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DS. Senado, Pleno, núm. 105, de 14/12/2010
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
SENADO
Año 2010 IX Legislatura
Núm. 105
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR D. FRANCISCO JAVIER ROJO GARCÍA
Sesión del Pleno
celebrada el martes, 14 de diciembre de 2010
ORDEN DEL DÍA:
Segundo
DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Continuación)
-- De la Comisión de Fomento en relación con el Proyecto de Ley del servicio postal universal, de los derechos de los usuarios y del mercado postal. (Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie II, número 76, de
fecha 9 de diciembre de 2010). (Número de expediente Senado 621/000076 y número de expediente Congreso 121/000093).
Tercero
LECTURA ÚNICA DE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
-- Proyecto de Ley Orgánica por la que se autoriza la ratificación por España del Protocolo por el que se modifica el Protocolo sobre las disposiciones transitorias, anejo al Tratado de la Unión Europea, al Tratado de funcionamiento de la
Unión Europea y al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica, firmado en Bruselas el 23 de junio de 2010. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. (Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado,
Serie II, número 78, de fechas 3 y 13 de diciembre de 2010). (Número de expediente Senado 621/000078 y número de expediente Congreso 121/000102).
Cuarto
EN SU CASO, CONOCIMIENTO POR EL PLENO DE TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
-- Acuerdo de Servicio de Préstamo entre los siguientes Estados miembros cuya moneda es el euro: el Reino de Bélgica, Irlanda, el Reino de España, la República Francesa, la República Italiana, la República de Chipre, el Gran Ducado de
Luxemburgo, la República de Malta, el Reino de los Países Bajos, la República de Austria, la República Portuguesa, la República de Eslovenia, la República Eslovaca, y la República de Finlandia y KfW, actuando en interés público, con sujeción a las
instrucciones y acogiéndose a la garantía de la República Federal de Alemania, como Prestamistas, y la República Helénica como Prestatario y el Banco de Grecia como Agente del Prestatario, hecho en Atenas y Bruselas el 8 de mayo de 2010. SE TRAMITA
POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. (Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Cortes Generales, Serie A, número 361, de fecha 22 de octubre de 2010). (Número de expediente Senado 610/000219 y número de expediente Congreso
110/000224).
-- Acuerdo entre Acreedores suscrito por el Reino de Bélgica, la República Federal Alemana, Irlanda, el Reino de España, la República Francesa, la República Italiana, la República de Chipre, el Gran Ducado de Luxemburgo, la República de
Malta, el Reino de los Países Bajos, la República de Austria, la República Portuguesa, la República de Eslovenia, la República Eslovaca, y la República de Finlandia, hecho en Bruselas el 8 de mayo de 2010. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE
URGENCIA. (Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Cortes Generales, Serie A, número 362, de fecha 22 de octubre de 2010). (Número de expediente Senado 610/000220 y número de expediente Congreso 110/000225).
Quinto
CONOCIMIENTO DIRECTO POR EL PLENO DE CONVENIOS ENTRE COMUNIDADES AUTÓNOMAS
-- Convenio de colaboración entre el Gobierno de la Generalitat de Cataluña y el Gobierno de Aragón para la difusión de las emisiones de los canales de televisión de titularidad pública en los territorios respectivos. (Publicado en el
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 556, de fecha 1 de diciembre de 2010). (Número de expediente Senado 592/000025 y número de expediente Congreso 093/000027).
SUMARIO
Se reanuda la sesión a las diez horas.
DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Continuación.) (Página 5683)
De la Comisión de Fomento en relación con el Proyecto de Ley del servicio postal universal, de los derechos de los usuarios y del mercado postal (Página 5683)
El señor Becana Sanahuja, presidente de la comisión, presenta el dictamen.
Comienza el debate del articulado. Los señores Nuet i Pujals y Muñoz Hernández defienden las enmiendas 1 a 6 y 8 a 43, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés.
La señora Sanz Murillo defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista de la vuelta al texto remitido por el Congreso de los Diputados en lo modificado por la enmienda 7 del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés.
La señora Moya Moreno defiende las enmiendas 44 a 71, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.
En turno en contra hace uso de la palabra la señora Sanz Murillo.
En turno de portavoces intervienen el señor Pérez Bouza, por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas; la señora Candini i Puig, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió; los señores Muñoz Hernández,
por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés; Gordo Pérez, por el Grupo Parlamentario Socialista, y Rico Ruiz, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.
Se procede a votar.
Se rechaza la enmienda 36, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, por 6 votos a favor, 124 votos en contra y 121 abstenciones.
Se rechazan las restantes enmiendas del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés por 5 votos a favor, 246 votos en contra y 2 abstenciones.
Se aprueba la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista que propone la la vuelta al texto remitido por el Congreso de los Diputados en lo modificado por la enmienda 7 del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, por 127 votos a
favor, 125 votos en contra y 1 abstención.
Se rechazan las enmiendas 44 a 71, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, por 119 votos a favor y 134 votos en contra.
Se aprueban aquellas partes del proyecto de ley enmendadas en comisión y no comprendidas en las votaciones anteriores, por 127 votos a favor, 5 votos en contra y 121 abstenciones.
Se aprueba el resto del proyecto de ley por 128 votos a favor, 5 votos en contra y 120 abstenciones.
El señor presidente anuncia el traslado de las enmiendas aprobadas al Congreso de los Diputados para que este se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por S.M. el Rey.
LECTURA ÚNICA DE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Página 5694)
Proyecto de Ley Orgánica por la que se autoriza la ratificación por España del Protocolo por el que se modifica el Protocolo sobre las disposiciones transitorias, anejo al Tratado de la Unión Europea, al Tratado de funcionamiento de la Unión
Europea y al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica, firmado en Bruselas el 23 de junio de 2010. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. (Página 5694)
Se aprueba definitivamente por las Cortes Generales el indicado proyecto de ley orgánica.
CONOCIMIENTO POR EL PLENO DE TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Página 5694)
Acuerdo de Servicio de Préstamo entre los siguientes Estados miembros cuya moneda es el euro: el Reino de Bélgica, Irlanda, el Reino de España, la República Francesa, la República Italiana, la República de Chipre, el Gran Ducado de
Luxemburgo, la República de Malta, el Reino de los Países
Bajos, la República de Austria, la República Portuguesa, la República de Eslovenia, la República Eslovaca, y la República de Finlandia y KfW, actuando en interés público, con sujeción a las instrucciones y acogiéndose a la garantía de la
República Federal de Alemania, como Prestamistas, y la República Helénica como Prestatario y el Banco de Grecia como Agente del Prestatario, hecho en Atenas y Bruselas el 8 de mayo de 2010. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.
Se autoriza.
Acuerdo entre Acreedores suscrito por el Reino de Bélgica, la República Federal Alemana, Irlanda, el Reino de España, la República Francesa, la República Italiana, la República de Chipre, el Gran Ducado de Luxemburgo, la República de Malta,
el Reino de los Países Bajos, la República de Austria, la República Portuguesa, la República de Eslovenia, la República Eslovaca, y la República de Finlandia, hecho en Bruselas el 8 de mayo de 2010. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.
Se autoriza.
CONOCIMIENTO DIRECTO POR EL PLENO DE CONVENIOS ENTRE COMUNIDADES AUTÓNOMAS (Página 5695)
Convenio de colaboración entre el Gobierno de la Generalitat de Cataluña y el Gobierno de Aragón para la difusión de las emisiones de los canales de televisión de titularidad pública en los territorios respectivos
La Cámara toma conocimiento de la celebración de dicho convenio.
Se levanta la sesión a las once horas y veinticinco minutos.
Se reanuda la sesión a las diez horas.
El señor PRESIDENTE: Buenos días, señorías. Se reanuda la sesión.
DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Continuación.)
-- DE LA COMISIÓN DE FOMENTO EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DE LEY DEL SERVICIO POSTAL UNIVERSAL, DE LOS DERECHOS DE LOS USUARIOS Y DEL MERCADO POSTAL (Número de expediente Senado 621/000076 y número de expediente Congreso 121/000093).
El señor PRESIDENTE: Dictamen de la Comisión de Fomento en relación con el proyecto de ley de servicio postal universal, de los derechos de los usuarios y del mercado postal.
Para la presentación del dictamen, tiene la palabra el senador Becana.
El señor BECANA SANAHUJA: Señor presidente, señorías, el proyecto de ley que se somete en este acto a la consideración del Pleno del Senado se tramita por el procedimiento ordinario y tuvo su entrada en esta Cámara el día 15 de noviembre,
fecha de su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
El plazo de presentación de propuestas de veto y de enmiendas finalizó el día 26 de noviembre. Al proyecto de ley se han presentado un total de 79 enmiendas, distribuidas de la siguiente forma: De la 1 a la 43, presentadas por el Grupo
Parlamentario Entesa Catalana de Progrés; de la 44 a la 71, presentadas por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, y de la 72 a la 79, presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista.
La ponencia se reunió para informar el 29 de noviembre, manteniendo todas las enmiendas presentadas para su debate y votación en comisión sin incorporarlas en ese trámite al texto del proyecto de ley remitido por el Congreso de los
Diputados.
