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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 40, de 21/12/1993
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE
Año 1993 Núm. 40 V Legislatura
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FELIX PONS IRAZAZABAL
Sesión Plenaria núm. 38
celebrada el martes, 21 de diciembre de 1993
Página
ORDEN DEL DIA:



Convalidación o derogación de Reales Decretos-ley:



--Real Decreto-Ley 19/1993, de 10 de diciembre, de medidas
urgentes para la cinematografía. («Boletín Oficial del
Estado», número 296, de 11 de diciembre de 1993.) (número de
expediente 130/000008) (Página 1802)
--Real Decreto-Ley 17/1993, de 3 de diciembre, por el que se
concede al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social un
suplemento de crédito por importe de 456.374.000.000 de
pesetas, destinado a la cobertura de obligaciones derivadas de
las prestaciones por desempleo correspondientes al ejercicio
de 1993. («Boletín Oficial del Estado», número 290, de 4 de
diciembre de 1993.) (número de expediente 130/000006) (Página 1819)



Enmiendas del Senado:



--Enmiendas del Senado al Proyecto de Ley sobre determinadas
medidas de prevención del blanqueo de capitales (número de
expediente 121/000001) (Página 1827)



Página 1798




Comparecencia del Gobierno ante el Pleno de la Cámara, de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 203 del
Reglamento:



--Comparecencia del Gobierno ante el Pleno de la Cámara, de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 203 del
Reglamento, para exponer y debatir la posición del Gobierno
español y de la Unión Europea sobre las repercusiones para
España y la Unión Europea de la posible finalización de la
Ronda Uruguay del GATT, con especial atención a los aspectos
agrícolas, culturales y de servicios (números de expedientes
210/000004 y 210/000005) (Página 1830)



SUMARIO



Se abre la sesión a las once y cinco minutos de la mañana.




Convalidación o derogación de reales decretos-ley (Página 1802)



Real Decreto-ley 19/1993, de 10 de diciembre, de medidas
urgentes para la cinematografía (Página 1802)



Presenta el Real Decreto-ley, en nombre del Gobierno, la
señora Ministra de Cultura (Alborch Bataller). No considera
necesario a estas alturas explicar que la cinematografía
española atraviesa, desde hace algunos años, una crisis
motivada por causas variadas y conocidas de orden social y
tecnológico. Esta situación, que exige la intervención de los
poderes públicos, se ha visto acentuada en los últimos tiempos
por dos circunstancias que han obligado a la promulgación del
real Decreto-ley de medidas urgentes para la cinematografía.

La primera de estas circunstancias es la urgencia en tomar
posiciones claras ante las negociaciones del GATT, en sintonía
con la sensibilidad europea que ha puesto de manifiesto la
prioridad de defender la identidad cultural europea mediante
la inclusión, como se ha denominado, de la cláusula de
excepción cultural en los acuerdos del GATT. Por otra parte,
existe la necesidad de equiparar el Derecho español al
europeo, y en concreto la Ley 3/80 de Regulación de Cuotas de
Pantalla y Distribución Cinematográfica, que discrimina al
cine europeo en relación con el español. Se trata de una
exigencia que ha sido recordada reiteradamente por la Comisión
Europea.

Sin embargo, la urgencia en la promulgación del Decreto-ley no
significa que la misma haya sido dictada con precipitación,
puesto que desde hace más de un año el Gobierno venía
trabajando sobre la materia, no llegándose a aprobar un
proyecto de ley remitido a la Cámara en la anterior
legislatura por la disolución de las Cortes.

Afirma que cuotas de pantalla y licencias de doblaje integran
el sistema de protección del cine español desde hace décadas,
no tratándose, por tanto, de una invención del Decreto-ley.

Este lo que ha hecho es adaptar nuestro Derecho al Derecho
comunitario y centrar las bases para afrontar los retos
inaplazables que tiene el audiovisual español.

Expone a continuación los objetivos del Decreto-ley, que son,
en primer lugar, preservar nuestro espacio cultural en el
contexto europeo; en segundo lugar, el fortalecimiento de la
industria audiovisual; en tercer término, la introducción de
mecanismos correctores en el mercado que lo hagan más libre y,
por último, iniciar la vía de liberalización del sector,
compaginando dicho proceso de liberalización con medidas de
fomento que hagan posible el fortalecimiento del cine español,
que es el objetivo fundamental del Decreto-ley.

Enumera seguidamente algunos datos que sirven para poner de
manifiesto el dominio del mercado por las multinacionales
norteamericanas, lo que ha llevado al cine español a pasar de
una cuota de mercado del 22 al 9 por ciento actual en poco más
de una década, a pesar de las importantes subvenciones
realizadas en los últimos años en apoyo de nuestra
cinematografía. Se intenta asimismo fortalecer e incrementar
el peso del cine español en el mercado internacional,
deteniéndose la señora Ministra en la exposición de las
medidas contenidas en el articulado del Decreto-ley para
conseguir estos objetivos.

Termina afirmando que con la convalidación del Decreto-ley se
puede producir una notable inflexión en el proceso de crisis
que soporta el cine español y con ello colaborar decididamente
a preservar una parcela muy importante de nuestra cultura.




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En turno en contra de la convalidación del Real Decreto-ley
interviene, en nombre del Grupo Popular, el señor Cortés
Martín, manifestando que la urgencia que ha motivado la
aprobación del Decreto-ley no existe desde el momento en que
el audiovisual queda fuera del GATT y sólo su tramitación como
proyecto de ley subsanará sus defectos. Pueden, además,
aprovechar esta falta de urgencia para hacer las cosas
correctamente, con un debate de fondo que permita a la opinión
pública conocer bien todas las cuestiones que hacen que la
situación actual de nuestro cine sea desastrosa. A tal efecto
pide la retirada de este proyecto improvisado y defectuoso, a
fin de poner manos a la obra en la inaplazable revisión
legislativa de la política cinematográfica. Agrega que no se
puede consentir que los españoles piensen que son los
creadores españoles los causantes de esta situación, en vez de
que ha sido la política de los gobiernos socialistas, que
ahora pretenden continuar chapuceramente lo que ha colocado al
cine español al borde de la desesperación. Es esta política la
que amenaza con jubilar prematuramente la aportación española
a lo que Julián Marías ha calificado, en varias ocasiones,
como el arte característico de nuestra época. Si el Gobierno
tiene verdadera voluntad de arreglar la situación del cine
español puede traer, sin urgencia, a la Cámara un nuevo texto
más pensado y que se perfeccione en el Parlamento, escuchando
a todos y no sólo a algunos y que se decida aquí y no mediante
decretos a los que se llega en negociaciones difícilmente
confesables. En este sentido, denuncian que se pretende
presentar a la opinión pública este Decreto-ley como el
acuerdo entre un gobierno bien
intencionado y los protagonistas del sector, cuando sólo se ha
negociado con algunos y se olvida a quienes, en cualquier
caso, tendrán algo que decir. Considera que hay que sacar
adelante una regulación que cuente con un amplio acuerdo
parlamentario, que el Grupo Popular ofrece y que el cine
español necesita, para no estar sujeto a los vaivenes de los
cambios políticos.

Añade el señor Cortés que es imposible que su Grupo vote a
favor de medidas que han traído la decadencia y traerán la
aniquilación del cine español y, en este sentido, esta ley,
que es más de lo mismo, puede acabar con nuestro cine.

Entiende que la primera ayuda que necesita el cine español es
liberarlo de la política socialista. Mientras que la señora
Ministra dice que el cine español necesita protección, el
Grupo Popular cree que, además de esa protección, necesita
libertad y fortaleza, recuperarse de su condición de actividad
cultural marginalizada, lo cual sólo puede lograrse con una
industria sólida, con una financiación suficiente y con
respeto a las preferencias del público en materia de
espectáculos. Recuerda algunas cifras provenientes del propio
Ministerio de Cultura en relación a la actual situación de
nuestro cine, reiterando que lo que ahora se propone es más de
lo mismo, con lo que el enfermo puede morir de una sobredosis.




Está de acuerdo con la señora Ministra en que nuestro cine
necesita más dinero, pero, según los datos del Ministerio,
aquél ha recibido 35.000 millones de pesetas del contribuyente
en la última década, justamente cuando menos películas
españolas se producen y menos espectadores acuden a verlas, lo
que debe hacerles reflexionar sobre tal cuestión. Afirma que
se ha seguido una política de subvenciones equivocada y
arbitraria, que ha perjudicado la buena salud de un sector que
es vital para la imagen que los españoles nos hacemos de
nosotros mismos.

Termina señalando que, de seguir adelante el artículo 6 del
Decreto-ley, se agravará aún más la situación, ya que lo que
se pretende es montar un PER cultural, crear una clientela y
no una política dirigida a ayudar al cine español,
limitándose, por otra parte, a traducir lo que hacen en
Francia, cuando es evidente que España no es Francia ni la
situación de nuestro cine equiparable a la del cine francés.

En nombre del Grupo Socialista interviene el señor Clotas i
Cierco apoyando las medidas en favor de la cinematografía
contenidas en el Real Decreto-ley, en un momento de serenidad
y esperanza, porque, a pesar de los problemas graves que
aquejan tanto a nuestra cinematografía como a la europea, este
debate tiene lugar después de un resultado muy satisfactorio
en la negociación del GATT que nos permite tener esa esperanza
hacia el futuro de nuestra cinematografía y de la
cinematografía de los pueblos que componen la Unión Europea.

El Decreto-ley viene a apoyar esa cinematografía, que es
reflejo de nuestra cultura y de nuestra diversidad
lingüística, así como de nuestro modo de ser europeo. Se
trata, por tanto, de una medida, no la única, que viene a
apoyar el derecho que los europeos tenemos a ser dueños de la
imagen que deseamos proyectar.

Por otra parte, no se trata de una medida que vaya en contra
de nadie, de una medida en contra del cine norteamericano, que
a todos nos gusta, sino que se trata de una medida que lo que
pretende es salvaguardar al menos una pequeña parte para
nuestro cine y el cine comunitario en general, respecto del
cual las cosas han evolucionado en los últimos años y de una
manera muy desfavorable. Facilita algunas cifras relativas a
la penetración del cine norteamericano en los diversos países
europeos,



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achacándolo a la gran calidad de ese cine que le permite ganar
los diversos mercados, si bien al amparo de esa gran calidad
de muchas de esas películas se están produciendo y
distribuyendo películas norteamericanas regulares y, en
algunos casos, malas, sin que los europeos tengan capacidad de
escoger el cine
norteamericano que desean ver, y éste es el problema que hay
que resolver y que se pretende resolver. Sin embargo, el
Gobierno español y los gobiernos comunitarios que pretenden la
defensa de nuestro cine no intentan negar o limitar la
libertad de opción ni ponen barreras al cine norteamericano,
aunque éste sí pone barreras importantes al cine europeo. Lo
que se hace es seguir los pasos que se están dando en otros
países europeos en favor del cine europeo, en este caso del
cine español, y con este fin se presenta el Decreto-ley que,
por otro lado, no supone ninguna improvisación, ya que es
coherente con el proyecto que conoció la Cámara antes de su
disolución. El Decreto-ley obedece, además, a una serie de
negociaciones y diálogos mantenidos con el sector y responde a
la necesidad de adaptarnos a la legislación europea. Concluye
manifestando que el Decreto se hace para que circulen por el
mundo varias interpretaciones, para que la voz de
culturas, como las que componen Europa puedan existir en el
mundo audiovisual, y que puedan existir no con un sistema de
protección indefinida sino con capacidad de competir. De ahí
que el Decreto presentado por el Gobierno tenga un límite en
el tiempo. Replica el señor Cortés Martín, duplicando el señor
Clotas Cierco. En turno de fijación de posiciones intervienen
los señores González Lizondo, del Grupo Mixto; Mardones
Sevilla, del Grupo de
Coalición Canaria; González de Txábarri Miranda, del Grupo
Vasco (PNV); Baltá i Llopart, del Grupo Catalán (Convergència
i Unió), y Alcaraz Masats, del Grupo Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya.

El señor Cortés Martín, del Grupo Popular, interviene para una
cuestión de orden, señalando que, con el compromiso de Grupo
mayoritario de la Cámara de tramitar el Decreto-ley como
proyecto de ley, se abstendrán en la votación de convalidación
y
presentarán enmiendas en la tramitación subsiguiente.

Sometida a votación, se aprueba la convalidación del Real
Decreto-ley por 188 votos a favor y 135 abstenciones.

Asimismo se aprueba en votación, por 323 votos a favor y una
abstención, la tramitación del Real Decreto-ley como proyecto
de ley.

Real Decreto-ley 17/1993, de 3 de diciembre, por el que se
concede al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social un
suplemento de crédito por importe de 456.374.000.000 de
pesetas, destinado a la cobertura de obligaciones derivadas de
las prestaciones por desempleo correspondientes al ejercicio
de 1993 (Página 1819)



El nombre del Gobierno presenta el Real Decreto-ley el señor
Ministro de Trabajo y Seguridad Social (Griñán Martínez), que
solicita la convalidación de la norma por la que se aprueba un
suplemento de crédito de 456.000 millones de pesetas para
atender las obligaciones derivadas de las prestaciones por
desempleo, así como para compensar, con una mayor aportación
del Estado, la caída de la recaudación de la cuota de
desempleo, compensación que, de no producirse, provocaría un
desequilibrio financiero en el sistema de prestaciones que
habría de repercutir negativamente en otros sistemas de
protección social. Agrega que la Tesorería General de la
Seguridad Social, conforme a lo dispuesto en la legislación,
adelanta el pago de las prestaciones por desempleo, aun cuando
en el presupuesto del Inem no existiera crédito suficiente.

Señala posteriormente que éste es el tercer Decreto-ley que
con el mismo objeto se presenta a la Cámara durante este año,
y la diferencia fundamental es que esta vez el Real Decreto-
ley no pretende regularizar las insuficiencias de ejercicios
precedentes, sino dotar de suficiencia al organismo en el
mismo ejercicio al que corresponden los créditos para atender
a las necesidades reales del sistema de protección por
desempleo. En cuanto a las causas que han provocado esta
situación piensa que están en la mente de los señores
Diputados, y tuvo ocasión de exponerlas en su intervención del
pasado 28 de octubre, en la que ya anunció la presentación de
este suplemento que hoy les ocupa. La crisis económica y sus
repercusiones en relación con la caída del empleo, así como la
disminución de la capacidad contributiva de las empresas y una
caída de la población cotizante provocan un mayor coste de las
prestaciones y una disminución de las cotizaciones sociales
que cofinancian el sistema. Por otro lado, la crisis económica
ha coincidido temporalmente con la mayor ampliación de la tasa
de cobertura de las prestaciones por desempleo que se ha
registrado en su Ministerio, pasando de un 35 por ciento de
cobertura en 1985 a casi el 80 por ciento en 1993. Estas son
realidades que inciden en estos momentos sobre el equilibrio
financiero del sistema y contribuyen a esta situación de
desfase presupuestario.




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Añade el señor Ministro que, para racionalizar el sistema de
protección por desempleo ajustando el gasto a la capacidad
financiera existente en un contexto de crisis como el que
vivimos, el Gobierno promulgó el Real Decreto-ley 1/1992,
cuyos efectos se están sintiendo actualmente y se sentirán aún
más en el futuro inmediato. Dichas medidas han supuesto, en su
primer año de aplicación, una minoración del gasto en unos
300.000 millones de pesetas, sin alterar el nivel de
intensidad de la protección.

Termina señalando el señor Ministro que con el Decreto-ley que
hoy se somete a la Cámara cierran un ciclo de saneamiento de
las insuficiencias crediticias del Inem y se comenzará el
ejercicio de 1994 con las cuentas a cero y con los
instrumentos legales que le deben permitir cumplir con la
acción protectora, asegurando al mismo tiempo el equilibrio
financiero y presupuestario. Anuncia la adopción de otras
medidas simultáneas para asegurar la viabilidad del sistema,
solicitando la convalidación del Real Decreto-ley 17/1993, que
forma parte de un plan global que pretende precisamente la
estabilidad financiera y la
consolidación de nuestro sistema de protección social. En
turno de fijación de posiciones hacen uso de la palabra los
señores Hinojosa i Lucena, del Grupo Catalán (Convergència i
Unió); Peralta Ortega, del Grupo Izquierda Unida-Iniciativa
per
Catalunya; Aparicio Pérez, del Grupo Popular, y Almunia Amann,
del Grupo Socialista.

Sometida a votación, se aprueba la convalidación del Real
Decreto-ley por 183 votos a favor, uno en contra y 128
abstenciones.

Asimismo se somete a votación la tramitación del Real Decreto-
ley como proyecto de ley, siendo rechazada por 130 votos a
favor, 179 en contra y cuatro abstenciones.




Enmiendas del Senado (Página 1827)



Enmiendas del Senado al proyecto de ley sobre determinadas
medidas de prevención de blanqueo de capitales (Página 1827)



Para fijación de posiciones intervienen los señores Robles
Orozco, del Grupo Popular, y Espasa Oliver, del Grupo de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya; la señora Romero
López, del Grupo Socialista, y el señor Olabarría Muñoz, del
Grupo Vasco (PNV).

Sometidas a votación, se aprueban las enmiendas del Senado a
este proyecto de ley por 308 votos a favor y una abstención.

Se suspende la sesión a las dos y veinte minutos de la tarde.

Se reanuda la sesión a las cuatro de la tarde.




Comparecencia del Gobierno ante el Pleno de la Cámara, de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 203 del
Reglamento (Página 1830)



Comparecencia de Gobierno ante el Pleno de la Cámara, de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 203 del
Reglamento, para exponer y debatir la posición del Gobierno
español y de la Unión Europea sobre las repercusiones para
España y la Unión Europea de la posible finalización de la
Ronda Uruguay del GATT, con especial atención a los aspectos
agrícolas, culturales y de servicios (Página 1830)



Interviene el señor Vicepresidente del Gobierno (Serra Serra),
manifestando que comparece ante la Cámara para informar sobre
el contenido del acuerdo final de las negociaciones
multilaterales de la Ronda Uruguay del GATT y evaluar de una
manera general las implicaciones de la misma para nuestro
país. Expone que esta Ronda, la más larga de la historia del
GATT, constituye el impulso más liberalizador y ambicioso
acometido a nivel
multilateral desde la entrada en vigor del GATT en 1948, no
sólo porque aborda campos hasta ahora excluidos del proceso
liberalizador del GATT, como el capítulo agrícola o el sector
servicios, sino porque supone la consolidación institucional
de la nueva organización mundial de comercio y cuyo fin es
procurar que la liberalización de los intercambios no sea
puesto en peligro por prácticas desleales en el ámbito de los
intercambios del comercio mundial. Señala que la dilatación de
las
negociaciones ha hecho coincidir la última etapa de las mismas
con la fase más baja del ciclo depresivo que atraviesa la
economía mundial, circunstancia que ha dificultado la
conclusión del acuerdo, al suscitarse resistencias por parte
de los sectores y grupos sociales más afectados a corto plazo
por las medidas liberalizadoras. Sin embargo, cree que el
resultado final ha valido la pena.

Añade el señor Vicepresidente del Gobierno que, como en todo
proceso negociador complejo, nadie obtiene de forma completa
todo lo que desea, pero aun así el punto de convergencia
mundial acostumbra a ser, con mucho, preferible a la situación
de partida. El resultado es razonable y beneficioso para todas
las partes contratantes y con este acuerdo



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disponemos hoy de un marco internacional adecuado para que el
comercio se intensifique y con él la riqueza y el empleo de
todos los países y del nuestro en particular.

Seguidamente expone diversas consideraciones en torno al
comercio mundial y los problemas que hubieran podido derivarse
para el mismo de no alcanzarse el reciente acuerdo,
fundamentalmente por la proliferación de prácticas
proteccionistas, informando a continuación sobre las
características de las negociaciones de la Ronda Uruguay, que
dividió su trabajo en 14 grupos o
capítulos, que muestra bien a las claras la ambición de las
negociaciones. Analiza cada uno de los principales capítulos
de la negociación, indicando la repercusión de los resultados
obtenidos para nuestro país, y también para la Unión Europea,
y concluye afirmando que la Ronda Uruguay abre un nuevo y
amplio mercado a nuestros productos, que puede y debe ser
aprovechado. El Gobierno, junto a los demás miembros de la
Unión Europea, ha tratado de conseguir con este acuerdo el
marco legal necesario para que este aprovechamiento sea una
realidad y va a seguir trabajando para perfeccionarlo en todos
los aspectos posibles, pero será la empresa, en último
término, la que deba hacer frente de forma efectiva al reto
planteado, mejorando su productividad, ampliando y
consolidando sus redes comerciales y haciéndose
internacionalmente más competitiva. Puede afirmar que los
resultados obtenidos en los seis sectores que centraban
nuestro interés han sido satisfactorios para España, como
positivos han sido los resultados a nivel colectivo para la
Unión Europea. En turno de fijación de posiciones intervienen
los señores De Rato Figaredo, del Grupo Popular; EspasaOliver,
de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya; Molins i Amat,
del Grupo Catalán (Convergència i Unió); Gatzagaetxebarría
Bastida, del Grupo Vasco (PNV), y Olarte Cullen, del Grupo de
Coalición Canaria; la señora Rahola i Martínez y el señor
González Lizondo, del Grupo Mixto, y Solchaga Catalán, del
Grupo Socialista. Para contestar a los portavoces de los
grupos parlamentarios interviene de nuevo, en nombre del
Gobierno, el señor Vicepresidente del Gobierno (Serra i
Serra).

Replican los señores De Rato Figaredo, Solchaga Catalán,
Espasa Oliver, Molins i Amat y González Lizondo, duplicando el
señor Vicepresidente del Gobierno.

Se levanta la sesión a las ocho y cuarenta y cinco minutos de
la noche.




Se abre la sesión a las once y cinco minutos de la mañana.




CONVALIDACION O DEROGACION DE REALES DECRETOS-LEY:



--REAL DECRETO-LEY 19/1993, DE 10 DE DICIEMBRE, DE MEDIDAS
URGENTES PARA LA CINEMATOGRAFIA (Número de expediente
130/000008)



El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Se abre la sesión.

Punto primero del orden del día convalidación o derogación de
reales decretos-Leyes. En primer lugar, convalidación o
derogación del Real Decreto-ley 19/1993, de 10 de diciembre,
de medidas urgentes para la cinematografía.

Para la presentación del Real Decreto-ley, tiene la palabra la
señora Ministra de Cultura.




La señora MINISTRA DE CULTURA (Alborch Bataller): Señor
Presidente, señorías, no parece necesario a estas alturas
explicar que la cinematografía española atraviesa, desde hace
algunos años, una crisis motivada por causas variadas y
conocidas de orden social y tecnológico. Esta situación, que
sin duda exige la intervención de los poderes públicos, se ha
visto acentuada en los últimos tiempos por dos circunstancias
que han exigido que se dictara el Decreto-ley 19/1993, de 10
de diciembre, de medidas urgentes para la cinematografía. Por
una parte, la urgencia de tomar posiciones claras ante la
negociación del GATT, en sintonía con la sensibilidad europea,
manifestada en el informal Consejo de Ministros de Cultura y
del Audiovisual, celebrada en Mons los días 4 y 5 del pasado
mes de octubre, así como en sucesivos... (Rumores.)



El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Un momento señora
Ministra, por favor.

Señorías, es imposible escuchar lo que se dice desde la
tribuna si no colaboran guardando silencio. Les ruego, por
favor, que ocupen sus escaños y guarden silencio.

Cuando quiera puede continuar, señora Ministra.




La señora MINISTRA DE CULTURA (Alborch Bataller): ...así
como --decía-- en sucesivos foros europeos en los que el
Gobierno español y la mayoría de los Gobiernos de los estados
de la Unión pusieron de manifiesto la prioridad de defender la
identidad cultural europea mediante la inclusión de lo que se
ha denominado cláusula de excepción cultural en los acuerdos
GATT. A la urgencia anterior se añade la de equiparar el
Derecho español al europeo, y en concreto la Ley 3/1980,



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de 10 de enero, de regulación de cuotas de pantalla y
distribución cinematográfica, tal y como ha fallado la
sentencia del Tribunal Supremo de 3 de noviembre de 1993, que
al anular el Real Decreto legislativo 1.257/1986, de 13 de
junio, en lo relativo a la redacción dada al apartado 2, del
artículo 3, de la Ley 3/1980, que regula las licencias de
doblaje, deja en vigor la redacción primitiva de la Ley
3/1980, que discrimina al cine europeo en relación al cine
español. Dicha sentencia del Tribunal Supremo sigue la
doctrina de la sentencia del Tribunal de Justicia de las
Comunidades Europeas, de 4 de mayo de 1993, que declara
taxativamente que son contrarias al Tratado las normas
nacionales que reserven la concesión de licencias de doblaje
de películas procedentes de terceros países a alguna lengua
oficial nacional a los distribuidores que se comprometen a
distribuir películas nacionales. Esta exigencia de equiparar
la Ley española 3/1980 al Derecho europeo ha sido también
recordada
reiteradamente por la Comisión Europea.

Los razonamientos anteriores acreditan la urgencia de las
mencionadas medidas, pero esto no significa que el Decreto-ley
que traemos a convalidar se haya dictado con precipitación. En
efecto, desde hace más de un año, el Gobierno trabajaba en la
línea apuntada. Así, el 20 de enero de 1993 --hace ahora 11
meses--, se publicaba en el Boletín Oficial de las Cortes el
proyecto de ley de modificación de la Ley 3/1980, que decayó
por la convocatoria de elecciones. Dicho proyecto de ley
modificaba la Ley 3/1980 para adaptarla al Derecho
comunitario, eliminando el diferente trato que se daba a las
películas españolas en relación al resto de las películas
comunitarias. Además, este proyecto de ley a que más adelante
me referiré preserva
íntegramente el sistema de cuotas de pantalla y modifica el de
licencias de doblaje.

Señorías, he hecho referencia a los antecedentes porque cuotas
de pantalla y licencias de doblaje integran el sistema de
protección del cine español desde hace décadas, no son una
invención del Decreto-ley. Lo que ha hecho es adaptar nuestro
Derecho al Derecho comunitario y, haciéndolo, ha sentado las
bases para afrontar los retos inaplazables que tiene el
audiovisual español.

Afirmado lo anterior, quiero inmediatamente decir cuáles son
los objetivos del Decreto-ley 19/1993. En primer lugar, trata
de preservar nuestro espacio cultural en el contexto europeo.

En segundo lugar, se propone el fortalecimiento de la
industria audiovisual y, por consiguiente, del empleo, la
proyección de los diversos profesionales que la integran, y
todo ello en una estrategia cultural que se concibe en el
marco más amplio del desarrollo del Decreto-Ley y en el plan
integral en que vienen trabajando varios Ministerios desde
hace más de un año también. En tercer lugar, se pretende
introducir mecanismos correctores en el mercado que lo hagan
más libre, pues esa libertad está hoy mermada en algunos de
los subsectores que integran el
audiovisual. Finalmente, el Decreto-Ley inicia la Vía de
liberalización del sector, ponderada, calculada, compaginando
dicho proceso de liberalización junto a la previsión de
medidas de fomento que hagan posible el fortalecimiento del
cine español, que es el objetivo fundamental del Decreto-ley,
fomento de todos sus sectores, en la medida, insisto, en que
son una manifestación capital de nuestra cultura.

Para comprender en sus justos términos el contenido del
Decreto-ley es necesario tener en cuenta un conjunto de datos,
entre los que quiero destacar los siguientes. Primero, de la
recaudación total de taquilla, el cine español obtiene el 9
por ciento, el cine norteamericano el 77 por ciento y el
resto, es decir, el 14 por ciento, se reparte entre los países
comunitarios y otros terceros países. Segundo, el número de
salas de cine ha pasado de 4.096 en 1980 a 1.807 en 1993, y el
número de espectadores, respectivamente, de 176 millones a 83
millones. Tercero, nuestra producción cinematográfica ha
pasado de 118 películas en 1980 a 52 en 1993. Cuarto, el coste
medio de producción de las películas españolas es el más bajo
de su entorno competitivo: 204 millones, menos del 50 por
ciento del francés --468 millones--, menos que el italiano -
-299 millones--, y diez veces menor que el coste medio de las
películas producidas por las multinacionales americanas.

Quinto, el sector de la distribución está en la actualidad
controlado por las multinacionales americanas, situación de
posición dominante que ha producido como efecto que los
exhibidores no tengan total libertad para programar su
cartelera.

Estos factores, entre los que destacan el dominio del mercado
de la distribución por las multinacionales norteamericanas y
la baja inversión en el sector, han llevado al cine español de
una cuota de mercado del 22 al 9 por ciento actual en poco más
de una década.

No obstante lo dicho, es preciso señalar que la inversión del
Estado en subvenciones anticipadas en los últimos nueve años,
que ha cumplido la legislación que ahora modificamos, no ha
llegado a los 14.000 millones, cuando, por ejemplo, en Francia
la inversión pública anual supera los 30.000 millones. Este
apoyo a la cinematografía ha situado al vecino país como
segunda potencia cinematográfica en el mundo.

Con la inversión pública española citada hemos producido 323
películas, con una distribución no precisamente favorable
dichas películas han recaudado más de 17.000 millones de
pesetas, y más del 10 por ciento de las películas
subvencionadas han obtenido premios internacionales,
concretamente 38. Es decir, nuestra industria audiovisual no
en vano está entre la cuarta y quinta industrias audiovisuales
del mundo y ocupa los primeros lugares de aceptación en muchos
países iberoamericanos. Sirva Argentina como ejemplo, en que



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el cine español supera en aceptación al propio de aquel país.

Las descalificaciones que se han escuchado sobre nuestra
cinematografía, que elevan a regla la excepción y a excepción
la regla, además de irresponsables no son merecidas por
nuestros actores, directores, guionistas técnicos, etcétera,
que hacen el cine español. El Decreto-ley se propone no sólo
mantener la posición que tiene el cine español, sino
introducir una inflexión en el proceso de modo que se
fortalezca e incremente su peso en el mercado internacional.

Para ello, como más adelante expondré, se actúa en dos
coordenadas: por una parte, liberalización paulatina del
sistema, y, de otra, medidas de fomento.

Antes de entrar en la explicación del articulado del Decreto-
ley conviene hacer una breve referencia de lo sucedido en
Europa en los últimos meses. La reunión de Ministros de
Cultura y del Audiovisual, celebrada en la ciudad belga de
Mons los días 4 y 5 de octubre de 1993, marca un importante
hito en la concepción de la cultura audiovisual. Los
responsables europeos reconocimos al menos dos cosas: en
primer lugar, que la identidad cultural de las naciones que
integran Europa debe ser preservada y, además, que la cultura
tiene como principal instrumento para su promoción y
preservación a los medios audiovisuales. Cine y televisión son
instrumentos versátiles y sus productos,
fácilmente transportables, suponen la existencia de
importantes industrias, tecnologías, creatividad literaria,
actividades comerciales, etcétera. Por ello, el control de las
medidas audiovisuales equivale, y equivaldrá todavía más en el
futuro, al control de la cultura. En el tramo final de la
negociación del GATT los Estados de la Unión Europea han sido
capaces de
reaccionar y el audiovisual ha quedado excluido. El Gobierno
español ha tenido un cierto grado de responsabilidad en esta
exclusión, poniendo de manifiesto una postura firme de defensa
de nuestra identidad cultural en todos los foros de un modo
sistemático y metódico. Por eso, señorías, no es coherente
invocar la libertad de los ciudadanos contra nuestra cultura.

Nuestro audiovisual necesita apoyo porque los soportes
empresariales de su industria no son lo sólidos que el mercado
internacional exige. No debemos renunciar a que nuestras
ciudades, nuestros paisajes, nuestros actores, nuestras
costumbres se vean reflejadas en el futuro en las pantallas.

Pero, señorías, ni los españoles ni nuestro sistema son
absolutamente proteccionistas. ¿Cómo podríamos serlo y
alcanzar el cine americano una cuota del 77 por ciento del
mercado español? No me cabe duda de que la defensa de nuestra
cultura es compatible con nuestra capacidad para estar
abiertos y recibir libremente otras culturas.

Centrando nuestra reflexión en el contenido del Decreto-ley
hay que decir que éste ha flexibilizado la cuota de pantalla
en relación no sólo a la Ley 3/1980 y el Real Decreto
legislativo 1.257/1986, de 13 de junio, sino que la ha
flexibilizado en relación al proyecto de ley de reforma de la
Ley 3/1980, que entró en esta Cámara el 20 de enero de 1993.

Este proyecto, que como he dicho decayó por la convocatoria
anticipada de elecciones generales, mantenía íntegramente la
cuota de pantalla de la reforma de 1986. Ninguna enmienda
cuestionó el mantenimiento de esa cuota de pantalla de un día
de cine comunitario por dos de cine de terceros países; es
decir, 244 días de cine de terceros países por 121 días de
cine español y comunitario. Ningún sector del cine español
impugnó, repito, la cuota de pantalla. Ahora se liberaliza esa
cuota para las ciudades menores de 125.000 habitantes,
llegándose a la proporción de un día de cine
comunitario por tres de cine de terceros países; es decir, 273
días de cine de terceros países por 92 días de cine
comunitario. Finalmente, se facilita el cumplimiento de la
cuota en los multicines, que podrán concentrar esa cuota de
pantalla en cine comunitario en una de sus salas. A esta
flexibilización se ha llegado tras largas conversaciones
también con los exhibidores. Debe señalarse que sólo los
países que han mantenido la cuota de pantalla, como Francia e
Italia, han sobrevivido al cine
norteamericano. Véase, si no, el efecto demoledor que produjo
en el cine inglés, que instauró la cuota de pantalla en 1927,
la supresión de esta cuota por la señora Thatcher. Por lo que
se refiere a las licencias de doblaje, puede decirse lo mismo.

El proyecto de ley mencionado cambiaba el sistema hasta ahora
vigente, exigiendo, para obtener la primera licencia, que se
acreditara que la película española lograba unos ingresos
brutos de taquilla de 20 millones de pesetas. Esta
modificación tampoco fue puesta en cuestión cuando se presentó
el proyecto de ley a que me he referido anteriormente. Ahora
se mantiene la exigencia de unos ingresos en taquilla de 20
millones, pero al eliminar la discriminación que persistía
para las películas comunitarias no españolas, se facilita
considerablemente la obtención de dicha recaudación calculada
por el Ministerio tan sólo en base al cine español. Del mismo
modo, la segunda licencia se obtenía con 50 millones, y ahora
se obtiene también con 50 millones, sólo que se ha regulado
más allá, adaptándola a las necesidades del mercado y a la
realidad autonómica.

El sistema de licencias de doblaje que contiene el Decreto-ley
evitará los efectos perversos a que había conducido la
obtención de licencias de doblaje a la sola contratación de
una película española para su distribución: por una parte, el
sobreabastecimiento del mercado en que existe una bolsa de 180
licencias de doblaje sin aplicar; por otra parte, la
producción de múltiples películas de dudosa calidad que en
algunos casos no han llegado ni siquiera a estrenarse.




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Es decir, que el Decreto-ley que presentó mantiene, mejora y
flexibiliza todos sus precedentes en lo relativo a cuotas de
pantalla y licencias de doblaje. Incluso en el apartado de las
sanciones, la previsión máxima de 25 millones que contenía el
proyecto de ley a que me he referido se ha reducido a diez
millones. Finalmente, el proceso de liberalización emprendido
se constata por la circunstancia de que el Decreto-ley
establezca una vigencia máxima de cinco años para las
licencias de doblaje. Dicho lo anterior, puedo afirmar
rotundamente que es posible el cumplimiento de la cuota de
pantalla, pues la que regía hasta la fecha, más rigurosa que
la del Decreto-ley, era cumplida
mayoritariamente por los empresarios. Por otra parte, no
existe riesgo de desabastecimiento del mercado porque, como he
dicho, hay una bolsa de 180 licencias sin aplicar y al menos
otras 80 que anualmente generará el cine comunitario. Pero en
el caso de que por circunstancias sobrevenidas se produjeran
alteraciones de lo previsto, el Decreto-ley habilita al
Gobierno para
modificar cuotas y porcentajes y adaptarlos a la realidad
cambiante.

Señorías, como les decía inicialmente, es necesario combinar
la liberalización paulatina del sistema --hacerlo de golpe
sería irresponsable-- con medidas de fomento que hagan posible
el fortalecimiento, también paulatino, de la industria
cinematográfica española. En esa línea, el Decreto-ley, tras
clarificar los conceptos de obra audiovisual europea y obra
cinematográfica comunitaria, ha dado cobertura legal a la
posibilidad de que el Gobierno instrumente procedimientos que
faciliten el acceso al crédito, conceda ayudas y subvenciones
al conjunto de actividades audiovisuales, les dé el apoyo
fiscal necesario, promueva la cinematografía en el interior y
exterior de España, impulse la formación de los profesionales
del
audiovisual y haga todo esto directamente o mediante convenios
de cooperación. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.)
Finalmente, ha introducido el principio de coproducción de las
televisiones públicas y privadas con los productores
independientes, colaboración que, por cierto, se estaba ya
produciendo y que puede ser un factor de impulso y desarrollo
extraordinario de nuestra cinematografía.

Por lo demás, este principio se desarrollará en el futuro y se
hará previa consulta a las televisiones públicas y privadas y
con respeto a los compromisos contractuales adquiridos.

Señorías, la defensa y promoción del cine español se hace
fomentando dicho cine y viéndolo, no impidiendo el acceso a
las salas cinematográficas a los ciudadanos, que son los
destinatarios finales de estas medidas. Creo que convalidando
este Decreto-ley podemos producir una notable inflexión en el
proceso de crisis que soporta el cine español y con ello
colaborar decididamente en preservar una parcela muy
importante de nuestra cultura. Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra.

Para turno en contra, por el Grupo Popular tiene la palabra el
señor Cortés.




El señor CORTES MARTIN: Señor Presidente, la urgencia que
motivó la aprobación del Real Decreto-ley que hoy viene para
su
convalidacicón no existe desde el momento en que lo
audiovisual ha quedado fuera del GATT. Sólo la tramitación
como proyecto de ley subsanará este defecto. Sin embargo,
podemos aprovechar esta falta de urgencia para hacer las cosas
correctamente, tratando a fondo, con un debate en el que la
opinión pública sepa bien de qué estamos hablando, todas las
cuestiones que hacen que la situación actual de nuestro cine
sea desastrosa.

Proponemos, señor Presidente, que se retire este proyecto
improvisado, que cojea de los dos pies, y nos pongamos manos a
la obra a la inaplazable revisión legislativa de la política
cinematográfica. Porque, señor Presidente, no se puede
consentir, ni por un momento, que los españoles piensen que
son los mismos creadores españoles los causantes de esta
situación; ha sido la política de los gobiernos socialistas,
que ahora pretenden continuar chapuceramente, la que ha
colocado al cine español, al cine que han creado españoles
como Segundo de Chomón, Luis Buñuel, Luis García Berlanga,
Carlos Saura, José Luis Garci, Fernando Trueba, Fernando
Colomo o Pedro Almodóvar, por citar sólo algunos de los más
representativos de nuestros autores, al borde mismo de la
desaparición. Es su política la que amenaza con jubilar
anticipadamente la aportación española a lo que Julián Marías
ha calificado en varias ocasiones como el arte
característico de nuestra época.

Ya sin urgencia, el Gobierno, si es que de verdad tiene
voluntad de arreglar la situación del cine español, puede
traer a la Cámara un texto nuevo, más pensado, que se
perfeccione en el Parlamento escuchando a todos, y no sólo a
algunos, y que se decida aquí, en el Parlamento, con luz y
taquígrafos, y no mediante decretos a los que se llega en
negociaciones
difícilmente confesables.

Denunciamos, señor presidente, que se pretenda presentar a la
opinión este Real Decreto-ley como el acuerdo entre un
gobierno bienintencionado y los protagonistas del sector,
negociando sólo con algunos y olvidando a quienes en cualquier
caso tendrán algo que decir.

Hay que sacar adelante una regulación que cuente con un amplio
acuerdo parlamentario, que nosotros ofrecemos y que el cine
español necesita para no estar sujeto a los vaivenes de los
cambios políticos.




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Señor Presidente, el cine español necesita menos política, y
en cualquier caso otra distinta; una política diferente de la
que ha creado la situación que la señora Ministra ha descrito,
aunque sólo parcialmente. Por eso es imposible que votemos a
favor de medidas que han traído... (Rumores.)



El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Cortés. (Pausa.)
Cuando quiera puede continuar su señoría.




El señor CORTES MARTIN: Por eso decía, señor Presidente, que
es imposible que votemos a favor de medidas que han traído la
decadencia y traerán la aniquilación del cine español.

Queremos ayudar a ese cine español, y esta ley, que es más de
lo mismo, puede acabar con él.

La primera ayuda que necesita el cine español es liberarle de
la política socialista. (Rumores.) La señora Ministra ha dicho
que nuestro cine necesita... (Rumores en los bancos del Grupo
Parlamentario Socialista.) Señorías, vamos a ver los datos y
entonces contaremos las cosas. (Grandes rumores en los bancos
del Grupo Parlamentario Socialista.)



El señor PRESIDENTE: ¡Silencio, señorías! Continúe, señor
Cortés.




El señor CORTES MARTIN: La señora Ministra ha dicho que el
cine español necesita protección. Nosotros creemos que,
además, necesita libertad y fortaleza, necesita recuperarse de
su condición de actividad cultural marginalizada y alcanzar de
nuevo la condición de fábrica de ilusiones que sólo puede
lograrse con una industria sólida, con una financiación
suficiente y con respeto a las preferencias del supremo juez
que, en materia de espectáculos, siempre ha sido y seguirá
siendo el público. La señora Ministra en su intervención ha
evitado cuidadosamente preguntarse cómo se ha llegado a una
situación de auténtica emergencia, como ella misma ha dicho, y
hay que reconocerle el acierto en el análisis. Esta reflexión,
sin embargo, aunque me imagino que muy incómoda para las
bancadas socialistas, es absolutamente necesaria si queremos
de verdad tomar medidas que ayuden a la cinematografía
española en su conjunto, incluidos los aficionados al cine,
tanto los efectivos como los potenciales que se han perdido en
estos años. Y como la señora Ministra no quiere hacer balance,
pretende colocarnos una de esas malas películas de buenos y
malos en la que el caballo del malo, por una vez no el más
lento, es el cine americano, aparentando olvidar que once años
de política socialista pueden acabar con cualquier cosa y son
la causa principal de la situación en la que se halla el cine
español. Es la política que ha venido siguiendo el Ministerio
de Cultura la que ha expulsado a los espectadores de los
cines. Son las medidas presuntamente protectoras las que han
ahogado la producción nacional. Nuestro problema no consiste
en que las carteleras estén llenas de películas
norteamericanas, sino en que cada vez hay menos espectadores
en las salas y en que el cine español, con la fórmula que
ustedes han auspiciado, está
perdiendo su parte del pastel.

Doy cifras, señor Presidente, del propio Ministerio de
Cultura. Tenemos otras, pero sólo vamos a usar las del propio
Ministerio de Cultura. Algunas ya las ha dicho la señora
Ministra, pero en otro contexto. De 176 millones de
espectadores en 1980, se ha pasado a 78, en 1990; de 176 a 78.

El número de salas en el mismo período y gracias a esta
acertada política cultural, ha pasado de 4.096 a 1.773. La
producción de películas no muestra datos mejores. La fuente
sigue siendo el propio Ministerio de Cultura. En 1982, antes
de su llegada al poder, se producían en España 146 películas,
en el año 1990 se producen 47. (Rumores.) Y con estos
resultados lo que se propone ahora es más de lo mismo, con lo
que el enfermo puede morir de una sobredosis, a menos que el
buen sentido de la Cámara libere al cine español de la
política del Ministerio de Cultura.

¿Cuáles son los problemas del cine español a los que hay que
procurar remedio? Se podrá decir que el cine español necesita
dinero, y estamos de acuerdo en ello, pero la Cámara y la
opinión pública tienen que saber que el cine español ha
recibido no lo que ha dicho la señora Ministra, sino más de
35.000 millones de pesetas en estos once años del bolsillo del
contribuyente. Vuelvo a citar datos del propio Ministerio,
fuentes del Instituto de la Cinematografía y de las Artes
Audiovisuales. Lo que no me explico es quién le ha hecho la
chuleta que ha leído la señora Ministra, porque sus propios
datos dicen que son 35.000 millones de pesetas. (Rumores.)
El hecho de que sea dinero público, señor Presidente, es lo
que nos fuerza a preguntarnos por el destino que se ha dado a
ese dinero, porque resulta muy alarmante, y debe hacer
reflexionar a la Cámara, incluido el Grupo Socialista, que
desde que ustedes gobiernan, cuanto más dinero público se da
al cine español con ese procedimiento, se producen menos
películas y menos
espectadores acuden a ver las películas españolas, las que
llegan a estrenarse, porque aunque cueste creerlo, el
Ministerio de Cultura ha estado subvencionando con muchos
millones de pesetas películas que ni siquiera se han llegado a
estrenar. Lo dice el informe editado por el propio Ministerio,
en su página 28: Entre 1982 y 1991, de las 714 películas
producidas, 72 ni tan siquiera llegaron a estrenarse. Estas
son las consecuencias de esta política cultural de la que
parece que ustedes se sienten tan orgullosos. Otras muchas se
han estrenado, pero han estado en cartel un par de días en un
cine de provincias. Hay ejemplos muy recientes, en
documentación



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oficial del propio Ministerio del año 1992 se cuentan muchos
casos, entre otros, por ejemplo, el de una película que ha
recibido 50 millones de subvención y ha recaudado en taquilla
13.800 pesetas; es decir, ha contado con treinta espectadores.

Eso es lo que resulta cuando se divide por 500 pesetas, que es
lo que viene a costar una entrada.

Pero no es sólo una política de subvenciones equivocada, que
se dan anticipada y arbitrariamente al proyecto que juzga el
Ministerio y no al que juzga el público, la que ha perjudicado
la buena salud de un sector que sin duda es vital para la
imagen que los españoles nos hacemos de nosotros mismos. La
Cámara, y a su través la opinión pública, tiene que saber que
también se ha exigido la distribución del cine español
mediante licencias de doblaje que sólo existen en España y en
Nigeria. La Señora Ministra ha dicho que se quería homologar
la situación española con la europea. En ningún país de la
Comunidad Europea existe semejante aberración. Sólo existen en
España y en Nigeria y reto a la señora Ministra a que nos dé
algún otro ejemplo de dónde existen las licencias de doblaje.

¿Entraríaen la cabeza de alguien que hiciera falta una
licencia para traducir un libro? Pues en la España de fin de
siglo, con Gobierno socialista, hace falta licencia para
doblar una película y probablemente ni siquiera el Gobierno
sabe bien hasta dónde nos puede llevar esta aberración en
manos de los que creen en la ingeniería social para modelar
las sociedades a su modo. (Rumores.)
Esta medida de las licencias de doblaje, medida con la que se
pretendía proteger al cine español, ha tenido un efecto
perverso, como suele ocurrir con los aprendices de brujo
metidos a
reguladores. Uno de los problemas del cine español --lo ha
dicho la señora Ministra-- es que hoy apenas existe un sector
de la distribución nacional, con las consiguientes
dificultades para distribuir las películas españolas. Sin
embargo, en los años setenta había distribuidoras españolas,
que hacían razonablemente su trabajo y convivían con las
distribuidoras norteamericanas que se ocupaban de sus propias
películas. Hasta que se empezaron a exigir las licencias de
doblaje. Las grandes compañías
estadounidenses se vieron obligadas a distribuir películas
para poder distribuir dobladas, que es como las quieren ver
los españoles, las películas que eran las únicas que les
interesaban. Las distribuidoras españolas se quedaron sin
mercado y
desaparecieron al no poder competir con las grandes, pero no
por culpa del mercado, sino por culpa del intervencionismo del
Ministerio de Cultura que entonces contó con el respaldo de
algunos que hoy son sus potenciales víctimas. El Ministerio de
Cultura actúa en este caso como el bombero pirómano que
primero causa el problema para que así esté justificada la
intervención y, luego, quiere apagar el incendio con gasolina.

Podría volver a citar los propios papeles del Ministerio de
Cultura, pero voy a acudir a una resolución del Tribunal de la
Competencia, que el 2 de marzo de 1990 dice exactamente lo que
estoy diciendo en estos momentos: que es el sistema implantado
por el Ministerio de Cultura el que ha creado esas situaciones
de dominio que decía la señora Ministra.

Pues bien, la situación se agravará más si sigue adelante el
artículo 6.º del Real Decreto-ley. Existe una situación de
dominio, lo ha reconocido la señora Ministra y, sin embargo,
la señora Ministra, que por su formación seguro que sabe algo
de derecho de la competencia, no introduce en el Real Decreto-
ley ninguna medida que vaya contra esta situación indeseable.

Probablemente tampoco la necesitaba y le bastaría con que se
hiciese cumplir la Ley de Defensa de la Competencia. Si esas
prácticas se siguen produciendo la señora Ministra podría
acudir al Tribunal de Defensa de la Competencia, como hacen
sus colegas de Gobierno cuando quieren perseguir a afanosos
dentistas o a laboriosos abogados.

También podría la señora Ministra --y ya nos explicará por qué
no lo hace--, en el supuesto de que exista esta situación de
dominio que aquí mismo ha reconocido y figurará en el «Diario
de Sesiones», advertir al servicio de Defensa de la
Competencia para que vigile al sector cinematográfico, como
dice el propio Tribunal de Defensa de la Competencia en su
resolución de 2 de marzo de 1990.

Esta es la situación, señor Presidente. Compartimos con la
señora Ministra el reconocimiento al talento de los artistas y
creadores españoles, pero creemos que ese talento se puede
pervertir cuando en vez de orientarse a buscar el aplauso del
público tiene que dirigirse a conseguir los favores del
partido en el poder. Llamemos a las cosas por su nombre, lo
que pretenden montar es un PER cultural, su política no va
dirigida a ayudar al cine español, sino a crear una clientela.

En el Partido Popular, por el contrario, queremos ayudar al
cine español, devolverle a los espectadores liberándole de los
controles y las servidumbres de los políticos, hoy del PSOE y
por supuesto también mañana de los nuestros.

Como todas sus fechorías, pretenden cubrir ésta con ropajes
nobles, el de esta vez es la defensa de la identidad nacional.

Hay que alegrarse, señor Presidente, de que los viejos
internacionalistas se hagan defensores de la identidades
culturales particulares, tanto de las que existen, caso de la
española, como de las que no están tan claras, como es el caso
de la europea. Pero, al igual que no supieron hacer
internacionalismo, ahora tampoco saben defender la identidad
nacional. A la ignorancia de entonces sucede el oportunismo de
hoy.

