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Publicacions
DS. Senado, Pleno, núm. 19, de 06/11/1996
Año 1996 VI Legislatura
Núm. 19
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
SENADO
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JUAN IGNACIO BARRERO VALVERDE
Sesión del Pleno
celebrada el miércoles, 6 de noviembre de 1996
ORDEN DEL DIA:
Toma en consideración de proposiciones de ley del Senado:
--Proposición de ley de ordenación del sector pesquero de altura al
fresco. (Autor: Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.)
(Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie
III-A, número 3 a), de fecha 16 de septiembre de 1996.) (Número de
expediente 622/000003.)
Peticiones de creación de comisiones especiales:
--Petición de creación de una Comisión Especial para el estudio de los
problemas actuales del medio rural español y de las medidas pertinentes
para la promoción de su desarrollo integral. (Primer firmante: don Angel
Carlos Bernáldez Rodríguez.) (Publicada en el «Boletín Oficial de las
Cortes Generales», Senado, Serie I, número 69, de fecha 17 de octubre de
1996.) (Número de expediente 650/000003.)
--Petición de creación de una Comisión Especial para el estudio de la
reforma constitucional del Senado. (Primer firmante: don Pío García
Escudero Márquez.) (Número de expediente 650/000004.)
--Dictamen de la Comisión de Incompatibilidades en relación con varios
Senadores. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Senado, Serie I, número 70, de fecha 18 de octubre de 1996.) (Número de
expediente 650/000016.)
--Dictamen de la Comisión General de las Comunidades Autónomas sobre el
Convenio de Colaboración en materia de extinción de incendios forestales
entre la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, la Comunidad de Madrid
y la Comunidad Autónoma de Castilla y León. (Publicada en el «Boletín
Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 73, de fecha 22
de octubre de 1996.) (Número de expediente 650/000004.)
Mociones consecuencia de interpelación:
--De doña Inmaculada de Boneta y Piedra, del Grupo Parlamentario Mixto,
por la que se insta al Gobierno a que asuma el compromiso de acatar y
cumplir el fallo que el Tribunal Supremo dicte en relación con la puesta
a disposición del Poder Judicial de los documentos pertinentes
relacionados con el llamado caso de los Grupos Antiterroristas de
Liberación (GAL), prestando a la justicia la colaboración necesaria para
el buen fin de su investigación. (Publicada en el «Boletín Oficial de las
Cortes Generales», Senado, Serie I, número 82, de fecha 4 de noviembre de
1996.) (Número de expediente 650/000010.)
Mociones:
--Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado por la que se insta al
Gobierno a la elaboración de las disposiciones reglamentarias necesarias
para la actualización y unificación de la normativa que regula los
expurgos de los archivos de los Juzgados y Tribunales y para el
establecimiento de los criterios o directrices de los mismos,
garantizando la más idónea conservación de cuantos documentos pudieran
tener algún valor cultural, histórico, jurídico o administrativo.
(Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie
I, número 82, de fecha 4 de noviembre de 1996.) (Número de expediente
650/000025.)
--Del Grupo Parlamentario Popular Socialista, por la que se insta al
Gobierno a cumplir íntegramente los objetivos de la reforma educativa
contenida en la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo
(LOGSE), garantizando las medidas establecidas en la misma. (Publicada en
el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 82,
de fecha 4 de noviembre de 1996.) (Número de expediente 662/000026.)
SUMARIO
Se reanuda la sesión a las diez horas y cinco minutos.
TOMA EN CONSIDERACION DE PROPOSICIONES DE LEY DEL SENADO (Página 572)
Proposición de ley de ordenación del sector pesquero de altura al fresco.
(Autor: Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos)
(Página 572)
El señor Gatzagaetxebarría Bastida presenta la proposición de ley. En
turno de portavoces, hacen uso de la palabra la señora De Boneta y
Piedra, por el Grupo Mixto, y los señores Roig i Grau, por el Grupo
Catalán en el Senado de Convergència i Unió; González Príncipe, por el
Grupo Socialista, y Chapela Seijo, por el Grupo Popular.
Se aprueba la toma en consideración de la proposición de ley por
asentimiento de la Cámara.
PETICIONES DE CREACION DE COMISIONES ESPECIALES (Página 575)
Petición de creación de una Comisión Especial para el estudio de los
problemas actuales del medio rural español y de las medidas pertinentes
para la promoción de su desarrollo integral. (Primer firmante: don Angel
Carlos Bernáldez Rodríguez) (Página 575)
El señor Bernáldez Rodríguez presenta la petición. No se consume turno en
contra. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra la señora De
Boneta y Piedra, por el Grupo Mixto, y los señores Gatzagaetxebarría, por
el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos; Roig i Grau, por el Grupo
Catalán en el Senado de Convergència i Unió; Rodríguez Rodríguez, por el
Grupo Socialista, y Bernáldez Rodríguez, por el Grupo Popular.
Se aprueba la creación de la comisión especial por asentimiento de la
Cámara.
Petición de creación de una Comisión Especial para el estudio de la
reforma constitucional del Senado. (Primer firmante: don Pío
García-Escudero Márquez) (Página 582)
El señor García-Escudero Márquez presenta la petición. No se consume
turno en contra. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra la
señora De Boneta y Piedra, por el Grupo Mixto, y los señores Zubía
Atxaerandio, por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos; Ferrer i
Roca, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió; Laborda
Martín, por el Grupo Socialista, y García-Escudero Márquez, por el Grupo
Popular.
Se aprueba la creación de la comisión especial por asentimiento de la
Cámara.
Se ratifica la relación de Senadores integrantes de la Comisión por
asentimiento de la Cámara.
Dictamen de la Comisión de Incompatibilidades en relación con varios
Senadores (Página 588)
El señor Moya Sanabria, Presidente de la Comisión, presenta el dictamen.
No se consume turno de portavoces.
Se aprueba el dictamen de la Comisión de Incompatibilidades por
asentimiento de la Cámara.
Dictamen de la Comisión General de las Comunidades Autónomas sobre el
Convenio de Colaboración en materia de extinción de incendios forestales
entre la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, la Comunidad de Madrid
y la Comunidad Autónoma de Castilla y León (Página 589)
El señor Huete Morillo presenta el dictamen. No se producen turnos ni a
favor ni en contra. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los
señores Zubía Atxaerandio, por el Grupo de Senadores Nacionalistas
Vascos; Cardona i Vila, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència
i Unió; Novo Muñoz, por el Grupo Socialista, y Huidobro Díez, por el
Grupo Popular.
Se aprueba el dictamen de la Comisión General de las Comunidades
Autónomas por asentimiento de la Cámara.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACION (Página 591)
De doña Inmaculada de Boneta y Piedra, del Grupo Parlamentario Mixto, por
la que se insta al Gobierno a que asuma el compromiso de acatar y cumplir
el fallo que el Tribunal Supremo dicte en relación con la puesta a
disposición del Poder Judicial de los documentos pertinentes relacionados
con el llamado caso de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL),
prestando a la justicia la colaboración necesaria para el buen fin de su
investigación (Página 591)
La señora De Boneta y Piedra defiende la moción. No se hace uso del turno
en contra. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores
Nieto Cicuéndez, por el Grupo Mixto; Caballero Lasquíbar, por el Grupo de
Senadores Nacionalistas Vascos; Carrera i Comes, por el Grupo Catalán en
el Senado de Convergència i Unió; Rojo García, por el Grupo Socialista, y
González Pons, por el Grupo Popular.
Se rechaza la moción de la señora De Boneta y Piedra, del Grupo Mixto,
por 6 votos a favor, 212 en contra y 7 abstenciones.
La señora De Boneta y Piedra deja constancia, al no haber dispuesto de
tiempo suficiente para votar desde su escaño, de que el sentido de su
voto es afirmativo.
El señor Zubía Atxaerandio desea también dejar constancia de que el
sentido de su voto, así como del resto de los miembros integrantes de su
grupo Parlamentario, es afirmativo.
MOCIONES (Página 597)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado por la que se insta al
Gobierno a la elaboración de las disposiciones reglamentarias necesarias
para la actualización y unificación de la normativa que regula los
expurgos de los archivos de los Juzgados y Tribunales y para el
establecimiento de los criterios y directrices de los mismos,
garantizando la más idónea conservación de cuantos documentos pudieran
tener algún valor cultural, histórico, jurídico o administrativo
(Página 597)
El señor Iribas Sánchez de Boado defiende la moción. El señor Capdevila i
Bas defiende una enmienda a esta moción del Grupo Catalán en el Senado de
Convergència i Unió. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los
señores Zubía Atxaerandio, por el Grupo de Senadores Nacionalistas
Vascos; Caballero Muñoz, por el Grupo Socialista, e Iribas Sánchez de
Boado, por el Grupo Popular.
Se aprueba la moción del Grupo Popular, con la modificación introducida,
por asentimiento de la Cámara.
Del Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta al Gobierno a
cumplir íntegramente los objetivos de la reforma educativa contenida en
la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE),
garantizando las medidas establecidas en la misma. (Página 602)
El señor Iglesias Marcelo defiende la moción. Interviene a continuación
el señor Fernández Rozada. Asimismo lo hace el señor Iglesias Marcelo. En
turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Román Clemente,
por el Grupo Mixto; Varela i Serra, por el Grupo Catalán en
el Senado de Convergència i Unió; Iglesias Marcelo, por el Grupo
Socialista, y Fernández Rozada, por el Grupo Popular. El señor Iglesias
Marcelo interviene de nuevo en virtud del artículo 87.
Se rechaza la moción del Grupo Socialista por 95 votos a favor, 126 en
contra y 12 abstenciones.
Se levanta la sesión a las catorce horas y cincuenta minutos.
Se reanuda la sesión a las diez hora y cinco minutos.
TOMA EN CONSIDERACION DE PROPOSICIONES DE LEY DEL SENADO:
--PROPOSICION DE LEY DE ORDENACION DEL SECTOR PESQUERO DE ALTURA AL
FRESCO. (622/000003.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Señores Senadores, buenos días.
Se reanuda la sesión.
El quinto punto del orden del día es la toma en consideración de
proposiciones de ley del Senado, y vamos a tratar la proposición de ley
de ordenación del sector pesquero de altura al fresco. No se ha
presentado ninguna proposición de ley alternativa, por lo cual procede
acometer a debate y votación la presentada por el Grupo Parlamentario de
Senadores Nacionalistas Vascos.
Para su defensa, tiene la palabra el Senador Gatzagaetxebarría. (Fuertes
rumores.)
El señor Gatzagaetxebarría BASTIDA: Gracias, señor Presidente.
Señorías, nuestro Grupo Parlamentario ha presentado esta proposición no
de ley con finalidad de que por parte de la Cámara se proceda a una
ordenación adecuada del sector de altura al fresco. Cuando hablamos del
sector de altura al fresco, nos estamos refiriendo a la flota española
que faena en las aguas de la NEAF, la Organización de Pesquerías del
Atlántico Nordeste y, en concreto, dentro de esa organización, a aquellas
aguas contingentadas y normadas por la Unión Europea que se plasman...
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Señoría, espere un momento.
Senadores, después de habernos deseado mutuamente los buenos días, espero
que nos demos también la oportunidad de escuchar a nuestro compañero que
está interviniendo.
Espere un momento, Senador. (Pausa.)
Puede usted continuar.
El señor Gatzagaetxebarría BASTIDA: Gracias, señor Presidente.
Decía que nos referimos a la flota que opera en aguas de la NEAF y, en
concreto, las normadas por la Unión Europea, que se plasman en diferentes
zonas pesqueras.
Si vamos a los antecedentes históricos, nos tenemos que retrotraer al año
1981 para saber lo que estamos solicitando. En 1981, el Gobierno, el
Ministerio de Agricultura y Pesca, sacó una foto fija del sector en la
que se reflejaban la totalidad de los buques que faenaban en aguas de la
NEAF. En ese momento, en 1981, eran 460 buques, y la Comunidad Económica
Europea, que ya había extendido su jurisdicción a las 200 millas,
permitía a la flota española faenar en base a un convenio, un acuerdo
específico que había con las autoridades españolas.
Para racionalizar el ejercicio de la actividad pesquera, la
Administración, entonces gobernada por la Unión de Centro Democrático,
dictó una serie de disposiciones regulando la actividad pesquera, en
virtud de las cuales se permitía racionalizar el sector de manera que se
pudieran acumular los derechos de pesca que correspondían a cada uno de
sus 460 buques, fotografiados en 1981, en otros buques de la misma
empresa o de otra empresa correspondiente a la misma asociación. De esa
manera, ¿qué es lo que se conseguía? Se conseguía que hubiera menos
buques operando, pero que los derechos correspondientes a los buques que
se desguazaban o se exportaban se transmitieran a otros buques
pertenecientes al mismo sector y correspondientes a las asociaciones en
las que se encontraban asociados los mismos.
Esa fue una norma, en definitiva, muy importante, que permitió ir
reestructurando y racionalizando el sector, pero que tenía un pequeño
incoveniente, y es que la administración de la UCD permitía hacer eso,
pero sin ningún tipo de ayuda pública.
Pasan cinco años, y en 1986 se procede a la integración de España en la
antigua Comunidad Económica Europea y ya entonces el número de buques
operativos españoles que faenaban en aguas de la NEAF había bajado a 300.
Por eso, esta flota de altura al fresco se conocía también como flota de
los 300. En ese momento las autoridades españolas establecen unas
condiciones de negociación que se plasman en el Tratado de Adhesión y se
establecen como buques operativos 300. Es decir, de los 460 que ya había,
pasamos a 300 y, por tanto, ya había 160 derechos que se habían acumulado
a otros buques correspondientes al sector de altura al fresco
pertenecientes a las diferentes asociaciones.
Posteriormente al año 1992, ya con la Administración socialista, se
produce una nueva normativa muy importante que modifica puntualmente la
normativa aprobada por el Gobierno de la UCD y permite esa acumulación,
pero con ayudas públicas. Por tanto, el sector pesquero español de toda
la cornisa cantábrica se anima y va reestructurando, va desguazando o va
exportando definitivamente buques y los derechos se van acumulando en
buques pertenecientes a las mismas empresas o a otras de las respectivas
asociaciones.
Nuestro Grupo Parlamentario ahora plantea la tercera fase: es necesario
mandatar y dar potestades al Gobierno --al final es lo que pretende hacer
esta Cámara mediante
esta proposición de ley-- para que pueda dar transparencia, en
definitiva, otorgar facultades para intermediar en la transmisión de
estos derechos. Porque, ¿qué está ocurriendo en la realidad? Que los
derechos de pesca se están transmitiendo día a día, pero a través de
acuerdos sin ninguna transparencia, subjetividad y, sobre todo, sin
seguridad jurídica, lo cual está originando muchos conflictos jurídicos
entre empresas pesqueras de todo el litoral del norte y este de España.
Además, se están constituyendo agrupaciones ficticias de intereses
económicos, a los solos efectos de explotar estos derechos de pesca.
Por tanto, nuestro Grupo Parlamentario entiende que hemos de dar este
tercer paso --ya con la nueva Administración del Partido Popular--, para
hacer algo parecido a lo que se está haciendo en lo que atañe a la flota
bacaladera, y es que se puedan transmitir los derechos de pesca
desgajados de lo que es el buque, de manera que el transmitente del
derecho no tenga que transmitir necesariamente el buque, sino que pueda
quedarse con la prima de desguace o con la prima de exportación
definitiva y el derecho se pueda transmitir a otro buque de la misma
empresa o a otro correspondiente a la flota que faena en aguas de la
NEAF.
Este es el espíritu de nuestra proposición de ley y es una petición
unánimemente solicitada por parte de toda la flota pesquera de altura al
fresco, desde Vigo, La Coruña, Santander, Gijón, Pasajes y Ondárroa, que
son los puertos en los que tienen base los buques que faenan en aguas de
la NEAF.
Señorías, en concreto, es como si uno fuera titular de un automóvil con
el que se quiere ejercer la actividad de taxista. Para ello es necesario,
primero, ser propietario de un automóvil, pero hace falta otro requisito,
y es disponer de una licencia de una autoridad --el ayuntamiento--, que
permite operar o prestar servicios en un ámbito territorial determinado.
Tomando este ejemplo como símil, uno puede ser titular de un buque, pero
debe tener también un derecho que le habilite a pescar y un coeficiente
de acceso pesquero que le permite pescar en una zona determinada.
Por ello nosotros pretendemos que los derechos y los coeficientes que
hacen referencia a las facultades para poder faenar y ejercer la
actividad pesquera en las diferentes zonas puedan transmitirse,
enajenarse o cederse, pero siempre bajo la tutela del Gobierno, del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, lo que racionaliza el
sector, da transparencia y permite especializar por pesquerías a los
diferentes buques. Todos sabemos que buques con base en el puerto de La
Coruña o en el de Vigo van fundamentalmente a la zona sexta, que es la
correspondiente al Reino Unido, a la zona escocesa; y los buques del País
Vasco van a la zona octava y a la séptima de Irlanda. En estas tres zonas
de pesca --la séptima, irlandesa; la sexta, escocesa y la octava,
francesa-- se materializan esos derechos en concreto y los coeficientes
que permiten faenar en cada una de ellas.
Señor Presidente, en definitiva lo que pretendemos --lo repito
nuevamente-- es racionalizar el sector y especializarlo por pesquerías.
Hay una petición unánime de toda la cornisa cantábrica. Las Comunidades
Autónomas afectadas, la gallega, la asturiana, la cántabra y la vasca
están de acuerdo y también lo han solicitado al Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación. Este es el sentido de nuestra
proposición no de ley, sobre todo teniendo en cuenta que de aquellos 460
del año 1981, pasamos a 300 en 1986 y en 1996 estamos hablando de unos
220 buques operativos, que todavía van a reducirse más porque aún están
en fase de tramitación expedientes de desguace y de exportación. Esto va
a suponer que para el año 1997 será operativa una flota de unos 200
buques, en los cuales se procedería a la integración o concentración de
aquellos 460 derechos. Eso supone que al final estén faenando en las
aguas de la Unión Europea menos buques pesqueros, pero durante más
tiempo, de manera más regulada, más especializada y con mayor seguridad.
Por tanto, hemos de reconocer el esfuerzo realizado tanto por la
Administración de la UCD, como por la del Partido Socialista. Ahora lo
que pedimos es que la Administración del Partido Popular, dentro de los
marcos que se le fijan en esta proposición de ley, ejerza estas
funciones, con las cuales queremos apoderar al Gobierno para autorizar,
transmitir, enajenar o ceder los derechos de pesca, siempre que no se
perjudique a terceros, y permitir la racionalización del sector de altura
al fresco.
Hay una cuestión que ahora está muy de actualidad, que es la puesta en
marcha del plan de orientación plurianual número 4, que pensamos que va a
suponer una mayor reestructuración, pero que entendemos que no afectaría
a este sector de altura al fresco por el esfuerzo que ya ha realizado
desde el año 1981, pasando por 1986 hasta la actualidad.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señor
Gatzagaetxebarría Bastida.
No habiendo llegado a esta Mesa petición de turnos a favor y en contra,
pasamos al turno de portavoces.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la Senadora De Boneta
y Piedra.
La señora DE BONETA Y PIEDRA: Muchas gracias, señor Presidente.
Voy a intervenir muy brevemente en nombre del Grupo Parlamentario Mixto y
desde el escaño, para apoyar la toma en consideración que en este momento
se está tramitando y cuya iniciativa y exposición ha correspondido al
Senador Gatzagaetxebarría Bastida.
En primer lugar, el Grupo Parlamentario Mixto, siguiendo la tradición de
permitir que la Cámara tramite cualquier iniciativa presentada,
independientemente de la posición de los Senadores integrantes del mismo,
apoyará su toma en consideración.
Además, desde el punto de vista de esta Senadora, esta proposición es
oportuna y necesaria, puesto que a las explicaciones sobre la situación
del sector y de la flota pesquera afectada que ha formulado el señor
Senador, hay que añadir que la Administración debe continuar en sus
esfuerzos por colocar a este sector donde le corresponde, porque durante
todos estos años se ha realizado desde el propio sector un
importante esfuerzo de reestructuración para adaptarse, no solamente a
las directivas comunitarias, sino a las necesidades que el sector imponía
como consecuencia de la reducción de las llamadas licencias, a las que ha
hecho referencia el Senador Gatzagaetxebarría Bastida. Por lo tanto,
vamos a votar a favor de su toma en consideración.
Esta Senadora, como Senadora por el Parlamento de la Comunidad Autónoma
Vasca conoce muy bien el problema y considera que su Comunidad está muy
afectada, junto con otras, por la situación y las necesidades descritas
por el Senador Gatzagaetxebarría, por lo que reitera la oportunidad y la
necesidad de la aprobación de esta proposición.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
tiene la palabra el Senador Roig i Grau.
El señor ROIG I GRAU: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, voy a ser muy breve. Simplemente, quiero manifestar nuestro
voto favorable, como es costumbre en iniciativas de este tipo, a la toma
en consideración de esta proposición.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor González Príncipe.
El señor GONZALEZ PRINCIPE: Muchas gracias, señor Presidente.
Anuncio el voto favorable del Grupo Parlamentario Socialista a la
iniciativa del Partido Nacionalista Vasco. Pero quiero precisar dos cosas
que nos preocupan.
En primer lugar, nos gustaría que en el texto definitivo, una vez
tramitado por las Cámaras, quedara claro que la trasmisión de los
derechos de pesca sólo se podrá hacer en el marco de las actuales
empresas que están actuando en el caladero del Gran Sol. El Senador del
Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos hablaba del
esfuerzo de racionalización del esfuerzo de modernización y del esfuerzo
de mejora de productividad que se ha hecho en los últimos 15 años en esa
flota, y a los socialistas no nos parecería adecuado dar pasos atrás en
ese proceso de racionalización.
La segunda cuestión, que también plantearemos en los trámites oportunos,
es que no creemos adecuado que se puedan acumular derechos de pesca de
más de 300 días en un buque, por la misma razón que expresábamos
anteriormente, por ese esfuerzo de racionalización y de mejora de la
productividad realizado por este sector de nuestra flota.
Nada más.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador González
Príncipe.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Chapela
Seijo.
El señor CHAPELA SEIJO: Señor Presidente, señoras y señores Senadores, me
cabe el honor de subir a esta tribuna para fijar la posición del Grupo
Parlamentario Popular en relación con la proposición de ley del Grupo
Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos de ordenación del sector
pesquero de altura y gran altura al fresco. (El señor Presidente ocupa la
Presidencia.)
Señoras y señores Senadores, parodiando un dicho, la flota se ha hundido
y nadie sabe cómo ha sido. En este sector pesquero ha sucedido, por
desgracia, lo mismo que en los últimos años en muchos sectores pesqueros
de nuestro país. De todas formas, mi Grupo Parlamentario, siguiendo la
tónica que se ha fijado y el compromiso que ha adquirido en relación con
aquellas propuestas que sean razonables, que sean constructivas para
nuestro sector pesquero, vengan de donde vengan y sean quienes sean sus
proponentes, va a votar afirmativamente. Así, anuncio que nuestro voto va
a ser a favor de la toma en consideración de esta proposición de ley.
Como dijimos con ocasión de la defensa de una proposición de ley anterior
del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, concretamente
una proposición de ley que tenía como objeto la modernización de la flota
atunero-congeladora, el hecho de estar o no estar en el Gobierno, el
hecho de tener o no tener mayoría absoluta no es óbice para que el
Partido Popular siga manteniendo las posturas que mantenía cuando era
oposición.
Quiero recordarles, señorías, que esta misma materia fue tratada en el
Congreso de los Diputados, hace de ello aproximadamente un año. En aquel
momento el Partido Popular votó a favor de la proposición de ley
presentada por el PNV. En todo caso, los que han modificado su posición,
creemos que por razones no estrictamente aritméticas, tendrán que
explicar por qué en tan corto período de tiempo han cambiado y dicen sí
donde antes decían no. Suponemos que se debe exclusivamente a razones de
carácter aritmético.
Señoras y señores Senadores, si me lo permiten, haré una breve
introducción geográfico-histórica de este sector pesquero. Un país como
España, que históricamente ha sido --todo hay que decirlo, ya que uno es
de zona pesquera--una gran potencia pesquera, está viendo cómo
últimamente le está dando la espalda a este sector importante y vital
para el desarrollo de las economías costeras.
Una zona históricamente tradicional donde van nuestras gentes de la mar
es la conocida como Gran Sol, lo que son las aguas comunitarias, lo que
son las aguas de varios de los países integrantes del actual Mercado
Común, que conforman el ámbito geográfico competencial de una comisión de
pesca denominada Comisión de Pescas del Atlántico Nordeste, Comisión que
va, aproximadamente, desde cerca del Círculo Polar Artico hasta el
Estrecho de Gibraltar. Pero las zonas que aquí se están estudiando, las
zonas de pesquerías importantes dentro de ese ámbito geográfico son las
de las costas próximas a las plataformas continentales de Escocia,
Francia y, fundamentalmente, Irlanda.
A estas zonas llevan muchos años yendo a pescar nuestros pescadores,
señoras y señores Senadores. Las especies que tradicionalmente pescan, y
supongo que muchos de ustedes las conocerán, unos directa y otros
indirectamente, son la merluza, el rape, el gallo y, en menor medida,
otras especies; y los puertos base fundamentales son Pasajes, Vigo, La
Coruña, Gijón, Santander.
Consciente de la importancia de estas pesquerías, la Administración
española dictó por primera vez una orden ministerial en 1981, por la que
se reguló la flota dedicada a la captura de estas especies en esas aguas.
En aquel momento el número de buques, aprobado el censo por una orden
ministerial --creo recordar que un año antes que la otra orden
ministerial, censo cerrado a 1980--, era aproximadamente de 435 buques,
con sus correspondientes derechos de pesca.
En aquel momento la transferencia de un derecho de pesca llevaba
implícita necesaria y obligatoriamente la trasmisión del buque al cual
estaba afecto ese derecho. Con posterioridad, señoras y señores
Senadores, entramos en el Mercado Común, el 1.º de enero de 1986. Por
circunstancias que a nadie se le escapan, se tuvo que reducir la flota
pesquera. La pesca fue una de las asignaturas maltratadas, señoras y
señores Senadores, como otros sectores económicos y productivos, como la
industria o la agricultura, con nuestra entrada en el Mercado Común.
El censo de más de 450 buques que había con anterioridad a la entrada
quedó reducido a 300. Fue lo que, desde entonces, se pasó a llamar en el
sector la flota de los 300. Sin embargo, se mantuvieron parte de los
derechos de acceso a esas pesquerías que existían con anterioridad a la
entrada en el Mercado Común.
La propia capacidad del sector hizo que esa reducción no fuese
excesivamente traumática, ya que parte de la misma, aproximadamente 160
buques, se transformó bien en el abanderamiento de parte de ese exceso en
otros países, como Reino Unido --estamos hoy pagando las consecuencias--,
o bien en buques para capturar otras especies, como el pez espada.
Al poco tiempo de nuestra entrada en el Mercado Común empezaron a surgir
una serie de disfunciones. Se comprobó que, aparte de los buques que
faenaban, había unos con exceso de derechos de pesca y otros que tenían
muy pocos; había buques que tenían derechos de pesca para faenar más de
365 días al año y había otros que apenas podían pescar mes y medio o dos
meses.
Por lo tanto, señoras y señores Senadores, se hacía necesaria una nueva
reestructuración de este sector. Ante las presiones del mismo, se
produce, el 12 de junio de 1992, a petición del sector, una nueva
reestructuración. A partir de ese momento se permite aplicar beneficios
que se estaban aplicando a otras flotas pesqueras, beneficios por la
paralización definitiva de esos buques al sector pesquero de la altura al
fresco. En una palabra, se permite desguazar el buque, se dan
subvenciones por ese desguace pero, al mismo tiempo, se mantiene el
derecho de pesca del buque desguazado. Ello produce una nueva reducción
de esta flota a 220 buques que, como ha señalado el proponente de esta
proposición, estimamos que quedará en 200. Reducir más, señoras y señores
Senadores, es imposible si queremos mantener esta pesquería.
En ese sentido va la proposición de ley del Grupo Parlamentario de
Senadores Nacionalistas Vascos. Por ello, no podemos dejar de apoyarla.
