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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 32, de 14/06/2000
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2000 VII Legislatura Núm. 32
CONSULTIVA DE NOMBRAMIENTOS
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.a LUISA FERNANDA RUDI ÚBEDA,
PRESIDENTA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Sesión núm. 1
celebrada el miércoles, 14 de junio de 2000
ORDEN DEL DÍA:
Comparecencia de candidatos para la elección de:
- Cinco vocales de la Junta Electoral Central. (Número de expediente
276/000001.). . . . (Página 558)
- Cinco miembros del Consejo de Universidades. (Número de expediente
276/000003.) . . . (Página 566)
Se abre la sesión a las doce y cuarenta y cinco minutos del mediodía.
COMPARECENCIA DE CANDIDATOS PARA LA ELECCIÓN DE CINCO VOCALES DE LA
JUNTA ELECTORAL CENTRAL. (Número de expediente 276/000001.)
La señora PRESIDENTA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Rudi Úbeda): Muy
buenos días. Se abre la sesión.
En primer lugar, tanto a las señoras y señores diputados como a los
señores comparecientes, quiero expresar las disculpas más profundas
de esta Presidencia por iniciar esta sesión, que además es de
importancia, por cuanto que iniciamos hoy un camino nuevo,
parlamentariamente hablando, con tantos minutos de retraso. Aunque es
el término que se suele utilizar habitualmente, en este caso sí
responde a razones ajenas a nuestra voluntad, a la de los
parlamentarios, porque una visita oficial, la del presidente de la
Federación Rusa, nos ha condicionado el horario que ha cambiado sobre
el inicialmente previsto.
En cualquier caso, sin dilatar más el inicio de la sesión, quiero
reiterar nuevamente el interés parlamentario de este camino cuya
exploración iniciamos hoy, que es el de las comparecencias previas de
aquellas personas, candidatos a ocupar puestos de extracción
parlamentaria, es decir, que deban ser designados por órganos del
Congreso de los Diputados, en algún caso por la Mesa y en otras
situaciones por el Pleno.
En el avance, en la profundización de seguir convirtiendo al Congreso
de los Diputados en centro de la vida política nacional y, sobre
todo, también en ese esfuerzo que todos los grupos parlamentarios
queremos hacer por acercar cada vez más lo que se hace en esta casa
al conjunto de la sociedad, es un buen camino el que, como decía
antes, iniciamos en la mañana de hoy.
Esta sesión ha sido convocada en virtud de la resolución de la
Presidencia del Congreso de los Diputados, de 25 de mayo de 2000,
relativa a la intervención de la Cámara en el nombramiento de
autoridades del Estado, para que comparezcan los candidatos para la
elecciónde cinco vocales de la Junta Electoral Central así como para,
posteriormente la comparecencia de los cinco miembros del Consejo de
Universidades que han de ser elegidos.
El desarrollo de la comparecencia se ajustará al siguiente
procedimiento. En primer lugar, a aquellos comparecientes que lo
deseen la Presidencia les dará la palabra, por un tiempo máximo de
cinco minutos. Ruego nos ajustemos todos a los tiempos, no solamente
por el retraso con el que comenzamos, sino al objeto de poder
imprimir agilidad a la sesión. Posteriormente tendrán lugar las
intervenciones de los grupos parlamentarios, como viene siendo la
práctica habitual de esta casa, de menor a mayor y por un tiempo de
cinco
minutos también. A continuación, habrá una respuesta del candidato
que así lo desee.
Sin más dilaciones, en primer lugar, y siguiendo el orden de
presentación de currículos, tiene la palabra don Sebastián Martín-
Retortillo Baquer.
El señor CANDIDATO A VOCAL DE LA JUNTA ELECTORAL CENTRAL (Martín-
Retortillo Baquer): Señora presidenta, señorías, quiero empezar mi
breve intervención manifestando una cierta sensación de perplejidad
respecto a lo que yo deba decir en relación con el puesto para el
cual he sido propuesto.
Diré únicamente que, si se confirma la propuesta que se ha hecho por
SS.SS., sería la cuarta legislatura en que formo parte de ese órgano
administrativo tan curioso, quizá la única administración
independiente, que es la Junta Electoral Central. Digo órgano
administrativo curioso, no hay ninguna duda, por su integración,
porque, junto a los que proponga el Congreso de los Diputados, hay
una parte muy notable de magistrados del Tribunal Supremo, y debo
decir que en todas estas legislaturas -en la primera fui propuesto
por un partido y por otro, la mitad- he trabajado con una gran
ilusión, con estricta profesionalidad, superando las tensiones
propias que en todo proceso electoral hay para enjuiciar cualquier
tipo de asunto que se somete a la Junta Electoral Central. Yo lo
único que puedo decir es que a lo largo de las tres legislaturas
pasadas, todas aquellas intervenciones a las cuales presté mi apoyo
han sido posteriormente confirmadas por los órganos superiores y por
el Tribunal Supremo de Justicia. ¿Qué quiero hacer? Seguir trabajando
en una función en la que creo que puedo unir una doble y modesta
singladura, la singladura académica y la singladura política que tuve
hace algunos años. Estoy a disposición de SS.SS. para, comprendiendo
que yo por mi parte poco más puedo decir, responderles a cualquier
duda o pregunta que quieran formularme.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Martín-Retortillo.
Acontinuación, tiene la palabra don Pedro José González- Trevijano
Sánchez.
El señor CANDITADO A VOCAL DE LA JUNTA ELECTORAL CENTRAL (González-
Trevijano Sánchez): Con la venia de la Presidencia, señorías, este
compareciente, a diferencia del profesor Martín Retortillo, es nuevo
en esta plaza y, en consecuencia, no goza de la acrisalada
experiencia de quien me ha antecedido en el uso de la palabra. Quien
comparece es catedrático de derecho constitucional en la Facultad de
Ciencias Jurídicas y Sociales, de la Universidad Rey Juan Carlos, de
Madrid. Con anterioridad, desempeñó el puesto de profesor titular en
la Universidad Complutense. Obtuvo en un primer momento su cátedra en
la Universidad
de Extremadura y actualmente presta servicios como catedrático de
derecho constitucional en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.
En cuanto a mi currículum, y de manera muy rápida porque la
Presidencia de esta Comisión tiene buen conocimiento del mismo,
quiero decir a SS.SS. que desde siempre me han llamado la atención
los temas relacionados con la protección de derechos y libertades
fundamentales de los ciudadanos. Basta señalar algunos trabajos sobre
las libertades de circulación y residencia o sobre el derecho a la
inviolabilidad del domicilio y, cómo no, de aquella vertiente que
tiene quizás una connotación pública más importante y que afecta a
los derechos de participación política de los ciudadanos. En este
sentido, desde hace bastantes años tuve interés en recoger distintos
comentarios y reseñas electorales a elecciones generales y
autonómicas que se habían producido en España desde el año 1982 y a
algunos fenómenos electorales que se habían producido también en
algunos países del entorno europeo. Lo mismo podía comentar respecto
de manifestaciones de un derecho de democracia directa muy próximo al
que nos compete, como es el ejercicio de los derechos de referéndum,
que también en su momento me ocupó y me interesó.
Por otro lado, y con esto termino, desde mi condición actual de
subdirector del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales se ha
impulsado en estos últimos años el estudio y la atención hacia estas
materias que afectan a derechos y libertades de ámbito político. Nada
más, sino manifestar mi agradecimiento a los portavoces de los
distintos grupos parlamentarios que han tenido a bien consensuar esta
propuesta sobre mi nombre, y ponerme a disposición de SS.SS. para
contestar a aquellas preguntas que tengan a bien formularme.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor González-Trevijáno.
A continuación, tiene la palabra don Juan José Solozábal Echavarría.
El señor CANDIDATO A VOCAL DE LA JUNTA ELECTORAL CENTRAL (Solozábal
Echavarría): Muchas gracias, señora presidenta.
Me cumple expresar mi satisfacción y mi reconocimiento por haber sido
propuesto de modo conjunto para ocupar uno de los puestos en la Junta
Electoral Central. Me parece que soy, no el más viejo, pero sí el más
antiguo en la Junta. Tengo una gratisima idea de lo que es el trabajo
en este órgano, como se ha dicho anteriormente, muy singular. Es
importante, en la medida en que se trata de la institución que
encabeza la administración electoral, que tiene a su cargo la
garantía de la transparencia y el mantenimiento de la igualdad de
oportunidades en la contienda electoral. Es un órgano técnico de
aplicación estricta de la legalidad de nuestra Ley Electoral. Es un
órgano, como se ha dicho anteriormente, felizmente judicializado.
Por muchas razones, por las funciones que se espera cumpla la Junta y
por la experiencia, muy grata, de convivencia, de aprendizaje, de
debates y de discusiones que en el seno de la Junta se tienen, no
puedo menos de mostrar que, desde mi leal saber y entender como
catedrático de derecho constitucional que se ha ocupado, entre otras
cosas, también de la materia electoral y con plena independencia,
quiero subrayar, en primer lugar, la función exclusivamente técnica
de esta Junta. Pero, aparte del carácter propuesto de modo conjunto
de todos nosotros, quiero decir que de modo independiente me
comprometo a seguir trabajando en esta Junta en la esperanza de que
siga desempeñando las funciones y las tareas que legal y
constitucionalmente le son propias. Nada más muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias señor Solozábal Echavarría.
A continuación, tiene la palabra don Juan Egea Fernández.
El señor CANDIDADO A VOCAL DE LA JUNTA ELECTORAL CENTRAL ( Egea
Fernández): Señora presidente, señorías, yo también soy nuevo en
estas lides, como alguno de los miembros que me han antecedido en el
uso de la palabra. Mis primeras palabras deben ser de agradecimiento
a los portavoces de los grupos parlamentarios por haber consensuado
mi candidatura como miembro de esta Junta Electoral Central, en la
que puedo aportar, principalmente, no experiencia (obviamente no he
estado participando en órganos de esta naturaleza), pero sí ilusión y
ganas de aportar aunque sea un pequeño grano de arena en lo que
serían los principios de tolerancia, objetividad e igualdad que han
de presidir todo proceso electoral, principalmente también desde la
perspectiva de lo que es la autonomía y la independencia de sus
miembros.
Mi currículum lo tienen ustedes. Quizá es un currículum que tira
hacia el derecho privado. Soy catedrático de derecho civil desde 1991
en la Universidad Pompeu Fabra, pero mis estudios y trabajos han
tenido como objetivo capital los derechos fundamentales ( el derecho
de la persona) y el análisis de la perspectiva de lo que son las
relaciones entre el derecho privado y el derecho público. Así consta
en publicaciones y en diversos proyectos de investigación que han
sido financiados por las entidades responsables correspondientes.
Los conocimientos que me ha proporcionado haber sido decano electo
durante seis años de la Facultad de Derecho de la Universidad Pompeu
Fabra, me proporcionan también un punto de vista, un prisma, un
enfoque institucional que, a veces, es poco frecuente en el ámbito
universitario. Soy firme convencido de que no existen los
compartimentos estancos ni en la ciencia ni en la práctica. Pienso
que tanto la ciencia como la práctica enriquecen la pluralidad de
conocimientos, la interrelación y la interdisciplinariedad. Este es
el bagaje
que yo aporto pero seguramente será un bagaje corto y pobre en
relación al enriquecimiento intelectual, no tanto académico pero sí
científico y práctico que, de ser propuesto, obtendré en el desempeño
de este cargo.
Nada más muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Egea Fernández.
A continuación, y por último, tiene la palabra don Jordi Capo Giol.
El señor CANDIDATO A VOCAL DE LA JUNTA ELECTORAL CENTRAL (Capo Giol):
Muchas gracias, señora presidenta.
Al ser esta la última intervención, poco puedo añadir a las palabras
que han pronunciado anteriormente los profesores Martín-Retortillo y
Solozabal en cuanto a la percepción de las personas que ya hemos
estado en la Junta Electoral, hemos visto como trabaja la misma y
hemos participado en sus deliberaciones. Como ellos, yo también creo
que la Junta Electoral cumple un importante papel basado en la
neutralidad y la independencia de todas las personas que forman parte
de este órgano.
Al ser mi propuesta de renovación, sea cual sea el resultado final,
agradezco la confianza que han tenido en esta propuesta los miembros
de los grupos parlamentario y de todos los partidos. No quiero hablar
de lo que puedan ser mis méritos, esto sería ridículo por mi parte.
Simplemente señalaré que soy doctor en derecho y catedrático de
ciencia política y de la administración, lo cual me proporciona en
algunas ocasiones una doble perspectiva para enfocar determinados
problemas, con lo que creo que quizá contribuyo, quizá, a enriquecer
un poquito el debate gracias, repito, a esta doble perspectiva.