Todo lo que se les ha ocurrido es traducir lo que hacen en
Francia y pactar las medidas con los que niegan la existencia
de una identidad cultural española y



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actúan en consecuencia. Ni España es Francia, señora Ministra,
ni Argentina es Senegal, ni Méjico es Camerún. A Francia le
interesa el marco europeo dentro del cual ella es hegemónica y
fuera del cual la comunidad francófona sólo es receptora. Pero
no es ese nuestro caso. ¿Nos puede decir la señora Ministra
cuánto cine español se ve en Francia, por no hablar de Holanda
o de Dinamarca? Sin embargo, nuestros artistas, nuestros
directores, son conocidos en los países hispanoamericanos y
muchos triunfan allí, como les ocurre a los de allí aquí. Al
año siguiente de la celebración del V Centenario del
Descubrimiento, el Gobierno de España considera prioritaria
culturalmente una coproducción hispano-holandesa frente a una
hispano-venezolana. En el Partido Popular, señor Presidente,
pensamos que hay que ayudar a la cinematografía, pero no
creemos que el dinero de los contribuyentes y la libertad de
elegir de los consumidores deba ponerse al servicio de los
mecanismos clientelares del Partido Socialista hundiendo al
mismo tiempo al cine español. Hay que ayudar al cine no sólo
para que sea económicamente posible, sino para que siéndolo
sea también del agrado de los espectadores. Queremos un plan
del cine que contemple todo el problema y no sólo una parte y
de la peor manera posible; un plan que haciendo al cine
económicamente viable devuelva las películas a los
espectadores y la industria a los productores profesionales y
no a los amiguetes de ocasión. Un proyecto de ley nuevo, que
incluya todas las medidas que el cine necesita, a algunas de
las cuales la señora Ministra, cuando con una audacia próxima
a la temeridad, se comprometió con un amplio surtido de 25
reformas. Sucede, sin embargo, que las más interesantes se las
han quitado en la mesa del Consejo de Ministros, porque allí
les importa poco el cine, pero no voy a negar que de política
entienden algo.

Con el objetivo último de la autofinanciación, que es lo que
quiere el sector y a lo que debemos aspirar todos, hay que
contemplar beneficios fiscales, apoyo a la exportación
aprovechando la red exterior de promoción cultural de la
cultura española, amortizaciones, acceso al crédito,
regulación de la competencia para impedir situaciones de
dominio indeseables desde todo punto de vista. Hay que liberar
al cine español de tasas e impuestos de todo tipo que
entorpecen su labor; una regulación que contemple toda la
realidad audiovisual. El vídeo, el satélite y el cable tienen
que tenerse en cuenta también en esta
regulación, cosa que no hacen en las medidas urgentes que trae
la señora Ministra. Para que estas condiciones tenga
estabilidad deben figurar en una ley. Queremos un marco
estable para que sea posible recrear la industria del cine,
que necesita seguridad y no que cambien las condiciones cada
vez que cambia la Directora General o el Ministro deturno o
que cambie la mayoría
parlamentaria, como va a suceder próximamente. (Rumores.)
Estas medidas deben estar al servicio de los espectadores, no
sólo porque son la representación más aproximada de los
contribuyentes, sino porque sin ellos el cine español no podrá
existir. Sin embargo, las medidas que propone no tienen en
cuenta la opinión de los espectadores, porque ustedes no
buscan un cine de calidad, que es la mejor garantía de su
futuro, sino mantener y acrecentar clientelas. Quieren que las
ayudas públicas las siga decidiendo el Ministerio y no el
público. Una película recibirá o no dinero en función de la
amistad o el compromiso con el gobernante de turno y si se va
a reuniones del Círculo de Bellas Artes con Felipe González a
uno le va mejor que si se queda en su casa (Un señor Diputado:
¡Ya está bien de enchufes!) Esto y no otra cosa es lo que
ustedes buscan y si no, cambien el sistema de subvenciones,
vayan al sistema automático que nosotros proponemos y que
quiere el sector, como dice el informe de Procine; vayan
adelante con la informatización de las taquillas, que han
parado este año precisamente para decir que son
necesarias estas otras medidas y acudir a las subvenciones
anticipadas y arbitrarias, que han sido las principales
responsables de la actual situación del cine español, aunque
se haya beneficiado de ellas el Partido Socialista.




El señor PRESIDENTE: Señor Cortés, le ruego que concluya.




El señor CORTES MARTIN: Termino, señor Presidente.

Hay que cambiar la política cultural del Partido Socialista
porque hemos visto dónde nos ha llevado. En 1982 se intuía,
pero ahora ya hay evidencias y los datos de la señora Ministra
han coincidido con los nuestros. Hay que decir que la ayuda al
cine español debe contemplar la libertad de elegir de los
espectores, pero también la de los actores, los directores y
los productores explicando que en el juego de la libertad no
ganan unos para que pierdan otros; no es un juego de suma
cero. Perderán, sí, aquellos que sólo tienen habilidad para
ganar el favor de los políticos y que aburren al cinéfilo más
impenitente y patriótico. Perderán también los políticos que
para mantenerse necesitan tener enganchados apoyos que de no
ser así habrían perdido. Pero, señor Presidente, señoras y
señores Diputados, bienvenidas sean esas pérdidas. Ganarán los
espectadores, los que quedan y los que volverán a serlo porque
tendrán más posibilidades y podrán disfrutar de un cine de
acuerdo con sus gustos libres y plurales. Ganarán los
contribuyentes, que verán que se hace un buen uso de sus
impuestos. Ganarán los actores, los directores, los
productores, que estarán en condiciones de crear y actuar



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contando con el reconocimiento público a su talento y no con
el agradecimiento oficial condicionado a su apoyo o a su
silencio en la crítica. Ganará incluso ese sector del Partido
Socialista que quiere regenerar sus modos de actuar, evitando
prácticas que conducen inexorablemente a la corrupción, y
ganará el cine español, porque un cine sin espectadores no
tiene futuro. Y ese es el drama de nuestra situación actual, a
la que hemos llegado por una política disparatada que tenemos
que cambiar.

El Partido Popular, señor Presidente, no va a cambiar. Ustedes
tienen la palabra. (Aplausos.--Rumores.)



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cortés. ¿Turno a favor de
la convalidación?
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Clotas.




El señor CLOTAS CIERCO: Señor Presidente, señoras y señores
Diputados, la convalidación de este Real Decreto-ley de
medidas de apoyo a la cinematografía comunitaria se produce en
momentos que yo calificaría de serenidad y de esperanza. De
serenidad y de esperanza porque a pesar de los problemas que
aquejan a la cinematografía europea y española, como muy bien
y con gran rigor y detalle ha explicado la señora Ministra, a
pesar de la gravedad de esos problemas, este debate tiene
lugar después de un
resultado muy satisfactorio en la negociación del GATT que nos
permite tener esperanza hacia el futuro respecto a nuestra
cinematografía, a la cinematografía de los pueblos que
componen la Unión Europea.

El Real Decreto-ley, como ha dicho la señora Ministra, viene a
apoyar una cinematografía que sea reflejo de nuestras
culturas, que sea reflejo de nuestra diversidad lingüística,
que sea reflejo de nuestra manera de ser como europeos. Es,
por tanto, una medida --no la única, deben seguir otras--que
apoya el derecho que tenemos los europeos a ser dueños de la
imagen que deseamos proyectar. Como ha dicho el Director
General de la Cinematografía, no es una medida que se haga
contra nada, no es una medida contra el cine americano y,
muchísimo menos, contra el excelente cine norteamericano que a
todos nos gusta. No es una medida contra ninguna parte de los
que componen el sector audiovisual y cinematográfico. Es una
medida que pretende salvaguardar al menos una pequeña parte
para nuetro cine, para el cine comunitario.

Las cosas han evolucionado en los últimos años de una manera
muy desfavorable para el cine comunitario y para el cine
español. Ya en 1986 la realidad era que frente a las 125.000
horas anuales que podía consumir Europa, solamente tenía la
capacidad de producir cinco mil; y esta realidad ha ido
agravándose. Hoy, la penetración del cine norteamericano en
Europa tiene cifras que apuntan el cien por cien. En Alemania
es el 93 por ciento. En España --se ha dicho aquí-- es
prácticamente el 80 por ciento. En Inglaterra es el 80 por
ciento y está apuntando al cien por cien. ¿A qué motivo se
debe eso? ¿A los méritos del cine
norteamericano? En parte habrá que reconocer que también se
debe a los méritos del cine norteamericano, porque hay un cine
norteamericano de gran calidad que se gana esos mercados.

Pero, no nos engañemos. No es por esos méritos del buen cine
americano. En Norteamérica, como en cualquier cinematografía
de otro país, se produce buen cine, cine regular y menos bueno
y cine muy malo. El problema es que los europeos ya estamos
consumiendo todo ese cine sin ninguna capacidad de escoger el
cine americano que queremos ver, y ése es el problema. No se
puede tratar el problema como una cuestión de libertad de
mercado, porque esa libertad de mercado la están infringiendo
una y otra vez las grandes productoras americanas con el
sistema de cupos que conocemos, con el sistema de imponer
programaciones ... (El señor Cortés Martín: Pero, ¿cómo es
posible?) ..., con el sistema de retirar películas españolas o
comunitarias, cuando están en pleno éxito, de los cines, que
en gran parte también controlan. Ese es el problema. No
queremos, el Gobierno socialista de España y el resto de
gobiernos comunitarios europeos que defienden la existencia de
un cine comunitario, no pretendemos negar o limitar la
libertad de opción; no pretendemos poner barreras al cine
americano. El cine americano sí pone barreras importantes al
cine europeo, señorías. Menos de un 2 por ciento del mercado
americano ocupa todo el cine europeo. ¿Será ese un problema de
falta de mérito, de calidad del cine europeo? No, señorías,
son barreras reales. Por ejemplo, en Norteamérica no se admite
que se doblen las películas.

Aquí se ha oído algún análisis que sorprende porque, de
verdad, lo que demuestra es un cierto o un profundo
desconocimiento. Señorías, ¿cómo se puede decir que lo que le
ocurre al cine español es producto de la política del Gobierno
socialista? ¿Cómo se puede decir eso cuando lo que le ocurre
al cine español es lo que le está ocurriendo al resto del cine
europeo? Desde luego, no hemos tenido la satisfacción de
gobernar durante los últimos veinte años en todos los países
europeos. ¿Cómo se pueden decir algunas de las cosas que se
han oído --como si no se supiera lo que ha representado el
impacto de las nuevas tecnologías, del vídeo o de la
televisión, en la asistencia a los cines--, tales como que es
una política determinada, gubernamental, la que hace que las
personas se alejen de los cines? ¿Cómo se puede afirmar con
tanta ignorancia y manifestarse a favor de una tesis, que no
he acabado de entender, que hay películas españolas que no se
estrenan? Naturalmente, eso lo tengo que aducir yo. Hay
películas españolas que no se estrenan precisamente por el
sistema al que acabo de referirme de las multinacionales, por
el sistema de cupos y, en muchos casos, por los propietarios



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de las salas de exhibición. (Un señor Diputado del Grupo
Popular: Porque son malas.) También desearíamos --y a eso
apunta la política del Gobierno-- una exhibición más española,
una
exhibición más comunitaria. No se pueden afirmar estas cosas.

Esta situación del cine europeo y comunitario ha sido
reconocida por todo el mundo. No hace mucho tiempo afirmaba
Jacques Delors que algo tendríamos que hacer si queríamos
evitar que en el futuro todos los aparatos fueran japoneses,
todas las
producciones norteamericanas y todos los espectadores
europeos. Pues bien, para evitar eso estamos dando pasos. Para
evitar eso, lo están haciendo también otros países
comunitarios, Francia, en primer lugar. Para evitar eso, está
el Decreto que el Gobierno hoy presenta a esta Cámara, que no
es una improvisación --lo ha dicho la señora Ministra--. Este
Real Decreto-ley es coherente con un proyecto que ya conoció
esta Cámara antes de la
disolución. Este Real Decreto-ley obedece a una serie de
negociaciones y diálogos mantenidos con el sector en toda su
amplitud, es una necesidad de adaptarse a la legislación
europea, de adaptar el sistema que protegía nuestro cine al
conjunto de la producción comunitaria. Es también una
necesidad el variar la magnitud de la cuota de pantalla y la
de obtención de licencias. Es una necesidad, porque la
política que se ha hecho hasta ahora --que no es distinta,
como también se ha dicho aquí-- no nos está produciendo todo
el resultado que quisiéramos y, por tanto, hemos de
incrementarla. El Real Decreto-ley la incrementa con algo muy
importante, que es con un límite temporal. Fijamos cinco años.

¿Para qué? Para que el cine español y el cine europeo se
recuperen; para que el cine español y el cine europeo se
recapitalicen, se reindustrialicen y puedan, como deseamos,
competir con menos protecciones, porque estamos a favor de esa
pluralidad. Estamos a favor de la pluralidad dentro y fuera
incluso de nuestras fronteras. Por eso, el Real Decreto-ley
contiene un importante punto referente al cine que se produce
en otras lenguas distintas del castellano, porque deseamos
también fomentar ese tipo de pluralidad.

El Real Decreto-ley, señorías, en definitiva, es un paso
adelante en el sentido de no quitar la voz a las culturas más
minoritarias. En un importante artículo aparecido el otro día
en un periódico de esta ciudad, Regis Debray se hacía la
siguiente pregunta: ¿Podrán circular varias interpretaciones
del mundo o sólo una interpretación? Pues bien, el Decreto,
señorías, se hace para que circulen por el mundo varias
interpretaciones, para que la voz de culturas como las que
componen Europa también puedan existir en el mundo audiovisual
y para que puedan existir no con un sistema de protección «ad
infinitum», sino con capacidad de competir. Por eso, el Real
Decreto-ley que hoy presenta el Gobierno tiene un límite en el
tiempo. Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Clotas.

Tiene la palabra el señor Cortés.




El señor CORTES MARTIN: Señor Presidente, la verdad es que el
señor Diputado ministerial (como se diría en la jerga de la
Restauración en esta Casa) ha tenido que hacer un triste papel
en defensa de algo sobre lo que no sabe o no se lo cree,
porque yo no entiendo muy bien cómo es posible que se siga
diciendo, antes por la señora Ministra y ahora por usted, que
en España se imponen programaciones, se producen situaciones
de dominio y hay concentraciones indeseadas. ¿Por qué no se
aplica la Ley de Defensa de la Competencia, que ha aprobado
esta Cámara, que ha sido una iniciativa suya? ¿Por qué no se
hace caso al Tribunal de la Competencia, al que tantas veces
se invoca aquí cuando se quieren tomar medidas contra
sectores? Hágasele caso. Quizá lo que ocurre es que el señor
Clotas no sabe de Derecho de la competencia y está esperando,
como espera con ansiedad toda la Cámara, una intervención
improvisada de la señora Ministra que, por su formación
mercantilista, sí debe saber de Derecho de la competencia, y
aparecería aquí en una improvisación y nos diría que sí tiene
intención de hacer algo, porque lo que nos sorprende es que,
siendo éste el principal problema, tratándose de
prácticas claramente ilegales --lo dice el Tribunal de la
Competencia y lo dice de manera expresa la Ley de Defensa de
la Competencia--, en el Real Decreto-ley que nos piden que se
convalide no se adopte ninguna medida para adaptar al cine, si
es que no se tiene ese instrumento legal --se lo aprobaremos
de mil amores--, o por qué no nos cuenta la señora Ministra
por qué no acude al Tribunal de la Competencia o por qué no
insta al Servicio de Defensa de la Competencia para que actúe,
que lo dice el propio Ministerio. Ahora resulta que el señor
Clotas nos dice que, efectivamente, todas esas prácticas se
producen, y para ello no se toma ninguna medida, ni las que ya
están en la propia legislación ni medidas nuevas que podrían
figurar en el Real Decreto-ley cuya convalidación se solicita.

Y dice el señor Clotas que no entiende cómo se puede decir que
es la política socialista la causante. Yo me he limitado a dar
unos datos. Ha dicho algo el señor Clotas en lo que
probablemente sí puede tener razón. Dice que es que estamos
mal informados, en la intervención que hemos tenido. Es
posible que estemos mal informados porque, como dije al
principio de mi intervención, única y exclusivamente he usado
datos del Ministerio de Cultura, y es posible que ésa sea la
razón de la mala información que tiene el señor Clotas. Pero
lo cierto es que, si la Cámara puede ver esto (mostrando un
gráfico), la producción de películas españolas empieza



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a disminuir desde el año 1982. Hasta 1982 iba disminuyendo y
desde 1982 disminuye en picado. La fuente es el Instituto de
Cinematografía y de las Artes Audiovisuales. Es lo cierto que
desde 1982 el número de espectadores no hace más que
disminuir. Se ha pasado de 155 millones en el año 1982 a 78
millones en el año 1990. Algo tendrá que ver la política que
se ha venido aplicando en estos días, o a lo mejor son puras
coincidencias, pero da la sensación de que esto es así.

Resulta que en su propia documentación, y vuelvo a leer, el
Ministerio de Cultura lo ha dicho, dice el Ministerio de
Cultura: Teóricamente las
subvenciones deben ser una ayuda a posteriori complementaria
del costo de la película y no de su presupuesto inicial. Y
sigue diciendo: Y ésta es la razón por la que, entre 1982 y
1991, de las 714 películas producidas 72 ni tan siquiera
llegaron a estrenarse, porque nunca interesaron ni al
distribuidor ni al productor. No porque haya una situación
oligopolística del mercado. ¡Pero si lo están diciendo
ustedes! Lo que pasa es que, señor Clotas, yo comprendo que
como usted no es Ministro de Cultura, no se fía de lo que dice
el Ministerio de Cultura. En eso también tiene razón. Lo que
pasa es que nosotros le damos más crédito al Ministerio de
Cultura que usted mismo y nos hemos limitado a leer datos,
todos y cada uno fuente del propio Ministerio de Cultura.

Ha habido otra cosa, y es la última, señor Presidente, sobre
la que quiero replicar, en el turno de defensa más bien pobre
que ha realizado el señor Clotas, pero seguro que es que él se
ha reservado para que la señora Ministra pueda lucirse y pueda
deslumbrar a la Cámara (Risas.), que es el de las licencias de
doblaje. El señor Clotas no ha contestado, pero, repito,
probablemente está esperando a que lo diga la señora Ministra,
a un solo ejemplo en la Europa comunitaria donde exista este
sistema. No se diga, por tanto, que se pretende homologar el
sistema español con el europeo. No hay un solo país; yo sí se
lo he dado: Nigeria. Pero les reto a usted y a la señora
Ministra a que nos digan otro ejemplo de las licencias de
doblaje. Y lo único que ha dicho en defensa de las licencias
de doblaje es que sólo se van a mantener durante cinco años.

¡Hombre!, si el sistema es bueno, manténgase siempre, y, si es
malo, ¿por qué vamos a tener que estar sufriéndolo cinco años,
cuando resulta que el Tribunal de la Competencia y sus propios
informes que pagan y a los que luego no hacen caso dicen que
ese sistema es el causante de las situaciones de distorsión de
la competencia y de que no pueda haber en España una
distribución? Espero, señor Clotas, que usted y la señora
Ministra nos contesten a estas razones, porque, a lo mejor,
podríamos incluso cambiar nuestra opinión.

En cualquier caso, la Cámara y el cine español tienen que
saber que el Partido Popular quiere ayudar a la cinematografía
española. Considera que la cinematografía española necesita
una ayuda, una ayuda automática y objetiva, pero no
condicionada al apoyo político al Partido Socialista, y una
ayuda que en
cualquier caso se tiene que hacer de una forma distinta a como
ya hemos experimentado a lo largo de 11 años y que ha llevado
a que el cine español sea casi una especie en peligro de
extinción, que tiene que andar buscando el consuelo de la
autoridad
conservacionista. El cine español necesita menos política,
pero en cualquier caso otra política. El Partido Popular está
dispuesto a traerla. La traeremos o en las enmiendas al
proyecto si el Gobierno lo mantiene o, si no, con una
proposición que presentaremos en esta Cámara, en la que se
contemple toda la realidad del sector, porque a nosotros no
nos pasará como a la señora Ministra, que de manera tan
irresponsable como insolidaria con el resto de sus colegas del
Gabinete se comprometió con 25 medidas, que luego le echaron
abajo en el Consejo de Ministros, no sabemos por qué,
probablemente porque la señora Ministra sigue teniendo poco
peso, como los ministros de Cultura en el seno del Gabinete.

Le ofrecemos la oportunidad de que consiga desde esta tribuna
el respaldo de la Cámara. Eso reforzará, señora Ministra, su
prestigio y su posición dentro del Gabinete y desmentirá esa
especie de que la señora Ministra sólo sabe leer lo que le
preparan y no puede improvisar en el Parlamento, como debe
hacer cualquier ministro en un régimen parlamentario. (Varios
señores Diputados: ¡Muy bien!--Aplausos en los bancos del
Grupo Popular.) Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cortés.

Tiene la palabra el señor Clotas.




El señor CLOTAS CIERCO: Señor Presidente, el cine español no
está en peligro de extinción. Pese a la gravedad de la
situación, me parece que es una desafortunada afirmación,
porque el cine español está demostrando calidad, creatividad,
fuerza y, desde luego, ganas de seguir existiendo. Aquí se ha
seguido haciendo un análisis, y ello me obliga a decir algo
que no me gusta decir, porque me gusta ser respetuoso, pero
resulta complicado debatir con alguien que conoce muy mal los
problemas. (Protestas en los bancos del Grupo Popular.) Yo me
he referido, señorías, a la realidad de los mercados
cinematográficos europeos, a la cifra de ocupación de esos
mercados por los americanos. Es evidente que otros países
tienen menos vocación de defender su propia
cinematografía que nosotros, y por eso seguramente tienen
protecciones más débiles. Francia, que es un país con una
cinematografía que mantiene una cuota de mercado mucho más
elevada, tiene su propio sistema, al que nosotros nos hemos
acercado en algunas cosas, en otras no, pero tenemos un
sistema de protección que es válido, que en este momento, en
ese acto, al convalidar este



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decreto, lo mejoramos para adaptarlo a una situación distinta.

Yo no estoy seguro de que el señor Cortés entienda por qué la
gente va menos al cine, y ha insistido otra vez en ese
análisis --por llamarlo de alguna manera--, porque realmente,
señor Cortés, asegurar que la gente no va al cine porque se
hace una mala política, sea de derechas o de izquierdas, es
algo que realmente no lo había oído jamás. (El señor Gortázar
Echeverría: ¡Estáis vaciando las salas!) Son otras las causas
por las que los ciudadanos acuden menos al cine. Pero siendo
éste un problema muy importante, quiero decirle que no es el
más importante, porque el cine hoy tiene otros cauces de
llegar a los ciudadanos, a través de la televisión o del
vídeo, y eso se ha modificado técnicamente, pero no hay que
considerarlo solamente como una nota negativa.

No quisiera alargar más mi intervención, señor Presidente,
pero sí quisiera afirmar que no creo que ni un solo productor,
ni un solo actor, ni un solo exhibidor independiente, ni un
solo distribuidor independiente esté de acuerdo con las tesis
que hoy nos ha expuesto el portavoz del principal partido de
la oposición en materia de política cinematográfica. Me parece
que éste es un dato preocupante.

Nada más, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean fijar su posición? (El
señor Cortés Martín: ¡La Ministra, la Ministra!)
¡Silencio, señorías! (Pausa.)
Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor González
Lizondo.




El señor GONZALEZ LIZONDO: Señor Presidente, señorías, hoy
trae el Gobierno a la Cámara un Real Decreto para su
convalidación. Tal como establecen la Constitución y el
Reglamento del Congreso, el presente Real Decreto se somete a
votación en el Pleno de la Cámara, dentro del plazo de 30 días
desde su promulgación. El Gobierno justifica la creación de
este Real Decreto en la necesaria recuperación de la
cinematografía española, con el establecimiento de una
vigencia limitada en el tiempo para algunas medidas
interventoras, la equiparación cinematográfica de los países
miembros de la Unión Europea a la obra
cinematográfica española, así como el cumplimiento por los
exhibidores de la cuota de pantalla. Para ello, entendemos que
se establecen unas medidas precipitadas para la cinematografía
española, imponiendo determinadas limitaciones a los
exhibidores y distribuidores, entre las que cabe destacar que
para distribuir una obra cinematográfica de terceros países en
versión doblada será necesaria la obtención de la licencia
correspondiente, pero no se articula cómo. Se faculta al
Gobierno en este Decreto a fijar el porcentaje de obra europea
cinematográfica que se deberá coproducir entre las
televisiones y los productores
independientes, pero esta medida adolece de deficiencias, pues
no se establecen las fórmulas de coproducción por parte de las
televisiones, con lo que éstas podrían computar como
producción la precompra de los derechos de emisión. Queda
claro, según nuestro entender, que para el Gobierno la
finalidad de este Real Decreto es favorecer la distribución de
las películas españolas, aunque con ello no queda garantizada
su calidad, pues no se ha realizado un debate sobre la calidad
del cine español que entendemos se tendría que haber hecho.

Este Decreto, entre otras cosas, tiene una con la que Unión
Valenciana se siente identificado, y es que hay que reconocer
que beneficia a las lenguas oficiales de las distintas
comunidades autónomas, por lo tanto a la lengua valenciana;
cuando introduce la obligación de su traducción o doble
lenguaje se refiere a lenguas oficiales españolas, por lo que
la lengua valenciana, como lengua oficial de una parte del
Estado español, está de esta manera protegida. Pero no hay que
olvidar que estas medidas llegan en un momento en el que las
salas cinematográficas comenzaban a salir de la crisis
profunda en la que estaban sumergidas en los últimos años.

Según los datos que se nos han facilitado por parte de la
Federación de Exhibidores y
Distribuidores de Cine, hoy funcionan en España 1.807 salas de
cine y sólo en el mes de diciembre fueron inauguradas 35
pantallas nuevas. Por otro lado, estas medidas afectan
directamente a los destinatarios de las películas
cinematográficas, ya que se defiende la producción sin pensar
en el consumidor. Hay que tener en cuenta que al público
tampoco se le puede obligar a ver el cine en versión original.

Por lo menos en este tema, señora Ministra, convendrá conmigo
en que tendrán que regularlo y muy rápidamente. También hay
que destacar que las medidas de fomento, como planes
crediticios, fórmulas especiales de amortización y
desgravaciones fiscales, no vienen recogidas en este texto,
con lo que habrá que esperar a la nueva normativa que lo
regule. Y yo me pregunto: ¿cuándo se acostumbrarán, señores
socialistas, a traer las cosas terminadas? Nosotros hemos de
calificar este Real Decreto-ley como precipitado, falto de
normas por su siempre --y lo lamento-- mala forma de trabajar.

Esperamos que el Ministerio con la incorporación de una nueva
Ministra cambie estas formas y verdaderamente comencemos a
trabajar un poquito mejor. Pensando que aunque no venga
completo, tiene unas partes criticables y otras que se deben
de proteger, en esta ocasión nos arriesgaremos, una vez más, a
darles un voto de confianza al no votar en contra de este
Decreto, esperando que sean capaces de llevar adelante un
proyecto que o bien puede ser un descalabro total y completo
para nuestra cinematografía o bien puede llegar a mejorarla.

Con esta confianza y entendiendo que el Decreto



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es de ustedes, nos abstendremos y deseamos que lo complementen
para bien de todos, como vulgarmente se dice «com Deu mana».

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor González Lizondo.

Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor
Mardones.




El señor MARDONES SEVILLA: Señor Presidente, señorías, al
fijar la posición, en nombre de Coalición Canaria, para la
convalidación de este Real Decreto-ley queremos valorar, en
primer lugar, lo que subyace en el fondo de la intencionalidad
y cuál es el primer valor que queremos destacar dentro de este
fondo, que es precisamente proteger la actividad creadora
dentro del campo de los valores, por una parte, culturales y,
por otra, económicos. Qué duda cabe que este Real Decreto-ley
tiene posiblemente una serie de descompensaciones al tratar de
armonizar intereses de valor cultural, de la inteligencia
creadora en el ámbito del audiovisual o del cinematógrafo,
tiene que compaginarlos con lo que es la razón de ser en una
economía competitiva libre de mercado, como son los intereses
económicos, intereses económicos asentados fundamentalmente en
el sector de la producción, pero, qué duda cabe, también en el
de la
distribución y, sobre todo, en el de la exhibición.

Posiblemente, en las críticas que estos días se han hecho por
parte de los sectores empresariales, representantes no tanto
de la
distribución como de la exhibición en el amplio capítulo de
inversiones y de adaptación a los gustos y necesidades del
público, con las fórmulas de los multicines o multisalas,
tenemos que tener una consideración especial. ¿Qué ocurre con
las formas de este Real Decreto-ley? Para nosotros, la crítica
hay que hacerla clara aquí, porque mal le iría a una película
que tuviera un montador o un guionista como el que ha hecho el
texto escrito, articulado y ensamblado de este Real Decreto-
ley. Tiene escenas buenas, tiene escenas regulares y tiene
escenas malas. Eso, a veces, es cuestión del montador o del
guionista. Por tanto, quienes debemos hacer una labor de
análisis político y por supuesto de apoyo a toda esta
actividad creadora nos hacemos las siguientes reflexiones al
hilo del mismo. En primer lugar, trata de definir lo que es
obra audiovisual europea, muy extensamente dicha --está en el
campo de lo que se emite por televisión--, e inmediatamente en
el artículo 2, cuando habla de la obra
cinematográfica comunitaria, menciona el certificado de
nacionalidad. Estamos, en verdad, ante un Decreto-ley que me
atrevería a calificar de nacionalista. Por un lado, da un
marco europeo y, por otro, ya en el artículo 2, entra con una
definición de certificado de nacionalidad.

El artículo 3 es una especie de música celestial porque dice
que el Gobierno podrá acordar --«podrá acordar», no
«acordará», como dicen otros textos--una serie de créditos,
ayudas y subvenciones, apoyo fiscal, etcétera. Eso, si no hay
una voluntad sujeta a los Presupuestos Generales del Estado y
concretada en cifras
económicas, es solamente una buena declaración de intenciones.

Quiero resaltar en lo positivo el artículo 4, porque habla de
la coproducción entre las televisiones y productores
independientes. Señorías, si en España, y dentro del marco de
la Unión Europea, no hay una simbiosis y una colaboración y
cooperación múltiple en el campo de audiovisual o de la
película, compatible o alternativa entre sala de proyección
clásica y pequeña pantalla de televisión, no tendremos uno de
los motores de estímulo cultural, de estímulo tecnológico y de
estímulo financiero-económico para potenciar nuestra industria
cinematográfica española. Todas mis palabras van en el sentido
del hilo conductor de responsabilizar, precisamente en este
momento a través de mis palabras, con el apoyo a la industria
cinematográfica española y a todas las personas e
instituciones que la hacen viable y aceptable, cultural o
económicamente.

Qué duda cabe que los artículos 5 y 6, en cuanto a la cuota de
pantalla y a la cuota de distribución cinematográfica, con lo
referente a las licencias, son harto opinables y discutibles,
pero sí quiero resaltar algo que va a motivar que Coalición
Canaria le dé el voto favorable a la convalidación de este
Real Decreto-ley. Aunque teóricamente pueda parecer que los
artículos fundamentales de este Real Decreto-ley son los
artículos 5 y 6, al final, alguien con sentido común, al
redactar la disposición adicional única, Facultades de
modificación por el Gobierno, establece lo que a nosotros nos
da la confianza para que, en ese artículo tan especial que yo
llamaría de sentido común --porque el resto sería un decreto
que, como dicen los bancos con los créditos de dudoso cobro,
puede pasar a fallidos--, las
desviaciones que se puedan dar a lo largo de estos próximos
años, incluso dentro del período de cinco años para el
controvertido tema de las licencias, los importes, cuotas y
porcentajes a que se refieren los artículos citados puedan ser
modificados por el Gobierno, oídas las asociaciones afectadas
por la materia. Yo le pediría aquí a la señora Ministra que,
haciendo un uso de sentido común como el que ha utilizado el
que ha puesto aquí esta cláusula de garantía para salvar las
desviaciones atípicas, se oiga a todas las asociaciones
afectadas por la materia, desde productores, artistas o
actores, directores, guionistas, todos los que están
expresados en un film, hasta las asociaciones de exhibidores,
de proyectistas y de distribuidores, porque armonizando todas
y cada una de las partes del sector, habrá armonía en este
asunto.




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Qué duda cabe también que hay que hacer, señora Ministra, una
racionalidad del propio texto que aquí se nos trae, en primer
lugar, porque creo que en España nos hemos olvidado de algo
muy importante y caemos en la tendencia del cine
norteamericano y su soporte económico, que es basarse en el
derecho del copyright. Yo creo que en Europa, y concretamente
en España, debemos ir a defender por encima de todo el tema de
los derechos de autor, porque estamos defendiendo la actividad
creadora, que es la que en verdad tiene valor, valor cultural,
valor de innovación, que después se tendrá que reflejar en su
comercialidad; pero, en fin, ésa es una condición añadida en
una economía libre de mercado, que la película o el film sea
de rentabilidad comercial. Pues bien, resulta que el artículo
1.º de este Real Decreto-ley, en la consideración de obra
audiovisual europea o cinematográfica, lo que valora es la
residencia de los que intervienen, el 50 por ciento, y la
residencia es un concepto etéreo. No habla de la nacionalidad
del director o de los actores, habla de la
residencia en un país de la Comunidad o de la Unión Europea.

Esto habría que aclararlo, porque yo prefiero que no se nos
haga una engañifa por el gran coloso norteamericano del cine,
utilizando fraudulentamente el concepto de residencia en país
de la Unión Europea frente a los derechos de autor. Creo que
es importante resaltar esto aquí.

Señora ministra, hablar de terceros países creo que es un
eufemismo para designar a Hollywood --no digo ni a Estados
Unidos-- que es donde está la industria cinematográfica, que
domina, como aquí se ha dicho por el señor Clotas, el 90/95
por ciento en Alemania y el 80 por ciento en España o en el
Reino Unido. Esa potencialidad está ahí, creadora, financiera,
de distribución, de modas, etcétera. Por tanto, este eufemismo
de terceros países hay que matizarlo para no perjudicar ese
tremendo mercado que tiene la industria cinematográfica
española en Hispanoamérica, donde tienen la misma lengua. Me
dolería que el colonialismo norteamericano se metiera, por una
vía indirecta de éstas, a dominar el mercado cinematográfico
hispanoamericano, de Río Grande para abajo, porque entonces
nos estaría produciendo una distorsión. Hay que potenciar la
capacidad de proyección de ese mensaje cinematográfico
generado en España, con todas las coproducciones que sean
posibles, hacia el potentísimo mercado de consumidores de
Hispanoamérica, que es un mercado que ve cine. Quien conozca
cualquier país hispanoamericano y ve la estructura de sala de
exposición, desde la más modesta, se da cuenta de la tremenda
implantación del cinematógrafo en relación, por ejemplo, al
número de televisores que tienen los ciudadanos de Colombia o
de Bolivia, por poner unos ejemplos. Van al cine
fundamentalmente y se están encontrando colonizados
precisamente por el cine norteamericano, yésto creo que es una
responsabilidad cultural de España en este momento.

Y termino, señor Presidente, con una recomendación a la señora
Ministra. Señora Ministra, en la disposición derogatoria
única, no hay ninguna derogación; hay una tabla de vigencias
donde se mantienen ocho reales decretos u ocho decretos --
porque algunos son de la época del régimen anterior-- y nada
menos que 20 órdenes ministeriales. Hay órdenes
ministeriales --que no quiero leer a SS.SS. aquí--, como la de
21 de septiembre de 1962, que es una joya del intervencionismo
franquista. Leer esa orden ministerial del Ministerio del
Información y Turismo, sobre los inspectores de sala,
verdaderamente, a estas alturas, produce sonrojo. Vamos a
refundir, porque traer aquí, con una disposición derogatoria,
una tabla de vigencia de 20 órdenes ministeriales, donde hay
perlas cultivadas curiosísimas, nos hace a nosotros realizar
esta llamada de atención. Como a final de cuentas el
dispositivo del artículo 6 queda condicionado a la vigencia de
cinco años por lo que dice la disposición final primera,
nosotros, concediéndole el beneficio de la duda y en apoyo de
la industria creadora cinematográfica española, lo vamos a
votar favorablemente. Nada más y muchas gracias, señorías.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mardones.

Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la palabra el
señor González de Txabarri.




El señor GONZALEZ DE TXABARRI MIRANDA: Gracias, señor
Presidente. Señorías, señora Ministra, el Grupo Vasco --voy a
empezar por el final-- va a votar favorablemente la
convalidación de este Real Decreto-ley, básicamente por tres
razones. En primer lugar, porque supone apoyar la estructura
productiva del sector
audiovisual del Estado, pues tiene en cuenta esta
consideración del sector audiovisual como sector industrial de
cara a dar estabilidad al mismo. Sabe usted que cuando los
obreros de Altos Hornos defienden su puesto de trabajo,
defienden su puesto de trabajo; los obreros de la cultura
defienden la cultura. Yo creo que la redacción de este Real
Decreto-ley salva esta
consideración y nos lleva a la consideración del sector
audiovisual como sector industrial. Creemos que es muy
acertado centrar en este eje la propia discusión. En segundo
lugar, por la perspectiva de política lingüística que adopta
el propio Decreto, creemos que es un paso sustancial, tanto de
cara a la normalización del uso de las lenguas minoritarias o
«minorizadas» como del propio castellano, y que en definitiva
se fomenta en el Decreto el uso de estas lenguas, en el caso
de las lenguas minoritarias o «minorizadas», dándoles nuevos
ámbitos de uso y favoreciendo, en consecuencia, la exhibición
de películas en la lengua propia, en la lengua nacional de
cada comunidad



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autonóma, permitiendo medidas eficaces de discriminación
positiva que el Grupo Vasco comparte íntegramente. En tercer
lugar, porque, en lo sustancial, se recogen en este Real
Decreto-ley los contenidos de las propuestas que el Grupo
Vasco presentó al proyecto de ley que el Gobierno trajo a esta
Cámara en la legislatura anterior. Estas serían las razones
básicas que el texto del Decreto-ley determina respecto a la
cuota de
distribución: que se podrá acceder a una licencia de doblaje
cuando una película europea lleve alcanzados 20 millones de
recaudación; la segunda licencia se obtendría cuando se
acredite una recaudación de 50 millones. El Grupo Vasco
entiende
razonables estas medidas, porque estos son, precisamente, los
parámetros que se expusieron en las enmiendas que el Grupo
Vasco presentó al proyecto de ley que decayó en la pasada
legislatura. En consecuencia, en el Grupo Vasco estimamos que
la modificación que se ha producido sobre las previsiones
iniciales del
Ministerio es procedente por adecuarse mejor a la realidad.

Expuestas estas razones, que nos conducen a votar
afirmativamente el decreto-ley, quisiéramos realizar una serie
de consideraciones que estimamos el ministerio debiera tener
en cuenta, y
aprovechamos la coyuntura de poder manifestarlas a los máximos
representantes del ministerio en esta Cámara. Por una parte,
entendemos que los contenidos del decreto-ley son
insuficientes para los objetivos que se marca. Se aprueban, en
definitiva, sólo ocho de las 25 medidas propuestas por el
ministerio en el documento presentado el 15 de noviembre con
el título de medidas urgentes para lo audiovisual; se aprueban
exclusivamente las referidas a cuotas de pantalla, licencias
de doblaje y
coproducción con las televisiones. No se recogen las medidas
fiscales y decae una de las medidas que, en nuestra opinión,
era básica en dicho informe: la que hacía referencia a los
planes plurianuales que se podrían presentar. Creemos que esa
era una medida clave que podría estar recogida en este
decreto-ley. Por otra parte, tampoco conocemos el desarrollo
del decreto-ley que nos ocupa, el cómo, el cuándo y el cuánto
de estas medidas. No resulta difícil deducir, de la
presentación del documento de 15 de noviembre a esta
presentación urgente del decreto-ley, que falta acuerdo
interministerial, que decaen cosas. Tampoco en la exposición
de la señora ministra se nos ha explicado
suficientemente por qué un documento que se presenta todavía
hace un mes se reduce tan excesivamente o con tanta
diligencia, con tanta premura, y se presenta como decreto-ley.

En nuestra opinión, este decreto-ley tampoco es excesivamente
respetuoso con las competencias de las comunidades autónomas,
en el caso de la vasca, que tiene transferidas todas las
competencias de este ámbito, con la única salvedad del control
de taquilla. Volvemos a encontrarnos en el decreto-Ley con un
registro más en el ICAA. ¿Cómo se va a desarrollar este
registro? ¿Va a ser único, obligatorio, exclusivo, es decir,
va a seguir actuando este Instituto con su concepción
centralista y
monopolizadora? ¿Van a ser capaces en este instituto de
superar el concepto de subvención en su concepción más
obsoleta? ¿Van a ser capaces de contar con los representantes
de las comunidades autónomas que son titulares de la
competencia en las comisiones de valoración y de evaluación, o
va a seguir monopolizando este instituto en exclusiva la
representación del Estado en los programas europeos, como el
programa Media? ¿Vamos a tener que deducir, por fin, que
Bruselas es el extranjero? Creemos que son consideraciones
que, en caso de que este decreto-ley pueda ser tramitado como
proyecto de ley, podrían dar paso a una serie de enmiendas que
presentaría en este sentido el Grupo Vasco. Tampoco estamos
excesivamente de acuerdo con las formas en que se tramita este
proyecto de ley, por realizarlo vía decreto-ley. Creemos que,
una vez que ha quedado excluido este acuerdo del GATT, las
razones de urgencia no son tan pertinentes. En la legislatura
anterior contábamos con un proyecto de ley y, desde esta
perspectiva, estimaríamos más oportuno que se pudiese tramitar
en la Cámara como proyecto de ley, como un proyecto de ley que
aborde genéricamente lo audiovisual.

Está muy de moda últimamente, en eso de las formas, lo del
impulso democrático, pero ustedes presentan un decreto-ley que
tiene relación directa con algunas comunidades autónomas, con
las televisiones públicas y privadas, con exhibidores y con
distribuidores, y no da la impresión de que el diálogo sea la
asignatura por la que brilla en el Ministerio de Cultura.

Entendemos que existen formas de acceso, las propias
televisiones privadas y las públicas podrían haber tenido
conocimiento por lo que respecta al artículo 4.º de este
decreto-ley, se podían haber abierto una serie de
negociaciones o contactos de cara a explicar cuáles son los
contenidos del propio decreto-ley o por dónde puede ir su
desarrollo.

Estimaríamos inoportuno llegar al absurdo con este decreto-ley
y que, por haber abierto estas negociaciones y no haberlas
cerrado suficientemente y por defender la producción europea,
terminen exhibiéndose las películas en versión original, en
inglés; es decir, que habiendo empezado por manifestar que
estamos de acuerdo con la política lingüística que se plantea
en este decreto-ley, donde tanto el castellano como las
lenguas nacionales o propias de las comunidades autónomas
tienen una consideración importante, llevando el argumento al
absurdo y abiertas una serie de guerras, que se sabe donde
empiezan, pero nunca se sabe donde terminan, asistamos a que
los principales perjudicados de esta política sean los propios
destinatarios, los amantes de la producción cinematográfica,
que se verían obligados



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a asistir a un modelo de exhibición más cercano al portugués
que a lo que hemos estado acostumbrados en el Estado.

Compartimos el criterio de que el libre funcionamiento del
mercado de cine está guiado por la incontinente voracidad de
las multinacionales norteamericanas, que aspiran a copar las
salas de cine todos los días del año con sus películas. En
este sentido estamos de acuerdo en que tienen que existir
medidas
interventoras que conduzcan a la regulación del propio
mercado. Frente a este intento de monopolio es preciso una
regulación legal. Esperamos que esta regulación legal que
consideramos oportuna y necesaria, no se limite a este texto
que ahora debatimos. El propio texto presentado por la señora
ministra el día 15 de noviembre en la Sociedad General de
Autores es mucho más ambicioso. Las medidas fiscales y
financieras quedaron en el tintero y esperamos que se nos den
razones para poder asistir a la tramitación de las mismas.

Termino, señor Presidente. El Grupo Vasco no quisiera
engañarse --he puesto el ejemplo de los obreros de Altos
Hornos-- y no quisiera que se envolviera este problema con el
celofán cultural. La clave no está ahí; la clave radica en
potenciar industrias, la clave radica en la propia tecnología
de lo audiovisual y ahí es, en nuestra opinión, donde debemos
centrar los esfuerzos. Mientras se pueda acceder a los hogares
a través de la televisión por cable o por satélite, este tipo
de regulaciones se realizan para la galería. No nos podemos
engañar. Hay que realizar otra serie de consideraciones de
cara a lo que ha sido el mundo de lo audiovisual en los
anteriores gobiernos socialistas. ¿A qué espera el Gobierno
para regular la televisión por cable? ¿Cómo se entiende en
este contexto la regulación de televisión por satélite que se
realizó en la legislatura anterior? ¿Para cuándo se va a
producir la incorporación a la legislación del Estado de la
directiva de televisión sin fronteras? Esa es la
responsabilidad del Gobierno. Claro, siempre resulta fácil y
muy simple echar la culpa a terceros, en este caso, señor
Presidente, a los americanos.

Nada más. Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor González de Txabarri. Por
el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el
señor Baltá.




El señor BALTA I LLOPART: Señor Presidente, señorías, el Real
Decreto-ley sobre medidas urgentes para la cinematografía fija
en su exposición de motivos la necesidad de proseguir el
impulso de mejora del sector y la equiparación del mismo a la
realidad legal, a la que también se han acoplado los restantes
países de la Unión Europea, como se va produciendo en otros
ámbitos de nuestra sociedad.

Junto a la flexibilización de cuotas de pantalla se plantea la
adaptación de las cuotas de distribución a las nuevas
exigencias del mercado. No se puede obviar que la oportunidad
del Real decreto es debida a la reciente concreción de los
acuerdos del GATT, cuyas medidas de liberalización del mercado
internacional tienen un fuerte impacto sobre el conjunto de la
industria cinematográfica europea. La cláusula de excepción
cultural ha sido defendida encarecidamente desde Europa, más
allá y a pesar de la voluntad de liberalización que ha
inspirado los acuerdos. Los diferentes gobiernos han centrado
la negociación del tema audiovisual al mergen de las reglas
del mercado, porque carece de sentidosometer a las mismas una
actividad netamente cultural, cuando, tan a menudo, la cultura
globalmente precisa para sobrevivir de un impulso
institucional. ¿Cuántos ámbitos de la cultura subsisten al
margen de la protección que se destina a un bien público?
Puede que alguien se atreva a contestar a esta pregunta dando
relevancia precisamente a la realidad cultural autosuficiente
de la que pretendemos protegernos. La capacidad de creación
audiovisual desarrollada por la industria
norteamericana, donde ha producido, por cierto, gran
irritación el proteccionismo europeo hacia este ámbito, sólo
es comparable al impacto sociocultural que desde aquel país se
ha producido en la sociedad de nuestro tiempo, en todos
nosotros.

Subimos a esta tribuna a fijar posición sobre la convalidación
de un decreto que ha redactado el Gobierno, que no nos
satisface de modo absoluto, porque tiene defectos que
consideramos debieran corregirse en su aplicación,
especialmente en su desarrollo sobre competencias autonómicas
y la realidad plurilingüística ya citada por el portavoz del
PNV. Dicho proyecto es ahora mismo
sustancialmente necesario para defender nuestra industria,
nuestra cultura, de la industria cultural de otra comunidad
que domina el arte de crear ilusiones, de crear las imágenes
que pasan por nuestras mentes ahora mismo y que están tan
metidas en nosotros que han llegado a fijar instantes de cada
vida.

Pasando al ámbito de la realidad, más allá de los datos
expuestos por la señora Ministra en su intervención, creemos
que la cultura y la producción audiovisual es, en gran medida,
la más importante expresión cultural de nuestro tiempo; no
puede someterse
exclusivamente a los mecanismos del mercado comercial, forma
parte del patrimonio colectivo, incluso constituye buena parte
de nuestra propia identidad. Permítasenos que recalquemos este
hecho desde un grupo parlamentario cuyo programa político
acentúa especialmente la defensa de una identidad. En este
momento, aquí y ahora, nos sumamos a la defensa de la sociedad
pluricultural que entre todos representamos.

Somos ocherentes con aquello que hemos dicho siempre, pero
puede que alguien entienda que no lo somos en cuanto a la
propuesta de proteccionismo frente a la



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de liberalización, que también asumimos programáticamente. Voy
a precisar que lo hacemos sin recato alguno. Precisamente
ahora que parece debiera liberalizarse todo, hay espacios de
la sociedad donde es imprescindible garantizar unos mínimos:
sanidad, bienestar social, instrucción pública. Así, del mismo
modo creemos e insistimos en ello, debe hacerse también con la
cultura como señal de identidad de un pueblo, de diversos
pueblos. Lo decimos con relación a Europa y con relación a
nuestra propia diversidad, porque no es difícil observar, como
lo demuestra el empeño puesto en la exclusión conseguida en
las conversaciones del GATT, que en este tema las culturas
europeas están en desventaja.

Es muy posible que la causa se deba a un error cometido en
mayor o menor medida. Europa, quizá, creyó en el arte
cinematográfico, mientras Norteamérica utilizaba el arte para
crear una gran industria, un gran coloso de la industria
cultural, que además ha sido el mayor propagandista de una
forma de vida.

Un siglo después de la invención del cinematógrafo, cuando
infinidad de países deciden liberalizar su interrelación
comercial, el cine y el mundo del audiovisual que se ha
configurado en su entorno precisan una cláusula de excepción,
y se diría que necesitamos algún tiempo para evitar el
desastre, para que nuestra gente (nuevamente me refiero a este
país pero también al conjunto de Europa) que ha producido
también grandes obras maestras --algunos de sus admirados
autores han sido ya citados por el Portavoz del Grupo Popular-
-, como el maravilloso cine norteamericano que, por otro lado,
también realiza
producciones lamentables pueda prepararse para abandonar
definitivamente el proteccionismo.

Hay que fijar unos plazos, están en el Real decreto, una
normativa compensatoria que ya tiene una tradición, superando
por ahora las contradicciones, además de la confrontación,
liberalizar o proteger, que ha dividido el mundo del cine,
poniendo a un lado a los creadores asustados por la
liberalización y al otro a los exhibidores temerosos de una
normativa que puede perjudicar aún más un sector que en las
últimas décadas cerró demasiadas puertas cuando todos
hubiéramos querido que no se cerrara ninguna.

Se debiera plantear también esta problemática con las
compensaciones adecuadas cuando la aprobación de un Real
decreto impone la defensa de un bien colectivo frente
intereses concretos y legítimos.

Termino, señor Presidente, señorías, dejando a un lado la
crítica que pudiera hacerse, y es legítimo hacerla, respecto a
la política cinematográfica y del mundo audiovisual, cuyos
errores vienen de muy lejos, como lo demuestra lo tarde y mal
que en este país y en Europa, salvo en proyectos elogiables
que no han afectado a las estadísticas de la industria, se
reaccionó frente a la realidad del cine como algo más, mucho
más que una industria o un hecho cultural. Por todo ello,
decía, mi grupo parlamentario considera necesaria la
convalidación del Real decreto y aconseja su aplicación desde
la coherencia con la realidad pluricultural y la necesaria
protección del ámbito social afectado.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Baltá.

Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya el
señor Alcaraz tiene la palabra.




El señor ALCARAZ MASATS: Con la venia, señor Presidente.

Señoras diputadas, señores diputados, el debate que estamos
teniendo hoy se inscribe en el marco de los acuerdos del GATT,
es decir de la ofensiva liberal de los Estados Unidos, en un
momento muy singular y determinado de la política económica y
social en lo internacional.

Había que decir desde el principio, porque las categorías
fundamentales se están encubriendo, que no estamos ante un
problema de libertad, ni siquiera ante un problema de libertad
de mercado; estamos, fundamentalmente, ante un problema de
proteccionismo desleal, de proteccionismo desigual. Se avisó
que con Clinton venía una nueva etapa que cambiaría incluso la
etapa de Bush, pero no es cierto. Como se dice casi en forma
de chiste en Andalucía, cuando dos elefantes se pelean
perjudican la hierba, pero cuando dos elefantes hacen el amor
también
perjudican la hierba. Clinton defiende a tope lo suyo; Clinton
está protegiendo lo suyo de manera que casi se parece al
blindaje y, naturalmente, tiene que aumentar sus cuotas de
mercado, sus cuotas industriales internas a base de los demás,
porque lo que hay en el exterior es lo que existe y no hay más
allá de lo que vemos. Estados Unidos intenta ampliar su cuota
de mercado, la intenta ampliar ahora a costa de la Unión
Europea y junto a la Unión Europea --este es otro de los
fondos de la cuestión--intentan este nuevo colonialismo de
entrar, de invadir, de arrasar toda la industria y toda la
situación ideológica del tercer mundo. Para ello Estados
Unidos, como siempre, pone a la cultura entre paréntesis y se
basa de manera no leal, desde el punto de vista cultural, en
el tema simplemente industrial. Un poco lo que pasó la primera
vez que fue un pájaro de Brâncusi a los Estados Unidos y en la
aduana lo catalogaron como manufactura industrial, no como
escultura, manufactura industrial bien fabricada técnicamente,
pero que de ahí no pasó en la aduana de los Estados Unidos.

Esto está pasando ahora y corremos un peligro serio De los
acuerdos del GATT se ha quitado el tema audiovisual, pero no
definitivamente. El 15 de abril se firman los acuerdos en
Marrakech y posteriormente, cada país tiene que ratificar
estos acuerdos. Por tanto, tenemos



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un paréntesis de año y pico, un paréntesis que hay que llenar
de contenido, un respiro que hay que llenar de trabajo, de
batalla, en un momento que España está absolutamente
desprotegida en el terreno cinematográfico. No hemos
traspuesto a tiempo, y expiró el plazo en abril de 1991, la
directiva televisión sin fronteras, y no había ninguna
política real respecto al cine español, excepto balbuceos,
excepto aproximaciones ambiguas, excepto proteccionismo
barato, pero no en el marco de una política lógica y bien
estructurada.

Nos puede pasar lo que ha dicho un dirigente europeo; Europa
se puede convertir en un jardín lleno de televisores japoneses
que sólo transmiten películas norteamericanas. Y no lo ha
dicho ningún señor duro, lo ha dicho el señor Delors,
Presidente de la Comisión Europea, viendo lo que se ve venir
ante la desprotección de muchos países que en su momento no se
protegieron y que no están reaccionando a tiempo.

El 80 por ciento del cine exhibido en España --ya se ha dicho
aquí-- es norteamericano, pero intentan llegar al 100 por
ciento; es decir, intentan que se vea en España no sólo el
buen cine norteamericano, sino todo el cine con exclusividad,
el regular y el malo, y no sólo esto, sino acabar con una
diversidad, con un muestrario que es en el fondo un poco lo
que constituye la estructura profunda de esta Europa plural, y
naturalmente impedir que realicemos e incluso podamos ver
nuestro cine.

Se habla de proteger la calidad como base de la libertad y de
la libertad de mercado, pero no es verdad, no es toda la
verdad. Si no se aporta una estructura industrial mínima, si
no se relanza la infraestructura industrial, después no se
puede extraer la calidad y hablar aparte de ella. Hoy se está
dedicando de media a una película norteamericana 1.200
millones de pesetas, a una película española se dedican, de
media, 200 millones. Por tanto, no hay, en absoluto, forma de
comparar ese tema de la calidad. Incluso aparece cierto
prejuicio sustancialista cuando se habla de la falta de
calidad del cine español. Cuando tenemos las mismas
posibilidades, cuando hay que competir con los mismos medios,
un lienzo, un pincel, el óleo, un papel, una máquina de
escribir, ¿no competimos? ¿No competimos cuando la base
material y técnica es la misma desde Baroja, Montserrat Roig,
Picasso, Antonio López? Claro que competimos, pero, ¿cómo
podemos competir sin una base industrial, si ahora tiramos la
toalla, si ahora no apoyamos la posibilidad de una
infraestructura industrial que haga que estemos en igualdad de
condiciones poco a poco, andando el tiempo, con el «timing»
adecuado que en cada caso se quiera o se pueda establecer? Por
tanto, hay cierto prejuicio
sustancialista cuando se habla de calidad sin más, y no se
intente ahora comparar demagógicamente aquí, en esta tribuna,
a Ozores con Orson Welles; son demagogias baratas que no
vienen al caso en este momento. Efectivamente, el marco es
ése, una ofensiva liberal muy fuerte en un momento de enorme
desprotección de Europa y de España. Ante esa enorme
desprotección frente a una política que intenta suprimir todo
tipo de proteccionismo mientras ellos, el señor Clinton, está
protegiendo hasta la mecedora de su abuela, hay que
reaccionar, hay que adelantar peones, hay que tomar
posiciones, y en este sentido hay que decir y hay que subrayar
que hay que evocar con cierta nostalgia el coraje patriótico
francés, el coraje de esa derecha francesa moderna,
civilizada, la que procede de la Revolución Francesa, el
coraje a la hora de proteger lealmente sus intereses, a la
hora de proteger su cultura, a la hora de protegerse frente a
esas multinacionales en cuyos despachos representativos aquí
en España se ha convocado la huelga de ayer, la huelga del
lunes. Por tanto, no es un tema baladí el que estamos tocando
aquí, y nos extraña a veces la ambiguëdad del Gobierno, nos
extraña que el señor González, desde esta tribuna el otro día,
cuando habló de los acuerdos de Bruselas, no se apuntara el
tanto de la exclusión, del aparcamiento cultural. No habló ni
una sola palabra, lo puso en sospecha, ¿por qué? ¿Cómo se va a
negociar este próximo período hasta Marrakech primero, y
después hasta la ratificación por el resto de los estados? Por
tanto, desde ese punto de vista, este decreto no es baldío,
demuestra también cierto coraje de la señora ministra, que
esperemos se mantenga en el próximo período avanzado sobre él,
avanzando sobre la ambigüedad que puede sembrarse desde otras
posiciones en el interior del propio Gobierno, desde la
ofensiva de las
multinacionales, o desde la ofensiva de ciertos sectores de la
televisión privada y de ciertos sectores que están detrás del
impulso a la concentración de los medios de comunicación. Da a
veces la impresión como si el señor Polanco empezase a cambiar
de apoyos políticos de ahora en adelante, aunque pueda haber
espejismos en esta situación que simplemente dejamos aquí
subrayada a lápiz. El primer decreto, ya se lo dijimos a la
señora ministra cuando el debate de los Presupuestos Generales
del Estado, el borrador de decreto que se presentó en la
Sociedad General de Autores, parece ser que con el apoyo de
don Felipe González, aunque no muy explícito, era bastante más
ambicioso, bastante más sólido. Ese borrador de decreto se
redujo a ocho medidas, que son las que vienen a esta Cámara;
ocho medidas tímidas, ocho medidas oportunas y redactadas con
buena puntería, y desde esa timidez se ha desarrollado la
huelga del lunes. ¿Por qué? ¿Qué motivo tiene? Es una huelga
ideológica y simbólica, señorías. Se nos viene a decir desde
las «major», desde las multinacionales norteamericanas: Ni eso
os permitimos; no os vamos a dejar hablar de cine en el
próximo período. Por tanto, ganar ahora esta batalla es de
enorme importancia para los próximos dieciocho meses.




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Hay timidez, buena puntería a veces, ambigüedad en los tonos;
ambigüedad en no apuntarse aquí tantos que se pueden apuntar y
que redundarían en beneficio en el próximo período en las
cosas que hay que consolidar a base de trabajo y de batallas,
y de mantener patrióticamente la industria y la cultura
españolas. Lo enuncio en el sentido cultural más profundo,
mientras otros están abriéndole la puerta a una nueva invasión
de Normandía, esta vez sin los aliados, porque afortundamente
están en otra parte. Desde ese punto de vista, nosotros
decimos que sí es urgente este decreto, es muy urgente;
tímido, pero muy urgente. Es muy urgente el macrodecreto que
se ha enunciado. Nosotros acabamos de presentar en el Registro
una iniciativa en el sentido de que se constituya en el seno
de la Comisión de Cultura una ponencia para que, en contacto
con los sectores afectados, se analice el macrodecreto y se
analice, en definitiva, este próximo período, donde a través
de simples iniciativas comerciales o directamente --porque el
GATT es simplemente un complejo de tratados
bilaterales-- se haga un nuevo tratado bilateral, porque sino
lo de la cinematografía española y la posibilidad de un
impulso industrial se va a reducir a la mínima expresión.

Desde ese punto de vista, también la trasposición rigurosa de
la directiva televisión sin fronteras puede y debe ayudar, y
debió ayudar desde abril de 1991 y no se hizo.

En definitiva, señor Presidente, termino diciéndoles que
aparte de todo estamos haciendo lo que quiere la gente por
ahora. Es una batalla que hay que ganar también en la opinión
pública, pero concretamente anoche Antena-3 publicó una
encuesta en el
telediario de máxima audiencia, donde decía que el 68,7 por
ciento está a favor de la cuota de pantalla, una película de
la Unión Europea por dos de terceros países, está en el 43,7
por ciento de acuerdo con los productores y sólo en el 28 por
ciento de acuerdo con los exhibidores. Por tanto, incluso
estamos haciendo lo que quiere la gente. Pero no es una
batalla ganada, señores del Partido Socialista Obrero Español
y no se puede ganar ahora rebajando este decreto; no se puede
ganar ahora envainando espadas de aquí a Marrakech, envainando
espadas de aquí a la ratificación de los tratados por el resto
de los países.




El señor PRESIDENTE: Señor Alcaraz, le ruego concluya.




El señor ALCARAZ MASATS: Vayamos adelante porque este decreto
puede empeorar. Es malo, es tímido, tiene buena puntería pero
puede empeorar y también se pueden iniciar en algún despacho
dinámicas políticas que no deseamos y que puede haber
iniciado, señora Ministra, la operación de la cabeza del
Bautista.

Muchas gracias. (El señor Cortés Martín pide la palabra.) El
señor PRESIDENTE: Señor Cortés.




El señor CORTES MARTIN: Señor Presidente, es una cuestión de
orden. Con el compromiso del grupo mayoritario de que se
tramitará como proyecto de ley el Real decreto que viene a
convalidación, nosotros nos abstendremos en la votación y
presentaremos enmiendas en la tramitación subsiguiente. Muchas
gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cortés.

Vamos a proceder a la votación.

Votación para la convalidación o derogación del Real Decreto-
ley 19/1993, de 10 de diciembre.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 323; a favor, 188; abstenciones, 135.




El señor PRESIDENTE: Queda convalidado el Real Decreto-ley.

Habiéndose solicitado en el curso del debate la tramitación
como proyecto de ley, vamos a proceder a la votación.

Votación para la tramitación como proyecto de ley del Real
Decreto-ley convalidado.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 324; a favor, 323; abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la tramitación como
proyecto de ley.




--REAL DECRETO-LEY 17/1993, DE 3 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE
CONCEDE AL MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL UN
SUPLEMENTO DE CREDITO POR IMPORTE DE 456.374.000.000 PESETAS,
DESTINADO A LA COBERTURA DE OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS
PRESTACIONES POR DESEMPLEO CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO DE
1993 (Número de expediente 130/000001)



El señor PRESIDENTE: Convalidación o derogación del Real
Decreto-ley 17/1993, de 3 de diciembre, por el que se concede
al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social un suplemento de
crédito destinado a la cobertura de obligaciones derivadas de
las prestaciones por desempleo correspondientes al ejercicio
de 1993. Para exponer en nombre del Gobierno las razones que
han obligado a la promulgación del Real Decreto-ley, tiene la
palabra el señor Ministro de Trabajo y Seguridad



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Social. (Ocupa la Presidencia el señor Vicepresidente, Beviá
Pastor.)



El señor MINISTRO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (Griñán
Martínez): Gracias, señor Presidente.

Comparezco ante SS.SS. para solicitar la convalidación del
Real Decreto-ley 17/1993, de 3 de diciembre, por el que se
aprueba un suplemento de crédito de 456.374 millones de
pesetas en el presupuesto del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social para atender con el mismo las obligaciones
derivadas de las
prestaciones por desempleo, así como para compensar con una
mayor aportación del Estado la caída de la recaudación de la
cuota de desempleo que, como conocen SS.SS., es la otra fuente
de
financiación del sistema protector.

En efecto, hay una insuficiencia real de crédito en el Inem
para atender las obligaciones derivadas de las prestaciones
por desempleo en 1993 y hay, igualmente, una caída en la
recaudación de la cuota por desempleo que, de no compensarse
con una mayor aportación del Estado, provocaría un
desequilibrio financiero en el sistema de prestaciones que
habría de repercutir negativamente en otros sistemas de
protección social. Como saben SS.SS., la Tesorería General de
la Seguridad Social, conforme a lo dispuesto en la
legislación, puede adelantar --y adelanta, de hecho-- el pago
de las prestaciones por desempleo aun cuando en el
presupuesto del Inem no existiera crédito suficiente.

Este mecanismo, que supone tensiones financieras en el sistema
de la Seguridad Social, nos lleva a la necesidad de recurrir a
expedientes de ampliación de crédito o a créditos
extraordinarios para regularizar las operaciones
extrapresupuestarias
contabilizadas en el Inem por las prestaciones pagadas por la
Tesorería de la Seguridad Social sin cobertura presupuestaria.

No necesito recordar a SS.SS. que éste es el tercer Real
Decreto-ley que con el mismo objeto se presenta en esta Cámara
este mismo año y la diferencia fundamental es que esta vez,
tal y como ya anuncié en la intervención del 28 de octubre
pasado, el Real Decreto-ley no pretende regularizar
presupuestariamente
insuficiencias de ejercicios precedentes, sino precisamente
dotar de suficiencia al organismo en el mismo ejercicio al que
corresponden los créditos y los recursos necesarios para
atender las necesidades reales del sistema de protección por
desempleo, que ascienden a 382.675 millones en lo que se
refiere a la previsión de mayor gasto y a 73.699 millones de
financiación adicional del Estado para compensar la caída de
la recaudación de la cuota de desempleo.

Las causas que han provocado esta situación están en la mente
de SS.SS. y tuve ocasión de exponerlas en mi intervención del
28 de octubre cuando ya les anunciaba la presentación de este
suplemento que hoy conocemos.La crisis económica y sus
repercusiones en relación con la caída de empleo, así como la
disminución de la capacidad contributiva de las empresas y una
caída de la población cotizante provocan, por una parte, un
mayor coste de las prestaciones y, por otra, una disminución
de las cotizaciones sociales que cofinancian el sistema.

Es esta, ciertamente, una situación que se plantea a las
políticas de protección social por su carácter anticíclico y
que está formando parte del debate sobre las políticas
sociales en la Unión Europea.

En el reciente Libro Blanco de la Comisión de las Comunidades-
Europeas se señala la magnitud de los costes sociales y
económicos del desempleo. Su volumen en una época como ésta de
recesión económica está dificultando las posibilidades de
generar recursos en políticas activas tomando en consideración
no solamente las cantidades que se pagan en prestaciones por
desempleo, sino también la pérdida de ingresos que con él se
producen, es decir, aquellas cantidades que se recaudarían a
través de impuestos y cotizaciones sociales si los
desempleados se incorporaran al mercado de trabajo.

En el caso concreto de Alemania, las cifras que recoge el
Libro Blanco indican que el desempleo costará al Estado 6,3
billones de pesetas este mismo año procedentes de los pagos de
prestaciones y de ingresos no percibidos y según las
estimaciones comunitarias el desempleo va a costar a los
gobiernos de la Unión Europea más de 31,8 billones de pesetas
este año, lo que equivale al producto interior bruto de un
país como Bélgica. En el nuestro, a estas reflexiones y a las
causas comunes de los distintos sistemas de protección social
hay que añadir que la crisis económica ha coincidido
temporalmente con la mayor ampliación de la tasa de cobertura
de las prestaciones por desempleo que se ha registrado en
nuestra historia. Hemos pasado de un 35 por ciento de
cobertura en 1985 a casi el 80 por ciento en 1993, siendo
coincidentes las cifras de paro registrado en esos dos años.

Todas ellas son realidades que en estos momentos inciden sobre
el equilibrio financiero del sistema y contribuyen a esta
situación de desfase presupuestario.

Ante ello, el Gobierno, con el objeto de racionalizar el
sistema de protección por desempleo, ajustando el gasto a la
capacidad financiera existente en un contexto de crisis como
el que vivimos, promulgó en 1992 el Real Decreto-ley 1/1992 y
la Ley de medidas urgentes sobre fomento del empleo y
protección por desempleo en aras de asegurar el futuro
equilibrio del sistema y la protección activa a quienes
encontrándose en paro buscaran activamente empleo. Los efectos
racionalizadores se están sintiendo actualmente y habrán de
hacerlo en el futuro más inmediato. Puedo adelantarles que las
medidas tomadas en el primer año de aplicación



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de la citada Ley ha supuesto minorar el gasto en unos 300.000
millones de pesetas sin alterar, y esto es lo verdaderamente
importante, el nivel de intensidad de la protección. En
efecto, frente a una cobertura media del paro registrado del
69 por ciento, que se constataba en el período de junio de
1991 y mayo de 1992, se ha pasado a una cobertura media del 77
por ciento entre junio de 1992 y mayo de 1993, con una mejora
entre ambos períodos de un 8 por ciento de más población
desempleada
protegida. He de hacer notar, además, que la cobertura ha
aumentado en los dos subsistemas de protección, es decir,
tanto en el de carácter contributivo como en el de carácter
asistencial.

Con el Real Decreto-ley que hoy les presento para su
convalidación lo que se pretende es cubrir las insuficiencias
presupuestarias, que se producen por la crisis económica
actual y que por las medidas adoptadas ha tenido una menor
repercusión en el sistema de protección. Se cierra así un
ciclo, al finalizar el proceso de saneamiento, de las
insuficiencias crediticias del Instituto Nacional de Empleo.

El Inem comenzará el ejercicio de 1994 con las cuentas a cero
y con instrumentos legales que le deben permitir cumplir con
la acción protectora, asegurando al tiempo el equilibrio
financiero y el equilibrio presupuestario. La Ley 22 de 1992
va a continuar surtiendo efectos
racionalizadores a lo largo de este próximo año y ello me
permite afirmar que seguirá minorándose el incremento de gasto
del sistema como consecuencia lógica de las medidas que en su
día se tomaron. Pero, señorías, junto con el equilibrio
financiero es necesario adoptar medidas para hacer viable la
prestación y para garantizarla en el próximo futuro. Volviendo
al Libro Blanco de la Comisión, conviene reflexionar sobre la
necesidad de no abordar exclusivamente las políticas de
equilibrio presupuestario actuando sobre ellas, sino que
también es necesario buscar un equilibrio entre la lucha
contra el desempleo y la creación de empleo, y, como nos
recuerda la Comisión, el actual desempleo comunitario se
explica en parte por una débil tasa de crecimiento económico y
en parte también por la falta de flexibilidad del mercado o de
los mercados de trabajo. De hecho se necesita actuar
simultáneamente sobre los elementos que están generando
tensiones financieras en la prestación, pero, además, buscando
aquellas otras fórmulas que permitan un mayor dinamismo del
mercado y, entre ellas, mejorar el acceso al empleo de los
grupos sociales más desfavorecidos: desempleo juvenil, paro de
larga duración, igualdad efectiva de oportunidades de la
mujer, también agilizar el funcionamiento de los servicios
públicos y privados de empleo, avanzar hacia un sistema más
adaptable a las relaciones laborales y conseguir, por último -
-añade el Libro Blanco--, una moderación en la evolución de
las rentas salariales.Así las cosas, la convalidación de este
Decreto-ley se va a unir también a medidas simultáneas que
está adoptando el Gobierno para conseguir todos estos
objetivos. En este sentido, hemos querido, de forma inmediata,
adoptar medidas de garantía en el proyecto de Ley de Medidas
Fiscales y de Reforma del Régimen Jurídico de la Función
Pública y de la Protección por Desempleo, proyecto ya debatido
en esta Cámara y en trámite en el Senado. Se trata de un
proyecto que pretende compatibilizar la protección efectiva
con el equilibrio presupuestario del importante gasto en
desempleo, que en términos de participación en el producto
interior bruto ha pasado del 2,7 por ciento al 3,5 en el
período entre 1985 y 1993. Se adopta para ello un conjunto de
reformas legales ante la situación de desempleo, ante el cual
el régimen público de protección debe garantizar, en caso de
necesidad, una prestación social suficiente.

Sin embargo, el Gobierno no se va a limitar a actuar
exclusivamente en la adopción de medias racionalizadoras del
sistema de protección por desempleo. La viabilidad financiera
del sistema debe quedar asegurada también y fundamentalmente
por la superación de la crisis y la creación de empleo. El
Real Decreto-ley de medias urgentes de fomento de la ocupación
va a permitir actuar sobre las instituciones laborales, cuya
rígida regulación ha podido perjudicar la creación de empleo
al diseñar
instrumentos que favorezcan la colocación de jóvenes, mejorar
las fórmulas que permiten el reparto de trabajo y orientar los
programas de fomento de empleo hacia desempleados perceptores
de prestaciones por desempleo que sean contratados en pequeñas
empresas.

Junto a ello, es voluntad del Gobierno poner en marcha los
mecanismos necesarios para que, al tiempo que se garantiza la
protección, se extremen las medidas tendentes a la
erradicación de las conductas insolidarias de aquellos que
pretendan acceder al sistema sin reunir los requisitos o
permanecer indebidamente en el mismo.

El efecto conjugado de todo lo anteriormente expuesto tendrá,
ha de tener, no cabe duda, una incidencia positiva sobre los
costes de financiación del sistema de protección por
desempleo, lo que, unido al considerable esfuerzo que en
materia de financiación se va a hacer en la aportación del
Estado al desempleo --recordarán SS.SS. que las aportaciones
para esta finalidad en términos presupuestarios crecerán en
1994 un 45,6 por ciento--, nos hace considerar ajustadas a la
realidad las dotaciones económicas previstas para el próximo
año en el proyecto de ley de presupuestos, no debiéndose
producir en este ejercicio nuevas insuficiencias. Pero también
es voluntad del Gobierno no detenerse aquí. Asegurar el futuro
de la protección obliga a que realicemos también una amplia
reflexión sobre nuestro sistema de protección. Se trata de
analizar



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su evolución en estos últimos años, definir también un nuevo
modelo para el futuro que atienda fundamentalmente a las
características siguientes: que sea solidario, que sea
efectivo y que sea financieramente viable.

El propósito del Gobierno es, por consiguiente, enviar a esta
Cámara a lo largo de 1994 un proyecto de ley de reforma del
sistema de protección por desempleo.

Así, pues, con el suplemento de crédito que se recoge en el
Real Decreto-ley para el que solicito la convalidación se
conseguirá sanear financieramente al Inem.

Con las medidas recogidas en la Ley de Acompañamiento de la de
Presupuestos, próxima ya a su entrada en vigor, pretendemos
garantizar la suficiencia presupuestaria que en 1994 y con la
reforma de la protección por desempleo, cuya entrada en esta
Cámara se va a producir el próximo año, queremos asegurar la
viabilidad futura de esta importante protección social y,
junto a ello, las medidas sobre reforma del mercado de
trabajo, de las que podremos hablar con mayor detenimiento en
la próxima semana, van a tratar de conseguir un modelo de
relaciones laborales que promocione, mantenga y promueva el
empleo.

Próximamente, digo, cumpliendo con un compromiso que adquirí
en esta misma tribuna el pasado mes de septiembre, el Gobierno
va a remitir a este Parlamento el proyecto de ley de reforma
global del Estatuto de los Trabajadores.

Por consiguiente, la acción combinada de estas medidas
estructurales son las que hacen que el suplemento de crédito,
cuya convalidación hoy solicito a esta Cámara, se incluya
dentro del marco general, dentro de un plan global que
pretende
precisamente la estabilidad financiera y la consolidación de
nuestro sistema de protección social.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Ministro. ¿Turno en contra de la convalidación? (Pausa.)
¿Qué Grupos desean fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra
el señor Hinojosa.




El señor HINOJOSA I LUCENA: Gracias, señor Presidente.

Dice el Real Decreto, cuya convalidación pide el Ministro, que
durante el presente ejercicio de 1993 se están produciendo
determinadas circunstancias que hacen que los créditos dotados
en el presupuesto de gastos del Inem no sean suficientes para
atender la cobertura de las prestaciones, al tiempo que los
ingresos estimados por cuotas de desempleo presentan una
evaluación desfavorable en relación con las previsiones
contenidas en el presupuesto. Esta situación, unida a la
necesidad ineludible de la cobertura de las obligaciones de
referencia, hace preciso que de forma urgentese efectúe una
aportación adicional al fondo del Inem, etcétera.

Evidentemente, nuestro Grupo, y ante esta petición del
Gobierno, no puede hacer otra cosa que votar favorablemente la
tramitación de la concesión de este crédito. Lo que pasa es
que el matiz de este apartado, en el que se dice: determinadas
circunstancias, valdría la pena especificarlo más o menos --no
lo vamos a hacer porque creemos que sería adelantar el debate
de la semana que viene--; valdría la pena especificar esas
determinadas
circunstancias. Por un lado, una circunstancia es que ha
crecido el paro, evidentemente. Pero, por otro lado, está que
el Inem no ha funcionado como habíamos venido pidiendo en los
últimos años. Tendríamos que aprovechar esta circunstancia, y
probablemente alguien la aproveche, para hacer una crítica
nuevamente en esta Cámara respecto al funcionamiento del Inem.

Vamos a guardar nuestro discurso en este tema --y en el tema
de la reforma, porque creo el Ministro ha ampliado
excesivamente la petición que hoy correspondía, que era sólo
la de pedir la convalidación del Real Decreto--, vamos a
guardar, digo, nuestros argumentos respecto a la reforma
laboral y, definitivamente, a la reforma del Inem como un
instrumento para incentivar las políticas activas de creación
de empleo en el futuro para la semana que viene. Hoy nos
limitamos, simplemente, señor Presidente, a decir lo que hemos
dicho. Vamos a votar favorablemente este crédito, que
esperemos que sea el último --ya no queda tiempo para otro en
este año--, pero esperemos que en el futuro el rigor
presupuestario y las circunstancias del crecimiento del paro
no nos obliguen a ir incrementando constantemente el
presupuesto de gasto del Inem.

Nada más, señor Presidente.

Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Hinojosa. Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, tiene
la palabra el señor Peralta.




El señor PERALTA ORTEGA: Gracias, señor Presidente.

Efectivamente, tal como indicaba el señor Ministro de trabajo,
éste es el tercer Real Decreto-ley que en un plazo muy breve -
-no llega a seis meses--tenemos ocasión de discutir en esta
Cámara, aprobando créditos extraordinarios dirigidos al Inem
para paliar los déficit de este organismo en la liquidación de
sus
obligaciones en relación con derechos de trabajadores: el
primero de ellos por importe de 222.000 millones, el segundo
por importe de 237.000 millones y el tercero por importe,
éste, de 456.000 millones de pesetas.

Esta sucesión de reales decretos nos permite en estos
momentos, señorías, señor Ministro, reiterar lo que



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dijimos en relación con la convalidación del segundo de ellos.

Detrás de esta sucesión de reales decretos-leyes, señor
Ministro, es indudable que existe un doble y notable fracaso:
de una parte, una mala política económica ejecutada por el
Gobierno y que ha agravado notablemente en nuestro país las
consecuencias de una situación recesiva internacional; mala
política económica del Gobierno que ha producido unos
resultados nocivos, especialmente en materia de desempleo.

Este es, sin lugar a dudas, uno de los aspectos de ese doble
fracaso a que aludía anteriormente. La segunda faceta,
señorías, señor Ministro, es indudablemente un notable fracaso
de la política presupuestaria ejecutada por el Gobierno,
política presupuestaria que da lugar a déficit sistemáticos,
sobre todo en los mecanismos de protección social, y que
proporciona argumentos reiteradamente utilizados por quienes,
en definitiva, apuestan en contra de los mecanismos de
protección social públicos.

Señor Ministro, al día de hoy, a escasamente mes y medio de
las afirmaciones de nuestro Grupo en los términos expuestos y
vertidos en el debate del segundo Real Decreto-ley a que antes
hacía referencia, creemos que los datos vienen a confirmar
nuestras afirmaciones.

Hemos conocido los datos de paro registrados en dos meses,
octubre y noviembre, y nos encontramos con 150.000 parados,
prácticamente más, con un nuevo Real Decreto-ley, con un
importe de prácticamente el doble del anterior para cubrir
déficit del Inem. Por tanto, señor Ministro, esa situación es
una situación muy grave que requiere medidas. Las medidas que
se contienen en este Real Decreto-ley son, sin lugar a dudas,
medidas parciales, pero importantes en nuestra opinión, en la
medida en que tienden a garantizar los derechos de los
trabajadores de este país. Por tanto, señor Ministro,
nosotros, en definitiva, vamos a votar a favor de la
convalidación de este Real Decreto-ley, no sin antes haber
puesto de manifiesto, como hemos intentado en mi
intervención, descubrir las verdaderas causas de esta
situación tan grave como la que atraviesa nuestro país y,
fundamentalmente, el empleo.

Antes de terminar, sólo quiero, señor Ministro, en relación
con su intervención, muy brevemente, contestar a dos
afirmaciones que ha hecho usted desde la tribuna y que, en mi
opinión, no guardan relación con la realidad y sería
importante atenernos a ella para poder llevar a cabo reformas
de todo tipo, tanto normativas como de prácticas adecuadas a
la misma.

La primera de ellas hacía referencia a sus afirmaciones sobre
el porcentaje de cobertura de la protección por desempleo.

Decía usted que en estos momentos estamos en torno al 80 por
ciento del porcentaje de cobertura. Le quiero recordar, señor
Ministro, que con datos presupuestarios, en estos momentos los
beneficios de prestaciones de desempleo no llegan a dos
millones de
trabajadores. El dato de paro del tercer trimestre de este año
1993, a tenor de la encuesta de población activa, es de más de
tres millones y medio de personas. Si eso es así, señor
Ministro, indudablemente el nivel de cobertura es notablemente
inferior a ese porcentaje al que usted se refería. Y eso es
así, señor Ministro, y lo confirma usted con un dato que ha
dado. Ha dicho usted el porcentaje de gasto destinado a
desempleo sobre el PIB. En 1985 --creo recordar que es la
fecha que ha mencionado usted desde la tribuna-- un 2,7 por
ciento del PIB se destinaba a desempleo; en el año 1993 el
porcentaje de gasto sobre el PIB destinado a desempleo es el
3,5. Evidentemente, señor Ministro, no se ha producido esa
duplicación de gasto sobre el PIB para el desempleo que cabría
deducir de sus afirmaciones de que se ha más que doblado el
nivel de cobertura de la protección por desempleo. Finalmente,
señor Ministro, e íntimamente relacionado con sus afirmaciones
en esta materia, ha dicho usted que el Real Decreto-ley
1/1992, el conocido popularmente como «decretazo», no había
recortado el nivel de intensidad de la protección por
desempleo. Quiero recordarle, señor Ministro, que sí se rebajó
la cuantía de la prestación del 80 al 70 por ciento, sí se
rebajó la duración de la prestación desde la mitad de la
cotización a la tercera parte de la cotización y, en
definitiva, medidas de este tipo, como las que se contienen
amplia y profusamente en el famoso «decretazo», no recortan el
nivel de intensidad de la prestación, señor Ministro, y me
hace temer que, efectivamente, estamos haciendo juegos
malabares con el lenguaje, pero la realidad es la que es y
cuando estamos en vísperas de una huelga general no cabe duda,
señor Ministro, de que los trabajadores constatan que estamos
asistiendo a un grave deterioro de la situación y de la
normativa laboral de nuestro país.

Nada más y gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Por el Grupo Popular,
tiene la palabra el señor Aparicio.




El señor APARICIO PEREZ: Gracias, señor Presidente.

Señorías, después de este extraño programa doble de esta
mañana, con dos Reales decretos-leyes --y digo programa doble
porque precisamente la primera parte ha venido dedicada al
cine--, a veces uno sí que comprende, aunque no puede
compartir, la afición que parece tener el Gobierno socialista
por los decretos-leyes y esa tendencia, que, en nuestra
opinión, es bastante abusiva, a evitar los proyectos de ley.

El señor Ministro sabe, al igual que el representante del
Grupo Socialista, que una de las principales diferencias es
que a los proyectos de ley se les impone la obligación lógica
de venir acompañados de una memoria y --dice el Reglamento de
nuestra Cámara-- de los antecedentes necesarios para poder
pronunciarse sobre un tema.




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Ya ha hecho mención también el representante del Grupo Catalán
de que si algo se puede calificar de ambigüedad deliberada y
medida es justificar 456.000 millones de pesetas en unas
determinadas circunstancias, como dice literalmente el Real
Decreto ¿Y cuáles son esas determinadas circunstancias? Porque
determinadas son las que se determinan y no las que se cuentan
como determinadas. Además --y creo que quizás ésta es la parte
importante--, no estamos hablando de ninguna fruslería
presupuestaria. Yo creí que 456.000 millones de pesetas iban a
merecer un mayor esfuerzo de atención de esta Cámara, porque
es aproximadamente la mitad de lo que se gasta en Educación,
aproximadamente la mitad de lo que gasta el Estado en Defensa,
casi tanto como gasta el Estado en el Ministerio del Interior
y más del doble de lo que se gasta España en Justicia; luego
no creo que estemos hablando de ninguna fruslería ni creo que
deba tratarse o intentarse despachar en una sola página del
«Boletín Oficial del Estado», que creo que va a ser una de las
páginas más densas, en términos económicos, que ha podido
publicar en estos últimos años.

Ciertamente, es la tercera vez que tenemos un debate de estas
características. En el anterior debate del día 28 de octubre
el representante socialista pretendió un socorrido juego: si
usted me hace un debate político, yo le diré que debía haber
hecho un debate técnico-presupuestario y si usted hace un
debate técnico-presupuestario, yo le diré que tenía que haber
hecho un debate político. Espero que esta vez no recurra a ese
pequeño ardid, porque creo que hemos venido a hablar de un
tema muy importante en términos sociales, de sensibilidad
social, como es el
desempleo, y de un término que, vuelvo a insistir, es medio
punto, por ejemplo del producto interior bruto. Estamos
hablando, vuelvo a insistir, de casi medio billón de pesetas
que, además, van a ir a parar, si se convalida este Real
Decreto, directamente a la Deuda Pública. Hay una dificultad
para debatir esta cuestión y es que en esta materia creo que
el Gobierno ha tenido una técnica deliberada de ocultación y
de opacidad --lo digo yo y lo dice la Intervención General del
Estado--, porque si no, ¿cómo puede explicarse el deseo de
mantener permanentemente la práctica totalidad de los
ingresos, la práctica totalidad de los pagos del Inem en
cuentas extrapresupuestarias? Sé que probablemente el señor
Almunia va a decir que es una cuestión de un fino
tecnicismo. Para mí no es ningún fino tecnicismo, sino que yo
entiendo, como entienden otras personas, y creo que así lo
recogía el Informe de la Intervención General, que ha habido
un deseo de opacidad, que mantenerlo en cuentas
extrapresupuestarias es también una forma de mantenerlo fuera
del control
parlamentario. Vuelvo a insistir en que estamos hablando de un
billón 200.000 millones que se han movido en cuentas
extrapresupuestarias, cantidades que superan, como digo, la
práctica totalidad de la dotación de los ministerios, del
mayor número de ellos. Leo una frase literal de la
Intervención General del Estado: El Inem no ha contabilizado
presupuestariamente la totalidad de las cuotas de desempleo y
de formación profesional recaudadas por la Tesorería General
de la Seguridad Social. Evidentemente, tampoco se recoge la
totalidad de las prestaciones que figuran contabilizadas
nuevamente como operaciones
extrapresupuestarias.

En resumen, hay que creerse lo que ustedes nos cuentan y les
aseguro que ése es un acto de fe que en este momento no está
al alcance de cualquier ciudadano. Lo que sí sabemos, de lo
que tenemos certeza es de que lo que venían haciendo les ha
fallado. Esa técnica de recurrir siempre a la Tesorería
General de la Seguridad Social, su eterno fiador, hacer un
trasiego de dinero y no tener que dar explicaciones a nadie
les ha fallado. Esos tres debates han venido a esta Cámara y
realmente lo que han hecho --y no voy a utilizar el
circunloquio semántico del señor Ministro de crear pensiones--
no ha sido crear pensiones, sino poner en peligro el sistema
de la Seguridad Social.

El recurso a la Tesorería General ha sido abusivo.

Efectivamente, ha permitido poder pagar esas prestaciones a
las que hacemos mención, pero, sin duda ninguna, lo que ha
hecho ha sido, al final, poner en peligro la propia Tesorería
General. Digamos que su fiador se ha resentido, le han creado
tensiones, en la terminología que tanto le gusta al señor
Ministro. En lo que llevamos de año, entre créditos
extraordinarios y suplementos de crédito, hemos visto pasar
por la Cámara prácticamente un billón de pesetas. A los
800.000 millones de créditos y suplementos, se ha añadido un
concepto que nosotros también rechazamos, un concepto tan
peculiar como los remanentes de tesorería. Creo que no es
serio hablar de remanentes de tesorería cuando las cuentas de
la Seguridad Social ni siquiera han sido conocidas desde 1989
por el Tribunal de Cuentas. Lo sabe el señor Almunia como lo
sé yo. Aquí, hay que hacer nuevamente otro acto de fe: les
contamos que hay remanentes de tesorería. Estaremos en nuestro
derecho de creérnoslo o no, perdóneme.

Tampoco es novedosa la teoría del contador a cero. Se nos
había hablado ya varias veces de los contadores a cero; ahora
hablaré de dos contadores que me gustaría que estuviesen a
cero, creo no es sólo uno. Hoy, ha repetido nuevamente el
señor Ministro que ya está a cero el contador. Pregunto, ¿qué
contador, el contador entre el Inem y la Tesorería General de
la Seguridad Social? ¿El contador de todos los posibles
déficit o desfases, como le gusta decir al señor Ministro, del
Inem? ¿Cuál es el contador que se pone a cero? Porque en la
última comparecencia de la Intervención General del Estado --
también se lo recuerdo-- se reconocía que, al menos, en
principio, había 21.000 millones



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de pesetas correspondientes a 1992 que en este Decreto, de esa
enorme austeridad en su literatura, no aparecen mencionados.

Pregunto en términos bien concretos: si no se nos quiere
decir, ni siquiera desagregar esos 21.000 millones, ¿qué ha
sucedido? Porque, en principio, iban como deuda reconocida
imputable a 1992. Desde luego, en la aplicación de estos
dineros no se habla de si queda o no saldado.

Ciertamente, nos gustaría que fuese cierto que se produce esa
puesta a cero, pero me parece que vuelve a ser otro acto de fe
de imposible cumplimiento, al menos desde la perspectiva del
Grupo Popular.

Nos gustaría, también hoy, mantener ese clima de cierto apoyo
a este Real Decreto, porque el argumento coactivo es decir
que, si no, no van a cobrar nuestros empleados. Le digo que ya
sabemos que sí han cobrado con cargo a la Tesorería. Sobre
todo, nos gustaría que en las palabras de quienes intervienen
en esta materia hubiese algún ejercicio de autocrítica, por
elemental que fuese. Comprendo que hoy el señor Ministro ha
intentado ganarse el sueldo presentando las causas de este
déficit, de este desfase presupuestario, como causas externas,
ajenas, por supuesto, a cualquier actuación del propio
Gobierno; ha intentado hacerlo aún más externo planteándonos
algo tan curioso como el Libro Blanco europeo, como si fuese
ese Libro Blanco una bendición a lo que es la política del
Gobierno socialista, cuando ustedes saben que es precisamente
una reconvención, un amable varapalo pero que no deja de ser
un varapalo, a lo que ustedes han venido haciendo. Vuelvo a
insistir en que nos llevan a una materia en la que,
ciertamente, si algo ha presidido la información al Parlamento
es ese deseo de opacidad, de no facilitar las cosas. Si la
Intervención General del Estado ha tenido que pronunciarse
sobre este tema ha sido gracias a la tenacidad, a la
insistencia, del Grupo Popular. ¿Por qué? Porque, por ustedes,
estoy seguro de que hubiese seguido funcionando en ese régimen
de no dar una
explicación al Parlamento y apelar a que son cuestiones de
contabilidad interna, de la Tesorería del Inem, que no tiene
por qué saber esta Cámara. Le anuncio que vamos a pedir la
tramitación como proyecto de ley de este Real Decreto, a ver
si así podemos conocer con mayor profundidad y de mejor forma
cuál es el estado real del Inem. Espero --y a lo mejor también
es una esperanza vana-- que no diga el representante del Grupo
Socialista que lo importante sería conocer cuáles son las
posiciones del Grupo Popular. Creo que se trata de dar
explicaciones a esas causas, determinadas según el texto e
indeterminadas según la intervención del propio Ministro, de
dar explicaciones de por qué se han producido sistemáticamente
estos desfases. Ya sabemos que el tema no les resulta
agradable, que prefieren poner «determinadas circunstancias» a
hablar de crisis, a hablar de un incremento real de la cifra
de desempleados; ustedes prefieren decir «determinadas
circunstancias», que lo recoge todo. Sabemos que les gusta la
brevedad y no le hago la cuenta de a cuánto saldría cada
segundo de intervención, si estamos hablando de 456.000
millones de pesetas. Si quiere, es un ejercicio práctico
curioso.

Desde el Grupo Popular no podemos apoyarles con nuestro voto y
nos gustaría que admitieran esa petición nuestra de que sea
tramitado como proyecto de ley para poder conocer un poco más
a fondo si de verdad se pone algún contador a cero, si de
verdad hay alguna voluntad de reformas en profundidad.

Hoy ha habido una contradicción enorme del señor Ministro,
permítame que se lo diga. Vamos a ir a la reforma global, pero
nuevamente por fascículos, vamos a traer ahora una nueva
reforma de las prestaciones por desempleo. ¿Por qué no traen
de una vez esa nueva ley, completa, global, de Seguridad
Social? Porque, si no, nos van a decir siempre que están dando
una visión global, pero cuando eso se tiene que materializar
ante esta Cámara, es auténticamente hojita a hojita, hojitas
de medio millón de pesetas algunas, hay que decirlo, pero
hojita a hojita o
fascículo a fascículo. Yo les agradecería que se produjese de
una vez ese debate, global, sobre unas bases globales de
Seguridad Social, si es que de verdad quieren afrontar este
tema con la profundidad y con la seriedad que creo que todos
entendemos que debe ser tratado.

Vuelvo a insistir: Nuestro Grupo no va a poder prestar su
apoyo a esta iniciativa. Tampoco es momento, especialmente el
actual, para hacer sólo ejercicios semánticos; comprendo que
están dentro del sueldo o de las obligaciones del señor
Ministro, pero también es un ejercicio de una inútil cosmética
o un inútil maquillaje a una situación que ustedes no quieren
asumir. Creo que sería, es, la asunción de la actual situación
y algún astibo de
autocrítica, la primera base de credibilidad de las medidas
que se anuncian.

Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Por el Grupo
Socialista, tiene la palabra el señor Almunia.




El señor ALMUNIA AMANN: Señor Presidente, señoras y señores
Diputados, intervengo en nombre del Grupo Socialista para
fijar nuestra posición, favorable a la convalidación de este
Real decreto-ley que nos ha traído el Gobierno. Para nadie es
una sorpresa la llegada a la Cámara de este Real decreto-ley.

Era suficientemente conocida, había sido anunciada en la
presentación del proyecto de presupuestos generales del Estado
a esta Cámara por parte del Gobierno, del Ministro de Economía
y Hacienda, había sido anunciada en intervenciones en este
mismo hemiciclo por parte del Ministro de Trabajo y Seguridad
Social, habían sido



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informadas, en las reuniones del diálogo social, tanto las
centrales sindicales como las organizaciones empresariales, a
lo largo del mes de septiembre. Los antecedentes numéricos,
que algún portavoz reclamaba, de por qué se producen estas
insuficiencias en relación a lo presupuestado al inicio de
este ejercicio, cuáles son las causas por las cuales los
gastos en prestaciones por desempleo aumentan y los ingresos
por
cotizaciones por desempleo no llegan a la previsión
presupuestaria para el año 1993, han sido debatidos en
bastantes ocasiones en este período de sesiones. Al menos,
recuerdo cuatro ocasiones: dos veces en el debate
presupuestario, una vez en el debate del anterior Real
decreto-ley que tuvimos ocasión de debatir en el mes de
octubre y otra vez en la Comisión de Trabajo y Asuntos
Sociales, por parte del Ministro Griñán con los portavoces de
los grupos. Por lo tanto, hay un conocimiento más que
suficiente; probablemente éste será uno de los temas --y es
lógico que así sea, dada la cuantía del crédito suplementario
que el Gobierno ha aprobado en el Real decreto-ley--, en
modificaciones de crédito, del cual más conocimiento tiene
esta Cámara y que en más ocasiones y durante más tiempo ha
sido debatido por todos nosotros.

Es verdad que estamos debatiendo una cuestión que nos es
conocida, pero la estamos debatiendo en un plano distinto al
que lo hemos hecho en ocasiones anteriores; me refiero a los
dos anteriores decretos-leyes debatidos este año, uno por la
Diputación Permanente y otro por el Pleno. ¿Por qué es
distinto en esta ocasión? No por sorpresa, pero sí distinto.

Porque en ocasiones anteriores se trataba de modificar
créditos para responder a insuficiencias producidas en
ejercicios anteriores, desde el año 1990 hasta el año 1992,
mediante sucesivas
modificaciones de crédito debatidas en esta Cámara a lo largo
de los dos últimos años. Pero en esta ocasión, una vez
recuperado el atraso de las insuficiencias de ejercicios
anteriores, estamos debatiendo la insuficiencia de este
ejercicio 1993, que va a finalizar dentro de diez días.

Esa mayor agilidad para salir al paso rápidamente de las
insuficiencias generadas por causas a las que ahora me
referiré debe ser puesta de manifiesto en este debate. Porque,
al hacerlo así, quedan un poco pasadas de moda o de tiempo
algunas de las consideraciones que el portavoz del Partido
Popular quería traer otra vez a colación en este debate. En
otras ocasiones, con la entonces portavoz del Grupo Popular,
hemos debatido los ajustes entre la contabilidad
presupuestaria y la contabilidad nacional o, dicho de otro
modo, entre el gasto efectivamente realizado por el Instituto
Nacional de Empleo, al satisfacer las prestaciones por
desempleo, y el reflejo de ese gasto en la contabilidad
presupuestaria. Pero, en esta ocasión, a diferencia de
cualquier otro debate anterior de los mantenidos en los dos
últimos años, estamos dando la respuesta en el mismo momento
en que está finalizando el ejercicio en el cual se han
detectado esas insuficiencias. Y creo que esto conviene
decirlo así, porque entonces cobra todo su significado esa
puesta a cero del contador en un doble sentido: corresponder a
su preocupación.

El Secretario General de la Seguridad Social afirmó en la
Comisión de Presupuestos, hace mes y medio, que, una vez que
quedase aprobado este crédito suplementario, era evidente que
quedaba satisfecho el saldo deudor que venía manteniendo el
Instituto Nacional de Empleo con la Tesorería General de la
Seguridad Social en la cuenta que mantienen ambas entidades. A
su vez, al atender este crédito suplementario las
insuficiencias estimadas para este ejercicio de 1993, queda
también el contador a cero, en cuanto al gasto efectivamente
realizado por el Instituto Nacional de Empleo en el pago de
las prestaciones y la modificación de los créditos que le
permitan disponer de
créditosuficiente para respaldar, desde la contabilidad
presupuestaria, esos pagos. Por tanto, ambos contadores están
a cero con la aprobación de este Real decreto-ley.

¿Las razones de la desviación en 1993? Son conocidas, han sido
debatidas por nosotros en esta Cámara. Pero, igual que ha
hecho el Ministro, se pueden también evocar muy
sintéticamente. Con relación a las previsiones de los
Presupuestos que aprobamos hace ahora un año,
desgraciadamente, en la economía española hay menos empleo del
que se había previsto a finales de este ejercicio, hay más
desempleados con derecho a prestación de los que se habían
estimado al hacer las previsiones presupuestarias para el año
1993 y hay también, como consecuencia del menor empleo, no
sólo más desempleados, sino también menores ingresos por
cotización. A la suma de ese mayor gasto en prestaciones y
menores ingresos por cotizaciones responde este Real Decreto-
ley.

Me puede decir S.S. con razón que eso no es atacar las causas
del problema, sino sólo las consecuencias. Pero, como usted
bien sabe y como sabe bien la Cámara, también en estos meses,
el proyecto de ley de presupuestos, el proyecto de ley de
medidas urgentes (ambos serán debatidos en esta Cámara la
próxima semana antes de su definitiva entrada en vigor), la
reforma del mercado de trabajo que el Gobierno también ha
aprobado y que debatiremos la próxima semana, el conjunto de
las actuaciones, sea de la política laboral o social, sea de
la política económica, puestas en marcha al principio de esta
legislatura, en estos meses por el Gobierno y que cuentan con
el respaldo mayoritario en esta Cámara y van a seguir
contándolo, todas esas medidas van no sólo a paliar las
consecuencias, como hace este Real decreto-ley, consecuencias
mayores de las estimadas, sino también a atajar las causas. Y
esperamos no sólo que, como queda, creo suficientemente
explicado, el doble contador a cero sea cierto a finales del
ejercicio de 1993, sino también que, gracias a las políticas



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adoptadas, gracias a las políticas que se están poniendo en
marcha, las previsiones que figuran en los presupuestos para
1994 sirvan para que no haya estos desajustes, no vuelvan a
repetirse estos desajustes en el próximo ejercicio. Eso es lo
que nosotros, como Grupo Socialista, esperamos. En esa
confianza venimos apoyando las políticas económicas y sociales
del Gobierno socialista y en esa confianza ratificamos --y con
ello concluyo mi intervención -- nuestro voto positivo a la
convalidación de este Real decreto-ley. Nada más y muchas
gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Finalizado el debate,
vamos a proceder a la votación. (El señor Presidente ocupa la
Presidencia.)