La comisión se reunió finalmente para dictaminar el día 2 de diciembre, introduciendo las siguientes enmiendas en el texto original remitido por el Congreso: Las números 72 a 79, del Grupo Parlamentario Socialista; la número 7, del Grupo
Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, y una transaccional sobre la base de la número 74, del Grupo Parlamentario Socialista.
A día de hoy, a este texto se han presentado los siguientes votos particulares: número 1, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés; número 2, del Grupo Parlamentario Socialista y, número 3, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado.
Este es el informe que se remite para su consideración al Pleno.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Pasamos al turno de la defensa de las enmiendas.
El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés ha dividido su tiempo.
Para la defensa de sus enmiendas, tiene la palabra el senador Nuet.
El señor NUET I PUJALS: Gracias, señor presidente.
Intervengo muy rápidamente para defender las 43 enmiendas, y lo voy a hacer de manera global, explicando qué es lo que hay detrás de ellas. No voy a pormenorizar cada una de ellas ni su contenido.
Señorías, el debate de esta ley es profundamente ideológico. No lo amaguemos, pues no es un debate técnico y no es una ley que venga a mejorar el servicio postal o el servicio de Correos en España. Intenta traer una directiva, una
normativa europea y, por tanto, podría también denominarse ley del servicio postal o «Nos lo exigen los mercados y la Unión Europea a su servicio». Ese podría ser el subtítulo de la ley.
Realmente estamos ante un debate ideológico, el debate ideológico de que el servicio postal público de este país se va a convertir con esta ley en el apagón postal en nuestro país -el apagón fiscal también existe-; de cómo el servicio
público postal se convierte en un servicio residual y el negocio de los servicios privados entra a saco en ese servicio postal.
Porque yo me pregunto: ¿De hecho, no es ideología hacer que se vaya degradando el servicio público para que de forma natural sea sustituido por el eficiente servicio privado? Esto es ideología, de esa que lanza la derecha, de esa que
contienen los mercados. Sé que a los mercados no les gusta la palabra ideología en manos de la izquierda, pero practican su ideología de forma cotidiana y la van reforzando continuamente.
La ley consolida tres aspectos que intentan parar las enmiendas. En primer lugar, el servicio postal universal es deficitario en España y, por tanto, hablamos de incrementar las pérdidas en la cuenta de resultados.
Esa foto fija es la que
el Gobierno ha situado sobre el servicio postal.
Una política de degradación y luego ya vendrá el privado a salvarnos. En segundo lugar, el recorte del servicio, una generalización del recorte del servicio postal. En tercer lugar, como
consecuencia de todo ello, un recorte del empleo. El peligro real de que van a perderse gran parte de los 60 000 empleos que en este momento concentran el servicio postal en España.
¿Cómo se hace? ¿De qué forma concreta? Por ejemplo, regulando que las notificaciones y los escritos administrativos ya no forman parte de la obligación del servicio postal público o haciendo que se recorte el servicio postal rural. Por
eso, creo que todos los senadores y todas las senadoras que pertenecen a comunidades autónomas donde la dispersión territorial es una realidad deberían votar -solo por eso- en contra de esta ley, porque los pueblos de España que necesitan el
servicio postal público de manera indispensable poco a poco van a ir quedando desamparados. Además, hay un claro acceso a la red postal pública por parte de los operadores privados, sin
evaluar el impacto que eso va a producir. Ayer mismo los sindicatos se concentraban ante el Senado y presentaban en el registro una petición avalada por el 75% de la representación sindical de Correos, con la idea de que se está degradando
el conflicto laboral en Correos. No hay acuerdo de convenio y, por tanto, posiblemente la actitud de la patronal, que en este caso es el Gobierno, está pensada para que se degrade la situación, porque estamos en una nueva fase y repito que el
cartelito de «Correos en venta» ya se ha colgado en la puerta de las estafetas de Correos.
Señorías, a este ritmo, ¿adónde vamos? A este ritmo, igual un día la vicepresidenta del Gobierno nos trae al Senado o al Congreso la propuesta de por qué no alquilamos el Ejército español, por ejemplo, al Gobierno de Taiwán, siempre, por
supuesto, que pague bien. Esa es la dinámica en la que estamos. Hace pocos días, ustedes, con el apoyo del Grupo Socialista, han vendido AENA; hace pocos días también han vendido Loterías, y hoy nos traen la venta de Correos. Llegará un día en
que no habrá más cosas que vender y entonces, compañeros socialistas, vamos a llorar, pero vamos a llorar de rabia.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el senador Muñoz.
El señor MUÑOZ HERNÁNDEZ: Bon dia. Buenos días.
Por ser una ley básica, por tratarse de un servicio público fundamental, hemos presentado las siguientes enmiendas: de modificación a la letra a) del artículo 1.3, por considerar que no pueden excluirse servicios que figuran hoy en el marco
legal; de modificación del artículo 3.3, en consonancia con los objetivos de mejorar y ampliar la prestación del servicio; de adición al artículo 3.12 de una letra nueva, por considerar que no pueden excluirse servicios públicos; de adición al
artículo 3.12 de una letra nueva, por el mismo motivo que la anterior; de adición al artículo 3 de un apartado nuevo, en el que se propone introducir la definición de gastos terminales, de acuerdo con la directiva europea; de modificación del
segundo párrafo del artículo 4, proponiendo una mejora técnica para evitar el fraude a la ley que suponga un escape a los derechos y garantías del servicio postal universal.
La enmienda número 7, que fue aprobada en comisión y apoyada también por el Grupo Popular, es al artículo 12.2. Esta modificación se justifica porque el derecho de indemnización, con fijación de cuantías máximas y mínimas, debe estar
reservado para todos los operadores. Al artículo 13, presentamos una enmienda de modificación con un texto muy claro: derecho a la propiedad de los envíos postales. Al artículo 14, una enmienda de modificación propone una mejora técnica en el
redactado. La enmienda de modificación del artículo 21.1, en coherencia con enmiendas anteriores, propone la inclusión tanto de los servicios de tratamiento y curso, como del servicio de giro, además de los de telegramas.
Asimismo, hemos presentado las siguientes enmiendas: al artículo 22.2, de modificación, porque es razonable a quince años vista que el operador u operadores designados para prestar el servicio puedan serlo de forma parcial o fragmentada;
al artículo 24, también de modificación de los párrafos segundo y cuarto, en relación con la posible omisión de la recogida o entrega a puntos de baja densidad de población o zonas rurales; al artículo 24, de supresión del tercer párrafo; al
artículo 27, de modificación, en coherencia con enmiendas anteriores, proponiendo desplazar la decisión al órgano regulador y no al fiscalizador, procurando la participación de todas las partes afectadas; al artículo 29, apartado 1, también de
modificación del último párrafo, recogiendo una precisión técnica; al artículo 30, de modificación en cuanto que se habla de la financiación del Estado, y con la redacción del proyecto de ley la aportación del Estado será prácticamente nula.
Parece imprescindible el uso de la subvención como único medio eficaz por el que el Estado pueda resolver el sistema de financiación del servicio postal universal, debiéndose apostar por el modelo de financiación de aportación pública.
También hemos presentado una enmienda al artículo 31.2, de modificación; al artículo 32.4, de modificación, porque no es razonable fijar un único pago de 1500 euros como tasa de contribución, sin distinguir por volumen de facturaciones.
Además, hemos presentado 3 enmiendas al artículo 33, todas de adición, justificadas ya que no lo prohíbe la directiva postal y permite el mantenimiento de los actuales apartados postales, así como las funciones de correos tanto en los
procesos electorales como en la distribución de las notificaciones judiciales.
Por otro lado, hemos presentado una enmienda al artículo 34.4, de modificación, para evitar discriminaciones por razones geográficas; al artículo 40.2, de adición, justificada por la delimitación de requisitos esenciales para impedir la
competencia desleal, el dumping social y la precariedad laboral; al artículo 43.1, de modificación, que propone una mejora técnica; al artículo 47, de adición de un apartado nuevo, con el fin de que cada operador deba invertir en sus propias
infraestructuras y no aprovecharse de las del operador público; al artículo 46, de modificación, sobre las tarifas de acceso a la red postal por los operadores postales; al artículo 27, de modificación, introduciendo dos nuevos apartados en los
que se propone que se expliciten en la ley algunos aspectos del desarrollo reglamentario para la determinación de las condiciones de acceso de los titulares de autorizaciones administrativas singulares a las infraestructuras del operador que presta
el servicio postal universal; al artículo 47, de supresión del artículo, ya que entendemos que el derecho de acceso debe ser al mercado y no a la red gestionada por Correos y sus infraestructuras; al artículo 51, de modificación, referida al
Consejo Superior Postal, reforzando su carácter de participación institucional; al artículo 62.1, de modificación, en la que se propone aumentar las sanciones; al artículo 62.5, de adición, también relativa a las sanciones.
También hemos presentado una enmienda de modificación a la disposición adicional primera; la número 33 propone una modificación de la disposición adicional segun-
da; la enmienda 34 propone una modificación de la disposición adicional tercera, reservada a los servicios mínimos de carácter obligatorio, previa negociación con el comité de huelga, más garantista y adecuada a cada ámbito.
Asimismo, las enmiendas números 35 a 39 proponen la inclusión de disposiciones adicionales nuevas, referentes a los derechos de los trabajadores de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos. Por ejemplo, la número 37 se propone garantizar en
esta ley el marco de negociación colectiva en la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos.
