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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 341, de 26/11/1997
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1997 VI Legislatura Núm. 341
DE REGIMEN DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. GUSTAVO SUAREZ PERTIERRA
Sesión núm. 12
celebrada el miércoles, 26 de noviembre de 1997
ORDEN DEL DIA:
Ratificación de la Ponencia designada para informar la proposición de Ley
sobre el cambio de denominación de las provincias de «La Coruña» y
«Orense» (Número de expediente 125/000009) (Página 10106)
Aprobación, con competencia legislativa plena, a la vista del informe
elaborado por la ponencia, de la proposición de Ley sobre el cambio de
denominación de las provincias de «La Coruña» y «Orense». Presentada por
la Comunidad Autónoma de Galicia-Parlamento (Número de expediente
125/000009) (Página 10106)
Proposiciones no de Ley:
--Relativa a la concesión de un Estatuto especial para la ciudad de
Cádiz. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
(Número de expediente 161/000588) (Página 10108)
--Para potenciar las salidas profesionales de los diplomados en gestión y
administración pública en el ámbito de la administración local.
Presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)
(Número de expediente 161/000689) (Página 10115)
Elección de miembros de la Mesa: Vicepresidente segundo de la Comisión
(Número de expediente 041/000020) (Página 10117)
Se abre la sesión a las diez y diez minutos de la mañana.
El señor PRESIDENTE: Buenos días, señoras y señores diputados.
Vamos a comenzar la sesión.
Como cuestión previa, quiero plantearles el acuerdo de la Mesa y
portavoces en el sentido de alterar el orden del día de la sesión de la
manera siguiente: Se propone la extracción del orden del día, para una
ulterior sesión del pleno de la Comisión, del punto dos: proposición de
ley por la que se denominarían oficialmente Araba y Alava, Bizkaia y
Gipuzkoa los territorios históricos de Alava, Guipúzcoa y Vizcaya.
¿Lo aprueba así el pleno de la Comisión? (Asentimiento.)
Se entiende aprobada la extracción del punto 2 del orden del día que es
la citada proposición de ley.
Asimismo, se propone la inclusión de un último punto en el orden del día
de la sesión de hoy, una vez resueltas cuestiones previas, que consiste
en la elección del miembro de la Comisión que haya de ocupar la
Vicepresidencia segunda de la Mesa de la Comisión.
¿Lo acuerda así la Comisión? (Asentimiento.)
Queda introducido como último punto del orden del día.
--RATIFICACION DE LA PONENCIA DESIGNADA PARA INFORMAR LA PROPOSICION DE
LEY SOBRE EL CAMBIO DE DENOMINACION DE LAS PROVINCIAS DE «LA CORUÑA» Y
«ORENSE» (Número de expediente 125/000009).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a desarrollar el resto del orden del día, en
el orden que estaba previsto.
Advierto a SS. SS. que las votaciones de los diferentes extremos así como
la elección correspondiente al último punto introducido en el orden del
día de hoy que acabamos de acordar se van a producir a partir de las once
y media de esta mañana.
Primer punto del orden del día: ratificación de la Ponencia de la
proposición de ley sobre el cambio de denominación de las provincias de
La Coruña y Orense.
¿Acuerdan SS. SS. ratificar la Ponencia de esta proposición de ley?
(Asentimiento.)
Queda ratificada.
--APROBACION, CON COMPETENCIA LEGISLATIVA PLENA, A LA VISTA DEL INFORME
ELABORADO POR LA PONENCIA, DE LA PROPOSICION DE LEY SOBRE EL CAMBIO DE
DENOMINACION DE LAS PROVINCIAS DE «LA CORUÑA» Y «ORENSE». PRESENTADA POR
LA COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA-PARLAMENTO (Número de expediente
125/000009).
El señor PRESIDENTE: Punto 2 del orden del día: Proposición de ley sobre
el cambio de denominación de las provincias La Coruña y Orense.
¿Grupos parlamentarios que desean intervenir?
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Rodríguez
Sánchez.
El señor RODRIGUEZ SANCHEZ: Brevísimamente.
Desde hace 14 años hay una ley votada unánimemente por el Parlamento de
Galicia, la Ley 3/1983, que estableció que la forma única de los
topónimos de Galicia y, consecuentemente, de las denominaciones de los
distintos ayuntamientos sería la original en lengua gallega. Y es curioso
que esta ley, ley que tiene ese rango, como todas las que votan los
parlamentos, por parte de los sucesivos gobiernos que hubo en la Xunta de
Galicia se consideraron más leyes de tendencia que leyes para hacer
cumplir. De todas maneras, el mapa de las corporaciones locales se fue
cubriendo con los nombres originales en lengua gallega, por una adopción,
no solamente legal, sino unánime, de voluntad colectiva, de que había que
respetar la forma originaria y original en lengua propia.
Se pueden dar ustedes cuenta, en este momento, después de 14 años, de la
alegría que significa para el Bloque Nacionalista Gallego, o el nuevo
Bloque Nacionalista Galego, que se pueda restaurar el nombre de A Coruña
y Ourense para referirse también a las circunscripciones de ámbito
provincial. Nuestra alegría es grande, es proporcional, sin duda alguna,
porque no tenemos que guardar rencor, a todo el sufrimiento, a toda la
rabia contenida, a todas las represiones, a las que no voy a aludir, pero
que se produjeron también durante estos 14 años de democracia del Estado
español.
Solamente quiero decir una cosa a todos los grupos parlamentarios aquí
presentes: Sería bueno que los partidos que tienen una actuación de
ámbito estatal dejaran bien claro, de una vez por todas, que están
dispuestos a respetar la personalidad colectiva de los pueblos que
integran el Estado español, al margen de los caprichos o de las
voluntades individuales y particulares de los individuos que conforman
estos partidos políticos y que conforman las sociedades.
No se trata de obligar individualmente a nadie a que hable de una
determinada manera. Se trata de reconocer legal y políticamente que hay
bases culturales diferenciadas en el Estado español y que hay unas formas
de aludir a los nombres de los lugares que son formas respetuosas, no
deturpadas, originales, en una lengua precisa que necesita también la
protección, el amparo y el respeto supremo del Estado. Por eso pensamos
que el Estado español debía considerar intocable la base cultural y
lingüística estructural de cada una de las naciones que lo conforman.
Y quiero rogar algo a la Mesa, si está en su mano: que envíe con esta
proposición de ley un mensaje al Senado, para que, de una manera rápida,
urgente, tome cartas en el asunto, dirima y se posicione, para que a
principios del año 1998 podamos tener ya el amparo legal que de una vez
por todas nos dé cobertura a los ciudadanos y a las ciudadanas de Galicia
y que, con toda legitimidad, con toda legalidad
y con todo respeto aparezcan nuestras ciudades A Coruña y Ourense,
también a nivel de Estado, con esta denominación. Y las provincias,
cuando haya que aludir a ellas, o circunscripciones, también con la
denominación de sus capitales respectivas.
Repito el agradecimiento del Bloque Nacionalista Galego a todos los
presentes, a todos los grupos parlamentarios, por haber sido capaces de
tener este respeto con la voluntad unánime del pueblo gallego, expresada
en su Parlamento, y deseo que de aquí en adelante podamos contar con una
legislación que no obligue a traer estos problemas de carácter tan básico
y tan elemental a las Cortes del Estado.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), tiene la palabra la señora Gil i Miró.
La señora GIL I MIRO: Quería seguir con la reflexión que ha hecho el
representante del Bloque Nacionalista Galego y que la misma, en algún
momento, fuera común a todas las diputadas y a todos los diputados que
conforman la Comisión.
Voy a reflexionar brevemente sobre algo complejo pero fácil de entender.
Los Estados nación son de origen político coyuntural; en cambio, las
naciones sin Estado, como ocurre en nuestro Estado plurinacional, deben
someterse, al albur de la creación de un Estado, a las decisiones del
Congreso de este mismo Estado, decisiones que son legales, pero que
deberíamos reflexionar si realmente son legítimas. Porque el propio
Estatuto de Galicia, en su artículo 1, asume como tarea principal
ladefensa de la identidad --dice-- de Galicia y establece que sus
poderes, los poderes del Estado y de Galicia, emanan de la Constitución,
del propio Estatuto y del pueblo gallego. Así lo dice. Más tarde, en su
artículo 4, exige que los poderes públicos gallegos asuman el derecho del
pueblo gallego a vivir en su propia tierra. Debe entenderse que vivir en
la propia tierra quiere decir vivir en la propia tierra y con la propia
lengua, y debemos recordar todos que las gentes del país gallego, de la
nación gallega, deben saber dónde viven y a qué país pertenecen, y las
personas foráneas debemos saber también de su diferencia y de su cultura.
La toponimia encadena e ilustra los orígenes de un pueblo y, aunque es
algo silente, es un soporte básico para la articulación del país gallego,
porque es la expresión convincente y singular de la historia nacional de
la propia Galicia.