Por lo demás, mis publicaciones, mis libros siempre se han centrado
en temas parlamentarios, en el funcionamiento del Parlamento y en el
funcionamiento de la legislación y de la representación política en
España, con lo cual -lo digo con toda sinceridad- me siento muy a
gusto y la función que se me ha encomendado la realizo con gran
placer; lo digo con toda sinceridad.
Nada más. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Capo Giol.
Por el orden de intervención de los grupos, de mayor a menor, tiene
la palabra el PNV, por cuanto los representantes de los grupos Mixto
y Coalición Canaria no están presentes.
Señor Anasagasti.
El señor ANASAGASTI OLABEAGA: Muchas gracias.
Como grupo firmante de esta candidatura, lógicamente les damos la
bienvenida. Simplemente quiero formular una pregunta, pero no sé a
quién, señora presidenta, a voleo.
La señora PRESIDENTA: Señor Anasagasti, esta Presidencia le indica
que plantee la pregunta y si no tiene destinatario fijo, decidirán
entre los propios comparecientes.
El señor ANASAGASTI OLABEAGA: Es muy breve. Sobre todo va dirigida a
aquellos que han sido miembros de la Junta Electoral Central en otras
legislaturas. Indudablemente sólo nos acordamos de la Junta Electoral
Central como de Santa Bárbara: cuando truena, en una campaña
electoral. Quizá incluso no hay conciencia de que existe una Junta
Electoral Central.
Las campañas electorales son un campo de controversia política aguda
y fundamentalmente hay dos asuntos que siempre son recurrentes, el de
los residentes ausentes y el de los medios de comunicación. En la
última campaña electoral se plantearon una serie de recursos que al
final la Junta Electoral Central decidió de alguna forma sobreseer.
La campaña electoral es breve, son quince días, y cuando se producen
las resoluciones de la Junta Electoral Central se puede decir que la
campaña ya ha pasado.
A las personas más experimentadas en la Junta Electoral Central les
formularía la pregunta de si ellos consideran que el cometido que
tiene la Junta Electoral Central es suficiente, si debiera tener
algún cometido adicional y si la forma de elección es la adecuada.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Anasagasti.
Si a los señores portavoces les parece adecuado, y al objeto de ir
compensando el tiempo de retraso con el que hemos empezado, la
Presidencia seguirá dando la palabra a todos los portavoces y
posteriormente a los comparecientes.
Tiene la palabra, por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), el
señor Trias.
El señor TRIAS I VIDAL DE LLOBATERA: Yo seré todavía más breve,
porque no les voy a hacer ninguna pregunta, entre otras cosas porque
hemos firmado esta propuesta conjunta y por tanto la idoneidad de las
personas que hemos elegido creo que está clarísima. Lo único que
quiero expresarles es mi agradecimiento por su aceptación. Nada más.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Trías.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor López Garrido.
El señor LÓPEZ GARRIDO: Gracias, señora presidenta.
Lo primero es saludar a los comparecientes, todavía candidatos a
formar parte de la Junta Electoral Central, únicos que vendrán a esta
Cámara entre los trece que
componen la Junta Electoral Central. Naturalmente nuestro grupo,
además de saludarles y agradecerles su presencia, no va a entrar en
la acreditación de su capacidad. En el caso de los profesores Martín-
Retortillo, Solozabal y Capo la tienen acreditada ya por su
pertenencia a esta Junta en legislaturas anteriores; en el caso de
los profesores González-Trevijano y Egea, su currículum y su
trayectoria, que tan bien conocemos, son muy suficientes para
considerar que van a hacer una buena labor en el futuro en esa Junta
Electoral Central.
Este es un trámite del que su importancia en el futuro es todavía una
incógnita. Este es el primer momento en el que, como decía la
presidenta del Congreso, se inicia este trámite; trámite insólito
hasta hoy de presencia física aquí de personas que van a formar parte
de órganos de relevancia constitucional, y conviene que desde el
primer momento se le dé un contenido que no lo convierta meramente en
una comparecencia protocolaria sin ningún otro sentido, porque
entonces nos veríamos en la obligación de pensar que no sirven de
mucho estos trámites que creo que corresponden a la función, en
términos muy amplios o muy difusos, de control parlamentario y de
publicidad parlamentaria que otros Parlamentos desarrollan quizá con
mayor intensidad que el nuestro. Creo que esta es una buena ocasión
para profundizar en la apertura, incluso en la conexión con los
ciudadanos, de nuestro sistema parlamentario.
Además de eso, es una ocasión -no tenemos otra- para que los grupos
parlamentarios tengamos una vinculación más directa, para que
conozcamos la opinión sobre algunos temas de quienes van a formar
parte de estos órganos, en este caso de la Junta Electoral Central,
que es un órgano de extraordinaria importancia, porque el juez
supremo de las controversias electorales, como decía el anterior
portavoz del Grupo Nacionalista Vasco, en un momento de controversia
álgida en la vida política. Quien dirime esto es la Junta Electoral
Central, por tanto, es importante que el Parlamento pueda aprovechar
estas ocasiones incluso para conocer la opinión de los miembros de
esta Junta sobre algunas cuestiones.
En este caso, dada la premura de tiempo y el retraso en el comienzo
de este acto, no vamos a abusar de los comparecientes ni de quienes
están aquí, pero sí quisiéramos formular a las cinco personas que hoy
comparecen ante nosotros tres cuestiones relacionadas con la labor
que van a desarrollar en el futuro, que esperamos sea adecuadamente.
La primera es, con carácter genérico, su opinión sobre el papel de la
Junta Electoral Central, el que ha jugado y el que puede jugar
-efectivamente creo que en este caso las tres personas que han
pertenecido a la Junta Electoral Central pueden explicarlo con más
detenimiento, con más conocimiento de causa-, en concreto si la
legislación electoral española permite a la Junta Electoral Central
cumplir las funciones para las que está llamada y que ha resumido,
creo que muy acertadamente, el profesor Egea cuando ha hablado de los
principios que deben informar el funcionamiento
de esta Junta Electoral Central, en concreto, en cuanto a
los derechos y libertades de los ciudadanos y ciudadanas españoles y
el principio esencial de la no discriminación. Esa sería una primera
pregunta que me gustaría hacer.
La segunda pregunta coincide con la que formuló antes el señor
Anasagasti. Uno de los elementos básicos de controversia que pueden
surgir en una campaña electoral es precisamente el acceso de los
grupos a los medios de comunicación, a la televisión, que es el medio
de comunicación por excelencia en una campaña electoral, pero también
a todo el resto de medios, medios públicos de forma especial, que
deben observar una exquisita neutralidad. Me parece que antes señaló
el señor Anasagasti el dato de que en la anterior campaña electoral
hubo una iniciativa de todos los grupos parlamentarios -de todos los
partidos con representación parlamentaria salvo el Partido Popular-
en el sentido de considerar que los medios públicos de comunicación
no estaban desarrollando su labor en la campaña con arreglo al
principio de neutralidad y como expresión del acceso público y no
como expresión del interés de partido. Hubo una iniciativa y la Junta
Electoral Central se pronunció como se pronunció, pero nos gustaría
conocer su punto de vista acerca de si la Junta Electoral Central
necesitaría tener otra legislación u otros medios para poder
responder adecuadamente en tiempo y forma ante una solicitud de estas
características, muy importante y decisiva para el desarrollo final
de una campaña electoral.
Por último, muy brevemente, un apunte sobre algo que el señor
Anasagasti, que me ha pisado algunas preguntas que yo pensaba
formular, ha señalado, que es el tema del voto (no sé si se refería a
ello exactamente), sobre la posibilidad de que los emigrantes
españoles que están fuera del territorio del Estado español el día de
las elecciones puedan votar en los consulados o por un sistema que no
fuera necesariamente el voto por correo -que en estos momentos, como
ustedes saben, no es posible-a fin de facilitar el voto de los
españoles y españolas que están fuera del territorio nacional en el
momento de las elecciones. En este sentido, ¿cuál sería su opinión
respecto de una posible reforma legislativa?
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra el señor Bermúdez de Castro.
El señor BERMÚDEZ DE CASTRO FERNÁNDEZ: Como bien decía la señora
presidenta al inicio de estas comparecencias, asistimos a un acto
parlamentario novedoso en esta Cámara. Un acto parlamentario que se
suma a las medidas ya puestas en marcha para contribuir a que el
Parlamento sea el centro de la vida política nacional y para
continuar avanzando en todas aquellas iniciativas que profundicen en
la mejora de la actividad parlamentaria y de la propiainstitución
parlamentaria. Ya en nuestro programa electoral
nos comprometimos a promover este tipo de comparecencias previas, y
el presidente del Gobierno en su discurso de investidura reafirmó
este compromiso. Por eso celebramos estar hoy aquí dando impulso a
este trámite que nuestro grupo parlamentario ha propiciado desde el
primer momento; y celebramos también la decisión de las Mesas del
pasado 25 de mayo, que ha permitido la realización de estas
comparecencias incluso antes de haber introducido su regulación en el
Reglamento de la Cámara.
Señorías, las comparecencias que se han producido a lo largo de la
mañana traen causa de una propuesta conjunta que es fruto una vez más
del diálogo de las distintas fuerzas políticas. Una propuesta plural
que conjuga continuidad y renovación, que cuenta con un amplio
consenso de las fuerzas políticas, como lo prueba el hecho de que los
candidatos que hoy se someten a examen o valoración estén respaldados
o avalados por seis grupos parlamentarios, lo que demuestra también
el amplio respaldo que por su titulación, su preparación y su
trayectoria nos merecen para formar parte como vocales de la Junta
Electoral Central. En cualquier caso, lo importante no es el acuerdo
entre partidos sino el acuerdo sobre personas: lo importante es el
amplio acuerdo de voluntades alcanzado sobre la base de las
condiciones de idoneidad previas de los candidatos propuestos para
formar parte de la Junta Electoral Central que, como todas SS.SS.
saben, es el órgano superior y permanente de la Administración
electoral y tiene precisamente por misión velar y garantizar la
transparencia y objetividad del proceso electoral y el principio de
igualdad entre los actores electorales.
Todos los candidatos que aquí se han sometido a valoración reúnen la
condición de ser catedráticos en activo, bien de derecho o bien de
ciencias políticas, en un caso, cumpliendo así el requisito
establecido en el artículo 9 de la vigente Ley Orgánica del Régimen
Electoral General. Pero además, a juicio de nuestro grupo
parlamentario, a todos ellos su preparación, sus méritos y su
dilatada trayectoria académica les hacen ser acreedores de superar
con creces este trámite de audiencia previa en la seguridad de que
los criterios de objetividad e independencia serán la guía de su
actuación y de sus decisiones como integrantes de la Junta Electoral
Central y si decía que la propuesta conjuga continuidad y renovación,
haciendo uso del derecho que nos concede la regulación de las Mesas y
con permiso de la señora presidenta, me gustaría formular dos
preguntas.
La primera de ellas, quizá el exponente de esa continuidad de la
experiencia, a don Sebastián Martín Retortillo para saber, desde la
experiencia continuada en los 10 años de vocal en la Junta Electoral
Central, en qué medida considera que son necesarios más medios
materiales para mejorar el funcionamiento de la Administración
electoral. La segunda pregunta la dirigiré a una de las personas que
por primera vez está propuesta para formar parte de este órgano, don
Pedro González
Trevijano, que, como decía, es exponente de la renovación y que
además es catedrático de derecho constitucional. Usted, que es
catedrático de derecho constitucional y además es subdirector del
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, estoy seguro de que
sigue muy de cerca y analiza las sentencias del Tribunal
Constitucional. Pues bien; se ha publicado recientemente una
sentencia de dicho tribunal que ha declarado inconstitucional parte
de un precepto de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General que
tiene que ver con el control judicial de determinadas decisiones de
las juntas electorales; en ese sentido, me gustaría que hiciera una
valoración en relación con dicha sentencia.
Finalmente, en nombre de mi grupo quisiera expresar nuestro apoyo a
los cinco candidatos propuestos, agradecerles su presencia y el
contenido de sus exposiciones, que no han hecho sino ratificar el
acierto e idoneidad de la propuesta de sus candidaturas.
La señora PRESIDENTA: Por cuanto ha habido una serie de preguntas que
considero que van dirigidas al conjunto de los comparecientes o que
al menos no tienen una dirección prefijada, si los señores diputados
están de acuerdo, por parte de la Presidencia se irá dando la palabra
sucesivamente a todos los comparecientes en el mismo orden en que lo
han hecho inicialmente al objeto de que puedan dar respuesta a las
dudas, inquietudes y preguntas planteadas por los señores diputados.
En primer lugar, tiene la palabra don Sebastián Martín -Retortillo.
