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DS. Senado, Pleno, núm. 89, de 21/07/2010
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
SENADO
Año 2010 IX Legislatura
Núm. 89
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FRANCISCO JAVIER ROJO GARCÍA
Sesión del Pleno
celebrada el miércoles, 21 de julio de 2010
ORDEN DEL DÍA:
Sexto
ACUERDO POR EL QUE SE FIJA EL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA
-- Objetivo de estabilidad presupuestaria del conjunto del sector público y de cada uno de los grupos de agentes que lo integran para el período 2011-2013 y el límite de gasto no financiero del presupuesto del Estado para 2011. (Publicado
en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 486, de fecha 23 de junio de 2010). (Número de expediente 702/000003).
Séptimo
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN (Continuación.)
-- Del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, por la que se insta al Gobierno a establecer las modificaciones necesarias en materia de política fiscal en relación con el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) para dinamizar la economía.
(Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 500, de fecha 19 de julio de 2010). (Número de expediente 671/000096).
Octavo
MOCIONES
-- Del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, por la que se insta al Gobierno a realizar las modificaciones legales necesarias para que la custodia compartida sea considerada como modelo preferente
en los procesos de separación o divorcio. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 500, de fecha 19 de julio de 2010). (Número de expediente 662/000128).
-- Del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, por la que se insta al Gobierno a respaldar el impulso de las administraciones autonómicas, insulares y locales para hacer realidad el proyecto de creación en la Comunidad Autónoma de Canarias de una
Zona Internacional para la Cultura de Paz y Derechos Humanos. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 500, de fecha 19 de julio de 2010).
(Número de expediente 662/000129).
-- Del GRUPO PARLAMENTARIO ENTESA CATALANA DE PROGRÉS, por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas en relación con los métodos de evaluación de las agencias de calificación crediticia y a plantear ante la Unión
Europea la creación de una agencia de calificación europea pública. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 500, de fecha 19 de julio de 2010).
(Número de expediente 662/000130).
-- Del GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, por la que se insta al Gobierno a establecer las modificaciones necesarias en la Ley de Propiedad Intelectual y la normativa que regula las entidades de gestión de los derechos de autor para eximir a las
administraciones públicas del pago del canon digital y solicitar la devolución de los importes abonados.
(Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 500, de fecha 19 de julio de 2010). (Número de expediente
662/000127).
Noveno
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY DEL SENADO
-- De la Proposición de Ley de recuperación del Impuesto sobre el Patrimonio. (Autor: Grupo Parlamentario Mixto). (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie III-A, número 21, de fecha 2 de junio de 2010).
(Número de expediente 622/000017).
-- De la Proposición de Ley de modificación del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.
(Autor: Grupo Parlamentario Popular en el Senado).
(Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie III-A, número 22, de fecha 2 de junio de 2010). (Número de expediente 622/000018).
Décimo
DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DE REGLAMENTO
-- En relación con la Propuesta de reforma del Reglamento del Senado sobre el uso de las lenguas oficiales en las Comunidades Autónomas en la actividad de la Cámara. (Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie
III-A, número 18, de fecha 16 de julio de 2010). (Número de expediente 626/000004).
Undécimo
DELEGACIÓN DE COMPETENCIA LEGISLATIVA EN LAS COMISIONES
-- En relación con el Proyecto de Ley de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo (procedente del Real Decreto-Ley 10/2010, de 16 de junio). (Número de expediente 550/000032).
SUMARIO
Se reanuda la sesión a las nueve horas y treinta minutos.
ACUERDO POR EL QUE SE FIJA EL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA.
(Página 4793)
Objetivo de estabilidad presupuestaria del conjunto del sector público y de cada uno de los grupos de agentes que lo integran para el período 2011-2013 y el límite de gasto no financiero del presupuesto del Estado para 2011.
La señora vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía y Hacienda (Salgado Méndez) presenta el acuerdo.
En turno a favor hace uso de la palabra la señora Vicente González, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno en contra interviene el señor Utrera Mora, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.
En turno de portavoces hacen uso de la palabra los señores Pérez Bouza, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas; Vilajoana i Rovira, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, y Aleu i Jornet, por el
Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, así como la señora Vicente González, por el Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Utrera Mora, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.
Se rechaza el acuerdo, por 117 votos a favor, 127 en contra y 10 abstenciones.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN (Continuación.). (Página 4804)
Del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, por la que se insta al Gobierno a establecer las modificaciones necesarias en materia de política fiscal en relación con el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) para dinamizar la economía.
El señor Barreiro Fernández defiende la moción.
En turno en contra hace uso de la palabra el señor Armis Otazua.
En turno de portavoces intervienen los señores Pérez Bouza, por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas, y Vilajoana i Rovira, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió; así como la señora Alberich
Cano, por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, y los señores Ramis Otazua, por el Grupo Parlamentario Socialista, y Barreiro Fernández, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.
Se aprueba la moción consecuencia de interpelación, por 129 votos a favor, 123 en contra y 5 abstenciones.
MOCIONES: (Página 4810)
Del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, por la que se insta al Gobierno a realizar las modificaciones legales necesarias para que la custodia compartida sea considerada como modelo preferente en los procesos de separación o divorcio.
(Página 4810)
El señor Altava Lavall defiende la moción.
La señora Candini i Puig defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.
El señor Díaz Tejera defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista.
El señor Altava Lavall expone la posición de su grupo parlamentario respecto de las enmiendas.
En turno en contra intervienen la señora Candini i Puig, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, y Díaz Tejera, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de portavoces intervienen los señores Belda Quintana y Mur Bernad, por el Grupo Parlamentario Mixto, y Zubia Atxaerandio, por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas; así como la señora Candini i Puig, por el Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió; y los señores Bofill Abelló, por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés; Díaz Tejera, por el Grupo Parlamentario Socialista, y Altava Lavall, por el Grupo Parlamentario Popular
en el Senado.
Hacen nuevamente uso de la palabra los señores Bofill Abelló y Díaz Tejera.
Se aprueba la moción por 132 votos a favor, 122 en contra y 2 abstenciones.
Del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, por la que se insta al Gobierno a respaldar el impulso de las administraciones autonómicas, insulares y locales para hacer realidad el proyecto de creación en la Comunidad Autónoma de Canarias de una Zona
Internacional para la Cultura de Paz y Derechos Humanos. (Página 4824)
El señor Hernández Guillén defiende la moción.
En turno de portavoces intervienen los señores Belda Quintana, por el Grupo Parlamentario Mixto; Zubia Atxaerandio, por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas; Maldonado i Gili, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de
Convergència i Unió; De Puig Olive, por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés; Hernández Guillén, por el Grupo Parlamentario Socialista, y la señora Luzardo de León, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.
Se aprueba la moción por 212 votos a favor y 1 en contra.
Del GRUPO PARLAMENTARIO ENTESA CATALANA DE PROGRÉS, por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas en relación con los métodos de evaluación de las agencias de calificación crediticia y a plantear ante la Unión Europea
la creación de una agencia de calificación europea pública. (Página 4830)
El señor presidente informa de la presentación de una propuesta de modificación, por lo que decae la enmienda del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.
El señor Guillot Miravet defiende la moción.
El señor Fernández Cucurull defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.
El señor Guillot Miravet expone la posición de su grupo parlamentario respecto de la enmienda.
En turno de portavoces, intervienen los señores Vilajoana i Rovira, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió; Lerma Blasco, por el Grupo Parlamentario Socialista, y Fernández Cucurull, por el Grupo
Parlamentario Popular en el Senado.
Del GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, por la que se insta al Gobierno a establecer las modificaciones necesarias en la Ley de Propiedad Intelectual y la normativa que regula las entidades de gestión de los derechos de autor para eximir a las
administraciones públicas del pago del canon digital y solicitar la devolución de los importes abonados.
