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DS. Senado, Pleno, núm. 50, de 24/06/1997
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
SENADO
Año 1997 VI Legislatura
Núm. 50
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JUAN IGNACIO BARRERO VALVERDE
Sesión del Pleno
celebrada el martes, 24 de junio de 1997
ORDEN DEL DIA:
Primero
--Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior,
celebrada el pasado día 17 de junio de 1997.
Segundo
Mociones consecuencia de interpelación:
--Del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA por la que se insta al Gobierno a la
adopción de medidas encaminadas a paliar la situación de deterioro
estructural de los sectores clave de la agricultura española y la
inquietud e incertidumbre que se cierne sobre algunos de ellos por las
reformas que se preparan en el nivel europeo. (Publicada en el «Boletín
Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 253, de fecha
23 de junio de 1997). (Número de expediente 671/000025.)
Tercero
Mociones:
--Del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO por la que se insta al
Gobierno a la adopción de las disposiciones y medidas precisas para la
normalización y modernización de los documentos de la Administración
General del Estado, en especial para garantizar con su uso el derecho de
los ciudadanos a utilizar las lenguas oficiales propias de las
Comunidades Autónomas en su ámbito territorial. (Publicada en el «Boletín
Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 253, de fecha
23 de junio de 1997). (Número de expediente 662/000077.)
--Del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA por la que se acuerda la creación,
en el seno de la Comisión General de las Comunidades Autónomas, de una
Ponencia para el desarrollo de la información
económica de carácter territorial que debe disponer el Senado, la cual
emitirá un dictamen en el plazo máximo de tres meses. (Publicada en el
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 253,
de fecha 23 de junio de 1997). (Número de expediente 662/000076.)
--Del GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO por la que se insta al Gobierno a que se
reconozca la punta de Orchilla, en la isla de El Hierro (Santa Cruz de
Tenerife), como meridiano cero inicial, original y primer meridiano de la
historia, y que en los aledaños de este enclave geográfico erija el
monumento al «último adiós y primera bienvenida», en honor y
reconocimiento a todos los hombres y mujeres que a lo largo de los
tiempos han sobrepasado sus límites. (Publicada en el «Boletín Oficial de
las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 253, de fecha 23 de junio
de 1997). (Número de expediente 662/000074.)
Cuarto
Toma en consideración de Proposiciones de Ley del Senado:
--Proposición de Ley de modificación de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de
Contratos de las Administraciones Públicas. (Autor: Grupo Parlamentario
de Senadores Nacionalistas Vascos). (Publicada en el «Boletín Oficial de
las Cortes Generales», Senado, Serie III-A, número 8, de fecha 2 de junio
de 1997). (Número de expediente 622/000008.)
Quinto
Conocimiento por el Pleno de Tratados y Convenios Internacionales
remitidos por el Congreso de los Diputados:
--Convenio de Seguridad Social entre el Reino de España y Ucrania,
firmado «ad referendum» en Madrid el 7 de octubre de 1996. (Publicado en
el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie IV, número
92, de fecha 14 de mayo de 1997). (Número de expediente Senado 610/000092
y número de expediente Congreso 110/000092.)
--Acuerdo entre el Reino de España y la República de Bulgaria relativo a
la readmisión de personas en situación irregular, hecho en Sofía el 16 de
diciembre de 1996. (Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Senado, Serie IV, número 93, de fecha 14 de mayo de 1997).
(Número de expediente Senado 610/000093 y número de expediente Congreso
110/000093.)
--Canje de Notas constitutivo de Acuerdo entre España y Bulgaria en
materia de supresión de visados a titulares de pasaportes diplomáticos,
hecho en Sofía el 16 de diciembre de 1996. (Publicado en el «Boletín
Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie IV, número 94, de fecha
14 de mayo de 1997). (Número de expediente Senado 610/000094 y número de
expediente Congreso 110/000094.)
--Enmienda al Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos
transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación, adoptada en
la tercera reunión de la Conferencia de las Partes en Ginebra el 22 de
septiembre de 1995. (Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Senado, Serie IV, número 95, de fecha 14 de mayo de 1997).
(Número de expediente Senado 610/000095 y número de expediente Congreso
110/000095.)
--Denuncia del Acuerdo de Navegación y Transporte Marítimos entre el
Gobierno de España y el Gobierno de la República de Senegal, firmado en
Dakar el 6 de diciembre de 1979. (Publicado en el «Boletín Oficial de las
Cortes Generales», Senado, Serle IV, número 96, de fecha 14 de mayo de
1997). (Número de expediente Senado 610/000096 y número de expediente
Congreso 110/000096.)
--Canje de Notas constitutivo de Acuerdo entre España y Túnez en materia
de supresión de visados a titulares de pasaportes diplomáticos, hecho en
Madrid el 27 de diciembre de 1996. (Publicado en el «Boletín Oficial de
las Cortes Generales», Senado, Serie IV, número 97, de fecha 14 de mayo
de 1997). (Número de expediente Senado 610/000097 y número de expediente
Congreso 110/000097.)
--Protocolo al Convenio de 1979 sobre contaminación atmosférica
transfronteriza a larga distancia, relativo a reducciones adicionales de
las emisiones de azufre, hecho en Oslo el 14 de junio de 1994. (Publicado
en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie IV, número
98, de fecha 14 de mayo de 1997). (Número de expediente Senado 610/000098
y número de expediente Congreso 110/000098.)
--Acuerdo de cooperación en materia de lucha contra la contaminación y
salvamento marítimo entre el Reino de España y el Reino de Marruecos,
firmado «ad referendum» en Rabat el 6 de febrero de 1996. (Publicado en
el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie IV, número
99, de fecha 5 de junio de 1997). (Número de expediente Senado 610/000099
y número de expediente Congreso 110/000099.)
--Denuncia del Acuerdo de Transportes Marítimos entre el Gobierno de
España y el Gobierno de la República de Guinea Ecuatorial, firmado en
Malabo el 5 de diciembre de 1979. (Publicado en el «Boletín Oficial de
las Cortes Generales», Senado, Serie IV, número 100, de fecha 5 de junio
de 1997). (Número de expediente Senado 610/000100 y número de expediente
Congreso 110/000100.)
--Retirada de la Reserva formulada por España al ratificar el Segundo
Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos, destinado a abolir la pena de muerte (Nueva York, 15 de
diciembre de 1989). (Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Senado, Serie IV, número 101, de fecha 5 de junio de 1997).
(Número de expediente Senado 610/000101 y número de expediente Congreso
110/000101.)
--Convenio sobre protección y utilización de los cursos de agua
transfronterizos y de los lagos internacionales, firmado «ad referendum»
en Helsinki el 17 de marzo de 1992, junto con la reserva que España va a
formular en el momento de la ratificación del citado Convenio. (Publicado
en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie IV, número
102, de fecha 5 de junio de 1997). (Número de expediente Senado
610/000102 y número de expediente Congreso 110/000102.)
--Convenio de Seguridad Social entre el Reino de España y la República de
Chile, hecho en Madrid el 28 de enero de 1997. (Publicado en el «Boletín
Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie IV, número 103, de fecha
5 de junio de 1997). (Número de expediente Senado 610/000103 y número de
expediente Congreso 110/000103.)
--Convenio de Seguridad Social entre el Reino de España y la República de
Argentina, hecho en Madrid el 28 de enero de 1997. (Publicado en el
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie IV, número 104,
de fecha 5 de junio de 1997). (Número de expediente Senado 610/000104 y
número de expediente Congreso 110/000104.)
Sexto
--DICTAMEN DE LA COMISION DE SUPLICATORIOS EN RELACION CON EL EXCMO. SR.
don LUIS CARLOS PIQUER JIMENEZ. (Publicado en el «Boletín Oficial de las
Cortes Generales», Sección Cortes Generales, Serie I, número 250, de
fecha 19 de junio de 1997) (Número de expediente 504/000002.) SUMARIO
Se abre la sesión a las dieciséis horas y cinco minutos.
Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior,
celebrada el pasado día 17 de junio de 1997 (Página 2080)
Se aprueba el Acta.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACION (Página 2080)
Del Grupo Parlamentario Socialista por la que se insta al Gobierno a la
adopción de medidas encaminadas a paliar la situación de deterioro
estructural de los sectores clave de la agricultura española y la
inquietud e incertidumbre que se cierne sobre algunos de ellos por las
reformas que se preparan en el nivel europeo (Página 2080)
El señor Rodríguez Rodríguez defiende la moción. El señor
Gatzagaetxebarría Bastida defiende una enmienda a la moción, del Grupo de
Senadores Nacionalistas Vascos. El señor Bernáldez Rodríguez defiende una
enmienda a la moción, del Grupo Popular. El señor Rodríguez Rodríguez
fija la posición de su Grupo Parlamentario respecto de ambas enmiendas.
Vuelve a intervenir el señor Gatzagaetxebarría Bastida. En turno de
portavoces, hace uso de la palabra el señor Roig i Grau, por el Grupo
Catalán en el Senado de Convergència i Unió.
Se rechaza la moción del Grupo Socialista por 88 votos a favor y 129 en
contra.
MOCIONES (Página 2086)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado por la que se insta al
Gobierno a la adopción de las disposiciones y medidas precisas para la
normalización y modernización de los documentos de la Administración
General del Estado, en especial para garantizar con su uso el derecho de
los ciudadanos a utilizar las lenguas oficiales propias de las
Comunidades Autónomas en su ámbito territorial (Página 2086)
El señor García Carnero defiende la moción. El señor Presidente anuncia
la presentación de una propuesta de modificación respecto de la moción,
firmada por
todos los Grupos Parlamentarios. En turno de portavoces, hacen uso de la
palabra la señora Costa Serra, por el Grupo Mixto, y los señores
Gatzagaetxebarría Bastida, por el Grupo de Senadores Nacionalistas
Vascos, y Ferrer i Roca, por el Grupo Catalán en el Senado de
Convergència i Unió, así como la señora Virgili i Rodón, por el Grupo
Socialista, y el señor García Carnero, por el Grupo Popular. El señor
Gatzagaetxebarría Bastida interviene de nuevo en virtud del artículo 87.
Se aprueba la moción del Grupo Popular, con la incorporación de la
propuesta de modificación, por asentimiento de la Cámara.
Del Grupo Parlamentario Socialista por la que se acuerda la creación, en
el seno de la Comisión General de las Comunidades Autónomas, de una
Ponencia para el desarrollo de la información económica de carácter
territorial que debe disponer el Senado, la cual emitirá un dictamen en
el plazo máximo de tres meses (Página 2095)
El señor Armet i Coma defiende la moción. El señor Presidente anuncia la
presentación de una propuesta de modificación relativa a la moción y
firmada por todos los Grupos Parlamentarios. En turno de portavoces,
hacen uso de la palabra los señores Nieto Cicuéndez, por el Grupo Mixto;
Cambra i Sánchez, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i
Unió; Laborda Martín, por el Grupo Socialista, y Utrera Mora, por el
Grupo Popular.
Se aprueba la moción del Grupo Socialista, con la incorporación de la
propuesta de modificación, por asentimiento de la Cámara.
Del Grupo Parlamentario Mixto por la que se insta al Gobierno a que se
reconozca la punta de Orchilla, en la isla de El Hierro (Santa Cruz de
Tenerife), como meridiano cero inicial, original y primer meridiano de la
historia, y que en los aledaños de este enclave geográfico erija el
monumento al «último adiós y primera bienvenida», en honor y
reconocimiento a todos los hombres y mujeres que a lo largo de los
tiempos han sobrepasado sus límites (Página 2102)
El señor Padrón Rodríguez defiende la moción. El señor Presidente anuncia
la presentación de dos enmiendas, del señor Ríos Pérez y del Grupo
Popular, así como una propuesta de modificación, firmada por todos los
Grupos Parlamentarios, en la que quedarían subsumidas ambas enmiendas. En
turno de portavoces, hacen uso de la palabra el señor Ríos Pérez, por el
Grupo Mixto; la señora Pérez Schwartz, por el Grupo Socialista, y el
señor Galván de Urzaiz, por el Grupo Popular. Vuelve a intervenir el
señor Padrón Rodríguez, en virtud del artículo 87.
Se aprueba la moción del Grupo Mixto, con la incorporación de la
propuesta de modificación, por asentimiento de la Cámara.
TOMA EN CONSIDERACION DE PROPOSICIONES DE LEY DEL SENADO (Página 2107)
Proposición de Ley de modificación de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de
Contratos de las Administraciones Públicas. (Autor: Grupo Parlamentario
de Senadores Nacionalistas Vascos) (Página 2107)
El señor Gatzagaetxebarría Bastida defiende la toma en consideración de
la proposición de ley. El señor Huidobro Díez consume un turno en contra.
El señor Pérez García consume un nuevo turno a favor. En turno de
portavoces, hacen uso de la palabra los señores Ríos Pérez, por el Grupo
Mixto; Gatzagaetxebarría Bastida, por el Grupo de Senadores Nacionalistas
Vascos; Carrera i Comes, por el Grupo Catalán en el Senado de
Convergència i Unió; Pérez García, por el Grupo Socialista, y Huidobro
Díez, por el Grupo Popular. Los señores Gatzagaetxebarría Bastida, Pérez
García y Huidobro Díez intervienen de nuevo en virtud del artículo 87.
Se rechaza la toma en consideración de la proposición de ley por 91 votos
a favor, 123 en contra y 7 abstenciones.
CONOCIMIENTO POR EL PLENO DE TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES
REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Página 2119)
Convenio de Seguridad Social entre el Reino de España y Ucrania, firmado
«ad referendum» en Madrid el 7 de octubre de 1996 (Página 2119)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se
aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.
Acuerdo entre el Reino de España y la República de Bulgaria relativo a la
readmisión de personas en situación irregular, hecho en Sofía el 16 de
diciembre de 1996 (Página 2119)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se
aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.
Canje de Notas constitutivo de Acuerdo entre España y Bulgaria en materia
de supresión de visados a titulares de pasaportes diplomáticos, hecho en
Sofía el 16 de diciembre de 1996 (Página 2119)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se
aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.
Enmienda al Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos
transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación, adoptada en
la tercera reunión de la Conferencia de las Partes en Ginebra el 22 de
septiembre de 1995 (Página 2119)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se
aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.
Denuncia del Acuerdo de Navegación y Transporte Marítimos entre el
Gobierno de España y el Gobierno de la República de Senegal, firmado en
Dakar el 6 de diciembre de 1979 (Página 2120)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se
aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.
Canje de Notas constitutivo de Acuerdo entre España y Túnez en materia de
supresión de visados a titulares de pasaportes diplomáticos, hecho en
Madrid el 27 de diciembre de 1996 (Página 2120)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se
aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.
Protocolo al Convenio de 1979 sobre contaminación atmosférica
transfronteriza a larga distancia, relativo a reducciones adicionales de
las emisiones de azufre, hecho en Oslo el 14 de junio de 1994 (Página 2120)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se
aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.
Acuerdo de cooperación en materia de lucha contra la contaminación y
salvamento marítimo entre el Reino de España y el Reino de Marruecos,
firmado «ad referendum» en Rabat el 6 de febrero de 1996 (Página 2120)
En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Ríos Pérez,
por el Grupo Mixto; Pérez García, por el Grupo Socialista, y Soravilla
Fernández, por el Grupo Popular.
Se aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.
Denuncia del Acuerdo de Transportes Marítimos entre el Gobierno de España
y el Gobierno de la República de Guinea Ecuatorial, firmado en Malabo el
5 de diciembre de 1979 (Página 2121)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se
aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.
Retirada de la Reserva formulada por España al ratificar el Segundo
Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos, destinado a abolir la pena de muerte (Nueva York, 15 de
diciembre de 1989) (Página 2121)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se
aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.
Convenio sobre protección y utilización de los cursos de agua
transfronterizos y de los lagos internacionales, firmado «ad referendum»
en Helsinki el 17 de marzo de 1992, junto con la reserva que España va a
formular en el momento de la ratificación del citado Convenio (Página 2122)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se
aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.
Convenio de Seguridad Social entre el Reino de España y la República de
Chile, hecho en Madrid el 28 de enero de 1997 (Página 2122)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se
aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.
Convenio de Seguridad Social entre el Reino de España y la República de
Argentina, hecho en Madrid el 28 de enero de 1997 (Página 2122)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se
aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.
Dictamen de la Comisión de Suplicatorios en relación con el Exmo. Sr. don
Luis Carlos Piquer Jiménez (Página 2122)
Esta deliberación tiene carácter secreto.
Reanudada la sesión pública, se levanta la sesión a las veintiuna horas y
cinco minutos.
Se abre la sesión a las dieciséis horas y cinco minutos.
-- LECTURA Y APROBACION, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR,
CELEBRADA EL PASADO DIA 17 DE JUNIO DE 1997
El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.
Punto primero del orden del día: Lectura y aprobación, si procede, del
acta de la sesión anterior, celebrada el pasado 17 de junio de 1997. Los
portavoces la tienen ante sí. ¿Alguna alegación? (Pausa.)
¿Se puede aprobar por asentimiento? (Pausa.)
Queda aprobada por asentimiento.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACION:
-- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A
LA ADOPCION DE MEDIDAS ENCAMINADAS A PALIAR LA SITUACION DE DETERIORO
ESTRUCTURAL DE LOS SECTORES CLAVE DE LA AGRICULTURA ESPAÑOLA Y LA
INQUIETUD E INCERTIDUMBRE QUE SE CIERNE SOBRE ALGUNOS DE ELLOS POR LAS
REFORMAS QUE SE PREPARAN EN EL NIVEL EUROPEO. (671/000025.)
El señor PRESIDENTE: Punto segundo del orden del día, mociones
consecuencia de interpelación. En este caso del Grupo Parlamentario
Socialista, por la que se insta al Gobierno a la adopción de medidas
encaminadas a paliar la situación de deterioro estructural de los
sectores claves de la agricultura española y la inquietud e incertidumbre
que se cierne sobre algunos de ellos por las reformas que se preparan en
el nivel europeo.
Esta moción consecuencia de interpelación tiene dos enmiendas, una del
Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos y otra del Grupo
Parlamentario Popular, que se debatirán en su momento. Para la defensa de
la moción originaria, tiene la palabra el portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista, señor Rodríguez Rodríguez.
El señor RODRIGUEZ RODRIGUEZ: Muchas gracias, señor Presidente, señoras y
señores Senadores.
La moción que tengo el honor de defender antes sus señorías en nombre del
Grupo Parlamentario Socialista, consecuencia de una interpelación a la
señora Ministra de Agricultura, pretende impulsar la adopción por parte
del Gobierno de una serie de medidas estructurales relacionadas con los
sectores más importantes y estratégicos de nuestra agricultura y
ganadería, a fin de mejorar su situación y que ello les permita afrontar
los nuevos tiempos que se avecinan desde una posición de competitividad.
Como probablemente recordarán, en aquella interpelación se planteó la
situación de cinco grandes sectores: lácteo, vacuno, herbáceos, azúcar y
patata, y una sexta cuestión relacionada con la reformas de las OCM
realizadas
durante este año o pendientes en este momento, fundamentalmente frutas y
hortalizas, tabaco y aceite de oliva.
Como no podía ser de otra manera, la moción aborda aquellas iniciativas
que ha de afrontar el Gobierno con carácter de urgencia para sanear,
ordenar o mejorar la situación de cada uno de estos sectores y, de esta
manera, dar salida a problemas estructurales que el transcurso del tiempo
agrava día a día y cuyo retraso en afrontarlos y resolverlos hará
inviable el futuro de algunos, como puede ser el sector de la patata, y,
en general, consolidar una situación de dificultad que resultará muy
costoso superar más adelante. Recuerden sus señorías que en 1999 se
producirá la negociación de la II Ronda del GATT o, hablando con más
propiedad, la negociación de la Organización Mundial del Comercio, y,
aunque se hayan flexibilizado los tiempos de incorporación de los PECO en
la reciente cumbre de Amsterdam, será siempre una referencia a tener en
cuenta, porque, sin duda, ambos acontecimientos van a exigir cambios en
el actual modelo de agricultura.
Las medidas propuestas en la moción no afrontan, como pudiera entenderse,
la totalidad de los problemas de cada uno de estos sectores citados ni se
pretende agotar con ellas todas las necesidades de cada uno de ellos. Es
más, creemos que este planteamiento exigiría una moción específica para
cada uno. Se trata de una propuesta de medidas estructurales básicas,
prioritarias, urgentes, sin cuya solución, de manera total o parcial, se
puede afirmar que se hace difícilmente viable el futuro de estos sectores
en un marco de competitividad y de satisfacción de las necesidades de los
productores.
Por poner un ejemplo: ¿es posible y viable el futuro del sector lácteo en
un marco de competitividad y de satisfacción de las necesidades de los
productores sin el incremento de las cuotas asignadas a España? Nuestro
Grupo cree que no. Por lo tanto, el esfuerzo prioritario del Gobierno
debe ir orientado en esa dirección.
Naturalmente que hay otra serie de problemas en el sector, problemas que
no plantea nuestra moción, como, por ejemplo, el de las multas. Hubo
multas en la campaña 1995-1996, y el que la señora Ministra no nos diera
el dato dos meses y medio después de acabada la campaña 1996-1997, el 31
de marzo, es todo un indicio de que volverá a haber multas este año.
Subsiste, por tanto, el problema del sobrepasamiento, de la leche
comprimida o de la leche «negra», como tuvimos ocasión de debatir, pero
esto no se aborda en la moción para no hacerla exhaustiva.
Algunos puntos de esta moción coinciden con peticiones reiteradas, bien
en el Senado, bien en el Congreso, porque existe general acuerdo sobre su
necesidad, lo que sin duda contribuirá a reforzar la posición del
Gobierno en sus actuaciones negociadoras en las instituciones
comunitarias.
La moción contiene 12 puntos. Dedica los tres primeros al sector lácteo.
El primero, como acabo de justificar, es el incremento de un millón de
toneladas en la cuota asignada a España, sin el cual el caos en el que
está sumido el sector no se arreglará. El segundo plantea una subcomisión
de encuesta para investigar la importación clandestina de leche, más
abundante en unas Comunidades que en otras. El punto 3 es la práctica
explicación de lo planteado en la interpelación. Si se dice que las
explotaciones que producen menos de 25.000 kilos, que son el 47 por
ciento en alguna región, no tienen capacidad financiera para pagar las
multas y que como consecuencia de ello se modulan cuando hay
sobrepasamiento, ¿cómo van a poder estas explotaciones afrontar la
renovación tecnológica para adecuar su producción a las exigencias
comunitarias en materia de sanidad? Naturalmente que no pueden y, o se
arbitran fórmulas económicas de ayuda, o se las condena, simplemente, a
la desaparición.
Los puntos 4 y 5 se refieren al vacuno y pretenden evitar las
penalizaciones o rebajas de hasta el 25 por ciento que se están
produciendo en estos momentos en las primas y potenciar, de verdad, el
consumo y las ayudas a este castigado sector.
Los puntos 6 y 7 hacen referencia a los herbáceos y tratan de corregir el
error de la supresión de las superficies de base regional y se vuelva a
ellas, como hubo de reconocer la Ministra a lo largo de la interpelación.
Los puntos 8 y 9 constituyen medidas básicas para potenciar el sector de
la patata. El punto 10 hace referencia al azúcar y a la remolacha. Los
puntos 11 y 12 --y voy acabando, señor Presidente-- afectan a sectores
tan importantes como el de frutas y hortalizas, tabaco y aceite de oliva,
y tratan de potenciar la posición negociadora y la presión política de
nuestro Gobierno, del Gobierno de la nación, a fin de que las reformas no
sólo no destruyan, sino que potencien la agricultura mediterránea.
En resumen, señorías, la moción incluye, como he dicho, una serie de
propuestas de carácter estructural y básico sin cuya adopción en un plazo
breve de tiempo se pone en peligro un futuro de viabilidad para cada uno
de los sectores que he citado, estratégicos en el conjunto de la
agricultura española. Sobre su necesidad existe coincidencia en el sector
y yo espero que ustedes, con su voto, manifiesten también que hay
coincidencia en todos los grupos parlamentarios de la Cámara.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Rodríguez. Para la defensa
de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos, tiene la palabra su portavoz, el Senador
Gatzagaetxebarría.
El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Muchas gracias, señor Presidente.
Mi Grupo parlamentario va a consumir los dos turnos a los que tiene
derecho, el de fijación de posición y el de defensa de la enmienda, para
no repetirnos con posterioridad. Por lo tanto, me voy a concentrar en una
única intervención parlamentaria para zanjar ambas cuestiones.
El señor PRESIDENTE: Senador Gatzagaetxebarría, quiero recordarle que
solamente le corresponde un turno.
Esta es una moción consecuencia de interpelación que se ha debatido ya
anteriormente. Por eso solamente hay un turno de cinco minutos.
El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Muchas gracias, señor Presidente.
El grupo Parlamentario Socialista, en esta moción consecuencia de
interpelación, plantea importantes cuestiones de carácter general y
sectorializadas que afectan al campo español. Todo lo que sea traer al
Parlamento debates que tienen su soporte en la realidad social nos parece
bien. La problemática que aquí se plantea precisa de un debate más
profundo, y es la reforma de la PAC, la reforma de la reforma. Hemos de
cuestionarnos qué modelo de agricultura vamos a tener a partir del año
2000. Está pendiente no sólo la reforma de la PAC, sino también de
organizaciones comunes de mercado sectorializadas por cada uno de los
subsectores.
El gran tema es saber qué modelo de PAC vamos a tener, sobre todo cuando
después de la ronda Uruguay del GATT hay una conexión entre el modelo
americano y el europeo para hacer compatibles las ayudas directas de la
agricultura eliminando la intervención directa en el mercado, es decir,
suprimiendo la intervención al producto y dando la ayuda al productor.
Estamos de acuerdo con el primer punto que ustedes plantean, el
incremento de la cuota española en un millón de toneladas, en
cumplimiento de una resolución parlamentaria del Grupo Parlamentario
Popular --yo fui portavoz en la Comisión de Agricultura del Congreso de
los Diputados en la pasada legislatura y éste es un tema que planteó
dicho Grupo--, porque hay un déficit estructural entre la producción
española y el consumo de leche en nuestro país. Por lo tanto, es de
justicia que se produzca ese incremento, aunque --el portavoz socialista
también lo sabe-- en la reunión que tuvimos recientemente con el
Comisario Fischler se vinculaba a un debate general sobre la OCM del
sector lácteo de manera que peticiones como la española o la italiana
pudieran entrar en una reforma general.
Sobre la segunda cuestión hemos planteado una enmienda. Nos parece que es
mejor y más correcto establecer un marco de colaboración entre las
Comunidades Autónomas y el Ministerio para fijar un mecanismo de
información y control de la producción y de la comercialización de la
leche. No nos parece adecuado en este momento crear una subcomisión de
encuesta sobre lo que, entre comillas, llamaríamos «leche negra». Todos
sabemos a qué nos referimos, porque, evidentemente, el sobrepasamiento
está originando que en el mercado español se produzca la venta de «leche
negra», que es toda aquella que supera la cuota asignada a España para la
producción, y, por lo tanto, es objeto de compra por parte de la
industria láctea.
En tercer lugar, nuestro Grupo Parlamentario presenta una enmienda al
punto tercero, en el sentido de que esas ayudas a las explotaciones
ganaderas estén condicionadas a la viabilidad e insertas en planes de
mejora. Es importante, porque hay que racionalizar el ejercicio de la
actividad ganadera productora de leche. Es necesaria una
reestructuración, sobre todo de la industria láctea, que va a conllevar
un achatarramiento porque hay una sobrecapacidad de producción y
transformación lácteas en función de las estructuras que tenemos.
En cuarto lugar, señor Presidente, nuestro Grupo propone una enmienda en
relación a las cuotas estatales de derechos de prima a los terneros
machos. Se ha producido, como usted ha dicho, un sobrepasamiento de las
cuotas. Tengo aquí el documento que en este momento está viendo un
Consejo de Ministros de Agricultura en el que se está hablando del
régimen de precios. Uno de los puntos que plantea el Gobierno español,
por las informaciones que se han suministrado a nuestro Grupo, es la
revisión de las cuotas de primas a los terneros machos. Por lo tanto, es
oportuna su plasmación aquí, porque esta cuestión es objeto de debate,
como digo, en el Consejo de Ministros que se está celebrando hoy en
Bruselas.
A continuación, señor Presidente, nuestro Grupo Parlamentario plantea
también una enmienda relativa a la OCM de la patata, que es un sector
desregularizado y que no tiene en este momento una OCM de mercado. Es
necesaria, España la ha pedido, pero la duda que nos surge es si, por las
informaciones que obtuvimos cuando hablamos con el Comisario Fischler, no
en Bruselas con Mansito, se nos quiere plantear una OCM «light», no
interventora, que no fije cuotas de superficie o de producción, sino
solamente un sistema o un mecanismo de prohibición de las ayudas
nacionales. Esto nos preocupa mucho. Y nos preocupa mucho porque otros
países nórdicos --piénsese en Bélgica, sobre todo en el norte de Francia,
Holanda-- se encuentran con un sector patatero enormemente estructurado,
organizado en interprofesionales y que verdaderamente tiene ayudas
públicas que se canalizan a través de la interprofesional. Por lo tanto,
si no sale una OCM ordinaria, general, en la que se vaya a un sistema de
cuotas, quizás sería mejor que no saliera ninguna, porque, de otra
manera, se estaría prohibiendo la posibilidad de que a nivel español se
pueda poner en marcha un sistema de ayudas como el que se ha otorgado
últimamente para el almacenamiento, o un fondo de garantía o de
precaución como el que en el País Vasco está a punto de crearse.
La reflexión es importante: si sale una OCM, que sea una OCM buena, no
sea que luego no sirva para nada e incluso prohíba las ayudas nacionales
que en otros países se están concediendo. Quizás en nuestro país debamos
caminar en ese sentido. Sabemos que hay una contraposición de intereses y
que no va a salir adelante la posición tradicional española por la
oposición de Suecia, de Alemania, de Holanda, de Bélgica y de Dinamarca.
Por lo tanto, lo vemos difícil, pero nosotros apoyamos esta petición con
esta modificación puntual que efectúa nuestro Grupo Parlamentario.
También quiero hacer referencia al tema de los cultivos herbáceos. La
moción del Grupo Parlamentario Socialista coincide exactamente con una
moción del PNV que aprobamos en la Comisión de Agricultura, a la que
ustedes entonces votaron en contra --usted me lo ha aclarado, en la que
pedíamos, efectivamente,
que hubiera 17 superficies en secano y 17 superficies en regadío.
Creo que el PP también fue sensible. Se va en esa línea y una de las
peticiones españolas que va al Consejo de Ministros --según una
información que a nuestro Grupo se le ha facilitado-- es la modificación
del Reglamento de sanciones, porque ésa es la cuestión en materia de
cultivos herbáceos: que se modifique el Reglamento base de 1992, de
manera que si no hay sobrepasamiento a nivel general no se produzca una
penalización a aquellas Comunidades Autónomas en las que ha habido
superación, como es el caso de Castilla y León, el País Vasco, o en otras
en las que pueda suceder en campañas posteriores. Esa es la batalla
política principal. Creemos que se va a caminar en esa dirección y eso
luego supondrá una redistribución nueva a nivel estatal de 17 superficies
en regadío y 17 superficies en secano.
