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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 336, de 24/11/1997
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CORTES GENERALES



DIARIO DE SESIONES DEL



CONGRESO DE LOS DIPUTADOS



COMISIONES



Año 1997 VI Legislatura Núm. 336



INFRAESTRUCTURAS



PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JESUS POSADA MORENO



Sesión núm. 33



celebrada el lunes, 24 de noviembre de 1997



ORDEN DEL DIA:



Preguntas:



--Del señor Meyer Pleite (Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida), sobre motivos de la supresión de los carteros de reparto que
prestan sus servicios en los barrios de la Viña, barriada la Paz, Trille
y barriada España, de Cádiz (Número de expediente 181/000326) (Página 10000
)




--Del mismo señor Diputado, sobre previsiones acerca de la creación de un
servicio contra incendios y tratamiento de sustancias tóxicas en el
puerto de Algeciras (Cádiz) (Número de expediente 181/000887) (Página 10000
)




--Del señor Perales Pizarro (Grupo Socialista del Congreso), sobre la
aportación de 45.000 millones de pesetas para eliminar el peaje de la
autopista Sevilla-Cádiz (Número de expediente 181/000915) (Página 10000)



--Del mismo señor Diputado, sobre intención de implantar un peaje
indirecto en el tramo Guadiaro-Estepona (Número de expediente 181/000922)
(Página 10002)



Página 10000




--Del señor Gómez-Alba Ruiz (Grupo Parlamentario Popular en el Congreso),
sobre valoración de la construcción de un nuevo acceso a la autopista A-7
en el enlace de Amposta, así como sobre una nueva conexión a dicha
autopista en la zona de la Ampolla (Tarragona) (Número de expediente
181/000988) (Página 10004)



--De la señora Matador de Matos (Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso), sobre prioridades del Ministerio de Fomento en materia de
carreteras en Extremadura (Número de expediente 181/000989) (Página 10005)



--De la señora Cunillera i Mestres (Grupo Socialista del Congreso), sobre
situación administrativa de la estación de Sant Guim de Feixenet
(Lleida), en la línea férrea Lleida-Barcelona, vía Manresa (Barcelona)
(Número de expediente 181/001009) (Página 10006)



--De la misma señora Diputada, sobre trabajos y estudios llevados a cabo
para elaborar el plan de viabilidad de la línea Lleida-Barcelona, vía
Manresa (Barcelona) (Número de expediente 181/001010) (Página 10007)



--De la misma señora Diputada, sobre fecha prevista para la financiación
del plan de viabilidad de la línea Lleida-Barcelona (Número de expediente
181/001011) (Página 10007)



Comparecencia del señor presidente de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores, CNMV (Fernández-Armesto Fernández España), para informar de la
operación de compra de acciones de Antena 3 Televisión, S. A., por
Telefónica de España, S. A., y los Bancos Santander y Central-Hispano, en
el ámbito de su competencia. A solicitud del Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso (Número de expediente 212/000756) (Página 10010)



Se abre la sesión a las cuatro y treinta y cinco minutos de la tarde.




PREGUNTAS:



--DEL SEÑOR MEYER PLEITE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA
UNIDA, SOBRE MOTIVOS DE LA SUPRESION DE LOS CARTEROS DE REPARTO QUE
PRESTAN SUS SERVICIOS EN LOS BARRIOS DE LA VIÑA, BARRIADA LA PAZ, TRILLE
Y BARRIADA ESPAÑA, DE CADIZ (Número de expediente 181/000326).




--DEL SEÑOR MEYER PLEITE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA
UNIDA, SOBRE PREVISIONES ACERCA DE LA CREACION DE UN SERVICIO CONTRA
INCENDIOS Y TRATAMIENTO DE SUSTANCIAS TOXICAS EN EL PUERTO DE ALGECIRAS
(CADIZ) (Número de expediente 181/000887).




--DEL SEÑOR PERALES PIZARRO, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, SOBRE LA
APORTACION DE 45.000 MILLONES DE PESETAS PARA ELIMINAR EL PEAJE DE LA
AUTOPISTA SEVILLA-CADIZ (Número de expediente 181/000915).

El señor PRESIDENTE: Buenas tardes.

Vamos a comenzar la sesión de preguntas. Para contestarlas tenemos con
nosotros a don Joaquín Abril Martorell, Secretario de Estado de
Infraestructuras y Transportes, a quien damos la bienvenida y agradecemos
su presencia.

Las preguntas 1 y 2 han sido retiradas por su autor, don Willy Meyer
Pleite, del Grupo de Izquierda Unida, ya que no iba a estar presente y,
por tanto, pasarán a ser contestadas como preguntas escritas.

La tercera pregunta del orden del día corresponde a don Alfonso Perales
Pizarro, del Grupo Socialista, y se refiere a la aportación de 45.000
millones de pesetas para eliminar el peaje de la autopista Sevilla-Cádiz.

Procederemos de la siguiente forma: el señor diputado formulará la
pregunta, contestará el señor Abril Martorell, réplica y contrarréplica.

Seremos flexibles en el tiempo, como se ha sido siempre en esta Comisión,
pero yo creo que alrededor de diez minutos por pregunta sería suficiente.

El señor Perales tiene la palabra.




El señor PERALES PIZARRO: Agradezco a la Presidencia su generosidad en el
tiempo; yo creo que no lo voy a consumir pero quiero agradecer su
ofrecimiento.

La pregunta que nosotros hacemos es bastante elocuente tal y como se ha
formulado, aunque sí requiere una explicación complementaria que yo voy a
hacer gustosamente y con la mayor claridad.




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La pregunta se justifica porque los máximos dirigentes del Partido
Popular en Andalucía, partido del Gobierno, han formalizado con
reiteración un compromiso del Gobierno central del Partido Popular de que
el Gobierno central estaba dispuesto a hacer una aportación de 45.000
millones de pesetas para eliminar el peaje de la autopista Sevilla-Cádiz;
que el Gobierno del Partido Popular, el Gobierno central, estaba en
condiciones de proponer a la Junta de Andalucía un acuerdo a través del
cual la Junta de Andalucía aportaría 45.000 millones de pesetas y el
Gobierno central otros 45.000 millones. Sumadas ambas cantidades se
completaban los 90.000 millones de pesetas que, a juicio de estos máximos
portavoces y máximos dirigentes del Partido Popular en Andalucía, es el
coste de la autopista Sevilla-Cádiz.

Es verdad que más tarde el Gobierno no tuvo mucho en cuenta esta oferta
del Partido Popular en Andalucía y aprobó un convenio con la empresa
concesionaria, por el que se ha prorrogado el peaje que se pretendía
eliminar con esos 90.000 millones, 45.000 del Gobierno central y 45.000
de la Junta de Andalucía, por un período de trece años, ha prorrogado esa
concesión.

La pregunta es, por tanto, muy clara y muy sencilla. Lo que queremos
saber es si el Gobierno, aunque ya ha acordado la prórroga del peaje de
la autopista por el período de trece años, sigue manteniendo su oferta y
su propuesta de que, con una aportación de 45.000 millones de la Junta de
Andalucía más 45.000 del Gobierno, se podría liberar la autopista.

También es verdad --y no puedo evitar decirlo-- que la posición del
Partido Popular ha ido girando con el tiempo no sabemos en qué dirección,
pero ha ido girando, se ha modificado en relación con la autopista de
peaje. Existía un compromiso formal en el programa electoral del Partido
Popular de Andalucía, como una de las propuestas más destacadas y sin
duda más impactante para la opinión pública en Andalucía --lo podemos ver
en el propio programa--, de eliminar el peaje de autopista. Luego, ya en
el Gobierno, el Partido Popular fue modificando o girando sobre su propia
posición y prometió a continuación que la liberación del peaje sería
progresiva. Nunca logramos enterarnos de qué significaba progresiva,
nunca conseguimos saber exactamente qué era. Más tarde se nos dijo que
sería una solución mejor. La solución mejor era que se iba a prorrogar 13
años, que era lo positivo y lo conveniente para la provincia de Cádiz. El
peaje ni se eliminaba radicalmente ni se eliminaba progresivamente; se
acordaba que la prórroga era lo que convenía a los intereses generales de
la provincia de Cádiz. El Gobierno ha acordado una prórroga de 13 años.

Acogiéndome a la invitación del presidente de que se podrá hacer una
segunda intervención, si fuera necesario, aunque espero que no lo sea, lo
que pregunto al señor secretario de Estado es si tiene pensado el
Gobierno ofrecer un convenio a la Junta de Andalucía para liberar la
autopista Sevilla-Cádiz de peaje con esa aportación de 45.000 millones de
pesetas que prometió el Partido Popular en Andalucía y que sería
completada con otros 45.000 millones de la Junta de Andalucía. En segundo
lugar, si van a proponer en el territorio nacional un convenio parecido a
este que proponen para Andalucía, es decir, la eliminación del peaje con
aportaciones de los gobiernos autonómico y central.

Por último, señor presidente, solicitaría al señor compareciente que, si
a bien lo tiene, envíe a este diputado preguntante la base documental o
el estudio por el que se estimó que la cantidad que habría que aportar
serían 90.000 millones de pesetas, si tenemos en cuenta que un portavoz
autorizado de Aumar desmintió a los portavoces del PP en aquellos días
diciendo que no eran 90.000 millones de pesetas. Queremos conocer la base
documental y los estudios que llevaron a estimar esa cantidad que el
Partido Popular en Andalucía creyó justa para recuperar la autopista
Sevilla-Cádiz.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el secretario de Estado.




El señor SECRETARIO DE ESTADO DE INFRAESTRUCTURAS Y TRANSPORTES (Abril
Martorell): Muchas gracias por la cuestión planteada.

A mí me parece que es evidente lo que el Gobierno ha hecho. El Gobierno
ha hecho un estudio del sistema viario español, ha impulsado una serie de
autovías que completan el mapa de las vías de gran capacidad de toda
España, ha hecho un cálculo y ha visto que el rescate de todo el sistema
de autopistas en España, no es una provincia determinada, sino en
general, sobrepasa con mucho las posibilidades financieras del Gobierno
en estos momentos y particularmente en tiempos de restricción
presupuestaria. Una vez concluida esta serie de análisis, completó el
mapa de las posibles carreteras de peaje añadiendo a las existentes unas
autovías nuevas de peaje, que seguramente se desarrollarán todas. Lo que
ha resultado, al efectuar un estudio minucioso, es que la legislación
permite rescatar las autopistas de peaje, a discreción del Gobierno, con
una precuantificación. En segundo término, que era imposible rescatar el
sistema de autopistas de toda España en los momentos presupuestarios
presentes. En tercer término, que en toda Europa se va hacia un pago
directo o indirecto por parte de los usuarios del sistema de carreteras,
en su momento en forma de euroviñeta o del modo que corresponda, de
manera que contribuya a desahogar el presupuesto, si no de construcción,
por lo menos de mantenimiento del sistema viario. Finalmente, se
consideró también, como decía antes, que se podía completar el número de
autopistas de peaje con unos pocos tramos adicionales, que han formado
parte de lo que se llama el plan de autopistas de peaje.

No voy a discutir al señor diputado que haya habido diversas opiniones,
pero sí le debo decir que las medidas que adopta el Gobierno son públicas
y públicamente ha firmado el acuerdo con Aumar y el decreto por el cual
se ha prorrogado. Esos son los hechos hoy en día. Otra cuestión distinta
es si en el proceso de elaboración se han ido emitiendo opiniones
distintas, lo cual es naturalísimo en una democracia; si ha sido más o
menos laborioso.

Quisiera añadir que en el sistema de peajes se ha ido hacia dos
principios: uno, que la tarifa por kilómetro sea razonable,



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de nivel europeo --al menos así lo hemos pretendido--, y, dos, que toda
autopista de peaje, antigua o nueva, siempre tenga una vía alternativa
que permita desarrollar ese mismo trayecto sin pago ninguno.

Naturalmente, la economía de mercado trae consigo que, según las
finalidades de cada uno, del vehículo correspondiente, en unos casos un
tráfico de corta distancia y en otros un tráfico de más larga distancia,
se opte por una solución o por otra, pero en el bien entendido de que el
Estado siempre procura un camino alternativo gratuito. Así está planteado
en todas las nuevas, y con restricciones, porque viene del pasado
prácticamente todas ellas tienen un camino alternativo.

Termino diciendo que con mucho gusto enviaremos el estudio. Según los
datos que tengo, tampoco me dan los 90.000 millones, sino una cantidad
sustancialmente inferior, pero, tal como ha pedido el señor diputado, con
mucho gusto, enviaremos los cálculos correspondientes del rescate. Como
sabe, la legislación determina dos o tres procedimientos de cálculo, que
lógicamente no son coincidentes, pero que dan un orden de magnitud de lo
que podría ser, caso de intentar un acuerdo de rescate con una
determinada autopista. En este caso particular, el tramo que se ha
señalado es el de las autopistas Mare Nostrum, de la empresa Aumar,
porque Aumar tiene un conjunto de autopistas separadas geográficamente,
pero que constituyen una unidad concesional, en lo que a mí se me
alcanza, en los momentos presentes.




