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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 759, de 05/10/1999
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1999 VI Legislatura Núm. 759
POLÍTICA SOCIAL Y EMPLEO
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN MARTÍNEZ
Sesión núm. 50
celebrada el martes, 5 de octubre de 1999
ORDEN DEL DÍA:
Comparecencias de personalidades y funcionarios de la Administración
del Estado, al objeto de informar sobre temas relativos al proyecto
de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2000. (Número
de expediente 121/000186.) ... (Página 22281)
Se abre la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana.
COMPARECENCIAS DE PERSONALIDADES Y FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN
DEL ESTADO, AL OBJETO DE INFORMAR SOBRE TEMAS RELATIVOS AL PROYECTO
DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2000. (Número
de expediente 121/000186.)
- DEL SEÑOR SUBSECRETARIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (DÍAZ GUERRA)
A SOLICITUD DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO (Número de expediente
212/002213) Y DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número
de expediente 212/002307.)
El señor PRESIDENTE: Vamos a comenzar este turno de comparecencias
que, les recuerdo, es fundamentalmente inquisitivo, más que
declarativo. Por tanto, les ruego que formulen las preguntas
concretamente para que el compareciente pueda responderlas.
Agradezco al señor subsecretario del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales su comparecencia, que es la primera de las que se van a
producir a lo largo del día de hoy. Esta es a solicitud de los grupos
Socialista y Popular. Tiene la palabra el señor subsecretario por si
desea hacer una exposición. (Pausa.) El señor subsecretario nos ayuda
a que culminemos el día según el horario previsto e intervendrá
después de que le formulen las preguntas.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra doña Isabel López i
Chamosa.
La señora LÓPEZ I CHAMOSA: Señor presidente, poco le cuesta decidir
quién tiene la palabra. (Risas.)
Muchas gracias, señor subsecretario, por su comparecencia. Un año
más, nos encontramos ante el trámite de los Presupuestos Generales
del Estado para analizar una serie de programas y, según los iba
leyendo, pensaba que los técnicos que los hacen un año son los que
los hacen al año siguiente, porque si no fuera podrían pedirle el
copyright a los de año anterior, dado que la letra difiere poco de un
año para otro. En cualquier caso, siempre hay temas que mirar
y siempre se ven cosas, porque el papel aguanta todo lo que le echan y
entre col y col siempre se mete alguna lechuga; vamos a hablar de
esas que se cuelan entre una cosa y otra.
Comenzaré por el programa 315.B, Fogasa. Hay algo que de entrada me
gusta, pero quisiera que me lo aclarase, y es que hay un incremento
del 6,1 por ciento para personal. No sé si es que ustedes van a subir
tanto los salarios o es que van a aumentar plantilla; cualquiera de
las dos cosas me gusta, pero quisiera que me explicase el porqué de
ese incremento.
Hay otra cuestión que me preocupa en Fogasa el y de la que también
hablamos el año pasado. Es cierto que se han reducido bastante los
plazos de pago de los expedientes, aunque lógicamente debería estar
en el espíritu reducir más el plazo entre seis y cinco meses y medio
con que se está pagando. Hay una cuestión a la que damos poca
importancia, a los convenios de recuperación. Yo insistí el año
pasado en preguntarle cuántos convenios de recuperación se habían
hecho en el año anterior, dato que usted nos facilitó posteriormente.
La verdad es que eran muy pocos y quisiera que me dijese cuántos
convenios de recuperación se han hecho durante 1998 y, si es posible,
en 1999 y qué cantidades se han recuperado de los mismos, en qué
porcentaje estamos.
En los dos últimos presupuestos aparece un apartado en el concepto
483, bonificaciones a sustituciones por natalidad. No entiendo por
qué ese concepto aparece en los presupuestos en a las partidas del
Fogasa. Quisiera que me aclarase, si es que hay tanto beneficio en el
presupuesto del Fogasa, por qué se invierten casi 6.000 millones de
pesetas en adquisición de deudas; sector público. Supongo que será
porque hay superávit, pero quisiera saber por qué no se destina ese
dinero a agilizar y reducir los plazos de los pagos pendientes, es
decir, si en estos momentos estamos al día
en cuanto al presupuesto, si se han cumplido las previsiones en
cuanto a pagos durante 1998 y si en 1999 lo va a cubrir el
presupuesto de dicho año, porque quiero recordar que en años
anteriores al llegar septiembre una buena parte de los expedientes no
se podían pagar porque no había dinero, puesto que lo presupuestado
no alcanzaba.
El programa 723, de reindustrialización, es curioso, porque si el año
anterior había una disminución del 29 por ciento, este año aparece en
las partidas un 48 por ciento menos de lo presupuestado. Creo que en
nuestro país quedan todavía muchas zonas con desequilibrios, quedan
colectivos de trabajadores -le podría hablar de algunos- que están
esperando que se les arreglen problemas provenientes de las
reconversiones que se han realizado y que los han dejado en
situaciones verdaderamente injustas, y sin embargo, cada vez se va
reduciendo más el presupuesto. En cambio, la partida de personal no
se reduce. Mi pregunta es en qué órganos están participando las
gestoras de reconversión, en qué comisiones, en qué gerencias, y
cuánto suponen esas partidas, porque para algo tendremos este
personal, pero si al final no le damos medios, ni siquiera podremos
cumplir los objetivos que figuran en el programa.
También deseo conocer qué asesoramiento o informes -dicen que se
dedican a realizar informes- han hecho durante 1999 para los
interlocutores sociales, que es algo que ya el año pasado me llamaba
poderosamente la atención. Yo creo que los interlocutores sociales
tienen buenos asesores y hacen buenos informes, pero me gustaría
conocer si desde el Ministerio se hacen más.
El programa 134.D, cooperación al desarrollo, tiene un crecimiento
importante en alguna de sus partidas. Contiene algunas colaboraciones
interesantes si realmente se realizan. Supongo que el personal debe
viajar mucho, porque las dietas se ven incrementadas en un 43 por
ciento. Con respecto a los suministros, se refleja un aumento del 206
por ciento. No sé qué es realmente lo que vamos a suministrar, a no
ser el material. Sin embargo, otros capítulos que son importantes,
como el 4, sólo ven incrementada su partida en un 2 por por ciento.
Para ceñirme a las instrucciones del señor presidente y efectuar
preguntas concretas, me gustaría que me dijera qué seminarios se
realizaron durante 1999 de los previstos.
Una cosa que me llama poderosamente la atención -se viene recogiendo
durante los tres últimos años- es la modernización de los ministerios
de Trabajo de Centroamérica: Panamá, Belice y República Dominicana.
Una de dos, o los estamos haciendo totalmente nuevos o los
remodelamos permanentemente, porque, si no, no se entiende que
figuren durante tres años seguidos. Le diría que hay algún ministerio
en nuestro país que también necesitaría de esa remodelación. Hay otra
partida que recoge un plan de acción para mejorar los empleos para
las mujeres en Méjico, que es un tema realmente interesante, tal y
como lo plantean, y me gustaría que me explicase qué contiene este
programa y qué es lo que se pretende hacer.
También me gustaría saber qué pasó con el programa dirigido a acabar
con el trabajo infantil, previsto para el año pasado y que este año
ha desaparecido. Como creo que el trabajo infantil no ha sido
erradicado, me gustaría saber por qué no figura.
Hay otros programas que aparecen en cada presupuesto, llamados otros
proyectos en fase de definición, y me gustaría que me dijera algunos
de los que se recogen para este año. Como vuelve a aparecer lo mismo
para este año, quisiéramos enterarnos de qué va.
Respecto al programa 112, relativo al Consejo Económico y Social, que
realiza un trabajo fundamental no sólo de asesoramiento en las leyes
sino en estudios, me ha llamado poderosamente la atención el
crecimiento tan importante que ha registrado el material: un 50 por
ciento. Me gustaría saber si es que hasta ahora hemos tenido
totalmente desatendido en material al Consejo Económico y Social o es
que a partir de ahora lo vamos a inundar de medios. Quisiera saber
por qué crece tanto esa partida y en cambio las demás no experimentan
ninguna subida.
El año pasado le pedíamos explicaciones sobre por qué no aparecía en
el presupuesto el proyecto de desarrollo de la ley que acabábamos de
aprobar de la Inspección de Trabajo. Por así decirlo, este sería el
primer año que la Ley 42/1997 empezaba a funcionar. Me gustaría saber
si dicha ley ha ayudado a mejorar el funcionamiento de la Inspección
de Trabajo. Hay un tema que me preocupa fundamentalmente y es el de
las horas extras en las empresas. Uno de los grandes problemas que
tenemos en este país, junto con el paro, es la cantidad de horas
extras que se hacen sin ningún control. Yo le podría mencionar una
empresa cuyo comité denuncia mensualmente este hecho. Se levanta acta
de infracción, se le aplica la sanción mínima a pesar de las horas
extras que se realizan y ahí se acaba todo. A mí me gustaría que
hubiera un programa de actuación en este sentido. Así se acabaría con
las horas extras y se crearía más empleo. En cuanto a las actas de
infracción de la Seguridad Social, me gustaría saber cuántas se han
levantado, a cuántas empresas ha afectado y cuánto se viene a cobrar
al final.
Por otro lado, cambian el nombre de las visitas. Antes las llamaban
así simplemente y ahora las llaman visitas para la vigilancia de la
economía irregular. Anteriormente se realizaban casi 500.000 visitas
al año a las empresas y ahora aparece previsto realizar 130.000. No
sé si es que al vigilar este tipo de economía se hace más pesado, hay
un control más exhaustivo o es que se cambia el sistema de trabajo.
En cuanto a la salud laboral, los accidentes de trabajo y demás, no
figuran las actuaciones de la Inspección de Trabajo que ha cubierto
todos los accidentes laborales registrados y a mí me gustaría que
aparecieran. Quisiera saber por qué no hay un programa de actuación
de la Inspección de Trabajo para prevenir los riesgos. Lo mismo que
se hacen las visitas a las empresas, se debería programar la
prevención de accidentes de los riesgos laborales, porque la ley ya
lo prevé. Nos gustaría saber por qué no hay un verdadero plan de
prevención.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor
Caneda.
El señor CANEDA MORALES: Muchas gracias, señor subsecretario, por su
comparecencia que este año, por ser el último de la legislatura,
viene cargado de credibilidad después de tres presupuestos cumplidos
y superados.
Dado que hay otras comparecencias específicas, me limitaré a exponer
algunas cuestiones de carácter general. La primera, sin duda alguna,
es que nos gustaría saber cómo evoluciona el presupuesto del 2000 de
su departamento, excluida la Seguridad Social, que tiene su
comparecencia aparte, en comparación con el conjunto del presupuesto.
Si es posible, por separado, nos gustaría conocer cómo evolucionan
los gastos corrientes y de personal y lo que son las políticas que
van a los ciudadanos.
Al ser este el cuarto presupuesto de la legislatura, me gustaría
saber cuál ha sido el incremento en las políticas netas de
solidaridad entre el año 1996, que fue el primero, y el 2000 en su
conjunto, separando también lo que son gastos de funcionamiento de
los gastos de política de solidaridad.
Hay una cuestión que quisiera que me aclarara. Estos últimos 12 meses
han sido de crisis internacional muy fuerte. Sin embargo, se han
cumplido con creces los objetivos. Me gustaría saber cuál es su
valoración de cómo puede afectar esa incipiente recuperación que está
habiendo en el resto de las economías a estos presupuestos.
En julio de 1996 se puso en marcha un plan contra el fraude y también
me gustaría saber cómo ha evolucionado en estos años y cómo afectan
las medidas tomadas en los presupuestos del 2000.
Por último, quisiera saber si la labor de la Inspección de Trabajo y
las rebajas fiscales están teniendo efecto en las empresas que no
daban de alta a sus trabajadores, es decir, lo que vulgarmente se
llama economía sumergida.
El señor PRESIDENTE: El señor subsecretario tiene la palabra.
El señor SUBSECRETARIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Díaz Guerra):
Voy a iniciar la intervención por los primeros datos que me han sido
solicitados por la señora diputada del PSOE en relación con
determinados puntos concretos. Quizás alterando un poco el orden, si
le parece a la señora diputada, empezaría por el programa de la
Inspección de Trabajo, en relación con el cumplimiento de
determinados objetivos o programas específicos. En primer lugar, ha
hecho referencia a si existe algún tipo de programa específico sobre
las horas extras, cuántas actas se han levantado y cuál ha sido el
importe recaudado por dichas actas.
Como sabe S.S., desde la nueva Ley ordenadora de la Inspección de
Trabajo, la programación de objetivos, tal como anuncié el año
pasado, se elaboró en una primera conferencia sectorial. De esa
manera, todos los programas de objetivos de aquellas materias que
eran competencia autonómica fueron aportados por las respectivas
comunidades autónomas y fueron integrados en un programa de carácter
general; unidos a los realizados por las materias de competencia
estatal, fundamentalmente Seguridad Social, son los que realmente
articularon el programa general de objetivos que a lo largo del
ejercicio 1999 ha venido cumpliendo la Inspección de Trabajo.
Efectivamente, dentro de esa programación se han marcado las
prioridades. En las materias de competencia autonómica cada comunidad
autónoma ha marcado las suyas y evidentemente hay una prioridad clara
en todas las materias
de competencia autonómica, que -como comprenderá- es todo lo relativo
a la prevención de riesgos laborales. Efectivamente, este es, por así
decirlo, uno de los objetivos de mayor redundancia dentro del
programa general que abarca las materias competencia de las
comunidades autónomas. Dentro de esas materias y en relación con el
término visitas, hay que señalar que se utiliza fundamentalmente en
el bloque de prevención de riesgos laborales. Concretamente, referido
al ejercicio de 1999, se comprueba que hasta el momento el número de
visitas se viene incrementando con respecto al ejercicio anterior,
que fueron 102.170. Pero mucho más importante que el número de
visitas, como sabe usted, es el número de actas de infracción que se
hayan levantado. Por ejemplo y para que se haga una idea, en 1998 se
levantaron 18.721 actas de infracción, con un incremento del 74,28
por ciento con respecto al ejercicio de 1996, y en el año 1999, con
datos finalizados al 31 de agosto, es decir en los ocho primeros
meses, se aprecia un incremento visible: Las visitas crecen un 11,3
por ciento y el número de actas de infracción un 23,4 por ciento.
Otro dato que quizá también nos puede dar una imagen del cumplimiento
de estos objetivos es el importe o la cuantía de las sanciones. En
este terreno el importe de las sanciones a lo largo de 1999, en esos
ocho primeros meses, se ha incrementado en un 26,3 por ciento, y en
estos momentos, en los tres últimos años, el incremento es del 116,87
por ciento. Es muy importante, ya en el área referida exclusivamente
a prevención de riesgos laborales, el número de paralizaciones. Como
ya sabe, uno de los graves problemas en la siniestralidad laboral
son, no cabe duda, las tareas de prevención, donde ya sabe S.S. que
todos, interlocutores sociales y administraciones, públicas, tenemos
un gran reto para conseguir que se vaya aplicando la Ley de
prevención de riesgos laborales. Pues bien, el número de
paralizaciones, que quizá es una de las armas de control de mayor
eficacia que tiene la inspección, en estos tres últimos años, se ha
incrementado en un 157,31 por ciento, y en lo que va de ejercicio, en
los primeros ocho meses de 1999, ese número de paralizaciones se ha
incrementado con respecto al ejercicio anterior en un 36,6 por
ciento. Diríamos que es precisamente uno de los elementos de control
de mayor eficacia que en estos momentos tiene la Inspección de
Trabajo.
En cuanto a los expedientes liquidatorios, hacía referencia a las
cuantías, especialmente de las actas de la Inspección de Trabajo en
materia de Seguridad Social. Los expedientes liquidatorios se han
venido incrementando a lo largo del ejercicio 1999 -siempre referidos
a esos ocho primeros meses del año- en torno al 68,3 por ciento,
hasta el extremo de que se calcula que al finalizar 1999 estarán en
torno a 130.000 millones de pesetas los que se liquiden. En el año
1998 se llegó a los 109.000 millones en números redondos. Es decir,
en el año 1999, repito, se estima que finalizará en unos 130.000
millones liquidados. Eso se comprueba muy bien con la recaudación
ejecutiva que se efectúa por la propia Seguridad Social, que estará
en torno a unos 150 ó 160.000 millones durante el ejercicio de 1999.
Pasando al tema del Fogasa, me ha preguntado sobre dos aspectos muy
concretos, que se los contestaré por escrito, especialmente en lo
referido al tema de personal. Sí le
puedo adelantar que aquí hay una modificación de Fogasa en la
relación de puestos de trabajo, para aumentar, por así decirlo, el
número de puestos, especialmente de determinados técnicos, y en ese
terreno se está intentando mejorar el capítulo 1, de personal.
En cuanto a los convenios de recuperación y en realidad con la
actividad del Fogasa, le tengo que decir en principio que su
actividad en estos momentos está totalmente normalizada, es decir,
que los retrasos son los clásicos de los expedientes de gestión, pero
que realmente, debido lógicamente al volumen de gestión y sobre todo
por la buena marcha de la evolución del empleo, eso es lo que se
refleja también en términos presupuestarios y se puede decir que a lo
largo del ejercicio de 1999 va a haber un superávit en Fogasa y se
estima también, y por eso en el presupuesto para el año 2000 lo habrá
visto, que los ingresos con respecto a los gastos van a registrar un
superávit. Esa es la razón por la cual verá que en el presupuesto del
Fogasa se incluye ese excedente como previsible y se incluye en el
capitulo 8 como activos financieros. En consecuencia, el Fogasa, como
tal organismo autónomo, lógicamente va a destinar parte de esos
excedentes a activos financieros, que servirán como una especie de
colchón de ese organismo para años en que la actividad económica
entre en un período de recesión y, en consecuencia, el Fogasa evitará
lo que ha ocurrido, como sabe muy bien, especialmente en los años
1993 y sobre todo 1994, 1995 y 1996, en los que, como consecuencia de
la crisis económica anterior, se encontró en ocasiones con lo que
podríamos llamar determinados problemas de tesorería y muy
especialmente de liquidez, que fueron resolviéndose a base de
ampliaciones y sobre todo de suplementos de créditos. Sin embargo, en
estos momentos y afortunadamente, esa actividad del Fogasa se está
traduciendo presupuestariamente en términos de excedentes.
Le daré -como también el año pasado se lo facilité- exactamente las
cifras concretas referidas a convenios de recuperación, pero lo que
sí le puedo adelantar con absoluta seguridad es que los retrasos que
puedan existir son debidos ni más ni menos que a la duración normal
de los expedientes de tramitación, la gestión que impliquen, pero que
no hay retrasos por ninguna otra razón, ni económica ni de tesorería
en absoluto.
Respecto a los programas de reindustrialización ya sabe que este es
un capítulo en el cual lógicamente todo lo que haría referencia a los
antiguos fondos de promoción del empleo está a punto de desaparecer y
que en estos momentos se está en conversaciones con los
interlocutores sociales para ver si definitivamente se cierran los
fondos de promoción de empleo. Si mal no recuerdo, me parece que es
en el año 2000 o especialmente en el 2001 cuando la actividad que en
este sentido se tenía a través de los fondos de promoción de empleo
prácticamente va a finalizar. En consecuencia, la actividad de los
propios fondos de promoción de empleo empezaría a perder todo su
sentido. En estos momentos, le puedo decir que efectivamente se
estima que la distribución de trabajadores y colectivos en el año
2001 sería en total solamente de 370: de construcción naval, 21; de
línea blanca, 25; de siderurgia integral, 25 y de aceros especiales,
299, y en el año 2000, ejercicio presupuestario que estamos
contemplando, en el cual todavía existe el
número total de trabajadores es de 2.185, distribuidos así: en
construcción naval, 844; en línea blanca, 237; en siderurgia
integral, 413, y en aceros especiales, 691. Como sabe, la Ley 27/1984
establecía que el patrimonio resultante tras la disolución del fondo
de promoción de empleo después de liquidar todas sus obligaciones se
integrará en el Tesoro o se transferirá al patrimonio del Estado. Sin
embargo, a la vista de la gran actividad y de los grandes objetivos
que se han cubierto con estos fondos de promoción de empleo, sobre
todo en el área de formación, hay diálogo con los interlocutores
sociales para ver la posibilidad de que lo que podríamos llamar
capital humano -que efectivamente se ha conseguido con esos fondos de
promoción de empleo- se pueda recuperar y pueda seguir siendo activo
en el futuro. Esa es una de las líneas posibles a las que
destinaríamos los fondos de promoción de empleo. En cuanto a los
informes a los que ha aludido en relación con este programa de
reindustrialización y reconversión, se los especificaré con detalle
por escrito.
En relación con el programa de cooperación al desarrollo, ha hecho
referencia a determinados objetivos de programas de años anteriores y
ha preguntado si algunos de ellos permanecerán o no en el ejercicio
del 2000. En el año 1999 el número total de proyectos fue de 31 y el
de seminarios que se están desarrollando o que están previstos es de
cuatro. La mayoría de estos programas se realizan en cooperación
bilateral o multilateral y la mayor parte suelen ser cofinanciados
por la Organización Internacional del Trabajo. Respecto a los
realizados en el ejercicio de 1999, me preguntaba por uno concreto,
el de modernización de los departamentos de Trabajo en algunos países
de Centroamérica y en Panamá. Como sabe, este programa ha surgido
a iniciativa de la OIT, ha sido cofinanciado por la Administración
española y tiene una duración de tres años, posiblemente ampliable a
un cuarto año. Cuando se reúna la comisión mixta con la OIT -que
suele ser casi siempre a finales de noviembre-, en Ginebra,
perfilaremos la duración definitiva de este proyecto, es decir, si se
amplía un año más o no. Lo que sí le puedo decir es que a lo largo
del mes de septiembre se ha efectuado la evaluación de ese programa,
cuyo desarrollo está en estos momentos en torno a un 50 por ciento.
Ha sido una evaluación bastante positiva y precisamente en estos
momentos se hará la entrega oficial para que en el mes de noviembre
sea analizado por la comisión mixta el grado de ejecución de este
proyecto. Evidentemente, es un proyecto muy ambicioso -esa es la
razón de su duración- y esperamos que permita establecer en este tipo
de países lo que podríamos llamar un sistema de relaciones de
trabajo, muy especialmente en el área de la inspección del trabajo.
La mayor parte de este proyecto se centra en conseguir un
funcionariado estable en estos países, con el fin de conseguir unas
relaciones de trabajo basadas fundamentalmente en el asesoramiento
técnico de un cuerpo de funcionarios inicial, que es lo que se
intenta crear en la mayoría de estos países de Centroamérica; la
República Dominicana también está contemplada dentro de este
proyecto.
Ha hecho referencia también al programa del trabajo infantil, IPEC.
Como sabe, ese programa está recién finalizado y lo que se está
planteando ahora es la posibilidad de elaborar un nuevo proyecto o de
complementar el anterior,
y eso es lo que estamos analizando en estos momentos con al OIT. Como
sabe, el IPEC era el típico programa internacional para la abolición
del trabajo infantil.
Me pedía una definición de los proyectos para el año 2000.
Evidentemente, no los podemos dar a conocer hasta que no los apruebe
la comisión mixta, porque muchos de ellos son en colaboración con la
OIT, pero sí le puedo adelantar que, aparte de la mayoría de estos
programas que se vienen realizando en países de Iberoamérica, vamos a
presentar algunos proyectos en la zona del Magreb, concretamente con
Marruecos, muy especialmente referidos a fortalecer y a consolidar
programas como los relativos a la inspección de trabajo y seguridad
social. En estas últimas semanas, con ocasión de la visita del
ministro de Trabajo marroquí a nuestro país, se están cerrando
algunos de estos proyectos y otros relacionados con los sistemas de
seguridad social y de protección social, y un grupo de expertos se ha
trasladado a Marruecos para perfilarlos y concretarlos. Como usted
sabe, nuestro sistema de protección social y especialmente de
Seguridad Social, desde el punto de vista de su gestión, es uno de
los más avanzados de la Unión Europea y, lógicamente, entendemos que
ese buen funcionamiento en la gestión del sistema de seguridad social
se debe al elevado grado de informatización y especialmente a la
aplicación del sistema RED de transacciones electrónicas. Supongo que
el secretario de Estado de Seguridad Social en su comparecencia les
dará los detalles, pero les puedo adelantar que en estos momentos se
calcula que están en torno al 60 ó 65 por ciento las transacciones
electrónicas que se efectúan por las empresas españolas, lo cual,
evidentemente, ayuda muchísimo a mejorar la gestión. Usted ya sabe
que esta es una gestión que se venía arrastrando desde hace bastantes
años de gobiernos anteriores y que se está perfeccionando y ultimando
con todo detalle en estos últimos años. En consecuencia, creemos que
este puede ser uno de los programas que se cerrará, de carácter
bilateral -aquí no intervendrá la OIT-, entre los gobiernos del Reino
de Marruecos y del Reino de España.