(Página 4836)
El señor presidente informa de la presentación de una propuesta de modificación, por lo que decae la enmienda del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.
El señor Quintero Castañeda defiende la moción.
El señor Lavilla Martínez defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista.
El señor Quintero Castañeda expone la posición de su grupo respecto de la enmienda.
En turno de portavoces intervienen los señores Quintero Castañeda, por el Grupo Parlamentario Mixto; Alturo Lloan, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió; Bofill Abelló, por el Grupo Parlamentario Entesa
Catalana de Progrés; Lavilla Martínez, por el Grupo Parlamentario Socialista, y Chiquillo Barber, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.
Se suspende la sesión a las quince horas y cuarenta minutos.
Se reanuda la sesión a las dieciséis horas.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY DEL SENADO (Página 4846)
De la Proposición de Ley de recuperación del Impuesto sobre el Patrimonio.
(Autor: Grupo Parlamentario Mixto). (Página 4846)
El señor Sampol i Mas defiende la toma en consideración de la proposición de ley.
En turno en contra hace uso de la palabra el señor Utrera Mora.
En turno de portavoces intervienen los señores Sampol i Mas y Tuñón San Martín, por el Grupo Parlamentario Mixto; Pérez Bouza, por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas; Vilajoana i Rovira, por el Grupo Parlamentario Catalán en
el Senado de Con-
vergència i Unió; así como las señoras Alberich Cano, por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, y Durán Fraguas, por el Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Utrera Mora, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.
Se rechaza la toma en consideración, por 7 votos a favor, 243 en contra y 2 abstenciones.
MOCIONES (Continuación.) (Página 4855)
Del GRUPO PARLAMENTARIO ENTESA CATALANA DE PROGRÉS, por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas en relación con los métodos de evaluación de las agencias de calificación crediticia y a plantear ante la Unión Europea
la creación de una agencia de calificación europea pública. (Votación.) (Página 4855)
Se aprueba la moción, con la incorporación de la propuesta de modificación, por 134 votos a favor y 119 abstenciones.
Del GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, por la que se insta al Gobierno a establecer las modificaciones necesarias en la Ley de Propiedad Intelectual y la normativa que regula las entidades de gestión de los derechos de autor para eximir a las
administraciones públicas del pago del canon digital y solicitar la devolución de los importes abonados.
(Votación.) (Página 4855)
Se aprueba la moción, con la incorporación de la propuesta de modificación, por 130 votos a favor, 121 en contra y 3 abstenciones.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY DEL SENADO (Continuación) (Página 4855)
De la Proposición de Ley de modificación del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.
(Autor: Grupo Parlamentario Popular en el Senado).
(Página 4855)
La señora Riolobos Regadera defiende la toma en consideración de la proposición de ley.
En turno en contra hace uso de la palabra el señor González Melitón.
En turno de portavoces intervienen los señores Torres i Torres y Mur Bernad, por el Grupo Parlamentario Mixto; Pérez Bouza, por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas; Vilajoana i Rovira, por el Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado de Convergència i Unió; Esquerda Segués, por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés; González Melitón, por el Grupo Parlamentario Socialista, y Vázquez Requero, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.
Se rechaza la toma en consideración, por 120 votos a favor, 132 en contra y 1 abstención.
DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DE REGLAMENTO (Página 4865)
En relación con la Propuesta de reforma del Reglamento del Senado sobre el uso de las lenguas oficiales en las Comunidades Autónomas en la actividad de la Cámara. (Página 4865)
El señor Fernández Fernández, presidente de la Comisión de Reglamento, presenta el dictamen.
Comienza el debate de totalidad.
En turno a favor interviene el senador Bofill Abelló.
En turno en contra hace uso de la palabra la señora Vindel López.
En turno de portavoces intervienen los señores Bagur Mercadal y Torres i Torres, la señora Caballero Martínez y el señor Tuñón San Martín, por el Grupo Parlamentario Mixto; los señores Anasagasti Olabeaga, por el Grupo Parlamentario de
Senadores Nacionalistas; Casas i Bedós, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió; Bonet i Revés , por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés; Pérez Sáenz, por el Grupo Parlamentario Socialista, y Van-Halen
Acedo, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.
Comienza el debate del articulado.
La señora Vindel López defiende las enmiendas 1 a 3, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.
En turno de portavoces intervienen los señores Sampol i Mas, por el Grupo Parlamentario Mixto; Pérez Bouza, por el Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas; Casas i Bedós, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió; Bonet i Revés, por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés; Pérez Sáenz, por el Grupo Parlamentario Socialista, y Van-Halen
Acedo, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.
Comienza la votación.
Se rechazan las enmiendas 1 a 3, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, por 115 votos a favor y 133 en contra.
Se aprueba el texto resultante como consecuencia de la votación anterior, por 134 votos a favor y 115 en contra.
DELEGACIÓN DE COMPETENCIA LEGISLATIVA EN LAS COMISIONES (Página 4881)
En relación con el Proyecto de Ley de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo (procedente del Real Decreto-Ley 10/2010, de 16 de junio). (Página 4881)
La Cámara acuerda delegar la competencia legislativa para la tramitación de la iniciativa mencionada en la Comisión de Trabajo e Inmigración.
Se levanta la sesión a las veinte horas y quince minutos.
Se reanuda la sesión a las nueve horas y treinta minutos.
ACUERDO POR EL QUE SE FIJA EL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA
-- OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA DEL CONJUNTO DEL SECTOR PÚBLICO Y DE CADA UNO DE LOS GRUPOS DE AGENTES QUE LO INTEGRAN PARA EL PERÍODO 2011-2013 Y EL LÍMITE DE GASTO NO FINANCIERO DEL PRESUPUESTO DEL ESTADO PARA 2011 (Número de
expediente Senado 702/000003 y número de expediente Congreso 430/000004).
El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
Buenos días, señorías.
Punto sexto del orden del día: Acuerdo por el que se fija el objetivo de estabilidad presupuestaria. Objetivo de estabilidad presupuestaria del conjunto del sector público y de cada uno de los grupos de agentes que lo integran para el
período 2011-2013 y el límite de gasto no financiero del presupuesto del Estado para 2011.
Tiene la palabra la vicepresidenta segunda del Gobierno.
La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Salgado Méndez): Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, comparezco en esta Cámara tras el pronunciamiento favorable de ayer en el Congreso, y lo hago para presentar el objetivo de estabilidad presupuestaria y el límite de gasto no financiero del Estado para el año 2011, que fueron
aprobados por el Consejo de Ministros el pasado 16 de junio, objetivo de estabilidad y techo de gasto que suponen un paso más en el proceso de consolidación fiscal que el Gobierno está llevando a cabo.
En el ejercicio pasado -recordarán sus señorías- ya adoptamos una serie de medidas dirigidas a incidir en esta senda. Así fue el acuerdo de no disponibilidad adoptado, y en los presupuestos generales del Estado para este año 2010 el
Gobierno confirmó la línea de trabajo que estamos manteniendo: la línea de consolidación fiscal. A este esfuerzo, representado por los presupuestos, se unieron las decisiones adoptadas en el Consejo de Ministros del pasado 29 de enero,
involucrando al conjunto de las administraciones públicas en una reducción progresiva de nuestro desequilibrio en las finanzas públicas, dirigido a situar el déficit en el año 2013 en el límite del 3% del PIB como marca el mandato comunitario.
Esta participación en la consolidación fiscal se ha estructurado a través de los acuerdos marco sobre sostenibilidad de las finanzas públicas con comunidades autónomas y corporaciones locales, que se aprobaron en el Consejo de Política
Fiscal y Financiera el 22 de marzo y en la Comisión Nacional de Administración Local el 7 de abril.