El señor PRESIDENTE: Señor Perales.




El señor PERALES PIZARRO: Voy a ser muy breve. A mí la explicación que ha
dado el señor secretario de Estado me parece coherente, que tiene una
lógica incuestionable, y desde luego no la voy a cuestionar. Aunque no la
comparta, tiene una lógica elemental y es muy entendible y muy coherente.

Ya digo que, aun sin estar de acuerdo con todo lo que dice, me parece
perfectamente respetable la explicación y, sobre todo, entendible, que es
lo importante en este momento. El problema está en que nosotros nos
encontramos en una situación política de indefensión. El Partido Popular
de Andalucía, y no a nivel de un militante cualquiera, sin ninguna
responsabilidad, ha formalizado un compromiso público, ante la opinión
pública, y ha dicho a la otra administración autonómica: si quieren
ustedes eliminar el peaje, pongan 45.000 millones de pesetas, que el
Gobierno central está dispuesto a poner otros 45.000 para ello.

No tengo nada que objetar a su intervención, excepto que nos encontramos,
como en otras ocasiones, desgraciadamente, con una doble posición: la
posición que usted plantea y que repito que no la comparto, aunque no
tengo nada que objetar, y la que defiende el Partido Popular en
Andalucía, que inicia una campaña en las provincias de Cádiz y Sevilla
acusando a la administración autonómica de no ser valiente a la hora de
afrontar los problemas y diciendo que ellos sí están en condiciones de
comprometer 45.000 millones de pesetas. A partir de su explicación
tenemos la responsabilidad y la obligación de recordar al Partido Popular
de Andalucía que no está hablando en nombre del Gobierno. Cada vez que
nos haga una propuesta de este calado, le podremos decir que están
mintiendo y que no dicen la verdad, porque luego el Gobierno, una y otra
vez, defiende una posición, que se puede compartir o no, pero que tiene
más coherencia que la que defiende el Partido Popular en Andalucía.

Yo no acabo de entender cuál es el juego. El juego no lo acabamos de
entender, porque luego venimos a la Comisión de Infraestructuras y el
Gobierno nos explica y justifica la posición oficial del Gobierno. La
única conclusión que podemos sacar es que el Partido Popular nunca dice
la verdad cuando se refiere a asuntos de esta naturaleza. El Partido
Popular recurre permanentemente a una doble posición: la posición que
defiende ante la opinión pública y ante los ciudadanos en la provincia de
Cádiz o en cualquier lugar de Andalucía y la que defiende el Gobierno en
la sede parlamentaria, sea el Congreso o sea el Senado.

Y, desde luego, le agradecería que me pudiera remitir toda la información
para comprobar cuáles son las cifras que permitirían aplicar esta promesa
del Partido Popular en Andalucía, que yo he mencionado al principio de mi
intervención.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor secretario de Estado.




El señor SECRETARIO DE ESTADO DE INFRAESTRUCTURAS Y TRANSPORTES (Abril
Martorell): Yo quiero recordar al señor diputado que comparezco en nombre
del Gobierno, no del Partido Popular de Andalucía y, por consiguiente,
mal puedo contestar. De todas formas, en una situación cambiante y en la
España de las autonomías, donde se ve toda suerte de opiniones variando a
lo largo del tiempo y que van madurando, a mí me parece que el señor
diputado hace bien en sorprenderse, pero francamente se ven ejemplos en
todas las autonomías y todos los días de procesos de esta naturaleza. De
todas formas, no deja de ser una opinión muy personal la que puedo
expresar en este caso.




--DEL SEÑOR PERALES PIZARRO, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, SOBRE
INTENCION DE IMPLANTAR UN PEAJE INDIRECTO EN EL TRAMO GUADIARO-ESTEPONA
(Número de expediente 181/000922).




El señor PRESIDENTE: Pasamos a la cuarta pregunta. Antes, una aclaración.

Yo creo que se ha comprendido antes que son diez minutos en la totalidad
del desarrollo de la pregunta, no en el planteamiento. Es también del
diputado don Alfonso Perales, del Grupo Socialista, y se refería a la
intención de implantar un peaje indirecto en el trama Guadiaro-Estepona.




El señor PERALES PIZARRO: Mi segunda pregunta, como acaba de decir el
presidente, tiene por objeto aclarar si el Gobierno de la nación tiene
pensado implantar en el



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tramo de autopista Guadiaro-Estepona un peaje indirecto. Como algunas de
SS. SS. sabrán y con seguridad el señor compareciente, este tramo de la
N-340 entre Guadiaro-Estepona no estaba previsto inicialmente que fuera
un tramo de peaje, pero el Gobierno del Partido Popular, en el denominado
primer plan de autopistas, ha tenido a bien convertirlo en un tramo de
peaje.

Naturalmente, la mayor parte de las fuerzas políticas de las provincias
de Cádiz y de Málaga ha rechazado esa decisión. La mayoría de los
colectivos sociales y económicos, prácticamente todos, sin exclusión, ha
considerado una medida lesiva para los intereses de la zona que esa
carretera tenga un tramo de peaje, pero aun así el Gobierno ha seguido
adelante con su posición. No sé si todavía ha salido a concurso, pero
está previsto que se haga para que ese tramo se convierta en autopista de
peaje.

Mi pregunta tiene la siguiente explicación. No pregunto ni siquiera
cuáles son las razones por las que eso es ahora un tramo de peaje. Es
que, según la versión de los portavoces andaluces del Partido Popular,
que lo han expresado con claridad meridiana en los medios de
comunicación, peaje indirecto supone que los ciudadanos no pagarían nada
por transitar, ya que será la Administración central del Estado la que
afronte las consecuencias económicas del tránsito por esa autopista. Yo
quería saber si peaje indirecto es exactamente eso, que puede serlo, pero
más que la hermenéutica de la expresión me interesa si el Gobierno en
efecto tiene pensado que ese tramo de autopista sea libre de peaje
económico por parte de los ciudadanos, es decir, que los ciudadanos
transitarán libremente y luego el Estado hará la operación matemática que
corresponda, calculará cuántos han pasado y el Estado pagará a los
concesionarios de autopistas, que es tal como lo explican los portavoces
del PP. Yo de esto no sé ni entiendo nada. Sí quiero que el Gobierno me
aclare si efectivamente peaje indirecto es lo que dicen los portavoces
del PP y si la intención, el deseo y la voluntad del Gobierno, y si así
lo llevará a efecto, será que por ese tramo, aunque sea de peaje, los
ciudadanos que transiten no paguen ningún peaje. Es ciertamente
contradictorio y chocante, pero podía ser y desde luego, si fuera así,
sería bienvenida esa decisión.

Así pues, mi pregunta es, primero, si es cierto que va a ser así, como
dicen los líderes provinciales y regionales del Partido Popular en
Andalucía; segundo, si hay estudios que hayan sido elaborados para
justificar esa decisión y qué acuerdo formal se requiere por parte de la
Administración central del Estado, por parte del Gobierno, para adoptar
la decisión de que en esa autopista, siendo de peaje, se transite
libremente sin pagar peaje.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el secretario de Estado.




El señor SECRETARIO DE ESTADO DE INFRAESTRUCTURAS Y TRANSPORTES (Abril
Martorell): Este tramo de autopista, que será un tramo limitado, de
veintipocos kilómetros, según recuerdo, aunque aquí tengo los datos, será
una autopista de peaje; de otro modo su nombre sería imaginario
completamente. Lo que sucede es que tendrá un peaje reducido, pues, si se
pretendiese recuperar por vía del peaje el costo de la inversión, saldría
un peaje que no sería pertinente. El Estado aportará en este y otros
tramos de autopista de nueva creación una cuantía, de tal manera que
efectivamente la parte desembolsada por el concesionario pueda ser
recuperada por vía de un peaje normalizado, que es el que estamos
proponiendo para todo el sistema español de autopistas, vía negociación o
vía nuevas concesiones, en el cual tenga una tarifa por kilómetros
semejante a la europea, en este caso particular semejante a la de
Francia, que es el único ejemplo relativamente completo de sistema de
peajes que existe en Europa. Está también el italiano, pero ése es un
referente menos oportuno. Por tanto, estamos planteando, vía negociación
o vía nuevas concesiones --repito--, una tarifa que sea similar a la
europea, la francesa en este caso. Salen de esta solución aquellas
autopistas que son más caras en general, porque tienen tramos de montaña
o tramos muy montuosos, como puede ser la parte del norte u otras partes
de España donde esto puede suceder.

La respuesta es que el peaje es una mixtura de una parte que es cero
porque la aporta el Estado y de otra parte que tendrá un valor
tipificado, como digo, y que la aportarán los distintos usuarios. Al
mismo tiempo, aquí tengo la relación de mejoras, tal como antes señalaba,
de la carretera alternativa, de manera que todo aquel ciudadano que
quiera transitar de Guadiaro a Estepona por la carretera alternativa lo
podrá hacer perfectamente sin tener que desembolsar ningún peaje.

Por otra parte, no ha salido a licitación esta concesión y el pliego está
en elaboración; de manera que muchos más detalles no es posible dar. Se
puede hablar del diseño general que estamos planteando y que a mí me
parece que en buena medida se ha traslucido por los medios de
comunicación.




El señor PRESIDENTE: Señor Perales.




El señor PERALES PIZARRO: Con mucha brevedad, quiero decir que, en el
código de comunicación que se emplea en el Ministerio, peaje indirecto no
existe o no es lo que yo he leído textualmente, porque es ciertamente
chocante. Yo lo que he leído es que peaje indirecto es que no se paga
nada. Es de peaje pero no se paga. Ciertamente sería un peaje ilusorio,
porque no se pagaría. Por tanto, parece que peaje indirecto es un exceso
verbal de algún diputado o responsable del Partido Popular que no conocía
bien el código de comunicación al uso en este tipo de asuntos.

En segundo lugar, me gustaría conocer, señor secretario de Estado, si
usted puede aproximar alguna cantidad, bien en este momento y si no,
cuando fuera posible, ya lo requeriríamos, sobre lo que se pagará.

Podemos hacer una aproximación con lo que usted ha dicho, con lo que se
paga por kilómetro en una autopista francesa, pero, en cualquier caso,
nos interesaría conocerlo.

Por último, señor secretario de Estado, todos los portavoces del Partido
Popular en Andalucía siguen insistiendo en que la carretera actual será
autovía. Algunos portavoces



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del PP han hablado de autovía, no sé si de carácter urbano, de
multicarriles, pero los portavoces del PP de Andalucía no siguen acusando
a todos los que decimos que no es así --porque decimos lo que les oímos a
ustedes aquí-- de mentirosos, en algún caso de farsantes y de algún otro
tipo de lindezas. Por tanto, sería de tranquilidad común si ustedes
establecieran con claridad cuál es el proyecto que tiene el Gobierno para
la N-340; si va a ser autovía, si va a ser carretera multicarriles, si va
a ser carretera actual pero mejorada con más metros. Nos gustaría que nos
lo dijeran a nosotros y que hicieran el esfuerzo, a través de los
portavoces del Partido Popular, que tan brillantes son en otras materias
de explicar a los líderes del Partido Popular en Andalucía cuál es la
posición oficial del Gobierno, porque si no estaremos hasta el año 2004,
todas las semanas que sea posible, requiriendo al Gobierno una
explicación clara y leal sobre cuál es el proyecto que tiene sobre esa
carretera.




El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado.




El señor SECRETARIO DE ESTADO DE INFRAESTRUCTURAS Y TRANSPORTES (Abril
Martorell): Yo creo que en el argot o código de comunicación existe otra
figura que, en su traducción del inglés, se llama peaje en la sombra, en
virtud de la cual se paga por parte de las autoridades que en cada caso
corresponda lo que debería pagar el usuario, con objeto de resarcir a la
concesión o a la explotación determinada. Esta figura del peaje indirecto
que se está mencionando quizá pueda corresponder a eso. De todas formas,
como dice muy bien el señor diputado, la terminología no está bien
establecida y, como consecuencia, hay esta fluctuación terminológica, lo
cual no tiene nada de particular y además nos va permitiendo en estas
sesiones de la Comisión profundizar en estas materias, lo que es
importante.

Tal como le decía al señor diputado, el pliego todavía está bajo
escrutinio y, por lo tanto, no quisiera avanzar un cálculo que yo mismo
no conozco, puesto que a continuación sería objeto de especulación y,
naturalmente, no es ésa mi función cuando es prematuro hablar de cifras.

Los criterios generales son los que he señalado.

Yo no tengo aquí los detalles de cómo se va a modificar la carretera
actual, pero sí sé que en el anexo de inversiones hay unas cantidades
--eso lo puede comprobar el señor diputado-- destinadas a los estudios
para aumentar la capacidad de esa vía alternativa. Lógicamente, ese
estudio del incremento de la capacidad pondrá de manifiesto la clase de
obras que hay que hacer en la carretera actual, con objeto de dotarla de
esa tipología de carretera alternativa a la que el Gobierno políticamente
se ha comprometido; si no fuera así, no hubiese continuado con la idea de
crear una autopista o de extender la concesión presente en ejecución
mediante esos pocos kilómetros que separan Estepona de Guadiaro. De
manera que no le puedo dar esa tipología porque será consecuencia de ese
estudio correspondiente, cuya cifra, al menos la del año 1998, está en
una partida de los presupuestos que puede ser perfectamente identificada
por el señor diputado.