El señor CANDIDATO A VOCALDE LA JUNTA ELECTORAL CENTRAL (Martín
Retortillo Baquer): Señora presidenta, señorías, yo creo que el señor
Anasagasti ha centrado el tema en orden a un replanteamiento
institucional de fondo de toda la Administración electoral y de la
propia Ley Electoral. Nosotros tenemos que contar con la
Administración electoral, que, por cierto, es un procedimiento entre
las distintas variables que puede ofrecer el derecho comparado, que
uno que, desde que se instauró entre nosotros el régimen democrático,
cualquiera que sea la posición, mayoritaria o no, de los distintos
grupos políticos, este sistema a los distintos niveles de determinado
tipo de personas, con jueces o con miembros del Poder Judicial,
parece que ha venido dando un buen resultado, y hay que entender las
características con las que actúa la Administración electoral
características que me parece que hay que tener muy en cuenta.
Asumiéndolas, trataré de responder a las tres preguntas que ha
realizado el señor López Garrido y a la última que se me ha
formulado.
En primer lugar, la tensión con la que actúa la Administración
electoral. Es una tensión de plazos, de tiempos en la que
absolutamente todos los miembros de la Junta Electoral Central,
apoyados por el extraordinario
-y no quito un solo calificativo- personal de esta casa han tratado
de facilitar y de superar esa tensión -hay límites de tiempo, no vale
nada que me resuelvan el recurso de aquí a 20 días- con los límites
que para el ejercicio efectivo de los derechos imponen los plazos.
Hablo aquí sin ninguna representación y a título personal. La Junta
Electoral Central tiene que cumplir la ley. Si el Congreso entiende
-hablo, como digo, a título personal- que pudiera solicitarse a la
Junta Electoral, a la vista de la experiencia, un informe sobre qué
puntos o aspectos cabría modificar, yo creo que podría ser una ayuda
muy importante que prestara la Junta Electoral, a la que, como digo,
no le cabe nada más que aplicar la ley. Una ley que, como ustedes
saben muy bien, señorías, es resultado de un texto inicial y después
de una serie de acarreos, de modificaciones sucesivas.
Partimos, pues, de la tensión y de la limitación de tiempo, porque
también hay que reducir el valor efectivo que el derecho facilita.
Recordaré aquella frase del viejo trapense Thomas Merton: ¿Para qué
sirve la ley de los derechos fundamentales: para que al negro que le
niegan una Coca-Cola vaya a la Corte Suprema? No digo que haya que
asumir este criterio, pero hay plazos de tiempo que obligan, para
hacer viable la tutela jurisdiccional, a resolver determinadas cosas
con una extraordinaria rapidez. ¿El papel de la Junta Electoral? Pues
tratar de cumplir la ley. Yo le digo al señor López Garrido que,
acertados o no, todos y cada uno de los miembros han venido teniendo
un cuidado exquisito en orden al respeto de los derechos y libertades
y a la no discriminación desde ninguna perspectiva, incluso en una
última reunión -el señor Solozabal lo recordará- había un recurso y
se decidió darle el plazo que fuera más breve para poder impugnarlo a
su debido tiempo. Yo creo también -la ley es esta- que la Junta
Electoral Central es el único órgano permanente de la Administración
electoral, por lo cual no lo permite la ley. Podría permitirlo,
entiendo que cabría descargarla, a través de una estructuración
distinta -de una delegación, por ejemplo en el presidente o en una
comisión-, que la Junta Electoral tenga que reunirse cuando en una
entidad local menor se cesa al alcalde pedáneo y los dos candidatos
tienen doscientos votos cada uno, y la Junta Electoral tiene que
reunirse para que una mano inocente, por sorteo, saque esto, o cuando
un concejal presenta la dimisión para extender las credenciales,
etcétera. Yo creo que esto es una tarea importante, no postulo que se
mantenga con carácter preeminente en las otras juntas electorales de
otro nivel, pero pienso que eso habría que agilizarlo.
En segundo lugar, la Junta Electoral, aparte de la resolución de
determinados recursos, quejas o determinada actuación estrictamente
administrativa, ha venido pronunciándose, dictando y reiterando
determinadas normas jurídicas, determinadas instrucciones,
instrucciones que se han publicado en el Boletín Oficial del Estado
-no vamos a entrar aquí en si ese ejercicio es
potestad reglamentaria o no-, una de ellas en relación con el acceso
a los medios, otra en relación con la llamada propaganda
institucional, instituciones que son normas y en las que estas dos
que tengo presentes han tratado de garantizar la mayor objetividad.
El señor López Garrido ha dicho que todos los partidos menos uno
entendieron una determinada iniciativa. Pues, con todos los respetos,
la Junta Electoral no entendió que hubiera quiebra del principio de
neutralidad, y voy a llevar el argumento hasta sus últimas
consecuencias, porque estuvimos hasta las tres de la mañana
debatiendo si el color azul que tenía el Partido Popular en su
propaganda era el mismo color azul que tenía Televisón Española
cuanto Televisión Española lo había puesto; pero quiero decir que ese
juicio, estimable y respetuoso, no lo entendió así la Junta Electoral
Central.
Por lo que se refiere al voto, algún miembro de la Junta Electoral
que está aquí presente sabe las dificultades que siempre han tenido
la certificación censal específica y el voto por correo, y también
-hay que decirlo- las dificultades que se plantean a veces porque las
papeletas no están en su momento debidamente impresas, etcétera. Yo
personalmente no tendría ningún inconveniente en que se pudiera
permitir el voto no sólo por correo, sino en los consulados. Esta es
una decisión política que es válida y en la que no me corresponde
a mí entrar.
Se me ha hecho una pregunta en concreto acerca de más medios
personales. Aquí ocurre una cosa muy concreta, y es el carácter
intermitente de la actuación de la Junta Electoral Central, que
mientras tiene muchísimo trabajo, hasta altas horas de la madrugada
en determinadas circunstancias, en otra época no tiene este trabajo.
Yo creo que los servicios de letrados y de secretaría tratan de
cubrir esto con horas extraordinarias y reclutando personal, y
precisamente para este personal, por el esfuerzo que realiza, quiero
tener yo un recuerdo. En cualquier caso, la Junta Electoral es un
órgano atípico administrativo al que corresponde aplicar la ley, la
ley que SS.SS. nos dan, y eso hemos tratado de hacerlo con absoluta
objetividad y con absoluta imparcialidad, y sobre todo no sólo con
estas cláusulas generales, sino con un respeto escrupuloso a los
derechos y libertades de todos los ciudadanos.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Martín-Retortillo.
A continuación tiene la palabra el señor GonzálezTrevijano.
El señor CANDIDATO A VOCAL DE LA JUNTA ELECTORAL CENTRAL (González-
Trevijano Sánchez): Con la venia de la presidenta. Señorías, ya que
las primeras tres consideraciones se han hecho en general, no
seguramente de la segunda, pero sí la primera y la última, me
gustaría decir muy brevemente cuál es mi enjuiciamiento del tema, que
tiene que ser necesariamente un juicio
teórico y no práctico, a la vista de que no he tenido la suerte de
poder haber formado parte con anterioridad de esta Junta Electoral
Central y de que el conocimiento, qué duda cabe, además de una visión
teórica tiene una connotación práctica muy importante. La impresión
teórica que se tiene desde fuera, del funcionamiento de la Junta
Electoral Central es que, desde la promulgación de la Ley Orgánica de
Régimen Electoral General del año 1985, ha ido asentando de manera
importante su papel de órgano absolutamente indispensable para
asegurar, tal y como dice la ley, la transparencia y la objetividad
de las funciones que tiene encomendadas y que son precisamente
funciones de gran relevancia político-constitucional. En ese sentido,
creo que las reformas que se realizan en su momento -en los años 1991
y 1995 me parece- , incrementando las competencias de la Junta
Electoral Central y al mismo tiempo atribuyéndole una mayor dotación
de medios personales y materiales, van precisamente en esta vía de
fortalecimiento institucional de un órgano tan importante como el que
nos ocupa en este momento.
Respecto al tercero de los puntos, mi opinión personal sobre la
posibilidad de votar los ciudadanos españoles no residentes en
territorio español, en principio es favorable. Lo que desconozco son
las dificultades técnicas o la instrumentalización jurídica que
permita dar satisfacción a esa expectativa que, como principio
general, parece asumible y defendible.
Respecto de la pregunta específica -no quiero dilatar más mi
participación- que me hacía el representante del Grupo Parlamentario
Popular, en efecto esta es una sentencia del Tribunal Constitucional
que ha venido a declarar inconstitucional la última parte del
artículo 21 de la Ley Electoral, que recogía que contra las
resoluciones de actos interpuestos que resolvían recursos de juntas
electorales inferiores no cabía recurso judicial o administrativo
alguno. Este no es un tema novedoso, porque prácticamente todos los
estudiosos en materia de derecho electoral, en sus tratados o sus
manuales -por ejemplo, el profesor Arnaldo Alcubilla, letrado de las
Cortes y persona vinculada a esta casa-, han manifestado ya hace
muchos años que nos encontrábamos presumiblemente ante un artículo
que era inconstitucional, y este ha sido el criterio -a mi juicio,
buen criterio- que ha mantenido el Tribunal Constitucional al
entender que este impedimento jurisdiccional violentaba el principio
de acceso a la jurisdicción que consagra el artículo 24.1 de la
Constitución, y entiendo que también el artículo 106 de la
Constitución, que permite el control por parte de los órganos
jurisdiccionales del Estado de la actuación de los poderes públicos,
a pesar de que creo que aquí hubo al menos un voto particular que
ponía en entredicho las dificultades prácticas que podría plantear
esta resolución del pleno del Tribunal, quizás en la línea de lo que
comentaba el profesor Martín-Retortillo de que la Junta Electoral
Central llevaba a cabo una labor muy caracterizada -creo que ha
dicho- por la tensión de plazos y de tiempos. Pues bien, esta posible
dilación en la resolución de los procedimientos había sido vista con
recelo por alguno de los magistrados, pero yo a título personal
pienso que la sentencia del Tribunal Constitucional es acertada.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor González-Trevijano.
A continuación tiene la palabra don Juan José Solozábal Echavarría.
El señor CANDIDATO A VOCAL DE LA JUNTA ELECTORAL CENTRAL (Solozábal
Echavarría): Muchas gracias, señora presidenta. Quiero agradecer las
palabras amables que han tenido todos ustedes hacia nosotros y desde
luego las que puedan referirse a mi persona, naturalmente.
En relación con las observaciones que ha formulado el diputado señor
Anasagasti, a mí me parece que la Administración electoral, tal como
está y tal como funciona, merece un juicio positivo que vale la pena
conservar. Yo creo que es un hallazgo esta Administración en sus
diversos niveles que conjuga, efectivamente, en una integración
judicial, sobre todo en los niveles superiores y especialmente en el
nivel de la Junta Electoral Central, que garantiza una imparcialidad
e independencia en la aplicación estricta de la ley al lado de la
presencia popular en las mesas electorales -los ciudadanos que las
integran designados por sorteo- y ese es el rastro de presencia
popular a través de los partidos políticos que, de modo conjunto,
insisto, porque esto para mí es muy importante, proponen a esa parte
no judicial de la Junta Electoral Central. Además, -y el maestro
Retortillo se ha referido a ello- me parece que hay otro ingrediente
que quizás no se conozca suficientemente, que es el apoyo técnico y
el modo de trabajar que tiene la Junta. El apoyo técnico del que
disfrutamos es el que dan los letrados de la casa, cuya competencia
tiene un grado de excelencia evidente y el mismo modo de trabajar.
Nosotros trabajamos normalmente a partir de propuestas con la
documentación aneja que hace la secretaría, que nosotros controlamos
y, en su caso, discutimos, corregimos, etcétera. Me parece que esos
diversos ingredientes acaban en una configuración muy afortunada. Un
índice de ese significado positivo de la Junta es el hecho de que la
Junta es como esos buenos árbitros que no actúan demasiado y cuyo
nombre no se conoce pero que, efectivamente, conducen muy bien el
juego. La verdad es que, afortunadamente, hemos protagonizado muy
pocas noticias en el debate, encrespado electoral. Por tanto, como
ocurre con el sistema autónomico, querido amigo, esto es bastante
bueno. No digo que no haya otras cosas mejores en el terreno de lo
ideal, pero en el terreno de la práctica la verdad es que es bastante
bueno.
La Junta desempeña también un cometido que quizás no se conoce
excesivamente y es que, efectivamente, suele rendir un informe
después de cada elección en
relación con algún punto particular. Estoy recordando, por ejemplo,
el informe que hizo sobre el voto por correo, que suele resultar de
mucha utilidad al legislador y que el legislador, naturalmente con
otros criterios, tiene en cuenta a la hora de proceder a reformar la
ley. Recuerdo el voto por correo, y recuerdo otros dictámenes
o libros blancos, un pequeño catálogo de dificultades y de problemas
que los procesos electorales plantean. La forma de elección en
términos generales me parece importante. Insisto nuevamente en que
somos propuestos de modo conjunto, con lo cual espero que seamos
personas aceptadas en virtud de una convicción de que, de algún modo,
ocupamos una posición no ajena a la de los diversos grupos políticos.
