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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 22, de 28/10/1993
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE
Año 1993 Núm. 22 V Legislatura
PRESIDENCIA DEL EXCMO. D. FELIX PONS IRAZAZABAL
Sesión Plenaria núm. 20
celebrada el jueves, 28 de octubre de 1993
Página
ORDEN DEL DIA:
Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados
(Sesión secreta):
--Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados sobre
declaraciones de actividades de Excmos. Sres. Diputados
(número de registro 4.428) (Página 761)
Convalidación o derogación de Reales Decretos-ley:
--Real Decreto-Ley 16/1993, de 1 de octubre, por el que se
concede al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social un crédito
extraordinario por importe de 237.458.944.063 pesetas, para
atender insufuciencias producidas durante 1992 en materia de
gestión de desempleo, y un suplemento de crédito, por importe
de 21.907.000.000, para completar las aportaciones del Estado
a la Seguridad Social con destino a pensiones no contributivas
(número de expediente 130/000005) («Boletín Oficial del
Estado», número 238, de 5 de octubre de 1993; corrección de
errores en «Boletín Oficial del Estado», número 246, de 14 de
octubre de 1993) (Página 761)
Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre
Convenios Internacionales:
--Código Europeo de Seguridad Social, hecho en Estrasburgo el
16 de abril de 1964. «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Serie C, númer 110/000001) (Página 772)
--Convención sobre prohibiciones o restricciones del empleo de
ciertas armas convencionales que puedan considerarse
excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados, hecha en
Ginebra el 10 de octubre de 1980, y sus tres Protocolos
anejos. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie C,
número 4.1, de 26 de julio de 1993 (número de expediente
110/000002) (Página 773)
--Convención sobre un Código de Conducta de las Conferencias
Marítimas de las Naciones Unidas, hecha en Ginebra el 6 de
abril de 1974 formular en el momento de la adhesión. «Boletín
Oficial de las Cortes Generales», Serie C, número 6.1, de 30
de julio de 1993 (número de expediente 110/000004) (Página 773)
--Documento sobre los Miembros Asociados de la Unión Europea
Occidental (UEO) referente a la República de Islandia, al
Reino de Noruega y a la República de Turquía, firmado en Roma
el 20 de noviembre de 1992. «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Serie C, número 7.1, de 30 de julio de 1993
(número de expediente 110/000005) (Página 773)
--Protocolo para enmendar el párrafo 2 del artículo X del
Convencio Internacional para la Conservación del Atún
Atlántico, hecho en M Generales», Serie C, número 8.1, de 30
de julio de 1993 (número de expediente 110/000006) (Página 773)
--Protocolo de Enmienda al Convencio Básico de Cooperación
Científica y Técnica entre el Reino de España y la República
Islámica de Mauritania de 22 de mayo de 1990, firmado en
Madrid el 2 de marzo de 1993. «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Serie C, número 9.1, de 30 de julio de 1993
(número de expediente 110/000007) (Página 773)
--Tratado General de Cooperación y Amistad entre el Reino de
España y la República de Colombia, junto con el Protocolo de
Cooperación el 29 de octubre de 1992. «Boletín Oficial de las
Cortes Generales», Serie C, número 10.1, de 30 de julio de
1993 (número de expediente 110/000008) (Página 773)
--Acuerdo sobre Relaciones Cinematográficas entre el Reino de
España y la República Argentina, firmado en San Sebastián el
20 de septiembre de 1992, y Canje de Notas que modifica el
artículo VI del mismo. «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Serie C, número 11.1, de 30 de julio de 1993
(número de expediente 110/000009) (Página 774)
--Canje de Notas por el que se modifica el Convenio relativo
al transporte marítimo entre España y el Reino de Marruecos,
firmado en Madrid el 29 de diciembre de 1979. «Boletín Oficial
de las Cortes Generales», Serie C, número 12.1, de 2 de agosto
de 1993 (número de expediente 110/000010) (Página 774)
--Canje de Notas constitutivo de Acuerdo entre el Reino de
España y la República de Polonia para la supresión de visados,
realizado en Madrid el 26 de octubre de 1992. «Boletín Oficial
de las Cortes Generales», Serie C, número 13.1, de 2 de agosto
de 1993 (número de expediente 110/000011) (Página 774)
--Tratado de Amistad y Cooperación entre el Reino de España y
la República de Bulgaria, firmado en Sofía el 23 de mayo de
1993. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie C,
número 14.1, de 2 de agosto de 1993 (número de expediente
110/000012) (Página 774)
--Convenio de extradición y asistencia judicial en material
penal entre el Reino de España y la República de Bulgaria,
firmado en Sofía el 23 de mayo de 1993. «Boletín Oficial de
las Cortes Generales», Serie C, número 15.1, de 2 de agosto de
1993 (número de expediente 110/000013) (Página 774)
Debates de totalidad de iniciativas legislativas:
--Proyecto de Ley de modificación de la Ley 5/1984, de 26 de
marzo, reguladora del derecho de asilo y de la condición de
refugiado. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie A,
número 16.1, de 30 de julio de 1993 (número de expediente
121/000002) (Página 774)
--Proyecto de Ley de concesión de créditos extraordinarios a
las Secciones 32 y 33 de los Presupuestos Generales del E
número 18.1, de 13 de septiembre de 1993 (número de expediente
121/000004) (Página 781)
--Proyecto de Ley sobre concesión de un crédito
extraordinario, por importe de 22.483.000.000 de pesetas, para
financiar los compromisos adquiridos por el Instituto Nacional
de Reforma y Desarrollo Agrario, en el marco del Real Decreto
808/1987, de 19 de junio. «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Serie A, número 19.1, de 13 de septiembre de 1993
(número de expediente 121/000005) (Página 797)
--Proyecto de Ley sobre concesión de un crédito
extraordinario, por importe de 13.464.683.902 pesetas, para
cancelar deudas con la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre
derivadas de entregas de bienes y prestaciones de servicios
efectuadas durante los ejercicios 1986, 1987, 1988 y 1989.
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie A, número
20.1, de 13 de septiembre de 1993 (número de expediente
121/000006) (Página 802)
Tramitación directa y en lectura única de iniciativas
legislativas:
--Proyecto de Ley de adaptación del concierto económico con la
Comunidad Autónoma del País Vasco a la Ley de Impuesto sobre
el Valor Añadido y a la Ley de Impuestos Especiales. «Boletín
Oficial de las Cortes Generales», Serie A, número 21.1, de 13
de septiembre de 1993 (número de expediente 121/000007)
(Página 804)
--Proyecto de Ley de adaptación del Convenio Económico entre
el Estado y la Comunidad Foral de Navarra a la Ley del
Impuesto sobre el Valor Añadido y a la Ley de Impuestos
Especiales. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie
A, número 22.1, de 13 de septiembre de 1993 (número de
expediente 121/000008) (Página 804)
SUMARIO
Se reanuda la sesión, con carácter secreto, a las nueve y
cinco minutos de la mañana para el debate de los dictámenes de
la Comisión del Estatuto de los Diputados.
Se reanuda la sesión con carácter público.
Convalidación o derogación de Reales Decretos-Leyes (Página 761)
Real Decreto-Ley 16/1993, de 1 de octubre, por el que se
concede al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social un crédito
extraordinario por importe de 237.458.944.063 pesetas, para
atender insuficiencias producidas durante 1992 en materia de
gestión de desempleo, y un suplemento de crédito, por importe
de 21.907.000.000, para completar las aportaciones del Estado
a la Seguridad Social con destino a pensiones no contributivas
(Página 761)
En nombre del Gobierno explica las razones que han determinado
la promulgación de este Real Decreto-Ley el señor Ministro de
Trabajo y Seguridad Social (Griñán Martínez), que solicit por
el que se habilita un crédito extraordinario para atender
insuficiencias financieras producidas en materia de desempleo
durante el ejercicio de 1992 y las necesidades adicionales de
financiación que se prevén para el presente ejercicio como
desfase en el pago de las pensiones no contributivas. Señala
que el Consejo de Estado ha emitido dictamen favorable
constatando la legitimidad de las obligaciones que se pretende
atender y también la inexistencia de crédito para satisfacerlo
en los Presupuestos Generales vigentes, además de las razones
de urgencia y necesidad del gasto.
A continuación se refiere a las reformas en marcha y al
período de reflexión abierto de cara a la consecución del
equilibrio económico-financiero de la acción protectora por
desempleo y termina reiterando su solicitud de voto favorable
de la Cámara para la convalidación del Real Decreto-Ley.
En turno en contra de la convalidación del Real Decreto-Ley,
interviene en nombre del Grupo Popular, la señora Villalobos
Talero, manifestando que el señor Ministro ha tenido un
interés especial en buscar la legitimación para la aprobación
de este crédito extraordinario. Sin embargo, cuando se
analizan las cifras de los diferentes créditos que se vienen
sometiendo a la aprobación de la Cámara, se le ocurre
preguntar al señor Ministro si está seguro de que con ellas se
ha puesto el contador a cero de cara al 31 de diciembre
próximo, toda vez que lo que ahora se hace es exactamente lo
mismo que ocurrió en el año 1988 y ya se ven los resultados.
Alude seguidamente a algunas partidas concretas
correspondientes a la liquidación del año 1992 que demuestran
que se están pagando unos déficit que arrastran desde el año
1986, cuando, según antes decía, en el año 1988 parece que se
había hecho borrón y cuenta nueva. Sin embargo, la realidad es
que, a la vista de los diferentes debates abiertos en la
Cámara sobre este asunto, ni siquiera los propios socialistas
son capaces de ponerse de acuerdo sobre las cifras reales del
déficit. Si resulta que se están pagando todavía cantidades
correspondientes a los años 1986 y siguientes, pregunta al
señor Ministro cómo van a creer que con el crédito que ahora
se somete a la Cámara se va cerrar definitivamente el déficit
del INEM correspondiente a 1992. Personalmente cree que no
aludiendo a una serie de cifras respecto de las que no
encuentra encaje claro. Formula algunas consideraciones en
torno a la solidaridad y al recorte de prestaciones sociales,
afirmando que se ha venido ocultando la realidad durante
varios años hasta que ha llegado el momento en que la
Seguridad Social está en quiebra técnica y obliga a buscar
apoyos parlamentarios, y todo ello como consecuencia de una
mala gestión del Gobierno Socialista, un mal control del
fraude y una mala política económica.
En turno a favor de la convalidación del Real Decreto-ley
interviene el señor Almunia Amann, en nombre del Grupo
Socialista. Afirma un secreto que la situación de la
protección por desempleo en nuestro país atraviesa por una
situación complicada financieramente debido a que, a partir
del cambio de signo de la situación económica en el año 1990,
a medida que el crecimiento económico disminuía el desempleo
aumentaba, entrándose en una situación de desequilibrio al que
hay que dar una solución rigurosa yendo al fondo de la
cuestión. Agrega que las manifestaciones de ese desequilibrio
financiero las están conociendo en esta Cámara durante los
últimos quince meses en los que se ha obligado al Gobierno a
traer créditos extraordinarios para financiar insuficiencias
presupuestarias, destinados al Inem y, en particular, a la
protección por desempleo. En total, en cuatro años hay una
insuficiencia superior al billón de pesetas, y no porque el
Gobierno y el Parlamento hayan estado cruzados de brazos. Se
han tomado medidas a lo largo de estos años para tratar de
equilibrar el sistema de protección por desempleo, medidas que
han sido expuestas en esta Cámara en repetidas ocasiones y,
por tanto, son conocidas perfectamente, que van desde ahorros
importantes en el gasto a una intensificación en la lucha
contra el fraude. Pero el hecho de que en el ejercicio de 1993
siga habiendo desequilibrios les obliga a reflexionar sobre el
fondo y sobre las causas que los están generando, la principal
de las cuales es el aumento del desempleo y la recesión
económica.
A combatir la situación van dirigidas las medidas contenidas
en los Presupuestos y en la Ley que los acompaña, que han sido
objeto de explicación reciente por parte del Ministro de
Trabajo. Alude a algunas de estas medidas, fundamentalmente
encaminadas a favorecer un entorno positivo en orden a la
inversión y a la creación de empleo y a mejorar el
funcionamiento del mercado de trabajo y termina mostrando su
oposición a los argumentos expuestos por la señora Villalobos.
Replica la señora Villalobos Talero, duplicando el señor
Almunia Amann.
Para fijación de posiciones intervienen los señores Mardones
Sevilla, del Grupo Coalición Canaria; Hinojosa i Lucena, del
Grupo Catalán (Convergència i Unió), y Peralta Ortega, del
Grupo Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Por alusiones, hace nuevamente uso de la palabra la señora
Villalobos Talero, replicando el señor Peralta Ortega.
Sometida a votación, se aprueba la convalidación del Real
Decreto-ley por 167 votos a favor, tres en contra y 124
abstenciones.
Sometida a votación la solicitud de tramitación del Real
Decreto-ley como proyecto de ley es rechazada por 127 votos a
favor, 162 en contra y dos abstenciones.
Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre
Convenios Internacionales (Página 772)
Código Europeo de Seguridad Social, hecho en Estrasburgo el 16
de abril de 1964 (Página 772)
Sometido directamente a votación, es aprobado el dictamen por
291 votos a favor.
Convención sobre prohibiciones o restricciones del empleo de
ciertas armas
convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o
de efectos insdicrinados, hecha en Ginebra el 10 de octubre de
1980, y sus tres Protocolos anejos (Página 773)
Sometido a votación, es aprobado el dictamen por 290 votos a
favor y una abstención.
Documento sobre los Miembros Asociados de la Unión Europea
Occidenteal (UEO) referente a la República de Islandia, al
Reino de Noruega y a la República de Turquía, firmado en Roma
el 20 de noviembre de 1992 (Página 773)
Sometido a votación, es aprobado por 294 votos a favor.
Protocolo para enmendar el párrafo 2 del artículo X del
Convenio Internacional para la Conservación del Atún
Atlántico, hecho en Madrid el 5 de junio de 1992 (Página 773)
Sometido a votación, se aprueba por 293 votos a favor y uno en
contra.
Protocolo de Enmienda al Convenio Básico de Cooperación
Científica y Técnica entre el Reino de España y la República
Islámica de Mauritania de 22 de mayo de 1990, firmado en
Madrid el 2 de marzo de 1993 (Página 773)
Sometido a votación, es aprobado por 292 votos a favor y una
abstención.
Tratado General de Cooperación y Amistad entre el Reino de
España y la República de Colombia, junto con el Protocolo de
Cooperación Técnica y Científico-Tecnológica, el Protocolo de
Cooperación Educativa y Cultural y el Acuerdo Económico
integrante del mismo, firmados en Madrid el 29 de octubre de
1992 (Página 773)
Sometido a votación, queda aprobado por 293 votos a favor.
Acuerdo sobre Relaciones Cinematográficas entre el Reino de
España y la República Argentina, firmado en San Sebastián el
20 de septiembre de 1992, y Canje de Notas que modifica el
artículo VI del mismo (Página 774)
Sometido a votación, es aprobado por 291 votos a favor y una
abstención.
Canje de Notas por el que se modifica el Convenio relativo al
transporte marítimo entre España y el Reino de Marruecos,
firmado en Madrid el 29 de diciembre de 1979 (Página 774)
Sometido a votación es aprobado por 292 votos a favor.
Canje de Notas constitutivo de acuerdo entre el Reino de
España y la República de Polonia para la supresión de visados,
realizado en Madrid el 26 de octubre de 1992 (Página 774)
Sometido a votación, es aprobado por 292 votos a favor y una
abstención.
Tratado de Amistad y Cooperación entre el Reino de España y la
República de Bulgaria, firmado en Sofía el 23 de mayo de 1993
(Página 774)
Sometido a votación, es aprobado por 292 votos a favor.
Convenio de extradición y asistencia judicial en materia penal
entre el Reino de España y la República de Bulgaria, firmado
en Sofía el 23 de mayo de 1993 (Página 774)
Sometido a votación, es aprobado por 290 votos a favor y una
abstención.
Debates de totalidad de iniciativas legislativas (Página 332)
Proyecto de ley de modificación de la Ley 5/1984, de 26 de
marzo, reguladora del derecho de asilo y de la condición de
refugiado (Página 774)
En nombre del Gobierno presenta el proyecto de ley el señor
Ministro del Interior (Corcuera Cuesta). Comienza recordando
que el dictamen del anterior proyecto de noviembre de 1992
recogió 18 enmiendas en su tramitación parlamentaria y fue
aprobada por este Pleno el 11 de marzo último con un amplio
consenso, con sólo 13 votos en contra y una abstención. Tras
la disolución de las Cortes Generales y el consiguiente
decaimiento del proyecto, el
Gobierno ha querido respetar escrupulosamente el consenso
producido en torno al mismo, aprobando un proyecto que
reproduce literalmente el dictamen de esta Cámara.
Consiguientemente, considera que la presentación que hizo del
anterior proyecto en el mes de febrero pasado sigue siendo
plenamente válida.
Al igual que el proyecto anterior, el que ahora presenta da
cumplimiento al mandato parlamentario contenido en la
proposición no de ley aprobada por esta Cámara el 9 de abril
de 1991, por la que se instaba al Gobierno a adoptar medidas
para garantizar la necesaria celeridad en el examen
individualizado de las solicitudes de asilo y a impedir la
utilización fraudulenta con fines de inmigración económica del
sistema de protección a los refugiados, garantizando una
protección rápida y efectiva a los verdaderos refugiados.
Expone las razones justificativas de esta reforma de la Ley de
1984, que supuso en su día un paso importante en la protección
de los refugiados, fundamentalmente encaminada a evitar que
por la vía del asilo y refugio se produzca una inmigración
paralela que se sustraiga a la aplicación de la normativa
general en materia de extranjería, así como garantizar sin
dilaciones a los verdaderos refugiados el pleno disfrute de
los derechos que les reconoce nuestro ordenamiento jurídico,
esperando que en torno al nuevo proyecto de ley se mantenga el
amplio consenso alcanzado respecto al anterior.
En defensa de la enmienda de totalidad presentada interviene,
en representación del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, el señor López Garrido. Expone que el proyecto de
ley, aunque trata de una modificación de la Ley de 1984, la
realidad es que afecta profundamente a la misma hasta darle un
sentido muy distinto del que tuvo en 1984 cuando se aprobó.
Agrega que se trata de una buena Ley de asilo, progresista,
que va a quedar profundamente modificada y en algunos casos
irreconocible si se llega a aprobar el proyecto que ahora
presenta el Gobierno tal como viene redactado. Es un proyecto
de ley sobre la gran cuestión del derecho de asilo, degradado
en los últimos tiempos como consecuencia de la obsesión en
Europa por la lucha contra la inmigración, que
desgraciadamente amenaza con acabar con ese derecho
establecido en el artículo 14 de la Declaración Universal de
Derechos Humanos.
Comparten los objetivos que dice pretender el proyecto de ley,
es decir, suprimir la doble figura del refugio y asilo y el
establecimiento de un procedimiento acelerado para las
peticiones manifiestamente mal fundadas, pero no comparten el
procedimiento utilizado para llegar a ello. En su opinión, es
un proyecto de ley innecesariamente duro, más aún en España
donde no hay problemas de refugiados, porque tenemos una de
las cifras de inmigración más bajas de Europa y sin embargo,
el proyecto coloca a España en la cola de la protección del
derecho de asilo, llegando a producir una profunda
desprotección.
Explica a continuación el contenido del texto alternativo
presentado por su Grupo Parlamentario, muy distinto al modelo
del proyecto de ley, en el que existen una serie de puntos a
su juicio inaceptables, al no ir en la lógica de la defensa de
un derecho fundamental sino todo lo contrario. Como aspecto
central de su propuesta alternativa destaca una serie de
garantías del proceso de inadmisión, afirmando que la crisis
de los refugiados en el mundo es la crisis de los derechos
humanos y en esta situación considera que defender el derecho
de asilo es el «test» de un compromiso con los valores de la
solidaridad, de la democracia y de los derechos humanos.
En turno en contra de la enmienda de totalidad interviene, en
nombre del Grupo Socialista, el señor Valls García,
manifestando que en la defensa hecha por el señor López
Garrido del derecho de asilo, de las libertades y de los dere
estará el Partido Socialista junto a los más avanzados, como
lo ha estado siempre. Lo que pasa es que primero tiene que
decir qué son derechos fundamentales y el señor López Garrido
sabe muy bien que éste que ahora contempla no se encuentra
recogido como tal derecho fundamental en nuestra Constitución,
con lo que piensa que se desvanece esta argumentación del
enmendante.
A continuación agradece al Gobierno que haya tenido la
delicadeza de respetar íntegramente el texto aprobado por esta
Cámara con amp hace escasos meses, resaltando el dato de que,
salvo en cuatro apartados, el voto fue unánime en favor del
dictamen, por lo que duda que el texto presentado merezca los
calificativos de acabar con el derecho de asilo o de situarnos
a la cola de Europa. No cree que esta Cámara pueda cometer
semejante error, entre otras cosas porque el propio Grupo de
Izquierda Unida votó a favor del dictamen, excepto en los
cuatro apartados citados.
Termina haciendo una llamada al diálogo a un esfuerzo de
reflexión como el mantenido en la tramitación del anterior
proyecto de ley, de lo cual fue buena prueba las enmiendas
admitidas directamente y las transacciones realizadas respecto
de otras, con el resultado de un texto que ha merecido la
alabanza por parte de algunos organismos internacionales que
tienen fundado y reconocido prestigio en materia de
refugiados. El propio texto alternativo de Izquierda Unida
coincide en un elevado tanto por ciento con el proyecto de ley
del Gobierno,
excepto en los cuatro puntos a que antes aludía, discrepancias
que, a su juicio, no justifican la presentación de una
enmienda de totalidad. Consiguientemente, pediría al señor
López Garrido la retirada de esta enmienda y que en el trámite
de Ponencia y Comisión pudiesen llegar a un diálogo y
enriquecimiento mutuo, como ocurrió en la anterior ocasión,
fruto del cual es el proyecto que ahora contemplan y que
merece la aprobación de la inmensa mayoría de esta Cámara y el
reconocimiento de los organismos internacionales, como antes
decía.
Replica el señor López Garrido. Interviene de nuevo el señor
Ministro del Interior (Corcuera Cuesta). Para réplica, hacen
uso de la palabra los señores López Garrido y Ministro del
Interior. En nombre del Grupo Socialista replica al enmendante
el señor Valls García.
Para fijar posiciones intervienen los señores Olarte Cullen
del Grupo de Coalición Canaria; Recoder i Miralles, de
Convergència i Unió; González de Txábarri Miranda, del Grupo
Vasco (PNV), y Jordano Salinas, del Grupo Popular.
Sometida a votación se rechaza la enmienda de totalidad
debatida por 12 votos a favor, 279 en contra y tres
abstenciones.
Proyecto de Ley de concesión de créditos extraordinarios a las
Secciones 32 y 33 de los Presupuestos Generales del Estado
para 1993, para aplicar el Acuerdo sobre el sistema de
financiación autonómica en el período 1992-1996 (Página 781)
En defensa de la enmienda de totalidad presentada por el Grupo
de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya interviene el
señor Ríos Martínez, manifestando que el proyecto de ley vie
bastante retraso lo que está provocando déficit de tesorería
en algunas comunidades y, sobre todo, de liquidez, e incluso
puede estar provocando endeudamiento. Por otro lado,
plantearían la duda de si la distribución de dinero para la
financiación autonómica debe discutirse en el Parlamento o si
debe hacerse en el Consejo de Política Fiscal y Financiera,
como algún grupo político ha estado defendiendo anteriormente.
Sin embargo, se han inclinado por traer el tema a esta Cámara,
presentando la enmienda de totalidad que ahora defiende,
porque aun reconociendo que se produce un significado avance y
mejora con respecto al sistema anterior, desde su punto de
vista, el defecto de este proyecto es que no introduce un
sistema estable para la financiación del Estado en toda su
estructura. Sucede, incluso, que posiblemente para cuand
termine la tramitación del proyecto haya que producir una
serie de ajustes en función de los últimos acuerdos alcanzados
sobre la materia. En definitiva, no hemos construido un
sistema de financiación que pueda ser estable.
Ocurre, por otra parte, que el nuevo modelo no es más que una
continuación del anterior, que no ha resuelto tres problemas
fundamentales, según Izquierda Unida, como son la necesidad de
equiparar el gasto por habitante en cada una de las
comunidades, lograr una prestación similar en los servicios en
todo el Estado e incrementar la política regional que desde el
Estado se hace, con una atención especial hacia las
comunidades más deprimidas.
Añade que la enmienda de su Grupo va dirigida fundamentalmente
a conseguir una equiparación media del gasto por habitante
para las comunidades de los artículos 151 y 143, para lo que
deberán acercar a lo largo del resto de la legislatura el
gasto transferido por persona, atendiendo de forma prioritaria
a las comunidades que se encuentran por debajo de la media.
Lograda la equiparación, deberán también establecer un fondo
global para igualar los recursos por habitante que puedan
repartirse en función de los parámetros que señala la LOFCA.
Asimismo desean incrementar el Fondo de Compensación del 36,8
por ciento de la inversión que el Estado va a hacer, según el
proyecto en trámite en la Cámara, hasta el 45 por ciento. En
turno en contra de la enmienda de totalidad interviene, en
nombre del Grupo Socialista, la señora Aroz Ibáñez,
manifestando que los créditos objeto de debate responden a la
aplicación para el año 1992 del acuerdo sobre financiación de
las comunidades autónomas del quinquenio 1992-1996, reanudando
así un trámite parlamentario iniciado en la pasada legislatura
y reproduciendo un debate de totalidad que también tuvo lugar
en la anterior legislatura y cuya continuación hizo imposible
la disolución de las Cortes. Señala que el proyecto incluye
los nuevos porcentajes de participación de las comunidades
autónomas en los ingresos del Estado para el quinquenio
mencionado con arreglo a la redefinición que se ha producido
en algunas variables respecto al método existente en el
período anterior, como también a la introdución de otras
variables nuevas. Asimismo el proyecto consigna las cantidades
correspondientes para el año 1992 por los importes que indica,
en cumplimiento del nuevo sistema aprobado por todas y cada
una de las comunidades autónomas. Consiguientemente, considera
incomprensible la enmienda de totalidad que ahora debaten y
que trata de enmendar la plana, no a una posición del Gobierno
del Estado, sino a la de todos los gobiernos de las
comunidades autónomas, después de un consenso que requirió
largas reflexiones y un prolongado debate durante bastantes
meses del año 1991. Realiza algunas consideraciones en torno
al sistema alcanzado y termina expresando el rechazo de su
Grupo a la enmienda en cuestión.
Replica el señor Ríos Martínez, duplicando la señora Aroz
Ibáñez.
Para fijar posiciones intervienen los señores Mardones
Sevilla, de Coalición Canaria; Homs i Ferret, del Grupo
Catalán (Convergència i Unió), y Rajoy Brey, del Grupo
Popular.
Sometida a votación, se rechaza la enmienda de totalidad
debatida por siete votos a favor y 273 en contra.
Proyecto de ley sobre concesión de un crédito extraordinario,
por importe de 22.483.000.000 de pesetas, para financiar los
compromisos adquiridos por el Instituto Nacional de Reforma y
Desarrollo Agrario, en el marco del Real Decreto 808/1987, de
19 de junio (Página 797)
En defensa de la enmienda de totalidad presentada por el Grupo
Popular interviene el señor Pascual Monzo, que se extiende en
diversas consideraciones en torno a la situación de nuestra
agricultura, a la concesión de estas ayudas y a los avatares
sufridos en su tramitación, llegando a una situación que, en
su opinión, podía haberse resuelto mucho antes, con lo cual
los agricultores habrían recibido el dinero con antelación.
Explica a continuación el contenido del texto alternativo
presentado, para el que termina pidiendo el apoyo de la
Cámara.
En turno en contra de la enmienda de totalidad interviene el
señor Padrón Delgado, en nombre del Grupo Socialista,
oponiéndose al texto presentado por el Grupo Popular al
tacharlo de incoherente, además de que, a su juicio, sería de
imposible cumplimiento ya que pretende, con la misma cantidad
establecida en el crédito extraordinario, atender mayores
obligaciones de pago que no tienen justificación. Se reserva
para dar más amplia respuesta, en la Comisión correspondiente
y en el debate de cada uno de los artículos del proyecto, a
las argumentaciones del Grupo Popular.
Para fijar posiciones intervienen los señores Mardones
Sevilla, del Grupo de Coalición Canaria; Vidal i Sardó, del
Grupo Catalán (Convergència i Unió), y Ríos Martínez, de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Sometida a votación, se rechaza la enmienda de totalidad del
Grupo Popular por 122 votos a favor y 159 en contra.
Proyecto de ley sobre concesión de un crédito extraordinario,
por importe de 13.464.683.902 pesetas, para cancelar deudas
con la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre derivadas de
entregas de bienes y prestaciones de servicios efectuadas
durante los ejercicios 1986, 1987, 1988 y 1989 (Página 802)
El señor Ríos Martínez defiende la enmienda de totalidad del
Grupo Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, al entender
que el importe de este crédito podía haberse recogido en los
Presupuestos del año 1993, con lo cual no hubiese sido
necesario que viniese ahora como crédito extraordinario.
Considera que desde el año 1990 al año 1993 ha habido tiempo
más que suficiente para que se produjeran los ajustes que
hicieran falta.
En turno en contra interviene, en nombre del Grupo Socialista,
el señor Padrón Delgado, manifestando que el proyecto de
crédito extraordinario no tiene efecto monetario alguno y que
para que se produzca el correspondiente ajuste contable tiene
que haber una ley que reconozca la deuda del Ministerio de
Economía y la compensación con cargo a los beneficios que la
Fábrica Nacional tendría que haber entregado y no entregó.
Pide al enmendante la retirada de la enmienda en base a las
razones expuestas.
El señor Ríos Martínez retira la enmienda de totalidad.
Tramitación directa y en lectura única de iniciativas
legislativas (Página 804)
Proyecto de ley de adaptación del concierto económico con la
Comunidad Autónoma del País Vasco a la Ley del Impuesto sobre
el Valor Añadido y a la Ley de Impuestos Especiales (Página 804)
Sometido directamente a votación, se aprueba el proyecto de
ley por 282 votos a favor y uno en contra.
Proyecto de ley de adaptación del Convenio Económico entre el
Estado y la Comunidad Foral de Navarra a la Ley del
Impuesto sobre el Valor Añadido a la Ley de Impuestos
Especiales (Página 804)
Sometido directamente a votación, se aprueba el proyecto de
ley por 282 votos a favor.
Se levanta la sesión a las dos de la tarde.
Se reanuda la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana.
DICTAMENES DE LA COMISION DEL ESTATUTO DE LOS DIPUTADOS
(Sesión secreta):
--DICTAMEN DE LA COMISION DEL ESTATUTO DE LOS DIPUTADOS SOBRE
DECLARACIONES DE ACTIVIDADES DE EXCMOS. SRES. DIPUTADOS
(Número de registro 4428)
Se somete a votación el dictamen de la Comisión del Estatuto
de los Diputados, que es aprobado.
Se reanuda la sesión con carácter público.
CONVALIDACION O DEROGACION DE REALES DECRETOS-LEY:
--REAL DECRETO-LEY 16/1993, DE 1 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE
CONCEDE AL MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL UN CREDITO
EXTRAORDINARIO POR IMPORTE DE 237.458.944.063 PESETAS, PARA
ATENDER INSUFICIENCIAS PRODUCIDAS DURANTE 1992 EN MATERIA DE
GESTION DE DESEMPLEO, Y UN SUPLEMENTO DE CREDITO, POR IMPORTE
DE 21.907.000.000, PARA COMPLETAR LAS APORTACIONES DEL ESTADO
A LA SEGURIDAD SOCIAL CON DESTINO A PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS
(Número de expediente 130/000005)
El señor PRESIDENTE: Punto séptimo del orden del día:
Convalidación o derogación de Reales Decretos-ley.