Por ello, nosotros, con alegría, vamos hoy también a dar el sí, como ya
lo hicimos en su momento, y a desear que esto sea general en todas las
naciones sin Estado de este Estado.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida, tiene la palabra el señor Ríos Martínez.
El señor RIOS MARTINEZ: Bien está lo que bien acaba, señor presidente.
Para el Grupo Federal de Izquierda Unida es un motivo de satisfacción
poder apoyar hoy esta proposición de ley que viene emanada de lo que
pudiéramos llamar el uso de autogobierno de la capacidad de iniciativa
del Parlamento de Galicia.
A mí me parece que es una barbaridad mantener denominaciones que los
propios conciudadanos no mantienen en el uso diario a la hora de
comunicarse. Por tanto, no entiendo cómo el real decreto-ley de 1986
mantuvo la denominación de provincias, cuando el funcionamiento de la
constitución de las provincias estaba basado en un decreto antiguo, del
año 1833, por el que las provincias se denominaban como el municipio que
hacía de capital. Hubiera sido lógico que en 1986 se hubiesen pasado a
denominar, después de haber aprobado el Estatuto de Autonomía de Galicia,
con los nombres que ahora se proponen, A Coruña, y Ourense. En todo caso,
y según la referencia que se hacía en aquel real decreto-ley de que
mediante ley aprobada por las Cortes se podía modificar la denominación
de la capitalidad de las provincias, hoy, con este trámite, damos esa luz
verde para trasladar lo que es señalización e información a lo que ya de
facto se está produciendo a la hora de denominar estas provincias.
Espero, señor presidente, que pronto tengamos superada esta realidad
provincial de nuestro país, que no obedecer a una realidad actual.
Nuestro Estado está compuesto por comunidades autónomas, nacionalidades y
regiones, y esa ordenación territorial debería ser la que primara al
final. Nosotros no damos hoy virtualidad a la estructuración por
provincias, creemos que es obsoleta. En todo caso, mientras se mantenga
esa estructuración, en base a este principio de mantenerse en lo que es
la normalización lingüística a la hora de hablar en cada uno de los
territorios del Estado español, lo lógico es que se pueda hacer realidad
algo que debería haberse solventado hace tiempo. Y, aunque sea una
muestra, es importante que lo que establecía el Estatuto de Autonomía de
Galicia se haga realidad hoy, ya, aunque la tramitación tenga que
trasladar el tema al Senado, esperando que el tiempo sea lo más corto
posible y que durante el ejercicio que viene esta denominación sea ya
manifiesta, tanto en la señalización y en la información como en los
topónimos que utilicemos al referirnos a estas dos provincias desde
fuera.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor
Blanco López.
El señor BLANCO LOPEZ: Intervengo para dejar constancia en este trámite
parlamentario de la satisfacción que produce al Grupo Parlamentario
Socialista, a los socialistas gallegos, que la proposición de ley sobre
el cambio de denominación de las provincias La Coruña y Orense, pasando a
denominarse A Coruña y Ourense, tal y como en su día propuso de forma
unánime el Parlamento de Galicia, en esta Cámara se mantenga tal y como
nos ha sido remitida, sin que haya sido enmendada, y que concite, a su
vez, la unanimidad de todas SS. SS. Hoy damos el penúltimo paso en la
tramitación de esta proposición de ley; el último corresponderá a la
Cámara Alta. Esperemos que, además, no sufra tampoco en la Cámara Alta
ningún tipo de modificación. Así, elevaremos a categoría de normal lo
que durante tantos año no lo fue, impulsando definitivamente la
oficialización de los topónimos de A Coruña y Ourense.
Señorías, el Estatuto de Autonomía de Galicia reconoce en su artículo 1 a
ésta como nacionalidad histórica, siendo precisamente una de sus
singularidades su propia lengua y su cultura. Y, en su artículo 5, el
Estatuto de Autonomía establece que la lengua propia de Galicia es el
gallego y los idiomas gallego y castellano son oficiales de Galicia y
todos tienen el derecho de conocerlos y usarlos. Ello hizo posible que
tengamos una legislación muy avanzada, en materia de reconocimiento y
respeto a nuestra riqueza cultural y lingüística, que corrigiera, como ya
se ha puesto de manifiesto, atropellos del pasado de un Estado que negó
cualquier pluralidad cultural, y no digamos ya ideológica, de tal forma
que en nuestro país se pueda utilizar indistintamente el gallego y el
castellano, porque ambas lenguas son oficiales y ambas están igualmente
legitimadas. Sin embargo, la Ley de Normalización Lingüística, aprobada
de forma unánime por el Parlamento gallego en el año 1983, es clara y
taxativa al establecer que los topónimos en Galicia tendrán como única
forma oficial el gallego.
Señorías, como proclama Eduardo Pondal en el himno gallego, Os tempos son
chegados. Pues bien, los tiempos son llegados al aprobar hoy en esta
Comisión con competencia legislativa plena esta proposición de ley.
Ajustamos así los cambios legales a los cambios sociales, en un acto de
afirmación de pluralidad, de libertad, de convivencia y de reafirmación
cultural de nuestro país.
Finalmente, quiero manifestar --es obvio, pero lo digo para que quede
constancia en el «Diario de Sesiones»-- que el Grupo Parlamentario
Socialista votará a favor de esta proposición de ley, de igual forma que
lo hicimos en su toma en consideración el pasado 3 de junio en el Pleno
de la Cámara. Quiero, además, mostrar el agradecimiento a todas SS. SS.
por su apoyo y también por su sensibilidad en este acto con nuestro
pueblo, para hacer así realidad, catorce años después, lo establecido en
la Ley de Normalización Lingüística, uno de cuyos propulsores y ponente
fue don Ramón Piñeiro, perteneciente al grupo parlamentario de los
socialistas gallegos, al que hoy quiero reiterar nuestro reconocimiento y
nuestro afecto.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra
la señora Sainz García.
La señora SAINZ GARCIA: Señorías, es una satisfacción fijar hoy posición
en nombre del Grupo Popular, en este trámite final de debate en Comisión
con competencia legislativa, de esta proposición de ley presentada en el
Parlamento a iniciativa del Grupo Popular en el Parlamento gallego y
aprobada por unanimidad, unanimidad que, sin duda, es reflejo de la
voluntad mayoritariamente expresada por los ciudadanos gallegos.
Recordaré brevemente que el objetivo de esta proposición de ley es
proceder al cambio de denominaciones de las provincias de La Coruña y
Orense, por A Coruña y Ourense, nombres que reciben las capitalidades
desde 1983, en aplicación del artículo 10 de la Ley de Normalización
Lingüística, reflejo de unas competencias asumidas por la Xunta de
Galicia. Conocemos que hoy son las Cortes Generales las que tienen
competencia para proceder al cambio de los topónimos de las actuales
provincias y de ahí la necesidad de proceder a esta tramitación. Para
nuestro grupo es hoy una satisfacción que este Parlamento, por
unanimidad, respetando con ello la voluntad mayoritariamente expresada
por los ciudadanos gallegos, como hemos dicho, apruebe sin ninguna
enmienda esta proposición de ley. El voto favorable de nuestro grupo a
esta proposición de ley es, sin duda, un acto de cooperación entre la
Administración central y la autonómica en la política de normalización
lingüística y, como ya decíamos en el Pleno, al hacerlo, tenemos también
presente el efecto positivo que habla del respeto al reconocimiento de un
hecho diferencial que nos enriquece a todos y donde la pluralidad
lingüística de España es el mejor de los símbolos. Respetamos, por tanto,
con ello un texto, además, básico para los gallegos, la Ley de
Normalización Lingüística, recurrida también --como es bueno que se
recuerde-- ante el Tribunal Constitucional por el anterior Gobierno
socialista, hechos que hoy queremos olvidar, en un día que para nuestro
grupo es de satisfacción.
Vaya, por último, nuestro deseo, junto con nuestra petición, de que los
trámites posteriores de esta proposición de ley en el Senado se puedan
hacer con rapidez, para que de esta manera sea ya una realidad muy
próxima que esos dos nombres, los nombres de las provincias y los de las
capitales de La Coruña y Orense, puedan ser iguales, y sea eliminando ese
contrasentido y, en definitiva, esa discordancia, que no conducía a nada
entre A Coruña y La Coruña, entre Ourense y Orense, nombres iguales, de
acuerdo con la ley, pero diferentes, en virtud de más leyes y que nos
obligaban a todos y que hoy, en este trámite, y posteriormente lo será en
el Senado, se eliminan.
Repito que es un día de satisfacción para el Grupo Popular, de los
gallegos y no gallegos, porque nos sentimos, en definitiva, unidos en
este espíritu de cooperación y de respeto a unas competencias claramente
asumidas.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
--RELATIVA A LA CONCESION DE UN ESTATUTO ESPECIAL PARA LA CIUDAD DE
CADIZ. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO
(Número de expediente 161/000588).