Creemos que esa iniciativa, como mínimo, va a redundar en tres
importantes aspectos. En primer lugar, va a reorganizar definitivamente
este sector y va a evitar más reducciones de esta flota. En segundo
lugar, va a evitar la especulación que se estaba produciendo entre las
empresas armadoras, ya que, al existir algunas que tenían un exceso de
derechos de pesca, estaban vendiendo, estaban transmitiendo esos derechos
sin control de la Administración y, en tercer lugar, se va a evitar tener
que acudir a trámites administrativos tan complejos como es el del
desguace de los buques.
Por lo tanto, señoras y señores Senadores, estimamos que, aunque llega
tarde, esta proposición de ley es necesaria. Esta proposición de ley,
como ha dicho el proponente, existe desde hace tiempo en otros sectores
pesqueros. Nuestro sector bacaladero disfruta de los beneficios que se
pretenden atribuir ahora a la flota de altura y gran altura al fresco. En
consecuencia, se trata de aplicar un beneficio que existe para un sector
de nuestra pesca a otro sector pesquero.
Queremos asimismo dejar aquí apuntado que, en posteriores trámites
parlamentarios, haremos algunas indicaciones de carácter técnico. Tal y
como ha dicho el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, es
necesario dejar claro que la transmisión de los derechos de pesca se
tiene que realizar entre empresas con buques inscritos en este censo,
dado que hay empresas que tienen buques inscritos en el censo de la NEAF
y, al mismo tiempo, otros que no están en ese censo.
Señoras y señores Senadores, llega tarde pero llega a tiempo.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Terminado el debate, vamos a proceder a su votación. Por la intervención
de los distintos Portavoces, deduzco que podríamos hacerlo por
asentimiento.
¿Se entiende aprobada por asentimiento? (Pausa.)
Queda aprobada por asentimiento de la Cámara.
PETICIONES DE CREACION DE COMISIONES ESPECIALES:
--PETICION DE CREACION DE UNA COMISION ESPECIAL PARA EL ESTUDIO DE LOS
PROBLEMAS ACTUALES DEL MEDIO RURAL ESPAÑOL Y DE LAS MEDIDAS PERTINENTES
PARA LA PROMOCION DE SU DESARROLLO INTEGRAL. (650/000003.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto sexto del orden del día: peticiones
de creación de Comisiones Especiales. Petición de creación de una
Comisión Especial para el estudio de los problemas actuales del mundo
rural español
y de las medidas pertinentes para la promoción de su desarrollo integral,
cuyo primer firmante es don Angel Carlos Bernáldez Rodríguez, quien tiene
la palabra por un tiempo de diez minutos.
El señor BERNALDEZ RODRIGUEZ: Señor Presidente, señorías, me cabe la
satisfacción de subir a la tribuna en esta ocasión para someter a la
consideración de esta Cámara la petición de creación de una Comisión
Especial para el estudio de los problemas actuales del mundo rural
español y de las medidas pertinentes para la promoción de su desarrollo
integral, al amparo de lo establecido en el artículo 59 del Reglamento
del Senado.
Esta Cámara ya se acreditó en anteriores legislaturas como adecuada para
tratar asuntos de actualidad de profundo interés en la opinión pública,
como fueron los trabajos parlamentarios sobre incendios forestales, la
violencia en los estadios de fútbol, la seguridad vial, los contenidos
televisivos, etcétera. En la presente legislatura, tenemos la reciente
creación de una Comisión Especial para tratar el futuro de la ordenación
del servicio farmacéutico, así como la creación en el pasado Pleno de una
Comisión Especial para el estudio de las políticas de prevención y
asistencia en situaciones de catástrofes naturales o de origen humano.
En esta ocasión, la importancia que la sociedad actual concede al mundo
rural ha inducido al Gobierno de la nación, concretamente a la titular
del Ministerio de Agricultura, a pedir al Grupo Parlamentario Popular del
Senado la formulación de una iniciativa parlamentaria que, con rango de
Comisión Especial, estudie los problemas del mundo rural. Al ser el
estudio del mundo rural una materia en la que tienen competencias
diversas Administraciones, parece lógico que sea el Senado, Cámara de
representación territorial, la institución idónea para tratar estos temas
de competencias compartidas entre las distintas Administraciones.
El espacio rural comprende diversidad de regiones con pluralidad de
actividades productivas, con espacios naturales y cultivados, ciudades y
pueblos incluidos, así como con zonas de pequeñas y medianas industrias.
El adjetivo rural hace referencia a territorios con baja densidad de
población y con una actividad económica diversa y dispersa, relativamente
independientes de la influencia directa de las áreas metropolitanas. El
espacio rural constituye una entidad distinta del espacio urbano, que se
caracteriza por una fuerte concentración de habitantes y de estructuras
verticales y horizontales.
Aun cuando las características de las regiones rurales varían mucho,
algunas son comunes. Así, la pobreza está bastante extendida, los índices
de enfermedad son elevados, la población de edad es muy numerosa y el
nivel de educación y competencia profesional es bajo. A título de
ejemplo, se estima que, en Europa, las regiones rurales representan un 85
por ciento del territorio y un poco más de la mitad de la población
total.
En España, podemos considerar tres tipos de zonas rurales interiores. En
primer lugar, zonas de montaña, con 20 millones de hectáreas, con
dificultades naturales para el desarrollo de las actividades agrarias,
tales como la altitud, la excesiva pendiente, etcétera. En segundo lugar,
zonas desfavorecidas, con riesgo de despoblamiento y con suelos de escaso
potencial productivo, utilizables casi exclusivamente para la ganadería
extensiva; ocupan una superficie de 17 millones de hectáreas. En tercer
lugar, zonas con limitaciones específicas, donde es conveniente que
prosiga cierta actividad agraria, al menos para la conservación del
medio; representan 2 millones de hectáreas.
En resumen, las zonas rurales españolas consideradas como desfavorecidas
suponen un 64 por ciento de la superficie agraria útil, donde vive un 40
por ciento de la población total. De ahí la necesidad de que los poderes
públicos presten a las mismas una intensa atención.
La sociedad actual asigna al mundo rural diversas funciones, entre las
que hemos de destacar, según orden de prioridades, las funciones
económicas, ecológicas y socioculturales. En cuanto a la función
económica, corresponde al espacio rural garantizar un sistema de
producciones agroganaderas que permita satisfacer las necesidades
alimentarias de la población, al tiempo que asegurar a los agricultores y
a sus familias un nivel de rentas apropiado. En cuanto a su función
ecológica, corresponde al medio rural preservar las fuentes naturales de
vida, tales como el suelo, el agua y el aire, proteger los biotipos y los
espacios verdes, preservar el paisaje y conservar la biodiversidad,
especialmente, la diversidad genética. La función sociocultural del medio
rural hace referencia a las actividades asociativas locales y al
desarrollo de las relaciones entre la población urbana y la población
rural. Desde hace algunas décadas las actividades rurales han estado y
están hoy sometidas a importantes cambios demográficos y económicos. En
lo que concierne a los primeros, el éxodo rural hacia la grandes ciudades
ha sido un fenómeno bastante generalizado que tiene su reflejo
estadístico en el crecimiento rápido de los grandes centros urbanos. El
censo de 1970 cifra la población urbana en 13 millones de habitantes y la
rural en 17,3 millones, mientras que en el censo de 1980, la población
urbana sube a 20 millones y la rural desciende a 16,2. Estos flujos
migratorios han estado unidos íntimamente a la evolución de la
agricultura, sector en el que el número de activos ha descendido en más
de medio millón en la década de los ochenta. Esta pérdida de población
agraria, al no estar diversificada la economía, ha tenido consecuencias
negativas para las colectividades rurales, que han visto disminuidas sus
potencialidades como centros económicos, con la subsiguiente demanda en
bienes y servicios. El éxodo rural ha mermado también la vitalidad de las
colectividades afectadas, puesto que los que se marchan, en general, son
los elementos más dinámicos y productivos de la comunidad rural, es
decir, los jóvenes y las personas en edad de trabajar. En lo que respecta
a los cambios económicos, la disminución de la importancia relativa de la
agricultura ha acarreado cambios importantes en las economías rurales,
toda vez que la reestructuración agraria no ha ido acompañada del
desarrollo de otras actividades económicas.
La creación de una Comisión especial para el desarrollo del mundo rural
español, con objetivos tan amplios y ambiciosos
como sus señorías quieran, deberá abarcar el estudio de muy diversas y
heterogéneas materias tal como indicamos a continuación.
Ordenación del territorio. Toda política de ordenación del territorio
deberá tener en cuenta prioritariamente las necesidades de las
poblaciones rurales, permitiendo un desarrollo estable de las actividades
propias del medio rural, tales como la agricultura, la silvicultura, la
pesca, la artesanía, la industria y el turismo, salvaguardando los
espacios naturales y el medio ambiente.
Infraestructura, transportes y comunicaciones. Los poderes públicos
deberán dotar al espacio rural de las infraestructuras necesarias y, en
particular, de redes de comunicaciones modernas, a fin de que el espacio
rural pueda cumplir con las funciones económicas, ecológicas y sociales.
Educación, formación e investigación. En la sociedad rural el hombre, el
capital humano, constituye el potencial más preciado, cuyo desarrollo y
promoción deben tener prioridad absoluta. La red de establecimientos
escolares en las zonas rurales deberá garantizar el derecho a la
enseñanza en igualdad de condiciones que a los escolares de las regiones
urbanas.
Empleo y trabajo. Para fijar la población al medio rural es necesario que
ésta disponga de posibilidades de empleo en las diversas actividades
rurales. Además las políticas de empleo en el mundo rural deberán
potenciar la diversificación de actividades productivas, especialmente en
zonas en las que predomine excesivamente un solo sector.
Agricultura. La agricultura sigue teniendo un papel decisivo en el
desarrollo de las zonas rurales. Constituye la espina dorsal del medio
rural, así ha sido tradicionalmente y así sigue siendo en la actualidad,
aun cuando hoy día la importancia económica de la misma, medida en
términos de PIB, ha ido cayendo de manera constante en los países de la
Unión Europea. Por ello, los profundos cambios que afectan hoy día a la
política agraria tendrán, sin duda, profundas repercusiones en el ámbito
rural. La política agraria está llamada a jugar un papel central. Un
sector agrario bien organizado, viable y multifuncional contribuirá
decisivamente a preservar las funciones esenciales del mundo rural.
Además, de la función tradicional de la agricultura, la producción de
alimentos, la sociedad moderna encomienda hoy a este sector otras
misiones entre las que destaca la preservación del patrimonio natural y
el mantenimiento de las bases fundamentales de la vida: suelo, aire y
agua.
Silvicultura. Tanto la agricultura como la silvicultura son sectores
productivos que fijan la población activa al medio rural. Será necesario
adoptar medidas tendentes al mantenimiento de las masas forestales y a la
reforestación de tierras no agrícolas o abandonadas en razón de la
reducción de las producciones regionales.
Turismo rural. El turismo rural y el agroturismo pueden proporcionar a
los habitantes del medio rural una fuente importante de ingresos
compatibles o complementarios con los provenientes del desarrollo de la
actividad principal.
Pequeñas y medianas empresas, comercio, industria y artesanía. Una
adecuada política de desarrollo rural deberá contener medidas de
promoción de pequeñas y medianas empresas industriales y artesanales, así
como favorecer los procesos de producción, transformación y
comercialización de los productos regionales.
Cultura. El patrimonio cultural y arqueológico de las regiones y zonas
rurales es rico y diverso. La promoción de una dinámica cultural deberá
poner en marcha medidas de protección y desarrollo de las tradiciones y
de las formas de expresión autóctonas, el reforzamiento de la identidad
cultural regional, así como del patrimonio gastronómico local.
Medio ambiente, naturaleza y paisaje. Cada día cobra mayor importancia
hacer compatible la explotación racional de recursos con la preservación
de los espacios naturales y la biodiversidad, salvaguardando la belleza y
las particularidades del espacio rural. En materia de política
medioambiental convendrá adoptar medidas que aseguren la protección y la
gestión del suelo, del agua y del aire, así como la conservación de la
flora, fauna y sus habitantes.
Telecomunicación. La inserción de las regiones desfavorecidas en las
redes de telecomunicación, posibilitando su acceso a los servicios
avanzados, constituye una condición necesaria para reducir el atraso de
su desarrollo económico, en la medida en que tales servicios contribuyen
a romper el aislamiento, permitiendo a estas regiones participar de las
nuevas tecnologías y fomentar el empleo. Las nuevas tecnologías de la
información y los servicios avanzados de telecomunicación pueden ser un
elemento clave para nivelar las posibilidades entre las áreas urbanas y
rurales y mejorar la calidad de vida de estas últimas. La telemática, a
su vez, encuentra numerosas aplicaciones en el mundo rural, tales como
petición de guías ganaderas, información sobre precios, ayudas y
subvenciones, prensa rural, información sobre legislación, correo o
mensajería electrónicos, escaparate de empresas, etcétera.
Señorías, esta pluralidad de materias, además de otras tales como la
mujer en el medio rural, la asistencia a la tercera edad, el acceso de la
juventud a la formación profesional, la instalación de jóvenes, la
situación de los programas «leader», etcétera, pueden ser objeto de
estudio en el seno de la comisión a crear junto con todos aquellos temas
que propongan los Senadores que formen parte de la misma, sin ningún tipo
de limitaciones.
El artículo 130 del Tratado de Roma compromete a la Unión Europea a
reforzar la cohesión económica y social de sus regiones y, en particular,
a reducir las disparidades regionales. Por ello, los Estados miembros
deberán actuar de forma que las condiciones económicas y sociales de las
zonas rurales sean equiparables entre sí. El objetivo comunitario de la
cohesión implica un desarrollo armonioso del conjunto de los territorios
por lo que los poderes públicos deberán vigilar las tendencias y
posiciones que puedan afectar a la evolución del suelo del medio rural,
adoptando las medidas correctoras necesarias, tanto a nivel nacional como
regional.
En definitiva, señorías, teniendo en cuenta el artículo 130 del Tratado
de Roma y la Recomendación de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de
Europa relativa a la Carta Europea del Espacio Rural, el Grupo
Parlamentario
Popular solicita de esta Cámara la creación de una Comisión especial para
el estudio del medio rural español.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Bernáldez Rodríguez.
¿Turno en contra? (Pausa.) Se abre un turno para los portavoces que
quieran intervenir.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la Senadora De Boneta.
La señora DE BONETA Y PIEDRA: Muchas gracias, señor Presidente.
Tras la detallada exposición del Senador representante del Grupo
Parlamentario Popular que me ha precedido en el uso de la palabra, no
cabe añadir nuevas cuestiones a lo ya expresado. Unicamente quiero hacer
constar la posición favorable y el interés de este Grupo por el estudio
que se plantea en esta Comisión especial. Nos parece importante y,
además, tiene un sentido global que puede ayudar a paliar y corregir los
problemas del mundo rural y al desarrollo de éste.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senadora De Boneta.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la
palabra el Senador Gatzagaetxebarría.
El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Muchas gracias, señor Presidente.
Subo a esta tribuna para fijar la posición del Grupo Parlamentario de
Senadores Nacionalistas Vascos.
Manifestaré, en primer lugar, que a nuestro Grupo Parlamentario le parece
oportuno que se plantee por parte del Grupo Popular la creación de una
Comisión de estudio de los problemas del medio rural para la promoción
integral del mismo.
La prolija y extensa intervención del portavoz del Grupo Parlamentario
Popular, en la que ha efectuado una radiografía rigurosa de la situación
del mundo rural español, nos ha dejado el campo de juego absolutamente
delimitado y sin posibilidad de jugar, porque el señor Bernáldez,
verdaderamente, ha hecho una brillante exposición de los problemas del
mundo rural español.
Nuestro Grupo Parlamentario únicamente querría incidir en algunas
pequeñas cuestiones, como, por ejemplo, el descenso que se ha
experimentado en el mundo rural español durante los últimos 20 años,
especialmente, ese descenso progresivo y espectacular durante los últimos
10 años.
De los 7.000 municipios de menos de 5.000 habitantes que existen en
España, el 86 por ciento de los mismos ha perdido población desde la
década de los setenta. Estos pequeños municipios abarcan el 68 por ciento
del territorio y el 18 por ciento de la población. Además, acaece que en
España hay una distribución territorial de la población muy desigual en
relación a otros países de la Unión Europea. Hay zonas muy pobladas,
superpobladas, con problemas de congestión y medioambientales, en
definitiva, con problemas de gestión y planificación urbana, y otras
áreas donde prácticamente no vive nadie y donde existen umbrales que
rondan los mínimos que permiten el desarrollo demográfico, social y
económico.
Vemos, pues, que hay una distribución demográfica muy dispar y
descompensada. Esa descompensación de la demografía en España está
originando una serie de problemas, por ejemplo, en lo que se refiere a la
planificación de las acciones de ordenación del territorio, o como los
concernientes a la programación de infraestructuras, sobre todo, cuando
se ciñen a su adecuación al medio rural o a la comunicación de éste con
el medio urbano; hay también problemas medioambientales, porque, en la
medida en que se ha producido un descenso de la actividad agraria,
correlativamente y como efecto dominó del mismo, se ha producido un
aumento de los incendios forestales y de la desertización de zonas
importantes y menos pobladas de la geografía española. Por tanto, como
decía el Senador Bernáldez, hay una serie de efectos y consecuencias
--coincidimos en el diagnóstico que ha efectuado-- como son el
envejecimiento de la población, su empobrecimiento, la desertización, la
despoblación de muchos municipios rurales, todo ello ligado, en
definitiva, a la existencia de grandes zonas de la geografía española con
índices demográficos muy por debajo de los umbrales necesarios para el
desarrollo social y económico.
Asimismo, señalaba el portavoz del Grupo Parlamentario Popular la
incidencia que está teniendo en la agricultura el desarrollo y la
globalización de la economía con los acuerdos del GATT, la liberalización
de los mercados, la implantación del mercado único. Como dato
orientativo, señalaré que hace 20 años, en 1976, la agricultura española
suponía el nueve por ciento del producto interior bruto, mientras que en
1995 suponía el tres por ciento. Pero también hay que reconocer que la
productividad de los agricultores españoles se ha incrementado en los
últimos años. Se ha llevado a cabo por parte del anterior Gobierno
socialista y las Comunidades Autónomas una política que ha permitido la
modernización de las estructuras agrarias, lo que ha conllevado que el
sector agrario tenga mayor productividad. No obstante, también esa
liberalización del mercado, esa globalización de la economía está
suponiendo un mundo muy competitivo.
En definitiva, la generalización y, sobre todo, la puesta en marcha de
los acuerdos del GATT están incidiendo en lo que supone la reforma o
adaptación de la política agraria común a sus dictados y está haciendo
que se produzca un descenso del apoyo interno a la agricultura por parte
de la Unión Europea. Es decir, el cambio del sistema de la política
agrícola común, de la intervención sobre los precios a la ayuda directa
al agricultor, la compatibilidad de la reforma de la PAC y la puesta en
vigor de los acuerdos de la Ronda de Uruguay del GATT, ha supuesto que se
ha pasado de un modelo de protección de la agricultura a otro que
entendemos que es beneficioso por cuanto que las ayudas van directamente
al agricultor, pero que también puede originar --y de hecho está
originando-- problemas en productos agrícolas. Así sucede con la carne en
la medida
en que, aparte del apoyo interno, se ha producido también una reducción
de las exportaciones subvencionadas, lo cual supone, aparte de esa ayuda
que los fondos del Feoga otorgaban a los productores de carne de vacuno
que se exportaba a terceros países, que este sector vaya a entrar en el
mercado internacional de la carne sin el nivel de ayuda que tenía para
poder competir con economías menos localizadas, así como con una
situación de «dumping» social distinto al del medio rural español.
Entendemos que el planteamiento que se hace por parte del Grupo Popular
para la creación de esta Comisión especial es muy ambicioso y quizá no
debamos pecar de excesivamente ambiciosos porque al final el trabajo que
vamos a realizar puede no ser muy efectivo. Comunidades Autónomas como la
andaluza, la extremeña, las castellanas, la vasca, la gallega han
realizado esfuerzos impresionantes en la modernización de las estructuras
agrarias, incluso, algunas de ellas tienen planes y proyectos de
desarrollo rural específicos. Por poner un ejemplo, en el País Vasco se
aprobó en el Parlamento en el año 1992 el plan estratégico rural vasco,
que contiene un título específico para el desarrollo rural, y en estos
momentos se está negociando con los interlocutores agrarios vascos el
segundo plan estratégico rural para el período 1996-2000, que dentro de
poco será debatido en el Parlamento vasco. En definitiva, hay una serie
de políticas puestas en marcha por parte de las Comunidades Autónomas. No
olvidemos que muchas de estas cuestiones son competencia de éstas.
Se ha hecho referencia también a cuestiones interdisciplinares, como son
la educación, la vivienda, los servicios sociales. ¿Qué ocurre? Ocurre
muchas veces que las políticas que se llevan a cabo en estos ámbitos de
la vida pública no están adaptadas a la realidad del mundo rural. En
ocasiones, la educación que se imparte a los alumnos no está adaptada a
la realidad donde viven y, a nuestro juicio, requieren una
especialización referida a estas cuestiones. Y lo mismo sucede respecto
de la problemática de la vivienda, del envejecimiento, de la adaptación
de los servicios sociales a ese envejecimiento, en definitiva, cuestiones
respecto de las que reconocemos que en los últimos años se ha hecho un
esfuerzo importante por parte de todas las administraciones públicas
implicadas.
Finalmente, ligaríamos esta cuestión con la revitalización de la economía
en el mundo rural, de manera que a su población se le permita que sus
actuaciones puedan ser compatibles con el ejercicio de la actividad
agraria, pues no olvidemos que el desarrollo del mundo rural tiene como
principio fundamental que exista un crecimiento sostenido en el sector
agrario. Sin un sector agrario con crecimiento sostenido no hay
desarrollo rural. Se podrán compatibilizar determinadas actuaciones
económicas, de turismo, de vivienda, etcétera, pero si no hay un sustento
del medio rural, que es el que sirve de basamento al mantenimiento de la
población, en definitiva, a que haya una actividad económica, no podrá
tener futuro el desarrollo del mundo rural, tan importante no sólo por
las funciones que destacaba el Senador Bernáldez en cuanto a la
aportación de alimentos a la ciudadanía, sino, sobre todo, porque el
agricultor es el que mejor protege el entorno natural.
En definitiva, señor Presidente, nuestro Grupo Parlamentario va a votar
favorablemente la creación de esta Comisión especial, porque creemos que
se puede hacer un trabajo muy interesante, lograr un diagnóstico de
cuestiones que ya están desarrollando tanto las Comunidades Autónomas
como la Secretaría de Desarrollo Rural del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación, así como conocer directamente los diferentes
programas que tiene al respecto la Unión Europea, como el programa
«Leader», que hace referencia al desarrollo de las zonas rurales y las
diferentes calificaciones que existen para la agricultura española según
los diferentes objetivos plasmados en la política agraria común,
objetivos I, II, III, IV, V-A y V-13, en los que se especializan y se
diseñan los fondos del Feoga, Fondo Europeo de Orientación y Garantía
Agrícola.
Nuestro grupo parlamentario ve positiva esta iniciativa parlamentaria.
Creemos que podemos hacer un trabajo interesante, un diagnóstico serio y
riguroso de los problemas del mundo rural que pueda servir para los
operadores administrativos con responsabilidad política, como son las
administraciones de las Comunidades Autónomas y el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación a través de la Secretaría de Desarrollo
Rural, para poder implementar, en base a los parámetros políticos que
podamos establecer en esta Comisión, las acciones a realizar los próximos
años en defensa del medio rural español.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE. Muchas gracias, Senador Gatzagaetxebarría.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
tiene la palabra el Senador Roig.
El señor ROIG I GRAU: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, desde el escaño, en aras a la brevedad, tomo la palabra para
anunciar, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de
Convergència i Unió, nuestro voto favorable a la petición del Grupo
Parlamentario Popular de creación de esta Comisión Especial del medio
rural, que entendemos tiene el mismo carácter y los mismos objetivos que
la creada también por el Parlament de Catalunya el mes de diciembre del
año 1994 y que fue aprobada por unanimidad de todos los Grupos políticos
del Parlament. (El señor Vicepresidente, Aguilar Belda, ocupa la
Presidencia.)
Dicho esto, quiero decir que nos complace que se produzca esta iniciativa
porque entendemos que la problemática del mundo rural en estos momentos
va más allá del análisis de los sectores primarios: de la agricultura, de
la ganadería y de la pesca, e incluso que excede de la óptica que pueda
tener cualquier Ministerio de forma individual. El mundo rural es
bastante más que la población estrictamente agraria, ganadera o forestal,
entendemos que medio rural es todo el conjunto de personas que viven en
un amplio territorio y que con las ciudades configuran el mapa español.
Los ciudadanos necesitan ganarse la vida y tener la posibilidad de
realizarse como personas, sea en el medio rural o en las ciudades, y para
que esto sea posible tienen
que poder acceder a actividades diversas, no solamente a las primarias,
es más, entendemos que habrán de incrementarse las actividades
industriales y la de los sectores de servicios para conseguir un
verdadero equilibrio territorial y que ningún ciudadano quede marginado
de la posibilidad de mejorar la calidad de vida, entendiendo esto en un
sentido muy amplio. Por tanto, ha de ser un planteamiento
interdepartamental que incida además de en los sectores primarios, en
aspectos como las comunicaciones, la formación, la cultura, los servicios
sanitarios, asistenciales, etcétera.
Finalmente, y para terminar, felicitamos la iniciativa presentada por el
Senador Bernández y reiteramos nuestro voto favorable.
Gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador
Rodríguez.
El señor RODRIGUEZ RODRIGUEZ: Gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Senadores, para fijar la posición del Grupo
Parlamentario Socialista acerca de la propuesta de crear esta Comisión
Especial quizá fuera suficiente traer a este Pleno la referencia de la
posición de mi Grupo en el primer debate de esta legislatura en la
Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca el 18 de junio con motivo de
la discusión general sobre la política del Departamento, en el que
fijamos claramente que el desarrollo rural es una cuestión primordial
para nosotros dentro de una decena de prioridades que entonces
establecimos para la actual coyuntura española. Por ello, no podemos sino
valorar positivamente esta propuesta y apoyarla dentro del enfoque y
objetivos que nosotros presumimos que debe perseguir esta Comisión
Especial.
Señor Presidente, ya se ha dicho aquí de otras maneras, el proceso de
configuración de lo que llamamos las sociedades desarrolladas, y éste es
el caso de España, se ha caracterizado por una continuada, rápida, a
veces drástica disminución de la población del campo, por un cambio de
los roles y por un descenso del peso en todos los órdenes, pero sobre
todo en el orden de las decisiones políticas y económicas por parte del
mundo rural.
Se han dado aquí muchas cifras estadísticas, y yo no voy a incidir en
ellas, pero sí quiero citar que el 60 por ciento de la población rural
tiene más de 55 años. Esto que es la tónica general se acentúa en
Comunidades Autónomas como Galicia, Extremadura, Andalucía y las dos
Castillas, y esto lo sabemos muy bien los Senadores que tenemos
representación de algunas de estas provincias.
Paralelamente, la reforma de la Política Agraria Comunitaria y los
acuerdos del GATT obligan a un esfuerzo de competitividad de las
explotaciones agrarias que se hace difícilmente compatible muchas veces
con las dificultades estructurales y naturales de amplias zonas de
nuestro territorio.
También se ha dicho aquí que históricamente la agricultura y la ganadería
han sido las bases económicas de las áreas rurales que se complementaban,
lógicamente, con otras actividades como es el pequeño comercio, la
pequeña tienda, pero lo que demandaba en general el resto de la sociedad
de las áreas rurales era fundamentalmente la producción de materias
primas, de ahí que la realidad en la práctica cotidiana en los conceptos
mundo rural y agricultura son prácticamente equiparables.
Pero las cosas han ido cambiando y las nuevas técnicas de cultivo y de
producción permiten con muchas menos personas producir alimentos para más
ciudadanos, y la competitividad y la dimensión rentable de las
explotaciones pone en cuestión las posibilidades de eficiencia y
viabilidad de muchas de estas explotaciones agrarias, a las cuales la
simple orientación a la productividad agraria obligaría a desaparecer. Al
mismo tiempo, por los cambios sociales que se van produciendo en estas
sociedades desarrolladas en las que vivimos, los ciudadanos de los
ámbitos no rurales, eso que alguien llama, con una palabra que a mí no me
gusta nada, urbanitas, demandan de los que viven del medio rural, además
de los alimentos, otros servicios diferentes de los estrictamente
agrarios y más relacionados con el ocio y una mejor calidad de vida, casi
siempre ligada a la conservación de la naturaleza y a la conservación del
patrimonio cultural y natural.