--DEL SEÑOR GOMEZ-ALBA RUIZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL
CONGRESO, SOBRE VALORACION DE LA CONSTRUCCION DE UN NUEVO ACCESO A LA
AUTOPISTA A-7 EN EL ENLACE DE AMPOSTA, ASI COMO SOBRE UNA NUEVA CONEXION
A DICHA AUTOPISTA EN LA ZONA DE LA AMPOLLA (TARRAGONA) (Número de
expediente 181/000988).




El señor PRESIDENTE: Pasamos a la siguiente pregunta, la número 5, que
formula don Sergio Gómez-Alba, del Grupo Parlamentario Popular, y que
dice así: Valoración de la construcción de un nuevo acceso a la autopista
A-7 en el enlace de Amposta, así como sobre una nueva conexión a dicha
autopista en la zona de La Ampolla (Tarragona).

Tiene la palabra el señor Gómez-Alba.




El señor GOMEZ-ALBA RUIZ: El Ayuntamiento de Deltebre (Tarragona)
solicitó en su momento una salida, dirección únicamente hacia Deltebre,
que resolviese el movimiento desde la Autopista A-7 por el enlace de
Amposta, para dirigirse a Deltebre a través de la carretera autonómica
TV-3454, de reciente construcción, que es la que conduce directamente a
la desembocadura del río Ebro pasando por dicha localidad. Había dos
posibles soluciones. Una, sencilla, que consistía en una conexión desde
el ramal de salida del peaje del enlace de Amposta, con un camino de
servicio paralelo al anterior ramal; y otra, de mayor presupuesto, pero
quizá más funcional, que consistía en completar el enlace actual entre
las carreteras TV-3454 y N-340 con un ramal simétrico al existente.

Por resolución de la Dirección General de Carreteras, en septiembre de
1994, se autorizó al Ayuntamiento de Deltebre la construcción del acceso
solicitado, optando por la solución que hemos enumerado en primer lugar,
con cargo al mismo al ser de coste más reducido, aunque no era, como
decíamos, la solución más idónea; los representantes del Ayuntamiento de
Deltebre aceptaron personalmente el compromiso de su construcción.

Posteriormente --y cambiando de opinión--, el ayuntamiento interpuso
recurso ordinario para anular el punto tercero de la resolución, relativo
a las obras del acceso autorizado, que deberían hacerse con cargo al
ayuntamiento, argumentando que las obras eran para dar salidas a los
usuarios de la autopista y que la construcción del acceso no estaba en el
término municipal de Deltebre. En noviembre de 1995 se dictó la
resolución ministerial desestimando el recurso interpuesto, en base a que
los usuarios de la autopista A-7 tenían accesos suficientes para su
salida en la zona del delta del Ebro y que la construcción de dichos
accesos debería correr a cargo del ayuntamiento, por tratarse de mejoras
de carreteras de titularidad no estatal.

Situadas así las cosas y como carezco de los poderes de videncia que
manifiesta el diputado señor Perales, que le permiten adivinar las
futuras mentiras que piensa decir el PP en Andalucía --cosa muy buena,
por otra parte, porque eso puede ser una segunda profesión en el futuro--
no me



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queda más remedio que dirigirme al señor secretario de Estado para
preguntarle qué valoración hace de esta construcción del nuevo acceso a
la autopista A-7.




El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado.




El señor SECRETARIO DE ESTADO DE INFRAESTRUCTURAS Y TRANSPORTES (Abril
Martorell): Muchas gracias por la pregunta. Yo creo que ha descrito
perfectamente la situación --al menos las notas que yo tengo coinciden--,
pero en cuanto a la valoración, no he entendido si la desea desde una
perspectiva económica --no he dispuesto de tiempo suficiente para obtener
la información, pero creo que tendrá un valor económico, aunque
seguramente no muy elevado-- o desde el punto de vista de la solución del
problema. A juicio del Ministerio, hasta el presente, la construcción de
ese nuevo acceso --que es la solución 2, en el argot, o la solución
simétrica que comentaba el señor diputado-- consiste en completar un
enlace con un ramal simétrico al existente entre la N-340 y la repetida
carrera TV-3454, lo que resolvería esa solicitud del Ayuntamiento de
Deltebre. Hasta el momento presente, se entendía que no era
verdaderamente necesaria porque ya hay cuatro carreteras. En el plano que
tengo se puede ver que, efectivamente, hay una serie de comunicaciones; a
Deltebre se llega desde la N-340 por cuatro rutas distintas, con cuatro
enlaces. Bien es verdad que habrá un tráfico que procederá del enlace de
Amposta y que no derivará por los otros tres tramos y que, debido a la
densidad de tráfico que pueda existir en el enlace de Amposta, eso
facilitaría la conexión con la población de Deltebre, evitando cruzar dos
veces la N-340 sobre el río Ebro al tráfico que, desde la autopista A-7,
salida a Amposta, quisiera dirigirse a Deltebre. Por lo tanto, la
valoración en un sentido técnico sería que se trata de un enlace no
estrictamente necesario, pero sí altamente conveniente.

Había otra parte de la pregunta relativa al enlace de La Ampolla, que,
como saben SS. SS., está previsto realizarlo.




--DE LA SEÑORA MATADOR DE MATOS, DEL GRUPO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE
PRIORIDADES DEL MINISTERIO DE FOMENTO EN MATERIA DE CARRETERAS EN
EXTREMADURA (Número de expediente 181/000989).




El señor PRESIDENTE: La sexta pregunta corresponde a doña Carmen Matador
de Matos, del Grupo Parlamentario Popular, y se refiere a prioridades del
Ministerio de Fomento en materia de carreteras en Extremadura.

Tiene la palabra la señora Matador.




La señora MATADOR DE MATOS: Señor secretario de Estado, mi pregunta es la
siguiente: ¿Cuáles son las prioridades del Gobierno en materia de
carreteras en la Comunidad Autónoma de Extremadura? Queremos saber cuáles
son las previsiones del programa de actuaciones prioritarias en carretera
y del Plan director de infraestructuras. Asimismo, a los extremeños nos
gustaría saber si entre esas prioridades está prevista la construcción de
una autovía en la carretera N-630. Y una vez que nos explique cuáles son
las prioridades del Gobierno en este sentido, también me gustaría que
aclarara el cuándo de la adopción de estas prioridades y de estas
previsiones, a efectos de que todos los extremeños sepamos cuál es la
situación.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor secretario de Estado.




El señor SECRETARIO DE ESTADO DE INFRAESTRUCTURAS Y TRANSPORTES (Abril
Martorell): Muchas gracias por la pregunta. En términos técnicos, hay que
distinguir entre lo que se llama el Papca --un programa de actuaciones
prioritarias ya aprobado por el Gobierno anterior-- y el PDI, que también
se aprobó por el Parlamento y, por lo tanto, tuvo un refrendo, digamos,
no estrictamente técnico, pero sí político, en cuanto a previsiones. En
el Papca que se aprobó están los tramos Mérida-Almendralejo,
Almendralejo-Zafra y la primera fase del Plasencia-Cáceres. Todo ello en
la autovía de la Plata, que es en la carretera 630, que, como su nombre
indica, será autovía.

En cuanto a las previsiones del PDI, aquí se señalan tres cosas. En
primer lugar, la construcción de una autovía completa de la carretera
630, a lo que me acabo de referir, una vía completa, es decir, no sólo
los tramos que preseleccionaba por así decir el Papca, sino todo el resto
que transcurre a lo largo de las dos provincias extremeñas; en segundo
término, hablando del PDI, una vía de conexión de la nacional 521, entre
Trujillo y Cáceres, y, finalmente, la unión de Mérida con Ciudad Real,
que facilitará el acceso a Extremadura desde Castilla-La Mancha y de ahí
a Valencia cuando se ultime otra autovía del PDI entre Ciudad Real y la
nacional III. Ahí hay otro trayecto que no describo que está entre
Atalaya y Ciudad Real, el cual sería la conexión entre Valencia y Lisboa
a través de La Mancha y de Extremadura. Esas son las previsiones de
carácter general.

¿Qué es lo que está previsto en el año 1998? La carretera de
Mérida-Almendralejo y la de Almendralejo-Zafra, a licitar ambas, repito,
en 1998 por presupuesto ordinario, si bien la de Almendralejo-Zafra
seguramente pasará a ser por el abono total del precio o método alemán,
lo cual es indiferente desde el punto de vista de los usuarios y de los
responsables políticos, pero es una distinción de naturaleza
presupuestaria, como sabe perfectamente la señora diputada.

Esto en cuanto a inicio de las obras. Esas son dos obras seleccionadas;
no tengo aquí la longitud de los tramos, pero es una longitud
relativamente importante.

Por otra parte, para redacción de estudios y proyectos están las
siguientes: la vía rápida Trujillo-Cáceres y la variante de Cáceres;
Aldeanueva del Camino-Plasencia sur, tramo también de la autovía de la
Plata, y tres tramos más de dicha autovía de la Plata, que es el
Plasencia sur-Cáceres sur, Cáceres sur-Mérida y Zafra límite de la
provincia



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de Huelva, que está en el extremo sur de los dos tramos anteriores.

De manera que lo que está previsto como inicio de licitación de obra son
las dos que he mencionado, y como estudios y proyectos, preparando ese
plan completo prácticamente del PDI a que antes me refería, esos cinco
estudios que acabo de señalar.

Como resumen, sería toda la autovía de la Plata, que es estratégica, ya
que Extremadura tiene dos comunicaciones básicas, como es obvio, de norte
a sur y de este a oeste. La de norte a sur está en el plan terminarla
completamente, e iría desde Andalucía occidental hasta Castilla-León,
luego el resto del norte y por último las conexiones transversales, de
las cuales aquí se señalan la de Cáceres-Trujillo, y, posteriormente, la
de Mérida-Ciudad Real.

Con esto, teniendo en cuenta lo ya realizado de la nacional V, se
completaría el mapa sustancial de autovías y de vías de alta capacidad en
Extremadura.




--DE LA SEÑORA CUNILLERA I MESTRES, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO,
SOBRE SITUACION ADMINISTRATIVA DE LA ESTACION DE SANT GUIM DE FREIXENET
(LLEIDA), EN LA LINEA FERREA LLEIDA-BARCELONA, VIA MANRESA (BARCELONA)
(Número de expediente 181/001009).




El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta número 7, que formula doña
Teresa Cunillera i Mestres, del Grupo Socialista, que se refiere a la
situación administrativa de la Estación de Sant Guim de Freixenet
(Lleida) en la línea férrea Lleida-Barcelona, vía Manresa.

Tiene la palabra la señora Cunillera.




La señora CUNILLERA I MESTRES: Señor secretario de Estado, con fecha 28
de mayo esta diputada que le habla dirigió una pregunta por escrito al
Gobierno para conocer el destino que se pensaba dar a las estaciones
cerradas en la línea Lleida-Barcelona, vía Manresa. Me refería
concretamente a la de Castellnou de Seana, que llevaba mucho tiempo
cerrada y en un estado lamentable, como más adelante podremos hablar, y
hacía referencia también a la de Sant Guim de Freixenet, que se acababa
de dar por cerrada en esas fechas, muy recientemente en ese tiempo.

El Gobierno me respondió con fecha 27 de agosto, en los plazos que
habitualmente gastamos, y se centraba exclusivamente en la estación de
Sant Guim de Freixenet.

Respecto a la de Sant Guim de Freixenet, en la respuesta que me dirigió
el Gobierno se me señalaba que no se encontraba cerrada porque se
cumplían dos condiciones básicas: de regulación del tráfico ferroviario y
de prestación de servicios comerciales a viajeros. En cambio, consta en
poder del Ayuntamiento de Sant Guim de Freixenet una carta de Renfe, de
18 de febrero, por la que se le comunica textualmente que la estación de
Sant Guim de Freixenet, a partir de mañana, día 19 de febrero, pasará a
convertirse en apeadero sin personal --cito, repito, textualmente--, y
desde esta fecha, los viajeros deberán adquirir los títulos de
transporte, excepto los abonos de diez viajes y abonos mensuales, en el
interior del tren, solicitándolos al interventor.

En vista de la contradicción que hay entre la carta de Renfe y la
respuesta del Gobierno a esta diputada es por lo que le formulo la
pregunta como figura en el orden del día.




El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado, tiene la palabra.




El señor SECRETARIO DE ESTADO DE INFRAESTRUCTURAS Y TRANSPORTES (Abril
Martorell): No sé si hay un mal entendido, lo desconozco. A mí me
facilitan una documentación de la que se deduce que de las
aproximadamente mil setecientas estaciones de Renfe, hay más de mil, o
sea más de la mitad, que están sin personal que atienda la circulación de
trenes, dado que se controlan bien desde un puesto de control
centralizado o desde las estaciones colaterales. En aquellas en que
además no hay personal comercial, caso de Sant Guim de Freixenet, la
atención al cliente se realiza a bordo del tren, situación que se dará a
partir de mañana, dato que yo no tengo y que agradezco a la señora
diputada.