El señor PRESIDENTE: Señorías, queda debatido el punto tres del orden del
día.
Pasamos por consiguiente a las proposiciones no de ley.
Punto cuarto del orden del día: Proposición no de ley relativa a la
concesión de un estatuto especial para la ciudad de Cádiz.
Por el grupo proponente, tiene la palabra la señora Martínez Saiz.
La señora MARTINEZ SAIZ: Señorías, tomo la palabra en nombre de mi grupo
para defender en esta Comisión la proposición no de ley relativa a la
necesidad de que el Gobierno estudie la concesión de un estatuto especial
para la ciudad de Cádiz. Dada la singularidad de la petición, espero, con
mi intervención y con los datos que les voy a proporcionar, obtener el
respaldo de todos los grupos de la Cámara, ya que se trata de dar
solución a los problemas básicos y estructurales de la Administración
local de Cádiz y, por tanto, de los gaditanos.
Señorías, el ordenamiento jurídico español tiene establecido un sistema
de financiación de todos los niveles del Gobierno, Administración, según
el cual se compagina la capacidad de establecimiento de tributos propios
con la participación en los ingresos del Estado a través de las
transferencias. Este sistema legal tiene como finalidad que los entes
locales, con esta financiación, puedan prestar los servicios de su
competencia y que constituyen el objetivo primordial de su propia
existencia. Así, la Constitución española, en su artículo 142, dispone
que las haciendas locales deberán disponer de los medios suficientes para
el desempeño de las funciones que la ley atribuye a las corporaciones
respectivas y que se nutrirán, fundamentalmente, de tributos propios y de
participación en los del Estado y de las comunidades autónomas. Del mismo
modo, la Ley reguladora de las Bases del Régimen Local, de 2 de abril de
1985, en su artículo 105, establece que se dotará a las haciendas locales
de recursos suficientes para el cumplimiento de sus fines. Y en el
desarrollo de la Ley anterior, de 18 de diciembre de 1988, reguladora de
las Haciendas Locales, en su artículo segundo, se hace expresa
enumeración de los recursos que constituyen la hacienda de las entidades
locales. Evidentemente, la bondad del sistema radica en el mantenimiento
de un equilibrio entre la presión fiscal que pueden soportar sus
conciudadanos, por un lado, y el nivel de participación en los ingresos
centrales a través de las transferencias.
Pero si una de las partes de esta balanza se desequilibra por no poder
asumir, objetivamente consideradas las causas, las funciones que para la
financiación de los entes locales les vienen legalmente encomendadas,
necesariamente y para poder seguir cumpliendo con sus obligaciones de
prestar los servicios propios habrá de ser compensada con medidas de
carácter especial y extraordinario. A tales efectos, tiene establecido la
Ley reguladora de las Haciendas Locales, en su artículo 116, que cuando
un municipio, con la utilización de las normas financieras reguladas en
la presente ley, no pudiera prestar adecuadamente los servicios públicos
municipales obligatorios, los Presupuestos Generales del Estado podrán
establecer, con especificación de su destino y distribución, una
asignación complementaria cuya finalidad será de la cubrir insuficiencias
financieras manifiestas.
Si bien en los últimos años, señorías, se ha demostrado que la mayoría de
los municipios tiene grandes problemas económicos derivados de la
insuficiencia financiera, en el caso de la ciudad de Cádiz, por su
particularísima esencia geofísica y su especial situación de desarrollo
económico, tiene pocas perspectivas su futuro si por parte de la
Administración central no se adoptan las medidas extraordinarias
suficientes para devolver el equilibrio mentado con anterioridad.
Como en las comunidades autónomas, cuando se da el caso de evidentes
desequilibrios económicos interterritoriales, la propia Constitución
española tiene establecido, en su artículo 158.2, un sistema para su
corrección, el Fondo de Compensación, para el caso de que el
desequilibrio se produzca entre municipios y que se deba a las
especialísimas circunstancias que concurren en el municipio de Cádiz,
externa y objetivamente consideradas, debe asimismo en justicia ser
corregido y ello hace que haya que apelar al artículo 138 de la
Constitución, que en concreto dice: El Estado garantiza la realización
efectiva del principio de solidaridad consagrado en el artículo 2 de la
Constitución, velando por el establecimiento de un equilibrio económico,
adecuado y justo, entre las diversas partes del territorio español y
atendiendo en particular a las circunstancias del hecho insular.
En el caso que nos ocupa, señorías, es objetiva la causa de esta
deficiencia en la financiación por cuanto la ciudad de Cádiz cuenta con
un término municipal total y absolutamente terminado y colmatado. Ello
supone que goza de la cualificación de ser la ciudad más densa, 628
hectáreas de suelo urbano ocupado y 251 habitantes por hectárea, cuando
la media de hectáreas, en la franja de ciudades entre 100.000 y 200.000
habitantes, es de 1.100 hectáreas de suelo y 125 habitantes por hectárea,
y muchas hectáreas más disponibles y pendientes de considerarse
urbanizables programadas o no programadas. Cádiz no posee extensión de
terreno alguno donde pueda generarse un desarrollo urbanístico que
posibilite la ampliación de riqueza, no tiene la posibilidad de crear ni
de contar con extensión superficial para el desarrollo industrial. Todo
ello, unido a la ya apuntada altísima densidad de población, ha conducido
a que la ciudad se haya colmatado. Efectivamente, la altísima densidad de
suelo urbano consolidado, la escasez de suelo urbano vacante y la nula
presencia de suelos urbanizables tiene como evidente consecuencia la
incapacidad de crecimiento de la ciudad de Cádiz. Si establecemos una
comparación con ciudades de su rango, tomando como indicador el número de
viviendas construidas en el período 1981-91, los resultados constatan que
Cádiz es la ciudad donde menos viviendas se ha construido en dicho
período. En concreto, la construcción de viviendas en Cádiz ha sido cinco
veces inferior a la de Vitoria, Oviedo, Elche o Almería. Tenemos que
tener en cuenta que las 2.668 viviendas construidas en ese período
suponen la tercera parte de la media que por su población le
correspondería, situada en 8.000 viviendas.
Si este análisis de la situación en el pasado reciente resulta
ilustrativo, la comparación de la potencialidad de crecimiento en el
futuro inmediato resulta desoladora. Tomando como factor de muestra la
capacidad de construcción de viviendas en el suelo vacante consolidado de
las mismas ciudades, la media se sitúa en este momento, por su
planeamiento, en 15.000 viviendas en los próximos diez años, mientras que
la capacidad de Cádiz se queda siete veces y media por debajo, en unas
2.000, exactamente el
14 por ciento, que además serán las últimas. Por el agotamiento total de
la capacidad de suelo, como les decía, las próximas 2.000 viviendas serán
las últimas que se construyan en Cádiz, salvo puntuales sustituciones sin
relevancia en su entramado actual, indeseables e impensables procesos de
relleno de mar, destrucción del casco histórico o urbanización del parque
natural.
Si ésta es la situación en cuanto al término municipal, la situación
económico-social de la población es asimismo muy preocupante. Basten de
muestra algunos datos respecto a ello. De los 150.000 habitantes de la
ciudad, unos 40.000 viven de pensiones recibidas por ellos o por algunos
de sus familiares. El desempleo alcanza un porcentaje que ronda el 30 por
ciento y los empleos estables existentes son mayoritariamente del sector
público.
Ante esta situación, el ayuntamiento de Cádiz, a la hora de establecer un
sistema impositivo propio, tiene que tener en cuenta la situación
socioeconómica de sus pobladores. Aun así, la carga fiscal impuesta por
el municipio a sus habitantes en los últimos años alcanza cotas muy
elevadas con respecto al resto de las capitales de provincia españolas.
Esto quiere decir que la presión fiscal que soporta el gaditano no puede
ser aumentada, ya que el nivel de su capacidad económica ha sido ya
saturado y corre el riesgo de acercarse a niveles en algún modo
confiscatorios. Si bien algunos impuestos municipales de Cádiz conservan
algún margen de elevación en cuanto a la fijación de sus tipos --es el
caso del IBI, del IAE o el de los vehículos de tracción mecánica--, el
Impuesto sobre el incremento de los valores de los terrenos y el de
construcciones se encuentran en el grado máximo permitido por la ley. Si
bien ha quedado reflejado que no puede incrementarse la presión fiscal
sobre los ciudadanos aumentando los tipos impositivos hasta el máximo, en
el caso del Impuesto sobre construcciones y, como consecuencia, en el
incremento del valor de los terrenos, que es donde más claramente queda
reflejada la capacidad económica de los ciudadanos, la problemática
alcanza niveles mucho más importantes. Es ello así por cuanto, como hemos
dejado reflejado, el término municipal está acabado y, por tanto,
difícilmente se puede obtener recurso alguno si no existe la posibilidad
física de extender el término a través de la actuación urbanística de
construcción y de urbanización. Sirva de ejemplo que lo recaudado por el
Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras en el ejercicio de
1996 ha sido de escasamente 150 millones de pesetas.
