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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 580, de 11/10/1995
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1995 V Legislatura Núm. 580
P R E S U P U E S T O S
PRESIDENTE: DON RODOLFO MARTIN VILLA
Sesión núm. 36
celebrada el miércoles, 11 de octubre de 1995



ORDEN DEL DIA:
Comparecencia de personalidades y funcionarios de la Administración del
Estado, al objeto de informar sobre temas relativos al proyecto de Ley de
Presupuestos Generales del Estado para 1996. (BOCG serie A, número 135-1,
de 20-9-95. Número de expediente 121/000120.)



Se abre la sesión a las nueve horas de la mañana.




COMPARECENCIA DE PERSONALIDADES Y FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACION DEL
ESTADO, AL OBJETO DE INFORMAR SOBRE TEMAS RELATIVOS AL PROYECTO DE LEY DE
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA 1996 (número de expediente
121/000120):



--DEL SUBSECRETARIO DE ECONOMIA Y HACIENDA (BLANCO-MAGADAN Y AMUTIO), A
SOLICITUD DEL GRUPO POPULAR. (Número de expediente 212/001724.)



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El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): Damos comienzo a las
comparecencias previstas para el día de hoy acerca de los presupuestos de
1996 con la del señor Subsecretario de Economía y Hacienda.

En nombre del grupo proponente, el Grupo Popular, tiene la palabra el
señor Sanz.




El señor SANZ PALACIO: En primer lugar, quiero dar la bienvenida a esta
Comisión al señor Subsecretario y decirle que la intención de la
comparecencia solicitada por nuestro Grupo, el Grupo Parlamentario
Popular, es clarificar el contenido de los Presupuestos Generales del
Estado en su Sección 15, correspondiente al Ministerio de Economía y
Hacienda.

Algo más de la mitad del presupuesto de esta Sección se destina al
Capítulo 8, Activos financieros, que recoge fundamentalmente la
adquisición de acciones que forman parte de empresas del grupo
Patrimonio, reaseguro de riesgos extraordinarios de créditos a la
exportación, etcétera. El resto se destina, prácticamente en su
totalidad, a cubrir gastos corrientes incluidos dentro de los capítulos
de personal, bienes y servicios corrientes y transferencias corrientes a
organismos autónomos. Las operaciones de capital apenas sobrepasan el 5
por ciento del presupuesto y más del 75 por ciento del gasto de la
Sección se imputa al subsector Estado, el resto son transferencias
corrientes y transferencias de capital a organismos autónomos
administrativos, fundamentalmente al Instituto Nacional de Estadística, y
a empresas públicas y otros entes públicos, como la Agencia Estatal de
Administración Tributaria.

Para seguir una cierta sistemática, analizaré los principales rasgos del
presupuesto de 1996 en cuanto a esta Sección, intercalando preguntas que
rogaría al señor Subsecretario contestase de la forma más precisa
posible.

En primer lugar, me referiré al subsector Estado. En cuanto a operaciones
financieras, la dotación total disminuye un 9,2 por ciento. Para nuestro
Grupo, los aspectos más destacados son: la caída de las inversiones
corrientes en menos un 76,2 por ciento, y la caída de las transferencias
de capital en menos un 35,6 por ciento. El crédito del Capítulo 8,
activos financieros, disminuye un 7,2 por ciento respecto al crédito
aprobado en 1995, del orden de 23.328 millones de pesetas. El gasto
presupuestado para la totalidad de los programas de la Sección es un 7,6
por ciento inferior al de 1995. Si consideramos las transferencias entre
subsectores, la disminución del gasto total presupuestado para la Sección
es de 7,7 por ciento.

Organismos autónomos. A la Sección 15 están adscritos cuatro organismos
autónomos, dos comerciales y otros dos de carácter administrativo.

En primer lugar, me voy a referir a los de carácter comercial. Aquí se
incluyen básicamente dos que son el Parque Móvil Ministerial y el
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado. Este último no
solamente se autofinancia, sino que produce importantes excedentes. Los
resultados de las operaciones comerciales ascienden a 238.969 millones de
pesetas, que transfiere a la Administración del Estado y a otras
Administraciones públicas, por lo que no nos vamos a detener demasiado en
su análisis. En cuanto al Parque Móvil Ministerial, su financiación
proviene fundamentalmente de transferencias de otros departamentos
ministeriales por los servicios prestados. Nos interesaría conocer, señor
Subsecretario, cómo se distribuyen dichas transferencias entre las
diferentes secciones.

Los organismos autónomos administrativos son el Instituto Nacional de
Estadística y el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas. Al
Instituto Nacional de Estadística se destinan transferencias corrientes y
de capital por importe de 13.346 millones de pesetas, lo que representa
el 88 por ciento de sus fuentes de financiación. En cuanto al Instituto
de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, el gasto total llega a 524
millones de pesetas, que financia con transferencias del subsector
Estado. Casi la mitad de los ingresos son remanentes de tesorería y eso
pasa tanto en 1995 como en 1996. Nos gustaría que el señor Subsecretario
nos aclarara este punto.

En cuanto al ente público Agencia Estatal de Administración Tributaria,
las transferencias ascienden a 95.733 millones. No me detendré en este
punto, puesto que está solicitada la comparecencia del Director General
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

Gastos corrientes. Los gastos corrientes representan un 15,6 por ciento
del gasto total de los programas desarrollados por el subsector Estado:
operaciones financieras más operaciones no financieras, sin tener en
cuenta las transferencias entre subsectores. La partida más importante
dentro de las operaciones corrientes es el Capítulo 1, Gastos de
personal, que representa aproximadamente un 80 por ciento de éstas. Del
resto, un 19 por ciento se destina a gastos corrientes y bienes y
servicios, Capítulo 2, y apenas un 1 por ciento a transferencias
corrientes, Capítulo 4. Aunque las posibilidades de una reducción del
gasto total de la Sección a través del recorte de operaciones corrientes
es limitado, ya que éstas no tienen un gran peso dentro del presupuesto,
creemos que es importante llevarla a cabo por el ejemplo que supone para
el resto de las secciones, a cuyos responsables se les pide que reduzcan
sus gastos corrientes.

Operaciones financieras. El crédito total destinado a la adquisición de
activos financieros en 1996 asciende a 301.372 millones de pesetas, un
7,2 por ciento inferior al del ejercicio precedente. Tras esta variación
de dicha partida se esconde una evolución dispar de los distintos
componentes, ya que la diferencia queda explicada, en un 60 por ciento,
por el recorte de la dotación al subconcepto 821.04, préstamos a largo
plazo a empresas públicas y otros entes públicos, del Programa 631A,
Dirección, control y gestión de seguros, desarrollado por el servicio 29
de la Sección, que pasa de 151.598 millones de pesetas a 137.273
millones, casi un menos 10 por ciento. Esta partida recoge un préstamo de
la Dirección General de Seguros al Consorcio de Compensación de Seguros
para cubrir los riesgos de seguro a la exportación, cuya gestión efectúa
la compañía española de Seguro de Crédito a la Exportación. En este
capítulo consideramos conveniente que nos aclare las causas de su
recorte, sobre todo si tenemos en cuenta que el año pasado esta partida
sufrió un incremento muy considerable, del orden del 155 por



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ciento, pasando de 59.385 millones a 151.598 millones de pesetas.

Por otro lado, nos gustaría conocer con mayor detalle el desglose del
artículo 85, adquisición de acciones dentro del sector público, y en
particular, la relación de sociedades estatales a las que se destinan los
fondos.

Inversiones reales. El aumento del total de las inversiones reales es de
un 4,4 por ciento, debido a un aumento en un 72,9 por ciento del gasto en
inversiones inmateriales, que pasa de 2.725 millones de pesetas en 1995 a
4.712 en 1996. Dado el carácter de esta inversión, es difícil conocer con
exactitud su composición. En cualquier caso, el aumento hace subir la
cifra global de inversiones, ya que las otras dos partidas, inversión de
reposición y nueva, pierden peso respecto al presupuesto aprobado en
1995. Nos gustaría, señor Subsecretario, que nos aclarara este
movimiento. El peso de las inversiones reales sobre el gasto total de la
Sección pasa de representar un 1,4 por ciento en 1995 a representar un
1,6 en 1996. Esta evolución del Capítulo 6 contrasta con la ejecución del
presupuesto de 1995, cuyas principales características son las
siguientes. El grado de ejecución del Capítulo 6 es muy bajo, tanto si lo
medimos a través de los gastos comprometidos como si lo hacemos con las
obligaciones reconocidas. Parece claro que el bajo grado de ejecución de
las inversiones reales responde a una política de ahorro no
presupuestada, que situará la ejecución del Capítulo 6 al final del
ejercicio muy por debajo del cien por cien, de modo que parece que nunca
existió un verdadero propósito de invertir la cifra presupuestada; se
asignaron al Capítulo 6 cifras que no permitiesen apreciar con claridad
dónde se pretendía hacer el ahorro, pero sin renunciar realmente a
ahorrar recortando inversiones.

No vemos explicación alguna para el bajísimo grado de ejecución de las
inversiones reales, salvo que no exista la voluntad de gastar lo
presupuestado. A este respecto nos gustaría conocer su opinión.

Instituto Nacional de Estadística. En cuanto a gastos, el gasto corriente
en bienes y servicios queda prácticamente al mismo nivel que en 1995. El
pequeño recorte de menos de un 1 por ciento no es muy significativo. Sin
embargo, el hecho de no incrementar esta partida indica que es posible
lograr un funcionamiento eficaz de los organismos autónomos sin
incrementos constantes de sus gastos corrientes. En años anteriores se
habían producido aumentos muy considerables de dicho gasto --por ejemplo,
en el pasado presupuesto se preveía una subida del 18 por ciento--, por
lo que el motivo de retrasar el ajuste hasta 1996 no parece poder
justificarse.

Por razones obvias el Instituto Nacional de Estadística no debe perder su
condición de organismo autónomo, pero puesto que su principal y casi
única fuente de financiación son las transferencias desde el subsector
Estado, corresponde establecer ciertas limitaciones al crecimiento del
gasto desde este último.

Por capítulos, el que experimenta un mayor recorte es el Capítulo 6, de
inversiones, como viene siendo habitual, cuyo crédito cae un 31,15 por
ciento, 1.365,7 millones. El recorte del crédito se concentra en el
artículo 64, inversión inmaterial, un 42 por ciento, 1.310,1 millones de
pesetas, y también se reduce la inversión nueva un 15,25 por ciento. Sólo
me mantiene la de reposición, precisamente la que debería ser objeto de
una mayor contención, aumentando un 3,6 por ciento.

Nos gustaría, señor Subsecretario, que nos aclarara en dónde exactamente
se recorta la inversión de carácter inmaterial, ya que compone el grueso
del ajuste presupuestario de este organismo.

El gasto total del Instituto Nacional de Estadística es un 9,15 por
ciento inferior al del ejercicio precedente. Cabe esperar, y así lo
deseamos, que este importante esfuerzo presupuestario no produzca una
disminución en la calidad de los resultados, que han sido objeto de
muchas críticas dentro y fuera de nuestras fronteras.

Ingresos del Instituto Nacional de Estadística. Por el lado de los
ingresos llama la atención el aumento de un 186 por ciento de los
ingresos por venta de publicaciones propias, que se espera alcance 72
millones de pesetas, mientras que en 1995 apenas superaron 25 millones.

Evidentemente, esto no modifica sustancialmente las condiciones de
financiación del Instituto, pero convendrá conmigo en que resulta
ciertamente llamativo y nos gustaría que nos aclarara a qué se debe este
aumento tan significativo.

Además, se puede constatar una reducción de las transferencias corrientes
de casi un 6 por ciento, 677 millones, y las de capital un 42,9 por
ciento, 1.883 millones de pesetas. Esta reducción de las transferencias
se traduce en el recorte de la inversión del organismo, como ya he
indicado anteriormente.

Finalmente, haré algunas consideraciones sobre la ejecución de la Sección
15. En primer lugar, las inversiones reales. La realización de las
inversiones reales en el año 1995, tal y como ha ocurrido en el ejercicio
presupuestario del año 1994, ha quedado muy por debajo del crédito
definitivo de este capítulo. El Gobierno está realizando un ajuste que
recae sobre las inversiones en dos tiempos: primero, en su
presupuestación, donde se produce una primera rebaja; segundo, durante su
ejecución, que viene quedando claramente por debajo de la cifra
presupuestada.

En el año 1995, según el avance de liquidación contenido en el proyecto
de ley de Presupuestos Generales del Estado para 1996, el Capítulo 6 se
habrá ejecutado solamente en un 71,4 por ciento, en términos de
obligaciones reconocidas sobre el importe de los créditos definitivos.

¿Qué proyectos se han dejado de ejecutar, señor Subsecretario? ¿Nos
podría enviar una relación de los recortes por proyectos?
Por otro lado, cabe preguntar, a la vista de la tónica que caracteriza la
ejecución de este presupuesto, en qué grado se pretende ejecutar el
capítulo del presupuesto de la Sección 15, en el caso de que llegue a
aprobarse.

Ejecución de las operaciones financieras. En primer lugar, cabe preguntar
por el grado de ejecución prevista para el crédito destinado a los fondos
de ayuda al desarrollo, cuya ejecución en agosto ya advertíamos que era
muy baja, no llegaba a un 31 por ciento. Cabe esperar que la



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ejecución de este crédito no se periodifique perfectamente a lo largo del
año, pero el bajísimo grado de ejecución nos hace pensar que la ejecución
para todo el año también lo será. Si se va a producir una subejecución de
este crédito, le rogaría al señor Subsecretario que nos explicara las
razones.

En cuanto al artículo 85, nos interesaría disponer de una relación exacta
de las sociedades estatales cuyo capital se ha ampliado o se prevé
ampliar durante el año 1995.

Ejecución del ajuste. El presupuesto inicial de la Sección 15, aprobado
por la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1995, ascendía a
206.759 millones de pesetas, presupuesto no financiero del subsector
Estado. No obstante, el ajuste presupuestario llevado a cabo por el
Gobierno en el pasado mes de enero, en el Consejo de Ministros del 27 de
enero, creaba una reserva de no disponibilidad por importe de 12.622
millones de pesetas, con la que se pretendía, o al menos así se anunció
en su momento, limitar el crédito de la Sección a 194.137 millones de
pesetas. La finalidad del citado ajuste no era otra que la de cumplir con
lo establecido en el artículo 11 de la Ley de Presupuestos Generales del
Estado para 1995, evitando que el gasto se desviase en más de un 3 por
ciento sobre el gasto aprobado.

La liquidación definitiva de la sanidad de años anteriores, por orden de
105.000 millones de pesetas; la liquidación definitiva de las comunidades
autónomas de 1994, 25.000 millones; la ayuda oficial al desarrollo, 30.00
millones; el aumento de gasto previsto por intereses, 100.000 millones, y
otros gastos, como el envío de tropas a Yugoslavia, obligaron al Gobierno
a recortar gastos en otras partidas.

La cuota de ajuste a la Sección 15 ascendía, como ya he señalado
anteriormente, a más de 12.000 millones de pesetas. El nuevo crédito de
la Sección quedaba establecido en algo más de 194.000 millones de pesetas
y debía actuar como límite efectivo que contribuyese a compensar la
desviación de gasto puesta de manifiesto a comienzos de año. Sin embargo,
las modificaciones presupuestarias llevadas a cabo en la Sección, han
vuelto a situar el límite del gasto no financiero en 204.771 millones de
pesetas, con lo que el ajuste de enero queda reducido a menos de 2.000
millones de pesetas.

Sin ánimo de entrar a valorar las mencionadas modificaciones
presupuestarias, lo cierto es que el tan anunciado ajuste aprobado en el
Consejo de Ministros del 27 de enero se ha reducido en un 85 por ciento.

Esto es, señor Subsecretario, todo sobre lo que queríamos conocer su
opinión. Por supuesto que cualquier precisión que no esté en condiciones
de hacernos ahora verbalmente le agradeceremos nos la envíe por escrito
en los próximos días.




El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): Muchas gracias, señor Sanz
Palacios, por sus palabras y por ceñirse tan adecuadamente al objeto de
la comparecencia sin hojarascas inútiles.

Tiene la palabra el señor Subsecretario de Economía y Hacienda.




El señor SUBSECRETARIO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Blanco-Magadán y Amutio):
Gracias, señor Presidente.

Tengo que sumarme a las palabras del Presidente, agradeciéndole su
intervención, ya que debo empezar por decir que la descripción inicial
que ha hecho de las características generales del presupuesto de la
Sección 15, Ministerio de Economía y Hacienda, es bastante ajustada y
correcta, lo que me libera de tener que entrar en el tema. Por tanto, me
voy a centrar en intentar responder, una a una, a las distintas preguntas
que ha hecho, aunque en muchos casos tengo dificultades, porque casi más
que preguntas han sido --digo que en muchas casos, en otros han sido
preguntas concretas-- comentarios de carácter relativamente general,
sobre los que lo que haré, si a S. S. le parece, comentarios adicionales
que espero que aclaren lo que creo que eran las dudas de su señoría.

Paso directamente a los temas que me ha ido planteando, obviando, digo,
entrar en la primera parte que ha sido una mera descripción de cómo se
han ido comportando las distintas partidas en cuanto a previsión
presupuestaria en comparación con lo que fue el presupuesto inicial, en
algunos casos, o las obligaciones reconocidas, es decir, la ejecución
presupuestaria, en otros. Hay una cuestión que me interesaría destacar
--quizá le haya entendido mal--, y es que he creído entender que decía
que el Capítulo 7, o sea, las transferencias de capital disminuirán un
setenta y tantos por ciento, en términos de presupuesto inicial de 1996,
comparado con el presupuesto inicial 1995. Si eso es lo que ha dicho, no
tiene usted razón. En términos de presupuesto inicial, en el Capítulo 7
la caída es del 39,9 por ciento; es decir, pasa de 25.513 millones a
15.336 millones. Como le digo, es una única corrección, ya que el resto
de la intervención creo que ha sido sustancialmente correcta.

Me pregunta --he creído entender-- con respecto al Parque Móvil
Ministerial, que se financia, en parte, por ingresos de transferencias de
otras secciones ministeriales. Tardaría en buscar el dato y supongo que
no merece la pena que entremos en ello, pero sí le digo, de forma
cualitativa, que los ingresos que el Parque Móvil obtiene de prestación
de servicios a otras administraciones públicas, casi exclusivamente la
Administración del Estado, y otros órganos, como órganos
constitucionales, Casa del Rey, Administración de Justicia, incluso
algunas comunidades autónomas, son relativamente pequeños dentro de sus
ingresos. El Parque Móvil, fundamentalmente, se financia por
transferencia del Estado que está en la Sección 31, no en la 15. Esa es
su principal fuente de financiación. Una parte de los servicios los
cobra. La mayoría de los servicios son gratuitos, forman parte de lo que
son sus servicios de representación: coches de la Casa Real, ministros,
secretarios de Estado, subsecretarios, directores generales, y poco más;
por tanto hay que financiarlos con la transferencia general del
presupuesto, que se mueve en torno a los 9.000 millones, es de ese orden
de magnitud. Pero hay otros servicios que sí cobra a los distintos
ministerios con distintas modalidades, lo que ellos llaman «dozavas»; es
decir, se cobra por doceavas partes, se cobra el servicio del



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conductor y no del vehículo, porque el vehículo lo pone el organismo, o
al revés. Como digo, ésa es una pequeña partida.

Me dice usted que si le puedo especificar de qué distintas secciones
cobra. En realidad, lo cobra de todas y se puede ir sección a sección. En
el Capítulo 2 de cada una de las secciones hay unos gastos de transporte
que fundamentalmente van a financiar los servicios que presta el Parque
Móvil. En todo caso, creo que estaré en condiciones de mandar por escrito
a S. S. las previsiones de ingresos del Parque Móvil, qué previsiones ha
hecho sobre los pagos que va a recibir, aunque contablemente son
transferencias, de usuarios del servicio del Parque Móvil; incluso le
puedo pasar a usted algo que no me ha pedido, pero que seguro que le
interesa, que es la deuda que en estos momentos se mantiene con respecto
al Parque Móvil por servicios no pagados en años anteriores. Esta deuda,
que es relativamente importante --le hablo de memoria--, andará alrededor
de los tres mil y pico millones de pesetas. Fundamentalmente está ubicada
en dos servicios, si lo queremos llamar así: Justicia y Correos. Se está
trabajando con estos dos organismos, intentando reducir esta deuda.

Supongo que estamos en condiciones de que el Parque Móvil nos diga sus
previsiones de facturación a los distintos organismos. Son previsiones,
porque la facturación sólo se hace en función de los servicios que se
prestan y éstos no son automáticos ya que una parte importante de ellos
se demanda. Por ejemplo --y me lo invento--, si el Ministerio de
Agricultura tiene necesidad en Zamora, porque hay una actuación
determinada, de la prestación de un servicio, se lo reclama al Parque
Móvil, éste se lo presta y se lo factura. Eso sólo se sabe cuando se
produce, porque a principio de año lo que hay es una previsión de esta
facturación. En todo caso, le mandaré una información detallada, aunque
es una tarea muy prolija, de cada una de las secciones ministeriales, en
la que se vea lo que se destina a gastos de transportes.

La segunda pregunta que me hace con respecto a organismos autónomos se
refiere al Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, que se
financia, fundamentalmente, por remanentes de Tesorería, si le puedo
explicar qué significa esto. Le voy a decir una cierta obviedad: no
significa más que eso, que el Instituto de Contabilidad en el pasado tuvo
unas transferencias corrientes y de capital, pero en mucha menor cuantía,
porque es un organismo que no invierte más que en biblioteca, informática
y poco más, transferencias que le permitieron, digamos, remansar una
tesorería cómoda que lo que está haciendo, no este año, sino que ya el
pasado lo hizo --no sólo con el ICAC, sino con todos los organismos
autónomos que estén en una situación parecida, es decir con un remanente
de tesorería por encima del que razonablemente es necesario para operar,
desde el punto de vista de tesorería y de caja-- es ir reduciendo este
remanente de tesorería. En el caso de ICAC el remanente de tesorería
sigue siendo importante, lo que le permite financiar su presupuesto, en
parte, con ese remanente y hace que la demanda de recursos, vía
transferencias corrientes o de capital, sea inferior a la que sería
necesaria para financiar el presupuesto. No deja de ser un mecanismo
contable de forma de financiación de un organismo. La explicación no es
más que ésa. El remanente tenderá a desaparecer o a ser más reducido en
la medida en que se vaya usando para financiar el presupuesto corriente
del organismo.

Hace una consideración sobre la reducción de los gasos corrientes en el
Ministerio y, si no le he entendido mal, esa consideración es un poco
estricta en el sentido de no reconocer un relativo esfuerzo en cuanto a
la reducción de gastos corrientes. Tengo que corregir a S. S. en el
sentido de manifestarle que eso no es así, que en los tres últimos años
hemos tenido una reducción muy importante del Capítulo 2, que es el
capítulo de gastos corrientes, y esa reducción ha estado, digamos,
bastante controlada a través de la creación de una comisión, que presidía
yo mismo, para la reducción del gasto corriente, que analizó el gasto a
lo largo del ejercicio, mes a mes, y que puso una serie de instrucciones
para intentar controlar y reducir el gasto corriente, evidentemente, por
debajo de las cifras que teníamos presupuestadas. Esa reducción ha ido
surtiendo efecto, y de hecho desde el año 1993 la reducción del Capítulo
2 de la Sección 15 es importante; estamos situándonos en unas reducciones
de alrededor del 10 por ciento cada uno de estos años sobre presupuestos
que ya son muy ajustados. En estos momentos, el presupuesto del
Ministerio en el Capítulo 2, gastos corrientes, está ya a unos niveles
que difícilmente admiten reducciones adicionales. Pero insisto en que en
los tres últimos años las reducciones sobre los gastos autorizados se han
situado en torno al 10 por ciento.

Capítulo 8. Dice que está fundamentalmente ubicado, digámoslo así, es dos
partidas Cesce y suscripción de acciones. Me pregunta por qué Cesce
disminuye y qué acciones se van a suscribir. Tengo que hacer aquí una
reflexión que luego realizaré más en profundidad. Una parte de su
intervención repite la que hace escasamente ocho días tuvimos en esta
misma Comisión, sobre el seguimiento del presupuesto, y que me hizo su
compañero el señor Milián. Una parte de las preguntas, incluso de sus
reflexiones son casi literalmente las mismas en algunos casos, y una de
ellas es esta relativa a Cesce.

¿Por qué disminuye Cesce? Ya expliqué --y constará en el «Diario de
Sesiones»-- el conjunto del Capítulo 8, y Cesce en particular no se puede
ver como otras partidas ordinarias, como hemos hablado hace un momento
del Capítulo 2. Lo que se incluye en el presupuesto con respecto a Cesce
son las previsiones de los riesgos que, en su caso, haya que cubrir, de
riesgos políticos que vayan asociados al seguro de exportaciones. Estos
riesgos se producen o no y cuando hay siniestros por causas políticas la
Compañía Cesce, automáticamente, tiene que hacer frente a la cobertura de
ese riesgo. Por tanto, si no se produce el siniestro no hay necesidad de
hacer el gasto.

¿Qué pasó en 1995 con respecto a 1994 con este mecanismo, que subió
mucho? ¿Qué pasa en 1996 con respecto a 1995, que vuelve a bajar? Cuando
digo mucho, en 1994 había presupuestado --creo recordar-- del orden de
50.000 millones; iniciado 1995, del orden de 150.000 millones; iniciado
1996, estábamos en 137.000 millones. Creo que es así.




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¿Por qué estas variaciones tan fuertes? Hay dos explicaciones. En 1995 se
contabiliza --y ya tuve ocasión de explicarlo también en el momento de mi
comparecencia-- de forma distinta. Hasta entonces en Cesce se estaba
contabilizando por el neto, es decir, se establecían aquí las previsiones
de gastos, deducidos los ingresos y los recobros que en su caso se
hicieran, y por tanto, era una partida neta. A partir de 1995-1996 se
hace lo que se considera más correcto que es contabilizar aquí el bruto
de los gastos, de los siniestros, mientras que los ingresos irán en la
partida de ingresos correspondientes.

Esa es una parte de la explicación de por qué el incremento de Cesce del
año 1995 con respecto a 1994. Pero hay otra parte. En 1995 se hizo una
previsión por la Compañía de que había que hacer frente a una importante
siniestralidad por riesgos políticos, fundamentalmente con Argelia. Se
demandó al Parlamento que autorizase una partida que crecía formalmente
con respecto al presupuesto inicial que pasaba de 50.000 a 100.000
millones de pesetas.

Además se hizo otra cosa. En Cesce tradicionalmente había un problema de
infrapresupuestación, era una partida que luego acudía al mecanismo de
ampliación de créditos porque era ampliable. De hecho en 1994, aunque el
presupuesto inicial en Cesce fue del orden de 50.000 millones --no tengo
la cifra aquí, pero S. S. la conoce-- finalmente la obligación reconocida
fue exactamente de 107.000 millones de pesetas por la vía de ampliación
de crédito extraordinario. Se consideró que era más razonable
presupuestar lo correcto y así se hizo en 1995. Es decir, el fenómeno de
contabilización bruto-neto, el fenómeno Argelia y el fenómeno de una
presupuestación más adecuada hicieron que en 1995 la partida de Cesce
subiera a 150.000 millones de pesetas.

