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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 452, de 14/03/1995
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1995 V Legislatura Núm. 452
POLITICA SOCIAL Y DE EMPLEO
PRESIDENTE: DON LUIS MARTINEZ NOVAL
Sesión núm. 24
celebrada el martes, 14 de marzo de 1995



ORDEN DEL DIA:
Comparecencia del señor Secretario General de Empleo y Relaciones
Laborales (Peña Pinto), para:
--Exponer la evolución del empleo en 1994. A solicitud del Grupo
Parlamentario Socialista. (Número de expediente 212/001395). (Página 13778)
--Hacer balance de la siniestralidad laboral en España en el año 1993. A
solicitud del Grupo Parlamentario Federal IU-IC. (Número de expediente
212/000532). (Página 13790)
Comparecencia del señor Director General del Instituto Nacional de la
Seguridad Social (Ferreras Alonso), para informar sobre la transferencia
de la gestión del desempleo del Instituto Nacional de Empleo (INEM) al
Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y sobre las medidas de
control a desarrollar, en relación con la incapacidad laboral transitoria
e invalidez provisional. A solicitud del Grupo Parlamentario Popular.

(Número de expediente 212/000419). (Página 13796)



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Se abre la sesión a las diez de la mañana.




COMPARECENCIA DEL SEÑOR SECRETARIO GENERAL DE EMPLEO Y RELACIONES
LABORALES (Peña Pinto), PARA:



--EXPONER LA EVOLUCION DEL EMPLEO EN 1994. A SOLICITUD DEL GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA (Número de expediente 212/001395.)



El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión con un orden del día que comienza
con la comparecencia del Secretario General de Empleo y Relaciones
Laborales, don Marcos Peña Pinto, para exponer la evolución del empleo en
1994, a solicitud del Grupo Parlamentario Socialista.

Tiene la palabra el señor Secretario General.




El señor SECRETARIO GENERAL DE EMPLEO Y RELACIONES LABORALES (Peña
Pinto): Voy a intentar dar una explicación de la evolución del empleo
durante 1994 no solamente respecto a sus cifras globales, sino a su
desarrollo temporal en los distintos trimestres del año, en su reparto
por grupos de edad, por sectores, por sexo, y el análisis de las causas
que presumimos que justifican esta evolución, para acabar con un breve
apunte sobre las colocaciones en el año.

El año 1994 concluyó, como saben, con una reducción en el desempleo de
149.013 personas. Pensamos que esta cifra es significativa, no por la
cantidad que, evidentemente, si la comparamos con la de aquellos que
permanecen en el desempleo, más de dos millones y medio, su significado
cuantitativo es mínimo, pero sí cualitativamente, y ello por dos motivos
fundamentales: de dónde veníamos y dónde esperábamos llegar. Veníamos de
un desempleo que concluía el año anterior con 345.000 desempleados más y
no pensábamos que podríamos terminar 1994 reduciendo el desempleo. Se
reduce aumentando nuestra economía el 2 por ciento, y consideramos que
esto también es importante porque nunca hasta la fecha había sucedido
nada por el estilo.

Si comparamos dos años similares al de 1994, podríamos recordar 1985, que
es un año parecido porque también entonces comienza a repuntar la
economía y porque el crecimiento es similar. La economía crece en 1985 el
2,6. Pues bien, con este crecimiento similar, en un año también similar,
en 1985 se destruyeron 127.000 puestos de trabajo y en 1994, repito, se
disminuyó el paro en 149.000 personas.

Otro año parecido es 1991, un año más cercano, en el que la economía
crece un 2,2 por ciento. Pues bien, se disminuyó el paro solamente en
31.000 personas, 120.000 menos que el año pasado. Ello significa que si
la economía española es capaz de empezar a crear empleo creciendo en
torno al 2 por ciento y esa tendencia se consolida, se habrá dado un paso
revolucionario en el mercado de trabajo y en su funcionamiento.

¿Cómo se ha desarrollado el año trimestralmente? Tuvimos un primer
trimestre de 1994 malo, peor que la media; un segundo trimestre similar a
la media, y un tercer y cuarto trimestres mucho mejores que la media.

Desde el punto de vista numérico, las cifras son las siguientes: en el
primer trimestre de 1994 se produjo un incremento del desempleo de 55.399
personas, siendo así que la media de los 10 años anteriores era un
incremento de 36.610, por lo tanto, 19.000 más que la media, un mal año;
un trimestre peor que la media de los 10 años anteriores. En el segundo
trimestre se empieza a producir ya una equiparación; se reduce el
desempleo en 117.469 personas y la media es de 114.070, es decir, que el
segundo trimestre del año ya empezamos a alcanzar la media. En el tercer
trimestre se produce ya una neta mejoría respecto a la media; en este
tercer trimestre el desempleo se reduce en 82.688 personas, siendo así
que la media de los 10 últimos años es un incremento del paro en 7.950
personas. En el cuarto trimestre pensamos que es donde alcanzamos la cota
más positiva, porque se reduce por primera vez el paro en 4.255 personas.

Para comprender la importancia de la cifra hay que recordar que en la
media de los 10 últimos años, en el último trimestre del año el desempleo
aumentó en 105.930 personas; es decir, se produce una mejoría de 110.000
en este último trimestre del año.

También puede considerarse positiva la evolución del empleo si la
comparamos por sectores, ya que el empleo se redujo en todos ellos. De
esas casi 150.000 personas menos en las listas del Inem, nos encontramos
con que el 39 por ciento de las mismas correspondían a la industria, el
32,6 por ciento a la construcción, el 21,4 por ciento a los servicios, el
6,2 a las personas sin empleo anterior y el 0,8 a agricultura. ¿Qué es lo
destacable? Pues que en un año donde se había afirmado repetidamente que
la evolución positiva del empleo obedecía a la potencia del sector
servicios, promovida fundamentalmente por el turismo, nos encontramos con
que el 71,6 por ciento de la reducción del desempleo, exactamente 106.710
personas, son consecuencia del funcionamiento de la industria y de la
construcción, sectores cuya evolución permite presumir que en 1995
seguirán la tónica de 1994.

En cuanto a grupos de edad, la evolución del empleo en 1994 fue la
siguiente: el 73 por ciento de la disminución de desempleados, 108.968,
fueron menores de 25 años, y los mayores de 25 años resultaron el 26,9,
exactamente 40.045 desempleados menos. De tal guisa, acabado el año, el
número de menores de 25 años que están apuntados en el desempleo es de
724.586, lo que supone una tasa del 28,3 por ciento del global, y mayores
de 25 años 1.832.243, el 71,7 por ciento del desempleo.

Su evolución, comparando con la media el comportamiento de 1994, pienso
que ha sido también positiva en relación con años anteriores, ya que la
media de reducción del paro de los menores de 25 años en los últimos 10
años fue de 27.400 frente a los 108.968 de 1994. También evoluciona
positivamente el empleo de los mayores de 25 años. La media de los
mayores de 25 años ha sido de 63.800, es decir que ha aumentado su
desempleo en una media de 63.800 en los últimos 10 años y, sin embargo,
en 1994 se reduce en 40.045.

En cuanto a distribución por sexo, en 1994 la reducción del paro afectó a
91.195 hombres, el 61,2 por ciento de la



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reducción, y a 57.818 mujeres, el 38,8 por ciento de la reducción.

Concluimos el año con una tasa de paro masculino del 12,8 por ciento,
igual a 1.236.737, y a una tasa de paro femenino desgraciadamente 10
puntos por encima, el 22,6 por ciento, 1.320.092. También es positiva la
evolución en 1994 en comparación con la media de los 10 últimos años.

Respecto a hombres, la media significa una reducción de paro de 12.900
personas, frente a un 1994 con reducción de 91.195.

En mujeres, la media de los 10 últimos años significa un incremento del
paro de 49.200 mujeres media-año. Sin embargo, en 1994 nos encontramos
con una reducción de 57.818 mujeres en las listas de desempleo.

Este sería un análisis sucinto de la evolución del empleo en cuanto a
cifras globales, sectores, trimestres, grupos de edad y distribución por
sexo.

El año 1994, en comparación con los datos anteriores, es un año que puede
ser calificado de positivo, sin hacer excesivos juicios de valor. Nos
corresponde saber cuáles son sus causas, por qué se comporta mejor 1994
que años anteriores. Yo creo que existen dos causas. La primera es que
después de 10 años en los que el mercado de trabajo sufre unas
transformaciones revolucionarias, comenzamos la década de los 90 con un
mercado de trabajo más moderno, más armónico. Baste recordar para ello
que en la década precedente se producen cuatro hechos casi
revolucionarios en el mercado de trabajo, y coinciden los cuatro:
coincide la aparición de 1.800.000 mujeres en el mercado; coincide la
desaparición de 800.000 puestos de trabajo en el sector agrícola;
coincide el parón de la emigración y, al revés, el comienzo de la
inmigración en nuestro país y coincide, asimismo, la aparición en el
mercado de la generación más numerosa desde la década de los sesenta, en
torno a seis millones de personas. Todo ello, evidentemente, convulsiona
el mercado de trabajo y, paulatinamente, empieza a superarse, en la
década de los 90, esta convulsión. Por lo tanto, los datos de 1994 podían
ser mejores.

Por poner un ejemplo estadístico, si nos referimos a los cuatro años de
oro de crecimiento y de empleo en la década anterior, 1986, 1987, 1988 y
1989, recordemos que en 1986 crecimos el 3,2 por ciento; en 1987, el 5,6;
en 1988, el 5,2, y en 1989, el 4,7. Con este crecimiento, en estos cuatro
años el desempleo se redujo exclusivamente en 305.000 personas, apenas el
doble de lo que se ha reducido en 1994 creciendo nuestra economía al 2
por ciento.

Aparte de esta modificación estructural, que yo creo que es muy
importante y que permite un desarrollo de las magnitudes de empleo más
positivo en futuros inmediatos, es cierto, en primer lugar, que las
reformas del mercado de trabajo tienen una influencia decisiva en la
evolución positiva del empleo en 1994, argumento que no creo ahora
conveniente desarrollar, pero que incide, a mi modo de ver, en la
promoción del empleo en los colectivos más desfavorecidos, los que con
mayor dificultad acceden o se reinsertan en el mercado. En segundo lugar,
creo que también tiene importancia la mejora en la intermediación del
Inem, que comienza el año con el 7 por ciento y lo concluye superando el
12. El ejemplo serían los dos primeros meses de 1995 en relación con
1994; comenzamos los dos primeros meses de 1994 con una intermediación en
torno a los 32.000 contratos, en los dos primeros meses de 1995 la
intermediación gira en torno a los 65.000 contratos. En tercer lugar,
pienso que un impulso al enriquecimiento de la negociación colectiva y a
la autonomía de las partes ha sido muy positivo para promover la creación
de empleo, y me refiero, fundamentalmente, a la negociación colectiva y a
que en 1994 se hayan pactado unos salarios cuyo incremento es dos puntos
por debajo al existente en 1993, situándonos en una cifra del 3,52 por
ciento. Todo ello, evidentemente, consigue aquello que habíamos
pretendido que alcanzara la reforma, que no era crear empleo, porque la
reforma no puede crearlo, sino favorecer su creación, ayudar, promover,
remover obstáculos.

Para concluir, me refiero a la cifra de colocaciones. Durante 1994 se
produjeron 5.939.185. Es un volumen superior en un 21,61 por ciento al
existente en 1993 y un incremento neto de 1.055.316 colocaciones. En
grandes cifras, el contrato temporal de fomento, dentro de este volumen,
supone un 3,7 por ciento, frente a una cota máxima que se alcanzó en 1990
del 21,1 por ciento.

Lo que podíamos llamar contratación ordinaria causal alcanza en 1994 el
72 por ciento, con una cuota que parte en 1985 del 60 por ciento y no
alcanza estos niveles hasta ahora.

Los contratos formativos --incluyo los dos, el de aprendizaje y el de
prácticas-- ascienden a 261.349, lo que significa el 4,4 por ciento del
volumen de contratación en el año. Y el contrato a tiempo parcial, que
asciende a 934.283 contratos, 300.000 más que en 1993, es quizás el
elemento más significativo de la contratación durante 1994.

Y aquí quedo, señorías, a su disposición.




El señor PRESIDENTE: Por el grupo que ha pedido la comparecencia, tiene
la palabra la señora Romero.




La señora ROMERO LOPEZ: Quería agradecer la comparecencia de don Marcos
Peña en unos momentos en que para el Grupo Socialista es importante
resaltar unas cifras que estamos comprobando de manera muy positiva.

Es importante para el Grupo Socialista resaltar estas cifras con respecto
al empleo, no solamente por resaltarlas en sí mismas, sino también por
hacer un análisis de las tendencias que se van produciendo en los
distintos sectores y variables que recogen los estudios del Instituto
Nacional de Empleo y el Ministerio de Trabajo con respecto a la situación
actual. Por eso nos parecería interesante la comparecencia y agradecemos
la explicación que don Marcos Peña nos ha hecho esta mañana. Me gustaría
agradecerle todos los datos que nos ha suministrado y quisiera hacer
algún comentario sobre los mismos.

A mi Grupo le parecen los datos de febrero, y haciendo el análisis desde
el último trimestre del año 1994, no sólo positivos, como ha dicho el
Secretario General de Empleo, sino excepcionalmente buenos si hacemos la
comparación entre lo que significa la proporción entre creación de empleo
y producto interior bruto.




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Las cifras que se han suministrado son solamente comparables, como ha
dicho el Secretario General de Empleo, a los años 1989 y 1990, años en
los que el producto interior bruto era menor que el que nuestra economía
está creciendo en los momentos actuales. Por eso creemos que por esta
proporción entre empleo y producto interior bruto pueden considerarse
excepcionalmente buenos esos datos, teniendo en cuenta que disminuye el
desempleo en 10.000 personas en el mes de febrero. Esta es una cifra que
solamente puede compararse, como he dicho, a los años 1989 y 1990, en los
que disminuye el desempleo en meses tradicionalmente alcistas, como son
los primeros meses de año.

Por lo tanto, esta tendencia, que empieza a ser favorable desde diciembre
de 1994, teníamos mucho interés en ponerla sobre el tapete para estudiar
por qué puede ser positiva, desde el punto de vista de empleo, y al mismo
tiempo estudiar algunas de las variables que ya se han comentado aquí.

En primer lugar, nos interesaría destacar que el nivel de colocaciones
que se está produciendo en estos meses se puede considerar como de más de
20.000 diarias, nivel que nos da la cifra de 1.200.000 colocaciones en
enero y en febrero. Este dato es muy bueno, pero, además, nos permite
tener unas ciertas expectativas. Es decir, ha subido el empleo en
industria y en construcción, que son sectores en los que tradicionalmente
cuesta más trabajo impulsarlo, son sectores más resistentes, sin embargo,
donde más se pronuncia esa disminución del desempleo es justamente en
ellos: primero, construcción y, después, industria. Hay que suponer que
el relativo menor descenso del desempleo en el sector servicios va a
verse beneficiado en los meses de temporada turística que ahora
comienzan, y nos hace pensar que esas perspectivas van a ser mejores
teniendo, además, en cuenta los efectos de la peseta. Quiero insistir,
por tanto, en que las expectativas son positivas, lo cual nos lleva a
pensar que si se controla la inflación y si no se disparan los tipos de
interés, es muy posible que el empleo siga creciendo en los meses
sucesivos.

Además de esta primera apreciación con respecto a las cifras que el
Secretario General de Empleo nos ha dado, y que nos parecen, como decía
al principio, excepcionalmente positivas por la relación entre la
creación de empleo y nuestro producto interior bruto actual, quisiera
llamar la atención sobre algunas de las variantes que hemos visto en la
explicación del Secretario General de Empleo. En primer término, nos
gustaría saber por qué el primer empleo es un poco más resistente al
descenso de empleo, es decir, ese descenso se da más en personas que ya
han tenido empleo que en las que no han tenido el primer empleo, lo cual
nos lleva a la reflexión de si el contrato de aprendizaje no absorbe la
demanda de este primer empleo o si ese primer empleo se puede estar
produciendo en los mayores de 25 años donde el contrato de aprendizaje no
tiene vigencia.

El buen comportamiento de los contratos en prácticas, no solamente en
cuanto a la cantidad sino también en cuanto al comportamiento de la
variable de sexo --es decir, hay prácticamente la mitad de mujeres que
acceden a un contrato en prácticas que hombres que acceden a este tipo de
contrato--, no se da en el contrato de aprendizaje. Por eso, quisiéramos
insistir en la importancia que tendría, desde nuestro punto de vista,
atender a esta variable que conduce a una igualdad de oportunidades en el
empleo desde los primeros años de incorporación al mismo. Es curioso ver
cómo en los contratos de aprendizaje la variable de sexo es muy dispar,
esto es, el 65 por ciento es para hombres y el 35 por ciento es para
mujeres, lo que nos puede llevar a la conclusión de que tal vez las
jóvenes se incorporan al mercado de trabajo más tardíamente o bien están
accediendo a especialidades de formación profesional que pueden no ser
las adecuadas para conducir al contrato de aprendizaje y al empleo.

Teniendo en cuenta, también, que este contrato se está produciendo en
mayor medida en el sector servicios, es decir, hay casi un 65 por ciento
de contratos de aprendizaje que se están dando en ese sector; ello nos
puede llevar a la conclusión de que siendo el sector servicios un sector
en el que la mano de obra femenina ha sido importante, sin embargo, estos
contratos de aprendizaje en el sector servicios no están comportándose de
manera positiva para las jóvenes, digamos no de la manera que quisiéramos
que se comportara. Tal vez sería utópico pensar que podría darse una
situación de equiparación desde el punto de vista de partida, pero, de
todas maneras, eso no nos hace estar satisfechos con los porcentajes
actuales.

