Camiño de navegación
Publicacións
DS. Senado, Pleno, núm. 129, de 28/04/1999
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
SENADO
Año 1999 VI Legislatura
Núm. 129
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. DOÑA ESPERANZA AGUIRRE
GIL DE BIEDMA
Sesión del Pleno
celebrada el miércoles, 28 de abril de 1999
ORDEN DEL DIA:
Primero
Preguntas:
--De D. VICTORIANO RIOS PEREZ, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre la
fecha prevista por el Ejecutivo para elevar a las Cortes Generales el
proyecto de ley que desarrolle lo establecido en la iniciativa
parlamentaria que pretende institucionalizar la información a las
Comunidades Autónomas en el proceso interno de elaboración de tratados
internacionales (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Senado, Serie I, número 674, de fecha 26 de abril de 1999)
(Número de expediente 680/000743).
--De D. JESUS ANDRES MANCHA CADENAS, del Grupo Parlamentario Popular en
el Senado, sobre las medidas previstas por el Gobierno para revitalizar
el Campo de Gibraltar, en la provincia de Cádiz, que permitan a esta
comarca depender lo menos posible de la colonia inglesa (publicada en el
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 674,
de fecha 26 de abril de 1999) (Número de expediente 680/000751).
--De D. JOAQUIM VIDAL I PERPIÑA, del Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado de Convergència i Unió, sobre las previsiones del Gobierno con
respecto a la presentación, en breve, de un proyecto de ley que contemple
medidas tendentes a evitar la morosidad en el tráfico mercantil causada
por la emisión de cheques sin fondo (publicada en el «Boletín Oficial de
las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 674, de fecha 26 de abril
de 1999) (Número de expediente 680/000741).
--De D. ANDRES LUIS CALVO, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre si
puede el Gobierno manifestar la opinión que le merecen al Presidente del
Gobierno las declaraciones efectuadas por un empresario ante el
Magistrado del Tribunal Supremo que instruye la causa que afecta a
parlamentarios del Partido Popular (publicada en el «Boletín Oficial de
las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 674, de fecha 26 de abril
de 1999) (Número de expediente 680/000745).
--De Dña. PILAR COSTA SERRA, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre los
motivos por los que el Gobierno español ha entregado a ciudadanos
saharauis residentes en España a las autoridades marroquíes (publicada en
el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número
674, de fecha 26 de abril de 1999) (Número de expediente 680/000739).
--De Dña. ROSA BARENYS I MARTORELL, del Grupo Parlamentario Socialista,
sobre el calendario previsto por el Gobierno para el desarrollo del
proyecto de ordenación urbanística en los términos municipales de Montgat
y Tiana (Barcelona), entre los puntos kilométricos 7,700 y 8,560 de la
carretera B-20 (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Senado, Serie I, número 674, de fecha 26 de abril de 1999)
(Número de expediente 680/000746).
--De D. FRANCISCO JOSE ZAMORANO VAZQUEZ, del Grupo Parlamentario
Socialista, sobre si va a aceptar el Gobierno la propuesta de la Junta de
Andalucía, para la licitación de los proyectos de los tramos comprendidos
entre Córdoba y Bobadilla (Málaga) y Bobadilla (Málaga) y Málaga de la
línea férrea de alta velocidad (AVE) entre Córdoba y Málaga (publicada en
el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número
674, de fecha 26 de abril de 1999) (Número de expediente 680/000747).
--De D. JOAN OLIART PONS, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las
medidas que piensa adoptar el Gobierno para terminar con el permanente y
generalizado caos existente en los aeropuertos españoles, especialmente
en el aeropuerto de El Prat (Barcelona) (publicada en el «Boletín Oficial
de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 674, de fecha 26 de
abril de 1999) (Número de expediente 680/000748).
--De Dña. FRANCISCA PLEGUEZUELOS AGUILAR, del Grupo Parlamentario
Socialista, sobre el tiempo que necesita el Ministro de Fomento para
resolver el caos aeroportuario (publicada en el «Boletín Oficial de las
Cortes Generales», Senado, Serie I, número 674, de fecha 26 de abril de
1999) (Número de expediente 680/000749).
--De D. JOSE MARIA FUSTER MUNIESA, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, sobre las previsiones del Gobierno de reanudación de las obras de
la carretera nacional N-232, en el tramo comprendido entre Ráfales
(Teruel) y el límite de la provincia de Castellón de la Plana (publicada
en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número
674, de fecha 26 de abril de 1999) (Número de expediente 680/000755).
--De Dña. ROSA LOPEZ GARNICA, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, sobre si puede el Gobierno explicar en qué consisten los
proyectos que viene realizando el Instituto Nacional de la Salud
(INSALUD), dirigidos a mejorar la atención domiciliaria (publicada en el
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 674,
de fecha 26 de abril de 1999) (Número de expediente 680/000752).
--De Dña. MARIA MERCEDES COLOMA PESQUERA, del Grupo Parlamentario Popular
en el Senado, sobre las inversiones realizadas por el Ministerio de
Sanidad y Consumo en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, según el
nuevo modelo de financiación sanitaria para el período 1998-2001
(publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie
I, número 674, de fecha 26 de abril de 1999) (Número de expediente
680/000753).
--De D. ARTURO ESTEBAN ALBERT, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, sobre las inversiones en materia hidráulica realizadas en la
Comunidad Autónoma de Andalucía, desde la creación del actual Ministerio
de Medio Ambiente hasta el 31 de diciembre de 1998 (publicada en el
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 674,
de fecha 26 de abril de 1999) (Número de expediente 680/000750).
--De D. ARSENI GIBERT I BOSCH, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre
si la promulgación de un decreto que amplíe de un año a dos el plazo de
inspección fiscal significa reconocer que un año es insuficiente para
instruir adecuadamente determinados expedientes de inspección por parte
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) (publicada en
el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número
674, de fecha 26 de abril de 1999) (Número de expediente 680/000744).
--De D. FRANCISCO XABIER ALBISTUR MARIN, del Grupo Parlamentario de
Senadores Nacionalistas Vascos, sobre la forma en la que va a garantizar
el Gobierno en su proyecto de modificación del Real Decreto 358/1991,
para su adaptación al acuerdo con la Organización Nacional de Ciegos de
España (ONCE), el control público efectivo de gestión democrática por
parte de su colectivo social (publicada en el «Boletín Oficial
de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 674, de fecha 26 de
abril de 1999) (Número de expediente 680/000740).
--De D. PEDRO LUIS CALVO POCH, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, sobre las previsiones del Gobierno, tras la creación de una
comisión interministerial para el desarrollo de la sociedad de la
información, con objeto de acelerar la implantación de las tecnologías de
la información y las comunicaciones en España (publicada en el «Boletín
Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 674, de fecha
26 de abril de 1999) (Número de expediente 680/000754).
Segundo
Interpelaciones:
--De D. ARSENI GIBERT I BOSCH, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre
los resultados de las medidas de liberalización adoptadas por el Gobierno
en el mes de junio de 1996 (publicada en el «Boletín Oficial de las
Cortes Generales», Senado, Serie I, número 674, de fecha 26 de abril de
1999) (Número de expediente 670/000131).
Tercero
Conocimiento directo por el Pleno de Proyectos y Proposiciones de Ley
remitidos por el Congreso de los Diputados:
--Proyecto de Ley sobre concesión de un crédito extraordinario por
importe de 6.479.998.329 pesetas, para compensar el déficit de
explotación de las líneas de Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE),
correspondiente al ejercicio de 1996 (publicado en el «Boletín Oficial de
las Cortes Generales», Senado, Serie II, número 133, de fecha 23 de marzo
de 1999) (Número de expediente S. 621/000133) (Número de expediente C. D.
121/000145).
--Proyeto de Ley sobre concesión de un crédito extraordinario por importe
de 3.455.924.700 pesetas, para atender la insuficiencia de crédito en la
aportación al Fondo Europeo de Desarrollo (FED), como consecuencia de la
decisión del Consejo de la Unión Europea de 19 de diciembre de 1997,
sobre contribuciones de los Estados miembros al FED (publicado en el
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie II, Número de
134, de fecha 23 de marzo de 1999) (Número expediente S. 621/000134)
(Número de expediente C. D. 121/000151).
--Proyecto de Ley sobre concesión de un crédito extraordinario por
importe de 12.355.000.000 de pesetas, para la realización de obras de
infraestructura del ferrocarril metropolitano de Valencia, según convenio
entre el Estado y la Comunidad Valenciana (publicado en el «Boletín
Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie II, número 135, de fecha
23 de marzo de 1999) (Número de expediente S. 621/000135) (Número de
expediente C. D. 121/000153).
--Proposición de Ley de modificación del artículo 9, apartado 5, del
Código Civil (publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Senado, Serie III B, número 38, de fecha 7 de abril de 1999) (Número de
expediente S. 624/000022) (Número de expediente C. D. 122/000157).
Cuarto
Dictámenes de Comisiones sobre Proyectos y Proposiciones de Ley remitidos
por el Congreso de los Diputados:
--De la Comisión Consitucional en relación con el Proyecto de Ley de
modificación de la Ley 25/1994, de 12 de julio, por la que se incorpora
al ordenamiento jurídico español la Directiva 89/552/CEE, sobre la
coordinación de disposiciones legales, reglamentarias y administrativas
de los Estados Miembros relativas al ejercicio de actividades de
radiodifusión televisiva (publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Senado, Serie II, número 132, de fecha 22 de abril de 1999)
(Número de expediente S. 621/000132) (Número de expediente C. D.
121/000102).
SUMARIO
Se abre la sesión a las nueve horas y treinta minutos.
PREGUNTAS (Página 6110)
De D. VICTORIANO RIOS PEREZ, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre la
fecha prevista por el Ejecutivo para elevar a las Cortes Generales el
proyecto de ley que desarrolle lo establecido en la iniciativa
parlamentaria que pretende institucionalizar la información a las
Comunidades Autónomas en el proceso interno de elaboración de tratados
internacionales (Página 6110)
El señor Ríos Pérez formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta el señor Ministro de Asuntos Exteriores (Matutes Juan). En turno
de réplica, interviene de nuevo el señor Ríos Pérez. En turno de dúplica,
lo hace el señor Ministro de Asuntos Exteriores (Matutes Juan).
De D. JESUS ANDRES MANCHA CADENAS, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, sobre las medidas previstas por el Gobierno para revitalizar el
Campo de Gibraltar, en la provincia de Cádiz, que permitan a esta comarca
depender lo menos posible de la colonia inglesa (Página 6111)
El señor Mancha Cadenas formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta el señor Ministro de Asuntos Exteriores (Matutes Juan).
De D. JOAQUIM VIDAL I PERPIÑA, del Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado de Convergència i Unió, sobre las previsiones del Gobierno con
respecto a la presentación, en breve, de un proyecto de ley que contemple
medidas tendentes a evitar la morosidad en el tráfico mercantil causada
por la emisión de cheques sin fondo (Página 6112)
El señor Vidal i Perpiñá formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta la señora Ministra de Justicia (Mariscal de Gante y Mirón). En
turno de réplica, interviene de nuevo el señor Vidal i Perpiñá. En turno
de dúplica, lo hace la señora Ministra de Justicia (Mariscal de Gante y
Mirón).
De D. ANDRES LUIS CALVO, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre si
puede el Gobierno manifestar la opinión que le merecen al Presidente del
Gobierno las declaraciones efectuadas por un empresario ante el
Magistrado del Tribunal Supremo que instruye la causa que afecta a
parlamentarios del Partido Popular (Página 6113)
El señor Luis Calvo formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta la señora Ministra de Justicia (Mariscal de Gante y Mirón). En
turno de réplica, interviene de nuevo el señor Luis Calvo. En turno de
dúplica, lo hace la señora Ministra de Justicia (Mariscal de Gante y
Mirón).
De Dña. PILAR COSTA SERRA, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre los
motivos por los que el Gobierno español ha entregado a ciudadanos
saharauis residentes en España a las autoridades marroquíes (Página 6114)
La señora Costa Serra formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta el señor Ministro del Interior (Mayor Oreja). En turno de
réplica, interviene de nuevo la señora Costa Serra. En turno de dúplica,
lo hace el señor Ministro del Interior (Mayor Oreja).
De Dña. ROSA BARENYS I MARTORELL, del Grupo Parlamentario Socialista,
sobre el calendario previsto por el Gobierno para el desarrollo del
proyecto de ordenación urbanística en los términos municipales de Montgat
y Tiana (Barcelona), entre los puntos kilométricos 7,700 y 8,560 de la
carretera B-20 (Página 6116)
La señora Barenys i Martorell formula su pregunta. En nombre del
Gobierno, le contesta el señor Ministro de Fomento (Arias-Salgado y
Montalvo). En turno de réplica, interviene de nuevo la señora Barenys i
Martorell. En turno de dúplica, lo hace el señor Ministro de Fomento
(Arias-Salgado y Montalvo).
De D. FRANCISCO JOSE ZAMORANO VAZQUEZ, del Grupo Parlamentario
Socialista, sobre si va a aceptar el Gobierno la propuesta de la Junta de
Andalucía, para la licitación de los proyectos de los tramos comprendidos
entre Córdoba y Bobadilla (Málaga) y Bobadilla (Málaga) y Málaga de la
línea férrea de alta velocidad (AVE) entre Córdoba y Málaga (Página 6117)
El señor Zomorano Vázquez formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta el señor Ministro de Fomento (Arias-Salgado y Montalvo). En
turno de réplica,
interviene de nuevo el señor Zamorano Vázquez. En turno de dúplica, lo
hace el señor Ministro de Fomento (Arias-Salgado y Montalvo).
De D. JOAN OLIART PONS, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las
medidas que piensa adoptar el Gobierno para terminar con el permanente y
generalizado caos existente en los aeropuertos españoles, especialmente
en el aeropuerto de El Prat (Barcelona) (Página 6118)
El señor Oliart Pons formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta el señor Ministro de Fomento (Arias-Salgado y Montalvo). En
turno de réplica, interviene de nuevo el señor Oliart Pons. En turno de
dúplica, lo hace el señor Ministro de Fomento (Arias-Salgado y Montalvo).
De Dña. FRANCISCA PLEGUEZUELOS AGUILAR, del Grupo Parlamentario
Socialista, sobre el tiempo que necesita el Ministro de Fomento para
resolver el caos aeroportuario (Página 6120)
La señora Pleguezuelos Aguilar formula su pregunta. En nombre del
Gobierno, le contesta el señor Ministro de Fomento (Arias-Salgado y
Montalvo). En turno de réplica, interviene de nuevo la señora
Pleguezuelos Aguilar. En turno de dúplica, lo hace el señor Ministro de
Fomento (Arias-Salgado y Montalvo).
De D. JOSE MARIA FUSTER MUNIESA, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, sobre las previsiones del Gobierno de reanudación de las obras de
la carretera nacional N-232, en el tramo comprendido entre Ráfales
(Teruel) y el límite de la provincia de Castellón de la Plana (Página 6121)
El señor Fuster Muniesa formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta el señor Ministro de Fomento (Arias-Salgado y Montalvo). En
turno de réplica, interviene de nuevo el señor Fuster Muniesa. En turno
de dúplica, lo hace el señor Ministro de Fomento (Arias-Salgado y
Montalvo).
De Dña. ROSA LOPEZ GARNICA, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado,
sobre si puede el Gobierno explicar en qué consisten los proyectos que
viene realizando el Instituto Nacional de la Salud (INSALUD), dirigidos a
mejorar la atención domiciliaria (Página 6122)
La señora López Garnica formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta el señor Ministro de Sanidad y Consumo (Romay Beccaría). En
turno de réplica, interviene de nuevo la señora López Garnica.
De Dña. MARIA MERCEDES COLOMA PESQUERA, del Grupo Parlamentario Popular
en el Senado, sobre las inversiones realizadas por el Ministerio de
Sanidad y Consumo en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, según el
nuevo modelo de financiación sanitaria para el período 1998-2001
(Página 6124)
La señora Coloma Pesquera formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta el señor Ministro de Sanidad y Consumo (Romay Beccaría).
De D. ARTURO ESTEBAN ALBERT, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, sobre las inversiones en materia hidráulica realizadas en la
Comunidad Autónoma de Andalucía, desde la creación del actual Ministerio
de Medio Ambiente hasta el 31 de diciembre de 1998 (Página 6125)
El señor Esteban Albert formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta la señora Ministra de Medio Ambiente (Tocino Biscarolasaga).
De D. ARSENI GIBERT I BOSCH, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre si
la promulgación de un decreto que amplíe de un año a dos el plazo de
inspección fiscal significa reconocer que un año es insuficiente para
instruir adecuadamente determinados expedientes de inspección por parte
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) (Página 6126)
El señor Gibert i Bosch formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta el señor Ministro de Economía y Hacienda (De Rato y Figaredo).
En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Gibert i Bosch. En
turno de dúplica, lo hace el señor Ministro de Economía y Hacienda (De
Rato y Figaredo).
De D. FRANCISCO XABIER ALBISTUR MARIN, del Grupo Parlamentario de
Senadores Nacionalistas Vascos, sobre la forma en la que va a garantizar
el Gobierno en su proyecto de modificación del Real Decreto 358/1991,
para su adaptación al acuerdo con la Organización Nacional de Ciegos de
España (ONCE), el control
público efectivo de gestión democrática por parte de su colectivo social.
Esta pregunta ha sido aplazada.
De D. PEDRO LUIS CALVO POCH, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, sobre las previsiones del Gobierno, tras la creación de una
comisión interministerial para el desarrollo de la sociedad de la
información, con objeto de acelerar la implantación de las tecnologías de
la información y las comunicaciones en España.
Esta pregunta ha sido retirada.
INTERPELACIONES (Página 6127)
De D. ARSENI GIBERT I BOSCH, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre
los resultados de las medidas de liberalización adoptadas por el Gobierno
en el mes de junio de 1996 (Página 6127)
El señor Gibert i Bosch realiza la interpelación. En nombre del Gobierno,
responde a la misma el señor Ministro de Economía y Hacienda (De Rato y
Figaredo). Vuelve a intervenir el señor interpelante. En turno de
portavoces, hacen uso de la palabra los señores Gangoiti Llaguno, por el
Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos; Cambra i Sánchez, por el Grupo
Catalán en el Senado de Convergència i Unió; Gibert i Bosch, por el Grupo
Socialista, y Alierta Izuel, por el Grupo Popular. Cierra el debate el
señor Ministro de Economía y Hacienda (De Rato y Figaredo).
CONOCIMIENTO DIRECTO POR EL PLENO DE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY
REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Página 6137)
Proyecto de Ley sobre concesión de un crédito extraordinario por importe
de 6.479.998.329 pesetas, para compensar el déficit de explotación de las
líneas de Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE), correspondiente al
ejercicio de 1996 (Página 6137)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se
aprueba el proyecto de ley por asentimiento de la Cámara.
La señora Presidenta anuncia a la Cámara que queda definitivamente
aprobado por las Cortes Generales el Proyecto de Ley.
Proyecto de Ley sobre concesión de un crédito extraordinario por importe
de 3.455.924.700 pesetas, para atender la insuficiencia de crédito en la
aportación al Fondo Europeo de Desarrollo (FED), como consecuencia de la
decisión del Consejo de la Unión Europea de 19 de diciembre de 1997,
sobre contribuciones de los Estados miembros al FED (Página 6137)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se
aprueba el proyecto de ley por asentimiento de la Cámara.
La señora Presidenta anuncia a la Cámara que queda definitivamente
aprobado por las Cortes Generales el Proyecto de Ley.
Proyecto de Ley sobre concesión de un crédito extraordinario por importe
de 12.355.000.000 de pesetas, para la realización de obras de
infraestructura del ferrocarril metropolitano de Valencia, según convenio
entre el Estado y la Comunidad Valenciana (Página 6138)
No habiéndose consumido turnos a favor ni en contra, en el de portavoces
hacen uso de la palabra la señora Frau Ribes, por el Grupo Socialista, y
el señor García-Fuster y González-Alegre, por el Grupo Popular.
Se aprueba el proyecto de ley por asentimiento de la Cámara.
El señor Vicepresidente, Rigol i Roig, anuncia a la Cámara que queda
definitivamente aprobado por las Cortes Generales el Proyecto de Ley.
Proposición de Ley de modificación del artículo 9, apartado 5, del Código
Civil (Página 6140)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se
aprueba la proposición de ley por asentimiento de la Cámara.
El señor Vicepresidente, Rigol i Roig, anuncia a la Cámara que queda
definitivamente aprobada por las Cortes Generales la proposición de ley.
DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS
POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Página 6140)
De la Comisión Constitucional en relación con el Proyecto de Ley de
modificación de
la Ley 25/1994, de 12 de julio, por la que se incorpora al ordenamiento
jurídico español la Directiva 89/552/CEE, sobre la coordinación de
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados
Miembros relativas al ejercicio de actividades de radiodifusión
televisiva (Página 6140)
El señor Agramunt Font de Mora, Presidente de la Comisión, presenta el
dictamen.
Se abre debate de totalidad.
El señor Bris Gallego consume un turno a favor. La señora Arnáiz de las
Revillas García consume un turno en contra. En turno de portavoces, hacen
uso de la palabra la señora Arnáiz de las Revillas García, por el Grupo
Socialista, y el señor Bris Gallego, por el Grupo Popular.
Se inicia el debate del articulado.
El señor Román Clemente, del Grupo Mixto, defiende las enmiendas números
1 a 8. Se dan por retiradas las enmiendas número 49 a 52, originariamente
presentadas por el señor Ríos Pérez, del Grupo Mixto. El señor Albistur
Marin defiende las enmiendas números 9 y 11 a 16, del Grupo de Senadores
Nacionalistas Vascos. El señor Capdevila i Bas defiende la enmienda
número 48, del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió. El
señor Mòdol Pifarré defiende las enmiendas del Grupo Socialista números
53 a 63 y 65 a 71, así como la vuelta al texto del Congreso de los
Diputados en lo modificado por las enmiendas números 22, 29 a 33 , 36,
42, 43 y 45 (con el segundo párrafo agregado «in voce»), del Grupo
Popular. El señor Bris Gallego consume un turno en contra. En turno de
portavoces, hacen uso de la palabra los señores Albistur Marin, por el
Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, y Capdevila i Bas, por el Grupo
Catalán en el Senado de Convergència i Unió, así como la señora Arnáiz de
las Revillas García, por el Grupo Socialista, y el señor Bris Gallego,
por el Grupo Popular. La señora Arnáiz de las Revillas García y el señor
Bris Gallego intervienen de nuevo en virtud del artículo 87.
Se procede a votar.
Se rechazan las enmiendas números 3, 4 y 5, del Grupo Mixto, por 1 votos
a favor, 109 en contra y 72 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 1, 2, 6 y 7, del Grupo Mixto, por 74
votos a favor, 102 en contra y 5 abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 8, del Grupo Mixto, por 74 votos a favor,
102 en contra y 6 abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 9, del Grupo de Senadores Nacionalistas
Vascos, por 74 votos a favor, 101 en contra y 8 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 11, 14 y 16, del Grupo de Senadores
Nacionalistas Vascos, por 10 votos a favor, 172 en contra y 1 abstención.
Se rechaza la enmienda número 12, del Grupo de Senadores Nacionalistas
Vascos, por 79 votos a favor, 101 en contra y 1 abstención.
Se rechaza la enmienda número 13, del Grupo de Senadores Nacionalistas
Vascos, por 4 votos a favor, 110 en contra y 69 abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 15, del Grupo de Senadores Nacionalistas
Vascos, por 2 votos a favor, 179 en contra y 2 abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 48, del Grupo Catalán en el Senado de
Convergència i Unió, por 10 votos a favor, 172 en contra y 1 abstención.
Se rechaza la enmienda número 53, del Grupo Socialista, por 71 votos a
favor, 108 en contra y 4 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 54, 60 y 62, del Grupo Socialista, por
74 votos a favor, 102 en contra y 7 abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 56, del Grupo Socialista, por 70 votos a
favor, 109 en contra y 3 abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 59, del Grupo Socialista, por 71 votos a
favor, 102 en contra y 10 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 55, 57, 58, 61, 63, 68, 69 y 71, del
Grupo Socialista, por 73 votos a favor y 109 en contra.
Se rechaza la enmienda número 70, del Grupo Socialista, por 71 votos a
favor, 109 en contra y 3 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 66 y 67, del Grupo Socialista, por 74
votos a favor y 109 en contra.
Se aprueba una propuesta de modificación en relación con la enmienda
número 65, del Grupo Socialista, por asentimiento de la Cámara.
Se aprueba una propuesta de modificación en relación con el apartado 15,
por el que se da una nueva redacción al artículo 13, apartado 1, párrafo
segundo, firmada por todos los grupos parlamentarios, por asentimiento de
la Cámara.
Se aprueba el texto del dictamen, con las modificaciones introducidas,
por 110 votos a favor y 73 en contra.
El señor Vicepresidente (Rigol i Roig) comunica a la Cámara el traslado
de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados.
Se levanta la sesión a las catorce horas y veinticinco minutos.
Se abre la sesión a las nueve horas y treinta minutos.
La señora PRESIDENTA: Señorías, se abre la sesión.
PREGUNTAS:
--DE DON VICTORIANO RIOS PEREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, SOBRE LA
FECHA PREVISTA POR EL EJECUTIVO PARA ELEVAR A LAS CORTES GENERALES EL
PROYECTO DE LEY QUE DESARROLLE LO ESTABLECIDO EN LA INICIATIVA
PARLAMENTARIA QUE PRETENDE INSTITUCIONALIZAR LA INFORMACION A LAS
COMUNIDADES AUTONOMAS EN EL PROCESO INTERNO DE ELABORACION DE TRATADOS
INTERNACIONALES (680/000743).
La señora PRESIDENTA: Punto primero del orden del día: Preguntas.
En primer lugar, pregunta de don Victoriano Ríos Pérez, del Grupo
Parlamentario Mixto, sobre la fecha prevista por el Ejecutivo para elevar
a las Cortes Generales el proyecto de ley que desarrolle lo establecido
en la iniciativa parlamentaria que pretende institucionalizar la
información a las Comunidades Autónomas en el proceso interno de
elaboración de tratados internacionales.
Tiene la palabra el Senador Ríos Pérez.
El señor RIOS PEREZ: Buenos días, señora Presidenta. Muchas gracias.
Señor Ministro, le aseguro que no es ninguna fijación de Coalición
Canaria hacerle venir tan temprano a cada Pleno del Senado, pero estar
aquí es la expresión más clara de las responsabilidades que en el
exterior tiene el archipiélago canario por su situación geográfica y por
su situación política.
Hace pocos días hicimos una pregunta en relación con la planta de energía
atómica en Marruecos. También hemos formulado preguntas en relación con
las aguas interiores del archipiélago canario y esta vez traemos una que
no es exclusiva del archipiélago canario, sino que está en relación
--como usted recordará, señor Ministro-- con la regulación de la
participación de las Comunidades Autónomas en la política exterior del
Estado. Pretendíamos que enviase información previa a la elaboración de
los tratados y acuerdos internacionales y a la negociación de adición de
los mismos en la materia que afecta a sus respectivos y específicos
intereses.
Recordará el señor Ministro que ha habido preguntas orales, que ha habido
preguntas escritas, que hubo una interpelación y que, incluso, ha habido
alguna visita al Ministerio, donde siempre he encontrado la mejor
voluntad política, para intentar abordar este tema que comprendemos
claramente que tiene sus dificultades.
En la moción que se aprobó por unanimidad, y en la cual Coalición Canaria
aceptó una enmienda del Grupo Parlamentario Popular, se indicaba
concretamente que el Senado instaba al Gobierno a que, a la mayor
brevedad y en todo caso antes de que finalizase el próximo período de
sesiones, elaborase y propusiese a las Comunidades Autónomas un
procedimiento concreto que, con carácter general, etcétera. Esto fue en
junio de 1998. En todo caso, el período de sesiones finalizaba en
diciembre de ese año. Pero, en lugar de ponerlo en marcha, en aplicación
del artículo 178 del Reglamento del Senado, el Gobierno publicó un estado
del grado de cumplimiento de esta moción en el que se indicaba que el
Ministerio de Asuntos Exteriores, con la colaboración del Ministerio de
Administraciones Públicas, había elaborado y remitido a las Comunidades
Autónomas una propuesta de actuación en el sentido establecido por la
citada moción una vez examinada.
Efectivamente, esto sucedió en diciembre del año pasado; se publicó en
enero, y estamos a finales de abril, casi finalizando un nuevo período de
sesiones. Por ello, la pregunta, como ha leído la señora Presidenta, es
para conocer exactamente la situación actual de esta cuestión a la que
entre todos, pienso que con la mejor voluntad, intentamos buscar solución
y que tiene, incluso, hasta amparo constitucional.
Muchas gracias, señora Presidenta. Muchas gracias, señor Ministro.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Ríos.
Tiene la palabra el señor Ministro de Asuntos Exteriores.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Matutes Juan): Gracias, señora
Presidenta.
Señorías, como el señor Ríos recordará --de hecho así ha sido--, la
moción que aprobó el Pleno de esta Cámara, el 23 de junio pasado, no
instaba al Gobierno a presentar un proyecto de ley, tal como afirma en su
pregunta, sobre institucionalizar la información a las Comunidades
Autónomas en materia de tratados internacionales. Lo que dicha moción
exigía al Ejecutivo, y así puede comprobarse en el «Boletín Oficial de
las Cortes» del 26 de junio del mismo año, era que elaborara y propusiera
a las Comunidades Autónomas un procedimiento concreto para
institucionalizar la información de aquéllas en el proceso interno de
elaboración de tratados internacionales y en las negociaciones de
adhesión a los mismos en cuanto afecten a materias del interés específico
de dichas Comunidades Autónomas.
El 14 de enero de este año, el Ejecutivo dio cuenta al Senado del
cumplimiento de esta moción. En esos momentos, ese cumplimiento se ha
reflejado en la propuesta de procedimiento que hizo llegar el 22 de
diciembre del pasado año el Ministerio a todas las Comunidades autónomas.
En dicha propuesta ya se establece el procedimiento de información por el
que se le instaba en la moción al Gobierno.
Eso es cuanto se ha hecho y estamos a la espera de que todas las
Comunidades Autónomas se pronuncien al respecto para ponerlo en marcha.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ministro.
Senador Ríos, aunque su tiempo ha terminado, puede intervenir por un
tiempo de 30 segundos.
El señor RIOS PEREZ: Muchas gracias, señora Presidenta, por su
benevolencia.
Señor Ministro, ojalá esté muy mal informado, pero de las averiguaciones
oficiosas que he realizado en dos Comunidades Autónomas, no he llegado a
ver esa instancia que se ha hecho a través del Ministerio de
Administraciones Públicas. Rogaría que, como de esta Cámara ha partido
esta iniciativa, nos hiciera saber en qué forma y condiciones se ha
dirigido a las diferentes Comunidades Autónomas, por si fuera necesario
continuar con otras iniciativas.
Muchas gracias, señora Presidenta por su benevolencia.
La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Ríos.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Matutes Juan): Gracias, señora
Presidenta.
Como ya he dicho, el Ministerio hizo llegar a las Comunidades Autónomas
el 22 de diciembre tal procedimiento. Hasta ahora, hay respuestas de once
Comunidades Autónomas que han valorado positivamente y sin excepción el
mecanismo de información propuesto por el Gobierno y han indicado el
órgano correspondiente al que habría que remitir la información. Por lo
que hace referencia a la Comunidad Autónoma de Canarias en particular, el
25 de enero de ese año dicha Comunidad Autónoma designa a la Consejería
de Presidencia y Relaciones Institucionales como órgano encargado de
recibir dicha información.
Para terminar, permítame que añada que para aplicar este procedimiento ya
se ha diseñado todo un sistema de coordinación entre los distintos
Ministerios que también participan en el proceso de negociación de
tratados internacionales, de manera que sea posible contar con un
mecanismo ágil y fluido que permita cumplir adecuadamente los compromisos
al respecto adquiridos en su momento por el Gobierno.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ministro.
--DE DON JESUS ANDRES MANCHA CADENAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR,
SOBRE LAS MEDIDAS PREVISTAS POR EL GOBIERNO PARA REVITALIZAR EL CAMPO DE
GIBRALTAR, EN LA PROVINCIA DE CADIZ, QUE PERMITAN A ESTA COMARCA DEPENDER
LOSMENOS POSIBLE DE LA COLONIA INGLESA (680/000751).
La señora PRESIDENTA: Pregunta de don Jesús Andrés Mancha Cadenas, del
Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre las medidas previstas por
el Gobierno para revitalizar el Campo de Gibraltar, en la provincia de
Cádiz, que permitan a esta comarca depender lo menos posible de la
colonia inglesa.
Tiene la palabra el Senador Mancha Cadenas.
El señor MANCHA CADENAS: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señor Ministro de Asuntos Exteriores, como su señoría conoce, y conoce
bien, el Campo de Gibraltar es una de las comarcas más emblemáticas de
nuestra geografía. Su peculiar situación --al estar enclavada a las
puertas del continente africano y debido a su vecindad con el último
vestigio europeo del colonialismo-- le ha dotado de una personalidad
extraordinariamente singular.
Olvidada durante décadas por las administraciones estatales, autonómicas
y provinciales, fue languideciendo poco a poco, convirtiéndose en un
territorio con una acusada dependencia de la colonia británica. La
ausencia alarmante de infraestructuras, el deterioro progresivo de un
tejido industrial que se debilitaba día a día, bolsas de desempleo
récords de la nación y la falta de apuesta por una política de
desarrollo, fueron las máximas de los dirigentes de los años 70 y 80.
Hoy, señor Ministro, y su señoría es un observador privilegiado, todo
aquel querido territorio gira en buena parte alrededor de la colonia.
Esta situación ha provocado incluso alteraciones, en muchos casos
violentas, llevando al desánimo a sus pobladores. Puedo aseverarle por mi
condición de Diputado autonómico que el Gobierno de Andalucía ha hecho
oídos sordos a las reivindicaciones de los campogibraltareños. Por otra
parte, nos consta la preocupación del Gobierno que su señoría representa
por ese trozo de nuestro país, por lo que quisiéramos interpelarle en
este sentido. Señor Matutes, ¿qué medidas va a adoptar el Gobierno del
Partido Popular para revitalizar el Campo de Gibraltar, que permitan a
esta comarca depender lo menos posible de la colonia británica?
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Mancha.
Tiene la palabra el señor Ministro de Asuntos Exteriores.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Matutes Juan): Gracias, señora
Presidenta.
