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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 41, de 23/07/1996
BOLETIN OFICIAL
DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
VI LEGISLATURA
Serie D:
ACTOS DE CONTROL 23 de julio de 1996 Núm. 41
PREGUNTAS CON RESPUESTA ESCRITA
PREGUNTAS
184/000806 4096
Autor: Frutos Gras, Francisco.
Corrección de error en su pregunta sobre posición del Gobierno en la
Segunda Conferencia del Tratado de Clima. (La pregunta de referencia fue
publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie D,
número 38, de 9 de julio de 1996) (Página 32)
184/000897 4030
Autor: Pliego Cubero, José.
Corrección de error en su pregunta sobre cumplimiento de los compromisos
adquiridos por el Gobierno socialista sobre los programas LEADER II en la
provincia de Jaén. (La pregunta de referencia fue publicada en el
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie D, número 38, de 9 de
julio de 1996) (Página 32)
184/001066 3936
Autor: Caldera Sánchez-Capitán, Jesús.
Oficinas de farmacia existentes en la provincia de Salamanca, así como
aplicación del Real Decreto 11/1996, de ampliación del servicio
farmacéutico a la población en dicha provincia (Página 33)
184/001067 3937
Autor: Caldera Sánchez-Capitán, Jesús.
Farmacias existentes en las distintas Comunidades Autónomas, así como
aplicación del Real Decreto 11/1996, de ampliación del servicio
farmacéutico a la población (Página 34)
PREGUNTAS CON RESPUESTA ESCRITA (Continuación)
184/001068 3939
Autor: López de Lerma i López, Josep.
Previsiones acerca de la apertura de una línea de «créditos blandos» para
la renovación, mejora y modernización de los establecimientos turísticos
(Página 35)
184/001069 3940
Autor: López de Lerma i López, Josep.
Previsiones acerca de la preservación de los espacios por los que
discurren líneas ferroviarias de titularidad estatal en desuso para
permitir usos alternativos (Página 35)
184/001070 3941
Autor: López de Lerma i López, Josep.
Opinión del Gobierno acerca de las manifestaciones hechas por el
Presidente del Tribunal de Defensa de la Competencia, don Amadeo Petitbó,
sobre el margen existente en el precio de la gasolina (Página 35)
184/001071 3942
Autor: López de Lerma i López, Josep.
Previsiones acerca de la potenciación del Servicio de Vigilancia Aduanera
(SVA) como Policía Fiscal y Aduanera del Estado (Página 35)
184/001072 3943
Autor: López de Lerma i López, Josep.
Pilotaje de las embarcaciones adscritas al servicio marítimo de la
Guardia Civil (Página 35)
184/001073 3944
Autor: Cercas Alonso, Alejandro.
Oficinas de farmacia existentes en la provincia de Cáceres, así como
aplicación del Real Decreto 11/1996, de ampliación del servicio
farmacéutico a la población en dicha provincia (Página 36)
184/001074 3952
Autor: Rodríguez Sánchez, Francisco.
Caída de la calidad del agua del Miño (Página 36)
184/001075 3985
Autor: Seco Gordillo, Manuel.
Importe de la compra y reforma del Pabellón de Puerto Rico, en la Isla de
la Cartuja (Sevilla), donde se ha ubicado el «Centro de Investigación y
Desarrollo Postal» (CIDEP) (Página 37)
184/001076 3986
Autor: Seco Gordillo, Manuel.
Personas destinadas en el «Centro de Investigación y Desarrollo Postal»
(CIDEP), de Sevilla (Página 37)
184/001077 3987
Autor: Seco Gordillo, Manuel.
Empresas contratistas de las obras de reforma del Pabellón de Puerto Rico
en la Isla de la Cartuja (Sevilla) para la instalación del «Centro de
Investigación y Desarrollo Postal» (CIDEP), de Sevilla (Página 37)
PREGUNTAS CON RESPUESTA ESCRITA (Continuación)
184/001078 3988
Autor: Seco Gordillo, Manuel.
Cursos de formación celebrados en los locales de la Dirección Territorial
de Correos y Telégrafos de Granada, así como en la Escuela de
Comunicaciones de Madrid, desde la puesta en marcha del «Centro de
Investigación y Desarrollo Postal» (CIDEP), de Sevilla (Página 38)
184/001079 3989
Autor: Seco Gordillo, Manuel.
Cursos impartidos en el «Centro de Investigación y Desarrollo Postal»
(CIDEP), de Sevilla (Página 38)
184/001080 3990
Autor: Seco Gordillo, Manuel.
Importe de los cursos impartidos desde su inauguración por el «Centro de
Investigación y Desarrollo Postal» (CIDEP), de Sevilla (Página 38)
184/001081 3992
Autor: Seco Gordillo, Manuel.
Razones del cierre del Cuartel de la Guardia Civil sito en Las Cabezas
(Sevilla) y su traslado a Lebrija, así como precisiones acerca del
retorno a su localidad de origen (Página 38)
184/001082 3993
Autor: Mantilla Rodríguez, Carlos.
Puesta en práctica de las medidas relativas a la conservación y
comercialización de los productos pesqueros (Página 38)
184/001083 3994
Autor: Caneda Morales, Damián.
Importe de las transferencias realizadas por la Administración Central a
las empresas públicas andaluzas en los últimos cinco años (Página 39)
184/001084 3995
Autor: Seco Gordillo, Manuel.
Estado y previsiones acerca del proyecto de construcción del nuevo
embalse de Los Melonares (Sevilla) (Página 39)
184/001085 3996
Autor: Soriano Benítez de Lugo, Alfonso.
Deuda con la Seguridad Social de las corporaciones públicas (Página 39)
184/001086 4001
Autor: Castellano Cardalliaguet, Pablo.
Previsiones acerca de la finalización de la obra de la carretera N-420, a
su paso por el término municipal de Montalbán (Teruel), con la
construcción del puente sobre el río Ancho (Página 39)
PREGUNTAS CON RESPUESTA ESCRITA (Continuación)
184/001088 4004
Autor: Castellano Cardalliaguet, Pablo.
Mantenimiento del Convenio entre la Red Nacional de Ferrocarriles
Españoles (RENFE) y la Diputación General de Aragón de octubre de 1994,
por el que se comprometía a mantener una serie de servicios ferroviarios
deficitarios (Página 40)
184/001090 4006
Autora: Aguilar Rivero, Rosa.
Política informativa de subvenciones a determinados cultivos, así como
mejora de los canales de comercialización y seguridad en el transporte de
los productos españoles hacia Europa (Página 40)
184/001091 4007
Autor: Alcaraz Ramos, Manuel Francisco.
Estado de las conversaciones con el Ayuntamiento de Alicante para el
mantenimiento de la factoría de Tabacalera (Página 40)
184/001092 4008
Autor: Alcaraz Ramos, Manuel Francisco.
Fiestas de interés turístico internacional, de interés turístico
nacional, de interés turístico, así como fiestas que gozan de algún tipo
de ayuda o declaración específica (Página 41)
184/001093 4009
Autor: Alcaraz Ramos, Manuel Francisco.
Impulso de la actividad económica y el empleo en torno al Puerto de
Alicante (Página 41)
184/001094 4010
Autor: Alcaraz Ramos, Manuel Francisco.
Reducción del número de banderas azules en las playas del municipio de
Torrevieja (Alicante) (Página 41)
184/001095 4011
Autor: Alcaraz Ramos, Manuel Francisco.
Instituciones y ayuntamientos de la provincia de Alicante que han
solicitado ayudas de la Unión Europea en la convocatoria de 1996 (Página 41)
184/001096 4012
Autor: Saura Laporta, Joan.
Construcción de la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de El
Prat de Llobregat (Barcelona) (Página 41)
184/001097 4013
Autor: Frutos Gras, Francisco.
Daños producidos por la construcción de las instalaciones del Ministerio
de Defensa en el Risco de Famara en la isla de Lanzarote (Página 42)
PREGUNTAS CON RESPUESTA ESCRITA (Continuación)
184/001098 4014
Autor: Frutos Gras, Francisco.
Previsiones acerca de la construcción de una base para el lanzamiento de
satélites en la costa suroccidental de la isla de El Hierro (Página 42)
184/001099 4022
Autor: Costa Costa, Antonio.
Actuaciones previstas en las Islas Baleares en materia de costas (Página 43)
184/001100 4023
Autor: Costa Costa, Antonio.
Inversiones en centros de salud y hospitales en las Islas Baleares
(Página 43)
184/001101 4024
Autor: Costa Costa, Antonio.
Actuaciones en las Islas Baleares en materia de puertos (Página 43)
184/001102 4025
Autor: Madrid López, Demetrio.
Incidencia del recorte presupuestario en las obras de la autovía Rías
Bajas A-52, en el tramo Mombuey-Requejo (Página 44)
184/001103 4026
Autor: Madrid López, Demetrio.
Incidencia del recorte presupuestario en las obras de la autovía Rías
Bajas A-52, en el tramo Camarzana-Mombuey (Página 44)
184/001104 4027
Autora: Cortajarena Iturrioz, Elvira.
Organizaciones de ámbito estatal censadas, vinculadas con los servicios
sociales, la mujer, la familia, el medio ambiente y las organizaciones
pacifistas (Página 44)
184/001105 4028
Autora: Cortajarena Iturrioz, Elvira.
Previsiones acerca de la celebración de jornadas, seminarios, congresos o
conferencias, relacionados con los servicios sociales, la mujer, la
familia, el medio ambiente y las organizaciones pacifistas (Página 45)
184/001106 4029
Autora: Cortajarena Iturrioz, Elvira.
Distribución del 0,5 % del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas (IRPF) del año 1995 correspondiente a la recaudación del año 1994
(Página 45)
184/001107 4031
Autor: Pérez Solano, Antonio.
Fecha en que van a ser convocados los módulos de garantía social y
educación de adultos para asociación sin ánimo de lucro (Página 45)
PREGUNTAS CON RESPUESTA ESCRITA (Continuación)
184/001108 4032
Autora: Fernández Ramiro, María Inmaculada.
Medidas de seguridad que se están aplicando en el entorno de las
centrales nucleares (Página 46)
184/001109 4033
Autora: Marón Beltrán, Carmen.
Privatización de la empresa Industrias Mecánicas del Noroeste (IMENOSA)
de El Ferrol (La Coruña) (Página 46)
184/001110 4034
Autor: Ros Maorad, José Luis.
Construcción de una azud en el pantano de Entrepeñas (Guadalajara)
(Página 46)
184/001111 4035
Autor: Ros Maorad, José Luis.
Paralización del proyecto de la N-320 a su paso por Sacedón (Página 47)
184/001112 4036
Autor: Sabaté Ibarz, Francesc Xavier.
Fecha prevista para el comienzo de las obras del paso elevado sobre la
variante de Tarragona, tramo I de la carretera N-340 (33-T-2430) (Página 47)
184/001113 4037
Autor: Sabaté Ibarz, Francesc Xavier.
Fecha prevista para el comienzo de las obras de la supresión del cruce a
nivel en la carretera N-340, PK 1163,270 en el tramo variante de
Tarragona, autovía (33-T-2750) (Página 47)
184/001114 4038
Autor: Sabaté Ibarz, Francesc Xavier.
Fecha prevista para el comienzo de las obras del llamado segundo cinturón
de Tarragona, carretera N-340, PK 1163,760 al 1172,460 cuya solicitud de
orden de estudio tiene fecha de 17-02-94 (Página 47)
184/001115 4039
Autor: Sabaté Ibarz, Francesc Xavier.
Fecha prevista para el comienzo de las obras de la variante de Vilaseca,
carretera N-340, tramo enlace carretera N-340-enlace carretera N-420
(40-T-2500 B) (Página 47)
184/001116 4040
Autor: Sabaté Ibarz, Francesc Xavier.
Fecha prevista para el comienzo de las obras de conversión en autovía y
reordenación de accesos de la carretera N-420, PK 879,8 al 887,4, tramo
aeropuerto de Reus-Tarragona cuyo proyecto fue remitido el 18-10-95
(19-T-2590) (Página 47)
184/001117 4041
Autor: Díaz Sol, Angel.
Alteración en la estructura de la organización de la Policía Nacional en
Andalucía (Página 48)
PREGUNTAS CON RESPUESTA ESCRITA (Continuación)
184/001118 4042
Autor: Sáenz Cosculluela, Javier Luis.
Paralización de la construcción de un centro de atención a disminuidos
físicos, psíquicos y sensoriales en Colmenar de Oreja (Madrid) (Página 48)
184/001119 4043
Autor: Sáenz Cosculluela, Javier Luis.
Creación en Colmenar de Oreja (Madrid) de un centro de enseñanza
secundaria para impartir la primera parte de la Enseñanza Secundaria
Obligatoria (ESO) (Página 48)
184/001120 4044
Autores: Puig i Olivé, Lluís María de, y 1 Diputado.
Proyectos en infraestructuras pendientes de realización en la demarcación
de Girona (Página 49)
184/001121 4045
Autor: Blanco López, José.
Cierre de la factoría de la empresa Repsol-Butano instalada en Monforte
de Lemos (Lugo) (Página 49)
184/001122 4046
Autora: Valcarce García, María Amparo.
Actuaciones previstas por el Ministerio de Educación y Cultura relativas
a las obras proyectadas en los centros de enseñanza de la provincia de
León (Página 49)
184/001123 4047
Autores: Blanco López, José, y 1 Diputado.
Puesta en funcionamiento del tramo de la autovía del Noroeste, entre
Monte Salgueiro y Baamonde (Página 50)
184/001124 4048
Autora: Montes Contreras, María del Carmen.
Construcción de la variante de Espejo y la curva entre Castro del Río y
Espejo de la carretera N-432 (Página 50)
184/001125 4049
Autora: Bartolomé Muñoz, María Luisa.
Incidencia del recorte presupuestario en las inversiones en dotaciones
previstas para el aeropuerto de El Altet (Alicante) (Página 50)
184/001126 4050
Autores: Madrid López, Demetrio, y 1 Diputado.
Medidas para prevenir los incendios forestales (Página 51)
184/001127 4051
Autor: Madrid López, Demetrio.
Incidencia del recorte presupuestario en las obras de la autovía Rías
Bajas A-52, en el tramo Benavente-Camarzana (Página 51)
PREGUNTAS CON RESPUESTA ESCRITA (Continuación)
184/001128 4052
Autor: Madrid López, Demetrio.
Incidencia del recorte presupuestario en las obras de la autovía Rías
Bajas A-52, en el tramo Requejo-Villavieja (Página 51)
184/001129 4053
Autor: Martinón Cejas, Antonio.
Procedimientos sancionadores iniciados y sanciones impuestas al amparo de
lo previsto en la Ley 19/1993, de medidas de prevención del blanqueo de
capitales (Página 52)
184/001130 4055
Autor: Gómez-Alba Ruiz, Sergio.
Proyectos provenientes del antiguo Ministerio de Obras Públicas,
Transportes y Medio Ambiente que el Ministerio de Fomento tiene
pendientes en Barcelona, Tarragona, Lleida y Girona (Página 52)
184/001131 4057
Autor: Soriano Benítez de Lugo, Alfonso.
Deuda de las corporaciones públicas canarias con la empresa pública
suministradora de energía eléctrica a las islas «UNELCO» (Página 52)
184/001132 4059
Autor: Vázquez Vázquez, Guillerme.
Construcción del segundo cinturón de circunvalación de la ciudad de Vigo
(Pontevedra) (Página 53)
184/001133 4060
Autor: Vázquez Vázquez. Guillerme.
Realización de la circunvalación de la villa de A Estrada (Pontevedra)
dentro del proyecto de mejora de la carretera N-640 (Chapa-Carril)
(Página 53)
184/001134 4071
Autor: Frutos Gras, Francisco.
Ejecución del proyecto de recuperación experimental de áreas de baños en
la costa norte de Tenerife (Página 53)
184/001136 4074
Autora: Aguilar Rivero, Rosa.
Previsiones acerca de la mejora de las condiciones del trabajador
autónomo (Página 54)
184/001137 4087
Autor: Vázquez Vázquez, Guillerme.
Posibilidades de que España deba pagar la supertasa por exceso de
producción de leche a la Unión Europea (UE) en la campaña 1994-1995
(Página 54)
PREGUNTAS CON RESPUESTA ESCRITA (Continuación)
184/001138 4095
Autor: Meyer Pleite, Willy Enrique.
Apertura de instrucción por falta grave al Comandante don Antonio Romero
Mato, perteneciente a la Capitanía General de Canarias (Página 54)
184/001139 4098
Autora: Maestro Martín, María Angeles.
Aprobación de créditos del Fondo Europeo de Ayuda al Desarrollo (FAD) en
la línea de consultoría para que las empresas españolas puedan hacer
estudios de viabilidad de proyectos (Página 55)
184/001140 4099
Autora: Maestro Martín, María Angeles.
Criterios para reestructurar la deuda externa de los países del sur
(Página 55)
184/001141 4100
Autora: Maestro Martín, María Angeles.
Tanto por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) destinado a Ayuda
Oficial al Desarrollo (AOD) y distribución de la misma por partidas,
programas, subprogramas y ejecutantes (Página 55)
184/001142 4101
Autora: Maestro Martín, María Angeles.
Explicación de que el área geográfica con mayor receptividad económica en
cuanto a Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) sea Asia y no América Latina o
Africa (Página 56)
184/001143 4102
Autora: Maestro Martín, María Angeles.
Evaluación de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) (Página 56)
184/001144 4133
Autor: Beviá Pastor, José Vicente.
Medidas para asegurar la viabilidad de la factoría de la Sociedad Estatal
Industria del Aluminio, S. A. (INESPAL), de Alicante, así como el
mantenimiento de los puestos de trabajo en dicho centro (Página 56)
184/001145 4134
Autor: Romero González, Joan.
Previsiones acerca de la modificación del sistema de admisión de alumnos
(Página 57)
184/001146 4135
Autora: Fernández Sanz, Matilde.
Expulsión de inmigrantes y demandantes de asilo de Melilla (Página 57)
184/001147 4136
Autor: Madrid López, Demetrio.
Oficinas de farmacia existentes en la provincia de Zamora, así como
aplicación del Real DecretoLey 11/1996, de ampliación del servicio
farmacéutico a la población en dicha provincia (Página 57)
PREGUNTAS CON RESPUESTA ESCRITA (Continuación)
184/001148 4137
Autora: García Linares, Rosario.
Oficinas de farmacia existentes en la provincia de Albacete, así como
aplicación del Real DecretoLey 11/1996, de ampliación del servicio
farmacéutico a la población en dicha provincia (Página 58)
184/001149 4138
Autor: Fuentes Gallardo, Francisco.
Oficinas de farmacia existentes en la provincia de Badajoz, así como
aplicación del Real DecretoLey 11/1996, de ampliación del servicio
farmacéutico a la población de dicha provincia (Página 59)
184/001150 4139
Autora: Riera Madurell, María Teresa.
Oficinas de farmacia existentes en Baleares, así como aplicación del Real
Decreto-Ley 11/1996, de ampliación del servicio farmacéutico a la
población en dicha Comunidad (Página 60)
184/001151 4140
Autor: Simón de la Torre, Julián.
Oficinas de farmacia existentes en la provincia de Burgos, así como
aplicación del Real DecretoLey 11/1996, de ampliación del servicio
farmacéutico a la población en dicha provincia (Página 61)
184/001152 4141
Autor: Caballero Serrano, José Manuel.
Oficinas de farmacia existentes en la provincia de Ciudad Real, así como
aplicación del Real Decreto-Ley 11/1996, de ampliación del servicio
farmacéutico a la población en dicha provincia (Página 61)
184/001153 4142
Autor: Díaz Cano del Rey, Máximo Ramón.
Oficinas de farmacia existentes en la provincia de Cuenca, así como
aplicación del Real DecretoLey 11/1996, de ampliación del servicio
farmacéutico a la población en dicha provincia (Página 62)
184/001154 4143
Autor: Ros Maorad, José Luis.
Oficinas de farmacia existentes en la provincia de Guadalajara, así como
aplicación del Real Decreto-Ley 11/1996, de ampliación del servicio
farmacéutico a la población de dicha provincia (Página 63)
184/001155 4144
Autor: Rodríguez Zapatero, José Luis.
Oficinas de farmacia existentes en la provincia de León, así como
aplicación del Real Decreto-Ley 11/1996, de ampliación del servicio
farmacéutico a la población de dicha provincia (Página 64)
184/001156 4145
Autora: Alvarez Gayol, María Enedina.
Oficinas de farmacia existentes en la provincia de Madrid, así como
aplicación del Real DecretoLey 11/1996, de ampliación del servicio
farmacéutico a la población de dicha provincia (Página 64)
PREGUNTAS CON RESPUESTA ESCRITA (Continuación)
184/001157 4146
Autor: Martínez Laseca, José María
Oficinas de farmacia existentes en la provincia de Soria, así como
aplicación del Real Decreto-Ley 11/1996, de ampliación del servicio
farmacéutico a la población de dicha provincia (Página 65)
184/001158 4147
Autor: Villarrubia Mediavilla, Julio.
Oficinas de farmacia existentes en la provincia de Palencia, así como
aplicación del Real DecretoLey 11/1996, de ampliación del servicio
farmacéutico a la población de dicha provincia (Página 66)
184/001159 4148
Autor: Torres Sahuquillo, Gerardo.
Oficinas de farmacia existentes en la provincia de Teruel, así como
aplicación del Real DecretoLey 11/1996, de ampliación del servicio
farmacéutico a la población de dicha provincia (Página 67)
184/001160 4149
Autor: González Revenga, Adolfo.
Oficinas de farmacia existentes en la provincia de Toledo, así como
aplicación del Real DecretoLey 11/1996, de ampliación del servicio
farmacéutico a la población de dicha provincia (Página 68)
184/001161 4150
Autor: Pérez Solano, Antonio.
Oficinas de farmacia existentes en la provincia de Valladolid, así como
aplicación del Real Decreto-Ley 11/1996, de ampliación del servicio
farmacéutico a la población de dicha provincia (Página 68)
184/001162 4151
Autor: Gimeno Marín, Fernando.
Oficinas de farmacia existentes en la provincia de Zaragoza, así como
aplicación del Real Decreto-Ley 11/1996, de ampliación del servicio
farmacéutico a la población de dicha provincia (Página 69)
184/001163 4152
Autor: Martínez Sanjuán, Angel.
Oficinas de farmacia existentes en la Comunidad Autónoma de La Rioja, así
como aplicación del Real Decreto-Ley 11/1996, de ampliación del servicio
farmacéutico a la población en dicha Comunidad (Página 70)
184/001164 4153
Autora: Fernández Sanz, Matilde.
Oficinas de farmacia existentes en la provincia de Cantabria, así como
aplicación del Real Decreto-Ley 11/1996, de ampliación del servicio
farmacéutico a la población en dicha Comunidad (Página 71)
184/001165 4154
Autor: Morlán Gracia, Víctor.
Oficinas de farmacia existentes en la provincia de Huesca, así como
aplicación del Real DecretoLey 11/1996, de ampliación del servicio
farmacéutico a la población de dicha provincia (Página 71)
PREGUNTAS CON RESPUESTA ESCRITA (Continuación)
184/001166 4163
Autor: Peralta Ortega, Ricardo Fernando.
Respeto del medio natural en la construcción de la circunvalación
suroeste de Vigo (Pontevedra) (Página 72)
184/001167 4164
Autora: Aguilar Rivero, Rosa
Construcción del nuevo centro penitenciario en Córdoba (Página 73)
184/001168 4166
Autor: Bayona Aznar, Bernardo.
Previsiones acerca de la modificación de la Ley del Deporte para limitar
competencias de la Administación (Página 73)
184/001169 4167
Autor: Bayona Aznar, Bernardo.
Instrumentos para la formación permanente del profesorado (Página 73)
184/001170 4168
Autor: Bayona Aznar, Bernardo.
Evaluación de los Centros de Enseñanza Primaria y Secundaria (CEPS),
especialmente de Aragón (Página 73)
184/001171 4169
Autor: Bayona Aznar, Bernardo.
Coste de la gratuidad de la Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO) como
prioridad eduativa (Página 74)
184/001172 4170
Autor: Bayona Aznar, Bernardo.
Plazos y costes de la financiación con fondos públicos del segundo ciclo
de la educación infantil (Página 74)
184/001173 4171
Autor: Bayona Aznar, Bernardo.
Incidencias del recorte presupuestario en las inversiones educativas
imposibles de ejecutar o prescindibles desde el punto de vista de la
calidad de la enseñanza (Página 74)
184/001174 4172
Autor: Bayona Aznar, Bernardo.
Derecho a la gratuidad de la enseñanza obligatoria, así como previsiones
de la financiación con fondos públicos de colegios privados de élite
(Página 75)
184/001175 4173
Autor: Bayona Aznar, Bernardo.
Resultados de las pruebas de selectividad universitaria celebradas en el
mes de junio de 1996 (Página 75)
PREGUNTAS CON RESPUESTA ESCRITA (Continuación)
184/001176 4174
Autor: Bayona Aznar, Bernardo.
Reforma del sistema de selectividad universitaria (Página 76)
184/001177 4175
Autor: Bayona Aznar, Bernardo.
Previsiones de los plazos y del rango normativo con que se llevará a cabo
la modificación del sistema de selectividad universitaria (Página 76)
184/001178 4176
Autor: Bayona Aznar, Bernardo.
Cambio del trazado de la línea del tren de alta velocidad (TAV) entre
Zaragoza y Lleida, a su paso por los términos municipales de Fuentes de
Ebro y Osera de Ebro (Página 76)
184/001179 4177
Autor: Bayona Aznar, Bernardo.
Repercusiones en Aragón de la privatización de diversas empresas
públicas, así como conocimiento por la Diputación General de Aragón de
dicha decisión (Página 77)
184/001180 4178
Autor: Beviá Pastor, José Vicente.
Previsiones acerca de la construcción de las variantes de El Campello y
Villajoyosa (Alicante) en la carretera N-332 (Página 77)
184/001181 4179
Autor: Rodríguez Rodríguez, Juan Miguel.
Infraestructuras para las que se prevé fórmulas de cofinanciación
público-privada (Página 77)
184/001182 4180
Autor: Rodríguez Rodríguez, Juan Miguel.
Previsiones acerca de la construcción de la autovía Antequera-Córdoba
(Página 78)
184/001183 4181
Autor: Sanjuán de la Rocha, Carlos, y 1 Diputado.
Incremento de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en Andalucía
Oriental en los meses de verano de 1996 (Página 78)
184/001184 4182
Autor: Rodríguez Rodríguez, Juan Miguel.
Construcción del tramo de autovía entre las localidades del Rincón de la
Victoria y Algarrobo (Málaga) (Página 79)
184/001185 4183
Autor: Sanjuán de la Rocha, Carlos, y 1 Diputado.
Refuerzo policial en la provincia de Málaga en los meses de verano de
1996 (Página 79)
PREGUNTAS CON RESPUESTA ESCRITA (Continuación)
184/001186 4184
Autor: Pérez Ferre, Alberto.
Plazo de ejecución previsto para la construcción de la terminal de carga
del aeropuerto de El Altet (Alicante), así como para la finalización de
la ampliación de la plataforma de estacionamiento de aviones (Página 79)
184/001187 4185
Autora: Campo Casasús, Carmen del.
Previsiones acerca del cierre de cuarteles de la Guardia Civil en la
provincia de Córdoba (Página 80)
184/001188 4189
Autora: Maestro Martín, María Angeles.
Medidas para potenciar la ayuda financiera y humanitaria internacional,
así como para garantizar el respeto a los derechos humanos y propiciar la
reconciliación en Ruanda y Burundi (Página 80)
184/001189 4219
Autor: Madrid López, Demetrio.
Modificación del Impuesto de Sociedades en el País Vasco (Página 81)
184/001190 4228
Autor: Vaquero del Pozo, Pedro.
Medidas para la recepción de ayudas y subvenciones destinadas a la mejora
o mantenimiento de las condiciones laborales de los trabajadores del
sector agrícola en Canarias (Página 81)
184/001191 4236
Autor: Alcaraz Ramos, Manuel Francisco.
Planes para la mejora de las instalaciones de Correos y Telégrafos de
Alcoy (Alicante) (Página 82)
184/001192 4237
Autor: Alcaraz Ramos, Manuel Francisco.
Opinión del Gobierno relativa a las declaraciones del Presidente de la
empresa concesionaria de la autopista A7 AUMAR sobre la liberalización de
la misma (Página 82)
184/001193 4238
Autor: Alcaraz Ramos, Manuel Francisco.
Acciones para la promoción de las lenguas oficiales distintas del
castellano en el exterior (Página 82)
184/001194 4239
Autor: Caldera Sánchez-Capitán, Jesús.
Incidencia del recorte presupuestario en las inversiones previstas para
el año 1996 por el Ministerio de Educación y Cultura en Béjar (Salamanca)
(Página 82)
184/001195 4240
Autor: Caldera Sánchez-Capitán, Jesús.
Incidencia del recorte presupuestario en las inversiones previstas para
el año 1996 por el Ministerio de Educación y Cultura en Ciudad Rodrigo
(Salamanca) (Página 83)
PREGUNTAS CON RESPUESTA ESCRITA (Continuación)
184/001196 4241
Autor: Caldera Sánchez-Capitán, Jesús.
Incidencia del recorte presupuestario en las inversiones previstas para
el año 1996 por el Ministerio de Educación y Cultura en Peñaranda
(Salamanca) (Página 84)
184/001197 4242
Autor: Caldera Sánchez-Capitán, Jesús.
Incidencia del recorte presupuestario en las inversiones previstas para
el año 1996 en Salamanca (Página 84)
184/001198 4243
Autor: Caldera Sánchez-Capitán, Jesús.
Incidencia del recorte presupuestario en las inversiones previstas para
el año 1996 por el Ministerio de Educación y Cultura en la provincia de
Salamanca (Página 85)
184/001199 4244
Autor: Caldera Sánchez-Capitán, Jesús.
Incidencia del recorte presupuestario en las inversiones previstas para
el año 1996 por el Ministerio de Educación y Cultura en Alba de Tormes
(Salamanca) (Página 86)
184/001200 4245
Autor: Caldera Sánchez-Capitán, Jesús.
Incidencia del recorte presupuestario en las inversiones previstas para
el año 1996 por el Ministerio de Educación y Cultura en Babilafuente
(Salamanca) (Página 86)
184/001201 4246
Autor: Caldera Sánchez-Capitán, Jesús.
Incidencia del recorte presupuestario en las inversiones previstas para
el año 1996 por el Ministerio de Educación y Cultura en Guijuelo
(Salamanca) (Página 87)
184/001202 4247
Autor: Caldera Sánchez-Capitán, Jesús.
Incidencia del recorte presupuestario en las inversiones previstas para
el año 1996 por el Ministerio de Educación y Cultura en La Fuente de San
Esteban (Salamanca) (Página 87)
184/001203 4248
Autor: Caldera Sánchez-Capitán, Jesús.
Incidencia del recorte presupuestario en las inversiones previstas para
el año 1996 por el Ministerio de Educación y Cultura en Lumbrales
(Salamanca) (Página 88)
184/001204 4249
Autor: Caldera Sánchez-Capitán, Jesús.
Incidencia del recorte presupuestario en las inversiones previstas para
el año 1996 por el Ministerio de Educación y Cultura en Vitigudino
(Salamanca) (Página 89)
PREGUNTAS CON RESPUESTA ESCRITA (Continuación)
184/001205 4250
Autor: Caldera Sánchez-Capitán, Jesús.
Incidencia del recorte presupuestario en las inversiones previstas para
el año 1996 por el Ministerio de Educación y Cultura en la provincia de
Salamanca (Página 89)
184/001206 4251
Autor: Caldera Sánchez-Capitán, Jesús.
Incidencia del recorte presupuestario en las inversiones previstas para
el año 1996 por el Ministerio de Educación y Cultura en Aldealengua
(Salamanca) (Página 90)
184/001207 4252
Autor: Caldera Sánchez-Capitán, Jesús.
Incidencia del recorte presupuestario en las inversiones previstas para
el año 1996 por el Ministerio de Educación y Cultura en Aldearrubia
(Salamanca) (Página 91)
184/001208 4253
Autor: Caldera Sánchez-Capitán, Jesús.
Incidencia del recorte presupuestario en las inversiones previstas para
el año 1996 por el Ministerio de Educación y Cultura en Villamayor
(Salamanca) (Página 91)
184/001209 4254
Autor: Caldera Sánchez-Capitán, Jesús.
Incidencia del recorte presupuestario en las inversiones previstas para
el año 1996 por el Ministerio de Educación y Cultura en Encinas de Abajo
(Salamanca) (Página 92)
184/001210 4255
Autor: Caldera Sánchez-Capitán, Jesús.
Incidencia del recorte presupuestario en las inversiones previstas para
el año 1996 por el Ministerio de Educación y Cultura para mobiliario,
equipamiento y educación especial infantil en la provincia de Salamanca
(Página 92)
184/001211 4256
Autor: Caldera Sánchez-Capitán, Jesús.
Incidencia del recorte presupuestario en las inversiones previstas para
el año 1996 por el Ministerio de Educación y Cultura en Cabeza del
Caballo (Salamanca) (Página 93)
184/001212 4257
Autor: Caldera Sánchez-Capitán, Jesús.
Incidencia del recorte presupuestario en las inversiones previstas para
el año 1996 por el Ministerio de Educación y Cultura en Cabrerizos
(Salamanca) (Página 94)
184/001213 4258
Autor: Caldera Sánchez-Capitán, Jesús.
Incidencia del recorte presupuestario en las inversiones previstas para
el año 1996 por el Ministerio de Educación y Cultura en Calvarrasa de
Abajo (Salamanca) (Página 94)
PREGUNTAS CON RESPUESTA ESCRITA (Continuación)
184/001214 4259
Autor: Caldera Sánchez-Capitán, Jesús.
Incidencia del recorte presupuestario en las inversiones previstas para
el año 1996 por el Ministerio de Educación y Cultura en Calzada de
Valdunciel (Salamanca) (Página 95)
184/001215 4260
Autor: Caldera Sánchez-Capitán, Jesús.
Incidencia del recorte presupuestario en las inversiones previstas para
el año 1996 por el Ministerio de Educación y Cultura en Carbajosa de la
Sagrada (Salamanca) (Página 96)
184/001216 4261
Autor: Caldera Sánchez-Capitán, Jesús.
Incidencia del recorte presupuestario en las inversiones previstas para
el año 1996 por el Ministerio de Educación y Cultura en Fuenteguinaldo
(Salamanca) (Página 96)
184/001217 4262
Autor: Caldera Sánchez-Capitán, Jesús.
Incidencia del recorte presupuestario en las inversiones previstas para
el año 1996 por el Ministerio de Educación y Cultura en Lagunilla
(Salamanca) (Página 97)
184/001218 4263
Autor: Caldera Sánchez-Capitán, Jesús.
Incidencia del recorte presupuestario en las inversiones previstas para
el año 1996 por el Ministerio de Educación y Cultura en Morasverdes
(Salamanca) (Página 97)
184/001219 4264
Autor: Caldera Sánchez-Capitán, Jesús.
Incidencia del recorte presupuestario en las inversiones previstas para
el año 1996 por el Ministerio de Educación y Cultura en Navasfrías
(Salamanca) (Página 98)
184/001220 4265
Autor: Caldera Sánchez-Capitán, Jesús.
Incidencia del recorte presupuestario en las inversiones previstas para
el año 1996 por el Ministerio de Educación y Cultura en El Payo
(Salamanca) (Página 99)
184/001221 4266
Autor: Caldera Sánchez-Capitán, Jesús.
Incidencia del recorte presupuestario en las inversiones previstas para
el año 1996 por el Ministerio de Educación y Cultura en Peñaparda
(Salamanca) (Página 99)
184/001222 4267
Autor: Caldera Sánchez-Capitán, Jesús.
Incidencia del recorte presupuestario en las inversiones previstas para
el año 1996 por el Ministerio de Educación y Cultura en San Martín del
Castañar (Salamanca) (Página 100)
PREGUNTAS CON RESPUESTA ESCRITA (Continuación)
184/001223 4268
Autor: Caldera Sánchez-Capitán, Jesús.
Incidencia del recorte presupuestario en las inversiones previstas para
el año 1996 por el Ministerio de Educación y Cultura en San Miguel de
Robledo (Salamanca) (Página 101)
184/001224 4269
Autor: Caldera Sánchez-Capitán, Jesús.
Incidencia del recorte presupuestario en las inversiones previstas para
el año 1996 por el Ministerio de Educación y Cultura en San Miguel de
Valero (Salamanca) (Página 101)
184/001225 4270
Autor: Caldera Sánchez-Capitán, Jesús.
Incidencia del recorte presupuestario en las inversiones previstas para
el año 1996 por el Ministerio de Educación y Cultura en Sequeros
(Salamanca) (Página 102)
184/001226 4271
Autor: Caldera Sánchez-Capitán, Jesús.
Incidencia del recorte presupuestario en las inversiones previstas para
el año 1996 por el Ministerio de Educación y Cultura en Topas (Salamanca)
(Página 103)
184/001227 4272
Autor: Caldera Sánchez-Capitán, Jesús.
Incidencia del recorte presupuestario en las inversiones previstas para
el año 1996 por el Ministerio de Educación y Cultura en Valdelacasa
(Salamanca) (Página 103)
184/001228 4281
Autor: Rodríguez Sánchez, Francisco.
Emisiones de dióxido de azufre por las centrales térmicas de Endesa en As
Pontes y Meirama (La Coruña) (Página 104)
184/001229 4283
Autora: Cánovas Montalbán, María Sacramento.
Oficinas de farmacia existentes en la provincia de Murcia, así como
aplicación del Real DecretoLey 11/1996, de ampliación del servicio
farmacéutico a la población en dicha provincia (Página 104)
184/001230 4284
Autor: Blanco López, José.
Irregularidades en el funcionamiento de la Cruz Roja en la provincia de
Lugo (Página 105)
184/001231 4285
Autor: Cuesta Martínez, Alvaro.
Prioridad en la regulación del tráfico dada a la comitiva institucional
que acompañaba a los Presidentes de los Gobiernos regionales de Asturias
y Galicia el día 6-7-96, en su visita turística a Cudillero (Oviedo)
(Página 106)
PREGUNTAS CON RESPUESTA ESCRITA (Continuación)
184/001232 4286
Autor: Cuesta Martínez, Alvaro.
Oficinas de farmacia existentes en el Principado de Asturias, así como
aplicación del Real Dereto-Ley 11/1996, de ampliación del servicio
farmacéutico a la población en dicha Comunidad (Página 106)
184/001233 4287
Autor: Heredia Díaz, Miguel Angel.
Incidencia del recorte presupuestario en la partida de becas y ayudas al
estudio en los niveles universitarios (Página 108)
184/001234 4288
Autor: Morlán Gracia, Víctor.
Previsiones acerca de la privatización de la sociedad estatal Industria
del Aluminio, S. A. (INESPAL) (Página 108)
184/001235 4289
Autor: Pérez Ferre, Alberto.
Opinión de la Ministra de Justicia acerca de la sentencia de la Sala
Segunda del Tribunal Supremo referente a Luis Pascual Estevill (Página 108)
184/001236 4290
Autor: Nieto González, Jerónimo.
Oficinas de farmacia existentes en la provincia de Avila, así como
aplicación del Real Decreto-Ley 11/1996, de ampliación del servicio
farmacéutico a la población en dicha provincia (Página 108)
184/001237 4291
Autora: Novoa Carcacia, María del Pilar.
Previsiones acerca de la vieja prisión provincial de Orense (Página 109)
184/001238 4292
Autor: Ros Maorad, José Luis.
Construcción de una azud en el pantano de Entrepeñas (Guadalajara), en el
término municipal de Pareja (Página 110)
184/001239 4293
Autora: Cortajarena Iturrioz, Elvira.
Construcción de la presa de Ibiur (Página 110)
184/001240 4294
Autor: Sanjuán de la Rocha, Carlos.
Declaraciones del Gobernador Civil de Málaga sobre el cese del Presidente
de la Confederación Hidrográfica del Sur (Página 110)
PREGUNTAS CON RESPUESTA ESCRITA (Continuación)
184/001241 4316
Autor: Alcaraz Ramos, Manuel Francisco.
Incidencia del recorte presupuestario en la segunda ampliación del
aeropuerto de Altet (Alicante) (Página 111)
184/001242 4317
Autor: Alcaraz Ramos, Manuel Francisco.
Cumplimiento del Protocolo firmado entre el Ministerio de Industria y
Energía, la Generalidad Valenciana y el Ayuntamiento de Elche, en el que
se contemplaba la creación del denominado Instituto del Agua y la puesta
en marcha de una Comisión Mixta de Seguimiento de dicho Protocolo (Página 111)
184/001243 4318
Autor: Alcaraz Ramos, Manuel Francisco.
Instalación de una depuradora de aguas residuales en Benidorm (Alicante)
(Página 111)
184/001244 4319
Autor: Alcaraz Ramos, Manuel Francisco.
Existencia de inmigrantes escolarizados en España que no reciben al
finalizar sus estudios título o certificación oficial (Página 112)
184/001245 4320
Autora: Aguilar Rivero, Rosa.
Realización del servicio militar fuera de la región en la que están
inscritos los mozos (Página 112)
184/001246 4321
Autor: Alcaraz Ramos, Manuel Francisco.
Previsiones acerca de la privatización del grupo de empresas de la
sociedad estatal Industria del Aluminio, S. A. (INESPAL) (Página 112)
184/001247 4322
Autor: Centella Gómez, José Luis.
Problemática planteada en la localidad de Istán (Málaga) en relación con
el reemisor de televisión (Página 112)
184/001248 4323
Autor: Caneda Morales, Damián.
Ejecución del tramo de la autovía del Mediterráneo Rincón de la
Victoria-Nerja (Página 113)
184/001249 4330
Autor: Fernández de Mesa Díaz del Río, Arsenio.
Situación del expediente para la finalización de las obras del acceso
norte al puerto de El Ferrol (La Coruña) (Página 113)
PREGUNTAS CON RESPUESTA ESCRITA (Continuación)
184/001250 4331
Autora: Barrios Curbelo, María Bernarda.
Previsiones acerca del ascenso de suboficiales que, procedentes de la
Escala Auxiliar, fueron integrados por la Ley 17/1989 en la Escala Básica
(Página 113)
184/001251 4332
Autores: Arqueros Orozco, Manuel, y 1 Diputado.
Creación de un distrito hipotecario en la provincia de Almería (Página 113)
184/001252 4333
Autor: Fernández de Mesa Díaz del Río, Arsenio.
Anualidades y plazos de ejecución de la Casa del Mar en El Ferrol (La
Coruña) (Página 113)
184/001253 4334
Autor: Moreno Bustos, Ramón Antonio.
Apoyo y dotación de los cursos de verano organizados por el Ejército
(Página 114)
184/001254 4335
Autor: Moreno Bustos, Ramón Antonio.
Montaje del Future Large Aircraft (FLA) (Página 114)
184/001255 4336
Autor: Moreno Bustos, Ramón Antonio.
Previsiones acerca de la modificación de la Orden Ministerial número
98/1994, de fecha 10 octubre, sobre Régimen de Profesorado de los Centros
Docentes Militares (Página 114)
184/001256 4337
Autor: Fernández de Mesa Díaz del Río, Arsenio.
Situación en que se ha encontrado el Gobierno el Instituto para la
Vivienda de las Fuerzas Armadas (INVIFAS) (Página 115)
184/001257 4338
Autor: Fernández de Mesa Díaz del Río, Arsenio.
Situación de las plantillas de personal de los hospitales militares, así
como previsiones acerca de la Policlínica Naval de Madrid (Página 115)
184/001258 4339
Autor: Fernández de Mesa Díaz del Río, Arsenio.
Adquisición de helicópteros Super Puka para las fuerzas aeromóviles del
Ejército de Tierra (Página 115)
184/001259 4340
Autor: Fernández de Mesa Díaz del Río, Arsenio.
Presupuesto y anualidades programadas para el Plan del Ejército del Aire
2000 (Página 115)
PREGUNTAS CON RESPUESTA ESCRITA (Continuación)
184/001260 4341
Autor: Burgos Gallego, Tomás.
Reparación, consolidación y modernización del puente sobre el río Duero
entre la localidad de Viana de Cega y el Pinar de Antequera (Página 115)
184/001261 4342
Autor: Ollero Tassara, Andrés.
Construcción de la autovía Bailén-Motril (Página 116)
185/000003 4155
Autora: Heras Pablo, María del Carmen.
Supresión del informativo regional emitido por la tarde desde el centro
de Televisión Española (TVE) en Extremadura (Página 116)
CONTESTACIONES
184/000099 4222
Autor: Gobierno.
Contestación a don Guillerme Vázquez Vázquez (G. Mx), sobre reparación de
la carretera N-120 entre el kilómetro 437,5 y el 478,2 (Orense). (La
pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Serie D, número 12, de 20 de mayo de 1996) (Página 117)
184/000192 4223
Autor: Gobierno.
Contestación a don José Luis Centella Gómez (G. IU-IC), sobre incidencia
de los recortes presupuestarios en la construcción de la autovía de la
Axarquía. (La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial
de las Cortes Generales», Serie D, número 16, de 27 de mayo de 1996)
(Página 117)
184/000218 4156
Autor: Gobierno.
Contestación a don Jaime Blanco García (G. S), sobre situación en que se
encuentra el proyecto de saneamiento de la bahía de Santander. (La
pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Serie D, número 19, de 3 de junio de 1996) (Página 117)
184/000227 4224
Autor: Gobierno.
Contestación a don Willy Enrique Meyer Pleite (G. IU-IC), sobre
contrataciones y actividades previstas por la empresa Bazán de San
Fernando (Cádiz). (La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín
Oficial de las Cortes Generales», Serie D, número 19, de 3 de junio de
1996) (Página 118)
184/000245 4359
Autor: Gobierno.
Contestación a don Pedro Vaquero del Pozo (G. IU-IC), sobre medidas
adicionales a las previstas en el Pacto de Toledo, así como previsiones
para garantizar el poder adquisitivo de la tercera edad. (La pregunta de
referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Serie D, número 22, de 11 de junio de 1996) (Página 119)
PREGUNTAS CON RESPUESTA ESCRITA (Continuación)
184/000246 4075
Autor: Gobierno.
Contestación a don Manuel Francisco Alcaraz Ramos (G. IU-IC), sobre
situación de los centros destinados al cumplimiento de las penas de
arresto de fin de semana en la provincia de Alicante. (La pregunta de
referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Serie D, número 22, de 11 de junio de 1996) (Página 120)
184/000248 4019
Autor: Gobierno.
Contestación a don Manuel Francisco Alcaraz Ramos (G. IU-IC), sobre
situación del proyecto de nuevas instalaciones de Correos y Telégrafos en
Petrer (Alicante). (La pregunta de referencia fue publicada en el
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie D, número 22, de 11 de
junio de 1996) (Página 120)
184/000253 4076
Autor: Gobierno.
Contestación a don Joaquín Javier Gago López (G. S), sobre previsiones
acerca de la transferencia a las Comunidades Autónomas de la gestión o
titularidad de los puertos de interés general. (La pregunta de referencia
fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie D,
número 22, de 11 de junio de 1996) (Página 120)
184/000255 4217
Autor: Gobierno.
Contestación a doña María Sacramento Cánovas Montalbán (G. S), sobre
previsiones acerca de la privatización de la Empresa Nacional Bazán. (La
pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Serie D, número 22, de 11 de junio de 1996) (Página 121)
184/000257 3958
Autor: Gobierno.
Contestación a don Josep López de Lerma i López (G. C-CiU), sobre
situación en que se halla la redacción del proyecto de reforma del
trazado de la carretera N-260 a su paso por el tramo Llançà-Colera-Port
Bou. (La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de
las Cortes Generales», Serie D, número 22, de 11 de junio de 1996)
(Página 121)
184/000259 4077
Autor: Gobierno.
Contestación a don José María Chiquillo Barber (G. Mx), sobre importación
de chufa africana. (La pregunta de referencia fue publicada en el
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie D, número 22, de 11 de
junio de 1996) (Página 122)
184/000261 3959
Autor: Gobierno.
Contestación a don Guillerme Vázquez Vázquez (G. Mx), sobre actuaciones
previstas en el tramo de autovía Vigo-Porriño para corregir el trazado
actual y mejorar su seguridad. (La pregunta de referencia fue publicada
en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie D, número 22, de
11 de junio de 1996) (Página 122)
PREGUNTAS CON RESPUESTA ESCRITA (Continuación)
184/000269 3960
Autor: Gobierno.
Contestación a doña Carmen Marón Beltrán (G. S), sobre calendario y
previsiones acerca del acceso norte a El Ferrol (La Coruña) por Fene,
Neda y Narón mediante autovía. (La pregunta de referencia fue publicada
en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie D, número 22, de
11 de junio de 1996) (Página 122)
184/000271 3961
Autor: Gobierno.
Contestación a doña María Amparo Valcarce García (G. S), sobre
previsiones acerca de la construcción de una autopista entre León y
Astorga. (La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial
de las Cortes Generales», Serie D, número 22, de 11 de junio de 1996)
(Página 123)
184/000272 3962
Autor: Gobierno.
Contestación a don Joaquín Javier Gago López (G. S), sobre ejecución de
las obras previstas en la Línea Redondela-Santiago. (La pregunta de
referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Serie D, número 22, de 11 de junio de 1996) (Página 123)
184/000275 4218
Autor: Gobierno.
Contestación a doña María del Carmen Calleja de Pablo (G. S), sobre
previsiones acerca de la aprobación de un plan de empleo rural (PER). (La
pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Serie D, número 22, de 11 de junio de 1996) (Página 123)
184/000276 3963
Autor: Gobierno.
Contestación a doña María Jesús Aramburu del Río (G. IU-IC), sobre
supresión de la Dirección de Renovación Pedagógica en el organigrama del
actual Ministerio de Educación y Cultura. (La pregunta de referencia fue
publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie D,
número 22, de 11 de junio de 1996) (Página 123)
184/000277 4157
Autor: Gobierno.
Contestación a doña María Jesús Aramburu del Río (G. IU-IC), sobre
participación de España en la Conferencia Internacional sobre la Mujer y
en el Foro Alternativo, celebrados en Pekín el año 1995. (La pregunta de
referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Serie D, número 22, de 11 de junio de 1996) (Página 124)
184/000278 4158
Autor: Gobierno.
Contestación a don Willy Enrique Meyer Pleite (G. IU-IC), sobre situación
de los Servicios Integrales para el Empleo. (La pregunta de referencia
fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie D,
número 22, de 11 de junio de 1996) (Página 124)
PREGUNTAS CON RESPUESTA ESCRITA (Continuación)
184/000279 4159
Autor: Gobierno.
Contestación a doña Presentación Urán González (G. IU-IC), sobre caudal
de agua para la refrigeración de la central nuclear José Cabrera, de
Guadalajara, así como límite de incremento de temperatura tolerado. (La
pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Serie D, número 22, de 11 de junio de 1996) (Página 125)
184/000281 3964
Autor: Gobierno.
Contestación a don Guillerme Vázquez Vázquez (G. Mx), sobre ejecución de
las obras de urbanización del tramo de la N-552 que recorre el municipio
de Vigo entre la intersección de la calle Buenos Aires y el límite del
municipio de Redondela. (La pregunta de referencia fue publicada en el
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie D, número 22, de 11 de
junio de 1996) (Página 125)
184/000282 4160
Autor: Gobierno.
Contestación a don Javier Fernández Fernández (G. S), sobre privatización
de empresas públicas en Asturias. (La pregunta de referencia fue
publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie D,
número 22, de 11 de junio de 1996) (Página 125)
184/000283 3965
Autor: Gobierno.
Contestación a don Francisco Rodríguez Sánchez (G. Mx), sobre dotación de
un plan de regadío a la comarca de La Limia (Orense). (La pregunta de
referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Serie D, número 22, de 11 de junio de 1996) (Página 126)
184/000291 3966
Autor: Gobierno.
Contestación a don Angel Martínez Sanjuán (G. S), sobre previsiones y
calendario de ejecución para la autopista que enlace Madrid a través de
la provincia de Soria con la autopista del Valle del Ebro, A-68. (La
pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Serie D, número 22, de 11 de junio de 1996) (Página 126)
184/000292 3967
Autor: Gobierno.
Contestación a don Angel Martínez Sanjuán (G. S), sobre desdoblamiento y
conversión en autovía de la carretera N-120 en su tramo Navarrete-Burgos.
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las
Cortes Generales», Serie D, número 22, de 11 de junio de 1996) (Página 126)
184/000293 3968
Autor: Gobierno.
Contestación a don Angel Martínez Sanjuán (G. S), sobre realización del
túnel de Piqueras en la carretera N-111. (La pregunta de referencia fue
publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie D,
número 22, de 11 de junio de 1996) (Página 127)
PREGUNTAS CON RESPUESTA ESCRITA (Continuación)
184/000294 4078
Autor: Gobierno.
Contestación a don Jaime Blanco García (G. S), sobre aumento de la cuota
láctea asignada a España y, especialmente, la de la Región de Cantabria.
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las
Cortes Generales», Serie D, número 22, de 11 de junio de 1996) (Página 127)
184/000295 3969
Autor: Gobierno.
Contestación a don José Blanco López (G. S), sobre ejecución de la Ronda
Norte de la ciudad de Lugo. (La pregunta de referencia fue publicada en
el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie D, número 22, de 11
de junio de 1996) (Página 127)
184/000296 3970
Autor: Gobierno.
Contestación a don José Blanco López (G. S), sobre convenio que permita
abordar un Plan de regeneración y urbanización de los accesos a la ciudad
de Lugo. (La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial
de las Cortes Generales», Serie D, número 22, de 11 de junio de 1996)
(Página 128)
184/000297 3971
Autor: Gobierno.
Contestación a don Julio Villarrubia Mediavilla (G. S), sobre proyectos
para el soterramiento del ferrocarril a su paso por la ciudad de
Palencia. (La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial
de las Cortes Generales», Serie D, número 22, de 11 de junio de 1996)
(Página 128)
184/000298 4117
Autor: Gobierno.
Contestación a don Alfonso Perales Pizarro (G. S), sobre situación del
proyecto de conexión de una toma superficial del río Guadiaro al complejo
Guadarranque-Charco Redondo, en la provincia de Cádiz. (La pregunta de
referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Serie D, número 22, de 11 de junio de 1996) (Página 128)
184/000299 3972
Autor: Gobierno.
Contestación a don Alfonso Perales Pizarro (G. S), sobre situación del
Plan denominado metasequía en el que se preveían las obras de conexión
del Canal Bajo Guadalquivir hasta la presa de Bornos, en la provincia de
Cádiz. (La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de
las Cortes Generales», Serie D, número 22, de 11 de junio de 1996)
(Página 129)
184/000300 3973
Autor: Gobierno.
Contestación a don Alfonso Perales Pizarro (G. S), sobre ejecución de las
obras del trasvase del río Guadiaro a Majaceite, en la provincia de
Cádiz. (La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de
las Cortes Generales», Serie D, número 22, de 11 de junio de 1996)
(Página 129)
PREGUNTAS CON RESPUESTA ESCRITA (Continuación)
184/000301 4118
Autor: Gobierno.
Contestación a don Alfonso Perales Pizarro (G. S), sobre construcción de
la presa de Hozgarganta, en la provincia de Cádiz. (La pregunta de
referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Serie D, número 22, de 11 de junio de 1996) (Página 129)
184/000302 3974
Autor: Gobierno.
Contestación a don Alfonso Perales Pizarro (G. S), sobre reducciones y
aumentos de capturas previstas en el Acuerdo pesquero con Marruecos para
las pesquerías tradicionales en la provincia de Cádiz. (La pregunta de
referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Serie D, número 22, de 11 de junio de 1996) (Página 129)
184/000303 3975
Autor: Gobierno.
Contestación a don Alfonso Perales Pizarro (G. S), sobre contratación de
las obras de construcción del nuevo puente Zuazo en San Fernando (Cádiz).
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las
Cortes Generales», Serie D, número 22, de 11 de junio de 1996) (Página 130)
184/000304 3976
Autor: Gobierno.
Contestación a don Alfonso Perales Pizarro (G. S), sobre contratación del
ramal de la N-340, denominado Avenida España, de acceso a La Línea de la
Concepción (Cádiz). (La pregunta de referencia fue publicada en el
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie D, número 22, de 11 de
junio de 1996) (Página 130)
184/000305 3977
Autor: Gobierno.
Contestación a don Alfonso Perales Pizarro (G. S), sobre inversiones en
las infraestructuras de riego de la zona de Cádiz. (La pregunta de
referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Serie D, número 22, de 11 de junio de 1996) (Página 130)
184/000306 3978
Autor: Gobierno.
Contestación a don Alfonso Perales Pizarro (G. S), sobre reservas de agua
de la bahía de Cádiz. (La pregunta de referencia fue publicada en el
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie D, número 22, de 11 de
junio de 1996) (Página 130)
184/000315 4079
Autor: Gobierno.
Contestación a don Julián Fernández Sánchez (G. IU-IC), sobre previsiones
acerca de trasvasar aguas excedentarias a otras Comunidades Autónomas
desde el embalse de Itoiz. (La pregunta de referencia fue publicada en el
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie D, número 22, de 11 de
junio de 1996) (Página 131)
PREGUNTAS CON RESPUESTA ESCRITA (Continuación)
184/000316 3979
Autor: Gobierno.
Contestación a doña María Amparo Rubiales Torrejón (G. S), sobre
construcción de la presa de «Los Melonares», en la provincia de Sevilla.
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las
Cortes Generales», Serie D, número 22, de 11 de junio de 1996) (Página 131)
184/000322 4080
Autor: Gobierno.
Contestación a don Manuel Francisco Alcaraz Ramos (G. IU-IC), sobre
cuarteles cerrados o no destinados a uso militar, así como conversaciones
abiertas con Ayuntamientos para su venta o cesión. (La pregunta de
referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Serie D, número 26, de 18 de junio de 1996) (Página 132)
184/000323 4360
Autor: Gobierno.
Contestación a don Manuel Francisco Alcaraz Ramos (G. IU-IC), sobre
opinión del Gobierno acerca de las presuntas irregularidades de
Cablevisión que vulnerarían el reglamento comunitario sobre concentración
de empresas. (La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín
Oficial de las Cortes Generales», Serie D, número 26, de 18 de junio de
1996) (Página 132)
184/000324 4119
Autor: Gobierno.
Contestación a doña María Angeles Maestro Martín (G. IU-IC), sobre
composición y funcionamiento de la Comisión Liquidadora de Entidades
Aseguradoras dependiente de la Dirección General de Seguros del
Ministerio de Economía y Hacienda. (La pregunta de referencia fue
publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie D,
número 26, de 18 de junio de 1996) (Página 133)
184/000325 4361
Autor: Gobierno.
Contestación a don Lluís María de Puig i Olivé (G. S), sobre proyecto de
desdoblamiento y variante de Castellfollit de la Roca de la N-260 hasta
Olot. (La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de
las Cortes Generales», Serie D, número 26, de 18 de junio de 1996)
(Página 136)
184/000327 4120
Autor: Gobierno.
Contestación a don Lluís María del Puig i Olivé (G. S), sobre futuro del
paso fronterizo de La Jonquera. (La pregunta de referencia fue publicada
en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie D, número 26, de
18 de junio de 1996) (Página 136)
184/000328 4081
Autor: Gobierno.
Contestación a don José Luis Rodríguez Zapatero (G. S), sobre
nombramiento de funcionarios públicos como altos cargos de la
Administración Central tras la reestructuración del Gobierno. (La
pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Serie D, número 26, de 18 de junio de 1996) (Página 137)
PREGUNTAS CON RESPUESTA ESCRITA (Continuación)
184/000331 4362
Autor: Gobierno.
Contestación a don José Luis Ros Maorad (G. S), sobre situación del
proyecto de construcción de la carretera N-320 Guadalajara-Sacedón. (La
pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Serie D, número 26, de 18 de junio de 1996) (Página 137)
184/000332 4082
Autor: Gobierno.
Contestación a don José Luis Ros Maorad (G. S), sobre medidas ante el
cierre de la leprosería de Trillo (Guadalajara) por parte del Instituto
Nacional de la Salud (INSALUD). (La pregunta de referencia fue publicada
en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie D, número 26, de
18 de junio de 1996)(Página 138)
184/000338 4121
Autor: Gobierno.
Contestación a doña Presentación Urán González (G. IU-IC), sobre
ejecución de las obras de infraestructura del Plan de emergencia nuclear
de Cofrentes (Valencia). (La pregunta de referencia fue publicada en el
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie D, número 26, de 18 de
junio de 1996)(Página 139)
184/000345 4083
Autor: Gobierno.
Contestación a don Manuel Francisco Alcaraz Ramos (G. IU-IC), sobre
situación del tráfico de cabotaje del puerto de Alicante a resultas de su
no integración en la sociedad del Puerto Seco de Coslada. (La pregunta de
referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Serie D, número 26, de 18 de junio de 1996) (Página 139)
184/000347 4161
Autor: Gobierno.
Contestación a don Pedro Antonio Ríos Martínez (G. IU-IC), sobre
incidencia del recorte presupuestario en las «inversiones regionalizadas»
previstas por la Ley 41/1994 de Presupuestos Generales del Estado para
1995, para la Región de Murcia. (La pregunta de referencia fue publicada
en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie D, número 26, de
18 de junio de 1996) (Página 140)
184/000348 4122
Autor: Gobierno.
Contestación a don Joan Saura Laporta (G. IU-IC), sobre incidencia del
recorte presupuestario en las inversiones previstas en la Comunidad
Autónoma de Galicia (se acompaña anejo). (La pregunta de referencia fue
publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie D,
número 26, de 18 de junio de 1996) (Página 140)
184/000349 4123
Autor: Gobierno.
Contestación a don Joan Saura Laporta (G. IU-IC), sobre incidencia del
recorte presupuestario en las inversiones previstas en la Comunidad
Autónoma de Cataluña (se acompaña anejo). (La pregunta de referencia fue
publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie D,
número 26, de 18 de junio de 1996) (Página 141)
PREGUNTAS CON RESPUESTA ESCRITA (Continuación)
184/000356 4363
Autor: Gobierno.
Contestación a don Carlos Sanjuán de la Rocha (G. S), sobre atraque del
buque Private-Lady en el puerto de Málaga. (La pregunta de referencia fue
publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie D,
número 26, de 18 de junio de 1996) (Página 142)
184/000360 4124
Autor: Gobierno.
Contestación a don Jesús Caldera Sánchez-Capitán (G. S), sobre incidencia
del recorte presupuestario en las obras de ejecución del embalse de
Irueña (Salamanca). (La pregunta de referencia fue publicada en el
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie D, número 26, de 18 de
junio de 1996) (Página 143)
184/000365 4364
Autor: Gobierno.
Contestación a don Jesús Caldera Sánchez-Capitán (G. S), sobre incidencia
del recorte presupuestario en las obras de construcción de la variante de
Ciudad Rodrigo, en la carretera N-620, en la provincia de Salamanca. (La
pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Serie D, número 26, de 18 de junio de 1996) (Página 143)
184/000378 4365
Autor: Gobierno.
Contestación a don Josep López de Lerma i López (G. C-CiU), sobre
previsiones acerca de la mejora de la situación hacendística de las
Corporaciones Locales. (La pregunta de referencia fue publicada en el
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie D, número 30, de 25 de
junio de 1996) (Página 143)
184/000380 4366
Autor: Gobierno.
Contestación a don Willy Enrique Meyer Pleite (G. IU-IC), sobre criterios
de acceso a la residencia llamada «Carmen Polo de Franco». (La pregunta
de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Serie D, número 30, de 25 de junio de 1996) (Página 144)
184/000394 4162
Autor: Gobierno.
Contestación a don Carlos Sanjuán de la Rocha (G. S), sobre previsiones
acerca de la asunción, por parte del Delegado del Gobierno de Murcia, de
las competencias del Gobernador Civil. (La pregunta de referencia fue
publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie D,
número 30, de 25 de junio de 1996) (Página 144)
184/000395 4162
Autor: Gobierno.
Contestación a don Carlos Sanjuán de la Rocha (G. S), sobre previsiones
acerca de la asunción, por parte del Delegado del Gobierno de Navarra, de
las competencias del Gobernador Civil. (La pregunta de referencia fue
publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie D,
número 30, de 25 de junio de 1996) (Página 144)
PREGUNTAS CON RESPUESTA ESCRITA (Continuación)
184/000396 4162
Autor: Gobierno.
Contestación a don Carlos Sanjuán de la Rocha (G. S), sobre previsiones
acerca de la asunción, por parte del Delegado del Gobierno de La Rioja,
de las competencias del Gobernador Civil. (La pregunta de referencia fue
publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie D,
número 30, de 25 de junio de 1996) (Página 144)
184/000397 4162
Autor: Gobierno.
Contestación a don Carlos Sanjuán de la Rocha (G. S), sobre previsiones
acerca de la asunción, por parte del Delegado del Gobierno de Cantabria,
de las competencias del Gobernador Civil. (La pregunta de referencia fue
publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie D,
número 30, de 25 de junio de 1996) (Página 144)
184/000398 4162
Autor: Gobierno.
Contestación a don Carlos Sanjuán de la Rocha (G. S), sobre previsiones
acerca de la asunción, por parte del Delegado del Gobierno de Baleares,
de las competencias del Gobernador Civil. (La pregunta de referencia fue
publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie D,
número 30, de 25 de junio de 1996) (Página 144)
184/000399 4162
Autor: Gobierno.
Contestación a don Carlos Sanjuán de la Rocha (G. S), sobre previsiones
acerca de la asunción, por parte del Delegado del Gobierno de Asturias,
de las competencias del Gobernador Civil. (La pregunta de referencia fue
publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie D,
número 30, de 25 de junio de 1996) (Página 144)
184/000413 4125
Autor: Gobierno.
Contestación a don José Blanco López (G. S), sobre construcción de un
nuevo cuartel de la Guardia Civil en Mondoñedo (Lugo). (La pregunta de
referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Serie D, número 30, de 25 de junio de 1996) (Página 145)
184/000415 4367
Autor: Gobierno.
Contestación a don Joaquín Javier Gago López (G. S), sobre participación
de los municipios en los tributos del Estado. (La pregunta de referencia
fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie D,
número 30, de 25 de junio de 1996) (Página 145)
184/000418 4368
Autor: Gobierno.
Contestación a don Alfonso Perales Pizarro (G. S), sobre dotación a la
ciudad de Cádiz de una «carta fiscal especial». (La pregunta de
referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Serie D, número 30, de 25 de junio de 1996) (Página 146)
PREGUNTAS CON RESPUESTA ESCRITA (Continuación)
184/000421 4126
Autor: Gobierno.
Contestación a doña María Amparo Rubiales Torrejón (G. S), sobre fecha
prevista para convocar el Consejo de Política Fiscal y Financiera. (La
pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Serie D, número 30, de 25 de junio de 1996) (Página 146)
184/000452 4369
Autor: Gobierno.
Contestación a don Manuel Francisco Alcaraz Ramos (G. IU-IC), sobre
soldados de reemplazo que cumplen el servicio militar en su región
militar de origen. (La pregunta de referencia fue publicada en el
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie D, número 34, de 2 de
julio de 1996) (Página 147)
184/000508 4370
Autor: Gobierno.
Contestación a don Carles Campuzano i Canadés (G. C-CiU), sobre omisión
del apartado a rellenar por los alistados que desean optar por la
declaración de objeción de conciencia al servicio militar en algunos
impresos a cumplimentar en el proceso de alistamiento. (La pregunta de
referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Serie D, número 34, de 2 de julio de 1996) (Página 147)
PREGUNTAS CON RESPUESTA ESCRITA
184/000806
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.
184/000806.
AUTOR: Frutos Gras, Francisco (G. IU-IC).
Corrección de error en su pregunta sobre posición del Gobierno en la
Segunda Conferencia del Tratado de Clima.