Es curioso que en la modalidad de contratación a tiempo parcial se está
dando una relativa tendencia a la equiparación, porque hay un 60 por
ciento de contratos para mujer y un 40 por ciento de contratos para
hombres, lo cual significa que hay una relativa tendencia, repito, a la
equiparación en esa modalidad contractual. También es curioso que esa
modalidad contractual se da mayoritariamente en el sector servicios; casi
un 80 por ciento de esos contratos a tiempo parcial se están dando en
dicho sector. Por tanto, yo tendría especial interés, hoy, en resaltar
esas variables, ya que mi Grupo espera hacer un estudio más profundo de
por qué se pueden producir esos comportamientos en cuanto a las nuevas
modalidades contractuales.

Igualmente, mi Grupo querría resaltar que la reducción del paro se
produce siguiendo, prácticamente, las mismas variables porcentuales que,
por ejemplo, en la modalidad del contrato de aprendizaje, porque la
reducción del paro es del 65-35, es decir, todavía en las mujeres se
reduce menos el paro que se reduce en los hombres. No obstante, con esta
cifra tendríamos que tener una especial preocupación porque puede estar
muy ligada a las tasas de actividad de la mujer, luego tendríamos que
confrontarla con la encuesta de población activa. Sería muy interesante
hacer una evolución de la tasa de actividad de la mujer desde el año 1994
e incluso del comportamiento de esta tasa de actividad en años
anteriores. Sólo así podríamos saber si realmente esa reducción del
desempleo, que es menor en la mujer, puede responder a un incremento
notable de la tasa de actividad, que, como sabemos, es todavía bastante
inferior a la tasa de actividad que se tiene en otros países europeos.

Todo esto nos hace pensar que, en un futuro, las cifras de desempleo
probablemente sigan aumentando, porque la incentivación de la mujer al
empleo es mayor en los momentos en los que existe recuperación económica
y



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es muy posible que esta recuperación económica que se está produciendo
ahora anime e incentive a la mujer a aparecer como parada registrada en
el Inem o a aparecer en las encuestas que hace el Instituto Nacional de
Estadística. Por tanto, insisto en que deberíamos confrontar estos datos
para tener un mapa global de la situación y, al mismo tiempo, deberíamos
estar atentos para que estas modalidades contractuales nuevas no supongan
más que un porcentaje de las nuevas colocaciones que se están dando en
los últimos meses, lo que nos hace pensar que existe un porcentaje fuerte
de contrataciones temporales. Tendremos que profundizar en su
persistencia y en por qué los empresarios atienden a este tipo de
contratación en lugar de atender a otros factores que, desde nuestro
punto de vista, son más importantes, como el factor de la formación y la
utilización de algunas nuevas modalidades contractuales.

Pensamos que, como ha dicho el Secretario General de Empleo, la
moderación salarial puede haber sido un factor importante en estos
momentos de creación de empleo, pero mi Grupo quisiera resaltar la
necesidad de la moderación de los beneficios empresariales. Es el turno
de los empresarios en este país, para que los beneficios empresariales
los reviertan directamente en creación de empleo, para que
definitivamente se extinga la cultura del pelotazo entre la clase
empresarial y para que, definitivamente, empecemos en este país a
invertir en formación y en investigación y desarrollo, como se hace en
otros países europeos, donde se apuesta por la formación, por la
investigación y por la creación de empleo. Por tanto, mi Grupo considera
que es el momento en que los empresarios también deben hacer esa apuesta,
igual que lo han hecho los trabajadores, con esa moderación salarial que
estamos observando en estos últimos tiempos, y, al mismo tiempo, mi Grupo
seguirá estudiando todas estas variables que, como he dicho, suponen
algunas tendencias, cuyas desviaciones en algún caso tendríamos que
corregir, para poder acertar más en las actuaciones futuras.

De todas maneras, mi Grupo quisiera resaltar la excepcionalidad de estos
datos, repito, no por el porcentaje de empleo creado, que para nosotros
nunca es suficiente, sino y sobre todo por la proporción entre empleo y
producto interior bruto. Quiero terminar haciendo referencia al informe
Malinvaud, que fue la base del Libro Blanco de Delors, el libro sobre
competitividad y empleo, donde señalaba que en nuestro país para crear
empleo habría que llegar a unas cifras del 3 por ciento del producto
interior bruto. No ha sido así, la apreciación de este informe Malinvaud
se ha visto refutada por los datos actuales, y ésta es la posición que
querría hoy expresar mi Grupo.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra el señor Hinojosa.




El señor HINOJOSA I LUCENA: Quiero agradecer al Secretario General de
Empleo su comparecencia y los datos que nos ha dado y hacer una pequeña
reflexión desde la realidad preocupante de la situación del paro que
tenemos en nuestro país. Desde esa realidad preocupante, es una nota
optimista, o por lo menos de alivio, saber que en un mes tan complicado
como febrero el paro no ha crecido, sino que se ha reducido. Eso está
bien y nos alegra, pero, como usted mismo ha dicho, no le satisface y no
nos puede satisfacer.

La verdad es que a mi Grupo, más que analizar los datos de lo que ha
ocurrido, le gustaría incidir en los datos de lo que no ha ocurrido y que
esperábamos que ocurriese. Desde siempre, pero sobre todo desde la
reforma laboral estamos con una especial sensibilidad pensando cómo
luchar de manera más eficaz contra el paro. Y la verdad es que creo que
tenemos algunos temas pendientes o en los que no se está dando el
resultado apetecido. Me refiero, concretamente, a que me parece que fue
un error suprimir el contrato temporal; me parece que fue un error
eliminar el contrato de fomento del empleo, porque --y le hago la
pregunta al señor Secretario--¿no es verdad que no está dando el
resultado apetecido la fórmula en la que ha quedado la posibilidad de
utilizar el contrato temporal para los procedentes del Inem y para los
mayores de 45 años, en determinado tipo de empresas? ¿No es verdad que
eso no está dando el resultado que pretendíamos que diese? Además tengo
una cierta desazón sobre el tema de los contratos de aprendices en
prácticas (a pesar de esos números que me parecen notables y positivos,
no estoy criticando en absoluto un tema que este portavoz defendió aquí y
está dispuesto a seguir defendiendo, que es el contrato de aprendizaje),
porque veo que no da el resultado espectacular que yo creo que podía dar
la contratación de los aprendices, y me parece que dejamos alguna rigidez
o algún matiz. Creo que dejamos poco concreto el tema de la formación
teórica y que ése es un freno para la contratación de aprendices. Quizás
estamos a tiempo de incidir en ello para aligerar ese contrato y que
realmente tenga el resultado que queríamos que tuviese. (El señor
Vicepresidente, Fernández Díaz, ocupa la Presidencia.)
También es verdad que la contratación indefinida está en encefalograma
plano. Es verdad que la contratación indefinida no funciona, no avanza en
la proporción que sería de esperar. Algo nos está ocurriendo. Seguramente
dejamos la reforma corta en algunos aspectos; seguramente hay matices que
deberíamos atender ya de esa reforma.

Probablemente la pregunta que deberíamos hacernos --y creo que es una
pregunta que nos hacemos cada día todos los que tenemos de alguna manera
responsabilidades en estos temas-- es qué es lo que hay que hacer, qué
cosas nuevas hay que hacer, aparte de la creación del crecimiento
económico, que evidentemente parece que se va consolidando y que se va a
producir. Pero, aparte de ese crecimiento económico, ¿qué más hay que
hacer para que la bolsa de parados, esa bolsa tan preocupante, se
aligere? Porque soportar, en el mejor de los casos, 2.600.000 parados
--si lo comparamos con la EPA, más-- es un costo muy elevado, mientras
que, por otro lado, estamos sabiendo que el sistema de la Seguridad
Social requiere cada día mayor número de cotizantes, porque necesitamos
recursos para otras cosas. Por tanto, mi pregunta es qué más hay que
hacer. Creo que éste debería ser el interrogante que nos llevaría a la
intranquilidad de que no estamos haciendo todo lo necesario en el campo
de despejar las rigideces



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que todavía persistan para crear más empleo y para sacar de esa bolsa de
paro a esos dos millones, larguísimos, de parados que tenemos.

Mi intervención no es una intervención pesimista, es una intervención
positiva, en el sentido de que está muy bien lo que se ha hecho, y muy
bien manifestar que no estamos de acuerdo, pero además de manifestarlo,
veamos si hay alguna cosa por hacer --que yo creo que sí-- y tengamos la
valentía de hacerla, con el costo que sea necesario, para que de una vez
o poco a poco vayamos realmente acelerando la salida del paro de este
gran porcentaje que tenemos en este momento.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández Díaz): Por el Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor
Peralta.




El señor PERALTA ORTEGA: Quiero dar las gracias a don Marcos Peña por su
comparecencia.

He seguido con interés de su intervención, señor Peña, así como la
intervención de los portavoces parlamentarios que me han precedido. Creo
que es muy positivo que hagamos una valoración del año 1994, desde la
perspectiva del empleo. Me va a permitir, señor Peña, que utilice los
datos de la EPA. Me parece que son unos datos tan oficiales como otros,
tan discutibles como otros, pero son la referencia que en estos momentos
tengo más a mano y sobre su base voy a razonar en relación con este tema
que nos ocupa.

El año 1994, efectivamente, se cerró con un crecimiento del PIB, parece
ser que en torno al dos por ciento, según las cifras más o menos
aproximadas que hemos ido conociendo. De acuerdo con la EPA, el año 1994
se cierra con una pequeña creación de empleo, pero una creación de empleo
tan pequeña que no fue suficiente para evitar un ligero aumento del
desempleo en dicho período. Estos son los datos que se desprenden de la
EPA, por lo que se refiere al año 1994. Crece la población ocupada, pero
su crecimiento es tan pequeño que, a pesar de todo, el número total de
parados en el año 1994 creció también.

Desde luego, la comparación de estos datos, modestos, en relación con los
del año 1993 es muy significativa, qué duda cabe. El año 1993 terminó con
un aumento del paro de 635.000 personas, como consecuencia, en parte, de
una destrucción de 422.000 puestos de trabajo. En relación con esa
referencia del año 1993 los datos de 1994 pueden resultar significativos.

Sin embargo, en relación con esa cifra total de 3.698.000 parados que da
la EPA, un 23,91 por ciento de la población al terminar el año 1994, las
cifras de un pequeño crecimiento del empleo y un pequeño crecimiento del
desempleo realmente ponen de manifiesto que no parece que sea el camino
adecuado para la solución de los problemas, en concreto de éste, porque,
insisto, en ese año 1994 se registra un crecimiento de PIB.

Si hacemos un análisis de estos datos por sectores, efectivamente
encontramos datos interesantes. El paro aumenta en la agricultura, pero
disminuye en la industria, en la construcción y en los servicios; eso es
importante. Es también importante que el paro aumenta en las mujeres,
112.000 mujeres más, y disminuye en hombres; creo que éste es un dato
significativo, muy interesante. También me parece un dato a resaltar, por
lo que se refiere a grupos de edad, que el desempleo afectó
principalmente a las personas entre 25 y 54 años, un incremento de 86.000
personas, mientras que bajó en el resto, aunque en el colectivo del
primer empleo creció el paro como consecuencia de la incorporación de
personas. También nos parece significativo el dato de que se produce una
destrucción de 110.000 puestos de trabajo indefinido y de que el número
de empleos temporales creció en casi 200.000. Son datos también
significativos.

Ha hecho referencia, finalmente, a otro dato que, en nuestra opinión, es
importante, y es que crecieron los contratos a tiempo parcial de una
manera espectacular. Si esto es así, señor Peña, podríamos hacernos
algunas preguntas. ¿Cómo es posible que, con un crecimiento del PIB en
torno al 2 por ciento, inferior al que hemos registrado en otras etapas
de nuestra historia, el crecimiento de las contrataciones sea
espectacular? Si con un 2 por ciento las contrataciones se cifran en no
sé qué número final, que ha dado el señor Peña, ¿cómo es que en los años
1985, 1986, 1987, 1988, 1989, con crecimientos del PIB del doble como
mínimo de esas cifras, las contrataciones eran inferiores? ¿No será,
señor Peña, que cuando el empleo realmente no crece, porque en 1994 la
creación de empleo es muy pequeña, lo que está produciéndose realmente es
un crecimiento abusivo de la contratación temporal y de la contratación a
tiempo parcial?
Decía recientemente el Secretario General de la UGT, y yo hago mía esta
afirmación, que se ha roto el dique de la contratación temporal. En estos
momentos, el porcentaje de contratación temporal está en torno al 40 por
ciento. Yo celebro sinceramente que la portavoz del Grupo Socialista haya
manifestado su preocupación por este tema. Creo que sería bueno que,
desde posiciones de izquierda, nos planteáramos qué está pasando en el
mercado laboral de nuestro país y qué repercusiones tiene esto en todos
los órdenes. Desde luego, insisto, considero muy positivo ese signo de
preocupación que se ha manifestado, y es voluntad de nuestro Grupo
colaborar en que esa reflexión se lleve a cabo, de manera bilateral, con
las organizaciones sociales, en esta Cámara, donde se estime oportuno.

Hagamos una reflexión sobre este tema, porque nos encontramos con voces
--y hemos tenido ocasión de oírlas aquí en este debate-- que han dicho
que la reforma laboral se quedó corta.

Recuerdo perfectamente que el señor Roca, el día que se aprobó el
contrato de aprendizaje, dijo que era un día magnífico para los jóvenes
de este país. Fueron sus palabras literales. Hoy, al cabo del año, el
portavoz de su Grupo dice que posiblemente quedan algunas rigideces en
ese contrato y hace referencia a la formación teórica. No sé si es que
pretende suprimirla, porque lo bien cierto es que la regulación de la
formación teórica ha tardado bastante en producirse; no se podrán quejar
los empresarios de que han tenido una regulación muy estricta de la
formación teórica desde que se implantó el contrato de aprendizaje. Pero
ya se dice que la reforma laboral se queda corta. Celebro



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que, en ese debate que se ha lanzado, tanto por su parte, señor Peña
--tengo que decírselo y transmitirle mi felicitación por eso--, como por
parte del Ministro, haya habido una posición muy clara de decir que ésa
no es la vía por la que hay que continuar. Desde luego, nuestro Grupo
cree que no es ésa; en todo caso la contraria. Sin embargo, no es la
posición de nuestro Grupo lo que ahora importa. Permítame, señor Peña,
que le lea lo que dice la OIT refiriéndose a los países desarrollados,
calificativo que deseo para mi país. Dice: De este análisis de lo que se
sabe sobre el impacto de los aspectos esenciales de la reglamentación del
mercado de trabajo en el empleo, se desprende que no es en absoluto
evidente que la liberalización del mercado de trabajo sea la panacea para
acabar con las altas tasas de desempleo. Esto lo dice, insisto, la OIT,
en un informe sobre el empleo en el mundo en el año 1995.

Creo de verdad que cuando se hacen referencias a las ventajas que tiene
ese tipo de políticas se pretende ocultar datos que aparecen en este
informe de un organismo internacional tripartito, no sólo de
trabajadores, de trabajadores y empresarios, con participación de los
gobiernos, donde se ponen de manifiesto los resultados que ese tipo de
políticas han producido en algunos países y los que producen en otros
países con políticas distintas. Dice este informe que el mercado de
trabajo, a lo largo de veinte años de una situación de turbulencias y
cambios, en ningún país de la OCDE se ha librado de sus consecuencias,
ninguno, ni con la señora Thatcher, ni con el señor Reagan, ni con don
Felipe González, ni con Mitterrand ni con Kohl. Esa es la realidad.

Por tanto, en cuanto a quienes pretenden argüir que la solución ahora
consiste en lo que se han permitido decir, un contrato indefinido pero de
finalización flexible, es que eso suena a chiste, sinceramente, porque es
desconocer la historia, eso es dejar al empresario, que tiene toda la
fuerza en el mercado, la posibilidad de despedir al trabajador cuando
quiera. Pretender llamar a eso un contrato indefinido es forzar el
castellano, quizá porque procede de otra lengua. En todo caso, no es
admisible, eso es un engaño y una burla a los trabajadores y a la
historia de este país y de toda la humanidad. Hay que decirlo así de
claro. Que no nos digan que ese tipo de política produce milagros,
ninguno; al contrario, produce resultados constatados por organizaciones
internacionales. Cuando se dice eso, yo creo sinceramente que es difícil
trabajar por un futuro para este país en relación con esos grupos.

Desde luego, me apunto a esa reflexión que se lanzaba por la
representante del Grupo Socialista. Es preocupante la situación. Creo que
todos queremos trabajar por lo mejor para nuestro país y queremos crear
empleo, pero saquemos experiencia de lo que ha pasado, saquemos
enseñanzas de los resultados. Desde luego, yo recogería ese reto y lo
devolvería. Estamos dispuestos a reflexionar sobre la situación del
mercado laboral de nuestro país y a buscarle las soluciones más justas.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández Díaz): Por el Grupo Parlamentario
Popular, tiene la palabra el señor Camps.




El señor CAMPS DEVESA: Gracias, señor Peña, por su comparecencia de hoy.

A este Grupo le congratula y casi hace suyo el término que ha utilizado
al inicio de su comparecencia, señalando que la evolución del empleo en
el año 1994 podemos denominarla como positiva; eso sí, sin caer en un
exceso de satisfacción, que no debe existir ni para el Gobierno,
entendemos, ni para ningún grupo de los de esta Cámara, porque es cierto
que ha habido algún grupo que ha dicho que su principal motivación,
además de solicitar su comparecencia, era resaltar una serie de datos
excepcionalmente buenos. Ha ido más allá de la utilización del término de
positivo que usted ha empleado, en un intento --a nuestro juicio-- de
utilizar este foro, el Parlamento, como una caja de resonancia a todas
luces indebida, yendo principalmente más allá del propio sentido de esta
comparecencia, que era hablar de la evolución del empleo en el año 1994.