Señor Mancha, el Gobierno coincide totalmente con su apreciación. El
Campo de Gibraltar presenta una situación socioeconómica muy preocupante.
La renta per cápita apenas llega al 71 por ciento de la media nacional y,
como su señoría ha indicado, son muy elevados los índices de desempleo.
Además, existen notables deficiencias en equipamientos de
infraestructuras, porque prácticamente desde la década de los 60 apenas
se han registrado inversiones públicas en la zona.
La ausencia de desarrollo en el lugar ha ido pareja, y en parte es
consecuencia, al crecimiento experimentado en la colonia de Gibraltar, al
abrigo de su situación de excepcionalidad dentro de la Unión Europea y de
la opacidad de su sistema financiero, lo que hace que muchos
campogibraltareños se vean obligados diariamente a acudir a la colonia a
trabajar, y esto otorga a Gibraltar una poderosa arma de presión sobre el
Campo cada vez que el Gobierno aplica medidas de mayor firmeza en la
«verja».
Para poner fin a esa situación de dependencia el Gobierno ha creado una
Comisión interministerial encargada de estudiar, entre otras, medidas
tendentes al desarrollo armónico de la comarca. El conjunto de las
medidas estudiadas es muy amplio, y el acento ha recaído en las
actuaciones destinadas a los habitantes de la zona circundante a
Gibraltar, con el fin de ayudarles a superar esas deficiencias
estructurales. Los ejes de las iniciativas de los distintos Departamentos
ministeriales en el seno de esa Comisión son, básicamente, los
siguientes. En primer lugar, el desarrollo de las infraestructuras,
soporte indispensable para el posterior desarrollo económico y para
incrementar la competitividad de las grandes infraestructuras y,
especialmente, del Puerto de Algeciras. En segundo lugar, la
revitalización del tejido productivo del Campo de Gibraltar, con especial
atención al fomento del empleo, al apoyo a las pequeñas y medianas
empresas locales, al desarrollo del turismo, así como a los sectores
agrario y pesquero. Y en tercer lugar, la mejora de la calidad de vida,
lo que implica actuaciones de planificación y de mejora y regeneración
del medio ambiente.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ministro.
--DE DON JOAQUIM VIDAL I PERPIÑA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALAN EN EL
SENADO DE CONVERGéNCIA I UNIO, SOBRE LAS PREVISIONES DEL GOBIERNO CON
RESPECTO A LA PRESENTACION, EN BREVE, DE UN PROYECTO DE LEY QUE CONTEMPLE
MEDIDAS TENDENTES A EVITAR LA MOROSIDAD EN EL TRAFICO MERCANTIL CAUSADA
POR LA EMISION DE CHEQUES SIN FONDO (680/000741).
La señora PRESIDENTA: Pasamos a la pregunta de don Joaquim Vidal i
Perpiñá, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i
Unió, sobre las previsiones del Gobierno con respecto a la presentación
en breve de un proyecto de ley que contemple medidas tendentes a evitar
la morosidad en el tráfico mercantil causada por la emisión de cheques
sin fondo.
Tiene la palabra el señor Vidal i Perpiñá.
El señor VIDAL I PERPIÑA: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señorías, señora Ministra de Justicia, el Pleno del Congreso de los
Diputados en su sesión de 24 de marzo de 1998 aprobó instar al Gobierno a
impulsar antes del día 30 de junio del año pasado toda una serie de
medidas para evitar la morosidad en las transacciones mercantiles, entre
ellas los cheques sin fondos. Al día de hoy no está resuelto, a pesar de
que el Gobierno ha manifestado su propósito en varias ocasiones.
En definitiva, ¿qué es un cheque? Es un documento mediante el que una
persona ordena a otra que pague a un tercero cierta cantidad. El librador
de un cheque debe tener la seguridad de que los fondos son disponibles,
ya que es un documento que ha de pagarse en el acto de presentarse al
cobrador.
Esta definición ya figuraba en las enciclopedias de hace más de 60 años,
concretamente ahora ha salido una nueva edición de la enciclopedia de la
última República, publicada por Salvat, y reeditada por don José Dalmau
Carles, precisamente de Girona.
En la actualidad no es que no haya legislación. La hay, y mucha, pero
creo que es insuficiente en la práctica. Actualmente existen tres
normativas licenciadas, que son susceptibles de ser aplicadas en el
supuesto cada día más común en que el tenedor de un cheque no puede
efectuar el cobro en el plazo de presentación, por no existir provisión
en manos del librado, en este caso entidad de crédito, a causa de una
conducta intencionada por parte del librador del cheque, del deudor.
En concreto, las normas de aplicación son, como usted muy bien conoce, la
Ley 19/1985, de 16 de julio, Cambiaria y del Cheque, la Ley de
Enjuiciamiento Civil, y la Ley Orgánica 10/1995, de 13 de noviembre, del
Código Penal. Sin embargo, la utilización cada día más habitual en el
tráfico comercial de los créditos cambiarios y, en concreto, del cheque,
no se corresponde con una regulación rigurosa en garantía del derecho de
cobro. De este modo, es cada día más habitual que el empresario o
profesional que lo ha aceptado en pago por la prestación de un servicio o
entrega de bienes se encuentre con papel mojado en la mano y sin poder
cobrar la deuda contraída de buena fe.
En definitiva, el panorama no es precisamente atractivo para el tenedor
de un cheque sin provisión, toda vez que adopte la opción que adopte
respecto a la acción legal a iniciar, las expectativas de éxito son
mínimas, debiendo sufrir un procedimiento judicial, por lo general
dilatado en el tiempo, y debiendo a su vez sufragar los gastos de
procurador y asistencia letrada.
Por ello, señora Ministra, desearía que me dijera qué mensaje de
optimismo podemos dar a estas personas y empresas, que en demasiadas
ocasiones les viene devuelto por el banco o caja un cheque sin fondos y
que en la actualidad no es más que un documento sin valor alguno.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Vidal.
Tiene la palabra la señora Ministra de Justicia.
La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Muchas
gracias, señora Presidenta.
Muchas gracias, señoría.
Yo creo que no sólo es un mensaje de optimismo, sino en breve tiempo un
mensaje realista.
Al Gobierno, como su señoría es consciente, le preocupa
extraordinariamente el tema de la morosidad porque va en contra de la
confianza social, de la seguridad jurídica y del buen desarrollo de la
economía. Pero también tenemos que poner de manifiesto en la Cámara que
no es solamente un problema nacional, sino que trasciende a nuestras
fronteras, por lo que el Gobierno está muy ocupado y preocupado por esa
propuesta de directiva en el seno de la Unión Europea, que, precisamente,
se denomina Sobre Lucha Contra la Morosidad en las Transacciones
Comerciales, que pretende fijar unas medidas concretas que sean asumidas
por todos los países de la Unión Europea.
De cualquier forma, su señoría ha hecho referencia a las normas concretas
que actualmente regulan el problema de los cheques sin fondo. Como usted
conoce, la respuesta penal se ha entendido que no es suficiente ni
adecuada, por lo que en el Código de 1995 se suprimió el tipo penal que
antes se recogía en el artículo 563 bis.b) del anterior Código.
Por lo tanto, sólo nos queda la respuesta civil, y creo responder al
interés de su señoría diciéndole que el proyecto de ley de enjuiciamiento
civil, señoría, recoge un procedimiento cambiario que dará de forma
efectiva ese derecho al acreedor sin merma de las garantías hacia el
deudor. El procedimiento cambiario se regula de una forma rápida y
eficaz, y espero que brevemente tras el paso por el Congreso de los
Diputados sus señorías tengan oportunidad de ver este proyecto de ley de
enjuiciamiento civil que evidentemente no es la panacea que resolverá
todos los asuntos de la economía española, pero sí favorecerá
indudablemente el que el acreedor no sea el auténtico pagano de la
situación de la Administración de Justicia en España.
Muchas gracias, señora Presidenta. (El Senador Vidal i Perpiñá pide la
palabra.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Ministra.
Senador Vidal, su tiempo había concluido, pero no obstante le concedo la
palabra durante 20 segundos.
El señor VIDAL I PERPIÑA: Muchas gracias, señora Presidenta, por su
benevolencia.
Señora Ministra, como usted me ha confirmado, actualmente existen tres
regulaciones, la mercantil, la procesal y la penal, pero en este momento
son innecesarias.
Me dice que a través de la Unión Europea se hará una directiva en torno a
la nueva ley que se está tramitando, pero lo que le pediría es que como
hace demasiado tiempo que dura esta situación, agilizáramos los trámites
lo antes posible.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Vidal.
La señora Ministra tiene la palabra.
La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Muchas
gracias, señora Presidenta.
Intervengo para solicitar a su señoría que ayude en lo posible a que se
agilicen los trámites de todas estas normas, indudablemente muy
necesarias para los pequeños y medianos empresarios y, en definitiva,
para la sociedad española.
Muchas gracias, señor Presidente.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Ministra.
--DE DON ANDRES LUIS CALVO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE SI
PUEDE EL GOBIERNO MANIFESTAR LA OPINION QUE LE MERECEN AL PRESIDENTE DEL
GOBIERNO LAS DECLARACIONES EFECTUADAS POR UN EMPRESARIO ANTE EL
MAGISTRADO DEL TRIBUNAL SUPREMO QUE INSTRUYE LA CAUSA QUE AFECTA A
PARLAMENTARIOS DEL PARTIDO POPULAR (680/000745).
La señora PRESIDENTA: Pregunta de don Andrés Luis Calvo, del Grupo
Parlamentario Socialista, sobre si puede el Gobierno manifestar la
opinión que le merecen al Presidente del Gobierno las declaraciones
efectuadas por un empresario ante el Magistrado del Tribunal Supremo que
instruye la causa que afecta a parlamentarios del Partido Popular.
Tiene la palabra el Senador Luis Calvo.
El señor LUIS CALVO: Muchas gracias, señora Presidenta.
Hago la pregunta en los mismos términos en los que la ha formulado desde
la presidencia.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra la señora Ministra de Justicia.
La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Muchas
gracias, señora Presidenta.
Señoría, la opinión que le merecen al Presidente del Gobierno las
imputaciones a que se refiere la pregunta, que su señoría ha dado por
reproducida y no efectuada oralmente en este momento, fue expresada ya,
en marzo de 1997, mediante la interposición de una querella por injurias
y calumnias contra la persona que primeramente efectuó dichas
imputaciones.
Quiero subrayar ante esta Cámara que la interposición de la querella
tiene un significado muy preciso: las imputaciones son falsas y quien las
ha realizado debe responder de ellas, con arreglo a lo previsto en
nuestras normas, concretamente al Código Penal.
Muchas gracias, señora Presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Ministra.
Tiene la palabra el Senador Luis Calvo.
El señor LUIS CALVO: Muchas gracias, señor Presidenta.
Señora Ministra, las aguas del Duero bajan bastante turbias para el
Partido Popular. El caso de la Diputación de Zamora --otros prefieren
llamarlo «el caso Aznar»-- es el epicentro de una corrupción, por ahora
presunta, que empieza a salpicar el honor del Presidente del Gobierno, y
que no es un honor cualquiera, sino el de la voz que anunciaba en España
el «reinado de la honestidad», pero aquí el Partido Popular practica la
máxima del viejo Jardiel: Al honor como al tambor se le pone un parche y
suena mejor.
Este es el papel que le ha tocado jugar a los parlamentarios sacrificados
en la última jugada político-legal, el papel de parche, porque, en
definitiva, se trata de que, caiga quien caiga, el asunto no toque a
Aznar --por cierto, quiero decirle que nos podemos encontrar dentro de
unas semanas con otra petición de suplicatorio en esta Cámara, una vez
que tome posesión el Senador sustituto.
Si se confirma la existencia de una trama de los constructores, cosa que
ya afirmó el fiscal anticorrupción, que hubieran financiado al Partido
Popular en la época en la que Aznar era líder en Castilla y León a cambio
de favores en la concesión de obras públicas, al Presidente del Gobierno
no le quedaría más remedio que dimitir, porque ése es el listón donde el
propio Aznar ha colocado la exigencia de transparencia y la lucha contra
la corrupción política.
Si se confirma que Aznar recibió dinero de algunos constructores de
Zamora para financiar las elecciones que le llevaron a la presidencia de
Castilla y León, los ciudadanos no le perdonarán nunca la frialdad y el
cinismo con que actuó en contra de otros por esos mismos motivos.
Los mohínes de doncella ofendida con que Aznar replicó días atrás en el
Congreso sobre esta misma cuestión muestran que no sabe distinguir entre
la corrupción institucional de los partidos y la honradez personal de sus
dirigentes.
El mensaje de corrupción que emerge del caso de la Diputación de Zamora
es la ratificación de una historia muy sabida pero siempre negada por el
Partido Popular, pero ese fuego que emana de allí, de la Diputación de
Zamora, está llegando a las puertas de La Moncloa y al señor Aznar le
empieza a oler el pelo a chamusquina.
Alguien ha dicho ya que, aplicando la llamada doctrina Aznar, todo parece
indicar que el Presidente del Gobierno podría haber sido el señor equis
de ese GAL económico del Partido Popular. (Rumores en los escaños del
Grupo Parlamentario Popular.)
Señora Ministra, la corrupción en la derecha no es excepción, es regla.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.
Tiene la palabra la señora Ministra de Justicia.
La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Gracias,
señora Presidenta.
Señoría, usted ha dicho que el señor Aznar no sabe distinguir, y yo creo
que quien no sabe distinguir es su señoría y su Grupo Parlamentario,
dicho sea con todos los respetos. Y no sabe distinguir porque su señoría
confunde su vida onírica con la auténtica vida real, que es la que le
interesa a los ciudadanos. Sus señorías reiteran una y otra vez de forma
machacona una idea para la que no existe base real alguna.
Usted ha hecho referencia a la intervención del Presidente del Gobierno
del día 21 de abril pasado en el Congreso de los Diputados y, por tanto,
la Ministra de Justicia va a reiterar ante sus señorías lo que el
Presidente del Gobierno ha dicho de forma clara, tajante y contundente.
El señor Aznar dijo que no ha conocido nunca ni ha tenido ninguna
relación, en ningún caso, con ninguna supuesta trama de financiación
ilegal ni de Alianza Popular ni del Partido Popular; no ha recibido
personalmente ninguna cantidad de dinero de la persona a que se refiere
la pregunta ni para él mismo ni para su partido, y no ha dado nunca una
contraprestación ni un trato de favor a ninguna persona que libre o
voluntariamente y, en cualquier caso, legalmente pueda haber hecho una
aportación al Partido Popular para su financiación.
Señoría, usted ha mencionado --y créame que siento que lo haya hecho-- la
letra equis y las siglas GAL, y yo creo que debería de tener bastante más
cuidado con esas invocaciones. Su señoría sabe que la única financiación
ilegal demostrada es la que corresponde a su partido político.
Muchas gracias, señoría.
Gracias, señora Presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Ministra de Justicia. (El
señor Luis Calvo pide la palabra.)
Senador Luis Calvo, usted ya no dispone de turno. (El señor Luis Calvo:
Sólo quería decir que yo soy de Zamora.)
--DE DOÑA PILAR COSTA SERRA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, SOBRE LOS
MOTIVOS POR LOS QUE EL GOBIERNO ESPAÑOL HA ENTREGADO A CIUDADANOS
SAHARAUIS RESIDENTES EN ESPAÑA A LAS AUTORIDADES MARROQUIES (680/000739).
La señora PRESIDENTA: Pregunta de doña Pilar Costa Serra, del Grupo
Parlamentario Mixto, sobre los motivos por los que el Gobierno español ha
entregado a ciudadanos saharauis residentes en España a las autoridades
marroquíes.
Tiene la palabra la Senadora Costa Serra.
La señora COSTA SERRA: Gracias, señora Presidenta.
Señor Ministro, queda formulada la pregunta en los términos expresados
por la señora Presidenta, si bien querría añadir que teniendo
conocimiento de la respuesta que usted
dio la semana pasada en el Congreso de los Diputados a instancias de una
pregunta del Grupo Parlamentario Socialista, me gustaría añadir que no
nos parece creíble que se nos diga que el criterio para determinar la
procedencia de las dos personas expulsadas fueron sus declaraciones y que
se concluyó que tenían nacionalidad marroquí, toda vez que estos
ciudadanos eran saharauis y, además, portaban pasaporte mauritano.
Por eso, señor Ministro, nos gustaría que pudiera echar más luz a estas
expulsiones que, por otro lado, debemos recordar que no es la primera vez
que ocurren, ya que el año pasado también sucedieron hechos similares.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senadora Costa.
Tiene la palabra el señor Ministro del Interior.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Mayor Oreja): Señoría, le reitero que el
criterio fundamental fue que eran dos inmigrantes que no tenían
documentación alguna, y que únicamente se utilizó el criterio de sus
declaraciones para determinar su nacionalidad. Se concluyó que ambos
tenían nacionalidad marroquí, pero fíjese que usted en su intervención
dice que mi respuesta ya no es creíble y, sin embargo, plantea ya dos
aseveraciones que no corresponden con la realidad, porque no portaban
pasaportes mauritanos y no dijeron que pertenecieran a campamento alguno.
No había ningún planteamiento de previsible presencia como refugiados.
Ninguno de ellos eran hijos de saharauis de nacionalidad española. En
definitiva, no había ninguna razón para pensar que fuesen saharauis y,
además, lo normal es que, en función de dónde venían, de dónde procedían,
es que fuesen personas de nacionalidad marroquí sin documentación. Y
prueba de ello es que las autoridades marroquíes inmediatamente les
aceptaron, cosa que no hacen nunca salvo en casos en que tengan
constancia de que se trata efectivamente de personas de nacionalidad
marroquí.
En definitiva, señoría, todas las razones apuntan a que en este caso la
policía actuó como tenía que hacerlo de acuerdo con la normativa vigente
y de acuerdo con el sentido común.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra la Senadora Costa.
La señora COSTA SERRA: Gracias, señora Presidenta.
Señor Ministro, siento decir que tampoco esta respuesta nos ha aclarado
el motivo, las causas ni el objetivo de esta expulsión. Lo cierto es que
el padre de uno de estos saharauis expulsados sí era ciudadano saharaui;
había sido sargento del Ejército español cuando el Sáhara era colonia
española.
Y tampoco debemos olvidar la reciente sentencia del Tribunal Supremo en
la que se reconoce la posibilidad de que estos ciudadanos tengan la
nacionalidad española, con lo cual, no nos parece de recibo alegar que
eran inmigrantes sin documentación, y mucho menos el que se haya
expulsado a estos ciudadanos a Marruecos, país que es parte en el
conflicto que dura ya más de veinte años.
Por tanto, señor Ministro, quisiera decir que con esta actitud y con esta
actuación España está violando los tratados y convenios internacionales,
tanto el Convenio de Ginebra como el Convención de Naciones Unidas sobre
el Estatuto de Refugiados. A nadie se le escapa el peligro que supone el
que ciudadanos saharauis caigan en manos de autoridades marroquíes
después de haberse constatado diversas violaciones a los derechos humanos
que han padecido estas personas tanto con torturas como con
desapariciones.
El hecho de que Marruecos, como usted ha dicho, haya aceptado a estos
ciudadanos, no supone ni una prueba ni un argumento que nos hagan pensar
que estos ciudadanos eran marroquíes. Por supuesto que Marruecos hubiese
aceptado a estos ciudadanos aunque fuesen saharauis. Precisamente ahí
está el conflicto. En estos momentos estamos aún pendientes de la
celebración del referéndum sobre la autodeterminación del pueblo saharaui
y, por otra parte, si lo que Marruecos está defendiendo es que todos
estos ciudadanos son marroquíes, por supuesto que también van a aceptar
cualquier expulsión vengan ellos de donde vengan, y por supuesto que van
a aceptar a estas personas como ciudadanos saharauis.
Por último, señor Ministro, quiero pedirle al Gobierno que se investiguen
hasta el final estos hechos y que se adopten las medidas necesarias para
averiguar en qué estado se encuentran estos ciudadanos para que puedan
ser devueltos a este país. No podemos estar a dos bandas: mostrando por
un lado nuestra solidaridad con el pueblo saharaui, y expulsando del
Estado español a estos ciudadanos, porque la más mínima sospecha de que
puedan ser saharauis tendría que suponer la inmediata paralización de
cualquier expediente de expulsión.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra el señor Ministro del Interior.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Mayor Oreja): Gracias, señora Presidenta.
Señoría, le ruego que no desenfoquemos la cuestión. No se trata de un
tema de política exterior ni de adoptar una decisión relacionada con el
conflicto de Marruecos. De lo que se trataba era de dar respuesta a dos
casos concretos de inmigrantes que no tenían documentación y a los que,
evidentemente, se les envía a Marruecos porque concretamente uno de ellos
trae entre sus documentos un único papel con un posible valor documental
en el que se dice que pertenece al censo de una determinada ciudad de
Marruecos. Por eso se les envía a Marruecos, porque sólo hay una pequeña
referencia geográfica en la que consta de dónde vienen, de dónde
proceden.
Pero no compliquemos las cosas, no las saquemos de quicio. Lo que ha
ocurrido simplemente es que en un momento determinado hay una decisión de
unos funcionarios policiales que tienen que determinar de dónde procede
unas personas que no tienen regularmente establecida su situación en
España, como tantas veces se produce en tantos miles de casos de
expulsión. Y para determinar su lugar de origen, lo único que necesitan
es encontrar algo, y lo encuentran en ese documento al que antes me he
referido. Y considero que lo lógico y lo normal es la aplicación correcta
de la normativa de extranjeros en función de ese papel. Pero no mezclemos
las cosas. Repito que no es una cuestión de política exterior.
Quiero decirle también simplemente una cosa para que usted tenga
constancia de ello. No hay ningún supuesto de expulsión a Marruecos de
saharauis que hubiesen solicitado asilo o refugio en Canarias. Ha dicho
usted que, entre 1995 y 1997, han existido casos en los que nosotros
hemos enviado a Marruecos a saharauis que han acreditado esa
nacionalidad. Nosotros decimos que, en estos casos, no hay supuesto
alguno, y que, entre 1995 y 1997, se han realizado procesos de
regularización de personas que, desde esa procedencia, permanecían en
nuestro país con carácter irregular.
Quiero reiterarle que no es una cuestión de política exterior, se trata
simplemente de una buena acción de los funcionarios policiales que
hicieron lo que tenían que hacer en ese momento.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ministro.
--DE DOÑA ROSA BARENYS I MARTORELL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA,
SOBRE EL CALENDARIO PREVISTO POR EL GOBIERNO PARA EL DESARROLLO DEL
PROYECTO DE ORDENACION URBANISTICA EN LOS TERMINOS MUNICIPALES DE MONTGAT
Y TIANA (BARCELONA), ENTRE LOS PUNTOS KILOMETRICOS 7,700 Y 8,560 DE LA
CARRETERA B-20 (680/000746).
La señora PRESIDENTA: Pregunta de doña Rosa Barenys i Martorell, del
Grupo Parlamentario Socialista, sobre el calendario previsto por el
Gobierno para el desarrollo del proyecto de ordenación urbanística en los
términos municipales de Montgat y Tiana (Barcelona), entre los puntos
kilométricos 7,700 y 8,560 de la carretera B-20.
Tiene la palabra la Senadora Barenys i Martorell.
La señora BARENYS I MARTORELL: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señor Ministro, he de manifestarle que hay un cierto desconcierto en
estos dos municipios en relación al tema de la pregunta que le formulo.
Por tanto, señor Ministro, le agradecería una más clara información y la
máxima sinceridad.
Le recuerdo que el segundo cinturón se inauguró hace cinco años y que su
Gobierno, desde 1996, a través de los distintos cargos que le
representan, se ha comprometido en la licitación rápida de estas obras.
La cronología de los hechos es la siguiente: en noviembre de 1996, se
aprobó técnicamente el proyecto y su presupuesto, de 800 millones de
pesetas; en noviembre de 1997, su Gobierno se comprometió a incluir en el
presupuesto de 1998 esta partida presupuestaria; en diciembre de 1998,
ante la lentitud para sacar adelante este compromiso, la Delegada del
Gobierno de Cataluña se comprometió ante los ayuntamientos de Tiana y de
Montgat a que, en el mes de abril, se licitaría el proyecto y,
posteriormente, en enero de 1999, el Secretario de Estado de
Infraestructuras y Transportes informó a los alcaldes que en abril se
llevaría a cabo la licitación y en septiembre se empezarían las obras.
Este proceso, señor Ministro, está paralizado, y le pido, por favor, una
respuesta sincera.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senadora Barenys.
Tiene la palabra el señor Ministro de Fomento.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Muchas gracias,
señora Presidenta.
Señoría, le puedo dar la respuesta que a mí me pasan, como es lógico, los
servicios técnicos de la Dirección General de Carreteras. Las obras del
proyecto de adecuación de los espacios ocupados en el subsuelo por la
autopista B-20, entre los puntos kilométricos a que se refiere el texto
de la pregunta, sector Tiana-Montgat, está previsto que se liciten en el
transcurso del presente año, con un presupuesto de ejecución por contrata
de 780 millones de pesetas y un plazo estimado de ejecución de seis
meses. La financiación de esta actuación está incluida en la partida
presupuestaria del programa 513D, artículo 60, creación de
infraestructuras. Y añado, más allá de los límites de mi departamento,
señoría, que el Ministerio de Medio Ambiente, en sus presupuestos, y bajo
el concepto canalización de las Rieras del Maresme, tiene, para 1999, una
partida de 500 millones, y, para el próximo año 2000, una partida de
3.000 millones de pesetas. Esto es todo lo que yo le puedo transmitir.
Normalmente, el Ministerio de Fomento tiene capacidad de ejecución
presupuestaria para cumplir, dentro de lo razonable, entre un 90 y un 95
por ciento, la ejecución del presupuesto que le corresponde ejecutar.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra la Senadora Barenys i Martorell.
La señora BARENYS I MARTORELL: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señor Ministro, estamos en un punto cero. Usted me contestó a una
pregunta, hace unos días, exactamente esto o quizás peor, porque me decía
que ésta era una obra complementaria de la B-20, y no es así, sino que es
un proyecto de medidas correctoras para el impacto ambiental que produce
la B-20 al paso por estos dos municipios. Es una obra que está inacabada,
en cuyo espacio hay vallas que retirar, y en la que existe una
degradación de las tierras asfálticas que va empeorando
y que constituye un verdadero peligro para los ciudadanos y, sobre todo,
para los niños que pasean por esta zona.
Por tanto, señor Ministro, no es una obra complementaria. Supongo que
usted no lo ha dicho, pero en la respuesta que le redactaron dice
exactamente eso.
Señor Ministro, quisiera que se interesase por este tema. Le formulo esta
pregunta porque las respuestas no son satisfactorias, pero, además, en la
partida presupuestaria que usted menciona no está consignada
concretamente esta asignación de 800 millones de pesetas. Por tanto,
señor Ministro, estamos en el punto cero, al menos eso es lo que piensan
los Alcaldes de Montgat y de Tiana. Ustedes nos han dicho reiteradamente
que van a empezar la licitación de las obras, pero, si no hay dinero
consignado, dígame cómo van a hacerlo.
Por otra parte, señor Ministro, no confunda el proyecto de las rieras de
Montgat y Tiana, asunto que tendremos que abordar en esta Cámara dado que
es otro de los temas pendientes de resolución. Sepa que estos dos
municipios siguen preocupados por el desenlace del mismo.
Si quiere, señor Ministro, puedo mostrarle unas fotos para que vea «in
situ» cuál es la situación. Puede llevárselas al Ministerio y
mostrárselas a las personas implicadas, seguramente sea el Director
General de Infraestructura el responsable máximo de esta cuestión, para
que tomen una decisión. Los Alcaldes están dispuestos a aceptar un plazo;
tan sólo tienen que decirnos cuál es la fecha fijada para la licitación
de las obras, que estaban previstas para el mes de abril, y el mes de
abril ya se ha terminado.
Muchas gracias, señora Presidenta.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor Ministro de Fomento.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Muchas gracias,
señora Presidenta.
Señoría, comparto su preocupación. Hablaré con el Director General de
Carreteras para asegurar que las obras se van a licitar en el transcurso
del pesente ejercicio presupuestario.
Muchas gracias,.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ministro.
--DE DON FRANCISCO JOSE ZAMORANO VAZQUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA, SOBRE SI VA A ACEPTAR EL GOBIERNO LA PROPUESTA DE LA JUNTA DE
ANDALUCIA, PARA LA LICITACION DE LOS PROYECTOS DE LOS TRAMOS COMPRENDIDOS
ENTRE CORDOBA Y BOBADILLA (MALAGA) Y BOBADILLA (MALAGA) Y MALAGA DE LA
LINEA FERREA DE ALTA VELOCIDAD (AVE) ENTRE CORDOBA Y MALAGA (680/000747).
La señora PRESIDENTA: Pregunta de don Francisco José Zamorano Vázquez,
del Grupo Parlamentario Socialista, sobre si va a aceptar el Gobierno la
propuesta de la Junta de Andalucía para la licitación de los proyectos de
los tramos comprendidos entre Córdoba-Bobadilla (Málaga) y Bobadilla
(Málaga)-Málaga de la línea férrea de alta velocidad entre Córdoba y
Málaga.
Tiene la palabra el Senador Zamorano Vázquez.
El señor ZAMORANO VAZQUEZ: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señor Ministro, en febrero de 1997 usted se comprometió a firmar en el
plazo de un año un convenio con la Junta de Andalucía para la
construcción de la línea AVE entre Córdoba y Málaga.
La Junta de Andalucía ha cumplido sus exigencias y realizado los trabajos
previos. Usted, más de dos años después, sigue sin cumplir con el
compromiso que adquirió ante esta cámara y se niega a la firma del
protocolo de intenciones que garantiza la ejecución del proyecto.
Para salir de esta situación, que está provocando que la línea AVE entre
Córdoba y Málaga esté siendo relegada respecto a otros proyectos, la
Junta de Andalucía le ha presentado una propuesta para la licitación de
los proyectos de los tramos comprendidos entre Córdoba-Bobadilla y
Bobadilla-Málaga. ¿Va a aceptarla, señor Ministro?
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Zamorano.
Tiene la palabra el señor Ministro de Fomento.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Muchas gracias,
señora Presidenta.
Señoría, tengo que decirles tres cosas. Primera. Nosotros agradecemos
todas las colaboraciones que quiera prestar la Junta de Andalucía.
Segundo. Se trata de una infraestructura del Estado.
Tercero. El Gobierno tiene que cumplir con sus propios procedimientos, y
éstos no puede ser sustituidos por los específicamente autonómicos. A
este respecto hay un informe de los servicios jurídicos del Estado y de
la Abogacía del Estado que tengo a disposición de su señoría.
Muchas gracias, señora Presidenta.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el Senador Zamorano.
El señor ZAMORANO VAZQUEZ: Señor Ministro, usted ya ni se cree ni cumple
su propia palabra.
Fue usted el que en febrero de 1997 anunció que daba la bienvenida a este
proyecto y que firmaría un convenio con la Junta de Andalucía. Ahora no
puede decir que se trata de una infraestructura de responsabilidad
exclusiva del Estado, porque nos tememos que detrás de esto lo único que
hay es un intento de engaño a los ciudadanos andaluces y malagueños con
miras a las próximas elecciones municipales. Anuncian la ejecución de un
proyecto que no tiene crédito suficiente para luego, después de las
elecciones municipales, llevarlo al olvido.
La única garantía de continuidad que tiene es la firma de ese protocolo,
y la Junta de Andalucía le ofrece ahora
una salida efectiva. Le está recordando que, si el Gobierno ha puesto
3.000 millones en los Presupuestos Generales del Estado, la Junta de
Andalucía ha contemplado en su presupuesto 5.000 millones de pesetas.
Empleando este dinero conjuntamente se podrá sacar a licitación este
proyecto.
Hasta ahora ustedes no han hecho nada, sin embargo la oferta no puede ser
más generosa. El tramo Córdoba-Bobadilla saldría por 1.700 millones de
pesetas, y sería compromiso suyo. El otro tramo, Bobadilla-Málaga,
saldría por 2.700 millones de pesetas, y sería compromiso de la Junta de
Andalucía. Licitando estos tramos sí tendríamos garantías de poder sacar
adelante la ejecución de este proyecto.
Señor Ministro, usted se niega a ello y en Málaga está considerado como
el Ministro que está propiciando el aislamiento de la ciudad, aislamiento
por carretera, por aire y por ferrocarril. Por carretera usted solamente
está realizando los proyectos que heredó del Gobierno socialista: la
autovía oriental y la de Málaga-Estepona. A partir de ahí todo son
cambios y negativas. Usted transforma en peaje la salida occidental de
Málaga, la de Málaga-Estepona; usted se niega a arreglar los accesos de
Málaga y se niega a ampliar la carretera de Las Pedrizas.
Desde el punto de vista aéreo ha asumido usted a toda España en un
auténtico caos, y eso va a perjudicar especialmente a Málaga, cuya
principal industria es el turismo; usted relega sine die la ampliación
del aeropuerto de Málaga, su segunda pista.
Desde el punto de vista del ferrocarril, señor Ministro, usted se está
negando al soterramiento de las vías del tren, no mejora la línea
Bobadilla-Algeciras, no amplía el tren de cercanías hasta la localidad de
Estepona, y ahora también nos pone en cuestión la continuidad de esta
línea del AVE.
Señor Ministro, Málaga, Andalucía, España, no se merecen seguir con la
gestión que usted está realizando de fomento del caos, del aislamiento,
de la ineficacia, del castigo a aquellos que a usted no le gustan, del
engaño y de la negativa a cualquier solución como la que ahora le ofrece
la Junta de Andalucía. Su comportamiento, en este importante proyecto
para Málaga y para toda Andalucía, es el de ni hacer nada ni aceptar
soluciones; lo que llamamos en mi tierra el comportamiento del perro del
hortelano. La única esperanza que nos queda a los malagueños es que,
tanto la Alcaldesa de Málaga, que es cómplice de usted, como el actual
Ministro de Fomento sólo lo sean de momento, y que este momento sea lo
más breve posible.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor Ministro de Fomento.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Gracias, señora
Presidenta.
Señoría, sus palabras tendrían algún valor si desde las filas de su Grupo
Parlamentario acusara de relegar a las otras 49 provincias españolas,
porque para cada inversión, que lleva su ritmo, el Grupo Parlamentario
Socialista hace la misma afirmación. En este caso se relega a Málaga. El
próximo miércoles estaré relegando, según ustedes, a otras tres o cuatro
provincias, y al final, señoría, resulta que las inversiones del Estado,
los kilómetros de autovía que se están realizando, el tren de alta
velocidad, los concursos para la adjudicación de proyectos, todo eso en
período electoral, señoría, no tiene ningún valor.