En el ámbito de la Administración General del Estado este esfuerzo de consolidación fiscal se estructura en dos pilares: el Plan de Acción Inmediata 2010, con un recorte adicional de gasto de 5000 millones de euros, y el Plan de Austeridad
2011-2013, con un recorte del gasto equivalente al 2,6% del PIB.
Debemos señalar que se ha reducido la oferta de empleo público al 10% de la tasa de reposición de efectivos y que se está llevando a cabo un plan de racionalización de las estructuras de la Administración General del Estado y del sector
público empresarial.
Estas medidas se han reforzado con los acuerdos adoptados por el Consejo de Ministros el pasado 20 de mayo y con el Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, cuyo debate de convalidación ya se llevó a cabo. Por eso me permitirán que no me
extienda sobre el mismo. Entre los acuerdos se encuentra, por supuesto, la modificación del acuerdo marco con las comunidades autónomas y ciudades con estatuto de autonomía y también con las corporaciones locales, modificaciones que han sido ya
asumidas por los correspondientes órganos de coordinación.
El objetivo, señorías, sigue siendo el mismo que estaba incluido en nuestro programa de estabilidad: reducir el déficit público hasta el 3% del PIB en el año 2013. Pero las decisiones anunciadas por el presidente del Gobierno y concretadas
el pasado 20 de mayo lo que producen es una aceleración del proceso de ajuste en el tiempo. La mayor parte de la reducción del déficit así se plantea para los años 2010 y 2011, con el objetivo de cerrar el año 2011 con un déficit del 6% del
producto interior bruto para el conjunto de las administraciones públicas.
Como sus señorías conocen, España, al igual que una veintena de países de la Unión Europea, ha visto ya aprobado por el Ecofin las actuaciones en el marco del procedimiento de déficit excesivo y para cuatro países más este procedimiento se
habrá abierto, es decir, que a finales de este año 2010, veinticuatro de los veintisiete países de la Unión Europea estaremos incursos en un procedimiento de déficit excesivo. Esto lleva efectivamente a considerar que la crisis económica que Europa
ha sufrido no tiene precedentes en nuestra historia reciente.
Esta crisis es una crisis económica que nos ha llevado a hacer un esfuerzo adicional de impulso del gasto y nos tiene que llevar ahora a hacer también un esfuerzo de consolidación de las cuentas públicas planteando medidas adicionales de
reducción del déficit.
Así, la prioridad de la política fiscal del Gobierno en este momento es la consolidación presupuestaria. Es una orientación de la política fiscal que resulta clave para mantener la confianza necesaria entre los agentes económicos. La
pérdida de esa confianza podría generar daños permanentes en la actividad económica y dificultar su recuperación.
Es muy relevante el efecto que esta consolidación fiscal tiene en la reducción de la incertidumbre y de la prima de riesgo país. La reducción de la incertidumbre y, por tanto, de la prima de riesgo país contribuye a mejorar los costes de
financiación no solo para el sector público, sino también para el sector privado, que tiene un volumen y unas condiciones de endeudamiento menos favorables.
Señorías, el consumo y la inversión se retraen cuando aumenta la incertidumbre acerca de la capacidad del Gobierno para cumplir con sus compromisos en el medio plazo. Este efecto de reducción de la incertidumbre que planteamos, y que vamos
a conseguir, va a favorecer el consumo de las familias, la inversión productiva y el empleo del sector privado y así va a poder contrarrestar el impacto negativo inicial que siempre tiene la retirada de un impulso del sector público.
Si una subida de la prima de riesgo tiene un impacto directo sobre la prima de riesgo privada, un ajuste de gasto que sea creíble contribuye a una reducción de la misma y, por lo tanto, impulsa la inversión. Pero además de la reducción del
déficit, el Gobierno está impulsando reformas estructurales que resultan claves para recuperar la capacidad de crecimiento y de creación de empleo. Estas actuaciones aumentan nuestro crecimiento potencial y dotan a nuestra economía de una mayor
flexibilidad.
Ya conocen las iniciativas del Gobierno en el campo de las reformas estructurales, y las voy a referir muy brevemente: por supuesto, el conjunto de actuaciones que estamos llevando a cabo en el sector servicios; el conjunto de actuaciones
que estamos llevando a cabo en el sistema financiero; la política de reducción de cargas administrativas; las propuestas que hemos hecho en el marco del sistema de pensiones; y las propuestas que hemos hecho para la reforma del mercado de
trabajo.
El Real Decreto ley 10/2010, de 16 de junio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, se encuentra actualmente en tramitación parlamentaria, pero son medidas que se dirigen a reducir la dualidad de nuestro mercado laboral, a
reforzar los instrumentos de flexibilidad interna en el desarrollo de las condiciones laborales, permitiendo así una mejor adaptación de las empresas a la situación del entorno, y pretende también elevar las oportunidades de las personas
desempleadas reordenando la política de bonificaciones a la contratación indefinida para hacerla más eficiente y con una particular atención a los jóvenes.
En cuanto a la reforma del sector financiero, como saben, se ha completado la reordenación de las entidades de crédito con el apoyo del FROB, se ha aprobado el Real Decreto ley 11/2010, de 9 de julio, de órganos de gobierno y otros aspectos
del régimen jurídico de las Cajas de Ahorros, y con estas actuaciones que hemos llevado a cabo, sin duda, reforzaremos la solvencia de nuestro sector financiero.
Señorías, en definitiva, este es el contexto y el marco de las decisiones adoptadas por el Gobierno que sustentan el objetivo de estabilidad y el techo de gasto que hoy les presento.
Como saben, la definición de este objetivo de estabilidad viene precedida del Informe de posición cíclica que elabora el Ministerio de Economía y Hacienda. Hay que señalar que desde el inicio de este año la economía española ha mostrado un
comportamiento más alentador. En el primer trimestre, la contabilidad nacional registró un PIB intertrimestral positivo, rompiendo así la serie negativa iniciada a mediados del año 2008.
El Gobierno prevé que la recuperación se vaya consolidando a lo largo del año 2010. Seguimos manteniendo como escenario central un ligero retroceso del producto interior bruto real en media anual del 0,3%, que es compatible con unas tasas
intertrimestrales que no sean negativas en ninguno de los trimestres.
A partir del año 2011 se va a iniciar, sin duda, una fase de recuperación más sólida, que se intensificará en los años 2012 y 2013 con incrementos del 1,3%, 2,5% y 2,7%, respectivamente, a medida que nuestra economía regrese a su nivel
potencial. Este nuevo escenario, en comparación al planteado en el programa de estabilidad, supone mantener la previsión de crecimiento para el año 2010 y revisar a la baja la de los años siguientes -una revisión a la baja de 5 décimas en el 2011 y
de 4 décimas los dos años siguientes-. La menor actividad, nos va a llevar inevitablemente, a revisar al alza la tasa de desempleo, que, sin duda, ha alcanzado un máximo en este año. En el año 2011 iremos rebajando paulatinamente la tasa de paro
hasta alcanzar el 16,2% en el año 2013.
Evidentemente, como les he indicado, se han modificado las previsiones contenidas en el programa de estabilidad, pero esa revisión ha actuado en varios frentes. En primer lugar, el crecimiento de los mercados de exportación españoles ha
sido revisado al alza a lo largo de todo el horizonte de previsión, en línea con la actualización del Fondo Monetario Internacional y de otros organismos. El precio del petróleo se proyecta a un tipo de cambio más depreciado para el euro, aunque se
ha mantenido estable en dólares. En cuanto a la política monetaria, los tipos de interés a corto y largo plazo aumentan de manera consistente a lo largo del horizonte de evaluación.
Además, se han tenido en cuenta respecto de las cifras de contabilidad nacional trimestral las desviaciones del último trimestre de 2009 y del primero de 2010. En concreto, se ha revisado al alza en el año 2010 el consumo privado, la
inversión en equipo, las exportaciones y también las importaciones, y se ha revisado a la baja la inversión en construcción principalmente, como ya les he indicado, se ha revisado ligeramente al alza la tasa de paro.