¿Por qué baja en 1996? --es la segunda pregunta de su señoría-- porque
las estimaciones con respecto a la siniestralidad de Argelia, sin
minusvalorarla, la realidad ha sido inferior a lo que preveía la Compañía
Cesce. De hecho, este año Cesce --ésa fue una de las preguntas de su
compañero-- lleva en estos momentos, en términos de obligaciones
reconocidas, del orden del 50 por ciento, unos 70.000 millones de pesetas
año 1995, y la previsión es no agotar el conjunto de la autorización del
crédito en el año 1995. En el año 1996, por tanto, se ha presupuestado de
forma más ajustada con las previsiones que se tienen en estos momentos;
la siniestralidad no va a ser tan fuerte y, por tanto, no hace falta
tanto dinero. De ahí que haya una caída de 14.000 millones que es del 9
por ciento con respecto a esta partida.

En cuanto a lo que me pregunta sobre la suscripción de acciones, esta
interpelación fue hecha literalmente por su compañero y no tengo ningún
inconveniente en decirle cuáles son las ampliaciones de capital que
tenemos previsto realizar y cuáles son las que se han realizado. Respecto
a las que tenemos previsto realizar, hay que hacer una pequeña reflexión.

El Capítulo 8, Suscripción de acciones, es una previsión. Las
ampliaciones de capital se producen cuando los órganos de administración
de las empresas deciden que se produzcan y no siempre son previsibles.

¿Por qué? Por poner un ejemplo, porque pueden responder a una determinada
operación que no estaba prevista al principio del ejercicio como la
entrada en una inversión determinada que requiere una ampliación de
capital o cualquier otra incidencia que no estaba prevista. En todo caso,
se producen de forma discontinua en el tiempo, es decir hay ampliación o
no hay ampliación de capital. De hecho, en los últimos años S. S. habrá
podido comprobar que el conjunto del crédito que tenemos en el
presupuesto no se agota --del que tengo yo en concreto, que soy el
responsable de esta partida para ampliaciones de capital en empresas del
grupo Patrimonio--. Esto es por dos razones: por razones de austeridad y
por razones de que creemos que sólo hay que hacer ampliaciones de capital
en las empresas públicas cuando son estrictamente necesarias.

En este contexto, ¿qué previsiones tenemos para el año que viene? En
principio la previsión total que tenemos es una partida de 61.164
millones. Para la Empresa Nacional de Autopistas es del orden de 4.000
millones de pesetas. ¿Qué hay detrás de esta previsión? La presentación y
posible adjudicación, en su caso, a la Empresa Nacional de Autopistas de
la nueva autopista de la Costa del Sol. Si esto se produjese Enausa
necesitaría recursos; aquí tenemos una previsión de que en el supuesto de
que esto se produzca --creo que Enausa ya se ha presentado al concurso y
si no, en todo caso, está decidido que se presente-- habría una necesidad
de capital que hemos estimado del orden de 4.000 millones. Es una
estimación. Puede ocurrir que no se adjudique y no lo necesite y puede
ocurrir que adjudicándosela necesite más o menos de 4.000 millones.

Sobre las Minas de Almadén tenemos una previsión de ampliación de capital
del orden de mil millones de pesetas. Es similar a las que se han tenido
que ir produciendo en los últimos años; se trata de una empresa cuya vida
económica no es muy positiva, por decirlo así.

En cuanto a Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios, tenemos una
previsión del orden de 20.000 millones de pesetas. Esta sociedad, como
sabe S. S., se constituyó para hacer las nuevas cárceles dentro de un
programa de instalaciones de cárceles que consistía no sólo en la
construcción, sino en la amortización de viejas cárceles que estaban
situadas fundamentalmente en el centro de núcleos urbanos y había que
sacarlas a las afueras de la ciudad. Ahí había dos tipos de operaciones:
la desamortización de las viejas cárceles y, en su caso, la
comercialización de los terrenos recalificados de esas viejas cárceles y
la construcción de las nuevas. Para todo eso se constituyó una empresa
pública que se llama Siepsa que está en la Dirección General de
Patrimonio, aunque muy en conexión con la Secretaría de Estado de
Administración Penitenciaria. Su previsión es del orden de 20.000
millones de pesetas. En los últimos años no se ha gastado esta cantidad.

Se viene gastando entre 15.000 y 18.000 millones. ¿De qué depende que se
gaste más o menos? Del ritmo al que se vayan realizando las obras que
están dentro del plan previsto y aprobado en su día por un acuerdo del
Consejo de Ministros.

Hay otra previsión importante, la de la sociedad Agesa; esta sociedad es
--digámoslo así-- la que heredó los restos



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de la Expo, desde el punto de vista patrimonial y financiero. Desde este
último hay un crédito Multidivisa que tiene unas amortizaciones anuales
de principal e intereses en torno a esos 20.000 millones, como le digo.

El resto hasta la totalidad de la partida es un cajón de sastre que le
llamamos, «Otras», que puede tener el contenido que en su caso tenga. Por
ejemplo, durante este año en ese «Otras» sólo ha habido una ampliación de
capital de 200 millones, creo recordar, en la Empresa de residuos
industriales, en Engrisa, que ha requerido una ampliación de capital por
entrar en un proyecto de inversión nuevo de pequeña importancia y
requerir una dotación de capital. Eso es fundamentalmente el Capítulo 8,
Suscripción de Acciones de la Dirección General del Patrimonio.

En cuanto al Capítulo 6, S. S. me ha pedido que le explique por qué
disminuye y ha hecho una reflexión, que no puedo compartir, sobre la baja
ejecución del presupuesto de inversiones reales de 1995, que ha estimado
en setenta y tantos por ciento, si mal no recuerdo. No tengo aquí los
datos de la ejecución del presupuesto de 1995, porque la comparecencia de
hace unos días fue precisamente para analizar la ejecución presupuestaria
y entonces fue cuando vine preparado para eso; ahora le puedo hablar de
memoria, pero no tengo ninguna cifra y me temo que en muchos casos vamos
a ser redundantes con esa intervención; por tanto, remito a S. S. al
«Diario de Sesiones».

Ha hecho una reflexión no sólo sobre la dotación de inversiones de la
Sección 15, sino una más general con respecto a las inversiones de los
Presupuestos Generales del Estado que no puedo compartir. Dice que la
baja ejecución de las inversiones lo que pone de manifiesto es que nunca
ha existido --he tomado nota de ello-- intención real de invertir, que no
existía voluntad de gastar y que era una forma --no lo ha dicho usted,
pero se puede desprender de sus palabras-- un poco espuria de buscar una
vía de ahorro no explicitada; es decir, se ponen inversiones más grandes
de las que vamos a ser capaces de ejecutar y luego al final del año lo
que decimos es que hemos ahorrado. Esto no es así, desde luego esa
voluntad no existe, lo que se pone en el Presupuesto se intenta gastar y
una realización del setenta y tantos por ciento en un ministerio no
inversor --usted mismo ha dicho que el conjunto del capítulo 6, dentro
del total del Ministerio, no llega ni al cinco por ciento-- no es un
éxito pero no creo que permita calificarlo en términos tan duros como
usted ha hecho. En todo caso, ¿por qué no ha sido un éxito? No ha sido un
éxito fundamentalmente por la partida de edificios y obras del
Ministerio, ahí ha sido donde la no ejecución fue más fuerte --le estoy
hablando a 31 de diciembre-- y arrastró al resto del capítulo donde la
ejecución fue muy elevada; no tengo aquí las cifras, pero sí puedo
decirle que fue muy elevada.

¿Qué pasó en inversiones y obras del Ministerio, una partida de 1.600
millones de pesetas para el año 1995? Fundamentalmente, ante problemas de
formalización de las obras y sobre todo de distribución de gastos entre
la Agencia Tributaria y nosotros que, como S. S. sabe, compartimos
edificios en la mayoría de las provincias españolas, se nos planteaba
siempre el problema de la distribución del coste de esas obras pero sobre
todo de su materialización en el sentido de contratos, etcétera, de esos
proyectos de inversión; si esas obras se tienen que hacer a medias entre
un ente más un ministerio la verdad es que, burocráticamente, es de una
compilación que no se imagina S. S., y el año pasado se optó porque fuera
la Agencia la que hiciera frente al pago de esas obras. Eso condujo a que
el capítulo 6 (edificios y obras: 1.600 millones, de un total de 7.000
millones) tuviera un grado de ejecución muy bajo por la razón que le he
dicho. Las obras que estaban previstas se hicieron, pero fueron
financiadas fundamentalmente por la Agencia y una parte de ese capítulo 6
se trasladó al Catastro precisamente porque había insuficiencias para
gastos de inversión y revisiones de catastro. Los problemas que estamos
teniendo en edificios y obras ha hecho que este año se haya pasado de un
crédito inicial en 1995 de 1.600 millones a un crédito inicial para 1996
de 600 millones, lo que supone una reducción nada menos que del 60 por
ciento, lo cual no significa que vayamos a reducir las obras en un 60 por
ciento, sino que lo que ahí existe es un poco ese fenómeno que le he
dicho, es decir, que el Ministerio se va a centrar en aquellas obras que
tienen menos problemas de tipo burocrático por no compartir las obras con
otras administraciones, fundamentalmente la Agencia.

Se ha referido también al INE y ha hecho una serie de reflexiones sobre
el mismo. Ha dicho que su presupuesto no crece apenas y que eso pone de
manifiesto que es posible lograr un funcionamiento eficaz de los
organismos autónomos sin incremento de gastos corrientes. No creo que S.

S. sea capaz de ver en los últimos años en ningún organismo autónomo, ni
en el INE ni en ningún otro, un incremento importante de gastos
corrientes. No obstante, la afirmación de que es posible lograr un
funcionamiento eficaz de los organismos autónomos sin incremento de
gastos corrientes, en principio, es correcta, aunque lo que sí habría que
decir es que depende. El año pasado no hubo un incremento importante de
gastos corrientes en el INE, aunque sí más que este año.

¿Qué pasó el año pasado y también éste? Que en el INE se está produciendo
fundamentalmente una reorientación presupuestaria para hacerla más
realista. Le voy a hacer una reflexión muy simplificada, pero creo que
usted me va a entender perfectamente. El INE no necesitaba, como le
ocurría antes, tanto gasto de inversión ni tanto gasto corriente en
términos relativos, porque muchas de las cosas que hace se financian con
gasto corriente (encuestas, encuestadores, etcétera). ¿Qué se estaba
haciendo tradicionalmente? Pues una doble ficción que no estaba bien y
por eso hemos intentado dejar de hacerlo: la primera consistía en
financiar una parte de los gastos corrientes con gastos de inversiones,
es decir con el capítulo 6 se pagaba a encuestadores, etcétera, y la
segunda --algo permitido por las leyes de Presupuestos hasta el año
pasado que lo prohibió-- consistía en traspasar el capítulo 6 al capítulo
2 (traspasar inversiones a gastos corrientes). Por tanto, lo que estamos
haciendo en el INE es redimensionar realmente lo que es inversión y lo
que es gasto corriente. Si usted va a ver el comportamiento del INE en
1995 verá que es como le digo y eso explica el recorte, si quiere usted
llamarlo así,



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de inversiones en el INE este año con respecto al año pasado, mientras
que los gastos corrientes se mantienen porque creemos que son
suficientes. Junto a eso, el año pasado el INE tenía un programa
importante con una magnitud del orden de los 2.000 millones de pesetas de
actualización del censo electoral que este año no tiene.

Me ha formulado una pregunta que ya plantearon en el año 1995 con
respecto al INE y es cómo se puede producir un volumen de ingresos por
publicaciones del 176 por ciento, aunque estemos hablando de una partida
muy pequeñita. Sinceramente no lo sé, pero lo consultaré en el INE y le
remitiré la respuesta por correo. Lo que sí le puedo decir es que el
programa de publicaciones del Ministerio y el del INE en particular
vienen sufriendo unas reducciones muy importantes en los últimos años,
tan importantes que la capacidad de generar ingresos por venta de
publicaciones ha pasado a ser, si me permite, vital y los organismos han
empezado a ser muy precisos en este tema cuando antes no lo eran, porque
era relativamente irrelevante. Los ingresos que se generaban estaban
bien, pero no eran fundamentales para el cumplimiento del programa de
publicaciones. Ahora sí lo son, ahora aquel que no genere ingresos por
venta de publicaciones tiene dificultades para editar esas publicaciones,
y detrás de eso puede estar la explicación de que se está presupuestando
con más rigor una previsión de ingresos por publicaciones. En todo caso,
responderé por escrito a S. S. con respecto a este tema que usted mismo
ha reconocido que es de muy menor cuantía.

El resto de la intervención de S. S. ha estado referida a temas de
ejecución presupuestaria. Yo creo que no debería entrar en este asunto
porque figura en el «Diario de Sesiones» y el Presidente sabe que hace
muy escasos días acordamos este tema, pero haré algún comentario al
respecto. Me ha hablado de las inversiones y me ha pedido que le envíe
por escrito los proyectos que hemos recortado. Se lo voy a enviar, pero
no me parece correcto el término «recortar» que ha empleado. No se ha
recortado ningún proyecto de inversión, tan sólo en edificios, como ya he
comentado anteriormente, pero el resto de las inversiones del Ministerio
se cumplieron en porcentajes muy superiores al setenta y tantos por
ciento y no ha habido recortes.

Me pregunta también por la previsión de ejecución que tenemos para el año
1996. Si en 1996 somos capaces, en el Ministerio de Economía y Hacienda,
de tener la misma ejecución que hemos tenido en el año 1995, creo que
deberíamos darnos por satisfechos ya que en este año el grado de
ejecución ha sido del noventa y muchos por ciento, dentro del límite de
obligaciones reconocidas, del recorte. Por tanto, si en el año 1996 somos
capaces de tener el mismo nivel de ejecución global que en el año 1995,
la verdad es que hemos cumplido con creces la autorización que nos dan
SS. SS. para gastar.

En cuanto al grado de ejecución para los créditos FAD ya lo debatimos con
su compañero extensamente y remito a S. S. al «Diario de Sesiones». El
tema de ampliación de capital en el año 1995 también fue tratado y su
compañero recibió la información oportuna; fundamentalmente han sido las
mismas, al menos Enausa que el año pasado no tuvo ampliación de capital;
en todo caso, figura en el «Diario de Sesiones».

Ha hecho también una reflexión literalmente idéntica a la que hizo su
compañero el otro día con respecto al recorte de 1995 y dice que con las
modificaciones posteriores del recorte de 1995 lo que se ha hecho es
reducir ese recorte al 85 por ciento. Aquí, creo que S. S. tiene también
un error, porque el recorte se hace por obligaciones reconocidas, y
nosotros no podemos reducirlo porque es la Intervención General la que
tiene un límite, la llave --como nosotros decimos--, y, cuando llegamos a
esa llave, no podemos pagar más. Por lo tanto, ahí no puede haber trampa
ni cartón. ¿Cuál es error? Que determinadas modificaciones,
fundamentalmente créditos extraordinarios y ampliaciones de crédito, no
entran dentro del recorte. Este año, y el pasado también, tenemos algún
tipo de ampliación, generación de crédito y crédito extraordinario, que
son casi exclusivamente nuestras modificaciones, que son los créditos
para el cumplimiento de sentencias, por ejemplo, en el tema de los
farmacéuticos, que quizá conoce S. S. y que expliqué el otro día
exhaustivamente, y las generaciones de crédito en la Agencia Tributaria,
que están previstas en la Ley. Fundamentalmente, esas dos modificaciones
son prácticamente la totalidad de las mismas y no entran a computarse
dentro del recorte. En consecuencia, ya quisiera yo que el recorte de los
12.000 millones fuera como S. S. dice; es recorte puro y duro, es decir,
no puedo gastar 12.000 millones de pesetas, no los voy a gastar, y no los
estoy gastando, porque los créditos extraordinarios y modificaciones no
entran dentro del, digámoslo con no mucha precisión, recorte.

Creo que ya he respondido a todos los planteamientos que me ha hecho su
señoría. En todo caso, muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): Por si desea hacer alguna
aclaración complementaria, tiene la palabra el señor Sanz Palacio.




El señor SANZ PALACIO: Muy brevemente, señor Presidente, para agradecer
al señor Subsecretario la información que nos ha facilitado. Esperamos
que la información que le hemos solicitado nos la envíe por escrito, y
decirle que si hemos insistido en el tema de la ejecución del Presupuesto
es porque hay algunos datos y algunas peguntas que quedaron sin
contestar, por lo que le rogaría que en la medida que sea posible nos la
haga llegar a la mayor brevedad, sobre todo en lo que se refiere al tema
de las sociedades, ya que hay un desfase. Usted ha estado dando una serie
de cantidades de ampliaciones de capital, y, si no me he equivocado,
suman unos 42.000 millones aproximadamente, y, en cambio, la cifra son
61.000 millones, es decir, un tercio. Sobre esto, nos gustaría que nos
informara por escrito.




El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): Tiene la palabra el señor
Subsecretario.




El señor SUBSECRETARIO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Blanco-Magadán y Amutio):
No soy consciente



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de que en la comparecencia del otro día dejara pendiente de mandar
información por escrito. Si es así, lo verificaremos.

En todo caso, sí es cierto lo que usted ha dicho sobre los 61.000
millones. Yo le he dado cifras del orden de los 40.000 millones, y el
resto es una partida de «Otros». Eso es así, no podemos prever más. De
hecho, este año no nos vamos a gastar los sesenta y tantos mil millones
que tenemos, no hay más previsiones. Por tanto, yo le puedo mandar por
escrito lo que le he dicho oralmente, pero en el resto pondremos «Otros»
porque no tenemos otras previsiones. Es un cajón de sastre que lo tenemos
ahí en previsión por si ocurrre algo. Fíjese S. S. qué ocurriría, por
ejemplo, en una empresa que necesitara hacer una ampliación de capital
para entrar en un concurso público. Si no tuviéramos la dotación
presupuestaria, tendríamos que acudir al instrumento de un crédito
extraordinario, que S. S. convendrá conmigo que no es el instrumento más
idóneo para una operación como ésta. De ahí, que esta partida vaya
holgada, presupuestariamente hablando, y, de hecho, no nos la estamos
gastando en cantidades importantes, cantidades de la magnitud que usted
ha dicho, del orden de 20.000 millones de pesetas en los dos últimos
años. No es sólo que no haya trampa ni cartón, sino que no hay más cera
que la que arde. Eso es lo que hay dentro.




El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): Muchas gracias, señor
Subsecretario. Con sus palabras termina su comparecencia. (El señor
Presidente ocupa la Presidencia.)



--DEL DIRECTOR GENERAL DEL TESORO Y POLITICA FINANCIERA (Conthe
GutiErrez). A SOLICITUD DEL GRUPO POPULAR. (Número de expediente
212/001699.)



El señor PRESIDENTE: Señoras y señores Diputados, comienza la
comparecencia del señor Conthe, Director General del Tesoro y Política
Financiera, solicitada por el Grupo Parlamentario Popular. En su nombre
tiene la palabra el señor Montoro.




El señor MONTORO ROMERO: Muchas gracias al señor Director General por su
comparecencia en la sesión de hoy, orientada, según la demanda del Grupo
Popular, a conocer con una mayor precisión el título V de los
Presupuestos Generales del Estado, dedicado a la Deuda Pública.

El Grupo Popular ha manifestado continuamente su preocupación por la
evolución del déficit público y su inevitable corolario --la evolución de
la Deuda Pública-- en nuestro país. Una vez más, y con motivo de esta
comparecencia, queremos reiterar que la evolución del déficit y de la
Deuda Pública en España registran un comportamiento que, sin duda alguna,
tenemos que calificar como muy grave. A ese respecto, el cumplimiento de
las previsiones contenidas en el Programa de Convergencia, establece que
seguimos registrando un aumento incesante de la Deuda Pública en su
participación sobre el producto interior bruto, de forma que incluso la
previsión para el año próximo sería un crecimiento, de acuerdo con el
Programa de Covergencia, de dos puntos porcentuales del producto interior
bruto.

Tenemos que recordar que si se cumplieran las previsiones oficiales, y
estimamos que, en términos nominales, se cumplirán, el producto interior
bruto rondará el año que viene los 75 billones de pesetas. Estamos, pues,
ante crecimientos que tienen una gran envergadura; estamos, pues, ante
crecimientos de la Deuda Pública que significan, en definitiva, el
alejamiento del criterio de Maastricht, puesto que aun cumpliendo el
Programa de Convergencia en lo que tenemos que insistir es que las
previsiones del Gobierno en materia de Deuda Pública alejan a España del
límite del 60 por ciento del producto interior bruto; en definitiva, del
límite de Maastricht.

Esta preámbulo no es ocioso ni de orden menor, puesto que las preguntas
que tenemos que formular hoy al Director General del Tesoro se enmarcan
en esto que he llamado antes severa preocupación que sufrimos, porque
consideramos el aumento de la Deuda Pública y el alejamiento del
cumplimiento del criterio de Maastricht como una auténtica amenaza para
el bienestar de los españoles en el futuro.

Con ese crecimiento de la Deuda Pública, señor Presidente, estamos
ejerciendo una presión alcista sobre los tipos de interés; con esos
desequilibrios presupuestarios que seguimos registrando en nuestro país,
en definitiva, estamos presionando sobre los mercados financieros y
estamos dando una justificación para que esos mercados financieros
dictaminen que España tiene que tener unos tipos de interés que resultan
demasiado altos para las conveniencias de nuestro crecimiento económico y
para la imperiosa necesidad de creación de empleo, puesto que, una vez
más, tenemos que recordar que el desempleo constituye el principal
problema de ámbito social de nuestro país.

El crecimiento de la carga de interés de la Deuda Pública para el año
próximo es muy importante, como sabe el señor Director General del
Tesoro, puesto que las estimaciones de la evolución de la carga de
intereses establecen que el año que viene el capítulo III --gastos
corrientes de la Administración Central del Estado-- aumentará en 0,5
billones de pesetas. Ese crecimiento está revelando, en primer lugar, el
fracaso de la corrección de los déficit públicos en los Presupuestos
anteriores, es decir, el fracaso en la aplicación de una política
económica y, en particular, de una política presupuestaria rigurosa como
nuestro país requería. En segundo lugar, este incremento de intereses
está revelando las duras consecuencias de las crisis financieras que se
han producido --y ya hablamos en plural, lamentablemente en nuestro
entorno y que están dejando sobre nosotros esa dolorosa huella que se
refleja en los Presupuestos de un incremento de la carga de intereses,
que es el objeto central de esta comparecencia del señor Director General
del Tesoro, solicitada por el Grupo Parlamentario Popular.

Asimismo, en este preámbulo explicativo, el Grupo Popular quiere insistir
en que el crecimiento de la Deuda Pública



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resulta insostenible para la economía española y, en definitiva, para el
conjunto de la sociedad, porque lo que estamos haciendo con estos
crecimientos de la Deuda Pública es reducir las expectativas de
crecimiento del producto interior bruto, sembrar las dudas sobre lo que
será la evolución de los impuestos en el futuro e inducir hacia un
comportamiento de los agentes económicos, que es reductor del crecimiento
económico. Y no es ocioso recordar esto en una mañana en la que hemos
conocido la feliz noticia de la concesión del Premio Nobel de Economía al
economista americano Robert E. Lucas, que es el autor de «La teoría de
las expectativas racionales», y que en su teoría central insiste en la
importancia que tiene la formación de esas expectativas a la hora de
vaciar los proyectos de las políticas económicas modernas.

Eso es exactamente lo que ocurre con esta acumulación de Deuda Pública y
eso es lo que el Grupo Popular advierte y denuncia del contenido de los
Presupuestos Generales del Estado para el año 1996.

En esos Presupuestos, una vez más, la evolución de la cuenta financiera
de las administraciones centrales del Estado es un capítulo difícil de
conocer realmente en su contenido. La información sobre ese capítulo
sigue siendo escasa y agradeceríamos que esta mañana el Director General
del Tesoro nos informara con mayor detalle tanto sobre lo que ha sido la
evolución reciente de esta Deuda Pública en el ejercicio 1995, como sobre
lo que, desde su perspectiva, va a ser la evolución de la Deuda y, en
definitiva, de la necesidad de endeudamiento de las administraciones
centrales del Estado el año próximo.

Hemos visto en estos Presupuestos del Estado para 1996 que se registra un
superávit primario del orden del 1,2 por ciento del producto interior
bruto. Como SS. SS. recordarán, ese superávit primario no es otra cosa
que el descuento de la carga de intereses en la cuenta de renta de las
administraciones centrales del Estado. A pesar de ese registro de
superávit primario, el año que viene asistiríamos, de cumplirse las
estimaciones del Programa de Convergencia, a un nuevo incremento de la
participación de la Deuda Pública en el producto interior bruto de dos
puntos porcentuales.

La pregunta que quería trasladar al Director General del Tesoro es: ¿Cual
es la cuantía que estiman en la Dirección General del Tesoro en cuanto a
superávit primario? ¿Qué superávit primario tendríamos que tener en
España para detener el crecimiento de la Deuda Pública y comenzar su
descenso, cuando lo que necesitamos es facilitarlo a partir de las altas
cotas que ha registrado?
Además de formular esta pregunta, quería insistir sobre la conveniencia
de utilizar su presencia en el Congreso de los Diputados para
facilitarnos el mayor detalle posible en cuanto a la evolución de la
Deuda Pública, tanto en el ejercicio de 1995, como las previsiones para
1996. También quería recordar que el Grupo Popular solicitó el 1 de julio
del año en curso, a través de tres preguntas formuladas por este Diputado
al Gobierno, información sobre las consecuencias de la depreciación de la
peseta y del endeudamiento en moneda extranjera habida cuenta que la
crisis financiera que habíamos vivido durante varios meses había dejado
una huella en forma de pérdidas, de minusvalías en definitiva, al tener
que hacer frente a esa deuda en divisas y a la que tenemos que responder
con nuestra capacidad en pesetas. Por este motivo le preguntábamos al
Gobierno cuáles eran las consecuencias negativas para nuestro país,
negativas en el sentido de incremento de la deuda o, dicho más
llanamente, las pérdidas que se derivaban de los efectos económicas
negativos de esa crisis financiera sobre las posiciones de deuda del
Tesoro y, en definitiva, sobre las posiciones de deuda de los
Presupuestos del Estado.

En aquella fecha formulábamos tres preguntas sobre dichas pérdidas, sobre
el coste del aumento de los tipos de interés de la deuda y sobre el gasto
por intereses, habida cuenta de que desde febrero de 1994 se registraba
una tendencia alcista de los tipos de interés, se invierte su expectativa
de evolución hasta que se modera a mediados de 1995, circunstancia que
también ha provocado unas consecuencias sobre la Deuda Pública. Y,
completando estas tres preguntas, plateábamos otra cuestión, cual era la
estrategia del Tesoro en cuanto a los plazos de vencimiento, a la vida
media de la deuda. Pretendíamos conocer las huellas que ha generado en
nuestro endeudamiento la crisis financiera que hemos padecido en nuestro
país. La fecha del registro de salida de esas preguntas de la Cámara fue
el 1 de julio de 1995 y, de acuerdo con el registro general de salida,
las respuestas se enviaron al domicilio de este Diputado el 6 de octubre
de 1995. Eran preguntas complejas, pero entendemos que el plazo que se ha
tomado la Dirección General del Tesoro y, en definitiva, el Ministerio de
Economía para responder a estas importantes cuestiones es excesivo. Sin
embargo, nos tenemos que felicitar porque, al menos, hemos dispuesto de
algunas horas de anoche para conocer la información de la que dispone el
Gobierno y consideramos que es oportuno que la tenga el conjunto de la
sociedad.

El Gobierno me facilita el dato de que las pérdidas por diferencia de
cambio en 1994 ascienden a 63.677 millones de pesetas. Esto es
consecuencia de todas las turbulencias financieras vividas en dicho año.