En segundo lugar, la firma de los protocolos con el Consejo de Gobierno
de Andalucía es una garantía relativa. Yo tengo un convenio, y no un
protocolo de intenciones, para hacer la autovía de Jerez-Los Barrios, y
se retrasa sistemáticamente porque la Junta de Andalucía ni tiene los
proyectos ni aporta los medios financieros para la ejecución de la obra.
Ahora le voy a dar los datos sobre la línea férrea Córdoba-Málaga. En
primer término, está encargada la realización de la red básica
topográfica del tramo Córdoba-Bobadilla. Estos trabajos topográficos son
necesarios para disponer de los datos del terreno a escala, con la
definición que exige la redacción de los proyectos constructivos. En
segundo lugar, simultáneamente se están preparando los pliegos de
condiciones técnicas y de cláusulas administrativas para la licitación de
los contratos de consultoría y asistencia necesarios para la realización
de los proyectos constructivos de la línea férrea entre Córdoba y Málaga.
Tercero, la licitación de estos proyectos se espera --me dice la
Dirección de Ferrocarriles-- pueda tener lugar antes del verano.
Muchas gracias, señora Presidenta.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Ministro.
--DE DON JOAN OLIART PONS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LAS
MEDIDAS QUE PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO PARA TERMINAR CON EL PERMANENTE Y
GENERALIZADO CAOS EXISTENTE EN LOS AEROPUERTOS ESPAÑOLES, ESPECIALMENTE
EN EL AEROPUERTO DE EL PRAT (BARCELONA) (680/000748).
La señora PRESIDENTA: La siguiente pregunta es de don Joan Oliart Pons,
del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las medidas que piensa adoptar
el Gobierno para terminar con el permanente y generalizado caos existente
en los aeropuertos españoles, especialmente en el aeropuerto de El Prat,
de Barcelona.
Tiene la palabra el Senador Oliart Pons.
El señor OLIART PONS: Gracias, señora Presidenta.
Señor Ministro, estamos ante un caos generalizado de los aeropuertos
españoles y, lo que es peor, sin salida que se atisbe ni soluciones
creíbles. La medida más espectacular ha sido el anuncio de la supresión
de más de 16.000 vuelos de junio a diciembre, medida, señor Ministro, que
supone por su parte una declaración de incapacidad y claudicación, que
supone también un grave daño a la compañía Iberia y que supone un
gravísimo daño a la economía nacional y al sector turístico. Estamos ante
un desastre de incalculables consecuencias.
¿Qué piensa hacer, señor Ministro, para salir de esta situación caótica,
de crisis continuas, en las que su gestión ha sumido al sistema
aeroportuario español?
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor Ministro de Fomento.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Gracias, señora
Presidenta.
Señoría, en primer término, quiero clarificar que la compañía Iberia no
ha reducido 16.000 vuelos; ésa es una información inexacta. La compañía
Iberia había aprobado un programa de incremento de sus vuelos en un 10
por ciento para el presente ejercicio, y lo que ha hecho ha sido no
aplicar una parte de ese incremento, pero el número de vuelos de Iberia
aumentará un 3,5 por ciento sobre los de la temporada de verano del
pasado año; por tanto, va a haber incremento de vuelos.
En segundo lugar, yo trataría de distinguir, por sentido de la
responsabilidad, que las medidas que hay que adoptar en relación con el
transporte aéreo son, por una parte, las relativas propiamente al
transporte aéreo y, por otro lado, a la organización «stricto sensu» de
los aeropuertos, porque son dos cuestiones muy distintas. Y, como sabe su
señoría, tenemos causas comunes con la Unión Europea que explican los
retrasos y causas específicas. (Rumores en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.)
En resumidas cuentas, señoría, ningún aeropuerto del mundo puede
funcionar correctamente cuando se declara una huelga de pilotos de la
compañía aérea que abarca el 70 por ciento del transporte aéreo. Un
ejemplo muy reciente es la huelga de pilotos de Air France, de hace
apenas un año, que mantuvo colapsado durante casi un mes el aeropuerto
Charles de Gaulle, de París. Un recorte de la prensa de Zurich, de este
fin de semana, señala la caótica situación de su aeropuerto como
consecuencia de los retrasos que producen las nuevas rutas aéreas que se
están articulando en la Unión Europea.
Señoría, en el segundo turno le explicaré alguna de las medidas en marcha
para hacer frente a una situación enormemente delicada y compleja, que
exige la colaboración de todos los agentes que intervienen en el
transporte aéreo y que es un problema enormemente complejo que afecta a
todo el espacio aéreo de la Unión Europea.
Muchas gracias, señora Presidenta.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el Senador Oliart Pons.
El señor OLIART PONS: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señor Ministro, si hablamos de recortes de periódicos destaquemos los de
hoy, que indican que los retrasos vuelven a dispararse en Barajas.
Le he preguntado qué medidas va a adoptar, pero no le he pedido que
busque culpables, como ha estado haciendo durante estos tres años.
Quisiera saber qué pasará con la evolución del sistema aeroportuario
español y si existe algún plan, porque lo desconocemos. Quisiera saber si
se mejorará la atención e información a los usuarios. Quisiera saber si
el desplazamiento de los aviones de las pistas de rodadura a las de
despegue durará menos tiempo, porque actualmente es muy largo. Quisiera
saber si, por fin, se va a presentar ese plan director que usted ha
prometido para el aeropuerto de El Prat (Barcelona), porque lo llevamos
tres años pidiendo y necesitando. Quisiera saber si hay un plan de
inversiones, sobre todo para el aeropuerto de Barcelona que, como mínimo,
se corresponda al volumen de facturación de AENA en ese aeropuerto.
Quisiera saber si habrá una reestructuración de AENA que facilite una
mayor autonomía en la gestión del aeropuerto de Barcelona. Quisiera saber
cómo se distribuirá esa reducción de vuelos de Iberia en los aeropuertos
españoles y, por ejemplo, si ese vuelo directo de Barcelona a Nueva York
que Iberia prometió va a ser suspendido o no, y qué criterios aplicará
usted para esta distribución del cese de vuelos.
Señor Ministro, usted ha estado durante tres años buscando culpables, ha
sido incapaz de garantizar un funcionamiento normal de nuestro sistema
aeroportuario y, después de este tiempo, se encuentra solo. El señor José
María Aznar le exige públicamente medidas para salir de la crisis,
incluso los medios de comunicación más proclives y gubernamentales le
están haciendo acerbas críticas.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Oliart.
El señor OLIART PONS: Los ministros le desmienten y los ciudadanos ya no
confían en su señoría.
La señora PRESIDENTA: Señor Oliart, por favor.
El señor OLIART PONS: El problema es usted, señor Ministro, y yo le ruego
que se marche y deje paso a una persona más capaz para superar esa
crisis. Haga usted buena aquella máxima de Bismarck... (Aplausos en los
escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
La señora PRESIDENTA: Señoría, ha terminado su tiempo.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Muchas gracias,
señora Presidenta.
Es evidente que muchas veces con ustedes no sirven las explicaciones.
(Risas.) Si yo le digo que Iberia no va a reducir sus vuelos y usted me
dice que sí los va a reducir, si yo le digo que lo que reduce es el
incremento de los vuelos previstos y usted no me hace caso, el diálogo no
sirve para nada.
Señoría, el transporte aéreo es lo suficientemente complejo como para que
cualquier tipo de simplificación no conduzca a nada. Yo le puedo leer
ahora mismo las medidas que están en curso para mejorar la puntualidad
del transporte aéreo, cuyos agentes principales, señoría, son las
compañías aéreas. Pero le digo también que son medidas
en relación con el espacio aéreo, con el tráfico aeroportuario, medidas
de atención al pasajero y medidas estrictas en relación con las compañías
aéreas. Por leerle unas cuantas, señoría, porque la cuestión es muy
técnica y muy compleja, aunque usted quiera simplificar políticamente le
diré que, primero, se va a adelantar la incorporación de nuevos
controladores en los torres y centros de control, porque de acuerdo con
el estatuto del controlador, gestado en el año 1991, son los propios
controladores los que determinan la habilitación para que los nuevos
controladores se puedan incorporar a su puesto de trabajo; segundo, está
prevista la creación de nuevos sectores de aproximación y de ruta a
medida que se disponga del número de controladores. (El señor Laborda
Martín: ¡Tiempo, tiempo!); tercero, se prevé el desdoblamiento de algunos
sectores aéreos; cuarto, existe un plan de incremento de capacidad del
sistema de navegación aérea, que se está realizando y que comprende
cuatro años para su ejecución.
La señora PRESIDENTA: Señor Ministro de Fomento, también ha concluido su
tiempo. Muchas gracias, señoría.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Es evidente que
a sus señorías no les interesan las medidas...
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Ministro.
--DE DOÑA FRANCISCA PLEGUEZUELOS AGUILAR, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA, SOBRE EL TIEMPO QUE NECESITA EL MINISTRO DE FOMENTO PARA
RESOLVER EL CAOS AEROPORTUARIO (680/000749).
La señora PRESIDENTA: Pregunta de doña Francisca Pleguezuelos Aguilar,
del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el tiempo que necesita el
Ministro de Fomento para resolver el caos aeroportuario.
Tiene la palabra la Senadora Pleguezuelos Aguilar.
La señora PLEGUEZUELOS AGUILAR: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señor Arias-Salgado, hace tres años que usted es Ministro de Fomento,
hace tres años que el transporte y las comunicaciones de este país son su
competencia y su responsabilidad. Ha tenido usted tres años la
responsabilidad, por tanto, de planificar y de gestionar nuestro sistema
aeroportuario, entre otros, y ¿cuál es el resultado? Un auténtico
desastre organizativo, una pesadilla para los ciudadanos que necesitan
utilizar el transporte aéreo y, en definitiva, un caos que nos está
preocupando a todos. Y claro, en ese caos generalizado hay toda una
nómina de culpables en la que el Ministro del ramo, desde luego, no
aparece. Dígame cuánto tiempo necesita.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor Ministro de Fomento.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Gracias, señora
Presidenta.
Voy a poner un ejemplo muy concreto, señoría, que puede servir de
respuesta primera. Formar un controlador cuesta entre 20 y 28 meses. (El
señor Laborda Martín: ¡Lleva tres años!) Este Gobierno llega 36 meses y
ha podido incorporar 150 nuevos controladores, pero no ha podido
incorporar más, y todavía tenemos insuficiencia de controladores para
cubrir todas las necesidades del espacio aéreo y del gran crecimiento de
la demanda de transporte aéreo.
Muchas gracias, señora Presidenta.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra la Senadora Pleguezuelos.
La señora PLEGUEZUELOS AGUILAR: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señor Arias-Salgado, un ministro responsable planifica al principio los
proyectos y los recursos que van a configurar su gestión y luego presenta
esa gestión, y no improvisa, como hace usted, parcheando continuamente.
En estos tres años usted ha parcheado. Un ministro competente asume su
responsabilidad política y la de sus colaboradores. Usted afirma que,
lógicamente, el demonio son los otros. Un ministro eficaz practica el
diálogo, el consenso y la presencia parlamentaria de su gestión. Usted no
es nada de eso, porque si fuese responsable, competente o eficaz, ya
habría dimitido.
En su gestión, usted ha acumulado auténticos desastres y despropósitos y,
desde luego, lo único que hace es poner en marcha el ventilador de la
culpa, es decir, no sólo pone en marcha esa medida de repartir culpas a
diestro y siniestro, sino que hace algo mucho peor. ¿Sabe usted lo que
hace? Festeja la victoria aritmética sobre la reprobación parlamentaria,
sin darse cuenta de que a usted le reprueban los ciudadanos. Vaya a los
aeropuertos y lo comprobará.
Como responsable pública y también como usuaria, me preocupa su actitud
erre que erre de que aquí no pasa nada y de que los culpables son otros.
Me preocupan y preocupan a los ciudadanos las consecuencias, los efectos
económicos y turísticos que este caos va a conllevar, caos que sigue
permaneciendo. Ayer volvieron a dispararse, como se decía antes, los
retrasos en Barajas.
Y en política, a un ministro, a un gobierno nuevo se le da un tiempo de
bula, pero usted lleva tres años de bula y la sociedad ya le pide
gestión, porque usted se hereda sucesivamente a sí mismo año tras año. Y,
lógicamente, si los aeropuertos no despegan del caos, ni usted despega de
su ineptitud, de su ineficacia, de su incompetencia, de su falta de
responsabilidad, tendrá que dar la cara. Y si no da la cara, la suya,
permita que ponga la cara otro Ministro de su mismo Gobierno para
resolver este caos, que puede situarnos en la cuneta de Europa, con un
turismo que peligra como nuestra primera fuente de recursos. Por una vez,
sea usted responsable y asuma su responsabilidad política. Se lo digo
desde la responsabilidad de una oposición que quiere que usted resuelva
los problemas. (Varios señores Senadores del Grupo Parlamentario Popular:
¡Tiempo, tiempo!) Señoría, con toda la disposición que usted quiera,
pero, por favor, hágalo, y si no es así, permita que sea otro quien lo
haga, porque es usted un auténtico irresponsable político y un cínico
políticamente.
La señora PRESIDENTA: Gracias, Senadora Pleguezuelos.
Tiene la palabra el señor Ministro de Fomento.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Gracias.
Señoría, yo creo que hay muchas maneras de hacer política. Usted tiene
una manera de hacerla y yo tengo otra. Y entiendo que las dos son
perfectamente respetables. A ustedes les encanta descalificar y a mí me
gusta analizar los problemas. (Risas y rumores en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.)
Lo que ocurre es que, cuando se enfoca con rigor un problema y se ponen
encima de la mesa sus causas y la historia de esos problemas, emergen
otras responsabilidades. (Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista.) Ya sé que a ustedes eso les molesta. Pero, señorías, por
mucho que ustedes se esfuercen, hablando de infraestructuras y de las
competencias propias del Ministerio de Fomento, como he puesto
simplemente de relieve con el ejemplo del período de formación de los
controladores, 36 meses de gestión implican una parte de las
responsabilidades, pero no pueden implicar todas.
Por otra parte, señoría, por mucho que yo quisiera, sería absolutamente
ridículo que me hiciera responsable de una huelga de pilotos, sería
absolutamente ridículo que me hiciera responsable de un exceso de
programación de vuelos. Sería absolutamente ridículo, señoría.
Por consiguiente, mi responsabilidad está situada donde tiene que estar.
Este Gobierno en tres años ha incrementado la capacidad aeroportuaria
española y la capacidad del espacio aéreo español. (Rumores en los
escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) Eso es, señoría,
empíricamente demostrable.
Y a a continuación añado --para concluir, señora Presidenta-- que los
ciudadanos que van al aeropuerto tienen razón. (Risas y rumores en los
escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
Déjenme terminar, señorías. Los ciudadanos que van al aeropuerto tienen
razón en exigir del Gobierno soluciones a este tipo de problemas, que
son, por su propia naturaleza, soluciones complejas. Yo les voy a hablar
del sentido común de los ciudadanos, porque este Gobierno va a dar
respuesta a sus exigencias. También les voy a poner de relieve que
ustedes pusieron un tenderete en el aeropuerto de Barajas para que la
gente firmara pidiendo la dimisión del Ministerio de Fomento. Pusieron el
tenderete en un lugar por donde pasan 90.000 personas todos los días y
consiguieron ustedes 40 firmas. (Risas.--Protestas.--La señora
Pleguezuelos Aguilar: ¡Tiempo, tiempo!) Los ciudadanos señoría, saben
dónde están las responsabilidades.
Muchas gracias, señora Presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ministro.
--DE DON JOSE MARIA FUSTER MUNIESA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL
SENADO, SOBRE LAS PREVISIONES DEL GOBIERNO DE REANUDACION DE LAS OBRAS DE
LA CARRETERA NACIONAL N-232, EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE RAFALES
(TERUEL) Y EL LIMITE DE LA PROVINCIA DE CASTELLON DE LA PLANA
(680/000755).
La señora PRESIDENTA: Pregunta de don José María Fuster Muniesa, del
Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre las previsiones del
Gobierno de reanudación de las obras de la carretera nacional N-232 en el
tramo comprendido entre Ráfales y el límite de la provincia de Castellón
de la Plana.
Tiene la palabra el Senador Fuster Muniesa.
El señor FUSTER MUNIESA: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señor Ministro, como usted sabe, el tramo Ráfales y el límite de la
provincia de Castellón, de la carretera nacional N-232 Vinaròs-Santander,
lleva cuatro años con las obras paralizadas.
Señor Ministro, este Senador del Partido Aragonés ha venido realizando
diversas pregunta escritas sobre el asunto y así, en 1997, a la pregunta
sobre la ejecución presupuestaria de la partida correspondiente, el
Gobierno respondía que el proyecto estaba en trámite de rescisión del
contrato, por lo que no había obligaciones reconocidas.
En mayo de 1998 contestaba, en cuanto a las previsiones, que se estaba en
fase de resolución del contrato de ejecución, tras lo cual se redactaría
el proyecto de terminación. A primeros de octubre se me responde con una
copia literal de la contestada en mayo cuando preguntaba si se iban a
tener en cuenta en el proyecto las peticiones realizadas por el
Ayuntamiento de Monroyo.
A mediados de octubre, a la pregunta de cuándo iba a hacer frente el
Gobierno a los acuerdos del jurado provincial de expropiación sobre el
expediente de referencia, se me da la misma respuesta literal con el
añadido de que el proyecto de terminación sufriría probablemente
variaciones en su trazado y que estaban en estudio las soluciones más
adecuadas para terminar las obras, incluidas las expropiaciones
necesarias.
A finales de diciembre de 1998 recibí la respuesta a la pregunta de
cuáles eran las causas de la no rescisión de las obras y el plazo de
terminación del proyecto: falta de interlocutores, suspensión de pagos de
la empresa y absorción por otra, etcétera, y que una vez recibida la obra
y liquidada se redactaría y aprobaría el nuevo proyecto. Además, a lo
largo de esta legislatura he tenido oportunidad de realizar varias
visitas a altos cargos de su Ministerio acompañando a los alcaldes de
Monroyo y Torre de Arcas afectados por la construcción de la carretera.
Por ello, le pregunto: ¿Cuáles son las previsiones del Gobierno para la
reanudación de las obras?
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor Ministro de Fomento.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias Salgado y Montalvo): Muchas gracias,
señora Presidenta.
Señoría, cuando un expediente administrativo sale de la órbita del propio
Ministerio para cumplir los trámites legalmente previstos, yo no le puedo
garantizar ningún plazo. Lo que sí puedo --y puedo comprometerme a ello
-- es hacer el máximo esfuerzo posible para que las obras se puedan
reanudar cuanto antes, pero no le puedo dar una fecha concreta porque el
Ministerio no tiene posibilidad de acelerar determinado tipo de trámites
administrativos.
Muchas gracias, señora Presidenta.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el Senador Fuster.
El señor FUSTER MUNIESA: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señor Ministro, el tramo Ráfales y el límite de la provincia de Castellón
de la N-232 tiene y ha tenido una priorización política en los
Presupuestos Generales del Estado durante los últimos cuatro años a
través de una consignación presupuestaria más significativa de 1.500
millones de pesetas, que año a año suman el capítulo de inversiones
regionalizadas en Aragón, pero que a final de año desaparecen al no haber
obligación reconocida alguna. Además, fuentes del Ministerio, así como
diputados de su Partido, han achacado, en reiteradas ocasiones en prensa,
los retrasos a los afectados y al largo y conflictivo proceso de
expropiación, lo cual usted y el Gobierno, a la vista de las
contestaciones, saben que no es cierto porque precisamente la
paralización ha venido motivada por el proceso de rescisión con la
empresa adjudicataria. Sin embargo, ha tenido que ser el jurado
provincial quien diese la razón a los afectados de Teruel que habían
recibido unas actas de expropiación forzosa a precios diez veces
inferiores a los percibidos al otro lado de la línea provincial por la
misma calidad del terreno en Castellón.
Señor Ministro, finalmente tenía la esperanza de que las obras de
terminación se licitaran en mayo. Al menos así lo anunciaron a primeros
de año tras una reunión con el Subsecretario de su Ministerio. Pero me
preocupa su respuesta porque coincide también con la que dan fuentes del
Ministerio que hablan de un tiempo dilatado de dos o tres años para el
reinicio de las obras tras una larga tramitación administrativa del nuevo
proyecto.
Por ello, desde el Partido Aragonés le instamos a que dé la prioridad
política que merece, y que está expresada en los Presupuestos Generales
del Estado, a uno de los pocos tramos que deben quedar de carreteras
nacionales en el estado en que éste se encuentra, con mucho tráfico, con
malas condiciones meteorológicas en invierno, y que constituye un
importante eje de tráfico de personas y mercancías de salida al litoral.
Nada más y muchas gracias, señor Ministro.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor Ministro de Fomento.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Muchas gracias,
señora Presidenta.
El compromiso que yo puedo asumir es empujar los procedimientos y no
solamente los que transcurren por los cauces del Ministerio de Fomento,
sino también los que lo hacen fuera del Ministerio de Fomento.
En segundo lugar, usted sabe muy bien, señoría, hasta qué punto se está
haciendo un gigantesco esfuerzo de inversión en la Comunidad Autónoma de
Aragón. El nivel de inversiones es verdaderamente espectacular, y esto es
lo que demuestra una voluntad política en relación con Aragón. Si hay una
obra concreta que se complica administrativamente, como ha ocurrido con
ésta, lo único que nos cabe es hacer el máximo esfuerzo para que
efectivamente la inversión pueda realizarse. Pero debe quedar claro que
la voluntad política y el esfuerzo en relación con la Comunidad Autónoma
aragonesa es, señoría, por parte del Partido que apoya al Gobierno, de
primerísima magnitud.
Muchas gracias, señora Presienta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ministro.
--DE DOÑA ROSA LOPEZ GARNICA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL
SENADO, SOBRE SI PUEDE EL GOBIERNO EXPLICAR EN QUE CONSISTEN LOS
PROYECTOS QUE VIENE REALIZANDO EL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD
(INSALUD), DIRIGIDOS A MEJORAR LA ATENCION DOMICILIARIA (680/000752).
La señora PRESIDENTA: A continuación, pasamos a la pregunta de doña Rosa
López Garnica, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre si
puede el Gobierno explicar en qué consisten los proyectos que viene
realizando el Instituto Nacional de la Salud (Insalud), dirigidos a
mejorar la atención domiciliaria.
Tiene la palabra la Senadora López Garnica.
La señora LOPEZ GARNICA: Gracias, señora Presidenta.
Señor Ministro, el artículo 43 de la Constitución, después de reconocer
el derecho de los españoles a la protección de la salud, establece que es
competencia de los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública
a través de las medidas preventivas, de los servicios y de las
prestaciones.
La evolución demográfica en España, con una gran disminución de la tasa
de natalidad y el incesante aumento de los avances tecnológicos, conlleva
una gran disminución de la tasa de mortalidad, con el consiguiente
envejecimiento de la población, así como una mayor tasa de supervivencia
en enfermedades que hasta hace poco eran mortales. Todo ello conlleva el
aumento de enfermos crónicos que muchas veces son subsidiarios de ser
atendidos en sus propios domicilios; en concreto, enfermos afectados de
patologías respiratorias, cardiopatías, hepatopatías, e incluso de
enfermedades hasta hace poco tiempo mortales, como
el sida, o también de personas mayores afectadas de algún grado de
restricción de la movilidad.
Así, la atención domiciliaria de estos enfermos va a favorecer, por un
lado, la reintegración de estos enfermos a su entorno familiar y, por
otro, va a permitir al sistema sanitario público una mejor distribución
de recursos escasos, como son las camas hospitalarias, en favor de una
priorización hacia otros pacientes que deban ser atendidos en el ámbito
hospitalario.
Señor Ministro, soy Senadora por Navarra, una Comunidad con competencias
en materia sanitaria desde el 1 de enero de 1991, y, a pesar de ello, he
querido interesarme por los proyectos del Insalud sobre la asistencia
sanitaria domiciliaria, a la luz del principio de solidaridad entre las
regiones de España que reconoce y garantiza como uno de nuestros pilares
más importantes del sistema político español el artículo 2 de nuestra
Constitución.
La Comunidad Foral de Navarra goza, y lo digo además con orgullo, de uno
de los mejores sistemas sanitarios, lo que no es óbice para que el Grupo
Parlamentario Popular se interese, a través de esta Senadora, de los
proyectos sanitarios del Insalud que afectan a los ciudadanos de diez
Comunidades Autónomas españolas.
Por ello, señor Ministro, el Grupo Parlamentario Popular desea que el
Gobierno explique a esta Cámara en qué consisten esos proyectos del
Insalud dirigidos a mejorar la atención sanitaria domiciliaria.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor Ministro de Sanidad y Consumo.
EL señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Gracias, señora
Presidenta. Muchas gracias, Senadora.
Como muy bien sabe su señoría, hay efectivamente atenciones sanitarias
que requieren ineludiblemente el ingreso de los pacientes en los
hospitales. Sin embargo, existen también servicios sanitarios que se
pueden prestar con eficacia fuera de los recintos hospitalarios, como
sucede con los centros de día, las unidades de cuidados paliativos y la
atención domiciliaria, a la que se ha referido más extensamente su
señoría.
Esta última va en beneficio de los pacientes, ya que vuelven a su entorno
familiar con la seguridad de seguir recibiendo una atención de igual
calidad, y en interés también del sistema sanitario, al liberarse camas
para enfermos necesitados de los medios humanos y materiales de los que
sólo se dispone en los hospitales.
Muchos enfermos, como recordaba muy bien su señoría, en especial los
crónicos, los mayores, los enfermos terminales y otros colectivos con
patologías como pueden ser respiratorias, cardiopatías, hepatopatías y
enfermedades neurológicas, etcétera, afectados con gran frecuencia por
graves infecciones funcionales y de movilidad, muy bien recordadas por su
señoría, pueden abandonar el hospital donde han estado ingresados y ser
atendidos en sus domicilios e, insisto, con similar nivel de cuidados
sanitarios facilitados por el personal de atención primaria.
Un dato que revela la magnitud potencial de este problema es que en
octubre de 1997 la población asistida mayor de 75 años susceptible de
recibir atención domiciliaria era de 1.149.000 personas, de las que casi
300.000 padecían algún grado de inmovilidad.
El Insalud está potenciando la atención domiciliaria a través de un
programa piloto, programa que en 1998 se ha desarrollado en cuatro áreas
sanitarias y que en 1999 llegará a diez áreas más, generalizándose
progresivamente a todo el territorio del Insalud.
El punto fuerte el programa consiste en la creación de equipos de soporte
formados por personal sanitario de atención primaria, médicos
especializados en cuidados paliativos, geriatras, internistas, médicos de
familia, personal de enfermería con experiencia en cuidados a domicilio,
personal auxiliar, y trabajadores sociales especializados en atención
domiciliaria. La principal tarea de estos equipos es llevar a cabo el
seguimiento de los pacientes, evaluar sus necesidades asistenciales junto
con los profesionales de atención primaria, y coordinar los medios
necesarios de las atenciones primaria y especializada para garantizar la
continuidad de los cuidados y la calidad asistencial, evitando así
ingresos hospitalarios innecesarios.
Hay un aspecto de la atención domiciliaria que incide de modo muy
significativo en la calidad de vida de los pacientes. Me refiero a las
técnicas de terapia respiratoria a domicilio, que bien utilizadas
incrementan la supervivencia, disminuyen los ingresos hospitalarios y
generan una mejor relación coste-beneficio. Por ello, el Ministerio
aprobó recientemente una orden para regular y ampliar estas terapias:
oxigenoterapia, ventilación mecánica, tratamiento ventilatorio del
síndrome de apnea del sueño, y aerosolterapia. Los servicios de salud de
las Comunidades Autónomas y del Insalud determinarán para cada una de
estas prestaciones el procedimiento de seguimiento y control, tanto
técnico como sanitario, de los pacientes. Por otro lado, el Insalud y las
Comunidades Autónomas con la asistencia sanitaria transferida --como la
de Navarra, que ciertamente dispone de unos excelentes servicios de
salud-- regularán esta prestación siguiendo unas líneas comunes de modo
homogéneo en toda España, evitando así disparidades y falta de
unificación sanitaria.
Muchas gracias, señora Presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra la Senadora López Garnica, exactamente por trece
segundos de tiempo.
La señora LOPEZ GARNICA: Muchas gracias, señora Presidenta.
Sólo quiero agradecer al señor Ministro su información. Por otro lado,
creo que debemos celebrar la corrección de esta orientación del sistema
sanitario hacia la atención domiciliaria de enfermos crónicos, tanto
desde el punto de vista humano, con el fin de evitar su desarraigo
familiar, como desde el punto de vista económico, para así liberar unos
recursos ya de por sí escasos, e incluso desde el punto de vista técnico,
ya que el señor Ministro ha mencionado las técnicas de terapia
respiratoria a domicilio.
En todo caso, quiero resaltar que es beneficioso que, tanto el Insalud
como las Comunidades Autónomas con esta competencia transferida, sigan en
materia de asistencia sanitaria una línea común y homogénea para todos
los españoles con objeto de evitar desequilibrios territoriales, no sólo
económicos sino también sociales. Asimismo, es importante que resaltemos
que éste va a ser uno de nuestros principales objetivos en esta Cámara.
Muchas gracias, señora Presidenta.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.
--DE DOÑA MARIA MERCEDES COLOMA PESQUERA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR
EN EL SENADO, SOBRE LAS INVERSIONES REALIZADAS POR EL MINISTERIO DE
SANIDAD Y CONSUMO EN LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON, SEGUN EL
NUEVO MODELO DE FINANCIACION SANITARIA PARA EL PERIODO 1998-2001
(680/000753).
La señora PRESIDENTA: Pregunta de doña María Mercedes Coloma Pesquera,
del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre las inversiones
realizadas por el Ministerio de Sanidad y Consumo en la Comunidad
Autónoma de Castilla y León, según el nuevo modelo de financiación
sanitaria para el período 1998-2001.
Tiene la palabra la Senadora Coloma Pesquera.
La señora COLOMA PESQUERA: Gracias, señora Presidenta.
Señor Ministro de Sanidad y Consumo, la sanidad es uno de los pilares
básicos del Estado del bienestar. Todos los españoles debemos tener las
mismas oportunidades de acceso a los recursos sanitarios desde la
perspectiva de la solidaridad. La financiación pública y la universalidad
de la cobertura son los elementos fundamentales para garantizar el
principio de equidad del sistema sanitario.
Como bien sabe el señor Ministro, la Comunidad Autónoma a la que
pertenezco, Castilla y León, es la región más extensa de Europa,
existiendo una gran dispersión de la población y siendo una de las que
cuenta con un mayor envejecimiento de la misma. Durante muchos años las
inversiones sanitarias han sido escasas, mínimas e insuficientes, y para
poder prestar una asistencia sanitaria de calidad es necesario tener
centros sanitarios y dotar a éstos de la tecnología adecuada a las
expectativas y demandas que la sociedad nos requiere.
Los castellano-leoneses no nos merecemos la desatención que hemos venido
sufriendo con Gobiernos anteriores y queremos un sistema sanitario.
(Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Continúe, señoría.
La señora COLOMA PESQUERA: Como decía, los castellano-leoneses no nos
merecemos la desatención que hemos venido sufriendo con Gobiernos
anteriores, y queremos un sistema sanitario público, como el de otras
Comunidades Autónomas, sin ese desequilibrio territorial.
Invertir es hacer una apuesta por la consolidación del sistema sanitario
público, y tengo que decir que nunca un Gobierno hizo un esfuerzo tan
importante para dar solidez y suficiencia financiera al sistema sanitario
como ha hecho el Gobierno del Presidente Aznar y usted como responsable
de ese Ministerio, en estos tres años que lleva gobernando el Partido
Popular. Realizar una inversión de 37.000 millones de pesetas, según el
nuevo modelo de financiación sanitaria, para el período 1998-2001, frente
a los 9.600 millones que se invirtieron en el período 1992-1996 en
Castilla y León, es hacer una apuesta declarada por la sanidad pública a
través del mayor compromiso que es el incremento presupuestario en
inversiones sanitarias para Castilla y León.
Por todo ello, la pregunta que le formulo, señor Ministro, es la
siguiente: ¿Qué inversiones... (Rumores.)
Señora Presidenta, si las señorías me dejan, podré continuar.
La señora PRESIDENTA: Puede continuar, señoría.
La señora COLOMA PESQUERA: Gracias, señora Presidenta.
¿Qué inversiones tiene previsto realizar el Ministerio de Sanidad y
Consumo en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, según el nuevo
modelo de financiación sanitaria para el período 1998-2001?
Muchas gracias, señora Presidenta. (Aplausos.--Un señor Senador del Grupo
Parlamentario Socialista: Ha contestado ella.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor Ministro de Sanidad y Consumo.
El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Muchas gracias,
señora Presidenta.
Efectivamente este Gobierno no sólo se ha preocupado de incrementar
sustancialmente los presupuestos de la sanidad y, de una manera
particular, los destinados a inversiones, que están conociendo
crecimientos de más del 60 por ciento en los últimos dos años, sino que
se ha preocupado, como no podía ser menos, de un reparto equitativo de
esos recursos para conseguir el mayor equilibrio entre las regiones, y de
ahí el que tengamos que hacer un importante esfuerzo en la Comunidad
Autónoma de Castilla y León, que acusaba escasez de inversiones en los
años pasados y que va a conocer en este cuatrienio de este nuevo modelo
de financiación sanitaria un crecimiento en la inversión del 322 por
ciento sobre el período anterior.
El presupuesto para inversiones en obras para el año 1998 en Castilla y
León supone una cantidad de 3.376 millones de pesetas, es decir, un 38
por ciento más que las dotaciones del presupuesto de 1997. El presupuesto
de inversiones
para 1999 alcanza la cifra de 5.102 millones, lo que supone, a su vez, un
nuevo incremento del 51 por ciento con respecto al año 1998 y del 108 por
ciento con respecto 1997, y con un importe plurianual previsto de más de
43.790 millones de pesetas.
En atención primaria, en 1999 se invertirán más de 1.726 millones,
destinados a la construcción de 10 nuevos centros de salud, por un
importe de 1.701 millones, en Burgos, León, Salamanca, Valladolid,
Segovia y Zamora, la reforma y ampliación del centro de salud de Medina
del Campo por un importe de 150 millones en 1999.