Creo que esos eran los datos más importantes en relación con los
programas de cooperación. De todas maneras, si deseara algún detalle,
por descontado que se lo enviaría por escrito. Le puedo decir que
para el año 2000 va a persistir el proyecto de modernización de los
ministerios de Trabajo en Centroamérica y el proyecto de promoción de
la estabilidad en el empleo en América Latina. También le daré los
detalles que me había solicitado sobre la implantación de más y
mejores empleos para las mujeres en Méjico. En cuanto al programa
IPEC, después de la reunión que celebre la comisión mixta en el mes
de noviembre, veremos si se continúa mediante una ampliación del
proyecto o se realiza uno nuevo. Estos son los que podríamos
denominar proyectos más destacados desde el punto de vista de
cooperación multilateral. Hay también otros de cooperación bilateral,
cuyo comentario sería muy extenso. De todas maneras, le enviaré una
relación detallada de los mismos para que tenga la información
completa de este programa de cooperación.
Ha hecho también una referencia al programa del CES, del Consejo
Económico y Social. Usted sabe que el CES tiene una autonomía plena
en la elaboración de su presupuesto. Este año se ha solicitado un
incremento para
ampliar su actividad de carácter internacional y, dentro de ese gran
programa de actividades de carácter internacional, se han aumentado
en varios capítulos -también en parte del capítulo 2- los conceptos
presupuestarios para participar en muchos de estos programas de
cooperación, especialmente con países de Iberoamérica, lo que ha
supuesto un incremento de unos 100 millones de pesetas para
desarrollarlo a lo largo del año 2000. Creo que he hecho referencia a
los cinco programas a los que ha aludido la señora diputada.
El portavoz del Partido Popular pide que se analicen las políticas
más cercanas a los ciudadanos para ver cuál ha sido la evolución que
han seguido los presupuestos en este sentido. Como sabe, hablando no
de la sección 60, que es la sección de la Seguridad Social sino
solamente de la sección 19 y sí a nivel de departamento (es decir,
donde no sólo contemplemos el Ministerio en sentido estricto, sino
también las aportaciones que se realizan al resto de los organismos
autónomos que están adscritos al departamento), este presupuesto no
financiero consolidado a nivel de departamento asciende, en números
redondos, a tres billones de pesetas y ha supuesto un incremento del
10,9 por ciento en relación con el ejercicio anterior. Como se dará
cuenta, este incremento del 10,9 por ciento supone un aumento muy
sensible en relación con el PIB nominal, al que supera en un 5,1
(sabe que el PIB nominal está previsto en torno al 5,8), es muy
superior a la media del aumento de los Presupuestos Generales del
Estado consolidados no financieros e incluso supera al IPC previsto
en más de cinco veces. En este presupuesto del Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales se refleja muy especialmente estas políticas más
cercanas a los ciudadanos. Continúa un año más, como conoce
perfectamente, el esfuerzo tanto en política de solidaridad como el
presupuesto en políticas activas de empleo.
A grandes rasgos, con independencia de mayores detalles que me
imagino que se solicitarán posteriormente en las comparecencias,
tanto de la Secretaría General de Asuntos Sociales como de la
Secretaría General de Empleo, en relación con las denominadas por S.
S., políticas de solidaridad, observará que de un total de políticas
netas, es decir las que recibe directamente el ciudadano en el año
1996, de 33.191 millones, se ha pasado en el presupuesto del 2000 a
49.950 millones exactamente, lo que ha supuesto lógicamente un
incremento del 50,5 por ciento entre el año 1996 y el año 2000. La
variación relativa entre el año 1996 y el año 2000 ha sido el
incremento del 50,5 por ciento. Los detalles no se los doy porque me
imagino que posteriormente la secretaria general de Asuntos Sociales
intervendrá con mayor detalle.
El otro gran capítulo dirigido a los ciudadanos es el que se refleja
en las políticas activas de empleo, en las que el presupuesto base
destinado a este esfuerzo global en políticas activas -eliminando los
gastos de funcionamiento, porque si pusiéramos los gastos de
funcionamiento las cifras subirían-, es decir lo que va directamente
al ciudadano, en un presupuesto base del año 1996, es 293.443
millones, y en el año 2000 lo que está presupuestado son 867.148
millones, es decir, se ha registrado un incremento del 195,5 por
ciento, con una variación en términos absolutos también de más
573.705 millones, es decir más de
medio billón de pesetas se han incrementado las políticas activas de
empleo desde los 293.000 millones del año 1996 a la cifra que se
presupuesta para el año 2000. No desagrego las políticas porque me
imagino que después, como va a venir la directora general de Inem,
todos estos temas los analizarán ustedes con bastante detalle.
Hacía referencia a en qué medida todo ello se va a reflejar en la
recuperación económica tras la última rescisión como consecuencia de
la crisis internacional y por la recuperación especialmente del
sector de la exportación que comienza a atisbarse así como su reflejo
en algunos tipos de políticas, especialmente en las políticas de
empleo. Ya sabe que las previsiones para el año 2000 en el cuadro
macroeconómico son bastante interesantes desde el punto de vista del
crecimiento del empleo, en torno prácticamente a 400.000 empleos,
pero la tendencia del empleo sigue muy firme desde finales del primer
trimestre de 1996 hasta el último dato que tenemos conocido de la EPA
del segundo trimestre de 1999. En estos momentos se han conseguido
1.599.110 empleos más desde el primer trimestre de 1996 hasta la
encuesta del segundo trimestre de 1999 y, como sabe, en las
previsiones del cuadro macroeconómico se estima que se puedan
conseguir prácticamente casi los dos millones de empleos nuevos al
finalizar el año 2000.
En el número de parados se ha reflejado en esas mismas fechas
exactamente una disminución de 1.066.890 empleos menos, es decir,
desde los 3.600.000 parados que había en el primer trimestre de 1996
a los 2.550.000 parados que hay tras el segundo trimestre de 1999.
Estas cifras absolutas han tenido su reflejo también en las tasas de
paro y en las tasas de empleo. Por ejemplo, en este momento la tasa
de paro ya ha disminuido en 7,3 puntos, del 22,9, tras el primer
trimestre en que estaba la tasa de paro de 1996, al 15,6, que es la
última tasa de paro reflejada en la EPAen el segundo trimestre de
1999. Los mismo ocurre con la tasa de empleo, que es uno de los
indicadores más eficaces sobre el crecimiento del empleo. En nuestro
país siempre hemos estado en torno a un 37 ó 38 de tasa de empleo.
Pues bien, a lo largo de estos tres últimos años se ha incrementado
la tasa de empleo en un 4,2. En estos momentos estamos ya en el 42,2,
cuando en el primer trimestre de 1996 estábamos en el 38, es decir,
ese crecimiento en 4,2 de la tasa de empleo creo que es un indicador
muy eficaz. Desgraciadamente no se puede decir lo mismo de la tasa de
temporalidad que, aunque ha bajado en 1,1, sigue ofreciendo una gran
resistencia a pesar de la política de estabilidad en el empleo que se
inició con el acuerdo entre los interlocutores sociales y la
patronal, amparados por el Gobierno con las famosas leyes del año
1997, donde el crecimiento de los contratos indefinidos en términos
EPA es enorme. Sin embargo, la famosa rotación que se instauró en
este país desde el año 1984, que posteriormente no se pudo cerrar
definitivamente ten la reforma del año 1994, sigue permaneciendo y
sigue contribuyendo desde el punto de vista estructural a que se siga
manteniendo esa tasa de temporalidad, que esperemos que con las
últimas medidas empiece a decrecer.
Por último, hizo referencia a los planes de lucha contra el fraude.
Como sabe S.S., desde 1996 y, entre otras razones, en cumplimiento de
una de las recomendaciones del Pacto de Toledo, se han hecho grandes
esfuerzos, especialmente
en el ámbito de la protección social, para lograr, por así decir, que
se eliminara gran parte de la economía irregular que existía en
materia de empleo, y sobre todo que se reflejaba muchísimo en materia
de Seguridad Social. Hay un tema que yo creo que lo confirma
poderosamente, y que se ha reflejado no solamente en términos
presupuestarios -estoy seguro que el secretario de Estado de
Seguridad Social en la Comisión de Presupuestos hará un detalle mucho
más exhaustivo de todo ello-, sino especialmente en las políticas de
desempleo, pero que se refleja en el crecimiento creo que son trece
trimestres, si la memoria no me falla, de la afiliación a la
Seguridad Social, cosa que no había ocurrido nunca históricamente en
ningún ejercicio; creo que el ejercicio donde más se aproximó y
prácticamente coincidió fue en el año 1989-1990. La afiliación a la
Seguridad Social está creciendo dos puntos por encima del PIB.
Evidentemente, eso solamente tiene una justificación que es el
afloramiento de economía sumergida, que es el mejor indicador,
incluso mejor que el indicador de carácter presupuestario, y ese
afloramiento de economía sumergida es lo que se refleja claramente
incluso en el propio crecimiento de la cifra del desempleo. Ya sabe
que el derecho a las prestaciones por desempleo no se han alterado en
absoluto, aún más, en algunos aspectos concretos se ha mejorado, como
es especialmente en el caso de contrato de trabajo a tiempo parcial,
o cuando, en base al acuerdo con los interlocutores sociales, se
mejoraron también en alguna modalidad contractual, como era el
tránsito del aprendizaje al nuevo contrato de formación, donde se
mejoró esa protección social. Esa es la razón por la que la tasa de
cobertura prácticamente sigue siendo la misma; esperemos sin embargo
que se reflejará una mejoría evidente con el nuevo programa mixto
entre políticas pasivas y activas. Supongo que el secretario general
de Empleo y la directora general del Inem hablarán a fondo de las
rentas activas de inserción.
Creo que no tengo ninguna otra laguna.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor subsecretario, por su
comparecencia.
- DEL SECRETARIO GENERAL DE EMPLEO (CHOZAS PEDRERO), A SOLICITUD DEL
GRUPO SOCIALISTADELCONGRESO, (Número de expediente 212/002210). DEL
GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, (Número de expediente
212/002238), DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (Número de expediente 212/
002273) YDELGRUPO POPULAR EN EL CONGRESO (Número de expediente 212/
002308).
El señor PRESIDENTE: Vamos a pasar a la siguiente comparecencia.
Muchas gracias señor secretario general de Empleo por su presencia
entre nosotros. Su comparecencia ha sido solicitada por los grupos
Mixto, Izquierda Unida, Socialista y Popular, y por este mismo orden
se van a producir las intervenciones. Si previamente quiere hacer una
presentación del presupuesto, tiene la palabra.
El señor SECRETARIO GENERAL DE EMPLEO (Chozas Pedrero): Señor
presidente, como andamos un poco apretados de tiempo me someteré
encantado a las preguntas de SS.SS.
El señor PRESIDENTE: Le agradezco también a usted esta gentileza que
nos hará cumplir el horario, siempre y cuando ustedes, señores
diputados, hagan lo mismo y sean concretos en su intervención.
Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Peralta.
El señor PERALTA ORTEGA: Señor presidente, yo había solicitado la
comparecencia al señor secretario general de Empleo porque no sabía
si iba a comparecer la directora general del Inem, y como parece ser
que sí se va a producir esa comparecencia, le haré a ella las
preguntas que tenía previstas hacerle al señor secretario general de
Empleo.
El señor PRESIDENTE: Por parte del Grupo Federal de Izquierda Unida,
tiene la palabra el señor Vaquero.
El señor VAQUERO DEL POZO: Señor presidente, con enorme brevedad y
concisión, aunque unos temas sean de carácter más concreto y otros de
carácter más genéricos, voy a hacer siete preguntas telegráficas, o,
por lo menos, telegráficamente transmitidas.
Primera pregunta. En la literatura de los Presupuestos Generales del
Estado creo que se prevé una bajada en la elasticidad de la relación
empleo-producto interior bruto, en la medida en que, desde la
constatación de que este ejercicio de 1999 ha sido de un 0,948, si
mis cifras no son incorrectas, se prevé que para el próximo año bajen
a un 0,702 en la medida que se prevé un crecimiento del empleo del
2,6 y un incremento del producto interior bruto del 3,7. ¿Qué
explicación tiene esta previsión? ¿Es que se dejan alguna carta de la
baraja en la manga para poder cumplir los objetivos presupuestarios
de forma sobrada? Si esto no es así, sino que responde a unas
previsiones rigurosas, ¿por qué se prevé que el crecimiento del
empleo vaya traduciéndose cada vez menos en creación de empleo? Esta
sería la razón, desde el punto de vista técnico -no sé si tendría que
responderse desde otras instancias, posiblemente desde el Ministerio
de Economía-, de que el secretario general de Empleo conozca las
razones de por qué se concreta esta previsión en los Presupuestos
Generales del Estado para el 2000.
En segundo lugar, esta es una pregunta de carácter más concreto, si
en la partida para economía social, en el programa 322.C, que sube un
1,7 por ciento, por tanto por debajo del crecimiento económico y de
todo el resto de las previsiones, va a ser suficiente la
incentivación, dada la importancia que tiene este programa. Esta
realidad de la economía social muchas veces viene a ser un elemento
de freno, de seguridad de creación de empleo cada vez más importante.
¿Por qué no se traduce en los Presupuestos Generales del Estado la
importancia que se le da, desde el punto de vista teórico, a la
economía social a niveles prácticos y presupuestarios?
La tercera pregunta se refiere a la preocupación que existe, y que se
ha manifestado ayer mismo en la prensa, en
los sindicatos, en concreto en la UGT, respecto a la mayor
flexibilidad que se les piensa dar a los contratos de fijos
discontinuos en la ley de acompañamiento. Nosotros quisiéramos que
nos explicase a qué se debe este tipo de actuación y si realmente
piensan llevarlo hasta sus últimas consecuencias.
La cuarta pregunta se refiere a por qué se reducen en el programa
315.A, que trata de las relaciones laborales y condiciones de
trabajos, 129 millones de pesetas, cuando, por otro lado, se
manifiesta de forma un tanto ampulosa que hay un mejor funcionamiento
del mercado de trabajo. ¿Reduciendo esta partida se va a seguir en
esa tónica, por lo menos en el control de ese mercado de trabajo o,
más bien, como ha funcionado suficientemente bien el mercado de
trabajo, no va a hacer falta dedicarle una partida presupuestaria
suficiente?
La quinta pregunta se refiere a una duda que se me presenta cuando
leo la literatura de los Presupuestos Generales del Estado. ¿Por qué
se integra la incapacidad temporal y el desempleo en un mismo
epígrafe? ¿A qué se debe esto? Esta es una curiosidad. No se trata de
que me dé una explicación respecto a ninguna partida concreta sino de
por qué se integra ahí. Respecto a los Presupuestos Generales del
Estado del 2000 y desde antes, ¿estructuralmente esas dos partidas
tienen la funcionalidad de ir reduciendo déficit público en base a
reducción de los presupuestos de Seguridad Social, empleo, etcétera y
por eso se integra en un mismo paquete, aunque se hace en distintos
sitios dentro de la literatura de los presupuestos? Nosotros no
entendemos el porqué, porque son dos prestaciones de distinta
naturaleza, pero alguna razón debe tener para el Ministerio.
La sexta pregunta se refiere a la renta activa de inserción que como
nos parece que es algo novedoso queremos reclamar una aclaración de
cómo se va a llevar a cabo. ¿Cuántos van a beneficiarse de esta renta
activa de inserción y qué política se prevé para aquellos que queden
excluidos de ella y que sean de incentivación respecto a su
inserción? Me estoy refiriendo a aquéllos que no sean parados de
larga duración mayores de 45 años con cargas familiares, en primer
lugar a aquéllos que no reúnen esos requisitos, a esos otros parados
de larga duración; y, en segundo lugar, a los jóvenes, a las mujeres
y a los discapacitados. ¿Éstos van a tener algún programa semejante
de cara a la inserción o simplemente van a tener el resto de las
políticas de los programas ya conocidos?
La séptima pregunta, y termino, se refiere a si va a haber algún tipo
de políticas para incentivar el incremento de la población activa,
que sólo sube un 0,6 por ciento y, además, de forma desigual; es
decir, si las mujeres se incorporan en un 1,8 por ciento respecto al
colectivo de los varones, desciende la población activa en un 0,2.
Aparte de políticas que ya conocemos, que se introdujeron el año
pasado, como es el contrato a tiempo parcial, ¿se va a hacer algún
otro esfuerzo por parte del Ministerio para cambiar el sino de la
población activa que, al parecer, sigue un tanto anclada en la
congelación del no crecimiento? A nosotros se nos antoja como el
problema fundamental del empleo y de la economía, en la medida en que
hay muchos potenciales que no desarrollan las virtualidades de su
trabajo, de cara al crecimiento económico y, por tanto, al
aseguramiento
del bienestar social del presente y del futuro para el conjunto de
los ciudadanos.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra la
señora Romero.
La señora ROMERO LÓPEZ: Quisiera hacerle algunas preguntas, señor
secretario general de Empleo; algunas de ellas ya han sido formuladas
por el anterior grupo, pero espero tener respuestas algo más
explícitas de las que tuvo mi compañero, el señor Gimeno, el año
pasado con el anterior secretario general de Empleo, que dedicó la
sesión más a una comparecencia de autoelogio que a responder a las
preguntas formuladas. Probablemente aquella comparecencia no
respondía a la competencia y a la seriedad que le suponemos a usted.
Esa es la razón por la que las preguntas que le vamos a formular
pueden tener un mayor grado de concreción.
Las primeras quisiera formulárselas con la filosofía que inspiran
estos presupuestos, por lo que no le van a suponer un gran esfuerzo
de memoria. Están referidas al Inem. No voy a hacer como el anterior
compareciente, que ha pasado el turno de preguntas a la directora
general, porque me parece importante saber cuál es su opinión acerca
de los principios que inspiran estos presupuestos. Esa es la razón
por la que quiero preguntarle sobre el sentido de estos presupuestos,
ya que no plasman los principios del Pacto de Toledo, suscritos por
todos los grupos parlamentarios. Quisiera preguntarle qué entiende
por fiscalidad general y si está de acuerdo o no con la recomendación
primera del Pacto de Toledo. Qué razones les han llevado a romper con
el espíritu de consenso alcanzado y si cree que deben ser las
cotizaciones, independientemente de su incremento, las que paguen lo
que este Gobierno llama políticas activas y cualquiera que sea su
grupo destinatario. Sería bueno que no me respondiera refiriéndose al
pasado, porque hay un antes y un después del Pacto de Toledo. Si
todos los grupos coincidieron en que a partir de entonces se
establecía un principio que era bueno para el futuro, sería bueno,
también, hacer una reflexión hacia el futuro. Ese es quizá el marco
del resto de mi intervención. ¿Cree que la adecuación de los actuales
costes indirectos a su finalidad ayudaría a la creación de empleo?
¿En cuánto ayudaría? Son preguntas que ya formuló el señor Gimeno al
anterior secretario general de Empleo y que no fueron contestadas.
Indirectamente, hemos conocido en la prensa la cifra de 800.000
millones que se ahorran las empresas con las bonificaciones actuales;
quisiéramos saber si han hecho previsiones de generación de empleo y
si esta filosofía que inspira el Pacto de Toledo es hoy una realidad.
¿Cuál debería de haber sido la aportación del Estado para cubrir el
objetivo fundamental de la cumbre de Luxemburgo, que es proporcionar
una formación a cada desempleado en la Unión Europea? ¿Cree razonable
que la aportación del Estado al Inem para el 2000 sea algo menos del
50 por ciento de lo que aporta el Fondo Social Europeo, unos 45.000
millones, cuando la cifra del Fondo Social Europeo es de 105.000
millones, es decir algo menos de la mitad de lo que aporta la
solidaridad europea? ¿Qué cantidades prevé para el programa marco del
Fondo Social Europeo del 2000 al 2006 yqué cantidades de
cofinanciación para cada año?
Me gustaría entrar en algunos temas un poco más específicos, que
seguro que tiene en mente, porque sé de su experiencia y de su
capacidad para afrontar estas cifras que son bastante importantes.
Según los datos que tengo, las previsiones en el decremento del
número de beneficiarios de prestaciones son de 35.000 menos; quisiera
saber de los 477.071 beneficiarios de prestaciones de 1999 a cuántos
y a cuantas ha ofrecido algún servicio. Es una cifra global, pero
espero que hayan hecho esos cálculos, porque en la Unión Europea se
han hecho para poder abordar lo que es el espíritu de esa cumbre de
Luxemburgo. Quisiera saber también a cuántos y a cuántas ha ofrecido
formación para la reinserción en 1999. En las cifras que dio usted el
año pasado al señor Vaquero el número de desempleados o de
desempleadas que no tenían ningún tipo de protección era de 826.600;
no sé qué cifra tienen ustedes prevista para el 2000, pero quisiera
preguntarle qué medidas tiene previstas el Gobierno para estos
ciudadanos o ciudadanas que no tienen ningún tipo de protección.
Cuántos ciudadanos o ciudadanas están registrados o registradas con
cinco años o más de espera en las listas del Inem y cuál es el
sistema de seguimiento de las actuaciones del Inem sobre los parados
de larga duración. Qué sistema hay de evaluación de esas políticas
que están llevándose una parte muy importante del presupuesto. Me
ahorro la pregunta sobre la renta activa de inserción.
Ahora planteo una curiosidad que no tiene mucha importancia, también
en la línea de mi anterior compañera de grupo parlamentario acerca de
los gastos corrientes del programa 322.A. Va en la misma línea,
porque nos sorprende mucho que este programa cuyo capítulo 1
contempla la transferencia de funcionarios, con motivo de la
transferencia de las políticas activas a algunas comunidades
autónomas, sus gastos corrientes han sido incrementados en un 50 por
ciento, lo que no parece muy coherente con la disminución del
capítulo 1, y que, sin embargo, el capítulo 2 en gastos corrientes se
incremente en un 50 por ciento. Se incrementa, como sabe, en prensas
y revistas, en productos farmacéuticos, en publicidad y propaganda,
en jurídicos y contenciosos, en reuniones, conferencias y cursos, en
gastos de publicaciones. Tiene un aumento en todos estos artículos de
más de un 50 por ciento y un 50 por ciento nos parece demasiado para
estos gastos corrientes, cuando el capítulo 1, que es el que los
justificaría, disminuye. No entendemos cómo se ha hecho ese
presupuesto, qué sentido tiene ese incremento tan fuerte. Ese es un
tema menor, pero también tiene su importancia.
Siguiendo con los grandes bloques de esta política de empleo,
quisiéramos saber el incremento que hay en los presupuestos de los
planes de reinserción en las corporaciones locales, a qué
ayuntamientos, con qué criterios y qué medidas se van a impulsar.
Sobre el gran tema de las bonificaciones y de la temporalidad
-justamente esta mañana hay algunas noticias en la prensa, y han dado
ustedes estos días pasados también algunas- quisiera oirle aquí en el
Parlamento -que probablemente hubiera sido el lugar idóneo para haber
tenido esa información de primera mano- a qué tipos de contratos han
ido estas bonificaciones, si a tiempo completo, a tiempo parcial, y a
cuáles van a ir, cuáles son sus previsiones, porque le he oído
declaraciones diciendo que el tiempo
de las bonificaciones ya ha pasado y que ahora van a insistir
ustedes en los contratos formativos, pero la verdad es que las
previsiones de incremento de estos contratos son de más de 100.000;
tenían ustedes 267.000 contratos y prevén ustedes en este presupuesto
362.000 contratos; es decir, prevén 100.000 contratos más y eso no se
corresponde con las declaraciones que acaba de hacer diciendo que el
tiempo de las bonificaciones ha acabado.
No sabemos tampoco a qué responde el que sucesivamente en leyes de
acompañamiento y en enmiendas de su grupo modifiquen ustedes algo tan
sustancial como es esta política que prácticamente se ha convertido
en la espina dorsal de su política de empleo, esa apuesta por la
estabilidad que al final no ha sido -y le digo que lo lamento en el
fondo como española- fructífera, no ha sido satisfactoria, porque
saben ustedes que los niveles de temporalidad siguen siendo los
mismos y, por tanto, si nos retrotraemos a lo que fue el principio de
esta legislatura, probablemente no encuentre justificación el que
hayan ustedes dado tantos palos de ciego y el que hayan sustraído ese
debate al Parlamento pretendiendo, muchas veces de tapadillo con
enmiendas en el Senado, modificar cuestiones tan trascendentales que
al final no les han dado el resultado que ustedes pretendían. Por
tanto, una cuestión tan esencial probablemente hubiera requerido un
debate a fondo que nos hubiera situado quizás en estos momentos en
otra situación distinta de la que estamos viviendo. En ese sentido y
en esa misma línea quisiera preguntarle cuál es el número de ayudas
que tienen para las iniciativas locales de empleo y para los
autónomos que han sido, parece ser, las prioridades en estas últimas
declaraciones a las que hago referencia con motivo de la presentación
de estos presupuestos por parte del Gobierno, y las medidas para el
fomento de la capacidad emprendedora.
Hay algunas cuestiones específicas que también tienen su importancia,
porque forman parte de la metodología, y que quisiera que me
confirmara aquí, a pesar de que lo tienen en los explicitados
presupuestos: Cuántas comprobaciones de profesionalidad tienen
previstas para el 2000, qué número de servicios tienen para la mejora
de la inserción para el 2000 y qué número de entrevistas tienen
previstas para el 2000. Se supone que eso forma parte de la
metodología que facilita la inserción y la adecuación de las
políticas hacia el objetivo fundamental de este servicio público, que
es acceder al empleo. Luego quisiéramos saber qué importancia ha
tenido para este Gobierno el destinar un presupuesto a este tema y
dónde está situado el porcentaje de intermediación de este servicio
público, qué porcentaje tienen en estos momentos.