Con la propuesta relativa al azúcar estamos plenamente de acuerdo. Hace
falta ese incremento de la cuota española, una mayor concentración
empresarial y, si es posible, que los grupos sean potentes, sólidos y con
capital español. Porque la duda que se nos plantea después de haber
escuchado a este Gobierno y al anterior es que, efectivamente, la cuota
asignada a las industrias es estatal. Pero también hay otras
interpretaciones que dicen que se puede hacer una defensa jurídica en el
sentido de que, una vez asignada a una empresa, ser objeto de traslación
a otro país en función de los intereses del mismo. Esperemos que esa
tesis no prevalezca; pero sería bueno, para evitar todo tipo de dudas
económicas, que esa concentración fuera mayoritariamente con capital
español.
El señor PRESIDENTE: Señor Gatzagaetxebarría, por favor, termine.
El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Termino, señor Presidente.
Coincidimos también con su propuesta sobre las organizaciones
profesionales de frutas y hortalizas. El Reglamento de la OPFH, el que
reforma la organización común de mercado de las frutas y hortalizas,
admite la posibilidad de que en aquellos ámbitos en los que las OPFH no
estén bien desarrolladas o carezcan de elementos suficientes de
desarrollo puedan complementarse con ayudas estatales. De hecho, en el
País Vasco se camina ya en esa vía y, por lo tanto, para nosotros era
importante hacer referencia a que se puedan complementar en este tipo de
ayudas al Ministerio de Agricultura y las Comunidades Autónomas.
En relación con la OCM del aceite de oliva y el tabaco, nuestro Grupo
Parlamentario coincide con la posición tradicional que esta Cámara ya ha
dado a conocer con la Mesa del aceite de oliva y, por lo tanto, vamos a
apoyar también el punto 12 de su moción en los términos literales en que
se encuentra redactado en su iniciativa parlamentaria.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Gatzagatxebarría.
Para la defensa de su enmienda, tiene la palabra el portavoz del Grupo
Parlamentario Popular, en este caso el Senador Bernáldez.
El señor BERNALDEZ RODRIGUEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, quiero que mis primeras palabras sean para decir que con cinco
minutos que me concede el Reglamento difícilmente podré rebatir los 12
puntos que contiene la moción del Grupo Parlamentario Socialista.
Esta moción --consecuencia de una interpelación que en su día nuestro
Grupo calificó de sombría, de negativa, de irreal-- contiene elementos de
juicio que nosotros no compartimos de ninguna forma. Bien es cierto que
el Grupo Parlamentario Socialista ha tenido contacto con nuestro Grupo,
el Grupo Parlamentario Popular, para llegar a un punto de encuentro, para
llegar a un posible entendimiento entre ambas enmiendas de modificación,
pero la verdad es que lamento decir que no ha sido posible. Y no hemos
podido llegar a ese entendimiento porque el Grupo Parlamentario
Socialista insta al Gobierno a que realice acciones o a que emprenda
iniciativas que ya están siendo realizadas o emprendidas por el Gobierno
de la nación.
Por otro lado, la parte expositiva de la moción habla de un deterioro
general de la agricultura --deterioro estructural en palabras suyas--,
criterio que desde ningún punto de vista comparte el Grupo Parlamentario
Popular. Y no existe deterioro en la agricultura española porque,
señorías del Grupo Parlamentario Socialista, en cuanto a renta real por
unidad de trabajo, en 1996 ha crecido respecto a 1995 en un 21,4 por
ciento. Es decir, el crecimiento mayor que ha habido en los Estados
miembros de la Unión Europea ha sido precisamente el correspondiente a la
renta real por unidad de trabajo/año de la agricultura española: hemos
crecido por encima de Finlandia, por encima de Bélgica, por supuesto por
encima de Suecia, Reino Unido y Austria --países estos que han
decrecido--, y también muy significativamente por encima de la media
comunitaria, que ha sido del orden del 4,8 por ciento.
En cuanto a los sectores más importantes, hemos tenido crecimientos
espectaculares en cereales, en plantas industriales, en hortalizas, en
frutas, en viñedos, etcétera, si bien es cierto --lo comparto con su
señoría-- que hemos decrecido en vacuno en torno al 11,4 por ciento como
consecuencia de la aparición de la enfermedad de «las vacas locas».
En la moción presentada por el Grupo Parlamentario Socialista se habla de
muy diversos aspectos que pueden resumirse en los siguientes puntos. Los
tres primeros tratan sobre el ganado vacuno de leche; el cuarto y el
quinto, sobre el vacuno de carne; los puntos sexto y séptimo, sobre
herbáceos, etcétera.
En cuanto al vacuno de leche, evidentemente es cierto que la situación es
mala, pero no lo es menos que el deterioro de este sector arranca de hace
muchos años. Convendrá
su señoría conmigo en que desde 1986, fecha de la entrada de España en la
Unión Europea, las cosas no van bien para el vacuno de leche. En aquel
entonces aceptamos una cuota deficitaria; no se ha exigido de manera
responsable la aplicación del régimen de cuotas; hemos padecido una
sanción de más de 200.000 millones de pesetas; no ha habido
reestructuración en un sector muy atomizado; se han mantenido de manera
artificial los precios; se ha ignorado la necesidad de mejorar la
competitividad de nuestras explotaciones lecheras y, en definitiva, el
sector lechero no ha sido entrenado para competir en el caso de que
desapareciera el régimen de cuotas.
Por el contrario, el Gobierno está procediendo a una reordenación del
sector lácteo con los siguientes objetivos. Primero, aumento de la cuota
láctea en España; segundo, aumento de la competitividad frente a los
peligros que se nos avecinan, como son los derivados de la nueva Ronda
del GATT en la Organización Mundial del Comercio, la incorporación de los
PECO, la disminución de las restituciones a la exportación, la
disminución de las defensas arancelarias frente a terceros países y la
disminución de las ayudas al almacenamiento. En definitiva, el Gobierno
quiere conseguir colaborar con los primeros compradores, racionalizar las
retenciones y poner en marcha un fondo de cuotas.
Respecto al vacuno de carne, ciertamente este sector ha padecido un
importante deterioro como consecuencia de la aparición de la llamada
enfermedad de las «vacas locas». No obstante, el Gobierno ha tomado
medidas nacionales complementarias para paliar el efecto negativo
originado por la aparición de dicha enfermedad. Ha apostado por una carne
autóctona de calidad; ha apoyado programas de carne de calidad
--recordemos la ternera gallega, la ternera de Navarra, la ternera del
Pirineo catalán, el vacuno extensivo de calidad de la Dehesa extremeña,
etcétera--; ha puesto en marcha un programa nacional, coordinado con las
Comunidades Autónomas, para la identificación animal; ha etiquetado la
carne de vacuno e identificará, de manera electrónica, a los bovinos.
En cuanto a herbáceos, el rendimiendo histórico de 2,6 toneladas por
hectárea asignado a España en 1995 ha sido el más bajo de los países
miembros de la Unión Europea. Evidentemente, España está intentando
corregir dos situaciones: por una parte, transferir 250.000 hectáreas de
la superficie de base de secano hacia la superficie de regadío y,
paralelamente, revisar al alza el rendimiento medio histórico de 2,64
toneladas por hectárea para subirlo a 3 y evitar lo que,
desafortunadamente, ha tenido que hacer el Ministerio, que ha sido
rebajar los rendimientos comarcales por hectárea del regadío español.
Precisamente no hace mucho tiempo la mayoría de los grupos políticos de
esta Cámara hemos aprobado una moción tendente a establecer una
redistribución de las superficies de secano por Comunidades Autónomas,
traspasando superficies de secano de alguna Comunidades Autónomas que
tenían exceso a otras deficitarias. Asimismo, se está intentando
establecer una superficie de base estatal de secano y 17 superficies
autonómicas, de tal forma que si no se sobrepasa la superficie base
estatal no se penalice a las Comunidades Autónomas que hayan sobrepasado
la suya.
En cuanto a la patata, debo decir que el cultivo de este tubérculo viene
siendo objeto del máximo interés por parte del Ministerio de Agricultura,
que no olvida que hay 200.000 hectáreas en el territorio español e
insular que dedican sus tierras a su cultivo. En este sentido, se han
adoptado medidas fiscales como el módulo cero, es decir, índice de
rendimiento neto igual a cero, por lo que no ha habido tributación y se
va a proceder a la devolución de las retenciones.
Coincido con el portavoz del Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos en que la entrada de Polonia, primer país productor
europeo, puede tener consecuencias para nuestra economía en el mercado de
la patata. Y es cierto también que hay determinados países europeos, como
Bélgica, Dinamarca, Alemania y los Países Bajos, que no quieren una OCM,
mientras que España, Italia, Portugal y Grecia sí la quieren.
La remolacha es un cultivo que goza también de una especial consideración
por ser una de las pocas alternativas de nuestros regadíos de interior.
El MAPA ha realizado y está realizando gestiones tendentes a reclamar un
aumento de cuota y, precisamente, el Gobierno español, por una petición
realizada ante el Comité de Gestión del Azúcar, ha autorizado la
liberación de 100.000 toneladas de azúcar para compensar un eventual
déficit coyuntural de abastecimiento de la zona sur originado por la
sequía e inundaciones.
El señor PRESIDENTE: Senador Bernáldez, vaya terminando.
El señor BERNALDEZ RODRIGUEZ: En definitiva, señores Senadores
proponentes de esta moción, con la premura de estos cinco minutos creo
que quedan rebatidos, uno por uno, esos 12 puntos de que consta la moción
del Grupo Parlamentario Socialista. Hemos presentado una enmienda de
modificación que dice, más o menos textualmente, que el Senado insta al
Gobierno a que continúe sus gestiones ante las instancias comunitarias
tendentes a conseguir un incremento de la cuota láctea en un millón de
toneladas, y fomentar las acciones para modernizar, regularizar y adecuar
el sector a las exigencias de calidad establecidas en los reglamentos
europeos, así como que prosiga en su labor en defensa del sector agrario
en general y, en especial, de aquellos sectores que se encuentran hoy día
en dificultades.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Bernáldez. Tiene la palabra
el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Senador Rodríguez.
El señor RODRIGUEZ RODRIGUEZ: Muchas gracias, señor Presidente. Voy a
fijar la posición del Grupo Parlamentario Socialista acerca de las dos
enmiendas defendidas por sendos portavoces. En primer lugar, quiero
manifestar que me ha agradado escuchar al portavoz del Grupo
Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos porque no tuvimos la
fortuna de hacerlo el día de la interpelación. Ha sido satisfactorio para
este interpelante y portavoz en este momento observar las coincidencias
sobre el análisis y descripción de los sectores sobre los que hubo
ocasión de debatir con la señora Ministra. Por lo tanto, no es extraño
que nuestro Grupo vaya a aceptar la enmienda que plantea el Grupo
Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, a excepción de la
propuesta referida al punto tercero, que nos parece restrictiva desde el
momento en que afecta únicamente a explotaciones ganaderas incluidas en
planes de mejora y no todas las Comunidades Autónomas tienen establecidos
dichos planes. Aceptamos el resto de los puntos y aceptaríamos la
propuesta del grupo de Senadores Nacionalistas Vascos en lo referente al
punto 11 si hiciera una pequeña modificación de su redacción en el
sentido de desvincular la colaboración de las Comunidades Autónomas en
las ayudas a las organizaciones profesionales de frutas y hortalizas.
Creemos que en una resolución en esta Cámara no debe establecerse esta
vinculación. Por lo tanto, sería suficiente mantener la redacción y que
la colaboración con las Comunidades Autónomas figurara al final del
párrafo. Resumiendo, señor Presidente, aceptamos la enmienda del Grupo
Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos siempre que este Grupo
renuncie a la formulada al punto 3.º y haga esa pequeña modificación en
el último punto.
Hay que valorar, y yo lo valoro personalmente, el enorme esfuerzo que ha
hecho el portavoz del Grupo Parlamentario Popular desde la tribuna para
desarrollar una intervención sobre la situación de la agricultura, pero
no para defender su enmienda, porque realmente no ha defendido la
enmienda que presenta el Grupo Popular. Y no lo ha hecho porque
probablemente no podía, como intentaré hacerle ver.
Como he manifestado al señor portavoz, nosotros aceptaríamos el punto
primero que coincide con los puntos 1, 2 y 3 de nuestra moción.
Esa coincidencia nos hace caer en la cuenta de la contradicción que
supone para el Grupo Parlamentario Popular decir, por un lado, que no
existen problemas y, por otro, ofrecer propuestas de solución que tratan
de afrontar problemas. Claro que existen problemas. Se puede magnificar o
no su importancia, pero, indudablemente, su propuesta reconoce
implícitamente su existencia.
No podemos aceptar, en cambio, el punto segundo, entre otras razones
porque habla de dificultades de carácter genérico, no las concretiza, y
además olvida sectores tan importantes como el de la patata --respecto al
que la enmienda del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos
es bastante concreta y describe perfectamente la necesidad de una
actuación urgente-- o el del azúcar.
Señor portavoz, dice usted que son 12 puntos totalmente gratuitos y que
no responden a la realidad de los sectores. Pues mire, el punto 1, el
relativo al incremento de un millón de toneladas, como bien ha recordado
el portavoz del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos,
coincide con una proposición no de ley presentada por su Grupo en el
Congreso de los Diputados el 12 de septiembre de 1995.
El punto 4 lo ha manifestado la señora Ministra en numerosas ocasiones,
la última aquí en el debate de la interpelación.
En cuanto al punto 6, ella misma ha reconocido, a instancias del portavoz
en aquel momento del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de
Convergència i Unió, señor Roig, la necesidad de rectificar y volver a
las 17 superficies de base de carácter regional. Suponemos que usted
estará en sintonía y en coincidencia con la señora Ministra del ramo.
Los puntos 8 y 9, señor Senador, y los tengo aquí delante, coinciden
exactamente con una enmienda de modificación presentada por su grupo
parlamentario en el Congreso de los Diputados el 14 de abril de este
mismo año a una proposición de ley. Es una propuesta firmada por don Luis
de Grandes Pascual, donde dice, y leo textualmente: El Congreso de los
Diputados insta al Gobierno para que solicite de la Comisión Europea la
reactivación de los debates sobre la propuesta de una OCM para el sector
de la patata debidamente actualizada. Compare usted con el texto que
presentamos nosotros. El punto 3 dice: realice campañas de promoción del
consumo de las patatas. Justo lo que propone el punto 9 de nuestra
moción.
El punto 10, señor Senador, figura asimismo en respuestas parlamentarias
a distintos diputados y senadores que se han preocupado por la situación
de la remolacha y del sector del azúcar. Esos tres puntos figuran en
varias de las contestaciones que le acabo de señalar.
El punto 12, como bien sabe, es prácticamente la posición de la Mesa del
aceite.
Entiendo la dificultad --y con esto acabo, señor Presidente-- de defender
una moción de carácter genérico y de oponerse a las propuestas serias,
sólidas y urgentes de un grupo de la oposición, aunque sea el
mayoritario, el Grupo Socialista. Esta es la realidad del sector y ya
manifesté en la interpelación que en estos sectores concretos a los que
me he referido la situación es peor que hace un año.
Entre las muchas cosas que se han dicho durante el debate de la moción,
usted, señor portavoz, ha afirmado que se ha incrementado el flujo
financiero proveniente de la Unión Europea. Yo me he molestado en traer
el cuadro de los años 1995 y 1996. En el año 1995 vinieron a España de la
Unión Europea, a la que usted se ha referido, 825.541 millones de
pesetas. En el año 1996 vinieron a España 789.752 millones de pesetas, es
decir, 35.000 millones de pesetas menos. No hay incremento de flujo
financiero de la Unión Europea.
Como decía muy bien el señor portavoz del Grupo Parlamentario de
Senadores Nacionalistas Vascos --y éste es un cuadro oficial, no me lo
puede discutir--, tenemos en el año 1999 la nueva negociación de la
Organización Mundial del Comercio y es necesario que el conjunto de la
sociedad española, el conjunto de los grupos políticos, el Gobierno en
primer lugar, afronten la situación con seriedad, y la única manera es
aceptando todos y cada uno de los puntos de nuestra moción.
Nada más, señor Presidente, muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Rodríguez. (El señor
Gatzagaetxebarría Bastida pide la palabra.)
¿Para qué pide la palabra, señor Gatzagaetxebarría?
El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: El portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista nos había solicitado una modificación puntual de la enmienda,
y quería hacer referencia...
El señor PRESIDENTE: Si me permite intervenir, no cabe modificación
puntual, las enmiendas se aceptan o no en su conjunto. No cabe en este
momento una transaccional, porque hay un artículo bien claro en el
Reglamento en el que se dice que es necesario un procedimiento que sería
imposible en este momento. Ante eso, no es posible ninguna modificación.
Yo entiendo, por las palabras del portavoz socialista, que no se acepta
la enmienda y, por tanto, tenemos que votar la moción sin ella.
El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Señor Presidente, sólo quiero
manifestar que el Grupo Parlamentario Socialista estaba de acuerdo con
nuestra enmienda y lo único que nos solicitaba era una modificación
puntual en el punto 2. El Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas
Vascos está de acuerdo e, incluso, retiraríamos el punto 2 y aceptaríamos
la primera enmienda del Grupo Parlamentario Socialista.
Nuestro Grupo está de acuerdo en un 99 por ciento con el planteamiento
del Grupo Parlamentario Socialista y sólo habría que corregir una
palabra.
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Senador Gatzagaetxebarría, yo entiendo perfectamente
lo que usted dice, pero es una enmienda con una serie de puntos que no se
puede modificar. Es una enmienda como tal y no es factible una
modificación parcial. Para eso habría que presentar una transaccional con
un procedimiento que está recogido en el Reglamento y que no es posible
en estos momentos.
Terminado el debate de la primera parte, iniciamos turno de portavoces de
los grupos que no han intervenido todavía. En este caso, el Grupo
Parlamentario Mixto y el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de
Convergència i Unió, si así lo quisieran.
¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió?
(Pausa.)
El Senador Roig tiene la palabra.
El señor ROIG I GRAU: Muchas gracias, señor Presidente.
Intervengo muy brevemente para anunciar nuestro voto en contra de la
moción socialista presentada por el Senador Rodríguez. Puede parecer
extraño este voto en contra, puesto que en este caso hay no una, sino
muchísimas coincidencias con la moción de 12 puntos del Senador
Rodríguez. Incluso, como se ha dicho durante el debate, alguna de estas
propuestas la hemos presentado nosotros.
En todo caso, hay diferentes aspectos que me gustaría explicar
brevemente. En primer lugar, la moción que presenta el Senador Rodríguez
es tan amplia, desde el punto de vista de su contenido, que podría ser
objeto de un debate monográfico sobre la agricultura y la ganadería
españolas. Por ello, y dado que ahora se ha confirmado que el Reglamento
no nos permite votar favorablemente una serie de propuestas con las que
coincidimos --lo que no sucede en otras Cámaras, donde podemos notar
parcialmente una serie de puntos--, no podemos avalar esta moción.
Además, hay una cuestión política que me parece importante.
Recientemente, durante el debate sobre el estado de la nación, hubo una
resolución de Convergència i Unió que recoge básicamente aspectos que en
estos momentos se presentan en esta moción.
Coincidimos absolutamente con algunas de las propuestas. El punto 1 se
refiere a la gestión de la OCM del sector lácteo y a un incremento de un
millón de toneladas de cuota láctea, con lo que nosotros estamos
totalmente de acuerdo. No apoyaríamos la creación de una subcomisión de
encuesta sobre los posibles fraudes que ha anunciado el Senador Rodríguez
en su intervención, porque entendemos que el Gobierno tiene que tener
mecanismos para poder salvar esta situación. Discrepamos en algunos
aspectos de disposiciones económicas.
En relación con un tema que para nosotros es importante, el punto 6,
francamente, para nosotros es suficiente la respuesta que nos da la
Ministra en la interpelación, en la que reconoce esta situación y se
compromete a la modificación del Plan de Regionalización de Cultivos
Herbáceos. Hay otros aspectos de la moción con lo que estamos de acuerdo.
En definitiva, señor Presidente, señorías, señor Rodríguez, manifestamos
nuestro acuerdo parcial con la moción presentada por usted, pero
reiteramos nuestro voto en contra por los motivos ya expuestos.
Gracias, señor Presidente; gracias, señorías.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador. Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 217; a
favor, 88; en contra, 129.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
MOCIONES:
-- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO POR LA QUE SE INSTA AL
GOBIERNO A LA ADOPCION DE LAS DISPOSICIONES Y MEDIDAS PRECISAS PARA LA
NORMALIZACION Y MODERNIZACION DE LOS DOCUMENTOS DE LA ADMINISTRACION
GENERAL DEL ESTADO, EN ESPECIAL PARA GARANTIZAR CON SU USO EL DERECHO DE
LOS CIUDADANOS A UTILIZAR LAS LENGUAS OFICIALES PROPIAS DE LAS
COMUNIDADES AUTONOMAS EN SU AMBITO TERRITORIAL .(662/000077.)
El señor PRESIDENTE: Punto tercero del orden del día. Mociones.
En primer lugar, la del Grupo Parlamentario Popular por la que se insta
al Gobierno la adopción de las disposiciones
y medidas precisas para normalización y modernización de los documentos
de la Administración General del Estado, en especial para garantizar con
su uso el derecho de los ciudadanos a utilizar las lenguas oficiales
propias de las Comunidades Autónomas en su ámbito territorial.
Para la defensa de la moción, tiene la palabra el portavoz del Grupo
Parlamentario Popular, Senador García Carnero.
El señor GARCIA CARNERO: Muchas gracias, señor Presidente. Señorías, el
artículo 3 de la Constitución Española de 1978 proclama en su apartado 3
que la riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un
patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección.
Este precepto, que claramente sanciona la obligación que tienen los
poderes públicos de procurar el mayor respeto y protección de la
diversidad lingüística de España, ha sido, sin embargo, muchas veces
relegado en su análisis y desarrollo en favor de la discusión de los dos
apartados anteriores de ese mismo artículo mediante una extraña exégesis
del texto constitucional en jerarquía descendente por la que el régimen
de protección principal se ha llevado mediante un sistema ordinal de esos
tres apartados.
Sin embargo, señorías, a nuestro juicio, deberíamos conceder a este
apartado 3 un lugar preferente por cuanto su aplicación profunda e
interpretación correcta evitaría los constantes conflictos y recelos que
la pluralidad lingüística de España ha originado en nuestra reciente
historia. (El señor Vicepresidente, Aguilar Belda, ocupa la Presidencia.)
De forma reiterada, señorías, proclamamos todos que la existencia de
diferentes lenguas constituye un enriquecedor elemento de nuestra cultura
y de nuestra historia. Sin embargo, con cuanta frecuencia hemos
convertido todos las lenguas en factor de enfrentamientos. Deberíamos
reconocer, al menos al comenzar un debate de esta naturaleza, que la
existencia de varias lenguas en España no puede ser de ninguna forma un
ariete para la discusión política que a veces ha conducido al
enfrentamiento social. Bien al contrario, señorías, mientras el catalán,
el euskera, el gallego, o cualesquiera otras de las lenguas que se hablan
en España no sean apreciadas por todos los españoles con el mismo afecto,
con el mismo sentimiento de lo propio con que se puede valorar el
Acueducto la Alhambra, las Fallas o el dulce sonar de una muñeira,
mientras no incorporemos a la conciencia colectiva de los españoles la
decidida voluntad de reconocer la pluralidad lingüística de nuestra
nación, no habremos asumido en plenitud el mandato constitucional de
nuestra Carta Magna.
Señorías, deberíamos hacer bueno el aforismo que dice que la ley es más
inteligente que el legislador para sumergirnos en el análisis de este
apartado 3 del artículo 3 de la Constitución y extraer de ello el
verdadero sentido del texto constitucional. La presencia del sustantivo
«riqueza» no es un hecho baladí. El matiz fundamental reside en que el
objeto de protección por parte de los poderes públicos no ha de ser las
modalidades lingüísticas de España, sino la riqueza de esas modalidades.
La Constitución, señorías, concibe la diversidad lingüística de España
como un todo solidario. No se limita a reconocer una variedad dispersa e
inconexa de realidades lingüísticas, sino que lo que valora positivamente
es el conjunto de todas ellas y su propia diversidad como patrimonio
común legado por nuestra historia. Es claro también que nuestro texto
constitucional recoge como hecho positivo el bilingüismo, y contrasta
esta apreciación con las visiones negativas que en muchas ocasiones se
han mantenido sobre los efectos del bilingüismo.
El hecho del bilingüismo, señorías, que la Constitución Española reconoce
como riqueza no puede ser necesariamente un hecho sustractivo; al
contrario, puede y debe ser un hecho positivo, aditivo, que nos aportará
a todos importantes ventajas intelectuales y pedagógicas, si es que somos
capaces de superar los conflictos políticos y sociales en que ha veces
nos vemos envueltos, sosteniendo tesis obsoletas ya en los albores del
siglo XXI de que el bilingüismo es sólo un estado transitorio que
concluye inexorablemente en la expulsión de la lengua débil si no se
fuerza su conversión en lengua territorial exclusiva.
La historia, nuestra historia, señorías, certifica la debilidad de esas
tesis, porque no puede ser malo, al contrario, debe valorarse
necesariamente como importante riqueza cultural lo que aún sigue vivo
después de más de mil años: la persistente realidad multilingüe que
nuestra Constitución recoge como modalidades lingüísticas y que tiene su
más antigua constatación en las Glosas Emilianenses, importante
testimonio del bilingüismo en los inicios del castellano y al mismo
tiempo decir los primeros balbuceos escritos del vasco. Señorías, esas
Glosas puestas en los márgenes de los libros latinos a mediados del siglo
X, tenían probablemente la finalidad de aproximar al oficiante religioso
a las lenguas que hablaban sus feligreses.
Con independencia de la valoración histórica que de esos testimonios se
puede hacer, lo cierto es que España viene viviendo en una situación de
multilingüismo efectivo desde hace varios cientos de años, y éste es el
tesoro de una comunidad que ha sabido preservar una gran variedad de
lenguas y que, además, ha sabido generar de ellas una lengua común.
Y nos parece importantísimo señalar que el bilingüismo en España se
fraguó de forma natural, sin beligerancia, durante los siglos XV y XVI,
amparado por la tolerancia que en esta materia practicaron los monarcas
castellanos y los de la Casa de Austria.
Por tanto, no responde a la estricta realidad las tesis que hablan de la
férrea represión por parte de la Corona hacia las lenguas y dialectos
hablados durante la época.
No deseamos omitir tampoco que a lo largo de nuestra historia han
existido intentos de implantar forzosamente la uniformidad lingüística en
torno al castellano, iniciados estos intentos con la llegada de Felipe V
y su ánimo de implantar los comportamientos centralistas franceses. Al
contrario, señorías. Es de señalar el arraigamiento cultural de la
pluralidad lingüística de España, capaz de sobrevivir
incluso a etapas de fuerte represión como esas. Señorías, nos parece
también de especial interés comentar la calificación constitucional de
esa diversidad lingüística española como patrimonio cultural. Decir como
dice nuestra Constitución que la diversidad lingüística es un patrimonio
cultural, supone catalogar esa diversidad como un legado de la historia y
afirmar que, no ya las lenguas en sí mismas, sino la diversidad de ellas
es un valor cultural que debemos mantener vivo. La presencia de la
palabra patrimonio da idea de trabazón, de solidaridad entre ese conjunto
de bienes que son las lenguas.
En definitiva, señorías, esto no es sino reconocer que el complejo
sistema cultural, también en el campo lingüístico, como en otros aspectos
de la historia, está compuesto por dos planos: una cultura común y una
rica variedad de culturas territoriales que tienen su correspondencia en
una lengua común y en unas lenguas territoriales que conviven en un mismo
espacio geográfico.
Reclama, señorías, nuestra Constitución respeto y protección para ese
tesoro cultural, como se calificaba en la Constitución del 31 la variedad
de la lengua en España. Respeto implica reconocimiento con particular
consideración o deferencia, y protección comporta amparo y defensa de esa
realidad lingüística. Y choca que se reclamen respeto y protección para
las lenguas con las funciones de conservación y enriquecimiento que el
texto constitucional solicita de los poderes públicos en su artículo 46
para el patrimonio cultural en general. La razón, señorías, es tan clara
como precisa: las lenguas son realidades vivas, esencialmente dinámicas,
y su conservación en sentido estricto corresponde sólo a sus hablantes.
Este apartado 3 del artículo 3, que está sirviendo de base para mostrar
nuestras apreciaciones, ha sido, como señalábamos al comienzo de esta
exposición, relegado en favor de la discusión de los dos primeros
apartados de ese mismo artículo, hasta el punto de que ni los estudios
del derecho de las lenguas ni los del derecho del patrimonio cultural han
profundizado en este, a nuestro juicio, esencial precepto. Sin embargo,
el propio Tribunal Constitucional, en sentencia de 23 de diciembre de
1994, se refiere a esta interpretación al señalar textualmente que el
régimen de cooficialidad lingüística establecido por la Constitución y
los Estatutos de Autonomía presupone, no sólo la coexistencia, sino la
convivencia de ambas lenguas oficiales para reservar el bilingüismo
existente en aquellas Comunidades Autónomas que cuentan con lengua propia
y que constituye por sí misma una parte del patrimonio cultural a que se
refiere el artículo 3.3 de la Constitución Española.
Señorías, a partir de estos principios constitucionales claramente
desarrollados por el Tribunal Constitucional en ésta y otras varias
sentencias, parece claro que cualquier intento o pretensión de implantar
el monolingüismo territorial en una u otra lengua cooficial por los
poderes públicos, ya sean éstos estatales o autonómicos, constituye un
atentado a esa riqueza bilingüe que hemos calificado de patrimonio
cultural.
El monolingüismo no puede imponerse. En todo caso, es una opción libre,
espontánea, no forzada por la propia sociedad; y la sociedad española
lleva cientos de años negándose a esa imposición. Respetemos, pues, esa
voluntad histórica mantenida por nuestros conciudadanos.
Es cierto que mantener esa voluntad popular comporta dificultades en el
ámbito administrativo. El propio Tribunal Constitucional, en sentencia
del 13 de diciembre de 1990, advertía de esa dificultad, al señalar que
la ordenación del pluralismo lingüístico presenta una notable
complejidad, no sólo por las dificultades para precisar el alcance de los
mandatos constitucionales y legales que versarán sobre esta cuestión,
sino también, y principalmente, por incidir sobre materias de
considerable importancia simbólica y afectiva en la estructuración
autonómica del Estado.
El primero de esos valores y principios constitucionales es el de la
libertad de lengua. Porque, aunque hablar o no una u otra lengua es una
decisión de las personas --decisión ajena, por tanto, a los poderes
públicos--, es innegable que los poderes públicos intervienen de muchas
formas, normativa y administrativamente, en la utilización de las
lenguas. La primera de las intervenciones de los poderes públicos
consiste en la determinación de la oficialidad de las mismas; es decir,
en establecer cuál o cuáles son las lenguas con las que la Administración
se comunicará con los ciudadanos, y cuál o cuáles son las lenguas que
gozarán de validez a efectos jurídicos.
Esta decisión administrativa de los poderes públicos necesita encajarse
adecuadamente con el principio superior que garantiza el artículo 1 de la
Constitución, que es la libertad. Dado que los poderes públicos han de
comunicarse necesariamente con los ciudadanos a través de disposiciones
legales, de resoluciones administrativas, judiciales, etcétera, se hace
necesario hacerlo en aquellas lenguas que, en el ejercicio de la
libertad, elijan sus ciudadanos en razón de determinadas condiciones de
raigambre histórica y número de hablantes.