La enmienda número 40 es de modificación, entendida como mejora técnica de la disposición final primera, punto 2, que se refiere a la número 41, que propone un mecanismo de control parlamentario y retirada de confianza.
Por último, la enmienda número 42, propone la modificación de la disposición final séptima. La número 43 propone la adición de una nueva disposición final, para una mejora técnica referente a la exención de impuestos, a excepción del de
sociedades, que se establece en el propio artículo 22.2 de este proyecto de ley.
Me reservo mi argumentación para defender la postura del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés en el turno de portavoces.
Moltes gràcies. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la senadora Sanz.
La señora SANZ MURILLO: Gracias, señor presidente.
Buenos días, señorías. Intervengo muy brevemente en nombre del Grupo Parlamentario Socialista en el turno de defensa del voto particular presentado por mi grupo, en relación con la enmienda número 7, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana
de Progrés, al artículo 12.2 del proyecto de ley del servicio postal universal sobre las cuantías mínimas y máximas de indemnización. Presentamos este voto particular de vuelta al texto del Congreso, ya que consideramos que se garantiza el servicio
postal universal a través del operador que se designa y no a través de otros operadores. Son las condiciones que se exigen a este operador las que permiten cumplir con el compromiso de que todos, sin excepción, disfruten de un servicio postal
universal de calidad.
Asimismo, quiero destacar que se pretende fomentar el sistema público sobre las empresas privadas, con lo cual, todas las garantías y seguridad en el servicio deben exigirse a la concesionaria del servicio postal universal, que es Correos,
empresa pública que hemos preparado en los últimos años para competir en un mercado liberalizado, y ya ha llegado el momento de esa liberalización, pero una liberalización marcada por un sello de calidad que debemos seguir manteniendo.
Espero contar con su apoyo en el momento de la votación, y desde aquí les doy las gracias a todos los grupos parlamentarios.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, tiene la palabra la senadora Moya.
La señora MOYA MORENO: Buenos días, señor presidente, señorías.
Intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Senado para fijar la posición que mi grupo va a adoptar con respecto al proyecto de ley que nos ocupa hoy. La ley del servicio postal universal de los derechos de los usuarios y del
mercado postal responde a la obligación legal de trasponer la directiva comunitaria 2008/6, de 20 de febrero, que debe entrar en vigor obligatoriamente el día 1 de enero de 2011, es decir, dentro de dieciocho días, cuyo fin es establecer normas
comunes para el desarrollo del mercado interior de los servicios postales en la comunidad europea y la mejora de la calidad del servicio y su universalidad, además de asegurar la libre competencia en el sector en condiciones de calidad, eficacia y
eficiencia, con pleno respeto a los derechos de los trabajadores, de los usuarios y de los operadores.
Señorías, este es el espíritu de la directiva comunitaria, que nosotros, como no podía ser de otra manera, también compartimos.
Por ello, desde que el Gobierno presentó el proyecto de ley en el Congreso de los Diputados, el Grupo Parlamentario Popular, tanto en el Congreso como ahora en el trámite parlamentario del Senado, con la presentación de nuestras enmiendas al
texto, ha pretendido mejorar este proyecto de ley, a pesar del poco tiempo disponible para su debate, como sus señorías conocen, ya que el Gobierno ha ido agotando los plazos en su presentación, sabiendo que había que finalizar los trámites antes
del día 31 de diciembre.
Como sus señorías saben, el Grupo Popular ha presentado 39 enmiendas en el Congreso de los Diputados, de las cuales se aprobaron 5, algunas de ellas muy importantes, que afectaban de una forma muy directa al proyecto de ley, y 6 fueron
transadas; quedaron vivas, pues, 28 enmiendas que, como no podía ser de otra manera, presentamos también en el Senado. Ninguna de ellas, señorías, ha sido aprobada en la Comisión de Fomento, por tanto, seguimos manteniéndolas en el Pleno
convencidos de que su incorporación al texto final mejoraría notablemente este proyecto de ley que, además, aportaría seguridad jurídica.
Señorías, esta ley afecta a una empresa pública, quizás la mayor, Correos.
Afecta a un sector privado emergente en España, a los usuarios, a la calidad del servicio postal y a las más de 60 000 personas distribuidas por todo el territorio
nacional que trabajan en Correos y que ven con preocupación cómo el proyecto de ley que presenta el Gobierno no garantiza ni el futuro de la empresa ni los puestos de trabajo, porque durante estos últimos años no ha hecho nada para preparar a
Correos para competir.
El Partido Popular cree en este gran colectivo y en esta gran empresa, y estamos convencidos de que Correos se autofinanciaría con una buena gestión y no tendría pérdidas, tal y como ha ocurrido en años anteriores, pérdidas de
miles de puestos de trabajo que posiblemente se repetirán el año próximo ya que el Gobierno del señor Zapatero, con el ministro de Fomento al frente, prevé pérdidas en los presupuestos por valor de 85 millones de euros. Esto está
contemplado en los Presupuestos Generales del Estado, y por tanto, se da por hecho que esta empresa no va a mantener el empleo ni a generar ganancias el próximo año.
Por eso decimos en la Comisión de Fomento, y lo mantenemos, que tenemos la obligación de elaborar una ley positiva, una ley buena y una ley que facilite que Correos funcione, que sea una empresa viable, bien gestionada y que pueda competir
con el sector privado, porque ahora, por la dejadez del Gobierno, no está preparada para competir. Asimismo pretendemos conseguir que los usuarios tengamos un servicio de calidad y que además haya el máximo consenso.
El proyecto de ley consta, como sus señorías saben, de 7 títulos, 68 artículos, 7 disposiciones adicionales, 1 disposición transitoria, 1 disposición derogatoria y 6 disposiciones finales. Señorías, de las 28 enmiendas presentadas a este
proyecto de ley, 16 lo son de modificación, una afecta al preámbulo y el resto a los artículos 3, 9, 12, 14, 28, 30, 45, 47, 49 y 51, a la disposición adicional primera y a la disposición final tercera. Hay 9 enmiendas de supresión, una afecta al
preámbulo y el resto a los artículos 16, 22, 29, 31, 32, 33 y a la disposición adicional primera, y las 3 enmiendas restantes son de adición al artículo 22 y a las disposiciones finales primera y tercera.
No voy a referirme a todas y cada una de ellas porque ya lo hicimos ampliamente en comisión, pero sí vamos a hablar de las que consideramos más importantes para modificar este proyecto de ley y que esperamos sean aceptadas por el resto de
los grupos parlamentarios. Con las enmiendas 44, 45, 58 y 59, todas ellas relacionadas entre sí, pretendemos la supresión de la referencia del fondo de financiación del servicio postal universal para que los operadores no tengan que soportar su
financiación y sean los Presupuestos Generales del Estado los que consignen cantidades para, en su caso, financiar el servicio.
Las enmiendas 47, 48 y 49 van dirigidas, todas ellas, a reforzar los derechos de los usuarios y a facilitarles la información. Las enmiendas números 50 y 51, a los artículos 14 y 16, respectivamente, son consecuencia, tal y como ya
explicamos en comisión, de la reserva que hacemos para el operador designado de las notificaciones administrativas, a las que también hacen referencia otros grupos parlamentarios.
La enmienda número 53 es de adición y tiene el objetivo de conseguir que el servicio postal redunde en beneficio del interés general, pues debemos tener en cuenta que este es, efectivamente, un servicio de interés general para todos los
ciudadanos.
Las enmiendas números 55 y 57 afectan a los artículos 28 y 30, y con ellas pretendemos aclarar el concepto de carga financiera injusta y la obligación de los Presupuestos Generales del Estado de consignar cantidades suficientes para sufragar
esta carga injusta.
Con la enmienda número 56 proponemos la supresión del artículo 29, puesto que, como es sabido, el Grupo Parlamentario Popular no apoya la reducción de las subvenciones a los servicios públicos de interés general mientras no se reestructure
el gasto público estatal.
Las enmiendas 61, 62 y 63 se refieren al artículo 45, puntos 1, 4 y 5. En el caso de la número 61 reservamos para un futuro desarrollo reglamentario de la ley la obligación de centralizar los envíos a otros operadores en puntos concretos,
tanto para facilitar su manejo y tratamiento como para evitar distorsiones a la operativa realizada por el operador designado.
En la enmienda número 63 proponemos la modificación del artículo 45, en concreto de su punto 5, para establecer la prohibición de que los precios que el operador designado ofrezca al usuario por la utilización de la red puedan ser inferiores
a los que se establezcan para los operadores postales.
Finalmente, con la enmienda número 71 proponemos modificar la disposición final tercera, con el fin de cumplir con el objetivo principal de la Directiva 2008/6 de la Comunidad Europea.
Decía la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la comisión, la señora Sanz, que le parecían interesantes las enmiendas formuladas por el Grupo Parlamentario Popular pero que por una cuestión de oportunidad política no podían
apoyarlas. Pues bien, señorías, tienen la oportunidad de rectificar y votar a favor porque cuando se legisla hay que hacerlo, no por cuestiones de oportunidad política, sino buscando el interés general. Y en este proyecto hay que buscar el interés
general, no solamente de la empresa, sino también y fundamentalmente de los usuarios y de los trabajadores.