Algunas preguntas más, para finalizar la intervención, se sitúan en
el programa 324.A y 324.B. Nos sorprende mucho la disminución que ha
habido de este programa en estudios y trabajos técnicos, que si las
cifras son ciertas ha bajado de 1.000 a 350 millones, en un programa
que precisamente no está sobrado de necesidad de evaluación, porque
las políticas tienen su faceta inevitable de cuestionamiento por la
cantidad de dinero que se está invirtiendo en estas políticas de
formación y por las escasas evaluaciones que se aportan. En ese
sentido quisiera que me explicitara qué medidas tienen cuantificadas
para la evaluación de lainserción de tantos miles de millones que
siguen invirtiéndose
en una formación que teóricamente tendría que estar orientada al
empleo. Qué medidas tienen cuantificadas para las tutorías de los
contratos formativos, para dotar de contenido a unos contratos que
sabe el señor secretario general de Empleo que no han tenido la
virtualidad fundamental para la que están previstos esos contratos,
que es la formativa.
En cuanto a los talleres de empleo, que han sido la aportación de
este Gobierno a una apuesta tan fundamental como la del tercer
sector, que ha sido quizás una de las apuestas esenciales de muchos
gobiernos europeos en estos momentos y para lo cual han destinado
gran parte de sus presupuestos de empleo, quisiera saber cuántos y
cuántas se han insertado en 1999 y cuántos y cuántas prevén que
puedan insertarse en el año 2000. Como sabe -y acabamos de ver la
última cifra de desempleo registrado en el Inem-, aumenta la
distancia entre el paro masculino y el femenino, que ya no es sólo el
doble sino más. Sabe también, señor secretario general de Empleo, que
la tasa de actividad femenina prácticamente se ha estancado estos
años, ha crecido sólo 1,5 puntos, con lo que significa eso de
desincentivación y desanimación de las mujeres hacia el empleo, y lo
que significa eso de ausencia de creación de riqueza en un país como
España, que no está sobrado de esa creación de riqueza que
desearíamos para el futuro. El propio ministro, en una intervención
en el Parlamento hace pocos días, hablaba de que el reto del futuro
era el empleo de la mujer, lo ha sido desde la cumbre de Luxemburgo
para muchos gobiernos europeos, por eso, y para finalizar mi
intervención, quisiera preguntarle si sabe lo que significa la
aplicación del principio del mainstraiming.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor
Caneda.
El señor CANEDA MORALES: Señor secretario general de empleo,
felicitaciones por su cuarto presupuesto, después de haber visto que
los tres anteriores se han cumplido y con un nivel de eficacia muy
importante. Podríamos hablar de 12.300.000 y 13.900.000 como dos
cifras significativas, que enmarcan lo que es la actuación de su
Secretaría, de su Ministerio, en definitiva, en cuanto a creación de
empleo. Es el número de ocupados que había cuando se hacen
responsables y el número de ocupados que hay ahora; 1.600.000 empleos
en tres años y medio recogen este nivel de eficacia. Esto ha
implicado que baje el nivel de desempleo en 1.100.000 y comporta, en
consecuencia, unas variaciones importantes en el mercado laboral. Por
eso, nos gustaría saber qué modificaciones en las bonificaciones se
contemplan en este presupuesto que hoy debatimos para que se mantenga
el nivel de eficacia de años anteriores ante un mercado laboral que
es distinto.
Todavía necesitamos un camino para seguir creando empleo, los nuevos
yacimientos de empleo en los que se ha estado trabajando, y
fundamentalmente me referiré a dos. Quisiéramos saber qué se está
haciendo en cuanto a iniciativas alrededor de las corporaciones
locales, es decir, creaciones de empleo pegadas al terreno, alrededor
de la economía local, qué medidas se han tomado y cuánto han subido
esos presupuestos en la economía social, que es otro de los puntos
donde estimamos que tiene que seguir creciendo
el empleo para poder seguir manteniendo el nivel y el ritmo de
crecimiento actual.
Hay algo que preocupa sobremanera a este grupo, y es el número de
parados sin cobertura que había y que necesariamente, dado que no se
puede crear todo el empleo de golpe, tiene que seguir habiendo.
Nosotros estamos muy satisfechos con el resultado de las políticas
activas de empleo, que el 85 por ciento del crecimiento del PIB se
traslade al empleo es fantástico, pero el porcentaje que había era
alto, cerca de un 24 por ciento. En 1996 había 1.200.000 españoles
que no tenían ningún tipo de cobertura. Aparte del empleo creado,
también nos interesa saber qué cantidad contempla que habrá en los
presupuestos del 2000 de ciudadanos españoles sin cobertura.
Siguiendo en la cobertura, si en el inicio de su legislatura había
una tasa del 50 por ciento, ¿qué tasa se prevé que habrá en el año
2000? ¿Se ha mantenido?, ¿se ha mejorado? ¿Qué previsión tiene para
este año? También me gustaría saber la tasa neta, es decir, después
de deducidos los jóvenes que aspiran a su primer empleo y que nunca
han cotizado.
Me gustaría profundizar en otros dos puntos, que otros portavoces en
el uso de la palabra ya han hablado de ello. Uno es el desempleo en
la mujer. Efectivamente, en estos tres años y medio se ha conseguido
poner prácticamente a nivel europeo el paro masculino, pero nos queda
un largo camino en el caso de la mujer, cuya tasa estaba más alta.
Concretamente, medidas como la del coste cero en los contratos de
sustitución por maternidad ¿qué resultados han dado?, ¿qué resultados
se prevén para el próximo año?
Por último, quiero incidir en los talleres de empleo, esta
experiencia que se ha puesto para adultos con más de un año de paro.
En el año 1999 ¿qué resultados ha dado y qué previsiones tienen en el
presupuesto del 2000?
El señor PRESIDENTE: El señor secretario general de Empleo tiene la
palabra.
El señor SECRETARIO GENERAL DE EMPLEO (Chozas Pedrero): Muchísimas
gracias a todas las personas que han intervenidio por sus preguntas,
que intentaré contestar con la precisión que la premura de tiempo me
obliga. Habrá algunas, desgraciadamente, en las que no pueda ser
absolutamente concreto, por lo que o bien me comprometeré a remitir
por escrito la información que se me solicita o bien aprovecharé la
comparecencia de la directora general del Inem a continuación para
que dé algunos de los datos con mucha más precisión y concreción que
yo.
Respecto del primer bloque de siete preguntas que me presenta el
Grupo de Izquierda Unida, intentaré seguir el orden de las mismas. En
cuanto a si prevemos una bajada de elasticidad en la relación empleo
PIB, en absoluto. Vamos a ir aquí un poco por partes e intentaré
aclarar que no es que nos encontremos ante dos cuestiones diferentes,
pero sí que no son absolutamente idénticas. Me explico. La previsión
de creación de empleo que hacen los presupuestos es, como su propio
nombre indica, además de una previsión macroeconómica general del
Gobierno, una previsión a efectos presupuestarios para condicionar
los ingresos y gastos de las cuentas del Estado, en tal sentido
orientativa y, si me permite, en la que si pudiéramos calificarla, se
juega un poco a la reserva. ¿Por qué? Porque es difícil aquí
asumir que alguien se equivoque y no hubiera una dotación correcta de
ingresos y gastos al haberse ido excesivamente alegre en la
presupuestación, con lo cual, la experiencia -no quiero hacer yo aquí
panegíricos- de los últimos años nos indica que, después, si en la
creación de empleo se mantienen las previsiones con las que está
funcionando nuestra economía, se podrán superar estas cifras, lo que
no quiere decir que sea un ejercicio de irresponsabilidad considerar
de manera prudente la creación de empleo que, como digo, condiciona
muchos ingresos y sobre todo muchos gastos que dependen del Estado.
Por otro lado, una menor relación entre el crecimiento económico y la
creación de empleo, y esperemos que sea así, indicaría una mejora de
la productividad. Tampoco tenemos que hacer una lectura absolutamente
exacta, porque no son cuestiones matemáticas, de las últimas
informaciones de un determinado trimestre, de los datos de la
encuesta de población activa, lo que debemos seguir ahí son
tendencias. Hay una tendencia general en la que se está elevando la
creación de empleo, en la que se está mejorando su relación con el
crecimiento del PIB, pero tampoco esas cifras coinciden exactamente,
porque yo entiendo que no deben coincidir, con el incremento de
afiliaciones en la Seguridad Social, pongo por ejemplo, o con el
incremento de los ingresos en las cuentas por desempleo, que dependen
de registros administrativos, de la evolución del empleo y de otros
factores, como son el nivel de cotización en términos voluntarios u
obligatorios. En ese sentido, la conclusión que hay que sacar de la
previsión macroeconómica es que, con los datos de que disponemos hoy,
en el año 2000 continuará la estabilidad, el crecimiento y la
creación de empleo. Tampoco se puede afinar mucho más a la hora de
sacar conclusiones, que no son la vocación de esas cifras.
Partida de economía social. Yo reconozco que es un poco laberíntico
moverse en las cifras de los presupuestos y no sé si responsabilidad
de este Gobierno, de los anteriores o de los sucesivos el aportar un
poco más de claridad, con el fin de que se entienda mejor qué se
quiere hacer y qué partidas hay, pero, desde luego, por la
información que yo tengo en este momento -y se la desglosaré por
escrito-, la partida fundamental es la de apoyo a la economía social,
que está radicada en la Dirección General de Fomento de la Economía
Social y Fondo Social Europeo, y los capítulos fundamentales los que
se refieren a capítulo 4, de subvenciones para constitución de
cooperativas y sociedades anónimas laborales, y el capítulo 7,
referido al apoyo financiero, que después permitirá -y ésta es una
novedad del presupuesto- la financiación del apoyo a la economía
social con la cofinanciación del Feder, de los fondos estructurales,
que crecen en un 26,07 por ciento, pasando de poco más de 2.022
millones a 2.549 millones; es decir, 527 millones más. Como digo,
aportaré esta información por escrito, reconociendo que, a lo mejor,
los distintos capítulos nos juegan malas pasadas a todos. Desde
luego, la economía social, en el ámbito de subvenciones, se
incrementa por encima del 25 por ciento.
Me preguntan si vamos a llevar a sus últimas consecuencias la mayor
flexibilidad en la contratación de fijos discontinuos. Tengo que
decir que, efectivamente, en la ley de acompañamiento se incluye una
propuesta de modificación,
que esperamos que apruebe el Parlamento, por la cual el tope
general que se establece para el tiempo parcial del 77 por ciento de
la jornada pueda superarse en aquellos casos de carácter excepcional
y siempre que sea vía negociación colectiva, es decir, que dicha
modificación esté amparada en una negociación, en un convenio
colectivo. ¿Cuáles son las razones de esta modificación, que
significa una modificación del decreto-ley que reguló el tiempo
parcial? Pues, al menos en el caso del Ministerio de Trabajo, que,
nada más producirse la promulgación del decreto-ley, en determinados
sectores, como es el de la exportación de frutas en Murcia o el de
agricultura en Valencia y Navarra, se observó que había un hueco, que
tradicionalmente había cubierto la negociación colectiva, en el que
existían trabajos de carácter fijo discontinuo que, siendo su jornada
inferior a la ordinaria anual, era algo superior al 77 por ciento,
y la nueva modificación dejaba esto en tierra de nadie. A petición de
organizaciones sindicales de esos sectores y territorios y de
organizaciones empresariales se analizó la evolución de la
contratación en estos tiempos, se vio que se estaba frenando y que
existía el riesgo de que esta contratación, tradicionalmente de
carácter fijo discontinuo, derivase en contratos temporales, digamos
poco justificados, y se perdiese una tradición de fijeza en
determinada actividad y, como digo, a petición de las organizaciones
empresariales y sindicales de estos sectores se ha incluido esa
propuesta de modificación.
Respecto del presupuesto de Administración de Relaciones Laborales y
la disminución de sus partidas presupuestarias, diré que la mayoría
de estas partidas están incluidas en el presupuesto de la Dirección
General de Trabajo. Efectivamente, ese centro gestor, en el proyecto
de presupuestos, dentro de transferencias corrientes, presenta un
gasto a realizar de 31.860 millones, lo que representa una
disminución del 22,3 por ciento respecto al presupuesto de 1999. Esta
disminución se debe fundamentalmente al agotamiento de las medidas de
reconversión industrial derivadas de la Ley 27/1984, debido a que el
último colectivo de excedentes laborales de la reconversión, que
viene percibiendo ayudas equivalentes a la jubilación anticipada así
como prestaciones complementarias a estas ayudas, al tiempo que se
cotiza por ellos a través de los fondos de promoción de empleo, van
alcanzando la edad de 65 años, pasando a percibir la correspondiente
pensión con plenos derechos. Por tanto, en el próximo ejercicio, a
excedentes laborales de reconversión industrial se dedicarán unos
10.500 millones de pesetas, presupuesto que supone una disminución
del 46,5 por ciento respecto a años anteriores, y ello por las mismas
razones.
La otra gran partida que sufre disminución en este presupuesto de
Administración de Relaciones Laborales es la correspondiente a la
Fundación de Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje, SIMA,
que la propia fundación traslada a la Administración del Estado en
virtud del acuerdo interconfederal de solución extrajudicial de
conflictos. Se traslada la propuesta de presupuesto, que ha sido
aceptado íntegramente, a la baja. Parece ser, en cuanto a las
previsiones iniciales de solución extrajudicial de conflictos, que el
número de casos que se están atendiendo son menores y de ahí que la
presupuestación que aporta el Estado en
cumplimiento del acuerdo se acomode a la petición que se realiza.
En cuanto a la integración incapacidad temporaldesempleo en un mismo
epígrafe, tengo que decir que es cierto y que podría venir
justificado en función de que, dentro del sistema de Seguridad
Social, las prestaciones por desempleo y por incapacidad temporal
tienen una misma condición de temporalidad que no tienen la mayoría
del resto de las prestaciones, que tienen una vocación permanente;
pero, es cierto también, que, metodológicamente, y a efectos de
comprender la evolución presupuestaria, esto tiene poca
justificación. En el denominado libro amarillo o en las notas
explicativas se habla de pensiones de la Seguridad Social y luego se
juntan incapacidad temporal y desempleo, sin que eso permita un
seguimiento muy correcto de las dos partidas, pero no es menos cierto
que en el presupuesto del Inem, por un lado, y de la Seguridad Social
o del INSS, por otro, se pueden aislar perfectamente las distintas
prestaciones. Como ahora la mayoría de las cuestiones, tanto en mi
intervención como en la de la directora general del Inem, van a
basarse en la evolución del presupuesto del Inem, me centraré en
ello, pero, desde luego, plantearé, y más en estas publicaciones que
deben servir para facilitar la comprensión del presupuesto, que desde
el punto de vista del gestor de la prestación de desempleo esto no
ayuda a entender la vocación de las dos prestaciones, ya que algunos
de los problemas, y no menores, que tienen estas dos prestaciones es
que veces coinciden, desnaturalizándose la protección que deben dar
una y otra. Dicho esto, me referiré a lo que se me ha pedido sobre el
presupuesto de empleo.
Renta activa de inserción, número de beneficiarios. Está
presupuestada en 50.000 millones. El decreto que regule esta renta
activa de inserción se tiene que preparar de aquí al 31 de diciembre,
tendrá que estar en vigor el 1 de enero del próximo año y para ello
contaremos, como es preceptivo, con la colaboración de los
interlocutores sociales, con los cuales ya se ha hablado algo de
esto. Finalmente, el ámbito de aplicación personal dependerá de los
requisitos que exijamos a las personas que se quieren beneficiar de
este nuevo tipo de protección, pero, a fecha de hoy, le podría decir
que, si estamos hablando de mayores de 45 años parados de larga
duración con cargas familiares y que han agotado su prestación o
subsidio por desempleo, podríamos estar hablando de una horquilla
entre 60.000 y 100.000 personas. La concreción final del decreto nos
dará el número exacto. ¿Qué ocurre o qué políticas se aplicarán con
quienes queden excluidos de este colectivo? Debemos tasar aquí el
colectivo porque, si no, no tendríamos ninguna posibilidad de
presupuestar esta u otras cantidades, pues es ahí donde actúan el
resto de las políticas activas. Los que no tienen protección se
beneficiarán de políticas activas en general, que tienen un
incremento aproximado del 10 por ciento en el presupuesto del Inem.
Hay algunas específicas, como los talleres de empleo, que se están
dirigiendo a los mayores de 40 años, y hay otras específicas para
jóvenes, mujeres o discapacitados que en todos los casos tienen
incrementos superiores al 10 por ciento en aquellos supuestos que
implican participación en el empleo. La vocación sería llegar al
número más amplio de desempleados y además dar cumplimiento
a lo que nos exigen las directrices europeas. Luego
abundaré en ello un poco más.
En la última pregunta plantea usted la necesidad de incentivar el
incremento de población activa e inquiere cómo se hace. En varias
intervenciones se ha suscitado que el principal problema de empleo
del mercado de trabajo español consiste en las escasísimas tasas de
actividad, si lo comparamos con el resto de los países europeos. La
tasa de actividad española está raspando el 50 por ciento, lleva
bastantes años con muy pocas modificaciones, y los mejores países
europeos, como Dinamarca, el Reino Unido o Suecia están en tasas de
actividad superiores al 75 por ciento, en el caso de Dinamarca
rondando el 80 por ciento.
Acorto plazo, las cifras de paro, si la evolución del mercado de
trabajo sigue como está desarrollándose hasta ahora, nos darán una
aparente alegría; digo aparente porque disminuirán las cortes de
jóvenes que se incorporen al mercado de trabajo y el paro, igual que
ha ascendido, no artificialmente pero mucho, por el incremento de la
población activa desde finales de los setenta hasta ahora,
probablemente tienda a descender. Pero eso no es ninguna solución del
problema. El problema es que tenemos unos volúmenes de empleo y de
actividad muy inferiores al resto de los países europeos, y ese es un
tema que a corto y medio plazo, no digamos ya a largo, va a plantear
serias cuestiones tanto a la capacidad de producción y de desarrollo
de nuestra economía como a nuestros sistemas de protección social.
Este es el espíritu de las políticas activas, intentar que sea
atractivo incorporar a las personas al mercado de trabajo. Esa es la
modificación a la que usted también ha aludido, los tipos de
contratación como es el tiempo parcial. ¿Qué medidas novedosas -si se
puede hablar así- se incluyen en el presupuesto? En el programa de
bonificaciones -aunque luego me centraré en ello más detalladamente-
incorporamos un nuevo programa para el primer empleo, para la primera
contratación que hagan los trabajadores autónomos, pensando que ahí
hay unas bolsas que, o bien pueden generar empleo (hay más de un
millón y medio de trabajadores autónomos en España que no tienen
ningún empleado) o bien pueden blanquear empleo que actualmente se
cubre alrededor de ayudas familiares o economía sumergida. Eso
implicaría lógicamente más empleo, más actividad.
Para las mujeres, en sectores en las que están infrarrepresentadas,
se establece una reducción de los requisitos y un aumento de las
bonificaciones para su contratación, teniendo en cuenta que aquí sí
hay un cuello de botella en el paso de las mujeres a determinadas
actividades en las que tradicionalmente no tienen acceso al empleo.
Otras medidas, como la Ley de conciliación de vida familiar y
laboral, que esperamos que este mes de octubre apruebe el Parlamento,
o el incremento de la formación, pueden ir incidiendo en la mejora de
las tasas de actividad en nuestro país.
Respecto de la información que se me demanda por parte del Grupo
Socialista, mi intención es ser lo más explícito posible, igual que
en cualquier otra comparecencia que haya habido o pueda haber. Desde
luego, no me atrevo a opinar de la seriedad y competencia de mi
antecesor en elcargo porque parece que los hechos le dan la razón por
la
carrera que lleva. (La señora López i Chamosa: ¡Se va a salir!) En
cuanto a las preguntas concretas, la filosofía que inspira los
presupuestos del Inem es mantener la actualmente existente dentro del
ámbito de la estrategia europea de empleo, es decir, incidir
fundamentalmente en el desarrollo de políticas activas que favorezcan
la mejora de la empleabilidad de los desempleados. Dentro de ello
-haciendo un esquema muy general-, mantenimiento de la protección e
incluso incremento de la misma, ligada siempre a políticas activas
-luego, al referirme a la renta activa de inserción intentaré
explicarlo-, pero con mantenimiento y mejora, en casos puntuales, de
la protección.
Se pregunta mi opinión sobre el concepto de fiscalidad general, Pacto
de Toledo, y que haga una intervención pensando más en el futuro que
en antecedentes pasados. Yo no voy a negar lo que pone la letra del
Pacto de Toledo, que dice textualmente (hablo de memoria) que las
bonificaciones a la contratación de los grupos con más dificultades
irán con cargo a la fiscalidad general, y no hay que ser un experto
contable para ver que en este presupuesto van con cargo a
cotizaciones sociales. Pues hablando a futuro, ese planteamiento, que
ya se debatió en la Cámara al tramitar el Real Decreto-ley 5/1999,
que modificó el artículo 206 de la Ley general de Seguridad Social,
encaja perfectamente en el esquema que nos está marcando Europa en el
sentido de que nos solicita textualmente modificar políticas activas
por políticas activas.
El caso concreto del Acuerdo interconfederal por la estabilidad en el
empleo y la bonificación de las cotizaciones en los contratos
indefinidos y la posibilidad de modificar cotizaciones para
financiarlo, fue elegido como una de las mejores prácticas europeas
en el informe conjunto de empleo de 1998. Hablando a futuro,
efectivamente, hay en el Pacto de Toledo algunas cuestiones que habrá
que analizar. No seré yo quien diga que esta no será una de las que
hay que analizar más en profundidad; pero, si se me permite, la
globalidad o el enfoque general del Pacto de Toledo no tuvo en su
momento, por razones que a mí ahora no se me alcanzan, o no fue
especialmente dirigido al empleo o al futuro del mismo, sino más
hacia la defensa, la protección o la viabilidad de las pensiones.
En el mismo párrafo donde se defiende esta financiación con cargo a
impuestos de las bonificaciones, también se habla de una financiación
más bien favorable para las prejubilaciones. Me atrevería a decir que
a futuro eso no va a encajar mucho en el mercado de trabajo. Creo que
no era ese el enfoque fundamental cuando se debatieron las medidas,
y lo relaciono con el siguiente comentario que me hacía su señoría.
Entiendo que todo lo que sea reducción de costes indirectos, y me
atrevería a decir también que directos vía imposición o
contribuciones sociales para la creación de empleo, es favorable. No
lo digo yo, lo dicen el Fondo Monetario Internacional, la OCDE y la
Comisión Europea. Todo el mundo plantea ahora que quizás el gran
debate de Europa es reducir los costes o la fiscalidad ligada a la
creación de empleo. ¿Cuánto pueden incidir esos costes en la creación
de empleo? Esa es una ecuación difícil de resolver en el sentido de
que no hay unos números que sumen exactamente. Entiendo que se han
utilizado unos recursos elevadísimos, cerca de 800.000 millones de
pesetas
en los últimos tres años, pero se ha recuperado en la cultura
y en el comportamiento de nuestro mercado de trabajo una figura que,
para perjuicio de todos y del mercado de trabajo, estaba casi
arrinconada, como era el contrato indefinido. Antes de la reforma se
hacían 350.000 contratos al año, número arriba o abajo; este año
vamos a superar el millón de contratos de trabajo. Según los datos
EPA, del millón cuatrocientos mil contratos de trabajo que se han
creado en los últimos años el 80 por ciento es empleo indefinido.
Y es cierto, y no voy a ser yo quien lo niegue, que querríamos que las
tasas de temporalidad estuvieran bajando más significativamente, pero
entendemos que este es un camino que al menos está potenciando la
contratación indefinida en núcleos, zonas o personas que antes no
accedían a ella, y en el último año la contratación indefinida a
tiempo parcial, que es también una novedad, está creciendo por encima
del 80 por ciento. Ojalá que ese crecimiento fuera más rápido, porque
no es beneficio de unos u otros, es beneficio del mercado de trabajo.
Me preguntan si esto nos va a permitir cumplir con lo que nos ordenan
las directrices de Luxemburgo. Les diré que este año no, pero el
plazo derivado de la cumbre de Luxemburgo, y que se concreta en los
planes nacionales de empleo, es de cinco años, y ya en el borrador
que ha presentado la Comisión, que analizará la cumbre en diciembre
como fin de la presidencia finlandesa, se señala que hay dos países
-y hablo de memoria- que cumplen estos criterios de las tres primeras
directrices para facilitar a los desempleados una acción antes de
equis tiempo según su edad o el acceso a la formación, que son
Dinamarca y el Reino Unido. Pero hay un grupo de países que, aunque
no lo cumplen todavía, estarán en disposición de hacerlo dentro de
este plazo previsto de cinco años, y uno de ellos es España. Si hay
algo que está incorporando la información de la Comisión es que el
esfuerzo importantísimo que se está haciendo en políticas activas
está permitiendo avanzar en el cumplimiento de dichas directrices.
Efectivamente, la aportación del Estado está disminuyendo ejercicio
tras ejercicio, pero aquí vuelvo a lo que señalaba antes, el Estado
no tiene patrimonio fundacional, todo el dinero que aporte es vía
impuestos, con lo cual todo lo que implique menos cargas para el
mercado de trabajo, para el empleo, sea por reducción de cuotas
sociales, sea por reducción de impuestos en principio, y salvo un
montón de matizaciones que se podrían hacer sobre esto, es bueno para
la creación de empleo.