Acuerdo:
Tener por corregida la iniciativa de referencia, trasladar al Gobierno,
así como al Sr. Diputado preguntante y publicar en el Boletín.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad
con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de julio de 1996.--P. D., El
Secretario General del Congreso de los Diputados, Ignacio Astarloa
Huarte-Mendicoa.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Por medio del presente escrito vengo en rectificar el error advertido en
la pregunta escrita con número de registro 3569 de 25 de junio de 1996:
Donde dice: «... Segunda Conferencia del Tratado de China...», debe
decir: «... Segunda Conferencia del Tratado del Clima...».
Madrid, 5 de julio de 1996.--Francisco Frutos Gras, Diputado del Grupo
Parlamentario Federal IU-IC.
184/000897
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.
184/000897.
AUTOR: Pliego Cubero, José (G. S).
Corrección de error en su pregunta sobre cumplimiento de los compromisos
adquiridos por el Gobierno socialista sobre los programas LEADER II en la
provincia de Jaén.
Acuerdo:
Tener por corregida la iniciativa de referencia, trasladar al Gobierno,
así como al Sr. Diputado preguntante y publicar en el Boletín.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad
con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de julio de 1996.--P. D., El
Secretario General del Congreso de los Diputados, Ignacio Astarloa
Huarte-Mendicoa.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme
a esa Mesa, a fin de subsanar el error advertido en la presentación del
escrito sellado en el día 27 de junio de 1996, con n.º de registro 3775.
En la primera pregunta:
Donde dice: «el Ministerio de Agricultura».
Debe decir: «el Gobierno».
En la segunda pregunta:
Donde dice: «el citado Ministerio».
Debe decir: «los distintos Ministerios».
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de julio de 1996.--El Diputado,
José Pliego Cubero.--El Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista,
Jesús Caldera Sánchez-Capitán.
La Mesa de la Cámara ha acordado publicar en el «Boletín Oficial de las
Cortes Generales» las preguntas de los Sres. Diputados para las que se
solicita respuesta por escrito, así como las contestaciones recibidas del
Gobierno, que figuran a continuación.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación, de conformidad
con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de julio de 1996.--P. D., El
Secretario General del Congreso de los Diputados, Ignacio Astarloa
Huarte-Mendicoa.
PREGUNTAS
184/001066
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Jesús Caldera Sánchez-Capitán, Diputado por Salamanca, perteneciente al
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas
por escrito.
Motivación
El Pleno del Congreso de los Diputados ha convalidado el día 27 de junio
de 1996 el Real Decreto-Ley 11/1996 de ampliación del servicio
farmacéutico a la población. Al margen de la utilización del Decreto-Ley
sin tomar en consideración los requisitos que esta modalidad legislativa
precisa y, sobre todo, los límites que la Constitución impone para su
utilización, el Gobierno abusa en la presentación de esta iniciativa
acerca de sus pretendidas bondades liberalizadoras y la ampliación que
supondrá en cuanto al servicio farmacéutico a la población.
Extremos ellos tan discutibles como la urgente necesidad que se precisa
para legislar por Decreto-Ley o el debido respeto a las competencias de
las Comunidades Autónomas en la materia, en mi opinión vulneradas por lo
establecido en el Decreto-Ley como, por cierto, se puso de manifiesto a
lo largo del debate con la posición extremadamente crítica de los Grupos
nacionalistas representados en la Cámara.
Más grave aún resulta la ignorancia mostrada por el Gobierno acerca del
derecho a la salud que, como es sabido, forma parte del conjunto de
derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I
de la Constitución, y por ello indisponibles para ser regulados a través
de la técnica del Decreto-Ley. Existe aún otro hecho claramente
denunciable como es que el Decreto-Ley fija un máximo de una farmacia por
cada 2.800 ciudadanos y
no el número mínimo de farmacias por cada X ciudadanos, lo que vulnera la
normativa en materia farmacéutica, pues al Estado le competen facultades
de coordinación y de legislación básica sobre mínimos y no sobre máximos.
Significa ello una clara manipulación de la realidad por parte del
Gobierno al presentar como liberalizadora una norma que de hecho es
restrictiva. Norma que sólo liberaliza, de verdad, los horarios de
farmacia y cuando ya los Tribunales han sentenciado en ese sentido.
Manipula la realidad actual, pues aun cuando es cierto que el número
mínimo de habitantes por farmacia en las zonas urbanas es de 4.000
personas, las amplias excepciones a la norma general sitúan el promedio
en alrededor de 2.000 personas por farmacia.
Se puede incluso considerar que el Gobierno realiza publicidad engañosa,
porque lejos de suponer esta ley la apertura de oficinas de farmacia, su
aplicación obligará a amortizar muchas de las oficinas de farmacia
existentes.
En fin, como en tantas otras materias en especial relacionadas con los
servicios, la fiscalidad y las normas con incidencia en la actividad
económica, el Gobierno legisla en favor de unos pocos y hurtando al
Parlamento su plena capacidad legislativa, sólo corregida por su ulterior
tramitación de los textos como proyectos de ley una vez que el Grupo
Parlamentario Socialista ha demostrado la clara contravención de la
Constitución de la mayoría de ellos. El Gobierno se pliega a la demanda
de los Colegios Farmacéuticos, al anunciar una Ley estatal más amplia y
reguladora del conjunto de la prestación farmacéutica, neutraliza a los
proyectos legislativos de CC. AA. que pretendían una liberalización casi
total como Navarra o una ordenación más flexible, como Castilla-La Mancha
y Extremadura y apuesta por privilegiar a los profesionales instalados
para indignación de quienes no pueden hacerlo una vez que comprueben que
la liberalización no existe.
Por todo ello, formulo las siguientes preguntas al Gobierno:
¿Cuántas oficinas de farmacia, tipología y población protegida existen
más concretamente en la provincia de Salamanca?
¿Cuántas de ellas, en la provincia de Salamanca, prevé el Gobierno que
habrán de amortizarse para adaptarse a las prescripciones del Decreto-Ley
convalidado con los votos del PP, CiU y PNV?
¿Cuántas oficinas de farmacia calcula el Gobierno que podrán abrirse en
la provincia de Salamanca, y en qué localidades tras la entrada en vigor
de la nueva normativa?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de junio de 1996.--Jesús
Caldera Sánchez-Capitán, Diputado y Portavoz adjunto del Grupo
Parlamentario Socialista.
184/001067
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Jesús Caldera Sánchez-Capitán, Diputado por Salamanca, perteneciente al
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas
por escrito.
Motivación
El Pleno del Congreso de los Diputados ha convalidado el día 27 de junio
de 1996, el Real Decreto-Ley 11/1996 de ampliación del servicio
farmacéutico a la población. Al margen de la utilización del Decreto-Ley
sin tomar en consideración los requisitos que esta modalidad legislativa
precisa y, sobre todo, los límites que la Constitución impone para su
utilización, el Gobierno abusa en la presentación de esta iniciativa
acerca de sus pretendidas bondades liberalizadoras y la ampliación que
supondrá en cuanto al servicio farmacéutico a la población.
Extremos ellos tan discutibles como la urgente necesidad que se precisa
para legislar por Decreto-Ley o el debido respeto a las competencias de
las Comunidades Autónomas en la materia, en mi opinión vulneradas por lo
establecido en el Decreto-Ley como, por cierto, se puso de manifiesto a
lo largo del debate con la posición extremadamente crítica de los Grupos
nacionalistas representados en la Cámara.
Más grave aún resulta la ignorancia mostrada por el Gobierno acerca del
derecho a la salud que, como es sabido, forma parte del conjunto de
derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I
de la Constitución, y por ello indispensables para ser regulados a través
de la técnica del Decreto-Ley. Existe aún otro hecho claramente
denunciable como es que el Decreto-Ley fija un máximo de una farmacia por
cada 2.800 ciudadanos y no el número mínimo de farmacias por cada X
ciudadanos, lo que vulnera la normativa en materia farmacéutica, pues al
Estado le competen facultades de coordinación y de legislación básica
sobre mínimos y no sobre máximos.
Significa ello una clara manipulación de la realidad por parte del
Gobierno al presentar como liberalizadora una norma que de hecho es
restrictiva. Norma que sólo liberaliza, de verdad, los horarios de
farmacia y cuando ya los Tribunales han sentenciado en ese sentido.
Manipula la realidad actual, pues aun cuando es cierto que el número
mínimo de habitantes por farmacia en las zonas urbanas es de 4.000
personas, las amplias excepciones a la norma general sitúan el promedio
en alrededor de 2.000 personas por farmacia.
Se puede incluso considerar que el Gobierno realiza publicidad engañosa,
porque lejos de suponer esta ley la apertura de oficinas de farmacia, su
aplicación obligará a amortizar muchas de las oficinas de farmacia
existentes.
En fin, como en tantas otras materias en especial relacionadas con los
servicios, la fiscalidad y las normas con incidencia en la actividad
económica, el Gobierno legisla en favor de unos pocos y hurtando al
Parlamento su plena capacidad legislativa, sólo corregida por su ulterior
tramitación de los textos como proyectos de ley una vez que el Grupo
Parlamentario Socialista ha demostrado la clara contravención de la
Constitución de la mayoría de ellos. El Gobierno se pliega a la demanda
de los Colegios Farmacéuticos, al anunciar una Ley estatal más amplia y
reguladora
del conjunto de la prestación farmacéutica, neutraliza los proyectos
legislativos de CC. AA. que pretendían una liberalización casi total como
Navarra o una ordenación más flexible como Castilla-La Mancha y
Extremadura y apuesta por privilegiar a los profesionales instalados para
indignación de quienes no pueden hacerlo una vez que comprueben que la
liberalización no existe.
Por todo ello, formulo las siguientes preguntas al Gobierno:
¿Puede indicarme el Gobierno el número de farmacias por Comunidades
Autónomas y Provincias, por zonas urbanas y rurales y estimación de
número de habitantes a que prestan servicio cada una de ellas?
¿Qué incidencia tendrá, en la consideración del Gobierno, la aplicación
del Real Decreto-Ley de referencia en cuanto a la apertura de nuevas
oficinas de farmacia, y en qué localidades?
¿Cuántas oficinas de farmacia habrán de amortizarse, en la consideración
del Gobierno, para adaptarse a las prescripciones del Decreto-Ley?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de junio de 1996.--Jesús
Caldera Sánchez-Capitán, Diputado y Portavoz adjunto del Grupo
Parlamentario Socialista.
184/001068
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Josep López de Lerma i López, Diputado del Grupo Catalán Convergència i
Unió, y al amparo de lo que disponen los artículos 185 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno la siguiente pregunta,
solicitando respuesta por escrito.
¿Qué previsiones tiene el Gobierno en relación con la apertura de una
línea de «créditos blandos» para la renovación, mejora y modernización de
establecimientos turísticos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de junio de 1996.--José López
de Lerma.
184/001069
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Josep López de Lerma i López, Diputado del Grupo Catalán Convergència i
Unió, y al amparo de lo que disponen los artículos 185 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno la siguiente pregunta,
solicitando respuesta por escrito.
¿Qué previsiones tiene el Gobierno respecto de la preservación de los
espacios por los que discurren líneas ferroviarias de titularidad estatal
que se encuentren en desuso (o cuyo cierre se vaya a efectuar) para
permitir su uso alternativo como rutas turísticas o para la práctica del
senderismo, cicloturismo, deporte ecuestre, etc.?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de junio de 1996.--José López
de Lerma.
184/001070
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Josep López de Lerma i López, Diputado del Grupo Catalán Convergència i
Unió, y al amparo de lo que disponen los artículos 185 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno la siguiente pregunta,
solicitando respuesta por escrito.
Según manifestaciones hechas por el Presidente del Tribunal de Defensa de
la Competencia, don Amadeo Petitbó, al periódico «Cinco Días», «hay
margen para bajar el precio (de la gasolina); en algún momento habrá que
quitar esas dos pesetas (que se añaden al precio de los carburantes) y si
tenemos el problema del déficit, podemos destinarlas a reducirlo...»
¿Cuál es el parecer del Gobierno al respecto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de junio de 1996.--Josep López
de Lerma i López.
184/001071
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Josep López de Lerma i López, Diputado del Grupo Catalán Convergència i
Unió, y al amparo de lo que disponen los artículos 185 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno la siguiente pregunta,
solicitando respuesta por escrito.
¿Entra en los planes del Gobierno potenciar el Servicio de Vigilancia
Aduanera (SVA) como Policía Fiscal y Aduanera del Estado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de junio de 1996.--Josep López
de Lerma i López.
184/001072
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Josep López de Lerma i López, Diputado del Grupo Catalán Convergència i
Unió, y al amparo de lo que disponen los artículos 185 y siguientes del
Reglamento de la Cámara,
formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando respuesta por
escrito.
¿Está en condiciones de asegurar el Gobierno que las embarcaciones
adscritas al servicio marítimo de la Guardia Civil están pilotadas por
personal que dispone de la preceptiva titulación para ello?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de junio de 1996.--Josep López
de Lerma i López.
184/001073
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Alejandro Cercas Alonso, Diputado por Cáceres, perteneciente al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados,
presenta las siguientes preguntas, para que le sean contestadas por
escrito.
Motivación
El Pleno del Congreso de los Diputados ha convalidado el día 27 de junio
de 1996 el Real Decreto-Ley 11/1996 de ampliación del servicio
farmacéutico a la población. Al margen de la utilización del Decreto-Ley
sin tomar en consideración los requisitos que esta modalidad legislativa
precisa y, sobre todo, los límites que la Constitución impone para su
utilización, el Gobierno abusa en la presentación de esta iniciativa
acerca de sus pretendidas bondades liberalizadoras y la ampliación que
supondrá en cuanto al servicio farmacéutico a la población.
Extremos ellos tan discutibles como la urgente necesidad que se precisa
para legislar por Decreto-Ley o el debido respeto a las competencias de
las Comunidades Autónomas en la materia, en mi opinión vulneradas por lo
establecido en el Decreto-Ley como, por cierto, se puso de manifiesto a
lo largo del debate con la posición extremadamente crítica de los Grupos
nacionalistas representados en la Cámara.
Más grave aún resulta la ignorancia mostrada por el Gobierno acerca del
derecho a la salud que, como es sabido, forma parte del conjunto de
derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I
de la Constitución, y por ello indisponible para ser regulados a través
de la técnica del Decreto-Ley. Existe aún otro hecho claramente
denunciable como es que el Decreto-Ley fija un máximo de una farmacia por
cada 2.800 ciudadanos y no el número mínimo de farmacias por cada X
ciudadanos, lo que vulnera la normativa en materia farmacéutica, pues al
Estado le competen facultades de coordinación y de legislación básica
sobre mínimos y no sobre máximos.
Significa ello una clara manipulación de la realidad por parte del
Gobierno al presentar como liberalizadora una norma que de hecho es
restrictiva. Norma que sólo liberaliza, de verdad, los horarios de
farmacia y cuando ya los Tribunales han sentenciado en ese sentido.
Manipula la realidad actual, pues aun cuando es cierto que el número
mínimo de habitantes por farmacia en las zonas urbanas es de 4.000
personas, las amplias excepciones a la norma general sitúan el promedio
en alrededor de 2.000 personas por farmacia.
Se puede incluso considerar que el Gobierno realiza publicidad engañosa,
porque lejos de suponer esta ley la apertura de oficinas de farmacia, su
aplicación obligará a amortizar muchas de las oficinas de farmacia
existentes.
En fin, como en tantas otras materias en especial relacionadas con los
servicios, la fiscalidad y las normas con incidencia en la actividad
económica, el Gobierno legisla en favor de unos pocos y hurtando al
Parlamento su plena capacidad legislativa, sólo corregida por su ulterior
tramitación de los textos como proyectos de ley una vez que el Grupo
Parlamentario Socialista ha demostrado la clara contravención de la
Constitución de la mayoría de ellos. El Gobierno se pliega a la demanda
de los Colegios Farmacéuticos, al anunciar una Ley estatal más amplia y
reguladora del conjunto de la prestación farmacéutica, neutraliza a los
proyectos legislativos de CC. AA. que pretendían una liberalización casi
total como Navarra o una ordenación más flexible, como Castilla-La Mancha
y Extremadura y apuesta por privilegiar a los profesionales instalados
para indignación de quienes no pueden hacerlo una vez que comprueben que
la liberalización no existe.
Por todo ello, formulo las siguientes preguntas al Gobierno:
1.¿Cuántas oficinas de farmacia, tipología y población protegida existen
más concretamente en la provincia de Cáceres?
2.¿Cuántas de ellas, en la provincia de Cáceres, prevé el Gobierno que
habrá de amortizarse para adaptarse a las prescripciones del Decreto-Ley
convalidado con los votos del PP, CiU y PNV?
3.¿Cuántas oficinas de farmacia calcula el Gobierno que podrán abrirse en
la provincia de Cáceres, y en qué localidades tras la entrada en vigor de
la nueva normativa?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de 1996.--Alejandro
Cercas Alonso.
184/001074
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado del Bloque Nacionalista Galego,
integrado en el Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 185 del Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes
preguntas para las que solicita respuesta por escrito.
La ciudad de Lugo se abastece de agua del río Miño. De su calidad llega
con decir que en repetidas ocasiones las autoridades sanitarias
municipales y de la Xunta se vieron obligadas a desrecomendar y prohibir
el baño en determinadas áreas del río y prohibir el consumo de agua
potabilizada. Esta caída en la calidad del agua del Miño, en apenas
75 kilómetros de recorrido desde su nacimiento en la Serra de Meira hasta
Lugo, se debe principalmente a los muchos vertidos, urbanos y de todo
tipo, que llegan a los distintos cauces de su cuenca sin depuración
alguna. Vertidos industriales ilegales, aguas residuales sin tratar.
Concretamente, la EDAR del ayuntamiento de Lugo es sancionada año tras
año por la Confederación Hidrográfica por no poder tratar todo el volumen
de aguas residuales que llegan a la estación depuradora, al no estar
debidamente dimensionada. Así durante el verano, coincidiendo con la
caída del caudal, y en el otoño, coincidiendo con las crecidas, la
calidad del agua del Miño cae hasta tal punto que, como ya dijimos, debe
ser desrecomendada para el consumo y para el baño.
Por todo lo expuesto, formulamos las siguientes preguntas:
¿Ha hecho la Confederación Hidrográfica del Norte el catálogo de
vertidos, con las respectivas calidades, que se vierten a la cuenca del
Miño? ¿Cuáles son éstos y cuál es su volumen?
¿Qué cantidad recauda la Confederación Hidrográfica en concepto de canon
de vertidos, de canon de ocupación y por sanciones en toda la cuenca del
Miño?
¿A qué se destinan tales recursos y qué porcentaje se ha invertido en la
mejora de la calidad del agua de la cuenca del Miño?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de julio de 1996.--Francisco
Rodríguez Sánchez.
184/001075
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Manuel Seco Gordillo, Diputado por Sevilla, perteneciente al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Excmo. Sr. Ministro de
Fomento, de la que desea obtener respuesta por escrito.
Recientemente se ha cumplido un año desde la inauguración y puesta en
funcionamiento, por el anterior Gobierno Socialista, del «Centro de
Investigación y Desarrollo Postal» (CIDEP), ubicado en el que fue
Pabellón de Puerto Rico, en la Isla de la Cartuja, en Sevilla. Las
numerosas dudas en cuanto a su funcionamiento obligan a formular la
siguiente pregunta:
¿A cuánto ha ascendido el importe total de la compra y reforma del
Pabellón de Puerto Rico, donde se ha ubicado el mencionado «Centro de
Investigación y Desarrollo Postal», con especificación de los materiales
de todo tipo utilizados en su reforma y adaptación y del mobiliario
adquirido, hasta dejarlo en las actuales condiciones de uso?
Madrid, 2 de julio de 1996.--Manuel Seco Gordillo.
184/001076
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Manuel Seco Gordillo, Diputado por Sevilla, perteneciente al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Excmo. Sr. Ministro de
Fomento, de la que desea obtener respuesta por escrito.
Recientemente se ha cumplido un año desde la inauguración y puesta en
funcionamiento, por el anterior Gobierno Socialista, del «Centro de
Investigación y Desarrollo Postal» (CIDEP), ubicado en el que fue
Pabellón de Puerto Rico, en la Isla de la Cartuja, en Sevilla. Las
numerosas dudas en cuanto a su funcionamiento obligan a formular la
siguiente pregunta:
¿Qué número de personas, con especificación de su categoría profesional y
funciones encomendadas, están destinadas permanente o eventualmente en el
«Centro de Investigación y Desarrollo Postal, y a cuánto ascienden los
emolumentos de todo tipo que se les han abonado en este primer año de
funcionamiento del Centro?
Madrid, 2 de julio de 1996.--Manuel Seco Gordillo.
184/001077
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Manuel Seco Gordillo, Diputado por Sevilla, perteneciente al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Excmo. Sr. Ministro de
Fomento, de la que desea obtener respuesta por escrito.
Recientemente se ha cumplido un año desde la inauguración y puesta en
funcionamiento, por el anterior Gobierno Socialista, del «Centro de
Investigación y Desarrollo Postal» (CIDEP), ubicado en el que fue
Pabellón de Puerto Rico, en la Isla de la Cartuja, en Sevilla. Las
numerosas dudas en cuanto a su funcionamiento obligan a formular la
siguiente pregunta:
¿Qué empresa o empresas han sido las contratistas o subcontratistas de
las obras de reforma del Pabellón de Puerto Rico en la Isla de la Cartuja
(Sevilla), para la instalación en el mismo del «Centro de Investigación y
Desarrollo Postal», con indicación, en su caso, de la fecha de los
respectivos contratos, sistema utilizado para la contratación y
adjudicación e importe individualizado de cada uno de los contratos?
Madrid, 2 de julio de 1996.--Manuel Seco Gordillo.
184/001078
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Manuel Seco Gordillo, Diputado por Sevilla, perteneciente al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Excmo. Sr. Ministro de
Fomento, de la que desea obtener respuesta por escrito.
Recientemente se ha cumplido un año desde la inauguración y puesta en
funcionamiento, por el anterior Gobierno Socialista, del «Centro de
Investigación y Desarrollo Postal» (CIDEP), ubicado en el que fue
Pabellón de Puerto Rico, en la Isla de la Cartuja, en Sevilla. Las
numerosas dudas en cuanto a su funcionamiento obligan a formular la
siguiente pregunta:
¿Cuántos cursos de formación se han celebrado en los locales de la
Dirección Territorial de Correos y Telégrafos de Granada, así como en la
Escuela de Comunicaciones de Madrid, desde la puesta en marcha del
«Centro de Investigación y Desarrollo Postal» de Sevilla, con indicación
de su coste individualizado, los monitores que los hayan impartido y su
fecha y duración?
Madrid, 2 de julio de 1996.--Manuel Seco Gordillo.
184/001079
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Manuel Seco Gordillo, Diputado por Sevilla, perteneciente al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Excmo.
Sr. Ministro de Fomento, de la que desea obtener respuesta por escrito.
Recientemente se ha cumplido un año desde la inauguración y puesta en
funcionamiento, por el anterior Gobierno Socialista, del «Centro de
Investigación y Desarrollo Postal» (CIDEP), ubicado en el que fue
Pabellón de Puerto Rico, en la Isla de la Cartuja, en Sevilla. Las
numerosas dudas en cuanto a su funcionamiento obligan a formular la
siguiente pregunta:
¿Cuántos cursos han impartido en el «Centro de Investigación y Desarrollo
Postal» de Sevilla, con indicación de su coste total, duración, fecha en
que fueron impartidos y monitores a los que se encomendó su impartición?
Madrid, 2 de julio de 1996.--Manuel Seco Gordillo.
184/001080
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Manuel Seco Gordillo, Diputado por Sevilla, perteneciente al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Excmo. Sr. Ministro de
Fomento, de la que desea obtener respuesta por escrito.
Recientemente se ha cumplido un año desde la inauguración y puesta en
funcionamiento, por el anterior Gobierno Socialista, del «Centro de
Investigación y Desarrollo Postal» (CIDEP), ubicado en el que fue
Pabellón de Puerto Rico, en la Isla de la Cartuja, en Sevilla. Las
numerosas dudas en cuanto a su funcionamiento obligan a formular la
siguiente pregunta:
¿Qué importe total han supuesto los cursos impartidos desde su
inauguración hasta la fecha por el «Centro de Investigación y Desarrollo
Postal», con detalle de las cantidades abonadas a la «Escuela de
Organización Industrial» (EOI), por gastos de monitores o cursillistas
extranjeros, así como en concepto de dietas y otros emolumentos a los
directivos de Correos y Telégrafos, en virtud de sus desplazamientos a
Sevilla por dichos conceptos?
Madrid, 2 de julio de 1996.--Manuel Seco Gordillo.
184/001081
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Manuel Seco Gordillo, Diputado por Sevilla y perteneciente al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo previsto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados,
tiene el honor de formular al Sr. Ministro de Interior la siguiente
pregunta con respuesta escrita.
¿Qué razones justificaron el cierre del Cuartel de la Guardia Civil sito
en Las Cabezas (Sevilla) y su traslado a Lebrija, y qué previsiones tiene
en orden al retorno de dicho acuartelamiento a su localidad de origen?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de mayo de 1996.--Manuel Seco
Gordillo.
184/001082
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Carlos Mantilla Rodríguez, Diputado por Pontevedra, perteneciente al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta
a la Excma. Sra. Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
El 26 de junio de 1995 se aprobaba definitivamente en el Congreso de los
Diputados la Ley 20/1995, de medidas relativas a la conservación y
comercialización de los productos pesqueros. Dicha Ley se publica en el
BOE del 7 de julio de 1995 con entrada en vigor al día siguiente de su
publicación.
La Disposición Final Primera indicaba: «las diferentes administraciones
públicas adoptarán en el ámbito de sus respectivas competencias las
normas y medidas precisas para la efectividad de lo dispuesto en la
presente Ley, en el plazo de un mes a partir de la entrada en vigor de la
misma».
De lo que antecede, el Diputado que suscribe formula la siguiente
pregunta, de la que desea obtener respuesta por escrito:
¿Cuáles han sido las medidas adoptadas por ese Ministerio y por las
diferentes administraciones públicas implicadas en el tema para llevar a
la práctica las medidas aprobadas en la citada Ley?
Madrid, 19 de junio de 1996.--Carlos Mantilla Rodríguez.
184/001083
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Damián Caneda Morales, Diputado por Málaga, perteneciente al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 180 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener
respuesta por escrito.
¿Cuál ha sido el importe de las transferencias de todo tipo realizadas
por la Administración Central a las Empresas Públicas Andaluzas en los
últimos cinco años?
Madrid, 6 de junio de 1996.--Damián Caneda Morales.
184/001084
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Manuel Seco Gordillo, Diputado por Sevilla y perteneciente al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo previsto en el
artículo 180 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados,
tiene el honor de formular al Sr. Ministro de Fomento la siguiente
pregunta con respuesta escrita.
La prolongada sequía que ha padecido gran parte del territorio español ha
propiciado un amplio debate sobre la conveniencia de aprovechar al máximo
los escasos recursos hídricos, y sobre los diferentes procedimientos para
garantizar el abastecimiento a la población, compatibilizando dicho uso
con los demás previstos en la legislación sobre aguas.
En la provincia de Sevilla existe un proyecto de construcción de un nuevo
embalse, el de Los Melonares, que, junto a la función primordial de
garantizar el abastecimiento a la capital, tendría una importancia
extraordinaria en orden al desarrollo económico y turístico de una de las
zonas más desfavorecidas de la provincia.
Por todo ello:
¿En qué estado se encuentra el proyecto de construcción del nuevo embalse
de Los Melonares (Sevilla) y qué previsiones tiene el Gobierno al
respecto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de mayo de 1996.--Manuel Seco
Gordillo.
184/001085
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Alfonso Soriano y Benítez de Lugo, Diputado por Santa Cruz de Tenerife,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de
lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito:
¿Cuál es la deuda actual con la Seguridad Social de las corporaciones
públicas españolas, por comunidades autónomas y provincias, distinguiendo
las de la Administración Central; comunidades autónomas; corporaciones de
la Administración Local y otras corporaciones públicas?
Madrid, 16 de mayo de 1996.--Alfonso Soriano y Benítez de Lugo.
184/001086
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, se formula la
siguiente pregunta dirigida al Gobierno, para la que se solicita
respuesta escrita.
La CN-420, a su paso por el término municipal de Montalbán (Teruel), ha
sufrido una mejora sustancial en cuanto
a reforma y mejora del firme, salvo a lo referido en el cruce del río
Ancho, que ha quedado con el trazado viejo.
Esto ha producido varios accidentes mortales, casos todos ellos en
vehículos pesados; los dos últimos en la primavera pasada, con un nuevo
muerto y otro herido grave.
El Ayuntamiento de Montalbán ha venido denunciando esta situación, que ya
se alarga desde el año 1994, manteniendo diferentes polémicas y cruce de
correspondencia con la Dirección Provincial del MOPTMA de Teruel,
urgiéndole a la realización del puente sobre el río Ancho.
La última información remitida al Ayuntamiento de Montalbán, por parte de
la Dirección Provincial del MOPTMA (Teruel), no indica cuándo se va a
acometer la obra del puente sobre el río Ancho.
Las Cortes de Aragón, a su vez, en su sesión de la Comisión de Ordenación
del Territorio, de 12 de febrero de 1996, aprobaron la siguiente
Proposición no de Ley:
«Las Cortes de Aragón instan a la DGA para que urja al MOPTMA a la
aprobación definitiva y ejecución con carácter prioritario del proyecto
«CN-420, puente sobre el río Ancho, intersecciones e integración
ambiental de taludes», debido a la peligrosidad que este punto representa
para el tráfico rodado (especialmente vehículos pesados), ya puesto de
manifiesto en varios accidentes mortales; teniendo en cuenta que se está
a la espera de dicha obra, desde 1991.»
¿Para cuándo tiene previsto el Gobierno la finalización de la obra de la
CN-420, con la construcción del puente sobre el río Ancho?
Madrid, 1 de julio de 1996.--Pablo Castellano Cardalliaguet, Diputado del
Grupo Parlamentario Federal IU-IC.
184/001088
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, se formulan
las siguientes preguntas dirigidas al Gobierno, para las que se solicita
respuesta escrita.
RENFE firmó un Convenio con la Diputación General de Aragón en octubre de
1994, por el cual se comprometía a mantener una serie de servicios
ferroviarios deficitarios, a cambio del compromiso del Gobierno de Aragón
de aportar una serie de subvenciones hasta el ejercicio 1996/97.
El Gobierno de Aragón presentó en los Presupuestos de Aragón de 1996 una
partida de 495 millones de pesetas para hacer frente a los compromisos
adquiridos en el citado Convenio.
La reciente aprobación de los Presupuestos de Aragón ha supuesto la
eliminación de esa partida presupuestaria de 495 millones de pesetas,
como consecuencia de una enmienda del PAR, aprobada por el Partido
Popular, es decir los dos partidos que sustenta el Gobierno de Aragón.
¿Piensa mantener RENFE el citado convenio hasta la finalización prevista
en el mismo?
¿Continuará con los mismos criterios o introducirá otros diferentes?
En cualquier caso, ¿qué iniciativas desarrollará RENFE para salvaguardar
el mantenimiento del ferrocarril aragonés?
¿Qué plantes tiene RENFE para mejorar, a través de inversiones, las
infraestructuras del ferrocarril aragonés?
Madrid, 1 de julio de 1996.--Pablo Castellano Cardalliaguet, Diputado del
Grupo Parlamentario Federal IU-IC.
184/001090
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, se formulan
las siguientes preguntas dirigidas al Gobierno, para las que se solicita
respuesta escrita.
Es al menos motivo de extrañeza, para el ciudadano de a pie, observar
cómo en un período de tiempo se arrancan miles de olivos, para al poco
tiempo volver a sembrarlos. Así ocurre con otros cultivos que, de buenas
a primeras, desaparecen de la normalidad de número de hectáreas que se
siembra de los mismos.
De otra parte, la política informativa de subvenciones a determinados
cultivos precisa de una acción eficaz del Gobierno que oriente las
políticas de agricultores y ganaderos en cuanto a la rentabilidad y
posibilidades de comercialización.
¿Se va a tener en cuenta por el Gobierno la situación descrita, para
ayudar a los agricultores en todo lo que se refiere a mejorar su
información?
¿Se van a mejorar los canales de comercialización y la seguridad en el
transporte de nuestros productos hacia Europa?
Madrid, 28 de junio de 1996.--Rosa Aguilar Rivero, Diputada del Grupo
Parlamentario Federal IU-IC.
184/001091
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, se formulan
las siguientes preguntas dirigidas al Gobierno, para las que se solicita
respuesta escrita.
En la respuesta a pregunta escrita 184/000091/0000-001181 sobre las
instalaciones de Tabacalera en Alicante
se alude, sin precisar, a conversaciones para el mantenimiento de la
factoría.
¿Puede precisar el Gobierno el estado de las conversaciones con el
Ayuntamiento de Alicante ¿Cuándo y con quién se mantuvo la última reunión
para tratar el tema? ¿Cuándo está previsto el próximo contacto?
¿Puede el Gobierno precisar la nueva ubicación en el municipio de
Alicante de la factoría y una fecha aproximada de traslado?
Madrid, 1 de julio de 1996.--Manuel Alcaraz Ramos, Diputado del Grupo
Parlamentario Federal IU-IC.
184/001092
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, se formulan
las siguientes preguntas dirigidas al Gobierno, para las que se solicita
respuesta escrita.
¿Puede el Gobierno relacionar las Fiestas de Interés Turístico
Internacional, de Interés Turístico Nacional, de Interés Turístico y, en
su caso, las Fiestas que gozan de algún otro tipo de ayuda o declaración
específica?
¿Puede hacer constar la fecha de la declaración y las ayudas recibidas?
¿Puede desglosarlo por provincias y Comunidades Autónomas?
Madrid, 1 de julio de 1996.--Manuel Alcaraz Ramos, Diputado del Grupo
Parlamentario Federal IU-IC.
184/001093
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, se formula la
siguiente pregunta dirigida al Gobierno, para la que se solicita
respuesta escrita.
Según la opinión del Presidente de la Confederación Internacional de
Agentes de Aduanas (Diario «Información», 9-6-96), el puerto de Alicante
ha «perdido la carrera comercial por la falta de mejoras».
¿Qué planes generales tiene el Gobierno para impulsar la actividad
económica y el empleo en torno al Puerto de Alicante?
Madrid, 1 de julio de 1996.--Manuel Alcaraz Ramos, Diputado del Grupo
Parlamentario Federal IU-IC.
184/001094
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, se formulan
las siguientes preguntas dirigidas al Gobierno, para las que se solicita
respuesta escrita.
Hasta hace unos años, el Municipio de Torrevieja (Alicante) solía obtener
cuatro o cinco Banderas Azules para sus playas. Sin embargo, últimamente
sólo se venía concediendo una, elevándose este número a dos en 1996 pese
a ser cuatro las playas propuestas.
¿Puede el Gobierno informar de las circunstancias que explican esta
reducción del número de Banderas Azules en las playas del municipio de
Torrevieja?
¿Dispone el Gobierno de información sobre el estado de las playas en el
municipio de Torrevieja que no cuentan con las características y/o
servicios idóneos?
Madrid, 1 de julio de 1996.--Manuel Alcaraz Ramos, Diputado del Grupo
Parlamentario Federal IU-IC.
184/001095
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, se formulan
las siguientes preguntas dirigidas al Gobierno, para las que se solicita
respuesta escrita.
¿Qué instituciones y Ayuntamientos de la provincia de Alicante han
solicitado en la convocatoria de 1996 a través de la Unidad
Administrativa del Fondo Social, dependiente del Ministerio de Trabajo,
ayudas de la UE?
¿Puede detallarse por Programas europeos, cantidades solicitadas y
concedidas, solicitudes en tramitación y fin de las ayudas?
Madrid, 1 de julio de 1996.--Manuel Alcaraz Ramos, Diputado del Grupo
Parlamentario Federal IU-IC.
184/001096
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, se formulan
las siguientes preguntas dirigidas al Gobierno, para las que se solicita
respuesta escrita.
La estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de El Prat de Llobregat
ha sido declarada obra de interés general, por el Real Decreto-Ley
3/1993, de 26 de febrero. Esta obra comprende tanto la depuración de las
aguas como la reutilización directa y por recarga de las mismas.
Este proyecto forma parte del «Convenio de Cooperación en
Infraestructuras y Medio Ambiente en el Delta del Llobregat», suscrito
por la Administración del Estado, la Generalitat de Catalunya, los
ayuntamientos de Barcelona y El Prat de Llobregat y la Mancomunidad de
Municipios del Area Metropolitana de Barcelona, el 16 de abril de 1994.
En lo que se refiere a la EDAR, el Convenio general fue objeto de
concreción en sendos Convenios de 12 de febrero de 1996, entre el MOPTMA
y el Departamento de Medio Ambiente de la Generalitat, el primero, y
entre ambos órganos y la Entidad Metropolitana de Medio Ambiente, el
segundo. En estos convenios se acuerda la redacción del proyecto y la
ejecución de una primera fase de la EDAR --sin incluir reutilización--
por un importe de 40.000 millones de pesetas, con aportaciones del 85%
del Estado, con cargo al Fondo de Cohesión, y del 15% de la Generalitat,
con cargo al Plan de Saneamiento de Cataluña.
Atendiendo al hecho que esta instalación debe depurar 155 Hm3 anuales, es
decir, alrededor del 40% de las aguas residuales metropolitanas, que
todavía vierten al mar sin tratamiento alguno, cabe concluir que la
aprobación del proyecto y su licitación deben tener el carácter de
urgentes.
¿Cuál será el Ministerio responsable del seguimiento de la construcción
de la EDAR de El Prat de Llobregat?
¿Quiénes serán los representantes de la Administración del Estado en la
Comisión tripartita de seguimiento de la construcción de la EDAR de El
Prat de Llobregat? ¿Cuándo serán nombrados estos representantes?
¿Cuál es la previsión del Gobierno en relación a la aprobación del
proyecto y posterior licitación de las obras de la EDAR de El Prat de
Llobregat?
Madrid, 2 de julio de 1996.--Joan Saura Laporta, Diputado del Grupo
Parlamentario Federal IU-IC.
184/001097
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, se formulan
las siguientes preguntas dirigidas al Gobierno, para las que se solicita
respuesta escrita.
El pasado día 26 de junio de 1996 la Comisión de Infraestructuras y Medio
Ambiente aprobó la siguiente Proposición no de Ley presentada por el
Grupo Parlamentario Federal IU-IC:
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1.Emitir un informe en el plazo máximo de seis meses, siempre que lo
permita el ciclo biológico de la «yesquera roja», acerca de los daños que
la construcción de las actuales instalaciones del Ministerio de Defensa
en el Risco de Famara hayan podido ocasionar sobre dicha planta, así como
acerca de las consecuencias que, para la misma, pudieran derivarse de la
demolición de tales instalaciones. En el mismo término, el Gobierno
informará a la Comisión sobre dichos estudios y sus resultados.
2.Tomar las medidas legales necesarias, de acuerdo con el Gobierno de
Canarias, y en el ámbito de sus competencias respectivas, para la
preservación, protección y recuperación de las zonas donde crezca la
yesquera roja, de especial protección según lo aprobado en el programa
MAB de la UNESCO.»
Por otra parte, el pasado 10-5-96, el jefe de la unidad insular de
Lanzarote emitió un informe sobre los efectos causados por la
construcción militar en la flora silvestre en el que textualmente dice:
«A la vista de lo expuesto, el impacto sobre esta colonia de yesquera
roja se puede calificar, utilizando la terminología al uso en Impacto
Ambiental, como CRITICO por sus efectos directos e indirectos y de la
naturaleza irreversible e irrecuperable.»
¿Va a tener el Gobierno en cuenta dicha valoración para la elaboración
del informe sobre los daños que la construcción realizada por el
Ministerio de Defensa ha causado en la yesquera roja de la isla de
Lanzarote?
¿Bajo qué criterios va a realizar el Gobierno los informes sobre impacto
ambiental de la construcción y de la posible demolición de las obras?
¿Qué organismo realizará dichos informes?
Madrid, 2 de julio de 1996.--Francisco Frutos Gras, Diputado del Grupo
Parlamentario Federal IU-IC.
184/001098
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, se formulan
las siguientes preguntas dirigidas al Gobierno, para las que se solicita
respuesta escrita.
La Isla de El Hierro con 268,7 kilómetros cuadrados, es la más pequeña de
las Islas Canarias. Su población es de alrededor de 7.000 habitantes (26
hab/km2, lo que supone un 4% de la población de Canarias.
El 58,1% de su territorio está incluido en espacios naturales protegidos
según la Ley Territorial 12/1994, de 19 de diciembre, de Espacios
Naturales de Canarias. Su economía se basa en la agricultura y la pesca,
aunque hay un incipiente turismo de alta calidad atraído por el buen
estado de conservación de la isla.
Según reflejan diferentes medios de comunicación, el Instituto Nacional
de Tecnología Aeroespacial (INTA) planea construir una base para el
lanzamiento de satélites en la costa suroccidental de la isla.
Esta base y las infraestructuras que generaría podrían afectar a espacios
y recursos naturales protegidos, así como a la actividad turística de la
isla.
¿Qué riesgos puede suponer el lanzamiento de cohetes para la población
local?
¿Qué impacto ecológico y paisajístico ocasionará la construcción de la
estación y sus infraestructuras sobre el territorio, los recursos
naturales y el patrimonio arqueológico?
¿Afectará a espacios naturales protegidos por la legislación autonómica,
que hayan sido considerados «Zonas de Especial Protección para las Aves
(ZEPA)» o que esté previsto incluir en la «Red Natura 2000»?
¿Cómo repercutirá la instalación de esta base sobre la población desde el
punto de vista social y económico?
¿Qué objetivos pretende cubrir el uso de esa «lanzadera espacial»? ¿Qué
infraestructuras son necesarias para su puesta en funcionamiento?
Madrid, 2 de julio de 1996.--Francisco Frutos Gras, Diputado del Grupo
Parlamentario Federal IU-IC.
184/001099
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Antonio Costa Costa, Diputado por Baleares, perteneciente al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas
por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas a «las actuaciones previstas en las Islas
Baleares en materia de costas»
Motivación
La Costa en las Islas Baleares está sujeta a una presión urbanística
singular derivada de la actividad turística que comporta un uso intensivo
de la misma.
Como sea que el Gobierno ha recortado notablemente el capítulo de
inversiones interesa formular las siguientes preguntas:
1.ª¿Qué inversiones tiene previstas el Gobierno realizar en materia de
costas en las Islas Baleares los años 1996-97 por Municipios e Islas?
2.ª¿Qué actuaciones tiene previstas el Gobierno en materia de protección
de la Costa, particularmente de los sistemas dunares por Municipio e
Isla?
3.ª¿Qué actuaciones tiene previstas el Gobierno en Baleares en materia de
regeneración de playas o reposición de arena?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de julio de 1996.--Antonio Costa
Costa.
184/001100
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Antonio Costa Costa, Diputado por Baleares, perteneciente al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas
por escrito.
Preguntas al Gobierno sobre «inversiones en Centros de Salud y Hospitales
en las Islas Baleares»
Motivación
Las infraestructuras sanitarias de las Islas Baleares son insuficientes
para atender correctamente la demanda en este sector. Por ello ya el
anterior Gobierno se comprometió con la construcción de un segundo
Hospital en Palma de Mallorca y otras mejoras en los centros existentes
así como en la construcción y equipamientos de Centros de Salud.
Por ello se formulan al Gobierno las siguientes preguntas: 1.ª¿Qué
inversiones tiene el Gobierno previstas para los años 1996-97 en
construcción y equipamiento de Hospitales y Centros de Salud en Baleares,
ubicación de los centros por Municipios e Islas?
2.ª¿Cuándo iniciarán las obras del Hospital Palma II?
3.ª¿Tiene previsto el Gobierno la construcción de un Hospital en Inca en
los próximos años 1996-97?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de julio de 1996.--Antonio Costa
Costa.
184/001101
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Antonio Costa Costa, Diputado por Baleares, perteneciente al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo estableido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas
por escrito.
Preguntas al Gobierno sobre «actuaciones en Baleares en materia de
puertos»
Motivación
Siendo los puertos una de las dos vías de comunicación de las Islas
Baleares y estando previstas una serie de actuaciones en los mismos a fin
de mejorar sus servicios e infraestructuras así como su seguridad,
interesa formular las siguientes preguntas al Gobierno:
1.ª¿Qué actuaciones tiene el Gobierno previsto realizar en materia de
puertos en las Islas Baleares los años 1996-97?
2.ª¿Cuándo tiene previsto el Gobierno iniciar las obras para dar
seguridad al Puerto de Ibiza?
3.ª¿Tiene el Gobierno previsto algún nuevo puerto de Titularidad Estatal
en las Islas Baleares?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de julio de 1996.--Antonio Costa
Costa.
184/001102
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Demetrio Madrid López, Diputado por Zamora, perteneciente al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por
escrito.
Pregunta al Gobierno relativa «a las obras de la Autovía Rías Bajas A-52,
en el tramo Mombuey-Requejo»
Motivación
El recorte presupuestario decidido por el Gobierno tendrá inevitablemente
repercusiones en el desarrollo de las infraestructuras, lo que retrasará
proyectos considerados como prioritarios para la mejor vertebración y
modernización de las comunicaciones, algunas de ellas en territorios de
Galicia y Castilla y León. Si así fuese, la repercusión en términos
sociales, así como en el desarrollo económico, turístico, etc., de
proyectos de los ayuntamientos se verían gravemente afectados.
Por ello, formulo la siguiente pregunta: ¿Afectará el ritmo de ejecución
de las obras de la Autovía Rías Bajas A-52 en el tramo correspondiente a
Mombuey-Requejo, en el recorte presupuestario decidido por el Gobierno?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de 1996.--Demetrio
Madrid López.
184/001103
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Demetrio Madrid López, Diputado por Zamora, perteneciente al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por
escrito.
Pregunta al Gobierno relativa «a las obras de la Autovía Rías Bajas A-52,
en el tramo Camarzana-Mombuey»
Motivación
El recorte presupuestario decidido por el Gobierno tendrá inevitablemente
repercusiones en el desarrollo de las infraestructuras, lo que retrasará
proyectos considerados como prioritarios para la mejor vertebración y
modernización de las comunicaciones, algunas de ellas en territorios de
Galicia y Castilla y León. Si así fuese, la repercusión en términos
sociales, así como en el desarrollo económico, turístico, etc., de
proyectos de los ayuntamientos se verían gravemente afectados.
Por ello, formulo la siguiente pregunta:
¿Afectará el ritmo de ejecución de las obras de la Autovía Rías Bajas
A-52 en el tramo correspondiente a Camarzana-Mombuey, en el recorte
presupuestario decidido por el Gobierno?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de 1996.--Demetrio
Madrid López.
184/001104
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Elvira Cortajarena Iturrioz, Diputada por Guipúzcoa, perteneciente al
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido
en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean
contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas a «las organizaciones de ámbito estatal
que tiene censadas el Gobierno vinculadas con servicios sociales, mujer,
familia, etc.»
Motivación
El impulso y avance experimentado por el movimiento asociativo en nuestro
país nos ha planteado un mayor conocimiento de sus actuaciones y
demandas. Por ello se formulan al Gobierno las siguientes preguntas:
1.ª¿Cuántas organizaciones de ámbito estatal tiene censadas el Gobierno,
vinculadas con:
*Servicios Sociales (Infancia, Discapacitados físicos, psíquicos y
sensoriales, Tercera Edad, Minorías étnicas, Reclusos y ex reclusos,
pobreza y marginados);
*Mujer;
*Familia;
*Medio Ambiente;
*Organizaciones pacifistas?
2.ª¿Qué tipo de relaciones mantiene con las mismas? Especificar
individualizadamente:
¿De asistencia técnica?
¿De apoyo financiero (subvenciones o convenios?
3.ª¿Cuál es la fuente de financiación y la cuantía de la aportación
económica prevista o concedida para el año 1996 en cada organización?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de julio de 1996.--Elvira
Cortajarena Iturrioz.
184/001105
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Elvira Cortajarena Iturrioz, Diputada por Guipúzcoa, perteneciente al
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido
en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean
contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas a «las jornadas, seminarios, congresos o
conferencias que tiene previsto organizar el Gobierno relacionados con
servicios sociales, mujer, familia, etc.»
1.ªEntre el mes de septiembre y el mes de diciembre de 1996, ¿cuántas
Jornadas, Seminarios, Congresos o Conferencias ha decidido organizar o
financiar el Gobierno relacionadas con:
*Servicios Sociales (Infancia, Discapacitados físicos, psíquicos y
sensoriales, Tercera Edad, Minorías étnicas, Reclusos y ex reclusos,
pobreza y marginados);
*Mujer;
*Familia;
*Medio Ambiente;
*Organizaciones pacifistas?
2.ª¿Dónde se celebrarán?
3.ª¿Está prevista la presencia del Gobierno? ¿En cuáles?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de julio de 1996.--Elvira
Cortajarena Iturrioz.
184/001106
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Elvira Cortajarena Iturrioz, Diputada por Guipúzcoa, perteneciente al
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido
en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada
por escrito.
Pregunta al Gobierno relativa al «reparto del 0,5% del IRPF del año 1995
correspondiente a la recaudación de la Renta de 1994»
Motivación
Teniendo constancia de que todavía no se ha resuelto por parte del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales el reparto del 0,5% del IRPF del
año 1995 correspondiente a la recaudación de la Renta de 1994, se formula
al Gobierno la siguiente pregunta:
¿Puede facilitar el Gobierno la copia íntegra de la distribución de
dichos fondos, entre todas las organizaciones que lo han solicitado,
especificando nombre de la Organización, cuantía solicitada y cuantía
concedida, plazos para la ejecución de los programas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de julio de 1996.--Elvira
Cortajarena Iturrioz.
184/001107
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Antonio Pérez Solano, Diputado por Valladolid, perteneciente al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por
escrito.
Pregunta al Gobierno relativa «a la convocatoria de Programas de Garantía
Social y Educación de Adultos para Asociaciones sin ánimo de lucro»
Motivación
La Asociación Familiar Rondilla de Valladolid realiza actividades
educativo-sociales entre jóvenes con desventaja social debido a su
situación de fracaso escolar y condiciones sociales marginales a través
de un Programa de Integración sociocultural. Esta labor se ha venido
realizando merced a las subvenciones establecidas por el Ministerio de
Educación y Ciencia en Programas de Garantía Social y Educación de
Adultos de Asociaciones sin ánimo
de lucro y cuya eficacia peligraría si no se garantizara su continuidad.
Lo cierto es que está finalizando el Módulo de Garantía Social 95-96 y no
han sido convocados los Programas para el siguiente curso 96-97 como
tampoco han sido convocados los Programas de Educación de Adultos para
Asociaciones sin ánimo de lucro.
Por todo ello formulo la siguiente pregunta:
¿En qué fecha van a ser convocados por el Ministerio de Educación y
Ciencia los Módulos de Garantía Social y Educación de Adultos para
Asociaciones sin ánimo de lucro?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio de 1996.--Antonio Pérez
Solano.
184/001108
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Inmaculada Fernández Ramiro, Diputada por Cáceres, perteneciente al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por
escrito.
Pregunta al Gobierno relativa a «las medidas de seguridad que se están
aplicando en el entorno de las centrales nucleares en nuestro país»
Motivación
Dada la alarma social creada en los últimos tiempos a raíz de ciertas
declaraciones vertidas en medios de comunicación relativas a la seguridad
de los ciudadanos que viven en el entorno de centrales nucleares se
formula al Gobierno la siguiente pregunta:
¿Qué información puede facilitar el Gobierno relativa a las medidas de
seguridad que se están aplicando en el entorno de las centrales nucleares
en nuestro país y de estudios realizados o que se estén realizando en los
mencionados entornos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de julio de 1996.--Inmaculada
Fernández Ramiro.
184/001109
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Carmen Marón Beltrán, Diputada por La Coruña, perteneciente al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas
por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas a «privatización de la Empresa IMENOSA»
Motivación
La Empresa Industrias Mecánicas del Noroeste (IMENOSA), perteneciente al
grupo Babcok Wilcox, tiene actualmente en su factoría de El Ferrol una
plantilla de 250 trabajadores, dedicada a la fabricación de bienes de
equipo mecánicos, equipamientos para minas a cielo abierto, grúas para
puertos, etc.
Por ello formulo las siguientes preguntas:
1.ª¿Qué planes de futuro tiene el Gobierno para dicha factoría de El
Ferrol?
2.ª¿Cuál será la situación de dicha empresa dentro del Grupo Babcok
Wilcox?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de julio de 1996.--Carmen Marón
Beltrán.
184/001110
A la Mesa del Congreso de los Diputados
José Luis Ros Maorad, Diputado por Guadalajara, perteneciente al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas
por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas a «construcción de una Azud en el Pantano
de Entrepeñas (Guadalajara)»
Motivación
En el contexto del programa de compensación a los pueblos ribereños de
los pantanos de Entrepeñas y Buendía en la provincia de Guadalajara se
aprobó por parte del MOPTMA la construcción de una Azud en el Pantano de
Entrepeñas, término municipal de Sacedón.
Por todo ello realizo las siguientes preguntas:
1.ª¿En qué situación se encuentra dicho proyecto?
2.ª¿Qué partida presupuestaria se tiene contemplada para su construcción?
3.ª¿Cuándo tiene previsto el Gobierno la adjudicación de dicha obra?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de julio de 1996.--José Luis Ros
Maorad.
184/001111
A la Mesa del Congreso de los Diputados
José Luis Ros Maorad, Diputado por Guadalajara, perteneciente al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por
escrito.
Pregunta al Gobierno relativa a «la paralización del proyecto de la
Nacional 320 a su paso por Sacedón»
Motivación
La carretera N-320 es una vía muy necesaria no sólo porque une la parte
nororiental de la Comunidad de Castilla-La Mancha, sino por la fuerte
intensidad del tráfico procedente de Madrid los fines de semana y
puentes.
Por todo ello, el Diputado que suscribe realiza la siguiente pregunta:
¿Qué razones técnicas han motivado la paralización del proyecto de la
Nacional 320 a su paso por Sacedón?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de julio de 1996.--José Luis Ros
Maorad.
184/001112
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Xavier Sabaté Ibarz, Diputado por Tarragona, perteneciente al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por
escrito.
¿Cuándo piensa el Ministro de Fomento que podrán comenzar las obras del
paso elevado sobre la variante de Tarragona, tramo I de la CN-340
(33-T-2430)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de julio de 1996.--Xavier Sabaté
Ibarz.
184/001113
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Xavier Sabaté Ibarz, Diputado por Tarragona, perteneciente al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por
escrito.
¿Cuándo piensa el Ministro de Fomento que podrán comenzar las obras de la
supresión del cruce a nivel en la CN-340, PK 1.163,270 en el tramo
variante de Tarragona, Autovía (33-T-2750)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de julio de 1996.--Xavier Sabaté
Ibarz.
184/001114
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Xavier Sabaté Ibarz, Diputado por Tarragona, perteneciente al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por
escrito.
¿Cuándo piensa el Ministro de Fomento que podrán comenzar las obras del
llamado segundo cinturón de Tarragona, CN-340, PK 1.163,760 al 1.172,460
cuya solicitud de orden de estudio tiene fecha de 17-2-94?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de julio de 1996.--Xavier Sabaté
Ibarz.
184/001115
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Xavier Sabaté Ibarz, Diputado por Tarragona, perteneciente al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por
escrito.
¿Cuándo piensa el Ministro de Fomento que podrán comenzar las obras de la
variante de Vilaseca, CN-340, tramo enlace CN-340-Enlace CN-420
(40-T-2500 B)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de julio de 1996.--Xavier Sabaté
Ibarz.
184/001116
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Xavier Sabaté Ibarz, Diputado por Tarragona, perteneciente al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por
escrito.
¿Cuándo piensa el Ministro de Fomento que podrán comenzar las obras de
conversión en autovía y reordenación de accesos de la CN-420, PK 879,8 al
887,4, tramo Aeropuerto de Reus-Tarragona cuyo proyecto fue remitido el
18-10-95 (19-T-2590)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de julio de 1996.--Xavier Sabaté
Ibarz.
184/001117
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Angel Díaz Sol, Diputado por Granada, perteneciente al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas
por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas a «alteración de la estructura de la
organización de la Policía Nacional en Andalucía»
Motivación
El Ministro del Interior, en su comparecencia en comisión del 25 de
junio, manifestó la voluntad de su Ministerio de adecuar la organización
de la Policía Nacional a la estructura territorial del Estado.
Andalucía cuenta con dos Jefaturas Superiores de Policía, una de ellas
tiene su sede en Granda y su ámbito de actuación es las provincias de
Granda, Málaga, Almería, Jaén y Melilla.
Ante todo esto, pregunto al Gobierno:
1.ª¿Tiene el Gobierno previsto alterar la estructura de la organización
de la Policía Nacional en Andalucía?
2.ª¿Piensa el Gobierno hacer desaparecer la Jefatura Superior de Policía
con sede en Granada?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de julio de 1996.--Angel Díaz
Sol.
184/001118
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Javier Luis Sáenz Cosculluela, Diputado por Madrid, perteneciente al
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 185 y concordantes del Reglamento del Congreso de los
Diputados, formulo al Gobierno la siguiente pregunta para la que deseo
respuesta escrita:
Sobre paralización de obras de construcción de un centro de atención a
disminuidos físicos, psíquicos y sensoriales en Colmenar de Oreja,
provincia de Madrid
En su día el Ministerio de Asuntos Sociales, a través del INSERSO,
comenzó a edificar en Colmenar de Oreja, municipio de la provincia de
Madrid, un centro para disminuidos físicos, psíquicos y sensoriales cuyas
obras de construcción se encuentran paralizadas.
Este centro había sido promovido por el Ayuntamiento de Colmenar de Oreja
en cooperación o convenio con la entidad AFANDICE, dedicada al
tratamiento de las personas afectadas por dicho tipo de disminuciones.
Parece ser que la paralización de dichas obras de construcción del centro
de Colmenar de Oreja ha obedecido a causas relacionadas con defectos o
insuficiencias del proyecto técnico de construcción.
¿Puede el Gobierno ofrecer información amplia sobre estas cuestiones al
Diputado que suscribe y asimismo detallar los planes que mantiene sobre
la terminación, equipamiento y puesta en servicio de dicho centro?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de julio de 1996.--Javier Luis
Sáenz Cosculluela.
184/001119
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Javier Luis Sáenz Cosculluela, Diputado por Madrid, perteneciente al
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 185 y concordantes del Reglamento del Congreso de los
Diputados, formulo al Gobierno la siguiente pregunta para la que deseo
respuesta escrita:
Sobre creación en Colmenar de Oreja, provincia de Madrid, de un centro de
Enseñanza Secundaria para impartir la primera parte de la Enseñanza
Secundaria Obligatoria.
El municipio de Colmenar de Oreja, provincia de Madrid, tiene una
población de 5.300 habitantes, tasa de natalidad superior a la media
española y una población escolar de niños de entre 3 y 14 años de 900
individuos.
Dispone de un grupo escolar de Enseñanza General Básica. A la vista de la
importancia de la población escolar, los concejales del municipio
gestionaron ante el Ministerio de Educación la posible construcción de un
centro de Educación Secundaria. Respondió el Ministerio estar dispuesto a
promoverlo si había la suficiente dotación de suelo urbano y el oportuno
ofrecimiento del mismo.
Naturalmente el interés de los vecinos y las razones que invocan no han
decaído con el cambio de Administración.
¿Puede el Gobierno confirmar la disposición a emprender la creación de un
centro de secundaria, para el primer ciclo
de la ESO al menos, en el municipio de Colmenar de Oreja?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de julio de 1996.--Javier Luis
Sáenz Cosculluela.
184/001120
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Lluís M.ª de Puig i Olive y Montserrat Palma i Muñoz, Diputados por
Girona, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al
amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan las siguientes
preguntas para que les sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas a «proyectos en infraestructuras
pendientes de realización en la demarcación de Gerona»
Motivación
Hemos conocido en numerosas declaraciones del Gobierno la decisión de «no
disponibilidad» hasta 220.000 millones del presupuesto. Sin embargo, no
conocemos a qué partidas va a afectar esta «no disponibilidad» y mucho
menos la repercusión territorial de tal congelación de gasto.
Como quiera que existen proyectos en la provincia de Girona aprobados en
fase de ejecución próxima se hace necesario saber si alguno o varios
proyectos que afectan a las comarcas gerundenses van a ser congelados,
reducidos o aplazados como consecución de las medidas del Gobierno
citadas.
Es por lo que formulamos las siguientes preguntas:
1.ª¿En qué medida y en qué proyectos va a afectar la «no disponibilidad»
a los proyectos en infraestructuras pendientes de realización en la
demarcación de Girona?
2.ª¿Qué proyectos de carreteras o red ferroviaria o de costas serán
congeladas, reducidas o aplazadas por el Gobierno como consecuencia de
las medidas anunciadas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de junio de 1996.--Lluís M.ª de
Puig i Olivé y Montserrat Palma i Muñoz.
184/001121
A la Mesa del Congreso de los Diputados
José Blanco López, Diputado por Lugo, perteneciente al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por
escrito.
Pregunta al Gobierno relativa «al cierre de la factoría de la empresa
REPSOL-BUTANO instalada en Monforte de Lemos»
Motivación
La empresa REPSOL-BUTANO tiene programado el cierre de la factoría
instalada en Monforte de Lemos para finales del presente año, lo que
lleva implícito la desaparición de más de cien puestos de trabajo, que
repercuten de manera considerable en la economía de esta zona, que está
sufriendo la pérdida continuada de puestos de trabajo.
El servicio de abastecimiento de gas que presta la mencionada instalación
cubre una parte significativa del sur de esta provincia y parte del
territorio del interior de Galicia, lo que resentiría ante la menor
eventualidad, quedando el suministro de unos productos energéticos
imprescindibles como deficiente.
Por todo ello formulo la siguiente pregunta:
¿Tiene previsto el Gobierno adoptar alguna decisión, en orden a evitar el
cierre de la factoría REPSOL-BUTANO en Monforte de Lemos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de junio de 1996.--José Blanco
López.
184/001122
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María Amparo Valcarce García, Diputada por León, perteneciente al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por
escrito.
Pregunta al Gobierno relativa a «las previsiones de actuación que tiene
el Ministerio de Educación y Cultura acerca de la realización de las
obras proyectadas en los centros de la provincia de León»
Motivación
La inversión en infraestructuras educativas es pieza fundamental para
garantizar el cumplimiento de los requisitos de calidad que establece la
L.O.G.S.E.
El Ministerio de Educación y Ciencia proyectó y presupuestó para la
provincia de León obras consideradas imprescindibles para alcanzar los
requisitos de calidad que la
Educación Infantil y Primaria, la implantación de la ESO y la
implantación anticipada de Ciclos Formativos de Formación Profesional
requieren.
El Gobierno ha adoptado un acuerdo de no disponibilidad de crédito y de
control del gasto público por un importe de 200.000 millones sobre el
presupuesto de 1996, de los que 8.100 millones corresponden a Educación.
Por ello se formula al Gobierno la siguiente pregunta:
¿Qué previsiones de actuación tiene el Ministerio de Educación y Cultura
acerca de la realización de las obras proyectadas en los Centros que se
relacionan a continuación?
CENTRO
I.E.S.(Sección) Boñar.
I.E.S.Octaviano Andrés, Valderas.
I.E.S.Bergidum, Cacabelos.
I.E.S.Virgen de la Encina, Ponferrada.
I.E.S.León.
I.E.S.Claudio Sánchez Albornoz, León
I.E.S.Santa María de Carrizo, Carrizo Ribera.
I.E.S.Ornia, La Bañeza.
I.E.S.Villafranca del Bierzo.
I.E.S.García Bellido, León.
Colegio Público San Pedro, Quintanilla Losada.
Colegio Rural Agrupado San Juan, Villaobispo.
I.E.S.Valencia de Don Juan.
I.E.S.Fuentesnuevas.
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de 1996.--María Amparo
Valcarce García.
184/001123
A la Mesa del Congreso de los Diputados
José Blanco López, Diputado por Lugo, y Emilio Pérez Touriño, Diputado
por Coruña, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, al amparo
de lo previsto en el artículo 185 del Reglamento del Congreso de los
Diputados, formula la siguiente pregunta para la que se solicita
respuesta por escrito.
Según todos los datos de que se disponen y las previsiones anunciadas por
el Gobierno el tramo de la autovía Noroeste, entre Monte Salgueiro y
Baamonde, está desde hace un mes en condiciones de ser abierta al
tránsito, es por ello por lo que preguntamos:
¿Cuáles son las razones que imposibilitan la puesta en funcionamiento del
mencionado servicio?
Palacio de Congreso de los Diputados, 1 de julio de 1996.--José Blanco
López y Emilio Pérez Touriño.
184/001124
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Carmen Montes Contreras, Diputada por Córdoba, perteneciente al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas
por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas a la «variante del Espejo en la N-432»
Motivación
El MOPTMA, ahora Ministerio de Fomento, tenía previsto realizar unas
obras de mejora en la carretera N-432 entre Córdoba y Granada.
Concretamente en el municipio de Espejo se planteó la necesidad de
realizar una variante que suprimiese la travesía urbana de dicha
carretera. Posteriormente se incluyó en el proyecto la construcción de un
nuevo tramo de la citada carretera entre los municipios de Espejo y
Castro del Río, que viniese a resolver los problemas de peligrosidad por
las curvas existentes en el actual trazado y de retención de tráfico que
en consecuencia se producen.
Por todo ello formulo al Gobierno las siguientes preguntas:
¿En qué situación se encuentra el proyecto de la variante de Espejo y
curva entre Castro del Río y Espejo de la carretera N-432?
¿En qué plazos tiene previsto el Gobierno la ejecución de las mencionadas
obras?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de junio de 1996.--Carmen
Montes Contreras.
184/001125
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María Luisa Bartolomé Núñez, Diputada por Alicante, perteneciente al
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido
en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada
por escrito.
Pregunta al Gobierno relativa «a los recortes presupuestarios anunciados
por el Gobierno y que afectan a todos los Ministerios»
Motivación
Los recortes presupuestarios que ha sufrido el Ministerio de Fomento
debido al ajuste económico impuesto por
el Gobierno y las primeras declaraciones del nuevo presidente de
Aeropuertos Nacionales y Navegación Aérea (AENA), Fernando Piña, tal y
como recogen los medios de comunicación del día 1-7-96 y que prioriza las
actuaciones en Barajas, Palma, Barcelona y Tenerife-Sur, han dejado en el
aire en las últimas semanas una inversión prevista de cinco mil millones
en el aeropuerto de El Altet (Elche-Alicante).
Por ello, formulo la siguiente pregunta:
¿Es cierto que este recorte puede afectar a las urgentes inversiones en
dotaciones para el aeropuerto de El Altet, en concreto la terminal de
carga y la ampliación de la plataforma para estacionar aviones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de 1996.--María Luisa
Bartolomé Núñez.
184/001126
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Demetrio Madrid López, Diputado por Zamora, y Francisco Amarillo Doblado,
Diputado por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan las
siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas a «la prevención de los incendios
forestales»
Motivación
Los condicionantes climáticos otoño-primavera del último año agrícola han
provocado un desarrollo extraordinario del matorral y vegetación
arbustiva. Hay muchas zonas forestales cuyo estado hace sospechar que
este verano pueden aumentar los riesgos de incendios forestales en todo
el territorio español. Es bien cierto que la mayor parte de nuestros
conciudadanos están cada vez más concienciados de esta lacra que los
incendios suponen para nuestro equilibrio y bienestar. La existencia de
los mismos es un fracaso y un retroceso en términos económicos,
paisajísticos, ecológicos y de la seguridad de los ciudadanos.
Las Comunidades Autónomas, las Diputaciones, Mancomunidades y
Ayuntamientos tienen competencias y, en algunos casos, capacidades para
evitar y combatir los incendios. El Gobierno, que no es ajeno a estas
responsabilidades, deberá tener un dispositivo alertado con medios
suficientes y estrategias de colaboración y cooperación para la
disuasión, evitando y, en todo caso, sofocando con eficacia, minimizando
los efectos devastadores que los incendios provocan.