Por ello, entender el medio rural con un enfoque diferente, entenderlo
como un hábitat y un modo de vida que se desarrolla en espacios no
urbanos permite una variedad de actividades no exclusivamente agrarias y
con amplias posibilidades como está demostrando el Programa Leader que se
está llevando a la práctica en nuestro país y en otros países europeos.
El desarrollo y la reorientación de las actividades del mundo rural es
una tarea que compete a toda la sociedad, no solamente a los cada vez más
minoritarios habitantes del campo, que también y probablemente son el
motor esencial, el sector que hay que tener en cuenta por parte de esta
Comisión que se crea a la hora de establecer sus conclusiones y sus
deliberaciones, sino del conjunto de la sociedad y de todas las
administraciones públicas empezando por la estatal.
Así lo entendió el Gobierno anterior, el Gobierno socialista, que en mayo
de 1995 --no está tan lejos-- presentó un informe sobre el desarrollo del
mundo rural en el que se diagnosticaba la situación, se hacía referencia
a las tres grandes categorías a las que hoy hemos aludido aquí de zonas
rurales de nuestro país en función de sus posibilidades de desarrollo, se
definían unos objetivos generales y se establecía una estrategia de
futuro. Entre la metodología propuesta en ese informe figura desde la
elaboración de programas de desarrollo local, pasando por una política de
ordenación del territorio, hasta una diversificación de la economía rural
y la dotación de equipamientos y servicios públicos.
Por tanto, a nosotros nos parece que este informe sigue siendo totalmente
válido y sus propuestas plenamente vigentes. Pese a ello no nos negamos a
seguir debatiendo y profundizando sobre una materia de tanta
trascendencia y tan importante para el conjunto del país, y sobre todo,
como hemos tenido ocasión de escuchar aquí por las cifras
estadísticas que se han dado, tan importante para una parte considerable
de nuestro territorio y de la población española.
Apoyamos, pues, la propuesta sin reservas, pero no sin cierta
preocupación. La preocupación deriva, en primer lugar, del hecho de la
existencia de este informe, que acabo de citar, elaborado hace tan sólo
un año y cuyo contenido y propuestas fueron ampliamente apoyados, siendo
en general calificado como un muy buen trabajo difícil de superar y al
oír esta mañana aquí de dónde proviene el origen de esta iniciativa se
acrecienta nuestra preocupación porque esa documentación y ese informe
tienen que estar en los despachos del Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca.
En segundo lugar, nuestra preocupación deriva del hecho de que en este
momento están ya presentados los Presupuestos Generales del Estado para
1997 en el Congreso, cuyas cifras son conocidas y muestran las
prioridades y la filosofía económica y social del Gobierno y del Partido
que lo sustenta, y en lo que se refiere al mundo rural precisamente, que
es el objeto del debate de hoy, sufre un recorte considerable, sobre todo
en las políticas de indemnización compensatorias de montaña, en
inversiones colectivas y en aplicación del Plan de Regadíos, sin entrar
en otros capítulos como es el de las políticas estructurales. Es decir,
que se casa mal esta propuesta que hoy debatimos que debiera obedecer a
un interés efectivo por afrontar la situación del medio rural con las
medidas económico-presupuestarias, procedentes del mismo Partido, del
mismo Gobierno, que sí son un reflejo real de voluntad, porque esto es
realmente lo que vale. De ahí nuestra preocupación, y pese a ello nuestro
voto va a ser decididamente positivo pero también condicionado, como es
natural, a tres cuestiones.
Condicionado a que el trabajo de esta Comisión tiene que tener una
duración limitada y relativamente breve en el tiempo; condicionado a que
su fin deberá ser elaborar un paquete de conclusiones que además de
consideraciones globales debe contener medidas concretas, medidas
operativas con repercusión económica y presupuestaria que habrá de tener
en cuenta sobre todo el Gobierno y, en tercer lugar, condicionado a que
se tengan en cuenta las competencias de las Comunidades Autónomas, que en
esta materia son prácticamente la mayoría, y que se tenga en cuenta tanto
a la hora de la participación en la elaboración de las conclusiones, como
en su posible posterior aplicación.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Muchas gracias, Senador
Rodríguez.
Por el Grupo Popular, el Senador Bernáldez tiene la palabra.
El señor BERNALDEZ RODRIGUEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
En este turno quiero agradecer las intervenciones de los señores
portavoces que han intervenido, empezando, en primer lugar, por el Grupo
Mixto.
La Senadora De Boneta hablaba de un estudio global del mundo integral;
evidente. Usted sabe, Senadora, que en el mundo rural no hay una política
específica para desarrollar el mismo; es necesaria una política integral;
es necesaria una política de amplias miras, de amplios horizontes para
contribuir a ese desarrollo. No le quepa duda de que es intención de
nuestro Grupo estudiar el mundo rural español en un sentido lo más amplio
posible, sin limitaciones de ningún tipo.
Al Senador portavoz del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, señor
Gatzagaetxebarría, le doy las gracias por su afirmación de que hemos
hecho una radiografía rigurosa del mundo rural español. Permítame su
señoría que no coincida en eso; quedan muchas cuestiones del mundo rural
español que han de ser objeto de estudio en la Comisión que se va a
constituir hoy.
Su señoría hablaba de la importancia relativa de la agricultura, y
coincido con usted en que evidentemente la agricultura, aun cuando sigue
siendo la columna vertebral del desarrollo rural español, ha disminuido
su importancia en términos de producto interior bruto. A ello ha
contribuido, por una parte, la aplicación de la política agraria
comunitaria, la PAC, y evidentemente contribuirá también la futura
Organización Mundial de Comercio, creada en el seno de los acuerdos del
GATT.
En cuanto a que es un planteamiento ambicioso coincidimos con su señoría.
Evidentemente esto es una Comisión, y lo diré con posterioridad, que no
puede tener una limitación temporal. La limitación temporal que tenga
esta Comisión es la que los miembros de la misma querramos darle. Es una
Comisión muy compleja en sus ambiciones, muy compleja en sus propósitos,
muy difícil en cuanto a las materias que hay que estudiar en la misma y,
por lo tanto, creo que poner una limitación temporal no contribuirá al
desarrollo del mundo rural español.
Senador Roig, habíamos hablado con anterioridad de que efectivamente el
Parlamento Catalán tiene en su seno una Comisión de estudio del mundo
rural. Nuestro Grupo le invita a que las conclusiones de dicho Parlamento
y los trabajos, sin duda, interesantes que esté desarrollando la
Generalitat de Cataluña puedan ser estudiados también en el seno de esta
futura Comisión a constituirse.
Senador Rodríguez, no tenemos inconveniente alguno en que ese estudio que
se elaboró por parte de su Grupo en 1995 sirva de instrumento para el
estudio del mundo rural español en el seno también de esta Comisión. Yo
creo que usted se refiere en parte a unas conclusiones que precisamente
nos transmitía el Ministerio de Agricultura donde se estudia en
profundidad el medio rural, donde se estudian una serie de objetivos, y
esa propuesta suya espero que la traslade a la Comisión.
Señoría, a pesar de que es lícito que manifieste algunas preocupaciones,
permítame que no coincida con usted en que la duración de esta Comisión
debe ser breve. Dice su señoría que debe tener una limitación temporal.
Yo creo que la duración de esta Comisión debemos fijárnosla los
integrantes de la misma, e insisto en que es tan compleja la Comisión que
se va a crear, son tan difíciles los asuntos que hay que estudiar, son
tantas las comparecencias que tienen que producirse en el seno de esta
Comisión que creo que limitar temporalmente la duración de la misma,
podría
ser un error. Comparto con su señoría el que tenemos que ser
exquisitamente respetuosos, y lo seremos, con las competencias de las
Comunidades Autónomas.
Por lo demás y para terminar ya, señor Presidente, quiero agradecer a
todos los Portavoces el contenido de sus intervenciones. Nos agrada que
esta Comisión nazca con el consenso de todas las fuerzas políticas
presentes en la Cámara; invito a todos los señores portavoces de esta
Comisión que se creará en breve a que en el seno de la misma trabajen con
rigor, puesto que precisamente son complejos los estudios que hay que
realizar en esta Comisión; creo que todos los señores Portavoces harán un
trabajo intenso; habrá colaboración entre todos los Grupos y, en
definitiva, entre todos solicitaremos diversas comparecencias.
No ponemos puertas al campo desde el Grupo Popular a las personas que han
de comparecer en la misma. Pueden comparecer representantes de la
Administración local, provincial, autonómica, nacional, etcétera; pueden
comparecer especialistas en la materia, expertos en la universidad,
organizaciones profesionales, organizaciones de consumidores etcétera.
Para acabar quiero decir que hoy creo que es un día importante para el
desarrollo del ruralismo no solamente español, sino también europeo. Hoy
se aprueban aquí las bases para constituir esa Comisión. Mañana comienza
una conferencia europea sobre el desarrollo del mundo rural, «Europa
rural, futuras perspectivas», en Cork, cuyas conclusiones tendremos
también en cuenta.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Muchas gracias, Senador
Bernáldez.
¿Puede entenderse aprobada por asentimiento? (Pausa.) Queda aprobada. (El
señor Vicepresidente, Rigol i Roig, ocupa la Presidencia.)
--PETICION DE UNA COMISION ESPECIAL PARA EL ESTUDIO DE LA REFORMA
CONSTITUCIONAL DEL SENADO. (650/000004.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): El siguiente punto del orden del
día es el de petición de creación de una Comisión Especial para el
estudio de la reforma constitucional del Senado.
En turno de portavoces, el primer firmante del mismo es el Senador don
Pío García-Escudero Márquez. Tiene la palabra su señoría.
El señor GARCIA-ESCUDERO MARQUEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, buenos días a todos.
Se propone la creación de una Comisión Especial para el estudio de la
reforma constitucional del Senado, reflejo del acuerdo adoptado por
unanimidad en esta Cámara en el primer Pleno ordinario que tuvo lugar en
la presente Legislatura, el pasado día 29 de mayo. Como digo, en el mismo
se aprobó por unanimidad la creación de una ponencia que continuara con
los trabajos bastante avanzados ya en la anterior Legislatura,
encaminados a las posibles reformas o modificaciones a introducir en el
Título III de la Constitución, a fin de profundizar y concretar el
carácter de Cámara de representación territorial y adecuar su
funcionamiento al grado de desarrollo del Estado de las Autonomías.
Por tanto, hoy se trata de un punto procedimental y la primera pregunta
que se nos podría sugerir es el porqué de esta Comisión especial,
teniendo en cuenta que en la anterior Legislatura, cuando se constituye
esta ponencia, la solución que se adopta es la creación de una comisión
conjunta entre la Comisión Constitucional y la Comisión General de las
Comunidades Autónomas. (Rumores.) Y la respuesta primera --y así lo
entendimos en la Junta de Portavoces y, por tanto, hay un acuerdo
prácticamente unánime de todos los grupos-- es por una cuestión de
agilidad en el proceso...
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Señoría, espere un momento.
Quisiera llamar la atención de los señores Senadores respecto al hecho de
que estamos tratando un punto del orden del día lo suficientemente
relevante como para que merezca la atención de todas sus señorías. Les
ruego, por favor, que atendamos a este punto de un modo especial por la
importancia que tiene para la Institución de la que formamos parte.
Señoría, puede usted continuar.
El señor GARCIA-ESCUDERO MARQUEZ: Gracias.
Decía que, por una cuestión de agilidad en el procedimiento, en la
anterior legislatura se adopta como solución la creación de una comisión
conjunta entre la Comisión Constitucional y la Comisión General de las
Comunidades Autónomas, lo cual, como ha demostrado la experiencia, ofrece
determinados inconvenientes para el funcionamiento de los grupos, puesto
que, existiendo simultaneidad en determinados miembros en las dos
comisiones, generaba la obligación de establecer en la reunión de esta
Comisión conjunta un proceso de sustituciones que realmente trastocaba el
funcionamiento de los grupos.
En segundo lugar, porque entendemos que es una cuestión lo
suficientemente importante también como para que se adopten todas las
decisiones que sean precisas por el plenario de la Cámara. Se ha
entendido por todos los portavoces que, trayéndolo aquí, se realza y se
mantiene el interés del asunto que estamos tratando, porque, si somos
capaces de sacarla adelante, será la primera gran reforma que se produzca
en la Constitución aprobada en 1978.
Al ser una Comisión con una composición especial, que no responde ni a
los veinticinco miembros que tiene cualquier comisión existente ahora
mismo en la Cámara, ni a los cincuenta miembros que componen la Comisión
General de las Comunidades Autónomas, pretendemos --y así se refleja en
el texto de la propuesta-- que esta Comisión esté constituida por un
total de treinta y cinco miembros, y queremos con ello que todos los
grupos tengan al menos dos representantes en esta Comisión. En la reunión
para la constitución de esta comisión, también pretendemos que
todos los grupos tengan al menos dos representantes en la ponencia que ha
de sacar adelante estos trabajos.
El trabajo que hay que hacer es mucho y muy importante. Me remito a lo
que se trató aquí el pasado día 29 de mayo y a algo en lo que creo que
todos los grupos estamos y debemos estar de acuerdo si realmente queremos
que el trabajo sea eficaz y que su resultado sea el que pretendemos
todos: funciones, composición, plazos de tramitación, primera lectura de
determinadas leyes, las relaciones que queremos que tenga el Senado, en
el futuro, con el Congreso y con las Comunidades Autónomas.
El calado de estas decisiones, de estos estudios, de lo que salga del
trabajo de esta ponencia, exige --y lo decíamos entonces-- un grado de
consenso similar al que tuvo la aprobación de la Constitución en el año
1978.
Pienso que la predisposición de todos los grupos es la misma. El
compromiso y la responsabilidad que adquirimos todos los grupos es la de
llevar adelante este grado de consenso, intentar esta unanimidad entre
todos, por la importancia de estos trabajos.
Pienso que hoy también es momento de empezar a trabajar, que no es el
momento de volver a realizar grandes discursos sobre algo en lo que todos
estamos de acuerdo, sobre algo en lo que todos los miembros de esta
Cámara, todos los Senadores, debemos estar de acuerdo. Es, por tanto, el
deseo de mi Grupo, el deseo que yo creo que es el de todos los grupos de
esta Cámara, que se constituya la ponencia cuanto antes, que empiecen los
trabajos cuanto antes, y que haya la suficiente generosidad por parte de
todos los grupos como para poder sacrificar determinadas aspiraciones,
que son muy legítimas, en beneficio de una solución que debe ser común,
que debe ser adoptada por todos --beneficio, por tanto, de los demás--
para que, al final, podamos llegar tan lejos como se pueda, pero que
siempre consigamos ese final yendo de la mano todos los grupos, yendo
todos juntos de la mano, dentro de esa responsabilidad, como digo, dentro
de ese deseo de saber que, con estos trabajos, nos estamos jugando algo
tan importante como es el futuro de esta Cámara, como es la adaptación de
esta Cámara a algo que en el año 1978, en la Constitución, se preveía que
era un camino que se dejaba abierto y que es, ni más ni menos, que sea el
fiel reflejo de lo que hoy es el Estado de las Autonomías, de lo que va a
seguir siendo en ese proceso que continúa, que es el desarrollo del
Estado de las Autonomías, y que esta Cámara sea de verdad lo que todos
pretendemos: el lugar de encuentro de todas las Comunidades Autónomas.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Ha consumido usted el turno de presentación de petición de la Comisión,
no el turno de portavoces. Este es el que se abre ahora.
Por el Grupo Mixto, tiene la palabra la Senadora De Boneta y Piedra.
La señora DE BONETA Y PIEDRA: Gracias, señor Presidente.
Este Grupo y esta Senadora, en todo momento, han impulsado y han
considerado necesaria la constitución de una ponencia que estudiase el
asunto que se nos plantea y que ha desarrollado el Senador Pío
García-Escudero, que me ha precedido en el uso de la palabra, por lo que,
en nombre de mi Grupo, me queda ya poco por añadir a lo ya expresado por
él. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.) Sin embargo, y en mi
propio nombre, tengo que manifestar alguna cuestión en la que se refleja
el desacuerdo de esta Senadora por el cambio introducido en el último
momento para la constitución de una Comisión especial, digamos que a la
carta y para responder a determinados intereses, puesto que entiendo que
la Comisión Constitucional y la Comisión General de las Comunidades
Autónomas parece que van a tener poco que decir o que hacer, teniendo en
cuenta que, si se trata de una reforma constitucional, se la saca de una
Comisión Constitucional y se la mete en una comisión especial, y si se
trata de una reforma que va a estudiar la Constitución del Estado de las
Autonomías y el desarrollo autonómico, por decirlo de alguna manera
resumida, la Comisión General de las Comunidades Autónomas no tiene nada
que decir.
Por lo tanto, creía necesario expresar mi desacuerdo por ese cambio
introducido a última hora --que, por supuesto, acato democráticamente--,
pero que me parece necesario que, de alguna manera, conste en acta la
posición de esta Senadora, sin perjuicio de manifestar --y lo reitero--
la posición favorable del Grupo Mixto respecto a la creación de la
Comisión, y al objeto del estudio que se plantea.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senadora De Boneta.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la
palabra su señoría.
El señor ZUBIA ATXAERANDIO: Gracias, señor Presidente.
Voy a ser breve dado que el debate de fondo está ya hecho, pues tuvo
lugar al comienzo de la legislatura.
Suscribimos entonces, como grupo parlamentario, junto al resto de los
grupos de esta Cámara, una moción en virtud de la cual se acordaba crear
una ponencia que prosiguiera los trabajos ya iniciados por otra anterior,
que había tenido efectos durante la anterior legislatura, sobre la
posible reforma constitucional del Senado.
En el debate que se suscitó en aquel momento tuvimos ocasión de poner de
manifiesto nuestra posición, nuestros criterios, nuestras preocupaciones,
nuestras dificultades, en relación con la pretendida reforma, y apoyamos
ya, en suma --repito que al comienzo de la legislatura-- la creación de
esa ponencia.
Por razones que yo calificaría de operativas y de oportunidad se ha
entendido ahora como más conveniente que dicha ponencia surja o emane de
una comisión especial, a fin, además, como bien decía el portavoz del
Grupo Parlamentario Popular, de permitir una composición, en cuanto a su
número, distinta de lo establecido con carácter general para las
comisiones.
No tenemos nada que objetar a ello. Estamos de acuerdo con que así sea.
Estamos de acuerdo en que esté constituida por 35 miembros. Estamos de
acuerdo en que nuestro Grupo parlamentario esté representado en esta
Comisión por dos miembros. Estamos, también, de acuerdo en que estén
presentes nuestros dos miembros en la Ponencia que, posteriormente, se
constituirá. Y, por todo ello, hemos suscrito, junto con el resto de los
grupos parlamentarios, esta petición de creación de la Comisión Especial.
De ahí que votaremos, en el momento procesal oportuno, a favor de la
creación de la misma.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Zubía.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
tiene la palabra el Senador Ferrer.
El señor FERRER I ROCA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, hay una propuesta conjunta de todos los grupos para la creación
de esta Comisión Especial para el estudio de la reforma constitucional
del Senado. Por consiguiente, nuestro Grupo, el Grupo de Convergència i
Unió, podría limitarse a votar a favor de la creación de esta Comisión,
como ya hicimos hace unos meses, pero dado que el tema tiene un perfil
muy particular, un relieve muy especial, hemos de hacer unos comentarios
para subrayar la importancia que esta Comisión tiene para todos nosotros,
para el Estado en su conjunto.
No quisiera extenderme pero he de decir, en primer lugar, que ésta es una
nueva ocasión para recordar que el Grupo de Convergència i Unió estuvo
muy presente en los antecedentes de esta Comisión. Debo recordar, aunque
sea telegráficamente, que se aprobó una moción en el año 1987, una moción
que entonces defendió nuestro portavoz, el Senador Trias Fargas, a través
de la cual se puso en marcha la reforma del Reglamento del Senado,
reforma que se culminó en el año 1994. Ya entonces proponíamos, pero no
hubo consenso suficiente, la clara reforma de esta Cámara. Y se optó por
una estación intermedia que fue la reforma de su Reglamento.
¿Qué objetivo tiene esta reforma que nos proponemos nuevamente hoy como
continuación de la Ponencia que existió el año pasado? El objetivo de
adaptar el Senado a la previsión constitucional. La Constitución afirma
que ésta es una Cámara de Representación Territorial y, hasta ahora, no
lo es. Por consiguiente, el objetivo es adaptar el Senado a la previsión
constitucional.
¿Qué es necesario desde nuestro punto de vista? Recordémoslo una vez más.
Es necesario realismo. El Estado español comprende nacionalidades y
regiones, realidades distintas. Estos días, precisamente, asistimos a una
cierta confusión sobre lo que es una nacionalidad, pero sus señorías ya
saben que éste no es un invento de hace dos días, sino que son realidades
históricas que están ahí durante siglos. Pues bien, en este Senado tienen
que estar representadas esas nacionalidades y las regiones. Por
consiguiente, es necesario realismo para ver lo que tenemos delante. Es
necesaria también la creatividad.
El Estado de las Autonomías ha avanzado hasta un punto en el que ya no
podemos referirnos ni a los años treinta ni a principios de este siglo,
ni podemos referirnos tampoco a lo que sería el antecedente más lejano,
de unos siglos atrás, cuando el Estado español estaba organizado en una
confederación. Son antecedentes importantes, son puntos de referencia
históricos, pero necesariamente hay que hacer un esfuerzo de creatividad.
Después del desarrollo del Estado de las Autonomías, tal y como se está
produciendo, hay que ver qué nuevo paso tiene que dar ese Estado de las
Autonomías, concretamente, en el Senado. Por consiguiente, una segunda
condición para todos nosotros es la creatividad. Y una tercera condición,
ni que decir tiene, es la voluntad política.
Esta reforma puede ir desarrollándose muy lentamente, puede, incluso,
quedar en una situación de ambigüedad si no hay el suficiente impulso
político. Yo creo que a estas alturas del Estado de las Autonomías todos
estamos convencidos de que éste es el camino, como hemos dicho muchas
veces, de reencuentro del Estado español con su realidad. Y es por esta
realidad plurinacional, plurilingüe y pluricultural por lo que se plantea
un Senado porque, señorías, todos ustedes saben que cuando los países no
tienen esta característica compuesta, el Senado es una institución
absolutamente innecesaria. Les recuerdo a sus señorías el debate que
continuamente hay en Francia, Estado absolutamente centralizado y
uniformista, sobre el papel que allí tiene el Senado. No tiene ninguno en
un Estado centralizado y uniformista. Es radicalmente distinto en el
Estado español. El Estado español reconoce en su Constitución que hay
nacionalidades y regiones, diversas lenguas y culturas y que todos
tenemos el derecho a la autonomía política. En este contexto sí que tiene
una función absolutamente imprescindible e importante un Senado. Por
consiguiente, es necesario, como tercera condición, el impulso político.
Yo no quiero insistir más sobre la conveniencia de que esta Comisión, y
la Ponencia que se formará en su seno, desarrolle sus trabajos porque
creo que existe una gran coincidencia en todos los grupos, pero nos ha
parecido importante recordar las tres condiciones que nos exigirá este
trabajo político: el realismo, la creatividad y el impulso político.
Esta Comisión, y la Ponencia que se constituirá, tuvo un antecedente el
año pasado. El año pasado, en la anterior Legislatura, esta Ponencia
desarrolló una serie de comparecencias muy interesantes. Hemos analizado
el trabajo y ya tenemos todos los antecedentes, toda la información que
nos han podido proporcionar, por un lado, los ponentes constitucionales y
los presidentes de las nacionalidades y regiones y, por otro, los
expertos en estas cuestiones. Ahora estamos ya en un segundo momento en
el que se nos exige, simple y llanamente, a todos nosotros, a los
políticos, a la gente con voluntad política, con vocación política,
ejercer estas tres condiciones: el realismo, la creatividad y el impulso.
Esto es lo que Convergència i Unió desea para todos y también para
nosotros. Por esta razón somos unos
de los proponentes de esta Comisión y deseamos la mejor suerte a nuestros
trabajos.
Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, señorías.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Ferrer i Roca.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador
Laborda.
El señor LABORDA MARTIN: Gracias.
Señor Presidente, señorías, inicio mi intervención con las últimas
palabras del portavoz del Grupo de Convergència i Unió, del Senador
Ferrer, retrotrayéndome a la reflexión que esta Cámara hizo en una
Ponencia, en la pasada Legislatura, para estudiar precisamente este
asunto sobre el que en esta Legislatura queremos --espero que así sea--
dar un paso definitivo.
En realidad, en aquella Ponencia buscamos, quienes tuvimos el honor de
formar parte de ella, un acuerdo amplio que hiciera factible la reforma
constitucional de esta Cámara porque sin un amplio acuerdo, sin un
consenso, esta tarea será completamente imposible. Para eso, adoptamos
algunos procedimientos de trabajo que tal vez sea necesario actualizar en
estas circunstancias. Adquirimos el compromiso de aislarlos de la
coyuntura política para que las posiciones discrepantes que siguen
existiendo sobre cómo debe ser el Senado del futuro no se trasladaran a
un debate público en el que primaran las diferencias y las
contradicciones entre nosotros, sino que éstas intentaran solventarse
mediante aproximaciones en la propia Ponencia.
En nombre de los miembros de mi Grupo pertenecientes a esta Comisión
quisiera decir que nosotros ofrecemos una reanudación de ése método de
trabajo para conseguir el consenso que haga posible la operación política
tal vez más importante de este último tramo de siglo. Pero este consenso
debe ser congruente con el procedimiento con que aprobamos la
Constitución y con el que la hemos reformado en una ocasión. Además, este
consenso debe ser aún más ambicioso que el que dio como resultado el
texto constitucional cuyo XVIII aniversario vamos a celebrar dentro de
pocos días.
Después de la intervención del Senador Zubía, me dirijo directamente a
nuestros colegas y amigos del Partido Nacionalista Vasco. Al menos, la
aspiración de mi Grupo es que ellos participen intensamente en la
búsqueda de ese consenso, ya que creo que sería extraordinariamente
importante para España, para el Estado de las Autonomías y para la
afirmación del Gobierno vasco que las afirmaciones para defender los
derechos de la Comunidad Autónoma Vasca, invocando la Constitución,
tuvieran también un sentido de dirección contraria que en ocasiones
lamentamos no encontrar entre nuestros colegas del Partido Nacionalista
Vasco. Pero no digo esto como un reproche, sino como una constatación
empírica que yo respeto, su abstención en el texto constitucional. Yo
espero que, efectivamente, con una Cámara reformada que fuera
garantizadora del autogobierno, de los hechos diferenciales, podamos
lograr ese voto favorable de los nacionalistas vascos, y a eso me estoy
refiriendo cuando hablo de la ambición de hacer la operación política más
importante de lo que queda de siglo.
Pero también he de decir que no estamos en un momento constituyente, es
decir, que lo que forma parte de lo constituido ahí está y ha de ser
respetado; ése ha de ser el punto de partida para hacer la reforma de la
Cámara a la que todos aspiramos. No queremos inventar un Senado sino,
simplemente, adaptarlo a una realidad, aunque --como han dicho el Senador
Ferrer y otros intervinientes-- en el año 1978, en el Título VIII de la
Constitución, el Estado de las Autonomías estaba a disposición de la
voluntad política y no podía ser previsto en su actual realidad y
configuración.
Eso quiere decir que la reforma constitucional que podamos afrontar ha de
ser congruente con los hechos constituidos, ha de ser congruente con el
texto constitucional; es decir, no debe alterar el Título VIII de la
Constitución aunque, probablemente, tengamos necesidad de redactar
algunos de sus preceptos para poder adaptar el Senado a esta nueva
realidad. Pero, desde luego, ello no debe alterar el equilibrio de
poderes en que se ha fundado la estabilidad de nuestro Estado; no debe
alterar, por tanto, el equilibrio entre Cámaras y la función
parlamentaria que tiene el Senado.