En cuanto a cuestiones más concretas, se señalaba el programa marco y
qué cantidades se van a incorporar cada año en el marco comunitario
del 2000 al 2006. Esta información todavía no está disponible. Me
explico. En el presupuesto del Inem aparece una cifra idéntica a la
del presupuesto del año 1999, como una cantidad a cuenta o
provisional hasta que se apruebe el programa marco comunitario, dado
que este año coincide el fin de un período concreto de
cofinanciación, el inicio de uno nuevo y la entrada en vigor de los
nuevos reglamentos, con lo cual hay que presentar toda la nueva
estrategia a la Comisión Europea, que según los calendarios marcados
por la propia Comisión está previsto que se haga a finales de octubre
o principios de noviembre. Probablemente, para no dificultar la
gestión del Inem y de las comunidades autónomas implicadas,
en el año 2000 no se modificará esta aportación de fondo social
europeo, pero después se corregirá para tener al final del período la
cofinanciación que derive de las cantidades que corresponden al fondo
social europeo, porque todavía no están distribuidas a nivel
nacional, menos aún lo que corresponde a fondo social europeo, cuánto
a Feder, cuánto a Feoga, etcétera.
Cifras. Decremento en el número de beneficiarios. Se señala que hay
477.000 personas que durante el año 1999 no han tenido ningún tipo de
protección. Esto lo he debido tomar mal porque son más, pasan de
800.000. ¿A cuántos se le va a dar algún servicio? Este es el
objetivo de las políticas activas y esta es la metodología de los
planes de empleo. En el plan de 1998 estaba previsto hacer -y hablo
de memoria- 1.100.000 acciones, que llegaron aproximadamente
a 900.000 personas, y las acciones previstas para 1999 son 1.300.000.
Hay que señalar que las acciones que contempla el plan de empleo se
extienden no sólo a los parados, a los que salen en el registro de
paro, sino a todos los demandantes de empleo no ocupados, con lo cual
las cifras son mucho más amplias, son más de 2.200.000 personas. La
idea es llegar al mayor número posible de ellas y es la finalidad de
las políticas activas. El desglose está publicado en el Plan nacional
de acción para el empleo en lo que se refiere a este año, y en lo que
se refiere al año que viene, como están implicadas otras
administraciones, todavía no podemos hacer una estimación del número
de personas, sin duda será mayor. Tenemos más recursos, menos
desempleados y, en líneas generales, también las comunidades
autónomas que se incorporan al desarrollo del Plan nacional de acción
para el empleo también hacen aportaciones que no están recogidas en
el presupuesto del Estado. Las cifras finales del número de
beneficiarios se cierran con la publicación del plan de empleo.
Me preguntaban por las políticas activas y por el número de
desempleados sin protección. Haciendo una estimación también de
memoria diré que en el Inem se estima que la media de paro registrado
durante el próximo año será de 1.450.000 personas, un 57 por ciento
aproximadamente en tasa bruta y un 70 por ciento en tasa neta estarán
protegidos, con lo cual, menos de 700.000 personas quedarían fuera de
la protección en sentido estricto. Dentro de ellas sería donde encaje
la protección derivada de la renta activa, que son un colectivo de
unos 50.000, para no excederme, y el resto se beneficiarán de
políticas activas. En políticas activas las directamente relacionadas
con el empleo, las que significan contratación de estas personas,
alcanzan ya a más de 300.000, con lo cual, afortunadamente, la
coyuntura, la buena evolución del mercado de trabajo, la buena
evolución de los ingresos, el descenso del gasto en prestación nos
está permitiendo llegar de una manera mucho más detallada a todas las
personas en desempleo, sean parados o no.
Parados con cinco o más años de espera. Esto se lo tengo que mandar
por escrito. Además, me atrevo casi a apostar que la directora del
Inem no lo va a saber, porque hacemos unas distribuciones en paro de
larga duración y paro de muy larga duración, que son 24 meses. De
cinco años no lo tengo ni en la memoria ni en el volumen de papeles,
pero lo tenemos, se valora y se le aporta.
Seguimiento de parados de larga duración y de las políticas para ver
si realmente son eficaces. Este es el paso siguiente de toda la
estrategia de Luxemburgo. Los primeros años han ido dirigidos a
conseguir que todos los países de la Unión Europea acepten unas
mismas directrices, el segundo paso que las pongan en marcha y el
tercero que ahora se sometan a la evaluación, seguimiento y análisis
de dichas políticas. En eso estamos. Ahora está en plena realización
una evaluación intermedia de todos los programas que incluye tanto
evaluación por los organismos gestores como por evaluadores externos
independientes, se analizan todos los programas o se hace el
seguimiento en la comisión ejecutiva del Inem, los ve la conferencia
sectorial con todas las comunidades autónomas y hay un seguimiento
específico, también de los interlocutores sociales. Ese es el debate
de la estrategia de Luxemburgo, de la estrategia común europea,
porque si sólo nos dedicáramos a dar cifras de adonde queremos llegar
y luego no nos sometiéramos a un análisis, que debe ser común en
todos los países europeos, muy endeble sería todo. Es cierto que no
es pacífica la cuestión y que someterse a unos mismos indicadores
todos los países europeos es una cuestión que está todavía poniéndose
en marcha, pero creo que los ámbitos de evaluación y control que hay
dentro del Instituto Nacional de Empleo, aunque todo es mejorable, se
han incorporado prácticamente desde que existe la estrategia europea
o de los planes nacionales de acción para el empleo. Gastos
corrientes. Yo también aquí asumo lo del laberinto de cifras. Si nos
referimos a capítulo 1 y capítulo 2 del Inem, el capítulo 1 desciende
un 6,56 por ciento, 2.993 millones, y capítulo 2 desciende en un 8,43
por ciento, 988 millones, aunque si se me pide por concepto detallado
estaría encantado de aportar esa información.
Incrementos en Inem, corporaciones locales. Me preguntan por los
programas de inserción a través de las corporaciones locales, a qué
ayuntamientos y con qué criterios se van a realizar, cuál será la
distribución de dichos fondos. Hay dos cuestiones que condicionan
este programa. Por un lado, y está así publicado en el Plan nacional
de acción para el empleo, hay una acción de intervención prioritaria
en los cien municipios que tengan las cifras más altas de desempleo,
para lo cual se ha hecho un estudio previo con la Federación Española
de Municipios y Provincias, para identificar objetivamente qué
municipios tienen las tasas y las mayores dificultades a efectos de
desempleo. Es cierto que, de estos cien municipios, unos caen en la
órbita de gestión del Inem y otros en la de comunidades autónomas
donde está transferida ya la gestión de las políticas activas. Por
ello, es la conferencia sectorial, en la que participa la
Administración del Estado y la de las comunidades autónomas, la que
finalmente deberá decidir en qué municipios se hace específicamente
esta actuación prioritaria; desde luego, en el territorio del Inem,
serán aquellos que, objetivamente, del estudio conjunto con la
Federación Española de Municipios y Provincias, hayan resultado los
más graves a efectos de desempleo.
Temporalidad, las bonificaciones a tiempo completo y a tiempo parcial
y número de contratos. Según S.S., he dicho que el tiempo de las
bonificaciones ha acabado; bueno, esto lo tengo que matizar. Atiempo
completo: en 1998, 556.853 contratos; en 1999, 624.178 contratos y
previstos para el
año 2000, 523.961 contratos. A tiempo parcial: en 1999, 144.621
contratos y previstos para el año 2000, 153.953 contratos. Doy la
hoja al señor presidente para su distribución, por si es de interés
de sus señorías.
En cuanto a que el tiempo de las bonificaciones se ha acabado, no
exactamente. Las bonificaciones nacen como una medida de apoyo, de
colaboración o de impulso para el acuerdo interconfederal por la
estabilidad en el empleo. Este acuerdo interconfederal se produce en
abril de 1997, con las modificaciones que todos conocemos, y el
Ministerio de Trabajo considera que se debe dar un impulso a esa
nueva regulación que significa la reducción del coste del despido; y
dentro de ese impulso, se entiende que como los costes del despido ha
sido uno de los argumentos permanentemente utilizados por nuestras
empresas para optar por la contratación temporal en vez de la
indefinida, incluso cuando las necesidades de empleo son permanentes,
se da una especie -llamémoslo así- de amnistía para la contratación
temporal existente que se pueda transformar en indefinida y reciba
también bonificaciones. ¿Qué ocurre? Dos cuestiones. Por un lado, no
tiene mucho sentido de cara a incentivar un determinado
comportamiento, en este caso empresarial, mantener las bonificaciones
sine die. Si dejáramos las bonificaciones con carácter indefinido,
significaría, simplemente, admitir que estamos reduciendo el coste de
las cotizaciones; sería más lógico, si es con carácter indefinido,
reducir las cotizaciones. Por otro lado, tenemos que considerar que
es más razonable a la vista de la evolución del mercado de trabajo y,
año con año, ver cuáles son los colectivos que están funcionando
mejor o peor a efectos de contratación, es decir, ver cuáles tienen
más dificultades y cada año dirigirnos, no aleatoriamente a los que
en 1997 podían estar en una determinada situación, sino allá donde
podamos influir más en quienes más dificultades tengan para acceder
al empleo indefinido. Además -y cierro con esto la argumentación-, no
hay que olvidar que el acuerdo interconfederal por la estabilidad en
el empleo tiene una vigencia de cuatro años, de 1997 al 2001, con lo
cual, en el presupuesto del 2001 habrá que estar atentos a qué pasa
con el acuerdo interconfederal por la estabilidad en el empleo.
Porque si en una reducción al absurdo -que evidentemente no va a
ocurrir-, los interlocutores sociales dicen que ha funcionado muy mal
y que no hay nuevo acuerdo, se vuelve a los 45 días y esto se borra,
sería dudoso que tuviera sentido apoyar un acuerdo de ese tenor. Lo
lógico es que, como digo, año con año, nos acomodemos a los
colectivos con más dificultades, pero no hipotequemos -o sea, no
hagamos de más largo recorrido- presupuestos de ejercicios venideros
en los cuales, a lo mejor, es más razonable utilizar esos recursos
públicos en otros acuerdos o en otras situaciones que hoy en día no
conocemos.
Ha vuelto a insistir en que ha habido poco debate parlamentario. La
primera incorporación de las bonificaciones se produce con el Real
Decreto-ley 9/1997, que se tramitó como proyecto de ley, y luego,
efectivamente, sólo se han ido incorporando en las leyes de
presupuestos; pero, como digo, tiene esa naturaleza de programa anual
precisamente para acomodarlo -luego me referiré a ello con más
detalle-, sin contar, por supuesto, con que ha sido analizado por el
Consejo Económico y Social y, ampliamente, con
los interlocutores sociales, aunque debo reconocer que no con el
nivel de consenso o apoyo que nos hubiera gustado.
Algunos programas concretos. Respecto al de iniciativas locales de
empleo, se transforma ahora en I+E, que es algo así como iniciativas
más empleo o impulso más emprendedores, etcétera. La directora
general del Inem luego lo dirá con más detalle, pero creo que tiene
un incremento de más del 50 por ciento en dotaciones presupuestarias
y es uno de los programas que no sólo cuantitativamente, sino
cualitativamente, recibe más bonificaciones. Así, si las
corporaciones locales quieren establecer iniciativas empresariales,
éstas pueden ser para empleados autónomos, cooperativas, sociedades
anónimas laborales, empresas, etcétera, y no sólo reciben las ayudas
tradicionales, que son para subvencionar los tipos de interés de los
préstamos que se pidan o para subvencionar la contratación que se
haga, sino que también se pueden subvencionar estudios externos de
viabilidad del proyecto, asesoría y gerencia empresarial. Se dota
mucho mejor el programa de agentes de desarrollo local porque
entendíamos que con un sueldo que en la práctica eran 100.000
pesetas, un agente de desarrollo local poco puede activar de verdad
una zona geográfica de cara al empleo. Salvo la renta activa de
inserción y el programa de bonificaciones, este es probablemente el
programa que más variaciones tiene en el presupuesto de este año y,
repito, la directora general del Inem podrá ampliar esta información.
Número de comprobaciones, mejora de inserción, entrevistas para el
año 2000. Aquí pasa lo mismo. Respecto de las entrevistas, se hizo
una entrevista específica absolutamente a todos los demandantes de
empleo no ocupados en el año 1998, para tomarlo como punto de partida
del Plan de empleo. Apartir de ahora, lo que se hace es actualizar
los que se van incorporando como nuevos parados o nuevos demandantes
de empleo registrados, a todos se les va entrevistando y se hacen
actuaciones concretas con algunos colectivos como, por ejemplo, los
que estén en el borde de lo que finalmente sea el ámbito de
aplicación de la renta activa de inserción y puedan tener una
problemática concreta, es decir, los parados mayores de 45 años. En
comprobaciones, mejora de inserción, etcétera, todos los presupuestos
suben, aunque es cierto que suben menos que los de empleo; o sea,
primamos los que implican un empleo directo, en detrimento de los de
información y orientación, porque no tendría mucho sentido que si ahí
nos hemos volcado en los dos años anteriores, no podemos decir que
ese paso esté dado, pero ya tiene más terreno avanzado que el
siguiente paso. Una vez dada la información, la orientación,
etcétera, toca o pasar directamente a la formación o pasar
directamente al empleo, bien por intermediación o bien por empleo
subvencionado públicamente. Estos son los programas que más suben, en
un alza general de todos los programas.
Porcentaje de intermediación. No me acuerdo. Creo que está alrededor
del 8 por ciento, pero seguro que la directora general del Inem se lo
sabe. Aquí hay que tener en cuenta las transferencias a las
comunidades autónomas, porque la intermediación ya no es competencia
del Inem en varios territorios y ahí dependemos de que se incorpore
la información que antes explotaba directamente el Inem. Lo mismo
ocurre respecto a los estudios y trabajos técnicos.
Efectivamente, toda la evaluación e información orientada al empleo
debe ser lo más transparente posible y uno de los proyectos que yo
espero que vea la luz es que al final del año se publiquen, para
general conocimiento, todos los estudios y trabajos técnicos que se
hayan financiado con los recursos, en este caso, del Inem, como se
viene haciendo ya en otras áreas del Ministerio. Tampoco he
conseguido localizar -y seguro que la directora general del Inem lo
hace- la partida que concretamente baja. Mi experiencia es que los
programas están suficientemente dotados y que, hasta donde yo sé por
mi experiencia, no se ha dado la imposibilidad de realizar estudios o
trabajos técnicos en estos años por falta de presupuesto.
Tutorías de contratos formativos y su evolución. En la evolución de
los contratos formativos, estamos en unos niveles de 10.000
contratos/mes, alrededor de 120.000 contratos/ año. Al principio, se
criticó mucho los volúmenes de contratos formativos, desde luego yo
desearía que el número de contratos fuera muchísimo mayor, pero hay
que tener en cuenta que el grupo de edad al que se dirigen los
contratos para la formación es mucho menor, la mitad exactamente, que
el que tenían los contratos de aprendizaje. En ese sentido,
proporcionalmente, están registrándose más contratos para la
formación que si hiciéramos una extrapolación con todo el rango de
edad de los contratos de aprendizaje. Con respecto al caso concreto
de las tutorías, espero que la directora del Inem lo pueda expresar
con más detalle.
Talleres de empleo; cuántos en 1999 y evaluación de la inserción. Los
talleres de empleo, como sabe, aparecen por primera vez en los
presupuestos y en la normativa, en este año 1999. Debido a la
necesidad de publicar convocatorias, de atender, informar y estudiar
las solicitudes, etcétera, los primeros talleres de empleo se
pusieron en funcionamiento en julio. Después ha habido una
convocatoria en septiembre que ha aprobado un número mucho más
importante. No podemos hablar de inserción cuando están todavía en
período de contratación. Como sabe, el período mínimo son seis meses;
ahora, todos los talleres de empleo que se han aprobado están
trabajando. Los niveles de inserción los tendremos cuando finalicen
los contratos derivados de la puesta en marcha de los talleres de
empleo.
En cuanto a las cifras del Inem sobre el paro en septiembre, al
final, una reflexión general sobre el empleo de la mujer y del
estancamiento de la tasa de actividad. Antes he hecho una pequeña
referencia a la evolución de las tasas de actividad. La incorporación
de la mujer al trabajo es un fenómeno muy tardío en el mercado de
trabajo español, en comparación con el resto de los mercados
europeos. Su incorporación o más grande se produce prácticamente a
principios de 1990, y es de esperar que las más jóvenes, que ya
tienen unas tasas de actividad similares a las de los hombres, al ir
cumpliendo años mantendrán una tasa de actividad a lo largo de toda
la vida. Esta era la diferencia fundamental con el hombre, porque
entraban rápido al mercado de trabajo con niveles más o menos
aceptables, pero, luego, por la maternidad, por el matrimonio o por
las razones que fueran desaparecían del mercado de trabajo. Este
comportamiento se está modificando, y ya la que entra es para no
salir y tiene un comportamiento mucho más parecido al del hombre. En
ese sentido, ¿nuevas incorporaciones?
No lo sé. Ojalá se produjeran merced a las facilidades de las
políticas activas, y sobre todo al cambio cultural y de
comportamiento en nuestro mercado de trabajo, pero creo que la
prolongación o la intensificación de la actividad a lo largo de toda
la vida se da por descontado y evolucionará según vaya nuestro
mercado de trabajo.
Si sé lo que es el mainstreming, desgraciadamente, igual que otras
palabras de la jerga comunitaria, por supuesto. Si una cuestión hemos
intentado incorporar en el Plan de empleo es precisamente que todas
sus medidas estén cruzadas e intenten favorecer el empleo de la
mujer, y que todas las medidas que se tomen -aquí es lo más
importante en políticas activas, según mi entender- tengan una
actuación preferente en colectivo de mujeres. Es cierto que no sólo
en colectivo de mujeres, pero los dosnúmero uno son discapacitados y
mujeres, tanto en el Plan de empleo de 1998 como en de 1999, y me
atrevo a decir que será en el 2000, aunque todavía no hemos entrado
ni siquiera a estudiarlo.
Por parte del Grupo Popular se me piden las modificaciones en el
programa de bonificaciones. Esto enlaza un poco con lo que se estaba
señalando de que la apuesta fundamental del programa de
bonificaciones, a la vista de la evolución de la contratación
indefinida, está siendo muy alta en jóvenes pero en porcentajes
comparativamente muy inferiores en parados de larga duración mayores
de 45 años y mujeres. Por ello precisamente nuestra apuesta para el
programa del 2000 es incrementar las bonificaciones para aquellos
colectivos en los que ha funcionado peor la incentivación de la
contratación indefinida, esto es los mayores de 45 años, los parados
de larga duración y las mujeres. En las mujeres, siempre que no sean
contrataciones específicas de ellas se hace un diferencial de diez
puntos a su favor, de tal manera que si se contrata un parado de
larga duración, que da derecho el primer año a una bonificación del
40 por ciento, si es mujer tiene diez puntos más, no un 10 por ciento
más sino diez más, o sea el 50 por ciento. Eso en todos los grupos de
contratación, salvo en tiempo parcial donde la contratación de
mujeres es muy superior.
En cuanto a las demás novedades del programa de bonificaciones, en
jóvenes baja del 25 al 20 por ciento la bonificación, salvo que sean
mujeres que tendrían el incremento de diez puntos; se incorpora el
primer empleo al que he aludido antes, que es la contratación por un
trabajador autónomo de su primer asalariado que, también tendrá una
bonificación con un diferencial de diez puntos sobre las que
corresponderían por los colectivos a los que se realice la
contratación; se incluye la bonificación de la contratación
a personas con riesgo de exclusión en un 65 por ciento, y también se
incluye como novedad que si el trabajador contratado de los grupos de
edad contemplados inicialmente en el Acuerdo interconfederal por la
estabilidad en el empleo es preceptor del subsidio por desempleo del
régimen especial agrario de la Seguridad Social, del REASS de
Andalucía y Extremadura, se incrementa la bonificación en su
contratación hasta el 90 por ciento.
El programa se mantiene como anual por las razones que he señalado
anteriormente, y también por las razones que he señalado
anteriormente se suprimen las bonificaciones a la transformación de
contratos temporales en indefinidos,salvo que se trate de contratos
para la formación,
prácticas o relevo, porque, justificada ya esa amnistía a la que me
refería antes de favorecer la transformación de temporales en
indefinidos, no tendría mucho sentido seguir bonificando
permanentemente los temporales para que se conviertan en indefinidos,
porque con ello lo que estaríamos incentivando finalmente sería la
contratación temporal. Pasado ese período, entendemos que ya está
plenamente justificada la bonificación de la transformación de los
contratos temporales cuyo transunto natural y deseable sea
convertirse en indefinido, que fundamentalmente son los formativos.
En economía local y en economía social, creo que con las referencias
que he hecho a los nuevos programas de I + E, y el incremento en el
programa presupuestario de economía social queda contestada a la
pregunta, igual que en el caso de los parados sin cobertura. Serán
menos de 700.000 personas, con lo cual llegamos a un número
condicionado por las cifras de desempleo en años anteriores, pero que
desde los años setenta no se producía un número tan pequeño.
En cuanto a las tasas de cobertura, como ya he dicho, la previsión
para el año 2000 es que abandonemos ese rondar el 50 por ciento que
desde la reforma de 1993 estaba siendo continuo año con año y que en
tasa bruta lleguemos al 57 por ciento y en tasa neta lleguemos al 70
por ciento, fundamentalmente debido al programa de renta activa de
inserción, en el bien entendido que el 43 ó 30 por ciento restante
respectivamente es beneficiario de las políticas activas que en
muchos casos implica el empleo, con lo cual desde un concepto moderno
de protección habría que extender un poco más estos porcentajes, pero
como lo que se me pregunta es la tasa específica de cobertura,
contestaré que 57 y 70, según sea bruta o neta. ¿Cómo está
evolucionando el coste cero mujer? Está evolucionando bastante
favorablemente. El primer año se bonificaron alrededor de 13.000
contratos; 13.000 contratos están previstos en este ejercicio y en el
próximo año está prevista la bonificación de 28.000 contratos. Es
cierto que recibirá un incremento en las figuras que dan derecho a la
bonificación del coste cero derivadas tanto de la Ley de cooperativas
como de la Ley de conciliación de vida familiar y laboral, y es
cierto que vendrá condicionado por el volumen de mujeres empleadas
que decidan tener hijos, pero la previsión es que, como se partía de
una figura que no estaba bonificada, el incremento se vaya casi
duplicando al menos en los primeros años. Por último, también es
cierto que como esta cuestión beneficia específicamente al empleo de
la mujer, aunque la persona contratada interinamente puede ser hombre
o mujer, en este año, hasta ahora, el 83 por ciento de estos
contratos ha correspondido a mujeres.
Por último, respecto de talleres de empleo, la previsión de
ejecución, gasto y presupuesto para este año es de 10.000 millones de
pesetas y para el próximo se prevén 15.000 millones de pesetas, con
lo cual encaja en este incremento mayor de aquellos programas que
implican no sólo formación u orientación sino también acceso al
empleo. (La señora Romero López pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Para una aclaración tiene lapalabra por dos
minutos, la señora Romero.
La señora ROMERO LÓPEZ: Señor Chozas, agradezco las explicaciones que
me ha dado, pero hay algunas cifras que quisiera confrontar.
Es evidente que las explicaciones que me ha dado sobre el Pacto de
Toledo han supuesto la ruptura del espíritu, como ha dicho ya mi
grupo en algunas ocasiones, y quisiera decir que el objetivo de
convertir políticas pasivas en activas, al menos según la memoria de
objetivos de los presupuestos de este año no parece que se haya
logrado. De los desempleados que han acudido durante el año 1998, que
es el único año en que aparece la evaluación con cifras globales, a
cursos de formación ocupacional y a escuelas taller, la cifra que da
para el año 1998 es de 23.000 personas. Puede usted hablar de
1.100.000, ó de 1.500.000 para 1999, pero yo le digo que en la
memoria de presupuestos para 1998 los desempleados que han acudido a
centros de formación ocupacional y escuelas-taller son 23.000. No
parece que sea un éxito de sus políticas activas.
Ha hablado de la mejora de la disponibilidad y necesitaría
profundizar en la aclaración de estos datos. Las acciones previstas
para el 2000 son exactamente las mismas que para 1999; número de
entrevistas son exactamente las mismas, con muy poca diferencia, por
los datos que tengo; el número de servicios para la mejora de la
inserción es incluso menor que en 1999; también me ha resultado un
poco curiosa la cifra en cuanto a las acciones cofinanciadas por
parte del Fondo Social Europeo, porque se mantiene la misma, ni
siquiera hay un incremento que se supondría derivado del aumento del
IPC, no hay un incremento en esas acciones cofinanciadas.
Usted, señor Chozas, ha pasado por toda la información de una manera
muy sutil y muy vaga, como le corresponde a un buen técnico, pero no
ha respondido a ninguna de las preguntas que le he formulado
expresamente.