Por último, las medidas extraordinarias para la reducción del déficit público aprobadas por el Consejo de Ministros implican una revisión a la baja del consumo público y de su deflactor en la inversión pública, de las pensiones y de las
transferencias corrientes en el año 2010 y, sobre todo, en el 2011.
La contribución de la demanda nacional al crecimiento va a ir mejorando progresivamente, pasando de un menos 1,4% en el año 2010 a un 2,4% en el año 2013. En cuanto a la demanda externa, su contribución positiva se va a ir reduciendo
gradualmente desde el 1,1% al 0,3% al final del horizonte de proyección.
Nuestro patrón de crecimiento está cambiando. Se están reasignando recursos del sector de la construcción hacia otras actividades con mayor propensión exportadora. La corrección de este desequilibrio también se pone de manifiesto en la
reducción de nuestra necesidad de financiación
externa, que va a continuar disminuyendo hasta alcanzar una cifra de solo el 2,5% del PIB en el año 2013.
En el año 2010 el consumo privado va a crecer según nuestras estimaciones un 0,3%, pero la formación bruta de capital fijo en vivienda seguirá retrocediendo y, por su parte, las exportaciones de bienes y servicios van a avanzar a una tasa
superior al 7%. A partir del año 2010, el perfil de recuperación ganará fortaleza, pero será ligeramente amortiguado por el impacto de las medidas de consolidación fiscal. El consumo y la inversión pública van a reflejar el impacto de las medidas
de austeridad y, por su parte, la inversión en equipo se va a ir fortaleciendo progresivamente conforme se recupere la demanda y continúe mejorando la confianza.
Señorías, como les he indicado, veinte Estados miembros de la Unión Europea tienen ya un procedimiento de déficit excesivo aprobado por el Ecofin y en otros cuatro se ha iniciado el procedimiento.
En España, el procedimiento de déficit excesivo y las conclusiones del Ecofin establecen como objetivo alcanzar un déficit del 3% del PIB en el año 2013. Para conseguir este objetivo, así como el compromiso de reforzar la sostenibilidad
fiscal de los países de la zona euro mediante la aceleración en los países con mayor déficit de los planes de consolidación fiscal, el Gobierno ha aprobado en los meses de enero y mayo un conjunto de medidas que intensifican el esfuerzo a realizar
en los años 2010 y 2011.
La senda que hoy les presento es exigente para todas las administraciones públicas. El grado de descentralización exige un esfuerzo de responsabilidad compartida, y la sostenibilidad presupuestaria es una labor de todos los niveles de
Gobierno. Desagregando por administraciones públicas, el objetivo de estabilidad es el siguiente: la Administración central deberá tener un déficit del 2,3% para el año 2011; del 3,2% en el año 2012 y del 2,1% en el año 2013. Para las
comunidades autónomas, y teniendo en cuenta, al igual que en la Administración General del Estado, el efecto de la previsión de la liquidación del sistema de financiación, el objetivo de déficit es del 3,3% en 2011; de un 1,3% en 2012 y del 1,1% en
2013. Las entidades locales, por su parte, deberán tener un déficit para el año 2011 de 0,8% y un déficit de 3 y 2 décimas respectivamente para los años 2012 y 2013.
Estos objetivos, tanto los de las comunidades autónomas como los de las administraciones locales o entidades locales, fueron informados por el Consejo de Política Fiscal y Financiera y por la Comisión Nacional de Administración Local
respectivamente.
Finalmente, la Seguridad Social es la única administración que va a tener -estimamos- un superávit en el año 2011, con un 0,4% del PIB, y que lo va a mantener en los años 2012 y 2013.
Señorías, el acuerdo del Consejo de Ministros que fija el objetivo de estabilidad para el trienio 2011-2013 determina también el límite del gasto no financiero del Estado para el año 2011. Ese límite está condicionado por la previsión de
ingresos.
Quiero señalar que en los cinco primeros meses de este año los ingresos no financieros han experimentado un incremento del 2,4% respecto al mismo período del año 2009. Según las estimaciones del Ministerio de Economía y Hacienda, va a ser
posible cumplir la previsión de ingresos contenida en los Presupuestos Generales del Estado para este año 2010.
Quisiera recordarles aquí que en particular un grupo parlamentario, el Grupo Parlamentario Popular, puso en duda que pudiéramos alcanzar la previsión de ingresos contenida en el presupuesto. Pues bien, quiero señalar que en los cinco
primeros meses del año hemos comprobado que esa senda de los ingresos se va cumpliendo y, por tanto, nuestra previsión es que podamos alcanzar la cifra incluida en los presupuestos.
La previsión para el año 2011 es que los ingresos tributarios aumenten por segundo año consecutivo en torno a un 6%, incremento que se explica a partes iguales por las medidas de consolidación fiscal y también por la consolidación de la
recuperación económica. Así, estimamos que los ingresos no financieros del Estado ascenderán en el año 2011 a 104 539 millones de euros. Teniendo en cuenta que nuestro objetivo de déficit es el 2,3% del PIB, el límite de gasto no financiero para
el año 2011, una vez que se han realizado los ajustes de equivalencia entre las magnitudes en contabilidad nacional y presupuestaria, asciende a 150 056 millones de euros. Quiero señalar que este límite de gasto no financiero no puede compararse
directamente con el presupuesto inicial del año 2010. Se ha modificado el sistema de financiación de las comunidades autónomas y en este momento las comunidades autónomas tienen ya una participación mayor en la recaudación del IRPF, del IVA y de
los impuestos especiales, lo que supone un descenso en el importe del Fondo de Suficiencia. Por eso conviene realizar el análisis en términos homogéneos. Si ello se hace, el gasto no financiero de 2011 asciende a 122 256 millones de euros. Dicho
de otra manera, hay una disminución del 7,7% respecto del presupuesto de 2010, y eso refleja el importante esfuerzo de austeridad que se va a realizar.
Como sus señorías saben, el marco de estas decisiones es el de una situación económica muy compleja que supone un enorme reto para la política económica. La contención del déficit público se ha convertido en el objetivo urgente y
prioritario, en una condición sine qua non para seguir avanzando en el camino de la recuperación. Se ha avanzado, se ha acelerado en la senda marcada, y este es un camino que están siguiendo asimismo las economías de nuestro entorno.
Esta estrategia de consolidación de nuestras finanzas públicas continúa y se refleja también en el techo de gasto que les he presentado para el año 2011 y en el objetivo de estabilidad para los tres próximos años que aprobó el Consejo de
Ministros el pasado 16 de junio.
Señorías, el Gobierno presenta un objetivo de estabilidad exigente y realista en línea de reducción del déficit público -nuestra principal prioridad-, orientado a consolidar la recuperación económica y la sostenibilidad
presupuestaria en el medio plazo. Por todo ello espero que con su voto aprueben el objetivo de estabilidad presupuestaria para el periodo 2011-2013 que hoy les he presentado.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora vicepresidenta.
A continuación pasamos al debate parlamentario.
En turno a favor tiene la palabra la senadora Vicente.
La señora VICENTE GONZÁLEZ: Gracias, señor presidente.
Señora vicepresidenta, señorías, seguramente estamos viviendo uno de los momentos más difíciles de nuestra historia reciente. Si observamos el contexto nacional e internacional y los acontecimientos ocurridos en este último año desde el
anterior debate de estabilidad presupuestaria hasta el debate que estamos manteniendo hoy en el Senado para fijar el objetivo de estabilidad presupuestaria de las administraciones públicas para el trienio 2011-2013 y el techo de gasto de los
presupuestos del 2011, podemos ver que hay muchos países en Europa -entre ellos, España- donde los Gobiernos -sean de derechas, de izquierdas o de centro- han actuado y siguen haciendo un esfuerzo en un contexto económico o político a veces muy
complicado para acelerar la salida de la crisis.