En España, estas decisiones ya están resueltas por el mandato
constitucional y por los propios Estatutos de Autonomía. Lo que procede
ahora es facilitar los medios materiales y humanos precisos para hacer
efectivos esos derechos normativamente reconocidos. Así pues, en un
sistema como el nuestro, de bilingüismo oficial, la libertad se
manifiesta como un derecho de opción de los ciudadanos para escoger entre
una u otra lengua oficial de las que se le ofrecen.
Por ello, los poderes públicos no pueden predeterminar la lengua oficial
que el ciudadano va a emplear en sus relaciones con la Administración. El
derecho de los ciudadanos no puede, por tanto, verse impedido o
condicionado por una posible organización monolingüe de la
Administración, en la forma de prestar ésta sus servicios. Así lo recoge
la Ley 30/1992, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común en su articulo 36, al señalar que
el poder deberá articular de forma general un comportamiento bilingüe de
los servicios públicos, para que el ciudadano, sin obstáculos ni
presiones, elija la lengua de su preferencia en las relaciones con las
Administraciones públicas.
En este sentido planteamos esta moción. Aunque es innegable que en los
últimos tiempos ha habido avances importantes en esta materia, nos parece
conveniente que el Gobierno de la nación adopte disposiciones y medidas
oportunas para lograr una efectiva modernización en la redacción y
estructura de la documentación de la Administración General del Estado,
que adecue esa documentación para hacer así más factibles las relaciones
de la Administración con sus administrados, con el máximo respeto a los
derechos de libertad de la lengua oficial preceptuados por la
Constitución y los respectivos Estatutos de Autonomía.
La competencia normativa en la materia relativa al uso de las lenguas
reside, de una parte, en la Administración General del Estado, por cuanto
la Constitución obliga al Estado a proteger todas las lenguas que, además
del castellano, puedan ser cooficiales en determinadas Comunidades
Autónomas. Y, de otra parte, afecta a las Comunidades en cuyos Estatutos
de Autonomía se establezca con carácter oficial para sus propias lenguas.
Así lo han hecho las Comunidades del País Vasco, Cataluña, Galicia, la
Comunidad Valenciana, Baleares y Navarra.
El hecho de que estos dos niveles administrativos, el central y el
autonómico, confluyan en el ordenamiento normativo, por una parte hace
que esta Cámara sea el lugar adecuado para plantear este tipo de
iniciativas y el foro apropiado para discutirlas pero, a la vez, esa
doble condición de esos dos niveles, administrativo y autonómico,
trasladan a los ciudadanos la idea de constantes enfrentamientos entre
ambas Administraciones.
No creemos, señorías, exagerar cuando afirmamos la percepción que el
ciudadano en general tiene de que mientras el Gobierno central,
cualquiera que sea su color, actúa como un freno al desarrollo de la
implantación de otras lenguas cooficiales junto al castellano, los
gobiernos de las Comunidades Autónomas tratan de relegar el uso del
castellano en favor de sus lenguas autonómicas.
Esta percepción, apoyada a veces en estridentes intervenciones
parlamentarias de uno u otro signo, daña profundamente el verdadero
espíritu constitucional del artículo 3, tan reiteradamente aludido, y
hace que la pluralidad de las lenguas de nuestro país se convierta en
arma arrojadiza, en enfrentamiento partidista y en ariete de peleas
políticas, llegándose incluso en ocasiones a identificar a determinadas
fuerzas políticas como defensoras a ultranza de una lengua y frontales
enemigos de otra y viceversa.
Estos posicionamientos, señorías, tan radicales han generado numerosos
conflictos competenciales, planteados ante el Tribunal Constitucional,
tanto por parte del Estado frente a las Comunidades Autónomas, como de
éstas frente al Estado, obligando al alto Tribunal a numerosos
pronunciamientos a través de sentencias y autos resolutorios de
conflictos, mediante las cuales se ha establecido ya una amplia
jurisprudencia constitucional en materia del uso de las lenguas.
Junto a estas actuaciones, también se han producido en los últimos años
numerosos requerimientos de incompetencia, que no han dado lugar a la
formulación de conflicto, tanto del Estado frente a las Comunidades
Autónomas, como de éstas frente al Estado.
Señorías, sin pretender limitar en absoluto a ninguna de las dos
administraciones --central y autonómica-- la posibilidad de acudir al
Tribunal Constitucional, reconocerán ustedes que tanta conflictividad
jurídica, junto a posicionamientos políticos radicales a los que antes
nos referíamos, contribuyen mas bien poco a conseguir ese deseo
constitucional de respetar y proteger especialmente lo que nuestra Carta
Magna considera como patrimonio cultural de todos los españoles.
Y posiblemente no sería desacertado un llamamiento a la reflexión
conjunta, a la prudencia y a la moderación dialéctica en este campo. Y
desde esa posición de moderación en los planteamientos, parece evidente
reconocer que el talante y la disposición favorable del Gobierno del
Partido Popular ha llevado, en el escaso margen de un año de Gobierno, a
la aprobación del Real Decreto sobre Publicación de Leyes en el «Boletín
Oficial del Estado» en las lenguas cooficiales así como a la modificación
del Contrato del Seguro en ese mismo sentido, o a la modificación de la
denominación de las Islas Baleares por Illes Balears, además de otras
iniciativas que se encuentran en tramitación en este momento.
Es justamente en esa confianza que nos genera esa favorable disposición
gubernamental, junto al convencimiento que tenemos de la bondad de la
propuesta, en la que apoyamos y sustentamos el éxito de esta moción.
Porque, señorías, tenemos un profundo convencimiento de que el Gobierno
de la nación desea garantizar, en los términos establecidos por la Ley,
el derecho de los ciudadanos a poder relacionarse con la Administración
General del Estado en cualquiera de las lenguas cooficiales de las
Comunidades Autónomas y que este objetivo es el que inspira la acción del
Gobierno en este campo.
Señorías, esta decisión no sólo puede ser un acto de voluntarismo
político, sino realmente una exigencia de la jurisprudencia
constitucional, que determina que corresponde siempre al individuo la
elección de la lengua para su expresión y relación y es obligación de los
poderes públicos promover y fomentar el derecho al uso de esa lengua
oficial, libremente elegida, sin ser impuesta por nadie.
Señorías nos parece necesario recordar en este punto de la exposición que
cuando hablamos de esa obligación del Estado nos estamos refiriendo al
Estado de forma global y no sólo a lo que podría considerarse como
aparato central del Estado. Cuando hablamos de poderes públicos, estamos
refiriéndonos también a los autonómicos y a los locales, es decir, a la
totalidad de los entes e instituciones públicas, cualesquiera que sea el
lugar donde se encuentren radicados. Además, así lo reconoce el Tribunal
Constitucional en sentencia de 26 de julio de 1986, al referirse a los
poderes e instituciones afectados por la oficialidad de las lenguas.
Debemos romper esa perniciosa imagen pública, a la que antes nos
referíamos, de que la Administración Central protege al castellano en
detrimento de las restantes lenguas oficiales y de que las Comunidades
Autónomas
limitan el uso del castellano para favorecer la difusión de su lengua
autonómica.
Señorías, establecer conflictos, cuando no enfrentamientos, entre el uso
del catalán y el castellano y entre éste o el del euskera o cualesquiera
de las demás lenguas españolas, resulta tan absurdo como plantear
rivalidades entre la belleza de La Giralda y la armoniosa grandiosidad de
las catedrales castellanas o entre el Monasterio de Montserrat o la
Puerta del Obradoiro. Monumentos y lenguas constituyen nuestro legado
histórico, nuestro patrimonio común que nos identifica como Comunidad y
que nos hace sentir como propio lo que pertenece al patrimonio colectivo.
Señorías, nuestra historia está repleta de enfrentamientos y conflictos
internos, de imposiciones y dirigismos que han alternado con períodos de
entendimiento y progreso. En muchísimas ocasiones se han utilizado la
rica variedad de símbolos que identifican nuestra diversidad cultural
como armas arrojadizas en defensa de planteamientos políticos e
ideológicos. A todos ellos, ha sobrevivido nuestro acervo cultural como
bien supremo que se impone a la voluntad caprichosa de los dirigentes del
momento.
Nuestra historia nos ha mostrado la indomable voluntad de un pueblo, el
pueblo español, que con reiterada terquedad nos ha expresado su deseo de
fortalecerse en la diversidad y de hacer de sus variadas fórmulas
culturales el más importante elemento de cohesión y solidaridad.
Hace sólo unos días conmemorábamos el vigésimo aniversario del inicio de
un nuevo período en la historia de España, un período que cimentado en la
libertad y en la concordia apuesta por el respeto a la diversidad y a las
singularidades en el generoso marco de nuestra Constitución. Hoy,
señorías, me cumple el honor de proponer, en nombre de mi Grupo, del
Grupo Parlamentario Popular, un paso más, un pequeño paso más en el
desarrollo constitucional, solicitando del Gobierno las disposiciones
normativas precisas para que los ciudadanos puedan hacer uso, con mayor
facilidad, de un derecho que nuestra Carta Magna les reconoce. Para ello,
señor Presidente, señorías, solicito su generosa comprensión y apoyo.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular.)
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador García Carnero.
A esta moción se ha presentado una propuesta de modificación firmada por
todos los grupos parlamentarios. Se podría hacer un turno de defensa de
la misma, pero como ha sido firmada por todos los grupos, podríamos pasar
a hacer el turno de portavoces o ¿algún grupo parlamentario querría hacer
la defensa de esta propuesta de modificación? (Pausa.)
Pasamos al turno de portavoces.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la Senadora Costa
Serra.
La señora COSTA SERRA: Muchas gracias, señor Presidente.
Tomo la palabra para anunciar el voto afirmativo de nuestro Grupo
parlamentario, del Grupo Parlamentario Mixto. Creo que es positivo
resaltar que el grupo parlamentario proponente, en este caso, el Grupo
Parlamentario Popular, haya mostrado su sensibilidad para que en todas
las Comunidades Autónomas de este país se puedan utilizar con normalidad
las lenguas oficiales. Además, estas Comunidades Autónomas en las que
existe más de una lengua oficial, tienen una lengua propia que conforma y
contribuye a la cultura y desarrollo de un pueblo. Por lo tanto, todas
aquellas iniciativas que promuevan el respeto y el uso de estas lenguas
tendrán nuestro voto afirmativo.
Los documentos elaborados por la Administración General del Estado para
que los ciudadanos puedan relacionarse de una forma normal con la
Administración pública en la lengua oficial que ellos elijan son un
avance positivo. Estoy pensando sobre todo en la Comunidad Autónoma y en
la circunscripción que represento y en las Illes Balears. Para la misma
será un paso positivo porque nos encontramos con que, precisamente, en
nuestra Comunidad, los ciudadanos y las ciudadanas, a la hora de
relacionarse con la Administración General del Estado, no siempre pueden
elegir la lengua propia, en este caso el catalán. Esto supondrá también
un cambio de actitud por parte de todos y un cambio en la relación de
Administración con los ciudadanos.
La enmienda transaccional, aprobada por todos los Grupos, que exige la
existencia de ejemplares redactados en las lenguas oficiales propias de
las Comunidades Autónomas en cada uno de sus ámbitos territoriales
mejora, efectivamente, el texto inicial de la moción. En las Comunidades
en las que existe precisamente una lengua propia, como la casi totalidad
de la ciudadanía de esa Comunidad sí tiene conocimiento de una de las
lenguas oficiales, que no es la lengua propia de 1a Comunidad, sino que
es la lengua castellana, se producen recelos por parte de algunas
administraciones que ven con recelo que un administrado o administrada se
dirija a esta Administración en una de las lengua oficiales y, en este
caso, en la propia.
Por tanto, entiendo que es positivo y que damos un paso más en el respeto
de las distintas culturas y lenguas que existen en España, y por eso
vamos a dar nuestro apoyo afirmativo a esta moción.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senadora Costa.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la
palabra el Senador Gatzagaetxebarría.
El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Gracias, señor Presidente.
Vamos a fijar nuestra posición sobre esta cuestión manifestando
inicialmente que nuestro Grupo Parlamentario planteó una interpelación
profunda al Ministro, porque esta es una cuestión muy concreta, sobre la
normalización de las lenguas oficiales distintas del castellano,
que mañana tendremos ocasión de sustanciar. Por ello queremos hacer la
constatación de un indicio, y es que es la segunda vez --me decía mi
compañero Imanol Bolinaga-- que el Grupo Parlamentario Popular, al albur
de una iniciativa del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas
Vascos, aprovecha para presentar también una cuestión obviamente legal y
de oportunidad política, una iniciativa que vaya en sintonía o que tenga
los mismos caracteres que la interpelación que nosotros planteamos y, por
tanto, nos parece muy bien. Pero mañana tendremos ocasión de debatir
profundamente con el Ministro, no sólo esta cuestión, que es importante,
pero concreta. Ya nos sucedió anteriormente con el polígono de las
Bardenas. Esto, como constatación previa.
El portavoz del Grupo Parlamentario Popular ha hecho un discurso
exhaustivo. Podíamos coincidir en unas cosas sí, como en la parte
resolutiva, y en otras no, pero sólo deseo hacer una serie de
constataciones.
Se hablaba de que el monolingüismo era malo, y yo coincido con usted. Lo
importante es la integración cultural, que pueda uno estar imbuido de una
cultura, de otra y de cuantas más, mejor. Y no es cierto que la sociedad
española haya rechazado el modelo del bilingüismo. En el País Vasco, el
nacionalismo ha padecido cuarenta años de dictadura. Yo soy de un pueblo
euskaldún donde el 90 por ciento habla en euskera, y se me impuso el
castellano, se me prohibía hablar el euskera. Se me impidió hacer mi
educación en euskera. Por lo tanto, en la desgraciada historia española
de cuarenta años de dictadura, de mandato fascista, sí que hubo esa
imposición del monolingüismo. Nosotros lo hemos superado, y también lo
han hecho todos los grupos parlamentarios, pero sí ha habido una
imposición del monolingüismo, legal, antidemocrática e impuesta por unas
Cortes ilegítimas durante cuarenta años de dictadura, y yo sí quería
hacer una reflexión sobre eso, al igual que se ha hecho ya un debate
sobre la cooficialidad de las lenguas. Hemos tenido una dictadura, y los
que somos hijos de los que, en la etapa republicana, defendieron la
legalidad de la democracia, el Estatuto Vasco y las libertades, los
derechos y el pluralismo político que allí existían, verdaderamente
sufrimos. Yo soy hijo de un exiliado que tuvo que irse después de la
guerra civil. Pero eso no es importante, es una reflexión. Se trata
simplemente de constatar que si ha habido una imposición, al menos en la
etapa de la dictadura y años antes también, quizás porque no se reconocía
ese régimen de cooficialidad. Pero es una etapa superada y yo quería
simplemente, señor Presidente, hacer esta pequeña reflexión.
Coincido básicamente en la parte expositiva de la iniciativa
parlamentaria, pero vamos a ver de qué estamos hablando. Diecinueve años
después de estar en un Estado plurinacional, pluricultural y
plurilingüístico estamos pidiendo --es lo que pide la moción, y estamos
de acuerdo-- que los papeles, que los ejemplares, que los folletos, que
las peticiones, que las solicitudes de la Administración estén en lenguas
oficiales distintas del castellano. Esa es una cosa obvia. Tiene que
existir, no ya sólo desde ahora, porque lo pida esta resolución
parlamentaria, sino que llevamos ya veinte años de democracia, han pasado
diecinueve años desde que se aplicó la Constitución y dieciocho o
diecisiete años desde que se aprobaron diferentes Estatutos de Autonomía.
En consecuencia, nosotros estamos de acuerdo, pero es obvio que el
problema es mucho más profundo que todo eso. Hay aquí una serie de
cuestiones de política, de opción y, en definitiva, de integración. Esa
es la cuestión de fondo que aquí subyace.
Cuando se piden medios materiales y humanos, nosotros estamos
completamente de acuerdo. Mañana tendremos ocasión de debatir la cantidad
de disposiciones, iniciativas parlamentarias, resoluciones,
jurisprudencia que hay al efecto. Mañana tendremos oportunidad de debatir
esto con profundidad, con argumentos y con datos. Esta es una cuestión
importantísima. El régimen de cooficialidad ya está establecido.
El Tribunal Constitucional en su sentencia 82/86 decía que la fijación
del régimen de oficialidad del castellano corresponde hacerla a los
poderes centrales del Estado y la fijación de los regímenes de
cooficialidad distintos del castellano corresponde hacerlo a las
Comunidades Autónomas, a los órganos institucionales de las mismas,
normalmente sus Parlamentos. Por lo tanto, el fundamento jurídico 4
especifica bien el Tribunal Constitucional que la competencia es de los
poderes centrales en el uso del castellano y sobre las lenguas oficiales
distintas del castellano lo son las Comunidades Autónomas.
Por consiguiente, nosotros no podemos más que afirmar que vamos votar
favorablemente esta iniciativa, porque es una iniciativa que pretende
normalizar los impresos de la Administración. Es una cuestión obvia. Al
día de hoy eso ya tenía que estar hecho, sobre todo cuando el régimen de
cooficialidad vincula a todos los poderes del Estado sobre la base de un
criterio, que es el del territorio. En un territorio donde estén todas
las administraciones --sea la central, la autonómica, local o la foral--
el régimen de oficialidad vincula a todos por igual. Lo único que
establece el Tribunal Constitucional es que la concreción, la formación,
los cursos, los perfiles lingüísticos, las relaciones de puestos de
trabajo es una cuestión de ordenación concreta, pero que el régimen es
vinculante para todos ellos y ahí es donde nosotros tenemos una serie de
carencias. Esta es una cuestión que tendremos ocasión de abordar en un
debate más profundo.
Sí quiero terminar con una reflexión, y es que yo coincido con el
portavoz del Grupo Parlamentario Popular en que la imposición es mala y
que la integración cultural es mejor. Nosotros en el País Vasco tenemos
un ejemplo de integración cultural, cada uno elige un modelo de
educación, un diseño de participación en el sistema educativo que quiera:
bilingüe, en castellano o con la participación de una o de la dos
lenguas. Por lo tanto, eso es lo mejor, la libertad de opción para cada
uno. Yo coincido con eso.
Pero hay una regulación en el ordenamiento jurídico que a mi Grupo le
preocupa porque puede estar viciada de inconstitucionalidad. Señor
Presidente, la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Pública y
el Procedimiento
Administrativo Común en su articulo 36, cuando hablan del uso de las
lenguas, dice que se utilizará aquella lengua que elija el ciudadano,
pero en caso de discrepancia, el castellano y que a la parte que no
utilice el castellano se le testimoniarán los documentos en la lengua que
quiera.
Pues bien, cuando la sentencia del Tribunal Constitucional 82/86 decía,
en el caso de la Ley de Normalización Lingüística en el País Vasco, que
en el caso de que haya discrepancia entre el castellano y el euskera en
la tramitación de un procedimiento administrativo se elegirá aquella
lengua con la cual se hubiera iniciado el expediente, fuera el castellano
o el euskera, es tachada de inconstitucionalidad. Lo mismo ocurre con la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas. El
procedimiento, como usted ha dicho, se debe tramitar en la lengua que
cada uno quiera y si hay discrepancia, que se tramite en las dos lenguas,
pero que no prevalezca el castellano sobre otra lengua oficial distinta
del mismo, ya que son cooficiales, de conformidad con los estatutos de
autonomía.
En ese párrafo de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común hay un vicio. ¿Por qué?
Por el mismo argumento del Tribunal Constitucional. Si no era
inconstitucional en la Ley de Normalización Lingüística del País Vasco en
caso de discrepancia que prevaleciera la lengua por la que se iniciaba el
expediente, el mismo argumento vale para la Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Le ruego que vaya concluyendo,
Senador Gatzagaetxebarría.
El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Termino, señor Presidente.
El Gobierno de la Generalitat de Cataluña lo tiene impugnado ante el
Tribunal Constitucional y en su momento tendremos ocasión de conocer qué
sentencia dicta el Tribunal Constitucional sobre esta cuestión.
Termino, señor Presidente, manifestando que nosotros coincidimos, por lo
tanto, con lo que aquí se manifiesta. Es una cuestión que veinte años
después de las primeras elecciones es obvia. Los papeles en la
Administración, que es lo que aquí se ve, tienen que estar, en los
régimenes de cooficialidad lingüística, por lo menos en las dos lenguas.
Sobre esta cuestión no tengo nada más que decir que la vamos a votar
afirmativamente.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador
Gatzagaetxebarría.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
tiene la palabra el Senador Ferrer.
El señor FERRER I ROCA: Señor Presidente, señorías, al iniciar este turno
de posicionamiento por parte del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
de Convergència i Unió tendría poco que añadir a lo que ya ha expuesto
respecto a esta moción el portavoz del Grupo Parlamentario Popular,
Senador García Carnero, o la portavoz del Grupo Parlamentario Mixto,
Senadora Costa, o ahora mismo el representante del Grupo Parlamentario de
Senadores Nacionalistas Vascos, Senador Gatzagaetxebarría. Mis
argumentos, mis razones son muy parecidos o idénticos a los que ellos han
expuesto. Por consiguiente, adelanto que nuestro Grupo va a votar
favorablemente esta moción.
El Senador Gatzagaetxebarría hacía referencia en su intervención a las
situaciones de injusticia, de opresión lingüística que vivió Euskadi hace
unas décadas. Y me ha venido a la memoria que el primer documento catalán
a un Rey de España protestando por la marginación lingüística es de 1760.
O sea, señorías, que, efectivamente, nos referimos a un problema que tuvo
durante siglos un carácter muy violento y que desde la Constitución,
naturalmente, ha tomado otro camino que es la comprensión de la realidad.
Pero venimos de unos antecedentes terribles, y no de hace unas décadas,
sino incluso de siglos.
Además, también hay que recordar que esta moción incide en algo que
afecta al 42 por ciento de la población del Estado español, porque es el
42 por ciento de los ciudadanos los que tienen también una lengua propia
aparte del castellano. Por consiguiente, es una moción que creemos que
ayudará a impulsar el trabajo que ya se inició de reencuentro con la
realidad para continuar avanzando en ello.
Hacemos una valoración positiva de esta moción, naturalmente, y esta
valoración se fundamenta telegráficamente, hay que recordarlo, en el
derecho a utilizar todas las lenguas --no cita la moción, pero pudiera
hacerlo, y lo ha hecho el Senador García Carnero, el Preámbulo de la
Constitución y, naturalmente, el artículo 3--; invoca la moción la Ley 30
de 1992, y también se cita, naturalmente, la abundante legislación de
algunas Comunidades Autónomas sobre esta cuestión. Todos estos son los
fundamentos de esta moción.
Tiene un objetivo esta moción, y quizás sea interesante volver a
repetirlo: asegurar que los documentos y los impresos de la
Administración General del Estado se ajusten al carácter plurilingüe del
Estado. A pesar de su brevedad expositiva, también tiene el interés de
reconocer que aún hoy existen inercias, no diré contrarias, pero sí que
dificultan la normalización que prevé la Constitución. Y en el texto de
la moción, en la argumentación de la exposición de motivos, se dice que
hay determinados usos y prácticas muy enraizados en la utilización del
lenguaje. Y también se dice que la propia configuración de los documentos
elaborados por la Administración Pública a veces marginan o dificultan la
normalización lingüística.
El contenido que nos propone esta moción, que consideramos muy positiva,
es que se adopten las disposiciones y medidas precisas para la
normalización y modernización de los documentos de la Administración
General del Estado, en especial para garantizar el ejercicio del derecho
de los ciudadanos a utilizar las lenguas propias de
las Comunidades Autónomas en sus relaciones con la Administración. Y
nuestro Grupo ha propuesto, y el Grupo Parlamentario Popular ha aceptado,
incorporar una línea en donde se dice: y para garantizar asimismo la
existencia de ejemplares redactados en las lenguas oficiales propias de
las Comunidades Autónomas en cada uno de sus ámbitos territoriales. Es
una enmienda transaccional, suscrita ahora por todos los grupos, que
creemos puede hacer más útil esta moción.
En definitiva, señor Presidente, señorías, votaremos favorablemente esta
moción. Agradecemos también al Grupo Parlamentario Popular, tal como ha
dicho la Senadora Costa, su sensibilidad al presentarla, su sensibilidad
ante esta cuestión que fue, y sigue siendo, muy importante, no solamente
para el 42 por ciento de los ciudadanos que tenemos una lengua propia
distinta del castellano, sino para el conjunto de los ciudadanos. Muy
importante para ese 42 por ciento, naturalmente, pero también muy
importante para el cien por cien.
Creemos que esta moción será útil y es una iniciativa que ilustra una vez
más lo que nosotros denominamos normalmente la dinámica constitucional:
el texto constitucional continúa siendo el punto de referencia y la
fuente de donde mana ese desarrollo constitucional, que es el que está
dibujando una nueva convivencia entre todos nosotros.
Muchas gracias, señor Presidente, señorías.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Ferrer.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la Senadora
Virgili.
La señora VIRGILI I RODON: Muchas gracias, señor Presidente.
Los socialistas vemos con especial satisfacción el cambio de talante y
sensibilidad del Partido Popular ante la riqueza lingüística de España, y
esperamos que también este cambio se vaya produciendo en el campo
apasionante del desarrollo y profundización de las libertades.
Evidentemente, no basta con afirmar el derecho de los ciudadanos de las
Comunidades Autónomas con lengua propia a utilizar estas lenguas en sus
relaciones con la Administración del Estado; además, para proteger este
derecho es preciso afirmar también el deber de esta Administración de
usar estas lenguas en sus relaciones con los ciudadanos. Ahora bien, dado
que este derecho está ampliamente reconocido por la Constitución y los
Estatutos de Autonomía --como muy adecuadamente ha puesto de manifiesto
el Senador del Partido Popular que ha presentado esta moción--, no parece
muy necesario una moción en este sentido viniendo del Partido del
Gobierno; parece que sería más sencillo que tomara las medidas
administrativas necesarias para asegurar el ejercicio de este derecho y
también para vencer las inercias que aún existen en el ejercicio del
mismo. Sin embargo, bienvenida sea esta moción, aunque sólo sirviera para
poner de manifiesto un cambio de talante y sensibilidad en el Partido
Popular, que consideramos muy positiva para el futuro de la convivencia
democrática.
Pienso que debe ser una satisfacción para todos que poco después de haber
celebrado el vigésimo aniversario de las primeras elecciones democráticas
haya el más amplio acuerdo en esta Cámara para dar un paso más hacia la
justa y positiva convivencia de todas las lenguas de España. Toda lengua
es al mismo tiempo una afirmación de una identidad propia y un vehículo
de comunicación con los demás. Por ello, sólo con el diálogo y sólo con
el consenso podemos encontrar soluciones adecuadas para que todos los
ciudadanos de todas las Autonomías cumplamos debidamente el mandato
constitucional de prestar respeto y protección a un patrimonio cultural
que es para todos y para cada uno de nosotros la riqueza de las distintas
modalidades lingüísticas de España.
Por todo ello, daremos nuestro apoyo, nuestro voto positivo, al texto
transaccional de esta moción.
Muchas gracias (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista.)
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senadora Virgili.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador García
Carnero.
El señor GARCIA CARNERO: Muchas gracias, señor Presidente.
Con brevedad, señorías, voy a manifestar en primer lugar la gratitud de
nuestro Grupo por los posicionamientos de todos los grupos políticos de
la Cámara apoyando esta moción. También aprovecharemos este turno para
hacer algunas matizaciones sobre ciertas manifestaciones que, aun dentro
de la coincidencia, se han producido aquí, de forma especial al portavoz
del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, cuyo apellido
siempre me cuesta trabajo pronunciar, seguramente por el desconocimiento
por mi parte de la lengua a la que pertenece, el euskera.
Nosotros no vamos a entrar en discusiones sobre quién más o quién antes,
sino simplemente en si la iniciativa es buena; no vamos a polemizar sobre
quién planteó antes la iniciativa porque ésa no es la cuestión que nos
interesa. Pero me gustaría aclararle al menos que en mi intervención he
tratado de explicar que a lo largo de la historia de España ha habido
períodos de tolerancia y períodos de represión; así lo he manifestado y
le citaba como ejemplos de los primeros períodos de represión la llegada
de Felipe V, con la imposición de la moda francesa de la centralización o
del centralismo, y otros, como el que usted acaba de señalar.
Por lo tanto, en ningún momento he hecho una defensa de la historia de
España como protectora de un monolingüismo o de un bilingüismo, sino que
he dicho que han existido períodos.
También he afirmado --lo que me parece esencialmente importante-- que han
existido actitudes políticas de utilizar la lengua u otros instrumentos
culturales por parte de unos y de otros como arietes o armas arrojadizas,
como defensa de posicionamientos ideológicos, haciendo uso de elementos
cuya simbología era muy importante para el pueblo, y eso ha estado mal
por parte de quien lo haya utilizado.
La voluntad de la moción, lo que estamos pidiendo, es que un ciudadano de
España pueda acercarse a cualquier Administración --también a la del
Estado--, en la lengua que desee de las que sean cooficiales, sin que se
pongan dificultades para ello.
Cuando afirma que ya está bien, después de 19 años, yo volvería la
oración por pasiva y le diría que de un año acá --que es desde cuando el
Partido Popular puede asumir la responsabilidad de la dirección de la
acción de gobierno-- le podría citar varias iniciativas. Por ejemplo, el
cambio de nombre de las Islas Baleares por Illes Balears; el cambio de
nombre de otras provincias y territorios del Pais Vasco, cuya tramitación
está en el Congreso; la Ley del Seguro; la Ley de publicación del
«Boletín Oficial del Estado» en las diversas lenguas cooficiales, y otra
serie de iniciativas que están en marcha que, a mi juicio, en el período
de un año lo que tratan es de poner de manifiesto que por parte del
Partido Popular hay una clara voluntad de cumplir este principio
constitucional, y a que quienes en ocasiones han achacado estereotipos de
que el Partido Popular puede estar enfrentado a este tipo de desarrollo
constitucional, la práctica les demuestra que no es verdad y que cuando
tiene la responsabilidad de gobierno colabora y da pasos adelante.
Por lo tanto, cuando la Senadora portavoz del PSOE manifiesta su
agradecimiento por este cambio de talante del PP, tengo que decirle que
el PP lleva en la responsabilidad del Gobierno de España un año y está
dando este tipo de pasos, que otros han calificado como de: «ya está
bien, después de 19 años» --de los 18 anteriores nosotros no podemos
responsabilizarnos.
Con ello quiero decir que una cosa es predicar y otra dar trigo, y en
este caso quien está dando trigo --simbólicamente en este campo de las
lenguas-- es el Partido Popular, y está rompiendo los esquemas y
planteamientos apriorísticos que muchas personas tenían respecto de la
posición del Partido Popular y las lenguas. En consecuencia, ya no se
podrá recurrir a eso como a otro tipo de cosas que durante tiempo se han
utilizado como lanzas o arietes en la diatriba política.
Asimismo, afirmaba su señoría que la conflictividad jurídica es negativa,
y que el hecho de que unas administraciones frente a otras estén
permanentemente haciendo uso del Tribunal Constitucional para la
interpretación de unas normas u otras planteando conflictos no es
positivo, y que, sin negar ese derecho, lo que estamos haciendo
--seguramente inconscientemente-- es ir trasladando a la ciudadanía que
hay dos posiciones: la de la Administración central, recelosa a admitir
determinadas lenguas, y la de las Administraciones autonómicas,
excesivamente celosas de su propia lengua en detrimento del castellano y
que, por lo tanto, eso no es bueno.
