáles son los
objetivos del plan Juventud.
En el tema de la mujer, tiene usted razón cuando dice que los
indicadores bajan. Yo le quiero dar una explicación general, que
también sucede en otros indicadores y que creo que es bueno que lo
conozcan, haciendo la salvedad que he hecho al principio de que la
referencia tiene que ser con respecto a 1999 y no al 2000, pero en el
caso de la mujer tiene unas connotaciones bastante especiales.
El Instituto de la Mujer -como usted sabe- gestiona marcos
comunitarios del fondo social europeo. El año pasado fueron alrededor
de 600 millones de pesetas los que gestionamos, además del
presupuesto que tenemos. En este año se terminan todos los marcos
comunitarios. Cuando nosotros hicimos el presupuesto para el año
2001, no sabíamos si íbamos a recibir fondos comunitarios o no. Hasta
la fecha no tenemos la conformidad de la Unión Europea. Hemos
presentado un programa a los marcos comunitarios por importe de 6.000
millones, que va a suponer que cada año vamos a poder gastar 900
millones más, que incrementan el presupuesto del Instituto de la
Mujer a partir del año que viene, pero eso todavía no está confirmado
por la Unión Europea. Es una propuesta que hemos hecho nosotros, una
propuesta que ha asumido el fondo social europeo y que, por tanto, lo
tienen que plantear ahí. Por consiguiente, cuando nosotros hemos
realizado los indicadores del año 2001, lo hemos hecho rebajando esos
600 millones de pesetas que suponen lógicamente una disminución de
las actividades que teníamos programadas. Le puedo dar el detalle de
cuáles son las que van a bajar, porque es verdad que hay cuestiones
que, lógicamente, bajan por esa razón. No podemos hacer las mismas
actuaciones si incrementamos el presupuesto en un 8,7 por ciento, que
son 294 millones, y lo disminuimos en aproximadamente 600 millones de
pesetas. Eso es lo que ha motivado fundamentalmente que hayamos hecho
unos indicadores con arreglo al incremento presupuestario, sin contar
con el dinero de marcos comunitarios, porque cuando elaboramos los
presupuestos no teníamos constancia, ni aún tampoco oficialmente
ahora, aunque esperamos que se nos
apruebe. Esa es fundamentalmente la razón de que haya una
disminución.
Hay otras cuestiones que le quiero poner de manifiesto, y es que en
algunos programas (a la vista de todo lo que hemos hecho, sobre todo
en temas de formación o jornadas de difusión, etcétera) sabemos que
es mucho mejor hacer menos jornadas, pero mucho más amplias, en lugar
de que sean pequeñas, en distintas comunidades autónomas, que muchas
veces no tienen la asistencia de las personas que habíamos previsto.
Algún dato le puede llamar la atención, como son los programas para
promover la educación, que efectivamente bajan. Ese es un dato
importante. Hay un programa que se llama Relaciona. Se trata de un
equipo que va por las distintas comunidades autónomas trabajando con
el profesorado de los colegios para tratar temas de coeducación y de
violencia, el cual antes se contabilizaba por los proyectos o los
desplazamientos que este programa hacía, es decir, cada vez que se
desplazaba contábamos uno. En este momento lo contamos como un único
proyecto, puesto que se implanta a nivel nacional y a demanda de las
comunidades autónomas. Nos ha parecido mucho más coherente. Le puedo
significar que no hay ninguna reducción en las actividades que tiene
el Instituto, sino todo lo contrario, puesto que además disponemos de
un presupuesto, como decía, mayor que el del año pasado.
La información que tiene es que en el capítulo 2 no aparece lo que es
la mayor partida, lo que se titula capítulo 2, gastos corrientes en
bienes y servicios, y en el libro rojo que usted tiene aparecen
detallados exclusivamente los gastos de mantenimiento, teléfonos,
etcétera. Pero no aparece el subconcepto 226.06, que es el de
convenios y que es el que tiene una mayor actividad por un importe
total de 720 millones. Es un tema presupuestario. Todos los años me
preguntan este tema. Es verdad que llama la atención que todos los
años aparezca un incremento tan fuerte en el total, que se detallen
lo que son los gastos de funcionamiento del Instituto, que además
este año también se reducen y, sin embargo, no aparezca algo que es
fundamental en la propia esencia del Instituto de la Mujer, que son
los convenios que se hacen tanto con comunidades autónomas, como con
instituciones públicas, como con organizaciones no gubernamentales.
