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DS. Senado, Pleno, núm. 82, de 01/04/1998
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
SENADO
Año 1998 VI Legislatura
Núm. 82
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JUAN IGNACIO BARRERO VALVERDE
Sesión del Pleno
celebrada el miércoles, 1 de abril de 1998
ORDEN DEL DIA:
Primero
Preguntas:
--De Dña. María Antonia Martínez García, del Grupo Parlamentario
Socialista, sobre si comparte el Gobierno las conclusiones del denominado
«Documento de San Millán de la Cogolla», suscritas por los Presidentes de
las Comunidades Autónomas uniprovinciales el 27 de febrero de 1998, en La
Rioja (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado,
Serie I, número 423, de fecha 30 de marzo de 1998) (Número de expediente
680/000484).
--De Dña. Inmaculada De Boneta y Piedra, del Grupo Parlamentario Mixto,
sobre los motivos de la demora en la aprobación del estudio informativo y
de impacto ambiental correspondiente a las obras de infraestructura
ferroviaria conocida como «Y» vasca (publicada en el «Boletín Oficial de
las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 423, de fecha 30 de marzo
de 1998) (Número de expediente 680/000473).
--De D. Narciso Serrano Alvarez-Giraldo, del Grupo Parlamentario
Socialista, sobre los criterios que mantendrá el Gobierno para el
proyecto de unir Avila con la carretera nacional N-VI, tras la
publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de la Declaración de
Impacto Ambiental de las distintas alternativas propuestas (publicada en
el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número
423, de fecha 30 de marzo de 1998) (Número de expediente 680/000482).
--De D. Ramón Galán Cazallas, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, sobre las actuaciones que ha realizado el Gobierno en materia de
sanidad vegetal (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Senado, Serie I, número 423, de fecha 30 de marzo de 1998)
(Número de expediente 680/000475).
--De D. Manuel Acacio Collado, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, sobre la posición que va a mantener el Gobierno frente a las
concesiones a terceros países por la Unión Europea (publicada en el
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 423,
de fecha 30 de marzo de 1998) (Número de expediente 680/000477).
--De D. Antonio Sánchez Lucas, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre
los planes que tiene el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación,
en relación con el expediente de infracción abierto a España por acuerdo
de la Comisión del 12 de noviembre de 1997, por infringir la normativa
europea sobre la enfermedad de las «vacas locas» (publicada en el
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 423,
de fecha 30 de marzo de 1998) (Número de expediente 680/000483).
--De Dña. Belén María do Campo Piñeiro, del Grupo Parlamentario Popular
en el Senado, sobre las actividades que está desarrollando el Gobierno
con respecto a la protección y defensa del consumidor (publicada en el
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 423,
de fecha 30 de marzo de 1998) (Número de expediente 680/000478).
--De D. Enrique Bellido Muñoz, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, sobre la evolución de las listas de espera para trasplantes
(publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie
I, número 423, de fecha 30 de marzo de 1998) (Número de expediente
680/000479).
--De Dña. María Mercedes Coloma Pesquera, del Grupo Parlamentario Popular
en el Senado, sobre si puede informar el Gobierno acerca del grado de
participación de nuestro país en los programas que ha promovido la Unión
Europea destinados a verificar el grado de cumplimiento de las directivas
europeas y de la legislación nacional sobre productos químicos peligrosos
(publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie
I, número 423, de fecha 30 de marzo de 1998) (Número de expediente
680/000480).
--De D. Ignacio Díez González, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre
razones por las que el Gobierno tolera la aplicación discrecional del
Convenio sobre el traslado de personas condenadas firmado con la
República Argentina, en relación a los ciudadanos españoles que se
encuentran en prisión desde el día 23 de febrero de 1989 (publicada en el
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 423,
de fecha 30 de marzo de 1998) (Número de expediente 680/000481).
--De D. Joan Oliart Pons, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la
valoración que hace el Gobierno respecto a la reinserción social de los
penados, en cumplimiento del artículo 4.3 del Real Decreto 1436/1984, de
20 de junio, sobre normas provisionales de coordinación de las
administraciones penitenciarias (publicada en el «Boletín Oficial de las
Cortes Generales», Senado, Serie I, número 423, de fecha 30 de marzo de
1998) (Número de expediente 680/000486).
--De D. Roberto Soravilla Fernández, del Grupo Parlamentario Popular en
el Senado, sobre la situación en que se encuentra el Convenio firmado por
el Ministerio de Educación y Cultura, la Comunidad de Madrid y el
Ayuntamiento de Madrid para la creación del Consorcio del Plan de
Rehabilitación de Teatros de Madrid (publicada en el «Boletín Oficial de
las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 423, de fecha 30 de marzo
de 1998) (Número de expediente 680/000467).
--De Dña. María Cruz Rodríguez Saldaña, del Grupo Parlamentario Popular
en el Senado, sobre las nuevas implantaciones que tiene previsto
desarrollar el Gobierno en la formación profesional inicial reglada, en
sus distintas modalidades de ciclos formativos de grado medio, superior y
garantía social en la Comunidad Autónoma de Castilla y León para el
próximo curso 1998-99 (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Senado, Serie I, número 423, de fecha 30 de marzo de 1998)
(Número de expediente 680/000471).
--De Dña. Helena Arribas Esteve, del Grupo Parlamentario Socialista,
sobre los recursos que piensa destinar el Ministerio de Educación y
Cultura para la atención de los alumnos que tengan jornada continua
(publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie
I, número 423, de fecha 30 de marzo de 1998) (Número de expediente
680/000485).
--De D. Joaquim Vidal i Perpiñá, del Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado de Convergència i Unió, sobre la valoración del Ministerio de
Economía y Hacienda con respecto a la relación que guardan las comisiones
que aplican las entidades financieras y los emisores de tarjeta de
crédito con el descenso a la baja producido durante los tres últimos años
por los tipos de interés (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Senado, Serie I, número 423, de fecha 30 de marzo de 1998)
(Número de expediente 680/000460).
--De D. Victoriano Ríos Pérez, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre la
postura del Gobierno en relación con la adjudicación de ayudas a la
Compañía Trasmediterránea, S. A. (publicada en el «Boletín Oficial de las
Cortes Generales», Senado, Serie I, número 423, de fecha 30 de marzo de
1998) (Número de expediente 680/000474).
--De D. Angel Carlos Bernáldez Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular
en el Senado, sobre la posición del Gobierno respecto al régimen de
primas de cara a la futura reforma de la Organización Común de Mercado
(OCM) del vacuno (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Senado, Serie I, número 423, de fecha 30 de marzo de 1998)
(Número de expediente 680/000476).
--De D. Francisco Xabier Albistur Marín, del Grupo Parlamentario de
Senadores Nacionalistas Vascos, sobre la posición que tiene el Ministerio
de Industria y Energía (MINER) en relación con las situaciones creadas
entre los usuarios y consumidores por los denominados derechos de alta e
inspección facturados por las empresas suministradoras de gas (publicada
en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número
423, de fecha 30 de marzo de 1998) (Número de expediente 680/000487).
Segundo
Interpelaciones:
--De D. Jaime Lissavetzky Díez, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre
la política general que, en relación con las universidades privadas, está
desarrollando el Ministerio de Educación y Cultura (publicada en el
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 423,
de fecha 30 de marzo de 1998) (Número de expediente 670/000078).
--De D. José Antonio Gallego López, del Grupo Parlamentario Socialista,
sobre la situación actual del Plan Nacional de Regadíos, con indicación
de los plazos previstos para su presentación ante las Cortes Generales
(publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie
I, número 423, de fecha 30 de marzo de 1998) (Número de expediente
670/000079).
--De D. José Iriguíbel Mateo, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre la
política penitenciaria que piensa llevar a cabo el Gobierno y, más
concretamente, sobre la construcción de la nueva cárcel de Pamplona
(Navarra) (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Senado, Serie I, número 423, de fecha 30 de marzo de 1998) (Número de
expediente 670/000077).
Tercero
Dictámenes de comisiones sobre Proyectos y Proposiciones de Ley remitidos
por el Congreso de los Diputados:
--De la Comisión de Economía y Hacienda en relación con el Proyecto de
Ley de Ordenación del Mercado de Tabacos y Normativa Tributaria. SE
TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (publicado en el «Boletín
Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie II, número 74, de fecha
30 de marzo de 1998) (Número de expediente S. 621/000074) (Número de
expediente C. D. 121/000086).
SUMARIO
Se abre la sesión a las diez horas y cinco minutos.
PREGUNTAS (Página 3709)
De doña María Antonia Martínez García, del Grupo Parlamentario
Socialista, sobre si comparte el Gobierno las conclusiones del denominado
«Documento de San Millán de la Cogolla», suscritas por los Presidentes de
las Comunidades Autónomas uniprovinciales el 27 de febrero de 1998, en La
Rioja (Página 3709)
La señora Martínez García formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta el señor Ministro de Administraciones Públicas (Rajoy Brey). En
turno de réplica, interviene de nuevo la señora Martínez García. En turno
de dúplica, lo hace el señor Ministro de Administraciones Públicas (Rajoy
Brey).
De doña Inmaculada de Boneta y Piedra, del Grupo Parlamentario Mixto,
sobre los motivos de la demora en la aprobación del estudio informativo y
de impacto ambiental correspondiente a las obras de infraestructura
ferroviaria conocida como «Y» vasca (Página 3710)
La señora De Boneta y Piedra formula su pregunta. En nombre del Gobierno,
le contesta el señor Ministro de Fomento (Arias-Salgado y Montalvo). En
turno de réplica, interviene de nuevo la señora De Boneta y Piedra.
En turno de dúplica, lo hace el señor Ministro de Fomento (Arias-Salgado
y Montalvo).
De don Narciso Serrano Alvarez-Giraldo, del Grupo Parlamentario
Socialista, sobre los criterios que mantendrá el Gobierno para el
proyecto de unir Avila con la carretera nacional N-VI, tras la
publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de la Declaración de
Impacto Ambiental de las distintas alternativas propuestas (Página 3711)
El señor Serrano Alvarez-Giraldo formula su pregunta. En nombre del
Gobierno, le contesta el señor Ministro de Fomento (Arias-Salgado y
Montalvo). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Serrano
Alvarez-Giraldo. En turno de dúplica, lo hace el señor Ministro de
Fomento (Arias-Salgado y Montalvo).
De don Ramón Galán Cazallas, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, sobre las actuaciones que ha realizado el Gobierno en materia de
sanidad vegetal (Página 3713)
El señor Galán Cazallas formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta la señora Ministra de agricultura, Pesca y Alimentación (De
Palacio del Valle-Lersundi). En turno de réplica, interviene de nuevo el
señor Galán Cazallas.
De don Manuel Acacio Collado, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, sobre la posición que va a mantener el Gobierno frente a las
concesiones a terceros países de la Unión Europea (Página 3714)
El señor Acacio Collado formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta la señora Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación (De
Palacio del Valle-Lersundi).
De don Antonio Sánchez Lucas, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre
los planes que tiene el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación,
en relación con el expediente de infracción abierto a España por acuerdo
de la Comisión del 12 de noviembre de 1997, por infringir la normativa
europea sobre la enfermedad de las «vacas locas» (Página 3715)
El señor Sánchez Lucas formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta la señora Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación (De
Palacio del Valle-Lersundi). En turno de réplica, interviene de nuevo el
señor Sánchez Lucas.
De doña Belén María do Campo Piñeiro, del Grupo Parlamentario Popular en
el Senado, sobre las actividades que está desarrollando el Gobierno con
respecto a la protección y defensa del consumidor (Página 3716)
La señora Do Campo Piñeiro formula su pregunta. En nombre del Gobierno,
le contesta el señor Ministro de Sanidad y Consumo (Romay Beccaría).
De don Enrique Bellido Muñoz, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, sobre la evolución de las listas de espera para trasplantes
(Página 3718)
El señor Bellido Muñoz formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta el señor Ministro de Sanidad y Consumo (Romay Beccaría).
De doña María Mercedes Coloma Pesquera, del Grupo Parlamentario Popular
en el Senado, sobre si puede informar el Gobierno acerca del grado de
participación de nuestro país en los programas que ha promovido la Unión
Europea destinados a verificar el grado de cumplimiento de las directivas
europeas y de la legislación nacional sobre productos químicos peligrosos
(Página 3719)
La señora Coloma Pesquera formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta el señor Ministro de Sanidad y Consumo (Romay Beccaría).
De don Ignacio Díez González, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre
las razones por las que el Gobierno tolera la aplicación discrecional del
Convenio sobre el traslado de personas condenadas firmado con la
República Argentina, en relación a los ciudadanos españoles que se
encuentran en prisión desde el día 23 de febrero de 1989 (Página 3720)
El señor Díez González formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta el señor Ministro de Asuntos Exteriores (Matutes Juan).
De don Joan Oliart Pons, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la
valoración que hace el Gobierno respecto a la reinserción
social de los penados, en cumplimiento del artículo 4.3 del Real Decreto
1436/1984, de 20 de junio, sobre normas provisionales de coordinación de
las administraciones penitenciarias (Página 3721)
El señor Oliart Pons formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta el señor Ministro del Interior (Mayor Oreja). En turno de
réplica, interviene de nuevo el señor Oliart Pons. En turno de dúplica,
lo hace el señor Ministro del Interior (Mayor Oreja).
De don Roberto Soravilla Fernández, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, sobre la situación en que se encuentra el Convenio firmado por el
Ministerio de Educación y Cultura, la Comunidad de Madrid y el
Ayuntamiento de Madrid para la creación del Consorcio del Plan de
Rehabilitación de Teatros de Madrid (Página 3723)
El señor Soravilla Fernández formula su pregunta. En nombre del Gobierno,
le contesta la señora Ministra de Educación y Cultura (Aguirre y Gil de
Biedma). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Soravilla
Fernández.
De doña María Cruz Rodríguez Saldaña, del Grupo Parlamentario Popular en
el Senado, sobre las nuevas implantaciones que tiene previsto desarrollar
el Gobierno en la formación profesional inicial reglada, en sus distintas
modalidades de ciclos formativos de grado medio, superior y garantía
social en la Comunidad Autónoma de Castilla y León para el próximo curso
1998-99 (Página 3724)
La señora Rodríguez Saldaña formula su pregunta. En nombre del Gobierno,
le contesta la señora Ministra de Educación y Cultura (Aguirre y Gil de
Biedma).
De doña Helena Arribas Esteve, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre
los recursos que piensa destinar el Ministerio de Educación y Cultura
para la atención de los alumnos que tengan jornada continua (Página 3725)
La señora Arribas Esteve formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta la señora Ministra de Educación y Cultura (Aguirre y Gil de
Biedma). En turno de réplica, interviene de nuevo la señora Arribas
Esteve. En turno de dúplica, lo hace la señora Ministra de Educación y
Cultura (Aguirre y Gil de Biedma).
De don Joaquim Vidal i Perpiñá, del Grupo Parlamentario Catalán el Senado
de Convergència i Unió, sobre la valoración del Ministerio de Economía y
Hacienda con respecto a la relación que guardan las comisiones que
aplican las entidades financieras y los emisores de tarjetas de crédito
con el descenso a la baja producido durante los tres últimos años por los
tipos de interés (Página 3727)
El señor Vidal i Perpiñá formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta el señor Ministro de Economía y Hacienda (De Rato y Figaredo).
En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Vidal i Perpiñá.
De don Victoriano Ríos Pérez, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre la
postura del Gobierno en relación con la adjudicación de ayudas a la
Compañía Trasmediterránea, S. A.
Esta pregunta ha sido retirada.
De don Angel Carlos Bernáldez Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular
en el Senado, sobre la posición del Gobierno respecto al régimen de
primas de cara a la futura reforma de la Organización Común de Mercado
(OCM) del vacuno.
Esta pregunta ha sido retirada.
De don Francisco Xabier Albistur Marín, del Grupo Parlamentario de
Senadores Nacionalistas Vascos, sobre la posición que tiene el Ministerio
de Industria y Energía (MINER) en relación con las situaciones creadas
entre los usuarios y consumidores por los denominados derechos de alta e
inspección facturados por las empresas suministradoras de gas.
Esta pregunta ha sido aplazada.
INTERPELACIONES (Página 3729)
De don Jaime Lissavetzky Díez, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre
la política general que, en relación con las universidades privadas, está
desarrollando el Ministerio de Educación y Cultura (Página 3729)
El señor Lissavetzky Díez realiza la interpelación. En nombre del
Gobierno, responde a la misma la señora
Ministra de Educación y Cultura (Aguirre y Gil de Biedma). Vuelve a
intervenir el señor interpelante. En turno de portavoces, hacen uso de la
palabra los señores Nieto Cicuéndez, por el Grupo Mixto; Carrera i Comes,
por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió; Lissavetzky
Díez, por el Grupo Socialista, y Barahona Hortelano, por el Grupo
Popular. Cierra el debate la señora Ministra de Educación y Cultura
(Aguirre y Gil de Biedma).
De don José Antonio Gallego López, del Grupo Parlamentario Socialista,
sobre la situación actual del Plan Nacional de Regadíos, con indicación
de los plazos previstos para su presentación ante las Cortes Generales
(Página 3737)
El señor Gallego López realiza la interpelación. En nombre del Gobierno,
responde a la misma la señora Ministra de Agricultura, Pesca y
Alimentación (De Palacio del Valle-Lersundi). Vuelve a intervenir el
señor interpelante. Asimismo lo hace la señora Ministra de Agricultura,
Pesca y Alimentación (De Palacio del Valle-Lersundi). Hace uso de la
palabra nuevamente el señor Gallego López. Contesta a la réplica la
señora Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación (De Palacio del
Valle-Lersundi). En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los
señores Román Clemente, por el Grupo Mixto; Gatzagaetxebarría Bastida,
por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos; Beguer i Oliveres, por el
Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió; Gallego López, por el
Grupo Socialista, y Pascual Fernández-Layos, por el Grupo Popular. Cierra
el debate la señora Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación (De
Palacio del Valle-Lersundi).
De don José Iriguíbel Mateo, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre la
política penitenciaria que piensa llevar a cabo el Gobierno y más
concretamente, sobre la construcción de la nueva cárcel de Pamplona
(Navarra) (Página 3748)
El señor Iriguíbel Mateo realiza la interpelación. En nombre del
Gobierno, responde a la misma el señor Ministro del Interior (Mayor
Oreja). Vuelve a intervenir el señor interpelante. En turno de
portavoces, hacen uso de la palabra la señora De Boneta y Piedra, por el
Grupo Mixto, y los señores Carrera i Comes, por el Grupo Catalán en el
Senado de Convergència i Unió; Ardaiz Egüés, por el Grupo Socialista, e
Iribas Sánchez de Boado, por el Grupo Popular. Cierra el debate el señor
Ministro del Interior (Mayor Oreja).
Se suspende la sesión a las quince horas y cinco minutos.
Se reanuda la sesión a las dieciséis horas.
DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS
POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Página 3756)
De la Comisión de Economía y Hacienda en relación con el Proyecto de Ley
de Ordenación del Mercado de Tabacos y Normativa Tributaria. SE TRAMITA
POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (Página 3756)
El señor Soravila Fernández, Presidente de la Comisión, presenta el
dictamen.
No se produce debate de totalidad.
Comienza el debate del articulado.
El señor Román Clemente, del Grupo Mixto, defiende las enmiendas números
1 a 12. La señora De Boneta y Piedra defiende las enmiendas números 15,
16, 17, 19 y 20, retirando las números 14 y 18, del Grupo Mixto. El señor
Gangoiti Llaguno defiende las enmiendas números 21 a 23, del Grupo de
Senadores Nacionalistas Vascos. El señor Utrera Mora defiende las
enmiendas números 24 a 27, del Grupo Popular. En turno de portavoces,
hacen uso de la palabra los señores Cambra i Sánchez, por el Grupo
Catalán en el Senado de Convergència i Unió; Cobo Fernández, por el Grupo
Socialista, y Utrera Mora, por el Grupo Popular.
Se procede a votar.
Se rechaza la enmienda número 1 a 7 y 9, del Grupo Mixto, por 3 votos a
favor, 202 en contra y 4 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 8 y 10 a 12, del Grupo Mixto, por 2
votos a favor, 138 en contra y 70 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 17, 19 y 20, del Grupo Mixto, por 5
votos a favor y 205 en contra.
Se rechazan las enmiendas números 15 y 16, del Grupo Mixto, por 6 votos a
favor, 124 en contra y 80 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 21 a 23, del Grupo de Senadores
Nacionalistas Vascos, por 3 votos a favor, 197 en contra y 10
abstenciones.
Se aprueban las enmiendas números 25 a 27, del Grupo Popular, por 116
votos a favor, 84 en contra y 9 abstenciones.
Se aprueba una propuesta de modificación con relación a la enmienda
número 24, del Grupo Popular, por 125 votos a favor, 81 en contra y 3
abstenciones.
Se aprueba el texto del dictamen, con la modificación introducida, por
126 votos a favor, 1 en contra y 83 abstenciones.
El señor Presidente comunica a la Cámara el traslado de las enmiendas
aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados.
Se levanta la sesión a las dieciesiete horas.
Se abre la sesión a las diez horas y cinco minutos.
El señor PRESIDENTE: Señorías, se abre la sesión.
PREGUNTAS:
--DE DOÑA MARIA ANTONIA MARTINEZ GARCIA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA, SOBRE SI COMPARTE EL GOBIERNO LAS CONCLUSIONES DEL DENOMINADO
«DOCUMENTO DE SAN MILLAN DE LA COGOLLA» SUSCRITAS POR LOS PRESIDENTES DE
LAS COMUNIDADES AUTONOMAS UNIPROVINCIALES EL 27 DE FEBRERO DE 1998 EN LA
RIOJA (680/000484).
El señor PRESIDENTE: Punto primero del orden del día: Preguntas. En
primer lugar, pregunta de doña María Antonia Martínez García, del Grupo
Parlamentario Socialista, sobre si comparte el Gobierno las conclusiones
del denominado «Documento de San Millán de la Cogolla» suscritas por los
Presidentes de las Comunidades Autónomas uniprovinciales el 27 de febrero
de 1998 en La Rioja.
Tiene la palabra la Senadora Martínez García.
La señora MARTINEZ GARCIA: Muchas gracias, señor Presidente.
Como bien sabe, señor Ministro, las Comunidades Autónomas uniprovinciales
pasaron de ser entidades locales con personalidad jurídica propia, a
constituirse en Comunidades Autónomas de acuerdo con el artículo 143 de
la Constitución. Sus órganos sustituyeron a los de las extinguidas
Diputaciones, sumando las competencias de éstas a las previstas en el
artículo 148 de la Constitución.
Esa es su singularidad. Hasta ahora pensábamos que de ella se deducían
más ventajas que inconvenientes. Sin embargo, las propuestas firmadas por
los seis Presidentes autonómicos, sin previo diálogo político a nivel
regional ni nacional y, sobre todo, sus pretendidas consecuencias,
excepto la que figura con el número 5, vienen a introducir confusión e
incertidumbre en un ambiente algo cargado por la creciente sensación de
agravio y rivalidad territorial.
Como las propuestas van dirigidas al Gobierno, yo le pregunto, señor
Ministro, si éste las comparte.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senadora Martínez García.
Tiene la palabra el señor Ministro de Administraciones Públicas.
El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Rajoy Brey): Muchas
gracias, señor Presidente, señora Martínez.
En principio existen seis acuerdos o propuestas que se adoptaron en la
reunión de San Millán de la Cogolla a la que usted acaba de hacer
referencia. Estas propuestas son las siguientes: la primera, defensa de
la uniprovincialidad como hecho diferencial, muy especialmente en las
negociaciones de fondos o ayudas europeas. La segunda, solicitar la
inclusión de esas Comunidades Autónomas en la Federación Española de
Municipios y Provincias y en la Comisión Nacional de Administración
Local. La tercera, mantener los criterios para una definición del Senado
como Cámara de representación territorial. La cuarta, incidir en los
mecanismos de presencia de las Comunidades Autónomas en la Unión Europea.
La quinta, acometer modificaciones que redunden en la realidad de
propuestas de Administración única y de pacto local. La sexta, insistir
en el principio constitucional que consagra la igualdad sustancial de
derechos y deberes de los ciudadanos y avanzar en el equilibrio de los
techos competenciales de los distintos Estatutos de Autonomía.
Algunas de estas propuestas ya han sido puestas en marcha,
fundamentalmente la última, con la reforma de los Estatutos, la
Administración única, el pacto local y la participación en los temas
europeos. Hay otras que, sin duda, son unas buenas propuestas para
reflexionar. Algunas no son propiamente competencia del Gobierno sino de
esta Cámara, como la que se refiere a su reforma o como la que alude a la
inclusión de esas Comunidades Autónomas en la Federación Española de
Municipios y Provincias, a la que supongo habrá que solicitar su
incorporación, si así lo tienen a bien, pero en cualquier caso,
constituyen unas interesantes propuestas, unos documentos que sirven para
la reflexión. Espero que entre todos podamos ir mejorando poco a poco con
éstas y con otras propuestas nuestra actual estructura del Estado.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro de Administraciones
Públicas.
Tiene la palabra la Senadora Martínez García.
La señora MARTINEZ GARCIA: Muchas gracias, señor Presidente.
Me sorprende, señor Ministro, la nimiedad con que ha tratado cada una de
esas propuestas.
Yo entiendo que las propuestas firmadas por los seis Presidentes del PP
--altos dirigentes de ese Partido--, es decir, su aceptación parcial,
constituyen una muestra evidente de la desorientación política del
Gobierno y del Partido Popular en materia de política autonómica, así
como también de su falta de inclinación al diálogo.
Señor Ministro, la uniprovincialidad no puede calificarse como hecho
diferencial y, al tiempo, equipararla a la extensión territorial o al
índice de población, porque se devalúan así los hechos diferenciales con
alta relevancia constitucional.
Es una contradicción dejar de ser entidad local, afectando ello a
acuerdos de financiación, y pedir la inclusión en la FEMP y en la
Comisión Nacional de Administración Local, a la que, por cierto, tienen
acceso como Comunidades Autónomas.
Tampoco parece prudente --a la vista del artículo 69, apartados 2 y 5, de
la Constitución-- mantener que las Comunidades Autónomas uniprovinciales
están infrarrepresentadas en el Senado y proponer unilateralmente una
fórmula de composición exclusivamente en su beneficio; o lanzar
propuestas unilaterales sobre la necesidad de la audiencia de las
regiones en el Parlamento europeo o sobre el decidido avance en conseguir
el equilibrio de los techos competenciales de los distintos Estatutos de
Autonomía.
Las tres propuestas, señor Ministro, son ajenas al propio programa
electoral del Partido Popular y, desde luego, al deseo de conducir por
buen camino el desarrollo autonómico pendiente, incluida la reforma del
Senado, cuya Ponencia está trabajando en esta Casa.
Para que eso sea posible, no hay que devaluar los hechos diferenciales.
Hay que aceptar diferencias competenciales sin que de éstas se deduzcan
desigualdades discriminatorias y no alterar sustancialmente el reparto
competencial establecido por la Constitución y los Estatutos de
Autonomía. Pero, fundamentalmente, hace falta diálogo de Estado entre el
Gobierno y las distintas fuerzas políticas, como venimos pidiendo, señor
Ministro, desde el Partido Socialista Obrero Español.
El señor PRESIDENTE: Senadora Martínez García, le ruego que concluya.
La señora MARTINEZ GARCIA: Termino ya, señor Presidente.
Lo demás es enredar y perder el tiempo buscando diferencias donde no las
hay, en lugar de atender las necesidades de bienestar que demandan los
ciudadanos en cada una de estas Comunidades Autónomas.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senadora Martínez García.
Tiene la palabra, señor Ministro de Administraciones Públicas.
El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Rajoy Brey): Muchas
gracias, señor Presidente.
Senadora Martínez, usted ha expuesto sus criterios sobre algunas de las
propuestas que han hecho las Comunidades Autónomas uniprovinciales,
criterios que son muy respetables. Por tanto, respeto sus criterios, como
también los planteamientos de los Presidentes de las Comunidades
Autónomas uniprovinciales.
Como ya he dicho, se trata de unos elementos de reflexión muy
interesantes --al igual que los que su señoría acaba de exponer en esta
Cámara-- para que, entre todos, podamos poco a poco ir construyendo y
perfeccionando el modelo de Estado que nos dimos en 1978.
Si se me permite, quisiera hacer un brevísimo comentario --puesto que,
aprovechando que ha habido una reunión de las Comunidades Autónomas
uniprovinciales, parece lógico que la oposición haya dado un estacazo,
con perdón de la expresión, al Gobierno, que, como usted sabe, tenía una
participación muy destacada en esta reunión-- sobre el famoso asunto del
diálogo. En este sentido, soy un firmísimo partidario de que para
construir el Estado autonómico haya diálogo; sobre todo, entre las
fuerzas políticas. Y buena prueba de ello es que en 1992, estando en la
oposición, firmé con el Partido Socialista el pacto autonómico y, a
continuación, los Estatutos de Ceuta y Melilla. Lo que sucede es que al
principio de esta Legislatura, yo --que, como digo, había firmado el
pacto autonómico de 1992-- pedí uno exactamente igual al Partido
Socialista, que me ha respondido negativamente.
En cualquier caso, puesto que la veo a usted muy proclive al diálogo y a
llegar a un entendimiento, voy a pedirle una recomendación --y también
pido perdón por esta expresión-- para que se dirija usted a las altas
instancias de su Partido, me atiendan, y puedan darme el mismo
tratamiento que yo les di en 1992. Por tanto, recabo su ayuda, y tengo la
firmísima convicción, después de oír sus palabras, de que no me la va a
negar.
Gracias. (Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro de Administraciones
Públicas.
--DE DOÑA INMACULADA DE BONETA Y PIEDRA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO,
SOBRE LOS MOTIVOS DE LA DEMORA EN LA APROBACION DEL ESTUDIO INFORMATIVO Y
DE IMPACTO AMBIENTAL CORRESPONDIENTE A LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
FERROVIARIA CONOCIDA COMO «Y» VASCA (680/000473).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta de doña Inmaculada de Boneta y
Piedra, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre los motivos de la demora en
la aprobación del estudio informativo y de impacto ambiental
correspondiente a las obras de infraestructura ferroviaria conocida como
«Y» vasca.
Senadora De Boneta y Piedra, su señoría tiene la palabra.
La señora DE BONETA Y PIEDRA: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, creo que la pregunta, tal como está formulada, además de
la constatación --como se indica en la misma-- de la aprobación de una
resolución, como consecuencia del debate de política general a iniciativa
de Eusko-Alkartasuna, en junio de 1997, en el Congreso de los Diputados,
son lo suficientemente claras como para que el retraso de ese proyecto
deba ser explicado por el señor Ministro.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora De Boneta y Piedra.
Tiene la palabra el señor Ministro de Fomento.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado Montalvo): Muchas gracias,
señor Presidente.
Señoría, no hay retraso ninguno. El pasado día 16 del presente mes se
reunió la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco en la cual
no sé --creo que sí-- si está representado su Partido. Allí, los
representantes del Gobierno central hicieron la correspondiente
exposición, cuya conclusión, señoría, es que el estudio informativo está
terminado. Por tanto, el problema es decidir, con un criterio de
oportunidad, si un período preelectoral es el mejor momento para abrir un
proceso de información pública sobre un proyecto de extraordinaria
importancia que, naturalmente, tendrá muchas dificultades desde el punto
de vista de ciertos movimientos de opinión pública.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro de Fomento.
Tiene la palabra la Senadora De Boneta y Piedra.
La señora DE BONETA Y PIEDRA: Señor Ministro, en primer lugar, quiero
aclararle que mi Partido sí tiene que ver de forma importante con el
proyecto, puesto que usted debe saber o debe conocer, que el Consejero de
Ordenación Territorial, Vivienda y Medio Ambiente es el señor Ormazabal,
miembro de Eusko-Alkartasuna que, por supuesto, está en dicha Comisión.
En segundo lugar, quiero añadir que, efectivamente, el estudio está
aprobado a finales de 1997, si mis noticias no son inciertas, pero he de
añadir también que usted conoce la posición del Consejero de Transportes
del Gobierno Vasco, señor Maturana, y conocerá ya la posición del
Gobierno, en este caso del tripartito, que plantea la necesidad absoluta
de que los trámites de información pública, tanto el aprobado por el
Gobierno vasco en el Consejo de Ordenación Territorial, el Plan Sectorial
de Ordenación Territorial, como la información pública del estudio en
relación al impacto medioambiental, tengan lugar de forma paralela y no
por separado.
El tema de la situación preelectoral me parece una excusa por parte del
Gobierno que está incumpliendo, insisto, los plazos, puesto que este
trámite estaba previsto en los acuerdos de mayo de 1997 entre el Gobierno
vasco y el Gobierno cuya responsabilidad en la materia a usted le
corresponde, para los meses de octubre y noviembre de 1997. Repito, no
deja de ser una mala excusa el período preelectoral y, sobre todo, si nos
atenemos a las declaraciones que personas cualificadas como responsables
de RENFE han hecho diciendo, en relación a la «Y» vasca, que ésta llevará
su tiempo. El proyecto de infraestructuras es uno de los más importantes
para la Comunidad Autónoma Vasca en relación con los enlaces que tiene
tanto con el Estado español como con Dax en las fases correspondientes y,
en este caso, está siendo pospuesto a otras infraestructuras. Es muy
sospechoso, insisto, que se diga que el proyecto de «Y» vasca llevará su
tiempo.
Nada más. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora De Boneta y Piedra.
Tiene la palabra el señor Ministro de Fomento.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado Montalvo): Señoría, si la
tarea encomendada y comprometida está realizada, parece poco oportuno que
hable de excusa. No puede ser una excusa sino sentido de la
responsabilidad someter a criterio de las instituciones vascas,
justamente, la oportunidad de sacar a información pública un proyecto que
va a traer dificultades.
Si asumimos todos conjuntamente la responsabilidad de que lo que ocurra
en el período de información pública no va a impedir que mantengamos el
acuerdo en todo lo que afecta al proyecto de «Y» vasca, como usted
comprenderá, el Gobierno central no tendrá ningún inconveniente en sacar
el estudio informativo concluido a dicha información pública.
Lo que hace el Gobierno por sentido de la responsabilidad, señoría, es
someter a las instituciones vascas un problema de oportunidad, no un
problema de excusa ni de demora intencionada, un problema estrictamente
de responsabilidad. ¿Es el mejor momento de sacar a información pública
este proyecto en período preelectoral? No es una decisión, señoría, por
eso no hay excusa ni retraso. Es la pregunta que el Gobierno central
traslada a las instituciones vascas para que éstas asuman también la
responsabilidad que les corresponde en los acontecimientos posteriores
que sin ninguna duda van a venir porque ya han empezado esta mañana.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro de Fomento.
--DE DON NARCISO SERRANO ALVAREZ-GIRALDO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA, SOBRE LOS CRITERIOS QUE MANTENDRA EL GOBIERNO PARA EL
PROYECTO DE UNIR AVILA CON LA CARRETERA NACIONAL N-VI, TRAS LA
PUBLICACION EN EL «BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO» DE LA DECLARACION DE
IMPACTO AMBIENTAL DE LAS
DISTINTAS ALTERNATIVAS PROPUESTAS (680/000482).
El señor PRESIDENTE: Pregunta de don Narciso Serrano Alvarez-Giraldo, del
Grupo Parlamentario Socialista, sobre los criterios que mantendrá el
Gobierno para el proyecto de unir Avila con la carretera Nacional N-VI,
tras la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de la Declaración
de Impacto Ambiental de las distintas alternativas propuestas.
Tiene la palabra el Senador Serrano Alvarez-Giraldo.
El señor SERRANO ALVAREZ-GIRALDO: Señor Ministro, el pasado 23 de febrero
se publicaba en el «Boletín Oficial del Estado» la resolución de la
Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental por la que se formula
Declaración de Impacto Ambiental del estudio informativo de la autovía
Avila-Nacional VI. La misma propone como opción más ventajosa para
realizar la mencionada autovía, desde el punto de vista medioambiental,
socioeconómico, paisajístico y del patrimonio arqueológico, la denominada
como alternativa I, que coincide, por otra parte, con la opción
contemplada en el Plan Director de Infraestructuras que concibió el
Gobierno anterior, y rechaza las opciones II y III por sus
características negativas, críticas en muchos casos, sobre la flora, la
fauna, el paisaje, el impacto hidrológico sobre el pantano que abastece
la capital y sobre los yacimientos arqueológicos de la zona. Por ello, a
la vista de las informaciones aparecidas, en muchos casos interesadas,
cuando no sesgadas o insultantes incluso para los funcionarios
responsables del estudio, es por lo que me interesa conocer su opinión
aquí, en sede parlamentaria, sin que voceros partidarios o mediáticos
puedan distorsionarla, sobre la cuestión que le planteo: ¿Cuáles son los
criterios que mantendrá el Gobierno para el proyecto de unir Avila con la
nacional N-VI tras la publicación de la Declaración de Impacto Ambiental
a que he hecho referencia?
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Serrano Alvarez-Giraldo.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Señoría, el
Gobierno va a tratar de conjugar dos criterios. El primero de ellos es la
voluntad mayoritaria de las instituciones de la provincia de Avila, que
son las principalmente afectadas por el trazado de la autopista que une
la nacional N-VI con la capital de la provincia y, en segundo lugar,
teniendo en cuenta las consideraciones del dictamen de impacto
medioambiental, tratar de adaptar el proyecto a las exigencias de ese
dictamen para disminuir justamente el impacto, pero es criterio de este
Gobierno no hacer infraestructuras en contra de la voluntad de las
instituciones directamente afectadas por la inversión de que se trate y,
al mismo tiempo, conjugarlo con la imprescindible protección del medio
ambiente, requerida también por la legalidad vigente. Estableciendo ambos
criterios, el trazado de la autopista que une la nacional N-VI con Avila
saldrá del área de El Espinar para llegar a Avila capital.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro de Fomento.
Tiene la palabra el señor Serrano Alvarez-Giraldo.
El señor SERRANO ALVAREZ-GIRALDO: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, me acaba usted de confirmar que escogen la opción más
rechazada en ese estudio de impacto medioambiental. Yo le preguntaría
entonces que para qué sirve el Ministerio de Medio Ambiente que tan
pomposamente crearon ustedes cuando llegaron al Gobierno, o le
preguntaría también qué intereses se ocultan bajo esa opción que ustedes
pretenden llevar adelante. Ya lo sabremos, señor Ministro, lo mismo que
sabemos por ese acta de la famosa reunión de septiembre sus intenciones
hacia Avila y Segovia como zonas de desarrollo turístico planteando una
autopista para ambas zonas. Y esa autopista, ¿a quién beneficia, señor
Ministro? ¿Beneficia a los ciudadanos que van a verse hipotecados de por
vida con un peaje que tendrán que pagar para llegar a Madrid, o beneficia
a los constructores de urbanizaciones al pie de la sierra a media hora de
la capital, o beneficia a aquellas personas que van a tener grandes
negocios que hacer tanto en la capital como en la provincia y que van a
ser pagados por los usuarios?
Este Senador, por lo que conoce, señor Ministro, sabe que la rentabilidad
económica de la futura autopista, dado el flujo de vehículos actual, es
prácticamente nulo. De ahí, si cabe, que la obra debiera ser contemplada
como se contemplaba en su inicio, como una obra de interés social, con
cargo a los presupuestos del Estado, gratuita y como muestra de una
sensibilidad que este Gobierno tanto predica y tan poco practica, porque
la alternativa prevista por su Partido y aceptada por usted no le gusta a
nadie, ni a Medio Ambiente ni a la Junta de Castilla y León, no le gusta
al ICONA ni a la Sociedad Española de Ornitología ni a las entidades
ecologistas de la provincia, porque tiene una cantidad de problemas de
mucho calado, señor Ministro.
Por eso le pido que recapacite ahora que está a tiempo y que por encima
de intereses particulares o partidistas emplee bien los dineros públicos,
dado que la alternativa que propone Medio Ambiente es la más barata y la
más respetuosa con el entorno y con el bienestar de los ciudadanos, pero
sobre todo --y concluyo, señor Presidente--, señor Ministro, no origine
problemas, no origine conflictos con los que ya estamos escarmentados en
nuestra provincia. La carretera comarcal 501 lleva seis años paralizada
por problemas similares a los que puede originar esta autopista. Estoy
seguro, señor Ministro, que ni usted ni yo deseamos el mismo final para
el enlace de Avila con la nacional N-VI.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Alvarez-Giraldo.