Nos parece muy positivo realizar este tipo de reflexión con los datos en
la mano transcurrido dicho plazo, pero no nos debemos dejar llevar por la
inmediatez de ciertos indicadores que acabamos de conocer y que si bien
señalan cierta mejoría, en consonancia con la incipiente recuperación
económica, que parece que nunca llega, no nos debe llevar ni a una falsa
euforia, ni mucho menos a un grado de satisfacción que estimemos
positivo.

Nuestro Grupo entiende que no debemos obcecarnos en datos, ni positivos
ni negativos, ni, por tanto, recrearnos en el pesimismo, entre otras
cosas porque no ayuda, ni mucho menos, a consolidar el clima de confianza
necesario para que la recuperación económica se plasme de la manera más
rápida y eficiente en la tan necesaria creación de empleo para los
ciudadanos de este país, aunque tengo la impresión de que son otras
situaciones y cuestiones las que verdaderamente están rompiendo ese clima
de confianza y no exactamente el debate que hoy aquí mantenemos, ni
siquiera los datos de la evolución de empleo del año 1994. Y no cabe hoy
reproducir debates sobre la fiabilidad de las estadísticas oficiales,
pero me ha extrañado, en cierta medida, que el señor Secretario General
no haya utilizado para nada, como ya ha dicho algún otro Grupo, los datos
de la encuesta de población activa.

Yo creo que, en un esfuerzo de rigor, debemos utilizar todos los datos a
nuestro alcance: los de paro registrado, a los únicos que ha hecho
referencia, y los de la encuesta de población activa, entendiendo
nosotros que, además, la EPA (así llamada abreviadamente) es un indicador
mucho más riguroso de la situación del paro, de la situación de la
evolución de empleo en nuestro país que los simples datos de paro
registrado. Se elabora siguiendo directrices establecidas por la oficina
de estadística de las Comunidades Europeas, su muestra es bastante
grande, entendemos, con fiabilidad estadística, se viene realizando
durante mucho tiempo, su diseño es el adecuado y sus preguntas son
similares a las de otras encuestas, y además, sigue claramente las
directrices de la Organización Internacional del Trabajo para definir lo
que es el concepto de paro. Por ello, nosotros entendemos que debemos
tener en cuenta esos datos, junto, evidentemente, con los datos de paro
registrado, y no abrir falsos debates sobre la procedencia o
improcedencia



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de los mismos o, incluso, sobre la miscelánea de intentar juntar unos con
otros para llegar a tasas que puedan ser más o menos favorables para
quien en un momento determinado las expresa.

Y evidentemente hay que aceptar la crítica que se ha hecho desde sectores
doctrinales y estudiosos sobre que la EPA, desde el momento que no tiene
en cuenta la economía sumergida, subestima el empleo, y hay que aceptarla
por todos; pero eso no quiere decir, señor Secretario General, que haya
que olvidarla completamente cuando estamos analizando la evolución del
empleo en el año 1994. Insisto, a nuestro juicio, es el dato más fiable,
mucho más que el paro registrado, que es un indicador bastante peor,
desde el punto de vista estadístico, y que además no es aceptado
internacionalmente. No cabe entonces utilizar en demasía esos datos de
andar por casa, porque a ver si nos podemos encontrar con que, después
del realineamiento de la moneda, nos van a realinear en Europa nuestra
tasa de paro, y eso sería bastante grave.

Por tanto, para evitarlo, señor Secretario, hay que generar la confianza
necesaria y debemos convenir, por tanto, que durante el año 1994 en
nuestro país se ha destruido empleo: 107.000 empleos destruidos, incluso
por encima de las propias previsiones del Gobierno que, si no recuerdo
mal, eran alrededor de 83.000 puestos de trabajo destruidos. Ha habido un
aumento del paro, y hay que decirlo sin ambages: 256.800 personas,
cuantificadas en la encuesta de población activa, lo que ha supuesto, a
su vez, que la tasa de ocupación descienda del 37,9 al 37,2, y la tasa de
paro aumente del 22,7 al 24,2. Los anteriores datos complementan (igual
que lo ha hecho el señor Secretario General) un ciclo de cuatro años,
1991-1994, que destaca por un crecimiento en el número de parados de
1.300.000 personas, pasando la tasa de paro del 16,3 al 24,2 (8 puntos
más) y una destrucción de 907.000 empleos con respecto al cuarto
trimestre de 1991. Y si bien los datos de principio de año, incluso de
final de año, denotan cierta mejoría, la situación es lo suficientemente
grave para no ponernos vendas en los ojos y entender que estamos
acertadamente afrontando el problema de manera clara, contundente, y que
vamos por el buen camino.

No es buena, en ningún momento, la autocomplacencia, y no basta estar a
la espera de que la mejoría en los ciclos económicos reactive la creación
de empleo, porque le voy a dar un dato. A pesar de la estimación,
posteriormente confirmada, del crecimiento del producto interior bruto en
torno al 2,8 por ciento en el cuarto trimestre, que ha llevado además a
la subida de alrededor del 2 para el producto interior bruto anual, se
destruyó empleo en ese cuarto trimestre: 17.400 puestos de trabajo.

Porque además crecemos, y es cierto que estamos en un momento de
crecimiento económico, y a nivel del producto interior bruto nuestro
crecimiento este año ha sido de un 1,92, cuando la media europea es de un
2,6. Somos los que tiramos a la baja de la media europea, y en esas
condiciones no podemos sentirnos especialmente optimistas. Habrá que
hacer además un análisis de por qué con esa tasa de elevación porcentual
del producto interior bruto estamos creando empleo y por qué se produce.

Pero como muestra vale un botón: si aparte de analizar la evolución del
empleo en 1994 queremos también darnos cuenta de hacia dónde vamos, caben
los titulares de prensa. Hay un titular de prensa preocupante: España
tendrá el mayor paro de la OCDE en el año 2000, con una tasa del 22,2 por
ciento, según estimaciones de la propia OCDE, cifra 13 puntos
porcentuales superior a la media de los países industrializados de
nuestro entorno, prevista en el 7,1, y seguida España, a mucha distancia,
de Irlanda y Finlandia, únicamente, con una tasa de desempleo del 13 por
ciento.

¿Cree verdaderamente el señor Secretario que con esos datos estaremos a
un nivel adecuado de competitividad, que nuestro mercado de trabajo
estará al nivel necesario para que podamos competir, para que nuestras
empresas puedan competir a nivel europeo y a nivel mundial? Son datos
oficiales y estimativos, pero que además coinciden, y los conocerá seguro
el señor Secretario, con lo que puede ser el aumento del producto
interior bruto y la tasa de inflación, que además en esos estudios se han
valorado de una manera, entiendo, mesurada y ponderada. Pero cabría hacer
una nueva reflexión, también al hilo de lo que ha manifestado la portavoz
del Grupo Socialista. Ha dicho claramente (y en eso coincidimos) que
evidentemente la creación de empleo en nuestro país va a pasar por el
control de la inflación y porque no suban los tipos de interés. ¿Cree el
señor Secretario que con los datos que estamos recibiendo ya sobre la
inflación y con las noticias que nos van llegando sobre la posible
inmediata subida nuevamente de los tipos de interés, se van a dar esas
condiciones para que esa evolución positiva del empleo en 1994 se
mantenga durante el año 1995?
Entendemos que hemos de hacer una seria reflexión sobre ello, y
coincidimos con otros grupos, y no contentarnos con leves mejorías, a
todas luces insuficientes, ni presentarlas, ni mucho menos, como
excepcionalmente buenas o como logros que demuestran el buen camino que
llevamos en un determinado momento, porque estamos lejos, somos los que
más lejos estamos (como manifestaba el informe de la OCDE) de conseguir
las tasas de desempleo, o de empleo (entiéndame en positivo o en
negativo), que requiere nuestro país para ser un país verdaderamente
competitivo al nivel de nuestro propio entorno.

Y a pesar de los datos que ha manejado prolijamente y de la evidente
evolución expresada, también hay estudios de analistas internacionales
que coinciden (y en eso creo que coincidiremos todos) en que el paro es
el principal problema coyuntural de España. Y recibimos consejos, allende
nuestras fronteras, en orden a que flexibilicemos aún más nuestro mercado
de trabajo. Y no se me interprete mal, porque en este terreno entendemos
que hay que ser especialmente cuidadosos, y no cabe aventurar ningún tipo
de reforma sobre la ya hecha sin que al menos se haya producido el
necesario debate y consenso entre los agentes sociales hacia los que van
a ir encaminados esas medidas de reforma. Si hace bien poco hemos hecho
una reforma del mercado laboral donde se reconocía la importancia en
lanegociación colectiva --y lo ha dicho el señor Secretario-- de la
autonomía de las partes y de los agentes sociales en la toma de
decisiones, flaco favor le estaríamos haciendo



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a esa reforma si ahora habláramos inopinada e inoportunamente de
contrarreformas o ultrarreformas sin haber tenido antes en cuenta la
opinión de dichos agentes y el consenso de los mismos. Ello tampoco
quiere decir, como repite con insistencia el señor Secretario General,
que la reforma laboral haya contribuido decididamente a la creación de
empleo. Y no lo ha hecho, primero, porque no se ha creado empleo de forma
significativa, y mal se puede contribuir a la nada, y segundo, porque la
reforma del mercado laboral no ha entrado materialmente en vigor en
cuanto a dos fases de la relación misma.

El señor Secretario General sabe perfectamente que la reforma del mercado
laboral no ha entrado en vigor prácticamente en cuanto a la duración de
las relaciones laborales. Si bien hemos conseguido la moderación salarial
necesaria, vía convenios colectivos, para poder empezar a crear empleo en
nuestro país, tendrá que convenir conmigo en que eso también ha traído
consigo que en la mayoría de los convenios colectivos no se hayan
trasladado las facultades de flexibilización de reforma que se contenían
en la propia reforma acordada por estas Cámaras, y tendrá que convenir
conmigo también el señor Secretario General en que, en lo que respecta a
la extinción de la relación laboral, tampoco la reforma es que haya
tenido un especial hincapié. Sí, en cambio --y en eso coincidiremos-- en
cuanto a las nuevas modalidades de contratación, pero sobre ello entiendo
que no podemos felicitarnos, ya que la calidad del empleo sigue
deteriorándose al aumentar claramente su temporalidad y situarse en el
34,5 del total del asalariado.

En los últimos doce meses, los que analizamos, frente a un crecimiento de
193.080 en las contrataciones temporales se han destruido 110.000 y, ya
lo ha dicho algún otro portavoz, 110 contrataciones indefinidas. Estamos
en un umbral de contratación indefinida verdaderamente bajo y
preocupante. Me gustaría que si esa lectura es la del Gobierno, la del
señor Secretario General, me dijera qué medidas se quieren introducir al
efecto de aumentar esa contratación indefinida, porque el mercado de
empleo se está precarizando y ello trae consigo que tengamos una enorme
tasa de rotación, que a su vez hace que gran parte de los beneficiarios
de la prestación por desempleo se ha debido a esa rotación laboral. Pero
no es este el debate. El debate en estos momentos, señor Secretario, es
que la reforma del mercado laboral tal vez no haya contribuido, en la
medida en que todos esperábamos, a la reactivación del mercado de
trabajo. Y no porque no se hayan hecho esfuerzos por parte evidentemente
de los propios trabajadores con la moderación de sus salarios, o de los
propios empresarios; se ha hecho esfuerzos por parte de todos, pero
debemos reflexionar sobre si estamos en el buen camino, y ello sin hacer
manifestaciones del tipo de que la cultura del pelotazo en este país debe
acabar porque era un patrimonio de la clase empresarial. Me temo más
bien, señor Presidente, que si la cultura del pelotazo ha sido patrimonio
de alguien en este país ha sido de una clase, pero no justamente de la
empresarial.

Por ello desde el PP entendemos grave el problema del paro y que no hay
que hacer manifestaciones de cara a la galería en un asunto tan grave
como éste, que nos debe permitir a todos ser optimistas, pero que no nos
debe alejar de la realidad en que vivimos. Y no caben ni juegos malabares
de cifras, ni tener en cuenta unas u otras ni discusiones sobre las
mismas. El Gobierno --y me remito al «Diario de Sesiones»-- siempre ha
encontrado y encontrará el apoyo de nuestro Grupo en la lucha contra esta
lacra que es el paro en nuestro país, porque detrás de estas cifras, que
a veces manejamos con relativa frialdad, se encuentran dramas humanos que
nos deben llevar a concienciarnos cada vez más de lo que debe ser la
lucha al respecto. Pero ello no quiere decir que seamos copartícipes de
los errores que se produzcan, ni que tampoco renunciemos al mantenimiento
de nuestras posturas políticas que entendemos que mejorarían la situación
que atravesamos y que por reiteradas, y no siendo objeto de este debate
ni de su comparecencia, hago gracia a SS. SS. El empeño es
suficientemente importante como para no utilizar estos foros con carácter
propagandístico (no digo que lo haya hecho el señor Secretario, pero sí
que se ha intentado por alguno de los grupos) y hay que huir de meros
debates formales y juegos de cifras para responder con seriedad a las
evidentes necesidades del pueblo español. Esa es su responsabilidad
ahora, es la responsabilidad del Gobierno y debe ser su principal
cometido, al que poco ayuda, desde luego, la situación de indefinición e
inseguridad en la que nos estamos encontrando. No sé qué parte de culpa
tienen sus socios de Gobierno, pero hemos asistido hoy a un debate en el
que sus coaligados en las tareas de apoyo parlamentario manifiestan ya
serias dudas sobre la reforma que ustedes consensuaron y que, es cierto,
otros grupos apoyamos. Esas dudas nos llevan a entender que estamos ante
una situación de inseguridad, ante una situación de indefinición que si
bien por parte del señor Secretario General y del propio Ministro ha
recibido una respuesta, a nuestro juicio, contundente, ¿cuánto tiempo va
a durar esa respuesta? ¿No nos veremos dentro de nada abocados a discutir
por otros criterios reformas del mercado laboral a las que el señor
Secretario General ha manifestado claramente que no está dispuesto? Eso
se traduce al final en falta de credibilidad.

La sensación de apatía y desgobierno que les alcanza, y alcanza también a
su Ministerio, y no sé si en este caso injustamente, trae consigo que
poco podamos creer en que se pueda resolver la situación de los
desempleados de este país. Es por ello, señoría, que reiterando nuestro
apoyo no podemos dejar de hacer una reflexión que quede en el aire: ¿Es
verdaderamente posible, con el Gobierno que usted aquí hoy representa,
que la evolución del paro, que los parados de este país tengan la
confianza necesaria para pensar que se están adoptando las medidas
oportunas evidentes para que por fin consigan lo que para cada uno de
ellos es un drama humano, que es la consecución de un puesto de trabajo?



El señor VICEPRESIDENTE (Fernández Díaz): Para responder a las
intervenciones de los representantes de los grupos parlamentarios, tiene
la palabra el Secretario General de Empleo y Relaciones Laborales, señor
Peña.




El señor SECRETARIO GENERAL DE EMPLEO Y RELACIONES LABORALES (Peña
Pinto): Señorías,



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habitualmente todos los países miembros de la Unión repiten que el empleo
es el objetivo prioritario de sus políticas. Yo creo que eso poco a poco
empieza a tomar cuerpo y se puede demostrar en el debate que hemos tenido
aquí esta mañana, por lo que sinceramente, y antes de contestar, debo
agradecerles a todos la reflexión y el deseo de resolver el problema.

Sigamos por ahí y esforcémonos en no utilizar las estadísticas como
garrote político, sino simplemente como instrumento para conocer la
realidad. (El señor Presidente ocupa la presidencia.)
Contestaré puntualmente a todas las preguntas hechas por SS. SS., pero ha
habido un par de ellas que han sobrevolado todas las intervenciones y
merecerían una contestación conjunta. La primera es --para mí la más
importante-- la de la temporalidad --llamémosla así-- que va ligada, a su
vez, a la eficacia de la reforma, y nuevas fórmulas jurídicas de
promoción de un tipo dado de contratación. La segunda es la relativa a la
EPA, y permítanme que en esta contestación sea más escueto.

Qué duda cabe que el objetivo de todos es que el contrato sea estable,
qué duda cabe que es un objetivo esencial, y no --pienso yo-- por una
posición ético-laboral, sino porque es funcional, es eficaz. Esa persona
que tiene un contrato estable permite desarrollar la formación, el
trabajo de calidad y el funcionamiento de la economía a medio y largo
plazo. Pero cuando se dice esto yo creo que hay que acompañarlo de un par
de cosas. La primera es un esfuerzo por no caer en el espejismo jurídico
de pensar que la temporalidad es producto del derecho. La temporalidad es
producto de la realidad económica, y lo que tenemos que saber es cómo esa
realidad económica puede ser transformada por el derecho. Hay que
recordar que en nuestro país, digamos lo que digamos en las normas, nos
encontramos con una economía que en un 80 por ciento está volcada en
sectores no del todo estables; y me refiero a la agricultura, a la
construcción y a los servicios. Esta es la realidad sobre la que tenemos
que funcionar. A partir de aquí se inicia el debate y se dice que la
temporalidad es mucha. Por supuesto que lo es, pero esos términos
absolutos son insuficientes si no se comparan. ¿Mucha en relación con
qué? ¿Más que antes o menos que antes? Existe la visión general e
incontestada de que es mayor, y como es mayor y coincide su dimensión con
la reforma es producto de la reforma, ergo la reforma promueve la
temporalidad. Yo sinceramente creo que esto no es así. Creo que la
temporalidad a partir de la reforma es menor, y no lo quiero decir como
una simple apreciación subjetiva. Para que no se me acuse de usar
solamente datos propios, puedo darles los dos datos, los nuestros y los
de EPA.