En atención especializada, las inversiones en obras alcanzan en el
presupuesto de 1999 un importe de más de 3.044 millones de pesetas,
ascendiendo sus diversas anualidades a un importe total de más de 39.000
millones de pesetas, y afectan a un 73 por ciento de la red de hospitales
del Insalud. Destacamos la construcción de un nuevo hospital en
Valladolid con una inversión total de 12.000 millones de pesetas. Hemos
realizado grandes reformas en seis hospitales: en el Hospital de Nuestra
Señora de Sonsoles, de Avila, con una inversión de 1.739 millones; en el
General Yagüe, de Burgos, con una inversión de 7.103 millones; en el
Hospital de León, con una inversión de 7.102 millones; en el Hospital
General de Segovia, con una inversión de 5.325 millones; en el Virgen de
la Concha, de Zamora, con un importe de 6.190 millones, y en el Clínico
de Salamanca, con una inversión de 1.110 millones. También se van a
realizar otras actuaciones de reposición en otros hospitales, por importe
de 1.238 millones de pesetas y en atención especializada las inversiones
de reposición en 1999 alcanzan la cifra de 3.044 millones de pesetas.
Muchas gracias, señora Presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ministro de Sanidad y
Consumo.
--DE DON ARTURO ESTEBAN ALBERT, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL
SENADO, SOBRE LAS INVERSIONES EN MATERIA HIDRAULICA REALIZADAS EN LA
COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA, DESDE LA CREACION DEL ACTUAL MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 1998 (680/000750).
La señora PRESIDENTA: Pasamos a la pregunta de don Arturo Esteban Albert,
del Grupo Parlamentario Popular, sobre las inversiones en materia
hidráulica realizadas en la Comunidad Autónoma de Andalucía, desde la
creación del actual Ministerio de Medio Ambiente hasta el pasado día 31
de diciembre de 1998.
Tiene la palabra el Senador Esteban Albert.
El señor ESTEBAN ALBERT: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señora Ministra, mucho me temo que con mi pregunta tampoco vamos a dar
satisfacción a la oposición. (Rumores.) El Grupo Popular tiene que
formular preguntas sobre determinadas inversiones que realiza el Gobierno
en algunas Comunidades Autónomas, no porque desconozca esas cifras, sino
para dar a conocer a los ciudadanos la realidad y mostrarles lo que
supone una manipulación del Grupo Parlamentario Socialista en cuanto a
las realizaciones del Gobierno.
El apartado de propaganda del Grupo Parlamentario Socialista en Andalucía
y su instrumentalización a través de las instituciones, está llevando al
ánimo de los ciudadanos andaluces, primero, que el Gobierno no invierte
en Andalucía, y segundo, que hay un total abandono de la política
hidráulica en Andalucía. Nada más lejos de la realidad.
Por eso quiero formular aquí la pregunta, fundamentalmente para que se
sepa con rigor cuáles son las cifras, pero además por algo aún más
importante: para que se restaure un poco la decencia en la política,
porque la manipulación no puede ser el manual de conducta de la oposición
que, por otro lado, es errática, sin estrategia, probablemente todavía
celebrando la dulce derrota, que está llevando precisamente a emborronar
cosas beneficiosas para los ciudadanos y nada para nadie. (El señor
Rodríguez Cantero: ¡Pregunta!) Sobre todo formulo esta pregunta para
acabar con un sistema muy antiguo, que algunos pueden creer que es
eficaz, como es el de decir que una mentira mil veces dicha puede ser una
verdad. Era un apartado de propaganda que hacía Goebbels, pero que no
tiene ninguna consecuencia positiva en este momento. (El señor Carracao
Gutiérrez: ¿Qué es lo que está preguntando?)
Así pues, para saber a ciencia cierta y con rigor cuáles son las cifras
en política hidráulica invertidas por el Gobierno en Andalucía es por lo
que formulo la pregunta a la señora Ministra, que anteriormente ha leído
la Presidenta. (El señor Carracao Gutiérrez: Pregunta por los 400.000 que
faltan.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador.
Tiene la palabra la señora Ministra de Medio Ambiente.
La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Tocino Biscarolasaga): Muchas
gracias, señora Presidenta.
Como sabe muy bien su señoría, aquí no estamos para dar satisfacción a
ningún grupo parlamentario, sino que somos elegidos miembros de un
Gobierno para aportar soluciones a los problemas que tiene España, y es
cierto que los ciudadanos andaluces aún necesitan mucha inversión en
infraestructuras hidráulicas.
Por esa razón, puedo decirle a su señoría que este Gobierno, no solamente
ha continuado esa política inversionista en materia de aguas,
concretamente en Andalucía, sino que, inclusive, la ha incrementado,
porque, por ejemplo, la inversión que se ha hecho en Andalucía en
política del agua en las fechas que usted pregunta, hasta diciembre de
1998, desde que llegamos al Gobierno, por tanto en dos años y medio,
asciende a la cantidad de 148.419 millones de pesetas en 1996, 1997 y
1998, fundamentalmente en dos programas, en el 521.A, de gestión e
infraestructura de recursos hidráulicos, y en el 441.A, de
infraestructura urbana de saneamiento y calidad de las aguas. (El señor
Rodríguez Cantero: ¡Falso!)
Pero, además, sabe su señoría que el Ministerio de Medio Ambiente ha
puesto en funcionamiento otras nuevas formas de financiar obra
hidráulica. Aunque no figure en los presupuestos de estos años, existen
obras comprometidas en lo que se llama abono total del precio u obras con
pago aplazado y hay otras inversiones muy importantes, que se
contabilizarán porque son compromisos asumidos para presupuestos de años
sucesivos, y que se abonarán, por tanto, cuando se entregue la obra, por
un importe de 2.437 millones de pesetas. Esto se refiere a obras tan
importantes como la prevista de 1.194 millones de pesetas para el
saneamiento integral de la Costa del Sol Occidental para mejora del
sector Arroyo de la Miel, subsector Torremuelle y colector Mijas-Arroyo
Real, término municipal de Mijas y otros también en la provincia de
Málaga. A su vez, están previstos 1.243 millones de pesetas en el año
2000 para proyecto de construcción, saneamiento integral de la Costa del
Sol Oriental, colectores, interceptores, estaciones de impulsión y
emisarios submarinos del núcleo costero Rincón de la Victoria.
Por último, le diré a su señoría que existe otro sistema de financiación
en el cual no solamente el Estado asume todos los compromisos de
financiación de la obra pública, sino que se da participación a los
usuarios que se van a beneficiar esencialmente de esas obras, y por esa
razón, y con ayuda de los fondos comunitarios, hemos creado algunas
sociedades estatales y otras se van a crear con influencia exclusivamente
en la Junta de Andalucía. Así, por ejemplo, la Sociedad Estatal ACUSUR,
constituida el 29 de julio de 1998, con un capital social de 19.200
millones de pesetas, hará inversiones de 65.526 (Rumores.);
Hidroguadiana, 41.334 millones, y la Sociedad del Guadalquivir, que
también se va a constituir este año, hará unas inversiones por importe de
70.553 millones de pesetas, es decir, que hay una previsión en sociedades
estatales para la Junta de Andalucía de más de 170.000 millones de
pesetas.
Señorías, no es cuestión simplemente de dar cifras. Los ciudadanos ven
las obras, ven las máquinas y, sobre todo, ven las soluciones.
Gracias, señora Presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Ministra.
--DE DON ARSENI GIBERT I BOSCH, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE
SI LA PROMULGACION DE UN DECRETO QUE AMPLIE DE UN AÑO A DOS EL PLAZO DE
INSPECCION FISCAL SIGNIFICA RECONOCER QUE UN AÑO ES INSUFICIENTE PARA
INSTRUIR ADECUADAMENTE DETERMINADOS EXPEDIENTES DE INSPECCION POR PARTE
DE LA AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (AEAT) (680/000744).
La señora PRESIDENTA: Pregunta de don Arseni Gibert i Bosch, del Grupo
Parlamentario Socialista, sobre si la promulgación de un decreto que
amplíe de un año a dos el plazo de inspección fiscal significa reconocer
que un año es insuficiente para instruir adecuadamente determinados
expedientes de inspección por parte de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria.
Tiene la palabra el Senador Gibert i Bosch.
El señor GIBERT I BOSCH: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señor Vicepresidente Segundo del Gobierno, hace aproximadamente unos seis
meses, en noviembre, en una interpelación sustanciada en esta Cámara
sobre la Agencia Tributaria, admitíamos que cinco años, los vigentes
anteriormente, era un tiempo excesivo para instruir una inspección
fiscal, una especie de tortura malaya para los contribuyentes, pero
sosteníamos también que un año era insuficiente en muchos casos y
optábamos por dos como plazo razonable. Usted, en aquel entonces, sobre
la base de una defensa que compartimos de los derechos de los
contribuyentes, nos aseguró que uno es suficiente en todos los casos.
Parece que ahora van a rectificar, ya sea alargando el plazo a dos años,
ya sea interrumpiendo el cómputo del tiempo cuando se solicite nueva
documentación, que puede ser incluso más de dos años si es que optan por
esta fórmula. La pregunta es la siguiente: ¿Debemos interpretar que nos
dan ahora la razón, señor Vicepresidente?
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Gibert.
Tiene la palabra el señor Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro
de Economía y Hacienda.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMIA Y
HACIENDA (De Rato y Figaredo): Gracias, señora Presidenta. Gracias, señor
Senador.
Lo que usted debe interpretar es que lo que estamos haciendo es cumplir
la Ley de derechos y garantías del contribuyente, concretamente en su
artículo 29 que, como su señoría sabe, fue una ley que estaba en nuestro
programa electoral, no en el suyo, y que ustedes se sumaron al consenso,
cosa que les agradecimos mucho.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el Senador Gibert.
El señor GIBERT I BOSCH: Me parece una lástima porque es una ocasión
perdida. Ante la lamentablemente frustrada expectativa de que el Gobierno
nos diera la razón en alguna cosa, en justa correspondencia estábamos
dispuestos a buscar --y no es fácil-- algo en que poder darle la razón a
usted. Convendría que todos aprendiéramos, supongo, a distinguir los
ámbitos de discrepancia de los ámbitos de coincidencia y usted, señor
Rato, debería ser el primer interesado, pero ¡qué le vamos a hacer! Otra
vez será.
Muchas gracias, señora Presidenta.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro
de Economía y Hacienda.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMIA Y
HACIENDA (De Rato y Figaredo): Gracias, señora Presidenta. Gracias, señor
Senador.
No sólo es cuestión de buscar ámbitos de coincidencia o no cuando es una
ley que se ha votado en esta Cámara y que su señoría conoce. El artículo
29 de la ley establecía que las actuaciones de comprobación e
investigación y las de liquidación llevadas a cabo por la Inspección de
Tributos deberán concluir en el plazo máximo de doce meses, y en el mismo
artículo se decía también que, no obstante, podrá ampliarse dicho plazo,
con alcance y requisitos que reglamentariamente se determinan, para los
casos de especial complejidad, ya sea por el volumen de operaciones de la
persona o entidad, por la dispersión geográfica de sus actividades o
también cuando se descubra que el contribuyente ha ocultado a la
Administración tributaria algunas de las actividades empresariales o
profesionales que realice y, a los efectos del plan previsto en el
apartado anterior, no se computarán las dilaciones imputables al
contribuyente. Esto estaba en la ley y esa ley aprobada tanto por esta
cámara como, desde luego, por el Congreso de los Diputados, fue una ley
presentada a iniciativa del Grupo Parlamentario Popular que obtuvo un
amplio respaldo de los grupos parlamentarios, entre ellos el suyo, y,
además, a la que ustedes presentaron enmiendas precisamente en
coincidencia con este artículo 29. A partir de ahí, si su señoría
necesita que les reconozcamos cuando aciertan, yo se lo reconozco. Cuando
ustedes coinciden con nosotros aciertan.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Vicepresidente.
INTERPELACIONES:
--DE DON ARSENI GIBERT I BOSCH, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE
LOS RESULTADOS DE LAS MEDIDAS DE LIBERALIZACION ADOPTADAS POR EL GOBIERNO
EN EL MES DE JUNIO DE 1996 (670/000131).
La señora PRESIDENTA: Punto segundo del orden del día: interpelaciones.
Interpelación de don Arseni Gibert i Bosch, del Grupo Parlamentario
Socialista, sobre los resultados de las medidas de liberalización
adoptadas por el Gobierno en el mes de junio de 1996.
Para exponer la interpelación tiene la palabra el Senador Gibert por
tiempo de quince minutos.
El señor GIBERT I BOSCH: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señor Vicepresidente Segundo del Gobierno, señorías, más allá de las
formulaciones teóricas a partir del fin del siglo XVIII, el fenómeno de
la liberalización económica es hoy un fenómeno de alcance mundial muy
vinculado a las grandes transformaciones económicas, tecnológicas y
políticas de la segunda mitad del siglo XX. Por una parte es un proceso
ineludible de implementación gradual --gradual no quiere decir lento-- en
un mundo simplemente globalizado e interdependiente.
Los efectos de estas aperturas a las economías son en general positivos;
repercuten en favor de la propia economía y de los consumidores siempre
que se garantice la competencia, es decir, siempre que se eviten
excesivas concentraciones de poder económico, prácticas colusorias y
situaciones de oligopolio y siempre que se protejan los derechos de los
ciudadanos y se mantengan los instrumentos básicos de equidad social. Lo
que no es la liberalización de la economía es ningún invento inédito y
genial de la Fundación FAES o del señor Montoro, aunque a veces por sus
discursos parece que él sí cree que es un invento genial suyo.
Casi todo el mundo sabe que el proceso de liberalización o modernización
de la economía no se inició en España en 1996. Podría decirse que tuvo su
inicio tímida e inconfesadamente en el año 1959 cuando empezó el Plan de
Estabilización. En aquel momento ya hubo un primer atisbo de
modernización y apertura a ese respecto. Dicho proceso se fue acelerando
relativamente durante el período que va desde el Tratado de Adhesión
hasta nuestra integración a la entonces llamada Comunidad Económica
Europea en el año 1986. Hubo un notable impulso de modernización al
desaparecer barreras comerciales, al adaptar a la legislación española
normas de la Comunidad, al aceptar las políticas de competencia en
general de la propia Comunidad y al introducirse en nuestro país la
noción de que en los sectores en red también se podía introducir
competencia --hasta entonces todos creíamos tal vez que éstos eran
monopolios naturales en los que no era posible introducir competencia.
Entre 1982 y 1996 los gobiernos socialistas desarrollaron un programa de
modernización en los mercados de bienes y servicios por el que se
redujeron sustancialmente las diferencias entre España y la Comunidad
Económica Europea. No debería ser necesario recordar los avances de aquel
período, pero a veces por la actitud del actual Gobierno, y a veces por
la del Grupo Popular, tal vez se haga necesario recordar, aunque sea
someramente, los avances más relevantes que se han conseguido.
En el campo del transporte aéreo, nuevos operadores y liberalización de
tarifas; avances en la Banca y en los seguros; en la energía,
desaparición del monopolio del petróleo y elaboración de una ley
eléctrica preparatoria de la introducción de la competencia; en las
telecomunicaciones, eliminación del monopolio de la telefonía básica al
introducirse el segundo operador de telefonía móvil; creación de cadenas
de televisión privada y autonómicas; establecimiento de un esquema
institucional de defensa de la competencia y reforzamiento de la Comisión
del Mercado de Valores; adaptación de la normativa comunitaria en materia
de puertos, aeropuertos, ferrocarriles y transporte por carretera, y
realización de un amplio programa de privatizaciones
de empresas públicas, programa que se hizo sin olvidar que privatizar en
muchos casos puede ser una condición necesaria para liberalizar aunque
nunca suficiente, es decir, sin que se tenga que confundir privatización
con liberalización. Dicho de otra manera, teniendo en cuenta que un
oligopolio privado puede y suele ser peor que un monopolio público.
Se podrá discutir si todo esto se hizo o no de forma suficiente, si se
hizo o no al límite de lo imposible, pero lo cierto es que no debería
discutirse puesto que no sería ni justo ni útil.
En cualquier caso, en el año 1996 había una extensa agenda liberalizadora
pendiente de realizar y en parte ya realizada incluso en términos
parecidos a los programados por el actual Gobierno. En 1996, un mes
después de la toma de posesión, el Gobierno decide realizar, a través de
unos decretos y otras figuras legislativas, el primer plan liberalizador
de este período de Gobierno, concretamente en seis sectores: suelo,
farmacias, carburantes, funerarias, colegios profesionales y
telecomunicaciones.
Por supuesto, los efectos de las medidas económicas deben analizarse, en
muchos casos, a medio plazo, y por eso queremos referirnos especialmente
al primer plan de 1996, no al segundo de febrero de 1997, ni a las
recientes medidas de los últimos días. Casi tres años son tiempo
suficiente para medir no sólo las intenciones y los procedimientos sino
los resultados, que es por lo que deben medirse fundamentalmente las
acciones del Gobierno. Ello no excluye que en la intervención vaya a
hacer alguna pequeña incursión en las medidas recientes. Le anticipo los
resultados de nuestro balance: corporativismo, 5 - Gobierno, cero, en
seis sectores, y en el caso de las telecomunicaciones: 5-1, o empate.
Empecemos por el suelo. Según ustedes, las medidas de 1996 y la ley
posterior debían frenar e, incluso, bajar la repercusión del precio del
suelo en la vivienda. El resultado es: en 1998, incremento del precio de
los pisos nuevos en un 7,4 por ciento y, sólo en el primer trimestre de
1999, un 7 por ciento, y, en las viviendas en alquiler, en el período
1996-1999, un incremento del 18,4 por ciento. No me gusta utilizar
palabras como fracaso, pero no parece un gran éxito. Supongo que en su
respuesta intentará trasladar parte de la responsabilidad a las
Comunidades Autónomas y a los ayuntamientos, pero esto no forma parte del
debate que a mí me gustaría tener, porque no buscamos culpables, ni
siquiera le señalamos a usted como tal, sólo estamos intentado hacer un
balance de resultados.
El segundo sector es el de las farmacias. La música de la exposición de
motivos del Decreto de julio de 1996 sonaba muy bien, aunque la de la
parte expositiva no tanto. Entonces corrió el rumor de que se había
modificado esa parte dispositiva por presiones corporativas, que no sé si
es cierto. Lo que sí es cierto es que todo sigue igual, excepto el tema
de los horarios, que ya había sido resuelto en aquel momento por los
Tribunales. No tengo tiempo suficiente para desarrollar lo que de verdad
sería liberalizar todo el ciclo del medicamento. Existe un informe de la
Comisión Especial de Ordenación del Servicio Farmacéutico, que no fue
aprobado, en el que las tesis socialistas no prosperaron y en el que los
representantes del Grupo Parlamentario Popular demostraron ser unos
liberalizadores muy peculiares. Si no tiene inconveniente, se lo haré
llegar, porque, insisto, no tengo tiempo de desarrollarlo.
En el sector de los carburantes, sin dudar de las buenas intenciones del
Gobierno, lo cierto es que ha habido fuertes subidas del gasóleo en las
zonas rurales; no ha habido entradas significativas en el mercado de
derivados del petróleo; el acceso a terceros a las redes de gases
licuados y gasoductos sigue prácticamente sin ninguna eficacia, en primer
lugar por las limitaciones para adquirir la condición de consumidor
elegible y, en segundo lugar, por el carácter negociado de este acceso a
las redes, con el arbitraje del Ministro de Industria, que se está
acreditando como muy sumiso a los designios de los grandes grupos. De
hecho, el paso más importante en el sector de los carburantes se realizó
en la época socialista, al abrir la puerta a la proliferación de
estaciones de servicio y al eliminar el monopolio de CAMPSA, que ha
repercutido en alguna medida, por lo menos en cuanto a gasolineras, en
mejores servicios, e, incluso, en una incipiente competencia de precios
en algunas zonas. El paso siguiente era la distribución de competencia
entre las grandes compañías distribuidoras, que les correspondía hacerlo
a ustedes, pero no ha sido así y es evidente que hay colusión.
Si nos referimos al gas natural, el señor Piqué, ha hecho, según él,
cuatro liberalizaciones en tres años en este sector; ahora anuncia una
aceleración. Es imposible, no se puede acelerar algo que no se ha
iniciado. Gas Natural es, con todas las letras, un monopolio.
Servicios funerarios. España tiene unos 9.000 municipios, y los concursos
han cambiado de forma a raíz del decreto; de acuerdo. Desde luego, las
empresas respetan escrupulosamente los respectivos territorios. Tenemos
noticias de competencia real en el sector de servicios funerarios, en
tres municipios, aunque puede haber alguno más, no se lo discutiría. Los
resultados cualitativos son muy positivos, con bajas en el precio de los
servicios del orden del 40 o el 60 por ciento, pero los resultados
cuantitativos son prácticamente insignificantes: tres municipios o, tal
vez, alguno más, es decir, un 0,002 de la población beneficiada por esta
medida de julio de 1996, en un sector donde las rentas del monopolio son
de las más abusivas que hay entre todos sectores, y seguramente sea a
causa de que el estado anímico del comprador no es óptimo para negociar.
Menos mal, señor Rato, que el sector de servicios funerarios es de
demanda inelástica; afortunadamente, no es fácil estimular la demanda.
Menos mal. (Risas.)
En cuanto a las profesiones liberales, es otro de los sectores que usted
liberalizó en 1996. Igual que en el caso de las farmacias, la exposición
de motivos estaba muy bien puesto que abría todas las puertas que era
necesario abrir, pero en la realidad no se ha producido ningún avance.
Tal vez porque usted y su Gobierno creen ingenuamente que posibilitar la
competencia equivale a reducir la competencia efectiva, pero no es así.
El resultado es que los honorarios han cambiado de calificación; antes se
llamaban mínimos obligatorios y ahora orientativos, pero para los
profesionales son tan vinculantes como antes. Subsisten, además,
demasiadas restricciones y limitaciones legales.
La bien organizada resistencia corporativa ha convertido la
liberalización de los servicios profesionales en papel mojado. Lo dicho:
corporativismo, 5-Gobierno, cero.
Cuando en un sector hay competencia, señor Rato, se nota y todo el mundo
se da cuenta. Este es el caso de la telefonía. Otra cosa es la calidad
del proceso. Nosotros somos críticos con la forma del proceso
--incomprensiblemente todavía dirigido por el Ministro Arias-Salgado--
por razones como las siguientes. En primer lugar, por la limitación de
funciones de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones y el poco
caso que le hace el Gobierno al Ministerio. En segundo lugar, por las
malas prácticas en fijación de tarifas de interconexión y reequilibrio
tarifario. En tercer lugar, por el mal uso que se permite hacer a
Telefónica de la situación transitoria de monopolio parcial que todavía
disfruta.
Usted, si es un liberal, debería coincidir conmigo en que las empresas
mientras todavía disfrutan de beneficios extraordinarios derivados de
rentas de monopolio con estos beneficios extraordinarios no deberían
poder diversificar y consolidar monopolios en otros sectores como, por
ejemplo, en el mediático; cosa distinta es cuando ya no disfrutan de
rentas del monopolio. En la telefonía hay competencia, pero el proceso
está en marcha y es imparable.
Señor Rato, cuando sucede lo contrario, cuando nadie nota que hay
competencia, es que no la hay. Ese es el caso de las eléctricas. El
proceso de liberalización --en este caso, entre comillas-- fue dictado al
señor Piqué por UNESA en todo momento, desde la mayor concentración
vertical y horizontal autorizada en 1997 hasta la exigencia de
titulización de los mal llamados costes de transición a la competencia.
Por cierto, es curioso que el señor Pérez de Bricio, Presidente de CEPSA,
dijera en unas declaraciones que hizo a la prensa: «Fuimos imbéciles por
no pedir ayudas como las eléctricas.» Esto lo dijo el señor Pérez de
Bricio en relación al sector petrolífero, y supongo que usted ha tenido
ocasión de leerlo.
La única tendencia a la liberalización del sector eléctrico se observa en
la posibilidad de escoger en el sistema de mercado continuo más fuentes
primarias de energía; esto es algo que repercute en el menor coste de
producción, pero la disminución no se traslada necesariamente a los
consumidores, salvo por rebajas intervenidas o pactadas. Esto es todo lo
contrario a la competencia. Ni siquiera los consumidores elegibles, que
son pocos, tienen margen de maniobra para negociar ante la prepotencia de
este oligopolio tan descarado y colusorio. Hace dos años pensábamos que
el señor Piqué era un poco ingenuo o novato, pero ahora tenemos dudas de
si se trata de un problema de incompetencia o complicidad.
Nuestro balance es más o menos el que le he descrito, y dudamos de que el
suyo pueda ser muy distinto. No discutimos, por supuesto, su intención de
julio 1996, tan sólo queríamos hacer un balance de resultados, que son
prácticamente nulos. De hecho, las recientes medidas adoptadas por usted:
recortar los aranceles de notarios y registradores, los márgenes de
distribución de medicamentos, las tarifas de electricidad, gas y
telefonía, nos dan a entender que usted reconoce explícitamente que en
estos sectores la competencia es nula o insuficiente.
Para terminar voy a hacer otra referencia a estas medidas adoptadas en
las últimas semanas, y lo voy a hacer en forma de ruego. El primer ruego,
señor Rato, es que a un paquete de medidas que consiste básicamente en
intervenir a la baja precios susceptibles de ser intervenidos, no las
llame medidas liberalizadoras; déles otro nombre, por ejemplo medidas de
emergencia para maquillar temporalmente la inflación ante el diferencial
de ésta en España en relación a otros países del área euro. Reconozca que
intervenir precios estará bien o mal, pero siempre será lo contrario de
liberalizar.
El segundo ruego es que si quiere usted de verdad liberalizar estos y
otros sectores --y no le recitaré la relación de sectores pendientes de
liberalizar--, ¿qué le parece que un día de éstos hablemos de la ley de
comercio, que es competencia de su Ministerio directamente? Hágalo, pero
sabiendo que no basta con bonitos y fáciles decretos de liberalización
nominal; el papel lo aguanta todo, pero para liberalizar hay que afrontar
con tesón y habilidad las lógicas e inevitables resistencias que ello
comporta. No haga usted como el señor Montoro, un liberal de salón; el
toro corporativo es un toro de los de verdad, y debe usted saberlo.
Y el tercer y último ruego es que reconozca que si hace una o dos semanas
fue posible intervenir para rebajar estos precios, también era posible
hacerlo hace tres, seis o doce meses atrás, tal como en el caso de la
electricidad se le dijo a usted por activa y por pasiva. La pregunta
final, y con esto termino, es inevitable: ¿por qué no lo hizo usted
antes, señor Rato?
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Gibert.
Para contestar a la interpelación, en nombre del Gobierno tiene la
palabra el señor Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de
Economía y Hacienda.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMIA Y
HACIENDA (De Rato y Figaredo): Gracias, señora Presidenta. Gracias, señor
Senador.
Efectivamente, el Gobierno del Partido Popular desde junio de 1996
planteó como uno de los instrumentos básicos de su política económica el
proceso de liberalización y de aumento de la competencia, que junto con
una política presupuestaria orientada a una sustancial reducción del
déficit público permitiese a la economía española entrar en un nuevo
modelo de crecimiento.
El señor Senador ha dedicado su intervención a poner en duda que nuestras
medidas hayan tenido acierto, pero al señor Senador se le ha olvidado --y
yo me permito recordárselo-- cuáles han sido las consecuencias económicas
de la política del Partido Popular, de la que los procesos
liberalizadores son esenciales.
Seguramente todos los aquí presentes --que, para su suerte, tienen ya una
edad suficiente como para recordar
cuáles eran las condiciones económicas en nuestro país y las teorías
económicas en nuestro país-- recordarán que durante más de 20 años se nos
informaba constantemente por parte de las personas más responsables del
Gobierno, y también de una parte sustancial de la opinión pública
informada, que la única manera de reducir la inflación en España era la
política monetaria. Seguramente todos los aquí presentes recordarán que a
lo largo de los años ochenta, años en los que el señor Senador nos ha
recordado el intenso proceso de transformación económica, sin embargo
nuestra economía no era capaz de reducir sus presiones inflacionistas más
que a través de políticas restrictivas monetarias, que, por cierto, no
reducían las tensiones inflacionistas pero sí reducían considerablemente
la actividad económica y, por tanto, el crecimiento y el empleo. En ese
sentido, parece interesante recordar que en el último proceso de
crecimiento similar al que estamos viviendo en este momento, es decir, el
que se produce a final de los años ochenta, la inflación en España nunca
se redujo por debajo del 5 por ciento y, sin embargo, todos los que estén
aquí presentes y tengan información de los tipos de interés que pagaban
las familias o las empresas podrán recordar perfectamente cuáles eran los
tipos de interés que pagaban en este país los ciudadanos.
Yo quiero recordar a la Cámara que a partir de 1996, y desde la llegada
al Gobierno del Partido Popular, se han producido diez bajadas de tipos
de interés en nuestro país. Han coincidido con una histórica reducción de
la inflación hasta el 1,4 en diciembre de 1998 y, al mismo tiempo, han
coincidido con una intensísima creación de empleo --hasta un crecimiento
del empleo del 3,3-3,4 en 1998, 440.000 empleos--, un crecimiento
diferencial de la economía española tanto en el año 1997 como en el año
1998 y, por lo tanto, hemos entrado en un marco económico sustancialmente
distinto: lo que durante los años ochenta era elegir entre crecimiento e
inflación, en los años noventa, a partir del año 1996, nos permite elegir
al mismo tiempo baja inflación y crecimiento.
Yo creo que hay un cambio sustancial en el que ha jugado un papel
determinante la política presupuestaria, pero en el que también ha jugado
un papel determinante la liberalización de mercados, que se puede medir,
como su señoría ha hecho, caso por caso y eligiendo además los ejemplos
que le convienen --yo ahora voy a elegir otros y, por lo tanto, vamos a
ver si a su señoría le parecen nuestros ejemplos tan sustanciales como
los suyos--. Pero si vemos el marco global de situación, nos daremos
cuenta de que nuestra economía en este momento, con un crecimiento de la
demanda interna cercano o superior al 5 por ciento, tiene una inflación
del 2 por ciento, situación que en épocas no demasiado distantes era
justamente al revés: cuando nuestra economía crecía al 2 por ciento
teníamos una inflación del 5 por ciento. Por lo tanto, no cabe duda de
que en la economía española se han transformado muchas cosas en estos
tres años, que han permitido que en estos momentos podamos enfrentarnos
al futuro en una situación de estabilidad y de crecimiento radicalmente
distinta de la que conocíamos hasta entonces.
Su señoría ha hecho una relación de los grandes esfuerzos liberalizadores
realizados entre los años 1986 y 1996. Sin duda debieron ser unos grandes
esfuerzos liberalizadores, pero algo no era suficiente, porque en esos
años tuvimos la mayor destrucción de empleo de nuestra historia, entre
septiembre de 1992 y la primavera de 1995 tuvimos que devaluar la moneda
cuatro veces, estuvimos a punto de ser expulsados del Sistema Monetario
Europeo y nuestras posibilidades de pertenecer a la moneda única eran
exactamente cero, puesto que teníamos que recorrer todavía el 120 por
ciento de las condiciones que se nos presentaban. Por lo tanto, algo
debió de suceder en ese intenso proceso de liberalización al que el
Partido Socialista quiso someter a la economía española para que no
produjera resultados. Seguramente para unos podría ser poner en duda ese
intenso proceso liberalizador --porque quizás algunos no lo recordamos
tan intenso--, pero otros quizás pudieran pensar en la incoherencia de la
política económica, porque seguramente mientras algunos de ustedes
pensaban sinceramente que la liberalización era imprescindible, otros de
ustedes pensaban exactamente lo contrario. Y, por ejemplo, durante varios
años --y su señoría lo sabe-- un sector tan importante para el futuro de
nuestro país como el cable dormía en el cajón del Ministerio de Fomento
el sueño de los justos, precisamente para proteger los intereses
comerciales de una compañía semipública como era Telefónica. Luego lo que
sucedía cuando ustedes gobernaban es que la incoherencia era la reina que
dictaba las decisiones.
Su señoría nos acusa a nosotros de estar sometidos a los criterios
corporativistas. Yo no les voy a acusar a ustedes de estar sometidos a
nada, lo único que describo es que bajo su mandato los procesos
libelizadores que ustedes intentaron eran siempre contrarrestados dentro
del propio Gobierno en lo que una persona de autoridad como don Felipe
González definió como esquizofrenia, y creo que lo definió con
conocimiento de causa. No voy a recordarles a ustedes los intensos
debates entre las partes política y económica del Gobierno, las
dimisiones de sus ministros de Economía en los años ochenta por no poder
llevar a cabo las reformas que estaban planteadas u otras condiciones que
todos hemos conocido a lo largo de todos esos años, lo cual no quiere
decir que las cosas que su señoría ha mencionado ustedes no las hicieran
--en un Gobierno de 13 años me parece imposible que no se hayan producido
avances, y avances que todos felicitamos.
Lo que nunca hubo fue un proyecto global y coherente, porque ustedes
trataban de satisfacer dos cosas: una, su programa electoral, que en
materia económica no podían aplicar, y, otra, nuestra condición de
miembros de la Unión Europea, hasta el punto de que el recurso a la Unión
Europea era el recurso de todos mis antecesores para justificar ante sus
grupos parlamentarios las medidas que tenían que tomar o las promesas que
no podían cumplir, y eso nos obligaba a ser un país que se conformaba con
la media de liberalización de la Unión Europea, media claramente
insatisfactoria para un país que estaba muy por debajo de la renta per
cápita y con un problema de empleo muy superior a la media europea. Esa
es mi explicación de los hechos, que, como todas las explicaciones, es
matizable y seguramente complementada por la que haga su señoría.
Ahora pasemos a ver los sectores en los que nosotros hemos actuado, pero
quiero subrayar --y lo he dicho, pero quiero que mi opinión quede
claramente manifestada, señoría-- que lo importante, que lo que nosotros
hayamos podido hacer y que se refleja en el nuevo marco de la situación
económica española, está en todas y cada una de las medidas pero sobre
todo en la coherencia.
Nosotros, con mayor o menor acierto y con el respaldo de los grupos que
nos han apoyado, hemos hecho todos los esfuerzos enla misma dirección.
Hemos tratado de que nuestras medidas fueran todas en la misma dirección,
y creo que, con un grado relativo de satisfacción, como es natural, lo
hemos conseguido. Ese es uno de los grandes cambios de la política
económica que se ha producido en este país, y yo, como responsable de esa
política económica, no necesito venir a esta Cámara a invocar ni a la
Unión Europea ni a la Comisión Europea ni a ninguna instancia
internacional para plantear medidas en las que firmemente creo, en las
que creen los grupos que me apoyan y que además condicionan el resto de
la política en general del Gobierno.