Y si acumulamos las pérdidas derivadas por pago de intereses, la cifra
alcanza los 187.528 millones, lo cual supone un coste financiero total
acumulado, tal y como me lo está facilitando el Gobierno, del orden del
9,5 por ciento.

Respecto a los datos de 1995 tengo que lamentar --quiero que conste así
en el «Diario de Sesiones»-- que, a pesar de que la información se me ha
remitido en los primeros días de octubre, sin embargo los datos se
cierran en el primer trimestre de 1995. Es una información muy pobre,
estoy seguro de que no se corresponde con los datos que obran en poder de
la Dirección General del Tesoro, y le brindo al Director General del
Tesoro la oportunidad de que corrija esta deficiencia de información y
que facilite unos datos más completos a este Diputado, a este Grupo
Parlamentario, en definitiva, a la sociedad española, enviándonos por
escrito cuánto han supuesto esas diferencias en cambios. En cualquier
caso, y en lo que se refiere al saldo vivo a 31 de marzo de 1995 las
pérdidas por diferencias de cambio en millones de pesetas son de gran
envergadura, porque estamos hablando de 250.521 millones de pesetas. Es
una huella negativa de esa crisis financiera que



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hemos padecido y que se deriva de la estrategia de Tesorería. No estoy
criticándola porque he leído la documentación que me ha aportado y me han
parecido razonables los criterios que se establecían. Lo que ocurre es
que vivimos en un mundo que, como sabe el señor Conthe, es de difícil
predicción, él lo sabe mejor que nadie, y los supuestos de los que partía
la gestión de la Tesorería pública son precisamente los que se han
incumplido. En definitiva, la peseta es la moneda que se ha depreciado
más en comparación con las monedas extrajeras. De ahí estos registros que
ascienden a 250.521 millones de pesetas, a los que se añade una pérdida
por el pago de intereses de 73.554. Sumados ambos datos, lo cual
representaría el neto de pérdida, tanto la derivada de las diferencias de
cambio como la derivada por los intereses, el coste financiero total
supone un 9,2 por ciento según la información facilitada, supongo, por su
Dirección General aunque me llegue vía registro del Ministerio de la
Presidencia.

Respecto al aumento de los tipos de interés de la Deuda la respuesta que
ha recibido este diputado es no ya escasa sino insinuante, porque con un
escrito firmado por el Ministro de la Presidencia el 27 de septiembre de
1995 y cuando entran en la Cámara los Presupuestos Generales del Estado
el día 28 --el Ministro de Economía celebra esa ceremonia ritual de la
entrada con la furgoneta en el patio del Congreso de los Diputados el día
28--, como decía, este Diputado recibe una respuesta en la que se le
señala que en lo relativo a la carga de intereses para el año 1996
resulta prematuro pronunciarse a estas alturas del ejercicio sobre su
cuantía y sobre el efecto de la fluctuación de los tipos de interés en el
primer trimestre de 1995. ¡Maravilloso! Realmente no sé cómo pudieron
cerrar los Presupuestos si yo recibo firmada por el Ministro de la
Presidencia una conclusión de este tipo el día 27 de septiembre de 1995.

Estoy seguro de que los servicios del Ministerio de la Presidencia sabrán
de lo que están hablando cuando construyen párrafos como éstos, ¿o es que
estamos desvirtuando el contenido de los Presupuestos, señor Conthe, y no
sabemos cuál es la carga de los intereses que tendremos que afrontar el
próximo año? ¿Lo han hecho ustedes por aproximación? Habría que advertir
al redactor material de estos documentos que antes de que un ministro
firme, ponga su rúbrica, debería tener un alto grado de responsabilidad y
debería cuidar bastante más el contenido de las respuestas que se
facilitan a esta Cámara porque, en definitiva, son respuestas que se
están facilitando al conjunto de la opinión pública española.

En lo que se refiere a cómo ha incidido la crisis financiera en la
estrategia del Tesoro o, dicho más claramente, si realmente las
consecuencias de esta crisis financiera fueron la inclinación, el sesgo
del Tesoro a la financiación más a corto plazo, habida cuenta de que se
produjo una subida de tipos a largo plazo, este Diputado ha recibido una
respuesta del Ministerio de la Presidencia, aunque supongo que viene de
los servicios técnicos de la Dirección General del Tesoro, y, además,
aquí se nota más, porque incluso el planteamiento de la respuesta parte
del mismo Tesoro, y el Grupo Popular tiene que felicitarse de que, tal y
como se afirma en dicho escrito, el Tesoro comparta nuestras
preocupaciones en cuanto a que las consecuencias de la crisis financiera
puedan haber supuesto un aminoración de los plazos de vida media de la
Deuda. A lo largo del escrito se me insiste en que no, pero entiendo que
la manera de razonar y los datos que se me facilitan realmente no me
permiten aseverar lo contrario. No hay por qué razón ser concluyente a
este respecto. Hemos sufrido una crisis financiera consistente en la
elevación de los tipos a largo plazo y en buena medida es lógico que se
genere en una estrategia nueva en el seno de la Dirección General del
Tesoro, en el sentido de intentar acortar plazos esperando a que amaine
esa tormenta, como en principio podría entenderse que ha ocurrido cuando
han descendido ya los tipos de interés a largo.

Además de completar esta información y estas valoraciones, hay un último
planteamiento que no quiero dejar de hacer aparecer esta mañana en las
preguntas que formula el Grupo Popular al Director General del Tesoro.

Tanto en sus escritos de respuesta como en sus intervenciones públicas y
en sus escritos de prensa, el Director General del Tesoro ha interpretado
en todo momento que lo que nos ha ocurrido, lo que ha ocurrido en España
ha sido una consecuencia de lo que han llamado --yo le pondría unas
comillas-- la sobrerreacción de los mercados. Ese es un término que
entendemos defensivo. ¿Qué es esto de que los mercados sobrerreaccionan?
Suponemos que a continuación se verán compensados por las
infrarreacciones de los mercados. Repito que es un término defensivo y
por el momento lo que sí que conocemos --y en esto no estamos
discutiendo, no estamos entrando en ningún tipo de polémica, Director
General del Tesoro-- es que España sigue teniendo una prima de riesgo
país muy elevada. Eso es lo que conocemos. Supongo que de acuerdo con sus
palabras --y yo le invito a que las vuelva a pronunciar esta mañana-- y
con sus interpretaciones será porque los mercados siguen
sobrerreaccionando con lo que es nuestra posición en esos mercados,
nuestra imagen en esos mercados. Pero sería oportuno que fuéramos
clarificando ante esos mercados que desde el propio Gobierno, desde el
Ministerio de Economía, se entienden cuáles son las auténticas causas
explicativas de por qué España está padeciendo esa prima de riesgo país
tan alto, que es lo mismo que decir que por qué España tiene unos tipos
de interés tan altos, que es lo mismo que decir que por qué en España la
recuperación económica no se traslada al bienestar de los ciudadanos, que
es lo mismo que decir que por qué persiste sobre nosotros una amenaza en
forma de altos tipos de interés que perjudica el crecimiento de nuestra
economía.

Quería preguntar al señor Director General del Tesoro cuál es su
criterio, cómo se interpretan, además de las razones que ustedes han
vuelto a reiterarme en su escrito, las turbulencias financieras
desencadenadas en enero, mejor dicho en diciembre, porque le recuerdo que
realmente fue en diciembre y que la prima de riesgo país se abrió durante
el año 1994. Empezamos en enero de 1994 con 200 puntos básicos, pero a
comienzos de diciembre, antes de que aparecieran los últimos escándalos
en España, los escándalos políticos sobre el Gobierno socialista,
estábamos en 365 puntos básicos. Después nos hemos metido en 550 puntos



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básicos durante la plenitud de la crisis financiera, de eso que llaman
las turbulencias financieras, y aún hoy no bajamos de estos 430-440 y no
abandonamos esa posición de extrema vulnerabilidad que tendrá unas
consecuencias bastante negativas sobre los presupuestos de los años
siguientes.

Quiero finalizar esta primera intervención, señor Presidente, preguntando
también al señor Director General, en la medida en que considere que
puede facilitar la información, sobre los vencimientos de la deuda
pública en el año 1996 y cuáles son las perspectivas del Tesoro o, en
definitiva, qué espera el Tesoro en cuanto a tipos de interés para esos
meses venideros, puesto que los vencimientos de deuda pública para el año
que viene, como todo el mundo sabe --no ya los expertos sino que es de
público conocimiento-- son muy importantes. Se va a abrir la oportunidad
incluso de reducir la carga de los intereses de la deuda pública, si
antes hemos sido capaces de reducir lo que en terminología de la
Dirección General del Tesoro llaman la sobrerreacción de los mercados, en
definitiva, si somos capaces de reducir la prima de riesgo, si somos
capaces de recuperar la imagen de España ante esos mercados. Vamos a
tener una oportunidad de reducir esa carga de intereses para los
ejercicios venideros, que es como afirmar que los presupuestos generales
del Estado de los años siguientes no tienen por qué verse atosigados por
una carga de intereses tan fuerte, tan importante como la que padecen en
los presupuestos del año 1996.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Director General del
Tesoro.




El señor DIRECTOR GENERAL DEL TESORO Y POLITICA FINANCIERA (Conthe
Gutiérrez): Señor Presidente, lo primero que tengo que señalar es que,
desgraciadamente, la información que se ha transmitido al Grupo Popular
la elaboramos en el Tesoro por el mes de marzo o abril y por alguna razón
que desconozco se ha demorado su transmisión. Afortunadamente, me he
permitido traer un conjunto de cuadros que actualizan hasta el 30 de
septiembre absolutamente toda esa información y yo creo que dan cumplida
respuesta a prácticamente la mayor parte de los interrogantes que ha
planteado el señor Montoro. Creo que sería preferible distribuirlos,
porque sobre la base de estos datos se entenderán mejor las
explicaciones.

Siguiendo el orden en que lo he anotado, la primera pregunta es la
evolución reciente de la financiación del Estado en el año 1995.

Precisamente en las páginas 1 y 2 de este conjunto de cuadros que he
distribuido se ve cómo ha ido evolucionando de momento sólo la
financiación en pesetas, luego hay un cuadro posterior en divisas, a lo
largo de los meses. El cuadro de la página 1 es el importe en cada mes y
el cuadro de la página 2 son los importes acumulados. Con la simple
inspección ocular de este cuadro se percibe que desde el mes de enero
hasta incluso el mes de abril, hasta la Semana Santa, fueron unos meses
en que la financiación en pesetas que obtuvo el Tesoro fue bastante
escasa. En realidad en enero fue negativa por un importe de un billón de
pesetas, entre otras cosas porque teníamos unos vencimientos de letras
muy cuantiosos, como se ve en el cuerpo central en lo relativo a
amortizaciones. Precisamente tuvimos una pérdida de financiación en
pesetas de un billón, que en buena medida compensamos, como luego
indicaré, mediante la utilización de una línea de crédito en divisas que
habíamos contratado en su día y de la que dispusimos por importe de 3.000
millones de pesetas. En febrero la situación cambió un poquito. En marzo
todavía tuvimos financiación negativa; marzo fue el mes de la cuarta
devaluación de la peseta, Pero, como se ve, afortunadamente a partir del
mes de mayo --la Semana Santa le sentó bien a los mercados financieros--
la tendencia claramente se modificó. En el mes de junio la financiación
que obtuvimos en pesetas fue muy significativa y, sobre todo, tuvo un
gran componente en el largo plazo. Otro tanto cabe decir de julio y
agosto, y septiembre lo acabamos de concluir con una financiación neta en
pesetas de más de medio billón, de 510.000 millones. De forma que, como
se ve en el cuadro de la página 2, en lo que atañe a pesetas hasta el 30
de septiembre habíamos acumulado una financiación neta de dos billones
674.000 millones, y lo más importante --dando respuesta a sí a una de las
preguntas que se me formulaba-- es que una parte extremadamente
significativa de esa financiación ha venido mediante instrumentos a largo
plazo, bonos, que son a tres y cinco años, por un billón 76.000 millones,
y obligaciones del Estado, a 10 y 15, por un billón 110.000 millones. Así
pues, cada una de esas dos cifras excede con creces de la financiación
neta obtenida con letras del Tesoro, esencialmente instrumentos a un año,
cuyo importe acumulado hasta el 30 de septiembre ascendía a 609.000
millones de pesetas.

Hay que constatar con satisfacción que esas turbulencias que los mercados
financieros vivieron hasta el mes de marzo, los internacionales al calor
de la crisis de Méjico y de la debilidad del dólar, y muy singularmente
el mercado de la peseta influido por esos factores y por los factores
internos a los que brevemente haré alusión; superada a partir de marzo o
abril esa situación de dificultad, las aguas volvieron a su cauce y, por
consiguiente, la tranquilidad también se fue asentando en una mejor
evolución del índice de precios al consumo, que dio un tono más tranquilo
a los mercados, y poco a poco la financiación del Estado en instrumentos
a largo plazo fue mejorando.

En términos acumulados el cuadro 3 integra no sólo las emisiones en
pesetas sino las emisiones en divisas. Se ve que en el período
enero-septiembre lo que llamamos la necesidad de financiación neta total
del Estado fue de tres billones 57.000 millones. Esta es una
consideración que volveré a repetir. Al Tesoro, a la hora de financiar,
no le interesa sólo lo que contablemente se llama déficit de caja, sino
que desgraciadamente la necesidad de financiación del Tesoro es más
amplia que el déficit de caja porque incluye también el llamado capítulo
8 del presupuesto, que no computa como déficit de caja pero que hay que
pagarlo y, por consiguiente, aumenta la necesidad de endeudamiento del
Estado, de forma que hasta el 30 de septiembre, aunque el déficit de caja
había sido dos billones y pico, la necesidad total de financiación para
el Tesoro había superado



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ligeramente los tres billones. Pues de esos tres billones, en pesetas,
como antes explicaba, habíamos obtenido una financiación de dos billones
674.000 millones, muy superior, dicho sea de paso, a la del período
similar en el año 1994; en divisas, por lo que luego explicaré, la
financiación neta a 30 de septiembre era ya bastante modesta, 391.000
millones, y el saldo en la cuenta del Banco de España había aumentado en
130.000 millones de pesetas, es decir, que estaba un poquito más alto de
lo que comenzó a principios de año, que era un billón ochocientos
cuarenta y tantos mil, y ahora estamos casi en los dos billones de
pesetas.

La rúbrica de operaciones financieras especiales neto es una especie de
cajón de sastre, que en realidad equivaldría a lo que en contabilidad de
empresa sería desfases contables, que refleja el influjo neto sobre el
saldo de nuestra cuenta corriente de aquellas operaciones que, aunque son
intermediadas por el Tesoro, no forman parte de la contabilidad pública
--pagos de la Comunidad a administraciones públicas distintas al Estado,
etcétera-- y no tienen especial trascendencia. Como fruto de esa
financiación, a lo largo del año, los cuadros de las páginas 4 y 5
muestran el stock de deuda en circulación y la vida media de la deuda. En
el cuadro de la página 4 se ve que a 30 de septiembre el Estado tenía una
deuda viva en circulación que en términos efectivos --es el que figura en
la rúbrica 1-- ascendía a 36,7 billones de pesetas. Digo que es en
términos efectivos porque aquí, como siempre hacemos en el Tesoro, las
letras del Tesoro como instrumentos al descuento las contabilizamos por
su efectivo, no por su nominal. Los intereses se computarán en su momento
en el déficit cuando se pague. Digo que esa es una cifra bruta porque, si
nos atenemos a la definición todavía vigente en la Ley General
Presupuestaria de endeudamiento del Estado, la noción interna española de
endeudamiento del Estado es una noción neta, porque según dicha ley se
debe deducir el saldo neto de la posición del Tesoro en el Banco de
España.Como es cierto que históricamente el Banco de España tiene todavía
frente al Estado unos préstamos vivos de un billón 877.000 millones, pero
también que el saldo de la cuenta del Tesoro en el Banco de España a 30
de septiembre ascendía, como se ve en la penúltima columna con signo
negativo, a un billón 973.000 millones, se ve que en términos de la
legislación interna el endeudamiento vivo del Estado, a 30 de septiembre,
era 34,8 billones de pesetas, o dicho en la terminología bruta del
Tratado de Maastricht 36,7 billones. Yo siempre insisto en que la
definición española tiene mucho más sentido que la definición bruta,
porque no es lo mismo tener un cierto importe de deuda bruta si se tiene
mucho dinero en el Banco de España que si se tiene poco. La noción
genuinamente relevante a efectos financieros es la noción de deuda neta
descontados los saldos del Tesoro en el Banco de España, pero puesto que
la noción que se utiliza a efectos del criterio de Maastricht es la bruta
también aparece aquí incluida.

El cuadro de la página 5 muestra cuál ha sido la evolución de la vida
media de la deuda del Estado, tanto en pesetas como en divisas. Para
empezar, en el cuadro se ve que la vida de la deuda en divisas siempre ha
sido en promedio muy superior a la deuda en pesetas, lo que muestra que,
normalmente, cuando el Tesoro se endeuda en divisas lo hace a largo plazo
porque, primero, esos plazos son siempre asequibles en las operaciones en
divisas y, segundo, entendemos que en una operación en divisas hay menos
riesgo de cambio si el plazo es largo que si el plazo es corto, porque el
diferencial de intereses normalmente negativo en favor del endeudamiento
en divisas permite compensar posibles evoluciones del tipo de cambio
mucho mejor si el plazo es largo que si el plazo es corto. Por eso decía
que la deuda viva en divisas al 30 de septiembre estaba en 6,21, que es
mayor que la deuda en pesetas. Pero en la deuda en pesetas se observa,
inspeccionando el cuadro en la cifra total, que habiendo rebasado ya con
creces la cifra ínfima que tenía nuestra vida media a finales de 1989,
1,25 años o incluso 1,13 a finales de 1990, que fue el mínimo histórico,
estamos ahora otra vez prácticamente en una vida media superior a los
tres años y, como digo, prácticamente igual a la de diciembre de 1993,
que alcanzó un máximo histórico a final de ejercicio en 3,06 --ahora
estamos en 3,02--. Aunque aquí no figuran las cifras mensuales del año
1994, el máximo histórico en realidad se alcanzó en marzo de 1994,
después de las grandes emisiones de deuda a largo que se produjeron a
principios del año pasado, pero a final de año se ve que hemos superado
ya los tres años de vida media y, por consiguiente, creo que se ratifica
una vez más aquello que con carácter preliminar ya decíamos en ese
informe que obra en poder del Grupo Popular: que el acortamiento de la
vida media no era tan intenso como a veces algunos comentarios públicos
pudieran hacer creer.

En cuanto a las necesidades de endeudamiento en el año 1996, que era la
segunda de las preguntas, yo no puedo sino constatar que, de acuerdo con
el artículo 45 del proyecto de ley de presupuestos, se prevé que el
endeudamiento neto del Estado aumente en 3,1 billones de pesetas. De
nuevo se ve que realmente la cifra de la apelación del Tesoro a los
mercados financieros es superior al déficit de caja, precisamente por el
efecto de esas llamadas operaciones de capítulo 8. Si quisiéramos ver el
aumento de pasivos que va a tener el Estado a lo largo del año 1996,
tendríamos que añadir a esos 3,1 billones de pesetas los 416.000 millones
de pesetas adicionales de deuda asumida, de forma que el verdadero
aumento de pasivos netos del Estado a lo largo de 1996 será 3,5 billones
de pesetas si se cumplen las previsiones presupuestarias. Digo esto
porque lo relevante a efectos de la dinámica de la deuda, y en particular
lo relevante también a los efectos del superávit primario que
estabilizaría el stock de deuda, no es la cifra de déficit
presupuestario, sino esa magnitud desgraciadamente mayor que es el
aumento del pasivo del Estado, que será, como digo, si se cumplen las
previsiones presupuestarias, del orden de los 3,5 billones de pesetas.

Esto me trae a la memoria que a veces se hacen estimaciones del superávit
o déficit primario del presupuesto mediante la simple sustracción de la
carga de intereses al déficit de caja. Si se quiere llamar a eso
superávit primario o déficit primario, que se llame, pero verdaderamente
la noción de superávit o déficit primario es una magnitud que sólo tiene
su sentido



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a efectos del análisis dinámico de la magnitud de la deuda, y para
calcular el verdadero superávit o déficit primario en ese sentido
financiero, que yo creo que es el único relevante, hay que tener en
cuenta no sólo el déficit de caja sino esa otra magnitud mayor a la que
me he referido, que es la necesidad de endeudamiento del Estado más las
deudas asumidas.

Partiendo de esa concepción, me preguntaba el señor Montoro cuál sería el
superávit primario, definido de esa forma, que permitiría estabilizar el
stock de deuda. Yo aquí no tengo los cálculos, pero, como bien es sabido,
para que el stock de deuda en un presupuesto, en términos del producto
interior bruto, permanezca estabilizado de un año para otro se necesita
un superávit primario que, muy simplificadamente, tiene que ser la
diferencia entre el tipo de interés medio de la deuda de los costes
financieros del Estado y el crecimiento nominal del PIB, ponderado por el
porcentaje de deuda PIB de esa economía, si bien es verdad que dividido,
más que por uno, por uno más el crecimiento del PIB nominal. En el caso
español, si tenemos un crecimiento del PIB del orden del 6 o el 7 por
ciento y tenemos un coste financiero de la deuda del 9 o el 10 por ciento
en promedio, hay dos o tres puntos de diferencia entre el coste
financiero promedio de la deuda y el crecimiento nominal del PIB. Dos o
tres puntos ponderados por el porcentaje de deuda PIB, que es 0,65, nos
llevarían a que para mantener estable el stock de deuda pública
necesitaríamos un superávit primario del orden de un punto y medio o algo
más del PIB, superávit primario definido en ese sentido, es decir,
descontando al aumento de pasivos, o sea, al verdadero déficit relevante
financieramente, la carga de intereses de la deuda. Esa circunstancia,
afortunadamente, no se dará todavía en el presupuesto de 1996, pero de
acuerdo con las previsiones del Programa de Convergencia sí se produciría
ya en el año 1997. Por eso yo creo que el Programa de Convergencia, si se
cumple, permitirá a España cumplir las condiciones de convergencia
fijadas en el Tratado de Maastricht en el año 1997, porque ya en dicho
año se producirá un ligero descenso del stock deuda PIB y puede
entenderse que ese descenso, en la medida en que estamos muy cerca del
nivel de referencia del Tratado de Maastricht del 60 por ciento,
permitirá a España cumplir esa condición, porque cuando se está por
encima del 60 por ciento se puede cumplir la condición si el stock viene
descendiendo a un ritmo que se aproxime suficientemente al nivel de
referencia del 60 por ciento.

En cuanto al cálculo de la carga de intereses, es verdad que en el mes de
abril en el Tesoro no podíamos hacer ninguna estimación fiable de cuál
iba a ser la carga financiera de intereses en el año 1996, porque
dependía del tipo de interés que se produjera en los meses sucesivos. Si
hubiéramos hecho los cálculos con los tipos de interés tan altos que
entonces regían, nos hubiera salido una carga de intereses para el año
1996 muy superior a la que afortunadamente es previsible que se haga
realidad, que es la que figura en el proyecto de presupuestos. En el
cálculo de esa carga de intereses siempre influyen esencialmente tres
tipos de factores. Uno es el tipo de interés de la deuda que queda
todavía por emitir cuando se hace el proyecto de presupuestos. En las
previsiones del Tesoro no hacemos ninguna hipótesis propia, sino que
simplemente de la inspección de la curva rendimiento-plazo vigente en un
momento en el mercado sacamos las previsiones que el mercado hace de los
tipos de interés en los meses que vienen y esas cifras las aplicamos
mecánicamente como carga de intereses de la deuda que nos queda por
emitir a lo largo del ejercicio. Un segundo factor que influye es el
nivel de vida de deuda media que el Tesoro tiene a lo largo del
ejercicio, porque para calcular la carga de intereses del año 1996 lo que
interesa saber es el nivel de deuda que mes a mes, incluso día a día,
hemos ido teniendo en el Tesoro, ya que esa deuda será la que genere
intereses en el año 1996. Por consiguiente, siempre hay que hacer una
hipótesis sobre si esa deuda viva va a aumentar o a disminuir, y para
ello hay que hacer una hipótesis sobre qué saldo esperamos tener en la
cuenta corriente del Banco de España. Finalmente, hay una tercera
circunstancia que influye sobre la carga de intereses del año siguiente
en el presupuesto, en la medida en que el presupuesto es una magnitud
formulada en términos de caja y no en términos de contabilidad nacional.

En particular, sobre la carga de intereses en términos presupuestarios,
en términos de caja, influye la estructura de instrumentos con la que el
Tesoro se financie y, en concreto, influye el uso que en el año 1996 vaya
a hacer el Tesoro de instrumentos a corto plazo que venzan en dicho año.

Hay una hipótesis de emisiones de letras a seis meses en el año 1996 que
yo creo es razonable, pero la práctica podría decir, si volviera a haber
turbulencia, que a lo mejor se ha quedado corta o, si por el contrario
los mercados financieros discurren por los derroteros de tranquilidad que
mostraban por lo menos hace unas semanas, a lo mejor se podía quedar
larga. Siempre hay, en términos de caja, un cierto grado de incertidumbre
que es insoslayable. Así, por ejemplo, en este mismo año 1995, cuando
durante el primer trimestre se produjeron las alzas de tipos de interés a
las que se refería el señor Montoro, pensamos en el Tesoro que iba a
haber que hacer una mayor utilización de instrumentos a corto plazo,
letras a seis meses, que iban a hacer que la carga de intereses creciera
hasta en unos 150.000 millones por encima de lo que estaba presupuestado.

Afortunadamente, la realidad luego ha sido más favorable y no hemos
agotado ese aumento por un margen bastante significativo.

La siguiente pregunta que tengo anotada hace referencia a las
consecuencias de la depreciación de la peseta y hasta qué punto la misma
ha dejado huellas o cicatrices en el Tesoro público. A esa preocupación
responden los cuadros de las páginas 13, 14 y 15. El de la página 15, que
es el relativo al año 1994, es el que ya se ha distribuido al Grupo
Parlamentario a través de la Presidencia del Gobierno. Por el contrario,
los de las páginas 13 y 14 son dos cuadros nuevos que actualizan a 30 de
septiembre esa misma información para el año 1995. No creo que desde el
30 de septiembre hasta hoy hubiera cambios demasiados significativos. En
esa página 13 se ve, haciendo esos cálculos, que son también bastante
simples en su metodología, en lo relativo al endeudamiento en divisas del
Tesoro



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en el año 1995, que en lo transcurrido del año 1995, a diferencia de lo
que ocurría en marzo, el Tesoro no sólo no ha tenido minusvalías de tipo
de cambio, sino que ha tenido una pequeña plusvalía neta de 4.183
millones de pesetas. Es decir, que el contravalor en pesetas de la deuda
que hemos emitido es ahora un poco menor que los ingresos en pesetas que
obtuvimos cuando hicimos las emisiones. En ese sentido, las cifras han
dado un muy notable vuelco respecto a las que se le proporcionaron al
Grupo Popular, lo que demuestra que esa tardanza en la revisión de
información no debió tener mala intención por parte del Gobierno cuando
la información que se le dio mostraba unas cifras infinitamente más
desfavorables que estas actualizadas a 30 de septiembre y que reflejan el
favorable impacto que sobre el endeudamiento en divisas ha tenido la
recuperación de la peseta que se produjo desde la primera y que se
acentuó después del verano.