En cuanto al tema de las transferencias corrientes, debo decirle que
también le puede haber llamado la atención en este caso, porque este
capítulo este año crece un 19,5. Tanto el año pasado como este año
está prevista la firma de un convenio con el Ministerio de Justicia,
por importe de 100 millones, para ayuda al mantenimiento de las
oficinas para las víctimas de violencia doméstica en los juzgados,
como 50 millones para formación del personal de la Administración del
Estado. El año pasado estaba en transferencias corrientes. Por
razones de técnica presupuestaria nos hicieron pasarlo al capítulo 2,
para poder firmar el convenio con
el Ministerio de Justicia. Este año, a la vista de haberlo incluido
mal en el capítulo correspondiente, lo que hemos hecho es
transferirlo, ponerlo donde debe estar, en el capítulo 2. Por tanto,
no es que disminuya, sino que simplemente lo que ha habido es un
ajuste entre capítulos. (La señora Romero López: No.) Es así. Como
dice que no. Esa es la realidad. Los 150 millones que decrecen en el
capítulo 4 van a estar presentes en el capítulo 2 por la razón que yo
le digo, porque tuvimos que hacer un cambio interno. Nos parecía que
era una pérdida de tiempo sabiendo que habíamos cometido un error en
lo que era la introducción correcta presupuestaria de esa cantidad.
Por último, las transferencias de capital aumentan un 5,2 por ciento,
lo que supone un importe total de 200 millones. Son transferencias
destinadas a corporaciones locales y a comunidades autónomas,
fundamentalmente para la creación de centros de acogida, de atención
a mujeres. El año pasado tuvimos una mayor demanda de los
ayuntamientos y menor de las comunidades autónomas, y lo que hemos
hecho es recoger ese cambio en los presupuestos de este año para no
tener que volver a hacer el cambio interno que tuvimos que hacer el
año pasado a la vista de la demanda, puesto que no solamente no
depende de nosotros quién lo solicita, sino que se lo concedemos a
solicitud de los ayuntamientos y de las comunidades autónomas.
Yo creo que he dado una visión y que he respondido a las preguntas
que los grupos políticos me han hecho. Quiero destacar que estos
presupuestos -como decía al principio- son un esfuerzo importante
dentro de la línea de continuidad que ha tenido en estos últimos
años. Creo que damos una gran importancia a algo que está en la
sociedad, que es el problema de los mayores, porque sabemos que va a
haber un crecimiento importante y que, por tanto, son las partidas
que más han crecido. Pero también quiero destacar, por dar respuesta
a Ángeles Muñoz, la portavoz del Grupo Popular, que en el plan de
voluntariado que finaliza ahora se ha previsto un incremento de 200
millones- el año que viene es el año internacional del voluntariado-,
además de 100 millones para el comité que se va a crear con
comunidades autónomas, organizaciones no gubernamentales
y ayuntamientos para la puesta en marcha de actividades con motivo de
ese año internacional. El programa de erradicación de la pobreza, que
como sabe usted es un programa piloto y lo que hace exclusivamente es
establecer metodología de intervención para poderlo incluir en otros
programas experimentales, este año crece en un 23,66 por ciento. Como
le decía, son unos presupuestos que lo que pretenden es,
fundamentalmente, consolidar los ocho programas que se iniciaron en
la legislatura anterior y que yo creo que ha sido muy positivo,
puesto que si no hubieran estado en los presupuestos no se habría
podido hacer este tipo de acciones. Lo que pretendemos con estos
incrementos es continuar en esa línea de consolidación de lo que es
un
sistema de servicios sociales, que todavía es muy nuevo y que no cabe
duda de que tendrá que seguir incrementándose en años posteriores.
La señora VICEPRESIDENTA (Montseny Masip): Muchas gracias, señora
Dancausa, le agradecemos ésta, su primera comparecencia ante esta
Comisión, así como todos los datos y explicaciones. Con ello, damos
por concluida esta comparecencia.
- DE LA SEÑORA DIRECTORA GENERAL DEL INEM (CANO RATIA). A SOLICITUD
DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 212/
000262.)
La señora VICEPRESIDENTA (Montseny Masip): Damos la bienvenida a la
señora Cano, directora general del Instituto Nacional de Empleo. Ya
sabe que esta es su casa, puesto que es la segunda vez que comparece.
Dicho esto, por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la
señora Romero.
La señora ROMERO LÓPEZ: Gracias, señora directora general del Inem,
por esta comparecencia que nos va a permitir aclarar algunos datos de
la intervención del secretario general de Empleo, señor Chozas, que
han quedado oscuros, aunque nos ha ilustrado sobre algunos capítulos
que teníamos pendientes. No obstante, de sus explicaciones nos surgen
algunas dudas, incluso algunas que no han sido planteadas, y espero
que puedan ser satisfechas.
Tengo el convencimiento de que tendrá gran parte de los datos que le
solicito, por lo que, aunque no sean exactos, preferiría que me
hiciera una primera aproximación en vez de esperar las 48 horas
reglamentarias, que suelen ser fallidas. Como no suele ser norma el
recibir las respuestas en el plazo establecido de 48 horas,
preferiría tener alguna respuesta, aunque fuera aproximada, a algunas
de las preguntas que le voy a hacer. Creo que lo podrá hacer sin
dificultad, porque me constan su experiencia y su conocimiento.