Hay un dato incontestable que son los registros de contratos indefinidos
realizados en 1994. Se han realizado 43.000 contratos indefinidos más que
en 1993. Evidentemente la comprobación está al alcance de cualquiera.

Pueden decir que es un dato nuestro y por tanto poco creíble. Los datos
peores tienen mayor credibilidad. Vayamos a la EPA. Les hablo de datos de
contabilidad nacional de hace cuatro días. De los asalariados con
contrato indefinido en el último trimestre del año --y la serie empieza
en 1991--se destruyeron 37.000 contratos indefinidos; 42.000 en 1992,
57.000 en 1993, y en el último trimestre de 1994 hubo 28.000 contratos
indefinidos más. Este es un dato. Si quisiéramos establecer una relación
causal y olvidáramos que los datos no significan juicios de valor,
podríamos decir que ello es producto de la existencia de la reforma
laboral, que promueve, por tanto, la estabilidad no de manera muy
significativa, porque nada de lo relativo al empleo, desde el punto de
vista cuantitativo, es muy significativo desgraciadamente en nuestro
país.

A partir de aquí podríamos engarzar con la reflexión que se está haciendo
sobre la reforma del mercado de trabajo. Solicito de SS. SS. una cierta
comprensión al respecto. La reforma del mercado de trabajo, que todos
ustedes conocen, fue un proceso complicado, tenso en su elaboración, que
concluyó con una huelga general el 27 de enero del pasado año. Se inició
un paquete normativo compuesto por cuatro normas de bastante complejidad.

Tiene razón el señor Camps cuando afirma que muchas de ellas todavía
están en fase de rodaje y debe permitirse, por tanto, el rodaje con una
cierta tranquilidad. Todo ese paquete normativo entró en vigor el día 13
de junio de 1994, aunque es cierto que las modalidades de contrato
funcionaban desde enero. En el mes de julio --escasos días habían pasado
desde la aprobación de los paquetes normativos-- ya se discutía la
conveniencia o no de la reforma, la eficacia o no de la reforma, y así
hemos estado permanentemente hasta ahora. Sin embargo, los datos eran
buenos, eran mejores --para ser más correctos-- que los anteriores de
1993. La evolución salarial era positiva, y sobre todo se había producido
un hecho nuevo que yo creo que era absolutamente inesperado. Si partimos
del 27 de enero de 1994, día de la huelga general, y recordamos lo que
está pasando ahora en nuestro país, yo creo que es casi incomprensible
cómo se ha reforzado la bilateralidad entre empresarios y trabajadores,
que han empezado a negociar y a tomar acuerdos de la importancia de
ordenanzas laborales el pasado diciembre y la declaración conjunta
firmada en enero, que posteriormente quiero comentar al hilo de una de
las preguntas. Asimismo, se ha establecido una relación de mayor
negociación con el Gobierno. El clima se ha serenado bastante, y el clima
sereno en relaciones laborales es un elemento esencial de inversión
productiva nacional. Todo ello también se podría haber achacado a la
reforma, pero no es así. Se sigue pretendiendo la modificación de la
reforma, y yo creo que ello genera confusión, en primer lugar, porque se
deslegitima indirectamente a la reforma y se dificulta su aplicación, y
cuando nos tendríamos que preocupar en aplicarla, en atenderla incluso
con mimo porque tiene muy poco tiempo de vida, se promueve su
modificación. Ello puede confundir a los mercados, que esperan la
aparición de nuevos tipos de contratos, y hasta que éstos no aparecen no
contratan.

Por tanto, personalmente --lo he dicho y lo repito ante SS. SS., y siento
que al decirlo se pueda presumir una cierta altivez porque no es así--,
yo no creo que sea razonable promover la modificación de la reforma. Sí
creo razonable, y más que razonable necesario, continuar en una reflexión
iniciada aquí: Vayamos a ver cómo se está aplicando y qué está pasando;
vamos a evaluarla y vamos a estudiar



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todos el empleo, separándolo de la confrontación directa, porque a todos
nos afecta. Esta es la posición que tenemos en el Ministerio de Trabajo,
y la digo en el sitio que más respeto me produce decirla, que es en el
depositario de la soberanía nacional. Creemos que es razonable la
reforma, que ha funcionado bien, que hay que darle tiempo, que no debe
ser modificada y, sobre todo, que hay que huir del espejismo de que
cualquier modificación jurídica vaya a promover un tipo especial de
contratación nuevo. Esto es bastante más complicado, y todos sabemos,
todos, que no tenemos soluciones mágicas para resolver problemas tan
acuciantes, como el del empleo, que se solucionan con sacrificio y
lentitud.

Respecto a la EPA --lamento que no esté el señor Peralta, pero
indirectamente también el señor Camps ha hablado de ella--, yo creía
razonable referirme a los datos nuestros, a los datos del Inem, para
hacer esta intervención. En todo caso, ello carece de mucha importancia
porque lo único significativo es la comparación con datos del mismo
origen, y ello provoca una tendencia que, por otra parte, es idéntica en
EPA. Tampoco quiero oír una cosa que hemos repetido desde el Ministerio y
tengo que volver a repetir, aunque me molesta muchísimo iniciar una
batalla en torno a las cifras porque acabamos por confundir a la
ciudadanía, que está ya atónita y yo creo que drogada al oír tantas
cifras todos los días. La EPA para nosotros subestima la ocupación en
cantidades notables, y yo personalmente --no es que tenga prueba al
respecto-- no percibo que sea más rigurosa que el registro del Inem. Hay
datos que mueven a defender esta postura. El propio Instituto Nacional de
Estadística, cuando elabora la serie de contabilidad nacional, saca una
población asalariada muy superior a la que refleja la EPA. Si no recuerdo
mal, la última cifra de 1993 refleja 650.000 personas ocupadas más que
las de EPA, y yo particularmente --y repito que carezco de argumentos
científicos para demostrarlo-- calculo que en nuestro país hay 1.300.000
ocupados más, aproximadamente, que los reflejados en EPA. Yo no creo que
en mi país trabajen 11.700.000 personas; yo creo que estamos en torno a
los trece millones, pero repito que ello es insignificante para tratar el
asunto que ahora nos ocupa. Esa ha sido la única explicación de que usara
datos propios que permitían, por otra parte, una comparación año tras
año.

Hablando de EPA --no me quiero extender mucho--, otra cosa que puede
tener una cierta importancia, sobre todo porque pienso yo que confunde a
la opinión, es cuando se habla de la destrucción media de empleo. Dicen
que la destrucción de empleo entre 1993 y 1994 ha sido 110.000
desempleados más en 1994. Tendríamos que ser capaces de explicar a la
ciudadanía qué significa la evolución media de empleo. El ejemplo un poco
escolar es el siguiente: si yo comienzo un año 1993 con un millón de
parados y lo acabo con dos millones, yo ese año tengo un millón y medio
de parados; y si empiezo 1994 con dos millones de parados y lo acabo con
un millón de parados, yo tengo un millón y medio de parados, y 1994 es
igual de bueno que 1993, siendo así que un año tenemos un millón de
parados más y el otro año un millón de parados menos. Comprendo que es
difícil transmitirlo permanentemente por la complejidad y la cantidad de
gente escondida --con gente quiero decir datos o cifras-- que está detrás
de todas las variables estadísticas.

Hechas estas dos apreciaciones generales, me gustaría entrar en las
contestaciones concretas. Hay un dato que significa muchísimo en nuestro
mercado de trabajo, y es el expuesto por la señora Romero relativo al
sexo y esa diferencia de 10 puntos en tasa de desempleo que se repite,
más o menos, en todas las contrataciones que se realizan. La cifra del
paro femenino es posible que aumente, y yo creo que deberíamos estar
preparados para este tipo de noticias, pero lo que interesa a un país no
es la cantidad de paro que tiene, sino la cantidad de ocupados que tiene,
que es el dato que mide el bienestar o el malestar del país. Si nosotros
ahora tenemos --yo qué sé-- 12 ó 13 millones de ocupados --es igual-- y
el año que viene tenemos 14, estamos con un millón de ocupados más, con
un millón de posibilidades de vivir mejor, y sin embargo el paro podría
ser superior con 14 millones de ocupados porque nuestra tasa de población
activa sigue siendo pequeña y es conveniente que crezca. Sin embargo,
respecto al desempleo femenino algún dato positivo existe, pienso yo, un
dato positivo quizás estructural y no relativo a las cifras de paro que
estamos dando, que es el que la participación mayoritaria, mínimamente
mayoritaria pero mayoritaria, de la mujer en la universidad está
provocando, por ejemplo, que la tasa de ocupación en el contrato de
prácticas, en el contrato de más calidad, esté al 50 por ciento en
relación con los hombres. Y ciertamente, si el dato de febrero se
consolidara y existiera ese despegue importante del contrato de
prácticas, nos encontraríamos también con una buena noticia, que el
contrato de más calidad es el que más está creciendo y es en el que más
participan las mujeres. Sería una buena noticia.

En lo que se refiere al tiempo parcial, a pesar de que comprendo que
puedan existir críticas de esa relación 60-40, también creo que es una
buena noticia. Es más, yo creo que es un tipo de contratación que es
menester promover y ampliar, y no porque estemos en tasas muy inferiores
a las europeas, que son asuntos que me interesan poco (desconfío
absolutamente de la comparación de un país con otro, a través de estas
cifras, porque es muy difícil la comparación), sino porque adecua el
reingreso y la inserción de la mujer más fácilmente en el mercado de
trabajo. Por otro lado, tampoco pienso yo que sea un contrato tan
marginado, tan precario como se quiere defender. Para que nos hagamos una
idea, y respecto al tiempo de trabajo en el tiempo parcial, que es yo
creo lo que más interesa, el dato sería el siguiente. En el intervalo
entre el 50 por ciento y el 75 por ciento de la jornada en el contrato a
tiempo parcial trabaja la mayoría de los contratados, el 59 por ciento, y
el 16,7 restante en jornadas superiores al 75 por ciento. Esto quiere
decir que casi el 76 por ciento de los contratos realizados están por
encima de la mitad de la jornada, que es un dato prudentemente positivo.

La incorporación de nuevos trabajadores en virtud del contrato de
aprendizaje yo creo que también ha funcionado relativamente bien. El
64,32 por ciento de los contratos de aprendizaje carecía de experiencia
laboral. Estamos hablando



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de 210.000 contratos de aprendizaje, la mayoría de ellos jóvenes en busca
de su primera ocupación y en el sector más numeroso de 16 a 20 años. Por
tanto, también creo yo que ése es un dato relativamente positivo.

Por lo que se refiere a la formación, que permanentemente preocupa a la
señora Romero, yo creo que deberíamos empezar a dejar de enfatizarla
tanto en las palabras y ocuparnos con absoluta seriedad, porque estoy
absolutamente convencido de que el factor estratégico de nuestro país es
la formación, es el factor esencial, porque la inteligencia --y lo hemos
repetido todos muchas veces-- es el único capital de un pueblo (ya ha
pasado la historia de las tierras o de la maquinaria), estamos en la
época de las personas. Yo creo que nuestro modelo formativo, aun con
defectos mejorables, es el que hay que consolidar. Es posible que se
pueda discutir por alguien que la formación continua sea impartida por
empresarios y trabajadores. Yo creo que es imposible impartirla sin la
presencia y el consorcio de ellos, pero hay que ser también un poco
prudentes. Es un sistema que en España tiene escasamente dos años de
vida; en el resto de Europa funciona hace ya muchos años, y hay que ser
un poco más tolerantes, pero en definitiva es la apuesta que tenemos que
hacer, y ligándolo con el aprendizaje, igual. Hemos tardado --lo decía
también el señor Peralta-- en aplicar la formación teórica. Si recordamos
cómo empezamos con los contratos de aprendizaje, sería difícil pensar que
hemos llegado a un acuerdo con empresarios y sindicatos para impartir la
formación teórica, siendo así que el contrato de aprendizaje se
contestaba en su propia esencia. Tardamos un tiempo, y en torno a junio
acordamos los primeros pactos relativos a extender la formación teórica
vía FORCEM. Se está empezando con dificultades, evidentemente. Es un
contrato que está muy extendido, que se extiende también a la pequeña
empresa, y aplicar en ella toda la oferta formativa no es fácil. Todavía
existe una idea general en nuestro país de que la formación esencial del
aprendiz se procura a través del trabajo. Estamos modificando una serie
de comportamientos muy animados en nuestra cultura. Por tanto, tampoco
creo, en absoluto, que sea un éxito completo la formación teórica de
aprendizaje, pero sí creo que hemos iniciado un camino que no sé yo si
llegará a la formación dual alemana, pero que va por ahí, y que el
compromiso de empresarios y sindicatos al respecto es firme.

Muchos de nosotros pensamos --y creo que lo hemos pensado casi siempre--
que el salario o la retribución no es una variable independiente y, por
tanto, no puede funcionar en independencia. Es dependiente respecto al
empleo, pero es también dependiente respecto a las otras rentas. Y en
esta cuestión entraba un poco en su intervención la señora Romero. Yo
creo que la declaración conjunta que firmaron CEOE, Cepyme, Comisiones y
UGT tuvo una lectura excesivamente política e impidió una lectura
sindical de su texto, en el que hay afirmaciones que permiten orientar la
contestación hacia la reivindicación de control, reparto, examen de
beneficio, porque lo que viene a decir es que toda la negociación
colectiva de 1995 debe estar orientada al empleo, que toda la negociación
debe reforzar la competitividad de las empresas. Que en nuestro país eso
lo digan sindicatos y patronales yo creo que es muy importante, ese
compromiso de fluidez y empleo que asumen las partes. Y para que haya
empleo tiene que haber tres tipos de capitales: el capital público, el
capital privado, que se tiene que conseguir moderando beneficios, y el
capital intelectual, que se tiene que conseguir con formación, por lo que
indirectamente yo creo que, desde el punto de vista de lo que se está
haciendo en nuestro país, sería posible conseguir esa moderación en torno
a la creación de empleo.

Para concluir, y respecto a la cita de Malinvaud, es verdad que España ha
sufrido siempre esa lacra de decir que es el país que más crece en la
Comunidad Europea; que desde 1970 a 1990 crece su producto interior bruto
en un 103 por ciento y, sin embargo, su tasa de ocupación se reduce en un
0,3 por ciento. Aparte de que sean datos un poco malinterpretados, lo
cierto es que necesitamos crecer más que nuestros colegas europeos para
crear empleo, y no cumplíamos una ley que los economistas dicen que es la
única ley casi que existe en economía o que merece ese título, que es la
ley de Okum, que dice que un crecimiento del 2 tiene que producir un
incremento de empleo del 1. Yo creo que España está entrando en esto
ahora. Repito que si España lo consigue, sin duda es el elemento esencial
que se había conseguido en 1994 y, en el futuro, personalmente --y repito
que no tengo prueba científica argumental-- creo que la reforma laboral
tiene que ver en esto, y no sólo la reforma laboral sino todos ustedes
que la han discutido, mejorado y aprobado.

Creo que he contestado al señor Hinojosa la pregunta de la temporalidad
pero hay un par de preguntas más en su intervención a las que voy a
intentar dar respuesta. Me comenta que el programa especial que hicimos
para parados de larga duración mayores de 45 años y minusválidos había
triunfado. A nivel de expectativa personal, no, sin duda. En la
elaboración del programa --y recuerdo que su Grupo participó activamente
en la elaboración de esa idea-- yo preveía una cifra en torno a 200.000
beneficiados del programa. Hemos acabado 1994 escasamente con 30.000.

¿Existe algún dato positivo o mejor? Sí existe; febrero es bastante mejor
que enero en este programa. No tengo aquí las cifras, pero de memoria le
puedo decir que serían las siguientes: 4.000 en el mes de enero, más de
6.000 en el mes de febrero; casi un 50 por ciento más de uso del
contrato.

No es suficiente y el núcleo duro del desempleo, a pesar de que jóvenes y
mujeres tienen dificultades importantes, personalmente pienso que van a
ser mayores de 45 años y parados de larga duración en el futuro. No creo
que, por otra parte, sea un núcleo duro que se corrija tampoco vía nuevo
contrato, vía nuevas bonificaciones, vía nuevas subvenciones. No es el
momento, pero estimo que la vía de solución en un sistema de trabajo que,
por cierto, queda reflejado en un protocolo que el pasado día 27 de
diciembre firmamos con la Generalitat de Cataluña, que es lo que se llama
servicio integral de empleo y un trato personalizado al parado para
hacerle más ocupable; no para ocuparle, para que se pueda ocupar mejor.

El contrato temporal y su prórroga es otra de las discusiones que han
acompañado el último trimestre de 1994 y,



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evidentemente, tan razonable es una postura como otra. Yo no voy a
descalificar --Dios me libre, lo vería impertinente-- ningún tipo de
postura. Yo, particularmente --y perdón por la personalización--, no
estaba de acuerdo; pensaba varias cosas respecto al mismo. En primer
lugar, su dimensión, que era absolutamente distinta; le hablo ahora de
memoria, pero estamos en 200.000 contratos en 1994 frente a más de un
millón de contratos en los años clásicos del contrato temporal. La
dimensión ya era distinta.

En segundo lugar, pensaba que si se promovía la contratación temporal
universal, digamos, para todos los trabajadores, en época de expansión,
de comienzo, o de expansión tímida de la economía, la contratación se iba
a cobijar toda en el contrato temporal. Pensaba también que, si se
promovía el contrato temporal, queriendo, como quería, sacar del
desempleo a parados de larga duración mayores de 45 años, iba a haber una
especie de competencia desleal. ¿Por qué tienen éstos el contrato
temporal? Para tener más beneficios que los otros, porque están en
situación de mayor desfavorecimiento. El contrato temporal les hubiera
hecho competir de manera desigual y, al final, se hubieran contratado
jóvenes con poca o suficiente formación laboral.