Esa esquizofrenia que esterilizó muchos de los discursos de mis
antecesores, que no pasaban de discursos nunca, es lo que ha permitido
que en estos tres años hayamos podido transformar una realidad en
beneficio de todos, y que permita sin duda que su señoría pueda
criticarnos, incentivarnos y ponernos cada vez medidas más exigentes en
procesos liberalizadores, cosa que yo le aplaudo.
Telecomunicaciones. Señoría, cuando nosotros llegamos al Gobierno había
un monopolio que tenía una negociación europea con una duración de cinco
años, monopolio que ejercía; ésa era la realidad. Le he puesto a usted un
claro ejemplo: el cable, y usted sabe y yo sé que era así. Desde el
Ministerio las decisiones se tomaban en función de los intereses de una
determinada compañía, que era la compañía monopolio, y eso se me ha dicho
a mí como justificación para el retraso, por ejemplo, de la puesta en
marcha de la liberalización en el terreno del cable.
Respecto a ese monopolio que ustedes entendían que era bueno que durara
cinco años para proteger el mercado español nosotros entendimos lo
contrario, y lo redujimos a once meses. Ustedes creían --y era una
creencia que ustedes explicaban-- que lo que necesitaba España era
mantenerse con un monopolio de teléfonos durante mucho tiempo para
protegerse de las grandes compañías internacionales, y ustedes creyeron
que era un gran éxito por su parte haberle arrancado a la Unión Europea,
en las negociaciones de adhesión, poder mantener ese monopolio durante
cinco años a partir del año 1996, es decir, muchos más a partir del año
1986.
Esta era su mentalidad. La nuestra era justamente la contraria: pensar
que en beneficio de la sociedad española lo que necesitábamos era
aumentar la competencia en el terreno de las telecomunicaciones, y por
eso lo que ustedes consideraban un gran éxito, que era estar con un
monopolio cinco años, nosotros considerábamos que había que hacer
exactamente lo contrario, y lo redujimos a once meses.
Es cierto, señoría, que ustedes permitieron un segundo operador. Pero,
¿quiere usted recordar las condiciones? Le pusieron ustedes una cuota de
entrada de 60.000 millones de pesetas, es decir, su gran gesto
liberalizador, del cual se quedaron ustedes exhaustos, fue permitir un
competidor a Telefónica, en telefonía móvil, al cual le pusieron ustedes
un dogal de 60.000 millones de pesetas, que por cierto la Comisión
Europea declaró ilegal y que nosotros hemos tenido que devolver. Yo
comprendo su argumento, siempre hay que tener en cuenta, de dónde vienen,
porque para ustedes ya fue un esfuerzo inhumano permitir que hubiera un
competidor para Telefónica, pero fue tan inhumano que le pusieron 60.000
millones de pesetas como precio de entrada, ilegales. Pero, en cualquier
caso, tengo que reconocer que de donde ustedes venían, les ha debido
parecer un trayecto monumental; lo que ocurre es que les queda todavía
mucho más camino por recorrer, así que vayan ustedes acelerándose.
Quiero recordarle que precisamente esa competencia ha permitido que en
España, en tres años, hayamos pasado de un solo operador en fija, dos
operadores en móviles, uno de ellos con un dogal de 60.000 millones de
pesetas, a tres operadores en fija, tres operadores en móviles más 43
demarcaciones de cable. A su señoría puede parecerle poco, pero como todo
en la vida es relativo, su señoría puede comparar de dónde veníamos.
Además, esto ha producido una liberalización de tarifas, que le puedo
leer y que usted conoce como yo; por ejemplo, las tarifas locales han
tenido crecimiento cero en el año 1996, en el año 1997; han tenido un
crecimiento del 13 por ciento en 1998, que será el último, como
consecuencia del reequilibrio de tarifas locales, que quiero recordar que
la que ustedes hicieron fue del 37 por ciento, y ha tenido un crecimiento
cero en el año 1999. Pero las demás tarifas, las provinciales, las
interprovinciales y las internacionales han tenido crecimientos cero o
negativos, todos los años. Y lo más importante no es esto, sino el
aumento del empleo y la inversión que ha producido. Los 300.000 millones
de pesetas de inversión en este sector, este año y en nuestro país, son
consecuencia de la liberalización total a que hemos sometido al sector de
las telecomunicaciones.
Hablemos de la electricidad. Su señoría es muy crítico con lo que hemos
hecho en ese campo, pero quiero recordarle que el llamado marco estable
que regía hasta nuestra llegada era que en telecomunicaciones la política
del Ministerio la dictaba Telefónica y, en electricidad, la que dictaba
ENDESA. (El señor Gibert i Bosch hace signos negativos.) En ese sentido,
por ejemplo, entre los años 1986 y 1996 --en los que su señoría reconoce
que tuvo lugar una liberalización importantísima-- las tarifas medias en
kilovatios/hora crecieron el 41,5 por ciento. No está mal. Menos mal que
liberalizaron porque, de otro modo, cuánto habrían crecido y, si nos
ponemos en 1982, el cien por ciento.
Quiero señalar que durante nuestros tres modestos años de gobierno, en
los que su señoría desprecia todo lo que hemos hecho, las tarifas se han
reducido el 10 por ciento, mientras que con ustedes crecieron el 41 por
ciento en diez años. Por tanto, si nos dan un poco más de tiempo, verán
cómo a finales del año 2001 --es decir, a principios de la próxima
legislatura-- las tarifas eléctricas, en términos
reales, habrán caído un 20 por ciento. Lo que para ustedes era un
crecimiento del 41 por ciento, para nosotros es una caída del 20 por
ciento. Su señoría me dice que eso es consecuencia de nuestro
sometimiento al corporativismo y quiero que me explique a qué estaban
ustedes sometidos porque debía ser --y lo digo con respeto a la Cámara--
la monda, debía ser terrible. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.) Ni sometimiento ni nada, era un ucase que, por
cierto, es exactamente lo que era.
En julio del año 2000 --y espero que su señoría y yo tengamos salud para
verlo-- 60.000 empresas tendrán acceso libre al mercado eléctrico.
Hablemos de hidrocarburos. Nos critica que en el caso del gas haya un
monopolio privado pero, ¿me quiere explicar quién vendió el monopolio a
quién? ¿Estaba su señoría aquí en la legislatura anterior? ¿Se acuerda de
la foto de la Moncloa? ¿Se acuerda de la venta de Enagas y de las
condiciones de esa venta? ¿Se acuerda de la creación de Gas Natural y de
las condiciones de esa creación? Si se acuerda de todo eso, podrá no
estar satisfecho de que haya un monopolio, pero debe preguntar en su
casa. Además, como su señoría es Senador por Cataluña, no tiene que ir
muy lejos a preguntar, al Secretario General; pregúntele a él porque a mí
no me lo va a decir pero, creo yo que a su señoría sí se lo dirá.
(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)
Frente a esa situación, nosotros hemos tratado de reducir el monopolio en
diez años en algunos aspectos, porque en otros, lo hemos reducido
totalmente. Por eso, en la ley del gas de 1987, que es la anterior a la
Ley de Hidrocarburos de 1997 --es decir, de diez años más tarde-- cuando
se hablaba de un plazo para amortizar las instalaciones de una empresa
que hubiese gozado de una situación de monopolio y que, por tanto, podía
haber hecho inversiones obligada --como consecuencia de ese monopolio--
se establecía un plazo de 75 años para compensarla. ¿Quién gobernaba en
España en 1987? Según usted estábamos en pleno proceso liberalizador.
Pues bien, en pleno proceso liberalizador de ustedes se consideraba que
una empresa monopolística para compensarse tenía derecho a 75 años de
mantenimiento del monopolio. Esos 75 años con nosotros se han reducido a
diez. Que a su señoría le parecen pocos, muchos, me parece estupendo. No
cabe duda de que de 75 a diez años todos hemos recorrido un largo camino,
sobre todo la economía española. Pero usted puede decirnos que lo hagamos
en menos tiempo, nosotros creemos que con diez años hemos dado un salto
sustancial.
Quiero también recordar a su señoría, me parece importante, que mientras
en Europa los consumidores de cinco millones de metros cúbicos o más, que
en España representan el 67 por ciento del mercado, tendrán una situación
total de libertad de compra de gas en el año 2005, en España la tendrán
en el año 2000, es decir, el año que viene. Creo que es una indicación de
que vamos sustancialmente más deprisa que nuestros competidores europeos.
En cuanto a los hidrocarburos y los productos derivados del petróleo,
respecto a los productos petrolíferos de CLH les recordaré que cuando el
Partido Popular llegó a responsabilidades de Gobierno no había ninguna
normativa que regulase el acceso de terceros a las redes de CLH. Es
decir, pura y simplemente no se podía tener acceso a esas redes, se les
había olvidado a ustedes en la liberalización. En consecuencia, esta
empresa alquilaba sus infraestructuras a terceros cuando y como quería,
sin ningún condicionamiento por parte de la competencia. Para poner fin a
ese régimen que claramente discriminaba a favor de los accionistas de
CLH, regulamos el acceso a dichas infraestructuras, precisamente en esos
decretos del año 1996, de 7 de junio, y ahora las condiciones son las
mismas para todos.
En los hidrocarburos y los productos petrolíferos se ha producido un
amplia liberalización acorde con los países de nuestro entorno. Su
señoría nos dice que no es suficiente o que no ve que en estos momentos
la entrada en el mercado, tanto al por mayor como al por menor, sea
suficiente. Pues bien, acepto esa crítica de su señoría y no le quepa la
menor duda de que nosotros estamos vigilando y estableceremos todos los
incentivos posibles para acelerar ese proceso de competencia. Por lo
tanto, esa crítica que nos hace de que nuestra medida todavía no ha
surtido los efectos que a su señoría y a nosotros nos parecen necesarios,
la tomo en consideración.
La señora PRESIDENTA: Vaya concluyendo, señor Ministro.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMIA Y
HACIENDA (De Rato y Figaredo): Lo que sí quiero recordarle es que nuestra
ley consagra el acceso de terceros a instalaciones fijas de transporte y
almacenamiento de productos petrolíferos bajo un procedimiento negociado
en el que el Gobierno se reserva la potestad de fijar peajes. En eso su
señoría cree que nos hemos equivocado; yo sinceramente creo que
precisamente para garantizar que los peajes no sean impuestos por las
compañías que pueden tener una mayor potencia económica el Gobierno se
reserva esa facultad. Usted cree que no es suficiente, yo creo que ahí no
tiene el punto de razón que le doy en otras cuestiones.
La señora PRESIDENTA: Señor Ministro, vaya concluyendo, por favor. (El
señor Aleu i Jornet: ¡A ver si es verdad!)
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMIA Y
HACIENDA (De Rato y Figaredo): Sí, señora Presidenta.
Además, quiero recordar que se permite a las estaciones de servicio
renegociar sus contratos de concesión para cambiarse a contratos de
aprovisionamiento a través de los cuales puedan controlar el precio
final. Finalmente, la liberalización de los precios de las gasolinas se
ha completado en octubre de 1998 y estamos viendo un descenso de las
mismas, siempre en relación con la situación de los mercados
internacionales de crudo.
Por último, y con esto termino, señora Presidenta, su señoría señala que
si hemos tomado una decisión en abril de 1999, por qué no la hemos tomado
antes. Pues bien, por dos razones; primero, porque en abril de 1999, no
antes, se
ha producido una reducción de los tipos de interés del Banco Central
Europeo muy intensa, de medio punto, a la que nosotros hemos querido
reaccionar y vamos a seguir reaccionando, con nuestro convencimiento, que
no siempre compartimos con ustedes, o que no siempre ustedes compartieron
con nosotros, como usted quiera ponerlo, de que ante decisiones
importantes de política monetaria, los gobiernos tienen que reaccionar
con el resto de sus políticas. Puede que su señoría no lo comparta, pero
es nuestra idea. Eso es lo que hemos hecho siempre y es lo que les
aconsejábamos a ustedes en todas las situaciones en que se encontraron,
por ejemplo, en las devaluaciones de los años 90, en las que, por cierto,
nunca nos hicieron ustedes caso en cuanto a acompañar con políticas de
liberalización y presupuestarias las medidas monetarias.
Por tanto, en un momento en el que se producía una sustancial reducción
de los tipos de interés, el Gobierno español --y creemos que el resto de
nuestros socios deberían hacer lo mismo y algunos lo están haciendo--
tendría que acompañar ese movimiento con políticas económicas, en nuestro
caso de aumento de la competencia o de aumento de la liberalización.
Su señoría dice...
La señora PRESIDENTA: Señor Ministro, tiene que concluir.
Casi lleva el doble del tiempo que el Reglamento le permite.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMIA Y
HACIENDA (De Rato y Figaredo): Sí, con esto termino.
Su señoría dice que esas medidas son un error. Creo que su señoría está
equivocado, pero, en cualquier caso, tendremos ocasión de debatir sobre
esas cuestiones en los momentos en que la Presidencia nos lo permita.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Tendrá otros dos o tres turnos, señor Ministro.
Tiene la palabra el Senador Gibert, esta vez por tiempo de cinco minutos.
El señor GIBERT I BOSCH: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señorías, señor Vicepresidente Segundo, yo no he elegido los temas que me
convienen. Esta acusación no me parece correcta. Yo he elegido
exactamente los temas que ustedes eligieron en 1996 cuando elaboraron
Decretos sobre liberalización de seis sectores. Por tanto, no he elegido
los temas. Quien creo que los ha elegido ha sido usted, porque, desde
luego, yo no le he hablado de política monetaria. Me limitaba a pretender
hacer un balance de los resultados de sus medidas llamadas
liberalizadoras de 1996. Sólo quería hacer un balance de esto que, por
cierto, en ningún momento he calificado de error. He dicho que no habían
surtido los efectos que probablemente ustedes esperaban en 1996, pero en
ningún momento lo he calificado de error.
Por tanto, usted sí ha elegido los temas que, por otra parte, a veces me
parece razonable que utilicen otros Ministros, tal vez con menos recursos
o con menos capacidad, señor Rato, pero usted no necesita hacer oposición
a la oposición tres años después. En parte, está justificado que haya
hecho una alusión --y lo comprendo así-- porque yo me he referido también
al período de los Gobiernos socialistas, pero, desde luego, debería haber
sido, en mi opinión, equivalente en tiempo y en contenidos, porque me he
limitado a hacer un poco de historia sobre el proceso de modernización de
la economía española, que es un proceso gradual, como usted sabe muy
bien, y creo que es poco digno de un Vicepresidente y Ministro de
Economía del Gobierno dedicarse casi exclusivamente a hacer oposición,
aunque, como es lógico, tiene todo el derecho.
El argumento, del cual acusaba al Gobierno socialista, de protegerse de
las compañías internacionales es exactamente el mismo que el señor Piqué
utilizó en 1997 en esta Cámara para justificar la autorización de más
concentración en el sector eléctrico hasta conseguir un duopolio que
controlara el 80 por ciento del mercado, es exactamente el mismo
argumento. Y, desde luego, los efectos son exactamente ésos: se trata de
un duopolio.
Respecto al caso de las eléctricas y el de las farmacias, de verdad, me
gustaría discutir con usted en el tiempo que nos resta tanto del ciclo
del medicamento, como de lo referente a las eléctricas. Hacerlo con los
Ministros del ramo es provocar un diálogo de sordos. Por tanto, si usted
me garantizara que las interpelaciones las va a contestar usted, con
mucho gusto interpelaría sobre estos dos temas, porque son los dos casos
más claros de presión --comprendo que es difícil de resistir, tanto para
Gobiernos anteriores, como para el presente-- de grupos muy potentes,
como son Farmaindustria y UNESA. Por tanto, me gustaría discutir de esto
con usted, no con los Ministros del ramo.
Por otra parte, en ningún momento he criticado que el gas natural sea un
monopolio. He dicho que lo era. Lo que he criticado es que el señor Piqué
haya dicho cuatro veces en tres años que ya ha liberalizado el gas. He
criticado esto, no lo otro. Entiendo perfectamente que desmontar un
monopolio como el del gas es complicado. Y diez años me parece un plazo
razonable. Pero no vayan por ahí diciendo que está liberalizado. No lo
vayan diciendo porque no tiene lógica. En esencia, es un monopolio.
Y en cuanto a los elegibles usted habla de cifras relativas a cuántos
consumidores pueden elegir. Reconocer la calidad de elegible es un paso
necesario, pero, desde luego, no suficiente, es decir, si los elegibles
no pueden negociar, porque la prepotencia de los grupos más o menos
monopolísticos que hay no se lo permiten, es como si no estuvieran
calificados. Y usted sabe que esto en algunos sectores es así tanto en el
caso del gas como en el caso de la electricidad.
En definitiva, señor Rato, usted relaciona las medidas últimas con los
tipos de interés. Bajar tarifas, si es que es posible, porque si es
imposible es imposible en función de las cuentas de resultados de las
compañías, puede hacerse independientemente de como estén los tipos de
interés.
No somos los únicos que entendemos que sus recientes medidas pueden
servir para frenar el incremento de la inflación, pero difícilmente
pueden servir para corregirla porque las mismas medidas no surten los
mismos efectos cuando la inflación está al 14 por ciento que cuando está
a un dos por ciento. Son situaciones distintas, como usted sabe muy bien.
No somos los únicos que las hemos criticado. Los titulares de los
periódicos económicos han dicho estos días: «Los analistas minimizan el
efecto del plan de choque del Gobierno sobre el IPC», «Decepción, tarde y
mal», «Escepticismo sobre el plan de choque», «Cataplasma más que
medicina», etcétera. Esto es así.
De todas formas, quisiera volver al tema de las liberalizaciones y no
entrar en una discusión sobre esta cuestión acerca de la que usted ha
tenido a bien informarnos. Debo decirle que me quedo algo preocupado por
su alto grado de satisfacción. Es falso que yo haya dicho en algún
momento que desprecio todo lo que hace el Gobierno. Esto no es así y,
sobre todo, si nos referimos a cuestiones de las que no he hablado no
puedo haberlo dicho.
Seguimos preocupados porque ustedes no sólo no han conseguido los
resultados que esperaban en algunos casos de liberalización de sectores,
a los que nos hemos referido en el debate, sino que ni éstos ni otros los
van a liberalizar ustedes con facilidad. Intentaré explicarle por qué
creo eso.
Creo que viven, en parte, en un espejismo dibujado por una falsa
apariencia, señor Rato. Cuando usted habla con los empresarios de todos
los sectores, todos o casi todos se manifiestan, probablemente,
partidarios del libre mercado y de la liberalización de la economía. De
ello parece ser que deduce usted que liberalizar es muy fácil, que se
cambian las leyes o las regulaciones que interfieren o dificultan la
competencia y ya está, todo el mundo contento. Pero en tres años ya
debiera usted haberse dado cuenta, ya debiera usted haberse percatado de
que esto no es tan sencillo. No lo es. Por eso, no le exijo unos
resultados espectaculares y rápidos. Casi todo el mundo que se ha
esforzado en observar mínimamente el panorama sabe que la realidad es muy
distinta. Los empresarios en general y los profesionales liberales son,
en efecto, partidarios de la liberalización de la economía en todos los
sectores, excepto en el suyo propio, como es natural. Y ésta es la
cuestión.
Cuando se trata de su propio sector siempre encuentran argumentos para
rechazarla o, por lo menos, aplazarla. Esos argumentos son siempre más o
menos los mismos, como usted debe saber muy bien: Este sector es muy
distinto de los demás; si se liberaliza saldrán perjudicados los
consumidores porque subirán los precios, el servicio o el producto no
llegará a todas partes y bajará la calidad. Será una catástrofe. Todo lo
cual no es nunca cierto; al contrario, los beneficiarios de la
competencia son las empresas, los usuarios y la propia economía. La
competencia real y efectiva, no nominal, baja casi siempre los precios o
aumenta la calidad o ambas cosas. Otro argumento habitual de los sectores
en relación a su propio sector es: no sé en qué país lejano --cuanto más
lejano mejor-- han liberalizado tal o cual cosa y ya están rectificando
porque han ocurrido grandes catástrofes, pero si uno se molesta en
enterarse, este tipo de informaciones suelen ser casi siempre falsas.
Incluso un reconocido liberal --supongo que no se enfadará si lo cito--,
el señor Espinosa de los Monteros, reconoció en esta Cámara, en la
Legislatura pasada, después de hacer un discurso entusiástico sobre la
liberalización, ser favorable a la obtención en Bruselas de una prórroga
de 10 años para la exclusiva territorial de los distribuidores de
automóviles, que después se consiguió. El señor Espinosa de los Monteros
pertenece al sector de la distribución de automóviles. Tiene una lógica
aplastante. Es lógico que sea así.
La obligación de los empresarios es obtener la mayor cuota de mercado
posible y si pueden obtener posiciones de dominio de mercado o
situaciones de oligopolio tanto mejor. Si pueden obtener un monopolio,
¿por qué se van a conformar con menos?
Algunos sectores tienen además mucho poder de negociación y dictan, en la
medida de lo posible, su propia legislación e, incluso, en algunas
ocasiones, artículos de opinión a otros reconocidos liberales, como ha
ocurrido recientemente con las empresas eléctricas, en el caso del señor
Swartz.
La obligación de los poderes públicos es evitar estas situaciones,
liberalizando primero y defendiendo la competencia después, con todas las
dificultades del caso, sin pisar callos, señor Rato, porque así no se
liberaliza nada. Si usted no lo entendiera --que estoy seguro de que sí--
poco iría a liberalizar.
Si desgraciadamente en los próximos meses creciera el diferencial de
inflación que se mantiene con otros países de la Unión Europea y la
euforia de coyuntura fuese un poco menor, tendríamos que recordarle que
usted ha presumido mucho de los resultados y reformas en la economía
española, atribuibles en parte a su gestión --no lo dudo--y, en buena
medida, también a una coyuntura favorable. Lo mismo ha sucedido en otros
períodos, que se ha presumido demasiado de resultados que son sólo en
parte atribuibles a la acción del Gobierno. Pero lo cierto es que
tendremos que recordarle --me temo que sería así-- que no ha aprovechado
usted suficientemente la coyuntura, a pesar de su discurso triunfalista,
para efectuar reformas estructurales en la medida de lo posible, aunque
ya sé que no se arreglan las cosas en cuatro días, los sabemos
perfectamente.
Muchas gracias, señor Vicepresidente Segundo del Gobierno, señorías y
señora Presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.
A continuación, pasamos al turno de portavoces.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la
palabra el Senador Gangoiti.
El señor GANGOITI LLAGUNO: Muchas gracias, señora Presidenta.
Voy a intervenir muy brevemente para fijar la posición del Grupo de
Senadores Nacionalistas Vascos en este interesante debate sobre el
proceso de liberalización.
En primer lugar, tengo que decir --ya lo dijo nuestro Grupo Parlamentario
cuando se produjo la primera liberalización
por parte del Gobierno del Partido Popular-- que nosotros éramos
partidarios a este respecto; y lo éramos porque pensamos que la
liberalización produce un incremento de la competitividad, es beneficioso
para el consumidor y redunda también en una lucha importante contra la
inflación.
Durante mucho tiempo, y a pesar de haber tenido unos tipos de interés
altos, uno de los grandes caballos de batalla de la economía española ha
sido precisamente las altas tasas de inflación. Evidentemente, a partir
de la aplicación de algunas medidas de reformas estructurales y un
proceso liberalizador, aprovechando obviamente el tirón de un ciclo
económico favorable, es cuando se consiguen unos resultados importantes
en la lucha contra la inflación.
Por tanto, esas medidas que se tomaron en su momento fueron positivas,
como ya se ha demostrado, e incluso iría más lejos, en estos momentos en
los que tenemos la tercera inflación más importante de los países de la
zona euro, a nivel de Unión Europea, y que el diferencial con Estados
como Francia es casi de un punto, consideramos que el Gobierno debe
seguir profundizando en este proceso liberalizador y de reformas
estructurales cuanto antes para, por un lado, incrementar la
competitividad de nuestra economía pero, por otro y muy importante, para
reducir ese diferencial de inflación que tenemos en la actualidad con
Francia o Alemania que, como decía, es prácticamente de un punto.
Nada más. Muchas gracias, señora Presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Gangoiti.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
tiene la palabra el Senador Cambra.
El señor CAMBRA I SANCHEZ: Muchas gracias, señora Presidenta, señor
Vicepresidente Segundo del Gobierno, señorías.
Intervengo para fijar la posición de nuestro Grupo parlamentario sobre
esta interpelación.
En primer lugar, agradecemos al Senador Gibert que haya traído un tema
interesante, como es el proceso de liberalización, dentro del contexto
global del debate de la política económica. Pero entendemos que, tanto
por parte del señor Vicepresidente Segundo del Gobierno como por el
Senador Gibert, se ha entrado a fondo y puntualmente sobre las medidas
que se adoptaron en el año 1996 y, sin llegar a tomar posicionamientos
sobre el efecto real de cada una de ellas, creemos que es importante
encuadrarlas dentro de un contexto global de la política económica
seguida en estos últimos tres años.
En este sentido, compartimos la línea global de la política económica que
se ha seguido --es lógico, teniendo en cuenta el apoyo parlamentario que
hemos prestado durante estos tres años a la misma--, por lo que de alguna
forma también reivindicamos nuestra cuota de apoyo a ese hecho. En
nuestra opinión, tanto las medidas de liberalización que se adoptaron en
1996, como las que posteriormente se han ido tomando, son esfuerzos
coherentes --utilizando la terminología de la que ha hecho uso el
Vicepresidente del Gobierno-- con el conjunto de las políticas seguidas.
Y los resultados son buenos: el marco económico es el que deseábamos para
1999, y creemos que se alcanzarán los objetivos que se pretendían para
esta legislatura en materia de política económica.
Sin embargo, no por ello pensamos que haya finalizado, en absoluto, la
necesidad de que se lleven a cabo reformas estructurales. Hay que seguir
profundizando en éstas, así como analizar paso a paso los efectos de las
medidas que se vayan tomando. Recientemente se han adoptado otras medidas
en la misma línea para combatir la inflación, aunque también tendentes a
una mayor liberalización, que nosotros compartimos. Por tanto, en función
de los resultados habrá que analizar si en el futuro será necesario
seguir avanzando con el establecimiento de nuevas medidas estructurales.
En cualquier caso, como he dicho, creemos que la política económica
seguida era la que convenía en estos momentos y que analizar puntualmente
cada una de esas medidas liberalizadoras no es trascendente, ya que éstas
se interrelacionan unas con otras y al final lo importante son los
resultados que se han obtenido, como ha dicho el Vicepresidente Segundo
del Gobierno.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Cambra.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador Gibert
i Bosch.
El señor GIBERT I BOSCH: Muchas gracias, señora Presidenta.
Sólo voy a formular una pregunta que se me ha quedado en el tintero.
Señor Rato, ¿es verdad --y si lo es, hasta qué punto-- que algunos de sus
socios le han recortado las medidas que usted pensaba presentar hace dos
semanas?
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Gibert.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Alierta.
El señor ALIERTA IZUEL: Gracias, señora Presidenta.
Con respecto a la liberalización, quiero insistir en algo que han
señalado, tanto el Vicepresidente Segundo del Gobierno como los
representantes de algunos grupos, y que incluso ha destacado el propio
interpelante en su primera intervención. Se trata de la necesidad de
analizar esta política en función de los resultados. La liberalización
del sector productivo tiene un fin en algunos casos, en cuanto todo el
mundo tiene derecho a poder participar en determinados sectores
productivos, si es que éstos no están cerrados; pero, como digo, sobre
todo hay que valorarla en función de sus resultados. Sin embargo, los
resultados no sólo se deben evaluar en el ámbito de los precios, aunque
sean muy importantes las consecuencias que en dicho ámbito tenga la
liberalización y sea éste uno de sus objetivos fundamentales. Como ya se
ha dicho, la liberalización tiene un papel
importante por lo que respecta a favorecer la situación de crecimiento
económico. Por tanto, a veces es difícil afirmar si en una situación de
crecimiento se puede liberalizar, o si el crecimiento ha sido
consecuencia de la liberalización.
Si observamos estas dos funciones, precios y crecimiento, entre los años
1996 y 1999 --objeto precisamente de esta interpelación-- podemos
comprobar que los resultados que presenta la economía española no pueden
ser más favorables. Así, los precios se han reducido a unos niveles que
nunca habíamos visto y, por otra parte, el crecimiento económico en
España es de los más altos de la Unión Europea. Por tanto, estas medidas
no se pueden sacar de ese contexto a la hora de enjuiciarlas. No se
pueden aislar unas medidas para decir que en algunos casos no se ha
encontrado la perfección, porque éste es un proceso continuo que empezó
hace tres años, en 1996, siguió durante 1997, prosigue en estos momentos,
y que, como se ha señalado por los portavoces de algunos grupos, necesita
de una continuidad en el futuro.
No cabe duda de que en estos momentos, a nivel internacional, y en el
ámbito de la doctrina económica, los diferentes comportamientos de países
como Estados Unidos, Japón, Reino Unido, o las propias economías de
Europa occidental, se están explicando en gran medida por la actitud que
cada uno de ellos tiene con respecto a los procesos de apertura de sus
mercados hacia el exterior y la liberalización de los sectores económicos
en el interior. Así, se achaca a Japón la crisis que está sufriendo y sus
dificultades para salir de ella, al estar su economía muy regulada
externamente y protegida en el espacio interior. En cambio, el desarrollo
que está obteniendo la economía de Estados Unidos se atribuye de forma
importante a esa apertura hacia el exterior y a la liberalización de sus
mercados.
En consecuencia, creemos que no sólo se trata de análisis
microeconómicos, sino de sus consecuencias y que es un paso necesario
para el crecimiento económico.
Como ha señalado el Vicepresidente segundo del Gobierno con toda
claridad, nosotros entendemos que el avance en reformas estructurales
durante estos tres años ha sido muy importante. Evidentemente, no se ha
alcanzado la perfección, como, a veces, parece pretender exigir el
representante del Grupo Parlamentario Socialista, que se sorprende cuando
se le contesta que hemos avanzado muchísimo y nos sorprende que ustedes
nos exijan perfección cuando lo que ustedes hicieron fue bastante
deficiente.
Lo que solicitamos del Gobierno del Partido Popular es que siga avanzando
en este proceso de liberalización y más todavía en estos momentos, como
ha señalado el representante del Gobierno, en que la política monetaria
depende del Banco Central Europeo y, en consecuencia, las variaciones que
se produzcan, el último descenso en los tipos de interés, necesitan una
compensación adicional por parte de las tasas políticas de reforma
estructural.
Por tanto, no sólo se ha avanzado, sino que nosotros instamos a que se
siga haciendo porque no sólo favorece a la libertad, sino al crecimiento.
Son sobre todo medidas necesarias para ayudar a la estabilidad económica
en el control de los precios en un momento en que la política monetaria
está más allá.
Nosotros compartimos con el interpelante el interés por el tema, pero lo
que no podemos compartir es la forma de plantearlo, tratando de reducirlo
--siendo muy importante y amplio-- tres o cuatro casos, en los cuales,
además, ha citado una evidencia parcial, ya que en cada uno de estos
sectores que ha mencionado se pueden dar datos adicionales en los que no
voy a entrar por falta de tiempo.
Muchas gracias, señora Presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro
de Economía y Hacienda.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMIA Y
HACIENDA (De Rato y Figaredo): Muchas gracias, señora Presidenta.
Señorías, ante todo quiero subrayar que la interpelación me parece muy
importante y creo que el hecho de que el Senado y el Congreso de los
Diputados --que así tienen a bien hacerlo los Diputados-- incrementen su
control sobre el Gobierno y sus exigencias en cuestiones como la
liberalización, supone un paso importante, que el Gobierno, desde luego,
aplaude, independientemente de que tengamos divergencias en si evaluamos
que una determinada política de precios sanitarios debe ir una dirección
o en otra.
Creo que centrar el debate sobre política económica en la necesidad de
aumentar la liberalización, en nuestro país es un hecho, no diré sin
precedentes, porque los ha tenido, pero sí subraya una evolución en le
debate económico que, sin duda, va pareja a la de la realidad económica.
Quisiera significar que frente a lo que ha sucedido en otros momentos de
nuestra historia económica, sus señorías no han manifestado una gran
preocupación por la evolución del déficit público, ni por la flexibilidad
en la negociación salarial. En este sentido tenemos que hacer un
reconocimiento --quiero aprovechar esta intervención-- al realismo y a la
flexibilidad de los interlocutores sociales en todo lo que ha constituido
la transformación del mercado laboral. Creemos que en esa dirección
todavía hay un camino que recorrer, que entra dentro del paquete de hacer
a nuestra economía más flexible.
El hecho de que la oposición y los grupos parlamentarios pongan el acento
de control, de exigencia y de repaso de las medidas del Gobierno en la
capacidad de abrirnos a un mercado cada vez más competitivo, me parece
extraordinariamente positivo.
El Senador del Grupo Parlamentario Socialista que ha planteado la
interpelación ha dicho algo que es absolutamente cierto: Todo el mundo es
muy partidario de la liberalización, menos en un sector. Y aquí no
estamos hablando de sectores sociales de otra índole, sino de sectores
empresariales. Me parece que cuando en una política económica pedimos
exigencias a los ciudadanos, desde el punto de vista de la eficacia,
pedimos exigencias al mercado laboral, desde el punto de vista de su
capacidad de adaptarse a situaciones, sectores y ciclos distintos,
también
es positivo que hagamos un repaso de cuál es la actitud y la realidad de
los sectores económicos en su aportación a lo que debe ser una economía
cada vez más competitiva y generadora de empleo.
El portavoz de Convergència i Unió ha mencionado que las medidas tienen
efectos no exclusivamente individuales, sino que tienen efectos sobre las
expectativas, y es muy importante --el Gobierno quiere subrayarlo-- que
los ciudadanos españoles sepan que no sólo el Gobierno, sino también los
grupos parlamentarios insisten en la necesidad de una política que
aumente las posibilidades de oferta de la economía, porque al final eso
es una política liberalizadora. Desde ese punto de vista, el consenso que
ha habido entre grupos parlamentarios que apoyan al Gobierno, en algunos
casos también por parte de la oposición, y el que parece que se puede
determinar de esta interpelación, en el sentido de pedirnos mayores
actuaciones en mercados tan importantes como los que se han mencionado y
en otros que no se han mencionado, me parece muy importante.
