CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1994 V Legislatura Núm. 111
INDUSTRIA, ENERGIA Y TURISMO
PRESIDENTE: DON JOAQUIM MOLINS I AMAT
Sesión núm. 10
celebrada el miércoles, 16 de febrero de 1994



ORDEN DEL DIA:
--Comparecencia del señor Director General de Minas y de la Construcción
(Carbajo Josa), para explicar la situación de la comarca minera de León,
así como las medidas que piensa tomar el Gobierno para aportar soluciones
de futuro al sector minero y a dicha comarca. A solicitud del Grupo
Parlamentario Federal IU-IC. (Número de expediente 212/000374) (Página 3554)
Proposiciones no de ley:
--Por la que se insta al Gobierno para que, con la mayor urgencia,
promueva una mesa de concertación en la que participen la Administración
Central, la Junta de Castilla y León, los sindicatos mineros y los
empresarios de este sector, a fin de llegar a soluciones sobre la
problemática que tiene esta comarca y el sector carbonífero. Presentada
por el Grupo Parlamentario Socialista. (BOCG, serie D, número 39, de
20-12-93. Número de expediente 161/000081) (Página 3567)
--Sobre elaboración de un plan de actuación para la minería del carbón en
la provincia de León. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular.

(BOCG, serie D, número 48, de 2-2-94. Número de expediente 161/000106)
(Página 3567)

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Comparecencia del señor Presidente de la Empresa Nacional de Residuos
Radiactivos, ENRESA (Kindelán Gómez de Bonilla), para:
--Dar cuenta de la gestión y utilización de los fondos de la citada
Empresa y, en concreto, para informar sobre en qué se están invirtiendo
los fondos de la Fundación Enresa, de los gastos en investigaciones, de
los fondos destinados al ahorro energético, así como de la cartera de
valores de dicha Empresa. A solicitud del Grupo Parlamentario Federal
IU-IC. (Número de expediente 212/000031) (Página 3572)
--Informar sobre la gestión de los fondos de la citada Empresa, así como
del dinero destinado a promoción de energías renovables y de las zonas
estudiadas para el emplazamiento del almacén definitivo de residuos
radiactivos de alta actividad. A solicitud del Grupo Parlamentario
Federal IU-IC. (Número de expediente 212/000428) (Página 3572)



Se abre la sesión a las nueve y diez minutos de la mañana.




--COMPARECENCIA DEL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE MINAS Y DE LA CONSTRUCCION
PARA EXPLICAR LA SITUACION DE LA COMARCA MINERA DE LEON, ASI COMO LAS
MEDIDAS QUE PIENSA TOMAR EL GOBIERNO PARA APORTAR SOLUCIONES DE FUTURO AL
SECTOR MINERO Y A DICHA COMARCA. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO
FEDERAL IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA. (Número de expediente
212/000374.)



El señor PRESIDENTE: Buenos días, señoras y señores Diputados. Vamos a
iniciar esta sesión de la Comisión de Industria, Energía y Turismo, con
el primer punto del orden del día: Comparecencia del señor Director
General de Minas ante la Comisión para explicar la situación de la
comarca minera de León, así como las medidas que piensa tomar el Gobierno
para aportar soluciones de futuro al sector minero y a dicha comarca. La
comparecencia está solicitada por el Grupo Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya.

Tiene la palabra el señor García Fonseca.




El señor GARCIA FONSECA: En primer lugar, quiero agradecer la presencia
del Director General de Minas.

Efectivamente, esta comparecencia es para tratar sobre la situación de la
minería del carbón en las comarcas de León, en la Comunidad Autónoma de
Castilla y León, de forma más amplia.

Voy a empezar con algunos datos que sólo son un recordatorio, pero que me
parece que son un buen marco donde yo creo que podemos situar los
problemas que a continuación trataré y sobre los que quisiera preguntar,
no ya referidos a Castilla y León en exclusiva, sino al conjunto de
empresas acogidas a medidas de cierre o reducción.

La relación que yo tengo es de 47 empresas, que se acogieron, en
principio, a estas medidas, de las cuales quedan siete y, además,
reducidas, lo cual supone que se pasó de 7.699 trabajadores de plantilla,
al inicio, a 2.292, en 1994; una pérdida de 5.400 puestos de trabajo.

Estoy hablando del conjunto de las empresas sujetas a estas medidas de
reconversión. Pero ya, refiriéndome a las comarcas, a la región que
menciono en la petición de su comparecencia, mis datos son que en 1989 la
plantilla era de 8.192, si incluimos León y Palencia, y la plantilla
actual es de 5.581; una pérdida de 2.611 puestos de trabajo. Seguramente
alguno más, porque estas cosas operan a la baja, en los números, quiero
decir; en la realidad, en sentido contrario.

Este es, dicho de forma tan fría y esquemática, el marco dentro del cual
se mueven las preguntas que le quiero hacer.

En relación a las comarcas mineras de León, quisiera comenzar por
plantearle algunas cuestiones sobre los distintos sectores o comarcas que
tienen una situación de fondo similar, aunque cada una de ellas tiene sus
características específicas.

En cuanto a la cuenca minero-siderúrgica de Ponferrada, la primera
pregunta que quería hacerle es cuál es su situación actual exactamente y
cómo van a llegar y cuándo las ayudas comprometidas. Esta sería una
pregunta concreta que me gustaría que pudiera también contestar lo más
exactamente posible.

En cuanto a Fabero-Sil, comarca que, como todos sabemos, pasaba y sigue
pasando por una situación muy difícil, también una situación muy
conflictiva, hoy relativamente amortiguada, a través de una serie de
acuerdos trabajosos a los que se pudo llegar, una pregunta sería: ¿Cuándo
será la reunión de la Comisión de Seguimiento de la cuenca, para abordar
la deuda, que es histórica ya, de las empresas con la Seguridad Social y
con Hacienda, en el sentido que estaba comprometido en los acuerdos, y el
proceso de fusión de Antracitas de Gaiztarro y de Victoriano González.

Una tercera comarca, la del Bierzo Alto y el resto de la minería sujeta
al nuevo sistema de contratación del carbón térmico, usted sabe --mejor
que yo, desde luego-- que tiene muchos problemas, pero quizá pudiéramos
sintetizarlos en dos. Son también empresas con una deuda con



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Hacienda y la Seguridad Social muy fuerte y, además, es un carbón con
alto contenido en azufre. Mi Grupo considera que es necesario un plan de
saneamiento específico de esta cuenca y que debía pasar por el
establecimiento de cupos, por cuencas, manteniendo la suma de los cupos
actuales por empresas. Y uno de los temas, por otra parte, prometido,
sería cumplir el compromiso en relación al tema del azufre de la planta
de sulfuración; en las negociaciones habidas el compromiso era comenzar
esta planta en el mes de marzo. Quiero preguntarle si esto se va a
cumplir. No insisto en la importancia que tiene esta planta, dado el
componente de azufre que indicaba antes del carbón de esta zona, no
solamente para la comarca concreta donde se ubique la planta, sino para
todo el conjunto del Bierzo. También me gustaría saber si tienen ustedes
contempladas ya soluciones a largo plazo a la deuda de las empresas con
la Seguridad Social y con Hacienda y si no consideran necesario que los
sindicatos formen parte de la Comisión de Seguimiento del nuevo sistema
de contratación de carbón térmico.

Por último, en relación a esta primera parte (luego, en una segunda
parte, quiero referirme a la minería del carbón pero en otra modalidad,
la de cielo abierto), he de preguntarle por un tipo de políticas que,
desde los sindicatos y desde la opinión pública, en general, y yo creo
que desde el sentido común, se hace más indisoluble de las medidas que se
hagan para racionalizar y para poder mantener en la medida de lo posible
las explotaciones del carbón, que son las medidas de reindustrialización.

Y hablo concretamente del tema de Sabero o Mi Grupo se opuso en su día al
cierre de Hulleras de Sabero y anexas. Las administraciones, porque no
solamente fue en este caso la Administración central, sino también la
autonómica, juzgaron necesario el cierre y así lo decidieron, pero
entonces también se comprometieron a que habría un proceso de
reindustrialización con medidas concretas. Hace dos años del cierre de
estas Hulleras de Sabero y anexas, y, que yo sepa, no se ha creado ni un
solo puesto de trabajo; ni uno. Se habló de proyectos concretos, incluso
de empresas concretas, pero parece que les atraía la posibilidad de coger
alguna subvención subrepticia, en absoluto ninguna voluntad de poder
instalarse allí en plan de recrear algún tipo de tejido productivo. En
todo caso, si usted tiene alguna otra información del presente --no creo
que sea distinta porque creo que la mía responde a la realidad--, al
menos de los planes o de las expectativas que puedan tener, nos
resultaría muy interesante.

A mí me parece, además, que este plan de reindustrialización debiera,
como cualquier plan de reindustrialización que se precie y esto ya son
lugares comunes de cualquier analista, incluir un programa de
infraestructuras, de formación profesional, mejorar las condiciones de
seguridad en la mina, la agrupación de las empresas formando cotos
adecuados, etcétera.

Hasta aquí, como decía, es una primera parte relativa a la minería
subterránea de las comarcas de León.

La segunda parte, en los cinco minutos que creo que me quedan de
intervención, la quería dedicar a un tema relativo también al carbón,
pero a otro modo de explotación, que es el de a cielo abierto y sobre el
cual mi Grupo realmente --y lo digo ya de entrada-- piensa que se está
dando una situación tan caótica, tan antisocial, incluso tan
antieconómica, que nos parece absolutamente rechazable e insostenible.

Como soy consciente de que he empleado calificativos bastante rotundos,
para que no parezca que no tienen base, voy a citar a la Cámara, porque
supongo que usted los conoce, dos estudios: un estudio-encuesta de la
minería a cielo abierto realizado por la Junta de Castilla y León por la
Empresa de Estudios y Proyectos Mineros, Sociedad Anónima --por lo tanto,
una fuente más o menos rigurosa, pero en todo caso oficial--, que no es
que descubra nada nuevo, pero que ratifica con datos abundantes los
calificativos que he hecho al principio de mi intervención. Lo que pone
de manifiesto es la necesidad de acometer urgentemente una verdadera
planificación de la minería a cielo abierto.

Los datos del estudio dicen cosas como las siguientes: en El Bierzo, de
las 34 explotaciones que existen, en ocho se desconocen las reservas de
carbón que hay; en ocho son inferiores a 15.000 toneladas; cinco tienen
reservas entre las 15.000 y 50.000 toneladas; tres tienen entre 50.000 y
100.000 toneladas y sólo dos tienen más de 500.000 toneladas. Cualquiera
que conozca mínimamente lo que es hoy la minería, y particularmente la
minería a cielo abierto, sabe que una explotación de menos de 100.000
toneladas anuales es absolutamente inviable desde el punto de vista
económico, a no ser que se salte a la torera toda la legalidad, la
legalidad laboral e incluso la legalidad administrativa y, por supuesto,
la legalidad que les obliga a la reparación de los daños causados al
entorno.

En un segundo estudio hecho por la Diputación de León se habla de 57
explotaciones a cielo abierto abandonadas en la provincia de León,
escombreras de carbón abandonadas, 300; planes de restauración
emprendidos, 29; escombreras un poco controladas, «sic», 174. Las
explotaciones a cielo abierto afectan a 65 pueblos repartidos en 38
ayuntamientos; las escombreras afectan a 92 pueblos pertenecientes a 38
ayuntamientos y el coste global de la restauración, simplemente
ateniéndose a las exigencias mínimas de la ley, evaluadas también por un
técnico de la propia Junta de Castilla y León, ascendería a unos 15.000
millones de pesetas, cifra que escapa, obviamente, a las posibilidades
tanto de los ayuntamientos, responsables en primera instancia, como de la
propia administración autonómica.

Repito, para los cupos de carbón de la zona Bierzo-Villablino que tengan
menos de 10.000 toneladas al año hay seis empresas, que significa el 33
por ciento; entre 10.000 y 20.000 toneladas al año, seis empresas, otro
33 por ciento, lo cual asciende ya a casi el 70 por ciento; entre 100.000
y 150.000, dos empresas, que son el 11 por ciento. Sólo dos empresas
reúnen las condiciones objetivas para ser viables, tanto desde el punto
de vista técnico cuanto desde el punto de vista legal. En la situación
técnico-legal --y en esto es en lo que quiero ahora insistir de forma
particular-- en El Bierzo, de las 34 explotaciones



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existentes, sólo 10 son legales. Son datos de los dos estudios que acabo
de citar; no son datos de Izquierda Unida recogidos a través de los
sindicatos, que seguramente serían más fiables. Las otras 24 o no tienen
proyecto de explotación o está incompleto. O sea que tenemos 34
explotaciones, sólo 10 que son legales y el resto no tiene proyecto de
explotación o está incompleto. Doce no tienen proyecto, nueve no han
esperado a que la Administración les autorice a explotar, están
explotando sin permiso, tres han iniciado la explotación a pesar de los
reparos de la Administración. No sé qué más añadir. Espero que, al menos,
los miembros de esta Cámara...




El señor PRESIDENTE: Aproveche para ir finalizando.




El señor GARCIA FONSECA: Ya me iba viendo por la pendiente del final.

Espero que, al menos, los miembros de esta Cámara hayan entendido que los
calificativos que mencioné de caótico, de absolutamente inadmisible,
absolutamente intolerable respecto de la minería a cielo abierto en esta
comarca de León no eran exagerados y que se corresponden con la realidad.

Detrás de todo esto --obviamente, cuando hay una situación tan
irracional, tan inexplicable, es porque no existen explicaciones claras y
racionales, pero sí oscuras-- se encuentra un mercado negro del carbón de
importación, que es el que suple los cupos que esta gente no tiene. Yo sé
que muchas de estas cosas son competencia de la administración autonómica
y no de usted, pero ustedes tienen una inspección superior, a la que
nunca deben renunciar, y, además, la concesión de cupos es competencia de
ustedes.

Estas son las cuestiones concretas de la primera parte y los
interrogantes profundos de la segunda, a los que quisiera que usted me
respondiera.




El señor PRESIDENTE: Para dar respuesta a las preguntas formuladas, tiene
la palabra don Alberto Carbajo, Director General de Minas.




El señor DIRECTOR GENERAL DE MINAS Y DE LA CONSTRUCCION (Carbajo Josa):
Buenos días, señorías.

Se ha suscitado aquí una serie de cuestiones por parte del representante
de Izquierda Unida, sobre las que me gustaría hacer algunas aclaraciones.

Hay algunas que son sencillas pues es dar una información sobre la
situación actual de determinados procesos en algunas minas singulares de
Castilla y León y otras en las que podemos entrar a debatir algunas de
las valoraciones que se efectúan respecto a la política que se viene
siguiendo con el carbón en León y Palencia.

Efectivamente, el proceso de reordenación de la minería de carbón ha
supuesto unas pérdidas importantes de empleo en las provincias de
Castilla y León. Ese plan de reordenación ha cumplido parcialmente con
uno de los objtivos fundamentales, que era reordenar la situación que
tenía el sector mediante la reducción de las actividades de las
explotaciones que no eran competitivas en el marco comunitario. Por lo
tanto, quiero aclarar que las actuaciones respecto a la reordenación no
se han hecho con un carácter discriminatorio, sino basadas en la
situación económica de las empresas o en su falta de competitividad a
medio y largo plazo.

Por otra parte, los cierres y reducciones eran pactados entre las
empresas y los trabajadores y presentados a la Administración que, en
algunos casos, estuvo tratando de frenar y de reconducir a un proceso que
los empresarios pensaban que no tenía solución, y así estuvimos alargando
durante dos años, por ejemplo, el problema de ayudas de Sabero, al que se
pidió cuatro planes de viabilidad, para tratar de obtener una explotación
de la mina en una dimensión algo más reducida, pero que permitiese la
continuidad de la actividad extractiva en esa comarca. Lamentablemente,
ninguno de los cuatro planes puso de manifiesto esta viabilidad y la
empresa, por fin, accedió al cierre de las explotaciones en el año 1991.

En definitiva, los cierres y reducciones de las empresas que, en aquel
momento carecían de perspectivas desde un punto de vista de su
continuidad, han mejorado la estructura productiva del sector. Sin
embargo, en estos últimos años otras empresas han entrado en
dificultades, de modo que en el momento actual no se encuentra
consolidada la situación de una parte significativa de las mismas.

La política que seguimos en León no puede ser otra que la establecida en
el Plan Energético Nacional y está orientada al uso del carbón como un
recurso energético autóctono, con las limitaciones impuestas por el coste
de la utilización, el imperativo comunitario de reducción de ayudas
públicas a la minería energética y los requerimientos medioambientales.

Un ejemplo donde se han plasmado estas orientaciones del Plan Energético
Nacional ha tenido lugar el año 1993. El año 1993, como SS. SS. saben, el
Plan Energético contempla un crecimiento de la demanda eléctrica del 3,44
anual, acumulativo. Sin embargo, el año 1993 el crecimiento de la demanda
ha sido únicamente del 0,2 por ciento, debido a la crisis económica, e
incluso en el año 1992 el crecimiento fue cero, lo cual da dos años
consecutivos de crecimiento nulo de la demanda, que suponen alrededor de
una pérdida de generación de kilovatios/hora cercana a los 7.000
gigavatios hora, equivalentes a tres millones y medio de toneladas. Sin
embargo, haciendo uso de las orientaciones establecidas en el Plan
Energético Nacional, a pesar de la disminución de la demanda eléctrica,
las compras de carbón sólo se han disminuido en un uno por ciento,
mientras que las compras de carbón importado disminuyeron en un 17 por
ciento.

Respecto a las cuestiones concretas, sobre las que también se pedía una
respuesta concreta, de algunas de las explotaciones mineras ubicadas en
las comarcas de Castilla y León, la primera, ubicada en la comarca de
Laciana, que es la empresa minerosiderúrgica Ponferrada --como SS. SS.

saben por alguna otra comparecencia que ha tenido lugar en esta Cámara
sobre la situación por la que se desarrolla el proceso de la MSP--, es
una empresa privada



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que en este momento está intervenida judicialmente con un proceso de
quiebra necesaria, para la que la Administración tenía diseñado un plan
de viabilidad aprobado por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos
Económicos en mayo de 1993. Este plan de viabilidad contemplaba unas
ayudas --por las que preguntan SS. SS. y contestaré rápidamente-- tanto
de la Administración central como de la autonómica. Por parte de la
Administración central, la Comisión Delegada condicionó la aprobación de
estas ayudas a una serie de requisitos que debían haberse cumplido, como
es un acuerdo salarial, que se alcanzó, con los sindicatos; como es una
situación concursal de suspensión de pagos, y ahora se encuentra la
empresa en otra situación concursal, pero de quiebra necesaria; como es
una ampliación de capital de 2.000 millones de pesetas y la formalización
del compromiso de la Junta de Castilla y León de unas ayudas de 4.500
millones de pesetas comprometidas en el plan.

En realidad, en este momento, a pesar de ser una quiebra el procedimiento
concursal dirigido hacia la liquidación de las compañías, la
Administración, considerando la importancia que para la comarca de
Laciana y para la provincia de León en su conjunto tiene la explotación
de Villablino, aconsejó al comisario de la quiebra que, por razones
sociales y regionales, debería, por lo menos, contemplar la posibilidad
de que el proceso se condujera hacia la viabilidad de la compañía. El
comisario así lo entendió y se estuvieron barajando algunas fórmulas de
salida de la crisis, viendo que la que seguramente presentaba menos
problemas jurídicos y quedaba más blindada era el convenio de acreedores
que contempla el propio proceso concursal.

El Consejo de Administración presentó una propuesta de convenio de
acreedores, creo que fue el 23 o el 24 de diciembre, no recuerdo
exactamente la fecha. Sobre esta propuesta la jueza del Juzgado N.º 10 de
Madrid puso una providencia indicando que, al contemplar el convenio una
operación acordeón sobre la capital, sería preciso adjuntar un acuerdo de
Junta General de accionistas, por lo que se instaba al Consejo de
Administración a convocar la Junta General, que ha sido convocada para
finales de este mes, el día 28, en primera instancia, y el día 1, en
segunda convocatoria. Es de esperar que en esa Junta General de
accionistas se apruebe el convenio que han presentado u otro alternativo
que pudieran llegar a consensuar y, a partir de ahí, la jueza convocaría
la Junta General de acreedores. No sabemos la fecha todavía, pero
entendemos que puede ser alrededor del mes de marzo.

En el momento en que esté aprobado el convenio de acreedores en la Junta
de acreedores y, por tanto, asumidos los compromisos con garantía
suficiente de ampliación de capital y compromisos con garantía suficiente
de ampliación de capital y comprometidas las ayudas tanto por la
Administración central como por la autonómica, las ayudas de la
Administración central empezarán a instrumentarse, puesto que ya figuran
en los Presupuestos Generales del Estado, por un montante de 2.480
millones para este ejercicio.

Como un dato complementario a todo lo expuesto, cabe señalar que mañana
tendrá lugar la constitución de la Comisión de seguimiento que se
contemplaba en el plan de viabilidad, formada por representantes de la
empresa, de la Junta de Castilla y León, de los sindicatos y de la
Administración central. Se hará un seguimiento de todo el proceso del
plan de viabilidad, que no hay que confundir con la comisión de
acreedores que puede establecer en el convenio de acreedores.

Otra de las zonas sobre cuyo futuro ha existido, y todavía existe --estoy
de acuerdo con S. S.--, inquietud es la cuenca de Fabero-Sil. En la
cuenca de Fabero-Sil hubo una situación de crisis de tres empresas hacia
el mes de noviembre y, al final, afortunadamente, se pudo alcanzar un
acuerdo entre las dos administraciones y los representantes sindicales de
los dos sindicatos mayoritarios de cara al mantenimiento del empleo,
yendo a un proceso de concentración en las explotaciones que, desde un
punto de vista técnico, tenían reservas suficientes y preparación minera
también suficiente para que pudiesen albergar no sólo a los trabajadores
que resultaran excedentes de la crisis de las tres empresas, sino,
además, expectativas de futuro.

Sin embargo, con haber alcanzado un acuerdo que yo entiendo satisfactorio
para todas las partes, las actuaciones no se han ultimado. No se han
ultimado porque sería necesaria una consolidación de las empresas
Antracitas de Gaiztarro y Victoriano González. Una consolidación que
tenía que venir por un proceso de fusión, tal como se contempla en los
acuerdos alcanzados. Evidentemente, ese proceso de fusión permitirá
asimismo realizar una negociación con la Seguridad Social y Hacienda, de
cara a rebajar el pasivo con estas instituciones y situar la compañía
resultante de la fusión en una situación de balance absolutamente
solvente.

Respecto al Bierzo Alto, del que uno de los temas por los que se pregunta
es el compromiso de la planta de sulfuración, debo ligarlo con la
problemática de Fabero-Sil. Efectivamente, tanto los carbones
suministrados por las explotaciones ubicadas en Fabero-Sil como por las
ubicadas en Bierzo Alto tienen un alto contenido en azufre y su
viabilidad, desde el punto de vista técnico, para asegurarse el mercado,
pasa porque la combustión de estos carbones se realice en condiciones
limpias. Es decir, bien con tecnologías sofisticadas que retengan las
emisiones en la propia caldera o reteniendo los gases de combustión --o
sea, posteriormente a la caldera-- en una planta especial de sulfuración.

En los acuerdos que se alcanzaron sobre la comarca de Fabero ya se
contempló el compromiso de la planta de sulfuración de un grupo de la
central de Compostilla, cuya inversión ascendía a unos 8.000 millones de
pesetas. Se debe entender que este compromiso constituye una vez más una
ayuda adicional y una exposición del fomento y del apoyo que la
Administración tiene hacia las zonas que entendemos que pueden tener un
futuro rentable dentro de la minería. Esta planta de sulfuración tiene
unas fechas y, efectivamente, en el mes de marzo figura la de despegue o
de inicio, con



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un período de 30 meses, me parece, de construcción. De manera que ahí no
hay cambios.