El señor PRESIDENTE: Votación para la convalidación o
derogación del Real Decreto-Ley 17/1993, de 3 de diciembre.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 312; a favor, 183; en contra, uno; abstenciones,
128.




El señor PRESIDENTE: Queda convalidado el Real decreto-Ley.

Votación relativa a la tramitación como proyecto de ley del
Real decreto-ley convalidado, habiéndose solicitado que se
someta a la decisión de la Cámara esta tramitación.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 313; a favor, 130; en contra, 179; abstenciones,
cuatro.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la tramitación como
proyecto de ley.




ENMIENDAS DEL SENADO:



--ENMIENDAS DEL SENADO AL PROYECTO DE LEY SOBRE DETERMINADAS
MEDIDAS DE PREVENCION DEL BLANQUEO DE CAPITALES (Número de
expediente 121/000001)



El señor PRESIDENTE: Punto segundo del orden del día,
enmiendas del Senado al proyecto de ley sobre determinadas
medidas de prevención del blanqueo de capitales.

¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Robles.

El señor ROBLES OROZCO: Muchas gracias, señor Presidente.

Señorías, vienen hoy a la aprobación de la Cámara las
enmiendas del Senado y la aprobación definitiva de este
proyecto de ley. En primer lugar, tengo que decir que, aunque
nuestro Grupo se felicita porque podamos aprobar hoy este
proyecto, no es menos cierto que lo vamos a hacer con un año
de retraso. Hay que recordar, y quiero hacerlo muy
sucintamente, que este proyecto es una trasposición de la
Directiva comunitaria... (Rumores.)



El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Robles. (Pausa.)
Cuando quiera.




El señor ROBLES OROZCO: Gracias, señor Presidente. Como les
decía, este proyecto es la trasposición de una directiva
comunitaria que obligaba a tipificar y a trasponer al Derecho
español los contenidos de esta Directiva. Este mandato tenía
su fin en diciembre de 1992 y lo vamos a aprobar con un año de
retraso. Y es un síntoma preocupante, que a todos nos hubiera
debido motivar; un hecho de una gravedad tan importante, como
es poder luchar de forma eficaz contra el blanqueo de
capitales, se hubiera debido tramitar de forma más urgente,
como lo fue, a través de una iniciativa del Grupo Popular, la
proposición no de ley de junio de 1992. Este proyecto tendría
que haberse visto como muy tarde, repito, en diciembre de
1992. Pero como es preferible que sea más bien tarde que
nunca, nos tenemos que felicitar y esperamos que
definitivamente este proyecto vea la luz y de forma eficaz. Ha
sido un proceso largo, interrumpido en alguna ocasión, y ha
tenido un gran retraso, pero definitivamente está sobre la
mesa y vamos a hacer posible, aunque hemos
intentado enmendarlo y mejorarlo, no con demasiada fortuna por
parte de nuestro Grupo, en el trámite de la Comisión en el
Congreso y en el Senado, que sea aprobado.

Este no es nuestro proyecto, no es nuestra ley. A nosotros nos
hubiera gustado una ley distinta, más clara, más concisa y más
eficaz. Lo hemos manifestado a lo largo del proyecto en
repetidas ocasiones. Tiene importantes lagunas, importantes
deficiencias y también dudas más que razonables sobre la
posibilidad de su aplicación en algunos ámbitos concretos,
pero, insisto, es preferible una mala ley que ninguna ley que
regule un tema tan importante y tan grave como el blanqueo de
dinero. Tengo que aprovechar para recordar, porque se ha
intentando confundir a la opinión pública en alguna ocasión y
muy concretamente con motivo del proceso electoral, cuál fue
el origen de esta iniciativa. No es solamente la trasposición
de la Directiva comunitaria; el Grupo Popular presentó una
proposición no de ley para instar al Gobierno que se
trasladaran al Derecho español los contenidos de esta
Directiva y fue en junio



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de 1992 cuando se aprobó, a instancias del Grupo Popular. Es
la nota del Letrado de la Comisión de Economía la que recuerda
estos contenidos. Dice exactamente: El establecimiento de
determinadas medidas para prevenir el blanqueo de capitales
encuentra su origen en una iniciativa del Grupo Parlamentario
Popular. Quiero recordar esto hoy aquí porque creo que es de
justicia frente a tanta demagogia y frente a tanta
manipulación como se ha hecho con esta ley.

Nuestra voluntad política, nuestro deseo es que exista esta
ley, ley que nos hubiera gustado que fuera más eficaz y más
justa pero que, en última instancia, vamos a apoyar.

Vamos a apoyar, por consiguiente, también estas seis enmiendas
del Senado, entre otras cosas, porque cinco de ellas son
meramente técnicas y otra tiene un contenido político pero
razonable y coherente con las diferentes iniciativas que hemos
visto en otros ámbitos. La más importante de todas ellas se
refiere al artículo 14, que da entrada precisamente a las
comunidades autónomas en la Comisión.

Dicho esto, señorías, quiero decir que la verdadera
preocupación que tiene nuestro Grupo a partir de este momento
ya no es la ley, sino lo eficaz que va a ser la ley. De ahora
en adelante, empezaremos a demandar al Gobierno de qué
instrumentos la va a dotar para que pueda ser eficaz. Hay que
recordar, una vez más, las denuncias permanentes de la
Fiscalía especial de Lucha contra la Droga, las denuncias
permanentes de la judicatura en la falta de medios, la
denuncia permanente de los servicios aduaneros, la denuncia
permanente de los cuerpos policiales y de seguridad del
Estado. No existen medios y no existen recursos suficientes
para ser eficaces en la lucha contra el blanqueo de capitales.

Hoy nos vamos a dotar de un instrumento legal que nos va a
hacer posible esta lucha, pero a partir de este momento
tendremos que comprobar la voluntad del Grupo mayoritario, del
Gobierno, en dotar de forma suficiente, amplia
presupuestariamente y con medios humanos, la lucha contra el
blanqueo de capitales. Ya les anuncio a ustedes que, desde
luego, va a ser un objetivo prioritario del Grupo
Parlamentario Popular comprobar el
desarrollo de esta ley, hacer un seguimiento de su eficacia y
pedir constantemente, a través de esta Cámara, que se dote de
los medios suficientes, de los medios necesarios para que esta
ley, como he dicho, sea eficaz.

Esperamos que con la ley de blanqueo se cierre el círculo de
lucha contra el narcotráfico, aspecto, como ustedes saben,
fundamental y vital para hacer posible que no afloren los
beneficios de este criminal ejercicio económico que es la
venta de droga en nuestro país.

Señorías, insisto, con el lamento de que haya sido un año
perdido, un año de retraso el que hemos tenido, pero
felicitándonos por fin de que vayamos a tener una ley de
blanqueo consensuada por todos los grupos, a partir de este
momento demandamos en esta Cámara la eficacia, los medios
suficientes, económicos y humanos, para que sea realmente
posible la lucha contra el blanqueo de capitales.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Robles.

Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
tiene la palabra el señor Espasa.




El señor ESPASA OLIVER: Gracias, señor Presidente.

Vamos a votar favorablemente esta ley y las enmiendas que
vienen incorporadas del Senado, enmiendas que vienen a
garantizar la participación de las comunidades autónomas en
tareas de seguridad y vigilancia, como compete a sus
respectivos estatutos de autonomía.

Esta es una ley que ya calificamos en su día de claramente
progresista, y queríamos que lo fuese más. Nuestro Grupo
Paralamentario propuso incluir un cuarto supuesto en los
elementos a vigilar por parte de las autoridades y de los
miembros de las entidades financieras --me estoy refiriendo al
dinero negro--, y no fue posible porque el Grupo Popular, y el
Grupo Socialista, se opusieron a ello. Quiero recordar a la
señora Romero que asumió el compromiso formal en la Comisión
con competencia legislativa plena, en nombre del Grupo
Socialista, de que, ya que no se iba a incluir en esta ley, se
comprometía, repito, a presentar un proyecto o proposición de
ley para abordar, con la misma contundencia, con la misma
dureza con que abordamos ahora el tema del dinero procedente
del narcotráfico, el problema del dinero simplemente negro y
antidemocrático, el dinero que no tributa a Hacienda, que para
nosotros es tanto o más execrable que el dinero que proviene
de actos ilícitos, sean del terrorismo, sean del narcotráfico.

No quisiera terminar sin manifestar mi sorpresa ante la
intervención del digno
representante del Grupo Popular, pues parecía que pretendía
irrogarse la paternidad de esta ley. Yo creo que, siendo un
poco piadoso, no quiero recordar cuál fue la intervención...




El señor PRESIDENTE: Señor Espasa, el turno es para fijar
posición en relación con las enmiendas del Senado y con el
texto, no con la intervención del señor Robles.




El señor ESPASA OLIVER: Pero en la medida en que el texto fue
durísimamente combatido por un ilustre representante del Grupo
Popular, a este Diputado le sorprende esta reclamación de
paternidad, por cierto tardía.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Espasa.




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Por el Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Romero.




La señora ROMERO LOPEZ: Gracias, señor Presidente.

Al Grupo Socialista también le sorprende la intervención del
Partido Popular en un turno que teóricamente es de fijación de
posición respecto a las enmiendas, pero que se ha convertido
en una especie de turno de explicación de voto, por lo cual
intentaré resumir, en mi breve intervención, la posición en
relación con las enmiendas que vienen del Senado, que han sido
en su mayoría referentes a modificaciones de estilo, y no
rebatiré al señor Robles en lo que hace referencia a su
posición respecto a la enmienda sobre la composición de la
Comisión de la prevención de blanqueo. Pero, puesto que ha
intervenido para explicar su voto, aunque no sea una
referencia a lo que son los turnos parlamentarios, tendría que
intervenir en ese sentido diciéndole al señor Robles que tal
vez «explicatio non petita, accusatio manifesta». (Rumores en
los bancos del Grupo Popular.) No queremos recordar la
desafortunada intervención de otros tiempos de un diputado que
no se encuentra hoy ante nosotros. (Grandes rumores en los
bancos del Grupo Popular.--El señor Cisneros Laborda: Que
hable en latín.)



El señor PRESIDENTE: Señora Romero, le recuerdo lo mismo que
al señor Espasa. El turno es para fijar la posición de su
Grupo. (Rumores en los bancos del Grupo Socialista.)
Señorías, guarden silencio. El turno, insisto, es para fijar
la posición en relación con las enmiendas del Senado y con la
ley, no para un turno de réplica a las intervenciones de los
demás grupos.

Continúe, señora Romero.




La señora ROMERO LOPEZ: Señor Presidente, puedo sentarme ya si
lo que quiere es que fije la posición respecto a las
enmiendas. Pero no ha habido fijación de posición con respecto
a las mismas ya que han utilizado un turno de explicación de
voto.




El señor PRESIDENTE: En relación con el texto del proyecto de
ley. (Fuertes rumores.)
¡Silencio, señorías!



El señor CISNEROS LABORDA: ¡En latín, en latín! (Un señor
Diputado desde los bancos del Grupo Socialista: ¡Se te caen
las flechas!)



El señor PRESIDENTE: Señor Cisneros, guarde silencio.

Señora Romero, puede fijar la posición en relación con las
enmiendas y en relación con el proyecto de ley que hoy recibe
su última votación parlamentaria, pero no en relación con las
intervenciones de los demás portavoces de los Grupos.




La señora ROMERO LOPEZ: Gracias, señor Presidente.

Fijo, entonces, la posición de nuestro Grupo.

Le satisface al Grupo Socialista que esta ley haya contado con
la unanimidad de todos los grupos en una necesidad ineludible,
como es la lucha contra el narcotráfico y la puesta en marcha
de una directiva que están recogiendo ya en sus respectivas
legislaciones todos aquellos países que tienen una verdadera
intención de poner en marcha los mecanismos necesarios para
esta lucha contra el narcotráfico.

Nos satisface, al mismo tiempo, superar una etapa en la que no
queremos pensar que el confusionismo generado alrededor de
esta ley podría obedecer a un intento de restarle eficacia, al
mezclar deliberadamente, en los debates anteriores a lo largo
de la tramitación de la ley en Comisión, los ámbitos
administrativos y penales como una estrategia obstruccionista
con el fin de que una ley como ésta no pudiera llegar a buen
término. Por eso pensamos que, superada esta etapa, es una
satisfacción recoger aquí la unanimidad de todos los grupos y
hacer posible que esta ley salga adelante. Esta norma legal es
el complemento
administrativo de otra que también pusimos en marcha de
modificación urgente del Código Penal en aquellos delitos que
hacían referencia al narcotráfico. Ni siquiera la discusión
que se produjo alrededor del carácter orgánico de la ley ha
sido suficiente para impedir su tramitación rápida.

El Grupo Socialista pensaba que cuando no se regula ningún
derecho fundamental, las leyes no tienen que tener carácter
orgánico, a pesar de que haya normas que puedan rozarla, pero
cuando existe jurisprudencia constitucional las leyes no tiene
por qué tener carácterorgánico. Por eso la discusión sobre el
carácter orgánico ha sido siempre un intento de provocar
obstrucionismo y retrasar la aplicación rápida de la ley. Es
cierto que su operatividad dependerá mucho del funcionamiento.

Por eso, desde aquí nos comprometemos y recogemos todos los
guantes que hayan lanzado los grupos para hacer posible que
esta ley tenga realmente la operatividad que hemos pretendido.

Como desgraciadamente esta es una lucha que se nos plantea a
largo plazo, estaremos aquí presentes para hacer que su
cumplimiento sea eficaz.

Por último, quiero señalar, respecto a la intervención de
Izquierda Unida, que saben que ha sido, es y será también
nuestra preocupación la persecución del fraude fiscal. Pero
esta Ley, como recoge las indicaciones de la Directiva y
afecta sobre todo a fenómenos que tienen dimensión
internacional, no pensábamos que fuera el marco adecuado para
recoger la pretensión de Izquierda Unida. Sin embargo, dijimos
en la Comisión,



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y también, decimos hoy, que estamos decididos a poner en
marcha todos los mecanismos necesarios para crear aquellos
instrumentos precisos para que medidas de prevención de este
tipo puedan aplicarse al ámbito fiscal. Por eso, no nos queda
más que satisfacernos mutuamente... (Risas en los bancos del
Grupo Popular.)



El señor PRESIDENTE: ¡Silencio, señorías! Continúe, señora
Romero.




La señora ROMERO LOPEZ: Ante el uso recíproco de ciertos
verbos es muy curiosa la distinción que suelen hacer los
señores del Grupo Popular. (Rumores.--Aplausos en los bancos
del Grupo Socialista.) Tal vez es que todavía no han entendido
muy bien lo que significa. Tendremos que ir colaborando para
que puedan entender de verdad lo que es la reciprocidad en los
verbos. (Rumores.) Insisto en que tendremos que satisfacernos
mutuamente para que este proyecto de ley siga adelante, ya
afortunadamente concluido, que su aplicación sea de la
efectividad que deseamos, y entre todos podamos eliminar esta
lacra en un día como hoy, en el que la colaboración ciudadana
es muy importante y en el que la lucha contra el problema del
narcotráfico tiene que servir para unir todos los esfuerzos
necesarios. Muchas gracias. (Aplausos en los bancos del Grupo
Socialista.)



El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Romero.

Por el Grupo Vasco (PNV), tiene la palabra el señor Olabarría.




El señor OLABARRIA MUÑOZ: Gracias, señor Presidente.

Estimulado intelectualmente este portavoz por un ambiente tan
navideño, provocado quizás por las intervenciones anteriores,
tan estimulantes desde una perspectiva, repito, intelectual,
realmente las neuronas se activan en un contexto de esta
naturaleza (Risas.) Sólo queremos decir, a pesar de que la
situación propicia quizás un discurso más prolijo y más
relevante intelectualmente, que nos satisface cómo ha quedado
este proyecto de ley (Risas.) tras su paso por el Senado y las
enmiendas incorporadas en el mismo y nos satisface por un
doble bloque de razones o una doble argumentación, señor
Presidente. En relación o en lo atinente a su contenido
material, nos satisface porque este proyecto de ley es un fiel
reflejo de las directivas comunitarias y de los requerimientos
de otro importante
instrumento internacional: la Convención de Viena del año
1988. Esta congruencia casi nos exonera de tener que
argumentar, en cuanto a su contenido material, de forma más
detenida, de forma más prolija, y nos satisface, y esto es una
argumentación dilecta para mi Grupo Parlamentario... (Risas.)
Señor Presidente, uno no tenía la conciencia de ser tan
gracioso en sus argumentaciones; no puedo comprender esta
hilaridad que provocan mis palabras. En todo caso, nos
satisface, señor Presidente, porque los debates competenciales
son dilectos para mi Grupo Parlamentario, aunque son siempre
complejos de articular y es difícil buscar consensos de amplio
espectro en relación a materias, insisto,
competenciales, y no sólo en los aspectos de naturaleza
estrictamente financiera --en materia de blanqueo de capitales
los aspectos jurídicos más relevantes quizás sean los de
naturaleza económico-financiera--, sino que también aquellos
atinentes a las competencias de policía administrativa en esta
materia han sido razonablemente satisfactorios, lo mismo que
en materia de la distribución de competencias entre los
órganos de las comunidades autónomas y la Administración
central del Estado previstos en el bloque de
constitucionalidad.

Por estas razones, nosotros manifestamos nuestra satisfacción,
insisto, por el contenido de este proyecto de Ley, y acabo con
estas apalabras mi intervención.

Gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Olabarría.

Vamos a proceder a la votación. (Pausa.)
Enmiendas del Senado relativas al proyecto de ley sobre
determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 309; a favor, 308; abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las enmiendas del
Senado. El Pleno se reanudará a las cuatro de la tarde.

Se suspende la sesión.




Eran las dos y veinte minutos de la tarde.




Se reanuda la sesión a las cuatro de la tarde.




COMPARECENCIA DEL GOBIERNO ANTE EL PLENO DE LA CAMARA, DE
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 203 DEL
REGLAMENTO:



--COMPARECENCIA DEL GOBIERNO ANTE EL PLENO DE LA CAMARA, DE
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 203 DEL
REGLAMENTO, PARA EXPONER Y DEBATIR LA POSICION DEL GOBIERNO
ESPAÑOL Y DE LA UNION EUROPEA SOBRE LAS REPERCUSIONES PARA
ESPAÑA Y LA UNION EUROPEA DE LA POSIBLE FINALIZACION DE LA
RONDA URUGUAY DEL GATT, CON ESPECIAL ATENCION A LOS ASPECTOS
AGRICOLAS, CULTURALES Y DE SERVICIOS



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(Números de expedientes 210/000004 y 210/000005)



El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.

Punto III del orden del día: Comparecencia del Gobierno, de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 203 del
Reglamento, para exponer y debatir la posición del Gobierno
español y de la Unión Europea sobre las repercusiones para
España y la Unión Europea de la posible finalización de la
Ronda Uruguay del GATT, con especial atención a los aspectos
agrícolas, culturales y de servicios.

En nombre del Gobierno, tiene la palabra el señor
Vicepresidente del Gobierno. (Aplausos en los bancos del Grupo
Popular.--El señor Fernández-Miranda y Lozana: ¡Existe,
existe!)



El señor VICEPRESIDENTE DEL GOBIERNO (Serra i Serra): Señor
Presidente, señorías, comparezco hoy ante la Cámara para
informar sobre el contenido del acuerdo final de las
negociaciones multilaterales de la Ronda Uruguay del GATT y
evaluar, de una manera general, las implicaciones de la misma
para nuestro país. Como SS.SS. conocen, la ronda que concluyó
el pasado día 15 de diciembre, tras siete años de intensas
negociaciones, la ronda más larga de la historia del GATT,
constituye a la vez el impulso más liberalizador y más
ambicioso acometido a nivel multilateral desde la entrada en
vigor del GATT en 1948. Es una negociación ambiciosa, no sólo
porque aborda campos hasta ahora excluidos del proceso
liberalizador del GATT (como el capítulo agrícola o el sector
servicios), sino porque supone la consolidación
institucional de la nueva organización mundial de comercio,
que denominaremos de forma resumida OMC en el futuro, cuyo fin
es procurar que la liberalización de los intercambios no sea
puesta en peligro por prácticas desleales en el ámbito del
intercambio del comercio internacional. La dilatación de las
negociaciones ha hecho coincidir la última etapa de las mismas
con la fase más baja del ciclo depresivo que atraviesa la
economía mundial. Esta circunstancia ha dificultado la
conclusión del acuerdo al suscitarse resistencias por parte de
los sectores y grupos sociales más afectados, a corto plazo,
por las medidas
liberalizadoras. A pesar de esas dificultades, creo que el
resultado final ha valido realmente la pena.

Como en todo proceso negociador complejo nadie obtiene de
forma completa todo lo que desea, pero aun así, el punto de
convergencia final acostumbra a ser con mucho preferible a la
situación de partida. El resultado, señorías, es razonable y
beneficioso para todas las partes contratantes. Con este
acuerdo disponemos hoy de un marco internacional adecuado para
que el comercio se intensifique y con él la riqueza y el
empleo de de todos los países y del nuestro en particular. La
idea de que la liberalización del comercio y la prosperidad
económica van normalmente de la mano no siempre ha sido
aceptada con la generalidad, que podría esperarse, del
análisis histórico del crecimiento económico, aunque ésta es
la conclusión que se deduce del examen de la evolución
reciente del mundo occidental. La ola de prosperidad que
conocieron los países de la OCDE en la posguerra se debe
atribuir en gran medida a la expansasión del comercio mundial.

Los ciclos económicos precedentes han mostrado una estrecha
relación entre el aumento de los intercambios comerciales y el
crecimiento económico. En 1991 el mundo produce seis veces más
que en 1950 y, en cambio, exporta 12 veces más. Esto
naturalmente no significa que el progreso liberalizador de
comercio haya sido uniforme y constante. Las tentaciones
proteccionistas se han manifestado en la concesión
generalizada de subvenciones, en los acuerdos bilaterales de
reparto de mercados y en la sucesión de represalias
comerciales
unilaterales, que tan frecuentemente han sido utilizadas para
conseguir ventajas comparativas artificiales y difícilmente
duraderas. Hay un dato relativo al denominado Grupo de los
Siete que es interesante señalar, porque ilustra el efecto
negativo que esta tendencia a la protección puede tener. Hasta
el año 1980 el comercio mundial creció a una tasa mayor que la
de la producción total del conjunto del denomindo Grupo de los
Siete, pero la década de los ochenta se ha caracterizado por
un cambio de esa tendencia, con una desaceleración relativa
del comercio mundial, cuya pérdida de dinamismo se ha debido
en gran parte a la aparición de numerosas barreras no
arancelarias y acuerdos bilaterales. Creo que es importante
señalar este hecho porque nos puede ayudar a entender el
verdadero significado del acuerdo alcanzado el pasado día 15
de diciembre. Además de las ventajas teóricas para el
crecimiento económico, de una mayor libertad en el comercio
mundial, la firma de la octava ronda del GATT, la denominada
Ronda Uruguay, da respuesta a una situación que, en ausencia
del acuerdo, podría haber desencadenado una escalada de
medidas proteccionista que hubieran empeorado notablemente la
situación de partida anterior al acuerdo. En este sentido,
creo que la importancia de concluir la Ronda reside no sólo en
lo que aporta a la libertad de comercio, sino también en lo
que evita de espiral proteccionista. Sin acuerdo no estaríamos
en el mundo en que nos encontrábamos cuando comenzaron las
negociaciones, sino en un mundo mucho peor, más cerrado al
comercio y más incierto, por lo que se refiere a la política
comercial. De hecho, en estos últimos años ha sido cada vez
más patente la inadecuación del acuerdo general en su estado
anterior a la Ronda Uruguay. Los nuevos desarrollos en los
mercados de bienes y servicios y la globalización de la
actividad económica mundial dejaban, cada momento que pasaba,
más y más obsoleto el marco de referencia anterior. La
desregulación financiera y la liberalización de los
movimientos



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de capital han sido factores importantes para fomentar la
inversión internacional y el crecimiento sin precedentes del
comercio de los servicios. Quiero recordar que el comercio de
los servicios, en el año 1992, superó la cifra de 960.000
millones de dólares, es decir, una cifra que duplica el valor
de los intercambios de productos agrícolas y representa
alrededor del 21 por ciento del total del comercio mundial.

Por otra parte, la transición de las economías planificadas de
la Europa Oriental a modelos de libre mercado y el crecimiento
de los países del sureste asiático han alterado muy
significativamente el mapa político y económico comercial de
todo el mundo. Los países en transición al sistema de mercado
requieren un refuerzo de las reglas y disciplinas del comercio
internacional para que éste actúe como motor impulsor del
desarrollo económico. En cuanto a los países del sureste
asiático, la proliferación de prácticas proteccionistas en los
mismos es responsable en parte del desequilibrio comercial con
esta región. Junto a la globalización de la economía mundial
se ha producido también la aparición de bloques comerciales
regionales. La proliferación de áreas de libre cambio y
uniones aduaneras como, por ejemplo, evidentemente la Unión
Europea, pero recientemente la NAFTA o el Acuerdo de Libre
Comercio entre los países de Norteamérica o el Mercado Común
Centroamericano o Mercosur, ha sido aceptada por el GATT, en
base al artículo 24, como una fase en la apertura de
determinados países paralela a la posterior
multilateralización. Pero la creación y desviación de comercio
dentro de las uniones aduaneras, aunque favorece un
crecimiento del comercio en el interior de cada bloque
regional, a una tasa mayor que el crecimiento general, amenaza
con compartimentar en exceso el comercio internacional.

Por otra parte, a pesar de que las siete rondas de
negociaciones multilaterales habían permitido reducir los
derechos arancelarios para los productos industriales de un
promedio del 40 por ciento hasta el 5 por ciento en los países
más desarrollados, estos tipos medios del 5 por ciento, por un
lado, encubrían importantes dispersiones con las denominadas
crestas arancelarias que distorsionan el comercio y, por otro,
su alcance era limitado al no afectar a los sectores agrícola
y de servicios. La Ronda Uruguay ha pretendido dar respuesta a
esta situación, adaptando el sistema comercial multilateral
existente, revistiéndolo de mayor credibilidad institucional y
fuerza institucional también, y buscando una más efectiva
libertad de comercio. Para ello, la Ronda dividió su trabajo
en catorce grupos o capítulos que cito puesto que muestran
bien a las claras la ambición de las
negociaciones. El primero, obviamente, aranceles; segundo,
medidas no arancelarias; tercero, recursos naturales; cuarto,
productos textiles; quinto, agricultura; sexto, productos
tropicales; séptimo, reglas y disciplinas; octavo,
salvaguardias; noveno, subvenciones; décimo, propiedad
intelectual ligada al comercio, los denominados TRIPs en el
argot inglés;
decimoprimero, inversiones ligadas al comercio, las llamadas
TRIMs en el mismo argot; decimosegundo, solución de
diferencias; decimotercero, servicios, y decimocuarto, reglas
antidumping. Como SS.SS. conocen, la Ronda Uruguay, iniciada
en junio del año 1986, debería haber concluido con una
conferencia convocada en Bruselas en diciembre de 1990,
teniendo en esa fecha que
prorrogarse un año más, provisionalmente, ante la falta de
acuerdo sobre el capítulo agrícola. Para intentar cumplir ese
plazo de un año de prórroga en aquel momento, y ante la falta
de acuerdo en varios capítulos, el anterior Director General
del GATT, el señor Dunkel, distribuyó, a finales de 1991, una
propuesta de compromiso conocida como documento Dunkel que,
aunque no satisfizo a todas las partes, sirvió de base para la
negociación posterior, centrándola desde entonces en tres
grandes apartados: uno, el proyecto de acta final; dos, las
negociaciones arancelarias para productos industriales, cuyas
listas no habían sido incluidas en el documento; y tres, los
compromisos iniciales para la liberalización del sector
servicios.

Pasaré revista a continuación, y con brevedad, a cada uno de
los principales capítulos de la negociación, indicando en cada
caso la repercusión del resultado obtenido para nuestro país
y, en la medida en que sea relevante, también para la Unión
Europea. En particular, me referiré al grado en que el acuerdo
final recoge las aspiraciones españolas, tal y como fueron
sintetizadas por el Gobierno en el memorándum sobre la Ronda
Uruguay hecho público en vísperas de la celebración del
Consejo Jumbo, de 20 de septiembre de este año, que definió la
postura oficial española respecto a la Ronda. En dicho
memorándum España abogaba por la conclusión de un acuerdo
global equilibrado, justo y duradero de la Ronda Uruguay,
emplazando a la Comisión para que condujera la última etapa de
la negociación con la máxima transparencia y comunicación con
el Consejo y los Estados miembros. En concreto, las
preocupaciones españolas se centraban en seis sectores: el
textil, el comercio de productos agrícolas, el acceso de
mercados en bienes y servicios, la propiedad intelectual y los
aspectos institucionales del acta final.

Una de las grandes novedades del acuerdo es, sin duda, la
inclusión del sector textil en la Ronda Uruguay y el
desmantelamiento progresivo, en diez años, de las
restricciones cuantitativas derivadas del denominado Acuerdo
multifibras, en los grandes grupos de hilados, tejidos,
artículos textiles confeccionados y prendas de vestir. La
desaparición del Acuerdo multifibras va acompañada de una
mejora del acceso al mercado de las distintas partes
contratantes mediante una reducción arancelaria extensa. La
Unión Europea y los Estados Unidos han introducido una
enmienda que



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privará de los beneficios de la desaparición del Acuerdo
multifibras a aquellos países que no mejoren de manera
efectiva la apertura de su mercado. Esta era una de las
principales reivindicaciones españolas, que se ha visto
complementada por la consecución de una cláusula de
salvaguardia específica y transitoria, que podrá ser invocada
individualmente por los Estados miembros cuando se produzca un
perjuicio a nivel nacional. A la hora de evaluar el impacto de
estas medidas sobre el sector textil y de confección española,
conviene no perder de vista que, de hecho, desde la entrada en
vigor del mercado único, el pasado día 1 de enero, la libertad
de circulación intracomunitaria y la comunitarización de las
cuotas de importación textil habían supuesto ya una
liberalización sustancial de este sector.

El nuevo impulso liberalizador brinda un período de adaptación
y permite graduar las categorías de productos liberalizados,
de forma que el grueso de las restricciones cuantitativas para
los productos más sensibles se mantengan hasta el final del
período. El sector textil español ha apostado claramente por
la mejora de la calidad, diseño y valor añadido de sus
productos, siendo apoyado por un plan de competitividad de
cinco años de duración, aprobado ya en 1992, precisamente con
el objetivo, incluido en el plan, de adaptar el tejido
industrial a las actuales necesidades competitivas y conseguir
el posicionamiento en los mercados exteriores. En el sector
textil es posiblemente donde se produce el cambio
estructural más importante en lo que respecta a la relación
comercial con los mercados exteriores de terceros países. Será
fundamental, pues, continuar el proceso de diálogo ya iniciado
entre la Administración y el sector, con ocasión del plan de
competitividad, para identificar la mejor forma de aprovechar
el período transitorio de once años que el acuerdo ofrece
hasta la desaparición completa de los contingentes que existen
en el Acuerdo multifibras.

Otro de los sectores que en mayor medida ha centrado el
interés español en la Ronda es, sin duda alguna, la
agricultura. Como SS.SS. conocen, en noviembre de 1992, la
Comisión Europea y los Estados Unidos suscribieron el
denominado preacuerdo de Blair House, que centraba las
concesiones en materia agrícola en tres apartados principales:
la reducción de las ayudas internas, el acceso al mercado,
incluyendo la conversión de las medidas de protección en su
equivalente arancelario y garantizando, además, un acceso
mínimo, y la reducción de exportaciones subvencionadas. En el
primer apartado, la reducción de las ayudas internas, se
calculaba la llamada medida global de la ayuda de que
disfrutaba cada sector, comprometiéndose todas las partes
contratantes a reducir esta ayuda en un 20 por ciento. Esta
reducción se calculaba globalmente para el conjunto de los
productos agrarios, lo que proporciona una gran flexibilidad
para reducir en menor medida la ayuda a los productos más
sensibles. Además, en la ayuda interna no se incluyen ni las
ayudas por hectárea ni las ayudas por cabeza de ganado,
introducidas en la reciente reforma de la política agrícola
común, que se podrán seguir concediendo libremente sin quedar
sometidas a ningún compromiso de reducción. En segundo lugar,
el preacuerdo agrícola de Blair House preveía un acceso mínimo
de las importaciones que pasarán del 3 por ciento actual al 5
por ciento del consumo comunitario en seis años. Se
contemplaba también una reducción arancelaria media del 36 por
ciento, calculada sobre el conjunto de productos, lo que
permite reducciones diferentes por productos, siempre con un
mínimo de reducción del 15 por ciento. En tercer lugar, el
compromiso de Blair House consistía en la reducción, también
en seis años, de las exportaciones subvencionadas no en un 24
por ciento, como el documento Dunkel, sino en un 21 por ciento
de su volumen y en un 36 por ciento del valor de las
subvenciones en términos presupuestarios.

Este preacuerdo de la Comisión con los Estados Unidos exigía
en opinión de determinados Estados miembros, en particular de
Francia y España, una serie de aclaraciones y mejoras que
permitieran asegurar la compatibilidad de la política agraria
común reformada con el GATT y obtener así un reequilibrio en
las concesiones agrícolas. Concretamente, a España le
preocupaba que la Unión Económica asumiera el compromiso de la
reforma de la política agraria común para la serie de
productos mediterráneos, entre los que destacan el vino, el
azúcar, el arroz y las frutas y las hortalizas, con las mismas
garantías que para los sectores agrícolas ya reformados, que
son, como SS.SS. saben, básicamente los de los denominados
productos continentales. También
preocupaba al Gobierno español la intención de Estados Unidos
de limitar la denominada cláusula de paz a tan sólo seis años,
a partir de los cuales podrían denuciarse ante el GATT
aquellas medidas de ayuda que se consideran perjudiciales para
el comercio internacional. Pero la oposición más fuerte a ese
preacuerdo ha provenido de Francia, que consideraba
inaceptable el acuerdo y solicitaba un tratamiento más
favorable para sus exportaciones de cereales y la posibilidad
de mantener su participación en el comercio mundial en caso de
que se produjera una expansión del mismo. El escollo agrícola,
con visos de enfrentamiento
bilateral, se resolvió positivamente la semana anterior a la
conclusión del acuerdo, al mostrar los Estados Unidos una
mayor flexibilidad en la interpretación del citado acuerdo de
Blair House. (Rumores.) En el acuerdo se excluyen del
compromiso de reducción de exportaciones los stocks
comunitarios y se aumenta la cantidad de exportaciones que se
toma como base de partida para la aplicación de las
reducciones comprometidas, lo que limita ciertamente el efecto
final sobre las exportaciones agrícolas de la Comunidad.




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En lo que se refiere a los intereses españoles en este
capítulo, hay que constatar que las peticiones españolas han
sido
mayoritariamente atendidas tanto en el marco del GATT como en
el plano intracomunitario. (Rumores.) La primera nota a
destacar es la extensión de la llamada cláusula de paz, de
seis a nueve años, que permitirá la culminación de la reforma
de la política agraria común. En el seno de la Unión Europea,
la Comisión y el Consejo se han comprometido a llevar a cabo
la reforma de la política agrícola común para los productos
mediterráneos antes citados, de forma que se haga compatible
el respeto al GATT con el mantenimiento de las rentas de los
agricultores y de la
preferencia comunitaria por la producción española, que había
sido erosionada por una serie de concesiones a países
mediterráneos. En frutas y hortalizas se ha conseguido el
mantenimiento de los precios de referencia y la modificación
del calendario de aplicación de los mismos, ampliándose a los
períodos en que no había precio de referencia para los
tomates, pepinos, calabacines, etcétera, que normalmente
abarcan los meses de enero, febrero y marzo. Como sus señorías
recordarán, ésta ha sido una aspiración de España desde su
adhesión a la Comunidad Económica Europea, ya que los
calendarios de protección exterior para dichos productos
hortofrutícolas no se correspondían con la cosecha española; y
no sólo eso, habían sido elaborados antes de nuestro ingreso
en la Comunidad precisamente en contra de nuestros propios
intereses. En atención a la sensiblidad del sector, la
reducción arancelaria para la mayor parte de frutas y
hortalizas será de un 20 por ciento, en seis años, frente a la
media del 36 por ciento para todos los productos agrarios. El
acuerdo del GATT consagra también la nueva organización del
mercado del plátano, que entró en vigor el pasado día 1 de
julio para adaptar los distintos mercados compartimentados del
plátano en la Comunidad Europea a las exigencias del mercado
único. El sistema actual prevé la fijación de un contingente
arancelario anual, que permite cubrir el consumo comunitario
excedente una vez que se ha comercializado la producción
comunitaria y una vez que se han respetado las corrientes
tradicionales de importación de plátano de los países ACP, es
decir, Africa, Caribe y
Pacífico. En el marco de la Ronda Uruguay se ha conseguido,
por tanto, salvaguardar la organización común del mercado del
plátano, recientemente reglamentada por la política agrícola
común. A cambio se ha ofrecido por la Comunidad la posibilidad
de una revisión al alza del contingente arancelario, previsto
en dicho régimen, en los próximos años, que debe poner fin a
los contenciosos planteados por ciertos países productores
salvaguardando la producción canaria. Por el momento no ha
sido posible cerrar esta negociación, que proseguirá durante
las próximas semanas, habiendo insistidola Comisión Europea en
que el aumento ofrecido del contingente es el techo máximo a
que se puede llegar.

Otro apartado importante es el que se refiere a las reglas y
disciplinas en el comercio internacional. A medida que la
protección arancelaria es menos relevante, las prácticas
desleales como el dumping, las subvenciones encubiertas o las
barreras técnicas se convierten en el escollo más importante
para la libertad de los intercambios. En este sentido el acta
final aporta reglas más claras para la determinación del
dumping, y en el capítulo de subvenciones se establecen como
únicas excepciones las ayudas al desarrollo regional, a la
investigación y al medio ambiente, considerándose que las
demás distorsionan el comercio internacional cuando la
intensidad de la subvención supera el 5 por ciento del valor
del producto.

Me gustaría destacar asimismo la inclusión de normas relativas
a las garantías internacionales para inversiones y a la
propiedad intelectual. Las primeras establecen un marco más
estable para los inversores extranjeros, con efectos positivos
para un país como España, que ha sido en la última década el
tercer
destinatario mundial de las inversiones directas exteriores y
que hoy está potenciando la inversión propia en el exterior.

Las segundas, las de la propiedad intelectual, favorecerán la
protección de los criterios de calidad y diseño
característicos de los países más desarrollados, reforzando la
protección frente a las falsificaciones.

En relación con ese campo de las reglas y disciplinas, la
preocupación del Gobierno, ya expresada en su memorándum sobre
la Ronda, se centraba no sólo en la actualización de los
códigos del GATT, sino particularmente en su trasposición y
reflejo en la legislación y práctica comunitarias. En este
sentido, dentro de la Unión Europea se han tomado una serie de
medidas para reforzar la eficiencia del funcionamiento de los
instrumentos de defensa comercial, sin que ello suponga la
introducción de un sesgo proteccionista. En el plano
institucional, el gran logro de la Ronda es, sin lugar a
dudas, la creación de la Organización Mundial de Comercio, que
sustituirá al GATT asumiendo la
reglamentación del comercio de bienes y servicios. Esta
institución, que ya fue prevista inicialmente en la
Conferencia de Bretton Woods, posterior a la Guerra Mundial y
malograda por la resistencia de los Estados a la pérdida de
soberanía en materia comercial, aleja el peligro de nuevas
guerras comerciales y de represalias unilaterales, puesto que
permitirá reforzar las soluciones multilaterales y la
disciplina en el comercio
internacional.

Como he señalado al comienzo de mi exposición, al margen de la
revisión del texto final del acuerdo cuyo contenido he
descrito, el grupo de acceso al mercado para productos
industriales ha seguido trabajando en la conciliación de las
ofertas de los distintos países en materia de rebajas
arancelarias para los productos industriales.




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La reunión en Tokio del Grupo de los Siete estableció en el
pasado mes de julio de este año un acuerdo que ha servido para
impulsar los avances finales en este capítulo. Concretamente,
se determinó que las ofertas arancelarias seguirían los
siguientes principios. Primero, la eliminación completa de los
aranceles para cinco sectores: productos farmacéuticos,
maquinaria para la construcción, equipos médicos, cerveza y
acero, y un desarme casi total en los sectores de muebles,
maquinaria agrícola y licores. Segundo, armonización de los
aranceles aplicables a los productos químicos para situarlos
en el 6 por ciento como máximo. Tercero, recorte de las
crestas arancelarias; es decir, de los tipos superiores al 15
por ciento, que tendrán que verse reducidos a la mitad. Y,
como norma general, una deducción del resto del arancel, en
promedio, del 33 por ciento.

En los últimos días se han producido un sinfín de ofertas,
cuyo alcance resulta difícil de resumir. En el conjunto,
destaca la apertura del mercado estadounidense, que ha
reducido casi a la mitad los aranceles aplicables a las
exportaciones comunitarias. Japón será, tras la Ronda Uruguay,
el país con los aranceles más bajos del mundo, con una
reducción de casi el 60 por ciento. También Canadá, Australia,
Nueva Zelanda y Corea del Sur han hecho amplias concesiones.

Asimismo quisiera destacar los esfuerzos de los países
latinoamericanos en vías de desarrollo para consolidar sus
reducciones arancelarias y las perspectivas que se abren en el
sudeste asiático para el elevado nivel que tenían sus
aranceles y por el compromiso de eliminación de todas las
medidas de carácter no arancelario.

A pesar de la dificultad que entraña la valoración «a priori»
de un acuerdo de esta envergadura, cabe anticipar algunas
consideraciones sobre su impacto en el comercio exterior
español. Desde el punto de vista de nuestras importaciones, el
impacto será limitado, ya que más del 75 por ciento de las
importaciones industriales españolas provienen de países con
los que el arancel ya es nulo o es muy reducido.

El proceso de descreste arancelario tampoco nos afecta
significativamente, ya que poseemos muy pocos aranceles
superiores al 15 por ciento. Desde la óptica de las
exportaciones, en cambio, el efecto puede ser importante,
afectando a la cuarta parte de las mismas. Destaca la
importancia para nuestro país de las concesiones en productos
químicos, azulejos, cerámica, muebles, calzado y textiles,
consolidando la tendencia de las exportaciones españolas a
ganar una cuota real en los mercados exteriores y favoreciendo
el acceso a nuevos mercados.

En definitiva, la ventaja de esta liberalización es que es
recíproca y nos afecta menos que a otros países porque
partimos de unos aranceles mucho más reducidos. En cualquier
caso, conviene destacar que las reducciones pactadas se
aplicarán de forma escalonada a lo largo de cinco años, con lo
que el efecto psicológico más importante será la necesidad de
adecuar la mentalidad del empresario español a un entorno
internacional más abierto y más competitivo.

Cerraré mi descripción del contenido de la Ronda con unos
comentarios acerca del capítulo más novedoso de la misma, el
capítulo de la liberalización del comercio de servicios. El
esquema de la negociación ha consistido en la redacción de un
Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (GATS en las
siglas inglesas), con una serie de anexos sectoriales y listas
nacionales de compromisos iniciales para la liberalización. El
mayor éxito ha sido, sin duda, el diseño de una serie de
obligaciones y disciplinas generales, entre las que hay que
destacar extender al sector servicios el trato de nación más
favorecida y extender también al sector servicios el trato
nacional a los proveedores extranjeros.

El Acuerdo también establece las bases para la liberalización
progresiva del sector servicios mediante sucesivas rondas de
negociaciones. Como era de prever, el centro de las
discrepancias se ha producido entre los países desarrollados,
que querían abrir los mercados internacionales a sus empresas,
y los países en vías de desarrollo, que planteaban reticencias
de fondo a la
liberalización comercial de los servicios con el argumento del
principio de industria naciente, negándose a aceptar una
liberalización sobre un sector para el que ni siquiera
disponían de una legislación nacional completa.

En síntesis, se han producido escasos avances en las listas de
compromisos iniciales en los distintos sectores, con la
práctica exclusión de los derechos del tráfico aéreo; un
compromiso para la prolongación de las negociaciones en
transporte marítimo por dos años y medio, ciertas garantías de
acceso al mercado y utilización de las redes de
telecomunicaciones y un aplazamiento de seis meses desde la
aplicación de la Ronda Uruguay en el sector de servicios
financieros.

Pero, sin duda, el capítulo que más ha centrado el interés de
la opinión pública ha sido el audiovisual. Como SS.SS.

conocen, se ha suscitado en los últimos meses un duro
enfrentamiento entre la Unión Europea y los Estados Unidos
basado en dos concepciones antagónicas. La posición europea,
encabezada por Francia, España y Bélgica, defiende la
importancia del reconocimiento de la identidad cultural, que
debe reflejarse en la protección y amparo de la producción
cultural europea, especialmente en el sector audiovisual. Para
Estados Unidos y Japón, en cambio, la
producción audiovisual es una industria más. No en vano el
audiovisual es el segundo capítulo de las exportaciones
estadounidenses a Europa, con un 80 por ciento del mercado.

Este enfrentamiento se ha endurecido en las últimas semanas
con una doble exigencia por parte de los Estados Unidos: la
primera, limitar la posibilidad de que,



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en el futuro, la Unión Europea pueda reglamentar las emisiones
por cable, satélite y nuevas tecnologías. Y la segunda, su
deseo de que las productoras estadounidenses participarán en
la recaudación de impuestos sobre «cassettes» y cintas de
vídeo. Planteada así la cuestión, el resultado final ha sido
el
siguiente: el sector audiovisual queda, como todos, incluido
formalmente en el GATT, pero no le será de aplicación ninguna
obligación dimanante del acuerdo, lo que equivale a una
exclusión «de facto» del sector. La Unión Europea queda así
con entera libertad para proseguir su política actual.

Quisiera destacar, señorías, que el escaso avance en los
aspectos sectoriales del capítulo servicios era previsible,
dada la dispar situación de partida de las partes
contratantes. Ello no debe llevar a infravalorar el alcance
del GATT. Como ya he señalado, es un acuerdo marco que prevé
el desarrollo futuro de la
liberalización del sector, acompasándolo con el desarrollo
real del mismo.

Como SS.SS. pueden comprobar, el acuerdo alcanzado incluye una
amplia gama de disposiciones que incide en casi todos los
aspectos de la vida económica de los Estados firmantes. Su
primer efecto, sin duda, será la intensificación del comercio
mundial y, consiguientemente, la intensificación de la
producción mundial. Es difícil hacer pronósticos exactos en
esta materia; pero los recientemente elaborados por la OCDE
apuntan a un aumento de la producción de entre 213.000 y
274.000 millones de dólares para el año 2002, que viene a ser
cerca de un punto del producto bruto mundial de ese año, y eso
se producirá cuando los efectos de la Ronda se hayan dejado
sentir totalmente.

Si me permiten que identifique estos efectos en términos
regionales, no puedo dejar de manifestar que aproximadamente
un 86 por ciento de las ganancias de la Ronda redundarán en
favor de los países de la OCDE, dentro de los cuales la Unión
Europea, que supone, ya hoy, el 39 por ciento del comercio
mundial, es la zona más abierta a los intercambios
multilaterales, y será, sin duda, la zona más beneficiada.

Concretamente, de las ganancias en la producción mundial
calculadas por la OCDE, alrededor de un 30 por ciento
corresponderán a la Unión Europea.

El segundo efecto económico del acuerdo es el conjunto de
ventajas que va a suponer para los consumidores. La mejor
asignación de recursos a escala internacional va a implicar,
no sólo un significativo abaratamiento de bienes y servicios,
sino también una mayor disponibilidad y una mayor calidad de
los mismos al servicio del consumidor.

El tercer efecto, señorías, va a situarse en el mismo
presupuesto público de los distintos Estados firmantes y, en
particular, en el propio contribuyente, que se beneficiará de
la mayor
disciplina que el acuerdo impone en materia de subvenciones.

Los recursos así ahorrados podrán destinarse a reequilibrar
las finanzas públicas, o bien, una vez alcanzado este fin, a
reducir la presión fiscal.

Y el cuarto y último efecto económico de carácter general lo
situaría en el mismo sector productivo, que se beneficiará de
las economías de escala y de especialización que permite la
globalización de los intercambios. La conclusión de la Ronda
Uruguay abre un nuevo y vasto mercado a nuestros productos que
puede y que debe ser aprovechado. El Gobierno, junto a los
demás miembros de la Unión Europea, ha tratado de conseguir
con este acuerdo el marco legal necesario para que este
aprovechamiento sea una realidad, y va a seguir trabajando
para perfeccionarlo en todos los aspectos posibles. Ahora
bien, será la empresa, en último término, la que deba hacer
frente, de forma efectiva, al reto planteado: mejorando su
productividad, ampliando y
consolidando sus redes comerciales y, en definitiva,
haciéndose internacionalmente más competitiva.

Pero más allá de esos efectos generales, quisiera finalizar
esta intervención, señorías, resaltando lo fructífero que ha
sido el proceso de negociación para Europa y para España y la
ayuda que su conclusión puede representar para el progreso
económico de nuestro país.

Como he tenido ocasión de señalar a lo largo de mi exposición,
la estrategia española se ha centrado en dos líneas de
trabajo. Por una parte, en la consecución de una serie de
objetivos plasmados en el memorándum español sobre la Ronda
Uruguay y, por la otra, en la articulación de una posición
interna de la Unión Europea que fuera favorable a nuestros
intereses. Puedo afirmar que los resultados conseguidos en
ambos frentes han sido
satisfactorios.

En la Ronda Uruguay propiamente dicha se han conseguido
resultados sustanciales en los seis sectores que centraban
nuestro interés. Se ha conseguido un plazo razonable para el
desmantelamiento de las restricciones cuantitativas derivadas
del Acuerdo multifibras y una privación de estos beneficios a
aquellos países que no mejoren de manera efectiva la apertura
de sus mercados. Se ha conseguido la extensión de la llamada
cláusula de paz de seis a nueve años en el sector agrícola, y
una reducción arancelaria menor que la media para frutas y
hortalizas. Se ha conseguido una notable actualización de los
códigos del GATT en materia de reglas y disciplinas. Se han
logrado notables avances en materia de acceso a mercados en
bienes y servicios por parte de otros países, particularmente
si tenemos en cuenta que después de nuestra entrada en la
Unión Europea la mayor parte de nuestro comercio internacional
estaba ya liberalizado. Se ha conseguido la exclusión «de
facto» del sector audiovisual. Finalmente, se ha conseguido,
junto con otros países, la creación de una organización
mundial del comercio, posiblemente el logro más significativo
de esta Ronda y el que permitirá,



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no sólo un control más eficaz de sus previsiones sino,
también, la erradicación de represalias unilaterales y
prácticas abusivas de las reglas del comercio internacional.