Real Decreto-ley 16/1993, de 1 de octubre, por el que se
concede al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social un crédito
extraordinario para atender insuficiencias producidas durante
1992 en materia de gestión de desempleo y un suplemento de
crédito para completar las aportaciones del Estado a la
Seguridad Social con destino a pensiones no contributivas.
Para explicar, en nombre del Gobierno, las razones que han
determinado la aprobación de este Real Decreto-ley, tiene la
palabra el señor Ministro de Trabajo y Seguridad Social.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (Griñán
Martínez): Señor Presidente, señorías, tomo la palabra para
pedir el voto favorable necesario en orden a la convalidación
de este Real Decreto-ley de 1 de octubre, por el que se
habilita un crédito extraordinario de 237.458 millones de
pesetas, para atender las insuficiencias financieras del Inem
en la gestión del desempleo durante el ejercicio de 1992, y
también un suplemento de crédito de 21.907 millones de pesetas
destinado a cubrir las necesidades adicionales de financiación
que se prevén para el presente ejercicio como desfase en
cuanto al pago de las pensiones no contributivas.
El Consejo de Estado ha emitido dictamen favorable,
constatando la legitimidad de las obligaciones que se
pretenden atender con esta cobertura presupuestaria, así como
tambien la inexistencia de crédito para satisfacerlas en los
Presupuestos Generales del Estado vigentes, y además, como es
natural, las razones de urgencia y necesidad del gasto.
(Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Ministro. (Pausa.)
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (Griñán
Martínez): La auditoría realizada por la intervención General
de la Administración del Estado, ceñida exclusivamente a los
datos constatados que han sido aportados por el Inem,
determinan un déficit --con dicha revisión limitada-- de
283.618 millones. Habida cuenta de que el Inem tiene, a su
vez, abierto un expediente de ampliación de crédito a
financiar con cargo al remanente de tesorería disponible
correspondiente a 1992, por un importe de 46.160 millones de
pesetas, se solicita la autorización de esta Cámara para
cubrir las insuficiencias financieras en la gestión del Inem
para el año 1992, por importe --como decía-- de la diferencia
entre estas dos cifras, que alcanza a 237.458 millones de
pesetas.
La insuficiencia financiera en el ejercicio de 1992 se ha
generado en la gestión de la acción protectora por desempleo
(prestaciones contributivas, subsidios y cuotas por
beneficiarios a la Seguridad Social) y se corresponde con la
diferencia entre las obligaciones netas reconocidas y el coste
comprobado por la auditoría, minorado por el remanente de
tesorería a que antes he aludido.
Esta diferencia --como conocen SS.SS.-- ha sido atendida, al
igual que en ejercicios anteriores, por la Tesorería General
de la Seguridad Social, quien, conforme a lo dispuesto en la
legislación vigente, adelanta el pago de las prestaciones. Por
esta razón, y aun cuando las prestaciones hayan sido
atendidas, es extraordinariamente
urgente proceder a la devolución de este anticipo, teniendo en
cuenta la grave tensión financiera que la Seguridad Social ha
de soportar por ese anticipo.
Es cierto que el Real Decreto-ley cuya convalidación hoy
solicito en esta Cámara llega algunos meses después de otro
Decreto-ley --el del 18 de junio-- para atender las
necesidades financieras de de 1991, por importe de 222.441
millones de pesetas. También es cierto que este ejercicio, el
vigente de 1993, no se va a cerrar con el equilibrio
presupuestario que desearíamos, sino que tendrá que aprobarse
un suplemento de crédito para compensar las insuficiencias.
Esta realidad nos hace reflexionar sobre las causas que han
dado lugar a esta situación y sobre las medidas que tienen que
adoptarse para procurar que no vuelva a suceder en el futuro.
Las causas las conocen SS.SS. perfectamente: la caída del
empleo, la fuerte disminución en la capacidad contributiva de
las empresas, la rotación de la mano de obra, la crisis
económica y las consecuencias que de ellas se derivan en
relación al empleo, y los recursos necesarios para la
financiación de los mecanismos de protección social.
Se trata, además, en este caso, de una crisis cuyos efectos,
en términos de destrucción de empleo, han hecho su aparición
de una manera brusca, de forma que en España les recuerdo que
a finales del año 1992 se daba un incremento neto de empleo,
habiéndose producido, por tanto, en el transcurso de un año
una notable destrucción de empleo, con las inevi de gastos por
la disminución en la recaudación y el aumento correspondiente
de los gastos atinentes a la protección.
Ciertamente, esta situación se está planteando a las economías
europeas debido a la crisis competitiva y sus consecuencias
sobre los respectivos sistemas de protección social, entre
ellos, los créditos de protección por desempleo, como ocurre
en los diferentes países del ámbito comunitario. Basta
recordar, por ejemplo, Holanda, donde está planteándose la
reducción de la prestación o Francia, donde el alto déficit
generado en el Unedic ha hecho necesaria una aportación
suplementaria del Estado a los recursos contributivos de
financiación del propio sistema.
La profunda transformación de los mecanismos y producción, que
sustituye al capital humano por capital tecnológico, y la
elevación de la tasa de cobertura de las prestaciones por
desempleo, que ha pasado del 35 por ciento en 1985 --año en
que el paro registrado coincidía con el paro registrado en el
año 1993-- a casi un 80 por ciento, son en estos momentos
otras realidades que inciden sobre el equilibrio financiero
del sistema y contribuyen a la actual situación de
endeudamiento.
Todo ello hace necesaria la adopción de medidas estructurales
dirigidas a procurar el ajuste del gasto a lo que es la
capacidad financiera de una sociedad y a desarrollar también
un marco eficaz para el fomento de la actividad y del empleo.
Así se está haciendo, y ya en 1992, la Ley de Medidas Urgentes
sobre Fomento de Empleo y Protección por Desempleo, constituyó
un tratamiento de urgencia, como su propia denominación lo
evidenciaba, para mitigar los efectos negativos de esta
situación. Sin ella, el déficit --no lo duden-- sería
cuantitativamente superior al previsto para el ejercicio de
1993.
A este respecto, si bien los efectos racionalizadores de esta
Ley se van a dejar sentir a partir de este último trimestre y
principios del año próximo, quiero decir que no es propósito
del Gobierno ahondar en la reforma del marco normativo, con el
fin de conseguir el equilibrio económico-financiero de la
acción protectora por desempleo.
Hemos querido llevar a cabo esta reforma mediante el ejercicio
de una reflexión con los agentes sociales y las fuerzas
políticas buscando establecer las medidas necesarias para que
la protección que se dispense se base en la pérdida
involuntaria del empleo, en la cobertura de un verdadero
estado de necesidad que implique la carencia de otras rentas,
y en el necesario equilibrio financiero que garantice el
mantenimiento de la acción protectora y no determine el
deterioro de otras políticas sociales ni de las inversiones
reactivadoras de la economía y de la creación de empleo.
A estas medidas habrá que unir la necesaria reforma
institucional en la gestión, el pago de las prestaciones y el
fortalecimiento de los mecan intermediación para la obtención
de empleo, potenciándose, además, de manera especial, las
medidas de control del fraude e intensificándose el sistema
sancionador. En esta tarea estamos trabajando, y a su
consecución responde el proyecto de ley recientemente aprobado
por el Gobierno y que ha iniciado su tramitación parlamentaria
en esta Cámara. Señorías, la concreción de este propósito en
el plazo más breve posible es necesaria y urgente y, en todo
caso, es una responsabilidad que hay que afrontar.
Finalmente, nos referiremos al suplemento de crédito
solicitado con respecto a la financiación de las pensiones no
contributivas, cifrado en a el 25 por ciento del gasto
presupuestario. La mayor difusión del conocimiento de la Ley
26/1990, que cumplirá este año el tercero de su vigencia, así
como el reciente incremento del flujo migratorio de este país,
unido a las dificultades crecientes en la ocupación laboral,
explican el incremento del nivel de cobertura de este nuevo
instrumento de solidaridad con quienes se hallan en una
verdadera situación de necesidad, y la urgencia de proveer los
medios de financiación necesarios.
Estas son, señorías, las razones que justifican la necesidad y
la urgencia de los medios de financiación contenidos
en el Real Decreto-ley cuy propone hoy a esta Cámara y que
espero haber llevado a su conocimiento.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro. ¿Turno en
contra? (Pausa.) La señora Villalobos tiene la palabra.
La señora VILLALOBOS TALERO: Muchas gracias, señor Presidente.
La verdad, señor Ministro, es que usted ha tenido un interés
muy especial en buscar la legitimación en la petición de este
crédito extraordinario. Sinceramente, hablar de los déficit en
las prestaciones por desempleo y utilizar un turno en contra,
es posible que le parezca al portavoz del Grupo que soporta al
Gobierno una falta de solidaridad, una huida del Partido
Popular (que es una frase que le gusta mucho al Partido
Socialista respecto al Partido Popular), pero es que ustedes
son responsables, el Gobierno es responsable de esta
situación, de la falta de credibilidad que tienen las cifras
que usted intenta legitimar hoy aquí.
Ustedes recurren al informe del Estado y dicen que hay fondos
en los presupuestos. Ese es el primer argumento que usted ha
utilizado. Ha hablado de legitimidad. De acuerdo, el Gobierno
puede uti se supone que en circunstancias extremas. Por tanto,
existe legitimidad.
Dice también que hay fondos en los presupuestos. Esto ya si
que no. ¿Dónde están los fondos en los Presupuestos de 1993
cuando en el propio cr a esta Cámara para ser aprobado se dice
que pasa directamente a deuda pública? Si el déficit del año
1993 anunciado por el Gobierno es del 7,2, y el incremento es
de 7 puntos en la deuda pública, ¿de dónde van a sacar el
dinero? ¿Cómo puede decir que hay fondos presupuestarios?
Habla de la Intervención General del Estado, que la
legitimidad final está en la Intervención General del Estado.
Yo tengo aquí la auditoría y lo primero que dice es que no han
sido auditadas las cuentas de liquidación, del Inem, así como
que la documentación de la subdirección general no está
auditada ni está completa.
El último argumento que usted utiliza para cubrir los déficit,
por lo menos el que utiliza siempre en esta Cámara, son los
remanentes de tesorería, el gran milagro al que acuden todos
los años para los créditos extraordinarios. Parte de sus
déficit los cubren con remanentes de tesorería, y la propia
Intervención General del Estado, en su informe previo
(incompleto todavía) sobre este presupuesto, dice que duda
sobre dónde puedan estar estos remanentes.
Y ustedes quieren que les apoyemos.
Cuando analizo las cifras de los diferentes créditos --y este
es el segundo que aprobamos este año aquí, señor Ministro, nos
queda un tercero que ya se nos ha anunciado que vamos a
aprobar en el mes de noviembre en esta Cámara--, mi primera
pregunta es: ¿Está usted seguro que con eso hemos puesto el
contador a cero, como decía el Subsecretario General de
Empleo? ¿Usted cree realmente que a 31 de diciembre de 1993
estará el contador del Inem a cero?
En el año 1988 hicieron exactamente lo mismo que estamos
haciendo hoy aquí en el año 1993. Según estas cuentas del
antiguo Ministro de Trabajo, desde ese momento se ponían a
cero los déficit del Inem; a partir de aquel momento se
generarían déficit siempre a partir del año 1988. Pues miren
ustedes, en la liquidación del Presupuesto del año 1992 ya
aparece una partida presupuestaria de 560.000 millones de
pesetas (que, van ustedes a cubrir con remanentes de
tesorería) donde se pagan déficit desde el año 1986, cuando se
supone que en el año 1988 ya habíamos hecho borrón y cuenta
nueva. ¿Cómo es posible, señor Ministro, ese desconcierto
contable que tiene el Inem? Inmediatamente el portavoz del
Grupo Socialista se subirá a esta tribuna para decirme: Pero,
señora Villalobos, es que ustedes no entienden de técnica
presupuestaria; es que ustedes no saben lo que es déficit de
caja; ustedes no saben lo que es el remanente de tesorería;
ustedes no saben --hasta ahora no ha salido este concepto
aquí, pero esta vez va a salir-- lo que son las cuentas
extrapresupuestarias, las que utiliza el Inem continuamente,
que lo hemos descubierto hace dos años, porque la Intervención
General del Estado, cubriéndose las espaldas, le dice al Inem:
¡Cuidado!, están ustedes utilizando demasiado las cuentas
extrapresupuestarias.
¿Qué significan las cuentas extrapresupuestarias? Pues muy
simple, ustedes empiezan a tirar de la máquina y cuando se les
acaba el dinero --porque la Tesorería General de la Seguridad
Social les dice: se me acabó el dinero, ya no tengo para
pagar, las cuotas ya no dan para más hasta diciembre--, si eso
sucede en el mes de mayo, no importa, se van a las cuentas
extrapresupuestarias, no se entera el Parlamento porque no son
presupuestarias y a ver cómo las pagamos. Pues según dice el
propio Ministro de Economía en una entrevista a un medio de
comunicación, si las cosas hubieran ido bien, lo hubiera
pagado la Tesorería de la Seguridad Social y no se hubiera
enterado nadie. Como desde el año 1992 las cosas van mal, han
tenido que recurrir a los créditos extraordinarios e inventar
estas historias de los remanentes de tesorería, que me
gustaría muchísimo que el representante de la mayoría fuera
capaz de explicármelo aquí esta mañana.
Cuando se aprobó el 25 de junio de 1992 el crédito para el
déficit del año 1990, el representante entonces del Grupo de
la mayoría decía que, efectivamente, aprobar aquí un crédito
extraordinario era una demostración de una mala gestión, de
una falta de fondos, a que
se había incrementado la cobertura por desempleo, etcétera.
Decía el señor Gimeno que buscar financiación adicional cuesta
dinero, y, por tanto, no podían ir al mercado a buscar ese
dinero para financiar el déficit. Pero sí recurren ustedes a
las cuotas de la Seguridad Social de trabajadores y
empresarios --que está para otras cuestiones--para pagar este
déficit. Por lo visto eso, presupuestariamente, al Grupo de la
mayoría le parece absolutamente maravilloso.
Y si después se analizan las cifras concretas que en cada
presupuesto extraordinario hemos estudiado aquí, se encuentra
uno con cosas tan divertidas como que el señor Arnau, en un
crédito que se aprobó en esta Cámara en el mes de junio de
1993, decía que el déficit del año 1990 era de 52.000 millones
de pesetas y que lo demás iba a pasar --como se había aprobado
un crédito de 190.000 millones de pesetas-- al año 1991, me
supongo que como remanente de tesorería. Y miren ustedes por
donde, la necesidad de financiación del año 1990 era de
115.000 millones de pesetas, según dice la Intervención
General del Estado. Ni ustedes mismos son capaces de ponerse
de acuerdo sobre cuáles son las cifras reales de déficit. Y no
estamos hablando del año 1992, ¡cuidado!, que posiblemente
todavía haya algunas cifras que no hayan salido porque estén
en alguna Delegación Provincial del Inem, ya que, como
funciona tan bien el Inem, esto se da con bastante asiduidad,
sino del año 1990, señor Ministro. ¿Cómo es posible que en el
año 1992 se estén liquidando 590.000 millones con remanente de
tesorería?
Quiero que me expliquen aquí de qué ejercicio presupuestario
estamos hablando, porque se están pagando déficit de los años
1986, 1987, 1988 y 1990 ¿Cómo es posible, señor Ministro? ¿Y
usted
quiere que yo me crea que este crédito va a cerrar
definitivamente el déficit del año 1992 del Inem en
prestaciones por desempleo? Sinceramente le tengo que decir
que no. Y se lo tengo que decir porque, como he manifestado
anteriormente, en el año 1992 aparecen presupuestos del año
1986 y es imposible que el Inem pueda tener aproximadamente
800.000 millones de pesetas en remanentes de tesorería desde
el año 1986. Si los remanentes de tesorería sirven para cubrir
los pagos reconocidos y no inventariados en el presupuesto,
¿cómo diablos lo van ustedes acumulando año tras año? ¿Dónde
están esos remanentes de tesorería? ¿Por qué esta Cámara no ha
tenido conocimiento, en las liquidaciones de presupuestos, de
esos llamados remanentes de tesorería a los que ustedes
recurren por cantidades aproximadas de 800.000 millones de
pesetas? ¿Dónde están?
Yo no quiero traer a esta Cámara el hecho de si realmente
estos déficit del Inem están, en términos de contabilidad
nacional, aplicados a cada y por tanto, no tienen nada que ver
con el déficit del año 1993, como así reconocía el señor
Ministro en el día de ayer y en el debate de presupuestos
insistía en ello; tampoco supo explicar después de dónde
diablos salen entonces los tres billones del déficit del año
1993 si no se puede aplicar al Inem.
Ustedes dicen que este segundo crédito cubre el año 1992 y que
para el año 1993 vamos a aprobar aquí, antes de que finalice
el año --cuando ustedes están cerrando ejercicios con tres
años de ret Ministro--, un crédito de 407.000 millones de
pesetas, como así viene recogido en los Presupuestos Generales
del Estado, lo cual significa que las modificaciones del
crédito del Inem en el año 1993 serían de 870.000 millones de
pesetas en números redondos. ¿Me quiere usted decir por qué en
la liquidación que acompañan a los Presupuestos Generales del
Estado aparece una modificación de crédito a 31 de diciembre
de 1993 de un billón 116.949 millones de pesetas? ¿Me quiere
usted decir a mí de dónde salen los 245.000 millones?, ¿de qué
déficit?, ¿del año 1990?, ¿del año 1991?, ¿del año 1992?, ¿es
un remanente de tesorería que no aparece en la liquidación
definitiva de los Presupuestos de los años 1991 y 1992? ¿Usted
quiere que yo aquí hoy me crea que este déficit que estamos
aprobando liquida el año 1992? Señor Ministro, es imposible
poder creerse todo eso. A mí me gustaría --sinceramente se lo
digo-- que las palabras que usted ha expresado aquí fueran la
realidad. Y le voy a decir más, si usted estuviera tan
convencido de que las cuentas del Inem están muy claras, que
los déficit son exactamente los que usted dice aquí, que los
remanentes de tesorería existían, ¿por qué hace usted
apelación por primera vez en esta Cámara a la Intervención
General del Estado, al Consejo del Estado? ¿Por qué busca
usted legitimaciones que nunca en la vida los antiguos
ministros de trabajo --y es el tercero que aprobamos en un año
y medio-- han traído a esta Cámara? Porque usted sabe que hay
una sensación de duda sobre la capacidad del propio Inem para
gestionar sus fondos.
Sinceramente, señor Ministro, lo que sí tienen que saber los
españoles muy claramente es que ustedes tenían el
convencimiento absoluto de que si la situación económica
hubiera sido positiva, es decir, si no se hubiera destruido
empleo, si no se hubiese dado la situación de quiebra en la
que puede encontrarse la Seguridad Social --puesto que las
cotizaciones de afiliaciones bajan cada día más--, si eso no
se hubiese producido en nuestro sistema, nadie hubiera sabido
que el Inem tenía un déficit desde el año 1982 de dos billones
de pesetas, porque ese dinero pagado, que era derecho a
terceros, directamente en cada un de los años corrió a cargo
de la Tesorería General, eliminando otra serie de prestaciones
sociales fundamentales a las que tenían también derecho puesto
que estaban cotizando, y sale ahora porque ustedes se han
encontrado con que la Tesorería General de la Seguridad Social
ha dicho que no tenía dinero para pagar las pensiones y
entonces ustedes se inventan las cuentas extrapresupuestarias,
la necesidad
de financiación del Inem y buscan la solidaridad de los grupos
parlamentarios como diciendo: el que no esté conmigo no está
creyendo en las cotizaciones, no cree en la protección por
desempleo y está buscando el vacío en la
solidaridad de la sociedad española. No, señor Ministro.
Porque esa solidaridad que usted entiende hace que haya
presentado ya dos decretos que recortan prestaciones por
desempleo, sin ir al fondo de la cuestión. Ese concepto que
tiene usted de lo que es la solidaridad le lleva a la
situación de decir que ahora la sociedad española tiene una
sobreprotección social, que hay que recortar, que no deben
recibir los que no trabajan... ¿Es que eso pasa solamente en
el año 1993, señor Ministro? ¿Usted cree realmente que esa
oficina del fraude interministerial, que ustedes van a crear,
sirve para algo? Si el fraude existía ya hace muchos años,
¿por qué no atajaron ustedes ese fraude con las medidas que
les da la propia Ley de Protección por Desempleo? ¿No es
simplemente, señor Ministro, que ustedes ya no pueden seguir
ocultando estas realidades, que han estado ocultando durante
años porque les convenía a ustedes, al Partido Socialista, no
a los españoles, y ahora necesitan el apoyo del Gobierno,
porque en este momento la Seguridad Social está en quiebra
técnica? Eso lo sabe usted igual que yo. Si no, no habría un
crédito de 345.000 millones para equilibrar el presupuesto del
año 1994.
Usted sabe que estoy diciendo cosas que son ciertas y no me
gusta tenerlas que decir en esta Cámara, porque no quiero
alarmar a la población. Esto es consecuencia de una mala
gestión del Gobierno socialista; esto no es consecuencia de
que la gente se haya apuntado al paro porque son unos vagos;
esto es consecuencia de una mala gestión, de un mal control
del fraude, de una mala política económica. Ahora usted busca
aquí el apoyo y no podemos decirle que no, porque son
prestaciones por desempleo, porque es la Tesorería General de
la Seguridad Social, pero, desde luego, lo que le puedo
garantizar es que el apoyo de este Grupo no lo va a tener,
señor Ministro.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Villalobos.
¿Turno a favor de la convalidación? (Pausa.)
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Almunia.
El señor ALMUNIA AMANN: Muchas gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, consumo el turno a favor de la
convalidación del Real Decreto-ley 16/1993, que aprobó el
Gobierno el 1 de octubre, que nos acaba de ser explicado por
el señor Ministro de Trabajo y Seguridad Social, y empiezo por
decir algo que no sorprenderá a la Cámara y es que el Grupo
Socialista, igual que el Gobierno, igual que la mayoría de las
persona o formaciones políticas o de otra índole que se
acercan a la situación de la protección por desempleo en
nuestro país, de la cobertura que ha alcanzado, de las
técnicas a través de las cuales protege esa situación, del
modo en que se financia, ve que atraviesa por una situación
complicada financieramente. Es un sistema que, a partir del
cambio de signo de la situación económica, del año 1990, y a
medida que el crecimiento económico disminuía, que el
desempleo aumentaba, está entrando en una situación de
desequilibrio a la que, como decía el Ministro en la
presentación que nos ha hecho del Real Decreto-ley, hay que
dar una solución rigurosa; hay que ir al fondo de la cuestión.
La verdad es que las manifestaciones de ese desequilibrio
financiero las estamos conociendo en esta Cámara en los
últimos quince meses y nos l mismo la señora Villalobos. Es
cierto, todos los miembros de esta Cámara lo conocemos, que en
estos últimos quince meses éste es el tercer créd destinadas
al Instituto Nacional de Empleo y, en particular, a la
protección por desempleo. Desde junio de 1992 hasta este Real
Decreto-ley de octubre de 1993, pasando por un anterior de
junio, hay en torno a 700.000 millones de pesetas que el
Gobierno ha necesitado instrumentar a través de créditos
extraordinarios para los cuales solicita el apoyo del Congreso
de los Diputados y la documentación presupuestaria. Y en las
manifestaciones del propio Ministro de Economía y de Hacienda
y del Ministro de Trabajo y Seguridad Social se anuncia que,
antes de final de año y para subvenir a la dotación
presupuestaria de los créditos necesarios para financiar los
desequilibrios en las prestaciones del año 1993, vendrá un
nuevo crédito extraordinario.
En total, en cuatro años hay una insuficiencia presupuestaria
superior al billón de pesetas, y no porque el Gobierno haya
estado cruzado de brazos y no porque el Parlamento, el
Congreso de los Diputados y el Senado, hayan estado cruzados
de brazos. Se han tomado medidas a lo largo de estos años,
como no podía ser menos, para tratar de equilibrar el sistema
de protección por desempleo y han sido expuestas en esta
Cámara en repetidas ocasiones, la Cámara las conoce
perfectamente: desde incrementos en las cotizaciones por
desempleo, que tuvieron lugar en el año 1992 y que permitieron
ingresos adicionales en torno a 150.000 millones de pesetas,
pasando por un decreto-ley del año 1992, de hace año y medio,
que, además de adoptar determinadas medidas de reforma de los
mecanismos de contratación, introducía algunos retoques,
algunas modificaciones en la protección por desempleo que van
a producir, según estimaciones del propio Gobierno, un ahorro
estimado de 350.000 millones de pesetas en el año 1993 con
relación a cuál hubiera sido el gasto si no se hubiesen
adoptado esas medidas, hasta una intensificación
evidente de la lucha contra el fraude en el desempleo.
Recientemente, los medios de comunicación recogían las cifras
proporcionadas por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
correspondientes al primer semestre de este año 1993, donde se
podía observar, y recibía una atención muy significativa de
los medios de comunicación, una intensificación de las
actuaciones de la inspección de trabajo y seguridad social y
una intensificación de las situaciones detectadas y de las
situaciones sancionadas por la legislación vigente por parte
de las autoridades laborales.
Más allá de estas actuaciones, el hecho de que hoy nuevamente
estemos debatiendo un crédito extraordinario para el Inem, el
hecho de que en el ejercicio de 1993 siga habiendo
desequilibrio, nos obliga a reflexionar sobre el fondo, sobre
las causas que están generando este desequilibrio, causas que,
por supuesto, escapan a las competencias del Instituto
Nacional de Empleo, en buena parte, pero que a esta Cámara no
pueden escapar. Y la principal de las causas, qué duda cabe
que es un aumento del desempleo, una destrucción de puestos de
trabajo producto de la recesión y para la cual no son
suficientes --¡ojalá lo fueran!-- medidas de técnicas de
contabilidad presupuestaria o de gestión de los presupuestos.
La solución del problema del fondo del desempleo y de la
recesión económica va dirigida a todas las actuaciones de
política económica y, en particular, los presupuestos que
estamos debatiendo en este momento en esta Cámara y las
medidas que acompañan a esos presupuestos en el proyecto de
ley de medidas.
Además, y ha sido objeto también de explicación reciente por
parte del Ministro de Trabajo en esta Cámara con ocasión de
una interpelación del hay toda una serie de medidas que el
Gobierno ha planteado para la reforma del mercado de trabajo -
-me parece que es hoy el día en que están siendo debatidas en
el Consejo Económico y Social-- y el Gobierno ha anunciado no
sólo el contenido de esas medidas ante esta Cámara, sino
también que de aquí a final de año tendrá lugar la traslación
al debate parlamentario de esas medidas.
¿Por qué la reforma del mercado de trabajo incide y debe
incidir para reducir el desequilibrio de las cuentas de la
protección por desempleo? Por varias razones.
En primer lugar, porque una reforma del mercado de trabajo
como la que plantea el Gobierno es un instrumento importante,
aunque no el único, para mejorar las posibilidades de crear
empleo.
En segundo lugar, porque en esas propuestas de reforma del
mercado de trabajo que hace el Gobierno hay elementos que van
a tender a disminuir la excesiva rotación en el mercado de
trabajo que está produciendo --no es la única causa, pero sí
una de ellas-- el desequilibrio en las prestaciones por
desempleo, como tantas veces ya se ha debatido en los últimos
tiempos.
Y, en tercer lugar, además de la política económica, las
medidas generales de política de empleo y, en particular, las
medidas de reforma del mercado de trabajo, una política de
empleo que incidirá positivamente sobre la financiación de la
protección por desempleo, el contenido del proyecto de ley de
medidas que acompaña el presupuesto y que estamos debatiendo
en esta
Cámara, por lo cual no me detendré en ello. Además, las
medidas que van a tender a incentivar a facilitar la búsqueda
de empleos alternativos para los desempleados y las medidas
que intensifican y dan más herramientas a la autoridad laboral
y a la Inspección de Trabajo para combatir los abusos y el
fraude en el desempleo llevan una estimación de ahorro de
gasto en protección por desempleo, respecto de lo que hubiese
sido la inercia del sistema para el próximo año 1994, en torno
a 300.000 millones de pesetas.
Esta es la estrategia política, este es el contexto político
en el que debe ser entendido el Real Decreto-ley que hoy el
Gobierno somete a la consideración de la Cámara para su
convalidación. Como el Grupo Socialista comparte la política
de empleo del Gobierno, como el Grupo Socialista comparte las
medidas que el Gobierno plantea en su actuación y en sus
propuestas legislativas para favorecer un entorno positivo, en
orden a la inversión y a la creación de empleo, para mejorar
el funcionamiento del mercado de trabajo, para corregir las
ineficiencias de nuestro sistema de protección por desempleo,
daremos nuestro voto favorable a la convalidación del Real
Decreto-ley y, por lo tanto, no podemos coincidir con los
argumentos expuestos por la señora Villalobos en nombre del
Grupo Popular.
El problema no es contable, señora Villalobos. Hay problemas
contables derivados de los problemas de fondo, hay problemas
de contabilidad presupuestaria que hay que resolver con las
técnicas de la contabilidad presupuestaria y con las
autorizaciones que, a tal efecto, debe dar este Congreso de
los Diputados --como espero que dé hoy al Real Decreto-ley que
nos presenta el Gobierno--, pero los problemas son de fondo.
Pensar que las insuficiencias para financiar la protección por
desempleo o que las dificultades para dotar
presupuestariamente el gasto de producción por desempleo son
problemas contables, creo, sinceramente, que es no entender
cuál es el auténtico problema que hoy nos ha traído el
Gobierno para su debate.
Muchísimas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Almunia.
La señora Villalobos tiene la palabra.
La señora VILLALOBOS TALERO: Sinceramente, señor Almunia,
habiendo sido Ministro, habiendo participado en Consejos de
Ministros, conociendo las técnicas
presupuestarias y habiendo aprobado tantísimo presupuesto como
ha aprobado usted desde el Ministerio, y además de Trabajo, yo
esperaba algo más de usted, en función de las preguntas
concretas que le he hecho.
Hasta ahora, en los debates que hemos planteado aquí, yo
siempre he intentado hacer un debate político sobre el
crédito. El representante del Grupo Socialista me ha dicho:
Señora Villalobos, este no es el momento del debate político;
estamos hablando de un ajuste presupuestario, estamos hablando
de un déficit, etcétera. Y ha hecho un análisis sobre la
supuesta estrategia política del Gobierno socialista y del
Partido Socialista. Desde luego, si la estrategia política del
Partido y del Gobierno socialista es volver a plantear en esta
Cámara la necesidad de la reforma del mercado de Trabajo, es
situarnos en peticiones hechas hace tres años en esta Cámara.
No ha añadido usted absolutamente nada. Simplemente ha hecho
de muñeco de «punch-ball» al que todo el mundo da y sigue sin
moverse. Usted recibe los golpes, pero no contesta.
Simplemente, deja pasar.
Creo que esto es un error, señor Almunia, porque así da más
credibilidad a la falta de confianza en su Gobierno y en las
cifras que facilita su Gobierno.