Sobre la problemática concreta del Bierzo Alto, de donde se ha hablado de
las fuertes deudas con la Seguridad Social y Hacienda y de que existe un
plan de saneamiento de las deudas institucionales, yo creo que ésa es una
valoración a la que deberíamos llegar después de un amplio debate y para
enriquecer ese debate me gustaría ofrecer unos datos posteriormente para
que, a la hora de establecer las líneas y la política a seguir con la
industria del carbón, tengamos todos los datos para tomar unas decisiones
consistentes.

Respecto al cupo por cuencas, todos sabemos que las explotaciones mineras
tienen una posibilidad de supervivencia más fuerte si se incrementan los
suministros, pero lamentablemente nos encontramos con una decisión
comunitaria que obliga a reducir las ayudas en el futuro, considerando,
por otra parte, que la ayuda es una parte del precio. Las ayudas al
funcionamiento indican que es la diferencia entre el coste de explotación
y el precio libremente pactado a la luz del mercado internacional. La
diferencia es una ayuda y cada tonelada de más que suministre es un
montante de ayuda que se adiciona. Por tanto, los incrementos de cupos
van a poder realizarse de forma muy contada por la necesidad de reducir,
por imperativo comunitario, las ayudas y siempre que se produzcan, de los
procesos de reajuste que se vayan abordando, huecos que necesariamente
debían ir amortizándose, pero en algún aspecto concreto, para alguna mina
muy singular, dada su situación, podría contemplarse.

En cuanto a las medidas de reindustrialización, en las que se comentaba
concretamente el proceso de Hulleras de Sabero, en esas medidas nosotros
hemos ido abordando una serie de actuaciones en colaboración con las
administraciones y con las propias empresas. Entendíamos que el proceso
de reindustrialización era una deuda, moral, al menos, que las empresas
mantenían con las zonas donde habían estado operando; así se les hizo ver
y algunas empresas mineras adoptaron un protagonismo importante que
facilitó y pudo desarrollar determinados procesos de reindustrialización
en otras comarcas. Es el caso de Berga o de Utrillas, donde se han ido
poniendo determinadas industrias alternativas que han ido regenerando el
impacto de disminución de empleo y de rentas en las comarcas afectadas
por los procesos de ajuste. Lamentablemente, no ha habido la misma
receptividad en todas las zonas. En el Guadiato, por ejemplo, ha habido
una alta receptividad; sin embargo, en León yo creo que haría falta hacer
una reflexión más en profundidad para tratar de vertebrar un poco los
esfuerzos. Estoy convencido de que todas las instituciones tienen gran
empeño, pero las actuaciones descoordinadas no terminan de hacer que se
logren los objetivos. A mí me gustaría llegar a una coordinación más
eficiente con la Administración autónoma de Castilla y León, para poder
ofrecer unos planes de reindustrialización que permitieran de alguna
manera regenerar la economía de las comarcas afectadas por los procesos
de crisis.

Respecto al tema concreto de Sabero, ha habido una serie de empresas que
se han ido posicionando alrededor, algunas de ellas disponen ya de todos
los requisitos, de todos los avales y, por tanto, también de la
subvención de los fondos mineros, que es una subvención que se
instrumenta desde la Oficina de Compensaciones de la Energía Eléctrica,
con un montante de tres millones por puesto de trabajo creado, pero
teniendo que presentar unos determinados avales de mantenimiento del
puesto de trabajo al menos durante tres años. Dos empresas ubicadas en la
zona ya disponen de esos avales y tienen esa subvención. Existe otra
empresa que tiene presentado un expediente ante la Dirección General de
Incentivos Económicos Regionales y espero que en los próximos días
también vea aprobado ese expediente para poder disponer de las
subvenciones de incentivos económicos regionales. Estos me parece que
eran todos los temas relativos a la minería subterránea.

Sobre las cuestiones de cielo abierto, evidentemente la situación no es
deseable, yo no sé si calificarla de caótica. Los datos que nos ofrece S.

S. así lo indican. Nuestra preocupación está no sólo en los aspectos de
la dispersión de explotaciones, de la dificultad del control de la
procedencia, sino, además, en los aspectos de restauración y de seguridad
minera, pero lamentablemente, nuestra actuación está limitada en algún
campo. Para que puedan percibir un cupo de carbón y suministrar el carbón
a los precios de referencia, tienen que presentar determinada
documentación. Esta documentación la presentan --un plan de labores, un
plan de restauración--; sin embargo, el seguimiento de esos planes no
corresponde a la Administración central, corresponde a la Administración
autonómica. A nosotros nos gustaría tener un poco más de coordinación;
hemos invitado a ello a la Administración autonómica en más de una
ocasión y esperamos que, ante la situación deteriorada en este momento de
las explotaciones a cielo abierto, podamos concretar una actuación
conjunta con la Administración autonómica que permita reconducir este
problema que efectivamente no tiene ninguna presentación.

De lo que yo no estoy tan seguro es de la afirmación tan rotunda de S. S.

respecto a la inviabilidad de las empresas con menos de 100.000 toneladas
al año. Yo creo que pueden existir empresas con menos de 100.000
toneladas al año y cumpliendo, además, las exigencias legales y técnicas,
siempre y cuadno estén dotadas de algunos recursos adecuados a los
ingresos que obtienen. Muchas empresas de la minería leonesa se verían en
situación difícil si sus suministros de carbón son disminuidos en la
parte de cielo abierto, aunque bien es verdad --y es un tema que no ha
mencionado S. S. y conviene también decirlo-- que, si estamos dando
medidas de fomento a la minería, hay que contemplar que los ingresos por
ventas netas de cielo abierto son bastante más limitados que los de
subterráneo. El precio del subterráneo es un poco más alto y, aunque el
precio de cielo abierto es algo más bajo, sin embargo los costes de
explotación de cielo abierto se hacen por contrata y, por tanto, el
margen que le queda a la mina oscila entre las 1.000 y 2.000 pesetas
tonelada, no más. En muchos casos es un margen hasta inferior al que



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queda en el subterráneo. Esa es una reflexión que cabe hacer, si merece
la pena el deterioro medioambiental que se está produciendo para obtener
unos ingresos adicionales en la minería de 1.000 ó 2.000
pesetas/tonelada. Es una reflexión que podríamos hacer con la Junta de
Castilla y León y con la patronal.

Por lo demás, ya sólo quería ofrecerles estos datos porque nos
encontramos ahora mismo con la necesidad de elaborar unos planes para la
Comisión de las Comunidades Europeas, planes en los que se contemplen
determinadas reducciones de las ayudas, que deberían venir por la vía de
los costes. Nosotros creemos que una las cosas que hay que aclarar es
que, a la luz del nuevo código de ayudas, como he dicho antes, se
considera la ayuda implícita en el precio como la diferencia que tienen
actualmente y el precio internacional. Además, la decisión comunitaria
nos dice que esto, en el plazo de tres años, tiene que estar en
Presupuestos Generales del Estado o en mecanismos estrictamente
equivalentes; por lo tanto, deberían estar sujetos a la Ley General
Presupuestaria. Como SS. SS. saben, dicha Ley contempla que, para que se
puedan instrumentar las subvenciones, las empresas tienen que estar al
día en sus obligaciones con las instituciones públicas, es decir, con la
Seguridad Social y Hacienda. Por otra parte, no tiene ningún sentido que
el resto de los contribuyentes o los consumidores eléctricos estén
sosteniendo esta industria mediante ayudas al sector del carbón, mientras
determinadas empresas de este sector no asumen sus obligaciones con la
Seguridad Social y Hacienda. En dicho caso, las ayudas se estarían
duplicando. Por eso, es intención del Gobierno ir, de alguna manera,
aumentando los controles y las exigencias de cara a forzar el
cumplimiento de las obligaciones fiscales, lo cual, por otra parte, es
una obligación de las empresas.

Una vez que se haya evidenciado que, dentro del precio del carbón
nacional, existen dos componentes, el equivalente al precio del carbón
importado y otro en concepto de margen de mantenimiento de la minería
nacional y por razones de autoabastecimiento, entendemos que no ofrecen
ninguna garantía de suministro empresas que ni siquiera pagan a las
instituciones públicas. Por lo tanto, es idea del Gobierno establecer un
período para que determinadas empresas se pongan al día en sus deudas con
las instituciones públicas, estableciendo los oportunos aplazamientos,
para, a partir de dicho período, exigir y vincular el reconocimiento
total del precio al cumplimiento de sus obligaciones con las
instituciones públicas. Naturalmete, entendemos que hay muchas empresas
que, a pesar de ese período de tiempo transitorio en el que se le permita
ese aplazamiento, no podrán abordar el cumplimiento de sus obligaciones
más allá del citado período, por lo cual también es intención de este
Gobierno poner en marcha algún plan que, de forma no traumática, permita
aterrizar suavemente a dichas empresas sin que ello suponga una
conflictividad adicional en las zonas mineras.

El debate que yo creo necesario y que sería muy bueno, del cual el
Gobieno podría obtener una información valiosísima de cara a elaborar los
planes y diseñar el futuro de la minería, debería contemplar las razones
a favor del mantenimiento del carbón y a favor de la racionalización de
la industria del carbón. Hay algunos datos que no sé si la opinión
pública y SS. SS. conocen pero que a lo mejor sí que merece la pena
comentar. Las razones a favor del mantenimiento del carbón apuntan a
razones de autoabastecimiento de recursos energéticos en un país donde el
único recurso de este tipo es el carbón; existen también razones de
mantenimiento del empleo en las comarcas mineras y la necesidad del
mantenimiento de determinado nivel de renta de comarcas mineras en donde,
por otra parte, es difícil diversificar la economía y atraer una
industria alternativa. Sin embargo, para poder tomar las decisiones con
todos los datos sobre la mesa, es necesario exponer que existe una oferta
suficientemente diversificada, con oferentes de muchos países, dentro de
un amplio abanico geopolítico; es decir, no hay una concentración de
oferentes, como en el caso de los crudos. Existe también, y es necesario
saberlo, un impacto. El coste de las ayudas del mantenimiento de la
minería nacional asciende a 190.000 millones de pesetas, de los que
100.000 millones se instrumentan a través de la energía eléctrica,
suponiendo un encarecimiento del 5 por ciento de la misma. Esta ayuda es
superior al coste de adquisición del carbón importado --en algunas zonas
llega a suponer de 1,8 a 2 y en otras hasta seis veces el coste del
carbón importado-- y esta ayuda se manifiesta también desde el punto de
vista de que el coste del mantenimiento de un puesto de trabajo en la
minería alcanza la cifra de tres millones de pesetas en las empresas sin
contrato-programa y de seis millones en las empresas de
contrato-programa. Es decir, mantener un puesto de trabajo en la minería
cuesta 7,45 millones de pesetas. Pues bien, los ingresos que ese puesto
de trabajo produce son, en la minería sin contrato-programa, cuatro
millones de pesetas. Por lo tanto, la ayuda que precisa mantener cada
puesto de trabajo de la minería son 3,22 millones de pesetas.

Es necesario que todos conozcamos estos datos tan duros porque, a la hora
de poder ofrecer líneas de actuación en política minera, convendría
contemplar esto y contemplar la pérdida de competitividad de nuestra
industria por el encarecimiento del factor de producción, la energía
eléctrica; convendría también saber que se está produciendo un gasto
público importante que podría tener una aplicación en industrias
alternativas de más futuro; convendría también analizar, aunque es
difícil --habría que contar con las «input-output»--, el número de
puestos de trabajo que se pierden en otras industrias por falta de su
competitividad si se mantienen las ayudas al carbón en los términos
actuales. Es decir, hay una serie de reflexiones que cabe hacer acerca
del carbón, porque son preocupaciones que yo tengo y entiendo que la
labor política no sólo la hace el Gobierno, la hace el Gobierno
escuchando y pulsando la opinión de los agentes sociales y de las
instituciones. En este sentido, yo les ofrezco estos datos para que, en
la reflexión que se produzca, podamos, de forma conjunta, establecer unas
líneas de



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actuación que permitan situar nuestra minería en los volúmenes, en el
diseño y en la competitividad deseados y marcados por la Comisión de las
Comunidades Europeas.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Director General, por su
información y por su presencia en la Comisión.

Si les parece, vamos a dar un turno al Grupo que ha solicitado la
comparecencia e inmediatamente después podrán intervenir los grupos que
lo deseen, antes de cerrar las intervenciones el Director General.

Señor García Fonseca, tiene la palabra.




El señor GARCIA FONSECA: En esta ocasión, quiero comenzar agradeciendo de
nuevo al señor Director General no sólo su comparecencia sino su
exposición. La primera vez que se agradece suele ser una fórmula
protocolaria, es de rigor, pero en este caso, al margen ya de cualquier
protocolo, es una manifestación sicera por mi parte. En todo caso, me
gustaría analizar brevísimamente, porque no hay tiempo para más, algunas
de las cosas que ha dicho, subrayando incluso algunas que me parecen
importantes.

Me alegra que usted nos comunique que mañana se constituye una mesa de
seguimiento en cuanto al tema de la MSP. Respecto a Fabero-Sil, tengo que
decirle que no ha contestado realmente a mi pregunta porque la pregunta
era cuándo. Usted ha vuelto a repetir, más o menos, la situación del
problema, que era el núcleo de la pregunta, pero la pregunta en sí era si
tenían ustedes ya algún plazo o fecha para las fusiones de las dos
empresas a las que aludíamos.

En cuanto a la planta de desulfuración, aunque usted empleó una palabra
que pudiera ser un poco esquiva, al decir: en el mes de marzo figura...

luego, sin embargo, ratificó que el calendario continuaba, y yo entiendo
(lo repito para que conste en el «Diario de Sesiones» en el sentido de
buen entendimiento de su afirmación) que, por tanto, el calendario
establecido se mantiene firme.

En cuanto a la posibilidad o no de incrementar los cupos, hay el
incremento de los cupos y hay lo que nosotros planteamos, que no era
exactamente incrementar cuanto el establecimiento de cupos o cuentas
manteniendo la suma de los cupos actuales; no supondría en principio un
incremento, sino quizá una distribución a lo mejor más racional,
distinta, una concentración, etcétera. Y el tema de las ayudas usted sabe
que es un tema importante, pero que también está ligado al tema de la
eficiencia, y posiblemente con medidas de racionalización de otra manera,
integrando más las empresas, haciendo frente a esta atomización; por el
mismo imperativo de lo atómico, en este caso; en la mayoría de las
ocasiones, hacer una mínima gestión empresarial seria. En todo caso,
éstos son elementos que entrarían en ese debate al que usted nos invitaba
y que me parece una buena invitación. Pero yo simplemente quiero hacer
algunas acotaciones a las informaciones que usted fue dando y en el orden
en que las fue haciendo.

En el tema de la reindustrialización, éste es un pequeño círculo vicioso,
porque, por una parte, es cierto que estas zonas no son fáciles de
reindustrializar, porque normalmente a las comarcas mineras les cae todo
encima o, mejor dicho, no les cae nada. Están mal de infraestructuras y,
es más, lo que pudieran tener de atractivo era un medio ambiente de
calidad. Yo tengo que decir, y lo digo sin la menor intención de halago a
mis compañeros de León, de uno o de otro lado, que León es una de las
regiones más bonitas de España. (Rumores.) Y lo digo para que quien no la
conozca no se la pierda: es una de las regiones más bonitas de España. Y
es una región estancada. Primero que si grandes pantanos, que parece que
todos fueron a concentrarse allí, y ahora otro tipo de socavones, porque
es que lo de cielo abierto es una cosa realmente destructora.

Simplemente, si me permite, brevísimamente, diré que en un tercer informe
hecho por la Junta de Castilla y León, los técnicos dicen algunas cosas,
tales como: «No existe un nivel de conocimiento y experiencia suficiente
en la restauración de espacios afectados por las actividades mineras. Se
suelen plantear experiencias de otros países que difieren en gran medida
de las condiciones leonesas en climatología, orografía y suelo, lo que
dificulta mucho la creación de la capa natural que ha de cubrir el
espacio afectado. La actividad minera en León está muy atomizada y en la
inmensa mayoría se trata de empresas marginales sin capacidad para asumir
los costes de la restauración. Luego la restauración es deficiente. Las
grandes empresas, como MSP, la Vasco, Hulleras de Sabero, Antracitas del
Gaiztarro, etcétera, han realizado recientemente restauraciones, pero aún
no se tiene conocimiento fidedigno de los resultados. No existen tampoco
empresas especializadas ni investigación. La actividad minera anterior a
1982 no ha restaurado y se encuentra abandonada...» Sobre las
escombreras, que enumeraba 300, dicen: «La situación de estas escombreras
es muy deficiente, presentando problemas de aparición de grietas,
deslizamientos locales, deslizamientos generales, subsidencia, aparición
de surgencias, erosión superficial, definición de cárcavas, socavación de
pie, asentamiento gradual y socavación mecánica.» Y alguna de esas
escombreras tienen hasta 100 metros de altura.

Usted me dice: empresas con 100.000 toneladas pueden ser rentables, si lo
hacen bien, explotando a cielo abierto. Los márgenes de beneficio (usted
mismo los ha señalado y es una información que me parece muy honesta) son
relativamente pequeños. Fíjese, usted habla de empresas de 100.000
toneladas, pero es que el 50 por ciento son de 15.000. Si en las de
100.000 pudiera haber alguna duda, a mí no me parece que pueda caber duda
alguna en empresas que puedan explotar esa cantidad anual, como no sea
por esa otra vía a la que aludí antes ya de economía absolutamente negra,
y no porque trabajen con carbón.

Y, por último, y para terminar ya, repito dos cosas: el tema de la
reindustrialización es difícil, pero todavía se hace más difícil, porque
hoy muchas industrias, sobre todo las más deseables o incluso más
modernas, que requieren «inputs», por ejemplo, como el agua: León la



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tiene, y buena. ¡Hombre, no la destrocemos! Para instalación, una de las
cosas que miden y que estudian es lo que decía antes: medios ambientes de
cierta calidad. ¡Hombre, no lo destrocemos! Porque si, por un lado,
resulta que el carbón tiene difícil salida y, por otro, se hace de tal
manera que nos cierre otras salidas posibles, entonces es un círculo
absolutamente vicioso y cerrado.

Y para terminar ya de manera positiva, yo creo, como usted, y me alegro
de que lo haya planteado, que, efectivamente, el tema del carbón a mi
Grupo no se le escapa que es un tema complejo y difícil y que es un tema
que merecería un debate, una discusión, un estudio de todos los Grupos de
esta Cámara, y no sólo que el Gobierno arrostrara la responsabilidad.

En todo caso, en las pocas líneas que usted ha marcado hoy, yo creo que
también tenía en consideración esto que voy a decir: yo pienso que es un
debate complejo, que hay que tener en cuenta muchas variables de todo
tipo, y que vale la pena hacerlo. Quede ahí como sugerencia y yo al señor
Presidente de la Comisión incluso la concreto en la posibilidad de alguna
ponencia, no digo indefinida, pero durante equis tiempo, en la que todos
los Grupos de esta Cámara pudiéramos estudiar un poco en serio este tema
y al menos lograr algunos criterios de referencia que nos pudieran servir
de base a todos.




El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean intervenir en el debate? (Pausa.)
Vamos a hacerlo, si les parece, de menor a mayor. Por el Grupo
Parlamentario Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor
Sánchez i Llibre.




El señor SANCHEZ I LLIBRE: En primer lugar, quiero dar las gracias al
Director General de Minas por su comparecencia aquí en la Comisión de
Industria y, aprovechando esta circunstancia, me gustaría establecer dos
cuestiones de carácter general. En primer lugar, quería saber cómo está
la posibilidad de que se establecieran convenios estables entre la
Administración central y las comunidades autónomas para todas aquellas
ayudas o recursos orientados a la competitividad y a planes estratégicos,
con el fin de racionalizar dichas ayudas para proyectos empresariales
realmente rentables y que, en definitiva, todas estas ayudas no fueran
encaminadas a empresas deficitarias, y también tener en cuenta en este
caso la posibilidad de proyectos empresariales realmente rentables y
poder racionalizar un poco estas subvenciones orientadas, estos planes de
competitividad.

Y después le haría una segunda pregunta de carácter muy general, porque,
según me comentan, existen ciertas dificultades en unas transferencias
corrientes, que están en las partidas presupuestarias de su Ministerio,
orientadas básicamente a comunidades autónomas dentro del Plan de la
minería. Parece ser que hay algunos problemas para que se hagan dichas
transferencias, cuando realmente no se necesita ningún tipo de convenio o
tratado con las comunidades autónomas. En definitiva, quería preguntar si
las partidas correspondientes a transferencias corrientes a comunidades
autónomas del plan de seguridad minera se transferirán en base a estas
transferencias corrientes que están establecidas en los presupuestos.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra
el señor Escuredo.




El señor ESCUREDO FRANCO: Muchas gracias al señor Director General por su
comparecencia en esta Comisión y por los informes que nos ha facilitado.

Antes de continuar con mi intervención, quisiera decirle al señor García
Fonseca que Asturias también es muy guapa, casi tan guapa como León.

(Risas.)
Continuando con mi intervención, tengo que decir, señor Director General,
que no nos da usted satisfacción con su exposición sobre los problemas
del sector de la minería de León. Le pediría que, si puede, se quedara al
debate de las proposiciones no de ley que a continuación se van a debatir
tanto por parte del Grupo Parlamentario Socialista como por el Grupo
Popular y que naciera, si es posible, una preocupación, que sin duda
también tiene el partido de Izquierda Unida, solicitante de la
comparecencia. En todo caso, está claro que los tres partidos, también
Convergència i Unió, están de acuerdo en que algo marcha mal en el sector
minero. El Gobierno debe adoptar medidas que hasta ahora no ha podido o
no ha querido tomar y ponerlas en marcha.

A los datos incompletos que nos ha facilitado el señor Director General,
quisiera añadir alguno más. En primer término, quisiera destacar la mala
situación del sector de la minería en Castilla-León, concretamente en
León. Según las últimas auditorías, hay más de 40 empresas con un
patrimonio negativo, es decir que gran parte de ellas están en una
situación de quiebra en las cuencas del Bierzo y de Villablino y tienen
serias dificultades de supervivencia, yo diría que casi nulas
posibilidades de supervivencia.

En estos últimos años se han perdido, y hablo nada más de la cuenca
Bierzo-Villablino, del orden de 1.590 puestos de trabajo, a pesar de los
esfuerzos tan considerables que se han efectuado, tanto por parte de las
administraciones como por parte de los empresarios. Sin embargo, no se ha
conseguido colocar a un solo minero en algún puesto de trabajo
alternativo. Que nosotros sepamos, en la zona del Bierzo y Villablino no
hay ni un solo puesto de trabajo alternativo. Entendemos que si hay que
hacer la reconversión, que ustedes han dado en llamar reordenación --para
nosotros más que otra cosa es una reconversión--, que primero se creen
los puestos alternativos y luego, si hay que cerrar, se cierra, pero en
ningún caso cerrar y luego no crear puestos alternativos.

Dada la elevada tasa de paro en la zona del Bierzo y Villablino, con gran
incidencia entre los jóvenes y con las consecuencias sociales que ello
conlleva, es imprescindible la creación del empleo alternativo al que
antes aludía. Por otra parte, existen una serie de empresas mineras en
una situación económica tan precaria que pueden cerrar, al margen de que
haya o no una nueva reordenación. Hay que evitar el cierre de estas
empresas, ya que mientras el coste de tonelada de carbón esté por debajo
de las 18.000



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toneladas, aunque esto pueda ser... Ya veo el gesto que hace, señor
Director General, pero luego le diré, porque no sabemos si quizá sea más
rentable para el Estado mantener estos puestos de trabajo. Tal afirmación
es fácilmente demostrable, toda vez que hay que considerar el coste del
carbón producido por este minero y al que es preciso sumar lo que le
costaría al Estado el paro de este trabajador y el de los dos
trabajadores que también perderían su empleo de forma indirecta o
inducida. Por último, hay que considerar los tributos que el Estado
dejaría de percibir por parte de las empresas que cerraran como de los
trabajadores desempleados, así como la pérdida de divisas que también se
registraría en una balanza de pagos como la española tan deteriorada.

