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DS. Senado, Pleno, núm. 104, de 13/12/2010
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
SENADO
Año 2010 IX Legislatura
Núm.104
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FRANCISCO JAVIER ROJO GARCÍA
Sesión del Pleno
celebrada el lunes, 13 de diciembre de 2010
ORDEN DEL DÍA:
Previo
JURAMENTO O PROMESA DE ACATAMIENTO A LA CONSTITUCIÓN. (Número de expediente 500/000289).
Primero
ACTAS
-- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior celebrada los pasados días 30 de noviembre y 1 de diciembre de 2010.
Primero bis
DELEGACIÓN DE COMPETENCIA LEGISLATIVA EN LAS COMISIONES
-- En relación con la Proposición de Ley de aguas canarias. (Número de expediente 550/000038).
Segundo
DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
-- De la Comisión de Presupuestos en relación con el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011. (Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie II, número 77, de fecha 9 de diciembre de
2010). (Número de expediente Senado 621/000077 y número de expediente Congreso 121/000098).
-- De la Comisión de Sanidad, Política Social y Consumo en relación con la Proposición de Ley por la que se modifica la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el
consumo y la publicidad de los productos del tabaco. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie III-B, número 10, de fecha 7 de diciembre de 2010). (Número de expediente Senado 624/000010 y número de expediente
Congreso 122/000234).
SUMARIO
Se abre la sesión a las doce horas.
JURAMENTO O PROMESA DE ACATAMIENTO A LA CONSTITUCIÓN (Página 5639)
La Excma. señora D.ª María Concepción Gutiérrez del Castillo adquiere la condición plena de senadora al prestar acatamiento a la Constitución.
ACTAS (Página 5639)
Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior celebrada los pasados días 30 de noviembre y 1 de diciembre de 2010 (Página 5639)
Se aprueba el acta.
DELEGACIÓN DE COMPETENCIA LEGISLATIVA EN LAS COMISIONES (Página 5639)
En relación con la proposición de ley de aguas canarias (Página 5639)
Se acuerda por asentimiento de la Cámara delegar la competencia legislativa para la tramitación de la iniciativa mencionada en la Comisión de Asuntos Exteriores.
DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Página 5639)
De la Comisión de Presupuestos en relación con el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011 (Página 5639)
El señor Fernández Cucurull, presidente de la comisión, presenta el dictamen.
La señora vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía y Hacienda (Salgado Méndez) presenta el proyecto de ley.
Se inicia el debate de las propuestas de veto al proyecto de ley.
El señor Pérez Bouza defiende la propuesta de veto número 1, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas, consecuencia del dictamen de la comisión.
El señor Utrera Mora defiende la propuesta de veto número 4, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.
El señor Vilajoana i Rovira defiende la propuesta de veto número 5, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.
El señor Esquerda Segués defiende la propuesta de veto número 2, presentado por este senador y los señores Bonet i Revés y Bofill Abelló.
El señor Guillot Miravet defiende la propuesta de veto número 3, presentado por este senador y el señor Nuet i Pujals.
Se suspende la sesión a las catorce horas y quince minutos.
Se reanuda la sesión a las dieciséis horas.
En turno en contra de las propuestas de veto presentadas hace uso de la palabra la señora Vicente González, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de portavoces intervienen los señores Tuñón San Martín, del Grupo Parlamentario Mixto; Pérez Bouza, por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas; Vilajoana i Rovira, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de
Convergència i Unió; Aleu i Jornet, por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, así como la señora Vicente González, por el Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Utrera Mora, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.
Se procede a la votación.
Se aprueba la propuesta de veto número 1, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas, consecuencia del dictamen de la comisión, por 138 votos a favor y 124 en contra.
El señor presidente informa de que se dará cuenta de la aprobación al Gobierno y al Congreso de los Diputados.
De la Comisión de Sanidad, Política Social y Consumo en relación con la Proposición de Ley por la que se modifica la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el
consumo y la publicidad de los productos del tabaco (Página 5668)
El señor Esquerda Segués, presidente de la comisión, presenta el dictamen.
Comienza el debate de totalidad.
En turno a favor hace uso de la palabra la señora Maestre Martín de Almagro.
Se inicia el debate del articulado.
El señor Quintero Castañeda defiende la enmienda 17, presentada por este senador y el señor Belda Quintana, del Grupo Parlamentario Mixto.
La señora Aleixandre i Cerarols defiende las enmiendas 6 y 8, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.
El señor Esquerda Segués defiende las enmiendas 3 y 5, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés.
El señor Lertxundi Barañano defiende la vuelta al texto remitido por el Congreso de los Diputados en lo modificado por las enmiendas 2, de los señores Belda Quintana y Quintero Castañeda, del Grupo Parlamentario Mixto; 4, del Grupo
Parlamentario Entesa Catalana de Progrés; 7 y 9 del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió; 10, de la señora Caballero Martínez, del Grupo Parlamentario Mixto, y 11, 12, 13 y 15, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado.
El señor presidente informa de la presentación por parte del Grupo Parlamentario Popular en el Senado de una propuesta de modificación firmada por el resto de los grupos parlamentarios, por lo que decae la enmienda 14 de este grupo
parlamentario.
En turno de portavoces intervienen los señores Bagur Mercadal, por el Grupo Parlamentario Mixto, y Pérez Bouza, por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas; la señora Aleixandre i Cerarols, por el Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado de Convergència i Unió; los señores Esquerda Segués, por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, y Lertxundi Barañano, por el Grupo Parlamentario Socialista, así como la señora Pan Vázquez, por el Grupo Parlamentario Popular en el
Senado.
La señora ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad (Pajín Iraola), cierra del debate
Comienza la votación.
Se aprueba la enmienda número 3, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, por 130 votos a favor y 129 en contra.
Se rechaza la enmienda número 5, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, por 7 votos a favor y 253 en contra.
Se aprueba la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista de vuelta al texto remitido por el Congreso de los Diputados en lo modificado por el enmienda número 4 del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, por 131 votos a favor, 128
en contra y 1 abstención.
Se rechaza la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista de vuelta al texto del Congreso de los Diputados en lo modificado por las enmiendas números 7 y 9 del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 129 votos a
favor y 130 en contra.
Se aprueba la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista de vuelta al texto del Congreso en lo modificado por las enmiendas números 11, 12, 13 y 15, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, por 131 votos a favor, 122 en contra y 7
abstenciones.
Se aprueba la propuesta de modificación con número de registro 52131, por 135 votos a favor, 124 en contra y 1 abstención.
Se aprueba la propuesta de modificación con número de registro 52132, por 138 votos a favor y 122 abstenciones.
Se aprueban aquellas partes de la proposición de ley enmendadas en comisión y no comprendidas en las votaciones anteriores, por 257 votos a favor y 2 en contra.
Se aprueba el resto de la proposición de ley por 255 votos a favor, 2 en contra y 1 abstención.
El señor presidente anuncia el traslado de las enmiendas aprobadas al Congreso de los Diputados para que este se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por S.M. el Rey.
Se suspende la sesión a las dieciocho horas y veinte minutos.
Se abre la sesión a las doce horas.
El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.
JURAMENTO O PROMESA DE ACATAMIENTO A LA CONSTITUCIÓN (Número de expediente 500/000289).
El señor PRESIDENTE: Señorías, tomen asiento, por favor. (Rumores.) Silencio, por favor.
Asunto previo al orden del día: Juramento o promesa de acatamiento a la Constitución. Procede el juramento o acatamiento a la Constitución de la excelentísima señora doña María Concepción Gutiérrez del Castillo.
Excelentísima señora doña María Concepción Gutiérrez del Castillo, ¿juráis o prometéis acatar la Constitución?
La señora GUTIÉRREZ DEL CASTILLO: Sí, prometo.
El señor PRESIDENTE: Habiendo prestado acatamiento a la Constitución, la excelentísima señora doña María Concepción Gutiérrez del Castillo ha adquirido la condición plena de senadora. (Aplausos.)
ACTAS
-- LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR CELEBRADA LOS PASADOS DÍAS 30 DE NOVIEMBRE Y 1 DE DICIEMBRE DE 2010.
El señor PRESIDENTE: Punto primero del orden del día: Actas. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior, celebrada los pasados días 30 de noviembre y 1 de diciembre de 2010.
¿Alguna observación?
Entiendo que puede aprobarse por asentimiento.
Queda aprobada.
DELEGACIÓN DE COMPETENCIA LEGISLATIVA EN LAS COMISIONES
-- EN RELACIÓN CON LA PROPOSICIÓN DE LEY DE AGUAS CANARIAS (Número de expediente 550/000038).
El señor PRESIDENTE: Punto primero bis del orden del día: Delegación de competencia legislativa en las comisiones en relación con la proposición de ley de aguas canarias.
En aplicación de lo dispuesto en el artículo 130, apartado 1, del Reglamento de la Cámara, la Mesa del Senado, oídos los portavoces de los grupos parlamentarios, ha resuelto proponer al Pleno de la Cámara que se delegue en la Comisión de
Asuntos Exteriores la competencia legislativa para la tramitación de la proposición de ley de aguas canarias.
¿Acuerda la Cámara por asentimiento dicha propuesta?
Entiendo que sí.
Queda delegada la competencia legislativa para la tramitación de la iniciativa mencionada a la Comisión de Asuntos Exteriores.
DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
-- DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTOS EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2011 (Número de expediente Senado 621/000077 y número de expediente Congreso 121/000098).
El señor PRESIDENTE: Punto segundo del orden del día: Dictámenes de comisiones sobre proyectos y proposiciones de ley remitidos por el Congreso de los Diputados. De la Comisión de Presupuestos en relación con el proyecto de ley de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2011.
Para la presentación del dictamen, tiene la palabra el senador Fernández Cucurull.
El señor FERNÁNDEZ CUCURULL: Muchas gracias, señor presidente.
Buenos días, señora vicepresidenta. Buenos días, señorías.
Me corresponde el honor de haber sido designado para presentar a la Cámara el dictamen de la Comisión de Presupuestos del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011.
Este proyecto de ley tuvo su entrada en el Senado el pasado día 23 de noviembre de 2010, siendo publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales en las mismas fechas y tramitándose por el procedimiento de un mes. La Comisión de
Presupuestos se reunió los días 23 y 24 de noviembre al objeto de designar la ponencia que había de informar el proyecto de ley, así como para celebrar las comparecencias solicitadas por los grupos parlamentarios para informar en relación con el
proyecto de ley que nos ocupa. El plazo de presentación de enmiendas terminó el 29 de noviembre de 2010 a las 18 horas.
A este proyecto de ley se han formulado cinco propuestas de veto. La número 1, por el Grupo de Senadores Nacionalistas. La número 2, por los señores Bofill Abelló, Bonet i Revés, Esquerda Segués y Muñoz Hernández, del Grupo Parlamentario
de la Entesa Catalana de Progrés. La número 3, por los señores Guillot Miravet y Nuet i Pujals, del Grupo Parlamentario de la Entesa Catalana de Progrés. La número 4, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado. La número 5, por el Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, así como 2320 enmiendas, de las cuales 22 implican impugnación completa de una sección, todas ellas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.
En relación con el resto de las enmiendas presentadas, corresponden al señor Bagur Mercadal, del Grupo Parlamentario Mixto, de la 1 a la 4; al señor Torres i Torres, del Grupo Parlamentario Mixto, de la 5 a la 9; al señor Tuñón San Martín,
del Grupo Parlamentario Mixto, de la 10 a la 19; a la señora Caballero Martínez, del Grupo Parlamentario Mixto, de la 20 a la 72; al señor Sampol i Mas, del Grupo Parlamentario Mixto, de la 77 a la 91 y la 2281; a los señores Belda Quintana y
Quintero Castañeda, del Grupo Parlamentario Mixto, la 92; al Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas, de la 93 a la 224; al Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, de la 1544 a la 2216; al Grupo Parlamentario
Entesa Catalana de Progrés, de la 225 a la 855 y de la 2217 a la 2280; al Grupo Parlamentario Socialista, de la 2282 a la 2320; y al Grupo Parlamentario Popular, de la 856 a la 1543.
El día 2 de diciembre, la ponencia emitió informe por el que, además de añadir un párrafo a la disposición adicional quincuagésima primera y aprobar una modificación en la sección 60, programa 221M, se acordaba incorporar al texto del
proyecto las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, a excepción de la número 2282, que se retiró, números 2238, 2263, 2271 a 2275, 2279 y 2280, todas ellas del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, y las enmiendas
número 889 y 1243, del Grupo Parlamentario Popular, así como cuatro enmiendas transaccionales. No obstante, ese mismo día la comisión dictaminó el proyecto de ley, aprobándose la propuesta de veto número 1 presentada por el Grupo Parlamentario de
Entesa Catalana de Progrés. Para su debate ante el Pleno, se han formulado ocho votos particulares: el de los senadores Bofill Abelló, Bonet i Revés, Esquerda Segués y Muñoz Hernández, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés; el de los
senadores Guillot Miravet y Nuet i Pujals, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, ambos para mantener sus respectivas propuestas de veto; el del Grupo Parlamentario Mixto; el del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas; el del
Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por el que se mantienen todas las enmiendas y su propuesta de veto; el del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés para el mantenimiento de sus enmiendas; el del Grupo
Parlamentario Socialista, por el que mantienen todas sus enmiendas excepto la 2282, que se retira; y el del Grupo Parlamentario Popular para el mantenimiento en el Pleno de su propuesta de veto y de sus enmiendas.
Señor presidente, con estas palabras creo haber resumido la tramitación parlamentaria llevada a cabo por la Comisión de Presupuestos del Senado del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
En nombre del Gobierno, la señora vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía y Hacienda solicita la palabra.
Tiene la palabra, señoría. (Rumores.)
Ruego silencio, por favor.
Tiene la palabra.
La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Salgado Méndez): Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, tengo el honor de comparecer ante esta Cámara para presentar el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011.
El Pleno del Congreso aprobó el proyecto de ley con una serie de modificaciones respecto del texto remitido a las Cortes por el Gobierno, y aunque me consta que sus señorías son plenamente conscientes del contenido de la iniciativa que hoy
se debate, me permitirán que, dada su relevancia, insista sobre algunos aspectos.
En primer lugar, el momento económico. Se destaca de manera habitual la importancia de los Presupuestos Generales del Estado como el instrumento en el que cristaliza la actuación del Gobierno, argumento que cobra mayor relevancia en una
situación como la que estamos viviendo desde el año 2008, de gran complejidad en la economía mundial. La crisis ha puesto a prueba todas las instituciones a nivel nacional, a nivel europeo y a nivel global, y las decisiones que se adoptan en cada
uno de estos niveles, así como las decisiones que se adoptan en las comunidades autónomas y en los ayuntamientos tienen un papel relevante en la evolución de la coyuntura económica, de ahí la importancia del proyecto de ley de Presupuestos Generales
del Estado para el año 2011.
Hace un año planteábamos la necesidad de preparar una estrategia para retirar las medidas excepcionales que se aprobaron con el fin de hacer frente a los momentos de mayor intensidad de la crisis, contemplando que la reducción del déficit
avanzaría a medida que se asentara la recuperación. Un entorno económico y financiero muy volátil y difícilmente predecible nos ha llevado a acelerar este proceso tras una etapa de tensiones sin precedentes en los mercados financieros europeos,
tensiones que han afectado de forma particularmente intensa a los mercados de deuda soberana.
Somos conscientes de que formamos parte de una economía global y de una Europa que avanza en su integración... (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, ruego silencio, por favor. Señorías, silencio.
La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Salgado Méndez): Decía que formamos parte de una Europa que avanza en su integración, como siempre hemos querido y por lo que llevamos mucho tiempo trabajando,
y, por lo tanto, las decisiones se adoptan de manera conjunta entre los países miembros de la Unión Europea.
Por eso, prácticamente todos los Gobiernos europeos han emprendido actuaciones excepcionales para reducir el equilibrio presupuestario. El
Gobierno de España tuvo también que tomar medidas difíciles pero imprescindibles para evitar que las turbulencias de los mercados se agravaran, llegando a interrumpir la recuperación econó-
mica. Tuvimos que actuar con rapidez, con medidas que sus señorías conocen.
El Gobierno ha mantenido las principales directrices de la política económica, aunque los cambios que se han ido produciendo en el entorno han hecho necesario poner más énfasis en algunas de las prioridades y acelerar el ritmo de ejecución
de las medidas. Con esta política, el Gobierno está logrando restablecer la confianza en la capacidad de recuperación de nuestra economía y en la solvencia de nuestras finanzas públicas, como ha sido puesto de manifiesto por las instituciones
europeas hace muy pocos días. Esta es una condición imprescindible para seguir avanzando hacia una recuperación económica duradera.
Como ya me han oído decir en otras ocasiones, es necesario consolidar para crecer mejor. Les recuerdo que estamos saliendo de la crisis económica más aguda de los últimos setenta años. La economía española ha iniciado una recuperación que
todavía es más lenta de lo que desearíamos, particularmente en lo que se refiere al empleo, y es coherente con el escenario que el Gobierno planteó cuando presentamos los presupuestos para el año 2010. Un año después, podemos concluir que las
condiciones...
(Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, ruego silencio, por favor. Es muy difícil poder oír con el ruido que hay en la sala. Quien no quiera escuchar, que salga de la Cámara, no pasa nada. Pero a quien quiera escuchar, dejemos que lo haga. Por
tanto, ruego silencio.
Tiene la palabra, señora ministra.
La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Salgado Méndez): Un año después, podemos concluir que las previsiones que presentó el Gobierno para 2010 eran acertadas, y de hecho, como saben, lo han sido
mucho más que las de los principales organismos internacionales y analistas privados.
La evolución económica reciente nos permite asegurar que cerraremos el año cumpliendo nuestra previsión de crecimiento y el objetivo de déficit público que revisamos el pasado mes de mayo. Por lo tanto, diagnóstico económico realista,
avalado por los precedentes; cumplimiento de los compromisos; capacidad para acometer reformas ambiciosas y afrontar decisiones difíciles; y apoyo a los más afectados por la crisis, manteniendo el núcleo de nuestro Estado de bienestar. Estos son
los parámetros que definen los presupuestos que ahora les presento.
La base de estos presupuestos, como no podía ser de otra manera, es la de unas previsiones económicas que implican una recuperación gradual hasta alcanzar, hacia finales de 2011, el ritmo de crecimiento de la zona euro, para superarlo a
partir de 2013. Nuestro cuadro macroeconómico plantea para este año próximo, 2011, un crecimiento que, como saben, es algunas décimas superior al proyectado por organismos internacionales y analistas privados, pero les recuerdo que el escenario
acertado para el año 2010 fue el de este Gobierno.
El eje central que ha inspirado la elaboración de estos presupuestos es el de que ayuden a la recuperación económica, una recuperación que se fundamenta en la austeridad, primero, y también en las reformas estructurales. En estas hay
todavía un importante trabajo por realizar, aunque hemos recorrido ya un largo camino. Tenemos que apoyar la transformación de nuestro modelo productivo de manera que sea más competitivo y más sostenible, con el fin de evitar que posibles futuras
crisis económicas nos afecten con tanta virulencia como la actual.
Entre las reformas que hay que llevar a cabo sin demora para afianzar la sostenibilidad futura de nuestra economía en el medio y largo plazo se encuentra, sin duda, la reforma de las pensiones. El Gobierno presentó su propuesta en enero de
este año en el marco del Pacto de Toledo, y ha planteado un calendario para remitir la reforma a las Cortes, evitando que sea un debate que se demore sine díe.
La reestructuración del sistema financiero es vital y, como saben, el nuevo mapa del sector está ya definido. No obstante, todas las entidades que participan en algún proceso de integración deberán concretar su nueva estructura en las
próximas semanas. Es preciso también dar mayor transparencia a la situación del sector. Esta es la tarea que el Gobierno está impulsando para avanzar en ese aspecto, intangible pero fundamental, de la credibilidad, que se basa, y debe estar
basada, en datos y, por tanto, en transparencia. En paralelo, el Gobierno ha reforzado considerablemente el papel del ICO, cuya actividad crediticia no ha dejado de crecer desde la fase más aguda de la crisis a finales del 2008 y principios de
2009.
La reforma laboral está ya en marcha. Esperamos que sus resultados sean claramente visibles cuando la recuperación cobre intensidad, y su efecto positivo sobre la creación de empleo será sin duda reforzado con las próximas reformas en los
ámbitos de la negociación colectiva y las políticas activas de empleo.
Asimismo, quiero recordarles que está en este momento tramitándose en el Parlamento un proyecto de ley que actúa en múltiples ámbitos de la actividad económica: el proyecto de ley de Economía Sostenible.
Como saben, hemos intentado alcanzar un acuerdo en materia educativa. Este acuerdo y el acuerdo que defina el modelo energético para el futuro tienen una gran importancia. El energético es un sector esencial, por lo que debemos mejorar su
contribución a la competitividad y a la sostenibilidad de nuestra economía.
En cuanto al acuerdo en materia educativa, al que como saben todavía estamos abiertos, tenemos que mejorar nuestra educación. Ha mejorado mucho en los últimos años, pero sin duda es la base de una mayor competitividad para el futuro.
Señorías, este es el contexto de política económica en el que se sitúan las políticas de gasto recogidas en los presupuestos que les presento.
Sus líneas directrices se encuentran ya en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2010
y en las decisiones que hemos ido adoptando a lo largo de este año.
La consolidación fiscal es un camino que ya hemos iniciado, y es una de las líneas básicas para entender estos presupuestos, dado que ese objetivo del 6% del déficit para el año 2011, objetivo que hemos definido como incondicional, es
prioritario. La prioridad de la austeridad en la elaboración de estos presupuestos alcanza inevitablemente a todas las partidas, pero lo hace de manera selectiva, puesto que se mantiene la protección social y se conserva el núcleo central de la
inversión en I+D+i.
Un análisis histórico de las políticas de gasto nos lleva a dos conclusiones complementarias. La primera, que echar la vista atrás es necesario para evaluar el impulso presupuestario que desde el sector público se ha dado a determinados
ámbitos de actuación. La segunda conclusión, y entiendo que son conscientes de ello sus señorías, es que el crecimiento del gasto que el resto de las partidas experimentaron en años anteriores no puede ni debe prolongarse en el contexto de
consolidación fiscal, porque es imprescindible que España mantenga la solvencia de sus finanzas públicas y profundice en ellas para protegernos del contagio de las tensiones en los mercados financieros. Para ello contamos, tal y como se ha puesto
de manifiesto en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera y de la Comisión Nacional de Administración Local, con el compromiso y la responsabilidad de los dirigentes autonómicos y locales para que las administraciones territoriales
cumplan también con su parte en el ajuste y en la consecución del objetivo de déficit para el año 2011.
Como recordarán, el presupuesto del año próximo recoge recoge por primera vez la aplicación del nuevo sistema de financiación de las comunidades autónomas en su integridad. La dotación para la financiación de las administraciones
territoriales a través del presupuesto de gastos es de 28 034 millones de euros en el año 2011. La disminución respecto del 2010 viene motivada, como saben, por el incremento de la cesión de impuestos a las comunidades autónomas y la reducción, en
consecuencia, del importe que reciben por el fondo de suficiencia. Este cambio no tiene una naturaleza coyuntural, sino estructural. Ello implica que en este primer año, si se quieren comparar cifras homogéneas, se debe excluir esta dotación de
los Presupuestos del año 2010, así como de los del 2011.
Quisiera señalar aquí que la financiación que van a recibir en el año 2011 las comunidades autónomas mediante entregas a cuenta, calculadas de acuerdo con el nuevo sistema de financiación, se reduce tan solo un 3,9% con respecto a 2010. Por
su parte, las entidades locales, de acuerdo con lo establecido en la Ley Reguladora de Haciendas Locales, van a recibir un 9% más de lo que están percibiendo en este año 2010. Una vez excluida la cifra correspondiente a las administraciones
territoriales, el gasto no financiero del Estado asciende a 122 022 millones de euros y es, por tanto, un 7,9% inferior al equivalente del año 2010.
Como ya destaqué en el Congreso, estas referencias llevan a una conclusión: un 3,9% menos de entregas a cuenta a las comunidades autónomas, un 9% más para las entidades locales y un 7,9% menos de gasto en la Administración General del
Estado. Si se analizan conjuntamente estas variaciones se observa un esfuerzo de contención del gasto muy equilibrado en el que el Estado asume la mayor parte del ajuste. Con esta dotación de 122 022 millones de euros tenemos que hacer frente a
una serie de gastos obligatorios -los intereses de la deuda, las contribuciones a la Unión Europea o las Clases Pasivas- y dotar el Fondo de Contingencia, que para el ejercicio del 2011 se ha calculado, como sus señorías saben, excluyendo la
financiación de las administraciones territoriales por entender que su destino es el gasto de la Administración del Estado. La cantidad restante delimita nuestro margen de maniobra, y en ese marco el descenso medio del gasto de los ministerios es
del 15,6%.
Entrando de forma más específica en las políticas de gasto que recoge este presupuesto, querría hacer referencia a algunos ámbitos que tuve ya oportunidad de destacar, y mencionando las cifras que corresponderían tras el paso del proyecto de
ley por el Congreso de los Diputados. El gasto social representa el 58% del gasto total, y aumenta un 1,3% respecto del año 2010. La dotación por desempleo asciende a 30 474 millones de euros, y el gasto en pensiones a 112 216 millones.
Con relación a la denominada congelación de pensiones para el año próximo, hay que precisar que esta denominación se refiere a los términos presupuestarios puesto que el año que viene los pensionistas españoles van a cobrar 2000 millones de
euros más que este año por la desviación de la inflación. Vamos a destinar 1498 millones de euros a dependencia, manteniendo nuestro compromiso con un colectivo que ha merecido una especial atención por parte de los poderes públicos. Por su parte,
la política de educación está dotada con 2843 millones de euros, garantizando una dotación suficiente para afrontar retos como la reducción del abandono escolar, el impulso al aprendizaje de lenguas extranjeras y el refuerzo de la formación
profesional. La dotación destinada a becas y ayudas al estudio se incrementa un 2,6%, con un importe de 1430 millones de euros, la mayor cuantía de su historia. Esta priorización responde a la relevancia que le otorga el Gobierno como mecanismo
para la promoción de la igualdad de oportunidades, así como al convencimiento de que la inversión en capital humano es el elemento más determinante para el futuro crecimiento de la productividad y, en consecuencia, de la competitividad de nuestra
economía.
En cuanto al gasto social, se sigue apoyando la inversión productiva, que debe contribuir a acelerar la recuperación y facilitar con la educación el tránsito hacia un nuevo modelo de crecimiento.
En la política de I+D+i, España ha realizado en los últimos años un gran esfuerzo para cerrar la brecha tecnológica respecto de los países de nuestro entorno. Desde el año 2004, hemos incrementado más de un 160% los fondos que se destinan a
esta política que, en el año 2011, estará dotada con 7557 millones de euros. Repito: un incremento, desde el año 2004, de más del 160%. El ajuste no afecta a los fondos destinados a subvencionar proyectos de I+D+i, becas y contratos en las
universidades y
centros de investigación, tampoco a los créditos a empresas para innovación y a las transferencias a los organismos públicos de investigación. Estos presupuestos mantienen los niveles de inversión vinculados al Plan Nacional de I+D+i y a la
Estrategia Estatal de Innovación, y se concentra el ajuste moderado de las partidas en los gastos de personal y en los gastos de funcionamiento corriente.