Cuando ha hablado de las bonificaciones ha insistido en que a partir
de ahora ustedes se van a volcar en los autónomos o en las
iniciativas locales de empleo. El incremento que tienen ustedes
incluido en el presupuesto va de 8.000 ayudas en 1999 a 8.250 en el
2000 para los autónomos. Si usted cree que ese es el objetivo de su
Gobierno, y así lo ha manifestado en las declaraciones que acaba de
hacer, no se compadece con la cifra que tienen ustedes en sus
presupuestos.
Igualmente para las iniciativas locales de empleo, donde suben
ustedes las ayudas de 4.800 a 4.900. Si esto es lo que se corresponde
con lo que acaba de afirmar, tampoco parece que la apuesta por la
evolución de la temporalidad sea un objetivo diferente. Por lo que
usted ha dejado constancia aquí, la realidad es que toda la apuesta
por las bonificaciones ha sido un fracaso tal y como ustedes lo han
enfocado, porque la temporalidad sigue estando, por la cifra que
conocemos de 1998, en el 33,3.
Es cierto que el seguimiento por la evaluación es el gran tema
pendiente, pero le quiero dar un dato que probablemente sea también
significativo. Ustedes no han hecho nada en este presupuesto por
evaluar todas estas políticas, con lo cual tenemos todo el derecho a
pensar que esto es un gran despilfarro. ¿Por qué le digo esto? Porque
solamente tienen evaluación en este presupuesto las acciones
cofinanciadas del Fondo Social Europeo y los programas de escuelas-
taller y casas de oficio. ¿Sabe cuál puede ser la razón?
Se lo dejo a su propia experiencia, porque de eso sí que tiene
información. Es muy curioso que en ningún otro programa haya una
evaluación del dinero que se está empleando en eso que se pretende en
todos los países de la Unión Europea, que es la conversión de las
políticas pasivas en activas y al mismo tiempo conseguir la inserción
hacia el empleo. Están ustedes perdiendo esta gran oportunidad de
estos años que en toda Europa son años que harían posible el que, por
los efectos de las tecnologías, por el descenso demográfico y por la
posibilidad de incrementar de la tasa de actividad femenina, se diera
un panorama absolutamente diferente al español y, sin embargo, es la
crónica de un gran fracaso. (El señor Peralta Ortega pide la
palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señor Peralta, ¿a título de qué me pide la
palabra?
El señor PERALTA ORTEGA: Dos aclaraciones en relación con lo que ha
dicho el compareciente, muy breves, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Señor Peralta, usted había renunciado a su
turno, y si se lo doy ahora no se lo puedo dar luego con la directora
del Inem.
El señor PERALTA ORTEGA. No me lo de luego. Renuncio al posterior.
El señor PRESIDENTE: Quiero decirle que usted había pedido esta
comparecencia, pero no había solicitado la de la directora general
del Inem. Lo que le concedo es que la comparecencia que había
solicitado del secretario general de Empleo sustituya esa otra
petición que no ha hecho, pero en este caso usted no ha formulado
ninguna intervención inicial, y no parece que en el turno de
aclaraciones deba usted tener la palabra, señor Peralta.
El señor PERALTAORTEGA: Apelo a su benevolencia, ya que no al
Reglamento.
El señor PRESIDENTE: Le voy a dar dos minutos de benevolencia.
El señor PERALTA ORTEGA: Ha hecho usted referencia, señor Chozas, al
tema de la reducción de protección por razones fundamentalmente de
edad que van a ir hacia los fondos de promoción de empleo. Yo le
quisiera, al hilo de esto, hacerle una aclaración, y es que en la ley
de acompañamiento de los presupuestos del año anterior se preveía una
solución al tema de los fondos de promoción de empleo, al ente, no ya
a la protección sino al ente y al personal que trabajaba en él.
Quisiera saber si en esta ley de presupuestos o en la ley de
acompañamiento se dice algo en relación con el mismo.
Posteriormente, sobre el desempleo, había un compromiso en el Aepsa
de incluir en el desempleo ordinario a los trabajadores eventuales
agrarios. Ya se ha cumplido la fecha en la que se tenía que haber
llevado a cabo esta integración, que estaba siendo objeto de
negociaciones con los sindicatos y que, por lo que conozco, estaban
prácticamente rotas. Quisiera saber si por parte del Gobierno prevén
alguna medida que inicie el cumplimiento de aquel compromiso que en
su día adoptó de llevar a cabo la integración en el régimen ordinario
de desempleo contributivo.
El señor PRESIDENTE: Señor secretario general de Empleo.
El señor SECRETARIO GENERAL DE EMPLEO (Chozas Pedrero): Iba a decir
que aquí contrastamos cifras, pero efectivamente lo que me plantea la
representante del Grupo Socialista es una confrontación de cifras.
Si estamos consiguiendo o no la transformación de políticas pasivas
en activas se pone en evidencia con un simple repaso aritmético de
los presupuestos de los últimos años. No es una transformación
derivada de recorte de prestaciones, sino del buen funcionamiento del
mercado de trabajo y de la especialización en la financiación de
nuestro sistema de políticas de empleo en general y la protección por
desempleo en sentido amplio, que en mi opinión debe incluir tanto las
activas como las pasivas.
No quisiera que este fuera un debate sobre el pasado, como se me ha
solicitado, sino hacia el futuro. El esquema encaja con lo que se
está haciendo en Europa y, si ahora nos encontramos en un momento de
fracaso de las políticas de empleo -y hago referencia a la valoración
final-, bendito fracaso. (La señora Romero López: Políticas activas.)
Estamos creciendo en empleo el triple de la media europea. Estamos
reduciendo diferenciales hablando de empleo y asumiendo que el
desempleo puede estar influido por cuestiones más coyunturales
porque, si no, las cifras me permitirían adornarme más. Se crea,
sobre todo, empleo de carácter indefinido y para mujeres muy
cualificadas.
Soy el primero en apuntarme a que esto fuera mucho más rápido, pero
hay dificultades muy evidentes. Me sentiría muy satisfecho si el
presupuesto del 2000 permite que sigamos en estos niveles de
crecimiento de empleo, con las mismas características y con que la
utilización de políticas activas lo prevean.
En cuanto a los supuestos concretos de políticas activas que se me
señalan, pido una disculpa -no sé si me toca a mí o no- porque las
cifras que figuran en la documentación presupuestaria no pueden ser
más que orientativas o indiciarias de lo que va a ser la ejecución
presupuestaria. A fecha de hoy, no sabemos qué número de personas se
van a beneficiar finalmente de las acciones que aprobemos en el Plan
de empleo. Lo tenemos que hablar con interlocutores sociales y con
comunidades autónomas, que son las que gestionan mayoritariamente los
programas. Hay que hablar de la distribución de los fondos, cosa que
no se hace hasta marzo, por mandato de la Ley General Presupuestaria,
de modo que las cifras de actuaciones derivadas del Plan de empleo de
1998 están publicadas como previsión y como realización.
Decir que sólo 23.000 desempleados se han beneficiado de acciones de
empleo o formación, es simplemente inexacto. (La señora Romero López:
Está escrito aquí.) Esté escrito donde esté. Sólo en el programa de
escuelas taller participan más de 47.000 personas. (La señora Romero
López: Desempleados con prestación.) Todos son desempleados, todos
los que entran a las escuelas-taller son desempleados, por
definición. En cualquier caso, todas
las actuaciones del Plan de empleo son públicas y participan todos
los que deben participar.
Sobre las cifras de cofinanciación, ya le he dicho que son
orientativas porque estamos en el principio de un período de apoyo
comunitario. No depende del Gobierno cuándo empieza o acaba un
período de apoyo y habría dos soluciones: no presupuestar y recuperar
en años sucesivos o presupuestar de manera provisional algo que luego
se recupera porque la cofinanciación final también tiene un período
de seis años.
Respecto del fracaso de las bonificaciones, estoy en total
desacuerdo. De las políticas que estamos llevando a cabo, es la que
más éxito tiene en el fomento del empleo estable. Todas las políticas
activas de empleo, absolutamente todas, se evalúan y someten al
análisis que nos exige la estrategia europea, la Comisión, y al que
voluntariamente hacemos porque creemos que es el camino que hay que
seguir en la gestión de las políticas activas: el de la máxima
transparencia.
En cuanto a las preguntas breves que se me hacen sobre los fondos de
promoción de empleo, efectivamente, en la Ley de acompañamiento del
año pasado hubo algunas referencias y, hasta donde yo sé, este año no
se ha incluido ninguna. No voy a echar balones fuera, aunque el
problema de personal que el señor diputado plantea es ámbito de la
subsecretaría. En principio, no hay ninguna previsión, de modo que
los fondos seguirían con su organización administrativa tal cual.
Ello no prejuzga que, a la vista de la evolución del manejo de fondos
y de la carga de trabajo, se aborde este asunto en los próximos
meses.
La negociación de los acuerdos derivados del Aepsa. En el acuerdo que
se firmó a finales de 1996 se establecía, a la vista de la evolución,
los condicionantes presupuestarios y otras varias cuestiones, la
voluntad de las partes de trabajar con el objetivo de establecer el
desempleo contributivo para los eventuales agrarios a partir del 1 de
enero de 1998, cosa que no hemos sido capaces de lograr. Ha habido
numerosas reuniones con la representación sindical de estos
trabajadores, que decidieron dar por terminadas las negociaciones a
finales del mes de julio. La vocación del Ministerio es mantener
abierta esta mesa e intentar llegar a una solución, si no plenamente
satisfactoria, que nos permita organizar una regulación más favorable
al empleo y a la protección de estos trabajadores. Espero que las
conversaciones se reanuden durante los próximos días. Si no
consiguiéramos ningún tipo de acuerdo, hay un pacto no escrito entre
las dos partes, a solicitud de las organizaciones sindicales, para no
modificar lo acordado en 1996. Nosotros nos debemos a lo acordado y
actuaríamos así.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Chozas.
- DE LA SECRETARIA GENERAL DE ASUNTOS SOCIALES (GÓMEZ GÓMEZ), A
SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO (Número de
expediente 212/002212), DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA
UNIDA (Número de expediente 212/002245) Y DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO (Número de expediente 212/002309).
El señor PRESIDENTE: Vamos a pasar a la siguiente comparecencia. Les
recuerdo que llevamos una hora de retraso sobre el horario previsto,
de modo que no voy a dar ningún receso.
Muchas gracias, señora secretaria general para Asuntos Sociales por
su comparecencia, que han solicitado tres grupos de esta Cámara: el
Grupo Socialista, el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida y
el Grupo Parlamentario Popular Este trámite de comparecencias es,
fundamentalmente, para contestar preguntas presupuestarias y el
compareciente no hace exposición, pero usted puede extenderse en la
respuesta, señora secretaria General.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la
palabra el señor Vaquero.
El señor VAQUERO DEL POZO: Pido disculpas a la secretaria general de
Asuntos Sociales porque después de mi intervención tendré que
ausentarme para cubrir alguna otra comparecencia, la del secretario
de Estado de la Seguridad Social en concreto. Esto tiene su razón por
ser de un grupo parlamentario con recursos humanos escasos, por mor
de la voluntad popular soberana. No obstante, intentaré estar a la
hora de la contestación. (El señor vicepresidente, ocupa la
Presidencia.)
Intervendré telegráficamente para recabar de usted respuesta
a algunos interrogantes que se nos suscitan al Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida en torno al tratamiento de los asuntos
sociales en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2000.
En primer lugar, nuestra apreciación es, si no nos equivocamos, que
en términos generales asuntos sociales junto a desempleo e
incapacidad permanente bajan respecto al total no sólo del gasto
social sino del conjunto de los Presupuestos Generales del Estado.
Por tanto, el crecimiento económico y la bonanza económica de estos
años no se reparte de forma igual con respecto a los servicios
sociales, materia de su competencia, sino más bien de forma regresiva
respecto a la importancia que tiene el tema. Quería saber qué opinión
le merece, en términos generales, a la secretaria general y cómo va a
abordarse esta retracción del presupuesto de cara a redistribuirlo
después respecto al conjunto de programas que existen en su área de
trabajo existen. En concreto, nos gustaría saber por qué los
servicios sociales gestionados por las comunidades autónomas bajan un
6,4 por ciento; por qué los servicios sociales a minusválidos bajan
un 5,8 por ciento; por qué otros servicios sociales bajan un 24,1 por
ciento y qué servicios sociales son estos en concreto. Nos gustaría
conocerlo exactamente y disculpe nuestra ignorancia inicial; en
cualquier caso, nos gustaría saber a qué se refiere cuando se habla
de otros servicios sociales.
La señora SECRETARIA GENERAL DE ASUNTOS SOCIALES (Gómez Gómez): ¿Me
puede decir el programa?
El señor VAQUERO DEL POZO: Intentaré hacerlo.
En último término, aunque es un programa que tiene un incremento del
5, 8 por ciento, sin embargo, la problemática novedosa que hay que
abordar en los servicios sociales de la tercera edad fundamentalmente
derivada de la atención a los nuevos problemas que genera la
longevidad, porque, afortunadamente, vivimos más, es la necesidad de
mayor atención a los ancianos, a la cuarta edad diríamos, personas
que ya superan los 80 años y que necesitan atenciones para su
desenvolvimiento físico, etcétera. Eso, lógicamente generaría, por lo
menos en teoría, un incremento importante de prestaciones sociales y,
por tanto, a nivel presupuestario, generaría la necesidad de
incrementos muy sustantivos; sin embargo, sólo hay un incremento del
5,8 por ciento. ¿Hay algunas otras fórmulas presupuestarias que
aborden estos temas? Porque entonces estaríamos compensando algunas
partidas con otras. Si no las hay, ¿qué perspectivas se tienen? A
nosotros, más allá de que podamos luego utilizar esto para criticar
desaforadamente la acción del Gobierno, lo que nos preocupa es que
sustantivamente las situaciones no se resuelvan a satisfacción de los
beneficiarios, de los que realmente tienen que ser al final los
destinatarios de este tipo de acciones y de programas.
Todas estas preguntas son las que me gustaría que me respondiera y
voy a intentar indicarle los programas a los que exactamente se
refieren dichas preguntas.
El señor VICEPRESIDENTE (Azpiroz Villar): Si puede proporcionar los
programas, se le agradecería desde la Mesa.
En representación del Grupo Socialista, tiene la palabra doña Matilde
Fernández.
La señora FERNÁNDEZ SANZ: Muchas gracias por su comparecencia, señora
Gómez.
Para intentar no hacer dos turnos, voy a realizar una serie de
preguntas y al final una valoración, que en el fondo es una posición
política, para que usted dé otro punto de vista.
Siguiendo con la sección relativa al Ministerio, en primer lugar, me
encuentro con una transferencia al Consejo Económico y Social de casi
1.000 millones de pesetas y quisiera preguntarle si su secretaría ha
encargado estudios, trabajos que nos dibujen la realidad de la
sociedad española actual, sobre todo, los datos de desigualdad. Tengo
la sensación de que estudios que están saliendo de la universidad no
han sido tenidos en cuenta por su Ministerio ni por su Secretaría
General a la hora de dibujar los presupuestos, pero no adelanto una
conclusión final. Pregunto si su secretaría ha planteado estudios y
trabajos al Consejo Económico y Social en el marco de esos 1.000
millones que el Ministerio transfiere.
Quiero preguntarle también su opinión en torno al decrecimiento que
existe en los presupuestos para pensiones asistenciales. Si recuerda
la señora Gómez, en 1998 tenía un presupuestos de 36.000 millones; en
1999 bajaron 6.000 millones, tenía 30.000 millones; y ahora, para el
2000, nos vuelve a bajar otros 6.000 millones y dibuja 24.000
millones. Está claro que la filosofía del país, del Gobierno, es
concentrarse en las pensiones no contributivas además de en el
sistema contributivo, pero este programa
314.I es para las situaciones de mayor desigualdad, que van desde
la Ley de 1982 a la Ley de amnistía, a la Ley de la guerra que, entre
comillas, han dibujado en la redacción del libro amarillo de
presupuestos, es decir, estamos hablando de las situaciones de
excepción. No mirar hacia esas situaciones de excepción para ver las
necesidades que puedan tener estos colectivos -que cada vez son
menores, eso se lo voy a reconocer, pero existen- me parece que es no
estar atendiendo a unos colectivos que están más necesitados que la
mayoría, incluso que los receptores de las pensiones no
contributivas. Esas pensiones no contributivas suben 24.000 millones.
(El señor presidente ocupa la Presidencia.) Para algunas personas esa
puede ser una cifra importante, para quien le habla, 24.000 millones
-que sumados con otras prestaciones usted me puede decir que son
27.000 millones, es decir, el Ministerio pone 27.000 millones en el
Imserso y al final se dibujan 24.000 millones- para casi 500.000
ciudadanos que están cobrando la pensión no contributiva, en concreto
471.000, no me parece un crecimiento. No me voy a extender, en la
Comisión de Presupuestos nuestros máximos dirigentes están
manifestando esa diferencia en cuanto a la subida global que en lo
relativo a Seguridad Social el Gobierno ha planteado. Pero quiero
recordar, para no robarles tanto tiempo, que consideramos
insatisfactoria la subida para las pensiones asistenciales
residuales, para las pensiones no contributivas, porque son 24.000
millones para 500.000 ciudadanos.
Siguiendo con la sección relativa al Ministerio que nos corresponde
controlar, respecto al programa 313.H, la acción a favor de los
inmigrantes, por tanto, de los españoles fuera de España, de ese
1.200.000 españoles que todavía quedan fuera de España, tengo tres
preguntas que hacerle y un comentario. En primer lugar, veo que no
crecen los presupuestos, ni en la secretaría ni tampoco en el
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales para funcionarios ni para
laborales y, por tanto, me pregunto: ¿Cómo vamos a llevar a cabo la
política de su ministro y suya de extender las consejerías laborales
para impulsar las políticas sociales con los emigrantes de forma
especial en América Latina, si no vamos a tener hombres y mujeres
para extender y dotar a nuestros consulados y a nuestras embajadas de
este equipo de personas del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
para hacer este trabajo? Insisto, ni funcionarios ni laborales,
aunque supongo que serían mayoritariamente laborales.
En segundo lugar, crecen sólo en 85 millones las pensiones para
retornados. ¿Cómo va a cumplir el Gobierno con lo que ha dicho en
esta Cámara, con lo que ha dicho en el Consejo General de la
Emigración, de que una de sus políticas es el retorno de los
inmigrantes. Si sólo tenemos un crecimiento de 85 millones para
pensiones de retornados y un crecimiento de 17 millones para los
planes de retorno? Con esa dos cantidades, señora Gómez, ¿cómo vamos
a hacer la política de retorno, que la oposición ha defendido y que
ustedes también han defendido, insisto, en esta Cámara y en el
Consejo General de la Emigración?
En tercer lugar, respecto al tema de emigrantes, sólo crecen en 630
millones los recursos para las pensiones no contributivas, versus
emigrantes, la adaptación de las pensionesno contributivas para los
emigrantes y para los planes
de salud. Es decir, hay 630 millones de crecimiento para atender a
30.000 ciudadanos, -26.000 cobraban la pensión no contributiva en el
año 1998, sus previsiones para el año 2000 son 31.000 personas-, y
para el plan de salud, al que se comprometió el anterior ministro de
Trabajo e hizo campaña por toda América, pues le vimos en la prensa
de los emigrantes. Se comprometió a unos planes de salud más
perfeccionados, mejores que los que se habían hecho con anterioridad
en países como México, Venezuela o Perú. Hay que extender los planes
de salud por toda América Latina para intentar atender
sanitariamente, sobre todo a los emigrantes que cobraban la pensión
no contributiva. Y usted en su memoria, en el Ministerio y en el
Inserso hace referencia a trece planes, pasa de tres -que creo que se
refieren a los tres países que he citado- a trece. ¿Cómo se va a
conseguir la prestación sanitaria y la mejora de las pensiones no
contributivas, que es una petición en todos los países en
crecimiento, con sólo 630 millones.
En cuarto lugar, y afectando a 1.200.000 españoles que se encuentran
fuera de España, se mantiene la misma cantidad de varios años
relativa a los recursos para las infraestructuras de los emigrantes,
cuando ustedes mismos habían dicho que había varias casas de socorro,
centros culturales, centros sociales de la vieja época, cuando había
seis millones de emigrantes fuera de España y que habría que
reconducir ese patrimonio para que cumplieran las finalidades que
ahora necesitan los emigrantes. No entiendo que ustedes puedan
cumplirlo -insisto- con este planteamiento presupuestario que nos
hacen.
Me voy a referir al programa 313.L, servicios sociales del Estado.
Estoy segura que, en lo que se refiere a este programa, usted viene
contenta diciendo: Matilde Fernández, yo le he arrancado 2.700
millones al ministro de Economía para este tema. Así es como empecé
yo a trabajar en el Ministerio de Asuntos Sociales, pero este
Ministerio ya tiene doce años, señora Gómez, y ya no vale abrir una
puertecita y dejar un huequecito, otra puertecita, otro huequecito.
Ahora hay que consolidar políticas, y hay que venir de otra manera
con los presupuestos. Uno dibuja y dice: 1.300 millones para la red
básica de servicios sociales. Me parece una asignatura tremenda en
sus cuatro años de legislatura. La red básica de servicios sociales
persigue universalizarse y existe un pacto con comunidades autónomas
y con municipios sobre su universalización, que implica 35.000
millones -pesetas constantes del año ache, más o menos- de cada
administración. Yo voy a los datos, y resulta que los ayuntamientos
de España ya van por 27.000 millones, se van acercando a su
compromiso, que está vigente desde el año 1988. Se empezó poco a
poco, pero ustedes en la época de gran crecimiento económico y de
grandes cuadros macroeconómicos han crecido menos que en épocas
difíciles, menor que en años más difíciles para el crecimiento
económico. Las comunidades autónomas están en torno a unos 17.000
millones de esos 35.000. Y el Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales dibuja para el año 2000 unos 14.900 millones, si mi memoria
no me falla. Es decir, estamos todavía muy lejos, especialmente el
Ministerio de Asuntos Sociales, de cubrir el objetivo. Yo sé que a
usted no le disgusta este programa y que, además, permitiría, en la
medida que se desarrolle, contribuir al bienhacer de otros objetivos
del Ministerio de Trabajo.
Después de diez, once y previsiblemente doce años, nos encontramos
con que en el presupuesto del 2000 no crecen los equipos
multiprofesionales en la medida que tienen que crecer, con el
problema de duplicidad que luego crea. Porque con el 0,5 se hacen
proyectos, con otros programas se hacen proyectos, pero, al final,
faltan profesionales de servicios sociales de la red pública y
entonces se duplica y se triplica el conjunto de los profesionales
que tienen que estar corrigiendo la desigualdad en este país. En
albergues seguimos teniendo 17 millones, los mismos que en el año
1992. En cuanto a los centros de acogida, hay que tener en cuenta los
problemas de marginación de jóvenes, de la infancia, de mujeres
maltratadas -por cierto, ustedes han iniciado una campaña al final de
esta legislatura que a mí me parece buena en cuanto a
sensibilización, según lo que he visto en los medios de
comunicación-, pero seguimos teniendo 21 centros de acogida en la red
básica de servicios sociales, lo mismo que en el año 1992.
Conclusión: no estamos avanzando. En este programa podía mencionar el
escaso crecimiento del plan gerontológico y del programa de Alzheimer
que ustedes iniciaron el año pasado; no crece absolutamente nada la
política de gitanos, y estamos viendo todos los días en los medios de
comunicación lo qué pasa con la minoría gitana española y rumana; no
crece nada el programa contra la pobreza. Crece 60 millones el de
infancia. Usted me hablará ahora del plan que quiere estrenar en el
presupuesto 2000 sobre la familia. En discapacitados figura una
cantidad de 100 millones. Pero me voy al Imserso, que es el dato que
le daba el compañero de Izquierda Unida, donde decrecen 3.700
millones los programas para minusválidos. Crecen sólo 150 millones
los programas para inmigrantes. Es decir, son pequeñas cantidades que
uno puede decir que las suma y tiene algo más de recursos. Pero eso
no dibuja una realidad, como luego le comentaré haciendo la suma
total. Por consiguiente, ¿por qué crece tan poco el conjunto de los
programas que usted ha heredado, ha mantenido o incluso algunos ha
creado, como el de Alzheimer o la memoria económica del Plan de
integración de los minusválidos?
Le voy a preguntar por lo que supongo que usted nos contará aquí con
satisfacción, y es que aparece un crecimiento de 3.150 millones en
infancia y familia, de los cuales 2.000 son para un plan de familia
que, terminando la legislatura nos traslada -ahora escucharemos el
grado de desarrollo que tiene- a lo que el señor Aznar, dijo a los
cien días de mandato en su primera rueda de prensa. Dijo que iba a
hacer un plan de familia, un plan de infancia, que iba a cambiar la
Ley del Voluntariado, la Ley de Fundaciones, la Ley de Asociaciones,
etcétera. Al final de la legislatura aparecen 2.000 millones que
parece tienen que ver con ese cumplimiento.