El señor López Garrido plantea una serie de preguntas muy
interesantes, pero la respuesta que se dé a las mismas debe de ser
precedida por la observación de que uno habla, naturalmente, como
señalaba antes también el profesor Martín-Retortillo, a título
particular. Por tanto, la Ley electoral se puede cambiar naturalmente
para mejor. No hay que cambiar las cosas porque sí, hay que cambiar
las cosas si se tiene una alternativa más razonable. En ese sentido,
¿qué se puede echar de menos en la Ley electoral? Quizás, como
también se ha señalado antes, se podría pensar si no se pueden
ampliar algunos plazos, algunas constricciones temporales dentro de
las cuales tiene que moverse la Junta. Estoy pensando sobre todo en
el recurso que se plantea ante la Junta, por el contencioso frente a
la proclamación de electos del artículo 108.3. Ahí tenemos unos
plazos que realmente imponen un modo de trabajar muy difícil a la
Junta.
Las otras dos propuestas se pueden relacionar con las otras dos
preguntas a las que se refería también el profesor y diputado López
Garrido. Quizá, podía pensarse en habilitar en la ley a la Junta a
una intervención más activa en relación sobre todo con la
organización y la ordenación de los debates en televisión. A mí me
parece que el debate debe ser un instrumento fundamental en una
campaña electoral, primero por exigencias racionales de lo que es la
discusión, de lo que es poner los medios para preparar una actitud
racional del electorado en relación con su voto; segundo, por razones
también de economía para garantizar la igualdad de oportunidades. Por
tanto, es muy importante que haya oportunidades para el debate. En
este sentido la ley da muy poco pie a una intervención de la Junta
Electoral. Es un tema de todos modos muy delicado porque tiene que
ver, naturalmente, con el respeto de la voluntad de las partes que
tienen que querer debatir, con el respeto a la libertad de quienes
organizan y de los profesionales que intervienen en esos debates,
etcétera. Pero a mí me parece que sería interesante que en la ley
electoral se hiciese una referencia a la importancia que puede tener
el debate en la campaña electoral, el debate en los medios de
comunicación pública, y una intervención de la Junta Electoral. Hay
muchísimas instrucciones de la Junta Electoral. Se
podría pensar que algunas de esas instrucciones pasen a formar parte
de la ley. Estoy pensando, por ejemplo, en la tarjeta censal o la
certificación censal cuya regulación improvisó la Junta, con mucha
fortuna por otra parte, en una instrucción, pero que, seguramente,
merecería ser pasada al propio texto de la ley.
En relación con la última pregunta que se hacía, efectivamente no se
puede pensar que al emigrante lo que se le hace es poner obstáculos
antes que facilitar los medios para que ejerza su derecho al voto.
Desde ese punto de vista se podría pensar en la confección del censo
de los ausentes a partir del registro de matrícula que se tiene en
los consulados e incluso habilitar el día de las elecciones, mesas,
etcétera, como vemos que se hace en otros países, de modo que, por lo
menos en los consulados más importantes, se pudiese votar
efectivamente.
Nada más, señora presidenta. Muchísimas gracias por la oportunidad
que se me ha brindado de hacer estas aportaciones modestas y
naturalmente realizadas a título estrictamente personal.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Solozábal-Echavarria.
A continuación, tiene la palabra don Juan Egea Fernández.
El señor CANDIDATO A VOCAL DE LA JUNTA ELECTORAL CENTRAL (Egea
Fernández): Con la venia. Pocas cosas puedo añadir a lo que se ha
dicho con anterioridad, sobre todo por la riqueza de conocimientos
y de matices que han aportado los que me han antecedido por haber
ejercido ya en la legislatura anterior como miembros de la Junta
Electoral.
Aquí han coincidido en lo sustancial dos portavoces parlamentarios,
el señor López Garrido y el señor Anasagasti, en formular sus
preguntas sobre un tema capital, por lo menos lo que un espectador
vería del proceso electoral, y es el problema de los residentes
ausentes, de los medios de comunicación y del marco en que todo ello
se mueve. Como espectador del proceso electoral diré que, desde el
punto de vista legislativo, las reformas no serían una solución
mágica. Con la legislación actual se pueden cumplir sobradamente los
principios que anteriormente hemos señalado de la tolerancia, la
objetividad, la igualdad y siempre en el marco de la autonomía y la
independencia. Creo que se podría intervenir con más garantías, con
más facilidad, para posibilitar el voto de los residentes ausentes,
de los españoles en el extranjero. Tampoco sé las dificultades que
ello podría plantear, pero ahí existe un campo en el que trabajar.
Mis modestos conocimientos no me permiten de momento aventurarme en
otro tipo de opiniones que necesitarían el contraste de los problemas
reales de la aplicación práctica. Habría que ver cuáles son los
flecos, cuáles son las debilidades y los aciertos de la propia
normativa electoral.
Esta es mi opinión.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Egea Fernández.
Por último, tiene la palabra don Jordi Capo Giol.
El señor CANDIDATO A VOCAL DE LA JUNTA ELECTORAL CENTRAL (Capo Giol):
Gracias.
El señor Anasagasti plantea, y tiene el derecho y la soberanía
popular para hacerlo, si consideramos adecuadas las formas de
elección o de composición de la Junta Electoral Central. Pero aunque
él tenga este derecho derivado de la soberanía popular, me parece que
no nos correspondería a nosotros en este momento definir con
demasiada precisión otras posibles fórmulas de elección, y no me
refiero exclusivamente a los vocales de designación parlamentaria,
sino al conjunto de todos los vocales, porque este es un tema de
reforma legislativa y en el momento de la elección de estos vocales
resultaría anómalo pronunciarse sobre ello.
Quisiera señalar que la Junta Electoral cumple muchas funciones y muy
diversas, con lo cual una composición de tipo mixto resulta adecuada
en muchísimos casos para tener perspectivas distintas sobre los
problemas. Ahí señalaría, conectándolo con los medios puestos
a disposición de la Junta Electoral, que en ocasiones algunos problemas
tienen una vertiente jurídica, aunque no exclusivamente jurídica, me
refiero a problemas como, por ejemplo, la propaganda subliminal o las
encuestas electorales que quizás ahí sí que podrían estudiarse
fórmulas para reforzar los medios a disposición de la Junta Electoral
para estudiar estos problemas. Por ejemplo, en Francia existe una
comisión que controla exclusivamente las encuestas electorales. Tengo
la impresión de que en ocasiones algunos problemas de este tipo se
escapan o no pueden abordarse con suficientes conocimientos técnicos
por parte de la Junta Electoral, pero esto no se refiere a la
composición de la Junta, sino a los medios de los que la Junta puede
disponer, la velocidad con la que tiene que actuar y también las
propias fórmulas de trabajo. Quiero señalar que disponemos de una
secretaría que trabaja intensamente, que trabaja muy bien y que sin
ella difícilmente podríamos realizar la labor que hemos intentado
realizar.
Ante problemas como la televisión puede resultar que las resoluciones
de la Junta Electoral Central sean insatisfactorias para alguno o
varios grupos o incluso para algunos vocales de la Junta Electoral,
pero también tengo que decir que se ha avanzado por parte de los
recurrentes que presentan recursos de tipo más técnico con lo cual
han abierto la vía para que la Junta Electoral pueda estudiarlos
mejor. La Junta Electoral ha intentado realizar matizaciones y en
todo caso sería mucho peor la situación si no existiera la Junta
Electoral. ¿Por qué? Porque la Junta Electoral tiene como función
proteger la legalidad y garantizar la neutralidad. Normalmente esta
neutralidad se rompe siempre por el lado de los más poderosos, sea
quien sea el más poderoso; por tanto, la Junta Electoral en principio
tiene que defender la legalidad, pero la legalidad está hecha a favor
de los débiles.
Haré mención a una cuestión última que no se me ha preguntado, pero
que quisiera citar. La sentencia del Tribunal Constitucional me
parece muy importante. Estoy de acuerdo, no ocurre sólo con la
Administración electoral. Es evidente que en España cualquier
resolución, cualquier tema puede ser objeto de litigio o controversia
ante los tribunales, pero creo que se abre una etapa nueva para la
Junta Electoral, porque obligará a razonar o a argumentar mejor las
resoluciones de la Junta Electoral ante la posibilidad de que puedan
ser recurridas ante los tribunales contenciosos y, por otra parte,
puede plantear algún problema desde el punto de vista de la
suspensión de los actos recurridos. No he estudiado con ninguna
profundidad la cuestión, porque la noticia es muy reciente, de la
semana pasada, pero estoy convencido de que cambia la posición
institucional de la Junta Electoral y habrá que mirar con
tranquilidad el tema.
Muchas gracias por las palabras amables que nos han dirigido a todos
nosotros.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Capo Giol.
No sé si hay alguna otra intervención de los grupos, supongo que no.
Tras agradecer a los señores comparecientes su actitud ante esta
Comisión de Nombramientos y su participación en este proceso que,
como se ha puesto de manifiesto, es novedoso, pero que en cualquier
caso importante para el Congreso de los Diputados, de las
manifestaciones de los señores portavoces se puede deducir que
entienden la idoneidad de los candidatos y que ese es el acuerdo que
se puede transmitir a la Mesa de la Cámara.
Muchísimas gracias.
Suspendemos la sesión durante 3 minutos, el tiempo justo que cueste
despedir a los señores comparecientes y dar la bienvenida a los
candidatos al Consejo de Universidades. (Pausa.)
COMPARECENCIA DE CANDIDATOS PARA ELECCIÓN DE CINCO MIEMBROS DEL
CONSEJO DE UNIVERSIDADES. (Número de expediente 276/000003
La señora PRESIDENTA: En primer lugar, damos la bienvenida a la
señora y señores candidatos para la elección de cinco miembros del
Consejo de Universidades. Reitero, una vez más, las disculpas de esta
Presidencia y de los señores portavoces por el retraso con el cual
iniciamos la comparecencia, pero he de poner de manifiesto que,
aunque suele ser una frase muy repetida, ha sido por causas ajenas a
nuestra voluntad o, cuando menos, causas ajenas a la programación de
esta casa.
Siguiendo con el procedimiento establecido en la anterior
comparecencia, en primer lugar, iré dando la
palabra sucesivamente a los distintos candidatos para que hagan uso
de la misma por un tiempo máximo de cinco minutos, al objeto de
expresar, si así lo desean (no tienen por qué sentirse obligados a
intervenir), aquello que consideren adecuado con respecto a su
currículum, sus condiciones o lo que quieran poner de manifiesto ante
esta Comisión de Nombramientos. Posteriormente, daré la palabra a los
señores representantes de los grupos parlamentarios y, a partir de
ahí, habrá otro nuevo turno de intervención de los señores
comparecientes.
Sin más preámbulos, tiene la palabra, en primer lugar, don José Luis
Martínez López-Muñiz.
El señor CANDIDATO A MIEMBRO DEL CONSEJO DE UNIVERSIDADES (Martínez
LópezMuñiz): En primer lugar, mi reconocimiento por esta iniciativa
que me permite agradecer a la presidenta y a todas SS.SS. esta
audiencia, puesto que, sin duda, constituye un honor ser atendido y
escuchado por los representantes de esta Cámara y, por otra parte, me
permite expresar públicamente mi reconocimiento porque el Congreso
depositó ya su confianza en mi persona en el año 1991 para formar
parte de la Junta Electoral Central y, posteriormente, el año 1994
para ser miembro del Consejo de Universidades, donde he venido
desarrollando mis funciones, creo que de forma suficientemente
conocida, al menos por todos los que siguen de alguna manera la
marcha del Consejo de Universidades; creo que con un sentido de
independencia, consciente del origen y del sentido institucional de
mi nombramiento, buscando en todo momento el interés general y el
cumplimiento de la ley en el desarrollo y en la aplicación de un
sistema donde -es conocido- se anudan muchos y fuertes intereses, no
siempre coincidentes con el general, por respetables que ellos sean,
y siempre también con una preocupación por tratar de promover, o de
recuperar en algún caso, la naturaleza propia y específica de la
universidad.
Creo que me ha ayudado en esta tarea mi condición de jurista de
derecho público (como consta en mi currículum, soy catedrático de
derecho administrativo de la universidad de Valladolid) y,
naturalmente, esa profesión mía ha arraigado en mí, desde hace
decenios, que llevo dedicado a este oficio, una honda preocupación
por la garantía de los derechos y libertades, individuales
y colectivos, en un marco de igualdad, con una clara conciencia de que
el sistema universitario, justamente porque debe basarse en estos
derechos fundamentales, debe tener un sentido nacional, y además por
la trascendencia que tiene el sistema de las titulaciones, la
competencia sobre las cuales, como es sabido, está reservada, con muy
buenas razones, al Estado.