Respecto de la manifestación de la portavoz del PSOE debo decir que nadie
debe extrañarse de que el Grupo Parlamentario Popular formule mociones
pidiendo cosas al Gobierno, porque no renunciamos a nuestra independencia
como grupo parlamentario y poder Legislativo, independiente del
Ejecutivo, ni a la posibilidad que tenemos de formular y plantear cuantas
iniciativas estimemos oportunas. Señorías, sé que puede sorprenderles,
porque las prácticas anteriores a lo mejor no han ido por este camino,
pero ésta es nuestra disposición.
Concluyo con una última reflexión que pretendía ser la que imbuía
sinceramente el espíritu de nuestra moción. Es verdad que esto no afecta
al 42 por ciento de los ciudadanos españoles; esto debe afectar al cien
por cien de los ciudadanos españoles.
Antes, quizá deprisa o en la farragosidad del discurso, he citado algunos
ejemplos que, desde luego, a nuestro juicio, resumían como una figura
cuál es nuestro posicionamiento al respecto. Decía: Mientras yo, nacido
en las tierras de Castilla, no vea el euskera, el catalán, el gallego y
todas las demás lenguas que son cooficiales en España junto al castellano
con el mismo aprecio y con el mismo sentimiento de lo propio con el que
veo la Giralda o las Fallas de Valencia o el sonar de una muñeira,
mientras eso no lo vea como propio, no habré cumplido en plenitud lo que
el artículo 3.3 de la Constitución nos manda.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Muchas gracias, Senador García
Carnero. (El señor Gatzagaetxebarría Bastida pide la palabra.)
¿Por el artículo 87, Senador Gatzagaetxebarría? (Pausa.) Tiene un minuto.
El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Muchas gracias, señor Presidente.
Efectivamente, me congratula la intervención del portavoz del Grupo
Parlamentario Popular, las matizaciones que ha efectuado y las
consideraciones que se han vertido. Unicamente quería recordarle que
existe un régimen de cooficialidad ya normado, mandatado y establecido y,
por lo tanto, lo que hace falta es voluntad política. Si esta iniciativa
sirve para que haya voluntad política será muy importante.
Por cierto, yo sí voy a pronunciar su nombre: usted es Dionisio García
Carnero y le menciono con su nombre y sus dos apellidos. Además, como
usted fue portavoz en la Comisión de Presupuestos, he de decirle que esta
es una cuestión muy vinculada a los Presupuestos Generales del Estado
porque la voluntad política se plasma en las enmiendas que fueron
dirigidas a planes de normalización, de capacitación y de formación en
lenguas oficiales distintas del castellano en aquellos servicios
periféricos de la Administración central en las Comunidades Autónomas.
Por lo tanto, como usted ha manifestado sensibilidad por el tema, apelo a
su sensibilidad para que, como portavoz en el debate de los Presupuestos
Generales del Estado, se tengan en cuenta las enmiendas que presentamos,
que no fueron aceptadas, pero que este año volveremos a presentar.
Entonces, le recordaré que básicamente hemos coincidido en la necesidad
de este impulso para
que por el peso político que usted tiene en su Grupo y la mayoría que
ostenta podamos llegar a un acuerdo y que esa voluntad política se plasme
en enmiendas, en compromiso parlamentario, en planes de formación, de
capacitación y de enseñanza de esta lengua al personal de la
Administración Periférica en Comunidades Autónomas con regímenes de
cooficialidad lingüística.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador
Gatzagaetxebarría.
Terminado el debate, vamos a someter esta moción a votación. ¿Se entiende
que se puede aprobar por asentimiento, incorporando la enmienda
transaccional? (Pausa.)
Queda aprobada por asentimiento.
-- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA POR LA QUE SE ACUERDA LA CREACION
EN EL SENO DE LA COMISION GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS DE UNA
PONENCIA PARA EL DESARROLLO DE LA INFORMACION ECONOMICA DE CARACTER
TERRITORIAL QUE DEBE DISPONER EL SENADO, LA CUAL EMITIRA UN DICTAMEN EN
EL PLAZO MAXIMO DE TRES MESES (662/000076.)
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Pasamos a debatir la moción del
Grupo Parlamentario Socialista por la que se acuerda la creación en el
seno de la Comisión General de las Comunidades Autónomas de una Ponencia
para el desarrollo de la información económica de carácter territorial
que debe disponer el Senado, la cual emitirá un dictamen en el plazo
máximo de tres meses.
Para su defensa, tiene la palabra el Senador Armet.
El señor ARMET i COMA: Muchas gracias, señor Presidente.
El motivo de esta moción surge como consecuencia de la necesidad de
disponer de información económica de carácter territorial por parte de
esta Cámara. Numerosos grupos en distintas oportunidades y en distintos
debates han valorado la necesidad de disponer de información fehaciente y
rigurosa sobre el desarrollo de los distintos aconteceres bien sea por la
vía de los Presupuestos Generales del Estado o de los presupuestos de las
Comunidades Autónomas y la interrelación entre las distintas
Administraciones.
Me gustaría también señalar que las Cortes Generales están planteando la
necesidad de una oficina presupuestaria y que existen ya documentos de
base que apuntan o profundizan sobre algunas de las alternativas que
podían establecerse para constituir esta oficina presupuestaria.
Quisiera empezar la intervención señalando que los países más
desarrollados y con más experiencia parlamentaria han elaborado fórmulas
de oficinas presupuestarias u oficinas territoriales que les permiten
tratar la información y ponerla a disposición de las distintas Cámaras.
Seguramente encontraremos ejemplos positivos en la República Federal
Alemana, básicamente desde la perspectiva de los poderes ejecutivos; en
Austria, que también ha desarrollado modelos interesantes; Australia,
dentro de su concepto de los distintos Estados, ha encontrado puntos de
engarce, de comunicación, para llegar a disponer de informaciones
precisas, especialmente, en temas de comercio exterior, y también nos
encontramos con desarrollos positivos en Italia o en Francia. En Italia,
por ejemplo, hay una subcomisión de la propia Comisión de Presupuestos y,
evidentemente, existe la voluntad de cuantificar todas las decisiones que
pueden afectar a las distintas alternativas de tipo legislativo.
En Francia, la Oficina de Evaluación de las Políticas Públicas, que
depende de la Asamblea y del Senado, ha significado un cambio muy notable
en la valoración de cualquiera de las iniciativas, analizando bajo la
perspectiva de los estudios coste-beneficio y coste-presupuestario, en
concreto, posibles desviaciones en relación a los objetivos generales
previstos que podría presuponer cualquiera de las iniciativas que se
planteaban.
Seguramente, dentro de estas alternativas nos encontramos con la CBO en
Estados Unidos, que es una oficina presupuestaria con un peso, con una
tradición, con una importancia muy notable por su grado de complejidad,
de organización y de situarse al servicio de los requerimientos
parlamentarios. Desde este punto de vista, podemos ver que se realizan
previsiones y proyecciones de las medidas a adoptar a 28 o 24 meses: se
analizan las posibles estrategias para reducir el déficit y se plantean
una multitud de alternativas de ingresos-gastos en lo concreto para
reducir el déficit como objetivo fundamental; se plantean las variaciones
del PIB que determinadas políticas presupuestarias podrían llegar a
establecer; todos los temas derivados del grado de ocupación del país y
las políticas destinadas a reducir, aunque sea de forma no muy
importante, y valorar las políticas de desocupación a través de políticas
presupuestarias; todo el estudio de temas de inflación y tipos de
interés, hasta llegan a desarrollar temas macroeconómicos que dan el
soporte a las Cámaras para que éstas puedan tomar las decisiones
oportunas.
No se trata de condicionar, no se trata de establecer prioridades, no se
trata de la actuación de un banco emisor, sino que se trata de emitir
información para que ésta se sitúe al servicio de los parlamentarios para
que éstos puedan optar y disponer de dicha información con total
libertad, pero también con total solvencia.
La oficina americana se ocupa también de temas tan importantes como
intentar que se respeten los límites de las resoluciones que se han hecho
a través de los presupuestos anuales, y los límites de gastos de
determinados capítulos, y creo que esto es muy importante; estudiar como
cada iniciativa legislativa puede afectar a los ingresos y gastos en
previsión de los próximos cinco años, es decir previsiones a medio plazo
a través de políticas muy concretas que pueden afectar a la naturaleza de
los presupuestos de futuro.
Si hacemos un análisis de las estimaciones que esta oficina desarrolla,
se han hecho centenares de iniciativas, centenares de respuestas y lo que
hacen este tipo de comportamientos es ayudar a la objetivación de las
políticas públicas, intentar centrar lo que serían las señales de alerta
cuando se producen desviaciones potenciales en relación a los objetivos
previstos, y esto significa una mejora porque, evidentemente, los
Parlamentos pierden la carga de populismo y demagogia y quedan centrados
en unos esquemas de la racionalidad macroeconómica o de la racionalidad
presupuestaria.
Desde este punto de vista, el análisis del presupuesto, los análisis de
tipo macroeconómico, los análisis de tipo fiscal, los análisis en
relación al tema de los recursos naturales y lo que pueden ser políticas
destinadas a su buena administración, el tema de salud pública, todo tema
de recursos humanos y de seguridad nacional, han sido abordados por esta
Comisión.
¿Por qué me interesa detallar este tema? Seguramente para mostrar la
potencia de una actuación de estas características, que significa un
presupuesto de unos 25 millones de dólares, equivalente a unos 250
funcionarios, y a unos 200 profesionales de alto nivel. Esto,
lógicamente, comporta que el grado de eficacia que se obtiene por una
actuación de este tipo se amortiza muy fácilmente, porque el coste
global, de unos 3.000 millones de pesetas, está claramente amortizado por
lo que significa la revisión de determinadas políticas, que a veces se
hacen sin la meditación necesaria, y seguramente muy presionadas por
aspectos de tipo coyuntural, poco meditados, los haga quien los haga, que
básicamente es quien toma la iniciativa legislativa.
Es evidente que si señalo este modelo no es para decir que aquí tenemos
que tener uno semejante. Creo que esto sería absurdo, sería ridículo,
sería pedante, sería establecer un objetivo muy por encima de nuestras
posibilidades, pero sí es cierto que si traspasáramos este objetivo, que
es muy ambicioso, con unos costes razonables, a nuestra realidad en la
proporción adecuada, nos daríamos cuenta de que el coste de una realidad
compleja de estas características es perfectamente asumible.
Lo que ocurre es que hay dos niveles: uno de información y otro de
análisis y elaboración. Creo que nos tenemos que preocupar básicamente
del nivel de información, es decir, de conocer toda la realidad para
después poder pasar también a los temas de estudio, prospectiva o
análisis que estas oficinas pueden desarrollar.
Pero a mí me gustaría hacer un comentario de fondo, porque este tipo de
mecanismos auxiliares o, en este caso, logísticamente importantes,
situados en el epicentro de las Cámaras representativas, funcionan. ¿Por
qué funcionan? Funcionan porque existe una general aceptación de que los
informes que presentan estas unidades no despiertan recelos políticos,
por su naturaleza fundamentalmente técnica. Esto es fundamental; es el
prerrequisito del éxito de cualquier oficina que se quiera establecer.
Cuando una oficina puede aparecer como una oficina de Ejecutivo, de los
Ejecutivos, lógicamente, está más marcada por un interés del Ejecutivo o
los Ejecutivos correspondientes. En este caso, una oficina situada como
elemento de apoyo a las Cámaras, si tiene el respeto y no despierta
recelos políticos porque está garantizada su objetividad y su neutralidad
en el tratamiento de la información, los resultados son positivos.
También es clave que los elementos que se puedan establecer como métodos
de trabajo sean absolutamente transparentes. Todo el mundo sabe cómo se
calculan determinadas cosas porque se citan las fuentes de información,
la forma como se han elaborado, las personas que lo han realizado y, por
tanto, no existe esa especie de secretismo que desprenden unos datos
reflejados en un informe encargado a unos expertos o a otros y que hace
que automáticamente el informe sea rebatido por otro grupo parlamentario
porque no le parecen bien los resultados. Es fundamental conocer las
bases de la información, las fuentes y también los métodos de trabajo
porque sean claramente transparentes. Y todas las fuentes de información
han de ser conocidas o emanadas por órganos competentes. Cuando cogíamos
el Boletín del Banco de España, desde hace muchos años, antes de que el
Banco emisor tuviera las facultades que tiene, nos creíamos lo que decía
porque sabemos perfectamente que el análisis sobre la base monetaria,
sobre los sistemas crediticios, sobre cada una de las entidades, los
balances consolidados de las Cajas y de los bancos obedecían a una
información fidedigna, que daba, por tanto, las bases de una objetividad
aceptada por parte de todos.
La moción quiere expresar una preocupación que es la siguiente. El Senado
debe posicionarse con toda claridad en relación con el tema de la Oficina
Presupuestaria. Lo fundamental no es decir si le parece bien o mal, sino
decir claramente qué información económica de carácter territorial
considera el Senado que debe conocer. Llegar a la conclusión de si debe
formar parte de una sección específica de la Oficina Presupuestaria o de
un banco de datos propio del Senado será el resultado del trabajo de una
Ponencia a la que se le marca un plazo corto de tiempo por una razón muy
simple: porque si está elaborando la definición de una Oficina
Presupuestaria que está trabajando en las Cortes Generales y es
básicamente el Congreso el que está desarrollando esta misión, es muy
importante que el Senado tome esta iniciativa en una Ponencia para
valorar el conjunto de información económica de carácter territorial que
considera que le corresponde. Y creo que ésta es la aportación importante
de esta Ponencia.
Es evidente que unos grupos considerarán que no es bueno prejuzgar las
conclusiones de la Ponencia. Yo estoy absolutamente de acuerdo Lo que es
importante es que la Ponencia se haga con unos objetivos muy claros, como
es este objetivo. Sabemos que está realizando un trabajo relacionado con
la Oficina Presupuestaria; sabemos que tenemos unas carencias de
información y que estas informaciones han sido pedidas por todos los
grupos en diversas ocasiones. Vamos a ver qué información precisamos, y,
obviamente, una de las conclusiones será si somos capaces de desarrollar
una política tendente a conseguir un banco de datos propio del Senado o
quedar
relacionados o interrelacionados con el proyecto futuro de Oficina
Presupuestaria.
Creo que este es el objetivo que más claramente pretende esta moción.
Desde este punto de vista, a nosotros no nos interesa avanzar ni un paso
más, porque el avance definitivo es que si todos los grupos nos ponemos,
de una forma honesta y responsable, al servicio de la institución,
veremos que hay un contenido informativo que hoy no se conoce y que,
curiosamente, muchas veces es objeto de polémica política. Y no hay cosa
peor en el terreno político que discutir sobre informaciones que no están
contrastadas, porque evidentemente esto acostumbra a ser el reino de la
demagogia o el reino de los oportunismos coyunturales, que normalmente
favorece a las personas que tienen representatividad política y que
utilizan este tipo de mecanismos como un mecanismo de defensa y de
afirmación de sus legítimas ideas, pero no es lo mejor para profundizar
la democracia. La verdad, en cuanto a datos territoriales, es básico que
esté en el Senado; es importante que se conozcan todos los temas; me
parece del todo necesario que no haya ninguna reticencia; que podamos
tener un trabajo de tipo profesional que nos puede ir suministrando toda
clase de información, creo que favorecería un debate no sólo civilizado,
sino la profundización de algunos de los déficit o de los desequilibrios
importantes que tiene nuestro sistema.
Estamos absolutamente convencidos de que si avanzamos en esta fase de
información habremos dado ya un primer paso muy importante, y más
adelante, con más calma, podemos llegar a un segundo paso, que será el de
la elaboración de la información necesaria a petición de los distintos
grupos parlamentarios. Esto será muy fácil si somos capaces de tener la
información perfectamente registrada. Imagínense ustedes, señoras y
señores Senadores, que tengamos en la Cámara todo aquello que pueda ser
regionalizable --y expreso nomenclatura no constitucional, sino
nomenclatura de presupuesto público--, la inversión pública
regionalizada. Creo que es importante. Los distintos servicios públicos
cómo se prestan en cada una de las Comunidades y costes comparativos;
puede ser importante, es un dato más complejo y seguramente ésta sería
una segunda fase. Imaginemos que tenemos la información perfectamente
periodificada en el tiempo de todo lo que significan las ayudas europeas
en cada una de las Comunidades y en cada uno de los proyectos
específicos; importante. El Fondo de Compensación Interterritorial, que
lo conocemos, pero tenerlo sistematizado; también tiene su interés. Ver
la evolución y conocer, por tanto, los presupuestos de las distintas
Comunidades Autónomas y tener la estructura presupuestaria, saber los
elementos fundamentales de su estructura presupuestaria y ver la
evolución en el tiempo; creo que es significativo.
Podría ir poniendo todo un conjunto de ejemplos que me parece que son de
una importancia clave si queremos entender el futuro desde la perspectiva
de que la oscuridad no ayuda en absoluto a solucionar ninguno de los
problemas, porque en nuestro país muchas veces la sensación de la opinión
pública no corresponde en absoluto a la información real, y cuando hay un
divorcio tan grande, quiere decir que se está produciendo una ruptura de
elementos básicos de la democracia. Pero lo bueno es que esta democracia
permita que si hay discrepancias, éstas se fundamenten siempre en datos y
que éstos respondan siempre a objetividades perfectamente valoradas y
aceptadas por todo el mundo. Y esto no quiere decir que cada uno no pueda
mantener posiciones discrepantes en cuanto a grado de intensidad, en
cuanto a grado de cohesión social, en cuanto a grado de solidaridad que
tiene que tener el comportamiento de un equipo de Gobierno o el proceso
de descentralización de un Estado en relación a las Comunidades
Autónomas, o la posición que un grupo pueda tener en relación a una
desconcentración en relación a un mundo local más grande que otro.
Estos serán resultados políticos de los análisis de la información
objetiva de base que nosotros tengamos, pero lo absurdo es que los
debates se realicen en relación a la información objetiva de base, pues
si cada uno tiene la suya y afirma tener la suya, permite un tipo de
debate que no ayuda en absoluto a un mínimo de coherencia y de
entendimiento.
Me gustaría señalar, porque ésta es la posición que ha defendido nuestro
Grupo, que en la complejidad del sistema político español obviamente
siempre habrá contactos bilaterales. Es bueno que los haya y hay que
incentivar que los haya; pero también es bueno que existan centros de
objetividad, entendiendo por centros de objetividad núcleos --y en este
caso el Senado es un epicentro clave de la institucionalización de la
objetividad territorial, o debería serlo-- donde se pueda contener todo
un conjunto de información que sea lo más veraz posible, porque esto nos
va a permitir desarrollar políticas lo más acertadas o lo mejor
orientadas posible; es decir, partiremos de informaciones que serán
recogidas por todos.
Por ello, tenemos un gran interés en que esta Ponencia pueda hacer sus
trabajos con modestia, pero con ilusión. La modestia de los que saben que
dan un paso hacia adelante importante; la modestia de los que saben --en
este caso el principal grupo de la oposición-- que no vamos a exigir al
Gobierno ninguna cosa especial, ya que de lo que se trata es de dar pasos
que puedan ser significativos de cara al futuro y, por lo tanto, esto
exige un consenso de toda la Cámara; que los primeros pasos y los últimos
pasos sólo se pueden entender con un consenso del conjunto de la Cámara.
Si esto lo hacemos, y además con inteligencia, abremos dado un salto
cualitativo. Porque la situación actual viene caracterizada --si me
permiten les voy a citar un ejemplo que a veces vivimos, además,
Senadores de distintos Grupos-- por debates que a veces se celebran en
una Comisión tan interesante como la de las Comunidades Autónomas, en la
que los agravios comparativos de todos contra todos tienen una
combinatoria difícil de limitar. Todo el mundo encuentra la referencia
para afirmarse en relación a otro. Curiosamente, la mayoría de los
Senadores que estamos aquí hacemos todos esfuerzos posibles para que esto
no pase, pero nos acaba ocurriendo a todos los Grupos. Por tanto, nos
cuesta centrar el terreno en un terreno de datos reales, y muchas veces
la polémica deriva hacia tensiones que se producen a todos los niveles:
entre los
Grupos de la oposición y el Grupo del Gobierno, entre los Grupos que
están en los distintos Gobiernos de las Comunidades Autónomas y los
Senadores que corresponden a partidos que en las Comunidades Autónomas
están en la oposición; es decir, la combinatoria es increíble.
Lo que nosotros debemos intentar es que esta Cámara sea la cámara no de
la pacificación, sino de la objetividad y del realismo, de las posiciones
confrontadas cuando deban estarlo, pero que estas posiciones confrontadas
respondan siempre a un nivel informativo de base, que sea aceptado por
todos, porque, si no, estaríamos jugando siempre un juego de
despropósitos en el que la vena emocional de tipo territorial primaría
sobre la línea racional, que debería primar todo tipo de debates de estas
características.
Creo sinceramente, por tanto, que estamos delante de un paso, de un
camino que puede ser significativo, que puede ser, si quieren ustedes,
modesto, pero clave.
Para terminar, señor Presidente, si nosotros aprobamos esta moción,
estaremos a la altura de las circunstancias porque esta Cámara trabajará
en la dirección de hacer sus aportaciones más acertadas en relación al
tema de la Oficina Presupuestaria.
En segundo lugar, esta Cámara no tiene por qué condicionarse al tema de
la Oficina Presupuestaria. Si considera conveniente que debe desarrollar
un banco de datos propio de la Cámara, de información económica de
carácter territorial, es bueno que se plantee, y lo puede hacer con toda
independencia. Tercero, por poco que avancemos en este terreno, como de
hecho estamos muy lejos de cualquiera de los países que podríamos
analizar en profundidad, habremos dado un salto adelante de tipo
cualitativo, de reforzar la confianza institucional, de reforzar la
confianza en relación a nuestras propias fuentes de información, para
después pasar a una segunda fase que sería permitir que estas instancias
que podamos crear puedan desarrollar la información, como ocurre en
aquellos países donde lo que nunca se cuestiona son los elementos básicos
y estratégicos, y cuando un grupo lanza una alternativa, nunca esta
alternativa es irresponsable porque viene siempre condicionada por un
conjunto de limitaciones que vienen expresadas por trabajos que
desarrollan las Oficinas Presupuestarias en concreto.
Nos gustaría, y en esto daremos todas las facilidades, encontrar un punto
de acuerdo --que espero que lo vamos a conseguir-- para avanzar en ese
terreno. Desde ese punto de vista me gustaría felicitar a todos los
Grupos por su comprensión y por empezar a andar en un camino que creo que
es enormemente positivo. Es decir, sería absurdo que no encontráramos una
coincidencia de todos los Grupos para llegar a establecer las bases de
datos que todos nosotros vamos a utilizar legítimamente defendiendo
nuestras posiciones. Como estoy convencido de que esto va a ser positivo,
muchas gracias, señor Presidente y señores Senadores.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Muchas gracias, Senador Armet.
Al igual que en la anterior moción, se ha presentado una propuesta de
modificación, firmada por todos los Grupos Parlamentarios, y podríamos
proceder al debate pasando directamente al turno de portavoces. ¿Algún
Grupo Parlamentario quiere hacer la defensa de esa propuesta de
modificación? (Pausa.)
Turno de portavoces. (Pausa.)
El Senador Nieto tiene la palabra.
El señor NIETO CICUENDEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
En primer lugar, quiero felicitar la iniciativa del Senador Armet. Creo
que es un tema interesante, independientemente --como él ha dicho-- de
que la Oficina Presupuestaria de las Cortes Generales pueda avanzar e
integrarnos en el conocimiento de todo lo que son los procesos
presupuestarios y el seguimiento de los mismos. Creo que el Senado por sí
mismo, como ha dicho el señor Armet, como Cámara que debe tener cada vez
una mayor representación territorial y como Cámara que debe representar
también la expresión de las distintas Comunidades Autónomas y
nacionalidades, y que debe tener conocimiento del desarrollo
presupuestario, no ya solamente de los Presupuestos del Estado en general
sino también de los presupuestos de las distintas Comunidades Autónomas,
nos dará también una base objetiva, como el Senador Armet ha dicho, para
que cuando hablemos de temas de financiación, de tantos temas de los que
tendremos que seguir hablando forzosamente año tras año, al igual que
tendremos que seguir hablando de los distintos elementos comparativos
entre unas Comunidades Autónomas y otras, podamos tener datos objetivos
suficientes para hacer los debates de un modo más sosegado, con más
rigor, para que en esta Cámara, partiendo de esa ilusión y de esa
necesidad que todos tenemos y que hoy se ponía de manifiesto en la
presentación del libro del catedrático señor Aja, se realice esa reforma
que esperamos que con suerte llegue pronto para que todo esto empiece a
discurrir ya por el verdadero camino.
Esperamos, por tanto, que en el marco de las Comunidades Autónomas se
cree esta Ponencia. Esto me parece ya un paso positivo para que el Senado
empiece a profundizar en esa necesidad objetiva del conocimiento
presupuestario general y también en el específico de las Comunidades
Autónomas. Ello contribuirá a que podamos hacer nuestro trabajo lo mejor
posible y con el mayor rigor para conseguir también que la vida
parlamentaria de esta Cámara sea lo más útil posible en lo que se refiere
a una interrelación entre las distintas Comunidades Autónomas.
Por tanto, manifestamos nuestro apoyo a esta moción con la enmienda
transaccional. Creo que con ella lo único que se pretende es precisar sin
distorsionar absolutamente nada. Considero que la del Senador Armet es
una buena iniciativa y por ello quiero felicitarle desde aquí.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias.
¿Desea intervenir el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas
Vascos? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergencia i Unió
tiene la palabra el Senador Cambra.
El señor CAMBRA I SANCHEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, el Grupo de Convergencia i Unió va a apoyar esta moción, más
aún, lógicamente, después de haber firmado la enmienda transaccional
junto con otros grupos.
El Senador Armet ha hecho una disertación sobre unos planteamientos muy
ambiciosos e interesantes, pero nuestro análisis va a partir de una
perspectiva quizá más pegada al terreno y de una valoración de lo que
entendemos son las posibilidades de esta Ponencia.
El debate sobre una Oficina presupuestaria difícilmente va a poderlo
resolver esta Ponencia, pero en cualquier caso queremos ceñir nuestra
posición a lo que es en sí el texto de la enmienda transaccional, es
decir, a la creación de una Ponencia para evaluar las necesidades de
información económica y financiera de carácter territorial.
Consideramos esta iniciativa como una más en la línea de otras que han
tenido lugar en los últimos meses tanto en esta Cámara como en el
Congreso de los Diputados. Nuestro Grupo ya presentó una moción en el
Pleno posterior al debate que tuvo lugar en la Comisión General de las
Comunidades Autónomas y en el que solicitábamos que se hiciera pública la
balanza fiscal de las Comunidades Autónomas en relación con los
Presupuestos Generales del Estado.
No fue posible en aquella ocasión aprobar nuestra iniciativa.
Posteriormente, el día 20 de mayo se aprobó en esta Cámara una moción
consecuencia de interpelación presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista por la que se facilita una información que añade transparencia
a la situación económica territorial dentro del Estado.
En aquel momento ya valoramos positivamente esa iniciativa, y hace
escasamente dos semanas, a raíz del debate sobre política general
celebrado en el Congreso de los Diputados, se aprobaron dos mociones, la
número 77 del Grupo Parlamentario Socialista y la número 96 del Grupo de
Convergència i Unió que también están en esta línea de mejorar la
transparencia de la información económica a nivel territorial.
Concretamente, la moción número 96, del Grupo de Convergència i Unió,
propone que a través del Consejo de Política Fiscal y Financiera se
realicen los estudios necesarios para conocer las balanzas fiscales de
cada una de las Comunidades Autónomas con el presupuesto del Estado,
referidas al saldo de flujos, ingresos y gastos fiscales de la
Administración central del Estado en estos territorios.
Por tanto, apoyamos la creación de esta Ponencia, creemos que ésta debe
trabajar con toda libertad, y el texto de la transacción se encuentra en
esta línea.
Antes de finalizar, quiero referirme a un comentario del Senador Armet,
con el que estamos absolutamente de acuerdo: la discusión política ha de
basarse en datos transparentes y contrastados. Por ello, nuestro Grupo
valora muy positivamente la solidaridad interterritorial que ha habido en
el Estado español en los últimos quince años, que consideramos
extraordinaria. Asimismo, valoramos positivamente que se siga manteniendo
una política de reducción de las desigualdades territoriales. Pero todo
ello debe realizarse en un marco de transparencia que evite falsas
interpretaciones y estados de opinión absolutamente injustos; sobre todo,
hacia determinadas Comunidades Autónomas. Y creemos que estas iniciativas
ayudan y favorecen a que estos hechos no se produzcan.
Por otra parte, el Senador Armet se ha referido a los contactos
bilaterales. Evidentemente, nuestro Grupo no consideraría en ningún caso
que la existencia de este banco de datos influiría en los datos
bilaterales, que son imprescindibles, como es lógico, entre los Gobiernos
de las Comunidades Autónomas y la Administración del Estado.
Por tanto, reiteramos nuestro apoyo al texto de la enmienda transaccional
a esta moción, y felicitamos al Senador Armet por esta iniciativa. Muchas
gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Cambra. Por el
Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador Laborda.
El señor LABORDA MARTIN: Muchas gracias, señor Presidente.
Como ha expuesto el Senador Armet, estamos satisfechos de haber llegado a
un acuerdo con todos los grupos de la Cámara y, especialmente, con el que
sustenta al Gobierno. En este sentido, no nos explicábamos las razones
por las que se había anunciado la disconformidad con esta iniciativa,
pero tengo que felicitarme por el hecho de que podamos constituir esta
Ponencia para estudiar algo que el Senador Armet ha expuesto
correctamente.
Sencillamente, queremos que esta Cámara tenga algo institucionalizado que
nos permita conocer la información de naturaleza económica, financiera, e
incluso los datos estadísticos, demográficos, etcétera, para aproximarnos
a lo que, en última instancia, se desprende de la Constitución.
El artículo 158.2 de la Constitución nos atribuye la primera iniciativa
en la aprobación de la Ley del Fondo de Compensación Interterritorial
--y, como saben mis colegas de la Comisión y de la Ponencia sobre la
reforma constitucional, opino que no estaba previsto por el constituyente
que dicha iniciativa fuera hecha por ley, sencillamente, porque el
artículo 88 de la Constitución no prevé ese supuesto--. Apoyándonos en
esa iniciativa, creo que el Senado tiene que fortalecer su posición en un
momento en el que la cuestión de la financiación autonómica, la cuestión
de los fondos estructurales, que hasta ahora han formado parte de la
financiación casi ordinaria de las Comunidades Autónomas se encuentra en
un proceso de revisión, lo que, indudablemente, nos preocupa a todos. Por
tanto, tenemos que hacer un esfuerzo, en primer lugar, para fortalecer el
papel que creo que se desprende de la propia Constitución y que nos
corresponde como Cámara. En segundo lugar, para fortalecer la necesidad
de que el consenso sea el procedimiento de trabajo en estas cuestiones.
En este sentido, la financiación autonómica,
la corrección de las desigualdades, debe formar parte de lo permanente, y
no estar al albur de las conveniencias o convenciones políticas de
Gobiernos que no tienen mayorías parlamentarias.
Por otro lado, tenemos que hacer un esfuerzo de transparencia y de lucha
contra la opacidad en este tipo de relaciones que, en última instancia,
se fundamentan en fondos públicos. Por tanto, los Parlamentos están
llamados a conocer de esta cuestión.