Yo espero esa reforma del mercado de Trabajo, pero ahora no
estamos hablando de la reforma del mercado de Trabajo. Estamos
hablando del déficit del Inem en el año 1992. Y eso, le guste
o no, es un problema de pelas. ¿Usted sabe lo que es la pela,
no? Algunos compañeros suyos hablando de dinero y estamos
hablando, señor Almunia, de una falta de clarificación en las
cuentas del Inem; estamos hablando del uso excesivo, por parte
del Inem, de las cuentas extrapresupuestarias, como así
reconoce la propia Intervención General del Estado en sus
informes. Y usted quiere que yo siga creyendo en lo que están
haciendo.
En el año 1992 aprobamos aquí un crédito extraordinario para
el año 1990. Junio de 1992. ¿Sabe qué fecha tiene el informe
de la Intervención General del Estado? 18 de marzo de 1993.
Eso se lo pedí yo a la señora Interventora. La fecha de
aprobación, de apoyo, de la Intervención General del Estado a
un crédito aprobado en esta Cámara en junio de 1992, tiene
fecha de marzo de 1993. ¿Comprende, señor Almunia? Tengo
serias dudas sobre si se hizo como debía. Además, si uno
analiza el informe provisional y limitado --como dice la
Intervención--, de los años 1990, 1991 y 1992 ve que dice que
las cuentas no están auditadas, que son certificados que le
proporciona el Inem, etcétera.
Estamos hablando, señor Almunia, de dos billones de pesetas,
que no es ninguna tontería. Me hubiera gustado mucho que usted
hoy me hubiera dicho las cifras que le he preguntado. ¿Qué
remanente de tesorería y de qué ejercicios presupuestarios?
¿Por qué aparece en la modificación de crédito a liquidación,
diciembre de 1993, del Inem, una modificación de crédito de un
billón 116.000 millones de pesetas? Porque ni el Secretario
General de Empleo, ni el Director General del Inem, ni usted
me lo quiere contestar. Luego tengo que seguir pensando que
hay algo que ustedes no me quieren decir. Y necesito saberlo
para aprobar este decreto que ustedes plantean.
No se trata, señor Almunia, de que entremos en un debate sobre
si la contratación temporal influye o no en el déficit del
Inem, porque usted y yo estamos de acuerdo en que
efectivamente influye. Por fin ustedes están de acuerdo. El
profesor Segura y todos los profesores que se dedican a
analizar esta materia hablan de la incidencia de la rotación
del mercado del trabajo en los déficit del Inem, en la falta
de productividad y en la falta de competitividad de nuestras
empresas. Es una realidad hoy y hace dos años y, por fin,
repito, parece que ustedes están empezando a plantearlo.
No me hable hoy, señor Almunia, de la estrategia política del
Partido Socialista. Estamos hablando de números, estamos
hablando de déficit. Y por las cuentas del Inem que existen en
esta Cámara, el único remanente que existe del año 1986 al año
1991, donde desaparece misteriosamente el concepto 870,
Remanente de Tesorería, es de 52.000 millones de pesetas.
¿Cómo han llegado a 800.000 millones de pesetas de remanente
de tesorería? ¿Por qué no utilizaron el sistema del artículo
66 de la Ley General Presupuestaria de crédito ampliable, que
es el crédito de prestación por desempleo? Le tenían miedo al
tres por ciento de incremento del déficit, como decía el
artículo 10 de los Presupuestos. Por cierto, hoy no hemos
hablado de ello.
Ustedes en este decreto se cepillan el artículo 10, párrafos
uno y dos, de los Presupuestos Generales del Estado.
(Protestas en los bancos del Grupo Socialista.) Ustedes han
aumentado por encima del tres por ciento que decían los
Presupuestos en su artículo 10, y lo han hecho, no este año,
lo llevan haciendo muchos años, solo que lo han ido ocultando,
señor Almunia. Esa es la auténtica realidad. Y me gustaría
saber la cifra final.
No me ha contestado usted, en nombre del Ministro de Trabajo,
si con esto hemos cerrado el año 1992, si con los 407.000
millones de pesetas que vamos a aprobar en el mes de noviembre
cerramos y ponemos el contador a cero en el presupuesto del
Inem para el año 1994, aunque dudo mucho que en el año 1994 se
cumplan los presupuestos que han traído a esta Cámara. Tampoco
me parece adecuada la técnica presupuestaria o legislativa de
utilizar un decreto ley para derogar nada menos que un
artículo de la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Esa
es la realidad del día de hoy.
Posiblemente al señor Solbes no le haya gustado la falta de
técnica presupuestaria de su antecesor y hoy presidente y
portavoz del Grupo Socialista. A lo mejor al señor Solchaga le
gustaba eso como Ministro y el señor
Solbes no quiere cargar con el muerto de los déficit
acumulados de todos los años. Esa puede ser la realidad, pero
reconózcanla. El señor Solbes ya lo ha reconocido.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Villalobos.
Tiene la palabra el señor Almunia.
El señor ALMUNIA AMANN: Gracias, señor Presidente.
Siento haber decepcionado a la señora Villalobos en mi
intervención. La próxima vez que tenga que subirme al estrado
la consultaré antes sobre lo que debo decir en nombre del
Grupo Socialista. Lo siento.<ð En todo caso la voy a decir,
señora Villalobos, que, como sabe bien, hace pocas semanas
debatimos esta cuestión en la Comisión de Presupuestos en
presencia de la Interventora General de la Administración del
Estado, que comparecía a petición propia y a petición de su
Grupo parlamentario. Allí, la señora Interventora General, en
nombre de la Intervención General del Estado y del Poder
Ejecutivo en el que se encuadra la intervención, nos dio, a mi
modo de ver, una cumplida explicación, compleja, como es esta
cuestión en cuanto uno desciende a los temas técnicos, de cuál
es la situación de la relación financiera entre el Inem y la
Tesorería General de la Seguridad Social, cuál ha venido
siendo a lo largo de todos estos años la plasmación de los
gastos en protección por desempleo en contabilidad nacional,
tarea que tiene encomendada la Intervención General del
Estado, y cuál no ha sido hasta la aprobación de los créditos
extraordinarios la traslación de ese gasto a la contabilidad
presupuestaria, imputando a cada ejercicio presupuestario las
cantidades correspondientes, sea por el crédito inicial o,
cuando no haya habido, por la correspondiente ampliación o
crédito extraordinario.
Yo, en aquella comparecencia,me di cuenta de que usted no se
siente cómoda con los temas de contabilidad presupuestaria,
contabilidad nacional; es demasiado técnico, y lo entiendo,
porque poca gente se siente cómoda con esa complejidad del
tecnicismo de diversas contabilidades; la contabilidad de caja
que lleva la Tesorería, la contabilidad nacional, la
contabilidad presupuestaria, etcétera. Pensé que estaría usted
más en su papel haciendo aquí un debate político sobre las
causas que llevan a las insuficiencias presupuestarias en
ejercicios anteriores. Más adelante, hemos celebrado
comparecencias, también en Comisión de Presupuestos, sobre los
presupuestos del año 1994, y el Secretario General de la
Seguridad Social, no el rería General de la Seguridad Social,
dijo, ante la Comisión de Presupuestos, que, con este crédito
extraordinario y con el anunciado por documentación que
acompaña a los presupuestos y en otras manifestaciones,
quedaría, lo que se llama en términos coloquiales, el contador
a cero en la cuenta Inem Tesorería General de la Seguridad
Social, a 31 de diciembre del año 1993.
Por tanto, no busque usted donde no hay. Léase los documentos
de la Intervención. Son extraordinariamente correctos y
precisos. No le quiera pedir a la Intervención General del
Estado lo que no es su competencia, pero no le niegue
lo competente que es la Intervención General del Estado,
porque incluso ha tenido ocasión usted de conocer, en la
Comisión de Presupuestos, que la Interventora General del
Estado ha
expresado una cierta desazón ante la puesta en duda continúa
de las tareas que cumplidamente realiza ese centro. Y
políticamente reconozca, señora Villalobos, que en el debate
sobre protección por desempleo, su Grupo y su Partido no están
cómodos y, por eso, quizá desvía la cuestión, o trata de
hacerlo, hacia los asuntos contables. Y no están cómodos
porque en su programa electoral no decían una sola palabra
sobre la cuestión.
Muchas gracias. (Aplausos en los bancos del Grupo Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Almunia.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor
Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Señor Presidente, señorías, por
parte del Grupo de Coalición Canaria vamos a fijar nuestra
posición respecto a la convalidación de este Real Decreto-Ley
que vamos a votar y a apoyar favorablemente. Y diré cuáles son
las razones.
En primer lugar, y dentro del primer cuerpo de explicación del
preámbulo del Real Decreto-ley que nos trae hoy aquí para su
convalidación, se plantea el problema del Instituto Nacional
de Empleo. Quiero recordar que el problema yo lo globalizaría
diciendo que las grandes mareas traen grandes resacas; mareas
y marejadas de situación económica de desempleo generan una
resaca como la que trae hoy día a causa y a resolverla este
Real Decreto-ley.
Cuando en esta Cámara, en el año 1984, aprobamos la Ley número
31, de Protección por Desempleo, y cuando posteriormente el
Gobierno, al amparo de esa Ley, saca el Decreto 625 el año
1985, que era una época de vacas gordas, que era una época en
que había sosiego y no había estas cifras de desempleo con las
que nos encontramos actualmente, no dimos mayor importancia a
aprobar que la Tesorería de la Seguridad Social prefinanciara
al Inem. Y ahora resulta que, al llegar esta circunstancia de
desempleo, tenemos que hacer uso,
con toda su gravedad y radicalidad presupuestaria, de este
principio.
Una de las reivindicaciones que la Comunidad Autónoma Canaria
tiene planteadas al Gobierno es precisamente la transferencia
del Inem, pero de la misma manera que, cuando hemos pedido las
transferencias del Insalud, hemos dicho que se nos entregue en
contabilidad de arranque cero, sin déficit arrastrado, sin
facturas guardadas en el cajón, para que no haya ninguna
presunción de fraude de ley, diríamos, con respecto al Inem,
que, caso de que entrase en una posibilidad de transferencia
de gestión a la Comunidad Autónoma, viniera también limpio de
deudas y de déficit que estuvieran en este momento asumidos
por la Tesorería General de la Seguridad Social.
Por tanto, en corresponsabilidad con aquel voto de 1984, es
necesario que la Tesorería General de la Seguridad Social no
quede en déficit de cuenta de resultados porque ha estado al
amparo de aq encontramos con más causantes y demandantes de la
prestación por desempleo, no hay más remedio que atender esta
obligación legal, social y política con esta dotación de
crédito extraordinario.
El segundo punto al que quiero referirme para justificar
nuestro voto es el de las prestaciones no contributivas.
Señorías, aquí es muy difícil la predicción, como se trató de
hacer en la Ley 26/1990, pero en este momento hay una
obligación social y política, no sólo del Gobierno sino
también de esta Cámara, de que aquellas personas receptoras
por derecho legal de la prestación no contributiva no sufran
una decepción más y la perciban.
Por tanto, para poder atender las prestaciones no
contributivas y la cifra que se había dado en los Presupuestos
Generales del Estado para est solamente cabría preguntar al
Gobierno, aquí en presencia, tanto del representante del Grupo
Socialista, el señor Almunia, como del señor Ministro de
Trabajo y Seguridad Social, el señor Griñán, qué razones ha
habido en verdad para lo que estaba previsto y presupuestado
en los Presupuestos Generales del Estado de 1993 para atender
las prestaciones no contributivas haya quedado tan desfasado.
Porque ahí sí podía haber una estimación, al menos de
previsión estadística, de cálculo actuarial, de lo que iba a
producirse, para que las cifras del Presupuesto que aprobamos
en diciembre del año pasado hubieran tenido un reflejo lo más
aproximado posible a la demanda actual.
Y el tercer punto al que quiero referirme, señorías, es el que
contempla el preámbulo del Real Decreto-ley para hacer
modificaciones en los Presupuestos Generales del Estado. Ahí
sí quiero hacer yo una llamada de atención al Gobierno, y más
en estos momentos en que estamos debatiendo en la Cámara los
presupuestos para 1994. Qué duda cabe de que cuando aprobamos
la Ley 39/1992, de Presupuestos Generales del Estado, creímos,
con exigencias de rigor presupuestario, y así debe ser, que
los créditos extraordinarios y los suplementos de créditos
destinados a tramitarse en el ejercicio correspondiente
deberían tener un límite, y que, de la misma manera, y en
segundo lugar, la actuación económica de los presupuestos para
el Gobierno debería posibilitar los créditos para inversiones.
Pero también se había puesto un límite. Ahora con este Real
Decreto-ley se hace, en verdad, prácticamente una enmienda muy
fuerte, muy «a posteriori» a los Presupuestos Generales del
Estado de 1993.
Sería un motivo de reflexión si, cuando este tema lo
planteemos en el debate de enmiendas a los presupuestos de
1994, le diéramos el valor del antecedente que ya está
implicando este Real Decreto-ley. Ahora bien, nosotros
entendemos que, como toda esta financiación se va a hacer
apelando a la deuda pública, y de las informaciones de que
dispone en este momento este portavoz se deduce que estamos
por debajo del límite de endeudamiento por deuda pública
aconsejado por el Plan de Convergencia que había presentado en
la pasada legislatura el Gobierno y el propio indicativo del
Plan de Convergencia que señala la Comunidad Económica Europea
en los últimos acuerdos, tenemos todavía techo para ir por
esta vía de solución.
Nosotros no vamos a oponernos, aunque hacemos esta crítica de
falta de previsión en su momento de que, habiendo puesto
aquellas barreras de disciplina presupuestaria en 1993, ahora
se traten de dejar sin efecto levantando estas barreras y
dejando créditos, en verdad, abiertos y flexibles. Y lo
decimos sobre todo porque nosotros entendemos que si esto va a
una finalidad de Estado de bienestar y va a una finalidad de
prevenir las inversiones pendientes superará en beneficio al
mal crítico que, desde un punto de vista fiscal y contable,
podamos hacer a este Real Decreto-ley, que tiene, desde luego,
sus defectos. La finalidad de paliar la tremenda resaca en la
que en estos momentos nos estamos encontrando en el plano
laboral y en el social, en el Inem y en los restantes aspectos
de la Seguridad Social todas estas circunstancias nos
aconsejan votar favorablemente su toma en consideración.
Nada más. Muchas gracias, señorías.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió),
tiene la palabra el señor Hinojosa.
El señor HINOJOSA I LUCENA: Señor Presidente, señoras y
señores Diputados, una vez más estamos hablando del Inem. Aquí
nos e hecho real. Más allá del buen o mal funcionamiento del
Instituto --que, en muchas ocasiones, hemos criticado
desde esta tribuna y que, asimismo, en muchas ocasiones hemos
solicitado su transferencia a las comunidades autónomas que lo
pedían--, más allá de esto, digo, hay una realidad que nos
trae hoy aquí el Gobierno, que es la deficiencia
presupuestaria producida durante el ejercicio de 1992. Se nos
plantea una cuestión: si creemos o no las cuentas del Inem.
Nosotros no tenemos razón evidente para dudar de las cuentas
del Inem. Otra cosa son las causas de esas cuentas, que es
donde deberíamos haber centrado el debate, en las causas y en
el porqué se producen estos hechos, que el señor Ministro ha
mencionado, pero en lo que no hemos profundizado hoy. En otras
ocasiones recientes, sí lo hemos hecho. Todos sabemos del
déficit del Inem. El otro día nos dijo el señor Ministro, en
la Comisión, que en el ejercicio de 1990 a 1992 había un
déficit de 700.000 millones de pesetas, es decir, de 1990 a
1992 se había producido un déficit de 700.000 millones; para
1993, el señor Ministro tenía una previsión de un déficit de
400.000 millones, trescientos de los cuales --decía-- eran
debidos a insuficiencias presupuestarias. Y añadía entonces, y
ha dicho hoy, que si no hubiese sido por la Ley 22 de 1992, el
déficit aún sería mayor. ¿Cuál es la realidad que contempla mi
Grupo y donde querríamos situar el debate? Lo querríamos
situar en la disyuntiva de qué hacer con el 1.926.000
beneficiarios del Inem. Este es el tema. La cuestión está en
que, en 1985, había 1.065.000 beneficiarios y en estos
momentos, cuando comparece el señor Ministro, hay 1.926.000
beneficiarios.
El debate debería centrarse --en otros foros así está
ocurriendo, en días pasados se ha discutido sobre esta
cuestión en esta Cámara-- en cómo evitar, cómo restar
beneficiarios al Inem. Sólo se pueden restar beneficiarios al
Inem si logramos crear acti finalmente, crear empleo. Este es
el debate que nos preocupa, no tanto cómo se contabilizan las
partidas del Inem, sino cómo evitar que se vayan expulsando
día a día trabajadores de los puestos de trabajo y vayan a
parar a la bolsa de los subsidiados por el Inem. Esta es la
preocupación de mi Grupo, compartida, sin duda, por todas
ustedes, señorías, aunque hoy nos hayamos dedicado a las
cuentas, a la contabilidad.
Por imperativo constitucional, mi Grupo no puede hacer otra
cosa que votar favorablemente la aprobación de este crédito.
El artículo 41 de la Constitución nos obliga a tener unas
pensiones mínimas que permitan una vida digna a aquellas
personas que no cuentan con otros ingresos producto de su
trabajo. Por tanto, por imperativo de la Constitución, hemos
de votar favorablemente este Real Decreto-ley.
En segundo lugar, todos los partidos aquí presentes, y el mío
por supuesto, tienen sus programas y sus líderes han dicho en
los medios de comunicación repetidamente que no íbamos a
renunciar al mantenimiento de los niveles mínimos de
conquistas sociales que se han producido hasta ahora en el
país. Seria contradictorio que hoy negásemos al Gobierno la
aprobación de un decreto que permite disponer de dos créditos
(uno, para pensiones contributivas y, otro, para pensiones no
contributivas, es decir, para aquellos más desfavorecidos de
la sociedad)
sería --digo-- una incongruencia de nuestro partido votar en
contra de este Decreto-ley, pues estaríamos creando un
problema añadido a las personas menos favorecidas de la
sociedad.
Mi Grupo anuncia su voto favorable a la aprobación del Real
Decreto-ley y, en todo caso, deja constancia de su
preocupación --que no dudo que comparten otras señorías--
sobre las causas en las que hay que profundizar.
Si hoy pudiera ser efectiva esta llamada, sería bueno
hacérsela a las fuerzas sociales, a las fuerzas sindicales y
patronales y al Gobierno que el esfuerzo necesario y
suficiente para eliminar el constante deterioro de empleo y
fomentar la creación de ocupación.
Nada más, señor Presidente.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Hinojosa.
Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
tiene la palabra el señor Peralta.
El señor PERALTA ORTEGA: Gracias, señor Presidente.
Señorías, nos interesa hoy el Gobierno el voto favorable para
la convalidación de un Real Decreto-ley que pretende cubrir el
déficit de protección social en los años 1992 y 1993 y,
simultáneamente, suprime un límite legal en la Ley de
Presupuestos de este año 1993, en relación precisamente con
los déficit que ya se prevén.
En el debate que se ha producido hasta este momento se
preguntaba la representante del Partido Popular cuál era la
justificación --la legitimación decía ella-- de este Real
Decreto-ley. En nuestra opinión, se perdía en digresiones
contables.
Izquierda Unida considera que la justificación de este Real
Decreto-ley, señores representantes del Partido Popular, es
muy clara. Son las necesidades sociales de la realidad, ni más
ni menos que eso. Es frecuente, señores del Partido Popular,
que ustedes utilicen la situación de paro en nuestro país en
iniciativas parlamentarias. Sin ir más lejos, esta semana
discutíamos una moción, consecuencia de una interpelación,
sobre este tema.
Hoy que se solicita dotar de medios económicos para atender a
los parados, ustedes anuncian un voto en contra. Da la
impresión, señora Villalobos, de que el Partido Popular
utiliza a los parados como un simple
instrumento para darle golpes al Gobierno. Ello nos hace
temer, como Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, que si
ustedes alcanzaran el poder concentrarían todos los golpes
sobre los parados, ya que no podrían sobre el Gobierno.
(Rumores.)
De todos modos, más que hablar de esa hipótesis,
afortunadamente lejana, conviene centrarnos en este Real
Decreto-ley; Real Decreto-ley en el que el Ministro ha dicho
cuáles eran las causas de estos déficit sociales. Yo también
quiero hacer referencia a ese tema, porque creo que la
descripción que ha hecho el señor Ministro no es exacta.
Detrás de este Real Decreto-ley es posible descubrir un doble
y notable fracaso. De una parte, una mala política económica
protagonizada por el Gobierno y que ha agravado en nuestro
país las consecuencias de una situación recesiva
internacional; mala política económica que ha producido unos
resultados nocivos, especialmente en materia de paro. Esa es
una de las facetas de ese doble fracaso.
La segunda faceta es un notable fracaso de la política
presupuestaria llevada a cabo por el Gobierno, política
presupuestaria absolutamente al realidad que da lugar a
déficit sistemáticos, sobre todo, en los mecanismos de
protección social y que da argumentos que son reiteradamente
utilizados por quienes juegan en contra de esos mecanismos de
protección social.
Estas son, señor Ministro, señorías, en opinión de Izquierda
Unida, las causas de este Real Decreto-ley. También tenemos
que dejar claro que, en opinión de Izquierda Unida-Iniciativa
per
Catalunya, este Real Decreto-ley expresa, materializa y pone
de manifiesto el esfuerzo que lleva a cabo la sociedad
española, el Estado español, de atender las necesidades
sociales derivadas de esa errónea política económica. Un
esfuerzo que, a pesar de los límites de la protección social
en nuestro país, conlleva un fuerte incremento del gasto
social. Esto también hay que decirlo, señorías, y nosotros,
como Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, lo decimos. Por
eso Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya va a votar a
favor de este Real Decreto-ley, pero queremos aprovechar la
ocasión para decir que si estamos dispuestos a colaborar en la
solución de los efectos, nos parecería mucho más importante
contribuir a solucionar las causas de los mismos. Estas causas
hay que buscarlas en esos dos elementos a los que yo hacía
referencia antes: política económica y política
presupuestaria. En este sentido, señorías, las posiciones que
ha avanzado el Gobierno en ambas materias no hacen posible
hasta este momento nuestra colaboración. Son unos Presupuestos
Generales del Estado que no consiguen crear empleo, para el
año 1994 el Gobierno prevé un nuevo incremento del paro. Unos
Presupuestos Generales del Estado que para el año que viene
prevén un importante recorte de los mecanismos de protección
social en nuestro país. Esta política económica, dejando
aparte aspectos determinados como la rebaja de los tipos de
interés y una más adecuada valoración de la peseta, sigue
manteniendo fundamentalmente los mecanismos y las pautas de
política económica anterior, y nos hace prever y temer que
producirá idénticos resultados económicos, sociales y
presupuestarios.
Señorías, quede clara la voluntad de Izquierda Unida en este
acto de colaborar con el Gobierno en la solución de la actual
situación de necesi quede clara también la voluntad de
Izquierda Unida de colaborar en la solución de las causas, y a
tal efecto ponemos de manifiesto nuestro análisis de la misma
y nos gustaría que el Partido Socialista sacara conclusiones
de las posiciones que vienen de la derecha y de las posiciones
que vienen de la izquierda a la hora de decidir sus alianzas.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Peralta. (La señora
Villalobos Talero pide la palabra.) ¿Para qué solicita la
palabra, señora Villalobos?
La señora VILLALOBOS TALERO: Señor Presidente, el
representante de Izquierda Unida ha aludido directamente a
esta Diputada.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra.
La señora VILLALOBOS TALERO: Gracias, señor Presidente.
Señor Peralta, usted dice que yo me he perdido en cifras, pero
usted ha repetido el mismo mensaje del Grupo Socialista.
Yo le quiero preguntar una cosa: ¿es que en los déficit no hay
política? ¿Los déficit se producen por nada? ¿Los tres
billones de déficit, del año 1993, no los vamos a pagar los
españoles? ¿Eso no es política para usted? Para mí, sí es
política.
Hemos tenido una interpelación sobre el empleo hace dos
semanas. Vamos a discutir en esta Cámara, dentro de
aproximadamente diez días, los pre Ministerio de Trabajo. Allí
hablaremos del contenido político de cada una de las medidas
que trae aquí el Gobierno, pero hoy hemos venido a hablar de
un déficit del Inem, de 1992. Esas son cifras. Desde nuestro
punto de vista, señor Peralta, eso es política; es una
obligación fundamental de esta Cámara, por eso la ley
fundamental es la Ley de Presupuestos.
Usted dice que el Partido Popular atacará a los parados.
(Rumores y protestas.)
El señor PRESIDENTE: ¡Silencio, señorías!
La señora VILLALOBOS TALERO: Usted lo deduce, señor Peralta,
del sentido de nuestro voto. En primer
lugar, yo no he dicho que vayamos a votar en contra, señor
Peralta. (Fuertes
rumores.)
El señor PRESIDENTE: ¡Silencio, señorías!
La señora VILLALOBOS TALERO: En julio del año 1993, en esta
Cámara vimos un decreto para cubrir el déficit del año 1991.
Anuncié también entonces que íbamos a abstenernos, porque no
podemos ir en contra de las necesidades de financiación de la
Tesorería General de la Seguridad Social. Luego, ese tema está
bastante aclarado.
Respecto a que el Partido Popular ataca a los parados, señor
Peralta, hasta ahora el único que está creando aquí paro es el
Gobierno socialist provocando esos déficit es el Gobierno
socialista, no el Partido Popular. (Aplausos en los escaños
del Grupo Popular y protestas en los escaños de la izquierda.)
Si usted cree que porque el Partido Popular intenta que el
gasto público esté controlado ataca a los parados; si usted
cree que el Partido Popular ataca a los parados porque
entiende que hay que utilizar mejor los fondos públicos, que -
-no lo olvide su señoría-- son del conjunto de la sociedad
española, está muy equivocado, señor Peralta. Digo más, le
puedo garantizar una cosa, váyase a las medidas que he
propuesto en esta Cámara, váyase al programa del Partido
Popular y verá cómo no hay un ataque a los parados. Nuestro
objetivo es crear empleo. Crear empleo es el único objetivo
del Partido Popular. (Fuertes aplausos en los escaños del
Grupo Popular.)
Señor Peralta, me tendrá que admitir algo: cuando menos,
tenemos posibilidades de ganar las elecciones y demostrar lo
que le estoy diciendo aquí. Lo que sí está claro es que esa
oportunidad no la tendrá usted jamás en la vida. Gracias,
Presidente. (Fuertes aplausos en los escaños del Grupo Popular
y protestas en los escaños de la izquierda.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Villalobos.
Tiene la palabra el señor Peralta.
El señor PERALTA ORTEGA: Gracias, señor Presidente.
Señora Villalobos, voy a contestar serenamente a su fervorosa
intervención.
Lo que para usted son cifras y números, para Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya son cientos de miles de parados. Esa
es la diferencia. (La señora Villalobos Talero hace signos
negativos.) Nosotros nos sentimos cerca de esas personas,
ustedes sólo ven números. A ustedes sólo les preocupa el
control del gasto público, a nosotros nos preocupan esas
necesidades sociales.
Eso, señora Villalobos, es política. ¡Claro que es política!,
la de su Grupo y la del nuestro, evidentemente; dos políticas
muy distintas. Eso es así.
Sólo quiero decir, señora Villalobos que celebro que, al
parecer, mi intervención haya conseguido cambiar su voto.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Peralta.
Vamos a proceder a la votación. Votación para la convalidación
o derogación del Real Decreto-ley 16/1993, de 1 de octubre.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 294; a favor, 167; en contra, tres; abstenciones,
124.
El señor PRESIDENTE: Queda convalidado el Real Decreto-ley.
¿Desea algún Grupo que se tramite como proyecto de ley?
(Pausa.)
Vamos a someter a votación la tramitación como proyecto de ley
del Real Decreto-ley convalidado.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 291; a favor, 127; en contra, 162; abstenciones,
dos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado la tramitación como
proyecto de ley.
DICTAMENES DE LA COMISION DE ASUNTOS EXTERIORES SOBRE
CONVENIOS INTERNACIONALES:
El señor PRESIDENTE: Punto octavo del orden del día:
Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre
Convenios Internacionales.
¿Desea algún Grupo hacer uso de la palabra en relación con
alguno de los dictámenes? (Pausa.)
--CODIGO EUROPEO DE SEGURIDAD SOCIAL, HECHO EN ESTRASBURGO EL
16 DE ABRIL DE 1964 (Número de expediente 110/000001)
El señor PRESIDENTE: Dictamen relativo al Código Europeo de
Seguridad Social.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 291; a favor, 291.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.
--CONVENCION SOBRE PROHIBICIONES O RESTRICCIONES DEL EMPLEO DE
CIERTAS ARMAS CONVENCIONALES QUE PUEDAN CONSIDERARSE
EXCESIVAMENTE NOCIVAS O DE EFECTOS INDISCRIMINADOS, HECHA EN
GINEBRA EL 10 DE OCTUBRE DE 1980, Y SUS TRES PROTOCOLOS ANEJOS
(Número de expediente 110/000002)
El señor PRESIDENTE: Convención sobre prohibiciones o
restricciones de empleo de ciertas armas convencionales que
puedan con nocivas o de efectos indiscriminados.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 291; a favor, 290; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.
--CONVENCION SOBRE UN CODIGO DE CONDUCTA DE LAS CONFERENCIAS
MARITIMAS DE LAS NACIONES UNIDAS, HECHA EN GINEBRA EL 6 DE
ABRIL DE 1974, ASI COMO RESERVAS Y DECLARACIONES QUE ESPAÑA VA
A FORMULAR EN EL MOMENTO DE LA ADHESION (Número de expediente
110/000004)
El señor PRESIDENTE: Convención sobre un Código de Conducta de
las Conferencias Marítimas de las Naciones Unidas, hecha en
Ginebra el 6 de abril de 1974, así como Reservas y Declaración
que España va a formular en el momento de la adhesión.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 291; a favor, 290; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.
--DOCUMENTO SOBRE LOS MIEMBROS ASOCIADOS DE LA UNION EUROPEA
OCCIDENTAL (UEO) REFERENTE A LA REPUBLICA DE ISLANDIA, AL
REINO DE NORUEGA Y A LA REPUBLICA DE TURQUIA, FIRMADO EN ROMA
EL 20 DE NOVIEMBRE DE 1992 (Número de expediente 110/000005)
El señor PRESIDENTE: Documento sobre los miembros asociados de
la Unión Europea Occidental, referente a la República de Isla
y a la República de Turquía.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 294; a favor, 294.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.
--PROTOCOLO PARA ENMENDAR EL PARRAFO 2 DEL ARTICULO X DEL
CONVENIO INTERNACIONAL PARA LA CONSERVACION DEL ATUN
ATLANTICO, HECHO EN MADRID EL 5 DE JUNIO DE 1992 (Número de
expediente 110/000006)
El señor PRESIDENTE: Protocolo para enmendar el párrafo
segundo del artículo X del Convenio internacional para la
conservación del atún atlántico.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 294; a favor, 293; en contra, uno.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.
--PROTOCOLO DE ENMIENDA AL CONVENIO BASICO DE COOPERACION
CIENTIFICA Y TECNICA ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPUBLICA
ISLAMICA DE MAURITANIA, DE 22 DE MARZO DE 1993 (Número de
expediente 110/000007)
El señor PRESIDENTE: Protocolo de enmienda al Convenio básico
de cooperación científica y técnica entre el Reino de España y
la República Islámica de Mauritania.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 293; a favor, 292; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.