Señor Ministro de Fomento.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado Montalvo): Discúlpeme su
señoría si le digo que me producen sonrisa todas las consideraciones que
hace usted sobre
las especulaciones a las que puede dar lugar, con posterioridad, la
construcción de la autopista como consecuencia de intereses ocultos.
Sostener esa teoría con respecto a un trazado y decir que no se puede
aplicar cuando el trazado sube 15 ó 20 kilómetros más al norte, señoría,
se lo digo con todos los respetos, es una auténtica sandez.
El problema está en si desde el punto de vista de la economía productiva,
desde el punto de vista de las actividades económicas que se realizan en
la zona, esa vía de comunicación entre la nacional N-VI y Avila es
aconsejable y necesaria o no. El criterio del Gobierno es que es
necesaria. Estaba prevista, precisamente, en el Plan Director de
Infraestructuras, pero como quiera que ustedes hicieron la genialidad de
meter en ese Plan todas las carreteras posibles de España, ocurre,
señorías, que al final hay que tomar decisiones. Y es este Gobierno el
que va a hacer finalmente la comunicación entre la nacional N-VI y Avila,
y le digo más, la va a hacer de acuerdo con las instituciones de la
provincia de Avila.
Señoría, no puede hablarse de otro criterio que el de la máxima
representatividad. No es un criterio partidista; es el criterio de la
inmensa mayoría de los ayuntamientos de la provincia de Avila que --como
sabe muy bien su señoría-- es cierto que están gobernados por el Partido
Popular, pero son los ayuntamientos que representan a la inmensa mayoría
de los abulenses. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro de Fomento.
--DE DON RAMON GALAN CAZALLAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL
SENADO, SOBRE LAS ACTUACIONES QUE HA REALIZADO EL GOBIERNO EN MATERIA DE
SANIDAD VEGETAL (680/000475).
El señor PRESIDENTE: Pregunta de don Ramón Galán Cazallas, del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado, sobre las actuaciones que ha
realizado el Gobierno en materia de sanidad vegetal.
Senador Galán Cazallas.
El señor GALAN CAZALLAS: Muchas gracias, señor Presidente.
Señora Ministra, es indudable la importancia que tienen para el
agricultor las políticas de precios y mercados o las políticas
sobreestructurales. Sin embargo, no hay que olvidar que la producción
agraria es una producción de carácter biológico y, por lo tanto,
susceptible de padecer patologías, en particular aquellas de carácter
infeccioso. Por ello no es extraño preguntarse sobre qué es lo que les
ocurriría a las economías de numerosas regiones españolas si las
producciones de viñas, olivos, cereales, etcétera, se vieran afectadas
por un agente patógeno. Seguramente, y a pesar de las OCM o las ayudas
directas, su economía se vería afectada gravemente. Es por ello por lo
que le pregunto, señora Ministra: ¿Qué actuaciones ha realizado el
Gobierno en materia de sanidad vegetal?
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Galán Cazallas.
Señora Ministra de Agricultura.
La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (De Palacio del
Valle-Lersundi): Gracias, señor Presidente.
Uno de los instrumentos utilizados por el Gobierno para garantizar las
rentas de los agricultores al tiempo que la salud de los consumidores es
extremar las medidas encaminadas a mejorar las condiciones sanitarias de
las producciones agrícolas, como ha señalado su señoría.
La primera preocupación, obviamente, es evitar la entrada en el
territorio nacional de plagas foráneas, y cuando digo foráneas me refiero
a fuera de la Unión Europea. Con esta finalidad se ha mejorado el
equipamiento de infraestructuras de los puntos de inspección fronterizo,
los PIF, en los dos últimos años se han realizado en cinco puertos y un
aeropuerto; se han realizado más de 5.000 inspecciones a lo largo del año
1997, con 55 envíos interceptados de resultas y se han aprobado
disposiciones nacionales y comunitarias, a instancias españolas,
prohibiendo la entrada de productos de riesgo.
Los tres grandes apartados o las líneas de actuación de departamentos
pueden contemplar la prevención de plagas, la lucha contra plagas y la
protección vegetal.
En prevención de plagas hemos de destacar el apoyo a los laboratorios de
diagnóstico de las Comunidades Autónomas, mediante aportaciones
materiales y científicas, y la erradicación de focos de plaga mediante la
entrega gratuita de productos fitosanitarios o concesión de subvenciones
para indemnizar a los particulares por los gastos de erradicación.
En el caso de lucha contra plagas, se coordina la aplicación de programas
de mejora, por ejemplo, en el caso del aceite de oliva, de lucha contra
la mosca del olivo con 1.100.000 hectáreas tratadas en diez Comunidades
Autónomas; el tratamiento contra la langosta mediterránea, controlando
60.000 hectáreas, con focos mayoritariamente en Aragón, Castilla-La
Mancha y Extremadura, protegiendo unas 900.000 hectáreas que pueden tener
riesgo; también hay una red de alerta en el archipiélago canario ante la
posible invasión de langosta africana desde finales de noviembre de 1997
y se pondrá en marcha a lo largo de este año una mejor colaboración en la
lucha contra el virus de la tristeza; la creación, en colaboración con la
Comunidad Valenciana, de insectarios de alta seguridad para la
introducción en España de insectos parasitoides de plaga y, finalmente,
se está procediendo a informatizar a la Red Nacional de Información
Fitosanitaria para que, de forma ágil y eficaz, cualquier usuario conozca
la situación de plagas y enfermedades en las distintas regiones.
En el campo de protección vegetal las actuaciones más relevantes han sido
la autorización de productos fitosanitarios en la agricultura, la
colaboración con la Comisión
Europea en la autorización de nuevos plaguicidas, revisión de los
existentes y fijación de límites máximos de residuos; el programa de
investigación para el estudio de alternativas al uso del bromuro de
metilo; coordinación y homologación de cursos de formación de aplicadores
de productos fitosanitarios; el fomento de la agrupación de tratamientos
integrados, las famosas atrias (el Ministerio aporta a este programa, por
ejemplo, 500 millones de pesetas); la sustitución del registro documental
de plaguicidas por un sistema informático de utilidad inmediata para
poder acceder a él en tiempo real y, por lo tanto, hacer real su
utilidad.
No puedo finalizar mi intervención sin hacer referencia al trabajo que se
está realizando dentro del Ministerio de un borrador de proyecto de ley
de sanidad vegetal. Lo existente en este terreno data de 1908 y, aunque
ha dado buenos frutos, hay que modernizarlo. Por lo tanto, espero que a
lo largo de los próximos meses podamos ya tener un texto mucho más
avanzado que, al final, pueda ser remitido a las Cortes.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Ministra de Agricultura.
Tiene la palabra el Senador Galán Cazallas.
El señor GALAN CAZALLAS: Quiero simplemente darle las gracias a la señora
Ministra por su extensa exposición.
Nada más y muchas gracias.
--DE DON MANUEL ACACIO COLLADO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL
SENADO, SOBRE LA POSICION QUE VA A MANTENER EL GOBIERNO FRENTE A LAS
CONCESIONES A TERCEROS PAISES POR LA UNION EUROPEA (680/000477).
El señor PRESIDENTE: Pregunta de don Manuel Acacio Collado, del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado, sobre la posición que va a mantener
el Gobierno frente a las concesiones a terceros países por la Unión
Europea.
Tiene la palabra el Senador Acacio Collado.
El señor ACACIO COLLADO: Señora Ministra, le formulo esta pregunta sobre
las concesiones a terceros países que, desde estos momentos, queda
formulada tal y como se expresa en el orden del día, para acabar con la
inquietud de algunos agricultores y algunas personas relacionadas con el
sector agroalimentario que piensan que podemos entrar en una nueva etapa
en la que terceros países frente a la Unión Europea estén mejor tratados,
por acuerdos bilaterales, que algunos países de la propia Unión Europea.
La pregunta lo que pretende es que usted, señora Ministra, en el Senado
--donde tantas veces viene, Cámara de carácter territorial y tanta
vocación agrícola-- exprese la postura y la política que se viene
haciendo por parte de su Ministerio y la que se va a adoptar en el futuro
para de ese modo cortar preocupaciones a veces malintencionadamente
sembradas.
Como es mi obligación conozco la política que se está siguiendo en el
Ministerio, y no sólo la comparto sino que me deja tranquilo, pero sería
bueno que pudiéramos transmitir a los agricultores sus palabras porque,
le pese a quien le pese, el agricultor español hoy sí confía en su
Ministra. Antiguamente teníamos Ministro de Agricultura, ahora tenemos
Ministra de Agricultura y, además, Ministra de los agricultores. Para que
transmitamos a esos agricultores esa tranquilidad le formulo esta
pregunta, tal y como figura en el orden del día.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Acacio Collado.
Tiene la palabra la señora Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación.
La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (De Palacio del
Valle-Lersundi): Muchas gracias, señor Senador.
Efectivamente, las concesiones a terceros países preocupa profundamente
al Ministerio de Agricultura por cuanto uno de los elementos básicos del
mantenimiento de la política agrícola común y la garantía de la renta de
nuestros agricultores consiste en mantener el principio de la preferencia
comunitaria; principio que, a lo largo de estos últimos años, se ha visto
enormemente debilitado en función de una serie de acuerdos preferenciales
suscritos con distintos países que hacen que sus productos puedan entrar
en el ámbito de la Unión Europea con aranceles --si no cero,
prácticamente cero--, llevando a cabo una competencia, en algunos casos
absolutamente desleal, por cuanto que esos países no tienen las
limitaciones que tienen nuestros agricultores, tanto desde el punto de
vista de la forma de producir, en el sentido de limitación a la
utilización de fitosanitarios, de limitación en la utilización de abonos
o en las técnicas de cultivo, como también de conquistas sociales que,
indudablemente, suponen unos mayores costos en la mano de obra y en otros
sitios un claro «dumping» social.
Esta cuestión es algo que está sobre la mesa y que se plantea cada vez
que hay un nuevo acuerdo con terceros países, ya que después de los
últimos acuerdos de la Organización Mundial de Comercio cualquier acuerdo
comercial debe contemplar también, dentro del ámbito de concesiones
mutuas, el terreno agrario.
En ese sentido, España defiende que la Unión Europea debe mantener el
principio de preferencia comunitaria y que no se pude seguir debilitando
de manera ininterrumpida, como ha venido sucediendo a lo largo de este
tiempo.
Nosotros entendemos que la Unión Europea en estos momentos es el
principal importador de productos agroalimentarios del mundo; repito, el
principal importador del mundo de productos agrarios no puede ser acusado
en ningún caso de ser una fortaleza, sino bien al contrario.
Por ello es por lo que hemos planteado que antes de llevar a cabo ninguna
nueva concesión respecto a terceros países en materia de agricultura, es
imprescindible la elaboración de un informe que analice el efecto que
pueda producir sobre el mercado comunitario nuevas concesiones en ese
terreno. Por lo tanto, estamos manteniendo y defendiendo la teoría de las
corrientes tradicionales comerciales; es decir, que las importaciones
respecto a esos terceros países afectan sólo a lo que han sido las
corrientes tradicionales de venta de productos agrarios de esos países a
los países competentes de la Unión Europea, eventualmente incrementados
en un porcentaje mínimo en función del desarrollo y del aumento del
consumo dentro de la propia Unión Europea. Por ello, esos estudios son
requeridos y, mientras no se disponga de ellos, nosotros decimos que no
se pueden llevar a cabo esos acuerdos.
El pasado mes de octubre, tras el Consejo de Ministros, la Comisión
presentó un estudio de impacto de las concesiones para los países
mediterráneos. Consideramos que ese estudio de impacto era insuficiente
por cuanto las concesiones no sólo se refieren a países mediterráneos,
sino también a otros países del Planeta, teniendo en cuenta los nuevos
medios de transporte y el abaratamiento de los costes y, por lo tanto, la
posibilidad de acceso físico a los mercados. A partir de ahí esta
pendiente esa ampliación del estudio, y debo señalar que, en su momento,
planteamos el desequilibrio que planteaba la posición de la Comisión.
Reitero una vez, señor Senador, la defensa que se está haciendo y que se
va a seguir haciendo desde el Ministerio de Agricultura y desde el
Gobierno, a través del Ministerio de Asuntos Exteriores, que es el
encargado de negociar este tipo acuerdos, de lo que es el principio de la
preferencia comunitaria y, por lo tanto, la defensa de nuestras propias
producciones.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Ministra.
--DE DON ANTONIO SANCHEZ LUCAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE
LOS PLANES QUE TIENE EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION
EN RELACION CON EL EXPEDIENTE DE INFRACCION ABIERTO A ESPAÑA POR ACUERDO
DE LA COMISION DEL 12 DE NOVIEMBRE DE 1997 POR INFRINGIR LA NORMATIVA
EUROPEA SOBRE LA ENFERMEDAD DE LAS «VACAS LOCAS» (680/000483).
El señor PRESIDENTE: Pregunta de don Antonio Sánchez Lucas, del Grupo
Parlamentario Socialista, sobre los planes que tiene el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación en relación con el expediente de
infracción abierto a España por acuerdo de la Comisión del 12 de
noviembre de 1997 por infringir la normativa europea sobre la enfermedad
de las «vacas locas».
Tiene la palabra el Senador Sánchez Lucas.
El señor SANCHEZ LUCAS: Muchas gracias, señor Presidente.
Señora Ministra, el 6 de noviembre de 1997 la Comisión de seguimiento de
la encefalopatía espongiforme bovina, la EB, conocida vulgarmente como la
enfermedad de «las vacas locas», reunida en Bruselas, aprueba, por 18
votos a favor y uno en contra, el informe BÜge.
Fruto de las reflexiones y propuestas de esta Comisión de seguimiento, el
Comisario Frank Fischler, propone a la Comisión de Agricultura de la
Unión Europea continuar el procedimiento de infracción, emitiendo sendos
dictámenes motivados contra tres Estados miembros: Francia, España y
Reino Unido, por no haber observado, en distintos grados, la normativa de
la Unión Europea sobre la EB o lo relacionado con esta enfermedad.
Anteriormente, el 26 de junio de 1997 y el 16 de septiembre del mismo
año, la Comisión Europea incoó expediente de infracción, conforme al
artículo 169 del Tratado de la Unión Europea, a once de los quince
Estados miembros. La mayoría de ellos respondieron y sólo quedaron
cuatro, y a los anteriormente señalados se añade Portugal.
El día 12 de noviembre, la Comisión Europea requiere nuevamente a España
por no haber reaccionado al requerimiento inicial de la Comisión, en el
que se reprochaba a este Estado miembro que no aplicase la decisión
96/449 en las materias de bajo riesgo, que un centro de despiece no
respetase el procedimiento de la Unión Europea para validación de
determinados parámetros de transformación, las decisiones 92/562 y
94/382, por las que se autorizan sistemas de tratamiento térmico
alternativos para la transformación de materias de alto riesgo y
desperdicios de rumiantes, y que no hubiese un control adecuado del
cumplimiento de la decisión 94/381, que prohíbe la utilización de
proteínas derivadas de mamíferos en la alimentación de los rumiantes.
La Comisión ha considerado que la falta de reacción de España ante la
incoación del procedimiento, conforme al artículo 169 del Tratado,
justifica que se continúe el mismo con el envío de un dictamen motivado.
Nos gustaría saber en qué situación se encuentran estos requerimientos y
si se han contestado o no.
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Sánchez Lucas.
Tiene la palabra la señora Ministra de Agricultura.
La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (De Palacio del
Valle-Lersundi): Muchas gracias, señor Presidente.
Como sabe su señoría, el dictamen motivado constituye el inicio de un
procedimiento de infracción y, dependiendo de las alegaciones efectuadas
por los distintos países, se continua con su instrucción o se puede,
incluso, paralizar la tramitación del mismo.
El dictamen a que hace referencia su señoría va a ser contestado por el
Ministerio a la Comisión en función de que el plazo de contestación
termina el día 3. Básicamente, en él se hace referencia a dos puntos
críticos, en los que,
según se indica, no se cumple con la normativa vigente: ausencia de
control en la alimentación de rumiantes con harinas de mamíferos y,
segundo, la no adaptación de la industria de transformación de
subproductos a la normativa vigente.
En nuestra contestación se efectúan las siguientes aclaraciones. En
primer lugar, se ha establecido un plan de control de piensos a dos
niveles: de fábricas de piensos, coordinado por la Subdirección General
de Calidad y Normalización Agroalimentaria y las Comunidades Autónomas, y
de explotación, coordinado por la Subdirección General de Sanidad Animal.
Asimismo, se ha establecido como centro nacional de referencia para este
tipo de controles analíticos el laboratorio agroalimentario arbitral del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
En segundo lugar, con respecto a las industrias de transformación de
subproductos, hay que indicar que la totalidad de las industrias en
funcionamiento en la actualidad ya se han adaptado a la normativa,
habiendo remitido un escrito a la Comisión con relación a las mismas, es
decir, con el cumplimiento de la normativa vigente. El Ministerio ha dado
instrucciones precisas a las Comunidades Autónomas para el cierre de
aquellas industrias --y así se nos ha dicho que se ha procedido-- que no
cumplen la normativa.
No obstante todo lo expuesto con anterioridad, el Ministerio ha elaborado
un programa acerca de normas de prevención y vigilancia de las
encefalopatías espongiformes que se basa en los siguientes apartados. En
primer lugar, programa y vigilancia de las encefalopatías en los
animales: se establece un control de todos los casos sospechosos de estas
enfermedades, así como un control de explotaciones consideradas como
sensibles mediante un muestreo mínimo que efectúan todas las Comunidades
Autónomas. En segundo lugar, control de las sustancias empleadas en la
alimentación de los animales: se trata de investigar la posible presencia
de proteínas de mamíferos en piensos de rumiantes, práctica que está
prohibida por la decisión de la Comisión, a la que hacía referencia su
señoría. En tercer lugar, inspección de los establecimientos de
transformación de sus productos y cadáveres: tengo que decir que los
órganos competentes de las Comunidades Autónomas son los encargados de
efectuar la inspección de estos establecimientos con el fin de comprobar
el cumplimiento de la normativa, según el manual de inspección
establecido. En cuarto lugar, se ha establecido también el control de las
materias específicas de riesgo y se inspeccionarán de forma expresa las
empresas autorizadas para el tratamiento de estos materiales.
También quiero indicarle que ayer, como muy posiblemente conoce su
señoría, se aplazó la entrada en vigor de la última norma referida a la
destrucción de los denominados materiales de riesgo --cuestión que al
final se consiguió a iniciativa nuestra ya que fue una propuesta española
la que consiguió la unanimidad del Consejo de Ministros-- hasta el 1.º de
enero. Entre medias se espera que se celebre la reunión de la Oficina
internacional de epizootias y que, por lo tanto, ahí se determine
definitivamente si hay que hacer lo que pretende la Unión Europea que es
mezclar y darle el mismo tratamiento al «scrapie» y a la encefalopatía
espongiforme bovina, o por el contrario diferenciar las dos cuestiones, y
además contemplar la regionalización, como viene reclamando España desde
hace tiempo, cuestiones ambas que propugna dicha oficina internacional de
epizootias.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Ministra.
El Senador Sánchez Lucas tiene la palabra.
El señor SANCHEZ LUCAS: Muchas gracias, señor Presidente.
Señora Ministra, le agradezco la pormenorización que me ha dado. Es
interesante que se trabaje en esta línea, pero nos parece que se ha
reaccionado un poco tarde ya que estamos hablando del primer
requerimiento que se hizo a España en junio del año pasado, y como es un
tema delicado hay que tratarlo con tacto.
Nuestro Grupo considera que no responder a los requerimientos de la
Comisión en su momento es grave en sí mismo --estamos en Europa y, por lo
tanto, tenemos que creérnoslo--, lo es también para el sector --ya sabe
la señora Ministra en qué situación se ha encontrado últimamente-- y para
la opinión pública, los consumidores.
Nada más lejos de nuestra intención, de este Senador y del Grupo que
represento, crear alarmismos ni frivolizar sobre un tema tan serio. Por
tanto, me gustaría que entendiera nuestra actitud y nuestras preguntas
como responsables políticamente.
No podrá negarnos, señora Ministra, la contradicción en la que cae el
Gobierno cuando cinco días después de hacerle la Comisión el
requerimiento último, el Gobierno solicita que España se declarara exenta
de la encefalopatía espongiforme bovina; decisión que entendemos correcta
y acertada --una cosa no quita a la otra-- pero la Comisión exigió antes
el cumplimiento de las normativas comunitarias vulneradas por España y
otros países --aunque me estoy refiriendo sólo a España--. No hay que
olvidar, como usted sabe, que si España continuase sin dar respuesta a
los requerimientos, podría ser llevada ante el Tribunal de Justicia de
Luxemburgo, lo cual sí que sería grave y muy negativo para el Estado
español.
El señor PRESIDENTE: Senador Sánchez Lucas, vaya terminando.
El señor SANCHEZ LUCAS: Acabo ya, señor Presidente, deseando que esto no
suceda e instando que se adopten responsablemente todas las medidas
precisas para solucionar definitivamente este tema.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
--DE DOÑA BELEN MARIA DO CAMPO PIÑEIRO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR
EN EL SENADO, SOBRE LAS ACTIVIDADES QUE
ESTA DESARROLLANDO EL GOBIERNO CON RESPECTO A LA PROTECCION Y DEFENSA DEL
CONSUMIDOR (680/000478).
El señor PRESIDENTE: Pregunta de doña Belén María do Campo Piñeiro, del
Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre las actividades que está
desarrollando el Gobierno con respecto a la protección y defensa del
consumidor.
La Senadora Do Campo Piñeiro tiene la palabra.
La señora DO CAMPO PIÑEIRO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, la preocupación por la defensa y protección del
consumidor y usuario surgió fundamentalmente a partir de los años sesenta
como una necesidad ineludible para mejorar la posición de indefensión en
que se encontraba amplios sectores de la población con el desarrollo de
la moderna sociedad de consumo. Cuatro décadas después algo muy
importante está cambiando: las empresas son cada día más conscientes de
que el grado de competitividad está íntimamente relacionado con la
satisfacción del consumidor, y esto les lleva a apostar por productos de
mayor calidad y a dar publicidad a mecanismos de solución de conflictos
con sus clientes, como el sistema arbitral de consumo, y, por otro lado,
el consumidor es más consciente de su papel como tal.
El amparo legal que recoge nuestra Constitución en su artículo 15,
relativo a los derechos básicos de los consumidores, seguridad, salud y
legítimos intereses económicos y en el que, además, se encomienda a los
poderes públicos la promoción de la información y educación del
consumidor, el fomento de sus organizaciones, así como la obligación de
oírles en cuestiones que puedan afectar a sus representados, abrió el
camino a una política de protección del consumidor basada en acciones
eficaces que actúen de salvaguardia de los derechos básicos que los
ciudadanos tenemos como consumidores.
En este sentido, y dentro del plano supranacional, hay que señalar la
Carta de Protección del Consumidor del Consejo de Europa o, más
recientemente, el Tratado de Maastricht, en su artículo 121.a), dedicado
a la protección del consumidor, que coincide también con nuestra
Constitución.
Dicho de otro modo, señor Ministro, hoy los derechos de los ciudadanos,
en tanto que consumidores, forman parte del Tratado de la Unión Europea,
y en este sentido sería imprescindible el desarrollo del mercado único
europeo para una adecuada protección del consumidor. De ahí que la
Administración Pública, por tanto, no pueda ser ajena a todo esto, y
muestra de ello es el trabajo que está desarrollando desde su Ministerio
y, en concreto, la labor que está realizando el Instituto Nacional de
Consumo.
Hay que señalar de todas formas que estamos viviendo el desarrollo de
nuevas técnicas de venta en el mercado, la aparición de gran número de
productos y servicios que existen para satisfacer las mismas necesidades,
la complejidad técnica de muchos de ellos y, sobre todo, el uso frecuente
de mensajes publicitarios que tratan únicamente de influir en el
consumidor o usuario de una forma sugestiva o insistente para que se
compre o se solicite determinado servicio o producto de una marca, pero
que, desde luego, no informan correctamente sobre sus características
fundamentales.
Por tanto, señor Ministro, para un desarrollo armónico de las políticas
de protección al consumidor, y ante este nuevo contexto que le he
descrito, se hace imprescindible llevar a cabo una serie de acciones en
distintas áreas dentro de la del consumo.
En consecuencia, señor Ministro, ¿qué actividades está desarrollando el
Gobierno en cuanto a la protección y defensa del consumidor?
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senadora Do Campo Piñeiro.
Tiene la palabra el señor Ministro de Sanidad y Consumo.
El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Muchas gracias,
señor Presidente.
Yo comparto su preocupación, señora Senadora, por la protección y defensa
de los consumidores y por la idea de que de ahí derivan ventajas, no sólo
para los consumidores, sino también para las empresas que buscan un éxito
duradero y no coyuntural. Cualquier actuación eficaz en materia de
consumo exige, por un lado, la cooperación con las Comunidades Autónomas
que tienen atribuidas competencias de desarrollo legislativo y de
ejecución en esta materia y, por otro, la adaptación a nuestra normativa
de las directrices elaboradas por la Unión Europea.
En materia de cooperación y/o coordinación del Gobierno con las
Comunidades Autónomas destacaría que, en 1997, se celebraron dos
conferencias sectoriales de consumo, a diferencia de lo que ocurrió en la
anterior legislatura, en la que, a lo largo de toda ella, sólo tuvo lugar
una en el año 1994.
Destacaría asimismo que en la última conferencia se aprobó el Plan
estratégico de protección al consumidor para el ejercicio 1998-2001,
documento en el que se fijan las líneas maestras de la actuación de los
responsables de consumo en el Estado, en las Comunidades Autónomas y en
el Instituto Nacional de Consumo.
Me gustaría manifestar, igualmente, la agilidad de la Comisión de
Cooperación de Consumo para incluir en sus planes normativos y de
inspección los problemas que se detectan, como ha ocurrido en el caso de
las gasolineras en el que, al margen de otras actuaciones concretas, ya
se han incorporado a la programación para 1998.
En el ámbito de la Unión Europea, se está trabajando en estos momentos en
la tramitación de las propuestas de directivas sobre venta y garantía de
bienes de consumo y venta a distancia de servicios financieros, que serán
abordadas en el próximo Consejo de Ministros de Consumo de la Unión, que
se celebrará el próximo 23 de abril, y en la incorporación al régimen
comunitario de responsabilidad objetiva por daños causados por productos
defectuosos de las materias primas agrícolas y de los productos de la
caza.
En el próximo Consejo de Ministros se debatirá igualmente el plan de
acción de la Comisión sobre el establecimiento de sistemas
extrajudiciales para la resolución de reclamaciones de los consumidores y
la propuesta de decisión sobre el establecimiento de un marco general de
actividades en favor de los consumidores para el período 1999-2003.
La adopción de las directivas sobre indicación de precios constituye,
asimismo, un paso importante en la protección del consumidor. Me interesa
especialmente destacar la aprobación por las Cortes Generales de la Ley
de Condiciones Generales de la Contratación, la transposición de la
Directiva sobre cláusulas abusivas y el acuerdo del Congreso de tramitar
por el procedimiento de urgencia el proyecto de ley sobre derechos de
aprovechamiento por turno de bienes inmuebles, así como la transposición
de la norma comunitaria relativa al «time share». Con la aprobación de
ambas normas pendientes de la anterior legislatura, se da un importante
impulso a la protección del consumidor en dos áreas de la mayor
trascendencia.
Con estas actuaciones el Estado español se pone prácticamente al día
respecto de la incorporación al ordenamiento jurídico español de la
normativa comunitaria pendiente en materia de protección al consumidor.
Desde hace meses, el Instituto Nacional de Consumo está estudiando las
repercusiones que para los consumidores y usuarios puede tener la
introducción del euro. Como novedoso puedo señalar que en el apartado de
campañas de divulgación, el Instituto Nacional de Consumo ha elaborado
nuevas páginas de Internet que comprenden información puntual sobre temas
de consumo entre los que se incluyen, por supuesto, el euro.
En el área de educación al consumidor está previsto realizar, en
colaboración con las Comunidades Autónomas, con el Ministerio de
Educación y Cultura y con la Dirección General del Tesoro dentro del
marco de la campaña de información que se va a realizar a lo largo del
curso 1998/1999, un concurso escolar con el que se pretende enseñar a los
niños a utilizar y conocer el euro, así como las ventajas de su
implantación.
Por último, cabe destacar que el Instituto Nacional de Consumo concede
especial relevancia a las actuaciones desarrolladas por las propias
organizaciones de consumidores, apoyándolas económicamente a través de la
línea de subvenciones del organismo. Durante 1997 se han subvencionado
diversos proyectos sobre el euro cuya valoración está realizándose en la
actualidad. Nuestra voluntad es que en el presente ejercicio se continúen
cofinanciando este tipo de programas.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro.
--DE DON ENRIQUE BELLIDO MUÑOZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL
SENADO, SOBRE LA EVOLUCION DE LAS LISTAS DE ESPERA PARA TRASPLANTES
(680/000479).
El señor PRESIDENTE: Pregunta de don Enrique Bellido Muñoz, del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado, sobre la evolución de las listas de
espera para trasplantes.
Tiene la palabra el Senador Bellido Muñoz.
El señor BELLIDO MUÑOZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, sus frecuentes comparecencias en esta Cámara ponen de
manifiesto el papel fundamental que la sanidad representa en la política
del Gobierno y la amplia actividad que su Ministerio viene desarrollando,
la cual precisa, como es lógico, del control parlamentario que contempla
nuestra Constitución.
Si bien es cierto que en sólo dos años se han conseguido avances
importantes en el campo de las nuevas formas de gestión de los servicios
sanitarios, en la financiación sanitaria de las Comunidades Autónomas o
en la racionalización del gasto farmacéutico, por citar sólo algunas,
también lo es que cuando usted llegó al Ministerio existía ya un problema
mucho más cercano al usuario, el de las esperas quirúrgicas diagnósticas
o ambulatorias que hemos tratado en distintas ocasiones en esta Cámara. Y
creo que ha quedado muy claro para todos el éxito que se está obteniendo
en su reducción.
Pero si es difícil soportar cualquier espera para ser atendido
sanitariamente, mucho más lo es cuando de esta atención está en juego la
vida del enfermo o su dependencia de una máquina. Me estoy refiriendo al
caso de las esperas para ser trasplantados de un órgano. Es evidente,
señor Ministro, señor Presidente, que aquí no sólo entra en juego la
voluntad de la Administración, sino también la de aquellos que deben
donar sus órganos a la hora de acelerar el proceso. Pero, incluso, en
este caso, es responsabilidad de la propia Administración generar una
cultura positiva a la donación que incremente el número de órganos
disponibles.
Por ello, dado que la Administración sanitaria debe aportar los medios
técnicos y procurar esa cultura a la que me refería, le pregunto: ¿Cuál
es la evolución de las listas de espera para trasplantes en nuestro país?
Si fuera posible, quisiera que comparara los datos con otros países de
nuestro entorno.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Bellido Muñoz.
Tiene la palabra el señor Ministro de Sanidad y Consumo.
El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Muchas gracias,
señor Presidente. Muchas gracias, señor Senador.
Comparto su valoración sobre la importancia que en las organizaciones
sanitarias tiene el desarrollo de una política efectiva de trasplantes.
Los trasplantes no sólo producen el beneficio de todos conocido en los
pacientes a los que afecta directamente, sino que son realmente un
indicador extraordinariamente valorado del nivel de calificación
tecnológica, organizativa y profesional de los centros en los
que se realiza, y un motor de la calidad de la asistencia sanitaria, al
mismo tiempo que un instrumento para estimular a los profesionales, algo
absolutamente imprescindible en organizaciones como las sanitarias en las
que el activo principal son sus profesionales.
Es un hecho conocido y reconocido a nivel mundial que nuestra
organización nacional de trasplantes y nuestro modelo de donación y
trasplantes de órganos es altamente eficiente y nos sitúa en una posición
preponderante en relación al resto de los países desarrollados. Esta
realidad se constata por el hecho de que tenemos la tasa más elevada de
donantes del mundo, con 28 por millón de habitantes, y porque en
trasplantes de los principales órganos tenemos tasas muy importantes,
como los 40 trasplantes por millón de habitantes en riñón, 20 por millón
de habitantes en hígado y 8 por millón de habitantes en corazón.
Es sabido que en el ámbito de la asistencia sanitaria la puesta en marcha
de una técnica o el incremento de algunas actividades produce
simultáneamente un aumento de la demanda. Así, en España la gran
actividad trasplantadora existente ha originado un incremento en el
número de pacientes susceptibles de recibir un órgano. Este hecho se
produce en todos los países y se traduce en listas de espera. Lo
relevante es analizar el tiempo medio que está un paciente en espera de
un trasplante y la evolución de los indicadores de actividad en la
donación y en el trasplante.
Con mucho gusto suministro a su señoría y a la Cámara información puntual
sobre estas cuestiones. En cuanto a trasplantes cardiacos, en 1997 el
número de pacientes susceptibles de recibir un corazón era de 478, con un
incremento del 7,9 por ciento sobre el año 1996; el número de trasplantes
de corazón fue de 318, con un incremento del 11,3 por ciento sobre el año
1996, y el tiempo medio en lista de espera, a pesar de que el número de
pacientes susceptibles de recibir un corazón es mayor, se mantiene en 2,1
meses. En cuanto a trasplante hepático, en 1997 el número de pacientes
susceptibles de recibir un hígado era de 1.284, con un incremento del 9,3
por ciento sobre el año anterior; el número de trasplantes de hígado fue
de 790, con un incremento del 8,7 por ciento sobre el año anterior, y el
tiempo medio de lista de espera se mantiene en tres meses, a pesar
también de ese enorme incremento en el número de pacientes susceptibles
de trasplante. En 1997 el número de trasplantes renales ha sido de 1.861,
con un incremento del 8,3 por ciento, y la lista de espera es de 4.035
pacientes, con un descenso del 10,1 por ciento, siendo el único país del
mundo en el que se reduce la lista de espera en trasplantes renales.
Por último, también es necesario señalar que en la actualidad nuestro
país mantiene el tiempo de espera más corto de los países de nuestro
entorno. Hay que destacar que en España el tiempo medio de espera es
inferior en más del 50 por ciento respecto al de Estados Unidos, que es
de 7 meses en trasplantes cardiacos y hepáticos.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro de Sanidad.
--DE DOÑA MARIA MERCEDES COLOMA PESQUERA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR
EN EL SENADO, SOBRE SI PUEDE INFORMAR EL GOBIERNO ACERCA DEL GRADO DE
PARTICIPACION DE NUESTRO PAIS EN LOS PROGRAMAS QUE HA PROMOVIDO LA UNION
EUROPEA DESTINADOS A VERIFICAR EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS DIRECTIVAS
EUROPEAS Y DE LA LEGISLACION NACIONAL SOBRE PRODUCTOS QUIMICOS PELIGROSOS
(680/000480).
El señor PRESIDENTE: Pregunta de doña María Mercedes Coloma Pesquera, del
Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre si puede informar el
Gobierno acerca del grado de participación de nuestro país en los
programas que ha promovido la Unión Europea destinados a verificar el
grado de cumplimiento de las directivas europeas y de la legislación
nacional sobre los productos químicos peligrosos.
Senadora Coloma Pesquera, tiene la palabra.
La señora COLOMA PESQUERA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro de Sanidad, la prevención y el control de los riesgos
asociados a la utilización de productos químicos peligrosos es un
objetivo prioritario de nuestra política sanitaria de protección de la
salud.
Son numerosas las sustancias y preparados químicos que entran anualmente
en el mercado. La producción, manipulación, transporte, utilización y
eliminación de los productos químicos aumentan el riesgo de exposición
humana y ambiental y pueden dar lugar a procesos patológicos diversos. El
uso de dichos productos es amplísimo y de gran importancia sanitaria y
económica. Y, si bien es cierto que proporciona indudables beneficios,
crean problemas medioambientales, intoxicaciones agudas o crónicas del
máximo interés actual. Organizaciones tan importantes como la OMS, la FAO
y la OIT han llamado la atención insistiendo en la necesidad del estudio
de ellos y sus consecuencias, recomendando que se investigue sobre los
problemas que crean puesto que, como en tantos avances tecnológicos, se
puede establecer que los grandes éxitos nos traen y ocasionan nuevos y
grandes problemas.
Para prevenir las enfermedades relacionadas con esta exposición
disponemos de numerosas directivas europeas, transpuestas a nuestra
legislación nacional, que establecen los criterios de clasificación,
envasado y etiquetado de estos productos. Varias direcciones generales de
la Unión Europea tienen competencias en las áreas de notificación de
sustancias químicas nuevas, exportación, importación de productos
químicos peligrosos, limitación de la comercialización, evaluación del
riesgo de sustancias nuevas, evaluación de la toxicidad de plaguicidas y,
próximamente, en el control de registro de biocidas.
Por todo esto, señor Ministro, la pregunta que le formulo es la
siguiente: ¿Puede el Gobierno informar de cuál ha sido el grado de
participación de nuestro país en los programas que ha promovido la Unión
Europea, destinados a
verificar el grado de cumplimiento de las directivas europeas y de la
legislación nacional sobre productos químicos peligrosos?
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senadora Coloma Pesquera.
Tiene la palabra el señor Ministro de Sanidad.
El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Muchas gracias,
señor Presidente. Muchas gracias, señora Senadora.
Como su señoría señala y conoce muy bien, la salud de una población
depende de muchos determinantes, algunos externos, otros genéticos. Cada
vez hay más conciencia de lo importante que es actuar sobre todos estos
determinantes externos, que tienen mucho que ver con el medio ambiente,
con los hábitos de conducta o de vida, con la práctica de actividades
nada recomendables, como el tabaquismo, etcétera. De ahí la creciente
preocupación de los gobiernos por influir en estos determinantes y no
sólo por mantener unos excelentes servicios de salud, cosa que también es
necesaria y que, evidentemente, contribuye a un buen nivel de salud de
una población. Es muy importante el papel que juegan estos agentes
externos y, de ahí, la creciente preocupación por controlar estos riesgos
medioambientales que puedan derivar en perjuicios muy serios para la
salud.
En relación con el asunto de los productos químicos peligrosos a los que,
en concreto, se refiere su señoría, le puedo decir que cualquier
fabricante o importador que desee comercializar una nueva sustancia
química debe presentar en la unidad de notificación del país
correspondiente toda la información relacionada con la misma en lo
referente a identificación de peligros, efectos indeseables, análisis
toxi-respuesta, evaluación de la exposición de las poblaciones humanas,
estimación de la incidencia y gravedad de los efectos adversos y, por
último, las recomendaciones para reducir el riesgo para el ser humano y
el medio ambiente. Del análisis y estudio de la documentación resulta una
clasificación, etiquetado y envasado de la sustancia.
La unidad de notificación en España depende de la Subdirección General de
Sanidad Ambiental del Ministerio de Sanidad y Consumo y es responsable de
remitir el informe correspondiente a la unidad de notificación europea de
cada sustancia evaluada. Con el objetivo de verificar el grado de
cumplimiento de la Directiva 67/548 de la CEE, sobre clasificación,
envasado y etiquetado de las sustancias peligrosas, la Unión Europea
realizó durante 1996 un proyecto de inspección denominado NONS, European
Inspection Project on the Notification of New Substances. En este
proyecto participan quince países. En representación de nuestro país
participaron la Dirección General de Salud Pública del Ministerio de
Sanidad y Consumo y la Dirección General de Salud Pública de la
Consejería de Sanidad de la Comunidad Valenciana. El grupo de sustancias
químicas elegidas para ser inspeccionadas fue el de los tintes, por su
carácter innovador y por las propiedades carcinogénicas de algunos de
ellos. Los resultados de este proyecto nos colocaron al mismo nivel que
el resto de los países. España inspeccionó cinco compañías y treinta
sustancias.