Esto mismo, explicado un poco más largo, dice que la situación real
administrativa es de estación abierta sin personal, caso que al parecer
es frecuentísimo en Renfe, hasta el extremo de afectar, como digo, a más
de la mitad de las estaciones abiertas.

Al no ser una estación necesaria para regulación de tráfico por las
razones ya dichas, que se regula desde otra estación, desde otro punto de
la red, a efectos internos de la compañía su clasificación es de estación
tipo P, que al parecer quiere decir apeadero. No obstante, continúa dando
los servicios básicos para los que una estación de estas características
está configurada: los trenes siguen efectuando las paradas, eso permite
la subida y bajada de viajeros; la circulación ferroviaria se controla
con garantía y seguridad desde otra estación distinta, y los viajeros
pueden obtener sus billetes por medio del interventor de ruta en el
propio tren, lo cual es una situación administrativa al parecer
frecuente, que sea o no deseable en este caso particular sería una
cuestión distinta, pero la respuesta en cuanto a situación administrativa
es la que acabo de describir.




El señor PRESIDENTE: Señora Cunillera, tiene la palabra.




La señora CUNILLERA I MESTRES: Señor secretario de Estado, estamos
hablando de una línea (seguramente en las preguntas siguientes vamos a
poder entrar con más detalle en el tema) que está sufriendo un proceso de
degradación de mucho tiempo, que necesita de medios y de una atención
seguramente más preferente de la que tiene.

Mi primera pregunta por escrito hacía referencia al patrimonio que Renfe
tiene en esas estaciones, patrimonio en Castellnou de Seana, por ejemplo,
que, como le decía, fue el origen de mi primera pregunta. Allí se ha
anunciado en la prensa estos días pasados por el alcalde que si Renfe no
presta atención a esa estación, ellos mismos se encargarán



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de derribarla, porque conlleva un cierto peligro real y grande para los
usuarios. Esto entra en una contradicción con lo que me dice el Gobierno
en su contestación, que Renfe, dentro de su política patrimonial, lleva a
cabo medidas tendentes a evitar la degradación de su patrimonio y
rentabilizar el mismo. Como consecuencia de esta política se han
mantenido contactos con las autoridades locales, a fin de dar la mayor
utilidad a los citados inmuebles en beneficio de sus habitantes,
complementando dichas actuaciones con objetivos y planes de red, siempre
de acuerdo con los ayuntamientos dentro de una política coordinada que
prime el uso público de instalaciones e inmuebles.

De la actuación real que veo en esas estaciones de que estamos hablando
en este momento, como de lo que me dice usted, tengo que pensar que la
respuesta que yo tengo aquí de 27 de agosto, para ser suave, es
literatura, porque si realmente Renfe está en contacto con los
ayuntamientos y busca coordinar con ellos el buen uso de ese patrimonio,
habremos de acordar aquí que no lo está consiguiendo; no lo está
consiguiendo en Castellnou de Seana, no lo está consiguiendo en Sant
Guim, y no lo está consiguiendo, además, en Sant Guim, de una forma
realmente considerable. En Sant Guim, Renfe tiene un patrimonio que
seguramente (y yo tengo aquí copia de abundante comunicación entre el
ayuntamiento y Renfe) podría dársele un destino beneficioso, teniendo en
cuenta que Sant Guim se va a convertir en un nudo de comunicaciones donde
van a confluir la transversal de Cataluña, la autovía Cervera-Igualada,
etcétera y, por tanto, sería de desear que se tuviera una atención a ese
patrimonio. A mí se me ocurre que seguramente la mejor manera sería que
en ese plan de viabilidad del que vamos a hablar en las siguientes
preguntas hubiera un compromiso de los ayuntamientos, pero también de la
Administración y de Renfe, respecto a que a ese patrimonio se le va a dar
un destino que sea útil para la propia empresa, para los ayuntamientos y
para los usuarios. En caso contrario, lo de Sant Guim hoy está en sus
inicios, pero nos vamos a encontrar en el mismo caso de Castellnou de
Seana.

Me parece que debería aprovechar, señor secretario de Estado, su segunda
respuesta para transmitir a la población de Castellnou de Seana, con su
alcalde a la cabeza, un mensaje de una cierta tranquilidad, de que va a
ser sensible en esa degradación del patrimonio y se van a tomar medidas,
porque esa estación justamente se edificó a base de aportaciones de los
vecinos en el año 1951, y tiene un cierto valor, si no arquitectónico, sí
sentimental para ese pueblo. Le ruego, e insisto en ello, que aproveche
esta segunda contestación para darles ese mensaje y transmitirnos a todos
una sensación de que Renfe va a velar por su patrimonio en esa línea, que
bien llevado seguramente le aportaría incluso dotación económica si
realmente piensa hacer el plan de viabilidad para ese tramo de línea
férrea.




El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado, tiene la palabra.




El señor SECRETARIO DE ESTADO DE INFRAESTRUCTURAS Y TRANSPORTES (Abril
Martorell): Lo que sí le puedo prometer es que tomo nota de esta
preocupación de la señora diputada. Me enteraré exactamente de la
situación. La realidad es que en este momento poco puedo decir, porque no
sabía que la pregunta versase sobre el patrimonio de toda la línea y no
particularmente sobre la situación administrativa de la estación de Sant
Guim de Freixenet, acerca de lo cual yo he preguntado y he podido aportar
la información pertinente. El resto de la intervención de la señora
diputada desborda esta cuestión. Yo no dudo de que su preocupación es
genuina y, por tanto, me tomo esto como una cuestión pertinente de la
cual me tengo que ocupar. En particular no sabía que fuese a tratarse el
tema de Castellnou de Seana o en general el del patrimonio.

Coincido con la señora diputada en que éste es un eje de comunicación
importante por las razones que ha señalado, pues confluye tanto la
nacional II como la de Cervera-Igualada o la transversal, etcétera y, por
tanto, es un eje que hay que cuidar y vigilar en todos sus aspectos y
también en éste del patrimonio, si es que está sufriendo ese deterioro
que no dudo que la señora diputada conoce por razones obvias.




--DE LA SEÑORA CUNILLERA I MESTRES, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO,
SOBRE TRABAJOS Y ESTUDIOS LLEVADOS A CABO PARA ELABORAR EL PLAN DE
VIABILIDAD DE LA LINEA LLEIDA-BARCELONA, VIA MANRESA (BARCELONA) (Número
de expediente 181/001010).




--DE LA SEÑORA CUNILLERA I MESTRES, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO,
SOBRE FECHA PREVISTA PARA LA FINALIZACION DEL PLAN DE VIABILIDAD DE LA
LINEA LLEIDA-BARCELONA (Número de expediente 181/001011).




El señor PRESIDENTE: Las preguntas 8 y 9 pertenecen también a la señora
Cunillera, del Grupo Socialista, y, de acuerdo con ella, dado que tienen
unas características, como ahora se verá, semejantes, ya que la 8 se
refiere a trabajos y estudios llevados a cabo para elaborar el plan de
viabilidad de la línea Lleida-Barcelona, vía Manresa, y la 9 es fecha
prevista para la finalización del plan de viabilidad de la línea
Lleida-Barcelona, por supuesto vía Manresa, van a ser tratadas
conjuntamente, y tiene la señora diputada el tiempo que considere
oportuno.




La señora CUNILLERA I MESTRES: Antes que nada, y aprovechando la
benevolencia de la presidencia de esta Comisión (que la verdad es que da
gusto), señor secretario de Estado le tengo que decir que efectivamente
tengo una preocupación genuina no sólo por esta línea férrea sino por
cualquier cosa que afecte a la circunscripción de Lleida, como es mi
obligación. Yo creo que los electores y electoras de Lleida no
entenderían que yo no me preocupara por un tema candente, como es en este
momento éste en Lleida.




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Aparte de eso, yo soy oriunda de un pueblo por el que pasa esa línea
férrea y, por tanto, comprenderá que cuando voy allí tengo un machaque
continuo que yo intento transmitirle al Gobierno para que, entre todos,
encontremos una solución. En ese espíritu de encontrar solución a esa
línea férrea es en el sentido en el que van dirigidas mis dos preguntas,
ahora agrupadas en una sola.

Esta línea férrea ha tenido unos avatares, unas dificultades tremendas,
porque en la prioridad que uno debe hacer cuando proyecta un presupuesto,
en esa zona se puso en primer lugar el desdoblamiento de la nacional II
en autovía por encima de la línea férrea. A falta de cerrar ese trámite
que nos queda de la autovía nacional II, es quizá el momento de pensar en
dicha línea férrea. En esta misma Comisión se aprobó una proposición no
de ley en noviembre de 1995, a propuesta de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya, en la que se instaba al Gobierno a que se dotara a esa
línea de medios, de tal manera que se pudiera utilizar la misma en los
parámetros de calidad y de servicio que eran necesarios.

Del mismo tenor textual se presentó otra proposición no de ley ya en esta
legislatura, que se aprobó en esta Comisión el 19 de marzo, pero los
grupos parlamentarios Socialista, Popular y Convergència i Unió
presentamos una enmienda conjunta, yo creo que en una demostración del
interés y de la consideración que nos merecería esta línea férrea, a fin
y efecto de introducir un segundo punto que decía que se hiciera un plan
de viabilidad que contemplara las diferentes soluciones y posibilidades y
que consultara a los colectivos, instituciones y entidades que estaban
colaborando en la salvación de esa línea férrea.

Nosotros somos partidarios de que se haga ese plan de viabilidad porque
creemos que en una línea que haya llegado al nivel de deterioro en que
está esa línea férrea todo lo que se haga, independientemente de pensar
en la globalidad de la salvación o de la viabilidad de la misma, será
ponerle parches, poner un poquito en un sitio, otro poquito en otro, y
seguramente perderíamos la perspectiva de lo global.

Cuando esto se aprobó el 19 de marzo yo pensé que, o bien Renfe, o el
Gobierno a través de Renfe, se iban a poner a trabajar en ese plan de
viabilidad, y que para hacerlo se consultaría a la plataforma que
aglutina a la Diputación de Lleida, Consell Comarcal, ayuntamientos,
sindicatos, y todo tipo de entidades; una vez visto dicho plan habría que
buscar la dotación presupuestaria necesaria y, en función de ese acuerdo,
se vería de qué manera se podía hacer. La situación se complica porque
pasa el tiempo y no tenemos noticia de cómo está ese plan de viabilidad.

Yo creo sinceramente que no podemos hablar de otros temas sin que se sepa
cómo está dicho plan, qué alternativas se están barajando y qué
soluciones se están previendo, todo lo demás serán seguramente
posibilidades de salir en los medios de comunicación de Lleida,
posibilidades de arrancar algunos titulares, pero no andaremos en la
dirección idónea para encontrar las soluciones a la vía férrea.

Por eso yo le pregunto qué estudios técnicos se han hecho, qué trabajos
se han realizado y en qué fecha piensan ustedes tener el plan de
viabilidad elaborado.

El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado, tiene la palabra.




El señor SECRETARIO DE ESTADO DE INFRAESTRUCTURAS Y TRANSPORTES (Abril
Martorell): Yo me expreso muchas veces con brevedad, pero he dicho que me
parecía un interés genuino por razones obvias, y me refería naturalmente
a las de representación de los votantes. Yo, que he sido diputado,
comprendo que sería totalmente anómalo que no se preocupase por aquellos
problemas que a su vez preocupan a los votantes de la circunscripción.

Otra cosa sería absolutamente incomprensible.

Quisiera aclarar una cosa previamente. Todo el presupuesto del Estado ha
tenido un peso grande en la parte de carreteras y un peso reducido en la
parte de ferrocarril, tanto el año pasado, que ya estaba el presupuesto
realizado, como en el presupuesto que se está aprobando en estos
momentos. Los presupuestos, efectivamente, están limitados; la
restricción básica es la de Maastricht, y, por otra parte, se va
derivando, por un método de un presupuesto que no incide en Maastricht,
en ferrocarril de alta velocidad, que, desde otro punto de vista, también
relacionará Lleida con Barcelona, ya no vía Manresa sino vía Tarragona o
la vía que corresponda, y la conexión entre las ciudades capitales será
más bien por la vía del ferrocarril de alta velocidad.

Aquí estamos hablando de una conexión de otra naturaleza, realizada con
el ferrocarril convencional, y la señora diputada ha mencionado un par de
estaciones de la línea, pero aquí hay fácilmente diez o doce estaciones
entre Lleida y Manresa. En consecuencia, entiendo que estamos hablando de
un medio de transporte que tiene una aplicación absolutamente distinta de
la de alta velocidad.