En un presupuesto que se ha elevado a más de dos billones de pesetas,
quisiera que me hiciera una primera aproximación de la diferencia que
hay entre la previsión de ingresos para 1999 y en lo que se ha
convertido la misma. Es decir, quisiera saber cuáles han sido los
ingresos reales por las cotizaciones a lo largo de este año, y si
tienen ustedes un avance de la liquidación de este presupuesto. No
hace falta que me lo diga exactamente, pero estoy convencida de que
tiene usted una primera valoración de estos ingresos, que a nosotros
nos consta que han sido superiores a los previstos.
Querríamos saber el destino del remanente de tesorería del
presupuesto del año 2000. Nos sorprenden algunas cifras, cuya
explicación quisiéramos conocer en estos presupuestos. Por ejemplo,
en prestaciones por desempleo hay un incremento de 30.530 millones de
pesetas con respecto al año anterior. En un año en que el empleo ha
crecido quisiéramos saber qué explicación da a ese incremento en la
previsión para el año que viene, así como al consiguiente decremento
en el subsidio, que es de 27.700 millones en este mismo programa.
Nos gustaría escucharle esa valoración y que, al mismo tiempo, nos
explicara el incremento que hay en el subsidio agrario en el régimen
especial, en el Reass, de 9.882 millones, para cuya explicación ya
tenemos la respuesta, porque sabemos que ustedes ampliaron ese
subsidio a los jóvenes de 16 años. Por tanto, al incorporar a esa
población joven, a pesar de todo lo que ustedes hablaron del voto
cautivo, lo cierto es que han cautivado también los votos de los
jóvenes de 16 años, con este mismo criterio. Pero ese incremento de
9.882 millones de pesetas, cuya respuesta, repito, ya tenemos, nos
gustaría saber para qué políticas activas son, porque dado que era un
voto cautivo se supone que ustedes han transformado o han querido
transformar ese subsidio en políticas activas destinadas a esos
jóvenes de 16 años. Es una pregunta de la que me gustaría tener la
respuesta.
Después tienen ustedes algunas cifras correspondientes al ejercicio
de 1994. No es que sea muy importante pero también quisiera tener una
explicación de esa cantidad.
Pasando ya al programa no de prestaciones sino de fomento y gestión
del empleo, de lo que son las políticas activas, tengo algunas
preguntas que no han sido formuladas y de las que me gustaría conocer
su respuesta. Sabemos que están ustedes en pleno programa de
transferencias. No tengo la información completa, pero creo que
ustedes, hasta este momento, han realizado transferencias a seis
comunidades y parece que Andalucía va a ser la séptima. Si hay algún
otro proceso, me gustaría que me informara.
En este programa ustedes han previsto 6.938 millones de pesetas y
5.649 millones en el programa de formación ocupacional como reserva
de gestión y nos gustaría quisiéramos saber, en concreto, a qué se
van a destinar. En el programa de formación ocupacional, como
consecuencia de las transferencias que se hicieron, el presupuesto
destinado al antiguo plan FIP ha quedado ahora reducido (si me
equivoco, me gustaría que me lo dijera) a 5.014 millones de pesetas,
y también me gustaría que me explicara a qué programas va destinado,
para cuántos alumnos y con qué costes.
Hay algunas cuestiones poco importantes por su trascendencia
presupuestaria (estamos hablando de un organismo al que se destinan
más de dos billones de pesetas), pero que tienen interés desde el
punto de vista de nuestro grupo. Entendemos que las transferencias de
capital a las comunidades autónomas de Baleares, La Rioja, Navarra y
Cantabria para los centros nacionales de formación se hacen por un
acuerdo con la conferencia sectorial y, si es así, nos sorprende. Hay
que tener en cuenta que este capítulo tenía 100 millones y
ha subido a 3.600 millones, es decir, se ha producido un incremento
de 3.500 millones, y ese presupuesto va a las comunidades que tienen
mayor índice de renta y menor desempleo; desde luego, en el caso de
Baleares, La Rioja y Navarra. Puede que éste sea el criterio de la
conferencia sectorial, pero lo cierto es que este presupuesto está
destinado a esas comunidades, aunque puede que en esas comunidades
autónomas no haya centros nacionales de formación.
Por último, en cuanto a las escuelas-taller, me gustaría saber las
transferencias que se han hecho y a qué comunidades han ido. Supongo
que habrán ido a las mismas a las que se han transferido las
competencias en fomento del empleo, pero quisiera saber si hay alguna
más, cuál ha sido aquí la reserva de gestión, para qué programas, qué
transferencias se hacen al Instituto de Administración Pública y para
qué funcionarios.