La política de infraestructuras, dotada en los presupuestos con 17 423 millones de euros, se verá condicionada en el año 2011 por el objetivo de reducción del déficit público. Ello nos va a obligar a mejorar la eficacia y la eficiencia de
cada inversión, pero, en este sentido, quisiera señalar que a esta cifra hay que añadir las inversiones del Plan Extraordinario de Infraestructuras de colaboración público-privada. En todo caso, para valorar adecuadamente esta política y estas
cifras no podemos olvidar los importantes esfuerzos presupuestarios que se han realizado en este ámbito. La inversión pública en España ha crecido en términos acumulados un 61,8% entre 2004 y 2009. En el año 2009, la formación bruta de capital
fijo a cargo del conjunto del sector público alcanzó un 4,4% de nuestro producto interior bruto frente a una media en la zona euro del 2,8%.
Los presupuestos que hoy les presento hacen compatible la austeridad con el mantenimiento de la calidad de nuestros servicios públicos. Así, la justicia sigue siendo un área prioritaria, que en el año 2011 contará con 1713 millones de
euros. Su reducción, de un 5,8%, se ha centrado en los gastos corrientes y de personal. Pero no debe olvidarse que desde el año 2004 se ha incrementado la dotación de esta política en un 57%. En seguridad ciudadana, se dota con 8402 millones de
euros, un 5,3% inferior al del año 2010 y un 39,2% superior a la dotación de 2004. Aquí también, al igual que en el Ministerio de Defensa, la reducción se centra en los gastos de personal.
En materia de defensa, siguen destacando como objetivos prioritarios la seguridad de nuestras tropas y el cumplimiento de nuestros compromisos internacionales, en una política dotada con 6868 millones de euros en el año 2011. Una dotación,
por cierto, también superior a la del año 2004 a pesar de los ajustes.
Señorías, por lo que hace referencia al ámbito de los ingresos, la estimación de los ingresos presupuestarios en el año 2011 viene marcada por la continuidad en el crecimiento iniciado en 2010. El aumento deriva de la progresiva mejoría de
la actividad económica y de los efectos de un conjunto de medidas de consolidación fiscal que adoptamos en los presupuestos de 2010. Estas medidas, que ya han tenido un impacto significativo en los ingresos del año 2010, van a extender su
repercusión a los ingresos del año próximo.
En este proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011 no se contemplan, como saben, modificaciones de calado de nuestro sistema fiscal, pero sí se adoptan algunas medidas concretas tendentes a mejorar la equidad del
sistema; medidas que van a tener un efecto recaudatorio limitado pero que se justifican por razones de redistribución de los esfuerzos, una redistribución absolutamente necesaria en un momento en que estamos pidiendo a la sociedad un esfuerzo
adicional para superar la crisis económica. Así, y para garantizar que las rentas más altas contribuyan en mayor medida a la consolidación fiscal, se procede a una subida en el impuesto sobre la renta de las personas físicas del tipo marginal del
gravamen aplicable a los contribuyentes con bases liquidables superiores a 120 000 euros. A ellos se les aumenta la tributación en un punto porcentual hasta el 22,5, y en dos puntos a los contribuyentes con bases liquidables generales superiores a
175 000 euros.
Por otra parte, el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado establece un límite de 300 000 euros para la reducción en el marco del IRPF del 40%, aplicable a los rendimientos plurianuales para atenuar la progresividad del impuesto
cuando se perciben rentas que se han generado en más de un ejercicio.
Asimismo, hemos adoptado medidas que afectan tanto a la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas como a la Ley del Impuesto sobre Sociedades para someter a gravamen, como rendimiento de capital mobiliario, la devolución de
aportaciones que se realizaron en concierto de capital o de prima de emisión a los accionistas de la SICAM, siempre que se utilicen como mecanismos para distribuir beneficios.
Otra de las novedades fiscales adoptadas para eliminar una medida que contribuyó muchísimo al desarrollo de un modelo de crecimiento con una burbuja inmobiliaria es la eliminación de los incentivos fiscales a la compra de vivienda para bases
imponibles superiores a 24 000 euros, manteniéndose, eso sí, para las familias con menos recursos; paralelamente equiparamos el trato fiscal de la deducción por alquiler respecto de la deducción por inversión en vivienda. Además, en el proyecto de
ley se incorporan modificaciones que apoyan el fortalecimiento de nuestro tejido empresarial; un planteamiento fiscal recogido en el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado que debe completarse, como ya conocen, con las medidas que el
Gobierno ha incorporado al Real Decreto-Ley 13/2010, de 3 de diciembre, cuyo debate de convalidación se producirá mañana en el Congreso.
Son medidas que no alteran la previsión global de ingresos a la que me he referido anteriormente, y aunque no es objeto específico del debate que hoy nos ocupa me gustaría recordarles que vamos a generalizar la libertad de amortización en el
impuesto sobre sociedades hasta el año 2015; se prevé también una rebaja fiscal en el impuesto sobre sociedades y se exonera del gravamen por la modalidad de operaciones societarias a todas las operaciones dirigidas a la creación, capitalización y
mantenimiento de las empresas. Además, reforzamos nuestro compromiso de consolidación fiscal a través de modificaciones en la imposición sobre las labores del tabaco. Así que, señorías, el decreto ley aprobado hace muy pocos días es absolutamente
consistente con el proyecto de ley de presupuestos que hoy les presento para su aprobación.
Señorías, las políticas de gastos e ingreso que les acabo de presentar son compatibles con el objetivo de déficit para la Administración central del 2,3% del PIB
en el año 2011. Son igualmente coherentes con el techo de gasto y el objetivo de estabilidad que les presentamos en el mes de junio. La coherencia de estos presupuestos con la actuación desarrollada por el Gobierno para hacer frente a la
crisis económica se manifiesta en las dos prioridades que han marcado nuestras decisiones de política económica en esta última etapa, y que el Gobierno está convencido de que son las que deben seguir presidiendo nuestra actuación en el inmediato
futuro. Por eso, señorías, estos son unos presupuestos de austeridad para la consolidación fiscal, compatible con el mantenimiento de la cohesión social y compatible también e impulsora del avance de las reformas estructurales que nos van a
permitir apoyar el cambio en nuestro modelo productivo y facilitar la recuperación.
Muchas gracias, señorías, y muchas gracias, señor presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora vicepresidenta.
Pasamos, a continuación, a las propuestas de veto al proyecto de ley.
En primer lugar, propuesta de veto número 1, del Grupo de Senadores Nacionalistas, consecuencia del dictamen de la comisión.
Tiene la palabra el senador Pérez Bouza.
El señor PÉREZ BOUZA: Gracias, presidente.
Bo dia, a todos y a todas.
Bo dia, señora vicepresidenta.
Señorías, cinco son las razones principales por las que el BNG presentó en su día en esta Cámara un veto al proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011. Un proyecto de presupuestos que, antes de resultar definitivamente
aprobado, podríamos afirmar sin temor a equivocarnos que ya está claramente superado por la realidad. Ha llovido, y mucho, desde que se presentó este proyecto, e incluso desde que fue aprobado por el Congreso de los Diputados.
En cualquier caso, como no podía ser de otra manera, en mi intervención voy a ceñirme a explicar las razones del veto registrado por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas e impulsado por el BNG que, a su vez, dará respuesta a
algunas de las afirmaciones hechas por la señora vicepresidenta en su discurso. Un veto que se presenta, por lo tanto, al proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2011, que es el que es y no el que, a nuestro juicio, podría o debería ser.
Un veto que ha sido apoyado mayoritariamente en la Comisión de Presupuestos, en sesión celebrada el pasado jueves, día 2 de diciembre, y que, por lo tanto, está ya incorporado al dictamen de la comisión y que hoy se someterá a la aprobación
definitiva del Pleno del Senado.
Decía al principio que cinco son las razones por las que el BNG ha decidido presentar en el Senado este veto al proyecto de presupuestos.
Cuatro de estas razones responden a cuestiones de interés general, cuestiones que afectan a todo el
Estado, y la quinta es de ámbito estrictamente territorial y está relacionada con la bajada espectacular que sufren las inversiones territorializadas en Galicia. Hecha esta aclaración inicial, tengo que decir que la primera razón por la que el BNG
veta este proyecto de presupuestos es que da cobertura a todas las políticas de duro ajuste económico y laboral que ha aprobado el Gobierno en los últimos meses. La segunda razón es que después de analizar pormenorizadamente las distintas partidas
de gasto que contiene este proyecto de presupuestos, apreciamos un nulo compromiso social. La tercera razón es que consideramos que si finalmente se acaba aprobando el proyecto de presupuestos tal como ha salido del Congreso, no solo no contribuirá
a la recuperación económica y al cambio de modelo productivo, sino que lo impedirá. La cuarta razón para justificar nuestro veto es que este proyecto de presupuestos introduce, a nuestro juicio, modificaciones fiscales claramente insuficientes. Y
por último, la quinta razón es que el BNG no puede estar de acuerdo con un proyecto de presupuestos que no cumple ni de lejos con las necesidades inversoras en Galicia.
Señora vicepresidenta, señorías, permítanme que ahora pase a argumentar cada una de las razones por las que el BNG fundamenta su veto. ¿Por qué decimos que es un proyecto de presupuestos que da cobertura a todas las iniciativas de ajuste
duro, económico y laboral que ha puesto en marcha el Gobierno en los últimos meses? Porque el diseño del proyecto de los Presupuestos Generales del Estado supone la plasmación en las cuentas anuales de las políticas económicas con las que el
Gobierno intenta afrontar la crisis, y que se caracterizan por la sumisión a los dictados de la Unión Europea, del Fondo Monetario Internacional y de esos temidos mercados, renunciando a una salida social a la crisis. Estos presupuestos apuestan
por un recorte drástico y precipitado del gasto público, anteponiendo el objetivo de la consolidación fiscal al de la recuperación económica. Así, el objetivo macroeconómico que orienta todo el proyecto de presupuestos es conseguir la reducción del
déficit hasta el 6% del producto interior bruto en el próximo año, relegando a un segundo plano las políticas sociales y los estímulos a la recuperación económica, la reorientación del sistema productivo y la generación de empleo. Una estrategia
absolutamente equivocada, ya que dedican ustedes todos los esfuerzos a luchar contra una consecuencia de la crisis y no contra las causas que la provocaron. Porque usted sabe perfectamente, señora vicepresidenta, que el déficit actual de las
cuentas públicas es una consecuencia de la crisis, en ningún caso es su causa.
Permítame que en este punto le ponga un ejemplo claro de lo equivocado que resulta a la hora de resolver un problema luchar contra la consecuencia y no contra la causa. Y le voy a poner un ejemplo del ámbito sanitario, que conozco
perfectamente. Imagínese usted a un paciente que acude a la consulta de un médico porque se levanta con fiebre. Y el médico en lugar de atacar la causa de la fiebre, se limita única y exclusivamente a recetarle un antitérmico. Sin duda, si el
paciente toma ese antitérmico, a las tres o cuatro horas le habrá bajado la fiebre, pero también, sin
duda, a las seis o siete horas le volverá a subir, porque el médico erróneamente no atacó la causa de la fiebre, atacó la consecuencia. Pues esa misma estrategia, igual de equivocada, es la que siguen ustedes para intentar luchar contra la
crisis económica. Una estrategia, por la que apuestan usted y su Gobierno, que retardará, sin ninguna duda, la recuperación económica y la generación de empleo al renunciar el Estado a ejercer de motor o dinamizador de la economía a través de la
inversión productiva, y con ello al efecto multiplicador que la inversión pública genera sobre el resto de agentes económicos.
De hecho, la reducción de la inversión pública para lograr los objetivos de déficit incluso puede ser contraproducente para alcanzar este PIB, puesto que al renunciar a estimular la recuperación económica también se está renunciando a unos
mayores ingresos fiscales que ocasionaría dicha mejora de la economía y a la reducción del gasto en prestaciones sociales por la generación de empleo como consecuencia del mayor dinamismo empresarial, siendo esto consecuencia de que el Gobierno a
través del proyecto de presupuestos busca la reducción del déficit operando solo sobre la reducción del gasto y renunciando a incrementar la capacidad recaudatoria del Estado mediante una política fiscal que acentúe el carácter progresivo del
sistema y que aporte más recursos a las arcas públicas. Pero no solo se reducen las inversiones productivas. El proyecto de presupuestos es también claramente regresivo en materia de prestaciones y servicios sociales, con los consecuentes efectos
negativos para la mayoría de la sociedad.
Es por eso por lo que el BNG, además de una enmienda a la totalidad, presentó en el Congreso de los Diputados múltiples y numerosas enmiendas parciales que pretendían corregir este enfoque, a nuestro juicio equivocado, actuando en distintas
direcciones: un paquete de enmiendas de las presentadas en el Congreso estaba destinado a suprimir la congelación de las pensiones y el recorte de los salarios a los funcionarios; otro, priorizaba y por tanto incrementaba el gasto social y la
inversión en educación e innovación; y un tercer paquete de enmiendas trataba de dar un giro a nuestro sistema fiscal para hacerlo más justo, más equitativo y más redistributivo. Sin embargo, todas estas enmiendas han sido rechazadas por el grupo
que sustenta al Gobierno, lo que demuestra su nula voluntad de llegar a acuerdos en cuestiones clave que permitan reorientar estos presupuestos y dotarlos de mayor compromiso social y sobre todo de mayor eficiencia y eficacia para luchar contra la
crisis económica y provocar un cambio de modelo productivo.
Como segunda razón de peso para vetar el proyecto de presupuestos para 2011 que ha llegado a esta Cámara procedente del Congreso citaba al principio el nulo compromiso social que apreciamos en él. Por eso, el BNG cuestiona la tesis del
Gobierno de que estos son unos presupuestos con clara orientación social.
Es cierto el dato que usted ha dado: el Gobierno dice que estos presupuestos contendrán un 58% del gasto destinado a gastos sociales.
Esto es cierto, es un dato objetivo y no se puede discutir, pero tiene trampa porque en este dato se
engloban partidas destinadas, por ejemplo, al pago de pensiones, al pago de prestaciones por desempleo, un gasto reglado por ley que este o cualquier otro Gobierno tiene muy poco margen para poder jugar con él. Pero si descontamos estas elevadas
partidas de gasto, no hay una apuesta decidida por las políticas sociales, al contrario, el proyecto de presupuestos es claramente regresivo en esta materia. Consolida la congelación de las pensiones, al tiempo que reduce considerablemente la
dotación de la mayoría de los programas sociales que no responden a compromisos exigibles por ley. La asignación destinada, por ejemplo, al desarrollo de la cobertura de la Ley de dependencia se reduce un 5,2%, lo que imposibilitará de facto dar
cumplimiento en el año 2011 al abanico de prestaciones contempladas en esta ley y que estaba previsto desplegar durante esta anualidad.
Por otro lado, el programa destinado a la promoción social se reduce un 8,1% y las partidas destinadas al fomento de empleo un 5,1%. Aquí entran ustedes en otra contradicción: aumentan el gasto destinado a pagar las prestaciones por
desempleo y, sin embargo, reducen el de las partidas destinadas a políticas activas de empleo; dan por descontado que es muy difícil generar empleo y, por lo tanto, el Gobierno se limita a pagar prestaciones por desempleo. Además, un compromiso de
este Gobierno, la ampliación del permiso de paternidad de dos a cuatro semanas, se aplaza hasta el año 2012.
Si examinamos la evolución del presupuesto por ministerios, nos encontramos con otra paradoja: ministerios que concentran buena parte del gasto social, como el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad -del que tenemos aquí presente
a la ministra, a la compañera Leire Pajín- sufre un recorte superior al 8,7%. Por el contrario, ministerios con una nula vocación social, como es Interior sufre un recorte del 3,1%, o Defensa, con un 7%.
Señora vicepresidenta, señorías, la tercera razón para justificar el veto es que el BNG considera que estos presupuestos no van a ayudar, sino todo lo contrario, van a impedir la recuperación económica y el cambio de modelo productivo.
¿Por qué decimos esto? Porque a nuestro juicio el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2011 debería dar prioridad a las inversiones con mayor impacto en la recuperación económica y en el patrón de crecimiento, como las
destinadas a programas de I+D+i, educación e infraestructuras; sin embargo, y de manera incomprensible, la orientación es la contraria: los Ministerios de Fomento y de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino sufren recortes de un 37,3% y de un
33,8%, respectivamente, lo que implicará sin ninguna duda un drástico descenso de la inversión productiva.
En el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, el descenso es del 13,6%; y en el de Educación, de un 7,4%; los recortes son significativos también en estos ministerios pero aún lo son más si nos atenemos únicamente a sus respectivos
capítulos de inversiones; algunos programas, por ejemplo, Investigación, Desarrollo e Innovación Civil
retroceden un 7%, y en otros, como el de Innovación Tecnológica de las Telecomunicaciones, esa reducción llega hasta el 29%.
Por el contrario, nos encontramos con programas en el Ministerio de Defensa que apenas sufren reducciones, como el de Gastos Operativos de las Fuerzas Armadas, con una disminución de tan solo un 1,2%, o el de Apoyo Logístico, con un 3,1%.
Por todo lo manifestado, queda claro que estos presupuestos no están orientados a la inversión productiva y a la apuesta por la innovación y la educación, elementos que deberían ser una pieza esencial en la recuperación y reorientación
económica y en el cambio de modelo productivo.
La cuarta razón para nuestro veto es que el BNG considera que las modificaciones fiscales que se introducen en este proyecto de presupuestos son claramente insuficientes y se renuncia una vez más a dotarlos de un sistema fiscal más justo,
más equitativo y más redistributivo; un objetivo que debería ser irrenunciable en cualquier momento, pero más aún en un momento de crisis como este y más aún estando en el Gobierno una organización política que se considera de izquierdas.
No
deberían ustedes renunciar al objetivo de que paguen más aquellos que más pueden, un objetivo que no se alcanza ni de lejos con nuestro actual sistema fiscal.
El BNG tiene muy claro que la política impositiva debe responder a tres objetivos: proveer de recursos a las políticas públicas, favorecer la revisión del modelo de acumulación y crecimiento y ser un instrumento de redistribución de la
riqueza y de lucha contra las crecientes desigualdades sociales.
Señorías, es por ello que defendemos la necesidad de acometer una profunda reforma fiscal que combata la escandalosa bolsa de fraude existente y dote de mayor justicia, equidad y progresividad al sistema impositivo.
Soy consciente de que se trata de un ambicioso objetivo que desborda el marco de una ley de presupuestos pero eso no me impide defender que en la actual coyuntura se deberían haber aprovechado las posibilidades de esta ley, al menos para
reorientar nuestra política fiscal y sentar las bases de un nuevo sistema.
La modificación de los tipos del IRPF a los que usted ha aludido en su discurso y que se contempla en este proyecto de ley es totalmente insuficiente para que ni tan siquiera se pueda considerar como un paso en la dirección antes mencionada.
En un contexto en el que el Gobierno exige grandes sacrificios a empleados públicos y pensionistas, se incrementa la tributación indirecta mediante la subida del IVA y de los impuestos especiales y se merman los derechos laborales de los
trabajadores y las prestaciones de los parados -como la última decisión que han adoptado para eliminar la prestación de 426 euros-. El hecho de incrementar en un punto el tipo de IRPF aplicable a rentas superiores a 120 000 euros y en dos puntos a
los contribuyentes con ingresos superiores a 175 000 euros no supone más que un mero gesto de carácter propagandístico pero que tiene un efecto y unas consecuencias muy limitadas en el sistema impositivo.
Señora vicepresidenta, resulta curioso que en el año 2004, cuando el Partido Socialista accede al Gobierno del Estado español, la progresividad del IRPF era mayor que en la actualidad; en aquel entonces las rentas mayores de 46 000 euros
pagaban un 45%, mientras que en el año 2011, para llegar a ese 45% hay que cuadruplicar esos ingresos y, por tanto, queda claro que hay una menor progresividad.
El propio Gobierno estima que las modificaciones propuestas tendrán un impacto limitado en la recaudación de apenas 200 millones de euros de incremento; por ello, las modificaciones del IRPF propuestas son claramente insuficientes y ni
siquiera corrigen la reforma regresiva de ese impuesto que ustedes llevaron a cabo en el año 2006.
Asimismo, el Gobierno ha renunciado a introducir mayor progresividad en la tributación del ahorro en el impuesto sobre sociedades, a recuperar el impuesto sobre el patrimonio para las grandes fortunas y a establecer medidas estructurales,
organizativas y normativas para intensificar la lucha contra el fraude fiscal; propuestas, todas ellas, que mejorarían la recaudación sin comprometer las políticas públicas y contribuirían a una distribución más justa de la carga fiscal.
Así pues, este proyecto de presupuestos puede convertirse en otra oportunidad perdida para, cuando menos, iniciar ese camino que debe concluir con una reforma fiscal en profundidad, basada en la equidad y en la progresividad; reforma
fiscal, señora vicepresidenta, por cierto, bastante más necesaria y más urgente que otras que el Gobierno está dispuesto a acometer de inmediato, como es el caso de la reforma de nuestro sistema de pensiones, que con seguridad va a suponer un nuevo
recorte de derechos a los actuales trabajadores que en el futuro seremos pensionistas.
Por último, pero no por ello menos importante, la quinta razón en la que el BNG basa su veto, como he dicho, es de carácter estrictamente territorial, pero que para el BNG, como fuerza política nacionalista con implantación en Galicia, es
importante. Se basa en la reducción que sufren las inversiones territorializadas en nuestro país, sobre todo si tenemos en cuenta las necesidades de llevar a cabo importantes infraestructuras para nuestra cohesión territorial y para nuestras
comunicaciones con territorios vecinos; obras importantes en materia de alta velocidad y de conexión de las ciudades a través de autovías interiores que otros territorios disfrutan desde hace ya muchos años y que en Galicia aún están en estado
embrionario.
Sin embargo, este proyecto de presupuestos, lejos de avanzar en la corrección de los citados déficits y retrasos, contempla una inversión para Galicia de 1570 millones de euros, lo que supone 451 millones menos de los contemplados para el
año 2010 y 600 millones menos de las previsiones que en 2010 hacían ustedes de inversión en Galicia para el año 2011. Cabe valorar positivamente en este punto las enmiendas que han sido transaccionadas con el grupo que da soporte al Gobierno en el
Congreso presen-
tadas por el BNG y que mejoraron en alguna medida esas inversiones territorializadas en Galicia que, sin embargo, no han valido para modificar el contexto global de un gran descenso en la inversión territorializada en nuestro territorio.
Fruto de este fuerte descenso, actuaciones fundamentales para la vertebración interna de Galicia, como son las autovías interiores y su conexión con los territorios de nuestro entorno, como el AVE, están claramente infradotadas, lo que hará
que su licitación y su ejecución pase a depender de esa posible financiación exterior privada que va a multiplicar por 5 y por 6 su coste durante los próximos 25 años. Galicia padeció incumplimientos y retrasos reiterados en épocas de bonanza y no
podemos permitir que ahora, en un momento de crisis, también sea uno de los territorios que más sufre los recortes en inversión en infraestructuras públicas.
Señora vicepresidenta, señorías, estas son las cinco razones por las que el BNG ha decidido presentar este veto en el Senado al proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2011. Puede creerme que no lo hacemos por oportunismo ni por
electoralismo. Usted sabe que de los siete presupuestos que su Gobierno ha presentado desde 2004, en cuatro ocasiones el BNG le ha dado apoyo; el año pasado votamos en contra, pero no en el Senado, y en 2005 y en el presente 2011, además de
votarlos en contra hemos presentado un veto en esta Cámara.
Cuando el Gobierno presenta unos presupuestos que apuestan por la inversión productiva y el gasto social y además dan cumplimiento a las necesidades de Galicia, el BNG no tiene ningún problema en prestarles su apoyo. Cuando, como en esta
ocasión, reduce la inversión productiva y el gasto en política social, no atienden a las necesidades inversoras de Galicia y además dan cobertura a políticas de ajuste duro en materia de derechos laborales para los trabajadores y de prestaciones
sociales para parados y pensionistas, el BNG no puede apoyarlos. No queremos ser cómplices de un Gobierno que ha decidido abandonar a su suerte a los ciudadanos para atender únicamente las recomendaciones de los mercados; un Gobierno que acepta
sin ningún tipo de complejos la primacía de los mercados sobre la política, cuando lo lógico -para eso estamos aquí- sería que la política gobernara los mercados y no al revés, como está ocurriendo en este momento. Cuando se interioriza esa máxima,
absolutamente perversa, no se duda en adoptar todo tipo de medidas antisociales y antieconómicas con el único objetivo de contentar a los mercados, sin darse cuenta de que su voracidad es absolutamente insaciable.
Por eso, nunca se darán por satisfechos y siempre pedirán más, hasta conseguir su gran objetivo. Y su gran objetivo, señorías, es terminar con el Estado de bienestar que se estaba montando en la Unión Europea. Ese es el objetivo primordial
de los mercados: desmontarlo, para que no todos seamos iguales en derechos, sino que primen los derechos del capital. Ese es el gran objetivo de los mercados con los que ustedes están siendo absolutamente cómplices. Parece increíble, señora
vicepresidenta, que para un fin tan deleznable cuenten con la colaboración sumisa de un Gobierno que se considera de izquierdas.
Termino, señor presidente, pidiendo el apoyo de todos los grupos para este veto al proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 2011, presentado por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas pero impulsado, como dije al
comienzo de mi intervención, por el BNG.
Creo, honestamente, que, con algunos matices, todos coincidimos -y por eso espero su apoyo- en que son unos presupuestos que no contribuirán al crecimiento económico y a la generación de empleo, sino más bien todo lo contrario: generarán
más crisis y, lo que es peor, dejarán más desprotegidos a los grandes perjudicados: las clases sociales más desfavorecidas.
Sé que un veto al proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado en el Senado es más un gesto simbólico que práctico, pero no debería pasar desapercibido para el Gobierno que fuerzas políticas pertenecientes a distintos espectros
ideológicos, que van desde la derecha a la izquierda, pasando por el centro, digamos al Gobierno con claridad que este proyecto de presupuestos no vale, no vale para lo que debería ser el objetivo primordial del Gobierno: poner en marcha políticas
que generen dinamismo económico y creación de empleo, sin olvidar dar cobertura social a aquellos que más la necesitan.
Por último, desde el aprecio personal y político que sabe que le tengo, señora vicepresidenta, permítame que le dé un consejo que vale para usted, pero es extensible a todo el Gobierno e, incluso, al presidente, señor Rodríguez Zapatero:
piensen ustedes más en los ciudadanos y menos en los mercados, aunque solo sea porque han sido los ciudadanos los que les han colocado en el Gobierno, y no los mercados. Los mercados, esas fieras insaciables, no solo no los han colocado en el
Gobierno sino que los están utilizando, y no diré de qué los están utilizando porque estamos en una Cámara parlamentaria y, por lo tanto, no ha lugar a esas expresiones y, además, a buenos entendedores, pocas palabras bastan.
Señorías, miren más
para los ciudadanos y menos para los mercados.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Pasamos al debate de la propuesta de veto número 4, del Grupo Popular.
Tiene la palabra el senador Utrera.