En último lugar, sinceramente pienso que hay que forzar a la contratación
fija. Estoy convencido de que la diferencia que existe entre el despido
objetivo y la finalización del contrato temporal no justifica, en
absoluto, esta especie de alergia a la contratación indefinida que invade
nuestro país. Son ocho días, no es una justificación objetiva, tiene que
obedecer a otras circunstancias que deberemos ser capaces de delimitar en
el debate que todos nos proponemos hacer. En todo caso, habría que forzar
a que la gente contratara de manera fija, porque la barrera no era, en
absoluto, insalvable. Esa última razón quizá es de menos peso, pero creo
que hay que ir forzando y recomendando, incluso públicamente, que hay que
hacer contratos fijos, que la diferencia de indemnización no es tan
sustancial. Y después tenemos que recordar que, aunque no tenemos datos
--y lo digo al hilo de bastantes intervenciones que se producen, no aquí,
periódicamente--, se está aplicando últimamente el despido objetivo, el
improcedente y el normal en los tribunales bastante más correctamente de
lo que se suele leer en medios de comunicación.

Lo de los datos EPA, señor Peralta, ya lo he contestado. Es lo que creo;
lo que hemos repetido. Ha habido comparecencias parlamentarias y la
verdad es que, como hombre de la Administración, como Secretario General
de Empleo, tengo un cierto pudor a acudir con dos cifras, es cierto.

Repito que subestima la ocupación, lo reconoce el propio Instituto
Nacional de Estadística. Es una subestimación muy perjudicial, creo yo,
para nuestra economía y nuestros intereses nacionales, pero es un hecho,
y los hechos no se corrigen simplemente solicitando su corrección.

La frase de Cándido Méndez y la apreciación de todos ustedes de que se ha
roto el dique de la contratación temporal, creo que no es verdad. He dado
los datos, que son los que tenemos, y creo que el contrato indefinido ha
mejorado muchísimo en el año 1994 en relación a 1993. Ya dije que fueron
43.000 contratos fijos y más en el último trimestre, y ya no en datos
propios, sino en datos EPA.

En cuanto a la declaración que ha hecho sobre la OIT, le diré que es una
declaración que cada día que pasa comparto quizá con mayor intensidad.

Desconfío absolutamente de que vayamos a conseguir la creación de empleo
si ingeniamos una nueva fórmula jurídica. Yo no pienso que tengamos más
empleo porque sea más barato el bien empleo en cuanto tal. La imagen que
podemos tener de un supermercado con bastantes puestos de trabajo, en el
que, cuanto menos sea su precio, más puestos de trabajo compraremos, creo
que no es real. Obedece más a motivos más profundos, más estructurales,
de desarrollo de nuestra economía, que a un desarrollo incontrolado de
las fuerzas tecnológicas, que han aumentado 40 veces la productividad. El
único elemento es la productividad. Tendremos que ocuparnos todos de
ella. La primera fase está hecha, que fue la de adecuación jurídica, no
de creación de empleo, sino de facilitar que las cosas vayan más o menos
bien; la segunda tiene que ser incidir en lo que se empieza a hacer y hay
que volcar esperanzas en ello, en la negociación de las políticas activas
y la regeneración del tejido industrial. Y, sin embargo, entraremos en el
siglo que viene discutiendo todavía de lo que podríamos llamar reparto
del tiempo de trabajo, que es una frase un poco demagógica y poco
precisa, o reordenación social de la producción, trabajar de otra manera
y de otra forma para que trabajen las máximas personas posibles. Es un
proceso largo que no pienso que se corrija ahora a estas alturas con
decretos-ley.

Perdóneme, señor Camps, pero indirectamente, al hilo de la intervención,
le he contestado a una serie de preguntas. Las de EPA creo que las he
contestado. La siguiente la contesto con una exposición personal; yo,
evidentemente, creo que es negativo para la creación de empleo el
incremento mínimo del tipo de interés y el descontrol de la inflación.

Claro que lo creo. Pero con las variables que tenemos, con las variables
que estamos teniendo, lo previsible de cómo vayan los tipos, de cómo vaya
la inflación, de cómo vaya la negociación colectiva, de cómo vaya el
mercado de trabajo, el objetivo de los 200.000 empleos creo que es
alcanzable; estamos en esta tasa interanual. Pienso que mal se tendrían
que dar las cosas para no conseguirlo, y ya dije en su momento que para
mí el objetivo era modesto.

Respecto a las restantes reflexiones sobre la reforma, ha dicho una cosa
de la que participo; lo otro, se verá. Ha dicho que primero quiere que se
agote una fase de debate, reflexión y consenso entre las partes y que
habría que promover la fijeza y la evolución. Después han quedado ahí en
el aire, pero quizá no sea el momento de entrar en ello, dos problemas
que suponen modelos distintos, tan legítimo uno como otro, que es
ultraactividad y extinción. Con una negociación colectiva distinta o una
extinción distinta podría haber un mercado de trabajo distinto. Repito
que son modelos casi alternativos. Yo defendí en su momento la no
ultraactividad y creo que la extinción es razonable y que los 45 días,
cuando no existe causa, son razonables. Pero es que no se discute esto,
lo que se discute es que son 45 días, aun cuando exista causa. No es una
respuesta jurídica lo que se precisa, sino otro tipo de respuesta.




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Creo que ese tríptico de 12, 20, 45, funciona moderadamente bien y no
justifica la situación un cambio, máxime porque dudo de que tenga efectos
directos respecto al empleo y empleo fijo y, en segundo lugar, porque
originaría más confusión que claridad; entraríamos en un debate y en una
tensión social que creo que es lo último que le interesa a este país y a
estos paisanos.

Gracias, señorías.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Secretario General.




La señora ROMERO LOPEZ: Señor Presidente, quisiera abusar de su
benevolencia y, si es posible, consumir un breve turno por alusiones.




El señor PRESIDENTE: No, en esto no tengo benevolencia, señora Romero,
sino un criterio bastante rígido.




El señor HINOJOSA I LUCENA: Señor Presidente, apoyo la intervención de la
señora Romero porque, en mi caso, es absolutamente necesario. Hay
precedentes, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Constan en el «Diario de Sesiones» sus problemas. No
será practicado por mí, señor Hinojosa. (El señor Hinojosa i Lucena
pronuncia unas palabras que no se perciben.) Ya, pero yo sostengo ese
criterio creo que con firmeza y con justeza. De manera que ningún grupo
parlamentario...




El señor HINOJOSA I LUCENA: Pero la Comisión está en un error.




El señor PRESIDENTE: ... ninguno, se puede sentir discriminado en lo que
se refiere a la aplicación del criterio.

Tenemos otras dos comparecencias por delante, señorías, y espero que
comprendan mi posición y mi falta de flexibilidad en esa cuestión, siendo
así que la flexibilidad es una palabra tan valorada a veces, sin entrar
en consideraciones. En este caso, creo que reportará beneficios a la
Comisión, señor Hinojosa y señora Romero.




El señor HINOJOSA I LUCENA: No ha permitido que lo aclaremos, lo cual es
grave.




El señor PRESIDENTE: Aun así, señor Hinojosa, mantengo mi criterio.




--HACER BALANCE DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL EN ESPAÑA EN EL AÑO 1993. A
SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER
CATALUNYA. (Número de expediente 212/000523.)



El señor PRESIDENTE: Segundo punto del orden del día: Comparecencia del
Secretario General de Empleo y Relaciones Laborales para hacer balance de
la siniestralidad laboral en España en el año 1994. A pesar de que el
escrito que se presentaba hacía referencia al año 1993, creo haber
interpretado el sentir y los intereses del proponente, habiendo pedido al
señor Secretario General que refiriera su descripción de los hechos y su
análisis al año 1994.

Tiene la palabra el señor Secretario General.




El señor SECRETARIO GENERAL DE EMPLEO Y RELACIONES LABORALES (Peña
Pinto): Señor Peralta, no tengo datos homologados de 1994. Si me
permiten, lo que tengo estudiado y preparado es una intervención sucinta
de datos de 1993, que concluye con una comparación de 1994, que es un
avance, pero con el riesgo que todo avance tiene en sí mismo.




El señor PRESIDENTE: Pues avancemos, señor Secretario General.




El señor SECRETARIO GENERAL DE EMPLEO Y RELACIONES LABORALES (Peña
Pinto): Entremos, y para entrar pidamos disculpas a SS. SS. porque temo
que entremos de nuevo en cifras y en cifras en este caso más numerosas.

Durante el año 1993 se han registrado 998.746 accidentes de trabajo, de
los que 569.640 --el 57 por ciento del total-- causan la baja del
trabajador y 429.106 no dieron lugar a baja. De los accidentes con baja,
que son los más importantes, 534.606 lo fueron en jornada de trabajo y
35.034 se produjeron «in itinere».

La comparación de estos datos con los de 1992 nos muestra que se ha
producido un descenso del número de accidentes de todo tipo, con un 13,7
por ciento menos que en 1992. La disminución más significativa ha tenido
lugar, además, en los accidentes con baja, que han descendido en términos
relativos un 14,9 por ciento --99.625-- y, dentro de este grupo, en los
ocurridos en jornada de trabajo, con 94.034 menos --una disminución
relativa del 15 por ciento.

Resultados similares ofrece el análisis del índice de incidencia. El
valor de dicho índice en 1990, año al que corresponde la cifra más
elevada, fue de 68,6 accidentes por cada mil trabajadores. A partir de
1991, este índice se reduce, siendo del 66,9 por mil en dicho año, del
61,6 por mil en 1992 y del 54,6 por mil en 1993, es decir, siete puntos
inferior al registrado en 1992.

A partir de este momento, me referiré solamente a accidentes con bajas
ocurridos en jornada de trabajo. Dentro de esta categoría, en 1993 se
produjeron 522.509 accidentes leves, 11.020 graves y 1.077 mortales.

Aunque la reducción más importante tuvo lugar en los leves --un 15,1 por
ciento menos--, los graves y mortales también descendieron, produciéndose
645 accidentes graves menos y 162 mortales menos --un 13,1 por ciento--
que el año anterior.

Y en la distribución por sectores económicos, se nos muestra que el mayor
número se sigue produciendo en la industria, con un 37,2; servicios,
36,9, y construcción, con un 19,9 por ciento; en último lugar, como es
lógico, está



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agricultura, con un 6. En todos los sectores se han producido
reducciones, aunque de forma desigual, siendo las más importantes las de
la industria --26,1-- y construcción --8,5--, que son, por otra parte,
los sectores más expuestos al riesgo.

Este nivel de peligrosidad se comprueba al analizar el índice de
incidencia en cada sector, el cual, en 1993, ha sido del 128,9 por mil
trabajadores en la construcción, 88,7 por mil en la industria y del 36,5
por mil en los servicios. El sector agrario ha tenido un índice de
incidencia similar al del año anterior, un 34,3 por mil.

Por otra parte, la mayor incidencia de los accidentes graves y mortales
en los sectores no agrarios sigue produciéndose en la construcción y la
menor en los servicios. La industria arroja cifras algo superiores a
servicios, si bien a bastante distancia de la construcción. Conviene
reseñar, no obstante, que en la construcción se han producido 29 mortales
menos que en el año anterior y en la industria los graves se han reducido
en 536 y los mortales en 61.

Por comunidades autónomas, el mayor número, con diferencia, se sigue
produciendo en Cataluña --21,7--, Andalucía --13,6--, Madrid --12,9-- y
Comunidad Valenciana --11,3--. En conjunto, a estas cuatro comunidades
les corresponde casi el 60 por ciento del total de accidentes con baja.

Sin embargo, el descenso se ha producido en todo el territorio nacional y
ha tenido una especial incidencia en estas cuatro comunidades, ya que a
ellas les corresponde un descenso del 64 por ciento del total.

Por último, como les decía, voy a hacer una breve referencia al
comportamiento que la siniestralidad laboral ha tenido en el año 1994. He
de advertirles, no obstante, que, al no poder ofrecerles todavía datos
definitivos sobre ese año, la comparación con 1993 he de hacerla sobre
los datos provisionales de ambos años, ya que, de lo contrario, se
produciría una distorsión entre los resultados de ambos períodos. ¿Por
qué? La razón es que los datos provisionales que publica el Ministerio a
lo largo del año se computan según la fecha en que se presentan ante las
direcciones provinciales de trabajo los partes de accidente, mientras que
los definitivos, que suelen estar disponibles a mediados del año
siguiente, se basan en las fechas en que se han producido los accidentes.

En consecuencia, alguno de los accidentes contabilizados en los datos
provisionales de un año --en este caso, 1994-- estarán en 1993 y así, año
tras año.

Tomando estos datos como base, el resultado es el siguiente: El número
total de accidentes de trabajo ha sido muy similar al de 1993. Los
accidentes con baja han experimentado una ligera reducción, reducción más
significativa en los graves --577 accidentes menos, un 5,3-- y en los
mortales, con 90 menos --un 8 por ciento.

Por sectores, la industria ha mantenido la clara tendencia a la
disminución que registraba en los años anteriores --un 4,6 de descenso
respecto a 1993--. En los otros dos sectores no agrarios --construcción y
servicios-- ha habido un ligero aumento con respecto a 1993, si bien se
ha situado en un nivel bastante menor a los producidos en 1992.

Es significativo resaltar que, tanto en la industria como en la
construcción, los datos de 1993 fueron buenos, en términos relativos, con
un 20 y un 22 por ciento de disminución, respectivamente, en datos
provisionales. Por comunidades, seis de ellas han experimentado
descensos, especialmente Madrid, con un 7,2, y Cataluña, cuyos accidentes
han bajado en un 4 por ciento.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario peticionario de la
comparecencia, tiene la palabra el señor Peralta.




El señor PERALTA ORTEGA: Gracias, señor Peña, por su comparecencia y por
los datos que nos ha proporcionado. Yo lamento que el nivel de
información a la fecha en que nos encontramos, mediados de marzo, no
permita a la Administración dar datos relacionados con la siniestralidad
del año 1994. Doy por supuesto que eso obedece a determinadas inercias en
el funcionamiento de la Administración y no a que se pretenda ofrecer
unos determinados datos que puedan resultar más favorables que otros.

Insisto en que no creo que sea ésa la voluntad del compareciente, en la
medida en que estamos tratando un tema que estoy convencido de que le
preocupa tanto como nos preocupa a todos. No cabe duda que hacer
referencia a los datos del año 1993 permite constatar unos descensos que
él ha cifrado, por ejemplo, en el 13,7 por ciento, en relación con el
total de siniestralidad, en relación con los accidentes con baja de
prácticamente el 15 por ciento. Pero no es menos cierto, señor Peña, que
buena parte de este descenso guarda relación con una caída del empleo
espectacular en el año 1993.

Ha dado unos primeros datos, relativos al año 1994, y esa tendencia ya no
es la misma. Guarda relación con los datos que antes manejábamos y que
indican que en el año 1994 el empleo se mantiene prácticamente igual que
en el año 1993. De ahí que usted haya dicho que la cifra total de
accidentes del año 1994 es muy similar a la cifra total de accidentes del
año 1993. No obstante, sí que se pueden apreciar determinadas
variaciones, algunas de ellas muy significativas. Que en el año 1994,
según sus datos, se haya producido un descenso del 8 por ciento, que,
según los datos que yo manejo, es notablemente superior en el caso de los
accidentes mortales, pone de manifiesto que incluso manteniéndose el
nivel de población empleada se pueden conseguir resultados positivos en
este terreno. Que la variación estadística no depende exclusivamente de
la variación de la población empleada, sino que, por el contrario, hay
elementos distintos del empleo, autónomos en relación con el empleo, que
pueden tener una incidencia muy importante en relación con estos temas.

Qué duda cabe que apreciar en el año 1994 un descenso del 8 por ciento en
el número de accidentes mortales es, en nuestra opinión, muy importante,
no diría que positivo, porque seguimos hablando --según mis datos-- de
más de mil accidentes mortales, pero ese descenso, el 8 por ciento, es
importante y hay que decirlo. Este descenso pone de manifiesto un mayor
interés por parte de todos los que inciden en este tema, en concreto de
la Administración, pero nosotros creemos que ese esfuerzo es todavía
insuficiente.




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Tengo aquí, señor Peña, un cuadro publicado por la Comisión de la Unión
Europea, en el que se hace un balance de cómo han traspuesto la normativa
comunitaria los distintos países. En el caso de nuestro país,
desgraciadamente, las distintas directivas van acompañadas de la letra
ene, que significa que no está traspuesta; dos son la excepción. Creo que
en este terreno somos el país más atrasado del conjunto de la Unión
Europea.

Otros datos como una encuesta nacional sobre condiciones de trabajo,
elaborada por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo,
nos da unos datos que, en nuestra opinión, son significativos de la
realidad de las condiciones laborales en nuestro país.

Por lo que se refiere a la organización preventiva, que, en nuestra
opinión, es en la que habría que hacer hincapié, de acuerdo con esta
encuesta el comité de seguridad e higiene en el trabajo, en centros de
trabajo de más de 100 trabajadores, en los que es obligatorio, lo tiene
un 73,8 por ciento; un 26,2 de centros de trabajo no lo tiene.

La existencia de vigilante de seguridad, obligatorio en centros de
trabajo de cinco a cien trabajadores, sólo lo tiene un 11 por ciento de
los centros de trabajo; el 88 por ciento no lo tiene. La no realización
de reconocimientos médicos es apreciable en un 42,5 por ciento de los
trabajadores. Tan sólo en un 12 por ciento de los centros de trabajo
alguna persona del centro ha asistido en los últimos doce meses a algún
curso relativo a la seguridad e higiene en el trabajo.

Un 88 por ciento de los centros de trabajo no hace estudios de riesgo; un
75 por ciento de los centros de trabajo no ha pedido en ninguna ocasión
asesoramiento externo en materia de seguridad e higiene; un 71 por ciento
de los centros de trabajo no da formación en esta materia, y en un 58 por
ciento de los centros no existe la práctica de dar información al
trabajador sobre los riesgos existentes en su puesto de trabajo.