Estoy convencida de que va a responder mis preguntas, pero me
gustaría valorar este presupuesto después de oír su respuesta.
La señora VICEPRESIDENTA (Montseny Masip): Tiene la palabra la señora
directora general del Instituto Nacional de Empleo.
La señora DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO (Cano
Ratia): Muchas gracias por darme la oportunidad, una vez más, de
explicar un presupuesto siempre tan complejo como es el del Instituto
Nacional de Empleo. Intentaré contestar a todas las preguntas. Creo
que me hallo en condiciones de hacerlo y si posteriormente se
requiere algún dato por parte del Grupo Socialista, estoy abierta
a facilitárselo.
Voy a empezar por la primera pregunta: diferencia que ha existido
entre ingresos y gastos en el presupuesto del Instituto Nacional de
Empleo. He venido, como en el anterior ejercicio, con una liquidación
ya definitiva del presupuesto del Instituto Nacional de Empleo y, de
acuerdo con esa liquidación que ha sido presentada al Consejo
General, le puedo decir que los ingresos en el año 1999, tal como
aparece en el presupuesto, fueron 2 billones 217.982 millones y los
gastos 2 billones 114.205 millones de pesetas. Es fácil colegir que
la diferencia asciende a 103.777 millones de pesetas. Esto se les
entregará, como se hizo el año pasado, en la liquidación ya cerrada
del año 1999.
En cuanto a la segunda cuestión, destino de remanente de tesorería
del año 2000, no entiendo muy bien la pregunta y voy a contestar a lo
que me ha parecido que se refiere: al remanente de tesorería que
aparece en la partida de ingresos de los presupuestos del Instituto
Nacional de Empleo. Ese remanente de tesorería de 67.000 millones de
pesetas, que es el que hay, se dedicará a cubrir los gastos de
funcionamiento del Instituto Nacional de Empleo y todavía sobrarían
unos 400 millones de pesetas. Si lo quiere con exactitud, se lo
puedo facilitar, pero como me ha comentado que prefiere una respuesta
rápida que le dé una idea general, vamos con ello.
Respecto a las prestaciones por desempleo hay un incremento, y si ha
analizado bien los datos -seguro que lo ha hecho-, habrá visto que es
básicamente en las prestaciones contributivas. Esto tiene su
importancia y, como bien ha dicho, tiene su importancia en un momento
en que estamos en crecimiento de empleo y en crecimiento económico.
Sin embargo, sí se ha analizado con bastante detenimiento el tema, y
me va a permitir que haga una consideración de lo que nosotros
estamos viendo que está ocurriendo con la prestación por desempleo.
Si recuerda, seguro que sí, en 1992, derivado de una situación en la
que el sistema de prestaciones por desempleo presentaba muchas
dificultades para su financiación, hubo que hacer una reforma
importante y traumática en el sistema que ha tenido sus efectos
durante este tiempo, es decir, justamente a partir del año 1992 los
efectos de la modificación que se hizo en la prestación por desempleo
y en fomentar la contratación indefinida ya han terminado. Ahora nos
estamos encontrando con que está habiendo, como saben bien, mucha
rotación laboral y están entrando justamente en prestaciones por
desempleo lo que yo diría las personas que tienen mejor derecho, las
personas que vienen del trabajo y entran con prestaciones muy altas.
Ésa es la razón por la que la prestación contributiva está subiendo
en un momento de creación de empleo. Es algo sobre lo que todos
deberíamos reflexionar. En síntesis, finalización del efecto de la
reforma del año 1992 y, por tanto, rotación y temporalidad importante
dentro de nuestro mercado de trabajo.
En cuanto al descenso del subsidio, viene compensado por lo que le
decía anteriormente, es decir, lo que están subiendo son los primeros
derechos, la gente que entra en la prestación y genera más derechos.
Los demás van saliendo y, por tanto, tenemos derecho porque el
mecanismo del mercado de trabajo funciona rotándose muy rápidamente:
van saliendo del mercado de trabajo y, por tanto, el subsidio nos
está bajando.