Es decir, sabemos que son muy claros los costes, pero también sabemos que
no sólo el trabajador va al paro y hay que pagarle, sino que, como norma,
por puesto de trabajo directo hay dos inducidos que van también al paro.

Y, lógicamente, esa empresa tampoco aportaría nada a las arcas del
Estado.

En cuanto al mantenimiento de los super «stock» de carbón que tienen las
centrales térmicas en este momento, con el costo que supone para la
Administración, esta carga es inimaginable. Pero si las producciones y
los consumos de carbón se mantienen en el año 1994, este super «stock»
seguirá incrementándose y los costos de financiación aumentando. Para
nosotros la solución estaría en que las centrales térmicas, en este caso
de Compostilla y Anllares, aumentaran las horas de producción del orden
de 6.500 horas anuales, con lo cual el consumo de carbón sería bastante
mayor.

Por todo lo dicho, permítame, señor Director General, que le formule las
siguientes preguntas. Sus respuestas pudieran servir para alargar el
debate, ya que luego debatiremos unas proposiciones no de ley, a las que
antes aludía. Las preguntas son las siguientes. Aunque en principio
pensábamos preguntarle sobre la Minerosiderúrgica de Ponferrada, creo que
ya ha dado una serie de informes que de alguna forma pueden darnos
satisfacción.

En cuanto a la zona de Fabero-Sil, se están cumpliendo los acuerdos que
se han firmado. ¿Está dispuesta la Administración a incrementar el número
de horas de funcionamiento de las centrales térmicas de
Compostilla-Anllares para aumentar el consumo de carbón? También quería
preguntar qué control ejerce la Administración central sobre las empresas
de la provincia para impedir a los empresarios que comercialicen el
carbón de importación. Esto lo han preguntado también en reiteradas
ocasiones las centrales sindicales.

¿Tiene previsto la Administración central la implantación de un nuevo
sistema que permita un incremento de precio del carbón acorde con la
cuantía de lo que suba el IPC?
¿En qué parámetros económicos tiene pensado moverse el Gobierno, a la
hora de negociar con Unesa y Carbunión el precio del carbón que permita
establecer las bases que se han de contemplar en el nuevo plan de ayudas
al carbón?
Termino enseguida, señor Director. En cualquier caso, sé que es difícil
que usted pueda dar contestación a todas las preguntas. Le agradecería,
si puede, que lo hiciese así; si no, incidiríamos una vez más y las
haríamos por escrito. De todas formas, termino de inmediato.

En la cuenca minera de Gordón su actividad gira en torno a la empresa
Hulleras Vasco-leonesas. En la actualidad se está desarrollando un
proyecto que contempla una inversión de 38.000 millones de pesetas.

¿Cuenta este proyecto con el respaldo de la Unión Europea? ¿Cuál es la
cuota de participación de la Administración central? ¿Qué seguimiento se
está haciendo a estas aportaciones?
A pesar del deterioro económico en que nos encontramos, ¿sigue
manteniendo la Administración central las ayudas económicas comprometidas
con dicho proyecto?
En cuanto a la cuenca Sabero-Cistierna, hay poco que hablar. Aunque
cabría mucho que decir, puesto que allí prácticamente no hay nada. Como
usted bien sabe, señor Director General, se han destruido más de mil
puestos de trabajo directos. Es una zona que está totalmente arruinada en
lo que se refiere a puestos de trabajo, pero sí se han reconvertido
algunos trabajadores. Según los últimos datos que tenemos, creo que han
sido siete.

Sobre la subcuenca del Bierzo Alto, que comprende la zona de Bembibre,
Toro de Tremor e Igüeña, yo sé que a algunas de SS. SS. no les dice nada,
pero sé que usted es conocedor del tema. Quería preguntarle qué
posibilidad existe de fusión de las empresas en esta subcuenca, a pesar
de las dificultades geológicas de yacimientos y del gran número de
explotaciones que hay en esa zona: más de treinta.

¿Qué actuaciones se propugnan desde la Administración central para
mantener el nivel de empleo actual?
¿Está dentro de los planes de la Administración central propugnar al
menos acuerdos que permitan centralizar algunas actividades, como
lavadero, transporte, etcétera, dentro de la subcuenca?
Y ya para terminar, señor Director General, ¿qué medidas va a adoptar
para solucionar el problema de la disindustrialización? ¿Qué partidas
presupuestarias dispone para la reindustrialización en las zonas mineras?
¿Por qué, de acuerdo con el PEN --como usted sabe, Plan Energético
Nacional--, no se construye una central térmica de 350 megawatios en la
zona del Bierzo?
Y, por último --ya le aseguro que termino--, ¿por qué no participa la
Junta de Castilla y León en la comisión de seguimiento para tratar del
futuro de la minería acogida al nuevo sistema de carbón térmico? Dos más
dos más dos en la participación: Carbunión, Unesa y la Administración
central (Varios señores diputados: ¡Muy bien!)
Si Castilla y León ocupa más de 10.000 trabajadores y produce más de
siete millones de toneladas vendibles al año, entendemos que debería
estar ahí.

Tan sólo me queda insistir en que si no puede darme contestación a todas
las preguntas nos las envíe, por favor, a nuestro Grupo parlamentario. De
no ser así, las haríamos por escrito.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo parlamentario Socialista, tiene la
palabra don Conrado Alonso Buitrón.




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El señor ALONSO BUITRON: También doy la bienvenida de cortesía que se
suele dar por todos los Grupos parlamentarios al Director General de
Minas.

Le felicito por dos razones. En primer lugar porque, en mi opinión, ha
facilitado una información a esta Comisión importante e incluso ha sido
valiente al plantear la posibilidad de abrir un debate sobre la
continuidad o no de las ayudas al carbón. Creo que esa valentía y ese
debate son necesarios.

Yo desde aquí emplazo a quien sea para que propicie ese encuentro y ese
debate que creo que es sumamente necesario. No sé si es a través de una
petición de comparecencia del Director General. El propio Presidente de
la Comisión puede recoger en este momento la propuesta: el trámite, el
que sea. Sea bienvenido ese debate, porque creo que el caso lo requiere.

Y si esto es motivo de felicitación a la Dirección General de Minas y muy
concretamente a su Director, hay razones en este último proceso que
también me producen gran satisfacción debido al grave conflicto que se
vivió en la cuenca Fabero-Sil en la provincia de León.

Casi creo que si hoy estamos hablando aquí de minería es precisamente
debido a ese conflicto que a todos los Grupos parlamentarios, como no
podía ser de otra forma, nos sensibilizó y hemos puesto en marcha todo
aquello que teníamos a nuestro alcance para tratar de dar una solución a
ese conflicto.

Pues bien, cuando se inicia el conflicto me produjo gran satisfacción
cuando llegué por primera vez a las dependencias del Ministerio ver que
sobre la mesa ya había un plan previsto para dar solución a ese conflicto
por la Dirección General de Minas.

Cierto es que ese plan no contemplaba el acuerdo final, pero ya preveía
que de los 600 empleos que iban a perderse en esa comarca el 75 por
ciento iba a tener una recolocación. Para mí eso es interesante, porque
no podemos olvidar que en el proceso de reordenación que ha sufrido el
sector de la minería, a pesar de las voluntades que se han sumado a él, a
pesar de los objetivos que había previstos en ese proceso de
reordenación, ha habido fallos, concretamente en la cuenca Fabero-Sil. No
todos los fallos son imputables ni a esta Administración ni siquiera a la
Administración regional, que también tiene todas las competencias en
materia de minería, sino también a las propias empresas que no han
asumido sus responsabilidades y que tampoco han sabido dar una solución a
los problemas, a las acumulaciones de deudas, etcétera.

Creo que la Dirección General de Minas en este caso ha estado a la altura
de las circunstancias y más a la altura de las circunstancias estuvo
cuando, no pudiendo hacer frente a la situación de la recolocación de
todos los trabajadores por falta de medios, emplaza a la Administración
autonómica. Aquí también hay que decir que el comportamiento de la
Administración autonómica ha sido ejemplar y entre las dos
administraciones han dado solución a un problema que para la comarca del
Bierzo es vital.

Ha sido importante que esas soluciones no hayan implicado una movilidad
geográfica de los trabajadores, dado que la comarca del Bierzo está muy
mal comunicada por carretera y los desplazamientos en algunos casos
suponían 60 kilómetros de sus centros de trabajo a los nuevos destinos,
lo que conllevaba peligros por esas carreteras y también la incomodidad
del tiempo de traslado.

Por tanto, es un conflicto que se ha saldado de momento con mantenimiento
del empleo. Para mí lo más importante en este conflicto --y ya era una
voluntad que venía siendo expresada por la Administración-- es que se
despeja de una vez por todas cuál va a ser el futuro de la minería en
esta comarca. Estaba en tela de juicio si la Administración iba a
afrontar la construcción de una planta de desulfuración o no. De esa
planta de desulfuración, indudablemente, iba a depender la continuidad de
la minería de esta comarca.

Creo que ha quedado despejada esa incógnita. Esto produce tranquilidad en
esa comarca y, por tanto, ha resuelto un problema que era muy sentido por
toda la cuenca y por todas las fuerzas que aquí están representadas.

Comparto muchas de las cosas que se han dicho aquí. Por ejemplo, cuando
se habla de que en la comarca del Bierzo un número importante de
explotaciones mineras a cielo abierto son ilegales. No cabe duda de que
eso es así. Con ese trato que siempre es habitual con los parlamentarios
de mi provincia, les digo que recojan esto, porque las competencias en
materia de ordenación minera las tiene la Junta y ella es la que da y
quita los permisos, ella es la responsable de que las explotaciones
mineras sean legales o ilegales. Desde luego, la vigilancia de si las
explotaciones a cielo abierto se desarrollan en cuanto a los planes
presentados también es competencia que deben trasladar mis compañeros,
con ese afecto que siempre nos decimos las cosas, a la Junta de Castilla
y León. Ahí tienen un buen campo para trabajar, para hacer un seguimiento
y hacer que indudablemente se corrija todo esto que de alguna forma es
anómalo.

El debate al que hoy nos emplaza el Director General --desde luego, el
Grupo Socialista de momento interpreta que las ayudas al carbón deben
continuar-- creo que merece la pena que lo celebremos en esta Cámara.

Tan sólo me queda decir que se sirva ese debate y agradecer nuevamente su
presencia en esta Cámara.




El señor PRESIDENTE: Ha empleado el recurso teórico de aludir a la
Presidencia para que impulse ese debate. Es suficientemente conocido que
entre las competencias de la Presidencia no está la de proponer debates,
sino canalizar las iniciativas de los distintos Grupos. Con mucho gusto,
en todo caso, mis iniciativas debo canalizarlas también a través de los
Grupos. Creo que ha quedado patente con esto el interés en celebrar ese
debate y estoy seguro de que a través de los portavoces y de los miembros
de la Mesa de los distintos Grupos vamos a ser capaces de realizarlo.

Tiene la palabra el Director General de Minas para dar respuesta a las
distintas intervenciones.




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El señor DIRECTOR GENERAL DE MINAS Y DE LA CONSTRUCCION (Carbajo Josa):
Muchas gracias, señor Presidente.

Trataré de dar respuesta, en la medida que pueda, con los datos que tengo
en este momento, a algunas de las cuestiones que se han ido planteando.

Por otra parte, también iré en el mismo orden y, por tanto, empiezo con
las cuestiones planteadas por el señor Sánchez i Llibre, del Grupo
Catalán (Convergència i Unió).

Respecto a la posibilidad de establecer convenios estables entre las
administraciones central y autonómica, evidentemente, cabe esa
posibilidad y así se contempla en la conferencia sectorial. (Rumores.)



El señor PRESIDENTE: Perdone un momento, señor Director General. Ruego a
las señoras y señores Diputados que limiten el tono de sus conversaciones
para permitir el buen desarrollo de la sesión. Muchas gracias, señor
Director General.




El señor DIRECTOR GENERAL DE MINAS Y DE LA CONSTRUCCION (Carbajo Josa):
Evidentemente, como digo, cabe la posibilidad de establecer esos
convenios estables entre la Administración central y las administraciones
autonómicas, que yo entiendo que deben venir marcados dentro de la
conferencia sectorial que está teniendo lugar a lo largo de este año
dentro del Ministerio de Industria y Energía. Si a resultas de este
debate se pueden ir liberando algunos fondos dentro de los procesos de
ajuste que haya que ir haciendo para las industrias, no sólo del carbón,
sino de otras industrias que actualmente consumen recursos y que son
industrias con falta de viabilidad futura, esos recursos liberados
podrían aplicarse a planes de competitividad de empresas, pero, en
cualquier caso, canalizados dentro de estos convenios dentro de la
conferencia sectorial.

Sobre la otra pregunta concreta efectuada por el señor Sánchez o Llibre
respecto al plan de seguridad minera, aunque no es exactamente el objeto
de la comparecencia de hoy, no tengo ningún inconveniente en manifestarle
que, efectivamente, existe, dentro de la consignación presupuestaria de
la Dirección General de Minas, una partida cercana a 270 millones de
pesetas, y en función de unos baremos establecidos en colaboración con
las propias comunidades autónomas, de personal de interior y de una serie
de criterios utilizados, hay un reparto que se eleva después al Consejo
de Ministros y que tiene lugar todos los años. Este año 1994 no hay
ninguna dificultad para que las comunidades autónomas puedan contar con
cantidades similares, puesto que el total no se ha variado, los criterios
tampoco y hay cantidades similares a las que se venían percibiendo en
años anteriores dentro de este plan de seguridad minera dedicado a la
formación de técnicos en seguridad, cursillos y demás cuestiones.

En lo referente a las preguntas formuladas por don Angel Escuredo,
representante del Grupo Popular, en realidad me ha hecho un examen de
oposición y lamento no tener aquí todas las contestaciones, pero recojo
la sugerencia de remitirlas al Grupo Popular y trataré de contestar ahora
algunas de las que a mano pueda hacerlo.

Respecto a los datos incompletos, efectivamente, no he querido abusar de
la paciencia de SS. SS. abrumando con una serie de datos que,
evidentemente, traje aquí porque me parecía que había que dar datos más
concretos y singulares que pudiesen ayudar a formar una opinión a SS. SS.

Efectivamente, existen datos en la línea que ha apuntado el señor Angel
Escuredo relativos a la situación de las empresas de León. Yo tengo aquí
una información basada en las auditorías del 92, puesto que todavía no
disponemos de las auditorías del 93. En las auditorías del 92 hay una
serie de empresas en que su coste está por encima del promedio del coste
de las empresas sin contrato-programa en León. Esas empresas se supone
que, puesto que los ingresos por venta no alcanzan el coste y éstas están
por debajo del promedio, se encuentran en una situación más comprometida
que el resto y, por lo tanto, es motivo de honda preocupación para la
propia Administración. Estamos hablando de un total de unas 15 empresas,
que, además, por otra parte, son prácticamente el mismo colectivo de
empresas que no cumplen las condiciones que establece una resolución de
la Secretaría General de la Energía y Recursos Minerales relativa al
reconocimiento de los ingresos por ventas por la vía del precio de
referencia de los suministros de carbón y que se concretan en tener una
determinada estructura patrimonial de relación de recursos propios o
pasivo total, de cumplir la ley de Sociedades Anónimas en cuanto a la
cantidad de patrimonio neto y de estar al día con las instituciones
públicas. Como digo, este colectivo de empresas tampoco pueden cumplir
estos requisitos y, por lo tanto, serán objeto de una reflexión en
profundidad para ver qué salida tienen.

De todas maneras, no es sólo la situación difícil en el
Bierzo-Villablino; es difícil en el tema del carbón y, ante la invitación
del representante del Grupo Popular, voy a dar dos datos más para que SS.

SS. se formen una opinión de la situación del sector.

Sobre una muestra de 57 empresas, yo creo que suficientemente
representativa porque abarca el 80 por ciento de la producción y el 86
por ciento del empleo, 22 de ellas registraron resultados negativos en el
año 1992. La plantilla conjunta de esas 22 empresas asciende a 4.700
trabajadores y la producción a 2.700.000. Esta situación no fue
coyuntural, no se registraron resultados negativos coyunturales porque,
dentro de esas 22, 13 tienen patrimonio nego negativo, lo cual indica que
ya venía dándose esa situación de resultados negativos en años
anteriores. En estas 13, que se hallan, por lo tanto, en quiebra técnica,
con patimonio neto negativo, existen 2.800 trabajadores y suministran
1.600.000 toneladas; es decir, la situación es dramática en esas 13
empresas.

Otro dato que les puede valer para formarse una idea de la situación del
sector es que el valor promedio de la relación de fondos propios al
pasivo total, el índice de solvencia de la compañía se sitúa en el 24 por
ciento, pero por debajo de ese promedio existen 24 empresas con una
plantilla también de 4.650 trabajadores y una



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producción de 2.700; es decir, los colectivos al final son similares.

Esto preoupa porque un índice de solvencia del 24 por ciento es muy bajo
y presupone unos niveles de endeudamiento altos con unas cargas
financieras que gravitan sobre los costes de explotación de la empresa.

Realmente preocupa mucho más cuanto que el promedio es suficientemente
bajo.

Yo creo que con estos dos datos tienen una idea de la situación del
sector, en su conjunto, que es, como digo, complicada.

Centrándonos ahor en las comarcas de Castilla y León el 68 por ciento de
las plantillas se encuentra con algún nivel de riesgo en el sentido de
que algunos de los criterios que se han seguido para hacer la
clasificación de las empresas quedan afectadas un total del 68 por ciento
de las empresas que pertenecen a Bierzo-Villablino; sin embargo, con las
medidas que está adoptando el Gobierno, tanto en la Comarca de Fabero-Sil
como en la Comarca de Laciana, este porcentaje se reduce al 32 por
ciento. Con las medidas ya implementadas reducimos el nivel de riesgo de
las plantillas de un 68 a un 32 por ciento. No sé si estoy dando datos
excesivamente prolijos que puedan aburrir a SS. SS., pero quizá sea
interesante darlos. (El señor García Fonseca: Luego los leemos.)
Había una serie de cuestiones más formuladas por su señoría relativas a
una valoración, yo entiendo que del Grupo Popular, por la que entiende
que deben mantenerse empresas siempre que sus costes estén por debajo de
18.000 pesetas tonelada. Yo creo que esa cuantificación está basada en
los argumentos que expone respecto a la pérdida de empleo directo e
indirecto, a la pérdida de divisas y a la pérdida de aportación a las
arcas del Estado. Creo que ésos han sido los argumentos expuestos.

Evidentemente, esos argumentos tienen su peso. No sé si con la misma
valoración los haría yo en el sentido de que, evidentemente, se pierde
empleo directo y coyunturalmente se pierde un empleo directo, pero digo
que coyuntutalmente porque estos empleos indirectos enseguida cambian de
actividad y pasan a otros sectores. En el empleo directo que se pierde,
la conclusión del debate al que deberíamos llegar es: ¿deben aplicarse
recursos a mantener industrias cuyos costes están tres veces por encima
del carbón de importación y, por lo tanto, suponen ayudas del doble del
precio del carbón de importación o deben empezar a aplicar una política
de ir disminuyendo esos recursos y aplicándolos a una reindustrialización
y una regeneración del tejido económico de las comarcas donde las
industrias que nazcan no precisen de ese tipo de ayudas en el futuro? Yo
creo que ése es el objetivo final.

Respecto a la pérdida de aportación a las arcas del Estado, las empresas
con estos costes se encuentran normalmente en el colectivo de las que con
dificultad afrontan sus obligaciones con la Seguridad Social y Hacienda,
de manera que teóricamente se producen pérdidas para las arcas del Estado
que en la práctica no son tales porque no lo vienen aportando.

Hay un tema que sí preocupa, y es la solicitud de que las horas de
funcionamiento de Compostilla y Anllares pudieran subir más allá de las
6.500 horas. El funcionamiento de las centrales térmicas viene fijado por
la Ley de explotación unificada del sistema eléctrico, que indica que
debe hacerse por costes variables, y las instrucciones que el despacho de
Red Eléctrica tiene circuladas a través de la Delegación del Gobierno en
la explotación del sistema eléctrico indican que la prelación del
funcionamiento de las centrales tiene que venir minimizando sus costes.

Así, se han hecho, primero, unas inspecciones a todas las centrales
térmicas para determinar sus rendimientos y, en función de ese
rendimiento, por el precio de la termia del carbón suministrado, resulta
el precio del kilovatio/ hora y, por orden creciente de coste, va
asignándose, en primer lugar, una mayor utilización a las que tienen
menor coste. De todas maneras, dentro de las centrales de carbón, y
cumpliendo además con las restricciones de política energética que
figuran en el PEN, referentes a que el carbón nacional tenga más horas
que el fuel, a pesar de que la termia de fuel-oil esté a 1,50, o que el
carbón importado, sólo por razones técnicas, en el sentido de saturación
de líneas y de no poder bajar energía desde el norte hasta Andalucía, o
por condiciones de mantenimiento de tensión, sólo por esas razones, se
mantiene alta la generación con carbón importado de las centrales del
sur, porque, como digo, las centrales están al máximo de su capacidad de
funcionamiento. (El señor Vicepresidente, Dávila Sánchez, ocupa la
Presidencia.) Evidentemente, podrían funcionar más con 6.500 horas, pero
se incurriría en un coste que no contempla la explotación unificada y la
prelación de funcionamiento por minimización de costes.

Respecto a las inspecciones sobre la importación de carbón, existe una
obligación de las compañías eléctricas, reflejada en las resoluciones que
desarrollan el reconocimiento de los costes de adquisición del carbón, y
vienen efectuando esas inspecciones, que a su vez son contrastadas, y se
realizan inspecciones independientes de ellas por parte de la oficina de
compensaciones de la energía eléctrica. En algunos casos, se han
detectado determinadas mezclas fraudulentas o, por lo menos, que el
carbón suministrado no era originario de las explotaciones que facturaban
el carbón, y entonces se han impuesto las sanciones que figuran en los
contratos de venta entre empresas eléctricas y empresas mineras. Ese es
un requisito que, además, establece la propia resolución, es decir, para
que un contrato sea visado por la Administración y dé derecho al
reconocimiento total del precio, debe figurar dentro del contrato una
cláusula relativa a las penalizaciones por inspección. Seguimos
efectuando esas inspecciones directamente, a través de la oficina de
compensaciones de la energía eléctrica, y, por otra parte, las compañías
eléctricas o centrales térmicas tienen equipos de carbón que giran
visitas periódicas a las explotaciones de carbón. De todas maneras, como
SS. SS. saben, es dificilísimo poder controlar camión a camión las
importaciones. Nosotros creemos que nuestra actuación está siendo llevada
de una manera escrupulosa, pero eso no quiere decir que la eficiencia de
nuestra actuación alcance un cien por cien del objetivo.