--TRATADO GENERAL DE COOPERACION Y AMISTAD ENTRE EL REINO DE
ESPAÑA Y LA REPUBLICA DE COLOMBIA, JUNTO CON EL PROTOCOLO DE
COOPERACION TECNICA Y FICO-TECNOLOGICA, EL PROTOCOLO DE
COOPERACION EDUCATIVA Y CULTURAL Y EL ACUERDO ECONOMICO
INTEGRANTE DEL MISMO, FIRMADOS EN MADRID EL 29 DE OCTUBRE DE
1992 (Número de expediente 110/000008)
El señor PRESIDENTE: Tratado General de Cooperación y Amistad
entre el Reino de España y la República de Colombia, junto con
el Protocolo de Cooperación Técnica y Científico-Tecnológica,
el Protocolo de Cooperación Educativa y Cultural y el
Acuerdo Económico integrante del mismo.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 293; a favor, 293.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.
--ACUERDO SOBRE RELACIONES CINEMATOGRAFICAS ENTRE EL REINO DE
ESPAÑA Y LA REPUBLICA ARGENTINA, FIRMADO EN SAN SEBASTIAN EL
20 DE SEPTIEMBRE DE 1992, Y CANJE DE NOTAS QUE MODIFICA EL
ARTICULO VI DEL MISMO (Número de expediente 110/000009)
El señor PRESIDENTE: Acuerdo sobre Relaciones Cinematográficas
entre el Reino de España y la República Argentina.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 292; a favor, 291; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.
--CANJE DE NOTAS POR EL QUE SE MODIFICA EL CONVENIO RELATIVO
AL TRANSPORTE MARITIMO ENTRE ESPAÑA Y EL REINO DE MARRUECOS,
FIRMADO EN MADRID EL 29 DE DICIEMBRE DE 1979 (Número de
expediente 110/000010)
El señor PRESIDENTE: Canje de notas por el que se modifica el
Convenio relativo al Transporte Marítimo entre España y el
Reino de Marruecos.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 292; a favor, 292.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.
--CANJE DE NOTAS CONSTITUTIVO DE ACUERDO ENTRE EL REINO DE
ESPAÑA Y LA REPUBLICA DE POLONIA PARA LA SUPRESION DE VISADOS,
REALIZADO EN MADRID EL 26 DE OCTUBRE DE 1992 (Número de
expediente 110/000011)
El señor PRESIDENTE: Canje de Notas constitutivo de Acuerdo
entre el Reino de España y la República de Polonia para la
supresión de visados.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 293; a favor, 292; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.
--TRATADO DE AMISTAD Y COOPERACION ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y
LA REPUBLICA DE BULGARIA, FIRMADO EN SOFIA EL 23 DE MAYO DE
1993 (Número de expediente 110/000012)
El señor PRESIDENTE: Tratado de Amistad y Cooperación entre el
Reino de España y la República de Bulgaria.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 292; a favor, 292.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.
--CONVENIO DE EXTRADICION Y ASISTENCIA JUDICIAL EN MATERIA
PENAL ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPUBLICA DE BULGARIA,
FIRMADO EN SOFIA EL 23 DE MAYO DE 1993 (Número de expediente
110/000013)
El señor PRESIDENTE: Convenio de extradición y asistencia
judicial en materia penal entre el Reino de España y la
República de Bulgaria.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 291; a favor, 290; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.
DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:
--PROYECTO DE LEY DE MODIFICACION DE LA LEY 5/1984, DE 26 DE
MARZO, REGULADORA DEL DERECHO DE ASILO Y DE LA CONDICION DE
REFUGIADO (Número de expediente 121/000002)
El señor PRESIDENTE: Punto décimo del orden del día: Debates
de totalidad de iniciativas legislativas.
Debate de totalidad relativo al proyecto de ley de
modificación de la Ley 5/1984, de 26 de marzo, reguladora del
derecho de asilo y de la condición de refugiado.
Para la presentación del proyecto, en nombre del Gobierno,
tiene la palabra el señor Ministro del Interior. (Rumores.)
Señores, les ruego guarden silencio y ocupen sus escaños.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Corcuera Cuesta): Gracias,
señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, comparezco hoy ante SS.SS. para
presentar el proyecto de ley de modificación de la Ley 5/1984,
de 26 de marzo, reguladora del derecho de asilo y de la
condición de refugiado, que el Gobierno aprobó en el pasado
mes de julo.
El dictamen del anterior proyecto, de noviembre de 1992, tras
una tramitación parlamentaria en la que se introdujeron un
total de 18 enmiendas, fue aprobado por el Pleno del Congreso
de los Diputados el 11 de marzo de este año con un amplio
consenso; sólo 13 votos en contra y una abstención. (El señor
Vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa la Presidencia.)
Tras la disolución de las Cortes Generales y el consiguiente
decaimiento del citado proyecto, el Gobierno ha querido
respetar escrupulosamente el consenso producido en torno al
mismo aprobando un nuevo proyecto que reproduce literalmente
el dictamen de esta Cámara. Es evidente que en lo esencial la
presentación del anterior proyecto, que realicé en febrero
pasado, sigue siendo plenamente válida y, por tanto, seré
breve.
Al igual que el proyecto anterior, señorías, el que presento
hoy da cumplimiento al mandato parlamentario contenido en la
proposición no de ley aprobada por el Congreso de los
Diputados el 9 de abril de 1991, en el que se instaba al
Gobierno a --decía-- adoptar las medidas necesarias para
garantizar la necesaria celeridad en el examen individualizado
de las solicitudes de asilo y a impedir --decía la proposición
no de ley-- la utilización fraudulenta con fines d económica
del sistema de protección a los refugiados, garantizando una
protección rápida y efectiva a los verdaderos refugiados. No
cabe duda, señorías, de que la vigente Ley de Asilo, aprobada
hace casi más de nueve años, fue en su día un paso adelante en
la protección de los refugiados, desarrollando, por una parte,
el mandato constitucional en lo referente al derecho de asilo
y estableciendo, por otra, el procedimiento necesario para el
reconocimiento de la condición de refugiado en aplicación de
la Convención de Ginebra de 1951.
La necesidad de abordar hoy la reforma de la Ley de 1984 se
deduce fundamentalmente de tres consideraciones. En primer
lugar, la constatación, derivada de la experiencia en la
aplicación de la vigente ley, de la inutilidad del actual
sistema de doble estatuto, asilo por un lado y refugio por
otro, que, por el contrario, ha generado bastante confusión y
no pocos abusos. En segundo lugar, la creciente utilización
del sistema de protección a los refugiados por parte de
inmigrantes que, de esta forma, y a menudo sin siquiera alegar
la menor persecución, utilizan una solicitud de asilo para
acceder y permanecer en el territorio español, evitando así
los procedimientos migratorios establecidos en nuestras leyes.
Por último, señorías, la próxima entrada en vigor de diversos
tratados internacionales, como los convenios de Dublín y
Schengen, en los que España ha establecido, junto con sus
socios comunitarios, un sistema de determinación del Estado
responsable de examinar cada solicitud de asilo que se
presente en lo que pronto será un espacio sin fronteras
interiores. En el mismo sentido la resolución adoptada por los
ministerios de inmigración de los Doce en Londres, en
diciembre pasado, exige un esfuerzo de armonización y
alineamiento de la regulación de cada Estado en materia de
asilo.
Señorías, en la comunicación sobre la situación de los
extranjeros en España que el Gobierno presentó al Congreso de
los Diputados en noviembre de 1990, se señalaba como objetivo
de las reformas que se proponían el de evitar que por la vía
del asilo y refugio se produjera una inmigración paralela que
se sustrajera a la aplicación de la normativa general en
materia de extranjería, así como garantizar sin dilaciones a
los verdaderos refugiados el pleno disfrute de los derechos
que les reconoce nuestro ordenamiento jurídico. Este sigue
siendo el sentido del nuevo proyecto, que la Cámara anterior
mejoró con las 18 enmiendas, a que hacía antes referencia, y
que el Gobierno somete a SS.|SS., esperando que en torno a él
se mantenga el amplio consenso creado, primeramente, en torno
a la citada proposición no de ley y, más recientemente, en
torno al texto aprobado por el Congreso en marzo pasado y que
el Gobierno se ha limitado a convertir en un nuevo proyecto de
ley.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Para la defensa de la
enmienda de totalidad presentada por el Grupo de Izquierda
Unida, tiene la palabra el señor López Garrido.
El señor LOPEZ GARRIDO: Señor Presidente, señoras y señores
Diputados, me dispongo a defender la enmienda de totalidad con
texto a de ley de modificación de la Ley de Asilo que, aunque
aparentemente es un modificación, afecta profundamente a esa
Ley hasta darle un sentido muy distinto del que tuvo en 1984,
cuando se aprobó. Esta buena ley progresista, de asilo,
existente en este momento, va a quedar
profundamente modificada, y en algunos casos irreconocible, si
se llega a aprobar el proyecto de ley tal como viene redactado
en estos momentos.
Se trata de un proyecto de ley sobre la gran cuestión del
derecho de asilo, degradada en los últimos tiempos como
consecuencia de la obsesión en Europa por la lucha contra la
inmigración, pero que, desgraciadamente, amenaza con acabar
con ese derecho establecido en el artículo 14 de la
Declaración Universal de Derechos Humanos y que tiene esa
solera que viene incluso de la Declaración del Hombre y del
Ciudadano de 1789.
Nosotros compartimos los objetivos que dice pretender el
proyecto de ley: el de suprimir la doble figura del refugio y
asilo y el de establecer un procedimiento acelerado para las
peticiones manifiestamente mal fundadas. Esos objetivos fueron
aprobados en la proposición no de ley de este Congreso de los
Diputados el 9 de abril de 1991 y, repito, los compartimos. Lo
que no compartimos es el procedimiento utilizado para llegar a
ellos. Es innecesariamente duro este proyecto de ley, más aún
en España, donde no hay un problema de refugiados, ya que
tenemos una cifra de refugiados de las más bajas de Europa,
una cifra de inmigración de las más bajas de Europa y, sin
embargo, este proyecto de ley, repito, sitúa a España en la
cola de la protección del derecho de asilo o, mejor dicho, a
la cabeza de la desprotección del derecho de asilo en Europa.
Si una de las pretensiones manifestadas por el señor Ministro
del Interior hace un momento es la de armonizar el derecho de
asilo en Europa, en este caso resulta que se desarmoniza el
derecho de asilo porque se produce una profunda desprotección,
hasta el punto de situarnos, repito, en la cola de la
protección del derecho de asilo en Europa.
El modelo de proyecto de ley es muy distinto del modelo que
defendemos en el texto alternativo. El modelo del proyecto de
ley ve al solicitante de asilo como un problema, no repara en
la cuestión de los derechos humanos, sino que ve al
solicitante de asilo como un problema que hay que solucionar y
que los gobiernos intentan solucionar como sea, al precio que
sea. Es decir, que el solicitante de asilo se convierte en un
presunto defraudador y se invierte la carga de la prueba, que
es algo contrario a la defensa de un verdadero derecho
fundamental, con lo cual se encubre una incapacidad profunda
de los gobiernos europeos a la hora de establecer una
auténtica política de inmigración.
En este proyecto de ley hay una serie de puntos, a nuestro
juicio inaceptables, que nos parece que van, no en la lógica
de la defensa de un derecho fundamental, sino todo lo
contrario.
En primer lugar, el proyecto de ley convierte la idea, que
nosotros compartimos, de un procedimiento acelerado en una
inadmisión a trámite, que es un tema absolutamente diferente,
porque los procedimientos acelerados se podrían conseguir si
hubiera muchos más medios que los que tiene ahora mismo el
Ministerio del Interior para examinar las solicitudes de
asilo, con lo que lo convierte en un procedimiento previo de
inadmisión a trámite inexistente en la ley actual, lo
universaliza, por tanto, le da carácter de regla; le da un
plazo reducidísimo al examen de esa solicitud --cuatro días--;
cualquiera que conozca mínimamente lo que es el examen de una
solicitud de asilo se dará cuenta de que es prácticamente
imposible darse cuenta en cuatro días de si una persona puede
tener un temor fundado de sentirse perseguido por sus ideas
políticas, por su raza o por su religión, que es lo que
defiende el derecho de asilo en la Convención de Ginebra.
Además no establece, y esto nos parece el punto crucial, un
recurso suspensivo ante los tribunales. Por tanto, una
persona, en cuestión de siete días, puede estar de vuelta sin
que un tribunal haya podido examinar si esa solicitud era o no
manifiestamente mal fundada.
En el artículo 6 e) de ese proyecto de ley, España se
desentiende del problema de un solicitante de asilo cuando
considere que otro Estado tiene la obligación de examinar esa
solicitud, con lo cual se contradice flagrantemente el
Convenio de Ginebra y uno de los principios básicos del
derecho de asilo, y es que toda persona tiene derecho a que
sea examinada individualmente su pretensión de asilo. Por
tanto, a partir de ahí se vuelve a recrear una de las cosas
que pretenden hacer desaparecer los ministros de inmigración
en Europa, que es el famoso tema de los refugiados en órbita.
Recuerdo que, hace algunos meses, un solicitante de asilo hizo
el viaje en avión Barcelona-Ginebra siete veces en el mismo
día, porque ni España ni Suiza querían hacerse cargo de ese
solicitante de asilo. Con esta redacción desde luego ese
problema no se soluciona. Además, el proyecto de ley suprime
el asilo por razones humanitarias y no introduce algo
fundamental en estos últimos tiempos que es el problema de los
desplazados que piden asilo como consecuencia de conflictos o
disturbios graves en su país.
Por último, incomprensiblemente, el proyecto de ley suprime la
posibilidad de acudir a la Ley de Protección Jurisdiccional de
los Derechos Fundamentales de la Persona, la Ley 62/1978, con
lo cual, en definitiva, el modelo del proyecto de ley es el de
no considerar al derecho de asilo como un verdadero derecho,
degradar y deteriorar la figura, como digo, hasta hacerla
bastante irreconocible, hasta hacerla casi desvanecer ante la
inexistencia de suficientes garantías en esta nueva creación
de un procedimiento de inadmisión a trámite que se resuelve en
el plazo, nada menos, que de siete días.
Nosotros planteamos en nuestra enmienda a la totalidad con
texto alternativo un modelo diferente, aun admitiendo el
esquema del proyecto de ley --y este es el sentido de una
enmienda a la totalidad con texto alternativo-- pero
manteniendo unas diferencias profundas de fondo que voy
rápidamente a enumerar.
En primer lugar, mantenemos dos días para la solicitud de
asilo: la de la Ley vigente y la del caso en que haya indicios
de peticiones manifiestamente mal fundadas, en las que
entonces sí que se establece el procedimiento de inadmisión a
trámite, mientras que en el caso del proyecto del Gobierno, el
procedimiento de admisión a trámite se hace universal.
En segundo lugar, y este es el aspecto central de nuestra
propuesta, se rodea de garantías este proceso previo de
inadmisión a trámite. Ya que --nosotros lo limitamos a cinco
días, por tanto no vamos más allá de la propuesta del
Gobierno-- hay que rodearlo de garantías, y por eso
establecemos la necesidad de que haya un derecho a asistencia
letrada, que no viene claramente establecido en el proyecto de
ley (sí en la ley para la vía normal pero no en el proyecto de
ley para la vía de inadmisión a trámite), y la ayuda
imprescindible de un intérprete, si no es bastante ilusorio el
derecho que teóricamente se le plantea a un solicitante de
asilo, fundamentalmente, cuando llega a la frontera.
La garantía de un recurso ante el Tribunal Superior de
Justicia nos parece fundamental. No es posible considerar que
un derecho humano se defiende suficientemente si no existe la
garantía judicial; es algo que está en la tradición centenaria
de los derechos humanos. Un derecho humano que no es
garantizado judicialmente no es un auténtico derecho
fundamental, no se le protege como tal. Establecemos, por
tanto, la posibilidad de un recurso suspensivo y la necesidad
de que el Tribunal Superior de Justicia en diez días resuelva
sobre si el rechazo a una petición de asilo, por
manifiestamente mal fundada, está justificado. Pero además
establecemos que durante el tiempo que permanezca esta persona
en frontera, prácticamente detenida, privación física, por
tanto, de su liberad, esté a disposición judicial, cosa que
tampoco hace el proyecto de ley, cosa que nosotros no
ampliamos a los niños menores de 16 años.
En nuestra enmienda de texto alternativo establecemos además
la necesidad de que España examine la solicitud de asilo,
salvo que esté claro qu responsable de esa solicitud, que se
hace cargo de ella, que la admite a trámite y que en ese
Estado no existe peligro para la integridad de esa persona o
de su familia y que no tienen temor a ser perseguidos.
Establecemos también el asilo por razones humanitarias, que no
entendemos por qué se ha sacado del proyecto de ley, y el
asilo por razones de graves conflictos, que es lo que ha
pasado en estos días con algunas personas que han sido
acogidas en España como consecuencia de la guerra en
Yugoslavia. Además, consideramos que a una persona a la que se
le ha denegado por la vía normal el asilo tiene que seguir
manteniendo la posibilidad de regular su situación por la vía
de la ley de extranjería. Introducimos también la posibilidad,
que está ahora mismo en la ley vigente, de que un solicitante
de asilo denegado pueda acudir a la Ley 62/78 de Protección
Jurisdiccional de los Derechos Fundamentales de la Persona. Y,
por último, no entendemo de ley hace retroactivo esa
disminución de derechos establecidos; nosotros consideramos
que no debe ser retroactivo este proyecto. En definitiva,
nuestro modelo pretende, manteniendo los objetivos del
proyecto de ley de acelerar el procedimiento, rodearlo de
todas las garantías de las que, desde luego, carece este
proyecto de ley presentado por el Gobierno.
Hay que tener en cuenta que cuando una persona llega a una
frontera y pide asilo --y ése es el contexto que hay que
entender-- lo ha hecho después de atravesar una serie de
barreras que se le han presentado desde el momento en que en
su país de origen entendió que tenía que escapar, es decir,
hay todo un contexto de endurecimiento de las leyes de
inmigración y de asilo en toda Europa (en España, como
siempre, somos los primeros de la clase y lo endurecemos aún
más que el resto); esa persona tiene que lograr en primer
lugar un visado --porque hay una política de visados que en el
fondo va contra el espíritu de la Convención de Ginebra de
1951-- para poder salir, hay toda una política de sanciones a
compañías aéreas o de transportes a las que se les obliga a
hacer de policías o de funcionarios de inmigración para ver si
los papeles están en regla, esa persona llega a una zona
internacional en la que no hay desde luego control judicial,
en la que se da una situación de cierta indefinición jurídica,
en donde no hay medios de asistencia, en donde se plantea el
problema que he citado anteriormente de refugiados en órbita,
en donde esa persona se encuentra en un medio hostil y en
donde tiene que demostrar, a veces sin saber el idioma, que
quiere solicitar asilo, y después de todo eso es cuando
aparece una petición que se va a resolver en el plazo de siete
días, sin ningún tipo de garantía judicial, con un recurso
suspensivo. Nos parece que es inaceptable, desde el punto de
vista de una verdadera garantía de los derechos fundamentales,
de los derechos humanos, este procedimiento. Nosotros
proponemos un procedimiento que no llega a los 20 días y que,
sin embargo, está rodeado de las garantías mínimas para poder
entender que el derecho de asilo sigue siendo un derecho y no
un mero procedimiento administrativo.
Estos días se ha hablado, señorías, del impulso democrático.
Esta interesante propuesta de impulso democrático no puede
limitarse, a nuestro j mejora de las relaciones entre las
instituciones o entre la clase política, que es importante,
sino que tiene que tener una dimensión social y una dimensión
de derechos humanos, sin la cual no sería suficientemente
creíble. Si el Gobierno entiende que esto es así, que el
impulso democrático que preconiza tiene esa dimensión,
entonces la enmienda que proponemos tiene mucho más que ver
con ese impulso democrático que el
proyecto de ley que nos presenta hoy el Ministro del Interior.
La crisis de los refugiados en el mundo es la crisis de los
derechos humanos, y esto no lo digo yo, esto lo dice el
Consejo de las Iglesias, beligerante en el tema del refugio y
el asilo como es sabido. Defender el derecho de asilo no es
simplemente dar un servicio a los refugiados del mundo, de los
cuales una mínima parte, por cierto, está en Europa; defender
el derecho de asilo es el test de nuestro compromiso con los
valores de la solidaridad, de la democracia y de los derechos
humanos.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor López
Garrido.
Para un turno en contra, tiene la palabra el señor Valls.
El señor VALLS GARCIA: Señor Presidente, señorías.
Señor López Garrido, parece que ésta es su primera
intervención desde la Tribuna de estas Cortes (El señor López
Garrido señala que es la segunda intervención.) Es la segunda,
es igual, bienvenido, y sepa desde esta su primera o segunda
intervención que en la defensa del derecho de asilo, en la
defensa de las libertades, en la defensa de los derechos
humanos, estará el Partido Socialista, no delante de usted,
porque no quiere ser el primero de la clase, pero sí junto a
los que estén más avanzados, como ha estado siempre y como
está hoy, respetuosamente, en el cumplimiento de la
Constitución. Quédese tranquilo en eso. Lo que pasa es que lo
primero que tendríamos que decir es qué son derechos
fundamentales, y estamos hablando de un tema que usted sabe
tan bien como yo que no es un derecho fundamental reconocido
en nuestra Constitución. Así de claramente se desvanece toda
su argumentación.
Quiero empezar agradeciendo al Gobierno que haya tenido la
delicadeza de respetar íntegramente en su proyecto, el texto
aprobado por esta Cámara no hace siquiera un año con un amplio
consenso, con una amplia mayoría, que hizo que, salvo cuatro
apartados del proyecto de ley, todos saliesen votados por una
unanimidad. Este dato hay que tenerlo en cuenta. Cuando la
Cámara, salvo en cuatro apartados, vota unánimemente un
proyecto, yo dudo que ese proyecto merezca los calificativos
de irreconocible, que intenta acabar con el derecho, que está
en la cola de Europa, que contempla el asilo como un problema,
etcétera. No creo yo que esta Cámara pueda cometer semejante
fallo y semejante error, entre otras cosas, y déjenme que lo
utilice como garantía de ese progresismo, porque su Grupo
votó, menos cuatro apartados, todo ese texto, y esos cuatro
apartados tuvieron trece votos en contra y una abstención. Por
lo tanto, yo me felicito de que se haya remitido a la Cámara
precisamente ese texto, yo me felicito de que se haya mandado
con celeridad para poder cumplir, no lo que quiere el Gobierno
sino lo que esta Cámara le demandó; fue esta Cámara la que le
demandó al Gobierno un proyecto de ley con tres requisitos
fundamentales, y esos tres requisitos, a juicio de la Cámara,
los contiene y los contempla el proyecto que hoy debatimos.
Pero es más, yo quiero llamar a SS.SS. a un
esfuerzo de diálogo, a un esfuerzo de reflexión como el que
mantuvimos en la anterior tramitación de este proyecto. Me
parece que fue un ejemplo de discusión, de cesión, de pacto,
en el sentido más positivo del término, que dio lugar a unas
enmiendas admitidas directamente y a otras enmiendas que
fueron motivo de debate y, por último, de transacción entre
las posturas de unos y otros grupos, y el resultado fue un
texto que ha merecido la alabanza del texto y de las
contribuciones que hicimos en esta Cámara por parte de algunos
organismos internacionales que tienen fundado y reconocido
prestigio en la materia de refugiados. Es más, inclusive
aquellas organizaciones más críticas con el proyecto del
Gobierno y con el proyecto que salió de esta Cámara reconocen
en escrito el avance producido en el debate y en la discusión
del proyecto.
Yo entiendo, señor López Garrido, que por mantener un impulso
con la anterior postura en el anterior debate, usted haya
hecho una enmienda a la totalidad; sin embargo, créame si le
digo de manera sincera que el texto que usted propone, o
propone su grupo con su firma, es coincidente en un tanto por
ciento con el del Gobierno, únicamente se distingue en cuatro
puntos, en los cuatro puntos que ustedes no votaron en la
anterior tramitación, inclusive alguno de tono menor, que
ustedes votaron positivamente, hoy lo enmiendan. Supongo que
será para decir: cedo en esto si contemplamos lo demás. Parece
una inteligente técnica parlamentaria, pero pienso que no es
como para hacer un texto alternativo. Pienso que su
intervención se podía haber reducido a mantener esas enmiendas
(las que usted propone, documentación aparte para su
tramitación, consciente de que su enmienda de totalidad no va
a prosperar) y haber centrado la discusión o el debate en esos
puntos.
El proyecto que vamos a aprobar desde el Grupo Socialista es
respetuoso, como he dicho antes, con el mandato de esta Cámara
en cuanto a articu que dé celeridad, que impida el fraude y
que proteja a los verdaderos refugiados. Pero esto no sería
suficiente si el proyecto que nos remite el Gobierno no fuese
escrupulosamente respetuoso con la Constitución. Créame que yo
no estaría aquí defendiéndolo si no considerara que el
proyecto es escrupulosamente respetuoso con la Constitución.
Por último, este proyecto, como dije en el anterior debate,
coincide --no diré que al cien por cien, porque el cien por
cien no lo soporto ni conmigo mismo-- en gran
medida con la doctrina internacional sobre el derecho de
asilo, no sobre las migraciones, que es distinto. Aquí lo que
se trata de regular es el derecho de asilo.
Permítame que por cortesía analice, aunque sea de manera
breve, los puntos en los que S.S. y su Grupo fundamentan la
exposición de motivos de su texto alternativo. El primer
punto, que me parece el más grave, es que ustedes consideran
el derecho de asilo como un derecho fundamental, de acuerdo
con nuestra Constitución. Señor López Garrido, soy consciente
de su valía intelectual y de sus conocimientos de Derecho
Constitucional. Lo que no puedo entender es que, con la
Constitución en la mano, con los artículos 53.1 y 53.2 se
pueda decir que algo regulado en los artículos 13.1 y 13.4 de
la Constitución puede ser considerado un derecho fundamental
y, por tanto, tiene que contemplarse su regulación o la
aplicación de la Ley de Derechos Fundamentales. Es más, estoy
convencido que si usted tuviese el más mínimo atisbo de que
esto fuera así, hubiera presentado una enmienda a la totalidad
con un proyecto alternativo de ley orgánica, porque me consta
perfectamente que usted no puede ignorar el artículo 81 de
nuestra Constitución. Por lo tanto, sabiendo que no es un
derecho fundamental en el sentido reconocido por nuestra
Constitución, todo aquello que trate de darle la protección de
derecho fundamental se viene abajo.
El segundo argumento de su exposición de motivos viene
referido a los efectos de la resolución denegatoria, artículo
17. Todos los grupos hicimos un esfuerzo para contemplar en
ese artículo 17, con una remisión a la Ley de Extranjería, las
razones humanitarias de aquellos casos de disturbios graves de
carácter político, étnico o religioso, salvaguardando siempre
el artículo 33.1 de la Convención de Ginebra, es decir, siendo
totalmente respetuosos con el Estatuto de los Refugiados y
contemplando en ese mismo artículo el no envío a un tercer
Estado sin que tenga una protección efectiva. Por lo tanto, si
examina el artículo 17, aunque es verdad que remitido a la Ley
de E todas las dudas que ha expuesto en esta tribuna.
Por último, el proyecto de ley del Gobierno, como no podía ser
de otra forma, también es totalmente riguroso y escrupuloso a
la hora de aplicar la sentencia 115 del año 1987, del Tribunal
Constitucional, contemplada en el artículo 18.3 del
anteproyecto. ¿Qué es lo que pasa? Pues que estamos hablando
de dos cosas distintas, me parece a mí. El Gobierno, el Grupo
Socialista, así como los demás que apoyaron la tramitación del
proyecto hace unos meses, lo que distinguen perfectamente,
para ser consecuentes con el mandato de esta misma Cámara, es
proteger el derecho de asilo con todos los requisitos
internacionales que quiera el que más y no mezclar, lo que es
la figura típica, la figura de gran prestigio internacional --
como usted ha puesto de manifiesto--, a lo largo de los años,
la figura del asilo, con otros problemas de migración. Me
parece que en su exposición, a veces, se ha tratado de mezclar
lo que es la figura típica --insisto-- del asilo con la figura
de la emigración. Prueba de ello es que trata de que se
proteja el asilo por razones humanitarias. Y usted sabe
perfectamente, en este caso mejor que yo porque lo ha
estudiado mucho más detenidamente, que el asilo, por razones
humanitarias, no está contemplado en las resoluciones más
importantes de los organismos internacionales. Lo cual no
quiere decir que no sea algo deseable de otorgar. Por ello, el
proyecto de ley lo remite a la Ley de Extranjería como algo
beneficioso y a contemplar.
Por todos estos motivos, señor López Garrido, querría pedirle
que retirase su enmienda a la totalidad y que, en los trámites
de Ponencia y de Comisión, pudiésemos llegar a un diálogo, a
un enriquecimiento mutuo de los grupos, como hicimos en
anterior ocasión, fruto del cual fue este proyecto de ley
remitido hoy por el Gobierno que, como he dicho antes, merece
la aprobación de la inmensa mayoría de esta Cámara y el
reconocimiento de los organismos internacionales de mayor
prestigio en la materia.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): El señor López Garrido
tiene la palabra.
El señor LOPEZ GARRIDO: Señor Presidente, señorías, intervengo
para contestar alguna de las observaciones que ha hecho el
señor Va relación con nuestra enmienda a la totalidad. Nos ha
pedido que la retiremos, aunque nosotros pensábamos
ingenuamente que incluso podía ser aceptada, ya que estamos en
otros tiempos, en otra legislatura, en otro momento. Esto nos
parece que es un proyecto de ley de otro tiempo, de otra
legislatura, en que se aprobaron recortes importantes de
derechos fundamentales en nuestro país, a través de la Ley de
Seguridad Ciudadana; de la Ley sobre Protección de Datos, que
está recurrida por el Defensor del Pueblo, o de este mismo
proyecto de ley.
Usted considera que mi argumentación se desvanece en el
momento en que parte de la base de que el derecho de asilo no
es fundamental. Probable está la explicación. Para ustedes, el
derecho de asilo no es un derecho fundamental y para nosotros
sí lo es. No estamos ante un problema de tecnicismos, de si
constitucionalmente es un derecho fundamental o no. La única
diferencia que tiene el derecho de asilo con los demás
derechos en nuestra Constitución es que no cabe recurso de
amparo. Pero aparte de eso, es un auténtico derecho, es un
derecho humano y, desde el punto de vista político y
sociológico, un derecho fundamental. Para una persona que
llega a una frontera, que huye de la persecución o de una
guerra y que pide asilo,
se trata de un derecho fundamental, esencial. A partir de ahí
puede gozar de los demás derechos. Este no es un problema de
echar un pulso de venir aquí a
mantener la situación anterior.
Usted lo reduce a cuatro puntos, a que estamos de acuerdo en
todo menos en cuatro puntos, pero vaya cuatro puntos; son
decisivos, cambian la faz de una ley. Si usted sitúa delante
de todo el procedimiento normal de la ley de asilo una
inadmisión a trámite, en la que se puede quedar la inmensa
mayoría de las solicitudes, ha vaciado de contenido la ley; ha
cambiado absolutamente la ley si fija esa inadmisión a trámite
que se puede resolver, por una decisión del señor Ministro del
Interior, en siete días, sin posibilidad de recurso judicial
suspensivo y sin estar esa persona a disposición judicial. Ese
es un punto fundamental que hace desaparecer la garantía de un
derecho como el de asilo. En esto estamos a la cola de Europa,
claro que lo estamos, somos los últimos de Europa en cuanto a
este tema concreto del recurso judicial. Tengo aquí los datos
--me he entretenido en ir buscando uno por uno los doce países
de la Comunidad-- sobre cuál es la situación en estos países.