La labor de todos los que fuimos designados por el Congreso y por el
Senado en la última legislatura ha sido reconocida como efectiva, a
pesar de las discrepancias que puedan surgir en el desarrollo de las
actividades del Consejo. Es para mí una satisfacción y un
estímulo que ahora vuelva a ser propuesto para continuar en esa
tarea. Esto, indudablemente, me hace sentirme respaldado, y también
con más responsabilidad, si el Congreso acaba aceptando esta
propuesta. En un momento en el que parece aproximarse una nueva
etapa, en la que destacaría, al parecer, el planteamiento de un nuevo
marco normativo que rija nuestra universidad, que está siendo
reclamado por las voces más dispares, me parece realmente un honor
continuar con esto que tiene aspecto de carga, que es seguir
colaborando en la tarea del Consejo de Universidades.
Nada más, señora presidenta, señorías, que ponerme a su disposición
para aclarar todo lo que pueda ser conveniente en esta sesión.
La señora PRESIDENTA: A continuación, tiene la palabra doña Silvia
del Saz Cordero.
La señora CANDIDATA A MIEMBRO DEL CONSEJO DE UNIVERSIDADES (Del Saz
Cordero): Señora presidenta, señorías, con la venia.
No puedo, por razones obvias, hacer aquí una exposición detallada y
exhaustiva de mi recorrido, de mi currículum, de mis méritos
académicos y profesionales que avalarían esta propuesta para ser
miembro del Consejo de Universidades. Simplemente diré que soy
catedrática de derecho administrativo en la universidad de La Laguna
y que, antes de ello, había sido profesora titular en la Universidad
Nacional de Educación a Distancia. Sin embargo, quiero hacer
referencia a un aspecto concreto y es que los últimos 15 años de mi
actividad profesional han estado íntimamente ligados con la
universidad, por una parte, desde la experiencia docente cotidiana y
el trato con los problemas y el funcionamiento de la universidad, en
una universidad presencial como la que estoy ahora y también en una
universidad tan atípica -entre comillas- y especial, pero tan
importante y que tan buen servicio está prestando, como es la
Universidad Nacional de Educación a Distancia. Pero también, digamos,
mi ligazón con la universidad está presente en mi actividad
investigadora porque, en los últimos tiempos, una buena parte de mi
trabajo y de mi investigación se han centrado en temas de derecho
universitario, lógicamente, desde la perspectiva del derecho público,
que es la especialidad a la que yo pertenezco. He estudiado, por
ejemplo, el sistema de selección de profesorado. Un tema polémico, lo
ha sido y lo sigue siendo, pero realmente fundamental porque, en
definitiva, ahí está la clave de la calidad del profesorado, la
calidad del centro investigador y también, cómo no, la calidad de la
propia universidad. También he tratado temas como la respuesta a esos
problemas de gobierno y de gestión universitaria que han provocado
que se busquen nuevas fórmulas organizativas, como es, por ejemplo,
la utilización de la fórmula de la fundación privada por las otras
universidades, que últimamente parece que está tan de moda.
Igualmente
me ha preocupado la temática de las universidades privadas, que cada
vez más asumen protagonismo a la vista del cambio del papel que se
está produciendo en el Estado, que ya no solamente es prestador del
servicio público universitario, sino que tiene que ser necesariamente
garante de la calidad del servicio que prestan los particulares, que
además tienen derecho a prestar.
El estado de la universidad dice mucho de la salud de la sociedad.
Una sociedad sana exige una universidad vigorosa que sea capaz de
reaccionar ante las nuevas exigencias, ante los nuevos retos. En el
momento que estamos nos parece fundamental el papel que tiene que
jugar el Consejo de Universidades, no solamente por las funciones que
la ley le asigna, sino también por las funciones que en la práctica
puede y debe desempeñar. El Consejo de Universidades es una pieza
esencial, es una pieza integradora, es una pieza que puede establecer
una cierta armonía dentro de las tensiones, que son necesarias
y también buenas, que necesariamente provoca una institución que está
en continuo cambio y una institución que ha de afrontar continuamente
nuevos retos.
Por ello, es para mi un honor haber sido propuesta para formar parte
de este órgano colegiado. Es un honor personal, por una parte, y
también un honor profesional, porque pienso que desde mi disciplina,
desde la rama de derecho público, puedo hacer una modesta aportación
y, además, pienso que al fin y al cabo es la meta de cualquier
profesor universitario vocacional, entre los cuales yo también me
incluyo.
Quiero terminar mi intervención, agradeciendo sinceramente la
confianza que han deposito en mí los grupos proponentes y, por
supuesto, me pongo a su disposición para cualquier pregunta.
La señora PRESIDENTA: A continuación, tiene la palabra don José
Ignacio Rubio San Román.
El señor CANDIDATO A MIEMBRO DEL CONSEJO DE UNIVERSIDADES (Rubio San
Román): Es para mí una enorme satisfacción comparecer en este acto y
ante esta Comisión, de acuerdo con el procedimiento establecido por
la Presidencia de la Cámara, para someter a consideración de la misma
mi trayectoria personal a los efectos de la posible designación como
miembro del Consejo de Universidades.
En primer lugar, quiero manifestar a todos los grupos proponentes mi
agradecimiento y decirles que me tienen a su entera disposición, como
me han tenido desde que en 1994 fui propuesto y designado también por
esta misma Cámara para desempeñar idéntico cargo.
Si yo tuviera algo que destacar de la trayectoria que, por otra
parte, es conocida también por las actividades desempeñadas en el
propio Consejo de Universidades, cabría decir que a la par que he
desempeñado ese cargo, he desempeñado el de secretario de la Facultad
de Derecho de la Universidad Complutense. Quiere decirse que con el
volumen de alumnos, de profesorado, de
problemas, eso me ha facilitado tener una doble perspectiva de lo que
es la vida universitaria, una, la real, la del día a día, que nos da
la posibilidad, dentro de los límites que tenemos presentes todos los
días, de resolver los problemas, las cuestiones, las discrepancias,
las actividades que en definitiva son los problemas que muchas veces,
desde el punto de vista objetivo de la legislación, creemos que la
hemos facilitado pero que, a la hora de la práctica, nos encontramos
con que no es tan fácil ejecutar aquello que hemos pensado.
Por otra parte, mi pertenencia al Consejo de Universidades me ha dado
la ocasión de ver, como digo, desde otra perspectiva el mundo de la
universidad; es decir, verlo desde el punto de vista de lo que es el
contexto nacional, los problemas de los títulos, la homologación de
títulos, las competencias de las comunidades autónomas, y de
establecer un sistema que resulte homogéneo y que posibilite la
movilidad de alumnos, de profesores, etcétera, cosa que por otra
parte es un tema discutido que el propio Consejo ha establecido.
No quisiera alargar mucho más mi intervención, sólo poner de
manifiesto esto que creo que son los elementos esenciales o lo que yo
puedo añadir a mi currículum, y decir que siempre he ejercido el
cargo con lealtad, con independencia, entendiendo que la misión que
me incumbía era sobre todo la defensa de la objetividad, de la
confección y de las orientaciones que desde el propio Consejo
podíamos dar a quienes tienen las facultades, a quien tiene las
atribuciones de confeccionar los expedientes.
A la consecución de esos esfuerzos, es decir, de contribuir en la
medida de lo posible con las limitaciones lo más acertadamente
posible, yo sí puedo asegurarles a ustedes que, sin menoscabo de
esfuerzo alguno, voy a poner todo mi empeño y prestar toda mi
colaboración si en esta nueva legislatura soy designado miembro del
Consejo de Universidades, y en cualquier caso a mí siempre me ha
honrado pertenecer a ese cuerpo de élite.
Agradezco su atención y me pongo a disposición de ustedes, por si
quieren hacer alguna consideración o formularme alguna cuestión, en
este momento y en cualquier otro posterior que lo estimen
conveniente.
La señora PRESIDENTA: A continuación, tiene la palabra don Juan José
Badiola Díez.
El señor CANDIDATO A MIEMBRO DEL CONSEJO DE UNIVERSIDADES (Badiola
Díez): Señoras diputadas, señores diputados, yo también quiero, lo
mismo que han hecho las otras personas que me han precedido en el uso
de la palabra, agradecerles a todos ustedes que me hayan permitido
estar hoy aquí compareciendo en esta Comisión.
Quiero también agradecer a todos los grupos que se han expresado a
favor de mi persona, a los grupos proponentes, que forme parte, si
ustedes lo consideran conveniente, del Consejo de Universidades. Les
anticipo que
esto sería un gran honor para mí porque estoy convencido de la
conveniencia de que las Cortes tengan una voz importante, que es la
voz de todos, la voz en definitiva del pueblo español que se
manifiesta a través de la representación que ustedes ostentan aquí en
esta Cámara.
Igualmente quiero decir muy brevemente, en aras de la hora y de que
es un día difícil, como decía muy bien la presidenta, que en mi caso
concreto soy catedrático de la Universidad de Zaragoza. Los
conocimientos que yo pueda aportar en el Consejo de Universidades
podrían derivarse de mi experiencia en la gestión de la universidad.
Hace treinta años que soy profesor de la misma, pero por mor de
ciertas circunstancias, aunque los miembros somos profesores,
fundamentalmente investigadores, que ese es nuestro trabajo, al que
nos debemos, que además ejercemos con mucho gusto, algunos nos hemos
visto en la circunstancia de tener que hacernos cargo de la gestión
de la universidad.
Hoy hace 16 años que me encuentro involucrado en esa tarea, y he sido
en estos últimos años prácticamente todo lo que se puede ser en la
gestión de la universidad, desde director de departamento, decano del
centro, vicerrector de investigación, y en estos últimos años rector
de la universidad de Zaragoza durante ocho años, por cierto que acabo
hoy justamente, es mi último día como rector en funciones de esta
universidad.
Como rector, lógicamente he sido miembro del Consejo de Universidades
durante estos últimos ocho años. Ha sido una experiencia realmente
interesante y a mí me ha tocado vivirla de una manera un poco
especial porque he sido presidente de la comisión de alumnado,
centros y normativa general, que es el que hace los informes de todas
las cuestiones referentes a normativa, creación de universidades,
autorización de títulos, etcétera. He sido también, por mi propia
especialidad, miembro de la subcomisión de ciencias experimentales de
la salud, presidente del grupo de ciencias de la salud del Consejo de
Universidades, miembro de varias ponencias. Me ha tocado trabajar con
otros compañeros, algunos aquí propuestos. Hemos trabajado con gran
ilusión durante estos últimos años, y por último he sido
vicepresidente del Consejo de Universidades por la parte académica.
Como ustedes saben bien, hay dos grandes comisiones, la comisión
académica y comisión de coordinación y planificación y he sido
durante estos tres años vicepresidente por la comisión académica
elegido por los rectores y miembros del Parlamento que allí se
encontraban. ¿Qué voy a hacer? Me hace ilusión porque he estado desde
la perspectiva de un rector. Sin duda los rectores tenemos aspectos
muy positivos, pero probablemente tendremos algunas deformaciones,
que se derivan de nuestra propia actividad en el cargo diario. Me
hace ilusión estar en el Consejo de Universidades desde otra
aproximación. He aprendido bastante, como pueden imaginar, después de
todos estos años allí, pero sí que me hace ilusión poder estar con
una mayor independencia,
siendo consciente de lo que llevo allí, y sin duda procuraré, si
soy definitivamente propuesto como miembro del mismo, estar a
disposición de todos ustedes naturalmente para que la voz de las
Cortes se haga oír en este Consejo, que sin duda es una pieza
importante.
El Consejo de Universidades debe seguir existiendo y además debe ser
reforzado. Es una pieza importante en el sistema del Estado español,
con todo el respeto naturalmente que merecen las comunidades
autónomas, que tienen unas competencias atribuidas por ley y que
forman parte del sistema del Estado autonómico que vivimos, pero eso
no es óbice para que tenga que haber una coordinación del sistema
general en el que yo creo firmemente.
La señora PRESIDENTA: Por último, tiene la palabra don Antonio
Pascual Acosta.
El señor CANDIDATO A MIEMBRO DEL CONSEJO DE UNIVERSIDADES (Pascual
Acosta): Señora presidenta, señoras y señores diputados, en primer
lugar quiero agradecerles la oportunidad que me brindan de comparecer
ante esta Comisión para exponer mi punto de vista sobre la propuesta
de todos los grupos como miembro del Consejo de Universidades del
Estado español, en caso de superar esta comparecencia. Les adelanto
que para mí sería, sin duda, una satisfacción poder formar parte del
Consejo de Universidades del Estado en representación del Congreso de
los Diputados.
Soy catedrático de Estadística e Investigación Operativa de la
Universidad de Sevilla desde el año 1980, y mi trabajo en materia de
investigación se ha centrado fundamentalmente en el campo de la
estadística, del cálculo de probabilidades y de la investigación
operativa. No me detendré en ello porque tienen un currículum breve
que les he remitido sobre mi actividad investigadora y académica.