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En cuanto a la política que se piensa seguir por la Administración
respecto a la revisión de los precios, vuelvo a poner sobre el tapete la
necesidad, establecida por la decisión comunitaria 3632/93 CECA, de
ayudas a los Estados miembros de la industria carbonera, de reducir las
ayudas por vía de la reducción de los costes. Como las ayudas son una
parte del precio, y es la única manera que creemos admisible por Bruselas
(es decir, cada día tendremos que tener alguna reunión con los
funcionarios de la comisión de las Comunidades en el sentido de que no se
admita, porque nos parece que va a ser menos gravoso y menos lesivo para
los intereses de la minería nacional, en vez de exigir reducciones de
costes que puedan hacer perder el incentivo empresarial), nos parece más
lógico que los ingresos por ventas de las compañías vayan disminuyendo un
1 por ciento en pesetas constantes, lo cual va a permitirnos,
posiblemente, que Bruselas nos acepte la presentación de unos planes de
reducción de las ayudas, siempre y cuando ello no nos obligase a ir a la
literalidad de la decisión, que dice que la ayuda es la diferencia entre
el coste y el precio internacional. Yo creo que restaría incentivo
empresarial a empresas que tienen en estos momentos en desarrollo
proyectos de una inversión importante --de 38.000 millones, como han
puesto SS. SS. sobre la mesa-- si ven que sólo van a recibir la
diferencia entre el coste y el precio. Creemos que, si nos viéramos
obligados a hacer esa presentación, restaríamos futuro a la minería de
carbón en España, y creemos que existe flexibilidad, dentro de las
empresas, para mejorar su productividad, a pesar de una disminución de un
1 por ciento en pesetas constantes, compatible con el mantenimiento de la
actividad minera y con nuestra obligación, por requisito comunitario, de
presentar unos planes a Bruselas con disminución de las ayudas.

Respecto a la Hullera Vasco-Leonesa, que, efectivamente, tiene un
proyecto de inversión importantísimo en la nueva mina --yo creo que
singular, en el sentido de que no se produce en toda la Europa
comunitaria un proyecto de similar envergadura--, tengo que decir que
gozó de una financiación de la Comunidad Europea mediante un crédito
blando y que está teniendo ayudas de la Administración española por dos
vías: por un lado, por la propia Dirección General de Minas, donde
disfrutaron de ayudas a la inversión por un montante muy elevado en el
año 1993 --y espero que siga siendo así en 1994--, y, por otro lado,
porque han presentado un expediente ante la Dirección General de
Incentivos Económicos Regionales que espero sea aprobado para que puedan
disfrutar del porcentaje convenido con ellos. Por tanto, nosotros
seguiremos manteniendo las ayudas a dicho plan; ésa es la contestación a
la pregunta.

En cuanto al tema de las actuaciones en Igüeña y El Bierzo Alto, la
posibilidad de fusiones o concentraiones sería deseable. Tampoco he
querido ponerlo sobre la mesa, porque entiendo que es suficientemente
conocido por SS. SS., pero la estructura sectorial del carbón está muy
atomizada, prácticamente hay una concentración en las grandes empresas,
pero luego hay un montón de empresas donde se concentra poco empleo y
poco suministro. Sería deseable, por tanto, ir a una concentración, pero
no es fácil. Es una idea que he perseguido y he discutido con los
empresarios, y es difícil, porque técnicamente no está justificada y
porque empresarialmente responden a intereses distintos. Lo que a lo
mejor sería más sencillo, si hubiese una corresponsabilidad por parte de
los empresarios, sería ir a instalaciones centralizadas donde se pudieran
disminuir las inversiones mediante lavaderos centralizados, o lo que
fuera. Nosotros veríamos con buenos ojos cualquier política tendente a
minimizar inversiones y a racionalizar un poco los esfuerzos de la
Administración central, siempre que hubiese corresponsabilidad
empresarial.

Se ha mencionado también la posibilidad de una central térmica de 350
megavatios en El Bierzo, contemplada en el Plan Energético Nacional,
pero, como SS. SS. entienden, las necesidades de equipamiento eléctrico,
para no incurrir en errores del pasado, deben hacerse al compás de los
crecimientos de la demanda. Naturalmente, con dos años de estancamiento
de la demanda eléctrica, las necesidades de inversión se han visto
demoradas en el tiempo, a lo que habría que añadir que nos encontramos en
un contexto de liberalización del mercado interior de la energía. Por
tanto, es posible que, a lo largo de la vigencia del Plan Energético
Nacional, se haya producido esa liberalización, con lo cual habrá que
añadir otro requisito más para dar vía libre a esta central, y es la
posibilidad de competir, es decir, que el kilovatio/hora que produzca
esta central pueda competir en el mercado interior. Habrá que ver si ello
es posible, pero ése es un tema que resulta prematuro tratar en estos
momentos porque ni siquiera sabemos en qué fecha va a estar ese mercado
interior, no sabemos cómo quedará el sector del carbón a esa fecha y no
sabemos tampoco a qué precio se debe competir en Europa.

Por último, en cuanto al tema de la participación de la Junta de Castilla
y León en la Comisión de Seguimiento, he de decir que nosotros estamos
ahí como invitados de piedra, ya que únicamente nos corresponde un papel
de arbitraje al ser un acuerdo privado entre el sector del carbón y el
sector eléctrico, que son los que reclaman la presencia de la
Administración como árbitro de la negociación, pero nos parece que
corresponde a las propias partes contratantes la decisión sobre quién
debe formar parte o no de esa mesa de seguimiento. Digo esto porque, en
otras ocasiones, también los agentes sociales han reclamado su presencia
en la misma, valorando las partes en su momento que deberían mantenerse
en unos ámbitos de negociación del propio sector.

Lamento no poder recoger la sugerencia de asistir al debate de la
proposición no de ley, cosa que me gustaría hacer porque entiendo que
hablar de temas de carbón con SS. SS. es una labor agradable y
fructífera, pero, lamentablemente, tengo ya concertada toda una mañana de
visitas y actuaciones y me va a ser imposible hacerlo.




El señor VICEPRESIDENTE (Dávila Sánchez): Muchas gracias, señor Carbajo.

Quiero expresar, en nombre de la Comisión, nuestro



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agradecimiento al Director General de Minas por las informaciones que nos
ha suministrado, y damos por terminada su comparecencia para pasar al
siguiente punto del orden del día.




PROPOSICIONES NO DE LEY:



--POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO PARA QUE, CON LA MAYOR URGENCIA,
PROMUEVA UNA MESA DE CONCERTACION EN LA QUE PARTICIPEN LA ADMINISTRACION
CENTRAL, LA JUNTA DE CASTILLA Y LEON, LOS SINDICATOS MINEROS Y LOS
EMPRESARIOS DE ESTE SECTOR, A FIN DE LLEGAR A SOLUCIONES SOBRE LA
PROBLEMATICA QUE TIENE ESTA COMARCA Y EL SECTOR CARBONIFERO. PRESENTADA
POR EL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO. (Número de expediente 161/000081.)



El señor VICEPRESIDENTE (Dávila Sánchez): Señorías, con el recordatorio
de que llevamos 45 minutos de retraso sobre el horario previsto en el
orden del día, que sirve sólo como estímulo a la concesión de nuestros
trabajos, pasamos al punto número 2 del orden del día.

Proposición no de ley por la que se insta al Gobierno para que, con la
mayor urgencia, promueva una mesa de concertación en la que participen la
Administración central, la Junta de Castilla y León, los sindicatos
mineros y los empresarios de este sector, a fin de llegar a soluciones
sobre la problemática que tiene esta comarca y el sector carbonífero,
presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.

Tiene la palabra el señor Alonso para que, en nombre del Grupo
Parlamentario Socialista, defienda la proposición no de ley.




El señor ALONSO BUITRON: Señor Presidente, para facilitar ese tiempo en
el que, en este momento, los trabajos de esta comisión se ven retrasados,
anuncio la retirada de la proposición no de ley que en su día
presentamos, debido a que la misma se ha visto ya prácticamente
desbordada por los acontecimientos. Planteábamos en ella que se
constituyera una mesa para negociar la problemática del conflicto de la
zona de la cuenca Fabero-Sil; se ha constituido esa comisión, se ha
mantenido el empleo dentro de lo posible, tal y como planteábamos, los
cupos de carbón también, la aplicación de las medidas sociales están en
marcha y la construcción de la planta de desulfuración en este momento es
un compromiso también adquirido. Por tanto, queda solamente de esta
proposición no de ley un punto que se puede decir vivo, y es la
constitución de un órgano que impulse la diversificación de las comarcas
mineras.

En ese sentido, puesto que habíamos presentado una enmienda a la
proposición no de ley que se va a ver a continuación del Grupo
Parlamentario Popular, retiraríamos esa enmienda y ofreceríamos una
transaccional en la que se incluye ya este punto. Parece ser que la
aceptación del Grupo Popular en este caso está garantizada.




--SOBRE ELABORACION DE UN PLAN DE ACTUACION PARA LA MINERIA DEL CARBON EN
LA PROVINCIA DE LEON. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL
CONGRESO. (Número de expediente 161/000106).




El señor VICEPRESIDENTE (Dávila Sánchez): En consecuencia, pasamos al
tercer punto del orden del día: proposición no de ley, presentada por el
Gruo Parlamentario Popular, sobre elaboración de un plan de actuación
para la minería del carbón en la provincia de León.

A esta proposición no de ley había sido presentada una enmienda del Grupo
Parlamentario Socialista, que, según lo anunciado por el señor Alonso, va
a ser sustituida por una transaccional que tendrá ocasión de argumentar
posteriormente.

Para la defensa de la proposición no de ley, tiene la palabra el señor
Escuredo.




El señor ESCUREDO FRANCO: En primer lugar, quería agradecer la retirada
de la proposición no de ley del grupo Socialista.

En cuanto a la proposición no de ley presentada por el Grupo Popular,
debemos decir que las medidas adoptadas por el Gobierno durante los
últimos años para hacer frente a los gravísimos problemas que presenta la
minería del carbón en la provincia de León han sido insuficientes y no
han producido los resultados apetecidos, tanto en los objetivos de
mantener la producción y el empleo como en el objetivo de posibilitar las
industrias alternativas que amortigüen la pérdida importante de los
puestos de trabajo en el sector minero. Ya hemos comentado algo de esto
en la anterior intervención con el señor Director General.

La crisis y la insuficiencia de las medidas adoptadas aconsejan una
actuación decidida que tenga presente las causas estructurales de la
crisis, así como las razones de orden económico, social y estratégico que
abogan por la adopción de medidas excepcionales para el sector de la
minería privada del carbón más importante de la nación. Como consecuencia
de todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta, para su debate y
votación en la Cámara, la siguiente proposición no de ley:
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno para que, en el plazo de
tres meses, con la participación de la Junta de Castilla y León, los
sindicatos, organizaciones empresariales y representantes de la minería
del carbón de la provincia de León, elabore y envíe al Congreso de los
Diputados un plan de actuación para dicho sector que tenga previstos los
siguientes objetivos: primero, el mantenimiento de los actuales niveles
de producción y empleo, con utilización a tal fin de las medidas
relativas a los contingentes de importación del carbón, adoptando el Plan
Energético Nacional que resulte aconsejable. Segundo, los apoyos fiscales
y financieros en la instalación de la



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industria alternativa en las zonas en las que, durante los últimos cinco
años, se hayan producido pérdidas netas de empleo de la actividad minera.

El año 1994 debe ser un año importante para la minería del carbón. Se ha
cerrado un período de reordenación del sector (1990-1993) y la
publicación de una nueva decisión comunitaria sobre la minería del carbón
el 28 de diciembre de 1993 abre una nueva etapa.

En el cuatrienio citado, a pesar de la reducción de las plantillas del
sector de la minería del carbón español en 13.200 trabajadores, lo que
representa una reducción del 29,1 por ciento de las plantillas respecto
al año 1989, la producción ha pasado de 17,8 millones de toneladas en
1989 a 18,2 millones, lo que representa un importante aumento de la
productividad que ha permitido reducir el coste de la explotación y las
ayudas del Estado. En este período, la correspondiente reducción a la
minería de León ha sido de 2.382 puestos de trabajo. Antes aludíamos a
que solamente en el Bierzo eran del orden de 1.568. Si importante ha sido
el esfuerzo de restauración en la minería del contrato-programa, no lo ha
sido menos en la minería sin contrato-programa, la fundamental en la
comunidad de Castilla y León, con un incremento de la productividad del
17 por ciento. A pesar de que en el mismo plazo de tiempo se ha dado una
importancia a la creación de puestos de trabajo alternativos, en las
cuencas en declive sólo se han creado 1.200 puestos de trabajo. Quiero
insistir en que la provincia de León, con los datos que tenemos,
solamente se han creado siete en la zona Sabero-Cistierna. Esta situación
es especialmente grave en la provincia de León, reconocido además por
todas las administraciones, máxime cuando la pérdida de puestos de
trabajo se une a una tasa de paro muy importante en la zona, que afecta
singularmente a los trabajadores más jóvenes.

Ante esta problemática y por el fracaso real de las políticas de
reindustrialización desarrolladas hasta el momento, es necesario diseñar
una nueva estrategia en este sentido, para cuyo éxito es necesario que no
se escatimen incentivos de todo tipo, desde los fiscales hasta los
financieros. En este sentido va el número 2 de nuestra proposición no de
ley.

Hasta muy recientemente se ha dado la paradoja de que mientras que se
señalaba la conveniencia de establecer contratos a largo plazo,
exigiéndose a las empresas la presentación de planes estratégicos que
garanticen el suministro, en concreto el carbón térmico para la
generación de electricidad, lo que en la práctica implica compromisos de
investigación y de inversión a largo plazo, la Administración no podía
extender el visado de contratos de venta de carbón térmico a fecha
posterior a diciembre de 1993 por estar pendientes de la decisión de
Bruselas.

Actualmente todos los suministros se están realizando en precario, como
prórroga de los contratos que finalizaron el 31 de diciembre, con unas
entregas en las que tanto la cantidad como el precio es a cuenta de
futuros acuerdos. Habiéndose publicado ya la decisión, se está en
condiciones de negociar los contratos en un marco de mayor estabilidad,
adaptándose a los objetivos establecidos por la Comisión y diseñando los
planes apropiados para garantizar la viabilidad futura de las
instalaciones y el mantenimiento de la producción y de los puestos de
trabajo, en tanto que esto sea posible.

La nueva decisión viene a ser una continuación de la política
establecida, poniendo mayor énfasis en la transparencia de las ayudas y
en que éstas sean decrecientes en el tiempo, con una orientación clara
hacia la mejora de la competitividad del sector minero en general y de
todas y cada una de las empresas y explotaciones en particular. Sin
embargo, es difícil establecer unas medidas comunes para toda Europa, ya
que las situaciones nacionales son muy diferentes. La Comisión ha
reconocido que la singularidad de la estructura empresarial de nuestra
minería, con gran cantidad de empresas de pequeño tamaño y el momento
tardío en que se inició la primera reconversión del sector, requiere por
ambas características la adopción de un plan que se adapte a nuestros
objetivos y necesidades.

La Comisión y la Administración española han manifestado repetidamente
que la implantación de la decisión se debe efectuar de forma progresiva y
con gran flexibilidad.

Las empresas mineras se han ofrecido a negociar con la Administración un
plan a largo plazo para presentarlo en Bruselas. Un ejemplo preliminar
del tipo de acuerdo al que se debería llegar para presentar una postura
conjunta a Bruselas es el documento denominado «Bases del acuerdo sobre
la cuenca Fabero-Sil», firmado por el Gobierno de la nación, la Junta de
Castilla y León, empresarios y sindicatos mineros en diciembre del pasado
año.

La situación es especialmente grave en las cuencas de León y en la zona
del Bierzo, la zona con mayores problemas pendientes, según se ha
reconocido desde todas las instancias. Hay un reducido número de empresas
con posibilidades de futuro, si se emplean estrictamente los criterios de
calidad, coste y reservas. La viabilidad depende, en gran medida, de que
pueda incrementarse la cuenta de los suministros, que está actualmente en
torno a las 350 toneladas por hombre y año. Por ello, sería importante
que las cantidades que no se suministran como consecuencia de cierres o
disminuciones de actividad fueran reasignadas a aquellas empresas que
tengan capacidad de realizarlo a un precio más bajo y con garantía de
suministro. Esto contribuiría a la viabilidad de estas explotaciones y al
mantenimiento e incluso incremento de los puestos de trabajo.

Si para llevar a cabo esta idea fuera necesaria la revisión del PEN y la
distribución prevista de suministros del carbón nacional y de
importación, dicha revisión del Plan Energético Nacional 1991-2000
debería abordarse sin demora.

Dada la complejidad del tema, es necesario que en el diseño de estos
planes y estrategias participen todos los agentes sociales implicados,
así como las administraciones públicas con competencias en la materia y
que puedan aportar soluciones para resolver los problemas planteados y
conseguir, en palabras de don Luis Atienza, Secretario General de la
Energía y Recursos Minerales,



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un equilibrio entre nuestros objetivos sociales y regionales y los
intereses que gravan nuestras empresas, lo que supone menor
competitividad, a fin de no perder el sector industrial al que
pretendemos mantener en el sector del carbón.

Señorías, el Partido Popular no tiene ningún tipo de empacho en reconocer
los argumentos de la autoridad del señor Atienza, pero también nos
gustaría que sus palabras se convirtieran en realidades. A este respecto,
se ha recordado últimamente desde el Ministerio que el sobrecoste por la
utilización del carbón nacional, en lugar de proceder a las
correspondientes importaciones, alcanza los 190.000 millones de pesetas,
que se pagan entre todos los españoles, pero que se cargan especialmente
en el recibo de la energía eléctrica, con una influencia directa en las
tarifas y en la competitividad de nuestras empresas, sobre todo en las
del sector industrial, más intensivo en el uso de la energía.

De todo lo dicho, señor Presidente, se desprende que si el Gobierno no
adopta en un plazo de tiempo relativamente corto determinadas medidas en
el sector de la minería, el futuro del carbón, y valga el tópico, será
muy negro, yo diría que negrísimo.

Nada más, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, el señor Alonso tiene la
palabra.




El señor ALONSO BUITRON: Cuando el Grupo Socialista presentó la
proposición no de ley que acabo de retirar, muy amistosamente el
parlamentario que en aquel momento hacía una pregunta, el pasado 14 de
diciembre, al Secretario General de la Energía, etiquetó aquella
proposición no de ley de oportunista. La verdad es que ésta no la puedo
etiquetar así porque es una proposición no de ley que ya se retrasó al
conflicto que en aquel entonces vivió la minería en la provincia de León.

No sé si decirle que es una proposición voluntarista, de buena fe creo
que sí, o quizás un poco pícara. Yo más bien creo que debe ser así.

Digo esto, señorías, porque el problema de fondo que hoy se plantea en
esta proposición no de ley es un problema que no tiene solución. No tiene
solución, ¿por qué? Porque nos piden, piden a la Administración central
que elabore un plan para enviarlo a esta Cámara en el plazo de tres meses
y que dicho plan se elabore con la participación de la Comunidad Autónoma
de Castilla y León.

Pues, señorías, la Comunidad Autónoma de Castilla y León no quiere ningún
plan. Y digo que no quiere ningún plan la Comunidad Autónoma de Castilla
y León porque precisamente el día 12 de febrero de 1992 los sindicatos
representativos en el sector manteían una reunión con el Consejero de
Economía de la Junta de Castilla y León, señor Bécker, y en esta reunión
el objetivo prioritario de los sindicatos era que la Administración
autonómica, puesto que tiene las competencias, elaborara un plan de
actuación para las comarcas mineras y un plan de actuación para la
minería del carbón.

La contestación del señor Becker fue la siguiente (esto lo publicaron los
medios de comunicación): No iba a hacer ningún plan para la minería, y
muy concretamente, para las comarcas mineras afectadas, primero porque el
Partido Popular había ganado las elecciones con un programa en el que no
constaba ese plan y, segundo porque se podía pasar por esa misma
situación y, en ese caso, la Junta no podía afrontar eso. Indudablemente,
los sindicatos siguieron insistiendo y el día 14 de mayo de 1992, en una
reunión con el Presidente de la Junta de Castilla y León, con el
Consejero de Economía y con el Consejero de Presidencia, los argumentos
fueron similares y, desde luego, los sindicatos no consiguieron el
objetivo fijado.

Por consiguiente, señorías, si parece ser que la Junta de Castilla y León
no quiere plan, según han manifestado, difícilmente desde aquí nosotros
podemos mandatar al Gobierno para que elabore un plan de colaboración con
aquellos que no quieren ese plan.

Cuando dicen que hay que ir a unas mayores ayudas fiscales y financieras
destinadas a las empresas mineras que se vayan a instalar en aquellas
zonas, que son objeto de reindustrialización en este momento debido a la
pérdida de empleo derivada de la puesta en marcha del plan de
reordenación minera, yo tengo que decir que desde la Administración
central algo se ha venido haciendo en este sentido. Con las escasas
competencias que se tienen, ha habido una labor de impulso para la
creación de mesas que estimulasen estos procesos de reindustrialización,
tan necesarios en las comarcas mineras. Tan es así, que se han creado
tres mesas. Desde la Administración central se pretendió que se
constituyera una mesa a nivel regional capaz de coordinar todas las
acciones de las distintas mesas y también de que dicha mesa tuviera una
interlocución con las distintas administraciones. La Comunidad Autónoma
de Castilla y León valoró muy positivamente esta iniciativa, pero año y
medio después sigue sin constituirse esta mesa.

En cuanto a las mesas que se constituyeron como, por ejemplo, la mesa de
iniciativas para el desarrollo económico de El Bierzo, ésta es una mesa
que no ha llegado a cumplir ninguna de sus funciones, puesto que cuando
se invitó a que las administraciones participaran en ella, la Junta de
Castilla y León declinó participar, y en ese mismo momento el Partido
Popular abandonó esta mesa, que estaba compuesta por las fuerzas
políticas y sindicales de la comarca.

En cuanto a la que se creó en la cuenca Fabero-Sil, esta mesa ha estado
funcionando hasta hace año y medio --recuerdo que la preside la Junta de
Castilla y León--, ya tiene una serie de compromisos adquiridos, hay unas
estrategias, pero está paralizada porque no se convoca.

Respecto a la mesa de Sabero-Cistierna, sí tengo que decir que, desde mi
punto de vista, esta mesa ofrece esperanza. Yo soy optimista en cuanto a
la misma. Hasta este momento, los proyectos que ya han recibido luz verde
de la mesa han sido veintitrés. Si se consolidaran las inversiones de
estos proyectos estaríamos en una creación de empleo que alcanzaría los
230. Hay un objetivo de creación de 400 empleos por esta mesa, hay un
compromiso de la administración regional de poner 800



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millones, un compromiso del fondo OFICO de 775 millones --digo esto
porque antes el señor García Fonseca solicitaba información de este
tipo--, y un compromiso de la Diputación Provincial de poner 400
millones. En total son 1.975 millones para un objetivo de 900 empleos. No
se puede decir que no haya ayudas. La verdad es que si contamos que el
objetivo es crear 400 empleos y casi hay 2.000 millones, resulta que
estamos dando una subvención de 5 millones por puesto de trabajo creado.

También ha habido ayudas de otro tipo que yo creo que han facilitado una
serie de actuaciones en estas comarcas que están en declive industrial,
como ha sido el Plan Rechar, el cual ha permitido generar suelo
industrial en estas zonas. Y lo más importante es que este plan continúe
en vigor de ahora en adelante y con unos criterios de reparto de los
fondos más favorables a España, puesto que los anteriores parámetros por
los que se repartían los fondos eran más favorables a otros países,
porque también es cierto que la pérdida de empleo en esos países, como
Inglaterra o Alemania, había sido mucho más fuerte que en España.

En cuanto a apoyos también hay una Orden del Ministerio de Industria de
30 de abril de 1993 por la cual las empresas eléctricas ponen unos fondos
derivados de la menor actividad en las zonas mineras. También la Ley de
Incentivos Regionales permite que las empresas que se instalen en estas
comarcas por ser zonas de objetivo 1 se vean beneficiadas de unos mayores
apoyos. También la Ley 21/1993, de 29 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Estado, contempla una serie de ayudas para el fomento de la
actividad industrial, y así sucesivamente una serie de normas por medio
de las cuales las empresas que quieran ir a instalarse a estas zonas
pueden encontrar apoyos económicos.