La experiencia adquirida en este proyecto permitió incrementar la
participación de numerosas Comunidades Autónomas en el segundo proyecto
de la Comisión Europea, coordinado por las autoridades holandesas. Este
proyecto, denominado SENSE (European Inspection Project «Solid
Enforcement of subtances in Europe») se ha desarrollado en 1997 con la
participación de 15 países. Las sustancias inspeccionadas han sido
productos fotoquímicos, pinturas, productos químicos intermediarios,
tintes y productos químicos utilizados por la industria papelera. Han
sido nueve Comunidades Autónomas las que han participado en el proyecto,
lo que significa una mejoría sustancial respecto al primer proyecto. Los
resultados finales del proyecto SENSE pueden calificarse de excelentes.
El nuestro ha sido el primer país europeo en número de compañías
inspeccionadas, 18; en segundo lugar se sitúa Alemania, con 15, y después
el resto de los países, con 7, 6, 5, etcétera. Por número de sustancias
inspeccionadas, España fue el segundo país, con 261, detrás de Alemania,
con 376.
Por todas estas razones, podemos concluir que en esta materia nuestro
país se ha situado en muy poco tiempo al mismo nivel que los países más
desarrollados.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
¿Desea intervenir, Senadora Coloma Pesquera? (Pausa.)
--DE DON IGNACIO DIEZ GONZALEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE
LAS RAZONES POR LAS QUE EL GOBIERNO TOLERA LA APLICACION DISCRECIONAL DEL
CONVENIO SOBRE EL TRASLADO DE PERSONAS CONDENADAS, FIRMADO CON LA
REPUBLICA ARGENTINA, EN RELACION A LOS CIUDADANOS ESPAÑOLES QUE SE
ENCUENTRAN EN PRISION DESDE EL DIA 23 DE FEBRERO DE 1989 (680/000481).
El señor PRESIDENTE: La siguiente pregunta es de don Ignacio Díez
González, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las razones por las
que el Gobierno tolera la aplicación discrecional del Convenio sobre el
traslado de personas condenadas, firmado con la República Argentina, en
relación a los ciudadanos españoles que se encuentran en prisión desde el
día 23 de febrero de 1989.
Tiene la palabra, Senador Díez González.
El señor DIEZ GONZALEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, recientemente en esta Cámara aprobamos, por unanimidad,
una moción solicitando al Gobierno el impulso en la aplicación de los
convenios de cumplimiento de condenas en el país de origen. También en el
Congreso de los Diputados se aprobó una proposición no
de ley que hacía referencia a esta aplicación y, sobre todo, referida a
los ciudadanos españoles en prisión en Buenos Aires, República Argentina,
Joaquín Ramos Mora y Luis Darío Ramos Salvetti.
El soporte jurídico de referencia es el Tratado entre el Reino de España
y la República Argentina, que entró en vigor el 30 de junio de 1992. El
Consejo de Ministros de España, en su reunión de 19 de noviembre de 1993,
acordó que este Tratado entrase en vigor, y, a petición de los dos
ciudadanos españoles referidos, pidió que el Tratado entrase en vigor,
como decía, a lo que el Gobierno argentino hasta este momento se ha
negado, por lo que no se ha visto cumplido en sus justos términos.
Los españoles citados, con el apoyo del Centro por la Justicia y el
Derecho Internacional, presentaron una denuncia ante la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, de la Organización de Estados
Americanos, en Washington, en la que reclaman de la República Argentina
la aplicación del Tratado con el Reino de España, en base a que el
objetivo de las penas es la rehabilitación social de las personas
condenadas.
El traslado de los condenados procede, cuando así lo solicitan, con la
simple verificación de una serie de requisitos objetivos. Así lo vio
España; sin embargo, como decía, no lo ve la República Argentina, con un
rebuscado e interminable proceso judicial de resonancias kafkianas, que
no es requerido precisamente por el Tratado de referencia y que no
permite finalmente que estos ciudadanos españoles gocen de un derecho
reconocido por el Tratado y por el Estado español, al igual que por el
Derecho Internacional y más concretamente por la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos.
El pasado 26 de febrero la Comisión Interamericana estudió esta situación
con el conocimiento de nuestro representante en la Organización de
Estados Americanos, quien siguió todo el procedimiento, y todavía no
tenemos respuesta. Pero precisamente esa Comisión Interamericana emitió
el pasado mes de diciembre un informe en el que se condena de forma dura
a la República Argentina en cuanto a la falta de respeto a los derechos
humanos de estos dos ciudadanos españoles y de otras personas que están
encausadas en el mismo procedimiento.
Por todo ello le preguntamos, señor Ministro, por qué el Gobierno español
tolera una aplicación discrecional del Convenio sobre el traslado de
personas condenadas firmado con la República Argentina en relación con
los ciudadanos españoles de referencia que se encuentran en prisión desde
el día 23 de febrero de 1989.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Díez González.
Tiene la palabra el señor Ministro de Asuntos Exteriores.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Matutes Juan): Señor Presidente,
señorías, creo que la pregunta de su señoría, con todos los respetos,
adolece de un defecto de enfoque en su presentación. No es que el
Gobierno español tolere el carácter discrecional de este Convenio de
traslado de presos con Argentina, es que todos los convenios de traslado
de presos dan carácter de discrecionalidad a la concesión del traslado
por parte del llamado Estado de condena.
Es decir, que en éste, como en todos los convenios de traslado de presos,
se requiere la concurrencia de las voluntades de las tres partes: la del
Estado de condena; la del Estado de cumplimiento o reclamante, en este
caso España, y la del interesado. En el caso a que su señoría hace
referencia, y respecto del mencionado Convenio relativo a los señores
Ramos Mora y Ramos Salvetti, España ha efectuado cuantas gestiones están
en su mano hacer, aunque todavía no se ha producido la decisión ni la
notificación por parte de las autoridades argentinas, no obstante lo
cual, España --como sabe muy bien su señoría-- desde 1993, año en que
adoptó la resolución de solicitar ese traslado, sigue insistiendo y
haciendo --repito-- cuantas gestiones están en su mano.
Quiero destacar que no es que España tolere o no la discrecionalidad en
el Convenio. El Convenio es discrecional por su propia naturaleza y, por
tanto, cada Estado puede decidir discrecionalmente sobre la autorización
o no de un traslado. Y en el caso de estos señores, que, además, tienen
doble nacionalidad --tienen también la argentina--, todavía es más
frecuente que los Estados de condena sean reticentes a aceptar tal
demanda.
En todo caso --repito--, la decisión y la notificación por parte del
Gobierno argentino no se ha producido, no obstante lo cual, las gestiones
del Gobierno español continuarán en el mismo sentido que hasta ahora.
Muchas gracias. (El señor Díez González pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro.
Senador Díez González, su señoría no solamente ha apurado su primer turno
de intervención, sino que se ha pasado treinta y un segundos. Si usted
estuviera en el uso de la palabra yo sería generoso, como acostumbro,
pero el Reglamento me impide volvérsela a conceder. Es decir, que no se
trata de generosidad o no, sino de impedimento reglamentario.
-- DE DON JOAN OLIART PONS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE
LA VALORACION QUE HACE EL GOBIERNO RESPECTO A LA REINSERCION SOCIAL DE
LOS PENADOS, EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 4.3 DEL REAL DECRETO 1436/1984,
DE 20 DE JUNIO, SOBRE NORMAS PROVISIONALES DE COORDINACION DE LAS
ADMINISTRACIONES PENITENCIARIAS (680/000486).
El señor PRESIDENTE: Pregunta de don Joan Oliart Pons, del Grupo
Parlamentario Socialista, sobre la valoración que hace el Gobierno
respecto a la reinserción social de los penados, en cumplimiento del
artículo 4.3 del Real
Decreto 1436/1984, de 20 de junio, sobre normas provisionales de
coordinación de las administraciones penitenciarias.
Tiene la palabra el Senador Oliart Pons.
El señor OLIART PONS: Muchas gracias, señor Presidente.
La pregunta queda formulada en los mismos términos que ha expresado el
señor Presidente. Para concretarla un poco más, quisiera añadir que el
objeto principal de la misma, señor Ministro, es conocer los datos sobre
los resultados de la coordinación entre las dos administraciones
penitenciarias existentes actualmente, la de la Generalitat de Cataluña y
la del Estado, durante los últimos años.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Oliart.
Tiene la palabra el señor Ministro del Interior.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Mayor Oreja): Gracias, señor Presidente.
Señor Oliart, con mucho gusto, voy a darle las cifras que justifican lo
que entiendo es una valoración positiva y favorable --siempre y cuando
que se interprete que todo es mejorable-- respecto del cumplimiento del
Real Decreto 1436/1984, de 20 de junio, sobre normas provisionales de
coordinación de las administraciones penitenciarias.
Se ha puesto en marcha un procedimiento general para posibilitar el
traslado de internos entre las dos administraciones, con las siguientes
líneas fundamentales. En primer lugar, y como línea más relevante, hace
falta una solicitud por parte del interno en la que manifieste su
voluntad de cumplir la condena en un centro penitenciario de una
Administración penitenciaria distinta a la de su ubicación. En mi
opinión, como digo, ésta es la línea fundamental. En segundo lugar, se
requiere un informe social, reseñando la existencia o inexistencia de una
vinculación socio-familiar en el territorio de la Administración
penitenciaria en la que solicita el cumplimiento de la pena. Y en tercer
lugar, evidentemente, es necesaria la propuesta de clasificación y
destino del centro directivo donde se encuentra el interno al centro
directivo de la Administración donde solicita el cumplimiento, para que
ésta resuelva sobre la procedencia o improcedencia del traslado, de
conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto referido.
En cuanto al número de traslados de internos de centros penitenciarios de
Cataluña a centros penitenciarios de la Administración central, en 1997
hubo 57 peticiones de reclusos, de las cuales 51 fueron autorizadas y
seis denegadas. Por lo que respecta a 1998, hasta la fecha ha habido 15
peticiones autorizadas y seis denegadas.
Por lo que se refiere al traslado de internos de centros penitenciarios
de la Administración central a centros penitenciarios de Cataluña, en
1997, de 127 peticiones se autorizaron 104 y se han denegado 23. Y en
1998, de 30 peticiones, 23 han sido autorizadas y siete, denegadas.
Esto significa que el porcentaje de aceptación de autorización ha sido lo
suficientemente alto como para que una primera valoración sea de
satisfacción, aunque, como ya he dicho, siempre cabe mejorar en lo que se
refiere a la respuesta de las administraciones penitenciarias.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro del Interior.
Tiene la palabra, Senador Oliart Pons.
El señor OLIART PONS: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, le agradezco los datos que me acaba de proporcionar. Ya
he dicho que ésa era la razón fundamental de mi pregunta. Sin embargo,
voy a abstenerme de hacer cualquier tipo de valoración en estos momentos,
en espera también de los datos que nos facilite la Consejería de Justicia
de la Generalitat de Cataluña.
Es indudable, y en esto estoy completamente de acuerdo con su señoría,
que todo puede ser mejorable. Por tanto, pienso que estos resultados
pueden mejorarse, y creo que una de las formas de hacerlo es solucionar
un problema básico, como es disponer de las plazas penitenciarias
suficientes para facilitar ese tipo de traslados. En este sentido, en el
Parlamento de Cataluña aprobamos hace aproximadamente un año el Plan
2002, para nuevas plazas de centros penitenciarios, y creemos que para
entonces tendremos a nuestra disposición en Cataluña las plazas
suficientes para cubrir nuestras necesidades.
En cuanto a la Administración de Estado, le encarezco para que el ritmo
de construcciones sea, como mínimo, el que emprendió el Gobierno
socialista durante los últimos años, que considero bastante importante.
Por otro lado, señor Ministro, nos daría una gran alegría --y a mí,
personalmente-- si presentara ese nuevo plan de amortización y
construcción de nuevos centros penitenciarios, que creo que está muy
adelantado, como he podido leer en alguna noticia de prensa. En ese
sentido, le anticipo que seguramente en breve formularé una interpelación
sobre el tema de las nuevas construcciones.
Muchas gracias, señor Presidente, y muchas gracias, señor Ministro.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Oliart Pons.
Tiene la palabra, señor Ministro.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Mayor Oreja): Muchas gracias, señor
Presidente.
Senador Oliart, le agradezco su contestación. En cualquier caso, estamos
a su disposición, no sólo para contestar aquí este tema, sino para hacer
una valoración general del funcionamiento de ese Real Decreto, de las
plazas en Cataluña y de los porcentajes de población penada de un origen
determinado u otro.
Quiero únicamente aprovechar esta respuesta para confirmarle que el
Consejo de Ministros va a aprobar muy pronto ese nuevo plan de
infraestructuras adaptado al nuevo Código penal donde, realmente, creo
que se va a producir un avance en la dirección que usted apunta. De
todo ello tendré mucho gusto en informarle de la forma que considere
oportuna.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro del Interior.
--DE DON ROBERTO SORAVILLA FERNANDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN
EL SENADO, SOBRE LA SITUACION EN QUE SE ENCUENTRA EL CONVENIO FIRMADO POR
EL MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA, LA COMUNIDAD DE MADRID Y EL
AYUNTAMIENTO DE MADRID PARA LA CREACION DEL CONSORCIO DEL PLAN DE
REHABILITACION DE TEATROS DE MADRID (680/000467).
El señor PRESIDENTE: Pregunta de don Roberto Soravilla Fernández, del
Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre la situación en que se
encuentra el Convenio firmado por el Ministerio de Educación y Cultura,
la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid para la creación del
Consorcio del Plan de Rehabilitación de Teatros de Madrid.
Tiene la palabra el señor Soravilla.
El señor SORAVILLA FERNANDEZ: Gracias, señor Presidente.
Señora Ministra, diversas circunstancias me han inducido a formularle
esta pregunta. Una de ellas es la ocasión de conmemorar este año el
cincuentenario de la creación del Instituto Internacional del Teatro y la
celebración, hace apenas una semana, del Día Mundial del Teatro. Recuerdo
que la pregunta quedó aplazada y, prácticamente, debería haber tenido
lugar con ocasión de este día.
Otra de las razones, quizá la sustancial, es la oferta que notamos cada
vez más atractiva de la cartelera teatral madrileña, y cabría pensar que
sea el resultado de los esfuerzos conjuntos de su Ministerio con la
Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento, en colaboración con el sector
privado teatral madrileño, a través del Convenio para la creación del
Consorcio del Plan de Rehabilitación de Teatros firmado por las tres
administraciones en abril de 1994 y cuya vigencia era de cuatro años.
Con estos presupuestos, le formulo mi pregunta sobre la situación en que
se encuentra este Convenio, habida cuenta de sus buenos resultados y que
está a punto de expirar.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Soravilla.
Tiene la palabra la señora Ministra de Educación y Cultura.
La señora MINISTRA DE EDUCACION Y CULTURA (Aguirre y Gil de Biedma):
Muchas gracias, señor Presidente.
Usted recuerda muy bien la fecha en que se firma ese Convenio para
establecer el Consorcio de Rehabilitación de los Teatros de Madrid entre
las tres administraciones que tienen competencia en el territorio: el
Ayuntamiento de Madrid, la Comunidad Autónoma y el Ministerio de Cultura
entonces.
A la sazón, quien le habla era Concejala de Cultura del Ayuntamiento de
Madrid y una de mis mayores satisfacciones fue lograr esta colaboración
de las tres instituciones. En aquella ocasión se firmó un Convenio por
cuatro años, por un importe de 600 millones de pesetas, puesto que cada
administración aportaba 50 millones al año. Pero la realidad es que los
deseos de rehabilitación y de puesta al día, sobre todo de las
condiciones de seguridad de los teatros de Madrid, hacían necesaria la
inversión en un total de 26 teatros. De ellos, 14 eran grandes teatros y
12 eran de pequeño formato o salas alternativas. El presupuesto total
para la rehabilitación de esas 26 salas superaba con creces, y supera de
hecho, los 600 millones que las administraciones aportaron, pese a que
había también contribuciones por parte del sector privado.
Su señoría dice muy bien que este Convenio expiraba a finales del año
pasado y me cabe la satisfacción de decirle que se va a firmar una
prórroga a este Convenio por parte de las tres administraciones para que
la vigencia del mismo tenga lugar durante dos años más. Por tanto, tanto
el Ayuntamiento de Madrid como la Comunidad y el Ministerio de Educación
y Cultura harán una aportación de la misma cuantía durante los próximos
dos años.
Quiero decir a su señoría que el Convenio, durante su vigencia en los
últimos cuatro años, ha dado grandes frutos y si los medimos por el
número de espectadores que ha ido al teatro --aunque no podamos estar
satisfechos porque nunca podemos estarlo del todo-- creo que los datos
son alentadores. Por ejemplo, según los últimos datos disponibles, si en
el mes de febrero de 1997 acudían a los teatros de Madrid 167.000
espectadores, en febrero de 1998 se han rebasado los 265.000
espectadores. Por tanto, estamos en un momento en que la tendencia de
crisis del teatro de años anteriores se ha invertido y no solamente en
Madrid; tengo que decir en esta Cámara que en Barcelona ocurre
exactamente lo mismo, incluso las cifras son aún más alentadoras.
Creo que este Convenio nos va a permitir seguir avanzando en el
desarrollo del arte escénico, en este caso a través de la rehabilitación
de los teatros privados, que creemos constituye uno de los pilares
fundamentales sobre los que se debe basar el fomento de una parte de la
cultura tan importante como es el teatro clásico, el contemporáneo, la
tragedia, la comedia y, sobre todo, el fomento de los autores vivos
españoles.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Ministra de Educación y
Cultura.
Tiene la palabra el Senador Soravilla.
El señor SORAVILLA FERNANDEZ: Gracias, señor Presidente.
Agradezco a la señora Ministra la información y los datos que ha
proporcionado a ésta que es su Cámara, pero como persona muy vinculada a
la cultura que soy, como madrileño y representante de ellos, agradezco
sobre todo los resultados que ya son visibles y los previsibles.
Gracias, sin duda, a este plan de rehabilitación, Madrid cuenta cada día
con espacios escénicos más modernos, más seguros y más confortables, que
animan a un mayor número de espectadores, como ha dicho la señora
Ministra, a acudir atraídos por más y por mejores espectáculos con los
que las empresas culturales, además, obtienen mayores ingresos por
taquilla. Yo creo que todo eso está muy bien, pero es que además uno de
los parámetros que definen a una gran capital es una gran actividad en su
cartelera teatral, y reconozcamos que Madrid, aparte de ser una gran
capital, ha pasado tiempos difíciles, y quizá de políticas culturales
desorientadas, en que tal parámetro no se cumplía.
Yo felicito a la señora Ministra por la prórroga que nos anuncia y porque
supone además seguir colaborando con el sector privado, incentivando
precisamente la iniciativa de la sociedad y haciendo todavía más
efectivas las palabras que escuchamos del mensaje de Antonio Gala en ese
Día Mundial del Teatro. Decía que, en manos de la sociedad, de la que
nace y a quien va dedicado, está hoy el teatro, como siempre y quizá más
que nunca. Continuaba diciendo Antonio Gala que con el teatro cada pueblo
se ha expedido su propio documento de identidad. Y yo creo que nada más
cierto para Madrid. Lo saben todas sus señorías, y muy especialmente la
que fue Concejala de Cultura --excelente Concejala de Cultura-- de su
ayuntamiento, que las esencias de Madrid, lo auténticamente castizo de
Madrid, en el sentido más unamuniano de la palabra, tiene relación con el
teatro, no sólo como cuna de grandes autores, sino además por la comedia,
lo lírico, el sainete o el género chico.
Hoy, señoría, con sus palabras confiamos y deseamos encontrarnos en la
dirección adecuada. Yo no lo dudo, porque conozco a la señora Ministra
desde hace tiempo, conozco su sensibilidad y el decidido apoyo con que
cuenta por parte del Presidente del Gobierno. Conozco también la afición
y el apoyo que presta el Presidente Ruiz-Gallardón y el Alcalde de
Madrid.
En definitiva, el compromiso del teatro es el compromiso de todos, es el
compromiso con la cultura. Y así, en esta Cámara que es la de la
diversidad, terminaré con las palabras que decía Antonio Gala también en
el mensaje del Día Mundial del Teatro: Sed vosotros, los espectadores
--decía a la sociedad en general--, responsables de su vida y su suerte.
El no espera otra cosa. De la diversidad saldrá nuestra riqueza; de las
diferencias nuestra fraternidad.
Muchas gracias. (Un señor Senador: ¡Muy bien!--Aplausos en los escaños
del Grupo Parlamentario Popular.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Soravilla.
Señora Ministra, ¿desea intervenir? (Pausa.)
--DE DOÑA MARIA CRUZ RODRIGUEZ SALDAÑA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR
EN EL SENADO, SOBRE LAS NUEVAS IMPLANTACIONES QUE TIENE PREVISTO
DESARROLLAR EL GOBIERNO EN LA FORMACION PROFESIONAL INICIAL REGLADA, EN
SUS DISTINTAS MODALIDADES DE CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO, SUPERIOR Y
GARANTIA SOCIAL EN LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON PARA EL
PROXIMO CURSO 1998-1999 (680/000471).
El señor PRESIDENTE: Pregunta de doña María Cruz Rodríguez Saldaña, del
Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre las nuevas implantaciones
que tiene previsto desarrollar el Gobierno en la formación profesional
inicial reglada, en sus distintas modalidades de ciclos formativos de
grado medio, superior y garantía social en la Comunidad Autónoma de
Castilla y León para el próximo curso 1998-99.
Tiene la palabra la Senadora Rodríguez Saldaña.
La señora RODRIGUEZ SALDAÑA: Gracias, señor Presidente.
Señora Ministra, le pregunto por la implantación de la formación
profesional en una Comunidad Autónoma sobre la que me gustaría darle unas
notas para que la conociera más profundamente. Es la Comunidad Autónoma
más extensa de Europa; tiene una gran dispersión demográfica; está
tremendamente envejecida; necesita del asentamiento de gente joven en sus
núcleos de población, sobre todo en los más pequeños; cuenta con casi
2.500 núcleos de población, pequeños y medianos municipios, y solamente
con 14 municipios de más de 20.000 habitantes. Por tanto, la necesidad de
fomentar el empleo entre la gente joven para asentar esa población en
esos pequeños y medianos núcleos de población es importante para seguir
manteniendo, e incluso elevar un poco, la renta «per capita», y lograr un
nivel de bienestar más alto.
Recientemente, el día 18 de febrero, dentro del Consejo de Formación
Profesional, el Ministerio de Educación y Cultura, el Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales y los agentes económicos, sindicales y
sociales firmaron el nuevo Programa Nacional de Formación Profesional,
para los años 1998-2000, que fue ratificado posteriormente por el Consejo
de Ministros, el día 13 de marzo. Dentro de los tres subsistemas
regulados por este programa: el inicial reglado, el ocupacional y la
formación continua, el ámbito de su competencia es la formación
profesional inicial reglada.
Sabe usted que nuestro país presentará, el día 15 de junio, en el Consejo
de Empleo de Cardiff, el programa de empleo, que tendrá una vigencia para
los tres o cuatro próximos años, uno de cuyos ejes fundamentales es hacer
una oferta formativa y de empleo a los jóvenes menores de 25 años. Por
eso creo que la formación profesional inicial reglada, uno de cuyos
objetivos es, precisamente, ofrecer cualificación profesional que
facilite una titulación que garantice el empleo, puede ser fundamental a
la hora de cumplir
con el objetivo del Consejo de Cardiff, es decir, dar empleo a menores de
25 años y, además, asentar una población joven en una comunidad dispersa,
envejecida y necesitada de implantación de nuevas calificaciones que
creen riqueza dentro de los nuevos yacimientos de empleo.
Por eso le pregunto: ¿Qué nuevas implantaciones tiene previsto
desarrollar el Gobierno en la formación profesional inicial reglada, en
los ciclos formativos de grado medio, superior y en los programas de
garantía social, en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, para el
próximo curso 1998-1999?
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Rodríguez Saldaña.
Señora Ministra de Educación y Cultura.
La señora MINISTRA DE EDUCACION Y CULTURA (Aguirre y Gil de Biedma):
Muchas gracias, señor Presidente.
Señoría, lo primero que hay que decir en relación a su pregunta es que el
Ministerio de Educación y Cultura está desarrollando numerosas acciones
para la Comunidad de Castilla y León.
En primer lugar, se ha incrementado la implantación de nuevas ofertas de
formación profesional, inicial o reglada, algunas por sustitución de las
titulaciones que estaban anteriormente promovidas en el marco de la Ley
General de Educación y otras por adecuación de la oferta educativa a las
necesidades del mundo productivo y de los servicios emergentes en cada
zona o en cada comarca. Esta aproximación de la formación profesional a
las necesidades del mundo productivo, que es fundamental si queremos
orientar la formación profesional a la consecución de empleo de nuestros
jóvenes, sólo puede conseguirse si facilitamos la inserción de estos
jóvenes y la colaboración de las empresas con la escuela. Para ello
tenemos que asegurar la adecuación entre las actividades a desarrollar en
las empresas y los modelos de formación en los centros de trabajo y
tenemos que potenciar la realización de contratos en formación y los
procedimientos de acreditación de la competencia profesional.
Para el próximo curso, 1998-1999, en Castilla y León está prevista la
implantación de un total de 71 ciclos nuevos. El total de ciclos que,
unidos a los que ya se venían impartiendo, tendrán lugar en la Comunidad
de Castilla y León, en el próximo curso 1998, será de 418. Su señoría se
refería a la población joven, a la que acude a la formación profesional,
inicial o reglada. En este sentido, quizá conviene destacar aquellos que
ya están más avanzados en su implantación: en el ámbito de la imagen y
del personal está implantado ya al 92 por ciento; en el de comercio y
marketing, la implantación es del 83,3; en el de fabricación y mecánica
estamos en el 84 por ciento; hostelería y turismo, en el 59 por ciento;
vehículos a motor, en el 63; industrias alimentarias, en el 45; sanidad,
en el 54, y administración en el 69,3 por ciento.
Me pregunta también su señoría por el nuevo Programa Nacional de
Formación Profesional que, como usted ha dicho muy bien, el Gobierno
incluirá en su programa de empleo en el próximo mes de junio.
Hay que destacar que los tres subsistemas de formación profesional, al
amparo de un convenio entre el Ministerio de Educación y Cultura y el
INEM, que se va a firmar próximamente, van a buscar la mejor oferta de la
formación profesional, inicial o reglada, la ocupacional y la continua,
procurando que las dos últimas puedan impartirse también en los centros
en los que se imparte la primera.
En cuanto a los programas de garantía social, por los que también
pregunta su señoría, tengo que decirle que están sirviendo para la
formación y la orientación laboral de los jóvenes que abandonan el
sistema educativo. Es bueno recordar que esta oportunidad, esta
posibilidad de formación, pretende reconducir a aquellos alumnos que
abandonan la educación secundaria obligatoria sin haber podido alcanzar
los objetivos correspondientes y que se viene ofertando en función de las
necesidades. En concreto, en Castilla y León, en el actual curso 1997-98,
hay 200 programas distintos que acogen a 2.600 alumnos, y la previsión
para el curso 1998-99 es que se va a superar en un 14 por ciento la
oferta actualmente existente.
Tengo que decirle que la mayoría de los participantes en programas de
garantía social lo hacen en la modalidad de iniciación profesional, que
se oferta en los mismos centros educativos sostenidos con fondos
públicos, y los de modalidad de formación y empleo, que se desarrollan
preferentemente en colaboración con las entidades locales.
Todas estas son actuaciones, señorías, que tienen como única finalidad la
contribución, por parte de todos, a la mejor formación para el empleo.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra de Educación y Cultura.
--DE DOÑA HELENA ARRIBAS ESTEVE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA,
SOBRE LOS RECURSOS QUE PIENSA DESTINAR EL MINISTERIO DE EDUCACION Y
CULTURA PARA LA ATENCION DE LOS ALUMNOS QUE TENGAN JORNADA CONTINUA
(680/000485).
El señor PRESIDENTE: Pregunta de doña Helena Arribas Esteve, del Grupo
Parlamentario Socialista, sobre los recursos que piensa destinar el
Ministerio de Educación y Cultura para la atención de los alumnos que
tengan jornada continua.
Tiene la palabra la Senadora Arribas Esteve.
La señora ARRIBAS ESTEVE: Muchas gracias, señor Presidente.
Doy la pregunta por formulada.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senadora Arribas Esteve.
Tiene la palabra la señora Ministra.
La señora MINISTRA DE EDUCACION Y CULTURA (Aguirre y Gil de Biedma): Para
que lo conozca la Cámara, su señoría me pregunta qué recursos va a
destinar el Ministerio de Educación a la atención de alumnos que tengan
la jornada continua.
Tengo que decirle que la implantación de la jornada continua, como he
dicho en cuantas ocasiones se me ha preguntado, y en concreto en una
interpelación en el Congreso la semana pasada, no es algo que el
Ministerio de Educación y Cultura quiera generalizar. Ahora bien, el
artículo 57 de la LOGSE, y la propia LOGSE, nos dicen que tenemos que
conceder autonomía a los centros. Por ello, en el caso en que se den las
circunstancias que el Ministerio considera requisitos ineludibles, es
decir, que los centros permanezcan abiertos por la tarde, que haya un
proyecto educativo detrás y que lo solicite, al menos, el 80 por ciento
de los padres, el Ministerio sí atenderá las demandas de flexibilización
del horario.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra de Educación y Cultura.
Tiene la palabra la Senadora Arribas Esteve.
La señora ARRIBAS ESTEVE: Gracias, señor Presidente.
Señora Ministra, por lo que veo, existe un poco de descoordinación en su
Ministerio, ya que no coinciden exactamente las declaraciones que está
haciendo usted aquí y lo que afirmó el Secretario General de Educación,
señor Nasarre, cuando se entrevistó con representantes de padres y
madres, con CEAPA y CONCAPA, y les expresó la voluntad del Gobierno de
instaurar la jornada intensiva, no con carácter general en todos los
centros, pero sí en casos puntuales. De ahí viene mi pregunta, sobre cómo
van a atender ustedes esos casos puntuales.
Señora Ministra, si usted quiere cambiar, modificar o reinventar,
previamente tiene que tener muy claro cuál es su objetivo. Algún día me
gustaría conocer cuál es su currículum oculto, aunque a veces,
traicioneramente, se le descubre.
Cualquier propuesta requiere un conjunto de actuaciones que, si se toman
de forma parcial o aislada, pueden tergiversar la misma. Para trabajar en
una propuesta global de jornada continuada hay que distinguir entre tres
tipos de horario: primero, el horario del alumno; segundo, el horario del
profesor, y, tercero, el horario del centro. Y no tienen por qué ser
coincidentes.
Primero, el horario de permanencia del alumno en el centro, diferenciando
el lectivo del no lectivo. Segundo, el horario del profesorado, el
lectivo, el de permanencia en el centro y el laboral. Y, tercero, el
horario en que permanece abierto el centro, que no tiene que ser
coincidente con el del alumno ni con el del profesorado, diferenciando
entre el estrictamente escolar, el tiempo de utilización para activiades
vinculadas en el centro y el tiempo dedicado a otros usos. Cualquier
solución o propuesta ha de suponer un avance cualitativo con el aumento y
optimización de recursos para cada centro.
Pero ante todo, señora Ministra, le diría que hay que llegar a un
consenso con toda la comunidad educativa, proponiendo la posibilidad de
la jornada continuada en las escuelas públicas sin destinar recursos
económicos para ello. Como en el presupuesto de este año hay cero pesetas
para este fin, está usted creando, una vez más, una fuente de
desigualdades sociales y, subliminalmente, está potenciando la enseñanza
privada, está favoreciendo el trasvase a la escuela privada concertada.
Usted afirmó que en ningún caso se cerrarían los colegios por las tardes.
Pero ¿a costa de quién? Ustedes no destinan ni recursos económicos ni
humanos, ya que esta medida, evidentemente, conlleva un aumento de
plantilla en los centros o, en todo caso, indirectamente lleva escondido
un recorte de plantillas en los centros. Tampoco puede usted pretender
que las actividades escolares realizadas por la tarde supongan una carga
económica suplementaria para las familias y una posible causa de
discriminación. O quizá, una vez más, pretende que sean las precarias
haciendas municipales de los ayuntamientos quienes las financien.
Señora Ministra, sus medidas van a perjudicar a la escuela pública. No la
trate, una vez más, como un simple modelo subsidiario de la iniciativa
privada. La escuela pública es un servicio fundamental de educación y, de
momento, su responsabilidad debe garantizar que todos los ciudadanos y
ciudadanas tengan una educación de calidad.
El señor PRESIDENTE: Senadora Arribas, su tiempo ha terminado.
La señora ARRIBAS ESTEVE: Señora Ministra, planifique, dialogue y dedique
los recursos necesarios para llevar a cabo una propuesta sin perjudicar a
los más débiles.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Ministra.
La señora MINISTRA DE EDUCACION Y CULTURA (Aguirre y Gil de Biedma):
Muchas gracias, señor Presidente.
Señoría, ¿quién ha propuesto la jornada continua? El Ministerio no, ni la
propugna ni la propone. Ahora bien, se ve obligado a atender la demanda
de los padres cuando ésta supere el 80 por ciento, no de los
representados en el Consejo Escolar, sino de todos los padres y madres
del centro, como ha ocurrido --como su señoría conoce-- en la ciudad de
Toledo. Allí ha habido hasta el 98 y el 100 por cien de padres que
quieren que el horario lectivo se concentre en las horas de la mañana y
que por la tarde el centro permanezca abierto para que sus hijos puedan
practicar las actividades extraescolares, ya sean deportivas, de lectura,
de biblioteca, etcétera.
¿Sabe su señoría lo que ha ocurrido en Toledo? Que la Dirección
Provincial ha podido atender perfectamente la demanda --en aquellos casos
puntuales en que se ha necesitado-- a través de fondos del Ministerio. La
inmensa mayoría
de esas actividades extraescolares la hacen los profesores del centro
para poder completar su horario lectivo.
Este es el ejemplo de lo que ha ocurrido en el territorio de gestión del
Ministerio y, por cierto, no es el único. Ustedes, con la administración
socialista, autorizaron la jornada continua en 77 colegios de Educación
Infantil y, además, anticiparon la aplicación de la ESO en 553 centros de
Secundaria, lo que quiere decir que los niños de 12 años
--ésos sí-- a las dos de la tarde se van a su casa porque por la tarde no
se abre el centro.
Por lo tanto, señoría, lo que pretendemos es atender a la demanda de toda
la comunidad educativa, que nos puede pedir que se concentren las
jornadas lectivas en los colegios de Primaria por la mañana, pero también
nos puede pedir que en los centros de Secundaria se abra el centro por la
tarde para que sus hijos puedan asistir a actividades extraescolares, y
de hecho nos lo están pidiendo en muchos sitios.
En consecuencia, no se van a cerrar los centros por la tarde; no se va a
reducir el horario lectivo y solamente se va a atender la demanda cuando
más del 80 por ciento de los padres estén de acuerdo.
Por lo tanto, lo que su señoría tiene que hacer es dejar de hacer
demagogia y entender que lo que ustedes han hecho cuando han tenido que
decidir sobre la jornada continua en las administraciones gobernadas por
el Partido Socialista es muy diferente a lo que he explicado que se ha
hecho en la ciudad de Toledo, aceptando la demanda de los padres.
Ustedes, en Andalucía, señoría, tienen dos provincias donde todos los
centros están cerrados por la tarde porque han concentrado la jornada de
mañana --ahí sí-- sin pedir la participación del Consejo Escolar.
Ustedes, señorías, cuando tenían un Consejero de Educación del Partido
Socialista en el Gobierno canario, también implantaron la jornada
continua en los centros de primaria.
Por tanto, que quede claro: No pretendemos implantar la jornada continua.
Al contrario, el Ministerio no lo propugna y, desde luego, esta Ministra
que les habla no lo considera lo mejor. Sin embargo, sí creemos en la
autonomía de los centros --nos obliga a ello la Ley-- y atenderemos la
demanda de los padres cuando en cifra superior al 80 por ciento nos lo
pidan y lo justifiquen debidamente con un proyecto educativo que en todo
caso garantice la apertura por la tarde, así como la debida atención a
los alumnos.
Por tanto, señoría, deje de hacer demagogia, deje de utilizar la
enseñanza como arma arrojadiza y deje que nos concentremos en mejorar la
calidad de la enseñanza, que es lo que nos proponemos. (Aplausos en los
escaños del Grupo Parlamentario Popular.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Ministra de Educación y
Cultura.
--DE DON JOAQUIM VIDAL I PERPIÑA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALAN EN EL
SENADO DE CONVERGéNCIA I UNIO, SOBRE LA VALORACION DEL MINISTERIO DE
ECONOMIA YA HACIENDA CON RESPECTO A LA RELACION QUE GUARDAN LAS
COMISIONES QUE APLICAN LAS ENTIDADES FINANCIERAS Y LOS EMISORES DE
TARJETAS DE CREDITO CON EL DESCENSO A LA BAJA PRODUCIDO DURANTE LOS TRES
ULTIMOS AÑOS POR LOS TIPOS DE INTERES (680/000460).
El señor PRESIDENTE: Pregunta de don Joaquim Vidal i Perpiñá, del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, sobre la
valoración del Ministerio de Economía y Hacienda con respecto a la
relación que guardan las comisiones que aplican las entidades financieras
y los emisores de tarjetas de crédito con el descenso a la baja producido
durante los tres últimos años por los tipos de interés.
Tiene la palabra su señoría.
El señor VIDAL I PERPIÑA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Vicepresidente Segundo, actualmente tenemos en España, entre
tarjetas de crédito y débito más de 34 millones de unidades emitidas.
Según diversas fuentes, para las emisiones de tarjetas de crédito durante
el año 1997, la facturación de este dinero de plástico ascendió a once
billones de pesetas, de lo cuales tres billones correspondían a ventas a
crédito. Como es conocido, este mercado está dominado básicamente por
tres empresas, todas ellas participadas por bancos y cajas: Visa, que
representa más del 55 por ciento del mercado y con el 98 por ciento de
las ventas a crédito; Tarjeta 6.000, con el 30 por ciento del mercado,
aproximadamente, y Tarjeta 4B, con el 15 por ciento, aproximadamente. Y
en estos once billones de pesetas no se incluyen las ventas de tarjetas
emitidas por empresas no financieras o grandes superficies, ya sea El
Corte Inglés, Continente, etcétera.
Cada uno de nosotros disponemos hoy en día, como mínimo, de una tarjeta
de plástico y al comercio, para dar más facilidades de compra al
consumidor, le interesa que el cliente pueda pagar sus compras con
tarjeta de crédito. ¿Pero a qué coste? La media de comisiones que
soportan los comerciantes y empresas de servicios en Europa es del 0,75
por ciento, mientras que en España la media es del 3,5 por ciento,
comisiones que en la mayoría de los casos diría que son abusivas y que
difícilmente puede soportar el comercio o empresas de servicios.
Esta es la razón por la que desearía que contestara a la pregunta tal
como la ha formulado o leído el señor Presidente.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Vidal i Perpiñá.
Tiene la palabra el señor Vicepresidente Segundo del Gobierno.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMIA Y
HACIENDA (Rato y Figaredo): Gracias, señor Presidente.
Gracias, señor Senador.
Quisiera, primero, hacer una consideración previa, ya que hay que
distinguir entre los tipos de interés que las entidades de crédito y
ahorro aplican a sus clientes en las operaciones de activo y pasivo y las
comisiones que les cobran por prestación de servicios.
Por lo que se refiere, en primer lugar, a los tipos de interés y tomando
en cuenta los tipos de mercado usados como principales referencias y, en
segundo lugar, a los tipos aplicados en las operaciones activas y pasivas
publicados en el Boletín Estadístico del Banco de España, se constata que
las entidades de crédito y ahorro sí han trasladado a sus clientes la
reducción de los tipos de interés. Así, en el primer trimestre de 1996 y
el último de 1997 los tipos de referencia han caído cuatro puntos y la
variación observada en los tipos aplicados por bancos y cajas de ahorro
en los préstamos, en las operaciones de activos, se han reducido en una
magnitud similar. Por tanto, respecto a los tipos de interés que cargan
los bancos a sus clientes y cómo se están reduciendo en el mercado
monetario, la evolución se produce no sólo en la misma dirección, sino en
magnitud similar.