Se da también en la ciudad de Cádiz la circunstancia de contar con un
término municipal constituido, prácticamente y en exclusividad, por
terreno urbano. Quiere ello decir que físicamente no percibe su
ayuntamiento ningún ingreso por impuesto sobre bienes inmuebles de
naturaleza rústica, con lo que esta circunstancia supone de minoración en
la cuantía de la participación en los ingresos estatales como
consecuencia de la aplicación de la fórmula legalmente establecida para
la cuantificación.
Vamos a comparar, en los municipios entre 10.000 y 200.000 habitantes, la
disponibilidad de suelo de las ciudades con esta población. Para ello les
voy a dar unos datos que les pueden ayudar a comprender la situación de
Cádiz. Jerez de la Frontera, en este momento, cuenta con un suelo vacante
de 803 hectáreas programado, del que 294 son urbanas y 509 suelo
urbanizable calificado. San Sebastián, 684; 173 de suelo urbano vacante;
510 de suelo urbanizable calificado. Cartagena, 3.927 en total, de las
que 197 son suelo urbano vacante y 3.729 suelo urbano calificado.
Almería, 771 hectáreas en total, de las que 16 son suelo urbano vacante,
pero tiene 754 hectáreas de suelo urbanizable calificado. Cádiz, como les
decía, tiene 86 hectáreas de suelo vacante, de las que algo menos de 86
son suelo urbano y cero de suelo urbanizable calificado. Logroño tiene
530 en total, de las que 79 son suelo urbano y 451 suelo urbanizable
calificado.
Señorías, éstos son datos ilustrativos que les permitirán hacer
fácilmente una cuenta a aquellos que están acostumbrados a analizar los
presupuestos de las haciendas locales. En los presupuestos de las
haciendas locales, en el caso de los impuestos directos, Cádiz tiene la
misma capacidad de recaudar que cualquier otra población del Estado, pero
en el caso de los impuestos indirectos, al no tener la posibilidad de la
gestión urbanística y no tener patrimonio, el contenido de ese apartado
de los presupuestos prácticamente es cero. En los dos últimos años esta
situación estructural, esta condición de Cádiz, ha dado la cara porque el
anterior equipo de Gobierno vendió una parte muy importante, el 49 por
ciento, de las dos únicas propiedades que tenía: una es la empresa de
agua y otra es la eléctrica, que entonces eran la misma empresa. De ahí
provenían recursos importantes que, en el presupuesto general del
Ayuntamiento, disfrazaban en parte la situación real de la economía del
municipio. Al vender ese 50 por ciento aproximadamente de la sociedad, el
presupuesto municipal se quedó sin esos recursos y la situación
estructural de la ciudad dio la cara.
En este momento estamos en una situación en la que el déficit
estructural, contando los ingresos y gastos corrientes, sin tener en
cuenta la necesaria inversión en todo municipio en adecuación de sus
estructuras, es de unos 1.300 millones anuales que van engrosando el
déficit del municipio. Si el Estado no toma una decisión rápidamente --un
Gobierno u otro porque creemos en la democracia y en la alternativa de
poder como base fundamental de esa sana práctica democrática; si no es
este Gobierno, tendrá que ser otro-- llegará un momento en que será
insalvable, pues el problema de la insularidad y de la falta de término
municipal de Cádiz alguien lo tiene que resolver, el Estado lo tiene que
hacer. Es necesario que se haga lo antes posible porque quizá sea el
pilar fundamental para acabar con la situación de una ciudad que, durante
los últimos diez años, se ha convertido en la ciudad con más desempleo de
toda Europa y la que menos posibilidades tiene de salir adelante o de
aminorar esas tasas de desempleo, puesto que la disponibilidad de suelo
para ofrecer a aquellas actividades económicas e industriales que generan
puestos de trabajo es cero en el caso de Cádiz. Si a eso añadimos la
falta de infraestructuras que conecten adecuadamente con un área
metropolitana que en el futuro será la organización que solucione
definitivamente los problemas de una ciudad que es una isla, como Cádiz,
pueden tener una idea de lo que les estoy hablando. Hasta
este momento, en que se está ampliando un puente romano, las ciudades de
Cádiz y San Fernando están conectadas con el resto de la provincia, de
Andalucía y de España por un puente romano de dos vías en la calzada y
por un puente que atraviesa la bahía, que se abre aproximadamente dos
veces al día, con las consiguientes dificultades para la normal y regular
actividad económica y social, principalmente de la ciudad de Cádiz.
Espero que los miembros de esta Comisión, que representan a los distintos
grupos parlamentarios de la Cámara, entiendan esta propuesta como algo
que no es comparable con la situación de ninguna otra ciudad de España,
porque tiene dos problemas, la insularidad y el término municipal
totalmente acabado. Los actuales responsables de la Administración de la
ciudad de Cádiz no queremos entrar en colisión con los intereses
legítimos de otras ciudades que tienen problemas económicos. Tenemos que
tener en cuenta, además de esos problemas económicos y sociales, la
peculiaridad de la ciudad de Cádiz. No necesitamos un estatuto fiscal.
¿Para qué querríamos una fiscalidad especial si no la podríamos aplicar o
no podríamos venderla como atractivo para instalarse en la ciudad al no
tener suelo? Queremos un tratamiento especial respecto a los recursos del
Estado.
Muchísimas gracias por su atención y espero contar con el apoyo del resto
de los grupos parlamentarios.
El señor PRESIDENTE: Se ha presentado una enmienda por parte del Grupo
Parlamentario Socialista. (La señora Gil i Miró pide la palabra.)
¿Desea presentar una enmienda, señora Gil i Miró? (Asentimiento.)
Si ningún grupo parlamentario se opone a la presentación de una enmienda,
la señora Gil i Miró tiene la palabra.
La señora GIL I MIRO: A nosotros nos sorprendió bastante la redacción de
la propuesta sobre la concesión de un estatuto especial para la ciudad de
Cádiz. Nuestra primera pregunta fue cuál sería el objetivo de este
supuesto estatuto: ¿impulsar y reforzar algunas actividades económicas
con determinados incentivos?, ¿buscar el equilibrio del balance de la
hacienda local, único medio quizá para evitar la regresión de la ciudad
de Cádiz? En aquel momento pensamos que ya existía un canal legislativo,
la Ley 50/1985, que tenía un objetivo tan claro como su mismo título: la
Ley de incentivos regionales para la corrección de desequilibrios
económicos interterritoriales, cuyo reglamento de desarrollo se aprobó y
modificó mediante diversos reales decretos, desde 1987 hasta el año 1993.
En su definición de zonas promocionables se distinguían tres tipos: las
de promoción económica, las de industrialización en declive y las
especiales. Estas últimas se presentaban con características muy
inconcretas que debían ser definidas por los gobiernos autonómicos y
estatal cuando circunstancias especiales lo requiriesen.
Después de la exposición de la señora diputada del Partido Popular, nos
preguntamos de qué manera se puede intentar un tratamiento especial para
la ciudad de Cádiz si la definición de zona promocionable o de zona
especial no es la adecuada. En todo caso, nos parece que no es adecuado
el término estatuto especial. ¿Qué es y para qué se quiere un estatuto?
La Ley de Bases de Régimen Local contempla escasos regímenes especiales.
Desde luego, en las disposiciones adicionales los estatutos están
limitados a Madrid, desde el año 1963, y a Barcelona, desde el año 1960,
por razones obvias de capitalidad.
Lamentablemente, en este país no existe una sola ciudad de Cádiz. Existen
otros municipios en análoga situación en cuanto a la disminución
demográfica, la pérdida de competitividad, sectores económicos en
recesión y escaso o ningún suelo urbanizable. Ciudades que, desde luego,
necesitan una reactivación generacional y económica e incentivos para su
modernización, para el bienestar y para el futuro deseable. Si hoy se
votara aquí favorablemente la concesión de un estatuto --un estatuto
invisible-- para la ciudad de Cádiz, deberíamos pensar cuántos estatutos
vacíos votaremos en el futuro para cuántas Cádiz necesitadas de ayuda.
Yo creo que esto debe ser motivo de reflexión. Esta Comisión no debe
abrir una caja vacía, no debe impulsar un reguero interminable de
peticiones de estatuto, ni debe desear felices sueños a las proposiciones
no de ley. En mi opinión, es más aconsejable, más serio y, seguramente,
más político, presentar una enmienda que yo voy a leer para ver si la
señora diputada del Partido Popular puede admitirla, así como el resto de
los grupos políticos aquí presentes. La enmienda diría: El Congreso de
los Diputados insta al Gobierno a estudiar la instrumentalización de un
tratamiento específico de medidas plurales para la ciudad de Cádiz.
Con esto damos por terminada nuestra intervención.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, para la
defensa de la enmienda presentada, tiene la palabra el señor De la Encina
Ortega.