Sin entrar a enjuiciar hasta qué punto los mercados sobrerreaccionan o
no, si se analiza el tipo de cambio peseta-marco y se constata que en los
peores momentos de la crisis monetaria del mes de marzo, poco después de
la devaluación de la peseta, la paridad peseta-marco llegó a estar por
encima de las 93 pesetas y que estábamos bastante cerca del tipo central,
en torno a 86, y que incluso algún día en el mes de agosto llegó a estar
por debajo del tipo central de 85,07, cabe pensar que en aquellos meses
aciagos de marzo hubo algo de sobrerreacción en las tendencias
depreciatorias de la peseta. Precisamente por eso es por lo que el
endeudamiento en divisas del Tesoro ha resultado relativamente favorable.

Muchas operaciones entraron a un tipo de cambio depreciado y ahora,
valoradas a los tipos actuales, o se mantienen estables o incluso
reflejan pequeñas plusvalías netas.

Por acabar el cuadro de la página 13, teniendo en cuenta la carga de
intereses en los nueve primeros meses del año de la deuda en divisas, que
ha sido el 5,71, llegaríamos a que el coste financiero acumulado hasta
septiembre ha sido de 5,57 y que, expresado en forma de TAE, sería un 7,5
por ciento; es decir, algo menos de lo que le cuesta al Tesoro
financiarse en pesetas. Como ilustración de este fenómeno, en el cuadro
de la página 14 hemos detallado cuál ha sido el coste financiero para el
Tesoro de haberse financiado en el mes de marzo, disponiendo de 3.000
millones de ecus de su línea de crédito que ya han sido íntegramente
reembolsados en el mes de septiembre. Los tipos de cambio de cada una de
las disposiciones figuran ahí, pero la conclusión global que se alcanza,
viendo la parte inferior de la tabla, es que para el Tesoro, stricto
sensu, el coste de la disposición de la línea de crédito ha sido
negativo, es decir, ha tenido un coste financiero de menos 0,94 por
ciento o, dicho en otras palabras, que la suma de lo que hemos devuelto
más los intereses que hemos pagado es menos del dinero que obtuvimos
cuando dispusimos de la línea, lo cual, como digo, no es mérito especial
del Tesoro, sino que es la agradable consecuencia de que la peseta ha
vuelto a un nivel más apreciado que aquel disparatadamente débil que tuvo
en el mes de enero. Por otro lado, yo en este caso siempre digo que es el
resultado de la operación visto desde la perspectiva del Tesoro.

Realmente, en estas operaciones en divisas muchas veces lo razonable
sería consolidar financieramente los resultados del Tesoro y del Banco de
España, de forma que yo creo que tampoco hay que alegrarse en exceso de
que este coste haya sido negativo, porque eso quiere decir que si el
Banco de España ha mantenido las divisas, él ha tenido un rendimiento
negativo de un importe similar, porque estas operaciones en términos
consolidados Tesoro-Banco de España, con pequeñas matizaciones, suelen
tener un coste financiero neto y lo único que hay es una distribución de
carga financiera.

En cuanto a la estrategia de vencimientos de 1996, me he permitido
incluir en la página 6 un cuadro donde aparecen reflejados con todo
detalle los vencimientos de deuda en pesetas --no ponemos los de divisas
porque son a más largo plazo y realmente son de menor importe--, mes a
mes, en los años sucesivos. En el año 1996 se constata que hay algunos
meses, como abril, julio, septiembre y noviembre, en que hay vencimientos
significativos de deuda a largo plazo. Otro tanto cabría decir de 1997 e
incluso de 1998, porque, lógicamente, en algún momento vencen las
emisiones a largo plazo que se hicieron en el pasado. Pero si se analiza
la tabla mensual de vencimientos del año 1996, se ve que son
relativamente moderados hasta por lo menos el mes de abril. Frente a los
dos billones y medio de deuda que nos venció en enero de este año, en
enero del año que viene sólo nos vencerá un billón 91.000; en el mes de
marzo los vencimientos que tenemos son de 466.000, y empiezan a ser un
poquito más altos en el mes de abril, un billón 595.000, precisamente por
esos 933.000 millones de pesetas de unos bonos a cinco años que nos
vencen el año que viene.

¿Qué estrategia hemos seguido en el Tesoro para prever esa situación
nueva, que son grandes vencimientos de emisiones fungibles de casi un
billón de pesetas que se empezarán a producir a partir el año 1996? Yo
creo que varias. En primer lugar, desde julio de este año, en las
subastas mensuales de deuda del Tesoro a largo plazo hemos introducido el
anuncio previo de objetivos estimativos de colocación y, como demuestran
las cifras de colocación del año 1995, se puede constatar que ahora la
capacidad del Tesoro de colocar deuda a largo plazo es mucho mayor y,
además, es mucho más independiente de la coyuntura que vivan en ese
momento los mercados financieros. El anuncio de objetivos cuantitativos
de colocación, al restar incertidumbre a los intermediarios financieros
que nos hacen las pujas, les anima a hacer peticiones, les quita
incertidumbre sobre qué decisión pueda tomar el Tesoro al cortar en la
subasta, y eso ha hecho que nos facilite muy mucho la financiación
mediante instrumentos a largo plazo. De forma que cabe presumir,
razonablemente, que la refinanciación a su vencimiento de bonos a tres y
cinco años que se producirá en el año que viene y siguientes será ahora
mucho más fácil que lo era en el pasado ceteris paribus. Pero además,
hemos seguido una doble política, que es, desde ese momento, en la medida
en que la situación de Tesorería nos lo permitía, hacer dos cosas. Por un
lado, recomprar en el mercado secundario parte de esos bonos. Si yo no
recuerdo mal, ya en el mes de julio en el mercado secundario recompramos
100.000 millones en total de esos bonos que nos



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vencían en el año 1996. Además, hemos reiniciado --y el primer
experimento fue ayer-- una política de canjes mensuales, en virtud de los
cuales ofrecemos a los inversores que nos entreguen en canje esos bonos
que vencen el año que viene y adquieran a cambio bonos a tres, cinco y
obligaciones a diez años. Ayer, como digo, hicimos un primer canje. La
cuantía de la colocación no fue excesiva, 28.000 millones, lo vamos a
repetir, y en todo caso son 28.000 millones menos de vencimiento de esos
bonos que tendremos el año que viene.

Por otro lado, hay dos consideraciones adicionales. Como decía, las dos
líneas de crédito en divisas por un importe de 11.000 millones de ecus
ahora están absolutamente a cero, porque hemos reembolsado íntegramente
los 3.000 millones de ecus de los que dispusimos en enero. Luego tenemos
permanentemente 11.000 millones de ecus, casi dos billones de pesetas de
disponibilidad de crédito prácticamente a la vista. Puesto que la
coyuntura de financiación ha mejorado mucho a lo largo de este año, ya en
este mes de septiembre hemos suspendido las subastas de letras a seis
meses y ahora sólo estamos emitiendo letras a un año, de forma que, en
caso de necesidad, en cualquier momento podríamos utilizar ese cartucho y
volver a convocar otra vez letras del Tesoro a seis meses si viéramos
dificultad para financiar vencimientos voluminosos que se fueran a
producir.

Finalmente, he anotado la pregunta relativa a la prima de riesgo. La
prima de riesgo que tiene que pagar el Estado español cuando se endeuda
en divisas (que oscila en plazos, pero que ahora, en el caso de la deuda
a diez años --que es la que siempre se utiliza de referencia-- está
desgraciadamente todavía por encima de los 400 puntos básicos) es
elevada. Como digo, esto al Tesoro siempre le produce un dilema a la hora
de financiarse, porque tiene que escoger entre financiarse a largo plazo
a unos tiempos relativamente elevados o financiarse a tipos menos
elevados pero a corto plazo. Es un dilema absolutamente insoslayable y
por eso siempre tenemos que adoptar algún criterio intermedio que se basa
en hacer de todo un poco: emitir algo a corto y emitir también a largo
plazo, en la esperanza de que ese diferencial de intereses se reduzca. Es
cierto que el diferencial de intereses de la deuda a largo plazo empezó a
crecer desde el mes de febrero de 1994, en que alcanzó un mínimo
histórico de dos puntos, coincidiendo, dicho sea de paso, con el día de
la huelga general de enero de 1994 (fue precisamente el día que ese
diferencial alcanzó un mínimo histórico) y, luego, como consecuencia de
la crisis del mercado de bonos que sufrió todo el mundo industrializado,
desde febrero de 1994, poco a poco se fue acercando a los cuatro puntos
enteros. Desgraciadamente, en el mes de diciembre de 1994 ese diferencial
aumentó. Yo creo que aumentó por dos circunstancias: una externa y otra
interna. La externa indudablemente fue la crisis financiera que en
diciembre de 1994 vivió Méjico, que se contagió al dólar y que algunos
también pensaron que debía contagiar a otras monedas débiles como la
peseta o la lira italiana. Pero tampoco hay que pasar por alto --y yo
creo que es bueno que el Parlamento lo sepa-- que fue perceptible también
el influjo que tuvo sobre ese diferencial de intereses muy en concreto el
auto de prisión provisional del señor Sancristóbal, que elevó
significativamente ese diferencial y, desafortunadamente, se tradujo en
que el Tesoro en esa subasta de finales de diciembre tuvo que pagar,
durante varios años, un tipo de interés bastante más elevado del que
hubiera tenido que pagar en otra circunstancia. Por otro lado, y puesto
que el señor Montoro mencionaba al Premio Nobel señor Lucas y las
expectativas racionales, yo creo que toda prima de riesgo en los mercados
financieros siempre es una visión de los acontecimientos futuros. Y si se
analiza la prima de riesgo vigente en el mercado financiero español se
constata que varía en los plazos, pero no tiene una disminución
significativa en los mismos a partir del mes de marzo del año que viene,
con lo cual, yo creo que esa prima de riesgo en realidad refleja una
insuficiente confianza de los mercados financieros no en la política
económica del Gobierno, como a veces se dice, sino quizá en España como
país. Por consiguiente, esa prima de riesgos se mantiene bastante alta en
los plazos y no se constata, desgraciadamente, que los tipos de interés,
por ejemplo, de la deuda a diez años sean significativamente más bajos
que los de las letras del Tesoro a seis meses.




El señor PRESIDENTE: Señorías, es la hora en la que tendría que haber
comenzado la siguiente comparecencia. Por tanto, ruego al señor Montoro
que su intervención, utilizando el tiempo que desee, sea lo más corta
posible.




El señor MONTORO ROMERO: En primer lugar, gracias al Director General del
Tesoro por su intervención y por la aportación de documentos que nos
acaba de hacer, que precisamente lo que hace es contrastar con la pobreza
de documentación que ha contado este Diputado en su anterior
intervención, pobreza de documentación que es relativa a un fallo del
Gobierno. Entonces, ¿cómo le llamamos a esto? Realmente, señor Conthe, en
este país, en que cualquier desliz o fallo de los miembros del Gobierno
llegan a poner en peligro la propia seguridad del Estado durante años,
nos vamos a fallos que son un auténtico menosprecio a las condiciones de
los diputados, a las preguntas que hacen estos diputados al Gobierno.

Me resulta asombroso, señor Director General del Tesoro, que traigan
documentos en mano que se les han solicitado desde hace meses, y que
lleguen con retraso y con esos párrafos que les he leído antes
textualmente. Yo tengo que indicar que la labor de una oposición, de un
control de Gobierno exige un conocimiento técnico de lo que está
haciendo, y si los gobiernos no lo facilitan a los parlamentos, estamos
quitando algo esencial al propio funcionamiento del Parlamento. Esto
viene a cuento de lo que después hablaremos seguramente con el señor
Interventor General del Estado, y tendremos ocasión de desarrollar este
argumento sobre lo que es la información de los Presupuestos Generales
del Estado de un país moderno, donde se mezclan los conceptos de caja,
con los conceptos de devengo y se organizan auténticas fiestas populares
sobre conceptos que deberían ser claves para todos los ciudadanos en su
conocimiento sobre cómo están los presupuestos de una nación,



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cuáles son los desequilibrios presupuestarios y todos estos elementos.

Por eso decía, y con esto ya cierro esta queja que no podía dejar de
emitirla, que es absolutamente increíble que este señor Diputado reciba
el lunes por la noche en su casa una información pedida hace meses con
párrafos como los que antes le he leído y que ya no sabes si es
interpretable o es adjudicable a una mala fe o a una deficiencia, ni si
es peor la mala fe o la deficiencia técnica en los servicios que el
Gobierno destina a lo que es el conocimiento y el seguimiento de este
Parlamento.

En relación con sus otras respuestas, para hacer un turno breve quisiera
mostrar mi absoluta discrepancia con su conclusión final. No puede ser
más abierta y más total. Usted está todos los días en los mercados
financieros, como también quienes tenemos contacto y entrevistas con esos
agentes financieros, y en esos mercados financieros no se piensa, en
absoluto, lo que usted ha acabado concluyendo en su intervención, antes
al contrario, en esos ambientes financieros existe una gran esperanza en
cuanto a la recuperación económica de España, se nos sigue viendo como un
país con crédito, como un país con futuro, como un país que ciertamente
tiene una crisis política que es soluble puesto que está circunscrita al
Gobierno. Si estamos sufriendo esa prima de riesgo --que por cierto usted
lo sabe perfectamente puesto que lo vive en su quehacer diario--, si no
se ha movido esa prima de riesgo en estos últimos meses, a pesar de que
formalmente la crisis política ha empeorado, es precisamente porque los
mercados financieros entienden que la crisis política no es en absoluto
general, que la recuperación de la economía española a través de la
corrección de los desequilibrios básicos es posible. Desde esos mercados
financieros existen también cálculos claramente indicativos de que se
puede reducir la carga de los tipos de interés a través de la reducción
de la prima de riesgo con la aplicación de políticas económicas que vayan
al corazón de los problemas. De esa forma se pueden aliviar los
Presupuestos del Estado, se puede conseguir que esos Presupuestos del
Estado tengan un margen que no tienen actualmente.

Quiero subrayar sus palabras anteriores relativas a la previsión de la
carga de intereses del año 1996, que ha dicho que no es definitiva puesto
que todavía podrían ocurrir acontecimientos en esos mercados financieros
que llevaran a que incluso esa carga de intereses fuera superior a la ya
disparatada cifra que luce en los presupuestos de 1996 --los 3,5 billones
de pesetas--, que es lo que nos cuesta la sanidad pública en España, que
es lo que nos cuestan las pensiones de jubilación. Estamos hablando de
unas cifras gigantescas en cuanto al volumen de carga de intereses, que
podemos reducir. En los mercados financieros existe la confianza de
reducir estas cifras.

Coincido claramente con el énfasis que usted ha dado en su intervención
al concepto de que lo importante o relevante, por los efectos ya no
financieros sino económicos, es el endeudamiento del Estado. Yo lo que
recojo de sus palabras es la queja de que no es sólo el déficit de caja
del Estado --es un lamento--, sino que se vuelve a incurrir en los
Presupuestos del Estado en la práctica de asunción de deudas por un
montante superior a los 400.000 millones de pesetas --deudas de la
agencia industrial del Estado, deuda de Radiotelevisión Española en más
de 100.000 millones de pesetas--, que lo que hacen es lucir como
operaciones financieras, pero, en definitiva, repercute negativamente en
lo que es ese endeudamiento del Estado. En ese sentido están aumentando
las necesidades de endeudamiento.

Quiero también subrayar de sus palabras el recordatorio que ha hecho
--porque lo que ha hecho ha sido formular una esperanza-- relativo a que
la reducción de la participación de la deuda pública en el producto
interior bruto a partir de 1997 nos permitiría cumplir un criterio de
Maastricht si el resto de nuestros socios europeos interpretaran
políticamente que si logramos reducir esa participación una décima
estaríamos en la senda correcta.

Cuando observamos la importancia del superávit primario que tenemos que
registrar para invertir esa relación, lo que estamos también advirtiendo
es que la restricción presupuestaria que hay que aplicar en España es
bastante severa. En el propio programa de convergencia no se practica esa
restricción. En definitiva, estamos ante el dilema futuro que plantearán
unos tipos de interés que, en términos reales, son muy elevados, tan
elevados como para ser superiores, como ya lo son, al crecimiento en
términos reales de la economía. Estos tipos de interés son los que están
introduciéndonos en este problema de la insostenibilidad de la deuda
pública.

Nada más, señor Presidente, y gracias por su paciencia.




El señor PRESIDENTE: Señor Hernández Moltó, tiene la palabra.




El señor HERNANDEZ MOLTO: Yo sé que mi Grupo no ha pedido la
comparecencia del señor Director General, pero ya entenderá usted que
después de haber escuchado la intervención del señor Montoro sólo la
benevolencia del Presidente no ha querido dejar en evidencia la
inoportuna y la poco correcta interpretación de este trámite del debate
presupuestario, que era para demandar y solicitar información del
Gobierno en relación a la deuda. Como mi Grupo ha creído entender que ha
sido más una valoración...




El señor PRESIDENTE: Puede evidenciarla usted, pero con brevedad.




El señor HERNANDEZ MOLTO: Iba a decir brevedad similar a la del Partido
Popular, pero, en cualquier caso, no sería por mi parte legítimo.

Decía que como hemos evidenciado una intervención de análisis y
calificación de la política económica casi global del Gobierno, aunque
sólo sea a efectos del «Diario de Sesiones» queremos dejar constancia de
lo equivocado del diagnóstico del señor Montoro al inicio de la
intervención. Yo creo que su queja venía más que por la falta de
información, por lo errado del tiro desde el principio, lo cual,
evidentemente, pone de manifiesto la necesidad de mejorar esos contactos
que el partido Popular dice que tiene con los mercados financieros,
porque deben ser otras las fuentes



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de información que debiera utilizar, porque, si no, no entiendo ese error
de diagnóstico, que si no le informa el Gobierno evidentemente no mejora.

Frente a esta situación quisiera realzar algunas cuestiones que han
salido a lo largo del debate a efectos del «Diario de Sesiones», porque
no pienso que deba dirigirme a otros ámbitos distintos o a medios de
comunicación.

Quiero resaltar algo que le ha pasado desapercibido al Grupo Popular en
su intervención y es lo atinada que ha sido la política de endeudamiento
que el Gobierno ha mantenido en este año 1995 aprovechando las
situaciones de los mercados monetarios, aprovechando la situación de la
peseta y yo creo que utilizando con inteligencia la fórmula mixta de
endeudamiento divisa-peseta, que ha supuesto una importante economía para
nuestro país, al margen de dejar en evidencia algo fundamental, y es la
dramatización que a veces se pone al discurso del nivel de deuda de este
país, que yo creo que es o malintencionada o, desde luego, ignorante en
relación a lo que está sucediendo en el resto de los países europeos y en
relación a lo que ha supuesto la utilización que en nuestro país se ha
tenido con ese nivel de deuda y de déficit, que, evidentemente, del año
1992 a 1993 se produce.

Y yo, señor Presidente, le pido disculpas por el último minuto que voy a
aprovechar para decirlo más alto, y quizá más claro, pero como ya hemos
asistido a la introducción del discurso de lo que va a ser la tesis del
Partido Popular en el próximo mes, quisiera anticipar también la posición
del Partido Socialista en el sentido de reconocer que el déficit de deuda
del año 1992 a 1993 en el momento de la crisis económica, en este país,
bien distinto de otros europeos, se utilizó para algo que políticamente
yo creo que es justo resaltar, y es el mantenimiento del sistema de
bienestar. En este país se utilizó ese sistema legítimo de deuda y de
déficit para preservarnos de las dificultades y de las opciones que otros
países europeos con signo contrario al nuestro sostuvieron, que era
disminuir la protección social, el gasto social, las protecciones de
educación, las protecciones de sanidad; en España se optó por esa vía.

Sin embargo, desde el año 1992 al año 1993 hemos ido viendo cómo
progresivamente estábamos acortando diferencias en el indicador de
déficit en relación a la media europea. Hemos ido convergiendo en los
años de crisis, tanto en déficit como sosteniendo una posición que nos
coloca en el cuarto lugar de países europeos en término de deuda.

Además, estamos cumpliendo el programa de convergencia. Creo que las
acusaciones al Gobierno estarían bien si fueran dirigidas a objetivos que
no fueron debatidos y aprobados por esta Cámara, pero habrá que convenir
que los objetivos que estaban en el programa de convergencia, tanto en
términos de deuda como de déficit, se están cumpliendo, y se están
cumpliendo fehacientemente. También estamos acortando nuestro diferencial
en los tipos de interés que se están midiendo para el indicador de
Maastricht, y lo estamos consiguiendo a una velocidad realmente
apreciable. Obviamente, ya sé que cada uno quisiera escribir la historia
del mundo como si naciera y acabara en ese mismo día, pero las
dificultades que este país ha venido arrastrando desde hace muchos años
hace que sea poco responsable la ansiedad y, desde luego, la poca lealtad
con la que a menudo se dirige uno a esos mercados, más que para
escucharlos, a veces para intoxicarlos y a veces, incluso, para conseguir
--aquí después se acusa al Gobierno de que es su error-- el margen o el
grado de riesgo que como país se tiene.

Creo que una parte intangible, no apreciable o no demostrable de esa
prima de riesgo viene también muchas veces en la poca lealtad con que la
oposición se ha dirigido a esos mercados financieros y monetarios, tanto
nacionales como internacionales.




El señor PRESIDENTE: Con la intervención del señor Hernández Moltó se
cierra la comparecencia del señor Conthe.




--DEL INTERVENTOR GENERAL DEL ESTADO (MUÑOZ VINDEL). A SOLICITUD DEL
GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR. (Número de expediente 212/001718.)



El señor PRESIDENTE: Comenzamos con la comparecencia del Interventor
General de la Administración del Estado, solicitada por el Grupo Popular,
en cuyo nombre tiene la palabra el señor Montoro.




El señor MONTORO ROMERO: Realmente, el Grupo Popular solicitó esta
comparecencia del Interventor General del Estado para conocer con más
detalle determinados aspectos o cuestiones que entendemos claves de los
próximos Presupuestos Generales del Estado, pero también se da la
circunstancia de que el Grupo Popular había solicitado la comparecencia
del Interventor General del Estado y del Interventor General de la
Seguridad Social en la Comisión de Economía para esclarecer determinadas
cuestiones relativas al cierre, a la liquidación de los presupuestos del
año 1995, incluso algunos aspectos pendientes de los años 1993 y 1994.

Estamos en una situación en la que la credibilidad de la institución
presupuestaria se está resistiendo, como sabe mejor que nadie el señor
Interventor General de la Seguridad Social. Y se está resintiendo porque
ha habido una excesiva utilización de los mecanismos que se reúnen bajo
la denominación de la laxitud del presupuesto --excelente denominación--
en cuanto a explicar el número de posibilidades para, en definitiva,
incumplir los límites establecidos por la ley de presupuestos
correspondiente. La existencia de esta laxitud, que es denunciada por los
más insignes catedráticos de Hacienda Pública en España, es negativa para
la propia institución presupuestaria, lo que es equivalente a la pérdida
de eficacia de la política presupuestaria. Si los presupuestos no son
creíbles, se está resintiendo la capacidad de la política presupuestaria
y buena parte de la política económica de inducir expectativas en la
sociedad y, por tanto, de corregir los problemas que pretende atender esa
política presupuestaria.

En España, desde hace mucho tiempo --y eso lo sufre profesionalmente el
señor Interventor--, estamos ante lo



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que podemos llamar una auténtica confusión en lo que son las propias
presentaciones públicas de los Presupuestos del Estado, y conviene
terminar con esa confusión, en primer término, porque tenemos una
disciplina que nos impone nuestra pertenencia a sistemas más amplios --me
refiero a las exigencias derivadas del Tratado de la Unión Europea, del
Tratado de Maastricht-- y, en segundo lugar, cara a recuperar lo que es
el auténtico, el esencial espíritu de los Presupuestos del Estado.

Tenemos confusiones incluso de metodología casi básica, como es el hecho
de que los Presupuestos del Estado estén presentando --y eso es normal
que sea así-- de acuerdo con criterios de caja, pero lo que es
esencialmente relevante a efectos económicos por las consecuencias que
tiene sobre la actividad económica de nuestro país --y en este caso
incluso a efectos de compromisos internacionales, como es nuestra
pertenencia a la Unión Europea-- es el criterio de devengo, el criterio,
digamos, contable que nos hace pensar de ese criterio de caja a la
contabilidad nacional. Ahí se produce una confusión que realmente es
lamentable y que debería evitarse, puesto que llega hasta el extremo de
confundir a la opinión pública sobre la auténtica cuantía del déficit
público en España.

Este conflicto que estamos apreciando desde el Grupo Popular sobre la
presentación de las cuentas cerradas por el Tribunal de Cuentas y las
cuentas cerradas por el Ministerio de Economía es un conflicto no ya
lamentable en sí mismo, sino inaudito. Que los altos cargos del
Ministerio de Economía tengan que salir a rebatir, a explicar que existe
otra clase de criterio contable que permite establecer otra cuantía del
déficit público, que estén dando explicaciones y, en definitiva,
intentando corregir el resultado final del Tribunal de Cuentas, el señor
Interventor General convendrá conmigo en que es una situación lamentable.




El señor PRESIDENTE: No tengo más remedio que recordar que en el trámite
en el que estamos es aquel por el que los grupos solicitan la presencia
de los dirigentes de la Administración del Estado para que les ilustren
en relación con dudas que hubiere sobre el proyecto de Presupuestos
Generales del Estado, en este caso para 1996, y a efectos de la
presentación de enmiendas.

El señor Montoro, legítimamente en términos políticos y convendrá S. S.

que obligando a esta Presidencia a extremar al máximo la interpretación
del Reglamento, ya ha hecho en la intervención anterior sus legítimas
críticas a la política económica o a la política presupuestaria, pero
esta Presidencia no puede, porque si no estaría incurriendo en una grave
irresponsabilidad, permitir una segunda edición de su intervención
anterior.

Por tanto, en la medida de lo posible, y a sabiendas --lo digo todos los
años-- de que éste es un trámite muy difícil por no decir imposible, de
encuadrar en el Reglamento, tampoco me ponga en la posición extrema de
tener que retirarle la palabra.




El señor MONTORO ROMERO: Señor Presidente, es que, realmente, si
solicitamos la presencia del Interventor General del Estado es para
clarificar la contabilización de los presupuestos del año próximo, como
es obvio...




El señor PRESIDENTE: La clarificación de los presupuestos para el año
próximo, llevada a la interpretación más rigurosa --en la que no quiero
estar, pero a lo mejor no tendría más remedio que estar--, sería un
trámite de preguntas y respuestas y no de consideraciones, que, insisto,
señor Montoro, he estimado como legítimas en su intervención anterior,
pero que ya repetidas me obligan a aplicar el Reglamento.




El señor MONTORO ROMERO: Señor Presidente, si convocamos al Interventor
General del Estado es para conocer realmente el significado de la
contabilidad pública de los Presupuestos del Estado del año próximo, y
esa contabilidad pública arranca de una confusión que es muy importante
en la opinión pública, es muy importante por los efectos económicos que
puede producir y es muy importante por el deterioro de la imagen
internacional de España. La convocatoria del Interventor General del
Estado no es una convocatoria de orden menor, es una convocatoria que...




El señor PRESIDENTE: Su señoría es suficientemente inteligente como para
saber que desde el punto de vista reglamentario yo estoy en lo cierto y
S. S. no. Pero en todo caso le diré que el Interventor General de la
Administración del Estado, como otros dirigentes de la Administración,
pueden ser convocados a la Comisión de Economía y Hacienda o a la
Comisión de Presupuestos en trámites normales para que los señores
Diputados puedan criticar, digamos, la acción del Gobierno en el ámbito
de sus responsabilidades. No quiero llevar al extremo la interpretación
de que éste es un trámite de preguntas y respuestas, pero me está usted
obligando a caminar por esa senda.