Quizás sería bueno detenerme desde el punto de vista de gestor
universitario. Toda mi vida la he dedicado a la universidad, primero
como profesor, como adjunto, como agregado, después como catedrático,
y posteriormente como decano y vicedecano de la Facultad de Ciencias
Matemáticas de la Universidad de Sevilla, accediendo al puesto de
director general de Universidades de la Junta de Andalucía en el
período 1983-1986. En ese período es cuando se negocia la
transferencia en materia de enseñanza universitaria del Gobierno de
España, del Ministerio de Educación y Ciencia, a la Junta de
Andalucía, lo cual me permitió tener un conocimiento más profundo de
la realidad del sistema universitario andaluz. Posteriormente, fui
nombrado consejero de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía en
el período 1986-1994, un período muy importante que me permitió
conocer en profundidad el funcionamiento del Consejo de Universidades
del Estado, puesto que los compañeros consejerosde las seis
comunidades que en ese momento tenían
competencia en materia de educación me eligieron sucesivamente como
vicepresidente de la Comisión de coordinación y, por tanto,
vicepresidente segundo del Consejo de Universidades del Estado
español; momento importante donde se diseñó la reforma de los planes
de estudios, las normas de aplicación de una reciente ley aprobada
por las Cortes Generales, la Ley de reforma del sistema
universitario. Coincidiendo con ese período, también fui
vicepresidente del Consejo General de la Ciencia y Tecnología de
España en el período 1987-1995, y he pertenecido a diferentes
sociedades, como el Centro Nacional de Microelectrónica, el Patronato
de Calar Alto, Parque Tecnológico de Andalucía o el Centro de
Tecnología de la Lengua de IBM.
Fui posteriormente consejero de Industria, Comercio y Turismo y
parlamentario por la provincia de Jaén, y me incorporé a la
universidad de nuevo en el año 1996 como profesor de Estadística e
Investigación Operativa en la Facultad de Informática y Estadística
en la Universidad de Sevilla. En la actualidad soy director del
Centro Andaluz de Investigación y Prospectiva, que es un centro
interuniversitario de las ocho universidades de Andalucía, he sido
elegido miembro académico numerario de diferentes academias y poseo
-y de ello estoy muy orgulloso- la Medalla de Oro de cinco
universidades andaluzas, la de Granada, la de Córdoba y las de Jaén,
Huelva y Almería.
Siempre he defendido un modelo de universidad autónoma, pero
entendiendo la autonomía no como un fin sino como un medio para
alcanzar la gran misión que tiene encomendada la universidad al
servicio de la sociedad, porque no se nos debe olvidar nunca que
tiene que ser la sociedad quien tutele y oriente a la universidad;
una universidad de calidad, entendida como una calidad total, no
solamente a base de una serie de encuestas, sino donde se tiene que
tener en cuenta el producto que ingresa en la universidad, la
transformación de ese producto y el producto que sale, es decir, el
alumno ingresado, y si estamos cumpliendo ese servicio que nos ha
encomendado la sociedad. Es decir, tenemos que pensar en el cliente,
que es el alumno ingresado; una universidad solidaria, entendiendo
este concepto como el sentido universal que tiene que prestar la
universidad. Recuerdo que ya había un rector en el siglo XVIII que
decía que la universidad estaba perdiendo ese concepto de
universalidad y que cada uno se estaba refugiando en su centro, en su
colegio, en su titulación. Es necesario que haya solidaridad dentro
de la propia universidad entre unos departamentos y otros, entre los
diferentes centros, pero también entre las distintas universidades
del Estado español, y en este sentido creo que el Consejo de
Universidades puede realizar un papel importante. Desde luego, tiene
que ser una universidad participativa, en el sentido de que todos los
miembros de la comunidad universitaria deben promover y ayudar a
hacer caminar a la universidad a través de su participación en los
distintos órganos de gobierno de la universidad.
Si soy nombrado miembro del Consejo de Universidades del Estado, para
mí será una satisfacción enorme, porque es un órgano muy importante
en todo lo que es la planificación y coordinación de la política
universitaria de este país y más en este momento, en el que es
necesario, sin duda, revisar algunos aspectos de la universidad, como
sus relaciones con la sociedad, la marcha de la reforma de las
titulaciones que entraron hace unos cuantos años en vigor, el tema
del acceso del profesorado, tantos temas que sin duda son importantes
para conseguir esa universidad de calidad, esa universidad moderna,
que tiene que ser un pilar fundamental de la sociedad española del
siglo XXI.
La señora PRESIDENTA: Iniciamos el turno de intervenciones de
representantes de grupos parlamentarios.
En primer lugar, el señor Trías, de Convergència i Unió.
El señor TRIAS I VIDAL DE LLOBATERA: Voy a ser breve y además voy a
ser coherente con mi intervención anterior, en el sentido de que
somos uno de los grupos que ha firmado esta propuesta, por tanto les
considero a todos ustedes idóneos, si no no hubiéramos firmado esta
propuesta y agradezco sinceramente su aceptación. No les haré
preguntas especiales, porque me parece que sinceramente las preguntas
serían más para intercambiar puntos de vista de cómo ven las cosas y
cuál es el futuro de la universidad. Pero para que no se diga que no
digo nada, haré tres o cuatro reflexiones.
Tenemos una universidad con unos cambios espectaculares,
tecnológicos, demográficos, que hacen que cambien las cosas de una
manera importantísima. Estos cambios exigen un nuevo sistema de
funcionamiento de la universidad, nuevo funcionamiento de toda la
Administración, pero de la universidad también, y esto exige unos
nuevos criterios de eficiencia, de eficacia, de nuevos métodos de
gestión, lo cual quiere decir cambios profundos en el sistema de
organización de las propias universidades y de legislación. Esto
exige tener claro cuál es el papel de las universidades en la
formación, saber por qué formamos y dónde va la universidad, que
tiene un papel importante, además de formación continuada, de
investigación, y que lo que ha de hacer mucho más es dar respuesta a
las necesidades de la sociedad y no tanto a las necesidades internas
de la propia universidad. Esto quiere decir que se han de montar unos
mecanismos de evaluación muy difíciles de hacer cuando es difícil
controlar el producto final. Si no se cambia el chip de la
universidad, perderemos una batalla de competitividad, y la gente no
nos lo perdonaría. Creo que ustedes son idóneos para estimular y ser
acicate en estos cambios y, por tanto, agradezco que se hayan
prestado a ocupar estos puestos, que son ciertamente importantes para
el futuro.
La señora PRESIDENTA: Por parte del Grupo Socialista, tiene la
palabra la señora Palma.
La señora PALMA I MUÑOZ: Gracias a todos los comparecientes por haber
sido capaces, en muy poco tiempo, de exponer no sólo su currículum,
sino de indicarnos algo que sería bastante extenso de exponer, como
es el futuro o el camino, la orientación hacia la que creemos que
debe caminar nuestra universidad. No voy a reiterar lo que ha dicho
el portavoz del Grupo de Convergència i Unió, porque supongo que
todos estaríamos de acuerdo en el momento importante y de inflexión
en el que nos encontramos en relación al futuro de esta institución,
pero quisiera resaltar que este es un acto parlamentario importante,
novedoso, como ya se ha dicho, y que a nuestro entender debe
significar el inicio de una relación seguramente más intensa entre
los miembros del Consejo de Universidades, como algún compareciente
ya ha expuesto, y las Cortes, en el sentido de que en este caso es el
Pleno del Congreso de los Diputados el que va a votar sobre la
designación de los candidatos propuestos y, por tanto, entendemos que
su designación emana directamente de la representación de la
soberanía popular que representa el Parlamento. Por tanto, a pesar de
que el tiempo y las incidencias de esta mañana en el funcionamiento
de la propia Cámara no nos van a permitir extendernos demasiado,
queremos manifestar el deseo de no convertir este acto en un simple
acto protocolario sino considerarlo como el inicio de algo bastante
más profundo.
Quisiera expresar la consideración del Grupo Socialista de que la
idoneidad de los candidatos está avalada por la presentación de una
lista consensuada y conjunta por parte de cinco grupos de la Cámara y
que, por tanto, los méritos académicos, científicos y de gestión de
las personas propuestas son ya certificados desde su inicio, pero,
además, con la exposición que cada uno de ustedes ha hecho, ha
quedado todavía más claro que sus méritos están acreditados, en el
caso de la mayoría de ustedes, por sus experiencias previas en el
propio Consejo de Universidades y, en el caso de la única persona
propuesta, que es nueva en este tema, está acreditada sobradamente
por su currículum, especialmente por la parte relacionada con los
estudios científicos y académicos que ha realizado.
Creo que los cinco candidatos reflejan la diversidad necesaria y
enriquecedora que debe estar presente en el Consejo de Universidades;
un organismo que ha seguido una evolución y unos cambios importantes
a lo largo de los últimos años y desde su creación. Su función y
objetivos emanan de la propia Ley de Reforma Universitaria, que
dispuso con buen criterio, a nuestro entender, en su título III, que
debía crearse un órgano para compatibilizar la estructura territorial
de la Administración emergente en aquellos momentos, compatibilizar
las funciones de la Administración central y de las comunidades
autónomas, pero, en este caso, a diferencia
de otros ámbitos, compatibilizarlo con el ejercicio de la
autonomía universitaria reconocida por nuestra Constitución. Esto
conlleva también la complejidad de su funcionamiento. Esta diversidad
se refleja también en la temática tratada en el seno del propio
Consejo de Universidades, que se ha ido incrementando en los últimos
años, configurando un nuevo escenario que creo que para los nuevos
componentes del Consejo de Universidades -nuevos, entre comillas,
para algunos- plantea unos nuevos retos, precisamente entre ellos
está la necesidad de hacer cada vez más compatible y más integrable
la distribución de nuevas competencias, puesto que en este momento la
transferencia de competencias en materia de educación superior, que
se ha ido produciendo a lo largo de estos últimos años hace que
coexistan, que convivan, la Administración del Estado, las
administraciones autonómicas, las universidades representadas por sus
rectores en el ejercicio de autonomía universitaria, y que compartan
el reto fundamental de diseñar y definir el futuro de la universidad
del siglo XXI. Existe una necesidad inmediata de profundizar en el
gran reto que se nos plantea, que es el de la mejora de la calidad en
la educación superior, responder a las nuevas demandas de formación
académica y profesional, y responder a las nuevas demandas en la
generación y difusión del conocimiento en el marco de la sociedad de
la información. Pero hay que hacerlo en el contexto en el que el
sistema universitario español se sitúa de nuevo, que es el de la
creación de un nuevo espacio universitario europeo en el que más que
de homogeneidad creo que deberemos hablar cada vez más de
homologabilidad de nuestro sistema, en el que funciones como
articular, integrar, coordinarse, armonizar, van a formar parte del
vocabulario más usado y debatido en el seno del Consejo de
Universidades, pero teniendo en cuenta que el objetivo debe ser
situar el nivel de calidad de la formación de nuestros estudiantes de
educación superior en un contexto de competitividad en el marco
europeo.
Podríamos comentar muchas cuestiones. Todos ustedes han aportado
temas interesantes sobre los que espero que en el futuro podamos
departir, pero si tienen a bien realizar algún otro comentario antes
de finalizar esta sesión, me gustaría saber, en función de su
experiencia en el propio Consejo de Universidades, los que han
estado, o de la experiencia, que puede ser muy enriquecedora y muy
fresca, desde fuera del Consejo, cómo ven el futuro funcionamiento
del Consejo como organismo que debe realizar, a nuestro entender,
esta función de situar el sistema universitario español en un espacio
universitario europeo emergente pero a una velocidad considerable y
que, por tanto, los retos no los podemos plantear a medio plazo sino
que habrá que dar respuesta de una forma inmediata.
La señora PRESIDENTA: Por último, por el GrupoPopular, tiene la
palabra el señor Cisneros.
El señor CISNEROS LABORDA: Intervengo brevísimamente anunciando de
antemano mi propósito de renunciar a formular cualquier pregunta a
los señores candidatos.
Debo empezar por excusar la presencia, tanto de mi portavoz, señor de
Grandes, como de los portavoces especializados de nuestro Grupo en
materia educativa porque hemos tenido una cierta mala fortuna.
Exigencias de diplomacia parlamentaria, por una parte, y la
celebración simultánea de la comparecencia de la señora ministra del
Castillo en otra sala de esta casa, por otra, hacen que sea yo quien
modestamente cumpla este requisito parlamentario, por el que creo que
debemos felicitarnos todos.
Como decía el señor Bermúdez de Castro cuando se trataba de proveer
los órganos de la Junta Electoral Central, estamos iniciando una
andadura, abriendo un camino en el que tenemos centradas muchas
expectativas y esperanzas, porque pensamos que se produce un cierto
enriquecimiento y fortalecimiento de la calidad de nuestro propio
sistema democrático desde el momento en que esa centralidad que todos
recabamos para el Congreso de los Diputados o para las Cortes se ve
realzada por la introducción de este trámite, aunque se desarrolle en
las condiciones de familiaridad a las que estamos asistiendo. Esta
iniciativa está reglamentariamente concebida para verificar la
idoneidad de los candidatos, el cumplimiento de unos requisitos
legales, no para abrir con ellos un horizonte de reflexiones, que
sería riquísimo y sin duda inagotable, sobre el futuro de la
universidad española o del propio Consejo de Universidades.