Nosotros no habíamos pedido ninguna comparecencia del Instituto de la
Mujer -veo aquí a su directora-, por lo que supongo que luego me
contestará usted. En el capítulo 4, que es el primer capítulo que le
llega a la gente, me cuesta ver dónde están los 1.578 millones del
segundo año de lucha contra la violencia, también nos costaba verlo
el año anterior, por lo que será bueno que nos lo cuenten. Incluso
dicen que hay crecimiento. ¿Dónde hay crecimiento real para las
mujeres? Hay 25 millones para creación de empresas de mujeres; hay 30
millones de crecimiento para los
programas específicos contra la violencia y hay 35 millones para
reparar los centros dependientes del Instituto de la Mujer. Respecto
al Instituto de la Juventud, me encuentro con un crecimiento, sin
restar las operaciones comerciales de 280 millones, de 100 millones
para el plan joven, 70 millones para viviendas de jóvenes y 150
millones para convenios con la Federación de Municipios. Dígame,
señora Gómez, qué se puede hacer con estas pequeñas cantidades
dispersas en política de igualdad, de mujer, de juventud, o en
políticas sociales.
Y si voy al Imserso encuentro lo mismo, algo ya se lo he comentado,
un decrecimiento total de inversiones. Sí, sé que usted me puede
responder que está transferido. A mí esa respuesta no me vale, aunque
hoy no tenemos a los representantes del PNV y de Convergència para
que me llamen jacobina, no me vale porque yo creo que un Estado
o nación, aun en una política de transferencias, tiene que estar
defendiendo la construcción del Estado. Hay un decrecimiento total de
inversiones. En el 2001 habrá sólo 1.500 millones, y en el 2002, 900
millones. Esto quiero decir que apaga y vámonos, que nos vamos a
quedar con una ausencia total de política de expansión, de
inversiones, de infraestructuras, que nos conformamos con decir que
eso lo hemos transferido, que mandaremos unas cantidades a las
comunidades autónomas y que ellas hagan toda la inversión.
En los presupuestos del Imserso decrece uno de los pocos programas
que le quedan de competencia nacional, el Ciapat, las ayudas
técnicas. Es uno de los pocos programas estatales: las ciudades
habitables, la tecnología al servicio de la discapacidad, decrece.
Para inmigrantes, para desplazados, para bosnios, para kosovares,
para rumanos, para refugiados, para todo el conjunto de nómadas,
crece sólo 800 millones.
Sólo crece 166 millones para la política de mayores. Antes decía el
señor Chozas que son cifras estimativas, en esa literatura de decir
que se persigue llegar a ese porcentaje o a tantas personas. Yo eso
lo acepto, entre otras cosas, porque así lo hemos hecho los demás en
el pasado. Pero esa misma literatura tiene una pobreza de objetivos.
Fíjese, en el Imserso ustedes persiguen llegar a 800 personas más en
concierto de plazas y a 2.000 personas más en teleasistencia. ¿Esta
es toda la esperanza que le dan a los casi ocho millones de personas
mayores de 60 años de este país? ¿Esto es el final de una legislatura
de cuadro macroeconómico de crecimiento, de orgullo y de España va
bien? ¿Esto es lo que se queda en los programas de política de
mayores del Ministerio a través del Imserso, a través de su organismo
de la Seguridad Social?
En minusválidos, ya se lo he dicho, decrece 3.700 millones. Me dirá
que hay menos gente en Lismi y más en pensiones no contributivas,
pero ahí están todos los centros de rehabilitación y de atención
superespecializados que son de su competencia a través del Imserso.
Conclusión. Junto con estas preguntas, que a la vez han sido
descripción de un crecimiento escaso, y para no intervenir después,
le hago cuatro reflexiones críticas o políticas una vez analizado el
presupuesto. No persigo que usted me dé detalles de crecimientos o
porcentajes. Yo he intentado hablar de programas; puede haber algún
error que usted me puede corregir con los datos, pero voy a un
mensaje que al
final se convierten en cuatro, sobre cómo he analizado yo
políticamente el departamento y el presupuesto del 2000, teniendo en
cuenta una legislatura: cuatro grandes decisiones políticas que ha
tenido usted, que han sido cuatro presupuestos presentados a esta
Cámara. En primer lugar, es un presupuesto y una legislatura de foto
fija, por tanto de retroceso, señora Gómez. El porcentaje de PIB
dedicado a servicios comunitarios y sociales, por citar la función
del librito amarillo, e incluso en la parte pequeñita que es nuestro
Imserso en la Seguridad Social, decrece. En servicios comunitarios y
servicios sociales (libro amarillo), si uno coge el PIB del año 1995
y el PIB del año 1999 para hacer el presupuesto del 2000, nos
encontramos con un 0,03, pero es que esa cantidad era igual en el año
1993, se lo dice una que manejó ese presupuesto; en el año 1993 era
el 0,03. Si uno se fija en Seguridad Social y protección social
-insisto en que nuestra cuota parte es pequeñita-, vemos que va de un
14,65 del PIB en 1995 a un 12,9 del PIB en el 2000, es decir, vamos
para atrás. Para hacer análisis en condiciones homogéneas, tengo que
ver la riqueza del país y tengo que ver cómo se redistribuye la
riqueza del país en el conjunto de las políticas de bienestar. Y si
voy al conjunto de los servicios sociales cogiendo ya datos de 1995
manejados a nivel comunitario, vemos que hemos pasado de un 21,6 (la
previsión era mayor, pero ya está totalmente contrastado) a un 19,2,
es decir, estamos dedicando menos recursos de la riqueza del país a
las políticas sociales.
Segunda reflexión. Es un presupuesto que no cumple sus compromisos.
No voy a ponerle más ejemplos porque creo que se lo he comentado
cuando he hablado de emigrantes, cuando me he referido a los datos de
inmigrantes. No cumple ni sus propios compromisos ante la ciudadanía.
Es un presupuesto que no está atento a los problemas sociales
crecientes de finales de este milenio y basta con ver los estudios,
por ejemplo, La exclusión social, publicado por la Universidad a
Distancia, o La gente sin techo, publicado también por la Universidad
a Distancia; por eso le hablaba del CES. Los últimos documentos de
fotografía sociológica de nuestro país yo no los veo atendidos.
¿Dónde hay un presupuesto que dé una esperanza a la gente en
exclusión social? El presupuesto de pobreza está congelado con
relación al año 1999. En infravivienda, usted está defendiendo lo que
los parlamentarios estamos trabajando en consenso en la ley de
derechos de los extranjeros -el jueves parece que terminaremos el
trámite de ponencia-; ahí hay unos compromisos. Es imposible empezar
a cumplirlos. Este fin de semana el Gobierno decía que iba a regular
el contrato temporal agrícola (salía Asaja, salían las patronales de
agricultura en Andalucía, etcétera), ¿pero eso habla de resolver el
problema de infravivienda? ¿Dónde está en los presupuestos, en este
caso de inmigrantes? Digo de infravivienda o puedo decir de minoría
en general. Ante el fenómeno del envejecimiento, yo no veo un
presupuesto que le haga frente con políticas eficaces y tampoco en la
integración de los discapacitados. Pero, si cabe, me preocupa de
forma especial el riesgo de exclusión social, que no está dibujado
con recursos económicos en el presupuesto.
Por último, es un presupuesto que no plantea objetivos, es un
presupuesto parecido al del nacimiento del Ministerio, y se lo digo
yo antes para que no me lo conteste usted. Cuando se creó el
ministerio, se destinaban unas pesetillas
para los mayores, otras pesetillas para la mujer, para que fuera
naciendo, pero ya tiene 12 años, ya es un adolescente, por tanto, se
tienen que marcar políticas, y más cuando existe una situación de
crecimiento. ¿Cuáles son las políticas? Si usted me hubiera dicho que
en vez de mil y poquitos millones iba a dar un empujón a la red
básica de servicios sociales, con eso bastaba, porque yo ya veía una
política por su parte, un objetivo a corto plazo que guarda relación
con las necesidades de la sociedad. O si usted hablara de servicios
sociales específicos de una manera significativa, diciendo que quiere
alcanzar un determinado porcentaje del compromiso del Plan
gerontológico de ayuda a domicilio o en centros de día, y que eso
implica una inversión potente; o si me dice, con los ratios de su
Plan de minusválidos, un objetivo. Yo le he dicho los que a mí y a mi
grupo político nos parecen más importantes: la red básica de
servicios sociales, los servicios específicos para mayores y para
minusválidos y una política específica de lucha contra la marginación
o la exclusión social, que crecen en este país. Si usted me dibujase
cantidades significativas, con objetivos de hoy y de los próximos
años, en la España que va bien, en la España que tiene un PIB de
978.000 millones, con un cuadro macroeconómico que empieza a
desdibujarse con la inflación y algunas otras cosas, pero que sigue
siendo significativamente potente, yo diría: el Ministerio y la
Secretaría General están marcando objetivos, pero yo veo pequeñas
cantidades y no objetivos ni rumbo en la política social de
compromiso atractivo para los ciudadanos.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular tiene la palabra la señora
Pardo.
La señora PARDO RAGA: En primer lugar, quiero dar la bienvenida a la
secretaria general de Asuntos Sociales, doña Amalia Gómez, en el seno
de esta Comisión de Política Social y Empleo. También quiero resaltar
que al estudiar los programas de su departamento, desde el Grupo
Popular creemos que las políticas de solidaridad están creciendo -y
usted nos dirá cuánto- y que este aumento responde a la apuesta que
el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales ha hecho por la mejora
del bienestar social, sobre todo porque fomenta la solidaridad y la
igualdad. En definitiva, nos parece que son presupuestos que se
acercan bastante a los ciudadanos, y no como nos decía la ponente del
Grupo Socialista.
Yo creo que el Gobierno ha demostrado a lo largo de estos cuatro años
que ha sido riguroso en sus políticas y que a partir de ahí se han
podido presentar estos presupuestos, que quizás se pueden calificar
-ha salido en la prensa y por eso podemos decirlo aquí otra vez- como
los más sociales de la historia de la democracia española.
Pero, señora secretaria general, yo quisiera hacerle varias
preguntas. En primer lugar, cuál es el aumento total que se produce
en su departamento. Quisiera que dejáramos de lado los gastos de
funcionamiento e inversiones, porque lo que nos interesa es qué
incremento neto tienen los programas sociales. ¿Qué nuevos programas,
desde el año 1996, o sea, desde el inicio de esta legislatura, tienen
preferencia en estos presupuestos del año 2000? ¿Qué nuevas
prioridades se ha fijado? Me gustaría que nos dijera
qué incremento tienen esas transferencias a las comunidades
autónomas. Es verdad que a algunas representantes no les parecen
adecuadas, pero el Estado está diseñado así y ustedes tienen que
responder de las transferencias que van a hacer a las comunidades
autónomas. De ellas, debo resaltar las del Inserso y también quisiera
que me aclarara las plazas que ha aumentado este año para el turismo
social. No sé si será así o no, pero, conociéndola a usted, señora
secretaria general, supongo, sobre todo lo hará pensando en la
calidad y en la asistencia de estas personas, que han incrementado
seguramente su poder y los viajes del Imserso.
En el programa 313.L, de plan concertado, me gustaría que respondiera
sobre las prestaciones básicas en favor de determinados colectivos.
Igualmente sobre el 313.H, plan estatal del voluntariado, así como a
la atención de personas con Alzheimer y otras demencias, que usted
habilitó en el ejercicio anterior de 1999 y que este año creo que
debe sufrir algún incremento.
Respecto al plan de inmigrantes, es verdad, como decía la responsable
del Partido Socialista, que el jueves vamos a reunirnos en ponencia,
a ver si definitivamente acabamos el proyecto. Hay un incremento que
a todos nos parece poco, pero siempre se hace camino al andar y eso
es lo que hay que hacer y sobre todo en las transferencias al
exterior, el incremento que se da a esas pensiones asistenciales y a
las ayudas a inmigrantes y sus familias y entidades que trabajan en
su favor. Es verdad que la representante del Grupo Socialista hacía
hincapié en el tema de funcionarios, pero al Grupo Popular le parece
más significativo este incremento, que llega de verdad a los
beneficiarios últimos a los que se destina.
Permítame que deje para el final el programa estrella para mi grupo:
el programa 313.O, porque de verdad culmina en esta legislatura. Creo
que usted lo explicará mejor, pero nos interesaría resaltar el que va
a favorecer la conciliación entre vida laboral y familiar. Pienso que
en él entrarían las guarderías y sobre todo la disposición de las
mujeres para incorporarse al mundo laboral a través de esta ley de
conciliación de vida laboral y familiar.
También la adopción de medidas para menores infractores y, sobre
todo, nos parece importantísimo que usted dote una gran cantidad al
plan integral de apoyo a la familia, que es verdad que aún no se ha
remitido a estas Cortes, pero que sí tiene una previsión
presupuestaria, para que no se le achaque que no cumple con un
compromiso que ha adquirido, en estos presupuestos del 2000.
También me gustaría, como ha dicho la representante del Grupo
Socialista -no sé si podremos intervenir en la comparecencia de la
directora del Instituto de la Mujer, aquí presente, porque no la ha
solicitado nuestro grupo-, felicitarle a usted y a ella concretamente
porque en los presupuestos del 2000 se encuentran las partidas
dedicadas al desarrollo del plan contra la violencia doméstica,
concretamente está la aplicación 226.02, para información y
prevención, y la 226.06, para formación, y las otras del capítulo 2,
que se dedican al cumplimiento de convenios y trabajos técnicos. Son
estudios de un problema que padece nuestra sociedad, como es la
violencia contra las mujeres, al que ha sido sensible este Gobierno y
en concreto su Secretaría General. Todos sabemos por los informes del
CIS que ha sido muy valorado -también lo ha hecho la responsable
socialista y desde aquí permítame darle las gracias-, pero sobre todo
quiero recalcar que este plan ha sido elaborado con el consenso y la
cooperación de todas las comunidades autónomas, cualquiera que sea el
partido que las gobierne.
Por último, señora secretaria general, creo que en sus respuestas
estará el quid de estos presupuestos de Asuntos Sociales, que, vuelvo
a decir, pienso que son progresistas. Quiero felicitarla de nuevo
porque se está aprovechando el rédito de los aciertos de una política
de redistribución que además trata de aportar renta a los sectores
que realmente lo precisan. Esto es lo que hace posible aquel rigor
inicial que empezamos en 1996 y las reformas emprendidas a lo largo
de toda la legislatura. Estos presupuestos del 2000 creo que son más
generosos con los beneficiarios y con los usuarios de su
departamento.
El señor PRESIDENTE: Para contestar, tiene la palabra la secretaria
general de Asuntos Sociales.
La señora SECRETARIA GENERAL DE ASUNTOS SOCIALES (Gómez Gómez): En
primer lugar, paso a contestar al Grupo de Izquierda Unida, pues,
aunque no esté presente, el «Diario de Sesiones» dejará constancia.
Aunque me ha pasado una nota respecto a los programas a que se
refería, tengo que decir, en primer lugar que el presupuesto del
Ministerio de este año significa un incremento de un 13,4 por ciento,
siete veces por encima del IPC; crece mucho más que el presupuesto
del Estado.
Cuando se refiere a que bajan los servicios sociales a comunidades
autónomas, tengo que decir que no es del todo así. Tengo que decir a
la portavoz socialista que se han concluido las transferencias. Son
158.000 millones, es decir, veintitantos mil más que el año pasado.
Quiero llevar al ánimo de SS.SS. el esfuerzo que se hace en el
proceso de conclusión de transferencias. Ustedes saben que estaba
establecido que cuando se terminara el proceso de transferencias se
tendría que abrir un proceso de actualización. No es lo mismo las
comunidades autónomas que han recibido transferencias por el artículo
151, al principio de la década de los noventa y algunas en 1989, que
las que han terminado de recibir las transferencias en 1999. Por eso
-repito- no se trata de que disminuya, sino que una vez efectuadas
las transferencias, a partir del año 2000 debemos iniciar un
reequilibrio, una mejora de la justicia distributiva de los
conceptos, no sólo en función del envejecimiento, de la dispersión,
de la vulnerabilidad, sino del esfuerzo que hayan hecho las
comunidades autónomas y de los retos cuantitativos que tengan.
Respecto a que bajan las partidas para los minusválidos, no sólo baja
la Lismi, sino que quiero llevar al ánimo de S.S. que en las
políticas asistenciales a personas con discapacidad no solamente se
encuentra el apoyo que se pueda hacer a través de estas ayudas, sino
también el plan de acción. Hay una cifra que no quiero que se olvide.
Ustedes saben que, en materia de discapacidad, como el Estado no
gestiona directamente las políticas, este año se han distribuido
2.255 millones vía IRPF para plazas concertadas, residencias,
programas de respiro, formación de personal, etcétera. Es decir, un
dinero vía presupuestos que, junto
con otro también importante, han constituido los techos más alto de
apoyo a políticas de discapacidad. Los servicios sociales del Imserso
que disminuyen se refieren, como he dicho antes, a las últimas
transferencias que se han hecho a Cantabria, Castilla y León,
Baleares y La Rioja.
Quiero añadir algo importante. Es verdad que los servicios sociales
del Imserso se reducen en 1,23 por ciento en relación con otros
servicios sociales respecto al año 1999, pero ello se debe a la
transferencia a Ceuta y Melilla que este año no se contabiliza. El
presupuesto del Ceapat crece un 12 por ciento, no disminuye.
Respecto a políticas de mayores, me preguntaba por un crecimiento de
un 5,8 por ciento. Quisiera matizar que el presupuesto del plan
gerontológico se incrementa en 850 millones, a los que hay que sumar
el plan de Alzheimer. El señor portavoz sabe que, desde el año
pasado, el plan de Alzheimer, por acuerdo de conferencia sectorial,
que este año se incrementa a 500 millones, se incluye como proyecto
piloto en el marco del plan gerontológico porque a las comunidades
autónomas les distorsionaba un plan gerontológico y un plan de
Alzheimer sin tener concluido -que debe ser realidad en el año 2000-
el plan de acción para mayores con la definición de la
sociosanitario. Digo definición porque en algunas comunidades, con la
percha del plan gerontológico, ya se está iniciando ese esquema
sociosanitario no sólo para el Alzheimer y demencias seniles sino
también para abordar la dependencia. Creo que le he respondido, si
algunas cosas se han podido quedar, posiblemente se verán con más
claridad cuando conteste a la portavoz del Grupo Socialista.
Su intervención es la que se puede hacer con unos presupuestos que
usted no tuvo la suerte de tener cuando fue ministra, y se los podía
haber merecido por lo que le voy a contar. En el año 1988 -usted lo
ha dicho muy bien- se inicia el plan concertado. Tengo que reconocer
una cosa que es verdad. Usted configura lo que deben ser los
servicios sociales como sistema, pero tengo que decirle que, mientras
que de 1997 a 2000 este área de servicios sociales ha crecido 17.000
millones, de 1992 a 1996 apenas creció 2.000 y pico. Usted dirá que
la economía no iba bien, que había crisis y destrucción de empleo.
Posiblemente, el avance que se ha producido en estos cuatro años de
Gobierno es que lo asistencial no se concibe como una política sólo
paliativa sino que se articula en colaboración con otras políticas
importantes, como pueden ser la educación como mejor instrumento
contra la desigualdad o la sanidad, incorporando cosas que en otro
momento pudieron ser asistenciales y que ahora no lo son. Puedo
hablarle de lo que significan el aparato gratuito para los niños
sordos, la tarjeta gratuita de sanidad para los menores inmigrantes o
la detección precoz del Alzheimer.
Estoy de acuerdo con usted en que hay mucho por hacer, pero hay que
mirar los presupuestos de esta área, ahora Secretaría General, desde
el año 1988. La economía va bien, se crean más de 1.500 puestos de
trabajo al día. Eso es lo que nutre las arcas de la Seguridad Social
y eso es lo que permite, en la política de redistribución, llegar a
lo que me imagino que se verá en la Comisión de Presupuestos y en lo
que concierne a la Seguridad Social, de qué manera se aborda desde el
consenso, desde la serenidad y desde la política de Estado.
Le puedo decir que estamos muy lejos de una política de parcheo.
Usted sabe muy bien que, cuando abre la primera infancia, de cero a
tres años, en el año 1990, se continúa porque son proyectos puntuales
y concretos que están sirviendo para ser evaluados en relación a
barriadas y a núcleos donde, aparte de producirse el absentismo
escolar, hay fracaso y, sobre todo, poca infraestructura o
equipamientos para que puedan asistir. ¿Por qué se mantiene ese
programa? Porque las directrices eran hacer análisis de la realidad
sobre la que se trataba y sacar conclusiones. Sin embargo, respecto
del programa de guarderías infantiles, sobre el que una sentencia
constitucional dijo que no era competencia del Estado, hemos incluido
los programas de guarderías infantiles y de cero a tres años en un
programa, que es el de conciliación, con 950 millones más. ¿Qué
significa eso? Conseguir que líneas que inició usted o el Gobierno
anterior, de alguna manera, se diversifiquen y mejoren en función de
la demanda, que no solamente consiste en ludotecas, centros
infantiles, guarderías, sino también en mediadores educativos,
mediadores sociales y ayudas a domicilio.
Dice S.S. que el plan concertado no responde a lo que se esperaba en
un momento en que la economía va bien. Usted sabe que en los años
1998 y 1999, con un incremento respecto a dos años en los que el
presupuesto estuvo congelado, 1995 y 1996, se dedicó precisamente a
algo que a usted y a mí nos preocupa, no sólo a consolidar sino a
mejorar la plantilla de funcionarios, sobre todo de especialistas,
porque sabe usted que la reforma que se hizo en 1994 para pisos de
acogida y para lo que llamábamos centros del transeúnte, se vio
reforzada posteriormente con los programas de exclusión. ¿Qué estamos
haciendo para el año 2000? Todo el incremento del año 2000 va para
ayuda a domicilio porque la ayuda a domicilio, como usted sabe muy
bien, no va por el plan gerontológico sino por el plan concertado. Le
digo que se incrementa mil millones cada año cuando los dos últimos
años del Gobierno anterior estuvo congelado. Por eso, es bueno ver la
evolución de los planes.
Dice S.S. que el plan gerontológico crece poco en relación con el
envejecimiento y me pregunta por el CES. En este momento, estamos
colaborando con el Instituto Nacional de Estadística que, junto con
la Fundación ONCE y el Imserso, está haciendo el gran censo de la
discapacidad. En este momento, estamos trabajando con universidades
para analizar el envejecimiento, en todos los sentidos: sociológico,
desde el punto de la garantía social, etcétera, en colaboración con
la Universidad de Alcalá de Henares y con la Universidad Complutense
de Madrid. En ese sentido, el plan gerontológico crece 850 millones.
Como sabe S.S., se ha terminado de evaluar ahora y hay que hacer la
relación del plan de acción para mayores con las comunidades
autónomas porque la financiación proviene de ayuntamientos,
comunidades autónomas y Administración del Estado. Le puedo decir
que, en la próxima conferencia sectorial se presenta el borrador. Es
un proyecto que va en tiempo y tendrán que preverlo los presupuestos
del año 2000. En presupuesto aparte, la teleasistencia pasa de 772
millones, en el año 1999, a 1.020 millones en el año 2000. Si estamos
en la tendencia de que la gente mayor sólo acuda a las residencias
como último recurso, tendremos que potenciar la
ayuda domiciliaria -ya le he dicho que el incremento del plan
concertado va dirigido fundamentalmente a eso-, teleasistencia -1.020
millones- y, por otra parte, estoy de acuerdo, centros de día. El
incremento del plan gerontológico es de 850 millones. Es importante
si se tiene en cuenta que, en el plan gerontológico, y en el
concertado como ha dicho usted muy bien, los ayuntamientos
contribuyen, pero usted sabe también que no sólo es cuestión de poner
pesetas sino que los ayuntamientos contribuyen fundamentalmente con
equipamientos y personal. Es más, en la valoración del plan
gerontológico, que me comprometo a remitir a SS. SS., usted puede
detectar clarísimamente que el Estado ha sido la única administración
que ha cumplido el compromiso de presupuesto y que, por otras
emergencias o urgencias, no ha habido el mismo grado de cumplimiento
por alguna de las administraciones. El plan gerontológico, en
concreto, se incrementa un 17 por ciento. Respecto al PIB, dice S.S.
que estamos igual que en 1995. Desde la perspectiva de las políticas
de solidaridad del Grupo Socialista, puede que el análisis que hace
sea válido, pero respecto a las políticas de solidaridad, que en
definitiva son políticas de derechos, hemos tratado de articularlas
con otras políticas que coadyuvan y garantizan calidad de vida y
disfrute de beneficios. Tendría que decirme, porque no tengo el dato,
cuánto se ha incrementado lo que va del PIB a sanidad, a educación, a
empleo o a políticas de protección. Si usted maneja sólo el PIB en
relación con las políticas de solidaridad, la lectura es distinta. Lo
que no dice S.S. es cuánto va del PIB a políticas básicas, lo que
podríamos llamar garantías de derecho, que son: educación, salud y
empleo. Quería decírselo porque es mi visión de cómo se distribuye el
PIB; desde luego, la de usted es respetable, aunque yo no la
comparta.
Dice S.S. que hay programas congelados. No se trata de que estén
congelados, sino de que no queríamos que desaparecieran, porque usted
sabe que es problemático cuando una partida desaparece y no tiene un
encaje y, sobre todo, cuando hay actividades que se hacen con cargo a
esas partidas. Lo bueno sería preguntarle a quienes las desarrollan
qué es lo que piensan.