Se ha citado el hecho de que el Congreso de los Diputados, de acuerdo con
lo que se aprobó en un momento determinado, en una ley de presupuestos,
ha comenzado el estudio sobre la creación de una oficina presupuestaria
que permita fortalecer el papel parlamentario en el control de estos
fondos públicos. Sin ninguna duda, la ponencia que debe de estudiar la
cuestión que proponemos en esta moción que hemos presentado, debe de dar
una respuesta desde nuestra perspectiva, enlazando, en primer lugar, con
lo que se desprende del Reglamento que aprobamos en enero de 1994,
fundamentalmente de la creación de la Comisión General de las Comunidades
Autónomas y, en segundo lugar, en consonancia lógicamente con la
reflexión que estamos haciendo para reformar la Constitución.
Para terminar, quiero hacer una pequeña reflexión sobre este tema.
Señoras y señores Senadores, señor Presidente, no es una iniciativa de
oposición la que nosotros hemos presentado, por eso nos sorprendía la
primera manifestación del Grupo Parlamentario Popular, contrario a la
aprobación de esta moción. Somos conscientes de que, es atribuible a la
dificultad que tiene el Gobierno, que depende de relaciones con otros
grupos políticos, lo que ha hecho que las expectativas generadas al crear
la Comisión General de las Comunidades Autónomas se hayan desvanecido en
gran medida como consecuencia, en nuestra opinión, del escaso eco y,
sobre todo, escasa utilidad del último debate habido en dicha Comisión.
Por tanto, tenemos una crisis de esa Comisión y de ese debate. Habría que
preguntar cuándo vamos a ser capaces de poder celebrar el próximo.
Esta iniciativa, por tanto, lo que pretende es, en la línea del consenso
que logramos en enero de 1994, afilar las posibilidades, incluso desde el
punto de vista reglamentario, que tenemos para dar a la Cámara algunas
funciones que siempre la han caracterizado. Es decir, pretendemos tener
la capacidad de, estudiando problemas complejos, lograr amplios consensos
políticos, que luego se traducen en iniciativas, bien sea internas,
reglamentarias o legales.
Por tanto, una vez que esta moción se apruebe, nosotros no comprometemos
una vez más a buscar el consenso con todos los grupos de la Cámara. Vamos
a presentar un programa de trabajo para esa ponencia y solicitaremos una
lista de comparecientes. Quiero decirles, señorías, que nuestra
iniciativa es, en cierta medida, original de este Grupo Parlamentario,
pero, en otra medida, responde a una preocupación del mundo académico y
político respecto de lo que fue el resultado de ese debate que celebramos
en el mes de febrero, respecto de las insuficiencias que esta Cámara ha
manifestado para ser un punto de encuentro político entre el Estado y las
Comunidades Autónomas.
Agradeciendo el voto de las señoras y los señores Senadores, quiero
señalar que nosotros una vez más, como grupo de oposición y sabiendo
exactamente en qué lugar nos encontramos, vamos a intentar colaborar
porque no es que tengamos un complejo senatorial, en el sentido de que
necesitamos estar inventando constantemente nuevas funciones o
actividades para la Cámara, sino que tenemos una insatisfacción,
sencillamente como responsables políticos, como representantes políticos,
por la falta de rumbo que en el asunto de financiación autonómica,
etcétera, estamos viviendo. Y vamos a poner una vez más nuestro grano de
arena y la oferta de consenso que en estas materias vamos a seguir
haciendo, estemos donde estemos, en la oposición o en la mayoría.
Muchas gracias, señoras y señores Senadores. Muchas gracias, señor
Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Muchas gracias, Senador Laborda.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senado Utrera
Mora.
El señor UTRERA MORA: Señor Presidente, señorías, subo a esta tribuna en
una ocasión en la que a nuestro Grupo nos es grato apoyar y avalar una
iniciativa, que procede del Grupo Parlamentario Socialista, y que ha dado
lugar a una enmienda transaccional, a una modificación, suscrita por
todos los grupos parlamentarios, en el sentido de que se cree una
ponencia que evalúe las necesidades de información en una institución
como el Senado, orientada precisamente a constituirse en enlace --como ha
dicho el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista-- entre el Gobierno
y las Comunidades Autónomas. Es decir, que esa información permita
evaluar correctamente tanto las actuaciones de las Comunidades Autónomas
como las iniciativas que desde el Senado se realicen.
Dicho esto, me gustaría señalar tres puntos concretos en los cuales hay
acuerdo y en los cuales en algunos casos no lo hay. Hay acuerdo en que es
necesario enriquecer la información económica, estadística y financiera
en nuestro país y que todas las ocasiones que para ello se presenten son
pocas. Por tanto, nosotros asumimos la creación de esta ponencia con la
intención de trabajar en ella, de llegar a acuerdos, siempre y cuando
esos acuerdos consistan en eso, en delimitar enriquecer la información a
disposición del Senado para poder sustentar iniciativas parlamentarias
que permitan enriquecer la acción de Gobierno.
En segundo lugar, sobre el modelo --y perdóneme el Senador Armet--
inicial de su intervención, basándose en la oficina presupuestaria del
Congreso, la CBO norteamericana, nos preocupaba la forma en que lo
planteó, aunque la segunda parte de su intervención rebajó el diapasón
en cuanto a las pretensiones de esta moción y de los estudios que ha de
realizar la ponencia.
No es nuestro objetivo ni nuestro interés, y ya lo anuncio reproducir un
modelo similar a la oficina presupuestaria norteamericana, entre otras
cosas porque ello no es posible y no lo es constitucionalmente en España.
De acuerdo con el Título VII, artículo 133 la iniciativa presupuestaria
en nuestro país, referente a los presupuestos generales del Estado,
corresponde en exclusiva al Gobierno de la nación y a las Cortes su
deliberación, examen, enmienda y aprobación final.
Por tanto, esto se separa radicalmente del modelo norteamericano, en el
que al presupuesto federal que presenta la Administración, el Gobierno,
enfrenta un presupuesto del Congreso, que elabora precisamente la oficina
presupuestaria. Eso exige medios enormes. Se ha hablado de 35 millones de
dólares con una ligereza que a mí me ha sorprendido, como si fuera un
dinero que puede asumirse presupuestariamente. Sepa, Senador Armet, que
35 millones de dólares son en este momento insuficientes para financiar
la CBO y que prácticamente el funcionamiento de la CBO asume tantos
fondos como los que gastan las Cortes Generales españolas en su conjunto,
Congreso de los Diputados y Senado.
Por consiguiente, ese es un modelo irrepetible. No es ese el objetivo de
la moción y de la ponencia que se va a constituir, sino evaluar cuál es
la información necesaria y las fuentes donde esa información tiene que
ser recabada por los servicios de la Cámara.
A este respecto quiero recordarles, y quizá eso explique --y este sería
el tercer punto de mi intervención en claro desacuerdo con el portavoz
socialista, el Senador Laborda-- que nuestra posición inicial de recelo
ante esta propuesta del Grupo Parlamentario Socialista se basaba
exclusivamente en que consideramos que la información estadística,
financiera, demográfica necesaria para evaluar las políticas relativas a
las administraciones territoriales está ya disponible.
Yo he hecho el ejercicio en los últimos días de contactar con
determinadas agencias públicas y privadas --instituciones, fundaciones
privadas-- y existen magníficos centros de documentación en relación con
Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales. En todos estos centros de
documentación se me garantizó y se me permitió acceder a sus fondos,
tanto bibiográficos y documentales como de bases de datos informatizadas,
por lo que nosotros no desearíamos --y esa es una preocupación que
teníamos entonces y que seguimos teniendo ahora y que en el transcurso de
los trabajos de la ponencia podremos matizar-- una simple reproducción
mimética de servicios documentales ya existentes en la Administración
Pública.
Y quiero recordarle, por ejemplo, al Grupo Parlamentaria Socialista,
concretamente al Senador Armet que ha propuesto la moción que en estos
momentos están suscritos convenios importantes de colaboración entre
Administraciones Públicas y, por ejemplo, el Senado en relación a
intercambios de información, las bases jurídicas de datos de la Dirección
General de Régimen Jurídico Económico Territorial están siendo ya
intercambiadas en el proceso de desarrollo e informatización que tiene
esta Cámara. Por tanto, quiere decirse que los acuerdos existen.
En segundo lugar, tampoco en modo alguno puede pensarse en ningún ánimo
de obstaculizar la gestación de información al servicio de los Senadores
por parte de ningún grupo de esta Cámara.
Recuerdo en concreto cómo hace escasamente un mes, el 20 de mayo,
aprobábamos también una moción del Grupo Parlamentario Socialista, con el
voto mayoritario de esta Cámara y, desde luego con el del Grupo
Parlamentario Popular, en el sentido de que el Gobierno informase a esta
Cámara sobre la evolución de la recaudación del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas y sus efectos en la financiación autonómica, la
liquidación del ejercicio 1995, las previsiones de liquidación del IRPF
para el año 1997 y sus efectos sobre las tres Comunidades Autónomas que
no han firmado aún el nuevo acuerdo de financiación, etcétera. Por tanto,
nosotros pensamos que, lo que son las necesidades de información de esta
Cámara, están perfectamente atendidas por el Gobierno, y éste --así se
nos ha hecho saber a nosotros-- siempre está dispuesto a satisfacerlas.
Concretamente me informan, y yo he tenido la ocasión de comprobarlo
personalmente, que la Dirección General de Coordinación con las Haciendas
Territoriales, que sería el ente principal de centralización de la
información económico-financiera relativa a las Haciendas Locales y a las
Haciendas Autonómicas, se hace llegar a esta Cámara una serie de
documentos en los que se incluyen los presupuestos de las entidades
locales, tanto los actuales como las series históricas, las liquidaciones
de esos presupuestos de entidades locales, los presupuestos de las
Comunidades Autónomas y sus liquidaciones, y tenemos series desde el año
1984 a 1994. Se incluye también el censo de entes del sector público
local desde el año 1990 al año 1997; el censo de entes del sector público
autonómico; los consorcios en los que participan empresas locales; las
haciendas territoriales evaluadas en sus cifras desde el año 1993 a 1995;
el informe sobre la financiación de las Comunidades Autónomas, que tiene
carácter anual, información estadística diversa, que elabora el Instituto
Nacional de Estadística, relativa a la población y otras variables
sociodemográficas necesarias para aplicar los acuerdos de financiación y
normas tributarias autonómicas forales y locales en toda una serie
histórica de más de 15 años. En definitiva, toda esa información se está
enviando al Senado, y gran parte de ella, de forma personal a cada uno de
los Senadores que forman parte de la Comisión General de Comunidades
Autónomas. Por tanto, no será por falta de información, pero dado que
nosotros entendemos conveniente que en esta ponencia se evalúen las
posibilidades de información todavía no exploradas ni explotadas por el
Senado para mejorar la información disponible para los Senadores, estamos
de acuerdo en la constitución de esa ponencia en los términos en los que
se ha aprobado en esta enmienda transaccional.
Por último, quisiera hacer una mención...
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Le ruego que vaya concluyendo,
Senador Utrera.
El señor UTRERA MORA: Sí, señor Presidente.
Termino simplemente haciendo una mención a las necesidades de acuerdos
tanto para constituir esta ponencia como para, en su caso --y el Senador
socialista lo ha mencionado--, modificar el formato del debate del Estado
de las Comunidades Autónomas, o bien para mejorar las expectativas --se
ha utilizado el término de desvanecimiento de expectativas en la Comisión
General de Comunidades Autónomas--, para que éstas vuelvan a perfilarse y
no se desvanezcan. Nosotros pensamos que la Comisión General de
Comunidades Autónomas --y ayer mismo tuvimos una sesión bastante
completa, explicativa de los dos normas principales que afectan al
desarrollo económico-financiero de la Comunidad Autónoma del País Vasco y
a sus territorios históricos-- está funcionando razonablemente bien, todo
lo bien que quieren que funcione los grupos en ella integrados, y, desde
luego, el Grupo Parlamentario Popular desea que así sea.
En consecuencia, saludamos esta iniciativa, agradecemos que todos los
grupos parlamentarios la firmen y la suscriban, y, al Grupo Parlamentario
Socialista, el proponerla.
Gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Utrera.
¿Podemos aprobar por asentimiento la moción, con la incorporación de la
propuesta de modificación? (Pausa.) Queda aprobada por asentimiento.
-- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A QUE
SE RECONOZCA LA PUNTA DE ORCHILLA, EN LA ISLA DE EL HIERRO (SANTA CRUZ DE
TENERIFE), COMO MERIDIANO CERO INICIAL, ORIGINAL Y PRIMER MERIDIANO DE LA
HISTORIA, Y A QUE, EN LOS ALEDAÑOS DE ESTE ENCLAVE GEOGRAFICO ERIJA EL
MONUMENTO AL «ULTIMO ADIOS Y PRIMERA BIENVENIDA», EN HONOR Y
RECONOCIMIENTO A TODOS LOS HOMBRES Y MUJERES QUE, A LO LARGO DE LOS
TIEMPOS, HAN SOBREPASADO SUS LIMITES. (662/000074.)
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Pasamos a debatir la siguiente
moción del Grupo Parlamentario Mixto, por la que se insta al Gobierno a
que se reconozca la Punta de Orchilla, en la isla de El Hierro (Santa
Cruz de Tenerife), como meridiano cero inicial, original y primer
meridiano de la historia, y a que, en los aledaños de este enclave
geográfico, erija el monumento al «último adiós y primera bienvenida», en
honor y reconocimiento a todos los hombres y mujeres que, a lo largo de
los tiempos, han sobrepasado sus límites.
Para la defensa de esta moción, tiene la palabra el Senador Padrón.
El señor PADRON RODRIGUEZ: Muchas gracias, señor Presidente. Señorías, la
isla de El Hierro, la tierra que tengo el grandísimo honor de representar
en esta Cámara, es una zona del Atlántico que pertenece a nuestro país,
España. Es la más pequeña de las siete islas que constituyen el
archipiélago canario. Apenas ocupa 278 kilómetros cuadrados de
superficie. Es la menos poblada: 8.300 habitantes aproximadamente y es,
sin duda, la más alejada del territorio continuo del Estado.
Encuadrada entre los 27º 37' 33» de latitud Norte y 11º 57' 30» de
longitud Oeste, su largo máximo alcanza los 29 kilómetros y su ancho es
caprichosamente irregular. La figura de la isla es triangular y se
destacan en ella tres vértices, uno en la llamada Punta Norte, otro en la
Restinga, al sur, y el último, el denominado Punta de Orchilla, situado
al suroeste, siendo ésta la punta más occidental de la isla del
archipiélaqo canario, de España, de Europa y durante mucho tiempo del
mundo conocido.
En esta última punta, en la Punta de Orchilla fue donde en 1932 se
construyó el faro que ha dado el último adiós y la primera bienvenida,
según apunta el insigne herreño don Carlos Quintero Reboso, durante sus
casi 65 años de existencia, a los barcos que van y vienen de América. Y
así continúa ocurriendo. Fue también en esta Punta de Orchilla, en las
instalaciones del mencionado faro, donde el 18 de noviembre de 1982 se
sancionó y promulgó por el Presidente del Gobierno de Canarias la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, la
importante Ley de Cabildos, que, a pesar de sus lógicas y humanas
imperfecciones, supuso un giro importantísimo y un impulso decidido a las
instituciones insulares canarias, sobre todo, a las llamadas islas
periféricas, no siempre atendidas correctamente en beneficio de las
capitalinas.
No es mi intención, señorías, ni el objeto de esta iniciativa profundizar
sobre la historia e importancia de este faro. No es mi intención de
ningún modo abundar en las vicisitudes y anécdotas que sucedieron durante
su construcción y primer uso. Es más, todo lo contrario, ya que si el
para nosotros emblemático faro de Orchilla supone todo un símbolo que,
junto con sabinas milenarias retorcidas por el viento identifican nuestra
isla, la importancia de esta punta a la que nos referimos es muy anterior
a la construcción del faro, es muy anterior a la conquista de Canarias
por la Corona de Castilla, a la desaparición del Arbol Santo «o Garoé» e,
incluso, al descubrimiento del Nuevo Mundo.
Analizando en profundidad la historia de la isla de El Hierro, apreciamos
que no se destaca especialmente de la historia general de las islas
Canarias sino por un hecho concreto, un hecho que yo calificaría de
transcendental y que no es otro que haber sido elegida la Punta de
Orchilla como enclave determinante del meridiano cero universal por ser
el punto más occidental de las tierras europeas y conocidas. El Hierro se
conformó como punto de referencia de los avances de la ciencia geográfica
como consecuencia
de su posición y de la opinión autorizada de los estudios de la época.
Desde la antigüedad y, por lo menos, a partir de los mapas de Marino de
Tiro y Ptolomeo, los geógrafos midieron longitudes contando a partir de
la posición de la más occidental de las Canarias: la isla de El Hierro.
Ptolomeo, en el siglo II, fue el primero en ocuparse de la localización
del primer meridiano y decide que éste debe pasar por la isla de El
Hierro, que era la tierra conocida más occidental del mundo de entonces,
y que debía servir, por tanto, de punto de partida para el cómputo de las
distancias terrestres.
Edrisi, diez siglos más tarde, sitúa en esta isla el primer clima, y
siguiendo a Ptolomeo comienza a contar desde aquí las longitudes, al
igual que hará Abén Jaldún en el siglo XIV. Así continúa hasta el
descubrimiento del nuevo mundo cuando ya se conocieron tierras más al
occidente de las islas Canarias y, concretamente, de la isla de El
Hierro. Pero es precisamente entonces cuando el mundo conocido se amplía,
cuando vuelve a cobrar un nuevo auge el considerar que el primer
meridiano pasase por dicha isla en su punto más occidental, ya que era
una necesidad situar las distancias con respecto al Nuevo Continente.
Modernamente, el redescubrimiento y aceptación general del Mapa de
Ptolomeo en los siglos XIV y XV contribuyó a mantener este criterio
seguido por geógrafos y cartógrafos de varios países. En Francia,
singularmente un precepto promulgado en tiempos de Luis XIII ordenaba a
los geógrafos que hicieran sus mediciones a partir de la mencionada isla
como punto geográfico por el que pasaba el primer meridiano. Esta
disposición, firmada por el Monarca en el Arsenal de París el 1 de julio
de 1634 por iniciativa del Cardenal Richelieu como Intendente General de
Navegación y Comercio de Francia, pretendía salvaguardar la libertad de
navegación y de comercio al norte del Trópico de Cáncer y al oriente del
primer meridiano en las rutas de América y las Indias, dejando la gran
superficie comprendida al sur y a occidente de ambas líneas como
potencial zona de ataques y enfrentamientos con las naves de España y
Portugal.
Se ordenaba a los geógrafos situar en sus «globos y cartas el dicho
primer meridiano en la Isla de El Hierro», como la más occidental de las
Canarias, «y --leo textualmente-- contar desde allí el primer grado de
las longitudes en dirección al oriente, sin pararse en las nuevas
intenciones de aquellos que, por ignorancia y sin fundamento, lo han
colocado en las Azores». Al sur del trópico y al oeste del meridiano de
El Hierro, las flotas y navíos franceses quedaban, entre comillas,
«autorizados» para apresar a las naves españolas y portuguesas o para
repeler los ataques de éstas cuando trataran de impedirles la libre
navegación y el tráfico mercantil.
Evidentemente, la declaración francesa aceptaba oficialmente la posición
del primer meridiano en la «parte occidental de las Islas Canarias
--según dice el documento-- conforme a lo que lo que los más antiguos y
famosos geógrafos han determinado».
Durante largo tiempo, las tensiones y confrontaciones entre las potencias
europeas impidieron a los franceses destacar a un científico a las Islas
Canarias para fijar la posición del meridiano, a pesar del gran interés
demostrado por nuestros vecinos.
En 1724, noventa años después de aquella declaración real, la Academia de
Ciencias francesa pudo cumplir su aspiración enviando con tal misión a
este archipiélago al astrónomo y botánico Louis Feuillée.
La tarde del 12 de agosto de 1724 anclaba Feuillée en la Bahía de La
Estaca, próxima a Valverde, con el objetivo primordial de verificar la
posición de la Isla de El Hierro. Para ello, observaría en esta isla el
primer satélite de Júpiter, operación que se haría simultáneamente en el
Observatorio de París.
Ante las grandes dificultades atmosféricas que el astrónomo encontraba
para poder visualizar el satélite de Júpiter, decidió fijar la posición
de la isla con referencia al Pico del Teide mediante un cálculo de
triangulación. Consigue verificar las condiciones días mas tarde, y de
sus conclusiones se deduce una distancia de 19º 55' 3» entre la longitud
de El Hierro y el Observatorio de París.
Por su parte, verifica la latitud observando las alturas meridionales del
Sol, concluyendo que la más aproximada a la real sería la de 27º 47'
51''.
Desde luego, la iniciativa francesa fue una consagración casi
internacional del primer meridiano por la Punta de Orchilla en la isla de
El Hierro. Pero también otras naciones consideraban otros puntos de sus
propios territorios, o en el archipiélago canario, tales como la isla de
La Palma o el propio Pico del Teide, en Tenerife.
Pedro Salazar de Mendoza simplemente confirma la teoría de Ptolomeo. Y
Castillo, ya más profundamente, considera que el primer meridiano es el
que pasa por la isla de El Hierro, ya que así lo decretó el rey de
Francia, Luis XIII, a instancias del Cardenal Richelieu, a pesar
--palabras del autor-- de que varios transfieran esa fecha con otra a
finales del siglo XVII.
Dato curioso es el que ofrece el padre Pablo Manuel Ortega en 1767, a
través de su Descripción Chorográfica, del sitio que ocupa la provincia
regular de Cartagena. En ella se lee textualmente: «En los pueblos que
asignamos por cabezas, donde hay conventos fundados se pondrá la
graduación en longitud y latitud ... pero advierto, que para la dimensión
de longitud yo tomo por punto o Primer Meridiano la Isla de Ferro que es
el establecido por el Señor Luis XIII de Francia en el año 1682.»
Viera y Clavijo, en sus Noticias, dice: «Aunque no hay en toda la tierra
ningún sitio con derecho evidente a ser reconocido por Primer Meridiano,
sin embargo, las Canarias se hallan en posesión de esta especie de
dignidad: porque los antiguos cosmógrafos, desde Claudio Ptolomeo,
habiéndolas considerado como la región más occidental del mundo conocido
se convinieron en empezar a medir las longitudes hacia el Oriente desde
la Isla de El Hierro, la más al oeste de las Canarias.
Luego que se descubrió la América, como faltó de golpe a las Canarias la
cualidad de última región de Occidente, se creyeron algunos en esta
obligación y en libertad
para despojarlas de la gloria del Primer Meridiano. Pero los franceses
tenían una ordenanza de Luis XIII para tomarla de la extremidad más
occidental de El Hierro, conforme a Ptolomeo. Esta fue dada en 1634, con
dictamen de los mejores matemáticos que tenía en aquella época la Europa,
a quienes convocó para dicho efecto el Cardenal Richelieu en la Sala del
Arsenal de París el 25 de abril del mismo año.
Por otra parte, es indudable que Cristóbal Colón utilizó la isla de El
Hierro como referencia orientadora y punto de partida para contar las
leguas navegadas en sus viajes hacia el Nuevo Mundo. En la preparación de
su primer viaje ya estudió a fondo el mapa del sabio cosmógrafo, médico y
astrónomo, Pablo Toscanelli, en el cual sólo las islas de La Gomera y El
Hierro eran mencionadas por su nombre. El florentino Toscanelli, que
mantenía la tesis de que era posible llegar a las Indias y China
navegando hacia el oeste, envió el mapa dibujado por su propia mano al
rey de Portugal con copia para Cristóbal Colón en 1474. Este mapa y el
globo terrestre de Martín Behaim --en el que ya la isla de El Hierro
estaba acertadamente situada entre los 26 y los 28 grados de latitud--
daban a conocer las dimensiones aproximadas de la tierra y fueron básicos
para Colón. Fueron estos mapas los que presentó Colón a los Reyes
Católicos y les prometió unas tierras que estarían a 750 leguas de la
isla de El Hierro en sentido occidental. Desde entonces tenía Colón
pensado, como así lo hizo, colocarse a la altura de El Hierro para, desde
allí, navegar hacia el oeste manteniéndose siempre sobre el mismo
paralelo --ello le facilitaba sus cálculos astronómicos para no perder el
rumbo.
Es muy probable que Colón escogiera La Gomera para su descanso y
avituallamiento antes de emprender la gran aventura, no sólo por la
bondad de su rada, sino también por su cercanía a la isla de El Hierro,
hito obligado donde tenía marcada su derrota. Sabemos que Cristóbal
Colón, antes de emprender su primer viaje, permaneció casi un mes en La
Gomera, concretamente del 9 de agosto al 6 de septiembre de 1492. Lo que
hizo en este lapso de tiempo es un tanto confuso, quizá causa de que lo
que conocemos no es su auténtico diario, que se perdió, sino un extracto
compendiado y resumido por fray Bartolomé de las Casas. Probablemente
disfrutó de la hospitalidad de doña Beatriz de Bobadilla, a quien debió
conocer en Santa Fe en la visita que ambos hicieron a los Reyes
Cató1icos, aunque cada uno de ellos por su particular motivo.
La ratificación de que la isla de El Hierro era su origen de mediciones
nos la da el sumario en la fecha correspondiente al lunes 1 de octubre,
cuando ya llevaban 22 días de navegación, donde se lee: «El piloto del
Almirante tenía hoy, en amaneciendo que habían andado desde la isla de El
Hierro hasta aquí, 578 leguas al Oeste». El sábado 13 de octubre, al otro
día de tocar tierra en la isla de Guanahani, se describe en el diario de
viaje cómo eran sus habitantes y se añade: «... y ellos ninguno es
prieto, salvo de la color de los canarios; ni se debe esperar otra cosa,
pues esta isla está L'este-oueste con la isla de El Hierro, en una
línea». Y aún el 2 de noviembre, cuando bordeaban la isla que luego seria
Cuba, se lee en el diario: «Aquí tomo el Almirante la altura con
cuadrante esta noche, y halló que estaba a 42 grados de la línea
equinoccial y dice que por cuenta halló que había andado desde la isla de
El Hierro mil ciento cuarenta y dos leguas».
Con todo lo dicho anteriormente queda demostrado el papel fundamental que
la isla de El Hierro tuvo en la orientación de la ruta de ida del primer
viaje de Colón, en su búsqueda de las tierras de Cipango por el oeste.
De todo esto, señor Presidente, se deduce con evidencia meridiana que
Francia acepta oficialmente la posición del primer meridiano en la más
occidental de las Islas Canarias y no sólo lo acepta, sino que lo
comprueba y lo fomenta destacando a un valioso científico que concrete la
posición de dicho punto geográfico. Y entendemos, aunque sin la
documentación rigurosa deseada, que también ocurría el mismo hecho en
otros países como Holanda y algunos más de influencia francesa.
De lo que sí tenemos constancia plena es de que el Meridiano Cero,
Inicial, Primitivo y Universal, sin ningún tipo de dudas fue ubicado en
la Punta de Orchilla en la isla de El Hierro. De que el primer mapamundi
de Ptolomeo iniciaba el cómputo de los meridianos a partir de las Islas
Canarias. De que esta vieja tradición continuó hasta la Edad Moderna
aceptada por países como Francia y Holanda. De que el problema de medir
las longitudes en el mar estuvo en la cima del interés de todas las
marinas europeas y que contribuyó al perfeccionamiento de la cartografía
de Canarias, pero siempre tomando la referencia citada de la isla de El
Hierro.
Señor Presidente, señorías, nuestra isla ha sido atacada duramente por la
sequía y por la emigración. Nuestras mujeres y hombres han tenido que
abandonar la tierra que les vio nacer como consecuencia de una sed física
insoportable que hacía imposible continuar dentro de sus límites. Las
mujeres y hombres de El Hierro han sufrido el aislamiento obligatorio
como consecuencia de las nefastas comunicaciones. Nuestras gentes han
sufrido la pobreza como consecuencia de la climatología y también en años
generosos han sufrido la pobreza como consecuencia de no poder
capitalizar el resultado de su producción.
Cuando las lluvias no regaban los campos herreños no se conseguía sacar
nada a la tierra y el hambre aparecía, y cuando vertía el agua deseada,
nuestros quesos, frutas, pescados, carnes y vinos morían en las lonjas,
fruto del aislamiento. La solución a la hambruna era la emigración, pero
todos sentían el deseo incontenible de volver a la isla del Meridiano.
El Hierro y Canarias le deben mucho a todos esos hombres y mujeres que
pusieron proa al camino descendente del sol y que con trabajo y
sacrificio consiguieron enviar a aquellos que tanto contribuyeron a
mejorar el nivel de vida de los que nos quedamos. Bolívares, pesos y
muchas otras monedas del continente americano influyeron en gran medida
en el desarrollo y bienestar de Canarias y los canarios.
Y es que no había otra salida en aquellos momentos que cruzar el
meridiano de Orchilla en sentido occidental. Y allí al otro lado,
intentar hacer fortuna.
La isla de El Hierro no solicitó, reivindicó, ni pidió en ningún momento
ser el origen de las longitudes geográficas. Fueron otros antiguos y
brillantes científicos los que así lo decidieron.
Pero no es nuestra intención sustituir al actual meridiano Cero ubicado
en Greenwinch. No deseamos de ningún modo crear el mínimo perjuicio. El
objeto de esta iniciativa se centra en obtener el reconocimiento
histórico que estamos seguros merece el punto geográfico al que nos
referimos. La Punta de Orchilla indiscutiblemente fue el meridiano Cero,
Inicial y Universal por elección de científicos y políticos de épocas
pasadas; por diferentes razones se trasladó a otro lugar, pero entendemos
que es nuestra obligación exigir que no se pierda a través del tiempo el
gran significado y el gran protagonismo mundial que recayó sobre el punto
más occidental del mundo conocido en aquel tiempo y el punto más
occidental de la Europa actual.
Por todo lo expuesto, señor Presidente, el Senado insta al Gobierno a que
se reconozca la Punta de Orchilla en la isla de El Hierro como meridiano
Cero Inicial, Original y primer meridiano de la Historia y que en los
aledaños de este enclave geográfico se erija el monumento «Al último
adiós y primera bienvenida» en honor y reconocimiento a todos los hombres
y mujeres que durante los tiempos han sobrepasado sus límites en sentido
occidental.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Padrón.
A esta moción se han presentado dos enmiendas, una del Senador Ríos y
otra del Grupo Parlamentario Popular. Asimismo, hay una propuesta de
modificación firmada por todos los grupos parlamentarios. Esta
Presidencia entiende que la última propuesta de modificación subsumiría
las enmiendas anteriormente presentadas por el Grupo Parlamentario
Popular y por el Senador Ríos. Si así fuera, siguiendo el mismo tipo de
debate que hemos hecho en las otras mociones, y si ningún miembro de
grupo parlamentario tiene interés en defender esa propuesta de
modificación, pasaríamos a abrir el turno de portavoces.
¿Podemos abrir el turno de portavoces? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el Senador Ríos.
El señor RIOS PEREZ: Señor Presidente, señorías, hay muchas puntas de
Europa y también muchos Finisterre, pero ninguno tan real como el cabo de
Orchilla, geográfica y contemporáneamente hablando. Hoy, cuando la nueva
Europa está en construcción, los cocreadores más meridionales podemos ser
nosotros, los canarios y de esta gran obra los más occidentales de todos,
los herreños.
Estoy seguro de que todos estamos dispuestos a contribuir a este gran
sueño, pero sólo es posible a través de la voluntad democrática de todos
los pueblos que pueden integrar Europa de abajo a arriba y de arriba a
abajo, y el canario es uno de ellos, aunque de los más pequeños, porque
nos unen los grandes lazos sociales, históricos, económicos y sobre todo
culturales.