El señor DE LA ENCINA ORTEGA: Señorías, intervengo en nombre del Grupo
Parlamentario Socialista para fijar nuestra posición con respecto a esta
proposición no de ley que ha formulado ante esta Comisión el Grupo
Parlamentario Popular, para instar al Gobierno a estudiar la concesión de
un estatuto especial para la ciudad de Cádiz.
Resulta sorprendente y hasta contradictorio que el Partido Popular haya
estado prometiendo durante años que daría un tratamiento especial a Cádiz
en base a sus peculiaridades económicas, urbanísticas, poblacionales,
etcétera, y ahora, tras varios años de Gobierno, nos presente en esta
Comisión una iniciativa vacía de contenido, inconsistente, imprecisa, sin
el mínimo grado de rigor y de compromiso por parte del Gobierno, que nos
sitúa a los demás grupos políticos en la tesitura de discutir y aprobar
algo que ni siquiera tiene soporte legal, administrativo ni
presupuestario, cuyo único sustento es una promesa electoral que ahora se
nos presenta bajo la forma de una proposición no de ley esperpéntica
--con todos mis respetos--, cuyo único objetivo es continuar
transmitiendo propagandísticamente a los gaditanos la preocupación del
Partido Popular por ellos.
Señorías, señoras y señores diputados, esta proposición no de ley no dice
ni concreta absolutamente nada. En el fondo, lo único que pretende es
esconder la propia incapacidad para defender, con hechos reales y
precisos y no con simples promesas electorales, los intereses y las
necesidades del pueblo de Cádiz, que, por cierto, con tanta urgencia
reivindicaban permanentemente los dirigentes del Partido Popular cuando
estaban en la oposición.
Ustedes, señores populares; usted, señora alcaldesa de Cádiz y diputada,
sigue en la línea de declaraciones pomposas, testimoniales, rimbombantes,
que no se traducen para nada en acciones reales, concretas y positivas, y
que lo único que demuestran es que podrá ser una buena agente electoral
de su partido, pero a costa del timo a los gaditanos (Rumores.), quienes,
tras dos años de Gobierno y de elaboración de presupuesto, van
comprobando con hechos que nada de lo que les prometió se traduce en
realidad. Por ejemplo, usted consignó en los presupuestos municipales de
Cádiz, para el ejercicio 1997, una partida presupuestaria de 600 millones
de pesetas como ingresos del Estado. Lógicamente, su Gobierno, el
Gobierno del Partido Popular, como hoy se está viendo en esta Comisión,
no se la ha aprobado. No voy a referirme a la reducción del 55 por ciento
del presupuesto del Ministerio de Fomento para la provincia de Cádiz, que
ha pasado de 5.500 millones a dos mil y pico millones de pesetas, para
esas infraestructuras tan necesarias que usted, durante catorce años, ha
estado diariamente reivindicando en la ciudad y en la provincia de Cádiz.
Usted, señora Martínez, como responsable máxima de la ciudad de Cádiz,
como diputada en este Congreso y como miembro cualificado del Partido
Popular, partido que sustenta al actual Gobierno, debe exigirse a sí
misma algo más que acudir a declaración tras declaración, a promesa tras
promesa. Esta es su responsabilidad y debe demostrarlo con auténtica
capacidad de convicción y negociación con quienes son ahora sus
compañeros y amigos del Gobierno. Como debió hacerlo a través del
artículo 72 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado en la que, de
manera real y efectiva, pudo haber consignado su Gobierno esas
peculiaridades de Cádiz que usted reclama, que nosotros, sin lugar a
dudas, reconocemos y que, además, han conseguido otros municipios, como
usted muy bien sabe. Demuestre esa capacidad de negociación que parece
ser que se ha volatilizado.
Sin lugar a dudas, señores del Partido Popular, los socialistas hemos
demostrado, a pesar de sus críticas, que hemos hecho mucho por la ciudad
y la provincia de Cádiz y queremos seguir haciéndolo en todo lo que
signifique trabajar por mejorar las condiciones de Cádiz. Por ello hemos
presentado una enmienda que no es un simple anuncio o promesa vaga, como
la que ustedes han presentado aquí. Es una enmienda encaminada a
comprometer no sólo la voluntad política que se supone que todos los
grupos tenemos y que tiene una traducción concreta legal, administrativa,
económica y, sobre todo, temporal. Yo le recuerdo a usted, señora
portavoz del Grupo Parlamentario Popular, que viene prometiendo a los
gaditanos desde hace años --algunos hasta se creen que tienen un estatuto
especial-- que el Gobierno les iba a dotar de un estatuto especial.
Quiero hacer constar que hemos utilizado el término estatuto especial por
ser el término coloquial que nos ha presentado el Partido Popular en esta
proposición no de ley, pero que ni siquiera existe en el ámbito legal.
Señorías, termino diciendo, sobre todo a los representantes del Partido
Popular, que siempre tendrán a los socialistas como costaleros activos en
todo lo que signifique trabajar por mejorar la situación de Cádiz, en
ofrecer respuestas positivas a sus problemas, pero en modo alguno seremos
cómplices de ningún timo o estafa a los gaditanos (Rumores.), de ningún
engaño como el que ustedes han traído a esta Comisión en forma de
proposición no de ley, instando al Gobierno absolutamente a nada y
queriendo aparentar que lo instan absolutamente a todo.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos parlamentarios que desean intervenir?
(Pausa.)
Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Rodríguez Sánchez.
El señor RODRIGUEZ SANCHEZ: En nombre del Bloque Nacionalista Galego
queríamos mostrar nuestra comprensión por la preocupación que tiene la
señora alcaldesa de Cádiz por hacer frente a problemas objetivos que sin
duda tiene esa ciudad. El más claro de todos ellos es una indudable
insularidad, que se ve bien reflejada en la foto de ordenador que tenemos
todos presente.
Entendemos que se quiera hacer frente a las dificultades de una situación
económica que afecta a la mayoría de la población. Cabe recordar que gran
parte son descendientes de gallegos que trabajan en sectores económicos
como las pescaderías o sectores tradicionalmente vinculados a los
trabajos peor pagados. Es también cierto que esta ciudad puede ser una de
las que más paro tiene del Estado español, pero, desde nuestro punto de
vista, sería interesante recordar --como dijo la señora Laura Gil-- que
hay más Cádiz en el Estado. Nosotros vamos a votar a favor de la enmienda
que presentó Convergència i Unió, pero queremos recordar que, en cuanto
al paro, hay una ciudad, por cierto hermana de Cádiz en muchas
cuestiones, Ferrol, que está padeciendo regresión económica, regresión
demográfica, pero alarmante y, desde el punto de vista de las
infraestructuras, tiene un trato único en todo el Estado.
La señora alcaldesa hablaba de ese puente que yo conozco, que ya existía
en el año 1975 cuando viví en esa hermosa ciudad andaluza. Entonces, en
una ciudad como Ferrol estaba aún en proceso de construcción una especie
de paso por la ría similar al de Cádiz pero que no se abre. Hoy es el
único con el que contamos, pero con una diferencia: sin ferrocarril, sin
ningún medio de comunicación, con una salida imposible de la ciudad y,
además y es curioso, con un retroceso de la construcción naval que
afortunadamente Cádiz no tiene, y hacemos votos para que siga manteniendo
esa importante tonelada de registro bruto para la producción naval. Hay
ciudades con una gran insularidad, como, por ejemplo, A Coruña, que tiene
también importantes problemas de paro. No es un problema comparativo sino
de especificidad, de cuestiones que existen
porque, sin duda, el problema de Cádiz es específico y especial. Para que
no se trate de proposiciones no de ley que no tengan ningún contenido
sino que insten al Gobierno a que instrumentalice soluciones, si el
Partido Popular está de acuerdo, vamos a apoyar la solución presentada
por al señora Laura Gil y hacemos votos para que la señora alcaldesa de
Cádiz pueda contar con la ayuda del Gobierno para solucionar todos los
problemas que, sin duda, son objetivos y que nosotros no vamos a poner en
duda.
Solamente quiero decir que, efectivamente, puede ser que Cádiz reúna
muchos puntos, pero gran parte de ellos se dan también en algunas otras
ciudades muy abandonadas por los gobiernos sucesivos. Somos muy
comprensivos con el problema que la señora alcaldesa acaba de plantear y
esperamos alcanzar un consenso y que por el bien de los gaditanos pueda
volver la señora alcaldesa a su ciudad con algún instrumento de presión
real.
Nada más.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Federal de Izquierda Unida, tiene la
palabra el señor Meyer Pleite.
El señor MEYER PLEITE: Voy a fijar la posición de Izquierda Unida.
La primera consideración que quería hacer es que parece que el horizonte
electoral está a dos años vista y esto nos debe permitir trabajar en esta
casa para aprovechar todas las iniciativas legislativas y sacarle el
mejor provecho posible sin entrar en un discurso electoral que, de alguna
manera, desvirtuaría y no ayudaría a aprovechar ese impulso que cualquier
fuerza política traiga aquí para intentar resolver problemas como el que
en este caso nos ocupa, que es un problema muy serio de la ciudad de
Cádiz.