En cuanto a las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, vamos a mantener nuestra posición. Sus señorías conocen que votamos a favor de la enmienda número 7 y nos abstuvimos en otras dos. En el caso de
la enmienda número 36, vamos a seguir pidiendo votación separada y mantendremos el mismo criterio que utilizamos en la comisión.
El Grupo Parlamentario Socialista presentó 8 enmiendas, de las cuales votamos a favor de 6 y nos abstuvimos en otras 2. Es decir, nosotros no actuamos por oportunismo político y en este caso entendimos que eran razonables y que las
enmiendas no afectaban de una manera especial al proyecto de ley.
Señores del Grupo Parlamentario Socialista, ustedes van a perder una nueva oportunidad, porque como grupo apoyan al Gobierno, de sacar adelante una buena ley. Este proyecto no contenta a nadie y ustedes lo saben. No le gusta ni a los
trabajadores de Correos, que ayer, como ha dicho el portavoz anterior, estuvieron en el Senado y ustedes no se dignaron a recibirles -al menos lo desconocemos y, desde luego, no estaban allí cuando ellos llegaron-, a pesar de que representaban al
75% de todos los trabajadores de Correos. Sepan que nos trasladaron su preocupación por el mantenimiento de su empleo, como es lógico, y por la degradación en la prestación del servicio,
fundamentalmente -como han manifestado los intervinientes anteriores- en las zonas rurales, y bastante preocupación tienen ya los famosos carteros de toda la vida de los pueblos, que no saben si van a poder continuar o no.
Decía que tenían una oportunidad para sacar adelante este proyecto de ley que, insisto, no contenta a nadie, ni a los trabajadores de Correos ni a los operadores ni a los usuarios, y a veces porque no se conoce en profundidad qué es lo que
va a suponer la aplicación de esta nueva ley.
Ustedes se han acostumbrado a legislar deprisa, sin contar con todos y, en el caso que nos ocupa, obligados por una normativa europea y con el agravante de utilizar esta ley para presentar 3 enmiendas,
porque el resto todos sabemos que no tienen relevancia, que nada tienen que ver con la Ley postal. Me refiero a la enmienda número 74, que afecta a las autopistas de peaje y, por tanto, a la Ley de presupuestos, y a las números 78 y 79, que afectan
a la Ley de puertos. Cuando alguien quiera ver las modificaciones que se han producido en la Ley de puertos no tendrá que dirigirse a dicha ley, que por cierto se aprobó en agosto de este mismo año, sino a la Ley postal, sobre todo si quiere saber
cuándo entran en vigor ciertas cuestiones. Como saben, nos abstuvimos en la primera y votamos a favor de las dos últimas, pero no por oportunidad política sino más bien por responsabilidad política.
A nosotros no nos gusta cómo va a quedar esta ley, por eso no podemos votarla favorablemente, porque estamos convencidos de que si se hubiese dialogado más con los agentes sociales, con los grupos y con los operadores ahora estaríamos
hablando no de la preocupación de los trabajadores sino del futuro de un servicio, del empleo y de la calidad del servicio.
El Partido Popular tiene su propio modelo para Correos -lo tuvo cuando gobernó y lo sigue teniendo- y, desde luego, lo que Correos necesita, como sociedad estatal, es un plan estratégico, no una ley que pretende cubrir los desarreglos, la
mala gestión y el desinterés que el Gobierno socialista ha demostrado para con el sector postal. Por tanto, lamentamos que el Gobierno, el Ministerio de Fomento, no haya preparado a Correos para una competencia que hace años sabía que iba a venir;
sin embargo, como no ha hecho caso, ahora estamos así.
Señorías, señores del Grupo Socialista, más les hubiese valido haber transpuesto exclusivamente la directiva comunitaria, sin la elaboración de una nueva ley completa, como ocurrió en el año 1998 en que se derogó, y como se hizo también en
el año 2002.
Finalmente, lo que sí les pido por responsabilidad política -responsabilidad que tenemos todos- al resto de los grupos es que apoyen las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular porque no tienen más objetivo que mejorar este proyecto de
ley, mejorar toda la actividad que pueda llevar adelante Correos y, en definitiva, dar tranquilidad también a un colectivo muy importante de trabajadores -más de 60 000- que ven cómo, efectivamente, el próximo año algunos de ellos pueden quedarse
sin empleo, como ha ocurrido con muchos de sus compañeros.
Muchísimas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Turno en contra.
Tiene la palabra la senadora Sanz.
La señora SANZ MURILLO: Muchas gracias, señor presidente.
Tomo la palabra en nombre del Grupo Parlamentario Socialista para señalar que el objetivo de este proyecto de ley es transponer al ordenamiento jurídico español la Directiva 2008/6, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de febrero de
2008. Pero con ello se persiguen otras metas más amplias que incluyen el establecimiento de un nuevo marco normativo que garantice los derechos de los ciudadanos en materia postal y, particularmente, el derecho a disponer de un servicio postal
universal que cubra todo el territorio español con niveles elevados de calidad y eficiencia. Para ello, se designa a la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos como el operador al que se encomienda su prestación y se establecen los mecanismos
necesarios para garantizar la suficiencia financiera y el equilibrio económico de Correos en la prestación de dichos servicios.
En este turno en contra voy a contestar a las palabras del portavoz de la Entesa, quien nos plantea que no ha existido un proceso de participación.
El Grupo Parlamentario Socialista quiere destacar que este proyecto de ley es fruto del
diálogo con todos los agentes que intervienen en el sector postal español y muy particularmente con los representantes de los trabajadores. Se ha ofrecido diálogo a todos los sindicatos implicados y, como consecuencia de ello, durante el proceso de
elaboración del anteproyecto se han recibido alegaciones por parte de las distintas organizaciones sindicales -UGT, LAB, ELA, CIG, Comisiones Obreras, CSI.F, CGT, STAS-IV, Sindicato Libre de Correos y Telecomunicaciones, ESK-, además de recibir 16
alegaciones del Consejo Económico y Social. También se ha contado con la participación del resto de los miembros del Consejo Asesor Postal, incluidos los representantes de los usuarios de los servicios postales y de los grandes clientes.
En conjunto, durante la fase de información pública del anteproyecto se recibieron 261 propuestas de enmiendas procedentes de todos los sectores relacionados con los servicios postales, como he dicho anteriormente, lo que incluye a las
organizaciones sindicales, las diversas asociaciones empresariales del sector, grandes y pequeños usuarios, la Federación Española de Municipios y Provincias, colectivos de discapacitados e instituciones del Estado, como el Consejo Económico y
Social o la Comisión Nacional de la Competencia. Todas las propuestas fueron valoradas y de 261, 145 fueron total o parcialmente aceptadas, es decir, un 55%.
Deseo destacar que el Consejo Económico y Social establece en su informe que, a diferencia de la Ley postal de 1998, esta vez sí les ha sido sometida al dictamen de este órgano constitucional, valorando el texto como positivo y considerando
que se ha conseguido un acercamien-
to entre posiciones, dando como resultado un modelo que aparece bien construido y equilibrado.
El Grupo Socialista considera que no es una ley neoliberal; muy al contrario, el texto recoge lo establecido por la propia directiva postal desde una perspectiva que se aleja de este enfoque, matizando y modulando su transposición, de
manera que se garanticen plenamente los derechos de los usuarios de los servicios postales, la existencia de un servicio postal universal de calidad en todo el territorio español, junto con los mecanismos que aseguren la viabilidad financiera del
prestador del servicio, y se ponen las bases para el mantenimiento de un empleo de calidad en el sector, con respeto a los derechos sociales de sus trabajadores.
Dicen que Correos va a ceder una importante cuota de mercado. O bien se está haciendo catastrofismo o, simplemente, se sobrevaloran los datos, ya que lo único que no estaba liberalizado hasta ahora era el servicio postal de cartas
interurbanas; todo los demás -correo ciudad y paquetería- lleva ya años liberalizado, y ese servicio de cartas interurbanas representa un pequeño porcentaje del servicio postal en nuestro país. En todo caso, hay que subrayar que todo lo mencionado
es sin perjuicio de que el Gobierno velará para que se garantice el servicio postal universal en las condiciones establecidas por la normativa vigente y en circunstancias de equilibrio económico-financiero, cubriendo la carga financiera injusta que
se derive de su prestación.
Quiero destacar, una vez más, que este proyecto garantiza a todos el servicio postal universal y recoge un conjunto de servicios postales cuya prestación garantiza el Estado de forma permanente en todo el territorio nacional, con unos
parámetros de calidad determinada y a precios asequibles, en condiciones de equidad, no discriminación y continuidad del servicio.
Y paso a referirme a las enmiendas presentadas por la Entesa, que voy a intentar agrupar.
Respecto a las números 12, 13, 14, 15, 26 y 40, consideramos que aparecen recogidas en el texto con otra redacción o con otras garantías.
Concretamente, en la enmienda número 12 la autorización previa de la Comisión Nacional del Sector
Postal supone una garantía suficiente de la adecuada prestación del servicio.
Por lo que se refiere a las enmiendas números 1, 3, 4 y 10, vamos a votar en contra, ya que la inclusión de los términos tratamiento y curso en la actual redacción del proyecto es ajustada a lo que establece la directiva postal, y la
propuesta alternativa contempla dos fases que ya están incluidas implícitamente como clasificación en el artículo 3, apartado 12.c).