Por lo que se refiere a lo que pregunta su señoría, las comisiones
cobradas por los servicios prestados por las entidades de crédito, no
guardan relación con los tipos de interés, sino con la competencia. Es
decir, no son préstamos que evolucionan con los tipos de interés, sino
que son servicios que prestan los bancos a sus clientes por los que
cobran unas comisiones que están mucho más ligadas a la competencia del
sector que a la evolución de los tipos de interés.
De todos los tipos de comisiones asociadas a la utilización de tarjetas
de crédito usted me pregunta, señor Senador, por las comisiones aplicadas
por la banca a los comerciantes. En este caso los costes que asumen las
entidades adquirentes, que son los que mantienen relación con los
comerciantes, son la tasa de intercambio que cobra la entidad emisora,
los costes asociados a la infraestructura, a la actualización
tecnológica, etcétera. Esto depende, por un lado, de la evolución de este
tipo de costes y, por otro lado, de la propia estrategia comercial de
cada entidad y, por lo tanto, de la competencia y también de cuáles son
las prioridades que una entidad fija a un tipo de producto, a un tipo de
servicio, en este caso, o a otro.
Las tasas de descuento aplicadas en España y en los países de nuestro
entorno en los últimos tres años han tendido en todos los casos a
reducirse y la evolución ha sido, sobre todo, relacionada con los
factores que antes he señalado. La reducción ha sido bastante similar en
todos los países, y en estos momentos lo que se está cobrando por este
servicio oscila entre un mínimo de 1,50 en el Reino Unido --puesto que el
caso de Francia no es comparable-- a un máximo del 2,80 en Italia,
estando España alrededor del 2 por ciento; por tanto, evoluciona en una
relación similar a la de los países de nuestro entorno. Además, la bajada
de dichas tasas de descuento ha sido producto en buena medida del aumento
de la competencia en el sistema financiero.
Por lo tanto, en conclusión, señor Senador, el Gobierno no entiende que
la evolución de los servicios que prestan los bancos esté evolucionando
en sentido contrario a la competencia, sino al contrario. Aunque
mantenemos a través del Banco de España una vigilancia constante en esta
cuestión, no vemos una relación directa entre el tipo de interés y las
comisiones que por servicios concretos cobran los bancos, sino aquella
que se refiere a los costes que están detrás de esos servicios concretos,
y ahí sí vemos actuar en España, como en el resto de los países de manera
creciente la competencia en el sistema financiero. En cualquier caso, a
través de los servicios del Banco de España se mantiene una vigilancia
constante para garantizar el juego de la competencia en el sistema
financiero.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Vicepresidente Segundo del
Gobierno.
El Senador Vidal i Perpiñá tiene la palabra.
El señor VIDAL I PERPIÑA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Vicepresidente, estoy de acuerdo con lo que me está diciendo en
cuanto a que un tema son comisiones y otro diferente los tipos de
interés. También me podría haber dicho que la libertad del mercado
financiero español existe, pero yo me cuestiono que si la liberalización
de las eléctricas, de las comunicaciones, de los hidrocarburos, de la
banca, puede representar una bajada de tarifas, por qué las tarjetas de
crédito no.
Usted también me ha dado unos datos referentes a Italia, concretamente,
comparados con España. En los datos que tengo estas comisiones oscilan
desde el 0,25 por ciento hasta el 6 por ciento. Y hay toda una serie de
empresas, de comercios que yo conozco y que tengo muy cerca que están
pagando hoy día este 6 por ciento, aunque sea de comisión.
También es cierto que el Banco de España es el órgano de tutela de la
banca. Pienso que esta autoridad monetaria es quien debería, en la medida
de sus posibilidades, que yo diría que son muchas, y en el marco de sus
funciones y competencias, elevar posiciones y voces al respecto, al igual
que ha hecho con la bajada de los tipos de interés en estos últimos tres
años para que fuesen trasladados al consumidor.
Por otro lado, nadie entiende que hoy tengamos unos tipos de un 4 por
ciento de interés aplicables al crédito y a las hipotecas, aunque
reconozco que debemos separar lo que son tipos de interés y comisiones...
El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, Senador Vidal.
El señor VIDAL I PERPIÑA: Termino, señor Presidente.
... y que se apliquen unas comisiones del 3,5 por ciento en la media.
Por último, solamente quiero poner un ejemplo muy ilustrativo. A
cualquier consumidor que efectúa una compra o servicio mediante tarjeta
de crédito, el banco o caja se lo cobra a los 30 días normalmente y lo
abona al día siguiente
a quien acepta la tarjeta. Por tanto, por un crédito de un mes representa
una comisión que puede ir del 0,25 por ciento al 6 por ciento y de media
el 3,5 por ciento --como he dicho anteriormente-- que multiplicado por
doce meses representa un 42 por ciento de interés anual; comparado con la
media europea 0,75 por 12, un 9 por ciento de media. Es una comisión, hoy
por hoy, no sé si decir abusiva, pero sí diré «molt alt». En cualquier
caso, el que está sufriendo las consecuencias es el pequeño o mediano
comercio.
Para terminar, deseo manifestar que debemos buscar una solución y que
considero que ésta puede estar en sus manos, y así se lo dejo dicho,
señor Vicepresidente Segundo del Gobierno.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Vidal.
INTERPELACIONES:
--DE DON JAIME LISSAVETZKY DIEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA,
SOBRE LA POLITICA GENERAL QUE, EN RELACION CON LAS UNIVERSIDADES
PRIVADAS, ESTA DESARROLLANDO EL MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA
(670/000078).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto segundo del orden del día:
Interpelaciones.
Interpelación de don Jaime Lissavetzky Díez, del Grupo Parlamentario
Socialista, sobre la política general que, en relación con las
universidades privadas, está desarrollando el Ministerio de Educación y
Cultura.
Tiene la palabra el Senador Lissavetzky Díez. (El señor Vicepresidente,
Rigol i Roig, ocupa la Presidencia.)
El señor LISSAVETZKY DIEZ: Señor Presidente, Senadoras y Senadores,
señora Ministra, en esta Cámara se ha tratado en diversas ocasiones,
tanto en el Pleno como en la Comisión de Educación y Cultura, la cuestión
de la Universidad. Hemos hablado de la situación en la que se encuentran
las universidades en nuestro país y hemos detectado una serie de
problemas que, a mi modo de ver, hasta el momento no están teniendo una
solución definitiva en la línea que estaba marcada. Pero en cualquier
caso, esa falta de modelo de política universitaria que creo que tiene el
Gobierno no va a ser objeto de esta interpelación. Quiero ceñirme
estrictamente a lo que son los centros privados de enseñanza superior en
nuestro país.
El que tenemos es un sistema mixto público-privado. El peso del sector de
la enseñanza universitaria del sector privado empieza a tener su
importancia: está entre el 5 o el 6 por ciento. Mueve 100.000 millones de
pesetas al año y afecta, aproximadamente, a unos 100.000 alumnos. El
Partido Socialista y el Grupo Parlamentario Socialista tienen un respeto
absoluto por las universidades privadas. Cuando se aprueba la Ley de
Reforma Universitaria es el Partido Socialista el que tiene la mayoría y
el que impulsa esta Ley. Por lo tanto, no se entienda que en mi
intervención hay crítica alguna al conjunto de lo que son las
universidades privadas, pero sí a lo que yo creo que está siendo una
actuación del Ministerio de Educación y Cultura inexistente en este campo
y que, como algunas veces he comentado a la señora Ministra, es
fundamental que se lidere por el Ministerio de Educación y Cultura para
evitar lo que a mi modo de ver está empezando a ser un desorden en el
sector privado de la enseñanza superior.
La Ley de Reforma Universitaria concibe la enseñanza superior como un
servicio público, y dado su carácter esencial y trascendente --cito
palabras textuales de esta Ley-- corresponde al Estado velar por la
existencia, mantenimiento y calidad de la Universidad, bien sea pública o
privada.
Creo que se están empezando a encender unas luces de alarma en el sector
privado de la enseñanza superior porque, a mi modo de ver, hay una serie
de casos, que pasan ya de ser una anécdota a convertirse en categoría,
que muestran bien a las claras o que pueden poner de manifiesto este caos
al que me refería y que tiene que ver posiblemente con la calidad de la
enseñanza, posiblemente con la libertad de cátedra y posiblemente con una
desigualdad de oportunidades en el acceso a las profesiones.
¿Realmente se asegura que las normas de organización y funcionamiento por
las que han de regirse las actividad y la autonomía de las universidades
son conformes con los principios constitucionales y respetan y garantizan
de forma plena y efectiva el principio de libertad académica que se
manifiesta en las libertades de cátedra, de investigación y de estudio,
según consta en el articulo 11 del Real Decreto del año 1991 que regula
estos aspectos? ¿Realmente cumplen todos los centros privados los
requisitos de mínimos aprobados? ¿Se realizan asiduamente inspecciones
que son necesarias para asegurar esa calidad de la enseñanza y el
cumplimiento de estos mínimos que, como dice también ese Real Decreto,
constituyen las condiciones básicas indispensables que deben garantizar
la calidad de la docencia y de la investigación universitaria?
Estas son preguntas a las que hay que contestar, y yo tengo mis dudas
respecto a que la respuesta sea afirmativa. Decía que había unas luces de
alarma, y voy a poner algunos ejemplos para mostrar la preocupación que
hay, no sólo en el sector privado --estamos refiriéndonos a muchos padres
de alumnos, pues se ha hablado de cerca de 100.000, que están en la
enseñanza privada--, sino también en la Universidad pública, porque
repito que yo creo que falta un modelo, falta que el Ministerio de
Educación y Cultura ponga un orden, y las transferencias de las
competencias a las universidades no eximen al Ministerio, y sobre todo a
un órgano que tiene una relación directa con él, como es el Consejo de
Universidades, de intentar aclarar este panorama.
Pongamos algunos ejemplos. Hablemos, primero, de titulaciones. Señora
Ministra, hay universidades privadas que ofrecen titulaciones en algunas
especialidades que tienen regulado el cupo de admisión de alumnos. Le voy
a
poner un ejemplo clarísimo de los centros públicos, el de enfermería.
Para estudiar enfermería es necesario que la nota de acceso sea bastante
alta o muy alta. Hay --no voy a citar nombres-- una universidad privada
aquí en Madrid que ha llegado a un acuerdo con el INSALUD, o sea, con el
Gobierno de la nación, con el Gobierno del Partido Popular, para que
aquellos que estén matriculados en esa universidad puedan hacer prácticas
de enfermería en un hospital público.
¿Sabe, señora Ministra, que ese acuerdo no ha sido conocido por la
Administración competente, que es la Comunidad de Madrid? ¿Sabe que el
INSALUD, el Ministerio de Sanidad, se ha sentado directamente a negociar
con esa universidad y ha firmado un convenio en el que no se han
contemplado todos los requisitos legales que se tenían que contemplar? El
resultado final, que es el que me preocupa a mí, es el siguiente: aquella
familia que pueda pagar 1.200.000 pesetas al año por un hijo para que
estudie en esta universidad privada sabe que podrá hacer las prácticas y,
por tanto, ejercer la enfermería. Aquella familia que no tenga esa
posibilidad económica y que acceda a la pública, o su hijo tiene una
media de acceso superior al 7,5 o no podrá estudiar enfermería. ¿Y sabe
lo que ocurre? Que si pagas 1.200.000 pesetas a la universidad para
matricularte en enfermería y esa universidad paga al INSALUD 140.000
pesetas por cada alumno, esto es un negocio redondo.
Y a mí no me parece mal que la gente gane dinero. Lo que no me parece
bien es que no se garantice la igualdad de acceso a una profesión en
función de que puedas estudiar en una universidad privada o no puedas
hacerlo. Evidentemente, son competencias del propio Consejo de
Universidades, que tiene que ordenar, coordinar, planificar, proponer y
asesorar en materia de enseñanza superior. ¿Y qué ha hecho el Consejo de
Universidades en este caso? El ejemplo puede ampliarse. Hablemos de
odontología. La nota es superior a 8. Con esta titulación ocurre
exactamente lo mismo. Hay universidades privadas donde aquellos que
tienen más posibilidades económicas pueden estudiar y obtener ese título
y, por el contrario, no hay una regulación o una programación, que es
obligación de las administraciones educativas.
Hemos tocado, por lo tanto, el primer aspecto, el tema de las
titulaciones y la garantía del derecho de acceso a una profesión.
Toquemos ahora el segundo, que tiene que ver con la libertad de cátedra,
con la libertad de enseñanza, con la libertad académica, con la libertad
de estudio, con la libertad de investigación. Una universidad privada,
por ejemplo, ha despedido indebidamente a varios profesores --y sobre
esto hay sentencia judicial-- porque no aprobaban un número suficiente de
alumnos. En unas áreas que quizás sean más complejas de estudiar resulta
que unos profesores no aprobaron al suficiente número de alumnos y fueron
echados, fueron puestos en la calle, porque en esa universidad no vendían
bien su producto. Se estaban comprando, de alguna manera, los aprobados y
aquellos alumnos que entraban allí sabían que si pagaban ese dinero iban
a obtener su titulación. Se les ha despedido, y no lo digo yo, lo dice la
sentencia judicial.
Puede decirse que esto, evidentemente, es un caso aislado, pero es que
hay alguno más. Tengo en mi poder algunas cartas enviadas a profesores de
otra universidad privada donde prácticamente se les dice lo mismo. No
creo que sea de recibo que en esta sociedad en la que estamos se pueda
permitir que esto suceda. A mi modo de ver, este servicio público de la
enseñanza superior tiene que tener ese marchamo de calidad. Y la calidad
pasa por suspender, si hay que hacerlo, a una serie de alumnos que no han
tenido el nivel suficiente para aprobar esa asignatura, puesto que porque
se pague dinero no deben ser aprobados. Y esto está ocurriendo en algunas
universidades privadas.
Hay un tercer aspecto que me preocupa quizás más y que tiene que ver muy
directamente con su Ministerio: la UNED, la Universidad Nacional de
Educación a Distancia. Según mis noticias hay una proliferación en la
adscripción de centros privados a la UNED, es decir, hay una adscripción
de centros presenciales a la UNED. Dicho de otra manera, hay centros
privados que pagan dinero a la UNED para que sus alumnos asistan allí y
obtengan el título de la UNED. ¿A través de qué órgano se produce la
adscripción de esos centros? ¿Qué sabe usted de esto? ¿A cuántos afecta?
¿Qué control hay? ¿Qué ha dicho el Consejo de universidades? Porque, si
tenemos una Universidad Nacional de Educación a Distancia que está
permitiendo --entre comillas-- la adscripción y proliferación de centros
privados que se adscriben a la misma sin cumplir una serie de requisitos,
estamos vendiendo un título público a aquellos que paguen ese dinero. Así
de claro y concreto. Quería que me aclarase este aspecto, que me parece
importante y que es competencia directa de su Ministerio.
Cuarto aspecto, los centros extranjeros, lo que se llama la franquicia
universitaria. Tenemos que hacer un esfuerzo en este país para no generar
falsas expectativas --y no digo engañar-- a los ciudadanos. Hay muchos
padres y madres de familia que deciden matricular a sus hijos e hijas en
unos centros con nombre extranjero que imparten aquí unas titulaciones.
¿Hay un control real de la calidad? ¿Qué hace el Ministerio de Educación
y Cultura para controlar esa calidad? ¿Qué informes existen del Consejo
de universidades para controlar esto? Porque según mis noticias se está
produciendo una enorme proliferación de estos centros; si una empresa
constituida en España llega a un acuerdo con una universidad, simplemente
con vender el nombre --entre comillas-- y hacer una publicidad consigue
que se matriculen muchos alumnos. Creo que en esta cuestión no existe
ningún tipo de control de calidad por parte de las autoridades
educativas.
El quinto aspecto es algo que también hemos comentado alguna vez en esta
Cámara: Las universidades que se han bautizado como las del obispo, y no
diría yo católicas porque no tiene que ver con la confesión sino con el
intento de sortear los requisitos mínimos legales necesarios para ser un
centro privado, acogerse a un acuerdo en concordato con la Santa Sede e
intentar instalar en determinadas poblaciones una universidad o centro
privado. Al respecto ya ha dictaminado el Consejo de Estado y no se
reconoce su capacidad legal hasta que pase por el Consejo de
universidades. Señora Ministra, al ir usted a Avila a poner
la primera piedra de una universidad de estas características no daba una
moral suficiente a la enseñanza pública superior. Usted es muy libre de
ir a donde quiera, pero al final usted ha ido a poner una piedra a una
universidad que está saltándose los requisitos del propio Ministerio de
Educación y Cultura, del que usted es la máxima responsable, para entrar
por la puerta de atrás agarrándose a unos acuerdos con la Santa Sede.
Señora Ministra, tenemos el ejemplo de Avila, en el que ha habido
inversión de dinero público, o el caso de Soria, donde al final los
sorianos han perdido una aportación de 30 millones de pesetas, que fue la
fianza que puso el Ayuntamiento de Soria para un centro que ni siquiera
ha empezado a funcionar porque no tuvo suficientes alumnos. En todo esto
hay una filosofía que subyace, y es que en el caso concreto de estos
centros o universidades desde lo público no debe financiarse el sector
privado.
Por lo tanto, creo que existe un panorama un poco preocupante, y no
quiero exagerar. Existe un panorama en el que me permitiría decir que hay
un cierto caos en el mapa universitario, y todos tenemos la obligación de
aclarar y eliminar este caos. Por eso le pido que actúe.
El artículo 27.8 de la Constitución habla de que los poderes públicos
inspeccionarán y homologarán el sistema educativo para garantizar el
cumplimiento de las leyes; el artículo 149 de la Constitución Española
habla de la competencia exclusiva del Estado, y en el apartado 30 del
citado artículo se regulan las condiciones de obtención, expedición y
homologación de títulos académicos y profesionales, así como las normas
básicas para el desarrollo de artículo 27. Además, el Título VIII de la
RLU o el Real Decreto de Universidades y Centros Universitarios hablan de
una programación de la enseñanza de nivel superior. Por todo ello y
porque el Consejo de universidades tiene competencia en la coordinación y
planificación y porque usted es la Ministra de Educación y Cultura, le
pido que actúe. Le pido que no perdamos tiempo, como se ha perdido, en su
falta de política universitaria en lo que a enseñanza universitaria
pública se refiere. Le pido que sea usted capaz de ir diseñando un
modelo, que entre todos seamos capaces de hacer un mapa universitario,
porque para nosotros la enseñanza es algo muy importante. La enseñanza
superior es un avance que ha habido en nuestro país y hay un número muy
importante de estos alumnos. Tenemos detrás a unas familias que, en
muchos casos, están pagando una cantidad alta de dinero para luego tener
unos hijos con unos títulos que, muchas veces, no están homologados. Hay
otras familias que no tienen ese dinero y sus hijos no pueden estudiar
enfermería u odontología, simplemente porque no hay esa igualdad de
oportunidades en el acceso para adquirir conocimientos y poder llevar a
cabo una profesión.
Usted tiene posibilidad de actuar; usted tiene que ejercer el liderazgo;
usted no puede permitir que haya 17 sistemas universitarios españoles
distintos; usted tiene ante sí la responsabilidad de tomar, si me permite
la frase, el toro por los cuernos.
Le dije en la interpelación de hace algunos meses que en política y,
sobre todo en la gestión, no era bueno funcionar por sobresaltos, que era
mejor funcionar por objetivos. Yo creo que en el tema de la enseñanza
privada superior usted sigue funcionando por sobresaltos. Por eso, señora
Ministra, le pido que reaccione. Le pido que haga un esfuerzo para poder
asegurar, controlar, la calidad de la enseñanza.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Senador Lissavetzky, termine.
El señor LISSAVETZKY DIEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Le pido que haga un esfuerzo, señora Ministra, para mantener el respeto a
la libertad de cátedra. Le pido, por lo tanto, señora Ministra, que, de
una vez por todas, diga cuál es su modelo, plantéelo claramente y, por
favor, lleve a la práctica lo que están pidiendo muchos alumnos y
alumnas, muchos profesores y profesoras de las universidades públicas y
privadas de nuestro país.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador
Lissavetzky Díez.
Tiene la palabra la señora Ministra de Educación y Cultura.
La señora MINISTRA DE EDUCACION Y CULTURA (Aguirre y Gil de Biedma):
Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, el Senador Lissavetzky quiere conocer cuál es la política del
Gobierno en relación con las universidades privadas. Senador, señorías,
esa política es bien sencilla, pues se ciñe al cumplimiento de la ley en
el ámbito de nuestras competencias y, como sabe su señoría, el ámbito de
competencia en materia de gestión y de inspección de universidades en
este momento no es muy amplio, queda ceñido al de la Universidad Nacional
de Educación a Distancia y la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.
La gestión del resto de las universidades de todo el territorio español
ha sido transferida a las Comunidades Autónomas.
Su señoría dice que no nos atenemos al estricto cumplimiento de las leyes
y reglamentos y que tendríamos que hacer más; yo quiero decirle que nos
estamos ciñendo estrictamente a ese cumplimiento. En primer lugar, al
artículo 27.6 de la Constitución que garantiza la libertad de creación de
centros docentes. Esa libertad de creación de centros docentes comprende
la libertad de creación de universidades y de centros docentes de
enseñanza superior de titularidad privada. Y esta creación ha de hacerse,
como ha dicho su señoría, en los términos establecidos en la vigente Ley
Orgánica 11/1983, la llamada Ley de Reforma Universitaria, concretamente,
ciñéndose a sus artículos 57 y 59. Esa norma y el decreto que la
desarrolla, que tiene carácter de norma básica, constituyen el marco
jurídico regulador de las universidades privadas, entendiendo como tales
aquellas cuya titularidad no la ostentan ni el Estado ni ninguna
Comunidad Autónoma.
De acuerdo con esas normas, el reconocimiento de universidades privadas,
así como la autorización para su posterior puesta en funcionamiento
corresponden a la Asamblea Legislativa y al Consejo de Gobierno. Por
tanto, el reconocimiento de dichas universidades no corresponde al
Ministerio de Educación y Cultura, sino a la Asamblea Legislativa de la
Comunidad Autónoma en cuyo territorio esté situada la universidad privada
de que se trate, y la puesta en funcionamiento al Consejo de Gobierno de
esa Comunidad Autónoma.
Además, señorías, a la hora del reconocimiento de las universidades
privadas compete a las Comunidades Autónomas tener en cuenta y valorar
las necesidades de programación general de la enseñanza en su nivel
superior, el desarrollo de las nuevas ramas surgidas del avance
científico, las necesidades de los distintos sectores profesionales, así
como la incidencia de las universidades en el entorno geográfico de
acuerdo con la normativa vigente.
Esas competencias de gestión que he señalado antes, como su señoría ha
dicho muy bien, habían sido ejercidas por el Gobierno en el territorio de
competencia del Ministerio de Educación y Cultura, pero en el momento en
el que ha finalizado el traspaso de competencias en materia de
universidades a las Comunidades Autónomas, lo que ha ocurrido en octubre
de 1996 con el último traspaso que se efectuó a la Comunidad Autónoma de
Baleares, no le compete al Gobierno, sino que la competencia en materia
universitaria es de las 17 Comunidades Autónomas.
El Gobierno mantiene --y su señoría tiene razón-- la competencia para la
homologación de los títulos expedidos por universidades privadas, de
acuerdo con las condiciones generales establecidas, previo informe del
Consejo de Universidades, tal y como dice el artículo 58 de la Ley de
Reforma Universitaria.
Por otra parte, sus señorías saben que la Ley de Reforma Universitaria
tiene una disposición adicional, la tercera, en virtud de la cual la
aplicación de la citada Ley a las universidades de la Iglesia Católica se
debe ajustar a lo dispuesto en los acuerdos entre el Estado español y la
Santa Sede, es decir, el Acuerdo sobre enseñanza y asuntos culturales, de
3 de enero de 1979, que actualmente está vigente.
En este Acuerdo, al tiempo que se aseguran los derechos adquiridos por
las universidades de la Iglesia establecidas en España al amparo del
Convenio anterior, al de 1962, sobre reconocimiento a efectos civiles de
los estudios de ciencias no eclesiásticas realizados en España en
universidades de la Iglesia --se refería evidentemente a las
preexistentes con anterioridad al año 1979--: la de Navarra, la de
Deusto, la de Comillas, en este Acuerdo, digo, se reconoce el derecho de
la Iglesia Católica a establecer universidades y otros centros
universitarios para la impartición de enseñanzas no eclesiásticas. En
este caso, por el hecho de la existencia de este Acuerdo de 1979, que así
lo reconoce, no es preciso que las universidades de la Iglesia, creadas a
partir de dicha fecha, las creadas después de 1979 --las denominadas
universidades católicas, que aunque su señoría no las quiere llamar así,
su creador que es la Iglesia Católica sí las ha querido denominar así--
tengan que ser reconocidas por ley singular, autonómica ni estatal.
Como había alguna duda respecto a esta interpretación, el Ministerio
pidió informe al Consejo de Estado, que deja claramente puesto de
manifiesto que para la creación de universidades de la Iglesia Católica
no es necesaria ni ley del Estado ni de la Comunidad Autónoma. Ahora
bien, lo que también dice el Consejo de Estado es que de ninguna manera
esas universidades pueden dejar de cumplir los requisitos establecidos
para el resto de universidades privadas. Por tanto, de lo único que se
les exime es de la creación mediante ley de la Comunidad Autónoma o ley
del Estado, pero no del cumplimiento estricto de todos los requisitos que
se exigen a las demás universidades, de acuerdo con la normativa vigente.
Por todo ello, yo creo que parece claro, señorías, que todas esas
universidades, las privadas y las de la Iglesia, no están al margen de la
ley, como parece que se quería decir, puesto que las universidades
católicas están obligadas básicamente al cumplimiento de los requisitos
del llamado Decreto de Mínimos, el Real Decreto 557/1991, y además ese
Decreto exige un trámite de verificación o comprobación de dicho
cumplimiento, con independencia de la homologación de los planes de
estudio y de los títulos.
Pues bien, esa verificación o esa comprobación tampoco entra dentro del
ámbito de competencias del Gobierno de la Nación. Le corresponde,
conforme al dictamen del Consejo de Estado, que por cierto es de fecha 16
de octubre de 1997, al igual que ocurre con las universidades privadas
que sean de titularidad distinta a las de la Iglesia, a la Comunidad
Autónoma en cuyo territorio se haya establecido la universidad de que se
trate. Y no cabe duda de que, antes de proceder a autorizar la puesta en
funcionamiento de cualquier universidad que ya se haya creado por ley o
al amparo del acuerdo con la Santa Sede, lo que hay que hacer es
comprobar el cumplimiento de los requisitos del Decreto 557/1991.
Lógicamente, y por darse a esas universidades de la Iglesia el
tratamiento propio de las universidades privadas, salvo en lo que se
refiere al reconocimiento por ley, no cabe duda de que al Gobierno
únicamente le compete la homologación de los títulos que expida, de
acuerdo con las condiciones generales establecidas, previo informe del
Consejo de Universidades, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 58.4
de la Ley de Reforma Universitaria.
Por tanto, cuando su señoría pregunta por qué no ejercemos las
inspecciones o cuando dice que se encienden luces de alarma, no puedo
sino contestarle, señoría, que me imagino que no querrá que interfiramos
en las competencias de las Comunidades Autónomas. Todas las leyes de las
Comunidades Autónomas por las que se han creado Universidades privadas
incluyen alguna disposición parecida a la que a continuación voy a
leerle, que, por cierto, puede servir para todas las demás. Dice así: A
los efectos previstos en el artículo 27.8 de la Constitución, la
Consejería competente en materia de Universidades inspeccionará el
cumplimiento por parte de la Universidad de las normas que le sean de
aplicación y el de las obligaciones que tenga asumidas.
Es decir, que tanto la inspección como la comprobación del cumplimiento
de los requisitos legales corresponden a la Consejería de la Comunidad
Autónoma, como su señoría no ignora, ya que, según parece, su señoría
mantuvo un debate en la Asamblea de Madrid precisamente en relación con
alguna Universidad que le preocupa dentro del territorio en el que su
señoría representa a los ciudadanos madrileños.
Por tanto, señoría, de todo lo anterior se desprende que, en tanto se
mantenga el actual marco jurídico relativo a Universidades privadas, la
única política posible a realizar por el Gobierno es la que se refiere a
la homologación general de los títulos. Y en cuanto al reconocimiento y a
la puesta en funcionamiento de las Universidades privadas se refiere,
éstos corresponden al ámbito de competencia de las respectivas
Comunidades Autónomas. A nosotros compete la homologación de los títulos
que esas Universidades expidan, de acuerdo con las condiciones generales
establecidas, y siempre, por supuesto, previo informe del Consejo de
Universidades.
Es decir, señoría, que lo que hace el Gobierno en relación con las
Universidades privadas, es limitarse al cumplimiento estricto de la
legalidad vigente y a respetar escrupulosamente las competencias que cada
una de las Comunidades Autónomas tiene desde el momento en que asumieron
los traspasos en materia de Universidades.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol y Roig): Muchas gracias, señora Ministra.
Senador Lissavetzky, si desea intervenir, tiene su señoría cinco minutos
para hacerlo.
El señor LISSAVETZKY DIEZ: Gracias, señor Presidente.
Vengo corriendo a la tribuna porque veo que ya ha empezado incluso a
funcionar el reloj que marca los fatídicos cinco minutos. Intentaré
aprovechar mi tiempo.
Señora Ministra, me he quedado como estaba. No me ha aclarado
absolutamente nada. No me ha contestado a aspectos que, ineludiblemente,
son competencia del Gobierno. ¿O es que la UNED no depende de usted?
Yo le he hecho una pregunta específica sobre lo que está ocurriendo ahora
mismo con la adscripción de centros privados directamente a la UNED, pero
su señoría no me ha contestado ni al control que se ha pasado ni a cómo
está la situación. Y le he hecho otra aclaración más concreta sobre este
mismo territorio.
En la Comunidad de Madrid se da la circunstancia de que tenemos
competencias en materia de enseñanza superior, pero no tenemos aún
transferida la sanidad. Pues bien, ha habido un acuerdo del Gobierno de
España, del Partido Popular, entre el INSALUD y una Universidad privada
para que se puedan realizar prácticas de enfermería, con lo cual se ha
generado un desequilibrio para aquellos alumnos que están en la enseñanza
pública y que quieren cursar, aunque con grandes dificultades, los
estudios para obtener esa titulación.
¿Qué pasa con esto? ¿Es que esto tampoco depende de su Ministerio? ¿Es
que esto no depende directamente del Gobierno? Su señoría no me ha
contestado a esto ni tampoco me ha dicho cuál es su modelo. Yo creo
sinceramente que, como Ministra de Educación y Cultura, usted tiene la
obligación de intentar liderar esta situación en el mapa universitario
español.
Hace varios meses yo le decía en una interpelación que si usted no tenía
competencias en Universidades, por qué motivo estaba entonces en el ojo
del huracán en aquellas reivindicaciones de los rectores de las
Universidades públicas. Pues eso se debía a que usted es la Ministra de
Educación y Cultura. Pero una cosa es la transferencia de las
competencias y de la gestión a las Comunidades Autónoma --con las que soy
absolutamente respetuoso--, y otra es que venga usted hoy a esta tribuna
a decirme que yo no soy respetuoso con las Comunidades Autónomas. Todo lo
contrario, señora Ministra. ¡Si precisamente me estoy quejando de que en
mi Comunidad Autónoma, en Madrid, el INSALUD-Gobierno central ha pasado
por encima de esta Comunidad Autónoma para llegar a un acuerdo con una
Universidad privada! ¡Pero si lo que yo le estoy pidiendo en este caso
concreto es que sea usted respetuosa con esas Comunidades Autónomas! Como
también le digo que hay base legal para que, puesto que existe un
organismo que se llama Consejo de Universidades --que tiene unas
funciones específicas de coordinación y planificación, y a través del
cual tiene que pasar una parte muy importante de la política
universitaria-- le dé usted a ese organismo, de una vez por todas, la
posibilidad de trabajar en la dirección que estamos necesitando todos.
Porque ese organismo se ha creado para que en él estén representadas las
Administraciones públicas y las autoridades académicas. Y el Consejo de
Universidades puede jugar un papel en ese sentido. Por tanto, tendría que
disponer de un estudio lo suficientemente claro del mapa universitario y
debería ir haciendo una diagnosis también de la situación de las
universidades privadas, porque en el Decreto de creación del Consejo de
Universidades así figura; porque en el Decreto 551 se habla de
universidades públicas y privadas como servicio público, y porque tiene
que existir una programación. Insisto, ese papel lo tiene que jugar el
Consejo de Universidades.
Creo que en política no vale el atenerse exclusivamente al aspecto
formal, burocrático, o reglamentista, sino que hay que afrontar los
problemas políticos desde la política. Y creo que usted tiene
competencias suficientes para generar un debate al respecto.
No quiero entrar en declaraciones. Pero, por ejemplo, Gustavo Villapalos,
Consejero de Educación del Partido Popular en la Comunidad de Madrid,
después del debate que mantuvimos en la Asamblea de Madrid ha dicho
claramente que debería haber una actuación legislativa en el supuesto de
que decidiéramos entre todos --o sólo en opinión de ustedes, que tienen
la mayoría-- reformar el Real Decreto 551, de mínimos. Esa es una
posibilidad que le compete a usted. Y si su señoría puede modificar ese
Real Decreto, hágalo si cree que eso es necesario; e incluso nos podemos
poner de acuerdo.
Por tanto, no traigo a esta Cámara un debate que pertenezca a otro
ámbito, y que ya he mantenido en la Asamblea
de Madrid con las universidades madrileñas. Lo que le pido, señora
Ministra, es que, de una vez por todas, sepamos cuál es su modelo, qué
pasa en la UNED, qué está pasando con todas esas universidades que, por
supuesto, sé que son universidades católicas --no tengo ningún
inconveniente en decirlo-- y que tienen el nombre de un obispo. Pero una
cosa son las universidades que ya estaban creadas, y otra, sin embargo,
las que creo que se han creado por la puerta falsa. Y eso no va a ser
positivo para las ciudades donde estén, ni para los alumnos que en ellas
se matriculen. Ya le han tirado --y perdón por la expresión-- una vez la
Memoria en el Consejo de Universidades, por lo que, evidentemente, hay
que hacer un esfuerzo para asegurar esos niveles de la calidad de la
enseñanza.
Señora Ministra, no estoy de acuerdo en absoluto --y veo que se me acaba
el tiempo-- con su falta de respuesta, una vez más, en esta Cámara.
Espero que ahora no me llame demagogo --como calificó a la Senadora
Arribas-- y que nos dé alguna respuesta clara en su siguiente
intervención. Si no es así, la acusación de demagogia se la vamos a tener
que aplicar a usted.
Gracias, señor Presidente. (Aplausos desde los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador
Lissavetzky.
En turno de portavoces, tiene la palabra el Senador Nieto Cicuéndez.
El señor NIETO CICUENDEZ: Gracias, señor Presidente.
Señora Ministra, efectivamente, hay una serie de preguntas que están sin
respuesta y existe un problema serio, que se corresponde con la filosofía
de ustedes --y que en el ámbito de la universidad se ve más claramente
que en otros sectores--, como es favorecer lo privado en detrimento de lo
público. Y hay muchas maneras de hacerlo.
Por ejemplo, su señoría tiene una serie de competencias --usted misma lo
ha dicho--, como la de homologar los títulos. Por tanto, también se
podría homologar la puntuación para el acceso de los estudiantes a las
universidades. Pero eso no se hace.
Por otro lado, si una universidad privada establece un concierto --como
el que se ha hecho en Madrid, citado por el Senador Lissavetzky-- con el
INSALUD para que los alumnos puedan hacer prácticas, mientras que los de
la universidad pública no pueden hacerlas, también se está favoreciendo
lo privado.
Pero, además, si la tendencia se dirige --si no se tiene la vigilancia
pertinente-- a convertir algunas universidades privadas, en las que se
paga, en una fábrica de expedición de títulos, indudablemente, se estará
favoreciendo a la universidad privada y obligando a que muchos padres
matriculen a sus alumnos en ella, porque la pública está más deteriorada.
Esos temas, que están sobre la mesa, y a los que usted no ha dado
respuesta, tienen poco o nada que ver con las transferencias a las
Comunidades Autónomas y con ser respetuosos con las mismas. Pero,
insisto, puede darse el caso de que alguna Comunidad Autónoma cree una
fábrica de expedición de títulos. Los profesores, que son mínimamente
exigentes con su trabajo, no aprueban a todos los alumnos y, como
consecuencia, ese tipo de universidad no expende los títulos
correspondientes, por lo que, lógicamente, también se atenta a la
libertad de cátedra como está ya empezando a suceder y, tal como ha dicho
el Senador Lissavetzky, hay sentencias al respecto.
En el caso de las universidades privadas, si su función es aprobar para
expender títulos y tener ingresos, no se beneficia a la universidad, ni a
la pública ni a la privada e incluso a los alumnos se les engaña. Creemos
que usted tiene la responsabilidad de intentar corregir estas cuestiones.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Nieto.
Por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos no se hace uso de la
palabra.
Por Convergència i Unió tiene la palabra el Senador Carrera.
El señor CARRERA I COMES: Gracias, señor Presidente.
Señora Ministra, estoy convencido de que a esta interpelación le seguirá
la moción correspondiente, lo que por tanto, nos va a permitir fijar con
más amplitud nuestra posición al respecto.
No obstante, no podíamos dejar pasar esta ocasión sin decir lo siguiente.
Creo que ha sido un debate interesante. Se ha hablado desde luces de
alarma con referencia a un cierto caos hasta un panorama preocupante. Se
preguntaba el Senador interpelante si se cumplen los requisitos con
referencia a las universidades privadas; se ha hablado de titulaciones
con casos concretos; una referencia clara a la UNED y a los centros
extranjeros, levantando, en este caso, falsas expectativas y pidiendo una
clara y adecuada política universitaria, decía el Senador, sin
sobresaltos.
La señora Ministra ha dado respuestas como, por ejemplo, que por parte
del Ministerio hay que ceñirse estrictamente a la normativa vigente; que
hay un tema claro de competencias; que las universidades de la Iglesia no
están al margen en absoluto de la Ley en el cumplimiento de los
requisitos y las obligaciones que les corresponden; también de cuestiones
de control y de inspección, así como de homologación de los títulos.
Por mi parte, quiero recordar que la Ley Orgánica 11/1983 de 25 de
agosto, de Reforma Universitaria, dedicó en exclusividad el Título XVII a
regular las universidades privadas y que el legislador se mostró
cauteloso en la regulación de las universidades promovidas por el titular
privado, quizá porque en aquel momento las necesidades de regulación se
centraban básicamente en garantizar la autonomía universitaria y también
porque posiblemente se consideró suficiente que el artículo 27.6
reconociera el derecho constitucional a la libertad de creación de
centros docentes, que comprende la libertad de creación de universidades
de titulación privada.
Desde la publicación de la Ley de Reforma Universitaria se han sucedido
una serie de circunstancias que es necesario considerar.
En primer lugar, la culminación de los traspasos en materia de
universidades a las Comunidades Autónomas, por lo que no es posible
dibujar un sistema de estricta configuración estatal, sino plural y
evolutivo, como corresponde al Estado de las Autonomías y, por tanto, no
se pueden buscar soluciones a la problemática universitaria actual en
este asunto sin contar de manera muy directa con las propias Comunidades
Autónomas. Son los distintos Parlamentos de las Comunidades Autónomas los
que se encuentran ante la problemática de reconocer las universidades
privadas en su propio territorio.
En segundo lugar, la evolución de las propias universidades y de los
centros universitarios hace que actualmente el sistema universitario sea
decididamente mixto, público-privado, y no podemos olvidar que el número
de universidades privadas ha crecido considerablemente en los últimos
años, aunque también debemos decir que aún no se ha abordado nunca en
profundidad cuál debe ser el papel de la oferta privada de enseñanza
superior, y especialmente de la universitaria.
Y tercero, la diversificación y coexistencia de una oferta de enseñanza
universitaria pública y una privada no puede ignorarse, sino que es
necesario coordinarla en la medida de lo posible, de manera tal que el
sistema salga reforzado y que, además, suponga claramente un estímulo
para alcanzar los niveles más altos de calidad y excelencia y puedan ser
competitivas respecto a las universidades de prestigio del mundo y,
especialmente, de la Unión Europea.