El señor MONTORO ROMERO: Si prefiere que lo formule como una pregunta, lo
formulo como una pregunta. Para este Diputado es irrelevante.




El señor PRESIDENTE: Señor Montoro, le ruego que el preámbulo sea el
justo para la formulación de la pregunta.




El señor MONTORO ROMERO: El preámbulo lo doy por cerrado en el sentido de
que doy por cerrado que existe este conflicto, que es un conflicto muy
presupuestario por la forma de presentación de las cuentas públicas y, en
definitiva, por la forma de presentación de esas cuentas ante la opinión
pública de nuestro país, que tiene una trascendencia muy relevante en
cuanto a conocer cuál es la cuantía del déficit público, y, por tanto, de
esos desequilibrios presupuestarios, y cuál es la calidad de la
contabilidad pública que refleja.




El señor PRESIDENTE: Señor Montoro, si llegamos a trámite de debate en
Comisión de la ley de Presupuestos para 1996, verá cuán ancha es la manga
de la Presidencia, pero en este momento estamos en otro trámite.




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El señor MONTORO ROMERO: Es que, realmente, el trámite se tiene que
referir a que el punto de partida de los presupuestos para 1996 es la
liquidación de 1995 que nos acompañan.




El señor PRESIDENTE: Sí, pero preguntas y respuestas, señor Montoro.




El señor MONTORO ROMERO: Vamos allá. En primer término, en la liquidación
del año 1995, señor Interventor General del Estado, apreciamos que se
sigue manteniendo esta práctica, que en opinión de este Diputado es muy
lamentable, de la contabilidad extrapresupuestaria, puesto que en el
avance de liquidación del año 1995 se dice: en relación con el total de
obligaciones del Instituto Nacional de Empleo se hace constar que, además
de las obligaciones estimadas para el ejercicio, figuran los gastos por
prestaciones de desempleo y fomento del empleo de los ejercicios 1986,
1987, 1988, 1991, 1992, 1993 y 1994, por 57.700 millones de pesetas que
fueron contabilizados extrapresupuestariamente en los años
correspondientes, pues se prevé su aplicación a presupuesto en el año
1995, financiándose en parte con aportaciones del Estado y en parte con
remanentes de tesorería del organismo.

En esta liquidación aparece una práctica, la contabilidad
extrapresupuestaria, y se intenta regularizar esa contabilidad
extrapresupuestaria relativa a los años citados --fíjese que estamos
remontándonos al año 1986--. En un trámite de estas características es
normal que yo pregunte si el señor Interventor General del Estado
considera que la práctica de una contabilidad extrapresupuestaria refleja
la imagen fiel de la Administración pública en España, si existe esa
contabilidad extrapresupuestaria en la Administración pública y, si es
así, qué dimensiones tiene. Aquí tengo que recordar que precisamente el
poner el contador a cero del Inem fue uno de los motivos, una de las
excusas para elevar nuestro déficit público en 1993, que, como el señor
Presidente recuerda, se elevó en casi tres puntos porcentuales de
producto interior bruto, y digo una de las excusas porque desde el Grupo
Popular no pudimos nunca admitirlo, ya que esto no es déficit público en
términos de contabilidad nacional, pero sí está revelando que siguen
existiendo esas prácticas de contabilidad extrapresupuestaria, que ya su
antecesor en el cargo, la señora Esteso, en las comparecencias de esta
misma naturaleza, explicó su existencia en unos términos que desde el
Grupo Popular ya le anticipo que vemos críticamente, porque ésas no son
prácticas que deberían realizarse en el seno de esa contabilidad.

En primer término, nos gustaría saber cuál es su valoración de la
existencia de este tipo de contabilidad y, además, si está en condiciones
de afirmar en esta Cámara esta mañana que no existe contabilidad
extrapresupuestaria en ninguna de las administraciones públicas que usted
conoce por su función. Esta es la primera pregunta, que va dirigida
precisamente con ese carácter de clarificación de extremos que, como
decía, consideramos importante.

En segundo término, en relación con el año 1995 queríamos preguntarle
cuál es su valoración sobre determinados ingresos que aparecen como
patrimoniales del Estado, que vemos que son ingresos procedentes de
privatizaciones para los que se ha creado una sociedad instrumental y
aparecen con anotaciones contables incluso por el valor nominal de esas
acciones que se han vendido. Queremos preguntar al señor Interventor
General del Estado si ésta es una práctica regular y si, además, es
admisible en lo que es el cómputo del déficit público, en definitiva, el
resultado de esas cuentas públicas, el resultado de esos ingresos, que
después se verán compensados con los gastos públicos que resulten en el
concepto de déficit público, en el saldo de la cuenta de renta y cuenta
de capital de las administraciones centrales del Estado.

En este apunte asistimos a un ingreso de privatización, pero es que ya no
anotamos sólo las plusvalías de esa privatización, señor Interventor
General, es que estamos anotando algo más, estamos anotando contablemente
el valor nominal de las acciones. Entonces, ya no sabemos exactamente qué
es lo que estamos computando como tal ingreso, y queremos saber si eso es
una práctica, en su opinión, no ya usual sino que nos refleje la
fidelidad de la imagen de las administraciones públicas.

En esta misma línea también advertimos que la prima de emisión de deuda
aparece como un ingreso de ese capítulo de ingresos patrimoniales, cuando
realmente estamos otra vez en una discusión de si eso es válido a efectos
de reflejar la auténtica posición financiera, en este caso de saldo
financiero, que arrojaría en términos de déficit, mayor o menor, de las
administraciones públicas. La Dirección General del Tesoro envió un
informe en el que desestimaba ese tipo de prácticas, tanto en un sentido
positivo como negativo, desestimaba que se debieran realizar ese tipo de
anotaciones, y desde luego desestimaba que, en el caso de primas
positivas, aparecieran como ingresos patrimoniales de las
administraciones del Estado.

Estas son cuestiones que vemos en lo que es la misma liquidación del año
1995, que nace también sobre un cambio que tiene gran relieve, y es el
cambio relativo a los ingresos de la Seguridad Social. Los ingresos de la
Seguridad Social han pasado de computarse según el criterio de caja al
criterio de devengo, si nuestra información es correcta, y no entendemos
si eso distorsiona el conjunto de la visión de lo que es el presupuesto.

Si el resto del presupuesto se atiene al criterio de caja, entonces, ¿por
qué se introduce este cambio, que es el cambio correcto --a efectos de
contabilidad nacional, por supuesto, las valoración es correcta--, pero
que, de cualquier manera, está distorsionando la visión de lo que es la
evolución de los ingresos de la Seguridad Social?
Hay una pregunta que tengo que formularle relativa a este problema que
podríamos llamar --ocultación de déficit público con relación al
conocimiento, incluso más, al compromiso que el Grupo Popular quiere que
adquiera en esta Cámara esta misma mañana el Interventor General del
Estado de que no se está generando un déficit público de naturaleza o de
carácter oculto en España. A ese respecto, lo que quería preguntarle es
sobre el estado, sobre la situación de las obligaciones, sean
obligaciones reconocidas o no, pendientes de pago en las administraciones
que, en definitiva, están bajo la dependencia de la intervención General



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del Estado. Esas obligaciones --insisto en el término--, sean reconocidas
o no, pendientes de pago, ésa es la denominación, la clave para incluir
esa otra deuda que se ha llamado la deuda del cajón, esa deuda de
acumulación definitiva de débitos que no figuran en la contabilidad
pública y que lamentablemente ha sido una práctica en el pasado bastante
usual. Entonces, mi pregunta al señor Interventor General del Estado es
si conoce de la existencia de ese tipo de obligaciones, si conoce la
existencia de ese tipo de prácticas, y si está en condiciones de aseverar
ante esta Cámara que no existe esa práctica, que no está engendrando esa
deuda del cajón. Es más, le preguntaría también si existe en las
diferentes fases de documentación en las que se articula la gestión
presupuestaria, las fases A, D o K, si existe ahí una acumulación en esa
gestión presupuestaria que pueda hacer que en el día de mañana, en el año
1996, cuando tengamos que cerrar 1995, la presentación de las cuentas
públicas de 1996 esté influida por esa práctica que puede ser de
acumulación en la propia gestión contable. Por supuesto existe la otra
práctica, que es la del cajón, más puro y más duro, que sería el mero
desconocimiento.

Yo sé que la función de la Intervención General del Estado por supuesto
se hace ex post, y siempre cabe una respuesta de desconocimiento de lo
que se está generando. A ese respecto lo que también quiero preguntarle
es si en los grandes centros de gasto de nuestro país, en alguna de las
administraciones de la Seguridad Social en España existe la práctica, a
cargo de presupuestos del ejercicio en curso, de estar pagando deudas
acumuladas en ejercicios anteriores. Quería preguntarle por su
valoración, porque si se está haciendo esto, lo que estamos, en
definitiva, es engendrando deudas de cajón en esas administraciones
centrales que volverán a aflorar en el día de mañana, porque estaríamos
pasando adelante esa deuda, esa pelota de endeudamiento que correría a
cargo no como se dice simplistamente de los próximos gobiernos de España,
correría a cargo, en definitiva, de todos los españoles, ya que es un
coste de servicios públicos que no se está reconociendo en los
presupuestos y, por tanto, no se refleja la imagen fiel de los auténticos
costes de los servicios públicos.

En esta misma línea quería preguntarle cómo se contabiliza la carga de
intereses que engendra la deuda que no se ha reconocido en los
Presupuestos del Estado, dónde aparece esto en los presupuestos públicos,
y si el Interventor General estima que esa carga de intereses puede ser
importante en el futuro, ya que es una carga que evidentemente, si el
gasto no se ha aprovisionado en el presupuesto, no está reconocida. Pero
en el futuro no solamente habrá que hacer frente a esa deuda, a ese no
reconocimiento de gasto en el presente, sino que esto engendra una carga
de intereses que puede alcanzar un montante bastante alto.

La última pregunta es la relativa a cuántos pagos van directamente a
Consejo de Ministros, y si la aprobación definitiva es una práctica
frecuente o excepcional, sin que se haga la fase previa de la
fiscalización del gasto.

En resumen, es claro que la orientación de las preguntas del Grupo
Popular van en una dirección, que los presupuestos tienen que ser
expresivos de los auténticos costes que los servicios públicos tienen
para el conjunto de la sociedad. Cuando esos presupuestos no reflejan
esos costes, realmente, no nos engañemos, nadie está haciendo una trampa
en favor de sí mismo, sino que estamos engañándonos a nosotros mismos,
estamos engañándonos como conjunto de sociedad. La aparición de esas
contabilidades extrapresupuestarias, que en el pasado alcanzaron
magnitudes muy considerables y, en definitiva, el engendro de este tipo
de déficit ocultos a través de estos mecanismos, que estaban sintetizados
en la formulación de la pregunta, ha dañado la credibilidad de esos
presupuestos y, como he comenzado afirmando en mi intervención, de esa
credibilidad dependen muchas cosas, en primer lugar la propia institución
presupuestaria, pues ¿qué hacemos en un Parlamento si el control del
presupuesto no es su primera función, la función que dio origen a la
democracia liberal? ¿Qué hacemos en un Parlamento donde existan otras
posibilidades después en manos del Ejecutivo que hagan que la ley que se
apruebe en ese Parlamento no se cumpla, por la aparición de prácticas que
pueden estar justificadas desde lo que se llamaría una gestión o una
ejecución eficaz del presupuesto, pero que nunca lo estarían desde la más
estricta legalidad y que atentan contra la propia entidad o realidad de
lo que es la institución presupuestaria.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Interventor General.




El señor INTERVENTOR GENERAL DEL ESTADO (Mañez Vindel): Se han hecho
muchas preguntas, pero con una introducción a la que, si me lo permite el
señor Presidente, tengo que contestar. Se ha hablado de cosas que no son
directamente competencia de la Intervención General; la presentación de
los presupuestos no es una competencia de la Intervención General, pero
sí lo es todo lo relacionado con el control interno y la contabilidad
pública y también hay una gran relación entre lo que son los presupuestos
y la contabilidad pública. Se ha dicho que existe una excesiva
utilización de las modificaciones presupuestarias y una gran laxitud,
laxitud que probablemente es producto de la propia Ley de Presupuestos,
que sería necesario corregir. Me da la impresión de que con la nueva Ley
General Presupuestaria que ha sido remitida al Congreso de los Diputados
se hace una mayor restricción de las modificaciones presupuestarias,
pero, si la ley permite esas modificaciones, la Intervención, como es
lógico, no tiene otra alternativa que fiscalizarlo favorablemente.

Se ha hablado de la confusión que existe en cuanto a la terminología y a
la manera de decir las cosas y, por otra parte, el señor Montoro se ha
referido a la metodología de Maastricht, la confusión en la opinión
pública y el conflicto con el Tribunal de Cuentas. Si me lo permiten, voy
a hablar de todo un poco, mezclado, porque yo creo que estamos hablando
de las mismas cosas. Naturalmente, no hay más remedio que admitir tres
tipos de terminología en la contabilidad: la contabilidad presupuestaria,
la contabilidad financiera y la contabilidad nacional. Y no hay más
remedio, porque estamos hablando de distintas cosas. La contabilidad
presupuestaria en realidad lo que hace es el



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control del presupuesto de acuerdo con la ley aprobada, de acuerdo con
las modificaciones presupuestarias permitidas, etcétera, y seguir todas
las fases del presupuesto hasta las últimas consecuencias, desde el
crédito concedido, la autorización, el compromiso, la obligación
reconocida y, finalmente, el pago formal y material. Estas son las fases
del presupuesto y necesariamente hay una contabilidad que, además, dentro
del Estado está absolutamente informatizada, de tal manera que la
petición de la contracción de una obligación, si no existe crédito
lógicamente se tiene que rechazar, y ahí el Interventor lo que hace es
que esa contabilidad presupuestaria se lleve absolutamente de acuerdo con
la norma. Esa contabilidad presupuestaria no sigue lo que denominamos
contabilidad patrimonial, porque la contabilidad patrimonial se lleva en
lo que llamamos contabilidad financiera.

Y aquí es donde ya empiezan las primeras discrepancias; la contabilidad
financiera debe recoger, como en cualquier empresa, no solamente la
cuenta de resultados, sino también tiene que hacer el balance de
situación, y eso no es una competencia lógica de la contabilidad
presupuestaria. Y la pregunta que cabría hacerse es la siguiente: ¿Es
necesario que coincidan la contabilidad presupuestaria y la contabilidad
financiera? Naturalmente que no es posible que coincidan muchas veces.

Cuando existen distintas cifras, no se trata de que haya una ocultación o
se esté haciendo algo anómalo; es que no pueden coincidir en muchas
ocasiones. Y pongo un ejemplo, la contabilidad presupuestaria, como ha
dicho muy bien el señor Montoro, sigue lo que denominamos el criterio de
caja matizado, porque la contabilidad presupuestaria no solamente recoge
la Caja, sino que también recoge la obligación reconocida. Es decir, que
si en 1994 se ha reconocido una obligación y se paga en 1995, se recoge
en la contabilidad de 1994, pero no sigue un criterio puro del devengo,
sino fundamentalmente el de caja. Tiene que ser así, porque
indudablemente la contabilidad presupuestaria no puede contraer una
obligación, aunque se haya realizado el servicio, si no se ha reconocido
legalmente, si, por ejemplo, no existe crédito; incluso si hubiera algo
ilegal, imaginemos una hipótesis, que la contabilidad presupuestaria no
puede recoger, se contrae una obligación sin crédito. Lógicamente, la
contabilidad financiera debiera recoger ese negocio jurídico realizado
por la Administración y, sin embargo, la contabilidad presupuestaria lo
rechazaría de plano, porque de ningún modo puede asumir esa obligación.

Algunas veces esa confusión nos lleva a las discrepancias con el Tribunal
de Cuentas. Porque yo tengo aquí las cuentas generales del Estado y en la
última, la del año 1992, que está pendiente de aprobar por el Congreso y
el Senado, existen unas discrepancias que se han analizado con el
Tribunal de Cuentas y yo creo que algunas de ellas son perfectamente
asumibles y, además, en absoluto, en cuanto se dice por ahí, han sido
ocultadas por la Administración. Eso no es así, porque lo que sí hace la
Intervención es no recogerlo en una cuenta presupuestaria, si no hay
crédito. Por ejemplo, una de las discrepancias, un anticipo de Tesorería
a las comunidades autónomas. Los anticipos de Tesorería también pueden
existir y la Intervención General lo que tiene que hacer, desde el punto
de vista del control de la contabilidad pública, es que figuren en
cuentas. Y ¿cómo deben figurar en cuentas? Como un anticipo de Tesorería,
no como algo presupuestario. En consecuencia, naturalmente que la
Intervención General lo ha puesto en las cuentas, lo ha puesto como
extrapresupuestario, porque ha sido así. Luego no hay ninguna ocultación
ni ninguna discrepancia con el Tribunal de Cuentas, sólo que el Tribunal
de Cuentas dice que eso se debiera meter. Claro que se debiera meter y la
Intervención General ha puesto de manifiesto que, efectivamente, existe
un anticipo de Tesorería a esas comunidades autónomas.

Otro tema que supone una discrepancia con el Tribunal de Cuentas más
profunda y actualmente dicho Tribunal ha asumido como bueno el criterio
de la Intervención General en estos momentos. Me refiero, por ejemplo, a
las cuotas al Fondo Monetario Internacional. El Tribunal de Cuentas decía
que era algo del Estado y la Intervención General decía que entendía que
era del Banco de España. Ahora, con la Ley de autonomía, el Tribunal de
Cuentas lo ha asumido. Muchas de estas cosas están recogidas y, como ha
dicho el señor Montoro, sí existen anticipos de Tesorería no pasados por
el presupuesto, y algunas veces de lo que se trata es de que hay un
desfase temporal en el reconocimiento de la obligación, es decir, que ese
anticipo de Tesorería a la comunidad autónoma realizado a finales del
ejercicio se ha reconocido en el ejercicio siguiente. Pero hay un
problema importante en este sentido: ¿en qué medida --y creo que esto nos
interesa a todos-- esto incrementa el déficit público?
Cuando se habla de déficit público, se está hablando casi siempre de la
necesidad de financiación que se presenta en contabilidad nacional y que
ahora tiene una importancia radical por la convergencia de Maastricht.

Pues bien, tengo que decir que todos estos casos que señala el Tribunal
de Cuentas están recogidos dentro de la convergencia de Maastricht. En
términos de contabilidad nacional, que siempre se ha seguido el criterio
del devengo, no podemos decir que estas discrepancias incrementan el
déficit porque no estaban recogidas. No es así. Modifican quizá el estado
del presupuesto, pero no incrementan el déficit. Por ejemplo, uno de los
casos más notorios como es la planificación de intereses de la deuda, sí
está incluida en la contabilidad nacional. Desde el punto de vista de la
contabilidad presupuestaria, si se emiten hoy cien pesetas de deuda para
pagarlas en septiembre u octubre del año que viene, se recogerá en el
momento del pago, pero en contabilidad financiera y en contabilidad
nacional sí se tiene en cuenta el criterio de devengo.

A estos efectos tengo que decir que, a partir del 1 de enero de 1995, se
produce una gran corrección en cuanto a las discrepancias con el Tribunal
de Cuentas, porque a partir de esa fecha la contabilidad financiera está
de acuerdo con un plan contable nuevo y que sigue un riguroso criterio de
devengo. En la elaboración de este plan, como saben SS. SS., han
colaborado, aparte de la Intervención General, catedráticos de
universidad, el propio Tribunal de Cuentas y casi todos los sectores que
podían intervenir



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en él. Entendemos que, en cuanto a la planificación de la contabilidad
financiera, será muy importante el año 1995.

Paso a responder a las preguntas concretas. En cuanto a la aplicación al
presupuesto de 1995 de los gastos por desempleo, ya hemos visto que se
efectúa de la siguiente manera: la Tesorería General de la Seguridad
Social anticipa cantidades y luego el Estado las paga. Desde el punto de
vista del déficit de Maastricht, no hay diferencia alguna porque, como
saben SS. SS., todo lo relacionado con el desempleo se recoge en el
sector Seguridad Social y cuando en el Instituto Nacional de Empleo hay
una diferencia entre ingresos y gastos, va recogido como déficit público.

Por consiguiente, la transferencia que se da al Instituto Nacional de
Empleo por parte del Estado, sí se recoge en el Estado. Por eso, algunas
veces se da la circunstancia de que, aun teniendo el Instituto Nacional
de Empleo aparentemente un déficit, en el ejercicio correspondiente tiene
un superávit. Eso es debido a lo que ha dicho antes S. S., esto es, a que
las transferencias realizadas por el Estado en este ejercicio, si son
relativas a ejercicios anteriores, el punto de vista de la contabilidad
nacional ha sido aplicado debidamente y, por tanto, en este ejercicio
supone un ingreso adicional y probablemente un superávit.

La primera pregunta era: ¿Existen actos de contenido extrapresupuestario
en la Administración pública? Naturalmente que existen. ¿Cómo se recogen?
Como ha ocurrido realmente, no hay ocultación alguna, puesto que
cualquier acto de contenido económico que haya tenido lugar se recoge
presupuestario o extrapresupuestariamente. En consecuencia, cuando
existen, se recogen, y naturalmente que existen. Existen anticipos de
tesorería. ¿Cuántos? En este momento no tengo los datos, pero yo creo que
cada vez menos. En todo caso, en la Cuenta General del Estado vienen
recogidos expresamente estos datos.

Segunda pregunta: ¿Cuál es la valoración, por ejemplo, de las
privatizaciones en los ingresos patrimoniales del Estado y qué referencia
tiene esto en el cómputo del déficit público? Digo lo mismo. En cuanto al
déficit de Maastricht, ninguno, en el sentido de que, como saben SS. SS.,
la aplicación del déficit de Maastricht en España se realiza de acuerdo
con el Reglamento 3.605/93 y toda la metodología es la del sistema
europeo de cuentas. Desde luego, España, hasta ahora, no ha tenido
corrección alguna por parte del Eurostat, que es el organismo que se
encarga de ello. Otros países sí las han tenido, pero el Estado español,
hasta ahora, no, lo que quiere decir que se ha adaptado --yo creo--
bastante bien a la metodología. En cuanto a las privatizaciones hay
algunas dudas. Por ejemplo, el pasado año Bélgica metió la totalidad de
las privatizaciones como minoración del déficit y, de momento, la
Comisión lo dejó aparcado para estudiar posteriormente si era admisible o
no. En el caso de España (son acuerdos que ya se tomaron antes de estar
yo presente y no he tenido implicación en este asunto), se consideró, y
así se presentaron los datos en Maastricht, que las empresas que se han
privatizado a través de Patrimonio I y Patrimonio II no se introducen
como un menor déficit. Es decir, aunque en el presupuesto hayan figurado
como ingresos patrimoniales, han sido corregidos y en la presentación del
déficit no han supuesto una minoración del mismo. Sin embargo, en las que
han sido privatizadas absolutamente fuera del Estado, como es el caso de
Repsol, que no hay una sociedad interpuesta sino que es un ámbito
completamente distinto, que es el de las empresas públicas (en el SEC,
por una parte está el Estado y, por otra, las empresas y, como sabe S.

S., el sector empresas se considera distinto del Estado), por lo que se
considera que esa privatización puede ser un ingreso patrimonial stricto
sensu y, en consecuencia, figura como una minoración del déficit. Así es
como se ha actuado en la presentación de las cuentas de contabilidad
nacional.

En cuanto a las primas de emisión, en términos de contabilidad nacional,
ocurre lo mismo. Igual que las primas de emisión positivas van minorando
el déficit, cuando se producen primas de emisión negativas hay una
corrección que incrementa el déficit, en el caso de la convergencia de
Maastricht. En términos de contabilidad nacional, está absolutamente
puesto de manifiesto; y no solamente eso, sino también la periodificación
de intereses, a la que antes me he referido. Esto significa que no hay
posibilidad alguna de decir que la periodificación de intereses puede
modificar el déficit porque ya está contenido en la contabilidad nacional
que se presenta en Maastricht.

Me ha preguntado S. S. si en la Seguridad Social existen cantidades
pagadas de años anteriores. Yo lo desconozco porque, aunque la
Intervención General Seguridad Social depende funcionalmente de la
Intervención General de la Administración del Estado, es una delegación
permanente y no tengo esos datos. En todo caso, si se ha producido alguna
vez, estará reflejado como contabilidad extrapresupuestaria, como ha
dicho antes S. S., o estará en los cajones, pero es un dato que la
Intervención no conoce.

Su señoría me preguntaba también cómo se contabilizan los intereses de la
deuda y creo que le he contestado indicando lo mismo, que los intereses
de la deuda se contabilizan, a efectos de la convergencia de Maastricht,
de acuerdo con el criterio de devengo y planificación contable. En cuanto
a la contabilidad presupuestaria, se hace de acuerdo con el criterio de
caja al que antes me refería y, a partir del 1 de enero de 1995, se
utiliza ya también el criterio del devengo. Igual que la contabilidad
nacional tenía que hacer un ajuste con respecto a la contabilidad
financiera hasta el 1 de enero de 1995, a partir de ahora coincidirán en
este punto absolutamente la contabilidad financiera y la contabilidad
nacional.

Quiero insistir a SS. SS. en un detalle concreto: la Intervención
General, en cuanto a la aplicación contable, tanto presupuestaria como
financiera, se rige por normas. No puede hacer otra cosa. El plan
contable está aprobado por orden ministerial en su momento. Hasta 1994,
había un plan y la Intervención General se acomodaba absolutamente a ese
plan. En criterio de intereses, era criterio de caja, en consecuencia era
exactamente igual la contabilidad presupuestaria y la financiera.

Nuevo plan contable. A partir del 1 de enero de 1995, como ya hay un
nuevo plan y se recoge expresamente cómo se realiza, habrá una
contabilidad en términos de devengo también en los intereses.




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Finalmente, me ha preguntado que cuántos pagos se hacen sin la
fiscalización previa de la Administración del Estado. Más que a pagos, S.

S. probablemente se referirá a cuántas obligaciones se contraen y, más
aún, a cuántos compromisos se adquieren. Porque es necesario pasar a
fiscalización previa, no solamente los pagos, sino también los
compromisos de gastos que se realizan a través de convenios o de
contratos con la Administración. Alguna vez es necesario convalidar algún
gasto. No puedo decir cuántos, aunque yo creo que muy pocos. Más que
pagos es algún convenio realizado sin la preceptiva fiscalización previa,
que cuando llega la contratación de la obligación el interventor lo
rechaza y es necesario que sea convalidado. Yo creo que en los últimos
tiempos, yo llevo en la Intervención General 15 meses, ha habido
poquísimos. Si este dato le interesa a S. S., podemos prepararlo, pero
creo que ha habido muy pocos.

Por mi parte, creo que he contestado a todas las preguntas de S. S.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Montoro.




El señor MONTORO ROMERO: Realmente ha contestado, con el límite de
competencia que tiene la Intervención General del Estado, como yo
esperaba que contestara esta mañana. Obviamente no le corresponde a usted
identificar los problemas que se están generando en materia de déficit
oculto. Pero se desprende claramente de su contestación que, tal como
está articulado el control íntegro de la Administración, no hay forma de
conocer y controlar ese déficit público en el que, en definitiva, están
incurriendo precisamente aquellos funcionarios que son gestores de esos
centros de gasto. Porque usted y yo sabemos que ese déficit se está
engendrando, que el cajón está abierto, que ahí siguen cayendo facturas y
que esas facturas van a incidir sobre la contabilidad pública y van a
aflorar en forma de déficit público el día de mañana. ¿Cuánto es esto?
¿Quién lo sabe? Quien tendría que saberlo es la Administración. Creo que
estamos ante un dispositivo de control que no funciona. Está claro que,
si la Intervención General del Estado no lo conoce, no sé quién lo puede
conocer. No entiendo qué organismo del Estado dé ese propio control.