Sobre esa realidad, qué duda cabe que el que tengamos, como ha sido
publicado en algún momento determinado en nuestro país, datos, que creo,
confío y deseo que no sean los que corresponden a la realidad actual, de
que una de cada cuatro muertes en accidente laboral en la Unión Europea
se produce en España pone de manifiesto que en nuestro país, en relación
con las medias europeas, todavía podemos avanzar mucho.

En este mismo terreno, la fundación de Dublín, dependiente de la Comisión
de la Comunidad Europea, establece el porcentaje de trabajadores
sometidos a condiciones físicas negativas de trabajo. Este porcentaje de
trabajadores, en el caso español, se eleva a un 62,6 por ciento; en
Alemania es un 26 por ciento, en Francia un 31 y en Portugal un 31,6 por
ciento. En la media de la Comunidad, un 30 por ciento.

Por tanto, señor Peña, hay mucho que hacer en este terreno, y se está
haciendo. De ahí que la evolución de los últimos años permita apreciar
una mejoría, pero la distancia a recorrer, sin lugar a dudas, sigue
siendo mucha. Si eso es valorable en algo tan difícilmente cuantificable
como la salud de los trabajadores, existen determinados aspectos que sí
son cuantificables. El costo de esos accidentes, en los últimos años, se
cifraba en turno a 400.000 millones de pesetas. El número de jornadas
perdidas por accidentes laborales, según una afirmación que creo recordar
que era de usted en algún momento determinado, era varias veces superior
al número de jornadas que se perdían en huelgas en nuestro país, ese
apartado que tanto preocupa a la patronal de este país, la huelga. Sin
embargo, al parecer, dedica menos atención a estos extremos, en los que
el número de jornadas perdidas es notablemente superior.

Nosotros desearíamos, y le animamos, señor Peña, que con esos datos, en
nuestra opinión importantes en el año 1994, se redoble el esfuerzo,
porque es insuficiente para conseguir que los parámetros de nuestro país,
tan distantes todavía, se acerquen a lo que son las medias de la
Comunidad Europea.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra
la señora Pardo.




La señora PARDO RAGA: Buenos días, señor Secretario General, señor Peña.

Usted ha comparecido hoy aquí, a petición de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya, para hacer un balance de la siniestralidad laboral, sobre
todo durante 1993, como constaba en el orden del día, y ha añadido la de
1994.

Estamos de acuerdo, efectivamente, como han demostrado los datos que ha
manejado, que es difícil cuantificar el año 1994, puesto que no se
dispone de datos fehacientes. Hay que comprender que los accidentes
laborales han ido bajando, pero, a juicio de nuestro Grupo, casi siempre
hay un sector bastante tozudo, que es el de la construcción, en el que,
aunque disminuye, no mejora lo suficiente.

Usted decía muy bien que el número de accidentes con baja en jornada de
trabajo viene descendiendo desde el año 1990 en casi todos los sectores y
en el año 1991 empieza en el de la construcción y en el de los servicios.

Llama la atención sobre todo que en las edades de 20 a 24 años es en las
que suele ser más elevado el número de accidentes, así como en los
contratos temporales, en los que se dan muchos más accidentes que en los
contratos indefinidos. Y se manifiesta de forma mucho más grave en las
empresas de uno a cinco trabajadores.

Como usted decía también, el índice de incidencia por mil trabajadores en
1990 fue del 68,6; en 1992, del 61,6 y en 1993 bajó siete puntos. Me
gustaría resaltar que en el sector de la construcción experimentó un
aumento de ocho puntos. Podemos valorar asimismo el índice de frecuencia
por millón de horas, es decir, el número de accidentes con baja durante
la jornada de trabajo por cada millón de horas trabajadas, que, en 1990,
desciende. Sin embargo, en 1992 y 1993, sucede lo mismo en casi todos los
sectores, menos en el de la construcción. Si analizamos el índice de
gravedad por mil horas trabajadas --es decir, el número de días perdidos
por accidentes durante la jornada de trabajo--, éste también desciende en
1990, 1991, 1992 y 1993, en todos los sectores salvo en el de la
construcción. En el índice de incidencia de accidentes mortales, por cien
mil trabajadores, también pasa lo mismo, excepto en el sector de la
construcción que aumenta, según mi Grupo, un punto. La



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duración sobre la media de las bajas, es decir, el total de días perdidos
dividido por el número de accidentes, descendió desde 1988, es verdad,
siendo en el año 1991 el 21,9, habiendo, sin embargo, crecido --y es un
dato muy significativo-- en 1992 al 22,1, y en 1993 al 27,3 por ciento.

¿Por qué he querido analizar estos datos? Porque veo que hay un sector
importante, como es el de la construcción, en el que no bajan los
accidentes por riesgos de trabajo, al contrario, casi siempre aumentan.

Por consiguiente, esta mejora de los aspectos cuantitativos no refleja,
según mi Grupo, lo que es el objetivo de toda política sobre prevención
de riesgos profesionales. Es decir, tendríamos que prevenir los
accidentes de trabajo a través de aquellas medidas que en la actualidad
se consideran básicas para evitar las pérdidas humanas y, de paso,
reducir, como bien decía también el representante de Izquierda Unida, los
elevados costes por los accidentes de trabajo.

También se ha dicho aquí, por el otro grupo peticionario de la
comparecencia, que las directivas comunitarias todavía no han sido
incorporadas al Derecho interno español. Por ello, precisamente hay que
poner el énfasis en la adopción de medidas de carácter informativo y
formativo. Usted mismo, en la anterior comparecencia, hacía hincapié en
ese carácter formativo que debe darse a todos los trabajadores. Desde mi
Grupo estamos de acuerdo con usted. Es más, creemos que se debe poner
énfasis especialmente en esta cualidad de los trabajadores, que es su
información y formación para una prevención de los riesgos laborales.

En esta consecuencia obligada por la incorporación de la directiva marco
al Derecho interno español creemos, desde nuestro Grupo, que ha habido
una pasividad por parte de éste y de anteriores gobiernos españoles, que
hasta ahora no han intentado adaptarla a la Constitución Española.

Nosotros creíamos que, desde luego, se debería haber incluido ya la
directiva 391, de 1989, que, como todas SS. SS. saben, es la directiva
que contiene el marco jurídico general de la seguridad y salud de los
trabajadores en el lugar de trabajo, e incluso las directivas sobre las
relaciones de trabajo temporal encaminadas a la protección, sobre todo a
los más jóvenes, y a la mejora de seguridad y de salud en el trabajo,
sobre todo a la mujer trabajadora embarazada. Veíamos --y por eso hacía
antes relación a aquellos índices-- que entre los 20 y los 23 años era el
tramo con mayor índice de siniestralidad, y por eso insistimos en que se
debería incorporar esa directiva al ordenamiento jurídico español.

Podríamos hacer un recuento de cómo han pasado estos años, en los que por
más empeño que ha puesto el Partido Popular en esta Cámara en la
incorporación de esta normativa marco, el Gobierno, lo mismo el anterior
que el actual, ha sido casi siempre reticente a hacerlo. Llevamos seis
años de retraso en lo que debíamos haber incorporado y, desde luego, mi
Grupo no está conforme con la tramitación de un expediente contra el
Estado español por el incumplimiento de obligaciones con la Unión
Europea. Esto nos parece muy grave y queremos denunciarlo en esta Cámara,
porque pienso que ustedes deberían haber agilizado este trámite y no
haberlo dejado pasar, porque se estaba jugando siempre con vidas humanas.

Las vidas humanas son importantes para todos los grupos pero, sobre todo
para las personas que estamos aquí defendiéndoles, para el Grupo Popular,
la salud laboral, la mayor calidad de vida en el trabajo es lo que más
importa. A modo de conclusión, quisiera decir que en breve va a entrar en
esta Cámara esta ley, y supongo que usted me contestará esto a mis
recriminaciones de por qué no ha entrado ya, pero estamos juzgando los
años 1993 y 1994, así como los años anteriores, en los que hemos de
manifestar la pasividad que el Gobierno ha mantenido hasta ahora. Por
eso, si de ahora en adelante llegamos a consensuar entre todos los grupos
una aceptación de esta ley-marco sobre la seguridad e higiene en el
trabajo, podremos facilitar y contribuir de forma muy notable, repito, a
la mejora de la calidad de vida en el trabajo. Quiero remarcar que a mi
Grupo una de las condiciones que más le preocupa de los trabajadores es
su calidad de vida, y por eso vuelvo a repetirlo en mi intervención.

También se contribuiría a un clima social mucho más constructivo y a una
mejora de nuestra productividad y competitividad al disminuir los costes
directos e indirectos que generan los accidentes de trabajo y las
enfermedades profesionales.

En consecuencia, la única solución eficaz para desarrollar una política
que logre unas mejoras sustanciales en esta materia radica en esa acción
de carácter preventivo. Acción que viene --como he dicho anteriormente y
creo que debo repetirlo-- sufriendo un considerable retraso como
consecuencia de la no aprobación, hasta ahora, de las directivas citadas
anteriormente. Esperamos, pues, que en breve puedan ser aprobadas, por el
bienestar de los trabajadores, y que éstos tengan una mayor calidad de
vida, que es lo que a mi Grupo en definitiva preocupa, la mejora de la
calidad de vida de los trabajadores en este sector.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la
palabra el señor Alonso Buitrón.




El señor ALONSO BUITRON: Quisiera valorar muy positivamente y agradecer a
don Marcos Peña su comparecencia, así como la información que nos ha
transmitido, que creo que indudablemente nos permite hacernos una
composición de lugar y ver que estamos hablando, como no podía ser de
otra forma, de uno de los problemas más graves que tiene la sociedad
española. Y recurriendo al dato que no tenía muy seguro el señor Peralta,
tenemos que decir que en nuestro país la siniestralidad es una de las
mayores lacras, que atenta directamente a nuestra economía, porque sí es
cierto que el número de horas que se pierde como consecuencia de los
siniestros laborales en España multiplica por cinco el número de horas
que se pierden por conflictividad laboral, por lo que estamos hablando de
un problema serio.

Para el Diputado que les habla la siniestralidad supone dos tipos de
costo: unos son directos y todos sabemos a cargo de quién corren, pero
supone también costos indirectos, que son difíciles de medir y de
cuantificar, y en la Cámara se oye hablar muy poco de este tipo de
costos.




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Cuando ocurre un accidente en una empresa, las personas que tuvimos de
alguna forma la desgracia de vivirlo en directo, sabemos lo que esto
supone. Sabemos que, después del accidente, el remontar la situación que
se produce es verdaderamente difícil. Sabemos que va a cundir un desánimo
durante mucho tiempo por la situación que allí se ha producido, y que al
trabajador que muchas veces tiene que sustituir a un compañero que ha
perdido la vida en el accidente le es muy difícil adaptarse y quitar de
su mente la desgracia que allí ocurrió. Y esto, aunque les parezca que
no, tiene una traslación directa a la productividad. Creo, señorías, que
la siniestralidad no debería ser utilizada como controversia o como arma
arrojadiza entre unos y otros, mucho menos entre grupos parlamentarios.

Voy más allá, y esto lo digo muchas veces cuando hablo en foros
sindicales, creo que, en cuanto a la siniestralidad, debemos de dejar a
un lado lo que nos separa y tratar de buscar un lugar de encuentro entre
empresarios, trabajadores y la autoridad competente para poder superar
esta situación.

Los datos que se nos ofrecen hoy aquí son, para mí, esperanzadores,
porque hasta los años noventa la curva iba al alza, el número de
siniestros era mucho más elevado y, aunque no sea verdaderamente la
reducción que a nosotros nos gustaría, sí son ya datos esperanzadores, en
los que tenemos que seguir trabajando.

Creo que hay que propiciar, entre todos, instrumentos que permitan que
las partes implicadas en los accidentes y en la siniestralidad asuman sus
responsabilidades. Aquí, de alguna forma, se arroja en la cara de la
Administración y del Gobierno algunas deficiencias --y no puedo negar que
algunas haya habido--, pero creo que debemos propiciar mecanismos que
permitan mentalizar al empresario de que el dinero más rentable que se
puede invertir en una empresa es el destinado a prevención, es aquel
dinero que se invierte en seguridad. Desde luego, también debemos llevar
al ánimo de los empresarios que cumplan la normativa de seguridad en el
trabajo, porque normativa hay. Es cierto que no está actualizada, pero
estamos en ello y hay normativa, aunque en muchas ocasiones los
empresarios eluden esa responsabilidad.

Cómo no, también los trabajadores tienen muchas veces su grado de
responsabilidad en la siniestralidad. Digo esto, señorías, porque lo
conozco muy de cerca. Muchas veces, a un trabajador le es molesto llevar
una prenda de protección, es más cómodo o más práctico prescindir de una
protección de seguridad que trae incorporada una maquinaria, o de un
casco, con el que hay que andar durante todo el día y, después, viene lo
que no queremos, la desgracia.

También hay que animar a las administraciones, muy concretamente a la
autoridad laboral, a que sea severa en las inspecciones, a que levante
actas, a que sancione. Desde luego, como no podía ser de otra forma, creo
que toda esta problemática se encuentra ya en este momento en el marco de
la ley de prevención de riesgos laborales, que ha entrado en esta Cámara
hace ya más de mes y medio y cuyo debate de totalidad se celebrará
posiblemente el jueves en el Pleno del Congreso. Esta es la ley que crea
el marco y actualiza la legislación, traslada todas esas directivas
comunitarias a nuestra legislación. Creo que, desde ahí, señorías, es
desde donde todos, en colaboración, tenemos que crear ese clima que
permita que los accidentes en nuestro país no sean de tanto costo, tanto
para las personas como para la economía.




El señor PRESIDENTE: Para responder a las posiciones de los grupos
parlamentarios, tiene la palabra el señor Secretario General.




El señor SECRETARIO GENERAL DE EMPLEO Y RELACIONES LABORALES (Peña
Pinto): Al hilo de la última intervención del señor Alonso Buitrón,
quería decirles una cosa. Efectivamente, dentro de dos días comenzará en
el Pleno la andadura definitiva de la ley. Yo pienso y espero que la
función del Parlamento no sea solamente elaborar una ley, seguro que
tiene que haber una proyección externa del debate sobre salud en el
trabajo y que esa proyección externa enhebre una discusión que promueva
la cultura de prevención del riesgo, que en definitiva es el objetivo
esencial del proyecto de ley. No sé si viene o no con retraso, pero sí
estoy seguro de que viene con mucha actividad detrás, no con pasividad,
pues muchos y distintos ministerios hemos trabajado con muchísima
ambición al respecto.

Señor Peralta, al margen de agradecerle la valoración general que ha
realizado sobre un tema respecto al que jamás se puede ser optimista, voy
a contestarle, para aclarar una serie de cuestiones, a lo relativo al
informe de la Fundación de Dublín, trasposición de directivas, etcétera.

El dato que usted ha dado de la primera encuesta europea sobre medio
ambiente en el trabajo 1991-1992, que realizó la Fundación de Dublín, es
correcto, pero quizás, para conocimiento de todas las señoras y señores
Diputados, me gustaría dar la valoración general que dicha encuesta
refleja sobre nuestro país.

Estamos bastante peor que la media en exposición al calor y al frío, en
considerar su salud en riesgo en el lugar de trabajo --esa percepción
subjetiva a la que se refería el señor Peralta-- y en el manejo de cargas
pesadas. En estas tres cosas estamos bastante peor, pero la encuesta se
dirigía a diecinueve preguntas. Estamos también algo peor que la media en
exposición al ruido, en manejo de sustancias peligrosas, en mantenimiento
de posiciones dolorosas o fatigantes, en largas jornadas de trabajo,
circunstancia esta condicionada por la fuerte presencia de autónomos, y
en la realización de tareas cortas y repetitivas. Estamos algo mejor que
la media en disponer de herramientas y maquinaria adecuada, en disponer
de formación y experiencia suficientes --ligo la información con la
prevención, que es evidentemente el objetivo-- y en disposición de apoyo
suficiente de superiores o de compañeros. Estamos bastante mejor que la
media en disponer de un lugar de trabajo y mobiliario adecuado y en
trabajar no sometido a la presión del tiempo. Estamos en la media en la
exposición a respirar vapores, humos, polvo o sustancias peligrosas o
tóxicas y en disponer de información clara y adecuada para realizar su
trabajo. Es otro elemento que nos permitiría decir que, en lo que
significa formación en información, si no alcanzamos



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un nivel suficiente, al menos estamos en un nivel medio. Esta es la
encuesta hecha por la Fundación Dublín.

Respecto a la trasposición de directivas, es cierto, y contesto a las dos
intervenciones, que no estamos en la primera fila de trasposición de la
Unión Europea, pero tampoco estamos en el último lugar. Hay que recordar
el esfuerzo en trasposición que ha venido haciendo España en los últimos
seis años, esfuerzo que otros países habían hecho ya previamente. Hemos
traspuesto catorce directivas del 118 a) y sesenta del mercado interior,
y con la aparición de la nueva ley de prevención de riesgos
profesionales, nos ponemos prácticamente al día. Una cosa que suele ser
habitual en el funcionamiento de los organismos europeos es que, cuando
son conscientes de que el texto en cuestión está en trámite
parlamentario, el expediente se levanta, lo que es, por otra parte,
razonablemente. Esto no es ningún tipo de disculpa, sino simplemente una
explicación de que el esfuerzo ha sido muy grande, que debe ser
positivamente valorado porque se pretendía consensuar un proyecto de ley
y, aunque no sea motivo de discusión ahora, lo que hemos hecho con el
nuevo proyecto de ley es una ordenación global, dar un marco general que
promueva tres principios básicos --y vuelvo a otra intervención--, el
principio de la prevención, el de la participación y el de la
responsabilidad, porque obviamente no es un asunto exclusivamente de uno.