Yo creo que un Senado adaptado a esta realidad, tal y como es la voluntad
que todos expresamos, es muy difícil de conseguir ya que tocar el Senado
es tocar indirectamente el Estado. Pero tenemos que ser conscientes de
que debemos hacerlo. De lo contrario, dado el grado de expectativas que
esta reforma ha generado, será difícilmente sustentable la explicación
que podamos dar por nuestra parte de que, a pesar de tanta expectativa,
podamos volver a fracasar.
Congruencia, por tanto, con la Constitución; congruencia con una Cámara
que ha de ser representativa de la realidad del Estado de las Autonomías.
Esta Cámara ha de ser representante de los intereses generales comunes
del conjunto de las Comunidades Autónomas y, por tanto, para que sea
posible la reforma, no podemos transgredir o traspasar determinados
límites. Forma parte de lo constituido, y así consta en el Título VIII,
que las relaciones entre las Comunidades Autónomas y el Estado, a
diferencia de lo que sucede en los Estados federales --y el nuestro no lo
es--, se articulan a través de las Cámaras federales. No. En nuestro
caso, las relaciones entre las Comunidades Autónomas y el Estado se
articulan entre Gobiernos. Esa relación bilateral no podemos alterarla
aunque avancemos hacia la búsqueda de una mayor amplitud de relaciones
multilaterales que, efectivamente, produzcan la realidad de una Cámara
que represente esa parte de los intereses generales comunes que hasta
ahora no somos capaces de articular a pesar de la reforma del Reglamento
que efectuamos en la pasada legislatura.
Congruente con la Constitución quiere decir también que debemos respetar
el papel que la Constitución otorga a nuestro sistema de Cortes Generales
y, en mi opinión, debemos respetar asimismo el papel que la Constitución
otorga al Congreso de los Diputados. Pero creo que simplemente
modificando dos artículos de la Constitución,
el 90 y el 74, es decir, ampliando los plazos en que el Senado debe
dictaminar las leyes --puesto que la Cámara debería seguir siendo una
Cámara legislativa--, y fortaleciendo nuestra posición en relación con el
Congreso a través, quizá, de la generalización de lo previsto en el
artículo 74.2 de la misma --es decir, solventar las diferencias entre los
textos legales aprobados en una y otra Cámara a través de una Comisión
Mixta--, sólo con ese hecho se fortalecería extraordinariamente la
posición de una Cámara territorial.
En mi opinión, como pudimos subrayar ayer en el debate sobre la
financiación autonómica, debemos rescatar para la Cámara territorial
algunas de las funciones --sin anularlas para el órgano que hoy las
tiene, me refiero al Consejo de Política Fiscal y Financiera-- cuyo
sentido, efectivamente, es que las tenga una Cámara parlamentaria. Y no
me refiero a las funciones de coordinación que la Ley Orgánica otorga al
Consejo respecto de la financiación autonómica; me refiero a las
funciones consultivas, de estudio y deliberativas que tiene el Consejo de
Política Fiscal y Financiera, a partir de las cuales estamos configurando
--con déficit democrático en mi opinión-- los modelos de financiación.
Tiene todo el sentido que esas funciones estén en una Cámara
parlamentaria para que ésta disponga, por tanto, de una información
neutral y completa sobre la realidad financiera del Estado de las
Autonomías para que, en igualdad de condiciones, todos los grupos
políticos, y lógicamente las Comunidades Autónomas, que deberían seguir
estando representadas en el Senado seguramente conservando la fórmula que
hoy tenemos en el Reglamento, puedan tener un acceso igual, equilibrado y
transparente a la información económica y financiera y a otro tipo de
información estadística para que, efectivamente, ese debate se haga en
igualdad de condiciones y en búsqueda de la máxima transparencia y de la
máxima garantía para todos.
Señor Presidente, en cuanto a la composición --no quisiera extenderme
demasiado en ello--, parece que todos estamos de acuerdo en algo, lo que
ya es un punto de partida. Estamos de acuerdo en que la elección de los
Senadores habrá de hacerse simultáneamente a la elección para los
parlamentos de las Comunidades Autónomas. ¿Cómo hacer esa elección? ¿Qué
número de Senadores deberá salir de ahí? ¿A través de qué procedimientos
debería hacerse? Pero no quiero extenderme en ello, repito. Seguramente
tendremos que hacer un gran esfuerzo para que, sea cual sea el
procedimiento de elección que acabemos estableciendo --que en mi opinión
debería estar constitucionalizado aunque hubiera un margen dispositivo
para los Parlamentos de las Comunidades Autónomas--, debería garantizarse
que la voluntad política de las Comunidades Autónomas se expresara en
este Senado de tal manera que la misma, representando los intereses
generales de las Comunidades Autónomas, pudiera proporcionar a esta
Cámara la singularidad de poder participar en el proceso estatal de
conformación de la voluntad legislativa, que es lo que la realidad actual
nos está demostrando.
Las Comunidades Autónomas tienen voluntad de participar en los procesos
estatales; tienen voluntad de participar en la conformación de las leyes,
en la formación de mayorías, en la elección de órganos constitucionales.
Eso que es una realidad, eso que ahora, con dificultades, se articula a
través de las relaciones entre partidos políticos, creo que deberíamos
institucionalizarlo, porque puede darse la circunstancia de que, en la
evolución política, nuestro sistema de partidos no tenga la misma solidez
o consistencia que hoy en día tiene. Creo que debemos buscar un escenario
en el que se institucionalicen unas relaciones que ya existen, en el que
se institucionalice una aspiración de las Comunidades Autónomas que ya
existen en España --lo que es característico de los Estados federales--,
Comunidades que no encuentran un cauce para poderse articular.
Con esto, señorías, creo dar a entender --no necesito convencer a ninguna
de sus señorías a este respecto-- que ésta no es una operación para
justificar nuestra existencia, la existencia del Senado. Esta es una
operación para intentar dar congruencia al Estado de las Autonomías, para
proporcionar un desarrollo que no podíamos prever en 1978 pero que hoy se
ha convertido en una necesidad. Esta es una operación para dar también
serenidad al debate quizá más importante que hoy en día pueda celebrarse,
y es que también fue el Título VIII lo más importante de la Constitución
de 1978.
Contando con su benevolencia, señor Presidente, voy a detenerme
brevísimamente en algo que me parece significativo. Es evidente que para
hacer un Senado que tenga una dimensión multilateral, para seguir
integrando la realidad compleja de nuestro sistema de partidos entre
partidos políticos de ámbito estatal y partidos políticos nacionalistas,
debemos encontrar alguna solución al problema que consumió muchas horas
en la Ponencia que estudió la reforma durante la pasada legislatura. Me
refiero a los hechos diferenciales. Estos forman parte de lo constituido;
por tanto, podemos buscar un mecanismo o fórmula para que, en tanto
forman parte de los intereses generales comunes, y cuando efectivamente
así sea, el Senado --que no tiene la vocación constitucional de
desarrollarlos, porque eso incumbe a los Parlamentos o a los Gobiernos de
las Comunidades Autónomas-- pueda proteger los hechos diferenciales.
Pero me van a permitir que haga una reflexión que no quiere ser polémica,
sino constructiva. He dicho, y lo creo firmemente, que no estamos en un
momento constituyente. Pero cuando en determinados Estatutos de Autonomía
--y, con el permiso del Vicepresidente, señor Rigol, quizá pueda
referirme a una conversación que él y yo hemos mantenido hace unas
horas-- se incorporan nuevas definiciones que no se incorporaron en el
momento estatuyente, estamos alterando el sistema y, por tanto, también
estamos alterando las posibilidades de encontrar una solución
constructiva a esta cuestión, de la cual va a depender el consenso
político y la ambición que antes señalaba de incorporar a los
nacionalistas vascos, catalanes y canarios a este consenso. Porque aguar
mediante una generalización la definición de nacionalidad también
dificultará extraordinariamente esta operación de incorporar como
elemento protector los hechos diferenciales en la reforma de esta Cámara.
Estoy dispuesto a retirar esta reflexión --lo digo con toda sinceridad,
señorías-- en el momento en que me convenzan. Pero creo que de la misma
manera que hay cosas que forman parte de lo constituido y que decidimos
en 1978 al aprobar la Constitución, o se decidió en las Cortes Generales,
o en los territorios en las nacionalidades con referéndum, eso no puede
alterarse, en mi opinión, aunque esté a disposición de las Cortes
Generales, porque rompe una serie de equilibrios implícitos no escritos
que dificultan mucho la operación política a la que ahora estamos
dedicando nuestro interés. Lo digo sinceramente; reflexionemos sobre esta
cuestión, porque está conectada directamente con esta reforma
constitucional.
De mis lecturas de liberal adocenado --como decía un amigo de mi Grupo--
recuerdo a un autor que señalaba que había que ir por la vida con cierto
optimismo de la voluntad, pero no dejar nunca de lado un cierto pesimismo
de la inteligencia. La verdad es que ésta es una operación complicada, y
creo que en la Ponencia de la pasada legislatura --de la que espero que
pronto se publiquen las comparecencias-- el Senado y los grupos
parlamentarios llegamos tan lejos como solos podíamos llegar. Creo que el
camino que vamos a emprender, en el que vamos a poner toda nuestra
voluntad, tiene muchas dificultades, porque ésta ya no es una operación
que dependa de la voluntad de los grupos parlamentarios del Senado, sino
de la confianza que generemos como Cámara ante las Comunidades Autónomas.
Y sin ningún ánimo polémico, he de decir que el aplazamiento del debate
sobre el Estado de las Autonomías y la mortecina existencia de la
Comisión General de las Comunidades Autónomas hasta ahora no coadyuvan a
generar el entusiasmo e interés por una Cámara territorial por parte de
los que están llamados efectivamente a dar el impulso definitivo, que son
los Gobiernos territoriales.
En fin, a la vista de esta larga hilera de asientos vacíos en el banco
azul --que podríamos sustituir por un coqueto tresillo--, la verdad es
que hubiera hecho falta aquí una presencia del Gobierno y un cierto
compromiso de éste con esta reforma. Echo en falta esto, y espero que se
pueda corregir. Esta no es una cuestión que podamos abordar los Senadores
solos; ésta es una cuestión que, desde luego, la mayoría tiene ahora la
responsabilidad de impulsar y conducir. Pero necesitamos que la mayoría
conecte con sus Presidentes autonómicos, les lleve a comprometerse con
esta reforma --nosotros haremos lo propio con aquellos que pertenecen a
nuestro Grupo político--, y el Gobierno tiene mucha responsabilidad; de
él depende en gran medida el éxito de esta reforma.
Termino, señor Presidente, dando las gracias y pidiendo perdón a la
Cámara por la extensión de mi intervención, y señalando, como decía
antes, que con el optimismo de la voluntad y, desde luego, intentando
buscar ese acuerdo amplio que haga posible la reforma --porque creemos en
ella, no como Senadores, sino como ciudadanos y representantes
políticos--, espero que mis últimas palabras, de cierto pesimismo de la
inteligencia, se puedan desmentir con los hechos. Pero con los hechos,
señores miembros de la mayoría.
Muchas gracias. (Aplausos desde los escaños del Grupo Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Laborda.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el Senador García-Escudero.
El señor GARCIA-ESCUDERO MARQUEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Brevemente, quiero reflejar algo que ya han hecho todos los portavoces y,
en última instancia, el del Grupo Socialista. Nos espera un trabajo muy
difícil, un trabajo muy complejo. Nos espera un trabajo, como ya he dicho
en mi primera intervención, en el que asumimos la gran responsabilidad de
jugarnos la posibilidad o no de cambiar el Senado, de buscar el Senado
del futuro, mucho más acorde con el Estado de las Autonomías que tenemos,
que está aceptado y es asumido por la mayoría de los españoles.
Como decíamos, y creo que en ello hemos coincidido todos los portavoces,
esto exige un grado de consenso elevadísimo. También exige un
comportamiento y un compromiso de lealtad. Y en esta intervención ofrezco
el compromiso y la lealtad de mi Grupo para trabajar con todo nuestro
esfuerzo y dedicación, con la mejor de nuestras voluntades, para
conseguir el Senado que queremos, que queremos todos los Grupos.
Dejar en la puerta discrepancias políticas puntuales sobre lo que es el
día a día, el desarrollo político, es algo en lo que estoy absolutamente
de acuerdo, que es absolutamente necesario por parte de todos. También es
absolutamente necesario imbuirse en el trabajo que tenemos que hacer,
olvidarse momentáneamente de otros problemas, de otras discrepancias, y
sacrificar --como he dicho antes-- determinadas aspiraciones que pueda
tener un determinado grupo político en beneficio del bien común de toda
la Cámara, o en beneficio de lo que opine una mayoría de los grupos.
Desde aquí ofrezco el compromiso de mi Grupo al respecto.
Tenemos que mentalizarnos de que el Senado que ahora tenemos no es el
ideal, no responde exactamente al Estado de las Autonomías que
afortunadamente disfrutamos. Pero mentalicémonos también de que el Senado
que tenemos es el único posible hoy si no mantenemos ese grado de
consenso hasta el final, si no hay un acuerdo por parte de todos los
grupos para llegar a un resultado final, si no hay --como decía el
Senador Laborda, portavoz del Grupo Socialista-- una imagen de todos de
credibilidad hacia el exterior que dé confianza en el trabajo que estamos
haciendo.
Como representante del Grupo Popular --por tanto, del Partido que está
gobernando--, tengo que decir que, tanto en el discurso de investidura
del Presidente Aznar, en el que hizo una referencia expresa a la voluntad
y al deseo de la reforma del Senado, como en las distintas ocasiones en
que ha manifestado aquí el Ministro de Administraciones Públicas, Mariano
Rajoy --sin ir más lejos, en la tarde de ayer--, la disposición del
Gobierno, y específicamente de su Ministerio para abordar la reforma del
Senado, como el propio momento que estamos viviendo, desde que comenzaron
las labores de Gobierno hace seis meses en lo que compete al desarrollo
del Estado de las Autonomías, la reforma de Estatutos y la financiación
autonómica, por muy polémica que sea, son un deseo de avanzar en el papel
de las Comunidades Autónomas en este Estado de las Autonomías, al igual
que la propuesta de pacto autonómico, tan necesario para seguir adelante
en el desarrollo del Estado de las Autonomías. Yo no dudaría de la
voluntad del Gobierno. Pero el tiempo demostrará que el Gobierno va a
apoyar esta reforma del Senado, de la misma manera que desde el primer
día, desde el primer momento, el Presidente Aznar lo manifestó en su
discurso de investidura. Vamos a trabajar. Antepongamos por encima de
cualquier otra cosa la buena voluntad de todos los grupos; mantengamos
por encima de cualquier otra cosa el consenso de todos los grupos y,
dentro de esa dualidad agridulce que manifestaba el portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista, que es fiel reflejo de las dificultades que nos
esperan, de lo complicado del proceso a seguir, mantengamos ese
optimismo, como responsables, como miembros de esta Cámara, por sacar lo
mejor para el futuro de esta Cámara.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos desde los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador García-Escudero. Entiendo,
por las intervenciones de los portavoces de todos los grupos, que podemos
aprobar la constitución de esta Comisión Especial por asentimiento.
(Pausa.) Por asentimiento de la Cámara, queda aprobada.
Los grupos parlamentarios han propuesto a los siguientes Senadores para
formar parte de dicha Comisión: Por el Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, don Pedro Agramunt Font de Mora, don Tomás Pedro Burgos Beteta,
don Joaquín Espert Pérez-Caballero, don José María Fuster Muniesa, don
Pedro Tomás Galván de Urzaiz, don Pío García-Escudero Márquez, don
Gregorio Garzarán García, don Esteban González Pons, don Luis María Huete
Morillo, don José Iribas Sánchez de Boado, don Juan Moya Sanabria, don
Alfredo Prada Presa, doña María Cruz Rodríguez Saldaña, don Jesús Vicente
Sánchez Cuadrado, don Manuel María Uriarte Zulueta, don Francisco Utrera
Mora, don Juan Luis de la Vallina Velarde y doña María Rosa Vindel López.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, don Juan José Laborda Martín, don
Lluis Armet i Coma, don Joan Lerma Blasco, don José Antonio Marín Rite,
don Santiago Pérez García, don Fernando Ignacio González Laxe, doña María
Antonia Martínez García, don José María Rodríguez de la Borbolla Camoyán,
don Manuel Angel Aguilar Belda, don Mario Onaindía Nachiondo y don Jaime
Lissavetzky Díez. Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de
Convergència i Unió, don Joaquín Ferrer i Roca y don Joan Rigol i Roig.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, don Joseba
Zubía Atxaerandio y don Pello Caballero Lasquibar. Y por el Grupo
Parlamentario Mixto, don José Nieto Cicuéndez y don Victoriano Ríos
Pérez.
¿Acuerda el Pleno ratificar la relación de Senadores que integrarán esta
Comisión? (Pausa.) En vista de este asentimiento, la Comisión Especial
para el Estudio de la Reforma Constitucional del Senado quedará integrada
por los Senadores citados. Asimismo, y de conformidad con lo acordado por
la Mesa y Junta de Portavoces, esta Comisión estará presidida por el
Presidente del Senado.
Anuncio a sus señorías que esta Comisión se constituirá formalmente al
finalizar la sesión plenaria, en la Sala de Cuadros, y no teman, que no
llevará más allá de cinco minutos.
--DICTAMEN DE LA COMISION DE INCOMPATIBILIDADES EN RELACION CON VARIOS
SENADORES. (542/000016.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto séptimo del orden del día: Dictamen
de la Comisión de Incompatibilidades en relación con los Excelentísimos
señores don Cándido Armas Rodríguez, don Juan Blancas Llamas, don Jesús
María Castro Asensio, don José Antonio Gallego López, don Agustín García
Millán, don José Manuel Gómez Angulo Giner, don Manuel Goya Burgués, don
Jordi Maragall y Noble, don José María Pascual Fernández-Layos y doña
Ildefonsa Salgado Santos.
La Comisión de Incompatibilidades ha emitido dictamen sobre la situación
de los citados señores Senadores, con arreglo a la legislación vigente.
Toda vez que la Comisión no propone incompatibilidad alguna en relación
con los señores Senadores cuya situación ha examinado, ha emitido, de
conformidad con el artículo 16 del Reglamento del Senado, el
correspondiente dictamen.
Siguiendo los precedentes parlamentarios, ruego al Presidente de la
Comisión que me comunique si algún miembro de la misma ha sido designado
para defender este dictamen ante el Pleno.
El Senador Moya tiene la palabra.
El señor MOYA SANABRIA: Señor Presidente, señorías, como Presidente de la
Comisión de Incompatibilidades, debo presentar ante este Pleno el segundo
y último dictamen de lista aprobado respecto de la situación de los
señores Senadores en él incluidos, en ninguno de los cuales encuentra la
Comisión causa alguna de incompatibilidad. El dictamen ha sido publicado
en el Boletín de la Cámara, serie I, número 70, de 18 de octubre de 1996.
El dictamen es el resultado del más atento y riguroso examen de la
situación de los señores Senadores. Como es norma en la Comisión, se ha
solicitado toda la información y documentación que era precisa. Con la
aprobación de este dictamen, la Comisión ha concluido el examen inicial
de incompatibilidades que prescribe el Reglamento de la Cámara.
Como saben sus señorías, esto no significa que la Comisión termine sus
funciones, ya que debe pronunciarse acerca de todas las modificaciones en
su situación que comuniquen los miembros de la Cámara, en cumplimiento de
la obligación que la normativa de incompatibilidades les impone.
Igualmente, debe pronunciarse acerca de la declaración que ha de
cumplirse por los Senadores que causen baja en la Cámara. Por último, la
Comisión debe continuar
ejerciendo su función de examen y concesión, en su caso, de las
solicitudes de autorización para el ejercicio de actividades privadas.
Tras este pequeño recordatorio que me he permitido dirigir a sus
señorías, concluyo solicitando, en nombre de la Comisión, la aprobación
del presente dictamen de la lista.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Moya.
¿Desea intervenir algún portavoz? (Pausa.) Ninguno.
Al no existir ningún voto particular ni proponerse ninguna
incompatibilidad, se puede solicitar, y solicito, a la Cámara la
aprobación del dictamen por asentimiento. (Pausa.) Queda aprobado el
dictamen emitido por la Comisión de Incompatibilidades en los términos en
que aparece publicado en el «Boletín de las Cortes Generales del Senado»,
serie I, número 70.
--DICTAMEN DE LA COMISION GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS SOBRE EL
CONVENIO DE COLABORACION EN MATERIA DE EXTINCION DE INCENDIOS FORESTALES
ENTRE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA-LA MANCHA, LA COMUNIDAD DE MADRID
Y LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON. (592/000004.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto octavo del orden del día: Dictamen
de la Comisión General de las Comunidades Autónomas sobre el Convenio de
Colaboración en materia de extinción de incendios forestales entre la
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, la Comunidad de Madrid y la
Comunidad Autónoma de Castilla y León. Este Convenio de Colaboración fue
publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales» de fecha 11 de
septiembre del presente año, sin que se hayan presentado propuestas en
relación con el mismo.
La Comisión General de las Comunidades Autónomas ha emitido dictamen en
relación con dicho acuerdo con fecha 17 de octubre del presente año. De
conformidad con lo previsto en el artículo 138.1 del Reglamento del
Senado, procede la presentación del dictamen por el representante que, en
su caso, haya designado la Comisión.
El Senador Huete tiene la palabra.
El señor HUETE MORILLO: Señor Presidente, señorías, es para mí un honor
intervenir en este Pleno, en mi doble condición de miembro de la Comisión
General de las Comunidades Autónomas y Senador por la Comunidad Autónoma
de Madrid, para presentar el dictamen de la citada Comisión sobre el
Convenio de Colaboración en materia de extinción de incendios forestales
entre las Comunidades Autónomas de Castilla-La Mancha, Castilla y León y
Madrid. (El señor Vicepresidente, Rigol i Roig, ocupa la Presidencia.)
Mis primeras palabras son de felicitación a los Presidentes, señores
Bono, Lucas y Ruiz-Gallardón, por el acuerdo alcanzado. En palabras del
Presidente de Castilla-La Mancha, señor Bono, el fuego no tiene color
político, y este Convenio lo hace realidad. Es bueno resaltar hoy y aquí,
en esta Cámara con clara vocación territorial, como se ha visto en el
orden del día de estos Plenos, que los firmantes del protocolo no son
todos del mismo partido. Han prevalecido las razones de buena vecindad
sobre los fáciles enfrentamientos dialécticos y oportunistas; ha habido
sosiego en el debate y no se ha echado leña al fuego.
El Convenio firmado es eminentemente técnico y --como ya hemos dicho--
ha habido consenso y unanimidad en temas tan variados como la
participación en los gastos, las maniobras técnicas de preparación, la
central de comunicaciones, la unidad de mando y la Comisión de
seguimiento.
Las tres Comunidades ganan y ninguna ha perdido. Todo es posible en
materia de cooperación mutua y en temas tan opinables como el que hemos
tratado, cuando hay siempre voluntad y generosidad.
Finalmente, señorías, quiero mostrar nuestro agradecimiento a los
servicios de la Cámara y a los Senadores de todos los grupos políticos
por la rápida tramitación de este Convenio.
Como ha dicho el señor Presidente, el día 11 de septiembre se publicó el
proyecto; el día 27 de septiembre, el Protocolo sin ninguna enmienda; el
día 16 de octubre se debatió en Comisión; el día 22 se publicó el
dictamen de la Comisión y hoy, día 6 de noviembre, tenemos el honor de
presentarlo al Pleno.
Sólo me resta, en nombre de la Comisión, pedir el voto favorable para el
presente dictamen.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Huete.
¿Turno a favor? (Pausa.)
¿Turno en contra? (Pausa.)
Pasamos al turno de portavoces.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la
palabra el Senador Zubía.
El señor ZUBIA ATXAERANDIO: Muchas gracias, señor Presidente.
Intervengo a los solos efectos de hacer constar que, por las razones ya
indicadas y con motivo del debate de este dictamen en la Comisión General
de Comunidades Autónomas --que no voy a reproducir en este momento--,
nuestro Grupo Parlamentario votará a favor del dictamen sobre el Convenio
que, en materia de incendios forestales, han suscrito las Comunidades
Autónomas de Castilla y León, Castilla-La Mancha, y la Comunidad de
Madrid.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Zubía.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
tiene la palabra el Senador Cardona.
El señor CARDONA I VILA: Muchas gracias, señor Presidente.
Quiero expresar nuestro voto favorable a este Protocolo y Convenio de
colaboración en materia de extinción de incendios, en este caso entre
estas tres Comunidades Autónomas de Castilla-La Mancha, Madrid y Castilla
y León, en primer lugar, por entender que coincide con nuestro concepto y
con el espíritu que nosotros tenemos del Estado de las Autonomías, es
decir, con la expresión, en materia de incendios en este caso, de la
soberana voluntad de estas Comunidades Autónomas.
Por otra parte, nosotros también nos preguntaríamos hasta qué punto, no
tanto como miembros de esta Cámara de representación territorial, sino
como miembros de un Grupo --en este caso de nacionalistas catalanes--,
podemos interponernos en la decisión de esas Comunidades Autónomas.
Expresado esto, simplemente quiero reiterar --como he dicho
anteriormente-- nuestro voto favorable a este Procolo y Convenio de
colaboración.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Cardona.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Novo
Muñoz.
El señor NOVO MUÑOZ: Muchas gracias, señor Presidente.
A efectos de fijar la posición del Grupo Parlamentario Socialista,
naturalmente a favor de la ratificación del Convenio, permítame que
intervenga brevemente.
Quiero iniciarla con unas palabras, quizá con algún lamento o reproche
que, sin duda, compartirán todas sus señorías, porque asuntos como el que
nos ocupa no sean más habituales en esta Cámara, porque son fruto del
buen sentido y del buen criterio y cierto principio de solidaridad entre
tres Administraciones, en este caso no afines políticamente.
A mí me parece que este Convenio está presidido por el criterio de
eficacia y eficiencia que se sustenta en la puesta en común de recursos
para resolver problemas a todos los ciudadanos.
Señorías, damos nuestra felicitación a las tres Comunidades firmantes y
compartimos todos la satisfacción de que ello se haya podido producir.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Novo
Muñoz.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Huidobro
Díez.
El señor HUIDOBRO DIEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Popular para
anunciar nuestro voto afirmativo al dictamen elevado por la Comisión
General de Comunidades Autónomas.
Respecto a esta materia, quiero hacer unas breves reflexiones que van al
hilo de los debates habidos en esta Cámara ayer y esta mañana en materia
de Comunidades Autónomas.
La Constitución prevé el Senado como una Cámara de representación
territorial y si en algún momento se ha considerado al Senado como tal,
creo que ha sido en esta sesión --ayer y hoy--. Vamos a proceder ahora a
una votación que refleja que en el año 1995 el Senado realmente inició un
camino nuevo en esta Cámara de representación territorial, porque este
Convenio se ha calificado como un acuerdo de cooperación de los previstos
en el artículo 145.2 de la Constitución, según el cual, las posibilidades
de convenios entre las Comunidades Autónomas son dos: los previstos en
los Estatutos de Autonomía, que regulan los supuestos, condiciones y
efectos que van a cumplir, y cualquier otro acuerdo de cooperación sobre
la gestión y prestación de servicios propios de las Comunidades Autónomas
--nos encontramos en este segundo caso--, remitiéndose a las Cortes
Generales para su autorización, no porque haya un acuerdo de las
Comunidades Autónomas para prestar o gestionar esos servicios porque son
más eficaces y se pueden prestar de forma más eficiente, sino porque la
Constitución exige que haya una autorización de las Cortes Generales.
Es importante que se inicie en esta Cámara la autorización de ese
Convenio porque supone que se está dando una preferencia al Senado sobre
el Congreso de los Diputados en la tramitación de estos expedientes. ¿Por
qué esta Cámara manda la autorización al Congreso de los Diputados? Creo
que por dos razones fundamentales: en el artículo 145 se prohíbe que las
Comunidades Autónomas se federen, se incita o se fomenta a que haya
acuerdos de cooperación o convenios para gestión de servicios que se han
de prestar mejor entre Comunidades Autónomas, normalmente limítrofes,
pero que pueden ser también de otras características. Lo que se está
pidiendo en esta autorización es que examinemos si estos acuerdos o
convenios afectan a la autonomía que la Constitución reconoce y garantiza
a las Comunidades Autónomas y a los principios que inspiran el Título
VIII de la Constitución. El Grupo Parlamentario Popular cree que eso no
ocurre, por lo que cree que debe prestarse esa autorización, esa
colaboración.