La enmienda primitiva de este Senador perseguía que se nos considerara
dentro de un marco internacional, porque somos la plataforma de
proyección tricontinental. Quizá nuestra idea sea excesivamente
localista, porque si a mí me hubieran dejado realizar este proyecto
hubiera hecho una sabina pétrea. La sabina son los árboles típicos de El
Hierro; las sabinas se agachan un día y otro para evitar el viento y esta
especie desmelenada, escultura vegetal, se aferran a la isla porque es de
ellas. Si tuviera que dibujar alguna vez un paisaje la imagen de un
herreño, dibujaría una sabina.
Señor Presidente, este monumento que pretendemos se realice en las
proximidades de la Punta de Orchilla sería como un contrapunto al intento
de la llamada lanzadera que se está intentando colocar en El Hierro.
Desde mi punto de vista soy contrario a ella y, por lo tanto, apoyo
totalmente este monumento de paz y no la lanzadera.
Por último, creo que sería un buen homenaje a las fiestas que en estos
momentos se van a celebrar en la isla de El Hierro, la llamada bajada de
la Virgen Lustrales a través de toda la isla.
Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias a la Cámara.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Muchas gracias, señor
Presidente.
¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió?
(Pausa.)
¿Grupo Parlamentario Socialista? (Pausa.)
La Senadora Pérez tiene la palabra.
La señora PEREZ SCHWARTZ: Muchas gracias, señor Presidente. Señoras y
señores Senadores, realmente después de la lección de historia que nos ha
dado el Senador por la isla de El Hierro, poco nos queda que decir a los
demás Senadores. Intentaremos ser lo más breves posible porque la
historia se escribe de una sola manera y no es cuestión de que estemos
dando distintas interpretaciones pues en realidad, en nuestra opinión, es
obvio que el meridiano cero, en su momento, estuvo situado en la isla de
El Hierro. Está constatado desde el punto de vista histórico porque las
Islas Canarias eran un enclave marítimo en las rutas atlánticas y este ha
sido un factor relevante en la historia del archipiélago y de su
conquista en el siglo XV y también un dato permanente de las
comunicaciones de Europa con el resto del globo en la edad moderna.
La idea de que El Hierro tuvo un protagonismo histórico al margen de las
islas que componen el archipiélago canario es posible, Senador. Le
sugiero que se haga un simposio en la isla de El Hierro para constatarlo
debidamente y llegar a acuerdo con base histórica, que la hay ya, pero,
evidentemente, siempre es conveniente discutirla
para en futuro poder sustentar la moción que usted presenta y la
necesidad de la creación de ese monumento. Según los documentos
históricos que tenemos en estos momentos, El Hierro, Ombrio para Plinio,
fue durante siglos el borde de lo conocido y, como tal, los cartógrafos,
utilizando los criterios aportados por Marino de Tiro y Claudio Ptolomeo
en los ocho libros que forman su geografía, no dudaron en aceptar como
meridiano cero aquella línea imaginaria que uniendo los polos pasaba por
El Hierro por su extremo más occidental, más avanzado, por Orchilla. Este
convencimiento cartográfico está presente en la historia de la humanidad
desde el siglo II, como bien decía el Senador por la isla de El Hierro,
en virtud de la solvencia de Ptolomeo y la Escuela Alejandrina al
desarrollar los primeros mapas de la tierras exploradas. El Hierro sirvió
durante siglos como eje referencial por el cual los navegantes trazaban
sus travesías sin mayores complicaciones para tomar a Orchilla como el
punto sin retorno. Tras el descubrimiento de América, aquella tradición
fue seguida por geógrafos y cartógrafos de varios países y la Punta de
Orchilla, la zona más occidental de la isla de El Hierro, fue durante
mucho tiempo referencia del meridiano cero. Durante la primera expansión
europea, siglos XV y XVI, el archipiélago canario sirvió de plataforma
marítima con las regiones que el imperio hispano dominaba en América.
Simultáneamente, constituyó un emplazamiento de interés dentro del
comercio atlántico, especialmente, durante los períodos azucareros y
vinícolas. En la fase de la segunda expansión, siglos XVII y XVIII, fue
escala frecuente de las célebres expediciones científicas
fundamentalmente francesas e inglesas. Durante largo tiempo, como bien
decía el Senador, las tensiones y confrontaciones entre las potencias
europeas impidieron a los franceses destacar a un científico a las islas
Canarias para fijar la posición del meridiano. En 1724, 90 años después
de aquella declaración real, la Academia de Ciencias francesa pudo
cumplir aquella aspiración enviando con tal misión al archipiélago al
astrónomo y botánico Louis Feuillée (1660-1732) para terminar el primer
meridiano y fijar la diferencia en longitud existente entre éste y el
Observatorio de París.
La Punta de la Orchilla fue durante mucho tiempo referencia del meridiano
cero hasta que --hay que hacer honor a la historia y decirlo todo-- Luis
XIV inició la costumbre de establecer el meridiano en el observatorio
astronómico de cada país hasta que, definitivamente, se ubica en
Greenwinch. Supongo que este planteamiento será motivo de otra moción,
Senador Padrón.
En esta moción partimos de un hecho histórico que es obvio y,
lógicamente, mi grupo parlamentario la va a apoyar.
Querría hacer una serie de manifestaciones, saliéndonos ya de la
historia, en lo que respecta a la situación y al enclave de la punta y el
faro de Orchilla. Como usted sabe, en el lugar ya existe un pequeño
monumento recordando al meridiano cero y, lógicamente, no se trata de
sembrar la zona de monumentos; habrá que buscar la fórmula --y supongo
que con la enmienda transaccional que se ha planteado se encontrará-- de
insertar el monumento recordatorio que hay en el nuevo emplazamiento en
el que se vaya a ubicar.
También hay que recordar que la zona incluida dentro del Parque Natural
de El Hierro, es una zona protegida, por lo que el tipo de monumento que
se decida instalar deberá tener el informe de impacto ambiental por parte
de la Administración pertinente, sea el Cabildo Insular de El Hierro, sea
la Consejería de Política Territorial del Gobierno de Canarias.
Sería conveniente no olvidar que en este momento, en el sentir de los
ciudadanos de El Hierro existe un profundo interés en declarar este
entorno Patrimonio de la Humanidad. En ese sentido, se están llevando a
cabo las diligencias oportunas para que sea declarado por la Unesco
Patrimonio de la Humanidad. Le sugiero al Senador Padrón que en el
próximo período de sesiones presente una iniciativa, que apoyaremos, para
que el Senado se solidarice con las instituciones de El Hierro frente a
la Unesco para solicitar que ese entorno sea declarado Patrimonio de la
Humanidad.
Por último, también le sugiero al Senador por El Hierro que, ante el
Presidente del Cabildo Insular, teniendo en cuenta que desde al año 1995
ha habido interés en declarar al propio faro de Orchilla bien de interés
cultural, le sea transmitida la necesidad de que se agilice el expediente
cuanto antes, y el faro de Orchilla sea considerado bien de interés
cultural. Como decía el Senador Ríos, esperemos que todo esto sirva para
frenar la pretensión que tenía el Gobierno central de ubicar las
lanzaderas en la isla de El Hierro, a lo que los vecinos de esta isla se
han negado.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senadora Pérez. Por el
Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Galván.
El señor GALVAN DE URZAIZ: Señor Presidente, señorías, no se preocupen,
no voy a alargarme en el tiempo, sé lo que viene a continuación y, por
tanto, no voy a repetir lo que el Senador don Pedro Luis Padrón, con
absoluta extensión y contundencia, ha venido a señalar, al igual que la
Senadora Pérez Schwartz.
Evidentemente, se ha hecho un esfuerzo por los Senadores canarios para
que esta Cámara recupere la memoria colectiva y retrocedamos a la
antigüedad, hacia el pensamiento científico de los griegos. Ese es el
arranque en donde empieza la historia del faro de Orchilla, de la Punta
de Orchilla, el meridiano cero, el meridiano original, el primer
meridiano. Pero a buen seguro que si la moción no hubiera sido presentada
hoy y preguntaran a sus señorías cuál es el meridiano cero, dirían que es
el meridiano de Greenwich, como suburbio londinense, pero identificado
por tener uno de los mejores observatorios astrofísicos de Europa. Por
tanto, venimos aquí los Senadores canarios, y desde luego los que
representamos al Grupo Parlamentario Popular, a rememorar con formalidad
un hecho histórico de primera magnitud, porque, no cabe duda de que la
Punta de Orchilla ha sido meridiano cero durante más de 16 siglos, en
cambio Greenwich no lleva tantos siglos, y
ésa es la importancia histórica que tiene este hecho. (El señor
Presidente ocupa la Presidencia.) Desde esa perspectiva, el Grupo
Parlamentario Popular apoya la moción presentada por el Senador
independiente del Grupo Parlamentario Mixto, y en ese sentido queremos
avanzar.
A mí sólo me queda hacer un pequeño resumen de lo que ya aquí se ha
expuesto. En primer lugar, destacaría que el primer meridiano de la
historia cartográfica de carácter científico, sin lugar a dudas, es el
que corresponde a la Punta de Orchilla, a la isla de El Hierro, Canarias.
Por el contrario, no se tiene conocimiento científico de ningún otro
lugar que pudiera ser considerado de manera general como meridiano
inicial o primer meridiano de la historia. Por tanto, ya tenemos los dos
elementos de juicio necesarios para establecer ese reconocimiento formal
que supuso la Punta de Orchilla para la navegación marítima hasta el
siglo XVI. Desde esa perspectiva presentó el Grupo Parlamentario Popular
una enmienda para que el Gobierno reconociera un hecho histórico con la
formalidad debida. Bien es cierto, aunque no se haya señalado por el
Senador de la isla de El Hierro, que ya existe un monumento, y, por
tanto, este hecho ya estaba reconocido, quizá no en la medida formal que
requiere este trascendental recuerdo histórico.
En segundo lugar, se propone promover un concurso de ideas para, como
bien señalaba la Senadora Pérez Schwartz, tener en cuenta todos los
condicionantes y circunstancias que reúne el lugar para, en todo caso,
hacer algo que corresponda a la magnitud del hecho que queremos resaltar
formalmente en esta tarde de hoy en este Senado, Cámara territorial.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Entiendo, por el tenor de las intervenciones de los portavoces, que esta
moción se puede aprobar por asentimiento. (El señor Padrón Rodríguez pide
la palabra.)
Si, señor Padrón, tiene la palabra.
El señor PADRON RODRIGUEZ: Gracias, señor Presidente; gracias, señorías.
Voy a intervenir unos minutos nada más para agradecer a todos lo
intervinientes, el Senador Ríos, la Senadora Pérez Schwartz, el Senador
Galván, sus palabras y recoger sus sugerencias. Pero creo que en cierta
medida he fracasado porque no me he explicado. El monumento que se desea
erigir no es al meridiano; es un monumento al último adiós y primera
bienvenida a todos aquellos hombres y mujeres que desde Colón a nuestros
días lo han cruzado en sentido occidental.
Mi madre tiene cinco hermanos, y cuatro de ellos están en Venezuela. Mi
padre, desgraciadamente, fallecido recientemente, tenía cuatro hermanos
de los cuales también emigraron varios. Aquí se ha hablado de que el
meridiano cero pasa por la Punta de Orchilla, y eso es históricamente
irrefutable, según mi entender, pero el objetivo de la moción no es sólo
el reconocimiento que se pide al Gobierno de la nación, sino que es
también un homenaje a aquellos hombres y mujeres valientes que, desde
Colón hasta nuestros días, cruzaron sus límites en sentido occidental,
que ponían el velero con la proa a partir el sol por la mitad. Ese es el
objetivo de mi moción, y creo que en alguna medida no lo he aclarado del
todo.
De todas formas, agradezco muchísimo la postura de los grupos, y Senadora
Pérez Schwartz, posiblemente satisfaga su interés en el próximo período
de sesiones.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. Convalido la intervención del
Senador, porque supongo que la habrá hecho por el articulo 87, al ser una
simple explicación.
En todo caso, ¿aprobamos por asentimiento la moción? (Pausa.)
Por asentimiento queda aprobada.
TOMA EN CONSIDERACION DE PROPOSICIONES DE LEY DEL SENADO: -- PROPOSICION
DE LEY DE MODIFICACION DE LA LEY 13/1995, DE 18 DE MAYO, DE CONTRATOS DE
LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS. (622/000008.)
El señor PRESIDENTE: Punto cuarto del orden del día: Toma en
consideración de proposiciones de ley del Senado. Proposición de ley de
modificación de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas.
Para la toma en consideración de esta proposición, tiene la palabra el
Senador Gatzagaetxebarría, del Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos, por tiempo de diez minutos.
El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Gracias, señor Presidente.
Efectivamente, nuestro Grupo Parlamentario ha presentado una proposición
de ley de modificación puntual de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de
Contratos de las Administraciones Públicas, porque es una demanda de la
sociedad civil, de un colectivo de operadores de la vida civil que a
nuestro Grupo Parlamentario y a otros se lo han pedido, y nosotros hemos
tenido sensibilidad sobre tal cuestión.
Esta Ley, de la que yo tuve oportunidad de ser ponente a su paso por el
Congreso de los Diputados, supuso un paso importante en la adaptación de
la contratación administrativa a la realidad económica y política
vigente. La Ley 13/1995, de 18 de mayo, supuso también un importante
ejercicio de integración y refundición de la dispersa legislación de
contratación pública, tanto en lo que concernía a las diversas
modalidades contractuales que en los últimos años habían surgido como a
la normativa reglamentaria reguladora de la contratación de las
Corporaciones Locales, contrato de obras, como figura principal de la
contratación administrativa sobre cuya construcción se elabora la teoría
general de la obra pública, y luego contratos específicos, como pueden
ser el de asistencia
técnica regulada en el Decreto del año 1984, el de trabajos específicos y
no habituales, y luego algunas otras...
El señor PRESIDENTE: Senador Gatzagaetxebarría, por favor, acérquese al
micrófono, porque, si no, no se oye su intervención.
El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Muchas gracias, señor Presidente.
Efectuaba, repito, una refundición de diferentes modalidades
contractuales.
La Ley supuso también una adecuación de la legislación de contratación a
la realidad de un Estado Autonómico en el que con diferentes niveles de
graduación competencial las Comunidades Autónomas ostentan títulos
competenciales variados en la materia.
Esta Ley 13/1995 aborda por primera vez la importancia del plazo del pago
del precio del contrato por la Administración al contratista, fijándose
en un plazo de dos meses desde la fecha de expedición de las
certificaciones de obras o de los correspondientes documentos que
acrediten la realización total o parcial del contrato.
La Ley, al regular la figura de la subcontratación, exige a los
contratistas que se obliguen, en los supuestos de subcontratación, a
pagar a los subcontratistas y a los suministradores en un plazo que no
supere los dos meses, lo cual suponía una garantía para éstos, visto el
grado de morosidad existente en la materia. No obstante, el artículo
116.2.c), supuso un gran paso para regular las relaciones entre
contratista y subcontratista, la práctica de estos dos años de vigencia
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas nos demuestra que
la misma no ha tenido virtualidad y eficacia.
Este Grupo Parlamentario ya anunció en el debate que se produjo en esta
Cámara el problema que había, y es que no se establecía esta regulación
con carácter de derecho de ensayo. Nosotros apelamos ya en aquel momento
a que era importante realizar una regulación del siguiente tenor, la
misma que realizó esta Cámara cuando reguló la Ley de Arrendamientos
Urbanos, en la que se protegía a la parte más débil de la relación
contractual, al inquilino, en los contratos de arrendamiento de vivienda
y, por lo tanto, toda negociación contractual que vaya en contra de los
aspectos esenciales del contrato de arrendamiento es nula, no es materia
disponible en la contratación civil.
Nosotros planteamos que aquí se estableciera esa cuestión y eso es una
opción política, ésta es una cuestión de política legislativa: se opta
por la gran patronal financiera, por quien controla el mercado
financiero, o se opta por la pequeña y mediana empresa española, 180.000
pequeñas y medianas empresas españolas que generan puestos de trabajo.
Esta es una opción de política legislativa. Por ello, nosotros propusimos
unas garantías, una defensa que la Ley en la práctica no plantea y que,
en definitiva, nos ha llevado a un incumplimiento en cadena que está
originando impagos, puesto que, señor Presidente, las grandes contratas
cobran en 60 días de la Administración y están pagando en 180 y 215 días.
En definitiva, tienen más negocio financiero mediante la gestión del
dinero público que obtienen en 60 días y pagan en 215 que de la propia
actividad de la obra pública.
Por lo tanto, como gestores, como responsables políticos, como mandatados
por el pueblo para proteger y, en definitiva, traer a la Cámara
cuestiones que afectan al ciudadano, debemos establecer una regulación
que proteja la economía productiva y, sobre todo, el buen uso de los
dineros públicos, y no estamos planteando qué pasa en las relaciones
contractuales privadas de obra privada. Cuando se pague en dinero público
--y la Administración tiene la obligación de hacerlo en 60 días--, que se
cumpla también en los mismos términos, como era el espíritu del
legislador, en las relaciones con los subcontratistas y suministradores.
En la relación contratista y suministrador, los intereses de demora no
disponen tampoco de virtualidad, siendo por ello necesario que la
Administración tutele y proteja los intereses del buen uso y destino del
dinero público abonado a los contratistas, imponiéndoles que éstos
cumplan con sus obligaciones de pago a los subcontratistas y
suministradores.
Además, señor Presidente, existe un problema añadido, y es que en las
demoras, el subcontratista o suministrador, una vez que haya facturado el
trabajo o certificado la obra realizada, debe abonar el IVA en sus
declaraciones trimestrales a la Administración Pública cuando todavía no
ha cobrado del contratista principal, lo cual origina un mayor desfase de
tesorería y una mayor falta de liquidez y, por lo tanto, mayor
abundamiento y mayor razón para proteger al pequeño y mediano empresario
español.
Pero es que la demora de los pagos, señor Presidente, constituye uno de
los mayores problemas con los que se encuentran las pequeñas y medianas
empresas. El artículo 116.2 de la Ley de Contratos, que impone la
obligación de pagar en el plazo de 60 días, está siendo infringida
gravemente por las grandes empresas financieras de contratación y supone
un gran perjuicio a las pequeñas y medianas empresas españolas.
Cuando hablamos de pequeñas y medianas empresas como verdadero motor de
la economía, no se puede decir que esta afirmación sea una exageración,
por lo menos en el sector de la industria y de la construcción, donde
este tipo de empresa es dominante. La industria y la construcción
comprenden la propia actividad constructora y la fabricación de los
productos y equipos a instalar. El sector de las empresas representa en
el año 1996 --datos del Instituto Nacional de Estadística-- el 8 por
ciento del producto interior bruto, y supone en cuanto al empleo --datos
del Instituto Nacional de Estadística-- el 9,5 por ciento del total de la
población empleada en España. Son 170.000 empresas pequeñas y medianas,
subcontratistas y suministradoras de la Administración que realizan
construcción y edificación propiamente dicha, excavación, transporte,
alquiler de maquinaria, fabricación de vidrio, industrias de cerámica,
azulejos, ladrillos, cemento, yeso, hormigón, fabricación de elementos
metálicos
para la construcción, fabricación de estructuras de madera y piezas para
la construcción.
Todos estos colectivos, todos estos agentes de la vida económica están
afectados por este incumplimiento flagrante que se produce por las
grandes empresas de la construcción que funcionan en el ámbito español y
nosotros debemos optar por proteger a la economía productiva y al pequeño
y mediano empresario.
Quiero señalar que estas pequeñas y medianas empresas agrupadas en
diferentes entidades asisten y proveen a obras públicas con medios
propios en un porcentaje del 85 por ciento del total de la obra licitada
entre la Administración local, la autonómica y la central. Sin embargo,
mientras que las empresas subcontratistas y suministros de material de
construcciones estén constituidas por pequeñas y medianas empresas, sus
clientes son básicamente grandes empresas, como decía anteriormente,
donde solamente el 6,1 por ciento de las mismas generan el 79 por ciento
de la cifra del negocio total de la obra pública en España. De este modo,
debido a este elevado grado de dependencia de subcontratistas y
suministradores frente a estas grandes empresas de construcción, nos
encontramos ante una situación que podemos calificar como posición
dominante colectiva en el mercado. Estas situaciones deben ser vigiladas
y tuteladas con especial atención por las administraciones públicas,
puesto que estamos hablando de la gestión del dinero público, y en
especial por las normas de la competencia, ya que las mismas pueden
consolidar o desarrollar conductas anticompetitivas.
En general, el Estado español es uno de los países donde el problema de
la demora del pago está más acentuado, sólo superado por Italia y por
Grecia. En los países de la Unión Europea que están más avanzados que
nosotros, hay mayores garantías para el control y, sobre todo, se paga en
plazos más razonables, de 45 días, aunque el plazo español de 60 días es
bastante bueno. Nosotros lo que pedimos es que eso se cumpla para el
pequeño y mediano empresario subcontratista o suministrador de obra
pública.
El sector en particular que nos ocupa es uno de los más afectados. Si la
media europea de pago en el sector específico se sitúa en 66 días, en
España las empresas constructoras pagaban a sus suministradores en 1994,
con una media de retraso de 215 días; eran 193 días en 1993, y en 1995 y
1996 estamos en 215 días, y ellos cobran en 60 días. Compruébese la
rentabilidad que media entre los dos meses que cobran y los seis y siete
meses, y en algunos casos más, en los que ellos pagan a su vez a sus
subcontratistas o suministradores. Esta práctica continuada está
permitiendo a las empresas de la construcción una financiación a corto
plazo sin coste a expensas de los suministradores y subcontratistas, lo
que implica que prácticamente no tengan gastos financieros netos,
mientras que a su vez sus clientes, en su mayoría pequeñas y medianas
empresas, deben soportar no sólo sus propios gastos financieros, sino en
parte los de sus clientes. Estas prácticas, señor Presidente, pueden
llegar a producir acuerdos con tenencias monopolísticas, prácticas
concertadas e incluso la posibilidad de una posición dominante totalmente
colectiva en el mercado.
Todo ello desemboca en una menor inversión que persiga la competitividad
y la innovación en la industria de subcontratación de materiales de
construcción. Efectivamente, ésta se ve obligada a mantener una fuerte
inversión en su cuenta de clientes debido a la tremenda demora en los
pagos a los mismos. Además, ello redunda en la falta de dinamismo de un
sector que representa el 22 por ciento de la producción industrial del
país y supone, como dijimos al principio, un verdadero motor de la
economía de cualquier Estado.
Hemos afirmado previamente que la Ley establece una obligación para los
contratistas. Sin embargo, su falta de precisión jurídica tiene como
consecuencia la infracción sistemática de este precepto. Sabemos que
algunas administraciones públicas, incluso la Administración autónoma del
País Vasco, en una interpretación estricta del artículo 116.2 en sus
pliegos de cláusulas administrativas pero no una norma general, como es
la Ley de Contratos, está llevando una aplicación estricta de este
control y, en definitiva, está intentando garantizar el cumplimiento por
parte de los contratistas en el pago a los subcontratistas.
Además, señor Presidente, aquí tenemos otro marco, y es el de la
contratación en el ámbito de las directivas europeas. Las instituciones
comunitarias se han ocupado de regular diversos aspectos de los contratos
públicos, ya que, aunque esta competencia no está expresamente recogida
en el Tratado de la Unión, esto tiene una incidencia directa en dos
grandes pilares del Mercado Unico, como son el respeto a las cuatro
libertades, de libre circulación de bienes, personas, capitales y
servicios, y, por otro, el respeto a la libre competencia que completa el
perfecto funcionamiento de este mercado. Para evitar distorsiones en
estos mercados producidos por las administraciones públicas, por ejemplo,
posiciones dominantes entre empresas provenientes de diferentes Estados
miembros, las cuales por medio de los procedimientos de contratación
pública intervienen de una manera muy importante en los mercados de
servicios, suministros y obras, la Unión Europea ha venido dictando una
serie de directivas para lograr la armonización de esos procedimientos en
los diferentes Estados miembros de la Unión. Las primeras directivas
datan de 1971 y no las voy a mencionar porque son conocidas en el ámbito
de la contratación administrativa. También quería hacer referencia a un
parámetro de política, que es la Resolución del Parlamento Europeo del
año 1993, que tiende a asegurar un procedimiento homogéneo y transparente
y no discriminatorio para evitar distorsiones en el mercado interior. En
concreto, esta Resolución hacía referencia a que el aplazamiento en el
pago es uno de los grandes problemas con los cuales se encuentra el
mercado interior de la Unión Europea. Por ello, el Parlamento Europeo
aprobó en 1993 esta Resolución que en su punto 11 dice que de todos los
problemas técnicos y jurídicos relacionados con sectores sometidos a
examen el más delicado y complejo es el asunto de los retrasos en los
pagos en las transacciones comerciales.
Se considera que, efectivamente, al ser un problema común al mercado de
la subcontratación y al de los contratos públicos que afecta al mercado
propiamente, el retraso en los pagos requiere de una armonización europea
si se quieren evitar distorsiones en dicho Mercado Unico como principio
esencial de la Unión.
También ha habido Resoluciones del Comité Económico y Social,
fundamentalmente la Recomendación de la Comisión Europea de 12 de mayo de
1995, relativa al aplazamiento en el pago en las transacciones
comerciales.
En estos momentos, en el ámbito político de la Unión Europea está aún a
debate una directiva que modificará la normativa comunitaria sobre
adjudicación de los contratos y que en su considerando 10.º dice lo
siguiente: Las autoridades públicas son conscientes de las consecuencias
que un retraso en los pagos puede tener sobre la salud financiera de los
operadores económicos, especialmente de las pequeñas y medianas empresas,
y desean ajustarse a las prácticas mercantiles habituales, así como a las
prácticas de pago rápido con respecto a los principales operadores
internacionales, considerando la Comisión Europea que se instó a adoptar
estas medidas sobre la base de la Resolución del Parlamento de mayo de
1993.
Por todas estas razones, señor Presidente, nuestro Grupo Parlamentario ha
planteado esta proposición de ley, a través de cuyo artículo 1
pretendemos que en aquellos supuestos en que se haya producido un
incumplimiento en el plazo del pago que se establece en el artículo
116.2.c), las empresas suministradoras o las empresas de subcontratación
puedan instar a la Administración la suspensión de la clasificación de la
empresa adjudicataria principal, en definitiva, del contratista, en la
medida en que eso puede impedirle posteriores participaciones en
licitaciones públicas.
Con el artículo 2 se pretende que, antes de proceder a la aprobación de
las sucesivas certificaciones de obras y de los correspondientes
documentos que acrediten la realización total o parcial del contrato, la
empresa principal justifique y demuestre ante la Administración que a su
vez ha abonado el pago anterior que él ya recibió en 60 días, a los
suministradores y subcontratistas, y, si eso no es así, que se le pudiera
retener el pago, y que, además, este incumplimiento de la obligación
pueda ser también puesto en conocimiento de la Administración por los
suministradores o subcontratistas, no únicamente mediante documentos
justificativos de su cumplimiento de la relación contractual por parte de
la entidad contratista principal. También se dice en este artículo que el
incumplimiento de dicha obligación no supondrá el abono de los intereses
porque habría un incumplimiento en la relación
suministrador-subcontratista con el contratista principal.
En el artículo 3 nuestro Grupo Parlamentario plantea que se dé también
facultad a los subcontratistas y suministradores para poner directamente
en conocimiento de la Administración de las contrataciones realizadas, y
que no sólo, como ahora se establece, deba realizar la puesta en
conocimiento de la Administración el contratista principal, es decir, que
también pueda hacerlo --repito-- el subcontratista o suministrador.
Por último, el artículo 4 establece en el artículo 116.2.c) la regulación
con carácter de derecho necesario. A este respecto me remito a la
argumentación jurídica que hice en esta Cámara cuando debatimos la Ley de
Arrendamientos Urbanos, según la cual los derechos del más débil en la
relación contractual, los del inquilino, no pueden ser objeto de
renuncia, es decir, son irrenunciables y su renuncia no tiene ninguna
eficacia jurídica, no tiene virtualidad y es nula.
Eso es lo que nosotros planteamos aquí. Se trata de una cuestión de
política legislativa en la que hay que optar por defender bien a la gran
patronal, bien al pequeño y mediano empresario. Nosotros hemos optado por
defender al pequeño y mediano empresario español que es el que crea
trabajo.
Y termino ya, señor Presidente, añadiendo que se pretende proporcionar
también una garantía con la puesta en marcha del modelo alemán. Ese mismo
modelo se regula en la Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del
Orden Social, que es la Ley 13/1996, la Ley de Acompañamiento, donde se
da el caso curioso de que, contratada la obra, el pago de la misma se
realizará a la terminación total de la misma.
Pues bien, si ya tenemos ahora este problema con las figuras de
contratación normales, ¿qué no va a ocurrir cuando se utilice por parte
de la Administración central el modelo alemán de contratación que está
regulado en el artículo 147 de la Ley de Acompañamiento de los
Presupuestos Generales y desarrollado por el Real Decreto 704/1997, de 16
de mayo? Porque si una obra de gran envergadura, como puede ser una
autopista, el tren de alta velocidad o una carretera --con todo lo que
tardan en construirse éstas-- la va a pagar la Administración al final de
todo ese período de trabajo que supone una obra pública, ¿cuándo va a
cobrar el suministrador pequeño o el subcontratista? Podemos decir que
prácticamente nunca, porque si ahora está cobrando a los 215 días, en
operaciones de esta envergadura podemos decir que el pago prácticamente
se dilataría de por vida.
Por tanto, ésa es la preocupación. Transmitimos a la Cámara la
preocupación que existe en un colectivo importante formado por 170.000
empresas pequeñas y medianas pertenecientes al entramado de la
construcción en España. Lo que nosotros pretendemos es una regulación
garantista, protectora y que asegure el cumplimiento de estas
obligaciones, sobre todo porque, debido a nuestra propia responsabilidad
política, y también como responsables mandatados por el pueblo, tenemos
la obligación de gestionar bien los dineros públicos, y aquí estamos
hablando de contratación pública, del dinero que ha recibido el
contratista principal de la Administración pública, aprobado en los
Presupuestos Generales por esta Cámara e indirectamente por el
contribuyente.
Muchas gracias, señor Presidente
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Gatzagaetxebarría.
¿Turnos a favor? (Pausa.)
¿Turno en contra? (Pausa.)
Para turno en contra, tiene la palabra el Senador Huidobro, por tiempo de
diez minutos.
El señor HUIDOBRO DIEZ: Gracias, señor Presidente.
Señorías, compartimos la preocupación y el interés que el Grupo
Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos demuestra con la
proposición de ley cuya toma en consideración debatimos en estos
momentos. Estamos seguros de que el resto de los grupos de la Cámara
también comparte esa preocupación, ya que los subcontratistas --en cuyo
concepto, en sentido amplio, incluimos a lo que la Ley de Contratos del
Estado llama suministradores-- contribuyen de forma muy importante a la
economía nacional y a la creación y mantenimiento del empleo.
El Gobierno --que el Grupo Popular sostiene-- ha mostrado su sensibilidad
para con las pequeñas y medianas empresas, a cuyo grupo pertenecen
mayoritariamente los subcontratistas y suministradores, a través de
diversas medidas adoptadas en este año largo de mandato y de las que
tiene anunciadas sobre esta misma materia.