Y cuarto --y con esto termino-- no quisiera dejar de mencionar algo que
nosotros consideramos básico, como es el carácter complementario y no
sustitutorio de la oferta privada. En este sentido, la oferta privada
afecta sin duda a la programación pública y, por tanto, no tiene sentido
que la universidad privada no tenga que participar en una programación
general.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra el Senador Lissavetzky.
El señor LISSAVETZKY DIEZ: Gracias, señor Presidente.
Intervendré brevemente. Me quedo como estaba hasta el momento, porque la
señora Ministra no ha contestado todavía, aunque posteriormente
contestará, y se lo agradezco.
En el turno que me corresponde ahora simplemente quiero hacer una breve
reflexión. Yo creo que estamos ante un sistema público-privado, como un
gran sistema mixto, con un gran predominio del sector público. Los
socialistas no solamente creemos, sino que trabajamos y trabajaremos para
que el eje vertebrador fundamental siga siendo la parte pública de ese
sistema, pero respetamos que haya sector privado.
Hay un sociólogo, Albert Hirschmann, que escribió un libro titulado
«Retóricas de la intransigencia», en el que se habla de una teoría de la
perversidad, y viene a contraponer lo que pueden ser modelos liberales
con modelos socialdemócratas. En cualquier caso, hace una referencia
concreta a lo que debe ser la actuación de los poderes públicos. Y cuando
se refiere a los sistemas mixtos, dice que una parte, entre comillas,
puede perversamente contaminar a la otra, y yo creo que en este caso, si
no se despeja el cierto caos que hay, podemos caer en esa situación.
Repito que el respeto a las universidades privadas es absoluto, pero no
es menos cierto que los poderes públicos no se pueden inhibir. Aclarar a
toda la población cuál es la calidad de esas enseñanzas, si realmente
esos títulos están reconocidos, si realmente el Consejo de Universidades
sirve para algo, y permitir que ese sistema mixto público-privado siga
funcionando, tiene que ser, a mi modo de ver, un objetivo claro y clave
del Gobierno. Creo que hasta el momento no ha habido respuestas en esa
dirección.
Para nosotros la enseñanza no puede convertirse en una mercancía. La
enseñanza es un derecho. Para los socialistas los alumnos no son
exclusivamente clientes o usuarios, sino alumnos que se van a formar
allí, ni los profesores son exclusivamente vendedores de conocimientos,
sino formadores. Por lo tanto, señora Ministra, desde la concepción que
tenemos los socialistas de lo que ha de ser la enseñanza pública y
también la enseñanza superior como servicio público, creemos que es
necesario que haya una serie de actuaciones que permitan dar moral a la
universidad pública. No lo digo yo, sino los rectores de muchas
universidades. Hay una preocupación en el sistema público de enseñanza
superior por cómo va evolucionando el sistema privado, hay una
preocupación de que no se consigan esos mínimos de calidad, de que no
haya esa libertad de cátedra, de que, en definitiva, no se garantice la
igualdad de oportunidades al acceso de las profesiones. Esa es la
realidad ahora mismo del sistema de la enseñanza superior. Y no quiero ni
exagerar ni alarmar. Lo que es absolutamente cierto es que usted, señora
Ministra, tiene una responsabilidad y a mi modo de ver está, en este
sentido --y perdóneme la expresión-- perdiendo el tiempo, porque no toma
medidas, porque no se toma en serio un órgano como el Consejo de
Universidades y nosotros, desde la oposición, intentamos, desde la
protesta por esta falta de actuación y también desde la propuesta en la
moción que presentaremos, solucionar un problema que creo que nos afecta
a todos.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador
Lissavetzky.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Barahona.
El señor BARAHONA HORTELANO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, tomo la palabra, en representación del Grupo Parlamentario
Popular, para expresar nuestra opinión acerca de la interpelación que se
ha presentado en esta Cámara por parte del Senador Lissavetzky.
Quiero adelantar nuestra lógica posición de apoyo e identificación plena
con la intervención de la señora Ministra, que refleja la política del
Gobierno en una cuestión tan importante como es la que se refiere al
artículo 27 de la Constitución, incluido en el Título I, que --como sus
señorías saben-- contiene el núcleo esencial sobre los derechos
fundamentales y las libertades públicas, aspecto esencial en una
democracia avanzada.
Si bien es cierto que en España, en los niveles no universitarios de la
enseñanza, han venido coexistiendo centros públicos y centros privados,
no es ésa, precisamente, la historia de la universidad española, que
tradicionalmente ha gravitado sobre las instituciones públicas. Sin
embargo, es justo señalar el alto nivel de calidad de las muy escasas
universidades privadas establecidas en España antes de la década de los
noventa. Citemos a modo de ejemplo las universidades de Deusto, la
Pontificia de Comillas o la Pontificia de Salamanca.
La acusada masificación de la universidad pública --actualmente se cifra
en torno a 1.570.000 el número de estudiantes universitarios-- y la
tendencia progresiva hacia un modelo de universidad localista, enfocada
en muchos casos a satisfacer una demanda de titulaciones extensa y poco
exigente, han propiciado que correlativamente se utilice, sobre la base
del derecho derivado de la libertad constitucional de enseñanza, a la
universidad privada como una opción social. Si proliferan las
universidades privadas, aparte del marco legal que posibilita su
creación, no cabe duda de que se debe a una alternativa legítima que
tienen los ciudadanos. ¿Por qué puede suceder esto, señor Lissavetzky?
¿No podríamos encontrar el origen en algunas disfunciones y frustraciones
de la universidad pública española? No nos engañemos, unos planes de
estudios frustrantes, de los que ustedes hicieron gala como bandera de la
renovación académica en su momento, o una esterilizante endogamia o un
manifiesto carácter asambleario de los claustros universitarios, en los
que en muchos casos la lucha política partidista ha ido en detrimento de
la calidad científica y académica, o un Consejo de Universidades
desequilibrado en su configuración y otros numerosos problemas tienen su
origen y su raíz en la Ley de Reforma Universitaria, de cuya autoría
pueden sentirse plenamente protagonistas, aunque ya un poco menos
orgullosos que en los años ochenta.
Pero no entremos en el debate de universidad pública versus universidad
privada, cuestión pasada de moda en una sociedad avanzada, sino en la
consideración de la universidad española en su conjunto y de sus
calidades y rendimientos académicos y científicos, que son los que van a
determinar la competitividad de los futuros profesionales de nuestro
país.
El señor Lissavetzky ha presentado una prolija lista de problemas en la
que se han mezclado problemas supuestos de universidades privadas con
universidades públicas, como es el caso de la UNED. En primer lugar, no
se puede hacer una utilización demagógica de la igualdad de
oportunidades; tampoco es oportuno entrometerse en problemas
empresariales privados y, por supuesto, yo le diría al señor Lissabetzky
que el colmo del intervencionismo sería ir más allá de los requisitos
legales, porque eso sería entrar en la discrecionalidad y, por tanto, en
la arbitrariedad. En este sentido, el Gobierno y los poderes públicos
apuestan decididamente por una universidad pública de calidad, sin
escatimar ningún esfuerzo. No olvidemos el importante número de
universidades públicas que existen en España: 48; hay una Universidad por
cada 700.000 habitantes aproximadamente, es la relación mayor de Europa,
con una distribución geográfica tal que no existe provincia sin centro
universitario.
El progreso humano es incorporación y, en ningún caso, exclusión. Hay un
marco legal al que se ha referido la señora Ministra, compuesto por dos
bloques normativos...
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Senador Barahona, termine.
El señor BARAHONA HORTELANO: Termino en seguida, señor Presidente.
Y advertimos en el Senador Lissavetzky una preocupación obsesiva,
reiterativa y, yo diría que, casi compulsiva por una universidad que, en
alguna medida, es el resultado de su apuesta ideológica, y le recuerdo
que no es conveniente aplicar apriorísticamente prejuicios doctrinales y
fundamentalistas.
Apostamos por una universidad española de calidad científica, en la que
prime la excelencia, para que pueda ser competitiva. Una institución
antigua --que no vieja-- varias veces centenaria, en la que en su origen
no influyeron los estados, tiene garantizado su futuro porque el saber y
la ciencia se fundamentan en la naturaleza humana.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra la señora Ministra.
La señora MINISTRA DE EDUCACION Y CULTURA (Aguirre y Gil de Biedma):
Muchas gracias, señor Presidente.
En primer lugar, quiero agradecer al Senador Carrera y al Senador
Barahona sus intervenciones porque creo que reconocen que el Ministerio
de Educación y Cultura está actuando en el ámbito de sus competencias.
Solamente quiero hacer una matización al Senador Carrera en el sentido de
que las Asambleas o los Parlamentos de las Comunidades Autónomas no son
lo que reconocen las universidades sino que son los que las crean. Es
necesaria la creación por ley de esas universidades y, luego, el
reconocimiento le corresponde al Gobierno autónomo.
Al señor Lissabetzky --que dice que no le contesto-- no le he respondido
porque el señor Presidente no me ha dado la palabra, probablemente porque
no me ha visto cuando se la he pedido, pero voy a contestar a todas y
cada una de sus cuestiones, aunque yo creo que este trámite es de
política general del Gobierno y no de preguntas que, como es lógico,
tiene en esta Cámara su propio trámite, al que acabamos de asistir.
En primer lugar, el señor Lissabetzky dice que no me escabulla del asunto
de la UNED porque ésa sí es competencia del Ministerio. Señoría, el
rector de la UNED no ha firmado ninguna adscripción de centros privados
de turismo, lo que ha firmado es un protocolo de intenciones con ANESTUR
(Asociación Nacional de Escuelas de Turismo) y, conforme al mismo, la
UNED va a inspeccionar ahora todas las escuelas privadas que pretenden
ser centros adscritos a la UNED, para ver si reúnen los requisitos
mínimos y, en el caso de que los reúnan y les sea aprobado, formalizará
los convenios de adscripción pero, en este momento, no hay firmado ningún
convenio. Por tanto, su señoría no está bien informado en este caso.
El segundo asunto sobre el que me pregunta es por qué el INSALUD firma
convenios con una universidad privada para que los estudiantes de dicha
universidad puedan hacer prácticas de enfermería en los hospitales
públicos. Su señoría, sin duda, no recuerda o desconoce que el Real
Decreto 1558/1986 --es decir, promulgado en la época del Gobierno
socialista-- sobre Régimen de Conciertos, permite a las universidades
privadas concertar con las instituciones sanitarias.
En su segunda intervención, al Senador Lissabetzky ya no le preocupaba
--como no me preocupa a mí-- que los estudiantes de una universidad
privada hagan prácticas de enfermería en un hospital público; a todos nos
parece bien; lo que le preocupaba es que no se hubiera dado cuenta de
semejante cuestión a la Comunidad Autónoma correspondiente, en este caso
a la de Madrid. Pues bien, el Director Provincial del INSALUD dice que
consta la autorización por escrito de la Comunidad Autónoma de Madrid.
Por tanto, el Senador Lissabetzky tampoco está bien informado en esta
cuestión. (El senador Lissabetzky Díez pronuncia palabras que no se
perciben.) Consta la autorización escrita de la Comunidad Autónoma de
Madrid.
Por tanto, se hacen prácticas en los hospitales porque lo prevé el
decreto correspondiente y, además, se ha contado con la autorización de
la Comunidad Autónoma correspondiente.
En lo relativo a si se respeta o no la libertad de cátedra en las
universidades privadas, como sabe su señoría ha habido unos despidos y,
por parte de los despedidos se ha alegado que se había atentado contra su
libertad de cátedra ya que, en realidad, el motivo del despido era que no
habían aprobado suficientes alumnos. Yo creo que esta Cámara, su señoría
y yo no somos quienes tenemos que determinar sobre esta cuestión que, por
cierto, está en los tribunales que, en primera instancia, han fallado a
favor de los despedidos, de los reclamantes. Esta sentencia está
recurrida y si realmente esos despidos obedecen a la causa que dice su
señoría, o no, es una cuestión que tendrán que determinar los tribunales.
En cuanto a las universidades de la Iglesia, creo que ha quedado
meridianamente claro que, de acuerdo con el dictamen del Consejo de
Estado y el Acuerdo con la Santa Sede, para la creación de universidades
privadas no se requiere una ley --su señoría estará de acuerdo conmigo--,
pero sí para el reconocimiento de esas titulaciones --no ya para la
homologación a nivel nacional--, es decir, para que sean reconocidas esas
titulaciones se requiere el cumplimiento del Decreto de mínimos.
Dice su señoría que si queremos cambiar el Decreto de mínimos podemos
incluso llegar a un acuerdo. Pues bien, tengo que decirle que en el seno
del Consejo de Universidades ya se ha constituido una Comisión que
estudia la viabilidad y oportunidad de cambiar ese Decreto de mínimos y,
en el momento en que eso sea así se hará, no a petición del Ministerio,
sino a petición de las propias universidades. El Consejo de Universidades
lo está estudiando, y no es un órgano, como ha dicho su señoría, que
dependa del Ministerio, es un organismo autónomo cuya mayoría --más que
absoluta abrumadora-- está formada por los rectores de las universidades
españolas. Al Gobierno le representan cinco miembros, como otros cinco
representan al Congreso y al Senado, pero a los rectores de las
universidades españolas, que están todos allí presentes, les corresponden
los más de 50 puestos pertenecientes a las universidades que hay, más los
17 Consejeros de las Comunidades Autónomas. Por lo tanto, no es un órgano
del que se pueda predicar que el Gobierno tiene mayoría.
Dice su señoría que en Soria ha habido unas pérdidas. Quiero decir a su
señoría, por si no lo sabe, que Soria tiene en este momento un instituto
universitario adscrito a la Universidad de Salamanca que está funcionando
con toda normalidad y que está justamente en la sede de la Fundación
Duques de Soria, y escolariza a unos alumnos con todo rigor y toda
garantía de calidad.
Finalmente, tengo que decirle a su señoría que por supuesto que tengo una
responsabilidad, y muy importante: la de liderar la política
universitaria, y es lo que estoy haciendo. Pero una cosa es liderar la
política universitaria y otra entrometerse en la gestión de las
Comunidades Autónomas. A usted, señoría, cuando era Consejero de
Educación tampoco le habría gustado que el Ministerio se entremetiese en
su gestión. Nosotros hacemos aquello que la ley otorga como competencias
al Ministerio de Educación y Cultura, pero ni somos los llamados a
inspeccionar las universidades privadas --con excepción de las dos cuya
gestión nos compete--, ni somos los llamados a entremeternos en la
gestión ni de los Parlamentos ni de los gobiernos de las Comunidades
Autónomas.
Gracias, señor Presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señora Ministra.
-- DE DON JOSE ANTONIO GALLEGO LOPEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA, SOBRE LA SITUACION ACTUAL DEL PLAN NACIONAL DE REGADIOS, CON
INDICACION DE LOS PLAZOS PREVISTOS PARA SU PRESENTACION ANTE LAS CORTES
GENERALES (670/000079).
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): La siguiente interpelación la
formula el Senador don José Antonio Gallego López, del Grupo
Parlamentario Socialista,
sobre la situación actual del Plan Nacional de Regadíos, con indicación
de los plazos previstos para su presentación en las Cortes.
Tiene la palabra el Senador Gallego López.
El señor GALLEGO LOPEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, señora Ministra, cuando presentamos esta interpelación nos
basábamos concretamente en una pregunta que yo mismo había formulado en
la Comisión de Obras Públicas a la señora Ministra el 27 de diciembre,
prácticamente en el mismo sentido de la interpelación, es decir, en qué
situación se encontraba la elaboración del Plan Nacional de Regadíos. La
señora Ministra me contestaba, entre otras cosas, diciendo que se iban a
iniciar los debates sobre esta cuestión en los próximos meses, y señalaba
--entre comillas--: concretamente antes de Semana Santa, es decir, a
finales de enero o en el mes de febrero, teniendo en cuenta lo que dice
el propio mandato, es decir, la incidencia de la política agrícola común.
Nos encontramos en la semana anterior a Semana Santa y las únicas
noticias que tenemos respecto al Plan Nacional de Regadíos y a la
política hidráulica en general fue la reunión de ayer de la Permanente
del Consejo Nacional del Agua, donde se trataron los Planes de cuenca, y
concretamente los representantes del Ministerio de Agricultura votaron
negativamente a la aprobación de los mismos.
La señora Ministra tiene esta mañana la oportunidad de decirnos con qué
mandato iban los representantes del Ministerio de Agricultura, o sea, el
Consejo Nacional del Agua, y cuál es la situación en la que queda el
Ministerio de Agricultura, concretamente los estudios y avances que se
están realizando en el Plan Nacional de Regadíos con respecto a la
decisión de ayer del Consejo Nacional de Agua, que será llevada más tarde
al plenario de ese mismo Consejo.
Existe --se lo decía entonces-- una gran zozobra en algunos sectores,
sobre todo, de la España seca, por conocer con qué disponibilidades de
agua contará la agricultura durante los próximos años, porque, aunque
está lloviendo --y eso es lo que está salvando a las políticas agrícola e
hidráulica del Gobierno del Partido Popular--, no siempre será así,
puesto que, como sabemos, los períodos de lluvia son cíclicos y las
sequías siempre amenazan al territorio español.
Las declaraciones que ayer hacía el Secretario de Estado de Aguas, no
partidario de la planificación hidrológica en general, respecto a lo que
se aprobó en la permanente del Consejo Nacional, inmiscuyéndose también
en temas referentes al Plan Nacional de Regadíos, nos intranquilizan aún
más. El señor Blanco decía --y son declaraciones entrecomilladas-- que
«el Plan Hidrológico Nacional y el Plan de Regadíos son dos ámbitos que
no se solapan y que la reflexión que se ha llevado a cabo en el
Ministerio de Agricultura ha acotado claramente los planes de cuenca y ha
diferido la presentación del Plan Nacional de Regadíos». Una
intranquilidad más.
Recuerdo --recordamos todos-- cuando la señora Ministra, entonces
Diputada y portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Comisión de
Agricultura del Congreso de los Diputados, defendía ardorosamente la
planificación de regadíos como elemento imprescindible en la confección
del Plan Hidrológico Nacional. Lo dije en Comisión y se lo repito ahora,
porque ya en 1994 los socialistas teníamos la impresión de que era una
maniobra para dilatar el debate y la aprobación del Plan Hidrológico
Nacional, así como la presentación de aquel acuerdo para que se hiciera
una planificación de regadíos antes que el Plan Hidrológico Nacional, y
así ha sido. Porque aunque había agricultores que creyeron que cuando
usted llegara al Ministerio de Agricultura cumpliría rapidísimamente lo
que con tanto ardor había defendido en el Congreso de los Diputados,
comprobaron, por el contrario, que usted llegaba con la goma de borrar
todo lo que se había hecho en el campo de planificación de regadíos antes
de que llegara el Partido Popular al Gobierno, y quiso empezar de cero.
En su comparecencia de 18 de junio de 1996, poco después de tomar
posesión de su actual cargo, ante la Comisión de Obras Públicas del
Senado usted descalificaba y desautorizaba aquel avance del Plan Nacional
de Regadíos que había aprobado el Gobierno socialista durante los últimos
meses de su mandato, diciendo que sólo por motivos coyunturales,
electorales, aquello que era un simple documento de trabajo se había
elevado a Plan Nacional de Regadíos. Usted quiso empezar de cero. ¿Se
imagina, señora Ministra, si en todos los ámbitos de gobierno y de la
economía española se hubiera partido de cero? Posiblemente no estaríamos
en el euro. En economía sí se reafirmaron los pasos que desde 1994 se
habían dado, los esfuerzos presupuestarios que los Ministros socialistas,
sobre todo, el señor Solbes, habían hecho para llegar donde estamos. Sin
embargo, en regadíos usted prefirió empezar de cero y, así, estamos donde
estamos, es decir, no sabemos dónde, porque Agricultura va por un lado,
Medio Ambiente va por otro, al Secretario de Estado se le llena la boca
diciendo que no cree en la planificación hidrológica y los plazos se van
incumpliendo.
Sin embargo, es obvia la importancia de los regadíos en España como
factor básico en la agricultura, ya que representan el 60 por ciento de
la producción final agraria, suponen un 13 por ciento de la superficie
total cultivada, ofrecen más de 600.000 empleos, que una hectárea de
regadío es siete veces más productiva que una hectárea de secano, y que
el regadío es productor también de materia prima para la agroindustria.
Hay que recordar también que históricamente cuando se ha hablado de
reformas agrarias, aparte del tema de la propiedad de la tierra, siempre
se ha tenido a los regadíos como punto de apoyo en lo que era el
desarrollo agrario, la riqueza agraria en España. Sin embargo, la
agricultura española ahora mismo no tiene dificultades porque está
lloviendo, y eso parece que exime al Gobierno de planificar, de hacer una
política agraria concreta.
El instrumento de la planificación dentro de los principios de
colaboración entre administraciones y de coordinación entre todos los
agentes que intervienen en el sector es muy importante, por eso urge un
plan nacional de regadíos. Creemos que ustedes están perdiendo el tiempo
frente a
aquellos ímpetus que tenían en la oposición respecto a una política de
aguas y regadíos criticando lo que hacía el Gobierno Socialista. Lo que
estaba haciendo el Gobierno Socialista tenía una virtud, que era la
valentía de elaborar un anteproyecto de plan hidrológico nacional, la
valentía de elaborar y aprobar un avance de plan nacional de regadíos que
iba solucionando los problemas tradicionales de España.
Nos encontramos ahora mismo donde nos encontramos. En los meses previos a
la reunión de ayer del Consejo Nacional del Agua vemos las declaraciones
de representantes del Ministerio de Agricultura que dicen que habría que
devolver los planes de cuenca a los organismos correspondientes porque no
salían ni el número de hectáreas que era sensato que pudieran abordarse
dentro del desarrollo rural de España, del sistema agroalimentario,
dentro de lo que es un plan nacional de regadíos, ni había metros cúbicos
de agua suficientes para atender a esos regadíos.
Es cierto que se aprobó una moción en este Senado, por cierto, con el
voto en contra del Grupo Parlamentario Socialista, aunque a la señora
Ministra de Medio Ambiente y al Secretario de Estado de Aguas se les
llena la boca diciendo que se aprobó por unanimidad, y no fue así.
Nosotros nos opusimos a que fueran antes los planes de cuenca que el Plan
Hidrológico Nacional, porque sabíamos a dónde íbamos, es decir, a un
callejón sin salida --como estamos ahora--, y sabíamos que, puesto que
los planes de cuenca no tienen una visión de conjunto, en cada territorio
se pediría el máximo de nuevas hectáreas de regadíos, el máximo de metros
cúbicos de agua. De hecho, no hay ninguna cuenca que sea excedentaria y
algunas cuencas que son claramente deficitarias no sabemos cómo van a
tener agua suficiente.
Estamos, por lo tanto, en ese «impasse», en ese callejón sin salida,
porque el camino adecuado en la planificación hidrológica y en la
planificación de regadíos no es ir cuenca a cuenca, ir convenio a
convenio, ir poniendo parches para intentar después tener una visión de
conjunto. Al contrario. Sin embargo, cuando el Gobierno del Partido
Popular llega al poder no tiene en cuenta otras iniciativas
parlamentarias que hay, tanto en el Congreso como en el Senado, como una
ley de bases para la elaboración de la política hidráulica; tampoco tiene
en cuenta la realización de un inventario de la cantidad de pozos
ilegales que hay en España para ver el agua disponible; iniciativas que
son positivas en pro de una planificación hidrológica y de una
planificación de regadíos no se hacen. Llevamos dos años de gobierno del
Partido Popular sin hacer prácticamente nada en regadíos, prácticamente
nada en política hidráulica.
Nosotros le preguntamos, ¿qué van a hacer ustedes en este momento cuando
está claro el enfrentamiento existente entre Agricultura y Medio
Ambiente? De hecho, su compañera de gabinete ha forzado en la permanente
del Consejo Nacional del Agua la aprobación de los planes de cuenca. ¿Qué
tiene que decir la Ministra de Agricultura en esto?
La señora Ministra de Medio Ambiente sigue firmando convenios bilaterales
con Comunidades Autónomas, sobre aguas, sobre infraestructuras
hidráulicas, también sobre regadíos. ¿Tiene algo que decir el Ministerio
de Agricultura?
Desde el Ministerio de Medio Ambiente se están creando sociedades de
aguas en Aragón, ahora ha propuesto en el Júcar, incluso en el Segura.
¿Ha intervenido la Ministra de Agricultura en esas propuestas de creación
de esas empresas de agua?
En el tema de regadíos y en lo que se refiere al agua no sabemos, en
realidad, dónde está ahora el Ministerio de Agricultura. Sí sabemos dónde
está el Ministerio de Medio Ambiente. Sabemos que está perdido, que está
parcheando, que está dejando que pase el tiempo porque, por suerte, sigue
lloviendo.
Dentro de ese contexto, señora Ministra, es en el que les interpelamos a
ustedes. Queremos preguntar a la señora Ministra, y a través de usted al
Gobierno del señor Aznar, en qué situación se encuentra el Plan Nacional
de Regadíos, y para el Grupo Parlamentario Socialista esto quiere decir
qué criterios y qué objetivos tiene el Gobierno del Partido Popular para
la mejora, modernización, consolidación de los regadíos existentes, así
como qué criterios tiene respecto a reestructuraciones o reconversiones
de regadíos tradicionales. Hay una inquietud porque se ha detenido el
ritmo de inversión en la modernización de regadíos. Los regantes y
nosotros queremos conocer las intenciones del Gobierno del Partido
Popular respecto a las hectáreas declaradas en su día como de interés
nacional, y si hay ahora otras prioridades o nuevas zonas o más
hectáreas. Hay desasosiego entre los usuarios de aguas de riego porque
tampoco conocen los criterios que aplicará el Gobierno en lo que
podríamos llamar el régimen económico-financiero estable del agua para
riego. Hay por ahí una Directiva europea, la 97/0067, que no se sabe cómo
va a repercutir en los precios del agua de regadío.
La reforma de la Ley de Aguas, que también se informó ayer favorablemente
con algunos votos en contra, va en el sentido de posibilitar ese mercado
del agua al cual nos oponemos nosotros los socialistas, porque hemos
recogido las inquietudes de los verdaderos usuarios del agua, no de los
«aguatenientes». Por eso habría que preguntarse --y un plan nacional de
regadíos tiene que resolverlo-- qué tarifas puede aportar el agua de
riego. ¿Deben incluir las tarifas el precio del agua misma, que es otra
cuestión pendiente? ¿Tiene el Gobierno un modelo de tarifa para el agua
de regadío? Todo eso debe contemplar una planificación hidrológica que
tenga en cuenta las competencias de las Comunidades Autónomas en
agricultura, que tenga en cuenta a los usuarios del agua.
Nos falta conocer si el Ministerio ha mantenido contactos con las
comunidades de regantes, con las organizaciones agrarias, con los
sindicatos, si ha habido contactos con las organizaciones ecologistas.
Es necesario, pues, señora Ministra, después de dos años de gobierno y en
la situación de callejón sin salida en la que se encuentra la política
hidráulica del Gobierno del Partido Popular, un calendario de actuaciones
que desemboquen en la presentación, para su debate, del Plan Nacional de
Regadíos, teniendo en cuenta todos los sectores. Le ofrecemos aquello que
ofrecía el portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en la Comisión de Agricultura, en la pasada legislatura, cuando
se presentó el avance del Plan Nacional de Regadíos: ofrecemos consenso,
ofrecemos participación de todos. En aquella intervención del Grupo
Parlamentario Popular se veían los aspectos positivos de aquel avance del
Plan Nacional de Regadíos. No empiecen de cero, eviten los
enfrentamientos entre los ministerios de Medio Ambiente y Agricultura, y
avancemos hacia lo que debe ser la política de regadíos que necesita
España: una política de regadíos que no sabemos si tiene el Partido
Popular.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Gallego
López.
Tiene la palabra la señora Ministra.
La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (De Palacio del
Valle-Lersundi): Gracias, señor Presidente.
En primer lugar, deseo agradecer al Senador Gallego la oportunidad que me
da de exponer ante la Cámara una cuestión que considero de la máxima
trascendencia como es la del Plan Nacional de Regadíos.
Señoría, coincido plenamente con usted en la importancia del Plan
Nacional de Regadíos. Fíjese si coincido, que la petición de ese Plan al
Gobierno, en el año 1994, se deduce de una moción consecuencia de
interpelación propuesta por el Grupo Parlamentario Popular, y en ese
momento a mí me cabía el honor de ser su portavoz en aquel debate. Quiero
decir con ello que coincido plenamente con su señoría, porque considero
que es un instrumento básico a la hora de hacer la planificación
hidrológica, planificación que, si está bien hecha, es un buen
instrumento para la gestión de la política del agua. Se puede hacer
política del agua sin disponer de esa planificación hidrológica, y la
prueba es que, durante todos estos años, se ha hecho política del agua,
pero, en mi opinión, es indudable que si hay una buena planificación
hidrológica, ésta es un magnífico instrumento a la hora de gestionar
adecuadamente el agua.
Le voy a decir una cosa más, pues es muy sencillo responder a lo que le
preocupa a su señoría, el artículo 38.4 de la Ley de Aguas dice
exactamente: «Los planes hidrológicos de cuenca se elaborarán en
coordinación con las diferentes planificaciones que le afecten». Lo único
que plantearon ayer los representantes del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación es que hay una planificación que afecta a los planes
de cuenca, cuyo informe se estaba debatiendo ayer en la Permanente: la
planificación de regadíos.
Señoría, quiero decirle que nosotros planteábamos, aunque nuestros
planteamientos son francamente mejorables, pese a que a su señoría le
parezca que no lo son, que la legalidad actual es el horizonte 2005. El
Plan Nacional de Regadíos tiene como horizonte el 2005. Lo único que
queríamos es que el horizonte 2005 se recogiera y se incorporara dentro
de los planes de cuenca, conforme a la Ley de Aguas, artículo 38.4. No
hay otro problema ni otra cuestión que tratar al respecto.
Señoría, voy a entrar ya en el contenido de la interpelación. Considero
que el Plan Nacional de Regadíos es básico para realizar una adecuada
planificación hidrológica. El 80 por ciento del consumo de agua
corresponde en España --no en otros países-- al sector agrario. El
Congreso de los Diputados aprobó el 22 de marzo de 1994 que se remitiera,
junto con el Plan Hidrológico Nacional, un Plan Agrario de Regadíos donde
se contemplara con precisión la superficie de los nuevos regadíos, la
superficie de los regadíos actuales a mejorar, el consumo y ahorro de
agua, los cultivos a establecer en concordancia con la reforma de la PAC,
los acuerdos del GATT, los correspondientes estudios de rentabilidad y
las posibles alternativas a los mismos, así como las zonas a transformar
en regadíos por razones sociales, estableciéndose como condición
imprescindible para la aprobación del Plan Agrario de Regadíos el informe
del Consejo Nacional del Agua.
El cumplimiento de los puntos anteriores otorgaba al Plan Agrario de
Regadíos, que luego se ha llamado Plan Nacional de Regadíos, una
dimensión de carácter planificador que exigía una base de datos operativa
completa, fiable, no estática y, por tanto, dinámica en cuanto a su
actualización, máxime cuando en ese momento las disponibilidades de la
Administración eran insuficientes.
A tal fin --y para responder así a las cuestiones sobre el mandato del
Congreso de los Diputados--, el Ministerio de Agricultura realizó 21
estudios mediante la adjudicación de asistencias técnicas por un valor
aproximado de 1.700 millones de pesetas. Trabajos que se adjudicaron en
el año 1995 y que debieran haber sido terminados en el año 1996.
Mi crítica al avance del Plan Nacional de Regadíos, que ya he visto que
ha leído su señoría, la hice cuando contesté al entonces Secretario
General de Estructuras en su comparecencia en el Congreso de los
Diputados, pues la portavoz del Grupo Parlamentario Popular era yo misma.
Entonces dije que, puesto que no disponíamos del resultado final de los
estudios, nos planteaban un avance cerrado con unas propuestas concretas.
En septiembre, cuando el nuevo equipo llega al Ministerio, examina esos
21 estudios para ver en qué momento de su desarrollo están. Se impulsan
los trabajos para intentar mejorar su calidad y no se encarga ningún
estudio suplementario más. Además, se pretende que haya una mayor
participación de los propios servicios del Ministerio.
En una primera fase la documentación existente fue objeto de un nuevo
estudio y análisis, constatándose algunos defectos, algunas faltas de
verificación y, consecuentemente, una insuficiente garantía, por lo que
se emprendieron acciones muy precisas en las asistencias técnicas para
subsanar los fallos detectados.
Las acciones que se emprendieron entonces han dado lugar, entre otros, a
los siguientes logros: coordinar las acciones de ejecución de los
distintos estudios en el tiempo y en relación a los objetivos básicos
parciales de cada uno de ellos para su agregación y utilización en la
redacción del documento final que constituirá el Plan Nacional de
Regadíos, pues había un problema de falta de homogeneización en los datos
de los estudios; sentar los criterios y la metodología
para obtener una base de datos de caracterización y tipificación de los
regadíos existentes verificada, comprobada y homologada conjuntamente con
el Ministerio de Medio Ambiente y las Comunidades Autónomas. Esta base de
datos constituye, sin duda, el soporte de información más fidedigno
referente a los regadíos españoles existente y será imprescindible para
poder adoptar la política necesaria de mejora y consolidación de
regadíos. El análisis de los regadíos en ejecución, no contemplado en los
estudios iniciales del Plan Nacional de Regadíos, que servirá de
documento base para decidir, junto con la información de otros estudios,
la política de actuación al respecto. La creación de una base de datos
operativa que haga posible el manejo racional de toda la información
procedente de los estudios, al objeto de poder establecer criterios de
priorización de actuaciones de una forma lógica.
Señorías, tengo que decirles que el Plan Nacional de Regadíos está
redactado, contempla actuaciones para los próximos diez años y ha tenido
ya una primera presentación en la Comisión Delegada de Asuntos Económicos
del Gobierno. Ahora, en los debates económicos estamos dando el respaldo
financiero adecuado a este Plan Nacional de Regadíos, para evitar que nos
pase lo que sucedió con el 2005, y es que no tenía el respaldo financiero
suficiente, lamentablemente, era más un catálogo de posibles obras y de
deseos que una realidad efectiva.
Además, señorías, el otro día se convocó a los Consejeros de las
Comunidades Autónomas para hacer una presentación del mismo, aunque por
distintos motivos fue imposible esa reunión. Pero en las próximas fechas
se presentará a los Consejeros de las Comunidades Autónomas competentes
en la materia para discutir y debatir con ellos; creemos que el hecho de
que haya un reparto competencial hace necesario este tipo de trabajo,
aunque bien es cierto que hay un principio de legalidad, que es el avance
del 2005 del Gobierno anterior. Una vez aprobado y discutido con las
Comunidades Autónomas, se remitirá al Consejo Nacional del Agua, y,
posteriormente, tendrá que ser aprobado también por el Consejo de
Ministros.
El Plan Nacional de Regadíos ya está elaborado, a falta de concluir unos
debates y asuntos con las Comunidades Autónomas y con el Ministerio de
Economía y Hacienda, que no son cuestiones baladíes. Dicho Plan ha
considerado el marco económico definido por la Política Agrícola Común,
los acuerdos de la Organización Mundial de Comercio y las previsiones
contenidas en la Agenda 2000, así como los problemas y necesidades de
nuestro sistema agroalimentario, la necesidad de mejora de la calidad de
vida de nuestros agricultores, la mayor versatilidad que ofrece a
nuestros agricultores la incorporación o la mejora y modernización de los
regadíos existentes en la actualidad, y unos criterios de equilibrio
territorial.
Señorías, se contemplan actuaciones en tres grandes campos: regadíos
existentes, regadíos en ejecución y regadíos potenciales. El primer grupo
lo integran los regadíos actuales en producción; el segundo, lo
constituyen regadíos correspondientes a zonas donde ya se han iniciado
regadíos y transformaciones que todavía no han sido culminadas; y el
tercero, zonas sobre las cuales en algún momento se ha planteado la
posibilidad de establecer un regadío. Por lo tanto, el primer grupo lo
constituye el análisis de los 3.500.000 hectáreas de regadío existente,
grosso modo, puesto que estoy dando cifras globales; el segundo lo
constituye el análisis de las 450.000 hectáreas que están en ejecución,
de las que hay 125.000 ejecutadas y quedan pendientes 325.000; y el
último grupo lo constituye el análisis de cerca de 1.100.000 hectáreas de
zonas potencialmente regables, cuyas peticiones han tenido entrada en el
ámbito del Ministerio a través de distintos organismos.
Señorías, todo eso hay que contemplarlo al amparo de la situación
--insisto-- que supone la limitación en las ayudas de la PAC, la mayor
liberalización de los mercados y la disminución de precios previstos en
la Agenda 2000, los futuros acuerdos de Marrakech, etcétera. Ante estas
perspectivas es obvio que hay una necesidad de fomentar una mayor
rentabilidad de las explotaciones agrarias mediante la mejora de las
infraestructuras de riego, el uso racional del agua y el cambio a
sistemas de aplicación de riego más modernos. Todo ello determina que el
principal programa de actuación propuesto por el Plan Nacional de
Regadíos sea el de consolidación y mejora de regadíos para el grupo de
regadíos existentes y que, además de ello, haya que contemplar la
creación de nuevos regadíos, de nuevas zonas y la culminación de regadíos
en ejecución.
Señoría, todo esto no le chocará porque son cuestiones que están
contempladas tanto en lo que eran los avances de regadíos del Gobierno
anterior como en mis intervenciones, a la sazón, en el Congreso de los
Diputados. Por lo tanto, obviamente, lo único que hago es seguir diciendo
lo que decía entonces.
En relación con las actuaciones de las Comunidades Autónomas, porque
evidentemente la ejecución del Plan Nacional de Regadíos hay que hacerla
conjuntamente con las Comunidades Autónomas, en materia de consolidación
y mejora se ha previsto actuar en unos dos millones de hectáreas
necesitadas de esa actuación. Dos millones de hectáreas que, siendo una
superficie de gran importancia, quizá haya que plantear en dos
horizontes: una primera actuación, más o menos del 50 por ciento, en
torno a un millón de hectáreas, para los próximos diez años y, el resto,
a partir de ahí, seleccionando cuidadosamente aquellas que necesitan la
consolidación, es decir, que tienen una insuficiencia en la dotación, una
insuficiencia en la garantía y que, por lo tanto, son básicas para
mejorar la posible rentabilidad y competitividad de los riegos, así como
aquellas donde el ahorro o el mejor uso del agua es más urgente y
necesario para permitir la garantía, la mejora, la consolidación de otros
regadíos en la misma cuenca.
Señorías, dada la dependencia que tiene la rentabilidad de ciertas
explotaciones agrarias de las ayudas y subvenciones procedentes de la
PAC, y habiéndose alcanzado en España las superficies y producciones
máximas garantizadas en la mayoría de los cultivos, se hace necesario que
las nuevas superficies a transformar se puedan destinar,
fundamentalmente, a cultivos no contingentados, es decir, que sean
viables por sí mismos. Estas son zonas cuya vocación productiva está
orientada a cultivos no contingentados o que no dependan de las ayudas de
la PAC y tengan garantizada
su comercialización, de forma que generen riqueza y mayor empleo.
Señorías, digo esto porque la realidad en la que tenemos que movernos es
que si hablamos de la superficie de regadíos para cereales, oleaginosas y
proteaginosas que tiene asignada España, en el año 1996 hemos rebasado la
superficie otorgada y en el año 1997 igual, a pesar de que un cambio en
la asignación de superficies, cuestión que se ha conseguido en Bruselas y
no ha sido nada fácil, ha permitido aumentar en 247.000 las hectáreas de
regadío; 247.000 hectáreas que hemos transferido de secano a regadío en
la sección de cultivos herbáceos. Pues bien, señorías, a pesar de todo
estamos en los límites.
En cuanto a arroz, tenemos la superficie superada; en leguminosas de
grano estamos también en los límites; lúpulo, en los límites; algodón,
superada; tabaco, exactamente en los límites; en plátano tenemos un
pequeño margen de crecimiento, pero pequeño; en azúcar lo tenemos
ampliamente rebasado y lo que hay hoy día es una expansión de la
remolacha en cultivo B), es decir, de remolacha sin cuota, con un precio
distinto.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Señora Ministra, vaya terminando.