El señor UTRERA MORA: Señor presidente, señoras y señores senadores, el Grupo Parlamentario Popular ha presentado un veto a los Presupuestos Generales del Estado que todos ustedes conocen -o pueden conocer, porque publicado está-, con las
razones que ahí se incluyen de todo orden: económico, social, etcétera. Básicamente, podemos resumir esas razones en que se trata de unos presupuestos que en sus cifras han demostrado falta de consistencia, no son fiables, tampoco son sociales
-aunque la vicepresidenta segunda del Gobierno nos ha dicho y ha pretendido convencernos de lo contrario en su interven-
ción de hoy-, ni siquiera son austeros -aunque sí es verdad que compartimos el objetivo de consolidación presupuestaria como un objetivo primario, incuestionable de los presupuestos para este próximo año y los siguientes-, ni tampoco, en lo
más mínimo, contribuyen a la recuperación de la economía española y de la pérdida de productividad que se ha producido en los últimos años.
Son los presupuestos para el año 2011 un eslabón más en una cadena de despropósitos en que se ha convertido la política económica del Gobierno.
Política económica que ha dado lugar -supongo que eso lo aceptará la señora vicepresidenta
segunda- a la pérdida del valor más importante en el mundo globalizado en el que vivimos, que es la pérdida de confianza en el propio Gobierno como rector de la política económica, social, laboral y, en definitiva, de la política nacional. Ustedes
han perdido la confianza no solamente de los ciudadanos españoles ni de los mercados -esos mercados de los que podríamos hablar mucho en cuanto a qué son y quiénes forman parte de ellos-, sino también de las instituciones centrales y principales del
mundo, como la Unión Europea, las instituciones económicas y, desde luego, como decía, de los ciudadanos españoles.
El Gobierno ha conseguido disolver cualquier atisbo de confianza nacional e internacional, y estos presupuestos constatan la crudeza de esa realidad. Lo que nos ofrece el Gobierno para el próximo ejercicio es más paro: en torno al 20% de
la población activa; 40% o algo superior en el caso de población juvenil que se quiere incorporar al mercado de trabajo o que ha sido directamente expulsada por la temporalidad del mercado de trabajo. Estos presupuestos también nos ofrecen más
deuda. Caso de cumplirse el objetivo del 6% de déficit público para el próximo año, que ciertamente está cuestionado por la propia Unión Europea, añadiríamos, a los 290 000 millones de euros que ustedes han sumado desde el año 2004, esto es, en los
últimos cuatro años, a la deuda de las administraciones públicas, añadiríamos, repito, la porción que resta hasta alcanzar niveles próximos al 70% del producto interior bruto de deuda pública total de las administraciones públicas.
Estos presupuestos también nos anuncian más impuestos. ¿Sobre quiénes? Pues sobre casi todos: contribuyentes del impuesto sobre la renta, contribuyentes por rentas del trabajo y del capital, y si añadimos la supresión de las deducciones,
aquellas que eran tan importantes al principio de esta legislatura porque daban equidad y equilibrio al sistema tributario, como la deducción famosa de los 400 euros, también todos los contribuyentes, a lo cual habría que añadir ahora como novedad
el aumento del impuesto especial sobre el consumo de tabaco y algunos otros aumentos impositivos a través de tasas y otras figuras tributarias.
Por otro lado, estos presupuestos, lo diga la vicepresidenta o no lo diga, no pueden calificarse en modo alguno de sociales por cuanto implican una reducción, dentro del ámbito de competencias del Estado -y por tanto de los Presupuestos
Generales del Estado, que son reducidos-, superior al 8% en gastos sociales: en torno al 8% en sanidad y educación, del 5,2% en las aportaciones a la dependencia, mientras que el plan de discapacidad se reduce en más del 40%. Esta es la situación
y los datos que estos presupuestos recogen. Por tanto, no son sociales.
Si a ello se añade el recorte intenso -llamémoslo de esta forma amable- en la inversión en infraestructuras, la congelación de pensiones, la supresión de las ayudas a los parados de larga duración, la congelación de salarios públicos, el
resultado son unos Presupuestos Generales del Estado que muestran el callejón en que el Gobierno nos ha situado a los españoles. Las dos partidas que tienen un peso preponderante en los presupuestos, pues absorben la mayor parte de los nuevos
recursos públicos a disposición del Gobierno, ya se imaginan ustedes cuáles son.
Una muy social, que es la que permite -supongo yo- argumentar a la vicepresidenta segunda que estos son unos presupuestos sociales: la prestación por desempleo como
consecuencia del paro, que superará los 30 000 millones de euros, tiene un gran peso dentro de los Presupuestos Generales del Estado, aunque huelga decir -ya se ha debatido en otras ocasiones- que no le dan un matiz social a los presupuestos, sino
en todo caso un matiz de fracaso en la gestión del más importante y preciado de los bienes para los ciudadanos españoles, que es el derecho al trabajo.
La otra partida, por más de 27 000 millones de euros -que casi iguala en cuantía-, es el pago de los intereses de la deuda, pero no de amortización -la deuda no se está amortizando, porque con déficit lo que se hace es incurrir en más deuda.
Como digo, está situado por encima de los 27 000 millones de euros, y no quiero hacer comparaciones, no hace falta, ustedes pueden ver los Presupuestos Generales del Estado, pero cuántas políticas podrían financiarse o cuántas políticas se han
dejado de financiar; o, si lo prefieren, si comparamos estos 27 000 millones de euros empleados en pago de intereses con lo que suponen políticas como las inversiones públicas o algunas otras. Por lo tanto, el paro y la deuda caracterizan la vida
de unos presupuestos que, por otro lado, son el reflejo de un fracaso de la política económica del Gobierno.
Entre tanto, la vicepresidenta segunda del Gobierno esta mañana nos ha hablado aquí de un nuevo modelo de crecimiento -hermosas palabras- que dé sostenibilidad a medio y largo plazo -magnífico-, y solo ha faltado que nos describiera algo
sobre los pájaros y las flores, que para el próximo año los pájaros se van a comer los brotes verdes, y posiblemente también las flores, que hemos de esperar en 2011 y años sucesivos.
La demostración más patente de la situación de las políticas del Gobierno es la constante ampliación del número de damnificados.
Permítanme que no sea exhaustivo, pero debo recordarles que donde había pactos de Estado anudados desde hace muchos años como, por ejemplo, el Pacto de Toledo en relación con la revalorización de las pensiones, el mantenimiento del poder
adquisitivo de los pensionistas, se ha visto frustrado de un solo manotazo del Gobierno en forma de decreto ante la presión de esos mercados voraces
e insaciables -y yo no comparto esta idea-, esos mercados que tanto están apretando y disgustando al señor Zapatero e imagino que también a la señora Salgado y tenemos que los pensionistas el próximo año verán congeladas sus pensiones. Lo
mismo ocurrirá con algunas prestaciones graciosas y gratuitas que, en ocasiones de auténtica improvisación, ocurrencias del momento del señor Zapatero, se convirtieron en la piedra angular y demostración de la política social del Gobierno; me
refiero al cheque bebé y a algunas otras prestaciones que han tenido que ser eliminadas radicalmente porque no hay y, como no hay, donde había despensas llenas ahora hay un vacío que tienen que pagar los contribuyentes y estos damnificados; así
como los funcionarios, que ven, primero, reducidos y luego congelados sus salarios; adquirentes de vivienda, que para el próximo año pierden el derecho a las deducciones y, por tanto, pagarán más impuestos, es decir, un aumento de la fiscalidad.
Como hemos señalado anteriormente, contribuyentes por todo tipo de impuestos: impuesto sobre el valor añadido, impuesto sobre la renta, impuesto especial sobre el tabaco. Y ahora se añade también el nuevo grupo, ese grupo que el Gobierno
consideraba de esencial protección, como los parados de larga duración, que dejarán de recibir las ayudas correspondientes, incluso con la medida añadida -o por lo menos intuida- de que se traslada a las comunidades autónomas el coste de esa ayuda
que, vuelvo a repetir, en su momento era una de las medidas esenciales de la acción de este Gobierno, tan socialista y con tanto talante que lo tiene que eliminar de un día para otro y sin preaviso.
Y podríamos seguir enumerando grupos sociales y sectores de actividad; las cámaras de comercio -que pasaban por ahí- también han sido difuminadas de un golpe rápido con estas últimas medidas económicas improvisadas del Gobierno. Y ello
¿por qué? Como les decía antes, porque se gastó y se gastó mucho, y ahora no hay. Se gastó en lo que no era necesario y, lo que es más importante, se gastó diciendo que esa era la forma de salir de la crisis económica. Es obvio, como nos hemos
cansado de repetir, que esa no era la manera de salir de la crisis económica y ustedes -no por voluntad propia, como es evidente, sino porque sencillamente les ha obligado la Unión Europea- han tenido que establecer como objetivo esencial de sus
presupuestos la consolidación o, lo que es lo mismo, el recorte de gastos o la ampliación del número de damnificados como consecuencia de cada decreto que se les ocurre aprobar ante la presión a la que se ven sometidos.
Uno de los latiguillos más frecuentes, señora vicepresidenta, del Grupo Socialista y de algunos otros desconocedores de la situación real de la economía española era ese de arrimar el hombro, y ustedes están consiguiendo que arrimen el
hombro, no por voluntad propia ni por gusto, todos estos damnificados que están ciertamente arrimando el hombro para contribuir a medio mantener -que no a mantener- la fantasía de que este Gobierno está administrando unos presupuestos austeros y que
además es capaz de iniciar la recuperación de la economía española.
Por otro lado, estos presupuestos -y en este caso me van a permitir que sea muy breve, que no sea explícito porque creo que no hace falta y que todo el mundo lo entenderá- han recibido el rechazo de la mayoría de los grupos parlamentarios,
con cinco vetos en el Senado. Sin embargo, eso sí, el Gobierno consiguió apoyos mínimos, y ciertamente interesados, de unos grupos de muy reducido tamaño pero de altos intereses concretos que han apoyado los Presupuestos Generales del Estado en el
Congreso de los Diputados sobre la base de acuerdos no suficientemente explicitados, en los que falta la transparencia a la que usted apelaba hace apenas una hora como herramienta esencial de credibilidad en el sistema financiero; y, desde nuestro
punto de vista, esa herramienta de credibilidad también es necesaria en todos los acuerdos políticos y, sobre todo, en el caso de algunos muy importantes que afectan a la forma de Estado y al desarrollo de las instituciones. Como decía, fruto de
esos acuerdos, el Gobierno y el Grupo Parlamentario Socialista cuentan con unos apoyos, con unas muletas para aprobar en el Congreso de los Diputados, por la mínima, unos presupuestos que son absolutamente insatisfactorios. En este sentido, supongo
que es un ejercicio inútil, pero al menos voluntarioso, el pedir el voto negativo a los Presupuestos Generales del Estado de los representantes del Partido Nacionalista Vasco y Coalición Canaria, con el fin de que nos demuestren responsabilidad,
auténtica responsabilidad, porque la responsabilidad de Estado en este momento es poner en evidencia que no existe plan del Gobierno y ni siquiera plan presupuestario sino una ampliación de damnificados, y que cualquier componenda, arreglo o pacto
que genere beneficios particulares siempre palidecerá en su valor e importancia respecto de la situación económica en que el Gobierno y sus Presupuestos Generales del Estado nos han situado. Por tanto, apelo a la auténtica responsabilidad y no a
esa institucionalización que lo único que consigue es alargar un ciclo, el ciclo agónico de la economía española en que nos encontramos.
Además, ustedes han vetado ya estos Presupuestos Generales del Estado, y esta sería una razón adicional sobrevenida para enmendarlos, para vetarlos y devolverlos al Gobierno. Les recordaré una breve historia, y es que ustedes tardaron poco
más de 20 días, en el mes de enero de este año, en decir que los presupuestos para el año 2010 ya no servían y que habría que establecer planes de austeridad adicional que supondrían un recorte de gasto adicional, aumentos de impuestos -es verdad
que en algún caso, como en el del IVA, diferidos en el tiempo-, de manera que esos presupuestos habían pasado a ser papel mojado.
Pues bien, este año ni siquiera han podido esperar a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2011 y su entrada en vigor el 1 de enero del próximo año, sino que, con anterioridad, un mes antes de su aprobación y
entrada en vigor, han tenido que enmendarlos; y han tenido que enmendarlos mediante un conjunto de medidas que ya todos conocemos, medidas heterogéneas que la ponen a usted, señora Salgado, en evidencia.
Usted decía que estos presupuestos eran creíbles y que, por tanto, no existía ni era necesario que existiera un plan B alternativo a los propios presupuestos, caso de que las previsiones del cuadro macroeconómico o, incluso, la percepción
que se tuviera respecto de la realidad de los presupuestos fuera la que ha sido en la Unión Europea.
Recuerdo cuando el comisario, señor Almunia, hace pocas fechas les decía a ustedes que había que poner algo más encima de la mesa porque los
presupuestos no eran lo que se esperaba, lo cual demuestra, por otro lado, que la tutela de la Unión Europea es auténtica, que nos tutela incluso en políticas nacionales propias como son las políticas presupuestarias.
Ustedes aprueban un nuevo paquete de medidas. No le podemos llamar ni siquiera plan, no es un plan. No responde a lo que entendemos por plan.
No es un plan coherente. Es un paquete de medidas incoherente. Le voy a leer la opinión que le
ha merecido a alguien que la acompañó a usted en el Consejo de Ministros, el señor Sevilla, entonces ministro de Administraciones Públicas, porque me parece que lo refleja muy bien.
Comparto estas palabras y no tanto la autoridad de la fuente. No
apelo a la autoridad de la fuente, pero sí al contenido formal de esas palabras cuando dice -porque conoce desde dentro lo que se está haciendo- que las decisiones adoptadas no son un conjunto articulado de medidas para favorecer el crecimiento
económico ni la competitividad de nuestra economía, sino un elenco disperso -la verdad es que el término está muy rebuscado, posiblemente para no herir demasiadas susceptibilidades- de respuestas asistemáticas con la pretensión de aparentar firmeza.
La mayoría de medidas anunciadas a lo largo de la legislatura -extiende a toda la legislatura estos 11 planes distintos de medidas caóticas que ustedes han presentado- se han adoptado más por la necesidad cosmética de hacer algo que por la
convicción de que es necesario hacer algo. El presidente del Gobierno -termina afirmando el señor Sevilla, y yo no sé si esto va a ser así, pero es importante constatar esa opinión- no tardará -afirma- en reconocer el segundo error cometido -añado
que el primer error es la falta de reconocimiento de la crisis económica cuando en España estábamos viviendo los peores momentos de todo este siglo- que ha consistido en esa sucesión -fíjense en los términos- aleatoria y espasmódica de medidas
adoptadas.
Estamos en un puro espasmo de medidas. Quizá la vicepresidenta deba explicarnos qué tienen que ver entre sí la supresión del régimen de cotización de Clases Pasivas a los nuevos funcionarios públicos, la eliminación de la cuota obligatoria
a las Cámaras de Comercio, la subida del impuesto sobre el tabaco, la desaparición de las ayudas a los parados de larga duración, la privatización parcial de la lotería nacional y de los aeropuertos del Estado, para hacer caja, obviamente, no para
reorientar y mejorar la eficacia de esos servicios, con un verdadero plan articulado, coherente, de medidas para estimular el crecimiento y la competitividad de la economía española. Es una contradicción con lo que usted afirmaba hace un momento
respecto a ese plan de sostenibilidad a medio y largo plazo de la economía española.
Por tanto -y concluyo con este punto-, tan apretada está la situación que ustedes no han podido siquiera esperar a final de año para decir que estos Presupuestos Generales del Estado no sirven básicamente para nada.
Nos encontramos ante un final de ciclo -estoy convencido de ello, y creo que también muchos de ustedes- y en sus manos está el poder acortarlo para no asistir así a una agonía permanente -eso sí, con culpables exteriores, como los mercados
financieros o, ahora, por ejemplo, la señora Merkel, que parece la culpable de lo que está ocurriendo en España-. Para evitar esa agonía habría que poner fin cuanto antes a este ciclo ya finalizado y que este Gobierno -en mi opinión, el peor con
diferencia que ha tenido la democracia española- concluya de resolver, de mal resolver, las cuestiones a las que necesariamente ha de dar respuesta. Y le digo más, señora vicepresidenta, algunos pensamos que este final de ciclo no solo va a ser
caótico y agónico, sino, posiblemente, un final de ciclo sórdido. El pasado fin de semana asistimos a la exhibición de hasta dónde puede llegar el deterioro, la implicación y el sufrimiento de muchos españoles que han de servir de cabeza de
turco... (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías.
El señor UTRERA MORA: ... a un Gobierno que no sabe qué hay que hacer ni cómo hacerlo, que no elige bien el momento y no sabe qué hacer cuando este llega, y que lo único que pretende -como decía muy bien el señor Sevilla- es hacer como que
hace, cuando ni tiene la convicción ni el deseo de hacerlo.
Estos Presupuestos Generales del Estado son la constatación clara de ese estado de ánimo: un Gobierno que no sabe qué hacer ni cuándo, que se ve forzado por las circunstancias a tomar medias incoherentes, las cuales, a su vez, provocan el
vaciamiento de las dos grandes partidas de gasto: las prestaciones de desempleo y los pagos de intereses -que no las ayudas al parado de larga duración, pues esas ya quedan fuera, ha habido que tirarlas por la borda del barco en zozobra-, lo que da
lugar a unos presupuestos objetivamente rechazables.
Por lo tanto, solicito a los grupos de la Cámara el apoyo a este veto que presenta el Grupo Parlamentario Popular, al tiempo que anuncio nuestro apoyo a todos los vetos -pues, al final, un veto es un veto- que aquí se han presentado.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Pasamos a la propuesta de veto número 5, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.
El señor Vilajoana tiene la palabra.
El señor VILAJOANA I ROVIRA: Señor presidente, señora vicepresidenta y ministra de Economía, señorías, mi grupo ha presentado un veto a los Presupuestos Gene-
rales del Estado 2011, fundamentalmente por cinco razones. La primera de ellas, por la poca ortodoxia macroeconómica y presupuestaria.
Consideramos que el constante optimismo del Gobierno respecto a cómo evolucionará la economía, el empleo
y las finanzas públicas a futuro siempre acaba contrariado por la cruda realidad.
El crecimiento del PIB está previsto en un 1,3%, nada que ver con las previsiones de los principales institutos de análisis económicos españoles e internacionales. El crecimiento de la ocupación se cifra en solo 43 000 nuevos empleos.
Entendemos que para un país que ha perdido tanto empleo y que tiene 4,5 millones de parados la previsión transmite sensación de fracaso. Si hoy la política económica pudiera tener una sola prioridad, esta debiera ser la creación de empleo y 43 000
es un objetivo que consideramos claramente insuficiente.
Déficit público. Se presupuesta en un 4,8% para el Estado y en un 6% para las administraciones públicas. Con estas previsiones damos cumplimiento a lo que hoy nos piden los mercados. Pero la pregunta es si cumplirá esta vez el Gobierno su
objetivo. Nos preguntamos si es posible reducir el déficit si no alcanzamos a crecer el 1,3% y, además, con una mínima creación de empleo. Hay quien solicita al Gobierno un plan B para el caso de que las previsiones presupuestarias del Gobierno no
se cumplan, o sea, por si el crecimiento no llega a los ingresos previstos. El problema es que el Gobierno ha ido a remolque de las exigencias de las instituciones europeas e internacionales, a remolque de los mercados.
Tengo que decirle que hay gente a la que le parece bien este planteamiento porque esto, en el fondo, nos garantiza que se toman medidas. Prueba de todo ello es que recién aprobados los presupuestos en el Congreso y después de vetarlos en la
Comisión de Presupuestos del Senado, el Consejo de Ministros del 3 de diciembre aprueba el Real Decreto Ley 13/2010, de actuaciones en el ámbito fiscal, laboral y liberalizadoras para fomentar la inversión y la creación de empleo.
El real decreto ley tiene como finalidad reforzar la política de impulso al crecimiento de la economía española y al incremento de su competitividad a través de medidas de apoyo a la actividad empresarial, esencialmente enfocadas a las
pequeñas y medianas empresas, de tal modo que, a través de una reducción de cargas impositivas y de otra índole, se favorezca la inversión productiva, la competitividad de las empresas españolas y, por ende, la creación de empleo. Asimismo, se
refuerza la eficacia de los servicios de políticas activas de empleo.
El real decreto ley aborda la modernización y liberalización de dos sectores, el aeroportuario y el de loterías, que reclamaban un cambio de modelo de gestión que además fomente la eficiencia a través de la apertura de la posibilidad de
privatización parcial e involucración del sector privado de las sociedades cuya creación se prevé en esta norma.
Es conveniente reforzar el compromiso con la consolidación fiscal. A esta misma finalidad se dirigen las modificaciones en la imposición sobre las labores del tabaco que, a su vez, contribuyen a la política de impulso a la reducción del
consumo.
Por último, el real decreto ley avanza en la línea de integración en los regímenes de Seguridad Social mediante la integración de los funcionarios de nuevo ingreso en el Régimen General de la Seguridad Social a los efectos de Clases Pasivas.
Nosotros estamos de acuerdo con muchos de los elementos que enmarcan este decreto ley, los hemos solicitado, hemos impulsado al Gobierno para que lo hiciera. ¿Qué nos preocupa, señora ministra? Que esto lo hacemos cuando acabamos de
aprobar los presupuestos o estamos en este trámite.
Nos volvemos a encontrar con unos presupuestos que vamos a aprobar y, en el mejor de los casos, van a ser unas cifras indicativas de lo que va a pasar este año. Entendemos que este no es el
procedimiento, y respecto de algunas actuaciones como, por ejemplo, la aeroportuaria, discrepamos de su planteamiento y queremos que haya un proyecto de ley en el que podamos trabajar en esa línea.
Pero sigamos. Gasto público. En los presupuestos consolidados del Estado el gasto no financiero disminuye un 3% en términos homogéneos respecto de 2010. No es mucho, señora ministra, pero es la primera vez en los siete presupuestos que ha
aportado este Gobierno socialista a esta Cámara que hay un intento de austeridad y reducción del gasto, aunque en términos consolidados solo sea del 3%. Otra cuestión será el análisis de cómo se ha reducido el gasto. El Gobierno ha reducido el
gasto de la manera más simple posible, con decisiones a corto plazo y sin integrarlo en una política económica de reactivación. En vez de racionalizar la Administración, recortar la estructura administrativa y ser más eficiente, se ha limitado a
adoptar la decisión transversal de reducir los salarios a todo el personal de las administraciones. Asimismo, la gran decisión de austeridad es frenar y recortar la inversión.
Señora ministra, ¿de verdad cree el Gobierno que podrá reactivar el empleo, reactivar la economía y propiciar un cambio de modelo productivo recortando la inversión en porcentajes superiores al 30%? Esta es la pregunta que nos hacemos en
este veto a los presupuestos.
Si entramos en los ingresos, consideramos que hay demasiado aumento de la presión fiscal y un excesivo optimismo sobre el crecimiento. La previsión de ingresos no financieros totales para el 2011 incorpora un incremento del 5,7% respecto de
la liquidación prevista para 2010. Este incremento se debe a lo que se llama medidas de consolidación fiscal, es decir, a medidas de aumento de la presión fiscal, mientras que la otra mitad el Gobierno lo atribuye a los efectos de la recuperación
económica.
Reiteramos nuestra desconfianza con respecto a la recuperación económica en un aumento del PIB en el 1,3%. En consecuencia, también respecto de los ingresos que deban venir por esa vía.
En los doce últimos meses, y en plena crisis, el Gobierno ha incrementado excesivamente la presión fiscal, lo que está repercutiendo y repercutirá en una reducción del con-
sumo, de la actividad económica y del empleo en el 2011 que creemos que no nos podemos permitir. No es el aumento de la presión fiscal lo que necesitamos, sino el aumento de la actividad económica.
Gastos. ¿Dónde está la austeridad? El Gobierno destaca que en los Presupuestos para el 2011 el gasto social supone casi el 60% del presupuesto consolidado, la cifra más alta alcanzada. Permítame, señora ministra, dos observaciones. Un
país solamente puede mantener un nivel de gasto social elevado si antes de redistribuir la riqueza es capaz de generarla. En segundo lugar, sería mejor reducir el paro y con ello reducir el pago de prestaciones por desempleo, ya que nos aportaría
riqueza y bienestar a la población.
Se trata de lecturas diferentes de una misma realidad. El porcentaje de gasto social sobre el gasto total puede haber aumentado, pero la realidad de estos presupuestos también nos dice que el gasto en sanidad y educación se ha reducido en
un 8%, el gasto destinado a favorecer el acceso a la vivienda se reduce un 19%, y el gasto destinado a la dependencia disminuye en un 5,3%.
Idénticos comentarios pueden hacerse respecto del gasto destinado a los programas de servicios sociales, de la Seguridad Social, o de los destinados a personas mayores o a personas con discapacidad. Se reducen en más del 8%.
Por tanto, el porcentaje de gasto social en el presupuesto se mantiene por lo que se paga por el desempleo, pero todas las políticas sociales del Estado quedan afectadas.
En cuanto a las políticas de gasto vinculadas a actuaciones de carácter económico, se reducen el 18,9%. Aquí sí está la verdadera austeridad, ya que el gasto en infraestructuras se reduce en un 40%, mientras que el gasto en políticas de
industria y energía se recorta en un 13%, y el de agricultura, comercio o el destinado a la pequeña y mediana empresa se reduce globalmente en un 5%.
Estamos de acuerdo en que la austeridad puede comportar, recortar o frenar la ejecución de determinadas inversiones, pero el Gobierno debe garantizar que aquellas inversiones más eficientes o más necesarias para mejorar la competitividad, es
decir, las ligadas a la productividad, no deben frenarse; antes al contrario, entendemos que deberían acelerarse.
Esta Cámara debe tener un exhaustivo conocimiento de los criterios utilizados para frenar cada una de las inversiones paralizadas en
el 2010 o que se vayan a paralizar en el 2011. El Gobierno no está actuando en este sentido con la transparencia debida y no nos sentimos suficientemente informados sobre qué criterios se aplican, por qué razones y de qué forma.
Le pondré algunos ejemplos referidos a Cataluña en relación con lo que debería ser prioritario para nuestro grupo parlamentario. En primer lugar, se retrasa la ejecución de la práctica totalidad de las autovías de acceso a Francia y la de
las conexiones ferroviarias internacionales, especialmente el corredor mediterráneo. En este sentido la pregunta es la siguiente: ¿Dónde están los compromisos del Gobierno? Pero es que hay más: conexión ferroviaria con el puerto y el aeropuerto
de Barcelona. No está en los presupuestos, y queda a expensas de una hipotética colaboración público-privada. Plan de Cercanías de Barcelona 2008-2015.
Tiene una dotación de 4500 millones de euros para los ocho años de ejecución. ¿Cuánto se ha
ejecutado hasta el momento? Tenemos nuestras dudas de que se haya llegado al 10% en los tres años transcurridos, y para el 2011 la previsión es una inversión directa del ministerio por un importe de solo 3,8 millones de euros. En tercer lugar,
cuarto cinturón de Barcelona. Los presupuestos para el 2011 prevén una inversión de 23,4 millones de euros, cuando la plurianualidad prevista para el año 2011 era de 43 millones de euros. Innovación. Según el Gobierno las políticas de gasto
destinadas a investigación civil dispondrán de un 7% menos de recursos en 2011 respecto de 2010, con un agravante: lo que el Estado destina cada año a investigación se concentra más en créditos y menos en subvenciones. Así, para el 2011 más del
58% de los recursos destinados a investigación civil se concentra en créditos. En cuarto lugar, medidas para la reactivación económica a través del empleo. Haré dos consideraciones previas. Entendemos que lo prioritario es ampliar la base
tributaria, es decir, crear más empleos y más empresas. La estabilidad presupuestaria y la consolidación fiscal no se consiguen mediante el aumento de los tipos impositivos ni de la presión fiscal sino mediante la ampliación de la base tributaria.