Por ello, formulamos las siguientes preguntas:
¿Qué preparación se está teniendo entre el Gobierno de España y las
Comunidades Autónomas en orden a la colaboración y cooperación para
evitar al máximo los incendios?
¿Qué medios, técnicos y humanos, serán utilizados para aquellas
situaciones en las que sea precisa la participación de varias
instituciones en orden a la eficaz colaboración?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de 1996.--Demetrio
Madrid López y Francisco Amarillo Doblado.
184/001127
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Demetrio Madrid López, Diputado por Zamora, perteneciente al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por
escrito.
Pregunta al Gobierno relativa «a las obras de la Autovía Rías Bajas A-52,
en el tramo Benavente-Camarzana»
Motivación
El recorte presupuestario decidido por el Gobierno tendrá inevitablemente
repercusiones en el desarrollo de las infraestructuras, lo que retrasará
proyectos considerados como prioritarios para la mejor vertebración y
modernización de las comunicaciones, algunas de ellas en territorios de
Galicia y Castilla y León. Si así fuese, la repercusión en términos
sociales, así como en el desarrollo económico, turístico, etc., de
proyectos de los ayuntamientos se verían gravemente afectados.
Por ello, formulo la siguiente pregunta:
¿Afectará el ritmo de ejecución de las obras de la Autovía Rías Bajas
A-52 en el tramo correspondiente a Benavente-Camarzana, en el recorte
presupuestario decidido por el Gobierno?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de 1996.--Demetrio
Madrid López.
184/001128
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Demetrio Madrid López, Diputado por Zamora, perteneciente al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados,
presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
Pregunta al Gobierno relativa «a las obras de la Autovía Rías Bajas A-52,
en el tramo Requejo-Villavieja»
Motivación
El recorte presupuestario decidido por el Gobierno tendrá inevitablemente
repercusiones en el desarrollo de las infraestructuras, lo que retrasará
proyectos considerados como prioritarios para la mejor vertebración y
modernización de las comunicaciones, algunas de ellas en territorios de
Galicia y Castilla y León. Si así fuese, la repercusión en términos
sociales, así como en el desarrollo económico, turístico, etc., de
proyectos de los ayuntamientos se verían gravemente afectados.
Por ello, formulo la siguiente pregunta:
¿Afectará el ritmo de ejecución de las obras de la Autovía Rías Bajas
A-52 en el tramo correspondiente a Requejo-Villavieja, en el recorte
presupuestario decidido por el Gobierno?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de 1996.--Demetrio
Madrid López.
184/001129
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Antonio Martinón Cejas, Diputado por Santa Cruz de Tenerife,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo
de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas «a procedimientos sancionadores iniciados
y sanciones impuestas, al amparo de lo previsto en la Ley 19/1993»
Motivación
La Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de
prevención del blanqueo de capitales, establece en el Capítulo II el
régimen sancionador para las infracciones previstas en esa Ley.
Por ello, formulo al Gobierno las siguientes preguntas:
Al amparo de lo previsto en la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre
determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales, desde el 1
de enero de 1994 hasta el 31 de diciembre de 1995:
a)¿Cuántos procedimientos sancionadores se han iniciado?
b)¿Cuántas sanciones por infracciones graves se han impuesto?
c)Si procede, ¿cuáles han sido las sanciones impuestas por infracciones
graves?
d)¿Cuántas sanciones por infracciones muy graves se han impuesto?
e)Si procede, ¿cuáles han sido las sanciones impuestas por infracciones
muy graves?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de junio de 1996.--Antonio
Martinón Cejas.
184/001130
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Sergio Gómez-Alba y Ruiz, Diputado por Barcelona, perteneciente al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Excmo. Sr. Ministro de
Fomento, de la que desea obtener respuesta por escrito.
Durante los últimos tiempos al frente de sus responsabilidades, el
anterior Ministro del MOPTMA dedicó a los ciudadanos una catarata de
promesas y proyectos que, actualmente, ignoramos si están completados,
sin consignar o contratados, desconociéndose los compromisos realmente
firmes. A estos efectos interesa saber:
¿Proyectos que provenientes del antiguo MOPTMA tiene el Ministerio de
Fomento pendientes en Barcelona, Tarragona, Lleida y Girona. Tanto los
que hayan pasado por la mesa de contratación como los que no, con fecha
de aprobación del proyecto y estado actual de tramitación?
Madrid, 19 de junio de 1996.--Sergio Gómez-Alba y Ruiz.
184/001131
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Alfonso Soriano y Benítez de Lugo, Diputado por Santa Cruz de Tenerife,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de
lo dispuesto en el artículo 189 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Excmo. Sr. Ministro
de Industria y Energía, de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es en la actualidad la deuda de las corporaciones públicas canarias
con la empresa pública suministradora de energía eléctrica a las islas
«UNELCO», con indicación
individualizada de dichas corporaciones y cifra a que alcanza dicha deuda
en cada una de ellas.
Madrid, 16 de mayo de 1996.--Alfonso Soriano y Benítez de Lugo.
184/001132
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Guillerme Vázquez Vázquez, Diputado del Bloque Nacionalista Galego,
integrado en el Grupo Mixto, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
del Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes preguntas para las
que solicita respuesta por escrito.
El día 3 de mayo de 1992 se firmó un convenio, entre el por entonces
Ministerio de Obras Públicas y Transportes y el Ayuntamiento de Vigo, por
el que entre otros compromisos en materia de infraestructuras, el MOPT
asumía la inclusión en el Plan Director de Infraestructuras del
Transporte Urbano, en el primer cuatrienio, el segundo cinturón de
circunvalación de la ciudad de Vigo, anillo indispensable, para
vehiculizar el tráfico, toda vez que el primer cinturón, todavía en
construcción, se verá desbordado por las necesidades de circulación,
fundamentalmente, del tráfico pesado.
El Ayuntamiento de Vigo elaboró y aprobó un estudio informativo del
trazado que fue remitido al MOPT.
¿Mantiene el Ministerio de Fomento el compromiso de construir el segundo
cinturón de circunvalación de la ciudad de Vigo?
¿Qué plazos prevé el Ministerio de Fomento para el inicio y conclusión de
las obras mencionadas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de julio de 1996.--Guillerme
Vázquez Vázquez.
184/001133
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Guillerme Vázquez Vázquez, Diputado del Bloque Nacionalista Galego,
integrado en el Grupo Mixto, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
del Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes preguntas para las
que solicita respuesta por escrito.
En la actualidad se están realizando en la provincia de Pontevedra obras
de mejora en la carretera nacional N-640, en el tramo Chapa-Carril.
Dentro de esas obras de mejora se prevé la construcción de una variante
que circunvale la villa de A Estrada. Previamente a la adopción de una
solución definitiva al trazado de esta circunvalación de A Estrada, se
realizó un estudio informativo que contemplaba varios trazados
alternativos.
¿Cuál es el trazado definitivo que el Ministerio de Fomento ha decidido
realizar para circunvalar la villa de A Estrada (Pontevedra) dentro del
proyecto de mejora de la carretera N-640 (Chapa-Carril)?
¿Por qué núcleos de población discurrirá la mencionada circunvalación?
¿Cuál es la fecha prevista para el inicio de las obras?
¿Cuál para su conclusión?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de julio de 1996.--Guillerme
Vázquez Vázquez.
184/001134
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, se formula la
siguiente pregunta dirigida al Gobierno, para la que se solicita
respuesta escrita.
En Tenerife ha sido ejecutado casi en su totalidad el proyecto de
«Recuperación Experimental de Areas de Baño en la Costa Norte de
Tenerife» de la Demarcación de Costas del Ministerio de Obras Públicas,
Transporte y Medio Ambiente. El proyecto ha contemplado actividades de
extracción, machaqueo y aportación de callados en catorce zonas costeras
del norte de la isla.
Las obras en cuestión han suscitado una amplia contestación social de
colectivos conservacionistas y vecinales de la zona por las numerosas
irregularidades y efectos ambientales que ha tenido su ejecución:
a)Han carecido estas actuaciones de un mínimo rigor en cuanto a la
evaluación de impacto de la actividad: según algunos colectivos, el
proyecto carece de la necesaria evaluación de impacto. El artículo 63 de
la Ley de Costas establece la necesidad de la evaluación de las
operaciones de extracción de áridos y dragados en el dominio público
marítimo-terrestre.
b)No se trata en ningún momento de un proyecto de «recuperación de zonas
de baño» por cuanto las zonas de actuación no lo eran propiamente. Por
otra parte, buena parte de los materiales aportados (más de 49.900 metros
cúbicos de callados machacados) han sido ya arrastrados por el mar,
obteniendo así como resultado del «proyecto experimental» un absoluto
fracaso en sus objetivos de crear zonas nuevas de baño.
c)Según estudios realizados por diversos biólogos, las obras se han
realizado con un importante impacto ambiental sobre el dominio pelágico,
el supralitoral y el bentos, así como sobre los recursos pesqueros de la
zona. Por otra parte, se han realizado vulnerando la protección especial
que demandan los acantilados litorales macaronésicos protegidos por la
directiva Hábitat.
¿Qué conclusiones saca el Gobierno de la actuación del Ministerio de
Medio Ambiente en las costas del norte de la isla de Tenerife?
¿Considera el Gobierno que estas actuaciones tienen efectos beneficiosos
para el medio ambiente, los recursos económicos y la población de la
zona?
¿Tiene ese Ministerio prevista la ejecución de proyectos semejantes en
algún lugar de la geografía de las costas canarias? ¿Cuáles son?
Madrid, 3 de julio de 1996.--Francisco Frutos Gras, Diputado del Grupo
Parlamentario Federal IU-IC.
184/001136
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, se presenta la
siguiente pregunta dirigida al Gobierno, para la que se solicita
respuesta escrita.
Las condiciones generales del trabajador autónomo merman en el día a día
la creación de empleo de este tipo.
De otra parte, la situación de desempleo plantea la necesidad de
iniciativas de todo tipo que provoquen el posible aumento de puestos de
trabajo.
¿Tiene previsto mejorar las condiciones de este colectivo de trabajadores
tan importante en la creación de empleo?
Madrid, 4 de julio de 1996.--Rosa Aguilar Rivero, Diputada del Grupo
Parlamentario Federal IU-IC.
184/001137
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Guillerme Vázquez Vázquez, Diputado del Bloque Nacionalista Galego,
integrado en el Grupo Mixto, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
del Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes preguntas para las
que solicita respuesta por escrito.
La cuota láctea que la U. E. asignó al Estado español, cifrada en 5,4
millones de toneladas, es claramente insuficiente para abastecer el
propio consumo interior. Es, pues, una cuota evidentemente
discriminatoria respecto a las cuotas que poseen otros Estados miembros.
Esta situación encorseta al sector lechero español en general, y
particularmente a aquellas zonas del Estado que, como Galicia, tienen
vocación y posibilidades para desarrollar un pujante sector lácteo. La
escasez de cuota impide por tanto este desarrollo y provoca que cada año
penda sobre los productores la amenaza de tener que pagar una multa por
exceso de producción, la denominada supertasa.
A punto de cerrarse por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación el cómputo de producción de la campaña 1994-1995, vuelven a
aparecer noticias relacionadas con la posible superación por los
productores de la cuota asignada y consecuentemente la posibilidad de que
éstos tengan que pagar la multa correspondiente. Cuestión que crea alarma
y que es conveniente aclarar.
¿Cuándo prevé el MAPA tener los datos definitivos sobre la producción de
leche en el Estado español durante la campaña 1994-1995?
¿Prevé el MAPA que la producción durante la mencionada campaña superará
la cuota asignada a España? ¿En cuántas toneladas?
En caso de superarse la producción establecida por la cuota asignada,
¿cuál es la distribución del incremento de la producción por Comunidades
Autónomas?
¿Cuál sería el importe a pagar en concepto de multa, distribuido por
Comunidades Autónomas?
En caso de que haya que pagar multa por exceso de producción láctea,
¿prevé el MAPA que se repercuta la multa directamente sobre los
productores o arbitrará otras fórmulas para hacer frente a ese pago?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de julio de 1996.--Guillerme
Vázquez Vázquez.
184/001138
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, se presenta la
siguiente pregunta dirigida al Gobierno, para la que se solicita
respuesta escrita.
En el mes de noviembre de 1995, en el Núcleo de Instrucción de Reclutas
W-9, en el Regimiento Mixto de Artillería N.º 94, con sede en Las Palmas
de Gran Canaria, el Coronel Jefe del mismo don Jesús Pumar Moreira ordenó
al Comandante don Antonio Romero Mato, que destinara a 23 soldados de
reemplazo, destinados a servicios de armas y no a servicios logísticos,
de una lista previa, a la unidad de servicios del cuartel de Las Lomas,
con el fin de que prestaran un servicio personal de camareros --para el
que no están destinados en plantilla-- en un ágape con motivo de la
conmemoración de la patrona de Artillería. El Comandante Romero argumentó
de forma reglamentaria ante su superior la manifiesta ilegalidad de la
orden, entre otros motivos porque en el período de instrucción se
requiere dedicación exclusiva, amén de lo dispuesto sobre el servicio en
el Reglamento del Servicio Militar y en las Reales Ordenanzas, y se negó
a dar cumplimiento a la orden.
Ello tuvo como consecuencia un arresto de 48 horas para el Comandante, la
apertura de un expediente disciplinario por falta grave, y ser relevado
del mando del Núcleo de Instrucción de Reclutas. Los Reclutas debieron de
ejercer de camareros, ya que el sucesor del Comandante la primera orden
que tuvo que cumplir fue la misma.
Asimismo, el Juzgado Togado Militar n.º 52 de Canarias abrió el 11 de
diciembre diligencias previas contra el Comandante Romero por negarse a
obedecer órdenes legítimas de sus superiores relativas al servicio. Sin
embargo, en manifiesta contradicción, el mismo Juzgado abría el 14 de
diciembre diligencias previas contra el Coronel Pumar tras la denuncia
del Comandante Romero por excederse arbitrariamente de sus facultades,
incumplir sus deberes militares y abusar de su autoridad. Como
consecuencia de la graduación de ambos mandos se dio traslado al Juzgado
Togado Militar Central N.º 1 en Madrid, el cual por sentencia de 0103/96
acordó que no existía delito en la actuación del Comandante Romero, pero
que podría existir una falta. Recurrida esta sentencia ante el Tribunal
Central Militar, dictó sentencia con fecha 5 de junio de 1996 admitiendo
las alegaciones del Comandante, y declarando que no existía delito ni
falta y que por ello en la sentencia recurrida debía de desaparecer la
afirmación de incurrir en falta.
Pese a ello, desde la Capitanía General de Canarias el Teniente Auditor
Alejo de la Calle, da comunicación al acuartelamiento del Comandante de
la apertura de instrucción por falta grave ignorando lo establecido en la
sentencia precitada.
Asimismo, el Comandante Romero, dio parte en tiempo y forma por escrito
al Coronel Pumar de su negativa a cumplir la orden, y de que se
procediera a darle el curso reglamentario, lo que motivó su arresto
inmediato por el Coronel. Dicho parte se «extravió» y el propio
Comandante tuvo que hacer repetición del mismo ante la Capitanía General,
momento a partir del cual se procedió a la apertura de instrucción contra
él a instancias del Coronel Pumar.
Por todo ello se formulan las siguientes preguntas:
1.¿A qué motivos obedece el hecho de que el Teniente Instructor ignore la
sentencia del Tribunal Central Militar y proceda a la instrucción de un
expediente contra el Comandante Romero? ¿Ha recibido órdenes en ese
sentido? De ser así, ¿quién ha dado la orden?
2.¿Cómo valora el Gobierno la actitud de la Capitanía General de
Canarias?
3.¿Cuál es la posición del Gobierno y qué medidas piensa adoptar ante
este caso? ¿Piensa ordenar el archivo y dejar sin efectos cuantos
expedientes e instrucciones afecten al Comandante Romero por estos
hechos? ¿Piensa ordenar que no se refleje en su hoja de servicios, ya que
cuenta con la sentencia favorable del Tribunal Central Militar? ¿Piensa
ordenar la apertura de expediente al Coronel Pumar tras dicha sentencia?
Madrid, 5 de julio de 1996.--Willy Meyer Pleite, Diputado del Grupo
Parlamentario Federal IU-IC.
184/001139
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, se formula la
siguiente pregunta dirigida al Gobierno, para la que se solicita
respuesta escrita.
El 28 de diciembre de 1995 se aprobaron, por primera vez, en el Consejo
de Ministros 5.000 millones de pesetas en créditos FAD en la línea de
consultoría para que las empresas españolas puedan hacer estudios de
viabilidad de proyectos.
¿Cuáles son las características que debe reunir un instrumento
crediticio, como el descrito anteriormente, para ser incluido como
crédito FAD?
¿A qué empresa va destinado? ¿Cuáles son los proyectos de estudio y qué
países se beneficiarán de ello? ¿Cuál es el criterio utilizado por el
Gobierno para considerarlo AOD?
¿Podrá el Gobierno explicar los criterios que le llevan a conocer
mediante créditos FAD ayuda para la venta de equipos hospitalarios a Perú
con un interés del 3,4% mientras a China le vende una planta para la
fundición de bloque de motor a un interés del 0,3% anual?
Madrid, 4 de julio de 1996.--Angeles Maestro Martín, Diputada del Grupo
Parlamentario Federal IU-IC.
184/001140
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, se formula la
siguiente pregunta dirigida al Gobierno, para la que se solicita
respuesta escrita.
¿Cuáles son los criterios políticos y económicos que va a aplicar el
Gobierno en el año 1996 para reestructurar la deuda externa de los países
del Sur? ¿Cuánto dinero va a aplicar y a qué países? ¿Cómo explica que
este capítulo no aparezca contemplado en el Plan Anual de Cooperación
Internacional de 1996?
Madrid, 4 de julio de 1996.--Angeles Maestro Martín, Diputada del Grupo
Parlamentario Federal IU-IC.
184/001141
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, se formula la
siguiente pregunta dirigida al Gobierno, para la que se solicita
respuesta escrita.
Al final de la Legislatura pasada diversos miembros de la Administración
aseguraron que España había alcanzado el 0,35% del PIB para Ayuda Oficial
al Desarrollo. Sin embargo, las cifras contenidas en el Plan Anual de
Cooperación Internacional (PACI) de 1995, aprobado a mediados de año por
el Consejo de Ministros, únicamente reconocían el 0,26 del PIB para (AOD)
Ayuda Oficial al Desarrollo.
¿Puede decirnos el Gobierno, qué tanto por ciento del PIB reconoce
destinado AOD y en qué partidas presupuestarias está contenido?
¿En qué medida los recortes presupuestarios, encaminados a cumplir los
criterios de Convergencia de Maastricht, van a afectar a la AOD de 1996?
¿En qué medida y en qué cuantía el Gobierno se ha acercado al pacto
acordado en la cumbre de Desarrollo Social de Copenhague que dedica el
20% de la OAD a gastos de Prioridad Social Básica?
¿Cuál es la distribución de la Ayuda Oficial al Desarrollo por partidas,
programas, subprogramas y ejecutantes?
Madrid, 4 de julio de 1996.--Angeles Maestro Martín, Diputada del Grupo
Parlamentario Federal IU-IC.
184/001142
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, se formula la
siguiente pregunta, dirigida al Gobierno, para la que se solicita
respuesta escrita.
¿Cómo explica el Gobierno que el área geográfica con mayor receptividad
económica en cuanto a Ayuda Oficial al Desarrollo sea Asia y no América
Latina o Africa, contraviniendo las líneas directrices aprobadas por la
Comisión Interministerial de Comisión Internacional y los respectivos
informes del Congreso y del Senado sobre AOD?
Madrid, 4 de julio de 1996.--Angeles Maestro Martín, Diputada del Grupo
Parlamentario Federal IU-IC.
184/001143
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, se formulan
las siguientes preguntas dirigidas al Gobierno, para las que se solicita
respuesta escrita.
¿Qué mecanismos de evaluación va a emplear el Gobierno para evaluar la
Ayuda Oficial al Desarrollo? ¿Qué criterios se van a utilizar en dicha
evaluación? ¿Existe hasta la fecha alguna evaluación de conjunto o por
capítulos de la Ayuda Oficial al Desarrollo española?
Madrid, 5 de julio de 1996.--Angeles Maestro Martín, Diputada del Grupo
Parlamentario Federal IU-IC.
184/001144
A la Mesa del Congreso de los Diputados
José V. Beviá Pastor, Diputado por Alicante, perteneciente al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso de los Diputados, al amparo de lo
establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
presenta la siguiente pregunta al Gobierno, para la que solicita
respuesta escrita:
Pregunta sobre medidas contempladas por el Gobierno para asegurar la
viabilidad de la factoría de INESPAL de Alicante y el mantenimiento de lo
puestos de trabajo en dicho centro
Motivación
La factoría de INESPAL en Alicante ha sido, durante más de treinta años,
uno de los elementos nucleares del sector industrial de esta ciudad. Si
bien es cierto que, desde el cierre del tren en caliente para la
producción de aluminio en dicho centro, ha pasado una larga crisis, con
pérdidas sucesivas, también es conocido que, en los últimos años, la
tendencia se ha invertido, reduciéndose sensiblemente las pérdidas. Más
aún, si se adoptaran las medidas pertinentes de actualización tecnológica
y recuperación de mercados, la fábrica podría ser claramente rentable,
manteniendo, como mínimo, en su dimensión actual la plantilla del centro.
La aprobación, en la reunión del Consejo de Ministros de 28 de junio de
1996, de un Plan de privatizaciones de todas las empresas públicas a
través del llamado eufemísticamente «Programa de Modernización del Sector
Público Empresarial», en el que INESPAL aparece situada dentro del grupo
de las primeras privatizaciones previstas, ha provocado el mencionado
acuerdo inquietud e incertidumbre en la ciudad de Alicante y, de manera
especial y lógica, en la plantilla de trabajadores de esta Empresa.
Las declaraciones efectuadas por el Ministro de Industria y Energía sobre
el futuro de esta factoría a los medios de comunicación de Alicante, el
pasado día 3 de julio, no contribuyeron sino a incrementar su
preocupación, dado que su único compromiso fue el de privatizar INESPAL,
sin ofrecer ninguna garantía sobre el mantenimiento de la plantilla de
trabajadores.
Por otra parte, la ubicación de la factoría en terrenos de una extensión
de 1.300.000 metros cuadrados, en una zona de expansión urbanística de
Alicante y en primera línea de costa, encierra el peligro de que su
adquisición pueda enmascarar una operación especulativa que supondría
indefectiblemente el cierre del centro.
Por todo ello, plantea al Gobierno las siguientes preguntas:
1.¿Qué medidas contempla el Gobierno para asegurar la viabilidad del
centro de INESPAL en Alicante?
2.¿Se encuentra entre ellas una posible segregación de esta factoría del
conjunto de la empresa?
3.Se tiene prevista su actualización tecnológica y un mayor esfuerzo en
la estrategia de recuperación del mercado?
4.¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno para garantizar los puestos de
trabajo?
5.¿Cuáles son las cautelas concretas que el Gobierno ha decidido adoptar
para evitar que la privatización de la fábrica de INESPAL de Alicante no
oculte una operación especulativa sobre los terrenos en que se encuentra
ubicada?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de julio de 1996.--José V. Beviá
Pastor.
184/001145
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Juan Romero González, Diputado por Valencia, perteneciente al Grupo
Parlamentario Socialista, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presenta las siguientes preguntas al Gobierno, para que le sean
contestadas por escrito.
Pregunta al Gobierno sobre intención del MEC de modificar la aplicación
del sistema de admisión de alumnos
Motivación
La Ministra de Educación y Cultura ha manifestado en la reciente
comparecencia en la Comisión de Educación y Cultura del Congreso de los
Diputados la intención del MEC de modificar la aplicación del sistema de
admisión de alumnos.
Es por lo que formulo las siguientes preguntas:
¿Piensa el Gobierno modificar la normativa básica por la que se establece
el sistema de admisión de alumnos?
En el caso de modificar el actual sistema, ¿qué criterios va a seguir el
MEC para establecer las zonas que rigen el proceso de admisión de
alumnos?
¿Piensa garantizar el MEC lo establecido en la Disposición Adicional 2.a
de la LOPEG en la que se establece que las administraciones educativas
garantizarán la escolarización de alumnos con necesidades educativas
especiales en los centros docentes sostenidos con fondos públicos? ¿Cómo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de julio de 1996.--Juan Romero
González.
184/001146
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Matilde Fernández Sanz, Diputada por Cantabria, perteneciente al Grupo
Parlamentario Socialista, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta
las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
Pregunta al Gobierno relativa «a la expulsión de inmigrantes y
demandantes de asilo de Melilla»
Motivación
Como continuación de la argumentación y preguntas realizadas por don
Carlos Sanjuán de la Rocha y por la información que se ha seguido
obteniendo de diferentes Organizaciones no Gubernamentales de solidaridad
con los inmigrantes y refugiados, así como también por los medios de
comunicación; por la preocupación reflejada por el Defensor del Pueblo
pidiendo la intervención de la Fiscalía General; por el oscurantismo con
el que se ha realizado esta llamada «Operación Melilla» por parte de los
Ministerios de Interior y Asuntos Exteriores.
Es por lo que formulo las siguientes preguntas:
¿Cuántos autos de internamiento se hicieron?
¿Cuántos autos de traslado se hicieron?
¿Cuántos autos de cese de internamiento autorizó el juez?
¿Cuántos de ellos habían solicitado asilo? ¿A cuántos se les había
denegado el asilo y cuándo?
¿Se había dado un plazo de salida voluntaria a alguno de los extranjeros
expulsados o devueltos? ¿Se han respetado estos plazos de salida
voluntaria?
¿Los datos de los extranjeros han sido grabados en el Sistema Informático
de Schenger?
¿Cuándo y dónde se dictó y comunicó a cada extranjero la orden de
expulsión?
¿Cuántas alegaciones se presentaron a las expulsiones?
¿Cuántas personas han ido a terceros países y no al suyo de origen? ¿A
que países han ido y de dónde eran?
¿Se ha dado dinero a los países que han acogido a estos ciudadanos que
nosotros hemos expulsado? ¿En calidad de qué?
¿En qué países han tenido problemas los aviones militares que
transportaban a estos ciudadanos?
¿Cuál es la situación y número de los africanos que aún permanecen en
Melilla y también en Ceuta? ¿Qué medidas se van a tomar para que el
Ministerio de Interior no tenga que volver a decir que ha sido (la
operación Melilla) «no humanitaria», «desagradable» y un «mal menor»
(para quien hace estas preguntas ha sido un «mal mayor»)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de julio de 1996.--Matilde
Fernández Sanz.
184/001147
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Demetrio Madrid López, Diputado por Zamora, perteneciente al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso,
al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes
preguntas para que le sean contestadas por escrito.
Motivación
El Pleno del Congreso de los Diputados ha convalidado el día 27 de junio
de 1996, el Real Decreto-Ley 11/1996 de ampliación del servicio
farmacéutico a la población. Al margen de la utilización del Decreto-Ley
sin tomar en consideración los requisitos que esta modalidad legislativa
precisa y, sobre todo, los límites que la Constitución impone para su
utilización, el Gobierno abusa en la presentación de esta iniciativa
acerca de sus pretendidas bondades liberalizadoras y la ampliación que
supondrá en cuanto al servicio farmacéutico a la población.
Extremos ellos tan discutibles como la urgente necesidad que se precisa
para legislar por Decreto-Ley o el debido respeto a las competencias de
las Comunidades Autónomas en la materia, en mi opinión vulneradas por lo
establecido en el Decreto-Ley como, por cierto, se puso de manifiesto a
lo largo del debate con la posición extremadamente crítica de los Grupos
nacionalistas representados en la Cámara.
Más grave aún resulta la ignorancia mostrada por el Gobierno acerca del
derecho a la salud que, como es sabido, forma parte del conjunto de
derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I
de la Constitución, y por ello indisponibles para ser regulados a través
de la técnica del Decreto-Ley. Existe aún otro hecho claramente
denunciable como es que el Decreto-Ley fija un máximo de una farmacia por
cada 2.800 ciudadanos y no el número mínimo de farmacias por cada X
ciudadanos, lo que vulnera la normativa en materia farmacéutica, pues al
Estado le competen facultades de coordinación y de legislación básica
sobre mínimos y no sobre máximos.
Significa ello una clara manipulación de la realidad por parte del
Gobierno al presentar como liberalizadora una norma que de hecho es
restrictiva. Norma que sólo liberaliza, de verdad, los horarios de
farmacia y cuando ya los Tribunales han sentenciado en ese sentido.
Manipula la realidad actual, pues aun cuando es cierto que el número
mínimo de habitantes por farmacia en las zonas urbanas es de 4.000
personas, las amplias excepciones a la norma general sitúan el promedio
en alrededor de 2.000 personas por farmacia.
Se puede incluso considerar que el Gobierno realiza publicidad engañosa,
porque lejos de suponer esta ley la apertura de oficinas de farmacia, su
aplicación obligará a amortizar muchas de las oficinas de farmacia
existentes.
En fin, como en tantas otras materias en especial relacionadas con los
servicios, la fiscalidad y las normas con incidencia en la actividad
económica, el Gobierno legisla en favor de unos pocos y hurtando al
Parlamento su plena capacidad legislativa, sólo corregida por su ulterior
tramitación de los textos como proyectos de ley una vez que el Grupo
Parlamentario Socialista ha demostrado la clara contravención de la
Constitución de la mayoría de ellos. El Gobierno se pliega a la demanda
de los Colegios Farmacéuticos, al anunciar una Ley estatal más amplia y
reguladora del conjunto de la prestación farmacéutica, neutraliza a los
proyectos legislativos de CC. AA. que pretendían una liberalización casi
total como Navarra o una ordenación más flexible, como Castilla-La Mancha
y Extremadura y apuesta por privilegiar a los profesionales instalados
para indignación de quienes no pueden hacerlo una vez que comprueben que
la liberalización no existe.
Por ello, formulo las siguientes preguntas al Gobierno:
1.¿Cuántas oficinas de farmacia, tipología y población protegida existen
más concretamente en la provincia de Zamora?
2.¿Cuántas de ellas, en la provincia de Zamora, prevé el Gobierno que
habrán de amortizarse para adaptarse a las prescripciones del Decreto-Ley
convalidado con los votos del PP, CiU y PNV?
3.¿Cuántas oficinas de farmacia calcula el Gobierno que podrán abrirse en
la provincia de Zamora, y en qué localidades tras la entrada en vigor de
la nueva normativa?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de julio de 1996.--Demetrio
Madrid López.
184/001148
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Rosario García Linares, Diputada por Albacete, perteneciente al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados,
presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por
escrito.
Motivación
El Pleno del Congreso de los Diputados ha convalidado el día 27 de junio
de 1996 el Real Decreto-Ley 11/1996 de ampliación del servicio
farmacéutico a la población. Al margen de la utilización del Decreto-Ley
sin tomar en consideración los requisitos que esta modalidad legislativa
precisa y, sobre todo, los límites que la Constitución impone para su
utilización, el Gobierno abusa en la presentación de esta iniciativa
acerca de sus pretendidas bondades liberalizadoras y la ampliación que
supondrá en cuanto al servicio farmacéutico a la población.
Extremos ellos tan discutibles como la urgente necesidad que se precisa
para legislar por Decreto-Ley o el debido respeto a las competencias de
las Comunidades Autónomas en la materia, en mi opinión vulneradas por lo
establecido en el Decreto-Ley como, por cierto, se puso de manifiesto a
lo largo del debate con la posición extremadamente crítica de los Grupos
nacionalistas representados en la Cámara.
Más grave aún resulta la ignorancia mostrada por el Gobierno acerca del
derecho a la salud que, como es sabido, forma parte del conjunto de
derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I
de la
Constitución, y por ello indisponibles para ser regulados a través de la
técnica del Decreto-Ley. Existe aún otro hecho claramente denunciable
como es que el Decreto-Ley fija un máximo de una farmacia por cada 2.800
ciudadanos y no el número mínimo de farmacias por cada X ciudadanos, lo
que vulnera la normativa en materia farmacéutica, pues al Estado le
competen facultades de coordinación y de legislación básica sobre mínimos
y no sobre máximos.
Significa ello una clara manipulación de la realidad por parte del
Gobierno al presentar como liberalizadora una norma que de hecho es
restrictiva. Norma que sólo liberaliza, de verdad, los horarios de
farmacia y cuando ya los Tribunales han sentenciado en ese sentido.
Manipula la realidad actual, pues aun cuando es cierto que el número
mínimo de habitantes por farmacia en las zonas urbanas es de 4.000
personas, las amplias excepciones a la norma general sitúan el promedio
en alrededor de 2.000 personas por farmacia.
Se puede incluso considerar que el Gobierno realiza publicidad engañosa,
porque lejos de suponer esta ley la apertura de oficinas de farmacia, su
aplicación obligará a amortizar muchas de las oficinas de farmacia
existentes.
En fin, como en tantas otras materias en especial relacionadas con los
servicios, la fiscalidad y las normas con incidencia en la actividad
económica, el Gobierno legisla en favor de unos pocos y hurtando al
Parlamento su plena capacidad legislativa, sólo corregida por su ulterior
tramitación de los textos como proyectos de ley una vez que el Grupo
Parlamentario Socialista ha demostrado la clara contravención de la
Constitución de la mayoría de ellos. El Gobierno se pliega a la demanda
de los Colegios Farmacéuticos, al anunciar una Ley estatal más amplia y
reguladora del conjunto de la prestación farmacéutica, neutraliza a los
proyectos legislativos de CC. AA. que pretendían una liberalización casi
total como Navarra o una ordenación más flexible, como Castilla-La Mancha
y Extremadura y apuesta por privilegiar a los profesionales instalados
para indignación de quienes no pueden hacerlo una vez que comprueben que
la liberalización no existe.
Por todo ello, formulo las siguientes preguntas al Gobierno:
1.¿Cuántas oficinas de farmacia, tipología y población protegida existen
más concretamente en la provincia de Albacete?
2.¿Cuántas de ellas, en la provincia de Albacete, prevé el Gobierno que
habrán de amortizarse para adaptarse a las prescripciones del Decreto-Ley
convalidado con los votos del PP, CiU y PNV?
3.¿Cuántas oficinas de farmacia calcula el Gobierno que podrán abrirse en
la provincia de Albacete, y en qué localidades tras la entrada en vigor
de la nueva normativa?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de julio de 1996.--Rosario
García Linares.
184/001149
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Francisco Fuentes Gallardo, Diputado por Badajoz, perteneciente al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados,
presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por
escrito.
Motivación
El Pleno del Congreso de los Diputados ha convalidado el día 27 de junio
de 1996 el Real Decreto-Ley 11/1996 de ampliación del servicio
farmacéutico a la población. Al margen de la utilización del Decreto-Ley
sin tomar en consideración los requisitos que esta modalidad legislativa
precisa y, sobre todo, los límites que la Constitución impone para su
utilización, el Gobierno abusa en la presentación de esta iniciativa
acerca de sus pretendidas bondades liberalizadoras y la ampliación que
supondrá en cuanto al servicio farmacéutico a la población.
Extremos ellos tan discutibles como la urgente necesidad que se precisa
para legislar por Decreto-Ley o el debido respeto a las competencias de
las Comunidades Autónomas en la materia, en mi opinión vulneradas por lo
establecido en el Decreto-Ley como, por cierto, se puso de manifiesto a
lo largo del debate con la posición extremadamente crítica de los Grupos
nacionalistas representados en la Cámara.
Más grave aún resulta la ignorancia mostrada por el Gobierno acerca del
derecho a la salud que, como es sabido, forma parte del conjunto de
derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I
de la Constitución, y por ello indisponibles para ser regulados a través
de la técnica del Decreto-Ley. Existe aún otro hecho claramente
denunciable como es que el Decreto-Ley fija un máximo de una farmacia por
cada 2.800 ciudadanos y no el número mínimo de farmacias por cada X
ciudadanos, lo que vulnera la normativa en materia farmacéutica, pues al
Estado le competen facultades de coordinación y de legislación básica
sobre mínimos y no sobre máximos.
Significa ello una clara manipulación de la realidad por parte del
Gobierno al presentar como liberalizadora una norma que de hecho es
restrictiva. Norma que sólo liberaliza, de verdad, los horarios de
farmacia y cuando ya los Tribunales han sentenciado en ese sentido.
Manipula la realidad actual, pues aun cuando es cierto que el número
mínimo de habitantes por farmacia en las zonas urbanas es de 4.000
personas, las amplias excepciones a la norma general sitúan el promedio
en alrededor de 2.000 personas por farmacia.
Se puede incluso considerar que el Gobierno realiza publicidad engañosa,
porque lejos de suponer esta ley la apertura de oficinas de farmacia, su
aplicación obligará a amortizar muchas de las oficinas de farmacia
existentes.
En fin, como en tantas otras materias en especial relacionadas con los
servicios, la fiscalidad y las normas con incidencia en la actividad
económica, el Gobierno legisla
en favor de unos pocos y hurtando al Parlamento su plena capacidad
legislativa, sólo corregida por su ulterior tramitación de los textos
como proyectos de ley una vez que el Grupo Parlamentario Socialista ha
demostrado la clara contravención de la Constitución de la mayoría de
ellos. El Gobierno se pliega a la demanda de los Colegios Farmacéuticos,
al anunciar una Ley estatal más amplia y reguladora del conjunto de la
prestación farmacéutica, neutraliza a los proyectos legislativos de CC.
AA. que pretendían una liberalización casi total como Navarra o una
ordenación más flexible, como Castilla-La Mancha y Extremadura y apuesta
por privilegiar a los profesionales instalados para indignación de
quienes no pueden hacerlo una vez que comprueben que la liberalización no
existe.
Por todo ello, formulo las siguientes preguntas al Gobierno:
1.¿Cuántas oficinas de farmacia, tipología y población protegida existen
más concretamente en la provincia de Badajoz?
2.¿Cuántas de ellas, en la provincia de Badajoz, prevé el Gobierno que
habrán de amortizarse para adaptarse a las prescripciones del Decreto-Ley
convalidado con los votos del PP, CiU y PNV?
3.¿Cuántas oficinas de farmacia calcula el Gobierno que podrán abrirse en
la provincia de Badajoz, y en qué localidades tras la entrada en vigor de
la nueva normativa?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de julio de 1996.--Francisco
Fuentes Gallardo.
184/001150
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María Teresa Riera Madurell, Diputada por Baleares, perteneciente al
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas
por escrito.
Motivación
El Pleno del Congreso de los Diputados ha convalidado el día 27 de junio
de 1996 el Real Decreto-Ley 11/1996 de ampliación del servicio
farmacéutico a la población. Al margen de la utilización del Decreto-Ley
sin tomar en consideración los requisitos que esta modalidad legislativa
precisa y, sobre todo, los límites que la Constitución impone para su
utilización, el Gobierno abusa en la presentación de esta iniciativa
acerca de sus pretendidas bondades liberalizadoras y la ampliación que
supondrá en cuanto al servicio farmacéutico a la población.
Extremos ellos tan discutibles como la urgente necesidad que se precisa
para legislar por Decreto-Ley o el debido respeto a las competencias de
las Comunidades Autónomas en la materia, en mi opinión vulneradas por lo
establecido en el Decreto-Ley como, por cierto, se puso de manifiesto a
lo largo del debate con la posición extremadamente crítica de los Grupos
nacionalistas representados en la Cámara.
Más grave aún resulta la ignorancia mostrada por el Gobierno acerca del
derecho a la salud que, como es sabido, forma parte del conjunto de
derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I
de la Constitución, y por ello indisponibles para ser regulados a través
de la técnica del Decreto-Ley. Existe aún otro hecho claramente
denunciable como es que el Decreto-Ley fija un máximo de una farmacia por
cada 2.800 ciudadanos y no el número mínimo de farmacias por cada X
ciudadanos, lo que vulnera la normativa en materia farmacéutica, pues al
Estado le competen facultades de coordinación y de legislación básica
sobre mínimos y no sobre máximos.
Significa ello una clara manipulación de la realidad por parte del
Gobierno al presentar como liberalizadora una norma que de hecho es
restrictiva. Norma que sólo liberaliza, de verdad, los horarios de
farmacia y cuando ya los Tribunales han sentenciado en ese sentido.
Manipula la realidad actual, pues aun cuando es cierto que el número
mínimo de habitantes por farmacia en las zonas urbanas es de 4.000
personas, las amplias excepciones a la norma general sitúan el promedio
en alrededor de 2.000 personas por farmacia.
Se puede incluso considerar que el Gobierno realiza publicidad engañosa,
porque lejos de suponer esta ley la apertura de oficinas de farmacia, su
aplicación obligará a amortizar muchas de las oficinas de farmacia
existentes.
En fin, como en tantas otras materias en especial relacionadas con los
servicios, la fiscalidad y las normas con incidencia en la actividad
económica, el Gobierno legisla en favor de unos pocos y hurtando al
Parlamento su plena capacidad legislativa, sólo corregida por su ulterior
tramitación de los textos como proyectos de ley una vez que el Grupo
Parlamentario Socialista ha demostrado la clara contravención de la
Constitución de la mayoría de ellos. El Gobierno se pliega a la demanda
de los Colegios Farmacéuticos, al anunciar una Ley estatal más amplia y
reguladora del conjunto de la prestación farmacéutica, neutraliza a los
proyectos legislativos de CC. AA. que pretendían una liberalización casi
total como Navarra o una ordenación más flexible, como Castilla-La Mancha
y Extremadura y apuesta por privilegiar a los profesionales instalados
para indignación de quienes no pueden hacerlo una vez que comprueben que
la liberalización no existe.
Por todo ello, formulo las siguientes preguntas al Gobierno:
1.¿Cuántas oficinas de farmacia, tipología y población protegida existen
más concretamente en Baleares?
2.¿Cuántas de ellas, en Baleares, prevé el Gobierno que habrán de
amortizarse para adaptarse a las prescripciones del Decreto-Ley
convalidado con los votos del PP, CiU y PNV?
3.¿Cuántas oficinas de farmacia calcula el Gobierno que podrán abrirse en
Baleares, y en qué localidades tras la entrada en vigor de la nueva
normativa?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de julio de 1996.--María Teresa
Riera Madurell.
184/001151
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Julián Simón de la Torre, Diputado por Burgos, perteneciente al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados,
presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por
escrito.
Motivación
El Pleno del Congreso de los Diputados ha convalidado el día 27 de junio
de 1996 el Real Decreto-Ley 11/1996 de ampliación del servicio
farmacéutico a la población. Al margen de la utilización del Decreto-Ley
sin tomar en consideración los requisitos que esta modalidad legislativa
precisa y, sobre todo, los límites que la Constitución impone para su
utilización, el Gobierno abusa en la presentación de esta iniciativa
acerca de sus pretendidas bondades liberalizadoras y la ampliación que
supondrá en cuanto al servicio farmacéutico a la población.
Extremos ellos tan discutibles como la urgente necesidad que se precisa
para legislar por Decreto-Ley o el debido respeto a las competencias de
las Comunidades Autónomas en la materia, en mi opinión vulneradas por lo
establecido en el Decreto-Ley como, por cierto, se puso de manifiesto a
lo largo del debate con la posición extremadamente crítica de los Grupos
nacionalistas representados en la Cámara.
Más grave aún resulta la ignorancia mostrada por el Gobierno acerca del
derecho a la salud que, como es sabido, forma parte del conjunto de
derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I
de la Constitución, y por ello indisponibles para ser regulados a través
de la técnica del Decreto-Ley. Existe aún otro hecho claramente
denunciable como es que el Decreto-Ley fija un máximo de una farmacia por
cada 2.800 ciudadanos y no el número mínimo de farmacias por cada X
ciudadanos, lo que vulnera la normativa en materia farmacéutica, pues al
Estado le competen facultades de coordinación y de legislación básica
sobre mínimos y no sobre máximos.
Significa ello una clara manipulación de la realidad por parte del
Gobierno al presentar como liberalizadora una norma que de hecho es
restrictiva. Norma que sólo liberaliza, de verdad, los horarios de
farmacia y cuando ya los Tribunales han sentenciado en ese sentido.
Manipula la realidad actual, pues aun cuando es cierto que el número
mínimo de habitantes por farmacia en las zonas urbanas es de 4.000
personas, las amplias excepciones a la norma general sitúan el promedio
en alrededor de 2.000 personas por farmacia.
Se puede incluso considerar que el Gobierno realiza publicidad engañosa,
porque lejos de suponer esta ley la apertura de oficinas de farmacia, su
aplicación obligará a amortizar muchas de las oficinas de farmacia
existentes.
En fin, como en tantas otras materias en especial relacionadas con los
servicios, la fiscalidad y las normas con incidencia en la actividad
económica, el Gobierno legisla en favor de unos pocos y hurtando al
Parlamento su plena capacidad legislativa, sólo corregida por su ulterior
tramitación de los textos como proyectos de ley una vez que el Grupo
Parlamentario Socialista ha demostrado la clara contravención de la
Constitución de la mayoría de ellos. El Gobierno se pliega a la demanda
de los Colegios Farmacéuticos, al anunciar una Ley estatal más amplia y
reguladora del conjunto de la prestación farmacéutica, neutraliza a los
proyectos legislativos de CC. AA. que pretendían una liberalización casi
total como Navarra o una ordenación más flexible, como Castilla-La Mancha
y Extremadura y apuesta por privilegiar a los profesionales instalados
para indignación de quienes no pueden hacerlo una vez que comprueben que
la liberalización no existe.
Por todo ello, formulo las siguientes preguntas al Gobierno:
1.¿Cuántas oficinas de farmacia, tipología y población protegida existen
más concretamente en la provincia de Burgos?
2.¿Cuántas de ellas, en la provincia de Burgos, prevé el Gobierno que
habrán de amortizarse para adaptarse a las prescripciones del Decreto-Ley
convalidado con los votos del PP, CiU y PNV?
3.¿Cuántas oficinas de farmacia calcula el Gobierno que podrán abrirse en
la provincia de Burgos, y en qué localidades tras la entrada en vigor de
la nueva normativa?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de julio de 1996.--Julián Simón
de la Torre.
184/001152
A la Mesa del Congreso de los Diputados
José Manuel Caballero Serrano, Diputado por Ciudad Real, perteneciente al
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas
por escrito.
Motivación
El Pleno del Congreso de los Diputados ha convalidado el día 27 de junio
de 1996 el Real Decreto-Ley 11/1996 de ampliación del servicio
farmacéutico a la población. Al margen de la utilización del Decreto-Ley
sin tomar en consideración los requisitos que esta modalidad legislativa
precisa y, sobre todo, los límites que la Constitución impone para su
utilización, el Gobierno abusa en la presentación de esta iniciativa
acerca de sus pretendidas bondades
liberalizadoras y la ampliación que supondrá en cuanto al servicio
farmacéutico a la población.
Extremos ellos tan discutibles como la urgente necesidad que se precisa
para legislar por Decreto-Ley o el debido respeto a las competencias de
las Comunidades Autónomas en la materia, en mi opinión vulneradas por lo
establecido en el Decreto-Ley como, por cierto, se puso de manifiesto a
lo largo del debate con la posición extremadamente crítica de los Grupos
nacionalistas representados en la Cámara.
Más grave aún resulta la ignorancia mostrada por el Gobierno acerca del
derecho a la salud que, como es sabido, forma parte del conjunto de
derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I
de la Constitución, y por ello indisponibles para ser regulados a través
de la técnica del Decreto-Ley. Existe aún otro hecho claramente
denunciable como es que el Decreto-Ley fija un máximo de una farmacia por
cada 2.800 ciudadanos y no el número mínimo de farmacias por cada X
ciudadanos, lo que vulnera la normativa en materia farmacéutica, pues al
Estado le competen facultades de coordinación y de legislación básica
sobre mínimos y no sobre máximos.
Significa ello una clara manipulación de la realidad por parte del
Gobierno al presentar como liberalizadora una norma que de hecho es
restrictiva. Norma que sólo liberaliza, de verdad, los horarios de
farmacia y cuando ya los Tribunales han sentenciado en ese sentido.
Manipula la realidad actual, pues aun cuando es cierto que el número
mínimo de habitantes por farmacia en las zonas urbanas es de 4.000
personas, las amplias excepciones a la norma general sitúan el promedio
en alrededor de 2.000 personas por farmacia.
Se puede incluso considerar que el Gobierno realiza publicidad engañosa,
porque lejos de suponer esta ley la apertura de oficinas de farmacia, su
aplicación obligará a amortizar muchas de las oficinas de farmacia
existentes.
En fin, como en tantas otras materias en especial relacionadas con los
servicios, la fiscalidad y las normas con incidencia en la actividad
económica, el Gobierno legisla en favor de unos pocos y hurtando al
Parlamento su plena capacidad legislativa, sólo corregida por su ulterior
tramitación de los textos como proyectos de ley una vez que el Grupo
Parlamentario Socialista ha demostrado la clara contravención de la
Constitución de la mayoría de ellos. El Gobierno se pliega a la demanda
de los Colegios Farmacéuticos, al anunciar una Ley estatal más amplia y
reguladora del conjunto de la prestación farmacéutica, neutraliza a los
proyectos legislativos de CC. AA. que pretendían una liberalización casi
total como Navarra o una ordenación más flexible, como Castilla-La Mancha
y Extremadura y apuesta por privilegiar a los profesionales instalados
para indignación de quienes no pueden hacerlo una vez que comprueben que
la liberalización no existe.
Por todo ello, formulo las siguientes preguntas al Gobierno:
1.¿Cuántas oficinas de farmacia, tipología y población protegida existen
más concretamente en la provincia de Ciudad Real?
2.¿Cuántas de ellas, en la provincia de Ciudad Real, prevé el Gobierno
que habrán de amortizarse para adaptarse a las prescripciones del
Decreto-Ley convalidado con los votos del PP, CiU y PNV?
3.¿Cuántas oficinas de farmacia calcula el Gobierno que podrán abrirse en
la provincia de Ciudad Real, y en qué localidades tras la entrada en
vigor de la nueva normativa?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de julio de 1996.--José Manuel
Caballero Serrano.
184/001153
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Máximo Díaz Cano del Rey, Diputado por Cuenca, perteneciente al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados,
presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por
escrito.
Motivación
El Pleno del Congreso de los Diputados ha convalidado el día 27 de junio
de 1996 el Real Decreto-Ley 11/1996 de ampliación del servicio
farmacéutico a la población. Al margen de la utilización del Decreto-Ley
sin tomar en consideración los requisitos que esta modalidad legislativa
precisa y, sobre todo, los límites que la Constitución impone para su
utilización, el Gobierno abusa en la presentación de esta iniciativa
acerca de sus pretendidas bondades liberalizadoras y la ampliación que
supondrá en cuanto al servicio farmacéutico a la población.
Extremos ellos tan discutibles como la urgente necesidad que se precisa
para legislar por Decreto-Ley o el debido respeto a las competencias de
las Comunidades Autónomas en la materia, en mi opinión vulneradas por lo
establecido en el Decreto-Ley como, por cierto, se puso de manifiesto a
lo largo del debate con la posición extremadamente crítica de los Grupos
nacionalistas representados en la Cámara.
Más grave aún resulta la ignorancia mostrada por el Gobierno acerca del
derecho a la salud que, como es sabido, forma parte del conjunto de
derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I
de la Constitución, y por ello indisponibles para ser regulados a través
de la técnica del Decreto-Ley. Existe aún otro hecho claramente
denunciable como es que el Decreto-Ley fija un máximo de una farmacia por
cada 2.800 ciudadanos y no el número mínimo de farmacias por cada X
ciudadanos, lo que vulnera la normativa en materia farmacéutica, pues al
Estado le competen facultades de coordinación y de legislación básica
sobre mínimos y no sobre máximos.
Significa ello una clara manipulación de la realidad por parte del
Gobierno al presentar como liberalizadora una norma que de hecho es
restrictiva. Norma que sólo liberaliza, de verdad, los horarios de
farmacia y cuando ya los Tribunales
han sentenciado en ese sentido. Manipula la realidad actual, pues aun
cuando es cierto que el número mínimo de habitantes por farmacia en las
zonas urbanas es de 4.000 personas, las amplias excepciones a la norma
general sitúan el promedio en alrededor de 2.000 personas por farmacia.
Se puede incluso considerar que el Gobierno realiza publicidad engañosa,
porque lejos de suponer esta ley la apertura de oficinas de farmacia, su
aplicación obligará a amortizar muchas de las oficinas de farmacia
existentes.
En fin, como en tantas otras materias en especial relacionadas con los
servicios, la fiscalidad y las normas con incidencia en la actividad
económica, el Gobierno legisla en favor de unos pocos y hurtando al
Parlamento su plena capacidad legislativa, sólo corregida por su ulterior
tramitación de los textos como proyectos de ley una vez que el Grupo
Parlamentario Socialista ha demostrado la clara contravención de la
Constitución de la mayoría de ellos. El Gobierno se pliega a la demanda
de los Colegios Farmacéuticos, al anunciar una Ley estatal más amplia y
reguladora del conjunto de la prestación farmacéutica, neutraliza a los
proyectos legislativos de CC. AA. que pretendían una liberalización casi
total como Navarra o una ordenación más flexible, como Castilla-La Mancha
y Extremadura y apuesta por privilegiar a los profesionales instalados
para indignación de quienes no pueden hacerlo una vez que comprueben que
la liberalización no existe.
Por todo ello, formulo las siguientes preguntas al Gobierno:
1.¿Cuántas oficinas de farmacia, tipología y población protegida existen
más concretamente en la provincia de Cuenca?
2.¿Cuántas de ellas, en la provincia de Cuenca, prevé el Gobierno que
habrán de amortizarse para adaptarse a las prescripciones del Decreto-Ley
convalidado con los votos del PP, CiU y PNV?
3.¿Cuántas oficinas de farmacia calcula el Gobierno que podrán abrirse en
la provincia de Cuenca, y en qué localidades tras la entrada en vigor de
la nueva normativa?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de julio de 1996.--Máximo Díaz
Cano del Rey.
184/001154
A la Mesa del Congreso de los Diputados
José Luis Ros Maorad, Diputado por Guadalajara, perteneciente al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados,
presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por
escrito.
Motivación
El Pleno del Congreso de los Diputados ha convalidado el día 27 de junio
de 1996 el Real Decreto-Ley 11/1996 de ampliación del servicio
farmacéutico a la población. Al margen de la utilización del Decreto-Ley
sin tomar en consideración los requisitos que esta modalidad legislativa
precisa y, sobre todo, los límites que la Constitución impone para su
utilización, el Gobierno abusa en la presentación de esta iniciativa
acerca de sus pretendidas bondades liberalizadoras y la ampliación que
supondrá en cuanto al servicio farmacéutico a la población.
Extremos ellos tan discutibles como la urgente necesidad que se precisa
para legislar por Decreto-Ley o el debido respeto a las competencias de
las Comunidades Autónomas en la materia, en mi opinión vulneradas por lo
establecido en el Decreto-Ley como, por cierto, se puso de manifiesto a
lo largo del debate con la posición extremadamente crítica de los Grupos
nacionalistas representados en la Cámara.
Más grave aún resulta la ignorancia mostrada por el Gobierno acerca del
derecho a la salud que, como es sabido, forma parte del conjunto de
derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I
de la Constitución, y por ello indisponibles para ser regulados a través
de la técnica del Decreto-Ley. Existe aún otro hecho claramente
denunciable como es que el Decreto-Ley fija un máximo de una farmacia por
cada 2.800 ciudadanos y no el número mínimo de farmacias por cada X
ciudadanos, lo que vulnera la normativa en materia farmacéutica, pues al
Estado le competen facultades de coordinación y de legislación básica
sobre mínimos y no sobre máximos.
Significa ello una clara manipulación de la realidad por parte del
Gobierno al presentar como liberalizadora una norma que de hecho es
restrictiva. Norma que sólo liberaliza, de verdad, los horarios de
farmacia y cuando ya los Tribunales han sentenciado en ese sentido.
Manipula la realidad actual, pues aun cuando es cierto que el número
mínimo de habitantes por farmacia en las zonas urbanas es de 4.000
personas, las amplias excepciones a la norma general sitúan el promedio
en alrededor de 2.000 personas por farmacia.
Se puede incluso considerar que el Gobierno realiza publicidad engañosa,
porque lejos de suponer esta ley la apertura de oficinas de farmacia, su
aplicación obligará a amortizar muchas de las oficinas de farmacia
existentes.
En fin, como en tantas otras materias en especial relacionadas con los
servicios, la fiscalidad y las normas con incidencia en la actividad
económica, el Gobierno legisla en favor de unos pocos y hurtando al
Parlamento su plena capacidad legislativa, sólo corregida por su ulterior
tramitación de los textos como proyectos de ley una vez que el Grupo
Parlamentario Socialista ha demostrado la clara contravención de la
Constitución de la mayoría de ellos. El Gobierno se pliega a la demanda
de los Colegios Farmacéuticos, al anunciar una Ley estatal más amplia y
reguladora del conjunto de la prestación farmacéutica, neutraliza a los
proyectos legislativos de CC. AA. que pretendían una liberalización casi
total como Navarra o una ordenación más flexible, como Castilla-La Mancha
y Extremadura y apuesta por privilegiar a los profesionales instalados
para indignación de quienes no pueden hacerlo una vez que comprueben que
la liberalización no existe.
Por todo ello, formulo las siguientes preguntas al Gobierno:
1.¿Cuántas oficinas de farmacia, tipología y población protegida existen
más concretamente en la provincia de Guadalajara?
2.¿Cuántas de ellas, en la provincia de Guadalajara, prevé el Gobierno
que habrán de amortizarse para adaptarse a las prescripciones del
Decreto-Ley convalidado con los votos del PP, CiU y PNV?
3.¿Cuántas oficinas de farmacia calcula el Gobierno que podrán abrirse en
la provincia de Guadalajara, y en qué localidades tras la entrada en
vigor de la nueva normativa?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de julio de 1996.--José Luis Ros
Maorad.
184/001155
A la Mesa del Congreso de los Diputados
José Luis Rodríguez Zapatero, Diputado por León, perteneciente al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados,
presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por
escrito.
Motivación
El Pleno del Congreso de los Diputados ha convalidado el día 27 de junio
de 1996 el Real Decreto-Ley 11/1996 de ampliación del servicio
farmacéutico a la población. Al margen de la utilización del Decreto-Ley
sin tomar en consideración los requisitos que esta modalidad legislativa
precisa y, sobre todo, los límites que la Constitución impone para su
utilización, el Gobierno abusa en la presentación de esta iniciativa
acerca de sus pretendidas bondades liberalizadoras y la ampliación que
supondrá en cuanto al servicio farmacéutico a la población.
Extremos ellos tan discutibles como la urgente necesidad que se precisa
para legislar por Decreto-Ley o el debido respeto a las competencias de
las Comunidades Autónomas en la materia, en mi opinión vulneradas por lo
establecido en el Decreto-Ley como, por cierto, se puso de manifiesto a
lo largo del debate con la posición extremadamente crítica de los Grupos
nacionalistas representados en la Cámara.
Más grave aún resulta la ignorancia mostrada por el Gobierno acerca del
derecho a la salud que, como es sabido, forma parte del conjunto de
derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I
de la Constitución, y por ello indisponibles para ser regulados a través
de la técnica del Decreto-Ley. Existe aún otro hecho claramente
denunciable como es que el Decreto-Ley fija un máximo de una farmacia por
cada 2.800 ciudadanos y no el número mínimo de farmacias por cada X
ciudadanos, lo que vulnera la normativa en materia farmacéutica, pues al
Estado le competen facultades de coordinación y de legislación básica
sobre mínimos y no sobre máximos.
Significa ello una clara manipulación de la realidad por parte del
Gobierno al presentar como liberalizadora una norma que de hecho es
restrictiva. Norma que sólo liberaliza, de verdad, los horarios de
farmacia y cuando ya los Tribunales han sentenciado en ese sentido.
Manipula la realidad actual, pues aun cuando es cierto que el número
mínimo de habitantes por farmacia en las zonas urbanas es de 4.000
personas, las amplias excepciones a la norma general sitúan el promedio
en alrededor de 2.000 personas por farmacia.
Se puede incluso considerar que el Gobierno realiza publicidad engañosa,
porque lejos de suponer esta ley la apertura de oficinas de farmacia, su
aplicación obligará a amortizar muchas de las oficinas de farmacia
existentes.
En fin, como en tantas otras materias en especial relacionadas con los
servicios, la fiscalidad y las normas con incidencia en la actividad
económica, el Gobierno legisla en favor de unos pocos y hurtando al
Parlamento su plena capacidad legislativa, sólo corregida por su ulterior
tramitación de los textos como proyectos de ley una vez que el Grupo
Parlamentario Socialista ha demostrado la clara contravención de la
Constitución de la mayoría de ellos. El Gobierno se pliega a la demanda
de los Colegios Farmacéuticos, al anunciar una Ley estatal más amplia y
reguladora del conjunto de la prestación farmacéutica, neutraliza a los
proyectos legislativos de CC. AA. que pretendían una liberalización casi
total como Navarra o una ordenación más flexible, como Castilla-La Mancha
y Extremadura y apuesta por privilegiar a los profesionales instalados
para indignación de quienes no pueden hacerlo una vez que comprueben que
la liberalización no existe.
Por todo ello, formulo las siguientes preguntas al Gobierno:
1.¿Cuántas oficinas de farmacia, tipología y población protegida existen
más concretamente en la provincia de León?
2.¿Cuántas de ellas, en la provincia de León, prevé el Gobierno que
habrán de amortizarse para adaptarse a las prescripciones del Decreto-Ley
convalidado con los votos del PP, CiU y PNV?
3.¿Cuántas oficinas de farmacia calcula el Gobierno que podrán abrirse en
la provincia de León, y en qué localidades tras la entrada en vigor de la
nueva normativa?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de julio de 1996.--José Luis
Rodríguez Zapatero.
184/001156
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Enedina Alvarez Gayol, Diputada por Madrid, perteneciente al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del
Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes
preguntas para que le sean contestadas por escrito.
Motivación
El Pleno del Congreso de los Diputados ha convalidado el día 27 de junio
de 1996 el Real Decreto-Ley 11/1996 de ampliación del servicio
farmacéutico a la población. Al margen de la utilización del Decreto-Ley
sin tomar en consideración los requisitos que esta modalidad legislativa
precisa y, sobre todo, los límites que la Constitución impone para su
utilización, el Gobierno abusa en la presentación de esta iniciativa
acerca de sus pretendidas bondades liberalizadoras y la ampliación que
supondrá en cuanto al servicio farmacéutico a la población.
Extremos ellos tan discutibles como la urgente necesidad que se precisa
para legislar por Decreto-Ley o el debido respeto a las competencias de
las Comunidades Autónomas en la materia, en mi opinión vulneradas por lo
establecido en el Decreto-Ley como, por cierto, se puso de manifiesto a
lo largo del debate con la posición extremadamente crítica de los Grupos
nacionalistas representados en la Cámara.
Más grave aún resulta la ignorancia mostrada por el Gobierno acerca del
derecho a la salud que, como es sabido, forma parte del conjunto de
derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I
de la Constitución, y por ello indisponibles para ser regulados a través
de la técnica del Decreto-Ley. Existe aún otro hecho claramente
denunciable como es que el Decreto-Ley fija un máximo de una farmacia por
cada 2.800 ciudadanos y no el número mínimo de farmacias por cada X
ciudadanos, lo que vulnera la normativa en materia farmacéutica, pues al
Estado le competen facultades de coordinación y de legislación básica
sobre mínimos y no sobre máximos.
Significa ello una clara manipulación de la realidad por parte del
Gobierno al presentar como liberalizadora una norma que de hecho es
restrictiva. Norma que sólo liberaliza, de verdad, los horarios de
farmacia y cuando ya los Tribunales han sentenciado en ese sentido.
Manipula la realidad actual, pues aun cuando es cierto que el número
mínimo de habitantes por farmacia en las zonas urbanas es de 4.000
personas, las amplias excepciones a la norma general sitúan el promedio
en alrededor de 2.000 personas por farmacia.
Se puede incluso considerar que el Gobierno realiza publicidad engañosa,
porque lejos de suponer esta ley la apertura de oficinas de farmacia, su
aplicación obligará a amortizar muchas de las oficinas de farmacia
existentes.
En fin, como en tantas otras materias en especial relacionadas con los
servicios, la fiscalidad y las normas con incidencia en la actividad
económica, el Gobierno legisla en favor de unos pocos y hurtando al
Parlamento su plena capacidad legislativa, sólo corregida por su ulterior
tramitación de los textos como proyectos de ley una vez que el Grupo
Parlamentario Socialista ha demostrado la clara contravención de la
Constitución de la mayoría de ellos. El Gobierno se pliega a la demanda
de los Colegios Farmacéuticos, al anunciar una Ley estatal más amplia y
reguladora del conjunto de la prestación farmacéutica, neutraliza a los
proyectos legislativos de CC. AA. que pretendían una liberalización casi
total como Navarra o una ordenación más flexible, como Castilla-La Mancha
y Extremadura y apuesta por privilegiar a los profesionales instalados
para indignación de quienes no pueden hacerlo una vez que comprueben que
la liberalización no existe.
Por todo ello, formulo las siguientes preguntas al Gobierno:
1.¿Cuántas oficinas de farmacia, tipología y población protegida existen
más concretamente en Madrid?
2.¿Cuántas de ellas, en Madrid, prevé el Gobierno que habrán de
amortizarse para adaptarse a las prescripciones del Decreto-Ley
convalidado con los votos del PP, CiU y PNV?
3.¿Cuántas oficinas de farmacia calcula el Gobierno que podrán abrirse en
Madrid, y en qué localidades tras la entrada en vigor de la nueva
normativa?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de julio de 1996.--Enedina
Alvarez Gayol.
184/001157
A la Mesa del Congreso de los Diputados
José María Martínez Laseca, Diputado por Soria, perteneciente al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados,
presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por
escrito.
Motivación
El Pleno del Congreso de los Diputados ha convalidado el día 27 de junio
de 1996 el Real Decreto-Ley 11/1996 de ampliación del servicio
farmacéutico a la población. Al margen de la utilización del Decreto-Ley
sin tomar en consideración los requisitos que esta modalidad legislativa
precisa y, sobre todo, los límites que la Constitución impone para su
utilización, el Gobierno abusa en la presentación de esta iniciativa
acerca de sus pretendidas bondades liberalizadoras y la ampliación que
supondrá en cuanto al servicio farmacéutico a la población.
Extremos ellos tan discutibles como la urgente necesidad que se precisa
para legislar por Decreto-Ley o el debido respeto a las competencias de
las Comunidades Autónomas en la materia, en mi opinión vulneradas por lo
establecido en el Decreto-Ley como, por cierto, se puso de manifiesto a
lo largo del debate con la posición extremadamente crítica de los Grupos
nacionalistas representados en la Cámara.
Más grave aún resulta la ignorancia mostrada por el Gobierno acerca del
derecho a la salud que, como es sabido, forma parte del conjunto de
derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I
de la
Constitución, y por ello indisponibles para ser regulados a través de la
técnica del Decreto-Ley. Existe aún otro hecho claramente denunciable
como es que el Decreto-Ley fija un máximo de una farmacia por cada 2.800
ciudadanos y no el número mínimo de farmacias por cada X ciudadanos, lo
que vulnera la normativa en materia farmacéutica, pues al Estado le
competen facultades de coordinación y de legislación básica sobre mínimos
y no sobre máximos.
Significa ello una clara manipulación de la realidad por parte del
Gobierno al presentar como liberalizadora una norma que de hecho es
restrictiva. Norma que sólo liberaliza, de verdad, los horarios de
farmacia y cuando ya los Tribunales han sentenciado en ese sentido.
Manipula la realidad actual, pues aun cuando es cierto que el número
mínimo de habitantes por farmacia en las zonas urbanas es de 4.000
personas, las amplias excepciones a la norma general sitúan el promedio
en alrededor de 2.000 personas por farmacia.