La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (De Palacio del
Valle-Lersundi): Sí, señor Presidente.
Comprenda que me tenga que alargar un poquito, pero creo que el asunto
tiene una relevancia suficiente para que me lo permita. Yo le pediría
cinco minutos, comprendo que es excesivo, pero no queda más remedio.
Señorías, esto es algo que hay que saber. Pero hay que saber, además, que
cuando hablamos de ciertos cultivos y de las rentas dentro de esos
cultivos hay una gran parte que se debe a una situación de precios que se
mantienen más altos que los precios internacionales que, como muy bien
saben sus señorías, es una cuestión que se pretende al hilo de la Agenda
2000. Es decir, se pretende un apoyo vía precios o apoyos vía ayuda
directa. Señorías, hay cultivos donde casi el 50 por ciento corresponde
bien a apoyos vía precios, bien a apoyos vía ayuda directa, ya sea a la
hectárea o a la producción, por ejemplo, el trigo, el maíz, los cereales
en general, las oleaginosas, la remolacha. Esto puede oscilar, puede ser
algo más o menos del 50 por ciento, en función del producto y de los
años, según las producciones. Por ejemplo, en el algodón es más que eso;
en el tabaco estamos hablando entre el 80 y el 90 por ciento; en el
aceite también tiene un componente importante; en forrajes, etcétera.
Esta es la situación y hay que combinar estos dos elementos a la hora de
pensar en nuevas hectáreas de regadío.
No obstante, independientemente de la vocación productiva, el Gobierno
entiende que también es vital la creación de nuevos regadíos, por razones
de equilibrio territorial y por razones de asentamiento de población, es
decir, por razones sociales.
En ese sentido, se propone la transformación en riego de zonas de
superficie no superiores a 2.500 hectáreas, es decir, unos pequeños polos
de regadío en torno a ciertos núcleos para asentamiento de población que
tengan asegurada su rentabilidad, que garanticen el asentamiento de
población, evitando el despoblamiento y desertización, así como el
desequilibrio dentro de nuestro territorio.
Se podrán establecer para el desarrollo del Plan Nacional de Regadíos
unos convenios con las Comunidades Autónomas en función de lo que viene y
ha venido funcionando hasta ahora, que es 50 por ciento Administración
Pública, 50 por ciento Administración Autonómica, lo cual no quiere
decir, insisto, que los privados y las Comunidades Autónomas no puedan,
además, ir más allá de lo que contempla el Plan de Regadíos, siempre y
cuando...
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Señora Ministra, si me permite,
le voy a pedir un favor, y es que me ayude a no sentar precedente.
La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (De Palacio del
Valle-Lersundi): Ya termino, señor Presidente.
Sin que ello quiera decir que, al margen de lo que contempla el Plan
Nacional de Regadíos, no se pueden hacer más a partir de la iniciativa
privada o de las propias Comunidades Autónomas, en el ámbito de su
competencia, siempre y cuando dispongan de recursos hidráulicos, cuestión
que tiene que ver con las competencias del Ministerio de Medio Ambiente,
y no alteren los equilibrios en torno a la PAC, porque un exceso en las
superficies de producción de cualquiera de estas producciones supondrá
automáticamente unas penalizaciones, una disminución de los ingresos de
los regantes que ya están en esos sectores y, por tanto, podría generar
problemas.
Señor Presidente, termino. Estamos en un punto crucial del futuro de la
política agraria, no sólo de España, sino de la Unión Europea; con el
entorno de las nuevas adhesiones a la Unión Europea, con el entorno de
las nuevas negociaciones de la Organización Mundial de Comercio, con lo
que es la propuesta de la Comisión, por cierto ampliamente rechazada ayer
en lo relativo a la llamada Agenda 2000, estamos hablando de lo que es el
futuro de la agricultura española. Yo entiendo que en este momento hay
que llevar a cabo un ejercicio de realismo que permita garantizar el
porvenir de nuestra agricultura, el porvenir de nuestro sector
agroalimentario, el porvenir de nuestros agricultores y un equilibrio
territorial necesario.
Tenemos que hacer una planificación en un horizonte previsible...
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Señora Ministra, me va a
dispensar, pero va a tener ocasión usted de contestar después.
La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (De Palacio del
Valle-Lersundi): Señor Presidente, le había pedido cinco minutos, y si no
me hubiera interrumpido casi habría terminado. Perdóneme, llevo cuatro
minutos y cuarenta y ocho segundos. Termino, señor Presidente.
Lo que les quiero decir, señorías, es que el Plan Nacional de Regadíos
--y léase mis intervenciones, tanto en este terreno como en el Plan
Hidrológico Nacional-- es una cuestión de política de Estado. Lo que
nosotros hagamos en algún momento le corresponderá al grupo de su señoría
continuarlo; yo espero que tarde mucho tiempo hasta que ello suceda,
pero, mientras tanto, creo que, por el interés, tanto del grupo de sus
señorías como del mío, que no es lo más importante, sino por el interés
de todos los agricultores españoles, de la sociedad española en su
conjunto, conviene que en esta cuestión hagamos política con pe
mayúscula, nos dejemos de buscar pequeñas cuestiones y seamos capaces
entre todos de introducir tranquilidad, confianza, dinamismo y futuro en
un sector clave, como es el sector agrario.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los escaños del
Grupo Parlamentario Popular.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Gracias, señora Ministra.
Senador Gallego López, sabe que ha sido un privilegiado para la Ministra,
pero no vamos a continuar con el mismo privilegio.
Tiene usted la palabra, señoría.
El señor GALLEGO LOPEZ: Gracias, señor Presidente.
Intentaré ceñirme al tiempo, porque frente a una buena noticia, aunque
oculta y desconocida en su contenido, que es que ya está redactado el
Plan Nacional de Regadíos, ha habido varias malas noticias. Una de ellas,
fundamentalmente, es que no me ha contestado a las cuestiones que yo creo
que en esta coyuntura política son las que preocupan al sector agrario y
al sector de regadíos de España, que es ese enfrentamiento que hay entre
Agricultura y Medio Ambiente, precisamente en cuanto al número de
hectáreas de regadíos.
Sí ha apuntado una cosa que puede preocupar a los agricultores, y es esa
limitación en la creación de nuevas hectáreas de regadío, cuestión que
conozco y que sé que está bien impuesta por la Política Agraria
Comunitaria. Usted ha dicho que tenemos las superficies máximas, y que si
se permiten algunas ampliaciones éstas serán para esos cultivos no
subvencionados, con lo cual, eso habrá que decírselo claramente a los
agricultores de todos los territorios y de todos los países.
Es decir, que, según dice el Gobierno del Partido Popular, no va a haber
más regadíos, y en cuanto a los que vaya a haber, allá se las arreglen
con las producciones y las vendan donde puedan puesto que no va a haber
ayudas. Pues muy bien. Por cierto, que nos han dado una limosnita de
2.500 hectáreas para esos regadíos que podríamos llamar sociales en
pueblecitos pequeños donde pueden darle un bancal o una tahúlla a aquel
vecino que necesite cultivar patatas o tomates para su propia
subsistencia.
Pero la verdad es que se han perdido dos años. Si constituía un magnífico
instrumento la planificación de regadíos, ¿por qué no se ha hecho? Si se
consideraba válido este documento del Plan Nacional de Regadíos, este
documento de avance del horizonte 2000, que sí tenía financiación
plurianual para sus programas, que sí contaba con las ayudas del Estado,
de las Comunidades Autónomas y con ayudas procedentes de fondos europeos
en un promedio del 65 por ciento y en ocasiones hasta del 70 por ciento,
¿por qué entonces no se siguió esta política y se ha preferido borrar
para empezar de cero, lo que ha significado estar parados durante dos
años? Hemos perdido muchísimo tiempo.
Sé que usted no quiere entrar en lo que dice el Ministerio de Medio
Ambiente, Ministerio que, por cierto, en tema de regadíos tiene mucho que
decir. Yo creo, como lo creen los regantes españoles, que no se han
coordinado entre Agricultura y Medio Ambiente en los estudios para la
elaboración de los planes de cuencas. Creo que ustedes, en esa política
de parcheo que están haciendo en el tema hidráulico y en el de regadíos,
han querido que sean los planes de cuenca los que les resuelvan la
planificación nacional. Pues no. Yo creo que han equivocado ustedes el
camino. Por eso vuelvo al principio de mi intervención anterior para
decir otra vez que éste es un problema que nos afecta a todos los
españoles, que afecta a toda nuestra economía, puesto que se trata de un
problema general.
De verdad, cuenten con nosotros, pero cuenten también con lo que
nosotros, los socialistas, ya habíamos hecho antes. Eso sí, tenemos un
mal precedente: podríamos no fiarnos de que usted vaya a contar con todos
los sectores afectados en la programación de regadíos puesto que hasta
ahora no lo ha hecho. Yo le preguntaba antes si había contactado ya con
las comunidades de regantes, con las asociaciones agrarias, pero no he
obtenido respuesta suya a ese tema. Pero también le he preguntado sobre
la tarificación del agua y no me ha dado respuesta alguna. Todos estos
temas son muy conflictivos, y a mí me parece que ustedes en realidad no
quieren abordar asuntos conflictivos.
En cuanto a lo que usted decía sobre que ésta es una política que nos
afecta a todos y que con el tiempo a lo mejor también nos afecta a
nosotros, tengo que decirle que ojalá hubiera hecho usted esa misma
política cuando llegó al Gobierno. Ojalá hubiera adoptado usted lo que
nosotros habíamos hecho. Espero que no nos lo dejen ustedes de tal manera
que no podamos arreglarlo nosotros después. Y es que es evidente, señora
Ministra, que estamos muy cerca de poder hacer la política de regadíos
que ustedes no han hecho.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Gallego.
Tiene la palabrala señora Ministra.
La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (De Palacio del
Valle-Lersundi): Gracias, señor Presidente.
Señor Gallego, quiero decirle muy brevemente que si su señoría no quiere
escuchar lo que le explico, lo siento mucho, pero creo que me he
explicado claramente.
Yo he adoptado lo que el otro Gobierno tenía pendiente, esos 21 estudios
por valor de 1.700 millones de pesetas, estudios
que, por cierto, no estaban aún hechos. Lo que se había hecho era un
avance del Plan de Regadíos pero sin contar con esos estudios previos.
Señoría, si se habían gastado 1.700 millones de pesetas del contribuyente
español, supongo que sería para que se hicieran esos estudios y para que,
en función de ellos, se hiciera el Plan Nacional de Regadíos.
Señoría, ya le he explicado que ni he gastado una peseta más ni he hecho
un solo estudio más. He cogido exactamente los estudios que el anterior
Gobierno había encargado a determinadas empresas para desarrollar el Plan
Nacional de Regadíos. Eso sí, he seguido esos estudios con más cuidado
para mejorar los trabajos que se estaban haciendo. Pero, insisto, he
dicho claramente que no estaban realizados y que en ese momento no tenían
plazo de finalización.
Por otra parte, he explicado que diez de los planes de cuenca ya estaban
elaborados cuando llegó al Gobierno la señora Tocino. Y comento esto de
pasada. Por tanto, por supuesto que se aprovecha lo realizado por el
anterior Gobierno. ¿Cómo no lo vamos a hacer? En este tema existe
continuidad. Así, unas cosas gustarán más y otras gustarán menos; y unas
habrá que rectificarlas en mayor medida, y otras habrá que modificarlas
menos porque están mejor hechas.
Por lo que se refiere a este caso concreto, he dejado muy claro que en
los planes de cuenca hay que incorporar el Plan de Regadíos con el
horizonte del año 2005, es decir, el Plan del Gobierno anterior, que es
la legislación vigente en estos momentos y que se refiere --su señoría lo
sabe tan bien como yo-- a 179.000 hectáreas de regadío; ni una más.
Insisto, no habla de un millón 200.000, sino de 179.000 hectáreas de
regadío. Como digo, eso es lo que se tiene que incorporar a los planes de
cuenca, tal como establece el artículo 38.4 de la Ley que, repito, nos
obliga a todos. Por eso exijo su cumplimiento.
Pero el problema --que ya he indicado-- del Plan del 2005 es que, aunque
sobre el papel tenía toda la financiación necesaria, en los presupuestos
generales del Estado sólo se contemplaban 2.500 millones para la mejora
de regadíos --cantidad ahora mucho mayor-- y poco más. Insisto, la
financiación estaba sobre el papel, pero en los presupuestos, que es
donde de verdad se demuestra si existe, no había créditos abiertos para
ese capítulo en la cuantía necesaria que establecía el Plan.
Por tanto, si su señoría dice que yo he afirmado que no va a haber nuevos
regadíos, estará faltando a la verdad. Y no le he dado cifras, porque me
parece que no debo dárselas hasta que no haya negociado este tema con las
Comunidades Autónomas; es decir, no lo he hecho por un mínimo de respeto,
porque soy muy respetuosa con las competencias de las Comunidades
Autónomas. Pero también he dejado muy claro que el punto de partida es el
Plan actual que, vuelvo a insistir, se refiere concretamente a 179.000
hectáreas. Si su señoría no quiere entenderlo así, lo siento mucho.
Por último, he insistido en que los nuevos regadíos no son pequeñas
tahúllas --y ya veo que su señoría es murciano-- y he dicho que, además
de regadíos de otro tipo, ahora se contempla --y no así en el Plan 2005--
el establecimiento de regadíos por razón social para un mejor equilibrio
territorial, mediante PDR, pueblos de desarrollo reducido, de menos de
2.500 hectáreas. Eso es algo completamente distinto a lo que ha dicho su
señoría.
Muchas gracias. (Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario
Popular.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señora Ministra.
En turno de portavoces, tiene la palabra el Senador Román Clemente.
El señor ROMAN CLEMENTE: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, éste es un buen momento para compartir la preocupación por la
necesidad del Plan Nacional de Regadíos. Cuando tengamos que debatir la
moción correspondiente analizaremos con mayor profundidad la necesidad
del mismo, pero ahora quisiera plantear lo que, en opinión de Izquierda
Unida, debe recoger dicho plan. En este sentido, para mejorar la
rentabilidad económica de muchas explotaciones, entendemos la apuesta
decidida por el Plan de Regadíos como una forma de estabilizar núcleos
rurales con porvenir y de aumentar la renta agraria en muchas zonas en
las que la climatología hace difícil la supervivencia de la agricultura
de secano.
Desde Izquierda Unida proponemos un plan de regadíos que asegure la
rentabilidad económica y social de la agricultura española en el marco de
un modelo sostenible y, desde luego, no agresivo con el medio ambiente.
Queremos un plan de regadíos que defina los recursos disponibles, las
técnicas y cultivos más adecuados para cada zona, la política tarifaria,
así como las infraestructuras precisas --regulación de caudales,
etcétera--, lo que, en su caso, ha de hacerse con respeto al medio
ambiente. Proponemos un plan de regadíos que debe estar inscrito en una
planificación hidrológica global, solidaria y orientada hacia el ahorro y
la reutilización, acomodando la demanda de recursos a las
disponibilidades existentes, en primer lugar, en cada zona y, en segundo
lugar, en el conjunto global.
El plan de regadíos contemplaría, igualmente, el mantenimiento de los
regadíos tradicionales ya existentes, así como la creación de otros
declarados de interés general en relación con los recursos existentes
globalmente y con su rentabilidad social, rentabilidad social que por
parte de su señoría aquí se ha manifestado, y coincidimos plenamente en
el asentamiento de núcleos rurales, aquellos a los que me refería
anteriormente.
Señorías, entendemos que se debe desarrollar la infraestructura
existente: acequias, sistema de regadío, etcétera, y que se deben
promover las mejoras y reformas necesarias en cultivos, extensión de
parcelas de regadío, para asegurar la viabilidad de dichos regadíos.
No voy a extenderme más, señorías. Quiero insistir en la necesidad del
cumplimiento de los plazos y, en su momento, debatir la moción que se
puede presentar.
Gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la
palabra el Senador Gatzagaetxebarría.
El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Gracias, señor Presidente.
Parece oportuna la presentación de esta interpelación. Ultimamente, el
Grupo Parlamentario Socialista está presentando iniciativas
parlamentarias de actualidad y eso es bueno porque da viveza al
Parlamento y, en definitiva, nos permite debatir cuestiones de sumo
interés. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.) La señora Ministra
es conocedora de esta materia porque, a la sazón, era la portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados, que tantos
debates originó con el actual candidato a primarias José Borrell --de lo
que uno fue testigo--, pero, en fin, ésa es otra historia política.
Creemos que, efectivamente, es un tema de Estado. Y fundamental para la
competitividad de la agricultura española disponer de unas
infraestructuras hidráulicas agrarias buenas. En un mundo como en el que
estamos de globalización de la economía, de apertura de mercados, es
necesario tener una agricultura competitiva, moderna, bien estructurada.
Es una cuestión sobre la que hay consenso.
Quiero señalar también que la planificación hidráulica es fundamental
porque nos encontramos ante un bien escaso, de dominio público estatal,
pero que, en muchos casos, cuando aquel dominio transcurre íntegramente
en una cuenca intracomunitaria es de gestión exclusiva de las Comunidades
Autónomas y cuando trasciende del ámbito de éstas, bien en su nacimiento
o bien en su final, es de gestión estatal. Por tanto, hay que saber
acotar bien los parámetros en los cuales cada uno tiene su
correspondiente responsabilidad en materia de planificación hidráulica.
Nos ha llamado la atención ver en un medio de comunicación que ayer, en
un debate que tuvo lugar en el Consejo Nacional del Agua en relación al
Plan Hidrológico, los representantes del Ministerio se opusieron a las
tesis del Ministerio de Medio Ambiente. Nos gustaría que nos aclararan
esta cuestión.
Dice el comunicado del señor Blanco, Secretario de Estado de Medio
Ambiente, que se difiere el Plan Nacional de Regadíos a la necesidad de
que primero se aprueben los planes de cuenca. ¿Qué debe ser primero, el
Plan Hidrológico Nacional o los planes de cuenca? Debe haber una
planificación interactiva, pero, lógicamente, debe ser el Plan
Hidrológico Nacional, porque la Ley de Aguas asigna una función a dicho
Plan, que es la de coordinación y armonización de los diferentes planes
de cuenca. Es decir, en primer lugar, porque es un instrumento de
planificación hidráulica, sectorial y, en segundo lugar, porque tiene
mayor rango normativo, ya que por el principio de jerarquía normativa los
planes de cuenca son aprobados a través de un real decreto y el Plan
Hidrológico Nacional se aprueba a través de un proyecto de ley. En este
sentido, se dice que el Plan Nacional de Regadíos debe ir incorporado al
Plan Hidrológico Nacional y por ello debe ser posterior. Parece razonable
también lo que dice el comunicado del Ministerio de Medio Ambiente. Nos
gustaría conocer esta cuestión que hoy los medios de comunicación sacan a
la luz pública porque es un tema importante.
Usted hablaba de la responsabilidad de las Comunidades Autónomas.
Obviamente hay una responsabilidad importante por dos títulos
competenciales: El primero --lo he referido anteriormente-- el de la
competencia hidráulica, con los caracteres y acotaciones estatutarias que
existen respecto a las cuencas intracomunitarias y, el segundo, se
refiere a las materias de agricultura y ganadería, sobre las que tienen
competencia exclusiva, conteniendo el Ministerio aquellas competencias de
relaciones exteriores con la Unión Europea, así como de coordinación. Por
tanto, hay que hacer también una consideración sobre tal cuestión. (El
señor Presidente ocupa la Presidencia.)
Asimismo, también quiero señalarle que en el caso del País Vasco, en
concreto en el territorio histórico de Alava, hay aprobado en Juntas
Generales un Plan de regadíos que ya se está ejecutando con inversiones.
En concreto, en el año 1997 se han mejorado 4.000 hectáreas, se han
puesto 2.000 nuevas y, para 1998, se pretenden mejorar 5.500 hectáreas.
En este sentido, hay una colaboración entre las instituciones comunes del
Gobierno Vasco y la Diputación Foral de Alava al respecto. Usted ha dicho
que en este momento se está en fase de negociación con las Comunidades
Autónomas, pero la información que tenemos es que no hay una previsión
específica en este documento de financiación a la Comunidad Autónoma de
Navarra y a la Comunidad Autónoma del País Vasco. Nosotros sabemos que en
Navarra, en materia de regadíos, se han hecho importantes inversiones en
los últimos años y, por lo tanto, la preocupación que en este momento hay
en el ámbito de Navarra y en el de la Comunidad Autónoma del País Vasco
es si el Plan Nacional de Regadíos va a colaborar financieramente en
actuaciones en regadíos en Navarra y en el País Vasco o si se va a apelar
al sistema de concierto, porque si eso es así, entra en contradicción con
todas las inversiones hidráulicas que hasta ahora se están haciendo en
Navarra.
Por lo tanto, existe ahí un cierto debate en el País Vasco y Navarra que
convendría aclarar, señora Ministra, y yo le transmito lo que el sector
me ha transmitido en esta zona. Todavía está pendiente de una aprobación
final, pero ¿van a quedar excluidos Navarra y el País Vasco o se va a
seguir con la política actual de hacer inversiones en Navarra y en el
País Vasco? En definitiva, queríamos saber tal cuestión.
Finalizo señalando que sobre esta cuestión me imagino que habrá alguna
moción consecuencia de interpelación y, a la vista de ella, haremos
nuestro posicionamiento definitivo.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Gatzagaetxebarría.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
tiene la palabra el Senador Beguer.
El señor BEGUER I OLIVERES: Gracias, señor Presidente.
Señora Ministra, las interpelaciones suelen ser siempre oportunas y
versan, generalmente, sobre temas importantes. En el caso de hoy es
especialmente oportuna no sólo por haber planteado un tema de tanto
interés económico y social, como es el Plan Nacional de Regadíos, sino
también por darse la circunstancia, si se quiere decir anecdótica y si no
importante, de que ayer se celebró la comisión permanente del Consejo
Nacional del Agua en el que, como ya se ha manifestado, los
representantes del Ministerio de Agricultura expusieron sus razones y
votaron en contra del informe sobre los planes de cuenca.
Se han dicho algunas cosas realmente importantes aquí, especialmente al
enmarcar el tema ante el que nos encontramos, que no es baladí. Los
regadíos suponen el 60 por ciento de la producción agraria y, para
mentalizarnos, se ha comentado que un regadío es siete veces más
productivo que el secano y, por tanto, el tema no deja de ser importante.
La señora Ministra ha señalado que es básico. Nos ha dado una noticia
también interesante, y es que el Plan Nacional de Regadíos está ya
redactado, está a punto, y ha señalado la necesidad, aunque sea teórica y
no afecte sólo a nuevos regadíos, sino a mejoras de regadíos, de que hay
a medio plazo, en un plazo de unos diez años, un millón de hectáreas de
regadío ampliable a dos millones en un futuro.
Evidentemente, el regadío tiene una base importante, ya que facilita el
equilibrio territorial. De todas maneras, queremos señalar, aunque sea
desviándonos ligeramente del tema, que no sólo es importante el regadío,
sino lo que se hace después con el producto del campo, y lo decimos
porque hace sólo tres o cuatro días, el sábado pasado, el Presidente de
la Generalitat de Cataluña inauguraba en Tortosa una cooperativa, fusión
de tres cooperativas, productoras todas ellas de distintos productos del
campo, especialmente aceite, pero que gracias al valor añadido de su
gestión en la manufactura realmente están dando lugar a unos productos
con amplia capacidad de exportación. Pienso que ahí debemos mentalizarnos
y no sólo de la implantación de nuevos regadíos.
Nos han preocupado un poco las palabras de la señora Ministra --algunas
de las cuales asumimos plenamente-- cuando ha hablado de un hecho que nos
parece razonable, como es el de establecer pequeños polos de regadíos,
del orden de 2.500 hectáreas. Entendemos que esto no debe generalizarse.
Por poner un ejemplo próximo, el Canal Xerta-Senia, en la provincia de
Tarragona, es un canal al que le falta la concesión --se construyó sin
ella hace una veintena de años-- y en el momento en que se le dé, habrá
de hacerse --en cuanto a regadío se refiere-- según su capacidad, que
puede ser en una primera fase de 8.000 hectáreas, probablemente ampliable
a 20.000. Por tanto, el tema de los polos de 2.500 hectáreas, que parece
razonable, habrá que estudiarlo para ver en qué momento requiere las
debidas excepciones.
Entendemos que debe ser así y quizá estemos de acuerdo con lo
manifestado, pero tenemos una cierta discrepancia con el señor Gallego:
debe haber un paralelismo entre el Plan Nacional de Regadíos y el Plan
Hidrológico Nacional, pero este último debe posponerse a los planes de
cuenca. Nuestro voto en las dos ocasiones en las que se ha debatido este
tema en el Senado ha ido en este sentido. Entendemos que los planes de
cuenca deben recoger las necesidades de cada una de las cuencas y que el
Plan Nacional de Regadíos habrá de ir paralelamente, coordinando las
necesidades de unos y otros planes de cuenca, pero, en definitiva, será
al final el Plan Hidrológico Nacional el que deba ver, con una visión
mucho más amplia, qué es lo que conviene a todos los niveles, con una
visión evidentemente agraria, pero también comercial, con visión de
necesidades europeas, naturalmente con visión social, con visión de
rentabilidad y también con una visión de protección del medio ambiente.
Creemos que el ahorro razonable del agua debe estar en la mente de todos.
En cualquier caso, y siguiendo este camino, al final tendremos que
encontrarnos muy pronto, mediante una vía convergente, con el Plan
Hidrológico Nacional, el cual --yendo todos ellos rápidos, porque todos
son de necesidad imperiosa-- creemos que debe aprobarse al final de
todos.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Beguer.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador
Gallego.
El señor GALLEGO LOPEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Intervengo de una manera telegráfica, a estas alturas del debate. Sólo
quería aclarar que no nos dejaron hacer los presupuestos de 1996, en los
que hubiera estado la partida para el primer año de ese Plan de regadío
horizonte 2.000. Lo que deben hacer ustedes ahora es responder de su
gestión. Llevan dos años, y lo que he intentado transmitirles, porque es
evidente, es que no solamente están retrasados en planificación de
regadíos, sino que están atascados en todo lo que significa planificación
hidrológica.
No he creído faltar a la verdad porque he entendido, como van a entender
muchos miles de agricultores de este país, señora Ministra, que la
consecuencia de lo que usted ha dicho es que no habrá nuevos regadíos. En
ese aspecto, le preguntaba qué iba a ocurrir con esas zonas declaradas de
interés nacional. Usted no me ha dicho qué va a ocurrir con ellas, como
también ha obviado el tema de las tarifas, si tiene el Gobierno un modelo
de tarifa de agua para el regadío.
En fin, señora Ministra, por lo que parece, yo creo --lo digo con todos
los respetos-- que la señora Ministra de Medio Ambiente, y sobre todo el
señor Secretario de Estado de Aguas, la han apartado a usted de los temas
hidrológicos, no solamente por estar en otro Ministerio, sino por no
consultarle y por no coordinar con usted lo que ahora mismo se está
haciendo y que afecta muy directamente a la agricultura. Parece como si
fuera la hermana pobre de este Gobierno.
Como vamos a presentar una moción instando al Gobierno a que concrete
estos temas que planteamos esta mañana, termino mi intervención.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Gallego.
Tiene la palabra el Senador Pascual.
El señor PASCUAL FERNANDEZ-LAYOS: Gracias, señor Presidente.
Señorías, señor Gallego, creo que estaremos de acuerdo en que el agua es
un factor decisivo para la ordenación del territorio y fundamental para
el desarrollo de la comunidad y la actividad del hombre en el campo.
También ha sido origen de numerosas disputas entre personas y comunidades
a lo largo y ancho de nuestra historia y, por tanto, convendrá conmigo en
que todos los temas que giran a su alrededor y, muy especialmente, el uso
para riegos --que es el de mayor consumo-- deben tratarse con seriedad y
con rigor.
A mi juicio, su intervención de hoy ha sido equilibrada, razonable y con
ánimo de consenso, aunque no esté de acuerdo en muchas cosas que usted
plantea, por supuesto, y considere que las declaraciones que usted hizo
ayer a los medios de comunicación, previas a esta interpelación, están
llenas de demagogia. Tilda a la señora Ministra de arrogante y prepotente
por no utilizar el Plan Nacional de Regadíos en el Consejo de Ministros,
que se aprobó en 1996; la responsabiliza del retraso en la planificación
hidrológica, de sembrar la incertidumbre en amplias áreas del territorio
español, así como de condicionar el desarrollo de la agricultura. He
leído textualmente. A mí me da la sensación --¡ojalá esté equivocado!--
de que lo que ustedes están buscando es crear en el entorno del mundo
rural un clima de frustración y de zozobra, que fomente el descontento y
la desunión del sector --lo cual es grave-- haciendo de la señora
Ministra un chivo expiatorio.
Usted ha hablado de dilatar el Plan Hidrológico Nacional. No le tengo que
recordar, señoría, que hay un mandato del Parlamento español del año 1994
para que previamente a que se presente el Plan Hidrológico Nacional se
aprueben los planes hidrológicos de cuenca. En el mes de mayo de 1996
faltaban tres planes hidrológicos de cuenca por aprobar, por lo que la
dilación o la culpa no es nuestra sino que, en todo caso, deben
achacársela a ustedes que, entre otras cosas, desde que se aprobó la Ley
de Aguas en 1985 tuvieron diez años para aprobar el Plan Hidrológico
Nacional y no fueron ustedes capaces.
La señora Ministra ya le ha contestado sobre el tema de los 1.700
millones de pesetas para los veintiún planes de asistencia técnica para
redactar correctamente el Plan Nacional de Regadíos. Le quiero recordar
que el anterior Director General de Agricultura presentó en el Congreso
de los Diputados el avance de dicho plan, y que ustedes o el Gobierno que
ustedes apoyaban, ante la convocatoria de elecciones, en poco más de un
mes transformaron dicho avance en Plan Nacional de Regadíos con el
horizonte del año 2005. A mí esto, francamente, no me parece serio y sólo
se puede entender desde un prisma electoral, pero no vengan a los dos
años diciendo que ése era el Plan Nacional de Regadíos.
La voluntad política se expresa en los presupuestos y usted, a quien
considero una persona sensata, debe comprender, aunque no lo reconozca,
que en los diez últimos años de su Gobierno dieron la espalda a esas
comarcas que estaban esperando la transformación de su secano en regadío,
porque en esos diez años la media anual de transformación de hectáreas de
secano a regadío fue de tres mil. A este ritmo, nos iríamos a finales del
siglo XXI para poder cumplir el Plan Nacional de Regadíos que dicen
ustedes que aprobaron. Es cierto que ustedes no crearon incertidumbre en
el sector rural, pero le puedo asegurar --y soy usuario-- que lo que
consiguieron es que perdieran gran parte de esperanza los regantes
expectantes.
Habla usted de que nosotros lo hemos paralizado y que la voluntad
política está en los presupuestos; eso lo digo yo, no usted, por
desgracia. Le voy a dar unas cifras: desde que el señor Aznar entró en el
Gobierno en el año 1996 se han invertido en obras hidráulicas 190.000
millones; en el año 1997 se han invertido 210.000 millones, de los cuales
131.000 van al capítulo seis; 42.000 a la sociedad que ha nombrado usted
antes, y los usuarios de Aragón están muy contentos porque van a poder
ver realizadas unas obras que no han podido hacer históricamente, y el
dinero está en el Banco de España de Zaragoza; y 47.000 millones de
pesetas con el método alemán.
Tenemos la voluntad política de llevar adelante el Plan Hidrológico
Nacional y, naturalmente, tenemos voluntad política de llevar adelante
todo el Plan de Regadíos.
La señora Ministra ha dicho que hay que apostar --y ha apostado-- por
impulsar la modernización de los regadíos existentes para una mayor
eficiencia en el uso del agua, elaborando un Plan Nacional de Regadíos
con el mayor rigor posible, utilizando el actual avance, los resultados
de las instancias técnicas contratadas con criterios ponderados, teniendo
siempre en cuenta tanto el componente económico como el medioambiental,
el de la producción y el social.
Señorías, en la senda de la seriedad, el rigor y el trabajo bien hecho
nos encontraremos y llegaremos al consenso en bien del interés general.
Eso es lo que me ha parecido deducir --de lo cual me alegro-- de su
postura. En la otra senda, en la de la demagogia y la confrontación, no
nos van a encontrar.
Seguiremos trabajando para dar a la sociedad española el Plan Nacional de
Regadíos, que ésta nos demanda y, asimismo --no le quepa la menor duda--,
el Plan Hidrológico Nacional que esta sociedad también demanda.
Señora Ministra, desde el Grupo Parlamentario Popular del Senado
observamos con admiración la seriedad y el rigor con que defiende los
intereses de nuestra agricultura en Bruselas; la celeridad con que el
equipo que usted dirige ha elaborado el anteproyecto del Plan Nacional de
Regadíos, una vez que ha tenido todos los datos en su mano. Por todo ello
la felicitamos y la instamos a seguir por esa senda de la transparencia,
del rigor, de la seriedad y del diálogo con el sector, en definitiva, por
el trabajo bien hecho.
Muchas gracias, señoría. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Pascual Fernández-Layos.
Tiene la palabra la señora Ministra de Agricultura.
La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (De Palacio del
Valle-Lersundi): Gracias, señor Presidente.
Muy brevemente, en primer lugar, debo agradecer a los distintos
portavoces de los Grupos Parlamentarios de Izquierda Unida, del Grupo de
Senadores Nacionalistas Vascos, del Grupo Catalán en el Senado de
Convergència i Unió y del Grupo Parlamentario Popular sus intervenciones.
Señorías, quiero dejar muy clara --porque el señor Gallego ha querido
dejar aquí dudas donde no las hay, sino una claridad meridiana-- la
propuesta del Gobierno y del Ministerio de Agricultura, que es que se
lleve a cabo la elaboración y la construcción de nuevos regadíos; que la
base para esa negociación, que hay que acordar con las Comunidades
Autónomas en función del reparto competencial, sea precisamente el Plan
de Regadíos horizonte 2005, que está actualmente en vigor; que además hay
que incorporar el criterio de los regadíos sociales, que no estaba en ese
documento. Todo ello en cuanto a lo que son regadíos con financiación
pública estatal pero, además de esos regadíos, por parte de las
Comunidades Autónomas, en el ámbito de sus competencias, o por parte del
sector privado con cargo a sus propios dineros, entendemos que no se debe
entrar en más limitaciones que aquellas que se deduzcan de no generar
problemas y tensiones en función de lo que es la PAC. Hay más de 2
millones de hectáreas de regadíos existentes que tienen graves problemas
por falta de dotación, de garantía, es decir, porque no tienen
garantizada el agua adecuada para asegurar su competitividad, porque
tienen unas estructuras obsoletas, muchas de ellas prácticamente como las
dejaron los árabes. Entendemos que es absolutamente prioritario actuar en
esos 2 millones de hectáreas y, sobre todo en 1 millón de hectáreas, hay
que hacerlo con la máxima urgencia en un primer horizonte.
No basta con que todo esto lo acordemos aquí, sino que tiene que hacerse,
lo que supone contar con las disponibilidades presupuestarias
correspondientes, es decir que se contemple en los Presupuestos Generales
del Estado, cosa que, lamentablemente --lo tengo que decir así--, no se
contemplaba antes, y aunque se han hecho esfuerzos por parte del
Ministerio de Agricultura a lo largo de estos dos años para incrementar
esa partida --que se ha incrementado, y sensiblemente--, seguimos lejos
de lo que es necesario para llevar a cabo estas acciones.
Señor Presidente, lo único que planteo es un debate desde la racionalidad
y el rigor, y le recomiendo al señor Gallego --aunque ya veo que lo ha
hecho-- que se lea mis intervenciones cuando estaba en la oposición. Lo
único que le pido es que haga unas intervenciones de esas
características; yo se lo agradeceré, se lo agradecerá el sector y todos
los sectores.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Ministra.
--DE DON JOSE IRIGUIBEL MATEO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, SOBRE LA
POLITICA PENITENCIARIA QUE PIENSA LLEVAR A CABO EL GOBIERNO Y, MAS
CONCRETAMENTE, SOBRE LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA CARCEL DE PAMPLONA
(NAVARRA) (670/000077).
El señor PRESIDENTE: Interpelación de don José Iriguíbel Mateo, del Grupo
Parlamentario Mixto, sobre la política penitenciaria que piensa llevar a
cabo el Gobierno y, más concretamente, sobre la construcción de la nueva
cárcel de Pamplona, en Navarra.
El señor IRIGUIBEL MATEO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, en primer lugar, aprovecho la ocasión para felicitarle
por los últimos éxitos policiales conseguidos en la lucha antiterrorista.
También quería decirle que este Senador está convencido de que la acción
policial exclusiva no es la solución.
Asimismo, con todo respeto le echo en cara --valga la expresión-- que a
pesar de haberse comprometido y haberle pedido audiencia dos veces, no me
ha recibido. Y quiero que sepa que lo hacía con toda la intención y el
mejor ánimo de ofrecerle modestamente mi colaboración en el tema que
acabo de reseñar.
Hecho este recordatorio, haré una reflexión. Y diré que la justicia, si
es justiciera, deja de ser virtud. Sin embargo, justicia y magnanimidad
unen su virtuosidad y se elevan hacia la divinidad.
A continuación, paso a decir al señor Ministro que creo que ha llegado el
momento de constatar qué autonomías han venido aportando y aportan hoy y
qué autonomías han venido recibiendo y reciben y hasta cuándo. Porque hoy
la riqueza no está en el suelo ni en el subsuelo, y son las gentes, la
sociedad, la que puede y debe producir riqueza y mostrar solidaridad.
Navarra, en este sentido, creo que es solidaria y hasta generosa.
En varias ocasiones, personas integrantes de su partido político e,
incluso, de su Gobierno, así como personas integrantes del Partido
Socialista, han denunciado que Navarra disfruta de privilegios. Quiero
constatar que Navarra no goza de ningún privilegio. Navarra, si acaso,
hace uso de sus derechos adquiridos en el transcurrir histórico y de sus
Fueros, todos ellos preconstitucionales; derechos que, en opinión de este
Senador --y subrayo esta expresión--, en la teoría dialéctica se le
cuestionan y, en la práctica, se le niegan. Y digo que se le niegan
porque Navarra no recibe en servicios lo que aporta. Y no quiero plantear
el problema como un desfase de una hipotética balanza de pagos, que,
desde luego, existiría más allá de la solidaridad.
Y si digo que en la práctica se le niegan sus derechos históricos y sus
Fueros, lo hago porque se le niegan algunos de sus derechos
constitucionales, porque, señor Ministro, es imposible cumplir el mandato
constitucional del artículo 25 en la actual cárcel de Pamplona. Y la
llamo cárcel por no llamarla penal, porque, desde luego, es de pena y no
se la puede llamar centro penitenciario. Por tanto, la imposibilidad de
cumplir dicho mandato priva a Navarra de un derecho constitucional.
Aunque el tema es serio, permítame indicarle, señor Ministro, que una
jota navarra decía:
«Si me llevan, que me lleven a la cárcel de Pamplona.» Ni siquiera esta
jota vamos a poder cantar.
La cárcel de Pamplona data de 1907. Esta, la de Melilla y la de Cartagena
son las más antiguas de España. Desde luego, es un robusto edificio de
piedra, con gruesas paredes de 80 centímetros de espesor, pero totalmente
obsoleto. El proyecto es del siglo que viene y quizás se quiera que sirva
para el próximo siglo.
Su señoría sabe que se acaba de inaugurar un nuevo servicio para arrestos
de fin de semana y que, además de haber resultado carísimo, coincidirá
conmigo en que ni el modelo de instalaciones ni los materiales son los
adecuados por las mil circunstancias que pueden coincidir en aquel
recinto.
También sabe su señoría que todas las reclusas están fuera de Navarra
porque en la cárcel de Pamplona no hay donde ubicarlas y, aunque se están
proyectando reformas para tal efecto, el edificio no da más de sí y nunca
lo dará para poder cumplir el mandato constitucional mencionado; por
tanto, seguiremos estando en situación de inconstitucionalidad y usted,
señor Ministro, será el máximo responsable.