Necesitamos más empresas, más empleos que tributen por IRPF, por el impuesto sobre sociedades, por el IVA o por cotizaciones sociales. Hay empresas en todos los sectores que pueden crear empleo. Es cierto que conviene crearlo a medio plazo en
sectores de alto valor añadido, pero lo que nos sacará de la crisis a corto plazo será la creación de empleo en sectores intensivos en mano de obra y con elevado potencial para crearlo, por ejemplo, el turismo, que entendemos que es un sector
estratégico para la salida de la crisis, además de competitivo e internacionalizado, y emplea a más del 10% de la población activa. También nos parecen muy importantes los servicios de atención personal. En este sector hay mucho empleo para crear
y aflorar, puesto que en esta área hay toda una economía sumergida. Y finalmente, la rehabilitación. Se han hecho cosas, pero nosotros consideramos que hay ahí un elemento más para conseguir ser más potentes y más activos en el terreno de la
rehabilitación.
En quinto lugar, y para terminar, quisiera referirme a los presupuestos Generales del Estado, al estatut y a Cataluña. Al igual que en los Presupuestos para 2010, 2009 y 2008, en los Presupuestos para el 2011 el Estado no cumple con
Cataluña en materia de inversiones. Según el Estatut de Catalunya, España debe invertir en nuestra comunidad el 18,59% del PIB, pero solamente invierte un 15,2%, como se dice en los propios presupuestos. Y, señora ministra, no me vale que me diga
su señoría que hay unas potenciales inversiones pendientes de regionalizar, porque realmente todo lo que no se concreta en estos presupuestos no existe. Es más, el Estado todavía le debe a Cataluña 450 millones de euros correspondientes a la
liquidación del 2007 por la obra no ejecutada.
Pero no solo se trata de constatar que año tras año el Estado prevé unas inversiones inferiores a las que corres-
ponden a Cataluña; se trata también de ejecutar las inversiones aprobadas.
Lo he dicho en esta Cámara y lo dije también en el Congreso: las inversiones en infraestructuras en Cataluña cada cuatro años son gratuitas; porque, ¿qué es lo
que conseguimos? Como mucho, ejecutar el 75%. Por tanto, cada cuatro años las inversiones son gratis. Y, esto, señora ministra, hemos de cambiarlo un día u otro, y creo que esta es una buena ocasión para hacerlo. Hablamos siempre de inversiones
que presupuestamos, no las ejecutamos, y acabamos el año con una ejecución que en el mejor de los casos llega -insisto- al 75%. Repito: cada cuatro años, inversiones gratuitas.
Los Presupuestos Generales del Estado para 2011 y también de años anteriores son injustos con Cataluña, son injustos con la sociedad, y por ello apoyamos este veto. Además, no fomentan la competitividad; no generan ocupación; reducen el
gasto, especialmente, en educación, en infraestructuras y en I+D+i; intervienen las mutuas de accidentes de trabajo; se cargan la disposición adicional de la recién aprobada Ley de morosidad, por la cual los ayuntamientos podrían recurrir al ICO
para el pago de las deudas por sus proveedores; aplazan los compromisos legales en torno al permiso de paternidad; prevén un cuadro macroeconómico totalmente alejado de la realidad; y no ofrecen garantía alguna para su cumplimiento.
Todo ello lleva a nuestro grupo a rechazar estos presupuestos. Lo hicimos en el Congreso, lo hemos hecho en comisión, y lo vamos a hacer con nuestro voto en esta sesión de hoy.
Nada más, muchas gracias, señora vicepresidenta, señor presidente, señorías.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Propuesta de veto número 2.
Tiene la palabra el senador Esquerda.
El señor ESQUERDA SEGUÉS: Moltes gràcies, senyor president, senyora vicepresidenta, senyories. (El señor senador comienza su intervención en catalán.)
He dicho que en el contexto del debate de estos Presupuestos Generales quizás sea didáctico presentarme como el prototipo del catalán emprenyat; y no sé exactamente cómo se puede traducir en castellano, pero más o menos como muy enfadado.
Porque, señora vicepresidenta, este Gobierno se ha permitido el lujo de tomar y seguir tomando el pelo a los catalanes, a las catalanas y a toda la nación catalana. Ustedes, ni cumplen ni piensan cumplir la disposición adicional tercera del
estatut, que es una ley orgánica española. Y de cada cuatro años de sus Presupuestos Generales, en Cataluña se ahorran un año, porque dejan de ejecutar lo que ustedes mismos presupuestan. Al menos, eso pasa en Cataluña.
A nivel negociador, cada año, cuando llegan los Presupuestos Generales del Estado, iniciamos unas negociaciones sobre las enmiendas en las que se nos intenta vender el chocolate del loro. Nosotros intentamos conseguir algunas cosas que
ustedes se han dejado, y al final llegamos a un acuerdo o no -este año, si prospera el veto, seguramente será que no, pero otros años ha habido veces que sí y veces que no-.
Pero las cuestiones que se negocian luego no se cumplen -aunque de vez en cuando se cumple alguna-. Por tanto, cuando nosotros hemos presentado alguna de esas enmiendas a los presupuestos, y después de una ardua negociación con ustedes nos
han hecho creer que habíamos conseguido alguna cosilla, ese algo se ha esfumado, porque, sistemáticamente, incumplen sus acuerdos y su palabra dada. Sus votos favorables a dichas enmiendas son un brindis al sol, debido a su incumplimiento. Y lo
contrario, es decir, el cumplimiento de un acuerdo, es la excepción que confirma la regla.
Estamos ante unos presupuestos claramente antisociales, seguramente los más antisociales de todos los mandatos socialistas. Y lo único que no recortan es lo no recortable, es decir, el gasto reglado, lo que ustedes no pueden modificar, como
la factura de las pensiones. Eso sí, previamente ustedes las han congelado para el próximo año para los casi seis millones de pensionistas, y también lo tienen destinado a pagar el paro. Han recortado asimismo más de un 5% las partidas de
dependencia, un 9% la protección familiar, un 11% las prestaciones de paternidad y maternidad, y liquidan la concertación con los ayuntamientos para las emergencias sociales y el fondo de inmigración, justo en el contexto actual, en el que está
surgiendo con fuerza el discurso xenófobo contra la inmigración. Ustedes, de esta manera, lo que pueden provocar es alentarlo.
Hay que recortar, señorías, el gasto improductivo, pero no el gasto social. Ustedes quieren destinar -fuera de estos presupuestos, evidentemente, pero lo quieren hacer- 1400 millones de euros a salvar, entre comillas, unas concesiones de
autopistas en la Comunidad de Madrid, propiedad en general del mismo capital que abundó en ganancias cuando las construyeron. Sin embargo, señora ministra, esto no debería ser así; al menos, no debería serlo desde este lado de la Cámara.
Estos presupuestos se basan en un crecimiento no creíble, al menos según el Fondo Monetario Internacional y el propio Banco de España, que reduce el crecimiento estimado por ustedes, con lo que nos vamos a encontrar para el próximo año con
nuevas sorpresas: nuevos recortes y nuevos sacrificios durante el próximo año, lo que va a redundar en un menor crecimiento y un nuevo cierre de empresas, una nueva eliminación de autónomos, etcétera.
Hace pocas semanas, en esta misma sala, tuve la oportunidad de debatir con el ministro de Fomento sobre la prioridad de nuevas infraestructuras desde el punto de vista de su rentabilidad y la aportación de esas infraestructuras como
inversión productiva. Yo le decía que habría que priorizar todas aquellas infraestructuras que generaran recursos para el Estado, recursos para la población, recursos sociales, recursos de toda clase. Me daba la razón, lo encontró muy interesante,
e hizo suya esta cuestión. Pero debía ser en teoría, porque ustedes esto no lo aplican, y vemos, por ejemplo, cómo sigue la marcha -bastante imparable- de las inversiones en el AVE. Me parece que en nuevas inversiones del AVE salen unos 800
millones de
euros y, sin embargo, niegan 20 millones en Cataluña para poder enlazar la AP-2 con la AP-7, en el Baix Llobregat, que es un enlace de unas características y una necesidad impresionantes. Pero ustedes dicen que lo más importante son otras
cuestiones, y ni siquiera discuten que son unas necesidades productivas importantes y demostradas.
También ustedes en estos presupuestos dejan de lado, tal como se ha dicho, la autovía de la Vall d'Aran, que se queda tal como está ahora, sin hacer nuevos tramos, con lo que afectan asimismo al aeropuerto del Guaire, que es una
infraestructura nueva y que se queda igualmente tal como está: con unas carreteras obsoletas para la inversión que se ha hecho en el aeropuerto. Tampoco hacen absolutamente nada, a pesar de las muy buenas palabras que tiene siempre el ministro de
Fomento y el propio presidente del Gobierno, con el corredor mediterráneo. Y se queda quieta y sin moverse en absoluto la nacional 260, que es el eje de conexión paralelo a los Pirineos.
Todo esto, señorías, señora ministra, me da pena. Me da pena que haya una autodenominada izquierda que actúe de esta manera, que se improvise, que se den bandazos, que se actúe según las directivas mandadas -mandadas de mando, no de enviar-
desde la más estricta derecha capitalista europea, y que se renuncie a hacer una planificación a corto, medio y largo plazo aplicando los criterios sociales y económicos de la izquierda europea, de la nuestra. Las izquierdas, señorías, tenemos
suficientes recursos para aplicar nuestras propias políticas sociales y económicas y, por tanto, deberíamos poder aplicarlas. Parece que cierta izquierda no se lo cree, no lo sabe o no se atreve. Eso también es otra pena, señorías, señora
ministra.
Hoy nos encontramos con unos presupuestos con menos gasto social, que destinan menos a infraestructuras y, también, con menos disposición económica para el cambio de modelo productivo. Con estos presupuestos seguramente pagaremos el paro y
pagaremos los intereses de la deuda, es decir, el desajuste contable de las cuentas públicas, pero no conseguiremos gran cosa más, señorías. Por todas estas razones nosotros hemos presentado este veto y les pedimos que lo voten afirmativamente. Y
por ello también renunciamos y no queremos votar en absoluto estos presupuestos y pedimos su devolución tal como están hechos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Para la propuesta de veto número 3, el senador Guillot tiene la palabra.
Silencio, señorías.
El señor GUILLOT MIRAVET: Gràcies, president.
Señora Salgado, señorías, presento en nombre de Iniciativa per Catalunya Verds y Esquerra Unida, en nombre del senador Nuet y en el mío propio, el veto a estos presupuestos. Y lo presento fundamentalmente por cinco grandes razones: en
primer lugar, son la plasmación para el 2011 del ajuste económico más duro vivido en democracia. En segundo lugar, definen una política económica y social de marcado carácter neoliberal y que tiene como consecuencias el recorte de derechos, de
políticas sociales y de políticas ambientales. En tercer lugar, con estos Presupuestos Generales se sigue la senda de debilitamiento del Estado del bienestar.
En cuarto lugar, estos presupuestos no plantean medidas para el relanzamiento económico
y la creación de empleo, como tampoco abordan las reformas necesarias que precisa nuestro sistema productivo, nuestra economía, con el objetivo de crear empleo. Y en quinto lugar, persisten en los errores de este Gobierno en la gestión económica.
Señorías, el Gobierno de Rodríguez Zapatero tiene todo un recorrido en las políticas económicas que nos llevan a la actual propuesta de presupuestos. Antes de la crisis se obviaron los déficits estructurales de nuestro sistema productivo.
Es más, quiero insistir en que en esos déficits de nuestro sistema productivo algo tendrán que ver casi veinte años de Gobiernos socialistas; burbuja inmobiliaria, economía especulativa, excesivo peso de sectores más estacionales y menos
cualificados, escasa inversión en I+D+i, ineficiencia energética, un sistema financiero cuya reforma clamaba al cielo, déficits en educación y formación, y un mercado de trabajo en precario. A ello se añade, y esto sí que es una aportación
exclusiva de este Gobierno, la afirmación de que bajar impuestos es de izquierdas. Y se llevaron a cabo reformas fiscales regresivas que ahora pasan factura, con un coste en términos de recaudación potencial de unos 30 000 millones de euros y
siempre al servicio de las rentas más altas. Lo importante era que el PIB crecía, y con ello se perdió la oportunidad de abordar en tiempos de bonanza las reformas necesarias. Llegó la crisis, la negaron, y luego con esa negación se perdió un
tiempo precioso. Una vez aceptada la crisis, y después de un período en el que el Gobierno se dedica a aplicar medidas inconexas y parciales, viene el plan de ajuste iniciado en el mes de mayo. Un plan de ajuste, señorías, para el que a este
Gobierno ni le tiembla, ni le ha temblado, ni le temblará nunca la mano a la hora de adoptar medidas que afectan a los trabajadores, a los sectores populares, a los más débiles, a los más desprotegidos; y por ello se ganaron una huelga general.
La última medida que han tomado, y para mí gravísima, es la de retirar en febrero los 426 euros al mes a los parados que no perciben ninguna prestación. Me ha parecido entender al ministro Jáuregui que era para no crear vicios. Encuentro
un disparate y antisocial retirar esta ayuda a los parados en unas circunstancias como estas, cuando no hay un horizonte próximo de creación de empleo. Sin embargo, no tienen la voluntad ni el coraje para abordar las reformas necesarias en los
sectores que sí que están implicados directamente con la crisis económica, como son el sector energético y el sector financiero, un sector financiero que ha necesitado de la ayuda pública para sobrellevar muchos de sus problemas.
Señorías, señora Salgado, el déficit público es un problema del que responsablemente no podemos desentendernos. Lo que no compartimos es cómo y por dónde se reduce ese déficit ni la propuesta de reducción en dos años
de 5,1 puntos porcentuales del déficit público con relación al PIB.
Por otra parte, seguimos unos presupuestos -y en anteriores presupuestos ya lo hemos discutido- que se deciden a partir de un escenario macroeconómico voluntarista e irreal. Por más que el Gobierno se empeñe en afirmar que el brutal y
desequilibrado ajuste presupuestario para el 2011 es condición necesaria para recuperar la confianza en nuestra economía y normalizar el acceso a la financiación, lo cierto es que puede ser contraproducente, porque estos presupuestos contribuyen, en
el mejor de los casos, a dilatar el momento de la recuperación económica, y esta es imprescindible para equilibrar nuestras cuentas públicas reduciendo el déficit.
El escenario macroeconómico que acompaña a estos presupuestos supone que la tímida recuperación económica iniciada a principios del 2010 se mantiene, estimándose un retroceso del PIB real del 0,3% como media en 2010. Sin embargo, esto no
está todavía claro para el conjunto del año.
Es verdad que en el segundo trimestre la actividad económica mantuvo el tono de lenta recuperación del primer trimestre, pero también lo es que el Banco de España ya alerta sobre la posibilidad de que en
el tercer trimestre la actividad se debilite más de lo previsto por la finalización de ciertos estímulos fiscales, el recorte en la inversión pública y la reversión temporal de los efectos de anticipación de gasto que se produjeron con anterioridad
a la subida del IVA.
Siendo, pues, aún incierta la evolución del año 2010 en términos de crecimiento, es el incremento del PIB previsto por el Gobierno para 2011, que es la base fundamental de la estimación de ingresos, el que no parece sostenerse. Se estima un
crecimiento del PIB en términos reales del 1,3%, basado en el buen comportamiento de las exportaciones y en la reactivación del consumo privado y de la inversión empresarial en bienes de equipo. Este escenario que descuenta el Gobierno le lleva a
afirmar que se pone fin a la etapa contractiva de nuestra economía.
Lamentablemente, puede que nos encontremos ante un ejercicio de voluntarismo del Gobierno porque es muy improbable que el PIB crezca a esa tasa. Así lo piensa la mayoría de organismos nacionales e internacionales, que prevén un crecimiento
en torno al 0,6%. El Gobierno, una vez más, está infravalorando los efectos de su propio ajuste presupuestario, del elevado desempleo y de los ajustes salariales sobre el gasto en consumo, y es excesivamente optimista sobre la contribución positiva
del sector exterior.
Los drásticos recortes presupuestarios van a repercutir negativamente sobre la demanda agregada en un contexto ya de por sí de reducida actividad económica, y el empleo será el primer damnificado. Incluso en el optimista escenario
macroeconómico que plantea el Gobierno, según sus previsiones en 2010 se destruirán 390 100 empleos y el paro alcanzará al 19,8% de la población activa, y en el 2011 se estima un ligero crecimiento del empleo -unas 43 400 puestos de trabajo- y una
tasa de paro del 19,3%. Todo ello, como decimos, considerando las voluntaristas previsiones en términos de crecimiento del PIB. Es decir, que a pesar de esta consideración, seguimos instalados en una situación de empleo muy, muy grave.
El panorama que se plantea es francamente complicado si, como es bastante previsible, el PIB no crece en 2011 el 1,3%, sino prácticamente la mitad.
Es decir, que si estábamos mal, la cosa podría ir mucho peor.
Más allá del voluntarismo en las previsiones, el Gobierno destaca en los documentos presupuestarios que la principal novedad de este año en materia laboral fue la aprobación de la reforma del mercado de trabajo, que entró en vigor a mediados
de junio. El Gobierno atribuye a esta reforma un sinfín de efectos positivos: favorecerá la contratación indefinida, reducirá la contratación temporal, mejorará la intermediación laboral y aumentará la empleabilidad de los parados. Es decir,
creará empleo. Pero hoy por hoy, según todos los informes que han ido apareciendo de la EPA eso no ha pasado.
Sin embargo, es el propio Gobierno el que reconoce a efectos prácticos en estos presupuestos que esta reforma poco tiene que ver con la creación de empleo. Si hacemos caso a sus previsiones sobre creación de empleo y evolución del paro,
estas variables se explican por la variación estimada del PIB y la evolución de la población activa. Es decir, un año y medio después de su entrada en vigor, esta reforma laboral no añadiría ningún plus positivo a la creación de empleo, como era de
esperar, por otra parte. Y así se anunció por parte de los sindicatos.
Y en términos de estabilidad en el empleo pensamos que tampoco hay lugar para el optimismo. Según vamos conociendo los datos de contratación y paro registrado, seguimos comprobando que la contratación temporal continúa siendo la tónica. En
septiembre, del total de contratos registrados, el 91,2% fueron de carácter temporal; es decir, en ese mes la contratación indefinida tan solo representa el 8,8% del total, incluso menos que en el año 2009. Abaratar y facilitar el despido ni crea
empleo ni tiene por qué mejorar su estabilidad.
Una reducción del gasto público de carácter antisocial y negativo para el relanzamiento de la economía y la creación de empleo y para garantizar el crecimiento más equilibrado considerado insostenible a medio plazo, esto es lo que creemos
que fundamentalmente recogen estos presupuestos.
¿Por qué digo que es un presupuesto antisocial? En primer lugar, se congelan las retribuciones de los empleados públicos consolidando el recorte del 5% que aprobó el Gobierno en mayo de 2010, y se restringe por tercer año consecutivo la
oferta de empleo público, reduciéndose a un 10% la tasa global de reposición de efectivos. Esta política puede afectar negativamente a la calidad de los servicios públicos y, evidentemente, no contribuye a mejorar las sombrías perspectivas del
empleo en nuestro país.
En segundo lugar, se produce un retroceso en la protección social de España. El Gobierno ha congelado la mayoría de las pensiones para 2011, y si el gasto en este capítulo aumenta un 3,6% lo hace por el previsible incremento del número de
pensionistas, la paga extra por desviación del IPC en 2010 y la revalorización de las pensiones mínimas
del 1% en 2011, un aumento de tan escasa entidades que hace saltar por los aires el compromiso del Gobierno de revalorizar las pensiones mínimas en esta legislatura hasta alcanzar una media del 26%,
En tercer lugar, se suspende la ampliación del permiso de paternidad a cuatro semanas, que debería entrar en vigor en 2011, y las prestaciones familiares descienden un 9% por la eliminación del cheque bebé y la supresión de las ayudas por
hijos a cargo.
Los programas de servicios sociales sufren recortes importantes. El plan concertado disminuye en un 11,8% y pone en jaque a los servicios sociales municipales. El Plan de Acción para personas con discapacidad se reduce un 43% y disminuyen
los programas de servicios sociales de la Seguridad Social a personas con discapacidad y a personas mayores. A pesar del incremento previsto del número de beneficiarios y de cuidadores no profesionales, la dotación presupuestaria en atención a la
dependencia disminuye un 5,4%. Se recortan igualmente los programas que incluyen actuaciones para la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y para la prevención integral de la violencia de género. El Fondo de Integración de Inmigrantes
se reduce un 32,4%.
En materia de protección por desempleo, se destinan al pago de prestaciones poco más de 30 000 millones de euros. Esta cantidad es un 1,5% inferior a las dotaciones iniciales de 2010 debido a las previsiones de reducción del gasto en las
prestaciones de nivel contributivo. Esto significa que la cobertura de las personas en desempleo se va a reducir por el progresivo agotamiento de las prestaciones contributivas y por la desaparición en febrero de la prestación extraordinaria por
desempleo, y se va a producir en un contexto económico complicado con sombrías expectativas para la creación de empleo.
Según el Gobierno, en 2011 algo más de 2 759 000 personas tendrán algún tipo de prestación por desempleo: contributiva, subsidio, incluida la renta agraria, subsidio REASS y renta activa de inserción. Eso significará que, con las
previsiones de desempleo del Gobierno, cerca de 1 700 000 desempleados carecerán de cualquier tipo de prestación por desempleo.
En 2011 se van a dedicar a políticas activas de empleo 7322 millones de euros, un 5,5% menos que lo destinado en 2010. Si bien es cierto que parte del ajuste en estas políticas puede explicarse porque el gasto para financiar las
bonificaciones en las cuotas de la Seguridad Social de las empresas para la contratación disminuye, también lo es que el esfuerzo presupuestario es insuficiente, especialmente en lo que respecta a las políticas de orientación y ayuda a la búsqueda
de empleo. En España hay un orientador por cada 189 desempleados mientras que la media europea es de un orientador por cada 50 desempleados.
Las políticas dirigidas a la orientación de trabajadores desempleados disminuyeron sustancialmente en los presupuestos de 2010 un 20,6%, y ahora, en estos presupuestos, lo hacen de nuevo un 13%, disponiendo de una cuantía muy reducida de 250
millones de euros.
El plan extraordinario de orientación, formación profesional e inserción laboral para hacer frente al incremento del paro registrado redujo su dotación casi un 50% en 2010, y ahora se congela para el ejercicio de 2011 con poco más de 50
millones de euros. La insuficiencia en las políticas activas influye negativamente en la capacidad de intermediación de los servicios públicos de empleo, dando cobertura a propuestas para que la iniciativa privada tome el relevo. La reforma
laboral ha consumado esta situación con la privatización de la intermediación laboral.
Ahora bien, no todas las partidas relacionadas con la ocupación disminuyen: el Fogasa se ha incrementado un 6%. La partida para el pago de prestaciones acordadas sobre la reforma laboral se incrementará en 400 millones de euros, un 35,7%
más que los anteriores presupuestos. El Fogasa es, desde la reforma del mercado de trabajo, el fondo de despido subvencionado, y este incremento tan elevado de la aportación del Estado solo se justifica ante la previsión del Gobierno de que las
empresas vayan a despedir más y, por tanto, necesiten más fondos para costear los ocho días de indemnización por despido que cubre el Estado por la reforma laboral. Por otro lado, las políticas estatales de acceso a la vivienda para 2011 cuentan
con un 19,3% menos que en 2010.
Estos presupuestos suponen también el mayor descenso en la ayuda oficial al desarrollo española: un 17%, es decir, más de 900 millones de euros.
Si a esto le sumamos el recorte de 300 millones de euros anunciados en el mes de mayo, estamos
hablando de un total de 1200 millones, algo que hipoteca y hace que entre en crisis la ayuda oficial al desarrollo española. También llama la atención que, mientras el FAD -Cooperación sufre un descenso del 37,63% respecto a 2010, el actual FIEM
aumenta respecto al presupuesto de internacionalización de la empresa española durante el periodo 2010 en casi un 63%. Aunque en los documentos presupuestarios se afirma que la inversión pública en infraestructuras es una prioridad del gasto
público al ser un instrumento básico para dinamizar la economía, los recortes de los principales departamentos inversores, Fomento y Medio Ambiente, desmienten esta afirmación.
El gasto no financiero del Ministerio de Fomento se recorta un 34,6% y el capítulo de inversiones, un 43,3%. En realidad, el problema radica en la concepción del modelo, que sigue estancado en las grandes infraestructuras. Se sigue
primando la inversión en AVE, siendo esta cuatro veces mayor que la destinada a Cercanías, y la inversión en ferrocarril convencional se ha reducido un 69% respecto a la del año pasado. Partidas tan importantes como la cuadruplicación de vías de
ancho ibérico para los accesos norte y sur a Barcelona, o la mejora y ampliación de los servicios ferroviarios convencionales en Lleida, Tarragona y Girona, ya no tienen continuidad en los presupuestos de 2011, a pesar de que fueron aprobados en
2010, e incumplen la resolución aprobada por el Congreso de los Diputados.
De la misma forma, el gasto no financiero del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino se recorta
un 31,3%, afectando principalmente a las inversiones, 39,2%, y transferencias de capital, 9,9%. Esto se produce en un momento crítico para el campo, que acumula una caída de la renta del 26% desde 2003, afectando negativamente a las
explotaciones familiares, al desarrollo del medio rural y a la creación de empleo en el sector agrario.
En cuanto a la modernización del modelo productivo, el discurso del Gobierno hablaba de una estrategia para una economía sostenible, con un incremento de las inversiones en materia medioambiental para mejorar el entorno pero también para
evitar problemas en el futuro. En esta estrategia, la industria tecnológica, la ciencia, el conocimiento y la investigación debían desempeñar un papel fundamental. Estos presupuestos son la demostración de que el concepto de cambio de modelo es
para el Gobierno tan solo una figura retórica.
En primer lugar, los recortes en las partidas para la protección del medio ambiente también son significativos: disminución del 37% en las actuaciones para calidad del agua; del 47% en protección y mejora del medio ambiente; del 39% en
protección y mejora del medio natural; y del 16% en actuaciones para la prevención de la contaminación y el cambio climático. Todo ello, si consideramos que el porcentaje del presupuesto del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino que
se destina a las partidas ambientales tan solo representa el 5% del total.
En segundo lugar, el gasto en investigación, desarrollo e innovación se reduce un 8,4% sobre las cantidades aprobadas en los presupuestos de 2010. Las operaciones financieras (créditos) lo hacen un 9,4%, y las no financieras (subvenciones),
un 6,7%. El descenso en investigación civil es menor que en investigación militar, pero supone también un 7%, afectando de forma similar a las operaciones financieras y no financieras. Así, pese a las declaraciones de su Gobierno afirmando que se
da carácter prioritario a la política científica y tecnológica, la investigación, desarrollo e innovación sufre un nuevo recorte que, acumulado al que tuvo lugar en 2010 y al práctico estancamiento en términos reales del presupuesto para 2009,
supone abandonar la senda de la consideración de esta política como pieza esencial del futuro de nuestra economía.