En cuanto al plan gitano, lo puso usted en marcha en 1989 y no ha
tenido casi oscilaciones. Siempre ha estado en torno a los 500
millones -es un informe que me traslada la directora general-, pero
es un programa que se tendrá que cambiar en un futuro próximo a
partir de lo que debe ser una ley de integración que no sea sólo de
inmigrantes, sino un plan estratégico contra la exclusión. Por lo que
respecta al plan de infancia maltratada, sucede lo mismo, son
programas que se mantienen porque son concretos y no tienen
posibilidad de desarrollo. He preferido mantener la partida
presupuestaria y los programas de mantenimiento antes de que se
perdieran, sobre todo porque en el encaje de los programas nuevos
como los de conciliación las comunidades autónomas hacen otro de
diseño y éstos quedan fuera.
Respecto al plan de familia, sabe S.S. que la fecha del acuerdo del
Consejo de Ministros para que se terminara era el mes de junio. Se
termina entonces y el borrador está a la espera del cierre de unos
datos que tenemos que negociar con el Ministerio de Economía y
Hacienda, pero hemos hecho la previsión porque es preferible que en
el 2000 se pueda poner en marcha con una previsión presupuestaria
de 2.000 millones y usted estará de acuerdo conmigo en que son
necesarios para mediadores, educadores sociales, familias
monoparentales, ayudas a domicilio de familias con especial
dificultad. El borrador estará listo a finales de mes.
Sobre los mayores de 16 años, significa una previsión para algo que
usted sabe que está sucediendo. La ley de justicia juvenil aún no
está aprobada, pero usted sabe que las comunidades autónomas tienen
que hacer frente a menores o adolescentes a los que el juez manda
para que se hagan cargo sin que exista marco jurídico. La
Administración estatal, el Ministerio de Trabajo a través de la
Secretaría, ha hecho una previsión que significa coparticipar en la
financiación. La lectura que hace S.S. es desde la forma de gestionar
del grupo que sustentaba al Gobierno entonces, al Socialista, lo cual
es distinto y las pesetas cambian.
Hay un asunto que me preocupa y que usted conoce muy bien, el de la
migración. En materia de pensiones asistenciales -estoy manejando
este libro que tienen todos ustedes-, las pensiones crecen este año
574 millones y tengo que decirle que la previsión es ajustada porque,
como usted recuerda, hace dos años este Gobierno tuvo que pedir un
incremento de crédito porque desde 1995 se habían reconocido
pensiones a emigrantes en el extranjero que no se habían podido
pagar. En 1996-1997 tuvimos que pedir un incremento de crédito para
hacer realidad los derechos que se habían reconocido y a los que no
se habían podido hacer frente. Eso explica que la previsión sea ésa.
En esta partida de 7.600 millones se destinan 900 a ayudas
sociosanitarias que es un programa que está a punto de firmarse con
Méjico, pero que ya está funcionando en Argentina, Venezuela,
Paraguay y son convenios con instituciones sin ánimo de lucro para la
atención sociosanitaria de españoles que no tienen recursos o que
viven solos. Tengo que decirle que, por primera vez este año, se está
trabajando para que no se haga sólo con Iberoamérica. Hay informes de
que también sería conveniente poner en práctica este programa con
Alemania y Suiza, programa que se llama de atención sociosanitaria o
integral de salud y que está desarrollando la Consejería Laboral de
los dos países citados.
Con relación a los 85 millones de pesetas de subida de pensiones a
los que S.S. se refería es para las personas que retornaban a España
y debían esperar durante dos años para poder acceder a una pensión no
contributiva, según el decreto que el Gobierno publicó. Esta cantidad
se va a destinar a cubrir la carencia de dos años de las personas que
vuelven a España, aunque percibirán lo que cobraban en su país de
origen. Me imagino que este asunto se tendrá que ver en la reunión
del Pacto de Toledo.
En cuanto a la inmigración, me gustaría recordarle que tratamos de
ampliar las organizaciones no gubernamentales que trabajan en el
ámbito de órdenes comunicadas, por una razón que a usted no se le
oculta y que es operativa, porque las órdenes comunicadas dan mucha
seguridad y estabilidad al programa. A través del IRPF se destinan
1.254 millones a emigrantes e inmigrantes, sobre todo a estos últimos
porque van para asesoramiento jurídico y, una parte muy importante,
para la mejora del alojamiento. Estoy seguro de que S.S. convendrá
conmigo en que este año estamos estudiando la obligatoriedad de que
con el precontrato exista un compromiso formal de proveer vivienda.
Usted sabe que son los términos en los que se producen los viajes de
nuestros temporeros a Francia y que tiene que ser también trasladable
al contrato de contingente. Usted decía que el contrato de temporero
en origen es un punto nuevo e interesante porque significa que muchas
personas no tendrán que esperar a que les den los papeles porque no
quieren volver a coger el visado, ya que en ese caso no podrían
entrar. Usted, como yo, ha sufrido un proceso burocrático de casi un
año a veces para la renovación de papeles y sabe al llegar tarde el
permiso están trabajando pero no se cotiza por ellos, con lo cual se
entorpece el permiso de renovación para al año siguiente.
El incremento que han tenido las políticas de inmigración ha sido
sustancial y estoy de acuerdo con usted en que en el momento en que
la ley sea una realidad y se hayan establecido -estoy segura de que
se llegará a ello-, unos cauces más flexibles en la burocracia y en
los modelos de contratación (no sólo el B, el A, o el B.B, sino que
deben ser modelos distintos), las políticas de integración que se
comparten con las comunidades autónomas, tendrán que tener otro
planteamiento. A lo mejor el refuerzo no tendrá que venir por asuntos
sociales sino por educación, salud y cultura.
En materia de inmigración se han multiplicado casi por tres las
asignaciones presupuestarias. Es verdad que S.S. va a esgrimir el
argumento del PIB, el empleo, pero es verdad que el compromiso no
sólo se manifiesta cuando la economía va bien, se crean puestos de
trabajo y hay muchas altas en la Seguridad Social. Hay una cosa que
se llama priorizar. Es verdad que en la priorización hay políticas
compartida. Yo le recordaría que viera el incremento neto de
transferencias a comunidades autónomas en los últimos cuatro años. Me
parece que sería justo para poner las cosas en sus términos,
independientemente de que usted no esté de acuerdo con la política
que se hace desde esta Secretaría General, y por eso usted está
dignamente donde está y yo estoy donde estoy. (Rumores.) Quiero decir
que usted está en un grupo político y yo estoy en otro. (La señora
Fernández Sanz: Sonaba muy descortés.) Usted sabe que con usted no
sólo no puede haber descortesía, sino que, a pesar del abismo que nos
separa, siempre he admirado su entereza y coherencia, aunque no
comparta los argumentos, criterios o posiciones que usted mantiene.
Lo que quería decir es que usted está en un grupo que ve las cosas de
una manera y yo en otro que las ve de otra. Yo estoy convencida de
que a los ciudadanos no les preocupan tanto los modelos como la
realidad de las prestaciones y los servicios.
Con el permiso del señor presidente, les voy a entregar cierta
documentación porque puede servirnos para clarificar. Usted habla de
política de parches y de islotes, pero S.S. sabe que el Ministerio no
tiene gestión directa de programas, lo que hace fundamentalmente es
impulsar, coordinar y, sobre todo, crear líneas de trabajo a través
de financiación. En estos cuatro años de legislatura se ha puesto en
en marcha el plan del voluntariado, el plan de integración social de
los inmigrantes, el plan de acción para personas con discapacidad y
el plan para la erradicación de los malos tratos. No se trata de
abrir huecos sino línea y la prueba es que el plan de acción empezó
por 400 millones y hoy va por 700. Si no se hubiera iniciado
difícilmente, como usted
sabe, se hubiera consolidado. En cualquier caso, para pedir más
dinero, cuente S.S. conmigo porque lo pediré hoy que comparezco y
mañana. No responda -podría también decirlo-, que mañana será tarde.
Creo que 6.691 millones en un año, 17.000 millones en cuatro, cuando
ya he dicho que en los últimos cuatro años sólo se destinaron 2.300,
dos de los cuales con presupuesto congelado, permiten presentarse con
la tranquilidad de haber cumplido un trabajo que no tiene color,
porque cada vez menos las políticas de solidaridad son políticas para
repartir credenciales. Las credenciales hay que ganarlas día a día
con el trabajo y desde el conocimiento de que no son políticas que
pueda resolver el Estado, sino en colaboración con el resto de las
administraciones.
Quiero dar las gracias a la portavoz del Grupo Parlamentario Popular.
Creo que he respondido a gran parte de las preguntas que me ha hecho,
y también quiero darle las gracias al grupo por las propuestas, la
colaboración, la crítica, cuando ha hecho falta y, sobre todo, por el
impulso para la puesta en marcha de nuevos programas. El Grupo
Popular puede sentirse con la conciencia tranquila de que ha hecho
una labor de impulso al Gobierno y ha estado siempre -lo cual
agradezco-, en la defensa del interés general, del bien común,
haciendo una política para todos los territorios de España que eso,
al fin y al cabo, es lo que importa en este área de equilibrio de
desigualdades y de la solidaridad que jamás podrá sustituir a la
justicia, sino complementarla.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Secretaria General.
- DE LA DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO DE LA MUJER (DANCAUSA
TREVIÑO). A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA UNIDA.
(Número de expediente 212/002234.)
El señor PRESIDENTE: No están presentes en este momento los
portavoces que han solicitado la comparecencia de la señora directora
general de Inem. Consecuentemente les propongo alterar el orden de
las comparecencias y que lo haga en primer término la directora del
Instituto de la Mujer y posteriormente la directora general del Inem.
La comparecencia de la directora general de Instituto de la Mujer ha
sido solicitada exclusivamente por el Grupo Federal de Izquierda
Unida.
Tiene la palabra la señora Aramburu.
La señora ARAMBURU DELRÍO: Esta sesión es una reedición de la del año
pasado, ya que abandonan la sala cuando se aborda el tema de la
mujer.
Quiero saludarla, señora Dancausa, y decirle lo poco solicitada que
está usted por el resto de las fuerzas del arco parlamentario, lo
cual, aunque no me sorprende, me preocupa. Me preocupa porque ilustra
el interés general por la especificidad del tema mujer. Por eso
insisto en que es una reedición de la comparecencia del año pasado,
en un mano a mano con muy pocos espectadores.
Presupongo que la lectura política de los presupuestos y la lectura
política que he hecho de la existencia de un organismo
monográfico sobre un determinado tema responde, señora
Dancausa, a la firme convicción económica y social que el sector de
que origina la existencia de dicho ente que agrupa a más de la mitad
de la población tiene dificultades. Obviamente, al ser el tema mujer
transversal debía reconocer la totalidad de las partidas
presupuestarias de cada uno de los ministerios mediante el sistema
habitual, corrector de las medidas de acción positiva. No ha sido así
o, al menos, yo no lo he detectado y, además, no es válida -usted lo
compartirá conmigo- la respuesta de que los Presupuestos Generales
del Estado son mixtos. No es válida por las razones que luego le voy
a decir, pero es que esa apreciación sería correcta si no hubiera una
manifiesta y reconocida discriminación que da origen justamente al
organismo que usted dirige, cuyo montante final me gustaría conocer,
ya que la cifra que yo barajo me parece -se lo digo con una gran
honestidad- insultante.
No voy a entrar en los planes gubernamentales que ha firmado la
Secretaría de Asuntos Sociales sobre violencia doméstica, empleo o
sucedáneo, ya que no tienen carácter estructural, porque no
configuran el diseño general programático, ni político del partido
que sustenta al Gobierno. Creo que son acciones financiadas
esporádicamente y frente a lo que ustedes suponen agresiones
circunstanciales y no consustanciales del sistema. En un ejercicio de
fantasía, puedo creer que ustedes apuestan por la mujer, pero la dura
realidad de los números me indica que los porcentajes dedicados al
tema mujer en esta legislatura no han alcanzado nunca el 1 por ciento
de los Presupuestos Generales del Estado. Mi reflexión es reconocer
el voluntarismo del Instituto, de la Secretaría, pero entienda S.S.
que mi obligación es denunciar el populismo y la demagogia del
Gabinete Aznar para con las mujeres.
Los objetivos asumidos en Pekín están estancados. Me refiero a los
macroobjetivos, no a los microclimas. Señora Dancausa, intento que
usted comprenda que yo no puedo admitir que el Instituto de la Mujer
sea un órgano meramente coordinador, impulsor, sino que necesita
financiación. Ya le he dicho en muchas ocasiones que lo que no está
en los presupuestos no existe. Evidentemente, hay traslaciones
mecánicas que recogen acuerdos y planes comunitarios desde Pekín
hasta Luxemburgo, pero en algunos casos no están ni siquiera
suficientemente dotados.
En segundo lugar, quería saber el grado de ejecución de los
presupuestos del curso pasado. También quisiera conocer, si es que
los ha habido, los proyectos no realizados por falta de financiación.
En una lectura pormenorizada del programa 323.D detecto que el
Instituto está blindado para unos cometidos que adquieren caracteres
de reconversión, en un consulting o en una fundación de carácter
meramente femenina. Los cuatro ejes troncales de su organismo no
pueden ser de ninguna de las maneras excluyentes y dedicarse a los
cuatro objetivos, que son: estudio y mejora de la situación,
introducción al principio de igualdad a través de las suscripciones
de convenios o colaboración con otros organismos, impulsar servicios
sociales y participar en foros. No puede ser. Éstas son competencias
menores que puede gestionar un simple departamento. Para esto no
hacían falta estas alforjas. Siento decirle que me parece alarmante
que la mayor partida la dedique a la distribución delibros y
folletos, se supone que no será para las mujeres
rurales. No logro entender ni el criterio ni el indicador ni el
presupuesto ni la filosofía con que aborda estos Presupuestos
Generales del Estado.
La otra segunda partida fuerte es el acceso a la página web.
Sinceramente, me parece una tomadura de pelo. ¿Quiénes creen que son
los usuarios o las usuarias o los navegantes? ¿Las mujeres? ¿Las que
tienen menores recursos? Me gustaría que me lo explicase. En cambio,
una de las partidas más bajas con diferencia es la dedicada a los
programas dirigidos a las mujeres en situación de exclusión social.
Igualmente espero una aclaración convincente. Además, insisto, con
este tono no dramático sino de una gran sorpresa política, en los
albores del siglo XXI me parece absolutamente inadecuado que dentro
de la debilidad presupuestaria, partidas suculentas se las lleven los
cuerpos de otros ministerios, cuando la formación mixta sin
discriminación debe estar cubierta por cada estamento. ¿O es que el
señor Aznar no gobierna para todos y para todas? De la misma forma me
parece incomprensible, señora Dancausa, que las dos únicas partidas
que bajan -en ese tramo se le olvidó la agenda electoral- son las
dedicadas a los cursos de formación de mujeres y las referidas a los
programas para fomentar la participación de mujeres en la toma de
decisiones. Espero que me razone la irrelevancia de las unas frente a
las otras. Si usted supiera, señora Dancausa, lo que hemos luchado
las mujeres por la creación de un ministerio de la mujer, y luego,
cuando vimos que no era posible, por el Instituto de la Mujer, como
interlocutor entre el Estado, el Gobierno y la sociedad. Lo habíamos
diseñado todo. Había un consejo de la mujer, donde participábamos
todas, y un presupuesto, el 5 por ciento. Ustedes jamás han llegado a
rozar el 1, 0,000. Efectivamente, todo fue un sueño dirá usted, pero
el Instituto se creó y no graciablemente, sino que se nos debe a casi
treinta años duros de compromiso, reivindicación y lucha. Pero no
recorrimos el camino para esto, para crear un ente burocrático que se
limita a coordinar y a subvencionar, no. Es absolutamente injusta la
utilización. Lo que debería hacer el Instituto es: en primer lugar,
garantizar que los Presupuestos Generales del Estado no fueran de
corte masculino. En segundo lugar, que no se utilice a la mujer como
un objeto de reclamo electoral. Es su obligación. En tercer lugar,
que se dote de instrumentos correctores a los Presupuestos Generales
del Estado. En cuarto lugar, que se dé participación para que todas
nos sintamos representadas. En quinto lugar, que se llene de
competencias dotadas del organismo. En sexto lugar, que se intente
garantizar que se frene la discriminación en razón del sexto. En
resumen, señora Dancausa, usted tiene la obligación, para eso está en
nómina, de desempolvar el tema mujer para conquistar mayores cotas de
igualdad en el marco de la sociedad del bienestar social.
El señor PRESIDENTE: Para contestar, tiene la palabra la directora
general del Instituto de la Mujer.
La señora DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO DE LA MUJER (Dancausa
Treviño): Señorías, tengo que decir lo mismo que dije el año pasado.
Primero, que yo también lamento el escaso interés que tiene para los
parlamentarios la discusión sobre el presupuesto del Instituto
de la Mujer. En segundo lugar, que nuevamente parece que estamos
viendo un presupuesto que no es el mismo. Me voy a limitar a lo que
es la explicación efectiva del presupuesto.
En primer lugar, el Instituto de la Mujer tiene unas competencias
claras que están en su ley de creación. Como también la secretaria
general ha dicho antes, éste es un diseño del Estado donde las
competencias se reparten entre ayuntamientos, comunidades autónomas y
la Administración central. Por tanto, entiendo que cada uno tenemos
nuestra responsabilidad en lo que es la ejecución de las políticas de
mujer que, como usted sabe, en lo que son servicios sociales están
transferidas a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos de más
de 20.000 habitantes. Este presupuesto que presentamos para el año
2000 crece un 13,8 por ciento, 410 millones, respecto al año
anterior. Es decir, 3.382 millones. Pero además -refiriéndonos a lo
que es la legislatura, puesto que aquí se ha nombrado-, el
presupuesto del Instituto de la Mujer ha crecido un 56 por ciento en
los tres últimos años, mientras que los tres años anteriores ha
estado prácticamente congelado. Por tanto, los recursos a disposición
del organismo están ahí, y están cumpliendo con la ejecución de los
datos del año pasado que, aunque no son objeto de comparecencia, me
los acaban de pasar y con mucho gusto se los daré.
Además, hay que tener en cuenta que una de las cuestiones más
importantes, desde mi punto de vista, es la nueva política que se
tiene que ejercer a partir de Pekín, el mainstreaming, que es no
solamente el que se hagan políticas específicas de mujer, sino que
además se impulse el que otros hagan políticas de mujer. En ese
sentido, también en esta legislatura hay programas que, aunque se han
iniciado con grandes dificultades y, por supuesto, no están ni mucho
menos concluidos, se están realizando por otros ministerios. Por
ejemplo, el plan de violencia -sobre cuyo presupuesto también
preguntaba la señora Matilde Fernández- ya se establecía con un
presupuesto en el que participaban cinco ministerios y en el que
todos ponían dinero. Por tanto, habrá que ver el grado de ejecución
de ese presupuestos para las respectivas acciones. Igualmente sucede
con lo que es el plan de atención a sanidad, que lo ha aprobado el
Ministerio de Sanidad en sus propios presupuestos. O el tema de la
conciliación, que sin duda es una ley que va a mejorar a hombres y
mujeres, pero que desde luego es mucho más necesaria para mujeres y
cuyos presupuestos no salen del Instituto de la Mujer, salen
lógicamente de la Seguridad Social. O también el Plan de empleo,
donde hay un cuarto pilar dedicado exclusivamente a mujeres, y muchas
de las acciones que establecen, por ejemplo, todas las bonificaciones
que se estipulan por el hecho de ser mujer en el Plan de empleo,
también las asume el Inem. Es decir, que a este presupuesto hay que
sumar los planes que se han ido poniendo en marcha como consecuencia
del mainstreaming, y lo que hemos hecho es que otros ministerios
y otros organismos pongan dinero. Con las comunidades autónomas sucede
lo mismo. Lo que nosotros financiamos es parte de lo que ellos
también financian. En ese sentido, las casas de acogida, que son
competencia de las comunidades autónomas, lo que hacemos es
equiparlas, pero ellos tienen que poner el personal y la dotación
paraque estén en funcionamiento, porque es su competencia.
Nosotros no podemos poner casas de acogida en las comunidades
autónomas sin consentimiento. También hay que sumar a estos
presupuestos la parte del IRPF que va dirigido a la mujer, y que en
el año pasado ha tenido un incremento aproximadamente de 200
millones. Por tanto, además, al incremento del 13,8 por ciento,
habría que sumar los muchos presupuestos por parte de otros
ministerios para conseguir ese objetivo de que otros hagan políticas
de mujer, y que en todas las políticas que se hagan se contemple esa
diferenciación de género, esa diferenciación entre hombres y mujeres
y, por tanto, dónde hay necesidad de impulsar mayor tipo de medidas.
En lo que es el presupuesto de este año, me gustaría señalar que
evidentemente hemos tratado de incrementar aquellas políticas que
tienen usuarios directos. Por ejemplo, este año los gastos de
funcionamiento del Instituto bajan, por segundo año consecutivo, un
21 por ciento. ¿Por qué? Porque hemos tratado de que el teléfono, o
las tarifas telegráficas, etcétera, se reduzcan; no en cuanto a
personal, puesto que eso no se ha reducido, sino que, se incrementó
la RPT del Instituto el año pasado y se han creado dos nuevas
jefaturas de servicio, pero sí se han reducido, como digo, lo que son
gastos de funcionamiento generales.
Donde se incrementa fundamentalmente el presupuesto del Instituto de
la Mujer es, primero, en la partida de publicidad y propaganda, por
una razón fundamental: porque sabemos que una labor básica del
Instituto de la Mujer tiene que ser la sensibilización de la sociedad
hacia los problemas de las mujeres. El plan de violencia contemplaba
un compromiso del Gobierno de poner en marcha tres campañas durante
la duración del plan; estamos ahora elaborando la segunda, pero
además de eso, en este concepto de publicidad va incluida, primero,
la campaña institucional del 8 de marzo que todos los años se hace y,
segundo, las campañas que muchos de los programas europeos que
venimos realizando tienen como compromiso, y en el año 2000 será la
campaña de Optima, que es un programa que termina -porque se han
prorrogado todos los programas europeos- el próximo año.
Otra partida que hemos incrementado es la 226.10, la de convenios,
por la misma razón. Nosotros ponemos dinero para hacerlos
conjuntamente. Esos convenios se hacen con todo tipo de
instituciones, se hacen con ministerios, con asociaciones, con
fundaciones, con cámaras de comercio, con el Ministerio de
Agricultura, con la fundación Autor, con el Insalud, con las
universidades, etcétera. Esos convenios van en ese concepto
presupuestario que se llama actividades a través de convenio y que es
el 226.10 que, como digo, experimenta un crecimiento del 5,4 por
ciento.
En tercer lugar, otra partida que también se incrementa
sustancialmente, puesto que crece un 23 por ciento, es el concepto
227.06, que es estudios y trabajos técnicos. Tengo que decir que
aunque por el nombre de la partida o del concepto parezca que vamos a
estudiar todo lo que debemos estudiar y mucho más, la realidad es que
ese concepto tiene dos partes: una, que efectivamente es el plan de
estudios, y otra en la que están fundamentalmente todos los contratos
que se hacen a través de publicaciones del Boletín Oficial del Estado
y que sirven precisamente para hacer programas directos. Por poner un
ejemplo, los cursos Nova, que son, como sabe, los de formación
ocupacional que van dirigidos a las mujeres y que, además, en el año
1999 prácticamente
se han duplicado con respecto a lo que fue el año anterior; las
estancias de tiempo libre para mujeres con cargas familiares no
compartidas; el programa Cetex que, como usted sabe, es un centro de
teletrabajo que da formación a las mujeres y también posibilidades de
empleo; el proyecto Red-Gea, que es un programa que se hace en
colaboración con las comunidades autónomas para iniciativas
empresariales de mujeres rurales; el programa Óptima, que es para la
implementación de acciones positivas en las empresas; el programa
Clara, que es también para la inserción de familias monoparentales y
el programa Alba que es de empleo de mujeres que no tienen
titulación; el teléfono 900; el centro de documentación; las
exposiciones, etcétera. Quiero decirle que en ese concepto la parte
menor son precisamente los estudios que no solamente no decrecen sino
que crecen 10 millones; además estamos dentro del plan de I+D, al
cual destinamos 100 millones, que se duplican con lo que aporta el
Ministerio de Educación, por lo que son 200 millones. También, a
través de la inversión en I+D, hacemos múltiples investigaciones.
Entiendo que desde la técnica presupuestaria el concepto puede dar
lugar a un error porque se puede pensar que son trabajos técnicos,
pero en realidad son acciones directas para las mujeres.
También crece el capítulo 4 -como usted sabe, el capítulo 4 es lo que
va fundamentalmente a todo lo que son transferencias corrientes- y se
incrementa un 16 por ciento, 115 millones. ¿Qué hay dentro del
capítulo 4? Todas las subvenciones a ONG, la convocatoria que
llamamos de régimen general, que es otra diferente de la del IRPF, y
que por segundo año se incrementa; está también el convenio con la
Federación Española de Municipios, que se reduce -y lo digo aquí- en
cinco millones de pesetas, puesto que una de las cuestiones que
pusimos en marcha hace dos años fue todo el tema telemático con la
FEMP para que hubiera una información a todos los ayuntamientos sobre
los programas para la mujer y que en este momento se ha terminado;
las becas y los programas de cooperación internacional que también se
incrementan, puesto que por primera vez se dota una beca fullbright
precisamente para estudios de mujeres españolas. Hemos aumentado el
capítulo 7, que como usted conoce es el que va a inversiones y como
decía antes vamos a colaborar con las comunidades autónomas y
ayuntamientos en lo que son equipamientos de los centros de acogida,
de los centros de atención y de los centros de emergencia. En este
sentido, se incrementa el capítulo destinado a comunidades autónomas
un 158 por ciento con respecto al año anterior, lo que quiere decir
que sí hay una apuesta decidida en lo que son centros de acogida, sin
desconocer que ahí está también lo que se crea a través de las
asociaciones u organizaciones no gubernamentales, lo que va por plan
concertado, que es otra prestación que establecen, y la propia
responsabilidad de las comunidades autónomas que además en muchos
casos incluso tienen ya responsabilidad fiscal, es decir, cobran los
impuestos. Como decía antes la secretaria general, se trata de
priorizar esos presupuestos.