Quisiera subrayar, se ha dicho también por el portavoz del PNV, que no
estamos en este momento en una situación distinta a la de otros países
europeos. Actualmente en Europa hay dos bloques de países diferenciados:
aquellos que tienen un crecimiento económico cercano o superior al 3 por
ciento y los que tienen crecimientos económicos cercanos o inferiores al
2 por ciento. Indudablemente, los que estamos en el primer bloque tenemos
una situación de precios diferente de los que están en el segundo.
Quisiera también subrayar que una situación de inflación del 2 por ciento
no es, ni más ni menos, que el objetivo de inflación que ha fijado el
Banco Central Europeo como objetivo de inflación para la zona euro y que,
por lo tanto, los países del primer grupo no estaríamos en una situación
tan complicada si no fuera por el hecho del efecto diferencial, que no es
fácil de medir pero, indudablemente, los Gobiernos de los países que
tenemos en estos momentos crecimientos importantes de la demanda interna
sí debemos tener en consideración.
El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, en su último turno, me ha
preguntado cuál es el grado de cohesión o de coherencia entre los Grupos
que apoyan al Gobierno. Señoría, nuestro grado de cohesión y de
coherencia está en las medidas que tomamos y como debe juzgársenos es por
los acuerdos que hemos sido capaces de establecer. En ese sentido quiero
mostrar mi satisfacción ya que en estos tres años se han alcanzado
acuerdos muy importantes en sectores tributarios, en sectores
empresariales, en política social, en política presupuestaria, que han
sido enriquecidos, robustecidos y respaldados por los Grupos que apoyan
al Gobierno, y sin los cuales pura y simplemente no se hubieran podido
tomar. Lo importante son las decisiones que se toman.
Muchas gracias, señora Presidenta. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Vicepresidente Segundo del
Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda.
CONOCIMIENTO DIRECTO POR EL PLENO DE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY
REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS:
--PROYECTO DE LEY SOBRE CONCESION DE UN CREDITO EXTRAORDINARIO POR
IMPORTE DE 6.479.998.329 PESETAS, PARA COMPENSAR EL DEFICIT DE
EXPLOTACION DE LAS LINEAS DE FERROCARRILES DE VIA ESTRECHA (FEVE),
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE 1996 (S. 621/000133) (C. D. 121/000145).
La señora PRESIDENTA: Pasamos al punto tercero del orden del día,
conocimiento directo por el Pleno de proyectos y proposiciones de ley
remitidos por el Congreso de los Diputados.
Proyecto de ley sobre concesión de un crédito extraordinario por importe
de 6.479.998.329 pesetas, para compensar el déficit de explotación de las
líneas de Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE), correspondiente al
ejercicio de 1996.
No se han presentado enmiendas a este proyecto de ley en el plazo que se
señaló al efecto.
¿Turno a favor? (Pausa.)
¿Turno en contra? (Pausa.)
¿Turno de portavoces? (Pausa.)
¿Puede entenderse aprobado por unanimidad? (Pausa.)
Queda aprobado.
En consecuencia, queda definitivamente aprobado por las Cortes Generales
el proyecto de ley sobre concesión de un crédito extraordinario por
importe de 6.479.998.329 pesetas, para compensar el déficit de
explotación de las líneas de Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE),
correspondiente al ejercicio 1996.
--PROYECTO DE LEY SOBRE CONCESION DE UN CREDITO EXTRAORDINARIO POR
IMPORTE DE 3.455.924.700 PESETAS, PARA ATENDER LA INSUFICIENCIA DE
CREDITO EN LA APORTACION AL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO (FED), COMO
CONSECUENCIA DE LA DECISION DEL CONSEJO DE LA UNION EUROPEA DE 19 DE
DICIEMBRE DE 1997, SOBRE CONTRIBUCIONES DE LOS ESTADOS MIEMBROS AL FED
(S. 621/000134) (C. D. 121/000151).
La señora PRESIDENTA: Proyecto de ley sobre concesión de un crédito
extraordinario por importe de 3.455.924.700 pesetas, para atender la
insuficiencia de crédito en la aportación al Fondo Europeo de Desarrollo
(FED), como consecuencia de la decisión del Consejo de la Unión Europea
de 19 de diciembre de 1997, sobre contribuciones de Estados miembros al
FED.
No se ha presentado ninguna enmienda a este proyecto de ley dentro del
plazo que se señaló.
¿Turno a favor? (Pausa.)
¿Turno en contra? (Pausa.)
¿Turno de portavoces? (Pausa.)
¿Puede entenderse aprobado por asentimiento? (Pausa.)
Queda aprobado.
En consecuencia, queda definitivamente aprobado por las Cortes Generales
el proyecto de ley sobre concesión de un crédito extraordinario por
importe de 3.455.924.700 pesetas, para atender la insuficiencia de
crédito en la aportación al Fondo Europeo de Desarrollo, como
consecuencia de la decisión del Consejo de la Unión sobre contribuciones
de los Estados miembros.
--PROYECTO DE LEY SOBRE CONCESION DE UN CREDITO EXTRAORDINARIO POR
IMPORTE DE 12.355.000.000 DE PESETAS, PARA LA REALIZACION DE OBRAS DE
INFRAESTRUCTURAS DEL FERROCARRIL METROPOLITANO DE VALENCIA, SEGUN
CONVENIO ENTRE EL ESTADO Y LA COMUNIDAD VALENCIANA (S. 621/000135) (C. D.
121/000153).
La señora PRESIDENTA: Proyecto de ley sobre concesión de un crédito
extraordinario por importe de 12.355.000.000 de pesetas, para la
realización de obras de infraestructura del ferrocarril metropolitano de
Valencia, según convenio entre el Estado y la Comunidad Valenciana.
No se han presentado enmiendas a este proyecto de ley dentro del plazo
que se señaló.
¿Turno a favor? (Pausa.)
¿Turno en contra? (Pausa.)
¿Turno de portavoces? (Pausa.)
Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Socialista, la Senadora
Frau.
La señora FRAU RIBES: Señora Presidenta, señorías, en la anterior
legislatura en la comunidad Valenciana, siendo Presidente de la
Generalidad el señor Joan Lerma Blasco, se inició y se puso en marcha uno
de los proyectos más ambiciosos que se podía realizar para poner al día,
modernizar y ampliar la red del metro de Valencia y toda su área
metropolitana. Para ello se elaboró un programa que costaba más de cien
mil millones de pesetas, uno de los más importantes que se estaban
realizando en toda la Unión Europea. Consistía en acercar, en facilitar,
en que fuera mucho más rápida, mejor y más cómoda la comunicación entre
el área metropolitana de Valencia --todos los pueblos de alrededor-- y la
propia ciudad, es decir, dar facilidades a la gente que trabaja en
Valencia para poder tener mucha más accesibilidad, sobre todo en la línea
cuatro, que fue la primera que se puso en funcionamiento, en mayo de
1994, para que las personas con problemas físicos pudieran acceder
también a estos medios de comunicación rápidos. (El señor Vicepresidente,
Rigol i Roig, ocupa la Presidencia.)
Con ese fin se firmó un acuerdo marco en el que el Gobierno central tenía
que poner el 30 por ciento de todo ese coste global. Como consecuencia de
ese acuerdo marco hubo también un convenio con la Generalidad, y en este
caso con el Ministerio de Economía, para que durante los años 1994, 1995,
hasta 1998, se fueran transfiriendo a la Generalidad unos 3.000 millones
de pesetas, previstos en los Presupuestos Generales del Estado, con el
fin de que se pudieran ir realizando estas obras tan importantes para la
ciudad de Valencia y toda su área metropolitana.
Curiosamente, sólo en 1994, el primer año, el dinero se transfirió a la
Generalidad. A partir de entonces y hasta ahora no ha habido en ningún
momento la posibilidad de que la Generalidad Valenciana cobrara ese
dinero, a pesar de que sí se incluía cada año en los Presupuestos
Generales del Estado. Por eso resulta un poco sospechoso --y me van
ustedes a perdonar que sea mal pensada-- que esto se traiga precisamente
ahora, a un mes vista de las elecciones autonómicas y municipales y sin
haber hecho lo que tocaba, que era poquito a poquito, durante todos los
años, transferir el dinero, la deuda que tenía el Gobierno central con la
Generalidad Valenciana. Y yo no soy mal pensada, pero esto tiene un
tufillo electoral que me gustaría que no fuera así, de verdad.
Pero, aparte de la oportunidad de las fechas, que son totalmente
inoportunas, parece muy poco riguroso que habiendo aprobado el
Presupuesto hace pocos meses no lo hicieran constar en él y no hubiéramos
tenido que aprobar ahora este crédito extraordinario de 12.355.000.000 de
pesetas. Eso demuestra que sus presupuestos deben de ser poco rigurosos,
aparte de producirse unos incumplimientos constantes del Gobierno central
con la Generalidad Valenciana, a pesar de que por lo menos en Valencia a
los medios de comunicación valencianos se les llena la boca del poder
valenciano, del poder que tiene el señor Zaplana en Madrid, que parece
que viene aquí y consigue casi todo.
Otra cosa que me llama mucho la atención es que esos acuerdos marco que
se aprobaron en el año 1994, no sólo se firmaron con la Comunidad
valenciana, sino también con algunas otras Comunidades Autónomas, por
ejemplo, con la de Madrid o Cataluña. Esos acuerdos sí se cumplieron con
esas Comunidades, pero no ocurrió lo mismo respecto de la Comunidad
valenciana, siendo ésta objeto en este caso de una discriminación
clarísima.
Precisamente por lo importante que es esto para la Comunidad valenciana
me extraña ese retraso; no lo entiendo. Es algo importantísimo para
Valencia. Se trata de una deuda contraída con la Generalidad Valenciana
desde hace muchos años que no se había pagado. El pago de dicha deuda a
través de este crédito extraordinario favorece al «cap i casal», pero no
sólo al «cap i casal», sino también a todos los pueblos de alrededor de
Valencia y, sobre todo, a la gente que está utilizando este servicio, que
mayoritariamente es gente de rentas bajas o medias.
Por todo ello, y a pesar de no entender ese retraso, repito que vamos a
apoyar este crédito extraordinario.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señora Senadora.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el Senador
García-Fuster.
El señor GARCIA-FUSTER Y GONZALEZ-ALEGRE: Señor Presidente, señoras y
señores Senadores, comparezco en nombre del Grupo Parlamentario Popular
para fijar nuestra posición respecto del proyecto de ley sobre concesión
de un crédito extraordinario por importe de 12.355 millones de pesetas
para la realización de obras de infraestructura del ferrocarril
metropolitano de Valencia.
Aunque el período de tiempo que ha mediado desde la celebración de otras
sesiones plenarias en las que también hemos tratado cuestiones relativas
a esta Comunidad Autónoma ha sido breve, hoy vamos a hablar de nuevo de
Valencia. Vamos a hablar de las infraestructuras y de las inversiones de
futuro de Valencia.
El Senado es y tiene que ser --y cada día lo va a ser más-- la Cámara de
resonancia, la Cámara Alta portavoz en las Cortes Generales de España de
las inquietudes y necesidades del Estado de las Autonomías. Y hoy, para
orgullo de muchos de los aquí presentes y de multitud de quienes están
aquí representados, estamos hablando de cuestiones que suponen e implican
mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad de Valencia, de
su área metropolitana y, por consiguiente, de la Comunidad valenciana.
Supone una satisfacción aprobar un texto proveniente del Gobierno, un
proyecto de ley sobre un crédito extraordinario destinado a financiar
infraestructuras ferroviarias en la ciudad de Valencia y en su área
metropolitana en función de un convenio firmado entre el Gobierno de la
Generalitat el 23 de diciembre de 1998 y el Gobierno central, convenio
cuya vigencia llega hasta el día 31 de diciembre del año 2001. Asimismo,
ello supone también una satisfacción, ya que en el año 1999 vamos a
aprobar un proyecto de ley que regulariza la financiación de las
inversiones realizadas por la Generalitat, regida por el Partido
Socialista en el período 1994-1997, a la vista de un acuerdo marco que,
aunque etéreo y lleno de buenas intenciones --así lo califica el propio
convenio ya que no se definía en él ni cómo ni cuánto--, se firmó el 13
de octubre de 1994.
Hoy, con la aprobación de este proyecto de ley, vamos a dar un paso muy
importante y definitivo para la consagración del área metropolitana de
Valencia. Señorías, quiero que sepan que vamos a votar la dotación de
servicios para toda un área metropolitana que comprende el cinturón de
Valencia --formada aproximadamente por un millón 500.000 personas--
mediante la mejora de la integración de las redes de ferrocarril
metropolitano con las redes de cercanías, mediante la mejora del
transporte colectivo en el ámbito urbano y en el área metropolitana.
Quiero que sepan, señorías, que la ciudad de Valencia y su área
metropolitana, de primer orden, cierra a partir de hoy un círculo de
inversiones en infraestructuras que la dotan de los servicios de
transporte metropolitano y tranvía que si no finalizan, sí coadyuvan a
cubrir sus necesidades.
Hoy, entre aquel genérico, inconcreto, inodoro, incoloro e insípido
convenio marco, que otorgaron, el 13 de octubre de 1994, el entonces
Gobierno socialista del Estado y el Gobierno socialista de la
Generalitat, y el acuerdo concreto, exhaustivo, exacto, otorgado por el
Gobierno del Partido Popular, tanto a nivel de la Administración General
del Estado como del Gobierno del Partido Popular de la Generalitat, el
día 23 de diciembre de 1998, estamos validando el transporte
metropolitano público de Valencia. El primero es un convenio marco, un
manifiesto de intenciones, como dice textualmente; el segundo, un
proyecto de ley que hoy refrendamos. En total, hablamos de 86.000
millones de pesetas de inversión, de los cuales la Generalitat aporta
52.000 millones, la Administración General del Estado 26.000 millones, de
los que hoy aprobamos 12.355, y 7.809 millones provienen de los fondos
FEDER.
Señor Presidente, señora Frau, asistimos muchas veces a situaciones no
premeditadas, en las que llegar a un final práctico y positivo debe ser
la meta aconsejada y aconsejable para lograr el buen fin del bien común
de los ciudadanos. Hoy, señores Senadores, nos encontramos ante una clara
manifestación de cuanto antecede. Aprobamos una ley por unanimidad, sin
enmiendas, todos los grupos parlamentarios, los que tienen representación
en la Comunidad Valenciana, a los que en nombre de mi Grupo les expreso
mi gratitud, y los que, no teniendo ninguna representación en los límites
geográficos por los que circula y va a seguir circulando el metro y el
transporte público valenciano, la apoyan con su voto positivo. A todos
ellos aprovecho no solamente para reiterarles mi gratitud, sino además
para hacerles un expreso y sincero reconocimiento. Sin embargo, señora
Frau, en vez de pasar cuanto antes de este trance, que hubiese sido lo
más práctico y discreto para ocultar las desventuras del pasado, desea
debatir por la actuación, desigual a todas luces, de un Gobierno
socialista valenciano, el pretérito, y de un Gobierno popular valenciano,
el presente, y parece ser que el futuro.
Señora Frau, usted utiliza la palabra «sospechoso» y dice que la fecha es
inoportuna. Ha dado la impresión de que lo que usted quiere es que se
pare el metro y que no continúen las inversiones. Lejos tenemos que ir
siempre todos juntos buscando el progreso. Ustedes suscriben un día un
convenio marco --así lo llaman--, que se aprobó el 23 de diciembre, y el
Partido Popular, hoy, trae a la Cámara un crédito extraordinario, que
vamos a votar, por 12.355 millones de pesetas. Ustedes dicen: Las
intenciones manifestadas en este documento marco serán sometidas a su
aprobación por el Gobierno, en relación con el convenio o convenios
concretos de cooperación en que se instrumente el acuerdo de las partes.
Fin de la cita. El Gobierno del Partido Popular dice: La Administración
General del Estado abonará las cantidades correspondientes en función de
la obra certificada, 12.355 millones. Es la antinomia, es el pasado, es
el futuro. Hoy, habla usted del poder valenciano, de la actuación del
Presidente Zaplana. Yo creo que la mayoría de los españoles piensa que
hoy Valencia pisa fuerte, en España y en Europa; que hoy Valencia ha
recuperado su peso específico, que algún día, de forma injusta, perdió.
La ley que hoy aprobamos concede un tratamiento al área metropolitana de
Valencia igual al que tienen Madrid y Barcelona; «Terra Mítica», hoy, es
progreso; el viernes pasado se inauguró en Valencia la Biblioteca
valenciana, justo el día del libro; el Palacio de Congresos; la ciudad de
las artes y de las ciencias. Borrell y Bono se enzarzaron en su día en
contiendas sobre la autopista, y aquel día perdió Valencia; sin embargo,
con el
Partido Popular, la A-3 es hoy una realidad, y ese día ganó Valencia. El
Presidente de Castilla-La Mancha ha venido a Valencia y ha venido a
Madrid para firmar, con los Presidentes Zaplana y Ruiz-Gallardón, el
convenio mediante el cual, en cuatro años, Valencia y Alicante estarán
unidas con el centro de España en tan sólo 90 minutos; también gana
Valencia. Es la antinomia del pasado: regreso, y del presente-futuro:
progreso.
Señorías, creo que lo importante es que hoy el Senado da definitivamente
un espaldarazo presupuestario al transporte metropolitano de Valencia.
Hoy es un día feliz para todos los valencianos. Por lo tanto, señora
Frau, alégrese porque usted es Senadora y a la vez valenciana.
Creo que ésta es la mejor forma que tenemos de contribuir a una Valencia
en progreso que se siente orgullosa de ser solidaria y española.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador
García-Fuster.
Procede ahora dar paso a la votación.
¿Puede entenderse aprobado por asentimiento? (Pausa.)
Queda aprobado por las Cortes Generales el proyecto de ley sobre
concesión de un crédito extraordinario por importe de 12.355.000.000 de
pesetas para la realización de obras de infraestructura del ferrocarril
metropolitano de Valencia, según convenio entre el Estado y la Comunidad
Valenciana.
--PROPOSICION DE LEY DE MODIFICACION DEL ARTICULO 9, APARTADO 5, DEL
CODIGO CIVIL (S. 624/000022) (C. D. 122/000157).
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): El siguiente punto es la
proposición de ley de modificación del artículo 9, apartado 5, del Código
Civil.
No se han presentado enmiendas a dicha proposición de ley.
¿Turno a favor? (Pausa.)
¿Turno en contra? (Pausa.)
¿Turno de portavoces? (Pausa.)
¿Puede entenderse aprobado por asentimiento? (Pausa.)
Queda aprobado por la Cortes Generales la proposición de ley de
modificación del artículo 9, apartado 5, del Código Civil.
DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS
POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS:
--DE LA COMISION CONSTITUCIONAL EN RELACION CON EL PROYECTO DE LEY DE
MODIFICACION DE LA LEY 25/1994, DE 12 DE JULIO, POR LA QUE SE INCORPORA
AL ORDENAMIENTO JURIDICO ESPAÑOL LA DIRECTIVA 89/552/CEE, SOBRE LA
COORDINACION DE DISPOSICIONES LEGALES, REGLAMENTARIAS Y ADMINISTRATIVAS
DE LOS ESTADOS MIEMBROS RELATIVAS AL EJERCICIO DE ACTIVIDADES DE
RADIODIFUSION TELEVISIVA (S. 621/000132) (C. D. 121/000102).
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Pasamos al punto IV del orden del
día: dictámenes de Comisiones sobre proyectos y proposiciones de ley
remitidos por el Congreso de los Diputados.
Debatiremos el de la Comisión Constitucional en relación con el proyecto
de ley de modificación de la Ley 25/1994, de 12 de julio, por la que se
incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 89/552/CEE, sobre
la coordinación de disposiciones legales, reglamentarias y
administrativas de los Estados Miembros relativas al ejercicio de
actividades de radiodifusión televisiva.
Para la presentación del dictamen, tiene la palabra el Senador don Pedro
Agramunt Font de Mora.
El señor AGRAMUNT FONT DE MORA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, por nombramiento de la Comisión Constitucional que me honro en
presidir, procedo a la presentación del dictamen recaído respecto del
proyecto de ley de modificación de la Ley 25/1994, de 12 de julio, por la
que se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva
89/552/CEE, sobre la coordinación de disposiciones legales,
reglamentarias y administrativas de los Estados Miembros relativas al
ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva.
Como saben sus señorías, este proyecto tuvo entrada en el Congreso de los
Diputados y fue publicado el 24 de febrero de 1998. En la Cámara Baja se
presentaron 113 enmiendas, de las que la Ponencia incorporó 14 y la
Comisión de Infraestructuras, que dictaminó el proyecto de ley con
competencia legislativa plena el 25 de febrero de 1999, incluyó 18
enmiendas y 14 transaccionales.
El proyecto aprobado por el Congreso de los Diputados hizo su entrada en
el Senado y fue publicado el 10 de marzo de 1999, remitiéndose a la
Comisión Constitucional para su dictamen y abriéndose el plazo de
enmiendas, que finalizó el pasado 23 de marzo.
En el Senado se presentaron 71 enmiendas al proyecto de ley, siendo su
procedencia la siguiente: de la número 1 a la 8 del Senador Román
Clemente, del Grupo Parlamentario Mixto; de la 9 a la 16 del Grupo
Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos; de la 17 a la 47 del
Grupo Parlamentario Popular; la número 48 del Grupo Parlamentario Catalán
en el Senado de Convergència i Unió; de la 49 a la 52 del Senador Ríos
Pérez, del Grupo Parlamentario Mixto; y de la 53 a la 71 del Grupo
Parlamentario Socialista.
La Ponencia, compuesta por el Senador Capdevila, del Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado de Convergència i Unió, la Senadora Arnáiz de las
Revillas García y el Senador Mòdol Pifarré, del Grupo Parlamentario
Socialista, y los Senadores Moya Sanabria y Bris Gallego, del
Grupo Parlamentario Popular, informó el proyecto de ley el 12 de abril,
incorporando al texto del proyecto de ley remitido por el Congreso de los
Diputados las enmiendas comprendidas entre la número 17 y 47 --todas
ellas del Grupo Parlamentario Popular-- con las modificaciones que se
efectuaron por enmiendas «in voce» por ponentes del Grupo Parlamentario
Popular en las enmiendas números 27, 37 y 45.
Asimismo, la Ponencia entendió admitida la enmienda número 10, del Grupo
Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, por coincidente con la
enmienda número 28, incorporada al informe, e incluyó también en el mismo
las enmiendas números 64 y parcialmente la 66, del Grupo Parlamentario
Socialista. En ese trámite también el Grupo Parlamentario Socialista
modificó, por enmienda «in voce», la número 67, que finalmente no se
incorporó al informe.
La Comisión Constitucional dictaminó el proyecto de ley en su sesión del
día 19 de abril, manteniendo como dictamen el texto del informe de la
Ponencia. Durante esta fase de la tramitación se mantuvieron todas las
enmiendas no incorporadas en Ponencia, excepto la número 10, que el
portavoz del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos
entendió efectivamente incorporada y, en consecuencia, retiró.
Para esta fase de Pleno se mantienen, como votos particulares, los
siguientes: El número 1, del Grupo Parlamentario Mixto, que abarca las
enmiendas números 1 a 8, del Senador Nieto. El número 2, del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, con la
enmienda número 48 del citado grupo. El número 3, referente a las
enmiendas números 53 a 71, excepto la número 64, del Grupo Parlamentario
Socialista. El número 4, del mismo grupo, que mantiene como voto
particular el texto remitido por el Congreso de los Diputados,
oponiéndose a las enmiendas números 22, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 42, 43 y
45, cuyo segundo párrafo fue modificado por enmienda «in voce» en
Ponencia, del Grupo Parlamentario Popular, incorporadas en el informe de
la Ponencia. Y el número 5, del Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos, referente a las enmiendas números 9 a 16, excepto
la número 10, retirada en Comisión.
Estos son, señorías, señor Presidente, los antecedentes en la tramitación
del proyecto de ley que vamos a debatir, expuestos para ilustrar las
actuaciones precedentes a este debate en el Pleno de la Cámara.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Gracias a usted, Senador
Agramunt.
Para un turno a favor, tiene la palabra el Senador Bris Gallego.
El señor BRIS GALLEGO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, la denominada Ley de Televisión sin Fronteras es la
incorporación al ordenamiento jurídico español de la Directiva 89/552 de
la Unión Europea, y consecuentemente la modificación con ello de la Ley
25/1994, de 12 de julio. Esta incorporación ha determinado la
conveniencia de aprovechar la aprobación de esta disposición para
introducir adaptaciones en la siguiente normativa, dada la evolución que
se puede experimentar de la realidad audiovisual en España y la
existencia de nuevas prácticas tecnológicas y comerciales.
Dentro de esta ley, entre otras cosas, se da un tratamiento específico a
la televenta, como fenómeno distinto a la publicidad; se califican los
anuncios de autopromoción y se tiene un cuidado especial en algo en que
el Senado tiene un enorme interés, que es la protección de los menores.
Comprende también una serie de modificaciones para una mejor precisión en
la definición de la publicidad encubierta --así denominada--; se regulan
asimismo en esta ley las formas de publicidad como pueden ser las
telepromociones y los telerreportajes, y se clarifica la aplicación de
reglas especiales en materia de algo que ha preocupado a la Comisión,
como es la interrupción comercial.
Este proyecto de ley que ahora presentamos lo estaba necesitando la
sociedad española como respuesta a los problemas que tiene en la
actualidad; se habilitan incluso temas culturales como, por ejemplo, que
las Comunidades Autónomas puedan adoptar medidas activas de protección de
su lengua propia. Llevamos mucho tiempo hablando de la liberalización de
las telecomunicaciones, y aquí se traslada también a la ley española el
reconocimiento de esa libertad e igualmente de la libertad de
retransmisión. Se excluye la intervención administrativa previa, aunque
lógicamente se deja abierta la intervención de la Administración española
en caso de violación sistemática de las leyes de protección al menor. Se
protege también algo tan importante como nuestra industria
cinematográfica, en la producción de largometrajes y películas para
televisión, realizadas por productoras europeas.
En definitiva, con esta Ley --como se señala en el prólogo-- se quiere
conjugar un triple interés: primero, asumir por el ordenamiento jurídico
español la nueva Directiva comunitaria; segundo, regular con mayor
claridad la actividad de televisión, y, tercero, garantizar los derechos
de los usuarios frente a determinadas formas de publicidad, abusivas o
perniciosas para sus legítimos intereses.
En esta Cámara, el Partido Popular presentó una serie de enmiendas,
algunas de las cuales eran de corrección, mientras que otras tenían una
cierta incidencia en el fondo de las cuestiones que plantea la Ley, por
ejemplo, las enmiendas a los artículos 19 y 20 de la Ley 25/1994, que
regula las infracciones, las sanciones y los órganos competentes para
aplicarlas y se limita a asegurar la concordancia evitando que ciertas
infracciones queden sin calificación y, por lo tanto, sin sanción.
Otras enmiendas hacen hincapié en unas reservas técnicas que reflejan las
dificultades existentes para asegurar el cumplimiento del objetivo
buscado, en lo relativo al incremento de volumen durante la emisión de
los anuncios.
Alguna otra enmienda --y estamos hablando de las de fondo-- introduce una
nueva disposición adicional, con una obligación de información elemental
para poder ejercer las competencias en materia de contenidos. Parece
obvio que la primera condición es conocer quién es el responsable
de los mismos y, por tanto, se trata de una obligación que no puede
considerarse desproporcionada y que resulta imprescindible.
En relación a la adición a la enmienda número 45 --que tanto preocupaba a
la Senadora Arnáiz, en el trámite de Comisión--, quiero señalar que se
trata de dar mayor capacidad de actuación a la entidad pública
empresarial Retevisión, como se dijo en su momento, tanto en su actuación
operativa y técnica, como en relación con las telecomunicaciones.
Por lo tanto, señorías, estamos ante una nueva disposición importante,
una trasposición de una directiva comunitaria y una adecuación a los
momentos actuales de nuestros sistemas audiovisuales.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Bris.
Para turno en contra, tiene la palabra la Senadora doña Ana Isabel Arnáiz
de las Revillas.
La señora ARNAIZ DE LAS REVILLAS GARCIA: Muchas gracias, señor
Presidente.
La Ley de la que estamos hablando es, efectivamente, la trasposición de
una norma vinculante europea, que debemos adaptar e incorporar a nuestro
ordenamiento jurídico. El primer absurdo que nos encontramos al abordar
esta Ley es que el ordenamiento jurídico al respecto está incompleto,
porque somos el único país de Europa al que le falta un órgano esencial
como es el Consejo Superior de Medios Audiovisuales.
El Gobierno, que trae las leyes a las Cortes y manda en los plazos de
presentación, ha abordado la trasposición de esta Directiva antes de la
creación de otros proyectos, que también están en la Cámara Baja, como el
Consejo Superior de Medios Audiovisuales y, por lo tanto, está haciendo
esa trasposición en el vacío. Está legislando sobre un vacío jurídico, lo
que es muy peligroso, sobre todo cuando se trata de legislar sobre
derechos fundamentales como son los derechos de los menores, el derecho a
la libertad de expresión, el derecho a la información, el derecho a la
igualdad y a la no discriminación, como es el caso de los ciudadanos
sordos, ciegos o de otras personas que tienen los mismos derechos
constitucionales que cualquier otro ciudadano sin que quepa ningún tipo
de justificación para la discriminación.
Por otra parte, también es peligroso legislar en el vacío cuando se están
tratando derechos económicos importantísimos. En primer lugar, los de los
consumidores, pero también los derechos de operadores de televisión, de
anunciantes, de productores audiovisuales, de publicistas, etcétera.
La Ley llegaba al Congreso confusa, deliberadamente incompleta, ambigua,
contradictoria y, sobre todo, originando una gran inseguridad jurídica a
las personas físicas o jurídicas que iban a estar sometidas a su ámbito.
Pero es que, además, si estas deficiencias eran importantes no sólo
porque no estaba constituido el Consejo Superior de Medios Audiovisuales,
sino porque no se regulaba la publicidad indirecta ni la publicidad
encubierta, no se regulaba el emplazamiento y se ignoraba absolutamente
su forma publicitaria, tampoco estaba bien regulado lo relativo a la
producción europea y la publicidad ilícita y prohibida. En el camino
entre el Congreso y el Senado se produce un cambio de posición del
Partido Popular, un retroceso, una involución, que da lugar a que nuestra
posición en este momento sea contraria al proyecto.
Se presentan 31 enmiendas que cambian totalmente el sentido de la
Directiva. Ya no solamente hay carencias, no solamente hay vacíos legales
y ambigüedades, sino que se da un factor de deslegitimación y de desorden
en parte de los intereses que pretende ordenar. Consideramos que el
cambio más preocupante y que más problemas puede generar a la sociedad y
a las personas afectadas por esta ley, se da en torno a cómo se desdice
el Partido Popular de la defensa de la producción europea que mandata la
Directiva y la convierte en defensa de los productores europeos. La
diferencia entre que en el texto aparezca la expresión «de producción
europea» o «de productores europeos» representa, nada más y nada menos,
abrir la puerta a que los productores norteamericanos empiecen a operar
en España con absoluta impunidad. La razón es muy sencilla, la Comisión
Europea define la película de producción europea como aquella que cumple
unos mínimos de presencia de actores, técnicos y demás elementos que
intervienen en la fabricación de una película de nacionalidad europea,
mientras que el término productor europeo no es más que la voluntad de
cualquiera de abrir su oficina o su sede comercial y operar en cualquier
lugar europeo.
Esta enmienda es una de las que el Grupo Parlamentario Popular llama de
redacción o técnica, pero no solamente es ésa. Hay otras enmiendas
importantes, como la de Retevisión, a la que me referiré al final, o una
en la que se contradice con la propia exposición de motivos de la ley y
autoriza a la autopromoción de productos o programas llamándolo una
mejora técnica o de redacción. Al autorizar la autopromoción de productos
y programas y sacarla de la contabilidad del tiempo publicitario se
vulneran también los tiempos mínimos que la Directiva europea propone
para que no haya saturación publicitaria. Es decir, con esta ley y con
las modificaciones que se producen en el Senado las televisiones van a
tener más publicidad, lo cual no beneficia ni a los anunciantes, porque
es mucho menos eficaz su mensaje, ni a los espectadores, puesto que se
van a ver sometidos en su casa a más publicidad de la que va a haber en
el resto de Europa.
Por otra parte, también cambia de posición respecto al patrocinio de
informativos, de manera que lo que en el proyecto del Congreso era una
prohibición del patrocinio de los servicios informativos, en el Senado se
convierte en que solamente no se podrán patrocinar los servicios
informativos diarios, mientras que lo autoriza para los servicios que no
son diarios y también para los informativos del tiempo y de los deportes.
Es decir, hay mucha más liberalización para entrar en el patrocinio y en
la saturación publicitaria.
También es la única ley que yo conozca que cambia el incumplimiento o la
infracción por una exótica palabra,
como es la contravención. Parece ser que la contravención no contemplaría
el incumplimiento de esta ley por omisión, es decir, a la hora de imponer
sanciones sería muchísimo más difícil si se trata de la contravención que
simplemente del incumplimiento. Todas las leyes que conozco, repito, y
que he visto en el Congreso, en el Senado o en el Parlamento de
Andalucía, que es donde he estado, hablan de incumplimiento o de
infracción de las leyes, lo de la contravención parece que es dificultad
más el ejercicio y la imposición de sanciones.
Por otra parte, sustituye la palabra interrupciones comerciales por las
interrupciones para publicidad y televenta, con lo cual no se considera
interrupción comercial a los efectos de contabilizar el tiempo, ni el
patrocinio, ni el publirreportaje, ni las autopromociones. Al no
contabilizar el tiempo, no se considera publicidad, a pesar de la
definición que se da de publicidad en el artículo 3 de la propia ley, que
se contradice con esta enmienda del Grupo Parlamentario Popular.
Finalmente, hay algunos excesos de celo en cuanto a exigir un logotipo
estático --cuando vamos a ser la única televisión del mundo que tenga
determinados logotipos estáticos hablando de publicidad-- o poner durante
todo el tiempo de un patrocinio, es decir, durante toda una película
patrocinada, el cartel de publicidad. Esos son excesivos regorismos que
no sabemos a santo de qué vienen. (La señora Presidenta ocupa la
Presidencia.)