En lo que respecta al ámbito comunitario, hemos obtenido, en
primer lugar, un importante resultado colectivo. La Unión
Europea ha salido enormemente reforzada desde un punto de
vista político, en la medida en que ha sido capaz de articular
los intereses de todos los Estados miembros en una posición de
consenso general. Y, en segundo lugar, hemos logrado que esta
posición recogiera dos aspectos fundamentales para los
intereses particulares de España. Por una parte, la
articulación de un mecanismo más ágil para tomar decisiones en
materia de defensa comercial, que para las medidas antidumping
y antisubvención permitirá acelerar los plazos de
investigación y pasar de la mayoría cualificada a la mayoría
simple para confirmar las decisiones finales del Consejo; por
la otra, el mantenimiento de los precios de referencia y la
ampliación del calendario de aplicación para determinadas
frutas y hortalizas, con lo cual se consigue una adecuación
mucho mejor con las épocas de cosecha de nuestros productos.

Señorías, este es el resultado global que hoy el Gobierno
somete a la
consideración de esta Cámara. Un resultado que --no tengo
ninguna duda acerca de ello-- es razonable y beneficioso para
España. En un mundo cambiante, con una geografía productiva
que el acceso de los nuevos países industrializados ha
transformado
enormemente, y con un ámbito comercial que los avances de los
transportes y de las comunicaciones ha globalizado de forma
irreversible, la respuesta no puede ser encerrarnos sobre
nosotros mismos. Estoy convencido de que siempre será mejor
enfrentarnos a esta realidad cambiante que tratar de
ignorarla. La conclusión de la Ronda Uruguay no incrementa
significativamente el grado de apertura de nuestra economía
productiva, en la medida en que esta apertura ya se ha ido
realizando de forma intensa desde nuestro ingreso en la
Comunidad Europea. Lo que sí hace, en cambio, es abrir nuevas
perspectivas a nuestras exportaciones, sobre todo a terceros
países, tanto por las reducciones arancelarias acordadas como
por el
perfeccionamiento de los mecanismos y la eliminación de trabas
no arancelarias. En este sentido, la Ronda supone para la
economía española un verdadero desafío de adaptación a las
nuevas circunstancias, adaptación que podrá ser progresiva, y
también del aprovechamiento de las posibilidades de ampliación
de nuestros mercados exteriores.

Los acuerdos sobre el GATT, señorías, encauzan, ordenan y
regulan el fenómeno irreversible de la globalización de la
economía mundial; subrayan aún más, si cabe, las exigencias de
competitividad que nuestra economía tiene planteadas y la
ineludible necesidad de proseguir el esfuerzo reformador de
nuestros mercados y estructuras, incrementando la vocación
exportadora de nuestra industria e impulsando la modernización
en todos los ámbitos de nuestra realidad económica y social.

Esta es la tarea que todos, Gobierno, la sociedad, los agentes
económicos y sociales tenemos por delante.

Muchas gracias. (Aplausos en los bancos del Grupo Socialista.)



El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Vicepresidente.

¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor De Rato.




El señor DE RATO FIGAREDO: Señor Presidente, señorías, es hoy
un día de primicias en esta Cámara. (Rumores.) Para empezar,
el señor Vicepresidente del Gobierno, que ocupa el cargo desde
noviembre de 1991, ha decidido someterse a un debate
parlamentario. Bien es cierto que ha elegido un trámite en el
que los grupos de la oposición sólo pueden intervenir en un
bloque y en el que normalmente no hay réplicas.

Después de casi tres años de eludir su responsabilidad
democrática como miembro del Gobierno de España (Fuertes
rumores y protestas en los bancos del Grupo Socialista.--
Aplausos en los bancos del Grupo Popular), el señor Serra
pretende cumplir con el expediente de la manera más expeditiva
y menos arriesgada posible, muestra palpable de quien prefiere
las sombras a las luces. (Rumores.) Pero no se acaban ahí las
primicias, señorías, no se acaban ahí (Rumores.), porque el
señor Serra también habla hoy por primera vez del GATT. No
sólo desde las elecciones generales del 6 de junio sino antes,
el señor Serra no se había pronunciado sobre el GATT, no se le
conocen actuaciones en las negociaciones, ni dentro ni fuera
de nuestras fronteras. Hemos tenido, pues, la ocasión --yo no
sé si ustedes la consideración histórica-- de escuchar las
reflexiones del señor Serra sobre la Ronda Uruguay, el
comercio internacional, la situación española, y todo ello en
rigurosa exclusiva.

Quiero decirle, señor Serra, en nombre del Grupo Popular, que
es el segundo Grupo de esta Cámara, que censuramos su
pretensión de ser sólo responsable políticamente de aquello
que usted elige a su comodidad. Creemos que violenta usted no
sólo el Reglamento de esta Cámara, sino la más mínima
sensibilidad democrática (Rumores.) y mi Grupo exigirá, cada
vez con mayor rigor, que S.S. responda de su acción en el
Gobierno, desde la utilización de los servicios de
información, pasando por la coordinación de la Exposición
Universal de Sevilla, hasta la manipulación de las
instituciones (Fuertes protestas en los bancos del Grupo
Socialista y aplausos en los del Grupo Popular.), como la
representación española en el Tribunal de Cuentas



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europeo, todo ello al servicio de su Partido o de su clan.

(Rumores.) Es una tradición en las vicepresidencias del
Gobierno del señor González --hoy ausente-- que sus
vicepresidentes se dediquen a representar o bien al partido o
bien a sus respectivos clanes, y el Grupo Popular lo rechaza
hoy, una vez más, con toda contundencia. (Fuertes rumores y
protestas en los bancos del Grupo Socialista y aplausos en los
del Grupo Popular.) No exageran quienes consideran a la Ronda
Uruguay como el acuerdo comercial a escala mundial más
importante de la historia
reciente. Sus consecuencias sobre el futuro comercial y
económico de los países serán grandes; su influencia sobre el
crecimiento, decisivo, como lo ha demostrado que en cada
ocasión anterior en la que el comercio se ha liberalizado, han
incrementado el bienestar y la estabilidad.

Saludamos con optimismo un acuerdo multilateral que
globalmente resultará positivo, sin duda, sobre todo teniendo
en cuenta la alternativa, que se hubiera producido si no se
llega a aprobar, que hubiera sido la lucha comercial entre
bloques y el
crecimiento del proteccionismo. Pero no todos los países se
van a beneficiar de la misma manera y, ni siquiera aquellos
que se beneficien, se van a beneficiar en la misma intensidad.

Hoy toca saber aquí qué ha hecho este Gobierno en favor de
España, para que España pueda ser de los más favorecidos,
sobre todo a la luz de que otros gobiernos lo han intentado y
con toda rotundidad. (Una señora Diputada: Este, nada.)
El Grupo Popular, al contrario de los Grupos parlamentarios
que sostienen al Gobierno, nunca se ha mostrado partidario del
proteccionismo. No es, en nuestra opinión, a base de barreras
como los españoles vamos a mejorar nuestro nivel de vida ni
nuestra solidaridad. Es difícil comprender la propaganda sobre
el dumping social, habida cuenta de que los principales
escollos en la negociación de la Ronda Uruguay han sido entre
Estados Unidos y Europa y sobre todo, para España, los
principales beneficiarios de nuestro déficit comercial --por
cierto, que el señor Vicepresidente ni lo ha mencionado-- son,
precisamente, países más desarrollados que nosotros. Además,
si los españoles queremos de verdad --y parece que nuestra
sociedad lo quiere y nosotros lo aplaudimos-- plantearnos una
contribución efectiva al desarrollo del Tercer Mundo, hemos de
aceptar que el
colonialismo económico, de bajos precios de materias primas y
mercados occidentales cerrados a las producciones del Tercer
Mundo, debe ser cosa del pasado. La experiencia de los últimos
años nos demuestra que para la competitividad de nuestra
economía son mucho más dañinos los errores propios que las
condiciones en los de los demás países. Las políticas de altos
tipos de interés y de peseta sobrevalorada en un momento de
reducción arancelaria, han destruido mucho más tejido
productivo español que las diferencias laborales de nuestros
competidores del Tercer Mundo. Nuestra balanza comercial
demuestra que son los productores procedentes de los países
más desarrollados los que más han crecido en nuestro mercado
interior en los últimos años y los que han sustituido trabajo
en España por puestos de trabajo en el resto de la Comunidad.

En ese sentido, parecería interesante que el Gobierno, si
hubiera tenido tiempo, leyese los memorándum, por ejemplo, de
la industria textil española, que dice: La industria textil
confección española, con un potencial equivalente --no está
mal-- a una décima parte de la Unión Europea --la expresión
«no está mal» es mía-- constituye un sector plenamente
competitivo siempre que el marco económico en que se
desenvuelva sea neutro. La nefasta política económica de los
últimos años, con altos tipos de interés, alto precio de la
energía y moneda absurdamente sobrevalorada, ha representado
un altísimo coste para el sector. De eso, tampoco el señor
Vicepresidente nos ha dicho absolutamente nada. (Rumores.)
El Grupo Popular ha mantenido y mantiene que la España del
futuro sólo puede construirse sobre la creciente libertad
económica de los mercados abiertos en beneficio de nuestros
consumidores y para construir una sociedad menos
inflacionaria, cuya política económica esté basada en la
exportación y en la inversión. Ahora bien, señorías, ser
partidario de una libertad creciente de comercio no es lo
mismo que no tener preocupaciones sobre nuestros productos
concretos. La mayoría de los países más prósperos y más
abiertos del mundo, con un mayor peso del comercio mundial,
han defendido con toda rotundidad y publicidad posiciones
concretas, muy definidas a lo largo de todo el proceso de la
Ronda Uruguay. Los gobiernos que representan a las
economías más eficaces del mundo, y también a las sociedades
más solidarias, han planteado de manera contundente sus
prioridades comerciales, enfrentándose incluso a sus socios
tradicionales y haciendo que las últimas semanas de la
negociación final del GATT hayan estado al borde del fracaso.

Y es ahí donde hemos echado de menos al Gobierno español.

Señor Serra, hoy no es el día de fijar objetivos. Eso había
que haberlo hecho hace muchos meses. La pretensión del
Gobierno español, según la cual comprometerse públicamente en
las
negociaciones internacionales le ata las manos, le ha llevado,
una vez más, a ir a una negociación internacional con las
manos en los bolsillos. (Varios señores Diputados de los
escaños del Grupo Popular: ¡Muy bien!)
Son las apuestas nacionales claras y públicas las que dotan a
los gobiernos de credibilidad y fuerza, y esta negociación ha
sido un ejemplo rotundo de ello. No es exagerado decir que la
postura francesa en la agricultura o en el tema audiovisual ha
influido definitivamente



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en el resultado de la ronda, y ha obtenido resultados un
Gobierno que se ha comprometido a fondo con su opinión pública
durante meses, como lo ha hecho el Gobierno portugués en temas
textiles, como lo ha hecho el Gobierno griego en temas
marítimos. Nuestro Gobierno ha sido incapaz de comprometerse
con unos objetivos comerciales concretos en esta negociación
y, sobre todo, ha sido incapaz, una vez más, de movilizar a la
sociedad española para analizar y conocer las consecuencias
del GATT.

Señor Serra, usted es el paradigma de esto. Ni una sola
declaración en estos siete años. El Gobierno sólo ha realizado
declaraciones y comparecencias parlamentarias en las que no ha
habido ni un solo compromiso de futuro. Eso sí, la noche de la
negociación cuatro ministros españoles y todos sus equipos
dormían en Bruselas. Pero no era esa noche cuando había que
hacer esfuerzos patentes, era muchos meses antes, en contacto
con los sectores reales españoles, cuando había que haber
puesto sobre la mesa las condiciones que España necesitaba.

Los señores Brittan y Kantor seguramente no hablaban de los
esfuerzos físicos que realizaban los ministros por estar esa
noche en Bruselas, sino que discutían las condiciones y las
posiciones concretas de los gobiernos planteadas meses antes.

Nadie sin objetivos puede obtener resultados, y eso es lo que
usted representa, señor Serra: un Gobierno que, una vez más,
se enfrenta a las negociaciones internacionales sin propósitos
previos y de espaldas no sólo a la opinión pública nacional,
sino incluso a los sectores más afectados. (Varios señores
Diputados del Grupo Popular: ¡Muy bien! ¡Muy bien!--Aplausos.)
Señor Serra, ¿dónde están los estudios previos por sectores y
los impactos previstos respecto a ellos? Me temo que no están
en ningún sitio porque no los ha habido. ¿Dónde está el
objetivo negociador que el Gobierno ha ofrecido a la sociedad
española hace uno, dos, tres años, en este mismo verano?
¿Dónde está, señor Serra? Nos hemos contentado una vez más con
la diplomacia (que definía muy certeramente otro portavoz de
otro Grupo Parlamentario, que me perdonará por el plagio) del
«yo también», que es lo que define a la diplomacia española de
estos tiempos. Para este Gobierno, España está servida con la
media comunitaria, y se lo hemos oído al señor Serra. ¿Pero
estamos en la media comunitaria de verdad, señor Serra? ¿Usted
ha visto nuestras cifras de comercio exterior? ¿Usted cree que
estamos en la media comunitaria? Hablaremos de eso un poco más
adelante.

Nuestra prensa ha llegado a recoger manifestaciones realizadas
la semana pasada por técnicos españoles en esta negociación,
destacados en Ginebra, que han dicho textualmente que España
se ha caracterizado por un absoluto desinterés en las
negociaciones de la Ronda. Es elocuente, señorías, que semanas
antes de la finalización de la Ronda, el Gobierno español se
reuniera con el Gobierno norteamericano, con el Gobierno
alemán, con el Gobierno francés y con el Gobierno marroquí.

Probablemente ahí están nuestros principales socios
económicos, nuestros principales competidores y clientes y
hemos estado de acuerdo con todos a la vez. Parece imposible
que, en los momentos antes de firmar el acuerdo de la Ronda
Uruguay, España haya sido capaz de estar de acuerdo con
Estados Unidos, Francia y Alemania, con todos a la vez, Desde
luego, debe ser un descanso para los gobernantes extranjeros
asistir a una cumbre con el Gobierno español. Acostumbrados a
tantas tensiones con países amigos, reunirse con este Gobierno
debe ser un remanso de paz. España no tiene problemas
comerciales, ¿verdad? Sólo que nuestras exportaciones crecen
menos en el período de nuestra integración en la Comunidad que
en el inmediatamente anterior, casi nada. Ese es el fracaso de
nuestra integración, que se ve con claridad en nuestra balanza
comercial. Pero nuestro Gobierno debe ser el más simpático de
todos los gobiernos. ¿Dónde estaba usted, señor Serra, en esas
cumbres? ¿Estaba usted jugando con el Cesid? (Rumores y
aplausos.) Su señoría se presenta hoy aquí sin el más mínimo
estudio oficial de las consecuencias del acuerdo firmado. Los
Diputados españoles tenemos que recurrir a las valoraciones de
gobiernos extranjeros, de la Comisión o de los sectores
afectados. El Grupo Popular solicitó del Gobierno hace dos
semanas, previo a este debate, un informe escrito sobre las
consecuencias del GATT. Helo aquí, señorías (Mostrándolo a la
Cámara.), pero no es un informe, es el tratado completo; el
Gobierno no lo puede valorar y pretende que lo valoremos los
grupos parlamentarios. Mire usted, señor Serra, hemos tenido
que recurrir a informes de la Comisión, que mire usted lo que
ocupan (Mostrando un documento a la Cámara.) o a informes del
Gobierno norteamericano, realizados el día 17 de diciembre,
dos días después, y sin embargo, nuestro Gobierno, una semana
después de la Ronda, cuando los grupos parlamentarios que
representan la voluntad nacional le piden un informe, lo único
que les puede remitir es la copia del tratado. (Un señor
Diputado del Grupo Popular: ¡Qué vergüenza!) Magnífico
ejercicio de eficacia. (El señor Benegas Haddad: No saben ni
leer.) España no puede
permitirse el lujo de repetir la experiencia del Tratado de
Adhesión a la Comunidad Económica Europea o del Mercado Unico.

Firmar tratados internacionales cuyas consecuencias son
estructurales y que afectan, de manera sustancial, a las
condiciones de funcionamiento de nuestra economía, no puede
seguir haciéndose sin contar con los sectores afectados, sin
informarles y sin consultarles, y tampoco sin explicar
detalladamente a la sociedad española las consecuencias y
oportunidades que se derivan de esos tratados. Es necesario, y
no lo ha dicho el señor Serra



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en la hora que le hemos escuchado (y estamos hablando de un
tratado comercial, fíjense ustedes), que la sociedad española
sepa que, de los 24 países industriales, España está en la
peor situación de todos en esta negociación, porque tienen el
mayor déficit comercial relativo de toda la OCDE, y el segundo
más grande, después de Estados Unidos, en términos absolutos.

Y de eso el señor Serra no ha dicho nada. Así que el déficit
comercial al señor Serra ni le preocupa.

Y produce, señorías, sonrojo cuando uno ve en la negociación
del GATT en términos reales las declaraciones continuas de
nuestro Ministro de Asuntos Exteriores, terriblemente
preocupado durante todo el año 1992 y 1993 porque Francia se
quedara aislada. Ahí estaba España preocupada porque Francia
no se quedara descolgada. Señor Ministro, si Francia tiene
superávit comercial, ¿por qué se preocupaba usted por los
franceses? ¡Si los franceses ya se preocupan ellos solos!, ¡si
tienen superávit comercial!, ¡si están justo en el otro
extremo que nosotros! Es realmente sorprendente.

España, los españoles, tienen derecho a esperar de su Gobierno
y de la Administración pública que dirige un análisis y una
información de lo que suponen las nuevas circunstancias.

Seguir el camino de dar por sentado que los efectos de los
compromisos internacionales que este Gobierno adquiere han de
ser conocidos por la sociedad española sólo por la propia
experiencia es una irresponsabilidad. Pero esto, desde luego,
exige otro tipo de política exterior en la que se abandone la
pretensión de que España está bien servida con lo que proponen
los demás, con la media comunitaria, y se sustituya por una
visión propia española de lo que es necesario. Por ejemplo, es
paradójico que España acepte sin debatirlo que la
especificidad cultural europea no contenga referencias a un
continente donde la primera lengua puede ser muy pronto el
castellano y que, además, está en un proceso de crear
precisamente un espacio económico propio. ¿Alguien en este
Gobierno se ha parado a pensar que el mercado natural de
nuestros productos culturales es América? Sin duda que los
productos culturales no pueden sin más ser sometidos a la
competencia, pero ¿está España en este tema en la media
europea? (Un señor Diputado del Grupo Popular: ¡No!) No ha
sido posible saber la opinión del Gobierno español, señorías,
porque en el memorándum al que ha hecho referencia el señor
Vicepresidente del Gobierno, que tiene cuatro páginas, en este
memorándum no hay ni una referencia al tema cultural. Sin
embargo, y es verdad, sí se mencionaban los capítulos
agrícolas y textiles. De sobra es conocido que el capítulo
agrícola en la Ronda Uruguay del GATT ha sido, con mucho, el
más controvertido y el que más arduas negociaciones ha
precisado, precedido por las especiales y duras posiciones
protagonizadas por el Gobierno francés, rotundo vencedor,
junto con el Gobierno norteamericano de este capítulo. Por el
contrario, nuestros intereses, especialmente los
vinculados a la llamada agricultura mediterránea, basada en
las frutas, hortalizas, grasas vegetales y vino, han tenido
resultados mucho más pobres.

¿Cómo repercutirán los acuerdos del GATT en nuestra
agricultura? Como debería saber el señor Serra, el comercio
exterior
agroalimentario español, que tenía superávit hasta mediados de
los años ochenta, tiene en este momento un déficit de 250.000
millones, y es sólo positivo el subsector de los productos
hortofrutícolas y aceites donde obtenemos un superávit, hasta
ahora, aproximadamente de 200.000 millones. Pues bien, en esos
cruciales momentos, cuando la Unión Europea no había abordado
aún la reforma que afecta a las frutas y hortalizas, cuando,
por tanto, la renta de los agricultores en las regiones
españoles que basan en ello su actividad, se mide por los
kilos que producen, se acepta una profunda variación de las
reglas del juego que limita las exportaciones y abre el
mercado comunitario a terceros países. Tanto desde el propio
sector, como desde la
Administración española se ha evaluado la necesidad de contar
urgentemente con unas ayudas comunitarias, que pueden girar
entre los 150.000 y los 200.000 millones de pesetas, para
acomodar nuestro sector a esa nueva realidad y ¿la han
obtenido ustedes? ¿Pueden ustedes decírselo hoy a esta Cámara?
Porque lo único que hay en los documentos comunitarios es una
mención marginal, según la cual el Consejo y la Comisión
garantizan las rentas agrarias de los sectores sin reformar --
y aquí está lo importante--, aunque sin aumentar los gastos
totales agrícolas establecidos en la cumbre de Edimburgo.

Dígannos ustedes qué compromisos
concretos pueden ustedes darle hoy a esta Cámara. Por tanto,
¿de dónde saldrán esos centenares de miles de millones de
pesetas que nuestra agricultura mediterránea necesita de forma
urgente y perentoria?



El señor PRESIDENTE: Señor Rato, le ruego concluya.




El señor RATO FIGAREDO: Sí, señor Presidente.

Le recuerdo, por otra parte, señor Serra, que los frutos
secos, espárragos, uva de mesa y zumo de naranja natural (que
seguramente nadie pensará que no son productos netamente
españoles) tienen que sufrir en esta Ronda reducciones
arancelarias de hasta el 50 por ciento, de tal forma, señor
Serra, que en nuestro sector agrícola, ya a estas alturas,
este acuerdo es conocido como el de «Califronia gana y España
pierde». Respecto al plátano canario no le he escuchado, señor
Serra, darnos ninguna garantía de que Alemania retirará los
recursos presentados a la organización de mercado comunitario
que había planteado, que es la exigencia del sector que el
Gobierno tiene compromiso de cumplir.




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Como resultante final de todo lo anterior tenemos, en resumen,
que el sector más dinámico de nuestra agricultura, el más
exportador, el único que ofrecía hasta ahora un saldo positivo
en el comercio exterior, tiene que sufrir el contenido de los
acuerdos del GATT sin haberse integrado definitivamente en la
Unión Europea. Por si fuera poco se modifican sustancialmente
las reglas del juego respecto a las exportaciones
subvencionadas, así como la apertura del mercado comunitario
que afecta a los aceites, a los cereales, a las frutas y a las
hortalizas, sin lograr la más mínima garantía y sin saber,
como he dicho ya, de qué fondos vamos a disponer, y todo ello
sin perder la
perspectiva de que, en paralelo, la Comisión está negociando
con los países del Magreb y con Israel un tratado de libre
cambio que contiene un amplio capítulo agrícola, que
indudablemente también tendrá su importante repercusión sobre
nuestra agricultura mediterránea, y de todo eso tampoco habrán
escuchado ustedes nada al señor Serra. (Rumores.--Varios
señores Diputados del Grupo Popular: ¡No, no!)
En resumen, señor Serra, las concesiones agrícolas europeas en
la Ronda Uruguay se han hecho especialmente a costa de los
intereses de nuestros agricultores más competitivos.

Por cierto, en los últimos meses, el Gobierno no se ha reunido
con las organizaciones agrícolas para discutir este tema. ¿Lo
han discutido, entre ustedes?
Ahora vamos al segundo tema, que es el textil. En los últimos
seis meses, el Ministro de Comercio aquí presente se ha
reunido dos veces con el sector textil español (y estaba
identificado en el memorándum de cuatro hojas), una de las
cuales no para hablar del GATT sino con todo el sector
exportador catalán, pero ha sido más diligente que el Ministro
de Industria, que no está, que sólo los ha recibido una vez
durante media hora. Y todavía ayer por la noche el sector
textil español no tenía comunicación oficial de este Gobierno
sobre las consecuencias de los acuerdos de la Ronda Uruguay.

(Un señor Diputado del Grupo Popular: ¡Qué barbaridad!--
Rumores.) Si éste ha sido el nivel de comunicación que han
tenido ustedes con los sectores que han identificado --que
sólo eran dos, no era mucho trabajo, sólo eran dos-- como
esenciales en la negociación, ¿qué habrán hecho ustedes con
los demás? Es que ni postales, supongo, les han mandado
ustedes sobre el asunto. ¿No? (Risas.)
Señor Serra, su desconocimiento del sector textil (que en su
caso, siendo Diputado de donde es, es llamativo) se ha
demostrado incluso esta tarde cuando usted nos dice que el
sector textil español está satisfecho de un plan de
competitividad que ha sido aprobado en contra de su opinión, y
aquí lo dice en letras muy grandes en un periódico de
circulación catalana: Intertextil considera inaplicable el
Plan Aranzadi para el sector (si quiere se lo leo) y que sólo
en el segundo año de aplicación no ha sido capaz de cumplir ni
siquiera el 50 por ciento de los fondos presupuestados. Usted
de eso ni idea, claro. No es de extrañar que este Gobierno se
encuentre en esta negociación sin saber cuáles eran los
objetivos, porque no los ha hablado con nadie, y el sector
textil, señor Serra, representa el 15 por ciento del empleo
industrial de este país y ha perdido 40.000 empleos sólo en el
año 1993.

¿Realmente el Gobierno español ha aceptado sin pestañear el
argumento portugués de que Francia, Italia y España están en
la misma situación de marcas internacionales textiles? Porque
eso ya es el desconocimiento total de la realidad, y sólo se
puede entender porque no hablan ustedes con nadie. ¿Qué
medidas piensan ustedes tomar para compensar la competencia
que van a tener a favor de Portugal esos 60.000 millones de
pesetas que el Gobierno portugués sí ha conseguido para su
sector textil?
Es urgente y necesario, y se lo digo a todos los miembros del
Gobierno, que al menos en esta fase, cuando se está redactando
el final del acuerdo, el Gobierno establezca por fin firmes y
fluidos contactos con el sector textil español para fijar los
flecos finales y ver lo que se puede salvar. Señor Ministro de
Comercio, ni siquiera en broma, a estas alturas y este tema,
se puede decir que el futuro de los españoles es producir
bueno, bonito y barato. (Risas en los bancos del Grupo
Popular.) Eso no se puede decir en estas circunstancias cuando
uno es Ministro de un país que tiene el mayor déficit
comercial de todos sus competidores. Es una muy mala broma.

(Varios señores Diputados del Grupo Popular: ¡Muy bien, muy
bien!) España también, lo decía en este documento, ha hecho
cuestión de los mecanismos de defensa comunitaria frente a las
acciones desleales. Pero ¿para qué van a servir esos
mecanismos si en la negociación ustedes han entregado los
productos?
Señor Presidente, y con esto termino, una economía con el
mayor déficit comercial del mundo industrial, en términos
relativos, no puede aceptar las consecuencias de la Ronda
Uruguay sin producir un profundo cambio en su realidad
económica. Liberalizar es hoy equivalente a
internacionalizarse, y son nuestras empresas reales y
concretas las que se tienen que internacionalizar. Para eso
hace falta un esfuerzo mayúsculo de cambio de política
económica.

El Grupo Popular exige en este momento al Gobierno, y lo
haremos por escrito en esta Cámara, primero, un análisis,
capítulo por capítulo, de las consecuencias del acuerdo para
España; segundo, un análisis, sector por sector, de las
consecuencias del acuerdo también; y tercero, un plan nacional
que fije la estrategia del Gobierno frente a la liberalización
necesaria con los plazospara preparar a nuestras empresas para
que aprovechen las oportunidades.




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Contaba el actual Ministro de Exteriores, en una de sus
comparecencias en la Comisión de Asuntos Exteriores de esta
Cámara, la anécdota de que el Secretario de Estado
norteamericano, señor Christopher, en su primera comparecencia
ante el Consejo Atlántico, cuando identificaba las prioridades
norteamericanas en política exterior, decía que eran
principalmente dos: luchar contra el déficit comercial y
contra el déficit público. Es una lástima, señor Ministro, que
no haya caído usted en la cuenta que eso mismo y todavía más
es necesario para España. Esperemos por el bien de todos que
en lo que queda de legislatura consigamos por primera vez que
este Gobierno deje de contentarse con la media comunitaria y
empiece a tratar de que la economía española y los ciudadanos
españoles puedan realmente vivir como la media comunitaria.

Muchas gracias. (Grandes y prolongados aplusos en los bancos
del Grupo Popular.)



El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Rato.

Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
tiene la palabra el señor Espasa.




El señor GARCIA-MARGALLO Y MARFIL: ¿No habla Serra?



El señor ESPASA OLIVER: Señor Presidente, señoras y señores
Diputados, en este importante aunque difícil tema del GATT
acabamos de oír dos intervenciones absolutamente distintas: la
del Vicepresidente, señor Serra, a la que inmediatamente me
referiré, y la del ilustre portavoz del Grupo Popular que, una
vez más, nos ha obsequiado con una muestra fabulosa, diría yo,
del doble lenguaje del Partido Popular en esta Cámara.

(Rumores y protestas en los bancos del Grupo Popular.) Por una
parte, el señor Rato pedía, como le corresponde a una buena
derecha, aunque les queda mucho para ser una buena derecha
(Protestas en los bancos del Grupo Popular), más
librecambismo, más desregulación, más de lo mismo, es decir
más GATT; y por otra, recriminaba al Gobierno cuando no era
suficientemente proteccionista. Mayor contradicción no se
puede dar a estas alturas, señoras y señores Diputados.

(Varios señores Diputados: ¡Muy bien!)
Evidentemente, señorías, yo no voy a seguir por el camino de
la derecha, sino todo lo contrario, voy a intentar fijar la
posición de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, una
formación política que, desde su realidad, se reclama de una
izquierda transformadora y que ve con preocupación, aunque
también sabe ver los elementos positivos que puede haber, este
tratado del GATT, en siglas anglosajonas.

Antes de entrar en materia quería hacer una breve exposición
de nuestras consideraciones sobre el momento político en que
se produce el debate, sobre el perfil político del
Vicepresidente y sobre el perfil político de este Gobierno;
perfil político para nosotros plano o bajo plano. Señor Serra,
Gobierno del PSOE, hemos pedido por activa y por pasiva que se
discutiese este tema antes del 15 de diciembre, lo saben
ustedes perfectamente, pero no han querido hacerlo. El señor
Mitterrand, por ejemplo, cercano a sus posiciones, ha tenido
la gallardía de recibir a todos los jefes de las distintas
fracciones políticas de la República Francesa; ustedes no han
hecho nada de eso. El señor Balladur ha tenido la gallardía de
someter a un voto de confianza en la Cámara francesa la
posición de la República Francesa en un tema tan importante
como el GATT; ustedes no. Al señor Serra le gusta siempre
jugar a toro pasado, al señor Serra le gusta apuntarse al
caballo ganador, y cuando ha sido segura la firma del GATT ha
aparecido el Vicepresidente del Gobierno para explicarnos el
acuerdo. Señor Serra, querría haberle visto a usted antes del
15 de diciembre, querríamos haber discutido con usted mi grupo
y yo antes del 15 de diciembre sobre audiovisuales, porque no
les hemos visto a ustedes hablar ni del cine ni de la
televisión, no les hemos visto, hemos visto a la ministra en
solitario, pero no a usted ni al señor Gómez Navarro que son
los que han recortado el decreto de la ministra --lo sabemos
perfectamente--
quisiéramos haberles visto hablando de agricultura, de
organizaciones comunes de mercado (arroz, vino, aceite,
etcétera), todo esto antes de, no después de. No un mero
relato explicativo, un compromiso político es lo que hacía
falta en esta Cámara para ver si las fuerzas políticas de la
misma (la derecha, la izquierda, o toda la Cámara) estaban o
no a favor de la posición española en el tema del GATT. Sin
embargo, ustedes no han hecho nada de eso; estamos haciendo un
debate en cierta medida académico, pero esto no es una
academia, esto es una Cámara política y por tanto yo tengo la
obligación de poner de manifiesto este disgusto, profundo
disgusto por parte de nuestro grupo, por no haber sido
atendida nuestra petición, junto con la del Grupo Mixto y la
del Grupo Popular, de un debate antes del 15 de diciembre, por
el secretismo con el que el Presidente del Gobierno y todo el
Gobierno han llevado las negociaciones y por la falta de
reuniones con los sectores afectados, como se ha dicho ya y
que por mor del tiempo no voy a repetir. Por tanto, la
posición del Gobierno español ha sido realmente floja. Se ha
dicho, en una frase no sé si brillante, que estábamos detrás
empujando a los franceses. Pues yo no quiero estar empujando a
los franceses, yo quiero que los españoles estén donde deben
estar. Ni en audiovisual, ni en agricultura, ni en OMC han
estado ustedes donde deberían estar. Dicen que han empujado
mucho, ustedes lo sabrán, yo no sé lo apretados que estaban
empujando; en todo caso, políticamente, no se les ha visto
para nada.




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El señor Alcaraz recordaba esta mañana como ni siquiera el
Presidente del Gobierno, al hablar de la cumbre de Bruselas,
mencionó la importante victoria --en eso coincido con usted--
que en el tema audiovisual ha obtenido la Unión Europea, sin
embargo ustedes no han hecho ni la más mínima vanagloria de
ello. ¿Es que les da miedo aparecer, no como antiamericanos
que esto es antiguo ya, sino como auténticos patriotas
españoles? ¿Es que les da miedo plantar cara al hegemonismo
americano en agricultura, en cine, en lo que sea? ¿Es que le
da miedo, señor Serra? ¿Es que quizá usted tiene alguna
preocupación porque sus relaciones puedan verse deterioradas
respecto de los Estados Unidos? Lo parece. Lo parece porque ni
usted, ni el señor González, ni el señor Solana han tenido a
bien manifestar nada públicamente. (El señor Solana Madariaga:
En la Comisión de Asuntos Exteriores.) No en la Comisión de
Asuntos Exteriores, a las tres de la tarde, cuando Televisión
Española no retransmite; no, señor Solana, no haga bromas no
han dicho absolutamente nada a la opinión pública española,
nada. Es un drama no sólo de ustedes sino de todo el país que
un tema tan importante como el del GATT, que en Francia ha
sido motivo de intensísimos debates culturales y políticos, en
España haya pasado con encefalograma plano. A ustedes, que
tienen la primera responsabilidad como Gobierno y como partido
mayoritario, les ha interesado no hablar del tema y
explicarnos los que ha pasado después. Vayamos a ver lo que ha
pasado después y vayamos un poco a los argumentos del señor
Serra. Parecía que el 15 de diciembre era la fecha final, la
fecha del fin del mundo; que si no se llegaba al acuerdo, se
derrumbaba el mundo, pero se ha llegado al acuerdo, y mejor el
acuerdo que el no acuerdo. Vaya por delante esta posición de
principio, de nuestro grupo; preferimos el acuerdo al no
acuerdo, pero el acuerdo con una serie de condiciones que
después explicitaré.

Señor Serra, usted sabe perfectamente que después de la
finalización de la Ronda de Tokio, la anterior a ésta que
estamos comentando, el comercio mundial sufrió una depresión
importante durante tres años; usted sabe perfectamente que el
no acuerdo de la Ronda Uruguay en los últimos tres años
anteriores a éste no se ha saldado con un descenso del
comercio mundial, sino, al contrario, con un aumento del
comercio mundial. Por lo tanto, no cifremos tanto en el
acuerdo la seguridad de que el comercio va a expansionarse;
parece ser que será así, esperemos que sea así, pero esto no
es una recta de regresión automática.

Por otra parte, en la famosa previsión de la OCDE que usted ha
citado, los 275.000 millones de dólares que incrementarían en
un punto el PIB mundial, los economistas serios --y usted creo
que lo es-- saben que son tantas las variables que hay que
fijar para aceptar este estudio econométrico que es tanto como
rizar el rizo, por lo tanto, nadie sabe si de verdad este
incremento se va a producir, ¡ojalá se produzca!, pero no lo
venda usted como mercancía ya conseguida cuando no es así.

Nosotros nos preguntamos desde Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya si el crecimiento del comercio mundial es sinónimo y
garantía del crecimiento entre la igualdad entre los pueblos,
países y Estados, y nos tememos mucho que no, puesto que el
comercio «tout court», el mercado «tout court», el mercado sin
regulaciones en los Estados-nación o en la naciente Unión
Europea no favorece la igualdad, favorece la desigualdad, y
usted lo sabe perfectamente.

Por lo tanto, una primera objeción importante de tipo, si
usted quiere, ideológico en el sentido noble de la palabra, es
que este aumento del comercio internacional no necesariamente
se traducirá en un incremento de la igualdad de la cohesión
social entre todos los pueblos, países y Estados de la tierra,
sino que con toda seguridad los más fuertes serán más fuertes
y los más débiles serán aún un poco más débiles.

El GATT es el guardián del libre comercio internacional, o más
bien, como ha dicho un prestigioso Premio Nobel francés, es el
guardián de los intereses estadounidenses. Yo creo que es más
bien lo segundo, aunque la Unión Europea --todo hay que
decirlo--ha sabido estar a la altura, por primera vez, y ha
sabido plantar cara como Unión Europea a las ambiciones
hegemonistas de los Estados Unidos en determinados sectores,
el principal de ellos el audiovisual, pero también el de
agricultura y otros. Por lo tanto, éste es un primer motivo de
satisfacción.

En tercer lugar, el GATT --estoy ciñéndome a los aspectos más
políticos de la cuestión, que es lo que creo que corresponde a
esta Cámara, no tanto a la descripción técnica del acuerdo
comercial-- ¿qué va a representar en el fondo? Para nosotros,
el GATT va a representar, señorías, un incremento de la
capacidad de decisión de los grandes agentes económicos
mundiales, las multinacionales, las regiones comerciales, en
detrimento de la capacidad de decisión de los Estados. Los
Estados, que tienen como obligación la redistribución de la
renta, el mantenimiento de la cohesión social, verán
disminuida su capacidad de actuación en favor del comercio
internacional desde el liberalismo del que ustedes hacen tanta
gala para después hacerlo servir como coartada de la
desregulación laboral que quieran aplicar en España; por lo
tanto, multinacionales, sí; regiones comerciales, sí, pero
Estados, en cierta medida, más debilitados, Estados-nación.

Otra cosa son los grandes agregados comerciales, por ejemplo,
Estados Unidos, la Unión Europea o Japón, pero el Estado
nacional, como lo teníamos entendido hasta ahora (y ha
cambiado, porque la década de los 80 nos ha hecho cambiar, el
keynesianismo en un solo país ya no es posible, lo sabemos
todos), va a perder, ha perdido capacidad de incidencia, de
protagonismo y de actuación, y esto es también preocupante.




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Pero también el GATT --y con esto quiero finalizar esta parte
de mi intervención-- con su disminución general del 33 por
ciento de promedio, como usted ha citado, de aranceles,
representa poner en el mismo plano de la comparación comercial
productos
absolutamente distintos en cuanto a su entorno social de
producción, y para ser breve voy a poner un simple ejemplo: el
de un coche producido en el sudeste asiático, coche que viene
sin las cinco semanas de vacaciones, sin seguridad social, sin
derecho a la salud, sin derecho a la educación, sin derecho a
la libertad sindical; es evidente que los costes del coche
taiwanés, o coreano, me es igual, respecto del coche europeo,
la gran diferencia en coste está cifrada ahí, en el entorno
social de la producción. El GATT no habla para nada del
entorno social de la producción. Y que el GATT no hable,
bueno, pero que usted, miembro de un Gobierno que se llama del
Partido Socialista Obrero Español, no haya mencionado ni una
sola vez el entorno social de la producción y cómo este
entorno social está hundiendo los sistemas productivos de los
países del llamado capitalismo maduro, por esta enorme
diferencia del entorno social de la producción, que usted y su
Gobierno nunca hayan dicho nada, es realmente sorprendente,
señor Serra. Es realmente sorprendente porque ahí radica uno
de los peligros y de las trampas --estoy hablando en términos
políticos-- que el GATT puede introducirnos y que a su
Gobierno le sirve de magnífica coartada para decir que o los
trabajadores españoles se convierten en --comillas, muchas
comillas-- «trabajadores taiwaneses o indonesios» o aquí no
hay competitividad que valga. Para eso les sirve a ustedes el
GATT y para eso en ningún caso debería servir.

Ante estas consideraciones se podría pensar: ¿qué está
planteando este Diputado, que interviene en nombre de su
formación política? ¿Es que la actitud a tomar, frente al
GATT, es decir no al GATT? Por supuesto que no, señorías.

Decir no al GATT sería tanto como querer estar en ninguna
parte y nosotros queremos estar en España, queremos estar en
Europa y queremos estar en el mundo. Podría también deducirse
de este análisis rápido y esquemático, que he tenido que hacer
que la solución vendría por el
proteccionismo arancelario. Pero sería un proteccionismo
insolidario respecto a los países en vías de desarrollo,
incluso respecto a los países del sudeste asiático. No es
nuestra posición. Esta quizá sería la posición de la derecha
española, pero, en todo caso, no es nuestra posición. ¿Cuál
sería nuestra posición? Nuestra posición se podría resumir,
paradigmáticamente, en: GATT, sí, pero también mundialización
del entorno social de la producción, GATT, sí; OIT, también.

Es decir, todos los derechos reconocidos por la OIT,
practicados en el área europea, en la Unión Europea, deberían
también practicarse en los países con los que vamos a
comerciar libremente, para poder comparar, de verdad, producto
a producto, sea en el terreno agrario, sea en el terreno
industrial, sea en el terreno de bienes y servicios o en el de
propiedad intelectual. Pero esto el GATT no lo aborda, es el
gran capítulo que queda fuera, el del entorno social de la
producción. Es por ahí por donde cojea terriblemente el GATT,
en nuestra opinión, y por eso quisiéramos, de alguna forma,
como fijación de posición, señalar que desde la izquierda
española y europea deberíamos trabajar por impulsar al resto
de países del mundo esta extensión de los beneficios sociales
que la clase obrera ha conquistado en Europa en un siglo y
medio de luchas y de debates. Si no es así, esta aséptica
comparación comercial que usted nos pretendía hacer en bienes
y servicios y en agricultura es falsa, señor Serra. Y esto es
lo que explica --no totalmente, pero sí en buena parte-- el
hundimiento de sectores importantes productivos en Europa, ya
sea el agrícola, ya sea el de bienes y servicios.




El señor PRESIDENTE: Señor Espasa, le ruego concluya.




El señor ESPASA OLIVER: Sí, señor Presidente, voy a concluir,
pero comprenda S.S. que el tema es complejo y largo y que mis
antecesores en el uso de la palabra también han apurado su
tiempo.

Quisiera señalar, sobre la negociación Unión Europea-Estados
Unidos, la ausencia de protagonismo --lo he dicho antes-- de
España en el terreno agrícola y en el terreno audiovisual,
pero, por cumplir con la petición del señor Presidente, quiero
centrarme, para terminar, en la negociación de la posición
española en esta importante negociación.

Como ha dicho el señor Rato --en esto sí puedo coincidir con
él, puesto que era puramente descriptivo-- no tenemos ninguna
garantía --nada más que un acuerdo verbal, con todo lo que
tenga de valor, de la Comisión y del Consejo General de
Ministros-- de que las organizaciones comunes de comercio para
arroz, aceite, vino, frutas, hortalizas y azúcar vayan a
materializarse «de facto», para que la renta de los
agricultores por una u otra vía, de verdad, sea protegida en
estos sectores tan sensibles a la agricultura española.

Tenemos acuerdos, tenemos buenas palabras, pero no tenemos
materialización de estos acuerdos, y vamos a exigir a su
Gobierno el seguimiento puntual de estos acuerdos para
convertirlos en realidades escritas, en auténticas
organizaciones comunes de mercado, en la jerga comunitaria.

Esto no está conseguido, señor Serra, y usted, en cierta
medida, lo daba por hecho. Nos preguntamos también qué ha
pasado y cómo van a corregir ustedes el olvido del tomate en
conserva español. El tomate en conserva español ha sido
olvidado. Murcia, Albacete y Aragón en este sentido no suponen
un volumen importante, pero sí es una cuestión



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relevante que ha sido olvidada en la negociación
considerablemente.

Respecto al acuerdo multifibras, se va a producir la
integración en el GATT a partir de 1995 y un descreste
progresivo. ¿Está usted en condiciones de asegurarnos que las
políticas activas de su Gobierno van a permitir mantener los
puestos de trabajo en esta importante industria textil y que
el descreste arancelario no se cobrará más víctimas de las
estrictamente necesarias en cuanto a la supervivencia de las
empresas? ¿Cómo se compadece que Portugal haya conseguido
63.000 millones de pesetas y España sólo compromisos y
palabras? Ya sé que la industria es distinta, ya sé que el
nivel de la industria española es diferente del portugués,
pero el resultado también es muy distinto.

Sobre el terreno audiovisual --creo que esta mañana ha sido ya
importante la posición que ha fijado el señor Alcaraz por
parte de nuestro grupo--quisiera indicar simplemente que los
Estados Unidos, el señor Jacques Valenti, continúan en pie de
guerra con el hacha desenterrada; piensan cobrarse el 20 por
ciento de mercado europeo que les queda por conquistar, y
hemos de trabajar como españoles y como miembros de la Unión
Europea para evitar que esto sea posible.

De alguna forma, señoras y señores Diputados, nuestra posición
respecto al GATT es la que acabo de señalar con esta
conclusión: nosotros creemos que es bueno el incremento
comercial, creemos que, como decía el señor Southerland, es
mejor haber apostado por la cooperación y el comercio que no
por la inseguridad y el conflicto en cuanto a las relaciones
entre estos 117 países, pero creemos también que esto no puede
ser de ninguna manera una coartada, un «alibí» para argumentar
y para dar una vuelta más de tuerca a la desregulación del
mercado laboral español, señalando que la única vía para hacer
frente a la competitividad a la que nos aboca el acuerdo del
GATT, por otra parte de necesario cumplimiento, se debe
traducir sólo en políticas activas de destrucción de seguridad
en el trabajo y de puestos de trabajo, que es lo único que
hasta ahora ha sabido ofrecer el Gobierno que usted ha
representado en esta comparecencia. Nosotros creemos que hay
otras formas de actuar, que hay
políticas activas a practicar en la agricultura, en la
industria, en investigación más desarrollo, en la protección
social, que deberían practicarse en España y en la Unión
Europea, y que, como orientación --y hablo aquí no ya en
términos simplemente
españoles, sino de izquierda española y europea--, también
deberíamos preocuparnos de que los beneficios sociales de los
que gozan los trabajadores europeos, que se los han ganado en
siglo y medio de luchas, no se vean destruidos por este nuevo
papanatismo que usted parecía expresar del GATT, sino que, al
revés, desde Europa seamos capaces de exportar los logros y
las conquistas de la clase trabajadora europea a todo el
mundo. El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Espasa.

Por el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió,
tiene la palabra el señor Molins.




El señor MOLINS I AMAT: Señor Presidente, señorasy señores
Diputados, el pasado día 15 de diciembre, como ya se ha dicho
aquí, los 117 delegados del Comité de negociaciones
comerciales del GATT aprobaron por unanimidad el acta final de
la Ronda Uruguay después de siete años de negociaciones, tras
no haber podido llegar a un acuerdo en tres fechas límite
fijadas
anteriormente.

Según algunos analistas, de no haberse cerrado ese acuerdo
probablemente se hubiera producido un «crack» financiero
internacional como consecuencia del miedo a que se
desencadenara un proceso de proteccionismo económico nacional
como respuesta o alternativa para luchar contra la recesión
que hoy padecen buena parte de las economías de todo el mundo.

La valoración más unánime del acuerdo apunta a que a corto
plazo el mismo puede llegar a tener unos efectos perversos
sobre determinados sectores de algunos países, que pueden
quedar indefensos ante la apertura comercial. En cambio, a
medio y largo plazo las valoraciones son positivas debido a la
contribución que puede llegar a tener la liberalización
comercial para las diferentes economías. De acuerdo con los
datos de la OCDE ya mencionados aquí, la
aplicación de la Ronda Uruguay puede suponer unos beneficios
anuales de unos 213.000 millones de dólares para el conjunto
del comercio mundial durante los próximos nueve años, lo que
equivaldría a generar un crecimiento adicional del producto
interior bruto que oscilaría entre el 1 y el 2 por ciento. De
acuerdo con los mismos datos de la OCDE, los países
industrializados serán claramente los grandes beneficiados y,
dentro de éstos, los países de la Unión Europea, por ser la
primera potencia comercial del mundo, con un 37 por ciento --
el señor Vicepresidente del Gobierno hacía mención a un 39 por
ciento-- del total mundial. Se producirá una estimulación a la
reactivación económica, a pesar de que su impacto será gradual
debido a los períodos transitorios de aplicación a lo largo de
10 años, según los sectores. La estimación de estos beneficios
a nivel de la Unión Europea es de unos 85.000 millones de
dólares, de los cuales se calcula que unos 8.000 millones
corresponderán al Estado español.

El éxito de la Ronda Uruguay se basa, en primer lugar, en el
recorte de los aranceles; concretamente, los tipos
arancelarios que se encuentran más elevados llegan a
recortarse en algunos casos hasta un 50 por ciento y la media
del recorte arancelario para todos los productos es del 33 por
ciento. Se incluye en el acuerdo por primera vez la propiedad
intelectual, la agricultura y los servicios y, al mismo
tiempo, se desmantelan



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los acuerdos multifibras correspondientes al sector textil. Se
crea la Organización Mundial del Comercio, que reemplazará el
acuerdo general sobre aranceles y comercio que ha estado en
vigencia, curiosamente de manera provisional, desde el año
1947. Se refuerzan las reglas y disciplinas comerciales como
prevención de posibles abusos, medidas antidumping, de
salvaguardia, medidas sanitarias y fitosanitarias, barreras
técnicas del comercio, etcétera, y se refuerza al papel
multilateral que tendrá la Organización Mundial del Comercio
ante los conflictos y, en cambio, pierden vigencia las
relaciones bilaterales, más
estrechamente marcadas por la posición que hasta ahora han
venido teniendo los Estados Unidos en el conjunto del GATT.

Resumiendo, pues, en esta rápida introducción a la valoración
global, diré que el acuerdo en la Ronda Uruguay del GATT
tendrá un impacto positivo a nivel mundial porque incrementa
la riqueza a nivel mundial impulsando la eficiencia en la
utilización de los recursos y porque incluso a corto plazo
puede convertirse en la noticia psicológica necesaria para
recuperar el pulso de la actividad económica en las áreas del
mundo que, como la europea, lo tienen más bien bajo en estos
momentos.

Sin embargo, todos los analistas en general están de acuerdo
en que esta valoración positiva a corto, medio y largo plazo a
nivel mundial tendrá impactos distintos y diversos en función
de los plazos que se contemplen, de las áreas económicas
consideradas y de los sectores productivos analizados. Ello
quiere decir que de este acuerdo, positivo a nivel global,
pueden derivarse consecuencias fatales para la economía de un
país concreto o, dentro de un país, para un sector concreto.