Se puede incluso considerar que el Gobierno realiza publicidad engañosa,
porque lejos de suponer esta ley la apertura de oficinas de farmacia, su
aplicación obligará a amortizar muchas de las oficinas de farmacia
existentes.
En fin, como en tantas otras materias en especial relacionadas con los
servicios, la fiscalidad y las normas con incidencia en la actividad
económica, el Gobierno legisla en favor de unos pocos y hurtando al
Parlamento su plena capacidad legislativa, sólo corregida por su ulterior
tramitación de los textos como proyectos de ley una vez que el Grupo
Parlamentario Socialista ha demostrado la clara contravención de la
Constitución de la mayoría de ellos. El Gobierno se pliega a la demanda
de los Colegios Farmacéuticos, al anunciar una Ley estatal más amplia y
reguladora del conjunto de la prestación farmacéutica, neutraliza a los
proyectos legislativos de CC. AA. que pretendían una liberalización casi
total como Navarra o una ordenación más flexible, como Castilla-La Mancha
y Extremadura y apuesta por privilegiar a los profesionales instalados
para indignación de quienes no pueden hacerlo una vez que comprueben que
la liberalización no existe.
Por todo ello, formulo las siguientes preguntas al Gobierno:
1.¿Cuántas oficinas de farmacia, tipología y población protegida existen
más concretamente en la provincia de Soria?
2.¿Cuántas de ellas, en la provincia de Soria, prevé el Gobierno que
habrán de amortizarse para adaptarse a las prescripciones del Decreto-Ley
convalidado con los votos del PP, CiU y PNV?
3.¿Cuántas oficinas de farmacia calcula el Gobierno que podrán abrirse en
la provincia de Soria, y en qué localidades tras la entrada en vigor de
la nueva normativa?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de julio de 1996.--José María
Martínez Laseca.
184/001158
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Julio Villarrubia Mediavilla, Diputado por Palencia, perteneciente al
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas
por escrito.
Motivación
El Pleno del Congreso de los Diputados ha convalidado el día 27 de junio
de 1996 el Real Decreto-Ley 11/1996 de ampliación del servicio
farmacéutico a la población. Al margen de la utilización del Decreto-Ley
sin tomar en consideración los requisitos que esta modalidad legislativa
precisa y, sobre todo, los límites que la Constitución impone para su
utilización, el Gobierno abusa en la presentación de esta iniciativa
acerca de sus pretendidas bondades liberalizadoras y la ampliación que
supondrá en cuanto al servicio farmacéutico a la población.
Extremos ellos tan discutibles como la urgente necesidad que se precisa
para legislar por Decreto-Ley o el debido respeto a las competencias de
las Comunidades Autónomas en la materia, en mi opinión vulneradas por lo
establecido en el Decreto-Ley como, por cierto, se puso de manifiesto a
lo largo del debate con la posición extremadamente crítica de los Grupos
nacionalistas representados en la Cámara.
Más grave aún resulta la ignorancia mostrada por el Gobierno acerca del
derecho a la salud que, como es sabido, forma parte del conjunto de
derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I
de la Constitución, y por ello indisponibles para ser regulados a través
de la técnica del Decreto-Ley. Existe aún otro hecho claramente
denunciable como es que el Decreto-Ley fija un máximo de una farmacia por
cada 2.800 ciudadanos y no el número mínimo de farmacias por cada X
ciudadanos, lo que vulnera la normativa en materia farmacéutica, pues al
Estado le competen facultades de coordinación y de legislación básica
sobre mínimos y no sobre máximos.
Significa ello una clara manipulación de la realidad por parte del
Gobierno al presentar como liberalizadora una norma que de hecho es
restrictiva. Norma que sólo liberaliza, de verdad, los horarios de
farmacia y cuando ya los Tribunales han sentenciado en ese sentido.
Manipula la realidad actual, pues aun cuando es cierto que el número
mínimo de habitantes por farmacia en las zonas urbanas es de 4.000
personas, las amplias excepciones a la norma general sitúan el promedio
en alrededor de 2.000 personas por farmacia.
Se puede incluso considerar que el Gobierno realiza publicidad engañosa,
porque lejos de suponer esta ley la apertura de oficinas de farmacia, su
aplicación obligará a amortizar muchas de las oficinas de farmacia
existentes.
En fin, como en tantas otras materias en especial relacionadas con los
servicios, la fiscalidad y las normas con incidencia en la actividad
económica, el Gobierno legisla
en favor de unos pocos y hurtando al Parlamento su plena capacidad
legislativa, sólo corregida por su ulterior tramitación de los textos
como proyectos de ley una vez que el Grupo Parlamentario Socialista ha
demostrado la clara contravención de la Constitución de la mayoría de
ellos. El Gobierno se pliega a la demanda de los Colegios Farmacéuticos,
al anunciar una Ley estatal más amplia y reguladora del conjunto de la
prestación farmacéutica, neutraliza a los proyectos legislativos de CC.
AA. que pretendían una liberalización casi total como Navarra o una
ordenación más flexible, como Castilla-La Mancha y Extremadura y apuesta
por privilegiar a los profesionales instalados para indignación de
quienes no pueden hacerlo una vez que comprueben que la liberalización no
existe.
Por todo ello, formulo las siguientes preguntas al Gobierno:
1.¿Cuántas oficinas de farmacia, tipología y población protegida existen
más concretamente en la provincia de Palencia?
2.¿Cuántas de ellas, en la provincia de Palencia, prevé el Gobierno que
habrán de amortizarse para adaptarse a las prescripciones del Decreto-Ley
convalidado con los votos del PP, CiU y PNV?
3.¿Cuántas oficinas de farmacia calcula el Gobierno que podrán abrirse en
la provincia de Palencia, y en qué localidades tras la entrada en vigor
de la nueva normativa?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de julio de 1996.--Julio
Villarrubia Mediavilla.
184/001159
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Gerardo Torres Sahuquillo, Diputado por Teruel, perteneciente al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados,
presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por
escrito.
Motivación
El Pleno del Congreso de los Diputados ha convalidado el día 27 de junio
de 1996 el Real Decreto-Ley 11/1996 de ampliación del servicio
farmacéutico a la población. Al margen de la utilización del Decreto-Ley
sin tomar en consideración los requisitos que esta modalidad legislativa
precisa y, sobre todo, los límites que la Constitución impone para su
utilización, el Gobierno abusa en la presentación de esta iniciativa
acerca de sus pretendidas bondades liberalizadoras y la ampliación que
supondrá en cuanto al servicio farmacéutico a la población.
Extremos ellos tan discutibles como la urgente necesidad que se precisa
para legislar por Decreto-Ley o el debido respeto a las competencias de
las Comunidades Autónomas en la materia, en mi opinión vulneradas por lo
establecido en el Decreto-Ley como, por cierto, se puso de manifiesto a
lo largo del debate con la posición extremadamente crítica de los Grupos
nacionalistas representados en la Cámara.
Más grave aún resulta la ignorancia mostrada por el Gobierno acerca del
derecho a la salud que, como es sabido, forma parte del conjunto de
derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I
de la Constitución, y por ello indisponibles para ser regulados a través
de la técnica del Decreto-Ley. Existe aún otro hecho claramente
denunciable como es que el Decreto-Ley fija un máximo de una farmacia por
cada 2.800 ciudadanos y no el número mínimo de farmacias por cada X
ciudadanos, lo que vulnera la normativa en materia farmacéutica, pues al
Estado le competen facultades de coordinación y de legislación básica
sobre mínimos y no sobre máximos.
Significa ello una clara manipulación de la realidad por parte del
Gobierno al presentar como liberalizadora una norma que de hecho es
restrictiva. Norma que sólo liberaliza, de verdad, los horarios de
farmacia y cuando ya los Tribunales han sentenciado en ese sentido.
Manipula la realidad actual, pues aun cuando es cierto que el número
mínimo de habitantes por farmacia en las zonas urbanas es de 4.000
personas, las amplias excepciones a la norma general sitúan el promedio
en alrededor de 2.000 personas por farmacia.
Se puede incluso considerar que el Gobierno realiza publicidad engañosa,
porque lejos de suponer esta ley la apertura de oficinas de farmacia, su
aplicación obligará a amortizar muchas de las oficinas de farmacia
existentes.
En fin, como en tantas otras materias en especial relacionadas con los
servicios, la fiscalidad y las normas con incidencia en la actividad
económica, el Gobierno legisla en favor de unos pocos y hurtando al
Parlamento su plena capacidad legislativa, sólo corregida por su ulterior
tramitación de los textos como proyectos de ley una vez que el Grupo
Parlamentario Socialista ha demostrado la clara contravención de la
Constitución de la mayoría de ellos. El Gobierno se pliega a la demanda
de los Colegios Farmacéuticos, al anunciar una Ley estatal más amplia y
reguladora del conjunto de la prestación farmacéutica, neutraliza a los
proyectos legislativos de CC. AA. que pretendían una liberalización casi
total como Navarra o una ordenación más flexible, como Castilla-La Mancha
y Extremadura y apuesta por privilegiar a los profesionales instalados
para indignación de quienes no pueden hacerlo una vez que comprueben que
la liberalización no existe.
Por todo ello, formulo las siguientes preguntas al Gobierno:
1.¿Cuántas oficinas de farmacia, tipología y población protegida existen
más concretamente en la provincia de Teruel?
2.¿Cuántas de ellas, en la provincia de Teruel, prevé el Gobierno que
habrán de amortizarse para adaptarse a las prescripciones del Decreto-Ley
convalidado con los votos del PP, CiU y PNV?
3.¿Cuántas oficinas de farmacia calcula el Gobierno que podrán abrirse en
la provincia de Teruel, y en qué localidades tras la entrada en vigor de
la nueva normativa?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de julio de 1996.--Gerardo
Torres Sahuquillo.
184/001160
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Adolfo González Revenga, Diputado por Toledo, perteneciente al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados,
presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por
escrito.
Motivación
El Pleno del Congreso de los Diputados ha convalidado el día 27 de junio
de 1996 el Real Decreto-Ley 11/1996 de ampliación del servicio
farmacéutico a la población. Al margen de la utilización del Decreto-Ley
sin tomar en consideración los requisitos que esta modalidad legislativa
precisa y, sobre todo, los límites que la Constitución impone para su
utilización, el Gobierno abusa en la presentación de esta iniciativa
acerca de sus pretendidas bondades liberalizadoras y la ampliación que
supondrá en cuanto al servicio farmacéutico a la población.
Extremos ellos tan discutibles como la urgente necesidad que se precisa
para legislar por Decreto-Ley o el debido respeto a las competencias de
las Comunidades Autónomas en la materia, en mi opinión vulneradas por lo
establecido en el Decreto-Ley como, por cierto, se puso de manifiesto a
lo largo del debate con la posición extremadamente crítica de los Grupos
nacionalistas representados en la Cámara.
Más grave aún resulta la ignorancia mostrada por el Gobierno acerca del
derecho a la salud que, como es sabido, forma parte del conjunto de
derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I
de la Constitución, y por ello indisponibles para ser regulados a través
de la técnica del Decreto-Ley. Existe aún otro hecho claramente
denunciable como es que el Decreto-Ley fija un máximo de una farmacia por
cada 2.800 ciudadanos y no el número mínimo de farmacias por cada X
ciudadanos, lo que vulnera la normativa en materia farmacéutica, pues al
Estado le competen facultades de coordinación y de legislación básica
sobre mínimos y no sobre máximos.
Significa ello una clara manipulación de la realidad por parte del
Gobierno al presentar como liberalizadora una norma que de hecho es
restrictiva. Norma que sólo liberaliza, de verdad, los horarios de
farmacia y cuando ya los Tribunales han sentenciado en ese sentido.
Manipula la realidad actual, pues aun cuando es cierto que el número
mínimo de habitantes por farmacia en las zonas urbanas es de 4.000
personas, las amplias excepciones a la norma general sitúan el promedio
en alrededor de 2.000 personas por farmacia.
Se puede incluso considerar que el Gobierno realiza publicidad engañosa,
porque lejos de suponer esta ley la apertura de oficinas de farmacia, su
aplicación obligará a amortizar muchas de las oficinas de farmacia
existentes.
En fin, como en tantas otras materias en especial relacionadas con los
servicios, la fiscalidad y las normas con incidencia en la actividad
económica, el Gobierno legisla en favor de unos pocos y hurtando al
Parlamento su plena capacidad legislativa, sólo corregida por su ulterior
tramitación de los textos como proyectos de ley una vez que el Grupo
Parlamentario Socialista ha demostrado la clara contravención de la
Constitución de la mayoría de ellos. El Gobierno se pliega a la demanda
de los Colegios Farmacéuticos, al anunciar una Ley estatal más amplia y
reguladora del conjunto de la prestación farmacéutica, neutraliza a los
proyectos legislativos de CC. AA. que pretendían una liberalización casi
total como Navarra o una ordenación más flexible, como Castilla-La Mancha
y Extremadura y apuesta por privilegiar a los profesionales instalados
para indignación de quienes no pueden hacerlo una vez que comprueben que
la liberalización no existe.
Por todo ello, formulo las siguientes preguntas al Gobierno:
1.¿Cuántas oficinas de farmacia, tipología y población protegida existen
más concretamente en la provincia de Toledo?
2.¿Cuántas de ellas, en la provincia de Toledo, prevé el Gobierno que
habrán de amortizarse para adaptarse a las prescripciones del Decreto-Ley
convalidado con los votos del PP, CiU y PNV?
3.¿Cuántas oficinas de farmacia calcula el Gobierno que podrán abrirse en
la provincia de Toledo, y en qué localidades tras la entrada en vigor de
la nueva normativa?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de julio de 1996.--Adolfo
González Revenga.
184/001161
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Antonio Pérez Solano, Diputado por Valladolid, perteneciente al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados,
presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por
escrito.
Motivación
El Pleno del Congreso de los Diputados ha convalidado el día 27 de junio
de 1996 el Real Decreto-Ley 11/1996 de ampliación del servicio
farmacéutico a la población. Al margen de la utilización del Decreto-Ley
sin tomar en consideración los requisitos que esta modalidad legislativa
precisa y, sobre todo, los límites que la Constitución impone para su
utilización, el Gobierno abusa en la presentación de esta iniciativa
acerca de sus pretendidas bondades liberalizadoras y la ampliación que
supondrá en cuanto al servicio farmacéutico a la población.
Extremos ellos tan discutibles como la urgente necesidad que se precisa
para legislar por Decreto-Ley o el debido respeto a las competencias de
las Comunidades Autónomas en la materia, en mi opinión vulneradas por lo
establecido en el Decreto-Ley como, por cierto, se puso de manifiesto a
lo largo del debate con la posición extremadamente crítica de los Grupos
nacionalistas representados en la Cámara.
Más grave aún resulta la ignorancia mostrada por el Gobierno acerca del
derecho a la salud que, como es sabido, forma parte del conjunto de
derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I
de la Constitución, y por ello indisponibles para ser regulados a través
de la técnica del Decreto-Ley. Existe aún otro hecho claramente
denunciable como es que el Decreto-Ley fija un máximo de una farmacia por
cada 2.800 ciudadanos y no el número mínimo de farmacias por cada X
ciudadanos, lo que vulnera la normativa en materia farmacéutica, pues al
Estado le competen facultades de coordinación y de legislación básica
sobre mínimos y no sobre máximos.
Significa ello una clara manipulación de la realidad por parte del
Gobierno al presentar como liberalizadora una norma que de hecho es
restrictiva. Norma que sólo liberaliza, de verdad, los horarios de
farmacia y cuando ya los Tribunales han sentenciado en ese sentido.
Manipula la realidad actual, pues aun cuando es cierto que el número
mínimo de habitantes por farmacia en las zonas urbanas es de 4.000
personas, las amplias excepciones a la norma general sitúan el promedio
en alrededor de 2.000 personas por farmacia.
Se puede incluso considerar que el Gobierno realiza publicidad engañosa,
porque lejos de suponer esta ley la apertura de oficinas de farmacia, su
aplicación obligará a amortizar muchas de las oficinas de farmacia
existentes.
En fin, como en tantas otras materias en especial relacionadas con los
servicios, la fiscalidad y las normas con incidencia en la actividad
económica, el Gobierno legisla en favor de unos pocos y hurtando al
Parlamento su plena capacidad legislativa, sólo corregida por su ulterior
tramitación de los textos como proyectos de ley una vez que el Grupo
Parlamentario Socialista ha demostrado la clara contravención de la
Constitución de la mayoría de ellos. El Gobierno se pliega a la demanda
de los Colegios Farmacéuticos, al anunciar una Ley estatal más amplia y
reguladora del conjunto de la prestación farmacéutica, neutraliza a los
proyectos legislativos de CC. AA. que pretendían una liberalización casi
total como Navarra o una ordenación más flexible, como Castilla-La Mancha
y Extremadura y apuesta por privilegiar a los profesionales instalados
para indignación de quienes no pueden hacerlo una vez que comprueben que
la liberalización no existe.
Por todo ello, formulo las siguientes preguntas al Gobierno:
1.¿Cuántas oficinas de farmacia, tipología y población protegida existen
más concretamente en la provincia de Valladolid?
2.¿Cuántas de ellas, en la provincia de Valladolid, prevé el Gobierno que
habrán de amortizarse para adaptarse a las prescripciones del Decreto-Ley
convalidado con los votos del PP, CiU y PNV?
3.¿Cuántas oficinas de farmacia calcula el Gobierno que podrán abrirse en
la provincia de Valladolid, y en qué localidades tras la entrada en vigor
de la nueva normativa?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de julio de 1996.--Antonio Pérez
Solano.
184/001162
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Fernando Gimeno Marín, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados,
presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por
escrito.
Motivación
El Pleno del Congreso de los Diputados ha convalidado el día 27 de junio
de 1996 el Real Decreto-Ley 11/1996 de ampliación del servicio
farmacéutico a la población. Al margen de la utilización del Decreto-Ley
sin tomar en consideración los requisitos que esta modalidad legislativa
precisa y, sobre todo, los límites que la Constitución impone para su
utilización, el Gobierno abusa en la presentación de esta iniciativa
acerca de sus pretendidas bondades liberalizadoras y la ampliación que
supondrá en cuanto al servicio farmacéutico a la población.
Extremos ellos tan discutibles como la urgente necesidad que se precisa
para legislar por Decreto-Ley o el debido respeto a las competencias de
las Comunidades Autónomas en la materia, en mi opinión vulneradas por lo
establecido en el Decreto-Ley como, por cierto, se puso de manifiesto a
lo largo del debate con la posición extremadamente crítica de los Grupos
nacionalistas representados en la Cámara.
Más grave aún resulta la ignorancia mostrada por el Gobierno acerca del
derecho a la salud que, como es sabido, forma parte del conjunto de
derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I
de la Constitución, y por ello indisponibles para ser regulados a través
de la técnica del Decreto-Ley. Existe aún otro hecho claramente
denunciable como es que el Decreto-Ley fija un máximo de una farmacia por
cada 2.800 ciudadanos y no el número mínimo de farmacias por cada X
ciudadanos, lo que vulnera la normativa en materia farmacéutica, pues al
Estado le competen facultades de coordinación y de legislación básica
sobre mínimos y no sobre máximos.
Significa ello una clara manipulación de la realidad por parte del
Gobierno al presentar como liberalizadora una norma que de hecho es
restrictiva. Norma que sólo liberaliza, de verdad, los horarios de
farmacia y cuando ya los Tribunales han sentenciado en ese sentido.
Manipula la realidad actual, pues aun cuando es cierto que el número
mínimo de habitantes por farmacia en las zonas urbanas es de 4.000
personas, las amplias excepciones a la norma general
sitúan el promedio en alrededor de 2.000 personas por farmacia.
Se puede incluso considerar que el Gobierno realiza publicidad engañosa,
porque lejos de suponer esta ley la apertura de oficinas de farmacia, su
aplicación obligará a amortizar muchas de las oficinas de farmacia
existentes.
En fin, como en tantas otras materias en especial relacionadas con los
servicios, la fiscalidad y las normas con incidencia en la actividad
económica, el Gobierno legisla en favor de unos pocos y hurtando al
Parlamento su plena capacidad legislativa, sólo corregida por su ulterior
tramitación de los textos como proyectos de ley una vez que el Grupo
Parlamentario Socialista ha demostrado la clara contravención de la
Constitución de la mayoría de ellos. El Gobierno se pliega a la demanda
de los Colegios Farmacéuticos, al anunciar una Ley estatal más amplia y
reguladora del conjunto de la prestación farmacéutica, neutraliza a los
proyectos legislativos de CC. AA. que pretendían una liberalización casi
total como Navarra o una ordenación más flexible, como Castilla-La Mancha
y Extremadura y apuesta por privilegiar a los profesionales instalados
para indignación de quienes no pueden hacerlo una vez que comprueben que
la liberalización no existe.
Por todo ello, formulo las siguientes preguntas al Gobierno:
1.¿Cuántas oficinas de farmacia, tipología y población protegida existen
más concretamente en la provincia de Zaragoza?
2.¿Cuántas de ellas, en la provincia de Zaragoza, prevé el Gobierno que
habrán de amortizarse para adaptarse a las prescripciones del Decreto-Ley
convalidado con los votos del PP, CiU y PNV?
3.¿Cuántas oficinas de farmacia calcula el Gobierno que podrán abrirse en
la provincia de Zaragoza, y en qué localidades tras la entrada en vigor
de la nueva normativa?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de julio de 1996.--Fernando
Gimeno Marín.
184/001163
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Angel Martínez Sanjuán, Diputado por La Rioja, perteneciente al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados,
presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por
escrito.
Motivación
El Pleno del Congreso de los Diputados ha convalidado el día 27 de junio
de 1996 el Real Decreto-Ley 11/1996 de ampliación del servicio
farmacéutico a la población. Al margen de la utilización del Decreto-Ley
sin tomar en consideración los requisitos que esta modalidad legislativa
precisa y, sobre todo, los límites que la Constitución impone para su
utilización, el Gobierno abusa en la presentación de esta iniciativa
acerca de sus pretendidas bondades liberalizadoras y la ampliación que
supondrá en cuanto al servicio farmacéutico a la población.
Extremos ellos tan discutibles como la urgente necesidad que se precisa
para legislar por Decreto-Ley o el debido respeto a las competencias de
las Comunidades Autónomas en la materia, en mi opinión vulneradas por lo
establecido en el Decreto-Ley como, por cierto, se puso de manifiesto a
lo largo del debate con la posición extremadamente crítica de los Grupos
nacionalistas representados en la Cámara.
Más grave aún resulta la ignorancia mostrada por el Gobierno acerca del
derecho a la salud que, como es sabido, forma parte del conjunto de
derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I
de la Constitución, y por ello indisponibles para ser regulados a través
de la técnica del Decreto-Ley. Existe aún otro hecho claramente
denunciable como es que el Decreto-Ley fija un máximo de una farmacia por
cada 2.800 ciudadanos y no el número mínimo de farmacias por cada X
ciudadanos, lo que vulnera la normativa en materia farmacéutica, pues al
Estado le competen facultades de coordinación y de legislación básica
sobre mínimos y no sobre máximos.
Significa ello una clara manipulación de la realidad por parte del
Gobierno al presentar como liberalizadora una norma que de hecho es
restrictiva. Norma que sólo liberaliza, de verdad, los horarios de
farmacia y cuando ya los Tribunales han sentenciado en ese sentido.
Manipula la realidad actual, pues aun cuando es cierto que el número
mínimo de habitantes por farmacia en las zonas urbanas es de 4.000
personas, las amplias excepciones a la norma general sitúan el promedio
en alrededor de 2.000 personas por farmacia.
Se puede incluso considerar que el Gobierno realiza publicidad engañosa,
porque lejos de suponer esta ley la apertura de oficinas de farmacia, su
aplicación obligará a amortizar muchas de las oficinas de farmacia
existentes.
En fin, como en tantas otras materias en especial relacionadas con los
servicios, la fiscalidad y las normas con incidencia en la actividad
económica, el Gobierno legisla en favor de unos pocos y hurtando al
Parlamento su plena capacidad legislativa, sólo corregida por su ulterior
tramitación de los textos como proyectos de ley una vez que el Grupo
Parlamentario Socialista ha demostrado la clara contravención de la
Constitución de la mayoría de ellos. El Gobierno se pliega a la demanda
de los Colegios Farmacéuticos, al anunciar una Ley estatal más amplia y
reguladora del conjunto de la prestación farmacéutica, neutraliza a los
proyectos legislativos de CC. AA. que pretendían una liberalización casi
total como Navarra o una ordenación más flexible, como Castilla-La Mancha
y Extremadura y apuesta por privilegiar a los profesionales instalados
para indignación de quienes no pueden hacerlo una vez que comprueben que
la liberalización no existe.
Por todo ello, formulo las siguientes preguntas al Gobierno:
1.¿Cuántas oficinas de farmacia, tipología y población protegida existen
más concretamente en la Comunidad Autónoma de La Rioja?
2.¿Cuántas de ellas, en la Comunidad Autónoma de La Rioja, prevé el
Gobierno que habrán de amortizarse para adaptarse a las prescripciones
del Decreto-Ley convalidado con los votos del PP, CiU y PNV?
3.¿Cuántas oficinas de farmacia calcula el Gobierno que podrán abrirse en
la Comunidad Autónoma de La Rioja, y en qué localidades tras la entrada
en vigor de la nueva normativa?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de julio de 1996.--Angel
Martínez Sanjuán.
184/001164
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Matilde Fernández Sanz, Diputada por Cantabria, perteneciente al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados,
presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por
escrito.
Motivación
El Pleno del Congreso de los Diputados ha convalidado el día 27 de junio
de 1996 el Real Decreto-Ley 11/1996 de ampliación del servicio
farmacéutico a la población. Al margen de la utilización del Decreto-Ley
sin tomar en consideración los requisitos que esta modalidad legislativa
precisa y, sobre todo, los límites que la Constitución impone para su
utilización, el Gobierno abusa en la presentación de esta iniciativa
acerca de sus pretendidas bondades liberalizadoras y la ampliación que
supondrá en cuanto al servicio farmacéutico a la población.
Extremos ellos tan discutibles como la urgente necesidad que se precisa
para legislar por Decreto-Ley o el debido respeto a las competencias de
las Comunidades Autónomas en la materia, en mi opinión vulneradas por lo
establecido en el Decreto-Ley como, por cierto, se puso de manifiesto a
lo largo del debate con la posición extremadamente crítica de los Grupos
nacionalistas representados en la Cámara.
Más grave aún resulta la ignorancia mostrada por el Gobierno acerca del
derecho a la salud que, como es sabido, forma parte del conjunto de
derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I
de la Constitución, y por ello indisponibles para ser regulados a través
de la técnica del Decreto-Ley. Existe aún otro hecho claramente
denunciable como es que el Decreto-Ley fija un máximo de una farmacia por
cada 2.800 ciudadanos y no el número mínimo de farmacias por cada X
ciudadanos, lo que vulnera la normativa en materia farmacéutica, pues al
Estado le competen facultades de coordinación y de legislación básica
sobre mínimos y no sobre máximos.
Significa ello una clara manipulación de la realidad por parte del
Gobierno al presentar como liberalizadora una norma que de hecho es
restrictiva. Norma que sólo liberaliza, de verdad, los horarios de
farmacia y cuando ya los Tribunales han sentenciado en ese sentido.
Manipula la realidad actual, pues aun cuando es cierto que el número
mínimo de habitantes por farmacia en las zonas urbanas es de 4.000
personas, las amplias excepciones a la norma general sitúan el promedio
en alrededor de 2.000 personas por farmacia.
Se puede incluso considerar que el Gobierno realiza publicidad engañosa,
porque lejos de suponer esta ley la apertura de oficinas de farmacia, su
aplicación obligará a amortizar muchas de las oficinas de farmacia
existentes.
En fin, como en tantas otras materias en especial relacionadas con los
servicios, la fiscalidad y las normas con incidencia en la actividad
económica, el Gobierno legisla en favor de unos pocos y hurtando al
Parlamento su plena capacidad legislativa, sólo corregida por su ulterior
tramitación de los textos como proyectos de ley una vez que el Grupo
Parlamentario Socialista ha demostrado la clara contravención de la
Constitución de la mayoría de ellos. El Gobierno se pliega a la demanda
de los Colegios Farmacéuticos, al anunciar una Ley estatal más amplia y
reguladora del conjunto de la prestación farmacéutica, neutraliza a los
proyectos legislativos de CC. AA. que pretendían una liberalización casi
total como Navarra o una ordenación más flexible, como Castilla-La Mancha
y Extremadura y apuesta por privilegiar a los profesionales instalados
para indignación de quienes no pueden hacerlo una vez que comprueben que
la liberalización no existe.
Por todo ello, formulo las siguientes preguntas al Gobierno:
1.¿Cuántas oficinas de farmacia, tipología y población protegida existen
más concretamente en Cantabria?
2.¿Cuántas de ellas, en Cantabria, prevé el Gobierno que habrán de
amortizarse para adaptarse a las prescripciones del Decreto-Ley
convalidado con los votos del PP, CiU y PNV?
3.¿Cuántas oficinas de farmacia calcula el Gobierno que podrán abrirse en
Cantabria, y en qué localidades tras la entrada en vigor de la nueva
normativa?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de julio de 1996.--Matilde
Fernández Sanz.
184/001165
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Víctor Morlán Gracia, Diputado por Huesca, perteneciente al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados,
presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por
escrito.
Motivación
El Pleno del Congreso de los Diputados ha convalidado el día 27 de junio
de 1996 el Real Decreto-Ley 11/1996 de
ampliación del servicio farmacéutico a la población. Al margen de la
utilización del Decreto-Ley sin tomar en consideración los requisitos que
esta modalidad legislativa precisa y, sobre todo, los límites que la
Constitución impone para su utilización, el Gobierno abusa en la
presentación de esta iniciativa acerca de sus pretendidas bondades
liberalizadoras y la ampliación que supondrá en cuanto al servicio
farmacéutico a la población.
Extremos ellos tan discutibles como la urgente necesidad que se precisa
para legislar por Decreto-Ley o el debido respeto a las competencias de
las Comunidades Autónomas en la materia, en mi opinión vulneradas por lo
establecido en el Decreto-Ley como, por cierto, se puso de manifiesto a
lo largo del debate con la posición extremadamente crítica de los Grupos
nacionalistas representados en la Cámara.
Más grave aún resulta la ignorancia mostrada por el Gobierno acerca del
derecho a la salud que, como es sabido, forma parte del conjunto de
derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I
de la Constitución, y por ello indisponibles para ser regulados a través
de la técnica del Decreto-Ley. Existe aún otro hecho claramente
denunciable como es que el Decreto-Ley fija un máximo de una farmacia por
cada 2.800 ciudadanos y no el número mínimo de farmacias por cada X
ciudadanos, lo que vulnera la normativa en materia farmacéutica, pues al
Estado le competen facultades de coordinación y de legislación básica
sobre mínimos y no sobre máximos.
Significa ello una clara manipulación de la realidad por parte del
Gobierno al presentar como liberalizadora una norma que de hecho es
restrictiva. Norma que sólo liberaliza, de verdad, los horarios de
farmacia y cuando ya los Tribunales han sentenciado en ese sentido.
Manipula la realidad actual, pues aun cuando es cierto que el número
mínimo de habitantes por farmacia en las zonas urbanas es de 4.000
personas, las amplias excepciones a la norma general sitúan el promedio
en alrededor de 2.000 personas por farmacia.
Se puede incluso considerar que el Gobierno realiza publicidad engañosa,
porque lejos de suponer esta ley la apertura de oficinas de farmacia, su
aplicación obligará a amortizar muchas de las oficinas de farmacia
existentes.
En fin, como en tantas otras materias en especial relacionadas con los
servicios, la fiscalidad y las normas con incidencia en la actividad
económica, el Gobierno legisla en favor de unos pocos y hurtando al
Parlamento su plena capacidad legislativa, sólo corregida por su ulterior
tramitación de los textos como proyectos de ley una vez que el Grupo
Parlamentario Socialista ha demostrado la clara contravención de la
Constitución de la mayoría de ellos. El Gobierno se pliega a la demanda
de los Colegios Farmacéuticos, al anunciar una Ley estatal más amplia y
reguladora del conjunto de la prestación farmacéutica, neutraliza a los
proyectos legislativos de CC. AA. que pretendían una liberalización casi
total como Navarra o una ordenación más flexible, como Castilla-La Mancha
y Extremadura y apuesta por privilegiar a los profesionales instalados
para indignación de quienes no pueden hacerlo una vez que comprueben que
la liberalización no existe.
Por todo ello, formulo las siguientes preguntas al Gobierno:
1.¿Cuántas oficinas de farmacia, tipología y población protegida existen
más concretamente en la provincia de Huesca?
2.¿Cuántas de ellas, en la provincia de Huesca, prevé el Gobierno que
habrán de amortizarse para adaptarse a las prescripciones del Decreto-Ley
convalidado con los votos del PP, CiU y PNV?
3.¿Cuántas oficinas de farmacia calcula el Gobierno que podrán abrirse en
la provincia de Huesca, y en qué localidades tras la entrada en vigor de
la nueva normativa?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de julio de 1996.--Víctor Morlán
Gracia.
184/001166
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara se presenta la
siguiente pregunta, dirigida al Gobierno, para la que se solicita
respuesta escrita.
Con motivo de la ejecución de las obras de circunvalación suroeste de
Vigo, conocida como primer cinturón de circunvalación, en un tramo Avd.
Madrid-Castrelos, se ha levantado una canalización artificial del río
Lagares, por medio de unas paredes de cemento, en un trecho de su curso
medio en la Parroquia de Freixeiro, de una especial calidad ambiental y
parte del futuro Paseo Fluvial, a su paso por las inmediaciones del
Parque de Castrelos, uno de los lugares más entrañables y representativos
de la ciudad.
Esta obra, realizada por el MOPTMA, ha causado una viva preocupación
ciudadana y de grupos políticos y ecologistas ante cuyas instancias el
Ayuntamiento ha pedido la paralización de las obras, que, entre otras
cosas, afectan seriamente a la viabilidad del llamado «Plan especial de
regeneración del río Lagares», actualmente en trámite, dichas obras
llevan paralizadas 20 meses, pues suponen una grave agresión
medioambiental.
Ante un acuerdo de la actual corporación con los votos favorables del PP
y la oposición del resto de fuerzas políticas y ecologistas de la ciudad,
ante la necesidad de una clarificación al respecto y en espera de evitar
una agresión medioambiental:
¿Conoce el Gobierno la existencia de una denuncia presentada al fiscal
provincial por un posible delito ecológico de las obras paralizadas?
¿Existe ya una decisión de presentar un proyecto más respetuoso con el
río y su medio natural, evitando en lo sucesivo actuaciones de este tipo,
que contemple además la reparación de los daños causados?
Madrid, 9 de julio de 1996.--Ricardo Peralta Ortega, Diputado del Grupo
Parlamentario Federal IU-IC.
184/001167
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, se formula la
siguiente pregunta dirigida al Gobierno, para la que se solicita
respuesta escrita.
Desde Instituciones Provinciales y Locales, así como de los ciudadanos
que viven en el entorno de la Prisión Provincial de Córdoba, se viene
reclamando el traslado de la misma del núcleo de población donde está
ubicada actualmente.
Por otra parte, el hacinamiento interno y las nulas condiciones de
habitabilidad, que se agravan mucho más en el módulo de mujeres,
requieren de una actuación urgente que posibilite la construcción del
nuevo Centro Penitenciario con las condiciones exigibles de respeto a los
derechos humanos en el umbral del siglo XXI.
¿Se piensa llevar a cabo la construcción del nuevo Centro Penitenciario
en Córdoba?
Si es así, ¿se introducirán en el próximo presupuesto las partidas
necesarias para su inicio?
Madrid, 9 de julio de 1996.--Rosa Aguilar Rivero, Diputada del Grupo
Parlamentario Federal IU-IC.
184/001168
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Bernardo Bayona Aznar, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por
escrito.
Pregunta al Gobierno relativa a la modificación de la Ley del Deporte
para limitar competencias de la Administración del Estado
Motivación
El Gobierno se propone reformar la Ley del Deporte «para --en expresión
de la Ministra de Educación y Cultura-- limitar las competencias de la
Administración del Estado en materia deportiva».
Por ello, formulo al Gobierno las siguientes preguntas:
1.ª¿A qué competencias en concreto se refiere el Gobierno como
extralimitaciones impropias de la Administración?
2.ª¿Acaso alguna de ellas afectan a controles de fiscalidad, capacidad de
endeudamiento de los clubes, adecuación de las instalaciones deportivas,
prevención y régimen sancionador de la violencia en los espectáculos
deportivos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de julio de 1996.--Bernardo
Bayona Aznar.
184/001169
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Bernardo Bayona Aznar, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por
escrito.
Pregunta al Gobierno relativa a otros instrumentos para la formación
permanente del profesorado además de los CEPS
Motivación
Además de los Centros de Profesores y Recursos, la formación permanente
del profesorado debe contar con otros instrumentos.
Por ello, formulo al Gobierno las siguientes preguntas:
1.ª¿Cuál es la relación de convenios del Ministerio de Educación y
Ciencia con las diferentes Universidades e Institutos para la formación
del profesorado?
2.ª¿Cuál es el gasto en formación del profesorado, no computable a los
CEPS, incluido en los presupuestos para 1997?
3.ª¿Conoce y estudia el Gobierno otros instrumentos (convenios,
Institutos de formación del profesorado, etc.) que se estén utilizando en
las CC. AA. con competencias educativas? ¿Cuáles en concreto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de julio de 1996.--Bernardo
Bayona Aznar.
184/001170
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Bernardo Bayona Aznar, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por
escrito.
Pregunta al Gobierno relativa a la evaluación que sobre los CEPS hace el
profesorado de enseñanza primaria.
Motivación
Para cambiar la formación permanente del profesorado, el Ministerio de
Educación y Cultura maneja, según manifestó la Ministra ante la Comisión
de Educación del Congreso, los resultados de «evaluaciones efectuadas por
organismos independientes», según las cuales la imagen de los Centros de
Profesores y Recursos «está francamente depreciada... y los profesores
podemos decir que suspenden globalmente a los CEPS».
Por ello, formulo al Gobierno las siguientes preguntas:
1.ª¿A qué organismos independientes se refería?
2.ª¿Cuáles son los resultados referidos sólo a las valoraciones de los
profesores de la enseñanza primaria?
3.ª¿Cuál es la evaluación referida a cada uno de los CEPS de las
provincias de Huesca, Teruel y Zaragoza?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de julio de 1996.--Bernardo
Bayona Aznar.
184/001171
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Bernardo Bayona Aznar, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por
escrito.
Pregunta al Gobierno relativa al coste de la gratuidad de la ESO como
prioridad educativa
Motivación
La extensión de la obligatoriedad de la educación hasta los 16 años, como
consecuencia de la aplicación de la LOGSE, va a significar también la
ampliación del derecho a la gratuidad y, por consiguiente, la extensión
del régimen de concierto a las unidades de centros privados concertados
que reúnan los requisitos para impartir la ESO. Dicha extensión conlleva
también un incremento de la financiación a la CC. AA. con competencias
educativas para hacer frente a esta nueva obligación.
Por ello, formulo al Gobierno las siguientes preguntas:
1.ª¿Cuál es el coste global que la concertación del tramo 14-16 años va a
suponer al erario público, incluyendo todas las administraciones con
competencias educativas?
2.ª¿Cuál es el incremento en la financiación de la enseñanza privada,
efecto de la ampliación de la obligatoriedad de la enseñanza, que se
prevé en la elaboración de los Presupuestos Generales para 1997?
3.ª¿Ese incremento se va a incorporar como incremento del Presupuesto
educativo, o se va a efectuar mediante la detracción de otras partidas
del Ministerio de Educación y Cultura? En ese supuesto, ¿qué gastos
pueden desaparecer para financiar la gratuidad de la ESO?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de julio de 1996.--Bernardo
Bayona Aznar.
184/001172
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Bernardo Bayona Aznar, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por
escrito.
Pregunta al Gobierno relativa a los plazos y costes del compromiso de
financiar con fondos públicos el segundo ciclo de la educación infantil
Motivación
Es propósito confesado del Gobierno costear con fondos públicos, es
decir, con dinero de todos los ciudadanos, el segundo ciclo de la
educación infantil de quienes optan por centros privados, a pesar de no
ser un nivel obligatorio. El Director Provincial de Educación y Cultura
de Zaragoza, en su compromiso inmediato y prioritario del Departamento al
que representa en esta provincia.
Por ello, formulo al Gobierno las siguientes preguntas:
1.ª¿En qué curso escolar se compromete el Gobierno a hacer efectivo este
compromiso?
2.ª¿Cuál es el coste que esta decisión supone en las provincias de
Huesca, Teruel y Zaragoza?
3.ª¿Cuál es el coste presupuestario total de esta decisión para el
territorio de gestión del Ministerio de Educación y Cultura?
4.ª¿Cuál es el coste presupuestario de la financiación equivalente para
el conjunto de las administraciones educativas con competencias?
5.ª¿Va a incrementar el Gobierno el presupuesto de los gastos educativos,
en una cifra al menos igual en pesetas constantes, para cumplir ese
propósito sin dañar la política de reducción del déficit ni perjudicar a
la enseñanza pública?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de julio de 1996.--Bernardo
Bayona Aznar.
184/001173
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Bernardo Bayona Aznar, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso,
al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta
para que le sea contestada por escrito.
Pregunta al Gobierno relativa a la aplicación del recorte en las
inversiones educativas imposibles de ejecutar o prescindibles desde el
punto de vista de la calidad de la enseñanza
Motivación
El recorte en las inversiones del Ministerio de Educación decidido por el
Gobierno no parece haber sido para la Ministra una decisión difícil, ni
que tenga consecuencias importantes. «Se trata de solares que no han
podido ser cedidos por problemas de titularidad, de obras que no han
podido ejecutarse por retrasos en la licitación... que en modo alguno
afectan a obras urgentes, a obras imprescindibles, ni desde luego a la
calidad de la enseñanza» (Diario de Sesiones, Comisiones n.º 26).
Por ello, formulo al Gobierno las siguientes preguntas:
1.ªRelación de las obras que no han podido ejecutarse por retrasos en la
licitación, con expresión de la suma total del gasto no ejecutado por
esta causa.
2.ªRelación de las inversiones suspendidas por problemas en la cesión de
solares, con expresión de la suma total del gasto no realizado por esta
causa.
3.ª¿Cuál es la cuantía total del recorte de inversiones en educación
decidido por este Gobierno para el actual ejercicio?
4.ª¿Cuáles son las demás obras a las que se ha aplicado el recorte?
5.ª¿Cuáles considera el Gobierno que son prescindibles, no urgentes, y
que no afectan a la calidad de la enseñanza?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de julio de 1996.--Bernardo
Bayona Aznar.
184/001174
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Bernardo Bayona Aznar, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por
escrito.
Pregunta al Gobierno relativa al derecho a la gratuidad de la enseñanza
obligatoria y la posible financiación con fondos públicos de colegios de
privados de élite
Motivación
La Ministra de Educación y Cultura afirmó ante los diputados de la
Comisión del Congreso que el derecho a la gratuidad de la enseñanza
básica y obligatoria es un derecho de «todos los ciudadanos que no debe
estar condicionado a la imposición de un determinado tipo de centro para
poder ejercer ese derecho»
Por ello, formulo al Gobierno las siguientes preguntas:
1.ª¿Considera el Gobierno que actualmente está condicionado ese derecho
por algún tipo de imposición distinta de las condiciones establecidas en
el artículo 27.7 de la Constitución y en la sentencia del Tribunal
Constitucional?
2.ª¿Tiene previsto el Gobierno financiar con fondos públicos colegios
privados que no se habían acogido hasta el momento al régimen y
requisitos del sistema de conciertos establecido por la LODE?
3.ªLa Ministra afirmó que no tiene intención de modificar la LODE. ¿Qué
aspectos de la normativa sobre los conciertos educativos tiene intención
de modificar?
4.ª¿Se ha planteado el Gobierno que los gastos educativos de las
familias, incluyendo los de la enseñanza en centros privados no
concertados, sean desgravables fiscalmente? ¿Contempla esa posibilidad en
la elaboración de los Presupuestos Generales para 1997? ¿Considera que es
un objetivo político de la legislatura?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de julio de 1996.--Bernardo
Bayona Aznar.
184/001175
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Bernardo Bayona Aznar, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por
escrito.
Pregunta al Gobierno relativa a «los resultados de las pruebas de
selectividad universitaria celebradas en junio de este año»
Motivación
Estamos en vísperas de una reforma de las pruebas de acceso a los
estudios universitarios. De hecho puede decirse que las de este curso son
las últimas pruebas de selectividad realizadas antes de conocerse el
futuro nuevo modelo. Conviene conocer los datos para cualquier debate
riguroso sobre esta cuestión.
Por ello, formulo al Gobierno las siguientes preguntas:
1.ª¿Qué porcentaje de alumnos han superado las pruebas de selectividad en
cada una de las Universidades españolas?
2.ª¿Qué porcentaje de alumnos, procedentes de centros públicos y de
centros privados, han superado las pruebas de selectividad en cada
Comunidad Autónoma?
3.ª¿Qué porcentaje de alumnos de COU y de Bachillerato LOGSE han
resultado aptos?, ¿y qué diferencia hay entre estos porcentajes y los del
curso pasado?
4.ª¿Sabe el Gobierno qué porcentaje de alumnos se matricularon el curso
pasado para estudiar algo que no tenía nada que ver con lo que pidieron?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de julio de 1996.--Bernardo
Bayona Aznar.
184/001176
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Bernardo Bayona Aznar, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas
por escrito.
Pregunta al Gobierno relativa a «la reforma de la selectividad
universitaria y el cumplimiento del acuerdo del Senado al respecto»
Motivación
En su comparecencia ante la Comisión de Educación del Congreso de los
Diputados, la Ministra de Educación y Cultura afirmó, en su turno de
respuestas a las preguntas que se le formularon, que «es evidente que
estamos por el cumplimiento del acuerdo del Senado en relación a la
selectividad».
Se refería al acuerdo de 26 de octubre de 1995 sobre una moción
presentada por el Grupo Socialista y aprobada por asentimiento de la
Cámara Alta. El texto de dicho acuerdo unánime, y tan cercano todavía en
el tiempo, exige dos criterios para el nuevo modelo de la selectividad:
valorar el currículo de cada alumno en función de la carrera
universitaria que se desee estudiar, y aumentar la presencia de los
contenidos y profesores de educación secundaria en el proceso.
Más recientemente, al presidir el Consejo de Universidades, la Ministra
mencionó un seminario específico que se celebrará en septiembre, y una
propuesta de reforma para noviembre, sin hacer ninguna mención al acuerdo
del Senado.
Por todo ello, formulo al Gobierno las siguientes preguntas:
1.ª¿Qué grado de presencia están teniendo o está previsto que tengan los
profesores de enseñanza secundaria en este proceso de debate y
preparación de nuevo modelo de selectividad?
2.ª¿Cómo piensa dar cumplimiento a los dos criterios citados del acuerdo
del Senado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de julio de 1996.--Bernardo
Bayona Aznar.
184/001177
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Bernardo Bayona Aznar, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas
por escrito.
Pregunta al Gobierno relativa a «los plazos previstos y rango normativo
para la modificación de la selectividad universitaria»
Motivación
Con ocasión del pleno del Consejo de Universidades, que se celebró en
Alicante el pasado día 4 de julio, la Ministra de Educación y Cultura
afirmó que en junio de 1998 las pruebas de acceso a los estudios
universitarios se realizarán con un nuevo modelo.
En relación con esa formación, formulo al Gobierno las siguientes
preguntas:
1.ª¿En qué fecha se compromete a tener aprobado el nuevo modelo de
selectividad, de modo que los centros y los profesores que imparten COU y
2.o de Bachillerato de la LOGSE puedan programar adecuadamente el curso
97-98?
2.ª¿Mediante qué rango normativo cree el Gobierno que debe procederse a
esta reforma, y con qué grado de debate parlamentario se propone llevarla
a cabo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de julio de 1996.--Bernardo
Bayona Aznar.
184/001178
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Bernardo Bayona Aznar, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas
por escrito.
Pregunta al Gobierno relativa al «cambio del trazado de la línea del tren
de alta velocidad entre Zaragoza y Lleida, a su paso por los términos
municipales de Fuentes de Ebro y Osera de Ebro»
Motivación
En la reunión que el consejero de Ordenación Territorial del Gobierno
aragonés mantuvo en el Ministerio de Fomento el pasado día 3 de julio, el
Director General de Ferrocarriles y Transporte por Carretera se
comprometió,
según informó la DGA, a modificar el trazado inicial del AVE
Zaragoza-Lleida en su tramo II, a su paso por los términos municipales de
Osera de Ebro y Fuentes de Ebro, adjudicado por 12.500 millones de
pesetas el 22 de diciembre de 1994.
Esta decisión supondría, caso de confirmarse, reiniciarse todo el
procedimiento administrativo de información pública, evaluación
medioambiental, expropiaciones, etc.
Por todo ello, formulo al Gobierno las siguientes preguntas:
1.ª¿Se ha considerado alguna otra alternativa que, respetando la huerta
de Fuentes de Ebro, no afectara al Soto de Aguilar?
2.ª¿En qué nuevos estudios y soluciones técnicas se ha basado el
Ministerio a la hora de tomara esta decisión política, para garantizar
que las obras, y el posterior paso del AVE, no afectarán negativamente al
equilibrio ecológico del Soto de Aguilar?
3.ª¿En qué fecha se compromete el Gobierno a terminar la ejecución de las
obras del subtramo II de la línea Zaragoza-Lleida, y qué retraso
significa respecto de la fecha inicialmente prevista?
4.ª¿Cuál es la diferencia de coste como consecuencia de cambio del
trazado previsto inicialmente?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de julio de 1996.--Bernardo
Bayona Aznar.
184/001179
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Bernardo Bayona Aznar, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas
por escrito.
Pregunta al Gobierno relativa a «las repercusiones en Aragón de la
privatización de algunas empresas públicas y la corresponsabilidad de la
Diputación General de Aragón en la decisión»
Motivación
La política de privatizaciones de empresas públicas decidida por el
Gobierno tiene importantes y desiguales consecuencias sociales en las
diferentes CCAA. En el caso concreto de Aragón, el peso relativo de
alguna de las empresas, cuya privatización se ha anunciado, convierte
esta decisión en trascendental para esta Comunidad Autónoma.
Por todo ello, formulo al Gobierno las siguientes preguntas:
1.ª¿Ha estudiado el Gobierno las repercusiones de dicha privatización en
el desequilibrio territorial, económico y social de Aragón? En tal caso,
¿cuáles son las repercusiones que ha previsto?
2.ª¿Se ha hecho partícipe al Gobierno de la Diputación General de Aragón
de la decisión de privatizar esa empresa, antes de tomarla y anunciarla
públicamente? Y por consiguiente, ¿contaba con el conocimiento y apoyo
del ejecutivo aragonés?
3.ª¿Ha pensado el Gobierno crear algún procedimiento de diagnóstico,
evaluación y seguimiento de esa privatización, en el que participen las
Comunidades Autónomas? ¿Cuál es ese procedimiento, y qué tipo de
participación se reserva en el mismo a la C. A. aragonesa?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de julio de 1996.--Bernardo
Bayona Aznar.
184/001180
A la Mesa del Congreso de los Diputados
José V. Beviá Pastor, Diputado por Alicante, perteneciente al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso de los Diputados, al amparo de lo
establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
presenta la siguiente pregunta al Gobierno, para la que solicita
respuesta escrita.
Pregunta sobre previsiones de construcción de las variantes de El
Campello y Villajoyosa (Alicante) en la carretera N-332
Motivación
Las travesías de la carretera N-332 por las localidades de El Campello y
Villajoyosa (Alicante), significan auténticos «cuellos de botella», que
originan permanentemente, a lo largo de todo el año, retenciones de
vehículos, atascos y retrasos, hasta el punto de que el recorrido de un
trayecto como el de Alicante-Benidorm, de apenas 40 kilómetros, incluso
en invierno, supone en hora punta una duración no inferior a 45 metros;
en verano, y prácticamente en cualquier momento del día, representa con
frecuencia, más de una hora.
Aunque el trazado de la carretera N-332, en el tramo Alicante-Valencia,
es paralelo a la Autopista de peaje A-7, el tráfico con destino
a/procedente de poblaciones cercanas a Alicante (El Campello,
Villajoyosa, Finestrat, Benidorm, L'Alfaç, Altea) discurre, en gran
medida, por esta carretera nacional.
Con fecha 26 de julio de 1994, se hallaba aprobado definitivamente por el
Departamento ministerial correspondiente el Estudio Informativo de la
variante de Villajoyosa; dicha variante, que enlaza con la actual de
Benidorm, tenía un presupuesto estimado de las obras de 3.063,6 millones
de pesetas.
Por otra parte, a finales del pasado verano, se había dado, asimismo, la
Orden de estudio de proyecto y construcción de la variante de El
Campello, calculándose el presupuesto aproximado de las obras en 600
millones de pesetas.
Resulta obvio señalar la necesidad de disponer de unas infraestructuras
viarias adecuadas para atender debidamente y potenciar un sector como el
turístico de esta zona, cuyo papel en la economía de la Comunidad
Valenciana y en la economía nacional es de relevancia tan significativa.
De otro lado, los nuevos planteamientos de distintas autoridades tanto de
la Generalidad Valenciana como de la ciudad de Alicante, favorables a
establecer un especial eje de desarrollo Elche-Alicante-Benidorm (aunque
no se trate, a través de ellos, más que de enmascarar la decisión de
cercenar un proyecto de relevante trascendencia económica ya iniciado,
como el del Triángulo Elche-Alicante-Santa Pola), deberían requerir una
aún mayor urgencia en la solución de las dos variantes a las que nos
venimos refiriendo.
Por todo lo anterior, plantea al Gobierno las siguientes preguntas:
1.¿Se ha realizado el Estudio de proyecto y construcción de la variante
de El Campello en la carretera N-332?
2.¿Cuáles son las previsiones de actuación en cuanto a características de
estas obras, fechas de inicio y finalización?
3.¿Cuál es la situación actual de la variante de Villajoyosa en la misma
carretera?
4.¿Cuáles son las características de las obras y las previsiones de
fechas de inicio y finalización de esta última variante?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de julio de 1996.--José V. Beviá
Pastor.
184/001181
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Juan Miguel Rodríguez Rodríguez, Diputado por Málaga, perteneciente al
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido
en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean
contestadas por escrito.
1.ª¿Qué infraestructuras, de las programadas en este momento, o de
aquellas que se encuentren en cualquiera de las fases de tramitación
previas a la contratación de obras, son para las que se prevé el
Ejecutivo alguna fórmula de cofinanciación Estado-iniciativa privada?
2.ª¿Qué contrapartidas concretas se ofrecen en cada caso a la(s)
empresa(s) que accedan a la contratación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de julio de 1996.--Juan Miguel
Rodríguez Rodríguez.
184/001182
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Juan Miguel Rodríguez Rodríguez, Diputado por Málaga, perteneciente al
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido
en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean
contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas a «el Proyecto de la Autovía
Antequera-Córdoba»
Motivación
La autovía Antequera-Córdoba fue incluida en la Red Transeuropea de
Carreteras en función de un acuerdo adoptado por el Parlamento Europeo,
motivado por una enmienda presentada en 1993 por el entonces Diputado por
el PSOE don Luis Planas.
La construcción de esta carretera, considerada como un eje estratégico
para las Comunicaciones con la Costa del Sol, ha sido insistentemente
reclamada por los representantes de diversas organizaciones políticas e
instituciones provinciales y locales de Málaga y Córdoba.
Por todo ello se formulan las siguientes preguntas al Gobierno:
1.ª¿En qué fecha estima el Gobierno que podrían iniciarse las obras?
2.ª¿Cuáles son las previsiones del Ejecutivo en lo que concierne a la
financiación de este proyecto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de julio de 1996.--Juan Miguel
Rodríguez Rodríguez.
184/001183
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Carlos Sanjuán de la Rocha y María Dolores Sánchez López, Diputados por
Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al
amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta
para que le sea contestada por escrito.
Pregunta al Gobierno relativa a «incremento de los Cuerpos y Fuerzas de
Seguridad del Estado en Andalucía Oriental en los meses de verano»
Motivación
En visita realizada a Málaga, el Director General de la Policía anunció
que durante los meses de verano se iba a reforzar la dotación policial en
Andalucía Oriental, sin concretar cuál era el efectivo refuerzo policial
que se iba a producir.
Es por todo ello que preguntamos al Gobierno:
¿Qué incremento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (Policía
Nacional y Guardia Civil) se va a producir en Andalucía Oriental como
consecuencia de la «Operación Verano 1996»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de julio de 1996.--Carlos
Sanjuán de la Rocha y María Dolores Sánchez López.
184/001184
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Juan Miguel Rodríguez Rodríguez, Diputado por Málaga, perteneciente al
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido
en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente pregunta, para que le sea contestada
por escrito.
Pregunta al Gobierno relativa a «La construcción de la autovía entre las
localidades del Rincón de la Victoria y Algarrobo (Málaga)»
Motivación
La construcción de la autovía entre las localidades del Rincón de la
Victoria y Algarrobo (Málaga) constituye una de las actuaciones en
infraestructuras consideradas de mayor urgencia para la Costa del Sol.
Las obras correspondientes a este tramo de autovía se iniciaron el pasado
mes de marzo tras superar los múltiples inconvenientes generados en la
definición del trazado y en la materialización de las expropiaciones.
Sin embargo, las contradicciones manifiestas de las declaraciones
realizadas a la prensa por responsables institucionales del Partido
Popular, sobre la incidencia que el recorte presupuestario anunciado por
el Gobierno tendrá para los proyectos de infraestructuras previstos
(algunos en ejecución) para la Costa del Sol oriental, hacen temer nuevos
retrasos en la ejecución de esta obra.
Por todo ello se formulan las siguientes preguntas:
--¿Respalda el Gobierno las declaraciones recientes del Gobierno Civil de
esta provincia en las que afirma:
¨ Que el tramo de la autovía entre el Rincón de la Victoria y Algarrobo
constituye una prioridad del ejecutivo.
¨ Que las obras de este tramo podrían estar terminadas a finales de 1997.
¨ Que el recorte presupuestario no afectará a este tramo de autovía ni a
su continuación entre las localidades de Algarrobo y Nerja?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de julio de 1996.--Juan Miguel
Rodríguez Rodríguez.
184/001185
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Carlos Sanjuán de la Rocha y María Dolores Sánchez López, Diputados por
Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al
amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan las siguientes
preguntas, para que le sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas a «Refuerzo policial que se va a producir
en la provincia de Málaga en los meses de verano»
Motivación
El Director General de la Policía, en visita que el pasado día 5 de junio
realizó a la provincia de Málaga, anunció en rueda de prensa que este
año, al igual que se hacía en los anteriores, se iba a reforzar durante
los meses de verano, y a partir del día 1 de julio la dotación policial
en Andalucía Oriental, las provincias de Almería, Granada, Jaén y Málaga
y no habiéndose concretado cuál es el específico refuerzo policial que se
va a producir en la provincia de Málaga, es por lo que formulamos al
Gobierno las siguientes preguntas:
1.ª¿Cuál es el número total de efectivos de los Cuerpos y Fuerzas de
Seguridad del Estado (Policía Nacional y Guardia Civil), destinados en la
provincia de Málaga?
2.ª¿Cuál es el número en que se va a ver incrementada la dotación
ordinaria de Policía Nacional y Guardia Civil durante los meses de julio
y agosto en 1996 como consecuencia de la «Operación verano»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de julio de 1996.--Carlos
Sanjuán de la Rocha y María Dolores Sánchez López.
184/001186
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Alberto Pérez Ferré, Diputados por Alicante, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, al
amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes
preguntas, para que le seas contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas «Al aeropuerto de «El Altet» en Alicante»
Motivación
El Presidente de Aeropuertos Nacionales y Navegación Aérea, «AENA», ha
manifestado que priorizará las actuaciones en distintos aeropuertos
españoles, sin mencionar El Altet:
Ante ello pregunto al Ministro de Fomento:
1.ª¿Qué plazo de ejecución hay previsto para la construcción de la
terminal de carga del aeropuerto de El Altet?
2.ª¿En qué fecha estará terminada la ampliación de la plataforma de
estacionamiento de aviones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de julio de 1996.--Alberto Pérez
Ferré.
184/001187
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Carmen del Campo Casasús, Diputada por Córdoba, perteneciente al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por
escrito.
Pregunta al Gobierno relativa al «cierre de algún cuartel de la Guardia
Civil en la provincia de Córdoba»
Motivación
El pasado 9 de julio, un diario de Madrid recogía declaraciones del
Director de la Guardia Civil en las que se manifestaba que «a nivel
nacional está previsto clausurar un centenar de cuarteles» de este
Instituto armado.
La exactitud de la cifra anunciada hace suponer que el Gobierno tiene ya
planes concretos sobre cuáles son los cuarteles que se verán afectados
por este proceso.
Por ello se formula al Gobierno la siguiente pregunta:
¿Tiene previsto el Gobierno el cierre de algún cuartel de la Guardia
Civil en la provincia de Córdoba?
De ser así, ¿cuáles son y en qué fecha aproximada se planea su clausura?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de julio de 1996.--Carmen del
Campo Casasús.
184/001188
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo previsto en el Reglamento de la Cámara, se presentan las
siguientes preguntas dirigidas al Gobierno, para las que se solicita
respuesta escrita.
Hoy, dos años después del genocidio que generó una de la mayores crisis
de refugiados, la situación de los países directamente afectados por la
tragedia, Ruanda y Burundi, y la de los países de acogida de los
refugiados, especialmente Zaire, siguen siendo indiscutiblemente
dramáticas, tanto en lo que se refiere a la violencia, el terror y la
violación generalizada de los derechos humanos, cuanto en lo referente a
las condiciones higiénico-sanitarias, alimentarias, de educación, etc.
De acuerdo con los análisis llevados a cabo por Amnistía Internacional en
su informe de febrero de 1996, la evaluación llevada a cabo por Cáritas
Internacional hecha pública en marzo del mismo año, y las múltiples
noticias de fuentes independientes, la situación real de Ruanda y Burundi
desaconseja cualquier operación de repatriación que pondría al país a las
puertas de un nuevo conflicto de dimensiones incalculables y las
consiguientes matanzas.
Ante las perspectivas del retorno a un país en tales condiciones la
población refugiada, en su mayoría hutu, se resiste a optar entre la
desaparición, el juicio sumarísimo y la muerte, soportando condiciones
progresivamente más infrahumanas en los campos de acogida.
Por su parte, el gobierno de Zaire, incapaz de enfrentarse por sí solo al
mantenimiento de los campos y a los problemas de seguridad y
enfrentamientos generados con la población zaireña del entorno, alcanzó
en una reunión tripartita con el gobierno de Ruanda y el ACNUR el acuerdo
de cierre de los principales campos y la repatriación forzosa de los
refugiados antes de diciembre del año 1995. Ante la imposibilidad e
inefectividad de la medida se llegó al acuerdo de proceder a una
repatriación voluntaria y progresiva. De la voluntariedad del proceso
puede dar cuenta el conjunto de medidas adoptadas por el gobierno
zaireño, con el visto bueno efectivo del ACNUR, entre las que se
encuentra la detención indiscriminada de los que han dado en llamarse
«intimidadores», en su inmensa mayoría hutus pacíficos cuya única
capacidad intimidatoria parece residir en su formación educativa, la
detención, expulsión y prohibición expresa de toda actividad en los
campos de aquellos agentes de las ONGs y demás organizaciones
internacionales que expresen su desacuerdo con la repatriación, el cierre
de mercados, bares y cualquier tipo de establecimiento de recreo; la
suspensión de todo tipo de actividad social, incluidas las actividades
productivas, escolares y educativas...
Por si la presión ejercida sobre los refugiados fuera insuficiente, ACNUR
participa activamente en las campañas de información conducentes a la
repatriación efectiva, acompañando a la población convencida hasta la
frontera con Ruanda. Urgido por la necesidad de hacer realidad algo que
no lo es, el ACNUR, en la misma dirección que el gobierno zaireño,
recorta las ayudas nutricionales complementarias
a parturientas y mujeres lactantes, suspende la distribución de ropas o
atrasa y reduce la distribución de alimentos mínimos, rechaza hacerse
cargo de los enfermos aquejados de tuberculosis o diabetes, al tiempo que
olvida las condiciones efectivas con las que se encuentran los
retornados, tanto en lo referente a las mínimas garantías para su
seguridad, cuanto en lo referente a las condiciones económicas, políticas
e incluso psicológicas, manteniendo como única explicación de tal actitud
la falta de financiación (a pesar de los generosos 26 millones de dólares
de la Oficina de Ayuda Humanitaria de la Comisión Europea --ECHO--),
manteniendo con ello una posición radicalmente contraria no sólo al
derecho a la no devolución establecido en la Convención sobre el Estatuto
de los Refugiados, sino, incluso, enfrentada a las propias conclusiones y
directrices del Comité Ejecutivo del propio ACNUR.
Por todo ello se formulan las siguientes preguntas:
-- Ante la reducción de las operaciones de asistencia que según el ACNUR
debe achacarse a la falta de financiación, ¿qué iniciativas ha tomado el
Gobierno para potenciar la ayuda financiera y humanitaria internacional?
--Ante la cuanto menos dudosa actuación del ACNUR en la zona, ¿qué
información y evaluación mantiene el Gobierno español sobre las ayudas ya
aportadas, su destino y las políticas mantenidas?
--Ante la Declaración conjunta de España y Ruanda y la ayuda concedida
con posterioridad por nuestro Gobierno, ¿qué garantías tiene el Gobierno
español del respeto de los Derechos Humanos por parte del Gobierno de
Kigali?
--Ante la inexistencia de un verdadero diálogo nacional y el fracaso de
anteriores intentos al respecto, ¿qué iniciativas mantiene el Gobierno
español, bilaterales, comunitarias o a través de la ONU con el fin de
potenciar el diálogo y la reconciliación en Ruanda?
--Ante la asistencia militar, de asesores, material y logística, muy
especialmente de EE. UU., ¿qué iniciativas mantiene el Gobierno español,
bilaterales, comunitarias o a través de la ONU con el fin de vigilar las
transferencias militares, de seguridad y policiales hacia los países de
la región?
--Ante las amenazas que vienen sufriendo los trabajadores y cooperantes
españoles en la zona, ¿qué tipo de seguimiento, apoyo y medidas de
seguridad mantiene el Gobierno con el fin de garantizar, tanto su
integridad personal, cuanto su inestimable trabajo en pro de los derechos
humanos y la mejora de las condiciones de vida tanto de los refugiados
como de los repatriados?
Madrid, 2 de julio de 1996.--Angeles Maestro Martín, Diputada del Grupo
Parlamentario Federal IU-IC.
184/001189
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Demetrio Madrid López, Diputado por Zamora, perteneciente al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas
por escrito.
Pregunta al Gobierno relativa a «la modificación del Impuesto de
Sociedades en el País Vasco»
Motivación
El pasado día cinco del presente mes de julio el Presidente de la Junta
de Castilla y León manifestaba que, las medidas fiscales adoptadas para
rebajar el Impuesto de Sociedades en el País Vasco pudiera vulnerar la
Constitución y ser un elemento disuasorio para la inversión en Castilla y
León. Para evitar estas desigualdades, a la hora de invertir en
Comunidades Autónomas diferentes, «hay varias soluciones, incluso el
recurso a los tribunales, ya que se vulneran los artículos 14, 138 y 139
de la Constitución».
Centrales sindicales, organizaciones empresariales y fuerzas políticas
han mostrado su inquietud y el Grupo Parlamentario Socialista en las
Cortes de Castilla y León ha presentado iniciativas que eviten
desequilibrios indeseados.
Por ello, se formulan las siguientes preguntas:
1.ª¿Es cierto que la modificación del Impuesto de Sociedades entró en el
pacto PNV y Gobierno de España?