Además, la disfuncionalidad que usted indicaba con el Tribunal de Cuentas
es expresiva de que hay que superar esa disfuncionalidad porque no
podemos admitir en un país moderno que haya discrepancias entre lo que es
el control interno de ese gasto y el control externo que ejerce el
Tribunal de Cuentas.

Esto es lo que yo derivo de la intervención y me deja con las mismas
dudas que tenía al comienzo de la misma, incluso más, me ha abierto otra
duda, y es ¿qué pasará cuando ustedes hagan ese cambio en la contabilidad
financiera del año 1995? ¿Qué ocurrirá cuando iniciado el año 1996
ustedes cierren con esos cambios contables? Con esto voy, señor
Presidente, a la confusión que antes indicaba. Y es que cuando uno
analiza --y para un Diputado de la oposición ése es su deber-- el
contenido de los presupuestos del Estado, se encuentra con una
determinada documentación, un determinado planteamiento, un determinado
registro contable. Y en ese planteamiento, en ese registro contable,
aparecen todos los elementos que yo le he preguntado a usted, en el
sentido de que aparece la inclusión de una prima de emisión de deuda
pública, como ingreso matrimonial; aparecen inclusiones derivadas de las
privatizaciones como elemento patrimonial y, además, insisto en la idea
de que aparecen, no ya por la plusvalía, sino por el valor nominal de las
acciones. Si esto, como usted bien dice, se depura después, ¿para qué
aparece en la contabilidad financiera que acompaña a los presupuestos?
Esto está dando una imagen inexacta de lo que es el déficit público en
nuestro país. En definitiva, estamos haciendo una presentación incorrecta
de los documentos presupuestarios a esta Cámara, a la opinión pública, en
principio, y de ahí vienen las confusiones que se generan después, que
son confusiones muy graves sobre si el déficit público es cierto o no, si
falta equis miles de millones de pesetas o no. Profesionalmente usted
conoce esta situación, quiero decir que deriva la misma conclusión que
yo.

Y, además --un minuto más, con la venia del Presidente--, el grave asunto
del pago del desempleo en España figura en el frontispicio de las
explicaciones de lo que es el déficit público en España. Cuando este
Diputado, hace justo dos años, pregunta al Ministro de Economía y
Hacienda de nuestro país cuáles son las partidas de gasto cuya desviación
explica el incremento (los cadáveres del armario que se descubrieron en
1993) del déficit público en España, el señor Ministro de Economía, en el
Pleno de esta Cámara, responde: La primera es la desviación de las
inversiones reales. Correcto. La segunda es la desviación del Fondo de
Compensación Interterritorial. Correcto. La tercera que aparece, la más
importante cuantitativamente, son las transferencias del INEM con un
crédito inicial de 666.000 millones, modificaciones de crédito hasta
870.000 millones y un crédito final por los desfases del año 1993, que
traeremos en este propio año 1993 por un total de un billón 536.000
millones de pesetas.

Esta es la respuesta del Ministro de Economía y esto, como usted ha dicho
esta mañana, no es déficit público, en contabilidad nacional. Entonces
¿de qué estamos hablando? ¿Hablamos con propiedad de lo que es el déficit
público en España a efectos de lo que son sus consecuencias económicas, a
efectos de las exigencias de los convenios internacionales? Esto es lo
que se le está respondiendo al Grupo Popular en esta Cámara. Además, esto
estaría elaborado por su antecesora en el cargo, vendrá de los servicios
técnicos de la Intervención. Esto no es déficit público, como usted ha
dicho esta mañana, en contabilidad, eso es una transferencia interna
entre administraciones públicas. En este caso, un ente público, el INEM,
ha hecho ya el pago en los respectivos años. Y eso no es déficit público
en España. Por tanto, estamos ante un auténtico galimatías de lo que es
el déficit público y no es el déficit público, cuando lo importante sería
que lo clarificáramos de una vez por todas.

La pregunta iba en el sentido de que en eso que ha llamado usted
anticipos de tesorería, precisáramos qué es esto de la contabilidad
extrapresupuestaria que, además,



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creo que correctamente, usted no ha defendido esta mañana aquí, sí que lo
hizo su antecesora en el cargo en la Intervención General del Estado
cuando acudió a esta Cámara para defender la utilización de esa
contabilidad extrapresupuestaria, en mi opinión, no con razones ciertas y
firmes. En definitiva, siguen existiendo esas prácticas y sigue
insistiendo una incapacidad por parte de la Administración de identificar
lo que llaman técnicamente obligaciones, reconocidas o no, pendientes de
pago, que es la deuda, la deuda que se está engendrando y que nadie
parece conocer en España. Y esto es muy grave, señor Interventor General
del Estado, que estemos en esta situación, que cuando estamos enfrentados
a los presupuestos de 1996 seamos incapaces de decir que no hay deuda de
cajón porque no podemos tener los instrumentos para controlarlo. Lo que
estamos haciendo es poner en cuestión, una vez más, la propia
credibilidad de los presupuestos y, en definitiva, esto nos lleva a la
conclusión de que el modelo de reforma de la Intervención General del
Estado que el Partido Popular lleva en sus programas de Gobierno es
absolutamente necesario, porque no podemos hacer este control «ex post»,
porque nos encontramos ante dudas que nos suscitan los documentos
presupuestarios.

La idea final, señor Presidente, no es lo que se encuentren los próximos
gobiernos de España, es lo que estará pendiente de pago por parte de
todos los españoles en amortización de deudas que hoy no se quieran
reconocer.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Hernández Moltó.




El señor HERNANDEZ MOLTO: Lo primero que tengo que hacer es alabar las
buenas intenciones del Presidente que intentó evitar lo que una vez más
ha sido inevitable, y es que el señor Montoro haya hecho su trabajo y
esté dispuesto a leerlo, caiga quien caiga y le aconseje quien le
aconseje.

Yo, a efectos del «Diario de Sesiones», quiero hacer una protesta leal
del quiebro y la desfiguración de este debate, puesto que lo que el señor
Montoro ha venido a hacer otra vez no es preguntar sobre el presupuesto,
sino calificar y juzgar el presupuesto.

Yo no sé si es que tenía mucho que hacer la semana pasada o la otra
cuando en esta misma Comisión todos los grupos tuvieron la oportunidad de
traer a esta Cámara los comparecientes que juzgaron oportuno, para,
precisamente, analizar la ejecución presupuestaria del año 1995 y
anteriores. Incluso quizá no ha debido tener tiempo para leer las
contestaciones a las preguntas, que no hace, pero sí a los titulares que
hoy el Partido Popular trae en los medios de comunicación, y que le puedo
realizar al señor Secretario de Estado de Hacienda, don Enrique Martínez
Robles, fundamentalmente en relación a los maquillajes contables,
maquillajes financieros o maquillajes de déficit, en toda una
terminología cosmética que el Partido Popular viene utilizando
últimamente en relación a los presupuestos. Ya fue contestado
puntualmente, por cierto he de decir que sin capacidad de respuesta por
el grupo de la oposición.

Tengo que lamentar que hoy se suscite ese debate. Yo, por la prudencia y,
sobre todo, por el respeto que el Partido Popular no le tiene al
Presidente pero el Grupo Socialista sí, no profundizaré hoy en ese
debate, que ya tendrá oportunidad el señor Montoro de poder hacer en la
Cámara o en cualquier otro sitio, pero porque haya trabajado el fin de
semana... Yo le pediría que fuera mucho más disciplinado con esa Mesa de
lo que ha sido en el día de hoy.




El señor PRESIDENTE: La Presidencia retribuye al Grupo Parlamentario que
representa el señor Hernández Moltó con el mismo respeto.

Señor Interventor General.




El señor INTERVENTOR GENERAL DEL ESTADO (Mañez Vindel): Quisiera
excusarme porque quizá me he expresado mal, ya que no he querido decir
las conclusiones que ha sacado el señor Montoro. En este momento las
cuentas en España son muy buenas, afortunadamente para todos. En ningún
caso yo he lamentado que estén mal, porque las cuentas en este momento
repito que son muy buenas.

Desde el punto de vista de contabilidad presupuestaria, es una
contabilidad on line y se refleja todo. En la contabilidad financiera,
había discrepancias con el Tribunal de Cuentas; ya se han corregido. En
la contabilidad que saquemos del año 1995, estas discrepancias de
criterio del devengo, criterio de caja y todo eso, están corregidas. Nos
hemos adaptado plenamente a esa exigencia y en estos momentos serán mucho
mejores que en el pasado, desde la perspectiva de que nos hemos acomodado
al Tribunal de Cuentas.

Por supuesto que es muy importante, habiendo dos órganos de control, uno
interno y otro externo, que predomine el criterio del órgano externo. Por
eso hemos querido adaptarnos en lo posible a este criterio del Tribunal
de Cuentas.

En cuanto a la generación de facturas, creo que no existen. Pero no
puedo, en ningún caso, saber si el gestor tiene facturas en el cajón. Sí
tengo que decir que, en base a algo muy concreto, lo denunciaba el
Tribunal de Cuentas y también lo ha referido S. S., estaban las
obligaciones reconocidas en el cajón, que estaban motivadas
fundamentalmente por el artículo 10 u 11, en su caso, de la Ley de
Presupuestos de cada año, es decir, que no se podían reconocer más
obligaciones que las aprobadas en el presupuesto inicial. En años
pasados, el Tribunal de Cuentas decía: miles de millones en los años
1992-1993. Yo creo que en el año 1994 prácticamente no existirán; se han
mejorado notabilísimamente todas estas cuentas.

La existencia o no de la contabilidad extrapresupuestaria no tiene que
defenderla el Interventor General. Si hay una necesidad urgente, que
además está admitida en la Ley General Presupuestaria, y el Gobierno
considera que es urgente y no puede esperar al ejercicio siguiente, lo
puede hacer. La Intervención General no puede discutir eso. Lo que sí
tiene que hacer es contabilizarlo debidamente para que no haya ocultación
del dato.

Se ha referido al déficit del desempleo. Yo pienso que es perfecta la
contabilización de todo lo relacionado con el



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desempleo. Lo que sí he dicho es que algunas veces, en todo lo
relacionado con el déficit, existen criterios que podrían ser distintos,
pero el sistema europeo de cuentas es absolutamente claro. Por ejemplo,
los préstamos de la Seguridad Social, que también se han criticado en
algunos casos como un mayor déficit. Eso técnicamente es inaceptable,
porque el préstamo de la Seguridad Social está perfectamente recogido en
el gasto de la Seguridad Social. Luego en ningún caso puede admitirse que
se considere que el déficit está distorsionado. De ningún modo lo está,
porque está en la Seguridad Social. Y en el conjunto de las
Administraciones Públicas no puede figurar en el Estado y en la Seguridad
Social. Eso está perfectamente claro.

Por último, S. S. ha hablado de los derechos reconocidos, que se me ha
olvidado en la contestación y le ruego excusas, en la Seguridad Social en
el año 1995. Sólo una corrección. Ha sido en el año 1994. Salió una orden
ministerial que corregía la contabilización y se acomodaba al criterio
del devengo del Tribunal de Cuentas. Es decir, para el año 1994 y para
acomodarse lo antes posible a la exigencia del Tribunal de Cuentas, la
Seguridad Social en el terreno de los derechos también ha utilizado el
criterio del devengo. En eso ha consistido la modificación a que hacía
referencia S. S.




El señor PRESIDENTE: Con las palabras del señor Mañez Vindel termina la
comparecencia del Interventor General del Estado. (El señor
Vicepresidente García Ronda ocupa la Presidencia.)



--DEL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DEL PATRIMONIO DEL ESTADO (VAZQUEZ DE PARGA
Y PARDO). A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR. (Número de
expediente 212/001721.)



El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): Para iniciar la comparecencia del
señor Director General del Patrimonio del Estado, tiene la palabra el
señor Sanz Palacio, por parte del Grupo Popular, que ha pedido su
comparecencia.




El señor SANZ PALACIO: En primer lugar, quiero agradecer al señor
Director General del Patrimonio del Estado su presencia en esta Comisión.

Señor Director General, uno de los aspectos más llamativos del Grupo
Patrimonio es la existencia de ciertas sociedades cuyo único objeto es la
tenencia, administración y enajenación de otras sociedades del Grupo
Patrimonio. Así, tenemos a Patrimonio I, a través del cual se sacan al
mercado las acciones de corporación bancaria española, o Patrimonio II
que hace lo propio con las acciones de Telefónica. En su momento se
anunció la creación de Patrimonio III para privatizar Tabacalera y
Patrimonio IV, que serviría para privatizar Trasmediterránea y Aldeasa,
pero su existencia no nos consta.

¿Qué sentido tiene crear una sociedad estatal para privatizar otra? Muy
sencillo. Si el Grupo Patrimonio enajenase directamente las acciones
--pongamos por caso Argentaria--, las normas de contabilidad
presupuestaria obligarían a considerar como ingreso patrimonial --en el
Capítulo 5 del presupuesto de ingresos-- la diferencia entre el valor de
adquisición y enajenación, y por el resto de los fondos obtenidos se
contabilizaría una disminución de activos.

La utilización de sociedades instrumentales permite considerar como
ingreso patrimonial prácticamente el cien por cien del importe obtenido
por la venta de las acciones. ¿Y qué ventajas puede reportar al Gobierno
considerar todos los recursos obtenidos por la privatización como
ingresos patrimoniales? También es muy sencillo. El Capítulo 5, de
ingresos, se computa a la hora de calcular el déficit no financiero de
caja, mientras que las disminuciones de activo pasan a reducir
directamente la necesidad de endeudamiento del Estado. Al final, señor
Director General, a la deuda pública le pasa lo que al algodón, que no
engaña, y termina reflejando el verdadero alcance del desequilibrio de
las finanzas públicas por encima de la cifra de déficit no financiero.

Pero lo cierto es que el Gobierno ha mostrado siempre un gran interés por
reflejar una cifra de déficit no financiero más baja de lo que hubiera
correspondido de contabilizar los ingresos por operaciones financieras en
el Capítulo 8 del presupuesto de ingresos y algunos gastos no financieros
recogidos en el Capítulo 8 del presupuesto de gastos como operaciones no
financieras. El empleo de las sociedades instrumentales para privatizar,
y su finalidad, están claros, pero le rogaría al Director General que me
ofreciese algunos detalles sobre las operaciones.

En primer lugar, quisiera pedirle que remitiera a esta Comisión, con la
mayor brevedad posible, una relación exacta de los movimientos que han
tenido lugar en el neto patrimonial --patrimonio, reservas y beneficios--
de las sociedades Patrimonio I y Patrimonio II. Le ruego, señor Director
General, el máximo detalle posible porque nuestro grupo quisiera tener
una idea lo más exacta posible de la historia de estas sociedades
estatales.

En segundo lugar, quisiera saber las razones que han llevado al Grupo
Patrimonio a realizar aportaciones patrimoniales a Patrimonio I, no sé si
a Patrimonio II, y estas aportaciones las han hecho con abono no sólo a
la cuenta de capital social sino también a la cuenta prima de emisión de
acciones. Se trata de un detalle verdaderamente sorprendente porque,
señor Director General, como usted sabe, la finalidad de las emisiones
con prima es evitar que se produzca el efecto de elución de las reservas
que perjudicaría a los accionistas antiguos --es decir, los tenedores de
acciones con anterioridad a la ampliación de capital--. Le digo que es
sorprendente porque, corríjame si me equivoco, el Grupo Patrimonio es el
único accionista de la sociedad estatal Patrimonio I, antes y después de
la ampliación de capital, por lo que aparentemente carece de sentido
emitir con prima.

Sociedad estatal Patrimonio II. ¿Existe Patrimonio II? Tenemos dudas,
pues no aparecen sus estados financieros en la documentación remitida por
el Gobierno a esta Cámara. ¿Se ha llevado a cabo la privatización de un
tramo de Telefónica a través de esta sociedad instrumental?



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Una última cuestión se refiere a la cifra de gastos de explotación de la
Sociedad estatal Patrimonio I. No se trata de cifras muy elevadas si las
comparamos con otras cifras o magnitudes de sus estados financieros
--5.001 millones de pesetas, en 1993, y 3.222 millones de pesetas, en
1994--, pero sí resultan algo elevadas si consideramos que se trata
únicamente de una sociedad instrumental. Supongo que son gastos asociados
a la enajenación de acciones y a las ampliaciones de capital, pero le
rogaría que nos enviase un detalle de estos gastos desde la constitución
de la sociedad estatal.

En otro orden de cosas, el gasto total presupuestado en el proyecto de
ley de Presupuestos Generales del Estado para 1996 para el Capítulo 8,
del Servicio 15.04, Dirección General de Patrimonio del Estado, de la
Sección 15, Ministerio de Economía y Hacienda, dentro del programa 612F,
Gestión del Patrimonio del Estado, asciende a 82.334 millones de pesetas,
importe ligeramente inferior al presupuestado el año anterior. Dentro de
este mismo capítulo, el artículo 85 tiene una dotación que asciende a
61.164 millones de pesetas, cuyo destino es ampliar el capital de
diversas sociedades estatales como Siepsa --35.018 millones de pesetas--,
Agesa --15.750 millones de pesetas-- y otras. Estas aportaciones vienen
teniendo carácter periódico, se producen todos los años y han acumulado
cifras realmente llamativas.

Según datos del propio Ministerio, Agesa habría recibido entre 1993 y
1996, si se cumplen las previsiones del Gobierno, 100.092 millones de
pesetas. Por su parte, Siepsa habrá recibido 85.097 millones de pesetas;
es decir, entre Agesa y Siepsa, un total de 185.189 millones de pesetas,
algo más de 0,2 del PIB de 1996.

A este respecto nos gustaría que usted nos indicara el juicio que le
merece la práctica utilizada para considerar las ampliaciones de capital
como medio para financiar el déficit corriente de algunas empresas del
Grupo Patrimonio.

Finalmente, y de una forma más concreta, veamos el caso de Siepsa.

Partimos de sus estados financieros provisionales y de ejercicios
anteriores que ha remitido el Gobierno a esta Cámara junto con el
proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado. Estamos, señor
Director General, siguiendo la pista a las aportaciones de capital
realizadas por el Estado a través de la Dirección General del Patrimonio,
que en 1995 está previsto que asciendan a 29.386 millones de pesetas,
según se lee en el cuadro de financiamiento de esta sociedad.

Como es evidente, una aportación de capital necesariamente afecta al
volumen de los fondos propios de la sociedad y debe tener su reflejo
contable en el pasivo del balance de situación. Cabe esperar que el
aumento de los fondos propios y, más concretamente, de la cuenta de
capital social sea muy aproximado a la aportación de capital. Pero si nos
fijamos en esta cuenta, vemos que su aumento entre 1994 y 1995 apenas
superada los 4.000 millones de pesetas. ¿Dónde está el resto del dinero
aportado, señor Director General? Para encontrar la respuesta tenemos que
regresar al cuadro de financiamiento y ver el desglose de las
aplicaciones de fondos. Comprobamos que de los 29.386 millones de pesetas
originarios por la ampliación de capital, 26.094 millones de pesetas se
destinan a reducirlo. Dicho de otro modo, los millones entran por la
puerta principal y salen por la puerta de servicio.

¿Por qué se producen --y ésta es una pregunta que me gustaría que
contestara el señor Director General-- en un mismo ejercicio una
ampliación de capital por 29.386 millones de pesetas y una reducción de
capital por 26.094 millones de pesetas?
Siguiendo con Siepsa, por otro lado, en el cuadro de financiamiento se
aprecia una inversión de inmovilizado material durante 1995, de 28.552
millones de pesetas en la partida Otro inmovilizado material, y al mismo
tiempo se detecta un origen de fondos de 22.548 millones de pesetas por
enajenación de inmovilizado que podría estar relacionado con la
disminución de capital. Sabemos, por tanto, primero, que se ha producido
una nueva inversión en inmovilizado material de 28.552 millones de
pesetas, que se ha producido una enajenación de inmovilizado material,
cuyo coste histórico --cifra por la que se ha de valorar el inmovilizado
material en balance-- no conocemos, aunque sí sabemos que el precio de
venta es de 18.142 millones de pesetas, igual al origen de fondos.

El movimiento de la cuenta Inmovilizado material neto del balance nos da
más información. Su variación neta del año 1994 al 1995 es positiva, de
5.997 millones de pesetas y tratando de reproducir lo que ha sucedido
vemos un saldo inicial de 22.096 millones, una inversión de 28.552 y
ambas partidas suman 50.648 millones. La enajenación, un coste histórico
que desconocemos, y un saldo final de 28.095 millones. Por tanto, el
coste histórico por diferencial sería 22.553 millones, aproximadamente
igual al origen de fondos por enajenación de inmovilizado. Que ambas
cifras coincidan es coherente con la cuenta de resultados en la que no
figura ninguna plusvalía o minusvalía por la enajenación de inmovilizado.

La cifra de 22.553 millones de pesetas también está próxima a la cuantía
de reducción de capital que era de 26.094 millones.

Podríamos hacer un análisis parecido con las cuentas del ejercicio de
1996 donde se repiten las mismas operaciones: ampliación de capital,
reducción de capital, variación en el inmovilizado, etcétera.

Señor Director General, ¿qué relación tienen las reducciones de capital y
las disminuciones del inmovilizado material? ¿Se realizan las reducciones
de capital con abono al inmovilizado material? ¿Se lleva a cabo alguna
venta de inmovilizado material? ¿Dónde van a parar estos elementos de
inmovilizado material? La cuenta de Pérdidas y Ganancias de Siepsa no se
corresponde con los movimientos patrimoniales, parece como si la sociedad
estatal hubiera sido creada para que el patrimonio entre y salga de ésta
sin que la explotación de estos elementos patrimoniales tenga importancia
alguna.

Nos gustaría que el señor Director General nos aclarara el sentido de
esta operación.




El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): A continuación, tiene la palabra
para contestar el señor Vázquez de Parga.




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El señor DIRECTOR GENERAL DEL PATRIMONIO DEL ESTADO (Vázquez de Parga y
Pardo): Muchas gracias, señor Sanz Palacios, por su amable acogida a este
compareciente y por la preparación, dedicación y detalle con que ha
explicitado las cuestiones que le preocupan y que me hace llegar para su
contestación.

Comienzo por donde S. S. ha iniciado, que se corresponde con la
constitución de las sociedades Patrimonio I, Patrimonio II, Patrimonio
III y Patrimonio IV. Cuando el Ministerio de Economía y Hacienda decide
iniciar el proceso de privatización, que yo lo llamaría mejor enajenación
parcial de la cartera de valores que tiene el patrimonio del Estado, en
las operaciones de privatización respecto del patrimonio del Estado,
hasta la fecha --privatización sería el pasar a manos privadas la gestión
y la mayoría de capital de las empresas públicas--, lo que hemos hecho es
enajenar parte de la cartera de valores del Estado considerando que la
ampliación del accionariado, pasando de manos públicas a manos privadas,
era más eficaz desde todos los puntos de vista y desde el posicionamiento
estratégico de las empresas en el sector no se perdía el control por
parte del Estado del punto de partida del que se salía.

En lo que me compete y en lo que usted conoce, ésta ha sido la situación
a lo largo de estos tres últimos años 1993, 1994 y 1995 de las dos
privatizaciones que se han hecho en la empresa Argentaria y de la
reciente privatización que hemos hecho de parte de la participación que
teníamos en Telefónica de España.

Cuando se realiza este planteamiento con otras sociedades que ha citado
también S. S., como pueden ser Tabacalera, Trasmediterránea, Aldeasa,
etcétera, nos encontramos ante un hecho de mecánica operativa que
necesitaba articularse. El Estado, el Patrimonio del Estado como tal, era
el accionista directo en el cien por cien de Argentaria, en el treinta y
dos y pico por ciento de Telefónica, en el cincuenta y dos y pico por
ciento de Tabacalera, etcétera. Nosotros necesitábamos tener un auténtico
instrumento en nuestras manos para articular el proceso de enajenaciones,
que pudiera tener la agilidad suficiente para poder llevar a cabo ese
proceso de enajenación por parte de la cartera del Estado. Es muy
difícil, yo diría que prácticamente imposible, en nuestra concepción y en
nuestra mecánica poder enajenar directamente las acciones que tiene el
Estado si no tiene un instrumento obtenido del sector privado, que es la
creación de una sociedad anónima, para que a través de él se
«vehiculicen» todas aquellas operaciones para poder llevar a cabo una
enajenación del tipo de las que hemos hecho, de oferta pública, de venta
de acciones con salida a Bolsa donde tenemos que hacer una serie de
contratos publicitarios, contratos con los bancos de inversiones,
contratos con las agencias que nos preparan los road-show
internacionales, contratos con los asesores legales. Todo esto necesita
un instrumento que pueda permitir llevar a cabo toda la articulación en
la fase real de estos procesos de venta de la cartera del Estado.

Este es un elemento importante y fundamental a la hora de crear estas
sociedades instrumentales que además tienen la virtud añadida de que no
generan gasto alguno adicional; son puros instrumentos, por así decirlo.

Se crearon, todas y cada una de ellas, con cien millones de capital, y
después se van produciendo las ampliaciones a medida que se decide cuál
es la parte alícuota en poder del Estado que se va a enajenar. En el caso
de Argentaria fueron dos enajenaciones de una participación del 25 por
ciento en cada una; en el caso de Telefónica, en principio, era una
enajenación del 12 por ciento de la parte del 32 por ciento que tenía el
Estado. En principio se constituyen con ese objetivo de integrar en ello
la posibilidad de aportar lo que se va a enajenar para de esa manera
permitir que la enajenación pueda ir por los cauces del sector privado
que son mucho más ágiles de que lo que sería llevarlo en manos de una
subdirección de un ministerio donde la burocracia está reñida con los
procedimientos ágiles que una sociedad instrumental, aunque sólo sea a
estos efectos, permite. Al mismo tiempo tenía la ventaja añadida de que
son sociedades desprovistas totalmente de personal; sólo figura un
administrador único que coincide con mi persona, desde el punto de vista,
pura y simplemente, de poder articular las firmas ante notario,
autorización a las empresas para que en nombre de Patrimonio I o
Patrimonio II, las distintas sociedades instrumentales puedan suscribir
todos y cada uno de los contratos. Hay algo que llama la atención y es
cómo estas sociedades --pese a que usted, después de oír esto, le puedan
sorprender los gastos-- tienen unos gastos prácticamente de cero.

Unicamente están los gastos inherentes a todo el proceso de enajenación
que lleva aparejado todos estos gastos a los que me refería
anteriormente. Le repito: es uno de los elementos fundamentales. Creo que
sin ese instrumento no hubiéramos podido llevar a cabo las operaciones
que hemos hecho de privatización de estas empresas en que el Estado es
accionista. No es el caso de Repsol, donde la propia empresa enajena sus
acciones. Aquí el Estado es el enajenante, el Estado es el que vende y el
aparato del Estado no sirve como vehículo y como instrumento para llevar
esto adelante.