Para concluir diré: ¿Por qué? Porque el Grupo Parlamentario Popular se
congratula de que las Comunidades Autónomas de distinto signo hayan
llegado a un acuerdo para firmar un convenio en una materia tan
importante, como es la de extinción de incendios, que afecta tanto a todo
el territorio nacional. Muestra su satisfacción porque este acuerdo se
haya obtenido con respeto a los principios constitucionales y
estatutarios que afectan a esta materia. Y llama la atención sobre la
importancia que tienen los trabajos que ahora se tramitan para la
consideración del Senado como Cámara de representación territorial,
aunque en este caso concreto las Comunidades Autónomas que han preparado
este acuerdo lo han hecho con tal respeto a la Constitución y a los
Estatutos de Autonomía que han hecho facilísimo el trabajo de la Comisión
General de las Comunidades Autónomas y de este Pleno.
Por tanto, señorías, el Grupo Parlamentario Popular cree que es
importante la intervención del Senado en la autorización
de este Convenio, de este acuerdo, y entiende que no existe ninguna
agresión a los principios referidos en nuestra intervención, por lo que
nuestro voto es favorable.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Huidobro
Díez.
Esta Presidencia entiende que la votación puede someterse al asentimiento
de todos los grupos. (Pausa.)
Así es y así consta y por ese acto el Senado autoriza la conclusión del
Convenio de Colaboración en materia de extinción de incendios forestales
entre las Comunidades Autónomas de Castilla-La Mancha, de Castilla y León
y Madrid.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 138.3 del Reglamento del
Senado, se dará traslado de este acuerdo al Congreso de los Diputados.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACION:
--DE DOÑA INMACULADA DE BONETA Y PIEDRA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO,
POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A QUE ASUMA EL COMPROMISO DE ACATAR Y
CUMPLIR EL FALLO QUE EL TRIBUNAL SUPREMO DICTE EN RELACION CON LA PUESTA
A DISPOSICION DEL PODER JUDICIAL DE LOS DOCUMENTOS PERTINENTES
RELACIONADOS CON EL LLAMADO CASO DE LOS GRUPOS ANTITERRORISTAS DE
LIBERACION (GAL), PRESTANDO A LA JUSTICIA LA COLABORACION NECESARIA PARA
EL BUEN FIN DE SU INVESTIGACION. (671/000010.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Pasamos al noveno punto del orden
del día, que es el de mociones consecuencia de interpelación.
La primera es la formulada por la Senadora doña Inmaculada de Boneta y
Piedra, del Grupo Parlamentario Mixto, por la que se insta al Gobierno a
que asuma el compromiso de acatar y cumplir el fallo que el Tribunal
Supremo dicte en relación con la puesta a disposición del Poder Judicial
de los documentos pertinentes relacionados con el llamado caso de los
Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), prestando a la justicia la
colaboración necesaria para el buen fin de su intervención.
Tiene la palabra la señora De Boneta y Piedra.
La señora DE BONETA Y PIEDRA: Muchas gracias, señor Presidente. (El señor
Vicepresidente, Aguilar Belda, ocupa la Presidencia.)
Señorías, hace quince días planteaba una interpelación al Gobierno en
relación con su posición ante la petición del Parlamento vasco de
colaboración con los jueces y tribunales que instruyen los sumarios del
caso GAL. Esta colaboración habría de sustanciarse con la entrega de los
documentos del Cesid atinentes al caso que el Gobierno acordó no
desclasificar en el Consejo de Ministros del pasado 2 de agosto.
El señor Ministro de Defensa, y con él todos los intervinientes que
defendían entonces la decisión adoptada por el Gobierno, el Partido
Popular, Partido Socialista, Convergència i Unió, manifestaban su respeto
a los acuerdos del Parlamento vasco de todos los parlamentos. Sin
embargo, defendían la legalidad de tal decisión y en consecuencia la no
desclasificación de tales documentos.
El señor Serra, tras un canto al imperio de la ley, al principio de
separación de poderes y la sumisión de los poderes del Estado a la
Justicia, reiteraba las razones de Gobierno para mantener su decisión del
2 de agosto: Los documentos afectan a la seguridad del Estado, amén de
otras consideraciones. Las investigaciones judiciales pueden seguir su
curso. La prueba de tal aseveración, decía, está en los procesamientos
que ya se han producido.
Dos días más tarde, el 24 de octubre, si no me equivoco, el Teniente
Gómez Nieto veía levantado su procesamiento por la Audiencia Nacional.
Los documentos presuntamente probatorios o que aportaban indicios de
criminalidad para su procesamiento permanecían en una pieza secreta del
sumario del caso Lasa-Zabala, instruido por el Juez Gómez de Liaño. Estos
documentos, supuestamente del Cesid, pertenecen a los incautados al
Coronel Perote. Los originales, se supone si existen, se encuentran entre
los no desclasificados.
Es cierto que en algunos casos existen otras pruebas inculpatorias,
además de los documentos citados, y por eso se han producido los
procesamientos. Pero, y creo yo que estamos ante la pregunta del millón,
¿cuántos otros, que presuntamente debieran haberlo sido --me refiero a
procesamientos--, pueden quedar cubiertos por ese velo de impunidad al
que también los jueces se han referido?
El Ministro Serra afirmaba en esta tribuna que la decisión del Gobierno
ha sido recurrida ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo, lo cual
todos conocemos, y que una vez conocida --son palabras textuales-- la
decisión del Tribunal Supremo, el Gobierno decidirá en consecuencia,
haciéndose eco de las palabras del Presidente del Gobierno, señor Aznar.
También decía textualmente: Esperemos que el Tribunal Supremo adopte la
resolución y, en virtud de esa resolución, el Gobierno considerará lo
procedente.
Señorías, «decidir en consecuencia», «considerar lo procedente», estas
palabras, tanto desde el punto de vista jurídico como político o
simplemente en el lenguaje vulgar, no aseguran el acatamiento de la
sentencia en sus propios términos. Son las palabras que se utilizan
comúnmente para eludir un pronunciamiento claro, para reservarse la
posibilidad de estudiar distintas alternativas, para volver, en su caso,
a plantear la doctrina de los actos políticos, destruida de raíz por el
propio Tribunal al admitir a trámite el recurso
contencioso-administrativo, en definitiva para poder utilizar una
abstracción mental que evite el compromiso claro o la falta reconocida a
la palabra dada, para volver a esgrimir la discutible razón de Estado --y
digo discutible-- o seguridad del citado Estado cuando se contrapone a
los derechos fundamentales tutelados por la Constitución, derechos como
el de la defensa o el de facilitar
o no impedir las pruebas o ignorar el tantas veces citado, el inequívoco
artículo 118 de la propia Constitución. Muchos constitucionalistas,
jueces y los propios tribunales, tanto el Constitucional como el Supremo,
han sentando doctrina en este aspecto.
Yo hubiera deseado que el Ministro de una vez por todas, y dejando de
lado las inoportunas y desafortunadas referencias pasadas al artículo 105
de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 1956,
preconstitucional, insisto, y contraria en el espíritu y en la letra a la
Constitución, hubiera contestado como se responde cuando no hay reservas
mentales. Si el Tribunal Supremo falla en el sentido de considerar
contrario a derecho la no desclasificación de determinados documentos, el
Gobierno acatará y cumplirá la sentencia. Así de fácil.
Tan fácil como lo hacía el portavoz popular en el Congreso, señor De
Grandes, en manifestaciones recogidas el 28 de octubre por los medios de
comunicación. Si el Tribunal Supremo, decía el señor De Grandes, a través
de la Sala Tercera atendiera un recurso contra el Consejo de Ministros,
se acataría la sentencia. Claro que estas manifestaciones las hacía el
citado portavoz popular a la vez que calificaba de esquizofrénica la
postura del señor González en los papeles del Cesid. También el Grupo
Parlamentario Popular en el Senado y el resto de los grupos que apoyaban
la actuación del Gobierno manifestaban de una forma u otra su acatamiento
a las decisiones del Supremo. Pero en todo caso, el compromiso, una
actitud inequívoca de sometimiento escrito a tales decisiones no se
produjo el pasado día 22.
En una sociedad democrática todos los poderes, también la Justicia,
pueden criticarse. Poco o nada me ha gustado la última decisión del
Tribunal Supremo en relación al caso que nos ocupa. Me parece que
confirma --a mí al menos me lo confirma-- la sospecha de que los
ciudadanos no somos iguales ante la ley. Sin embargo, la acato. Defiendo
el principio de la independencia del Poder Judicial y también la
inexcusabilidad de sometimiento de todos a sus sentencias firmes.
Por eso traigo aquí una moción absolutamente respetuosa, tanto en
relación con el Poder Judicial como con el Poder Ejecutivo. Sólo pido la
sumisión a la Justicia que proclamaba el señor Serra. Sólo pido que
desaparezca toda sospecha de ambigüedad y que exista un pronunciamiento
claro en esta institución, instando al Gobierno a que asuma el compromiso
de acatar y cumplir el fallo que el Tribunal Supremo dicte en relación
con la puesta a disposición del Poder Judicial de los documentos
pertinentes relacionados con el llamado genéricamente caso GAL, prestando
la Justicia la colaboración necesaria para el buen fin de su
investigación.
Creo, señor Presidente, señorías, que los ciudadanos lo necesitan. Este
asunto es una bola de nieve que crece y que, lejos de colocarnos mirando
al futuro, como se nos indica desde el Gobierno, desde el propio Partido
Popular, nos tiene anclados en un pasado triste y tenebroso que seguirá
presente en tanto en cuanto no se produzca el total esclarecimiento de la
trama GAL y los delitos, que los hubo y terribles, y sus responsables no
sean totalmente identificados y juzgados.
Una posición clara del Senado contribuirá a tranquilizar a los ciudadanos
y ciudadanas y les hará recobrar la esperanza de que la lucha contra la
corrupción, el terrorismo de todo signo --como lo manifestaba el señor
Serra, por cierto--, la transparencia en la acción de Gobierno no son
argumentos válidos únicamente para la oposición parlamentaria o para las
campañas electorales. Nunca una moción con un contenido tan obvio puede
ser más necesaria, nunca un dicho popular tan conocido como el de que lo
que abunda no daña puede ser más pertinente.
Gracias, señorías, espero que así estimen la moción y que la aprueben,
como no podía ser menos.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias Senadora De Boneta.
¿Turno en contra? (Pausa.)
No hay turno en contra.
Turno de portavoces.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el Senador Nieto.
El señor NIETO CICUENDEZ: Voy a ser breve. Apoyamos esta moción, porque
creemos, y lo digo de manera reiterativa, que lo que abunda no daña. Es
verdad que puede parecer una cuestión baladí que se plantee que el
Gobierno acate en todos sus términos las decisiones de los tribunales. Lo
mismo puede parecer que en estos momentos el Gobierno y todos los demás
acatamos las resoluciones que se produjeron ayer en el Tribunal Supremo.
Ha habido contradicciones en el seno del Gobierno. Si el Tribunal
decidiera entregar los papeles del CESID a los jueces para facilitar la
acción de la justicia, podría haber contradicciones, podría haber
recursos, etcétera. En definitiva, es una interpretación sobre cuál es el
interés del Estado como si sólo el Ejecutivo fuese el que tuviese que
interpretar las razones de Estado, cuando se supone también que los
tribunales --en este caso el Constitucional-- y la Judicatura forman
parte del Estado. Por lo tanto, quede meridianamente claro que la
Judicatura debe ser lo suficientemente responsable para, si decide poner
a disposición de los jueces algunos papeles que se han demandado por
parte de los mismos, no pueda traducirse que los jueces en ese caso no
interpreten la razón de Estado.
Repito, la razón de Estado debe ser interpretada por los tres poderes que
nos dota la Constitución y, puesto que los temas están en manos de la
Justicia, debemos ser todos también respetuosos con esa parte del Poder
Judicial --que, en definitiva, es un poder del Estado--, tome las
decisiones que tome.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias Senador Nieto.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la
palabra el Senador Caballero Lasquíbar.
El señor CABALLERO LASQUIBAR: Gracias, señor Presidente.
Señorías, vamos a votar afirmativamente la presente moción en coherencia
con la postura que hemos venido manteniendo, tal y como habíamos tenido
ocasión de reflejar en la sesión anterior.
Ciertamente, de una no muy profunda lectura del texto de la moción
cualquiera puede llegar a una muy sencilla conclusión, que no es otra que
la obviedad de lo que se demanda: se pide acatar y cumplir el fallo que
el Tribunal Supremo dicte. Realmente, instar a la adopción de una postura
contraria no tendría calificativo.
Frente a esta misma obviedad, la de la petición que se realiza, nos
enfrentamos a otra, que es la que resultará de nuestro propio
posicionamiento que, indefectiblemente, quedará reflejada en un
determinado resultado en el panel de votaciones. Podrá argüirse que el
trámite de explicación de voto sirve también como fiel reflejo de
nuestras intenciones. Esto es cierto. Pero no es menos cierto, según
nuestro criterio, la lógica congruencia que debe existir entre estos dos
trámites parlamentarios, el de fijación de posiciones y el de su
resultado mediante el voto, no vaya a ser que se dé el absurdo de que,
mediante este acto final, el del voto, lleguemos a negar lo evidente, por
muy obvia que sea la petición o tema objeto de esta discusión.
De ahí nuestras razones para votar afirmativamente la moción que ha
presentado la señora De Boneta.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Caballero.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
tiene la palabra el Senador Carrera.
El señor CARRERA I COMES: Señor Presidente, señorías, la Senadora De
Boneta hace referencia en su moción a dos cuestiones. La primera, que la
respuesta dada por el Ministro de Defensa en la interpelación sobre los
criterios y posición política que el Gobierno mantiene ante el acuerdo
adoptado por el Parlamento Vasco en orden a los documentos del CESID
--dice-- fue sólo un cúmulo de manifestaciones genéricas, de respeto al
principio de legalidad. Y continúa indicando la propia Senadora que el
Ministro no concretó lo que, sin duda, es la cuestión de fondo, es decir,
el compromiso del Gobierno de responder favorablemente a la decisión
final del Tribunal Supremo, sea cual sea ésta.
Entiendo, pues, que son estos dos puntos los que motivan --repito, según
mi entender-- el que la Senadora proponente presente esta moción que
debatimos, que dice textualmente: El Senado insta al Gobierno a que asuma
el compromiso de acatar y cumplir el fallo que el Tribunal Supremo dicte
en relación con la puesta a disposición del Poder Judicial de los
documentos pertinentes relacionados con el llamado genéricamente caso
GAL, prestando a la Justicia la colaboración necesaria para el buen fin
de su investigación.
Permítanme, señorías, remontarme a cuál fue la posición del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió en la
interpelación de referencia. Voy a remontarme en nuestra posición a dos
razonamientos entre los muchos que dije en mi intervención, que creo son
de principio, por lo menos para nuestro Grupo Parlamentario. Decía: No
estamos de acuerdo en que desclasificar como secretos los documentos
equivalga a colaborar con la Justicia y que la no desclasificación
equivalga a la no colaboración, incluso a una confrontación política con
el mismo Poder Judicial.
Pues bien, este razonamiento me sirve en este trámite para decir: sea
cual sea la decisión y votación de cada Grupo Parlamentario, no es válido
encasillarlos en buenos o malos, colaboradores o no de la Justicia. Y
decía más: La no desclasificación ni ha socavado los cimientos del Estado
ni ha puesto en entredicho el funcionamiento del sistema democrático. Y
remarco hoy, en este trámite, lo mismo. Sea cual sea la votación final,
en definitiva, no estamos socavando nada, ni ponemos nada en entredicho.
¿Cuál es la posición del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de
Convergència i Unió ante esta moción que estamos ahora debatiendo? He
aquí algunas consideraciones que sí me gustaría dejar al criterio de sus
señorías. Una inicial: ¿sería bueno la no proliferación de iniciativas
sobre este tema y esperar a que el Tribunal Supremo adopte la resolución
correspondiente? Y algunas otras como que, en virtud de esta resolución,
el Gobierno deberá considerar lo procedente; que debería dejarse en manos
de la Justicia sin invadir su campo de actuación y exigirle sólo la
máxima celeridad; que hay que esperar a que los organismos
jurisdiccionales resuelvan y, después, que el Gobierno asuma la
responsabilidad de sus actos.
Más consideraciones. Una vez que el Supremo se pronuncie, el Gobierno
tendrá que obrar en consecuencia. Y éste, el Gobierno, deberá ser
respetuoso con la decisión que adopte el Supremo sobre la
desclasificación de los papeles del CESID. Y, sin duda, los poderes
públicos están obligados a prestar la colaboración que se requiera y que
el principio al respeto de la ley abarca, sin duda también, a cualquier
Gobierno.
En definitiva, ésta es nuestra posición. Por un lado, esperar a que el
Tribunal Supremo adopte la correspondiente resolución. Después, ¿qué es
lo que va a pasar? Que el Gobierno asuma sus responsabilidades, que obre
en consecuencia, que sea respetuoso con la decisión adoptada y que cumpla
con sus obligaciones.
A nuestro Grupo, todo ello nos permite llegar a otra conclusión, y es
decir que éste es un buen marco de actuación --un poco la referencia a
que he hecho mención--, que entendemos que es el bueno y, más que bueno,
es el necesario.
Por lo tanto, señora De Boneta, no vamos a apoyar el texto de la moción
que nos plantean. Yo le diría que incluso nos parece grave --permítame
que se lo diga-- que tengamos que instar al Gobierno a que asuma el
compromiso de acatar y cumplir el fallo del Tribunal Supremo. Lo que
tiene que hacer este Gobierno, o cualquier otro, es cumplir con su
obligación, sea cual sea, y siempre sin necesidad de que tengamos que
instarle a que lo haga. ¡Faltaría más! Si acaso, si no lo hace, es cuando
deberemos todos, absolutamente todos, exigirle no sólo explicaciones,
sino las responsabilidades correspondientes.
Por tanto, no vamos a votar favorablemente la moción. Y termino, si me
permiten, con otra observación; no depende de una posición clara del
Senado que se vaya a esclarecer, como decía usted, este tema; lo va a
hacer, si acaso, el Tribunal Supremo y deberá hacerlo el Gobierno, en su
caso, después del dictamen del Tribunal.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Carrera.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador Rojo.
El señor ROJO GARCIA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, subo a la tribuna a fijar la posición del Grupo Parlamentario
Socialista en un tema que, evidentemente, es muy importante y como tal
trataré de dejar la postura muy clara. Señorías, comenzaré por señalar
que la no desclasificación de los documentos del CESID es un acto
político y de Gobierno y, como tal, sujeto al control parlamentario que,
por cierto, ya se ha realizado en la Comisión de Defensa del Congreso de
los Diputados el 18 de septiembre. No compartimos ni la crítica política
de esta decisión, por las razones que luego expondré, ni que el
Parlamento vasco entre en una función de control del Gobierno de España y
de su Ministro de Defensa, porque esa Cámara no puede convertirse en un
mero eco de debates que ya han tenido lugar en el Congreso de los
Diputados.
Señorías, los socialistas no nos prestaremos en modo alguno a que el
Parlamento se convierta en juez de jueces, nos gusten o nos disgusten sus
decisiones. La decisión del Gobierno de España de no desclasificar los
documentos del CESID es un acto político y de Gobierno y, como tal
cuestión, bien diferente a la de una decisión judicial que carece, a
nuestro juicio, de base. Se dice que afecta a la esencia misma del Estado
de Derecho y nosotros sostenemos que, muy al contrario, es una decisión
tomada con arreglo al Estado de Derecho y conforme a la ley y a la
Constitución. La decisión de no desclasificar los documentos del CESID la
han tomado dos Gobiernos diferentes, el de Felipe González, el 12 de
enero de 1996, y el de José María Aznar, el 2 de agosto de 1996, y la han
adoptado de acuerdo con la Ley y la Constitución, y en modo alguno de
forma arbitraria.
Recordarán sus señorías que cuando se produjo la primera petición
judicial sobre estos documentos, se suscitó la discusión acerca de si el
Gobierno tenía o no obligación legal de responder afirmativamente al
requerimiento judicial. Pues bien, el Tribunal de Conflictos de
Jurisdicción resolvió en sentencia, del 14 de diciembre de 1995, que la
competencia para ordenar o no la desclasificación de estos documentos,
por su condición de secretos que puedan afectar a la seguridad del
Estado, correspondía exclusivamente al Ministro de Defensa. Se ha
pronunciado, además, el Consejo de Estado, que ha establecido dos
conclusiones importantes: primera, que corresponde al Gobierno y a nadie
más valorar los intereses en juego y principalmente el valor de la
seguridad del Estado cuya interpretación exclusiva le corresponde y,
segunda, que la utilización de estos documentos con finalidad probatoria
en un proceso puede llevar a su general divulgación por exigencias del
principio de contradicción. Es decir, que no es compatible la condición
de secretos con la pretensión de utilizarlos como prueba. La consecuencia
es evidente; corresponde en exclusiva al Gobierno valorar la afectación
de la seguridad nacional de una decisión que elimine la condición de
secretos de los documentos del CESID. El Gobierno tiene la obligación de
velar por los intereses de la seguridad nacional.
Frente a esa potestad y obligación del Gobierno no hay un derecho
absoluto del sistema judicial a la investigación criminal al cual deban
de subordinarse el resto de los poderes del Estado. La potestad judicial
para investigar los delitos no es omnímoda, está sujeta a límites que
constituyen, además, garantías para los afectados por el proceso. Por
ejemplo, las pruebas incriminatorias deben obtenerse con arreglo a la ley
y no pueden utilizarse las que proceden de un registro ilegal o de
intervenciones de las comunicaciones no autorizadas. Del mismo modo, el
instructor está limitado a la hora de aportar elementos probatorios por
la obligación de respetar el derecho al secreto profesional de médicos,
notarios, abogados, periodistas, o la misma Iglesia, que pudieran tener
conocimiento de hechos por razones de su ejercicio profesional y están
vinculados por el deber de guardar reserva o secreto sobre lo que
supieren. Pues bien, del mismo modo ocurre con los llamados documentos
del CESID, que son secretos por su vinculación con la seguridad del
Estado y esto opera con límite a la investigación judicial. Y este
sistema, señorías, es Estado de Derecho y ejercicio democrático en su
estado más puro y así hay que decirlo con toda rotundidad.
La afectación o no de la desclasificación de los documentos del CESID a
la seguridad del Estado es una competencia exclusiva del Gobierno, que
debe valorar las circunstancias y tomar una decisión al respecto de
naturaleza eminentemente política. El Gobierno ha explicado estas razones
políticas, a nuestro juicio, de modo convincente; en primer término, la
seguridad del Estado requiere prevenir sus posibles amenazas internas y
externas organizando unos servicios de inteligencia cuyo trabajo es, por
su propia naturaleza, reservado y secreto. Ocurre en todos los países
democráticos; en España, esos servicios son el CESID. En segundo lugar,
el sentido común nos indica que las informaciones de los servicios de
inteligencia del CESID, que en nuestro caso son secretas, no deben ser
reveladas ni divulgadas. En tercer lugar, divulgar o revelar esas
informaciones, como la decisión de desclasificación, supondría poner en
riesgo la seguridad nacional porque la información no es independiente de
los agentes que la obtienen, muchas veces con riesgo personal, y
supondría ponerles al descubierto. La seguridad requiere que se proteja
su trabajo. Pondría así en riesgo la propia eficacia de los servicios del
CESID y dañaría la credibilidad externa frente a otros Gobiernos y
servicios extranjeros con los que se mantienen flujos necesarios de
información. En cuarto lugar, y muy importante, los documentos del CESID
han sido obtenidos ilícitamente porque fueron robados. Unos se han
devuelto y
otros no. Han estado fuera del CESID el tiempo suficiente para haber sido
alterados, han podido ser, incluso, hasta inventados. No se puede dar
carta de naturaleza a una desclasificación de hecho que cualquier agente
pueda realizar sin más que robar los documentos. Su utilización como
prueba en estas condiciones es, cuando menos, problemática. Se podrán
compartir o no estas valoraciones; nosotros, señorías, las respetamos,
nos parecen fundadas y de peso, desde luego, no son arbitrarias y mucho
menos aún un atentado al Estado de Derecho.
Termino, señorías, recordando que el asunto GAL es un tema del pasado.
Desde hace más de diez años no hay nadie, repito, nadie, que pertenezca o
esté relacionado con ese grupo, que esté operando en eso que se llama
«guerra sucia contra ETA». Si hay necesidad de continuar hablando de
pacificación es porque continúa el terrorismo de ETA, no porque en el
pasado hubo un GAL. ¿Se imagina alguien, señorías, en el supuesto de que
ETA desaparezca, diez años después de haber cesado su terrorismo
--ojalá-- que cabría un debate político tan intenso como éste por la
investigación inconclusa de parte de sus crímenes, nada menos que en
nombre de la pacificación? Todos concluiríamos, en ese supuesto --y estoy
seguro de que su Grupo, señora De Boneta, sería el primero--, en que la
política ya no tendría nada que decir y quien tendría que ocuparse del
tema sería la justicia.
Es por ello, señorías, que los socialistas no queremos ni jueces metidos
a críticos del Gobierno desde su tribuna judicial, ni Gobiernos o
Parlamentos que pretendan suplir a los jueces desde la tribuna
parlamentaria, ni tampoco estrategias políticas que manipulen o
instrumenten la justicia para desgastar al Gobierno de turno o buscar la
eliminación del adversario político.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Le ruego que vaya concluyendo,
Senador Rojo.
El señor ROJO GARCIA: Concluyo, señor Presidente.
Basta ya de complicidades explícitas o implícitas entre financieros
delincuentes, espías infieles y no menos delincuentes, prensa escandalosa
y amarilla, jueces metidos a políticos y políticos que aprovechan todo
ello para arrimar el ascua a su sardina y descalificar por sistema a sus
adversarios políticos. Si alguna amenaza existe para la fortaleza del
Estado democrático y de Derecho, si de algún modo se contamina la
posición de los demócratas frente al terrorismo es justamente por ese
cruzado juego espúrio de intereses, no porque el Gobierno haga lo que
debe de hacer, que es velar por los intereses de la seguridad nacional.
Son estas razones, señorías, las que hacen que vayamos a votar en contra
de la propuesta de EA, porque no compartimos las tesis de que se hayan de
desclasificar los papeles del CESID.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Rojo.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador González
Pons.
El señor GONZALEZ PONS: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, por la gravedad y la seriedad del tema que afrontamos,
resistiré la tentación de hacer de esta intervención un ejercicio
intelectual sobre qué actitud debe tomar una Cámara parlamentaria ante lo
obvio. Porque lo que aquí se ha dicho es que, en tanto en cuanto la
propuesta que se presenta es una propuesta obvia, debemos tenerla por
inocua y, por lo tanto, aplicarla un principio popular que dice que lo
que abunda no daña. Pues, lo que abunda no daña probablemente es cierto,
pero se relaciona mal con las indigestiones, tanto alimenticias, como
políticas. Y hay otro principio popular que se le contrapone con
suficiente fuerza, en mi opinión, y es aquel que dice que cada cosa tiene
que estar en su sitio y que cada cosa debe producirse en su justa medida.
Señor Presidente, señorías, la interpelación de la que trae causa esta
moción sirvió para que el Gobierno, por boca de su Ministro de Defensa y
hace dos semanas ante esta Cámara, fijara su postura respecto de algunos
extremos tan elementales como evidentes, a saber: primero, el Ejecutivo
del Partido Popular no ha adoptado ninguna decisión para lo que no
estuviera legalmente facultado, ni ha sobrepasado ningún límite legal en
cualquiera de sus actuaciones jurídicas o políticas; segundo, el
Ejecutivo del Partido Popular no tiene la más remota intención de hacer
semejante cosa en el futuro; y, tercero, es injusto, en términos
políticos, que se pretenda descalificar moralmente a nadie por aplicar
una Ley que pertenece al ordenamiento constitucional.