En tercer lugar, están los recortes que afectan a las ya de por sí insuficientes políticas industriales. Así, el programa de apoyo a la competitividad en sectores estratégicos se reduce en más de 82 millones de euros, un 17,6% menos que en
2010. Del mismo modo, el programa de reconversión y reindustrialización, fundamental para determinadas zonas desfavorecidas y fuertemente afectadas por el paro, ha tenido un recorte del 12,6%.
Señorías, con esto he querido justificar por qué considero que es un presupuesto antisocial, pero también me preocupa de este presupuesto que la prioridad de este Gobierno esté en hablar de cómo se reduce el gasto -además de la crítica que
antes hice respecto a por dónde se reduce- y, sobre todo, que no haya una propuesta clara de incremento de los ingresos. Usted nos ha señalado como un elemento sustancial para el incremento de los ingresos la reforma del IRPF. Creemos que esta
reforma es insuficiente, que va a recaer exclusivamente en el incremento de nuestros ingresos en torno a unos 200 millones de euros, cuando lo que hoy día necesitamos es una política de ingresos más ambiciosa y, sobre todo, que grave a aquellos que
más tienen, cosa que hoy por hoy su Gobierno se ve incapaz de hacer.
Con todo, creo que estos Presupuestos Generales del Estado van a representar un sacrificio presupuestario que se traslada al gasto social, con lo que se configuran los presupuestos más antisociales de estos últimos años. Preocupan estos
presupuestos a 6,1 millones de pensionistas, incluidas las Clases Pasivas del Estado, que verán reducido de forma considerable su poder adquisitivo en el año 2011 por la congelación de las pensiones. El incremento en gastos de pensiones para 2011,
el 3,8%, es inferior a la mitad de la media del incremento de los últimos 10 años, que fue del 8%. En general, la partida de servicios sociales y promoción social es un 8,1% inferior al presupuesto para 2010.
Se ponen en peligro los acuerdos de
desarrollo de la Ley de la dependencia, las dotaciones se reducen un 5,3% respecto a la dotación, ya insuficiente, de 2010. Los fondos destinados a la integración de inmigrantes se reducen en un 23,8%. El fondo destinado a las comunidades
autónomas y entes locales pasa de 100 millones de euros a 62 millones. La partida de fomento al empleo también cae un 5,5%. Sanidad y Educación bajan por encima de la media del 8,1%, y todo ello a pesar de que este Gobierno sigue manifestando que
el 58% de los presupuestos consolidados corresponde a gasto social. No obstante, lo que en realidad aumenta es el fondo de reserva de la Seguridad Social, mientras que disminuye dependencia y atención a los parados.
Por todo esto se puede afirmar sin ningún tipo de preocupación y con toda legitimidad que estos son unos presupuestos antisociales, que no son los que corresponden en estos momentos para proteger a los sectores más vulnerables, más
desprotegidos, ni para relanzar la economía, ni para crear empleo de calidad y de manera sostenida, sobre todo porque también hay una reducción preocupante de la inversión pública, que ha de ser uno de los principales instrumentos. Se sigue con el
AVE. Ayer vi por televisión al ministro Blanco. Creo que hay una especie de papanatismo preocupante con el AVE. En un país donde los trenes de Cercanías y regionales funcionan tan mal, que la prioridad siga siendo la apuesta por el AVE para
llegar a ser la gran potencia mundial en este asunto, encuentro que es pecar de gigantismo respecto a lo que realmente necesita y preocupa a España.
Por otra parte, es evidente que el mundo municipal queda muy castigado con este presupuesto. Los entes locales se ven reducidos en 3700 millones de euros, un 20,7%, y las comunidades autónomas, en 3000 millones de euros y, como ya ha dicho
el senador Esquerda, todo esto va a repercutir en Cataluña.
Por todas estas razones presento este veto en representación de Iniciativa per Catalunya Verds y Esquerra Unida.
Quisiera terminar, señorías, con la siguiente reflexión. Creo, señora Salgado, que todo Gobierno ha de tener la ambición de gobernar con su programa y mantener y ampliar la confianza del electorado en su gestión.
Ustedes no gobiernan con
su programa -el que editaron, publicaron y distribuyeron- y, evidentemente, están perdiendo la confianza del electorado. Creo que esto debe ser motivo de reflexión, de hacerles pensar, y los invito a revisar si estas son las políticas necesarias,
oportunas y convenientes para este país. Nosotros creemos que no lo son, y por eso presentamos este veto.
Anuncio que el senador Nuet y yo solo votaremos a favor de los vetos del BNG y de Esquerra Republicana por coincidir con nuestros planteamientos, y que votaremos en contra de los vetos presentados por el Grupo Popular y Convergència i Unió.
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Finalizado el debate de los vetos, levantamos la sesión, que se reanudará a las cuatro de la tarde, en que se empezará con el turno en contra; seguidamente se procederá a un turno de portavoces y, por último, se pasará a la votación.
Se suspende la sesión.
Eran las catorce horas y quince minutos.
Se reanuda la sesión a las dieciséis horas.
El señor PRESIDENTE: Señorías, se reanuda la sesión.
Corresponde comenzar la sesión con el turno en contra del Grupo Parlamentario Socialista.
Tiene la palabra la senadora Vicente.
La señora VICENTE GONZÁLEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, vicepresidenta, lamento tener que utilizar este turno en contra no solo por el veto presentado por el senador Bouza, que fue aprobado en comisión hace unos días y arropado paradójicamente por el Grupo Parlamentario Popular y el
resto de los grupos parlamentarios, sino también por los diferentes vetos que han mantenido en el Pleno el resto de los grupos parlamentarios. Puedo empezar con los grupos más de izquierdas, que utilizan argumentos un tanto idealistas y difíciles
de cumplir ante la cruda crisis que estamos viviendo, continuar con los grupos más nacionalistas, que no entienden la dimensión de esta crisis porque entre sus argumentos solicitan exclusivamente mayores inversiones territoriales, y terminar con los
argumentos irresponsables utilizados por la derecha del hemiciclo, que lo que pretenden es que cuanto sea peor, mejor.
Por ello, han de comprender ustedes que en la satírica crítica que se acaba de formular esta mañana al proyecto de Presupuestos Generales del Estado el Grupo Parlamentario Socialista no pueda encontrar ni un solo motivo de coincidencia.
Quiero mostrar mi perplejidad ante el veto aprobado en comisión, un veto que, paradójicamente, se apoya en argumentos de la izquierda y que casi en exclusiva se aprueba con los votos del ala más conservadora, aunque poco tienen en común, más bien
todo lo contrario, porque a pesar de esta unión temporal de votos, que prácticamente no coinciden en ninguno de sus argumentos, pero anteponen obstaculizar la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado para el próximo año en el Senado al
debate de cada una de sus propuestas.
En cualquier caso, como ya se anunció y llevaron a efecto hace unos días en la comisión -y supongo que volverán a hacerlo-, suman sus votos, devuelven los Presupuestos Generales del Estado al Congreso y convierten a esta Cámara, al Senado,
en una transitoria Cámara de bloqueo legislativo. Flaco favor hacen ustedes, señorías, a aquellos que están sufriendo la crisis si es cierto que tanto les preocupan.
Señorías, yo hoy venía dispuesta a escuchar un discurso diferente, un discurso en el que al menos se reconociera algo de lo bueno y de lo positivo que tiene la sociedad española, que es mucho, para afrontar esta crisis económica; un
discurso que reconociera la responsabilidad de este Gobierno a la hora de tomar decisiones valientes, arriesgadas también, con el firme compromiso de afrontar la consolidación fiscal y las reformas estructurales que necesita nuestro país. Pero este
reconocimiento no lo he oído aquí en boca de los portavoces que han hablado esta mañana y, sin embargo, sí se reconoce fuera de nuestras fronteras.
Quizá algunas de sus señorías, y me refiero concretamente al portavoz del Partido Popular, vienen aquí a debatir los presupuestos sin leer siquiera previamente los informes de la Comisión Europea, del FMI o de la OCDE.
Por el contrario a lo
que su señoría ha indicado esta mañana, estos organismos declaran su confianza en la economía española y sus representantes ponen de manifiesto que confían plenamente en que nuestro país va a salir de la crisis. El FMI o la OCDE muestran su
conformidad por las medidas adoptadas por España para consolidar las cuentas públicas y reconocen el valor del Gobierno en España para abordar la reforma del mercado de trabajo o la anunciada reforma de las pensiones, pero advierten que ese esfuerzo
requiere de un mayor apoyo social y político.
Dice expresamente un representante de la OCDE, el señor Ángel Gurría: Querríamos una España más unida para que España pudiera salir de la crisis. Estas palabras, desde luego, no van dirigidas al Grupo
Parlamentario Socialista sino a aquellos que, por el contrario, desautorizan y se oponen a todas las medidas que se están tomando. En definitiva, parece que hay quien desaprueba cada una de las actuaciones que realiza la oposición respecto a las
medidas que está adoptando el Gobierno para salir de la crisis. Y no solo don Ángel Gurría, de la OCDE; también realizan declaraciones doña Carolina Pinzon, del FMI, que dice que el plan del Gobierno es un plan ambicioso, y el presidente del
Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, y el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durão Barroso, reconocen el esfuerzo y el compromiso del Gobierno de España y destacan todas la medidas que se están aplicando para salir de la crisis.
Podría seguir manifestando todas aquellas expresiones de conformidad y todos aquellos apoyos que se están realizando fuera de nuestras fronteras, pero no me quisiera extender. Por eso, señorías, por todo lo dicho anteriormente, me da la
sensación de que este presupuesto está más respaldado fuera de nuestras fronteras que dentro, inclusive por inversores que invierten en deuda pública en España que tienen más confianza en la economía española que algunos parlamentarios a la hora de
apoyar aquellas decisiones que caracterizan estos presupuestos, que se consideran -sí, es cierto- los más austeros de la historia de la democracia, pero que son así como consecuencia de la crisis que estamos viviendo.
Triste es que las decisiones tomadas por este Gobierno sean reconocidas fuera y no dentro. Debe de ser una característica cultural que define a los españoles el ser reconocidos más fuera que dentro, a la que ustedes se han querido sumar
cuando saben sus señorías que estos presupuestos son la única hoja de ruta que tiene este país para salir adelante. ¿Qué otra solución cabría? ¿Tienen ustedes, señorías, una alternativa real? ¿Creen que hay otro tipo de posibilidad factible en
política económica que se hubiera podido tomar para reducir el déficit público? ¿Creen que debemos dejar a este país a su suerte, sin realizar las reformas estructurales tan necesarias para este país y tan demandadas para fortalecer las bases de
nuestra economía?
Por eso, señorías, venía dispuesta a coincidir en aquellas de sus propuestas que pudiera encontrar positivas y razonables, pero nuevamente me equivoqué. No he podido coincidir en nada de lo que esta mañana se ha planteado porque no he
escuchado propuestas constructivas a los Presupuestos Generales del Estado. He escuchado, desgraciadamente, esta mañana un rosario interminable de calificativos y de reprobaciones, que poca solución dan a los cuatro millones de parados: falta de
consistencia, que no son fiables, que son antisociales..., una cadena de despropósitos que no les voy a repetir pero que por sí solos califican a aquellos de quienes provienen. Y esto es la mejor evidencia de que de quienes provienen no solo no
confían en la economía española, sino en el cambio de rumbo que debe tomar este país para tener unas bases económicas más sólidas y de que con su escepticismo quieren alertar y atemorizar a la sociedad en vez de tranquilizar y aportar propuestas
constructivas, que es lo que realmente necesita. Porque el objetivo final que se busca -su obsesión- no es salir de la crisis; en todo caso, lo que se da a entender es que se busca un rédito electoral y desgastar al Gobierno en cualquier propuesta
que parta del Gobierno.
Se ha hablado de la crisis económica que afronta nuestro país, y los socialistas somos los primeros interesados en reconocer esta gravedad, porque además es esta la que justifica cada una de las actuaciones que se están tomando, decisiones
difíciles, irrefutables, que, en circunstancias normales -estoy segura, vicepresidenta-, este Gobierno no las hubiera tomado. Pero, sinceramente, los grupos parlamentarios -y, desde luego, el Grupo Socialista- tenemos el deber de dotar de
estabilidad política e institucional a nuestro país y de reforzar la confianza en nuestra economía, por cierto, cuestión importante que además el Grupo Socialista, al que tengo el honor de representar en este momento, y otros partidos políticos han
tenido en cuenta y han hecho posible que se realice esta tramitación y que lleguemos a la fase actual, a su tramitación en el Senado. Me refiero concretamente al Partido Nacionalista Vasco y a Coalición Canaria, a los que agradezco su apoyo, así
como a todos aquellos grupos y senadores de esta Cámara que no apoyarán los vetos presentados en el Senado porque así posibilitan la tramitación presupuestaria y una mejor adecuación a la salida de la crisis, aunque ha habido algún portavoz que esta
mañana ha descalificado estos acuerdos y los ha tachado de mínimos, interesados e incluso de inútiles. Esto demuestra la deriva, hasta tal punto que uno puede pensar que se está poniendo en entredicho la función de los Parlamentos para llegar a
acuerdos y, por consiguiente, el Estado de derecho. Lo más fácil para algunos sería que no hubiéramos tenido presupuestos, que no hubiéramos llegado a esta fase en la tramitación; convocar elecciones, aprovecharse de la situación económica y sacar
tajada electoral, aumentando más si cabe la desesperación de las cuatro millones de parados que quieren soluciones y no que les demos más problemas. Pero, señorías, eso no es responsable, eso no es preocuparse por el bienestar de los ciudadanos y
eso no es preocuparse por el interés general del país.
Los socialistas hubiéramos realizado un ejercicio de responsabilidad apoyando al Gobierno de turno si en las mismas circunstancias -repito, si en las mismas circunstancias-, este grupo estuviera en la oposición. Esa es la diferencia entre
los que anteponemos el interés general del país y los que anteponen el interés partidista, que solo piensan en aumentar el número de votos en esta carrera electoral. Yo no sé si desde este punto de vista tiene algún sentido hablar de desaliento y
de veto social a los presupuestos, cuando lo que van a leer y a oír mañana los ciudadanos en los medios de comunicación es una invocación clarísima al desaliento e incluso una deslegitimación a esta Cámara.
Por eso, señorías, de mis palabras van a escuchar todo lo contrario. Esta crisis, que tuvo un origen financiero, se ha extendido a la economía real y ha supuesto que no solo tengamos menos actividad, sino que se haya transformado
desgraciadamente en tasas de paro del 20%, y eso es de lo que nos debemos preocupar. Nuestro planteamiento es exactamente ese: cómo dejar atrás la crisis, cómo volver a crecer, cómo volver a crear empleo en nuestro país -porque el principal
objetivo debe ser ese, señorías: crear empleo- y cómo hacer todo ello, sabiendo que no estamos ante una simple sucesión de ciclos económicos, sino ante el desafío de crecer y de crear empleo de otra manera cambiando el modelo productivo que
actualmente tenemos. Para eso, la sociedad española necesita seguridad y confianza: seguridad y confianza que disipe la atmósfera excesivamente cargada de temores y que algunos alientan en vez de explicar la realidad.
Sí, estamos en una situación
complicada, señorías, estamos de acuerdo, pero también es cierto que la economía española tiene fortalezas y está
atisbando una leve recuperación, como demuestran los datos de los últimos meses. Aunque el camino es lento y convenga saltar algunos obstáculos, el camino que está trazando el Gobierno es el adecuado.
Y, desde luego, no podemos estar más de acuerdo con la intervención que esta mañana ha hecho la vicepresidenta y que ha sintetizado perfectamente: austeridad, cohesión social y reformas que impulsen la modernización y los cambios necesarios
para la recuperación de este país.
Esa es la única ecuación posible que caracteriza a estos presupuestos para salir de la crisis y que creemos que es en lo que realmente hay que centrarse para el bien del futuro de este país.
Por eso, voy a basar mi intervención fundamentalmente en estas tres características, pero antes, déjenme que previamente comience comentando una crítica que se ha hecho esta mañana a las previsiones del Gobierno sobre el crecimiento del PIB
del 1,3%, en la que se indicaba que no se ajusta a las previsiones de los principales organismos económicos, tanto españoles como internacionales. De verdad, no es que sus señorías sean muy originales en sus argumentos. Solo quiero recordarles que
esta misma crítica se hacía también en épocas de bonanza y el tiempo certificó que las previsiones del Gobierno de España no iban mal encaminadas.
Acuérdense que a lo largo de los años 2005, 2006, 2007 e incluso 2008 las previsiones del FMI, de la
OCDE y de la Comisión Europea eran menores que las que preveía el Gobierno de España, y había partidos políticos que alardeaban de que el Gobierno se estaba equivocando. La realidad confirmó que el Gobierno de España no se equivocó, el crecimiento
por el contrario fue mayor de lo que pronosticaban estos organismos internacionales, incluso para este mismo año, y esta misma mañana así lo ha resaltado la vicepresidenta. El escenario real del año 2010 es el que realmente anticipó este Gobierno.
Razón tenía Churchill cuando decía que el pesimismo es la lucidez de los estúpidos mientras que el optimismo es el coraje de los inteligentes.
Esta frase va dirigida a quienes critican constantemente el excesivo optimismo de este Gobierno
que no se ajusta a la realidad. Por eso les pido prudencia cuando hacen estas afirmaciones, pues la historia demuestra que el Gobierno español ha acertado mucho más acerca del crecimiento de la economía española que organismos internacionales de
reconocido prestigio como el FIM, la OCDE, la Comisión Europea o incluso organismos nacionales privados como Caja Madrid, la Caixa, Banesto, etcétera.
Otro de las cosas que he escuchado, y con la que no estoy en absoluto de acuerdo, es que estos presupuestos están desfasados. Es cierto que desde septiembre, cuando se presentaron los Presupuestos, hasta ahora se han producido una serie de
circunstancias que ninguno de los que estábamos aquí podíamos prever -volatilidad y turbulencias en los mercados internacionales, el rescate de Irlanda por parte de la Unión Europea, por citar alguno-, las cuales afectan también a la economía
española pues no vivimos en una isla, sino en un contexto global. Por lo tanto, si hubiéramos hecho caso al Partido Popular, ello nos habría obligado a rehacer cada diez o quince días los presupuestos para volverlos a presentar a continuación. Por
eso es sorprendente que el Grupo Parlamentario Popular nos proponga la retirada de estos presupuestos y critique las medidas adoptadas por el Gobierno aduciendo que llegan tarde, ya que, por una parte, critican permanentemente al Gobierno y al Grupo
Socialista por negar la crisis, para después decirnos que hemos tomado demasiado tarde las medidas. Considero que el principal partido de la oposición está cayendo en el mismo error que nosotros pudiéramos haber cometido, pues en su planteamiento
subyace que no son conocedores de la situación real que en estos momentos estamos abordando. No estamos ante una situación normal, no estamos discutiendo ahora qué va a pasar con este presupuesto ni quién ganará las elecciones a continuación. No
se trata de capitalizar políticamente la situación, se trata de sacar el país adelante y de adoptar las medidas necesarias para intentar paliar el desempleo, destinando los recursos para generar puestos de trabajo.
Estamos discutiendo sobre algo muy serio, señorías. Nos encontramos ante una situación complicada, con ataques constantes a nuestra moneda única, a la zona euro, y ustedes no lo interiorizan o no quieren ser conscientes de ello. Por eso no
es baladí en ningún país de la Unión Europea la decisión de tener menos deuda pública tomada ya hace años que nos deja un margen, decisión que no se tomó en momentos de dificultades, sino en momentos de bonanza. Por lo tanto, si nuestra deuda sigue
siendo de las más bajas de la Unión Europea, es necesario hacer esfuerzos para reducir el déficit público. La austeridad es una prioridad para que las finanzas públicas sean sostenibles a medio y largo plazo. Por lo tanto, austeridad sí pero
selectiva. Es imprescindible reducir el déficit público y equilibrar los ingresos con los gastos públicos, pero de forma selectiva, señorías, apostando por aquellas partidas presupuestarias que generen mayor actividad y que nos hagan recuperar la
economía.
Estos presupuestos empezaron a gestarse en mayo de este año, y no supieron ver la realidad aquellos que no apoyaron las medidas de ajuste fiscal adoptadas entonces. En esos momentos fueron los Estados los que ganaron la batalla a la
especulación y a la volatilidad de los mercados. Por eso, los ajustes de entonces, aunque fueron duros -la previsión de la Administración General del Estado para el próximo año es cerrar con un déficit del 2,3% del PIB, o, si lo prefieren, reducir
el déficit público hasta el 6% en el conjunto de las administraciones públicas para el año 2011-, son acertados.
Sí quisiera que se tuviera en cuenta una cuestión que me parece relevante a la hora de contextualizar los desequilibrios de las cuentas públicas para asentar la recuperación de la economía española: la corresponsabilidad que deben adoptar
todas las administraciones públicas, comunidades autónomas y ayuntamientos, algunas más que otras. Señorías, lo que mi grupo parlamentario no puede entender es cómo, por un lado, se exige rigor... (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías.
La señora VICENTE GONZÁLEZ: Lo que no podemos entender, señorías, es cómo por un lado se exige rigor y austeridad en las cuentas del Gobierno de España y, por otro, se solicita mayor flexibilidad para determinadas comunidades autónomas y
ayuntamientos como es el caso del Ayuntamiento de Madrid. Si se exige esfuerzo a los ciudadanos, es justo que también se exija el esfuerzo a todas las administraciones públicas sin excepciones, incluidas aquellas que no han sabido gestionar bien
sus recursos públicos.
Por eso, me parece importante el compromiso adquirido hace unos días en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, en el que todas las comunidades autónomas se han comprometido a reducir el déficit, para que sea compatible con el compromiso
europeo. Ahora bien, allí podremos observar cuáles serán las prioridades de cada una de las administraciones para cumplir el objetivo final de reducción del déficit público no solo por el lado de los gastos, sino también por el lado de los
ingresos.
Señorías, no les voy a relatar cada una de las medidas incorporadas en los Presupuestos Generales del Estado que incluyen una mayor tributación a las rentas altas en IRPF, en sociedades, en el diferimiento de las Sicav, facilitando que las
cuentas puedan cumplir los objetivos presupuestarios.
Además, sus señorías saben que estos presupuestos recogen el nuevo sistema de financiación de las comunidades autónomas y si bien se solicita mayor autonomía, mayor responsabilidad por parte de
las administraciones, con el nuevo sistema de financiación se podrá vislumbrar qué cantidad dedica cada comunidad autónoma a recursos como la dependencia o la inversión en I+D+i, por citar algunos.
Nosotros estamos aquí para exigir a la sociedad esfuerzos y sacrificios, no estamos aquí para llevar el desaliento a una sociedad que necesita tener alguna esperanza para afrontar una crisis importante como la que estamos viviendo. Los
socialistas estamos dispuestos a aplicarnos esos sacrificios, pero los mismos esfuerzos que pedimos a los ciudadanos, los mismos esfuerzos que exigen los grupos de la oposición al Gobierno, espero que los apliquen a sus administraciones allí donde
gobiernan.
Por otro lado, quisiera comentar las reformas. Saben ustedes, señorías, que las reformas son la clave para la recuperación económica. El Gobierno comenzó tomando decisiones en reformas estructurales, abordando los problemas de solvencia a
través de la creación del FROB y, posteriormente, reestructurando el sistema financiero mediante la ley de cajas, y todas ellas sin tener ningún coste para el contribuyente, mientras que en otros países, señorías, han tenido que inyectar capital o
nacionalizar sus principales entidades, con un elevado coste.
Después se afronta un problema estructural: la reforma del mercado laboral. Es importante que se haga una pequeña reflexión al respecto -lo ha dicho la vicepresidenta esta mañana-, y es que mientras este país tenía tasas de superávit y
consideraba que un 8% de tasa de paro era pleno empleo, en otros países el 8% no significaba pleno empleo. Ahora tenemos una tasa de paro del 20%; ha crecido exponencialmente. Esos cambios tan bruscos nos confirman que era necesario reducir la
dualidad entre trabajadores temporales e indefinidos, era necesario promover la estabilidad laboral y facilitar la adaptación de las empresas a las condiciones laborales para generar mayor empleo, y se aprobó la reforma laboral, un nuevo modelo que
permitirá crear empleo pero de mayor calidad.
Y está en proceso la reforma de las pensiones, una propuesta que se está estudiando en la Comisión del Pacto de Toledo y que verá la luz el próximo 28 de enero. A muchos ciudadanos ahora en activo, incluso a muchos desempleados actuales,
les debemos resolver no solo los problemas actuales del paro, sino también prevenirles de un problema que pueden tener ad futuro si no se llega a un acuerdo en la reforma de las pensiones. Por eso, señorías, es importante abordarlo.
En el Grupo Socialista todavía creemos que hay que tomarse en serio la necesidad de dar un rumbo a la economía española, que apueste por sectores de futuro, de innovación que aporten mayor productividad, que sean más competitivos, y estos
presupuestos, señorías, apuestan por ello.
Es cierto que el resultado de estas reformas no puede ser rápido, no puede ser de un día para otro, pero también es cierto que estos presupuestos marcan el camino para lograr todo esto, impulsan la recuperación económica y la creación de
empleo, fomentan la confianza en nuestro país, dentro y fuera, y dan estabilidad a la economía española.
Cohesión social. Estos presupuestos, señorías, ocupan el 58% en políticas sociales. Puedo estar de acuerdo en que para mantener las políticas sociales hay que generar empleo, pero no con que la única política social sea la de crear empleo,
porque la inversión en política social no es un gasto, señorías, sino una inversión a medio y largo plazo y constituye la vanguardia de las sociedades del bienestar.
Por eso, señorías, presupuestos se resumen en cuatro palabras: recuperación, empleo, confianza y estabilidad, algo que debieran tener en cuenta si creen que este país puede seguir adelante para avanzar hacia una mejor situación económica.
Desde luego, me hubiera gustado oír hablar también de colaboración entre los grupos parlamentarios y el Gobierno, algo que constantemente están demandando los ciudadanos. Sinceramente, aunque solo fuera para salir de la crisis, creo que el
Gobierno de España se merece la colaboración de todos los grupos. Desde luego tiene la del grupo socialista, por lo que vamos a hacer todos los esfuerzos para que se sumen el resto de los grupos de esta Cámara. No obstante, la colaboración
comienza aplicando las medidas que tanto demanda el Gobierno de España allí donde se gobierna.
Las prioridades son claras y seguro que las comparten, aunque sea con la boca pequeña y no en este debate. Las prioridades para salir de la crisis pasan por fomentar la inversión empresarial. Saben sus señorías, y la crisis lo ha
evidenciado, que tenemos debilidades estructurales en nuestro tejido empresarial: reducido peso del sector indus-
trial, baja intensidad tecnológica, escasa orientación al mercado exterior y pérdida de competitividad. Por eso creo importante el esfuerzo inversor para el fomento empresarial recogido en estos presupuestos. Crear más puestos de trabajo,
facilitar a las pequeñas y medianas empresas -que constituyen un porcentaje elevado del sector industrial- que puedan realizar con mayor facilidad su actividad industrial porque desgraciadamente han sido las más perjudicadas por esta crisis. Eso,
señorías, implica inversión productiva, es decir, invertir en I+D+i, porque aunque escuchemos críticas por la reducción presupuestaria en este ámbito, han de reconocer que la inversión, tanto pública como privada, en I+D+i desde el 2004 se ha
incrementado en un 160%.