Debo entender también, y lo digo en voz alta, que se ha previsto, tanto
por los usuarios como por esta Comisión, en su momento, que merecía la
pena sostener este tipo de línea y no dejar que decayese ni su capacidad
ni su calidad. Ese es el trasfondo de lo que estamos hablando. Pues bien,
en cumplimiento de lo acordado en esta Comisión de Infraestructuras el 19
de marzo de 1997, el Ministerio de Fomento ha analizado, junto con Renfe,
la necesidad de actuaciones en esta línea. De lo que se llama plan de
viabilidad, aquí tiene la traducción de necesidad de actuaciones, porque
a Renfe o al Ministerio lo que les tiene que preocupar es qué es lo que
tienen que hacer para resolver las papeletas. Como consecuencia de ello,
Renfe ha redactado un proyecto funcional, según el cual el Ministerio de
Fomento ha iniciado los trámites para la licitación del contrato de
consultoría y asistencia para la redacción de ese proyecto constructivo
de mejora de esta línea. El anuncio de licitación se publicará en fechas
próximas en el «Boletín Oficial del Estado», estando prevista su
adjudicación durante el presente año, y cuyo presupuesto de licitación de
estudio es de 40 millones de pesetas.

De manera que lo que está haciendo el Ministerio es dar cumplimiento a la
resolución de esta Comisión de Infraestructuras. Si han existido
contactos con esta plataforma son datos que no han salido a la luz en las
discusiones que



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hemos tenido. Pero tengo que entender, salvo problema en contra, que ya
se habrán preocupado de atenderlo en sus propios términos, conociendo
cómo surgió el problema. Desde este punto de vista, sólo puedo hacer una
suposición, pero no puedo ir más allá en cuanto a los contactos que haya
habido con la plataforma de usuarios.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Cunillera.




La señora CUNILLERA I MESTRES: Efectivamente, la plataforma no debe
conocer esta última información, porque, aparte de las noticias que a mí
me llegan, lo que se ha publicado en la prensa de hace dos días --puedo
darle un recorte-- es que se ha reunido la plataforma de alcaldes con
sindicatos y otras entidades, que además están relacionadas en la
proposición no de ley, y una de las cosas que pedían era iniciar
contactos con diputados, senadores y con todo el mundo para que se
hiciera presión en este sentido.

Me alegro mucho del anuncio de que se va a hacer esa consultoría, pero le
sugiero una aportación positiva. Si van a hacer ese concurso y va a haber
una consultoría, ¿por qué no citan antes a la plataforma? Dicha
plataforma, en la que están entidades como las que le he dicho antes y
cuya relación aparece en la proposición no de ley, hará peticiones de
máximos que quizás no se podrán atender, o quizás sí. Pero una vez que la
consultoría se pueda poner a trabajar, a la consultora que se le
adjudique ese concurso no le perjudicará tener todos los conocimientos
del territorio que le puedan aportar.

Esa línea férrea adquiere su máximo sentido cuando el AVE está próximo a
pasar por Lleida, porque las conexiones de Lleida con Barcelona las tiene
por la vía de Sant Vicenç de Calders, otra vía que ya está en
funcionamiento y que está bien, pero una vez que Lleida se aproxime a
Madrid, como le va a ocurrir cuando esté establecida la línea, pase el
Talgo o pase una locomotora AVE, ese acercamiento de la ciudad de Lleida
a Barcelona y a Madrid es el que propicia que la línea Lleida-Barcelona,
vía Manresa, en tramos que a lo mejor no tienen que llegar a Manresa y
hay que considerar que sean más cortos, se pueda convertir en una línea
de cercanías muy rentable para Renfe. Ese es uno de los temas que debe
estudiar el plan de estabilidad, y si lo hace, que hable con la
plataforma que aglutina a todos los alcaldes de esa zona.

Me sorprende que Renfe no se plantee este tema como prioritario, cuando
tiene un gran patrimonio en algunas de las estaciones, y muy útil para
los ayuntamientos, puedo referirme a algunas de ellas. Por ejemplo, la de
Bell-lloc d'Urgell, que es mi pueblo, la de Tárrega o la de Cervera, que
tienen unos terrenos que seguramente los ayuntamientos tendrán gran
interés en llegar a un acuerdo con Renfe para poder urbanizarlos. Por
tanto, es un tema del que hay que hablar con esa plataforma y con los
sindicatos, ya que han hecho estudios de esa línea férrea que son muy
interesantes y muy atendibles. Si se va por ese camino, evitaremos que el
Ministerio de Fomento reciba carta, como la que le envía el alcalde de
Tárrega --que no sé si es el portavoz de la plataforma, pero se erige
como tal-- en la que le dice que hay dos alternativas: mejorar el tramo
Mollerusa-Tárrega-Cervera con materiales de segunda mano y un coste de
2.700 millones de pesetas, o hacerlo con material nuevo y un coste de
5.700 millones de pesetas. Si se ha determinado que va a costar esas
cantidades querrá decir que existen estudios ya efectuados; no creo que
las noticias que el alcalde da a la prensa sean sólo una estimación que
se le ocurre sin más. Al mismo tiempo, entre Lleida y Bell-lloc d'Urgell
se están haciendo unas obras que consisten en colocar cada cuatro
traviesas una de cemento y cambio de tornillos. Eso no es una reparación
de averías, es un plan de semicalidad y tendrá una aplicación
presupuestaria; habrá un estudio según el cual se ha decidido que ese
tramo de la línea está peor que otro y, por tanto, allí se hacen obras y
en otros no.

Nosotros habíamos presentado una enmienda a los presupuestos de 1998 para
que, una vez se hubiera hecho ese plan de viabilidad, existiera una
dotación presupuestaria con la que empezar a trabajar. Yo soy de las que
pienso que ahora es cuando esa línea cobra una gran actualidad. Las
comarcas que une esa línea tienen una buena comunicación por carretera
gracias a la autovía. Será una buena línea de cercanías, y seguramente
Renfe ganaría dinero con ello. Dice que el 15 de diciembre habrá 40
millones de pesetas del concurso, y me aclara que se va a hacer la
licitación, aunque no sé si la adjudicación va a poder ser tan rápida,
porque estamos a finales de noviembre. En todo caso, sería una rapidez en
la adjudicación que deberíamos aplicar a otros tramos.

No quiero extenderme más, señor secretario de Estado, y para terminar, si
todos tenemos la convicción de que hay que hacer ese plan de viabilidad,
de que hay que hacerlo con rapidez y que es necesario que esa línea
férrea no se acabe de deteriorar del todo, le pediría que dé unos plazos
más estrictos de la licitación y que explicara las líneas que se piensan
seguir en ese plan. Debería adquirir un compromiso, no conmigo
personalmente pero sí con la representación que ostento, de que se van a
tener en cuenta las opiniones y los estudios que haya hecho la
plataforma. Porque, a pesar de lo mal que está, de lo lento que circulan
los trenes por esa vía, de la poca asiduidad en el servicio, el nivel de
usuarios no desciende. Eso quiere decir que hay unos niveles mínimos con
los que hay que contar siempre. Si además hacemos una línea que tenga
buena calidad y atención superior a la que tiene en este momento,
conseguiremos que haya más usuarios, independientemente de que pase el
AVE o de que el acercamiento de Lleida, Barcelona y Madrid se mejore tan
sustancialmente. Señor secretario de Estado, debería aprovechar esta
intervención para adquirir ciertos compromisos en el sentido que le digo,
que llevarán mucha tranquilidad a la plataforma en tanto que
representantes de los usuarios y del territorio.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor secretario de Estado.




El señor SECRETARIO DE ESTADO DE INFRAESTRUCTURAS Y TRANSPORTES (Abril
Martorell):



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Aunque no me hubiera instado y aunque no adopte ningún compromiso, me voy
a ocupar de que las personas que han hecho estos estudios contacten --si
es que no lo han hecho ya, que yo creo que sí-- con esa plataforma para
saber si tiene alguna aportación, lo cual no va en detrimento de la
responsabilidad de cada uno. La plataforma tendrá el derecho a opinar
como usuario y como responsable del nivel que corresponda en cada caso, y
tanto Renfe como el Ministerio tienen su responsabilidad en mantener la
línea, lo cual no quita nada de lo sustancial. Esta Comisión determinó
que había que proceder a analizar unas actuaciones y ver qué es lo que se
tenía que hacer, un plan de viabilidad en términos de lo que se trató, y
se ha procedido disciplinadamente por parte del Ministerio y por parte de
Renfe a hacer ese análisis. Se habrá hecho con mayor o menor
colaboración, tengo que suponer que con la colaboración que debe de haber
entre Administración y administrados cuando están constituidos en
plataforma para manifestar sus puntos de vista, pero eso no impide que el
Gobierno haya seguido las indicaciones de esta Comisión y haya hecho ese
plan, y a menos que estos contactos no se hayan producido ya y retrasen
esta licitación, su publicación estaba prevista en fechas muy próximas.

Es posible que los contactos, si no se han hecho y se van a hacer ahora
para ver si hay algún problema distinto de los considerados, puedan
retrasarlo, pero, sustancialmente, el Gobierno ha cumplido el cometido
que determinó esta Comisión de Infraestructuras y está haciendo ese plan
de viabilidad. Me parece que no compensa reiterar o efectuar acotaciones
a las afirmaciones de la señora diputada en el sentido de que,
efectivamente, yo no puedo más que estar de acuerdo en que el papel de
esta línea cambiará de naturaleza el día que exista el AVE. El día en que
haya una línea de alta velocidad entre Lleida y Barcelona o entre Lleida,
Zaragoza y Madrid, la naturaleza de esa línea cambiará y más bien será de
cercanías que de comunicación, como pudo ser en sus orígenes.

Efectivamente, si se hace un plan de viabilidad es que se considera que
va a seguir existiendo, y la señora diputada aporta la noticia concreta
de que no va disminuyendo el número de viajeros a pesar de que va
habiendo medios de comunicación más potentes, más al alcance, como pueden
ser unas mejores carreteras, etcétera, y todo eso abunda en la buena
decisión que adoptó esta propia Comisión en el momento pertinente y que
el Gobierno está intentando cumplir; el compromiso es cumplir siempre del
modo más apropiado y teniendo en cuenta los intereses de los ciudadanos
constituidos del modo que en cada caso consideren. Esto es lo que puedo
decir.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor secretario de Estado. (La
señora Cunillera i Mestres pide la palabra.)
Señora Cunillera, ¿qué desea?



La señora CUNILLERA I MESTRES: Quiero abusar de su benevolencia un
momento. Es que no me ha quedado clara una cosa, que seguramente también
al señor secretario de Estado le interesará decir. Yo imagino que lo que
se va a licitar es que una consultoría haga el plan de viabilidad, no que
el Gobierno y Renfe hayan hecho su plan de viabilidad, porque entonces
estaríamos hablando de dos planes distintos. Usted, en su primera
intervención, ha dicho que iban a licitar para que una consultoría
hiciera el plan de viabilidad, y ahora me ha parecido entender que el
Gobierno y Renfe tenían hecho ese plan de viabilidad; o hay dos planes o
no tenemos plan.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor secretario de Estado.




El señor SECRETARIO DE ESTADO DE INFRAESTRUCTURAS Y TRANSPORTES (Abril
Martorell): He dicho una cosa que ha pasado inadvertida: que la
nomenclatura había variado. He dicho que el Ministerio de Fomento ha
analizado, conjuntamente con Renfe, las necesidades de actuación y, al
llegar a esto, me he preguntado si estas actuaciones podían corresponder
a eso que en otra terminología es el plan de viabilidad, y he seguido
diciendo que Renfe ha redactado un proyecto funcional en base a esas
actuaciones y que, ahora, la consultoría es para realizar ese proyecto
funcional. Con estos términos distintos nos pasa como con el peaje
indirecto, que existen diversas nomenclaturas. Yo confío en que lo que
quieren todos es que la línea Lleida-Manresa mejore, que sirva para sus
finalidades, y se está haciendo lo pertinente, lo que pasa es que cada
uno lo llama de un modo. En cualquier caso, si estas diferencias
terminológicas encubriesen una diferencia de entidad, en ese caso se
pondría de manifiesto en ese contacto que, repito, si no ha tenido lugar,
tendrá lugar ahora, con esa plataforma de manifestación de los intereses
y preocupaciones de los ciudadanos.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor secretario de Estado. Le
agradecemos su presencia aquí para contestar todas las preguntas. Ahora
corresponde la celebración de la comparecencia, pero el compareciente ha
sido citado a las 18,30; ha sido un error de la Mesa, de la que este
presidente es el máximo responsable. Hemos intentado adelantar esta
comparecencia y espero que se produzca sobre las seis. Mientras tanto, se
suspende la sesión. (Pausa.)



--COMPARECENCIA DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA COMISION NACIONAL DEL MERCADO
DE VALORES (CNMV) (FERNANDEZ-ARMESTO FERNANDEZ ESPAÑA), PARA INFORMAR DE
LA OPERACION DE COMPRA DE ACCIONES DE ANTENA 3 TELEVISION, S. A., POR
TELEFONICA DE ESPAÑA, S. A., Y LOS BANCOS DE SANTANDER Y CENTRAL-HISPANO,
EN EL AMBITO DE SU COMPETENCIA. A SOLICITUD DEL GRUPO SOCIALISTA DEL
CONGRESO (Número de expediente 212/000756).