Entiendo que a lo mejor el objetivo de la página web no le parezca
excesivamente necesario, pero nosotros hacemos políticas destinadas a
todas las mujeres. Evidentemente apostamos fuertemente por aquellas
que están más desfavorecidas
o en una situación de exclusión social, pero no cabe duda de que la
información que tiene el Instituto de la Mujer tiene que ser para
todo el mundo; por tanto, es normal utilizar un sistema telemático
como es Internet, y el número de consultas que hemos tenido, que
además ha sufrido un incremento, significa que hay una demanda real.
Me parece que el Instituto de la Mujer no puede estar al margen de
las nuevas tecnologías y que el hecho de que pueda dar información
cada vez mejor -la vamos a mejorar, porque tengo que reconocer que
tampoco es tan buena- a todas las mujeres y puedan disponer de esas
tecnologías, que evidentemente no son todas, me parece que es una
cuestión importante.
Lamento no compartir su opinión. Siempre digo que para cualquier
gestor el presupuesto nunca es suficiente, pero yo tengo la
satisfacción de que en esta legislatura, como decía al principio, se
haya incrementado el presupuesto en un 56 por ciento y que quizá lo
que nos falte sea esa suma que usted hacía y que yo no he hecho
nunca, que es ver cuánto destinamos a la mujer del presupuesto total,
ver cuánto alcanzamos. Probablemente ahora que se han empezado a
implementar otros programas con presupuestos de otros ministerios lo
podamos hacer, porque lamentablemente tengo que decir que antes eso
no existía, es decir, que en los años anteriores las únicas políticas
que se hacían prácticamente eran aquellas en las que el dinero salía
propiamente del Instituto de la Mujer. Sin embargo, ahora, lo que
hemos conseguido ha sido que otras políticas contemplen la diferencia
de sexo, es decir, el género, como un elemento para implantar
políticas activas.
Nada más. Como siempre, le agradezco su colaboración, su crítica al
fin y al cabo constructiva, porque como decía también la secretaria
general creo que entre todas podemos construir un mundo mejor para
todas las mujeres.
Perdón, me quedan los datos de ejecución del presupuesto, que con
mucho gusto se los puedo mandar. La ejecución del presupuesto inicial
fue del 97 por ciento. Hay que tener en cuenta una cuestión
importante que no he dicho y es que aparte de este presupuesto,
nosotros adelantamos los programas del fondo social europeo, que como
usted sabe normalmente son objetivo-1, y luego el fondo nos devuelve
el 75 por ciento de esos proyectos. Es decir, este presupuesto
siempre se incrementa con lo que al año siguiente nos ingresa el
fondo, en virtud de los programas que hemos ejecutado y que hemos
adelantado. Esta es la cantidad, pero también hay que tener en cuenta
la ejecución de esas cantidades.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora directora general.
¿Alguna aclaración? (Pausa.)
Tiene la palabra la señora Fernández.
La señora FERNÁNDEZ SANZ: Solicito la palabra en función de lo que le
comenté, señor presidente, que hacía una pregunta a la secretaria
general, porque nosotros preguntábamos todo a la secretaria general,
pero que nos podía contestar la directora. La secretaria general no
ha contestado nada de mujer y tal vez en una dúplica me conteste
la directora, pero me gustaría hacer un comentario a su
intervención.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra, señora Fernández.
La señora FERNÁNDEZ SANZ: En primer lugar, quiero pedirle a la
diputada de Izquierda Unida que no nos regañe, incluso a la directora
general. A mí me parece que este Parlamento tiene interés en las
políticas de igualdad, existe la Comisión Mixta Congreso-Senado que
trabaja constantemente e, incluso, los grupos parlamentarios pueden
pedir la comparecencia del conjunto de los altos cargos o pueden
centrarse en un número más reducido. Nuestro grupo eligió a la
secretaria general para intentar cubrir el conjunto de los temas.
En segundo lugar, ha dado una respuesta que guarda relación con lo
que le decíamos a la secretaria general -no quiero ser descortés con
quien no está en la sala- en cuanto a la comparación con presupuestos
anteriores. Yo creo que tenemos que ser kantianos y, por lo tanto,
rigurosos. Señora Dancausa, ni la señora Gómez ni usted están
hablando de cosas homogéneas cuando contestan sobre un presupuesto de
cuatro años de esta legislatura, con una situación económica en
nuestro país muy diferente a la que había cuando los presupuestos de
1995 y 1994, que era de crisis, y de 1996, que no tuvo crecimiento
porque no se apoyaron y, por lo tanto, hubo que convocar elecciones.
Hay que ser rigurosos. Usted es un alto cargo del Estado español y
aquí, por favor, dé respuestas rigurosas. No se compare la
legislatura anterior en una época de crisis e incluso metiendo un año
que no hay presupuesto y que por eso se convocan elecciones con la
actual. No se pueden hacer sumas en ese campo.
En tercer lugar, me tiene que contestar sobre el plan contra la
violencia. Ha adelantado lo que otros tienen que hacer. Yo no he
preguntado por otros, yo arranco del librito del plan contra la
violencia que ustedes presentaron el año pasado. Yo hago preguntas
sobre los presupuestos comprometidos en este departamento. El
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, en su conjunto, el año
pasado decía que iba a dedicar casi 1.522 millones de pesetas, y este
año 1.578 millones de pesetas. Cuando vaya a la Comisión de
Educación, no podré preguntar sobre esto porque no se presupuestó
para este año. El jueves le preguntaré al ministro de Interior sobre
los 936 millones de pesetas que deben estar presupuestados para este
año en ese Ministerio, o sobre los 417 millones de pesetas del
Ministerio de Justicia o sobre los 5 millones de pesetas de Sanidad.
Yo hoy he preguntado sobre los 1.578 millones de pesetas que el
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales tiene presupuestados para
sensibilización, educación, recursos sociales y programas sanitarios
o investigación. Ésa es la pregunta. De todas formas, al final, el
Instituto de la Mujer tiene la responsabilidad de venir aquí y
contarnos las cosas de forma integrada porque eso es parte de sus
funciones como instituto.
Por último, no es cierto, señora Dancausa, que en el pasado el
Instituto de la Mujer sólo hiciera políticas en el sentido propio de
Instituto de la Mujer, hacía también políticasintegrales, dos planes
de igualdad con compromisos
en el conjunto de los departamentos. Usted tiene razón, hay un
crecimiento de 50 millones de pesetas en el capítulo I, de 220 en el
capítulo II, pero en el capítulo IV es de 115 millones de pesetas, y
eso se tiene que saber.
El señor PRESIDENTE: Señora directora general.
La señora DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO DE LA MUJER (Dancausa
Treviño): No sé si es que en mi forma de hablar pongo mucho énfasis,
pero, en ningún caso, he querido regañar a nadie porque,
evidentemente, ni es mi talante ni me dedico a eso. Discúlpenme si se
me ha entendido así en algún momento.
Tampoco sé por qué me lo dicen, pero, a lo mejor, es la forma de
hablar que tengo, que pongo mucho énfasis en explicar las cosas. Pido
disculpas si se ha podido entender ... (La señora López i Chamosa: La
falta de interés de los diputados.) No, no, me lo volveré a leer,
pero creo que se ha malinterpretado. Disculpe porque, desde luego, ni
recuerdo haberlo dicho ni he tenido ninguna intención de decirlo.
Refiriéndome al plan contra la violencia, efectivamente tenía un
presupuesto pormenorizado por ministerios, creo recordar. No lo tengo
aquí porque no venía a esta comisión para hablar del presupuesto del
plan contra la violencia, sino sobre el presupuesto del Instituto de
la Mujer. Por lo tanto, ese presupuesto, como digo, es del Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales. Hay una parte, evidentemente, que sale
del propio Instituto de la Mujer. Sería muy complicado en este
momento decirle de qué partida. Sí le puedo decir algunas porque me
las sé, por ejemplo, la campaña de sensibilización, todos los centros
de acogida en el capítulo VII, los convenios que se han hecho con el
Ministerio de Justicia para todo lo que es no solamente formación,
sino la creación de oficinas de asistencia a las víctimas, las casas
de acogida, etcétera. En cualquier caso -creo que además es un
compromiso que asumía aquí la secretaria general- se le enviará el
resultado de ese presupuesto y el seguimiento de este plan contra la
violencia. No lo hemos hecho antes no porque no esté hecho, sino por
una razón fundamental, primero, porque queríamos someterlo a la
Conferencia sectorial de la mujer. La Conferencia sectorial de la
mujer, que la teníamos prevista para el mes de julio, se tuvo que
posponer, se ha realizado hace escasamente 10 ó 15 días porque en ese
momento se celebraron las elecciones de algunas comunidades
autónomas, algunas diputadas estaban en esas fechas citadas aquí, en
el Congreso, para una ponencia sobre empleo y mujer, y otras muchas
no habían elegido todavía a la persona que iba a dirigir las
políticas de mujer, con lo cual la conferencia se ha celebrado, creo
recordar, el 27 de septiembre. Una vez que lo hemos tratado en la
Conferencia sectorial, lógicamente la idea es enviarlo al Parlamento,
por una razón además, porque hemos hecho una memoria conjunta de lo
que se ha hecho no solamente por el Gobierno, sino también por las
comunidades autónomas. Si a usted le parece bien, porque a mí me
resulta en este momento difícil, ir recordando las partidas, le haré
llegar el seguimiento de las medidas que se han puesto en marcha y
también el presupuesto que se ha aplicado. Creo que con eso le daré
cumplida respuesta a su pregunta.
Me dice usted que el capítulo IV, efectivamente, se incrementa un 16
por ciento. Si usted examina este capítulo, verá que crece 115
millones de pesetas y tiene un total de 820 millones de pesetas.
Puede parecerle que no es suficiente, pero aquí están reflejados los
convenios que se hacen fundamentalmente con Justicia para las
oficinas de asistencia a las víctimas y la formación del personal
sanitario y del profesorado, y lo hacemos fundamentalmente con los
centros que está establecido que tienen que dar esa formación, es
decir, con el Centro de Estudios Jurídicos, con el Centro Carlos III,
con la Escuela de Educación de Alcalá de Henares; es decir, tratamos
de que el convenio sea compartido en todo lo que es la formación.
Puede haber una discusión sobre si sube poco o mucho. No me parece
mal un incremento de un 16 por ciento. Como le decía antes, nadie se
siente satisfecho del presupuesto, pero creo que es un incremento que
responde a las necesidades que tenemos en este momento.
-DE LADIRECTORAGENERALDELINSTITUTO` NACIONAL DE EMPLEO. (CANO RATIA) A
SOLICITUD DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA. (Números de expediente 212/
002246 y 212/002309.)
El señor PRESIDENTE: Sin transición, vamos a pasar a la comparecencia
de la directora general del Inem que creo que está ahí fuera.
(Pausa.)
Vamos a comenzar esta comparecencia dando la bienvenida a esta casa,
que es la suya porque es la de todos, a la señora directora general
del Inem en su primera comparecencia ante este Parlamento. Tenemos un
problema y es que quien no quiso ejercitar su derecho a la
comparecencia del secretario general de empleo y la delegó en la
directora general del Inem no está presente en la sala. Por tanto, el
señor Peralta si no llega antes de que termine su intervención el
señor Vaquero se queda sin derecho a hacerla.
En consecuencia, tiene usted la palabra, señor Vaquero, para
comenzar.
El señor VAQUERO DELPOZO: Bienvenida, señora directora general del
Inem. Su primera comparecencia parece que va a ser breve, primero,
por la hora, porque no hay derecho a haberla hecho esperar tanto
tiempo (le ruego que nos disculpe a todos y particularmente a mí,
porque he sido quien ha propiciado esta comparecencia), y en segundo
lugar porque tengo tres preguntas que hacerle que espero sean
suficientemente concretas y que no están centradas en cifras, sino
genéricas, de forma que pueda satisfacer con cierta brevedad la
curiosidad que mi grupo tiene respecto a tres cuestiones.
En primer lugar, apoyamos las políticas activas, está claro y siempre
ha sido así, dependiendo no obstante de cuáles sean esas políticas
activas, como es lógico. No nos parece tan claro que esas políticas
activas se financien con el dinero de lo que peyorativa y no
neutralmente se llaman políticas pasivas. Por tanto que no se nos
confunda, que se nos ha intentado confundir. Nosotros lo planteamos
así, y por eso buscamos siempre una mayor claridad y concreción
para conocer los datos exactos del dinero de las cotizaciones por
desempleo que se derivan hacia eso que se llama la financiación de
políticas activas. La primera pregunta relativa a un presupuesto como
el de este año, en que la protección social por desempleo, según
nuestras cifras, baja el 1,1 por ciento para el año 2000, es cuál ha
sido la liquidación real y su comparación respecto a los ingresos que
el Inem ha tenido por cotizaciones para destinarlos a las
prestaciones de desempleo; es decir cuál ha sido el superávit de este
año 1999 y qué destino ha tenido, si realmente se ha transferido a
otras áreas del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y cuánto se
prevé para el futuro del año 2000 en concreto de estos presupuestos,
qué superávit se prevé que va a haber y, por tanto, qué se va a
destinar a las políticas activas, ¿los 285.000 millones de pesetas de
bonificaciones?; ¿más?; ¿menos? Esa es mi pregunta concreta.
Mi segunda pregunta se refiere a un instrumento novedoso que se nos
plantea y que se cuantifica en 50.000 millones de pesetas para los
presupuestos del 2000, que es la renta activa de inserción.
Ciertamente la literatura de la política de empleo y de la sociología
del empleo tiene una riqueza bastante limitada, y se utilizan siempre
las mismas palabras para instituciones que son distintas. Por eso
nosotros queremos profundizar en el significado de la renta activa de
inserción, y en concreto como supongo que el Inem estará siendo
consultado a efectos de la redacción del decreto que se prevé para
finales de año -estamos casi a finales de año, y por tanto se estará
elaborando-, cuáles son las ideas que se están barajando ahora y que
son las que definirán qué es eso de la renta activa de inserción y
cuáles son los mecanismos que harán activa esa renta a efectos de la
inserción en el mercado laboral. Por todo eso, le pregunto en qué va
a consistir concretamente la renta activa de inserción, cuál va a ser
la metodología de la inserción más allá de la renta que obtenga el
desempleado que no tiene ningún otro tipo de protección social, que
es parado de larga duración, mayor de 45 años y además con cargas
familiares. La pregunta es concretamente cuáles van a ser los
mecanismos que se preven y que se van a concretar en el decreto que
regulará esta institución.
Por último, quisiera contrastar datos que se nos han ofrecido esta
mañana, pero que de su especial cualificación técnica como directora
del Inem espero que ratifique. En concreto deseo que me diga, cuántos
parados se han quedado sin protección social en el año 1999 y cuántos
se prevé que se queden sin protección social en el año 2000, en
función de las previsiones presupuestarias y de los mecanismos
e instrumentos que han existido para este ejercicio y se preven en el
presupuesto del año 2000.
Creo que son preguntas relativamente concretas y espero que todos
podamos marcharnos a una hora razonable con la satisfacción de haber
obtenido datos suficientes para el debate parlamentario de los
presupuestos del 2000 en un área de trabajo muy importante, porque
precisamente muchos titulares de estos derechos son las personas más
necesitadas que componen el acervo de la exclusión social y de la
pobreza en nuestro país.
El señor PRESIDENTE: Señor Vaquero, usted sí puede irse hoy con la
satisfacción del deber cumplido, porque
ha hecho un periplo por comisiones absolutamente ingente.
Me parece que el señor Peralta se queda sin intervención.
Señora directora general, tiene usted la palabra.
La señora DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO (Cano
Ratia): Muchas gracias a SS.SS. por darme la oportunidad de explicar
los datos que se presentan en un presupuesto evidentemente complejo
como es el del Instituto Nacional de Empleo, tanto por su cantidad
como por el número de conceptos presupuestarios que en el mismo se
incluyen.
En principio, tal y como se refleja en los cuadros comparativos que
usted tiene de los presupuestos del Instituto Nacional de Empleo para
los años 1999 y 2000, los ingresos por cotizaciones de la cuota de
desempleo serían de un billón 596.007 millones concretamente,
mientras que se estarían generando, según el presupuesto del año
1999, un billón 336.000 millones de pesetas de prestaciones por
desempleo. Es evidente, como comentó el secretario general -por lo
que casi no debería repetirlo-, que la modificación que se operó
concretamente este año sobre el artículo 206 de la Ley general de
Seguridad Social autorizaba al Gobierno a financiar las políticas
pasivas con cargo a prestaciones por desempleo, cuestión de la que ya
se tenía un precedente en los programas de fomento del empleo del año
1994. En este sentido, por tanto, le diré que en efecto se han hecho
las modificaciones presupuestarias oportunas para cubrir los gastos
de bonificaciones de cuotas de Seguridad Social que tiene usted
debidamente recogidos en el presupuesto; concretamente le diré para
más exactitud (quienes nos manejamos con presupuestos casi nos
sabemos de memoria los conceptos y subconceptos, pero no todo el
mundo tiene la obligación de conocerlos que tiene el gestor), que los
tiene recogidos en el 487.03, y para el año 1999 habría 290.570
millones de pesetas presupuestados. Es evidente que aquello que no se
cubriera saldría del presupuesto de prestaciones por desempleo. Las
cifras del año 2000 también están reflejadas en el documento que
usted tiene. Nosotros tenemos una previsión, que se ha hecho sobre el
cuadro macroeconómico que presentó debidamente nuestro secretario
general, de un billón 724.000 millones de pesetas, previendo un gasto
de un billón 319.200 millones de pesetas en prestaciones. Por tanto,
lógicamente, no digo que aquí haya superávit, en la medida que
superávit siempre es la diferencia entre lo que se ingresa y lo que
se gasta por parte del instituto, pero sí un exceso de recaudación de
cuotas sobre las prestaciones que es obligado mantener dentro del
sistema, con lo cual entendemos que ese exceso de prestaciones, tal
y como está presupuestado hoy, no debería cubrir más gastos que los que
aparecen aquí, sin perjuicio de que es evidente que ese superávit o
esa diferencia existe.
En relación con la liquidación real, pues entiendo que es algo
esencial para comprender el presupuesto del año 2000, les voy a
facilitar la liquidación real del año 1998. Ustedes no la tienen a su
disposición, y les daré una liquidación real cerrada concretamente y
presentada al Consejo General del Instituto Nacional de Empleo en el
último Consejo general del mes de septiembre. Ahí encontrarán ustedes
la debida referencia a todas las cuestiones que he mencionado
y podrán analizarlas con mayor precisión. En todo caso, si hubiera
alguna información adicional, no duden que tendré mucho gusto en
manifestársela por escrito.
Por lo que se refiere a la renta mínima de inserción, se trata de un
programa muy bonito, un programa que por lo menos a mí me gusta mucho
y que gusta mucho también dentro del Instituto Nacional del Empleo, y
lo que es igual de importante, gusta mucho a las comunidades
autónomas que van a ser nuestros principales socios a la hora de
ponerlo en práctica. Este año concretamente existe una partida
presupuestaria de 50.000 millones de pesetas que no existía el año
pasado, y estamos hablando de unos potenciales -potenciales, digo-
100.000 beneficiarios, 101.000 para ser más exactos. Va destinada
-creo que también el secretario general de Empleo lo comentó- a
personas que son parados de larga duración, que tienen más de 45
años, que han agotado su prestación por desempleo y que no poseen
renta alguna. Consideramos que este colectivo es el que hoy día se
encuentra más desfavorecido tanto en cuanto a inserción en el mercado
de trabajo como en cuanto a términos de percepción de rentas, ya que
son personas que tienen obligaciones familiares y que carecen de
renta alguna, según consta en los registros del Instituto Nacional de
Empleo. Ya le digo que nos preocupa también que no estén insertadas
en el mercado de trabajo, por lo que se diseña un programa cuyas
líneas fundamentales les voy a comentar aquí y son sobre las que
estamos trabajando en el Instituto Nacional de Empleo.
Estas personas pasarían a formar parte de un programa a través de
varias fases. En primer lugar, una fase de tutoría; tutoría
individualizada y tutoría intensiva. ¿Cuál es el efecto que ha de
tener esta tutoría? Primero, conocer fielmente el perfil de estas
personas y además poderlas adecuar, esto es conocer su capacidad real
de inserción en el mercado de trabajo, para lo cual se le dedicará a
que cubra ofertas, si ello es posible, del mercado ordinario, es
decir de empresas ordinarias. Estas personas recibirán una tutoría de
10 a 15 días (todavía estamos viendo en qué abanico nos podemos
mover), porque, y esto hay que tenerlo en cuenta, es un programa que
va a exigir estas tutorías individualizadas. Alo mejor nos estaríamos
moviendo en torno a las 50 personas por tutor que las va a seguir en
el tiempo.
Otra fase importante es que mientras vemos qué dificultades tienen
para integrarse en el mercado de trabajo, hacemos a su vez el
seguimiento con las propias empresas a las que han ido para
preguntarles qué dificultades realmente ven en estas personas para
insertarse. Durante tres meses se les hace un seguimiento en esta
fase, y pasados esos tres meses los servicios públicos de empleo de
las comunidades autónomas que gestionarán estas políticas y del
Instituto Nacional de Empleo donde sea territorio Inem, es decir lo
que nosotros denominamos territorio Inem donde aún no ha habido
transferencia de políticas activas, tienen que ser capaces de
garantizarle una política activa remunerada. Usted sabe que en el
cuadro de políticas activas hoy se entienden como tales todas las que
tenemos: medidas de acompañamiento en la búsqueda activa de empleo,
medidas de formación profesional, programas combinados de empleo y
formación, talleres de empleo y escuelas-taller, y por supuesto los
programas que llevamos con las corporaciones locales y las
instituciones sin ánimo de lucro, donde
facilitamos experiencia pagándole un salario al beneficiario. En este
supuesto concretamente los servicios públicos de empleo le tienen que
dar eso; se trata de que esta persona esté trabajando, esté
participando activamente en un empleo y a su vez cubierto
económicamente. Pero puede ocurrir, y esto nos lo dice la realidad
social, que en ese momento no haya una política activa disponible.
¿Por qué? Pues se lo voy a decir. Por ejemplo, la programación de
escuelas-taller se hace en dos momentos del ciclo económico y puede
ocurrir que una vez que la persona haya pasado por esos tres meses no
haya una escuela-taller para asignarle porque esas plazas ya estén
ocupadas de alguna forma, entrando en juego en ese momento lo que yo
llamo su salvamento, es decir el subsidio. Si los poderes públicos no
son capaces de ofrecerle esa política remunerada, el Instituto
Nacional de Empleo le da la renta mínima de inserción en plan de
subsidio por desempleo, pero no un subsidio a cambio de nada, sino
que se le da un subsidio unido a formación profesional. Como usted
ve, la filosofía del programa está clara: que estas personas cobren
una renta y que además se formen en un programa experiencial o de
formación.
No le oculto que el éxito de este programa está en función de la
coordinación de las políticas activas de empleo con las comunidades
autónomas y le quiero comentar también para su mayor información que
ya hemos mantenido reuniones con las comunidades autónomas, las
cuales ven muy favorable este programa y en sus programaciones para
el año que viene ya lo tienen en cuenta a efectos de establecer esa
red para darle una política activa. Insisto, si esa red no funciona,
no por falta de voluntad de quien gestione esa política o por falta
de capacidad del gestor sino por la dinámica de la propia gestión, si
no existe ese programa tendrá evidentemente un subsidio unido a una
formación. debe tener en cuenta que nosotros siempre tenemos muchas
más acciones de formación y no solamente las que se financian con
presupuesto Inem, que son las acciones de formación que nosotros
transferimos, un presupuesto para que se ejecuten con cargo a ese
presupuesto; son acciones que es como si las ejecutara el Inem, pero
lo hacen las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas, que
saben ustedes son incluso promotores ante el Fondo Social Europeo,
tienen planes importantísimos de formación, con lo cual ese abanico
de formación sí que se va a cumplir según las previsiones que
tenemos, tanto en territorio Inem como en comunidades autónomas.
En cuanto a las personas que actualmente están paradas y que no
tienen ninguna cobertura, le puedo decir que en el año 2000, según
las previsiones que hemos hecho, estaremos en torno a unas 600.000
personas. Son bastantes para el año 1999 y concretamente para el año
1998 tendría que buscar el dato y mandárselo. De cualquier forma,
600.000 es un número muy importante de descenso de personas no
protegidas en relación con los años anteriores, aunque el dato
concreto se lo puedo facilitar al presidente.
No sé si con esto quedan contestadas sus preguntas.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora directora general y con
esto levantamos la sesión.
Se levanta la sesión.