Al margen de esta promoción de principios, de dar un marco general de
ordenación y de trasponer una directiva, sustancial y materialmente es
difícil pensar que la legislación española no preveía las mayores
conquistas existentes ya en otros países miembros de la Unión.

Ciertamente que nuestros textos eran unos textos inarmónicos, porque
teníamos más de veinte disposiciones y carecían de una percha general
global, pero, en lo sustancial, yo pienso que estábamos respetando el
espíritu de la seguridad e higiene en el trabajo europeo.

El tema del coste se ha repetido mucho, tanto por el señor Peralta como
por el señor Alonso. Es verdad; si partimos de un capital asegurado de
500.000 millones de pesetas, podemos hablar de un costo final o indirecto
casi sometido a una multiplicación por cinco; es decir, casi dos billones
y medio de pesetas. Podría ser verdad, pero, en última instancia, tampoco
creo yo que esto sea lo que nos deba asombrar más, porque claro que tiene
que ver con la productividad, con la competitividad, pero tiene que ver
fundamentalmente con las personas, y en eso iba a la intervención del
señor Alonso, porque cuando hablamos de dos temas de la importancia de
los que hemos hablado hoy, que son paro y salud, parece que estamos
generando como una especie de ficción estadística cuando de lo único que
hablamos es de un sujeto estadístico invisible: número de accidentes o
número de parados. Pero es que detrás de ese número existen personas que
están aspirando a un derecho esencial y fundamental de la persona, que no
es el laboral, que es una libertad básica, que es la de poder trabajar y
la de poder mantener y conservar su salud trabajando.

Respecto a la intervención de la señora Pardo, que en líneas generales lo
único que debería hacer sería sumarme a ella (yo valoro tremendamente la
formación y la información como instrumento necesario para conservar la
salud), quisiera hacer una pequeña aclaración respecto a los contratos
temporales, porque ciertamente se produce una relación que puede parecer
de causalidad entre contratos temporales e índice de siniestralidad. Los
contratos temporales tienen más accidentes de trabajo, luego los
accidentes de trabajo son producto del contrato temporal. Esta conclusión
es la que yo no creo que sea correcta, porque los accidentes de trabajo
son producto del trabajo que se realiza con contrato temporal, que es
otro problema. Recordemos una cifra general, casi universal, en salud
laboral: el 60 por ciento de los accidentes se producen en el primer año
de contrato, sea éste indefinido, temporal, etcétera. Quiere ello decir
que evidentemente los contratos temporales que rondan ese tiempo tienen
un mayor índice de siniestralidad. Los accidentes de trabajo se producen
más en las personas que usted decía también: jóvenes con poca experiencia
laboral. Lo del año es justamente porque no se ha adquirido experiencia.

Nos encontramos con un tipo de contratación que afecta también a jóvenes,
por tanto, sometidos más a este riesgo. Aquellos trabajos de mayor
calificación, de menor riesgo, no están sometidos a contrato temporal; de
mandos intermedios para arriba, obviamente, son los que tienen menor
riesgo; evidentemente, los que tienen mayor riesgo tienen también una
fórmula de contrato que utilizan más la temporal.

Por último, y ya ligando con lo que creo que ha sido el núcleo
fundamental de su intervención, que era denunciar el riesgo superior
existente en construcción, y subrayar también que los éxitos aquí no son
clamorosos, quiero decirle que construcción usa mucho, por su propia
naturaleza, el contrato temporal. Es decir, que evidentemente tiene mayor
el índice de siniestralidad, pero no por la fórmula jurídica, sino por el
sustento real que soporta ese tipo de contrato.

En relación con la intervención del señor Alonso, lo que más me interesa,
y yo comprendo que esto tiene poco que ver con una intervención de un
alto responsable de la Administración, es subrayar el intangible que
tiene el accidente, la salud de los trabajadores y que, por supuesto, no
es un debate que, aunque tenga que ver con razones económicas, se deba
orientar por ahí. Es un debate, repito, que tiene que ver con las
libertades fundamentales de la persona.

Después, tanto los señores Alonso y Peralta como usted misma, señora
Pardo, han hablado bastante de la palabra responsabilidad, en el sentido
de que es una responsabilidad compartida. Este reparto de la
responsabilidad y esa posibilidad de participación de todos que da el
nuevo proyecto de ley, creo que son dos principios esenciales para
aliviar un poco el peso de esta lacra, como la definía el señor Alonso.

Y no tengo nada más que responder, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Secretario General. Damos por
concluida su comparecencia, agradeciéndole su presencia en la Comisión
esta mañana.




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--COMPARECENCIA DEL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA
SEGURIDAD SOCIAL (FERRERA ALONSO) PARA INFORMAR SOBRE LA TRANSFERENCIA DE
LA GESTION DEL DESEMPLEO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO (INEM) AL
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (INSS) Y SOBRE LAS MEDIDAS DE
CONTROL A DESARROLLAR, EN RELACION CON LA INCAPACIDAD LABORAL TRANSITORIA
E INVALIDEZ PROVISIONAL. A SOLICITUD DEL G. P. POPULAR. (Número de
expediente 212/000419.)



El señor PRESIDENTE: Tercer punto del orden del día: comparecencia del
Director General del Instituto Nacional de la Seguridad Social para
informar sobre la transferencia de la gestión del desempleo del Instituto
Nacional de Empleo al Instituto Nacional de la Seguridad Social, y
también sobre las medidas de control a desarrollar en relación con la
incapacidad laboral transitoria e invalidez provisional. Comparecencia
solicitada por el Grupo Parlamentario Popular.

Tiene la palabra el señor Director General del Instituto Nacional de la
Seguridad Social.




El señor DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(Ferreras Alonso): Buenos días, señorías.

En relación con las transferencias de la gestión del Inem al Instituto
Nacional de la Seguridad Social, como SS. SS. conocen, la disposición
adicional decimoctava de la ley 39/1992, de 29 de diciembre, de los
Presupuestos Generales del Estado para 1993, dispuso la transferencia de
la gestión de las prestaciones por desempleo al Instituto Nacional de la
Seguridad Social, dejando al Gobierno la fijación de los términos y
condiciones en que ésta debía producirse. Sin embargo, tras un análisis
exhaustivo de lo que supondría llevar a cabo tal transferencia por parte
de una comisión creada al efecto en enero de 1993, determinadas razones
aconsejaron al Gobierno no efectuarla, razones que han sido ampliamente
expuestas tanto por el titular del Departamento en esta Cámara como por
el Director General del Inem, concretamente en su comparecencia ante la
Comisión de Política Social y Empleo del Congreso el día 18 de mayo de
1994. Posteriormente, el Real Decreto legislativo 1/1994, de 20 de junio,
por el que se aprobó el texto refundido de la Ley General de la Seguridad
Social, en su artículo 226, concretamente, reitera que corresponde al
Instituto Nacional de Empleo gestionar las funciones y servicios
derivados de la protección por desempleo y, según el artículo 229 de
dicho texto legislativo, corresponde a la entidad gestora Inem controlar
el cumplimiento de lo establecido en el título 3 de la ley, donde se
regula la protección por desempleo y comprobar las situaciones de fraude
que puedan cometerse.

Una de las principales y más importantes razones para mantener las
competencias actuales del Inem radica en la necesidad de promover la
gestión de medidas positivas de empleo de forma integrada sobre los
beneficiarios de las prestaciones. La protección por desempleo está
configurada y debe ser entendida y gestionada como una situación de
espera temporal subsidiada, durante la cual deben articularse de forma
prioritaria, y con toda la intensidad y efectividad posibles, todas las
políticas activas existentes que puedan conducir al beneficiario de la
prestación a la pronta reinserción laboral en las mejores condiciones
posibles.

Por ello, entendemos que resulta imprescindible contar con unos servicios
públicos de empleo que integren en su seno la gestión del conjunto de
políticas activas del mercado laboral, junto con las prestaciones por
desempleo, incluyendo estas últimas en una concepción de desempleo activo
que estimule la reincorporación al mercado laboral de los beneficiarios
del sistema, especialmente de aquellos que tienen más dificultades para
conseguir el empleo. Esta integración, que debe realizar el Inem, bien
directamente o con la necesaria participación de los entes colaboradores,
comienza con la demanda de empleo, solicitud y reconocimiento de las
prestaciones de desempleo y su control posterior, continuando con las
tareas de calificación y clasificación de los demandantes, selección de
los mismos para acciones de formación profesional y para ofertas de
empleo, registro de la contratación y seguimiento económico de los
beneficios otorgados a las empresas, así como el seguimiento de las
modificaciones en la situación de los beneficiarios.

Toda esta labor sería, a nuestro entender, muy difícil de realizar si la
gestión del conjunto de las políticas de empleo y desempleo no estuviese
integrada en un único organismo, en este caso el Inem, a través de las
oficinas de empleo. Además, la ruptura del monopolio del Inem en los
procesos de intermediación laboral, con la legalización de las agencias
privadas de colocación sin ánimo de lucro y de las empresas de trabajo
temporal, supone una multiplicación de los recursos empleados en la
agilización de los procesos de intermediación. Ello permitirá al servicio
público de empleo mejorar considerablemente la calidad de sus servicios y
concentrar sus esfuerzos en mayor medida en la estrategia activa de
estímulos a la contratación de los colectivos más desfavorecidos y de los
perceptores de prestaciones, impulsada también por la reforma laboral.

Además de estas cuestiones de fondo, en las conclusiones del estudio que
se llevó a cabo sobre la transferencia se identificaron una serie de
problemas técnicos que, si bien no resultan insalvables, sí repercutirían
de forma desfavorable, a nuestro entender, en la política de empleo y en
la atención de los usuarios del servicio.

En primer lugar, el traspaso de la gestión de las prestaciones obligaría
al usuario a realizar en organismos diferentes dos trámites que en la
actualidad se pueden llevar a cabo simultáneamente, como son la
inscripción como demandante de empleo y la solicitud de prestaciones, con
el consiguiente perjuicio para él. Además, conllevaría la necesidad de
montar un dispositivo de atención para ambos trámites, lo que
repercutiría innecesariamente en el costo del servicio, a nuestro
entender.

En segundo lugar, se dificultaría la labor de control de los
beneficiarios al producirse una desconexión con la



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comprobación permanente de la condición de desempleados que lleva a cabo
el Inem. Además, los procesos sancionadores derivados del rechazo de
empleo o formación profesional conllevarían una complejidad adicional.

En tercer lugar, sería inevitable incrementar las dotaciones de personal
y reestructuración de la red de oficinas con el consiguiente aumento del
gasto público, algo poco oportuno en el momento actual. Esto por lo que
respecta a la postura en relación con las transferencias de la gestión
del Inem al Instituto Nacional de la Seguridad Social.

Por lo que se refiere al segundo punto, a la ejecución del gasto de la
incapacidad laboral transitoria --incapacidad temporal a partir del 1 de
enero de 1995--, cabe destacar, en primer lugar, la evolución favorable
que durante el año 1994 ha experimentado el gasto en la incapacidad
laboral transitoria como consecuencia de las medidas de gestión adoptadas
en esta prestación, estableciendo programas de cooperación con las áreas
sanitarias --a los que después me referiré--, lo que ha permitido un
mejor seguimiento y control de los procesos de baja laboral. El gasto en
el año 1994 se ha reducido respecto a 1993 en 12.936 millones de pesetas,
lo que representa una disminución del 3,10 por ciento sobre el año
anterior, a pesar del incremento de las bases de cotización y de la
variación del número de afiliaciones. La ejecución del presupuesto de
esta partida en el año 1994 ha sido la siguiente: el presupuesto inicial
era de 427.117 millones de pesetas, y el presupuesto liquidado, 405.025
millones de pesetas, lo que supone un remanente de algo más de 22.000
millones de pesetas.

En consecuencia, en 1994 la previsión de liquidación arroja un superávit
presupuestario de 22.092 millones de pesetas y un porcentaje de
realización del 94,97 por ciento. La prestación por invalidez provisional
ha tenido en el año 1994 un comportamiento creciente, pero más atenuado
que en años anteriores. A partir de este año comienza a trasladarse a
esta prestación la repercusión de las medidas de control de las bajas por
incapacidad laboral transitoria, al tratarse de una situación que se
deriva de aquélla. Quiero recordar también a SS. SS. que, a partir del 1
de enero de 1995, no puede producirse en ningún caso una situación de
invalidez provisional nueva, toda vez que la Ley de Acompañamiento derogó
esta prestación y, por tanto, pervivirán aquellas situaciones de
invalidez provisional que estaban ya vigentes el día 31 de diciembre de
1994.

Siguiendo con el gasto y la realización del gasto de la invalidez
provisional, en el año 1994 ha sido de 101.614 millones de pesetas, que
suponen un crecimiento del 22 por ciento sobre el año anterior. La
ejecución del presupuesto ha sido, por tanto, un presupuesto inicial de
84.393 millones y un presupuesto liquidado de 101.614 millones, con una
diferencia de 17.221 millones de pesetas. El gasto total, tanto por
incapacidad laboral transitoria o incapacidad temporal como por invalidez
provisional, en 1994, es de 506.639 millones de pesetas. Así el
presupuesto inicial para ambas prestaciones fue de 511.510 millones, y un
presupuesto liquidado de 506.639 millones, lo que supone un remanente de
4.871 millones de pesetas.

Por último, en relación con la invalidez temporal se han realizado
reformas estructurales muy importantes, así como medidas de gestión,
algunas en fase ya de aplicación, que afectan significativamente a la
evolución del gasto de dicha incapacidad. Entre otras, voy a destacar, en
virtud de la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales,
Administrativas y de Orden Social, la refundición de la incapacidad
laboral transitoria y la invalidez provisional en la nueva figura de la
incapacidad temporal, de modo que la cobertura de 72 meses que existía
anteriormente pasa a 30 mensualidades, si bien la administración de la
Seguridad Social está obligada, a partir de los 18 meses, a realizar la
calificación definitiva del trabajador en baja; la obligatoriedad para
los trabajadores autónomos de presentar declaración individual sobre la
persona que va a sustituirle durante su permanencia en baja laboral. Esta
medida se implantó a comienzos del año 1994, y con ella se ha
desincentivado la permanencia injustificada en baja temporal, al hacerse
efectivamente incompatible el percibo del correspondiente subsidio con el
trabajo. Se está implantando además un programa de control de las
situaciones de baja laboral mediante la utilización de la tarjeta de
afiliación a la Seguridad Social, de manera que se posibilita la
coordinación con las áreas sanitarias. Se han suscrito convenios de
colaboración entre el Instituto Nacional de la Seguridad Social y el
Insalud que han permitido establecer programas de seguimiento y control
de los procesos de baja laboral. Igualmente, está previsto realizar
acuerdos similares con las autonomías que tienen transferida la gestión
de la asistencia sanitaria.

Para incrementar la participación empresarial en la gestión de la
incapacidad temporal, la Orden Ministerial de 18 de enero de 1993, como
SS. SS. conocen, desarrolla las normas de cotización en la Seguridad
Social contenidas en la Ley 39/1992, de 29 de diciembre, que incluye en
su disposición adicional vigésima una modificación de la regulación de la
colaboración voluntaria de las empresas en el régimen general respecto al
abono de las prestaciones económicas por incapacidad laboral derivada de
contingencias comunes, posibilitando así a los empresarios acogerse a
esta modalidad de colaboración. Como consecuencia de esta medida, se ha
incrementado el número de empresas que han solicitado la colaboración
voluntaria en un número de 470, a 1 de enero de 1995.

Por último, el Real Decreto 2.110/1994, de 28 de octubre, desarrolla la
Ley de Presupuestos para 1994 en lo referente a la posibilidad de que el
trabajador autónomo pueda excluirse de manera voluntaria de la cobertura
de la prestación por incapacidad temporal. Esta medida está teniendo
efectos económicos a partir del 1 de enero de 1995.

Finalmente, yo les querría dar algunos datos, porque puede llamar la
atención esa disminución a que antes hacía referencia. Como conocen SS.

SS., a partir de mayo de 1993 las empresas tienen que hacer frente al
pago de la incapacidad laboral transitoria durante los quince primeros
días de baja, lo que puede llevar a la conclusión de que, debido a esa
transferencia hacia las empresas, se haya producido una disminución en el
gasto de la incapacidad temporal. Es una norma que está ahí y que se está
aplicando. Sin



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embargo, no es menos cierto --creo que es bueno que SS. SS. lo conozcan--
que en la Seguridad Social, respecto al pago de la incapacidad laboral
transitoria --si quieren, convenimos en denominarla ya, con la actual
legislación, incapacidad temporal--, hay una forma de pago que nosotros
denominamos pago directo de esta prestación. El pago directo de la
prestación generalmente se refiere al régimen especial de autónomos, al
régimen especial de empleados del hogar y al régimen especial agrario,
tanto por cuenta ajena como por cuenta propia, donde el Instituto
Nacional de la Seguridad Social paga directamente la prestación y no
interviene la empresa, ni por supuesto, se le carga a la empresa ningún
tipo de prestación.

Ese es un dato que deberíamos tener en cuenta. Así tenemos que en el año
1991 --por referirme solamente a los últimos años-- hubo un incremento
del 32,18 del pago directo de la prestación de incapacidad temporal; en
el año 1992 hubo un incremento sobre el año anterior del 17,70 por
ciento; en el año 1993, del 11,75 por ciento, con un gasto de 169.000
millones de pesetas; y en el año 1994, y por primera vez, hay una
disminución del pago directo de la incapacidad laboral del 7,76, es
decir, que se ha bajado de 169.000 millones de pesetas a algo más de
156.000 millones de pesetas.

Nada más, señorías.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra, en nombre del Grupo Parlamentario
Popular, la señora Montseny.