Esta preocupación no es exclusiva de España, sino que también se siente
en Europa. Como indica la Recomendación de la Comisión de la Unión
Europea, de 12 de mayo de 1995, relativa a los plazos de pago en las
transacciones comerciales, durante los últimos años se ha observado en la
mayoría de los Estados miembros un deterioro de las prácticas de pago que
suponen un riesgo para el equilibrio financiero y la propia supervivencia
de las empresas.
En la comunicación relativa a esta Recomendación de la Comunidad, de 12
de mayo de 1995, se dice que su principal objetivo es doble. Por una
parte, luchar contra los retrasos en el pago mediante un marco jurídico
lo suficientemente disuasivo para los morosos y que permita respetar los
plazos de pago contractuales. Y, por otra --ya que sólo ese objetivo no
sería suficiente--, garantizar el mantenimiento de plazos razonables en
las transacciones en las que haya un desequilibrio en la relación
contractual entre las partes contratantes.
Las modificaciones que plantea esta proposición de ley del Grupo de
Senadores Nacionalistas Vascos persiguen conseguir el cumplimiento del
pago del precio a los subcontratistas y suministradores por los
contratistas, de forma que la Administración, de una manera pasiva, y no
interfiriendo en las relaciones contractuales entre contratistas y
subcontratistas, garantice dicho pago. Insisto: que la Administración, de
una manera pasiva, y no interfiriendo en las relaciones contractuales
entre contratistas y subcontratistas, garantice ese pago.
La propia proposición de ley, en su exposición de motivos, consciente de
las dificultades que supone introducir unas modificaciones que hacen
garante al Estado del pago de las cantidades que contratistas y
subcontratistas --relación de Derecho privado-- tienden a garantizar,
quiere cubrirse diciendo que esta relación no obligaría de ninguna manera
a los Gobiernos, a las Administraciones públicas, a salir como
responsables del pago de estas cantidades.
La obligación del contratista de pagar a los subcontratistas y
suministradores el precio pactado en plazo y condiciones que no sean más
desfavorables que los que ellos tienen con la Administración ya viene
recogida, como se ha expuesto, en el articulo 116.2.c) de la Ley de
Contratos del Estado, de 18 de mayo de 1995.
Lo que se pretende modificar con esta proposición de ley del Grupo de
Senadores Nacionalistas Vascos es lo siguiente. En primer lugar,
considerar como causa de suspensión de la clasificación profesional o
empresarial como contratista a quien incumpla las obligaciones
establecidas en el articulo 116.2.c).
En segundo lugar, que la Administración sólo apruebe las sucesivas
certificaciones de obras si el contratista acredita debidamente el
cumplimiento de las obligaciones con subcontratistas y suministradores.
En tercer lugar, que los contratistas y los suministradores puedan poner
directamente en conocimiento del órgano contratante, es decir, de la
administración contratante, las contrataciones realizadas con el
subcontratista.
En cuarto lugar, incluir la expresión «derecho necesario», para dar mas
fuerza al derecho que tiene el subcontratista para cobrar en los mismos
plazos y condiciones que el contratista.
Para explicar a dónde se quiere llegar, se ha hecho referencia a la norma
que la Ley de Arrendamientos Urbanos tiene en defensa de los
arrendatarios que reúnen una serie de condiciones y se dice que se
declaran nulos aquellos contratos en los que no se respetan una serie de
condiciones que la propia Ley establece en garantía de los contratos de
la relación entre arrendador y arrendatario. En este punto estamos de
acuerdo. También en la Ley de Contratos del Estado se dice que los
contratistas tienen obligación de pagar o los subcontratistas de cobrar
en las mismas condiciones y plazos que la Administración cuando paga a
los contratistas directos. La Ley de Arrendamientos Urbanos declara la
nulidad del derecho, pero si hay una relación nula entre un arrendador y
un arrendatario, no es razón para que automáticamente el arrendador coja
por las orejas al arrendatario y le saque de la casa, sino que tiene que
acudir a los tribunales para ejercer ese derecho que la Ley de
Arrendamientos Urbanos le concede. Eso mismo sucedería con la Ley de
Contratos del Estado si un contratista no pagara en plazo y tiempo y en
las mismas condiciones al subcontratista aquellas cantidades que resultan
del subcontrato, consecuencia de la contratación pública. Tendría que
hacer lo mismo que el arrendatario, cuyo derecho es nulo, que es acudir a
los tribunales para poder ejercitar ese derecho.
Con esto no quiero defender que la postura sea la misma, pero sí que
quiero decir que el ejemplo que se ha puesto de los arrendatarios y
arrendadores y de los contratos nulos no serviría para resolver el
problema de los subcontratistas y de los suministradores, que no cabe
duda --como he dicho al principio-- que existe.
El Grupo Parlamentario Popular, aun siendo sensible con el problema
planteado, tiene que oponerse a la toma en consideración de esta
proposición de ley, porque la única relación contractual que la Ley de
Contratos del
Estado reconoce como contratación administrativa es la que liga a la
Administración con el contratista adjudicatario de la obra. Expresamente
se hace constar así en el artículo 116.3 de la citada Ley. Es una
relación de derecho público la que existe entre contratista y
Administración pública, porque la Ley mantiene que la relación
contractual entre contratista y subcontratista --o bien el
suministrador-- se encuentra regulada en el marco estricto del derecho
privado; no existe una subcontratación administrativa, no existe una
relación entre Administración y subcontratista, porque ha sido prohibida
y excluida expresamente por la Ley de Contratos del Estado.
A pesar de que la proposición de ley hace constar que, con las
modificaciones propuestas, la Administración no interfiere en las
relaciones de derecho privado existentes entre contratistas y
subcontratistas y suministradores, es evidente que esas modificaciones
exigirían por parte de la Administración una auténtica labor de control y
vigilancia sobre la ejecución de ese contrato, lo que vendría a
establecer un cierto grado de intervencionismo en clara contradicción con
esa no interferencia que se proclama en la exposición de motivos de la
proposición de ley. Es decir, lo que la proposición de ley venia a decir
está en contradicción con lo que en el articulado se exige. ¿Qué tendría
que hacer una administración pública a quien se le denunciara que el
contratista no había cumplido con su obligación de pagar al
subcontratista o al suministrador? Tendría que entrar a calificar si la
relación entre contratista y suministrador es correcta o si se ha
incumplido y por qué. Descendiendo en caso concreto, tendría que
calificar si el suministro de materiales que el suministrador ha hecho al
contratista era o no correcto, si tenía o no defectos, si se hizo o no en
plazo. Eso obligaría a la Administración a interferir en una relación de
carácter privado, que es precisamente lo que se dice en la exposición de
motivos de la proposición de ley, que no ha lugar con estas
modificaciones.
Por eso, señorías, termino como empecé. El Grupo Parlamentario Popular es
consciente del problema que el retraso en el pago de las transacciones
comerciales crea a las pequeñas y medianas empresas. El Grupo
Parlamentario Popular cree necesario dar una respuesta a este problema y
no solamente en el campo de la construcción, sino también en el campo más
amplio de todas las transacciones en las que la relación entre las partes
no es de igualdad. Sin embargo, no considera oportuno resolver este
problema a través de la modificación de la Ley de Contratos del Estado ni
sólo para un sector, el de la construcción.
El Grupo Parlamentario Popular cree necesario continuar el diálogo para
avanzar en la solución de este problema, especialmente con el Grupo
proponente, pero también con el resto de los grupos, que estoy seguro de
que están preocupados por este problema.
Nos oponemos a la toma en consideración de esta proposición de ley, pero
no a seguir trabajando en la solución de un problema que no nos es ajeno.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Huidobro.
¿Algún turno más a favor?
Tiene la palabra el Senador Pérez.
El señor PEREZ GARCIA: Señor Presidente, señoras y señores Senadores, voy
a consumir turno a favor de la toma en consideración de esta proposición
de ley, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista. En el trasfondo de
esta proposición de ley hay un interés de agentes sociales, las empresas
subcontratistas y suministradoras, que nos parece absolutamente digno de
tutela por el ordenamiento jurídico. Es verdad que esa tutela sólo se
podrá llevar a cabo eficazmente a través de fórmulas jurídicas que no son
fáciles de introducir en nuestro ordenamiento vigente. Pero de la misma
manera que no son fáciles de introducir, sí que resulta evidente la
urgencia de hacerlo.
Estamos hablando de un conflicto económico y, por lo tanto, social de
considerable envergadura y de un conflicto de intereses, en el más
estricto sentido del término, que se está intensificando al socaire no
sólo de nuevas transformaciones en la realidad económica de las empresas
que participan en este sector, en el sector de la contratación de obra
pública, sino por algunas nuevas fórmulas de contratación pública por las
que el actual Gobierno ha mostrado preferencia. Ha manifestado
preferencia por tratar de resolver algunos de sus objetivos en materia de
política presupuestaria y, sobre todo, de control del déficit. La fórmula
recogida en la Ley de Medidas de Acompañamiento, en su artículo 147, la
modalidad de contratos con pago único al finalizar las obras, es una
opción del actual Gobierno, con la que pretende conseguir determinados
objetivos de la política gubernamental; es un factor que va a acentuar
incuestionablemente este conflicto de intereses.
Ante este conflicto de intereses, el Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso de los Diputados ha presentado una serie de iniciativas
claramente encaminadas a atender el interés de las pequeñas y medianas
empresas que participan como subcontratistas o como suministradoras en el
terreno de la ejecución de las obras públicas. Son iniciativas
presentadas en el mes de marzo de este año y que tienen que ver con
modificaciones en la legislación de impuestos especiales para atribuir un
tipo reducido en el impuesto de carburantes a esta serie de empresas. Son
modificaciones que tienen que ver con la legislación del Impuesto sobre
el Valor Añadido para tratar de resolver el desfase en el que se ven
negativamente involucradas estas empresas que tienen que atender sus
obligaciones como sujetos pasivos del Impuesto del Valor Añadido ante la
Administración tributaria, al tiempo que no han cobrado aún la
repercusión en los precios de ese impuesto en sus clientes.
Al mismo tiempo, el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso de los
Diputados ha solicitado una proposición no de ley al Gobierno que
desarrolle la incipiente e insuficiente introducción de la figura del
subcontratista en la legislación de contratos del Estado. La figura del
subcontratista hasta fechas recientes ha carecido prácticamente
de carta de naturaleza y, por lo tanto, la situación de los
subcontratistas ha sido marcadamente caracterizada por la indefensión.
La Ley de Contratos de las Administraciones Públicas del año 1995 inicia
la incorporación de esta figura del subcontratista y, por consiguiente,
la tutela de sus intereses en el ámbito de la legislación sobre contratos
de las Administraciones Públicas, bien es verdad que de una manera tímida
e insuficiente. Por eso, nos parece aceptable y digna de apoyo la
proposición de ley presentada por el Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos que estamos discutiendo. Eso no implica que nosotros
nos abstengamos de realizar algún comentario, más bien de índole técnica,
sobre las medidas y su eficacia que esta proposición de ley pretende
instrumentar.
En esencia, se pretenden introducir medidas sancionadoras que tienen que
ver con la clasificación de los contratistas y con la suspensión de esa
clasificación para aquellas empresas contratistas que no hayan cumplido
debidamente sus obligaciones con las empresas subcontratistas o
suministradoras. Se pretenden introducir unas medidas disuasorias, como
es la de que la Administración no se vea obligada a cumplir en los
estrictos términos sus pagos a las empresas contratistas en la medida en
que éstas, a su vez, no hayan atendido sus obligaciones con las empresas
subcontratistas. Esta es una medida que pretende ser disuasoria y cuya
eficacia, con vistas a los objetivos que se pretende perseguir, son,
también en cualquier caso, discutibles. Luego hay una medida
instrumental. Se pretende que no sólo sean las empresas contratistas,
sino también las subcontratistas las que puedan poner en conocimiento de
la Administración los términos de los contratos suscritos con las
empresas contratistas con vistas a la ejecución de las obras públicas
adjudicadas.
Finalmente, hay una medida legislativa que pretende ser tutelar para
darle el carácter de derecho necesario a los plazos en los que las
empresas contratistas deben resolver los pagos a las empresas
subcontratistas. A nosotros nos parece que esta última medida, en cierto
modo, no es necesaria, y no lo es porque el artículo 116 de la actual Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas define como derecho
necesario, ya, que en las relaciones entre contratistas y subcontratistas
se introduzcan condiciones de pago idénticas a aquellas que la
Administración contrae con respecto a sus contratistas. Por eso el
párrafo 2 del artículo 116 establece que, en la celebración de los
contratos, ésta estará sometida al cumplimiento de los siguientes
requisitos. Estamos, por lo consiguiente, en presencia de una norma de
carácter imperativo y no de una norma de carácter dispositivo, por lo que
los pactos entre contratistas y subcontratistas habrán de atenerse
necesariamente a las condiciones recogidas en el artículo 116, porque no
es derecho dispositivo y, por lo tanto, la autonomía de la voluntad de
las partes no puede sustraerse al cumplimiento de estas normas, de estos
requisitos que son ya --insisto-- de carácter imperativo.
En cualquier caso, parece políticamente justificado dar un respaldo a
esta iniciativa legislativa sencillamente porque se refiere, como decía
en el inicio de mi intervención, a una problemática económica y, por lo
tanto, social, que tiene que ver con la estructura y las condiciones
financieras de las pequeñas y medianas empresas, que tiene que ver con la
tutela de los intereses de las empresas que, efectivamente, aunque sean
subcontratistas, ejecutan las obras públicas en una alta proporción, que
tiene que ver, en definitiva, con la repercusión que en el empleo tienen
los desequilibrios financieros a que se vean abocadas estas empresas
subcontratistas por el retraso de las empresas contratistas a la hora de
cumplir sus obligaciones de pago.
Nos parece, por lo tanto, que el objetivo que se pretende es un objetivo
que hay que apoyar. Nos parece que las cuestiones que hay que tratar de
resolver en el ordenamiento jurídico no admiten demora y, en
consecuencia, el objetivo político fundamental de esta iniciativa va a
contar con nuestro apoyo. Por eso el Grupo Parlamentario Socialista va a
votar favorablemente esta iniciativa, tratando de subrayar, como final de
esta intervención, lo siguiente: Si llegamos a la conclusión de que el
papel de las pequeñas y medianas empresas es esencial en el crecimiento
económico y en la generación de empleo; si llegamos a la conclusión, y
llegamos a esa conclusión, de que en el sector de la contratación
pública, en el sector de las empresas que contratan obras públicas, el
papel de las pequeñas y medianas empresas es esencial; si llegamos a la
conclusión de que esas pequeñas y medianas empresas se están viendo
afectadas negativamente por graves desequilibrios financieros como
consecuencia del incumplimiento de los pagos por parte de las empresas
contratistas, nos parece que más allá de los grandes discursos en favor
de la pequeña y mediana empresa, el Gobierno, y en este caso la
institución legislativa, debe acometer en serio y con eficacia la tutela
de unos intereses que están reclamando la protección del ordenamiento
jurídico, a través de medidas políticas desde el Gobierno y a través de
medidas legislativas que se traduzcan en una tutela efectiva de estos
intereses desde la institución parlamentaria. Por eso, el Grupo
Parlamentario Socialista va a votar favorablemente esta iniciativa porque
comparte políticamente los objetivos que persigue y porque nos parece que
esos objetivos son dignos de una tutela no aplazable por parte del
Gobierno y, en este caso, por parte del órgano legislativo.
Muchas gracias, señor Presidente. (El señor Gatzagaetxebarría pide la
palabra.)
El señor PRESIDENTE: ¿Por qué me pide la palabra, señor
Gatzagaetxebarría?
El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Señor Presidente, para turno de
portavoces.
El señor PRESIDENTE: Es que no hemos comenzado el turno de portavoces.
El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Bien, señor Presidente. Gracias.
El señor PRESIDENTE: ¿Senador Huidobro, desea intervenir? (Pausa.) Se
abre el turno de portavoces.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el Senador Ríos.
El señor RIOS PEREZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Muy brevemente quiero decir que dentro del Grupo Parlamentario Mixto,
Coalición Canaria entiende que la Ley es complicada, audaz y necesaria.
Por lo tanto, vamos a apoyar su toma en consideración, aunque sabemos que
vamos a tener mucha necesidad de imaginación para llevarla a buen puerto
en el período de tramitación.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Ríos.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la
palabra el Senador Gatzagaetxebarría.
El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Muchas gracias, señor Presidente.
Voy a empezar, señor Presidente, haciendo una referencia a lo que me
indicaba el Senador Pérez. Le agradezco su posicionamiento y las
consideraciones que ha hecho. Cuando nuestro Grupo parlamentario hablaba
de que era un derecho necesario lo hacía porque el 5.º 16.2 c), en la
práctica, está siendo objeto de renuncia. Yo he visto los pliegos de
cláusulas administrativas que me han suministrado y se les hace renunciar
expresamente. Para que esa renuncia, en relación con el derecho civil, no
tuviera eficacia establecemos ese carácter imperativo, porque se está
interpretando que no lo tiene y en todos los pliegos de cláusulas de los
contratos se está renunciando. Pero es una cuestión menor en la que
estamos de acuerdo en el fondo.
Al Senador Huidobro, del Grupo Parlamentario Popular, yo quería indicarle
que ésta es una toma de consideración. Por lo tanto, lo que ha echo ha
sido un debate político en contra de la iniciativa, una oposición frontal
a la toma en consideración. Usted podrá tener, o su Grupo mejor dicho,
posicionamientos o planteamientos o propuestas distintas. Tómese en
consideración. Tienen mayoría absoluta aquí, mayoría relativa allí,
entren al debate, pero parece que no quieren entrar en el debate.
¿Cuál es la razón de fondo? No la ha dicho. Se ha dicho que la exposición
de motivos dice una cosa y luego en la regulación se dice otra. ¿Cuál es
la razón de fondo por la que no se toma en consideración? Dígala. Aquí
estamos en un debate público y queremos que se conozca. Dígala. Pero me
dice que ustedes comparten nuestra preocupación y nuestro espíritu. ¿Y
cuál es la solución? ¿Cómo van a solucionar el que ahora sé pague en 60
días al contratista y éste pague en 215? ¿Cómo se soluciona? Dígamelo.
¿No se admite la toma en consideración o van a hacer lo que ya he oído yo
por ahí? El Grupo Parlamentario Popular lo rechaza aquí lo mete en la Ley
de Acompañamiento de los Presupuestos. Dígalo, porque ya me ha llegado la
onda de que va a pasar eso.
No se han dado soluciones. Tenemos el compromiso. Coinciden con nosotros
en la preocupación, pero la argumentación material de fondo no se ha
dado. Ha hecho lo que tenía que hacer, un turno de oposición, pero
argumentos de fondo materiales no ha dado. Usted decía que ésta es una
relación de derecho civil, ¡pero si esta Cámara tiene competencias!
Además, le voy a decir que cuando regulamos la materia de contratación
administrativa, el Título competencial es el 149.1.18, «Bases del Régimen
de las Administraciones Públicas», contratación pública, pero esta Cámara
puede utilizar otro Título competencial, el 149.1.8, que es la
legislación civil y mercantil. Por lo tanto, en una ley puede haber
diferentes títulos competenciales: «Ordenación General de la Economía»,
«Obras Públicas», «Bases de las Administraciones Públicas», «Expropiación
Forzosa», «Vivienda», «Legislación civil, mercantil y procesal».
Por lo tanto, le aclaro el tema, porque no me ha entendido bien. Esta
regulación, cuando hace referencia a la relación con contratistas y
subcontratistas, no es «Bases de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas», no es susceptible de desarrollo legislativo por las
Comunidades Autónomas. Es legislación mercantil y civil. Y la
competencia, según la Constitución, artículo 149.1, es de esta Cámara.
En una ley puede haber regulaciones a artículos que tengan soporte en
títulos competenciales diferentes. Nosotros decimos que se regule porque
esta Cámara tiene competencia, y ninguna más. Mientras que en contratos
la legislación es compartida, Bases-Estado y desarrollo Comunidades
Autónomas, en legislación civil y mercantil, no. Por lo tanto, hay
soporte para ello.
Y cuando yo le exponía el argumento del arrendamiento urbano, lo decía
por el carácter de derecho necesario, no porque la relación contractual
tenga nada que ver. Por supuesto que no tiene nada que ver y que los
incumplimientos van a una jurisdicción que es la jurisdicción civil o la
jurisdicción ordinaria.
Hacía referencia, como le he indicado al Senador Pérez, a que es
necesario establecer --y valga el juego de palabras-- que es una norma
imperativa. ¿Por qué? Porque el 116.2, en la práctica --y usted habrá
tenido oportunidad de ver pliegos-- se renuncia. Y no pasa nada.
Entonces, para que no se renuncie, es necesario fijarlo como derecho
imperativo: que la renuncia no tenga eficacia inter partes, que no tenga
una virtualidad jurídica que en la práctica está teniendo.
Ese es el alcance que yo le decía cuando lo equiparaba con los
arrendamientos. Esta Cámara también se soportaba en el precepto de la
Constitución que habla de la competencia exclusiva de las Cortes
Generales, de los poderes centrales del Estado, para hacer la regulación
civil.
Yo creo que esto aporta una solución. Y si usted o su Grupo Parlamentario
tienen discrepancias, tómenlo en consideración. Esa es la cuestión de
fondo. Yo ya sé lo que va a pasar en definitiva. Ustedes quieren regular
esto por otra vía; pero díganlo. Díganlo si quieren regularlo por otra
vía, porque aquí hay un problema. Y además, no me importa que sea el PNV,
el PSOE, el PP o el «sursum corda».
Lo que hay que hacer es solucionar el problema. No nos importa que
partido político sea. Ni quién haya presentado la iniciativa.
Nosotros vamos a seguir insistiendo en esta cuestión porque existe un
problema en la vida económica de la contratación política que hay que
solucionar. ¿Y cómo se va a garantizar eso? ¿Cómo se va a garantizar si
usted se entromete en la relación contractual de naturaleza privada entre
el contratista y el subcontratista? Pues con una legislación de derecho
civil, como se hace normalmente por esta Cámara en base a este título
competencial. Es decir, que en ese aspecto no hay problema.
Dice usted: que acudan a los tribunales. Senador Huidobro, ¿cómo va a
acudir a los tribunales una pequeña-mediana empresa de 15 o 10
trabajadores ante una gran empresa coordinadora de gremios? Nunca más la
van a contratar. Nunca más le van a dar trabajo. Nunca más va a hacer
ninguna obra de excavación ni de transporte ni de fabricación de material
de madera ni de metalizados. Nunca. Por lo tanto, usted, que es un hombre
inteligente y que conoce la Administración Pública --ha sido consejero
muchos años, Senador--, conoce la realidad y sabe cuál es el problema.
Entonces, ¿por qué no se toma en consideración? ¿Por qué no se quiere dar
solución? ¿Cuál es el meollo de la cuestión? Tómese en consideración y
háganse las modificaciones y el debate oportuno, porque el debate no se
puede hurtar cuando hay un problema. Y sus argumentos no han sido lo
suficientemente consistentes para decir que esta Cámara no debe debatir y
no debe tramitar esta iniciativa parlamentaria. Han sido argumentos en
los que usted, evidentemente, ha jugado su papel, porque le ha tocado ser
portavoz y tiene que rechazar este tema. Pero no tenían consistencia
material y de fondo suficiente.
En consecuencia, nuestro Grupo Parlamentario agradece el posicionamiento
que ha tenido el Grupo Parlamentario Socialista y hacemos una opción de
política legislativa para defender al pequeño y mediano empresario.
Señor Presidente, tengo aquí una resolución del Gobierno de la Comunidad
Autónoma del País Vasco en la que, sin tener el soporte de la ley pero
haciendo una interpretación estricta del artículo 116.2 c), se reclama a
un contratista de obras principal --no menciono qué contrata es-- que le
demuestre inmediatamente si ha pagado o no al subcontratista bajo amenaza
--y es la resolución administrativa-- de proceder a iniciar los trámites
efectivos y la resolución del contrato por incumplimiento en el pago al
subcontratista, incautación de fianza, indemnización de daños y
perjuicios a esta Administración que extiende el importe de la garantía
incontada.
Se puede hacer. No es entrometerse, es garantizar el buen uso del dinero
público, proteger al pequeño y mediano empresario español.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Gatzagaetxebarría.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
tiene la palabra el Senador Carrera.
El señor CARRERA I COMES: Señor Presidente, señoras y señores Senadores.
Nuestro Grupo Parlamentario no va a apoyar la toma en consideración de la
Proposición de Ley de modificación de la Ley 13/1995, de Contratos de las
Administraciones Públicas. Y no lo vamos a hacer reconociendo que es
necesario un estricto cumplimiento de la Ley, incluso, si quieren, una
adecuada aplicación del Reglamento o hacerlo, si es que en algún caso
todavía queda pendiente. No la vamos a apoyar aunque tampoco hemos
planteado una propuesta de veto --nos parecería, sin duda, fuera de
lugar-- y ni siquiera hemos aprovechado el turno en contra, sino que es
en el de portavoces donde fijamos nuestra posición. Con ello ya indico,
señoras y señores Senadores, el gran respeto que nos merece esta
proposición de ley, y no sólo el contenido de la misma, sino, bien
cierto, el debate que ha originado y la posición de cada uno de los
grupos que han intervenido en el debate.
La Ley de Contratos de las Administraciones Públicas tuvo en su momento
una tramitación larga, compleja, con sesiones tensas y en algunos puntos
incluso rocambolescas, y además con mucha presión externa, porque quiero
recordar que eran momentos en los que cada uno quería ser mucho más
estricto que el otro e ir mucho más allá que el otro. Dado que estuve de
portavoz en la tramitación en el Congreso, esto me permite manifestarme
directamente y así lo hago para decirles que al final de toda aquella
tramitación creo que no salió una buena Ley.
Ahora el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos plantea
unas modificaciones a esta Ley. ¿qué modificaciones propone? Todas ellas
concretando las relaciones del contratista con el suministrador o
subcontratista, con cuatro artículos y el quinto que es el de entrada en
vigor de esta Ley.
¿Cuál es el contenido de la Exposición de motivos? Una serie de
considerandos de los que, por mi parte, reembarcaría los siguientes. Uno,
que la Ley 13/1995 supuso un paso importante en la adaptación de la
contratación administrativa a la realidad económica y política vigente
--y yo digo: no tengo tan claro que fuera así--. Dos, que fue un
importante ejercicio de integración y refundición de la dispersa
legislación existente --sí que estoy de acuerdo--. Tres, que fue una
adecuación de la legislación a la realidad de un Estado autonómico
--también totalmente de acuerdo--. Es cierto que se abordó la cuestión de
pago del precio entre Administración y contratista y la relación de éstos
con los subcontratistas, pero debo decir que desconozco si durante estos
dos años de vigencia de la Ley ésta no ha tenido virtualidad y eficacia
--no lo sé, lo desconocemos--, y nos parece, y así lo digo, una
consideración muy fuerte el que se diga que unos, los contratistas,
obligan a renunciar a derechos establecidos a otros, en este caso los
subcontratistas. Finalmente, sin duda es necesario, y, así lo decimos,
mejorar la legislación vigente. Por tanto, ya ve, señor
Gatzagaetxebarría, que hay de todo: no tan claro en algún caso, de
acuerdo
en otros, desconocimiento en uno y cierta reserva con respecto a algún
considerando. Variedad total y absoluta.
¿Qué nos pasa con las modificaciones a los artículos 34, 100, 106.2.a) y
106.2.c)? Algo parecido a lo manifestado respecto a la Exposición de
motivos: de todo un poco.
Nuestro Grupo Parlamentario --y aprovecho para decirlo-- en el trámite de
esta Cámara presentó en su momento nueve enmiendas que, por cierto, no
prosperaron, y que también iban en el sentido de las modificaciones que
ahora intenta la Proposición de Ley; es cierto. Sin duda eran quizá menos
contundentes y explícitas y, además, una vez repasadas, en algunos casos
afectaban a otros artículos distintos de los que ahora se proponen.
¿Cuál es la situación? Nuestro grupo considera que debería estudiarse una
posible modificación que clarifique la situación actual. Incluso podrían
ser buenas --y lo son-- estas iniciativas sobre la figura del
subcontratista que he oído del portavoz socialista que se están iniciando
en el Congreso de los Diputados. Repito --y lo digo taxativamente-- que
nuestro grupo considera que debería estudiarse una posible modificación.
Ahora bien, también les digo que no tenemos ningún interés, vista la
experiencia de este caso, en precipitarnos al respecto. Sin querer
restarle méritos al grupo proponente --en este caso a los Senadores
Nacionalistas Vascos--, creemos que es al Gobierno a quien deberíamos
emplazar a iniciar este planteamiento.
Si fuera una moción, sin duda hablaríamos de instar a que lo hiciera y,
aunque no lo sea, deberíamos avanzar de manera más decisiva en el
compromiso de algún acuerdo o iniciativa. Por cierto, he de decir que es
mucho más concreto este compromiso de lo que ha avanzado el portavoz del
Grupo Parlamentario Popular, y a nuestro grupo le hubiera gustado un
compromiso mucho más serio del que ha quedado patente en su propia
intervención.
Por lo todo lo expuesto, señorías, nuestro grupo se va a abstener en esta
proposición de ley.
Nada más, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Carrera.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador Pérez
García.
El señor PEREZ GARCIA: Señor Presidente, querría aprovechar este turno
para completar la argumentación que intenté desarrollar en mi
intervención inicial, a propósito de algunas observaciones que ha hecho
el portavoz del Partido Popular.
En este asunto, insisto, hay un interés social digno de tutela, que no
admite demora. La figura del subcontratista ha entrado en la legislación
sobre contratos de las Administraciones públicas tímida e
insuficientemente, pero ha entrado. Si bien es verdad que hasta el día de
hoy las relaciones entre el contratista y el subcontratista se
desenvuelven fundamentalmente en el marco del Derecho Civil, también lo
es que el Derecho Administrativo está empezando a interesarse por esa
relación y, digámoslo claro, el contrato administrativo es una derivación
del contrato civil, porque es una relación en la que una de las partes es
una Administración pública y, por lo tanto, dotada de las prerrogativas y
de la representación de los intereses generales de los que la
Administración pública está investida.
Por lo tanto, no hay ninguna razón de fondo, ni lógica, ni relacionada
con la naturaleza jurídica de las cosas que impida a los contratos de las
Administraciones públicas entrar en este terreno, sobre todo cuando
llegamos a constatar que la ejecución real de la obra pública es
efectuada en una alta proporción por la empresa subcontratista. No hay
ningún impedimento, y entre todos los grupos parlamentarios --sin
detenernos en si hasta la fecha no se ha hecho y si hasta el momento el
Gobierno tampoco lo ha acometido-- inaplazablemente debemos entrar en
este terreno, en el que se pone de manifiesto claramente que las
transformaciones económicas, las transformaciones en la naturaleza de las
empresas y en los fenómenos económicos va por delante y el Derecho va por
detrás.
Hay que hacer un esfuerzo para adaptar el derecho a la naturaleza de unos
nuevos fenómenos en la realidad económica y social porque, si no,
insisto, van a quedar sin tutela intereses que son dignos de ella y,
además, dignos de una tutela inaplazable y las repercusiones negativas de
ese desfase en términos sociales son injustificables. No tiene ninguna
justificación que si en la contratación administrativa han entrado
realidades empresariales que son cada vez más financieras, estrictamente
pertenecientes a la economía productiva, la economía productiva que, en
este caso la representan las pequeñas y medianas empresas, quede sin
tutela por parte del ordenamiento jurídico. Así de claro.