Por lo que se refiere a lo que preguntaba en relación con el subsidio
agrario, sube en cantidades importantes. Permítame que no entre en
valoraciones políticas porque, afortunadamente, hasta ahora soy
técnica y tengo a mi cargo el llevar a cabo un presupuesto. Sí le
diré que existen razones técnicas para que crezca el subsidio por
desempleo derivadas de una reforma que se hizo el año pasado con
acuerdo de los interlocutores sociales y diría que de acuerdo también
con las autoridades de Andalucía, etcétera... Y algo importante para la
mejora del mercado de trabajo era, si usted recuerda, que el subsidio
agrario establecía como rentas a efectos de incompatibilidad con el
subsidio las que se obtuvieran por el trabajo. Esto llevó lógicamente
a situaciones (no queridas por nadie pero que, a veces, la dinámica
del mercado funciona así) en que, cuando se alcanzaba
el tope de rentas como para ser expulsados del salario no se
trabajara más o que las personas se sometieran. Esto fue algo
claramente visto por los interlocutores sociales y también por el
Ministerio de Trabajo. Consecuentemente, se estableció un decreto en
el sentido de no considerar rentas incompatibles con el subsidio
justamente aquellas que se generaran por el trabajo. Ello significa
que el tope para tener derecho al subsidio sube, con lo cual van a
subir las personas que tienen derecho a este subsidio y va a subir el
gasto de una forma considerable, como se ha visto en el presupuesto;
sin embargo, está mejorando mucho la transparencia en el mercado de
trabajo, con lo cual se gana en algo muy importante y así fue
considerado por el Ministerio y por los propios interlocutores
sociales.
Me ha hablado usted de unas partidas que aparecen en el capítulo de
prestaciones y que son regularizaciones de insuficiencias de
prestaciones de los años 1994. Confieso que esto es difícil
explicarlo desde un punto de vista técnico pero aquí, aunque aparezca
como gasto, en realidad no hay desplazamiento de dinero, es un flujo
financiero que tenemos que cubrirlo contablemente; es decir (he
tratado de enterarme, en la medida en que no soy técnica en la
materia), haremos un documento en el sentido de decir que es un gasto
que ya está realizado y, por tanto, no procede el reconocimiento de
derechos. Es un flujo financiero exclusivamente para cubrir unas
insuficiencias presupuestarias que en el año 1994 fueron
subvencionadas por el Estado, porque para eso el Estado tiene que
subvencionar las prestaciones cuando no puede llegar a cubrirlas,
pero no existía ese reflejo presupuestario. Se hace como consecuencia
del último informe del Tribunal de Cuentas sobre las cuentas del Inem
en el que se nos dice que tenemos que dar una cobertura financiera y
contable a un gasto ya realizado con un crédito extraordinario.
En cuanto a las políticas activas, lleva usted razón cuando dice que
estamos en un proceso de transferencias en el que ya existen seis
comunidades autónomas, Galicia, Cataluña, Navarra, Madrid, País
Valenciano y Canarias, que tienen las transferencias de todas las
políticas activas. El resto tienen las transferencias de formación
profesional, de tal forma que el único territorio Inem que queda en
la totalidad de las políticas activas, entendiendo formación y todas
las de empleo, son Ceuta, Melilla y País Vasco.
En cuanto a las políticas de empleo estamos en el proceso de
transferencias con Andalucía y se constituyó una ponencia técnica
para continuar con el proceso, porque ya había comenzado el año 1998,
la semana pasada. Estamos en negociaciones, somos optimistas.
Necesitamos llegar a un acuerdo, dentro de lo que es el esquema
general de transferencias, porque tampoco parece que se compadezca
mucho la situación de la gestión de políticas activas con tener unos
territorios transferidos y otros no. Yo tengo la sensación de que
tanto la comunidad autónoma como nosotros tenemos
buena disposición para negociar esta transferencia y esperamos que
pueda estar finalizada el 1 de enero del próximo año, básicamente
porque desde el punto de vista presupuestario es muy malo para quien
coge la transferencia y para quien la da hacerla a mitad del año.
En cuanto a la reserva de gestión, usted sabe que la primera vez que
aparece es en el presupuesto del año 2000 con aproximadamente 15.900
millones, y aparece como la consecuencia de que en un esquema de
territorialización de servicios públicos de empleo y de políticas
activas siempre hay algunos programas que es lógico que sean
gestionados por un solo gestor. Por ello, el año pasado se incluyó
una disposición adicional, la vigesimotercera, en la que se regulaba
esta reserva de gestión que tiene por objeto subvencionar proyectos
pilotos que después puedan ser extendidos a todas las comunidades
autónomas y financiar proyectos con entidades que ejercen
competencias que son propias del Estado. Le pongo un ejemplo. A
través de la orden que regula las subvenciones a dar a los organismos
públicos que crean puestos de trabajo, con el objetivo de que los
desempleados puedan adquirir experiencia laboral, nosotros
solucionamos esos costes. Por ejemplo, en la operación del Estrecho
con los inmigrantes participan muchos desempleados que adquieren
experiencia laboral, pero es una competencia que tiene Interior y
Administraciones Públicas como competencia estatal. No resultaba
razonable, por tanto, que eso se realizara permanente por las
comunidades autónomas.