El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión con la comparecencia del
presidente de la Comisión Nacional del



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Mercado de Valores, don Juan Fernández-Armesto Fernández España, ante la
Comisión de Infraestructuras para informar de la operación de compra de
acciones de Antena 3 Televisión, Sociedad Anónima, por Telefónica de
España y los Bancos de Santander y Central-Hispano, en el ámbito de su
competencia. Es autor de esta petición de comparecencia el Grupo
Socialista.

Queremos dar la bienvenida al señor Fernández-Armesto, porque, aunque ha
comparecido varias veces ya en el Congreso, me consta como presidente su
deseo de comparecer ante esta Comisión ya que ha hecho todos los
esfuerzos para que así sea.

Tiene la palabra el señor Fernández-Armesto.




El señor PRESIDENTE DE LA COMISION NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
(Fernández-Armesto Fernández España): En primer lugar, agradezco que se
haya pospuesto mi comparecencia debido a un viaje oficial en la primera
fecha en la que se me había citado, y cumplo con gusto mi deber de
comparecer ante SS. SS. para informarles sobre la comunicación a la
Comisión del Mercado de Valores, por tanto, al mercado, de la adquisición
por parte de Telefónica, BCH y Banco de Santander de un paquete de
acciones de Antena 3 Televisión. Estoy a su disposición para responder a
las preguntas que quieran formularme acerca de la operación, siempre
limitado por la capacidad que me corresponde como presidente de la
Comisión de supervisar, velar y, en última instancia, sancionar el
cumplimiento de las obligaciones que la ley impone a un emisor de valores
cotizados en el mercado. Y quiero resaltar esta limitación porque quizá
no encuentren en mi intervención la respuesta a todos los interrogantes
que tenga esta Comisión en torno a la operación, interrogantes que
seguramente van más allá de su influencia en el mercado de valores.

En primer lugar querría resaltar cuáles son las funciones fundamentales
que la Ley del Mercado de Valores encomienda a la Comisión Nacional, sin
las cuales no se comprenderá el ámbito de lo que puedo explicar. La Ley
del Mercado de Valores encomienda a la Comisión que vele por la
transparencia de los mercados, la correcta formación de los precios y la
protección de los inversores, y además la ley dice claramente cómo ha de
velar la Comisión por esa transparencia; señala que lo hará promoviendo
la difusión de cuanta información sea necesaria para la consecución de
estos fines. La Comisión ejerce, pues, el mandato legal de asegurar la
correcta formación de los precios en el mercado, vigilando que los
inversores tengan toda la información necesaria a la hora de decidir
libremente el valor en que desean invertir. Asegurar que esa información
esté disponible en el mercado y para todos a la vez con el fin de evitar
asimetrías informativas es la tarea de la Comisión. Pero quiero
resaltarles que la tarea de informar recae sobre los emisores, no sobre
la Comisión; es decir, sobre las entidades que tienen sus acciones
cotizando en nuestros mercados. Así se desprende claramente del artículo
82 de la ley. También observarán SS. SS. que este artículo 82 señala que
los emisores informarán de todo hecho o decisión que pueda influir de
forma sensible en la cotización. En este punto es necesario que nos
fijemos en que no toda la información es relevante, y es necesario
señalarlo porque, aunque algunas noticias tengan en diversos campos la
consideración de información, incluso de información importante, no se le
puede dar el valor intrínseco de información relevante a cualquier hecho
que acontezca en una empresa cotizada. También es de destacar que Antena
3 Televisión es una empresa que no cotiza en Bolsa, por lo que la
información que afecta al precio de sus acciones en ningún caso debe ser
comunicada a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Para delimitar
el alcance de la información que la ley obliga a facilitar al mercado, en
julio pasado la CNMV proporcionó a los emisores, a través de una carta
circular, una serie exhaustiva de indicaciones que les ayudan a aplicar
correctamente la normativa. Voy a pararme únicamente en las que más
relación tienen con el hecho que nos ocupa y que interesan a esta
Comisión de Infraestructuras.

Entre las indicaciones que, derivadas de la ley, contiene la carta
circular se señala que toda la información en los mercados de valores
debe tener carácter eminentemente económico-financiero y, en lo posible,
ha de estar adecuadamente cuantificada. La información cualitativa o no
cuantificable únicamente será relevante si pone de manifiesto posibles
efectos en la rentabilidad o en la solvencia de la empresa. También
sienta doctrina la carta circular en cuanto a cuándo hay que comunicar
los hechos relevantes. Hay que tener en cuenta que todo hecho relevante
viene normalmente precedido de un período de elaboración, planificación o
estudio, durante el cual aún no se ha adoptado la decisión final. Durante
esta fase, que yo llamaría de secreto, todo lo relativo a la operación en
estudio o negociación constituye información reservada y la entidad
emisora está legalmente obligada a un control riguroso de la información
para asegurar la confidencialidad. Si, a pesar de las medidas adoptadas
para mantener los planes en secreto, trascienden a los medios de
comunicación, la entidad emisora está obligada a confirmar o negar la
noticia y difundirla inmediatamente a todo el mercado. En todo caso, hay
que informar a través de un hecho relevante, una vez haya sido adoptada
la decisión final, es decir, cuando en el seno de la dirección de la
sociedad emisora se ha aprobado definitivamente la operación, incluso si
requiere adicionalmente otras autorizaciones administrativas. El acto de
registrar la información en la CNMV tiene el sentido práctico de
asegurar, con los métodos de difusión que tenemos organizados, que la
información llega al mismo tiempo a todos los interesados, para evitar
asimetrías informativas o ventajas competitivas. Se preserva así una de
las condiciones de eficacia operativa de los mercados, que es la correcta
formación de los precios y, un paso más allá, la seriedad y el prestigio
de nuestro mercado.

Precisado el alcance normativo de los deberes de la Comisión y de los
emisores, la explicación que puedo ofrecerles de la operación que les
interesa es el relato del modo y el tiempo en que Telefónica, Banco
Santander y BCH cumplieron, y cumplieron correctamente, su obligación de
informar a la CNMV, y por tanto al mercado, de esa adquisición. Reitero
que no existen, que no pueden existir hechos



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relevantes comunicados por Antena 3 Televisión por tratarse de sociedad
no cotizada. Les he entregado fotocopias de todas estas comunicaciones
recibidas de las tres empresas para facilitar el seguimiento de los
hechos que relato a continuación.

El 23 de julio, miércoles, por la tarde, ante determinadas noticias aún
no publicadas de que el consejo de Telefónica estaba reunido para
estudiar la posible adquisición de una participación en Antena 3, la
Comisión se puso en contacto con Telefónica para recabar información. Y
esa misma noche, a la 1.46 de la madrugada --por lo tanto, ya es el 24 de
julio, jueves--, Telefónica registra un hecho relevante en la Comisión,
comunicando que mantiene contactos con diversas sociedades propietarias
de acciones de Antena 3 con vistas a la adquisición de una participación
en la mencionada sociedad y de una participación mayoritaria en Gestora
de Medios Audiovisuales del Fútbol, S. L. Es este primer hecho relevante.

Asimismo comunica que, tan pronto como se produzca un resultado de esa
negociación, informarán con las novedades.

La prensa del día siguiente, del 24 de julio, jueves, publica diversas
informaciones dando por cerrada la compra por parte de Telefónica a
Antonio Asensio del paquete de control de Antena 3. Según esas noticias,
además, el BCH y el Banco Santander aumentan su participación en el
capital de la televisión privada.

Dada la discrepancia sobre la existencia o no de un acuerdo definitivo,
aproximadamente a las nueve de la mañana de ese 24 de julio la división
de mercados secundarios de la Comisión se puso en contacto con la
compañía para conocer cuál era el estado real de las negociaciones. El
secretario general de la entidad informó por teléfono que todavía
continuaban las conversaciones y que, una vez se alcanzase un acuerdo
--tal y como quedaba dicho en el hecho relevante registrado, este
primero--, lo comunicarían inmediatamente. A lo largo de la mañana de
este mismo 24 de julio el BCH y el Banco Santander registraron sendos
hechos relevantes informando de las negociaciones para incrementar su
participación en el capital de Antena 3. Son los hechos relevantes 2 y 3
que tienen ustedes en el resumen.

Entre el 25 de julio, viernes y festivo en Madrid, y el domingo 27, los
medios de comunicación informan del acuerdo alcanzado el día 25 entre
Telefónica y Antonio Asensio para la compra de su participación en Antena
3. A pesar de que, debido a la difusión que ha tenido durante el largo
fin de semana, el lunes 28 de julio todo el mercado conoce ya la
confirmación del acuerdo, la división de mercados secundarios de la
Comisión se puso nuevamente en contacto, a primera hora del lunes, con
Telefónica, BCH y Banco de Santander para que registraran como hecho
relevante la información correspondiente.

A las 12.22 horas, Telefónica remite un hecho relevante en el que informa
que ha llegado a un acuerdo para la adquisición del 25 por ciento del
capital de Antena 3, por un precio de 25.984 millones de pesetas. Es el
siguiente hecho relevante en los documentos que les he entregado. Añade
que la operación incluye la asunción de la gestión de la cadena y también
la adquisición del 49 por ciento de gestora de Medios Audiovisuales del
Fútbol, S. L., por 18.500 millones. En él también informa de la
ampliación de la participación en Antena 3 por parte del BCH y Banco
Santander.

Estas dos entidades también comunican la adquisición. El BCH, ese día, a
las 10.23 --es el siguiente hecho relevante-- informa que se ha
comprometido a adquirir el 7 por ciento de Antena 3, aumentando su
participación hasta el 21 por ciento, e igualmente señala que ha
adquirido el 1 por ciento de GMAF, de la Gestora de Medios Audiovisuales.

El Santander, a las 13.24 del mismo día, registra un hecho relevante en
el que confirma la formalización de la operación para la adquisición de
hasta el 11 por ciento de capital de Antena 3 y el 1 por ciento de GMAF,
con inversiones estimadas de aproximadamente 10.700 y 378 millones de
pesetas. Tienen ustedes aquí también el hecho relevante del Banco
Santander.

Quiero detallar que el primer hecho relevante registrado por Telefónica
fue objeto de rectificación en cuanto a la participación final del BCH y
del Banco de Santander, que en un principio se situó en el 25 por ciento
y que quedó reducido a un 21 por ciento. Está también aquí la corrección
hecha por Telefónica de su primer hecho relevante. Y el hecho registrado
por el Banco de Santander también sería rectificado en cuando al importe
de la inversión estimada en Antena 3, que se fijó en 12.032 millones de
pesetas, en lugar de los 10.700 millones previamente mencionados. Las
rectificaciones se trataron como un error normal y se incorporaron al
registro como simples correcciones. Por lo tanto, tienen ustedes, en
primer lugar, hecho relevante de Telefónica, hecho relevante del Banco
Central, corrección del Banco Central, corrección de Telefónica,
información del Banco de Santander, corrección del Banco de Santander.

Es el 7 de agosto cuando Telefónica remite de nuevo un hecho relevante en
el que informa del cierre definitivo de las negociaciones para adquirir
el 25 por ciento de Antena 3, por importe de 25.984 millones de pesetas,
y del 49 por ciento de GMAF, por 18.530 millones. Señala que la fecha de
consumación de la operación se prevé para el día 18 de agosto. También
informa que ha concedido una opción de venta sobre la participación en
GMAF, que aún permanece en manos del vendedor, ejercitable desde el 24 de
julio de 1998 hasta el 24 de julio del 2000. Tienen ustedes este hecho
relevante a continuación de los anteriores.

Telefónica destaca en el hecho los acuerdos alcanzados con BCH y Banco de
Santander en cuanto a la designación del Consejo de Antena 3. Telefónica
designará a la mayoría de los miembros del Consejo y de la comisión
ejecutiva, además del consejero delegado y la cúpula directiva. También
informa que Telefónica designará el 60 por ciento de los miembros del
órgano de administración de GMAF, al presidente ejecutivo y al
secretario. También informa del compromiso de Telefónica de garantizar la
liquidez y el mantenimiento del valor de la inversión de BCH y Banco de
Santander en Antena 3 Televisión durante el segundo año de la inversión,
con estricto cumplimiento de la legislación aplicable y de la intención
de los tres inversores de solicitar la admisión a cotización en Bolsa de
las acciones de Antena 3.




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A partir de ese día, 14 de agosto, jueves, los medios de comunicación
difundieron diversas noticias referidas al estudio de la operación por
parte de la Comisión Europea y a su posible bloqueo, sin precisar una
actuación final. También en este caso coincide un largo puente, ya que el
15, viernes, fue fiesta, lo que permitió que con el mercado cerrado se
difundiera ampliamente la información antes de que pudiera influir en la
cotización de la misma. De todas formas y ante las noticias difundidas
durante el fin de semana, el 18 de agosto, lunes, y a petición nuevamente
de la CNMV, Telefónica registra como hecho relevante una nota de prensa
emitida el día 15 --la tienen ustedes aquí-- en la que precisa alguna de
las informaciones y, en definitiva, asegura que la Comisión de las
comunidades europeas no ha impedido a Telefónica adquirir el control de
Antena 3.