La enfermería está en un tercer piso. Dispone de unos ventanucos a la
altura del techo y sus accesos impiden el desplazamiento de algunos
reclusos que llevan meses no sólo sin tomar el sol, sino sin tan siquiera
ver el cielo.
El recinto destinado a formación profesional tampoco está en planta baja
y, además de otros inconvenientes, el aprovisionamiento resulta
totalmente dificultoso.
El local destinado a trabajos remunerados es a todas luces insuficiente y
más parece la cueva de Alí Babá. Las celdas de régimen abierto deben
permanecer siempre abiertas por no disponer de los servicios
imprescindibles. De las galerías de internos, mejor no hablar.
Por todo lo expuesto, señor Ministro, espero que no sea su intención
mantener esta situación. Por eso, en mi nombre le ruego encarecidamente y
en el nombre del Parlamento de Navarra le insto para que ante Cámara
informe en relación al futuro centro penitenciario de Navarra y más
concretamente, valga la expresión, en cuanto al cuánto, al cuándo y al
dónde de su construcción. En cuanto al cuánto, los datos que con cierto
secretismo se vienen aportando por parte del Gobierno de Navarra difieren
muchísimo de las necesidades reales que manifestaban el viernes pasado
los funcionarios responsables de la actual cárcel; en cuanto al cuándo,
todos estaremos de acuerdo en que por pronto que sea siempre será tarde;
en cuanto al dónde, las imprecisas informaciones aportadas por el
Gobierno y aparecidas en los medios de comunicación no le voy a decir que
han creado alarma, pero sí una inquietud social en todo el entorno de
Pamplona y, sobre todo, en todos los municipios que están en un radio
entre 15 y 20 kilómetros de Pamplona.
Usted sabe, señor Ministro, que la obligación de la cárcel puede ser
conflictiva y más en una tierra como la nuestra donde las coordinadoras
se forman al grito de ¡ya!
Por todo eso le ruego que sea lo más explícito posible en la contestación
a esta interpelación.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Iriguíbel.
El señor Ministro del Interior tiene la palabra.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Mayor Oreja): Muchas gracias, señor
Presidente.
Quiero agradecer al Senador Iriguíbel la presentación de esta
interpelación por cuanto nos permite debatir en el Senado algunos
aspectos importantes de la política penitenciaria del Gobierno, y además,
para no quedarnos simplemente en la generalidad, abordar también la
problemática penitenciaria en Navarra y, en particular, en lo que
significa el centro de Pamplona.
De los demás temas que usted ha planteado al principio, además de que le
reitero que estoy a su disposición para hablar de cualquier tema en
cualquier momento, creo que ya habrá ocasión de otros foros y de otras
instancias para abordar cuestiones que en nada tiene que ver con el
sentido de la interpelación que usted ha presentado en esta Cámara.
En lo que se refiere a la política penitenciaria del Gobierno, quiero
decirle que la nueva política penitenciaria se contiene en el nuevo Plan
de infraestructuras que ha sido elaborado y aprobado por el Ministerio
del Interior y que está pendiente de inminente aprobación por el Consejo
de Ministros.
Usted sabe que hay un precedente, que es el Plan de Amortización y
Creación de Centros Penitenciarios, que aprobó el anterior Gobierno en
julio de 1991. Ha transcurrido tiempo, hay un nuevo Código Penal, hay
unas nuevas modalidades en el cumplimiento de condenas, y eso ha hecho
que este Gobierno se replantee el mapa de infraestructuras, revise el
citado Plan y sea capaz de adaptarse a las nuevas circunstancias en la
política penitenciaria española. Por ello, el Gobierno decidió, con
carácter previo a la aprobación del plan definitivo, revisar el Plan de
1991 y, por acuerdo del Consejo de Ministros de 1 de marzo de 1996, se
introdujeron además algunas precisiones en el mapa de infraestructuras
para adaptarlas a la nueva situación de la población penitenciaria.
Con la elaboración de este nuevo Plan de infraestructuras --insisto en
que va a ser producido de modo inminente por el Consejo de Ministros-- se
está dando además cumplimiento a un mandato parlamentario dirigido al
Gobierno. Recordará, señor Iriguíbel, que en junio de 1996 se aprobó una
moción sobre la política penitenciaria del Gobierno, y expresamente en el
apartado tercero de aquella moción, se decía: El Congreso de los
Diputados insta al Gobierno para que proceda a una revisión del actual
Plan de Amortización y Creación de Nuevos centros y del vigente modelo de
centros tipo, a fin de establecer un mapa de infraestructuras
penitenciarias que se adecue a las previsiones de la Ley Orgánica y a las
demandas inherentes al marco de legalidad que surge del imperativo
establecido en el artículo 25.2 de la Constitución y en la Ley Orgánica
General Penitenciaria. Pues bien, señorías, el Gobierno, como antes
decía, ha revisado este Plan, y en estos momentos puedo decirles que sus
objetivos esenciales son los siguientes: En primer lugar, reiterar que
hay un nuevo modelo
punitivo en España, hay un nuevo Código Penal, hay unas nuevas penas de
arresto de fin de semana y de trabajo en beneficio de la comunidad, y que
ello significa, ya en sí mismo, factores determinantes a la hora de
diseñar el nuevo mapa de infraestructuras. ¿Qué significa esto? Que
nosotros hemos creído necesario prever la construcción de centros de
inserción social --24 nuevos y otros que, evidentemente, serán objeto de
reforma-- para impulsar no sólo el tratamiento penitenciario para
internos en régimen abierto, sino también para favorecer las nuevas
alternativas en el cumplimiento de condenas que establece el Código
Penal. Ello viene a suponer la conveniencia de desviar unos recursos que
estaban destinados a un régimen de internamiento para potenciar la
construcción de centros de régimen abierto, que nos parece que es la
mejor adaptación al nuevo Código Penal.
En segundo lugar, usted sabe que en el Plan de 1991 existía un diseño de
tres grandes hospitales que pudiesen dar respuesta a los enfermos en las
cárceles españolas. El nuevo Plan cree que esa fórmula no es la más
correcta y prevé, por ello, la construcción o adecuación de 40 unidades o
zonas de custodias en hospitales del sector público, con la distribución
geográfica que permita dar cobertura a la asistencia sanitaria en los
hospitales de referencia. Eso tiene, además, una importancia y una
trascendencia decisivas a la hora de abordar una política inteligente de
ahorro de efectivos de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a los
que, precisamente en este trabajo cotidiano, se les exigen múltiples
presencias, de forma y manera que se pierde efectividad a la hora de
abordar en su conjunto la política de seguridad ciudadana en toda España.
La tercera consideración que quería hacerle respecto de este nuevo Plan
de Infraestructuras es que, como es evidente, estamos en disposición de
finalizar y poner en funcionamiento los centros que actualmente están en
construcción, pero, además de esos centros --y ahora empezamos a hablar
de Navarra--, el nuevo Plan prevé la construcción de otros más que no
tienen la estructura rígida del macrocentro de más de 1.000 plazas, lo
cual significa que, en el fondo, debe haber cárceles distintas, diversas
y diferentes, en función de las necesidades de nuestra población reclusa.
En el fondo, de lo que se trata es de diseñar un nuevo centro tipo, que
es lo que el Gobierno ha revisado en este Plan. Ejemplos del nuevo centro
tipo son Pamplona y Villena que tienen 400 plazas aproximadamente. Son el
ejemplo del nuevo diseño del centro tipo de las instalaciones
penitenciarias. La revisión del plan de 1991 no va a significar un
aumento en relación con el plan inicial; por el contrario, va a haber un
ahorro en infraestructuras y en recursos humanos.
Dentro de ese nuevo Plan de infraestructuras vamos a hablar del tema de
Pamplona, tema del que usted ha hecho una especial referencia en su
interpelación. Todo lo que usted ha dicho de la cárcel de Pamplona da la
razón al Gobierno y avala sus decisiones: hace falta un nuevo centro. La
única política penitenciaria válida para el centro de Pamplona hoy, la
básica, es la de hacer --y el Gobierno está decidido a hacerlo con la
Administración navarra-- un nuevo centro penitenciario en Pamplona, con
lo cual todos los datos que usted ha dado avalan, justifican y ratifican
el acierto de una decisión que antes no se había podido tomar, y que es
el acuerdo entre el Gobierno de España y el Gobierno de Navarra para
construir un nuevo centro penitenciario en Pamplona.
¿Cuáles son las previsiones del Gobierno para la construcción de esa
nueva cárcel en Pamplona? Como antes le decía, el plan de amortización de
1991 preveía la creación de un centro tipo en Pamplona para 1.008
personas. El Gobierno anterior, el socialista, no impulsó esta
construcción porque no lo creía necesario. La construcción en Pamplona de
una cárcel con 1.008 plazas contó siempre con la oposición frontal del
Gobierno navarro; siempre.
Durante 1997, los responsables de la Dirección General de Instituciones
Penitenciarias y los del Gobierno Foral de Navarra, que iniciaron sus
contactos y que han celebrado diversas reuniones, han llegado a un
acuerdo para definir esencialmente la infraestructura penitenciaria
adecuada a las necesidades de Navarra y a las peculiaridades históricas,
de las que usted hablaba, en el ámbito penitenciario. Y lo han hecho, no
con grandes palabras, sino con realidades que tienen su explicación y su
proyección en el futuro centro penitenciario diseñado para Pamplona.
Yo quiero insistir en el buen entendimiento y en la buena relación que ha
habido entre ambos gobiernos que han permitido que se llegara,
finalmente, a un acuerdo. ¿En qué momento del acuerdo nos encontramos?
Ambas instituciones han llegado al compromiso formal de construir un
nuevo centro penitenciario en Navarra con una capacidad de entre 350 y
400 plazas que pueda acoger a presos de ambos sexos.
La decisión de construir ese nuevo centro en Navarra tiene su antecedente
en un borrador muy avanzado, prácticamente ya aceptado, en un convenio de
cooperación entre la Administración del Estado y la Administración Foral
de Navarra, que está pendiente por ambas partes, pero que ha sido
prácticamente --yo se lo puedo decir--, en lo sustancial, acordado.
Con este convenio se pretende establecer el plan de actuación a
desarrollar por ambas administraciones no sólo para la construcción y la
financiación del nuevo centro penitenciario, sino también para su
gestión. Todo ello demuestra, señorías, que la construcción de un nuevo
centro en Pamplona no es simplemente un compromiso vago, sino una
realidad, pues únicamente quedan por perfilar algunos aspectos puntuales
sobre la participación de las dos administraciones en todas las
cuestiones a las que antes me he referido.
Este es un tema importante, en mi opinión. También quiero decirle que
respecto del actual centro penitenciario de Pamplona ya se han adoptado
medidas, pues no podemos esperar a la construcción de un nuevo centro,
aunque el actual sea de titularidad de la Comunidad Foral Navarra. Hemos
querido, por tanto, trabajar con ellos en la potenciación de los actuales
servicios del evidentemente limitado y lleno de problemas centro
penitenciario de Pamplona.
En el mes de mayo de 1990, el Gobierno anterior decidió clausurar el
departamento de mujeres del centro penitenciario
de Pamplona. Las mujeres fueron trasladadas al departamento del centro de
Nanclares de la Oca. Eso, evidentemente, señoría, ha provocado
disfunciones importantes, procesales y penitenciarias, para la población
femenina. Pues bien, la administración penitenciaria y el Gobierno foral,
conscientes precisamente de los problemas que usted ha explicado en la
mañana de hoy, han resuelto esta cuestión. Dentro de los numerosos
acuerdos a los que antes me refería, se ha acordado llevar a cabo una
inversión necesaria, suficiente nunca, para acometer el acondicionamiento
del departamento de mujeres del actual centro de Pamplona. Para ello la
Administración Foral se compromete a aportar los medios materiales
necesarios, dotando correlativamente la administración penitenciaria los
recursos humanos precisos para reabrir el actualmente clausurado
departamento.
Le puedo decir que el nuevo módulo de mujeres de Pamplona es ya otra
realidad, que contará con siete celdas y se ubicará dentro de la planta
de arresto de fin de semana. En estos momentos se encuentra en fase de
adjudicación ese proyecto de obra que financia el Gobierno de Navarra,
cuyas bases de adjudicación ya se han publicado en el «Boletín Oficial de
Navarra», y la previsión para la finalización de estas obras se sitúa a
finales de este año.
También quiero decirle que, evidentemente, era mejor que existieran
celdas para arrestos de fin de semana a que no existieran; usted podrá
criticar todo lo que quiera los materiales y la forma en que se ha tenido
que improvisar esta modalidad de cumplimiento en el Código Penal, pero
creo que el debate se centraba en si había algo distinto de lo actual.
Antes no existía nada y hoy tenemos posibilidad de que haya cumplimientos
de arrestos de fin de semana, algo que a mí me parece que es un paso
adelante en esta cuestión.
En definitiva, señoría, Pamplona y el nuevo centro de Pamplona no es una
casualidad; obedece a una preocupación de adaptación del nuevo Plan de
infraestructuras penitenciarias y al mismo tiempo es la confirmación de
que creemos en la singularidad de Navarra y de su Comunidad Foral y de
que estamos trabajando a través de ese convenio mano a mano y día adía en
una Administración tan histórica y singular como la Navarra.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro del Interior.
Senador Iriguíbel, tiene su señoría la palabra.
El señor IRIGUIBEL MATEO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, siento tener que decirle que no me ha dicho nada que no
supiera. Le he pedido que fuera explícito en cuanto a lo que afectaba al
nuevo centro penitenciario de Pamplona. Estoy de acuerdo en que era
necesario el nuevo recinto para arrestos de fin de semana y en que allí
se está haciendo lo que buenamente se puede, así como que es mejor que
haya lo que hay a que no hubiera nada, pero sólo me ha hablado de unas
400 plazas en el nuevo centro penitenciario.
Los funcionarios que están a cargo de la cárcel de Pamplona me hablaron
de una estadística en cifras no superiores a unos 140 reclusos internos y
en torno a 40 ó 50 reclusos de otros regímenes abiertos. Es cierto que la
adaptación al nuevo Código Penal requiere unos centros totalmente
distintos a los que estábamos acostumbrados a concebir hasta ahora; por
eso me atrevo a indicarle, señor Ministro, un pequeño centro de régimen
abierto en Tudela, por ejemplo, así como los regímenes abiertos próximos
a las capitales, porque hay que hacer un desplazamiento continuado y
generalmente las personas que se desplazan tienen que contar con medios
que normalmente no tienen. Otro tema sería el del centro penitenciario de
régimen de internado.
Quería que usted me contestase en qué fase estamos de ese acuerdo, cómo
es el proyecto, de qué proyecto se está tratando y de qué cifra de
reclusos. Sólo me ha hablado de 400 reclusos pero no de dónde ni de
cuándo. Según lo que usted me está diciendo, un proyecto del siglo pasado
va a durar el siglo que viene, y eso lo tengo muy claro. Por eso quiero,
si puede ser, que me concrete todos esos temas.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Iriguíbel Mateo.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la Senadora De Boneta.
La señora DE BONETA Y PIEDRA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, señorías, hablando del tema que hoy nos ocupa, creo que
es obligado --y lo hago con mucho gusto en nombre de mi Grupo y del mío
propio-- condenar y solidarizarnos con los últimos atentados que han
tenido lugar en la provincia de Guipúzcoa en la madrugada de hoy contra
cargos públicos del Partido Popular o de su entorno familiar para
provocar ese amedrentamiento de la sociedad con atentados que básicamente
lo son también contra el pueblo vasco en la persona de sus legítimos
representantes. Valga, pues, esta primera manifestación para que queden
claras tanto la posición del Grupo Parlamentario Mixto a este respecto
como la posición de esta Senadora de Eusko Alkartasuna.
Señor Ministro, coincido con el Senador Iriguíbel en la necesidad del
éxito policial y le felicito por los últimos éxitos policiales, al margen
de su utilización mediática. En este sentido, también de acuerdo con el
Senador Iriguíbel, tengo que decir que es una condición necesaria, pero
no suficiente para la solución del problema y coincido en sus propios
términos con sus palabras: justicia justiciera deja de ser virtud.
Igualmente coincido, como no podía ser menos, en lo que se ha planteado
en torno a las aportaciones y a la consideración, a veces, como
privilegio, de unos derechos históricos que tanto Navarra como la
Comunidad Autónoma Vasca, el conjunto de Euskalherría, mantienen,
amparados en la Constitución, en el Estatuto de Autonomía del País Vasco
y en la Ley de Amejoramiento. Además, me congratulo de que el señor
Ministro haya manifestado su coincidencia en todo caso. Yo también creo
que,
a menudo, no se tienen en consideración la solidaridad y, en muchos
casos, la generosidad, y que simplemente se plantea el hecho diferencial
como en clave de privilegio. El señor Ministro es obvio que no lo plantea
así.
Centrándonos en lo que aquí se habla y en la política penitenciaria en
general, por supuesto, son conocidas las discrepancias que esta Senadora
de Eusko Alkartasuna ha puesto de manifiesto en reiteradas ocasiones en
los debates con el señor Ministro, cuestión en la que, al parecer,
coincido no solamente con el Senador Iriguíbel, del CDN, no precisamente
nacionalista, sino también con otras voces autorizadas, no nacionalistas
precisamente, que abogan por una solución no sólo policial en la materia
que tratamos.
Centrándonos en política penitenciaria por ejemplo, tenemos dos problemas
que afectan a la concesión del tercer grado penitenciario y a la libertad
condicional cumplidas las tres cuartas partes de la condena. Hay presos
que han cumplido condenas de 17 años, más de las tres cuartas partes, y
siguen sin obtener ese tercer grado, sin perjuicio de que, en algunos
casos, ellos lo hayan solicitado. Por otro lado, respecto al cumplimiento
del artículo 60 del Reglamento Penitenciario en relación a la situación
de los presos enfermos graves, la salida que da el propio reglamento es
el acercamiento a los lugares de origen. Son todas cuestiones en las que
las posiciones son suficientemente conocidas, pero quiero insistir en que
una política penitenciaria orientada en este sentido, y desde luego en
todo caso acorde con la ley, es buena para la pacificación y para el
entorno familiar y de los allegados en general de esos presos.
Naturalmente, cuando pido beneficios los pido para todos los presos, pero
en este caso, y hablando de pacificación, para los presos de ETA, para
los violentos, para los terroristas.
Tengo que recordar el informe del Defensor del Pueblo, magnífico informe
monográfico sobre la situación de los establecimientos penitenciarios, y
en este caso --por centrarme en el tema-- en lo que hace referencia a la
cárcel de Pamplona. Me alegro, en todo caso, de que la situación que se
planteaba con el traslado de mujeres vaya a ser paliada con el compromiso
que ha manifestado aquí el señor Ministro, y también me gustaría --como
al Senador interpelante-- que fuera más preciso en cuanto a ese nuevo
establecimiento que está proyectado construirse, junto con el Gobierno de
Navarra, para solucionar los problemas que el propio Defensor del Pueblo
señalaba: hacinamiento, etcétera.
Sin embargo, yo quiero añadir otra cuestión a lo que aquí se ha
planteado. Hoy mismo, señor Ministro, el Consejero de Justicia del
Gobierno vasco, compareciendo ante la Comisión de Instituciones e
Interior, planteaba al Parlamento, como consecuencia de una interpelación
de un grupo de la oposición, en este caso de Izquierda Unida-Ezkerbatua,
que la situación de las cárceles --y en este caso se refería a las de su
competencia, a las de la Comunidad Autónoma vasca-- es impropia, entre
comillas, de una sociedad moderna. Insistía también el señor Egea,
Consejero de Justicia de nuestro Gobierno, en que se debe atender a los
presos enfermos en fase terminal en las prisiones vascas; que se deben
arbitrar medidas para estas situaciones, por lo que considera necesario
un juzgado de vigilancia penitenciaria en Vitoria, para descargar del
trabajo acumulado al de Bilbao.
El señor PRESIDENTE: Senadora De Boneta, por favor.
La señora DE BONETA Y PIEDRA: Termino, señor Presidente.
Insistía --y el dato creo que es interesante-- en que desde noviembre de
1997 había planteado conversaciones formales con el Ministerio para que
se procediera a la transferencia en materia de Justicia, y en particular
de instituciones penitenciarias, indicando la falta de respuesta del
Gobierno en esta cuestión que, si se atendiera, a su juicio, provocaría
un cambio sustancial en la calidad de vida en las cárceles vascas, ya que
--insistía otra vez-- la consideraba impropia de una sociedad civilizada,
a la vez que señalaba el descenso presupuestario de 81.000 millones de
pesetas en 1995 a 80.000 millones de pesetas en el presente ejercicio de
1998 para estas dotaciones.
Recuerdo estos temas aquí y ahora porque realmente tienen que ver con lo
que se ha planteado, y estoy segura de que la voluntad del Ministerio
será proceder a solucionar estos problemas que a nivel institucional se
están planteando.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senadora De Boneta.
¿Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.)
¿Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió?
(El señor Carrera i Comes pide la palabra.)
Tiene la palabra, Senador Carrera.
El señor CARRERA I COMES: Muchas gracias, señor Presidente.
Intervengo telegráficamente, porque no voy a entrar en la política
penitenciaria, ya que entiendo que la intención del Senador Iriguíbel era
conocer, con la máxima amplitud y exactitud, los planes futuros de la
nueva cárcel de Pamplona. Deduzco por el debate que ha habido una buena
información, aunque deberá valorar el Senador Iriguíbel si ha sido
suficiente. Sepa que en caso de plantear una nueva iniciativa, sin duda,
nuestro Grupo la seguirá con el máximo interés.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Carrera.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador
Ardaiz.
El señor ARDAIZ EGÜES: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, he seguido con suma atención las explicaciones que su
señoría le ha dado a esta Cámara en respuesta a la interpelación
realizada por mi colega y conciudadano el Senador Iriguíbel, y he de
decirle que, a pesar de
que he tomado algunas notas de las explicaciones que nos ha ofrecido, sin
embargo, han quedado algunas cuestiones sin aclarar del todo. Por eso, en
nombre del Grupo Parlamentario Socialista voy a pedirle, señor Ministro,
que cuando suba usted de nuevo a la tribuna, si puede, nos dé al menos
las explicaciones que voy a pedirle en estos pocos minutos.
Ha dicho el señor Ministro textualmente que está dispuesto a construir el
centro penitenciario de Pamplona. Pues entonces, díganos, señor Ministro,
¿es ésa una previsión general que afecta a esta legislatura y a lo mejor
a la siguiente? ¿Tiene previsto el señor Ministro en qué ejercicio
presupuestario va a consignar las cantidades necesarias para proceder a
esa construcción o la actual cárcel de Pamplona cumplirá el siglo?
Señor Ministro, en el Congreso de los Diputados ha reiterado usted lo de
la construcción de ese nuevo centro --lo he leído en la respuesta que le
daba recientemente a un Diputado navarro--, pero también dice usted que
en este momento no queda pendiente sino la redacción del proyecto de obra
y su emplazamiento. Señor Ministro, ¿qué es entonces lo que no queda
pendiente? ¿Qué es lo que se ha hecho ya? ¿Quizá sean los diversos
contactos con el Gobierno de Navarra, a los que alude en esa respuesta, y
a los que se ha vuelto hoy a referir desde la tribuna? Pues yo, señor
Ministro, podría preguntarle: ¿Qué contactos? ¿Cuántos? ¿Dónde? ¿Cuándo?
¿Cuántas veces? ¿Entre qué interlocutores? Podría usted contestarme a
cada una de esas cosas, pero me basta con la contestación que me ha dado
al final, con el resultado final que me ha dado: tiene usted en la mano
en estos momentos un borrador de un convenio de cooperación.
Pero, señor Ministro, si en el Congreso de los Diputados contesta lo que
le acabo de decir, si al Senador Oliart le ha dicho esta misma mañana en
respuesta a una pregunta que está dispuesto a hablar de las
construcciones de las cárceles cuando el Senador quiera, si resulta que
también lo quiere el Senador Iriguíbel a través de su interpelación, si
se lo estoy pidiendo yo desde esta tribuna..., díganos entonces en qué
consiste ese borrador.
Porque usted nos dice: ese convenio de cooperación es un plan de
actuación sobre la construcción, sobre la financiación, sobre la
gestión... De acuerdo, señor Ministro, pero cuéntenos algo. Además de
decirnos la capacidad que ese centro va a tener y que habrá sección de
mujeres, háblenos del proyecto urbanístico y de las posibilidades que hay
al respecto; háblenos de las dotaciones que va a haber en materia de
talleres, de edificio administrativo, de cumplimiento de penas, etcétera.
Háblenos de todo eso, porque si no, no estaremos hablando más que de
nominalismos, de palabras que hacen referencia a algo que después no
tiene contenido.
Por tanto, le pido simplemente que nos explique aquí cómo es el borrador
de ese convenio de cooperación y, si puede, trasládenoslo porque, ¿qué
mejor ocasión que ésta, cuando se le pregunta en esta Cámara cómo van
unas determinadas negociaciones, cómo va la construcción de un
determinado establecimiento penitenciario, para que nos lo cuente aquí
hasta el final y no en ningún otro sitio?
Señor Presidente, el Grupo Parlamentario Socialista --y con esto acabo--
está interesado en esas respuestas, pero no por mera curiosidad. Usted
entenderá, señor Ministro, que eso se debe a que los navarros tenemos
necesidad de conocer cuáles son los planes concretos del Gobierno en
relación con la construcción del centro penitenciario de Navarra.
Queremos saber cuál es la política penitenciaria del Gobierno para los
dos años que le quedan de mandato.
Y, desde luego, señor Ministro, si usted contesta a esas preguntas podrá
ejercer algo de lo que ustedes suelen hablar bastante: la transparencia.
Cuéntenos con transparencia cuál es el contenido de esos convenios, dé
respuesta a las preguntas que le he hecho, que seguramente eso servirá
para que todos los navarros nos enteremos de los planes de su Ministerio.
Si en vez de responder lo que hace su señoría es referirse a épocas
pasadas, le recuerdo que usted también tiene pasado: estos dos años. ¿Qué
ha hecho usted en estos dos años? Lo demás, a beneficio de inventario.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Ardaiz.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el Senador Iribas.
El señor IRIBAS SANCHEZ DE BOADO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Presidente, señorías, antes de pasar a mi intervención propiamente
dicha, también quiero manifestar la más expresa condena de nuestro Grupo
a los atentados terroristas acaecidos durante la pasada madrugada, así
como nuestra solidaridad para con las víctimas y para todas las personas
víctimas del terrorismo. (Aplausos desde los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.)
Quiero agradecer la interpelación del Senador Iriguíbel, ya que facilita
el que se dé a conocer en qué se ocupan, yo diría que efectiva y
eficazmente, los actuales Gobiernos central y de Navarra --puesto que la
actuación ha sido coordinada-- para mejorar la situación actual de la
cárcel de Pamplona.
Señor Ministro, he de decirle que tenía preparada una intervención para
la ocasión. Pero como los navarros somos bastante llanos y rotundos, creo
que tengo que hablar claro. Así, tanto el criterio de mi Grupo, como el
de mi Partido --Unión del Pueblo Navarro--, es que da la impresión de que
se viene aquí a pedir cuentas a su señoría por lo que no ha hecho en dos
años respecto de la obsolescencia y vejez de una cárcel. Parece que ésta
sea vieja desde hace sólo dos años, pero lo cierto es que ha habido
múltiples iniciativas desde hace muchísimo tiempo y no se han tomado
medidas al respecto. Algunos Senadores supieron esperar varios años para
presentar interpelaciones, pero ahora parecen ponerse nerviosos y no
saben esperar dos años más, a pesar de que se están adoptando medidas
concretas, objetivas, palpables y materiales que están paliando los
problemas y se están planteando las soluciones para la nueva cárcel de
Pamplona.
Me voy a referir al primer dato concreto, es decir, a los módulos de
arresto de fin de semana. Estos ya se han construido, se han inaugurado,
y están en funcionamiento. Podremos
hablar de si estéticamente nos gustan más o menos, de si al Senador
Iriguíbel le parece o no adecuado el material, pero lo cierto es que el
Gobierno de Navarra --que no es interpelado en este acto-- ha construido
los módulos, por lo que hay catorce celdas individuales que se utilizan
para uno y otro sexo, aparte de contar con otra serie de dependencias. Es
curioso que estos módulos no existieran, y que quien previó unas penas
por arrestos de fin de semana no tuviera también la previsión de que
habría que cumplirlas en algún lugar. Pues bien, como digo, a partir de
diciembre de 1996 este Gobierno ha tomado las medidas oportunas, y esos
módulos están funcionando, señor Ministro.
En cuanto al departamento de mujeres, se ha hablado aquí de que es un
problema grave que venía siendo denunciado, como se hizo también por
parte de este Senador. En mayo de 1990, el Gobierno socialista de España
decidió clausurar el departamento de mujeres que había en la cárcel de
Navarra. Se tuvo que trasladar a las presas a Nanclares de la Oca; se
generaron las lógicas disfunciones procedimentales y de mejor defensa;
los colegios de abogados protestaron, y también lo hicieron otros
afectados. Como digo, este Senador también elevó su protesta al Gobierno
socialista, que fue el que lo cerró. Y ahora, este Gobierno recibe en
noviembre la petición de la Comisión de Asuntos Sociales del Parlamento
de Navarra --en la cual, curiosamente, hay miembros del Partido
Socialista-- para que ustedes abran aquello que cerraron los socialistas.
Pues bien, ustedes ya han aprobado el proyecto, ya está publicado en el
«Boletín Oficial del Estado», y se va a solucionar un problema que, como
digo, venía de lejos. Se han adoptado esas medidas inmediatamente y ya
está pactada la distribución entre los gastos de inversión y los gastos
de funcionamiento. Ese, por lo visto, es otro de los pecados que ustedes
han cometido: solucionar uno de los más importantes problemas que venían
siendo denunciados desde hace tiempo.
En cuanto al tema del nuevo centro penitenciario, como ya he dicho, está
obsoleto, pero que no creo que haya envejecido especialmente en estos dos
últimos años. En 1994, el Gobierno de Navarra --entonces presidido por el
señor Alli-- y el Gobierno de la nación --estando dirigido el Ministerio
de Justicia por el señor Belloch-- tuvieron conversaciones al efecto. Y
no sé cuántas veces se reunieron, si fue en Madrid o en otro lugar, si
tomaron o no café, pero lo que sé es que no llegaron a ningún acuerdo.
¿Se continuaron o no las gestiones en 1995 y 1996 siendo Presidente del
Gobierno de Navarra el señor Otano? En todo caso fracasarían, porque el
Gobierno de la nación, el gobierno socialista, seguía empeñado en
implantar en Navarra el modelo uniforme de macrocárcel, de 1.008 reclusos
por centro. Eso no lo podíamos aceptar desde Navarra. En Navarra
queríamos una cárcel en cantidad y en calidad adecuada a las necesidades
de nuestra Comunidad y que no supusiera una instalación de este tipo.
En la actualidad ya sabemos algo. Algunos conocemos más cosas, porque nos
hemos leído la comparecencia del Vicepresidente del Gobierno de Navarra a
petición, precisamente, del mismo Partido que ha solicitado la
interpelación en esta Cámara, y aunque no sabemos cuántas veces se han
reunido, sabemos que ha habido un acuerdo, una receptividad del Gobierno
de la nación y que éste está dispuesto, con el nuevo modelo de centros
penitenciarios adoptado, a que en Navarra no haya una macrocárcel. Es
más, ha aceptado y asumido con enorme sensibilidad que exista en Navarra
una cárcel adecuada a nuestras necesidades, con un máximo de 400
reclusos, y nos está prestando apoyos a estos efectos. Sabemos el número,
y que se ha incluido como compromiso claro del Gobierno en su nuevo Plan
de Infraestructuras, porque lo ha dicho así su señoría. Lo estamos
siguiendo de cerca porque, lógicamente, nuestro Partido sostiene al
Gobierno de Navarra y al Gobierno de la nación, puesto que somos partidos
socios (el Diputado de UPN, Jaime Ignacio del Burgo, ha trabajado en
serio a la hora de canalizar estas historias) y creemos que no es lógico
el que se hable de que el Gobierno tiene secretismo, cuando da una serie
de datos a través del Gobierno de Navarra, cuando aquí también se están
aportando datos --sin perjuicio de no entrar en detalle, por ejemplo, en
lo referente a los terrenos que los tiene que aportar Navarra--, se acusa
de secretismo, repito, porque no se dice dónde. Primero, quien tiene que
facilitar los terrenos es el Gobierno de Navarra. Segundo, por
discreción, por responsabilidad y por no darle cuartos al pregonero, que
por lo visto son las coordinadoras que usted razonablemente presume que
siempre aparecen, me permitirá que no hable más extensamente y no haga
como usted: decir que se podía poner una prisión en régimen abierto en
Tudela.
Creo que es una cosa mucho más seria como para improvisarla, aunque sea
en un debate en el Pleno de la Cámara. Pienso que este tema hay que
trabajarlo, planteárselo al propio Gobierno y al Parlamento Foral de
Navarra y no soltarlo en plan escopetazo. Y le voy a decir más. Todo lo
que se está haciendo es merced y al amparo de la Ley de Amejoramiento
Foral, que en su artículo 65 prevé que se podrán realizar inversiones e
infraestructuras comunes...
El señor PRESIDENTE: Señor Iribas, por favor, acabe.
El señor IRIBAS SANCHEZ DE BOADO: Acabo ya, señor Presidente.
... y merced a la Ley del Convenio Económico, una Ley que denota
palpablemente --con la nueva Ley que aprobaremos próximamente también--
que este Gobierno respeta escrupulosamente, y no sólo respeta, sino que
impulsa, apoya y promueve los derechos de Navarra, entre ellos los
derechos históricos, que obras son amores y no buenas razones. Además, ha
habido manifestaciones expresas y rotundas como --no sé si estuvo su
señoría-- en la última reunión de la Comisión General de las Comunidades
Autónomas en la que se encontraba el Secretario de Estado, señor
Fernández Díaz, donde se hizo una rotunda defensa rebatiendo además
ciertos argumentos sobre si los navarros teníamos privilegios que no
venían precisamente de este Grupo, sino de otros.
Por tanto, lo único que tenemos claro es que este Gobierno sí funciona,
que ha habido una canalización, se han
aunado esfuerzos y se ha puesto manos a la obra para mejorar las
dotaciones penitenciarias en el diseño que ya teníamos y en la calidad.
Efectivamente, uno de los argumentos que pueden modificar los costos es
que el Gobierno de Navarra tiene muy claro, sin perjuicio de que el
Gobierno de la nación aporte los módulos generales o estándar para el
resto de las prisiones, que quiere que los presos tengan calidad,
incluso, si usted quiere, a nuestra costa, puesto que lógicamente lo
pedimos y no queremos privilegios para conseguir unos mejores servicios
sociales de reinserción, de rehabilitación, etcétera. Todo ello no puede
ser sino motivo de satisfacción.
Quiero agradecerle al Senador interpelante la oportunidad que ha dado de
demostrar al Gobierno cómo se funciona con obras y no con palabras.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Iribas.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Mayor Oreja): Señor Presidente,
intervendré con brevedad.
En primer lugar, quiero agradecer todas las referencias que ustedes han
hecho a los últimos acontecimientos y, en ese sentido, en nombre del
Gobierno, les aseguro que lo agradecemos muy especialmente.
Voy a tratar de centrar en este último trámite las cuestiones que, en el
fondo, creo que deben ser objeto del debate principal en el día de hoy.
La primera pregunta es sobre si el volumen previsto para la cárcel de
Pamplona es el correcto o no, y si es correcto lo importante es destacar
lo acertado del análisis del Gobierno. Como usted sabe, hoy hay en la
cárcel de Pamplona 191 penados y, además, los navarros que cumplen sus
condenas en el conjunto de instituciones penitenciarias son 237 penados y
39 preventivos. Esto significa que en función de los penados que hoy
están en Pamplona, y en función de los navarros que cumplen condenas, la
cifra de 400 aproximadamente es una cifra correcta, y ésa es la primera
cuestión: ¿Es correcto o no el análisis que hace el Gobierno en esta
cuestión?
La segunda referencia es sobre el tema de la transferencia de
competencias, como planteaba la Senadora de Eusko Alkartasuna. No podemos
ser más autonomistas que los propios navarros que representan hoy a sus
conciudadanos, y en esta cuestión el Vicepresidente del Gobierno de
Navarra ha dicho textualmente: Respecto del ambiente de cooperación en
línea con una futura asunción de transferencias en materia de
instituciones penitenciarias, hay que decir que durante las
conversaciones en este momento no se adopta una decisión favorable o
desfavorable a ella, puesto que las dos administraciones deben estudiar
la cuestión con mayor atención y el Gobierno de Navarra debiera analizar
antes la experiencia de Cataluña. Esa es la posición de los navarros. No
reivindiquemos más que los propios representantes e instituciones
autonómicas de Navarra.
La tercera gran cuestión que yo le quiero a usted decir es si la fórmula
del convenio es correcta o no. ¿Es bueno que haya un convenio entre las
administraciones forales o sería bueno que el Gobierno de España hubiese
hecho una cárcel sin tener la aquiescencia de Navarra en cuanto a plazas,
en adquisición de locales, de terrenos o en cualquier otra consideración?
Yo creo que lo bueno es que haya un convenio entre ambos gobiernos, y la
cuestión, si se está de acuerdo, consiste en decir que, efectivamente, se
está de acuerdo.
Además, quiero decirle que el convenio es más foralista que el señor
Iriguíbel, porque claramente ha determinado que las competencias de la
Comunidad Foral Navarra son exactamente todas aquellas cuestiones que me
pregunta usted a mí que debe definir el Gobierno de España. Y lo debe
definir el Gobierno de Navarra, es decir, la aportación de los terrenos
necesarios, el encargo de proyecto de obras, la adjudicación, todo ello
en el borrador de convenio compete a Navarra, y todas estas cuestiones
tendrá que resolverlas el Gobierno de Navarra, y será la Cámara navarra
la que resuelva en una dirección u otra.
Además, podemos hacernos una pregunta: ¿Y los medios económicos desde la
Administración central se van a producir? Yo digo que es bueno que se
produzcan, porque ese centro va a ser de titularidad del Gobierno de
España, pero creo que es muy importante que, además, el Gobierno tenga
una participación real en este proyecto. Y nosotros decimos que, más o
menos, en ese proyecto podemos evaluar en unos 3.000 millones de pesetas
el costo que el Gobierno central está dispuesto a afrontar, y todo lo que
signifique una potenciación y mejora de sus servicios correrá a cargo de
la Comunidad Foral en un riesgo compartido que aquellos que tenemos la
experiencia del concierto o del convenio sabemos muy bien. Yo creo que es
un proyecto correcto. En definitiva, eso es lo que les puedo decir en
estos momentos.
Sobre las cuestiones que me preguntaba el Senador socialista, tengo que
decirle que en la Cámara navarra le contestarán. Yo le puedo comentar
sobre la evaluación, en cuanto al dinero que va a gastarse el Gobierno de
España en esta materia, que van a ser más de 3.000 millones de pesetas, y
el compromiso de hacerlo por convenio con Navarra, y no puede haber una
posición más foralista, como hacía referencia el señor Iriguíbel.
En definitiva, me alegro de que podamos explicar estos extremos en la
Cámara del Senado, pero quiero decirle que hoy hay, en primer lugar, un
acuerdo importante que no se había producido desde el comienzo de los 90,
que es el tipo de cárcel que tenemos en Navarra y, en segundo lugar, hay
medidas concretas para resolver la situación existente en la cárcel
antigua de Pamplona. Esas son realidades, son hechos, y eso es lo que en
estos momentos quiero poner de manifiesto en cuanto a este esfuerzo entre
los gobiernos de Navarra y de España.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro.
Se suspende la sesión hasta las cuatro de la tarde.
Eran las quince horas y cinco minutos.
Se reanuda la sesión a las dieciséis horas.
El señor PRESIDENTE: Señorías, se reanuda la sesión.
DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS
POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS:
--DE LA COMISION DE ECONOMIA Y HACIENDA EN RELACION CON EL PROYECTO DE
LEY DE ORDENACION DEL MERCADO DE TABACOS Y NORMATIVA TRIBUTARIA. SE
TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (621/000074).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto tercero y último del orden del día,
que es el de dictámenes de comisiones sobre proyectos y proposiciones de
ley, remitidos por el Congreso de los Diputados, en este caso de la
Comisión de Economía y Hacienda en relación con el proyecto de ley de
ordenación del mercado de tabacos y normativa tributaria. Se tramita por
el procedimiento de urgencia.