A pesar de las deficiencias, carencias e insuficiencias que plantea,
merecería la pena ver esta proposición no de ley desde el punto de vista
de que, después del concurso de todas las fuerzas políticas, se puede
convertir en un instrumento real para modificar la situación especial de
Cádiz, que es muy mala y no de estos meses. Esta proposición no de ley
tiene dos problemas de fondo. El primero es que ha perdido la oportunidad
en los debates presupuestarios de este año... (Un señor diputado: ¡No!,
todavía está en el Senado.) Aunque todavía esté en el Senado, cabría la
posibilidad de no haber desperdiciado el tiempo y el Gobierno de la
nación tendría que haber tenido la sensibilidad suficiente --ya que en
esta proposición no de ley se recoge en once puntos cuál es una parte de
la situación real de la ciudad-- para, dada la exigencia de la ciudad,
haber resuelto el problema.
El segundo problema de fondo sirve para Cádiz y para cualquier
territorio. Yo recomiendo que releamos de nuevo todos ese magnífico libro
de aproximación a la historia de Pierre Vilar, como hicimos de jóvenes,
que planteaba que efectivamente las condiciones geográficas de
determinadas zonas del país son un condicionante real para el desarrollo,
aunque no era lo fundamental. Lo fundamental en esa exposición magnífica
de Pierre Vilar... (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Perdón, señor Meyer. Señorías, guarden silencio, por
favor.
El señor MEYER PLEITE: Lo fundamental era el tipo de desarrollo
económico. Pues bien, el problema de fondo de esta iniciativa, como el de
cualquier otra que se presente --y Izquierda Unida no se cansará de
expresarlo--, es que mientras no se modifique la política económica, por
muchos tratamientos especiales, por muchas medidas que se adopten, no se
va a ir al fondo de la cuestión, que es la creación de empleo. Este es el
verdadero problema de fondo.
Desde esas dos consideraciones, a nosotros nos parece bien la enmienda
que ha presentado la portavoz de Convergència i Unió, porque puede
resolver el que a Cádiz se le dé (vamos a olvidarnos del término estatuto
especial porque no casa con la normativa legal) un plan especial, un plan
de desarrollo sostenible para la ciudad con un objetivo muy claro, el
pleno empleo para la ciudad, que concitara inversiones de las tres
administraciones. Yo creo que ello es posible y es posible también
emplazar al Gobierno para que nos presente este conjunto de tratamientos
específicos para la ciudad. A partir de aquí, la enmienda presentada por
el Grupo Socialista trata de que esta cuestión no quede en el aire.
Propone tres meses, pero a mí me gustaría que fuera de un mes o, como ya
he dicho anteriormente, que figurara en los presupuestos de 1998. Me
daría con un canto en los dientes si fuéramos capaces de temporalizar la
necesidad de presentar este conjunto de medidas especiales para la ciudad
de Cádiz en el primer semestre de 1998 para incluirlos en los
presupuestos. Conozco la dificultad existente. Si el Gobierno no los ha
incluido en estos presupuestos, sería conveniente que lo hiciera en este
primer semestre. A partir de la enmienda de la portavoz de Convergència i
Unió, se podría resolver esta iniciativa para dar solución a un problema
muy grave que arrastra Cádiz con esta y con la anterior Administración.
Hay que aprovechar esta ocasión de forma seria y rigurosa, sin discursos
electorales, para que seamos capaces ya en ese primer semestre de debatir
el fondo de la cuestión, que es la siguiente. ¿Qué medidas especiales
necesita Cádiz? ¿Qué conciertos económicos? ¿Qué va a invertir la Junta?
¿Qué va a invertir la Administración local, la Diputación, Europa y el
Estado? Ese es el debate que no debemos rehuir, que había que plantear y,
por lo tanto, ésta va a ser nuestra posición.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Martínez Saiz.
La señora MARTINEZ SAIZ: En este turno de aceptación o rechazo de las
enmiendas, le rogaría al señor presidente que me permitiera solicitar del
portavoz del Grupo Socialista que ha hecho uso de la palabra en defensa
de la enmienda a esta proposición no de ley que retirara las palabras
timo y estafa, puesto que no ha tenido siquiera la precaución de añadir
la palabra político. Aparte de ser indemostrable, debo añadir que esta
diputada que les habla, alcaldesa de la ciudad, lleva dos años
trabajando sobre algo que anteriormente desconocía porque no tenía esa
responsabilidad ni conocía los datos. No obstante, el portavoz que ha
hablado --y algunos compañeros de su grupo lo conocen-- sabe que en el
primer año de gobierno del actual equipo municipal no tuvimos la
oportunidad de que el Gobierno anterior nos aceptara siquiera sea el
estudio. Yo voy a huir del debate posiblemente electoral, como decía el
portavoz de Izquierda Unida, porque es algo muy serio, pues ni el debate
electoral ni los distintos discursos más o menos acertados que se han
pronunciado van a cambiar la insularidad de Cádiz. Es una realidad física
que no se puede cambiar y cualquier actuación, con recursos propios o
ajenos, encaminada al fomento del empleo no sería posible en la medida
deseada por todos los gaditanos por la falta de espacio para que las
empresas, que son las que generan los puestos de trabajo, se ubiquen.
Señor presidente, yo quisiera dar las gracias a la portavoz del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) por haber presentado una
propuesta serena y política. Quizá los responsables actuales de la
gestión del municipio de Cádiz no hemos tenido serenidad ni le hemos dado
el contenido político dada la urgencia, pero somos los más interesados en
resolver la situación puesto que es algo imprescindible para el futuro de
la ciudad. Quiero que sepan, tanto la portavoz de Convergència i Unió
como el resto de los portavoces y miembros de esta Comisión, que este
trabajo que conoce el Gobierno y que está a disposición de cualquier
diputado está hecho por los funcionarios municipales. Ni siquiera, como
en otras ocasiones, hemos podido gastar dinero para que se elaborara
fuera del municipio. Son los datos de cinco años, de 1990 a 1995, y están
a disposición del Gobierno los datos de 1996 y 1997. Es un trabajo serio,
con contenido, pero no hemos querido hipotecar las decisiones del Estado,
sea el Gobierno que sea, para solucionar el problema estructural.
Agradezco la acogida del resto de los grupos de esta Cámara, exceptuando
el Grupo Socialista, y quiero dejar claro que no tiene comparación haber
tenido la responsabilidad de gobierno en la ciudad de Cádiz durante los
dos últimos años, a haberla tenido en los anteúltimos dieciséis años.
Gracias, señor presidente, y gracias a los miembros de esta Comisión.
El señor PRESIDENTE: Señora Martínez, ¿se entiende aceptada la enmienda
de la señora Gil i Miró, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió)?
La señora MARTINEZ SAIZ: Sí, por supuesto, señor presidente. (El señor De
la Encina Ortega pide la palabra.)
Tiene la palabra el señor De la Encina.
El señor DE LA ENCINA ORTEGA: Muy brevemente quiero decir a la portavoz
del Partido Popular que si tuviera la voluntad real de hacer lo que dice
que quiere hacer por Cádiz, yo le rogaría que inmediatamente...
El señor PRESIDENTE: Señor De la Encina, le ruego que no abra el debate.
El señor DE LA ENCINA ORTEGA: Sin abrir el debate, decía, señorías, que
tienen la oportunidad de introducir enmiendas en los capítulos de
transferencias de cuentas corrientes, de capital y de inversiones, en las
partidas específicas y plurales de los Presupuestos Generales del Estado,
en trámite en el Senado.
Respecto a la retirada de las palabras timo y estafa, que me ha pedido la
portavoz del Grupo Parlamentario Popular, estoy dispuesto a retirarlas
siempre y cuando ella retire los insultos que durante años de oposición
ha vertido contra los socialistas y contra el Gobierno socialista;
insultos que dicen que hemos convertido a Cádiz en un cortijo del paro y
del narcotráfico, que Cádiz era la capital del mundo del paro, etcétera.
Siempre que ella retire los insultos que están en las hemerotecas,
nosotros estaríamos dispuestos a retirar nuestras palabras, aunque vamos
a mantener que esta proposición no de ley ha sido un timo y una estafa.
Por último, le diría --perdón por la expresión-- que se dejen de cuentos
chinos y que, si tienen voluntad de hacer lo que quieren hacer, apoyen la
enmienda que nosotros hemos presentado. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Le ruego, señor De la Encina, que no reabra el
debate de nuevo.
El señor DE LA ENCINA ORTEGA: Señor presidente, me va a permitir leer la
enmienda porque creo que algunos portavoces todavía no la han leído.
(Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Ya ha defendido la enmienda, señor De la Encina. Le
ruego finalice su intervención.