Ese mismo día 18, por la tarde, Telefónica remite otro hecho relevante en
el que informa que se ha consumado la adquisición del 25 por ciento de
Antena 3 --lo tienen ustedes como último documento--, y a este hecho
relevante se añade que la junta de Antena 3, a propuesta del consejo de
administración, ha nombrado cuatro de los diez consejeros en
representación de Telefónica Multimedia.

Con esto, señor Presidente, creo que puedo dar por finalizado el relato
de los hechos comunicados a la CNMV. Me pongo a su disposición para
cuantas aclaraciones precisen.




El señor PRESIDENTE: Como autor de la petición de comparecencia, tiene la
palabra, en nombre del Grupo Socialista, su portavoz el señor
García-Arreciado.




El señor GARCIA-ARRECIADO BATANERO: Me uno a las palabras de bienvenida
del presidente a don Juan Fernández-Armesto, presidente de la Comisión
Nacional del Mercado de Valores, que nos ha explicado algunos de los
hechos relevantes que han ocurrido en torno a esta operación. Como bien
decía el señor presidente, las consecuencias y ramificaciones de esta
operación trascienden con mucho la mera competencia de la Comisión
Nacional del Mercado de Valores.

Por abreviar y centrar las cosas en sus justos términos, quiero, en
primer lugar, manifestar mi sorpresa porque en este país se sustancien en
24 horas negocios de 50.000 millones a través de fax. Me parece
absolutamente sorprendente que gente que está poniendo en juego negocios
en los que cambian participaciones accionariales por valor de más o menos
50.000 millones de pesetas se dirija a una institución de la calidad de
la Comisión Nacional del Mercado de Valores a través de fax. Dudo incluso
que el fax tenga valor de fe; no sé si lo tiene o no. Cuando lo han
admitido, supongo que lo tendrá, pero me parece sorprendente que en el
plazo de 24 horas el Ministerio de Fomento, la Comisión Nacional del
Mercado de Valores, el Banco de Santander, el BCH, Telefónica Multimedia
y Antena 3 hayan cerrado una operación de 50.000 millones de pesetas,
como digo, a través únicamente de comunicaciones por fax. Pero bueno, eso
no es más que una sorpresa más en torno a este asunto, que tiene otras
muchas.

El 7 de agosto se cierra el negocio. Por lo que nos acaba de explicar don
Juan Fernández-Armesto, es el 7 de agosto cuando Telefónica se dirige a
la Comisión Nacional del Mercado de Valores diciendo que, una vez
concluidas y formalizadas las negociaciones, el acuerdo se cierra en los
términos contractuales que han sido descritos. ¿Y el señor ministro lo
autoriza el día 24 de julio, el mismo día que Telefónica comunica a la
Comisión y a Fomento que está en negociaciones para adquirir un paquete
accionarial que no identifica, que no cuantifica? ¿El mismo día el
ministro puede responder autorizando una operación que no estaba cerrada,
a raíz de lo que consta en el escrito de Telefónica del día 7? Yo sé que
éstas son cuestiones que no afectan a la Comisión Nacional del Mercado de
Valores, pero que es preciso ponerlas de manifiesto, aunque sea
someramente, para justificar nuestro interés no morboso en esta cuestión;
cuestión en la que, a mi criterio, hay manifiesta disfuncionalidad, por
no utilizar otra palabra más dura, en la respuesta del Gobierno y en la
carta de fecha 7 de agosto de Telefónica que, como he dicho, consiste
simplemente en que el ministro autoriza 13 días antes algo que no está
cerrado en precio cierto; hemos escuchado incluso que no se sabía ni el
valor de la acciones. Como no se sabía ni el valor ni el paquete
definitivo de las acciones, tengo que llegar a la conclusión --y esto no
es competencia de la comparecencia de hoy, habrá que pedir otra especial
al respecto-- de que el señor ministro firmó sin saber lo que estaba
firmado. El señor ministro afirma en su respuesta a este grupo que no
tenía conocimiento alguno de acuerdos entre los comparadores del paquete
accionarial para producir una sindicación de acciones como consecuencia
de la cual se produjese una unidad de gestión o una posición dominante en
el grupo. También esto lo echa por tierra la carta de 7 de agosto de
Telefónica que dice que los acuerdos alcanzados entre los inversores
atribuyen a Telefónica de España la designación de la mayoría de los
miembros del consejo de administración de Antena 3 Televisión y de la
comisión ejecutiva de esta sociedad. Es decir, le están entregando la
gestión y la mayoría en proporción superior al capital máximo que le
permite la Ley 10/1988, de Televisión Privada, que es de un 25 por
ciento. Por tanto, su influencia a través de Telefónica o de acuerdos con
otros accionistas, como establece claramente la ley, no puede superar ese
25 por ciento. El ministro hace prédica de respeto absoluto de la ley y
Telefónica, como en tantas otras cosas, desmiente al señor ministro y le
dice que sí existen esos acuerdos y se lo dice por escrito.

Y dice más el señor ministro. Posteriormente a la autorización por parte
del Ministerio de Fomento para la compra de una participación en el
capital de Antena 3 Televisión que no excediese del 25 por ciento de
ésta, se formuló alguna declaración --ponga usted al inspector Gadget a
buscar cuál es esa declaración, se podía haber molestado el señor
ministro en precisarla-- el día 7 de agosto de este año --supongo que se
refiere a la carta del hecho importante de Telefónica-- por esta compañía
ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores que podría entrañar
algún tipo de acuerdo de accionistas. ¿Cómo que podría entrañar? Está
firmado y rubricado. Y ésta, también entró por fax.




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Señor presidente de la Comisión, yo quiero saber, si es posible, cuáles
son los accionistas actuales de Antena 3; qué porcentaje tiene cada uno,
si existieron o no acuerdos que, violando la Ley 10/1988, hayan otorgado
a uno de los accionistas un peso mayor en la gestión de la compañía del
que se deriva de sus propias acciones. Por último, si se formuló alguna
declaración --la declaración que el señor ministro encubre diciendo que a
ver si se le pasa al Grupo Socialista--, queremos saber si, en su
opinión, se refiere al hecho relevante comunicado por Telefónica el día 7
de agosto, como resultado del cual --por terminar y subrayar-- el señor
ministro autorizó algo que no sabía en qué consistía y niega la
existencia de acuerdo de sindicación de acciones, a efectos de control de
la sociedad, que uno de los accionistas, la compañía Telefónica o
Telefónica de España --por decirlo con más precisión--, comunica a la
Comisión ni más ni menos que como hecho relevante.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario
Popular, señor Ortiz.




El señor ORTIZ GONZALEZ: Naturalmente, me uno a la bienvenida al señor
Fernández-Armesto, al tiempo que le doy las gracias por su precisa,
puntual, detallada, en términos de calendario y casi de horario,
información que nos acaba de proporcionar.

Quiero hacer unas precisiones con valor anecdótico. El señor
Fernández-Armesto --y salgo al paso de alguna afirmación que ha hecho el
portavoz socialista-- ha informado de algunos hechos, ciertamente, de
aquéllos de los que puede informar, de aquéllos que se mueven en el
ámbito de su competencia, que --como él muy bien ha subrayado y yo
ratifico ahora-- no es otra que asegurar una información disponible igual
para todos, para evitar asimetrías e informaciones privilegiadas, y ha
recogido los hechos relevantes de que ha sido informada la Comisión en
cumplimiento de sus atribuciones.

En los tiempos actuales, señor García-Arreciado, el fax se utiliza para
casi todo y se conciertan operaciones importantes, incluso más
importantes que la de 50.000 millones de pesetas que tenemos delante y a
la que ha hecho referencia su señoría. Consiguientemente, permítame que
le diga que tiene que modernizarse un poco, ponerse al día y valorar el
fax, especialmente en el mundo financiero, como un instrumento de
comunicación tan válido como otro cualquiera. Los tiempos de las
contrataciones notariales, etcétera, en el mundo de las finanzas han
pasado ya hace mucho tiempo.

Las dos afirmaciones fundamentales que ha hecho el señor García-Arreciado
se refieren, en primer lugar, a la sorpresa por el carácter previo y
rápido de la autorización por parte del ministro de Fomento y, en segundo
lugar --no lo ha dicho, pero lo ha sugerido--, a una eventual, hipotética
o presunta vulneración del artículo 23 de la Ley de televisión privada,
del año 1988. Respecto a estos dos extremos, que son los que están en la
almendra de su intervención, quiero decir (esto no hace sino, de alguna
manera, ratificar la documentación que se recoge en el dossier que se nos
acaba de facilitar) que la autorización por parte del Gobierno es
preceptivamente previa. Se ha dicho muchas veces, pero lo voy a repetir
una vez más, en este caso leyendo el precepto legal, que tengo aquí a
disposición de S. S. socialista. Artículo 21.1: Requerirán la previa
autorización administrativa todos los actos y negocios jurídicos que
impliquen la transmisión y disposición o gravamen de las acciones de las
sociedades concesionarias, así como la emisión de obligaciones o de
títulos similares. En definitiva, el Ministerio de Fomento, el 24 de
julio (en unos tiempos y a un ritmo que no es el de otras épocas, al que
parece que está acostumbrado, es el estereotipo de la Administración que
tiene el señor García-Arreciado), con rapidez, procede a autorizar con
carácter previo una operación de la que conoce lo que conoce. Es decir,
se le solicita autorización para lo que era entonces un proyecto o
propósito de venta de acciones, el deseo de adquirir una participación en
el capital de Antena 3 de Televisión, S. A. La autorización se ciñó a lo
que se solicitaba, que era --repito-- la compra de una participación
accionarial de Antena 3, que no excedía, en absoluto, del 25 por ciento
del capital de Antena 3 de Televisión. En lo que concierne al primer
hecho, a la rapidez y al carácter previo, insisto en que el carácter
previo era preceptivo y en que lo único que hizo el Gobierno fue cumplir
con la ley; ley que, por cierto, es de etapa anterior, como demuestra su
fecha.

Respecto al segundo extremo, en la contestación del Gobierno ya se decía
que el Ministerio tuvo conocimiento de alguna declaración que figura en
el documento del día 7 de agosto (todos sabemos perfectamente a qué nos
estamos refiriendo: a los acuerdos alcanzados entre los inversores,
etcétera. Lo tenemos ambos grupos delante para saber claramente a qué nos
referimos), que podía entrañar algún tipo de acuerdo entre accionistas. Y
hay que reiterar lo que decía el Gobierno: En el mismo momento en que se
tuvo conocimiento de esta declaración, se requirió a Antena 3 de
Televisión para que aportase toda la documentación relativa a cualquier
posible acuerdo entre accionistas o sindicación respecto del control del
capital de Antena 3, con apercibimiento, además, de las responsabilidades
en que pudiera incurrir si dicha documentación no fuere aportada. Como
consecuencia de ello, Antena 3 Televisión solicitó de los accionistas,
entre ellos Telefónica Multimedia, S. A., que aportasen cualquier acuerdo
de sindicación.

En base a esta documentación, cabe deducir: uno, que en el procedimiento
seguido para la designación de los miembros del consejo de
administración, en la junta general celebrada el 18 de agosto, no se
esgrimió ningún privilegio de carácter político para tener una
representación en el órgano gestor de la sociedad superior al que
correspondería en función de la participación en el capital. Los
consejeros fueron designados prácticamente por unanimidad de la junta
general; dos, que, según manifiesta la sociedad concesionaria --y me
parece que informó en su momento el Ministerio de Fomento--, no existe
ningún acuerdo de sindicación entre accionistas que atribuya a ninguna de
las partes un privilegio político o económico en la actualidad.




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Quiero reiterar la seguridad de que el Gobierno, en todo caso, va a
cumplir la ley y que si se produjera una violación del artículo 23 daría
lugar a la iniciación de un expediente sancionador con arreglo a los
artículos correspondientes, que, si no recuerdo mal, son los artículos
17, 19, 21 y 23. Esto es lo que quiero decir. No se trata de engañar a
nadie. Coincido absolutamente con la comunicación del Gobierno al Partido
Socialista y, desde luego, no se trataba --tengo que salir al paso de ese
inciso-- de a ver si se le pasa al Grupo Parlamentario Socialista. De
ninguna manera se trataba ni se trata de eso.




El señor PRESIDENTE: Para contestar las preguntas, tiene la palabra el
señor Fernández-Armesto.




El señor PRESIDENTE DE LA COMISION NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
(Fernández-Armesto Fernández España): En primer lugar, respondiendo a la
intervención de don Jenaro García-Arreciado en cuanto al fax, debo decir
que no estamos aquí ante la forma en que se documenta la operación en sí
misma, estamos ante la forma en que se informa de hechos relevantes a la
Comisión Nacional del Mercado de Valores y, a través de ella, al mercado.