En definitiva, ha sido una posición que ha retrocedido. No se defienden
los derechos fundamentales, va a haber más publicidad, va a haber menos
protección de los menores, va a haber un desorden absoluto dentro del
caos televisivo al servicio de una sola razón: al servicio de que el
Gobierno sea quien dirija y dictamine sobre todo lo que se refiera a la
vida y los medios de la televisión en este país. Es decir, una posición
errática, exótica, con una apariencia de improvisación que en el fondo
solamente consiste en un tanteo y una maniobra de disimulo y de despiste
del auténtico objetivo, que es, dentro de lo que está siendo el caos
televisivo --que es comparable con el caos de Barajas y el Ministro Arias
nos tiene curados de espanto--, mantener y aumentar el control de las
televisiones por parte del Gobierno a través de la Comisión del Mercado
de las Telecomunicaciones. Y para que esto se produzca se hace un
verdadero alarde de desprecio de los intereses legítimos económicos con
los que ya el Gobierno ha mantenido compromisos públicos, y que si la ley
se aprueba tal y como está enmendada ahora mismo en el Senado no se
cumplirán. Pero, y lo que es más importante, esta ley se va a aprobar en
beneficio de que el Gobierno mantenga su dominio en las televisiones y a
costa de derechos constitucionales, de derechos fundamentales de los
menores, de todos los espectadores y de unos espectadores muy especiales,
que son los que tienen algún tipo de deficiencia sensorial.
Consideramos que con las enmiendas que hace el Grupo Popular, y que las
presenta como enmiendas técnicas, se produce un engaño a los colectivos
afectados. Se utiliza el Senado, una vez más, como rodillo con la mayoría
absoluta que tiene el Partido Popular para evitar debates, para evitar
debates públicos sobre temas que afectan a todos los ciudadanos, a la
opinión pública y a la vida pública de este país, y se utiliza el Senado
como un coladero; por eso, que nos salven de que alguna vez el Partido
Popular tenga mayoría absoluta también en el Congreso.
El Partido Popular va con una mano en el cielo y otra en el suelo,
pretendiendo contentar a todo el mundo, no dando satisfacción a nadie,
generando frustración y preocupación entre los sectores afectados.
Consideramos que este proyecto de ley, que en el Congreso era
insuficiente, en este momento es un auténtico fracaso; es más poder para
el Gobierno, es menos orden del sector, menos participación de todos los
estamentos implicados, menos autorregulación, porque falta el órgano
esencial, que es el Consejo Superior de Medios Audiovisuales.
La señora PRESIDENTA: Señoría, vaya concluyendo, por favor.
La señora ARNAIZ DE LAS REVILLAS GARCIA: Sí, señora Presidenta.
Hay una enmienda muy especial a la que me referiré, porque ya no tengo
tiempo, en el siguiente turno, que es la enmienda que el Partido Popular
presenta sobre Retevisión y sobre la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones. Esta enmienda es la sustancial para que de una vez
por todas se suprima todo proyecto de llegar a un acuerdo en la Comisión
del Mercado de las Telecomunicaciones, y, si la Presidenta lo tiene a
bien, a continuación, en el turno de portavoces, me referiré a ella.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senadora Arnáiz.
Turno de portavoces. (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Arnáiz.
La señora ARNAIZ DE LAS REVILLAS GARCIA: Gracias, Presidenta, me referiré
a la enmienda a que aludía al final de mi intervención.
La enmienda del Partido Popular, que se introduce sorpresivamente y de
forma un tanto exótica en la Ponencia del Senado, dice que por orden del
Ministerio de Fomento se desarrollarán las estructuras y las funciones de
la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, y que la entidad
pública empresarial de Retevisión podrá afectar sus activos a las
funciones que realice para el análisis, el estudio y el fomento de la
introducción en la sociedad española de las redes y servicios avanzados
de telecomunicación.
La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, en nuestra opinión y
según dice la Ley, no es el órgano adecuado para entender el contenido de
los servicios audiovisuales. La Ley 12/1997, de 24 de abril, de
liberalización de las telecomunicaciones, establece las funciones de la
Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, que son las referentes a
salvaguardar la competencia, asesoramiento, ordenación del sector,
control y vigilancia permanentes, arbitraje y potestad sancionadora, pero
en ningún caso son referentes a los contenidos de los servicios
audiovisuales.
Los contenidos televisivos en ningún modo figuran entre aquéllas.
Por otra parte, para el ejercicio de dichas funciones, los órganos de la
Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones son nombrados por el
Gobierno, a propuesta del Ministerio de Fomento. Curiosamente, la próxima
designación de la mitad de ese Consejo se producirá en noviembre de 1999,
fecha para la que nos tememos que el Ministro Arias hará lo mismo que ha
hecho el Ministro Piqué: nombrar a dedo a sus amigos. Es, pues, a esa
Comisión a la que pretenden dar las funciones sobre los contenidos
audiovisuales y las funciones que debieran corresponder al Consejo
Superior de Medios Audiovisuales.
Asimismo, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones dispone de un
Reglamento de régimen interior. Dado que existe una completa regulación,
no tiene sentido el que se manifieste en la enmienda del Grupo
Parlamentario Popular que, por orden del Ministerio de Fomento, se
desarrollarán estructuras y funciones de la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones. Ya tiene esas estructuras y esas funciones. Por
tanto, lo único que el Partido Popular pretende con esta enmienda es
dinamitar definitivamente la discusión parlamentaria sobre la creación y
las competencias del Consejo Superior de Medios Audiovisuales, así como
otorgar a un órgano nombrado por el Gobierno las competencias que
unánimemente se querían con independencia del Gobierno y de esta acción
parlamentaria, como el propio Partido Popular apoyó en su momento y
respecto de lo que los colectivos afectados por esta Ley encuentran
consenso en que sea de esa manera.
Con esta enmienda se hurta el debate, se intenta un monopolio partidista
de los medios e, igual que el señor Aznar mintió cuando dijo que pondría
un director de Televisión independiente y miente cuando dice que quiere
un Consejo Superior de lo audiovisual, miente también cuando, como
Gobierno, hace cosas distintas de lo que prometió como oposición. Esto es
un engaño a los electores y nos parece una cuestión muy seria, de la
misma manera que ocurrió con el billón para las eléctricas o con las
fundaciones sanitarias a través de los Presupuestos Generales del Estado
en su trámite en el Senado.
Por otra parte, la norma legal que creaba la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones dispuso que dicho ente público debía constituir una
sociedad anónima. Por tanto, en este momento existe el Ente Público
Retevisión y Retevisión Sociedad Anónima. Retevisión Sociedad Anónima ha
sido definitivamente privatizada y el Ente Público no tiene ningún tipo
de contenido ni de funciones en la actualidad. Sus funciones han
desaparecido tras la resolución de la convocatoria restringida y la
enajenación del último 30 por ciento de Retevisión en poder del Ente
Público.
Por tanto, atribuir en este momento al Ente Público Retevisión las
facultades que pretende la enmienda es un intento artificial de dotarlo
de un contenido y conservar así su estructura de personal y sus órganos
directivos. ¿Qué hay detrás de todo esto? Cuando se está negando dinero
público, por ejemplo, para derechos fundamentales de ciudadanos con
deficiencias sensoriales, ¿qué motivo hay para mantener el coste y la
estructura del Ente Público Retevisión, que ya no tiene funciones ni
contenido? En el Grupo Socialista sospechamos que es debido a que el
Presidente del Ente Público, señor Valentín Sanz Caja, anterior Director
General de Telecomunicaciones, es un miembro destacado del Partido
Popular, con lo cual confirmamos que la política que hace el Gobierno es
al servicio de sus amigos, al servicio de colocar a su gente y a espaldas
de los ciudadanos.
Por otra parte, hay una enmienda que propone que el Ente Público
Retevisión se dedique al análisis y estudio del fomento de las redes y
servicios avanzados de telecomunicaciones, cara a introducirlos en la
sociedad española. Quiero citar los órganos que en la actualidad existen
para realizar esas funciones. Está la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones, el Ministerio de Fomento, el grupo de trabajo creado
en el seno del Consejo Asesor de Telecomunicaciones, la Comisión creada
por el Consejo de Ministros del 9 de abril, presidida por el señor Piqué,
cuyo objeto es elaborar una iniciativa estratégica en el contexto de la
sociedad de la información, y, además, entidades privadas como Aniel,
Autel, Astel, etcétera.
Finalmente, nos preocupa que la concesión de subvenciones (que debe
corresponder al Ministerio de Fomento o a otros órganos de la
Administración que permitan la correspondiente fiscalización a priori),
dada la coincidencia en nombres y las actuaciones de Fomento dedicadas al
Ente Público Retevisión y al Ente Privado Retevisión S. A., produzca una
situación que vulneraría las reglas de la competencia leal entre
distintos operadores de la concurrencia. Con fondos públicos se
propiciaría una confusión de los mensajes de las empresas ante la opinión
pública y se vulnerarían las leyes de la competencia.
Por otra parte, esta ley no es el marco adecuado para introducir una
enmienda sobre el Ente Público Red Técnica Española de Televisión, máxime
cuando dicha enmienda pretende introducirse en el Senado --como hemos
dicho-- con nocturnidad y alevosía, de una forma vergonzante, sin debate
y, por supuesto, sin ningún tipo de consenso y de forma unilateral.
El Presidente Aznar no solamente desprecia al Senado negándose al debate
de las autonomías, sino que lo utiliza verdaderamente como un rodillo
para tapar, con su mayoría absoluta, decisiones de Gobierno vergonzantes
o que quiere explicar poco o para tapar decisiones de Gobierno que no
quiere explicar a los ciudadanos.
Pienso que verdaderamente la transposición de esta Directiva es un
retroceso que preocupa a los sectores implicados. Lo es para los
anunciantes, para los publicistas, para los usuarios, para los
ciudadanos, para los productores cinematográficos, para los operadores de
televisión, para todo el mundo. Es preocupante por la inseguridad
jurídica que produce, con un absoluto desprecio por lo que en otros
momentos el PP pidió en la Subcomisión parlamentaria o en la tramitación
del Consejo Superior de lo Audiovisual.
No se nos ha aceptado ninguna enmienda. Se nos anuncia que se van a
proponer algunas transaccionales, pero ninguna con sustancia. Dejaremos
que transcurra la tramitación de este proyecto de ley para ver si es
posible enmendar
o corregir algunas de las chapuzas que el Grupo Popular nos ha presentado
en esta Cámara.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Bris.
El señor BRIS GALLEGO: Muchas gracias, señora Presidenta.
Voy a intentar ser lo más breve posible, pero no podía dejar pasar la
intervención de la Senadora Arnáiz sin que por lo menos tuviera una
réplica, aunque sólo sea para decir que el Partido Popular está
trabajando con seriedad.
No se trata de hablar para la galería ni de tener posiciones demagógicas,
sino de transponer una Directiva Europea al ordenamiento jurídico español
y adecuar nuestras leyes, precisamente en un momento en que los sistemas
y las técnicas audiovisuales han tenido un incremento importante.
No es un absurdo, señoría, ni mucho menos. Es una ley muy completa.
Cuando usted habla del control tiene que tener en cuenta --y lo sabe--
que la creación de un órgano independiente, como es el Consejo Superior,
ha sido impulsada por el propio Grupo Parlamentario Popular, que ha
formulado una proposición de ley de creación de dicho órgano que está en
el Congreso de los Diputados en este momento. El Congreso está elaborando
esta proposición de ley de creación de este órgano que deberá determinar
la estructura y las funciones del mismo. Este procedimiento, señoría, es
el habitual, es el que se ha seguido en situaciones similares como la de
la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, la Comisión del
Mercado de Valores o el Tribunal de Defensa de la Competencia. Y no se
alcanzan a conocer las razones por las que en este caso resulta
necesario, en opinión del Grupo Socialista, invertir el orden lógico del
procedimiento de regulación.
Señoría, aquí no hay otro interés que no sea el general de hacer algo
para todos los ciudadanos. Este proyecto de ley regula cuestiones que
usted ha puesto en entredicho, como es la publicidad encubierta o
indirecta. Sólo hay un cambio de posición en determinados asuntos que he
manifestado al inicio del debate.
En este proyecto se han corregido errores de mecanografía en las
enmiendas del Grupo Parlamentario Popular, y 21 de las mismas podrían
considerarse enmiendas de corrección técnica, para mejorar, como sabe su
señoría, la redacción y homogeneizar el texto del proyecto de ley con las
modificaciones incluidas.
Las enmiendas que han tenido una cierta incidencia en el fondo de este
proyecto han sido las números 30, 32, 41, 42, 43 y 44. Las dos primeras
afectan, respectivamente, al artículo Unico, apartado catorce, epígrafe
8, y al apartado dieciséis. En la enmienda 41 se crea un nuevo apartado,
el número veintisiete, que supone la creación de una nueva disposición
adicional.
Señorías, en el patrocinio de informativos se sigue manteniendo
únicamente el que se refiere a los espacios deportivos y meteorológicos.
No vamos a entrar en ello porque sería volver a iniciar un debate que en
la presentación y en la defensa a favor de este proyecto de ley ya he
puesto de manifiesto.
No se trata ni mucho menos de colocar a ningún amigo. Quizás la Senadora
Arnáiz esté pensando en tiempos anteriores. Aquí se habla con claridad y
se actúa con transparencia. Por tanto, estamos ante un proyecto de ley
que ha sido muy trabajado por parte de todos los grupos parlamentarios,
que han presentado enmiendas, algunas de las cuales han sido aceptadas;
otras han sido objeto de enmiendas transaccionales, algunas aceptadas y
otras no.
Hay que recordar también que en lo referente a los deficientes auditivos
nuestro Grupo está de acuerdo en el fondo pero no en la forma; considera
que se necesita --y así se ha dicho en la Comisión-- un estudio con mayor
profundidad y ha presentado una enmienda transaccional que no ha sido
admitida.
Por tanto, estamos ante un proyecto de ley importante, hecho con seriedad
y sin demagogia, y pido para el resto del debate esa seriedad necesaria
por parte de todos los grupos parlamentarios.
Muchas gracias, señora Presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.
A continuación, comenzamos el debate de las enmiendas.
En primer lugar, el voto particular número 1, del Grupo Parlamentario
Mixto, que corresponde a las enmiendas números 1 a 8, originariamente
presentadas por el Senador Román Clemente.
Para la defensa de sus enmiendas, tiene la palabra el Senador Román
Clemente, por un tiempo de 12 minutos.
El señor ROMAN CLEMENTE: Gracias, señora Presidenta.
Voy a defender las ocho enmiendas que hemos presentado al proyecto de
ley.
Con la enmienda número 1, que se formula al artículo único, uno,
pretendemos dar una nueva redacción al punto 5.º del artículo 1. La
redacción que proponemos se ceñiría al siguiente texto: «Defender los
intereses legítimos de los usuarios y, en especial de los menores,
preservándoles de la publicidad y de las publicaciones que puedan influir
negativamente en el desarrollo de su formación como ciudadanos.»
Entendemos que no debemos introducir términos como el de moral dada la
multitud de posiciones morales.
La enmienda número 2 al artículo Unico, punto tres, es también de
modificación y con ella proponemos una nueva redacción del párrafo de la
letra c) del número 2 del artículo 3, que se refiere a la publicidad por
televisión. Nuestra propuesta sería: «Toda emisión realizada por cuenta
de una persona física o jurídica, pública o privada, en el ejercicio de
una actividad comercial, artesanal o profesional, con el fin de promover
de forma directa o indirecta la contratación de muebles o inmuebles,
servicios, derechos y obligaciones de cualquier tipo.» Pensamos que esta
redacción se ajusta más a lo que define la Ley 34/1988 para evitar la
dispersión de criterios y establecer de forma clara que el elemento
definidor es la intención de promocionar
algo y no la existencia de una remuneración, planteamiento que entendemos
que en el proyecto queda de forma poco clara.
La enmienda número 3, al artículo Unico, tres, de modificación del tercer
párrafo de la letra d) del número 3 del artículo 3, establece el texto
siguiente: «Tendrá esta consideración la presentación que se haga en
acontecimientos abiertos al público organizados por terceras personas y
cuyos derechos de emisión televisiva se hayan cedido a un operador de
televisión, aun cuando la participación de este último se limite a la
mera retransmisión del evento y sin que se produzca su desviación
intencionada para realzar el carácter publicitario.» La justificación de
esta enmienda se basa en que, estando prohibida por ley la publicidad
televisiva de bebidas de más de 20 grados y del tabaco, se puede
contemplar en televisión la publicidad de estos productos aprovechándose
de retransmisiones deportivas seguidas por muchos menores, por lo que,
desde nuestro punto de vista, el redactado del proyecto, o lo que el
proyecto ha recogido, constituye un claro ejercicio de hipocresía.
La enmienda número 4, al artículo Unico, cinco, también de modificación,
propone la sustitución en los números 1 y 2 del artículo 5, la expresión
«... 51 por ciento...» por la de «... 60 por ciento...», por entener que
con ello se mejora el propósito del artículo.
Con la enmienda número 5, al artículo Unico, diez, se añade un apartado
tercero nuevo al artículo 8 del Capítulo III, del siguiente tenor: «3.
Queda prohibida cualquier forma directa o indirecta de publicidad y
televenta, de bebidas con graduación alcohólica superior a veinte grados
centesimales, y de tabacos. La publicidad y la televenta de las restantes
bebidas alcohólicas se someterán expresamente a lo dispuesto en el
apartado primero de este artículo.»
La enmienda número 6, al artículo Unico, trece, de adición, propone un
apartado 6 nuevo al artículo 11, con la siguiente redacción: «6. Los
publirreportajes, promociones y otras formas de publicidad distintas de
los anuncios televisivos no podrán mostrar, mencionar o referirse a
productos cuya publicidad esté prohibida de conformidad con lo dispuesto
en los artículos ocho, nueve y diez de esta Ley.» Con esta enmienda
pretendemos disminuir la discrecionalidad de las emisiones bajo esta
fórmula.
La enmienda número 7, al artículo Unico, catorce, también de
modificación, se refiere al punto 6 del artículo 12, con objeto de que el
apartado 6 pase a ser el número 7. Y éste tendría el siguiente texto: «Se
entiende como «duración programada» a los efectos de la presente Ley, el
lapso de tiempo total de duración del programa u obra, sin incluir los
espacios publicitarios existentes dentro de la obra o programa.»
Señorías, entendemos que se da la paradoja de que espacios con una
duración real de 30 minutos incluyen publicidad, porque es la propia
publicidad la que alarga la duración programada permitiendo su inclusión.
Finalmente, la enmienda número 8, al artículo Unico, dieciocho, propone
la modificación del párrafo primero de la letra d) del número 3 de este
apartado, y añadir una nueva letra e) al apartado 1 del artículo 16. El
apartado d) dice así: «En el caso de productos destinados a ser usados
por menores, no podrá inducir a error sobre las características de los
mismos, ya sea su animación propia, su tamaño real, sus componentes o
cualesquiera otras, ni tampoco sobre su seguridad, ni sobre las
capacidades o aptitudes necesarias en el menor para el uso correcto y
seguro del producto.» En cuanto a la letra e), dice así: «La televenta no
podrá estar protagonizada por menores.» Señorías, pretendemos preservar
al menor de posibles prácticas poco éticas de consumo inducido.
Muchas gracias, señora Presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Román.
Vamos a debatir el voto particular número 5, del Grupo Parlamentario de
Senadores Nacionalistas Vascos, que corresponde a las enmiendas números 9
y 11 a 16.
Tiene la palabra para su defensa el Senador Albistur.
El señor ALBISTUR MARIN: Muchas gracias, señora Presidenta.
Voy a intervenir brevemente porque, tanto en reuniones de Comisión como
en conversaciones fuera del hemiciclo creo que ya están suficientemente
debatidas las enmiendas planteada.
Quisiera presentar fundamentalmente nuestra enmienda número 9, como una
de las que, a nuestro modo de entender, introducen una innovación dentro
del proyecto de ley, como es el reconocimiento y la excepcionalidad de
los anuncios o espacios publicitarios de servicio público o de carácter
benéfico para que fueran difundidos gratuitamente y se hiciera una
distinción en relación a la publicidad.
En la enmienda número 12 pretendemos que las películas realizadas para
televisión se equiparen a los largometrajes cinematográficos.
También queremos mostrar nuestra preocupación de que la venta por
televisión se convierta de nuevo, quizá, en un objetivo clave, que
atosigue, que, de alguna forma, ocupe los espacios destinados para el
ocio del espectador, sin que éste pueda tener su propia capacidad de
libertad o de elección. Por ello, pretendemos que se reduzcan
significativamente, a cinco minutos como mucho, los bloques dedicados a
esta actividad.
El resto de las enmiendas tienen que ver fundamentalmente con un tema muy
controvertido, como es el de la publicidad de tabaco y de alcohol.
Manteniéndonos siempre en clara oposición a todo lo que signifique
propaganda directa de estos productos, entendemos que no debemos cerrar
los ojos a la realidad, es decir, que los promotores de este tipo de
productos están patrocinando actividades culturales y deportivas. Sólo
pretendíamos regular y adecuar con la realidad algo que entendemos que es
controvertido.
Mantendremos nuestras enmiendas y esperaremos al resultado de la
votación.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Albistur.
El voto particular número 2, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
de Convergència i Unió, corresponde a la enmienda número 48.
Tiene la palabra para su defensa el Senador Capdevila.
El señor CAPDEVILA I BAS: Muchas gracias, señora Presidenta.
Nuestro Grupo sólo mantiene viva una enmienda, la número 48, que coincide
prácticamente con la enmienda número 14 del Grupo Parlamentario de
Senadores Nacionalistas Vascos, que acaba de defender el Senador
Albistur. Nos sumamos a su preocupación y a los deseos de regulación de
este tema.
Esta enmienda número 48, al artículo Unico, diecisiete, del proyecto,
afecta al apartado segundo del artículo 15 de la Ley 25/1994, de 12 de
julio. Se propone la adición de un nuevo apartado en relación al
patrocinio televisivo ofreciendo la posibilidad del patrocinio de
programas televisados por parte de empresas que fabriquen, distribuyan o
vendan bebidas alcohólicas de graduación de más 20 grados centesimales y
se condiciona a programas emitidos entre las 22 horas de cada día y las 6
horas del día siguiente, sin que pueda hacerse mención al mismo fuera de
este horario, así como a que abarque solamente la promoción del nombre o
la imagen de la empresa o marca.
El motivo por el que se solicita la incorporación del texto que se
propone, como excepción a esta regla general de prohibición de cualquier
forma directa o indirecta de publicidad y televenta de tales bebidas,
contemplada en el artículo Unico, doce, del proyecto, se centra
precisamente en asegurar una adecuada transposición de la Directiva
89/552; que viene a ser modificada por la Directiva, ahora introducida,
97/36, impidiendo con ello la discriminación de las empresas españolas de
fabricación, producción y distribución de bebidas de dicha graduación en
relación con las empresas de otros países comunitarios. (El señor
Vicepresidente, Rigol i Roig, ocupa la Presidencia.)
En la redacción del texto actual del proyecto de ley se incide en dicha
discriminación de operadores españoles frente a los comunitarios,
redundando, obviamente, en un perjuicio de su competitividad, por un
lado, por cuanto no se puede impedir que se difunda en España dicho tipo
de patrocinio televisivo o incluso la propia publicidad por parte de las
empresas comunitarias respetando, precisamente, la norma comunitaria
introducida por la Directiva 97/32/CEE --me refiero en sí mismo, incluso,
al artículo Unico, cuatro, del proyecto que, precisamente, apoya dicha
libertad de emisión-- y, por otro, por cuanto con el texto actual el
proyecto viene a favorecer a los fabricantes y distribuidores que
tuvieron una variada cartera de bebidas alcohólicas de más y de menos de
20 grados. Haciendo la propaganda o la promoción de las marcas de bebidas
alcohólicas inferiores a los 20 grados están de una forma subrepticia
haciendo propaganda y patrocinio de las marcas de bebidas alcohólicas
superiores a dicha graduación.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado dos votos particulares.
El primero es el número 3, que corresponde a las enmiendas números 53 a
63 y 65 a 71.
Tiene la palabra el señor Mòdol Pifarré.
El señor MODOL PIFARRE: Muchas gracias, señor Presidente.
Subo a esta tribuna con un cierto desencanto --como la película de Jaime
Chávarri-- porque lo que ha ocurrido desde 1994 hasta ahora provoca en
quien les habla desencanto, y ése es un poco el sentimiento que tengo al
subir a defender unas enmiendas que sé que no van a ser aprobadas.
Lo que pretenden globalmente esas enmiendas sería volver a lo que estaba
ocurriendo en 1994 y 1995. Repasaba esta semana las sesiones de 29 de
junio de 1994, por ejemplo en esta Cámara, y leía las palabras del señor
Ortiz Pérez o del señor García Tiemblo cuando defendían el servicio
público, la necesidad de la imparcialidad, la necesidad del control y la
necesidad de la protección de los menores, o repasaba las sesiones de 26
de abril y del 15 de noviembre de 1995, y las palabras de la señora
Agüero Ruano, las de todos los comparecientes en aquella Comisión
especial sobre contenidos televisivos, y un poco la preocupación que
salía de esta Cámara era la necesidad, como ha dicho anteriormente la
señora Arnáiz de las Revillas, de la creación de un consejo superior de
lo audiovisual que velara por estas cosas, de un consejo que fuera
consciente de que nuestros niños, por ejemplo, ven la televisión un
promedio de 20 horas semanales o entre 1.000 y 1.500 horas al año, frente
a las 800 ó 900 horas que se pasan en la escuela.
Pensaba que era ser posible volver a aquel consenso que nos proporcionó
una ley con cinco capítulos que tenía claramente una vocación
constitucionalista, en el sentido de que básicamente lo que hacía era
regular la promoción y la difusión de determinados programas, regular la
publicidad y el patrocinio pero, sobre todo, se encargaba de proteger a
los menores y de atender al conjunto de los ciudadanos.
¿Qué ha pasado desde entonces? ¿Qué ha pasado desde 1994 hasta ahora y
qué ha ocurrido en la tramitación de esta Ley en el Senado? Simplemente
ha ocurrido que ha existido una Ley de televisión sin fronteras que no se
ha cumplido porque quien estaba encargado de hacerlo no lo ha hecho. Lo
he dicho otras veces desde esta tribuna: mientras el Ministerio de
Cultura, a través del CIDE, reconoce que existen miles de infracciones de
la norma, las sanciones que se han sustanciado en total por parte del
Ministerio de Fomento son seis, siendo la mayor de 15 millones de
pesetas. Les quiero recordar que, por ejemplo, un anuncio de 25 segundos
en el intermedio de un partido internacional cuesta exactamente 21
millones de pesetas. La Ley no se ha cumplido.
¿Qué pretende el Grupo Socialista con las enmiendas que hoy presenta?
Pretende corregir este abuso a través de distintos procedimientos.
Primero, reconocer lo que la Directiva 97/36 ya dice, es decir, la
facultad de los Estados miembros a establecer reglas más estrictas o
detalladas en los ámbitos regulados por el texto comunitario y promover,
al mismo tiempo, la producción europea. Esto es lo que dicen nuestras
enmiendas números 53, 55, 56 y 59. Por tanto, no voy a entrar en detalle
en ellas.
Lo segundo que pretendíamos era dar mayor claridad al articulado con el
fin de impedir que determinados anunciantes se escuden en lo ambiguo de
ciertas formulaciones para conculcar el espíritu de la norma, ese
espíritu que debería tener pero que nos tememos que ha desaparecido. Eso
es lo que pretendemos también con nuestras enmiendas números 54, 57, 58,
61, 62 y 63.
Intentábamos también establecer la proporcionalidad en los criterios de
regulación que deben conciliar los derechos de los ciudadanos con el
desarrollo del mercado audiovisual, conciliar de alguna manera la
libertad de expresión y los legítimos intereses económicos de los
anunciantes. Eso es lo que dice nuestra enmienda número 60.
Pretendíamos, además de las tres cosas que acabo de mencionar, otras dos
más. Defender mejor a los espectadores, especialmente a los más
desprotegidos, es decir, a aquellos que se pasan de 1.000 a 1.500 horas
delante de una pantalla cada año, a los niños y a las niñas y a aquellas
personas disminuidas en sus capacidades auditivas. Eso es lo que dicen
nuestras enmiendas números 64 y 67. Sólo voy a pararme un momento en esta
enmienda, la número 67, que pretende que las personas con dificultades
auditivas tengan la posibilidad de acceder a un medio de comunicación que
se reconoce como servicio público universal y que no lo es porque no
existen los medios para que eso sea efectivo. Nuestra enmienda obliga a
las cadenas televisivas a emitir informativos de tarde y noche
subtitulados, a hacer por lo menos una hora de programación infantil
también subtitulada y a establecer un mecanismo progresivo, de tal forma
que, desde ahora hasta el año 2003, al menos doce horas de programación
tuvieran subtítulos para que los sordos, las personas con discapacidad
auditiva, pudieran acceder a estos medios.
Esto es lo que pretendían estas enmiendas, y aunque con un cierto
desencanto --ya sé que va a ser difícil convencerles--, aunque sólo sea
en la enmienda número 67, les pido a los señores de la mayoría que de
aquí a la votación recapaciten sobre su oportunidad o no.
Finalmente, queríamos poner en manos de quien debería estar, en manos del
Consejo Superior de Medios Audiovisuales, las funciones de inspección y
control en el cumplimiento de la Ley. Lo ha dicho antes la señora Arnáiz
y lo vuelvo a repetir. No es creíble en el ámbito europeo que un gobierno
se autocontrole --quien controla al Gobierno tiene que ser un órgano
independiente-- y España es el único país de la Unión Europea que no
cuenta con un Consejo de esas características. Por eso nosotros
introducíamos las enmiendas números 68, 69, 70 y 71.
¿Y por qué insistíamos e insistimos tanto en ello? Les pondré un ejemplo,
señorías. Tengo aquí la respuesta que me envió el Ministerio de Fomento
en el mes de febrero con motivo de una pregunta que formulé sobre cuántas
veces se había reunido la Comisión Nacional del Mercado de las
Telecomunicaciones, y más concretamente, sobre cuántas se había reunido
para tratar el capítulo que se dedica a contenidos televisivos.
Como digo, me contesta el Ministerio de Fomento con una respuesta del
siguiente tenor: Se señala a su señoría --es decir, a quien les habla--
que desde la intervención del Ministro de Fomento ante el Pleno del
Senado el 24 de junio de 1998 --es decir, va a hacer casi un año-- dando
respuesta a la pregunta del señor Senador, no se han producido nuevas
reuniones sobre los capítulos ni de sus grupos de trabajo. Aunque es
intención material de la Comisión Nacional del Mercado de las
Telecomunicaciones proseguir con los trabajos ya iniciados, no hay
calendario establecido al efecto.
Pero a día de hoy resulta que tampoco se han reunido. Es decir, que tal y
como va a quedar esta ley, nos tememos que, una vez más, esto se va a
incumplir sistemáticamente. Y lo cierto es que, como parlamentarios, eso
no deberíamos permitírnoslo, del mismo modo que tampoco deberíamos
permitir que el Gobierno lo siga haciendo. Porque si nosotros mismos no
somos capaces de instar a los ejecutivos a que cumplan las leyes, con
perdón de la expresión, menudo papelón estamos haciendo.
Señorías, mi compañera, la señora Arnáiz, ya ha comentado algunos de los
contenidos de las enmiendas del Grupo Popular y, por tanto, no voy a
repetirlo, pero sí quiero decir que hay una enmienda «in voce» que no he
conseguido entender. Le pediría al Grupo Parlamentario Popular que me
explique a qué viene ese añadido. Se dice en él: La entidad pública
empresarial de la red técnica española de televisión, a la que se refiere
la disposición adicional sexta de la Ley General de Telecomunicaciones
11/1998, podrá afectar sus activos a las funciones que realice para el
análisis del estudio y el fomento de la introducción en la sociedad
española de las redes y servicios avanzados de telecomunicaciones.
¿Por qué introducir esto en una ley de contenidos televisivos? ¿Es que se
pretende favorecer a una empresa privada? ¿O es que estamos esperando a
que la Unión Europea nos diga otra vez que hay competencia desleal o a
que el Tribunal de la Competencia tenga que actuar otra vez para poner
sendas multas como ha hecho ya con otra compañía en relación con otros
temas?
Creo francamente que las enmiendas introducidas empeoran el texto. Creo
también que nos hemos alejado muchísimo de aquel ánimo de consenso que se
dibujaba en los años 1994 y 1995, y créanme que en pro del interés
colectivo me gustaría volver de nuevo a aquel espíritu.
Finalmente, señor Presidente, voy a aprovechar este turno para explicar
nuestra posición respecto de las otras enmiendas.
En lo que se refiere a las del Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos, anunciamos que vamos a votar a favor de las números
9 y 12 al compartir los criterios y valoraciones formulados por el señor
Albistur y que, por tanto, no voy a repetir. Nos vamos a abstener en la
número 13 y votaremos en contra de las números 11, 14, 15 y 16. Votaremos
asimismo en contra de la enmienda número 48 del Grupo de Convergència i
Unió.
Respecto a las enmiendas del Senador Román Clemente, vamos a apoyar las
números 1, 2, 6, 7 y 8 por considerar que en ellas se contiene
exactamente el mismo espíritu que tenían las nuestras. Nos abstendremos
en las números 3, 4 y 5.
Nuestra enmienda número 64 ha sido aceptada por el Grupo Parlamentario
Popular. Y en lo que se refiere a las números 65 y 66, dicho Grupo nos
las ha aceptado en cierto modo puesto que las ha transado.
Señorías, termino con el mismo desencanto con que comencé mi
argumentación ya que los cambios que se han introducido en el Senado en
ninguno de los supuestos significan mejoras. Tengo la sensación --y no lo
tomen a broma-- de que, más que trasponer una ley, lo que estamos
haciendo es dejar una ley traspuesta que, por cierto, va a servir para
poca cosa.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Mòdol
Pifarré.
Turno en contra.
Tiene la palabra el Senador Bris Gallego.
El señor BRIS GALLEGO: Muchas gracias, señor Presidente.
Nuestro Grupo ha estudiado con el máximo interés las enmiendas
presentadas por los demás grupos parlamentarios de la Cámara.
En primer lugar, me referiré a las enmiendas números 1 a 8, del Grupo
Parlamentario Mixto, defendidas por el Senador Román Clemente.
En cuanto a la enmienda número 1, al apartado uno del artículo único,
sinceramente, nos parece preferible la redacción que figura en el texto,
que es la traslación de la propia directiva. Cabe argumentar que la
existencia de diferentes posiciones morales, igualmente legítimas, no
excluye la necesidad de proteger el desarrollo moral del menor.
Por lo que se refiere a la enmienda número 2, al apartado tres, está
recogida en parte en la enmienda número 20 del Grupo Parlamentario
Popular, que se incorporó en el trámite de Ponencia. Por otra parte, no
parece necesario precisar en la definición de publicidad las diferentes
formas que pueden adoptarse.