Hecha, pues, esta valoración global positiva del acuerdo,
vayamos al análisis de sus efectos para el área concreta en
que nos situamos: la Unión Europea, y, después, al caso
español y su análisis sectorial. Anteriormente he hecho
mención a que el acuerdo, según los datos de la OCDE,
beneficiará más a los países industrializados y, dentro de
ellos, a los países de la Unión Europea, por ser la primera
potencia comercial del mundo. Permítaseme al respecto un
comentario que nos hace dudar de esa conclusión. Mucho me temo
que esa valoración es fruto de la trasposición automática
hacia el futuro de una situación que existía hace unos años y
que no tiene en cuenta la existencia de las economías
emergentes del sudeste asiático ni valora el impacto que sobre
el comercio mundial tendrá la propia entrada en vigor de los
acuerdos del GATT; es decir que es fruto de valorar que la
participación europea en el comercio mundial seguirá siendo
del 37 por ciento del comercio total. Me temo que esa
valoración olvida que determinados países del sudeste
asiático, y no sólo de esa área, también de sudamérica, vienen
creciendo en los últimos años a ritmos entre el 5 y el 15 por
ciento y que su crecimiento es fundamentalmente fruto de su
sector exterior, por su competitividad, ya no sólo en precios,
sino también en calidad; por consiguiente, crecimiento tanto
más posible de mantener cuanto más libres sean las reglas del
juego del comercio mundial. No haré más que recordar a SS.SS.,
y en particular al Gobierno, las muy amplias discusiones
habidas en estos dos últimos años a nivel europeo, recordadas
aquí por el portavoz que me ha precedido en el uso de la
palabra, sobre lo que era considerado una competencia desleal
de productos
fabricados a bajo coste en países donde los salarios son
ridículamente bajos y en los que los productos no incorporan
tampoco los costes de un estado de bienestar y cómo una de las
soluciones a esa competencia desleal podría venir de la mano
de añadirel arancel que cobran los países ricos para
protegerse de esa competencia desleal y que va disminuyendo
poco a poco, añadir, digo, a ese arancel un IVA social que
cobraría el país pobre exportador. No es quizá el momento de
discutir en
profundidad al respecto de estas teorías, pero sí lo es de
recordar estos temas para, como mínimo, poner en cuarentena
esa valoración globalmente positiva y, sobre todo, para que
nos obliguemos todos (Gobierno, fuerzas políticas y sociedad)
a una reflexión mucho más profunda sobre el impacto de este
acuerdo y, por encima de todo, sobre qué debemos hacer para
que ciertamente para nosotros en España, en Europa, el impacto
futuro sea efectivamente positivo.

En esto voy a centrar la última parte de mi intervención. La
economía española, después de años de mantenerse cerrada en sí
misma, inicia su apertura hacia el exterior tímidamente con el
plan de estabilización y, sobre todo, con los acuerdos
preferenciales con el Mercado Común Europeo de los primeros
setenta y más decididamente al final de los setenta y primeros
de los ochenta con la adhesión de la Comunidad, el Mercado
Unico y recientemente la Unión Europea. En pocos años, por
tanto, se han abierto para la economía española grandes
posibilidades, pero también grandes riesgos. Una economía
protegida en exceso corre el riesgo de ser ineficiente. Una
abertura controlada,
inteligentemente dirigida y apoyada puede darle la eficiencia
y competitividad que necesita para crecer y beneficiarse de
las nuevas posibilidades.

Este ha sido el proceso en el que hemos estado inmersos en los
últimos años y no ha finalizado todavía; en eso estamos, en la
lucha por conseguir un sistema productivo competitivo.

Pues bien, cuando todavía nuestra economía no ha digerido la
apertura de mercados que ha significado la creación del
Mercado Unico y la Unión Europea, la Ronda Uruguay del GATT
acordada ahora significa un nuevo avance en la apertura, es
decir, una nueva exigencia en la competitividad de
características nuevas.




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En esta búsqueda de competitividad, el Estado, las
administraciones públicas tienen una responsabilidad muy
específica. Cuando los presupuestos de las administraciones
públicas significan el 45 por ciento del PIB, ya queda claro
que de su eficiencia se deriva casi inevitablemente la
eficiencia del conjunto y de su fracaso el fracaso de todo el
sistema económico. Ahora ya se convierte en inevitable el
buscar la eficiencia del sistema público del bienestar, tantas
veces reclamado desde nuestro Grupo parlamentario,
precisamente para garantizar su continuidad en el tiempo, pero
ahora ya en su eficiencia no nos jugamos sólo su
superviviencia, que ya es mucho, sino también la eficiencia de
un sistema productivo que en buena parte colabora en su
financiación.

Lo mismo ocurre con los sistemas fiscal o de relaciones
laborales. Su reforma y actualización no deben analizarse
exclusivamente con la mirada puesta en su eficiencia desde el
punto de vista recaudatorio o de justicia distributiva o de
solidaridad, importantes e imprescindibles todos ellos, sino
también desde el punto de vista de la competitividad del
sistema productivo cuando inciden sobre él, y diré que directa
o
indirectamente son las más de las veces.

En este capítulo de responsabilidades directas del Gobierno en
la conversión del Acuerdo del GATT en algo positivo para el
conjunto de la economía española, quiero ahora referirme a las
reglas del juego comercial establecidas y a su utilización
como elemento de regulación de la competencia desleal.

Uno de los aspectos más positivos del Acuerdo es la creación
del Organismo Mundial de Comercio, que velará
multilateralmente por el cumplimiento de las reglas
establecidas. No extrañará a nadie que afirme --y al gobierno
espero que tampoco, porque es
generalmente admitido-- que de los países europeos España no
destaca ni por el establecimiento de reglas de competencia
claras ni, cuando las establece, por la exigencia de su
cumplimiento en los productos que se importan.

Esta afirmación se demuestra sin más que analizar la cantidad
de producto que entra en nuestro país procedente del países
terceros y compararlo con la que entra en otros países
europeos con las mismas reglas del juego teóricas respecto a
esos países terceros, pero con una mucho mejor utilización de
esas reglas de
competencia, legítimas, que de hecho funcionan o actúan como
verdaderas barreras extraarancelarias de protección del
sistema productivo propio.

Es bien cierto que hoy, con la desaparición de las fronteras
extracomunitarias, este ejercicio es más complejo, pero
debemos realizarlo, como debe también exigirse un control más
estricto de las fronteras exteriores de la Unión cuando éste
es ejercido por países que, como Holanda o Dinamarca, tienen
en muchos casos un mayor interés en el ejercicio del comercio
que en el
mantenimiento de una estructura productiva de la que, en
muchos casos, ya no disponen, pero de esto hablaré cuando me
refiera al capítulo concreto del sector textil.

Permítame ahora, señor Presidente, que analice el impacto que
sobre dos sectores concretos van a tener los acuerdos del
GATT. Se trata de la agricultura y del sector textil.

No hay duda de que en el contexto de liberalización de los
intercambios comerciales propiciada por la Ronda Uruguay del
GATT el sector agrario europeo será uno de los sectores
utilizados como moneda de cambio con la finalidad de alcanzar
un acuerdo global sobre el resto de la economía. La
agricultura europea ha perdido con el Acuerdo, por cuanto abre
sus mercados a la competencia sin que pueda beneficiarse, por
sus especiales circunstancias, de la apertura de posibles
mercados a sus producciones. Esta situación nos obliga a
vigilar con especial celo la aplicación del mismo y de las
posibles actuaciones compensatorias que se deberán adoptar
sobre este sector por parte del Consejo de Ministros
comunitario y por parte de cada Estado miembro.

La apertura del sector agrario europeo y español a los países
no comunitarios es una de las conclusiones más relevantes de
la Ronda Uruguay. Por una parte, se deberán recortar diversas
producciones, de las que Europa es excedentaria, con la
exigencia de eliminar superficies de cultivo. Por otra parte,
deberán reducirse las exportaciones subvencionadas y,
finalmente, se producirá un aumento de las importaciones de
todo tipo de productos agrarios a un precio inferior al
actual, debido a la doble circunstancia de reducir aranceles,
principalmente
afectando a cereales, carne, vacuno y porcino y a los frutos
secos --almendras y avellanas--, y por la cláusula que
establece la apertura inmediata del mercado consumidor
europeo, para que al menos el tres por ciento del mismo se
provea con importaciones de países terceros, porcentaje que
deberá aumentar hasta el cinco por ciento al cabo de tres
años.

En consecuencia, todo apunta a que para la agricultura
española los acuerdos de Ginebra acelerarán de nuevo la
destrucción de empleo.

Es cierto que el acuerdo final en las conversaciones de Blair
House es más beneficioso para Europa que el propuesto
inicialmente, gracias a la posición francesa apoyada por
España. Sin embargo, cabe notar que la mejora se ha producido
principalmente en la posibilidad de exportar un mayor volumen
de excedentes, lo cual repercute muy relativamente sobre las
problemáticas que tiene la agricultura española en este
contexto, ya que, en general, nuestra participación en la
producción directa de excedentes en cereales, leche, carnes,
etcétera, es baja o nula.

Otra cuestión positiva del nuevo acuerdo es la llamada
cláusula de paz, ampliada de seis a nueve años, durante los
cuales ni los Estados Unidos ni otros países terceros podrán
cuestionar la política agraria común europea, pero, ¿qué
ocurrirá transcurrido este plazo?



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Por otra parte, la Comisión Europea, al igual que ha hecho
ante la problemática del textil portugués, ha comprometido
recursos internos de la Unión Europea para contrarrestar los
efectos negativos del GATT sobre determinados sectores
agrarios de los países miembros. Este es el problema de los
productos
mediterráneos que afecta a España o es el problema de las
demandas francesas respecto a la ganadería extensiva en el
vacuno o respecto a la puesta de tierras en barbecho. Sin
embargo, nada ha quedado comprometido; más bien al contrario,
pues Alemania se niega a incrementar el presupuesto agrícola
de la Comunidad Europea.

¿Habrá subvenciones a los productos mediterráneos? ¿Se
cifrarán en los 1.000 millones de ecus que solicita el
Gobierno español o bien serán sólo los 300 millones de ecus
valorados por la Comisión? ¿Cuándo se regularán estas ayudas?
En un análisis más concreto, cabe señalar, como aspecto
positivo que se ha obtenido, la modificación del sistema de
calendarios para las frutas y hortalizas, ya referido aquí,
con la finalidad de proteger los productos del país frente a
las importaciones durante
determinados períodos anuales, lo cual, obviamente, resulta
beneficioso. Sin embargo, también es preciso denunciar que en
la revisión de los acuerdos de Blair House la Comunidad
Europea aceptó concesiones puntuales, entre las que se
encuentran la reducción de derechos arancelarios para frutas y
hortalizas, espárragos, uvas, manzanas, avellanas, almendras y
zumo de naranja, también mencionados aquí, las cuales
perjudican
directamente a la agricultura española, y con ello debemos
remarcar que en agricultura los aspectos positivos son sólo
aquellos que pretenden compensar los negativos que integran el
acuerdo.




El señor PRESIDENTE: Señor Molins, le ruego concluya.




El señor MOLINS I AMAT: En síntesis, la agricultura española
deberá pagar una factura importante por los acuerdos del GATT.

La cuestión está ahora en saber cuáles van a ser las
compensaciones o incentivos.

En esta cuestión es preciso destacar que el impacto del GATT
sobre la agricultura española se producirá más por la vía del
aumento de la importación que por la vía de la disminución de
las exportaciones, lo que significa que, al igual que ocurre
con el sector textil, para España puede ser tan importante lo
que establece el GATT como la negociación y adopción de
medidas compensatorias dentro de la propia Comunidad Europea.

Desde la política interna española también debe contribuirse a
aminorar el coste de la factura que deberá pagar la
agricultura a causa del GATT. Ello exige actuar principalmente
en el ámbito de la fiscalidad, pero también en el ámbito de
una mejor definición de objetivos de competitividad para la
modernización del sector. En cuanto al sector textil, quiero
referirme a él, no sólo por la importancia que nuestro sistema
productivo tiene, y más en este momento, sino también porque
es uno de los pocos casos en que los acuerdos del GATT
conseguidos no mantienen la
reciprocidad; es decir, en los que a la apertura de fronteras
de la Unión Europea no se corresponde la apertura de fronteras
de los países terceros.

El sector textil, intensivo en mano de obra, y a pesar de la
brutal apertura a la competencia que ha significado la Unión
Europea y los sucesivos acuerdos multifibras, sigue siendo un
sector productivo de extraordinaria importancia en España por
la mano de obra que ocupa (350.000 personas; 12 por ciento de
la ocupación industrial) y por el porcentaje del PIB que
representa (10 por ciento del PIB industrial), y se siente
dejado en estas negociaciones de la mano de su Gobierno.

La posición negociadora europea en los acuerdos del GATT, por
lo que al textil se refiere, descansaba en la aceptación de un
incremento de las cuotas de países terceros con respecto a los
crecimientos ya convenidos en los acuerdos multifibra, a
cambio, fundamentalmente, de la apertura recíproca de
fronteras de esos países.

La importancia hoy de los países del sudeste Asiático, pero no
sólo de ellos, sino también de China, India, Pakistán e
Indonesia, radica no sólo en su capacidad para producir a
precio y calidades competitivos, sino también porque deben ser
considerados como países consumidores, por cuanto en ellos
viven ya más de 100 millones de personas de un alto poder
adquisitivo; es decir, representan, para los productos
textiles europeos, un mercado potencial tan importante como
Gran Bretaña y Francia juntos. De ahí se deriva la
extraordinaria importancia que para la industria textil
española tiene la apertura de esos mercados. Sólo a cambio de
esa apertura tendría sentido el incremento de los crecimientos
de las cuotas pactados en el GATT. Portugal lo vio muy claro,
y ante la imposibilidad de conseguir esa apertura, su Gobierno
exigió, y obtuvo de la Unión Europea, una
compensación económica muy importante, que se convierte así en
un nuevo golpe comparativo para el textil español. Ya nuestro
portavoz Miquel Roca la semana pasada, en el debate en esta
Cámara, hizo notar ante el Gobierno la posibilidad de que esto
ocurriera. No sólo no se ha pactado la reciprocidad y
consiguiente apertura de mercados terceros, sino que, además,
el principal competidor europeo de nuestro sector textil:
Portugal, recibirá unas compensaciones de la Unión Europea.

Señor Presidente, señoras y señores Diputados, señor
Vicepresidente, en las condiciones actuales, el acuerdo del
GATT, en lo que al sector textil hace referencia, es
inadmisible y, por su falta de homogeneidad y reciprocidad,



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pone en entredicho la validez global de los acuerdos.

Por ello, nuestro Grupo Parlamentario desea que, de aquí al 15
de febrero, en que finalizará la redacción de los acuerdos, o
al 15 de abril, en que se firmarán en Marruecos los mismos, el
Gobierno fuerce la inclusión de la cláusula de apertura de
mercados terceros, cuya exclusión no debería nunca haber
aceptado, y menos sin compensaciones europeas para el propio
sector, como obtuvo Portugal.

En cualquier caso, señor Presidente --ausente el señor
Ministro de Industria--, ya adelanto nuestra posición respecto
a la necesidad de una reformulación del vigente plan de
competitividad textil, en el que se subraye, mucho más de lo
que se hace en el actual, la importancia básica de la
formación profesional, del diseño y de la consideración de los
muestrarios como
investigación que deben, por tanto, ser incluidos en las
medidas del Icex de ayuda a la exportación.

Acabo ya, señor Presidente, señoras y señores Diputados, y lo
hago proponiendo al Gobierno y a la Cámara la realización de
un nuevo debate, a celebrarse, en cualquier caso, antes de la
firma definitiva de los acuerdos, el próximo día 15 de abril.

Con anterioridad al mismo, el Gobierno debería remitir a la
Cámara un estudio pormenorizado de los impactos previsibles de
los acuerdos del GATT sobre todos y cada uno de los diversos
sectores, así como de las medidas que piensa adoptar para
potenciar los efectos positivos previsibles, que los hay, y
relativizar, minimizándolos, los efectos negativos que,
obviamente, también existen. Fruto de ese debate, la Cámara, a
propuesta del propio Gobierno y de los distintos grupos
parlamentarios, debería adoptar un conjunto de medidas
tendentes, todas ellas, a dotar a nuestro sistema productivo
de una mayor competitividad. Sólo así, con un esfuerzo
continuado de toda la sociedad, conseguiremos que este acuerdo
del GATT, que ha sido quizá frívolamente recibido con alborozo
por toda la opinión pública mundial, se convierta, ciertamente
también, en un paso en la vía del progreso para la sociedad
española.

Muchas gracias, señor Presidente, señoras y señores Diputados.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Molins.

Por el Grupo Vasco (PNV), tiene la palabra el señor
Gatzagaetxebarría.




El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Gracias, señor Presidente.

Señorías, subo a esta tribuna para fijar la posición del Grupo
Vasco con relación al acuerdo global en el seno del GATT entre
las delegaciones de 117 países. (El señor Vicepresidente,
Beviá Pastor, ocupa la Presidencia.)Señor Vicepresidente,
nuestro Grupo Parlamentario se congratula del consenso
alcanzado entre la Unión Europea y los Estados Unidos en un
primer escalón y, a renglón seguido, multilateralmente entre
el resto de los países. Creemos que ha prevalecido la sensatez
y la responsabilidad, como debía ser en un asunto de esta
transcendencia, pues es más lo que tenían en común las partes
negociadoras que lo que les separaba. Al final, se ha pactado
dejar fuera los puntos de diferencia, como el sector terciario
audiovisual, y ampliar el calendario para continuar las
negociaciones en sectores como el transporte marítimo, la
aeronáutica y los servicios financieros. La
liberalización del comercio mundial estimamos que supondrá un
aumento de la actividad económica internacional y será
elemento de consideración en la reactivación de la economía
europea y mundial. Ello se explica porque la Unión Europea es
el primer exportador mundial. Las exportaciones aportan el 35
por ciento del producto interior bruto de la Unión, es decir,
algo más de un tercio de la riqueza que produce la Unión
Europea tiene en las exportaciones su razón de ser. Por ello,
al liberalizarse el comercio internacional, los europeos
consolidaremos una de nuestras principales fuentes de riqueza.

El mundo subdesarrollado será el segundo beneficiario del
acuerdo, pues las grandes áreas comerciales, como la Unión
Europea, el espacio de libre comercio norteamericano --ahora
con el Tratado de libre comercio-- y Japón eliminarán las vías
porteccionistas.

Para España el acuerdo del GATT, globalmente, es positivo
porque tiene un importante volumen de exportaciones;
constituye el comercio exterior español un 25 por ciento de su
producto interior bruto, siendo en el sector de los servicios,
señor Presidente, donde se generará un beneficio mayor debido
a que se trata de un sector bastante competitivo.

No obstante, sí apreciamos, señor Vicepresidente, como más
adelante expondremos, aspectos limitativos o negativos en lo
que atañe al sector primario de la agricultura. Nos parece
también que puede ser positivo para España el acuerdo porque
podrá permitir importaciones en condiciones económicas más
favorables: aparatos electrónicos, maquinaria e informática.

Además, se produce un efecto indirecto y es que, al
liberalizarse o abrirse los mercados mundiales, las economías
de los estados de la Unión Europea tienen un mayor abanico de
actuación, que también se produce para la economía española.

Las negociaciones para alcanzar el acuerdo han sido tan
costosas porque, al final, han estado primando intereses
sectoriales sobre los generales. Esperamos que el acuerdo
impulsará la economía mundial creando, como decía, las
condiciones y las bases para el crecimiento económico y las
inversiones.




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Señor Vicepresidente, todavía es pronto, debido a que quedan
diferentes flecos por cerrar, para hacer un balance más
detenido, pero creemos que al disminuir el nivel de protección
exterior, se va a facilitar el acceso a otros mercados y que,
en
definitiva, todo esto constituye un reto para nuestro sistema
productivo, que tendrá que esforzarse para progresar en
competitividad cara al mercado exterior, como usted decía
anteriormente.

Por otra parte, nuestra posición relativa, como parte
integrante de la Unión Europea, con un alto grado de
liberalización del comercio en base al nivel reducido de
nuestro arancel
comunitario, nos permite suponer una baja incidencia negativa
sobre nuestra economía, mientras, por el contrario, la
incidencia positiva será, en términos generales, más alta,
porque nuestros adversario comerciales, particularmente los
Estados Unidos y Japón, tienen que hacer un mayor esfuerzo de
liberalización. Consideramos, señor Vicepresidente, que el
acuerdo alcanzado será beneficioso también para los
consumidores, pues verán cómo de la reducción arancelaria
devendrá una disminución de los precios de diferentes
productos que se vendan en el mercado español. En definitiva,
señorías, la presente ronda de negociaciones, iniciada en 1986
en Punta del Este, Uruguay, y que ha durado siete años, ha
sido la más ambiciosa de todas las existentes, tanto en
sentido geográfico, debido al récord de participación de los
países intervenientes, como en sentido de cobertura sectorial,
al pretender dar un espíritu de liberación y
multilateralidad a una serie de nuevos temas, como el
siderúrgico, el textil, los servicios y las inversiones
extranjeras.

Manifestamos, igualmente, que, a pesar de ser la negociación
de la última ronda del GATT, como decíamos, la más ambiciosa
en participación y contenido, ha coincidido también en el
tiempo con un avance del proceso proteccionista, como es la
regionalización o zonificación del comercio mundial, fruto de
lo cual estamos asistiendo a la aparición de diferentes
bloques comerciales, mediante los cuales los países pretenden
defender sus intereses de una manera conjunta. Por un lado,
hay que dar la bienvenida a iniciativas regionales de países
en desarrollo que intentan conseguir un crecimiento orientado
hacia el exterior. No
obstante, viniendo a ser la fragmentación del comercio
internacional en bloques regionales, protegidos entre sí de la
competencia exterior por medidas no arancelarias, estimamos
necesario un mecanismo de proteccionismo, por lo menos, en
cierto grado. En cuanto al contenido de los acuerdos a los que
usted ha hecho referencia, nos parece que lo más sustancial
del acuerdo será el recorte arancelario, que alcanza un
promedio de un 33 por ciento, y la creación, por fin, de una
organización multilateral de comercio, que ve la luz treinta y
cinco años después del frustrado intento de su creación al
término de la Segunda Guerra Mundial, como organismo encargado
de velar por el cumplimiento del acuerdo global y que servirá
para reforzar la automaticidad de las decisiones y para el
establecimiento de los tribunales encargados de arbitrar en
las disputas entre miembros del GATT. Todo lo cual
contribuirá, sin duda, a la aplicación justa de reglas
comerciales y a que las decisiones no estén supeditadas al
consentimiento de las partes en conflicto.

Nos parece adecuado el acuerdo alcanzado en materia de
propiedad intelectual, con la protección de los derechos de
autor, de obras literarias, artísticas, marcas comerciales y
denominaciones de origen, pues, por primera vez, este sector,
cuya importancia está siendo cada vez mayor entre los países
desarrollados, va a quedar cubierto en el tráfico mercantil.

Igualmente, se ha avanzado por primera vez en el sector
terciario de los servicios, al
reconocerse el principio general de la liberalización del
sector y el de dar a todos los países trato igual al de la
nación más favorecida, conocida también como cláusula de
favorecimiento. La regulación de los servicios es importante,
pues la Unión Europea es el primer exportador del mundo en
servicios y su potencial de expansión es muy considerable. La
exclusión del ámbito de los servicios del sector audiovisual
nos parece que es acertada, a la vista de las posiciones que
venían manteniendo cada una de las partes. Estimamos que
Europa tiene derecho a proteger la
identidad y pluralidad cultural y a mantener su política de
ayudas, la libre reglamentación de las nuevas tecnologías y la
figura regulada en una directiva como la de la televisión sin
fronteras, que reserva el 51 por ciento de la producción a los
europeos. Por ello, opinamos que, al final, ha prevalecido el
arte frente a la mercantilización de la cultura.

Señalamos también, señor Vicepresidente, que la industria de
textiles se incorpora, como decía, de forma gradual, en el
marco general del GATT, pero, en todo caso, creemos que la
inversión de productos textiles en Europa y otros países
occidentales se va a producir en un período de diez años,
suficiente para adaptar las medidas adecuadas por parte de las
empresas afectadas. En materia de disciplina comercial, nos
parece fundamental el consenso alcanzado, que habilita a los
países firmantes para la adopción de medidas antidumping, en
aras a impedir la importación de productos cuyo valor real en
mercado sea inferior al real. En segundo lugar, destacaríamos
la sujeción, en la elaboración de productos alimenticios y de
origen animal y vegetal, a los estándares y directrices
internacionales en materia de sanidad y control de calidad de
alimentos.

En cuanto al capítulo agrícola, quiero manifestar que lo vemos
con escepticismo y duda, ya que contiene aspectos sombríos y
limitativos para nuestra agricultura, pero también hay que
reconocer que supone la consolidación



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y la compatibilidad de la reforma de la política agrícola
comunitaria en el marco del acuerdo global alcanzado. Nos
parece beneficioso que España haya obtenido el compromiso
político de la reforma de las organizaciones comunes del
mercado de las frutas y hortalizas, del vino y del azúcar,
pero creemos que este compromiso se queda corto, pues no
comprende la creación de una organización común de la patata,
tal y como se acordó en esta Cámara.

Respecto a los aspectos limitativos, deseo señalar que, en
cuanto al sistema de reequilibrio, se prevé un moderado
incremento de las importaciones agrarias desde el resto del
mundo a la Unión Europea. Sin embargo, a última hora se ha
avanzado en relación al principio de preferencia comunitaria,
al determinarse que la diferencia de precios en los cereales
importados y el precio oficial en el ámbito de la Unión no sea
superior a un 55 por ciento. Este aumento de las importaciones
creemos que no
originará dificultades en los mercados agrarios de la Unión
Europea, a excepción del azúcar. Igualmente, si la Unión
Europea acepta reducir las exportaciones, nos parece lógico
que
disminuyan también las importaciones de productos sustitutivos
norteamericanos, consolidando el acuerdo las importaciones de
productos sustitutivos de cereales a los actuales niveles.

Respecto a la cláusula de paz, por la que se evita que los
Estados Unidos emprendan acciones unilaterales de represalia
frente a los productos agrícolas comunitarios, nos parece que
se ha dado un paso positivo, ya que al período inicialmente
pactado de seis años, se añade un período adicional de tres.

Nos inquieta también el acuerdo --aunque no es propiamente en
el seno del GATT, sino un acuerdo bilateral entre la Unión
Europea y Estados Unidos--en lo relativo a la reducción del
cultivo de las oleaginosas en 400.000 hectáreas, puesto que
ello supone, señorías, una retirada de tierras complementaria
a la ya prevista en la reforma de la política común, conocida
también como el «set aside».

Por último, señor Vicepresidente, lo que más preocupa al Grupo
parlamentario Vasco (PNV) es la reducción de las ayudas a las
exportaciones en un 36 por ciento y la disminución del volumen
de las exportaciones subvencionadas, producto por producto, en
un 21 por ciento, tomando como referencia la media más
favorable de los años 1986/1990 o 1991/1992, según sea la más
favorable. Esta medida creemos que es la que más incidencia va
a tener, pues afecta a productos como el azúcar, la leche, las
carnes y las oleaginosas. Ello va a suponer que se originará
un incremento de oferta en el mercado agrícola europeo que
conllevará una
reducción de los precios en la leche y en las carnes, que
entendemos tendría que ser compensada con ayudas directas por
parte de la Unión, a través de la política agraria
comunitaria. Por tanto, esta situación nos preocupa, pues
vuelve a crear incertidumbre e inquietud en la agricultura de
corte familiar, que es la que verdaderamente necesita el
régimen de ayudas directas, en contraposición a los grandes
cerealistas y
productores de leche que no necesitan estas ayudas para
competir en los mercados agrarios.

Señor Presidente, a nuestro Grupo le preocupa hondamente el
efecto negativo que el desarme arancelario ocasione a la flota
pesquera española y no al resto de la flota de la Unión
Europea, en la medida en que todavía, señor Vicepresidente, al
día de hoy, la flota pesquera española está sujeta a una serie
de
restricciones y limitaciones en cuanto al acceso a
determinados caladeros, la captura de diversas especies y el
uso de artes variadas que no tienen otros países de la Unión,
lo cual hace que, desde el inicio del ingreso en la Comunidad
Europea, no podamos disponer de los mismos instrumentos de
competitividad que el resto de los países miembros tienen. Por
tanto, a la hora de la negociación del acuerdo, la flota
española se encuentra en inferioridad de condiciones respecto
al resto de las flotas europeas comunitarias. En estos días,
cuando se está discutiendo en la Unión Europea las posibles
adaptaciones a la flota pesquera española, de conformidad con
el Tratado de Adhesión de 1985, nosotros esperamos que el
Gobierno mantenga una posición sólida y firme, en aras a
terminar con las diferencias, la
minusvaloración y las fuertes limitaciones que la flota
pesquera española tiene para faenar en aguas de la zona
económica
exclusiva de la Unión Europea.

Finalizo, señor Vicepresidente, señalando que queremos que nos
diga en qué medida se ha cumplido el principio comunitario de
acceso a mercados a cambio de acceso a recursos, es decir, que
abramos el mercado del pescado hacia otros países en
contrapartida a poder acceder a los caladeros de otros países,
pues, en otro caso, la flota pesquera española quedará en
trance de desaparición, al diversificarse en pabellones de
conveniencia, que les hará faenar bajo las banderas de estos
países. En definitiva, supondrá la progresiva desaparición de
la flota pesquera española al navegar bajo este tipo de
pabellones y, en consecuencia, la inversión se canalizará a
estos países y no, como requiere la realidad económica
española, se ceñirá a los diferentes puertos, tanto de la
Cornisa Cantábrica como del Atlántico, puesto que el avance en
la liberalización del comercio en materia de pesca se está
produciendo cada día más.

Señor Vicepresidente, con la progresiva liberalización de los
aranceles que, en cinco años, como tengo entendido, según el
acuerdo del GATT, va a suponer que se establezca un arancel
tipo cero, el sector pesquero español está muy preocupado,
puesto que, al final, lo que puede quedar únicamente es el
sector pesquero de cerco y la flota que faena en las aguas de
la Comunidad Europea, tendiendo a desaparecer tanto la flota
que faena en aguas de la NAFO como en aguas de otros países,



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la flota pesquera congeladora española que faena en todas las
aguas del Atlántico y del Pacífico. Por estas razones quería
recibir información, al menos la opinión que merece de su
Gobierno este aspecto en lo relativo al capítulo pesquero.

Nada más. Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Gatzagaetxebarría. Por el Grupo Parlamentario de Coalición
Canaria, tiene la palabra el señor Olarte.

El señor OLARTE CULLEN: Señor Presidente, señorías, no deja de
ser sorprendente --me parece que algún interviniente ya lo ha
expresado también en la tarde de hoy-- que algo tan relevante
y difícil, como, sin duda, ha sido el GATT, que ha logrado
poner de acuerdo, tras siete años de arduas y difíciles
negociaciones nada menos que a 117 países, haya suscitado una
reacción tan tenue o tibia en la opinión pública, incluso en
los sectores económicos más directamente afectados.

Es verdad que probablemente la reacción hubiera sido mucho más
amplia si el pasado día 15 no se hubiera firmado el acuerdo.

La memoria histórica habría recordado, a buen seguro, que la
recesión de 1929 se convirtió en la gran depresión a causa de
la guerra comercial y proteccionista que se desencadenó en
aquellos momentos entre los países más desarrollados, cuando
equivocadamente pretendieron combatir la crisis cerrando sus
mercados. Probablemente la razón de dicha falta de interés
público haya que encontrarla en el escepticismo que inunda en
estos momentos las opiniones públicas, y muy especialmente la
española, ante la gravedad y prolongación de la crisis
económica en que estamos inmersos y que no sólo no fue
adecuadamente pronosticada y combatida, sino que, muy al
contrario, se ha producido traicionando todas las expectativas
y pronósticos que se habían hecho de un rápido crecimiento
como consecuencia de la implantación del mercado único
europeo.

Esta es, señorías, una primera realidad que no se puede
desconocer a la hora de analizar adecuadamente qué debemos
hacer ante el nuevo reto que supone una alteración tan
sustancial de las reglas del comercio internacional como la
que se va a producir. Acaso somos mayoría quienes desconfiamos
de la
seguridad de ese crecimiento que se nos anuncia, y ello no es
en sí pernicioso, porque probablemente nos ayudará a superar
el síndrome de «Bienvenido, Mister Marshall» que en buena
medida se extendió en la sociedad española en 1986 tras el
ingreso en la Comunidad Económica Europea. Pero en la actual
situación de crisis la principal tarea política y económica
que, a nuestro juicio, deben acometer el Gobierno y este
Parlamento es analizar con rigor los retos que la nueva
liberalización supone para los diversos sectores de la
economía española, a fin de poder planificar adecuadamente las
respuestas.

No voy a reproducir el debate que, con frecuencia notable, se
realiza, también en esta Cámara, sobre si el Gobierno
socialista realizó una adecuada negociación para la
integración de España en la Comunidad Europea. Tampoco quiero
especular sobre si la posición española ha sido más o menos
contundente que la francesa o la portuguesa, por ejemplo, a la
hora de defender determinados intereses legítimos de nuestras
empresas y trabajadores y a alguna comunidad autónoma también,
en concreto. Pero es que una primera gran inquietud requiere
una respuesta clara del Gobierno. ¿Cómo va a afectar este
acuerdo al empleo? Porque, sin duda, en una sociedad como la
nuestra, que tiene las cifras de paro más altas de la OCDE, es
ésta la gran pregunta y el baremo que mide el interés que
pueda tener este acuerdo para nuestra sociedad. Y permítanme,
señorías, señalar que esta preocupación tiene relieve especial
en nuestra comunidad canaria que, como no me cansaré ni nos
cansaremos los miembros de Coalición Canaria de repetir desde
esta tribuna, tiene especiales problemas económicos y de
desempleo también, encontrándose en cabeza de los que, en
conjunto, señala el Inem. Porque la respuesta que hasta ahora
ha dado el Gobierno a este gran interrogante no es
satisfactoria. Desde una perspectiva analítica, no cabe duda
de que tenía razón el señor Ministro de Comercio al señalar
que hay algunos sectores económicos intensivos en mano de obra
en los que las empresas españolas van a tener grandes
dificultades para competir y que las mayores oportunidades
estarán en otro sectores de mayor valor añadido; esto parece
indiscutible. Sin embargo, no basta con hacer un diagnóstico
correcto.

Lo que debe esperarse del Gobierno es un plan de acción.

Parece indudable que, entre las consecuencias lógicas de la
liberalización de los mercados y de los servicios, de la
reducción de las subvenciones y de las cuotas de importación,
se va a producir una reducción del empleo agrícola. Y también
en el sector textil es indiscutible que se va a recibir el
impacto del acuerdo. Ello supone que estamos, desde luego, en
la antesala de una nueva reconversión que hay que preparar y
afrontar
adecuadamente. En lo atinente al sector agrario, Coalición
Canaria ha reiterado la especial preocupación que existe en el
archipiélago ante diversos aspectos conflictivos. En primer
lugar, por lo que al plátano respecta, tras las durísimas
negociaciones, resultado de las cuales fue el establecimiento
de la organización común de mercados, es preciso congratularse
de las medidas contenidas en el nuevo régimen, favorables, en
principio, desde el pasado mes de julio, para mantener la
actividad platanera en Canarias, una de las cuales, el
establecimiento de un contingente arancelario de dos millones
de toneladas para las importaciones de plátanos de países
terceros



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y de plátanos no tradicionales, los ACP, constituye el pilar
básico de la filosofía de esta organización.

Sin embargo, en el Consejo del pasado día 15 de los
corrientes, la Comisión Europea comunicó que determinados
países no ratificaban tal posición, que, según nuestras
noticias, está siendo bloqueada por la presión de las grandes
compañías multinacionales del plátano, a través de Estados
Unidos y de los expresados países latinoamericanos, al igual
que Alemania. Nos preocupa el silencio que, con respecto a
este tema y concretamente a este país, se pueda tener y, por
supuesto, ante la no retirada de los recursos y la incapacidad
que vemos, no ya de presionar sobre Alemania en tal sentido,
sino de poder conseguir algo positivo, tiene, en proporción
inversa, que aumentar nuestra preocupación, ya que no hablamos
de nuestra desconfianza. Por eso, no habiéndose cerrado el
asunto, se requiere lograr al máximo que la Unión Europea se
mantenga absolutamente firme en la última propuesta, ya que
cualquier incremento por encima de las toneladas inicialmente
fijadas para 1994-1995, 2.100.000 y 2.200.000,
respectivamente, lo que ya supone incrementos del 5 y 10 por
ciento para tales anualidades, quedaría descafeinada
totalmente la eficacia, por lo que a Canarias respecta, del
sentido de la OCM con desaparición del principal cultivo de
Canarias, con dramáticas consecuencias económicas, sociales e,
incluso de nuestra identidad misma, por lo que al paisaje
respecta. Problema, por tanto, que no sólo no está resuelto
por el GATT, como el señor Vicepresidente
expresaba, sino que, por el contrario, permanece abierto ante
ese fantasma a que antes nos referíamos de los incrementos en
las anualidades expresadas. Bueno es que esta Cámara en su
integridad sepa que el tomate representa casi la cuarta parte
de valor de producción total agraria de las islas, que es el
mayor cultivo agrícola en el archipiélago después del plátano,
y que, tras la decisiva integración plena de Canarias en la
Comunidad Europea, desaparecieron las precedentes condiciones
que suponían la consideración del tomate canario como
producción
extracomunitaria, de suerte que nuestras producciones
tomateras habían quedado en clara desventaja en relación con
las
producciones de igual clase del Sudeste peninsular español. Y,
aunque parezca increíble, cosa que jamás entendieron los
canarios, por lo que respecta a las producciones de aquellos
países terceros que, no obstante, como Marruecos
concretamente, eran objeto de un trato preferente por parte de
la Comunidad Europea. Por eso, pese a nuestra integración en
la Comunidad de manera plena y, al igual que lo estamos en el
Estado español, es evidente que nosotros no hemos sentido la
recepción de un mejor trato que el que recibían algunos países
no comunitarios. La supresión, tanto de los contingentes como
de los precios de referencia, tan sólo era posible en virtud
de la entrada de la PAC. Mas he aquí que, por diversas
razones, siempre absolutamente incomprensibles para el pueblo
canario, pese a la drástica decisión comunitaria, es el caso
que nuestras producciones tomateras siguen hallándose en
franca desventaja con respecto a las marroquíes, en iguales
condiciones de acceso a los mercados comunitarios con nuestra
fruta, a la vista, ciencia y paciencia, de quienes tienen que
preocuparse, y no sólo somos nosotros quienes constituimos la
comunidad canaria, y el dato añadido, de singular importancia
para el archipiélago, de que son
producciones de una sola competidora, no ya por el mayor favor
y la mayor sensibilidad que se puede dispensar en los últimos
tiempos, animando incluso desde el Gobierno a invertir en
sectores competidores con canarias, amén del agrario, sino
porque tal competencia se nos hace, no ya difícil, sino
imposible de neutralizar, como consecuencia de los costes de
producción en aquel país, tan inferiores a los nuestros. Para
paliar tan difícil situación, el sector productivo de las
islas, con el respaldo de todas las instituciones canarias, y,
por supuesto, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria,
tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado, hemos
venido luchando denodadamente por el adelantamiento del
calendario de imposición de precios de oferta a los tomates de
los países terceros. Dicho calendario venía aplicándose a
partir del 1 de abril para proteger no precisamente a la
producción canaria. Nosotros hemos tratado, anticipando el
citado calendario, de terminar con una injusta situación
actual diseñada hace muchos años en el marco de la política
agraria comunitaria para proteger exclusivamente la producción
de los estados centroeuropeos, que comenzaban a recolectar en
abril, y no a los estados miembros meridionales, que
recolectan en invierno. Sin embargo, pese a haberse aprobado
la extensión de la protección para los tomates comunitarios,
habiéndose aceptado definitivamente las
negociaciones de la Ronda de Uruguay, beneficiando a Murcia,
Almería y Alicante, además de a Canarias, actualmente nos
preocupa la negociación del acuerdo bilateral entre la Unión
Europea y el Reino de Marruecos. España, y el Gobierno español
de una manera muy especial, debe exigir que no se hagan
concesiones adicionales al Reino alauita en relación con tal
producción, puesto que, en otro caso, se esterilizarían las
ventajas conseguidas en la Ronda Uruguay. En fechas recientes
se ha reabierto en España el debate sobre el grado de
participación que deben tener las comunidades autónomas en la
definición y realización de nuestra política internacional y
en la Unión Europea. No es éste, posiblemente, el mejor
momento para realizar un debate profundo y sosegado al
respecto, pero permítanme que les diga, señorías, que, con
pleno respeto a nuestra Constitución, nos parece
imprescindible



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que el Gobierno español recabe el máximo concurso de las
comunidades autónomas a la hora de fijar la posición española
en aquellas negociaciones que le puedan afectar más
especialmente. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.) Es
indudable que por numerosas razones la Comunidad Canaria está
especialísimamente interesada, y su grado de sensibilidad al
respecto es notabilísimo también, en que se pueda alcanzar un
acuerdo con Marruecos que no vaya en detrimento de nuestras
producciones. Por ello, es obvio que nosotros invitamos al
Gobierno español a que busque la cooperación del Gobierno
canario a la hora de fijar las posiciones españolas en la
negociación, previa la información correspondiente sobre el
particular. Hay algunos aspectos del acuerdo alcanzado,
señorías, que merecen el aplauso generalizado. Así se ha
manifestado hoy por distintos intervinientes y a ello nos
sumamos. Entre los mismos ocupa un lugar muy destacado el que
se haya conseguido vencer la resistencia norteamericana a la
institucionalización de la Organización Mundial del Comercio.

Nuestro Grupo, en definitiva, contempla con esperanza este
gran acuerdo comercial. Creemos que es una buena oportunidad
que se abre ante la sociedad española para crear nuevos
puestos de trabajo en los sectores exportadores de mercancías
y servicios, para penetrar en mercados que hasta ahora nos
estaban parcial o totalmente vedados. Ellos son una buena
noticia, obviamente, en la medida, sobre todo, en que una
actitud emprendedora, tenaz e inteligente de toda la sociedad
española puede abrir un horizonte de esperanza en estos
momentos tan grises.

Pero no podemos terminar esta intervención sin reiterar una
preocupación. Nadie nos va a regalar nada; no hay ningún El
Dorado a la vuelta de la esquina, ni mucho menos. El futuro es
prometedor para aquellos que se vayan a esforzar, y delicado
para aquellos que piensen que se puede sestear indefinidamente
en mercados cautivos o en subvenciones públicas. Podemos y
debemos exigir al Gobierno un análisis e información correctos
sobre las oportunidades y los problemas que se abren ante
nosotros. El parecer y el debate en el Parlamento, con
carácter previo a esta fase que se abre ante nosotros en los
próximos meses, parece ocioso tener que defenderlo. Podemos y
debemos exigir al Gobierno una política de apoyo y promoción a
aquellos sectores que tengan más futuro a la hora de crear
empleo y generar riqueza. Podemos y debemos exigir al Gobierno
y a la Unión Europea que se
faciliten fondos para esas reconversiones que inevitablemente
se van a producir, siempre dolorosas, pero que tienen que
realizarse en aquellos sectores que no van a poder soportar,
cuando
transcurran los períodos transitorios, la competencia de otros
países. Nosotros somos solidarios con las inversiones que
tengan que llevarse a cabo, perfectamente compatibles con la
preocupación y la defensa de nuestros intereses, que también
reivindicamos. Es mucho, indiscutiblemente, lo que nos jugamos
en los próximos años. Por eso, Coalición Canaria desea, de
corazón, que se acierte en esa delicada tarea.

Nada más y mucha gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Olarte.

Por el Grupo Mixto, tiene la palabra la señora Rahola.




La señora RAHOLA I MARTINEZ: Señor Presidente, señorías, creo
que fue la publicación «Cinco días» la que, en un artículo de
reflexión, aseguraba que finalmente se había impuesto lo que
los catalanes llamamos el «seny», el sentido común.

Ciertamente, cabe resaltar como muy positivo que el esfuerzo
de las 177 delegaciones, y quiero subrayarlo puesto que a
veces parecía que sólo negociaran Estados Unidos y la
Comunidad Europea, haya culminado en éxito. Desde la remota
primera reunión en Punta del Este, el 22 de septiembre de
1986, o incluso la más remota de noviembre de 1985, en
Ginebra, cuando se creo el Comité Preparatorio para la octava
ronda, ha llovido mucho, y muy a menudo se ha estado cerca del
fracaso. Hay, pues, motivos de alegría, como la propia
existencia del acuerdo, que va a marcar las grandes líneas de
la actividad económica en los próximos años; la más que
probable creación, finalmente, de la
Organización Mundial de Comercio, y la reducción general de
trabas al libre comercio que evitará costos innecesarios y que
facilitará la competitividad; todo ello conforme al activo de
un acuerdo que mayoritariamente tendría que resultar
beneficioso. En todo caso, el GATT va a ser el paisaje que
marcará el futuro de la economía mundial en un proceso de
mundialización que ya es definitivo. Ir en contra de los
acuerdos del GATT es un poco ir contra la historia.

Sin embargo, resulta fundamental ser críticos en algunos
aspectos de la negociación, por otra parte aún no concluida, y
estar alerta ante algunos de los peligros más previsibles.

Especialmente el GATT obligará a controlar el dumping social y
el dumping ecológico, los dos grandes peligros del comercio
mundial. Si realmente los países de la Unión Europea tienen
que competir con los países del sudeste asiático (India,
China) o con los países del Magreb, ello sólo se puede
plantear sin renunciar a las conquistas sociales de este
siglo. Que el GATT, pues, no signifique la exportación del
modelo Taiwan a nuestra economía, que el libre comercio
mundial no signifique la reducción de salarios y prestaciones
sociales, y que no signifique tampoco la pérdida de un
compromiso ecológico cada vez más necesario y más obligado.

Este es el gran reto de la Unión Europea y el reto que tiene
el Gobierno español: diferenciar entre la libre



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compentencia y las prácticas desleales de dumping. Este es el
reto, señorías, de la reforma del mercado laboral, que tal y
como está siendo planteado por el PSOE se acerca
peligrosamente a la taiwanización; libre comercio, pues, sin
renunciar a las
conquistas sociales que han definido este siglo. Peligro
también respecto al tercer mundo, puesto que, aunque haya
aspectos muy beneficiosos en el acuerdo, también es cierto que
el propio informe del Banco Mundial, que intenta preveer la
situación de la economía en el año 2002, reconoce que la
sitaución en Africa, por ejemplo, habrá empeorado.

Los acuerdos del GATT pueden resultar muy beneficiosos para
los grandes centros financieros (bancos alemanes, City de
Londres, Wall Street) y las grandes multinacionales, pero el
traslado de las fábricas hacia países de mano de obra barata y
permisivos ecológicamente puede producir dos efectos: una
mayor colonización del tercer mundo, sin garantizar ninguna
prestación social, y una precarización de nuestro propio
mercado. Pongo como ejemplo la peligrosa reflexión, a nuestro
entender, que con referencia al GATT realizaba no hace mucho
el Conseller Subirachs del Gobierno catalán: dijo ser
favorable a la deslocalización de las empresas textiles
catalanas, lo cual garantizaría, ciertamente, el poder
económico de los empresarios textiles. Pero, ¿qué pasaría con
los obreros del textil catalán? Este es un peligro fundamental
del GATT, y representaría la lectura más derechista y más
antisocial del acuerdo, que el libre cambio se convirtiera en
una
precarización del propio mercado. El libre cambio no tiene que
estar reñido con medidas de incentivación de la competitividad
de la propia industria; esto es fundamental.

Finalmente, hay algunos puntos en el acuerdo que
necesariamente tienen que mejorar, y ahí es donde la
Administración española ha resultado francamente débil a la
hora de negociar. Lo decía también un especialista: vamos
hacia un mundo comercialmente más exigente, que exigirá, en
consecuencia, unas administraciones políticas también muy
competitivas. Francia ha sido, en este sentido, modelo de
defensa de los propios intereses, y qué decir de Portugal, que
ha garantizado en buena medida la salud de su textil. Como
Cataluña no ha podido negociar sus propios intereses por la
falta obvia de estructuras de poder, la responsabilidad y las
consecuencias de una mala negociación son evidentemente, de
los responsables españoles. Existen dos preocupaciones
fundamentales para la salud de la economía catalana y de la
economía de todo el Estado: preocupación por saber cómo queda
el textil y preocupación por algunos aspectos de la
agricultura. Desde luego, el textil es la preocupación
prioritaria, puesto que la agricultura padecerá en algunos
sectores, como puede ser el de oleaginosas o el de frutos
secos --van ustedes a hundir definitivamente la avellana,
sector que ya empezaron a hundir en su momento--. En cambio,
el GATT resulta muy beneficioso, hay que decirlo, para
sectores como el cava o el vino, por ejemplo. En mi
preocupación sobre el textil quiero recordar lo que dijo el
Ministro Javier Gómez Navarro y pedirle que se comprometa
realmente. Aseguró que la negociación final de los flecos que
quedan se conseguirá en conversaciones para el textil.

Comprométanse y aprieten ustedes en este sentido. Portugal ha
conseguido una inyección de 400 millones de ecus --si no me
equivoco--de fondos estructurales, inyección que servirá para
definir un gran plan de modernización de su textil, y sobre
todo ha arrancado un compromiso al Banco Europeo de
Inversiones, del BEI, de hasta 500 millones de ecus en
préstamos, avales,
etcétera, con destino a la industria textil. ¿Qué compromiso
han conseguido ustedes para este sector que quedará
inevitablemente castigado con el GATT?
Quizá éste sea el drama del sector económico catalán. Los
catalanes no podemos negociar directamente y ustedes, que
negocian por nosotros, no negocian bien. Sin embargo, espero
que el compromiso del Ministro sea en firme. Antes de
Marrakech, señorías, consigan ustedes, primero, una inyección
significativa de dinero para este sector proveniente de los
fondos
estructurales; como Portugal. Segundo, consigan ustedes que
esta inyección económica no venga condicionada por la
distribución de las regiones de la Comunidad según los
objetivos de desarrollo regional, puesto que ello significaría
la exclusión de Cataluña, catalogada --como ustedes saben--
como región de objetivo dos, y es en Cataluña donde el impacto
sobre el textil será más grave. Que no pase como con el Plan
Retex, el Plan de Reconversión Textil, que prácticamente no
llegó a Cataluña. Tercero, consigan, como ha hecho Portugal,
un fondo significativo del Banco Europeo de Inversiones para
garantizar la competitividad y la
modernización del sector. Ya que no consultan, ya que no dan
explicaciones, ya que son ustedes los que negocian, negocien,
por favor, con más decisión; negocien, y no se dediquen sólo a
la vida contemplativa.

Por último, en materia agrícola, la valoración no es
mayoritariamente negativa, pero la preocupación por algunos
sectores es obligada. En ese sentido, también una petición:
que se estudien compensaciones con los fondos de la Comunidad
para los sectores castigados. Preocúpense por la avellana, por
la almendra, por las oleaginosas, que es muy grave la
irresponsabilidad si no consiguen acuerdos, y que los cálculos
de retirada de producción agrícola, tal como pediría
precisamente el Conseller catalán Marimón, se haga de acuerdo
con los cultivos históricos.