Excepto los casos de Italia y de Irlanda, que no tienen
procedimiento acelerado, en los demás países que lo tienen, en
todos, hay posibilidad de un recurso suspensivo ante un
tribunal frente a una denegación por manifiestamente mal
fundada de una solicitud de asilo; todos los países de la
Comunidad Económica Europea. Por eso le decía anteriormente
que esa propuesta del señor Ministro de armonizar el derecho
de asilo es todo lo contrario de lo que sucede en este
proyecto de ley; se desarmoniza. En este proyecto de ley --y
probablemente sea el centro nuclear de su pretensión-- no hay
un recurso judicial suspensivo, no hay una garantía judicial.
En todos los países de la Comunidad en los que hay
procedimiento acelerado hay un recurso suspensivo. El último
en el Reio Unido, que no se ha caracterizado precisamente por
ser un gran respetuoso de los derechos de asilo, donde el 26
de julio hay una reforma legislativa, se introduce un
procedimiento acelerado y un recurso suspensivo judicial. Esto
con un Gobierno con el que me imagino que ustedes no se
identifican políticamente.
Este tema del derecho de asilo tiene una importancia política
descomunal. No es algo que afecte solamente a unas personas
que lo necesitan; no Esto ha producido nada menos que un
recurso de diputados de izquierda ante el Consejo
Constitucional francés por el proyecto de ley de Balladur. El
Consejo Constitucional francés ha considerado contrario un
proyecto de ley que no es peor que éste, desde el punto de
vista de garantías de los derechos fundamentales, lo ha
considerado inconstitucional, contrario al derecho de asilo
establecido en la legendaria Declaración de los derechos del
hombre y del ciudadano. Un proyecto de ley que no es peor que
éste en Portugal mereció el veto de un Presidente de la
República socialista, Mario Soares, para que no fuese
adelante. Así que, vuelvo a repetir, si sale adelante ese
proyecto de ley con esta redacción, en el punto nuclear
concreto de lo que es el recurso judicial suspensivo,
estaremos en la peor situación de la Comunidad Europea en
cuanto a defensa de este derecho de asilo, porque desaparece
la garantía judicial con efecto suspensivo. Es decir, que esta
persona, hasta que no resuelve el juez, no es expulsada.
Nosotros lo limitamos a 17 días, que no creo que sea mucho
pedir, para que haya una auténtica garantía judicial. Aquí
desaparece. Este no es un punto cualquiera; es un punto
fundamental que decide el tono político, el tono respetuoso
con los derechos humanos de un proyecto.
El hecho de que ustedes manden el asilo humanitario, o el
asilo por razones de disturbios a la Ley de Extranjería no es
un tema secundario. No comparar la situación de la Ley de
Extranjería con la situación de la Ley de Asilo. Las personas
que necesitan asilo humanitario que huyen de un conflicto no
son unos extranjeros o inmigrantes económicos como los demás.
Son otro tipo de asilados a los que hay que dar acogida
teniendo en cuenta el cambio de los tiempos, o el asilo por
razones humanitarias que está en la vigente ley. ¿Cómo va a
situar a esas personas que no tienen las características de un
inmigrante económico en la Ley de Extranjería, una ley que no
tiene, en absotulo, las garantías de la Ley de Asilo, con un
estatuto mucho más volátil, con una renovación necesaria cada
año de la residencia de esas personas? De hecho España ha
concedido a yugoslavos y a bosnios un estatuto de permanencia
en España saliéndose de la Ley de Extranjería. ¿Por qué?
Porque requiere un tramiento especial, que es lo que otros
países llamana el estatuto B o el refugiado de facto. Por
tanto, no nos sirve que los manden a la Ley de Extran
garantías. No son verdaderos emigrantes económicos, son
personas que necesitan un asilo especial, una forma de asilo
humanitaria...
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor López Garrido,
vaya terminando.
El señor LOPEZ GARRIDO: Ya termino, señor Presidente.
En definitiva, señorías, atendiendo a la petición de la
Presidencia, nos parece que hay elementos básicos y
fundamentales en este proyecto de ley que deberían ser
modificados porque ponen en cuestión el reconocimiento de este
derecho de asilo, y ponen en cuestión el futuro de los países
europeos que están metidos en una vorágine de recorte de
derechos para los inmigrantes, sin darse cuenta de que Europa
está metida en un callejón sin salida en algunas cosas. Europa
es un gigante comercial y económico --y deseamos que siga
siéndolo--, es una futura potencia política --y deseamos
que siga siéndolo--, pero en este momento la Comunidad Europea
como tal Comunidad Europea, no los Estados que la integran, es
un enano en derechos humanos. No hay una lista de derechos
fundamentales en la Comunidad en este momento. Y ésta no es la
mejor vía para fortalecer esa salida que necesita Europa, para
dar una ilusión a los europeos, dar un enfoque adecuado, y el
enfoque adecuado está en la protección, siempre que sea
posible, de los derechos fundamentales, de los derechos
humanos.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): El señor Ministro del
Interior tiene la palabra.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Corcuera Cuesta): Señor
Presidente, señorías, subo a esta tribuna porque al hablar tan
seguido de recorte de libertades parece que algo se tiene que
decir.
El señor López Garrido, al que respeto profundamente, ha dicho
dos cosas que me permito matizar. ¿Cuándo una petición de
asilo es manifiestame señoría? Cuando, por ejemplo, se miente
incluso del país del que se viene. ¿Le parece a usted que a
eso hay quedarle también protección jurisdiccional: cuando se
miente del país de que se viene? Su señoría, en nombre de no
sé qué libertad ni qué respeto de derechos, porque hay una
gran confusión aquí, dice que aquel que haga un petición de
asilo y se demuestre que es infundada o que es falsa, cómo va
a ser expulsado del país, que se quede como un inmigrante
económico. Pues, señoría, acaba usted de descubrir la piedra
filosofal para que se quede todo el mundo, absolutamente todo
el mundo. Y una cosa es ser respetuoso en la defensa de
derechos, y otra cosa es desvirtuar la defensa de un Estado de
derecho. Hay como una progresía anarquizante que a mí me da un
miedo atroz. (Risas.) del conjunto de la Cámara que lo han
mejorado. ¿O es que en esto usted entiende más que ACNUR como
para descalificar tan profundamente las cosas? ¿O es que ACNUR
es una organización que ampara el que coartemos las
libertades, los derechos de los inmigrantes? Dicho de otra
forma, ¿es que usted es más papista que el Papa? Porque ya a
uno le llega a molestar esto del recorte de las libertades. Y
quiero hacer una última referencia a uno que ha señalado su
señoría. Yo sí he pretendido recortar algunas libertades en la
llamada «ley Corcuera». Tiene usted razón. He pretendido
recortar el derecho que parecían tener los delincuentes a
atentar contra las libertades del común denominador de los
ciudadanos. Ese derecho sí, y lo volveré a hacer 50 veces si
hace falta.
Porque una cosa es que haya el derecho a defender todo lo
defendible, pero que haya que defender también el derecho a
atentar contra la libertad de los ciudadanos los delincuentes,
no. Y cuando el delito cambia y las fórmulas del delito
cambian, cualquier Estado de derecho que se precie, y que
quiera mantenerse, tiene que cambiar sus normas para defender
a la colectividad de quienes le agreden. Y eso que se dice tan
alegremente, recorte de libertades, en un proyecto de ley que
ha gozado del apoyo mayoritario de una Cámara, que ha gozado
del respaldo de organizaciones internacionales que están en la
ONU, ¿cómo puede usted descalificarlo tan radicalmente?
Sentado ahí, cuando le he oído hablar de épocas del pasado me
he remontado no al año pasado sino a 15 o 20 años. ¿Esto qué
es, señoría, estas descalificaciones per se? ¿Usted también
descalifica a ACNUR aquí? ¿A Naciones Unidas también? un
Diputado dice: Sí, señor, claro, si hace falta; si hace falta
hay que hacer lo que haya que hacer. En absoluto señoría. Les
ruego que hagamos todos un esfuerzo para tener una buena Ley
de Asilo, que es políticamente muy importante, y desde luego
esta Ley no está en la cola de Europa, señoría. No señor, no
hay país en Europa en el que la política de interior pueda
decir algo en frontera. Ningún país de Europa ha renunciado a
eso, ninguno. A veces se habla de los gobiernos como de algo
perverso. ¡Pero si el gobierno lo pone el pueblo! Si al
Gobierno lo han puesto los ciudadanos de este país. No hay
gobierno en Europa que haya renunciado en su política interior
a tener que decir algo en la política de sus fronteras,
ninguno. Y si usted dice lo contrario, es por desconocimiento
o falta a la verdad. Este no es un mal proyecto de ley. ¿Este
es un proyecto de ley que puede ser enriquecido? Por mí
encantado, porque si algo hay que preservar es el derecho de
aquel que siendo perseguido, por cualquier razón, en su país
pueda quedarse en el nuestro dando cobertura a una petición de
asilo. Pero lo que hay que impedir a toda costa es que de un
derecho que sólo tienen que tener aquellos que son perseguidos
por razones políticas, culturales, étnicas o religiosas,
aprovechando el derecho de aquéllos, se aprovechen o lo
utilicen otros para poner en peligro el verdadero estatuto de
refugiado político. Y eso es lo que dice ACNUR, señoría. Y
ACNUR no nos ha dicho que somos una cuadrilla que vamos a
quitar derechos, sino más bien que estamos reconociendo un
derecho. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Tiene la palabra el
señor López Garrido.
El señor LOPEZ GARRIDO: Señor Corcuera, le agradezco que haya
salido a la tribuna a defender el proyecto, su proyecto con un
tono que me parece que yo no he utilizado. Yo no le he
calificado a usted de nada, y a mí me ha llamado progresista
anarquizante. La verdad es que me han llamado de todo, pero
hasta ahora no recuerdo que nadie me haya llamado progresista
anarquizante. Algo progresista sí me considero, tampoco
demasiado, pero en cuanto a lo de anarquizante me suelen decir
lo contrario, que soy una persona demasiado de orden, que
debería ser un poco más anarquista. (Risas.) Así que me alegro
de que compense usted con esa definición otras cosas que me
dicen desde otros sitios.
Pregunta usted si a las personas que cuando llegan a la
frontera mienten sobre su país de origen hay que darles
protección. Pues, en un Estado de derecho hay que darle
protección a todo el mundo; por supuesto que hay que darle
protección a todo el mundo. Al que haga las cosas más
horrendas hay que darle una protección, la protección que da
un Estado de derecho. Y la protección básica de un Estado de
derecho es la garantía judicial, artículo 24 de nuestra
Constitución, artículo 13 del Convenio Europeo de Derechos
Humanos; la posibilidad de un recurso judicial, garantía
judicial. No hemos inventado un sistema mejor de defensa de
derechos hasta ahora que los procedimientos judiciales. Yo le
recomiendo que le pregunte usted a su colega, el Ministro de
Justicia, qué opina sobre si hay que darle protección a una
persona que llega a una frontera y miente o hace lo que sea.
Quien administra esta cuestión, y lo va a administrar mal
porque es muy difícil que en siete días se pueda resolver
mínimamente sobre esta cuestión, es el Poder Ejecutivo, que en
todos sitios puede ser recurrido, puede ser residenciado ante
un tribunal; en todos los sitios. Nosotros planteamos algo muy
razonable y muy prudente y es que todo el procedimiento se
resuelva en 17 días, pero que haya un recurso judicial, y aquí
no hay un recurso judicial suspensivo; no lo hay, diga usted
lo que diga y hable de progresismos anarquizantes o de lo que
quiera. No hay un recurso judicial, y eso hace que se
deteriore profundamente la protección de un derecho. Nosotros
alargamos cinco días el procedimiento y metemos el recurso
judicial. Me parece fundamental que esta Cámara lo apruebe. Y
aunque toda la Cámara se pusiera de acuerdo en no aprobarlo,
no habríamos avanzado nada; no por ello algo que va contra un
derecho se convierte en algo que va a favor de un derecho. La
defensa de los derechos consiste precisamente en los
procedimientos de un Estado de derecho ante un tribunal, y en
este caso de un derecho tan fundamental como es el de asilo.
Dice usted que nosotros pretendemos que quien ha mentido se
quede en España y que se queden todos en España. Yo le pido
que se lea nuestra enmienda de totalidad. No planteamos que
una persona denegada pase a la Ley de Extranjería para los
manifiestamente mal fundados y rechazados, para esos, no. Lo
planteamos para quien ha entrado en el procedimiento normal,
se ha terminado ese procedimiento normal y entonces, habiendo
habido indicios --por eso ha entrado en el procedimiento
normal--, se le pueda permitir que se integre en nuestro país,
si es posible, a través de la Ley de Extranjería.
Por último, habla usted del respaldo de organismos
internacionales, del ACNUR. Bastante tiene ACNUR con que las
cosas no vayan a peor de lo que van en el tema del derecho de
asilo. Como es sabido, ACNUR siempre es muy prudente con los
gobiernos porque tiene que encargarse de negociar con ellos
muchas de estas cuestiones. Pero lo mismo que usted habla del
ACNUR, yo le puedo decir que la Comisión Española de Ayuda al
Refugiado o que Amnistía Internacioal tiene clarísimo, por
ejemplo, que hace falta un recurso judicial, una garantía
judicial de los derechos. Y eso está en documentos que tengo
aquí delante o en cartas que he recibido en estos días de esos
organismos tan prestigiosos como el otro.
En definitiva, no hay que acudir a argumentos de autoridad
para estas cosas sino que hay que ver lo que se plantea, lo
que se defiende y, utilizando una expresión que hace poco
empleó Felipe González, pasar de la literatura a las
matemáticas. Dijo que en política es muy difícil pasar de la
literatura a las matemáticas. En este caso yo digo: Vamos a
pasar de la literatura de la solidaridad y de los derechos
humanos a las matemáticas de la protección efectiva de esos
derechos. Eso es lo que hemos pretendido con esta enmienda de
totalidad con texto alternativo, en la que hacemos unas
propuestas muy razonables, muy prudentes, y en la que
intentamos mantener el Estado de derecho en la protección de
este derecho, a nuestro juicio fundamental, como es el de
asilo.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): El señor Ministro del
Interior tiene la palabra.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Corcuera Cuesta): Respecto a
las propuestas, señoría, ojalá que con ellas se pueda
enriquecer el debate. Yo no he intervenido por eso. Yo he
intervenido por la apelación al pasado y al recorte de
libertades, lo que se dice con demasiada frecuencia, y no he
utilizado yo que usted sea un progresista anarquizante. He
dicho que hay como una corriente progresista a la que he
añadido la palabra anarquizante. En cualquier caso, si le he
ayudado a compensar eso que usted decía que algunos le llaman
de orden y que le faltaba el otro rasgo característico de la
izquierda, estoy encantado de que yo le haya ayudado. ¡Pero
que a mí se me pueda acusar de hablar de literatura! (Risas.)
En fin, yo paso rápido de la literatura a las matemáticas. Tan
rápido, señoría, que le voy a poner un ejemplo de qué es lo
que quiero decir.
Hace tres semanas se iban a reunir en España unos neonazis, y
hubo un clamor para que se cometiera una legalidad que
consistía en prohibir la reunión en local
cerrado, que nuestra Constitución no dice que haya que pedir
ni permiso ni nada. Es más, algunas veces cuando me deslizo o
me equivoco en lo de pedir permiso para manifestarse en la vía
públia siempre se me argumenta que eso no lo dice la ley. Pues
no sólo hicimos eso, sino que además prohibimos que entraran
por frontera ciudadanos europeos que tienen derecho a pasar la
frontera, y fuimos aplaudidos. Toda la progresía del país y
todas las fuerzas vivas del país nos aplaudieron, nos
aplaudieron una ilegalidad, y yo estoy dispuesto a hacerlo
otra vez porque me parece un peligro. Pero, al mismo tiempo,
mañana se reúne en cualquier parte de España una serie de
señores a gritar ¡Gora ETA! y dicen que tenemos que
combatirlos con los valores del Estado de derecho, con lo que
yo también estoy de acuerdo. Pero alguna vez tendremos que
defender al Estado de derecho ¿no? ¡Alguna vez tendremos que
defender al Estado de derecho contra aquellos que lo quieren
combatir! ¿Tendremos que defenderlo? Eso es lo que quiero
decir, señoría, que aquí hay muchas varas de medir.
Por último, he salido porque estoy cansado ya de que se me
diga que hay proyectos que recortan las libertades; señoría,
estoy cansado. Yo no he recortado jamás una libertad ni quiero
recortarla. Quiero recortar la libertad con la que algunos
delincuentes pretenden atentar contra la libertad de mis
conciudadanos. Ahí sí, pero las de mis conciudadanos, en
absoluto. Como aquí se hacen apelaciones a los recortes de
libertades incluso en proyectos de ley que están avalados por
organismos internacionales, ¡no me diga usted que hago
apelaciones de autoridad! ¡Si usted ha citado a las iglesias
como criterio de autoridad! ¿Me dejará que yo cite a ACNUR,
verdad? ¿O es que ACNUR es menos que el Comité de las
iglesias?
Nada más. Esto es lo que quería decir, señorías. (Los señores
López Garrido y Valls García piden la palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): El señor López
Garrido, ya ha consumido el turno de réplica al que tiene
derecho y después cierra el señor Ministro. Ahora el señor
Valls consume el turno de réplica a su intervención anterior.
Tiene la palabra el señor Valls.
El señor VALLS GARCIA: Señor López Garrido, yo le agradezco
que cite usted como argumento de autoridad democrática al
Presidente del Gobierno y Secretario General de mi Partido. Me
parece que ya va usted por buen camino.
En segundo lugar, literatura, lo suyo. Y es más, yo en el
anterior debate acusé a un compañero suyo de insnaturalista.
Ya he encontrado la fuente. El iusnaturalista es usted.
(Risas.)
profesor de Filosofía del derecho, estudié a una edad en la
que luego me costó mucho trabajo quitarme de encima el
iusnaturalismo, y venir ahora a encontrármelo aquí me cuesta
trabajo. Invocar un artículo de la Constitución que dice
cuáles son derechos protegidos con a) y cuáles son derechos
protegidos con b) y decir que eso no es... Eso, en derecho,
son las matemáticas; la literatura es el iusnaturalismo, que
es lo que usted ha hecho. Decir que Europa es un enano en
derechos humanos... Se ha dicho así, que Europa es un enano en
derechos humanos. Pues estamos equivocados, qué le vamos a
hacer. Yo me siento equivocado.
Hay otra cosa que se le ha escapado, señor López Garrido.
Usted habla del estatuto B, de la Ley de Extranjería. Eso es
lo que usted tiene que corregir, pero no el proyecto de ley
que regula el derecho de asilo. Esta ley es matemática con
respecto al derecho de asilo. Esta ley protege y defiende al
que tiene derecho a un derecho de asilo, valga la redundancia.
Perfectamente. Ahora bien, si usted nos dice: Señores del
Grupo Socialista, yo voy a apoyar esta ley y a cambio les voy
a pedir que contemplemos nuevas figuras que se están
planteando, nosotros le diremos: Sí señor, de acuerdo. Porque
el Gobierno, este verano, de facto ha tomado medidas para
proteger esas situaciones nuevas, pero no la Ley de Asilo; la
Ley de Asilo no tiene ningún problema.
Por último, dice usted que en manos de quién lo dejamos. ¿Me
puede usted decir de un solo caso que haya decidido la Oficina
del Refugiado, con de ACNUR, que haya sido injusto? ¿Me quiere
usted decir un solo caso donde el Gobierno español, con su
instrumento, haya tratado injustamente a un ciudadano del
mundo con derecho a asilo en España? Uno solo. Luego entonces
la experiencia demuestra que se está actuando bien y se está
protegiendo el derecho que tienen los ciudadanos al asilo. Los
derechos en España, señor López Garrido, salvo que haya
cambiado la teoría constitucional, de la cual sabe usted
tanto, desde que yo estudié hasta ahora, los regula y los
consagra la Constitución y luego los desarrollan las leyes.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Valls.
¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.) Por el Grupo de
Coalición Canaria tiene la palabra el señor Olarte.
El señor OLARTE CULLEN: Señor Presidente señorías, Coalición
Canaria va a votar negativamente que pueda prosperar esta
enmienda de totalidad, y lo decimos desde el respeto máximo
que nos merece siempre
la coherencia de cualquier grupo político y en este momento
concretamente la de Izquierda Unida, en razón de que no hace
otra cosa que mantener criterios puntuales y concretos que
propuso anteriormente. Lo que ocurre, señorías, es que se ha
encauzado a nuestro juicio inadecuadamente esa fijación
permanente y obsesiva, en sentido no peyorativo, de una serie
de criterios que con relación a esta cuestión ha venido
manteniendo Izquierda Unida, porque el cauce adecuado para
encontrar la respuesta satisfactoria a sus pretensiones
creemos que no debiera haber sido la enmienda a la totalidad
sino a través del ejercicio de presentación de las
correspondientes enmiendas puntuales, porque en definitiva hoy
ha quedado aquí patente que fundamentalmente son dos las
cuestiones que en relación al proyecto de ley les preocupa: la
celeridad del procedimiento y, en definitiva, cuestiones
procedimentales; y, de otra parte, la necesidad de la
suspensión del acto administrativo, una suspensión que, dado
el contenido del proyecto de ley, no se encuentra. Puesto que
no estamos en presencia de un derecho fundamental reconocido
expresamente como tal en la Constitución --otra cosa es que
filosóficamente hubiera merecido incluso mayor protección--,
lo que es incuestionable es que por este motivo no puede darse
la garantía al refugiado a través de la posible interposición
de un recurso contencioso-administrativo, donde la suspensión
del acto es tan aleatorio. De ahí que Coalición Canaria,
consciente de ello y precisamente compartiendo esa
preocupación, haya formalizado una enmienda parcial en la que
concretamente se solicita la posibilidad de la interposición
del recurso de protección jurisdiccional, precisamente porque
en estos casos es obvio que la suspensión por parte del órgano
jurisdiccional es automática.
Estamos de acuerdo con distintos criterios que se han
formulado en el día de hoy y a lo largo del tiempo por
Izquierda Unida, pero lo que nosotros creemos es que ese
debate hay que reconducirlo a la Ponencia y a la Comisión,
donde evidentemente confluiremos en más de una ocasión. Sin
embargo, si nosotros respetamos la coherencia de los demás,
¿cómo no la nuestra? Nosotros hemos querido ser, en primer
lugar, respetuosos con el acuerdo de esta Cámara de 9 de abril
de 1991, del cual trae causa la normativa que se pretende
aprobar; hemos querido ser coherentes con un conjunto de
enmiendas que prosperaron en su día y que fueron formuladas
anteriormente cuando todavía no existía Coalición Canaria,
señor Mardones, que se han visto reflejados en el proyecto, y
coherentes también con nuestro criterio que no fue el de
presentar enmienda de totalidad sino de elaborar un trabajo,
creemos que bastante completo, y que se tradujo en un total de
32 enmiendas del conjunto creo que de 88 que se han presentado
a este proyecto de ley.
Nosotros somos especialmente sensibles por muchas razones,
entre otras, evidentemente, porque el Archipiélago Canario
constituye una región frontera, un puente, como nosotros
decimos, entre varios continentes y un trasiego permanente de
personas a través de la vía aérea y marítima, y somos
conscientes porque en nuestro territorio se producen estas
situaciones a las cuales hay que dar una respuesta solidaria y
generosa. Por ello precisamente, entre nuestras enmiendas,
aparte de la posibilidad de ese recurso, con lo que creemos
que se mejora extraordinariamente la imposibilidad de
suspensión que se detecta en el proyecto, hemos querido
avanzar más en las razones humanitarias que se insinúan en el
texto, pero no se ponen de relieve con el rigor que sería
preciso. Nosotros queremos conseguirlo a través de la enmienda
oportuna. Hemos querido diferenciar esta situación de aquella
que trae su razon de ser, como antes se expresaba, me parece
que por el señor Ministro, en la inmigración por motivaciones
económicas.
Para nosotros es digno de destacar la repetición del anterior
texto por el que como alternativo se ofrece por Izquierda
Unida, en un conjunto de normas o propuestas que literalmente
son idénticas a las que se contienen en el proyecto. ¿Por qué?
Precisamente porque el proyecto, al igual que recogió
enmiendas que se habían ido tramitando, que si bien luego
decayeron no fue obstáculo para que el Gobierno las recogiera,
también se recoge un número importante de enmiendas de
Izquierda Unida en el proyecto, y esto hay que reconocerlo. En
definitiva, para nosotros ha sido positiva la supresión de la
doble figura de asilo y refugio, que obviamente se reconoce
como una única fi Consideramos, respecto al problema de los
veinte días en la inadmisión a trámite y demás, que tanto
preocupa a Izquierda Unida, que se ha dado un avance
importante y aparece bien recogido en el ar proyecto. Además,
el artículo 18.3 se atempera a la sentencia del Tribunal
Constitucional de 7 de julio de 1987, recortando las
facultades que pretendía ejercer el Ministerio del Interior
sobre la suspensión de asociaciones de extranjeros. En
resumen, Izquierda Unida nos presenta un proyecto alternativo
que, en una parte muy importante, coincide incluso
literalmente con el proyecto del Gobierno, esto hay que
reconocerlo. Hay que reconocer también que, a través de las
enmiendas parciales, donde, repetimos, en más de una ocasión
nos encontrará Izquierda Unida, será posible despejar estos
problemas y estos fantasmas que, en perjuicio del refugiado,
se ciernen sobre un proyecto que evidentemente todavía hay que
mejorar. Nosotros, con 32 enmiendas de un total de 88, creo
que hemos acreditado nuestra voluntad de que así sea. Desde
luego, ahí nos encontrará Izquierda Unida.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Por el Grupo Catalán
(Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Recoder.
El señor RECODER I MIRALLES: Señor Presidente, señoras y
señores Diputados, emprendemos hoy un debate que la disolución
anticipada de las Cámaras impidió concluir, el de la reforma
de la Ley reguladora del derecho de asilo y de la condición de
refugiado. Sin embargo, el proyecto que nos ha remitido el
Gobierno difiere en algunos aspectos del que debatimos en la
anterior legislatura y, en ciertos aspectos, lo mejora, aunque
insuficientemente, puesto que, según nuestro criterio, algunas
de las disposiciones no garantizan convenientemente la
protección de los refugiados. Me referiré a algunas de ellas,
aunque no sea exhaustiva- mente, puesto que tiempo habrá
para ello en los sucesivos trámites parlamentarios.
Es sabido que nuestro Grupo Parlamentario ha presentado 23
enmiendas al proyecto, que la mayoría de ellas son
reiterativas o coincidentes con enmiendas que presentamos en
la anterior legislatura e incluso puede sorprender que haya
alguna enmienda que nuestro Grupo Parlamentario formula de
nuevo en este debate, que fue retirada en su momento en aras a
alguna transacción que se ofreció por parte del Grupo
Socialista. Consideramos que ello no supone ningún tipo de
contradicción por cuanto retiramos en su momento la enmienda a
que me refería en beneficio de transacción, ya que creíamos
realmente que la transacción mejoraba el proyecto de ley, pero
ello no obsta para que insistamos de nuevo en nuestros
planteamientos en esta legislatura y sobre todo queramos
reabrir el debate acerca de algunos aspectos que regula el
proyecto de ley.
Así, por ejemplo, un tema que para nuestro Grupo es
importante, que ha sido debatido y mencionado por anteriores
intervinientes, es el que en el proyecto se remita el asilo
por razones humanitarias a la legislación general de
extranjería. Nuestro Grupo está de acuerdo con el objetivo de
evitar que dicha vía pudiera ser utilizada por quienes
conocemos con el triste nombre de emigrantes económicos, pero
nos parece que el proyecto de ley va demasiado lejos cuando
excluye de su regulación específica, con la remisión a otra
ley, a todas aquellas personas que han de huir de su tierra,
ya sea por causa de conflictos religiosos, étnicos o políticos
que pongan en peligro su vida, su integridad o la de sus
familias. Este entiende el Grupo Parlamentario Catalán que es
un aspecto del proyecto que debería ser mejorado y que
requiere además de nuestra sensibilidad.
Permítame, señor Valls, que le recuerde algo que ya tuvimos
ocasión de recordar en la anterior legislatura, y en lo que
evidentemente coincidimos su Grupo y el mío, y es que el
nuestro ha sido, histórica y desgraciadamente, un país que ha
generado multitud de asilados políticos y además en numerosas
y recientes ocasiones. Yo creo que conviene abrir los ojos al
pasado, refrescar la memoria y pensar en las circunstancias
adversas a las que tuvieron que enfrentarse nuestros
exiliados, para que, a partir de esta reflexión, seamos
capaces de analizar si realmente en el proyecto de ley que se
nos plantea estamos dando un trato solidario y generoso a
aquellos ciudadanos que han de abandonar su país por estas
causas y que se corresponda con el que hubiéramos deseado que
recibieran nuestros exiliados. Esto creo que debemos hacerlo
en esta ley y no en la de extranjería, que tiene objetivos
loables pero distintos.
Otro aspecto del proyecto que se debería mejorar, según
nuestro criterio, lo constituye el proceso de tramitación de
la solicitud de asilo y l solicitante. En este sentido,
creemos que se puede mejorar el proyecto en múltiples
aspectos, por ejemplo, introduciendo que la solicitud de asilo
pueda ser presentada ante cualquier agente o representante de
cualquier Administración pública, quien tendría la obligación
inmediata de trasladarlo a la Administración competente, por
cuanto normalmente el refugiado extranjero o el solicitante de
refugio extranjero ignora cuál es la autoridad competente para
tramitar su solicitud y creemos que no hay que complicarles
más las cosas, sino que, contrariamente, hay que facilitarles
el ejercicio de su derecho, también garantizando que el
solicitante esté en todo momento plenamente informado de su
situación, contando al efecto con asistencia letrada,
ayudándole a superar las barreras del idioma o facilitándole
asistencia médica, en definitiva, atendiendo a sus necesidades
humanitarias inmediatas.
De otro lado, consideramos conveniente, para garantizar
suficientemente los derechos de los solicitantes de asilo,
introducir con carácter preceptivo el informe favorable por
parte del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Refugiados en los casos de inadmisión de la solicitud por no
fundarse ésta en alguno de los motivos previstos en el
artículo 1.A) de la Convención de Ginebra, o excluir de la
necesidad de realizar la solicitud a aquellas person lleguen a
alguno de los países firmantes de dicha Convención. Asimismo,
creemos importante introducir mayores garantías en el
procedimiento de reconocimiento del derecho, determinando que
el régimen constitucional de detención preventiva es aplicable
a los demandantes de asilo y que por tanto debe de someterse a
la jurisdicción ordinaria la decisión acerca de la libertad o
no del solicitante que presenta la petición de reexamen.
Igualmente, es importante la introducción del procedimiento
previsto en la ley de protección jurisdiccional de los
derechos fundamentales de la persona para sustanciar los
recursos contra las resoluciones previstas en la ley,
procedimiento que no está de más recordar que la
jurisprudencia ha venido admitiendo para las denegaciones de
asilo y que en la ley en vigor se prevé contra la denegación
del estatuto de refugiado. También sería conveniente --
creemos-- introducir determinados supuestos de suspensión de
la
ejecución de la resolución que dé lugar al rechazo en
frontera, salida obligatoria o expulsión del territorio
español de los solicitantes hasta que los tribunales se
pronuncien.