En políticas de infraestructura, pese al ajuste presupuestario, estos presupuestos mantienen el esfuerzo inversor.
Una cosa que nos parece importante es la inversión en capital humano.
Aunque los efectos no se vean a corto plazo, una sociedad formada es más fuerte ante los ciclos de recesión. La inversión en educación cuenta con la mayor dotación en la
historia, a pesar de que tenemos los presupuestos más austeros de la democracia.
Por otra parte, aunque aquí se tache a estos presupuestos de antisociales, más de la mitad va dedicado a políticas sociales como a la Ley de dependencia, a la Red Básica de Servicios Sociales, a actuaciones de protección integral de
violencia de género, a permisos de paternidad y maternidad, entre otros, etcétera. Eso, señorías, también son políticas sociales. Además, se garantiza una subida del 1% a las pensiones mínimas y a las no contributivas.
Finalmente, espero que quien tenga capacidad y posibilidad de recapacitar lo haga. El Grupo Parlamentario Socialista no tiene los votos suficientes para sacar adelante sin veto estos presupuestos por los misterios de este sistema electoral,
porque pese a tener 10 millones de votos -500 000 menos que el principal partido de la oposición-, el Grupo Parlamentario Popular tiene 18 senadores más, y a la hora de la votación se produce la extraña unión temporal de grupos parlamentarios, desde
izquierdas a nacionalistas, pasando por conservadores, que hace que esta Cámara sea transitoriamente una Cámara de bloqueo legislativo, por lo que espero de sus señorías que esto no ocurra.
Señorías, si los ciudadanos merecen que se les dé una explicación sobre por qué ustedes van a votar las propuestas que aquí se están planteando, lo único que les pido es que lo hagan. Por eso, el Grupo Parlamentario Socialista no solo va a
votar en contra de los cinco vetos -porque entendemos que no es la fórmula adecuada para atender a la demanda de los ciudadanos- sino que va a explicar a los ciudadanos cada una de las iniciativas y propuestas que este Gobierno está llevando a cabo
para salir de la crisis.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Turno de portavoces.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Tuñón.
El señor TUÑÓN SAN MARTÍN: Señorías, señora ministra, señor presidente, voy a intervenir brevemente para exponer mi posición personal -que no la del Grupo Parlamentario Mixto- en contra del veto a este proyecto de presupuestos.
Seguramente hay algunas o quizá muchas razones que puedo compartir en relación con los vetos propuestos por los partidos de izquierda; incluso algunas de las razones propuestas por Convergència i Unió; y, desde luego, muy poco de lo
propuesto por el veto del PP. En cualquier caso, antes de hablar sobre el fondo de los presupuestos quiero expresar mi opinión sobre una cuestión de forma y es mi profundo desacuerdo y malestar por el trámite de los presupuestos en el Senado. Creo
que asistimos a un debate descafeinado y repetitivo, lo digo tal y como lo siento, porque no tiene sentido vetar el proyecto de Presupuestos Generales del Estado en el Senado ya que ello supone decir sí o no a los presupuestos que vienen del
Congreso de los Diputados, sin opción a las enmiendas parciales.
Desde mi punto de vista, esta situación es reflejo -una vez más- de una Cámara de segunda categoría, que no puede tomar decisiones importantes sobre los presupuestos. En este sentido, les hago dos preguntas: ¿qué significado tiene vetar
los presupuestos cuando ello va a suponer que vuelvan al Congreso de los Diputados tal y como nos llegaron, sin posibilidad de enmiendas? ¿Por qué se anula o impide la capacidad de negociar de aquellos grupos que no tenemos representación en el
Congreso de los Diputados? Señorías, estamos en una situación absolutamente perversa. Creo que se asume que todo el reparto presupuestario se hace en el Congreso de los Diputados y que aquí no queda más que la calderilla, hasta el punto de que ni
siquiera merece la pena luchar por ella.
Sinceramente, creo que mientras no se puedan hacer enmiendas parciales -si este veto prospera- no tendrá sentido y si este trámite no se modifica nos veremos con la paradoja de que todos los grupos mayoritarios, incluso algunos que no lo
son, estén encantados con esta situación. Así, la única perjudicada será esta Cámara, por su poca relevancia en relación con su capacidad de decisión sobre los Presupuestos Generales del Estado.
Por lo que respecta al fondo de los Presupuestos Generales del Estado, creo que estos no se pueden separar de la situación económica que vivimos. Todos sabemos que estamos atravesando una situación económica de emergencia; desde septiembre
-momento en que se elabora el proyecto de presupuestos- hasta diciembre se han acumulado una serie de acontecimientos a una velocidad de vértigo, y la señora vicepresidenta es testigo. Así, mientras existan los vientos huracanados de los mercados,
que no nos dan tregua, todas las medidas de ajuste fiscal que está adoptando el Gobierno intentan calmar y salvar a España del rescate. En esta situación, ¿qué pasaría si no se aprobasen los presupuestos? ¿Imaginan ustedes esa situación? ¿Son
conscientes los grupos del riesgo de no aprobar estos presupuestos -que no es el caso si se aprueba el veto en el Senado porque se aprobarán en el Congreso de los Diputados-? ¿A cuánto subirá nuestra prima de riesgo
en las próximas 48 horas o en la próxima semana? ¿Hasta los 300 puntos? ¿Hasta los 400 puntos? ¿Hasta los 500 puntos? Sería un paso previo a la intervención de la economía española.
No hay margen de maniobra. Considero que son unos presupuestos defensivos, aunque imagino que se irán modificando conforme el Gobierno tenga que tomar medidas de ajuste fiscal, tal y como se adoptaron en mayo y, ahora, en diciembre.
Seguramente no estamos de acuerdo con algunos de los ajustes que se han producido o con esos recortes, y aunque todos sabemos que los desajustes fueron provocados por especuladores financieros e inmobiliarios que nos prometían una Arcadia feliz,
está claro que la crisis nos ha dejado en el sitio en el que debíamos estar y solo nos queda volver a la sensatez y a la austeridad pero también, desde la óptica progresista, defender el Estado del bienestar alcanzado.
Yo creo que hay que intentar, al menos desde posiciones progresistas de izquierdas, luchar para que esta crisis se reparta equitativamente de una forma mucho más justa y solidaria. Está claro que mientras cabalgan los mercados, si la Unión
Europea y los Estados no son capaces de tomar medidas globales, tendremos que cumplir con las obligaciones que se nos imponen. Tendremos que reajustar y dar mayor transparencia a nuestro sistema financiero, a las reformas de las pensiones,
etcétera.
Sí me gustaría, independientemente de esta situación, que se hiciera una reflexión profunda sobre el déficit estructural de las cuentas públicas que en estos momentos tienen las cuentas del Estado, las de las autonomías y las del sector
público local.
Creo que hay que plantear cuatro temas importantes para este déficit estructural. Primero, un debate que en este momento se ha aparcado, pero que creo que es absolutamente crucial, es la necesidad de una reforma de nuestro sistema fiscal
que se adapte a la nueva situación en la que estamos, incluyendo, por supuesto, la lucha contra el fraude fiscal.
Un segundo aspecto que me gustaría que se tratara es el de la reorganización del sector público con criterios de racionalidad y eficiencia. Estoy hablando del sector público estatal, del autonómico y del local, del sector empresarial, del
sector fundacional y del consorcial.
Un tercer aspecto a debatir en esta Cámara sería el de cómo mantener el Estado del bienestar, siendo conscientes de que somos más pobres, de que tenemos menos recursos para ello. Qué medidas debemos adoptar para mantener nuestro nivel de
educación, nuestra sanidad, nuestra Ley de dependencia y todo lo relacionado con las ayudas sociales a los que se han quedado sin trabajo.
Finalmente, me da la sensación de que hay otro debate que no se ha hecho y que hay que hacer. Me refiero a la revisión de todos los gastos fiscales.
Estamos superponiendo medidas que han afectado al impuesto sobre la renta de las personas
físicas y que también están afectando al impuesto sobre sociedades. Creo que todos esos gastos fiscales deben ser analizados, revisados y evaluados para verificar su idoneidad y eficacia.
¿Entonces, qué nos queda? Al Gobierno le pediría que hiciera un gran esfuerzo por cambiar el modelo productivo, que es lo único que nos puede salvar de esta crisis: crecer económicamente para que la economía sea realmente sostenible, como
ese título de la ley que debe ponerse en marcha cuanto antes, porque creo que es la única esperanza que nos queda en este momento.
Nuevamente -y ya termino- creo que ha habido llamadas a la responsabilidad, en este caso, por partidos bastante insolidarios con el tema de la crisis. Espero que todo el mundo adopte una posición sensata que ayude a salir de esta crisis y
que nos vengan tiempos mejores para poder discutir los presupuestos con mucha más serenidad.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Tuñón.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas, tiene la palabra el senador Pérez Bouza.
El señor PÉREZ BOUZA: Gracias, presidente.
Boa tarde a todos y a todas. Evidentemente, no voy a repetir los argumentos dados por la mañana, pues creo que quedaron suficientemente claras las razones por las que el BNG había presentado este veto al proyecto de Presupuestos Generales
del Estado.
Por lo tanto, en esta intervención me limitaré a contestar a algunas de las cuestiones que ha planteado la portavoz del Grupo Socialista, la senadora Yolanda Vicente. Usted intenta introducir una contradicción sobre que un veto planteado
desde la izquierda vaya a salir apoyado con votos de grupos que podríamos considerar de derechas o de centro derecha.
Mire, cuando yo planteo una iniciativa en esta Cámara no elijo a los grupos que van a apoyarla. La planteo para todos, la
defiendo para todos y los que deciden apoyarla, bienvenidos sean.
En todo caso, me encantaría contar también con el apoyo de su grupo, del Grupo Socialista, a estas y otras iniciativas de calado social, planteadas desde una óptica de izquierdas, que yo sé con seguridad que a título individual muchos de
ustedes comparten porque tienen la misma sensibilidad social que puedo tener yo. Yo no tengo más sensibilidad social que la que puedan tener algunos o prácticamente todos ustedes, pero otra cosa son las estrategias de grupo y los apoyos al
Gobierno, que yo entiendo pero no puedo compartir. Cuando se presenta una iniciativa nadie escoge los votos que le van a apoyar, por lo tanto está abierta al apoyo de todos los grupos.
Nos dice usted que flaco favor le hacemos a los parados presentando este veto. ¡Flaco favor hace a los parados el Gobierno! El Gobierno es el que le hace un flaco favor a los parados, sobre todo a los de larga duración, a quienes acaba de
retirar el subsidio de 426 euros. Curiosamente, el mismo día que nos plantean en esta Cámara conceder un crédito a las concesionarias de autopistas por valor de 80 millones de euros; el mismo día que toman una decisión plantean la otra. Por lo
tanto, quien le hace un flaco favor a los parados es el Gobierno porque, además, como ya le he manifestado por la mañana y no se han atrevido a des-
mentirlo porque es cierto, reducen ustedes las partidas para políticas activas de empleo. Así pues, el que le hace un flaco favor a los parados es el Gobierno.
Usted se da por satisfecha, señora Yolanda Vicente, con que este presupuesto tenga más apoyos fuera que dentro. Pues, mire, tienen ustedes un problema. Si tiene más apoyos fuera que dentro tienen un problema, pero grave, porque lo ideal es
que este presupuesto tuviera más apoyos dentro que fuera, y que fuera tuviera los que tuviera que tener. Ya va siendo hora también de que desde el Gobierno se le diga a la Unión Europea y a algunos organismos internacionales -pero fundamentalmente
a la Unión Europea- que deje de darnos consejos, de decirnos lo que hacemos bien y mal y que actúe como Unión Europea, que plantee políticas para combatir a esos mercados, que criticábamos por la mañana, absolutamente especuladores. Esto es lo que
tiene que hacer la Unión Europea, dejar de decirnos lo que hacemos bien y lo que hacemos mal cada vez que el señor Almunia viene de fin de semana al Estado español. Por lo tanto, si ustedes tienen más apoyos fuera que dentro tienen un grave
problema.
¿No confiamos en la economía los grupos que planteamos el veto? ¡Claro que confiamos en la economía, en quien no confiamos es en el Gobierno! Confiamos en la economía española, confiamos sobre todo en los ciudadanos y confiamos también en
el tejido empresarial. ¡Claro que sí! Pero no confiamos en el Gobierno porque es imposible confiar en este Gobierno; un Gobierno que se presenta a las elecciones con un programa electoral y que en mitad del partido cambia las reglas del juego y
que cada mañana, en función de cómo se levante el presidente, se nos plantea una idea nueva que después, acto seguido, se revisa dos o tres veces hasta que aparece en el BOE; evidentemente, no puede generar confianza absolutamente a nadie ni, por
supuesto, a mi organización política.
Dice usted que es un presupuesto destinado a cohesionar socialmente a la sociedad española. Ya me gustaría a mí saber cómo van a cohesionar a ese millón de familias que dentro de unos meses no van a recibir ni un solo céntimo en sus casas
cada mes. ¿Qué políticas van a implementar ustedes desde el Gobierno para cohesionar a ese millón de familias que van a quedar absolutamente desprotegidos? Cita usted a Churchill para hacernos aquí un juego de palabras entre optimismo y realismo.
Yo le puedo hacer otro -ya lo hice en la comisión-: los pesimistas normalmente somos realistas bien informados. Y, efectivamente, somos pesimistas en este momento con respecto a la situación económica del Estado español porque no nos queda otra,
pero confiamos en que esto tenga solución, aunque para eso es necesario, cuando menos, contar con un Gobierno que sepa a dónde ir, y el problema que tenemos en este momento en el Estado español es que el Gobierno no sabe a dónde quiere ir.
Colaboración con el Gobierno. Ya se lo dije por la mañana: no será mi organización política sospechosa de no colaborar con este Gobierno. De siete presupuestos que ustedes han presentado hemos aprobado cuatro, los que considerábamos que
eran positivos para los intereses generales del Estado, no solo de Galicia, y hemos rechazado tres, porque son absolutamente infumables y especialmente éste, el del año 2011.
Yo no sé si será demasiado idealista o demasiado romántico lo que defendemos en el BNG. Es posible que sea así, pero yo estoy en política para eso, porque el día que el valor principal de la política deje de ser las ideas para pasar a ser
los números mal nos va a ir a todos. Y yo renuncio al fin de las ideologías. Yo creo en las ideologías, defiendo mis ideas, y las defiendo con todas las consecuencias. Y el día que no pueda defenderlas, me voy de la actividad política sin ningún
problema; lo que no voy a hacer en política es defender, es votar, es apoyar cuestiones que no comparto en absoluto. Y no lo comparto porque ya no lo compartía un gran maestro que tuvimos en Galicia, del que he aprendido bastante de sus obras y he
sacado grandes consejos. Decía Castelao que la política es el arte de convertir las ideas en realidades. El día que no podamos convertir las ideas en realidades, mejor que nos vayamos todos a casa, que cerremos esta institución porque si no
hacemos ese papel, seguramente los ciudadanos no nos van a echar en absoluto en falta.
Por lo tanto, sigo pidiendo el apoyo al veto de todos los grupos parlamentarios, incluido el del Grupo Parlamentario Socialista.
El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Pérez Bouza.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Vilajoana.
El señor VILAJOANA I ROVIRA: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, intervengo brevemente para reiterar el conjunto de argumentos que hemos explicado en la presentación de nuestro veto, que mantenemos y que justifican su presentación.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, tiene la palabra el senador Aleu.
El señor ALEU I JORNET: Gracias, señor presidente.
Esta mañana cuatro senadores de nuestro grupo parlamentario, por un lado, y dos senadores de nuestro grupo, por otro, han presentado su propuesta de veto. Por lo tanto, queda claro que el voto de nuestro grupo parlamentario estará
compartido, estará dividido en función de la adscripción política de cada uno de nosotros. A mí me parecen absolutamente respetables todos los argumentos que han presentado todos y cada uno de los grupos parlamentarios. En cualquier caso, quiero
recordar una frase que ya he citado alguna vez, extraída de una película de la transición en España, La ciutat cremada, en la que el burgués catalán cuando lleva a acostar a sus hijos les hacer rezar aquello de: quien tiene como 3 y gasta como 2 es
más rico que quien tiene como 6 y gasta como 7. Los cantos a acciones sociales, a inversiones productivas, si no hay
ingresos, y no parece que la reforma fiscal propuesta nos dé ingresos para todo esto, no dejan de ser unos cantos difíciles de llevar a cabo en la actual situación política española.
Otra cosa es la propuesta de veto que ha realizado el Grupo Parlamentario Popular. Yo creo que se ha quedado a medias, es decir, en algún momento ha dicho que este proceso ha producido una pérdida de confianza en las instituciones por parte
de las instituciones europeas y mundiales. Decir esto precisamente en la semana en la que el Fondo Monetario Internacional le ha dado el visto bueno a las actuaciones del Gobierno en España y en la semana en la que Bruselas reconoce en sus últimas
previsiones que la economía española no va a tener el endeudamiento que preveía, sino mucho menor; precisamente ahora no se puede acusar de falta de confianza. Esta semana no, la semana anterior esto no se conocía, pero esta semana ya es público.
Dice usted: los intereses de la deuda suben tanto dinero y no quiero hacer comparaciones. Pues haga las comparaciones, es decir, qué representan los intereses de la deuda en España y en otros países. La deuda en España para 2012 alcanzará el 73%
del producto interior bruto, muy alejada de Grecia, con 156%; Italia, con 119%; Irlanda con 114%; Bélgica, 102% y, también, por debajo de Francia, con el 89%; Reino Unido, con 86%, y la todopoderosa Alemania, con 75%. Y respecto al coste de los
intereses, dice textualmente el último informe de la Unión Europea que el menor endeudamiento de España implica un menor coste de intereses. Este año el coste de intereses supondrá el 2% del producto interior bruto en España frente al 2,9% en la
zona euro; 4,6% del producto interior bruto en Italia; 3,5% en Bélgica, lo cual permite que en España se pueda dedicar el 4,1% del producto interior bruto a inversión, mientras que en la zona euro se quedará en el 2,6%. A lo mejor, lo que hay que
hacer es comparar, y no se puede venir aquí y decir que no se quiere comparar; compare con lo que está ocurriendo en otros lados.
Y, finalmente, me parece poco honesto decir que ésta es una crisis, única y exclusivamente, producida en España sin ninguna incidencia exterior. Al menos esto es lo que dice en el Diario de Sesiones de la Comisión de Presupuestos su
portavoz. Me parece poco serio. Esto es lo mismo que decir que en Irlanda -su favorita Irlanda- no ha ocurrido nada; es lo mismo que decir que el Gobierno de la República Federal de Alemania -tan citado otros años porque iba a bajar impuestos- no
ha bajado los impuestos. Es lo mismo que decir esto.
Esta es una crisis mundial, seria, y que a nosotros nos ha afectado mucho más por el peso de la construcción, pero, repito, es una crisis mundial a la que nosotros tenemos que hacer frente y vamos a intentarlo.
Y la última cuestión que me ha preocupado es haber leído todos los argumentos que usted ha dado en un artículo publicado ayer por el señor Aznar en la prensa internacional; cita hasta detalles que usted ha expuesto esta mañana. ¿Qué quiere
decir esto? Esto quiere decir que el libro de estilo del Partido Popular pasa por cargarse a España, si es necesario, con tal de ganar las elecciones. (Rumores. Un señor senador del Grupo Parlamentario Popular: ¡Venga!) Este es el libro de
estilo.
(Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, ruego silencio, por favor.
El señor ALEU I JORNET: Su libro de estilo. Lean el artículo del señor Aznar; léanlo. Lean después la intervención del señor Utrera. Todas sus intervenciones, hablen de lo que hablen, acaban echando la culpa al señor Zapatero, venga o
no venga a cuento, siempre, sistemáticamente; y me parece legítimo que lo hagan, pero yo también estoy legitimado para decirles que ustedes están dispuestos a romper y a destruir España con tal de ganar las elecciones. (Rumores.) Sí, ya sé que no
les gusta, pero yo se lo tengo que decir. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
Y la última cosa que me preocupa es que... (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías.
El señor ALEU I JORNET: ... el portavoz del Partido Popular dice esto sin sonrojarse. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías.
El señor ALEU I JORNET: Pensé en comisión que como llevaba barba no le veía la cara, pero hoy que no la lleva, veo que no se sonroja. Me preocupa sinceramente que pueda decirse que toda la actuación de los mercados no tenga nada que ver
con la crisis española, que se diga tranquilamente y que no pase nada. Me parece que esto no es serio. Y usted, señor Utrera, lo sabe. Usted sabe cómo funcionan las finanzas hoy.
Usted sabe que quien toma las decisiones de la inversión es un
señor que tiene que dar unos rendimientos al propietario del dinero y que está dispuesto a hacer aquello que sea necesario para conseguir una rentabilidad a su dinero. Y en este todo lo que sea necesario entra difundir rumores sobre la economía
española porque así yo cobraré más intereses sobre la deuda que, ¡claro que estoy dispuesto a comprar porque estoy convencido de que la voy a cobrar! Y ustedes hacen este juego.
Ustedes sabrán por qué. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la senadora Vicente.
La señora VICENTE GONZÁLEZ: Gracias, señor presidente.
No voy a reiterar cada uno de los argumentos que he utilizado anteriormente -el Grupo Parlamentario Socialista votará cada uno de los vetos que se han presentado en esta Cámara-, pero sí me gustaría hacer una serie de consideraciones que
considero se deben tener en cuenta a la hora de efectuar la votación en este Senado.
Como he dicho anteriormente, para algunos lo más fácil sería no tener presupuestos, no haber llegado a esta fase de tramitación; convocar elecciones, aprovecharse de la situación económica, y sacar tajada electoral a costa de los 4 millones
de parados que desgraciadamente tiene este país. Señorías, estas no son las soluciones del Grupo Socialista.
Ese es el objetivo del principal partido de la oposición, que está demostrando constantemente. Y quiero advertirles de la unión temporal
de votos que esta tarde se va a vislumbrar: desde la izquierda, más izquierda; desde la derecha, más derecha, hasta algunos grupos nacionalistas, lo que va a evidenciar mayor desaliento, mayor desconfianza y mayor temor en una ciudadanía que
demanda soluciones y no problemas.
Se critica constantemente que este Gobierno se equivoca y me gustaría que se rectificara cuando acierta; es decir, cuando el Gobierno acierta hay que decirlo, pero no hemos oído nada en esta Cámara en este sentido.
Claro que tenemos que compartir los objetivos que todos nos debemos marcar, sobre todo, la creación de empleo; esa debe ser la prioridad que hemos de tener en nuestras mentes: mejorar la productividad y la competitividad de nuestra
economía; transmitir confianza a los mercados desde esta Cámara legislativa; aportar mayores niveles de bienestar y seguridad a nuestros ciudadanos creando mayor riqueza.
Me pueden tachar de demagoga o de ingenua por hacer estas afirmaciones pero creo que son importantes porque de otra forma no podremos transmitir al ciudadano ni confianza ni seguridad a la hora de resolver sus problemas. Esto es exactamente
lo que debemos tener en cuenta: cómo dejar atrás la crisis; cómo volver a crecer; cómo volver a crear empleo en nuestro país -que, repito, debe ser nuestro objetivo principal- y cómo hacerlo sabiendo que no estamos ante una crisis diferente, que
estamos ante una crisis global que no solo afecta a España sino también al resto de países de la Unión Europea.
¿Qué soluciones se dan en estas circunstancias? Señorías, ninguna. Lo que se pretende es que este Gobierno se desgaste, que vaya perdiendo credibilidad porque aunque tome decisiones responsables -que a largo plazo se verá que son las
acertadas- que pueden molestar a aquellos que más les afectan, los ciudadanos van a entender que esos esfuerzos que les pedimos se van a ver recompensados cuando la economía vaya mejor.
¿Creen que debemos dejar este país a su suerte, sin realizar reformas estructurales? Pues, señorías, pienso que no. Los socialistas somos los primeros interesados en reconocer la gravedad de la situación y para eso vamos a dar respuesta a
los ciudadanos. Si hay un instrumento en política para afrontar la crisis, ese es el presupuestario, que consiste en fortalecer las posibilidades de recuperación a través de tres ejes fundamentales: paliar los efectos del paro; mantener el
esfuerzo inversor productivo para hacer que nuestra economía sea competitiva también en el exterior; y equilibrar nuestras cuentas públicas. Hay que mantener ese esfuerzo inversor productivo que garantice el crecimiento de nuestra economía a medio
y largo plazo, como se viene realizando en estos últimos años.
Por supuesto, es necesario revisar nuestro modelo caduco; es más, es importante resaltar que en este sentido está trabajando el Gobierno, porque les recuerdo que somos el país europeo que más ha invertido en infraestructuras y que más ha
crecido en porcentaje en I+D+i. Son datos que pueden parecer que no se ajustan a la realidad, pero lo cierto es que hemos crecido desde 2004, como he dicho anteriormente, un 160% sobre el PIB en I+D+i.
Por supuesto, confiamos en la economía española. En momentos adversos, los ciudadanos esperan de nosotros, Gobierno y oposición, mayor responsabilidad. Aparquen, señorías, las luchas partidistas para trabajar y conseguir que nuestro país
sea más próspero, justo y solidario. En esta labor estamos los socialistas, y el Gobierno, como no podía ser de otra manera. Por ello, no podemos apoyar ninguno de los vetos que se han presentado en esta Cámara porque no incluyen iniciativas o
propuestas constructivas, sino todo lo contrario, y lo que necesita este país no solo es confianza sino también soluciones.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, tiene la palabra el senador Utrera.
El señor UTRERA MORA: Señor presidente, señoras y señores senadores, entiendo que esta va a ser la última intervención, dada la falta de ademán de la vicepresidenta segunda de intervenir en un segundo turno en este debate en el que nos
pudiera aclarar algunos de los conceptos que hemos venido detallando, puesto que en su primera intervención nada aportó, salvo un futuro mejor, del cual nosotros también estamos convencidos.
Pero ahora estamos hablando del año 2011 y de los Presupuestos Generales del Estado para dicho año. A los argumentos que esta mañana di en mi intervención, que son los que sustentan el veto presentado por el Grupo Parlamentario Popular,
poco más tengo que añadir, y poco también tengo que añadir a las intervenciones de los otros portavoces. Permítanme simplemente dos reflexiones: la primera es que, de la intervención de la senadora Vicente, del Grupo Parlamentario Socialista, se
deriva que el verdadero problema de fondo es que siguen haciendo un diagnóstico incorrecto de la realidad. Buscan excusas del pasado y, por supuesto, culpables exteriores para anticipar un futuro que necesariamente será mejor y, sin embargo, no son
capaces de hacer autocrítica sobre la cadena de despropósitos que el Gobierno está produciendo en la economía española. Esto es muy importante.
Como importante también es el debate sobre la confianza que usted ha planteado en su intervención. Señoría, se confía en los Gobiernos que demuestran que son capaces de elaborar planes coherentes de actuación ante situaciones que anticipan;
pierde la confianza aquel Gobierno que trabaja sobre hechos consumados, bajo la violencia, inclu-
so verbal, de representantes internacionales de la Unión Europea que nos tienen acogidos bajo mandato y supervisión para elaborar un conjunto de medidas que son absolutamente incoherentes entre sí y que muy poco tienen que ver con la
recuperación de la economía, o simplemente con la financiación del gasto público.