Dicho esto y a partir de ahí, es posible que se discrepe de la
oportunidad, de la coherencia o del acierto de cualquier decisión
gubernamental; a partir de ahí, es posible que no sean compartidas las
razones alegadas por el Ejecutivo; y, por lo tanto, a partir de ahí, es
posible, incluso, que desde alguna instancia se quiera animar al Gobierno
a rectificar políticamente. Ahora bien, lo que no parece razonable ni
justificado es que, por una obstinación que no termina de explicarse,
vuelva a dudarse del sometimiento al Derecho de las disposiciones que
adopta el Consejo de Ministros de España, tal y como si el Ministro de
Defensa no hubiera comparecido nunca ante sus señorías, tal y como si no
se hubieran escuchado sus razones y argumentos, o, peor aún, tal y como
si resultaran insignificantes sus razones y sus argumentos.
Sería comprensible desde una óptica distinta a la que sostiene el Grupo
Popular que se instase al Gobierno a modificar su decisión respecto de la
calificación jurídica de determinados documentos si se considera que el
Ejecutivo ha equivocado el tino al respecto. Pero resulta improcedente
que se quiera instar a cumplir la Ley a un Gobierno que no sólo la ha
cumplido siempre, sino que, además, no hace más que catorce días vino
aquí a proclamar, como se le exigía, su sometimiento a todos los
principios del Estado de Derecho. Puede dudarse legítimamente de que el
Gobierno haya acertado o no con su decisión. Sin embargo, es indudable
que la ha adoptado con toda la legitimidad que le otorga nuestro
ordenamiento jurídico.
En definitiva, señorías, parece que el propósito político de esta moción
es bien distinto del que proclama su texto, salvo que exista una
interpretación que haga congruentes todos sus términos, tanto políticos
como los gramaticales. En primer lugar, el escrito con que se interpone
la moción empieza recordando que la Senadora De Boneta interpeló al
Gobierno respecto de su posición política relativa a un acuerdo del
Parlamento vasco. Pues bien, no sólo es que un párrafo, sólo un párrafo
más abajo la propia Senadora De Boneta reconozca que el Gobierno le
expresó ante esta Cámara su máximo respeto a los acuerdos de los
Parlamentos de las Comunidades Autónomas --con lo que se habría dado
satisfacción a su primitiva pretensión--, sino que, además, la instancia
final de la moción, que el Gobierno se comprometa a cumplir una
resolución del Tribunal Supremo --que, digámoslo, aún no se ha
producido--, no se corresponde con ninguno, con ninguno, con ninguno de
los puntos aprobados en la resolución del Parlamento vasco que sirvió de
excusa para aquella interpelación y que esta mañana sirve de excusa para
esta moción.
No vamos a reprocharle, Senadora De Boneta, los equívocos, inocentes o
perversos, que pudiera provocar esta interpretación de la letra y la
música de sus iniciativas, pero sí quisiéramos dejar claro,
terminantemente claro, para evitar lecturas políticas que pudieran ser
demasiado interesadas, que aquello sobre lo cual va a pronunciarse el
Senado esta mañana no forma parte de la resolución aprobada por el
Parlamento vasco que sirve de excusa para la moción --Parlamento al que
desde este Senado se le guarda todo el respeto que se merece--, sino que
es un pronunciamiento nuevo, por más que se haya querido amparar en una
resolución de la Cámara de Euskadi.
En segundo lugar, en la moción que se nos presenta la Senadora proponente
señala que no ofrece ninguna duda para ella --cito textualmente, que no
ofrece ninguna duda para ella-- el respeto del Gobierno al principio de
legalidad y al de separación de poderes, y, sin embargo, pretende instar
al Gobierno a que asuma, acate y cumpla un fallo del Tribunal Supremo
que, digámoslo, aún no se ha producido. Si a la Senadora De Boneta no le
ofrece ninguna duda el respeto del Gobierno al principio de legalidad y
al de separación de poderes, no es explicable, no es comprensible, no
aparece con facilidad por qué considera necesario instar al Gobierno a
cumplir con el principio de legalidad y con el principio de separación de
poderes. O bien no hablamos de los mismos principios generales --cosa
que, sinceramente, dudo--, o bien alguien quiere sembrar la inquietud
sobre una materia, los principios generales del Estado de Derecho, en la
que las discrepancias suelen pagarse con quebrantos que no siempre son
pequeños.
Señorías, el Senado constitucional, en nuestra opinión y seriamente, no
puede instar al Gobierno a que cumpla la Constitución en un supuesto
hipotético que no se ha producido. El Senado constitucional, por lealtad
institucional, debe suponer que la Constitución será cumplida y, sólo en
el caso de incumplimiento, tiene, entonces sí, la obligación democrática
de exigir al Gobierno su responsabilidad y, entonces, hasta sus últimas
consecuencias. En las presentes circunstancias, en las que se dan a fecha
de hoy, instar al Gobierno a que cumpla con su obligación constitucional,
sin que el Gobierno la haya incumplido, más aún, sin que el Gobierno haya
dado muestra ninguna de pretender incumplirla, es, tanto desde el punto
de vista de la confianza democrática, como desde el punto de vista de la
lógica física, como instar a la próxima hora a transcurrir o al sol a
salir mañana por la mañana.
Senadora De Boneta, ¿Qué resolverá el Tribunal Supremo en el futuro?
Salvo que se me contradiga, ésta es una pregunta que no tiene respuesta
en el instante presente, a la que nadie seriamente puede responder. Y si
no sabemos qué decidirá el Tribunal Supremo en el futuro, ¿por qué vamos
a suponer, yendo más lejos todavía, que el Gobierno pudiera tener
siquiera la tentación de no aceptar esta resolución que desconocemos?
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Le ruego, Senador González Pons,
que vaya concluyendo.
El señor GONZALEZ PONS: Voy terminando, señor Presidente.
La solidez de nuestras instituciones democráticas debe permitirnos
presumir cuanto menos que existen garantías suficientes para que el orden
constitucional se mantenga en todo caso. Y si se piensa otra cosa, si se
piensa que no existen garantías jurídicas suficientes, debe manifestarse
con claridad y con amplitud. Tal como está redactada la moción, votar en
favor de la misma supone mostrar desconfianza hacia la voluntad del
Gobierno de cumplir la Ley y la Constitución en el futuro. Digámoslo con
claridad: la letra de la moción no le pide al Gobierno que cambie su
criterio político sobre la calificación jurídica de unos documentos, que
era lo que decía la resolución del Parlamento vasco; la letra de la
moción le exige al Gobierno que cumpla la Constitución como esta Cámara
no puede dudar que hará y que cumpla una resolución judicial futura que
nos resulta desconocida y que no ha podido todavía incumplir porque no se
ha producido hasta la fecha.
Podríamos calificar la moción de innecesaria, de inútil, de vana,
incluso, de poco constructiva. Nos remitiremos, simplemente, a lo dicho
al principio: creemos que el prestigio de la Cámara no puede
comprometerse en pronunciamientos sobre lo obvio, porque presuponer que
esos pronunciamientos van más allá de lo obvio supone establecer una
tacha a un Gobierno democrático que no podemos consentir.
Por parte del Grupo Parlamentario Popular, por si a alguien le cupiera
alguna duda, puedo asegurarles que el Gobierno, por convicción, sin
necesidad de que nadie le inste, por convencimiento, acatará las leyes y
las sentencias, sean cuales sean sus contenidos, sean cuales sean sus
contenidos, y se correspondan o no con sus postulados políticos, y se
correspondan o no con sus postulados políticos. Ojalá pudiera bajar de
esta tribuna con la seguridad de que todos harán lo mismo.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular.)
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador González Pons.
Pasamos a votar la moción consecuencia de interpelación. (La señora De
Boneta y Piedra pide la palabra.)
¿Para qué pide la palabra, Senadora De Boneta?
La señora DE BONETA Y PIEDRA: Señor Presidente, creo que he sido
suficientemente contradicha en mis afirmaciones; en algunos casos ha sido
tergiversada incluso la letra de la moción, y creo que tengo derecho a
responder por el artículo 87.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Senadora De Boneta, en las
mociones consecuencia de interpelación está suficientemente debatido el
tema, porque es consecuencia de una interpelación ya tratada, y no cabe
que intervengan en turno de portavoces ninguno de los intervinientes en
turno a favor o turno en contra. Si estuviéramos en otro trámite
parlamentario, en otro tipo de moción, le daría la palabra por el
artículo 87, pero en este momento no tiene su señoría la palabra.
La señora DE BONETA Y PIEDRA: Señor Presidente, insisto en que es un
atropello.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 225; a
favor, 6; en contra, 212; abstenciones, 7.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Queda rechazada la moción. (La
señora De Boneta y Piedra pide la palabra.--Rumores.)
Tiene la palabra la Senadora De Boneta.
La señora DE BONETA Y PIEDRA: Señor Presidente, quiero dejar clara
constancia de cuál es el sentido de mi voto, obviamente y también del
segundo atropello de que he sido objeto por el Presidente, cuando he
planteado la razón por la que le pedía la palabra y no me ha dado tiempo
a volver a mi sitio para votar.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Le pido disculpas por esta
segunda queja, Senadora De Boneta, porque no era mi intención impedirle
su derecho al voto. Ruego a las señoras taquígrafas que tomen nota del
sentido del voto de la Senadora De Boneta, que es afirmativo.
Respecto a la primera protesta que me ha manifestado, le reitero lo que
le he dicho: que en las mociones consecuencia de interpelación, los
intervinientes en el turno a favor o en contra no tienen posibilidad de
turno de portavoces, ni de réplica, ni de intervención por el artículo
87. Efectivamente, existe la posibilidad del artículo 87, pero es
facultativo de esta Presidencia, y la norma interpretativa del año 1993
se hizo expresamente para evitar esos turnos reiterativos en temas que ya
estaban suficientemente debatidos.
Ni con este tema, ni con esa Senadora, ni con cualquier otro Senador, ni
con cualquier otro tema que se debata en la Cámara permitirá esta
Presidencia el turno por el artículo 87 en mociones como consecuencia de
interpelación.
Muchas gracias. (El señor Zubía Atxaerandio pide la palabra.) Tiene la
palabra el Senador Zubía.
El señor ZUBIA ATXAERANDIO: Señor Presidente, simplemente a efectos de
que conste en el «Diario de Sesiones» el sentido de voto de este portavoz
y del adjunto, así como del resto del Grupo Parlamentario, que es
favorable, positivo en definitiva.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Así constará en acta. (El señor
Vicepresidente, Rigol i Roig, ocupa la Presidencia.)
MOCIONES:
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, POR LA QUE SE INSTA AL
GOBIERNO A LA ELABORACION DE LAS DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS NECESARIAS
PARA LA ACTUALIZACION Y UNIFICACION DE LA NORMATIVA QUE REGULA LOS
EXPURGOS DE LOS ARCHIVOS DE LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES Y PARA EL
ESTABLECIMIENTO DE LOS CRITERIOS O DIRECTRICES DE LOS MISMOS,
GARANTIZANDO LA MAS IDONEA CONSERVACION DE CUANTOS DOCUMENTOS PUDIERAN
TENER ALGUN VALOR CULTURAL, HISTORICO, JURIDICO O ADMINISTRATIVO.
(662/000025.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Señorías, el punto décimo del
orden del día es el de mociones.
La primera es la que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, por la que se insta al Gobierno a la elaboración de las
disposiciones reglamentarias necesarias para la actualización y
unificación de la normativa que regula los expurgos de los archivos de
los Juzgados y Tribunales y para el establecimiento de los criterios o
directrices de los mismos, garantizando la más idónea conservación de
cuantos documentos pudieran tener algún valor cultural, histórico,
jurídico o administrativo.
A esta moción se ha presentado una enmienda por el Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado de Convergència i Unió, cuya tramitación, de acuerdo
con la norma supletoria en la Presidencia del Senado sobre tramitación de
mociones, de 21 de marzo de 1995, se ajustará a dar en primer lugar la
palabra a quien defienda la moción por parte del grupo firmante de la
misma.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Iribas
Sánchez de Boado.
El señor IRIBAS SANCHEZ DE BOADO: Gracias, señor Presidente.
Señorías, en 1869 el Gobernador Civil de Navarra, en su circular número
175, encargaba a los señores alcaldes, Guardia Civil y demás dependientes
de su autoridad que procedieran a la busca y captura, entre otros, del
bisabuelo de quien les habla, de nombre Jesús María Iribas, cuyas señas,
según se publicaba en el correspondiente documento eran: edad sobre
treinta años, estatura alta, pelo negro, barba ídem, con bigote, color
bueno, viste de levita y capa y anda muy recto. Por lo visto, aún
pretendían que anduviera más derecho. Su delito era ser carlista.
En 1893, el entonces Alcalde de Tafalla --yo también lo fui-- impuso una
multa de 50 céntimos a José Iribas --yo también lo soy--, según reza el
correspondiente documento, por bañarse en el río encima de la presa de
San José. El denunciado de mi mismo nombre era mi abuelo paterno.
Pueden sus señorías imaginar que no he traído a colación estos documentos
para reflejar las infracciones, ambas a ciencia y conciencia, sin duda,
que pudieran haber cometido mis antecesores, ideológica la del primero, y
bastante lógica la del último de ellos, ya que en aquellos tiempos no
había piscinas, sino que los he traído a cuento y los he mencionado a
modo de introducción, para tras llamar la atención de sus señorías,
destacar que estos hechos, sin duda anecdóticos, que obran reflejados en
sendos documentos oficiales, se han salvado de la quema --luego verán por
qué lo señalo así.
De la misma forma que los anteriores documentos han podido salvarse para
la historia, en este caso para la pequeña historia de esta familia, otros
muchos documentos, algunos de gran valor cultural, histórico, etcétera,
existentes en numerosas sedes judiciales a donde fueron llevados con
motivo de actuaciones civiles o diligencias penales o de otro tipo, se
han perdido o destruido. Unos han sido pasto de las llamas, otros han
devenido pasta de papel, sin duda otros muchos han sido destruidos por
las ratas y la acción devoradora de otros roedores y muchos más por unas
pésimas condiciones de conservación al estar almacenados en lugares
húmedos de forma totalmente inapropiada; otros simplemente se han
extraviado.
Señorías, ésta es la desgraciada situación actual de muchos de los
documentos que obran en los legajos de antiguas actuaciones ya fenecidas
de nuestros juzgados y tribunales y que pretendemos remediar con la
presente moción. Pero es que tal situación no es nueva. La misma ya se
evidenciaba hace sesenta años pues una circular del Consejo Judicial, de
19 de julio de 1927, refleja literalmente que ofrecen deficiencias los
archivos en los cuales, según varios Presidentes de Audiencias, se hallan
los documentos que guardan sin ordenar ni enlegajar cuando todo cuidado
parece poco para conservar con separación, orden y seguridad los asuntos
fenecidos, y finalizaba ordenando que se adoptasen inmediatamente las
medidas necesarias para el buen orden y conservación de los archivos.
Algo parecido se vuelve a reflejar diez años más tarde en la Orden de 29
de marzo de 1937 que se refiere a la aglomeración de actuaciones
fenecidas en los archivos de las Audiencias y Juzgados. Es que, por una
parte, la capacidad de fabricar papel que demostramos los profesionales
que participamos en los pleitos, redactando demandas o contestación
parece ilimitada; como igualmente parece irremediable el que el número de
pleitos contenciosos y actuaciones se incremente día a día. Ello conlleva
la creación de numerosos legajos de autos y diligencias de todo orden que
tras finalizar deben ser almacenados, clasificados y archivados en los
delimitados y limitados espacios con que cuentan los Tribunales a tal
efecto.
Como los medios materiales son escasos es la realidad reconocida y
denunciada por el propio Consejo General del Poder Judicial que gran
número de expedientes antiguos se encuentran almacenados, más bien
acumulados, o mezclados en cajas y bolsas o en total desorden, en
condiciones que no son de recibo, mezclándose lo valioso con lo inútil y,
desde luego, sin orden ni concierto, archivo ni clasificación y bajo
grave riesgo de pérdida y deterioro.
Una inadecuada, escasa y trasnochada normativa reguladora del expurgo de
tales legajos posibilita la existencia de esta realidad que viene
poniendo en grave riesgo, que a veces es ya siniestro, un patrimonio
documental que puede ser de interés; de interés, unas veces, para los
causahabientes de las partes, otra, para pequeños historiadores o
investigadores locales o regionales o en otros casos de eminente interés
cultural o histórico nacional.
Todo ello y no otra cosa es el objeto de nuestra moción, el de intentar
que se subsane esta situación que hemos vivido en los juzgados de nuestra
propia ciudad y conocido en muchos otros y que ha sido denunciada en
diversas ocasiones desde diferentes instancias y entre ellas, como hemos
indicado, desde el Consejo General del Poder Judicial.
La actual regulación de los expurgos judiciales se concreta en el Real
Decreto de 29 de mayo de 1911, Ministerio, Gracia y Justicia, Entrega de
pleitos, causas y expedientes gubernativos y judiciales fenecidos,
desarrollado en las posteriores Real Orden de 12 de agosto de 1911,
Expurgo de archivos judiciales en cumplimiento del decreto anterior;
Orden de 29 de marzo de 1937; Orden de 8 de abril del mismo año y Orden
de 28 de noviembre de 1945 del Ministerio de Justicia: Justicia, venta de
papel inútil, inspección, prescripciones.
Los años en que se publicaron dichas normas evidencian ya una cierta
antigüedad de las mismas, especialmente si tenemos en cuenta lo que ha
evolucionado en nuestra sociedad en recursos tales como los de archivo,
informática, microfilmación, destrucción y/o reciclaje de papel y, por
qué no decirlo, en cuanto a la sensibilidad cultural, al menos presumimos
de ello, de nuestra Administración.
Lo obsoleto de la normativa antes aludida se refleja, para empezar, en su
inadecuada terminología, así como la improcedente remisión de sus textos
a unas categorías de órganos y funcionarios inexistentes en la actualidad
como consecuencia de las importantes reformas orgánicas y funcionales que
han sido objeto de desarrollo en los últimos años.
Asimismo, se muestra inadecuada la normativa por inadaptada a la
legislación vigente, especialmente la que regula la función y
responsabilidad de los Secretarios judiciales
como los encargados de la llevanza de los libros del archivo y de la
conservación de las actuaciones judiciales, como también se muestra poco
adecuada en cuanto a sus procedimientos. Así, el Real Decreto de 29 de
mayo de 1911 preveía en su artículo 14 que una vez declarada la
inutilidad de los legajos se resolvería su destrucción por medio del
fuego. Sin duda, posteriormente las precariedades de los tiempos de la
Guerra Civil debieron ser las que motivaran una solución más adecuada
desde el punto de vista de la economía y de rebote de la ecología; la
quema fue sustituida por el reciclaje.
En efecto, en el Orden de 29 de marzo de 1937 se señala que la
conveniencia de proporcionar materia con que producir pasta para la
fabricación de papel aconseja adoptar medidas rápidas, en relación con lo
cual se indica que los legajos declarados inútiles se destinarán a dicha
fabricación de papel; en el mismo sentido está la Orden de 8 de abril de
1937. Por su parte, en la Orden de 28 de noviembre de 1945 del Ministerio
de Justicia sobre venta de papel inútil se vuelve a incidir en el
aprovechamiento de papel, esta vez mediante adjudicación por concurso de
la concesión de la recogida de papel inservible, y aquí ya aparece una
nueva nota de sensibilidad tras haber pasado de la cremación al
reciclaje. Digamos que aquí ya hay una pequeña semilla de lo que será
nuestra propuesta: su disposición quinta señala que por los Presidentes
de las Audiencias respectivas se designará un funcionario de las mismas
para que en unión del que designe el Ministerio de Educación Nacional
ejerzan la acción inspectora que crean adecuada para garantizar la
conservación de documentos que pudieran existir de algún valor de
carácter histórico, jurídico o administrativo.
En 1969 la Subsecretaría del Ministerio de Justicia de acuerdo con la
Dirección General de Archivos y Bibliotecas del Ministerio de Educación
Nacional establece como criterios que traslada a los Presidentes de las
Audiencias Territoriales que el papel inútil se pondrá a disposición del
servicio de publicaciones del Ministerio para transformarlo en papel de
edición con destino a la colección legislativa de España; que de la
práctica de los expurgos habrá que poner en conocimiento a la Dirección
General de Archivos y Bibliotecas que designará un técnico a fin de que
«in situ» proceda a separar del papel expurgado los documentos que a su
juicio ofrezcan interés histórico. Dichos documentos le serán entregados
a la referida Dirección General en calidad de depósito mediante acta
autorizada por el Secretario del organismo judicial correspondiente. se
aprecia un cierto grado de sensibilidad, si bien ni el procedimiento ni
el depositario que entonces se determinaron tienen el mejor encaje en la
actual España autonómica y constitucional.
El Grupo Parlamentario Popular, tras valorar no ya sólo la actual
situación de los legajos almacenados en nuestros Juzgados y Tribunales,
sino la evolución y el tratamiento jurídico-legal que dicho asunto ha
tenido a lo largo de nuestra historia, en coincidencia con la propuesta
de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial,
celebrada el 30 de junio de 1992, ha querido traer a la Cámara alta la
presente moción a fin de que por parte del Gobierno de la nación se lleve
a cabo la actualización y unificación de la normativa que regula los
expurgos judiciales, estableciendo los criterios o directrices de los
mismos y su periodicidad y, además --y he aquí un asunto de gran
importancia--, garantizando la más idónea conservación de cuantos
documentos pudieran tener algún valor cultural, histórico, jurídico o
administrativo. Todo ello traerá como consecuencia una importante
ordenación y actualización de los archivos de muchos órganos judiciales,
eliminando legajos y documentos inútiles que han perdido vigencia o
carecen de interés y que ocupan un espacio en los juzgados que puede
precisarse para otros menesteres.
Tres garantías han de adoptarse, al menos, al realizar los expurgos y la
consecuente eliminación de los legajos. Obviamente, y en primer lugar,
que los documentos no interesen a la justicia ni puedan ser útiles a los
fines de su aplicación. En segundo lugar, que los referidos documentos
carezcan igualmente de interés para las partes o sus causahabientes. Ya
desde ahora anuncio, obviamente, que en este sentido nuestro Grupo admite
la enmienda del Grupo Catalán de Convergència i Unió y, finalmente, que
carezcan de todo interés histórico, cultural o de otro tipo. Así para los
legajos que carecieran de interés alguno procedería su expurgo, si bien
hoy es evidente que su eliminación no pasa por la quema, sino por la
destrucción de su contenido, garantía de secreto o confidencialidad y
posterior reciclaje de papel. Con todo ello, se facilitará espacio físico
a los Juzgados y Tribunales, a menudo carentes de aquél, y se actuará de
acuerdo con criterios ecológicos y económicos que no tienen por qué ser
contradictorios.
Por otra parte, a los documentos o legajos de interés hay que darles un
adecuado destino. Así, deben archivarse debidamente clasificados y
ordenados en un lugar apropiado que posibilite su conservación a
disposición de los juzgados, de las partes y/o de quienes tuvieran un
interés legítimo en ellos, de las entidades o instituciones,
especialmente las culturales, así como de los estudiosos o
investigadores. Y todo ello siempre, obviamente, con las debidas
garantías.
Para su mejor archivo o clasificación hay que contar, en primer lugar,
con espacios físicos adecuados, pero, además, con medios personales y
materiales y, entre éstos, los informáticos, a fin de su mejor inventario
y más pronta localización por cualesquiera interesados.
Finalmente, aunque no sea lo menos importante, he de indicar que, según
el parecer de mi Grupo, deberían facilitarse o arbitrarse fórmulas de
cesión en depósito o bajo las garantías precisas en favor de las
respectivas administraciones territoriales, ya autonómicas, ya locales,
en las que radiquen dichos documentos, para el supuesto de que éstas
tuvieran interés, posibilitando el establecimiento de convenios u otras
fórmulas de colaboración que resuelvan este problema y que, en
definitiva, hagan viable la conservación, clasificación, inventario y
archivo de tales documentos de interés, así como su puesta a disposición
de estudiosos o investigadores.
El hecho de que los referidos convenios se puedan llevar a la práctica
con las diversas administraciones territoriales deberá hacernos pensar en
la posibilidad de creación
de un registro o inventario central y en los posibles mecanismos de
reproducción o, en su caso, microfilmación, todo lo cual facilitará el
conocimiento del patrimonio documental global existente y su pronta
localización, así como unas mayores garantías de subsistencia.
En definitiva, y para concluir, entendemos que la presente moción y las
actuaciones que, de prosperar, se deriven de ella pueden, no ya sólo
lograr la actualización y unificación de una normativa a todas luces
obsoleta en beneficio del funcionamiento habitual y de las necesidades de
los Juzgados y Tribunales, sino algo más: salvaguardar un importante
patrimonio cultural e histórico que posibilitará el mejor conocimiento de
nuestra propia realidad, así como poner el referido patrimonio a la
disposición efectiva de las administraciones territoriales que tengan
interés inmediato en él, lo cual tiene perfecto encaje en el espíritu
descentralizador y autonómico de nuestro Estado. De ahí que si el
presentar esta moción tiene, a nuestro entender, mucho sentido, el
hacerlo en esta sede, la Cámara de representación territorial, se lo dé
aún más.
El Grupo Parlamentario Popular confía en la sensibilidad de sus señorías
para apoyar esta iniciativa, posibilitando así el mejor funcionamiento de
la justicia y la más idónea salvaguardia del patrimonio
histórico-cultural de España y del de sus nacionalidades y regiones.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Iribas
Sánchez de Boado.
Para la defensa de la enmienda que ha presentado el Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra el Senador
Salvador Capdevila.
El señor CAPDEVILA I BAS: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, intervengo para fijar el posicionamiento de nuestro Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió y, en
definitiva, para apoyar la moción planteada por el Grupo Parlamentario
Popular, ya que, a mayor abundamiento, suscribe e incorpora en su moción
la enmienda presentada por este Grupo Parlamentario. Entendemos que se
acepta nuestra enmienda, que se incorpora ya al conjunto de la moción
presentada por el Grupo Parlamentario Popular, a los efectos de debate y
votación.
Nuestro apoyo a la moción es evidente debido a la conveniencia de la
elaboración de las disposiciones reglamentarias necesarias para
actualizar esta normativa tan dispersa, a la que ha hecho mención el
Senador del Grupo Parlamentario Popular, para recopilarla en otra
actualizada y vigente, máxime teniendo en cuenta que, en la actualidad,
hay un sistema informatizado que no estaba contemplado en la antigua
legislación.
No hemos de olvidar que la normativa actualmente vigente tiene su origen
en el antiguo Real Decreto del entonces Ministerio de Gracia y Justicia,
de 29 de mayo de 1911, tal y como ha referido el Senador del Grupo
Parlamentario Popular. Tampoco hay que olvidar --lo ha mencionado el
representante del mismo Grupo-- que ya entonces se detectó la deficiencia
en los archivos sobrantes, tanto en los juzgados como en las audiencias
provinciales y territoriales, y se tuvo que dictar este Real Decreto
mediante una circular del Consejo Judicial, de fecha 19 de julio de 1927,
que denunciaba esas deficiencias en los archivos. En ella se instaba a
los presidentes a que adoptasen las órdenes oportunas que condujeran a
fijar y ordenar, asegurándolos, los asuntos fenecidos.
En definitiva, tal y como ya se ha mencionado por el Senador que me ha
precedido en el uso de la palabra, el Real Decreto y la normativa
complementaria dictada al respecto venían a establecer y a regular un
expurgo total --la total destrucción-- de los asuntos fenecidos, sin
ningún sistema de clasificación de todos estos asuntos ya terminados.
Se requería así la previa declaración de una utilidad de los mismos a
cargo de las respectivas juntas constituidas al efecto en los juzgados y
audiencias y que, una vez anunciada en el boletín oficial de la provincia
correspondiente, se procediera a su destrucción por medio del fuego y
luego a través del reciclaje, tal y como ha manifestado el Senador del
Grupo Parlamentario Popular, para la fabricación de papel, mediante la
Orden de 29 de marzo de 1937, que, a su vez, reducía los plazos de
caducidad a los efectos de declaración de inutilidad de los asuntos
criminales, en diez años, en cinco años y en dos años, según que las
sentencias fueran condenatorias por penas graves, penas menos graves y
faltas, respectivamente. Eso sí, siempre que dichas sentencias no
tuvieran un pronunciamiento del orden civil que fuera más allá de la mera
indemnización por daños y perjuicios.