En este debate de hoy -que hablando metafóricamente podemos decir que aún está en el horno, pues, como saben, todavía se hacen eco los debates celebrados ayer en el Congreso de los Diputados- se pone de manifiesto la importancia de situar el
déficit en el 3% del PIB para cumplir el objetivo del Pacto de estabilidad para 2013.
Señora vicepresidenta, como siempre, ha hecho usted un esfuerzo por intentar que el Senado sea una Cámara de segunda lectura y no de repetición de debates, por consiguiente, trataremos de corresponderle planteando argumentos y cuestiones
diferentes en esta intervención a lo expuesto por mi colega, el portavoz de presupuestos en el Congreso.
Señorías quien hubiera vislumbrado o hubiese sido capaz de prever hace unos años las dimensiones de la crisis económica que estamos viviendo sería merecedor del premio Nobel de economía. Muchos países, no solo España, tienen problemas de
déficit después de la crisis y, a diferencia de lo que se suele decir, eso no tiene que ver con los estímulos fiscales, sino con la crisis económica en sí: caída de ingresos, mayor gasto en cobertura social, subsidios de desempleo, inyección del
dinero para el sector bancario. Sin estos estímulos, la crisis hubiera sido más profunda y prolongada, y esto tiene que ver con el futuro de un país.
Lo que se está viviendo actualmente en España y en otros países es un verdadero liderazgo político y una visión de lo que es importante para el futuro de esos países, sin eludir responsabilidades políticas que puedan tener las decisiones
difíciles y duras que se están tomando.
Estas palabras -que parece que puedan ser mías, pero no lo son- las dijo hace escasamente unos días el director gerente del FMI, el señor Strauss-Kahn y sintetizan perfectamente el contexto en el que estamos viviendo: una coyuntura economía
difícil, extraordinariamente vulnerable y donde los indicadores económicos presentan una tendencia a la mejoría como las señales de ayer de que los mercados recuperan la confianza en España. Me remito a la reducción del precio de emisión de deuda,
el descenso de la prima de riesgo que se establece a partir de la diferencia entre la rentabilidad de los bonos de España a diez años y los alemanes, bajando hasta los 170 puntos básicos cuando, por ejemplo, el jueves pasado ascendían a 207 puntos.
Esta, señorías, es una señal de confianza que indica que se está dejando la crisis atrás, aunque el crecimiento sea lento.
En este contexto en que los mercados de financiación privada desplazaron su foco de atención a la deuda de los países, ha sido muy importante la actuación coordinada y decidida a nivel europeo para poner freno a las tensiones financieras
durante la primera semana de mayo, unas tensiones que habían alcanzado niveles desconocidos, hasta amenazar la estabilidad del euro. Fueron unos días donde los Gobiernos europeos, incluido el Gobierno de España, tuvieron una intensa actividad para
buscar una respuesta adecuada a las turbulencias financieras y para poner en marcha un sistema de préstamos. Ante esta situación, el 7 de mayo la Unión Europea toma la decisión de la retirada drástica de los estímulos y se fija como objetivo
reducir el déficit. Y hay que reconocer, señorías, que España ha sido uno de los primeros países en aprobar medidas antidéficit con el objetivo de reducirlo al 6% a finales del 2011, como indica el objetivo de estabilidad presupuestaria que se ha
presentado aquí. Unos días en los que, desgraciadamente, no estuvo a la altura de las circunstancias el principal partido de la oposición, aun conociendo el riesgo que suponía para la estabilidad, la integridad y la unidad de la Unión Económica y
Monetaria. Unos días donde de manera extraordinaria el Ecofin del 9 de mayo aprobó la creación de un mecanismo europeo de estabilización financiera en colaboración con el FMI para apoyar a cualquier Estado miembro en dificultades causadas por
circunstancias extraordinarias.
Señorías, he de decirles que también en este mismo debate de hace un año, con un escenario macroeconómico desfavorable, insistíamos en que la causa de los efectos de la crisis financiera global era también el propio agotamiento del sistema
productivo español. Ya entonces, el Grupo Parlamentario Socialista reconocía que las circunstancias y la coyuntura económica a las que habíamos estado acostumbrados en años anteriores, gobernados por el Partido Socialista, no eran las mismas, que
los superávits presupuestarios y los crecimientos económicos que habíamos visto en anteriores años estaban tocando a su fin, y un año después reiteramos que, a pesar de que la situación es difícil -hay que reconocerlo-, ahora más que nunca es
imprescindible y urgente replantear el ritmo de la estrategia de salida de la crisis y, en nuestro caso, replantearnos un nuevo modelo productivo. Así lo están haciendo los principales países de nuestro entorno, que también han
anunciado medidas para acelerar la reducción de sus déficits públicos. Así lo está haciendo el Gobierno de España, a pesar de no tener el apoyo de diferentes grupos parlamentarios, sobre todo del que representa al principal partido de la
oposición. Entiende el Grupo Parlamentario Socialista que la buena dirección es adelantar la salida de la crisis, no las elecciones generales.
Señorías, es cierto que la Unión Europea pide a los Gobiernos que aceleren la salida de la crisis, pero las convulsiones de los mercados desestabilizan las economías. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer si no, señorías? ¿Hubiéramos
preferido que España se quedara al margen? ¿Tiene sentido que España funcione al margen de los mercados? ¿Es que nos creemos que España es el ombligo del mundo para tomar decisiones ajenas a las tomadas por los países de nuestro entorno?
Señorías, francamente no.
Pero sus señorías recordarán que hace un año también les apelábamos a la confianza en la economía española y a su capacidad para salir adelante en momentos difíciles. El Grupo Parlamentario Socialista cree que generar confianza en la
economía española también pasa por adoptar decisiones difíciles, porque no nos podemos permitir altibajos tan drásticos en la balanza comercial o en la tasa de empleo, por citar algunos ejemplos, en función de la coyuntura económica. Para ello son
necesarias reformas, como bien ha explicitado la vicepresidenta, y muchas de ellas ya se están debatiendo en el Parlamento. Se trata de reformas en el sector financiero, en el mercado laboral o para garantizar el sistema de pensiones a medio y
largo plazo. Por eso, señorías, el nuevo modelo productivo -el que queremos para que este país sea más competitivo, con mayor valor añadido- debe corregir los desequilibrios que ha heredado la economía española, focalizando su actividad en la
construcción y en la demanda interna.
Además, también quisiera resaltar otro dato que nos parece relevante. Es cierto que la consecuencia de una menor actividad ha supuesto una menor recaudación tributaria, pero también es cierto afirmar que contamos con una presión fiscal muy
baja comparada con otros países de la Unión Europea, concretamente 20 puntos por debajo de la media europea; por tanto, todas aquellas afirmaciones que lo único que pretenden es generar incertidumbre y desconcierto para negar la evidencia están
vacías de contenido -solo tengo que remitirles a informes que realiza la propia Unión Europea-. Y en cuanto a la deuda española, que es del 54% sobre el PIB -también, por cierto, 20 puntos menos sobre la media de la Unión Europea-, indica asimismo
que no estamos en peores condiciones que pueden estar otros países de la Unión Europea. Por eso, señorías, no somos ingenuos y, desde luego, no pensamos que todo sigue igual, que la crisis no nos afecta, que el presupuesto no se va a ver alterado y
que no nos ponemos una venda en los ojos para ignorar esta realidad. Pero, a nuestro juicio, el Gobierno está cumpliendo su compromiso de solvencia en el sistema público y de la Seguridad Social.
Al objetivo de estabilidad presupuestaria que ha expuesto la señora vicepresidenta no tenemos nada que añadir, salvo que es realista y que se ajusta a la evolución de la situación económica que estamos atravesando.