Las exposiciones de los señores candidatos han venido simplemente a
ratificar lo que sus abrumadores currícula ponían de manifiesto, es
decir, la sobrada o acreditada idoneidad de todos ellos para
integrarse en el Consejo de Universidades. No es circunstancial que
vayan a ser sometidos a la votación de nuestros compañeros en el
Pleno de la Cámara, con el respaldo de cinco grupos parlamentarios,
que, por cierto, representan el 95 por ciento del total de los
integrantes de la Cámara. No es una convención política, no es la
expresión de un mero consenso, es la expresión de una coincidencia
profunda sobre la actitud y la idoneidad de los cinco integrantes del
grupo que corresponde designar al Congreso de los Diputados, junto
con los que corresponden al Senado y al Gobierno, a los rectores de
las universidades públicas, y a los responsables de política
universitaria de las distintas comunidades autónomas que integran en
su totalidad el Consejo de Universidades.
Les deseo el mayor éxito en el cumplimiento de sus funciones. No son
ustedes mandatarios de las Cortes, del Congreso. Se integran en el
Consejo de Universidades con plena autonomía y libertad para el
desempeño de sus funciones con arreglo a su conciencia y el
entendimiento de sus deberes. Retomando algunas manifestaciones de la
portavoz del Grupo Socialista, me gustaría que de una manera formal,
si el Reglamento lo
permite, o informal esto no supusiera la ruptura de un vínculo de
transmisión, de conocimiento, de información, de intercambio, ya sea
en el marco de la Comisión de Educación, si formalmente cabe,
insisto, ya sea de un modo informal en esta casa o en el propio
Consejo. Permítanme la referencia cinéfila, me gustaría que esta
sesión supusiera el comienzo de una larga amistad.
Como conservador, por qué no decirlo, me felicito por el hecho de que
todos ustedes pertenezcan a cuatro de las 12 universidades clásicas,
es decir, aquellas que existían cuando uno era universitario: la
Complutense, Valladolid, La Laguna, Zaragoza y Sevilla. Creo que se
dan también esos ingredientes de equilibrio entre continuidad
y renovación. Hubieran sido tres y dos, pero en rigor son cuatro y uno.
Perdón, en realidad son tres y dos, si bien el señor Badiola ya
pertenecía, en su calidad de rector de la Universidad de Zaragoza, a
este Consejo. Asimismo, subrayo el perfil multidisciplinar: dos
catedráticos de administrativo, uno de civil, uno de patología animal
y otro de una cosa muy compleja y para mí casi ininteligible, como es
la investigación operativa en el caso del catedrático de la
Universidad de Sevilla, el señor Pascual Acosta.
Yo retengo dos afirmaciones de sus exposiciones. Una es la del
profesor Badiola, cuando aludía a que, al continuar en el Consejo de
Universidades, lo hacía ahora desde una visión que lo despojaba de
cualquier ingrediente corporativo, que inevitablemente se tiene
cuando se es rector de la universidad, para verlo desde la
perspectiva de los intereses generales, que son aquellos a los que
únicamente nos debemos y únicamente servimos desde esta casa. La otra
es del profesor Martínez LópezMuñiz respecto a la necesidad de un
nuevo marco normativo, siendo una afirmación que compartimos
absolutamente. Las exposiciones del señor Trias y de la señora
portavoz del Grupo Parlamentario Socialista han venido de algún modo,
aunque no lo formulasen explícitamente, a abundar en ellas al hablar
de los grandes retos, al hablar de que emergemos a una sociedad del
conocimiento, al hablar de ese espacio universitario europeo. Es
decir, hay unas nuevas demandas y, por mucho que las nuevas
tecnologías sitúen esa sociedad del conocimiento por marcos
informales, por vías casi de comunicación doméstica, con el acceso a
Internet de los particulares, etcétera, la universidad ha de seguir
siendo lo que ha venido siendo, el centro de la difusión, de la
transmisión del saber, en definitiva, el eje de cualquier horizonte
futuro de una sociedad del conocimiento.
Sólo quiero agradecerles, en un tiempo en el que sus merecimientos,
sus currículums, sus habilidades y capacidades probablemente les
sujetaban a otras tentaciones mucho más gratificantes desde otros
puntos de vista -obviamente desde el punto de vista lucrativo-, la
disponibilidad para el servicio público de que han dado muestras al
aceptar la propuesta de los cinco grupos parlamentarios que avalan su
candidatura al Consejo de Universidades.
La señora PRESIDENTA: Entramos en una segunda ronda por parte de los
comparecientes. Aunque no se les ha formulado preguntas directas, han
quedado en el aire algunas reflexiones, por si alguno o todos quieren
intervenir.
En primer lugar, tiene la palabra don José Luis Martínez López-Muñiz.
El señor CANDIDATO A MIEMBRO DEL CONSEJO DE UNIVERSIDADES (Martínez
LópezMuñiz): Quiero dar las gracias a los representantes de los
grupos, a cuya propuesta debemos nuestra presencia aquí, por las
palabras de elogio que por lo que a mí respecta puedo reconocer como
excesivas en algún caso y por las reflexiones que en su conjunto han
hecho todos y cada uno de ellos.
Efectivamente, ha quedado una cuestión en el aire, planteada por la
representante del Grupo Socialista, a la que con mucho gusto voy a
responder o sobre la cual voy a reflexionar con gran satisfacción,
pero muy brevemente en atención a las condiciones generales que se
han establecido para este acto. Se trata del papel del Consejo de
Universidades en la nueva situación en que se encuentra el sistema
universitario, tanto por circunstancias internas como por su relación
con el sistema europeo, la globalización, etcétera. Entiendo que es
un órgano necesario e imprescindible, pero que probablemente debe ser
objeto de retoques en ese nuevo marco normativo que hemos mencionado,
algo que creo está en el ánimo de casi todos los que tienen alguna
responsabilidad en el área de la universidad. Creo que es esencial
que se mantenga el carácter eminentemente consultivo y deliberante de
ese Consejo, que sirva para obtener importantes consensos entre los
responsables del sistema universitario, pero sin sustituir en ningún
momento, ni siquiera aparentemente, la responsabilidad que incumbe al
Gobierno y al ministro correspondiente de Educación de dirigir la
política universitaria de la que es responsable precisamente ante
estas Cortes y en la cual ninguno podemos sustituirle. Se ha dicho
con acierto que el Consejo de Universidades no representa a las
Cortes, al Congreso, y yo lo he recordado más de una vez en el
Consejo, porque por simplificación del lenguaje a veces se introduce
la expresión de que representamos al Congreso o al Senado. Yo creo
que no lo representamos. Nos debemos a la confianza que,
efectivamente, nos han ofrecido al designarnos para ese cargo, pero
nosotros estamos en una situación eminentemente independiente. Se nos
ha elegido para que ejerzamos como tales, pero eso no quita para que,
como decía al comienzo de mi intervención, seamos conscientes del
origen de nuestra designación y, por tanto, de nuestra particular
vinculación a la necesaria defensa del interés general encarnado
fundamentalmente en las leyes vigentes. Esta reflexión venía a cuento
de que me parece muy importante que no se trate ni siquiera de
disminuir o de difuminar la responsabilidad,
que es raíz de la competencia que debe seguir teniendo el
Ministerio, el Gobierno para asegurar la unidad nacional del sistema
universitario, sin perjuicio, naturalmente, de su creciente
integración en el contexto europeo y aún global y sin perjuicio del
respeto más escrupuloso a los ámbitos de acción que corresponden
a los gobiernos autonómicos, a sus respectivos legislativos y a las
universidades. Yo creo que esto también requerirá, como decía antes,
algún ajuste en su regulación. La evolución del sistema universitario
ha llevado a un crecimiento del número de universidades, para ser
claros, y también del número de comunidades autónomas hoy plenamente
competentes en la materia, lo cual requerirá unos ajustes para que
gane en equilibrio la composición que en su conjunto presenta el
Consejo, que hace que en la práctica actualmente, también por
previsión legislativa, por cierto, no exista como Consejo pleno, sino
que actúe dividido en dos comisiones que a veces pueden entrar en una
relación difícil justamente por representar intereses distintos. En
fin, esa es la regulación legal hoy establecida y que probablemente
en su conjunto requiere una reconsideración.
La señora PRESIDENTA: A continuación, tiene la palabra la señora doña
Silvia del Saz.
La señora CANDIDATA A MIEMBRO DEL CONSEJO DE UNIVERSIDADES (Del Saz
Cordero): Voy a intervenir muy brevemente.
En primer lugar, quiero agradecer sus elogiosas intervenciones y, en
cuanto a la cuestión que se ha planteado, la verdad es que, después
de la casi conferencia del profesor José Luis Martínez López-Muñiz,
me parece que poco puedo añadir, sobre todo, como antes señalaba,
desde la postura teórica. Efectivamente, él ha diagnosticado los
problemas con los que hoy se enfrenta el Consejo de Universidades,
sin perjuicio -ya lo comentaba antes- de que la misión de dicho
Consejo parte de la idea de que tiene y debe jugar un papel esencial.
Está previsto que juegue un papel esencial y creo que lo puede jugar
desde las competencias que la propia Ley de Reforma Universitaria le
atribuye. La planificación es fundamental a estas alturas, así como
la coordinación, siendo cuestiones en las que debe basarse un sistema
universitario que pretenda ser moderno, eficaz y, sobre todo, de
calidad, tanto desde el punto de vista docente como desde el punto de
vista investigador.
Poco más puedo añadir a este análisis que ya se nos ha aportado
previamente.
La señora PRESIDENTA: A continuación, tiene la palabra don José
Ignacio Rubio San Román.
El señor CANDIDATO A MIEMBRO DEL CONSEJO DE UNIVERSIDADES (Rubio San
Román): Yo suscribiría, tal y como ya he hecho, algunas cuestiones
que se han planteado sobre los temas presentados yrespondidos por el
profesor López-Muñiz, porque los
dos hemos estado de acuerdo de forma unánime con algunos miembros más
del Consejo de Universidades con esa desproporción consecuencia del
desarrollo geográfico de las universidades. Por tanto, yo haría mías
sus palabras. Sin embargo, la portavoz del Grupo Socialista ha
planteado otra cuestión que yo diría que es casi una provocación en
mi caso concreto. Es una preocupación que yo he tenido siempre.
Nosotros, la Facultad de Derecho de la Complutense, puedo decir que
somos los pioneros en haber firmado un acuerdo. Ya llevamos dos
promociones de alumnos impartiendo la licenciatura de Derecho
hispano-francés, con un plan de estudios específicos, con validez en
los dos países. Es una experiencia piloto, donde cuarenta alumnos
estudian dos años en Francia, dos años en España y salen con una
doble titulación. Precisamente por evitar esa homologación que muchas
veces es más meticulosa en cuanto a planes, programas, etcétera,
hemos hecho una globalización.
En cuanto a la segunda cuestión, en la Facultad de Derecho de la
Universidad Complutense, desde el año 1992, hemos iniciado unos
programas de doctorado con universidades sudamericanas,
fundamentalmente. Con Argentina hay un acuerdo para que el título de
doctor sea homologable por dicha nación. Estamos utilizando unos
sistemas costosos, por el desplazamiento de profesores,etcétera, pero
hemos contado con las aportaciones de los poderes públicos y de la
propia universidad para cumplir este cometido con la mayor dignidad y
calidad posible. Esta experiencia se la brindo a la señora portavoz y
la pongo sobre la mesa para que realice sus valoraciones, incluso con
unos sistemas de evaluación de la calidad por parte del Ministerio de
Educación en el caso de Argentina.
Por último, quiero agradecer las palabras de elogio -que a lo mejor
era por donde debía haber empezado- de los portavoces y decirles que
-como terminaba mi intervención anterior- me tienen a su disposición
en este y en cualquier momento que lo estimen oportuno.
La señora PRESIDENTA: A continuación, intervendrá don Juan José
Badiola.
El señor CANDIDATO A MIEMBRO DEL CONSEJO DE UNIVERSIDADES (don Juan
José Badiola): También en mor de la brevedad, porque no podemos
extendernos mucho más. Tendremos seguramente otra oportunidad, yo
personalmente estaré muy gustoso de venir aquí tantas veces como se
me demande, porque, además, consideraré que es mi obligación.
Vuelvo a insistir en que desde el Consejo se considera importante,
además de las universidades, de los poderes de las comunidades
autónomas a través del Ministerio, la existencia del Parlamento.
Estoy plenamente convencido de ello y a esta conclusión he llegado
después de ocho años de pertenecer al mismo.