El tercer apartado por el que se regula esta reserva de gestión prevé
que se articulen las subvenciones cuando se trate de programas que
afecten a varias comunidades autónomas. Le voy a poner un ejemplo
porque ya las hemos tenido este año. En una empresa en Asturias que
está haciendo unos cursos de formación que tiene centros de trabajo
en muchas comunidades autónomas, al querer hacer una formación
integrada, los jóvenes pasan de una comunidad autónoma a otra
haciendo una formación rotatoria. ¿Quién le da a esa empresa la
subvención y quién la valora? Para eso está la reserva de gestión.
Ahora mismo le puedo decir cómo podemos ir de reserva de gestión a
estas alturas con el 2000. Lo que no le puedo decir es a qué
proyectos la voy a dedicar en el año 2001, porque depende de la
demanda. Serán los planes piloto que se presenten, serán las
subvenciones cuyo ejercicio quede en el ámbito de una competencia
estatal o aquellas que afecten a varias comunidades autónomas.
Sí le quiero decir que hemos sido muy cuidadosos en este tema. ¿Por
qué? Porque puede haber sensibilidades de comunidades autónomas que
vean con recelo este tema. Especialmente así ha sido, por ejemplo, en
cómo experimentar programas piloto. Tenemos una cobertura legal para
poder llevarlo a cabo, porque, en definitiva, esta disposición
adicional, que fue introducida en el año 2000, fue informada, tanto
por presupuestos,
administraciones públicas, como por las comunidades autónomas a
quienes se les consultó el tema. Sin embargo, entendemos que cuando
hay un gestor en un territorio que tiene todas las competencias
debemos colaborar. En este sentido, estamos a punto de sacar una
orden ministerial que lo que está regulando son estos programas
piloto, con una participación muy intensa de las comunidades
autónomas. En la medida en que se presenten estos programas piloto,
se constituye una comisión mixta con las comunidades autónomas
y conjuntamente se ve cuál es el mejor para el territorio. ¿Por qué es
esto? Porque pensamos que el Estado puede tener una visión de
conjunto, pero el que está gestionando en el territorio la tiene más
acertada o tan acertada como nosotros. Además, en la medida en que
estamos haciendo transferencias y transferimos personal, la comunidad
autónoma tiene que participar con nosotros y colaborar en la
ejecución de esos planes piloto. Esa orden ministerial ha sido
informada por todas las comunidades autónomas o por la mayoría de
ellas. El otro día vi que la mayoría ya lo habían informado. Se van a
introducir modificaciones que ellas han puesto de manifiesto y que
nos parecen razonables.
Sí le quiero comentar una cosa sobre la que se ha dado cuenta con
bastante inteligencia de este tema. Este año la reserva de gestión
está en cada uno de los programas. El año pasado no estaba en ningún
programa. Se detraía del presupuesto el cinco por ciento. Este año
hemos cambiado la estructura presupuestaria, no porque nos guste,
sino porque al existir cada vez más una territorialización de los
servicios públicos de empleo y al ir más dinero a las comunidades
autónomas, la Dirección General de Presupuestos, creo que con buen
criterio, nos dice que tenemos que visualizar lo que va a las
comunidades autónomas. Eso unido a que efectivamente si todo lo
tenemos como el año pasado en los mismos conceptos presupuestarios,
hay una norma de la Ley General Presupuestaria que dice que en la
medida en que minoremos un concepto para incluirlo en otro no podemos
hacer ninguna alteración más. Esto nos ha llevado a algún problema
porque como el año pasado teníamos solamente un concepto instrumental
para hacer las transferencias que era el 45, cuando hemos hecho ya
todo el flujo de dinero para las comunidades autónomas ha habido
alguna crítica importante por parte de la Dirección General de
Presupuestos en cuanto a que era una interpretación muy excesiva la
que podía hacer el Inem para hacer modificaciones presupuestarias.
Esto nos ha llevado a tener que hacer una estructura presupuestaria
distinta y a poner la reserva de gestión en su apartado
correspondiente de empleo, de escuelastaller o de formación
profesional. Pero el objetivo de la reserva de gestión es el mismo;
es decir, lo mismo lo vamos a dedicar para formación que para
escuelastaller, que para empleo, siempre y cuando quede dentro de
esos tres apartados que yo le acabo de decir.
En cuanto al tema de la cantidad que aparece en transferencias de
capital, probablemente lleve usted razón en que vamos a poner los
centros de formación profesional en comunidades autónomas que tienen
mayor renta y que tienen menor desempleo, pero aquí hay una cuestión
importante, nosotros estamos haciendo una reforma del servicio
público de empleo que intentamos que sea lo más pactada posible
porque pensamos que es bueno para el desempleado y para el
funcionamiento y la articulación política de este país. En este caso
hay comunidades autónomas -y a eso es a lo que obedece justamente
esta cantidad que aparece ahí- que no tenían centros de formación. La
Rioja o Baleares, por ejemplo, lógicamente decían que por qué todas
las comunidades autónomas cuando se hace la transferencia iban a
tener un centro de formación profesional y ellos no lo iban a tener.