La crisis económica, que
incide no solo en España, sino también en el resto de los países, plantea para este año una reducción de la demanda nacional, como usted nos acaba de explicar, y que, por lo tanto, implica menor consumo público. Por eso, señoría, aún con más
legitimidad, la acción del Gobierno es la acción que nos demandan los ciudadanos.
Señora vicepresidenta, coincidimos plenamente en que los déficit contemplan objetivos de estabilidad presupuestaria que deben ser excepcionales y temporales, que exigen un esfuerzo de contención del gasto pero en aquellas cuestiones menos
relevantes a las que se pueda hacer frente; ahora hay que priorizar ciertas políticas, como son las políticas de creación de empleo, las que den mayor estabilidad a la economía, las que generen mayor valor añadido, y para ello es necesario apostar
por políticas de I+D, de educación, de infraestructuras, que fortalezcan nuestra productividad y nuestra economía.
Estoy segura de que se criticarán estimaciones realizadas por el Gobierno en las siguientes intervenciones que me seguirán; estoy segura de que se criticará el cuadro macroeconómico que ha presentado el Gobierno en esta Cámara, aunque
también es justo indicar que el cuadro macro es compatible con que los agentes privados generen durante los próximos años una previsión de capacidad de financiación conjunta que oscile entre un 5,3% del PIB en 2010 y un 0,5% en 2013.
El señor PRESIDENTE: Señoría, ruego termine.
La señora VICENTE GONZÁLEZ: Sí, termino, presidente.
Unas estimaciones que reflejan la situación económica, unas estimaciones que quieren resaltar su carácter excepcional. Pero, en definitiva, desde el Grupo Socialista entendemos que los objetivos que aquí se nos proponen
El señor PRESIDENTE: Señoría, concluya, por favor.
La señora VICENTE GONZÁLEZ: Como decía, entendemos que los objetivos que aquí se nos proponen son razonables en nuestro entorno económico y entendemos que, aunque la coyuntura es difícil, desde luego, nada es imposible. (Aplausos en los
escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Turno en contra.
Tiene la palabra el senador Utrera.
El señor UTRERA MORA: Señor presidente, buenos días. Buenos días, señoras y señores senadores.
Nos encontramos en uno de los trámites anuales, de periodicidad fija, que inicia el procedimiento presupuestario. De hecho esa fue la intención inicial de las leyes de estabilidad presupuestaria y esa fue inicialmente también la voluntad
del Gobierno anterior, del Gobierno del Partido Popular, de convertir la legislación en materia de estabilidad
presupuestaria en un auténtico anclaje, no solo limitativo del gasto público, sino también comprensivo de la actividad financiera del sector público en su conjunto: Estado y administraciones públicas; en definitiva, de dar coordinación a
algo que, como la señora vicepresidenta ha podido experimentar recientemente, no es fácil coordinar, como es el gasto, y no solo con otras administraciones públicas, sino dentro de la propia Administración del Estado. De alguna forma se otorgaba a
los ministros de Hacienda mediante esta ley, mediante la estabilidad presupuestaria, la capacidad extraordinaria de imponer una estabilidad o, si se quiere, unos procedimientos de estabilización de objetivos de gasto público, cuando el Gobierno en
su conjunto u otras administraciones públicas no lo valoraban de esa manera.
Por tanto, ese era el objetivo de estabilidad presupuestaria, objetivo que hoy es más necesario que nunca. Nos preguntamos si el documento que nos ha enviado el Gobierno, en cuyo debate estamos ahora y a cuya votación procederemos después,
merece o no el calificativo de auténtico documento de estabilización presupuestaria y de control del gasto público. En nuestra opinión no, y por esa razón ya anticipo que votaremos en contra, puesto que si la estabilidad presupuestaria y, por
tanto, el límite del gasto público encuentra su razón en unas previsiones económicas acertadas, en unas previsiones para los próximos ejercicios que den lugar a unas acertadas previsiones de recaudación tributaria, ello unido a un objetivo de
déficit público, a una senda de consolidación de reducción del déficit público, digo que eso da lugar a un techo máximo de gasto que habría que respetar.
El Ministerio de Economía y Hacienda prácticamente no ha satisfecho ninguna de estas fases que he comentado en el discurso lógico de elaboración de decisión sobre el techo máximo del gasto público. Por cierto, señora ministra, otra vez más
tenemos problemas de homogeneidad.
Cada vez que usted y yo debatimos terminamos siempre en el mismo problema, en la homogeneidad, y es que cuando las cosas son o se pretende que sean heterogéneas, a veces es porque se intenta ocultar lo que en
realidad esconden esas cosas. Recuerdo que el primer debate que tuvimos sobre heterogeneidad y homogeneidad fue con motivo de los presupuestos para este ejercicio, para el de 2010. Usted afirmaba que eran heterogéneos y que, por tanto, no podían
compararse directamente con los del año anterior, con lo cual resultaban adecuados. Pero lo que hemos podido comprobar es que esos presupuestos adecuados y apoyados por otros grupos parlamentarios de la Cámara, que también los encontraban
adecuados, llevan ya tres modificaciones: en enero, abril y mayo desde su entrada en vigor, y usted ha pretendido decir hoy aquí que se van a cumplir en la parte de ingresos y parece que nos imputa nuestra opinión disconforme con la evolución y
previsión de los ingresos de los presupuestos para 2010. Ya veremos cuál será la ejecución final de este año, pero reconozca usted, en primer lugar, sus problemas de falta de homogeneidad en la elaboración de los presupuestos y posiblemente también
falta de homogeneidad para ser capaz de controlar la evolución del gasto público en España. Y es que usted nos ha metido en un lío, nos ha metido en la mayor crisis fiscal que España ha tenido en los últimos 50 años. De eso justamente es de lo que
estamos hablando.
Como digo, el objetivo de gasto para el próximo año, para 2011, es de 150 000 millones de euros, pero debido a la homogeneidad empezamos a revisar en términos de contabilidad nacional frente a términos de caja. Pero quiero llamar la
atención de sus señorías sobre la siguiente cuestión.
Aunque este es un debate técnico y por eso mismo resulta innecesario hablar de contabilidad nacional y de caja puesto que en él debemos referirnos simplemente a la forma en que definamos la
imputación de ingresos y gastos, sin embargo en estos momentos no es un debate baladí.
En estos momentos el concepto de caja es muy importante puesto que lo que estamos viendo en las empresas y el motivo por el que muchas están cerrando es la falta
de liquidez, la falta de caja y no tanto las previsiones en términos de contabilidad nacional, es decir, en términos de imputación de ingresos y gastos. ¡Cuántas empresas españolas están cerrando, empresas de sectores que evolucionan adecuadamente
y que están manteniendo posiciones económicas también adecuadas, simplemente por falta de caja, por falta de liquidez! Lo que observamos en este documento es que la diferenciación entre caja y contabilidad nacional ha llegado a su límite máximo, una
vez que tenemos en cuenta el cambio normativo en la financiación de las comunidades autónomas y el cambio económico derivado del fracaso en las previsiones de crecimiento de los ingresos públicos del Gobierno para el ejercicio 2008 y 2009. ¿Es así,
verdad? Ello ha dado como resultado cantidades negativas, es decir, excesos de anticipos a cuenta a las comunidades autónomas y a las corporaciones locales que ahora hay que devolver y que, en términos de contabilidad nacional, se imputan ahora
como ingreso del Estado, ingreso que no recibirá, puesto que está acordado que hasta el año 2013-2014 no reciba devolución alguna de ese exceso de aportaciones, fruto de graves errores de previsión presupuestaria de ingresos públicos. Por lo tanto,
el resultado es que la Administración del Estado recibirá el próximo año unos ingresos que, en términos de caja, o, mejor aun, de contabilidad nacional, no va a recibir de ninguna manera. De la misma forma, ni las comunidades autónomas ni las
corporaciones locales van a abonar de ninguna manera sus deudas el próximo ejercicio. Esa es la diferencia entre contabilidad nacional y caja. Y de esa diferencia y de los demás ajustes resulta que la pretendida austeridad del límite de gasto
público en 122 000 millones en términos homogéneos -una vez que se descuentan las aportaciones a las administraciones territoriales, un 7,7% de reducción aparente-, volvemos otra vez a los problemas de heterogeneidad que acompañan a la señora
ministra en todo momento de su discurrir legislativo presupuestario, y es que esa pretendida y ciertamente satisfactoria reducción aparente del 7,7%, en realidad, es muy inferior, poco más del 1,2%. Por tanto, en términos de caja -que es lo que
ahora están descontando en realidad los mercados financieros- no va a haber auténtica austeridad presupuestaria.