En cuanto a las enmiendas números 2, 9, 25 y 28, la redacción del proyecto es más precisa que la propuesta y se ajusta más a lo dispuesto en la directiva. Además, parte del contenido de la enmienda número 25 ya está recogido en el artículo
47. Asimismo, sobre la enmienda número 27 al mismo artículo 47, entendemos que la propuesta es materia a incluir en el reglamento de desarrollo de la ley.
Respecto a la enmienda número 17 de la Entesa, parece conveniente y razonable exceptuar a los operadores con una actividad que no exceda de los 50 000 euros.
En relación con la enmienda número 19, la directiva es restrictiva respecto al otorgamiento de estos derechos al operador designado.
La enmienda número 20 ya está contemplada en la Ley Orgánica de Régimen Electoral General y en el decreto de procesos electorales.
La enmienda número 21, de distribución de las notificaciones, se entiende que ya está recogida en el artículo 22.4 del proyecto, por lo que su inclusión implicaría una reiteración.
La enmienda número 22 establece precios máximos y mínimos para todos los servicios incluidos en el ámbito del servicio postal universal y para todos los operadores. Esto es una práctica contraria al principio de libre mercado.
La enmienda número 23 establece medidas exorbitantes y con alto grado de indeterminación. Asimismo, se considera que, tal y como aparece redactado el artículo 40.2 del proyecto de ley, queda ampliamente garantizado el debido cumplimiento de
la legislación laboral y Seguridad Social.
La enmienda número 34 lo es a la disposición adicional tercera. Dicha disposición únicamente atribuye la competencia sobre la fijación de los servicios mínimos para asegurar la prestación del servicio postal universal al ministro de
Fomento. La regulación del derecho de huelga y la forma de negociación de los servicios mínimos no son objeto de la presente ley.
Respecto a la enmienda número 30, consideramos que las cuantías que figuran en la redacción actual ofrecen las suficientes garantías disuasorias y son más adecuadas.
En cuanto a la enmienda número 32, la plena realización del mercado interior de los servicios postales se implantará en los principales países de la Unión Europea a partir del 1 de enero del 2011, por lo que no parece oportuno separarse de
la línea seguida por los países de nuestro entorno. La viabilidad económico-financiera del servicio postal universal está garantizada en el proyecto y el plazo de quince años utilizado por otros países se considera razonable.
En cuanto a la número 42, también de Entesa, la propuesta es totalmente contraria a lo establecido en la directiva y, por otra parte, el efecto directo de la directiva imposibilitaría -incluso sin estar en vigor la ley- el mantenimiento del
área reservada más allá del 31 de diciembre de 2010.
Para finalizar con las enmiendas de Entesa, me voy a pronunciar sobre otro grupo de ellas cuyos temas no son objeto de regulación en el presente proyecto de ley, aunque sí lo puedan ser en otros ámbitos o normas, como son las números 35, 36,
37, 38 y 39 -aunque esta última puede reflejarse anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del Estado-. Aun así, el Grupo Parlamentario Socialista quiere dejar un mensaje claro: la ley que estamos debatiendo respeta expresamente los derechos
sociales y laborales de los trabajadores. Debo señalar que en el
año 2005 teníamos 64 000 trabajadores, y en 2010 tenemos 64 000 trabajadores, por lo que puedo asegurar que se va a seguir garantizando el empleo desde la empresa pública.
Y paso a contestar a la intervención realizada por la senadora del Grupo Parlamentario Popular. En relación con la reunión que se mantuvo ayer con los representantes sindicales, no pretenderán ustedes que nosotros paguemos las copas cuando
no hemos sido invitados; es decir, nadie nos dijo que hubiera esa reunión, por lo que no pudimos asistir.
Respecto a lo que señalaba su señoría de que no apoyábamos sus enmiendas por oportunismo político, debo decirle que, aparte de oportunismo político, tenemos otro tipo de razones, que ahora les voy a comentar, e intentaré también agrupar las
enmiendas.
Concretamente, no estimamos convenientes las números 44, 45, 54, 55, 56, 57, 58, 59 y 70, ya que el fondo de financiación es una de las opciones contempladas en la directiva postal para financiar el servicio postal universal. Esta opción
implica la participación de todos los agentes del sector en la financiación de un servicio de interés económico general que beneficia a toda la sociedad.
Consideramos que la número 50 ya está recogida en el texto, siempre en función del cumplimiento del artículo 38.4.e) de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Estimamos que la número 51 también está recogida en la ley.
Tampoco compartimos la número 60, ya que no debe haber inconveniente en realizar la cesión de uso con rango de ley; así se refuerza el papel del operador designado, siendo una disposición legal que genera más publicidad y seguridad
jurídica.
Y, relacionada con esta, la número 68, a la disposición adicional primera, es innecesaria, ya que se mantiene la redacción del artículo 33.a).
La número 47 no supone una mejora técnica. Y, en cuanto a la número 48, no se considera apropiado imponer esta obligación a los operadores que actúan en un mercado en libre concurrencia.
No nos parece conveniente la número 49, ya que el Estado garantiza el servicio postal universal a través del operador que designa y no a otros operadores. Son las condiciones que se exigen a este operador las que permiten cumplir con el
compromiso de que los ciudadanos disfruten de un servicio postal universal de calidad, entre las que se encuentra un tratamiento de las indemnizaciones por las contingencias tasadas en el artículo.
Tampoco nos parece razonable la número 52, ya que la ley tiene un claro compromiso con los principios recogidos en el inciso que se pretende suprimir; es decir, la importante función que desempeña en la cohesión social y territorial.
En cuanto a la enmienda número 53, consideramos que las normas tributarias se recogen en los Presupuestos Generales del Estado.
Votaremos en contra de la enmienda número 61, ya que no existen los centros de distribución masiva.
Y, para finalizar, tampoco nos parece razonable la número 71, ya que esta disposición no atribuye la prestación del servicio de giro en exclusiva al operador designado para la prestación del servicio universal; únicamente se obliga a este
operador a prestarlo con el fin de garantizar el acceso a este servicio a todos los ciudadanos.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Finalizado el turno de la defensa de las enmiendas, pasamos al turno de portavoces.
¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa).
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas, tiene la palabra el senador Pérez Bouza.
El señor PÉREZ BOUZA: Gracias, señor presidente. Bo dia a todos e a todas.
El Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas está moderadamente satisfecho de cómo ha quedado finalmente reflejada la transcripción de esta directiva europea en la ley que hoy vamos a votar en esta Cámara, sobre todo con la vertiente
postal, ya que en el trámite de enmiendas en comisión se introdujeron algunas de mucho calado que el BNG no comparte, y que incluso han provocado que mi voto cambie respecto del que tenía pensado emitir.
He dicho que mi grupo está moderadamente satisfecho porque partíamos de una situación muy complicada, que pudo haber derivado en una ley manifiestamente peor de la que vamos a aprobar, porque no hay que olvidar que se trata de una directiva
europea que apuesta claramente por la liberación del servicio postal.
Por ello, al inicio de la negociación con el Grupo Parlamentario Socialista y el Gobierno, pusimos dos condiciones que para nosotros eran irrenunciables a fin de aprobar esta ley: por un lado, que se garantizara el reparto postal universal
durante cinco días a la semana en todos los núcleos de población, especialmente en las zonas rurales, que, como sus señorías saben, para Galicia es algo trascendental, ya que nuestro territorio cuenta con la mitad de los núcleos de población
existentes en todo el Estado español -otra cosa es la calidad con la que dicho servicio se preste, que es manifiestamente mejorable en estos momentos-. Pues bien, esto ha quedado garantizado en la ley, aunque con alguna contradicción, ya que en uno
de sus artículos establece que se garantiza el reparto universal cinco días a la semana en todos los núcleos, incluso en los más dispersos, a excepción de aquellos que no son rurales, pero no conozco ningún núcleo disperso que no esté ubicado en un
entorno rural.
Este servicio se garantiza durante quince años que, en nuestra opinión, es un periodo suficiente para observar cómo funciona esta nueva modalidad de reparto postal.
La otra condición fundamental era que en el Consejo Superior Postal tuvieran cabida y representación todos los
sindicatos con una amplia representación en Correos porque, en ocasiones, cuando se legisla desde Madrid se tiende a pensar que solo hay dos sindicatos representativos: UGT y Comisiones Obreras, pero en otros territorios hay otros
sindicatos que en muchos sectores son mayoritarios, como es el caso de Correos en Galicia, donde CIG tiene mayor presencia.
Por tanto, votaremos en contra de la mayoría de las enmiendas presentadas por los distintos grupos parlamentarios. Compartimos el discurso y la filosofía, tanto del compañero Nuet, de Esquerra Unida, como de Pere Múñoz, de Esquerra
Republicana, pero somos conscientes de que las reglas de juego son las que son y de que estamos en Europa, lo cual incluye pagar algunos peajes; lo triste de esta realidad es que no tenga otras contraprestaciones, como alguna que demandé ayer en el
debate de los presupuestos.