Por último, quiero hacer referencia a un aspecto del proyecto
que no es nuevo, puesto que fue tratado en el debate original
de la ley en el año 1984 en esta Cámara, y que nuestro Grupo
ya defendió entonces, que no es otro que el de la ubicación de
las competencias en la materia. Nuestro Grupo ha presentado
una enmienda en la que reitera que la competencia en la
materia que nos ocupa debe residir en el Ministerio de
Justicia y no en el Ministerio del Interior. Nosotros creemos
que esta es una propuesta necesaria, puesto que el Ministerio
de Justicia, por su propia idiosincrasia y por lo que
constituye la razón de su existencia, en la aplicación
práctica del derecho de asilo debe tener en cuenta aspectos
distintos de los que también precisamente, por su razón de
ser, contemplará el Ministerio del Interior, que,
evidentemente, debe de tener una participación en todo el
procedimiento de tramitación del asilo, pero, repito, la
competencia básica creemos que debe estar en el Ministerio de
Justicia. Además pensamos que no es una propuesta vana, puesto
que en la mayoría de países de nuestro entorno la competencia
descansa en el Ministerio de Justicia, salvo, si no recuerdo
mal, en el caso de Portugal, que es el único país comunitario,
que mantiene la competencia en el Ministerio del Exterior. En
definitiva, señor Presidente, señorías, estas son algunas de
nuestras principales objeciones al proyecto de ley cuyo debate
hoy iniciamos con la voluntad de mejorarlo sustancialmente en
los sucesivos trámites parlamentarios. Evidentemente, de las
enmiendas al articulado presentadas por nuestro Grupo
Parlamentario se desprende una coincidencia en muchos aspectos
con los postulados que ha defendido el Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida; sin embargo, quizá la diferencia resida en
que nuestro Grupo considera que el proyecto de ley que nos ha
remitido el Gobierno es un texto fundamentalmente bueno pero
mejorable, y esa va a ser la vía de trabajo de este Grupo
Parlamentario.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Recoder.
Por el Grupo Vasco (PNV), tiene la palabra el señor González
de Txabarri.
El señor GONZALEZ DE TXABARRI MIRANDA: Gracias, señor
Presidente y, en primer lugar, quiero agradecer la
flexibilidad de esa Presidencia.
Es preciso, desde el Grupo Vasco, reconocer que este nuevo
proyecto de ley de modificación de la Ley de asilo y refugio
enviado por el Gobierno a esta Cámara contiene considerables
mejoras respecto al primer proyecto gubernamental. La
tramitación realizada en la anterior legislatura dio pie a un
Pleno como en la Comisión Constitucional, que propició tanto
la mejora técnica del proyecto como la ampliación de garantías
a los solicitantes de asilo. Conste, pues, en primer lugar, a
la hora de reiniciar este debate, el reconocimiento a todos
los grupos, en especial al Socialista, por haber abordado esta
reforma con amplitud de miras y apertura suficiente a las
propuestas de los demás grupos parlamentarios en un tema del
calado como el del que nos ocupa.
El inicio de una nueva legislatura nos brinda la oportunidad
de actualizar el debate y de abordar nuevamente temas del
mismo que, en opinión d salvados los aspectos sustanciales,
pueden ser mejorados y actualizados. No compartimos la idea
expresada por el portavoz de Izquierda Unida de que para
abordar los mismos sea más procedente recurrir al texto
alternativo. Entendemos, al contrario, que fue Izquierda Unida
quien se equivocó en su estrategia desde el comienzo de la
tramitación parlamentaria de este proyecto de ley.
El Grupo Vasco entiende, señor Presidente, que el proyecto
aprobado en esta Cámara el pasado 11 de marzo recoge los
elementos básicos y sustanciales que hay que abordar al día de
hoy. Ahora bien, sin perjuicio de los objetivos básicos
recogidos en ese proyecto de ley, entiende también que siguen
existiendo en el mismo aspectos susceptibles de mejora. La
posibilidad de poder acometer nuevamente la tramitación
parlamentaria de esta Ley de asilo y refugio tiene que dar pie
a introducir en la misma mejoras y modificaciones, sin
perjuicio de alcanzar los objetivos básicos de la reforma, y a
buen seguro que el Grupo Vasco se encontrará muy cerca de las
posturas de Izquierda Unida en esta labor. Convendrá conmigo
el señor López Garrido que para abordar los aspectos recogidos
en su propuesta no es necesario recurrir al texto alternativo.
Entendemos que el propio proyecto de ley permite mejorar
técnicamente el texto, limitar el excesivo rigor de algunos de
sus artículos y garantizar suficientemente los derechos de los
solicitantes de asilo. Este va a ser el intento del Grupo
Vasco que ha presentado 17 enmiendas al articulado del
proyecto de ley.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Finalmente, para fijar
la posición del Grupo Popular, tien la palabra el señor
Jordano.
El señor JORDANO SALINAS: Señor Presidente, señorías, cuando
se tramitó en la anterior legislatura el proyecto de ley de
modificación de la Ley reguladora del derecho de asilo y de la
condición de refugiado, fueron admitidas la totalidad de las
enmiendas que presentó el Grupo Popular. El proyecto que hoy
consideramos
es básicamente el aprobado por este Congreso de los Diputados
el 11 de marzo de este año, salvo el apartado de la obligación
de información periódica por parte del Gobierno que, perdida
en el trayecto seguido por el proyecto una vez disueltas las
Cámaras, ha sido objeto de una de las enmiendas parciales
presentadas.
El Grupo Popular está convencido de que la modificación de la
Ley de asilo que se propugna garantiza los derechos de las
personas que solicitan refugio en España y que este proyecto
se adapta a los convenios internacionales suscritos por el
Estado español. Por ello no vamos a apoyar la enmienda a la
totalidad presentada por Izquierda Unida. Entendemos que esta
enmienda no mejora el texto del Gobierno ni supone una
aportación válida para resolver el problema de fondo que
motiva la reforma. En la defensa de la enmienda se ha ido
girando continuadamente en torno al problema de la
inmigración, y no estamos aquí hablando de la inmigración.
Realmente hay que pensar que de lo que se trata justamente es
de impedir el bloqueo de la figura de asilo por solicitantes
que pretenden acogerse a este derecho cuando realmente son
inmigrantes económicos, y esas continuadas solicitudes, no
sólo en España sino en otros países como Alemania, bloquean
las instituciones gubernamentales que tienen que preocuparse
de quien de verdad necesita protección por ser un perseguido
político. Por otra parte, no es admisible que nadie se sitúe
en la posición de ser el único poseedor de la verdad
democrática y del respeto de los derechos humanos, y por
supuesto, no podemos compartir una expresión como la de que
«Europa es un enano en la defensa de los derechos humanos»,
porque habría que preguntarse: ¿en relación a qué, a qué zona
del mundo, a qué países los países europeos pueden sufrir este
calificativo de enano? Por otro lado, una buena parte de la
defensa de una enmienda, por el representante de Coalición
Canaria ha girado en torno a la intervención o no del juez en
este tipo de procedimientos. Creo que se está incidiendo en
error y no queda claro. En esta ley que hoy aquí consideramos
no se plantea la situación de que sea el Ministerio de
Interior el que vaya a resolver, por sí solo y que esa
decisión del Ministerio del Interior no vaya a ser revisable.
La propia Ley prevé en el artículo 21 la revisión en la
jurisdicción contencioso-administrativa de todo tipo de
resoluciones que se adopten; por tanto, quede claro que sí
cabe el recurso. Es la Ley de la jurisdicción contencioso-
administrativa la que prevé la suspensión cautelar del acto
administrativo impugnado cuando se aleguen razones
suficientes, y en este caso concreto es evidente que los
solicitantes de asilo que vean denegada su solicitud acudirán
al recurso contencioso, pedirán la suspensión cautelar y, por
lo que se trata, debe pensarse que se acogerá.
El fondo del problema que se está ventilando aquí esta mañana
lo constituye el poder atractivo de las economías occidentales
que ha motiv nacionales de países en vías de desarrollo traten
de acceder a sociedades más ricas en las que puedan encontrar
una nueva vida. Para el acceso a estas sociedades occidentales
se han utilizado todas las vías posibles y una de ellas han
sido, y no sólo en España las leyes de protección para
refugiados políticos, que permiten un status de mayor calidad
que las leyes relativas a inmigrantes económicos. En España no
tenemos un nivel de problemas igual al de Alemania, pero es
claro que la situación se está agravando paulatinamente. Para
el Grupo Popular el proyecto de ley no significa renunciar a
una tradición protectora del perseguido por razones políticas,
étnicas o religiosas, que en el caso español arrancan del Real
Decreto de 17 de noviembre de 1852; creemos que la
modificación del procedimiento a seguir ante una solicitud y
su resolución en frontera permite eliminar cualquier tipo de
abuso.
Es evidente que se amplían las facultades del Ministerio del
Interior, y en este punto es donde nos pueden surgir algunas
dudas sobre si se responderá eficazmente ante la mayor
responsabilidad. Cuando hablo de eficacia no me estoy
refiriendo exclusivamente a una tramitación rápida ni a la
habilitación de locales para una estancia digna de los
solicitantes, ni a la colaboración con el Alto Comisionado de
Naciones Unidas para los Refugiados ni al reciclaje y
formación permanente de los funcionarios. La eficacia en esta
materia no supone cumplir estrictamente los plazos. La
eficacia, cuando de refugiados políticos se trata, consiste en
no cometer ningún error. Si un solo solicitante de asilo es
erróneamente rechazado en nuestras fronteras y devuelto al
país perseguidor, no estaremos ante un fallo administrativo,
sino que en este caso habrá fracasado toda una concepción de
vida en el respeto a los derechos humanos. De ahí la mayor
responsabilidad que asume el Ministerio del Interior y en la
que es verdad que vamos a ser extremadamente vigilantes.
Por parte de ACNUR y de la Comisión Española de Ayuda al
Refugiado se han sugerido determinadas reformas, en cierto
sentido alabando el proyecto presentado, algunas de las cuales
no compartimos, aunque creemos que hay que detenerse en el
problema que plantean los desplazados. El caso de los
desplazados no es estrictamente un supuesto de demandantes de
asilo o de perseguidos políticos y creemos que no tendría
acogida en la ley que consideramos, pero una situación tan
próxima como la de la antigua Yugoslavia nos tiene que hacer
reflexionar sobre la necesidad de protección, que en estos
casos responde a una situación objetiva de conflicto en el
país de origen. Podemos preguntarnos si la remisión que el
artículo 17.2 del proyecto de ley hace a la legislación es
suficiente o si se requiere una regulación específica para el
problema de los desplazados. El Gobierno podría
contestar que ha respondido adecuadamente en el caso de los
1.500
desplazados bosnios cuya permanencia en territorio español ha
prolongado en forma estable, pero también podríamos
preguntarnos por qué no se han facilitado los intentos de
diversos colectivos para acoger a un mayor número de
desplazados, y como ejemplo podríamos citar a la Asociación de
Amigos de Bosnia en Almería. Creemos que éste es un asunto de
Estado, no es un asunto partidista y que es necesario que se
abra un diálogo suficientemente amplio como para saber lo que
quiere nuestra sociedad, que es extremadamente generosa cuando
de extranjeros se trata. Sería éste el momento de resaltar que
en todo el sur de España no ha habido ninguna denuncia
particular por el avistamiento de pateras o el desembarco de
inmigrantes económicos; las denuncias se han producido
precisamente cuando había riesgo físico para quien estaba
desembarcando y creo que eso quiere decir que la sociedad
española es muy sensible al problema de los inmigrantes, al
problema de los extranjeros, al mejor trato para ellos.
En resumen, consideramos que el proyecto es bueno, es
respetuoso con los derechos constitucionales españoles y con
los derechos humanos en gen afronta claramente un problema
como es el separar la situación de quien pide asilo o refugio
político de la situación de quien lo que necesita es, pura y
simplemente, una asistencia económica. Creo que merece la pena
seguir tramitando este proyecto y hacerlo rápidamente para
que, cuanto antes, pueda ser eficaz. Dejamos en el aire la
consideración de que sería necesario abrir un debate amplio
sobre la condición de los desplazados y ver qué puede hacer
esta sociedad en forma regular y estable para atender a los
desplazados por conflictos graves, como los que se están
produciendo en parte de Europa.
Nada más, señor Presidente. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Jordano.
Finalizado el debate, vamos a proceder a la votación. (El
señor Presidente ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Votación correspondiente a la enmienda de
totalidad de texto alternativo del Grupo de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya, presentada al proyecto de ley de
modificación de la Ley reguladora del derecho de asilo y de la
condición de refugiado.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 294; a favor, 12; en contra, 279; abstenciones,
tres.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda de totalidad.
--PROYECTO DE LEY DE CONCESION DE CREDITOS EXTRAORDINARIOS A
LAS SECCIONES 32 Y 33 DE LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
PARA 1993, PARA APLICAR EL ACUERDO SOBRE EL SISTEMA DE
FINANCIACION AUTONOMICA EN EL PERIODO 1992-1996 (Número de
expediente 121/000004)
El señor PRESIDENTE: Enmienda de totalidad al proyecto de ley
de concesión de créditos extraordinarios a las Secciones 32 y
33 de los Presupuestos Generales del Estado para 1993, para
aplicar el acuerdo sobre el sistema de financiación autonómica
en el período 1992-1996.
Enmienda de totalidad de devolución del Grupo de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya. Tiene la palabra el señor
Ríos.
El señor RIOS MARTINEZ: Señor Presidente, señorías, siempre
que discutimos... (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Ríos. Comprendo su
interés por iniciar su intervención, pero interesa también
garantizar que pueda ser oído. (Pausa.)
Cuando quiera, señor Ríos.
El señor RIOS MARTINEZ: Gracias, señor Presidente.
Siempre que discutimos de números puede haber dos tentaciones:
Una, hablar solamente de las matemáticas, de cuadrar los
números; y dos, hablar de la política que se hace con esos
dineros.
El proyecto de ley que hoy se presenta en esta Cámara habla de
unas modificaciones de crédito, modificaciones de crédito
destinadas a la aplic acuerdo sobre el sistema de financiación
autonómica en el período 1992-1996, pero lo cierto es que este
proyecto viene ya con bastante retraso, esta ley está
provocando déficit de tesorería en algunas comunidades y sobre
todo problemas de liquidez, incluso puede estar provocando
endeudamiento. También se plantearía una duda a la hora de
abordar el debate de este crédito, y es si la distribución de
dineros para la financiación autonómica debe discutirse en el
Parlamento (en el Congreso y en el Senado), o si debe hacerse
en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, como
algún Grupo, hoy con peso específico en la gobernabilidad de
este país, ha estado defendiendo; sin embargo, nos hemos
inclinado por traer a esta Cámara el debate, el debate de los
números y el debate de la política que se quiere hacer con
estos números.
La enmienda de totalidad que va a defender Izquierda Unida
está basado en que, a nuestro entender, el sistema que se ha
establecido desde ener significado un avance, una mejora con
respecto al anterior.
Es verdad que esta modificación introduce que la financiación
autonómica no se haga sobre competencias actuales sino sobre
las necesidades de cada comunidad autónoma, según las
competencias que puedan tener; es verdad que se ha
incrementado la ponderación por habitante (en las comunidades
que se rigen por la vía del artículo 143 hasta el 64 por
ciento, y en las del 151 hasta el 94 por ciento); es verdad
que se incorpora una nueva variable sobre dispersión de
población; es verdad que se incorporan subcentros
administrativos para lo que pudiéramos llamar islas en las
distintas comunidades que se ven afectadas por ello; es verdad
que desaparece el tramo de financiación constante de signo
negativo en las comunidades del 151, y es verdad que se
introducen variables redistributivas (una, la pobreza
relativa, y otra, el esfuerzo fiscal de forma conjunta). El
nuevo modelo, por tanto, distingue dos tipos de comunidades
según las variables, tanto geodemográficas como
redistributivas (población, superficie, unidades
administrativas, dispersión, insularidad, y además pobreza
relativa y esfuerzo fiscal).
Sin embargo, desde nuestro punto de vista, el defecto que
tiene este proyecto es que no introduce un sistema estable
para la financiación del Estado en toda su estructura, en toda
su composición. Es más, los efectos de este proceso no van a
ser reales para todo el tramo; este crédito extraordinario va
a ser efectivo cuando se termine su tramitación, posiblemente
para el año 1994, y es posible que se tengan que producir una
serie de ajustes en función de los últimos acuerdos para este
ejercicio que veremos en el año 1995. En suma, no hemos
construido un sistema de financiación que pueda ser estable.
Pero el nuevo modelo no es ni más ni menos que una
continuación del modelo anterior. Hay una estimación de la
inversión de reposición, que se va a sumar a lo que son en
función de los servicios transferidos, y hay una incorporación
de la financiación incondicionada a la compensación
transitoria.
No obstante, fundamentalmente no ha resuelto tres problemas,
según Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. Primero, la
necesidad de equiparar el gasto por habitante en cada una de
las comunidades. Segundo, lograr una prestación similar,
homologada, homogénea (que no quiere decir igual para todos,
pero sí parecida), de los servicios públicos en todo el
Estado. Y, tercero, incrementar la política regional que desde
el Estado se hace para toda la dimensión, sea cual sea la
ordenación territorial, basándola en las comunidades más
deprimidas, basándola en lo que pudiéramos llamar políticas
regionales hacia las comunidades que se encuentran en el
objetivo uno de la Comunidad Europea. Por tanto, incrementar
el Fondo de Compesación.
Por consiguiente, la enmienda de totalidad de Izquierda Unida
va dirigida fundamentalmente a tres ejes, porque hay que
responder antes de 1994 cosas: una, corresponsabilidad fiscal,
que apenas se ha avanzado con ese tan llevado y traído 15 por
ciento del IRPF, que por cierto no sabemos el costo real del
mismo ni el grado de corresponsabilidad que va a significar,
porque partiendo de la neutralidad de principio, al final esa
neutralidad parece que no está siquiera garantizada. Dos, la
nivelación de los servicios. Los españoles vivan en
Extremadura, vivan en Andalucía, vivan en Murcia, vivan en el
País Vasco o vivan en Cataluña, deben de tener unos servicios
que antes se prestaban desde el Estado y que ahora presta cada
Comunidad, y no son solamente los de sanidad, pueden ser la
ITV, pueden ser los servicios fitosanitarios, pueden ser un
sinfín de servicios que han recibido cada comunidad y que
debiéramos de recibirlos de manera parecida, de manera
similar, ya que no puede haber primera categoría y segunda
categoría. Y, tres, que queda pendiente algo que va a
significar la segunda factura, y es la financiación del
déficit sanitario.
¿Cuál es el centro de la propuesta de Izquierda Unida? Pues
conseguir una equiparación media del gasto por habitante en
esta reforma para las comunidades del 151 y las de 153. Para
cumplir este objetivo debiéramos de acercar, a lo largo del
resto de la legislatura, es decir, 1992-1995, el gasto público
transferido por persona. Para lograr esta equiparación es
preciso atender, de forma prioritaria, a aquellas comunidades
que se encuentran por debajo de la media. Esta equiparación a
la media se debiera calcular para el año 1990, puesto que el
sistema de financiación que se va a poner en marcha, que está
pactado, en pesetas del año 1990 (las pesetas que van a
recibir las comunidades autónomas harán referencia a pesetas
1990, con toda la evolución que han podido tener en el
tiempo), y establecer los recursos necesarios para ello. Una
vez lograda esa equiparación, debiéramos de establecer un
fondo global para igualar los recursos por habitante que
puedan repartirse en función de los parámetros que señala la
Lofca. No plantea Izquierda Unida salirse, por tanto, del
sistema que la propia Lofca establece: 95 por ciento para la
población, 5 por ciento para el esfuerzo fiscal e inverso a la
renta por habitante. Una vez conocidas esas cantidades, tanto
para las comunidades que están por debajo de la media como
para las que corresponden al conjunto por el segundo de los
objetivos, proponemos dividirlo por el ITAE del año 1990, y
obtenemos así el aumento del porcentaje más allá de lo que
indica el proyecto de ley del propio Gobierno para una nueva
financiación. Por ello, con nuestra enmienda proponemos
incrementar los dineros que se van a distribuir para el año
1993, y, a su vez, elevar el Fondo de Compensación
Interterritorial.
Por consiguiente, hemos aceptado las ponderaciones que
establecía el acuerdo del Consejo de Política Fiscal y
Financiero, queremos corregir las diferencias que
existen en estas realidades, valor gasto por habitante y,
además, queremos utilizar los mismos parámetros.
Pero es que incluso queremos establecer algo importante:
incrementar el Fondo de Compensación. En el proyecto de ley
que tenemos en trámite en las Cortes hay un fondo de
compensación aproximadamente del 36,8 por ciento de la
inversión que el Estado va a hacer, y nosotros proponemos
incrementarlo hasta el 45 por ciento. Ello quiere decir que
Izquierda Unida está haciendo un planteamiento desde la óptica
global del Estado y no desde una relación bilateral. Es cierto
que el Grupo mayoritario, y el Gobierno que soporta, han
establecido un proceso distinto: relaciones bilaterales fuera
del Consejo de Política Fiscal y Financiera, lo que ha llevado
a una pretendida neutralidad del sistema que no es verdad,
pero han ido basculando, olvidándose de retos que están
aplazados desde la época anterior; no se ha logrado una
corresponsabilidad efectiva y, sobre todo, la autosuficiencia
de las comunidades autónomas no se está garantizando con este
modelo.
Es verdad que en la evolución última a unos se les ha ofrecido
mantener o incrementar el PER, a otros que se les va a tener
en cuenta que son diputación provincial, a otros se les va a
hablar de la compensación en función de la sanidad, pero no
hay un diseño global, no sabemos cuántas facturas habrá que
pagar. Con esta dinámica se estará consiguiendo estabilidad
para mandar, pero no estabilidad en un modelo de Estado. No se
ha terminado de pagar; no había que guardar el talonario de
cheques. Se ha pagado el primero, pero vamos a ver cuántos
cheques hay que seguir pagando. En todo caso, lo que estamos
ofreciendo es un modelo distinto, que no anda por los
derroteros de la pretendida estabilidad del presupuesto sin
garantías, porque es inestable y ello se va a ver en su
evolución.
Por tanto, ya se verá si esta enmienda decae, como parece que
va a ocurrir. Si sabemos contar --y hemos aprendido a contar
en la escuela, aunque haya sido hasta poco, pero posiblemente
hayamos aprendido a contar hasta más de tres-- vemos que es
posible que esta enmienda de totalidad no prospere, que el
proyecto de ley no se devuelva al Gobierno, pero hemos
presentado enmiendas al articulado para mantener esta
filosofía en la discusión que va a tener lugar en la
tramitación de este proyecto de ley en el seno de esta Cámara.
La filosofía de la enmienda a la totalidad la hemos proyectado
a las enmiendas concretas, que pretenden cuatro cosas. En
primer lugar, incrementar la equiparación de recursos por
habitante; en segundo lugar, incrementar las cantidades que se
proponen para las comunidades autónomas en 80.000 millones de
pesetas, es decir, en lugar de 1,4 billones, pasar a 1,5
billones; en tercer lugar, incrementar el crédito
extraordinario que nos propone el Gobierno desde 80.000
millones de pesetas hasta 158.000 millones de pesetas; y, en
cuarto lugar, ¿qué proponemos en el Fondo de Compensación?
Permítanme SS.SS. que haga un alto en la explicación de la
propia enmienda. Ha habido y hay algunos partidos de corte
nacionalista que han intentado recuperar un discurso viejo,
arcaico y conservador, que consiste en decir en que las zonas
del sur y de la periferia se abusa, abunda la picardía,
incluso el fraude, y que en los años del cambio han metido
mucho la cuchara en las arcas del Estado. Cree el ladrón que
todos son de su condición, y no es así, porque bajo ese
planteamiento se está promoviendo entrar a saco en las arcas
del Estado, se está planteando reconvertir, con un cambiazo al
cambio, para orientar las políticas hacia otro lado. La
picaresca y el fraude pueden existir en muchos sitios, no
solamente en las zonas del sur y en la periferia. ¿Cuál es el
planteamiento del Fondo de Compensación? El mismo que se hace
en una familia: se invierte primero en la gente que más lo
necesita, es decir, se hace la cuenta de todo un año y se
pregunta quién es el que más lo necesita lógicamente. No es lo
mismo cambiar de coche que comprar zapatos; no es lo mismo
hacer frente a una enfermedad urgente que plantearse los
gastos de una boda o del cambio de piso. Por tanto, el
planteamiento que hacemos del Fondo de Compensación es el
siguiente: El Estado, que debe tener una visión integrada de
todo nuestro territorio, debe dedicar más dinero a corregir
los desequilibrios territoriales del que está dedicando ahora
mismo. Hay que caminar hacia el 50 por ciento. No proponemos
que no vaya dinero a otras regiones; no es cierto. Estamos
proponiendo que si el Estado va a invertir 440.000 ó 450.000
millones de pesetas, se llegue al 45 por ciento para corregir
los desequilibrios que existen en este territorio, y no desde
el concepto de la beneficencia, de dar a los que no tienen. No
es dar un pez al que no tiene; es crear las condiciones para
que todas las regiones puedan competir, puedan marcar su
futuro en la misma realidad. Esto quiere decir que el
planteamiento, en su conjunto, iría en el sentido de
incrementar el Fondo de Compensación.
Me podrán decir que esta propuesta no tiene respaldo
suficiente a la hora de negociarla en el Consejo de Política
Fiscal y Financiera, pero este Estado se puede gobernar de
otra manera, esta realidad se puede articular de otra manera.
Creo que en esta Cámara, y en la tramitación en el Senado, se
podría llegar a otro tipo de encuentro que haga bascular la
política del futuro sobre la base social y la base territorial
que respalda al grupo mayoritario y que respalda a otros
grupos de esta Cámara. Porque las políticas que se van a
aplicar aquí no evolucionan de la base social ni de la base
territorial en función de los acuerdos que se están
consiguiendo para la financiación. Estamos dispuestos a hablar
de una cifra para la corresponsabilidad fiscal, y estamos
dispuestos a llegar a un acuerdo sobre la cifra para corregir
el déficit que tienen los ayuntamientos,
para incrementar la participación de los mismos en los
ingresos del Estado, y estamos dispuestos a hablar de una
cifra para el Fondo de Compensación, aquí y en el Senado, con
enmiendas conjuntas o particulares apoyadas desde los
distintos grupos, pero lo que queremos es que en este
Parlamento se pueda conseguir una estabilidad distinta a la
que se está fraguando ahora mismo, y esa estabilidad pasa por
cambiar la filosofía, a pesar de que no nos guste, porque lo
moderno de hoy parece ser que es más arcaico que lo que se
pretende superar.
Nada más, señor Presidente; nada más, señorías.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ríos.
Para turno en contra, por el Grupo Socialista tiene la palabra
la señora Aroz.
La señora AROZ IBAÑEZ: Gracias, señor Presidente.
Señorías, como el título del proyecto de ley indica, el objeto
de los créditos extraordinarios que van a someterse a
tramitación parlamentaria responde a la aplicación, para el
año 1992, del acuerdo sobre la financiación de las comunidades
autónomas para el quinquenio 1992-1996. Reanudamos con este
debate un trámite parlamentario iniciado en la pasada
legislatura y repetimos un debate de totalidad que también se
produjo en la pasada legislatura, concretamente en el mes de
febrero, ya que la disolución de las Cortes en el mes de abril
hizo imposible la continuación de dicho trámite.
El proyecto incluye, para su aprobación, los nuevos
porcentajes de la participación de las comunidades autónomas
en los ingresos del Estado para el quinquenio mencionado, con
arreglo a la redifinición que se ha producido en algunas
variables respecto al método existente en el período anterior
y también con la inclusión de otras variables nuevas.
Asimismo, el proyecto de ley consigna las cantidades
correspondientes para el año 1992, lo que supone una cifra de
participación en los ingresos del Estado de un billón 441.977
millones de pesetas y una cantidad adicional respecto a lo
presupuestado en el año 1982 de 80.678 millones de pesetas,
importe de uno de los créditos del proyecto de ley.
El segundo crédito, por importe de 21.353 millones de pesetas,
corresponde a la cantidad adicional en la dotación del Fondo
de Compensación Interterritorial, que queda fijado para ese
año en 128.844 millones de pesetas.
Este proyecto de ley, señorías, ha merecido una enmienda de
totalidad del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, coherente con la posición que había manifestado en
su día en el debate del mes de febrero.
Debo recordar que el sistema de financiación autonómica, cuya
aplicación va a tramitarse a través de este proyecto de ley,
ha sido aprobado po una de las comunidades autónomas, ya que a
pesar de que en el momento de la firma en el Consejo de
Política Fiscal y Financiera, el 20 de enero de 1992, alguna
comunidad autónoma no lo firmó, lo hizo en el trámite
posterior de ratificación y aprobación de las respectivas
comisiones mixtas.
Resulta, por tanto, incomprensible para nuestro grupo
Parlamentario --y creo que lo será también para el resto de
los grupos de la Cámara-- esta enmienda de totalidad, que, en
nuestra opinión, trata de enmendar la plana no a una posición
del Gobierno del Estado, sino a la de los gobiernos de todas
las comunidades autónomas, después de un consenso que requirió
largas reflexiones y un debate, durante bastantes meses en el
año 1991.
Las revisiones del sistema de financiación autonómica que se
realizaron una en 1992 y otra en el año 1986 (el señor Ríos ha
hecho una valoración positiva del segundo acuerdo) han
significado pasos adelante en la mejora del sistema de
financiación de las comunidades autónomas con arreglo a los
criterios de autonomía y suficiencia financiera, al criterio
de solidaridad y al criterio de igualdad, ya que en la segunda
revisión de 1992 se produjo un avance sustancial en cuanto a
la financiación «per capita» y, por tanto, en la igualdad de
recursos por habitante en el conjunto de las comunidades
autónomas.
Las dos reformas efectuadas lo han sido en una línea de
profundización de la Ley Orgánica de Financiación de las
Comunidades Autónomas, que, c recordarán, fue una ley fruto
del consenso político y que debe merecer un balance
globalmente positivo en sus resultados.
Señor Ríos, nuestro Grupo coincide con el interés de su Grupo
en seguir perfeccionando el sistema de financiación de las
comunidades autónomas. Esta coincidencia la tienen todos los
grupos de esta Cámara, y se expresa en el Consejo de Política
Fiscal y Financiera, en el Gobierno y en las comunidades
autónomas, de tal manera que se ha continuado trabajando,
después del acuerdo del 20 de enero de 1992, y se continúa
trabajando, después del acuerdo del 7 de octubre de 1993, en
relación al sistema de corresponsabilidad a aplicar para las
comunidades autónomas.
Este acuerdo ha ido acompañado de otros, a los que es
importante también hacer referencia, como es que se proceda a
un estudio sobre la financiación de las comunidades autónomas,
encargado a un grupo de expertos independientes en relación a
los siguientes temas: El balance de situación de dónde estamos
en el desarrollo del sistema de financiación; la determinación
del nivel de los servicios públicos para que el Estado los
garantice a los ciudadanos en todo el territorio nacional; los
mecanismos de financiación; la forma de cálculo e
instrumentación de las asignaciones a que se refiere el
artículo 15 de la Lofca y otras posibles medidas
de mayor corresponsabilidad fiscal de las comunidades
autónomas.
Existe, además, procedente del acuerdo de 20 de enero de 1992,
un grupo de trabajo que está tratando de avanzar propuestas
para mejorar la financiación de la sanidad.
Todo ello, señor Ríos, constituyen piezas adicionales del
sistema de financiación autonómica a la principal que estamos
considerando en este proyecto de ley y que tiene un propósito
limitado, y cual es la aplicación de la revisión del método de
participación en los ingresos del Estado con arreglo a las
previsiones del artículo 13 de la Lofca, y la reforma del
Fondo de Compensación Interterritorial para convertirlo en un
auténtico instrumento de solidaridad y de compensación de
desequilibrios, acordados ambos en el Consejo de Política
Fiscal y Financiera.