La enmienda presentada por nuestro Grupo consiste en añadir, en el
apartado cuarto de la Exposición de Motivos de la moción presentada, a
continuación de la frase: «... se garantice la adecuada conservación de
aquellos documentos...», se añada: «que no siendo retirados por sus
propietarios conocidos previamente citados a tal fin...», y sigue el
resto en igual sentido. Consecuentemente, solicitamos que se intercale en
la propuesta de la moción. A continuación de: «... garantizando la más
idónea conservación de cuantos documentos», proponemos añadir la frase:
«que no fueran retirados por sus propietarios conocidos, personalmente
citados a tal fin...», y seguir hasta el final.
La justificación de tal enmienda viene dada también por la necesidad de
garantizar los derechos de los titulares y propietarios de dichos
documentos. Esta garantía de derechos ya venía reconocida, a pesar de la
antigüedad, por este Real Decreto del mes de mayo de 1911, al decir en su
artículo 13 que, antes de proceder a la quema de dichos documentos, debía
publicarse en el boletín oficial de la provincia la correspondiente
declaración de inutilidad de los expedientes a fin de que los
interesados, las partes litigantes o sus herederos, pudieran manifestar
algo al respecto.
Dicha previsión y reconocimiento de derechos vienen previstos, asimismo,
en el artículo 14, en relación con el artículo 2 del Real Decreto de 15
de octubre de 1976, que hace referencia a la conservación y destino de
piezas de convicción en cuanto a que se contempla la devolución de dichas
piezas de convicción de lícito comercio a sus propietarios. Asimismo,
dicho reconocimiento viene dado por
el artículo 338 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal cuando se da también
esta preferencia de entrega de los bienes de lícito comercio en piezas de
convicción a sus respectivos propietarios.
Por último, nos congratulamos del posicionamiento y de la moción
presentada por el Grupo Parlamentario Popular para crear una especie de
depósito de ámbito territorial y autonómico donde poder consultar todos
los documentos que tengan cierto interés histórico, jurídico,
administrativo y político.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador
Capdevila.
Senador, le pido un momento de atención porque en el texto, en su primera
enmienda, si usted la mira, pone «desconocidos». Hay un error
mecanográfico y en vez de «desconocidos» debe decir «conocidos».
El Grupo Parlamentario Popular acepta también la enmienda. Por lo tanto
pasamos al turno de portavoces.
¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la
palabra el Senador Zubía.
El señor ZUBIA ATXAERANDIO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, la moción presentada por el Grupo Parlamentario Popular y hoy
defendida por el Senador y buen amigo, señor Iribas, va a contar con el
apoyo de nuestro Grupo parlamentario, así como también la enmienda
presentada por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió porque nos
parece del todo acertada. Nos parece, de hecho, oportuna y de una gran
lógica. Por lo demás, esta moción --repito-- defendida por el Senador
Iribas ha merecido ya la atención, como él mismo ha recordado, del
Consejo General del Poder Judicial desde el ya lejano año 1992, aunque a
la vista está que con poco éxito hasta el momento.
El Consejo General del Poder Judicial ha vuelto a la carga al hacer nueva
referencia a ello en el Anexo II de su Memoria y contemplar lo que la
moción, en definitiva, plantea como una necesidad concreta de la
Administración de justicia. Confiamos en que ahora sí se atienda a lo
reiteradamente pedido y suscitado por el Consejo General del Poder
Judicial. Confiamos en que esta moción sea aprobada y en que, por fin, se
actualice y unifique la normativa que regula los expurgos de los archivos
de los Juzgados y Tribunales, se revise el procedimiento para llevar a
cabo el expurgo de asuntos muertos y se establezcan, en definitiva, las
directrices o criterios que deben tenerse en cuenta para dicho expurgo.
Nuestro voto pretende, en definitiva, ayudar a que así sea.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Zubía.
El Grupo Catalán no interviene en este turno. Por el Grupo Parlamentario
Socialista, tiene la palabra el Senador Caballero Muñoz.
El señor CABALLERO MUÑOZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, intervengo muy brevemente para dar el apoyo y el voto favorable
de mi Grupo al texto de la moción, pues estamos de acuerdo con todo lo
que ha planteado el Senador Iribas. No obstante, quisiera hacer una serie
de precisiones y de observaciones porque nos parece desproporcionado que
el Senado tenga que estar continuamente instando al Gobierno a que
desarrolle aspectos como éste que debían ser iniciativa del propio
Gobierno, máxime teniendo en cuenta que la actual Ministra de Justicia
formó parte del Consejo General del Poder Judicial, órgano que en su
Memoria daba cuenta de la necesidad de refundir toda la normativa a este
respecto.
Por tanto, damos, por un lado, nuestro apoyo y nuestro voto favorable al
texto de la moción con la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado de Convergència i Unió y, por otro, manifestamos que
creemos desproporcionado el que el Senado tenga que estar continuamente
instando al Gobierno a que desarrolle este tipo de medidas, que son de
funcionamiento interno de los Juzgados y Tribunales.
Por otro lado, quiero decir que el problema planteado por el Senador
Iribas no es tanto, que también, un problema de normativa, como de medios
y de personal. Entendemos que puede tener cierta virtualidad y que se
tome en cuenta esta moción, teniendo en cuenta --como digo-- que nos
parece bastante desproporcionado que el Senado tenga que estar
continuamente instando al Gobierno, máxime cuando ese empuje le viene
dado desde el Grupo que lo sustenta, desde el Grupo Parlamentario
Popular.
El Grupo Parlamentario Popular sabrá si este Gobierno necesita que
continuamente lo estén impulsando o si, por contra, tiene iniciativa
propia.
Nada más, señor Presidente, y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador
Caballero.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Iribas.
El señor IRIBAS SANCHEZ DE BOADO: Muchas gracias, señor Presidente.
Quiero plantear tres cuestiones. En primer lugar, agradezco el apoyo que
la presente moción ha suscitado en los diferentes grupos parlamentarios
que han tomado la palabra. He de remarcar que en la práctica no hay
constancia de antecedentes parlamentarios. Señalaré también que las
medidas que se pretenden con la presente moción son mucho más importantes
de lo que refleja la valoración que ha hecho el portavoz socialista y de
mucha mayor trascendencia y no meramente de funcionamiento interno de los
Juzgados y Tribunales, puesto que, al final, acaban afectando al propio
funcionamiento de la justicia como tal e, incluso, al patrimonio cultural
e histórico de nuestro país.
Señor Senador Socialista, estoy convencido de que el Gobierno del Grupo
Parlamentario Popular, el Gobierno de la nación, no necesita que le
impulsen para actuar y dice usted que sobre todo, habiendo sido la actual
Ministra de
Justicia miembro del Consejo General del Poder Judicial. Como tengo el
antecedente de que en el año 1992 fue el Consejo General del Poder
Judicial el que demandó lo mismo y alguien que también entonces había
sido miembro del Consejo General del Poder Judicial y que resultó ser
ministro socialista no les hizo ningún caso, «ad cautelam», que decimos
los juristas, lo que hago es pedir que el error o la falta de oído o de
atención que en la pasada Legislatura tuvo el ministro socialista no se
repita en este caso. No tengo duda de que no ocurrirá en la misma forma y
estoy convencido de que esta iniciativa --por cierto de la que no hay
antecedentes parlamentarios y que, sin duda, lo exige, habida cuenta de
que desde 1927 se evidencia una situación absolutamente irracional de
nuestros archivos--, requería que la Cámara, a la cual se le ha dirigido
la Memoria del Consejo General del Poder Judicial, se diera no sólo por
enterada, sino por enterada activamente.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Iribas.
Entiende esta Presidencia, por las distintas intervenciones que ha
habido, que la moción se puede someter a votación por asentimiento.
(Pausa.) Así es y así consta. Por lo tanto, queda aprobada esta moción
incorporando el texto de la enmienda también presentada a la misma.
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A
CUMPLIR INTEGRAMENTE LOS OBJETIVOS DE LA REFORMA EDUCATIVA CONTENIDA EN
LA LEY ORGANICA DE ORDENACION GENERAL DEL SISTEMA EDUCATIVO (LOGSE),
GARANTIZANDO LAS MEDIDAS ESTABLECIDAS EN LA MISMA. (662/000026)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Por último , vamos a tratar la
moción del Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta al
Gobierno a cumplir íntegramente los objetivos de la reforma educativa
contenida en la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo
(LOGSE), garantizando las medidas establecidas en la misma.
Para su defensa, tiene la palabra el Senador don Juan Iglesias Marcelo.
El señor IGLESIAS MARCELO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, formularé inmediatamente el objetivo esencial de esta moción.
El objetivo esencial de esta moción es conseguir un compromiso de
naturaleza política, parlamentaria y social sobre el sistema educativo y
su progresiva reforma. Ese es el objetivo esencial de la moción. Y ese
objetivo esencial persigue el establecimiento de un clima de estabilidad
y sosiego en el desarrollo de las tareas educativas; clima de estabilidad
y de sosiego que nos parece absolutamente esencial para el cumplimiento
de las tareas que son encomendadas a la educación; además de eso, ese
compromiso, esa estabilidad y ese sosiego, deben definir un campo de
juego político en el que sea posible jugar con nuestras legítimas
diferencias políticas que, naturalmente, siguen y seguirán estando vivas,
pero necesitan un marco de referencia para poder expresarse, para poder
manifestarse. Y diré inmediatamente que algunos de los anuncios que el
Gobierno del Partido Popular ha hecho respecto de su política educativa
merece nuestra inicial aceptación. El hecho de que el Gobierno haya
anunciado que no va modificar las leyes promulgadas desde el año 1983 en
adelante, la LODE, la Logse, la Lopeg, el que haya anunciado que no
piensa modificar esta legislación orgánica de desarrollo del artículo 27
de la Constitución nos parece una noticia excelente, motivo por el que
manifestamos nuestro acuerdo con esta posición del Gobierno, pero a la
vez mostramos inmediatamente también nuestro profundo desacuerdo contra
cualquier intento de modificación por el que, de una manera subterránea y
subrepticia --a base de disposiciones administrativas, a base de normas
reglamentarias para la organización de los centros, de recortes de
plantillas o de deslizamientos de las partidas presupuestarias--, a
través de un sistema de instrumentos menores, se vaya a la modificación
de la legislación básica orgánica que rige actualmente el sistema
educativo.
Ese compromiso político, parlamentario y social nos parece siempre
deseable, siempre conveniente y siempre correcto, pero hoy nos parece más
necesario que en ningún otro momento. Seguramente en este momento hay una
necesidad especial de él, y a este respecto trataré de exponer mi
argumentación ante sus señorías.
En primer lugar debo decir que nos encontramos en un momento crucial de
la reforma educativa planteada por la Logse. Estamos en su paso del
ecuador, en la implantación de una de las novedades más importantes de la
Ley, la creación de una escuela para adolescentes, la Escuela Secundaria
Obligatoria, novedad dentro del sistema educativo cuya implantación está
en estos momentos en el telar de la realidad.
Por esa razón el gran compromiso parlamentario, político y social sobre
la educación se presenta como un compromiso necesario, a la vez que ello
también obedece a una segunda razón que nos parece asimismo importante,
porque estamos embarcados en un esfuerzo para conseguir nuestra
convergencia en la Unión Monetaria europea, convergencia que nos exige
esfuerzos y sacrificios extraordinariamente importantes que no nos
impedirán dar la cara en su momento.
Esos esfuerzos requieren de un apoyo que estamos dispuestos a prestar,
pero hay que recordar que la convergencia no es sólo una cuestión formal,
no es sólo cuestión de déficit, cuestión de deuda, cuestión de inflación
o cuestión de tipos de interés. Esas son las condiciones formales de la
convergencia, pero además hay una convergencia real importante en la
preparación de nuestros escolares, niños y niñas, adolescentes, para
incorporarse plenamente a la vida adulta.
Por tanto, si cumplimos los requisitos de la convergencia formal pero
incumplimos los de la convergencia real, estaremos recorriendo el camino
al revés: podremos aprobar
el examen de selectividad --ojalá lo aprobemos--, pero suspenderemos la
carrera. Terminaremos recogiendo suspensos al final del camino si no
recorremos a la vez esa convergencia real y sus criterios formales.
Porque, hay que decirlo, actualmente los hechos apuntan en dirección
contraria a estas exigencias y a estos requisitos. No parece que el clima
sea propicio para que eso pueda conseguirse, pero estamos a tiempo. No se
han consumado todavía las tendencias que analizaré a continuación.
Podemos adoptar decisiones o compromisos que apunten en la dirección
correcta, y como estamos a tiempo --lo repito--, presentamos esta moción
ante el Pleno de la Cámara para instar al Gobierno a lo que finalmente
diré.
La situación a principios del curso 1996-97 ha sido de preocupación, de
incertidumbres, de desasosiegos, de inquietudes, lo que se ha podido
palpar claramente en los medios profesionales, en el mundo de la
educación, en los medios de comunicación. Hay que apuntar algunas señales
significativas indicadoras de direcciones que no nos gustan y nos
inquietan; hay movilizaciones de profesores y de alumnos; la gente sale a
la calle para manifestar su inquietud y para protestar; están empezando a
constituirse asociaciones cívicas en defensa de la escuela pública. Algo
significa esto. Alguna agresión sienten o temen. ¿Por qué se constituyen?
¿Qué significa eso? Los estudiantes anuncian huelgas de inmediata
realización, y hay que manifestar siempre preocupación por
acontecimientos de ese significado. En las páginas de los periódicos
profesionales o de información general aparecen frecuentemente, casi
todos los días, noticias que revelan esas inquietudes. ¿A qué se deben
estos hechos? ¿Qué significado tienen estas señales? ¿Qué tratan de
traslucir en el fondo esas expresiones, esas inquietudes? ¿Qué se está
diciendo aunque a veces no se exprese con claridad? ¿Dónde vamos
realmente?
Por un lado, se trata de declaraciones ambiguas, contradictorias,
rectificadas, que no aclaran el panorama sino que lo confunden. Por otro
lado resulta que, medidas organizativas tomadas por el Ministerio de
Educación y Cultura para su territorio de competencia son declaradas como
medidas desafortunadas por los máximos responsables de ese mismo
Ministerio poco tiempo después de su envío a los centros. Es decir, algo
que está vigente en los centros educativos es, sin embargo, declarado
como desafortunada decisión por parte de las máximas autoridades del
Ministerio de Educación y Cultura.
Por otra parte, hay un anuncio que nos llena de inquietud, el contenido
del proyecto de presupuestos para Educación y Cultura para el año 1997,
cuyo sentido deberemos ser capaces de interpretar en su lectura más
profunda. Naturalmente, no es éste el momento del debate presupuestario.
No vamos a discutir aquí ahora las cifras ni las partidas
presupuestarias. Ocasión habrá de hacerlo en el momento oportuno. Pero el
presupuesto nace de algo; expresa convicciones y orientaciones. Las
cifras no son inocentes. Descubren proyectos aunque éstos no se declaren.
Las cifras, las normas y las instrucciones descubren orientaciones y
maneras de ver la realidad y arrastran contenidos políticos que quiero
analizar en su auténtica realidad.
Existe el riesgo --y ésta es la lectura que presento a sus señorías de
los hechos que están aconteciendo en el mundo de la educación-- de que
las medidas que el Gobierno está comenzando a adoptar rompan equilibrios
básicos del sistema educativo, produzcan diferenciales importantes en dos
sectores de la educación.
Por un lado, en la relación entre escuela de titularidad estatal y
escuela de titularidad privada financiada por fondos públicos existe el
riesgo de que se rompa el equilibrio existente en ese delicado sector de
nuestro sistema educativo y, por otro, el riesgo de que se produzca un
profundo desajuste interterritorial en la cobertura financiera de la
educación.
Voy a decir inmediatamente en qué sentido denunciamos esos
desequilibrios, por los cuales en una parte hay quien tiene el signo
«más» de sus posibilidades, y en otra, hay quien tiene el signo «menos».
Tanto en el equilibrio entre enseñanza concertada-enseñanza de
titularidad estatal, como en desequilibrios interterritoriales, nuestra
visión no consiste en quejarnos porque alguien obtenga más en las
dotaciones educativas, sino porque alguien tenga menos. No protestamos
porque alguien crezca, ni porque los profesores de la enseñanza
concertada financiada con fondos públicos tengan reconocida en los
presupuestos generales del Estado una mejora del 3,5 por ciento en sus
retribuciones --eso nos parece excelente, es una idea magnífica--, sino
porque no reciban un tratamiento análogo todos los profesores del sistema
educativo. Por tanto, nuestra queja no va orientada en el sentido de que
obtengan menos los que más reciben, sino en el de que reciban más los que
menos tienen, de que crezcan los que son más bajos, y no que se hagan
enanos los más altos, porque eso sería una actitud absolutamente
indefendible por nuestra parte.
Hay dos riesgos de desequilibrio importantes en el sistema educativo. Los
fondos destinados a la financiación de la enseñanza privada concertada
mantienen un índice de crecimiento que está muy por encima de los
destinados a la enseñanza pública, en la que no sólo no hay un índice de
crecimiento, sino que sufre una disminución, ya que dichos fondos
disminuyen el 2,5 por ciento en el territorio que gestiona el Ministerio
de Educación. Teniendo en cuenta que los fondos para conciertos
educativos aumentan alrededor del 4,5 por ciento, y que los fondos
destinados al funcionamiento de los centros públicos disminuyen en su
conjunto el 6 por ciento, hay que decir que se produce un diferencial de
apoyo financiero entre los alumnos de una y otra parte de la red pública
de alrededor de diez puntos porcentuales por lo que se refiere al apoyo
financiero para sus posibilidades de educación.
Creemos que hay que elevar la voz para decir que no es admisible que los
alumnos de una parte de la red escolar tengan un apoyo financiero que
está diez puntos por debajo del que disfrutan los alumnos de la otra
parte de la red. Y no lo decimos para que esos alumnos vean disminuida su
cobertura financiera, sino para que el resto tenga un trato análogo.
Nos parece injusto, discriminatorio y peligroso que se lleve a cabo este
tipo de política, porque eso rompe equilibrios fundamentales de
naturaleza histórica. No es el
capricho de un gobierno, ni de unos legisladores, ni la coyuntura bien
aprovechada de un momento determinado, lo que produce un equilibrio
histórico entre enseñanza privada concertada y enseñanza pública. No
podrán olvidar sus señorías que el Partido Socialista y los gobiernos que
nacieron de ese partido realizaron esfuerzos importantes de flexibilidad
ideológica e intelectual. Consulten las hemerotecas de hace veinte años,
consulten la doctrina oficial de mi partido de hace un cuarto de siglo, y
verán ustedes lo que significa que en la LODE el partido que en aquel
momento sustentaba al Gobierno fuera capaz de integrar en una concepción
unitaria de red pública de enseñanza a los centros de titularidad estatal
y a los centros privados financiados con fondos públicos, que en una
cuantía de más del 30 por ciento se han incorporado y beneficiado de una
posición del Partido Socialista, que tuvo que hacer un esfuerzo
importante de adaptación sobre lo que eran sus presupuestos doctrinales y
políticos.
No nos oponemos, pues, a que haya mejoras para un sector, sino a que se
produzcan diferenciales, «décalages» entre un sector y otro, porque con
eso se rompe un equilibrio histórico que es el resultado de muchos siglos
de pugna, de peleas, a veces de guerras importantes. Ese equilibrio
histórico, básico, no debe ser roto, no debe ser destruido. Por tanto,
nosotros proponemos un gran consenso para que eso no suceda.
Como ya he dicho, hay un riesgo de desajuste territorial. Las Comunidades
Autónomas con competencias educativas plenas reciben, globalmente, en
estos presupuestos una mejora media de la financiación de las
transferencias que legítimamente ejercen, que como mínimo es de más del 6
por ciento --del 6,2 o el 6,3 por ciento, aunque algunos dicen que es del
11 por ciento, pero me quedaré con el porcentaje del 6,2 por ciento--.
Sin embargo, las Comunidades del territorio MEC, que reciben sus fondos y
recursos a través del presupuesto del Ministerio, van a notar una media
de disminución del 2,5 por ciento en el apoyo financiero para el
desarrollo de sus proyectos educativos. Entre unos territorios y otros
hay, pues, como mínimo, un diferencial de 8,7 puntos en favor de unas
Comunidades y en contra de otras.
Y yo me pregunto, ¿es que cuando los alumnos de Extremadura, de
Castilla-La Mancha, Castilla y León, inician su carrera educativa
necesitan menos apoyo financiero que los alumnos de Andalucía, del País
Valenciano, de Cataluña, o del País Vasco, que tienen una mejor cobertura
financiera para el desarrollo de sus proyectos educativos? No hay ninguna
razón que apoye esas diferencias. Los extremeños, los catalanes, los
andaluces, o los castellanos, requieren el mismo apoyo. Pero no para que
todos realicen el mismo proyecto educativo, porque las Comunidades tienen
derecho a dejar su impronta en el desarrollo del sistema, en los
contenidos de la educación y, naturalmente, en sus resultados. No se
trata, pues, de imponer una política igualatoria, sino de imponer la
equidad en las condiciones sociales básicas. Este riesgo importante de
desequilibrio en la educación puede llevarnos a provocar algo así como el
gran carajal de la educación, la gran batalla, la gran pelea, el
desasosiego, la inquietud, la incertidumbre, la frustración, la rebeldía,
la explosión escolar. A eso hemos de oponernos; por tanto, deberemos
construir ese consenso básico, ese compromiso fundamental, para
impedirlo.
Señorías, esto no es una trifulca entre partidos, no es un episodio más
de un rifirrafe entre un partido y otro y, mucho menos, me niego a
considerarlo como el rifirrafe entre un Senador y otro. Este Senador no
tiene ningún interés en protagonizar ninguna trifulca ni rifirrafe. Este
Senador, que respeta a los Senadores que apoyan al Gobierno y les expresa
el reconocimiento de su trabajo, no tiene ninguna intención de que esto
sea reconducido a una trifulca política partidista, a un rifirrafe de
carácter personal.
Siempre hay la oportunidad de aprender de los propios errores, y el
Partido Popular ha demostrado en los últimos tiempos la habilidad para
aprender de sus propios errores, para rectificar a tiempo decisiones que
pueden ser lesivas de forma importante para la paz escolar. No haré
referencia a una calificación que no ha partido de mis labios, sino de
los de un Senador del Grupo que apoya al Gobierno, cuando, acerca de
determinada decisión del Ejecutivo, ha hablado de puñalada trapera, ni
aplicaré ese calificativo a las decisones del Gobierno. Me limitaré aquí
a reconocer los derechos morales de autor de esa crítica que un Senador
ha hecho a decisiones de su propio partido y que, por otra parte, son
absolutamente legítimas.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Senador Iglesias, le ruego que
vaya concluyendo.
El señor IGLESIAS MARCELO: Concluyo ya, señor Presidente.
Este es un debate apasionante y que se debe plantear con frialdad y con
rigor para ver el fondo de los temas pasando por debajo de las
apariencias, y por ello buscamos y solicitamos el consenso y la
aprobación de la Cámara para llegar a un gran compromiso, para que
instemos al Gobierno a garantizar la calidad de la enseñanza en todos los
centros, en todos, para la defensa de la escuela pública en el sentido
que contiene la LODE, y al que he hecho referencia hace breves momentos;
para fortalecer la educación como un sistema de compensación de las
desigualdades sociales de origen, sin la cual la educación podría
convertirse no en un gran derecho, sino en un privilegio de naturaleza
verdaderamente odiosa; para mantener los criterios de igualdad en la base
y la estructura financiera de la educación para todos los alumnos, todos
los centros y todos los territorios del Estado español. El resultado
final ya se verá; seguramente no será igual en todas partes, habrá
diferencias, legítimas, evidentes, pero el comienzo debe ser una
homologación y una analogía en la infraestructura, en el suelo
financiero, que permita reforzar la participación de todos los sectores
sociales de la comunidad educativa en el gran proyecto de la educación.
Para eso solicito la aprobación de la Cámara. Merece la pena el esfuerzo
que solicito que hagamos; en el horizonte en el que estamos, valen la
pena este esfuerzo y este sacrificio.
Muchas gracias, señor Presidente; muchas gracias, señorías. (Aplausos en
los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Iglesias
Marcelo.
En turno de contestación, tiene la palabra el Senador Fernández Rozada.
El señor FERNANDEZ ROZADA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Senadores, intentaré ser más breve y hacer también un
esfuerzo, pero tengo que empezar diciendo al portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista, Senador Iglesias, que para instar a nuestro
Gobierno a que garantice una calidad de enseñanza no era necesario un
discurso como el que aquí ha pronunciado, que denota el subconsciente y
las ganas que tiene de hablar de lo que pudo haber sido y no fue, la
política educativa, con sus gobiernos, en los últimos años. (Rumores y
protestas.--Un señor Senador: ¡Bien!)
Agradezco mucho el bien porque sé que, además, al señor Iglesias se le
reconoce, y se le nota, su desencanto en los últimos años por la política
educativa de los gobiernos socialistas. (Protestas y rumores.) Pero, ¡qué
le vamos a hacer! El Partido Popular --y se ha dicho aquí, a través
precisamente de las propuestas de la señora Ministra-- intenta, por una
parte, abandonar y no entrar en debates que puedan propiciar el rifirrafe
al que hace referencia el Senador socialista y entrar decididamente en la
búsqueda de un consenso que nos lleve a la garantía de una calidad de
enseñanza real, no ficticia, como la que hemos tenido que padecer en los
últimos años. (Una señora Senadora: ¡Anda ya!) Y ha sido ficticia porque
los resultados en las evaluaciones que se han hecho sobre los
rendimientos académicos son la garantía máxima de lo que acabo de decir.
Está absolutamente claro que nuestro sistema educativo no está homologado
ni puede homologarse, porque en los últimos años se ha dicho una cosa y
se ha hecho, en la mayoría de los casos, lo contrario. Se han predicado
reformas, y se han hecho en contra del profesorado. Se ha intentado
plasmar y cuantificar medios económicos para la garantía de su
cumplimiento en los tramos educativos, y esta garantía ha quedado, como
hemos podido comprobar en los presupuestos socialistas, a merced de unas
disminuciones que impedían lograr esa calidad de enseñanza, que
teóricamente sí que se expresa en todas las leyes socialistas, para la
educación.
Por tanto, señor Iglesias, no venga aquí a soltarnos ahora el discurso
típico de la izquierda, en muchos casos de una izquierda radical, porque
no interesa a nadie. (Fuertes protestas.) Interesará a sus propios
Senadores; no nos interesa a los demás. Los demás lo que queremos ahora
es gobernar, y gobernar para todos, incluidos quienes no tienen ahora esa
alta responsabilidad. La preocupación del Partido Popular es ir en busca
de ese consenso, de ese acuerdo que en la etapa de gobierno socialista
han impedido, o no han querido hacer y al que nosotros estamos dispuestos
porque creemos que, por encima de cualquier otra consideración, la
educación no puede estar a merced de los vaivenes o cambios de gobierno,
porque afecta --y en eso estoy de acuerdo--, en su tradición y en sus
razones históricas, a la esencia misma de la persona, a lo que va a ser y
cómo debe proyectarse en el futuro, con la legitimidad de elegir las
formas que, de acuerdo con su pensamiento, quieran libremente adoptarse.
Yo en eso estoy totalmente de acuerdo, y es legítimo el discurso
socialista, así como la ideología socialista, que jamás negaré, pero es
igualmente lícito creer que la libertad y, concretamente, la libertad de
enseñanza sólo se garantiza si no se conculcan y no se ponen en
entredicho las cuestiones que determinen la libertad del padre o de la
madre para elegir el centro que quiera, de acuerdo con la oferta plural.