Pensemos en el último decreto ley. ¿Qué tienen que ver las medidas aprobadas con la recuperación de la credibilidad de la economía española? La semana pasada fue gloriosa para poner de manifiesto un Gobierno que ha perdido el control de la
situación. Se anuncian unas medidas a principios de semana absolutamente incoherentes que se cierran con el broche de oro de un Consejo de Ministros todavía de mayor incoherencia en el que se da una solución de excepcionalidad constitucional a un
conflicto grave de naturaleza laboral que seguramente podría haberse evitado si se hubiera actuado con diligencia durante los últimos diez meses. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: ¡Silencio, señorías!
El señor UTRERA MORA: Pero vayamos a lo esencial. La confianza se ha perdido y hay que recuperarla, y para ello hacen falta trabajo, coherencia y medidas razonables.
Estos Presupuestos Generales del Estado, como ya apuntaba, han quedado desmentidos, y por tanto, vetados por el propio Gobierno, que ha incluido previsiones a las que unos días antes la señora Salgado, que está aquí presente y podría darnos
su valoración de primera mano, se negó a considerar siquiera la posibilidad de que fueran necesarias. ¿Es o no es así, señora Salgado? (Denegaciones de la señora vicepresidenta segunda y ministra de Economía y Hacienda, Salgado Méndez.) Sí, señora
ministra, usted se negó siquiera a considerar la posibilidad de que fueran necesarias medidas adicionales en unos Presupuestos Generales del Estado, los del año 2011, de los que desde Europa se nos ha dicho que son insuficientes. Y como estamos
tutelados habría que introducir medidas adicionales.
Al señor Aleu sencillamente no le he entendido, y es que creo que ha perdido el sentido de la orientación, como también parecen haberlo perdido el Partido Socialista de Cataluña y quien fue y sigue siendo presidente del Gobierno de Cataluña.
Dice que nosotros inculpamos a Zapatero de lo que está ocurriendo, pero no somos nosotros, señoría, es el señor Montilla -repasen ustedes su discurso de ayer-, quien también está inculpando al señor Zapatero y al Partido Socialista Obrero Español de
trato hostil al Partido Socialista de Cataluña. Por tanto, parece que esta es una opinión bastante general y desde luego no atribuible en exclusiva al Partido Popular, que por cierto, la comparte. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular en el Senado.) Sí, señoría, la compartimos sin ninguna duda.
Y repito, además, que, en mi opinión, y creo que también en la de muchos ciudadanos, este es con diferencia el peor Gobierno que ha tenido la democracia española, y sin ninguna duda el peor presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado. Rumores y protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, por favor.
El señor UTRERA MORA: ¿Y cuál es el futuro inmediato? Pues el futuro inmediato es -y también nos lo decía la señora Salgado esta mañana- que habrá que reformar el sistema de Seguridad Social y de pensiones. Vamos a ello, porque eso se
anunció a principios de este año 2010 y para este año, pero hace no mucho, uno o dos meses, se retrasó la decisión de reforma final, como consecuencia de acontecimientos perfectamente previsibles, para el próximo ejercicio.
Pues bien, al Gobierno le han vuelto a retorcer el brazo también en esto, y vamos a tener que acelerar, que poner en práctica una reforma estructural de equilibrio del sistema de Seguridad Social a largo plazo, pues la coyuntura no resiste
la falta de acción del Gobierno -o si se prefiere, la presunción de acción, que es distinto- en materia de pensiones, y fue la semana pasada, creo recordar, cuando vino Trichet a leer la cartilla al Gobierno y dijo que la reforma laboral no era
bastante y que la reforma de pensiones había que hacerla ya, entre otras cosas, porque nos están comprando la deuda y son ellos quienes nos están manteniendo el diferencial de intereses en niveles algo por debajo de 300 puntos básicos.
Por tanto, las razones del veto están plenamente justificadas. En primer lugar, porque este Gobierno ha sido incapaz de responder a los graves problemas que en este momento tiene la economía española; en segundo lugar, porque improvisa y,
al hacerlo, desaparece la confianza en la acción del Gobierno; y, en tercer lugar y sobre todo, porque se habla de apoyos parlamentarios, en este caso para el veto, y creo que ustedes, el Grupo Parlamentario Socialista, son los últimos que deberían
mencionar una cosa así. Yo todavía no conozco en su integridad los acuerdos que ustedes han tramado con grupos parlamentarios muy minoritarios para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado en el Congreso de los Diputados. Eso no lo han
explicado todavía y lo van tener que hacer ustedes.
Concluía la señora Vicente diciendo que habría que dar explicaciones a los ciudadanos y que tendríamos que decirles el porqué del veto. Pues se lo estoy explicando a usted ahora y se lo puedo repetir muchas veces, a usted y a quien quiera
oírlo, porque este Gobierno ha conseguido la inaudita hazaña, en apenas cuatro años, de situarnos en duodécima potencia mundial en lugar de octava y ha contribuido a la destrucción de más de 2 600 000 puestos de trabajo. Este Gobierno, en dos años,
ha hecho que el déficit público -y eso es un récord que no tiene comparación en el mundo- pase de un superávit del 2% a un déficit superior al 11% del producto interior bruto; el mayor déficit fiscal, no ya de la democracia española sino de toda la
historia financiera española, ganado a pulso en dos años. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías.
El señor UTRERA MORA: Y ha generado un problema de deuda, aunque alguno de los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra se ha recreado en que los intereses todavía son bajos, pero ya verá usted el año que viene y el
siguiente, porque ha comenzado una carrera que parece imparable.
Por tanto, no me queda nada más que reafirmarnos en nuestro veto y en el apoyo al resto. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías.
El señor UTRERA MORA: También esperamos con impaciencia los argumentos de la vicepresidenta segunda para explicarnos si el Gobierno no ha enmendado de hecho los Presupuestos Generales del Estado con las medidas aprobadas el pasado viernes.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado. Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Silencio, señorías.
Llamen a votación. (Pausa.)
Señorías, vamos a proceder a la votación de las propuestas de veto al proyecto de ley de los Presupuestos Generales del Estado.
En primer lugar, corresponde votar la propuesta de veto número 1 del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas, que tiene que ver con el dictamen de la comisión.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 262; a favor, 138; en contra, 124.
El señor PRESIDENTE: Señorías, en la medida en que se ha alcanzado la mayoría absoluta, daremos cuenta de su aprobación al Gobierno y al Congreso de los Diputados. (Fuertes y prolongados aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular en el Senado. Rumores.)
-- DE LA COMISIÓN DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL Y CONSUMO EN RELACIÓN CON LA PROPOSICIÓN DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 28/2005, DE 26 DE DICIEMBRE, DE MEDIDAS SANITARIAS FRENTE AL TABAQUISMO Y REGULADORA DE LA VENTA, EL SUMINISTRO, EL
CONSUMO Y LA PUBLICIDAD DE LOS PRODUCTOS DEL TABACO (Número de expediente Senado 624/000010 y número de expediente Congreso 122/000234).
El señor PRESIDENTE: Señorías, pasamos al siguiente punto del orden del día. (Rumores.)
Silencio, señorías. (Rumores.)
Dictamen de la Comisión de Sanidad, Política Social y Consumo en relación con la Proposición de Ley por la que se modifica la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el
suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco. (Rumores.)
Para la presentación del dictamen, tiene la palabra el senador Esquerda.
Señoría, espere un momento a que se haga silencio. (Rumores.)
Señorías, ruego silencio o abandonen el hemiciclo. (Rumores.)
Silencio, señorías. (Pausa.)
El señor ESQUERDA SEGUÉS: Señor presidente, señorías.
La proposición de ley que se somete en este acto a la consideración del Pleno del Senado tuvo su entrada en esta Cámara el día 27 de octubre de 2010, siendo publicada ese mismo día en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
El plazo de presentación de enmiendas a la referida proposición de ley expiró el día 10 de noviembre, ampliándose hasta el día 16 del mismo mes.
Durante dicho plazo se presentaron 17 enmiendas de los siguientes grupos parlamentarios:
Mixto, señores Torres i Torres, Quintero Castañeda y Belda Quintana y señora Caballero Martínez; Convergència i Unió, Entesa Catalana de Progrés, Socialista y Popular. (Rumores.)
La ponencia -constituida por la señora Aleixandre i Cerarols, doña Rosa Nuria, del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió; el señor Esquerda Segués, don Josep Maria, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés; el señor
Lertxundi Barañano, don Roberto, del Grupo Parlamentario Socialista; la señora Maestre Martín de Almagro, doña María Cristina, del Grupo Parlamentario Socialista; el señor Mur Bernad, don José María, del Grupo Parlamentario Mixto; la señora Pan
Vázquez, doña María Dolores, del Grupo Parlamentario Popular; el señor Pérez Bouza, don José Manuel, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas, y la señora Riolobos Regadera, doña María del Carmen, del Grupo Parlamentario Popular- acordó
proponer a la Comisión de Sanidad, Política Social y Consumo mantener en sus propios términos el texto remitido por el Congreso de los Diputados. (Rumores.)
La comisión se reunió el día 1 de diciembre para dictaminar la proposición de ley. En el debate en su seno fueron aprobadas las siguientes enmiendas: la número 2, del Grupo Parlamentario Mixto, señores Quintero Castañeda y Belda Quintana;
la número 10, del Grupo Parlamentario Mixto, señora Caballero Martínez; las números 7 y 9, del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió; la número 4, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés; la número 16, del Grupo Parlamentario
Socialista, y las números 11, 12, 13 y 15, del Grupo Parlamentario Popular. Posteriormente, el Grupo Parlamentario Mixto retiró la enmienda número 1, señor Torres i Torres.
El dictamen de la comisión, junto con los votos particulares presentados, ha sido publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales del día 7 de diciembre de 2010. (Rumores.)
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría. (Rumores.)
Señorías, ruego silencio, por favor.
Pasamos al turno a favor del proyecto de ley. (Rumores.)
Tiene la palabra la senadora Maestre, pero espere un momento, señoría, a que se haga silencio. (Pausa.)
Puede comenzar su señoría.
La señora MAESTRE MARTÍN DE ALMAGRO: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, hoy el Senado debate nuevamente una importante proposición de ley que va a mejorar la actual ley vigente y que aumenta la protección de los ciudadanos y de los menores frente a los efectos nocivos del tabaco.
Como saben sus señorías, hace cinco años esta misma Cámara debatió y votó una ley pionera en nuestro país y de las más avanzadas a nivel internacional, la Ley 28/2005, de medidas sanitarias frente al tabaquismo, que se aprobó por unanimidad
y supuso la prohibición de fumar en lugares de trabajo y en centros y actividades culturales o deportivas, pero dejó a elección del sector de la hostelería decidir la habilitación o no de sus locales para el consumo de tabaco.
Hay que decir que esta ley que aprobamos hace cinco años propició que más de un millón de personas dejaran de fumar en los dos primeros años de su vigencia; que los niveles de nicotina ambiental cayeran un 83% en los centros de trabajo y un
53% en restaurantes; que la exposición al humo del tabaco bajara un 30% y que los infartos se redujeran un 11% en hombres y un 9% en mujeres. En los cinco años que la Ley lleva en vigor ha tenido efectos positivos muy significativos sobre la salud
general, porque estamos hablando de la salud de los ciudadanos y tenemos que tener muy claro que si hemos de protegerla -como es nuestra obligación- habrá que llevar a cabo las medidas necesarias para garantizar el derecho a la salud, alejando a
todos los ciudadanos por igual de los efectos nocivos que conlleva la inhalación de sustancias que contiene el humo del tabaco.
En nuestro país mueren alrededor de cincuenta mil personas por el tabaquismo; se dice pronto, pero es una cifra superior a la de fallecidos por accidente de tráfico y cuatro veces superior a los fallecidos por alcoholismo y consumo de
drogas juntos; cincuenta mil personas, de las cuales, entre mil y tres mil son fumadores pasivos, es decir, personas que no fuman, pero respiran el humo de los que sí lo hacen en su entorno.
El tabaco es la primera causa evitable de enfermedad, invalidez y muerte prematura en el mundo, según la Organización Mundial de la Salud. El tabaco está vinculado a la aparición de unas treinta enfermedades, entre ellas diez tipos de
cáncer, y es la principal causa de más de la mitad de enfermedades cardiovasculares. En España, el tabaco es responsable de más del 90% de los casos de bronquitis, del 95% de cáncer de pulmón, del 30% de todas las cardiopatías coronarias y está
también asociado a la aparición de cáncer de esófago, vejiga, cavidad bucal y laringe. En nuestro país, uno de cada cuatro varones muere por causas atribuibles al tabaco; también está vinculado a un mayor riesgo de diabetes, depresión, adicción al
alcohol y a otras sustancias; hay una mayor prevalencia de enfermedades psiquiátricas, alteraciones del gusto y del olfato, infertilidad y podría seguir enumerando unas cuantas patologías más.
Por eso, señorías, si tenemos que proteger la salud de los ciudadanos, tenemos que garantizar la aplicación correcta de la Ley que aprobamos por unanimidad, de la misma manera que tenemos que proteger la salud de los empleados de hostelería,
que sabemos que siguen respirando el humo en su ámbito laboral. También debemos adelantar la regulación española a las directrices de la Comisión Europea, que ha propuesto que en el año 2012 todos los países prohíban fumar en bares y otros
establecimientos de hostelería y cumplir con las obligaciones derivadas del Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el control del tabaco y del que España forma parte.
Hay otra cuestión importante, los costes económicos para nuestro sistema sanitario: alrededor de 7700 millones de euros solo por las cinco principales enfermedades asociadas al tabaco, cáncer de pulmón, EPOC, enfermedades coronarias, asma y
enfermedades cerebrovasculares.
Estamos debatiendo, por tanto, una reforma que es necesaria. Así lo entendemos en el Grupo Parlamentario Socialista y así lo entiende el 70% de los ciudadanos que está a favor de la prohibición total del consumo de tabaco en todos los
lugares públicos. También lo ha expresado así un importante porcentaje de trabajadores del sector de la hostelería en muy diversos estudios llevados a cabo en los que se han manifestado reiteradamente a favor de la restricción del consumo de tabaco
en sus lugares de trabajo.
Señorías, frente a todos los que estamos trabajando por proteger la salud de los ciudadanos y por reducir el tremendo impacto económico que tiene sobre nuestro sistema sanitario, están aquellos que se quieren quedar a medio camino,
aferrándose a argumentos que no tienen un fundamento sólido y que es fácilmente demostrable. No es previsible que una mayor restricción respecto al consumo de tabaco en lugares públicos tenga un efecto negativo de carácter económico en los negocios
y establecimientos de hostelería y ocio. Solo basta echar un vistazo a la experiencia acumulada en países de nuestro entorno, en los que medidas más restrictivas respecto al consumo de tabaco no han generado perjuicios económicos al sector. Si
todos los locales están en la misma situación, los clientes seguirán acudiendo con independencia de que se pueda fumar en ellos o no. Hay quien se aferra al argumento de las inversiones que se han llevado a cabo en los establecimientos para
adaptarse a la actual normativa vigente; he de decir, señorías, que menos del 3% de los 350 000 locales de más de 100 metros cuadrados que hay en España tienen separaciones entre fumadores y no fumadores o ha hecho alguna reforma. En comunidades
enteras, como País Vasco, Baleares y Comunidad Valenciana, no existe prácticamente ningún local con separaciones físicas, y en muchas otras su número es insignificante, según los datos de la Comisión Nacional para la Prevención del Tabaquismo.
No olviden, señorías, que hablamos de la salud de los ciudadanos. Tenemos los datos y tenemos la herramienta para hacer efectivo ese derecho.
Tenemos la experiencia
de muchos países de nuestro entorno que demuestran que vamos en la buena dirección. Existen diversos estudios que reflejan efectos positivos sobre la salud de los trabajadores de hostelería por las medidas restrictivas adoptadas en Irlanda,
en Escocia o en Noruega. En Irlanda, un año después de la prohibición, la concentración de partículas en el aire en los bares se había reducido un 83%. Los niveles de benceno en el aire de estos locales se redujeron un 80,2%. Los trabajadores de
los bares que participaron en el estudio registraron una reducción del 79% de monóxido de carbono en la respiración y del 81% de la cotinina en su saliva. Estos empleados registraron mejoras significativas en los exámenes de capacidad pulmonar. En
Escocia, según un estudio realizado sobre 135 camareros de bares solo dos meses después de la prohibición, los niveles de cotinina se redujeron un 43,1%.
Las normativas restrictivas aprobadas en otros países no han generado perjuicios económicos a los sectores afectados. Los efectos han sido nulos o, en algunos casos, positivos. En Irlanda, en el año siguiente a la aprobación de la ley, los
ingresos del sector hostelero se redujeron un 3,3% menos que en los tres años previos a la prohibición, mientras que los empresarios predecían una caída de los ingresos de un 25%. Nada más lejos de la realidad. En Reino Unido la norma entró en
vigor en marzo de 2008 y en octubre los datos oficiales revelaron que la apertura de locales de ocio creció un 6% en bares y un 14% en locales 24 horas. En Italia, después de la entrada en vigor de la ley, una encuesta de ámbito nacional reflejó
que el 9,6% de la población acudía con más frecuencia que antes a bares y restaurantes. La Federación Italiana de Hostelería ha reconocido en varias ocasiones que bares, cafeterías y restaurantes no tuvieron perjuicios económicos por la entrada en
vigor de la ley.
Por lo tanto, señorías, centrémonos -estamos hablando de un proyecto de ley que nace del ámbito sanitario- en lo que tenemos que centrarnos, en proteger la salud de los ciudadanos, en legislar de la mejor manera posible para cumplir con los
objetivos comunes que tenemos, que es velar por este derecho constitucional, que es el derecho a la salud. Mejoremos el texto en lo que tengamos que mejorarlo en este trámite, pero no perdamos nunca de vista el horizonte que se persigue, que es lo
que verdaderamente nos exigen los ciudadanos.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
No hay turno en contra. Pasamos, a continuación, a las enmiendas. En primer lugar, las de los senadores Belda y Quintero.
Tiene la palabra el senador Quintero.
El señor QUINTERO CASTAÑEDA: Muchas gracias, señor presidente.
Doy por defendida la enmienda.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Para defender las enmiendas de Convergència i Unió, tiene la palabra la senadora Aleixandre. (Rumores.)
Señorías, silencio, por favor.
La señora ALEIXANDRE I CERAROLS: Gracias, señor presidente.
En mi primera intervención sobre esta controvertida ley que vamos a reformar, la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta el suministro, el consumo y la publicidad sobre los
productos del tabaco, quería dejar claro dos cosas. Una, que el tabaco es una sustancia legal que siempre ha tenido regulada su venta básicamente por motivos fiscales y no de salud. Y dos, que los jugosos impuestos sobre el tabaco han sido siempre
importantes para las arcas del Estado y que la reforma es exclusivamente prohibicionista. No recoge en ningún apartado ni medidas de prevención, como pueden ser las educativas, ni medidas sanitarias para un problema que solo puede ser solucionado
precisamente por estos dos caminos, por el educativo, muy especialmente a través de la familia, de la escuela y de los medios de comunicación, y por el sanitario. Se hace incluso con las drogas legales: siempre que exista una drogadicción debemos
intentar la minimización de riesgos. Somos capaces de poner, con buen criterio, salas de venopunción, y negamos la realidad de que existen y continuarán existiendo fumadores, nos guste o no.
La reforma, de la que todos teníamos claro que era necesaria y que debía continuar cuando iniciamos su primera parte hace cinco años no es la que esperábamos. Por ello, por coherencia, que nunca le ha faltado a nuestro grupo, presentamos
enmiendas. Dos de ellas se aprobaron: una sobre medidas sanitarias y la otra sobre el retorno de la inversión no amortizada, vía impuestos, de la que hablaré en mi próxima intervención.
Nos quedan dos: la número 6, fruto del órdago que se
produjo al aprobar en la comisión enmiendas semejantes pero no iguales, sobre la que posiblemente habrá una transaccional de todos los grupos; y la número 8, sobre la que posiblemente presentaremos también una transaccional, sobre casinos, bingos y
salas de juego previamente autorizadas como tales. Que quede claro que quedan fuera los lugares donde se realizan juegos de cartas, de dominó, etcétera, muy comunes y tradicionales en los pueblos de nuestro país; repito que es una enmienda solo
para casinos, bingos y salas de juego previamente autorizadas. Todos los clientes de estos establecimientos son mayores de edad, han de demostrarlo en la puerta, y se exige su registro en video o en papel. Los casinos, los bingos y las salas de
juego son nuevamente habitáculos de fumadores. Por ello, la mayoría de los locales están situados en zonas urbanas y céntricas. No tener un habitáculo para ellos supondría que estos fumadores, que los hay y que los habrá, se reúnan a altas horas
de la noche en la vía pública.
Asimismo, hemos pedido que sean zonas sin servicios personales, de modo que no causen ningún tipo de impacto entre los trabajadores.
Señorías, ya sé que tengo poco tiempo. Podríamos hablar de la limpieza; de ella hablaremos después, en nuestra próxima intervención. Pero si hablamos de residuos y de trabajadores, tenemos que hablar de residuos y de trabajadores en otras
zonas.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el senador Esquerda, por la Entesa.
El señor ESQUERDA SEGUÉS: Graciès, senyor president.
El Grupo de la Entesa Catalana de Progrés ha presentado tres enmiendas al texto, las números 3, 4 y 5. La número 3 formula un nuevo artículo. Se añade un apartado, el número 30, al artículo 12, en el que se considera infracción grave
permitir fumar o no controlar la prohibición de fumar en los centros de trabajo. Esto viene a cuento porque ha habido una progresiva y paulatina relajación en el cumplimiento, en los ámbitos laborales, de esta norma, la Ley 28/2005. Se quiere, por
tanto, que la prohibición sea más vinculante.
La número 5 presenta una nueva disposición final segunda. En ella se pide que, en el plazo máximo de seis meses, el Gobierno haga un proyecto de ley mediante el que se incremente el tipo impositivo sobre las labores del tabaco, para llegar
a la media de los diez países europeos más impositivos.
La número 4 pide una compensación por las inversiones no amortizadas de todos aquellos establecimientos que creyeron en la Ley 28/2005. Hicieron esas inversiones, hicieron las particiones de sus bares, restaurantes y sitios de ocio, y ahora
han visto que el más espabilado, puesto que en su momento esto no se quería llevar a la práctica, ha sido el que no hizo la inversión y siguió tal cual, porque no hubo ni control ni multas ni nada parecido. Se pide, pues, que se compense a estos
negocios y establecimientos por sus inversiones, aunque sea teniendo en cuenta todas las amortizaciones habidas y todas las compensaciones fiscales que se hayan podido producir. No tengo los datos de todas las comunidades autónomas sobre estos
establecimientos, pero en Cataluña un 3% de locales hicieron reformas. En Zaragoza, no en Aragón, un 2,6%, y en el resto de España entre el 1% y el 3%. De hecho, los bares, cafeterías y restaurantes han sido los que menos han cumplido con estas
reformas...
El señor PRESIDENTE: Señoría, ruego termine.
El señor ESQUERDA SEGUÉS: Termino, señor presidente.
En cambio, las cadenas de comida rápida y los comercios de degustación lo han cumplido a rajatabla.
Muchas gracias, señorías.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Lertxundi.
El señor LERTXUNDI BARAÑANO: Gracias, señor presidente.
Buenas tardes, señores senadores y senadoras.
Hoy es un día importante para la salud pública: estamos en la recta final de la aprobación de una ley de gran trascendencia para la ciudadanía; la política tiene que servir para mejorar nuestras condiciones de vida.
En primer lugar, quiero expresar palabras de agradecimiento, tanto a los proponentes de esta proposición de ley que viene del Congreso, como al trabajo de todos los grupos, que han incorporado con sus opiniones y puntos de vista muchos de
los elementos que hoy contiene la proposición y que se van a incorporar aquí a través de las enmiendas.
Las enmiendas a este proyecto de ley han sido pocas, lo que indica que se le ha logrado un alto grado de afinidad y consenso entre los grupos. En este sentido, el Grupo Parlamentario Socialista anuncia que retira el voto particular a la
enmienda número 10 de la senadora Caballero, del Grupo Parlamentario Mixto, y a la enmienda número 2 de Coalición Canaria, y que ha presentado una transaccional que se ha repartido en el hemiciclo. Las enmiendas no son esenciales en mi opinión,
salvo la que tiene que ver con los espacios de fumadores dentro de los lugares donde se prohíbe fumar. Esta es la única enmienda de fondo que tendremos que discutir con la máxima tranquilidad posible.
Señorías, esta es una ley para mejorar la salud pública, y no una ley que hable de dinero y de economía; ya hablaremos en la segunda intervención sobre si se va a perder o ganar dinero con ella, en qué, dónde y por qué.
Nuestra generación
-la de los que ahora tenemos más de 50 años- hemos cambiado absolutamente respecto al tabaquismo, pasando de la máxima permisividad a una situación de restricción del uso del tabaco. ¿Por qué? Por algo tan sencillo como la evidencia científica.
Antes no sabíamos nada. Hace 30 años, cuando fumábamos en los cines, en los teatros, en los aviones, cuando fumábamos trabajando en nuestros despachos, no sabíamos nada; cuando se fumaba en algunos quirófanos, incluso en algún paritorio -todo esto
ha ocurrido en nuestro país- no sabíamos nada. En este momento sabemos que el tabaquismo es la primera causa de muerte evitable. Son 50 000 los muertos al año en España por patologías ligadas al tabaco. El cáncer de pulmón es la primera patología
neoplásica en hombres y la segunda en mujeres, por no hablar de las bronquitis o de la incidencia en las enfermedades cardiovasculares. Nos encontramos ante una nueva patogenia llamada humo de tabaco ajeno. El humo del tabaco de otros es patógeno
para los que no fuman. Esta es la nueva situación actual y no podemos seguir siendo inconscientes al respecto.
Por este motivo queremos hacer una ley que sea viable. La ley de hace cinco años tuvo la gran virtud de empezar con este asunto, pero el gran defecto de ser interpetable. Por lo tanto, queremos hacer una ley clara y que diga sencillamente
tres cosas: que no se va a fumar en espacios públicos cerrados, que no se va a prohibir en espacios públicos abiertos -con leves excepciones en ambos casos- y que tiene que ser una ley que, desde el punto de
vista educativo, desnormalice el uso del tabaco: que no se considere normal fumar, sino anormal; que fumar sea algo que cada vez ocurra en menor medida y en menor calidad, y no a la vista del público como ocurre en la mayoría de los casos.
La ley no entra en el ámbito privado, y no creo que deba entrar; no debemos opinar sobre lo que haga la gente en su coche o en su domicilio, o sobre si los fumadores tienen que tener hijos o no. ¡Por favor, qué barbaridad! No entramos en el ámbito
privado, pero en el ámbito público tenemos que defender el derecho de los no fumadores.