2.ª¿Qué piensa el Gobierno de esta grave situación y qué medidas está
dispuesto a adoptar en evitación de posibles vulneraciones
constitucionales, agravios comparativos, ruptura de la unidad de mercado
y la posible insolidaridad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de julio de 1996.--Demetrio
Madrid López.
184/001190
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento del Congreso de los
Diputados, se presentan las siguientes preguntas dirigidas al Gobierno,
para las que se solicita respuesta escrita.
Las ayudas institucionales, tanto las que provienen de la Unión Europea,
como las del Ministerio de Agricultura, que se destinan a Canarias al
desarrollo de la agricultura del plátano, otras frutas y flores, tienen
como objetivo la mejora de las condiciones de vida de los agricultores
del sector. Sin embargo, estas subvenciones no se condicionan siquiera al
mantenimiento de las condiciones laborales de sus trabajadores
(empaquetadores, recolectores, etc.). Más aún, éstos han visto rebajado
su régimen de protección social, al haber sido incluidos en el Régimen
Especial Agrario de la Seguridad Social.
¿Tiene intención el Gobierno de llevar a cabo alguna medida que
condicione la recepción de ayudas y subvenciones a la mejora o, al menos,
el mantenimiento de las condiciones laborales de los trabajadores del
sector agrícola en Canarias?
¿Qué razones han motivado la inclusión de estos trabajadores en el
régimen Especial Agrario de la Seguridad social?
Madrid, 11 de julio de 1996.--Pedro Vaquero del Pozo, Diputado del Grupo
Parlamentario Federal IU-IC.
184/001191
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, se formulan
las siguientes preguntas dirigidas al Gobierno, para las que se solicita
respuesta escrita.
¿Qué planes tiene el Gobierno para la mejora de las instalaciones de
Correos y Telégrafos en Alcoi?
En concreto, ¿existe algún proyecto para arreglar los deteriorados
accesos?
Madrid, 11 de julio de 1996.--Manuel Alcaraz Ramos, Diputado del Grupo
Parlamentario Federal IU-IC.
184/001192
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, se formulan
las siguientes preguntas dirigidas al Gobierno, para las que se solicita
respuesta escrita.
Recientemente el Sr. Presidente de AUMAR, empresa concesionaria de la
Autopista A-7, ha hecho unas declaraciones públicas en Valencia en las
que manifiesta que «no apostaría ni una peseta por la liberalización de
la A-7 en el año 2006». También señaló que el Gobierno es «pro-peaje» por
lo que favorecerá una prórroga en el sentido del preacuerdo alcanzado con
el Gobierno socialista en 1995. Igualmente informó que AUMAR ganó el año
pasado unos 7.000 millones de pesetas, un 10 % más que el ejercicio
anterior.
¿Existe alguna negociación del Gobierno con AUMAR para la prórroga de la
concesión?
¿Considera coherente el Gobierno mantener el peaje y sus actuales precios
en la A-7 con los beneficios declarados de 7.000 millones de pesetas?
Madrid, 11 de julio de 1996.--Manuel Alcaraz Ramos, Diputado del Grupo
Parlamentario Federal IU-IC.
184/001193
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, se formula la
siguiente pregunta dirigida al Gobierno, para la que se solicita
respuesta escrita.
¿Qué acciones concretas tiene previstas el Gobierno para la promoción de
las lenguas oficiales distintas del castellano en el exterior del Estado?
Madrid, 11 de julio de 1996.--Manuel Alcaraz Ramos, Diputado del Grupo
Parlamentario Federal IU-IC.
184/001194
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Jesús Caldera Sánchez-Capitán, Diputado por Salamanca, perteneciente al
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido
en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean
contestadas por escrito.
Pregunta al Gobierno relativa a las inversiones del Ministerio de
Educación y Cultura en la provincia de Salamanca
Motivación
La Dirección Provincial del Ministerio de Educación y Cultura de
Salamanca, con el objetivo de adecuar los centros públicos de educación
en sus diferentes niveles a las condiciones señaladas en el Real Decreto
1004/91, de 14 de junio, «Requisitos mínimos de los Centros Docentes no
Universitarios en los que se impartan enseñanzas de régimen general», ha
venido programando, dentro de los créditos autorizados en el Presupuesto
de Inversiones del hoy Ministerio de Educación y Cultura, una serie de
inversiones a lo largo de estos años. Dado que el curso 96/97 se
generalizaba, según el calendario de implantación, la entrada en
funcionamiento del Primer Ciclo de la ESO, era necesario el que las obras
de adaptación de los centros estuvieran finalizadas al comienzo del curso
96/97.
La circunstancia de que las actividades escolares del curso actual no
finalizaban hasta el 30 de junio, ha condicionado el que las obras sólo
se pudieran iniciar después de esa fecha, procurando así la no
coincidencia de los escolares con ellas. Los trámites previos,
licitación, solicitud de licencias de obras ante los respectivos
Ayuntamientos en los que se encuentran ubicados los centros objeto de
remodelación, se han venido realizando a lo largo del último trimestre
del curso 95/96.
La estructura territorial de Salamanca, con su elevado número de
Municipios, exige un elevado número de actuaciones en los centros
escolares, tanto en niveles de Infantil,
de Primaria, Secundaria, y Bachillerato, como en los de Enseñanzas de
Adultos, Artísticas o Musicales con dedicación de importantes recursos
que el Gobierno Socialista supo destinar a tan nobles necesidades,
garantía material del principio de igualdad de oportunidades.
El actual Gobierno de derechas, con una menor atención y preocupación por
los centros públicos de enseñanza, ha aprobado un recorte presupuestario
de 200.000 millones de pesetas, entre los que se encuentran inversiones
relacionadas con el Ministerio de Educación que no ha especificado. Es
lógico que surja inmediatamente la duda de a qué inversiones afectará y,
si entre ellas, se encontrarán las previstas para la Provincia de
Salamanca.
Es por ello que formulo las siguientes preguntas:
En el Municipio de Béjar estaban previstas las siguientes inversiones
para el ejercicio de 1996:
I. F. P.: 8 millones de pesetas.
I. R. Olleros: 200.000 pesetas.
Secundaria:
Residencia: 30 millones de pesetas.
I. F. P.: 40 millones de pesetas.
Infantil y Primaria:
La Antigua, 1,6 millones de pesetas.
Marqués de Valero: 7 millones de pesetas.
María Díaz: 2 millones de pesetas.
¿Puede indicarme el Gobierno su previsión respecto a todos y cada uno de
estos proyectos? ¿Se respetarán las cantidades previstas o se verán
afectadas por el recorte? ¿En qué situación se encuentran, plazos de
ejecución y finalización de las mismas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de julio de 1996.--Jesús
Caldera Sánchez-Capitán, Diputado y Portavoz sustituto primero del Grupo
Parlamentario Socialista.
184/001195
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Jesús Caldera Sánchez-Capitán, Diputado por Salamanca, perteneciente al
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido
en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean
contestadas por escrito.
Pregunta al Gobierno relativa a las inversiones del Ministerio de
Educación y Cultura en la provincia de Salamanca
Motivación
La Dirección Provincial del Ministerio de Educación y Cultura de
Salamanca, con el objetivo de adecuar los centros públicos de educación
en sus diferentes niveles a las condiciones señaladas en el Real Decreto
1004/91, de 14 de junio, «Requisitos mínimos de los Centros Docentes no
Universitarios en los que se impartan enseñanzas de régimen general», ha
venido programando, dentro de los créditos autorizados en el Presupuesto
de Inversiones del hoy Ministerio de Educación y Cultura, una serie de
inversiones a lo largo de estos años. Dado que el curso 96/97 se
generalizaba, según el calendario de implantación, la entrada en
funcionamiento del Primer Ciclo de la ESO, era necesario el que las obras
de adaptación de los centros estuvieran finalizadas al comienzo del curso
96/97.
La circunstancia de que las actividades escolares del curso actual no
finalizaban hasta el 30 de junio, ha condicionado el que las obras sólo
se pudieran iniciar después de esa fecha, procurando así la no
coincidencia de los escolares con ellas. Los trámites previos,
licitación, solicitud de licencias de obras ante los respectivos
Ayuntamientos en los que se encuentran ubicados los centros objeto de
remodelación, se han venido realizando a lo largo del último trimestre
del curso 95/96.
La estructura territorial de Salamanca, con su elevado número de
Municipios, exige un elevado número de actuaciones en los centros
escolares, tanto en niveles de Infantil, de Primaria, Secundaria, y
Bachillerato, como en los de Enseñanzas de Adultos, Artísticas o
Musicales con dedicación de importantes recursos que el Gobierno
Socialista supo destinar a tan nobles necesidades, garantía material del
principio de igualdad de oportunidades.
El actual Gobierno de derechas, con una menor atención y preocupación por
los centros públicos de enseñanza, ha aprobado un recorte presupuestario
de 200.000 millones de pesetas, entre los que se encuentran inversiones
relacionadas con el Ministerio de Educación que no ha especificado. Es
lógico que surja inmediatamente la duda de a qué inversiones afectará y,
si entre ellas, se encontrarán las previstas para la Provincia de
Salamanca.
Es por ello que formulo las siguientes preguntas:
En el Municipio de Ciudad Rodrigo estaban previstas las siguientes
inversiones para el ejercicio de 1996:
I. F. P.: 2 millones de pesetas.
Secundaria: 57 millones de pesetas.
Infantil y Primaria: 4,7 millones de pesetas.
¿Puede indicarme el Gobierno su previsión respecto a todos y cada uno de
estos proyectos? ¿Se respetarán las cantidades previstas o se verán
afectadas por el recorte? ¿En qué situación se encuentran, plazos de
ejecución y finalización de las mismas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de julio de 1996.--Jesús
Caldera Sánchez-Capitán, Diputado y Portavoz sustituto primero del Grupo
Parlamentario Socialista.
184/001196
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Jesús Caldera Sánchez-Capitán, Diputado por Salamanca, perteneciente al
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido
en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean
contestadas por escrito.
Pregunta al Gobierno relativa a las inversiones del Ministerio de
Educación y Cultura en la provincia de Salamanca
Motivación
La Dirección Provincial del Ministerio de Educación y Cultura de
Salamanca, con el objetivo de adecuar los centros públicos de educación
en sus diferentes niveles a las condiciones señaladas en el Real Decreto
1004/91, de 14 de junio, «Requisitos mínimos de los Centros Docentes no
Universitarios en los que se impartan enseñanzas de régimen general», ha
venido programando, dentro de los créditos autorizados en el Presupuesto
de Inversiones del hoy Ministerio de Educación y Cultura, una serie de
inversiones a lo largo de estos años. Dado que el curso 96/97 se
generalizaba, según el calendario de implantación, la entrada en
funcionamiento del Primer Ciclo de la ESO, era necesario el que las obras
de adaptación de los centros estuvieran finalizadas al comienzo del curso
96/97.
La circunstancia de que las actividades escolares del curso actual no
finalizaban hasta el 30 de junio, ha condicionado el que las obras sólo
se pudieran iniciar después de esa fecha, procurando así la no
coincidencia de los escolares con ellas. Los trámites previos,
licitación, solicitud de licencias de obras ante los respectivos
Ayuntamientos en los que se encuentran ubicados los centros objeto de
remodelación, se han venido realizando a lo largo del último trimestre
del curso 95/96.
La estructura territorial de Salamanca, con su elevado número de
Municipios, exige un elevado número de actuaciones en los centros
escolares, tanto en niveles de Infantil, de Primaria, Secundaria, y
Bachillerato, como en los de Enseñanzas de Adultos, Artísticas o
Musicales con dedicación de importantes recursos que el Gobierno
Socialista supo destinar a tan nobles necesidades, garantía material del
principio de igualdad de oportunidades.
El actual Gobierno de derechas, con una menor atención y preocupación por
los centros públicos de enseñanza, ha aprobado un recorte presupuestario
de 200.000 millones de pesetas, entre los que se encuentran inversiones
relacionadas con el Ministerio de Educación que no ha especificado. Es
lógico que surja inmediatamente la duda de a qué inversiones afectará y,
si entre ellas, se encontrarán las previstas para la Provincia de
Salamanca.
Es por ello que formulo las siguientes preguntas:
En el Municipio de Peñaranda estaban previstas las siguientes inversiones
para el ejercicio de 1996:
I. F. P.: 3,75 millones de pesetas.
Secundaria: 29 millones de pesetas.
¿Puede indicarme el Gobierno su previsión respecto a todos y cada uno de
estos proyectos? ¿Se respetarán las cantidades previstas o se verán
afectadas por el recorte? ¿En qué situación se encuentran, plazos de
ejecución y finalización de las mismas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de julio de 1996.--Jesús
Caldera Sánchez-Capitán, Diputado y Portavoz sustituto primero del Grupo
Parlamentario Socialista.
184/001197
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Jesús Caldera Sánchez-Capitán, Diputado por Salamanca, perteneciente al
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido
en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean
contestadas por escrito.
Pregunta al Gobierno relativa a las inversiones del Ministerio de
Educación y Cultura en la provincia de Salamanca
Motivación
La Dirección Provincial del Ministerio de Educación y Cultura de
Salamanca, con el objetivo de adecuar los centros públicos de educación
en sus diferentes niveles a las condiciones señaladas en el Real Decreto
1004/91, de 14 de junio, «Requisitos mínimos de los Centros Docentes no
Universitarios en los que se impartan enseñanzas de régimen general», ha
venido programando, dentro de los créditos autorizados en el Presupuesto
de Inversiones del hoy Ministerio de Educación y Cultura, una serie de
inversiones a lo largo de estos años. Dado que el curso 96/97 se
generalizaba, según el calendario de implantación, la entrada en
funcionamiento del Primer Ciclo de la ESO, era necesario el que las obras
de adaptación de los centros estuvieran finalizadas al comienzo del curso
96/97.
La circunstancia de que las actividades escolares del curso actual no
finalizaban hasta el 30 de junio, ha condicionado el que las obras sólo
se pudieran iniciar después de esa fecha, procurando así la no
coincidencia de los escolares con ellas. Los trámites previos,
licitación, solicitud de licencias de obras ante los respectivos
Ayuntamientos en los que se encuentran ubicados los centros objeto de
remodelación, se han venido realizando a lo largo del último trimestre
del curso 95/96.
La estructura territorial de Salamanca, con su elevado número de
Municipios, exige un elevado número de actuaciones en los centros
escolares, tanto en niveles de Infantil, de Primaria, Secundaria, y
Bachillerato, como en los de
Enseñanzas de Adultos, Artísticas o Musicales con dedicación de
importantes recursos que el Gobierno Socialista supo destinar a tan
nobles necesidades, garantía material del principio de igualdad de
oportunidades.
El actual Gobierno de derechas, con una menor atención y preocupación por
los centros públicos de enseñanza, ha aprobado un recorte presupuestario
de 200.000 millones de pesetas, entre los que se encuentran inversiones
relacionadas con el Ministerio de Educación que no ha especificado. Es
lógico que surja inmediatamente la duda de a qué inversiones afectará y,
si entre ellas, se encontrarán las previstas para la Provincia de
Salamanca.
Es por ello que formulo las siguientes preguntas:
En Salamanca estaban previstas las siguientes inversiones para el
ejercicio de 1996:
R. Fabrés: 10 millones de pesetas.
Lucía de Medrano: 3,3 millones de pesetas.
F. Rojas: 4,5 millones de pesetas.
Fray Luis de León: 3,85 millones de pesetas.
Secundaria: F. Rojas: 29,45 millones de pesetas.
Gran Duque de Alba: 9 millones de pesetas.
V. Blanco: 15 millones de pesetas.
G. Bernalt: 35 millones de pesetas.
Conservatorio de Salamanca: 634 millones de pesetas.
Infantil y Primaria:
Virgen de la Vega: 4 millones de pesetas.
Santa Catalina: 4 millones de pesetas.
San Mateo: 3 millones de pesetas.
¿Puede indicarme el Gobierno su previsión respecto a todos y cada uno de
estos proyectos? ¿Se respetarán las cantidades previstas o se verán
afectadas por el recorte? ¿En qué situación se encuentran, plazos de
ejecución y finalización de las mismas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de julio de 1996.--Jesús
Caldera Sánchez-Capitán, Diputado y Portavoz sustituto primero del Grupo
Parlamentario Socialista.
184/001198
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Jesús Caldera Sánchez-Capitán, Diputado por Salamanca, perteneciente al
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido
en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean
contestadas por escrito.
Pregunta al Gobierno relativa a las inversiones del Ministerio de
Educación y Cultura en la provincia de Salamanca
Motivación
La Dirección Provincial del Ministerio de Educación y Cultura de
Salamanca, con el objetivo de adecuar los centros públicos de educación
en sus diferentes niveles a las condiciones señaladas en el Real Decreto
1004/91, de 14 de junio, «Requisitos mínimos de los Centros Docentes no
Universitarios en los que se impartan enseñanzas de régimen general», ha
venido programando, dentro de los créditos autorizados en el Presupuesto
de Inversiones del hoy Ministerio de Educación y Cultura, una serie de
inversiones a lo largo de estos años. Dado que el curso 96/97 se
generalizaba, según el calendario de implantación, la entrada en
funcionamiento del Primer Ciclo de la ESO, era necesario el que las obras
de adaptación de los centros estuvieran finalizadas al comienzo del curso
96/97.
La circunstancia de que las actividades escolares del curso actual no
finalizaban hasta el 30 de junio, ha condicionado el que las obras sólo
se pudieran iniciar después de esa fecha, procurando así la no
coincidencia de los escolares con ellas. Los trámites previos,
licitación, solicitud de licencias de obras ante los respectivos
Ayuntamientos en los que se encuentran ubicados los centros objeto de
remodelación, se han venido realizando a lo largo del último trimestre
del curso 95/96.
La estructura territorial de Salamanca, con su elevado número de
Municipios, exige un elevado número de actuaciones en los centros
escolares, tanto en niveles de Infantil, de Primaria, Secundaria, y
Bachillerato, como en los de Enseñanzas de Adultos, Artísticas o
Musicales con dedicación de importantes recursos que el Gobierno
Socialista supo destinar a tan nobles necesidades, garantía material del
principio de igualdad de oportunidades.
El actual Gobierno de derechas, con una menor atención y preocupación por
los centros públicos de enseñanza, ha aprobado un recorte presupuestario
de 200.000 millones de pesetas, entre los que se encuentran inversiones
relacionadas con el Ministerio de Educación que no ha especificado. Es
lógico que surja inmediatamente la duda de a qué inversiones afectará y,
si entre ellas, se encontrarán las previstas para la Provincia de
Salamanca.
Es por ello que formulo las siguientes preguntas:
Las inversiones previstas en reparaciones en la provincia de Salamanca,
se distribuyen del siguiente modo:
Educación Especial: 6,16 millones de pesetas.
Educación Primaria: 21,51 millones de pesetas.
Educación Secundaria: 12,81 millones de pesetas.
Educación Artística: 4,97 millones de pesetas.
Con respecto a todas ellas, ¿piensa el Gobierno respetar estas
inversiones o se verán afectadas por el recorte? ¿En qué medida, en su
caso? ¿Qué previsiones y en qué actuaciones concretas tiene el Gobierno
previsto desarrollar estas inversiones? ¿En qué plazos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de julio de 1996.--Jesús
Caldera Sánchez-Capitán, Diputado y
Portavoz sustituto primero del Grupo Parlamentario Socialista.
184/001199
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Jesús Caldera Sánchez-Capitán, Diputado por Salamanca, perteneciente al
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido
en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean
contestadas por escrito.
Pregunta al Gobierno relativa a las inversiones del Ministerio de
Educación y Cultura en la provincia de Salamanca
Motivación
La Dirección Provincial del Ministerio de Educación y Cultura de
Salamanca, con el objetivo de adecuar los centros públicos de educación
en sus diferentes niveles a las condiciones señaladas en el Real Decreto
1004/91, de 14 de junio, «Requisitos mínimos de los Centros Docentes no
Universitarios en los que se impartan enseñanzas de régimen general», ha
venido programando, dentro de los créditos autorizados en el Presupuesto
de Inversiones del hoy Ministerio de Educación y Cultura, una serie de
inversiones a lo largo de estos años. Dado que el curso 96/97 se
generalizaba, según el calendario de implantación, la entrada en
funcionamiento del Primer Ciclo de la ESO, era necesario el que las obras
de adaptación de los centros estuvieran finalizadas al comienzo del curso
96/97.
La circunstancia de que las actividades escolares del curso actual no
finalizaban hasta el 30 de junio, ha condicionado el que las obras sólo
se pudieran iniciar después de esa fecha, procurando así la no
coincidencia de los escolares con ellas. Los trámites previos,
licitación, solicitud de licencias de obras ante los respectivos
Ayuntamientos en los que se encuentran ubicados los centros objeto de
remodelación, se han venido realizando a lo largo del último trimestre
del curso 95/96.
La estructura territorial de Salamanca, con su elevado número de
Municipios, exige un elevado número de actuaciones en los centros
escolares, tanto en niveles de Infantil, de Primaria, Secundaria, y
Bachillerato, como en los de Enseñanzas de Adultos, Artísticas o
Musicales con dedicación de importantes recursos que el Gobierno
Socialista supo destinar a tan nobles necesidades, garantía material del
principio de igualdad de oportunidades.
El actual Gobierno de derechas, con una menor atención y preocupación por
los centros públicos de enseñanza, ha aprobado un recorte presupuestario
de 200.000 millones de pesetas, entre los que se encuentran inversiones
relacionadas con el Ministerio de Educación que no ha especificado. Es
lógico que surja inmediatamente la duda de a qué inversiones afectará y,
si entre ellas, se encontrarán las previstas para la Provincia de
Salamanca.
Es por ello que formulo las siguientes preguntas:
En el Municipio de Alba de Tormes estaban previstas las siguientes
inversiones para el ejercicio de 1996:
Secundaria: Sánchez Rojas 9 millones de pesetas.
¿Puede indicarme el Gobierno su previsión respecto a todos y cada uno de
estos proyectos? ¿Se respetarán las cantidades previstas o se verán
afectadas por el recorte? ¿En qué situación se encuentran, plazos de
ejecución y finalización de las mismas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de julio de 1996.--Jesús
Caldera Sánchez-Capitán, Diputado y Portavoz sustituto primero del Grupo
Parlamentario Socialista.
184/001200
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Jesús Caldera Sánchez-Capitán, Diputado por Salamanca, perteneciente al
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido
en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean
contestadas por escrito.
Pregunta al Gobierno relativa a las inversiones del Ministerio de
Educación y Cultura en la provincia de Salamanca
Motivación
La Dirección Provincial del Ministerio de Educación y Cultura de
Salamanca, con el objetivo de adecuar los centros públicos de educación
en sus diferentes niveles a las condiciones señaladas en el Real Decreto
1004/91, de 14 de junio, «Requisitos mínimos de los Centros Docentes no
Universitarios en los que se impartan enseñanzas de régimen general», ha
venido programando, dentro de los créditos autorizados en el Presupuesto
de Inversiones del hoy Ministerio de Educación y Cultura, una serie de
inversiones a lo largo de estos años. Dado que el curso 96/97 se
generalizaba, según el calendario de implantación, la entrada en
funcionamiento del Primer Ciclo de la ESO, era necesario el que las obras
de adaptación de los centros estuvieran finalizadas al comienzo del curso
96/97.
La circunstancia de que las actividades escolares del curso actual no
finalizaban hasta el 30 de junio, ha condicionado el que las obras sólo
se pudieran iniciar después de esa fecha, procurando así la no
coincidencia de los escolares con ellas. Los trámites previos,
licitación, solicitud de licencias de obras ante los respectivos
Ayuntamientos en los que se encuentran ubicados los centros objeto de
remodelación,
se han venido realizando a lo largo del último trimestre del curso 95/96.
La estructura territorial de Salamanca, con su elevado número de
Municipios, exige un elevado número de actuaciones en los centros
escolares, tanto en niveles de Infantil, de Primaria, Secundaria, y
Bachillerato, como en los de Enseñanzas de Adultos, Artísticas o
Musicales con dedicación de importantes recursos que el Gobierno
Socialista supo destinar a tan nobles necesidades, garantía material del
principio de igualdad de oportunidades.
El actual Gobierno de derechas, con una menor atención y preocupación por
los centros públicos de enseñanza, ha aprobado un recorte presupuestario
de 200.000 millones de pesetas, entre los que se encuentran inversiones
relacionadas con el Ministerio de Educación que no ha especificado. Es
lógico que surja inmediatamente la duda de a qué inversiones afectará y,
si entre ellas, se encontrarán las previstas para la Provincia de
Salamanca.
Es por ello que formulo las siguientes preguntas:
En el Municipio de Babilafuente estaban previstas las siguientes
inversiones para el ejercicio de 1996:
Secundaria: 225 millones de pesetas.
Infantil y Primaria: 3 millones de pesetas.
¿Puede indicarme el Gobierno su previsión respecto a todos y cada uno de
estos proyectos? ¿Se respetarán las cantidades previstas o se verán
afectadas por el recorte? ¿En qué situación se encuentran, plazos de
ejecución y finalización de las mismas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de julio de 1996.--Jesús
Caldera Sánchez-Capitán, Diputado y Portavoz sustituto primero del Grupo
Parlamentario Socialista.
184/001201
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Jesús Caldera Sánchez-Capitán, Diputado por Salamanca, perteneciente al
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido
en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean
contestadas por escrito.
Pregunta al Gobierno relativa a las inversiones del Ministerio de
Educación y Cultura en la provincia de Salamanca
Motivación
La Dirección Provincial del Ministerio de Educación y Cultura de
Salamanca, con el objetivo de adecuar los centros públicos de educación
en sus diferentes niveles a las condiciones señaladas en el Real Decreto
1004/91, de 14 de junio, «Requisitos mínimos de los Centros Docentes no
Universitarios en los que se impartan enseñanzas de régimen general», ha
venido programando, dentro de los créditos autorizados en el Presupuesto
de Inversiones del hoy Ministerio de Educación y Cultura, una serie de
inversiones a lo largo de estos años. Dado que el curso 96/97 se
generalizaba, según el calendario de implantación, la entrada en
funcionamiento del Primer Ciclo de la ESO, era necesario el que las obras
de adaptación de los centros estuvieran finalizadas al comienzo del curso
96/97.
La circunstancia de que las actividades escolares del curso actual no
finalizaban hasta el 30 de junio, ha condicionado el que las obras sólo
se pudieran iniciar después de esa fecha, procurando así la no
coincidencia de los escolares con ellas. Los trámites previos,
licitación, solicitud de licencias de obras ante los respectivos
Ayuntamientos en los que se encuentran ubicados los centros objeto de
remodelación, se han venido realizando a lo largo del último trimestre
del curso 95/96.
La estructura territorial de Salamanca, con su elevado número de
Municipios, exige un elevado número de actuaciones en los centros
escolares, tanto en niveles de Infantil, de Primaria, Secundaria, y
Bachillerato, como en los de Enseñanzas de Adultos, Artísticas o
Musicales con dedicación de importantes recursos que el Gobierno
Socialista supo destinar a tan nobles necesidades, garantía material del
principio de igualdad de oportunidades.
El actual Gobierno de derechas, con una menor atención y preocupación por
los centros públicos de enseñanza, ha aprobado un recorte presupuestario
de 200.000 millones de pesetas, entre los que se encuentran inversiones
relacionadas con el Ministerio de Educación que no ha especificado. Es
lógico que surja inmediatamente la duda de a qué inversiones afectará y,
si entre ellas, se encontrarán las previstas para la Provincia de
Salamanca.
Es por ello que formulo las siguientes preguntas:
En el Municipio de Guijuelo estaban previstas las siguientes inversiones
para el ejercicio de 1996:
Secundaria: Vía de la Plata: 24 millones de pesetas.
¿Puede indicarme el Gobierno su previsión respecto a todos y cada uno de
estos proyectos? ¿Se respetarán las cantidades previstas o se verán
afectadas por el recorte? ¿En qué situación se encuentran, plazos de
ejecución y finalización de las mismas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de julio de 1996.--Jesús
Caldera Sánchez-Capitán, Diputado y Portavoz sustituto primero del Grupo
Parlamentario Socialista.
184/001202
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Jesús Caldera Sánchez-Capitán, Diputado por Salamanca, perteneciente al
Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las
siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
Pregunta al Gobierno relativa a las inversiones del Ministerio de
Educación y Cultura en la provincia de Salamanca
Motivación
La Dirección Provincial del Ministerio de Educación y Cultura de
Salamanca, con el objetivo de adecuar los centros públicos de educación
en sus diferentes niveles a las condiciones señaladas en el Real Decreto
1004/91, de 14 de junio, «Requisitos mínimos de los Centros Docentes no
Universitarios en los que se impartan enseñanzas de régimen general», ha
venido programando, dentro de los créditos autorizados en el Presupuesto
de Inversiones del hoy Ministerio de Educación y Cultura, una serie de
inversiones a lo largo de estos años. Dado que el curso 96/97 se
generalizaba, según el calendario de implantación, la entrada en
funcionamiento del Primer Ciclo de la ESO, era necesario el que las obras
de adaptación de los centros estuvieran finalizadas al comienzo del curso
96/97.
La circunstancia de que las actividades escolares del curso actual no
finalizaban hasta el 30 de junio, ha condicionado el que las obras sólo
se pudieran iniciar después de esa fecha, procurando así la no
coincidencia de los escolares con ellas. Los trámites previos,
licitación, solicitud de licencias de obras ante los respectivos
Ayuntamientos en los que se encuentran ubicados los centros objeto de
remodelación, se han venido realizando a lo largo del último trimestre
del curso 95/96.
La estructura territorial de Salamanca, con su elevado número de
Municipios, exige un elevado número de actuaciones en los centros
escolares, tanto en niveles de Infantil, de Primaria, Secundaria, y
Bachillerato, como en los de Enseñanzas de Adultos, Artísticas o
Musicales con dedicación de importantes recursos que el Gobierno
Socialista supo destinar a tan nobles necesidades, garantía material del
principio de igualdad de oportunidades.
El actual Gobierno de derechas, con una menor atención y preocupación por
los centros públicos de enseñanza, ha aprobado un recorte presupuestario
de 200.000 millones de pesetas, entre los que se encuentran inversiones
relacionadas con el Ministerio de Educación que no ha especificado. Es
lógico que surja inmediatamente la duda de a qué inversiones afectará y,
si entre ellas, se encontrarán las previstas para la Provincia de
Salamanca.
Es por ello que formulo las siguientes preguntas:
En el Municipio de La Fuente de San Esteban estaban previstas las
siguientes inversiones para el ejercicio de 1996:
Secundaria: 85 millones de pesetas.
Infantil y Primaria: 4 millones de pesetas.
¿Puede indicarme el Gobierno su previsión respecto a todos y cada uno de
estos proyectos? ¿Se respetarán las cantidades previstas o se verán
afectadas por el recorte? ¿En qué situación se encuentran, plazos de
ejecución y finalización de las mismas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de julio de 1996.--Jesús
Caldera Sánchez-Capitán, Diputado y Portavoz sustituto primero del Grupo
Parlamentario Socialista.
184/001203
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Jesús Caldera Sánchez-Capitán, Diputado por Salamanca, perteneciente al
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido
en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean
contestadas por escrito.
Pregunta al Gobierno relativa a las inversiones del Ministerio de
Educación y Cultura en la provincia de Salamanca
Motivación
La Dirección Provincial del Ministerio de Educación y Cultura de
Salamanca, con el objetivo de adecuar los centros públicos de educación
en sus diferentes niveles a las condiciones señaladas en el Real Decreto
1004/91, de 14 de junio, «Requisitos mínimos de los Centros Docentes no
Universitarios en los que se impartan enseñanzas de régimen general», ha
venido programando, dentro de los créditos autorizados en el Presupuesto
de Inversiones del hoy Ministerio de Educación y Cultura, una serie de
inversiones a lo largo de estos años. Dado que el curso 96/97 se
generalizaba, según el calendario de implantación, la entrada en
funcionamiento del Primer Ciclo de la ESO, era necesario el que las obras
de adaptación de los centros estuvieran finalizadas al comienzo del curso
96/97.
La circunstancia de que las actividades escolares del curso actual no
finalizaban hasta el 30 de junio, ha condicionado el que las obras sólo
se pudieran iniciar después de esa fecha, procurando así la no
coincidencia de los escolares con ellas. Los trámites previos,
licitación, solicitud de licencias de obras ante los respectivos
Ayuntamientos en los que se encuentran ubicados los centros objeto de
remodelación, se han venido realizando a lo largo del último trimestre
del curso 95/96.
La estructura territorial de Salamanca, con su elevado número de
Municipios, exige un elevado número de actuaciones en los centros
escolares, tanto en niveles de Infantil, de Primaria, Secundaria, y
Bachillerato, como en los de Enseñanzas de Adultos, Artísticas o
Musicales con dedicación de importantes recursos que el Gobierno
Socialista
supo destinar a tan nobles necesidades, garantía material del principio
de igualdad de oportunidades.
El actual Gobierno de derechas, con una menor atención y preocupación por
los centros públicos de enseñanza, ha aprobado un recorte presupuestario
de 200.000 millones de pesetas, entre los que se encuentran inversiones
relacionadas con el Ministerio de Educación que no ha especificado. Es
lógico que surja inmediatamente la duda de a qué inversiones afectará y,
si entre ellas, se encontrarán las previstas para la Provincia de
Salamanca.
Es por ello que formulo las siguientes preguntas:
En el Municipio de Lumbrales estaban previstas las siguientes inversiones
para el ejercicio de 1996:
Secundaria: 47,7 millones de pesetas.
¿Puede indicarme el Gobierno su previsión respecto a todos y cada uno de
estos proyectos? ¿Se respetarán las cantidades previstas o se verán
afectadas por el recorte? ¿En qué situación se encuentran, plazos de
ejecución y finalización de las mismas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de julio de 1996.--Jesús
Caldera Sánchez-Capitán, Diputado y Portavoz sustituto primero del Grupo
Parlamentario Socialista.
184/001204
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Jesús Caldera Sánchez-Capitán, Diputado por Salamanca, perteneciente al
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido
en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean
contestadas por escrito.
Pregunta al Gobierno relativa a las inversiones del Ministerio de
Educación y Cultura en la provincia de Salamanca
Motivación
La Dirección Provincial del Ministerio de Educación y Cultura de
Salamanca, con el objetivo de adecuar los centros públicos de educación
en sus diferentes niveles a las condiciones señaladas en el Real Decreto
1004/91, de 14 de junio, «Requisitos mínimos de los Centros Docentes no
Universitarios en los que se impartan enseñanzas de régimen general», ha
venido programando, dentro de los créditos autorizados en el Presupuesto
de Inversiones del hoy Ministerio de Educación y Cultura, una serie de
inversiones a lo largo de estos años. Dado que el curso 96/97 se
generalizaba, según el calendario de implantación, la entrada en
funcionamiento del Primer Ciclo de la ESO, era necesario el que las obras
de adaptación de los centros estuvieran finalizadas al comienzo del curso
96/97.
La circunstancia de que las actividades escolares del curso actual no
finalizaban hasta el 30 de junio, ha condicionado el que las obras sólo
se pudieran iniciar después de esa fecha, procurando así la no
coincidencia de los escolares con ellas. Los trámites previos,
licitación, solicitud de licencias de obras ante los respectivos
Ayuntamientos en los que se encuentran ubicados los centros objeto de
remodelación, se han venido realizando a lo largo del último trimestre
del curso 95/96.
La estructura territorial de Salamanca, con su elevado número de
Municipios, exige un elevado número de actuaciones en los centros
escolares, tanto en niveles de Infantil, de Primaria, Secundaria, y
Bachillerato, como en los de Enseñanzas de Adultos, Artísticas o
Musicales con dedicación de importantes recursos que el Gobierno
Socialista supo destinar a tan nobles necesidades, garantía material del
principio de igualdad de oportunidades.
El actual Gobierno de derechas, con una menor atención y preocupación por
los centros públicos de enseñanza, ha aprobado un recorte presupuestario
de 200.000 millones de pesetas, entre los que se encuentran inversiones
relacionadas con el Ministerio de Educación que no ha especificado. Es
lógico que surja inmediatamente la duda de a qué inversiones afectará y,
si entre ellas, se encontrarán las previstas para la Provincia de
Salamanca.
Es por ello que formulo las siguientes preguntas:
En el Municipio de Vitigudino estaban previstas las siguientes
inversiones para el ejercicio de 1996:
Secundaria: residencia: 70 millones de pesetas.
¿Puede indicarme el Gobierno su previsión respecto a todos y cada uno de
estos proyectos? ¿Se respetarán las cantidades previstas o se verán
afectadas por el recorte? ¿En qué situación se encuentran, plazos de
ejecución y finalización de las mismas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de julio de 1996.--Jesús
Caldera Sánchez-Capitán, Diputado y Portavoz sustituto primero del Grupo
Parlamentario Socialista.
184/001205
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Jesús Caldera Sánchez-Capitán, Diputado por Salamanca, perteneciente al
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido
en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean
contestadas por escrito.
Pregunta al Gobierno relativa a las inversiones del Ministerio de
Educación y Cultura en la provincia de Salamanca.
Motivación
La Dirección Provincial del Ministerio de Educación y Cultura de
Salamanca, con el objetivo de adecuar los centros públicos de educación
en sus diferentes niveles a las condiciones señaladas en el Real Decreto
1004/91, de 14 de junio, «Requisitos mínimos de los Centros Docentes no
Universitarios en los que se impartan enseñanzas de régimen general», ha
venido programando, dentro de los créditos autorizados en el Presupuesto
de Inversiones del hoy Ministerio de Educación y Cultura, una serie de
inversiones a lo largo de estos años. Dado que el curso 96/97 se
generalizaba, según el calendario de implantación, la entrada en
funcionamiento del Primer Ciclo de la ESO, era necesario el que las obras
de adaptación de los centros estuvieran finalizadas al comienzo del curso
96/97.
La circunstancia de que las actividades escolares del curso actual no
finalizaban hasta el 30 de junio, ha condicionado el que las obras sólo
se pudieran iniciar después de esa fecha, procurando así la no
coincidencia de los escolares con ellas. Los trámites previos,
licitación, solicitud de licencias de obras ante los respectivos
Ayuntamientos en los que se encuentran ubicados los centros objeto de
remodelación, se han venido realizando a lo largo del último trimestre
del curso 95/96.
La estructura territorial de Salamanca, con su elevado número de
Municipios, exige un elevado número de actuaciones en los centros
escolares, tanto en niveles de Infantil, de Primaria, Secundaria, y
Bachillerato, como en los de Enseñanzas de Adultos, Artísticas o
Musicales con dedicación de importantes recursos que el Gobierno
Socialista supo destinar a tan nobles necesidades, garantía material del
principio de igualdad de oportunidades.
El actual Gobierno de derechas, con una menor atención y preocupación por
los centros públicos de enseñanza, ha aprobado un recorte presupuestario
de 200.000 millones de pesetas, entre los que se encuentran inversiones
relacionadas con el Ministerio de Educación que no ha especificado. Es
lógico que surja inmediatamente la duda de a qué inversiones afectará y,
si entre ellas, se encontrarán las previstas para la Provincia de
Salamanca.
Es por ello que formulo las siguientes preguntas:
Las inversiones previstas en 1996 en equipamiento de ciclos varios
ascendían a 45,28 millones de pesetas. ¿Piensa el Gobierno respetar esa
cantidad o se verá afectada por el recorte? ¿De qué modo en su caso?
¿Cuáles son las inversiones previstas con cargo a esta rúbrica, y sus
plazos de ejecución?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de julio de 1996.--Jesús
Caldera Sánchez-Capitán, Diputado y Portavoz sustituto primero del Grupo
Parlamentario Socialista.
184/001206
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Jesús Caldera Sánchez-Capitán, Diputado por Salamanca, perteneciente al
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido
en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean
contestadas por escrito.
Pregunta al Gobierno relativa a las inversiones del Ministerio de
Educación y Cultura en la provincia de Salamanca
Motivación
La Dirección Provincial del Ministerio de Educación y Cultura de
Salamanca, con el objetivo de adecuar los centros públicos de educación
en sus diferentes niveles a las condiciones señaladas en el Real Decreto
1004/91, de 14 de junio, «Requisitos mínimos de los Centros Docentes no
Universitarios en los que se impartan enseñanzas de régimen general», ha
venido programando, dentro de los créditos autorizados en el Presupuesto
de Inversiones del hoy Ministerio de Educación y Cultura, una serie de
inversiones a lo largo de estos años. Dado que el curso 96/97 se
generalizaba, según el calendario de implantación, la entrada en
funcionamiento del Primer Ciclo de la ESO, era necesario el que las obras
de adaptación de los centros estuvieran finalizadas al comienzo del curso
96/97.
La circunstancia de que las actividades escolares del curso actual no
finalizaban hasta el 30 de junio, ha condicionado el que las obras sólo
se pudieran iniciar después de esa fecha, procurando así la no
coincidencia de los escolares con ellas. Los trámites previos,
licitación, solicitud de licencias de obras ante los respectivos
Ayuntamientos en los que se encuentran ubicados los centros objeto de
remodelación, se han venido realizando a lo largo del último trimestre
del curso 95/96.
La estructura territorial de Salamanca, con su elevado número de
Municipios, exige un elevado número de actuaciones en los centros
escolares, tanto en niveles de Infantil, de Primaria, Secundaria, y
Bachillerato, como en los de Enseñanzas de Adultos, Artísticas o
Musicales con dedicación de importantes recursos que el Gobierno
Socialista supo destinar a tan nobles necesidades, garantía material del
principio de igualdad de oportunidades.
El actual Gobierno de derechas, con una menor atención y preocupación por
los centros públicos de enseñanza, ha aprobado un recorte presupuestario
de 200.000 millones de pesetas, entre los que se encuentran inversiones
relacionadas con el Ministerio de Educación que no ha especificado. Es
lógico que surja inmediatamente la duda de a qué inversiones afectará y,
si entre ellas, se encontrarán las previstas para la Provincia de
Salamanca.
Es por ello que formulo las siguientes preguntas:
En el Municipio de Aldealengua estaban previstas las siguientes
inversiones para el ejercicio de 1996:
Infantil: 10 millones de pesetas.
¿Puede indicarme el Gobierno su previsión respecto a todos y cada uno de
estos proyectos? ¿Se respetarán las cantidades previstas o se verán
afectadas por el recorte?
¿En qué situación se encuentran, plazos de ejecución y finalización de
las mismas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de julio de 1996.--Jesús
Caldera Sánchez-Capitán, Diputado y Portavoz sustituto primero del Grupo
Parlamentario Socialista.
184/001207
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Jesús Caldera Sánchez-Capitán, Diputado por Salamanca, perteneciente al
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido
en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean
contestadas por escrito.
Pregunta al Gobierno relativa a las inversiones del Ministerio de
Educación y Cultura en la provincia de Salamanca
Motivación
La Dirección Provincial del Ministerio de Educación y Cultura de
Salamanca, con el objetivo de adecuar los centros públicos de educación
en sus diferentes niveles a las condiciones señaladas en el Real Decreto
1004/91, de 14 de junio, «Requisitos mínimos de los Centros Docentes no
Universitarios en los que se impartan enseñanzas de régimen general», ha
venido programando, dentro de los créditos autorizados en el Presupuesto
de Inversiones del hoy Ministerio de Educación y Cultura, una serie de
inversiones a lo largo de estos años. Dado que el curso 96/97 se
generalizaba, según el calendario de implantación, la entrada en
funcionamiento del Primer Ciclo de la ESO, era necesario el que las obras
de adaptación de los centros estuvieran finalizadas al comienzo del curso
96/97.
La circunstancia de que las actividades escolares del curso actual no
finalizaban hasta el 30 de junio, ha condicionado el que las obras sólo
se pudieran iniciar después de esa fecha, procurando así la no
coincidencia de los escolares con ellas. Los trámites previos,
licitación, solicitud de licencias de obras ante los respectivos
Ayuntamientos en los que se encuentran ubicados los centros objeto de
remodelación, se han venido realizando a lo largo del último trimestre
del curso 95/96.
La estructura territorial de Salamanca, con su elevado número de
Municipios, exige un elevado número de actuaciones en los centros
escolares, tanto en niveles de Infantil, de Primaria, Secundaria, y
Bachillerato, como en los de Enseñanzas de Adultos, Artísticas o
Musicales con dedicación de importantes recursos que el Gobierno
Socialista supo destinar a tan nobles necesidades, garantía material del
principio de igualdad de oportunidades.
El actual Gobierno de derechas, con una menor atención y preocupación por
los centros públicos de enseñanza, ha aprobado un recorte presupuestario
de 200.000 millones de pesetas, entre los que se encuentran inversiones
relacionadas con el Ministerio de Educación que no ha especificado. Es
lógico que surja inmediatamente la duda de a qué inversiones afectará y,
si entre ellas, se encontrarán las previstas para la Provincia de
Salamanca.
Es por ello que formulo las siguientes preguntas:
En el Municipio de Aldearrubia estaban previstas las siguientes
inversiones para el ejercicio de 1996:
Infantil: 10 millones de pesetas.
¿Puede indicarme el Gobierno su previsión respecto a todos y cada uno de
estos proyectos? ¿Se respetarán las cantidades previstas o se verán
afectadas por el recorte? ¿En qué situación se encuentran, plazos de
ejecución y finalización de las mismas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de julio de 1996.--Jesús
Caldera Sánchez-Capitán, Diputado y Portavoz sustituto primero del Grupo
Parlamentario Socialista.
184/001208
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Jesús Caldera Sánchez-Capitán, Diputado por Salamanca, perteneciente al
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido
en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean
contestadas por escrito.
Pregunta al Gobierno relativa a las inversiones del Ministerio de
Educación y Cultura en la provincia de Salamanca
Motivación
La Dirección Provincial del Ministerio de Educación y Cultura de
Salamanca, con el objetivo de adecuar los centros públicos de educación
en sus diferentes niveles a las condiciones señaladas en el Real Decreto
1004/91, de 14 de junio, «Requisitos mínimos de los Centros Docentes no
Universitarios en los que se impartan enseñanzas de régimen general», ha
venido programando, dentro de los créditos autorizados en el Presupuesto
de Inversiones del hoy Ministerio de Educación y Cultura, una serie de
inversiones a lo largo de estos años. Dado que el curso 96/97 se
generalizaba, según el calendario de implantación, la entrada en
funcionamiento del Primer Ciclo de la ESO, era necesario el que las obras
de adaptación de los centros estuvieran finalizadas al comienzo del curso
96/97.
La circunstancia de que las actividades escolares del curso actual no
finalizaban hasta el 30 de junio, ha condicionado el que las obras sólo
se pudieran iniciar después de
esa fecha, procurando así la no coincidencia de los escolares con ellas.
Los trámites previos, licitación, solicitud de licencias de obras ante
los respectivos Ayuntamientos en los que se encuentran ubicados los
centros objeto de remodelación, se han venido realizando a lo largo del
último trimestre del curso 95/96.
La estructura territorial de Salamanca, con su elevado número de
Municipios, exige un elevado número de actuaciones en los centros
escolares, tanto en niveles de Infantil, de Primaria, Secundaria, y
Bachillerato, como en los de Enseñanzas de Adultos, Artísticas o
Musicales con dedicación de importantes recursos que el Gobierno
Socialista supo destinar a tan nobles necesidades, garantía material del
principio de igualdad de oportunidades.
El actual Gobierno de derechas, con una menor atención y preocupación por
los centros públicos de enseñanza, ha aprobado un recorte presupuestario
de 200.000 millones de pesetas, entre los que se encuentran inversiones
relacionadas con el Ministerio de Educación que no ha especificado. Es
lógico que surja inmediatamente la duda de a qué inversiones afectará y,
si entre ellas, se encontrarán las previstas para la Provincia de
Salamanca.
Es por ello que formulo las siguientes preguntas:
En el Municipio de Villamayor estaban previstas las siguientes
inversiones para el ejercicio de 1996:
Infantil: 10 millones de pesetas.
¿Puede indicarme el Gobierno su previsión respecto a todos y cada uno de
estos proyectos? ¿Se respetarán las cantidades previstas o se verán
afectadas por el recorte? ¿En qué situación se encuentran, plazos de
ejecución y finalización de las mismas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de julio de 1996.--Jesús
Caldera Sánchez-Capitán, Diputado y Portavoz sustituto primero del Grupo
Parlamentario Socialista.
184/001209
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Jesús Caldera Sánchez-Capitán, Diputado por Salamanca, perteneciente al
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido
en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean
contestadas por escrito.
Pregunta al Gobierno relativa a las inversiones del Ministerio de
Educación y Cultura en la provincia de Salamanca
Motivación
La Dirección Provincial del Ministerio de Educación y Cultura de
Salamanca, con el objetivo de adecuar los centros públicos de educación
en sus diferentes niveles a las condiciones señaladas en el Real Decreto
1004/91, de 14 de junio, «Requisitos mínimos de los Centros Docentes no
Universitarios en los que se impartan enseñanzas de régimen general», ha
venido programando, dentro de los créditos autorizados en el Presupuesto
de Inversiones del hoy Ministerio de Educación y Cultura, una serie de
inversiones a lo largo de estos años. Dado que el curso 96/97 se
generalizaba, según el calendario de implantación, la entrada en
funcionamiento del Primer Ciclo de la ESO, era necesario el que las obras
de adaptación de los centros estuvieran finalizadas al comienzo del curso
96/97.
La circunstancia de que las actividades escolares del curso actual no
finalizaban hasta el 30 de junio, ha condicionado el que las obras sólo
se pudieran iniciar después de esa fecha, procurando así la no
coincidencia de los escolares con ellas. Los trámites previos,
licitación, solicitud de licencias de obras ante los respectivos
Ayuntamientos en los que se encuentran ubicados los centros objeto de
remodelación, se han venido realizando a lo largo del último trimestre
del curso 95/96.
La estructura territorial de Salamanca, con su elevado número de
Municipios, exige un elevado número de actuaciones en los centros
escolares, tanto en niveles de Infantil, de Primaria, Secundaria, y
Bachillerato, como en los de Enseñanzas de Adultos, Artísticas o
Musicales con dedicación de importantes recursos que el Gobierno
Socialista supo destinar a tan nobles necesidades, garantía material del
principio de igualdad de oportunidades.
El actual Gobierno de derechas, con una menor atención y preocupación por
los centros públicos de enseñanza, ha aprobado un recorte presupuestario
de 200.000 millones de pesetas, entre los que se encuentran inversiones
relacionadas con el Ministerio de Educación que no ha especificado. Es
lógico que surja inmediatamente la duda de a qué inversiones afectará y,
si entre ellas, se encontrarán las previstas para la Provincia de
Salamanca.
Es por ello que formulo las siguientes preguntas:
En el Municipio de Encinas de Abajo estaban previstas las siguientes
inversiones para el ejercicio de 1996:
Infantil: 1,159 millones de pesetas.
¿Puede indicarme el Gobierno su previsión respecto a todos y cada uno de
estos proyectos? ¿Se respetarán las cantidades previstas o se verán
afectadas por el recorte? ¿En qué situación se encuentran, plazos de
ejecución y finalización de las mismas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de julio de 1996.--Jesús
Caldera Sánchez-Capitán, Diputado y Portavoz sustituto primero del Grupo
Parlamentario Socialista.
184/001210
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Jesús Caldera Sánchez-Capitán, Diputado por Salamanca, perteneciente al
Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las
siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
Pregunta al Gobierno relativa a las inversiones del Ministerio de
Educación y Cultura en la provincia de Salamanca
Motivación
La Dirección Provincial del Ministerio de Educación y Cultura de
Salamanca, con el objetivo de adecuar los centros públicos de educación
en sus diferentes niveles a las condiciones señaladas en el Real Decreto
1004/91, de 14 de junio, «Requisitos mínimos de los Centros Docentes no
Universitarios en los que se impartan enseñanzas de régimen general», ha
venido programando, dentro de los crédit os autorizados en el Presupuesto
de Inversiones del hoy Ministerio de Educación y Cultura, una serie de
inversiones a lo largo de estos años. Dado que el curso 96/97 se
generalizaba, según el calendario de implantación, la entrada en
funcionamiento del Primer Ciclo de la ESO, era necesario el que las obras
de adaptación de los centros estuvieran finalizadas al comienzo del curso
96/97.
La circunstancia de que las actividades escolares del curso actual no
finalizaban hasta el 30 de junio, ha condicionado el que las obras sólo
se pudieran iniciar después de esa fecha, procurando así la no
coincidencia de los escolares con ellas. Los trámites previos,
licitación, solicitud de licencias de obras ante los respectivos
Ayuntamientos en los que se encuentran ubicados los centros objeto de
remodelación, se han venido realizando a lo largo del último trimestre
del curso 95/96.
La estructura territorial de Salamanca, con su elevado número de
Municipios, exige un elevado número de actuaciones en los centros
escolares, tanto en niveles de Infantil, de Primaria, Secundaria, y
Bachillerato, como en los de Enseñanzas de Adultos, Artísticas o
Musicales con dedicación de importantes recursos que el Gobierno
Socialista supo destinar a tan nobles necesidades, garantía material del
principio de igualdad de oportunidades.
El actual Gobierno de derechas, con una menor atención y preocupación por
los centros públicos de enseñanza, ha aprobado un recorte presupuestario
de 200.000 millones de pesetas, entre los que se encuentran inversiones
relacionadas con el Ministerio de Educación que no ha especificado. Es
lógico que surja inmediatamente la duda de a qué inversiones afectará y,
si entre ellas, se encontrarán las previstas para la Provincia de
Salamanca.
Es por ello que formulo las siguientes preguntas:
Entre las inversiones previstas por Educación en la provincia de
Salamanca, figuraban para 1996, en concepto de Mobiliario, 13 millones,
Equipamiento, 1,4 millones y Educación Especial 0,458 millones, todo ello
en Educación Infantil.
¿Tiene el Gobierno previsto mantener dichas inversiones? ¿Se verán
afectadas por el recorte presupuestario? ¿Qué plazos de ejecución y en
qué centros se van a desarrollar?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de julio de 1996.--Jesús
Caldera Sánchez-Capitán, Diputado y Portavoz sustituto primero del Grupo
Parlamentario Socialista.
184/001211
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Jesús Caldera Sánchez-Capitán, Diputado por Salamanca, perteneciente al
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido
en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean
contestadas por escrito.
Pregunta al Gobierno relativa a las inversiones del Ministerio de
Educación y Cultura en la provincia de Salamanca
Motivación
La Dirección Provincial del Ministerio de Educación y Cultura de
Salamanca, con el objetivo de adecuar los centros públicos de educación
en sus diferentes niveles a las condiciones señaladas en el Real Decreto
1004/91, de 14 de junio, «Requisitos mínimos de los Centros Docentes no
Universitarios en los que se impartan enseñanzas de régimen general», ha
venido programando, dentro de los créditos autorizados en el Presupuesto
de Inversiones del hoy Ministerio de Educación y Cultura, una serie de
inversiones a lo largo de estos años. Dado que el curso 96/97 se
generalizaba, según el calendario de implantación, la entrada en
funcionamiento del Primer Ciclo de la ESO, era necesario el que las obras
de adaptación de los centros estuvieran finalizadas al comienzo del curso
96/97.
La circunstancia de que las actividades escolares del curso actual no
finalizaban hasta el 30 de junio, ha condicionado el que las obras sólo
se pudieran iniciar después de esa fecha, procurando así la no
coincidencia de los escolares con ellas. Los trámites previos,
licitación, solicitud de licencias de obras ante los respectivos
Ayuntamientos en los que se encuentran ubicados los centros objeto de
remodelación, se han venido realizando a lo largo del último trimestre
del curso 95/96.
La estructura territorial de Salamanca, con su elevado número de
Municipios, exige un elevado número de actuaciones en los centros
escolares, tanto en niveles de Infantil, de Primaria, Secundaria, y
Bachillerato, como en los de Enseñanzas de Adultos, Artísticas o
Musicales con dedicación de importantes recursos que el Gobierno
Socialista supo destinar a tan nobles necesidades, garantía material del
principio de igualdad de oportunidades.
El actual Gobierno de derechas, con una menor atención y preocupación por
los centros públicos de enseñanza,
ha aprobado un recorte presupuestario de 200.000 millones de pesetas,
entre los que se encuentran inversiones relacionadas con el Ministerio de
Educación que no ha especificado. Es lógico que surja inmediatamente la
duda de a qué inversiones afectará y, si entre ellas, se encontrarán las
previstas para la Provincia de Salamanca.
Es por ello que formulo las siguientes preguntas:
En el Municipio de Cabeza del Caballo estaban previstas las siguientes
inversiones para el ejercicio de 1996:
Infantil y Primaria: 0,8 millones de pesetas.
¿Puede indicarme el Gobierno su previsión respecto a todos y cada uno de
estos proyectos? ¿Se respetarán las cantidades previstas o se verán
afectadas por el recorte? ¿En qué situación se encuentran, plazos de
ejecución y finalización de las mismas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de julio de 1996.--Jesús
Caldera Sánchez-Capitán, Diputado y Portavoz sustituto primero del Grupo
Parlamentario Socialista.
184/001212
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Jesús Caldera Sánchez-Capitán, Diputado por Salamanca, perteneciente al
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido
en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean
contestadas por escrito.
Pregunta al Gobierno relativa a las inversiones del Ministerio de
Educación y Cultura en la provincia de Salamanca
Motivación
La Dirección Provincial del Ministerio de Educación y Cultura de
Salamanca, con el objetivo de adecuar los centros públicos de educación
en sus diferentes niveles a las condiciones señaladas en el Real Decreto
1004/91, de 14 de junio, «Requisitos mínimos de los Centros Docentes no
Universitarios en los que se impartan enseñanzas de régimen general», ha
venido programando, dentro de los créditos autorizados en el Presupuesto
de Inversiones del hoy Ministerio de Educación y Cultura, una serie de
inversiones a lo largo de estos años. Dado que el curso 96/97 se
generalizaba, según el calendario de implantación, la entrada en
funcionamiento del Primer Ciclo de la ESO, era necesario el que las obras
de adaptación de los centros estuvieran finalizadas al comienzo del curso
96/97.
La circunstancia de que las actividades escolares del curso actual no
finalizaban hasta el 30 de junio, ha condicionado el que las obras sólo
se pudieran iniciar después de esa fecha, procurando así la no
coincidencia de los escolares con ellas. Los trámites previos,
licitación, solicitud de licencias de obras ante los respectivos
Ayuntamientos en los que se encuentran ubicados los centros objeto de
remodelación, se han venido realizando a lo largo del último trimestre
del curso 95/96.
La estructura territorial de Salamanca, con su elevado número de
Municipios, exige un elevado número de actuaciones en los centros
escolares, tanto en niveles de Infantil, de Primaria, Secundaria, y
Bachillerato, como en los de Enseñanzas de Adultos, Artísticas o
Musicales con dedicación de importantes recursos que el Gobierno
Socialista supo destinar a tan nobles necesidades, garantía material del
principio de igualdad de oportunidades.
El actual Gobierno de derechas, con una menor atención y preocupación por
los centros públicos de enseñanza, ha aprobado un recorte presupuestario
de 200.000 millones de pesetas, entre los que se encuentran inversiones
relacionadas con el Ministerio de Educación que no ha especificado. Es
lógico que surja inmediatamente la duda de a qué inversiones afectará y,
si entre ellas, se encontrarán las previstas para la Provincia de
Salamanca.
Es por ello que formulo las siguientes preguntas:
En el Municipio de Cabrerizos estaban previstas las siguientes
inversiones para el ejercicio de 1996:
Infantil y Primaria: 5,5 millones de pesetas.
¿Puede indicarme el Gobierno su previsión respecto a todos y cada uno de
estos proyectos? ¿Se respetarán las cantidades previstas o se verán
afectadas por el recorte? ¿En qué situación se encuentran, plazos de
ejecución y finalización de las mismas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de julio de 1996.--Jesús
Caldera Sánchez-Capitán, Diputado y Portavoz sustituto primero del Grupo
Parlamentario Socialista.
184/001213
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Jesús Caldera Sánchez-Capitán, Diputado por Salamanca, perteneciente al
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido
en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean
contestadas por escrito.
Pregunta al Gobierno relativa a las inversiones del Ministerio de
Educación y Cultura en la provincia de Salamanca
Motivación
La Dirección Provincial del Ministerio de Educación y Cultura de
Salamanca, con el objetivo de adecuar los centros
públicos de educación en sus diferentes niveles a las condiciones
señaladas en el Real Decreto 1004/91, de 14 de junio, «Requisitos mínimos
de los Centros Docentes no Universitarios en los que se impartan
enseñanzas de régimen general», ha venido programando, dentro de los
créditos autorizados en el Presupuesto de Inversiones del hoy Ministerio
de Educación y Cultura, una serie de inversiones a lo largo de estos
años. Dado que el curso 96/97 se generalizaba, según el calendario de
implantación, la entrada en funcionamiento del Primer Ciclo de la ESO,
era necesario el que las obras de adaptación de los centros estuvieran
finalizadas al comienzo del curso 96/97.
La circunstancia de que las actividades escolares del curso actual no
finalizaban hasta el 30 de junio, ha condicionado el que las obras sólo
se pudieran iniciar después de esa fecha, procurando así la no
coincidencia de los escolares con ellas. Los trámites previos,
licitación, solicitud de licencias de obras ante los respectivos
Ayuntamientos en los que se encuentran ubicados los centros objeto de
remodelación, se han venido realizando a lo largo del último trimestre
del curso 95/96.
La estructura territorial de Salamanca, con su elevado número de
Municipios, exige un elevado número de actuaciones en los centros
escolares, tanto en niveles de Infantil, de Primaria, Secundaria, y
Bachillerato, como en los de Enseñanzas de Adultos, Artísticas o
Musicales con dedicación de importantes recursos que el Gobierno
Socialista supo destinar a tan nobles necesidades, garantía material del
principio de igualdad de oportunidades.
El actual Gobierno de derechas, con una menor atención y preocupación por
los centros públicos de enseñanza, ha aprobado un recorte presupuestario
de 200.000 millones de pesetas, entre los que se encuentran inversiones
relacionadas con el Ministerio de Educación que no ha especificado. Es
lógico que surja inmediatamente la duda de a qué inversiones afectará y,
si entre ellas, se encontrarán las previstas para la Provincia de
Salamanca.
Es por ello que formulo las siguientes preguntas:
En el Municipio de Calvarrasa de Abajo estaban previstas las siguientes
inversiones para el ejercicio de 1996:
Infantil y Primaria: 5 millones de pesetas.
¿Puede indicarme el Gobierno su previsión respecto a todos y cada uno de
estos proyectos? ¿Se respetarán las cantidades previstas o se verán
afectadas por el recorte? ¿En qué situación se encuentran, plazos de
ejecución y finalización de las mismas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de julio de 1996.--Jesús
Caldera Sánchez-Capitán, Diputado y Portavoz sustituto primero del Grupo
Parlamentario Socialista.
184/001214
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Jesús Caldera Sánchez-Capitán, Diputado por Salamanca, perteneciente al
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido
en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean
contestadas por escrito.
Pregunta al Gobierno relativa a las inversiones del Ministerio de
Educación y Cultura en la provincia de Salamanca
Motivación
La Dirección Provincial del Ministerio de Educación y Cultura de
Salamanca, con el objetivo de adecuar los centros públicos de educación
en sus diferentes niveles a las condiciones señaladas en el Real Decreto
1004/91, de 14 de junio, «Requisitos mínimos de los Centros Docentes no
Universitarios en los que se impartan enseñanzas de régimen general», ha
venido programando, dentro de los créditos autorizados en el Presupuesto
de Inversiones del hoy Ministerio de Educación y Cultura, una serie de
inversiones a lo largo de estos años. Dado que el curso 96/97 se
generalizaba, según el calendario de implantación, la entrada en
funcionamiento del Primer Ciclo de la ESO, era necesario el que las obras
de adaptación de los centros estuvieran finalizadas al comienzo del curso
96/97.
La circunstancia de que las actividades escolares del curso actual no
finalizaban hasta el 30 de junio, ha condicionado el que las obras sólo
se pudieran iniciar después de esa fecha, procurando así la no
coincidencia de los escolares con ellas. Los trámites previos,
licitación, solicitud de licencias de obras ante los respectivos
Ayuntamientos en los que se encuentran ubicados los centros objeto de
remodelación, se han venido realizando a lo largo del último trimestre
del curso 95/96.
La estructura territorial de Salamanca, con su elevado número de
Municipios, exige un elevado número de actuaciones en los centros
escolares, tanto en niveles de Infantil, de Primaria, Secundaria, y
Bachillerato, como en los de Enseñanzas de Adultos, Artísticas o
Musicales con dedicación de importantes recursos que el Gobierno
Socialista supo destinar a tan nobles necesidades, garantía material del
principio de igualdad de oportunidades.
El actual Gobierno de derechas, con una menor atención y preocupación por
los centros públicos de enseñanza, ha aprobado un recorte presupuestario
de 200.000 millones de pesetas, entre los que se encuentran inversiones
relacionadas con el Ministerio de Educación que no ha especificado. Es
lógico que surja inmediatamente la duda de a qué inversiones afectará y,
si entre ellas, se encontrarán las previstas para la Provincia de
Salamanca.
Es por ello que formulo las siguientes preguntas:
En el Municipio de Calzada de Valdunciel estaban previstas las siguientes
inversiones para el ejercicio de 1996:
Infantil y Primaria: 4,7 millones de pesetas.
¿Puede indicarme el Gobierno su previsión respecto a todos y cada uno de
estos proyectos? ¿Se respetarán las cantidades previstas o se verán
afectadas por el recorte?
¿En qué situación se encuentran, plazos de ejecución y finalización de
las mismas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de julio de 1996.--Jesús
Caldera Sánchez-Capitán, Diputado y Portavoz sustituto primero del Grupo
Parlamentario Socialista.
184/001215
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Jesús Caldera Sánchez-Capitán, Diputado por Salamanca, perteneciente al
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido
en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean
contestadas por escrito.
Pregunta al Gobierno relativa a las inversiones del Ministerio de
Educación y Cultura en la provincia de Salamanca
Motivación
La Dirección Provincial del Ministerio de Educación y Cultura de
Salamanca, con el objetivo de adecuar los centros públicos de educación
en sus diferentes niveles a las condiciones señaladas en el Real Decreto
1004/91, de 14 de junio, «Requisitos mínimos de los Centros Docentes no
Universitarios en los que se impartan enseñanzas de régimen general», ha
venido programando, dentro de los créditos autorizados en el Presupuesto
de Inversiones del hoy Ministerio de Educación y Cultura, una serie de
inversiones a lo largo de estos años. Dado que el curso 96/97 se
generalizaba, según el calendario de implantación, la entrada en
funcionamiento del Primer Ciclo de la ESO, era necesario el que las obras
de adaptación de los centros estuvieran finalizadas al comienzo del curso
96/97.
La circunstancia de que las actividades escolares del curso actual no
finalizaban hasta el 30 de junio, ha condicionado el que las obras sólo
se pudieran iniciar después de esa fecha, procurando así la no
coincidencia de los escolares con ellas. Los trámites previos,
licitación, solicitud de licencias de obras ante los respectivos
Ayuntamientos en los que se encuentran ubicados los centros objeto de
remodelación, se han venido realizando a lo largo del último trimestre
del curso 95/96.
La estructura territorial de Salamanca, con su elevado número de
Municipios, exige un elevado número de actuaciones en los centros
escolares, tanto en niveles de Infantil, de Primaria, Secundaria, y
Bachillerato, como en los de Enseñanzas de Adultos, Artísticas o
Musicales con dedicación de importantes recursos que el Gobierno
Socialista supo destinar a tan nobles necesidades, garantía material del
principio de igualdad de oportunidades.
El actual Gobierno de derechas, con una menor atención y preocupación por
los centros públicos de enseñanza, ha aprobado un recorte presupuestario
de 200.000 millones de pesetas, entre los que se encuentran inversiones
relacionadas con el Ministerio de Educación que no ha especificado. Es
lógico que surja inmediatamente la duda de a qué inversiones afectará y,
si entre ellas, se encontrarán las previstas para la Provincia de
Salamanca.