También es verdad que este instrumento nos permite establecer unos
sistemas lógicos de contabilización adecuados a lo que es ya una sociedad
anónima donde indudablemente otra de las finalidades que se persiguen es
reducir el déficit de caja no financiero. Es real tal y como usted lo ha
expresado. En este sentido, le quiero decir que desde el punto de vista
de la contabilidad pública, aunque no conozco bien el tema, creo que
dentro de la organización del Ministerio de Economía y Hacienda han
surgido preguntas en el sentido de si, desde el punto de vista de la
contabilidad nacional, o desde el punto de vista de la contabilidad
presupuestaria, este elemento, que indudablemente no es pacífico, puede
llevar a que todas las operaciones que se incardinan por esta vía afecten
de una forma clara y directa al déficit de caja no financiero. Repito que
éste es un tema en el que yo no soy experto, pero lo que sí le digo es
que no es un tema que sea pacífico desde el punto de vista de la solución
ortodoxa que se le dé al mismo, y le soy totalmente sincero diciéndole
que en principio buscábamos que este instrumento societario nos sirviera
también para reducir el déficit de caja.

Con estas premisas, en 1993 el Consejo de Ministros autoriza la
constitución de las sociedades Patrimonio I, II,



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III y IV; la constitución se realiza con cien millones de pesetas, que es
el capital fundacional, y se hacen operativas cuando se decide la
privatización de la sociedad en concreto. Por eso, hoy en día, son
operativas la sociedad Patrimonio I, desde el año 1993, y Patrimonio II,
en el año 1995. Están constituidas pero sin ser operantes las sociedades
Patrimonio III y Patrimonio IV. La mecánica en todas es la misma, se
constituye la sociedad por el capital fundacional, que es de cien
millones de pesetas, y, una vez que se decide por parte del Gobierno la
enajenación de una participación de una determinada sociedad, 25 por
ciento de Argentaria 1, ó 12 por ciento de Telefónica, entonces se hace
la aportación no dineraria, en definitiva en cartera de valores, a la
sociedad respectiva del coste histórico por la cual figuraban en
Patrimonio las acciones correspondientes a la parte de participación que
se va a enajenar.

Dentro de esa aportación no dineraria, indudablemente por conseguir los
mayores beneficios desde el punto de vista que antes hablábamos, valorada
con arreglo a los requisitos de los registros mercantiles y demás, y a
coste histórico, a su vez se escinde en dos, parte se va a capital y
parte se va a prima de emisión. ¿Por qué hacemos esto? En definitiva, por
obtener los mayores beneficios en el momento de enajenación, poder
repartir vía dividendo la prima emisión y por entender que la cifra de
capital que necesita una sociedad con estas características, que en
general la cifra de capital va en beneficio de terceros, no es necesario
que sea mayor que aquella que garantiza todos los gastos que van a ser
inherentes a una operación de enajenación en una OPV normal. Entonces, en
el caso de las dos operaciones de Argentaria, se consideró que a estos
efectos sería suficiente con un capital de 7.000 millones de pesetas,
aproximadamente, en cada una de ellas, con lo cual el resto de la
aportación no dineraria configurada por el coste histórico del 25 por
ciento se contabiliza como prima de emisión. Y en el caso de Telefónica
la cifra de capital social --hablo de memoria, pero creo que son unas
5.000 pesetas--, por entender que en este caso concreto los gastos, con
la experiencia que teníamos de las operaciones anteriores, no rebasaría
esta cuantía, era cifra suficiente en garantía de terceros para no tener
que ir a un capital mayor, que, además, nos permitía, desde el punto de
vista de gastos de registro y de notariado, una reducción en estos
gastos, respondiendo a esa mayor eficacia y esa mayor rentabilidad, que
es otro de los enfoques claros con los que se han planteado la
configuración de este tipo de sociedades.

En el caso de Patrimonio I, con estas ideas que le he dado, respondo a
todas las cuestiones que me había hecho con la excepción de los gastos de
explotación. Los gastos de explotación que ahí se recogen son los gastos
directos, ya libres de comisiones, correspondientes a las operaciones de
la oferta pública de venta de acciones, y, fundamentalmente, yo le diría
que la parte más importante, como no le puede sorprender a S. S., es la
parte correspondiente a los gastos de publicidad. O sea, de los 5.000
millones de pesetas a que hacía usted referencia a lo que sería el
equivalente a la primera privatización de Argentaria y los 3.000 millones
de pesetas, que es lo equivalente a la segunda privatización de
Argentaria, la parte más importante se corresponde con los gastos de
publicidad y la diferencia también queda justificada, habida cuenta que
la primera OPV de Argentaria era sacar a Argentaria al mercado.

Argentaria no cotizaba en Bolsa, Argentaria no era conocida casi ni en
los mercados nacionales; cuando encima nos hemos tenido que mover en
mercados internacionales, es lógico que esa operación de imagen y de
publicidad de esa primera operación de Argentaria tenga un peso
específico relativo bastante superior a lo que es la segunda, que,
además, se hizo el mismo año que por supuesto cogíamos ya lo que era el
peso específico y el poso que había supuesto ya salir al mercado en el
mes de mayo, que fue cuando se hizo la primera privatización; la segunda
privatización se hizo en el mes de noviembre.

Los otros gastos inherentes a esta operación son los que le he comentado
así muy de pasada, gastos correspondientes a gastos de asesoramiento
locales, inscripciones registrales, tanto en Bolsa nacional como en la
SEC americana, etcétera. Después, todos los gastos inherentes a lo que es
la presentación de lo que se conoce en la jerga de los bancos de
inversiones como los road-show, la presentación que se hace en los
mercados tanto nacionales como internacionales de la acción, pero repito
que a nivel relativo estos gastos pueden representar prácticamente un 15
por ciento respecto de estos gastos totales de explotación, que, por
supuesto, mandaré a la Cámara para que le sean entregados a S. S., en la
misma medida que también mandaré a la Cámara, de ambas sociedades, la
solicitud que me había hecho el compareciente de las variaciones del neto
patrimonial y su sucesiva evolución. Indudablemente, no me cuesta nada
hacerlo porque lo tenemos perfectamente recogido.

Después de lo que le he comentado, es fácil que entienda, por qué
Patrimonio II, en principio, parece que no existe, los mismo que
Patrimonio III y Patrimonio IV. Fueron sociedades que están en fase de
constitución, que no hemos hecho más gastos --por así decirlo-- hasta
tanto en cuanto no se hagan operativas. Patrimonio II ha nacido el día 28
de julio, concretamente, que fue cuando firmé la escritura de
constitución y, posteriormente, se ha hecho la ampliación de capital
correspondiente al 12 por ciento de las acciones de Telefónica que han
sido objeto de la OPV reciente que hemos cerrado en el pasado día 2 de
octubre, que fue el día de la fijación del precio. Ayer fue el día del
cierre de la operación, habiendo hecho efectivos los distintos bancos de
inversiones colocadores de las acciones el importe neto de las mismas en
el caso de las acciones vendidas en Estados Unidos, en la Bolsa de Nueva
York, y por el importe bruto, pendiente de que les liquidemos las
comisiones, al resto de los bancos del tramo internacional y también, por
supuesto, a los bancos nacionales.

Respecto de la otra parte de su intervención, que se refiere al programa
del presupuesto de la Dirección General del Patrimonio, y, concretamente,
a lo que hace referencia a la Sección 15 y al Capítulo 8 de la misma, que
tiene un montante de ochenta y dos mil y pico millones de pesetas, se
concreta usted en la parte que hace referencia a la suscripción de
acciones en empresas estatales, que asciende



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en el presupuesto de este año a un montante de 61.164 millones de
pesetas. Efectivamente, puede parecer que en esta rúbrica hay una cierta
contradicción entre esta desinversión por parte del Estado, a la que he
hecho referencia, a través del proceso de enajenación de parte de la
Cartera, y simultáneamente encontrarnos en un proceso continuado, no
esporádico, de ampliaciones de capital.

Con el ánimo de aclarar esta posible contradicción diré que las
ampliaciones de capital que están previstas en esos 61.164 millones de
pesetas responden a dos hechos fundamentales: uno se refiere a
inversiones realizadas en el pasado pero que tienen que ser financiadas
en el presente, y ahí está AGESA en cuanto a las importantes inversiones
que se realizaron en la Exposición Universal de Sevilla-92. Formalmente
entonces el balance resultó equilibrado, pero es indudable que hay
inversiones materiales perfectamente contabilizadas, que han respondido a
su coste histórico de materialización y, sin embargo, no responden a su
posibilidad de enajenación, de tal manera que la configuración de capital
propio que entonces existía y los recursos ajenos que fueron necesarios
para financiar todas las infraestructuras de la Isla de La Cartuja, lo
que ha dado lugar a que al no caber la posibilidad de que la realización
de ese inmovilizado responda a precios de mercado porque se hizo, por
decirlo así, una urbanización de lujo, especial y para un hecho
conmemorativo singular, las enajenaciones que podamos hacer de aquello en
este momento no puedan responder al valor histórico que se le otorgó en
su día.

Por tanto, tenemos que atender a esa financiación, financiación ajena muy
importante, a través de un crédito sindicado que firmamos en 1993 con el
Banco Argentaria de Negocios por un importe de setenta y pico mil
millones de pesetas, y las dotaciones de cada año son las que están
cubriendo los costes de intereses y de amortización del crédito. Esto en
un orden de ideas. Me he referido a inversiones del pasado que estamos
financiando actualmente. A continuación, me voy a referir al otro hecho
fundamental, que son las inversiones que se están realizando hoy, pero
que se están materializando para que sean una realidad en el futuro. En
este punto mencionaría el plan de amortización y creación de centros
penitenciarios aprobado por el Gobierno en 1993. La construcción de
nuevos establecimientos penitenciarios dentro de ese plan da lugar a esas
aportaciones que se hacen a la empresa Siepsa, y, en menor medida pero
también en forma importante, las que todos los años estamos haciendo a la
Empresa Nacional de Autopistas para conseguir que la financiación ajena,
que tenía un peso muy importante dentro de las empresas que construyen
autopistas, tanto la gallega como la astur-leonesa fundamentalmente, cada
vez tuvieran un equilibrio mayor entre recursos propios y recursos
ajenos.

En este sentido, he de decirle que este episodio de las autopistas en
principio ya queda bastante equilibrado habida cuenta de que por primera
vez en este año de 1995 a nivel consolidado esperamos que el grupo de
empresas públicas que se integran en Enausa ya dé resultados positivos
después de cubrir los gastos financieros. Esto va a permitir en el futuro
tener menos necesidad de acudir a este cambio de la estructura financiera
habida cuenta de que ya estamos en el proceso de recuperar las
inversiones aunque todavía sea a nivel de grupo consolidado, porque la
empresa que contruye la autopista astur-leonesa todavía presenta déficit.

Por último, me pregunta sobre la situación de Siepsa, a la que ha
dedicado un estudio de carácter monográfico muy interesante. Su señoría
ha dado un diagnóstico exacto en función del análisis contable que ha
podido realizar a través de los datos que ha manejado. El instrumento que
se ha utilizado para poner en marcha el plan de creación de instituciones
penitenciarias tiene la misma finalidad que la perseguida con la creación
de las sociedades patrimoniales, aunque en este caso con otra
configuración, porque estamos hablando de una sociedad con una estructura
tanto a nivel gestor como a nivel administrativo, gerencial y demás con
todos los condicionantes y todos los apoyos que puede tener cualquier
tipo de sociedad anónima, pero es verdad que el Gobierno aprobó en su día
que el plan de creación de instituciones penitenciarias fuera
instrumentada a través de una sociedad anónima. La interpretación más
realista de este instrumento nace precisamente de considerar que ello
supondría salirse un poco de la burocracia de la Administración para,
dentro de la agilidad que da una sociedad anónima, poder ser más eficaces
a la hora de plasmar lo que serían los nuevos centros penitenciarios.

Esta es la realidad sobre la que nos estamos moviendo, y la realidad
lleva a operaciones de acordeón, consistentes en aportaciones financieras
vía ampliación de capital a la sociedad Siepsa para que pueda cumplir sus
objetivos previstos de creación de nuevos establecimientos
penitenciarios, y una vez que ha cumplido su finalidad de materializar en
el inmovilizado ese establecimiento penitenciario, ya la mecánica de
desenvolvimiento y de desarrollo normal --mantenimiento, conservación y
demás-- es asumida por el Ministerio de Justicia, de manera que, una vez
ultimado el fin de la empresa, cual es la creación del establecimiento
penitenciario, en definitiva, poner la cárcel llave en mano, por utilizar
una expresión que nos permite entender mejor cuál es el procedimiento,
automáticamente se produce la reducción de capital, integrando ya ese
inmovilizado dentro de lo que sería un activo patrimonial en manos de la
Administración y ya gerenciado por ella. Todos estos aspectos son los que
dan lugar a esos movimientos de las cuentas de neto patrimonial y de
inmovilizado, en activo y en pasivo, por esas operaciones de acordeón
que, una vez que se han finalizado --en este caso la cárcel de Soto del
Real, de Villabona--, se reintegran, por así decirlo, al movimiento
normal de los bienes patrimoniales del Estado para incorporarlos al
proceso de afectación al Ministerio de Justicia e Interior.




El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): Para complementar sus preguntas,
tiene la palabra, de nuevo, el señor Sanz Palacio.




El señor SANZ PALACIO: Señor Presidente, voy a ser muy breve.

Sean mis primeras palabras para agradecer al señor Director General las
respuestas que ha dado a las preguntas



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que he formulado y, asimismo, el envío de la documentación que ha
anunciado. Intervengo solamente a efectos de clarificar el porqué de la
utilización de las sociedades instrumentales en la venta del patrimonio
del Estado. Para ello puede ser significativo recordar las palabras del
entonces Ministro de Economía Carlos Solchaga y que figuran en el «Diario
de Sesiones» del 24 de febrero de 1993, que paso a leer detalladamente
para ver exactamente por qué razón se utilizaban dichas sociedades y por
qué se producía la contabilización, sobre la que usted ha dicho que no
era un experto: «Si se venden --decía el señor Solchaga-- estas
participaciones que ahora tiene el Patrimonio del Estado, el producto de
las mismas iría a disminuir la Deuda Pública. Nada más. Por tanto, no
tendría un efecto sobre el déficit corriente de este año. Si se venden a
través de una sociedad instrumental, entonces aparecen como plusvalías de
esta sociedad instrumental, de una parte, en forma del impuesto sobre
beneficios correspondientes a las plusvalías y, de otra parte, en forma
de los beneficios que tiene que dar al Tesoro, aparecen para disminuir el
déficit público de este año.»
Yo creo que éste es el fondo del tema. Le agradezco una vez más todas sus
respuestas.




El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): Señor Vázquez de Parga, ¿tiene
algo que añadir?



El señor DIRECTOR GENERAL DEL PATRIMONIO DEL ESTADO (Vázquez de Parga y
Pardo): Simplemente, cerrar la comparecencia en perfecta sintonía con su
señoría. Por si no lo he explicado bien, ésa era también la intención de
mis palabras. Repito que cuando se planteó el tema de las
privatizaciones, desde el primer momento se buscó también ese otro
objetivo, con lo que, indudablemente, se funciona igual que cualquier
sociedad anónima. La diferencia entre el coste histórico y el valor de
enajenación es la plusvalía; esa plusvalía la repartimos como dividendo,
entra dentro del capítulo 5 y, a su vez, la retención correspondiente al
dividendo se integra en su capítulo presupuestario, y lo mismo ocurre con
el Impuesto sobre Sociedades que genera el propio beneficio de la
empresa. Es decir, se utiliza la misma técnica que en cualquier sociedad
anónima privada.




El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): Muchas gracias, señor Vázquez de
Parga. Con esto termina su comparecencia.




--DE LA DIRECTORA GENERAL DE LA AGENCIA ESTATAL DE LA ADMINISTRACION
TRIBUTARIA (LAZARO RUIZ). A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR.

(Número de expediente 212/001722.)



El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): Damos comienzo a la comparecencia
de la ilustrísima señora doña Juana María Lázaro, Directora General de la
Agencia Estatal de la Administración Tributaria.

Para hacer las preguntas que corresponden por parte del Grupo que ha
pedido su comparecencia, tiene la palabra el señor Martínez-Pujalte, del
Grupo Popular.




El señor MARTINEZ-PUJALTE LOPEZ: En primer lugar, quiero agradecer a la
Directora de la Agencia Tributaria su comparecencia en esta Comisión. (El
señor Vicepresidente Ortiz González ocupa la Presidencia.)
Como ya ha quedado de manifiesto esta mañana, me voy a limitar a hacer
unas cuantas preguntas, cuya contestación permitirá a mi Grupo fijar una
posición más sólida en relación al presupuesto de la Agencia Estatal de
la Administración Tributaria. Intentaré ser breve y procuraré referirme a
asuntos puntuales sobre los que a mi Grupo le gustaría tener algún tipo
de aclaración. Me referiré a las cifras, pero también hablaré de los
objetivos, porque la Agencia Estatal de la Administración Tributaria
lleva cinco años de funcionamiento y lo que intentamos saber es si los
104.000 millones, más los gastos de inversión --que este año ascienden a
más de 1.000 millones de pesetas--, son útiles para conseguir los
objetivos para los que se creó la Agencia Estatal de la Administración
Tributaria. Siempre que se habla de presupuestos, cabe el peligro de
referirse al presupuesto de un año en relación a más o menos porcentaje
de subida o de bajada --en este caso de bajada-- al del año anterior, sin
pararse a pensar seriamente --y ésa es una de las primera reflexiones que
me gustaría que la Directora hiciera-- si la Agencia Estatal, con el
presupuesto que tiene, está cumpliendo los objetivos que motivaron su
creación. En primer lugar, haré algunas referencias al presupuesto y,
luego, a los objetivos y programas de actuación. Pasados cinco años desde
su creación, creo que es un buen momento para hacer una evaluación y ver
si las cantidades que los españoles están dedicando a ese fin en los
Presupuestos Generales sirven para conseguir un objetivo eficaz. En el
caso de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y con el nivel
de fraude que tenemos, creo que cabe hacer una reflexión seria sobre su
utilidad.

Para empezar, me gustaría conocer la opinión de la Directora sobre la
reducción presupuestaria que va a tener la Agencia el próximo año según
el proyecto de Presupuestos. Los objetivos de la Agencia, lucha contra el
fraude y ayuda al contribuyente, no parece que estén consiguiendo cotas
realmente esperanzadoras. El fraude cada vez es mayor. Además, el estudio
propugnaba algún tipo de medidas sobre la unidad de fraude y, sin
embargo, el presupuesto se reduce considerablemente, sobre todo el de los
gastos corrientes. ¿Cree la Directora que el presupuesto va a ser
suficiente o hay base para que se reduzca y se cumplan los objetivos en
mayor medida que el año pasado? Cabría plantearse que si el año pasado,
con un nivel presupuestario más alto, no se consiguieron los objetivos,
puede parecer chocante que se consiga este año, con menos presupuesto.

Señora Directora General, nos gustaría conocer su opinión porque vemos un
criterio poco homogéneo en los aumentos, según las categorías. Quizá se
deba a un reajuste de las categorías del personal, pero aumentan un 3,5
por ciento las remuneraciones de los altos cargos y de algunas



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categorías de funcionarios, sobre todo las altas, A y B, y, sin embargo,
se producen descensos --ligeros, pero descensos-- en las categorías más
bajas. Aumentan las retribuciones complementarias, y aquí hay un tema que
me gustaría que aclarara, que son las indemnizaciones por residencia, que
también aumentan. El año pasado ya explicó que eso se debía a los pagos a
cuenta y quisiéramos saber si es realmente así. Esa partida no aparecía
en los presupuestos de los años 1992 y 93 y no sabemos si fue porque no
se hicieron los pagos a cuenta o porque esa partida no existía; existía
en años anteriores y existe ahora otra vez.

En cuanto al capítulo de productividad, que asciende a 5.300 millones de
pesetas, me gustaría conocer la opinión de la Directora sobre los
resultados de este complemento. A veces, los ciudadanos pueden tener la
sensación de que este complemento lo que hace es aumentar el afán
recaudatorio de los que intervienen en la gestión y no facilitar que los
contribuyentes sean mejor atendidos. Me gustaría saber si la Agencia está
tomando alguna medida para evitarlo y creemos que se podría hacer muy
bien aplicando los criterios de evaluación al destinar este complemento
de productividad.

Ya me he referido antes a los gastos corrientes --quería ser breve-- que
descienden mucho. Hay una reducción de casi 3.500 millones de pesetas. Ya
se lo preguntaba antes, pero ¿entiende la Directora que eso no afectará
al funcionamiento de la Agencia?
Hay también una partida a la que quiero referirme específicamente que es
«Publicidad y propaganda». En 1994, la Agencia destinaba 300 millones; en
1995 subió a mil millones; y este año hay un ligero descenso, pero se
queda en 800 millones. ¿Existe un plan de ejecución de esta partida que
difunda los objetivos de la Agencia? ¿Se han evaluado los resultados de
la campaña de 1995? No me refiero a la ejecución presupuestaria.

También me gustaría saber la opinión de la Directora sobre si los
anuncios motivan para que los contribuyentes acudan más a pagar sus
impuestos o si, por contra, está la máxima evangélica de empezar a hacer
y luego a enseñar. Parece que en el tema de los impuestos el ejemplo que
dieran las autoridades sería mejor que cualquier otra campaña
publicitaria.

En cuanto a la partida estudio y trabajos técnicos, este año se destinan
en el presupuesto casi 300 millones de pesetas; el año pasado la
Directora dijo en su comparecencia que esa partida era sobre todo para
estudios informáticos. Me gustaría saber a qué se destinarán este año
estos recursos que tienen previstos.

Las inversiones han bajado considerablemente, un 21 por ciento, pero
siguen estando muy altas, mil millones de pesetas. ¿Existe un plan para
su ejecución en cuanto a los elementos de transporte, los edificios o los
equipos informáticos? ¿Está evaluada realmente su necesidad?
Pasando a los objetivos, la Agencia tiene dos objetivos cuya redacción ha
variado, pero que son los mismos que en años anteriores: uno, facilitar
el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales mediante la
mejora de la información, de asistencia, de la disminución de la presión
fiscal indirecta; y, otro, luchar contra el fraude fiscal.

Al contrario que en los años anteriores las actividades, según se detalla
en el documento, no se separan por áreas de actuación, sino que se
presentan en función de los objetivos especificados anteriormente.

Dentro del primer bloque de actividades --facilitar el cumplimiento-- se
incluye un listado bastante amplio sobre las actuaciones a realizar, más
amplio que años anteriores, lo cual es chocante teniendo en cuenta que
hay una reducción presupuestaria importante. Sin embargo, respecto a la
disminución de la presión fiscal indirecta se presentan sólo dos medidas
y además poco novedosas. Quiero preguntar a la Directora si cree que son
suficientes, porque realmente existe una opinión generalizada de que cada
vez aumenta más la presión fiscal indirecta, o por lo menos los
contribuyentes sienten más que, aparte del cumplimiento del pago a
Hacienda, tienen que hacer frente a otros gastos derivados de esa presión
fiscal que son mayores: más obligaciones formales, más tener que acudir a
técnicos, etcétera.

Dentro del segundo bloque de actuaciones, dirigidas a la lucha contra el
fraude mediante controles masivos y específicos de contribuyentes y
gestión recaudatoria, también se incluye un gran número de medidas. Me
gustaría que me dijera la Directora si cree que esas medidas son
suficientes. Hace poco la Asociación de Inspectores Financieros y
Tributarios del Estado ha hecho unas manifestaciones diciendo que ni
están de acuerdo con la estructura organizativa ni con estas inspecciones
masivas --ellos en su documento las llaman inspecciones basura--; se
quejan del Plan de Inspección de 1995, y en 1996 lo que se hace es
ampliar; hablan de que no existe una estrategia sólida y de que el
Departamento funciona sin criterio y sin rumbo.

Me gustaría saber si entiende la Directora que estas opiniones han sido
contempladas dentro de los objetivos y en qué medida.

Voy acabando, pero quiero referirme a dos o tres aspectos puntuales para
saber la opinión de la Directora y si se contemplan en los Presupuestos.

En primer lugar, querría saber si opina la Directora que es necesario
avanzar en una regulación mediante un Estatuto del Contribuyente. Quizá
eso sería una medida eficaz para evitar el fraude y para facilitar a los
contribuyentes su relación con la Hacienda Pública. Me gustaría saber la
opinión de la Directora sobre qué debería contener ese Estatuto del
Contribuyente, llamándolo como se quiera, por ejemplo, una carta de las
relaciones entre Administración y administrado; si ella entiende que
mejoraría la relación entre la Administración y el administrado.

En segundo lugar, a mi Grupo le gustaría conocer cuantas devoluciones
habrá pendientes por efectuar a final de año, si es que las hay, en todos
los impuestos.

Este año en el apartado de indicadores de seguimiento en el plazo de
devolución varían el criterio, no ponen número de días para devolver,
sino el porcentaje que se devuelve. No sabemos si es que la
Administración considera que el número de días no se cumple, o que no se
puede avanzar en ir indicando un número de días para efectuar las
devoluciones.

En tercer lugar, la simplificación administrativa. Hace unas semanas, sin
ir más lejos, aquí se ha aprobado una



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modificación de la Ley de Impuestos Especiales, donde se aumentaba muy
considerablemente la carga administrativa, incluso para los
contribuyentes que no tendrían que estar sujetos. Aquí se les declara
sujetos y luego se procede a devolverles, o al menos se les pide que
entreguen todos los papeles y toda la documentación, aunque no ingresen.

¿Se está avanzando en la simplificación administrativa? ¿Se está
avanzando en evitar costes fiscales indirectos?
En cuarto lugar, el devengo del IVA. Hemos discutido en este Parlamento,
en algunas ocasiones, si se podría modificar, no el devengo, sino la
exigencia del impuesto para algún tipo de operaciones, como podrían ser
los contratos con las Administraciones, en los que el contribuyente está
obligado a ingresar previamente a que haya cobrado de la Administración,
o para algún tipo de empresas, como podrían ser las pequeñas y medianas.

¿Entiende la Directora que eso podría mejorar la relación y que lo podría
asumir la Agencia Tributaria?
Sobre el fraude no sé qué preguntar, porque cada vez tenemos mayor
cantidad de fraude. Sólo tenemos un dato estimativo, que es el que hizo
el Instituto de Estudios Fiscales, casi tres billones de pesetas, el 5,5
del PIB.

En el documento hablan de tener un censo de contribuyentes. ¿Todavía no
existe un censo de los que estarían obligados a contribuir? En el
documento que han entregado hablan en los objetivos de tener un censo de
todos los que tienen que contribuir.

Quiero preguntarle a la Directora si la unidad de fraude, que el estudio
pedía que se aplicara, realmente se está llevando a la práctica.

Por último, sólo preguntarle si los indicadores de seguimiento que
detallan en los presupuestos se están utilizando y se están siguiendo.

No quiero alargarme más. Sólo decirle que si algunos de estos datos no
los tiene y nos los quiere facilitar luego, nos es igual.




El señor VICEPRESIDENTE (Ortiz González): Tiene la palabra la señora
Directora General.




La señora DIRECTORA GENERAL DE LA AGENCIA ESTATAL DE LA ADMINISTRACION
TRIBUTARIA (Lázaro Ruiz): Menos mal que me iba a preguntar pocas cosas.

Esto es un análisis de la Agencia, más que de la comparecencia por los
presupuestos.

Antes de tratar de contestar todas sus preguntas --que no sé si he
apuntado literalmente todas--, quiero decirle de antemano que admito que
tengo que escuchar todas sus afirmaciones sobre si existe más fraude, si
funciona la Agencia o no, porque son juicios de valor de S. S. y yo, por
supuesto, los respeto. Pero cuando se habla de una institución de este
tipo, me gustaría que S. S. aportara datos concretos. Eso para empezar.