Y hay que decirlo con claridad, sobre todo a las señoras y señores
Senadores que no hayan leído atentamente lo que pide en la moción el
Grupo Parlamentario Socialista. Porque está claro que en su punto
segundo, sobre el que hemos hecho un gran esfuerzo para intentar llegar a
un consenso, se desprende, a mi juicio, lo contrario de lo que debe ser
la garantía de la libertad de enseñanza y de elección de centro. Y si no
--y no griten hasta que termine-- (Protestas en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.--Risas en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular.) escuchen lo que dice el Grupo Parlamentario Socialista:
Garantizar el carácter de servicio público de la educación manteniendo el
equilibrio interno del sistema y evitando las medidas que tiendan a su
privatización. (Varios señores Senadores del Grupo Parlamentario
Socialista: Claro, claro.) Pues resulta que si el Gobierno tiene que
mantener una política que garantice el equilibrio interno evitando las
medidas que tiendan a la privatización o, lo que es lo mismo --y así lo
entendemos nosotros, y si estamos equivocados, estamos dispuestos a
rectificar--, que no puede haber un Gobierno democrático que intente
conculcar, en primer lugar, el derecho constitucional, reconocido en su
artículo 27, de que la libertad de enseñanza y la libertad de elección de
centro es algo que no puede, efectivamente, sustraerse de ninguna de las
maneras. Yo digo, señorías, ¿cómo puedo yo, desde un Gobierno, mantener,
con mecanismos que se puedan arbitrar, el equilibrio entre la libertad de
un padre de elegir el centro que quiera, de acuerdo con su libertad de
enseñanza ante esa oferta, a no ser que emplee mecanismos autoritarios
que impidan y conculquen la propia libertad para elegir? (Una señora
Senadora del Grupo Parlamentario Socialista pronuncia palabras que no se
perciben.) Si hay una oferta educativa plural de centros públicos,
centros privados y centros concertados, ¿cómo puedo yo decirle a un
padre, a través de un mecanismo, que elija esto o lo otro porque son más
los que van hacia una legítima aspiración plural que los que van, pongo
por caso, al sector público? Eso no puede ser sinónimo --ni quiero entrar
en ello en este debate-- de una falta de garantía de defensa de la
enseñanza pública.
Yo he dicho aquí siempre --y he estado en la enseñanza pública-- que
queremos una enseñanza pública de calidad, que sea competitiva, y a esa
garantía jamás va a renunciar un Gobierno del PP. Lo que no se puede
pedir al PP es que, encima, renuncie también al derecho constitucional
para
que un padre pueda ejercer el derecho de libertad de enseñanza a través
de la libertad para elegir centros sin ser constreñido por los poderes
públicos. (Fuertes rumores y protestas en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.) Y eso no puede consentirse en modo alguno. Por
tanto, señorías, éste es un tema muy serio en el que se debaten, en el
fondo, las distintas concepciones que tenemos.
El señor VICEPRESIDENTE: (Rigol i Roig): Senador Fernández Rozada, espere
un momento, por favor.
Les pido que no hagan manifestaciones que trastoquen el ritmo necesario
que necesita este debate. Ustedes saben que el silencio interior es bueno
para el espíritu y el silencio exterior es bueno para la Cámara.
Muchas gracias.
El señor FERNANDEZ-ROZADA: Señor Presidente, no obstante estas cosas
suelen ocurrir cuando hablan o quieren opinar quienes no entienden del
tema. En este caso no tenemos ánimo de provocar, pero llevamos dos días
--el señor Iglesias lo sabe-- esforzándonos para intentar llegar a un
acuerdo. Lo mismo que yo defiendo la legitimidad del discurso ideológico
del señor Iglesias, pido al menos el mismo respeto para el que yo
mantengo en nombre de mi propio Grupo. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.)
Por eso, señorías, a lo largo de esta legislatura yo quiero llegar a más
acuerdos en materia de educación que a los que hemos podido llegar con
los gobiernos socialistas. Hice todo el esfuerzo, y lo voy a seguir
haciendo, para lograr votar conjuntamente, pero en este caso tendrían que
reconocer sus señorías que, al margen de las enmiendas que presentamos a
los demás apartados, que son conocidas y de menor cuantía, el esfuerzo
para mantener un equilibrio interno del sistema evitando no sé qué cosas
no se le exige a un Gobierno democrático que conoce el artículo 27 de la
Constitución. Yo he dicho que en ese esfuerzo estamos dispuestos a
mantener el párrafo en el sentido de garantizar el carácter de servicio
público de la educación. La defensa de la escuela pública en el sentido
que esta expresión adquiere en la Ley Orgánica del Derecho a la Educación
es un objetivo irrenunciable y así lo consideramos. Pero le he pedido que
retiren el condicionante de mantener un equilibrio interno del sistema
que evite las medidas que tiendan a su privatización, porque un Gobierno
democrático, que conoce los planteamientos que se recogen en la
Constitución, no puede en modo alguno admitirlo, salvo conculcando los
derechos constitucionales en el ejercicio de la libertad de elección de
centro y de enseñanza. Por tanto, creo que tampoco es necesario ir contra
ello. Si hacemos ese esfuerzo, nosotros seguiremos, señor Iglesias --de
hecho vamos a seguir, aunque tengamos que oponernos a la moción si no se
admite esta enmienda--, señoras y señores Senadores, luchando con todos
los grupos de la Cámara por intentar lograr acuerdos que permitan un
desarrollo de la calidad de la enseñanza en España superior al que hasta
ahora hemos tenido. Para eso vamos a hacer muchos esfuerzos y vamos a
ceder en muchas cosas, porque creo que es necesario; pero lo que no se
puede poner en riesgo es, efectivamente, la propia libertad. Eso es algo
que aquí se ha proclamado desde todos los grupos con la legitimidad que
cada uno tiene y no puede someterse a riesgo de decisiones en votaciones
parlamentarias.
Por tanto, nosotros no queremos entrar en el discurso de fondo de quienes
así lo entienden ni aprobar con nuestra votación lo que consideramos que
va a conculcar ese derecho a la libertad de enseñanza.
Yo podría alargarme aquí y explicar que no existen --como sabe muy bien--
riesgos de desequilibrios interterritoriales. Los veremos dentro de pocos
días en la Cámara cuando analicemos la política educativa presupuestaria.
Señor Iglesias, no tenga miedo alguno a eso; no va a ocurrir; ni tenga
miedo a que el derecho de libertad que un padre pueda tener para elegir
un centro, público o privado-concertado, vaya a ser no primado, sino
castigado por una política cicatera del Gobierno sustentado por el
Partido Popular, porque éste no va a hacer más uso de sus fondos que
aquel que permita seguir garantizando una enseñanza pública de calidad y
que los intereses sociales puedan tener, en el ejercicio de libertad de
enseñanza, su propia libertad para ofertar públicamente la enseñanza que
los padres libremente quieren elegir. Ese es el único fundamento de la
libertad: que haya pluralidad en la oferta educativa; y eso sólo se
consigue si hay otro tipo de enseñanza además de la pública. No creo yo
que los socialistas se atrevan a decir que están a favor de la garantía
de la libertad de enseñanza, cuando sólo defienden la pública. No lo han
dicho y, por tanto, pienso que también están, aunque aquí no lo
pronuncien, por una libertad de calidad en los centros privados y en los
centros concertados. La libertad que actualmente tiene un padre para
elegir un centro es reconocida, por lo que también les gustará encontrar
allí calidad de enseñanza porque, en definitiva, con ello se contribuye
al mejor sistema educativo o, al menos, a uno de calidad.
En todo caso, tendremos debates en los presupuestos. Vaya desde aquí mi
respeto y el reconocimiento de la legitimidad de la defensa de esta
moción, pero también vaya por parte del Grupo Parlarmentario Popular la
advertencia de que cederemos en todo menos en lo que ataque a las raíces
profundas de la educación, que es la libertad y, fundamentalmente, la de
la enseñanza.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Fernández
Rozada.
Tiene la palabra el Senador Iglesias Marcelo.
El señor IGLESIAS MARCELO: Señor Presidente, señorías, mis primeras
palabras deben ser para reconocer y defender el derecho del Senador
Fernández Rozada a expresar en la tribuna con toda libertad la defensa de
sus convicciones políticas sobre la materia educativa. Sabe que cuenta
con ese reconocimiento y ese respeto.
Hace una interpretación subjetiva, que yo tengo que negar, acerca de mi
desencanto personal con la trayectoria de la política educativa de los
sucesivos gobiernos socialistas. Hace un juicio de intenciones. Nos
metemos en el análisis
de lo que son las ideas de las personas, de las intenciones e, incluso,
de los sentimientos.
El debate político, señor Fernández Rozada, está en otro sitio; no está
en el análisis de las intenciones y de los sentimientos de cada uno.
Hablamos de hechos que tienen relevancia para la vida colectiva, y mi
posición personal --más o menos agradable, más entusiasta o más fría-- es
absolutamente irrelevante. Llevar el debate político a ese territorio no
nos conduce a ninguna parte y, por tanto, rechazo cualquier invitación a
entrar en el análisis de esas posiciones.
Expresaré las razones por las que mi Grupo no aceptará la enmienda que ha
propuesto el Grupo Parlamentario Popular a nuestra moción, que son dos de
carácter fundamental. Su enmienda quiere llevar nuestras recomendaciones
al Gobierno a una referencia al artículo 27 de la Constitución. Es decir,
nos piden que recomendemos al Gobierno que garantice los derechos
educativos de dicho artículo.
Hace muy poco tiempo, un rato, 20 minutos, el Senador González Pons ha
dicho desde esta misma tribuna que es innecesario requerir al Gobierno
para que cumpla la Constitución; que eso es una obviedad. Además lo dice
con toda razón. Y yo lo repito aquí. Pedir al Gobierno que cumpla los
requisitos de los derechos educativos del artículo 27 de la Constitución
es absolutamente innecesario.
Aquí se plantea un dilema, y no sé si a través de las palabras del
Senador Fernández Rozada pudiera deducirse cuál es la solución que él da
a esa alternativa. O las leyes vigentes en educación garantizan el
correcto desarrollo y los derechos fundamentales del artículo 27 de la
Constitución o no lo hacen, según el criterio del Gobierno. Si no los
garantizan, si creen que corre riesgo el cumplimiento de los derechos
educativos fundamentales garantizados por la Constitución, modifiquen sus
señorías las leyes básicas de educación, modifiquen la LODE; modifiquen
la Logse. Si, por el contrario, creen que la legislación vigente
garantiza suficientemente los derechos educativos --en esa dirección
parece apuntar la decisión del Gobierno, de no modificar ni la LODE, ni
la Logse, ni alguna de las leyes educativas del período anterior--, lo
que tienen que hacer es decir: se garantiza y hay que cumplir
rigurosamente los contenidos de la legislación, que tiene naturaleza
orgánica y, por tanto, el carácter de bloque constitucional de desarrollo
de la Constitución y de los Estatutos de Autonomía.
Por tanto, están en un dilema. Me parece que quieren modificar sin decir
que quieren modificar; que quieren rectificar sin decir que están en
desacuerdo; y quizá sea por cuestiones de aritmética parlamentaria. Dicen
que no modifican porque no lo pueden decir, pero si pudieran decirlo tal
vez lo dirían. No quiero entrar a juzgar las intenciones del Gobierno.
Planteo ese dilema. Esa es una de las razones por las cuales no podemos
aceptar la enmienda que sus señorías proponen.
Habla de libertad de enseñanza y de elección de centro. Le diré: libertad
de elección de centro y libertad de enseñanza, sí; como derecho
universal, sí; garantizado para todos y cada uno de los ciudadanos, sí;
para unos pocos sí pero para otros pocos no, no; porque ese derecho de
libertad garantizado para algunos y negado para otros no sería un
derecho, sino un privilegio. Y a ese privilegio estaremos dispuestos a
oponernos vigorosamente.
Por último, señor Senador, en cuanto al discurso que acaba de
pronunciarnos, la llamada al consenso --y he escuchado estas palabras
reiteradamente de boca de su señoría--, ¿no le parece que sería más
creíble si la posición que su señoría adoptase en esta tribuna fuera la
misma que su grupo adoptó en años anteriores respecto de la tramitación
de las leyes que el Gobierno socialista trajo a las Cámaras? ¿Recuerda su
señoría el debate parlamentario que en esta misma Cámara se produjo en el
año 1984 a propósito de la LODE, cuando su Grupo planteó una oposición
frontal a la aprobación de esa ley, con 4.000 enmiendas, negándola desde
la primera palabra hasta la última? ¿Cómo es creíble, cómo puede ser
creíble que su señoría venga a defender un consenso sobre el fundamento
de esas leyes a las que su Grupo se opuso fuerte, dura y --hay que
reconocerlo-- legítimamente, porque podían hacerlo? Pero aquello no se
compadece con la situación actual. Su llamada al consenso tiene que tener
el respaldo de lo que usted y sus compañeros dijeron en épocas pasadas.
Si no, su discurso es bastante difícil de creer.
Gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Iglesias
Marcelo.
Turno de portavoces.
Tiene la palabra el Senador Román.
El señor ROMAN CLEMENTE: Muchas gracias, señor Presidente.
En el día de hoy asistimos a un debate que es reproducción de lo que
supuso en su momento el debate de la LODE y posteriormente el debate de
la Logse. Y como es fácil adivinar, este debate no sólo no está cerrado,
sino que va a continuar abierto.
Vamos a votar favorablemente la moción en todos sus puntos, si bien no
compartimos algunos aspectos con respecto a la exposición de motivos. No
compartimos la elaboración de una ley como la Lopeg, que no contó con el
consenso de la comunidad educativa, y tampoco compartimos la
justificación en educación de las medidas a que nos conducen los
criterios de convergencia. Suficientemente conocidas son nuestras
posiciones en ambos aspectos.
La Lopeg supuso una quiebra del consenso con la comunidad educativa y los
criterios de convergencia nos llevan a unas restricciones en los
presupuestos de educación contrarios a los objetivos que en su momento se
marcaba la Logse. Sin duda, estamos de acuerdo con la moción en mejorar
la calidad de la enseñanza del sistema educativo; en la defensa del
servicio público de educación; en oponernos con rotundidad a cualquier
intento de privatización, revestida de lo que sea, con modificaciones
directas de la LODE, la Logse o con modificaciones encubiertas.
Nadie ha hablado de la compensación de las desigualdades. Nosotros
defendemos que el sistema educativo debe estar al servicio de compensar
las desigualdades y hablamos de la necesaria igualdad en la financiación
educativa.
Sin duda, coincidimos en ello, como coincidimos en fomentar la
participación de todos los sectores en la planificación, en el control
del sistema educativo, pero echamos en falta en la moción un aspecto no
tratado, que es la necesidad de una ley de financiación del sistema
educativo. Seis años después de la aprobación de la Logse todavía estamos
a las puertas de la necesaria financiación del sistema educativo y ocurre
lo que está planteándose en este momento. Los sucesivos presupuestos no
recogen aquello que aventuraba la memoria que acompañaba a la Logse y
estamos ante unos recortes presupuestarios que tienen su traslado a las
Comunidades Autónomas.
Por tanto, insisto, vamos a apoyar la moción en todos sus puntos. No
compartimos algunos de los argumentos expuestos en la exposición de
motivos --Lopeg, criterios de convergencia--, pero sin duda estamos
alineados inequívocamente en la defensa del servicio público de la
educación.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Román.
El Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos no hace uso de
la palabra.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
el Senador Varela tiene la palabra.
El señor VARELA I SERRA: Señor Presidente, señorías, el señor Fernández
Rozada ha dicho que el discurso del señor Iglesias no interesaba a nadie.
Me permito decir que a nosotros sí que nos interesa, porque hablar de
educación siempre es interesante. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.) Como ha dicho el mismo Senador Iglesias, el
debate es apasionante. Sinceramente creo que si en España hablásemos más
de educación y menos de otras cosas el país iría mejor. Por tanto, sí que
nos interesa la moción, al igual que nos interesó la interpelación en su
día. Pensamos que nos permite profundizar, reflexionar, cuestionarnos
nuestro sistema educativo. Entiendo que esto es positivo para la Cámara y
para el país.
En cambio, me permito decirle que el estilo de su intervención me parece
un poco preocupante. Con toda sinceridad, pedir el consenso a gritos me
parece un mal método. Me parece que en esta Cámara, desde sus múltiples
lados, se ha pedido el consenso. La señora Ministra en su comparecencia
en la interpelación sugirió cambiar la crispación por el diálogo, por el
consenso. Lo acaba de pedir el Senador Iglesias. Usted también. Nosotros
también pedimos el consenso en nuestra intervención en la interpelación.
Pero el consenso requiere lo que tanto se pide: sosiego, no este tono
--que me sorprende-- de pedir el consenso a gritos.
Entrando en la moción en concreto, mi Grupo la ha examinado con
detenimiento. Estamos de acuerdo con los puntos 1, 2, 3 y 5. Tampoco nos
acaba de gustar la mención que ha hecho el señor Fernández criticando el
punto 2 de la moción socialista. Esta alusión de evitar las medidas que
tiendan a evitar su privatización tampoco nos acaba de gustar, porque
parece una intención un poco malévola. Pero con estos cuatro puntos --1,
2, 3 y 5-- estamos de acuerdo, los aceptamos, nos gustan, en el sentido
de que inciden en la mejora de la calidad de la enseñanza, en mantener el
equilibrio entre enseñanza privada y pública e insistir en la necesidad
de colaboración de todos los sectores educativos para una buena
aplicación de la reforma. En eso estamos de acuerdo. ¡Cómo no se puede
estar de acuerdo con esos principios! (El señor Presidente ocupa la
Presidencia.)
El punto 3, que no se ha mencionado, plantea una obviedad, una cuestión
esencial que es bueno que se recuerde, y es el papel de la educación como
factor clave en la compensación de las desigualdades sociales. Estamos
absolutamente de acuerdo con este punto. Puesto que el Ministro Rajoy
pedía ayer en esta Cámara hechos y no palabras, podemos mostrar el
ejemplo práctico de Cataluña, donde se realiza desde hace muchos años un
esfuerzo tremendo en la mejora de la educación, no sólo desde la
Generalitat, sino también gracias al impulso del Gobierno catalán.
Impulso originado en la conciencia de que, como indica el punto 3 de la
moción que se nos presenta, la educación es la herramienta esencial para
cumplir uno de los principios básicos del pensamiento político catalán,
con independencia de los partidos, que es la necesidad de conseguir la
cohesión social, de evitar que las instancias entre los diferentes
sectores sociales produzcan desigualdades injustas y que el conjunto de
la población de Cataluña continúe protagonizando lo que llamamos un
crecimiento armónico.
No sé, si como dicen algunos, los catalanes somos muy listos. No sé. Lo
que sí aseguro es que somos conscientes de la necesidad de mejorar cada
día nuestro sistema educacional. Por ello, el Gobierno catalán ha
priorizado la aplicación de la Logse, que se cumple en su práctica
totalidad como condición «sine qua non» de progreso de nuestras gentes.
Y, como aludía en su intervención el señor Iglesias, como una condición
para cumplir las condiciones de Maastricht, preparar mejor a nuestros
jóvenes.
Señorías, estamos de acuerdo con los puntos indicados, pero discrepamos
del punto 4 --siempre hay un pero--, cuya redacción nos inquieta. No
dudamos de la buena voluntad de la intervención del señor Iglesias al
proponerla y en sus intentos de disipar las dudas, pero esas dudas
subsisten.
No podemos aceptar la frase de «estricta igualdad de financiación
educativa en todos los territorios». Y no la podemos aceptar porque el
coste de la educación no es igual en todos los territorios. Y no es igual
no sólo por criterios físicos o geográficos, por ejemplo, mayor o menor
necesidad de transporte escolar, si hay más o menos diseminación escolar
o si se necesita más o menos calefacción, sino también como consecuencia
de decisiones políticas absolutamente legítimas. ¿Creemos o no creemos en
la potencialidad enriquecedora de las Autonomías? Estas decisiones
políticas, es decir, las prioridades de Gobierno que se adopten, influyen
decisivamente en un diferente coste económico de la Educación.
El Senador Iglesias ha hecho una referencia al presupuesto, diciendo que
los presupuestos expresan convicciones. Yo estimo que es difícil mantener
este criterio de estricta igualdad. Por ejemplo, el diferente ritmo de la
aplicación
de la Logse en distintos territorios no es fruto del azar, sino de una
decisión política. Pondré otro ejemplo. Apostar o no por incrementar la
formación profesional es otra decisión política, y en los territorios de
España hay diferentes énfasis en incrementar o no la formación
profesional.
Por último, y no la menos importante, está la cuestión de las lenguas
propias en diversas Comunidades, cuyo conocimiento hay que fomentar al
ser riqueza y patrimonio colectivos.
En definitiva --y he puesto sólo ejemplos-- la financiación del sistema
educativo es una cuestión muy compleja --el Grupo Parlamentario Mixto ha
aludido a ello--, y entendemos no se puede zanjar con una escueta
igualdad estricta de financiación educativa. Otra cuestión es que se
insista --y en ello sí estamos de acuerdo-- en que el Gobierno del Estado
garantice que ningún niño o niña será discriminado en relación a sus
posibilidades educativas por el hecho de haber nacido en una zona u otra
del Estado. En eso estamos de acuerdo.
Señorías, nuestro Grupo está de acuerdo en diversos puntos de la moción
del Grupo Parlamentario Socialista, por cuanto insiste en la aplicación
generosa y potente de la Logse, pero no puede aceptar el punto cuatro por
considerar que podría --no en su ánimo, Senador Iglesias-- ser objeto de
interpretaciones peligrosamente jacobinas. Los sentimientos ambivalentes
que tal moción nos produce los expresará nuestro Grupo a través de la
abstención.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Iglesias
Marcelo.
El señor IGLESIAS MARCELO: Muchas gracias, señor Presidente.
Deseo agradecer a la Cámara el primer efecto que esta moción ha producido
en el Pleno y sobre sus señorías que es suscitar un debate en el que las
ideas que se ponen sobre el tapete son examinadas, aprobadas o rechazadas
según los casos, buscando deliberadamente plantear la necesidad de ese
gran compromiso sobre el territorio de la educación.
Debo agradecer al portavoz del Grupo Parlamentario Mixto su posición
sobre esta moción, a la vez que acepto su crítica. Tiene derecho a
exponer sus propias opiniones. Quiero recordarle que el camino de la
educación es un camino muy largo, con el horizonte siempre en la
distancia y que en ese camino siempre está la posibilidad de reconsiderar
las decisiones que en un momento se adoptan, y ha hecho algunas críticas
a la última ley, la Lopeg, que seguramente podrían examinarse una vez que
se haya constatado su eficacia.
Al Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència
i Unió debo agradecerle la coincidencia sobre una parte importante de la
moción, y decirle que ¡ojalá! que el notable esfuerzo que hace la
comunidad y el Gobierno de la Generalitat para el desarrollo y la
implantación de la Logse --que es un notable esfuerzo que hay que
reconocer, que hay que subrayar y que hay que aplaudir-- fuera un
esfuerzo que pudiera ser extendido en condiciones análogas a los demás
territorios y Comunidades Autónomas, pues mucho nos tememos que con la
orientación que el Gobierno está tomando vaya a ser cada día más difícil.
He de acusarme a mí mismo de mi falta de habilidad o pericia por no haber
sabido convencer a sus señorías de que cuando hablamos de estricta
igualdad lo que quiero decir es que ninguna desigualdad en la cobertura
financiera arrastre un déficit educativo para ningún niño, para ninguna
niña, para ninguna comunidad escolar. Cuando hablo de estricta igualdad
no hablo de igualdad matemática, de signo igual en el centro, sino de
igualdad en la posibilidad de los derechos, igualdad en el derecho a
recibir una educación que, naturalmente, permita determinada
flexibilidad. Quizá el término estricto sea un término exagerado: ningún
espíritu jacobino anima al defensor de esta moción.
En cualquier caso, le agradezco su posición sobre el asunto.
Muchas gracias señor Presidente; muchas gracias, señorías. (Aplausos en
los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) El señor PRESIDENTE:
Muchas gracias, Senador Iglesias Marcelo.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Fernández
Rozada.
El señor FERNANDEZ ROZADA: Muchas gracias, señor Presidente.
En primer lugar, debo decir que parece ser que lo que vamos a votar va a
ser la moción íntegra tal y como fue presentada por parte del Grupo
Parlamentario Socialista y, por lo tanto, nuestro Grupo no tiene otra
intención de voto que no sea el intento de rechazo.
Lamento profundamente que se traigan aquí a colación debates pasados
cuando se denuncia cierta subjetividad en uno y no se observe la propia
cuando se está hablando; mejor es que nos lo callemos porque cargadas de
subjetividad en la interpretación de lo que uno quiere decir están las
intervenciones hechas desde esta tribuna a lo largo de todos los Plenos,
por lo tanto, eso me parece una obviedad. Lo que ya no me parece tan
obvio es la actitud, y lo digo con cariño, del señor Varela, de
Convergència i Unió. Lo digo porque cada uno tiene una forma de ser y de
expresarse que usted debiera conocer. Yo conozco la de quienes
habitualmente intervienen aquí y nunca les suelo juzgar por la mayor
intencionalidad o intensidad del tono, sino por lo que puedan decir.
Lamento profundamente que por mi tono usted considere que estoy pidiendo
a voces un consenso. Desde luego, le pido cuantas disculpas quiera y
deseo que en mi tono no vea más intencionalidad que la de creer que
diciéndolo de esa forma llego a convencerme mejor yo mismo, porque estoy
convencido de lo que digo y a defender legítimamente lo que mi Grupo
político me encarga. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular.)
En tercer lugar, no he podido hacer referencia al apartado cuarto,
tendremos ocasión de verlo en el debate presupuestario.
No obstante, usted tenía una alternativa que no ha querido comentar como
enmienda nuestra. Tan sólo en la redacción del punto segundo, nosotros
tenemos serios inconvenientes para el logro de ese consenso. No es
cierto, señor Varela, lo que mantiene el señor Iglesias en su discurso
acerca de que nosotros no buscamos el consenso porque presentamos muchas
enmiendas en los debates, en los que yo mismo participé, de la LODE, de
la Logse, o de la Lopeg. Yo he sido testigo de excepción y he buscado
reiteradamente lograr ese consenso y he recibido la negativa porque
ustedes tenían una mayoría suficiente que no les aconsejaba, ni siquiera,
hablar con nosotros. Sin embargo, teniendo nosotros ahora la mayoría, él
mismo reconoce el esfuerzo y el cambio de actitud de quien, teniendo
mayoría suficiente, ha buscado durante el día de ayer y de hoy la
posibilidad de llegar a un encuentro.
Por lo tanto, no me diga que en 1984 se presentaron miles de enmiendas,
que ahora tenemos que ser consecuentes y que como nosotros gobernamos
vamos a hacer lo que hacían ellos. Justamente porque tenemos mayoría,
queremos el consenso, el diálogo y lograr acuerdos que nos unan a la gran
mayoría. Esa lucha la he tenido siempre y la sigo teniendo y manteniendo.
Por lo tanto, creo que tampoco acierta el señor Iglesias cuando quiere
reprochar esa actitud a mi Grupo parlamentario.
Finalmente, nosotros creemos que de la redacción del punto segundo de la
moción parece desprenderse que la única forma de garantizar el carácter
de servicio público de la educación es a través de la existencia de
centros públicos y limitando la creación de centros privados, lo que,
obviamente, iría en contra de derechos constitucionales como el de
libertad de creación de centros docentes y libertad de enseñanza.
Señor Varela, no sé si con este tono habrá entendido mejor que, desde
luego, nos mueve la pasión por la defensa de una forma de entender la
libertad que, en este caso, no coincide con la del Grupo Parlamentario
Socialista.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Fernández Rozada. (El señor
Iglesias Marcelo pide la palabra.) ¿Para qué pide la palabra, señoría?
El señor IGLESIAS MARCELO: Señor Presidente, pido la palabra por el
artículo 87 ya que ha habido una tergiversación de un argumento que me
interesa mucho dejar claro en el «Diario de Sesiones» de la Cámara.
El señor PRESIDENTE: Tiene un minuto, Senador Iglesias.
El señor IGLESIAS MARCELO: Muchas gracias, señor Presidente.
No me ha entendido el Senador Fernández Rozada cuando hablo de escuela
pública, repase mi intervención. Cuando hablo de la defensa de la escuela
pública, hablo de la defensa de una red que integra centros de
titularidad estatal y centros privados financiados con recursos públicos.
Eso es lo que entiendo por escuela pública y ésa es la defensa a la que
quiero que ustedes se comprometan.
Señor Presidente, no defenderé como oposición ninguna cosa que no esté
dispuesto a defender como Gobierno. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Iglesias Marcelo.
Terminado el debate, vamos a proceder a la votación de la moción, puesto
que no ha sido admitida la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario
Popular.
Se inicia la votación. (Pausa.) Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: Votos emitidos, 233; a favor, 95; en contra, 126;
abstenciones, 12.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Antes de levantar la sesión, recuerdo a los Senadores que componen la
recién creada Comisión Especial para la Reforma Constitucional del Senado
que, a continuación, se va a constituir formalmente en la Sala de
Cuadros.
Se levanta la sesión.
Eran las catorce horas y cincuenta minutos.