Parecía razonable, porque además un centro de formación profesional
es un centro que a lo que se debe dedicar es a ejercer competencias
del Estado, aunque la titularidad la tengan ellos, y competencias que
estén ligadas al desarrollo del tejido productivo de la zona; pero
donde va a aprender más gente de todos los territorios es lógico que
todas las comunidades autónomas estén al mismo nivel si queremos
conseguir un acuerdo equitativo y solidario entre todas ellas. Ese es
el reflejo de por qué está ahí. Son 3.500 millones de pesetas. ¿Por
qué? Porque desde luego si usted lo divide entre todos los centros
son 900 millones por cada centro, que es lo que nos va a costar el
primer año, y las comunidades autónomas posteriormente seguirán las
obras. Es decir, que creo que ha sido un acuerdo bastante solidario
porque podían habernos dicho las comunidades autónomas: hasta que ese
centro no esté totalmente construido sigan ustedes haciendo las
inversiones correspondientes. Y a eso es a lo que obedece.
Por otro lado, lo último que le quería comentar es lo de la
especificación del Inap. Ahora mismo no recuerdo -y eso sí que se lo
tendría que mandar por escrito-, pero esto se inscribe dentro de los
acuerdos de formación continua, donde hay una partida específica
dentro de ellos que se dirige a la formación de funcionarios a través
del Instituto Nacional de Administraciones Públicas, que es el que
organiza la formación continua. Hay un acuerdo político con los
interlocutores sociales en el sentido de destinar un tanto por
ciento, que perdone pero ahora mismo no me acuerdo, que es el que
aparece ahí en relación con la asignación global pero que se lo puedo
perfectamente dar, y eso es exactamente lo que se va a dedicar, el
tanto por ciento acordado con los interlocutores sociales sobre los
fondos de formación continua. Ese es el tema. Evidentemente, estamos
en un momento -no se les oculta- de renovación de terceros acuerdos
de formación continua y quizá eso se ha modificado o pueda serlo, no
lo sé, es algo que se me escapa ahora mismo, pero lógicamente
nosotros hacemos un presupuesto previendo que las cosas van a
ir igual, después irán o no igual, es como el presupuesto de
bonificaciones, ahí hemos hecho un presupuesto pero habrá que ver
adónde llegamos con bonificaciones según las conversaciones que
tengan los interlocutores sociales; tenemos que hacer una previsión
presupuestaria, simplemente.
No sé si me he dejado alguna cuestión. Si me la he dejado por el
camino, encantada de contestarla. (La señora Romero González: El plan
FIP.) Plan FIP, vamos a ver. Entonces no he debido comprender la
pregunta, porque pensaba que ya se la había respondido: son los cinco
mil y pico millones que están de reserva, y es un poco lo que le
comentaba que va a los mismos... (La señora Romero González: Hay otro
plan FIP.) Espere un poco. Ahora me ha cogido un poco despistada pero
lo veo. (Pausa.)
Vamos a ver cuáles son. Las becas. Una cosa son las subvenciones que
se dan a las empresas y otra son las becas. Ahora mismo no le puedo
dar una explicación de por qué esa variación que podemos tener, pero
se la puedo facilitar por escrito. (La señora Romero López: No es
reserva de gestión, es el antiguo plan FIP). Efectivamente, las
cuotas de seguros y becas de alumnos se las puedo dar ahora mismo.
Esas 5.014 que usted ve ahí del 483 00 se han de complementar con lo
que aparece de reserva de gestión directa. Es decir, está separado
porque uno es gestión directa y otro es plan FIP, y después tiene
usted las que van a los territorios de las comunidades autónomas. De
todas formas, le puedo facilitar una nota por escrito, porque
entiendo que tal y como está este año el presupuesto es difícil
compararlo con el del año pasado, porque se ha cambiado entero. (La
señora Romero López pide la palabra.)
La señora VICEPRESIDENTA (Montseny Masip): Señora Romero, usted sabe
que en este trámite no hay réplica. Le doy un minuto, pero un minuto
contado. Es muy tarde, llevamos cuatro comparecencias y usted sabe
que no hay turno de réplica.
La señora ROMERO LÓPEZ: Señora Montseny, no sé si tienen ustedes
algún tipo de instrucción cuando son los presidentes...
La señora VICEPRESIDENTA (Montseny Masip): Señora Romero, ninguna
instrucción. Esta Presidencia actúa bajo su propia responsabilidad.
Un minuto.
La señora ROMERO LÓPEZ: Si no tiene ninguna instrucción no es lógico
que para un presupuesto de dos billones...
La señora VICEPRESIDENTA (Montseny Masip): Señora Romero, un minuto.
Si no, no tendrá usted la palabra.
La señora ROMERO LÓPEZ: Es increíble que tengan ese comportamiento.