Y eso va de suyo -permítanme
que haga esta reflexión adicional- en el hecho de que ustedes parecen haber agotado su capacidad de ajuste presupuestario cargando a espaldas de los ciudadanos el ajuste improvisado, rápido, incluso violento, de ciertas partidas. Dicho de
otra forma, ante los gravísimos errores de previsión presupuestaria para el próximo año -que no solo han alertado a los mercados financieros, sino a la propia Unión Europea, pues España se ha convertido en el problema del euro- y de legislación
-pues la Ley de Presupuestos de 2010 que defendió en esta Cámara la vicepresidenta económica del Gobierno, no digo que con entusiasmo, que, aparte del Grupo Parlamentario Socialista, apoyaron algunos grupos parlamentarios-, ha sufrido ya tres
correcciones a la baja de reducción y recorte de gasto.
Nosotros ya anticipábamos que esa ley no tenía futuro, y ahora ha tenido que ser ajustada abruptamente en lo que afecta a los salarios públicos, las pensiones para el próximo ejercicio, las
prestaciones sociales del tipo de la dependencia o del cheque bebé, etcétera. Todos esos ajustes abruptos demuestran, por un lado, la muy escasa voluntad del Gobierno de establecer un verdadero ajuste presupuestario allí donde es más necesario, que
es en la propia estructura de la Administración del Estado y también en la estructura de las demás administraciones públicas.
El señor PRESIDENTE: Señoría...
El señor UTRERA MORA: Señor presidente, termino en un minuto.
Por tanto, no hay tal ajuste presupuestario. Lo que ha habido es un martillazo de gasto sobre determinados colectivos, esa es la verdad. Pero esto se agota en el año 2010 y en el año 2011 ustedes tendrán que cumplir las obligaciones que
les van a imponer desde la Unión Europea y someterse al proceso de vigilancia en el que ustedes nos han situado en la Unión Europea.
El señor PRESIDENTE: Señoría, le ruego termine.
El señor UTRERA MORA: Y en ese proceso de vigilancia y para 2011 este documento demuestra la incapacidad y, posiblemente la falta de voluntad del Gobierno, de controlar el gasto público para el 2011 y para años sucesivos.
El señor PRESIDENTE: Señoría, le ruego termine.
El señor UTRERA MORA: Termino, señor presidente, diciendo que, una vez más, ustedes han convertido en una pura formalidad algo que, en manos del ministro o de la ministra de Economía y Hacienda, sería una herramienta para controlar el gasto
público y no para provocar, como usted ha hecho,
El señor PRESIDENTE: Señoría.
El señor UTRERA MORA: ... la mayor crisis fiscal que se ha producido en España.
Gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Pasamos al turno de portavoces. ¿Por el Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas, el senador Pérez Bouza tiene la palabra.
El señor PÉREZ BOUZA: Gracias, presidente.
Bo día a todos y a todas. Bo día, señora vicepresidenta. En coherencia con lo expresado ayer por mi compañero Francisco Jorquera en el debate que han tenido ustedes en el Congreso, le adelanto que nuestro voto aquí en el Senado será
negativo a este techo de gasto que nos propone el Gobierno y que se cifra en 122 000 millones de euros, un 7,7% menos de lo que hemos gastado o vamos a tener para gastar en el presente año 2010, y lo hacemos por varias razones que no es la primera
vez que le expongo desde esta tribuna o que le han expuesto los compañeros del BNG presentes en el Congreso.
Nosotros estamos en profundo desacuerdo con la política económica que sigue su Gobierno, política que, además de antisocial, a nosotros nos parece absolutamente contraproducente para conseguir ese objetivo que estoy seguro de que usted
persigue igual que nosotros de salir cuanto antes de la crisis, de que el Estado español remonte esta complicada y difícil situación económica que estamos viviendo.
A nuestro juicio, para conseguir dicho objetivo, solo hay dos caminos, uno el que han escogido ustedes y otro que es el que nosotros defendemos, el camino de reactivar la economía y de luchar contra el desempleo. Pero para eso no se puede
recortar el gasto, sino que, por el contrario, hay que aumentar el gasto, porque es en momentos de crisis cuando las administraciones públicas deben tener una presencia más importante en la actividad económica para conseguir reactivarla.
El otro camino para salir de la crisis es el que han escogido ustedes, luchar contra el déficit, que ese sea el principal objetivo -hoy lo ha dicho usted en esta tribuna y lo ha dicho la portavoz del Grupo Socialista, la senadora Yolanda
Vicente-. Esa es la prioridad máxima del Gobierno y del Grupo Socialista.
Yo no sé en qué pasaje bíblico se recoge que necesariamente en el año 2013 el Estado español tiene que tener un déficit inferior al 3%, pero, escuchando cada día al Gobierno y al Grupo Socialista parece que este es un principio bíblico,
sacrosanto y que no se puede mover.
Nosotros estamos, como decía, en profundo desacuerdo, aunque no vamos a negar que un Estado con unas finanzas serias para ser creíble no puede tener un déficit alto durante mucho tiempo y de manera sostenida.
Pero no pasaría absolutamente nada sino que, por el contrario, sería profundamente beneficioso para nuestra economía marcarnos como objetivo, por ejemplo, conseguir ese déficit inferior al 3% en el año 2015. No pasaría nada y nos permitiría
hacer un aterrizaje mucho más suave e ir remontando de una manera mucho más clara y sostenida.
Por lo tanto, consideramos que esa lucha contra el déficit no debe ser la prioridad, porque, señora vicepresiden-
ta, el déficit en ningún caso es la causa de la crisis, sino que es consecuencia de la misma, por lo que parece obvio -no hace falta hacer un gran razonamiento- que si queremos salir de la crisis debemos luchar contra las causas y no contra
las consecuencias.
Sin embargo, ustedes luchan contra la consecuencia, el déficit, que, por cierto, es fruto de una política fiscal profundamente equivocada y regresiva -se lo hemos dicho muchas veces-, y fruto también de medidas electoralistas que han puesto
en marcha y que nadie les había pedido, como los cuatrocientos euros famosos, que dudo que algún ciudadano del Estado español se haya dado cuenta de si se los habían pagado o no, porque escogieron un método de pago bastante peculiar. Como digo,
nadie había solicitado esa medida, ustedes la han puesto en marcha y es una medida absolutamente injustificada -si exceptuamos un interés electoralista- que ha supuesto seis mil millones de euros.
Ustedes, que han tenido como referencia durante varios meses a los Estados Unidos y a Obama -no sé si la siguen teniendo-, deberían seguir su ejemplo y, hoy, dicho país, que está en tasas de crecimiento mucho más sólidas que las del Estado
español, está aplicando otro tipo de medidas, muy distintas a las suyas.
La estrategia de reducir el gasto que ustedes siguen la consideramos, modestamente, equivocada, porque va a tener consecuencias en el gasto social, en el gasto productivo, en el gasto de infraestructuras, en obra pública, en I+D+i; esos son
los pilares básicos precisamente para salir de la crisis y, sobre todo, para que aquellos que nada han tenido que ver en esta crisis la paguen de manera más dura que los que la han provocado.