Cualquier otro acuerdo será contraproducente. Sean ustedes más
valientes y tengan menos complejos en el momento de defender
los intereses de nuestra economía. El GATT va a ser nuestro
marco en el futuro, bienvenido



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sea, bienvenido el Acuerdo --con mayúsculas--, bienvenido el
desbloqueo de site años de negociaciones. Pero aún queda mucha
letra pequeña por escribir y el borrador que ustedes presentan
no es excelente. Comprométanse ustedes con el textil; sean
capaces de conseguir lo que otros sin complejos ya han
conseguido. Comprométanse con los sectores agrícolas más
damnificados, y comprométanse con una lectura del GATT que no
signifique la institucionalización del dumping, que no
signifique la pérdida de las conquistas sociales, que no
signifique la inhibición del compromiso ecológico.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Rahola.

Tiene la palabra el señor González Lizondo.




El señor GONZALEZ LIZONDO: Señor Presidente, señorías, señor
Vicepresidente del Gobierno, dentro del GATT, el objetivo más
importante es el logro de la reducción de los aranceles y de
las subvenciones a la exportación de los productos de los
diferentes países que lo integran. El recientemente aprobado
pacto con Estados Unidos dentro del seno del GATT provocará en
nuestro país un aumento de las importaciones de productos
agrícolas no comunitarios, quebrándose el principio de
preferencia
comunitaria, a la vez que producirá una caída sin precedentes
de los precios percibidos por nuestros agricultores.

Por otra parte, es de destacar que el acuerdo del GATT todavía
no está cerrado. En los primeros meses se deberán resolver
múltiples flecos, y consideramos que un acuerdo de
liberalización del comercio internacional, que no tenga
previsto algún mecanismo de estabilidad de los tipos de cambio
entre las monedas de los países implicados, está condenado a
fracasar. Por tanto, pensamos que la tan anunciada disminución
de aranceles podrá ser
compensada, en algunos casos, mediante fluctuaciones de tipo
de cambio entre las monedas.

No podemos tampoco ser tan ingenuos como para esperar que las
ganancias estimadas derivadas del acuerdo del GATT se repartan
de una manera equitativa entre los diferentes países. En el
más optimista de los casos, señor Vicepresidente, nos
quedaríamos como estamos, pero, además, con un sector agrícola
condenado a su desaparición.

Existe una enorme incertidumbre y preocupación en los sectores
económicos afectados, especialmente el agrícola y textil, en
los que la Comunidad valenciana es muy importante. Se ha
quedado pendiente la reforma de la Organización Común de
Mercados, la denominada OCM, relativa a arroz, vino y frutas y
hortalizas. Una consecuencia que ya se conoce con certeza es
la reducción de los aranceles aplicados por Europa a la
importación de zumo de naranja americano, casi el 40 por
ciento, del 19 al 12, lo que provocará una caída sin
precendentes de los precios percibidos por los agricultores,
además, le recuerdo, señor Vicepresidente, que
tradicionalmente la industria del zumo, como la de gajos, ha
venido a mantener los precios de la naranja en fresco, por lo
que las consecuencias serán todavía más preocupantes. Señor
Vicepresidente, se puede predecir un aumentode abandono de
tierras; un aumento espectacular del desempleo agrícola,
derivado de la caída de rentabilidad de los cultivos; una
caída de la renta agraria, debida a la disminución de
aranceles aplicados a productos importados y el incremento de
la competencia; se pueden prever también unas reducciones de
las exportaciones agrícolas, y, asimismo, unas reducciones de
ayudas a la exportación de productos agrícolas, que se va a
producir. Unión Valenciana debe exigir al Gobierno que inste a
la Comunidad Europea a que compense a la agricultura
mediterránea de las previsibles consecuencias derivadas de la
conclusión definitiva de la ronda del GATT: pérdidas de
rentas, de empleo, etcétera.

España, señor Vicepresidente, ha reaccionado tarde y con poca
firmeza. Nuestro país se limitó a elaborar un memorándum sobre
el GATT, pero sin defender nuestra economía con la gallardía
demostrada por Francia. Según la prensa, el señor Solana
insinuó que nuestro país nunca vetaría un acuerdo tan
importante para conseguir mayor protección de los productos
agrícolas
mediterráneos. Yo recuerdo sus críticas al señor Aznar sobre
sus palabras cuando negociaban en Edimburgo, y me pregunto ¿y
ahora qué? Además, no podemos olvidar que la agricultura
valenciana ha estado marginada por la política del Gobierno de
estos últimos años. Recordemos el plan de jubilación
anticipada, o las ayudas a la sequía, o las constantes ayudas
a la reconversión varietal de Marruecos por parte de la
Comunidad Europea para cultivar productos que compiten con los
nuestros. Fueron 50.000 millones, señor Serra, los que la
Comunidad Europea aprobó para cofinanciar la transformación
varietal, y tampoco olvidemos el anunciado acuerdo
preferencial Comunidad Europea-Marruecos.

Señor Serra, voy a terminar muy rápidamente leyéndole la
portada de un periódico de todo el Estado que dice: Balladur
califica de éxito para Francia el pacto del GATT, y los
campesinos le acusan de traición. Señor Vicepresidente, lo que
sí que queda claro es que España ha sido espectadora en estas
negociaciones, pero no protagonista, cuando algunas decisiones
nos pueden lastrar para siempre.

Bienvenido ese GATT después de esos siete años; bienvenido que
definitivamente estemos en él, pero bienvenidas sean unas
soluciones que urgentemente tienen ustedes que aplicar,
poniendo encima de la mesa lo que haga falta, porque todo el
país, España en



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general, no se puede permitir el lujo de este tipo de
negociaciones.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor González Lizondo.

Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Solchaga.




El señor SOLCHAGA CATALAN: Señor Presidente, señoras y señores
Diputados, decía el representante del Grupo Parlamentario
Popular que hoy estábamos asistiendo a algunas primicias. No
sé yo si hubiera sido, aunque no una primicia, ciertamente una
excepción a la regla, que él, en su intervención, hubiera,
como el resto de los grupos parlamentarios, centrado su
atención en el tema que era hoy objeto del debate y no hubiera
traído a colación cosas que tienen su cauce parlamentario, que
han tenido sus
atencedentes y que aquí no vienen a cuento, excepto para
arrancar un fácil aplauso de su propio Grupo Parlamentario.

(Un señor Diputado en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular: ¡Aquí no aplaude nadie!)
Además, al centrarse en el debate, hubiera utilizado la lógica
económica, porque difícilmente se puede decir, sin sentir un
cierto rubor, que España es el país, de los 24 que componen la
OCDE, que más tiene que perder en este momento como
consecuencia del GATT, por aquello de que sea el que tiene el
segundo déficit comercial más elevado. La relación entre el
antecedente y el consecuente de esta sentencia simplemente no
existe, en lógica económica; es un disparate, y el resto de
los Diputados que han intervenido en nombre de sus grupos ha
hecho muy bien no trayendo este argumento a colación, porque
solamente a quien lo usa puede descalificar. (Varios Diputados
pronuncian palabras que no se perciben.)
Dicho esto, entre el entusiasmo del Grupo Popular añadiré que
quiero que mis primeras palabras --que no estaban destinadas a
ser éstas--, las primeras que de verdad están en mi intención
política y en mi mente, sean las de unir la satisfacción de mi
Grupo Parlamentario, del Grupo Parlamentario Socialista, a la
de los demás grupos, por lo que se refiere a la firma del
acuerdo del GATT, que concluye la llamada Ronda Uruguay.

He observado que aquí ha existido una clara mayoría en favor
de la firma del acuerdo, no una mayoría ingenua compuesta por
personas que no creyeran que un acuerdo global y multilateral
lo vale en cuanto al contenido, es decir, que hacía frente a
diversas actividades productivas, al mismo tiempo, de
servicios y de mercancías; multilateral en cuanto a los
intereses, es decir, que tenía en cuenta los intereses de
regiones, países desarrollados, países no desarrollados,
exportadores de
alimentos, importadores; a pesar de eso, digo, a pesar de que
todos tenemos en cuenta que no se puede dar una ratificación
ingenua a este acuerdo, sin embargo, todos parecemos compartir
la idea de que es un avance importante, y me parece necesario
señalarlo aquí en este momento, porque en este país, en el
nuestro, en España, preciso es reconocer que la doctrina del
libre comercio no ha sido la regla a lo largo de nuestra
historia, sino más bien la excepción.

Aun hoy hemos podido oír opiniones bastante extremadas,
centradas y, en mi opinión, cicateras de lo que esta regla del
libre comercio representa. Aun hoy, entre nosotros --y no
podría ser de otro modo; ningún país puede reescribir su
historia en cuatro días--, a pesar de todo lo que ha
significado la experiencia de entrada en la Comunidad, la
globalización e internacionalización de nuestra economía, la
apertura de ella a los mercados, la instalación de las reglas
de la competencia; a pesar de todo eso, se oyen, señor
Presidente, los viejos ecos, en mi opinión poco progresistas,
de la reacción proteccionista ribeteando ciertos discursos.

(Rumores.)
Algunos de los que han intervenido directamente en esta
negociación no se han recatado de llamar al acuerdo histórico,
y seguramente uno debe desconfiar de la propia valoración que
dan los protagonistas de un acuerdo a su intervención en el
mismo. Pero creo que en esta ocasión el calificativo tiene
justificaciones. Por primera vez desde 1947 los países del
mundo, todos, porque ahí todos pertenecen al GATT --esto es
muy
importante, ésta es la primera vez que esto ocurre y a ello ha
contribuido, ciertamente, la eliminación del llamado bloque
comunista--; todos ellos han aceptado introducir en las
negociaciones aspectos totalmente nuevos que hasta ahora
habían sido excluidos; aspectos tan fundamentales como la
agricultura, que ha suscitado uno de los debates importantes
en esta Cámara a lo largo de esta tarde; como las barreras
arancelarias, de las que casi no se ha hablado, pero que, sin
embargo, afectan al 18 por ciento de los productos
manufacturados y al 38 por ciento de los productos agrícolas;
barreras que casi siempre las hacen los países más ricos bajo
las formas más oscuras, de las que nadie ha hablado en esta
Cámara y que a mí me ha sorprendido, esas barreras que no son
sólo las restricciones cuantitativas a la importación, que eso
es, en las técnicas actuales de desviación del comercio como
matar moscas a cañonazos, sino barreras que tienen que ver con
normas fitosanitarias, con normas de
homologación, con normas de otra naturaleza que las establecen
generalmente como quieren y sin contraprestación o sin
comprobación por parte de otros, los países ricos, a veces
para dificultar el acceso a sus mercados de las exportaciones
de los países pobres. Por primera vez se ha hablado de los
servicios, y por primera vez se ha tratado de reconducir, en
un período largo del que luego hablaré de no menos de diez



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años, a los textiles desde el acuerdo multifibras, que hasta
ahora ordenaba su intercambio comercial a nivel internacional,
a un acuerdo GATT. También por primera vez se ha hablado de lo
que se ha venido a llamar «trips and trims» es decir, acuerdos
o medidas relacionadas con el comercio y que afectan a las
inversiones y a los derechos de propiedad.

En segundo lugar, creo que es importante lo que hemos
concluido entre todos los países, porque hemos creado, además,
la
Organización Mundial del Comercio. Y en estos tiempos en que
la tentación de que cada una de las naciones o grupos de
naciones, en la medida en que están relacionadas regionalmente
en un proceso de integración o de unión, es la de salvarse a
costa del vecino, la de establecer nuevas barreras
proteccionistas al intercambio comercial, la de establecer --y
luego hablaré de eso un poco si tengo tiempo, como espero,
señor Presidente-- nuevas argumentaciones, unas veces a
propósito del dumping social y otras veces a propósito de
otros argumentos cuando menos no tan claros como algunos los
exponen, verdaderamente me parece que ha sido un hito en el
que se ha demostrado que creemos todos, o venimos a creer, que
la norma en la que estamos basados, la norma con la que
pretendemos ordenar nuestras relaciones económicas y
comerciales internacionales, tiene y debe responder al sentido
de la razonabilidad y no al sentido de la búsqueda
insolidaria, individual del beneficio para cada país a costa
de los demás. Quizá lo más importante, señor Presidente, de
este acuerdo que hemos firmado entre todos sea precisamente
eso.

Si creemos --yo lo creo y pienso que esta Cámara también-- que
las normas que nos afectan, que regulan nuestro comercio
exterior, no pueden estar basadas exclusivamente en un
equilibrio de intereses, sino también en la razonabilidad de
las mismas, en el hecho de que no puede existir la
discriminación entre los países, en el hecho de que los
fuertes no pueden, en el mundo en que vivimos, aunque tengan
capacidad para hacerlo, imponer sus puntos de vista sobre los
débiles; si creemos en eso, este acuerdo de la Ronda Uruguay
es un paso de gigante para
restablecer, en la norma, lo que en la doctrina y en los
hechos se venía produciendo. ¿A qué me estoy refiriendo,
señoras y señores Diputados, en esta reconciliación de la
norma con la doctrina y con los hechos? A algo tan sencillo
como que a lo largo de 1970, y sobre todo de los años ochenta,
así como hemos venido asistiendo a una reducción significativa
de los aranceles, sobre todo entre los países industrializados
y referentes a productos industriales, hemos asistido a un
incremento constante de la protección agrícola en los países
más ricos, y la
consecuencia de todo esto, aparejada si quieren ustedes a las
consecuencias nefastas que en su día representó la utilización
de su poder político por parte de los países productores del
petróleo elevando artificialmente el precio de dicho producto;
la consecuencia de todo esto, repito, es que el peso de los
países menos desarrollados en el comercio mundial ha pasado
desde el 28 por ciento del PIB al 21 por ciento. ¿Qué han
hecho, mientras tanto, esos países menos desarrollados que en
parte tuvieron, quizá de una manera inadecuada, que recurrir
al incremento de la deuda exterior, que en parte trataron de
seguir impulsando aquel viejo modelo que en la América latina
se llamaba de la CEPAL, porque este organismo lo proponía, de
sustitución de importaciones? Lo que han hecho estos países, y
tiene mérito y es preciso reconocerlo, es cambiar su filosofía
y pasar de la idea de sustituir las importaciones, y por tanto
de empobrecer su aportación al comercio internacional, a una
filosofía de promover las exportaciones y globalizar su
economía aceptando precios internacionales, y con eso han
hecho esfuerzos y han conseguido empezar a pagar su deuda. Y
cuando los países del antiguo bloque comunista han dicho:
queremos entrar en el GATT, entonces la doctrina oficial les
ha dicho: primero tienen ustedes que hacer una liberalización
«erga omnes», unilateral, sin ninguna compensación. Y a esos
países, que están viviendo la peor de las circunstancias
económicas, a esos países que han tenido que hacer enormes
esfuerzos de ajuste macroeconómico interno; a ésos, en una
disputa entre la Unión Europea y los Estados Unidos, les
estábamos diciendo que no podían tener acceso a nuestros
mercados, que teníamos tal preocupación con las ventas de
nuestros agricultores que ellos estaban condenados a no poder
exportar sus productos agrícolas.

Haber cambiado esto, señorías, aunque lo hayamos hecho con el
cuidado con que hay que hacerlo, con la discreción con la que
hay que producir estos cambios, con los períodos transitorios
que la delicadeza reglamentaria exige, es algo por lo que nos
debemos felicitar, puesto que hemos traído al nivel de la
norma
internacional que regula el comercio el sentido de una
doctrina que es positiva y la reconciliación con los hechos
que otros han llevado a cabo.

Esta es la primera vez, señoras y señores Diputados, que hemos
asistido a la paradoja siguiente. Hay, como ustedes saben,
países importadores netos de alimentos y éstos están, o entre
los muy ricos, muy ricos, muy ricos, o entre los muy pobres,
muy pobres, muy pobres, pues bien, los muy ricos, que eran
importadores netos de alimentos, se han opuesto muchas veces
al acuerdo sobre agricultura, porque habría de elevar los
precios internacionales de los bienes agrícolas
comercializados, mientras que los más pobres han dicho que lo
que querían era que, aunque esto
ocurriera, ellos pudieran obtener respuesta en otras materias,
en materias de acceso a mercados para los bienes que ellos
producían, como el textil, como el mueble, como otros bienes
sencillos, que ellos, con su capacidad, pueden ahora mismo
producir.




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Señor Presidente, cuando pasamos desde estas consideraciones
generales a las que nos afectan a nosotros, yo creo que el
Gobierno tiene muchas razones para sentirse satisfecho por los
resultados de esta negociación. Son resultados razonables
siempre que se entienda este doble aspecto de la globalidad y
de la multilateralidad. Y no se crea que uno puede ir a
sentarse en una mesa de negociaciones de esta naturaleza a
ganar por diez a cero en todos y cada uno de los campos sin
transigir, sin aceptar en otros campos beneficios para otros.

No estamos hablando de un juego de suma cero, como alguien
decía esta mañana hablando de otro tema; estamos hablando de
un juego de suma positiva y de ése habremos de beneficiarnos
todos. En la agricultura hemos mejorado el acuerdo primitivo
de Blair House y creo que lo hemos mejorado de una manera en
la que España no tiene nada que perder. Además, también hemos
mejorado los calendarios de entrada de nuestros productos
tales como el pepino, el tomate, el calabacín,
etcétera, cosa que hasta el momento no estaba resuelta.

Algunos dirán: ¿Por qué no más? ¿Por qué no tenemos ya el
compromiso sobre los productos mediterráneos? ¿Por qué no
tenemos más ventajas? Quizá están olvidando una cosa y es que
la iniciativa de la Comunidad en relación con la producción
agrícola y el acuerdo que habría de haber en esta materia fue
adelantarse a los acontecimientos y hacer la reforma de la
PAC. En esa reforma de la PAC, de la que España ha sido uno de
los principales, si no el principal per capita beneficiario,
es donde está la nueva filosofía que es compatible ahora con
las subvenciones que todavía se admiten en la agricultura. Por
consiguiente, lo que había que hacer sobre una situación que
ya era muy favorable para España era tratar de mejorar algunas
cosas. Existen compromisos de mejora; en la agricultura hemos
mejorado y hemos mejorado notablemente. No debo decir que el
textil sea una situación tan fácil; ciertamente es complicada,
pero tenemos diez años, diez años en tres etapas. En las
primeras etapas todo lo que se refiere a la reducción de los
derechos aplicados por el Acuerdo multifibras es relativamente
lento: 16, 17, 15 por ciento; la última del 49 por ciento.

¿Pero seremos también capaces de reconocer ante nosotros y
ante nuestra población que desde que existe en España el
sector textil está en proceso de crisis? (Rumores.) ¿No
habremos de decir ya la verdad a nuestros
conciudadanos de que, quitando algunos años excepcionales,
siempre hemos tenido un problema de crisis en nuestro sector
textil? Cuando no era el textil lanero, era el textil
algodonero; cuando no era la confección, cuando no eran otros.

Desde que yo tengo uso de razón y conocimiento de los
acontecimientos en la historia económica de nuestro país, el
sector textil ha tenido una de las mayores protecciones. Ya he
explicado muchas veces el signo de nuestros aranceles en los
debates dentro de esta nación: ha sido un sector protegido. Lo
que estamos diciendo, señoras y señores Diputados, es que
tenemos diez años, quizá con ayudas, con apoyos y con
comprensión, para tratar de establecer cuál debe ser el papel
y el futuro del sector textil en España, que no será aquel que
algunos se representaron a principios del siglo XIX, pero que
tampoco tiene que ser, en la medida en que mejoremos nuestro
diseño, nuestra calidad, nuestra penetración en los mercados,
aquel tan negro que algunos nos quieren pintar. Señor
Presidente, voy terminando en la evaluación. En los servicios
creo que lo más importante que se ha conseguido ha sido crear
un acuerdo marco semejante al del GATT para las mercancías.

Algunos dirán --y no sin razón--que los resultados en esta
materia son modestos. Y es verdad que en cuanto se haya
firmado el acuerdo de la Ronda Uruguay habremos de convocarnos
una vez más todos los países para hablar del transporte
marítimo, para hablar de los servicios profesionales, para
mejorar los acuerdos en servicios financieros e igualmente
para estrechar los contactos y ampliar las negociaciones en
materia de telecomunicaciones. Pero con todo y con eso, en un
mundo en el que los servicios cada vez son más importantes en
el crecimiento total de los intercambios globales, qué duda
cabe que tener ya un punto de referencia, un acuerdo semejante
al que el GATT ha representado desde 1947 para las mercancías
es importante. No insistiré mucho en esto, señor Presidente, y
tampoco en materia de las coberturas de patentes, marcas y
diseños, resultados todos ellos favorables para la economía de
nuestro país, pero sí me gustaría, antes de terminar, hablar
de la importancia que se le ha dado a las nuevas reglas.




El señor PRESIDENTE: Le ruego concluya, señor Solchaga.




El señor SOLCHAGA CATALAN: Muy brevemente, señor Presidente,
las reglas actuales de funcionamiento en el GATT, ya fuera la
cláusula de salvaguardia junto con la cláusula de nación más
favorecida, ya fuera la cláusula de antidumping, ya sea el
sistema de regulación de las subvenciones, ya sea el sistema
que se aplica para la solución de las diferencias, han
demostrado en su funcionamiento que eran muy inadecuadas y han
producido muchos más problemas que los que han sido capaces de
resolver. Yo creo que debemos fecilitarnos porque la mayor
parte de estas reglas se han corregido de una manera
razonable, introduciendo
modulación de cuotas en el caso de la cláusula de
salvaguardia, introduciendo un establecimiento de distinción
entre las diversas subvenciones --aquellas que están
permitidas y aquellas que no lo están--, estableciendo el
límite máximo del cinco por ciento al valor de la producción
en las subvenciones antes de que



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puedan crear lo que podríamos llamar un problema
internacional. En materia antidumping --y con esto termino
porque me gustaría finalizar, señor Presidente, conectando con
las preocupaciones iniciales que he tenido en mi intervención-
- yo me siento obligado a decir algo que creo que muchas de
sus señorías compartirán. En estos momentos, preocupados por
nuestro nivel de bienestar en Europa, procupados por el
peligro que a veces están corriendo algunos de nuestros
esquemas de solidaridad nacional a través del desarrollo del
Estado de bienestar, y preocupados ciertamente por la pérdida
de empleo a la que estamos asistiendo, estamos reaccionando
muchas veces contra esos países que están empezando a
industrializarse de una manera agresiva hablando sobre todo,
refiriéndonos al llamado dumping social. Yo sobre esto sólo
quiero decir una cosa. Entiendo la preocupación de todo el
mundo, pero me gustaría encontrar también el espíritu abierto
y generoso que en otras ocasiones se encuentra, tanto en esta
Cámara como en la opinión pública española, como ahora
recientemente cuando algunas personas creían que podían hacer
más, por ejemplo, por el desarrollo de los países atrasados
mediante la aplicación del 0,7 del PIB en forma de ayuda que
lo que pueda hacer precisamente un acuerdo comercial
multilateral como del que estamos hablando; opinión que por
cierto no
comparto. Ese espíritu generoso yo quisiera que lo
compartiéramos tratando de mirar a nuestra propia historia,
tratando de vernos a nosotros mismos hace algunos años, cuando
nosotros
desarrollábamos un sector turístico floreciente en todo el
mundo haciendo lo que entonces podían haber llamado los
alemanes, los norteamericanos, los canadienses o los franceses
dumping social, porque ni el nivel de tributos en nuestro
país, ni el nivel de cotizaciones sociales, ni otras muchas
cargas que hoy nos parecen absolutamente esenciales en el
desarrollo de las conquistas sociales que hay en nuestro país
existían en la economía española de 1960. Debemos juzgar la
idea del dumpin social, pero no de una manera ahistórica, sino
considerando cuál es el papel que puede jugar en cada momento
en un país según cuál sea su proceso de desarrollo histórico.

Y no hacerlo así, señorías, podrá
aliviarnos alguna de nuestras preocupaciones, podrá ayudarnos,
como en todas las falsas soluciones, a encontrar un enemigo
fácil contra el que atacar, aunque no pueda resolver los
problemas, pero no nos permitirá poder estar tranquilos y
defender ante la población la justicia, el buen sentido, el
aspecto moral positivo que tiene un acuerdo como del que
acabamos de hablar en relación con el GATT.

Muchas gracias. (Aplausos en los bancos del Grupo Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Solchaga.

Para contestar en nombre del Gobierno, tiene la palabra el
señor Vicepresidente del Gobierno.

El señor VICEPRESIDENTE DEL GOBIERNO (Serra i Serra): Señor
Presidente, señorías, creo que aunque ha habido matices por
parte de todos los grupos intervinientes hay un denominador
común en el debate de esta tarde. Todos creemos que el acuerdo
denominado la Ronda Uruguay ha sido un avance en el comercio
mundial y, por lo tanto, puede suponer un progreso para el
intercambio entre los países y debe suponer un progreso
también para el crecimiento económico de los países de todo el
mundo. Todos sabemos que la globalización de la economía
mundial se ha producido de forma vertiginosa en los últimos
años, y creo que es un signo (lo ha dicho la señora Rahola) de
seny, es decir, un signo de sentido común de la humanidad
entera poner en orden, enfrentarse a este fenómeno de
globalización mediante el diálogo, mediante el acuerdo,
mediante las cesiones mutuas, pero creando un marco compartido
para favorecer el crecimiento de todos.

Quisiera hacer alusión, por cortesía parlamentaria, a la
totalidad de las intervenciones que se han producido, aunque
en algunos casos se ha incidido sobre los mismos puntos y
quizá en mi respuesta lo que haré será tocarlos de forma que
responda a las distintas intervenciones.

El señor Rato ha empezado bien. (Rumores.--Risas.) Luego me
referiré a sus palabras iniciales, pero cuando se ha referido
al tema que hoy nos ocupa, que es el GATT, ha empezado bien.

Ha empezado diciendo que no se exagera cuando se menciona la
importancia del acuerdo, aunque no todos se beneficiarán de la
misma forma. También comparto su criterio sobre que debemos
aceptar el fin de esas formas de colonialismo económico según
las cuales los países desarrollados tenían que comprar
materias primas a buen precio y, en cambio, los productos
industriales eran colocados a alto precio en los países
subdesarrollados. Pero luego ha hablado de la situación
española, de que nuestras importaciones provienen sobre todo
de Europa. Ignora el señor Rato que en los meses transcurridos
del año 1993 nuestras exportaciones a Europa han crecido el
14,4 por ciento en valor. Ha entrado luego en la forma en que
el Gobierno ha actuado en esa negociación, acusándolo de falta
de ideas, de criterios, según ha dicho taxativamente: yendo
con las manos en los bolsillos a esta negociación. Yo creo que
el señor Rato ignora el
procedimiento exacto de la negociación en la que estamos
sumergidos. Los países miembros de la Unión Europea han cedido
a la Comisión la política comercial y, por tanto, ha sido la
Unión Europea la que ha negociado con los demás países la
Ronda Uruguay. Y lo que ha hecho España, como tantos otros
países, es más complejo pero ha sido mucho más efectivo:
primero, convencer a nuestros socios europeos de cuáles eran
nuestros intereses, de cuál debía ser la posición común
europea, y luego poner detrás de esa posición



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toda la fuerza que ha tenido la Unión Europea en esta
negociación. Sin lugar a dudas esto ha reforzado a España en
las demandas y ha obtenido muchísimas más cosas que si hubiera
ido sola o que los países que han ido en solitario a la Ronda
Uruguay, porque estos países que han ido en solitario,
señorías, ya les digo yo a ustedes cuál ha sido la respuesta
normal a sus peticiones: Aquí hay 117 países y no podemos
atender las demandas de todos: o lo toma usted, o lo deja. Esa
ha sido la posición ante la mayoría de los países que han
tenido que negociar en la Ronda Uruguay. Hablan ustedes de
Francia: ¿Pero por qué no hablan ustedes de Alemania? ¿Por qué
no hablan ustedes del Reino Unido? ¿Por qué no hablan ustedes
de Bélgica o de Holanda? Porque ellos han obtenido, como
España, la mayoría razonable de las cosas que pedían a través
del convencimiento, a través de la persuasión, no a través de
un diálogo político interno en su país. ¿Por qué no hacemos el
esfuerzo de medir los beneficios de la Ronda Uruguay por los
resultados finales y no por los decibelios del debate político
interno de cada uno de los países de la Unión Europea?
(Rumores.) Les pido que eso sea lo que hagamos. Y si esto es
lo que hacemos, nos daremos cuenta de que en todos los temas,
incluida la agricultura, hemos obtenido razonablemente la
mayor parte de las solicitudes que habíamos hecho a la Unión
Europea y, sobre todo, hemos resuelto problemas agrícolas que
España no había podido resolver desde que era miembro de la
Comunidad Europea en 1986; por ejemplo, el calendario para
productos como el tomate, a que se ha referido el señor
Olarte. No se diga que no tenemos por parte de la Comunidad
Europea más que compromisos verbales. Voy a referirme al acta
del Consejo celebrado el 20 de septiembre de 1993, en la parte
que hace referencia a las organizaciones comunitarias de
mercado de productos hortofrutícolas o de productos
mediterráneos. Allí se acordó --y consta en acta--, para los
sectores cuyas
organizaciones comunes de mercado no han sido modificadas
todavía, lo siguiente: El Consejo y la Comisión se comprometen
a adoptar las disposiciones necesarias para garantizar las
rentas agrarias y la preferencia comunitaria. Se tendrá en
cuenta, en estos sectores, las condiciones y principios
agrícolas y
financieros que se han aplicado para el conjunto del sector
agrícola. Este es el compromiso del Consejo Europeo del 20 de
septiembre y la Comisión se ha comprometido a que sea realidad
en el primer semestre de 1994. (Rumores.)
Ha dicho también el señor Rato que hemos tenido demasiada
preocupación por Francia. Está claro que en muchos temas
tenemos intereses comunes. Precisamente la colaboración con
Francia y con Bélgica en el tema audiovisual ha sido un
elemento muy positivo para persuadir a socios comunitarios de
adoptar posiciones muy alejadas de las que tenían al principio
de tratar esos temas. Ha dicho el señor Rato que los acuerdos
agrícolas van a limitar las exportaciones. No es cierto, señor
Rato; sólo van a limitar las exportaciones que en este momento
tenían subvención, y en el caso español son escasísimas.

Debiera usted conocer mejor la materia. (Risas.) Ha hablado
también, como si fuera un problema gravísimo, de la reducción
de aranceles del espárrago, de las almendras y --así contesto
también al señor González Lizondo--del zumo de naranja. En el
caso del espárrago, producto que preocupa al señor Rato, el
arancel bajará del 12,8 al 10,2; en el caso de las almendras,
con un arancel bajísimo del 5,6 va a quedar en el 3,5; en el
zumo de naranja, del 15,2 al 12,2. Frente a esto hemos
resuelto el problema de las organizaciones
comunitarias de mercado de productos hortofrutícolas y de
productos mediterráneos que nos interesaba; hemos consolidado
la situación del plátano canario; hemos resuelto el problema,
que no habíamos podido resolver hasta ahora, insisto, del
tomate y otros productos hortofrutícolas, modificando
radicalmente el calendario. Por ese motivo y por muchos otros
que podría citarles creo, señorías, que podemos estar
razonablemente satisfechos de la defensa de nuestros intereses
que, de forma colegiada, ha hecho la Unión Europea en la
discusión de la Ronda Uruguay y de los resultados que ha
obtenido.

Se ha referido también el señor Rato al tema textil, y aquí no
voy a insistir en ello porque desde esta misma tribuna ya se
le ha recordado la incoherencia de hacer definiciones
librecambistas pero luego, en el momento de entrar en puntos
concretos, ser única y exclusivamente proteccionista. Ha
esgrimido el señor Rato un recorte de prensa, relativo al
sector textil, supongo que del año pasado porque citaba al
Ministro de Industria de aquel momento. Hubiera podido leer
las declaraciones del Presidente de Intertextil, inmediatas,
posteriores al acuerdo de la Ronda Uruguay, de las que yo
dispongo, en la prensa del 17 de
diciembre. Dice la crónica que el Presidente de Intertextil
estimó que el frente común protagonizado por los países del
sur de Europa, básicamente Portugal y España, ha dado sus
frutos. En el acuerdo final se ha logrado el compromiso de
varios países que mantenían fuertes restriccionesa las
importaciones textiles, como la India y Paquistán, de que
abrirán sus fronteras. Y sigue la crónica: El máximo
representante de la patronal textil española explicó que el
Gabinete de Madrid, así como otros gobiernos europeos, han
entendido nuestra preocupación. Esta es, señor Rato, la
posición hoy, después de que se ha firmado la Ronda Uruguay,
del Presidente de Intertextil. No nos traiga, en el debate,
recortes de periódicos atrasados y que son muy anteriores al
tema que estábamos debatiendo. (Rumores.--Varios señores del
Grupo Socialista: ¡Bien! ¡Bien!)



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Por otra parte, habla usted del declive del sector. ¿Por qué
no cita que en el año 1993 el sector textil español ha
incrementado sus exportaciones en un 25 por ciento? ¿Por qué
no cita que en los diez primeros meses de 1993 se han reducido
las importaciones textiles en España en un 11 por ciento y
que, por tanto, el déficit comercial textil, en un solo año,
se ha reducido a la mitad? Porque éste es el camino --y quiero
responder cordialmente al señor Molins en su intervención
sobre este tema--, el camino es seguir el debate con el sector
paraaprovechar al máximo los once --no diez-- años de
adaptación que nos quedan hasta eliminar por completo los
contingentes del Acuerdo multifibras. Eso pretende hacer el
Gobierno y eso hará el Gobierno. Y ofrezco el debate con el
sector, el estudio de las medidas más adecuadas, y en la
medida en que sea necesario y conveniente no excluye tampoco
el Gobierno la posibilidad de recurrir a fondos
comunitarios para ayudar a nuestro sector textil.

Ha dicho el señor Rato que para aprovechar la Ronda Uruguay
debe producirse un cambio en la realidad económica española y,
sobre todo, un cambio en la política económica. Quisiera
decirle que no va a ser en la dirección del paquete de medidas
de política económica que apresuradamente han presentado
ustedes ayer a la prensa, porque sería la peor política que en
este momento se podría proponer a la economía española, señor
Rato. (Fuertes protestas y rumores. Aplausos.) Si por cambiar
la política económica proponen ustedes, como han hecho, el
aumento de los gastos públicos, la reducción de impuestos, es
decir el aumento del déficit público, están conduciendo a la
economía española exactamente en la dirección contraria a la
que debe conducirse. (Fuertes protestas y rumores en los
bancos del Grupo Popular.--Aplausos en los bancos del Grupo
Socialista.) Cuando ustedes hablan, como hablaron --y lo
colocan en el fontispicio de sus medidas--, de medidas
fiscales, de aumento de la demanda, se están equivocando otra
vez, yerran incluso en el diagnóstico. El problema de la
economía española es la competitividad. (Fuertes protestas y
rumores en los bancos del Grupo Popular.--Varios señores
Diputados pronuncian palabras que no se perciben.) Nosotros
crearemos empleo cuando nuestras empresas sean
competitivas exteriormente y, por tanto, sus productos tengan
garantizado el mercado interior frente a la competencia
extranjera y también tengan un lugar en el mercado exterior.

Mientras ustedes propongan medidas de las cuales --se lo
acepto--algunas son sensatas (Rumores.), pero todas ellas de
acuerdo con otros grupos parlamentarios, ya las hemos
introducido en los presupuestos del Estado y en la ley
financiera que los acompañan, todas las que son. (Rumores.) El
resto de las medidas, estimadas por lo bajo, tendrían un coste
fiscal de 700.000 millones de pesetas. ¿Esa es la política que
proponen? ¿Esa es la política de incremento del déficit,
cuando precisamente hemos de ir en otra dirección, que
supondría inevitablemente el aumento de los tipos de interés?
(Rumores.)
Por otra parte, y para acabar de comentar este tema, por si
quieren ustedes enmendar las propuestas de ayer,...

(Protestas.)



El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías.

Un momento, señor Vicepresidente. (Rumores.)
¡Silencio, señorías! ¡Señor Robles!
Continúe, señor Vicepresidente.




El señor VICEPRESIDENTE DEL GOBIERNO (Serra i Serra): Y para
acabar de sugerirles --aunque más que mejoras lo que tendría
que hacerse es un cambio radical de esa política para que no
sea nociva para nuestra economía--, permítanme que les diga
que es incomprensible para cualquier ciudadano medio conocedor
de lo que sucede en la economía española que se hagan, en una
propuesta de política económica, ofertas de transformación
estructural, como en el sector servicios o telecomunicaciones,
y se omita, se deje de hablar de la reforma esencial del
mercado de trabajo.

(Rumores.) Por tanto, por ese camino, si ésa es la nueva
política económica que SS.SS. creen que debe hacerse para
enfrentarse al problema del reto que supone el acuerdo de la
Ronda Uruguay del GATT, déjenme que les diga que se equivocan
de medio a medio, que con ese camino lo único que haríamos es
impedir que nuestra economía aproveche las ventajas que nos
ofrece esa Ronda Uruguay. (Rumores.) El señor Espasa ha hecho
una serie de consideraciones, entre otras, el no debate previo
al acuerdo final de la Ronda. Déjeme que le recuerde que ha
discutido este asunto con el Ministro de Asuntos Exteriores en
Comisión usted personalmente, que ha habido otra comparecencia
en la Comisión Mixta Congreso-Senado, y que el Ministro de
Agricultura en varias ocasiones ha comparecido para tratar el
tema de la Ronda Uruguay con SS.SS. Ha dicho el señor Espasa
que el comercio mundial no irá ligado a una situación más
igualitaria entre los países desarrollados y subdesarrollados.

Déjeme que cordialmente, señor Espasa, discrepe de su
apreciación. Un incremento del comercio
internacional tiene que redundar en un enriquecimiento de
todos los países que participen de este incremento. Y
precisamente la apertura, el intercambio de productos
industriales y de servicios tiene que tender a igualar la
economía de los países. Si no fuera así, no se hubiera
producido la firma del acuerdo de la Ronda Uruguay por parte
de tantos países en vías de desarrollo. Quisiera entrar en un
tema que ha abordado el señor Espasa. Ha dicho: Yo no digo no
al GATT; digo GATT sí, pero OIT también, ocupémonos del
entorno social de la producción. Parece que tenga una
prevención el



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señor Espasa a que se produzca después de la Ronda Uruguay el
fenómeno del dumping social. Es un tema complejo sobre el que
hemos de reflexionar en relación a nuestra propia historia,
señor Espasa, porque nosotros también hemos sido acusados por
países europeos más desarrollados, en el pasado reciente, de
haber efectuado dumping social. Por tanto, hemos de encontrar
el equilibrio para ayudar a los países en vías de desarrollo a
crecer, a progresar, a la vez que también ayudamos a que ese
progreso redunde en un incremento de los niveles de protección
social y de bienestar de la población de esos países que se
desarrollan.

En la dirección de esa reflexión, en la dirección de las
acciones que puedan llevarnos a ese objetivo, señor Espasa,
siempre estaremos de acuerdo, y estoy dispuesto a que
discutamos en otras sesiones o con otros miembros del Gobierno
sobre cuál puede ser la posición del Gobierno español para
trabajar en la dirección que usted señala.

Ha hablado también del sector textil. Ya he contestado a este
tema. Creo que el sector textil español tieneaún un nivel de
penetración de importaciones extranjeras inferior al europeo.

En España no llega al 23 por ciento el mercado interno
cubierto por importaciones, mientras que en Europa es el 40.

Nuestra debilidad no está en este dato, sino en las
exportaciones; mientras que los países europeos exportan
igualmente el 40 por ciento de su producción, nosotros
exportamos escasamente el 11 por ciento. Este tema se ha
transformado radicalmente en un solo año. Esperemos que las
condiciones actuales de paridad de la peseta, de estímulos y
también la apertura de mercados de la Ronda Uruguay permita
que el sector textil español corrija ese talón de Aquiles y
vaya incrementando el peso de las exportaciones dentro del
volumen de su producción.

Señor Espasa, se lo digo con toda cordialidad, porque usted ha
usado la palabra «papanatismo» en relación con que esos
acuerdos de libre cambio pueden ser utilizados para la
reducción de las cuotas de bienestar social adquiridas en
nuestro país; creo que el peligro no es el papanatismo de
utilizar el GATT en esa dirección, el peligro real que tienen
los trabajadores de este país de ver reducidos los niveles de
bienestar social que hemos adquirido sería que cerráramos los
ojos a la realidad, que no nos enfrentáramos al fenómeno de
globalización internacional que se ha producido y que no
tomáramos las medidas para hacer que nuestra economía siga
siendo competitiva, que nuestra economía siga creando empleos
y tenga un puesto en Europa y, a través de Europa, en el
mundo.

El señor Molins hace unas reflexiones sobre la Ronda Uruguay
que comparto en gran medida y que, por tanto, no merece la
pena que comente, porque estoy de acuedo con él, sobre todo en
el énfasis de que lo que se nos abre en este momento es la
necesidad de luchar por conseguir un sistema productivo más
competitivo que nos permita sacar ventaja de la nueva
situación. En este sentido comparto su criterio. La Ronda
Uruguay es un desafío, es una nueva exigencia, pero si
respondemos a ella el sector exterior seguirá siendo el más
dinámico de nuestra economía, que falta nos hace en los
momentos de crisis actuales.

Ha dicho el señor Molins que nos falta exigencia en el control
de las reglas de competencia, de defensa comercial frente a
prácticas desleales. Quiero decirle al señor Molins que este
objetivo estuvo ya inscrito en el memorándum que el Gobierno
español aprobó para la reunión del 20 de septiembre y que fue
aprobado también en una moción en este Parlamento. En general
hemos conseguido en esa dirección, de acuerdo con otros países
europeos, pero en contra de los criterios iniciales de muchos
otros países de la Unión Europea, la aceleración de los plazos
de todos los mecanismos de tramitación de medidas antidumping
o antisubvención, es decir, de medidas de defensa contra la
competencia desleal. Hemos conseguido pasar de la minoría de
bloque contra cualquier medida de ese estilo a la votación de
mayoría simple, en la cual cada país tiene un voto. Hemos
logrado que para la aplicación de la cláusula de salvaguardia
se
necesiten mayorías más reducidas, sobre todo si son en
relación a acuerdos preferenciales de la Unión Europea, y,
además, mantenemos lo que se denomina el nuevo instrumento de
política comercial; instrumento que Europa activaría si los
Estados Unidos no retiran la denominada sección 301, es decir,
la sección que les permite la respuesta unilateral y no
multilateral a
situaciones de competencia desleal en el mercado. Por tanto,
sí que ha habido una atención. Y en esta dirección nos hemos
de esforzar también en el futuro. Quiero responderle a un tema
de detalle cuando se ha referido en su intervención al tema
agrícola. Ha dicho como elemento negativo la apertura del 3
por ciento de nuestros mercados agrícolas, hasta el 5 por
ciento en un período corto. Debo decirle, señor Molins, que,
dentro de esos porcentajes de acceso a los mercados, se ha
aceptado finalmente en la Ronda que se incluyan las
importaciones procedentes de los acuerdos preferenciales de la
Unión Europea. Lo cual reduce drásticamente la importancia de
esta cláusula de acceso a los mercados agrícolas.

En relación a espárragos, almendras, etcétera, ya me he
expresado en cuanto a su reducción arancelaria. Por lo que se
refiere al textil, manifiesto la voluntad del Gobierno de
seguir el diálogo con este sector industrial para que, entre
todos, tomemos las decisiones a fin de que no sólo defendamos
la competitividad del sector en ese proceso de desarme
contingentario, más que
arancelario, de once años, sino que hagamos nuestro sector más
competitivo para que pueda aprovechar las ventajas reales que
va a tener el sector textil dentro de las reducciones
arancelarias de la Ronda Uruguay.




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El señor Gatzegaetxebarría, supongo que he pronunciado bien su
nombre (Varios señores Diputados: ¡No! ¡No!) ha glosado
también el acuerdo de la Ronda Uruguay con muchas
observaciones, en las que yo también estoy de acuerdo. Ha
hecho hincapié en la
necesidad de reforzar las medidas antidumping en esta nueva
situación; ha expresado determinadas dudas en relación a la
agricultura y, sobre todo, como elemento novedoso ha hablado
de la situación del pescado. En este tema sucede algo que
también debe tenerse en cuenta en otras intervenciones, como
la del señor Olarte con el tomate canario. Una cosa es la
Ronda Uruguay y otra las negociaciones que la Unión Europea
emprenda con otros países. Por tanto, no creo que de la Ronda
Uruguay se deriven problemas para nuestra industria pesquera.

La reducción arancelaria prevista para determinados productos
está condicionada a
conseguir accesos a recursos en el marco de los acuerdos de
pesca. Estos accesos son para el tipo de pescado que nos
interesa, como la merluza, el rape, etcétera. Creo, por tanto,
que este tema está razonablemente resuelto en la negociación
de la Ronda Uruguay, aunque siempre tendremos que seguirlo
discutiendo en el marco de los temas comunitarios ligados a la
pesca.

El señor Olarte, como buen canario, ha hablado del plátano y
del tomate. Creo que de la intervención del señor Olarte se
deriva la satisfacción de los acuerdos alcanzados, tanto en la
integración de la Organización comunitaria de mercado del
plátano dentro de las ofertas comunitarias en el tema
agrícola, como la modificación de calendarios para el tomate,
que es sustancial para el sector. Ha expresado su preocupación
acerca de la negociación de la Unión Europea con Marruecos.

Este es otro tema posterior a la Ronda Uruguay y tendremos que
vigilar, de la misma manera que tendremos que atender a muchos
otros temas que directa o indirectamente están relacionados
con la Ronda Uruguay. La señora Rahola se ha referido a la
agricultura y al sector textil, y creo que se puede considerar
contestada con las intervenciones que he tenido anteriormente
sobre estos temas. El señor González Lizondo ha hecho una
observación muy atinada. Este acuerdo de tipo comercial y
arancelario, que simplemente introduce las prácticas de nación
más favorecida, de trato nacional, de arancelización en el
comercio internacional, puede quedar alterado por
modificaciones de paridades monetarias en un sentido o en otro
si se iniciara una carrera de devaluaciones competitivas. En
cualquier caso, señor González Lizondo, usted está de acuerdo
conmigo en que el resultado de la Ronda Uruguay es un
extraordinario avance hacia la racionalización de todo el
comercio internacional, incluida no sólo la agricultura, sino
también los servicios. Ha dado, creo yo, una visión
excesivamente pesimista de lo que va a suceder en la
agricultura. Ha dicho que España ha reaccionado tarde y con
poco firmeza. Ha citado otra vez el caso de Francia. Yo
quisiera volverle a recordar que en el tema agrícola España
está razonablemente satisfecha, no sólo de la defensa que la
Unión Europea ha hecho de nuestras
posiciones en la Ronda Uruguay, sino de la aceptación de
nuestras posiciones en el seno de la Unión Europea.

De este modo, señor Presidente, señorías, querría terminar mi
intervención, pero no sin antes hacer una alusión a las
primeras palabras del señor Rato. El señor Rato ha dicho al
subirse a esta tribuna que se habían producido primicias,
novedades, en la sesión de hoy. Yo, lamentablemente, no he
podido vislumbrar ninguna novedad, ninguna primicia en esas
primeras palabras suyas, y mucho menos nada novedoso en
relación al debate que sobre el tema de mis comparecencias ya
tuve con un miembro de su Grupo Parlamentario el pasado
miércoles.

La intervención suya, señor Rato, no ha sido para mí ni una
primicia ni tampoco una sorpresa. Una vez más, como sucedió el
pasado miércoles, ha querido usar el debate sobre un tema que
nada tenía que ver con ello para la descalificación global,
para una enumeración tediosa de acusaciones y de imputaciones
falsas. (Rumores.)
Quizá es esperar demasiado del PP que deje de lanzar
acusaciones infundadas. Quizá es demasiado esperar del Partido
Popular, en debates que nada tienen que ver, que se realicen
imputaciones sobre algo más sólido que la lectura apresurada
de titulares de periódicos. (Rumores.) Quizá también, señor
Rato, es demasiado esperar del Partido Popular un debate en
profundidad sobre los temas que debíamos haber discutido, en
vez de cuatro
consideraciones formales que demuestran que usted no ha
estudiado, no conoce el resultado de la Ronda Uruguay
(Rumores.); no ha entrado en ningún tema a fondo y se ha
limitado,
simplemente a hacer cuatro observaciones superficiales sobre
la forma en que el Gobierno español ha negociado ese acuerdo a
través de la Unión Europea. (Rumores.)
Mientras tanto, quiero declarar aquí que quienes tenemos la
responsabilidad de gobernar, de ejercer nuestras
responsabilidades seguiremos en este camino, y seguiremos
haciéndolo como lo hemos hecho para negociar la Ronda Uruguay,
defendiendo los intereses nacionales en coordinación estrecha,
como no puede ser de otra manera, con nuestros socios europeos
y utilizando toda la fuerza de ser miembros de la Unión
Europea al servicio de los intereses nacionales.

Los acuerdos del GATT coinciden con la política económica que
está desarrollando el Gobierno; una política que persigue
convencer a los ciudadanos españoles de que nuestro principal
reto es incrementar la competitividad en nuestra economía. Si
queremos incrementar el empleo hemos de hacer que nuestras



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empresas no sólo sean viables, sino competitivas. Para eso
hemos elaborado un marco de política económica que con
tenacidad persigue mantener la paridad monetaria adecuada a
estos fines; con tenacidad persigue la reducción de los tipos
de interés, porque ello es conveniente para esos fines; con
tenacidad persigue la reducción del déficit público. A la vez,
compatible con esa reducción sostenida que no podremos hacerla
en un sólo año, que tendremos que hacerla continuadamente,
hemos incluido, tanto en el presupuesto, como en otras medidas
de política económica, el impulso posible a la actividad
económica, el impulso posible mediante el máximo énfasis, por
ejemplo, en nuestra política de inversión en infraestructuras,
política que pasa, para ser competitivos, por la reforma de
las estructuras, de los servicios. Hemos aprobado leyes que
afectan al mercado financiero, a los seguros. Va a venir la
ley de arrendamientos urbanos. Hemos hecho reformas en el
campo de las
telecomunicaciones, siguiendo la liberalización europea.

Seguiremos en esta vía, que es la que conviene a la economía
de nuestro país.

Nuestro país tiene futuro, señorías, si creemos en él y si
practicamos con tenacidad la política de confianza en nuestras
propias posibilidades. La Ronda Uruguay del GATT muestra hasta
qué punto, si seguimos en esta política, podemos hacer
progresar la economía del país. El sector exterior es, con
mucho, el más dinámico de la economía española en 1993. Ha
aportado al
crecimiento del PIB más de dos puntos en 1993. Se trata de
hacer a nuestra economía más competitiva, y eso no es
abstracto. Es un tema real que hay que discutir en las
empresas, entre empresarios y trabajadores, con el marco
adecuado y las políticas adecuadas del Gobierno.