Por lo tanto, compartimos el objetivo político de esta iniciativa
legislativa y compartimos la inaplazabilidad de entrar en este terreno y,
por eso, votamos a favor. Es un voto a favor que expresa una voluntad
política que creemos que debe ser compartida por todos y, por eso, no
hemos entrado en una disquisición típica de Gobierno, oposición, porque
creemos que hay un interés inaplazablemente tutelable.
Nada más, señor Presidente, y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Pérez.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Huidobro.
El señor HUIDOBRO DIEZ: Muchas gracias, señor Presidente. Voy a fijar
brevemente la posición del Grupo Parlamentario Popular sobre esta
materia, con carácter definitivo, después de haber oído a todos los
grupos.
Comprendo perfectamente la postura que mantiene el Grupo Parlamentario de
Senadores Nacionalistas Vascos puesto que fue la que mantuvo en el debate
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas juntamente con el
Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió que fue
el que dio origen a la transaccional que permite que hoy se pueda hablar
de los subcontratistas en el artículo 116 y se haga referencia a
ellos. Son posturas coherentes, razonables, que siguen manteniendo la que
se tuvo en su día.
No obstante, el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos me
preguntaba cuál era la razón de fondo por la que opino que no debe
tomarse en consideración esta proposición de ley. Se lo he dicho, pero se
lo voy a resumir brevísimamente y luego explicaré por qué. Usted dice:
esta Cámara tiene competencia para legislar no solamente sobre materia de
contratación pública, sino sobre materia de derecho privado. Lógicamente,
si aquí se hubiera planteado una modificación del Código de Comercio, del
Código Civil o de cualquier otro tipo, yo le admitiría que esta toma en
consideración fuera posible para que en el Congreso cada uno expusiera
cuál era su postura. Pero lo que se plantea aquí es una modificación de
la Ley de Contratos del Estado, es decir, de los contratos públicos,
contratos regidos única y exclusivamente por normas de derecho público.
Dentro de esa contratación de derecho público, porque así se ha
establecido y así lo dice la ley, están excluidos los subcontratistas.
Solamente es contrato de derecho público, porque lo dice la ley, la
relación entre Administraciones Públicas y contratista y, por si acaso a
alguien se le ocurría pensar que no era así, la ley -- y quiero recordar
de quién fue iniciativa esta ley-- expresamente señala sólo las
relaciones administrativas y que la Administración sólo tendrá relación
con los contratistas directos y no con los subcontratistas.
Eso es lo que nos impide, al Grupo Parlamentario Popular por lo menos,
tomar en consideración una proposición de ley que obligaría a entrar a
regular una materia regulada por el derecho privado en una ley que está
regulando única y exclusivamente relaciones de derecho público. Esa es la
razón de fondo, no otra. No entro a discutir cuál sería la postura en el
caso de regularlo. Las razones son que no creemos que sea oportuno y que
deba tomarse en consideración en una ley que regula relaciones públicas
una relación que es privada por definición de la propia ley.
Usted me pregunta: ¿por qué dicen ustedes que no es derecho imperativo?
Usted sabe que todo el derecho es imperativo. No hay norma que no sea
imperativa. Toda norma impone una obligación y su incumplimiento, con
sanción o sin ella en la propia norma es imperativa, y se puede exigir
ante los tribunales. Luego, lo ponga o no en el artículo 116, la
obligación de pagar los contratistas a los subcontratistas el precio
convenido en los términos, no en condiciones, menos favorables es de
derecho necesario sin necesidad de decirlo. Sería albarda sobre albarda
añadir derecho necesario. Pero en el caso de que estuviéramos debatiendo
el texto concreto de la ley no tendríamos inconveniente en admitírselo
porque no añade nada.
Después me dice usted: ¿Y el problema que les crea si tienen que ir a los
tribunales? Porque cuando se ponen unas condiciones en un contrato entre
contratista y subcontratista de renunciar a esas condiciones menos
favorables, si no las aceptan, no vuelven a contratar. Esto que voy a
decir a continuación no es ya para la toma en consideración, pero puesto
que usted ha hablado de ello, yo voy a comentarlo. Con las
consideraciones que ustedes introducen en las modificaciones, si algún
subcontratista suministrador adoptara la postura de denunciar --lo que
tiene que hacer es denunciar a la Administración que es subcontratista, y
que no ha cumplido--, le pasaría exactamente lo mismo.
La solución al problema no está en la Ley de Contratos del Estado
mientras sea una relación de Derecho privado la que existe entre el
contratista y el subcontratista. Mi opinión personal es que la solución
estaría en que un proceso de quince días resolviera el problema de quién
tiene razón y quién no. Esa sería una solución, pero no es una solución
de la Ley de Contratos del Estado.
Comprendo la postura que ustedes mantienen porque es coherente con la que
han mantenido, como entiendo la postura del Grupo Parlamentario Catalán
en el Senado de Convergència i Unió, aunque yo pensaba que iban a
oponerse, puesto que también tuvieron en aquel momento la iniciativa para
esta transaccional que dio lugar a la actual redacción, y les dijeron que
se conformaban con esa transaccional, pero que no les habría importado ir
más lejos.
Lo que ya no entiendo tanto es la postura del Grupo Parlamentario
Socialista. No hay razón alguna que impida que la relación entre
contratistas y subcontratistas entre en el campo del Derecho público,
porque si las condiciones sociales y económicas cambian, hay que cambiar
la normativa que lo regula. Cuando yo oía esto estaba mirando la fecha de
la ley, y recordaba que era de marzo de 1995. Mi memoria es frágil, pero
yo creo que desde 1995 para acá, las condiciones no han cambiado tanto
como para que sea necesario un cambio de toda la Ley de Contratos del
Estado.
Si hoy no existe un subcontrato administrativo, ustedes son responsables
en una parte muy importante --con otros también-- de que esa
subcontratación administrativa no se reconociera dentro de la Ley de
Contratos del Estado. Usted dice: cámbiese, admítase, nosotros queremos
que se haga. ¿Qué hicieron en el año 1995? Me parece fenomenal la postura
que ustedes mantienen, pero no es la que mantuvieron cuando se aprobó la
ley, y ustedes son los autores de la iniciativa de la ley, y fueron los
que, con sus votos mayoritarios, la aprobaron. Nosotros también, pero
nosotros seguimos manteniendo la postura que manteníamos y ustedes han
cambiado su postura. Eso no puede ser.
Para terminar, sigo diciendo lo que dije al principio. Creemos que no es
el momento ni el lugar oportuno para resolver el problema que,
efectivamente, se plantea a los subcontratistas y suministradores, y no
solamente en España, sino en toda Europa, respecto a las condiciones y el
plazo del pago de las cantidades que les deben los contratistas. Por eso
rechazamos la proposición de ley.
Pensamos que debe estudiarse --si no le gusta la palabra diálogo-- cuál
puede ser esta solución, y debe iniciarse el estudio y el diálogo entre
todos los grupos lo antes posible con el fin de dar una respuesta. He
dicho que esta respuesta no es sólo para los contratos públicos, sino que
lo es también, como dice la Resolución de la Comisión
de la Unión Europea, para todas aquellas transacciones comerciales en las
que la relación entre las partes no sea una relación de igualdad, sino
una relación de preponderancia de una parte respecto de la otra.
Por eso, el Grupo Parlamentario Popular, que sigue manteniendo la postura
que mantenía en el momento mismo en que se aprobó la ley, y que sigue
pensando que es necesario estudiar este problema y dar una solución, y no
solamente en el campo de los contratos administrativos, sino también en
otros campos, cree que debe procederse al estudio de esta problemática y
dar una respuesta para que ésta no sea simplemente dentro del campo de la
Ley de Contratos del Estado, sino de todas las transacciones comerciales,
como dice la Recomendación de la Unión Europea. Por otra parte, como dice
la propia Recomendación, la Unión Europea deberá tomar las medidas
oportunas si los Estados miembros en un plazo prudencial no adoptaran
estas medidas.
Por eso, el Grupo Parlamentario Popular sigue manteniendo que la solución
no está aquí, que no se debe tomar en consideración esta proposición de
ley y que se debe empezar a estudiar este problema para darle una
solución adecuada dentro del campo de la construcción de los contratos
públicos y dentro de otros campos que también merecen esta consideración.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Huidobro.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la
palabra el señor Gatzagaetxebarría.
El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Muchas gracias, señor Presidente.
Pido la palabra en base al artículo 87 del Reglamento.
El señor PRESIDENTE: En base a dicho artículo, dispone de dos minutos.
El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Muchas gracias, señor Presidente.
Quiero indicar al Senador Huidobro que no todas las normas son
imperativas. Sabe usted que el Derecho Civil está sujeto a los «pacta
sunt servanda», es decir es objeto de negociación, y los pactos pueden
hacer que el Derecho Civil sea supletorio, porque lo que primero vale en
el ámbito del Derecho Civil es la voluntad de las partes, siempre que
estos acuerdos no vayan contra la moral o el interés público. No todas
las normas son imperativas, lo son las del Derecho Administrativo, pero
no las del Derecho Civil. Es una cuestión de teoría general del Derecho,
porque el Derecho Civil es susceptible de negociación y de renuncia. En
segundo lugar, usted dice que esta es una relación de Derecho
Administrativo, y ya lo sabemos, pero en una ley puede haber regulaciones
de naturaleza administrativa y civil y de diferentes títulos
competenciales. ¿Cuál es el problema? Si mañana presentamos la
proposición de ley, y fuera una regulación de todas las transacciones
comerciales, ¿la aceptarían?
En tercer lugar, usted dice que no es el momento ni el lugar oportuno.
¿Cuál es la solución? Vamos a dialogar, pero no se va a aportar una
solución. ¿Cómo se va a solucionar el que se cobre en 60 días y se pague
en 215?
Por tanto, no ha dado respuesta a esa cuestión. ¿Cómo se va a solucionar
tal cuestión, esos impagos, esas demoras, esos aplazamientos, esas
soluciones injustas que se originan? Usted no lo dice, y por tanto ahí
queda la duda y, en definitiva, la falta de resolución del problema en
esta cuestión.
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Gatzagaetxebarría. (El señor Pérez
García pide la palabra.)
Señor Pérez, supongo que me pide la palabra por el artículo 87. Tiene
usted dos minutos. (Fuertes rumores.) Por favor, silencio.
El señor PEREZ GARCIA: Gracias, señor Presidente.
Quiero utilizar un minuto de este turno que su señoría me ha concedido
para decir lo siguiente. Senador Huidobro, usted tiene razón en algunas
cosas que ha dicho. Usted ha dicho: Esta ley es del año 1995, y si es de
ese año, debieron ser ustedes, es decir, los socialistas, quienes
debieron llevar adelante la introducción de estas modificaciones en la
legislación de contratos. Y yo le digo, señor Huidobro, que usted tiene
razón, pero del año 1995 para acá ha habido algunos acontecimientos,
entre ellos, que ustedes ahora son la mayoría y nosotros la minoría, y en
aquel entonces, si este interés era tutelable, ustedes debieron ostigar
al Gobierno y a la mayoría para que hicieran las modificaciones, y hoy,
Senador Huidobro, si ese interés sigue siendo digno de tutela y el
Gobierno y la mayoría no lo acometen, nos corresponde a la oposición
atosigarles, instigarles, apoyarles para que lo hagan. Así funciona la
democracia. Si nos seguimos regodeando en ese tipo de argumentación que
su señoría y algunos de sus compañeros utilizan, el ordenamiento jurídico
se quedará petrificado y la democracia defraudada, simplemente, señor
Huidobro.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos desde los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.--El señor Huidobro Díez pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Senador Huidobro, por el artículo 87, tiene su
señoría la palabra por tiempo de dos minutos.
El señor HUIDOBRO DIEZ: Gracias, señor Presidente.
A mi me encanta oír, señorías, las manifestaciones del juego democrático
en esta Cámara y que quienes en un momento ejercieron el Gobierno hoy
ejerzan la oposición y tengan obligación de ostigar al Gobierno y al
Grupo que lo apoya para que tomen iniciativas, y me parece muy bien. Pero
usted, que ha estado apoyando al Gobierno, sabe que las iniciativas hay
que tomarlas dentro de unos marcos determinados, y ustedes impidieron que
ese marco determinado fuera rápido, urgente, sin antes cambiar la
subcontratación administrativa. Y eso lo han impedido ustedes; por eso
yo decía que comprendo que el Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos y el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de
Convergència i Unió estén en esta línea y estén ostigando, pero comprendo
que ustedes, que también están ostigando porque han cambiado las
condiciones, dejen tiempo para que se pueda estudiar el asunto y se le
pueda dar una solución, sigo diciendo, al problema de los contratos
públicos y a las transacciones comerciales no incluidas dentro de
contratos públicos, a los que también hace referencia la recomendación de
la Unión Europea.
Gracias, señor Presidente. (Aplausos desde los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.) El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Huidobro.
Terminado el debate, vamos a proceder a la votación. Ruego a los
servicios de la Cámara que cierren las puertas.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 221; a
favor, 91; en contra, 123; abstenciones, siete.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
CONOCIMIENTO POR EL PLENO DE TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES
REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS:
-- CONVENIO DE SEGURIDAD SOCIAL ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y UCRANIA,
FIRMADO «AD REFERENDUM» EN MADRID EL 7 DE OCTUBRE DE 1996 (S. 610/000092)
(C. D. 110/000092.)
El señor PRESIDENTE: Punto siguiente del orden del día: Conocimiento por
el Pleno de tratados y convenios internacionales remitidos por el
Congreso de los Diputados.
En primer lugar, Convenio de Seguridad Social entre el Reino de España y
Ucrania, firmado «ad referendum» en Madrid el 7 de octubre de 1996.
No se ha presentado propuesta alguna en relación con este convenio.
¿Puede entenderse aprobado por asentimiento? (Pausa.)
Queda aprobado por asentimiento y se autoriza en este acto que el
Gobierno pueda prestar su consentimiento para obligarse por medio del
Convenio de Seguridad Social entre el Reino de España y Ucrania, firmado
«ad referendum» en Madrid el 7 de octubre de 1996.
-- ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPUBLICA DE BULGARIA RELATIVO A
LA READMISION DE PERSONAS EN SITUACION IRREGULAR, HECHO EN SOFIA EL 16 DE
DICIEMBRE DE 1996 (S. 610/000093) (C. D. 110/000093.)
El señor PRESIDENTE: Acuerdo entre el Reino de España y la República de
Bulgaria relativo a la readmisión de personas en situación irregular,
hecho en Sofía el 16 de diciembre de 1996.
No se ha presentado ninguna propuesta.
¿Puede entenderse aprobado por asentimiento? (Pausa.)
Queda aprobado por asentimiento y se autoriza en este acto que el
Gobierno pueda prestar su consentimiento para obligarse por medio del
Acuerdo entre el Reino de España y la República de Bulgaria relativo a la
readmisión de personas en situación irregular, hecho en Sofía el 16 de
diciembre de 1996.
-- CANJE DE NOTAS CONSTITUTIVO DE ACUERDO ENTRE ESPAÑA Y BULGARIA EN
MATERIA DE SUPRESION DE VISADOS A TITULARES DE PASAPORTES DIPLOMATICOS,
HECHO EN SOFIA EL 16 DE DICIEMBRE DE 1996 (S. 610/000094) (C. D.
110/000094.)
El señor PRESIDENTE: Canje de Notas constitutivo de Acuerdo entre España
y Bulgaria en materia de supresión de visados a titulares de pasaportes
diplomáticos, hecho en Sofía el 16 de diciembre de 1996.
No se ha presentado propuesta alguna.
¿Puede entenderse aprobado por asentimiento? (Pausa.)
Queda aprobado por asentimiento y se autoriza en este acto que el
Gobierno pueda prestar su consentimiento para obligarse por medio del
Canje de Notas constitutivo de Acuerdo entre España y Bulgaria en materia
de supresión de visados a titulares de pasaportes diplomáticos, hecho en
Sofía el 16 de diciembre de 1996.
-- ENMIENDA AL CONVENIO DE BASILEA SOBRE EL CONTROL DE LOS MOVIMIENTOS
TRANSFRONTERIZOS DE LOS DESECHOS PELIGROSOS Y SU ELIMINACION, ADOPTADA EN
LA TERCERA REUNION DE LA CONFERENCIA DE LAS PARTES EN GINEBRA EL 22 DE
SEPTIEMBRE DE 1995 (S. 610/000095) (C. D. 110/000095.) El señor
PRESIDENTE: Enmienda al Convenio de Basilea sobre el control de los
movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación,
adoptada en la tercera reunión de la Conferencia de las Partes en Ginebra
el 22 de septiembre de 1995.
No se ha presentado propuesta alguna.
¿Puede entenderse aprobado por asentimiento? (Pausa.)
Queda aprobado por asentimiento y se autoriza en este acto que el
Gobierno pueda prestar su consentimiento para obligarse por medio de la
Enmienda al Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos
transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación, adoptada en
la tercera reunión de la Conferencia de las Partes en Ginebra el 22 de
septiembre de 1995.
-- DENUNCIA DEL ACUERDO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE MARITIMOS ENTRE EL
GOBIERNO DE ESPAÑA Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE SENEGAL, FIRMADO EN
DAKAR EL 6 DE DICIEMBRE DE 1979
(S. 610/000096) (C. D. 110/000096.)
El señor PRESIDENTE: Denuncia del Acuerdo de Navegación y Transporte
Marítimos entre el Gobierno de
España y el Gobierno de la República de Senegal, firmado en Dakar el 6 de
diciembre de 1979.
No se ha presentado ninguna propuesta.
¿Puede entenderse aprobado por asentimiento? (Pausa.)
Queda aprobado por asentimiento y se autoriza en este acto que el
Gobierno pueda prestar su consentimiento para obligarse por medio de la
Denuncia del Acuerdo de Navegación y Transporte Marítimos entre el
Gobierno de España y el Gobierno de la República de Senegal, firmado en
Dakar el 6 de diciembre de 1979.
-- CANJE DE NOTAS CONSTITUTIVO DE ACUERDO ENTRE ESPAÑA Y TUNEZ EN MATERIA
DE SUPRESION DE VISADOS A TITULARES DE PASAPORTES DIPLOMATICOS, HECHO EN
MADRID EL 27 DE DICIEMBRE DE 1996 (S. 610/000097) (C. D.110/000097.)
El señor PRESIDENTE: Canje de Notas constitutivo de Acuerdo entre España
y Túnez en materia de supresión de visados a titulares de pasaportes
diplomáticos, hecho en Madrid el 27 de diciembre de 1996.
No se ha presentado propuesta alguna.
¿Puede entenderse aprobado por asentimiento? (Pausa.)
Queda aprobado por asentimiento y se autoriza en este acto que el
Gobierno pueda prestar su consentimiento para obligarse por medio del
Canje de Notas constitutivo de Acuerdo entre España y Túnez en materia de
supresión de visados a titulares de pasaportes diplomáticos, hecho en
Madrid el 27 de diciembre de 1996.
-- PROTOCOLO AL CONVENIO DE 1979 SOBRE CONTAMINACION ATMOSFERICA
TRANSFRONTERIZA A LARGA DISTANCIA, RELATIVO A REDUCCIONES ADICIONALES DE
LAS EMISIONES DE AZUFRE, HECHO EN OSLO EL 14 DE JUNIO DE 1994 (S.
610/000098) (C. D. 110/000098.)
El señor PRESIDENTE: Protocolo al Convenio de 1979 sobre contaminación
atmosférica transfronteriza a larga distancia, relativo a reducciones
adicionales de las emisiones de azufre, hecho en Oslo el 14 de junio de
1994.
No se ha presentado ninguna propuesta.
¿Puede entenderse aprobado por asentimiento? (Pausa.)
Queda aprobado por asentimiento y se autoriza en este acto que el
Gobierno pueda prestar su consentimiento para obligarse por medio del
Protocolo al Convenio de 1979 sobre contaminación atmosférica
transfronteriza a larga distancia, relativo a reducciones adicionales de
las emisiones de azufre, hecho en Oslo el 14 de junio de 1994.
-- ACUERDO DE COOPERACION EN MATERIA DE LUCHA CONTRA LA CONTAMINACION Y
SALVAMENTO MARITIMO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y EL REINO DE MARRUECOS,
FIRMADO «AD REFERENDUM» EN RABAT EL 6 DE FEBRERO DE 1996 (S. 610/000099)
(C. D. 110/000099.)
El señor PRESIDENTE: Acuerdo de cooperación en materia de lucha contra la
contaminación y salvamento marítimo entre el Reino de España y el Reino
de Marruecos, firmado «ad referendum» en Rabat, el 6 de febrero de 1996.
No se ha presentado ninguna propuesta.
¿Alguna intervención? (El Senador Ríos pide la palabra.)
El Senador Ríos tiene la palabra.
EL señor RIOS PEREZ: Quiero intervenir en relación al acuerdo de
cooperación en materia de lucha contra la contaminación y salvamento
marítimo.
Independientemente de que Coalición Canaria no se oponga a este acuerdo
de cooperación en materia de lucha contra la contaminación y el
salvamento marítimo entre el Reino de España y el Reino de Marruecos,
firmado «ad referendum» en Rabat el 6 de febrero de 1996, como
representante de la Comunidad Autónoma canaria y de su Parlamento, en
este momento como Senador por la Comunidad Autónoma de Canarias, estamos
en la obligación de indicar para el futuro dos concretas e importantes
puntualizaciones.
En primer lugar, quiero recordar que geográficamente Canarias está a
menos de 100 kilómetros del continente africano y que Arrecife de
Lanzarote está casi enfrente de Aaiún, antiguo Sáhara español y hoy
Sáhara occidental, y que el ámbito de este acuerdo afecta directamente a
Canarias, sobre todo después que el artículo 2 del Estatuto de Autonomía,
aprobado en diciembre, define a la comunidad como archipiélago, es decir
trozo de mar, trozo de océano poblado de islas, y que aún está por
aclarar las aguas internacionales y los conceptos de Estados
archipielágicos --proposición que ya hemos presentado en más de una
ocasión en esta Cámara.
El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.
El señor RIOS PEREZ: Además, desde 1982 el Estatuto de Autonomía en su
artículo 38 dice lo siguiente: La Comunidad Autónoma de Canarias será
informada en el proceso de negociación y de elaboración de los Tratados y
Convenios Internacionales y en las negociaciones de adhesión a los
mismos, así como en los proyectos de legislación aduanera, en cuanto
afectan a materias de su especifico interés. Recibida la información, el
órgano del Gobierno de la Comunidad Autónoma emitirá en su caso su
parecer. La Comunidad Autónoma adoptará las medidas necesarias para la
ejecución de los Tratados y Convenios Internacionales en lo que afecte a
materias atribuidas a su competencia según el presente Estatuto.
En estos momentos, nosotros no tenemos conocimiento de que esta
información haya sido dada. Dejamos constancia de ello aquí para futuros
tratados, acuerdos y convenios internacionales que afecten a la Comunidad
Autónoma de Canaria y apoyaremos este Convenio con el Reino de Marruecos.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
¿Alguna intervención más? (El Senador Pérez García pide la palabra.)
El Senador Pérez tiene la palabra.
El señor PEREZ GARCIA: Muchas gracias, señor Presidente.
Quiero intervenir en nombre del Grupo territorial de los Senadores
Socialistas canarios para manifestar nuestra felicitación al Senador
Victoriano Ríos porque efectivamente ha visto perfectamente cómo un
tratado internacional que afecta directamente a nuestro Archipiélago debe
ser objeto de una información a la Comunidad Autónoma de Canarias a tenor
de lo previsto en el Estatuto de Autonomía de nuestro Archipiélago. Por
lo tanto, simplemente para manifestar nuestro acuerdo con las
observaciones que acaba de realizar el Senador Ríos Pérez. Señoría, le
felicitamos por haber dado en la diana en lo que se refiere a la
aplicación y al respeto a las disposiciones de nuestro Estatuto de
Autonomía.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Pérez. Entiendo que ha
hablado en nombre del Grupo Parlamentario Socialista y no del Grupo
Territorial.
¿Alguna intervención más? (El Senador Soravilla pide la palabra.)
El Senador Soravilla tiene la palabra.
El señor SORAVILLA FERNANDEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Al margen de las matizaciones hechas, yo creo que este acuerdo es de una
trascendental importancia. El objetivo que tiene es precisamente el
desarrollo de la cooperación en el ámbito de la seguridad de la
navegación marítima, en cuanto a la prevención y a la lucha contra la
contaminación y el salvamento marítimo. Hay que tener en cuenta, sobre
todo, que la zona del Estrecho tiene una gran densidad de tráfico, unos
70.000 buques aproximadamente la transitan anualmente, de los que el 25
por ciento transportan mercancías peligrosas y, además, genera un flujo
de pasajeros muy importante entre los dos Reinos, de más de 3 millones de
viajeros de los cuales sólo hay que recordar, por ejemplo, la operación
paso del Estrecho, durante los meses de verano.
Yo creo que todo esto justifica que se haya hecho. Se hizo, además, con
motivo de la reunión de la Cumbre hispano-marroquí y, en consecuencia,
nos parece de la mayor trascendencia el conseguir estos acuerdos que, por
otra parte, vienen avalados por la Comunidad Internacional.
Por otro lado, se prevén una serie de reuniones de las Comisiones Mixtas
hispano-marroquíes en temas de Marina Mercante, donde se va a ir
evaluando la ejecución de este acuerdo, que además podrá ser modificado a
solicitud de las partes si ello fuera necesario.
Con esto damos el contenido exacto y la importancia que tiene este
acuerdo, al margen de las pequeñas salvedades que han hecho los Senadores
por Canarias.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Soravilla.
¿Puede entenderse aprobado por asentimiento? (Pausa.)
Queda aprobado por asentimiento y se autoriza en este acto que el
Gobierno pueda prestar su consentimiento para obligarse por medio del
Acuerdo de cooperación en materia de lucha contra la contaminación y
salvamento marítimo entre el Reino de España y el Reino de Marruecos,
firmado «ad referendum» en Rabat el 6 de febrero de 1996.
-- DENUNCIA DEL ACUERDO DE TRANSPORTES MARITIMOS ENTRE EL GOBIERNO DE
ESPAÑA Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE GUINEA ECUATORIAL, FIRMADO EN
MALABO EL 5 DE DICIEMBRE DE 1979 (S. 610/000100) (C. D. 110/000100.)
El señor PRESIDENTE: Denuncia del Acuerdo de Transportes Marítimos entre
el Gobierno de España y el Gobierno de la República de Guinea Ecuatorial,
firmado en Malabo el 5 de diciembre de 1979.
No se ha presentado ninguna propuesta. ¿Alguna intervención? (Pausa.)
¿Puede entenderse aprobado por asentimiento? (Pausa.)
Queda aprobado por asentimiento y se autoriza en este acto que el
Gobierno pueda prestar su consentimiento para obligarse por medio de la
Denuncia del Acuerdo de Transportes Marítimos entre el Gobierno de España
y el Gobierno de la República de Guinea Ecuatorial, firmado en Malabo el
5 de diciembre de 1979.
-- RETIRADA DE LA RESERVA FORMULADA POR ESPAÑA AL RATIFICAR EL SEGUNDO
PROTOCOLO FACULTATIVO DEL PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y
POLITICOS, DESTINADO A ABOLIR LA PENA DE MUERTE (NUEVA YORK, 15 DE
DICIEMBRE DE 1989) (S. 610/000101) (C. D. 110/000101.)
El señor PRESIDENTE: Retirada de la Reserva formulada por España al
ratificar el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena de muerte.
No se ha presentado ninguna propuesta. ¿Alguna intervención? (Pausa.)
¿Puede entenderse aprobado por asentimiento? (Pausa.)
Queda aprobado por asentimiento y se autoriza en este acto que el
Gobierno pueda prestar su consentimiento para retirar la Reserva
formulada por España al ratificar el Segundo Protocolo Facultativo del
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a abolir
la pena de muerte.
-- CONVENIO SOBRE PROTECCION Y UTILIZACION DE LOS CURSOS DE AGUA
TRANSFRONTERIZOS Y DE LOS LAGOS INTERNACIONALES, FIRMADO «AD REFERENDUM»
EN HELSINKI EL 17 DE MARZO DE 1992, JUNTO CON LA RESERVA QUE ESPAÑA VA A
FORMULAR EN EL MOMENTO DE LA RATIFICACION DEL CITADO CONVENIO (S.
610/000102) (C. D. 110/000102.)
El señor PRESIDENTE: Convenio sobre protección y utilización de los
cursos de agua transfronterizos y de los lagos internacionales, firmado
«ad referendum» en Helsinki el 17 de marzo de 1992, junto con la reserva
que España va a formular en el momento de la ratificación del citado
Convenio.
No se ha presentado ninguna propuesta. ¿Alguna intervención? (Pausa.)
¿Puede entenderse aprobado por asentimiento? (Pausa.)
Queda aprobado por asentimiento y se autoriza en este acto que el
Gobierno pueda prestar su consentimiento para obligarse por medio del
Convenio sobre protección y utilización de los cursos de agua
transfronterizos y de los lagos internacionales, firmado «ad referendum»
en Helsinki el 17 de marzo de 1992, junto con la reserva que España va a
formular en el momento de la ratificación del citado Convenio.
-- CONVENIO DE SEGURIDAD SOCIAL ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPUBLICA
DE CHILE, HECHO EN MADRID EL 28 DE ENERO DE 1997 (S. 610/000103) (C. D.
110/000103.)
El señor PRESIDENTE: Convenio de Seguridad Social entre el Reino de
España y la República de Chile, hecho en Madrid el 28 de enero de 1997.
No se ha presentado ninguna propuesta. ¿Alguna intervención? (Pausa.)
¿Puede entenderse aprobado por asentimiento? (Pausa.)
Queda aprobado por asentimiento y se autoriza en este acto que el
Gobierno pueda prestar su consentimiento para obligarse por medio del
Convenio de Seguridad Social entre el Reino de España y la República de
Chile, hecho en Madrid el 28 de enero de 1997.
-- CONVENIO DE SEGURIDAD SOCIAL ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPUBLICA
DE ARGENTINA, HECHO EN MADRID EL 28 DE ENERO DE 1997 (S. 610/000104) (C.
D. 110/000104.)
El señor PRESIDENTE: Por último, Convenio de Seguridad Social entre el
Reino de España y la República de Argentina, hecho en Madrid el 28 de
enero de 1997.
No se ha presentado ninguna propuesta. ¿Alguna intervención? (Pausa.)
¿Puede entenderse aprobado por asentimiento? (Pausa.)
Queda aprobado por asentimiento y se autoriza en este acto que el
Gobierno pueda prestar su consentimiento para obligarse por medio del
Convenio de Seguridad Social entre el Reino de España y la República de
Argentina, hecho en Madrid el 28 de enero de 1997.
-- DICTAMEN DE LA COMISION DE SUPLICATORIOS EN RELACION CON EL
EXCELENTISIMO SEÑOR DON LUIS CARLOS PIQUER JIMENEZ (S. 504/000002)
El señor PRESIDENTE: Sexto y último punto del orden del día: Dictámenes
de la Comisión de Suplicatorios, en este caso en relación con el
Excelentísimo señor don Luis Carlos Piquer Jiménez.
En este momento se declara secreta la sesión.
Ruego a los servicios de la Cámara que tomen las medidas oportunas.
Comienza la sesión secreta.
Se reanuda la sesión pública.
El señor PRESIDENTE: Señorías, mañana a las nueve de la mañana se
reunirán la Junta de Portavoces y, a continuación, la Mesa de la Cámara.
La sesión comenzará a las diez de la mañana.
Se levanta la sesión.
Eran las veintiuna horas y cinco minutos.