Yo digo que a lo mejor no existen los apoyos que todos quisiéramos. A lo
mejor es cierto, pero la verdad es que sí hay apoyos. Yo creo que para
regenerar o generar un tejido industrial en las comarcas mineras que
permita que de alguna forma se creen puestos alternativos es necesario
darse cuenta de que hay otros problemas de fondo que creo que son los que
impiden que muchas empresas, cuando van a visitar las zonas, decidan
instalar allí una empresa o decidan arriesgar allí sus fondos. ¿Qué es lo
que ocurre? Que normalmente las comunicaciones por carretera de las
comarcas mineras son deficientes. En este sentido yo emplazo también a
los responsables, como emplazo en mi provincia a la Diputación, a que
tomen medidas para arreglar la carretera que une Ponferrada con Fabero,
carretera de la red de la Comunidad Autónoma que está bastante
deficiente. Para la autovía de Ponferrada a Villablino, promesa reiterada
en los programas electorales del Partido Popular, parece ser que este año
ponen en los presupuestos 100 millones de pesetas, a fin de construir una
autovía que, según dicen los expertos, cuesta más de 30.000 millones de
pesetas. La verdad es que con estos apoyos no creo que seamos capaces de
regenerar los tejidos industriales en estas comarcas mineras.

Hay una serie de problemas que creo se están dando ahora mismo y yo,
aquí, con ese mismo afecto que decía anteriormente, les traslado a mis
compañeros para que los lleven allí donde haya que llevarlos, en el
Gobierno autónomo de Castilla y León que preside el Partido Popular. Hay
proyectos que llevan un año esperando la luz verde de la comunidad
autónoma, por ejemplo, Plantas Aromáticas del Norte, para generar
veinticinco empleos, que ya han pasado por todos los trámites y solamente
queda que la Junta de Castilla y León lo apruebe y que, en función de
esos 800 millones comprometidos, le dé la correspondiente subvención. Hay
una serie de proyectos en esta zona que en este momento empiezan ya a
ponerse en marcha, como es Encofrados Leoneses, que va a generar 60
empleos y parece que tiene visos de empezar ya los trabajos.

Por último, señorías, en ese nuevo marco de ayudas al que hacía
referencia el representante del Partido Popular, que es la Decisión
3632/1993 CECA, de la Comisión Europea, que va a permitir a aquellos
gobiernos miembros de la Unión Europea que lo deseen que sigan dando
ayudas al carbón, dentro un marco que establece y que se refiere a la
viabilidad económica de las empresas, a resolver los problemas sociales y
regionales de las zonas y a la protección del medio ambiente, pues en
este escenario le proponemos al Grupo Popular la enmienda que antes
anunciaba, y que consta ya en poder de la Mesa, que dice lo siguiente:
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno para que en el plazo de
seis meses: 1.º: Elabore un plan de modernización, racionalización y
reestructuración para todas las empresas mineras del carbón en el Estado
español, que recibirán ayudas al funcionamiento, y en particular en las
de las comarcas mineras de León. Dicho plan será puesto en conocimiento
de los gobiernos autónomos afectados y de las centrales sindicales, antes
de su presentación a la Comisión Europea. 2.º: Promover la constitución
de un órgano que agilice las medidas para la diversificación económica de
las comarcas mineras en la Comunidad Autónoma de Castilla y León.»
Sin más, solicito el voto favorable a todos los grupos parlamentarios
para la enmienda que el Grupo Popular admite a trámite.




El señor VICEPRESIDENTE (Dávila Sánchez): Señor Alonso, tiempo habrá para
la votación.

Ahora corresponde intervenir a los restantes grupos, distintos del
proponente y el enmendante, si es que solicitan la palabra. (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, el señor García Fonseca tiene la palabra.




El señor GARCIA FONSECA: Intervendré muy brevemente, para manifestar, ya
de antemano y en primer lugar, que mi Grupo va a votar favorablemente la
propuesta del Grupo Popular o la enmienda transaccional negociada entre
ambos grupos, el del Partido Popular y el del PSOE.

Querría añadir a esto que me felicito por el primer punto. Creo que
efectivamente es una necesidad ordenar



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y racionalizar una situación como la que describíamos en las
comparecencias anteriores, tan atomizada, tan caótica, etcétera, y para
eso hay que hacer una programación, un plan o como se quiera llamarlo. Me
parece que la insistencia en las comarcas de León también es
absolutamente pertinente porque, como decía antes, creo que es una zona
excesivamente problematizada.

En relación al segundo punto, debo decir que supongo que esto es un
género literario susceptible de diversas interpretaciones y espero que se
haga la más positiva, pero espero que cuando se dice que será puesto en
conocimiento, aunque me parece obvio que, antes de enviarlo a Bruselas,
se ponga en conocimiento de los gobiernos autónomos y de los sindicatos,
no será simplemente para pasarles la información sino que, obviamente, se
abrirá con ellos un proceso de negociación y de aportaciones, porque me
parece que no hay absolutamente ningún plan que pudiera ser viable si no
participan todas las administraciones y los agentes sociales. Creo que
eso es de sentido común y, por lo tanto, espero que así suceda en la
práctica.

Por último, en cuanto al segundo punto, a mí me parece importante que
todos los grupos de esta Cámara nos pongamos de acuerdo, porque supone
una concreción en relación a los anteriores, en la constitución de un
órgano que agilice las medidas para la diversificación económica de todas
estas comarcas. En su esquematismo, yo espero que se vaya desarrollando
en el sentido de ir especificando la representación que va a tener este
órgano, es decir, quiénes van a participar en este órgano (mi Grupo, al
hablar del tema minero de León, ya hizo algunas indicaciones al respecto)
y también los medios de que va a disponer.

Por mi parte, sólo me queda reiterar que mi Grupo va a votar
positivamente esta propuesta.




El señor VICEPRESIDENTE (Dávila Sánchez): Seguidamente tiene la palabra
el señor Escuredo, para que manifieste su posición respecto a la
aceptación o no de la enmienda transaccional propuesta por el Grupo
Socialista.




El señor ESCUREDO FRANCO: Señor Presidente, la verdad es que no coincido
plenamente con los argumentos del portavoz del Partido Socialista, que
plantea una serie de cuestiones, por ejemplo, en cuanto a la mesa de
iniciativas para el desarrollo de El Bierzo. Tendo que decir que,
efectivamente, el Partido Popular se retiró porque era un convidado de
piedra; allí no pintábamos nada. Para lo único que nos tenían allí,
ustedes y los sindicatos, era para escucharles, pero a la hora de
presentar nosotros alguna iniciativa nunca se nos tuvo en cuenta. Es más,
había una comisión dentro de la mesa, en la que éramos portavoces, y a
nosotros no se nos dio nunca la oportunidad de manifestarnos. Yo recuerdo
que, como Procurador de las Cortes en aquella ocasión, promoví una
reunión con el Presiente de la Junta de Castilla y León, Juan José Lucas,
e incluso se me prohibió el hecho de que yo fuera a Valladolid con
aquella comisión. Por consiguiente, aquello ni era una guerra nuestra,
era una guerra de ustedes, y lo único que pretendían era, en algún caso,
dar un barniz a la situación dramática de El Bierzo, pero nada más.




El señor VICEPRESIDENTE (Dávila Sánchez): Señor Escuredo, celebro que sea
nada más, porque este momento del trámite es a los efectos de expresar su
aceptación o rechazo de la enmienda.




El señor ESCUREDO FRANCO: Muchas gracias, señor Presidente. Vamos al
grano.

Quiero decir que la Junta de Castilla y León no tiene competencias en
materia de minería, y esto lo prueba la presencia del Director General de
Minas. De no ser así, ¿qué pintaría el señor Director General de Minas
hace un momento aquí? Por eso es lógica la postura del Consejero de
Economía de la Junta de Castilla y León, señor Bécker, a quien no le
dejaron estar en la comisión de seguimiento. La reunión que ha tenido el
presidente Bécker con los sindicatos mereció todos los elogios, y así lo
han manifestado todas las centrales sindicales, incluida su pariente la
UGT, y sin embargo no han aplaudido la actuación del Gobierno. Eso lo
saben ustedes muy bien, cuando han tenido a los mineros durmiendo durante
más de un mes delante del Ministerio de Industria; allí los tuvieron de
vecinos y no se les recibió. Y no quiero ir más atrás, cuando la famosa
marcha minera...




El señor VICEPRESIDENTE (Dávila Sánchez): Señor Escuredo, ya en otro
tono, le recuerdo lo que reglamentariamente está previsto en este
trámite. Tiene S. S. la palabra para expresar en nombre de su Grupo su
posición respecto a la enmienda transaccional, que es muy libre de
aceptarla o no, pero eso es lo que en estos momentos, en nombre de la
Comisión, le estoy requiriendo que haga.




El señor ESCUREDO FRANCO: Concluyo, señor Presidente.

No vamos a hablar de actuaciones pasadas, nos interesan medidas concretas
y la enmienda de sustitución que ustedes presentan puede ser un punto de
partida interesante. Por eso retiramos nuestra proposioción no de ley y
aceptamos la enmienda transaccional, que recoge los objetivos y
preocupaciones que motivaron la presentación de nuestra proposición no de
ley.




El señor VICEPRESIDENTE (Dávila Sánchez): Expresada esa aceptación de la
transaccional, pasamos a la votación de esta proposición no de ley,
modificada mediante este texto aceptado como transaccional con el Grupo
Parlamentario Socialista. (Pausa.)



Efectuada la votación, dijo:



El señor VICEPRESIDENTE (Dávila Sánchez): Por unanimidad, es aceptada la
proposición no de ley, con el texto transaccional expresado.

Señorías, suspendemos momentáneamente la sesión, a



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efectos de recuperar nuestro trabajo en el momento exacto previsto en el
orden del día, que son las doce en punto, para evacuar la comparecencia
del Presidente de la empresa Enresa.




Se suspende la sesión.




Se reanuda la sesión.




COMPARECENCIA DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA EMPRESA NACIONAL DE RESIDUOS
RADIACTIVOS, ENRESA (KINDELAN GOMEZ DE BONILLA) PARA:



--DAR CUENTA DE LA GESTION Y UTILIZACION DE LOS FONDOS DE LA CITADA
EMPRESA, Y EN CONCRETO, PARA INFORMAR SOBRE EN QUE SE ESTAN INVIRTIENDO
LOS FONDOS DE LA FUNDACION ENRESA, DE LOS GASTOS EN INVESTIGACIONES, DE
LOS FONDOS DESTINADOS AL AHORRO ENERGETICO, ASI COMO DE LA CARTERA DE
VALORES DE DICHA EMPRESA. A SOLICITUD DEL GRUPO FEDERAL IZQUIERDA
UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA. (Número de expediente 212/000031.)



--INFORMAR SOBRE LA GESTION DE LOS FONDOS DE LA CITADA EMPRESA, ASI COMO
DEL DINERO DESTINADO A PROMOCION DE ENERGIAS RENOVABLES Y DE LAS ZONAS
ESTUDIADAS PARA EL EMPLAZAMIENTO DEL ALMACEN DEFINITIVO DE RESIDUOS
RADIACTIVOS DE ALTA ACTIVIDAD. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO
FEDERAL IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA. (Número de expediente
212/000428.)



El señor VICEPRESIDENTE (Dávila Sánchez): Señorías, reanudamos la sesión
en los puntos cuarto y quinto del orden del día, comparecencia del
Presidente de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos para responder
a dos solicitudes, ambas presentadas por el Grupo Parlamentario Federal
de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. La primera de ellas es para
dar cuenta de la gestión y utilización de los fondos de la citada Empresa
y, en concreto, para informar sobre en qué se están invirtiendo los
fondos de la Fundación Enresa, de los gastos en investigaciones, de los
fondos destinados al ahorro energético, así como de la cartera de valores
de dicha Empresa. La segunda de ellas es para informar sobre la gestión
de los fondos de la citada Empresa, así como del dinero destinado a
promoción de energías renovables y de las zonas estudiadas para el
emplazamiento del almacén definitivo de residuos radiactivos de alta
actividad.

Hemos preguntado al portavoz del Grupo Parlamentario solicitante y nos ha
expresado la posibilidad, dada la analogía de contenidos de ambas
comparecencias, de ser tramitadas conjuntamente. En consecuencia, damos
la palabra al señor García Fonseca, en nombre del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.




El señor GARCIA FONSECA: Quiero dar la bienvenida a esta Comisión al
señor Presidente de Enresa.

Efectivamente, aunque ya hemos tenido alguna ocasión reciente, en el
transcurso de las comparecencias a puerta cerrada de la Ponencia que se
encarga del seguimiento del Consejo de Seguridad Nuclear de hablar de
algunos de estos temas con el señor Presidente de Enresa, mi Grupo cree
necesario insistir en ello puesto que, por una parte, la información
facilitada entonces no nos satisfizo por diversas razones y, en todo
caso, por el cariz mismo de aquella Comisión, ya que no era una Comisión
para debatir y, por lo tanto, ahondar en las informaciones y en la
valoración que nosotros podíamos hacer de las mismas.

Decir que Enresa es una empresa que existe desde 1984 es simplemente una
introducción retórica, puesto que es conocido de todos que es una empresa
pública, con capital inicial en un 80 por ciento del CIEMAT y en un 20
por ciento del INI, capital al que se le fue incorporando, añadiendo o
ingresando, fundamentalmente al principio al menos, a partir de la
factura eléctrica, unos fondos que indudablemente yo pienso que todos
podemos calificar de muy importantes. Cada año Enresa recauda unos 20.000
millones sólo por la cuota eléctrica, por lo que, simplemente por este
concepto, es una cantidad relativamente notable.

Por otra parte, la cartera de valores de Enresa sobrepasa ya en el año
1991, según mis datos, los 99.000 millones de pesetas y producía unos
ingresos financieros anuales de más de 13.000 millones de pesetas. Se
estima que el dinero líquido de Enresa superará los 300.000 millones de
1991 antes del inicio de las tareas que le tiene encomendadas la Ley que
la constituye.

En cuanto a los objetivos de Enresa --están definidos en la Ley--, lo
primero que quiere señalar mi Grupo es que son notablemente complejos y,
además, están sometidos a unas enormes incertidumbres porque no puede
haber previsiones fiables --todavía, al menos-- desde el momento en que,
por ejemplo, no existe ningún caso en el mundo que se haya desmantelado
ninguna central nuclear de potencia comercial y ningún país dispone
todavía del almacenamiento definitivo de residuos de alta radiactividad.

Por lo tanto, los costes finales que estos objetivos van a suponer a
Enresa son una gran incógnita, al tiempo que este tipo de costes
representan unas tres cuartas partes de los más de 1,4 billones --de
1991-- que prevé gastar Enresa para gestionar todos los residuos.

Quiero también subrayar que las incertidumbres mayores corresponden,
significativa o curiosamente, a las partidas aquellas que van a
representar mayor coste, es decir, el almacenamiento de residuos de alta
actividad y la clausura de las centrales nucleares, cuyo coste se calcula
que suponga cerca del 75 por ciento de los costes totales.




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Estas incertidumbres sobre los temas centrales de las tareas realizadas
por Enresa --lacónicamente, si se quiere-- quedan reflejadas en el propio
Tercer Plan General de Gestión de Residuos Radiactivos cuando se dice que
se han tomado las mejores estimaciones disponibles en otros países u
organismos internacionales, con la extrapolación que ha sido posible al
caso español.

Por lo tanto, la primera conclusión de esta introducción es que Enresa,
obviamente, gestiona --y va a gestionar cada vez más-- cantidades
ingentes de dinero público para unos objetivos que tienen enormes
incertidumbres, difíciles de despejar en cuanto a cuál va a ser su
cuantía final. Yo creo que estos dos datos son suficientes para que
Enresa necesite de la mayor transparencia en su gestión y del mayor
control parlamentario que permita una información pública y un control
social, el más adecuado posible.

Partiendo de este marco, de una importancia extraordinaria --caso único
quizá, pues difícilmente ninguna otra empresa podría equipararse en
cuanto a la importancia de los recursos que tiene que gestionar--, yo
quisiera ahora analizar brevemente lo que hasta el momento está siendo la
orientación del gasto de Enresa, que, según la valoración de mi Grupo, se
puede calificar, como mínimo, de sorprendente.

Sabemos que el Ministerio de Industria aprobó dos órdenes, en los años
1988 y 1989, que regulan las compensaciones económicas de Enresa a pagar
a los ayuntamientos en cuyo término municipal existan instalaciones
nucleares o, al menos, que estén en las cercanías, en los aledaños de
estos ayuntamientos. A partir de 1990 Enresa cada año contabiliza para
esta función alrededor de 2.500 millones de pesetas como gasto de
ejercicio correspondiente a los pagos que realiza a ayuntamientos
afectados. A nosotros nos parecen extrañas estas órdenes ministeriales.

Es un calificativo que, de momento, dejo ahí. Nos resultan extrañas
porque oficialmente --y Enresa es una de las instituciones que más
énfasis hace en esta doctrina oficial-- se dice que los riesgos son
prácticamente inexistentes. Por lo tanto, resulta extraño compensar --y
en cuantías no despreciables-- a ayuntamientos por unos riesgos que
teóricamente se reconoce que no existen. Además, también resulta extraño
porque si realmente uno de los criterios --y en eso posiblemente estemos
de acuerdo todos-- que se debieran tener respecto al uso y los temas
relativos a la energía nuclear que de facto existen --sin entrar en
valoraciones-- es el de generar un clima de confianza y de
transparecencia, no creo que sea la mejor manera de hacer ver a la
opinión pública que las instalaciones nucleares no conllevan riesgos o
riesgos significativos --porque si lleva algún riesgo es algo más que
significativo--, si al mismo tiempo los ayuntamientos donde existen
instalaciones de esta naturaleza están subvencionados.

Este tipo de gastos alcanzan incluso a temas que a nosotros nos parecen
insólitos, claramente curiosos. Por supuesto, en el Plan de Emergencia de
El Cabril se considera que en ningún caso y bajo ninguna circunstancia un
accidente podrá afectar a nadie que estuviera fuera de la instalación.

Sin embargo, se compensa a los municipios de Aladid, Fuenteovejuna y
Navas de la Concepción --repito-- por un riesgo que no existe
oficialmente.

Mi Grupo piensa que hay muchos datos que, a nuestro entender, indican que
Enresa está utilizando una parte importante de los recursos públicos que
custodia y maneja no tanto para los fines que tiene encomendados cuanto
para, directa o indirectamente, crear una opinión pública no contraria o
incluso favorable a la energía nuclear. Así se prodigan subvenciones y
actividades de lo más diversas y variopintas, premios y colaboraciones,
actividades periodísticas, etcétera. Alguna a las que yo me refería al
calificar de insólitas, es, por ejemplo, intentar comprar el Pabellón de
la Expo de la Ciencia, creo que era, para trasladarlo a El Cabril, y el
importe de la operación ronda los 1.000 millones de pesetas, que en los
tiempos que corren no son ninguna bagatela. Desde luego a mí se me
ocurren muchísimas otras dedicaciones más interesantes para un país en la
situación en la que estamos.

El propio informe de gestión del año 1990 genéricamente dice lo
siguiente, y cito literalmente. «Durante 1990 han continuado
desarrollándose las acciones de información y formación a líderes de
opinión, dedicándose los mayores esfuerzos a nivel comarcal en las zonas
de trabajo de Enresa y a nivel general en los medios de comunicación.» Es
una forma genérica, lacónica, pero, a mi juicio, bastante clara de
reconocer todo esto que yo estoy ahora intentando simplemente señalar.

Porque teóricamente Enresa se crea para gestionar residuos radiactivos de
forma que se garantice la protección de las personas y del medio
ambiente. A mí me resulta difícil cotejar este tipo de actuaciones y de
gastos con esos objetivos que la Ley establece.

Sin embargo, a juicio de mi Grupo, esto es todavía más resaltable, más
extraño, cuando otro tipo de gastos, que sí contempla la Ley, Enresa no
los realiza. Porque usted, señor Presidente, sabe que en el artículo 8 de
la Ley de creación de Enresa se dice literalmente lo siguiente: «Por los
Ministerios de Economía y Hacienda y de Industria y Energía se
determinarán reglamentariamente los activos financieros en que podrá
materializarse el exceso de ingresos que se produzcan como consecuencia
del desfase temporal entre la generación de los recursos económicos de
Enresa y la aplicación de sus fondos, de forma que, garantizándose su
seguridad, rentabilidad y disponibilidad, puedan dedicarse, en la forma
que autorice la Dirección General de la Energía, a promover una política
de conservación y desarrollo de energías renovables y nuevas fuentes de
energía menos contaminantes.» Esto sí que figura en la Ley. No he
encontrado ningún apartado que hable de concursos de periodistas, de
pabellones de exposiciones, de otro tipo de publicidades, etcétera.

Pese a que este tipo de gastos de que he hablado sí que figura en la ley,
señor Presidente de Enresa, hasta 1990 --seis años después de la
constitución de Enresa-- no aparecen los primeros fondos para este fin;
ni una peseta. Por supuesto, cada año se fueron gastando 2.500 millones
en las actividades que antes señalé, que ya me explicará usted cómo
pueden contemplarse dentro de lo que la



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ley señala como fines de los fondos que ustedes manejan. Por tanto, se
trata de 2.500 millones de pesetas que ustedes conceden por primera vez
--en 1990-- al Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía,
el IDAE, previéndose entonces una ampliación de ese crédito hasta 10.500
millones de pesetas, ampliación que no se realizó porque ustedes
planteaban un tipo de interés de usura, muy superior al rendimiento
financiero de la cartera de valores de Enresa: el 17 ó 18 por ciento
según la respuesta del Gobierno a dos preguntas que hizo este Diputado.

Es de reseñar, como conclusión de esta parte, que la diferencia en el
precio del dinero desde el tipo medio de Enresa y aquél al que prestó
fondos para renovables da una cifra inferior a lo que destinó Enresa a su
Fundación en 1991, por lo que pienso que el tema resulta, al menos a mi
juicio, cada vez más inexplicable.

Por último, para terminar esta primera parte, quiero referirme a otra de
sus tareas importantes, que es la de investigación y desarrollo, que
financian ustedes con una cantidad notable: 3.000 millones de pesetas
anuales en los últimos años. No será mi Grupo quien ponga en cuestión el
dinero que se dirige a investigación, desarrollo y aplicaciones
tecnológicas. Otra cosa es sobre qué se haga.

En todo caso, como éste es un tema que me parece muy importante y el
dinero que maneja Enresa es mucho y de todos los españoles, nosotros
creemos necesario, primero, que la asignación de los contratos de
investigación se realice mediante un concurso público, con suficientes
garantías de publicidad y objetividad, por instancias decisorias
reconocidas por su capacidad científico técnica independientes de la
dirección de Enresa y que justifiquen sus decisiones ante órganos de
control que representen al conjunto de la sociedad, como puede ser, por
ejemplo, esta Comisión. Segundo, que los contratos no contengan explícita
ni implícitamente ningún requerimiento de confidencialidad a los
resultados, ya que no pueden ocultarse a la opinión pública
investigaciones científicas porque no gusten los resultados o porque se
consideren, lo cual es un recurso muy socorrido, fuentes de alarma
social.

Señor Presidente de Enresa, a nosotros nos parece fuente de alarma social
cualquier medida que favorezca la creencia de los ciudadanos en que el
tema nuclear se trata con oscurantismo, con poca claridad o
transparencia. Además, usted sabe cuáles son los criterios hoy en boga en
los ámbitos internacionales que tratan los temas de la energía nuclear.

Una de las conclusiones a las que trabajosamente se ha llegado (a
conclusiones de verdades evidentes se suele llegar trabajosamente) es que
la mejor manera de defender la energía nuclear que exista --la que
exista-- es precisamente creando un clima de confianza, y para ello la
transparencia, la claridad, es un requisito «sine qua non».