El señor DE LA ENCINA ORTEGA: Finalizo diciendo, que como no queremos ser
cómplices, una vez más, de alargar la demagogia y la mentira, no vamos a
votar a favor de la enmienda transaccional, que lo que intenta únicamente
--y lo entiendo, como socio del Gobierno-- es tapar la cara de vergüenzas
por esta proposición no de ley que hoy se ha traído aquí. (Rumores y
protestas.--La señora Martínez Saiz pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías.
Tiene la palabra la señora Martínez Saiz.
La señora MARTINEZ SAIZ: Señor presidente, sólo quiero decir que en lo
personal y en lo político, en mi responsabilidad anterior y actual, he
cumplido con mi obligación y no tengo por qué retirar absolutamente nada
de lo dicho.
Quiero dar las gracias al señor De la Encina porque, leyendo el contenido
de su intervención, los gaditanos sabrán el esfuerzo realizado no
solamente durante los últimos dieciséis años de gobierno en la ciudad y
trece de Gobierno, sino en su capacidad actual para apoyar una aspiración
legítima de los gaditanos. Yo no tengo la culpa, señor
presidente, de que al Gobierno anterior no se le hubiera ocurrido. (El
señor López-Medel Bascones pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: ¿A qué efectos, señor López-Medel, solicita la
palabra?
El señor LOPEZ-MEDEL BASCONES: Como portavoz del Grupo Popular en esta
Comisión de Administraciones Públicas, únicamente quiero solicitar que
conste en acta la protesta de nuestro grupo parlamentario por las
expresiones utilizadas, que eran absolutamente improcedentes porque
escapaban incluso al debate político de esta proposición no de ley.
(Rumores.)
--PARA POTENCIAR LAS SALIDAS PROFESIONALES DE LOS DIPLOMADOS EN GESTION Y
ADMINISTRACION PUBLICA EN EL AMBITO DE LA ADMINISTRACION LOCAL.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CATALAN (CONVERGéNCIA I UNIO)
(Número de expediente 161/000689).
El señor PRESIDENTE: Concluido el debate de la proposición no de ley
correspondiente al punto IV del orden del día, pasamos al debate de la
proposición no de ley para potenciar las salidas profesionales de los
diplomados en gestión y administración pública en el ámbito de la
Administración local.
Por el grupo proponente, Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), tiene la palabra la señora Gil i Miró.
La señora GIL I MIRO: En nombre de mi grupo, el Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), me complace proponer a esta Comisión el
subsanamiento de una omisión normativa, no imputable al legislador, sino
al correr del tiempo; un subsanamiento que, a su vez, implica el
reconocimiento, a efectos públicos, de la calidad formativa de los
estudios universitarios de diplomatura en gestión y Administración
pública y de su específica adecuación para el desempeño de las funciones
que el marco normativo atribuye como propias del lugar de trabajo de la
secretaría e intervención en la Administración local.
El 26 de octubre de 1990 se estableció, por Real Decreto 1426/1990, la
diplomatura en gestión y Administración pública, estudios que en el curso
1991-1992 iniciaron la Universidad Pompeu Fabra, de Barcelona; Carlos
III, de Madrid, y la Universidad de Barcelona de manera pionera y que hoy
se cursan ya en veintiuna universidades del Estado español.
No hay duda de que esta diplomatura se creó como una respuesta académica
moderna y profesionalizadora a la demanda social y administrativa de un
nuevo perfil profesional que tuviera habilidades y conocimientos
específicos en gestión en el sector público, ante el reto permanente de
éste de actuar con eficacia y flexibilidad en un medio cambiante y
exigente.
El nuevo profesional diplomado en gestión y Administración pública ha
recibido una formación académica pluridisciplinar que le permite tener un
profundo conocimiento de la Administración pública y a su vez una amplia
comprensión de las relaciones existentes entre las técnicas gestoras de
la empresa privada y las de la Administración. Por ello, el curriculum
combina conocimientos teóricos con prácticos y conocimientos generales
con conocimientos específicos.
Del análisis de las materias que componen el curriculum se infiere que
éste ha sido conformado específicamente para proporcionar la formación
flexible y adecuada para el desempeño de funciones en el ámbito
profesional de las Administraciones públicas y, en especial, en las de
Secretaría e Intervención de la Administración local.
Como es sabido por los miembros de esta Comisión, estas funciones han
sido reservadas a funcionarios con habilitación de carácter nacional y
fue estructurada y diferenciada de la Administración general y de la
Administración especial mediante una subescala específica a la que por el
Real Decreto 1174/1987 se ingresa mediante pruebas selectivas en las que
pueden participar aquellos aspirantes que hubieran superado los tres
primeros cursos de las licenciaturas de derecho, ciencias políticas y
sociología, económicas y empresariales.
Es evidente que las funciones de fe pública, asesoramiento legal
preceptivo, control y fiscalización interna de la gestión
económico-financiera y presupuestaria y la de contabilidad propias del
lugar de trabajo de Secretaría e Intervención de la Administración local
se acuerdan en todos sus extremos a la formación específica de los
diplomados y diplomadas en gestión y Administración pública, de tal
manera que su inclusión en los requisitos de titulación para aspirar a
aquel lugar de trabajo garantizarían, sin duda, el correcto desempeño y
desarrollo de aquéllas.
Por todo ello, pido a los distintos grupos políticos que conforman la
Comisión su voto favorable para que prospere nuestra propuesta, con la
confianza de que ello redundará también en la mejora y modernización del
servicio público.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos parlamentarios que desean intervenir?
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra
el señor Ríos Martínez.
El señor RIOS MARTINEZ: Tomo la palabra para defender la posición del
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida sobre una propuesta que
pretende lograr dos objetivos. Uno de ellos es que esta titulación puesta
en marcha en 1990 --como es la diplomatura en gestión y Administración
pública, que tenía como objetivo dar una formación con bases teóricas y
técnicas para la gestión administrativa y financiera, con especial
incidencia en el campo de la Administración pública-- tenga una
proyección hacia una parte de la Administración pública. La propuesta es
muy prudente, puesto que hace referencia solamente a la posibilidad de
participar en las pruebas selectivas de una subescala, la de Secretaría e
Intervención, aunque
puede haber otros puestos de la Administración en los que también se
podría participar.
Con las diplomaturas universitarias se puede pasar al segundo ciclo
universitario y obtener la licenciatura correspondiente, pero ésta de la
que hablamos no tiene la previsión, puesto que es anterior al año 1987,
la facilidad para acceder a las pruebas selectivas, en este caso del
grupo B, en esta subescala a la que hacía referencia. Desde el año 1987
todas las personas que hubiesen superado los tres primeros cursos de la
licenciatura de derecho, ciencias políticas, sociología, económicas o
empresariales podían presentarse a estos puestos. Sin embargo, estas
diplomaturas nuevas, que intentan adecuar su formación a la
Administración pública para darle una capacidad más dinámica, más
abierta, ya se imparten, aunque en un principio solamente lo hacía un
número reducido de universidades, en un número amplio, por encima de
veinte, con lo cual se está dando una proyección a las personas que
cursan esta titulación, dándoles una cobertura, un camino.
Por tanto, nuestro grupo va a apoyar esta proposición no de ley, aunque
los caminos que hace la propuesta pueden ser éstos u otros. Uno de ellos
podía ser modificar el real decreto, o se podía hacer una adecuación más
amplia con una nueva norma, no sólo modificar el artículo 22.1.c) del
real decreto. Puede hacerse para esta subescala o para otras de las
administraciones públicas que también tuvieran un rango similar. No
obstante, la propuesta originaria es ésta, pero yo abriría la parte
final, si así lo estima la proponente, a otras previsiones de la
Administración que el Gobierno considere oportunas. En todo caso, si se
mantiene el texto original, lo vamos a votar igual, puesto que el
objetivo es ampliar esta cobertura. Vamos a ver si el plazo de un mes se
cumple. Es una innovación en cuanto a proposición no de ley y los plazos
son muy importantes, como lo demuestra que antes nos hemos saltado una
propuesta de tres meses porque decían que el plazo era muy corto. Aquí
damos un mes de plazo para hacer una reforma, y yo sería partidario de
que estos plazos fueran orientativos. Es verdad que el Congreso insta al
Gobierno y que el Gobierno administra este impulso. Uno está acostumbrado
a que se aprueben plazos mayores, incluso de seis meses, y que hayan
pasado dos años y no se haya hecho realidad lo que aprobamos aquí, porque
es un impulso que el Gobierno tiene como orientación. Pero a mí me parece
positivo que se dé un plazo breve de tiempo a cada uno de los impulsos de
esta Cámara, porque a los grupos parlamentarios nos da la posibilidad de
controlar cómo es obedecido o aceptado por parte del Gobierno.
En ese sentido, apoyaremos el plazo que se da aquí --insisto en que es
una innovación de un mes--, aunque es corto, pero durante el mes de enero
se podrá estudiar mejor y ya en febrero, mes hábil parlamentariamente
hablando, pediremos explicaciones. Tomamos nota porque así lo haremos en
otras propuestas con otras dimensiones.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor
Rodríguez Zapatero.