En todo caso, hablando de peajes, estoy totalmente en contra de la enmienda transaccional incluida en esta ley para conceder un crédito de 80 millones de euros a las concesionarias de autopistas, porque hay muchos sectores en este país que
están tan o más necesitados, y, sin embargo, no veo el mismo interés del Gobierno por salir en su rescate. Y ya que se ha dicho que es un crédito que no va a tener ningún coste para el ciudadano, me gustaría que se nos aclarara cuánto van a pagar
las concesionarias al Estado en concepto de intereses, porque lo que sí sabemos es que se va a financiar con deuda pública y también sabemos el interés que el Estado español tiene que pagar por esa deuda pública.
Igualmente me gustaría conocer la
cuenta de resultados de esas concesionarias porque es posible que en su división de concesionarias de autopistas puedan tener pérdidas en estos momentos ,
El señor PRESIDENTE: Señoría, le ruego termine.
El señor PÉREZ BOUZA: ... pero dudo mucho -termino, señor presidente- que todas, o cuando menos la mayoría de esas empresas, tengan pérdidas en su cuenta global de resultados y, sin embargo, vamos a salir en su rescate.
Esto hará -termino, presidente- que mi voto sea de abstención a esta ley; no puedo votar una ley que contenga esta transaccional, aunque mis compañeros del Grupo de Senadores Nacionalistas votarán a favor.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por Convergència i Unió, tiene la palabra la senadora Candini.
La señora CANDINI I PUIG: Moltes gràcies, senyor president.
Buenos días, señorías. En relación con el proyecto de ley del servicio postal universal, para Convergència i Unió la ley debía garantizar tres objetivos. En primer lugar, los derechos de los usuarios; de hecho, es una ley sobre los
derechos de los usuarios y muy íntimamente unida a este concepto.
En segundo lugar, había que abrir y crear el mercado postal, un mercado postal que podía constituirse de muchas maneras: podía ser un mercado absolutamente libre, un mercado sin limitaciones, un mercado que permitiera intervenir a todos los
operadores públicos, privados, estatales e internacionales. Esta sería una opción. La otra, crear un mercado común, más o menos con regulación, como la mayoría de los mercados existentes. Por tanto, era necesario crear un mercado y un marco
acertado en la definición de cuáles eran estas reglas de juego que establecíamos para el mercado postal.
Y hay un tercer objetivo que es fundamental para Convergència i Unió, y es que en estos momentos hay una empresa que es de todos porque es pública, Correos, con más de 60 000 trabajadores, con unas capacidades importantes y con una gran
difusión en el territorio. La fuerza de trabajo de estas 60 000 personas es un gran activo, tiene un gran valor y, a nuestro juicio, no se puede desaprovechar su profesionalidad. Esta ley es básica para crear el marco que incentive desde el primer
momento hasta el último a los operarios, de tal manera que se sientan vinculados y motivados para competir en este nuevo mercado. Estos son los objetivos de Convergència i Unió.
Entendemos que el mundo rural es una parte esencial de todo el territorio y sabemos de la importancia del mantenimiento de estos servicios tan esenciales. Así nos lo manifestaron las organizaciones municipalistas que representan, sobre
todo, a los municipios pequeños, que están preocupados porque el servicio postal universal tiene mucho que ver con la defensa de los derechos de los ciudadanos del mundo rural.
Para corregir y mejorar estos objetivos, mi grupo presentó en el Congreso 50 enmiendas. El intenso trabajo de los distintos grupos políticos y del Gobierno ha dado sus frutos y ello ha motivado que no hayamos presentado ninguna enmienda en
el Senado porque entendemos que es una ley que cumple su función pública, porque garantiza el servicio social y el servicio público y porque da equidad y no discrimina.
Por todo ello, votaremos a favor de la ley y en contra de las enmiendas del Grupo Popular y de Entesa.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario de Entesa Catalana de Progrés, tiene la palabra el senador Muñoz.
El señor MUÑOZ HERNÁNDEZ: Molt bon dia. Bon dia, senyor president.
Desde aquí quisiera saludar a los representantes de los sindicatos, que están siguiendo este debate con clarísimo interés. También les quiero comunicar que están encerrados en las jefaturas de todo el país. (El señor senador continúa su
intervención en catalán.)
Les comentaba que, como dijo mi compañero Joan Tardà en el Congreso, es paradójico que mientras busca-
mos soluciones para reducir el déficit público y el paro, el Gobierno nos presenta una ley claramente liberalizadora que va a incrementar el paro y el déficit público.
Debo recordar que el Consejo de Ministros del 30 de julio de este año aprobó el proyecto de ley del servicio postal universal, texto que encarga a Correos la prestación de este servicio de interés público. Han pasado más de dos años, y a
cinco meses del límite para dar fe del cumplimiento de la Directiva 2008/6, del Parlamento Europeo, del 20 de febrero del 2008, el Gobierno nos presenta una opción que no nos convence a los grupos de izquierdas, ni mucho menos a la mayoría sindical
representada por Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras, Correos Postal, CSI.F Correos, CGT, ESK Postalgoa, STAS Intersindical Valenciana, Sindicato Libre de Correos y Telecomunicaciones, quienes ayer mismo registraron en el Senado un
documento donde nos recuerdan que la presente ley que el Gobierno pretende aprobar va a suponer no solo una grave amenaza para el empleo de los trabajadores sino también para los ciudadanos y usuarios del servicio postal público, que se verán
afectados por una reducción en la calidad de su prestación.
La renuncia por parte del Estado a financiar de modo suficiente el coste del servicio postal universal va a tener como consecuencia inmediata un déficit de calidad en la prestación del servicio, dejando zonas geográficas más alejadas de los
núcleos urbanos, como poblaciones rurales, urbanizaciones o polígonos industriales, sin reparto domiciliario por la imposibilidad de asumir el coste que conlleva la prestación del servicio, convirtiendo así a unos ciudadanos de primera y a otros de
segunda, según tengan ubicada su residencia.
Por lo tanto, los senadores de la Entesa vamos a votar en consecuencia con nuestras sensibilidades políticas. Quien les habla, como portavoz de la Comisión de Fomento, votará en sentido negativo por muchas razones, que en parte he
manifestado en el debate de las enmiendas, por ejemplo, por un claro déficit democrático en el debate, ya que se pretende cerrarlo a toda prisa, casi en el tiempo de descuento, sin haber debatido ni con los representantes de los trabajadores, ni con
los partidos políticos, ni con los usuarios debido a la urgencia del debate, cuando el Gobierno ha tenido más de dos años para hacerlo. Y es que este proyecto se presenta al límite del calendario, ya que debe entrar en vigor, según la directiva
europea, el próximo 1 de enero.
El contexto económico es el peor momento para la liberalización del sector. Nos encontramos con una directiva que no es unívoca, sino que da amplias posibilidades de elección a los Gobiernos en materias básicas como la definición del
servicio postal universal, el modelo de financiación, las condiciones laborales o la posibilidad de dar acceso a los operadores privados. Asimismo, este proyecto de ley recoge las opciones más desreguladoras y neoliberales de la directiva europea.
Por otro lado, este proyecto de ley incidirá en el empleo, ya que de Correos dependen cerca de 60 000 familias en puestos de trabajo directos.
En el último año Correos ha perdido cerca de 7000 empleos y el proyecto va en la dirección de
aumentar esta cifra, que se sumará al 20% de ciudadanos de este país que sufren la lacra del paro.
Por último, otro argumento para votar en contra es que la ley postal es una ley sin financiación porque el Estado se ha quitado de en medio, supone un recorte del servicio público y no ofrece garantías para el empleo. Sin embargo, a última
hora, en la Comisión de Fomento, se incorporó la enmienda número 74, que leo literalmente.
El señor PRESIDENTE: Señoría, le ruego que termine.
El señor MUÑOZ HERNÁNDEZ: Acabo en un momento, señor presidente.
Se intentó en el Congreso, pero será en la Cámara del Senado donde se aprobará el rescate económico de las autovías de peaje, aduciendo la misma bajada de tráfico que se nos indica en Correos con motivo de recortes laborales. Cito
textualmente: Se concede un crédito extraordinario al presupuesto en vigor de la sección 17, del Ministerio de Fomento, a sociedades concesionarias de autopistas de peaje para abono de la cuenta de compensación regulada en la disposición adicional
nueva por importe de 80,1 millones de euros. En estos momentos en que nos acordamos de los 2000 usuarios diarios que utilizan la autopista de peaje Madrid-Toledo, cantidad equiparable en cualquier carretera de comarcas -por poner un ejemplo de la
falta de rigor en las planificaciones de infraestructuras de las autopistas del siglo XXI-, el enunciado lo deja claro: una cuantía que corresponde a las pérdidas previstas en Correos para 2011, que son de 85,5 millones de euros, cuando el crédito
extraordinario que se aprobará por esta Cámara para la compensación a las concesionarias de estas nuevas autopistas, cinco de ellas radiales de la capital, es de 80,1 millones de euros. A buen entendedor, pocas palabras bastan.
Moltes gràcies, president.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Gordo.
El señor GORDO PÉREZ: Gracias, señor presidente.
Buenos días, señorías.
Sin duda nos encontramos ante una ley que regula los servicios postales, que tienen una especial trascendencia como medio esencial de comunicación, de comercio y de cohesión social y que, al mismo tiempo, son un medio para aumentar la
competitividad de las empresas, de ahí la importancia de esta ley.