Muy telegráficamente diré lo siguiente. Me gustaría dar una visión
optimista de la universidad española y lo
haré en pocas palabras. Señoras y señores diputados, tenemos una
buena universidad en España, este es el principio fundamental.
Tenemos una universidad con unas enormes capacidades de futuro;
tenemos una universidad joven en el sentido -no de la edad, aunque
también hay muchos jóvenes, no es ya pujante- de que tenemos unas
expectativas verdaderamente descomunales. En este momento, la
universidad española probablemente es el sistema universitario con
más perspectivas de toda Europa, me atrevo a decirlo porque creo
conocerlo bastante bien. Hay que asumir que las universidades son
instituciones autónomas, autonomía que está reconocida en la
Constitución. Este es un principio importante que nos gusta defender,
pero ello no quiere decir que la autonomía sea un paraguas o una
salvaguarda de principios inaceptables, como son los principios
corporativos. Nosotros tenemos asumido que somos instituciones al
servicio de la sociedad, y eso lo creemos en profundidad. Es posible
que no piense así todo el mundo en la universidad, pero sí la gran
mayoría, con todo lo que eso significa, porque estamos a su servicio,
y si no lo estamos, debe llamarse la atención a las universidades. El
Consejo de Universidades puede ser un buen instrumento y el
Parlamento también; ha habido ocasiones en que lo ha hecho y ha sido
recibido de buena manera.
Quiero decirles a ustedes también que en la universidad, como no
puede ser menos, está asumido un principio, que es el principio de la
participación. Ustedes van a modificar algunas leyes -y sin duda La
Ley de Reforma Universitaria será una de las que se modifiquen en el
futuro- y deben tener en cuenta que las universidades son importantes
acúmulos de masa gris, hay mucha gente inteligente y muy bien
preparada. Eso lo sé porque soy rector de una universidad
tradicional, como ha dicho el diputado Cisneros, y es difícil obviar
esta cuestión, pero eso no está reñido con la necesidad de un sistema
-y es lo que debe propiciar la reforma de la LRU- que dé mayores
capacidades de funcionamiento a los órganos de gobierno en la
universidad. Nosotros no queremos ser instituciones asamblearias,
porque la participación no significa asamblearismo, sino bien al
contrario; los órganos de gobierno, los equipos rectorales tienen que
tener suficiente poder para oponerse precisamente a esos principios
corporativos que son lo que, finalmente, acaban por perjudicar a la
propia universidad.
La universidad española es una universidad internacionalizada, y esto
es muy importante tenerlo en cuenta, porque quizás a veces lo
olvidamos. La universidad española ha tenido una expansión y ha
desarrollado unos mecanismos en relación con la universidad europea
que hoy nos ha puesto en pie de igualdad con muchas universidades, y
esto ni siquiera lo podíamos soñar hace unos años. Yo he vivido, como
muchos que estamos aquí, esa situación. Tenemos programas de
movilidad de estudiantes. Quizás seamos el país que tiene mayor grado
de desarrollo en movilidad estudiantil con centenares de
universidades europeas. Los profesores
también, igual que los investigadores. Estamos iniciando un proceso
de expansión a Hispanoamérica y a Norteamérica muy interesante.
Hemos asumido -y hago una referencia a la diputada del Grupo
Socialista- un principio que va a ser un gran reto para toda la
universidad española y para toda la universidad europea, no solamente
de la Unión, sino de otros países que hoy no pertenecen a la misma,
que es la declaración de Bolonia. La declaración de Bolonia la han
firmado los ministros, si no recuerdo mal, de 35 Estados europeos.
Eso va a implicar importantes cambios en la estructura curricular,
por ejemplo, en la elegibilidad, en la homologación de los títulos.
Ese es uno de los grandes desafíos -quizás no somos suficientemente
conscientes- y retos que tenemos para el próximo futuro. Eso exigirá
cambios profundos en la propia estructura curricular de los títulos
españoles.
La LRU yo creo que fue una ley -hubo varios intentos, recordémoslo-
que permitió modernizar la universidad y ha jugado un papel clave,
pero han pasado 17 años y la LRU debe ser modificada. En eso creo que
todos estamos de acuerdo, ustedes lo asumen así y los universitarios
también. Esta -no nos engañemos- va a ser la legislatura en la que se
va a modificar la LRU, esa será su tarea y su responsabilidad. Y esta
es la parte que nos corresponde como profesores de universidades,
como órgano importante del sistema español, porque sin duda va a ser
el organismo asesor que les puede ayudar a ustedes a recoger muchas
de estas cuestiones y otras que se han dicho aquí por parte de mis
compañeros.
Por último, por no abusar más de su paciencia, debo decir que hemos
tenido una expansión que a mí personalmente me ha preocupado mucho y
que yo creo que toca a su fin. La Ley de Reforma Universitaria
recogía previsiones en cuanto a creación de nuevas universidades,
tanto públicas como privadas. En un contexto en el que la demografía
va a imponer duras realidades, en el que vamos a perder miles de
estudiantes en los próximos seis años, creo que es el momento de
recapacitar y ver hasta dónde ese sistema se puede expansionar. Es un
sistema que tiene que estar coordinado. No podemos tener 17
subsistemas universitarios. Es precisa, con el respeto máximo a todas
las comunidades autónomas, que naturalmente tenemos que tener, una
coordinación y una planificación de todo este sistema. Si esto no se
hace así, yo personalmente soy pesimista.
El catálogo de títulos se ha expansionado. Cuando yo estudiaba, y
ustedes también, no llegábamos a 60 títulos; hoy tenemos cerca de
160. Tengo la impresión de que la sociedad española no percibe muchos
de estos nuevos títulos, no entiende bien esos títulos y no estoy muy
seguro de que este proceso deba continuar de forma ilimitada. Es una
de las responsabilidades del Consejo de Universidades y también,
naturalmente, del Gobierno.
En cuanto al Consejo -podría extenderme, pero obviamente no lo voy a
hacer, porque no es tiempo ni momento- yo me he sentido muy bien
trabajando en el
Consejo, puedo decirlo a todos ustedes. Es un órgano en el que lo
crematístico -les puedo asegurar- no es el leit motiv en absoluto,
sino bien al contrario. Los universitarios, que nos gusta nuestro
trabajo y somos gente que creemos en nuestras instituciones y somos
muy voluntariosos, estamos contentos de aportar nuestro modesto
conocimiento a la mejora del sistema. Creo que el Consejo está
funcionando bien en estos momentos. Hay una cuestión que ha señalado
muy bien y acertadamente mi compañero del Consejo y futuro miembro
del Consejo si confirman nuestro nombramiento, el profesor
LópezMuñiz, que ha sido un activísimo -puedo decirlo así- miembro del
mismo durante este tiempo y he sido testigo de ello, y es que hay
algunos problemas de descoordinación. Tenemos dos comisiones, la de
coordinación y planificación y la académica, en las que hemos tenido
algunas fricciones, que se dan porque la ley no lo deja claro. Los
académicos no entendemos bien que la coordinación y planificación
tenga preeminencia sobre la académica, porque eso es despreciar la
opinión de 68 universidades, que son las que tenemos hoy. A través de
la creación de la comisión de centros estas cuestiones se han
resuelto en buena manera, pero habría que profundizar bastante más en
ello.
Hemos vivido una situación -y con esto concluyo- polémica en cuanto a
la creación de nuevos centros, a los que debía haber aludido
anteriormente, y que concierne a las universidades privadas. En el
Consejo de Universidades muchos somos los que hemos sostenido que es
importante que haya competencia en el sistema y las universidades
privadas están ahí para introducir también competencia, aunque la
competencia hoy está entre las públicas, se lo aseguro bien.
Entendemos que debe haber garantías y en algún organismo en sistema
de certificación o acreditación que demuestre que los títulos
significan casi lo mismo en toda la universidad española.
La señora PRESIDENTA: Por último, don Antonio Pascual Acosta.
El señor CANDIDATO A MIEMBRO DEL CONSEJO DE UNIVERSIDADES (Pascual
Acosta): En primer lugar, quiero agradecerles a todos ustedes sus
valoraciones. Coincido con las aportaciones, sugerencias y problemas
que han surgido sobre la situación del sistema universitario español
en estos momentos, que sin duda es un momento ilusionante y
apasionante de reforma, en consonancia con las transformaciones que
están ocurriendo en el mundo occidental, en todo el mundo y, por
supuesto, en la sociedad española.
Por hacer alguna valoración global de la universidad, diré que
tenemos una gran universidad pública en este país, mejores
profesionales e investigadores que hace apenas 20 años y que tenemos
un gran sistema universitario en nuestro país, pero que tiene
problemas -es bueno que lo reconozcamos- derivados fundamentalmente
del crecimiento, de la inadecuación de la
oferta a la demanda y de la puesta en marcha de alguna reforma. En
cualquier caso, la puesta en marcha en su momento de la Ley de
Reforma Universitaria ha producido una modernización, una mejora en
profundidad y una democratización de la universidad, que es la que ha
permitido elevar la calidad de nuestras universidades, de nuestro
sistema universitario y de los alumnos que salen de la universidad.
Me gustaría contestar al requerimiento de la portavoz del Grupo
Socialista. Efectivamente, el Consejo de Universidades del Estado
tiene un papel fundamental que desempeñar en los próximos años con
respeto a la autonomía de las universidades, a las competencias que
en materia de universidades tienen las comunidades autónomas y el
Gobierno de España. Estamos hablando de un sistema universitario
español, de centros que imparten titulación y que homologan para el
ejercicio profesional. Esa coordinación y esa planificación global de
las universidades como un sistema universitario total sería
interesante. El papel del Consejo de Universidades es muy importante
sobre todo para definir -en mi opinión, se ha hecho de manera escasa
hasta ahora- cuál es el papel de la universidad en ese nuevo contexto
de la Unión Europea. Como decía la portavoz socialista, en este
momento tenemos que avanzar en ese nuevo marco de competitividad que
se abre para todas las universidades.
Hay dos problemas fundamentales en nuestra universidad. Uno, el
abandono de los alumnos, que hay quien introduce como fracaso
escolar. Hay que resolver el citado problema contando con todo el
mundo y teniendo en cuenta la entrada de los alumnos a la
universidad, una necesaria conexión entre los formadores de la
educación secundaria obligatoria y los formadores en la etapa
universitaria. Habrá que estudiar el mecanismo de acceso a la
universidad, es decir, la selectividad y habrá que revisarlo porque
en esto también están influyendo las nuevas reformas de planes de
estudios y titulaciones, quizás excesivamente especializadas, que se
han puesto en marcha. Tendríamos que hacer hincapié en el profesorado
que imparte la enseñanza en los primeros cursos porque de la
formación de los primeros años académicos va a depender el futuro de
nuestros titulados universitarios.
En cuanto a los planes de estudio, el exceso de autonomía -y lo digo
con estas palabras- de los departamentos o áreas de conocimiento
universitario ha conllevado
que el contenido de muchas titulaciones universitarias no
responda al objetivo inicial de formar en consonancia con las
demandas de la sociedad, sino más bien con los intereses corporativos
de los departamentos en el sentido del crecimiento de plazas y de
horas de clase para conseguir más plazas de titulares o de
catedráticos. Habría que contar con la opinión no sólo de los
miembros de la comunidad universitaria y de los representantes del
pueblo español, sino también de las organizaciones empresariales que,
sin duda, podrían aportar las necesidades de formación que tiene el
alumno que sale de la universidad y que podrían incluirse en muchos
planes de estudio.
Como resumen, en este momento de reforma de la universidad en su
conjunto, que debe abordar nuevos retos, el objetivo está en que esa
reforma responda a los planteamientos de la comunidad universitaria y
del conjunto de la sociedad.No sé cómo, pero habría que establecer
los mecanismos para que en esa reforma participen los miembros de la
comunidad universitaria así como muchas organizaciones ciudadanas
que, al final, son las recipiendarias de esos alumnos que nosotros
formamos en la aula universitaria.
Termino agradeciendo la confianza que han depositado en mi persona.
La señora PRESIDENTA: Esta Presidencia puede deducir de sus
intervenciones y palabras, puesto que las señoras y señores diputados
que se encuentran en la Comisión pertenecen a los grupos firmantes de
las propuestas, que muestran la conformidad a la idoneidad de los
señores comparecientes para formar parte del Consejo de
Universidades. ¿Es así? (Asentimiento.) Muchísimas gracias, señores
diputados.
Quiero dar las gracias a los señores comparecientes que han tenido la
oportunidad de participar hoy, aunque sea de una manera un poco
accidentada, en un trámite nuevo. Como decía al principio de las
comparecencias, para los que estamos convencidos de que esta casa
debe ser el centro de la vida política del país, tiene una gran
importancia la presencia de todos ustedes esta mañana aquí puesto que
son autoridades del Estado de extracción parlamentaria.
Muchísimas gracias.
Se levanta la sesión.
Eran las 3 horas de la tarde.