Es por ello que formulo las siguientes preguntas:
En el Municipio de Carbajosa de la Sagrada estaban previstas las
siguientes inversiones para el ejercicio de 1996:
Infantil y Primaria: 1,3 millones de pesetas.
¿Puede indicarme el Gobierno su previsión respecto a todos y cada uno de
estos proyectos? ¿Se respetarán las cantidades previstas o se verán
afectadas por el recorte? ¿En qué situación se encuentran, plazos de
ejecución y finalización de las mismas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de julio de 1996.--Jesús
Caldera Sánchez-Capitán, Diputado y Portavoz sustituto primero del Grupo
Parlamentario Socialista.
184/001216
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Jesús Caldera Sánchez-Capitán, Diputado por Salamanca, perteneciente al
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido
en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean
contestadas por escrito.
Pregunta al Gobierno relativa a las inversiones del Ministerio de
Educación y Cultura en la provincia de Salamanca
Motivación
La Dirección Provincial del Ministerio de Educación y Cultura de
Salamanca, con el objetivo de adecuar los centros públicos de educación
en sus diferentes niveles a las condiciones señaladas en el Real Decreto
1004/91, de 14 de junio, «Requisitos mínimos de los Centros Docentes no
Universitarios en los que se impartan enseñanzas de régimen general», ha
venido programando, dentro de los créditos autorizados en el Presupuesto
de Inversiones del hoy Ministerio de Educación y Cultura, una serie de
inversiones a lo largo de estos años. Dado que el curso 96/97 se
generalizaba, según el calendario de implantación, la entrada en
funcionamiento del Primer Ciclo de la ESO, era necesario el que las obras
de adaptación de los centros estuvieran finalizadas al comienzo del curso
96/97.
La circunstancia de que las actividades escolares del curso actual no
finalizaban hasta el 30 de junio, ha condicionado el que las obras sólo
se pudieran iniciar después de
esa fecha, procurando así la no coincidencia de los escolares con ellas.
Los trámites previos, licitación, solicitud de licencias de obras ante
los respectivos Ayuntamientos en los que se encuentran ubicados los
centros objeto de remodelación, se han venido realizando a lo largo del
último trimestre del curso 95/96.
La estructura territorial de Salamanca, con su elevado número de
Municipios, exige un elevado número de actuaciones en los centros
escolares, tanto en niveles de Infantil, de Primaria, Secundaria, y
Bachillerato, como en los de Enseñanzas de Adultos, Artísticas o
Musicales con dedicación de importantes recursos que el Gobierno
Socialista supo destinar a tan nobles necesidades, garantía material del
principio de igualdad de oportunidades.
El actual Gobierno de derechas, con una menor atención y preocupación por
los centros públicos de enseñanza, ha aprobado un recorte presupuestario
de 200.000 millones de pesetas, entre los que se encuentran inversiones
relacionadas con el Ministerio de Educación que no ha especificado. Es
lógico que surja inmediatamente la duda de a qué inversiones afectará y,
si entre ellas, se encontrarán las previstas para la Provincia de
Salamanca.
Es por ello que formulo las siguientes preguntas:
En el Municipio de Fuenteguinaldo estaban previstas las siguientes
inversiones para el ejercicio de 1996:
Infantil y Primaria: 6 millones de pesetas.
¿Puede indicarme el Gobierno su previsión respecto a todos y cada uno de
estos proyectos? ¿Se respetarán las cantidades previstas o se verán
afectadas por el recorte? ¿En qué situación se encuentran, plazos de
ejecución y finalización de las mismas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de julio de 1996.--Jesús
Caldera Sánchez-Capitán, Diputado y Portavoz sustituto primero del Grupo
Parlamentario Socialista.
184/001217
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Jesús Caldera Sánchez-Capitán, Diputado por Salamanca, perteneciente al
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido
en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean
contestadas por escrito.
Pregunta al Gobierno relativa a las inversiones del Ministerio de
Educación y Cultura en la provincia de Salamanca
Motivación
La Dirección Provincial del Ministerio de Educación y Cultura de
Salamanca, con el objetivo de adecuar los centros públicos de educación
en sus diferentes niveles a las condiciones señaladas en el Real Decreto
1004/91, de 14 de junio, «Requisitos mínimos de los Centros Docentes no
Universitarios en los que se impartan enseñanzas de régimen general», ha
venido programando, dentro de los créditos autorizados en el Presupuesto
de Inversiones del hoy Ministerio de Educación y Cultura, una serie de
inversiones a lo largo de estos años. Dado que el curso 96/97 se
generalizaba, según el calendario de implantación, la entrada en
funcionamiento del Primer Ciclo de la ESO, era necesario el que las obras
de adaptación de los centros estuvieran finalizadas al comienzo del curso
96/97.
La circunstancia de que las actividades escolares del curso actual no
finalizaban hasta el 30 de junio, ha condicionado el que las obras sólo
se pudieran iniciar después de esa fecha, procurando así la no
coincidencia de los escolares con ellas. Los trámites previos,
licitación, solicitud de licencias de obras ante los respectivos
Ayuntamientos en los que se encuentran ubicados los centros objeto de
remodelación, se han venido realizando a lo largo del último trimestre
del curso 95/96.
La estructura territorial de Salamanca, con su elevado número de
Municipios, exige un elevado número de actuaciones en los centros
escolares, tanto en niveles de Infantil, de Primaria, Secundaria, y
Bachillerato, como en los de Enseñanzas de Adultos, Artísticas o
Musicales con dedicación de importantes recursos que el Gobierno
Socialista supo destinar a tan nobles necesidades, garantía material del
principio de igualdad de oportunidades.
El actual Gobierno de derechas, con una menor atención y preocupación por
los centros públicos de enseñanza, ha aprobado un recorte presupuestario
de 200.000 millones de pesetas, entre los que se encuentran inversiones
relacionadas con el Ministerio de Educación que no ha especificado. Es
lógico que surja inmediatamente la duda de a qué inversiones afectará y,
si entre ellas, se encontrarán las previstas para la Provincia de
Salamanca.
Es por ello que formulo las siguientes preguntas:
En el Municipio de Lagunilla estaban previstas las siguientes inversiones
para el ejercicio de 1996:
Infantil y Primaria: 3,1 millones de pesetas.
¿Puede indicarme el Gobierno su previsión respecto a todos y cada uno de
estos proyectos? ¿Se respetarán las cantidades previstas o se verán
afectadas por el recorte? ¿En qué situación se encuentran, plazos de
ejecución y finalización de las mismas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de julio de 1996.--Jesús
Caldera Sánchez-Capitán, Diputado y Portavoz sustituto primero del Grupo
Parlamentario Socialista.
184/001218
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Jesús Caldera Sánchez-Capitán, Diputado por Salamanca, perteneciente al
Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las
siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
Pregunta al Gobierno relativa a las inversiones del Ministerio de
Educación y Cultura en la provincia de Salamanca
Motivación
La Dirección Provincial del Ministerio de Educación y Cultura de
Salamanca, con el objetivo de adecuar los centros públicos de educación
en sus diferentes niveles a las condiciones señaladas en el Real Decreto
1004/91, de 14 de junio, «Requisitos mínimos de los Centros Docentes no
Universitarios en los que se impartan enseñanzas de régimen general», ha
venido programando, dentro de los créditos autorizados en el Presupuesto
de Inversiones del hoy Ministerio de Educación y Cultura, una serie de
inversiones a lo largo de estos años. Dado que el curso 96/97 se
generalizaba, según el calendario de implantación, la entrada en
funcionamiento del Primer Ciclo de la ESO, era necesario el que las obras
de adaptación de los centros estuvieran finalizadas al comienzo del curso
96/97.
La circunstancia de que las actividades escolares del curso actual no
finalizaban hasta el 30 de junio, ha condicionado el que las obras sólo
se pudieran iniciar después de esa fecha, procurando así la no
coincidencia de los escolares con ellas. Los trámites previos,
licitación, solicitud de licencias de obras ante los respectivos
Ayuntamientos en los que se encuentran ubicados los centros objeto de
remodelación, se han venido realizando a lo largo del último trimestre
del curso 95/96.
La estructura territorial de Salamanca, con su elevado número de
Municipios, exige un elevado número de actuaciones en los centros
escolares, tanto en niveles de Infantil, de Primaria, Secundaria, y
Bachillerato, como en los de Enseñanzas de Adultos, Artísticas o
Musicales con dedicación de importantes recursos que el Gobierno
Socialista supo destinar a tan nobles necesidades, garantía material del
principio de igualdad de oportunidades.
El actual Gobierno de derechas, con una menor atención y preocupación por
los centros públicos de enseñanza, ha aprobado un recorte presupuestario
de 200.000 millones de pesetas, entre los que se encuentran inversiones
relacionadas con el Ministerio de Educación que no ha especificado. Es
lógico que surja inmediatamente la duda de a qué inversiones afectará y,
si entre ellas, se encontrarán las previstas para la Provincia de
Salamanca.
Es por ello que formulo las siguientes preguntas:
En el Municipio de Morasverdes estaban previstas las siguientes
inversiones para el ejercicio de 1996:
Infantil y Primaria: 4 millones de pesetas.
¿Puede indicarme el Gobierno su previsión respecto a todos y cada uno de
estos proyectos? ¿Se respetarán las cantidades previstas o se verán
afectadas por el recorte? ¿En qué situación se encuentran, plazos de
ejecución y finalización de las mismas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de julio de 1996.--Jesús
Caldera Sánchez-Capitán, Diputado y Portavoz sustituto primero del Grupo
Parlamentario Socialista.
184/001219
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Jesús Caldera Sánchez-Capitán, Diputado por Salamanca, perteneciente al
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido
en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean
contestadas por escrito.
Pregunta al Gobierno relativa a las inversiones del Ministerio de
Educación y Cultura en la provincia de Salamanca
Motivación
La Dirección Provincial del Ministerio de Educación y Cultura de
Salamanca, con el objetivo de adecuar los centros públicos de educación
en sus diferentes niveles a las condiciones señaladas en el Real Decreto
1004/91, de 14 de junio, «Requisitos mínimos de los Centros Docentes no
Universitarios en los que se impartan enseñanzas de régimen general», ha
venido programando, dentro de los créditos autorizados en el Presupuesto
de Inversiones del hoy Ministerio de Educación y Cultura, una serie de
inversiones a lo largo de estos años. Dado que el curso 96/97 se
generalizaba, según el calendario de implantación, la entrada en
funcionamiento del Primer Ciclo de la ESO, era necesario el que las obras
de adaptación de los centros estuvieran finalizadas al comienzo del curso
96/97.
La circunstancia de que las actividades escolares del curso actual no
finalizaban hasta el 30 de junio, ha condicionado el que las obras sólo
se pudieran iniciar después de esa fecha, procurando así la no
coincidencia de los escolares con ellas. Los trámites previos,
licitación, solicitud de licencias de obras ante los respectivos
Ayuntamientos en los que se encuentran ubicados los centros objeto de
remodelación, se han venido realizando a lo largo del último trimestre
del curso 95/96.
La estructura territorial de Salamanca, con su elevado número de
Municipios, exige un elevado número de actuaciones en los centros
escolares, tanto en niveles de Infantil, de Primaria, Secundaria, y
Bachillerato, como en los de Enseñanzas de Adultos, Artísticas o
Musicales con dedicación de importantes recursos que el Gobierno
Socialista supo destinar a tan nobles necesidades, garantía material del
principio de igualdad de oportunidades.
El actual Gobierno de derechas, con una menor atención y preocupación por
los centros públicos de enseñanza,
ha aprobado un recorte presupuestario de 200.000 millones de pesetas,
entre los que se encuentran inversiones relacionadas con el Ministerio de
Educación que no ha especificado. Es lógico que surja inmediatamente la
duda de a qué inversiones afectará y, si entre ellas, se encontrarán las
previstas para la Provincia de Salamanca.
Es por ello que formulo las siguientes preguntas:
En el Municipio de Navasfrías estaban previstas las siguientes
inversiones para el ejercicio de 1996:
Infantil y Primaria: 3,1 millones de pesetas.
¿Puede indicarme el Gobierno su previsión respecto a todos y cada uno de
estos proyectos? ¿Se respetarán las cantidades previstas o se verán
afectadas por el recorte? ¿En qué situación se encuentran, plazos de
ejecución y finalización de las mismas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de julio de 1996.--Jesús
Caldera Sánchez-Capitán, Diputado y Portavoz sustituto primero del Grupo
Parlamentario Socialista.
184/001220
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Jesús Caldera Sánchez-Capitán, Diputado por Salamanca, perteneciente al
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido
en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean
contestadas por escrito.
Pregunta al Gobierno relativa a las inversiones del Ministerio de
Educación y Cultura en la provincia de Salamanca
Motivación
La Dirección Provincial del Ministerio de Educación y Cultura de
Salamanca, con el objetivo de adecuar los centros públicos de educación
en sus diferentes niveles a las condiciones señaladas en el Real Decreto
1004/91, de 14 de junio, «Requisitos mínimos de los Centros Docentes no
Universitarios en los que se impartan enseñanzas de régimen general», ha
venido programando, dentro de los créditos autorizados en el Presupuesto
de Inversiones del hoy Ministerio de Educación y Cultura, una serie de
inversiones a lo largo de estos años. Dado que el curso 96/97 se
generalizaba, según el calendario de implantación, la entrada en
funcionamiento del Primer Ciclo de la ESO, era necesario el que las obras
de adaptación de los centros estuvieran finalizadas al comienzo del curso
96/97.
La circunstancia de que las actividades escolares del curso actual no
finalizaban hasta el 30 de junio, ha condicionado el que las obras sólo
se pudieran iniciar después de esa fecha, procurando así la no
coincidencia de los escolares con ellas. Los trámites previos,
licitación, solicitud de licencias de obras ante los respectivos
Ayuntamientos en los que se encuentran ubicados los centros objeto de
remodelación, se han venido realizando a lo largo del último trimestre
del curso 95/96.
La estructura territorial de Salamanca, con su elevado número de
Municipios, exige un elevado número de actuaciones en los centros
escolares, tanto en niveles de Infantil, de Primaria, Secundaria, y
Bachillerato, como en los de Enseñanzas de Adultos, Artísticas o
Musicales con dedicación de importantes recursos que el Gobierno
Socialista supo destinar a tan nobles necesidades, garantía material del
principio de igualdad de oportunidades.
El actual Gobierno de derechas, con una menor atención y preocupación por
los centros públicos de enseñanza, ha aprobado un recorte presupuestario
de 200.000 millones de pesetas, entre los que se encuentran inversiones
relacionadas con el Ministerio de Educación que no ha especificado. Es
lógico que surja inmediatamente la duda de a qué inversiones afectará y,
si entre ellas, se encontrarán las previstas para la Provincia de
Salamanca.
Es por ello que formulo las siguientes preguntas:
En el Municipio de El Payo estaban previstas las siguientes inversiones
para el ejercicio de 1996:
Infantil y Primaria: 0,8 millones de pesetas.
¿Puede indicarme el Gobierno su previsión respecto a todos y cada uno de
estos proyectos? ¿Se respetarán las cantidades previstas o se verán
afectadas por el recorte? ¿En qué situación se encuentran, plazos de
ejecución y finalización de las mismas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de julio de 1996.--Jesús
Caldera Sánchez-Capitán, Diputado y Portavoz sustituto primero del Grupo
Parlamentario Socialista.
184/001221
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Jesús Caldera Sánchez-Capitán, Diputado por Salamanca, perteneciente al
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido
en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean
contestadas por escrito.
Pregunta al Gobierno relativa a las inversiones del Ministerio de
Educación y Cultura en la provincia de Salamanca
Motivación
La Dirección Provincial del Ministerio de Educación y Cultura de
Salamanca, con el objetivo de adecuar los centros
públicos de educación en sus diferentes niveles a las condiciones
señaladas en el Real Decreto 1004/91, de 14 de junio, «Requisitos mínimos
de los Centros Docentes no Universitarios en los que se impartan
enseñanzas de régimen general», ha venido programando, dentro de los
créditos autorizados en el Presupuesto de Inversiones del hoy Ministerio
de Educación y Cultura, una serie de inversiones a lo largo de estos
años. Dado que el curso 96/97 se generalizaba, según el calendario de
implantación, la entrada en funcionamiento del Primer Ciclo de la ESO,
era necesario el que las obras de adaptación de los centros estuvieran
finalizadas al comienzo del curso 96/97.
La circunstancia de que las actividades escolares del curso actual no
finalizaban hasta el 30 de junio, ha condicionado el que las obras sólo
se pudieran iniciar después de esa fecha, procurando así la no
coincidencia de los escolares con ellas. Los trámites previos,
licitación, solicitud de licencias de obras ante los respectivos
Ayuntamientos en los que se encuentran ubicados los centros objeto de
remodelación, se han venido realizando a lo largo del último trimestre
del curso 95/96.
La estructura territorial de Salamanca, con su elevado número de
Municipios, exige un elevado número de actuaciones en los centros
escolares, tanto en niveles de Infantil, de Primaria, Secundaria, y
Bachillerato, como en los de Enseñanzas de Adultos, Artísticas o
Musicales con dedicación de importantes recursos que el Gobierno
Socialista supo destinar a tan nobles necesidades, garantía material del
principio de igualdad de oportunidades.
El actual Gobierno de derechas, con una menor atención y preocupación por
los centros públicos de enseñanza, ha aprobado un recorte presupuestario
de 200.000 millones de pesetas, entre los que se encuentran inversiones
relacionadas con el Ministerio de Educación que no ha especificado. Es
lógico que surja inmediatamente la duda de a qué inversiones afectará y,
si entre ellas, se encontrarán las previstas para la Provincia de
Salamanca.
Es por ello que formulo las siguientes preguntas:
En el Municipio de Peñaparda estaban previstas las siguientes inversiones
para el ejercicio de 1996:
Infantil y Primaria: 0,65 millones de pesetas.
¿Puede indicarme el Gobierno su previsión respecto a todos y cada uno de
estos proyectos? ¿Se respetarán las cantidades previstas o se verán
afectadas por el recorte? ¿En qué situación se encuentran, plazos de
ejecución y finalización de las mismas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de julio de 1996.--Jesús
Caldera Sánchez-Capitán, Diputado y Portavoz sustituto primero del Grupo
Parlamentario Socialista.
184/001222
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Jesús Caldera Sánchez-Capitán, Diputado por Salamanca, perteneciente al
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido
en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean
contestadas por escrito.
Pregunta al Gobierno relativa a las inversiones del Ministerio de
Educación y Cultura en la provincia de Salamanca
Motivación
La Dirección Provincial del Ministerio de Educación y Cultura de
Salamanca, con el objetivo de adecuar los centros públicos de educación
en sus diferentes niveles a las condiciones señaladas en el Real Decreto
1004/91, de 14 de junio, «Requisitos mínimos de los Centros Docentes no
Universitarios en los que se impartan enseñanzas de régimen general», ha
venido programando, dentro de los créditos autorizados en el Presupuesto
de Inversiones del hoy Ministerio de Educación y Cultura, una serie de
inversiones a lo largo de estos años. Dado que el curso 96/97 se
generalizaba, según el calendario de implantación, la entrada en
funcionamiento del Primer Ciclo de la ESO, era necesario el que las obras
de adaptación de los centros estuvieran finalizadas al comienzo del curso
96/97.
La circunstancia de que las actividades escolares del curso actual no
finalizaban hasta el 30 de junio, ha condicionado el que las obras sólo
se pudieran iniciar después de esa fecha, procurando así la no
coincidencia de los escolares con ellas. Los trámites previos,
licitación, solicitud de licencias de obras ante los respectivos
Ayuntamientos en los que se encuentran ubicados los centros objeto de
remodelación, se han venido realizando a lo largo del último trimestre
del curso 95/96.
La estructura territorial de Salamanca, con su elevado número de
Municipios, exige un elevado número de actuaciones en los centros
escolares, tanto en niveles de Infantil, de Primaria, Secundaria, y
Bachillerato, como en los de Enseñanzas de Adultos, Artísticas o
Musicales con dedicación de importantes recursos que el Gobierno
Socialista supo destinar a tan nobles necesidades, garantía material del
principio de igualdad de oportunidades.
El actual Gobierno de derechas, con una menor atención y preocupación por
los centros públicos de enseñanza, ha aprobado un recorte presupuestario
de 200.000 millones de pesetas, entre los que se encuentran inversiones
relacionadas con el Ministerio de Educación que no ha especificado. Es
lógico que surja inmediatamente la duda de a qué inversiones afectará y,
si entre ellas, se encontrarán las previstas para la Provincia de
Salamanca.
Es por ello que formulo las siguientes preguntas:
En el Municipio de San Martín del Castañar estaban previstas las
siguientes inversiones para el ejercicio de 1996:
Infantil y Primaria: 1,25 millones de pesetas.
¿Puede indicarme el Gobierno su previsión respecto a todos y cada uno de
estos proyectos? ¿Se respetarán las
cantidades previstas o se verán afectadas por el recorte? ¿En qué
situación se encuentran, plazos de ejecución y finalización de las
mismas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de julio de 1996.--Jesús
Caldera Sánchez-Capitán, Diputado y Portavoz sustituto primero del Grupo
Parlamentario Socialista.
184/001223
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Jesús Caldera Sánchez-Capitán, Diputado por Salamanca, perteneciente al
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido
en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean
contestadas por escrito.
Pregunta al Gobierno relativa a las inversiones del Ministerio de
Educación y Cultura en la provincia de Salamanca
Motivación
La Dirección Provincial del Ministerio de Educación y Cultura de
Salamanca, con el objetivo de adecuar los centros públicos de educación
en sus diferentes niveles a las condiciones señaladas en el Real Decreto
1004/91, de 14 de junio, «Requisitos mínimos de los Centros Docentes no
Universitarios en los que se impartan enseñanzas de régimen general», ha
venido programando, dentro de los créditos autorizados en el Presupuesto
de Inversiones del hoy Ministerio de Educación y Cultura, una serie de
inversiones a lo largo de estos años. Dado que el curso 96/97 se
generalizaba, según el calendario de implantación, la entrada en
funcionamiento del Primer Ciclo de la ESO, era necesario el que las obras
de adaptación de los centros estuvieran finalizadas al comienzo del curso
96/97.
La circunstancia de que las actividades escolares del curso actual no
finalizaban hasta el 30 de junio, ha condicionado el que las obras sólo
se pudieran iniciar después de esa fecha, procurando así la no
coincidencia de los escolares con ellas. Los trámites previos,
licitación, solicitud de licencias de obras ante los respectivos
Ayuntamientos en los que se encuentran ubicados los centros objeto de
remodelación, se han venido realizando a lo largo del último trimestre
del curso 95/96.
La estructura territorial de Salamanca, con su elevado número de
Municipios, exige un elevado número de actuaciones en los centros
escolares, tanto en niveles de Infantil, de Primaria, Secundaria, y
Bachillerato, como en los de Enseñanzas de Adultos, Artísticas o
Musicales con dedicación de importantes recursos que el Gobierno
Socialista supo destinar a tan nobles necesidades, garantía material del
principio de igualdad de oportunidades.
El actual Gobierno de derechas, con una menor atención y preocupación por
los centros públicos de enseñanza, ha aprobado un recorte presupuestario
de 200.000 millones de pesetas, entre los que se encuentran inversiones
relacionadas con el Ministerio de Educación que no ha especificado. Es
lógico que surja inmediatamente la duda de a qué inversiones afectará y,
si entre ellas, se encontrarán las previstas para la Provincia de
Salamanca.
Es por ello que formulo las siguientes preguntas:
En el Municipio de San Miguel de Robledo estaban previstas las siguientes
inversiones para el ejercicio de 1996:
Infantil y Primaria: 0,5 millones de pesetas.
¿Puede indicarme el Gobierno su previsión respecto a todos y cada uno de
estos proyectos? ¿Se respetarán las cantidades previstas o se verán
afectadas por el recorte? ¿En qué situación se encuentran, plazos de
ejecución y finalización de las mismas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de julio de 1996.--Jesús
Caldera Sánchez-Capitán, Diputado y Portavoz sustituto primero del Grupo
Parlamentario Socialista.
184/001224
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Jesús Caldera Sánchez-Capitán, Diputado por Salamanca, perteneciente al
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido
en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean
contestadas por escrito.
Pregunta al Gobierno relativa a las inversiones del Ministerio de
Educación y Cultura en la provincia de Salamanca
Motivación
La Dirección Provincial del Ministerio de Educación y Cultura de
Salamanca, con el objetivo de adecuar los centros públicos de educación
en sus diferentes niveles a las condiciones señaladas en el Real Decreto
1004/91, de 14 de junio, «Requisitos mínimos de los Centros Docentes no
Universitarios en los que se impartan enseñanzas de régimen general», ha
venido programando, dentro de los créditos autorizados en el Presupuesto
de Inversiones del hoy Ministerio de Educación y Cultura, una serie de
inversiones a lo largo de estos años. Dado que el curso 96/97 se
generalizaba, según el calendario de implantación, la entrada en
funcionamiento del Primer Ciclo de la ESO, era necesario el que las obras
de adaptación de los centros estuvieran finalizadas al comienzo del curso
96/97.
La circunstancia de que las actividades escolares del curso actual no
finalizaban hasta el 30 de junio, ha condicionado el que las obras sólo
se pudieran iniciar después de esa fecha, procurando así la no
coincidencia de los escolares con ellas. Los trámites previos,
licitación, solicitud de licencias de obras ante los respectivos
Ayuntamientos en los que se encuentran ubicados los centros objeto de
remodelación, se han venido realizando a lo largo del último trimestre
del curso 95/96.
La estructura territorial de Salamanca, con su elevado número de
Municipios, exige un elevado número de actuaciones en los centros
escolares, tanto en niveles de Infantil, de Primaria, Secundaria, y
Bachillerato, como en los de Enseñanzas de Adultos, Artísticas o
Musicales con dedicación de importantes recursos que el Gobierno
Socialista supo destinar a tan nobles necesidades, garantía material del
principio de igualdad de oportunidades.
El actual Gobierno de derechas, con una menor atención y preocupación por
los centros públicos de enseñanza, ha aprobado un recorte presupuestario
de 200.000 millones de pesetas, entre los que se encuentran inversiones
relacionadas con el Ministerio de Educación que no ha especificado. Es
lógico que surja inmediatamente la duda de a qué inversiones afectará y,
si entre ellas, se encontrarán las previstas para la Provincia de
Salamanca.
Es por ello que formulo las siguientes preguntas:
En el Municipio de San Miguel de Valero estaban previstas las siguientes
inversiones para el ejercicio de 1996:
Infantil y Primaria: 1,5 millones de pesetas.
¿Puede indicarme el Gobierno su previsión respecto a todos y cada uno de
estos proyectos? ¿Se respetarán las cantidades previstas o se verán
afectadas por el recorte? ¿En qué situación se encuentran, plazos de
ejecución y finalización de las mismas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de julio de 1996.--Jesús
Caldera Sánchez-Capitán, Diputado y Portavoz sustituto primero del Grupo
Parlamentario Socialista.
184/001225
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Jesús Caldera Sánchez-Capitán, Diputado por Salamanca, perteneciente al
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido
en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean
contestadas por escrito.
Pregunta al Gobierno relativa a las inversiones del Ministerio de
Educación y Cultura en la provincia de Salamanca
Motivación
La Dirección Provincial del Ministerio de Educación y Cultura de
Salamanca, con el objetivo de adecuar los centros públicos de educación
en sus diferentes niveles a las condiciones señaladas en el Real Decreto
1004/91, de 14 de junio, «Requisitos mínimos de los Centros Docentes no
Universitarios en los que se impartan enseñanzas de régimen general», ha
venido programando, dentro de los créditos autorizados en el Presupuesto
de Inversiones del hoy Ministerio de Educación y Cultura, una serie de
inversiones a lo largo de estos años. Dado que el curso 96/97 se
generalizaba, según el calendario de implantación, la entrada en
funcionamiento del Primer Ciclo de la ESO, era necesario el que las obras
de adaptación de los centros estuvieran finalizadas al comienzo del curso
96/97.
La circunstancia de que las actividades escolares del curso actual no
finalizaban hasta el 30 de junio, ha condicionado el que las obras sólo
se pudieran iniciar después de esa fecha, procurando así la no
coincidencia de los escolares con ellas. Los trámites previos,
licitación, solicitud de licencias de obras ante los respectivos
Ayuntamientos en los que se encuentran ubicados los centros objeto de
remodelación, se han venido realizando a lo largo del último trimestre
del curso 95/96.
La estructura territorial de Salamanca, con su elevado número de
Municipios, exige un elevado número de actuaciones en los centros
escolares, tanto en niveles de Infantil, de Primaria, Secundaria, y
Bachillerato, como en los de Enseñanzas de Adultos, Artísticas o
Musicales con dedicación de importantes recursos que el Gobierno
Socialista supo destinar a tan nobles necesidades, garantía material del
principio de igualdad de oportunidades.
El actual Gobierno de derechas, con una menor atención y preocupación por
los centros públicos de enseñanza, ha aprobado un recorte presupuestario
de 200.000 millones de pesetas, entre los que se encuentran inversiones
relacionadas con el Ministerio de Educación que no ha especificado. Es
lógico que surja inmediatamente la duda de a qué inversiones afectará y,
si entre ellas, se encontrarán las previstas para la Provincia de
Salamanca.
Es por ello que formulo las siguientes preguntas:
En el Municipio de Sequeros estaban previstas las siguientes inversiones
para el ejercicio de 1996:
Infantil y Primaria: 0,8 millones de pesetas.
¿Puede indicarme el Gobierno su previsión respecto a todos y cada uno de
estos proyectos? ¿Se respetarán las cantidades previstas o se verán
afectadas por el recorte? ¿En qué situación se encuentran, plazos de
ejecución y finalización de las mismas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de julio de 1996.--Jesús
Caldera Sánchez-Capitán, Diputado y Portavoz sustituto primero del Grupo
Parlamentario Socialista.
184/001226
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Jesús Caldera Sánchez-Capitán, Diputado por Salamanca, perteneciente al
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido
en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean
contestadas por escrito.
Pregunta al Gobierno relativa a las inversiones del Ministerio de
Educación y Cultura en la provincia de Salamanca
Motivación
La Dirección Provincial del Ministerio de Educación y Cultura de
Salamanca, con el objetivo de adecuar los centros públicos de educación
en sus diferentes niveles a las condiciones señaladas en el Real Decreto
1004/91, de 14 de junio, «Requisitos mínimos de los Centros Docentes no
Universitarios en los que se impartan enseñanzas de régimen general», ha
venido programando, dentro de los créditos autorizados en el Presupuesto
de Inversiones del hoy Ministerio de Educación y Cultura, una serie de
inversiones a lo largo de estos años. Dado que el curso 96/97 se
generalizaba, según el calendario de implantación, la entrada en
funcionamiento del Primer Ciclo de la ESO, era necesario el que las obras
de adaptación de los centros estuvieran finalizadas al comienzo del curso
96/97.
La circunstancia de que las actividades escolares del curso actual no
finalizaban hasta el 30 de junio, ha condicionado el que las obras sólo
se pudieran iniciar después de esa fecha, procurando así la no
coincidencia de los escolares con ellas. Los trámites previos,
licitación, solicitud de licencias de obras ante los respectivos
Ayuntamientos en los que se encuentran ubicados los centros objeto de
remodelación, se han venido realizando a lo largo del último trimestre
del curso 95/96.
La estructura territorial de Salamanca, con su elevado número de
Municipios, exige un elevado número de actuaciones en los centros
escolares, tanto en niveles de Infantil, de Primaria, Secundaria, y
Bachillerato, como en los de Enseñanzas de Adultos, Artísticas o
Musicales con dedicación de importantes recursos que el Gobierno
Socialista supo destinar a tan nobles necesidades, garantía material del
principio de igualdad de oportunidades.
El actual Gobierno de derechas, con una menor atención y preocupación por
los centros públicos de enseñanza, ha aprobado un recorte presupuestario
de 200.000 millones de pesetas, entre los que se encuentran inversiones
relacionadas con el Ministerio de Educación que no ha especificado. Es
lógico que surja inmediatamente la duda de a qué inversiones afectará y,
si entre ellas, se encontrarán las previstas para la Provincia de
Salamanca.
Es por ello que formulo las siguientes preguntas:
En el Municipio de Topas estaban previstas las siguientes inversiones
para el ejercicio de 1996:
Infantil y Primaria: 1,5 millones de pesetas.
¿Puede indicarme el Gobierno su previsión respecto a todos y cada uno de
estos proyectos? ¿Se respetarán las cantidades previstas o se verán
afectadas por el recorte? ¿En qué situación se encuentran, plazos de
ejecución y finalización de las mismas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de julio de 1996.--Jesús
Caldera Sánchez-Capitán, Diputado y Portavoz sustituto primero del Grupo
Parlamentario Socialista.
184/001227
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Jesús Caldera Sánchez-Capitán, Diputado por Salamanca, perteneciente al
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido
en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean
contestadas por escrito.
Pregunta al Gobierno relativa a las inversiones del Ministerio de
Educación y Cultura en la provincia de Salamanca
Motivación
La Dirección Provincial del Ministerio de Educación y Cultura de
Salamanca, con el objetivo de adecuar los centros públicos de educación
en sus diferentes niveles a las condiciones señaladas en el Real Decreto
1004/91, de 14 de junio, «Requisitos mínimos de los Centros Docentes no
Universitarios en los que se impartan enseñanzas de régimen general», ha
venido programando, dentro de los créditos autorizados en el Presupuesto
de Inversiones del hoy Ministerio de Educación y Cultura, una serie de
inversiones a lo largo de estos años. Dado que el curso 96/97 se
generalizaba, según el calendario de implantación, la entrada en
funcionamiento del Primer Ciclo de la ESO, era necesario el que las obras
de adaptación de los centros estuvieran finalizadas al comienzo del curso
96/97.
La circunstancia de que las actividades escolares del curso actual no
finalizaban hasta el 30 de junio, ha condicionado el que las obras sólo
se pudieran iniciar después de esa fecha, procurando así la no
coincidencia de los escolares con ellas. Los trámites previos,
licitación, solicitud de licencias de obras ante los respectivos
Ayuntamientos en los que se encuentran ubicados los centros objeto de
remodelación, se han venido realizando a lo largo del último trimestre
del curso 95/96.
La estructura territorial de Salamanca, con su elevado número de
Municipios, exige un elevado número de actuaciones en los centros
escolares, tanto en niveles de Infantil, de Primaria, Secundaria, y
Bachillerato, como en los de Enseñanzas de Adultos, Artísticas o
Musicales con dedicación
de importantes recursos que el Gobierno Socialista supo destinar a tan
nobles necesidades, garantía material del principio de igualdad de
oportunidades.
El actual Gobierno de derechas, con una menor atención y preocupación por
los centros públicos de enseñanza, ha aprobado un recorte presupuestario
de 200.000 millones de pesetas, entre los que se encuentran inversiones
relacionadas con el Ministerio de Educación que no ha especificado. Es
lógico que surja inmediatamente la duda de a qué inversiones afectará y,
si entre ellas, se encontrarán las previstas para la Provincia de
Salamanca.
Es por ello que formulo las siguientes preguntas:
En el Municipio de Valdelacasa estaban previstas las siguientes
inversiones para el ejercicio de 1996:
Infantil y Primaria: 0,75 millones de pesetas.
¿Puede indicarme el Gobierno su previsión respecto a todos y cada uno de
estos proyectos? ¿Se respetarán las cantidades previstas o se verán
afectadas por el recorte? ¿En qué situación se encuentran, plazos de
ejecución y finalización de las mismas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de julio de 1996.--Jesús
Caldera Sánchez-Capitán, Diputado y Portavoz sustituto primero del Grupo
Parlamentario Socialista.
184/001228
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado del Bloque Nacionalista Galego e
integrado en el Grupo Mixto, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
del Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes preguntas para las
que solicita respuesta por escrito, relativas a emisiones de dióxido de
azufre por centrales térmicas.
A Coruña es la provincia del Estado que está más afectada por la lluvia
ácida. Genera el 33 % de las emisiones de azufre (700.000 toneladas), con
especial afectación de su población de árboles. Son datos de un estudio
realizado para la Diputación provincial por ADEGA (Asociación para la
Defensa Ecolóxica de Galicia). El origen de estas emisiones de dióxido de
azufre está principalmente en las centrales térmicas de Meirama y Endesa.
Como se sabe, es uno de los principales causantes de la lluvia ácida. Por
esto las especies frondosas autóctonas se han deteriorado de forma
alarmante el año pasado.
Las emisiones son tan evidentes y excesivas que la propia Xunta de
Galicia aprobó una Ley para el cobro de una ecotasa a estas empresas
altamente contaminantes que, como el caso de Endesa, llegarán sólo a
reducir un 40 % de la contaminación en las emisiones, después de la
reforma progresiva de los cuatro sectores que conforman la empresa, para
poder utilizar en los procesos productivos carbón de bajo contenido de
azufre.
Por esto formulamos las siguientes preguntas al Ministerio de Medio
Ambiente:
¿Conoce el Ministerio de Medio Ambiente los datos sobre las emisiones de
dióxido de azufre, aportados por rigurosos estudios medioambientales, de
las centrales térmicas de Endesa en As Pontes y Meirama?
¿Considera suficiente el nivel de reducción de emisiones de dióxido de
azufre que alcanzarán estas empresas contaminantes en el año 2000?
¿Cuál es la posición ministerial en relación con el cobro de una ecotasa
a estas empresas por emisiones excesivas, que deterioran el bosque, de
forma inmediata, y el suelo y las especies, con más lentitud?
¿Piensa el Ministerio obligar a estas empresas a un mayor desembolso, en
relación con sus ganancias, para reducir la contaminación atmosférica?
¿Cuál es la situación de las centrales térmicas del Estado en cuanto a
emisiones de azufre en relación a las de otros de la U. E. en este
momento, y cuál será en el año 2000?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de julio de 1996.--Francisco
Rodríguez Sánchez.
184/001229
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María Sacramento Cánovas Montalbán, Diputada por Murcia, perteneciente al
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas
por escrito.
Motivación
El Pleno del Congreso de los Diputados ha convalidado el día 27 de junio
de 1996, el Real Decreto-Ley 11/1996 de ampliación del servicio
farmacéutico a la población. Al margen de la utilización del Decreto-Ley
sin tomar en consideración los requisitos que esta modalidad legislativa
precisa y, sobre todo, los límites que la Constitución impone para su
utilización, el Gobierno abusa en la presentación de esta iniciativa
acerca de sus pretendidas bondades liberalizadoras y la ampliación que
supondrá en cuanto al servicio farmacéutico a la población.
Extremos ellos tan discutibles como la urgente necesidad que se precisa
para legislar por Decreto-Ley o el debido respeto a las competencias de
las Comunidades Autónomas en la materia, en mi opinión vulneradas por lo
establecido en el Decreto-Ley como, por cierto, se puso de manifiesto a
lo largo del debate con la posición extremadamente crítica de los Grupos
nacionalistas representados en la Cámara.
Más grave aún resulta la ignorancia mostrada por el Gobierno acerca del
derecho a la salud que, como es sabido,
forma parte del conjunto de derechos, deberes y libertades de los
ciudadanos regulados en el Título I de la Constitución, y por ello
indisponibles para ser regulados a través de la técnica del Decreto-Ley.
Existe aún otro hecho claramente denunciable como es que el Decreto-Ley
fija un máximo de una farmacia por cada 2.800 ciudadanos y no el número
mínimo de farmacias por cada X ciudadanos, lo que vulnera la normativa en
materia farmacéutica, pues al Estado le competen facultades de
coordinación y de legislación básica sobre mínimos y no sobre máximos.
Significa ello una clara manipulación de la realidad por parte del
Gobierno al presentar como liberalizadora una norma que de hecho es
restrictiva. Norma que sólo liberaliza, de verdad, los horarios de
farmacia y cuando ya los Tribunales han sentenciado en ese sentido.
Manipula la realidad actual, pues aun cuando es cierto que el número
mínimo de habitantes por farmacia en las zonas urbanas es de 4.000
personas, las amplias excepciones a la norma general sitúan el promedio
en alrededor de 2.000 personas por farmacia.
Se puede incluso considerar que el Gobierno realiza publicidad engañosa,
porque lejos de suponer esta ley la apertura de oficinas de farmacia, su
aplicación obligará a amortizar muchas de las oficinas de farmacia
existentes.
En fin, como en tantas otras materias en especial relacionadas con los
servicios, la fiscalidad y las normas con incidencia en la actividad
económica, el Gobierno legisla en favor de unos pocos y hurtando al
Parlamento su plena capacidad legislativa, sólo corregida por su ulterior
tramitación de los textos como proyectos de ley una vez que el Grupo
Parlamentario Socialista ha demostrado la clara contravención de la
Constitución de la mayoría de ellos. El Gobierno se pliega a la demanda
de los Colegios Farmacéuticos, al anunciar una Ley estatal más amplia y
reguladora del conjunto de la prestación farmacéutica, neutraliza a los
proyectos legislativos de CC. AA. que pretendían una liberalización casi
total como Navarra o una ordenación más flexible, como Castilla-La Mancha
y Extremadura y apuesta por privilegiar a los profesionales instalados
para indignación de quienes no pueden hacerlo una vez que comprueben que
la liberalización no existe.
Por todo ello, formulo las siguientes preguntas al Gobierno:
1.¿Cuántas oficinas de farmacia, tipología y población protegida existen
más concretamente en Murcia?
2.¿Cuántas de ellas, en Murcia, prevé el Gobierno que habrán de
amortizarse para adaptarse a las prescripciones del Decreto-Ley
convalidado con los votos del PP, CiU y PNV?
3.¿Cuántas oficinas de farmacia calcula el Gobierno que podrán abrirse en
Murcia, y en qué localidades tras la entrada en vigor de la nueva
normativa?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de julio de 1996.--María
Sacramento Cánovas Montalbán.
184/001230
A la Mesa del Congreso de los Diputados
José Blanco López, Diputado por Lugo, perteneciente al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas
por escrito.
Pregunta al Gobierno relativa «a presuntas irregularidades en el
funcionamiento de la Cruz Roja en la provincia de Lugo»
Motivación
Derivado de un informe, elaborado por la ex Secretaria Provincial de la
Cruz Roja en la provincia de Lugo, Ana María Fernández Santos, que obra
en la entidad, y del que se deducen presuntas irregularidades en el
funcionamiento de esta entidad en esta provincia, y teniendo en cuenta lo
previsto en el artículo 1.º del Real Decreto 415/1996 de 1 de marzo por
el que se establecen las normas de funcionamiento de la Cruz Roja
Española, que define a la entidad como «una institución humanitaria de
carácter voluntario y de interés público que desarrolla su actividad bajo
la protección del Estado a través del Ministerio de Asuntos Sociales...»,
es por lo que se formulan al Gobierno las siguientes preguntas:
¿Qué criterios se utilizaron para la selección y contratación de Ana
María Fernández Santos, como Secretaria Provincial de la Cruz Roja de
Lugo?
¿Cuáles han sido las razones para el cese, como Secretaria Provincial de
Cruz Roja Española en la provincia de Lugo, de Ana María Fernández
Santos?
¿En base a qué criterios se contrató el nuevo Secretario Provincial de la
Cruz Roja Española en la provincia de Lugo?
¿Cuál ha sido la razón de la presidencia para que, de acuerdo a lo
previsto en las normas de funcionamiento, se le negara a la secretaria la
firma mancomunada en las entidades bancarias, la apertura de alguna
correspondencia y la prohibición de tratar algunos asuntos laborales?
¿Cuál ha sido la razón para que se le negaran el control de las entidades
bancarias en las que Cruz Roja tiene sus cuentas, lo que hizo imposible
conocer los estados financieros, balance y cualquier tipo de
fiscalización?
¿Cuál es la razón para la falta de registro de entrada de
correspondencia?
¿Cuál es la razón para que, en relación al haber en mano a abonar a los
voluntarios en el año 1994, el certificado requerido por la Secretaría
General no fue firmado por el secretario como es preceptivo, sino por el
presidente, no constando la existencia de recibos que acrediten el
percibido de las cantidades por dichos voluntarios?
¿Tienen autorización los directivos de la Cruz Roja Española en la
provincia de Lugo para que, de acuerdo a lo previsto en el artículo 69.4
del R. G. O. C. R. que establece
que no se pueden tener intereses directamente, ni por persona
interpuesta, en una empresa que participe en la presentación de bienes o
de servicios a Cruz Roja en el ámbito de competencias del órgano del que
sean miembros y en los centros o dependencias de éste, puedan tener
relaciones comerciales con la entidad, para suministrar y reparar
material?
¿Cuál es el criterio que utiliza la entidad para que algunas personas,
que realizan la Prestación Social Sustitutoria en la entidad, realicen la
misma de acuerdo a lo establecido en el convenio suscrito con el
Ministerio de Justicia y otras estén prácticamente eximidas de su
realización, limitándose la misma a una presencia puntual cada cierto
tiempo?
¿Se ajustan las justificaciones del gasto a los programas de actividades
presentadas y a las subvenciones recibidas?
¿Cuál es la razón para que no esté constituida la Comisión para la
distribución de alimentos?
¿Se conoce el criterio que se utiliza para la distribución de alimentos?
¿Cuáles son los controles que se realizan, en la distribución de
alimentos, que algunos ayuntamientos, según denuncias públicas, efectúan
de forma arbitraria?
¿Se tiene previsto, en base a lo descrito en el informe realizado por la
ex Secretaria Provincial de la Cruz Roja Española en Lugo, abrir una
investigación y auditar sus cuentas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de julio de 1996.--José Blanco
López.
184/001231
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Alvaro Cuesta Martínez, Diputado por Asturias, perteneciente al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados,
presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por
escrito.
Motivación
El sábado día 6 de julio de 1996, tras la inauguración de la cumbre entre
los dos Gobiernos regionales de Asturias y Galicia, los respectivos
presidentes, Excmos. Sres. D. Manuel Fraga Iribarne y D. Sergio Marques,
decidieron efectuar una visita turística y de recreo al Palacio Selgas,
en Cudillero.
Para tal urgente e importantísima actividad institucional se organizó una
comitiva encabezada por la Guardia Civil y formada por otros cinco
vehículos más. Al mismo tiempo, dos agentes motorizados y varias unidades
móviles de la Guardia Civil esperaban a la comitiva en los cruces de
salida hacia la autopista en Oviedo, hacia las diez horas de la mañana
del día señalado, procediendo a parar el tráfico para dar paso a la
comitiva.
El mencionado convoy institucional, una vez en la autopista, ocupó el
carril izquierdo circulando a más de 160 km/h.
Una vez en Cudillero, nuevamente varios efectivos de la Guardia Civil
pararon el tráfico frente al Palacio Selgas, hasta que los presidentes
penetraron en los jardines, provocándose importantes retenciones de
vehículos, tanto en Oviedo como en Cudillero.
Es cierto que el Código de la Circulación en su artículo 42, regula la
preferencia de paso de los vehículos de los servicios de policía,
extinción de incendios o asistencia sanitaria que circulen en servicio
urgente, pero asimismo también el referido código en el citado artículo
dice que «los conductores de los vehículos destinados a los referidos
servicios observarán, como norma general, las reglas de la circulación,
harán uso ponderado de su privilegio únicamente cuando circulen en
prestación de un servicio urgente...
En virtud de estos hechos, se formula al Gobierno las siguientes
preguntas:
1.¿Considera el Gobierno y en concreto el Ministro de Interior, los
desplazamientos de autoridades en misión cultural y turística
circunstancias excepcionales y de urgente necesidad para darles prioridad
en la regulación del tráfico, mediante cortes de circulación, y eximirles
de las limitaciones de velocidad, por ser susceptibles de ser
considerados como servicio de urgencia público?
2.¿Qué instrucciones se cursan a la Guardia Civil de Tráfico para
facilitar el paso de convoyes o comitivas institucionales en misión
turística y cultural?
3.¿Ha dado alguna instrucción el Delegado del Gobierno en el Principado
de Asturias a las unidades de la Guardia Civil de Tráfico para producir
cortes y eximir de los límites máximos de velocidad a las comitivas de
autoridades en sus desplazamientos por el Principado de Asturias?
4.¿Cuántas denuncias y en su caso, sanciones, se han impuesto por la
Guardia Civil de Tráfico o por la Jefatura Provincial, por exceso de
velocidad en la mañana del día 6 de julio de 1996 en la autopista que une
Oviedo con Avilés?
5.¿Corresponde alguna de estas denuncias o sanciones, en su caso, a
conductores de vehículos públicos de alguna comitiva institucional?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de julio de 1996.--Alvaro
Cuesta Martínez.
184/001232
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Alvaro Cuesta Martínez, Diputado por Oviedo, perteneciente al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados,
presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por
escrito.
Pregunta al Gobierno relativa a «efectos en Asturias del Real Decreto Ley
11/96 de ampliación del servicio farmacéutico»
Motivación
El Pleno del Congreso de los Diputados ha convalidado el día 27 de junio
de 1996 el Real Decreto-Ley 11/1996 de Ampliación del Servicio
Farmacéutico a la Población. Al margen de la utilización del Decreto-Ley
sin tomar en consideración los requisitos que esta modalidad legislativa
precisa y, sobre todo, los límites que la Constitución impone para su
utilización, el Gobierno abusa en la presentación de esta iniciativa
acerca de sus pretendidas bondades liberalizadoras y la ampliación que
supondrá en cuanto al servicio farmacéutico a la población.
Extremos ellos tan discutibles como la urgente necesidad que se precisa
para legislar por Decreto-Ley, o el debido respeto a las competencias de
las Comunidades Autónomas en la materia, en mi opinión, vulneradas por lo
establecido en el Decreto-Ley como, por cierto, se puso de manifiesto a
lo largo del debate con la oposición extremadamente crítica de los Grupos
Nacionalistas representados en la Cámara.
La Ley Orgánica 7/1981, de 30 de diciembre, de Estatuto de Autonomía para
Asturias, otorga a la Comunidad Autónoma en su Art. 11.g, la competencia
de desarrollo legislativo y ejecución en materia de sanidad e higiene.
Dentro de la amplitud del mencionado título competencial uno de los
aspectos más importantes del concepto de asistencia sanitaria viene
constituido por la atención farmacéutica. En este sentido, uno de los
principales ámbitos de ejercicio de esta competencia de sanidad es el
otorgamiento de la autorización oportuna para la creación, construcción,
modificación, adaptación o supresión de centros, servicios y
establecimientos sanitarios, de cualquier clase y naturaleza, competencia
transferida al Principado de Asturias en virtud del Real Decreto
2874/1979, de 17 de diciembre. Dentro de la definición de centros,
servicios y establecimientos sanitarios se incluyen las oficinas de
farmacia, a tenor de lo establecido en el Art. 1, apartado 2, del Decreto
2177/1978, de 1 de septiembre, por el que se regula el registro,
catalogación e inspección de centros, servicios y establecimientos
sanitarios. En este marco jurídico, el Decreto 37/1987, de 30 de abril,
atribuye al Principado de Asturias el ejercicio exclusivo de la
competencia para resolver los expedientes administrativos en materia de
oficinas de farmacia.
Más grave aún resulta la ignorancia mostrada por el Gobierno acerca del
derecho a la salud que, como es sabido, forma parte del conjunto de
derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I
de la Constitución, y por ello indisponibles para ser regulados a través
de la técnica del Decreto-Ley. Existe aún otro hecho claramente
denunciable como es que el Decreto-Ley fija un máximo de una farmacia por
cada 2.800 ciudadanos y no el número mínimo de farmacias por cada X
ciudadanos, lo que vulnera la normativa en materia farmacéutica, pues al
Estado le competen facultades de coordinación y de legislación básica
sobre mínimos y no sobre máximos.
Significa ello una clara manipulación de la realidad por parte del
Gobierno al presentar como liberalizadora una norma que de hecho es
restrictiva. Norma que sólo liberaliza, de verdad, los horarios de
farmacia y cuando ya los Tribunales han sentenciado en ese sentido.
Manipula larealidad actual, pues aún cuando es cierto que el número
mínimo de habitantes por farmacia en las zonas urbanas es de 4.000
personas, las amplias excepciones a la norma general sitúan el promedio
en alrededor de 2.000 personas por farmacia.
Se puede incluso considerar que el Gobierno realiza publicidad engañosa,
porque lejos de suponer esta ley la apertura de oficinas de farmacia, su
aplicación obligará a amortizar muchas de las oficinas de farmacia
existentes.
Demostración de las falsas expectativas creadas es que en Asturias ha
habido a fecha de 3 de julio de 1996, a raíz del Real Decreto Ley, 850
solicitudes.
En fin, como en tantas otras materias en especial relacionadas con los
servicios, la fiscalidad y las normas con incidencia en la actividad
económica, el Gobierno legisla en favor de unos pocos y hurtando al
Parlamento su plena capacidad legislativa, sólo corregida por su ulterior
tramitación de los textos como proyectos de Ley una vez que el Grupo
Parlamentario Socialista ha demostrado la clara contravención de la
Constitución de la mayoría de ellos. El Gobierno se pliega a la demanda
de los Colegios Farmacéuticos, al anunciar una Ley estatal más amplia y
reguladora del conjunto de la prestación farmacéutica, neutraliza a los
proyectos legislativos de CC. AA. que pretendían una liberalización casi
total, como Navarra, o una ordenación más flexible, como Castilla-La
Mancha y Extremadura, y apuesta por privilegiar a los profesionales
instalados para indignación de quienes no pueden hacerlo una vez que
comprueben que la liberalización no existe.
Por todo ello, formulo las siguientes preguntas al Gobierno:
1.¿Está en disposición de conocer e informar el Gobierno sobre cuántas
oficinas de farmacia, tipología y población protegida existen más
concretamente en la CC. AA. del Principado de Asturias?
2.¿Cuántas de ellas, en el Principado de Asturias, prevé el Gobierno que
habrán de amortizarse para adaptarse a las prescripciones del Decreto-Ley
convalidado con los votos del PP, CiU y PNV?
3.¿Qué previsiones ha realizado el Gobierno sobre el número de oficinas
de farmacia que se pueden abrir en todo el territorio español?
4.¿Cuántas oficinas de farmacia calcula el Gobierno que podrán abrirse en
el Principado de Asturias y en qué localidades tras la entrada en vigor
de la nueva normativa?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de julio de 1996.--Alvaro
Cuesta Martínez.
184/001233
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Miguel Angel Heredia Díaz, Diputado por Málaga, perteneciente al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por
escrito.
¿En qué medida el recorte presupuestario de 200.000 millones de pesetas
aprobado por el Gobierno va a afectar a la partida de becas y ayudas al
estudio en los niveles universitarios?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de julio de 1996.--Miguel Angel
Heredia Díaz.
184/001234
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Víctor Morlan Gracia, Diputado por Huesca, perteneciente al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas
por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas a «la posible privatización de la Empresa
INESPAL»
Motivación
Dentro del proceso de motivaciones que el Gobierno tiene previsto
acometer, y cuyas bases se hayan recogidas en el Programa de
Modernización del Sector Público Empresarial del Estado, aprobado en el
Consejo de Ministros celebrado el pasado día 28 de junio de 1996, se
encuentra la Empresa INESPAL, de capital mayoritariamente público.
El anuncio de su posible privatización, la escasa, por no decir nula
información, que ha existido y que existe, a los representantes de los
trabajadores sobre el futuro de los diversos centros de trabajo,
Sabiñánigo (Huesca), Alicante, Amorebieta y oficinas centrales de Madrid,
hacen que se estén produciendo momentos de intranquilidad e inseguridad
personal y profesional, que es necesario resolver de manera clara y
transparente a la mayor brevedad posible.
Por este motivo, el Diputado que suscribe realiza las siguientes
preguntas:
¿Va a mantener el Estado, y a través de qué organismo si así fuere, algún
nivel de participación en el accionariado de la Empresa a INESPAL?
¿Cuál va a ser, o está siendo expuesto de manera detallada, el
procedimiento de privatización aplicable a INESPAL?
Caso de que se estén evaluando, ¿cuál o cuáles son las diferentes
opciones que se están contemplando para adjudicar INESPAL, unida o
segregada?
¿Qué condiciones de trabajo, perspectivas y garantías de futuro van a
serles reconocidas a los trabajadores de los diversos centros de trabajo
de INESPAL?
¿Se va a exigir a los nuevos propietarios algún plan industrial que
garantice el futuro de la empresa y la continuidad de las plantillas?
¿Cuáles son sus condiciones, garantías y aspectos que lo configuran?
¿Cuál es el precio o valor económico asignado, en su conjunto y de manera
individualizada a cada uno de los centros de trabajo, a INESPAL?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de julio de 1996.--Víctor
Morlan Gracia.
184/001235
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Alberto Pérez Ferre, Diputado por Alicante, perteneciente al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por
escrito.
Pregunta al Gobierno relativa a la condena de don Luis Pascual Estevill
Motivación
La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha condenado al Vocal del Consejo
General del Poder Judicial don Luis Pascual Estevill a una pena de seis
años de suspensión para ejercer como juez o magistrado por un delito
continuado de prevaricación y dos de detención ilegal.
Como la señora Ministra antes de hacerse cargo de la responsabilidad de
Estado que hoy ejerce, compartió responsabilidades en el Consejo General
el Poder Judicial, junto al señor Pascual Estevill, incluso defendiendo
la permanencia del mencionado señor en el citado Consejo, pregunto a la
señora Ministra de Justicia:
¿Qué opinión le merece la sentencia de la Sala Segunda del Tribunal
Supremo referente al señor Pascual Estevill?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de julio de 1996.--Alberto
Pérez Ferre.
184/001236
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Jerónimo Nieto González, Diputado por Avila, perteneciente al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, al
amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que
le sean contestadas por escrito.
Motivación
El Pleno del Congreso de los Diputados ha convalidado el día 27 de junio
de 1996, el Real Decreto-Ley 11/1996 de ampliación del servicio
farmacéutico a la población. Al margen de la utilización del Decreto-Ley
sin tomar en consideración los requisitos que esta modalidad legislativa
precisa y, sobre todo, los límites que la Constitución impone para su
utilización, el Gobierno abusa en la presentación de esta iniciativa
acerca de sus pretendidas bondades liberalizadoras y la ampliación que
supondrá en cuanto al servicio farmacéutico a la población.
Extremos ellos tan discutibles como la urgente necesidad que se precisa
para legislar por Decreto-Ley o el debido respeto a las competencias de
las Comunidades Autónomas en la materia, en mi opinión vulneradas por lo
establecido en el Decreto-Ley como, por cierto, se puso de manifiesto a
lo largo del debate con la posición extremadamente crítica de los Grupos
nacionalistas representados en la Cámara.
Más grave aún resulta la ignorancia mostrada por el Gobierno acerca del
derecho a la salud que, como es sabido, forma parte del conjunto de
derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I
de la Constitución, y por ello indisponibles para ser regulados a través
de la técnica del Decreto-Ley. Existe aún otro hecho claramente
denunciable como es que el Decreto-Ley fija un máximo de una farmacia por
cada 2.800 ciudadanos y no el número mínimo de farmacias por cada X
ciudadanos, lo que vulnera la normativa en materia farmacéutica, pues al
Estado le competen facultades de coordinación y de legislación básica
sobre mínimos y no sobre máximos.
Significa ello una clara manipulación de la realidad por parte del
Gobierno al presentar como liberalizadora una norma que de hecho es
restrictiva. Norma que sólo liberaliza, de verdad, los horarios de
farmacia y cuando ya los Tribunales han sentenciado en ese sentido.
Manipula la realidad actual, pues aun cuando es cierto que el número
mínimo de habitantes por farmacia en las zonas urbanas es de 4.000
personas, las amplias excepciones a la norma general sitúan el promedio
en alrededor de 2.000 personas por farmacia.
Se puede incluso considerar que el Gobierno realiza publicidad engañosa,
porque lejos de suponer esta ley la apertura de oficinas de farmacia, su
aplicación obligará a amortizar muchas de las oficinas de farmacia
existentes.
En fin, como en tantas otras materias en especial relacionadas con los
servicios, la fiscalidad y las normas con incidencia en la actividad
económica, el Gobierno legisla en favor de unos pocos y hurtando al
Parlamento su plena capacidad legislativa, sólo corregida por su ulterior
tramitación de los textos como proyectos de ley una vez que el Grupo
Parlamentario Socialista ha demostrado la clara contravención de la
Constitución de la mayoría de ellos. El Gobierno se pliega a la demanda
de los Colegios Farmacéuticos, al anunciar una Ley estatal más amplia y
reguladora del conjunto de la prestación farmacéutica, neutraliza a los
proyectos legislativos de CC. AA. que pretendían una liberalización casi
total como Navarra o una ordenación más flexible, como Castilla-La Mancha
y Extremadura y apuesta por privilegiar a los profesionales instalados
para indignación de quienes no pueden hacerlo una vez que comprueben que
la liberalización no existe.
Por todo ello, formulo las siguientes preguntas al Gobierno:
1.¿Cuántas oficinas de farmacia, tipología y población protegida existen
más concretamente en la provincia de Avila?
2.¿Cuántas de ellas, en la provincia de Avila, prevé el Gobierno que
habrán de amortizarse para adaptarse a las prescripciones del Decreto-Ley
convalidado con los votos del PP, CiU y PNV?
3.¿Cuántas oficinas de farmacia calcula el Gobierno que podrán abrirse en
la provincia de Avila, y en qué localidades tras la entrada en vigor de
la nueva normativa?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de julio de 1996.--Jerónimo
Nieto González.
184/001237
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María del Pilar Novoa Carcacia, Diputada por Orense, perteneciente al
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido
en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean
contestadas por escrito.
Pregunta al Gobierno relativa al «expediente de reversión iniciado por el
Ayuntamiento de Orense sobre la vieja prisión provincial»
Motivación
Desde que entró en funcionamiento la actual prisión de Orense, el
edificio que albergaba la vieja prisión provincial permanece cerrada y
sin ser destinada a uso alguno por parte del Ministerio de Justicia. Esto
hace que el edificio, que se encuentra situado en una zona céntrica de la
ciudad, se esté deteriorando gradualmente.
El Ayuntamiento de Orense inició hace ya algún tiempo las gestiones
oportunas para conseguir la reversión de la vieja cárcel sin que hasta el
momento se haya conseguido.
Por todo ello formulo las siguientes preguntas:
¿En qué situación se encuentra el expediente de reversión al Ayuntamiento
de Orense de la vieja prisión provincial y cuál es la posición del
Gobierno sobre el mismo?
En caso de que la posición del Gobierno sea distinta a la de la
reversión:
¿Qué previsiones tiene respecto a la vieja prisión provincial?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de julio de 1996.--María del
Pilar Novoa Carcacia.
184/001238
A la Mesa del Congreso de los Diputados
José Luis Ros Maorad, Diputado por Guadalajara, perteneciente al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas
por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas a «construcción de una Azud en el pantano
de Entrepeñas (Guadalajara) en el término municipal de Pareja»
Motivación
En el contexto del programa de compensación a los pueblos ribereños de
los pantanos de Entrepeñas y Buendía en la provincia de Guadalajara se
aprobó por parte del MOPTMA la construcción de una Azud en el Pantano de
Entrepeñas, término municipal de Pareja.
Por todo ello, formulo al Gobierno las siguientes preguntas:
1.ª¿En qué situación se encuentra dicho proyecto?
2.ª¿Qué partida presupuestaria se tiene contemplada para su construcción?
3.ª¿Cuándo tiene previsto el Gobierno la adjudicación de dicha obra?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de julio de 1996.--José Luis
Ros Maorad.
184/001239
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Elvira Cortajerena Iturrioz, Diputada por Guadalajara, perteneciente al
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido
en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada
por escrito.
Pregunta al Gobierno relativa a la «Presa de Ibiur»
Motivación
En el año 1971, el Gobierno Central firmó un Convenio con la Diputación
Foral de Guipúzcoa, en el que se comprometían a financiar al 50 % el
abastecimiento de agua en Guipúzcoa.
En el desarrollo de este Convenio, se llegaron a múltiples acuerdos, el
más importante radicaba en que la Diputación Foral construía parte de las
obras y el resto lo acometía el Gobierno Central.
De todas las obras convenidas queda pendiente la Presa de Ibiur, que fue
declarada Obra de Interés General en el año 1993, y que posteriormente
formó parte de las obras que debía realizar el 100% el Gobierno Central,
quedando asumido dicho compromiso al materializarse el traspaso de
competencias en esta materia en el año 1994.
En el acuerdo entre ambas Administraciones, la Diputación Foral de
Guipúzcoa ha cumplido todos sus compromisos, que incluye la elaboración
del Proyecto y la plena disponibilidad de los terrenos para la
construcción de la Presa, habiéndose producido la plena disponibilidad en
el año 1995. La Diputación Foral ha realizado las expropiaciones y pagado
las indemnizaciones correspondientes, lo que alcanza ya un gasto superior
a 500.000.000 (quinientos millones) de pesetas.
Por este motivo la Diputada que suscribe realiza la siguiente pregunta:
Habiendo sido aprobado en el Consejo de Ministros del 1.º de marzo de
1996, la aceptación de la licitación para las obras de la Presa de Ibiur
y el emisario submarino del saneamiento de la bahía de Pasajes, ¿por qué
no se han publicado en el BOE los concursos para la adjudicación de ambas
obras?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de julio de 1996.--Elvira
Cortajerena Iturrioz.
184/001240
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Carlos Sanjuán de la Rocha, Diputado por Málaga, perteneciente al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas
por escrito.
Pregunta al Gobierno relativa a las declaraciones del Gobernador Civil de
Málaga sobre el cese del presidente de la Confederación Hidrográfica del
Sur.
Motivación
El viernes día 5 de julio, el Consejo de Ministros nombró a ocho nuevos
Presidentes de las Confederaciones Hidrográficas, cesando a los que hasta
ahora venían ocupando estos cargos, nombrados por el anterior Gobierno.
Este proceso normal de relevo de altos cargos de la Administración
Pública como consecuencia del resultado electoral del 3 de marzo y de la
formación del Gobierno del PP, es propio de una sociedad democrática,
pero se ha visto desnaturalizado por las declaraciones del Gobernador
Civil de Málaga, que al pedir públicamente a través de los Medios de
Comunicación Social de la provincia, el jueves, 4 de julio, «la
destitución fulminante del Presidente de la Confederación Hidrográfica
del Sur don Hilario López Luna», a pesar de conocer y tener constancia
que 24 horas después dicho Presidente iba a ser relevado en el proceso
lógico y normal de cambio de los altos cargos nombrados por el Gobierno
socialista, queriendo dar a entender que el cese se producía a sus
instancias, máxime cuando a estos Presidentes, por tanto también al
Presidente de la Confederación Hidrográfica del Sur, se les había
solicitado desde el Ministerio de Medio Ambiente que continuaran en sus
cargos hasta tanto se produjera el relevo conjunto de todos ellos, como
así ha sucedido el viernes, 5 de julio.
Esta actitud del Gobernador Civil de Málaga, es normalmente rechazable,
poco edificante y demuestra una falta de elegancia política impropia de
un cargo de tan alta responsabilidad institucional.
Por todo ello, formulo al Gobierno la siguiente pregunta:
¿Aprueba el Gobierno las declaraciones del Gobernador Civil de Málaga,
publicadas en los Medios de Comunicación social de la provincia, el
jueves, 4 de julio, de pedir públicamente el cese del Presidente de la
Confederación Hidrográfica del Sur, a pesar de saber que dicho relevo se
iba a producir al día siguiente para el conjunto de los Presidentes de
todas las Confederaciones Hidrográficas de España, dentro del proceso
lógico de cambio de altos cargos nombrados por el anterior Gobierno
Socialista?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de julio de 1996.--Carlos
Sanjuán de la Rocha.
184/001241
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, se formula la
siguiente pregunta dirigida al Gobierno, para la que se solicita
respuesta escrita.
¿Afectan a los recortes presupuestarios del Ministerio de Fomento a la
segunda ampliación del Aeropuerto de Altet?
Madrid, 12 de julio de 1996.--Manuel Alcaraz Ramos, Diputado del Grupo
Parlamentario Federal IU-IC.