En primer lugar, quiero agradecer a la mayor parte de los grupos parlamentarios su apoyo, porque han sabido ver su trascendencia, ya que es una ley que garantiza un servicio postal público y de calidad y, al mismo tiempo, la viabilidad de
Correos.
Esta ley transpone la tercera directiva, y con ella se culmina el proceso de liberalización iniciado en el año 1997, pero aumenta la seguridad jurídica. Además, se ha mante-
nido un diálogo permanente con los sindicatos. Prueba de ello es que, en la fase de información pública, se han recibido 261 propuestas y se han aceptado 145. Es una ley que garantiza un servicio público universal en España. Y ante todo,
frente a la ley anterior, que contemplaba el servicio público universal como un elemento más del mercado, esta ley, sin duda, establece reglas del juego más equilibradas entre los distintos operadores postales. La ley anterior dejaba para Correos
exclusivamente aquellos servicios que no eran rentables. Por lo tanto, nos encontramos con una norma que aporta un servicio postal universal de calidad, eficiente y a un precio asequible. Pero, al mismo tiempo, amplía los servicios: se incluyen
cartas y tarjetas postales de hasta 2 kilos y se admiten paquetes postales de hasta 20 kilos frente a los 10 kilos anteriores.
Asimismo, Correos, como prestador del servicio, mantiene una red con cobertura en todo el territorio español, incluidas las zonas con más baja densidad de población, y muy especialmente el medio rural. Se mantienen los carteros de pueblo o
rurales a través de una red postal que da un servicio, como ustedes muy bien saben, de recogida y de entrega de lunes a viernes. Pero, además, con esta ley se garantiza también la financiación de la carga financiera injusta, es decir, la diferencia
que hay entre los ingresos de Correos por servicio y los costes por servicio producido. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es garantizar el equilibrio financiero de Correos.
Parece ser que aquí hemos hecho lecturas diferentes, pero Correos, hasta el momento, ha tenido un déficit, y a partir de ahora con esta ley lo que se garantiza es que va a tener un equilibrio en sus cuentas públicas gracias a la
contribución, no solamente de Correos, sino también de otros operadores.
Por otra parte, se garantiza la viabilidad de Correos. Como prestador único durante 15 años, Correos tiene la posibilidad de competir en un mercado en el que se ha optado por un modelo altamente desregulado que, sobre todo, favorece al
servicio público y al operador público. Si nosotros hubiésemos optado, como alguna opción que se ha puesto aquí de manifiesto, por la mera liberalización, es posible que se hubiesen podido perder 38 000 puestos de trabajo. Gracias al modelo por el
que optamos, un modelo progresivo de liberalización -en estos últimos 6 años se han inyectado 1340 millones de euros-, con una apertura progresiva, Correos está en mejores condiciones, en primer lugar, de mantener el empleo.
Prueba de ello es que,
con una caída del 20% del negocio postal, seguimos manteniendo los 64 000 puestos de trabajo. Pero, al mismo tiempo, para que no nos ocurra lo que ocurrió en el Royal Mail del Reino Unido, donde se hizo una liberalización muy rápida que supuso una
pérdida importante de puestos de trabajo, aquí la tímida liberalización, porque es progresiva pero comedida en el tiempo, va a permitir no perder empleo y, al mismo tiempo, reforzar el servicio público, porque tenemos una clara vocación de servicio
público, y, al mismo tiempo, con respeto a los derechos de los trabajadores...
El señor PRESIDENTE: Señoría, le ruego termine.
El señor GORDO PÉREZ: Voy terminando.
Por tanto, es una ley que potencia el mercado postal, que evita las pérdidas de correo, que mantiene el empleo y que traslada el coste a los operadores.
Además, esta ley tiene otras enmiendas, como se ha dicho aquí, y teníamos que abordar un problema: el de las concesionarias de autopistas, que tenía como origen una mala planificación y, al mismo tiempo, una sentencia del Tribunal Supremo
con unos costes muy elevados.
Señorías, la responsabilidad es la nuestra, la del Grupo Socialista, que aborda este asunto para resolver un problema del país que puede incidir de una manera notable en su economía. Yo les pediría que actuasen con la responsabilidad que
requiere la situación porque, de lo contrario, nos encontraríamos ante un problema que sería de todos y que pagaríamos todos.
Por lo tanto, este mecanismo que se ha articulado consistente en buscar una cuenta de compensación durante tres años, donde no se les da nada a las concesionarias de autopistas, sino que se articula un sistema para que ellas, en un plazo de
tres años, puedan devolver los ingresos que reciben a cuenta es, sin duda, un buen mecanismo para resolver un gran problema, y viene a esta ley por una cuestión de necesidad y de respuesta.
Señorías, esperamos contar con su apoyo en una ley que, sin duda, garantiza Correos y que va a permitir que siga con la consistencia y la calidad del servicio que ha tenido e, incluso, mejorarlo, garantizando sobre todo los derechos de los
usuarios, que se elevan a rango de ley.
Muchas gracias, señorías. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el senador Rico.
El señor RICO RUIZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, intervengo en nombre del Grupo Popular para fijar nuestra posición sobre dictamen de esta ley del sector postal que, según el criterio de todos los grupos parlamentarios, es muy importante, pero parece ser que para el ministro de
Fomento no lo es tanto. Es una ley que vertebra el territorio nacional, que contribuye a la mejora y competencia de nuestras empresas y en la que están en juego muchos puestos de trabajo -por cierto, en dicha ley se hace escasa referencia a ello-,
por tanto, no estoy de acuerdo en que con ella se garanticen los 60 000 puestos de trabajo. Precisamente lo que crea incertidumbre en los trabajadores es su contenido, y por eso están encerrados mientras nosotros estamos debatiendo su futuro y el
de muchas otras cuestiones, dado que implica a millones de usuarios que van a verse afectados por la prestación del servicio.
Esta ley, que es tan fundamental y tan importante para la economía de España, resulta desvirtuada. Es curioso oír decir a la portavoz del Grupo Socialista que no admite enmiendas de la Entesa porque no son objeto de esta ley. Es como el
chiste, admitimos Puertos de Bilbao como fran-
quicia postal, admitimos la ampliación de los puertos de interés general también como franquicia postal y, además, las autopistas de peaje. Aquí todo vale cuando interesa al Grupo Socialista, pero no cuando interesa a otros grupos.
El hecho de que en esta ley el artículo más extenso sea el que hace referencia a las autopistas de peaje determina lo importante que es para el Grupo Socialista el sector postal. No debe de ser muy importante por alguna reflexión que se ha
hecho aquí, en esta sede, porque la premura de tiempo con la que se ha ofrecido a los grupos parlamentarios trabajar en esta ley no permite una reflexión serena ni lograr un consenso, y, por mucho que lo diga el Grupo Socialista, no ha habido
consenso ni con la mayoría sindical, ni con los operadores, ni con los usuarios, ni con la mayoría de los grupos parlamentarios.
Lamentamos la ausencia del señor ministro porque si estuviera hoy podría aclarar, entre otras, la cuestión de las felicitaciones. Señora portavoz del Grupo Socialista, yo puedo decir aquí que me ha llamado el presidente de Correos de
Estados Unidos para felicitarme por mi intervención y por la posición de mi grupo parlamentario, pero ante esta afirmación caben tres posibilidades: una, que no me haya llamado, por supuesto; dos, que no llame, en cuyo caso estas palabras
grandilocuentes quedarán permanentemente en el Diario de Sesiones, y tres, que llame, y no solamente que llame, sino que escriba. Lo que yo he contado aquí, que es una ficción, le ha pasado al señor ministro de Fomento en la realidad, y mejorando
la ficción. El señor Blanco dijo en el Congreso que lo había felicitado el mundo mundial y resulta que, al igual que a todos los ponentes de esta ley, se le escribe al señor Blanco diciendo que este proyecto de ley no ha tenido apoyos
internacionales. Además, se le invita a que se desdiga en el Parlamento de esas afirmaciones. El señor Blanco, por tanto, ha perdido hoy una oportunidad para aclarar este entuerto, o ha mentido en el Parlamento o alguien se ha pasado de frenada.
Habría sido un buen momento para el señor Blanco para aclarar si lo han felicitado, si no lo han felicitado o si se ha imaginado que lo han felicitado.
Juegos de oratoria en el Parlamento sí se deben hacer, pero con rigor para no decir cosas que luego a uno lo desdicen. Era una buena oportunidad porque el portavoz ha dicho que Correos está en déficit. No, no es así.
Ustedes han puesto a
Correos en déficit, y no el Partido Popular cuando gobernó y dirigió Correos. Ustedes han causado el déficit de Correos, y resulta inaceptable que una empresa pública de las características de Correos, dado lo que maneja en términos globales, no
cuente desde el año 2006 con un plan estratégico. Cualquier mediana empresa en España que tenga posibilidades de futuro tiene un plan estratégico, pero Correos no lo tiene desde el año 2006, y eso resulta inaceptable. Han hecho una liberalización
híbrida: una parte sí, una parte no. No estamos de acuerdo con el sistema de financiación porque no incentiva a Correos a ponerse en una buena posición de mercado, y no se garantiza, porque es posible la excepción vía reglamentaria, que todos los
usuarios en el mundo rural con baja densidad de población cuenten con un servicio eficaz. Por tanto, no estamos de acuerdo.