Estas son las consideraciones que han llevado a mi Grupo a solicitar su
comparecencia, a ver si en esta ocasión usted nos puede responder de la
manera más concreta y clara posible a cuestiones tales como los fondos de
la Fundación Enresa, los gastos en investigación, los fondos destinados
al ahorro energético, la cartera de valores de Enresa, lo que gastan
ustedes en la promoción de energías renovables y en el estudio de las
zonas para el emplazamiento del almacén definitivo de residuos
radiactivos de alta actividad.

Nada más.




El señor VICEPRESIDENTE (Dávila Sánchez): Para responder a los
requerimientos de información solicitados tiene la palabra el señor
Presidente de Enresa.




El señor PRESIDENTE DE LA EMPRESA NACIONAL DE RESIDUOS RADIACTIVOS
(Kindelán Gómez de Bonilla): Intentaré, con sumo gusto, suministrar al
señor García Fonseca y a SS. SS. todos los datos que se me piden, pero
quizá procede que previamente, en muy pocos minutos, intente puntualizar
mi punto de vista sobre algunas de las observaciones hechas por el señor
García Fonseca, ya que creo que conviene que en temas generales se
concrete lo más posible, sobre todo respecto a cifras que han sido dadas
que creo que requieren un cierto matiz.

En primer lugar es importante destacar que, si bien es cierto que Enresa
está gastando unos 2.500 millones de pesetas anuales en comunidades y
ayuntamientos, debe quedar claro que la inmensa mayoría de este dinero
--creo recordar que más de 2.000 millones-- se destina a ayuntamientos en
los cuales se encuentran residuos radiactivos dentro de las centrales
nucleares. En todo caso, ésta es una Orden ministerial del Estado que
compete a Enresa obedecer, pero de ninguna manera le compete juzgar ni
opinar por qué ni cómo se ha hecho. Es decir, que la mayor parte de este
dinero va a los ayuntamientos de las zonas cercanas a centrales
nucleares, según una disposición por la cual cada vez que un residuo
entra en la piscina de la central hay una parte de dinero que se adjudica
al ayuntamiento y que sale de los fondos de Enresa.

Por otra parte, creo que unos 300 ó 350 millones --no recuerdo en este
momento-- van destinados a los ayuntamientos de la zona de El Cabril,
según otra Orden ministerial que se publicó en su día para, entiendo yo,
facilitar la aceptación por el entorno de la zona del almacenamiento en
El Cabril. A este respecto tiene razón el señor García Fonseca en que
ciertamente es importante decir que no hay riesgo alguno para los
ayuntamientos de la zona ni para nadie por los residuos radiactivos. Sin
embargo, a pesar de esto me parece cierto --yo al menos lo creo así y lo
creen muchos de los expertos en estos temas-- es verdad que la
introducción de un almacenamiento de este tipo tampoco supone ningún
factor positivo o supone pocos factores positivos, puesto que el nivel de
trabajo y de empleo que se crea es bastante pequeño, y no sólo en España
sino en el mundo entero se tiende a incentivar de algún modo la
aceptación de estos almacenamientos por parte de la zona mediante
subvenciones o acciones de otro tipo. Es decir, que, sin meterme a
juzgar, porque no he sido quien hace las órdenes ministeriales, creo que
el espíritu de estas órdenes está, repito, en intentar incentivar la
aceptación de esos almacenamientos, pero en ningún caso puede aceptarse
que exista un riesgo. Este es el



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deber de Enresa y de empresas semejantes en otros países: hacer las cosas
de modo que el riesgo no exista. En todo caso, repito, no soy el
responsable de las órdenes ministeriales ni puedo juzgarlas sino que
tengo que obedecerlas y acatarlas.

Quisiera también matizar otras cosas que se han dicho y que son
importantes. Deben saber que Enresa no ha promovido de ninguna manera la
compra del pabellón de la Expo de Sevilla sino que se ha limitado a
seguir sugerencias de autoridades provinciales cordobesas para intentar
crear en el entorno de Córdoba un pabellón de medio ambiente que de algún
modo fuese una exhibición y un inicio de labores relacionadas con la
mejora del medio ambiente, para lo cual se creó una fundación hace ya año
y pico en la que participaba la Diputación, las Cajas de Ahorro de
Córdoba, Endesa, la Empresa Carbonífera del Sur, Enresa y, en aquel
momento, un banco local, para intentar promover este tipo de actividades.

En su día se consideró utilizar el pabellón de la Expo de Sevilla, pero
esto se rechazó precisamente por ser extraordinariamente caro y en este
momento se han hecho simplemente estudios de localización y proyectos
para intentar hacer ese pabellón. De hecho, el problema está aplazado,
porque así como hace dos años parecía una cosa importante, y lo sigue
pareciendo, la situación de crisis en la que se mueve el país hace que no
pareciese oportuno en este momento realizar el pabellón de exhibición que
se proponía, que ha quedado en papeles. No se ha realizado gasto alguno
prácticamente, salvo dos millones --creo recordar-- en hacer unos
proyectos y unos estudios. Algún día creo que se podrá llevar adelante
esta operación, que me sigue pareciendo interesante, siempre que en su
día las autoridades provinciales cordobesas sigan pensando que es
interesante, cuando la situación económica del país sea un poco más
favorable. De ninguna manera se han gastado 1.000 millones ni se ha
tomado la decisión de comprar el pabellón de la Expo; eso no fue más que
una hipótesis de trabajo cuando se planteó la idea de crear ese tipo de
actividades.

También quería puntualizar el hecho de que, cuando se prestó al IDAE
--por indicación del Ministerio de Industria-- 100.000 millones de
pesetas para fomento de energía renovable, no se hizo con interés de
usura, sino que el papel de Enresa, en todo momento --estará de acuerdo
conmigo el señor García Fonseca-- es gestionar sus fondos del modo mejor
posible como está el mercado en cada momento. Y aquel momento fue un
momento malo para los que buscaban fondos porque se podía conseguir el 16
por ciento, al que se hizo entonces el préstamo a largo plazo, porque
teníamos otras ofertas semejantes, y siempre que hemos hecho propuestas
de inversión a organismos públicos se han planteado con ofertas
semejantes de otros que teníamos en el mercado financiero al momento. Por
eso, no le importuno con nuevos detalles al señor García Fonseca, ni con
más datos al respecto. Lo que quiero afirmar es que nunca se ha hecho a
un interés mayor que el que se podía conseguir en el mercado para estos
fines.

Estará conmigo de acuerdo el señor García Fonseca que el primer deber de
Enresa, en todo caso, es potenciar la rentabilidad de los fondos que
invierte, y de ninguna manera está Enresa para subvencionar a nadie, ni
en energías alternativas, ni en nuevas energías, ni en nada en absoluto,
porque el dinero de Enresa es dinero de todos los españoles para
garantizar que en su día se gestionen como es debido los residuos
radiactivos, que es la función de Enresa. Y, como dice el Decreto de
creación de Enresa, deben invertirse sus fondos en condiciones de
seguridad, rentabilidad máxima, de modo que pueda garantizarse que en el
futuro se disponga de los recursos necesarios.

Hechas estas observaciones, tengo que decir otro detalle del que me había
olvidado, y es que, ciertamente, lo más esencial para Enresa es ser
transparente. Yo aplaudiría lo que ha dicho el señor García Fonseca y le
pediría que me precisase en qué momento no ha sido, porque desde que soy
Presidente de Enresa, que ha sido desde que se fundó la empresa, he
intentado por todos los medios que todo lo que hiciéramos fuese lo más
claro posible, precisamente por la alta responsabilidad en que
incurríamos al disponer de fondos importantes destinados a una tarea que
también afecta a la salud pública y, por tanto, yo quisiera que se me
dijera cuándo no ha habido transparencia porque creo que la ha habido
siempre, o al menos he intentado que la haya, aunque ciertamente todos
podemos cometer errores en algún caso.

Dicho esto, paso a responder con mucho gusto a las preguntas concretas
que me ha hecho el señor García Fonseca, que creo poder empezar por cómo
está invertido, en qué está invertido y de qué forma, el fondo
precisamente del que ahora dispone Enresa. El principio de la creación de
Enresa, como decía claramente el Decreto fundacional, consiste en que los
costes de las actividades de gestión de los residuos radiactivos debían
ser financiados por los generadores de residuos. En el caso precisamente
de la mayor cuantía de estos costes, que son los de los residuos
producidos por las centrales nucleares, una parte --como ha dicho el
señor García Fonseca-- de estos gastos se realizarán después de la vida
operativa de dichas centrales, como es el caso del desmantelamiento de
las mismas y como es el caso de la mayor parte de los costes de
almacenamiento definitivo del combustible gastado. Por esta razón se
estableció un sistema de financiación por el cual se recaudaba una cuota
porcentual de la factura eléctrica, del kilovatio/hora producido, de modo
que fuese acumulándose a lo largo de los años para que, cuando ya no
hubiese kilovatios producidos hubiese los recursos necesarios que
pudiesen ser empleados en la gestión de los residuos producidos antes.

En lo que se refería a las tareas de menor cuantía de ordenamiento de
residuos radiactivos de lo que llamamos en el oficio pequeños
productores, se establecieron unas tarifas por las cuales sí se cobraba a
los pequeños productores cada vez que entregaban una cantidad de residuos
que debían ser almacenados definitivamente, en este desfase entre la
recaudación de fondos y su gasto, que es el origen natural del fondo de
gestión Enresa para rentabilizar estas recaudaciones mientras no es
necesario



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gastar. Como decía antes, en el Decreto fundacional de Enresa se
encomendaba ya a la misma que estos fondos garantizasen su seguridad, su
rentabilidad y su disponibilidad.

Como ha dicho el señor García Fonseca, en el último Plan de residuos
radiactivos aprobado por el Gobierno se estimaba que, en dinero del 92,
el costo total de la gestión de los residuos llegaría a 1,1 billones de
pesetas, como acaba de decir el señor García Fonseca. Ciertamente, como
él ha subrayado, todo es una estimación que podríamos llamar aproximada
porque nadie sabe realmente a cuánto asciende el gasto. Hemos sido lo que
podíamos ser como técnicos, prudentes, y utilizando los datos de que se
dispone para estimar esta medida que, en cada plan que presentamos al
Gobierno y que luego el Gobierno aprueba cuando le parece conveniente, se
va modificando según se adquiere más experiencia internacional. Hasta
ahora, las modificaciones han sido todas a la baja desde el primer plan
que se hizo y, de hecho, como ustedes saben, en la última subida de
tarifas, el Gobierno ha estimado que la cuota del 1,2 por ciento de la
tarifa eléctrica se debía rebajar a 1,1, porque parecía suficiente para
financiar las últimas estimaciones realizadas por Enresa. Esto no quiere
decir, desde luego, que dentro de equis años no haya que hacer lo
contrario, a lo mejor el 1,1 tendrá que subirse a 1,3 ó 1,4. Como técnico
en estos temas, quiero decir que, en todo caso, creo que las cifras son
razonables, los plazos amplios y me parece que no hay razón para temer
que en los próximos diez o viente años, aunque no pueda estar seguro de
ello, estos porcentajes tengan que oscilar fuertemente para arriba ni
para abajo.

En todo caso, Enresa, desde que se creó, que empezó a finales del 85,
aunque se creó en el papel en el 84 (llevamos ocho años de funcionamiento
aproximadamente), abordó con la misma responsabilidad las labores
técnicas de la gestión de residuos como la gestión de recursos económicos
disponibles. Para ello se fue dotando de los medios humanos que parecían
necesarios para ambas cosas, y la gestión financiera del fondo se ha
hecho del modo más escrupuloso posible, creemos también que más
transparente, con toda clase de controles por parte de la Administración
pública, y lo que sí tenemos que decir con cierta satisfacción --aunque
tampoco es nada extraordinario-- es que si, por ejemplo, cogemos los diez
fondos de inversión del país que invierten en renta fija, en los últimos
cinco años la cantidad acumulada de los mismos ha oscilado entre el 90 y
el 82 por ciento. Hablo de memoria, pero aquí tengo un cuadro que dice
entre el 91,4 por ciento y el 80,4 por ciento. El fondo de Enresa estaría
el segundo, solamente uno de éstos ha obtenido más rentabilidad que
Enresa, y esto no es porque en Enresa seamos más inteligentes sino porque
en Enresa somos más independiente, es decir, el fondo de Enresa se
gestiona con absoluta transparencia e independencia y esto siempre
facilita el que las rentabilidades sean las máximas posibles.

Yo diría que con la abundante información que hoy existe en los mercados
financieros, se puede operar en cualquiera de ellos con un nivel de
eficiencia bastante razonable y esta independencia en la gestión
financiera es lo que, a mi juicio, al final, hace más óptimo el resultado
que se obtiene.

Con mucho gusto les explicaría al señor García Fonseca cuál es la
situación del fondo a final del año pasado, que, como es natural, es un
poco mayor que las cifras que él ha manejado. Tengo aquí un cuadrito en
el que figura que teníamos invertido, disponible por tanto en el año 93,
aproximadamente 132.000 millones de pesetas, de los cuales casi 12.000
corresponden a intereses devengados pero aún no cobrados; por tanto, hay
120.000 millones de nominal en nuestras inversiones realizadas. De esos
120.000 millones aproximadamente la mitad, 59.000 millones corresponden a
efectos públicos, y otros 62.000 millones a efectos que no son públicos.

Los que son públicos los tengo clasificados en tres partidas, que son por
casualidad prácticamente iguales, las tres se acercan a los 20.000
millones, faltan unos cuantos cientos de millones en cada una: una, es en
papel del Estado directamente; otra, son autonomías, diputaciones y
ayuntamientos, y la tercera, organismos autónomos, como INI, ICO, por
ejemplo, y organismos internacionales, como Banco Europeo de Inversiones,
etcétera. Repito que estos casi 60.000 millones, faltan unos cientos, se
dividen prácticamente por igual en estas tres partidas que he dicho,
cerca de 20.000 millones cada una. A su vez, los 60.000 millones están
invertidos en: pagarés y bonos de bancos y cajas de ahorros cerca de
22.000 millones; otros tantos o un poco más en Renfe y en la Compañía
Nacional Telefónica; y, finalmente, unos 17.000 millones en empresas
energéticas por vía de obligaciones y otros efectos. De estos 17.000
millones, en este momento, 6.016 millones de pesetas financian
operaciones de ahorro energético y energías renovables, como he dicho
antes, a intereses, desde luego, no subvencionados. Esta cartera de
Enresa, a finales del año pasado, se encuentra en un 15,5 por ciento a
menos de un año --es lo que tenemos disponible a corto plazo--, un 42 por
ciento está entre uno y tres años, un 26,4 por ciento entre tres y cinco
años y un 16 por ciento a más de cinco años.

Como es natural, tendemos a ir aumentando las inversiones a largo plazo,
pero con la limitación, que conoce el señor García Fonseca, de la
anormalidad en que se encuentran los mercados financieros en estos
últimos años, de modo que, contra lo que ha sido tradicional, no se
favorecen, no se priman las inversiones a largo plazo, sino que,
extrañamente, la curva está invertida, como saben los expertos, y se
premian las inversiones a corto plazo.

En cuanto a las rentabilidades obtenidas por Enresa --antes he citado la
global-- en los ocho años de funcionamiento la media ha sido de un 13,3
por ciento y ha oscilado entre el 12,5, en 1986, hasta un 13,3 el año
pasado, con un máximo del 14 por ciento en los años 1990 y 1991. Esta es
la rentabilidad de la cartera en aquel momento, no de las inversiones
hechas en el año; en el año 1990 la media llegó al 15,5 por ciento de lo
invertido en aquel año, lo que explica, de algún modo, señor García



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Fonseca, la alta rentabilidad obtenida en la operación concreta de
préstamo al IDAE que fue en medio punto superior a este 15,5 obtenido en
todo el año. Pero repito, me entenderá el señor García Fonseca, que el
15,5 es la media del año. Cuando se hizo la operación del IDAE teníamos
ofertas por encima de lo que ya les he leído, porque así son los mercados
financieros. Naturalmente, estoy dispuesto a ofrecerles más detalles
sobre el fondo, pero quizá conviene que conteste un poquito a otros temas
de los que me ha planteado. Probablemente es mejor que precise algo sobre
la Fundación Enresa y en qué se han empleado sus recursos.

La Fundación Enresa fue creada a finales del año 90 --ha tenido ya tres
años de actividad--, es una típica institución sin ánimo de lucro,
precisamente destinada a intentar hacer objetivas, más transparentes, y
al mismo tiempo servir de escudo por medio de presupuestos anuales, las
labores de índole asistencial y benéfica de Enresa que estaban destinadas
a dos actividades distintas: a potenciar la presencia de Enresa en las
zonas en que está trabajando, tanto en El Cabril como en Andújar (ya sabe
que estamos terminando la labor de acondicionar un dique de estériles de
mineral de uranio), y a fomentar tareas que podriamos llamar académicas
en temas relacionados con Enresa.

La Fundación que se creó a finales del 90 fue sometida al control del
Ministerio de Asuntos Sociales al que se han rendido las cuentas de la
Fundación durante los años 1991 y 1992; estamos a punto de hacerlo con
las del año 1993. Han sido aprobadas las de los años 1991 y 1992.

Como digo, esta Fundación se ha dedicado, fundamentalmente, a
subvencionar temas relacionados con las zonas en que está implantada
Enresa y temas que podemos llamar académicos. Con mucho gusto le detallo
en qué ha gastado su dinero en estos años. Tengo aquí un cuadro que lo
resume.

En estos tres años, la Fundación ha gastado 418 millones de pesetas, de
los cuales once han sido impuestos --no está libre de impuestos del
todo-- y cuatro millones han sido gastos generales. De estos 418 millones
de pesetas invertidos, 404 han ido a una u otra entidad que los han
recibido. Con agrado le detallo al señor García Fonseca a qué han ido
destinados exactamente: 144 millones de pesetas, el 36 por ciento del
total, han ido a los cuatro ayuntamientos de la zona y al Ayuntamiento de
Andújar para toda clase de actividades que podríamos llamar benéficas o
formativas. Sesenta y cinco millones, es decir, un 19 por ciento, han ido
a la Junta de Andalucía para actividades asistenciales de diverso tipo en
la provincia de Córdoba. Cuarenta y ocho millones, es decir, un 12 por
ciento, se han destinado a subvencionar universidades, fundamentalmente
en Andalucía, pero también del resto de España, y a cursos diversos de
todo tipo relacionados con actividades típicas de Enresa, con la energía
nuclear o residuos radiactivos o el medio ambiente o la protección del
entorno físico. Cuarenta y cuatro millones de pesetas, es decir, un once
por ciento del total, se han destinado a la publicación de diversos tipos
de libros y de ayuda a muchos congresos siempre en cantidades de un
millón o dos millones de pesetas para cada caso. Cuarenta y tres millones
de pesetas, un 11 por ciento también, se han destinado, en los tres años,
a la Diputación de Córdoba para subvención de muchas actividades,
generalmente de tipo asistencial. Cuarenta millones, un 10 por ciento,
han ido a la Cruz Roja también para diversas actividades asistenciales.

Y, finalmente, 10 millones, son la partida de varios que han ido a
subvenciones de todo tipo, generalmente en partidas pequeñas, inferiores
a medio millón de pesetas. Estas cifras están a disposición del señor
García Fonseca, aparte de decirlas ahora, para que las lea con todo
detalle.

Insisto en que me gustaría, en todo caso, que la transparencia fuese la
más absoluta posible. Otro tema es que las cosas se hayan hecho mejor o
peor.

El señor García Fonseca me plantea también el tema de los gastos en
investigación. Es un tema importante y con mucho gusto le suministraré
los datos de los que disponga. Creo que he dicho en otras ocasiones que
las tareas de I+D son esenciales para una empresa como la nuestra.

Nuestra actividad se encuentra en muchos casos en las fronteras del
conocimiento tecnológico y, sobre todo, es preciso ir formando equipos
españoles de expertos en cada tema que puedan, entre otras cosas,
codearse con sus homólogos extranjeros. Por ello, desde que empezamos
nuestra actividad, hemos fomentado en el país tareas de investigación en
los diversos campos en que es conocida nuestra actividad. Enresa, sin
embargo, es una empresa pequeña, una empresa de gestión y no investiga
por ella misma, sino que su papel es promover, financiar y, desde luego,
supervisar lo que hacen otros organismos: universidades, centros de
investigación, empresas de ingeniería, etcétera. Poco a poco hemos ido
creando a nuestro alrededor grupos de especialistas que se homologan
perfectamente con los que existen en otros países. Hemos publicado y
realizado un primer plan de investigación y desarrollo, que ha sido
aprobado por el Ministerio de Industria, que cubría el período 1986-1989
y que ha sido un plan introductorio, un plan destinado, sobre todo, a
montar los equipos y los proyectos técnicos que eran precisos.

Actualmente estamos en una etapa avanzada del segundo plan, también de
investigación y desarrollo, que yo creo que hemos suministrado a la
Comisión de Industria de este Congreso y que cubre el período 1991-1995.

Este segundo plan representa, en este momento, que se han realizado unas
inversiones totales en I+D de unos quince mil millones de pesetas o algo
más, de los que Enresa ha aportado solamente la tercera parte. Esto
quiere decir que hemos podido, como es natural, apalancar nuestro plan y
en muchos casos implicar a otros organismos, empresas o entidades
españolas y extranjeras. De estos 15.000 millones que llevamos gastados
en el segundo plan, y que Enresa ha puesto la tercera parte, en concreto
5.140 millones, la Comisión Económica de Bruselas ha aportado ya 3.200
millones, que enmarcan un poco el problema, por tanto, otros 7.000
millones han sido aportados por otras empresas, muchas extranjeras.

La razón de esto --y lo quiero subrayar para que lo



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entienda bien el señor García Fonseca-- es que en muchos de estos planes
que han sido promovidos por Enresa, Enresa ha aportado a lo mejor el 80
por ciento, pero en otros Enresa sólo ha aportado el 10, porque hemos
participado con muchos otros organismos interesados. Por tanto, en
conjunto, resulta estadísticamente que hemos aportado un tercio de esas
tareas, aunque en todo caso lo que de ellas se haya obtenido está, desde
luego, a nuestra disposición. La Ley estaría en un 15 por ciento, en
muchos planes a lo mejor Enresa ha aportado cerca del 100 por cien. Estas
tareas de investigación las tenemos clasificadas en siete capítulos. Uno,
son los residuos de media y baja actividad, que son ya bastante conocidos
y que van perdiendo importancia en las tareas de I+D. Tenemos tres
capítulos que son los residuos de alta actividad, que mencionaba el señor
García Fonseca, y que tenemos divididos en tres partes: uno, son los
temas que conciernen al residuo en sí mismo y a lo que llamamos campo
próximo, es decir, cómo se debe acondicionar, cómo se debe proteger, cómo
se debe envolver. Otro, son los residuos del campo lejano, que son los
temas de geología, de geoesfera, de cómo emigra lentamente el átomo
radiactivo en una fisura de una roca granítica o de una roca arcillosa,
de cómo la gota de agua se puede infiltrar. Y otro terreno son los temas
de la biosfera, cómo, en último extremo, puede afectar a la vida el día
de mañana la presencia de residuos radiactivos. Otro capítulo es el de
evaluación del comportamiento, que es esencial, que son los temas de
prospectiva, probabilística, matemática, haciendo escenarios del futuro,
cómo se pueden estimar los riesgos que puede entrañar a muy largo plazo
la emigración del residuo radiactivo. Finalmente, el séptimo capítulo es
sobre el desmantelamiento y clausura. Tenemos clasificadas en cada uno de
ellos las cifras que corresponde, y con mucho gusto someteré el listado
al señor García Fonseca y a los demás señores Diputados. No es momento
para leer el detalle de cada cifra porque sería, quizá, penoso y poco
útil.