En esta materia, el tiempo es esencial. Cada minuto que se pierda es un
minuto que el mercado está desinformado. La Comisión, ante la tesitura de
elegir un método más formal de presentación escrita tradicional en el
registro de la Comisión o permitir e incentivar un método más moderno y
más rápido como es el fax, estando de acuerdo en que la fórmula
tradicional, y quizá la jurídicamente más segura, es la presentación de
un escrito con todas las formalidades a través del registro de la
Comisión, ha entendido que sería un sistema tan lento que las ventajas de
seguridad jurídica se ven claramente compensadas por la rapidez que tiene
el sistema del fax. La Comisión, al igual que todos los supervisores de
nuestro entorno, no solamente permite sino que recomienda que los hechos
relevantes se le transmitan a través del fax. La Comisión, en el mismo
momento que los recibe, los pone a disposición de todos los medios y de
todas las agencias de noticias, para que, en tiempo real, inmediatamente,
se pongan a disposición de todos los operadores en el mercado, y en las
pantallas de éstos van apareciendo las noticias en tiempo real. Eso es lo
que garantiza que el mercado tenga siempre el mismo nivel de información,
con lo cual no es que se haya formalizado sino que es la forma normal de
que todos los hechos relevantes, incluso los más importantes que existen,
se transmitan a la Comisión. No hay diferencia alguna con cualquier otra
operación, sea cual sea su cuantía, que se notifica a la Comisión.

Su señoría formulaba tres preguntas. En primer lugar, cuáles son los
accionistas de Antena 3. Esto tiene una contestación muy sencilla: Antena
3 no es una sociedad cotizada, el registro de accionistas de Antena 3 no
lo lleva la Comisión Nacional de Mercado de Valores, por lo tanto, no soy
yo la autoridad apropiada para darle contestación a esta pregunta. Sí
sabemos los porcentajes, porque se deducen de los hechos relevantes que
ostentaban en las fechas las tres compañías a las que hemos hecho
referencia. Se deduce de los documentos que se han presentado que
Telefónica tenía el 25 por ciento de Antena 3, que el 21 por ciento
correspondía al Banco de Santander y el 21 por ciento al BCH. Estos eran
datos que fueron informados por las compañías y se refieren a las fechas
en que hicieron esa información.

Me pregunta también si hay algún accionista que tiene un peso superior en
la gestión de Antena 3. Yo querría resaltar que Antena 3 no es una
empresa que cotice. Los acuerdos entre accionistas son irrelevantes para
el mercado. Las vicisitudes en la designación del consejo de Antena 3 no
tienen impacto alguno en la cotización ni de Telefónica, ni del Banco de
Santander, ni del BCH. Dieron la información que está en los hechos
relevantes, que creo que es una información suficiente a efectos de la
valoración de las acciones de Telefónica, de Santander y del BCH. El
impacto que puedan tener después estos acuerdos en otras áreas del
Derecho, en otras áreas de la supervisión, es algo que claramente escapa
a los cometidos de la Comisión.

En tercer lugar, S. S. me preguntaba si el ministro se refería a los
hechos relevantes que he mencionado en mi comparecencia. Me es difícil
ponerme en la mente del ministro, pero le diría a S. S. que les he hecho
entrega de todos los hechos relevantes que han sido puestos a disposición
del mercado. Como son públicos, son los hechos que el ministro tendría
ante sí cuando hizo esa aseveración. En todo caso, es más lógico que esta
pregunta la conteste el que hizo esa declaración.

Con respecto a don Luis Ortiz, coincido con lo que ha dicho. En cuanto a
las aseveraciones sobre la vulneración del artículo 23 o el carácter
previo a la autorización, son también hechos que están claramente fuera
del ámbito competencial de la Comisión del Mercado de Valores.




El señor PRESIDENTE: Si va a haber otra intervención, como es costumbre
en esta Comisión, les ruego que, como ha habido en anteriores
intervenciones excursiones por fuera de esta comparecencia, las que ahora
se hagan se ciñan a ésta puesto que éste es un tema que va a tener otras
iniciativas parlamentarias. Rogaría que no insistiéramos en temas que no
son de esta estricta comparecencia.

Señor García-Arreciado.




El señor GARCIA-ARRECIADO BATANERO: Yo le ruego que entienda que esto es
un todo del que resulta verdaderamente difícil, mucho más a efectos
dialécticos y retóricos, compartimentarlo en establecimientos estancos.

Es una realidad que no es posible desagregar al nivel que usted con mucha
razón me pide, que yo quisiera atender y que voy a hacer en la medida de
lo posible.

Al señor presidente de la Comisión del Mercado quisiera decirle que en
ningún caso se debe de ir de aquí con la sensación de que yo he criticado
el funcionamiento de la Comisión ni la información que nos ha entregado,
que ha sido tan extraordinariamente útil que me ha permitido --si la
expresión es correcta-- coger hueso, que no voy a soltar
indiscutiblemente. El interés de su comparecencia era, como felizmente ha
ocurrido, ver si usted acudía a esta Comisión



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con alguna información más explícita sobre las respuestas dadas por el
Gobierno a preguntas de este grupo parlamentario; y a fe que lo ha hecho.

Por tanto, mi satisfacción es absoluta con su comparecencia. Pero las
formas y el fondo en la democracia muchas veces se confunden, hasta el
extremo de que hay quien dice con bastante razón que en democracia las
formas son el fondo realmente. Y las formas de este asunto son
verdaderamente insólitas, por no utilizar ninguna palabra agresiva, no
con usted, sino con la operación en su conjunto.

En cuanto a mi referencia al fax --me arrepiento de haberla hecho, porque
han sido las hojas del rábano que han permitido a don Luis Ortiz y a
usted mismo referirse a lo que no es sino anecdótico en mi
intervención--, naturalmente que es importante; es tan importante que sin
fax esta operación no se hubiera podido hacer, porque la única manera de
cerrar en 24 horas la cantidad de asuntos colaterales que convergían en
esta operación sólo era posible con la tecnología del fax, que tendremos
ocasión de declarar servicio universal en nuestras enmiendas a la ley
general de las telecomunicaciones, lo mismo que Internet, que es todavía
más rápido que el fax. (El señor Barrionuevo Peña: O de interés general.)
¡Claro que el artículo 21 dice que se requerirá la previa autorización
administrativa! Pero, señor Ortiz, cuando se conozca lo que se está
autorizando. El propio ministro, en el escrito en el que autoriza la
operación, establece un pero: siempre que en el plazo máximo de 15 días
desde la fecha de esta autorización se identifique cada una de las
acciones concretas a las que la transmisión afecta, con indicación exacta
de su número, serie y clase. Dicho en otras palabras: se lo autorizo
siempre que en cinco días me diga usted realmente qué es lo que está
haciendo.

En mi opinión y en la de mi grupo, esa notificación es previa al acto de
autorización como autorización constitutiva, porque no se trata de hacer
una operación en la que voy a comprar un porcentaje de Endesa. No me
imagino al señor ministro de Industria respondiendo ese mismo día
diciendo: compre usted un porcentaje de Endesa. Tendrá que decir qué
acciones, qué tipos, con qué derecho político, de qué series, quién es el
tenedor; es decir, la información del pacto que se esté alcanzando. El
propio señor ministro envía un escrito, extraordinariamente diligente y
rápido el mismo día 24. Como no va por fax no puedo ver la hora a la que
se puso, pero no me extrañaría que fuese a la misma hora en la que se
recibió el fax de petición de la autorización. Son imaginaciones mías que
no puedo demostrar, porque no viene la hora del fax.

En segundo lugar, señor presidente, ninguna persona física o jurídica
podrá ser titular directa o indirectamente de acciones de más de una
sociedad concesionaria, artículo 19 de la Ley 10/1988, siendo público y
notorio que accionistas de Telefónica son, a su vez, accionistas de otra
sociedad concesionaria de televisión. Es público y notorio que hay
entidades financieras que son accionistas de los dos grupos: de
Telefónica y, por tanto, de Antena 3 en estos momentos y de otro grupo de
comunicación muy importante. No lo había dicho antes, pero lo digo ahora.

Es una clara violación del artículo 19 de la Ley de las televisiones
privadas.

El artículo 23 dice que, a los efectos previstos por la presente ley,
serán considerados supuestos de interposición o de participación
indirecta y, por tanto, superiores al 25 por ciento, todos aquellos en
los que, mediante acuerdos (que quedan meridianamente explícitos en la
comunicación de Telefónica de fecha 7 de agosto), decisiones o prácticas
concertadas, se produzca un resultado del control o dominación efectiva
del capital en proporción superior a la autorizada por esta ley.

No me sirve que el consejo de administración nombró el nuevo consejo de
administración por unanimidad. ¡No faltaba más! Si estaban por unanimidad
desde el principio. Hubo una presión evidente de Telefónica en los medios
financieros, políticos y periodísticos de este país presionando a dos
entidades bancarias para que interviniesen en la operación de compra de
acciones de Antena 3, incluso con promesas de difícil cumplimiento, como
es variar la ley para que pudiesen tener más del 25 por ciento o
comprarle las acciones, que viene a ser lo mismo porque está prohibido
por la ley.

El acuerdo con el que se produjo la unanimidad para el nombramiento del
nuevo consejo de administración de Antena 3 no pone de manifiesto más que
lo que yo estoy diciendo: que existía ese acuerdo; que era de dominio a
favor de Telefónica; que viola la Ley 10/1988; y que también viola la Ley
10/1988 que dos entidades financieras (La Caixa y BBV, para no seguir
dándoles vueltas a esta cuestión) sean accionistas de Telefónica ahora
mismo, de Antena 3 y de otro grupo de comunicación. Tajantemente
prohibido por el artículo 19 de la reiterada Ley 10/1988.

Señor presidente de la Comisión, muchísimas gracias por su información. A
nuestro grupo le es de una utilidad extraordinaria, aunque supongo que a
otros grupos les incomodará en un futuro próximo.




El señor PRESIDENTE: Señor Ortiz.




El señor ORTIZ GONZALEZ: Señor presidente, mi intención inicial era,
atendiendo al ruego de la Presidencia, no hacer excursiones, como ha
denominado, en temas que no tienen que ver con esta comparecencia. Pero,
tras la doble intervención del portavoz socialista, llego a la conclusión
--y no es ninguna descortesía, señor Fernández-Armesto-- de que el Grupo
Parlamentario Socialista ha utilizado su presencia para un debate que no
tiene nada que ver con usted. Supongo que esto es lícito, forma parte de
los hábitos de la Cámara y el señor García-Arreciado está en su derecho
de hacerlo, pero lo cierto es que el debate que se ha abierto no tiene
nada que ver con las competencias en el ámbito de actuación de la
Comisión Nacional del Mercados de Valores.

Estoy de acuerdo en que hay que respetar las formas. Alguien dijo que el
Derecho es pura forma, forma absolutamente esencial para la convivencia
civilizada de un Estado de derecho. Las formas se han respetado. Repito
el sentido del artículo 21, que tiene tres apartados y en el segundo
vuelve a reiterar la necesidad de la previa autorización.




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Dice: Ningún fedatario público intervendrá o autorizará documento alguno
sin que se acredite la preceptiva autorización administrativa.

Consiguientemente, lo que hizo el Ministerio de Fomento fue, con una
celeridad que le honra y estoy seguro de que le gustaría al señor
García-Arreciado que en otros casos se prodigue, conceder la preceptiva
autorización administrativa de aquello que podía autorizar en aquel
momento. Ciertamente, de lo que se le había pedido pues se le había
anunciado un proyecto o propósito de adquisición de un paquete
accionarial de Antena 3.

La referencia al artículo 19, apartado 2, que tengo delante forma parte
del hueso --señor presidente, no vuelvo a insistir para que no me llame
al orden en abrir un debate que no tiene nada que ver con el presidente
de la Comisión Nacional del Mercado de Valores-- que parece que va a
perseguir, con un afán canino que le honra, el señor García-Arreciado.

Veremos a ver cómo es de duro el hueso y qué dentadura tienen S. S. y su
grupo.




El señor PRESIDENTE: Le agradezco, señor Ortiz, que no haya incidido más
en esta discusión que, en efecto, no tiene nada que ver con la
comparecencia del señor presidente de la Comisión del Mercado de Valores,
que tiene la palabra para cerrar la comparecencia.

El señor PRESIDENTE DE LA COMISION NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
(Fernández-Armesto Fernández España): Le agradezco mucho al señor
García-Arreciado que haya expresado la satisfacción con la actuación de
la Comisión en este asunto. Creo que la Comisión ha actuado
correctamente, como han hecho todos los emisores en dicho asunto,
ajustándose estrictamente a la legalidad.

En segundo lugar, querría dejar constancia de que estos hechos relevantes
son de dominio público. Están en un registro oficial de la Comisión.

Igual que se los he traído hoy, cualquier persona puede acercarse a la
Comisión y obtener una copia de los hechos relevantes, no estoy revelando
hoy ninguna información que no sea por ley ya de dominio público. Tanto
es así, que esta información incluso está en Internet. Hoy en día, sin
acercarse a la Comisión, cualquier persona, en cualquier lugar del mundo,
puede tener acceso a ella.




El señor PRESIDENTE: Reiteramos las gracias al señor presidente de la
Comisión del Mercado de Valores.

Se levanta la sesión.




Eran las siete de la tarde.