Por tanto, señor Ríos vamos a rechazar, por considerar
totalmente injustificada, la enmienda de totalidad presentada
por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Aroz.
Tiene la palabra el señor Ríos.
El señor RIOS MARTINEZ: Señor Presidente, señorías, me han
pedido que no le eche tanto calor al debate, que sea más
moderado por ello, moderar la forma si con eso consigo
mantener el contenido de lo que he dicho.
Es cierto que se ha producido un consenso, un acuerdo o un
encuentro de voluntades en el Consejo de Política F se llegó a
un acuerdo en determinados elementos; se aplazó en enero de
1992 hasta junio de 1992 creando tres comisiones:
corresponsabilidad fiscal, nivelación de servicios y se
planteó el estudio de la financiación del sistema sanitario o
los problemas sanitarios que pueda haber. Lo cierto es que
inclusive ese consenso tuvo un proceso de negociación
comunidad a comunidad para establecer planes de financiación y
planes de política presupuestaria que ajustasen el déficit
público, el recurso a la deuda de cada comunidad hasta el año
1996. Ese proceso tardó, no se terminó en junio de 1992, pero
lo cierto es que nos encontramos terminando el año 1993 y se
ha vuelto a producir una parte de acuerdo, un parche de
acuerdo en el proceso de ese 15 por ciento de cesión, que yo
no entro a calificar ni a valorar, porque todavía no sé lo que
vale, todavía no sé cuánto va a costar ni cómo se va a
concretar esa pretendida corresponsabilidad o acceso a
autosuficiencia o autonomía financiera que podamos tener cada
comunidad. No lo he podido ver, pero me da la impresión de que
más que un consenso o un acuerdo se aparca aquello en lo que
no hay acuerdo y hay una especie de negociación bilateral
permanente con trato preferente a una de las partes. Eso es lo
que nosotros consideramos que no debe ser ajustado y pedimos
sustituir ese modelo por uno de más estabilidad. Ustedes me
pueden decir: Si ustedes no tienen presencia de Gobierno en
una comunidad, va a ser difícil que ustedes puedan condicionar
esto. Todo es relativo, porque aquí antes se ha hecho una
afirmación de que nosotros no íbamos a gobernar jamás. (La
señora Aroz Ibáñez hace signos negativos...) No se lo digo a
su señoría. Estamo participando en gobiernos y a lo mejor
vemos más participación en gobiernos, en función de cómo
evolucionen las cosas, no solamente en posiciones actuales, en
posiciones de futuro. Pero lo que hay que preguntarse es si es
posible hoy no abordar los tres problemas fundamentales, si es
posible separar corresponsabilidad fiscal y cesión de tramos
del IRPF de la nivelación de servicios, de fondos que
signifiquen
inversión nueva para que mejoremos los servicios que hemos
recibido las comunidades. Inversión que yo le he dicho antes
que no es solamente en sanidad o en educación, no es solamente
que haya comunidades con dos camas por mil habitantes y otras
comunidades con cuatro camas por mil habitantes. No. Es que
hay servicios meramente administrativos, como la ITV, que he
mencionado antes, y los coches de Extremadura son igual de
coches que los de Madrid o los de Asturias. Invertir en
servicios, inversión nueva para ello, e inversión nueva para
gestionar los recursos. Y anuncio que el Inserso tiene
inversiones realizadas no puestas en marcha porque no hay
recursos de Capítulo I para hacer frente a ello, llámese
personal, llámese gastos corrientes. En suma, estamos
proponiendo políticas regionales establecidas desde el Fondo
de Compensación, caminar hacia el 45 por ciento de la
inversión del Estado, que el 45 por ciento de la
inversión del Estado se destine a esas comunidades, a corregir
los desequilibrios territoriales, a invertir en política
regional de lo que es el Gobierno central, no a apoyar las
políticas que cada Gobierno establezca, sino una política
regional definida de la que carecemos y no estamos viendo. Ese
debe ser el marco de ese fondo. Y proponemos incrementarlo
este año hasta el 45 por ciento, subimos aproximadamente un
nueve por ciento, un ocho y pico por ciento.
Se establece un porcentaje definitivo para la participación en
los ingresos del Estado. Es verdad que va a ser corregido con
los efectos que el 15 por ciento tenga y este porcentaje se
verá minorado en lo que se reciba vía transferencia del 15 por
ciento de IRPF. Entenderá, por tanto, que nuestro objetivo es
mantener el mismo criterio que propusimos entonces para
facilitar el debate en esta Cámara de esos criterios y
posibilitar niveles de adecuación o de encuentro distintos a
estos que ahora se proyectan. Es verdad, y usted lleva razón,
que pudiéramos entender que hoy no devolver este proyecto al
Gobierno ocasionaría a las comunidades mayor
retraso, no solucionaría los problemas que a prolongar para
junio de 1994 estos tres elementos que quedaron aplazados para
junio de 1993-- y no sabemos cómo vamos a poder evolucionar.
Hay una parte de coherencia en lo que ha estado diciendo
usted, pero nos podrá aceptar que el planteamiento global que
hemos hecho, desde nues de vista, se podría aplicar. Es verdad
que el equilibrio político tendría sus resistencias y ésa es
la parte final que yo le he dicho antes. No es lo mismo que
las resistencias se produzcan en un sitio determinado, por
mucho peso específico, a que tengan mayor coherencia con la
base social y la base territorial que respalda hoy al proyecto
político que está gobernando o al proyecto político que puedo
yo representar. En ese sentido, mantenemos la enmienda a la
totalidad, pero como no termina aquí el debate parlamentario
ni el debate político, mano tendida para la discusión en la
Comisión y en la vuelta de las enmiendas al articulado. A lo
peor tienen la misma respuesta, pues seguirá la mano tendida
para discutirlo en el Senado. Y seguirá la mano tendida sobre
propuestas concretas, sobre otra filosofía concreta de
financiación del Estado. El Estado tiene tres patas;
ayuntamientos, comunidades autónomas y Administración central,
y ese poder debe redistribuirse competencialmente y con los
recursos adecuados para que sea realidad esa competencia, esa
actuación competencial. En esa distribución competencial
deberíamos plantearnos en qué condiciones está cada uno de los
socios que apoyan un proyecto, porque la vida municipal se ve
de manera distinta si yo estoy de presidente de Comunidad, por
mucha historia que yo sea, a si estoy en otra realidad
distinta.
Nos interesa como proyecto político el conjunto del Estado, no
una parte del conjunto del Estado. Y en ese sentido seguimos
manteniendo la enmienda a la totalidad, aceptando de buen
gusto los argumentos que se nos han dado.
Nada más, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ríos.
Tiene la palabra la señora Aroz.
La señora AROZ IBAÑEZ: Gracias, señor Presidente.
Gracias, señor Ríos, por el tono de su intervención. En
cualquier caso, debo insistir en que estamos debatiendo ahora
una pieza concreta del sistema de financiación de las
comunidades autónomas que es la referida al artículo 13 de la
Lofca, el mecanismo de participación en los ingresos del
Estado.
Como bien decía el señor Ríos, existe la necesidad de que este
proyeccto de ley no tenga más retrasos para poder proceder a
la liquidación del año 1992. Quiero decirle, señor Ríos, con
toda cordialidad, que con su enmienda de totalidad el Grupo de
Izquierda Unida está cuestionando, de alguna manera, unos
acuerdos que cuentan, insisto, con un consenso unánime del
país, de la sociedad, de los gobiernos autonómicos de todas
las comunidades autónomas. Y, por otra parte, se está
anticipando, en los temas que planteaba, a un debate que ha de
llegar a esta Cámara, sobre la corresponsabilidad fiscal,
cuando llegue el acuerdo del 7 de octubre de 1993, y sobre los
otros temas, cuando el Consejo de Política Fiscal y Financiera
avance en los trabajos que está realizando.
Señor Ríos, nuestro Grupo considera que esta enmienda
solamente genera confusión en relación a la posición y a las
intenciones de su Grupo y q de que ya ha avanzado su posición
de mantener esta enmienda a la totalidad, sería positivo, en
aras de que aparezca con claridad al conjunto de la sociedad
española que el contenido de este proyecto de ley cuenta con
un respaldo unánime de todas las comunidades autónomas, la
retirada de la misma.
Ahora bien, si ustedes lo que plantean, como ha dicho, es
hablar de un modelo distinto de financiación de las
comunidades autónomas, el Grupo Socialista está dispuesto a
ello. Pero no nos parece que, a través de una enmienda de un
proyecto que viene con un objetivo muy limitado, se pueda
plantear esta revisión global del sistema de financiación. La
manera adecuada de realizarlo sería que ustedes presentasen
una iniciativa diciendo que no están de acuerdo con el sistema
Lofca y que proponen una revisión de la Ley Orgánica de
Financiación de las Comunidades Autónomas.
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Aroz.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor
Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Señor Presidente, señorías,
Coalición Canaria se va a oponer, votando su rechazo, a esta
enmienda de totalidad que presenta el Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Tengo que valorar su intervención, y comparto muchos de los
criterios singularizados que el señor portavoz ha hecho
justificando las razones d Qué duda cabe que para Coalición
Canaria, por ejemplo, en encontrar un perfeccionamiento en
baremos para la financiación de las comunidades au de las
áreas más sensibles es la de la sanidad. Precisamente en las
conversaciones que se viene manteniendo por el Gobierno
autónomo de Canarias con el Gobierno central del Estado, en
las reuniones sectoriales entre su Consejero de Sanidad, la
Ministra de Sanidad y el Ministro para las Administraciones
Públicas, señor Saavedra, se ha hecho hincapié en que, por
ejemplo, la financiación sea individual, que se considere el
parámetro individuo para tener a la población protegida, pero
la población protegida con la peculiaridad que ocurre en
comunidades autónomas, como en este caso la Canaria, que me
permite utilizar estos argumentos en este foro, en que resulta
que la población protegida por lo que entiende la
Administración del Estado central es menor que la población
real que existe en el archipiélago. Incluso hay un componente
de población extranjera de la Comunidad Económica Europea que
tiene derecho a prestaciones hospitalarias, sanitarias o de la
Seguridad Social y que nos está generando un déficit, mientras
no se hagan parámetros como los que usted dice y que estaremos
dispuestos a defender en cualquier momento para perfeccionar
los módulos que hay.
Sabemos que en este momento se han encomendado y se están
encomendando una serie de trabajos a comisiones especializadas
de estudios, como bien ha dicho la portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista, en la sanidad, para encontrar los
parámetros justos de financiación, porque éste es otro de los
temas en que la Comunidad Autónoma de Canarias ha pedido al
Gobierno la transferencia de la competencia de la gestión del
Insalud, pero con sus cifras reales, sin déficit acumulados
con la financiación exacta para responder. No se va a tratar
de que tirar la piedra contra la Administración del Estado se
cambie ahora por tirar la piedra contra una administración
autonómica por parte del administrado que se considera
insatisfecho en la asistencia hospitalaria, por poner un
ejemplo. También existe esta Comisión que se ha citado, donde
no solamente se va a estudiar cuál es la situación del balance
actual de esta financiación de las comunidades autónomas, sino
a determinar los mecanismos de financiación y la calidad de la
prestación de los servicios estatales que van a ser o son
realizados por comunidades autónomas que se nutren de estos
fondos de compensación.
¿Qué ocurriría si se aceptase su enmienda? Que sería mayor el
retraso que ya trae este proyecto de ley de haber tratado de
obtener esta financiación en los Presupuestos para 1993, en
razón de lo que trae causa de los acuerdos de 1992 del Consejo
de Política Fiscal y Financiera, donde el representante de la
Comunidad Autónoma Canaria ha mantenido criterios muy duros
para años sucesivos, incluso en los últimos negándose a
firmarlos. Nosotros tenemos enmiendas para los presupuestos
para 1994 por parte de Coalición Canaria en que pedimos la
rectificación de los coeficientes, de los porcentajes de
participación, porque en unos aspectos se nos sitúa por debajo
de la media nacional y no se tiene en cuenta los verdaderos
costes de la insularidad; pedimos que se computen
perfectamente la fragmentación del territorio, aspectos como
esta misma lejanía en lo que se encarece, y otros tan
peculiares como pueden ser los derivados de la prestación de
otros servicios públicos desde inversiones como aquí viene una
modificación de crédito para Canarias en la Sección 33,
nosotros decimos: Después que tuvo el parón por la larga
tramitación y polémica dentro del Consejo de Política Fiscal y
Financiera, por las elecciones generales que interrumpen su
tramitación en esta Cámara, por todas esas razones legítimas,
muchas de las cuales compartimos y compartiremos y estamos en
la línea de que se incluyan en los nuevos criterios y baremos
para calcular los porcentajes de participación y lo que tenga
que ocurrir en el Fondo de Compensación Interterritorial, que
desde el punto de vista de Canarias tiene esta reivindicación,
así lo haremos llegar. Tenemos partidas como las que aparecen
aquí, no solamente en el artículo número 1, donde están los
porcentajes de participación para la Comunidad Autónoma de
Canarias, sino, sobre t artículo 3 y en el 5, donde se hacen
consignaciones presupuestarias en la Sección 33; incluso se
ven cosas que parecen añejas. Se va a financiar en la región
canaria una cuestión compartida entre las dos
circunscripciones, entre las dos provincias, como son 708
millones de pesetas en inversiones por la conmemoración del V
Centenario, para que no estemos conmemorando aquí
presupuestariamente el V Centenario más un año, y nos metamos
en el V Centenario más dos años, o sea, 502 años; y la
autopista Pasito Blanco-Arguineguín, con una dotación de 556
millones de pesetas que hay que hacer efectivos y no producir
déficit en la administración canaria correspondiente.
Por estas razones, señorías votaremos en contra, como he
dicho, de la enmienda de totalidad del Grupo Parlamentario
Federal Izquierda Unida-In Catalunya, porque sería peor el
remedio que la enfermedad.
Queremos despejar todas estas incógnitas para que la comisión
mixta correspondiente, la del Consejo de Política Fiscal y
Financiera y la Comisión bilateral que en estos momentos
existe entre el Gobierno de Canarias y el Gobierno central de
la nación, obtenga una claridad absoluta con las enmiendas que
se han presentado para modificar porcentajes de participación
en el Fondo de Compensación Interterritorial. Queremos que se
le dote ya de una vez, porque si, además de estar
insuficientemente dotado --que es nuestra crítica--, sufre un
retraso de tramitación, lo que mal anda mal acaba.
Por tanto, nosotros vamos a apoyar el texto del Gobierno de
este proyecto de ley de concesión de crédito extraordinario.
Nada más.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra
el señor Homs.
El señor HOMS I FERRET: Gracias, señor Presidente.
Intervengo muy brevemente para manifestar la posición de mi
Grupo en el crédito extraordinario que se tramita para poder
trasponer el acuerdo de financiación alcanzado en el año 1992
sobre el período 1992-96.
Nuestro Grupo rechaza la enmienda a la totalidad. La rechaza
por cuestiones de forma y por cuestiones de contenido.
Constitucionalmente es necesario adoptar esa decisión. Es
necesario constitucionalmente que se trasponga el acuerdo
alcanzado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera sobre
la revisión del Acuerdo del sistema de financiación autonómica
para el período 1992-96. Esto debe hacerse. Debería haberse
hecho ya hace tiempo. Otras circunstancias no lo permitieron.
Nuestro Grupo cree que esa concesión de crédito extraordinario
debe aprobarse porque es necesario.
En cuanto al contenido, creemos que es positivo. No resuelve
todos los problemas que hoy tiene el sistema de financiación
autonómica, sin duda no lo resuelve, pero es un paso adelante
en ir superando las insuficiencias, las inconsistencias y las
dificultades que han ido apareciendo a lo largo de estos años
por la aplicación de los mecanismos de financiación aplicables
a las comunidades autónomas. Es un paso adelante. Un paso más.
He leído con detalle la justificación de motivos que tiene la
enmienda de totalidad que ha presentado el Grupo Parlamentario
de Izquierda Unida y quiero hacer notar a su portavoz lo
siguiente: Dicen ustedes en el texto que el proyecto de
crédito extraordinario obedece a la aplicación del Acuerdo
para el Sistema de Financiación Autonómica aprobado en enero
de 1992. Cierto. Dicen ustedes que, aun aceptando las
ponderaciones utilizadas para fijar estas cuantías, creemos
imprescindible impulsar la equiparación a la media de los
servicios. Muy bien. Este texto permite acercarnos a la media
de los servicios. Dicen ustedes que desearían que se acercara
aún más la financiación por habitante. Sí señor, este texto
nos acerca aún más a una mejor ponderación o igual relación de
las proporciones de recursos por habitante entre las distintas
comunidades autónomas.
¿Llegamos a un nivel de igualación en todas las comunidades
autónomas? No, pero nos acercamos todavía más, un poco más, a
un nivel de renta pe entre las comunidades autónomas, a una
nivelación de estos recursos per cápita.
Si ustedes desean impulsar la equiparación media y acercarse
aún más a la financiación por habitante equivalente de todas
las comunidades autónomas, sepan que este acuerdo --por
cierto, unánime entre todas las comunidades autónomas--
permite un acercamiento a estos propósitos que ustedes están
exponiendo en su enmienda a la totalidad, por la cual rechazan
ese acuerdo.
Dicen más adelante que el incremento previsto en esta
propuesta del Gobierno se basa en una estimación de la
inversión de reposición anexa a los servicios transferidos y
en la incorporación de la denominada compensación transitoria
a la financiación incondicionada. Cierto, es verdad, es así. Y
esto es positivo, esto permite un nivel de recursos un poco
más alto para las comunidades autónomas que el que tenían
anteriormente en el período 1986-1992.
De la lectura de la exposición de motivos de la enmienda de
totalidad por la que ustedes piden la devolución no veo ningún
elemento que tenga base para poder rechazar lo que ustedes nos
proponen rechazar. Todo el contenido de ese acuerdo va en la
dirección de alcanzar un poco más estos objetivos que ustedes
exponen en la enmienda de totalidad por la que piden la
devolución. Por tanto, debo decirles que dicrepamos de sus
argumentos, no los compartimos en absoluto.
Usted ha reflexionado sobre otros aspectos que no son los
contenidos en este proyecto de ley. No voy a referirme a
ellos, quizás tendremos ocasión de debatir otros aspectos
relativos a la financiación autonómica. Pero en cuanto al
contenido de ese proyecto de ley que ahora estamos debatiendo,
es positivo en sí mismo porque permite una puntual mejora de
las inconsistencias y de las insuficiencias que hoy tiene el
sistema de financiación autonómica en nuestro país. Incluso
pediría al Grupo Parlamentario de Izquierda Unida que
considerara la oportunidad de someter a votación la enmienda
de su Grupo porque es perfectamente contradictoria con los
intereses que ustedes persiguen, porque pretenden acercarse a
la media equivalente de recursos per cápita entre todas las
comunidades autónomas y ese acuerdo lo permite, como también
lo hace el acuerdo que se ha alcanzado recientemente sobre la
cesión del 15 por ciento del IRPF; permite aproximar los
recursos per cápita de las distintas comunidades autónomas a
unos niveles equivalentes entre ellas.
Señor Presidente, la posición de nuestro Grupo va a ser de
rechazo a esta enmienda de devolución, manifestando nuestra
posición favorable al texto del proyecto de ley cuando se
someta a votación en esta Cámara.
Nada más y muchas
gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Homs.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Rajoy.
El señor RAJOY BREY: Señor Presidente, señoras y señores
Diputados, como es sabido --ya se ha recordado con
anterioridad--, este proyecto de ley, con mínimas variaciones,
fue debatido en esta Cámara el pasado día 25 de febrero. Como
consecuencia de la disolución de las Cortes, no se pudo
aprobar de forma definitiva y vuelve hoy, con ligeras
modificaciones, como he señalado, a debatirse.
Nuestra posición hoy, como por otra parte es lógico, va a ser
la misma de
entonces, es decir, vamos a votar a favor del proyecto porque
lo hicimos en su día por coherencia con la postura mantenida
por los consejeros de hacienda de los Gobiernos en los que la
responsabilidad es asumida por el Partido Popular en la
reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, de 20 de
enero de 1992, y porque el acuerdo de financiación del que
trae su origen este proyecto de ley aborda a satisfacción --
cierto es que matizada-- de nuestro Grupo el problema de la
financiación para el quinquenio 1992/1996.
En cualquier caso, yo no voy a hacer un análisis del proyecto
ni voy a hacer una defensa a fondo del mismo, que ya han
hecho, por otra parte, tanto la portavoz del Grupo Socialista
como los portavoces del Grupo Canario y del Grupo de
Convergència i Unió, pero sí quiero hacer algunas
consideraciones que pienso que pueden ser muy importantes de
cara al futuro en relación con la financiación autonómica. Yo
creo que el Gobierno en el futuro debe hacer las cosas mejor
que en esta ocasión o, dicho de otra forma, creo que el
Gobierno debe procurar hacer las cosas bien. No tiene ningún
sentido que el día 28 de octubre del año 1993, es decir, hoy,
estemos debatiendo la concesión de un crédito para abonar a
las comunidades autónomas una parte de la financiación de las
mismas correspondientes al año 1992. Y esto se hace así porque
el modelo de financiación de las comunidades para el
quinquenio 1992-1996 se aprobó después del 1 de enero de 1992,
con lo cual, para hacer efectivo en el año 1992 ese modelo,
hubo que suplementar un crédito, que fue lo que debatimos aquí
en febrero de 1993 y que hoy volvemos a debatir.
Me parece que el Gobierno debe evitar que estos hechos se
vuelvan a producir. Si hay un modelo de financiación
quinquenio 1992-1996, ese modelo se debe aprobar antes de
entrar en vigor, esto es, en el año 1991, e incorporar sus
consecuencias económicas al Presupuesto de 1992. Es absurdo
votar en octubre de 1993 la concesión de un crédito para
abonar la financiación de las comunidades autónomas del año
1992, financiación que, por otra parte, ya ha sido abonada a
las comunidades autónomas, por lo cual se podría dar la
paradoja de que hoy esta Cámara votara que no a que se abonase
a las comunidades autónomas una cantidad que ya les ha sido
abonada en el año 1992.
Este procedimiento de funcionar no es serio y se debe hacer
una recomendación al Gobierno para que en el futuro haga las
cosas de otra manera, para evitar, entre otras cosas, que los
parlamentarios seamos unos meros comparsas o ratificadores, no
de lo que el Gobierno presenta a debate en esta Cámara, sino
de lo que el Gobierno ya ha ejecutado en su día.
Por otra parte, no sería malo, aprovechando que se está
debatiendo la financiación de las comunidades autónomas, que
recordemos al Gobierno que el 31 de diciembre de 1993 termina
la vigencia del sistema actual de participación de los
ayuntamientos en los tributos del Estado y que, a fecha de
hoy, dos meses antes de la terminación de la vigencia del
modelo actual, el Gobierno no ha adoptado ninguna medida para
fijar el nuevo modelo. Con lo cual, a finales de 1993
debatiremos qué es lo que deben recibir los ayuntamientos
desde el 1 de enero de 1993, lo que recordaré al Gobierno en
la intervención que a buen seguro haré en su día.
La segunda consideración que quiero hacer sobre este proyecto
de ley es que, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera
de 20 de enero de 1992, como aquí se ha señalado, se
adoptaron, además del Acuerdo que hoy se debate, otros tres.
Primero, que el 1 de enero de 1993 entrarían en vigor fórmulas
de corresponsabilidad fiscal; segundo, que en esa misma fecha
entraría en vigor un artículo de una Ley de 1980, el artículo
15 de la Lofca, por lo que se procedería a adoptar alguna
medida para nivelar servicios mínimos en el territorio
nacional; y que el 1 de enero de 1993 se adoptarían fórmulas y
entrarían en vigor para resolver el problema de la
financiación de la Sanidad. Hoy, 28 de octubre de 1993, no hay
ninguna medida adoptada sobre nivelación de servicios, no hay
ninguna medida adoptada sobre financiación de la Sanidad y no
hay ninguna medida que haya entrado en vigor en materia de
corresponsabilidad fiscal; en esta materia lo único que hay es
un Acuerdo, adoptado por mayoría en el Consejo de Política
Fiscal y Financiera, sobre el que no voy a hacer ninguna
consideración --sin duda, las haré en su día--, pero que ha
sido un grave error del Gobierno y que no supone más que una
mínima parte --por hacer una concesión graciosa a los
firmantes del Acuerdo-- en materia de corresponsabilidad
fiscal.
Por tanto, me parecen muy oportunas y convenientes las
afirmaciones que han hecho los representantes de las distintas
fuerzas políticas, con la única excepción de Izquierda Unida,
en el sentido de que se están preparando grandes tomos,
grandes papeles, que va a haber grandes acuerdos, pero lo
único que constatamos hasta el presente momento es un
incumplimiento clamoroso de unos compromisos que, en su día,
había asumido el Gobierno, por lo que se mantiene el
planteamiento habitual del Gobierno en este tipo de asuntos.
En suma, vamos a votar que sí al proyecto, pero ese sí al
proyecto hay que entenderlo matizado. No es un sí como el que
ha dado Coalición Canaria o Convergència i Unió, sino que es
un sí recomendando al Gobierno que en el futuro se hagan las
cosas bien, sobre todo que se cumplan los acuerdos y que se
busque el consenso en los temas autonómicos, en todos,
incluidos los de financiación, para evitar que se produzcan
acontecimientos
como el del 15 por ciento al que antes he hecho referencia.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Rajoy.
Vamos a proceder a la votación.
Votación relativa a la enmienda de totalidad del Grupo de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos
emitidos, 280; a favor, siete; en contra, 273.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda de totalidad.
--PROYECTO DE LEY SOBRE CONCESION DE UN CREDITO
EXTRAORDINARIO, POR IMPORTE DE 22.483.000.000 PESETAS, PARA
FINANCIAR LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO NACIONAL
DE REFORMA Y DESARROLLO AGRARIO, EN EL MARCO DEL REAL DECRETO
808/1987, DE 19 DE JUNIO (Número de expediente 121/000005)
El señor PRESIDENTE: Enmienda de totalidad al proyecto de ley
sobre concesión de un crédito extraordinario para financiar
los compromisos adquiridos por el Instituto Nacional de
Reforma y Desarrollo Agrario, en el marco del Real Decreto
808/1987, de 19 de junio.
Enmienda de texto alternativo, del Grupo Popular.
Tiene la palabra el señor Pascual. (El señor Vicepresidente,
Beviá Pastor, ocupa la Presidencia.--Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Por favor, señorías,
guarden silencio para que podamos continuar la sesión.
(Pausa.)
Cuando quiera, señor Pascual.
El señor PASCUAL MONZO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías voy a defender la enmienda a la totalidad que el
Grupo Parlamentario Popular ha presentado a este proyecto de
ley, sobre concesión de un crédito extraordinario para
financiar los compromisos adquiridos por el IRYDA en el marco
del Real Decreto 808, así como a presentar un texto
alternativo al citado proyecto de ley. Lo hago hoy, señorías,
aunque ya lo hice tiempo atrás, concretamente el pasado 25 de
febrero, cuando debatíamos también en la Cámara el mismo
proyecto de ley.
Con las enmiendas entonces aprobadas por esta Cámara, el
proyecto de ley se remitió el Senado para su debate, teniendo
lugar éste en la Comisión de Presupuestos el 22 de marzo. Fue
aprobado en la citada Comisión, pero no llegó a discusión e
por la disolución de las Cámaras, realizada por el Presidente
del Gobierno, como SS.SS. saben, el 12 de abril de este mismo
año.
La aplicación en España del Reglamento comunitario 797/1985,
sobre mejora de la eficacia de las estructuras agrarias, junto
con varios planes de mejora y programas vigentes en la
legislación española, dieron lugar a la aplicación del Real
Decreto 808/1987, de 19 de junio, por el que se establecía un
sistema de ayudas para la mejora de la eficacia de las
estructuras agrarias.
En principio, la medida era buena porque pretendía varias
cosas. En definitiva, mejorar las estructuras agrarias y la
competitividad de las explotaciones agrarias españolas con
vistas a los retos que les deparaba el futuro, aumentar la
rentabilidad de los agricultores y, con la reciente
incorporación de España a la Comunidad Económica Europea,
recuperar el tiempo perdido y aprovecharse de los fondos
comunitarios para la mejora de sus explotaciones, de los que
hasta ese momento habían disfrutado el resto de agricultores
de la Comunidad Económica Europea.
Después de dos años de funcionamiento efectivo de este Real
Decreto, en concreto el 15 de junio de 1991, los datos de
situación facilitados por la Secretaría General de Estructuras
Agrarias señalaban que el número de solicitudes presentadas
para beneficiarse de este Real Decreto sobrepasaban las 60.000
y que el valor de las subvenciones aprobadas pasaba también de
78.000 millones de pesetas, pero la realidad de lo pagado era
muy distinta. La realidad, en esas fechas, era que solamente
se habían abonado 21.373 expedientes, correspondiendo a 26.026
millones de pesetas. Se había pagado al agricultor la tercera
parte de las obligaciones contraídas.
Ante esta situación, el entonces recientemente nombrado
Ministro de Agricultura, señor Solbes, toma la decisión de
suspender la admisión de nuevas solicitudes amparándose en la
legalidad de la Ley General Presupuestaria, en concreto, en su
artíc materializa de una forma un tanto irregular, mediante
una circular firmada por el entonces Secretario General de
Estructuras Agrarias, mandada a las distintas consejerías de
agricultura de las comunidades autónomas, y en la Orden
ministerial de 26 de diciembre de 1988 que desarrolla el
citado Real Decreto 808. En su disposición adicional segunda
faculta a la Secretaria General de Estructuras Agrarias para
instrumentar las actuaciones y dictar las resoluciones
precisas en orden a la aplicación del régimen de ayudas para
la mejora de la eficacia de las estructuras agrarias. Desde
luego, señorías, suspender la recepción de nuevos expendientes
no figura entre las atribuciones de la Secretaría General de
Estructuras Agrarias. Por lo tanto, esta circular carecía
totalmente del rango necesario para anular una anterior. La
excusa del señor Solbes en la Comisión de
Agricultura, para paralizar la admisión de nuevos expedientes,
era que no quería cometer una ilegalidad dentro de la Ley
General
Presupuestaria, pero no tuvo reparo en cometerla al paralizar
el Real Decreto con una orden de rango inferior.
El Real Decreto 1887/1991, de 30 de diciembre, publicado en el
«Boletín Oficial del Estado» el 2 de enero de 1992, en su
disposición derogatoria dice que queda derogado el Real
Decreto 808/1987. El mismo Real Decreto 1887, en su
disposición transitoria primera, dice que las solicitudes
presentadas al amparo del Real Decreto 808, con anterioridad a
la entrada en vigor del presente Real Decreto 1887, sobre las
que haya recaído resolución de las comunidades autómas antes
del 22 de junio de 1991, deberán ser objeto de compromiso de
gasto derivado de ellas conforme al Real Decreto 808.
Señorías, varias comunidades autónomas, entendiendo que esta
disposición transitoria primera no se ajustaba a Derecho,
presentaron recursos a la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Supremo. ¿Cómo afecta realmente
este Real Decreto al agricultor? La realidad, señorías, es que
miles de agricultores han sido los sufridores de todos estos
vaivenes. Habiendo desembolsado el dinero para realizar las
mejoras en sus explotaciones, la mayoría de ellos tuvieron que
recurrir a créditos puente, pagando intereses realmente altos
cuyas rentas no podían soportar durante mucho tiempo, mientras
esperaban las subvenciones del Real Decreto 808. Estos
retrasos les llevaron a una situación económica realmente
difícil. Muchos han optado por abandonar sus explotaciones, su
actividad agraria, y dedicarse a otras actividades.