184/001242
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, se formulan
las siguientes preguntas dirigidas al Gobierno, para las que se solicita
respuesta escrita.
Con fecha 11 de agosto se firmó entre el Ministerio de Industria y
Energía, la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de Elx un Protocolo
de concertación de actuaciones en el que se contemplaba la creación del
denominado Instituto del Agua y la puesta en marcha de una Comisión de
Seguimiento de este Protocolo que debería reunirse al menos dos veces al
año.
Pese al tiempo transcurrido ni se ha constituido la Comisión Mixta de
Seguimiento ni ha habido actuaciones concretas para la puesta en
funcionamiento del Instituto.
¿Qué actuaciones piensa realizar el Gobierno para el cumplimiento de
dicho protocolo?
¿Se ha mantenido algún contacto con el Ayuntamiento de Elx y con la
Generalitat Valenciana para el Instituto del Agua? En su caso, ¿está
prevista alguna reunión próximamente?
Madrid, 12 de julio de 1996.--Manuel Alcaraz Ramos, Diputado del Grupo
Parlamentario Federal IU-IC.
184/001243
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, se formulan
las siguientes preguntas dirigidas al Gobierno, para las que se solicita
respuesta escrita.
Tras una petición de la Conferencia Hidrográfica del Júcar, el Pleno del
Ayuntamiento de Benidorm aprobó por unanimidad el 28 de febrero de 1995
el cambio en la cota de instalación de una depuradora de aguas residuales
en la zona de Poniente que daría servicio a Benidorm Finestrat y La Vila
Joiosa.
El Gobierno aprobó en el mismo año la construcción de dicha depuradora.
¿En qué momento de la tramitación se encuentra el expediente relativo a
esta depuradora?
¿Puede el Gobierno avanzar una fecha de comienzo de las obras?
¿Se ha mantenido recientemente algún contacto sobre esta cuestión con el
Ayuntamiento de Benidorm?
¿Se ha encargado el pertinente estudio de impacto ambiental?
Madrid, 12 de julio de 1996.--Manuel Alcaraz Ramos, Diputado del Grupo
Parlamentario Federal IU-IC.
184/001244
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, se formulan
las siguientes preguntas dirigidas al Gobierno, para las que se solicita
respuesta escrita.
Con fecha 2 de julio del presente año se presentó en el Consejo Escolar
del Estado una enmienda --que fue aprobada-- al Informe Anual de dicho
organismo en la que se advierte sobre el hecho de que algunos inmigrantes
--presumiblemente «ilegales»-- escolarizados en España no reciben, al
finalizar sus estudios, título o certificación oficial.
¿Tiene el Gobierno conocimiento de este hecho?
¿Ha adoptado alguna medida para solucionar el problema?
Madrid, 12 de julio de 1996.--Manuel Alcaraz Ramos, Diputado del Grupo
Parlamentario Federal IU-IC.
184/001245
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, se formulan
las siguientes preguntas dirigidas al Gobierno, para las que se solicita
respuesta escrita.
La realización del Servicio Militar fuera de la región en la que están
inscritos los mozos, provoca accidentes y costes de desplazamientos en
los permisos que podrían reducirse o paliarse en la medida de que
realizase el servicio militar dentro de su propia región.
En el camino de ir hacia un Ejército profesional, podría ser una medida
importante iniciar esta acción de inmediato.
Por lo expuesto, se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es el número de jóvenes de cada región que realizan fuera el
Servicio Militar y en qué regiones?
¿Tiene intención de llevar a la práctica esta alternativa en breve plazo?
Madrid, 11 de julio de 1996.--Rosa Aguilar Rivero, Diputada del Grupo
Parlamentario Federal IU-IC.
184/001246
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, se formulan
las siguientes preguntas dirigidas al Gobierno, para las que se solicita
respuesta escrita.
En la respuesta a la pregunta 184/00005800/0000-001056 sobre el futuro de
la fábrica INESPAL LAMINACION en Alicante no se hizo ninguna alusión al
mantenimiento de los puestos de trabajo y se contesta ambiguamente sobre
el mantenimiento de la factoría haciéndolo depender de una «decisión
estratégica» de TENEO.
Sin embargo, el Ministerio de Industria, en declaraciones a la prensa, ha
reconocido.
--Se privatizará INESPAL.
--Hay compradores interesados.
--No se garantizará el mantenimiento de los puestos de trabajo.
¿Considera el Gobierno correcto que sobre una cuestión la respuesta a un
Diputado sea ambigua y que en la prensa se conteste con mayor precisión?
¿Puede el Gobierno aclarar las conversaciones para la compra de INESPAL?
¿Considera el Gobierno la privatización de todo el Grupo INESPAL o existe
la posibilidad de que se fraccione para su venta?
¿Incluirá el Gobierno cláusulas de salvaguarda de puestos de trabajo en
las negociaciones sobre privatizaciones?
Madrid, 11 de julio de 1996.--Manuel Alcaraz Ramos, Diputado del Grupo
Parlamentario Federal IU-IC.
184/001247
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, se formulan
las siguientes preguntas dirigidas al Gobierno, para las que se solicita
respuesta escrita.
La localidad de Istán en la provincia de Málaga viene teniendo problemas
con el reemisor de televisión, coste que está asumiendo el propio
Ayuntamiento dado que Retevisión no se ha hecho cargo hasta la fecha del
mismo.
Existe un Convenio con Retevisión para la recepción de las emisiones de
las cadenas de televisión privadas con éstas, si bien sería necesario que
este organismo se hiciera cargo también de las televisiones públicas, ya
que ello supondría una mejora importante en la calidad de la señal que
ahora se recibe.
¿Tiene el Gobierno conocimiento de la problemática planteada en la
localidad de Istán en relación con el reemisor de televisión?
¿Piensa realizar el Gobierno alguna gestión para promover que sea
Retevisión la que se haga cargo del mantenimiento y conservación de dicho
reemisor?
Madrid, 12 de julio de 1996.--José Luis Centella Gómez, Diputado del
Grupo Parlamentario Federal IU-IC.
184/001248
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Damián Caneda Morales, Diputado por Málaga, perteneciente al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea
obtener respuesta por escrito.
La Comarca malagueña de la Axarquía se encuentra muy mermada en su
desarrollo por las malas comunicaciones.
La ejecución del tramo de la autovía del mediterráneo Rincón de la
Victoria-Nerja, ha sufrido continuos retrasos perjudicando notablemente
el nivel de vida de la zona. La obra, en parte ya adjudicada, es por
múltiples razones de absoluta urgencia.
¿En qué fecha está prevista su finalización, qué plazos hay de ejecución
en los distintos tramos de la misma?
Madrid, 4 de junio de 1996.--Damián Caneda Morales.
184/001249
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del Río, Diputado por La Coruña,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de
lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula las siguientes preguntas al Gobierno, de las que desea
obtener respuestas por escrito.
1.¿En qué situación se encuentra el expediente para la finalización de
las obras de Acceso Norte al Puerto de El Ferrol?
2.¿Qué consignación presupuestaria existe, para el presente ejercicio?
Madrid, 26 de mayo de 1996.--Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del Río.
184/001250
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Bernarda Barrios Curbelo, Diputado por Las Palmas, perteneciente al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Excmo. Sr. Ministro de
Defensa, de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Tiene pensado ese Ministerio ascender a los Suboficiales que procedentes
de la Escala Auxiliar fueron integrados por la Ley 17/89 en la Escuela
Básica, y a pesar de tener el Curso de ascenso a Oficial de la Escuela
Auxiliar con interinidad, éste no se ha producido a pesar de los
numerosos recursos?
Madrid, 28 de mayo de 1996.--Bernarda Barrios Curbelo.
184/001251
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Manuel Arqueros Orozco y Rafael Hernando Fraile, Diputados por Almería,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo
de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de
la Cámara, tienen el honor de formular las siguientes preguntas al
Gobierno, de las que desean obtener respuesta por escrito.
La Comisión de Justicia e Interior, en su sesión del día 13 de diciembre
de 1994, aprobó la Proposición no de Ley para la creación de un distrito
hipotecario en la provincia de Almería (número de expediente 161/329),
presentada por el Grupo Parlamentario Popular y publicada en el BOCG,
número 160 de la Serie D, de 14-11-94:
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno y en especial al
Ministerio de Justicia a que se cree, dentro del plazo mínimo previsto en
la Disposición Final Segunda del real Decreto 1814/1993, un nuevo
distrito hipotecario en Almería segregado del de Berja, que abarque los
términos municipales de El Ejido y Dalías, siempre que se mantenga la
tendencia actual de crecimiento del número de inscripciones, con la
capitalidad y circunstancias que resulten convenientes, tras instruirse
el oportuno expediente de demarcación.»
En opinión de estos Diputados, ¿se han cumplido las condiciones acordadas
en el Congreso de los Diputados relativas a la creación de un nuevo
distrito hipotecario segregado del de Berja que abarque los términos
municipales de El Ejido y Dalías?
¿Cuándo tiene previsto el Gobierno crear el nuevo distrito hipotecario de
El Ejido, que comprende su municipio y el de Dalías?
Madrid, 2 de julio de 1996.--Manuel Arqueros Orozco y Rafael Hernando
Fraile.
184/001252
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del Río, Diputado por La Coruña,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al
Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.
1.¿Cuáles son las anualidades previstas, y los plazos de ejecución de la
Casa del Mar en El Ferrol?
Madrid, 7 de junio de 1996.--Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del Río.
184/001253
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Ramón Antonio Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, perteneciente al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Excmo. Sr. Ministro de
Defensa, de la que desea obtener respuesta por escrito.
Motivación
Desde el año 1993, la Academia General Militar y la Universidad de
Zaragoza organizan unos Cursos de Verano, que en su segundo año fueron
internacionales, en la ciudad altoaragonesa de Jaca. Los Cursos,
ciertamente ya consolidados, establecen un foro de colaboración y debate
Ejército-Universidad, para analizar y propiciar el intercambio de
planteamientos entre Instituciones, y especialistas civiles y militares,
sobre los diversos temas abordados en los Cursos. El interés de éstos
está avalado por la gran afluencia de participantes procedentes de todo
el amplio abanico de la sociedad que se inscribe en ellos. Es necesario,
por otra parte, recordar la existencia de muy pocos foros en nuestro país
de estas características, que acerquen al Ejército y a la sociedad civil
de una manera tan eficaz.
Por todo ello, este Diputado desea conocer:
¿Tiene la intención el Ministerio de Defensa de apoyar y dotar de un
presupuesto fijo, que cubra íntegramente, los Cursos de Verano
organizados por el Ejército como el que realiza la AGM, con el objetivo
de acercarse de forma más eficaz a la sociedad civil?
Madrid, 26 de junio de 1996.--Ramón Antonio Moreno Bustos.
184/001254
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Ramón Antonio Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, perteneciente al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea
obtener respuesta por escrito.
Motivación
España mantiene una dura pugna con Francia e Italia por la línea final
del montaje del Future Large Aircraft (FLA), el avión europeo de
transporte militar. Este proyecto constituye para Construcciones
Aeronáuticas (CASA) la mejor oportunidad para responsabilizarse del
montaje final e integración de un avión dentro de un consorcio europeo.
El FLA es un avión de transporte táctico, diseñado para sustituir las
flotas del C-130 Hércules y del franco-alemán Transall, ambos con más de
30 años de servicio.
Como se recordará, la participación española en el FLA es del 15 %, y
exigirá un desembolso de unos 100.000 millones de pesetas en los próximos
nueve años. El comienzo de la producción está prevista para el año 1999,
extendiéndose el período de entregas hasta el año 2014. Una vez superada
la fase de viabilidad, el año 1996 ha pasado a ser un año crucial, al
tener que firmarse los acuerdos de reparto de carga de trabajo y
decidirse el emplazamiento de la línea final y del centro de entrega del
avión, a lo que aspira nuestro país.
Por todo ello, este Diputado desea conocer:
¿Qué acciones va a desarrollar el Gobierno y qué probabilidades tiene
nuestro país de hacerse cargo del proyecto?
Madrid, 26 de junio de 1996.--Ramón Antonio Moreno Bustos.
184/001255
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Ramón Antonio Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, perteneciente al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Excmo. Sr. Ministro de
Defensa, de la que desea obtener respuesta por escrito.
La Orden Ministerial n.o 98/1994, de fecha 10 de octubre, sobre Régimen
de Profesorado de los Centros Docentes Militares (BOD n.o 204) de fecha
19 de octubre, en su artículo 38 punto 1, dicta que la permanencia de un
profesor militar en un Centro Docente sea como máximo de siete años. Esta
disposición está hipotecando al profesorado en los Centros de Enseñanza
al tener que prescindir de los profesores de mayor experiencia docente.
Esto es particularmente grave en aquellos Departamentos donde se imparten
áreas humanísticas o científicas, al tener el profesorado de dichos
Departamentos que poseer otras Licenciaturas
Universitarias, aparte de la de ser Militar de carrera.
Además, la citada Orden Ministerial está en contra del espíritu de la Ley
que regula la Enseñanza Superior Militar, que la configura como un
Sistema integrado y unitario en el marco del Educativo General. Varios
informes se han realizado exponiendo las dificultades que esta Orden
representa para conseguir niveles de preparación y experiencia análogos a
los de los Centros Universitarios.
Por todo ello, este Diputado desea conocer:
¿Está entre las acciones de Defensa la modificación de dicha Orden
Ministerial, que se está aplicando por los Cuarteles Generales lastrando
de una forma importante el nivel a alcanzar por los Centros Docentes
Militares y que repercute directamente en la preparación de los futuros
oficiales del Ejército de nuestro país?
Madrid, 26 de junio de 1996.--Ramón Antonio Moreno Bustos.
184/001256
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del Río, Diputado por La Coruña,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de
lo dispuesto enelartículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula las siguientes preguntas al Gobierno, de las que desea obtener
respuesta por escrito.
1.¿En qué situación se ha encontrado el Gobierno el INVIFAS?
2.¿Cuál es el estado actual de ocupación de las viviendas militares?
3.¿Cuántos desahucios se han ejecutado hasta el momento del nombramiento
del nuevo Ministro de Defensa?
Madrid, 7 de junio de 1996.--Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del Río.
184/001257
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del Río, Diputado por La Coruña,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de
lo dispuesto enelartículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula las siguientes preguntas al Gobierno, de las que desea obtener
respuesta por escrito.
1.¿En qué situación se encuentran los Hospitales Militares, en cuanto a
plantillas de personal?
2.¿Qué previsiones tiene el Gobierno para con la Policlínica Naval de
Madrid?
Madrid, 7 de junio de 1996.--Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del Río.
184/001258
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del Río, Diputado por La Coruña,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de
lo dispuesto enelartículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula las siguientes preguntas al Gobierno, de las que desea obtener
respuesta por escrito.
El anterior Gobierno en funciones ha comprometido 26.000 millones de
pesetas en la adquisición de helicópteros Súper Puma, para las fuerzas
aeromóviles del Ejército de Tierra, en contra de lo indicado por los
informes técnicos que recomendaban la adquisición del Black Hawk.
1.¿En qué situación se encuentra el proceso de adquisición de estos
helicópteros?
2.¿De qué manera se han previsto las anualidades de adquisición de los
aparatos?
Madrid, 7 de junio de 1996.--Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del Río.
184/001259
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del Río, Diputado por La Coruña,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de
lo dispuesto enelartículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener
respuesta por escrito.
1.¿Qué presupuesto asignado y qué anualidades programadas para el Plan
del Ejército del Aire 2000?
Madrid, 7 de junio de 1996.--Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del Río.
184/001260
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid, perteneciente al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas al
Gobierno, de las que desea obtener respuesta por escrito.
Los usuarios de la línea de ferrocarril Madrid-Irún vienen desde hace
varios meses constatando que los trenes que recorren esta línea reducen
drásticamente su velocidad al llegar al puente que atraviesa el río Duero
entre la localidad de Viana de Cega y el Pinar de Antequera.
Responsables de la compañía RENFE han reconocido a este Diputado que los
trenes han de recorrer un tramo de 150 metros a una velocidad que no
supera los 30 kilómetros por hora, y que ello es debido a las
precauciones que la compañía decidió tomar ante las deficiencias que
presenta la estructura de este puente, cuyo mal estado de conservación es
perceptible a simple vista.
Dicha disminución de velocidad pretenden disminuir las vibraciones que el
tren produciría en la estructura del puente y que podrían producir
efectos peligrosos. Portavoces cualificados de RENFE han afirmado que no
existe peligro alguno y que si hubiese algún problema de seguridad la
línea se habría cerrado ya.
Sin embargo, la persistencia en el paso a velocidad mínima de dicho
puente, la sensación de inseguridad que transmite y el reconocimiento de
las propias deficiencias en la estructura del puente que la compañía se
comprometió a subsanar en su día nos llevan a plantear esta cuestión.
Esta línea presenta un tráfico de ferrocarril muy importante; son varios
miles los viajeros que recorren diariamente este tramo y resulta evidente
la obligación de mantener en perfecto estado de conservación la línea
férrea, especialmente si cabe en puntos de riesgo como puede ser este
paso sobre el río Duero.
Pese a que la solución de la disminución de la velocidad a su paso por el
puente fue calificada en su día de «transitoria»; lo transitorio en este
país tiende a convertirse con excesiva frecuencia en definitivo. No cabe
argumentar que esta medida no afecta a la seguridad ni tiene influencia
en la puntualidad horario de la llegada a las estaciones. Su mera
existencia evidencia la realidad de defectos que exigen sin demora la
adopción de medidas urgentes para la reparación y mejora de este puente
vallisoletano.
Es por ello por lo que deseamos preguntar:
1.¿Qué actuaciones, en qué plazos y con qué presupuestos tiene previsto
el Ministerio y RENFE sean desarrolladas para la reparación,
consolidación y modernización del puente aludido de la línea Madrid-Irún
sobre el río Duero?
2.¿Cuáles son con detalle las deficiencias detectadas en dicho puente?
3.¿Considera el Ministerio que las deficiencias en ese puente no exigen
una actuación urgente e inmediata, tras más de un año de pasividad y
retrasos en la adopción de medidas?
Madrid, 10 de junio de 1996.--Tomás Burgos Gallego.
184/001261
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Andrés Ollero Tassara, Diputado por Granada, perteneciente al Grupo
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular las siguientes preguntas al Gobierno de las que desea obtener
respuesta por escrito.
Ritmo de construcción de la autovía Bailén-Motril.
La autovía Bailén-Motril se ha convertido desde hace años en el centro
del debate político de la provincia de Granada. Contribuye a ello, sin
duda, la decisiva importancia de esa vía de comunicación para el futuro
económico y turístico de la costa granadina. Interés añadido ha ido
propiciando el haberse convertido en objeto preferido de las promesas
electorales socialistas, vinculadas con frecuencia a efemérides
históricas (los gastos del 92, el Mundial de Esquí de Sierra Nevada...),
y --como inevitable consecuencia-- en ocasión privilegiada de
incumplimientos clamorosos (ni siquiera la suspensión del Mundial, que
ofreció un año de prórroga, evitó el fiasco).
Con el paso del partido socialista a la oposición, algunos de sus más
desenvueltos Diputados desafían a la memoria histórica, lo que ha hecho
crecer el interés de los ciudadanos por contar con una cumplida
información de los avatares del proyecto.
Por todo ello, este Diputado pregunta al Gobierno:
1.ª¿Qué trámites concretos --estudios, proyectos, concursos,
licitaciones, obligaciones contraídas, pagos...-- relacionados con la
autovía Bailén-Motril se han ido produciendo en cada uno de los años
posteriores a 1982, con indicación expresa de la fecha de cada uno de
ello, de manera que sea posible constatar el tiempo invertido en la
construcción definitiva de cada uno de los tramos sucesivamente
inaugurados?
2.ª¿Qué trámites concretos se han ido produciendo en esos mismos años,
con idéntica expresión de fechas, relativos a los tramos aún pendientes
de construcción e inauguración?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de 1996.--Andrés Ollero
Tassara.
185/000003
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Carmen Heras Pablo, Diputada por Cáceres, perteneciente al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en la
Disposición Final Quinta y en la Resolución de la Presidencia de 14 de
diciembre de 1983 del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
Pregunta al Director General del Ente Público RTVE sobre «supresión del
Informativo Regional que se emite por las tardes desde el Centro de
Televisión Española en Extremadura».
Motivación
Teniendo en cuenta el interés que en la Comunidad extremeña tiene el
informativo regional que se emite por las tardes desde el centro
territorial de Televisión Española en Extremadura, se formula la
siguiente pregunta:
¿Cuáles han sido los motivos que han originado la supresión del
informativo regional sin explicación alguna por parte de la dirección de
RTVE?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de julio de 1996.--Carmen Heras
Pablo.
CONTESTACIONES
184/000099
Excmo. Sr.: A los efectos del artículo 190 del Reglamento Congreso de los
Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de
referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
184/000099.
AUTOR: Vázquez Vázquez, Guillerme (G. Mx).
Asunto: Reparación de la carretera N-120 entre el kilómetro 437,5 y el
478,2 (Orense).
Respuesta:
La realización de todo proyecto de inversión conlleva un conjunto de
trámites administrativos y de condicionamientos técnicos (redacción del
proyecto, expropiaciones previas, declaración de impacto ambiental, etc.)
que pueden alterar, y de hecho alteran, el ritmo de ejecución y la
programación inicialmente establecida.
En la actualidad, está pendiente de licitación el proyecto de Refuerzo de
firme de la carretera N-120, entre los puntos kilométricos 437,5 y 472,8,
con un presupuesto de 666 millones de pesetas y un plazo de ejecución
previsto de 8 meses, tras su aprobación el pasado 27 de mayo.
El Acuerdo de Consejo de Ministros del pasado 10 de mayo declara la no
disponibilidad de créditos por importe de 200.000 millones de pesetas
para todos los Ministerios.
No obstante, las inversiones ya comprometidas no resultan afectadas por
dicho Acuerdo de Consejo de Ministros, en cuanto que lo que se reduce,
mediante una declaración de no disponibilidad, son créditos todavía no
utilizados.
Madrid, 9 de julio de 1996.--El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/000192
Excmo. Sr.: A los efectos del artículo 190 del Reglamento Congreso de los
Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de
referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
184/000192.
AUTOR: Centella Gómez, José Luis (G. IU-IC).
Asunto: Incidencia de los recortes presupuestarios en la construcción de
la autovía de la Axarquía.
Respuesta:
El acuerdo de Consejo de Ministros del pasado 10 de mayo declara la no
disponibilidad de créditos por importe de 200.000 millones de pesetas
para todos los Departamentos Ministeriales.
La realización de todo proyecto de inversión conlleva un conjunto de
trámites administrativos y de condicionamientos técnicos (redacción del
proyecto, expropiaciones previas, declaración de impacto ambiental, etc.)
que pueden alterar, y de hecho alteran, el ritmo de ejecución y la
programación inicialmente establecida.
Todo ello hace que no sea posible determinar cuál va a ser la incidencia
del ajuste en los diferentes proyectos, ya que incluso en el caso de no
existir tales ajustes las inversiones a realizar son muy estimativas,
especialmente en lo que se refiere a su distribución territorial.
No obstante, las inversiones ya comprometidas no resultan afectadas por
el Acuerdo de Consejo de Ministros, en cuanto que lo que se reduce,
mediante una declaración de no disponibilidad, son créditos todavía no
utilizados.
Madrid, 9 de julio de 1996.--El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/000218
Excmo. Sr.: A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de
los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de
referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
184/000218.
AUTOR: Blanco García, Jaime (G. S).
Asunto: Situación en que se encuentra el proyecto de saneamiento de la
bahía de Santander.
Respuesta:
Como establece el Convenio suscrito el 27 de septiembre de 1995 por el
entonces Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente y la
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad
Autónoma de Cantabria, los proyectos incluidos en el anexo II, es decir,
el «Proyecto de saneamiento de la bahía de Santander», deberán ser
gestionados por la Comunidad Autónoma y presentados al mencionado
Ministerio para su posterior envío a la Comisión de la Unión Europea, al
objeto de poder ser seleccionados por el Fondo de Cohesión (cláusula 3,
puntos 1 y 2). Se adjunta en anexo I el texto del Convenio.
En lo que a financiación se refiere, de conformidad con la cláusula
segunda del mencionado Convenio, el Departamento «se compromete a
aportar, durante el período de vigencia del Plan, el 25% de coste del
mismo con cargo a su presupuesto o canalizando recursos de Fondo de
Cohesión a proyectos de las Comunidades Autónomas, de acuerdo con las
disponibilidades presupuestarias de cada año».
Asimismo, en virtud de la cláusula tercera:
El Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente se
compromete a financiar las obras declaradas de interés general con
posterioridad al Real Decreto de traspasos en la materia, tal como se
recoge en el anexo I.
El Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, en el
marco del acuerdo adoptado por el Consejo de Política Fiscal y Financiera
de 21 de noviembre de 1994, se compromete a presentar al Fondo de
Cohesión proyectos gestionados por las Comunidades Autónomas que resulten
conformes al Plan Nacional de saneamiento y Depuración de Aguas
Residuales Urbanas y a los requerimientos comprendidos en el Reglamento
(CE) n.º 1164/94 del Consejo de 16 de mayo, por el que se crea dicho
Fondo, y en los anexos a la decisión de la Comisión Europea. Tales
proyectos, incluidos en el anexo II, deberán ser presentados en la
Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Vivienda antes del 15 de febrero
de cada año, a los efectos de su presentación a la Comisión de la Unión
Europea.
Los proyectos del anexo II, presentados al Fondo de Cohesión y elegidos
por la Comisión de la Unión Europea para tal financiación, serán objeto
de un acuerdo específico entre las partes de este Convenio y el
Ministerio de Economía y Hacienda. Dicho acuerdo tiene la finalidad
exclusiva de garantizar el necesario seguimiento financiero y la
responsabilidad de las Administraciones frente al Fondo de Cohesión.
La Comunidad Autónoma de Cantabria se compromete, para aquellos proyectos
que sean subvencionados por el Fondo de Cohesión, a seguirlo preceptuado
en el Reglamento (CE) n.º 1164/94 del Consejo de 16 de mayo, por el que
se crea dicho Fondo, y en los anexos a la Decisión de la Comisión de la
Unión Europea, y, en particular, en lo referente a la devolución de las
cantidades que pudieran haber sido abonadas indebidamente por error o por
incumplimiento de lo estipulado en la Decisión Correspondiente.
De las actuaciones recogidas en el anexo II que no resulten seleccionadas
por el Fondo de Cohesión, la Comunidad Autónoma de Cantabria podrá
proponer, antes del 30 de junio de cada año, proyectos a cofinanciar en
su caso con cargo a los créditos del presupuesto estatal que, dentro del
capítulo de transferencias de capital, estén asignados a la Dirección
General de Calidad de las Aguas.
Madrid, 5 de julio de 1996.--El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
Nota: La documentación que se acompaña se encuentra en la Secretaría
General de la Cámara.
184/000227
Excmo. Sr.: A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de
los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de
referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
184/000227.
AUTOR: Meyer Pleite, Willy Enrique (G. IU-IC).
Asunto: Contrataciones y actividades previstas por la empresa Bazán de
San Fernando (Cádiz).
Respuesta:
La Agencia Industrial del Estado (AIE) no impone limitaciones para
realizar obras civiles en los astilleros de la E. N. Bazán, sino que
éstas vienen impuestas por la legislación vigente, concretamente por el
Real Decreto 442/1994, de 11 de marzo, sobre primas y financiación a la
construcción naval, que en su artículo 2 establece lo siguiente:
«El sector de construcción naval, a los efectos del presente Real
Decreto, se entiende constituido por las empresas de construcción naval
autorizadas para la construcción de buques de casco metálico de más de
100 toneladas de registro bruto, excepto las empresas que se encuentran
vinculadas mediante planes de construcción de buques a los programas del
Ministerio de defensa, que no podrá dedicarse a las actividades definidas
en los artículos 6 y 7.»
Hay que señalar que la demanda de construcción naval mercante es
limitada, por lo que ha sido necesario diseñar un Plan estratégico de
Competitividad para los Astilleros de la División de Construcción Naval
de la AIE, que ha sido negociado y suscrito por el Comité de Empresa y
las Centrales Sindicales y que conlleva una importante reducción de
capacidad. La capacidad de Bazán no está considerada en la capacidad
máxima autorizada por la Unión Europea como contrapartida a la admisión
de ayudas públicas a la construcción naval civil. Así pues, la
construcción mercante que pudiese realizar la E. N. Bazán debería ser a
costa de dejar
de realizarse en otros astilleros, que, a su vez, también tienen
necesidades de carga de trabajo.
No obstante lo anterior, en aquellos casos, como el de los ferries
rápidos, en que se ha considerado que se trataba de buques de posible
aplicación dual (civil/militar) y/o que la E. N. Bazán estaba en mejores
condiciones para su construcción que los astilleros civiles, se han
concedido, de forma excepcional, los permisos correspondientes para su
construcción.
De hecho, aunque el astillero de la Factoría Naval de San Fernando de la
E. N. Bazán está dedicado a la construcción de buques de guerra de
pequeño y mediano porte (patrulleros, lanchas, remolcadores) y a
reparación, la actual carga de trabajo está constituida, principalmente,
por ferries rápidos.
En el mes de mayo se ha realizado la entrega del segundo buque del tipo
Mestral a la Compañía Transmediterránea y está en construcción un ferry
rápido del 120 m de eslora, tipo Alhambra, para Buquebús, cuya entrega se
prevé para octubre de este mismo año.
Están firmados contratos para realizar tres buques más, uno del tipo
Alhambra y dos de tipo catamarán, si bien se encuentran pendientes de la
entrada en vigor definitiva por necesidades de financiación del armador.
Adicionalmente, se plantea la construcción de unidades menores y otras
obras de menor importancia unitaria cuantitativa.
Por otro lado, el Ministerio de Defensa tiene previstas las siguientes
contrataciones en la E. N. Bazán de San Fernando:
*Mantenimiento de buques, consistente en reparaciones y conservación de
las unidades navales con base en la Zona Marítima del Estrecho, por una
cuantía anual próxima a los 2.500 millones de pesetas.
*Mantenimiento de equipos de armas, en la fábrica de armas de San
Fernando (FABA) por una cuantía de 700 millones de pesetas en 1996 y 420
millones en 1997.
La actividad de la E. N. Bazán depende, fundamentalmente, de las
necesidades que determine el Ministerio de Defensa como susceptibles de
ser cubiertas por esta empresa.
Por otra parte, la empresa debe conseguir mercado en un ámbito tan poco
abierto como la industria militar, intentando obtener contratos de otros
ejércitos no nacionales.
Es necesario, por tanto, realizar un esfuerzo adicional de reducción de
costes y, necesariamente, de reducción de capacidades de la Empresa. Para
ello, una vez definidas las necesidades previsibles del Ministerio de
Defensa que puedan ser atendidas, se abordará la elaboración del
correspondiente Plan Estratégico para la Empresa Nacional Bazán.
Las expectativas de contratación de la Factoría Naval de Ferrol se
central en el futuro programa de fragatas F-100, que también
proporcionará carga de trabajo a la Factoría Naval de San Fernando y a la
factoría Naval de Cartagena, aunque en esta última las expectativas de
ocupación se centran en la continuidad del programa de cazaminas hasta el
año 2000.
Por lo que se refiere al Programa de las Fragatas F-100, en el curso de
1996 está previsto acometer la contratación en función de las
disponibilidades presupuestarias.
En el caso de que se decida y autorice esta contratación y el desarrollo
del Sistema de Mando y Control de dichas Fragatas, aproximadamente el 4%
de los trabajos correspondería a la factoría de San Fernando, suponiendo
una carga de trabajo, a lo largo del período de vigencia del programa, de
unas 700.000 horas directas para la citada factoría.
Este programa representa para Bazán en general:
--Mantener el nivel de ocupación en el astillero de Ferrol durante los
próximos 10 años.
--Impulsar un área de alta tecnología en FABA como es el desarrollo e
integración de sistemas complejos y fabricación de armas y sensores.
--Proporcionar a la fábrica de motores de Cartagena la continuidad en la
fabricación de motores.
--La posibilidad de fabricar otros elementos de plataforma por los
astilleros de Cartagena y San Fernando.
Madrid, 9 de julio de 1996.--El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/000245
Excmo. Sr.: A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de
los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de
referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
184/000245.
AUTOR: Vaquero del Pozo, Pedro (G. IU-IC).
Asunto: Medidas adicionales a las previstas en el Pacto de Toledo, así
como previsiones para garantizar el poder adquisitivo de la tercera edad.
Respuesta: La actuación básica del Gobierno en materia de Seguridad
Social, para la presente legislatura, se centra fundamentalmente en la
aplicación y el desarrollo de las Recomendaciones contenidas en el Pacto
de Toledo. Esta voluntad política que fue explicitada por el Presidente
del Gobierno en el discurso de investidura ha sido manifestada por los
responsables del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y, asimismo, se
recoge en el Programa Electoral del Partido Popular.
Para el desarrollo y aplicación del Pacto de Toledo las actuaciones se
centrarán en:
Lograr la más amplia colaboración y participación de los agentes
sociales. Por ello, se ha constituido recientemente la Mesa sobre el
Sistema de Protección Social, como una de las mesas de diálogo social.
Alcanzar el más amplio consenso político con los grupos Parlamentarios,
en la línea del compromiso logrado en su momento con la aprobación del
Pacto de Toledo.
Asimismo, la política del Gobierno debe orientarse al cumplimiento del
programa electoral del partido que le sustenta, que contiene medidas que,
aunque incluidas también dentro del Pacto de Toledo en sentido amplio, no
figuran explicitadas en el mismo, si bien, debe insistirse en que el
Pacto de Toledo constituirá el marco de referencia de las actuaciones del
Gobierno en materia de Seguridad Social.
En relación con la segunda cuestión planteada en la pregunta, se señala
que existe un compromiso del Gobierno, expresado por su Presidente en el
discurso de investidura, de mantener el poder adquisitivo de las
pensiones, y ello aún dentro del marco de las dificultades económicas de
la Seguridad Social.
Adquirido y expresado dicho compromiso, se estima que cómo se logra este
objetivo del mantenimiento del poder adquisitivo es un elemento accesorio
o instrumental, pues la finalidad básica es que los pensionistas de la
Seguridad Social no pierdan poder de compra en sus pensiones.
Madrid, 11 de julio de 1996.--El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/000246
Excmo. Sr.: A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de
los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de
referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
184/000246.
AUTOR: Alcaraz Ramos, Manuel Francisco (G. IU-IC).
Asunto: Situación de los centros destinados al cumplimiento de las penas
de arresto de fin de semana en la provincia de Alicante.
Respuesta: 1.El artículo 37 de la Ley Orgánica 10/95 de 23 de noviembre,
del Código Penal, remite las circunstancias de ejecución de la nueva pena
de arresto de fin de semana a la vía reglamentaria, de acuerdo con la Ley
Orgánica General Penitenciaria, cuyas normas han de aplicarse de forma
supletoria en lo que no esté previsto expresamente por dicho Código.
Así, mediante el Real Decreto 690/96 de 26 de abril, se determina que el
Juez o Tribunal designará el centro penitenciario más próximo al
domicilio del condenado a este tipo de arrestos, o el correspondiente
depósito municipal de detenidos, si no existiese centro penitenciario
alguno.
Con el fin de establecer un cupo concreto de plazas en los distintos
centros penitenciarios y aclarar el procedimiento de ejecución y el
régimen de cumplimiento de estas penas, se dictó una Orden Circular de la
Dirección General de Instituciones Penitenciarias, de fecha 12 de junio
de 1996, ante la inexistencia de actuación alguna durante todo el período
de «Vacatio Legis» del nuevo Código Penal.
En dicha Orden Circular se establece que el centro penitenciario de
Alicante Cumplimiento habrá de tener 20 plazas disponibles, ante la
posibilidad de recibir a condenados de penas de arresto de fin de semana,
siendo 15 de ellas para hombres y 5 para mujeres. En la actualidad es
difícil realizar previsiones sin un amplio margen de error, que permitan
determinar si estas plazas van a ser o no suficientes.
2.En relación a los depósitos municipales, la Dirección General de
Instituciones Penitenciarias viene trabajando con la Federación Española
de Municipios y Provincias para plasmar en el desarrollo normativo
adecuado la prestación que requiere el penado a estos arrestos.
Madrid, 28 de junio de 1996.--El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/000248
Excmo. Sr.: A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de
los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de
referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
184/000248.
AUTOR: Alcaraz Ramos, Manuel Francisco (G. IU-IC).
Asunto: Situación del proyecto de nuevas instalaciones de Correos y
Telégrafos en Petrer (Alicante).
Respuesta: La licitación de la obra de construcción del nuevo edificio de
Correos y Telégrafos en Petrer está programada para el año 1997.
La construcción se realizará sobre un solar del Ayuntamiento en el que se
edificará un conjunto de edificios públicos, que constituirán una manzana
completa destinada a equipamiento comunitario. No obstante, la
complejidad que comportan tales actuaciones, correspondientes a distintos
organismos, se espera que tal circunstancia no incida en el calendario de
ejecución de la obra.
Madrid, 27 de junio de 1996.--El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/000253
Excmo. Sr.: A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de
los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de
referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
184/000253.
AUTOR: Gago López, Joaquín Javier (G. S).
Asunto: Previsiones acerca de la transferencia a las Comunidades
Autónomas de la gestión o titularidad de los puertos de interés general.
Respuesta:
El Gobierno prevé transferir a las Comunidades Autónomas, al amparo del
artículo 150.2 de la Constitución, la gestión de los puertos de interés
general que se hallen en sus respectivos territorios. La conservación por
parte del Estado de la titularidad de los mismos es incuestionable,
puesto que se trata de un mandato constitucional recogido en el artículo
149.1.20 de la Constitución.
En cuanto a la segunda de las preguntas formuladas, se señala que no se
va a retirar la condición de «puerto de interés general» a ninguno de los
que en la actualidad gozan de tal carácter. Si así se hiciera, la
alteración de la clasificación debería llevarse a cabo por Real Decreto
que modificara el Anexo de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos
del Estado y de la Marina Mercante, según establece su artículo 5.2: «El
cambio de clasificación de un puerto por alteración de las circunstancias
a que se refiere el apartado anterior se realizará por el Gobierno,
mediante Real Decreto, a propuesta del Ministerio de Obras Públicas y
Transportes y previa la tramitación del correspondiente expediente, con
audiencia de la Comunidad Autónoma respectiva y, en su caso, de las demás
Comunidades Autónomas que resulten afectadas de forma relevante por la
zona de influencia comercial del puerto, así como de los Ayuntamientos en
los que se sitúe la zona de servicio de éste.» Sin embargo, no es la
voluntad de este Gobierno utilizar caminos indirectos para llegar al
resultado pretendido: que las Comunidades Autónomas puedan ejercer
competencias de gestión en relación con los puertos de interés general.
Madrid, 28 de junio de 1996.--El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/000255
Excmo. Sr.: A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de
los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de
referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
184/000255.
AUTORA:CánovasMontalbán,MaríaSacramento(G. S).
Asunto: Previsiones acerca de la privatización de la Empresa Nacional
Bazán.
Respuesta:
Uno de los criterios básicos del Gobierno en relación con las empresas
públicas consiste, en el marco del programa de modernización del sector
público empresarial del Estado, en la reducción progresiva de la
presencia pública en ellas. De este criterio se deduce un proceso
tendente, a corto y medio plazo, a la privatización de las empresas
integradas en la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI)
y a una progresiva reducción de las aportaciones presupuestarias que
reciben las integradas en la Agencia Industrial del Estado (AIE).
En las empresas de la AIE, como es el caso de la Empresa Nacional Bazán,
y sin perjuicio de respetar los contratos-programa vigentes, se pretende
introducir un mayor grado de tensión en la gestión.
No se plantea la privatización de la E. N. Bazán, pero es necesario
avanzar en la reforma de los procesos productivos y en la mejora de su
productividad y eficiencia.
Madrid, 5 de julio de 1996.--El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/000257
Excmo. Sr.: A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de
los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de
referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
184/000257.
AUTOR: López de Lerma i López, Josep (G. C-CiU).
Asunto: Situación en que se halla la redacción del proyecto de reforma
del trazado de la carretera N-260 a su paso por el tramo
Llançà-Colera-Port Bou.
Respuesta:
A mediados de 1990 se redactaron dos proyectos de acondicionamiento de la
carretera que, ante el fuerte impacto ambiental de las propuestas allí
contenidas, no se consideró oportuno tramitar.
Como Su Señoría conoce, en la reunión celebrada entre los Directores
Generales de Francia y España, hace algo más de un año, se llegó al
acuerdo de realizar acondicionamientos suaves del itinerario desde Llansá
hasta Cerbère, de los que no se derivasen fuertes impactos que,
inevitablemente, se producían con los proyectos iniciales.
Así, se ha dado ya la Orden de Estudio para la redacción del Estudio
Informativo del tramo Colera-Port Bou y en plazo breve se dará la orden
para la redacción del proyecto de construcción del acondicionamiento del
tramo Grifeu-Colera.
Madrid, 1 de julio de 1996.--El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/000259
Excmo. Sr.: A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de
los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de
referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
184/000259.
AUTOR: Chiquillo Barber, José María (G. Mx).
Asunto: Importación de chufa africana.
Respuesta:
La chufa se incluye dentro de la partida arancelaria correspondiente al
Código Comunitario N. C. 0714 90 90. En dicha partida, no se especifica
la chufa aisladamente, por lo tanto no se pueden obtener datos del nivel
de importación por este procedimiento.
Las cifras que a continuación se detallan se obtienen a partir de los
datos aportados por los sectores de producción y comercialización de las
Comunidades Autónomas afectadas (principalmente de la Consejería de
Agricultura de la Generalitat Valenciana).
Producción nacional Importaciones
Campaña 1995/96 Año 1995
Superficie: 500 Ha. Puerto Barcelona 419 TM
Puerto Algeciras 615 TM
Puerto Valencia 236 TM
TOTAL PRODUCCION TOTAL IMPORT.
5.000 TM 1.270 TM
De acuerdo con estos datos, no se puede calificar de masivas las
importaciones de este producto. Se destaca también que el arancel
aduanero que se aplica es del 5,6 % «ad valorem».
Por lo que se refiere a la segunda cuestión que plantea Su Señoría, el
tubérculo de chufa no está sometido a inspección o control alguno
fitosanitario. El anexo V, parte B de la Directiva 77/93/CEE no contempla
este producto, por haberse estimado comunitariamente que la chufa no es
portadora de plagas de importancia grave.
Por lo anteriormente expuesto, no parece oportuno ni necesario, desde el
punto de vista fitosanitario, trasladar inquietud alguna a la Comisión de
la U. E.
Madrid, 28 de junio de 1996.--El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/000261
Excmo. Sr.: A los efectos del artículo 190 del Reglamento Congreso de los
Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de
referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
184/000261.
AUTOR: Vázquez Vázquez, Guillerme (G. Mx).
Asunto: Actuaciones previstas en el tramo de autovía Vigo-Porriño para
corregir el trazado actual y mejorar su seguridad.
Respuesta:
La autovía Vigo-Porriño se realizó mediante duplicación de la antigua
carretera N-120, tramo donde se registran fuertes pendientes como es el
caso del Alto de Puxeiros.
No obstante, el desdoblamiento del tramo ha supuesto una notable
disminución del número de accidentes y, al tener gran capacidad, no
representa un grave problema que en algún punto tenga una limitación de
60 kilómetros por hora.
Es preciso señalar que dadas las características del trazado y la
topografía de la zona, no cabe ninguna actuación de mejora de la
plataforma actual. La Dirección General de Carreteras del Ministerio de
Fomento ha desarrollado un Estudio Informativo para llevar a cabo una
nueva autovía desde Vigo a Puxeiros, 2.o cinturón de Vigo, cuya
Información Pública está pendiente de aprobación.
Madrid, 1 de julio de 1996.--El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/000269
Excmo. Sr.: A los efectos del artículo 190 del Reglamento Congreso de los
Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de
referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
184/000269.
AUTORES: Marón Beltrán, Carmen (G. S), y Pérez Touriño, Emilio (G. S).
Asunto: Calendario y previsiones acerca del acceso norte a El Ferrol (La
Coruña) por Fene, Neda y Narón mediante autovía.
Respuesta:
En la actualidad, está pendiente de aprobación definitiva el Estudio
Informativo del Acceso Norte a Ferrol, paso
previo a la licitación de la asistencia técnica para la redacción del
proyecto de construcción, que, una vez contratada, necesitará el plazo de
un año para la redacción del proyecto.
Madrid, 27 de junio de 1996.--El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/000271
Excmo. Sr.: A los efectos del artículo 190 del Reglamento Congreso de los
Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de
referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
184/000271.
AUTORA: Valcarce García, María Amparo (G. S).
Asunto: Previsiones acerca de la construcción de una autopista entre León
y Astorga.
Respuesta:
El Plan Director de Infraestructuras contempla la construcción de una
autopista de peaje entre León y Astorga como continuación de la Autovía
Burgos-León, pero para ello será necesario la redacción de un
anteproyecto que sirva de base a la licitación de la concesión de dicha
autopista.
Madrid, 27 de junio de 1996.--El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/000272
Excmo. Sr.: A los efectos del artículo 190 del Reglamento Congreso de los
Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de
referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
184/000272.
AUTOR: Gago López, Joaquín Javier (G. S).
Asunto: Ejecución de las obras previstas en la Línea Redondela-Santiago.
Respuesta:
1.El proyecto para la supresión de los pasos a nivel situados en los p.
k. 48,654 y 50,033 de la línea Redondela-Santiago, en Villagarcía de
Arosa (Pontevedra), está redactado y enviado, dentro del preceptivo
trámite de información oficial, a la Xunta de Galicia y Ayuntamiento de
Villagarcía de Arosa.
El Ayuntamiento ha dado su conformidad al proyecto y ha asumido el
compromiso de expropiar los terrenos necesarios para la ejecución de las
obras.
Una vez que la Xunta de Galicia emita su informe y dé su conformidad al
Proyecto, se procederá a la aprobación definitiva del mismo, iniciándose
posteriormente los trámites de expropiación y de contratación de las
obras.
En estas condiciones, se prevé que el Proyecto pueda licitarse a finales
de este año o a principios del próximo.
2.El plazo que contempla el Proyecto para la ejecución de las obras es de
seis (6) meses.
Madrid, 1 de julio de 1996.--El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/000275
Excmo. Sr.: A los efectos del artículo 190 del Reglamento Congreso de los
Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de
referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
184/000275.
AUTORA: Calleja de Pablo, María del Carmen (G. S).
Asunto: Previsiones acerca de la aprobación de un Plan de Empleo Rural
(PER).
Respuesta:
La posibilidad de que en el año 1996 se habiliten fondos adicionales en
el marco del PER al objeto de paliar los efectos que ha producido la
sequía, al igual que se ha hecho en el año anterior, depende de la
evolución, que se está procediendo a realizar, con respecto a los daños
que se han podido ocasionar en el presente año.
Esta cuestión será, previsiblemente, uno de los puntos a tratar en la
mesa de negociaciones sobre el PER, que se va a constituir este mismo
mes.
Madrid, 5 de julio de 1996.--El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/000276
Excmo. Sr.: A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de
los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de
referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
184/000276.
AUTORA: Aramburu del Río, María Jesús (G. IU-IC).
Asunto: Supresión de la Dirección de Renovación Pedagógica en el
organigrama del actual Ministerio de Educación y Cultura.
Respuesta: 1.La supresión de la Dirección General de Renovación
Pedagógica está motivada por la decisión adoptada por el Gobierno de
reducir las estructuras orgánicas del Departamento. Las competencias que
tenía atribuidas dicha Dirección General son asumidas por la Secretaría
General de Educación y Formación Profesional, sin perjuicio de que las
Direcciones Generales de Centros Educativos y de Coordinación y de la
Alta Inspección se hagan cargo de las competencias de las Subdirecciones
Generales de Educación Especial y de Ordenación Académica,
respectivamente.
2.Sí se van a mantener los Centros de la Dirección General, con la
precisión de que el Centro de Desarrollo Curricular se integrará en el
Centro de Investigación y Documentación Educativa, para un más racional y
eficaz funcionamiento de estos servicios.
Madrid, 1 de julio de 1996.--El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/000277
Excmo. Sr.: A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de
los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de
referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
184/000277.
AUTORA: Aramburu del Río, María Jesús (G. IU-IC).
Asunto: Participación de España en la Conferencia Internacional sobre la
Mujer y en el Foro Alternativo, celebrados en Pekín el año 1995.
Respuesta: 1.De los gastos correspondientes al Instituto de la Mujer, se
acompaña en anexo copia del informe emitido por el citado Instituto,
adscrito en la actualidad al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
2.Asimismo, con cargo a la partida presupuestaria 27.01.311A.226.06 del
anterior Ministerio de Asuntos Sociales se firmaron sendos contratos con
Canal Sur, S. L., y Go-Consultores, S. L., por un importe de 9.995.000
pesetas y 9.900.183 pesetas, para la realización y producción,
respectivamente, de un vídeo-reportaje de 60 minutos de duración sobre la
IV Conferencia Mundial de la Mujer, de Naciones Unidas, y acontecimientos
paralelos.
Hasta la fecha se ha abonado la cantidad de 9.995.000 pesetas a Canal
Sur, S. L., y de 3.960.073 pesetas a Go-Consultores, S. L.
Madrid, 5 de julio de 1996.--El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
Nota: La documentación que se acompaña se encuentra en la Secretaría
General de la Cámara.
184/000278
Excmo. Sr.: A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de
los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de
referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
184/000278.
AUTOR: Meyer Pleite, Willy Enrique (G. IU-IC).
Asunto: Situación de los Servicios Integrales para el Empleo.
Respuesta: El 5 de mayo de 1995 se publicó el Real Decreto 735/95, por el
que se regulan las Agencias de colocación sin fines lucrativos y los
Servicios integrados para el empleo.
El 18 de octubre de 1995 se publicó, asimismo, la O. M. de 10 de octubre
de 1995, por la que se regulan, en desarrollo del título II del R. D.
735/95, de 5 de mayo, sobre agencias de colocación sin fines lucrativos y
los servicios integrados para el empleo, los Planes de Servicios
Integrados para el Empleo y los convenios con las entidades asociadas de
los Servicios Integrados para el Empleo.
Finalmente, el 7 de marzo de 1996 se publicó en el BOE la Resolución de
13 de febrero de 1996, del Instituto Nacional de Empleo, de aplicación y
desarrollo de la Orden del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de 10
de octubre de 1995.
En este marco jurídico se han firmado hasta la fecha un total de 61
convenios de colaboración para el desarrollo de planes de servicios
integrados para el empleo, que implicarían a 726.000 demandantes de
empleo. De ellos, 46 son convenios con entidades públicas locales
(ayuntamientos, mancomunidades de municipios y diputaciones
provinciales), 12, con asociaciones o entidades privadas sin ánimo de
lucro, y 3 con agentes sociales (UGT, CC. OO. y CEA, Confederación de
Empresarios de Andalucía).
Como proceso previo, se realizaron a lo largo del año 94 una serie de
conversaciones entre la FEMP (Federación Española de Municipios y
Provincias) y la Dirección General del INEM, para el desarrollo de una
experiencia piloto de Planes de Servicios Integrados para el Empleo.
El 28 de junio de 1994 se firmó un convenio de colaboración entre la FEMP
y el INEM, para el desarrollo de esta experiencia piloto en los
siguientes ámbitos:
Ayuntamiento de Avilés.
Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir.
Ayuntamiento de Getafe.
Ayuntamiento de Vitoria.
Ayuntamiento de Barcelona.
Ayuntamiento de Sabadell.
Mancomunidad de Municipios del Norte de Tenerife.
Ayuntamiento de Castellón.
La selección de estos ámbitos fue decisión de la Federación Española de
Municipios y Provincias.
A lo largo del año 1996, una vez publicado en el BOE el marco jurídico
por el que se regirán los Planes de servicios integrados, se han firmado
los correspondientes convenios de colaboración con todas las entidades
implicadas en la experiencia piloto.
Madrid, 5 de julio de 1996.--El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/000279
Excmo. Sr.: A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de
los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de
referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
184/000279.
AUTORA: Urán González, Presentación (G. IU-IC).
Asunto: Caudal de agua para la refrigeración de la central nuclear José
Cabrera, de Guadalajara, así como límite de incremento de temperatura
tolerado.
Respuesta: La central nuclear José Cabrera está autorizada para derivar
del río Tajo un caudal de 11.530 l/sg.
Las disposiciones que lo regulan son las siguientes:
Orden Ministerial de fecha 17-11-1970 del Ministerio de Obras Públicas.
Resolución de 10-5-1983 de la Comisaría de Aguas del Tajo.
El máximo salto térmico autorizado es 3o C.
Madrid, 5 de julio de 1996.--El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/000281
Excmo. Sr.: A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de
los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de
referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
184/000281.
AUTOR: Vázquez Vázquez, Guillerme (G. Mx).
Asunto: Ejecución de las obras de urbanización del tramo de la N-552 que
recorre el municipio de Vigo entre la intersección de la calle Buenos
Aires y el límite del municipio de Redondela.
Respuesta:
El proyecto de «Construcción de aceras y captación de pluviales en la
travesía de Vigo» fue redactado por el Ayuntamiento y en la actualidad,
se encuentra pendiente de aprobación tras haber sido necesario introducir
correcciones en el mismo. El presupuesto estimado es de 136 millones de
pesetas.
Madrid, 1 de julio de 1996.--El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/000282
Excmo. Sr.: A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de
los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de
referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
184/000282.
AUTOR: Fernández Fernández, Javier (G. S).
Asunto: Privatización de empresas públicas en Asturias.
Respuesta:
No se considera que HUNOSA y FIGAREDO puedan formar parte del conjunto de
empresas públicas susceptibles de ser privatizadas.
La negativa evolución de su cuenta de resultados, la permanente necesidad
de recursos públicos, el sobredimensionamiento de su plantilla y el
problema social que supone por la incidencia de su actividad, no permiten
considerar a estas empresas como privatizables.
Tampoco parece conveniente abordar el problema de HUNOSA y FIGAREDO desde
la perspectiva de compatibilizar el mantenimiento de la titularidad
pública con una gestión privada de las Compañías.
Aunque parezca comúnmente aceptado que la iniciativa privada resulta más
eficaz que la pública cuando lo que arriesga son sus propios recursos, no
existe la presunción de que resulte igualmente eficaz, porque no tiene el
mismo incentivo, cuando lo que se gestiona son recursos ajenos,
aportados, como en este caso, por los contribuyentes.
Por otro lado, el Ministerio de Industria y Energía no tiene constancia
de las conversaciones a las que se refiere S. S.
Madrid, 5 de julio de 1996.--El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/000283
Excmo. Sr.: A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de
los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de
referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
184/000283.
AUTOR: Rodríguez Sánchez, Francisco (G. Mx).
Asunto: Dotación de un plan de regadío a la comarca de La Limia (Orense).
Respuesta:
En virtud del Real Decreto 2792/86, de 30 de diciembre, la Comunidad
Autónoma de Galicia asumió las competencias en materia de programación,
aprobación, ejecución y explotación de aprovechamientos hidráulicos y
demás obras hidráulicas que se realicen en su territorio, siempre y
cuando no sean de interés general ni afecten a otra comunidad autónoma.
En consecuencia, un posible plan de regadíos para la cuenca de A Limia
sería competencia de la Comunidad Autónoma de Galicia, salvo declaración
expresa de interés general, en cuyo caso sería el Estado el que hubiera
de asumir su ejecución.
No obstante, en la propuesta del Plan Hidrológico Norte I se ha incluido
la zona de Laguna de Antela como regadíos de promoción pública
susceptibles de mejora y modernización, estando prevista la construcción
del embalse de Faromontaos --18 hm3 de capacidad-- para atender las
demandas a que ello diera lugar, aunque es la Xunta la que ha de definir,
tras los oportunos estudios de viabilidad, la superficie que debe regarse
y los recursos que es necesario detraer para este fin.
Madrid, 1 de julio de 1996.--El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/000291
Excmo. Sr.: A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de
los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de
referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
184/000291.
AUTOR: Martínez Sanjuán, Angel (G. S).
Asunto: Previsiones y calendario de ejecución para la autopista que
enlace Madrid a través de la provincia de Soria con la autopista del
Valle del Ebro, A-68.
Respuesta:
La autopista de peaje Madrid-Tudela tiene redactados los anteproyectos y
está pendiente de la realización de las declaraciones de Impacto
Ambiental, para lo que se han separado los tramos Madrid-Guadalajara y
Guadalajara-Tudela.
El tramo prioritario, por su mayor rentabilidad, es el situado entre
Madrid y Guadalajara, en el que se ha presentado el problema de la
existencia de una Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA), cuyos
límites habrá que cambiar antes de la licitación de la concesión.
En el resto del itinerario, el órgano ambiental ha pedido el estudio de
nuevas alternativas de trazado, para compararlas con la solución del
anteproyecto, antes de realizar la Declaración de Impacto Ambiental.
Madrid, 27 de junio de 1996.--El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/000292
Excmo. Sr.: A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de
los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de
referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
184/000292.
AUTOR: Martínez Sanjuán, Angel (G. S).
Asunto: Desdoblamiento y conversión en autovía de la carretera N-120 en
su tramo Navarrete-Burgos.
Respuesta:
El Plan Director de Infraestructuras no contempla la conversión en
autovía de la carretera N-120 entre Burgos y Logroño, por lo que no se ha
realizado ningún Estudio informativo de dicha actuación ni programación
de la misma.
Madrid, 1 de julio de 1996.--El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/000293
Excmo. Sr.: A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de
los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de
referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
184/000293.
AUTOR: Martínez Sanjuán, Angel (G. S).
Asunto: Realización del túnel de Piqueras en la carretera N-111.
Respuesta:
El Plan Director de Infraestructuras contempla la construcción del túnel
de Piqueras, cuyo Anteproyecto fue aprobado el pasado 9 de abril, así
como el expediente de Información Pública. Una vez sea dada la Orden de
Estudio, se procederá a la redacción del proyecto de construcción.
Madrid, 28 de junio de 1996.--El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/000294
Excmo. Sr.: A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de
los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de
referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
184/000294.
AUTOR: Blanco García, Jaime (G. S).
Asunto: Aumento de la cuota láctea asignada a España y, especialmente, la
de la Región de Cantabria.
Respuesta:
Como conoce Su Señoría, tras un estudio exhaustivo y sistemático de la
problemática que afectaba al sector lácteo a nivel de productores e
industrias transformadoras y consultados los distintos agentes sociales y
Comunidades Autónomas afectados, fue el Grupo Parlamentario Popular quien
planteó en el Pleno del Congreso de los Diputados, celebrado el pasado 12
de septiembre de 1995, una Proposición no de Ley, instando urgentemente
al Gobierno Socialista de la anterior Legislatura a negociar con la U. E.
el incremento en un millón de Tm. de la cuota láctea asignada a España.
Parece también preciso recordar a Su Señoría que anteriormente a dicho
Pleno existía ya un mandato aprobado en Comisión por parte de todos los
Grupos Parlamentarios, incluido el Grupo Socialista, para que el Gobierno
se comprometiera a iniciar con la U. E. la ampliación de la cuota láctea
asignada.
Su Señoría a su vez conoce que el Memorándum enviado al Comisario Sr.
Fischler el pasado 12 de abril, que avala el incremento solicitado en la
cuota láctea asignada a España en un millón de Tm., es debido a ese gran
error que se produjo al negociar en su momento el Tratado de Adhesión a
la C. E. E. y que corresponde al déficit que este producto padece desde
entonces en España, por los desequilibrios en el mercado entre demanda de
consumo y producción.
Todo esto repercute negativamente en el sector, obliga a pagar multas
supermillonarias si sobrepasamos la cuota asignada de producción y, por
lo tanto, toda ayuda proveniente del FEOGA se queda en el camino ante la
necesidad de efectuar la correspondiente corrección financiera negativa.
En contestación a la segunda cuestión, se informa que en el momento
actual no existe cuota de leche en la Reserva Nacional para poder
aumentar la cuota a Cantabria ni a ninguna otra Comunidad Autónoma. No
obstante, las transferencias entre Comunidades Autónomas propician que
los ganaderos con más iniciativas y más posibilidades de futuro adquieran
cuotas de ganaderos de otras Comunidades Autónomas.
En el caso que fuera posible conseguir un incremento de la cuota global,
sería distribuida entre las distintas Comunidades Autónomas, utilizando
criterios objetivos.
Finalmente, se responde afirmativamente a la tercera cuestión interesada,
aunque debe matizarse que tanto la mejora en el empleo como en la renta
agraria para Cantabria dependerá también de otros factores, como puedan
ser el grado de reestructuración alcanzado por las explotaciones de la
región en dicho sector, su nivel de mecanización, etc.
Madrid, 27 de junio de 1996.--El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/000295
Excmo. Sr.: A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de
los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de
referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
184/000295.
AUTORES: Blanco López, José (G. S), y Pérez Touriño, Emilio (G. S).
Asunto: Ejecución de la Ronda Norte de la ciudad de Lugo.
Respuesta:
El proyecto de construcción de la Ronda Norte de Lugo se aprobó el pasado
mes de febrero. Es condición indispensable
para la contratación de las obras disponer de los terrenos necesarios
para su ejecución, labor que corre a cargo del Ayuntamiento, quien aún no
los ha facilitado.
Madrid, 28 de junio de 1996.--El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/000296
Excmo. Sr.: A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de
los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de
referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
184/000296.
AUTORES: Blanco López, José (G. S), y Pérez Touriño, Emilio (G. S).
Asunto: Convenio que permita abordar un Plan de regeneración y
urbanización de los accesos a la ciudad de Lugo.
Respuesta:
El Ayuntamiento de Lugo ha presentado al Ministerio de Fomento un dossier
con las peticiones de actuaciones a realizar por el Departamento. En la
actualidad se están valorando estas peticiones para poder determinar el
alcance de las mismas.
Madrid, 28 de junio de 1996.--El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/000297
Excmo. Sr.: A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de
los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de
referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
184/000297
AUTOR: Villarrubia Mediavilla, Julio (G. S).
Asunto: Proyectos para el soterramiento del ferrocarril a su paso por la
ciudad de Palencia.
Respuesta:
El Ministerio de Fomento ha redactado diversos estudios técnicos para la
integración urbanística del ferrocarril en la ciudad de Palencia.
En base a dichos estudios se mantuvieron diversas conversaciones con las
distintas Administraciones con competencia urbanística que, por el
momento, no han llegado a cristalizar en la adopción de una solución
concreta, ni en la fijación de la participación de cada una de las
Administraciones en dicha solución.
Por tanto, en la programación actual del Ministerio de Fomento no está
prevista la participación en el soterramiento del ferrocarril a su paso
por la ciudad de Palencia. No obstante, el Ministerio mencionado está
abierto a entablar nuevas conversaciones para encontrar una solución que
satisfaga a todas las partes implicadas, tanto técnica como
económicamente.
Madrid, 1 de julio de 1996.--El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/000298
Excmo. Sr.: A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de
los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de
referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
184/000298
AUTOR: Perales Pizarro, Alfonso (G. S).
Asunto: Situación del proyecto de conexión de una toma superficial del
río Guadiaro al complejo Guadarranque-Charco Redondo, en la provincia de
Cádiz.
Respuesta:
Por resolución de 18 de octubre de 1995, la entonces Secretaría de Estado
de Política Territorial y Obras Públicas hizo público el Acuerdo del
Consejo de Ministros de 4 de agosto de 1995, por el que se adoptaban
medidas extraordinarias ante la gravísima persistencia de la sequía (Plan
de Metasequía).
En el anejo de dicho acuerdo figuran las obras correspondientes a la
Conducción del Guadiaro al Guadarranque, disponiéndose el 11 de octubre
de 1995 la ejecución de las mismas con carácter de emergencia, por un
importe límete de 2.360 millones de pesetas.
La ejecución de las obras fue iniciada en octubre de 1995, debiendo ser
paralizadas por el prolongado e intenso régimen de precipitaciones
registrado desde el 4 de diciembre hasta el 28 de mayo, es decir, durante
seis meses aproximadamente, siendo en todo caso la fecha de terminación
prevista la del 31 de octubre del presente año, dado que el grado de
ejecución en la actualidad es del 60 %.
Madrid, 4 de julio de 1996.--El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/000299
Excmo. Sr.: A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de
los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de
referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
184/000299
AUTOR: Perales Pizarro, Alfonso (G. S).
Asunto: Situación del Plan denominado metasequía en el que se preveían
las obras de conexión del Canal Bajo Guadalquivir hasta la presa de
Bornos, en la provincia de Cádiz.
Respuesta:
La conexión del Canal del Bajo Guadalquivir con el embalse de Bornos era
una obra de emergencia que, como tal, no precisaba de proyecto previo.
Finalmente, no ha sido necesario llevarla a cabo, una vez superada la
situación hidrológica de los últimos años.
Madrid, 28 de junio de 1996.--El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/000300
Excmo. Sr.: A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de
los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de
referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
184/000300
AUTOR: Perales Pizarro, Alfonso (G. S).
Asunto: Ejecución de las obras del trasvase del río Guadiaro al
Majaceite, en la provincia de Cádiz.
Respuesta:
Los plazos de ejecución previstos para las obras del trasvase
Guadiaro/Majaceite se están cumpliendo con exactitud, encontrándose en la
actualidad finalizado un tramo del túnel de 4.800 m.
Madrid, 28 de junio de 1996.--El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/000301
Excmo. Sr.: A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de
los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de
referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
184/000301.
AUTOR: Perales Pizarro, Alfonso (G. S).
Asunto: Construcción de la presa de Hozgarganta, en la provincia de
Cádiz.
Respuesta:
La asistencia técnica para la redacción del proyecto de aprovechamiento
del río Hozgarganta se contrató con INTECSA el 31 de enero de 1995.
A este respecto debe manifestarse que, al estar las alternativas objeto
de estudio ubicadas en el Parque Natural de Los Alcornocales, fue
necesario, con objeto de obtener los pertinentes permisos para la
ejecución de sondeos y calicatas, presentar la documentación
medioambiental correspondiente ante la Delegación de Medio Ambiente de
Cádiz; solicitud que tuvo lugar en abril de 1995, no obteniéndose los
referidos permisos hasta febrero de 1996.
Todos estos trámites motivaron la solicitud de un reajuste de anualidades
(19-07-95) y acto seguido, de prórroga de plazo (5-09-95), siendo esta
última autorizada el 28 de septiembre, fijándose así la nueva fecha de
terminación de los trabajos en el 1 de julio de 1996.
Una vez obtenidos los permisos antes mencionados, el régimen intenso y
continuado de precipitaciones registrado en el Campo de Gibraltar impidió
la ejecución de los trabajos de campo hasta abril de 1996, viéndose
nuevamente dificultados por el régimen de lluvias durante el mes de mayo.
Se prevé, no obstante, que todas estas operaciones terminen proximamente.
Finalmente, y debido a esta última circunstancia, el pasado 3 de junio se
ha solicitado una segunda prórroga de plazo, fijándose ahora la nueva
fecha de terminación en el 31 de diciembre.
Paralelamente, el pasado mes de enero se inicio la tramitación
medioambiental del expediente y en febrero se concluyó un estudio de
alternativas de planificación hidrológica del denominado Sistema I, en el
que se evaluaba, entre otras, el embalse de referencia, estudio que
completará el expediente de tramitación medioambiental.
Madrid, 3 de julio de 1996.--El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/000302
Excmo. Sr.: A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de
los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de
referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
184/000302.
AUTOR: Perales Pizarro, Alfonso (G. S).
Asunto: Reducciones y aumentos de capturas previstas en el Acuerdo
pesquero con Marruecos para las pesquerías tradicionales en la provincia
de Cádiz.
Respuesta:
El Acuerdo Pesquero con Marruecos no prevé aumentos ni reducciones de
capturas, ya que las mismas no están limitadas en el contenido del
Acuerdo.