La señora MONTSENY MASIP: Agradezco al Director General del Instituto
Nacional de la Seguridad Social la comparecencia. Como preámbulo, quiero
significar que la cantidad de cifras con las que nos ha ilustrado no se
corresponde con el verdadero espíritu de una parte de la comparecencia
solicitada por el Grupo al que represento.

Con relación a la comparecencia del señor Director General del Instituto
Nacional de la Seguridad Social para que nos aclare por qué ese retraso
en la transferencia de la prestación de desempleo al Instituto Nacional
de la Seguridad Social, quiero decirle que ya conocíamos el cambio que se
ha producido al refundir toda la normativa en materia de Seguridad Social
en el recientemente aprobado texto refundido de la Seguridad Social.

Nos llama la atención por lo anómalo que el criterio acogido en la Ley de
Presupuestos de 1993 haya sido modificado. Nos gustaría que nos aclarara
a qué se debe el cambio de criterio contemplado en el artículo 226 del
texto refundido de la Seguridad Social respecto a la decisión del
Gobierno de no transferir la prestación de desempleo al Instituto
Nacional de la Seguridad Social; proyecto que a nosotros nos congratulaba
en parte, puesto que, con arreglo a lo que figura en el tan
reiteradamente inexistente programa del Partido Popular, pone de
manifiesto que el Instituto Nacional de la Seguridad Social no debería
quemar un organismo autónomo como éste sólo para llevar a cabo el pago
del desempleo y esos mínimos controles, sino que debería poner más
énfasis en la formación de las personas que solicitan un empleo, en una
verdadera labor de reinserción de los empleados en el mercado de trabajo,
en una serie de facilidades para que se pudiera hacer efectivo lo que ha
reconocido el anterior compareciente, señor Peña, que ha puesto de
manifiesto que vamos camino de una formación dual respecto de la
formación profesional. Es cierto que si todos estos requisitos y
funciones que acabo de especificar fueran llevados a cabo por el
Instituto Nacional de Empleo, no sería para nosotros un hecho preceptivo
y fundamental el que la asunción y el pago de la prestación por desempleo
fueran llevados a cabo por el INSS o por el Instituto Nacional de Empleo.

Con relación a este tema me gustaría que el señor Ferreras, si lo conoce,
nos explicara en esta comparecencia a qué se ha debido ese cambio de
criterio fundamental y, sobre todo, el cauce llevado a cabo para formular
ese criterio, instalando un precepto normativo en una ley que en realidad
tenía sólo autorización para refundir la normativa de Seguridad Social y
que, además, se ha desviado en otros preceptos normativos incluidos en el
texto refundido de 1 de junio de 1994. Por tanto, debemos denunciar que
se ha vulnerado la autorización expresa que formula el Parlamento al
refundir un texto legal.

En cuanto a la incapacidad laboral transitoria e invalidez provisional,
he dicho que lo explicado por el señor Director General no se corresponde
con la comparecencia que mi Grupo había pedido. Nosotros queríamos saber
cuál es el órgano que va a proceder al análisis, reconocimiento y
declaración de la invalidez provisional --desaparecida ahora bajo el
nombre de incapacidad temporal--, los grados de reconocimiento de la
invalidez permanente, y qué plazos se van a dirimir para llevar a cabo la
creación de ese órgano. Podríamos hacerle un sinfín de preguntas: ¿Qué
denominación van a tener los mencionados órganos administrativos de
reconocimiento de la invalidez? ¿Cómo se van a estructurar dichos
órganos? ¿Cómo se regularán las normas de creación complementarias de la
vigente Ley General de la Seguridad Social? ¿Dónde se van a encuadrar?
Porque hemos conocidos dos órganos similares con distinta ubicación en el
contenido administrativo, como fueron las comisiones técnicas
calificadoras y, posteriormente, las Uvami, encuadradas unas dentro del
esquema del Instituto Nacional de la Seguridad Social, y las otras dentro
del Instituto Nacional de la Salud. Entendemos que ha podido tener
determinados perjuicios, puesto que el Insalud en muchas comunidades
autónomas ha sido ya transferido y queda más alejado como entidad gestora
propiamente de la Seguridad Social. ¿Qué controles se van a crear para su
funcionamiento? ¿Con qué medios humanos y materiales se les va a dotar?
¿Cuántos funcionarios se van a destinar para la creación de esos órganos
y para el control de actuación de los mismos? ¿Qué composición van a
tener? ¿Van a ser órganos paritarios, administrativos, duales formados
por funcionarios médicos y funcionarios del Instituto Nacional de la
Seguridad Social?
En fin, toda una serie de detalles que creemos que son de especial
importancia, puesto que, como todos sabemos, los conceptos incapacidad
laboral transitoria, incapacidad temporal e invalidez permanente abarcan
una de las prestaciones que, por factores humanos fácilmente
comprensibles, se presta muchísimo más a un cierto fraude. Quién no



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tiene una lesión que puede dar lugar a un reconocimiento de una
hipotética invalidez por factores que con el paso del tiempo todos pueden
aducir como, por ejemplo, un cierto malestar de espalda, comprensibles
cuando una persona a cierta edad pierde su puesto de trabajo. Eso lo
hemos vivido y usted sabe, señor Ferreras, que un gran número de
invalideces en este momento, a efectos estadísticos, se concentra sobre
todo en las provincias de Sevilla y Barcelona. Así lo reconoció el otro
día el Secretario para la Seguridad Social, señor Jiménez. Me gustaría,
ya que hemos hablado del texto refundido de la Ley General de la
Seguridad Social, saber si se prevé por parte del Gobierno una nueva
refundición de las normas relativas a esta materia, puesto que se acaba
de aprobar la ley complementaria a la Ley de Presupuestos Generales para
1995, es decir, la Ley de Medidas Administrativas, Fiscales y de Orden
Social.

Si usted no es capaz de aclararnos todos los conceptos y preguntas que
acabamos de solicitar, y dado que el Reglamento no me permite derecho a
réplica en una comparecencia y el señor Presidente lo cumple de forma
reiterada y justa para todos los grupos, anuncio ya que, en todo caso,
pediríamos una nueva comparecencia para que nos fueran aclarados todos
esos puntos que nosotros consideramos importantísimos, puesto que, como
usted sabe, mi Grupo apoyó la reforma de la incapacidad temporal y de la
invalidez, porque era una prestación que no estaba reconocida en ninguno
de los textos de derecho comparado de los países que conforman la Unión
Europea.

Ya que algunas de las enmiendas, a nuestro juicio importantísimas, a la
Ley de Medidas no fueron aceptadas, nos gustaría conocer con profundidad
todos estos términos, puesto que la disposición transitoria séptima de la
mencionada Ley de Medidas Administrativas, Fiscales y de Orden Social
establece que con transitoriedad se aplicará el contenido del artículo
vigente en materia de invalidez permanente. Nosotros creemos que en esas
situaciones de transitoriedad deberían estar estipulados con claridad los
plazos de vigencia, puesto que determinadas normas transitorias no dan
lugar más que a opacidad y a una cierta duda por parte de las personas
que se ven afectadas: los beneficiarios y afiliados al sistema único de
Seguridad Social, que es, en definitiva, a quien va dirigida la
protección del sistema de la Seguridad Social de nuestro país.




El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene
la palabra el señor Arnau.




El señor ARNAU NAVARRO: En primer lugar, habrá que insistir en el cambio
que supone que la función de intermediación en la gestión de colocaciones
ya no la monopoliza el Inem, después de la reforma laboral que llevamos a
cabo el pasado año 1994. Por tanto, los medios actuales a disposición de
empresarios y de los trabajadores son mucho más amplios a la hora de
concertar colocaciones, con la consiguiente reducción probable de la
actividad del Inem.

En segundo lugar, la transferencia de prestaciones de desempleo ya fue
tratada en esta Comisión por parte del Secretario General de la Seguridad
Social en una de sus comparecencias, quien dio toda clase de razones,
como ha hecho hoy el señor Director General del INSS.

En tercer lugar, en cuanto a las medidas de control de las bajas
laborales por incapacidad temporal, se ha dado por parte del señor
Director General del INSS una cumplida respuesta a la petición formulada
por el Partido Popular, por lo que al Grupo Socialista sólo le resta
agradecer su comparecencia.




El señor PRESIDENTE: Para responder a las manifestaciones de los grupos,
tiene la palabra el señor Director General.




El señor DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(Ferreras Alonso): En primer lugar, voy a contestar a la señora Montseny.

Cuando habla de la transferencia del Inem al INSS, los motivos
fundamentales han quedado plasmados ya en lo que antes había dicho, pero
hay que tener en cuenta la especialidad de una entidad gestora, como es
el Instituto Nacional de la Seguridad Social, que está fundamentalmente
dirigida a la gestión de las prestaciones económicas que reconoce y está
prevista en la Seguridad Social, y la especialidad que tiene el Instituto
Nacional de Empleo para el reconocimiento y la intermediación en el
mercado de trabajo. En esa doble función que realiza el Instituto
Nacional de Empleo nosotros hemos entendido, cuando se creó esa Comisión
para que estudiasen los criterios por los cuales debía discurrir esa
transferencia, que esa especialización que tenía era un valor que debería
ser considerado, que no debería despreciarse, y que acaso se podría
llegar a perder si se produjesen las transferencias al Instituto Nacional
de la Seguridad Social. Ese fue el motivo fundamental por el cual se ha
dejado la gestión de las prestaciones económicas por desempleo en el
Instituto Nacional de Empleo.

Por lo que respecta a la alusión que ha hecho a refundir en el Real
Decreto-Legislativo 1/1994, me permito recordar un solo tema. Mi postura
personal siempre ha sido --creo que la doctrina y las sentencias del
Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo así lo amparan-- la de que
nunca han dejado de ser prestaciones de la Seguridad Social las
prestaciones por desempleo. Siguiendo esa línea argumental, doctrinal y
de sentencias reiteradas que existen, hubo al principio una cierta
discusión de que las prestaciones por desempleo no formaban parte de la
acción protectora de la Seguridad Social. Desde luego, no conozco ningún
país de la Comunidad Europea, hoy Unión Europea, en donde se pueda
afirmar esa cuestión. El real decreto legislativo, al incluir dentro de
su norma también la regulación de las prestaciones por desempleo no hizo
más que lo que estaba ya dicho en la Ley General de la Seguridad Social
de 30 de mayo de 1974 sobre las prestaciones por desempleo, al no haber
nunca expulsadas de la acción protectora de la Seguridad Social, por lo
que hizo bien en recoger toda la regulación específica de las
prestaciones por desempleo. Es más, la doctrina reciente ha venido a
confirmar el hecho de que incluso las prestaciones no contributivas,
igual que las prestaciones por desempleo, forman



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parte de la acción protectora de la Seguridad Social. Si eso es así,
habría que estar de acuerdo en que incluir en una sola norma de Seguridad
Social toda su acción protectora, corresponde no sólo a la filosofía de
lo que debe ser una Seguridad Social moderna, sino a todas las tendencia
doctrinales y de la Unión Europea en incluir en esa norma las
prestaciones por desempleo e incluso las prestaciones no contributivas.

Voy a entrar en el segundo punto: qué órgano es el competente para la
calificación de la invalidez, pero antes quería hacer una matización. Ha
dicho S. S. que es posible el fraude en las prestaciones por invalidez
debido a la situación en que pueden encontrarse determinadas personas de
edad, etcétera. Le voy a recordar un dato. En la Unión Europea
recientemente se ha hecho un estudio en donde se afirma que en un país
como la República Federal de Alemania el incremento interanual de las
pensiones de invalidez --y estoy citando de memoria-- ha sido del 2,3 por
ciento en el año 1993. No quiero mencionar a Italia, porque es un país en
donde hubo un momento de la Seguridad Social en donde había más
pensionistas de invalidez que jubilación, y es cierto ese dato. En
Holanda, recientemente la legislación holandesa ha extendido una
comprobación de todos los pensionistas de invalidez por los términos que
ya se estaban utilizando en la jerga comunitaria, que era el paraíso de
las invalideces; y eso está dicho por tratadistas incluso holandeses. En
España, en el último año, de diciembre de 1994 respecto a diciembre de
1993, hemos tenido un crecimiento de la invalidez permanente del 0,81.

Añado inmediatamente que esa reducción tan drástica que se ha producido
en la evolución de la invalidez en España --hemos pasado del 1,63 al 1,59
y al 0,81-- a mí, desde luego, no me complace.

Nosotros tenemos actualmente en la Seguridad Social una invalidez
provisional --es probable que algunas de esas personas pasen después a
una situación de invalidez permanente-- un embalsamiento de 101.000
millones de pesetas, que es lo que había dicho antes, con un volumen de
procesos de invalidez provisional de 89.000. Por tanto, habría que pensar
que es probable que un porcentaje de un volumen importante de aquellas
personas que han estado durante seis años en una situación transitoria de
invalidez, pase después a la situación de invalidez permanente. Por
tanto, con el dato de 0,81 por ciento, que es el más bajo que existe en
la Unión Europea actualmente, no me siento conforme. Es un dato cierto y
real de acuerdo con la evolución y con el número de pensiones que
existen, pero no es menos cierto que tenemos también un embalsamiento en
las situaciones de invalidez provisional, y precisamente por ello se
adoptó esa medida. Desde luego, hay que agradecer el que se haya
suprimido la invalidez provisional. Le reconozco a S. S. que es cierto
que en ningún país de la Unión Europea existe una situación de invalidez
provisional como la que hay actualmente en España.

Resumiendo, en relación con el órgano competente para calificar la
invalidez, conoce muy bien su señoría que el Instituto Nacional de la
Seguridad Social, como sucede también en las situaciones de incapacidad
laboral transitoria o temporal, no tiene ningún instrumento posible que
haga la calificación, incluso ni dar el alta médica a una persona que se
encuentra enferma; eso es competencia de la administración sanitaria,
bien sea del Insalud, bien sea de las comunidades autónomas. Por tanto,
se había pensado que si para el alta médica en las situaciones de
incapacidad temporal no podía desprenderse la gestión de la
administración sanitaria, no es menos cierto que para las situaciones de
invalidez permanente podría ser posible un órgano que residiera
precisamente en aquella institución que gestiona la invalidez permanente.

Por tanto, está presentado y en trámite administrativo un anteproyecto de
real decreto que se ha elaborado para crear los órganos que se
denominarían --según nuestro anteproyecto-- órganos de evaluación de
incapacidades, los «evis» en nuestra jerga técnica. Está ya presentado a
los correspondientes ministerios, porque no solamente afecta al
Ministerio de Trabajo sino que también están implicados otros como el de
Hacienda o el Ministerio para las Administraciones Públicas, que también
tienen que dar su parecer. Esperamos que en estas dos o tres semanas
emitan el informe las secretarías generales técnicas correspondientes
para someterlo después a dictamen del Consejo de Estado y que se pueda
plasmar luego en una norma, como había dicho antes, un real decreto. Se
prevé que el Instituto Nacional de la Seguridad Social va a tener
personal médico propio que pueda calificar y que se creen esos órganos en
los que estarían representados no sólo los inspectores médicos o los
médicos que tuviese, a partir de la aprobación del real decreto, el
Instituto Nacional de la Seguridad Social, sino que también estarían
representados, por otra parte, el Instituto Nacional de Servicios
Sociales y la Inspección de Trabajo, para que fuera ese órgano colegiado
el que calificase las situaciones de invalidez. Estamos pensando
aproximadamente en 303 médicos que se recuperarían, de lo que es
territorio Insalud, para el Instituto Nacional de la Seguridad Social,
que están cumpliendo hoy su función en las unidades de valoración médica
de incapacidades, y pasarían al INSS, pero no sucedería así respecto de
lo que tiene transferida la administración sanitaria a las comunidades
autónomas, donde se tendrían que recuperar médicos de ciertos cuerpos de
la administración que existen actualmente. Ese sería el órgano colegiado
que dependería directamente del Instituto Nacional de la Seguridad
Social, con un volumen de 303 médicos y con unos 300 funcionarios
administrativos de apoyo a esas unidades o esos equipos de valoración de
incapacidades.

Por último, preguntaba si se ha pensado hacer un nuevo texto refundido.

Quiero recordar, y estoy citando de memoria, que las modificaciones que
se han producido recientemente son una buena técnica legislativa; y lo es
porque creo que se ha abusado en exceso de modificar muchos términos de
la Seguridad Social pero no se modificaba el artículo, igual que sucede
--y esta Cámara lo conoce muy bien-- cuando se modifica un artículo del
Código de Comercio que se sustituye uno por el otro, o en el Código
Civil, que pasa exactamente lo mismo. Esa técnica que se ha utilizado con
los códigos que existen en España creíamos necesario y muy conveniente,
ya que en España no tenemos



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un texto codificado de Seguridad Social como existe ya en otros países,
que cualquier modificación de la Seguridad Social que se produzca y que
se refiera a artículos determinados del texto refundido, que se modifique
expresamente el artículo del texto refundido a que se refiere, para que
no haya que hacer permanentemente nuevos textos refundidos. Creo que eso
es bueno tanto para el estudioso --sobre todo para las personas que se
dedican a gestionar, a tramitar y a reconocer prestaciones-- como para la
transparencia legislativa y para el propio ciudadano, al que le resultará
mucho más fácil encontrar en esas normas de textos refundidos lo que
busca que no con el desperdigamiento que existe actualmente. Yo no me
siento conforme con la refundición que hay. Quizá tendríamos que tender a
tener el día de mañana --es una vieja aspiración-- un código de Seguridad
Social que yo creo que arrojaría mucha más transparencia en toda la
legislación de al Seguridad Social.

He intentado contestar a todas las preguntas de su señoría.

Por lo que respecta al Grupo Parlamentario Socialista, le agradezco sus
palabras.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias por su comparecencia, señor Director
General.

Se levanta la sesión.




Era la una y cinco minutos de la tarde.