Este, señorías, ha sido el esfuerzo del Gobierno socialista
para modernizar, en estos últimos años, nuestro campo. Hemos
perdido unos años pre haber modernizado nuestra agricultura
convenientemente, adaptándola no solamente a los retos de la
adhesión a la Comunidad Económica, sino también a futuros
retos, como a las consecuencias del preacuerdo de Blair House,
en el marco de la negociación del GATT, sobre una mayor
liberalización en los intercambios de los productos agrarios,
que el pasado martes fueron aquí debatidos.
Señorías, esta situación se podía haber evitado habiéndola
resuelto mucho antes y los agricultores habrían recibido el
dinero también mucho an Grupo Socialista hubiera aceptado las
enmiendas que, en los últimos años, ha presentado el Grupo
Popular a los Presupuestos Generales del Estado, en concreto,
a los presupuestos del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación, en el sentido de dotar suficientes fondos para
hacer frente a las obligaciones contraídas con los
agricultores en el marco del Real Decreto 808.
Señorías, el Grupo Popular ha presentado hoy la enmienda a la
totalidad con texto alternativo a este proyecto --igual que
hicimos en el mes d varios motivos. El primero, por la forma
tan rácana y cicatera con que se ha portado el Gobierno
socialista con los agricultores, puesto que a muchos, en lugar
de mejorar sus explotaciones con este Real Decreto 808, les ha
supuesto una trampa económica en sus explotaciones. El segundo
motivo, por la lentitud. Desde que el señor Solbes paralizó la
admisión de nuevos expedientes, en junio de 1991, todavía
hoy --casi dos años y medio después-- se encuentra este
crédito extraordinario en trámite parlamentario. El tercer
motivo, por la forma irregular con la que se ha llevado a cabo
la paralización del Real Decreto 808, dejando el proyecto de
ley remitido por el Gobierno de una forma incompleta el
desarrollo del Real Decreto.
Es más, señoría, la memoria que adjunta el proyecto de ley
remitido por el Gobierno dice que las certificaciones
recibidas pendientes de pago, hasta el 11 de junio de 1992,
son de 22.483 millones, justamente lo que representa este
crédito extraordinario. Añade que el importe de las
certificaciones a recibir, desde el 11 de junio hasta el 1 de
diciembre de 1992, calculado sobre un ritmo mensual medio de
recepción de certificaciones, es de 2.470 millones de pesetas,
lo que supondría una deuda todavía mayor, de 14.021 millones
de pesetas. Por tanto, el total de las certificaciones
pendientes de pago se calcularían en 36.504 millones de
pesetas. Restándolo de la dotación presupuestaria disponible
de 8.068 millones, nos quedaría un importe total de deuda
pendiente de pago de 28.436 millones de pesetas, es decir,
casi 6.000 millones de pesetas más de la cantidad que se
apruebe con este crédito presupuestario.
Más adelante, curiosamente, la memoria añade: No obstante lo
expuesto, se ha considerado que, dado que en la cifra
solicitada por el organismo se incluye una parte
correspondiente a la previsión de certificaciones a recibir
hasta el 1 de diciembre de 1992, la cuantía del crédito
extraordinario no debe incluir previsiones, limitándose el
mismo a recoger exclusivamente las cantidades necesarias para
atender a las certificaciones de inversiones realizadas hasta
la fecha, que ascienden a 22.483 millones de pesetas.
Señorías, a las fechas en que estamos, finales de octubre de
1993, la Secretaría General Técnica debe saber cuáles son las
certificaciones rec de diciembre del año pasado. Ha
transcurrido suficiente tiempo para saberlo. Si no nos lo
quiere decir eso significa que no quiere dar la cifra exacta o
que la Secretaría General de Estructuras Agrarias queda en
entredicho por su lentitud.
El Grupo Parlamentario Popular, para reconocer la deuda total
contraída --lo manifestamos en el artículo 1.º del texto
alternativo que hemos presentado--, propone de forma explícita
que, con cargo al presente crédito extraordinario, se atienda
el pago de las ayudas correspondientes a las solicitudes
resueltas favorablemente con anterioridad a la derogación del
Real Decreto
808 por los órganos competentes de las comunidades autónomas,
a tenor de lo establecido en el artículo 32 de la Orden de 1
de octubre de 1988. Por tanto, el Real Decreto 808 sigue
vigente hasta que un nuevo real decreto derogue el anterior,
como es el caso del Real Decreto 1887. Decimos también que los
pagos
correspondientes a las anteriores ayudas, que han sido
efectuados por las comunidades autónomas con cargo a sus
propios presupuestos, sean reintegrados directamente con cargo
al presente crédito extraordinario.
En el artículo 2.º nos referimos a la repercusión en los
presupuestos del organismo y en el artículo 3.º, sobre
financiación del crédito extraordinario, decimos: El crédito
extraordinario a que se refiere el artículo anterior se
financiará de acuerdo con lo previsto en la Ley de
Presupuestos Generales del Estado para 1993. Por último, en el
artículo 4.º sobre la aplicación del crédito extraordinario,
decimos que la aplicación al presupuesto de ingresos y gastos
del citado organismo autónomo se hará de forma inmediata a la
entrada en vigor de esta ley, a los efectos de lograr la
rápida ejecución de los pagos, para que así el dinero llegue
lo antes posible a los agricultores.
Termino, señorías, solicitando el apoyo a nuestro texto
alternativo a este proyecto de ley, primero, para hacer
justicia, incluyendo a todos los agricultores afectados por la
paralización de este Real Decreto 808 y, segundo, porque
apoyar nuestro texto alternativo supone que los agricultores
reciban el dinero que se les adeuda lo más rápidamente
posible.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor
Pascual.
¿Turno en contra? (Pausa.)
Tiene la palabra el señor Padrón.
El señor PADRON DELGADO: Señor Presidente, señoras y señores
diputados, nos oponemos al texto alternativo presentado por el
Grupo Popular ya que es incoherente, además de que sería de
imposible cumplimiento.
Entre las muchas virtudes que le reconocemos al Grupo Popular,
no le conocíamos esta nueva de la taumaturgia. Pretenden, con
la misma cantidad establecida en el crédito extraordinario,
atender mayores obligaciones de pago que no tienen
justificación. Lo que ha dado lugar a este crédito
extraordinario es la promulgación, en 1987, de un real decreto
por el que se regulaba la aplicación en España del Reglamento
de la Comunidad Económica Europea relativo a la mejora y la
eficacia de las estructuras agrarias. Se promulga un real
decreto, que luego se desarrolla por una orden
ministerial mediante el cual se cede la competencia en la
aplicación y en la resolución de los expedientes a las
comunidades autónomas, pero financiadas exclusivamente con los
Presupuestos Generales del Estado, salvo en algún caso en el
que alguna com también medidas complementarias.
Dado el volumen de peticiones que se producen durante los tres
años de aplicación de este Real Decreto y como consecuencia de
que las previsiones son insuficientes, se suspende tal
aplicación, comunicando el IRYDA a la Secretaría de
Estructuras Agrarias, al Ministerio de Agricultura y a todas
las comunidades autónomas, que, a partir del 22 de junio,
quedaba en suspenso por razones presupuestarias, basadas
legalmente, en el artículo 32 de la Orden de 1 de octubre de
1988, en la que se explicaba claramente que la aplicación de
estas resoluciones favorables de ayuda a la agricultura
estarían condicionadas a la existencia de crédito
presupuestario.
A partir del 22 de junio de 1991, el Ministerio de Agricultura
empieza una negociación con las comunidades autónomas y
organizaciones agrarias para promulgar, en diciembre de 1991
un nuevo decreto, que se publica en el «Boletín Oficial del
Estado» de enero de 1992. En este intervalo lo que ocurre es
que unas comunidades autónomas lo aceptan claramente, y
suspenden la tramitación de nuevas subvenciones para la
agricultura y otras, no. Por ello, en este proceso ha habido
una negociación con comunidades autónomas y con organizaciones
agrarias que promueven un nuevo Real Decreto, el 1887/1991.
Las razones expuestas por el portavoz del Grupo Popular no
tienen cabida, porque si, efectivamente, se aplicara lo que
solicitan en la enmiend proyecto de ley, que las ayudas se
reconozcan hasta la suspensión de ese Real Decreto, ello
supondría una mayor carga y, por tanto, el crédito tendría que
aumentar, mientras que en la propuesta de texto alternativo
figura el crédito por el mismo importe que lo ha establecido
el Gobierno.
Quiero decir, por otra parte, que como consecuencia del
dictamen favorable del Consejo de Estado, el IRYDA ha
efectuado el anticipo correspondiente de todas las
obligaciones reconocidas por las comunidades autónomas hasta
la suspensión de este Real Decreto, por lo que éstas han
cobrado en su totalidad y han podido trasladar a los
agricultores las cantidades correspondientes a estas
subvenciones, que, para su conocimiento, le diré que ascienden
a 69.425 millones de pesetas, estando pendiente de cobro por
parte de los agricultores solamente aquellas inversiones
realizadas que todavía no se han justificado ante las
comunidades autónomas y ante el IRYDA.
Nos oponemos a la enmienda de totalidad y daremos más amplia
respuesta al Grupo Popular, en la tramitación en la Comisión
correspondiente, a cada uno de sus artículos. Queremos añadir
que la mitad de las comunidades autónomas cumplieron lo
establecido por el Ministerio de Agricultura --esto es la
circular suspendiendo
la aplicación del Decreto-- por lo que, de aprobarse el texto
alternativo, estaríamos adoptando una medida discriminatoria,
puesto que unas comunidades --unas y otras, de diferente
signo-- cumplen lo establecido en esta comunicación a las
consejerías de Agricultura, y otras, no. Si las comunidades
autónomas han pagado estas cantidades pueden acogerse, porque
así lo establece la disposición transitoria, a una serie de b
concede ese nuevo Decreto 1887, del año 1991. Por todas estas
razones nos oponemos a la aprobación de la enmienda a la
totalidad y solicitamos que sea rechazada por el resto de los
grupos de esta Cámara.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Padrón.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor
Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Señor Presidente, señorías, el
Grupo de Coalición Canaria, al fijar su posición con respecto
a la enmienda de totalidad con texto alternativo que presenta
el Grupo Parlamentario Popular, tiene que decir lo siguiente.
La aplicación en España de la ayuda, vía subvenciones, para la
modernización de estructuras agrarias, que introdujo el
Decreto 808, en el argot, para la modernización de
explotaciones, introdujo una peculiaridad que fue muy bien
vista por las comunidades autónomas: la coparticipación en un
fondo que ostentaban los presupuestos estatales y que tenía en
depósito el Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario
(IRYDA), si bien su gestión era encomendada a los servicios de
agricultura y ganadería de las respectivas comunidades
autónomas. La experiencia ha venido a demostrar que como el
Decreto 808, de amplio beneficio y grata aceptación en el
mundo agrario, no fijó límites, porque era muy difícil
hacerlo, para saber hasta qué techo las comunidades autónomas
podían ir gestionando la aprobación de los expedientes de
solicitud que los agricultores y ganaderos presentaban al
amparo de ese Decreto 808, sumado al total nacional, eso
produjo lo que era previsible y natural que sucediese.
Ajustarse a la propia directiva, al Reglamento 797 de la
Comunidad Económica Europa, cuando había que atender con ese
Decreto reducciones de producción o de cuotas de determinados
productos agropecuarios, iba a implicar que, cuando se hubiera
agotado el crédito correspondiente, o bien se actualizaba o se
establecía uno nuevo, o bien se arbitraba una nueva medida. La
verdad es que se han hehco las dos cosas. Aparece el nuevo
Decreto 1887, de 1991 --más perfeccionado que el 808-- que,
por un lado, viene a mantener las ayudas, de acuerdo con el
Reglamento comunitario, y por otro lado, viene a perfeccionar
los mecanismos que traten de evitar la reproducción en la
tesorería del I acumulado por ese excedente de expedientes
favorablemente informados por los servicios correspondientes
de las comunidades autónomas.
Nosotros entendemos que este proyecto de ley de concesión de
un crédito extraordinario, por importe de 22.483 millones de
pesetas, para financiar los compromisos adquiridos por las
comunidades autónomas también, en coparticipación con el
IRYDA, en verdad lo que viene a atender es el déficit del
presupuesto del IRYDA como consecuencia del endoso de las
obligaciones de ayudas que vinieron vía comunidades autónomas.
No vamos a aceptar la enmienda del Grupo Popular, que en
verdad no añade nada con respecto a la cuantía, porque el
Decreto 887 viene precisamente a cubrir también el paréntesis
que existía en el momento en que se suspendió su aplicación,
puesto que no había más dinero presupuestado aunque el IRYDA
lo siguió aceptando en su cuenta de resultados, produciéndose
el déficit de los 22.000 millones de pesetas en el período
comprendido entre 1989 y el 21 de junio de 1991. Esto es lo
que hace que nosotros consideremos que aceptar esta enmienda y
bloquear lo que en verdad es una cuenta de resultados de
tesorería en el IRYDA conduciría a mantener unos números
rojos, sin aportar nada nuevo a los agricultores que tienen la
línea abierta para seguir recibiendo los expedientes que
qudaron suspendidos --según la información que tenemos, están
en estos momentos satisfechos y pagados po el déficit de caja
queda compensado.
Por todas estas razones, señorías, nuestro Grupo se va a
oponer, votaremos en contra de la enmienda y apoyaremos el
proyecto de concesión de este crédito extraordinario, en
beneficio tanto de la posibilidad de ayuda de los
agricultores, como de que permanezca perfectamente en orden la
cuenta de ingresos y de gastos del Instituto Nacional de
Reforma y Desarrollo Agrario.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Por el Grupo Catalán
(Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Vidal.
El señor VIDAL I SARDO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, debatimos hoy, día 28 de octubre de 1993, un
proyecto de ley que el Grupo Catalán (Convergència i Unió),
ante la extrañeza de que no se hubiese iniciado su trámite con
anterioridad, en septiembre de 1991, pidió, mediante
interpelación y moción, que el Gobierno lo trajera a este
Congreso cuanto antes. Han transcurrido dos años y muchos
destinatarios del crédito extraordinario de 22.483 millones,
para financiar planes de mejoras de estructuras agrarias
acogidas al Real Decreto 808/1987, siguen esperando, tal como
ha reconocido
el portavoz del Grupo Socialista. Son expedientes, señorías,
la mayoría de ellos de agricultores, de empresas familiares
agrarias, cuyo exagerado retraso en el cobro de las
subvenciones a obras ya ejecutadas para mejorar su
competitividad les habrá causado un grave quebranto, que, de
alguna forma, aparte de pagarles cuanto antes las
cantidades adeudadas, habrá que compensar, tal como aprobamos
anteayer en la moción consensuada por todos los grupos de la
Cámara.
En febrero del presente año se tramitó en el Congreso el
proyecto de ley que habilitaba el citado crédito
extraordinario, pero que no pudo lle tal como ya se ha citado,
debido a la disolución de las Cortes. Nuestro Grupo presentó
entonces dos enmiendas que proponían que el período legal de
vigencia del Real Decreto 808/1987 llegara hasta su derogación
por causa de la entrada en vigor del nuevo Real Decreto
1887/1991, y que los pagos correspondientes a estas ayudas que
ya fueron efectuados de forma avanzada por las comunidades
autónomas fueran reintegrados con cargo a este crédito
extraordinario.
Reiniciado ahora el trámite parlamentario del Real Decreto-ley
de concesión del crédito extraordinario, nuestro Grupo ha
reproducido sus enmiendas, porque creemos que continúa siendo
válido, con todas las matizaciones que se quieran, lo que en
ellas defendíamos. Aunque no sea el objeto de este debate el
entrar en el contenido y defensa de las enmiendas parciales,
las hemos querido citar porque ambas han sido incorporadas al
texto de la enmienda a la totalidad del proyecto de ley que
presenta el Partido Popular, y que éste sí que es objeto de
debate en esta Cámara; enmiendas de totalidad, señorías, que,
a nuestro juicio, no tienen razón de ser legislativa. Otra
cosa es que pueda tener la estrategia política de erosión, de
tirios y troyanos.
El Partido Popular propone en su enmienda de totalidad una
copia prácticamente literal del texto del Gobierno con la
incorporación de nuestras más dos modificaciones de
elaboración propia, que consisten en proponer una distinta
forma de financiar el crédito a la que propone el proyecto de
ley y, otra, para lograr una mayor agilidad en la ejecución de
los pagos. Ambas cosas, perfectamente respetables y
defendibles como enmiendas parciales.
La apropiación de enmiendas de otros grupos, en este caso del
nuestro, en otro tipo de trámite legislativo podría
interpretarse como un acto de voluntad de consenso. En este
trámite del proyecto de ley, la incorporación de enmiendas de
otros grupos a un texto alternativo pienso que no puede
interpretarse así, al contrario, puede indicar desconfianza
hacia la voluntad de nuestro Grupo de mantener en la nueva
situaciónde composición de la Cámara propuesta iniciativas de
la pasada legislatura.
La presentación de la enmienda a la totalidad tampoco sirve a
una eventual finalidad de agilizar el trámite, pues cualquiera
que sea el t que deberá debatirse en Comisión. Pero es que,
además, podría interpretarse como intento de secuestro de la
libertad del grupo autor inicial de las enmiendas parciales, y
nuestro Grupo, señorías, no puede ni quiere renunciar a la
defensa de sus enmiendas, renuncia en que incurriríamos si
nuestras enmiendas ya estuvieran incorporadas al texto de la
enmienda a la totalidad.
No queremos renunciar, en primer lugar, porque son nuestras y,
en segundo, porque nuestro Grupo se enfrenta a todos los
debates con mentalidad abierta, con apertura a posibles
modificaciones, de forma que nuestras propuestas pueden ser
mejoradas y transaccionadas con otros grupos de la Cámara.
Esto es especialmente indicado en esta ocasión, porque el
tiempo que ha transcurrido habrá servido para precisar los
cálculos y los costes de lo que significa monetariamente la
incorporación de las enmiendas parciales al texto del proyecto
de ley, todo ello sin olvidar que el objetivo último de este
proyecto es pagar cuanto antes a los agricultores y reintegrar
a las comunidades autónomas las cantidades que avanzaron a
expedientes que habían iniciado en plazo y forma.
Por todo ello, votaremos en contra de la enmienda de totalidad
del Partido Popular, no tanto por razones de contenido, sino
por las razones de procedimiento y de forma que he citado;
contenido que podrá ser consensuado si continúan las
coincidencias con el Partido Popular en ulteriores trámites,
que insistimos, señorías, deben ser agilizados al máximo. Nada
más. Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Vidal.
Para fijar la posición del Grupo de Izquierda Unida, tiene la
palabra el señor Ríos.
El señor RIOS MARTINEZ: Señor Presidente, señorías, voy a
intentar defender la posición del Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida que en este caso va a ser un «sí, pero» al
proyecto de ley del Gobierno y un «no, pero» a la enmienda a
la totalidad que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular.
El proyecto de ley consiste en la concesión de un crédito
extraordinario para hacer frente a la aplicación del Decreto
808, que en realidad fue una transposición de una posibilidad
europea para financiar actuaciones en nuestro país, el
Reglamento de la CEE del año 1985 para mejora de la eficacia
de las estructuras agrarias. Lo cierto y verdad es que muchos
agricultores podían acogerse a este Decreto para reformas de
estructuras y recibir una subvención de la inversión que iban
a acometer, aproximadamente del 35 por ciento si era para
bienes inmuebles y del 20 por ciento si era para otra
actuación. Muchos agricultores se fueron acogiendo a
ello y estas ayudas, en lugar de transponer infraestructuras
propias y adecuarlas a nuestra propia realidad, fueron
destinadas a infraestructuras que repetían modelos que venían
de fuera. Por tanto, se acometieron las inversiones y las
comunidades
autónomas no estaban comprometidas para hacer frente a la
tramitación de este proyecto. Solamente aceptaban la petición,
la tramitaban y el Estado central pagaba y hacía frente a su
parte. Lo cierto y verdad es que se ha producido una
descompensación y el importe, hasta el día 11 de junio del año
1992, era de 58.000 millones de pesetas. Las certificaciones
que el Estado ya había pagado, fruto de este Decreto, eran de
35.000 millones de pesetas y quedaba todavía un tramo hasta el
mes de diciembre del año 1992 que no se sabía la previsión de
gasto que iba a tener. Lo cierto y verdad es que hoy nos
encontramos con unos agricultores que hicieron una inversión,
pidieron unos créditos, en algunos casos al 17 por ciento que
hoy están pagando al 26 por ciento. Por tanto, si votáramos
retirar o aplazar aún más esta cuestión significaría
perjudicar a los propios afectados, pero, además, la solución
pasaría por incorporar a los beneficios de este proyecto a las
personas que se quedaron fuera.
Es verdad que el Gobierno modificó este Decreto por el Decreto
1887/1991, que este año y para reforma de estructuras, ha
reducido a nivel del Estado, es decir, los Presupuestos
Generales del Estado este año llevan 1.700 millones de pesetas
menos que llevaban el año pasado para todas las actuaciones en
reforma de las estructuras agrarias. Al Gobierno le ha fallado
la política en reforma de estructuras como también le falló en
lo que era la política de ceses del campo, las dos grandes
reformas que hay que abordar dentro del campo español.
Señorías, hoy en el campo, a fecha del año 1991, el 50 por
ciento de los agricultores son mayores de 55 años y menores de
39 años solamente el 8 por ciento. O se aborda de verdad una
reforma de estructuras y se produce una incorporación de
jóvenes a la estructuta productiva o el futuro de nuestro
campo va a ser complicado.
Por tanto, la posición de Izquierda Unida es crítica con lo
que ha sido la evolución del Gobierno, que se ha limitado a
trasponer políticas europeas, sin amoldarlas a políticas
autónomas que de verdad unieran lo que se propone a la
realidad que tenemos aquí. Por tanto, lo que se ha conseguido
es que, hoy, muchos jóvenes agricultores ya no lo son,
habiéndose acogido a estos dineros; van a cobrar tarde el
dinero que se les propone, pero van a abandonar la
agricultura.
Por tanto, nuestra posición va a ser de apoyo al proyecto del
Gobierno, aunque sea corto y aunque no obedezca a política
propia, pero sí a obl contraídas con los agricultores de este
país.
Nada más, señor Presidente, nada más, señorías.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Vamos a pasar a la
votación de la enmienda presentada por el Grupo Popular a este
proyecto de ley de concesión de un crédito extraordinario al
Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario. (El señor
Presidente ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Votación relativa a la enmienda de
totalidad de texto alternativo del Grupo Popular.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 281; a favor, 122; en contra, 159.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda de totalidad.
--SOBRE CONCESI'ON DE UN CREDITO EXTRAORDINARIO, POR IMPORTE
DE 13.464.683.902 PESETAS, PARA CANCELAR DEUDAS CON LA
NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE DERIVADAS DE ENTREGAS DE BIENES Y
PRESTACIONES DE SERVICIOS EFECTUADAS DURANTE LOS EJERCICIOS
1986, 1987, 1988 Y 1989 (Número de expediente 121/000006)
El señor PRESIDENTE: Debate de totalidad correspondiente al
proyecto de ley sobre concesión de un crédito extraordinario
par Nacional de Moneda y Timbre derivadas de entregas de
bienes y prestaciones de servicios efectuadas durante los
ejercicios 1986 a 1989.
Enmienda de totalidad del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya.
Tiene la palabra el señor Ríos.
El señor RIOS MARTINEZ: Señor Presidente, señorías, dada la
hora y el tema que nos ocupa... (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: ¡Silencio!, señorías.
El señor RIOS MARTINEZ: ...voy a ser breve para defender los
motivos de la enmienda a la totalidad y las razones por las
que el Grupo Parlamentario de izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya no ha comprendido como tal crédito extraordinario
este posible ajuste contable que se propone para la Fábrica
Nacional de Moneda y Timbre. Nosotros creemos que, incluso,
este crédito extraordinario no debiera ser tal crédito. La ley
de Presupuestos del año 1990 en su artículo 56 autorizaba al
Ministerio de Economía y Hacienda para que compensara las
cantidades que el Estado debía de pagar a la Fábrica por los
servicios que le presta y la participación en los beneficios
que el Estado tiene como accionista de esta empresa.
Lo cierto y verdad es que los Presupuestos Generales del
Estado del año 1993 podían muy bien haber recogido en el
artículo 22, concepto 220 ma los presupuestos del año 1993
esto que hoy viene como crédito extraordinario. No hubiera
sido necesario que viniese como tal crédito extraordinario.
Desde nuestro punto de vista, desde el año 1990 a 1993 ha
habido tiempo suficiente para que se produjesen todos los
ajustes que hicieran falta en lo que puede ser esta
compensación de deuda.
El otro razonamiento que tenemos es que el título hace
referencia a los años 1986, 1987, 1988 y 1989 y, a la hora de
mirar la memoria que se nos ha adjuntado, se nos dice que las
labores oficiales realizadas por la Fábrica suman 13.464
millones en los años 1986, 1987, 1988 y 1989. Sin embargo, en
la deuda, que viene como participación en los ingresos del
Estado, la Memoria hace referencia a la deuda que tiene la
Fábrica con el Estado en los años 1983, 1984 y 1985, y no hace
referencia a lo que significan los ingresos que el Estado
debiera de recibir en los años 1988 y 1989. Por tanto, está
liquidando años totalmente distintos. Puede darse el caso, y
me gustaría que se nos hubiese aportado, que el Estado ya
hubiese pagado a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre en los
años 1983, 1984 y 1985. Y puede darse el caso, también, que el
Estado haya percibido de la Fábrica los años 1988 y 1989. Lo
cierto y verdad es que la compensación debiera de producir un
movimiento final de 39 millones de pesetas a favor del Estado.
Sin embargo, lo que estamos aprobando hoy es una partida
presupuestaria para que la Fábrica pueda recibir del Estado
trece mil y pico millones de pesetas, pero no sabemos de qué
manera va a evolucionar el tránsito hacia acá. Desde nuestro
punto de vista, se produce una limpieza contable en la Fábrica
que va a tener unos ingresos para hacer frente a su propia
realidad, pero no está establecida la compensación al propio
Estado. Puede producirse o simplemente, al aplicarlo «de
facto», se podría realizar. En suma, hubiéramos entendido
mejor que los 39 millones se hubiesen producido como ingresos
del Estado y se hubiese solucionado el problema.
En todo caso, entendemos que este crédito extraordinario viene
hoy porque si todos los créditos extraordinarios que estamos
aprobando hubiesen año 1993, el volumen de gastos del Estado
hubiese sido muchísimo mayor y la diferencia entre los
ingresos no recaudados y los gastos producidos aún hubiera
sido bastante mayor.
Por tanto, nos da la impresión de que este crédito
extraordinario obedece a una realidad de funcionamiento que
debiera de haber sido por trámi es el motivo de nuestra
enmienda a la totalidad. Entendemos que debiera de haber sido
un proceso de incorporación a los Presupuestos Gener
extraordinario en el año 1993. Nada más, señor Presidente.
Nada más, señorías.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ríos.
Turno en contra. (Pausa.) Tiene la palabra el señor Padrón,
por el Grupo Socialista.
El señor PADRON DELGADO: Señor Presidente, espero que por la
brevedad de la intervención del repre dar y dada la hora,
incluso pueda retirar la enmienda de totalidad.
Efectivamente, en la Ley de Presupuestos había una
habilitación, pero esto no exime de que haya un reconocimiento
explícito de la deuda que el Estado tiene con la Fábrica
Nacional de Moneda y Timbre y que tiene que ser reconocida,
para efectuar esa cancelación, por una ley de crédito
extraordinario que debe ser aprobada en Cortes. Por estas
razones, y dado que en el año 1989 el organismo autónomo
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre se reconvierte, en virtud
de una autorización efectuada en la Ley de Presupuestos, en un
ente de Derecho público de los que regula el artículo 6.1,
apartado d) del Texto Refundido de la Ley General
Presupuestaria, se produce un reconocimiento, análisis y
fiscalización de las cuentas mutuas entre la Fábrica Nacional
de Moneda y Timbre y el Estado, que lleva, efectivamente, a
que en el año 1992 se inicie la tramitación del crédito
extraordinario para compensar estas diferencias, que conduce a
que se produzca la habilitación de este crédito extraordinario
para compensar a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, por
parte del Ministerio de Economía y Hacienda, de las deudas
hasta dicho año, a partir del cual ya la Fábrica Nacional
efectúa sus ingresos y su tributación como una sociedad
anónima normal, esto es, pagando sus impuestos e ingresando
los beneficios correspondientes en el Tesoro. A estos efectos,
quiero decir, para tranquilidad del señor Ríos, que en los
años 1990-91 y 92 los beneficios antes de impuestos, que al
final todo ha ido al Tesoro Público, fueron del orden de 4.500
millones de pesetas y que, por tanto, esto es una cosa
anterior que hay que habilitarlo por una ley, que es lo que
estamos haciendo. Por todo ello este proyecto de Ley de
crédito extraordinario no tiene efecto monetario ninguno, pero
para que se produza el correspondiente ajuste contable tiene
que haber una ley que reconozca la deuda del Ministerio de
Economía y Hacienda y la compensación con cargo a los
beneficios que la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre tenía
que haber entregado y que no entregó mientras se producía esta
discusión.
Por estas razones, yo le pido al señor Ríos que retire la
enmienda, que no tiene casi sentido, y que acabemos
cuanto antes con este pleito interadministrativo que se
soluciona con este crédito extraordinario.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Padrón.
El señor Ríos tiene la palabra.
El señor RIOS MARTINEZ: Señor Presidente, muchas gracias. Nos
convence la explicación que se nos ha dado por parte del Grupo
Socialista en cuanto a que no hay efectos económicos en el
crédito extraordinario, sino que son ajustes contables, para
lo que es imprescindible el que se tramite por ley. Por tanto,
el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya va a retirar la enmienda a la totalidad.
(Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ríos. Entiendo que la
expresión «va a retirar» significa que la da por retirada.
--TRAMITACION DIRECTA Y EN LECTURA UNICA DE INICIATIVAS
LEGISLATIVAS. PROYECTO DE LEY DE ADAPTACION DEL CONCIERTO
ECONOMICO CON LA COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO A LA LEY
DEL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO Y A LA LEY DE IMPUESTOS
ESPECIALES (Número de expediente 121/000007)
El señor PRESIDENTE: Punto undécimo del orden del día.
Tramitación directa y en lectura única de iniciativas
legislativas. Proyecto de Ley de adaptación del concierto
económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco a la Ley de
Impuesto sobre el Valor Añadido y a la Ley de Impuestos
Especiales.
¿Grupos que deseen fijar su posición en relación con este
proyecto de Ley? (Pausa.)
Vamos a proceder a la votación relativa al proyecto de ley de
adaptación del concierto económico con la Comunidad Autónoma
del País Vasco a la Ley de Impuesto sobre el Valor Añadido y a
la Ley de Impuestos Especiales.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 283; a favor, 282; en contra, uno.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el proyecto de ley.
(Rumores.) ¡Silencio!, señorías.
--PROYECTO DE LEY DE ADAPTACION DEL CONVENIO ECONOMICO ENTRE
EL ESTADO Y LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA A LA LEY DE IMPUESTO
SOBRE EL VALOR AÑADIDO Y A LA LEY DE IMPUESTOS ESPECIALES
(Número de expediente 121/000008)
El señor PRESIDENTE: Tramitación directa y en lectura única
del proyecto de ley de adaptación del convenio económico entre
e de Navarra a la Ley de Impuesto sobre el Valor Añadido y a
la Ley de Impuestos Especiales.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 282; a favor, 282.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el proyecto de ley.
Se levanta la sesión.
Eran las dos de la tarde.