¿Por qué existe la pretensión, en algún caso, de ablandar esta ley, de reducir su incidencia en la actividad social, en relación con el tabaco? La industria tabaquera es potentísima; y la industria tabaquera, a través de federaciones de
hostelería y de restauración, intenta imponer sus criterios, intenta conseguir siempre que el tabaco esté presente, impregnando la actividad de nuestros ciudadanos. ¿A quién le interesa ablandar la ley? ¿Quién quiere hijos que fumen? ¿Quién
quiere nietos que fumen? ¿Quién quiere que aumenten las muertes por cáncer de pulmón? ¿Quién quiere que aumenten las enfermedades ligadas al tabaquismo? ¿Quién quiere que se incremente el número de fumadores? Ustedes no, ustedes tampoco. Lo que
ustedes representan es el no. Solo hay alguien que quiere esto: la industria tabaquera, el único agente que desea este tipo de cosas, las grandes transnacionales. No les hagan el juego, no colaboren con lo peor de ese capitalismo agresivo que
necesita aumentar permanentemente el número de fumadores.
Por eso, mantendremos nuestros votos particulares, salvo lo que les he dicho, para que el texto que se apruebe se parezca lo más posible al que ha venido del Congreso, que es un texto claro, nítido y con un alto nivel de consenso.
En la próxima intervención hablaremos de temas económicos más específicamente. Pero no olviden ustedes que, cuando se suprimió la pena de muerte, también los verdugos se quejaron por quedarse en el desempleo.
Gracias, por su atención. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
En la medida que el Grupo Popular tiene una enmienda transaccional firmada por el resto de los grupos, la enmienda inicial decae.
Por tanto, pasamos al turno en contra. (Pausa.)
No hay turno en contra.
Turno de portavoces. (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Bagur.
El señor BAGUR MERCADAL: Gracias, señor presidente.
Ha llegado el momento de aprobar definitivamente una modificación de ley que garantice un consumo responsable del tabaco, y sobre todo, los derechos de los no fumadores. Era necesario dar un paso definitivo, tal como han hecho la mayoría de
los países de nuestro entorno. Se ha demostrado que la ley vigente, que espero que enmendemos hoy, ha tenido unos resultados más bien pobres en lo referente al consumo de tabaco en bares y restaurantes, especialmente en aquellas comunidades
autónomas que, al iniciarse la aplicación de la ley, manifestaron dudas sobre su eficacia y oportunidad.
Durante estos meses se han podido escuchar opiniones encontradas según vinieran del sector más protabaco o, al contrario, de los profesionales de la sanidad, que han defendido de forma científica la necesidad de preservar la salud de los
fumadores pasivos, entre los que se encuentran incluidos los profesionales de aquellos locales en los que se permite el consumo de tabaco. Las razones económicas han sido esgrimidas por el sector de la restauración. Desde mi punto de vista, la
razón de más peso ha sido la inversión que en su momento se tuvo que hacer para separar las zonas de fumadores de las de no fumadores, una separación que se ha demostrado absolutamente ineficaz. Hubiera sido preferible, desde un principio, no
buscar soluciones de compromiso inadecuadas, que hoy nos llevan, entre otros aspectos de la ley, a modificarla para hallar una norma definitiva que no dañará, estoy convencido, la economía de estos vocales, como se ha visto en otros países en que se
aplican estas normas de una forma más estricta aún.
Por tanto, votaré favorablemente la proposición de ley, esperando que tenga los votos necesarios para su aprobación definitiva.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el senador Pérez Bouza, por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas.
El señor PÉREZ BOUZA: Gracias, presidente.
Voy a ser muy breve. Simplemente quiero manifestar que mi grupo parlamentario, tanto el PNV como el Bloque Nacionalista Galego, se muestra plenamente satisfecho con esta ley. Este es un ejemplo de colaboración con el Gobierno. Cuando hace
las cosas bien, lo apoyamos y lo decimos sin ningún tipo de problema.
Esta es una ley que consideramos que está bien hecha; que consideramos que está destinada a combatir una lacra que nos acecha y que causa 56 000 muertes al año, algo que no nos podemos permitir ni desde la vertiente de la salud pública ni
desde la vertiente del gasto sanitario. Por lo tanto, estamos plenamente satisfechos con esta ley. Solo le pondríamos un pero: que no se hiciera esto en el año 2005, ya que nos habríamos ahorrado muchas muertes y seguramente también un elevado
gasto sanitario. En cualquier caso, bienvenido sea en este momento.
En principio, nuestro grupo parlamentario únicamente apoyará aquellas enmiendas que se han transaccionado entre todos. Posiblemente, en función del debate, podremos votar a favor de la enmienda número 3 del Grupo Parlamentario Entesa
Catalana de Progrés. Creemos que es bueno que se regule lo máximo posible la obligación de cumplir estrictamente esta ley, y por eso seguramente apoyaremos esta enmienda.
También apoyaremos seguramente, aunque solo sea para que así conste, la enmienda número 7 del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, porque nos parece muy razonable considerar enfermedad profesional ocasionada por
la exposición al humo del tabaco.
Nos parece razonable, aunque consideramos que esta ley no es el lugar para recoger esta reivindicación. En todo caso, queremos que quede constancia en el debate.
Vamos a votar en contra de la demás enmiendas no incorporadas al dictamen de la comisión, y a favor del voto particular de las que sí lo han sido, porque consideramos que ya no debemos dejar más vías abiertas que faciliten que cada vez se
pueda fumar más, que faciliten la compra de cigarrillos y que retrasen la entrada en vigor de esta ley.
Tampoco daremos apoyo a esa enmienda que pide resarcir a los hosteleros por las inversiones que hayan hecho para adaptarse a la ley de 2005.
Pensamos que es lícito que este colectivo reclame esas indemnizaciones y ayudas, pero vemos
imposible llevarlo a la práctica. Yo me he preocupado de preguntar en el Ayuntamiento de Ourense cuántas licencias de obra habían concedido en los últimos cinco años para llevar a cabo estas reformas, y no habían dado ni una sola. Esto significa
que algo falla, y los propietarios tendrían muy difícil demostrar que hicieron estas reformas que, en el mejor de los casos, se limitaron a colocar unos cristales y unas mamparas, aunque todos podíamos ver las puertas siempre abiertas.
Por lo tanto, apoyaremos la ley tal como ha venido del Congreso, con algunas de estas mejoras que hemos pactado entre todos los grupos, y pediremos a todas las administraciones competentes en la materia que sean estrictas en el cumplimiento;
desde los ayuntamientos al Estado, pasando por algunas comunidades autónomas rebeldes, porque en materia de salud pública nadie debería ser insumiso con las leyes.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra la senadora Aleixandre.
La señora ALEIXANDRE I CERAROLS: Gracias, señor presidente.
Como he dicho en mi intervención anterior, hoy debatimos la segunda parte de una reforma que empezó hace exactamente cinco años, con la aprobación de la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora
de la venta, suministro, consumo y publicidad de los productos del tabaco. Ya en aquellos momentos, la mayoría de los que participamos en ella sabíamos que había que dar un paso más, pero asumíamos que la mayoría de la sociedad no estaba dispuesta
a ello.
Entonces se dio un paso para conseguir que los espacios públicos estuviesen libres de humo. Casi lo conseguimos. Algunos estaban convencidos de que la posibilidad de elegir que en bares y restaurantes de menos de cien metros cuadrados se
pudiese fumar o no haría que la mayor parte de ellos optaran por ser espacios libres de humo; no ha sido así: la inmensa mayoría, por no decir todos, han optado por permitir fumar en ellos. Hoy modificamos de nuevo la ley.
Los que en aquel momento interveníamos decíamos que era necesario iniciar un camino que hoy continuamos, y si bien algunas de las cosas que esta ley contempla eran previsibles, otras que se aprobaron entonces no harán más que aumentar el
descrédito de algunas de nuestras decisiones. ¿Por qué? Porque si no se aprueban compensaciones para el mundo de la restauración, ¿cómo lograremos que, la próxima vez que cambiemos la ley, los empresarios nos hagan caso y hagan las reformas
necesarias? Algunos de los empresarios del mundo de la restauración -pocos, cierto- con locales de más de cien metros cuadrados creyeron en nosotros e invirtieron en las modificaciones oportunas para adaptar los espacios a la nueva legislación;
ahora, no solo verán la imposibilidad de amortizar su inversión, sino que muchos de ellos deberán reformar sus locales. Una de nuestras enmiendas iba dirigida a ellos. Pedíamos que se pudiese compensar a través de impuestos las inversiones no
autorizadas.
También se aprobó otra enmienda a favor de reconocer la exposición al humo del tabaco en el medio laboral como riesgo laboral y que el humo fuera un cancerígeno laboral. Tampoco esta le gustó al Partido Socialista, a pesar de estar avalada
por sociedades científicas de atención primaria, como la Sociedad Catalana de Medicina Familiar y Comunitaria -CAMFIC- o la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria -SEMFYC-, y no son las únicas. Por cierto, es la única enmienda de
carácter sanitario. No hay excusas, señorías, a no ser que consideren como única válida la económica; y si tienen ustedes el valor de reconocerlo, a lo mejor la aceptamos. Si es así, expóngalo y, si no, dígannos por qué no se puede aceptar. No
nos vale que digan que ya está contemplado entre las exposiciones a cancerígenos en general. Las consecuencias de la exposición a cualquier cancerígeno no son de efecto inmediato, y ustedes lo saben, si bien es cierto -y me gustaría hacer un
especial énfasis en ello- que, en el caso del cáncer, es necesaria una predisposición genética a la carcinogénesis de los distintos desencadenantes: el humo del tabaco, el del cánnabis, u otros elementos; y no olvidemos que el cánnabis es, además,
ilegal, provoca alteraciones cerebrales -sin discusión-, y tiene una temperatura de ignición mucho más alta que la del tabaco, lo que le hace mucho más cancerígeno. En función de la predisposición genética a la adicción y a la carcinogénesis,
evidentemente, darán malos resultados a largo plazo. Podríamos hablar también del diagnóstico; el diagnóstico de la enfermedad laboral aparecerá a lo largo de los próximos diez años. Por tanto, desearíamos que esta enmienda fuese aprobada en esta
Cámara y también en el Congreso de los Diputados. Nuestros ciudadanos, a pesar de la desaparición del mundo del tabaco -cosa difícil, ya que el 30% de los ciudadanos españoles todavía fuma, y con esta ley no va a dejar de hacerlo-, continuarán
padeciendo cánceres de pulmón y de laringe, y tampoco desaparecerá
la EPOC, la enfermedad pulmonal obstructiva crónica, que está práctica o totalmente ligada al tabaco.
Por nuestra parte, votaremos a favor de las enmiendas de conveniencia que se aprobaron en comisión, a través de una transaccional que aparece firmada por todos los grupos parlamentarios, y nos abstendremos en el caso de las enmiendas en que
nos abstuvimos en la sesión de la comisión.
Señorías, recuerden que el tabaco es legal, que se vende en establecimientos autorizados; que solo la educación en familia, en la escuela y en los medios de comunicación evitará que se convierta en un problema, ya lo es ahora; un problema
que podría dejar de serlo, podría ser sencillamente un vicio consentible del que cualquiera que lo tuviera debería responsabilizarse. Solamente pido a las organizaciones que se han puesto en pie de guerra contra el tabaquismo que nos ayuden también
a luchar contra otro humo: el del cánnabis; no sea que nuestros adolescentes, como empieza a saberse fatídicamente por un informe del Institut Català d'Oncologia, ICO, empiecen a pasar del tabaco al cánnabis o, peor todavía, del cánnabis al
tabaco.
Señorías, seamos serios y no hagamos demagogia; con esta ley no evitaremos el tabaquismo, sencillamente reduciremos el humo en algunos espacios y evitaremos que los que no quieran fumar, fumen.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, tiene la palabra el senador Esquerda.
El señor ESQUERDA SEGUÉS: Gràcies, senyor president.
Señorías, la reforma de esta ley fue presentada por mi partido, Esquerra Republicana de Catalunya, Iniciativa per Catalunya Verds y el Partido Socialista Obrero Español en el Congreso de los Diputados. Por tanto, es una reforma que hemos
venido reclamando desde el primer momento, desde que se presentó la ley en 2005. Mi compañera en el Congreso de los Diputados, la diputada de Esquerra Republicana de Catalunya, Rosa María Bonàs, advirtió del error que significaba hacer excepciones
en la prohibición con el fin de que se pudiese fumar en ciertos lugares. Cito textualmente sus palabras en el Diario de Sesiones: son lugares de trabajo en los que hay personas trabajando y expuestas al humo no cuatro sino ocho horas. Por tanto,
¿quién va a proteger el derecho de estas personas a trabajar sin humo? Y acabó su intervención de manera premonitoria diciendo: vamos a votar a favor, pero con muchas reservas, porque pensamos que el objetivo de la ley, que es garantizar espacios
sin humos, no se va a cumplir. El hecho de que estemos debatiendo hoy la modificación de la ley demuestra en buena parte que la diputada Bonàs acertó en su pronóstico.
Los argumentos que da esta ley son tres, básicamente: razones de salud, razones de gasto sanitario y razones europeas, el objetivo de la Europa sin humos del año 2012.
También entiendo la preocupación de los 360 000 establecimientos que integran el colectivo de restaurantes, bares, cafeterías, locales de ocio, bingos y demás, que son muchos, como mucho es el producto interior bruto que representan, el 7%.
Asimismo, son muchos los trabajadores que tiene el sector, en concreto, un millón y medio. Pero también son muchas -yo diría que muchas más, por su importancia y por la consecuencia final que esto tiene- las 53 155 muertes atribuibles al
tabaquismo, en individuos mayores de 34 años, que se dieron en el año 2006, según un estudio epidemiológico realizado por el Centro de Investigación Biomédica en Red y que publicó Medicina Clínica. Se contabilizaron 24 058 tumores, 17 560
enfermedades cardiovasculares y 11 537 enfermedades respiratorias, justificables por el tabaquismo. Pero esto no es todo. Hay que hablar también del tabaquismo pasivo, porque esta ley no es una ley antitabaco, sino a favor del derecho de las
personas a no tener que inhalar el humo de los cigarrillos en lugares cerrados cuando no quieren. Por tanto, es una ley de derechos, no, como se ha pretendido decir en la Cámara y fuera de ella, una ley prohibicionista. En España ,el tabaquismo
pasivo es la tercera causa de muerte evitable -3 200 fallecimientos-, después del tabaquismo activo y del abuso del alcohol, que produce 8200. Fíjense en que va por delante de las víctimas de accidentes de tráfico, que solamente son 2460
-discúlpenme, por favor, por decir solamente-, lo que prueba la importancia que tiene esta cuestión.
No me queda tiempo, así que sencillamente les voy a decir que el interés principal de los grupos pro-tabaco -para entendernos- de hacer cubículos en todos los sitios posibles, habidos y por haber, es un interés económico, que no tiene en
cuenta la salud ni lo que vale realmente una vida y, por tanto, señorías, les pido que votemos lo que creamos que puede ser mejor para la salud y la vida de las personas.
Muchas gracias, señorías.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el senador Lertxundi.
El señor LERTXUNDI BARAÑANO: Gracias, señor presidente.
Buenas tardes de nuevo. Gracias a los portavoces por sus amables palabras, así como por la comprensión y el esfuerzo que se está haciendo para encontrar los máximos niveles de acuerdo.
Es una ley que tiene que ver con la salud, por tanto, con la vida de los ciudadanos. Pero, evidentemente, ha habido una polémica sobre qué consecuencias de carácter económico va a tener para la actividad de la hostelería. En mi opinión, es
una polémica que tiene elementos ciertos y otros inciertos, hinchados de manera artificial e interesada.
Los datos que nos dan de los países que ya han aplicado leyes parecidas nos dicen que en ningún país del mundo con restricciones a los fumadores se han reducido de manera significativa los ingresos de hostelería y restauración. Que en
algunos países que ya han publicado estadísticas -lo que necesita un tiempo- se han mantenido
y mejorado sus resultados: así, en Irlanda, en Italia o en Turquía; en la ciudad de Nueva York, desde el año 2003, el sector ha incrementado en un 11% sus ingresos. No por prohibir fumar la gente vuela menos; volamos muchísimo más que
antes. Tampoco ha habido absentismo laboral, ni deterioro del rendimiento en el trabajo por no poder fumar en la mesa del despacho. Pero aún hay más. Hay otra vertiente: si somos capaces de reducir la patogenia que significa el tabaquismo,
digamos en un modesto 10%, en muerte precoz, en patología crónica, superaríamos con mucho el ahorro en salud pública que cualquier otro cambio que pudiera producirse en el sector de la hostelería. A medio y largo plazo, económicamente, esta ley
también va a ser una ley sostenible.
No se trata, como decíamos, de conciliar derechos. Los derechos del fumador y del no fumador no son iguales; en particular, los derechos de los niños y de los trabajadores de hostelería y restauración no son los mismos que los que tienen
los fumadores. Por eso, todo esto de los espacios que llaman jaulas, peceras o isletas no debe aceptarse en nuestra opinión. Los países más avanzados en el mundo en esta materia, que son los anglosajones -que, además, son los países donde están
instaladas las industrias tabaqueras-, no lo han puesto en marcha. ¿Por qué? Porque son ineficaces.
El metabolito activo de la nicotina saben ustedes que se llama cotinina, y esa cotinina, que es el metabolito que actúa en el cuerpo de la persona fumadora o de la que está inhalando humo de tabaco ajeno, en los lugares donde existen las
jaulas no desaparece, permanece en un 18% y sigue estando, por tanto, presente como un elemento agresivo. Además de ineficaces, son incontrolables; no se sabe quién abre la puerta de una jaula de estas, en qué momento sale o no sale el humo, quién
controla, quién ve si se hace o no una adecuada aplicación de la ley. Además, crea inequidad, desigualdad entre los establecimientos, porque los pequeños establecimientos, que son la inmensa mayoría, no pueden dedicar el 30% de su espacio a
bloquearse, a cerrarse con mamparas que tienen que ser herméticas. Lo mejor es que todos sean iguales, que no se fume en ningún lado y, por tanto, que compitan con sus servicios, con sus instalaciones y con sus productos.
Se nos critica que es un tipo de restricción que solo existe en tres países de los 27 de la Unión. Seamos pioneros; no pasa nada por ser pioneros. Si hacemos lo que más conviene en este devenir de la humanidad en relación con el tabaco,
¿por qué tener miedo a ser pioneros? Lo fuimos en el matrimonio homosexual y en otras cosas, y ahora otros países vienen detrás; vienen en la senda que hemos ido abriendo. Es una ley educativa que pretende que nuestros niños y nuestros jóvenes no
vean que el fumar es una actividad normal, sino que el fumador tiene que apartarse, tiene que retirarse. Me parece fundamental esa desnormalización del fumar y que se considere lo contrario, que lo normal es que no se fume, aunque haya políticos
que a veces aparecen con un puro entre los dedos. Ya verán cómo esta imagen dentro de poco tiempo es una imagen que no se vuelve a producir. Hay muchos senadores y senadoras que fuman, no pasa nada. Saben que no es nada personal, que no tiene que
ver con cada persona, con cada individuo, sino con el devenir de la humanidad. Ustedes, fumen si quieren; los fumadores que quieran, que fumen; es su vida, es su decisión. Lo único que tienen que hacer es no ahumar a los que no quieren inhalar
humo de tabaco ajeno.
Una España sin humo sería fantástica, una España con humos controlados será mucho mejor que la que tenemos ahora, y con sus votos espero conseguirlo.
Gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra la senadora Pan.
La señora PAN VÁZQUEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Popular. El Partido Popular ha sido desde siempre responsable en la lucha contra el tabaquismo porque, señorías, habrá que recordar aquí -a lo mejor algunos no lo saben- quién fue el
que participó en la directiva comunitaria en relación con la limitación de la publicidad y patrocinio del tabaco, año 2003: un Gobierno del Partido Popular. Y quién participó en la elaboración de la Estrategia Europea para el Control del
Tabaquismo, año 2002. Un Gobierno del Partido Popular. También fue un Gobierno del Partido Popular quien elaboró, junto con la Organización Mundial de la Salud, un convenio marco comprometiéndose a trabajar para reducir los efectos nocivos del
tabaco sobre la población. Pero no solo en el ámbito legislativo, señorías, sino en otros muchos ámbitos en los que no se ha hecho nada a lo largo de estos años. Fue también un Gobierno del Partido Popular quien elaboró un plan nacional de
prevención del tabaquismo con la colaboración de todos los actores implicados, de todos los agentes y, por supuesto, los expertos y los profesionales.
El trabajo sobre el tabaquismo, señorías, no ha empezado, como se dijo hoy en esta Cámara, con la aprobación de la ley en 2005. Eso no es cierto, como acabo de demostrar. Al Partido Socialista, con su conocido talante, no le cabía
desarrollar e impulsar una obra iniciada por el Partido Popular, y la quiso cambiar por una ley, la conocida Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la
publicidad de los productos del tabaco. Solo que, señorías, lo que se pretendía entonces era regular o prohibir la venta, el consumo y el suministro, en nada aparecían las palabras ni las medidas sanitarias. Fue nuevamente el Partido Popular quien
cambió el nombre de la ley, quien introdujo el capítulo IV con 7 artículos, en donde quedan definidas las medidas sanitarias de protección y promoción de la salud, la creación del Observatorio para la Prevención del Tabaquismo, con una serie de
funciones y obligaciones. Todo este capítulo, señorías, que puede parecer farragoso, se está incumpliendo desde el año 2005, durante 5 años.
Y ahora, tras el fracaso o, al menos, el no cumplimiento de todos los objetivos de la ley de 2005, se nos propo-
ne por parte del Grupo Parlamentario Socialista -porque el Gobierno no ha querido incluir una memoria económica para que no pase por el Consejo de Estado- una modificación de la ley. Una modificación de la ley en sentido más restrictivo.
Señorías, aquí se han dicho muchas cosas que quedan muy bien de cara a la galería, pero la semana pasada tras el Consejo de Ministros el subconsciente le jugó una mala pasada a la vicepresidenta Salgado y ex ministra de Sanidad cuando hizo las
cuentas de recaudación, es decir, de lo que el Gobierno espera recaudar en relación con los impuestos del tabaco si se mantiene, como decía ella, la situación actual. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías.
La señora PAN VÁZQUEZ: En definitiva, señorías, se le ha visto el plumero al Partido Socialista, que en este asunto tan importante está manteniendo una actitud de hipocresía. Parece que ustedes quieren dar respuesta solamente con
prohibiciones a un problema que no se soluciona solamente con prohibiciones, señorías. Ustedes creen que este problema se va a resolver con prohibiciones cada vez mayores. Y nosotros, el Partido Popular, creemos que es necesario ser más serio y
más equilibrado, que es necesario implementar las políticas de prevención y los programas de promoción, y desarrollar el capítulo IV, de medidas sanitarias, que ustedes están incumpliendo. Un capítulo que está en vigor, señorías, no lo olviden, y
que tiene 3 objetivos básicos: que se evite o retrase la edad de consumo del tabaco, que se ha incrementado en estos 5 años, como se reconoció en presencia de la anterior ministra de Sanidad; que se proteja a los no fumadores del humo del tabaco,
y que se ayude a los fumadores a dejar de fumar, a los que ustedes tampoco querían ayudar.
En definitiva, creemos que este problema debe tener un abordaje multifocal. Y le repito, con actitudes de hipocresía no se va a resolver el problema del tabaquismo. Nosotros creemos que tenemos que aprobar una ley seria y cumplible, pero
es necesario desarrollar decididamente todo el capítulo IV para alcanzar los objetivos que deberíamos compartir todos: que se disminuya el número de muertes por causa del tabaco, que disminuyan las enfermedades que causa el tabaco, que se proteja a
los menores, que se proteja a los trabajadores, que se proteja a los no fumadores y, también, que se ayude a los fumadores a dejar de fumar. Por todo ello, es necesario también un equilibrio socioeconómico para no perjudicar a la economía de
nuestro país, que no está pasando en estos momentos por sus mejores tiempos.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Me solicita la palabra la ministra de Sanidad.
Tiene la palabra, señoría.
La señora MINISTRA DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD (Pajín Iraola): Gracias, señor presidente.
Solo quería aprovechar para agradecer a los grupos parlamentarios el trabajo riguroso y serio a lo largo del desarrollo de esta ley. Varios grupos parlamentarios la impulsaron y, sin duda, en esta Cámara se ha ido mejorando. Coincido con
aquellos que han dicho hoy desde la tribuna que hoy damos un paso tremendamente importante para la salud pública de nuestro país. No se trata de derechos individuales, sino de la obligación que tenemos los poderes públicos de no mirar hacia otro
lado cuando existen riesgos serios de salud pública. Y eso es lo que estamos haciendo aquí. Y lo hacemos desde una experiencia, la de nuestros países vecinos que han implantado leyes similares y, también, la de nuestro propio país, que estableció
una ley hace 5 años que tenía deficiencias y que, por tanto, hoy pretendemos subsanar.
Creo que hemos hecho un debate con rigor. Considero que esta es una buena ley. Estoy convencida de que en el Congreso de los Diputados todavía seguirá mejorando, pero hoy quiero agradecer especialmente a los portavoces de los grupos
parlamentarios en el Senado su esfuerzo, su rigor, su coherencia, el no dejarse llevar por debates que pueden aparecer en un momento determinado y guiarse por el rigor y la realidad y por su compromiso en favor de la salud pública de todos los
ciudadanos y ciudadanas.
Muchísimas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.
Llamen a votación. (Pausa.)
Señorías, tomen asiento, por favor. (Pausa.)
Señorías, silencio. (Pausa.)
Cierren las puertas, por favor.
Silencio, por favor. (Pausa.)
Señorías, vamos a pasar a votar la proposición de ley por la que se modifica la Ley 28/2005, del 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y la reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los
productos del tabaco.
Procedemos a votar las enmiendas del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés. En primer lugar, sometemos a votación la número 3.
Se inicia la votación. (Pausa. Rumores.)
Señorías, comenzamos repitiendo lo que ya había dicho: que empezamos a votar las enmiendas de la Entesa y, en primer lugar, la número 3.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 259; a favor, 130; en contra, 129.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos la enmienda número 5 del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 260; a favor, 7; en contra, 253.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda socialista. Vuelta al texto en lo modificado por la enmienda número 4, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, en primer lugar.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 260; a favor, 131; en contra, 128; abstenciones,1.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos enmienda del Grupo Parlamentario Socialista que propone la vuelta al texto del Congreso en lo modificado por las enmiendas números 7 y 9, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 259; a favor, 129; en contra, 130.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Señorías, del Grupo Parlamentario Socialista, vuelta al texto del Congreso en lo modificado por las enmiendas números 11, 12, 13 y 15, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 260; a favor, 131; en contra, 122; abstenciones, 7.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada. (Rumores.) ¡Si no hablasen!
Señorías, en primer lugar, votamos la propuesta de modificación del dictamen con el número de registro 52131.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 260; a favor, 135; en contra, 124; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos la propuesta de modificación del dictamen con el número de registro 52132.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 260; a favor, 138; abstenciones, 122.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos a continuación aquellas partes de la proposición de ley enmendadas en comisión que no hemos votado.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 259; a favor, 257; en contra, 2.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Votamos el resto de la proposición de ley.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 258; a favor, 255; en contra,2; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Señorías, tal como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para que este se pronuncie sobre ellas en forma previa a la sanción del texto definitivo por
Su Majestad el Rey.
Señorías, se suspende la sesión hasta mañana a las 10 horas.
Eran las dieciocho horas y veinte minutos.