Si aceptásemos la enmienda número 3, al apartado tres del artículo único,
que hace referencia a la prohibición de la publicidad estática, sería
prácticamente imposible la retransmisión de espectáculos deportivos en
lugares públicos.
La enmienda número 4, al apartado cinco, propone elevar la cuota de
emisión para obras audiovisuales europeas del 51 por ciento al 60 por
ciento. Creemos que no es conveniente, ya que no está demostrado que este
aumento pudiera favorecer al desarrollo de la propia industria europea.
La enmienda número 5, al apartado diez del artículo único, hace
referencia a la prohibición de publicidad y televenta de tabaco y de
bebidas alcohólicas con graduación superior a 20 grados centesimales. La
rechazamos, por considerar que esta prohibición se encuentra ya contenida
en los artículos 8, 9 y 10 de la ley.
La enmienda número 6, al apartado trece, también defendida por el Senador
Román Clemente, propone añadir un nuevo apartado al artículo 11 de la Ley
25/1994, que hace referencia a los publirreportajes, promociones y otras
formas de publicidad. Creemos que el fondo de lo que dice está recogido
en la ley, y que, de aceptarse en sus justos términos, podría generar una
cierta inseguridad jurídica.
La enmienda número 7, al apartado catorce, es similar a las enmiendas
números 59 y 60, presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista.
Quiere sustituir el concepto de «duración programada», que incluye el
tiempo dedicado a la publicidad y a los anuncios de televenta, por
«duración del espacio», que sólo incluiría la duración del programa
propiamente dicho. La directiva europea admite ambas interpretaciones y
la experiencia desde 1994 nos demuestra que la utilización de este
criterio adoptado se puede seguir manteniendo.
La enmienda número 8, al apartado ocho, hace referencia a la protección
de menores. Nos parece más explícita la redacción del texto, en cuanto
que los menores no protagonicen la televenta. A nuestro juicio, es una
enmienda que carece de justificación. En todo caso, habría de estar
sometido a lo que el derecho laboral señale al respecto.
A continuación, me referiré a las enmiendas, números 9 a 16, presentadas
por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.
La enmienda número 9, al apartado tres.2, exceptúa de la consideración de
publicidad los anuncios o espacios publicitarios de servicio público o de
carácter benéfico difundidos gratuitamente. Este tipo de anuncios,
señorías, está incluido a efectos del cómputo de tiempo dedicado a la
publicidad. También está incluida la colaboración gratuita de las
televisiones al emitir estos anuncios, que no resulta penalizada.
Consideramos que este tipo de publicidad debe ser regulada para mantener,
lógicamente, la coherencia con la ley y el acuerdo con la trasposición de
la directiva.
La enmienda número 10, al apartado trece, fue retirada, puesto que se
entendía que estaba incluida en una enmienda del Grupo Parlamentario
Popular.
La enmienda número 11, al apartado doce, hace referencia a la publicidad
de bebidas con graduación superior a veinte grados, siempre que se someta
a determinadas restricciones. Nosotros consideramos que la publicidad de
este tipo de bebidas es perniciosa para la lucha contra el alcoholismo y,
por tanto, no la podemos admitir.
En cuanto a la enmienda número 12, dirigida al apartado catorce, nos
parece que la redacción actual es más flexible y permite tratar las
películas para televisión de forma diferente en función del espacio donde
se emitan.
La enmienda número 13 pretende reducir a cinco minutos la duración mínima
de los bloques de televenta. Estamos hablando de una duración mínima de
quince minutos, que es el tiempo marcado por la directiva, pero de lo que
se trata es de orientar la televenta hacia las horas de menor audiencia.
En cuanto a la enmienda 14, en la que se autoriza con restricciones el
patrocinio de programas por parte de fabricantes de bebidas con
graduación alcohólica superior a 20 grados, no es admisible por los
mismos argumentos por los que hemos rechazado la enmienda número 11.
La enmienda número reducir a la mitad la cuantía de las multas previstas,
y no nos parece nada oportuno. Señorías, creemos que se perdería eficacia
en la ley.
Respecto a la última enmienda formulada por el Grupo Parlamentario de
Senadores Nacionalistas Vascos, la número 16, que propone la creación de
una disposición adicional nueva y que hace de nuevo referencia a la
publicidad de bebidas con graduación superior a 20 grados centesimales,
manifestamos nuestro rechazo por las mismas razones que hemos apuntado en
el caso de las enmiendas números 11 y 14.
Por estos mismos argumentos tampoco podemos admitir la enmienda que ha
defendido, en nombre de Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de
Convergencia i Unió, el Senador Capdevila que hacía referencia a la
autorización, con determinadas restricciones, del patrocinio de programas
de televisión por parte de empresas que fabriquen, distribuyan o vendan
bebidas alcohólicas con graduación superior a 20 grados centesimales.
Consideramos que el contenido de esta enmienda es similar al de las
presentadas con los números 11, 14 y 16 por el Grupo Parlamentario de
Senadores Nacionalistas Vascos.
Coalición Canaria ha presentado cuatro enmiendas.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Señoría, las enmiendas de
Coalición Canaria están retiradas.
El señor BRIS GALLEGO: Perdón. Paso entonces a las presentadas por el
Grupo Parlamentario Socialista.
Senador Mòdol, creo que la palabra desencanto no es la oportuna. Yo más
bien hablaría de ilusión y de esperanza y de que en este sector estamos
avanzando muchísimo; en estos tres años se ha avanzado en la
liberalización de las telecomunicaciones y en la trasposición de
directivas europeas como nunca se había hecho en años anteriores. Usted
mismo debería contestarse a la pregunta que se hace sobre qué es lo que
se ha hecho desde 1994. Se ha hecho muchísimo y se sigue trabajando mucho
en este sector, que sufre, además, muchos cambios y alteraciones tanto en
los sistemas técnicos como en los audiovisuales.
Desde luego, la modificación de esta ley va a proteger a los menores y va
a dar salida, o al menos se intenta, a otras actuaciones que faciliten su
protección; con ese fin se formuló una enmienda transaccional que el
Grupo Parlamentario Socialista no ha aceptado.
Paso a debatir las enmiendas. La número 53, referente a los tipos de
publicidad y a la autopromoción, es similar a la número 2 del Grupo
Parlamentario Mixto. Señoría, nos parece más oportuna nuestra redacción,
y por eso la vamos a rechazar.
Igualmente será rechazada la número 54, que habla del emplazamiento de
los productos. Nosotros consideramos que no puede ser admitida por
tratarse de una publicidad encubierta.
Para la número 55 propusimos una transaccional, que no ha sido admitida
porque el porcentaje que propone el Grupo Parlamentario Socialista es de
un 7 por ciento y nosotros seguimos manteniendo un 5 por ciento. Hablar
de producción europea, en lugar de nueva producción europea, hubiera sido
más claro, y en el fondo ambos grupos queremos que así sea el reflejo de
ese artículo.
La enmienda número 57 también hace referencia al emplazamiento de
productos, y la rechazamos por la misma razón que hemos rechazado la
número 54.
La enmienda 58 es similar a la número 6 del Grupo Parlamentario Mixto.
Como antes hemos dicho, el fondo de la misma se encuentra recogido en el
texto de la ley; por lo tanto, su aceptación podría conducir a cierta
inseguridad jurídica.
Las números 59 y 60 hacen referencia a la duración del espacio. Al ser su
contenido similar a la enmienda número 7 del Grupo Parlamentario Mixto,
queda rechazada por los mismos argumentos.
La enmienda número 61 no aclara ni mejora el contenido. La preocupación
de esta enmienda va recogida en nuestra enmienda número 30, ya
incorporada. En cuanto a la referencia cromática, sobre la que hemos
debatido en Comisión y en Ponencia, he de decirle que su aceptación sería
peligrosa por la posible utilización del blanco y negro en ciertos
anuncios.
La enmienda número 62 consideramos que se encuentra ya incluida en la
ley, en lo que se refiere a que estos anuncios no deben conducir a engaño
a los menores.
La enmienda número 63 hace referencia al emplazamiento visual de
productos, y es similar y congruente con las números 54 y 57, presentadas
por el mismo grupo y rechazadas igualmente con los mismos argumentos.
Para la enmienda número 65 ha llegado a la Mesa una transaccional, que
será leída en su momento y supongo que aprobada por todos los grupos
políticos. La número 64 fue aceptada.
La número 66 proponía el cambio de «o» por «y», porque era lo que recogía
sobre los medios audiovisuales, y la número 67 ha sido objeto de
preocupación de todos los grupos políticos, y hacía referencia a la
posibilidad de poder obligar a algo que no está valorado. Nosotros
estamos de cuerdo en el fondo, pero no en la forma. Nosotros proponíamos
una disposición adicional cuarta, que se podía considerar como una
transaccional, pero que no ha sido aceptada por el Grupo Parlamentario
Socialista, por lo que en este sentido, en lo que es la ayuda a las
personas discapacitadas con disminuciones auditivas y su relación con el
mundo audiovisual, tendremos que seguir trabajando, porque no ha sido el
fondo, sino la forma y la falta de estudios lo que nos ha impedido saber
cuál era la valoración de esta enmienda del Grupo Parlamentario
Socialista.
La enmienda número 68, al artículo único, veintiuno, pretendía introducir
un procedimiento de autocontrol. En el Congreso de los Diputados una
transaccional introdujo una disposición adicional tercera, que recoge en
parte lo que dice la enmienda.
En cuanto a las enmiendas números 69 y 70 hacen mención al Consejo
Superior de Medios Audiovisuales. Este ha sido un tema perfectamente
debatido en el trámite de defensa de la ley. Es éste un órgano, señorías,
que aún no existe y sobre el que el Congreso de los Diputados está
trabajando, para la elaboración de la ley de creación de este órgano, a
instancias del Partido Popular. Y, por otra parte, la lógica legislativa
exige que las competencias se atribuyan a órganos en vigor en el momento
de aprobarse la ley,
ya que en caso contrario se produciría un vacío en el control de la
aplicación de la misma.
En cuanto a la enmienda número 71 a la disposición adicional segunda,
tampoco podemos admitirla, ya que en este trámite no caben jurídicamente
las resoluciones firmes. Esta ley incorpora la directiva y, por tanto, en
el futuro debemos remitirnos a la misma. Por otra parte, nadie cuestiona
el justo derecho a la competencia. Además quiero señalar que esta ley no
da al Ministerio de Fomento más competencia que la inicial otorgada en
1994, al entonces denominado Ministerio de Obras Públicas.
El procedimiento para crear el Consejo Superior de Medios Audiovisuales
ya lo hemos explicado. Las únicas modificaciones también han sido
comentadas al comienzo de este debate, y, por tanto, cuando se me pedía
una aclaración sobre un tema que se incorporó en la Ponencia, que es el
de Retevisión, he de decir que se quiere que este ente público,
Retevisión, pueda realizar estudios, análisis y proyectos en relación con
el desarrollo de las telecomunicaciones. A este ente, señorías, le
corresponde prestar servicios portadores de telecomunicaciones y para
realizar dichas actividades debe contar con la información precisa. Al
mismo tiempo, ha de tener capacidad para informar al Ministerio de
Fomento de cuestiones técnicas relacionadas con el desarrollo de las
telecomunicaciones.
Señorías, no se trata de favorecer a nadie sino de que Retevisión no esté
en condiciones desiguales con el resto de los portadores de servicios de
telecomunicación. Por tanto, estamos ante una ley importante, una ley que
cubre este tramo que el Partido Popular está tratando de llevar a cabo
para que el proceso de liberalización se realice en el más breve plazo
posible, y para que nuestros sistemas técnicos audiovisuales puedan
adecuarse, lo más rápidamente posible también, a las disposiciones de las
directivas europeas.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Gracias, Senador Bris.
Turno de portavoces.
¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? Tiene la palabra
el Senador Albistur.
El señor ALBISTUR MARIN: Muchas gracias, señor Presidente.
Voy a aprovechar este turno fundamentalmente para terminar de fijar la
posición de nuestro grupo respecto a esta ley, una ley denominada de
televisión sin fronteras, que supone la incorporación del Estado español
a la legislación que sobre esa misma materia había adoptado la Unión
Europea, y que hubiera sido también, a nuestro modo de ver, mucho más
decente, sobre todo mucho más ético que el propio sector privado, las
propias cadenas por sí mismas y sin ningún tipo de presión legal la
hubieran adoptado directamente; pero, eso es, hoy por hoy, prácticamente
soñar.
Sin embargo, en esta adaptación a la Directiva europea hay que destacar
el reconocimiento del derecho del espectador a conocer qué es lo que va a
observar sentado frente a la pantalla. Esta cuestión está relacionada
fundamentalmente con los temas cinematográficos, la retransmisión de
espectáculos y la transmisión de programas específicos, y solamente
podrán ser cambiados por causas ajenas al propio operador.
Otro elemento importante es la regulación de la televenta, que se
reconoce como un fenómeno distinto de la publicidad, y que se está
imponiendo como una actuación comercial innovadora, pero teniendo en
cuenta que debe ser regulado, sobre todo, para que no se utilicen
técnicas subliminales que inciten fundamentalmente a los menores, que
suele ser un colectivo muy atractivo para este tipo de actuaciones, a
contratar bienes o servicios que puedan ser abusivos.
Otro elemento de interés es que toda autopromoción realizada por las
cadenas operadoras se pueda considerar como publicidad y, también, que en
estas actuaciones relacionadas con publicidad o televenta se consideren
ilícitas todas las actuaciones que van contra la dignidad humana, las
convicciones políticas y religiosas, y las discriminaciones por razón de
raza, sexo, nacionalidad, opinión, etcétera.
Un hecho que está de acuerdo con lo que es la realidad del Estado español
es que el proyecto de ley prevé que sean las propias Comunidades
Autónomas las que controlen los contenidos e impongan sanciones a
aquellos servicios de televisión cuyas emisiones se realicen directamente
por ellas, o por entidades a las que se haya conferido esta
responsabilidad, guardándose el Estado, sin embargo, el cumplimiento de
las disposiciones de esta ley como competencia particular.
Nos parecen positivos todos los temas que esta ley trata y también el
hecho de que la Administración pueda tener una cierta intervención, pero
nos parecería mucho más positivo si la Administración estuviese dispuesta
a aplicar los artículos más peliagudos, concretamente aquellos en los que
se le concede capacidad para retirar las licencias de emisión a las
cadenas que se salten la ley y los preceptos en ella contenidos.
Hasta la fecha, los canales de televisión han hecho lo que les ha dado la
gana --incluso los canales de televisión oficiales-- amparados en un
cierto miedo que los propios políticos manifestamos ante este medio.
Otra conclusión positiva es que, por fin, los ciudadanos --como
espectadores-- tendrán instrumentos para no quedar inermes y pasivos ante
los eventuales abusos, que son más que eventuales, de estas cajas que se
denominan «tontas».
Nuestro Grupo considera que muchas de las enmiendas presentadas por la
oposición hubieran mejorado el texto --aparte de las que nosotros hemos
presentado-- y, por eso, votaremos a favor de todas aquellas relacionadas
con las mejoras de la atención al menor, con las mejoras de la
intervención pública, en los casos en que se produzcan actuaciones
contrarias a la ley, los derechos humanos, etcétera, que están
contempladas en las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, de Izquierda
Unida, o en las del Partido Socialista. No las voy a enumerar porque ya
las conocen
los portavoces, pero las votaremos a favor porque consideramos que
incluidas en el texto le hubieran dado mucha mayor precisión. Lo mismo
haremos con la enmienda número 48 de Convergència i Unió porque, como he
dicho anteriormente y también ha expuesto el propio portavoz de ese
grupo, debe terminarse con el escándalo de actuar falsamente en una
materia, buscando financiación para los operadores de televisión a través
de los anunciantes de bebidas alcohólicas porque a los espectadores del
Estado español nos llegarán programas subvencionados, patrocinados y
financiados por tabacos o bebidas, que estarán amparados, protegidos y
promocionados por empresas de fuera del Estado español, pero que se
anunciarán aquí, a través de las cadenas extranjeras. Esta situación, que
es absurda y kafkiana, pretendía ser atendida con nuestras enmiendas; no
ha podido ser, esperemos que el sentido común predomine en el tiempo.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Albistur.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
tiene la palabra el Senador Salvador Capdevila.
El señor CAPDEVILA I BAS: Muchas gracias, señor Presidente.
Tal como ha expuesto el Senador Albistur, nos hallamos ante el debate de
un proyecto de ley que es fundamental, por cuanto viene a incorporar a la
legislación española el mandato de la Comisión Europea impuesto por la
Directiva 97/36. El presente proyecto de ley va encaminado a la
modificación de la Ley 25/1994, de 12 de julio, sobre incorporación al
ordenamiento jurídico español de la Directiva 89/552, relativa al
ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva, modificada luego
por la Directiva 97/36, de 30 de junio de 1997.
El presente proyecto de ley no se limita a la mera trasposición de dicha
directiva, sino que introduce algunas novedades normativas en materia de
publicidad televisiva que, si bien son oportunas en su mayoría, algunas
de ellas, dicho sea de paso, no son estrictamente debidas al mandato
comunitario. Nuestro Grupo, si bien apoya por su importancia la necesaria
entrada en vigor de dicha directiva, que debería haberse introducido en
la legislación española en la pasada legislatura de 1998, entiende que no
es óbice para que podamos debatir e incluso discrepar de algunas de las
enmiendas introducidas en el texto.
En el apartado cinco del proyecto de ley no encontramos muy acertada la
expresión de producción europea, pues la figura de los productores
europeos que incluye la enmienda abre la puerta para que, por ejemplo,
los productores norteamericanos puedan operar en España con impunidad, ya
que el término producción europea no supone más que la voluntad de
alguien de abrir una oficina y operar en cualquier punto europeo.
Respecto al apartado catorce apoyamos la enmienda número 12 presentada
por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos por el hecho
de que no se incluyan en dicho apartado las películas realizadas para
televisión.
En el apartado quince tampoco estamos de acuerdo con la introducción del
número 4, que es de nueva redacción. Evidentemente se incorporan aquí los
anuncios realizados por el operador de televisión en relación con sus
propios programas o productos directamente vinculados con ellos, sin
ponerse ningún tipo de límite a dicha duración. Por tanto, hay una cierta
contradicción con el texto ya aprobado en el Congreso.
En el apartado veintiuno nos parece correcta la frase interrupciones
comerciales, que es mucho más precisa y conocida que la introducida con
la publicidad y televenta. En las disposiciones adicionales segunda y
tercera nuestro Grupo va a abstenerse por discrepancia con la enmienda
introducida por el Grupo Parlamentario Popular respecto del texto
aprobado en el Congreso.
En cuanto a las enmiendas presentadas por el Grupo Mixto, tal como ha
manifestado el Senador Bris, entendemos que su redacción más o menos ya
está incorporada en el propio texto. Nos abstendremos en todo caso
respecto a la enmienda número 8.
En cuanto a las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario de
Senadores Nacionalistas Vascos, nos vamos a abstener en la enmienda
número 9, vamos a apoyar las enmiendas números 11 y 12 y no podemos
apoyar la enmienda número 13; apoyamos, evidentemente, la enmienda número
14 por su similitud y parecido prácticamente idéntico a la enmienda
número 48 que presenta nuestro Grupo. Tampoco podemos apoyar la enmienda
número 15 por cuanto que entendemos es necesario que haya una sanción
ejemplar para el cumplimiento de las normativas por los operadores, y si
se reduce la cuantía de la sanción les saldría más a cuenta infringir la
normativa y seguir pagando esas sanciones. Estamos de acuerdo, asimismo,
y vamos a apoyarla, con la enmienda número 16 sobre la redacción que
proponen del artículo 8.5 de la Ley 34/1988.
Respecto al Grupo Parlamentario Socialista, nos vamos a abstener...
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Senador Capdevila, cuanto antes
termine, mejor.
El señor CAPDEVILA I BAS: Termino enseguida, señor Presidente.
Vamos a abstenernos en la enmienda número 54, así como en la 59 y 60, y
apoyaremos, en todo caso, las enmiendas números 62, 66 y 67. Asimismo,
nos oponemos al resto de las enmiendas presentadas.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la Senadora
Arnáiz en turno de portavoces.
La señora ARNAIZ DE LAS REVILLAS GARCIA: Muchas gracias, Presidente.
En definitiva, el proyecto que estamos tratando no va a conseguir las
funciones principales que debieran ser su objetivo: arbitrar y equilibrar
los intereses que están en juego, defender adecuadamente los principios
constitucionales y no va a conseguir prácticamente ningún consenso, como
lo demuestran las intervenciones que han hecho el Grupo Mixto, CIU, PNV
y, desde luego, también mi Grupo.
Es cierto que el único cambio de votación que vamos a hacer respecto a lo
que anunciábamos es la transaccional que precisamente hemos hecho sobre
el respeto a los principios constitucionales, pero es que no se puede
estar poniendo en las leyes lo evidente. Nosotros lo que pedíamos es que
hubiera una promoción, que hubiera una acción en positivo, un impulso de
los valores constitucionales por parte de unos elementos de comunicación
social tan importantes como las televisiones. Ahí no lo hemos conseguido,
igual que no lo hemos conseguido en la defensa de los sordos.
Parece mentira que después de que en el Pleno pasado se vieran unas
mociones sobre los derechos de los sordos y después de que el Partido
Popular se ponga demagógicamente un montón de medallas, a la primera de
cambio no sea consecuente con sus propias palabras y rechace esta
enmienda diciendo que habrá que hacer una valoración económica. ¿Cómo se
puede decir a unas personas que están en plenitud de sus derechos
constitucionales que depende de lo que cueste se los va a dar el Gobierno
o no se los va a dar? ¿Cómo se puede decir a los sordos que van a tener
derechos o no como ciudadanos según lo que cueste? ¿Y cómo se puede decir
cuando, además, la subtitulación cuesta un promedio de 1.000 pesetas por
cada minuto y en una empresa como Televisión Española, que pierde 500
millones de pesetas diarias, se están midiendo esas 1.000 pesetas por
minuto para dar un derecho a los sordos, un millón de personas con
deficiencias auditivas que se ven de esta manera menospreciadas y
ofendidas por el Gobierno y por el Grupo Popular? Y con esta negativa no
solamente impide que se haga en Televisión Española, sino que al negarse
a que se introduzca en la ley está impidiendo que otras televisiones
públicas y otras televisiones privadas lo hagan. En este caso los
intereses de Televisión Española, que el Gobierno está defendiendo
ilegítimamente, están siendo un bloqueo para que las otras televisiones
velen por los derechos de los sordos, excepto una televisión privada que
en este momento ya está subtitulando.
¡Estaría bueno --como proponían en su enmienda transaccional-- que,
además, lo prohibieran! Por eso no hemos aceptado dicha enmienda. Nos
parece muy poco explicable y bastante injustificable por parte del
Partido Popular. Igualmente, también se hacen oídos sordos ante los
informes del Defensor del Pueblo sobre la violencia gratuita y la
protección de los menores, aspecto en el que apenas se avanza, como
ocurre también respecto al consenso.
Los temas fundamentales que quedan sin respuesta y respecto de los que se
provoca inseguridad e incertidumbre en los grupos políticos y en los
sectores afectados son los siguientes: no se regula la publicidad
indirecta --eso crea inseguridad jurídica--; las interrupciones
comerciales se restringen sólo a los anuncios y a la televenta, sin
regularse el patrocinio, la autopromoción y los publirreportajes, que
existen como modalidades publicitarias y van a producir saturación, ya
que no se contabilizan las restricciones respecto a éstos; en la
definición de publicidad se contempla la contraprestación y la
remuneración, con lo cual son difícilmente demostrables en nuevas formas
publicitarias, como, por ejemplo, el emplazamiento; que la duración
programada incluya la publicidad, puesto que ésta no debe ser parte del
espacio, dado que eso vendrá a significar que a más publicidad, más
permisos para aumentar la publicidad; la nueva producción europea de
productores independientes, respecto de la que el Grupo Parlamentario
Socialista sostiene que la ayuda sea de un 7 por ciento, se ve
definitivamente truncada, al igual que se ven desdichos compromisos
políticos adquiridos por parte del propio Presidente Aznar.
Por todo ello, no sé qué texto va a quedar, si el del Congreso o el del
Senado. Pero en la explicación exótica que nos ha dado el señor Bris no
se ha hecho mención a por qué lo que en el Congreso es relativo a
producción europea en el Senado se considera referente a productores
europeos. ¿Qué motivo ha habido?
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Senadora Arnáiz, le ruego que
concluya.
La señora ARNAIZ DE LAS REVILLAS GARCIA: Termino, señor Presidente.
También nos parece una oportunidad perdida no identificar la forma
publicitaria del emplazamiento, no regular los publirreportajes y las
telepromociones, excluir del tiempo publicitario la autopromoción y la
promoción de los propios productos de las televisiones, como los discos,
etcétera, excluir del tiempo publicitario el patrocinio, que se permite
en los informativos no diarios y en los informativos diarios del tiempo y
de deportes, en contra de la propia exposición de motivos del proyecto de
ley, permitir el emplazamiento visual o auditivo de productos en
programas dirigidos a menores --lo que nos parece muy grave--, no
promocionar la autorregulación. Y, definitivamente, lo que nos parece
importantísimo es que, en lo referente a esas funciones, se dé más poder
para el Gobierno, más poder para la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones, signifique un verdadero entierro y funeral del
Consejo de los Medios Audiovisuales y se pueda provocar una confusión
entre Retevisión, Sociedad Anónima, y el Ente Público Retevisión ya que,
teniendo el mismo nombre, se puede producir competencia desleal, sólo a
expensas de que quede colocado el señor Valentín Sanz, de la misma manera
que se colocó al señor Vilallonga u otros amigos del Gobierno.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Señoría, termine, por favor.
La señora ARNAIZ DE LAS REVILLAS GARCIA: He terminado, señor Presidente.
Muchísimas gracias por su comprensión.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Gracias a usted, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Bris
Gallego.
El señor BRIS GALLEGO: Muchas gracias, señor Presidente.
Comenzaré por agradecer a los Senadores Albistur y Capdevila la parte muy
positiva y de consenso entre los Grupos políticos que tiene este proyecto
de ley. Mi agradecimiento porque ellos han hecho una lectura real de esta
ley, desde luego, una ley necesaria, una ley constitucional, que
garantiza los derechos de los telespectadores. Por tanto, mi
agradecimiento a sus señorías, aunque, lógicamente, al tratarse de
formaciones políticas diferentes, no haya un consenso sobre todas las
enmiendas, ni sobre todo el texto del proyecto.
A la Senadora Arnáiz tengo que decirle que, sinceramente, ha debido de
leer otra ley. Es muy sencillo, porque eso nos ocurre a muchas personas,
sobre todo si se escribe bien, empezar a escribir una cascada de cosas en
una sola dirección y ya sólo se sigue en ella, sin ver absolutamente nada
de lo que hay a los lados. Eso es lo que le ha pasado a la Senadora
Arnáiz, que realmente no ha leído esta ley, no sabe cuál es su contenido,
porque esta ley traspone al ordenamiento jurídico español una Directiva
importante y es una ley que necesitábamos para poder regular algo tan
importante como es esa pantalla ante la que muchísimos ciudadanos
españoles se pasan tantas horas al día.
Señorías, los objetivos de la ley están logrados. Por una parte, se
pretendía que el ordenamiento jurídico español asumiera la nueva
Directiva comunitaria. Está conseguido. Por otra parte, queríamos regular
con mayor claridad las actividades televisivas. También está conseguido.
Asimismo, pretendíamos garantizar los derechos de los usuarios frente a
determinadas formas de publicidad abusivas o perniciosas para sus
legítimos intereses y de manera especial para los niños, para los menores
que --como se ha dicho aquí-- son muchas las horas que se pasan enfrente
de la pantalla.
También hemos abierto una puerta para que las personas que tengan una
discapacidad auditiva puedan, de alguna forma, acceder de manera total y
absoluta a los medios audiovisuales. (Rumores.)
La enmienda número 67, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista,
es una enmienda que hay que estudiar y considerar. Es una enmienda que no
está bien presentada porque habla de porcentajes. No dice cuánto cuesta o
cuánto va a ser. Habla de los porcentajes que tenían que ir subiendo cada
año. Esa posibilidad en las pantallas de televisión...
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Senador Bris, espere un momento.
(Rumores.)
Pido a sus señorías, especialmente a los que se integran Pleno, que
tengan respeto a la persona que nos está dirigiendo la palabra.
El señor BRIS GALLEGO: Muchas gracias, señor Presidente.
Por eso, cuando hemos hablado de esta enmienda hemos dicho que en el
fondo estamos totalmente de acuerdo y que en la forma vamos a tratar de
llegar a un consenso con los demás grupos políticos para solucionar este
problema que, indudablemente, parecía precipitado en este proyecto de
ley.
Los principios constitucionales, señoría, se mantienen perfectamente.
Vienen recogidos en la enmienda transaccional número 65 que hemos
aprobado. Lo que sí nos dicen las directivas europeas es que aquellos
ciudadanos que no sean españoles no tienen por qué aceptar los principios
de la Constitución Española; ésa es la diferencia de matiz que existía
entre la propuesta que hacía el Grupo Parlamentario Socialista y la que
realmente mantiene el Partido Popular.
Ha habido un consenso importante, por parte de ustedes posiblemente no,
pero sí por parte de los demás grupos políticos, lo cual, sinceramente,
debe alegrarnos.
Quiero terminar diciendo, Senadora Arnáiz, con toda sinceridad, que tiene
usted que leerse mejor este proyecto de ley.
Muchísimas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría. (La
señora Arnáiz de las Revillas García pide la palabra.)
Senadora Arnáiz, tiene la palabra.
La señora ARNAIZ DE LAS REVILLAS GARCIA: Quisiera pedirle un turno por el
artículo 87.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Señora Arnáiz, apura usted todas
las posibilidades de intervención hasta el límite. Tiene medio minuto
para intervenir desde el escaño.
La señora ARNAIZ DE LAS REVILLAS GARCIA: Muchas gracias, señor
Presidente.
Estoy dentro del Reglamento y no pido ninguna cosa extraña.
Simplemente quisiera decir que no ha habido consenso político y que
tampoco hay consenso social. Lo quiero demostrar con esta carta que he
recibido de la Asociación Española de Anunciantes en la que demuestran su
disconformidad y que leeré --si me lo permite el Presidente-- porque
ellos me lo han encomendado. (Protestas.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Silencio, por favor.
Señoría, tiene la palabra.
La señora ARNAIZ DE LAS REVILLAS GARCIA: Simplemente quiero leer una
frase en la que la Asociación Española de Anunciantes solicita al Senado
y al Parlamento que no sea aprobada la enmienda que se refiere a la
publicidad, porque el texto aprobado por el Parlamento garantiza mejor
los tiempos máximos de publicidad que aquí no se garantizan.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Señoría, se ha terminado el
tiempo. Muchas gracias. (El señor Bris Gallego pide la palabra.)
Senador Bris, tiene medio minuto.
El señor BRIS GALLEGO: Muchas gracias, señor Presidente.
Quiero manifestar, precisamente, algo que ha estado latente en este
Pleno, es decir, que el Partido Popular estaba defendiendo los intereses
generales de los ciudadanos españoles y la Senadora Arnáiz nos está
hablando de los anunciantes. Por favor, vamos a hacer las cosas con
seriedad y vamos a aprobar una ley que defienda los intereses de los
ciudadanos españoles.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Vamos a someter a votación las enmiendas presentadas por el Senador Román
Clemente.
En primer lugar, enmiendas números 3, 4 y 5.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 182; a
favor, uno; en contra, 109; abstenciones, 72.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Quedan rechazadas. Enmiendas
números 1, 2, 6 y 7, también del mismo Senador.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 181; a
favor, 74; en contra, 102; abstenciones, cinco.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Quedan rechazadas. Enmienda
número 8, del propio Senador.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 182; a
favor, 74; en contra, 102; abstenciones, seis.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Queda rechazada. Enmiendas del
Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos. En primer lugar,
enmienda número 9.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 183; a
favor, 74; en contra, 101; abstenciones, ocho.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Queda rechazada. Enmiendas del
mismo Grupo, números 11, 14 y 16.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 183; a
favor, diez; en contra, 172; abstenciones, una.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Quedan rechazadas. Enmienda
número 12.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:Votos emitidos, 181; a
favor, 79; en contra, 101; abstenciones, una.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Queda rechazada.
Enmienda número 13.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 183; a
favor, cuatro; en contra, 110; abstenciones, 69.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Queda rechazada.
Enmienda número 15.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 183; a
favor, dos; en contra, 179; abstenciones, dos.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Queda rechazada.
Enmienda número 48, presentada por el Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado de Convergència i Unió.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 183; a
favor, diez; en contra, 172; abstenciones, una.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Queda rechazada.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista. En primer lugar, enmienda
número 53.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 183; a
favor, 71; en contra, 108; abstenciones, cuatro.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Queda rechazada.
Enmiendas números 54, 60 y 62.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 183; a
favor, 74; en contra, 102; abstenciones, siete.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Quedan rechazadas.
Enmienda número 56.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 182; a
favor, 70; en contra, 109; abstenciones, tres.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Queda rechazada.
Enmienda número 59.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 183; a
favor, 71; en contra, 102; abstenciones, diez.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Queda rechazada.
Enmiendas números 55, 57, 58, 61, 63, 68, 69 y 71.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 182; a
favor, 73; en contra, 109.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Quedan rechazadas.
Enmienda número 70.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 183; a
favor, 71; en contra, 109; abstenciones, tres.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Queda rechazada.
A continuación, votamos el resto de las enmiendas, salvo la número 65,
que soporta una transaccional.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 183; a
favor, 74; en contra, 109.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Quedan rechazadas.
Votamos las propuestas de modificación del dictamen.
En primer lugar, y sobre la enmienda número 65, del Grupo Parlamentario
Socialista, se ha presentado una transaccional, que se encuentra en poder
de los portavoces.
¿Se puede aprobar por asentimiento? (Pausa.)
Muchas gracias.
La siguiente, de modificación del apartado 15, por el que se da una nueva
redacción al artículo 13, apartado 1, párrafo segundo, también está
firmada por todos los portavoces y obra en su poder.
¿Puede aprobarse por asentimiento? (Pausa.)
Muchas gracias.
A continuación, votamos el texto del dictamen en su conjunto.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 183; a
favor, 110; en contra, 73.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Queda aprobado.
Tal como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de
las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para
que éste se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del
texto definitivo por Su Majestad el Rey.
Se levanta la sesión.
Eran las catorce horas y veinticinco minutos.