Me pregunta si la Agencia cumple los objetivos. Evidentemente, la Agencia
no puede dejar de cumplir sus objetivos. Nosotros tenemos una obligación
legal establecida en nuestra ley de creación, que es cumplir los
objetivos, que son, como usted muy bien ha dicho, facilitar el
cumplimiento de las obligaciones tributarias al contribuyente para
disminuir la presión fiscal indirecta y, por supuesto, luchar contra el
fraude. Esos objetivos que nos impone la ley están clarísimos, porque,
además, derivan del artículo 31 de la Constitución. Toda persona debe
contribuir al sostenimiento de los gastos públicos y la Agencia es la
organización que tiene que llevar a cabo ese mandato, porque el sistema
tributario ha sido aprobado en este Parlamento y, por supuesto, nosotros
somos los encargados de ejecutarlo.

Me pregunta si podemos cumplir esos objetivos con la reducción
presupuestaria. Evidentemente; si no, no estaría hecho este presupuesto.

Además, como usted sabe, nuestra ley de creación prevé para el caso de
alguna insuficiencia presupuestaria un mecanismo de generación de crédito
al que, como usted habrá visto, este año se le ha bajado la base. Por
tanto, si tuviéramos algún problema podríamos generar crédito sin ninguna
dificultad.

En ningún caso la Agencia, con el presupuesto planteado, está pensando
que no vaya a cumplir esos objetivos, porque, si no, no tendría ningún
sentido su existencia.

Continúa diciendo que parece que el fraude cada vez es mayor. Pero, ¿en
qué es mayor? Eso es lo que me tendría que aclarar S. S., porque, además,
se lo agradecería infinitamente. Si usted sabe en qué es mayor,
díganoslo, que nosotros estamos dispuestos a colaborar y trabajaremos
porque es nuestra obligación.

Dice que no se han cumplido los objetivos. ¿De dónde saca usted que no se
han cumplido? No lo veo por ninguna parte. Le puedo decir que para
facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias este año hemos
hecho, primero, en la campaña de renta, una declaración abreviada que
supone una reducción a dos hojas con respecto a los impresos que teníamos
antes. Eso ha supuesto que más de 5.500.000 contribuyentes han utilizado
ese mecanismo. Hemos hecho disquetes de programas de ayuda Padre, tanto
para la declaración abreviada como para la simplificada, la ordinaria y
la de patrimonio. Una de cada dos declaraciones del sistema abreviado y
simplificado ha sido cumplida con ese programa, que es de la Agencia, no
nos olvidemos.

Además, hemos establecido un sistema de cita previa. Como usted sabe, los
contribuyentes que acudían a nuestras oficinas no tenían que esperar
colas si utilizaban ese sistema. Más del 42 por ciento ha acudido a él.

Lo vamos a mejorar, porque el año que viene toda persona que acuda a
nuestras oficinas pasará por la cita previa. Este año teníamos los dos
sistemas, pero para evitar esos problemas vamos a generalizarlo.

Teníamos una serie de objetivos impuestos por el Plan de Medidas contra
el Fraude aprobado por el Gobierno, en el que se establecía que habría
una serie de oficinas de atención al contribuyente que ya existen en la
actualidad. Son siete oficinas en otras tantas delegaciones especiales y
delegaciones de la Agencia.

Además, el año que viene vamos a intentar que la aplicación del programa
Padre se acerque cada vez más al contribuyente para evitar en algún caso
determinado, en la medida en que podamos, que se desplacen de su
domicilio. Esto por lo que respecta a facilitar el cumplimiento
voluntario de las obligaciones fiscales.




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Me dice que no hemos hecho nada contra el fraude. Siguiendo los objetivos
del Plan de Medidas contra el Fraude, en el área de control específico de
inspección, los datos que tenemos de los ocho primeros meses suponen un
incremento del 7,5 por ciento con respecto al año pasado. Pero en los
programas en los que realmente insistía el Plan de Medidas contra el
Fraude, que eran el sector inmobiliario, el de profesionales y el de
activos financieros, hemos tenido unos resultados espectaculares que, por
no cansar a S. S., si quiere se los mando.

En cuanto a los gastos de personal, ya entrando en el presupuesto de la
Agencia, me dice que hay una dispersión entre unos conceptos salariales
que aumentan y otros que disminuyen. El concepto de altos cargos aumenta
el 3,5 por ciento. Evidentemente, es la previsión de este presupuesto
para las retribuciones de los altos cargos: no podía ser de otra forma.

Luego me dice que aumentan unas partidas, que yo creo que se refiere a
las de funcionarios, y disminuyen las de los laborales. Aumentan por una
sencilla razón: hubo un proceso de funcionarización a finales del año
pasado y principios de éste por el que 3.338 laborales se
funcionarizaron, con lo cual todas las retribuciones que están en el
concepto de laboral han tenido que pasarse al de funcionarios.

En cuanto a las retribuciones complementarias, indemnizaciones por
residencia, como usted muy bien decía, el año pasado les aclaré en qué
consistía la partida presupuestaria especificada. Otros años sí que ha
habido ingresos a cuenta, como no podía ser de otra forma. Como usted
comprenderá, la Agencia no va a incumplir la normativa que después exige
a los contribuyentes, sería absurdo. Este año se ha procedido a una
actualización de ese ingreso a cuenta, casa por casa, de todos los
delegados especiales y de la Agencia que la utilizan, con el valor
catastral, con el incremento del 3,5 por ciento y haciendo un seguimiento
exhaustivo para ver si lo teníamos bien previsto o no.

La cantidad que el año pasado estaba ahí puesta no es la real. Ha sido
muchísimo más que lo que está previsto en el presupuesto del año pasado.

En cuanto a la productividad, me dice que si evaluamos los resultados.

Evidentemente, la productividad no puede ser más que para evaluar los
resultados. Tenemos un sistema precisamente por el que la productividad
se reparte entre aquellos funcionarios que desarrollan un trabajo que se
puede cumplir por un baremo --me estoy refiriendo en este caso
específicamente a Inspección--. Esa productividad es baremada y se
distribuye por los objetivos señalados. El resto de la productividad no
es baremada. Además, existe una productividad por objetivos que se
reparte exclusivamente si están cumplidos.

En cuanto a la publicidad, me decía que ha disminuido en 200 millones con
respecto al año pasado. Efectivamente, porque la imagen de la Agencia el
año pasado en la campaña institucional se planteó como una campaña
separada, pero por las encuestas realizadas después de las campañas --y
contesto a la otra pregunta de si sirven para algo o no--, el reflejo que
en la opinión pública tiene la Agencia ha llegado a un tope y no
consideramos necesario, y menos con restricciones presupuestarias,
insistir en el conocimiento de lo que es la Agencia. Un porcentaje muy
alto de los ciudadanos de este país conoce la existencia de la Agencia y,
para su tranquilidad, señoría, le diré que más del 78 por ciento que
utiliza sus servicios está conforme.

Me hablaba de esos resultados. Ahora mismo tenemos en marcha la cuarta
campaña, que será presentada la semana que viene, sobre facturas, como se
ha publicado ya en algún medio. Al final de esta campaña haremos una
encuesta generalizada sobre los resultados de todas las realizadas a lo
largo del año.

Ejemplo de las autoridades. Me parece que la demagogia, en una cosa tan
seria como cobrar los impuestos, no se debe utilizar en esta Cámara.

Podría ser admisible en otros foros, pero aquí creo que tenemos que tener
en cuenta que el ciudadano de este país sabe por qué tiene que pagar
impuestos, quién paga y, por supuesto, el que una persona haga una cosa u
otra no influye para nada en los resultados de los deberes de los
ciudadanos. En cuanto a los estudios y trabajos técnicos, efectivamente
el año pasado les dije, como no podía ser de otra forma, y se lo repito
este año, que es para determinados estudios que, en el ámbito de
informática, nuestro personal no puede llegar a hacer. Se disminuye este
año precisamente porque hemos cambiado un sistema de contabilidad, que
necesitaba un mantenimiento ajeno a lo que son servicios de la casa, por
uno propio, cuyo mantenimiento y programa pueden hacer nuestros
servicios.

En cuanto a las inversiones, evidentemente, no podemos dejar de tener un
plan de inversiones, pero usted sabrá que la Agencia tiene casi 28.000
personas, tiene casi 500 edificios, tiene una serie de elementos de
transportes, como no podía ser de otra forma, y otros elementos de
transporte adscritos al servicio de vigilancia aduanera, que son
helicópteros y embarcaciones. Estos edificios, en determinados casos, son
bastante antiguos y en algún caso tenemos que realizar obras, o, más que
eso, hacer edificios nuevos, y está previsto en el plan de inversiones de
la Agencia a medio plazo.

En cuanto a los objetivos, me decía que no habíamos preparado la
presentación de los objetivos por áreas. Realmente, el objetivo de
facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales no es de un área
específica, es de la Agencia en su conjunto. En cualquiera de las áreas
operativas de la Agencia se tienen que cumplir esos objetivos. La
presentación históricamente venía de la otra forma y este año hemos
preferido cambiarlo, sobre todo, para dar una imagen de conjunto, de que
es un objetivo no solamente del área de gestión o del área de
recaudación, sino de todas las áreas operativas de esta Agencia.

Me habla de que no conseguimos nada con la disminución de la presión
fiscal indirecta, que hay una opinión generalizada sobre esto. No es la
que nosotros tenemos con las encuestas del CIS y con las que estamos
encargando en campañas, en absoluto. Precisamente, lo que le he estado
diciendo antes es que la primera de nuestras grandes actividades va en
esa línea y, evidentemente, no me puede decir que existe un aumento
generalizado de la presión, porque no es verdad. Le repito lo mismo: si
usted tiene algún dato, démelo e intentaremos corregirlo.




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Fraude, controles masivos. Efectivamente, tiene que haber controles
masivos. Como usted comprenderá, con una gran parte del sistema
tributario basado en el sistema de autoliquidaciones, no es posible dejar
de controlarlos; sería absurdo no controlar lo que los contribuyentes
declaran. Por eso tenemos una primera fase que es un control en vía de
gestión, para entendernos, en cuyo caso se comprueba informáticamente,
con los datos que declara el contribuyente y con los datos que nosotros
tenemos, si es correcto o no es correcto; ahí está incluida la corrección
de los errores materiales; ése sería, por una parte, el control masivo en
vía de gestión.

Después, siguiendo las recomendaciones de la unidad del fraude del plan
de inspección (que usted parece que me dice que no se ha cumplido
ninguna, y yo le puedo asegurar que son una serie de medidas que tienen
un plazo y un calendario previsto y que ahora estamos en un grado de
cumplimiento por encima del 85 por ciento, en cuyo caso es imposible que
me diga eso), hemos hecho unas actuaciones extensivas en uno de los
sectores que más preocupan a esta sociedad y entiendo que a esta Cámara,
que es el fraude en el IVA, en cuyo caso, además de los controles
generales y las inspecciones generales e intensivas de todas las
obligaciones tributarias de un contribuyente, existen una serie de
programas, precisamente siguiendo esas recomendaciones, en los que se han
establecido una serie de actuaciones que necesitan un control, más que
recaudatorio, preventivo, para ver el cumplimiento de las obligaciones
formales y para ver otra serie de cosas, que son el IVA corrido del
ejercicio que está en vigor.

También me habla de unas supuestas declaraciones de algún representante
de APIFE. He de decirle que la Asociación Profesional de Inspectores de
Finanzas es otra de las asociaciones que tenemos en esta Agencia. Le
puedo decir que el colectivo al que representa son 1.280 personas. Es un
colectivo superimportante, como no podía ser de otra forma. Yo pertenezco
a ese colectivo con mucho orgullo. En un momento determinado, en unas
declaraciones sobre la Agencia se pone en tela de juicio lo que es la
organización y los resultados. Le tengo que aclarar, señoría, que los
resultados del fraude que estamos dando precisamente son resultados
objetivos de los planes y de las actuaciones realizadas por el personal
del Cuerpo Superior de Inspectores de Finanzas. Parece, cuando menos,
tendencioso poner en duda precisamente los resultados de los compañeros
integrados en ese área. Creo que no merece más comentario, pero si usted
tiene alguna otra cosa que aclarar, en cualquier caso, en un momento
determinado, si pasa por la Agencia, le explicamos cómo está la
situación.

En cuanto a las devoluciones de renta que habrá pendientes al final del
año, nuestro objetivo es que, hasta el 30 de noviembre, se termine con el
90 por ciento de las declaraciones. ¿Por qué hemos puesto el porcentaje y
no el número? Porque si varía el número de declaraciones, consideramos
que eso era más presentable; pero no hay ninguna otra razón. Lo que sí
queremos intentar es que esos plazos se cumplen y si no se cumplen no es
porque nosotros no queramos devolver, ya que usted sabe que este año se
ha hecho un gran esfuerzo, también el año pasado, y se ha devuelto a
muchísima más gente durante julio y agosto. Ahora mismo, con datos de 28
de septiembre, llevamos devueltas 210.000 declaraciones más que con
respecto a los datos del año pasado. Lo que también le tengo que aclarar
es que no se devuelve porque el contribuyente lo dice, es que la
obligación de la Agencia es que esas devoluciones se comprueben para ver
si son correctas o no; en cuyo caso, aquellas que se puedan retrasar, que
además sabe que tenemos seis meses --no estamos hablando de ningún
retraso-- se debe, en su mayor parte, a que no se ha podido notificar o
no se ha podido localizar al contribuyente, o no ha acudido a nuestras
oficinas y existen datos que en un pocedimiento normal tenemos que
aclarar antes de poder devolver.

Me habla de una simplificación administrativa en los impuestos
especiales, con una carga en los objetos que no tendrían que estar, que
entiendo que están sujetos y que después están exentos; eso es lo que
creo que me dice. Usted sabe que el sistema tributario no solamente se
basa en que la gente tenga que ingresar necesariamente. Esos datos que en
determinados supuestos se le exigen a un contribuyente no son porque él
tenga que ingresar o no, sino porque precisamente esa información nos
serviría para detectar posibles incumplimientos de otras personas que,
aparte de declarar, tengan que ingresar.

Me sigue hablando del fraude, de más cantidad de fraude, de un censo de
contribuyentes, que no hay censo... ¿Cómo no va a haber censo? Lo que
estaba puesto en la ficha de objetivos es precisamente ir actualizando
cada año el censo. No podría ser de otra forma. Evidentemente, el censo
para nosotros es un dato básico que tenemos que ir actualizando y es uno
de los objetivos que tenemos que poner todos los años, porque hay altas,
hay bajas, hay censos de empresarios, hay censos de agricultores, hay
censos de cualquier tipo que se tienen que ir actualizando en función de
que el contribuyente que en un momento determinado esté en uno o en otro
tenga que pasar al siguiente.

Me dice que si se aplican los criterios en la unidad del fraude. Estoy
diciendo que todos los criterios de la unidad del fraude se están
aplicando este año, se van a aplicar específicamente para el plan de
inspección del año que viene y vamos a insistir en los mismos sectores de
riesgo que nos ponía de manifiesto la unidad del fraude y, por supuesto,
vamos a analizar todos los programas y todos los resultados de esos
programas para completarlos, si hiciera falta, y fomentarlos para el año
que viene.

No sé si con esto he contestado a todas sus preguntas; si existe alguna
cosa que me haya dejado, le ruego, señoría, que me lo indique.




El señor VICEPRESIDENTE (Ortiz González): Tiene la palabra el señor
Martínez Pujalte.

Este turno está establecido para precisiones, aclaraciones y
matizaciones, y solamente para eso.




El señor MARTINEZ-PUJALTE LOPEZ: En algún momento de la intervención de
la Directora General no sabía si el interpelado era yo o era ella, por el
número de preguntas que me ha efectuado. En este trámite parlamentario
parece que los que hacen las preguntas son los Diputados y



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es función de la Directora contestar las preguntas. En ningún momento yo
he hecho una evaluación global de la Agencia, simplemente he hecho unas
preguntas al hilo de lo que pone en cada una de las fichas de los
objetivos de la Agencia. Me he referido, única y exclusivamente, a los
objetivos de las fichas. No creo que sea bueno ahora entrar en otra cosa
distinta de lo que es la comparecencia presupuestaria.

Dice la Directora, en un determinado momento, que he hecho demagogia en
algún punto. Aunque sólo sea para que figure en el acta de la sesión,
quiero hacer constar que eso no es así. Me he referido al tema del
fraude, sobre el que hay un estudio, que la Directora conoce tan bien
como yo, que dice que en España el fraude ha aumentado y se ha situado en
tres billones de pesetas, casi el 5,5 por ciento del PIB. También es
verdad que sabemos que es difícil de evaluar y que ese estudio es de hace
un año, pero es el dato que tenemos, que habla de una progresión en la
defraudación.

Dice la Directora, y con esto acabo, porque no quiero entrar en más
polémicas, que yo he dicho que no se están cumpliendo los objetivos que
planteó la unidad del fraude. Simplemente le he preguntado a la Directora
si con el recorte presupuestario de este año había capacidad financiera
suficiente para afrontar los objetivos. Me resulta extraño, como Diputado
y como contribuyente, que a una unidad que lo que pretende es ayudar a
los contribuyentes, que cada año son más, y evitar el fraude, que no diré
si es mayor o menor, son tres billones de pesetas (el 5,5 por ciento del
PIB) se le reduzca la dotación presupuestaria y se diga que hay
suficiente dinero. O el año pasado sobraba o este año se están recortando
las posibilidades y, por tanto, tendrá menos capacidad para afrontar los
objetivos. No es un juicio de valor el que hago, sino simplemente esa
pregunta.

Respecto a los gastos de personal, no me refería sólo a si se estaba
pasando personal laboral a funcionario, sino a que en unas escalas baja
la dotación presupuestaria y en otras escalas sube.

Cuando hablaba de los criterios del complemento de productividad, me
imagino que se refería a que se evaluarán los resultados y se aplicará el
complemento de productividad de acuerdo con esos resultados. Yo lo que le
preguntaba a la Directora era si esos resultados tenían el objetivo de
que el contribuyente fuera mejor atendido, o su objetivo era recaudar más
dinero; es decir, si ese complemento de productividad tenía un afán
recaudatorio o si tenía algún sistema para poder medir la ayuda prestada
por los funcionarios a los contribuyentes.

Respecto a publicidad y propaganda, dice la Directora que ya se ha
acabado la campaña, que en el año 1995 se ha realizado una campaña muy
fuerte y que en 1996 ya no haría falta. Si no hace falta, me parecen
mucho los 800 millones destinados a este fin. Me imagino que lo que
quería decir es que no era necesario hacerlo con la misma intensidad que
en el año 1995.

Ha hablado también de la disminución del gasto fiscal indirecto. Lo que
yo le planteaba a la Directora es que los objetivos de este año presentan
muy pocas medidas, sólo dos, que no son muy distintas a las de años
anteriores. Si la Directora considera que la disminución del gasto fiscal
indirecto ya está conseguida, me parece muy bien, pero hay pocas
novedades en el presupuesto de 1996.

Respecto a los impuestos especiales, me parece muy bien la aclaración de
la señora Directora, pero cargar con las obligaciones formales a un
contribuyente que no está sujeto a ese impuesto no significa simplificar
los procedimientos administrativos. Un contribuyente que no está sujeto
lo que tampoco tiene que tener es carga administrativa, porque si no, de
alguna manera, indirectamente, está sujeto al impuesto. (El señor
Hernández Moltó pide la palabra.)



El señor VICEPRESIDENTE (Ortiz González): Aunque está fuera de lo
establecido, dado que vamos bien en el cumplimiento del orden del día de
esta mañana, tiene la palabra el señor Hernández Moltó, con un ruego, y
es que este turno es para precisiones, aclaraciones y matizaciones, no
puede tener otro objetivo.




El señor HERNANDEZ MOLTO: Muchas gracias, señor Presidente.

Mi intervención desea tener el objetivo de contribuir a que no se abuse
más de la generosidad del Presidente, dando un carácter a las
intervenciones que, desde mi punto de vista, nada tiene que ver con la
comparecencia.

Es la tercera vez consecutiva en el día de hoy que tomo la palabra
precisamente para que nuestro silencio no se pueda interpretar en el
«Diario de Sesiones» como que admitimos la perversión del debate que se
está produciendo a lo largo del día de hoy. Ya sabemos que el talante de
las presidencias que a lo largo del día se han producido ha sido de
magnanimidad, precisamente para contribuir a la claridad y a la
transparencia del debate, pero entendemos que el estado de ansiedad
política permanente del Grupo Popular de crítica al Gobierno no puede
llegar hasta estas consecuencias, en las que, a veces, el señor portavoz
del Grupo Popular se ha podido sentir el interpelado, cuando en cualquier
caso sería él contestado por una intervención que yo creo que no ha
formulado más que afirmaciones gratuitas, valoraciones superficiales y
genéricas, en las que se ha acreditado una abundante falta de información
y de formación, pero poco más.

En ese sentido, agradezco al Presidente que me haya dejado intervenir
para, una vez más, reiterar nuestra protesta por el enfoque que se ha
dado a este asunto, apelando al eficaz portavoz del Grupo Popular, señor
Aguirre, para que pueda encauzar en próximas ocasiones los anhelos, las
ansiedades y las vehemencias, e incluso los excesos, de los Diputados del
Grupo Popular para que puedan ser mucho más eficaces estas comparecencias
y, sobre todo, para que cumplan su papel.

Seguro que la señora Directora de la Agencia se irá con la insatisfacción
de no haber podido contestar lo que ella pensaba que tenía que contestar,
que son las dudas, pero evidentemente ella se va a marchar con lo que ya
sabía que se iba a marchar, con la crítica puesta. Yo pediría un poco de
paciencia, porque ya habrá otros turnos parlamentarios que podrán
producir debate, pero en este caso se trata sólo de recibir información.

(El señor Aguirre Rodríguez pide la palabra.)



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El señor VICEPRESIDENTE (Ortiz González): Antes de dar la palabra al
señor Aguirre, con la advertencia de que su turno ha de ser muy breve,
quería decir al señor Hernández Moltó que los sucesivos presidentes, de
hecho, de esta Comisión hemos sigo magnánimos, como él acaba de
experimentar en sus propias carnes, y que no responda a la eventual
ansiedad de otros con la ansiedad propia.




El señor HERNANDEZ MOLTO: Si me permite el señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Ortiz González): Exactamente por un minuto.




El señor HERNANDEZ MOLTO: Querría que no quedara en el vacío mi
afirmación. Yo creo que en este caso lo que se ha hecho es justicia. Y yo
agradecería al Presidente que continuara con la línea equilibrada con que
hasta este momento se ha actuado, porque entiendo que su intervención
desde luego en nada ha contribuido a lo que sí ha contribuido el anterior
Presidente a lo largo de toda la mañana.




El señor VICEPRESIDENTE (Ortiz González): Muchas gracias, señor Hernández
Moltó, la Presidencia sabe lo que hace, somos mayorcitos ya, y yo creo
que tanto el Presidente como los dos Vicepresidentes llevamos a cabo,
creo que con magnanimidad y objetividad, este tipo de comparecencias.

Señor Aguirre, tiene un minuto, antes de dar la palabra definitivamente a
la señora Directora General para que agregue lo que tenga a bien.




El señor AGUIRRE RODRIGUEZ: Gracias, señor Presidente.

Yo no sé si en las intervenciones que acabo de escuchar lo que se
pretende es hacer una crítica de la posición de la Presidencia, pero mi
Grupo entiende que la forma de dirigir el debate por parte de las
presidencias sucesivas, de ayer y hoy, precisamente está de acuerdo con
lo poco habitual del debate de los presupuestos en este año concreto. No
es habitual que se estén produciendo una serie de comparecencias cuando
sobre el objeto del debate pende la amenaza de que se produzca, en su
caso, la retirada por parte del Gobierno del documento que estamos
debatiendo (el presupuesto) o, en otro caso, la anunciada votación de
devolución a la que parece que se van sumando grupos.

Yo creo que lo que este año ocurre es que el debate rompe un poco lo
habitual de anteriores años y eso provoca que, desde el único partido de
la oposición que está asistiendo a estos debates, que es el Grupo
Popular, se estén produciendo unas intervenciones en las que se aprovecha
este trámite, no sólo al objeto de hacer una valoración técnica de la
estructura y composición del gasto y del presupuesto de cada unidad de
gasto del Estado, sino que, al mismo tiempo, los portavoces del Grupo
Popular, sabedores como somos de que probablemente no va a haber otra
oportunidad parlamentaria para desgranar, departamento a departamento, la
posición política, están haciendo intervenciones con un doble sentido.

Ahora bien, lo que desde luego en mi Grupo no existe es ningún estado de
ansiedad política, y rechazo que en nuestras intervenciones se esté
produciendo una perversión del debate. Creo que sólo obedece a que el
debate de este año no es el habitual y a que el Gobierno ha venido aquí
con un documento que ha merecido todo tipo de críticas y que está siendo
seriamente anunciado que va a tener que ser devuelto o, en su caso, no sé
si estratégicamente, por alguna habilidad parlamentaria, lo retirarán en
algún momento del trámite. En cualquier caso, estamos ante un debate
atípico, fuera de lo habitual, y eso produce lo que el señor Hernández
Moltó ha llamado perversión y que no es otra cosa que aprovechar lisa y
llanamente lo que sabemos como oposición, que es el único punto en el que
podemos desgranar nuestras críticas técnicas y nuestras críticas
políticas.




El señor VICEPRESIDENTE (Ortiz González): Constará su intervención, al
igual que la del señor Hernández Moltó, en el «Diario de Sesiones», como
es obvio.

Ahora, señora Directora General, usted, que no tiene por qué verse
implicada en este debate entre dos grupos políticos, agregue lo que tenga
a bien respecto a lo que es el ámbito de su competencia. Tiene la
palabra.




La señora DIRECTORA GENERAL DE LA AGENCIA ESTATAL DE LA ADMINISTRACION
TRIBUTARIA (Lázaro Ruiz): Señor Martínez-Pujalte, quizá me haya expresado
mal en el tema de la publicidad. Lo que quería decir es que las campañas
de publicidad de este año son cuatro, no es una sola. Son la campaña
institucional, que trata de poner en conocimiento de los ciudadanos la
existencia de la Agencia y para qué sirve; la campaña contra el fraude,
la campaña sobre la renta, y la campaña para que se exijan las facturas,
que empezará la semana que viene o la siguiente. Lo que le quería decir
es que, precisamente como el conocimiento de la Agencia entre los
ciudadanos de este país ya es suficientemente amplio, y dado que estamos
en una política de restricción presupuestaria, hemos entendido que la
campaña institucional no era necesaria; de ahí la baja de 200 millones,
en principio.

Por otra parte, sólo quiero darle las gracias, señor Martínez-Pujalte.

Quizá mi forma de expresarme no haya sido afortunada. No quería
preguntarle a usted, sólo quería ponerle de manifiesto que no podemos
estar siempre diciendo una serie de cosas, sin aportar datos; que la
obligación de la Agencia es luchar contra el fraude, que es nuestro único
objetivo, y facilitar el cumplimiento de las obligaciones. Y cualquier
aportación de esta Cámara o de otras instituciones será bien recibida,
porque es nuestra única razón de ser.




El señor VICEPRESIDENTE: Con esto termina la comparecencia de la señora
Directora General de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria,
a la que damos las gracias por su presencia.

Se levanta la sesión, que se reanudará el próximo miércoles con la
continuación de las comparecencias que quedan pendientes.




Era la una y cincuenta y cinco minutos de la tarde.