El señor VICEPRESIDENTE (Dávila Sánchez): No lo es, señor Kindelán,
porque estamos un poco sobrepasados del tiempo previsto. Le ruego que
haga alarde de concisión en su información, no afectando a su cantidad
pero sí limitándola en el tiempo.




El señor PRESIDENTE DE LA EMPRESA NACIONAL DE RESIDUOS RADIACTIVOS
(Kindelán Gómez de Bonillo): Pido perdón, pero me disculpará el señor
Presidente, porque he querido ser precisamente tan exhaustivo como me
fuera posible, pero tengo muchos datos que enviaré por escrito e
intentaré ser rápido.

Hay un tema que ha dicho el señor García Fonseca que me ha preocupado, y
es que hasta ahora todos estos contratos de investigación se han hecho
con la transparencia normal de cualquier empresa pública, pero me parece
poco adecuado el que se pida que este Congreso dictamine aquí si se
concede un contrato de investigación. La mayor parte de los contratos se
han hecho al Ciemat, a empresas del Estado, a organismos públicos
conocidos, y me parece esencial que una empresa como Enresa sea sobre
todo una empresa, controlada al máximo y transparente, pero que actúe
sobre todo con eficacia empresarial y haga los contratos como hacemos
siempre, con varias peticiones de oferta al Consejo de Administración,
con toda clase de controles. Por tanto, sí quisiera, con todos los
respetos, rechazar la palabra oscurantismo. Desde luego, me espanta ser
oscurantista, quiero ser transparente, queremos ser una empresa, y me
gustaría mucho --porque alguna vez hemos podido pecar-- que se me dijera
en qué punto, en qué detalle hemos sido oscurantistas para aplicar el
propósito de la enmienda.

Por otro lado, hay un tema importante en el que quiero ser muy conciso.

Me pregunta el señor García Fonseca por los planes que tenemos en marcha
de búsqueda de emplazamientos. Yo no sé cómo resumirlo en dos minutos,
porque de los planes generales de residuos se habla mucho --también tengo
algunos papeles preparados--, hemos contestado a muchas preguntas
parlamentarias al respecto y yo solamente me atrevería a decir, con
permiso de la presidencia, dos o tres cosas muy esquemáticas. En primer
lugar, en el mundo entero se avanza mucho en este campo. Todo el mundo
cree ya que existen procedimientos para almacenar los residuos
radiactivos de larga vida sin daño al medio ambiente. El problema es que
hay que seguir investigando para encontrar las zonas más adecuadas. Sí
diré una cosa que mucha gente no sabe y que es fácil de entender. Cuando
pensamos en miles de años --y esto parece tremendo--, el caso de los
residuos radiactivos es semejante a otros productos tóxicos, porque al
cabo ya de cientos de años la famosa radiactividad que todos tememos, que
consiste en los rayos beta y gamma, que hacen daño a corto plazo
(penetran en la piel, son muy penetrantes y nocivos), desaparece y la
única actividad que pervive y queda a muy largo plazo son los rayos alfa,
que en muchas ocasiones ya he tenido ocasión de decir que ya no hacen
daño más que ingiriéndolos. Es decir, el residuo radiactivo alfa se
convierte en algo así como el arsénico o el mercurio --éstos quizá más
dañinos--, solamente produce daño cuando pasa a la biosfera, de forma que
pueda pasar a los organismos vivos y pueda ser ingerido. Quiero decir con
esto que en el fondo van convergiendo y convirtiéndose como los demás
residuos tóxicos, con la ventaja de que cuando pasan muchos miles de años
desaparecen. El mercurio y el arsénico no desaparecen ni en millones de
años.

Hecha esta pequeña puntualización, que conviene que conozcamos todos,
quiero decir que en lo que sí estamos avanzando desde hace ya años es en
el conocimiento de la geología del país, y nuestro deber es conocerla a
fondo. Hay una serie de proyectos, que están detallados en los planes
generales de residuos --y que ahora por brevedad no voy a detallar,
aunque los tengo aquí todos--, en los que estamos en este momento en la
etapa, que acabaremos aproximadamente dentro de un año, que llamamos AFA,
a raíz de la cual nos encontraremos ya con unas 20 zonas en el país
relativamente extensas que parecen ofertar condiciones muy favorables
para que pueda ser almacenado allí el residuo. La etapa siguiente
consiste en ir al



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detalle de estas 20 zonas, conocerlas mucho más para saber cuáles son las
más favorables y poder en pocos años, en cuatro o cinco años, ofertar a
las autoridades públicas tres o cuatro zonas que manifiestamente son
favorables. Esto no quiere decir que no haya otras, sino simplemente que
éstas, entre lo mucho que hemos estudiado, son ciertamente capaces de
almacenar sin riesgo para el entorno --como decía el señor García
Fonseca--, aunque no veo inconveniente en que el entorno sea premiado si
acepta esta instalación. Los suecos están premiando a zonas en el norte
de Laponia con cantidades ingentes de dinero para fomentar el desarrollo
de aquellas zonas al mismo tiempo que pretenden almacenar allí residuo
definitivo. Creo que estamos culminando el proceso tecnológico que
permitirá escoger una o dos zonas para en ellas mismas hacer labores de
detalle que puedan después diseñar el almacenamiento y llegar, hacia el
año 2015, a empezar a utilizarlo como almacenamiento. El papel del
Gobierno y de estas Cortes Generales en su día, dentro de cuatro o cinco
años, será permitir a Enresa --ya no estaré yo probablemente al frente de
ella-- que pueda hacer las tareas necesarias para llevar a cabo la labor
de implantación del almacenamiento.

No sé qué más decir, me parece que podría extenderme más, y me extenderé
si el señor García Fonseca u otro señor Diputado quiere que lo haga, pero
creo que mi papel no es seguir hablando, pues estoy hablando demasiado.




El señor VICEPRESIDENTE (Dávila Sánchez): El señor García Fonseca tiene
la palabra.




El señor GARCIA FONSECA: Quiero abundar en algunas de las cuestiones a
partir de las respuestas que nos ha facilitado ahora el señor Kindelán.

En cuanto al tema de los gastos de Enresa, los que yo calificaba como
sorprendentes y algunos de ellos como insólitos, usted se ampara,
efectivamente, en una justificación que formalmente es impecable, no es
usted quien lo decide, es el Ministerio, son dos órdenes ministeriales
quienes lo han establecido así. Sin embargo, le repito una cosa que ya le
dije antes: Esto no figura en la ley constitutiva de Enresa. Usted no
solamente se limita a cumplir lo que le ordena el Ministerio, sino que
además lo ve bien y emplea distintas argumentaciones. La última, por
ejemplo, es la de que otros gobiernos, el caso de Suecia, por ejemplo,
contribuyen de manera notable al desarrollo de la zona, Laponia en
concreto. Yo creo que en lo que se refiere al desarrollo de la zona, sea
Laponia o sea León, de la que hablábamos antes, o sea la zona del Cabril,
compete al Estado crear los planes de desarrollo adecuados y no a Enresa,
y sin embargo lo que está claro que compete a Enresa es lo que antes le
leía del artículo 8, y usted, sin embargo, afirma literalmente que Enresa
no está para subvencionar energía renovable alguna. Señor Kindelán, de
sus propios datos resulta que a bancos y a empresas energéticas, entre
otros, usted ha concedido fondos cuantiosos, no sé cuántos a cada uno,
pero en conjunto a estas entidades, en general privadas, salvo Renfe, ha
concedido 60.000 millones, a rentabilidades que usted mismo ha dicho que
la media oscilaba entre el 12,5 y el 13,3 por ciento, la máxima en el año
1990 del 15,5 por ciento. No puede usted convencerse (al menos a mi
Grupo, no sé si al resto de los grupos) de que es una política adecuada y
pertinente por parte de Enresa el que precisamente al organismo público
que se ocupa del tema de diversificación energética y de energías
renovables, el IDAE, sea al que ustedes le han puesto la rentabilidad de
los préstamos que le han hecho más alta de las que usted ha citado. Es
decir, que las compañías eléctricas se han beneficiado de porcentajes de
interés, en sus cifras, tres puntos más bajo que el IDAE. En mis cifras,
que me las ha dado el Gobierno, no era ni siquiera el 15,5 por ciento,
sino el 17 y el 18 por ciento el interés con el que ustedes hicieron los
créditos al IDAE. Y, repito, no son cifras mías; son cifras que me ha
transmitido el Gobierno.

Tiene usted que hacer auténticos juegos malabares para justificar
--repito-- a compañías eléctricas, que ya me interesaría saber, además,
en qué invirtieron esos créditos. Pero que, en todo caso, a empresas
energéticas (eléctricas, fundamentalmente, supongo) y a Bancos ustedes
les den esa tasa de rentabilidad, y al IDAE --insisto-- la más alta,
desde luego es una casualidad sorprendente; la más alta de toda su
historia y mayor que la del mercado, aunque usted dice que tenía otras
ofertas entonces. Pero el caso es que yo tengo un porcentaje mayor que el
que usted ha dicho, el 15,5 por ciento, sino el 17 o el 18 por ciento, y
tengo que hacer caso a la respuesta formal que me ha dado el Gobierno.

En relación a los otros gastos, lo de insólito lo subrayo, casi me parece
pintoresco, por no decir esperpéntico. Porque fíjese usted las
finalidades que ha citado, al menos para 404 millones de la fundación:
actividades benéficas o formativas, asistenciales, Cruz Roja, etcétera.

Usted, que es tan estricto en la aplicación de fondos de los que gestiona
para fines que están dentro de lo que la ley, para ustedes, les impone,
ahí apura al máximo la cuota de rentabilidad, y resulta que para
eléctricas y Bancos es otra cuota, y además dinero a fondo perdido para
actividades como las que usted mismo ha calificado --he utilizado
calificativos suyos-- de benéficas, formativas, asistenciales, Cruz Roja,
cursos de potenciación del entorno y el pabellón, que parece ser que era
un pabellón para medio ambiente, o que pretendía serlo. Señor Kindelán,
si usted tiene tanto interés en el medio ambiente, tiene ahí una ocasión
de oro, simplemente la que le permite la ley. Porque si hay algo en lo
que en esta Comisión todos coincidiríamos, un factor fundamental en
relación al medio ambiente, es el ahorro energético, la eficiencia
energética, las energías renovables.

Sinceramente, no me puede usted convencer. Y mi Grupo deja constancia de
que no solamente no le convence, sino que sigue con la opinión de que
Enresa está haciendo una aplicación inadecuada, e incluso contraria a la
ley, de sus recursos.

Señor Kindelán --termino ya--, mi Grupo no pretende oponerse por sistema
a la actividad de Enresa. Nosotros estamos convencidos de que el hecho
nuclear es eso, un



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hecho ya. Desde luego, mi Grupo pretende que este hecho no vaya a más;
por el contrario, que vaya paulatinamente a menos. Pero, en fin, ése es
nuestro planteamiento. Sin embargo, hay un hecho: las centrales nucleares
están ahí, el riesgo que conllevan ahí está también, y lo que haya que
hacer en el futuro lo tenemos que hacer entre todos; ésa es una tarea de
Estado. Por tanto, mi Grupo, por principio, no va a torpedear a Enresa,
pero está persuadido --quizás equivocadamente; a lo mejor con más
debates, más información, etcétera, vamos cambiando de opinión o usted
nos lleva a cambiar de opinión-- de que ustedes no solamente se limitan a
eso, sino que son unos propagandistas de la energía nuclear. Ustedes
hacen opción, y su objetivo o su mandato no es ése. Su mandato es
gestionar los recursos que ya hay o los que pudiera llegar a haber en las
instalaciones que estén autorizadas.

Por ejemplo, usted dice cosas como las que le cito literalmente: Algunos
grupos intentan combatir el desarrollo de la energía nuclear dificultando
la puesta en marcha de soluciones para el problema de los residuos. Se
trata de una actitud de origen claramente anarquista, cuanto peor, mejor.

Es es impropio de usted, aunque lo piense. Primero, es impropio que lo
piense y, segundo, mucho más impropio, impertinente incluso, que lo diga.

Y lo dice usted por doquier, porque esta cita es de un periódico de
Madrid, pero yo he leído estas cosas en periódicos de Asturias, similares
o incluso más duras, porque añadía además la palabra terrorismo, no me
acuerdo con qué otro calificativo, no sé si era terrorismo verbal o
terrorismo de algún tipo, pero terrorismo.

Ustedes, por ejemplo, en sus publicaciones en la revista «Estratos» o en
el boletín «Sierra de Albarrana», en folletos, vídeos, etcétera --y eso
lo he visto directamente--, no se limitan a decir que es posible
gestionar y que es posible dar una solución adecuada a los residuos
nucleares; no. Sacan ustedes, a partir de ahí, a partir de que ustedes
creen que los residuos nucleares se pueden gestionar de manera
aceptablemente segura en el futuro --en el futuro, porque hoy, estamos
donde estamos--, y ustedes sacan su conclusión, que ya es una opción
política y, por tanto, no hay ningún impedimento para el dearrollo de la
energía nuclear. Primero, es un salto en el vacío, pero un salto en el
vacío teórico muy poco riguroso, y, segundo, ese salto en el vacío que lo
dé un saltimbanqui, pero no usted.

Le repito, usted puede creer o no en la sinceridad de mis palabras y de
mi Grupo cuando le digo que no somos, por principio, contrarios a la
misión que por ley Enresa tiene encomendada; al contrario, nos parece una
misión fundamental, absolutamente necesaria y de Estado, pero, señor
Kindelán, o ustedes dan un enfoque --el que marca la ley, no otro-- y
dejan de convertirse en propagandistas de una energía que cuestiona la
mayoría de la ciudadanía española, o se van a encontrar, desde luego, con
la oposición de mi Grupo, al margen de lo que otros piensen y consideren.




El señor VICEPRESIDENTE (Dávila Sánchez): Corresponde ahora el turno a
los grupos no solicitantes de la comparecencia.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Fernández
Norniella.




El señor FERNANDEZ NORNIELLA: Señor Kindelán, muchas gracias por su
presencia.

Me va a permitir que después de tan árida intervención yo tenga una
licencia, y es que, a medida que le estaba oyendo hablar y a medida que
usted iba exponiendo claramente el funcionamiento de Enresa, sus
objetivos y su capacidad de gestión, me venía a la memoria una poesía de
un poeta español, Bécquer, que decía algo así, y perdón si no me adapto a
la realidad: «Lo que el salvaje que con torpe mano, hace de un tronco a
su capricho un dios, eso hicimos tú y yo». Y usted dirá: ¿Por qué? El
porqué, señor Kindelán, es que me da la sensación de que cuando se creó
Enresa, con unos objetivos claros de gestión de los residuos nucleares,
se le dieron unas atribuciones financieras, y a medida que pasa el tiempo
se va creando un monstruo de tal capacidad de presión que entiendo que
puede llegar a ser peligroso. Permítame que me explique.

Yo creo que Enresa tiene un valor de uso en este momento para los
españoles prácticamente nulo, mientras que, por el contrario, tiene un
valor de estima en el futuro considerable; es decir, es una empresa que
no tiene un objetivo claro en este momento, sin embargo, dentro de unos
años tendrá una misión insustituible. Entonces, ¿qué ocurre? Entiendo que
la misión fundamental de Enresa en este momento es una misión técnica:
debe proyectar hacia el futuro para conseguir unos objetivos claros; es
decir, dar una solución a las futuras generaciones españolas de un
problema hoy latente, pero un próximo futuro real: el de los residuos
radiactivos.

Mi modesta opinión es que un tema colateral pero que va creciendo día a
día, que es el tema financiero, puede restar recursos intelectuales y
profesionales a Enresa. Usted ha dicho que en este momento se están
gestionando 150.000 millones de pesetas, y a mí me venía también a la
memoria que los recursos propios de algunos bancos importantes de este
país andan rondando esa cifra. Imagínese 150.0000 millones de pesetas
gestionados por seis personas, que son las que usted apuntaba que los
gestionan, seis personas que yo entiendo son muy cualificadas, son buenos
profesionales, pero que tienen en sus manos una capacidad de presión que
en un momento puede inclinar temas puramente financieros de un sitio a
otro, o hacer tomar decisiones o acciones a capitales privados que se
vean influenciados por esa presión.

Es claro que usted apuntaba que el desglose de la cartera se distribuía,
aproximadamente, un 59 por ciento en papel del Estado sin ningún tipo de
riesgo, pero un 41 por ciento en empresas públicas y privadas. Luego
quiere decir que la inversión de Enresa en un 41 por ciento es una
inversión de riesgo, riesgo lejano en función de qué tipo de inversión
exista, pero riesgo. Yo me pregunto si algún tanto por ciento de este 41
a lo mejor no está en el tema de Banesto, por ejemplo, que podría ser.




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Al hilo de todo esto me preocupa que esos fondos, que pertenecen a todos
los españoles, que se van a destinar a un objetivo muy claro y muy
concreto, puedan tener un fin totalmente distinto, incluso tengan un
riesgo de desaparecer o de minimizarse como consecuencia de una no mala
gesión pero sí desafortunada, de la cual ni el mejor profesional está
libre.

Usted recordará que en la reunión de la Ponencia este tema ya lo
tratamos, e incluso yo planteé algunas cuestiones al respecto que no
quedaron muy claras y que a mí me gustaría, si es posible, que el señor
Presidente, si no en este momento, sí racionalice para habalr en el
futuro del tema.

¿No cree usted, señor Kindelán, que sería mucho más efectivo que ese
fondo creciente, pesado, con capacidad de presión, y de presión
financiera, estuviese gestionado por un organismo público específico y
especial, que pueda, de alguna manera, gestionarlo de otra forma? Creo
que no hay que inventar nada, sino que está todo inventado. Es
significativo que en el resto de los países europeos no haya uno solo en
el cual la empresa técnica responsable de la gestión de los recursos
radiactivos sea a la vez la responsable de la gestión de los fondos. Si
no recuerdo mal, en Francia es la empresa estatal de electricidad la que
gestiona los fondos y los entrega a la homónima de Enresa para que haga
su trabajo; en Suecia ocurre algo semejante, y en Alemania es un poco más
complejo, pero también es una empresa específica que gestiona los fondos
y que después entrega a la empresa técnica, según su presupuesto, para
que cumpla sus necesidades de trabajos técnicos, de investigació, de
desarrollo, que son los que yo entiendo importantes para el futuro.

Señor Kindelán, opino que esto que le estoy planteando es casi un cambio
de la filosofía de la empresa y de su organización, pero a mí me gustaría
que usted me contestase claramente, ¿no cree que podría ser mucho mejor
que estos fondos se gestionasen de una forma mucho más, no profesional,
repito --con esto entiéndame que no trato de minimizar a los
profesionales que lo están haciendo--, sino dentro de un entorno más
financiero, que permita, incluso por sinergias, aprovechar esos fondos?
Porque lo que decía mi compañero de Izquierda Unida es algo, permítame
decirlo, que parece una aberración, ya que estamos hablando de una
empresa estatal que está en el mercado de intereses financiando
operaciones de otra empresa estatal que está destinada al ahorro de la
energía. Es un puzzle un poco difícil de entender, con unos costes de
intermediación claros, porque me imagino que todo eso dentro del circuito
financiero tiene unos costes de intermediación que incluso se podrían
ahorrar.

Con esto, señor Kindelán, nada más me queda que una pincelada. ¿Recuerda
que en la reunión de la Ponencia hablamos de un edificio famoso? Yo he
visto la memoria y aparece el alquiler de un edificio a largo plazo. De
lo que ya me queda duda es si se trata de un edificio de su propiedad que
tienen alquilado.

El señor PRESIDENTE DE LA EMPRESA NACIONAL DE RESIDUOS RADIACTIVOS
(Kindelán Gómez de Bonilla): Efectivamente, yo lo he comprado y
alquilado...




El señor VICEPRESIDENTE (Dávila Sánchez): Señor Kindelán, ya habrá
momento en que podrá precisar lo que convenga.




El señor FERNANDEZ NORNIELLA: Entonces todavía lo entiendo menos, porque
resulta que Enresa no sólo se dedica al negocio del capital financiero,
sino también del capital inmobiliario.




El señor VICEPRESIDENTE (Dávila Sánchez): Por el Grupo Parlamentario
Socialista, el señor Ros tiene la palabra.




El señor ROS MAORAD: En primer lugar, darle la bienvenida al señor
Kindelán en nombre de mi Grupo y mostrarle, como a mi parecer ha habido
alguna palabra un poco gruesa en alguna intervención, no sólo nuestro
apoyo como Presidente de Enresa, sino también nuestro apoyo y respeto a
la biografía de Juan Manuel Kindelán.

Dicho esto, añadir que hemos tenido ocasión, en la ponencia del Consejo
de Seguridad Nuclear, de participar de algunas informaciones que desde
Enresa nos han llegado. Esas informaciones, a nuestro juicio, fueron
suficientes para el fin al que la ponencia se veía obligada a actuar; es
decir, a efectuar una serie de resoluciones sobre los tres semestres
anteriores, por tanto durante año y medio, del Consejo de Seguridad
Nuclear.

Decir también que para nosotros no hay ninguna duda sobre los objetivos
de Enresa. Podemos participar de que son unos objetivos complejos, pero
desde luego no nos parece adecuado atribuir solamente a Enresa o
solamente al Estado español la incertidumbre sobre qué se va a hacer con
los residuos. En España no hay ni más ni menos incertidumbre que en
cualquier otro país de nuestro entorno desarrollado.

Respecto a los gastos de Enresa, quiero manifestar que las órdenes
ministeriales ni son ni dejan de ser sorprendentes, son órdenes
ministeriales. Por tanto, cualquier actuación de acuerdo a las mismas es
absolutamente legítima.

Se ha sugerido que Enresa es una empresa que se ha convertido poco menos
que en propagadora o propagandista de la energía nuclear. Yo creo que
deberíamos ser todos conscientes de que no vivimos en sociedades
angelicales, y tenemos un ejemplo que viene muy bien. Cuando el Congreso
aprobó la retirada de los pararrayos radiactivos de colegios, eficios,
etcétera, por las cintas de americio, parecía que era una cuestión
absolutamente resuelta y, sin embargo, al final, esos pararrayos tuvieron
que ir a Inglaterra para procesarse perdiendo algo que se podía haber
quedado, en cuanto a su valor añadido, su beneficio en España.

No es cierto tampoco que los municipios del entorno de las centrales sean
municipios que estén al dictado de determinadas propagandas, porque en
todas las centrales nucleares y en su entorno hay planes de emergencia



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nuclear, y los 300 millones sería lo de menos, lo más importante es que
desde la Administración central y desde las administraciones autonómicas
se han hecho planes de desarrollo importantes en carreteras, en
comunicaciones, en telefonía, etcétera. Eso es algo que queríamos también
subrayar.

Referente a la investigación, desde luego mostrar todo nuestro apoyo.

Pensamos que la eficacia en la gestión de esos fondos para la
investigación no tiene nada que ver con el obscurantismo. Pensamos que,
desde luego, no es adecuado algún planteamiento que se ha hecho sobre la
participación de esta misma Comisión a la hora de adjudicar determinados
estudios.

Por consiguiente, damos nuestro apoyo a esa investigación que para
nosotros es necesaria, y que, tal y como se ha planteado, debe estar
necesariamente coordinada no sólo con instituciones científicas
españolas, sino con instituciones y con empresas de similares
características a las de Enresa que existen en el resto de Europa. Al
mismo tiempo, también queremos decir, desde el Grupo Socialista, que debe
ser una investigación solidaria, es decir, que al final esos residuos no
tengan como destino último países que en estos momentos se puedan
encontrar en niveles de subdesarrollo.