Ya me ha pasado en varias comisiones. La primera que tengo que ser
respetuosa -y me encantaría serlo por la hora que es- con la
finalización de esta comparecencia soy yo, evidentemente. No es mi
intención alargar esta sesión y comprendo que todos tenemos urgencia
por irnos, pero estamos con un presupuesto de dos billones de
pesetas. Ya me ha pasado con otras comparecencias en las que ustedes
han tenido flexibilidad con cualquier otro... ¿Un segundo? Bueno,
pues un segundo.
La señora VICEPRESIDENTA (Montseny Masip): Si me lo permite le diré
que, no habiendo turno de réplica, si le digo que tiene usted un
minuto para puntualizar me parece que no puede usted quejarse.
La señora ROMERO LÓPEZ: No es lógico el comportamiento de esta
Presidencia. No es lógico aquí ni es lógico en ninguna otra Comisión.
Voy a hacer un análisis exhaustivo de cada una de las comisiones y de
su comportamiento como presidentes. No es lógico. Se lo digo de
verdad, no es lógico. Ustedes tienen que pensar... Déjeme que le
diga...
La señora VICEPRESIDENTA (Montseny Masip): Por favor, cíñase a la
cuestión.
La señora ROMERO LÓPEZ: Por encima de eso, tengo que pensar si es que
hay algún otro componente que no sea el ser simplemente presidente de
la Mesa.
La señora VICEPRESIDENTA (Montseny Masip): Señora Romero, por favor.
La señora ROMERO LÓPEZ: Es absurdo que tengan ustedes ese
comportamiento.
La señora VICEPRESIDENTA (Montseny Masip): Señora Romero, esa es una
opinión suya. Por favor cíñase a la réplica.
La señora ROMERO LÓPEZ: Es una opinión constatable.
Es muy difícil en un segundo, en un minuto, explicar aquí hasta qué
punto este presupuesto no responde a los desafíos que hoy tiene
planteada ya no la sociedad española, sino incluso los desafíos
europeos que están recogidos en la cumbre de Lisboa que este Gobierno
ha firmado. La presidenta de la Mesa no me da la oportunidad de
decirle por qué razón este presupuesto no recoge esos desafíos.
Probablemente ustedes hayan hecho la continuación de presupuestos
anteriores. Le voy a dar solamente un dato: el coste por alumno en
formación es absolutamente desequilibrado. Usted sabe que el coste
por alumno en formación profesional reglada son 300.000 pesetas. Yo
no sé si ustedes han hecho la valoración del coste por alumno en cada
uno
de los programas y si existe algún equilibrio. Estoy convencida de
que estará conmigo en que esa valoración la tienen que hacer. Sólo
por referirme a formación, es la primera vez que la aportación del
Estado es inexistente. Ustedes tienen su propia filosofía sobre el
Pacto de Toledo, no voy a entrar en esa filosofía y, dado que la
presidenta de la Mesa ha seguido las instrucciones para que no pueda
tener más que un minuto, le quiero decir solamente que, en este
presupuesto como en el anterior, ustedes han respondido a su labor de
técnicos, pero yo quisiera decirle -como decía el Cid-: ¡Qué buen
vasallo, si hubiera buen señor!
La señora VICEPRESIDENTA (Montseny Masip): Tiene la palabra don José
Eugenio Azpiroz.
El señor AZPIROZ VILLAR: Quiero decir que a mí no me consta que haya
ninguna limitación ni instrucción. En todo caso, creo que cada uno
debe expresar libremente lo que le parezca. Sí quiero recordar una
cosa y es que este es un trámite -como decía el presidente socialista
de esta Comisión el pasado año a la hora del debate de presupuestos,
no el debate de las comparecencias de autoridades en presupuestos-
con
una función inquisitorial, es decir, de preguntas y no de debate.
Existen otros trámites donde se podrán plantear sin duda esas
cuestiones en la forma en que cada uno políticamente estime oportuno.
Por tanto, la compareciente no sólo se ha atenido con claridad a su
función, sino que yo diría que con brillantez y amplitud.
Simplemente quería hacer esa apostilla, porque creo que es de
justicia para poner las cosas en su sitio.
La señora VICEPRESIDENTA (Montseny Masip): Agradecemos la
comparecencia de la señora Cano.
Se levanta la sesión.
Eran las ocho y treinta minutos de la noche.
Corrección de error.-En el «Diario de Sesiones» núm. 20,
correspondiente a la sesión celebrada por esta Comisión de Política
Social y Empleo el martes, 30 de mayo pasado, en las páginas 155,
primera columna, y 156, segunda columna, interviene en nombre del
Grupo de Coalición Canaria la señora Julios Reyes, en lugar de la
señora Miranda, a la que por error se atribuyen ambas intervenciones.