Tiene la palabra el Senador Soravilla para la presentación del dictamen.
El señor SORAVILLA FERNANDEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
El proyecto de ley de ordenación del mercado de tabacos y normativa
tributaria, que tengo el honor de presentar ante sus señorías en nombre
de la Comisión de Economía y Hacienda, consta de siete artículos, ocho
disposiciones adicionales, cuatro transitorias, cuatro finales y una
derogatoria, más un anexo y la correspondiente exposición de motivos.
Debe advertirse que en nada altera el presente proyecto de ley las
restricciones sanitarias vigentes en materia de publicidad y venta de
tabacos ni modifica la Ley Orgánica de Represión del Contrabando.
Por el contrario, es un avance más en el proceso liberalizador en cuanto
que suprime los actuales monopolios de fabricación, importación y de
comercio mayorista, aunque mantiene el minorista. Asimismo, crea el
organismo autónomo del Comisionado para el Mercado de Tabacos con función
de vigilancia de la libre competencia, lo que, a su vez, se refuerza con
la prohibición de actividades promocionales de fabricantes, importadores,
mayoristas y expendedores.
Este proyecto de ley tuvo su entrada en el Senado el pasado 13 de marzo
y, en el mismo día, se remitió desde la Mesa de la Cámara a la Comisión
que me honro en presidir para su debate y votación por el procedimiento
de urgencia.
Se presentaron 27 enmiendas y la Ponencia, reunida el 25 de marzo pasado,
acordó incorporar una del Grupo Mixto, manteniendo en lo demás el texto
remitido por el Congreso de los Diputados. En ese mismo día, la Comisión,
en pleno, dictaminó este proyecto aprobando el texto del informe
propuesto por la Ponencia.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Soravilla.
¿Turno a favor? (Pausa.)
¿Turno en contra? (Pausa.)
¿Turno de portavoces? (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.)
Tiene la palabra el señor Gangoiti.
El señor GANGOITI LLAGUNO: Gracias, señor Presidente.
Voy a intervenir muy brevemente. Nuestro Grupo ha presentado tres
enmiendas a este proyecto relativas al Anexo...
El señor PRESIDENTE: Senador Gangoiti, no estamos en el debate de
enmiendas, sino en el de totalidad.
¿Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió?
(Pausa.)
¿Grupo Parlamentario Socialista? (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario Popular? (Pausa.)
Ahora entramos en el debate de las enmiendas. En primer lugar, voto
particular número 3 de los señores Nieto Cicuéndez y Román Clemente, que
se corresponde con las enmiendas números 1 a 12, ambas inclusive.
Tiene la palabra el Senador Román Clemente.
El señor ROMAN CLEMENTE: Gracias, señor Presidente.
Paso a defender las enmiendas que hemos presentado al proyecto de ley de
ordenación del mercado de tabacos y normativa tributaria.
En primer lugar, señorías, la enmienda número 1 hace referencia a la
exposición de motivos. Tal y como la tenemos formulada, creemos que es
conveniente que en la futura ley, en virtud de los principios de
transparencia que debe fijarse como objetivo, queden establecidos los
criterios que se tendrán en cuenta para el otorgamiento de nuevas
concesiones y, de manera fundamental para este producto, el criterio
sanitario.
Hemos presentado la enmienda número 2 al artículo 1.Dos.c) porque
entendemos que será difícil comprobar dónde termina la promoción de
marcas y el comercio normal de labores de tabaco. Entendemos que se está
haciendo una concesión graciable de una expendeduría de tabaco a los
fabricantes, importadores y mayoristas, sin que tengan que someterse a
los principios de publicidad y concurso que la ley establece para la fase
de minoristas.
Con la enmienda número 3 al artículo 3.Cuatro pretendemos reafirmar la
diferenciación entre los sectores del comercio del tabaco y asegurar el
principio de neutralidad de la red minorista, ya analizado y justificado
en comentarios realizados en otras enmiendas que, en su momento, fueron
defendidas tanto en este trámite en el Senado, como en el propio
Congreso. Además, hay que evitar que los mayoristas puedan incrementar el
margen del expendedor a través de otros incentivos como regalos o
artículos, ya que entendemos
que esta política podría fomentar una cierta competencia desleal.
Con la enmienda número 4 al artículo 4.Cuarto pretendemos fijar los
criterios que se tendrán en cuenta para el otorgamiento de nuevas
concesiones para la prestación de este servicio público. Además,
introducimos la necesidad del informe previo del Comité del Comisionado,
al que se hace referencia en el apartado siete del artículo 5.º del
proyecto de ley, dado que vendrá a ocupar el lugar de la Comisión Asesora
que ya existe actualmente y, como expresamos en la exposición de motivos,
dicha introducción asegura la transparencia del procedimiento de
otorgamiento de concesiones.
La enmienda número 5 al artículo 4.Cuarto se refiere a las concesiones
administrativas, y viene motivada porque nosotros entendemos, señorías,
que no es de recibo que una misma persona física disfrute de varias
concesiones administrativas simultáneamente, ni que ninguno de los
familiares que puedan beneficiarse de la posible transmisión de una
concesión administrativa pueda acceder a una nueva concesión.
La enmienda número 6 al artículo 4.Seis también se refiere a las
transmisiones. Nosotros entendemos que en ellas se debe recoger que las
que sean a favor del cónyuge sean en usufructo y el resto sólo sean en
línea directa de ascendientes o descendientes.
Respecto de la formación del concesionario entendemos que es como
consecuencia de la atención que debe prestar el profesional al público
para ofrecer un eficaz servicio.
La número 7 al artículo 4.Nueve se enmarca dentro de lo que hemos
pretendido expresar en anteriores ocasiones respecto a la lucha contra el
tabaquismo, que es potenciar esa lucha. Consideramos que si está
prohibido fumar, aunque existan zonas restringidas en donde se pueda
hacer en determinados edificios, no parece ninguna tontería que se
prohíba también la comercialización. No dejar para una posterior
regulación reglamentaria estas excepciones es lo que nos lleva a la
formulación de esta enmienda.
La enmienda número 8 al artículo 7.Tres.1 versa sobre la reiteración de
falta grave, y nosotros entendemos que debe adquirir la tipología de
falta muy grave cuando se produce una reiteración en las faltas graves.
La enmienda número 9 al artículo 7.Tres.2.b) la presentamos con el fin de
mejorar la redacción de la letra b). Pretendemos incluir en el ilícito a
los autorizados a la venta con recargo y dar una mejor redacción,
igualmente, a los hechos infractores.
La enmienda número 10 al artículo 7.Tres.2 tiene como objeto la
consideración de falta grave la reiteración de faltas leves.
En las enmiendas número 11 se propone la adición de una nueva Disposición
Adicional con la que pretendemos mejorar aspectos sanitarios, defensa del
consumidor, también cuestiones relacionadas con la materia fiscal, y
estimamos que el etiquetado solicitado en la enmienda es necesario desde
nuestro punto de vista por varias razones: la primera, por motivos
sanitarios, dar una información del estado del producto, fecha de
caducidad, etcétera; la segunda, para proteger los intereses y derechos
de los consumidores en materia de protección al consumo, y la tercera
sería de índole fiscal porque sería una forma adicional de luchar contra
las redes de contrabando de tabaco.
Para finalizar, la enmienda número 12 es de adición de una nueva
Disposición Adicional con la que pretendemos homologarnos en cierta
medida a situaciones ya existentes en países europeos, además de intentar
proteger los intereses y derechos de los consumidores, de forma que al
hacer efectivo el pago de una determinada labor de tabaco,
independientemente de la fecha de compra por parte del consumidor, éstos
paguen los impuestos que se han satisfecho por las mismas, que serán los
correspondientes al momento del devengo, momento en que los expendedores
compran las labores del tabaco al fabricante, importador o distribuidor
mayorista, y no con los nuevos impuestos que por motivos presupuestarios
o de otra índole puedan gravar de forma distinta estas labores a partir
de una determinada fecha.
Con ello, señorías, doy por defendidas las enmiendas que hemos
presentado.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Román Clemente.
Voto particular número 2, del Grupo Parlamentario Mixto, correspondiente
a las enmiendas números 14 a 20, ambas inclusive.
Tiene la palabra la Senadora De Boneta.
La señora DE BONETA Y PIEDRA: Gracias, señor Presidente.
En primer lugar, debo agradecer a los Grupos Parlamentarios la
introducción de la enmienda número 13 en Ponencia, quedando vivas de las
números 14 a la 20.
Debo señalar que la número 18, relativa a la exposición de motivos, queda
retirada por ser una enmienda que se ha deslizado entre las que había
presentado Eusko Alkartasuna en el Congreso y está ya incorporada en la
exposición de motivos del texto actual.
Debo indicar que la número 14 se refiere a una modificación del plazo en
el que el Gobierno debe desarrollar reglamentariamente la ley.
Consideramos que el plazo máximo debería ser de tres meses, pero, en todo
caso, dado el consenso que existe sobre el mismo, también vamos a
retirarla. En consecuencia, las números 14 y 18 quedarían retiradas.
Las enmiendas números 15 y 16 se refieren a la misma cuestión. En la
primera de ellas proponemos que la reiteración de la sanción por una
infracción leve en el plazo inferior a tres años --consideramos que es un
tiempo prudencial-- debe ser considerada como digna de inclusión entre
las sanciones graves. De la misma manera, cuando se reitere la sanción
por una infracción grave en el mismo plazo de tiempo debe considerarse
como infracción muy grave --enmienda número 16.
La enmienda número 17 pretende la introducción de una nueva redacción del
apartado cuarto del artículo 4. Asimismo, hemos presentado las enmiendas
números 19 y 20, ambas a la exposición de motivos. Con la primera de
ellas se pretenden introducir conceptos no contemplados en los distintos
párrafos a que hacen referencia en relación a que también se tengan en
cuenta criterios de sanidad y de formación del nuevo titular, y, la
número 20, pretende, cuando se hace referencia a la amplia repercusión
aduanera y tributaria de esta cuestión en orden al establecimiento o la
obligación de control por parte del Estado, pretende, repito, que también
se tenga en cuenta su repercusión sanitaria. En definitiva, en los tres
casos se trata de la misma razón.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Senadora De Boneta, si he entendido bien, se han
retirado las enmiendas números 14 y 18 y quedan vivas las números 15, 16,
17, 19 y 20.
La señora DE BONETA Y PIEDRA: Sí, señor Presidente. Han sido retiradas
las números 14 y 18 y quedan vivas las restantes.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Voto particular número 4 del Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos, en relación con las enmiendas números 21 a 23,
ambas inclusive.
El señor Gangoiti tiene la palabra.
El señor GANGOITI LLAGUNO: Muchas gracias, señor Presidente.
Muy brevemente diré que las tres enmiendas que presenta nuestro Grupo se
refieren al anexo y van relacionadas con el tema de las tasas. Se
refieren al hecho imponible, al sujeto pasivo y a las tarifas y la razón
es que creemos que con la redacción que proponemos se adecuan más
exactamente las responsabilidades que realmente tienen los
contrabandistas cuando son aprehendidos.
Nada más. Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Voto particular número 1 del Grupo Parlamentario Popular que se
corresponde con las enmiendas números 24 a 27, ambas inclusive.
El señor UTRERA MORA: Muchas gracias, señor Presidente.
El Grupo Parlamentario Popular suscribe cuatro enmiendas a este proyecto
de ley de ordenación del mercado de tabacos. Y una rápida explicación de
su alcance y objetivo, aparte de la justificación, bastante descriptiva,
que incluye el texto de las mismas, podría resumirse en las siguientes
palabras.
En el Congreso de los Diputados se deslizaron en la redacción del
proyecto de ley tal como ha llegado al Senado --pensamos que por error o,
quizá, por inadvertencia de la poca eficacia que podría tener la
aplicación de una tasa específica para regular estas situaciones de
contrabando sobre determinados sujetos pasivos-- medidas que pensamos que
son ineficaces para el objetivo perseguido, es decir, el control, la
represión, la eliminación del contrabando.
Por eso, con las enmiendas que presenta el Grupo Parlamentario Popular se
opta por otro método, precisamente el método de colaboración en la
determinación de medidas, medidas de consenso con todos los agentes que
intervienen en el mercado de tabacos para conseguir el objetivo
perseguido, que es, efectivamente, la erradicación, o, al menos, la
significativa limitación del contrabando de tabaco en España.
Frente, como decimos, a una tasa de muy dudosa eficacia, con estas
enmiendas se prefiere abrir posibilidades de acuerdo como son, por
ejemplo, la identificación por parte de los fabricantes de los primeros
adquirentes de los productos tabaqueros. Piénsese que el circuito de
contrabando no se alimenta por casualidad, sino que son determinados
sujetos que operan internacionalmente quienes están surtiendo a ese
circuito, adquiriendo legalmente los productos pero después derivándolos
hacia el circuito de contrabando, por lo que esa identificación resulta
mucho más oportuna que cualquier tasa que pueda establecerse. De la misma
manera pueden identificarse también los orígenes geográficos de los
productos decomisados de contrabando y también limitar determinados
destinos geográficos, los cuales ya se sabe que por su capacidad de
consumo tendrían que demandar cantidades muy inferiores de tabaco, que
reciben suministros que únicamente tienen explicación desde el punto en
que se derivan hacia el circuito de contrabando en España.
Identificados los primeros adquirentes, los destinos, normas de
autolimitación respecto del suministro a esas otras zonas geográficas
especializadas en el contrabando a España de tabaco, pensamos nosotros
que se colabora en mucha mayor medida al objetivo de erradicación del
contrabando de tabaco.
Nos es muy grato también saber que hoy mismo la Asociación Española del
Tabaco ha publicado una notificación manifestándose precisamente en
contra del contrabando de cigarrillos y estableciendo en uno de los
apartados de dicha notificación que esta asociación manifiesta su más
firme disposición a reforzar la colaboración ya existente con la
Administración y a ampliarla en todo cuanto esté a su alcance, tanto en
la tarea de concienciar a la opinión pública sobre los efectos negativos
del contrabando de cigarrillos, tanto por pérdida de calidad de las
marcas, como también por los efectos que sobre el empleo y sobre la
fiscalidad tiene, como la represión del mismo a fin de conseguir su
completa erradicación.
Al mismo tiempo, tenemos también las conclusiones de la Comisión de
investigación sobre el régimen de tránsito comunitario elaboradas por el
Parlamento Europeo, en las que se incide precisamente sobre las mismas
cuestiones. Se dice que el contrabando de tabaco no deja de ser una
actividad muy lucrativa porque por unidad de peso y de volumen la
ganancia a obtener por el contrabandista resulta muy elevada, y que
precisamente por eso las medidas más eficaces para detener el circuito
ilegal de contrabando se refieren todas ellas a la determinación de los
orígenes y de los destinos preferentes y las zonas geográficas que
intermedian en esas operaciones.
Por todas esas razones, nosotros pensamos que es precisamente la
colaboración de la Administración con los
agentes que intervienen en el mercado de tabaco la que puede conseguir
eficazmente la erradicación del contrabando.
Esta es la línea seguida por las cuatro enmiendas presentadas que, como
saben bien, hacen referencia al Anexo del proyecto de ley y con ellas se
pretende suprimir la letra e) del número 1, hecho imponible; la letra e)
del número 2, que se refiere a los sujetos pasivos; la tarifa 5.ª del
número 3, sobre tarifas que gravan el almacenaje y la destrucción de
labores de tabaco, y con la enmienda número 27 pretendemos suprimir el
último inciso del número 4, sobre el devengo, igualmente del Anexo.
Me gustaría en este momento, si el señor Presidente me autoriza, consumir
ya el turno en contra.
El señor PRESIDENTE: De acuerdo, yo lo anuncio antes.
¿Turno en contra? (Pausa.)
Su señoría tiene la palabra.
El señor UTRERA MORA: Muchas gracias, señor Presidente.
Agradecemos las enmiendas que se han presentado a este proyecto de ley y
agradecemos también a los Grupos que no las han presentado, lo cual nos
reafirma en lo más importante de todo que es que el proyecto de ley es
bueno, es positivo; instrumenta razonablemente bien las necesidades de
ordenación del mercado de tabacos precisamente porque lo liberaliza, en
primer lugar, y, en segundo lugar, porque establece esa reserva a favor
de la actual red minorista, las expendedurías de tabaco que, aparte de
los efectos inducidos, como distribuidores de efectos timbrados, también
todas las encuestas realizadas reflejan que son apreciadas por los
ciudadanos españoles; respeta escrupulosamente, y además en el proyecto
de ley se establecen sanciones para quien no lo haga, el principio de
neutralidad respecto de las marcas. No pueden realizar actividades
promocionales que permitan o que induzcan reducciones en cuotas de
mercado de unos frente a otros. En definitiva, es una red asentada
socialmente, es una red valorada positivamente y que se mantiene con este
proyecto de ley.
Se establecen también las condiciones, como todas sus señorías saben,
para la concesión de expendedurías con objetividad y transparencia. En
definitiva, nos alegramos de que se compartan estos principios por estos
grupos que no han presentado enmiendas porque eso supone considerarlo
como un proyecto de ley ya cerrado.
Esperamos también que acepten las cuatro enmiendas que nosotros hemos
presentado, que tienen precisamente ese objetivo que hemos enunciado y no
otro.
Respecto de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario de
Senadores Nacionalistas Vascos hay que señalar, como ya lo ha hecho su
portavoz, que las tres enmiendas coinciden exactamente con tres de las
nuestras y, por tanto, las aceptamos en los términos en que están
redactadas porque coinciden con las enmiendas números 24, 25 y 26 del
Grupo Parlamentario Popular.
En cuanto a las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, me excusarán si
no hago una relación detallada, exponiendo una a una las razones que nos
llevan a rechazarlas todas ellas, con excepción de la que ya fue
incorporada en el trámite de ponencia. Por enumerar sólo algunas de ellas
diré que en estas enmiendas se deslizan errores no queridos por quienes
las proponen. Me refiero, por ejemplo, a la enmienda número 2. Estoy
convencido de que los efectos de su redacción literal no son los deseados
por los proponentes porque, pura y sencillamente, esa redacción llevaría
a la desaparición de las expendedurías de tabaco de régimen especial,
puesto que, en ese apartado, que se modificaría si esta enmienda fuera
aprobada, se están regulando las condiciones de incompatibilidad de la
red minorista de distribución de tabaco con la red mayorista. Quien sea
minorista no puede ser mayorista, y lo que se dice en la enmienda es que
no todos los minoristas quedarían sometidos a esa incompatibilidad, sino
que algunos minoristas, precisamente las expendedurías de tabaco de
régimen especial, podrían también realizar actividades de mayoristas. Por
tanto, hemos de pensar que lo que se propone es, en definitiva, la
desaparición de esas expendedurías de tabaco en régimen especial más que
la coexistencia de la actividad minorista-mayorista que, dada la
ordenación del mercado de tabaco que promueve este proyecto de ley, es
sencillamente imposible.
La enmienda número 3 podría aceptarse, pero no lo vamos a hacer porque,
si bien desde el punto de vista técnico no existe inconveniente alguno
para hacerlo, lo cierto es que deshace acuerdos del Congreso que, además,
consideramos que en este momento no conviene tocar, puesto que la
aprobación de esta enmienda entraría en abierta colisión con el principio
de retribución exclusiva a través del margen comercial establecido por
ley para los distribuidores.
De la misma forma, una enmienda importante es la número 5, del Grupo
Parlamentario Mixto, que establece una restricción que consideramos
innecesaria en la concesión a familiares en los supuestos de transmisión
de expendedurías. Por otro lado, a tenor de las previsiones legales, hay
que considerar que la enmienda resulta también innecesaria porque en
ningún caso se consiente la acumulación de dos o más expendedurías de
tabaco en manos de la misma persona.
Rechazamos la enmienda número 6 por la misma razón.
La enmienda número 8 es importante por lo que supondría. Lo que dice
básicamente es que si se acumulan infracciones graves éstas darían lugar
a una infracción muy grave en el transcurso de determinados plazos de
tiempo. Nosotros entendemos que aquí debe aplicarse el principio de «non
bis in idem» o, lo que es lo mismo, que no se puede sancionar dos veces
por el mismo hecho, y eso es lo que se haría cuando una sanción impuesta
por una infracción grave anterior pasase a ser calificada como muy grave
por consecuencia de la reiteración. Esta misma explicación sirve para
algunas otras de las enmiendas planteadas por el Grupo Parlamentario
Mixto.
Del mismo modo, rechazamos la enmienda número 9 porque modifica el
artículo 7.Tres.2.b) al prohibir la promoción y publicidad de tabaco
tanto en el interior --dice esta enmienda-- como en el exterior del
establecimiento. Hace referencia al segundo canal de distribución de
tabaco
y esa prohibición ya viene recogida en la letra c). Por tanto, no vemos
qué puede aportar esta enmienda. La letra b) se refiere a expendedurías,
al canal primario de distribución y la letra c) al canal secundario, al
canal con recargo de precio y en ambos no se puede realizar actividad
promocional o publicitaria tanto en el interior del establecimiento como
en el segundo canal, en las máquinas expendedoras.
Rechazamos la enmienda número 10 por la misma razón que lo hacemos con la
número 8. Aceptar la enmienda número 11, que también tiene interés,
puesto que se refiere a las normas homogéneas de etiquetado para los
productos tabaqueros similares al resto de los productos alimentarios,
supondría que en España tendríamos que aplicar una normativa comunitaria
no armonizada, no exigida comunitariamente y que, además, técnicamente no
es necesaria por cuanto no se puede atribuir una caducidad determinada a
los productos tabaqueros. Esto no es necesario porque no lo imponen las
reglas comunitarias. No sería una restricción pertinente y sería
innecesaria técnicamente en España. Además, desde el punto de vista de la
frescura que el tabaco ha de tener para ser consumido no se aconseja que
en la etiqueta aparezca la fecha de caducidad.
En la enmienda número 12 regulan el precio fijo de la etiqueta. En primer
lugar, la inflación de los próximos años será poco llamativa. Estamos en
una época estable y, por tanto, los sobresaltos del pasado y los
beneficios por «stockaje» no se reproducirán tanto como en años
anteriores. Piense su señoría en lo que supondría vender productos a
distintos precios, según el «stock» de que se disponga del mismo, dentro
del mismo establecimiento, entre establecimientos, máxime si son
productos absolutamente homogéneos.
El coste que acarrearía esta situación y, desde luego, el ruido que
originaría en el mercado el establecimiento de precios distintos del que
figura nominalmente en el etiquetado de los productos sería muy superior
--así lo creemos-- al coste que se derivaría --y de eso no hay duda-- de
la acumulación del «stockaje» ante previsiones de aumento de precios. De
todas maneras, no cabe pensar en aumentos de precios tan reiterados y por
la misma cuantía como ha ocurrido en el pasado.
Por todo lo señalado, rechazamos las enmiendas 15, 16 y 17 por las mismas
razones por las que lo hacemos con las enmiendas números 8 y 4. En
conjunto, votaremos en contra de todas las enmiendas del Grupo
Parlamentario Mixto.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Utrera.
¿Turno de portavoces? (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió
tiene la palabra el Senador Cambra.
El señor CAMBRA I SANCHEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Muy brevemente voy a fijar la posición de nuestro Grupo respecto de este
proyecto de ley. Desde nuestro punto de vista el texto, tal y como salió
del Congreso de los Diputados, y puesto que no se preveía que se
presentaran enmiendas en este trámite del Senado, merecía haber llegado
ya a ser el proyecto de ley definitivo. Creemos, por tanto, que el
acuerdo que allí se alcanzó entre todos los grupos era válido, máxime
cuando había un tácito acuerdo entre todos los Grupos de no presentar
enmiendas en este trámite.
Al haberse presentado cuatro enmiendas por el Grupo Parlamentario Popular
y tres por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos
referidas al mismo tema, al de las tasas en contrapartida al almacenaje y
destrucción de la mercancía del contrabando, nuestro Grupo se manifestó
inicialmente en contra de las mismas, pero la transacción que nos ha
ofrecido hoy el Grupo Parlamentario Popular mejora y complementa estas
enmiendas. Por tanto, la hemos suscrito y votaremos a favor de la misma,
sin que por ello votemos favorablemente las otras tres enmiendas ni
tampoco las del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos,
puesto que nos abstendremos en el momento de su votación.
Creemos que el proyecto es positivo en su globalidad y, por ello, lo
votaremos afirmativamente. En cuanto al tema concreto de las tasas del
contrabando, esperamos que con este texto que se ha introducido quede
resuelto positivamente.
Nada más. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Cambra.
Por el Grupo Socialista tiene la palabra el Senador Cobo.
El señor COBO FERNANDEZ: Señor Presidente, señorías, el proyecto de ley
que en este momento estamos debatiendo en la Cámara es un proyecto de ley
importante sobre el que ha habido en el Congreso un amplio consenso, un
debate rico, una tramitación prolongada y un diálogo fructífero que ha
dado lugar a que el consenso sea sustancial hasta llegar aquí, al Senado.
En el Congreso hubo algunas enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista,
apoyadas en su momento por el resto de los grupos, salvo por el Grupo
Popular, que ahora se presentan aquí, en el Senado, a modo de enmiendas
para recuperar el texto anterior a lo aprobado en el Congreso con las
enmiendas que no fueron apoyadas por el Grupo Popular. Estas enmiendas se
refieren, fundamentalmente, a la represión y a las tasas que hay que
cobrar, que se derivan del decomiso del tabaco por contrabando, tanto por
el almacenaje, 0,25 pesetas por cajetilla, como por la destrucción de las
cajetillas decomisadas.
A nosotros nos parece que no hay que desaprovechar este proyecto de ley,
en el que se liberaliza el mercado en su totalidad, en el que se dan
concesiones y se va a autorizar a todo el mundo, además de a los países
de la Unión Europea, a que puedan distribuir al por mayor, fabricar e
importar labores de tabaco de cualquier país del mundo, y es importante
que todos esos actores del mercado de tabaco puedan saber en qué
condiciones van a trabajar en España. Por eso, con esa futura ley debería
fijarse que ellos
tienen que ser colaboradores, y no solamente de buena fe, en la lucha
contra el contrabando, que tanto a ellos como a los españoles como, por
supuesto, a las arcas del Estado español les supone un profundo
perjuicio.
Por tanto, nosotros insistimos, y hemos hablado con el Grupo Popular para
ver si era posible que la transaccional que ha anunciado el Grupo de
Convergència i Unió se pudiese mantener como texto separado. Una cosa es
la enmienda correspondiente a la número 24, presentada por el Grupo
Popular, y otra cosa es el texto alternativo en el que se habla de una
Comisión, donde se proponía que los distintos sectores del mercado del
tabaco pudieran colaborar con la Administración en la averiguación de los
distintos trámites para evitar el contrabando o, por lo menos,
dificultarlo. Nosotros estamos de acuerdo con la creación de esa Comisión
y con que el Comisionado del Tabaco colabore con los distintos sectores
del mercado del tabaco, pero no queremos que implique a su vez la
desaparición del texto madre del que dependen el resto de los textos que
pretenden enmendar las otras tres enmiendas del Grupo Parlamentario
Popular. Nosotros creemos que es importante que tanto los fabricantes
como los marquistas y los distribuidores mayoristas del Estado español
que se puedan establecer en el futuro, incluida Tabacalera, puedan ser
colaboradores del Estado, pero no solamente como agentes de buena
voluntad sino porque, además, tienen un incentivo económico para
colaborar en la evitación del contrabando como son las tasas que
figuraban en el texto que ha llegado al Senado del proyecto de ley
tramitado y aprobado por mayoría en el Congreso, aunque no por el Grupo
Popular.
No sé si podría hacer un último esfuerzo para que se pudieran diferenciar
en la transaccional ambas cuestiones. Si es posible, votaríamos que sí al
texto que no corresponde a la enmienda número 24 del Grupo Parlamentario
Popular.
Quiero posicionarme, si me permite el señor Presidente, en torno a las
enmiendas presentadas por el resto de los grupos. No entendemos muy bien
por qué motivo Izquierda Unida mantiene aquí sus enmiendas habiéndolas
retirado en el Congreso, alguna razón tendrá. Ya nos posicionamos en el
Congreso y seguimos manteniendo la misma posición que teníamos.
De todas maneras, votaremos en contra de las enmiendas números 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7 y 9. Asimismo, votaremos en contra de las tres enmiendas,
números 17, 19 y 20, de la señora De Boneta y Piedra. También votaremos
en contra de las enmiendas números 21, 22 y 23 del Grupo Parlamentario de
Senadores Nacionalistas Vascos, paralelas a las números 24, 25 y 26, del
Grupo Parlamentario Popular, así como a la número 27 del mismo grupo, y
nos abstendremos en las restantes enmiendas de Izquierda Unida y de la
Senadora De Boneta y Piedra.
Respecto a los comentarios generales sobre esta futura ley, creo que
cuando nos planteamos un tema tan importante como la liberalización del
mercado de tabaco, aunque esta futura ley no lo haga, es necesario --así
lo hemos hecho en el Grupo Parlamentario Socialista-- intentar enmarcarla
o situarla en un contexto. Nos importan los productores nacionales de
tabaco y es verdad que esta ley tendrá repercusiones sobre ellos, pero no
es éste el ámbito donde hay que protegerlos, quizá sea mejor hacerlo en
la negociación de la OCM del tabaco en Bruselas. Esperemos que al
Gobierno no le vaya tan mal como en la OCM del aceite y pueda defender
los intereses de los productores de tabaco nacionales con mucho más éxito
y con más consecuencia. Nos preocupan los consumidores, nos preocupa la
salud de los tabaquistas. Nos preocupa mucho algo que no está en esta ley
pero que ya sabemos que está en las decisiones tomadas por el Gobierno:
la privatización de Tabacalera. No nos preocupa sólo la venta de las
acciones todavía en poder del Estado; lo que nos preocupa es ese sin
condiciones de poner a la venta la empresa pública. Ese dogma de que lo
privado es más efectivo, esa venta sin condiciones. Nos preocupa el
futuro de los trabajadores de Tabacalera, tampoco viene en esta ley, pero
está en este contexto. Nos preocupa el asentamiento de las industrias en
el resto del territorio nacional propiedad de Tabacalera. Nos preocupa el
tejido industrial de Andalucía, de Euskadi, de Cataluña, que en este
momento está en discusión por la privatización de Tabacalera. Nos
preocupa la lucha contra el contrabando.
Vemos bien que se aumente la competencia en este como en otros mercados
para que disminuyan los precios, para que se dé un mejor servicio a los
consumidores, pero, desde luego, estaremos atentos a las consecuencias y
lucharemos en contra de aquellas que nos parezcan nefastas, tanto porque
vayan en contra del empleo como porque no vayan por una verdadera
liberalización de este mercado. Sin embargo, esta ley, situada en ese
contexto global en que todos los políticos tenemos que situarla, es
verdad que liberaliza el mercado al por mayor, la fabricación y la
importación de labores de tabaco para todo el mundo en el territorio
nacional, y esto puede ser positivo. Digo puede ser, porque no solamente
será positivo por efecto de esta ley, sino porque, además de liberalizar,
se sea consecuente con una verdadera liberalización y apertura a la
competencia real, y mucho más en una empresa que ni siquiera tendrá el
incentivo de que si la defendemos es en beneficio del Estado, sino en una
empresa que por encima de todo estará privatizada. Defendemos que sea una
verdadera liberalización del mercado. Sin embargo, creemos que no se debe
desaprovechar la ocasión para luchar contra uno de los problemas más
importantes que tiene el mercado del tabaco en este momento en España
como es el del contrabando. Queremos asociar a todos los agentes
vinculados al mercado de este producto para que, como he dicho antes,
colaboren con el Estado en reprimir este importante fraude fiscal para
las arcas del Estado, que algunos señalan que incluso podría cifrarse en
80.000 millones de pesetas, otros lo fijan en cantidades inferiores. De
todas maneras, esto es muy importante, y no solamente por voluntad
esotérica de los agentes que actúan en el mercado, sino porque también
les beneficiaría ir en contra del contrabando, y ello no provocaría poner
en marcha algunas tasas como son el 0,25 o las 50 pesetas por cajetilla.
Por tanto, nos gustaría mucho más que, como ha dicho Convergència i Unió,
se aprobara el texto tal como venía redactado del Congreso. En caso de
mantenerse estas enmiendas,
que votaremos en contra, nuestra posición será la de abstención a la
globalidad del proyecto ley, esperando que en el Congreso pueda
remediarse esto que el Grupo Parlamentario Popular pretende aprobar hoy
en esta Cámara.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el Senador Utrera.
E1 señor UTRERA MORA: Muchas gracias, señor Presidente.
En primer lugar, me gustaría insistir en que este proyecto de ley da
respuesta --como ha sido reconocido por los anteriores portavoces
intervinientes-- a las necesidades reales que en estos momentos tiene la
ordenación del mercado de tabaco en España.
Veo que nadie objeta la liberalización, la efectiva e incluso auténtica
liberalización del mercado de tabaco --como se ha señalado--, y, de
hecho, este proyecto de ley abre la competencia a las producciones de
tabaco de países terceros ajenos a la Unión Europea. Como ya saben, la
primera liberalización ya se había producido en 1985, y es ahora cuando
se abre a terceros países no comunitarios.
Por otro lado, hemos escuchado del portavoz socialista un discurso lleno
de ideas, lo que le agradecemos, pero, al mismo tiempo, nos ha parecido
un discurso excesivamente condescendiente, excesivamente fácil en lo que
se refiere al contrabando. Vemos que su señoría no ha entendido, o no ha
querido entender lo que este portavoz se ha esforzado en decir en su
primera intervención. Por eso voy a repetirlo de modo muy breve.
No hay dejación alguna en los objetivos de represión del contrabando de
tabaco en España. Suscribimos completamente las conclusiones de la
encuesta realizada en el Parlamento Europeo para evitar tránsitos de
contrabando de tabaco, más concretamente de cigarrillos, y únicamente se
establecen unos procedimientos que consideramos más eficaces en el logro
de ese objetivo.
Señoría, mírelo de esa manera porque si lo mira de otra se pueden hacer
discursos fáciles, incluso llamativos, pero no veraces. E1 control del
tabaco vendido en España que haya llegado por circuitos legales y no por
contrabando exige fundamentalmente la colaboración voluntaria de los
agentes que intervienen en el mercado del tabaco. Si esa colaboración
voluntaria --ése es el sentido de la enmienda transaccional sobre la base
de nuestra enmienda número 24 que han suscrito cuatro de los cinco grupos
parlamentarios presentes en esta Cámara-- facilitada, además, por esa
enmienda transaccional por la que se crea un grupo de trabajo en el seno
del Comisionado del Mercado de Tabaco, si ese grupo de trabajo en un
período no superior a seis meses rinde un primer informe de conclusiones
sobre medidas y acciones a desarrollar para controlar y erradicar
precisamente el contrabando así como esas acciones que ya hemos
anticipado y referidas todas a identificar a los primeros adquirentes, a
identificar orígenes geográficos, a identificar destinos geográficos; si
quienes pertenecen a ese grupo son colaboradores presuntamente activos en
el contrabando de tabaco hacia España, entendemos nosotros que esas
medidas tendrán eficacia para el control del contrabando, pero no la
tendrá una tasa dudosamente eficaz.
Por otro lado, esa tasa tampoco responde a la naturaleza de lo que es
propiamente una tasa en términos de la Ley General Presupuestaria. Habría
que llamarla de otra manera porque, por mucho que se mire, en realidad se
trata de una tasa que, lógicamente, trata de recuperar para la
Administración Tributaria beneficios particulares obtenidos por el sujeto
pasivo de esa tasa, con lo cual, mucho habrá que violentar
conceptualmente los argumentos para llegar a pensar que lo que pagarían
los marquistas sería, efectivamente, una tasa. Sería otra cosa, pero,
desde luego, no una tasa.
Es decir, que, tanto por su defectuosa naturaleza técnica, como porque
pensamos que no resulta eficaz para el control del contrabando, el Grupo
Popular sostiene estas enmiendas a la vez que ratifica que van a ser
aprobadas dada la mayoría que nuestro Grupo tiene en esta Cámara.
Consideramos que ésta es la mejor manera de controlar el contrabando en
España.
Respecto de la OCM del aceite permítame que no le haga comentario alguno,
señoría. Me parece de mal gusto, como mínimo, que al referirse a unas
negociaciones comunitarias del aceite o del tabaco se ponga en tela de
juicio el interés del Gobierno en defender los propios intereses de los
productores de tabaco español, vinculándolos a la vez a los de los
productores de aceite español, haciéndose un discurso sin mayor
explicación que la simple alusión o la simple sospecha a no se sabe qué,
porque, por otro lado, ya veremos los resultados a este respecto en el
futuro.
Por último, en cuanto a la privatización de Tabacalera, qué quiere que le
diga. Efectivamente, se va a privatizar. Pero le diré más. Se va a
privatizar bien. Se va a privatizar a muy buen precio. Se va a privatizar
con grandes beneficios para el Patrimonio del Estado.
Y digo que se va a privatizar bien porque los inversores se han dado
cuenta de que el programa de privatizaciones desarrollado por este
Gobierno aplica los resultados de una manera razonable, dentro de una
política económica de consolidación presupuestaria, y no como ocurría en
el pasado, en que se vendieron muchos más activos empresariales por un
valor muy superior para ir tapando agujeros. Pero en este caso no sólo se
están realizando operaciones financieramente adecuadas, sino que, al
mismo tiempo, se están ordenando los sectores productivos a los que se
refieren esas empresas públicas privatizadas para garantizar las
condiciones de competencia y la viabilidad futura de las empresas
privatizadas. Y le aseguro a su señoría que hace tres años ni siquiera
estaba garantizada la viabilidad en el futuro, a largo plazo, de algunas
de las empresas que parecían, como?? los socialistas decían --aunque
también privatizaban paquetes importantes de acciones--, las joyas de la
corona, y cuya gestión las estaba poniendo en muy grave riesgo.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Utrera.
Terminado el debate de este proyecto de ley y, antes de proceder a su
votación, les comunico que el Presidente de la Comisión de Asuntos
Exteriores me ha pedido que les
recuerde que la Mesa y Junta de Portavoces de la misma, reunida ayer,
acordó desconvocar la sesión de la Comisión que estaba prevista para
mañana, 2 de abril, a las diez de la mañana.
Pasamos, pues, a la votación.
En primer lugar, sometemos a votación las enmiendas de los Senadores
Nieto y Román números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 9.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 209; a
favor, tres; en contra, 202; abstenciones, cuatro.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
A continuación votamos las enmiendas números 8, 10, 11 y 12, también de
los Senadores Nieto y Román.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 210; a
favor, dos; en contra, 138; abstenciones, 70.
El señor PRESIDENTE : Quedan rechazadas.
A continuación, votamos las enmiendas números 17, 19 y 20 de la Senadora
De Boneta.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 210; a
favor, cinco; en contra, 205.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
A continuación votamos las enmiendas números 15 y 16, también de la
Senadora De Boneta.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 210; a
favor, seis; en contra, 124; abstenciones, 80.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
A continuación votamos las enmiendas números 21, 22 y 23 del Grupo de
Senadores Nacionalistas Vascos.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 210; a
favor, tres; en contra, 197; abstenciones, 10.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
A continuación votamos las enmiendas números 25, 26 y 27 del Grupo
Popular.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 209; a
favor, 116; en contra, 84; abstenciones, nueve.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
A continuación votamos la enmienda número 24 que sostiene una
transaccional, que estará en poder de todos los portavoces.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 209; a
favor, 125; en contra, 81; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos ahora los artículos 1 a 7; Disposiciones Adicionales Primera a
Octava; Disposiciones Transitorias Primera a Cuarta; Disposiciones
Finales Primera a Cuarta; Disposición Derogatoria; Anexo y Exposición de
Motivos según el dictamen.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 210; a
favor, 126; en contra, una; abstenciones, 83.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.
Tal y como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de
las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para
que éste se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del
texto definitivo por Su Majestad el Rey.
Se levanta la sesión.
Eran las diecisiete horas.