Quiero hacer alguna precisión más respecto a una cuestión que se ha
planteado. Que las atribuciones financieras de Enresa puedan constituir
un monstruo en estos momentos no creo que sea cierto. Lo mostrenco, con
perdón, o lo insolidario sería dejar para generaciones futuras el hecho
de no tener prevista la inversión de lo que va a costar tanto el cierre
definitivo de las centrales nucleares como su almacenamiento. España ha
resuelto bien la localización, el almacenamiento en El Cabril de los
residuos de baja; creo que es un modelo que hay que resaltar. La
localización del almacén definitivo habrá que seguir investigándola, y
alguna cosa acaba de decir sobre esto el Presidente de Enresa. Pero para
nosotros hay una cuestión que queremos plantear al señor Kindelán. Desde
estos momentos, y en la situación en que se encuentran los almacenes de
las distintas centrales nucleares en funcionamiento, hasta que se tome la
decisión del almacenamiento definitivo, qué previsiones o qué programa
tiene previsto Enresa para que no haya dificultades de cara a esos años
que quedan.

Por otra parte, también nos gustaría --si el Presidente lo cree
oportuno-- que nos esbozara qué programa de clausura definitiva de las
centrales nucleares tiene previsto Enresa.




El señor VICEPRESIDENTE (Dávila Sánchez): Voy a dar la palabra al señor
Kindelán, Presidente de Enresa. Me permito únicamente recordarle, por lo
que pueda tener de utilidad, la larga experiencia de esta Comisión en el
tema de los residuos nucleares y de gestión de Enresa, por lo que la
concisión en su intervención de ahora para hablar con todos los Grupos
estoy seguro de que no mermará en absoluto la comprensión de los temas.

Tiene la palabra, señor Kindelán.




El señor PRESIDENTE DE LA EMPRESA NACIONAL DE RESIDUOS RADIACTIVOS
(Kindelán Gómez de Bonilla): Seré breve y procuraré contestar sobre todo
a las cosas que me parecen más significativas.

Al señor García Fonseca quería decirle que yo no quisiera polemizar, sino
referirme a los hechos. Tengo que rechazar radicalmente que la
financiación al IDAE en el año 1990 fuera mayor que la que en ese momento
existía en el mercado. Cuando he dado cifras anuales han sido medias,
como es natural. Me parece que he dicho que en el año 1990 era el 14 por
ciento la media anual, pero en el momento en que se hizo la operación
teníamos otras ofertas, y no sólo ofertas, hemos hecho operaciones a
intereses más altos. Con mucho gusto haré llegar a la oficina del señor
García Fonseca una nota explicando qué operaciones hizo Enresa en aquel
momento, porque no es cierto que haya hecho con el IDAE la operación más
alta de su historia, eso es algo que tengo que repetir. No han sido
juegos malabares, como se me ha dicho, sino que, de hecho, el mercado
financiero fluctúa y no hemos hecho nunca operaciones especialmente
nefastas con el IDAE. Además, tampoco se hubiera sometido a ello. El
mercado financiero es totalmente transparente y hubiera sido una tontería
por parte del IDAE coger dinero de Enresa cuando lo puede coger de un
banco aparentemente a intereses más bajos.

Hay un tema importante que ha comentado el señor García Fonseca y que
quiero resaltar. Nunca he sido pronuclear ni lo soy ahora. Tampoco he
sido ferviente antinuclear, porque creo que ese tipo de energía tiene
ventajas e inconvenientes. Desde luego, rechazo la idea de que se haya
escrito en algún sitio que Enresa haya dicho, y yo o alguien de Enresa
haya dicho, que el futuro de la energía nuclear está clarificado porque
el problema de los residuos está resuelto. Lo que sí hemos dicho en todos
los tonos es que creemos que el problema de los residuos se puede
resolver. Si no lo creyésemos no estaríamos aquí, hubiéramos dimitido,
porque no sé qué hacen unas personas que no creen en la tarea que están
realizando.

Eso no quiere decir, en absoluto, que ni Enresa ni yo mismo hayamos
promovido la energía nuclear. Me gustaría saber en qué texto o en qué
lugar ha salido una frase que diga eso. En cambio, sí hemos dicho, y me
reafirmo en ello, que hay posiciones que dificultan la tarea, que son
claramente: «Cuanto peor, mejor.» Pero de ninguna manera he pensado en el
Grupo al que representa el señor García Fonseca al decir esto; he pensado
en hechos concretos, como que responsables de organismos que no quiero
citar ahora han estado en mi despacho y me han dicho: «Cuando se cierren
las centrales nucleares os ayudaremos a resolver el problema de los
residuos.» No han ocultado que el problema de los residuos era un arma
más para combatir la energía nuclear. Yo he dicho, como saben SS. SS., la
ira nuclear.

Cuando digo todo esto lo hago para que la gente entienda que hay una
vocación, por otra parte legítima, que tiene aspectos racionales, y no
sólo racionales, de enemistad hacia la energía nuclear, que por otra
parte



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comprendo, y que usa de cualquier arma para combatir este tipo de
energía. A esto me he referido y me refiero, y no me avergüenzo, al decir
que hay posiciones que dificultan nuestra tarea, que son de índole de
decir: «Cuanto peor, mejor.» Probablemente las personas que piensan de
esta forma son honestas intelectualmente, y tiene una posición personal
legítima, yo no la comparto, pero es legítima.

Me parecía importante aclarar estas dos cosas en las que ha insistido el
señor García Fonseca.

Por lo que se refiere al manejo de los fondos de Enresa, creo que es
evidente que todas las soluciones son posibles. Quisiera señalar
solamente algunos ejemplos concretos que conozco a fondo. El Departamento
de Energía de Estados Unidos es el encargado de hacer las labores que en
Europa realizan las empresas. Como ustedes saben, en América los
departamentos ministeriales son mucho más ágiles, y aunque tampoco lo
hacen ellos, como no lo hace Enresa, contratan con quien quieren y con
rapidez, y algunos son responsables. Su desesperación es que no manejan
el fondo, semejante al de Enresa, que es el famoso «mill» de dólar por
kilovatio/hora producido, que gestiona el Departamento del Tesoro. Me
decía hace poco el responsable del organismo público americano
equivalente a Enresa que se lo están gastando en disminuir el déficit del
presupuesto americano. Este es un riesgo que existe si este fondo que
recauda el Estado lo maneja él mismo; es mucho mejor que lo maneje un
ente ajeno al Estado. Cabe discutir si tiene que ser la propia empresa
técnica la que lleve a cabo la gestión de residuos u otro organismo.

En el caso sueco (donde hay una empresa equivalente a la nuestra,
totalmente igual) es un organismo del Estado independiente del Tesoro,
que no puede caer en el vicio americano porque tiene prohibido usar eso
para nada que no sea para rentabilizarlo. A mí me parece que no sería
dramático para este país que se crease un organismo público que cogiese a
mis seis empleados de Enresa, se los llevase a otra oficina y gestionase
el dinero; sería totalmente igual, con la única salvedad de que, en
cambio, sería preciso que no me limitasen el presupuesto de gastos de
Enresa, lo digo con toda honestidad porque no tengo por qué no ser
transparente; es decir, que se me controle lo que gasto, pero que no me
impidan hacerlo bien, que es lo que hasta ahora, excepcionalmente en este
país, hemos podido hacer, porque casi nadie tiene dinero para hacer bien
las cosas, y nosotros lo hemos tenido. Por eso no tenemos tanto mérito;
que quede claro que no nos creemos genios. Hemos hecho bien las cosas
porque teníamos la gente y el dinero para hacerlas. En cualquier montaje
que se haga lo que importa es que sea así, que tengamos el dinero y que
se nos controle, pero personalmente no puedo decir que sea peor que las
seis personas que llevan el tema en Enresa estén en Enresa o en la acera
de enfrente. No sé si explico con claridad mi punto de vista al respecto.

Hay un detalle importante, que son los costes de intermediación. No ha
habido ningún coste de intermediación y precisamente quiero subrayar que
eso que usted repite de la capacidad de presión, aquí es muy escasa. Yo
cojo un pagaré de un banco por diez mil millones a tres años (si no lo
cojo yo lo hará otro porque hay un mercado) y lo que discutiré a cara de
perro es cuánto le pago, eso es lo que mi gente discute, el medio o el
cuarto punto de más, que es lo importante en un mercado totalmente fluido
y transparente. El mundo entero puede comprar mañana bonos japoneses o
los japoneses pueden comprar bonos del Banco Central-Hispano. No me
parece que haya una gran capacidad de presión. No es un dinero, digamos,
que se dedique a subvencionar, es un dinero que está todos los días, como
el que compra acciones de Unión Fenosa, me parece a mí, aunque quizá me
equivoque. A ese respecto quiero decir --me parece que lo ha citado el
señor García Fonseca-- que jamás se nos ha dado un duro a eléctricas o a
bancos. Hemos comprado papel de eléctricas y de bancos que nos parecía
seguro, pero --respondiendo a lo que usted decía-- efectivamente hay un
riesgo.

Aquí hay un tema en el que merece la pena perder un minuto para
subrayarlo. Cualquier persona experta en la gestión de fondos
importantes, que en España no hay muchos, pero algunos hay, y en América
y en el mundo entero es una cosa banal, sabe que a largo plazo no es
verdad que sea mejor no correr riesgos. Precisamente un fondo como Enresa
lo que tendría que hacer, a mi juicio personal --no estoy
reivindicándolo-- para rentabilizar más es correr más riesgos, porque
todo el mundo sabe, por ejemplo, que un fondo a veinte años en renta
variable puede rentar prácticamente tres puntos anuales más que un fondo
de renta fija, lo que a veinte años es una fortuna. Lo que es evidente es
que el año diecisiete la renta variable puede ser una ruina. No obstante,
todos los expertos saben que hay que diversificar los fondos y el nuestro
está poco diversificado, con la excepción de tres inmuebles que en el
fondo son lo mismo; son inmuebles comprados en buenas condiciones y
alquilados a los bancos que los vendían. Es una operación puramente
financiera de nuevo y en vez de un papelito es un inmueble. Pero no hemos
hecho una operación inmobiliaria, sino que hemos comprado un inmueble del
banco equis, lo hemos alquilado al banco por veinte años con una tasa de
inflación y estamos como si fuera papel del banco equis. Creo que una
cartera como la de Enresa llega a un punto en que debiera diversificarse,
si fuese una cartera para ser rentabilizada a largo plazo.

El representante del Grupo Socialista me ha hecho la pregunta de cuál es
nuestra perspectiva de almacenamiento en centrales. Quiero ser muy breve
y esquemático. Por suerte, nosotros hemos podido ir resolviendo los
problemas más urgentes, que eran los de las centrales que se llenaban
deprisa, Almaraz y Ascó. Cuando empezamos a trabajar nos preocupaba mucho
porque no teníamos almacenamiento centralizado y queríamos hacerlo pero
no encontrábamos sitio. Poco a poco, viendo lo que pasaba en América,
vimos que se podía ampliar la capacidad de las piscinas, que es lo que ya
se ha hecho en estas dos centrales. Digamos que hemos ido estirando un
poco el bulto y procurando que ese problema desapareciera.




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Aparecen después nuevos problemas en el corto plazo en años sucesivos.

Hemos trabajado en estos años poniendo a punto técnicas para almacenar
fuera de la piscina, en la que ya manifiestamente no cabía, combustible
gastado, y es lo que estamos estudiando para las centrales que
próximamente tendrán problemas, que es el caso de Trillo y sucesivamente
Zorita, Garoña y Cofrentes. Pensamos que de algún modo este
almacenamiento en seco también resolverá el problema durante unos años.

¿Qué va a ir pasando después? Después va a ir pasando que alguna vez
alguna central tendrá que cerrarse. Me ha preguntado el señor Ros cómo
vemos este tema. Es impredecible, no ya como político sino como técnico,
porque nadie sabe cuándo se cierran las centrales nucleares. Es un
problema que está en discusión en el mundo entero. ¿Por qué? Porque todos
saben que lo más valioso dentro de las centrales es el sitio en que están
y todos piensan que lo más rentable es prolongar su vida tanto cuanto sea
razonalbe. Y ese tanto cuanto sea razonable no sabe nadie cuánto es. Lo
que sí es cierto es que todas prolongan su vida.

En España, para no dar ideas vagas, la central de Zorita es el caso más
evidente porque es la más antigua. Teóricamente Zorita, no por permiso,
porque en España --cosa extraña-- casi ninguna tiene permiso más que
provisional por un año, cuando se hizo estaba prevista para treinta años,
que cumple el año 1998. Todo el mundo sabe que Zorita ha sido reparada y
reinvertida, y todo el mundo piensa que puede durar más, a pesar de que
ahora hay, por lo visto, una grieta que plantea no sé qué problema de
segunda importancia. Lo cierto es que teóricamente no sabemos cuándo se
cerrará Zorita. Suponemos que alguna vez se cerrará. Vamos a pensar que
tal como es la moda hoy en día --y no digo más que una moda técnica--,
todo el mundo habla de por lo menos cuarenta años de vida de cada
central. Luego en el año 2008 ó 2010 teóricamente se planteará el primer
problema serio de que hay que cerrar una central.

¿En qué afecta esto a la Enresa del momento? Afecta en que, una vez que
se cierra una central, sí que es extremadamente caro mantener combustible
en la misma, porque cerrar una central y mantener el combustible en la
piscina implica mantener todos los gastos inherentes a que la piscina sea
conservada, a que se pueda mover el combustible, a que el agua sea
refrigerada, depurada. Es decir, se puede llegar a una cifra difícil de
estimar ahora --pido perdón--, pero puede suponer varios miles de
millones de pesetas al año. Digamos, por ejemplo, que dos mil millones o
algunos más costaría al año mantener una central, por tiempo indefinido,
en condiciones de seguridad, cuando no hay nada más que combustible
gastado en la piscina. Quiere esto decir que debería pensarse ya qué es
lo que habría que hacer con el combustible gastado cuando haya que cerrar
las centrales. Lo razonable sería llevarlo todo a un sitio determinado
donde no hubiese ya ese gasto de conservación y que pudiese mantenerse el
tiempo que hiciera falta, hasta que el almacenamiento definitivo
estuviese instalado hacia el año 2020.

Esto enlaza --y pido perdón a SS. SS. por alargarme-- con que estamos
diciendo que hacia el año 2000 Enresa deberá someter al poder público
tres o cuatro sitios que son razonables como futura ubicación del
almacenamiento definitivo. Es entonces cuando el poder público debería
decidir dónde se va a hacer y nos parece razonable, aunque discutible y
puede haber otras alternativas, que en ese momento --digamos hacia el
2002, por fijar las ideas-- se pudiera decir dónde se va a hacer el
definitivo, estudiándolo en detalle, y también se podría hacer
almacenamiento de superficie porque sería el modo de evitar problemas de
opinión pública duplicados. Sería muy fácil, hacia el 2008, tener un
sitio donde llevar el combustible de Zorita y sucesivamente de las demás.

De algún modo esta visión se traduce, a nivel político, en que, aunque
tenemos mucho tiempo para hacer todo, los pasos son concatenados y
convendría desde ahora o dentro de unos pocos años irlos concatenando
para poder hacerlos, porque si dejan de hacer sondeos a Enresa en los
próximos años, no podremos proponer al Gobierno, en el año 2000, cuatro o
cinco sitios, no encontraremos dónde colocar el combustible de
superficie, no podremos cerrar Zorita de un modo barato, etcétera. Todo
se va concatenando y, aunque todo sea a largo plazo, habrá que intentar
dar los pasos sucesivos que haya que dar.

No sé si con esto contesto al señor Ros, dándole la visión objetiva del
problema.




El señor VICEPRESIDENTE (Dávila Sánchez): Vamos a hacer un turno muy
rápido, pero vuelvo a llevar a la conciencia de los grupos que éste es un
tema recurrente. El tema nuclear ha sido objeto en esta Comisión de mucha
deliberación y continuará siéndolo. No tratemos de agotar las cosas hoy y
dejemos algo para las sesiones siguientes.

Tiene la palabra el señor García Fonseca, en nombre del Grupo Federal de
Izquierda Unida.




El señor GARCIA FONSECA: No voy a reabrir el debate porque espero que
continuaremos viéndonos --estoy seguro--, pero sí quería intervenir para
aclarar algunas cosas que me parecen importantes.

Una primera aclaración, la que tiene prioridad, es la alusión que hizo el
amigo y portavoz del Grupo Socialista a que yo utilicé algún calificativo
grueso y, además, en el contexto en que lo dijo, parecía que era una
descalificación personal al señor Kindelán. Quiero decir que a nivel
personal el señor Kindelán me merece el mayor de los respetos. A nivel
técnico no tengo capacidad para hacer una valoración técnica del señor
Kindelán. Le supongo la competencia técnica para estar dónde está. Otra
cosa es que yo luego valore de una forma o de otra su gestión y que
valore también declaraciones públicas que yo entiendo que descalifican a
grupos sociales, ecologistas, etcétera. En ningún momento me doy por
aludido.

La segunda aclaración que quería hacer, brevísima, es que mi Grupo,
cuando hablaba de los proyectos de investigación, en ningún momento
planteó que quien decidiera tales proyectos fuera el Congreso de los
Diputados, alguna ponencia o alguna comisión. Yo leí literalmente



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--porque lo leí-- que sería por instancias decisorias reconocidas por su
capacidad científico-técnica, independientes de la dirección de Enresa, y
que justifiquen sus decisiones ante órganos de control que representen al
conjunto de la sociedad. Esto último no hace falta ni escribirlo, porque
en cualquier momento yo puedo pedir al señor Kindelán o a la comisión que
sea que justifique aquí este tipo de decisiones u otras.

Por último, quiero pedirle que la información escrita a que en varias
ocasiones ha aludido el señor Kindelán, como complemento de la que nos
dio hoy, nos la haga llegar y, además, como él mismo indicaba
textualmente, lo más detallada posible en temas tales como los gastos,
las relaciones de empresas con fondos de Enresa, la relación de puestos
de investigación en los que Enresa participe significativamente, las
conclusiones actuales de los emplazamientos de residuos posibles,
etcétera. En algunos casos he solicitado información y no me ha llegado.

Espero que en esta ocasión, habiéndose ofrecido el propio señor Kindelán
a ello, nos llegue.

El señor VICEPRESIDENTE (Dávila Sánchez): Por el Grupo Parlamentario
Popular tiene la palabra el señor Fernández Norniella.




El señor FERNANDEZ NORNIELLA: Voy a tratar de complacer al señor
Presidente y ser muy breve.

Quisiera aclarar algo que ha dicho el portavoz socialista al referirse a
unas manifestaciones mías, y a la expresión monstruo. He querido decir y
digo que en ningún momento hemos cuestionado el objetivo de Enresa y el
motivo por el que fue creada. Está claro que Enresa es una institución
que si no existiese habría que crearla. Hipotecar el futuro de las
generaciones españolas, sin solucionar el problema de los residuos
radiactivos, sería por lo menos suicida.

Dicho esto, quiero matizar también que en lo que no estoy de acuerdo es
en que el mismo ente al que se encarga la gestión técnica de los residuos
gestione los recursos que se van consiguiendo. El señor Kindelán hablaba
de Estados Unidos, de Alemania, de Francia, y resulta que en ninguno de
esos países están mezcladas las dos cosas. Me permitirá que diga, como
los castizos, que por algo será, teniendo ellos experiencia de muchos más
años.

Quiero aclarar también otra expresión mía, elemento de presión. El señor
Kindelán, de cuya trayectoria profesional y currículum no tengo ninguna
duda y, además, creo que es laudable, no debe ignorar que 100.000
millones de pesetas en manos especulativas pueden doblegar muchas
voluntades y cambiar muchas decisiones. Sería de ciegos ignorar eso y
podríamos contar historias, pero no es el momento.

Como colofón, los edificios. ¿Qué más especulativo puede haber, señor
Kindelán, que el que usted compre unos edificios a unos bancos y se los
alquile? Lo único que ha hecho es sacarlo de sus activos y le ha dado
beneficios. Quiero decir que es un favor que de alguna manera tienen que
pagar. Así de claro. Creo que tampoco es el momento de entrar en estas
disquisiciones. Yo he tratado de manifestar unas inquietudes personales y
de mi Grupo al respecto.

Quisiera terminar recordándole que en la reunión de la Ponencia hablamos
de la posibilidad de que nos facilitase las auditorías últimas y quedó en
facilitárnoslas. Como no las hemos recibido me permito recordárselo para,
cuando las recibamos, hablar con conocimiento de causa sobre muchas
cosas, pues nuestra ignorancia nos puede hacer decir lo que no debemos.




El señor VICEPRESIDENTE: (Dávila Sánchez): Por el Grupo Parlamentario
Socialista tiene la palabra el señor Ros.




El señor ROS MAORAD: Solamente para aceptar que algo hubiera entendido
mal.

Señor Fernández, al Grupo Socialista le agrada, por lo que he podido leer
de años anteriores en esta Comisión, ese espíritu de colaboración que
muestra el Partido Popular. Permítame que por el afecto que nos une le
diga que no proponga crear un nuevo organismo porque, como sabe usted,
ayer, entre las medidas de choque que el Partido Popular propuso en el
Pleno estaba la desaparición de ochenta organismos actuales: ochenta más
uno, ochenta menos uno. Se lo digo con afecto, señor Fernández.

Señor García Fonseca, siento mucho haber entendido mal los calificativos
que usted había utilizado. Desde luego, en un sistema democrático no es
en absoluto incompatible la crítica que usted, cuando quiera, puede hacer
legítimamente en esta Comisión con respecto a las personas. También
quiero decirle que algunas cosas compartimos --y se lo digo con afecto--
porque me imagino que tanto usted como yo leemos la revista «Estratos».




El señor FERNANDEZ NORNIELLA: Señor Presidente, pido la palabra por
alusiones, sólo dos minutos.




El señor VICEPRESIDENTE (Dávila Sánchez): Señor Fernández Norniella,
seguro que tiene capacidad para resumir su discrepancia en un minuto.




El señor FERNANDEZ NORNIELLA: Unicamente quiero aclarar alguna expresión
del señor Ros. Me va a perdonar que vuelva al casticismo y diga que no
mezclemos las churras con las merinas. Yo no he hablado de crear un
organismo, el organismo está creado. Todos los organismos que queramos
existen y, al existir, no hace falta crearlos.

Por otro lado, le agradezco sus manifestaciones con el mismo afecto que
usted, pero creo que no hay más camino que el derecho y, en este caso,
permítame que se lo diga, Enresa tiene que existir pero con objetivo
finalista, gestionar los residuos radiactivos, no gestionar grandes
montos de dinero que, repito, pueden transformarse, se quiera o no, en
elementos de presión.




El señor VICEPRESIDENTE (Dávila Sánchez): Cierra la sesión el señor
Presidente de Enresa para las aclaraciones a las últimas intervenciones
de los grupos.




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El señor PRESIDENTE DE LA EMPRESA NACIONAL DE RESIDUOS RADIACTIVOS,
ENRESA (Kindelán Gómez de Bonilla): Yo no tengo nada que añadir. Con
mucho gusto mandaré inmediatamente la documentación que me han pedido.

Sigo pensando que no sé la presión que puedo ejercer comprando un bono
del Estado o una casa a un banco. Ponerme una comisión bajo cuerda es lo
que pueden hacer. (Rumores.)



El señor VICEPRESIDENTE (Dávila Sánchez): Terminemos la sesión en orden y
forma.

Agradezco, en nombre de la Comisión, al señor Presidente de Enresa, don
Juan Manuel Kindelán, su comparecencia y las informaciones que nos ha
proporcionado.

Recojo y reitero desde la Mesa esa petición hecha por Izquierda Unida y
por los otros grupos de que la aportación de información no es sólo
bienvenida sino que nos puede ser enormemente útil. Por lo tanto, envíe a
la Mesa no sólo la que le ha sido solicitada, señor Presidente de Enresa,
sino toda aquella que considere que pueda facilitar las sesiones de
trabajo que tendremos posteriormente sobre este tema, y se les hará
llegar a los grupos adecuadamente.

Se levanta la sesión.




Era la una y cuarenta y cinco minutos de la tarde.