No estamos de acuerdo tampoco con una enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, que propicia el apagón informativo, sobre cómo se gestiona Correos y que quiere ampliar hasta más allá de 2012 los informes que debe emitir la
Comisión Nacional del Sector Postal. Por tanto, es un apagón informativo para que nadie sepa cómo va Correos y cómo evoluciona ante los mercados.
Vamos a abstenernos en la votación del dictamen porque no es nuestra ley, porque es manifiestamente mejorable y porque la situación pone en riesgo a Correos frente a otros sectores.
Si me lo permite, señor presidente, quiero terminar felicitando a todas sus señorías la Navidad y el próximo año, al igual que al personal y cuerpos de seguridad de esta Casa.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Llamen a votación. (Pausa.)
Tomen asiento, por favor.
Cierren las puertas.
Señorías, antes de comenzar la votación, quiero decirles que la Mesa y portavoces de la Comisión de Asuntos Exteriores se reunirá aquí mismo una vez finalizado el Pleno.
Votamos el proyecto de ley de reforma del servicio postal universal de los derechos de los usuarios y del mercado postal.
Comenzamos con la enmienda número 36, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 251; a favor, 6; en contra, 124; abstenciones, 121.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Pasamos a votar el resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 253; a favor, 5; en contra, 246; abstenciones, 2.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos a continuación la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista de vuelta al texto del Congreso en lo modificado por la enmienda número 7, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 253; a favor, 127; en contra, 125; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Popular, de la número 44 a la número 71.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 253; a favor, 119; en contra, 134.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Señorías, votamos aquellas partes del proyecto de ley que han sido enmendadas en comisión y no han sido votadas.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 253; a favor, 127; en contra, 5; abstenciones, 121.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Votamos el resto del proyecto de ley.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 253; a favor, 128; en contra, 5; abstenciones, 120.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Señorías, tal y como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para que este se pronuncie sobre ellas de forma previa a la sanción del texto definitivo
por S.M. el Rey.
LECTURA ÚNICA DE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
-- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE AUTORIZA LA RATIFICACIÓN POR ESPAÑA DEL PROTOCOLO POR EL QUE SE MODIFICA EL PROTOCOLO SOBRE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS, ANEJO AL TRATADO DE LA UNIÓN EUROPEA, AL TRATADO DE FUNCIONAMIENTO DE LA
UNIÓN EUROPEA Y AL TRATADO CONSTITUTIVO DE LA COMUNIDAD EUROPEA DE LA ENERGÍA ATÓMICA, FIRMADO EN BRUSELAS EL 23 DE JUNIO DE 2010. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. (Número de expediente Senado 621/000078 y número de expediente Congreso
121/000102).
El señor PRESIDENTE: Señorías, pasamos al punto tercero del orden del día: Lectura única de proyectos y proposiciones de ley remitidos por el Congreso de los Diputados.
Proyecto de Ley Orgánica por la que se autoriza la ratificación por España del Protocolo por el que se modifica el Protocolo sobre las disposiciones transitorias, anejo al Tratado de la Unión Europea, al Tratado de funcionamiento de la Unión
Europea y al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica, firmado en Bruselas el 23 de junio de 2010.
No se han presentado propuestas de veto.
¿Algún grupo desea intervenir? (Pausa.) Señorías, ningún grupo desea intervenir.
¿Podemos entender que queda aprobado por asentimiento? (Asentimiento.)
Queda aprobado por asentimiento.
En consecuencia, queda aprobado definitivamente por las Cortes Generales el proyecto de Ley Orgánica por la que se autoriza la ratificación por España del Protocolo por el que se modifica el Protocolo sobre las disposiciones transitorias,
anejo al Tratado de la Unión Europea, al Tratado de funcionamiento de la Unión Europea y al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica, firmado en Bruselas el 23 de junio de 2010.
CONOCIMIENTO POR EL PLENO DE TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
-- ACUERDO DE SERVICIO DE PRÉSTAMO ENTRE LOS SIGUIENTES ESTADOS MIEMBROS CUYA MONEDA ES EL EURO: EL REINO DE BÉLGICA, IRLANDA, EL REINO DE ESPAÑA, LA REPÚBLICA FRANCESA, LA REPÚBLICA ITALIANA, LA REPÚBLICA DE CHIPRE, EL GRAN DUCADO DE
LUXEMBURGO, LA REPÚBLICA DE MALTA, EL REINO DE LOS PAÍSES BAJOS, LA REPÚBLICA DE AUSTRIA, LA REPÚBLICA PORTUGUESA, LA REPÚBLICA DE ESLOVENIA, LA REPÚBLICA ESLOVACA, Y LA REPÚBLICA DE FINLANDIA Y KFW, ACTUANDO EN INTERÉS PÚBLICO, CON SUJECIÓN A LAS
INSTRUCCIONES Y ACOGIÉNDOSE A LA GARANTÍA DE LA REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA, COMO PRESTAMISTAS, Y LA REPÚBLICA HELÉNICA COMO PRESTATARIO Y EL BANCO DE GRECIA COMO AGENTE DEL PRESTATARIO, HECHO EN ATENAS Y BRUSELAS EL 8 DE MAYO DE 2010. SE TRAMITA
POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. (Número de expediente Senado 610/000219 y número de expediente Congreso 110/000224).
El señor PRESIDENTE: Punto cuarto del orden del día: Conocimiento por el Pleno de tratados y convenios internacionales remitidos por el Congreso de los Diputados.
Acuerdo de Servicio de Préstamo entre los siguientes Estados miembros cuya moneda es el euro: el Reino de Bélgica, Irlanda, el Reino de España, la República Francesa, la República Italiana, la República de Chipre, el Gran Ducado de
Luxemburgo, la República de Malta, el Reino de los Países Bajos, la República de Austria, la República Portuguesa, la República de Eslovenia, la República Eslovaca y la República de Finlandia y KfW, actuando en interés público, con sujeción a las
instrucciones y acogiéndose a la garantía de la República Federal de Alemania, como Prestamistas, y la República Helénica como Prestatario y el Banco de Grecia como Agente del Prestatario, hecho en Atenas y Bruselas el 8 de mayo de 2010.
No se han presentado propuestas.
¿Algún grupo desea intervenir? (Pausa.)
¿Se puede entender concedida la autorización? (Asentimiento.)
Lo autorizamos.
-- ACUERDO ENTRE ACREEDORES SUSCRITO POR EL REINO DE BÉLGICA, LA REPÚBLICA FEDERAL ALEMANA, IRLANDA, EL REINO DE ESPAÑA, LA REPÚBLICA FRANCESA, LA REPÚBLICA ITALIANA, LA REPÚBLICA DE CHIPRE, EL GRAN DUCADO DE LUXEMBURGO, LA REPÚBLICA DE
MALTA, EL REINO DE LOS PAÍSES BAJOS, LA REPÚBLICA DE AUSTRIA, LA REPÚBLICA PORTUGUESA, LA REPÚBLICA DE ESLOVENIA, LA REPÚBLICA ESLOVACA, Y LA REPÚBLICA DE FINLANDIA, HECHO EN BRUSELAS EL 8 DE MAYO DE 2010. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE
URGENCIA. (Número de expediente Senado 610/000220 y número de expediente Congreso 110/000225).
El señor PRESIDENTE: Acuerdo entre Acreedores suscrito por el Reino de Bélgica, la República Federal Alemana, Irlanda, el Reino de España, la República Francesa, la República Italiana, la República de Chipre, el Gran Ducado de Luxemburgo,
la República de Malta, el Reino de los Países Bajos, la República de Austria, la República Portuguesa, la República de Eslovenia, la República Eslovaca y la República de Finlandia, hecho en Bruselas el 8 de mayo de 2010.
Tampoco hay propuestas.
¿Algún grupo desea intervenir? (Pausa.)
¿Entendemos que queda concedida la autorización? (Asentimiento.)
Lo autorizamos.
CONOCIMIENTO DIRECTO POR EL PLENO DE CONVENIOS ENTRE COMUNIDADES AUTÓNOMAS
-- CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL GOBIERNO DE LA GENERALITAT DE CATALUÑA Y EL GOBIERNO DE ARAGÓN PARA LA DIFUSIÓN DE LAS EMISIONES DE LOS CANALES DE TELEVISIÓN DE TITULARIDAD PÚBLICA EN LOS TERRITORIOS RESPECTIVOS (Número de expediente
Senado 592/000025 y número de expediente Congreso 093/000027).
El señor PRESIDENTE: Señorías, pasamos al punto quinto del orden del día: Conocimiento directo por el Pleno de convenios entre comunidades autónomas.
Convenio de colaboración entre el Gobierno de la Generalitat de Catalunya y el Gobierno de Aragón para la difusión de las emisiones de los canales de televisión de titularidad pública en los territorios respectivos.
No se han presentado propuestas para que la celebración de este convenio necesite de la autorización de las Cortes Generales.
¿Alguien desea intervenir? (Pausa.)
En consecuencia, la Cámara toma en conocimiento la celebración de dicho convenio.
Señorías, finalizado el orden del día, se levanta la sesión.
Felices fiestas.
Eran las once horas y veinticinco minutos.