El señor RODRIGUEZ ZAPATERO: Voy a fijar la posición del Grupo Socialista
en torno a esta iniciativa del Grupo de Convergència i Unió, por la que
se pretende potenciar las salidas profesionales de los diplomados en
gestión y Administración pública en el ámbito de la Administración local.
En primer lugar, he de manifestar que creo que es justo hacerlo, y quiero
transmitir el reconocimiento a Convergència i Unió por la iniciativa que
ha concretado en esta proposición no de ley, porque nos parece claramente
positiva. Es evidente, como se ha indicado ya, que existe una cierta
laguna legal --hay que interpretarlo desde esta perspectiva-- en virtud
de la cual una nueva titulación, una diplomatura como la de gestión y
Administración pública tenía hasta ahora imposibilitado el acceso para
los diplomados en esta disciplina a la escala de Secretaría e
Intervención de la Administración local que, como se conoce, abarca
fundamentalmente a los ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes y que
está abierta, por otro lado, y es la gran incoherencia comparativa, a las
personas que hayan cursado tres años de diferentes licenciaturas, entre
ellas la de derecho.
Como es conocido, la diplomatura en gestión y Administración pública ha
tenido una buena aceptación en el conjunto del proceso formativo y
universitario en España y, si analizamos cuáles son las materias
troncales que contiene la diplomatura --porque, en todo caso, creo que es
el contraste que habría que hacer para determinar si es coherente el
contenido de la iniciativa--, se advierte claramente que estamos ante un
terreno razonable para que los diplomados en gestión y Administración
pública puedan acceder a la escala de secretario de intervención de la
Administración local. Brevemente recordaré que entre las materias
troncales de esta diplomatura encontramos derecho administrativo, derecho
constitucional, estadística administrativa, estructuras políticas y
administrativas, gestión administrativa, gestión financiera y
contabilidad, información y documentación administrativa, sistema
económico y financiero y teoría social. Es decir, un elenco de materias
absolutamente encajables para la adecuada formación de alguien que pueda
llegar a realizar funciones de secretario de intervención en el ámbito de
la Administración local. Como se ha dicho aquí, hay veintiuna
universidades que expiden el título de diplomatura en gestión y
Administración pública; creo que un importante número de jóvenes orientan
su formación hacia esta disciplina, que perfeccionará y mejorará la
calidad de las personas que se puedan incorporar a la Administración
pública. En consecuencia, nuestro voto será favorable a la iniciativa de
Convergència i Unió.
En línea con lo que ha señalado el portavoz de Izquierda Unida,
simplemente queríamos hacer un matiz, y es que creo que va a ser
imposible cumplir el plazo que se establece de un mes. Hay que tener en
cuenta que a lo que se insta al Gobierno es a que se modifique un
reglamento de desarrollo de la Ley de Bases de Régimen Local, y la
tramitación de modificación del citado reglamento exigirá, entre otras
cosas, el dictamen previo del Consejo de Estado. Parece que en un mes,
aunque el
tema tiene una importancia menor, será casi imposible que el Gobierno lo
pueda cumplir y a lo mejor abrimos una expectativa excesivamente amplia
para el cumplimiento de los fines de la iniciativa. Por tanto, nosotros
sugeriríamos y veríamos razonable, si el Grupo de Convergéncia i Unió
está de acuerdo, que habláramos de tres meses o a la mayor brevedad
posible, porque el trámite de modificación del reglamento exige esas
condiciones que acabo de expresar.
El señor PRESIDENTE: Señor Rodríguez Zapatero, si es tan amable, presente
por escrito esta sugerencia como enmienda que acaba de hacer a la
proposición no de ley.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Montseny
Masip.
La señora MONTSENY MASIP: Tomo la palabra para defender la posición de mi
grupo en cuanto a la proposición no de ley que ha presentado el Grupo de
Convergència i Unió, que, desde un punto de vista académico y de una
forma tan completa, ha defendido la señora Gil i Miró.
Entendemos que es viable el objetivo que persigue la presente proposición
no de ley, y no diría sólo viable sino también justo; por lo tanto, el
grupo parlamentario al que pertenezco va a apoyarla. Sin embargo, me
gustaría poner de manifiesto que esta proposición no de ley no es sólo
competencia de esta Comisión de Administraciones Públicas, sino que
excede de su ámbito, ya que el contenido que persigue incide de alguna
forma en el ámbito de la educación. Es cierto que vivimos unos momentos
muy dinámicos en ese terreno y que continuamente están cambiando las
titulaciones universitarias, razón por la cual el decreto de 1987 no pudo
contemplar la diplomatura en gestión y Administración pública, que fue
objeto de regulación por el Real Decreto 1426/1990. En ese terreno, hay
constantemente nuevas especificaciones y especialidades en materia
educativa a las que son sensibles tanto el Gobierno como el grupo
parlamentario al que yo represento en este momento.
Se ha demostrado en la Ley de Presupuestos Generales del Estado que una
de las partidas presupuestarias en que ha habido un importante aumento ha
sido precisamente en el área educativa. También deberíamos reconocer esa
sensibilidad que demuestra el Gobierno al presentar un modelo de
formación profesional continuada, que supondrá el reconocimiento de
titulaciones académicas en cantidad de nuevos oficios que se han ido
produciendo y mutando a lo largo de los cambios de la sociedad, y quiero
decir que esos cambios también se dan en procesos informáticos, donde al
cabo de los años un determinado programa ya no es viable y surge otro
nuevo y mejor.
Por tanto, creemos que, caso de que la representante de Convergència i
Unió entendiera que es viable ampliar el contenido de esta proposición no
de ley, debería ser objeto de un estudio más riguroso, donde no cabría la
exposición hecha por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, aunque sí
en el fondo y en el espíritu, y mi grupo vería muy bien que la
representante de Convergència i Unió admitiera el plazo de tres meses
para instar al Gobierno a que regulara el mencionado real decreto.
El señor PRESIDENTE: ¿Señora Gil i Miró?
La señora GIL I MIRO: En nombre del Grupo Parlamentario Catalán admitimos
la enmienda, sustituyendo «en el plazo de un mes» por «en el plazo de
tres meses».
El señor PRESIDENTE: ¿El resto de los grupos admiten a trámite la
enmienda in voce presentada? (Asentimiento.)
Señorías, damos por debatido el punto V del orden del día, la proposición
de ley a la que acaban de hacer referencia las intervenciones de sus
señorías.
--ELECCION DE MIEMBROS DE LA MESA: VICEPRESIDENTE SEGUNDO DE LA COMISION
(Número de expediente 041/000020).
El señor PRESIDENTE: Vamos a pasar al punto siguiente del orden del día,
añadido al comienzo de la sesión, para elegir la vicepresidencia segunda
de la Mesa de la Comisión. Puesto que vamos a votar, ruego a los
portavoces de los grupos parlamentarios que comuniquen a esta Presidencia
las delegaciones de voto que hubiere. (Los señores portavoces comunican a
la Presidencia el nombre de los comisionados sustituidos.)
Señorías, a continuación vamos a proceder a la elección de la
vicepresidencia segunda de la mesa de la Comisión. (Por el señor letrado
se procede al llamamiento de los miembros de la Comisión, que van
depositando sus papeletas en la urna.)
Realizada la votación y verificado el escrutinio, dijo:
El señor PRESIDENTE: El resultado de la votación es 38 votos a favor de
don Julián Fernández y un voto en blanco. Queda proclamado vicepresidente
segundo de la Comisión de Régimen de las Administraciones Públicas don
Julián Fernández Sánchez, a quien ruego pase a ocupar su sitio en la
Mesa, con nuestra enhorabuena. (Aplausos.)
Señorías, vamos a pasar a las votaciones. En primer lugar, la relativa al
punto tercero del orden del día, proposición de ley sobre cambio de
denominación de las provincias de La Coruña y Orense.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Puesto que la Comisión trabaja en este caso con competencia legislativa
plena, remitiremos al Senado la proposición de ley.
A continuación, votamos el punto cuarto del orden del día, proposición no
de ley relativa a la concesión de un estatuto especial para la ciudad de
Cádiz, en los términos resultantes
de la enmienda presentada por la señora Gil i Miró, que leo a SS. SS.: El
Congreso de los Diputados insta al Gobierno a estudiar la
instrumentalización de un tratamiento específico de medidas diversas para
la ciudad de Cádiz.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 26;
abstenciones, 14.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Pasamos a la votación relativa al punto quinto del orden del día,
proposición no de ley para potenciar las salidas profesionales de los
diplomados en gestión y administración pública en el ámbito de la
Administración local, en los términos resultantes de la enmienda
presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, que sustituye la
referencia al plazo de un mes por el plazo de tres meses. Dice así: El
Congreso de los Diputados insta al Gobierno a modificar, en el plazo de
tres meses desde la aprobación de esta proposición no de ley... etcétera.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Se levanta la sesión.
Eran las doce del mediodía.