Por otro lado, este Acuerdo va a permitir que la actividad pesquera de la
flota española en aguas de Marruecos se desarrolle a lo largo de los
próximos cuatro años, dentro de un esquema de reducción progresiva de la
presencia, lo que obligará a realizar las oportunas adaptaciones.
Madrid, 27 de junio de 1996.--El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/000303
Excmo. Sr.: A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de
los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de
referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
184/000303.
AUTOR: Perales Pizarro, Alfonso (G. S).
Asunto: Contratación de las obras de construcción del nuevo puente Zuazo
en San Fernando (Cádiz).
Respuesta:
El Puente Zuazo forma parte del proyecto de duplicación de calzada de la
Variante de San Fernando, actualmente pendiente de adjudicación
definitiva, tras haber sido seleccionada la oferta de una empresa
constructora.
Madrid, 28 de junio de 1996.--El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/000304
Excmo. Sr.: A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de
los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de
referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
184/000304.
AUTOR: Perales Pizarro, Alfonso (G. S).
Asunto: Contratación del ramal de la N-340, denominado Avenida España, de
acceso a La Línea de la Concepción (Cádiz).
Respuesta:
El proyecto de acceso a La Línea de la Concepción fue aprobado a finales
del pasado mes de abril. En la actualidad, se encuentra pendiente de
licitación, sin poder precisar la fecha para la misma.
Madrid, 28 de junio de 1996.--El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/000305
Excmo. Sr.: A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de
los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de
referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
184/000305.
AUTOR: Perales Pizarro, Alfonso (G. S).
Asunto: Inversiones en las infraestructuras de riego de la zona de Cádiz.
Respuesta:
1.Las dos principales zonas regables de la zona gaditana son la del
Guadalcacín y la de la costa noroeste de Cádiz.
El Estado de conservación de los canales principales, cuya competencia es
de la Administración del Estado es aceptable, habida cuenta de las
inversiones realizadas para su conservación en el último año (490
millones de pesetas en la primera de las zonas antes mencionadas) y del
poco tiempo transcurrido desde su puesta en servicio (costa noroeste).
2.Actualmente se está procediendo a la redacción, en íntima colaboración
con la correspondiente comunidad de regantes, del proyecto de
transformación de la zona regable del Guadalcacín --una de las más
antiguas--, cuyo presupuesto se estima de 8.000 millones de pesetas.
Madrid, 28 de junio de 1996.--El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/000306
Excmo. Sr.: A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de
los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de
referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
184/000306.
AUTOR: Perales Pizarro, Alfonso (G. S).
Asunto: Reservas de agua de la bahía de Cádiz.
Respuesta:
1.En estos días se dispone de un volumen de agua en los embalses de la
provincia de Cádiz de aproximadamente 1.000 hm.3
2.Con los recursos existentes se puede afirmar que el abastecimiento a
poblaciones está garantizado durante los próximos cinco años.
No obstante no puede decirse lo mismo acerca de los regadíos, pues la
posible atención de este tipo de demandas estará en función de las
aportaciones que se vayan produciendo en los sucesivos años hidrológicos.
Madrid, 28 de junio de 1996.--El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/000315
Excmo. Sr.: A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de
los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de
referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
184/000315.
AUTOR: Fernández Sánchez, Julián (G. IU-IC).
Asunto: Previsiones acerca de trasvasar aguas excedentarias a otras
Comunidades Autónomas desde el embalse de Itoiz.
Respuesta:
Según se ha hecho público en varias ocasiones y consta en la propuesta
del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro --refrendado por su Consejo
del Agua el pasado mes de febrero--, los volúmenes regulados en Itoiz se
destinarán a los siguientes usos:
Aprovechamiento hidroeléctrico a pie de presa.
Incremento de la garantía para el suministro urbano e industrial de la
comarca de Pamplona.
Transformación en regadío de 57.700 ha, en la zona denominada por el
futuro canal de Navarra.
Incremento de la garantía en una zona de 14.000 ha ya transformadas en
regadío, en las márgenes del río Aragón.
Todos estos aprovechamientos, que por su amplitud obligarán a un uso
eficiente de los recursos provenientes de Itoiz, se van a desarrollar de
forma coordinada con la construcción de la presa. En este sentido, el de
mayor relevancia, nuevos regadíos del canal de Navarra, implica un
proceso de declaración reglada de impacto ambiental ya abierto, con la
remisión oficial de la documentación oficial a las partes interesadas,
que en breve permitirá iniciar el preceptivo período de información
pública.
Por otra parte, desde una perspectiva técnica, se puede destacar que las
situaciones relativas de Itoiz y del origen de un eventual trasvase
--cabecera de la cuenca/desembocadura-- impide cualquier relación o nexo
causal entre ambos. A mayor abundamiento, la existencia en el curso
inferior del río Ebro de importantes embalses de regulación --Mequinenza,
Ribarroja, Flix--, destinados fundamentalmente a usos hidroeléctricos no
consuntivos, contribuye a reforzar esta falta de relación entre Itoiz y
los hipotéticos trasvases, pues dicha presa no es, en absoluto, ni válida
ni necesaria para efectuar trasvases desde el tramo final del Ebro.
Evidentemente, fuera de los períodos de riego, existen --y existirán--
recursos hídricos en exceso en el tramo inferior, que, por el contrario,
durante la campaña de riegos dejarán de existir, haciendo que los
volúmenes desembalsados desde Itoiz no lleguen siquiera al tramo
inferior.
En definitiva, puede concluirse que en ningún caso se plantea el Gobierno
aprovechar los recursos hídricos regulados en Itoiz para ser trasvasados
a otras cuencas. Por el contrario, se prevé su aprovechamiento en la
cuenca del Ebro y casi exclusivamente en la Comunidad Foral de Navarra.
Madrid, 28 de junio de 1996.--El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/000316
Excmo. Sr.: A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de
los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de
referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
184/000316.
AUTORA: Rubiales Torrejón, María Amparo (G. S).
Asunto: Construcción de la presa de «Los Melonares», en la provincia de
Sevilla.
Respuesta:
A esta fecha, aún no ha sido emitida la Declaración de Impacto Ambiental
relativa a la presa de Melonares por parte de la Secretaría General de
Medio Ambiente.
Madrid, 28 de junio de 1996.--El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/000322
Excmo. Sr.: A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de
los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de
referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
184/000322
AUTOR: Alcaraz Ramos, Manuel Francisco (G. IU-IC).
Asunto: Cuarteles cerrados o no destinados a uso militar, así como
conversaciones abiertas con Ayuntamientos para su venta o cesión.
Respuesta:
Los cuarteles propiedad del Estado afectados al Ministerio del Interior,
Dirección General de la Guardia Civil, que actualmente no se encuentran
utilizados, se detallan en la siguiente relación:
Alicante: 6
Almería: 12
Avila: 1
Badajoz: 3
Baleares: 3
Barcelona: 4
Cáceres: 34
Cádiz: 15
Castellón: 3
Ciudad Real: 4
Gerona: 4
Granada: 7
Guipúzcoa: 5
Huelva: 13
Huesca: 8
Jaén: 1
León: 1
Lérida: 4
La Rioja: 1
Lugo: 1
Madrid: 2
Málaga: 4
Murcia: 4
Navarra: 5
Oviedo: 3
Pontevedra: 11
Salamanca: 4
Cantabria: 4
Soria: 1
Tarragona: 3
Teruel: 1
Toledo: 2
Valencia: 7
Valladolid: 1
Zamora: 2
TOTAL: 184
Cuando esta clase de inmuebles dejan de ser útiles, se propone la
desafectación de los mismos a la Dirección General del Patrimonio del
Estado y previa firma del acta correspondiente, se ponen a disposición de
dicho Organismo, que es el competente de su posterior gestión como bien
patrimonial integrante del patrimonio estatal.
En el anexo I se detallan los Cuarteles desafectados y vacíos que se
encuentran a disposición de la Gerencia de Infraestructura de la Defensa.
El anexo II corresponde a aquellos Cuarteles que se encuentran vacíos y
están en situación previa a la desafectación, y el anexo III corresponde
a los Cuarteles adscritos al Ejército de Tierra que se encuentran vacíos,
ya que la Armada y el Ejército del Aire no tienen ninguno en esta
situación.
En dichos anexos I y II se específica el estado en que se encuentran las
conversaciones abiertas con Ayuntamientos para la venta o cesión de los
Acuartelamientos. Estas conversaciones suelen ser largas, toda vez que es
difícil compaginar el precio de muchas de estas instalaciones, la
calificación urbanística inicial y las dificultades económicas de las
Administraciones Locales.
Las modificaciones de la calificación urbanística tienen unos plazos
legales y unos trámites administrativos no inferiores a 18 meses, en los
casos más favorables.
Madrid, 1 de julio de 1996.--El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
Nota: La documentación que se acompaña se encuentra en la Secretaría
General de la Cámara.
184/000323
Excmo. Sr.: A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de
los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de
referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
184/000323.
AUTOR: Alcaraz Ramos, Manuel Francisco (G. IU-IC).
Asunto: Opinión del Gobierno acerca de las presuntas irregularidades de
Cablevisión que vulnerarían el reglamento comunitario sobre concentración
de empresas.
Respuesta:
El 26 de julio de 1995, Telefónica de España,
S. A., y la Sociedad de Televisión de Pago Canal Plus,
S. A., firmaron un acuerdo estratégico y de accionistas por el que ambas
empresas adquieren el control conjunto de la sociedad CABLEVISION, S. A.,
que se configura como una sociedad de gestión de servicios para las
operadoras de cable. El 26 de octubre de 1995, las empresas participantes
presentan ante el Servicio de Defensa de la Competencia
(SDC) una notificación voluntaria de concentración, con lo que se inicia
el procedimiento de control de concentraciones previsto en la Ley
16/1989, de Defensa de la Competencia.
Previamente, el acuerdo había sido denunciado ante el SDC por Antena 3,
que también presentó una Queja ante la Comisión europea. Este último
hecho llevó a las partes a enviar una copia de la notificación a la
Comisión, que por tanto, se puso al corriente de la situación. A mediados
de febrero de 1996, la Comisión comunica a las partes que entiende que la
operación es una concentración de dimensión comunitaria y que se debería
proceder a la notificación ante la Dirección General IV en el plazo más
breve posible.
Como quiera que el procedimiento español había seguido su curso, tras
recibir el preceptivo dictamen del Tribunal de Defensa de la Competencia,
el Consejo de Ministros adoptó, en sesión celebrada el 1 de marzo de
1996, un Acuerdo por el que se aprueba la operación de concentración
CABLEVISION, aunque subordinado al cumplimiento de ciertas condiciones.
No obstante lo anterior, la Comisión continúa pensando que la operación
tiene dimensión comunitaria y que debe ser notificada siguiendo el
procedimiento previsto en el Reglamento (CEE) 4064/89 del Consejo, de 21
de diciembre de 1989, sobre el control de las operaciones de
concentración entre empresas, a lo que las partes no se avienen.
Ante esta situación, la Comisión inicia un procedimiento de infracción
contra TELEFONICA y CANAL PLUS. El 29 de marzo de 1996, remite un Pliego
de Cargos en el que se advierte a las empresas la posibilidad de que se
les impongan sanciones económicas por las infracciones cometidas:
ausencia de notificación y entrada en funcionamiento de la operación sin
autorización comunitaria previa.
Las partes han recurrido ante el Tribunal de Primera Instancia de la
Unión Europea la calificación de la dimensión comunitaria de la
operación, así como la apertura de expediente sancionador y han
solicitado medidas cautelares.
Paralelamente, el 31 de mayo, las partes han notificado la operación de
concentración a la Comisión, sin retirar el recurso ni renunciar a los
derechos que para ellas se derivan del Acuerdo del Consejo de Ministros
de 1 de marzo de 1996.
Por tanto, actualmente el contencioso entre la Comisión y las partes
notificantes de la operación CABLEVISION está pendiente de una resolución
judicial. En esta situación, el Gobierno considera que debe adoptar un
lógico criterio de no injerencia en las actuaciones de los órganos
judiciales, por lo que debe mantener una actitud de reserva y no emitir
valoraciones que puedan afectar la posición de una u otra parte.
Madrid, 11 de julio de 1996.--El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/000324
Excmo. Sr.: A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de
los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de
referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
184/000324.
AUTORA: Maestro Martín, María Angeles (G. IU-IC).
Asunto: Composición y funcionamiento de la Comisión Liquidadora de
Entidades Aseguradoras dependientes de la Dirección General de Seguros
del Ministerio de Economía y Hacienda.
Respuesta:
1.La Disposición Adicional Decimocuarta de la Ley 46/85, de 27 de
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1986 dispone que
«las Entidades aseguradoras a que se refiere la Disposición Transitoria
del Real Decreto-Ley 10/84, de 12 de julio, continuarán satisfaciendo con
carácter repercutible el 5 por 1.000 de las primas recaudadas en todos
los ramos, salvo el de vida, mientras el Gobierno no disponga dejar sin
efecto esta obligación por haber desaparecido las circunstancias
excepcionales a que se refiere el citado Real Decreto-Ley».
A su vez, el artículo 34.3 de la Ley 30/95 de 8 de noviembre, de
Ordenación y Supervisión de los Seguros privados, establece que
«corresponde al Consorcio de Compensación de Seguros, en los términos
fijados en su Estatuto Legal, el recargo destinado a efectuar
subvenciones a la Comisión Liquidadora de Entidades Aseguradoras, así
como su gestión y recaudación.
En relación al desglose anual de las referidas cantidades desde su
aplicación (ejercicio 1985) del examen de las cuentas anuales del
Consorcio, correspondientes a los ejercicios que van desde 1985 a 1994,
figuran los siguientes datos:
Años Ingresos
1985 442.197.915
1986 2.218.502.697
1987 5.211.076.414
1988 3.808.665.789
1989 4.971.949.603
1990 5.607.285.158
1991 6.744.632.856
1992 7.571.125.244
1993 8.571.692.714
1994 9.221.629.396
2.El artículo 34.1 a) de la Ley 30/95, de 8 de noviembre, de Ordenación y
Supervisión de los Seguros Privados, establece entre otros recursos de la
Comisión Liquidadora de Entidades Aseguradoras y para el cumplimiento de
sus funciones, el importe de las subvenciones otorgadas por el Consorcio
de Compensación de Seguros sobre la base del recargo del 5 por 1.000.
El importe de las subvenciones giradas por el Consorcio de Compensación
de Seguros a la Comisión Liquidadora
correspondiente a los ejercicios 1984 a 1994, según resulta de las
cuentas anuales de la entidad, es el siguiente:
Años Subvención
1984-86 1.332.975.736
1987 1.286.649.220
1988 1.112.918.766
1989 3.571.374.888
1990 3.892.764.544
1991 1.284.723.249
1992 10.097.732.845
1993 7.559.105.925
1994 9.468.124.935
3.En relación al Consorcio de Compensación de Seguros, del contenido de
las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 1994, resultan unos
rendimientos financieros correspondientes al patrimonio general de la
Sociedad en este ejercicio de 23.333.479.337 pesetas.
Respecto a la Comisión Liquidadora de Entidades Aseguradoras (CLEA) los
rendimientos financieros correspondientes al ejercicio de 1994, según
resulta de las cuentas anuales de la Entidad, ascendieron a 362.526.761
pesetas.
4.En la Cuenta de Pérdidas y Ganancias del patrimonio general del
Consorcio de Compensación de Seguros, los recargos por el 5 por 1.000
percibidos anualmente figuran en la rúbrica «Otros ingresos de
explotación», dentro del «Haber». A su vez, el importe de las
subvenciones giradas a la CLEA aparece en la rúbrica «Pagos a la CLEA»,
del «Debe».
La diferencia entre los ingresos por el recargo del 5 por 1.000 y las
subvenciones a la CLEA da lugar a un resultado que será positivo cuando
los ingresos sean superiores a las subvenciones, y negativo en caso
contrario.
Este resultado se imputa a otra rúbrica del «Debe», denominada «Variación
Fondo Clea», que figura en esta cuenta con signo positivo si los ingresos
son superiores a las subvenciones o negativo cuando el importe de las
subvenciones excede al de los ingresos.
Asimismo, en el Balance del ejercicio, dentro del Pasivo, aparece la
partida «Depósito Fondo CLEA», a la que se imputa el resultado positivo o
negativo de la cuenta «Variación Fondo CLEA». De esta manera, si el
resultado de esta última cuenta es positivo incrementa el Fondo Clea y,
si es negativo, lo disminuye.
Durante el ejercicio de 1994, la partida «Variación Fondo Clea» registró
un resultado negativo de 246.495.539 ptas., lo que determinó un cargo al
«Depósito Fondo Clea» por dicho importe.
Por contra, en otros ejercicios en los que el resultado ha sido positivo,
el importe correspondiente ha incrementado el «Depósito Fondo Clea».
La finalidad de este «Depósito», como aconteció en el ejercicio 1994, es
atender los resultados negativos que puedan producirse en cada ejercicio.
5.Las operaciones de venta de inmuebles por la CLEA, por años, son las
siguientes:
Años Número Valor de tasación Valor de venta
1986 3 63.153.200 89.550.000
1987 14 336.870.207 426.034.558
1988 17 317.214.805 379.290.000
1989 28 1.078.232.936 1.620.098.713
1990 19 433.856.512 662.781.243
1991 8 442.364.225 640.362.500
1992 10 438.366.160 437.303.488
1993 12 924.482.401 791.519.000
1994 31 1.169.197.216 1.159.826.873
1995 27 1.947.948.609 1.816.628.941
TOTAL PERIODO
1986-1995 7.151.686.271 8.023.395.316
El cuadro anterior pone de manifiesto la situación del mercado
inmobiliario nacional. Hasta el año 1991 se han podido conseguir precios
de venta de los inmuebles por encima de su valor de tasación, debido a la
sensible reducción de la demanda. Sin embargo, a partir de ese año las
dificultades de venta de inmuebles en el mercado inmobiliario han
obligado, en algunas casos, a la venta de inmuebles por debajo del valor
de tasación. No se puede perder de vista que la CLEA no puede suspender
su actividad de venta de inmuebles cualesquiera sean los avatares del
mercado inmobiliario, dado que está obligada a concluir los procesos de
liquidación de las entidades.
6.El artículo 32 de la Ley 30/95, de 8 de noviembre, de Ordenación y
Supervisión de los Seguros Privados, dispone que esta entidad «está
regida por un Consejo de Administración compuesto por el Presidente de la
Comisión y un máximo de ocho vocales». Asimismo, se añade que «el
nombramiento y cese del Presidente y de los vocales corresponde al
Ministro de Economía y Hacienda, a propuesta del Director General de
Seguros».
En virtud de la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 17 de
enero de 1996 (BOE 23 de enero, ref. 1436, 1996) se procedió al
nombramiento del Presidente de la Comisión Liquidadora de Entidades
Aseguradoras y a los vocales de su Consejo de Administración.
Debe precisarse que de los ocho vocales que forman parte del Consejo de
Administración, cuatro de ellos pertenecen al sector asegurador privado y
los cuatro restantes a la Administración Pública.
7.El total de los pagos satisfechos a los liquidadores delegados de la
CLEA y el número de entidades en liquidación existentes en cada año es el
siguiente:
Años Honorarios pagados Número liquidaciones
a los liquidadores en trámite
1984-1985 18.831.667 27
1986 58.366.000 70
1987 55.790.660 89
1988 57.730.080 78
1989 47.118.204 71
1990 51.968.093 102
1991 35.214.880 62
1992 44.756.265 81
Años Honorarios pagados Número liquidaciones
a los liquidadores en trámite
1993 82.237.975 84
1994 92.152.643 66
1995 69.057.350 57
8.El Consejo de Administración de la CLEA ha aprobado en el presente año
un procedimiento general para la venta de inmuebles propiedad de
entidades en liquidación con el que se pretende dar la mayor objetividad
y transparencia posible a esta actividad de la entidad.
En líneas generales el procedimiento se caracteriza por las siguientes
notas:
--Elaboración de un pliego de condiciones generales y particulares, al
que deben someterse quienes concurran al procedimiento de adjudicación.
--Fijación de un precio mínimo de venta de inmuebles por debajo del cual
no se admitirán ofertas. Este precio se determina en base a la tasación
realizada por empresas tasadoras inscritas en el Registro Especial del
Banco de España.
--Fijación de un plazo preclusivo para la realización de ofertas.
--La venta se anuncia en los diarios que se consideren más adecuados en
función de la ubicación del inmueble.
--La apertura de las ofertas, que deberán presentarse en sobres lacrados
y sellados, se realiza ante Notario designado por la CLEA, en los diez
días hábiles siguientes al vencimiento del plazo de presentación de
ofertas.
--La adjudicación se realiza a la oferta económicamente más ventajosa,
siempre que supere el importe mínimo establecido.
--En el supuesto de que no se considere suficiente ninguna de las ofertas
recibidas, o en el caso de no recibirse ofertas que cubran el precio
mínimo fijado, se declara desierto el concurso y se procederá a una nueva
promoción de venta mediante el mismo sistema, una vez transcurrido algún
tiempo.
--En el caso de que la promoción de venta quedara nuevamente desierta, el
Consejo de Administración podrá, en su caso, optar por autorizar sistemas
alternativos, como pueden ser la subasta notarial a la baja, la subasta
notarial al alza, encomendar la venta a un agente de la propiedad
inmobiliaria, etc.
9.Hasta la entrada en vigor de la Ley 30/95, de 8 de noviembre, de
Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, el Ministerio de
Economía y Hacienda carecía de competencia para la apertura de
procedimientos administrativos sancionadores contra los liquidadores de
entidades aseguradoras, al no estar contemplada esta figura en el sistema
sancionador vigente hasta dicha fecha.
Sin embargo, a partir de la entrada en vigor de dicha Ley, es aplicable
el artículo 40, en cuya virtud los liquidadores de entidades aseguradoras
que infrinjan normas de ordenación y supervisión de los seguros privados,
incurren en responsabilidad administrativa sancionable y pueden ser
objeto de la apertura de un procedimiento administrativo sancionador.
10.La Comisión Liquidadora de Entidades Aseguradoras es un organismo de
Derecho Público, cuyo contenido fundamental es practicar la liquidación
de entidades aseguradoras, satisfaciendo a los acreedores el importe de
sus créditos, con cargo al patrimonio de la entidad aseguradora objeto de
liquidación.
En este sentido, la CLEA no se constituye en «fondo de garantía» de los
derechos de los acreedores, ni les asegura la percepción del 100 por 100
de sus créditos.
No obstante, la recaudación del 5 por 1.000 permite el establecimiento de
las denominadas «medidas de mejora», que suponen un régimen más favorable
para los acreedores que el que les correspondería en la liquidación de
una entidad mercantil ordinaria.
El proceso de liquidación de entidades aseguradoras por la CLEA está
regulado actualmente por la Ley 30/95, de 8 de noviembre, de Ordenación y
Supervisión de los Seguros Privados.
Estas «medidas de mejora» o beneficios de la liquidación en favor de los
acreedores por razón de póliza de seguros están especificadas en el art.
35 de la Ley 30/95, de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de los
Seguros Privados y a grandes rasgos permiten a la CLEA:
--Ofrecer a dichos acreedores la compra de sus créditos por un valor
superior al de su valor de liquidación, como consecuencia de las
«mejoras» introducidas en el balance de la sociedad. (Por ejemplo,
considerar recuperable al 100% un crédito de dudoso cobro, incluso no
provisionado.)
--Pagar estos créditos mucho antes de que el proceso de liquidación esté
concluido. (Al subrogarse la CLEA en el lugar del acreedor, si el crédito
correspondiente resultase fallido, sería la CLEA la que, en definitiva,
soportaría esa pérdida con cargo al 5 por 1.000.)
El resultado numérico de este sistema de liquidación se expone en el
siguiente cuadro:
COMPRAS APROBADAS POR AÑOS
N.º Acreedores Importe Valores de liquidación Importe
Años Por razón de Nominal Sin mejoras Con mejoras del
Póliza Importe % Importe % Beneficio
Hasta
1991 107.791 14.118,9 4.736,0 33,54 8.186,6 57,98
3.450,6
En 1992 31.065 15.968,6 3.880,8 25,75 10.964,1 72,76
7.083,3
En 1993 131.229 19.672,1 4.571,6 23,24 14.218,7 72,28
9.647,1
En 1994 195.784 24.181,8 4.382,1 18,12 15.351,0 63,48
10.968,9
En 1995 133.647 16.664,3 5.679,7 34,08 10.576,1 63,47
4.896,4
TOTALES 599.516 89.705,7 23.250,2 25,92 59.296,5 66,10
36.046,6
Del cuadro anterior se deduce que, hasta el año 1995, los beneficios han
afectado a 599,16 acreedores por un importe total de más de 36.000
millones de pesetas. Este coste, más el de los gastos de liquidación que
adelanta la CLEA, y que en su mayor parte son irrecuperables, se
financian con el recargo del 5 por 1.000 sobre las primas de todos los
seguros, excepto los de vida y los de crédito a la exportación por cuenta
del Estado.
Así pues, la compra de los créditos a los perjudicados en ningún caso se
realiza por debajo de su valor real, que es el de liquidación. Lo que sí
sucede es que el porcentaje de compra resultante, en la mayoría de los
casos, no llega al 100 por 100 de su valor nominal. Dicho porcentaje de
compra varía en la liquidación de cada entidad, en función de su
situación patrimonial y de las «mejoras» que han podido introducirse, de
acuerdo con lo que regula el art. 36 de la mencionada Ley 30/1995.
Con el fin de atender las necesidades económicas que surgen, la CLEA
solicita la correspondiente transferencia de fondos al Consorcio de
Compensación de Seguros, que es el Organismo encargado de la recaudación
del mencionado 5 por 1.000.
Madrid, 3 de julio de 1996.--El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/000325
Excmo. Sr.: A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de
los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de
referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
184/000325
AUTOR: Puig i Olivé, Lluís María de (G. S).
Asunto: Proyecto de desdoblamiento y variante de Castellfollit de la Roca
de la N-260 hasta Olot.
Respuesta: El trazado del tramo Besalú-Olot de la carretera N-260, en el
que se incluye la Variante de Castellfollit de la Roca, se sometió a
Información Pública el 11 de julio de 1995, mediante anuncio en el BOE de
20 de julio, trámite tras cuya finalización y con las alegaciones
presentadas se elaboró el correspondiente informe.
En la actualidad, está pendiente de aprobación definitiva dicho proyecto,
con la Declaración de Impacto Ambiental pertinente, para poder abordar la
redacción de los diferentes proyectos de construcción, entre los que se
incluye el de la variante de Castellfollit de la Roca.
Madrid, 12 de julio de 1996.--El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/000327
Excmo. Sr.: A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de
los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de
referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
184/000327
AUTOR: Puig i Olivé, Lluís María de (G. S).
Asunto: Futuro del paso fronterizo de La Jonquera.
Respuesta:
El Convenio de Aplicación del Acuerdo de Schengen de 14 de julio de 1985,
ratificado entre otros países europeos por Francia y España, consagra la
libre circulación de personas mediante la supresión de controles
interiores.
El Acuerdo de Schengen se comenzó a aplicar el 26 de marzo de 1995 entre
los siete países que cumplían las condiciones definidas como «previas»,
que consistían fundamentalmente en: el correcto funcionamiento del
Sistema
de Información Schengen (S.I.S.) y en la constancia de que los controles
en las fronteras exteriores se realizaban de acuerdo con los principios
uniformes definidos en el Convenio de Aplicación.
Una vez realizada esta introducción se pasa a informar sobre las
cuestiones planteadas.
1.En relación con las previsiones que existen sobre el paso fronterizo de
La Jonquera, se señala tras la reunión del Comité Ejecutivo celebrado en
La Haya, el pasado 18 de abril, que Francia presentó una Nota informando
que había suprimido todos los controles con respecto a las fronteras con
España y Alemania, manteniendo los controles con el Benelux debido al
problema de la droga.
Por otro lado, recientemente, España y Francia han firmado un Acuerdo
para la instalación de Comisarías Comunes, en un principio en Le
Perthus-La Jonquera, Melles Pont du Roi-Lés, Biriatou-Irún y
Canfranc/Somport-Urdos, y más adelante se ampliarán a dos más,
Dancharinea-Dancharía y Valcarlos-Arneguy. De esta manera, estas
Comisarías servirán como Centros de Coordinación de Patrullas móviles,
puntos de contacto de vigilancia y persecución transfronteriza, como
lugares de intercambio de información y de entrega para el cumplimiento
de los Acuerdos de Readmisión.
2.En cuanto al mantenimiento de las cabinas de control en el paso
fronterizo de La Jonquera se puede indicar que, con carácter general, se
han ido retirando paulatinamente estas cabinas, como consecuencia de la
comunicación que en su día el Ministerio de Asuntos Exteriores dirigió al
de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente (hoy Fomento) para que
procediese a retirar los obstáculos existentes en las vías públicas que
entorpecían la libre circulación. Por lo tanto, las cabinas que en la
actualidad se encuentran en algunas fronteras irán desapareciendo. No
obstante, existe la posibilidad de que algún edificio sea en un futuro
utilizado para alguna función de índole policial.
3.En relación a la vigilancia, se ha diseñado un plan de patrullas
móviles coordinadas en ambos lados de la línea fronteriza, al objeto de
realizar actividades relacionadas con la seguridad.
4.En relación a la última cuestión, el artículo 2.2 del Convenio de
Aplicación permite la reinstauración de los controles fronterizos,
temporalmente, por razones de seguridad nacional. Francia, con motivo de
los atentados de origen islámico sufridos recientemente, decidió acogerse
a la citada disposición y reforzar los controles en sus fronteras,
llevando a cabo un plan que incluía la ayuda de sus fuerzas del Ejército,
si bien, en el caso de la frontera hispano-francesa no se realizaban
controles sistemáticos.
Madrid, 1 de julio de 1996.--El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/000328
Excmo. Sr.: A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de
los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de
referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
184/000328
AUTOR: Rodríguez Zapatero, José Luis (G. S).
Asunto: Nombramiento de funcionarios públicos como altos cargos de la
Administración Central tras la reestructuración del Gobierno.
Respuesta:
Se señala la respuesta dada con carácter general, en relación con los
altos cargos nombrados hasta el 17 de junio, a la pregunta escrita de S.
S., número de expediente 184/230, de fecha 16-6-96.
No obstante, el Ministerio de Administraciones Públicas vuelve a reiterar
la información ofrecida anteriormente respecto a los nombramientos
realizados en los boletines oficiales del estado números 127 y 128, de 25
y 27 de mayo de 1996. El porcentaje de funcionarios nombrados en esos
boletines es del 86,88 %, siendo el resto no funcionarios.
Madrid, 28 de junio de 1996.--El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/000331
Excmo. Sr.: A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de
los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de
referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
184/000331.
AUTOR: Ros Maorad, José Luis (G. S).
Asunto: Situación del proyecto de construcción de la carretera N-320
Guadalajara-Sacedón.
Respuesta:
Está previsto que se iniciasen en breves fechas las obras del proyecto de
acondicionamiento del tramo Sacedón-Horche, entre los puntos kilométricos
220 y 262 de la carretera N-320 de Albacete a Guadalajara y Burgos.
Por lo que respecta la variante de Guadalajara, presenta dos tramos
diferenciados y en distinta situación.
Tramo 1.En fase de redacción el Estudio Informativo de la variante de la
CN-320 en Guadalajara, p.k. 275 al 282 (aproximado, enlace Guadalajara
Sur).
Tramo 2.Variante de la CN-320 entre los p.k. 282 y 298, tramo: Cabanillas
del Campo. Proyecto ya licitado. La apertura de ofertas económicas tendrá
lugar el 10 de septiembre y su adjudicación a finales de año.
Madrid, 12 de julio de 1996.--El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/000332
Excmo. Sr.: A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de
los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de
referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
184/000332.
AUTOR: Ros Maorad, José Luis (G. S).
Asunto: Medidas ante el cierre de la leprosería de Trillo (Guadalajara)
por parte del Instituto Nacional de la Salud (INSALUD).
Respuesta:
El Instituto Leprológico de Trillo es un centro de referencia nacional,
monográfico, cuya función es la cobertura asistencial, la atención y
tratamiento, tanto en régimen de hospitalización como ambulatorio, de
pacientes con lepra.
Con fecha 29 de marzo de 1976, el entonces Instituto Nacional de
Previsión suscribió un Concierto con el Leprológico de Trillo, cuyo
objetivo era poner a disposición de la Seguridad Social los servicios
citados anteriormente. Dicho Concierto establece en su apartado 5.2., que
el régimen de la asistencia estará sometido a la vigilancia de la
Inspección de Servicios Sanitarios; inspecciones que se han ido
realizando a lo largo de estos años.
Situación actual:
Al amparo de lo establecido en el concierto en relación a las
inspecciones, los días 11 y 12 de diciembre de 1995, el Equipo de
Inspección de la Dirección Provincial del INSALUD de Guadalajara realizó
una visita al citado centro, cuyo objetivo era valorar la actividad
asistencial que se
realiza.
El resultado de dicha inspección ofreció las siguientes conclusiones:
Desde hace aproximadamente 10 años, y debido a los avances en el
seguimiento y tratamiento de los pacientes con lepra, no se ha producido
ningún ingreso nuevo, exceptuando aquellos pacientes antiguos que acuden
a revisiones anuales. Este hecho, junto con el fallecimiento de algunos
pacientes, ha supuesto un descenso progresivo e importante en el número
de pacientes hospitalizados, pasando de 127 en enero de 1990 a 32 en mayo
de 1996.
El 100% de estos pacientes posee negatividad al bacilo en los estudios
anatomopatológicos y microbiológicos, lo que determina que están curados
de su patología de lepra.
El 90% de las consultas solicitadas por los enfermos a los facultativos
son de medicina general, siendo sometidos sólo a una consulta de revisión
al año de su patología.
En base a estas conclusiones y a otras más que reforzaban la confirmación
de que los enfermos ingresados en la Leprosería de Trillo se encontraban
curados de su patología específica, el Equipo de Inspección realizó las
siguientes propuestas o recomendaciones:
Proceder a la alta clínica de los pacientes ingresados, al no existir
razón médica que justifique ni determine su permanencia en dicho centro
sanitario al estar curados de su patología.
Finalización del Concierto establecido con el INSALUD, de fecha 29 de
marzo de 1976, al no cumplirse en el momento actual los objetivos
establecidos en el mismo.
Revisión de la catalogación del Instituto Leprológico, por entender que
la actividad desarrollada en la actualidad corresponde más a una consulta
de Atención Primaria.
Dado que los pacientes actualmente ingresados lo están por motivos
sociales, correspondería a la Consejería de Bienestar Social de la Junta
de Castilla-La Mancha la asistencia a los mismos.
Desde hace ya unos años, y a la vista de la situación clínica de los
pacientes, así como de los informes periódicos realizados por las
Inspecciones, que ofrecían en esencia las mismas conclusiones, se tenía
previsto realizar aquellas actuaciones coherentes con las propuestas de
los informes, aunque dicha decisión se ha ido demorando en el tiempo.
Una vez elaborado por la Inspección el último informe, éste fue remitido
a la Delegación de Sanidad de la Junta de Castilla-La Mancha. Al no
obtener respuesta, en la Dirección Provincial del INSALUD se constituyó
una Comisión de Evaluación, comunicándolo al Delegado de Sanidad, para
que el Director del Instituto Leprológico y otro facultativo formasen
parte de la misma. Dicha invitación fue declinada por el citado Delegado
de Sanidad.
El 22 de abril de 1996, la citada Comisión, constituida por dos médicos
inspectores, un dermatólogo y el médico coordinador del Centro de Salud
de Cifuentes, procedió a la valoración de los informes, indicando la
necesidad de extender el alta a todos los pacientes, al llevar años
negativizada e inactivada su enfermedad.
El día 30 de abril de 1996, se solicitó al Director General de Salud
Pública de la Consejería de Sanidad una reunión para valorar y estudiar
la decisión adoptada por la Comisión de Evaluación, así como las posibles
actuaciones de cara a una recalificación del Instituto Leprológico
Nacional. Evidentemente, las altas de los citados enfermos quedaron
paralizadas hasta tanto no se produjera la citada reunión.
A la vista de que la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla-La
Mancha no ofrecía ninguna respuesta a lo planteado, se tomó la decisión
de llevar adelante la remisión de las altas de los enfermos.
Por todo lo expuesto anteriormente, conviene precisar:
1.Que el INSALUD no ha decretado en ningún momento el cierre de la
Leprosería de Trillo.
2.Que las altas médicas de los enfermos ingresados en el citado Instituto
fueron realizadas a instancias de una Comisión Técnica creada al efecto,
que valoró que ninguno de los enfermos ingresados presentaba lepra
activa, llevando ya varios años con revisiones negativas.
3.Que al igual que la Leprosería de Trillo, en los años 40 y 50 fueron
construidos en nuestro país muchos centros de carácter monográfico para
determinadas patologías infecciosas, y que la práctica totalidad de los
mismos se han reconvertido, por carecer hoy día de pacientes específicos
para cuya atención fueron creados.
4.Que todas las actuaciones que se han ido realizando han sido
permanentemente puestas en conocimiento de la Consejería de Sanidad de la
Junta de Castilla-La Mancha, sin que hasta el momento la citada
Consejería haya manifestado opinión alguna al respecto.
Madrid, 1 de julio de 1996.--El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/000338
Excmo. Sr.: A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de
los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de
referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
184/000338.
AUTORA: Urán González, Presentación (G. IU-IC).
Asunto: Ejecución de las obras de infraestructura del Plan de emergencia
nuclear de Cofrentes.
Respuesta:
En el contexto del Plan de Emergencia Nuclear de Valencia se contemplan
una serie de medidas de protección a la población, diferenciadas según la
distancia a la Central Nuclear de Cofrentes. La aplicación de estas
medidas conlleva unas necesidades de carácter material, tendentes a la
mejora de la operatividad del Plan.
Se señalan a continuación las principales áreas de inversión realizadas
en los últimos años:
a)Adecuación y dotación del Centro de Coordinación Operativa (CECOP) de
la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana.
Para cumplir las funciones de puesto de dirección y coordinación del
PENVA se le ha equipado con el material necesario con el fin de
establecer, en todo momento, comunicaciones con los organismos
implicados.
b)Centros de Coordinación Operativa Municipal (CECOPAL).
Los CECOPALES, como Centros de Coordinación Municipal, han necesitado la
realización de obras de compartimentación y mejora de las áreas
destinadas para tal fin en los Ayuntamientos incluidos en un radio de 10
kilómetros de la zona. Dotándose en sus ubicaciones de las
correspondientes mejoras en las instalaciones eléctricas y en sus
servicios de comunicación.
c)Núcleos Urbanos.
Dentro de los núcleos de los Municipios de Cofrentes, Jalance, Cortes de
Pallás y Jarafuel, se ha subvencionado la realización de obras de
adecuación de las vías de acceso a los puntos de reunión y en los
itinerarios de aviso descritos en el PENVA, que básicamente han
consistido en trabajos de pavimentación, alcantarillado e iluminación.
d)Red de carreteras.
Se han realizado inversiones importantes que han permitido dotar al PENVA
de una red de carreteras de evacuación adecuadas a las funciones
asignadas.
e)Estaciones de clasificación y descontaminación.
Estas estaciones, ubicadas en edificios de propiedad pública en los
municipios de Ayora, Requena y Villatoya, han necesitado la realización
de ciertas inversiones para mejorar la realización de sus funciones. Las
obras han consistido principalmente en adecuar las zonas de recepción y
clasificación, de descontaminación de hombres y de mujeres
(separadamente), de descontaminación de vehículos y de oficina y almacén
de equipos y materiales. También se han dotado las instalaciones
eléctrica, higiénica-sanitaria, de calefacción, de lavado de vehículos,
de recogida y almacenamiento de aguas de lavado contaminadas y de
comunicaciones.
Por otra parte, se han mejorado las vías de acceso a las ECD y se les ha
dotado de un sistema de almacenamiento de residuos sólidos contaminados.
En consecuencia, el grado de desarrollo de las infraestructuras del PENVA
resulta adecuado a las necesidades operativas que en caso de emergencia
nuclear habría que llevar a efecto.
Madrid, 1 de julio de 1996.--El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/000345
Excmo. Sr.: A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de
los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de
referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
184/000345.
AUTOR: Alcaraz Ramos, Manuel Francisco (G. IU-IC).
Asunto: Situación del tráfico de cabotaje del puerto de Alicante a
resultas de su no integración en la sociedad del Puerto Seco de Coslada.
Respuesta:
El tráfico de Cabotaje del Puerto de Alicante es cinco veces inferior en
mercancía contenerizada, en 1995, a
cualquier Autoridad Portuaria que pertenezca al accionariado del Puerto
Seco de Madrid, S. A.
No obstante, en el caso de que el volumen de tráfico con origen/destino
Madrid lo justificara, el Consejo de Administración de la Autoridad
Portuaria de Alicante, en el ámbito de la autonomía de gestión que la
legislación vigente le concede, podría entablar las conversaciones
necesarias con la Sociedad Puerto Seco de Madrid, S. A., para
incorporarse a la misma.
El accionariado de Puerto Seco de Madrid, S. A., está formado por:
--Ente Público Puertos del Estado.
--Sociedad Estatal de Promoción y Equipamiento del Suelo (SEPES).
--Autoridad Portuaria de Algeciras.
--Autoridad Portuaria de Barcelona.
--Autoridad Portuaria de Valencia.
--Autoridad Portuaria de Bilbao.
Madrid, 28 de junio de 1996.--El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/000347
Excmo. Sr.: A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de
los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de
referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
184/000347.
AUTOR: Ríos Martínez, Pedro Antonio (G. IU-IC).
Asunto: Incidencia del recorte presupuestario en las inversiones
regionalizadas previstas por la Ley 41/1994 de Presupuestos Generales del
Estado para 1995 para la Región de Murcia.
Respuesta:
El Acuerdo de Consejo de Ministros del pasado 10 de mayo declara la no
disponibilidad de créditos por importe de 200.000 millones de pesetas.
Dicha cantidad afecta a los distintos Departamentos y Capítulos en los
términos que se recogen en el anexo I.
Por lo que se refiere a cómo afectará el Acuerdo a la inversión a
realizar en la Comunidad Autónoma de Murcia, se señala que los diversos
proyectos de inversión que ejecutan los Departamentos Ministeriales no
tienen carácter vinculante.
Por otra parte, la realización de todo proyecto de inversión conlleva un
conjunto de trámites administrativos y de condicionamientos técnicos
(redacción del proyecto, expropiaciones previas, declaración de impacto
ambiental, etc.) que pueden alterar, y de hecho alteran, el ritmo de
ejecución y la programación inicialmente establecida.
Todo ello hace que no sea posible determinar cuál va a ser la incidencia
del ajuste en los diferentes proyectos, ya que incluso en el caso de no
existir tales ajustes, las inversiones a realizar son muy estimativas,
especialmente en lo que se refiere a su distribución territorial.
No obstante, las inversiones ya comprometidas no resultan afectadas por
el Acuerdo de Consejo de Ministros, en cuanto que lo que se reduce,
mediante una declaración de no disponibilidad, son créditos todavía no
utilizados.
Madrid, 5 de julio de 1996.--El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
Nota: La documentación que se acompaña se encuentra en la Secretaría
General de la Cámara.
184/000348
Excmo. Sr.: A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de
los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de
referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
184/000348
AUTOR: Saura Laporta, Joan (G. IU-IC).
Asunto: Incidencias del recorte presupuestario en las inversiones
previstas en la Comunidad Autónoma de Galicia.
Respuesta:
El Acuerdo de Consejo de Ministros del pasado 10 de mayo declara la no
disponibilidad de créditos por importe de 200.000 millones de pesetas.
Dicha cantidad afecta a los distintos Departamentos y Capítulos en los
términos que se recogen en el anexo I.
Por lo que se refiere a cómo afectará el Acuerdo a la inversión a
realizar en la Comunidad Autónoma de Galicia, se señala que los diversos
proyectos de inversión que ejecutan los Departamentos Ministeriales no
tienen carácter vinculante.
Por otra parte, la realización de todo proyecto de inversión conlleva un
conjunto de trámites administrativos y de condicionamientos técnicos
(redacción del proyecto, expropiaciones previas, declaración de impacto
ambiental, etc.), que pueden alterar, y de hecho alteran, el ritmo de
ejecución y la programación inicialmente establecida.
Todo ello hace que no sea posible determinar cuál va a ser la incidencia
del ajuste en los diferentes proyectos, ya que incluso en el caso de no
existir tales ajustes, las inversiones a realizar son muy estimativas,
especialmente en lo que se refiere a su distribución territorial.
No obstante, las inversiones ya comprometidas no resultan afectadas por
el Acuerdo de Consejo de Ministros,
en cuanto que lo que se reduce, mediante una declaración de no
disponibilidad, son créditos todavía no utilizados.
Madrid, 3 de julio de 1996.--El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
ANEXO I
DISTRIBUCION DE LA DECLARACION DE NO DISPONIBILIDAD DE CREDITOS
(En millones de pesetas)
Capítulo II Capítulo IV Capítulo VI Capítulo VII TOTAL
SECCION Gastos corrientes en Transferencias Inversiones
Transferencias de NO
bienes y servicios corrientes reales capital DISPONIBILIDAD
(1) (2) (3) (4) (5)=(1)+(2)+(3)+(4)
12.Asuntos Exteriores 77 0 329 72 478
13.Justicia e Interior 499 0 1.750 33 2.282
14.Defensa 83 0 0 0 83
15.Economía y Hacienda 70 0 627 1.343 2.040
17.Obras Públicas, Transportes
y M. A. 72 0 57.798 21.354 79.224
18.Educación y Ciencia 296 0 86 7.720 8.102
19.Trabajo y Seguridad Social 34 5.000 101 523 5.658
20.Industria y Energía 7 0 70 7.243 7.320
21.Agricultura, Pesca y Alimentación 30 0 2.483 7.166
9.679
22.Administraciones Públicas 11 0 54 2.395 2.460
24.Cultura 21 0 2.053 0 2.074
25.Presidencia 48 0 206 0 254
26.Sanidad y Consumo 19 0 348 3.000 3.367
27.Asuntos Sociales 8 0 20 203 231
29.Comercio y Turismo 25 0 36 2.687 2.748
32.Entes Territoriales 0 18.000 0 0 18.000
34.Unión Europea 0 55.000 0 1.000 56.000
TOTAL NO FINANCIERO 1.300 78.000 65.961 54.739 200.000
184/000349
Excmo. Sr.: A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de
los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de
referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
184/000349
AUTOR: Saura Laporta, Joan (G. IU-IC).
Asunto: Incidencias del recorte presupuestario en las inversiones
previstas en la Comunidad Autónoma de Cataluña
Respuesta:
El Acuerdo de Consejo de Ministros del pasado 10 de mayo declara la no
disponibilidad de créditos por importe de 200.000 millones de pesetas.
Dicha cantidad afecta a los distintos Departamentos y Capítulos en los
términos que se recogen en el anexo I.
Por lo que se refiere a cómo afectará el Acuerdo a la inversión a
realizar en la Comunidad Autónoma de Cataluña, se señala que los diversos
proyectos de inversión que ejecutan los Departamentos Ministeriales no
tienen carácter vinculante.
Por otra parte, la realización de todo proyecto de inversión conlleva un
conjunto de trámites administrativos y de condicionamientos técnicos
(redacción del proyecto, expropiaciones previas, declaración de impacto
ambiental, etc.), que pueden alterar, y de hecho alteran, el ritmo de
ejecución y la programación inicialmente establecida.
Todo ello hace que no sea posible determinar cuál va a ser la incidencia
del ajuste en los diferentes proyectos, ya que incluso en el caso de no
existir tales ajustes, las inversiones a realizar son muy estimativas,
especialmente en lo que se refiere a su distribución territorial.
No obstante, las inversiones ya comprometidas no resultan afectadas por
el Acuerdo de Consejo de Ministros,
en cuanto que lo que se reduce, mediante una declaración de no
disponibilidad, son créditos todavía no utilizados.
Madrid, 3 de julio de 1996.--El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
ANEXO I
DISTRIBUCION DE LA DECLARACION DE NO DISPONIBILIDAD DE CREDITOS
(En millones de pesetas)
Capítulo II Capítulo IV Capítulo VI Capítulo VII TOTAL
SECCION Gastos corrientes en Transferencias Inversiones
Transferencias de NO
bienes y servicios corrientes reales capital DISPONIBILIDAD
(1) (2) (3) (4) (5)=(1)+(2)+(3)+(4)
12.Asuntos Exteriores 77 0 329 72 478
13.Justicia e Interior 499 0 1.750 33 2.282
14.Defensa 83 0 0 0 83
15.Economía y Hacienda 70 0 627 1.343 2.040
17.Obras Públicas, Transportes
y M. A. 72 0 57.798 21.354 79.224
18.Educación y Ciencia 296 0 86 7.720 8.102
19.Trabajo y Seguridad Social 34 5.000 101 523 5.658
20.Industria y Energía 7 0 70 7.243 7.320
21.Agricultura, Pesca y Alimentación 30 0 2.483 7.166
9.679
22.Administraciones Públicas 11 0 54 2.395 2.460
24.Cultura 21 0 2.053 0 2.074
25.Presidencia 48 0 206 0 254
26.Sanidad y Consumo 19 0 348 3.000 3.367
27.Asuntos Sociales 8 0 20 203 231
29.Comercio y Turismo 25 0 36 2.687 2.748
32.Entes Territoriales 0 18.000 0 0 18.000
34.Unión Europea 0 55.000 0 1.000 56.000
TOTAL NO FINANCIERO 1.300 78.000 65.961 54.739 200.000
184/000356
Excmo. Sr.: A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de
los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de
referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
184/000356.
AUTOR: Sanjuán de la Rocha, Carlos (G. S).
Asunto: Atraque del buque Private-Lady en el puerto de Málaga.
Respuesta:
En primer lugar, es necesario significar que los puertos se gestionan en
régimen de autonomía. Por tanto, sus órganos de gobierno, es decir, su
Consejo de Administración y su Presidente, y su Director Técnico, como
órgano de gestión, en el ámbito de los objetivos y funciones que la
vigente Ley les encomienda, tienen plena capacidad para la autorización y
asignación de atraque a un buque.
Respecto a las preguntas concretas que formula Su Señoría, se señala lo
siguiente:
1 y 2.La Autoridad Portuaria de Barcelona no autorizó el atraque por
entonces que el buque PRIVATE LADY no desarrollaba operaciones
comerciales y, por tanto, sus actividades no se correspondían con la
misión y objetivos que tiene asignados el puerto.
3.La Autoridad Portuaria de Málaga, en donde se están fomentando las
actividades relacionadas con buques cruceristas y de recreo, autorizó en
principio el atraque del citado buque, que permaneció durante dos días en
el puerto. Aduanas no autorizó en ningún momento la apertura de las
tiendas del barco y la Autoridad Portuaria solicitó del consignatario los
permisos para la celebración de los espectáculos previstos a bordo, que
se celebraron el primer día de permanencia en el puerto. Al no poder
presentar dichos permisos y no contar, por tanto, con autorización de los
mismos, abandonó el puerto.
Madrid, 11 de julio de 1996.--El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/000360
Excmo. Sr.: A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de
los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de
referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
184/000360.
AUTOR: Caldera Sánchez-Capitán, Jesús (G. S).
Asunto: Incidencia del recorte presupuestario en las obras de ejecución
del embalse de Irueña (Salamanca).
Respuesta:
Por Resolución de la entonces Dirección General de Obras Hidráulicas, el
pasado 26 de enero fue anunciado en el BOE el concurso para la redacción
del proyecto y ejecución de las obras de la presa de Irueña, habiendo
finalizado el pasado 18 de abril el período para la presentación de
proposiciones, cuya apertura estaba inicialmente prevista para el pasado
19 de junio.
No obstante lo anterior, mediante Resolución de la Dirección General de
Obras Hidráulicas y Calidad de las Aguas --BOE de 19 de junio-- la
apertura de ofertas fue pospuesta para el próximo 17 de julio, tras lo
cual se procederá previo estudio de las correspondientes condiciones
técnicas, a la selección de adjudicatario, el cual, a su vez, habrá de
presentar el preceptivo proyecto para su aprobación y posterior
adjudicación de las obras.
En definitiva, y teniendo en cuenta los plazos legales establecidos para
todo este proceso, no es previsible que la retención de créditos pueda
llevarse a cabo en el presente ejercicio y, por ello, que el recorte al
que hace mención Su Señoría llegue a afectar a esta actuación.
Madrid, 3 de julio de 1996.--El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/000365
Excmo. Sr.: A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de
los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de
referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
184/000365.
AUTOR: Caldera Sánchez-Capitán, Jesús (G. S).
Asunto: Incidencia del recorte presupuestario en las obras de
construcción de la variante de Ciudad Rodrigo, en la carretera N-620, en
la provincia Salamanca.
Respuesta:
La variante de Ciudad Rodrigo, actualmente en ejecución, fue adjudicada
el 13 de julio de 1994 a
la UTE Dragados y Construcciones, S. A., y Pavimentos Asfálticos de
Salamanca, S. A., por un importe de 1.675 M/p.
El plazo vigente de terminación de las obras es el 21 de septiembre de
1996. Su puesta en servicio está prevista para el presente mes de julio
La no disponibilidad o recorte presupuestario no afectará a la fecha de
finalización de las obras.
Madrid, 12 de julio de 1996.--El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/000378
Excmo. Sr.: A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de
los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de
referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
184/000378.
AUTOR: López de Lerma i López, Josep (G. C-CiU).
Asunto: Previsiones acerca de la mejora de la situación hacendística de
las Corporaciones Locales.
Respuesta:
La mejora de las Haciendas Locales sólo puede producirse bajo las
siguientes condiciones, que han de operar simultáneamente:
--Amplio consenso, en el marco del Pacto local, de todas las
Administraciones implicadas, incluidas las respectivas Comunidades
Autónomas.
--Agotamiento razonable de las fuentes tributarias de financiación local
previstas en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales en régimen de
equiparación.
--Atención prioritaria a las medidas generales de restricción del gasto,
con vistas a lograr el objetivo de convergencia de acuerdo con los
criterios establecidos en el Tratado de la U. E. y sus protocolos
adicionales.
Estas circunstancias hacen necesario realizar un amplio análisis, tanto
en el ámbito competencial compartido entre las distintas Administraciones
Públicas, como en los límites y formas de establecer, en su caso, el
principio de subsidiariedad, distinguiendo claramente entre lo que puede
suponer una mejora voluntaria de los servicios públicos y una mejora
necesaria de los mismos de acuerdo con un
standar determinado. Para ello, se hace preciso el consenso de las
Comunidades Autónomas, por cuanto es en el ámbito competencial de las
Administraciones territoriales donde se pueden producir las mayores
interferencias o interrelaciones en la prestación de servicios públicos.
Por otro lado, en muchos supuestos no se han agotado de forma razonable
las posibilidades de mejora de las finanzas públicas locales, aplicando
los mecanismos de gestión autónoma previstos dentro del sistema
tributario local para estabilizar las Haciendas locales, lo que genera
una diversidad de situaciones, que han de ser objeto de un análisis
ordenado para evitar situaciones de trato discriminatorio o injusticias
en el orden tributario, que generalmente afectarían en mayor medida a las
Corporaciones locales más activas en la tarea de estabilizar y potenciar
sus respectivas haciendas mediante las aportaciones necesarias exigibles
a los ciudadanos residentes a través del sistema tributario local.
En cualquier caso y respecto a las aportaciones a realizar por el Estado,
hay que considerar que el sistema de financiación por porcentaje de
participación ha ido progresando sucesivamente y se puede decir que goza
de la estabilidad y automatismo necesarios para pensar que no precisa de
una modificación inmediata a lo largo de este segundo quinquenio de
implantación 1994-1998, como fórmula única de mejora de la situación
hacendística local, teniendo en cuenta que en estos momentos se hace
necesario poner en marcha mecanismos de reducción del déficit público de
cara al objetivo de Convergencia antes citado, que afecta de forma
importante al volumen de gasto de la Hacienda General del Estado.
No obstante, en la medida de lo posible se están realizando esfuerzos
para racionalizar en el ámbito normativo el sistema tributario local,
procediendo a su mejora y adaptación de forma permanente.
Madrid, 11 de julio de 1996.--El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/000380
Excmo. Sr.: A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de
los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de
referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
184/000380.
AUTOR: Meyer Pleite, Willy Enrique (G. IU-IC).
Asunto: Criterios de acceso a la residencia llamada «Carmen Polo de
Franco».
Respuesta:
Después de la Guerra Civil surgieron una serie de Asociaciones que
trataban de aliviar los problemas del elevado número de viudas y
huérfanos, entre ellas se encontraba la «Asociación Hogar y Residencia de
María Inmaculada para Viudas y Huérfanas de Militar», constituida por
viudas de Generales, Oficiales Superiores y Oficiales del Ejército de
Tierra, con Reglamento aprobado por la Dirección General de Seguridad. La
citada Asociación no recibía ningún tipo de ayuda oficial y se mantenía
exclusivamente de las aportaciones de las asociadas.
Por iniciativa del entonces Ministro del Ejército, Tte. General Barroso,
se inició la construcción de la actual residencia «Carmen Polo de Franco»
para atender a la mencionada Asociación que, como consecuencia de ello,
se disolvió.
Según criterios de la época, la nueva Residencia, que comenzó a funcionar
en 1964, se limitó a atender a las viudas, huérfanas y madres viudas de
Generales, Oficiales Superiores y Oficiales del Ejército de Tierra, que
eran las integrantes de la citada Asociación, permaneciendo esa situación
hasta nuestros días.
En la actualidad no existen en el ámbito de las Fuerzas Armadas, Centros
o Residencias de tipo geriátrico para la asistencia a la tercera edad,
siendo la Residencia «Carmen Polo de Franco» la que pudiera aproximarse a
este concepto de Residencia, teniendo una lista de espera bastante
apreciable sólo con las solicitudes que realizan las viudas y huérfanas
de Generales, Oficiales Superiores y Oficiales del Ejército.
La acción social de apoyo a viudas y huérfanas del personal militar, con
independencia de la categoría o empleo del causante, corresponde al
Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS), con lo que la cobertura
tiene el deseable carácter universal. En relación con las Residencias
Asistidas se pretende utilizar para estos fines instalaciones que han
dejado de ser útiles para los Ejércitos, empezando por los Sanatorios de
Guadarrama y Los Molinos, a los que podrían añadirse en el futuro otros
centros e instalaciones, a los que se tendría acceso con independencia de
categorías y empleos militares.
Madrid, 11 de julio de 1996.--El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/000394 a 184/000399
Excmo. Sr.: A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de
los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de
referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
184/000394 a 184/000399.
AUTOR: Sanjuán de la Rocha, Carlos (G. S).
Asunto: Previsiones acerca de la asunción, por parte de los Gobiernos de
Murcia, Navarra, La Rioja, Cantabria, Baleares y Asturias, de las
competencias del Gobernador Civil.
Respuesta:
Tratándose en todos los casos de Comunidades Autónomas uniprovinciales,
la respuesta a la cuestión planteada debe hallarse en el artículo 11 de
la Ley 17/1983, de 16 de noviembre, de Delegados del Gobierno en las
Comunidades Autónomas, que al efecto dispone:
«El Delegado del Gobierno podrá asumir y ejercer las funciones propias
del Gobernador Civil de la provincia en que radique su sede cuando así se
determine en el Real Decreto de nombramiento. En todo caso, en las
Comunidades Autónomas uniprovinciales, el Delegado del Gobierno asumirá y
ejercerá las funciones que las Leyes y demás normas vigentes atribuyen al
Gobernador Civil.»
Es decir, en tanto que el citado precepto legal admite la posibilidad de
que el Gobierno decida que el Delegado del Gobierno asuma las funciones
propias del Gobernador Civil en las Comunidades pluriprovinciales, en el
caso de las Comunidades uniprovinciales tal posibilidad se convierte en
un imperativo legal, de forma que en éstas la asunción de las funciones
propias del Gobernador Civil no es decisión que corresponda adoptar al
Gobierno, pues la Ley taxativamente exige que así sea en todo caso.
En consecuencia, no parece dudoso que correspondan a los Delegados del
Gobierno en estas Comunidades Autónomas las funciones propias de los
Gobernadores en las respectivas provincias.
Madrid, 5 de julio de 1996.--El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/000413
Excmo. Sr.: A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de
los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de
referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
184/000413.
AUTOR: Blanco López, José (G. S).
Asunto: Construcción de un nuevo cuartel de la Guardia Civil en Mondoñedo
(Lugo).
Respuesta:
1.La Dirección General de la Guardia Civil es consciente de la
problemática existente en Mondoñedo y no descarta la posibilidad de
construir un nuevo acuartelamiento cuando las disponibilidades económicas
lo permitan.
2.El Ayuntamiento ofreció en donación al Estado un solar de 3.677 m2 para
dedicarlo a un nuevo acuartelamiento; no obstante, el expediente de
afectación no se ha tramitado por considerar que en un próximo futuro no
va a ser posible iniciar la construcción.
3.Dadas las previsiones restrictivas de los próximos Presupuestos
Generales del Estado para 1997, no parece probable que en dicho ejercicio
puedan iniciarse las obras de referencia.
Madrid, 3 de julio de 1996.--El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/000415
Excmo. Sr.: A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de
los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de
referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
184/000415.
AUTOR: Gago López, Joaquín Javier (G. S).
Asunto: Participación de los municipios en los tributos del Estado.
Respuesta:
1.La participación de los municipios en los tributos del Estado para el
año 1996 no puede ser determinada de forma definitiva hasta el próximo
ejercicio, a tenor de lo dispuesto en el art. 112.2 de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, siguiendo la sistemática prevista en los
artículos 113 y 114.
No obstante, las entregas a cuenta realizadas a lo largo de este
ejercicio han sido incrementadas globalmente en 49.423.900.000 pesetas,
según se dispone en el art. 6 del Real Decreto-Ley 1/1996, de 19 de
enero.
2.La liquidación definitiva de la participación en los tributos del
Estado para 1996, que se devenga una vez se liquiden los Presupuestos
Generales del Estado del presente ejercicio, será objeto de pago a lo
largo del próximo año, tal como se desprende de la dinámica del cálculo
del índice de evolución previsto en los artículos antes citados y una vez
se disponga de los datos, al menos provisionales, de evolución del PIB y
el IPC a 31 de diciembre de 1996.
3.En el ámbito de la gestión municipal, las entregas a cuenta del
ejercicio de 1996 han sido objeto de regularización en aplicación del
Real Decreto-Ley citado a partir del mes de febrero del corriente año,
sin que existan otros atrasos pendientes o incrementos de financiación no
considerados.
Madrid, 11 de julio de 1996.--El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/000418
Excmo. Sr.: A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de
los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de
referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
184/000418.
AUTOR: Perales Pizarro, Alfonso (G. S).
Asunto: Dotación a la ciudad de Cádiz de una «carta fiscal especial».
Respuesta:
El régimen de Carta Municipal se contemplaba en los artículos 94 a 100 de
la derogada Ley de Régimen Local, de 24 de junio de 1995, y en los
artículos 102 y 112 del Decreto de 17 de mayo de 1952, sobre
organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones
Locales.
La Ley de las Bases de Régimen Local, de 2 de abril de 1985, estableció
el régimen general básico aplicable a las Administraciones Locales. Esta
norma no contempla, entre los regímenes especiales, el Régimen de Carta
Económica. Es más, la Ley de Bases deroga explícitamente la Ley de
Régimen Local de 1955, no disponiendo expresamente la conservación de las
mencionadas Cartas en su normativa transitoria. Por otro lado, la citada
Ley autorizó al Gobierno, disposición final primera, a refundir la
normativa legal vigente, así como diversas disposiciones reglamentarias,
entre otras, el anteriormente citado Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales de 1952;
sin embargo, en las normas resultado de tal refundición y adaptación,
como son el Texto Refundido de 18 de abril de 1986 y el Reglamento de
Organización de 28 de noviembre del mismo año, ya no aparece referencia
alguna al Régimen de Carta Económica. Finalmente, la posterior Ley 39/88,
reguladora de las Haciendas Locales, tampoco contempla o conserva las
peculiaridades de naturaleza local referidas.
A la vista de tales antecedentes se puede afirmar que en el marco
normativo vigente, de desarrollo constitucional, no aparece referencia
alguna a regímenes especiales singulares, salvo los que, por razón del
territorio, corresponden a los Territorios Históricos, las Islas Canarias
y las Islas Baleares, en virtud de Ley y de acuerdo con la Constitución y
los respectivos Estatutos de Autonomía, o a los Ayuntamientos de Madrid y
Barcelona a tenor de lo previsto en la disposición adicional sexta de la
Ley de las Bases de Régimen Local.
En consecuencia, establecer nuevos regímenes especiales requiere de la
elaboración de una norma con rango formal de Ley dictada al amparo de los
principios constitucionales y teniendo en cuenta, en todo caso, las
facultades que en materia de Administración Local corresponden a las
Comunidades Autónomas.
Hasta el momento el Gobierno sólo dispone de un estudio de los problemas
municipales entregado a finales del mes de junio último por los
representantes del Ayuntamiento de Cádiz.
Como fácilmente se comprende, instrumentar alguna solución al problema
requiere no sólo de un análisis de la situación planteada, sino de un
estudio profundo de cuál puede ser la vía potencialmente válida a través
de la cual se pueda, definitiva o enventualmente, hacer frente a la
situación, así como de sus consecuencias futuras en el marco de las
relaciones institucionales con la Administración Local.
Uno de los temas a abordar sería el relativo al régimen fiscal, una vez
analizados los problemas planteados y teniendo en cuenta las limitaciones
que al respecto puedan existir en relación con la armonización fiscal que
preconiza el Tratado de la Unión Europea.
Madrid, 11 de julio de 1996.--El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/000421
Excmo. Sr.: A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de
los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de
referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
184/000421.
AUTORA: Rubiales Torrejón, María Amparo (G. S).
Asunto: Fecha prevista para convocar el Consejo de Política Fiscal y
Financiera.
Respuesta:
El Ministerio de Economía y Hacienda está manteniendo estos días una
ronda de contactos bilaterales con los representantes de las Comunidades
Autónomas en materia de Financiación Autonómica.
En estas reuniones se están analizando conjuntamente las distintas
alternativas posibles para establecer el nuevo modelo de financiación
Autonómica de acuerdo con lo previsto en el Acuerdo de Investidura y
Gobernabilidad.
Una vez finalizados estos contactos, se procederá de inmediato a la
convocatoria del pleno del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Esta
convocatoria tendrá lugar en la segunda quincena del mes de julio.
Madrid, 3 de julio de 1996.--El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/000452
Excmo. Sr.: A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de
los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de
referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
184/000452.
AUTOR: Alcaraz Ramos, Manuel Francisco (G. IU-IC).
Asunto: Soldados de reemplazo que cumplen el servicio militar en su
región militar de origen.
Respuesta:
La regionalización media resultante en la asignación de destinos para el
reemplazo de 1996 fue del 78,30%.
En los anexos I y II se desglosa el dato por Regiones Militares (tomando
como referencia las Demarcaciones del Ejército de Tierra) y provincias.
Madrid, 12 de julio de 1996.--El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
Nota: La documentación que se acompaña se encuentra en la Secretaría
General de la Cámara.
184/000508
Excmo. Sr.: A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de
los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de
referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
184/000508.
AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (G. C-CiU).
Asunto: Omisión del apartado a rellenar por los alistados que desean
optar por la declaración de objeción de conciencia al servicio militar en
algunos impresos a cumplimentar en el proceso de alistamiento.
Respuesta:
Las fichas de inscripción para el Alistamiento, elaboradas a partir de
noviembre de 1994, llevan un apartado (25) en blanco para exponer
cualquier causa que limite, aplace o exima la realización del servicio
militar y que no esté especificada, entre ellas la de haber solicitado la
exención por objeción de conciencia.
Por tanto, lo que se ha hecho es ampliar los supuestos y facilidades para
cumplimentar la ficha.
Madrid, 11 de julio de 1996.--El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.