Si de verdad conseguimos avanzar en esa dirección, y esta es
la propuesta del Gobierno, sacaremos el máximo provecho de la
Ronda Uruguay, incrementaremos el peso del sector exterior en
nuestra propia economía y aprovecharemos a la vez el impacto
psicológico positivo que ha supuesto para todo el mundo, pero
también para España, ese acuerdo histórico que es la Ronda
Uruguay.

En la dirección del trabajo, de la asunción plena de todas las
responsabilidades, de explicar al país de verdad qué es lo que
le conviene y en qué dirección hemos de avanzar, estará el
Gobierno en ese y en todos los debates que SS.SS. quieran
realizar sobre este tema.

Muchas gracias. (Aplausos en los bancos del Grupo Socialista y
protestas en los del Grupo Popular.)



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vicepresidente. (El señor
De Rato Figaredo pide la palabra.)
Tiene la palabra el señor De Rato. (Rumores.) Silencio,
señorías. El señor DE RATO FIGAREDO: Señor Presidente,
señorías, señor Solchaga, en el momento en que usted se subió
a esta tribuna y habló de lógica económica, mi Grupo realmente
pensó, con susto, que pudiera usted decir que estaba de
acuerdo con nosotros, porque yo creo que en este momento en
España cualquier personaque coincida con la lógica económica
del señor Solchaga seguramente tendrá que explicar a los
ciudadanos cómo es posible que nos encontremos en la situación
en la que estamos. Ni siquiera su propio Gobierno se quiere
solidarizar con su lógica económica. El Ministro de Economía -
-en este momento ausente--, en sus primeras declaraciones
oficiales, nos confesaba que el Consejo de Ministros no había
conocido las cifras del déficit. Es verdad que el señor
Solchaga nos ha dicho en esta Cámara, en sus diversas
responsabilidades, que él nunca le daba importancia al déficit
exterior, que al fin y al cabo había siempre dinero extranjero
para financiar; eso está en el «Diario de Sesiones». Es verdad
que el señor Solchaga nos lo ha vuelto a reiterar hoy;
considera que no tiene nada que ver nuestra situación
económica con el hecho de que nuestras importaciones crezcan
mucho más deprisa que nuestras exportaciones y que nuestro
comercio exterior haya cambiado, con un mayor peso de
importaciones sobre exportaciones que antes de nuestra entrada
en la comunidad. Sí que le tengo que decir, señor Solchaga,
que para nosotros es un alivio no coincidir con su lógica
económica. Es un alivio político y económico. No queremos
tener nada que ver con todo lo que usted ha mantenido y
mantiene, y consideramos que ninguna de sus afirmaciones en
este hemiciclo, en sus responsabilidades anteriores y en las
actuales, pueden mantenerse con un mínimo de rigor. Estamos
ante la peor crisis económica de los últimos 20 años y no cabe
duda, señor Solchaga, que se lo hemos estado advirtiendo a
usted durante años, pero se ha empecinado usted en los
errores, errores como el de la cotización de la moneda --ha
sido reconocido por usted que entramos en el Sistema Monetario
Europeo por presiones políticas de nuestros socios--, y que a
estas alturas venga usted a darnos lecciones económicas a los
demás es realmente sorprendente. (La señora Fernández Sanz:
Las da muy bien.) Si puede, puede, no cabe duda; sigan ustedes
con él de portavoz económico que a nosotros desde luego nos va
estupendamente; sigan con él que es lo mejor que nos puede
pasar. (Un señor Diputado de los bancos del Grupo Socialista:
Seguiremos así muchos años.) Sí, sí, cuantos más mejor. El
señor Serra ha empezado su intervención --después tendré que
hablar del final de su intervención, que era el principio de
la mía-- diciéndonos muy ufano que las exportaciones españolas
habían crecido en el año 1993 un 14 por ciento. Señor Serra,
estamos en una recesión, con una caída del producto interior
bruto de un punto negativo y es natural que esto suceda; usted
comprenderá que las empresas tienen que sobrevivir. Ha



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habido tres devaluaciones conseguidas gracias a la pericia del
señor Solchaga, que ha batido todos los récord, tres
devaluaciones seguidas. (Un señor Diputado pronuncia palabras
que no se perciben.) Sí, sí, fantástico, no cabe duda, se han
hecho grandes operaciones de dinero con esas tres
devaluaciones, pero hay que ver el coste en mano de obra, en
empleo y en tejido productivo que hemos pagado durante los
años anteriores. En cualquier caso, el señor Vicepresidente
del Gobierno está terriblemente ufano del ritmo de nuestras
exportaciones.

Pues bien, señor Vicepresidente del Gobierno, yo le recomiendo
que lea usted el Boletín del Banco de España, que dice lo
siguiente: Si la economía española inicia una etapa expansiva
en la que vuelva a producir nuevas pérdidas sistemáticas de
competitividad, el déficit comercial crecerá rápidamente,
alcanzando de nuevo una elevada dimensión que anularía por
completo la ligera corrección registrada en 1993. Una baja
tasa de crecimiento aparece como el único factor de
compensación de la tendencia al deterioro del déficit
comercial que se deriva de la desfavorable evolución de la
competitividad.

Por tanto, señor Serra, preocúpese usted de nuestra
competitividad --que seguramente no tiene ningún interés para
el señor Solchaga, pero que el Gobierno parece decir que para
él sí lo tiene-- y no nos venga con las cifras de que nuestras
exportaciones están creciendo en 1993. Es lo único que está
creciendo, es la supervivencia de las empresas, pero no será
por lo que ustedes han hecho por ellas, porque las
devaluaciones se las han cascado desde fuera sin que ustedes
fueran capaces en ningún momento de tomar ninguna decisión al
respecto. (Rumores.) Ninguna, ninguna, señorías. Pero para qué
vamos a repetir aquí debates anteriores. (Continúan los
rumores.)
Dice el señor Vicepresidente del Gobierno que el Grupo Popular
ignora cómo se producen las negociaciones internacionales.

Seguramente se deben producir de distinta manera para nosotros
que para los griegos, los portugueses y los franceses. A
nosotros nos deben meter en otra habitación y ahí la
negociación es distinta.

Como están obsesionados con la media comunitaria y, además,
están preocupadísimos porque Francia no se quede aislada,
seguramente a ustedes les meten en una habitación y a los
portugueses, a los griegos y a los franceses les meten en
otra; lo que pasa es que las consecuencias son distintas para
los productos y para las posiciones de cada país. Lo grave de
este tema, señor Serra, es que no podemos saber cuál era la
posición del Gobierno, porque el debate de hoy no es tanto
para poder saber cuáles son las consecuencias del GATT (entre
otras cosas porque ustedes no han sido capaces de decírnoslas,
producto por producto, región por región), sino para analizar
cuálha sido la estrategia negociadora del Gobierno, y no la
hemos podido conocer ni siquiera hoy. El señor Serra nos
coloca ante la disyuntiva de que España o bien tiene que ir en
solitario o bien aceptar la media comunitaria. Señor Serra,
para eso no hace falta que vayan ustedes a ningún sitio. Si
nosotros tenemos que aceptar la media comunitaria, de poco
sirven esos cuatro ministros, con todo su equipo en Bruselas
(creo que hasta un ministro accidentado tuvo que ir a
Bruselas; yo le tengo todo el respeto, pero no sé qué hacía
accidentado, tenía que haber ido, muchos meses antes), porque
de lo que se trata es de saber cuál era la posición
negociadora del Gobierno. Y la posición negociadora del
Gobierno se la voy a leer, porque está dicha por su compañero
de gabinete el Ministro de Asuntos Exteriores desde el año
1992: El Gobierno español no hará valoración en este momento
hasta que no esté todo finalizado. (Eso se llama liderar a la
opinión pública interna). Es
competencia de la Comunidad encontrar fórmulas en las que
puedan encontrarse cómodos todos los países (eso se llama
desde luego tener una política propia sobre los problemas
españoles). El señor Serra también nos dice que hay que medir
la Ronda por los resultados. Los resultados, aparte del señor
Solchaga que no le da importancia, será el déficit comercial,
¿o cuáles son los resultados? ¿Los resultados qué son, señor
Vicepresidente, la cantidad de buenas palabras que les dan a
ustedes en las
relaciones internacionales, o la cantidad de productos que
vendemos nosotros fuera? Porque, claro, entrar en la Comunidad
Económica Europea para que el ritmo del crecimiento de
nuestras exportaciones se reduzca, no cabe duda que es una
muestra clara de lo que no tenemos que estar haciendo. Y si
usted no nos quiere escuchar, está llevando el camino de
alguno de sus antecesores, pero me da la sensación de que la
situación de la economía española en este momento no avala que
hayan ustedes acertado tanto.

Ha dicho el señor Serra que se han solucionado problemas
agrícolas. Sí, claro, del Tratado de Adhesión, porque ustedes
van con una negociación de retraso. En ésta arreglan lo del
Tratado de Adhesión y en la siguiente, si hay siguiente,
tratarán de arreglar lo de ésta, porque hicieron ustedes el
Tratado de Adhesión para tratar de arreglar su problema de
posicionamiento sobre la Alianza Atlántica, y así vamos una
negociación tras otra, pero con una de retraso.

¿Por qué no se ponen ustedes al día, señor Serra, al día con
la economía española y con la sociedad española?



El señor PRESIDENTE: Señor De Rato, le ruego concluya.




El señor DE RATO FIGAREDO: Sí, señor Presidente.




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No le da usted importancia a las subvenciones a las
exportaciones. Teniendo en cuenta que afectan al aceite de
oliva, que vivimos en España y que usted es Ministro del
Gobierno de España, sorprende que no le dé usted importancia,
pero no tengo tiempo ahora para detenerme.

Sí tengo que detenerme en el tema de las declaraciones del
sector textil, porque quiere usted confundir a la Cámara, y
eso está mal, señor Serra, está mal que la primera vez que
hace usted un debate en tres años confunda usted a la Cámara.

El Plan de competitividad del Gobierno --que usted ha
mencionado, es usted el que lo saca muy ufano-- es de hace dos
años, y las
declaraciones son de hace dos años; qué quiere que le haga,
las declaraciones son clarísimas, hechas por los mismos
señores que hoy. Pero de ayer. Ya que quiere usted ver
declaraciones
concretas, de ayer hay un documento de Intertextil, que dice,
aparte de lo que yo he leído antes, que la industria de la
confección española, con un potencial equivalente a una décima
parte del existente en la Unión Europea, constituye un sector
plenamente competitivo; no están pidiendo ningún tipo, lo que
quieren es que les dejen en paz, que les den un marco estable,
pero dicen que siempre que el marco económico en que se
desenvuelva sea neutro y la nefasta --nefasta, la palabra no
es mía-- política económica de los últimos años, etcétera.

Pero añaden otra cosa sobre la negociación: La industria
textil-confección se siente acreedora del Estado (porque
tampoco en estos momentos ha sido defendida) y nos encontramos
con la asignación de 62.000 millones a favor de Portugal,
claramente en contra de nuestra industria española. Y
continúan: y en una reconversión del malhadado plan de
competitividad de la industria textil, protestado en el
momento de su aprobación hace dos años y desertado por
inadecuado por toda la industria. Eso son documentos, no
declaraciones, documentos de ayer. Si usted me habla de hace
dos años, yo le enseño documentos de hace dos años; si me
habla usted de hoy, le enseño documentos de hoy.

Señor Presidente, no me queda más remedio que hablar de las
propuestas económicas del Partido Popular --que no estaban a
debate-- porque el señor Vicepresidente ha aprovechado para
poder hablar de ellas. Señor Vicepresidente, en muy pocas
pinceladas: que este Gobierno quiera dar lecciones de déficit
público es algo terrible, algo que da miedo (Risas.) ¿Usted
sabe cuál es el déficit público de este año, de caja? ¿Sabe
cuánto ha aumentado? (Aplausos en los bancos del Grupo
Popular.) Dejadlo, que no tengo tiempo. ¿Sabe cuánto ha
aumentado, señor Serra? El 188 por ciento sobre el del año
anterior. ¿Y ustedes son los que nos van a dar lecciones a los
demás de reducir el déficit público? Porque hay que mantener
la política económica, ¿cómo no? Es la mejor política
económica, ya lo dice la OCDE, elFondo Monetario
Internacional, ya lo dice la propia Comisión. ¡Es inaudito que
usted nos quiera dar lecciones!
Y nos dice usted que han contabilizado el coste de 700.000
millones. Siempre es la misma cifra. Da igual que propongamos
modificar todos los impuestos que uno solo, la cifra es
siempre de 700.000 o 800.000 millones. Dentro de nada nos dirá
usted que les vamos a quitar 8.000 pesetas a los pensionistas,
que son las que les han quitado ustedes. (Aplausos en los
bancos del Grupo Popular.)
Señor Serra, al ser una primicia su debate de hoy aquí, diga
usted cosas sólidas. La única medida que se puede cuantificar
de esta propuesta es la reducción del impuesto sobre la renta;
las otras dependen de la actividad, y eso usted lo sabe igual
que yo. Es decir, no sé si usted lo sabe, pero alguien lo
tiene que saber. (Risas.) El señor que se ha ido seguramente
lo sabe. Es inaudito que diga usted esas cosas, siempre es la
misma medida. A propósito --y ya se lo dijimos a sus
antecesores--, como parece ser que el Gobierno se dedica no a
cuantificar el déficit de sus presupuestos --que se les sube
al 188 por ciento sobre el previsto-- sino a cuantificar las
propuestas económicas de los partidos de la oposición, vamos a
volverles a pedir que nos den las de todos. Porque si tienen
ustedes a los funcionarios trabajando en las propuestas
económicas de la oposición y cuantificándolas, seguramente
será interesante ver las de todos, ¿o trabajan sólo para
ustedes? Pero, repito es la misma cifra de 700.000 millones. Y
en la intervención siguiente me hablará usted de las 8.000
pesetas; lo que pasa es que esa cifra ya no la debe usar,
porque es la que les han quitado este año a los
pensionistas.

Vamos a ver, al final, habla usted de las primicias. Señor
Serra, ¿yo qué culpa tengo de que usted se haya negado a tener
debates en el Pleno? No será porque nosotros no le hayamos
sugerido que los tuviera. Es usted el que se ha negado, por
eso son primicias. ¿Yo qué culpa tengo de que usted no haya
dicho, desde el año 1986 hasta la fecha, nada sobre el GATT?
Son primicias. Usted tenía la responsabilidad de haberlo
hecho, porque usted es un miembro del Gobierno y tenía que
haber hecho las dos cosas muchas veces, pero son primicias.

Es más, usted dice que nosotros hacemos afirmaciones
superficiales. Señor Serra, nosotros hemos pedido su
comparecencia en la Comisión Mixta del Tribunal de Cuentas
para que respondiera de la protesta, en pleno, de todo el
Tribunal de Cuentas español por el nombramiento del
representante en el Tribunal de Cuentas Europeo, decidido por
usted. Y si no es así, acuda usted a la comparecencia y
díganoslo. Nosotros le brindamos la ocasión para que venga,
pero es usted el que no quiere venir.




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Señor Serra, nosotros le pedimos a usted, que era el
coordinador de la EXPO --¿no era usted el coordinador de la
EXPO?-- que viniera aquí a explicar las cuentas de la EXPO, y
usted se negó. Y nosotros le hemos pedido a usted que viniera
a hablar de cuál era la participación del Cesid --si la había-
- en el escándalo de las escuchas de Barcelona, y usted se
negó. Y encima dice usted que nosotros hacemos acusaciones
superficiales y falsas. Esta documentado en el Registro de la
Cámara esto que yo estoy afirmando. Yo a usted no le he
acusado de nada, le he pedido que venga a hablar a la Cámara
de temas que se relacionan con S.S., y usted se niega. Y viene
usted a hablar aquí hoy del GATT, que no ha hablado nunca, y
yo lo valoro políticamente. ¿A usted no le gusta mi
valoración? A mí no me preocupa nada si a usted no le gusta.

Dice usted --y con esto termino-- que tienen ustedes tenacidad
contra el déficit público. ¡Bárbaro! (Risas.) El día que no la
tengan ustedes hemos entrado en barrena, porque un incremento
del 188 por ciento... ¡bárbaro, señor Serra! (Risas y aplausos
en los bancos del Grupo Popular.) Es usted un genio de la
tenacidad con el déficit público. Y tiene tenacidad el
Gobierno en la paridad de la peseta --¿sí, eh?--, tres
devaluaciones seguidas, ¡fantástico! La tenacidad la
demostramos hoy con la noticia de que nuestro Gobierno tiene
que tratar de impedir la ampliación de la Comunidad porque
tiene miedo a la segunda velocidad. ¿Y no vamos a cambiar de
política económica, no? Va a seguir todo igual, pero ya
reconocemos que tenemos un claro riesgo de segunda velocidad.

¡Estupendo, señor Serra! Esperamos tener más oportunidades de
debatir y que dentro de tres años no tengamos otra primicia.

Claro que dentro de tres años la primicia será al revés, en
cualquier caso.




El señor PRESIDENTE: Señor Rato, le ruego concluya.




El señor RATO FIGAREDO: Tiene usted razón, señor Presidente,
le agradezco su deferencia.

Señor Serra, aparte de las valoraciones políticas, el Gobierno
¿tiene o no tiene una evaluación sector por sector? ¿La tiene
o no la tiene? Ya no discutimos más. Yo la he pedido esta
misma tarde, usted se la manda a la Cámara y ya está, sector
por sector y región por región. Usted la manda y entonces me
la podrá usted enseñar. Ahora, si todo lo que tiene usted es
lo que ha enseñado hoy aquí, entonces es perfectamente
comprensible que cuando nuestro Gobierno va a hablar en la
negociación del GATT nos metan en otra habitación.

Lamentablemente, eso es lo que nos está costando la
competitividad y eso es lo que nos está costando la crisis
económica que tenemos.

Muchas gracias. (Aplausos en los bancos del Grupo Popular.)
(El señor Solchaga Catalán pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: El señor Solchaga tiene la palabra.




El señor SOLCHAGA CATALAN: Gracias, señor Presidente.

Deseaba hacer uso de la palabra por las alusiones que ha hecho
el señor Rato a mis responsabilidades anteriores.




El señor PRESIDENTE: No, S.S. tiene un turno de réplica.




El señor SOLCHAGA CATALAN: Tengo un turno de réplica. Eso ¿es
más o menos? (Risas.)



El señor PRESIDENTE: Eso es más.




El señor SOLCHAGA CATALAN: Gracias, señor Presidente. Lo
entenderé de manera muy rápida porque, de verdad, si no puedo
dejar pasar por alto las alusiones, tampoco la naturaleza de
las mismas merece la pena que suba a la tribuna, porque sobre
lo que ha dicho el señor Rato la verdad es que sólo ha hecho
una aseveración de hecho y es que las importaciones están
creciendo más que las exportaciones, la cual es simplemente
falsa en estos momentos. Todo lo demás han sido connotaciones
valorativas como que ha sentido un enorme alivio al ver que su
Grupo no coincidía con mis opiniones de política económica. Me
parece muy bien, es un exordio ante la Cámara, una
manifestación y una confesión agustiniana. A mí me deja frío
lo que a usted le parezca, si siente alivio o no siente alivio
sobre la coincidencia. (Risas.) También ha dicho el señor Rato
que no sé cómo voy a darles lecciones de Economía a esos
señores. Créanme ustedes que no se las quiero dar. En 1974
dejé la Universidad, preocupado por el aire que ésta estaba
tomando en algunos aspectos, y nunca he vuelto a dar lecciones
de Economía, convencido de «quod natura non dat, Salamanca non
prestat» y, por consiguiente, no haré ningún esfuerzo en esta
materia. (Risas.)
Concluiré, señor Presidente, sin embargo, diciendo que sí me
preocupa un uso parlamentario que parece nacer de la
inseguridad. No hay nada peor en este mundo que el miedo, o,
si quieren ustedes, el miedo al miedo. Parece como si tuviera
el interés el representante del Grupo Parlamentario Popular en
callar mi voz y mi opinión, sacando a la palestra cada vez que
hable la opinión que a él le merece lo que haya sido mi
ejercicio como responsable al frente de la política económica
durante unos años. Y yo se lo digo, señor Rato, no siga usted
por ahí. Me deja frío. Voy a seguir diciendo lo que pienso,
porque puedo mirar hacia atrás con tranquilidad. No habré
acertado en todo, pero he presidido un período de política
económica en España como ha habido pocos en la historia
reciente. (Protestas y aplausos.)



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Estoy seguro de que ustedes podrían, quizá, hacerlo igual o
mejor, pero todavía están por demostrarlo. Ustedes están
hablando en esta materia en teoría, y así seguirán durante
mucho tiempo en tanto se mantenga el sentido común
predominante hoy entre los españoles. En todo caso, no sigan
por esa línea. Quizá a otras personas con menor valor, con
menores reservas les podría impresionar. A mí les aseguro que
no. Estoy persuadido de que habiéndome equivocado, como todos
los que estamos en esta Cámara, en algunas cosas, sin embargo,
puedo mirar con tranquilidad lo que ha sido la ejecución de
mis responsabilidades, y voy a hablar de política económica
todo lo que quiera. Y cuando digan ustedes cosas basadas en la
ignorancia, cuando digan cosas que
contravienen hechos que están comprobados, cuando den ustedes
fórmulas que están equivocadas --y hoy no entraré en las que
ha dicho el señor Rato porque para eso está el señor
Vicepresidente y al él le estaba contestando--, naturalmente
que contestaré... y cuando «haiga» (Risas.) risas así de
desaforadas, me quedaré tan tranquilo como vengo haciéndolo
siempre.

Señor Presidente, no crea usted que va a tener que darme nunca
un amparo en esta materia, porque, naturalmente, seguiré
haciendo uso de los derechos parlamentarios sin temor a las
descalificaciones de otros. Muchas gracias. (Fuertes aplausos
en los bancos del Grupo Socialista.)



El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Espasa.




El señor ESPASA OLIVER: Gracias, señor Presidente.

Supongo que la novedad de la comparecencia explica la
extremada extensión de la misma. El señor Serra tardó en
prodigarse, pero se ha prodigado abundantemente esta tarde.

Yendo al tema que nos ocupaba, al GATT, quiero reiterarme en
algunas de las afirmaciones que he hecho y contradecir algunas
de las respuestas que el señor Serra ha dado.

En primer lugar, señor Serra, no es lo mismo una comparecencia
informativa en la Comisión de Exteriores que un debate
político previo a la ratificación del GATT, como se ha hecho
en Francia, donde el Presidente de la República Francesa
convocó a todos los líderes políticos del arco parlamentario;
así se conformó en la vecina República la opinión del conjunto
de fuerzas políticas para abordar la negociación del GATT.

En cuanto a las ventajas agrícolas, usted y yo podemos
coincidir en parte. Están conseguidas sobre las propuestas,
pero hay que seguir y hay que vigilar su materialización. Para
esto, en otros países --vuelvo al ejemplo francés-- se ha
creado una comisión de seguimiento compuesta por el Gobierno,
las fuerzas
parlamentarias y los sectores interesados. Espero que esto
también lo hagamos aquí para ver que, con seguridad, lo
conseguido para las organizaciones comunes de comercio se
traduzca de verdad en el mantenimiento de la renta de los
agricultores, porque la cuantía, y usted lo sabe mejor que yo,
pero lo ha obviado en su respuesta, no está garantizada. Está
garantizada la voluntad política, pero no la cuantía y, por lo
tanto, hay que estudiar y vigilar muy de cerca estos aspectos
que usted presenta ya como triunfos de la negociación, que
nosotros quisiéramos que acabasen siéndolo, pero que lo serán
sólo si hay participación de todos en el seguimiento de estos
aspectos. Sobre la cuestión de fondo, que también han abordado
usted y el señor Solchaga, quisiera señalarle, señor Serra,
que usted ha pretendido explicar a la Cámara una manifiesta
falta de verdad. Usted ha pretendido convencer a la Cámara de
que el fabuloso crecimiento económico y la cohesión social que
Europa ha vivido desde 1945 hasta 1980 se debía al incremento
del comercio. Nada más falso, señor Serra; se ha debido a
políticas de izquierda, a políticas de corte keynesiano, a
políticas que han practicado en toda Europa socialistas,
comunistas y otras fuerzas de izquierda y que ustedes ahora
quieren abandonar completamente en el papanatismo
librecambista. No diga que el crecimiento europeo, entre los
años 1945 y 1980 el más fuerte de toda la historia de la
humanidad, se ha producido gracias al libre cambio. No sea tan
inexacto, por no decir una palabra más gruesa. Se ha producido
cuando se producían en Europa --porque la izquierda gobernaba
desde Suecia hasta la raya de los Pirineos-- políticas de
izquierda, políticas de protección de los derechos sociales,
políticas de implemento del empleo público, de la empresa
pública y de la protección social, y no convierta usted esto
en un triunfo del librecambismo cuando no es así. Ahora, con
el GATT, puede pasar lo contrario. Usted me dice --y ha sido
receptivo a nuestro argumento--: De acuerdo con el libre
comercio, pero acepto su preocupación por el entorno social. Y
el señor Solchaga y usted nos decían: ¡Hombre!, sean ustedes
«piadosos» --entre comillas--; recuerden la historia española.

Señor Serra y señor Solchaga --ausente ahora--, España no
exportaba bienes; España recibía remesas de emigrantes,
producía turismo, pero no
exportaba, como ahora hacen los países del sudeste asiático.

Esta es la gran novedad de la década de los noventa; la
deslocalización industrial nos está produciendo la degradación
del tejido industrial y del mercado laboral en nuestros países
y ustedes, en lugar de hacerle frente, de buscar caminos con
el conjunto de la izquierda europea para hacer frente a esta
situación, aplauden esta nueva situación, se declaran
furibundos librecambistas --la exposición del señor Solchaga
ha sido paradigmática en este sentido-- y en el fondo nos
dicen que sólo seremos competitivos cuando nuestros
trabajadores, cuando nuestro sistema productivo sea parecido
al de Taiwan, al de Corea del Sur o al de Indonesia.




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Esta es la filosofía de su Gobierno. Este es el papanatismo
que hay tras la aprobación del GATT, que unos podemos aceptar
de una u otra forma, y que yo creo ver en sus palabras. Es
evidente que es mucho mejor --éste es un viejo proverbio
sindical y político--un mal acuerdo que un no acuerdo, y el
GATT no en todos sus aspectos es un mal acuerdo, ni mucho
menos (no lo hemos dicho y en parte se ha recogido así), pero
también es evidente que hemos de enfocar, al menos los que nos
reclamamos de la izquierda, en un sentido positivo esta famosa
competitividad.

El sentido positivo lo he señalado yo --lo ha señalado
también, por cierto, el portavoz de Convergència i Unió-- y le
he dado dos salidas posibles: Una, la «exportación» --entre
comillas-- de los derechos sociales conquistados por la clase
obrera europea al resto del mundo; otro, el arancel social, el
impuesto social para igualar aquel coche producido en el
sudeste asiático sin
vacaciones, sin sindicatos, sin derecho a la educación, sin
derecho a la seguridad social, sin derecho a la salud, con el
coste del SEAT, del coche producido en nuestro país. De esto
ustedes no dicen nada. Ustedes están instalados en el
papanatismo librecambista para garantizar así argumentos que
no son tales, para armarse de valor, porque valor hace falta
tener para presentar la propuesta de regulación del mercado
laboral que ustedes han hecho.

En la legislatura pasada, cariñosamente, acusaba al señor
Solchaga de tener una deriva asiática. Hoy ha quedado claro.

Su propuesta en materia laboral es la deriva asiática.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Espasa. (El señor González
Lizondo y el señor Molins i Amat piden la palabra.) No es un
turno obligado; es decir que si no quieren intervenir...

(Risas.) Tiene la palabra el señor Molins.




El señor MOLINS I AMAT: Gracias, señor Presidente.

Mi turno es absolutamente voluntario, obviamente, para
replicar, porque entendemos que podría ser útil para el
debate, a las intervenciones habidas hasta ahora y
particularmente a la del señor Vicepresidente del Gobierno o,
mejor, exclusivamente a la del señor Vicepresidente del
Gobierno. Se ha suscitado un debate entre proteccionismo y
libre cambio. Me parece que no nos llevaría muy lejos el
entrar en esta discusión. De hecho, a lo largo de la historia
derechas e izquierdas han sido en
determinados momentos librecambistas y proteccionistas, tanto
en un sitio como en otro, y por tanto, me sorprende que
algunos se sorprendan de las posiciones de unos y otros a lo
largo de este debate.

Se ha comentado también el tema de la solidaridad con el
Tercer Mundo, debate en el cual nuestro Grupo tiene muchas
cosas para el acuerdo. El problema está en que si en este
momento países del Tercer Mundo considerados pobres y que lo
son todavía están teniendo esos crecimientos a los que hacía
referencia en mi primera intervención es precisamente porque
cuentan con capitales que no son del Tercer Mundo y que con la
política de
deslocalización industrial que se adopta en estos momentos en
determinados sitios (en Estados Unidos probablemente y también
en muchos países europeos, pero fundamentalmente los nórdicos,
Alemania, Francia y Gran Bretaña) realizan la competencia en
la propia Unión Europea con las industrias instaladas en esos
terceros países.

Por tanto, la solidaridad evidentemente hay que tenerla con
los ciudadanos de los países, pero debemos cuidar la forma en
que aplicamos automáticamente esa solidaridad, sin saber qué
hay detrás de esa competencia que, seguimos considerando,
puede ser catalogada como desleal.

Se ha hablado también del sector textil. Mencionaba en mi
primera intervención nuestra tristeza por no ver presente en
este debate al Ministro de Industria. Debo reconocer que en
este momento me alegro de que no haya oído las palabras que se
han oído en esta Cámara respecto al sector textil, no dichas
precisamente por el señor Vicepresidente. Se ha dicho que es
un sector que siempre está en crisis, sobreprotegido. No me
extraña que las dijera quien las dijo. Es conocido en el
sector porque cuando tenía responsabilidades en el Gobierno
tuvo una entrevista con el sector y advirtió a su secretaria,
cuando le dijo que estaba esperándole en la puerta el sector
textil para hablar con él: Que pasen, pero llorados. Es decir,
que parece ser que esta opinión expresada por el señor
Solchaga ya viene de tiempo atrás. El señor Vicepresidente ha
explicado otra opinión respecto al sector textil que está
mucho más de acuerdo con nuestro Grupo parlamentario. Nuestro
Grupo parlamentario insiste en que el sector textil da empleo
a 350.000 personas en nuestro país; corresponde al 10 por
ciento del producto interior bruto
industrial y, en ningún caso, y menos en este momento de
graves dificultades en la creación de empleo, debemos
considerarlo como un sector sobreprotegido y que no es digno
de merecer nuestra atención.

Insistiríamos, señor Vicepresidente, y lo he dicho en mi
primera intervención, en que el sector textil no está pidiendo
sobreprotección; pide simplemente reciprocidad en los acuerdos
del GATT; pide la apertura de mercados que como Indonesia,
China, Paquistán, India son ya hoy mercados muy atractivos
para la industria textil europea y, por tanto, está exigiendo
no una protección --que no la pide--, sino la apertura
recíproca de los mercados, que a nuestra apertura deben
corresponder con la suya propia. Este es uno de los principios
fundamentales de los acuerdos del GATT, la reciprocidad,



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y el sector textil no merece que este principio no sea
respetado precisamente cuando se trata de él. Si esto no fuera
posible, si la reciprocidad, la apertura de mercados no fuera
posible, piden las mismas compensaciones que una economía
industrial, como la portuguesa, competitiva con nosotros
dentro de la Unión Europea, ha conseguido por parte de la
propia Unión Europea, y a eso no debería renunciar, en ningún
caso, el Gobierno español.

Ha mencionado el señor Vicepresidente nuestra debilidad en la
exportación del producto textil. Ha dejado de dar un dato.

Nuestro sector textil tenía una balanza de pagos con superávit
en 200.000 millones de pesetas hasta el año 1990, en el que la
sobrevaloración de la peseta la situó, en el año 1992, en un
déficit comercial de menos 300.000 millones de pesetas,
situación que ha variado, como recordaba el señor
Vicepresidente, en un tercio aproximadamente, unos 100.000
millones de mejora en los seis meses en los que las tres
devaluaciones están ya situando a nuestro sector textil en
plena competencia en los mercados europeos.

Ha hecho referencia también el señor Vicepresidente a mi
intervención primera en la cual solicitaba medidas de control
contra prácticas ilegales. Estoy seguro de que el Gobierno
pone mucho interés, pero sigue siendo cierto que en Europa
existe hoy un 12 por ciento de las importaciones de terceros
países que son ilegales y que entran ilegalmente, con
certificados de origen ilegales, fundamentalmente por Holanda
y por Dinamarca, y eso es suficientemente conocido como para
que sea ignorado por el Gobierno. Por tanto, debemos exigir y
seguir en esa línea, que me dice emprendida el señor
Vicepresidente del Gobierno, para evitar precisamente ese 12
por ciento de competencia desleal. No estoy hablando de la
competencia leal que de acuerdo con las reglas internacionales
del comercio se está realizando, no hablo de ese porcentaje
del mercado interior que está legal y
legítimamente ocupado por una oferta exterior; hablo de la
competencia desleal, que utilizando mecanismos ilegales se
realiza, valorada, como le decía, en un 12 por ciento de las
importaciones totales.

Decía el señor Vicepresidente, y aquí finalizaré, señor
Presidente, con nuestro acuerdo con esta política, que hay que
seguir el diálogo con el sector, y ha hecho referencia el
señor Vicepresidente a unas declaraciones del Presidente del
Intertextil que decía de hoy. No eran de hoy; eran del jueves
y el sector parece ser que del jueves a hoy se ha replanteado
su posición global sobre el textil, porque es bien cierto que
Intertextil hoy no está contento con esa negociación y expresa
las opiniones que aquí nuestro Grupo le ha hecho llegar.

Plan de competitividad a través del diálogo. Ese es el camino,
señor Vicepresidente. Yo se lo decía en mi primera
intervención. Hay que reformar el plan de competitividad para
que esta vez sí sea acordado con el sector, cosa que no lo fue
hace dos años; que sea, por tanto, dialogado y pactado con el
sector, que es, insisto, un sector de extraordinaria
importancia para el conjunto de la economía española y no sólo
para una parte del territorio. Finalmente, señor
Vicepresidente, nos quedamos con su oferta final, diálogo
abierto con todos los sectores. Ese mismo proceso de
negociación con el sector textil hay que llevarlo a cabo con
todos los sectores buscando esa competitividad que es el
camino para hacer provechoso para el conjunto de nuestra
economía los acuerdos del GATT a los que se llegaron en fechas
recientes. Por tanto, insistiríamos en la petición expresada
en nuestra primera intervención de que el Gobierno envíe a la
Cámara un estudio pormenorizado de los impactos previsibles de
los acuerdos del GATT sobre los diversos sectores y, más
importante que ese impacto, las medidas que piensa adoptar el
Gobierno para
potenciar los efectos positivos previsibles, que los hay, y
relativizar, minimizándolos, los efectos negativos que,
obviamente, también existen.

Muchas gracias, señor Presidente, señoras y señores Diputados.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Molins.

Señor González Lizondo, tiene la palabra.




El señor GONZALEZ LIZONDO: Gracias, señor Presidente.

Muy rápidamente, señor Vicepresidente. En primer lugar, quiero
agradecer sus formas corteses al dirigirse a mí, y luego
quiero aclararle unos temas por si pudieran servir
definitivamente, porque me da la impresión de que no ha
terminado de entenderme. Usted decía que están satisfechos.

Usted hablaba de que tenemos futuro y que hay que creer en él.

Bueno, hay que creer en él; yo pienso que tenemos futuro, pero
la verdad es que no puedo estar satisfecho y le voy a decir
muy rápidamente el porqué.

Por ejemplo, Asaja, que usted la conocerá, cifra en 500.000
millones las necesidades de la agricultura en esta
negociación. Dígame usted dónde están, porque no las veo.

Nuestras
exportaciones, señor Serra, son, en un 80 por ciento, a la
Unión Europea. Está claro que no nos puede beneficiar, por
tanto, el desarme arancelario. El 80 por ciento, y cada vez lo
hemos ido aumentando; hemos reducido el mercado de América,
por ejemplo, y hemos aumentado, sin embargo, el mercado de la
Europa
comunitaria. Usted me podía decir que hay una cosa que nos
beneficia, y más a mi Comunidad, porque en Alicante,
concretamente, mejoramos las exportaciones de calzado a Japón.

Cierto: mejoramos las posibilidades de exportar calzado a
Japón, pero las hemos empeorado muchísimo con Estados Unidos,
Canadá y Méjico. Las hemos



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empeorado una barbaridad con el pacto de esos tres países, y
dispongo de un informe que desde su propio Gobierno se me ha
facilitado reconociendo que, efectivamente, lo tenemos más
difícil.

Y hay otro tema también muy importante en estas negociaciones.

En un principio, las bases para las reducciones de las
exportaciones subvencionadas eran las de 1986-1990. Señor
Serra, ¿por qué ahora se han tomado sobre las bases del año
1991-1992? Esa ha sido una reforma que no ha sido buena
tampoco.

Aquí se ha hablado de frutos secos, de avellanas, de
agricultura, y me parece muy bien, pero reconocerá conmigo que
hay un
producto, la naranja, especialmente exportador, que mueve
centenares de miles de millones y que, al mismo tiempo, genera
unos puestos de trabajo, porque el tema de la naranja no es
solamente un tema económico, sino que también es un tema
social. En nuestra Comunidad, en Alicante, Castellón y
Valencia, son 300.000 familias las que viven de este producto,
además de la riqueza que suponen. Bueno, pues en estos
momentos, en la Europa actual, la Europa comunitaria, el 80
por ciento del zumo que se consume es zumo americano, y con
estas medidas de la reducción del 40 por ciento está claro que
prácticamente van a llegar al cien por cien. Luego comprenderá
usted que no pueda estar satisfecho y que no coincida con
usted.

Usted dice que 1993 ha sido más competitivo en las
exportaciones. Cierto. Pero no ha sido más competitivo por las
medidas generales de su Gobierno; solamente hay una medida que
lo ha dinamizado, y ha sido la devaluación. Devaluación que yo
le venía pidiendo constantemente al señor Solchaga, y él lo
recordará: devalúe, devalúe, devalúe. Luego nos han obligado a
devaluar. Pero yo le digo: bienvenidas estas devaluaciones,
señor Solchaga. Lo tenía que haber hecho usted antes. Y, por
favor, políticamente, no se le ocurra influir para que vuelva
a subir la peseta, porque, señor Serra, volverán a bajar las
exportaciones. Es el huevo de Colón.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor González Lizondo.

Señor Vicepresidente del Gobierno, tiene la palabra.




El señor VICEPRESIDENTE DEL GOBIERNO (Serra i Serra): Señor
Presidente, señorías, empezaré contestando a la intervención
del señor González Lizondo. Habla de que mejoramos las
posibilidades de exportar calzado a Japón, pero no a otros
países. Pero ¿por qué sólo habla del calzado, señor González
Lizondo? ¿Por qué no habla de los productos textiles, que
verán enormemente abierto el mercado de Estados Unidos? ¿Por
qué no habla de los productos cerámicos? ¿Por qué no habla de
los muebles? Son muchos los productos que precisamente después
de este acuerdo de la Ronda Uruguay (lleva usted razón, no en
relación a los países de la Unión Europea, sino en relación a
terceros países), tendrán abiertas nuevas posibilidades, y
hemos de hacer entre todos que esos sectores industriales
tengan conciencia de esas nuevas posibilidades, incrementen
(que ya la tienen) su vocación exportadora, y exploten al
máximo las posibilidades de la Ronda Uruguay. Se ha referido a
que es un error que se haya trasladado, por presión europea,
la base para el cálculo de las subvenciones a la exportación
agrícola hacia el año 1991-1992. No,
precisamente esto lo ha pedido la Unión Europea porque en
1991-1992, ha habido muchas más exportaciones que en los
últimos ochenta. Por tanto, precisamente para no tener que
hacer
reducciones drásticas, una de las exigencias para mejorar el
denominado Acuerdo de Blair House ha sido modificar la base
que inicialmente se había acordado allí, pero en beneficio de
nuestras posibilidades europeas y para reducir el impacto que
en otro caso hubiera tenido el usar la base 1986-1988. Ha
dicho el señor González Lizondo que no suba la peseta.

Absolutamente de acuerdo. Nos ocuparemos desde el Gobierno de
que esto sea así. Como he dicho antes, con tenacidad
seguiremos manteniendo la paridad actual, que creemos que es
la adecuada para nuestra moneda. (El señor González Lizondo:
Por lo menos.)
El señor Molins ha dicho que hemos tenido, en cierta manera,
un debate proteccionismo-libre cambio. Creo que lo peor que
podría suceder en este debate no es que haya posiciones
antagónicas, sino que, enzarzados en él nos olvidemos, como
discutiendo de si son galgos o podencos, de la realidad, y la
realidad es una globalización vertiginosa de la economía
mundial; por lo tanto, la necesidad de competir y de hacer que
nuestra industria y nuestros sectores productivos sean
crecientemente competitivos, tengan un lugar en Europa y, a
través de tener un lugar en Europa, lo tengan en el mundo. Ha
indicado que muchas veces la competencia desde los terceros
países se hace con tecnología y capital de los países
desarrollados. Estoy de acuerdo con usted. También España está
fomentando, en algunos casos --y hace bien--, la inversión en
determinados países para asegurarse aquellos mercados o para
asegurarse determinadas producciones.

Por lo que se refiere al textil, señor Molins, no quiero
repetir lo que ya he dicho en mi anterior intervención. Es
evidente que es un sector importante en nuestro tejido
industrial, es evidente que es el sector que tiene delante de
sí la necesidad de una mayor transformación; pero me atrevo a
afirmar que no es
simplemente por la Ronda Uruguay, sino también por la realidad
de las cosas, porque la competencia de productos textiles de
estos países, con la mano de obra tan barata, se está
produciendo en la actualidad. Quizás es mejor ordenarla,
regularla,
establecer leyes recíprocas y canalizar esa competencia que
ignorar la posibilidad



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de competencia por parte de esos países. Habla usted de que el
textil de nuestro país no pide más protección, sino
reciprocidad, apertura recíproca. Quiero reafirmarle que la
tiene. En la Ronda Uruguay se exige la apertura de los países
que son
tradicionalmente productores de ese sector. Y si no se produce
esta apertura, habrá respuesta por parte de los países
desarrollados que han tomado esa decisión de aceptar la
descontingentación del acuerdo multifibras en once años.

Quiero indicarle que para el textil en la Ronda Uruguay hay
una cláusula de salvaguardia específica, doblemente
específica: para producto y para país. Y que, además, en los
acuerdos dentro de la Unión Europea podemos solicitar la
aplicación de esa cláusula de salvaguardia para un solo país,
solicitándolo la Unión Europea, pero para un solo país
exportador o para un solo país europeo afectado. Por tanto,
creo que se han tomado precauciones para cuidar de la lealtad
recíproca del proceso de
descontingentación. No quiero insistir en ello. La solución
reside en el diálogo entre el Gobierno del sector afectado y
alcanzar un plan de competitividad que realmente lo refuerce y
haga que no sólo pueda defenderse de esa descontingentación,
sino que pueda utilizar las otras ventajas de la Ronda Uruguay
para incrementar la proporción de exportaciones sobre su
producción. Ha pedido que el Gobierno estudie el impacto de la
Ronda Uruguay; eso también lo ha pedido el señor Espasa;
contesto incluso en este punto a la intervención del señor
Rato. El Gobierno
comparecerá cuantas veces sea necesario para ir explicando, en
las comisiones respectivas, los resultados del Acuerdo. Quiero
indicar a la Cámara que aún quedan temas por cerrar, que se
están concretando temas que hasta quizás el mes de febrero no
los tendremos definitivamente resueltos y que, por lo tanto,
aún no hay un campo de seguimiento respecto de la negociación
y, evidentemente, hay un campo de seguimiento respecto de las
consecuencias y de las acciones que hemos de tomar en relación
a esta negociación.

El señor Espasa creo yo que ha deformado parte de mis
explicaciones para poderlas contradecir. En cualquier caso,
quiero contestar al señor Espasa que los términos del
compromiso del Consejo de la Unión Europea, aunque no fijan
las cantidades, al decidir que tiene que ser con igual
tratamiento en los productos agrícolas que en las OCM ya
aprobadas, están indicando que la financiación de las
organizaciones comunitarias de mercado de productos
mediterráneos va a tener que ser equivalente, en los mismos
términos y manteniendo la renta de los agricultores de la
misma forma que para las organizaciones comunitarias de
mercado ya aprobadas.

Me ha acusado el señor Espasa de querer atentar a las
políticas de protección social, de que queremos abandonar el
keynesianismo, que el progreso de Europa no lo ha dado el
libre cambio, sino la política de protección social. Yo creo
que ningún juicio tan taxativo que no excluye ninguna de esas
razones es bueno y que precisamente es la síntesis de todo
ello la que nos da el progreso. Porque ¿qué es el mercado
común, sino también una creencia en el libre cambio? ¿Y no
podemos afirmar todos que la construcción de la Comunidad
Europea, hoy Unión Europea, ha sido enormemente beneficiosa
para todos los países que la integran? En otra ocasión
quisiera discutir con el señor Espasa tanto el tema de la
exportación de nuestra protección social a otros países como
lo que él denomina el impuesto social. Yo quiero reiterar que
se olvida el período de crecimiento español en el que los
países ricos nos acusaban de dumping social, y quiero reiterar
que, detrás de la exigencia del denominado impuesto social,
puede haber una actitud profundamente reaccionaria. Por lo
tanto, discutamos con sosiego este tema, encontrando el
equilibrio entre la defensa de nuestros propios intereses;
pero en nuestros intereses también está el progreso de los
terceros países, progreso económico del tercer mundo y, por lo
tanto, la estabilidad y el progreso de todo el mundo. El señor
Rato se ha referido al incremento de las exportaciones. Señor
Rato, las exportaciones españolas en 1993 a terceros países, a
la Comunidad Europea, que está en crisis, han crecido el 14,4
por ciento; al resto del mundo, el 32. En 1993 hemos reducido
el déficit comercial, que a usted tanto le preocupa --y con
razón, porque a mí también--, en el 38 por ciento. No diga,
por lo tanto, solamente que somos el primer país europeo en
déficit comercial. ¿Por qué no añade, inmediatamente, que
hemos sido y somos el primer país europeo en la corrección del
déficit comercial? Porque esa medalla también podemos
apuntárnosla.

Luego, el señor Rato ha hecho una serie de consideraciones
sobre las negociaciones internacionales, el no conocimiento de
la estrategia negociadora del Gobierno, en la que sólo se
repite en relación a lo que ya dijo en su primera
intervención.

También el señor Rato tiene que acudir a deformar mi
intervención para poder contradecirla. En absoluto he dicho
que España puede ir en solitario o aceptar la media europea.

He dicho que si estamos en Europa, en vez de ir en solitario
tenemos detrás de nosotros la fuerza negociadora de la Unión
Europea, que ha sido la entidad negociadora en la Ronda
Uruguay de más entidad económica de todas las que se han
sentado a la mesa para negociar esta ronda.

Y cuando el señor Rato dice el despropósito de que hay que
medir el resultado de la Ronda Uruguay por el déficit
comercial español, le diré que hay que medir el resultado de
la Ronda Uruguay, señor Rato, precisamente por lo que hemos
conseguido en ella, que son las posibilidades de incrementar
la exportación, sobre todo



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a terceros países, por parte de España. De esa forma hay que
medir la Ronda Uruguay e indirectamente también las soluciones
que hemos encontrado a los productos mediterráneos y
hortofrutícolas que hasta ahora no tenían.

En relación al textil, ya he contestado suficientemente al
señor Molins. En cuanto a la política económica, constato una
cosa, señor Rato. No ha defendido ni por un momento la
política económica que ayer su partido explicó que debía
aplicarse, quizás porque no es capaz de hacerlo. Usted dice
que hemos sido poco cuidadosos en el control del déficit
público. Precisamente es conocido que en situación de crisis
se dispara el déficit público. Y le recuerdo, señor Rato, que
nuestro déficit público no está por encima del déficit público
de los países de la Unión Europea. Pero lo que es un
despropósito es que, si usted denuncia el déficit público,
proponga en el día de ayer una reducción de impuestos y un
aumento de gastos precisamente para incrementar el déficit
público y, lo que es peor, señor Rato, que indiquen ustedes
que el incremento de actividad económica que se producirá por
el descenso de impuestos ya producirá un incremento de
ingresos fiscales. Mire, señor Rato, esto ya lo dijo en la
economía americana Ronald Reagan, apoyándose en un instrumento
económico que en aquel momento se llamó la curva de Laffer. Y
este tema no es que haya fracasado teóricamente, sino que se
ha contrastado en Estados Unidos, y ha sido el más estrepitoso
de los fracasos y ha llevado a los Estados Unidos a esa
posición que usted ayer dijo, a una crisis económica de la que
empieza a salir ahora. ¿Quiere usted precisamente trasladar a
España la crisis que este reaganismo fiscal introdujo en
Estados Unidos? Porque esto es lo que ustedes hicieron ayer al
explicar su política económica.

Para explicar política económica hay que saber un poco de
economía y bastaría conocer lo que pasó en Es-tados Unidos
para no proponer nunca más el hecho de que la reducción de
impuestos dará nuevos ingresos fiscales. Para hacer una
política económica que convenga al país hay que tener sentido
común y la suya va absolutamente en contra del Libro Blanco
europeo, y en este momento proponer una política económica en
contra de lo que se acuerda en Europa es carecer de sentido
común. Para proponer una política económica conveniente para
el país, señor Rato, hay que saber sumar y en su política
económica no salen las cuentas; y ésa es la realidad no sólo
de política económica, sino de sus proposiciones. Por eso,
señor Rato, en su última intervención no ha dicho nada nuevo,
y con arrogancia, con el tono altanero, pretende usted suplir
la falta de argumentos. (Rumores.) En este terreno nunca le
seguiré.

Y déjeme acabar refiriéndome a las comparecencias que usted
dice haber demandado. No compareceré ni en el Congreso ni en
Senado cuando crea que estoy sustituyendo a un Ministro que es
plenamente responsable de aquella tarea y que se devalúa o se
deteriora la fuerza de ese Ministro si le sustituyo en esa
tarea. El Gobierno cumplirá escrupulosamente el deber
democrático de acudir a este Parlamento, a las sesiones de
control, a contestar, a dialogar y a debatir los temas que
SS.SS. deseen. El Gobierno decidirá, también libremente en
cada momento, cuál es el miembro del Gobierno más adecuado
para llevar ese debate con sus señorías. (Aplausos en los
bancos del Grupo Socialista.)



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vicepresidente.

Parece que es el momento idóneo para desearles paz y
felicidad.

Se levanta la sesión.




Eran las ocho y cuarenta y cinco minutos de la tarde.