Le voy a poner un ejemplo de lo que supone reducir gastos: considerando que ya era el momento adecuado, han retirado las ayudas a la automoción.
Pues bien, en los primeros quince días del mes de julio las ventas de coches en el Estado
español se han reducido ya un 14%. Pero no es ese el único problema: si se venden menos coches, se fabricarán menos coches; si se fabrican menos, habrá menos empleo, habrá más paro y más prestaciones sociales que pagar y, por tanto, tendremos que
aumentar ese gasto social que ustedes pretenden reducir.
Voy terminando, señora vicepresidenta. Ya se lo hemos dicho más veces, para estas políticas de reducción de gasto no cuenten ustedes con el BNG; podrían contar con el BNG para aumentar los ingresos y, por tanto, tener más dinero público a
disposición de todas las administraciones para llevar a cabo políticas activas que permitieran remontar la situación económica que en este momento padecemos.
Por tanto, el voto en contra del BNG al techo de gasto supondrá una censura a toda esa política económica y fiscal que ustedes han puesto en marcha durante todos estos meses; una política que ustedes consideran valiente y que a mí me parece
profundamente cobarde. Lo valiente, señora vicepresidenta, señores del Grupo Parlamentario Socialista sería luchar con decisión contra aquellos que han provocado la crisis. Yo no considero que sea especialmente valiente reducir el sueldo a los
funcionarios o congelar las pensiones; eso más que valiente parece una política fácil pero que va a dar un resultado pésimo.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Vilajoana.
El señor VILAJOANA I ROVIRA: Muchas gracias, señor presidente.
Senadora vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía y Hacienda, señorías, muy buenos días. Estamos aquí para aprobar el techo de gasto. Como usted sabe, señora ministra, nuestro grupo se abstuvo en el Congreso de los
Diputados y vamos a hacer lo mismo en el Senado, intentaré explicarle el porqué.
Usted plantea el objetivo de estabilidad presupuestaria 2011-2013 sobre la base de alcanzar en 2013 un déficit público del 3%, que es el objetivo marcado por la Comisión Europea para la consolidación fiscal. Las estimaciones de su
ministerio para el nuevo marco macroeconómico se basan en una previsión de disminución del PIB del 0,3% en 2010, un incremento del 1,3% en 2011, y del 2,5% en 2012.
En relación con las tasas de paro, la nueva revisión prevé alcanzar en el presente año una tasa del 19,4%, disminuir en 2011 hasta el 18,9%, y situarnos en 2012 en el 17,5%; tasas muy altas que, como ha manifestado la portavoz socialista
Yolanda Vicente, nos situará en los próximos meses en una situación de gran complejidad.
Debemos constatar que muchas de las variables macroeconómicas están al alza y otras a la baja respecto a las previsiones elaboradas por otros organismos; por ejemplo, mientras el Gobierno pretende una disminución del PIB del 0,3% en 2010,
el Banco de España y la Unión Europea lo sitúan en el -0,4%. Si saltamos al año 2011, la diferencia es más notable: el Gobierno prevé un 1,3% y el Banco de España y la Unión Europea hablan de un crecimiento del 0,8%.
Respecto a los datos de paro también la diferencia es notable: el Gobierno lo cifra en el 18,9%, como he dicho, el Banco de España en el 19,7% y la Unión Europea en el 19,8%. Algunos de los datos estimados en el cuadro macroeconómico,
señora ministra, nos parecen claramente optimistas.
Por otro lado, el crecimiento previsto por el Gobierno se basa en tres variables: el incremento del consumo privado, el incremento positivo del saldo exterior y el decremento del gasto público. Sería fantástico que esto fuera así, lo
firmaríamos ahora mismo, pero no creemos que el consumo privado se anime tanto como prevé el cuadro macroeconómico. Los datos que ofrece de saldo exterior únicamente podrían alcanzarse con un crecimiento significativo de las exportaciones y el
sostenimiento de las importaciones en los niveles actuales. Además, desde nuestro punto de vista, el consumo final de las administraciones públicas descenderá, pero no hasta los niveles que prevé el cuadro.
Sin una acción decidida de apoyo a la internacionalización y la liberación de recursos en el consumo privado no puede alcanzarse el crecimiento previsto. En este sentido, el señor Pérez Bouza hablaba de la situación que está atravesando el
sector del automóvil, donde la caída de las ventas ha sido inmediata en el momento en que se le ha retirado ese impulso que, es razonable que no se mantuviese, pero va a complicar claramente el consumo.
Los datos que se desprenden del cuadro macroeconómico requieren que el Gobierno adopte un conjunto de medidas, que entendemos que no se están tomando: exige elevar la eficiencia de la Administración pública; avanzar en la liberalización y
el aumento de la competencia; mejorar la eficiencia en la inversión pública; fomentar la internacionalización de la economía y otorgar un apoyo sostenido a la actividad de la I+D+i.
Señora ministra, sabe que le hemos planteado estas medidas reiteradamente, que hablamos de ellas en Zurbano, pero aunque el Gobierno ha hecho gestos no se las ha tomado con la seriedad y la contundencia que eran fundamentales; además, no se
acaban de vislumbrar en este objetivo de estabilidad que usted plantea, y este es uno de los motivos que nos llevan claramente, con un gesto de máxima de responsabilidad, hacia la abstención.
Los ingresos estimados para el próximo año, en términos de contabilidad nacional, se sitúan en los 104 539 millones de euros, lo que unido a un objetivo de déficit del 2,3% del PIB, 24 331 millones de euros, y a ajustes de contabilidad
nacional que ascienden a 21 186 millones de euros, sitúa el límite de gasto en términos de contabilidad nacional en 150 056 millones de euros. Este límite de gasto no financiero, como explica el documento del Gobierno, no puede compararse
directamente con el establecido en 2010, ya que el nuevo sistema de financiación de las comunidades autónomas supone un descenso del presupuesto de gastos debido al menor importe del fondo de suficiencia. Por ello, es preciso eliminar el gasto
derivado de los sistemas de financiación de las comunidades autónomas y las entidades locales para que la comparación sea homogénea y, una vez efectuados estos ajustes, el límite de gasto no financiero para 2011 quedará establecido en los 122 256
millones de euros, lo que supone un descenso del 7,7% respecto al presupuesto de 2010 en términos homogéneos.
El conjunto de las administraciones públicas -Estado, Seguridad Social, comunidades autónomas y ayuntamientos- tendrá un déficit del 6% del PIB en 2011, del 4,4% en 2012 y del 3% en 2013, como usted ha planteado. Si trasladamos los
objetivos de estabilidad fijados por el Gobierno a cada una de las diferentes administraciones, observamos que esto introduce problemas diversos y complejos. Hasta el momento, el Gobierno solo ha sido capaz de recortar el gasto con la decisión de
reducir el salario del personal al servicio de la Administración pero, señora ministra, esto no es suficiente sino que necesitamos reducir la Administración y hacerla más ágil.
Desde la perspectiva de los ingresos, Convergència i Unió no cree en el aumento de impuestos ya que entendemos que deteriorará más la demanda y, en cambio, creemos en una política de relanzamiento económico que hasta el momento solo hemos
visto parcialmente impulsada, como le decía antes, en los llamados acuerdos de Zurbano.
En síntesis, nuestra posición en este debate es altamente crítica con el balance de la situación que nos presenta el Gobierno; crítica por la desconfianza de las proyecciones que nos presenta el Gobierno; crítica por no ser congruentes los
datos con las propuestas de reactivación de la economía, objetivos de estabilidad calculados en base a compromisos en 2013 sin tener en cuenta suficientemente cuál es la situación económica y su complejidad; y crítica con el papel al que se relega
a las administraciones territoriales, altamente endeudadas y con escasos instrumentos para desendeudarse.
Señora ministra, por razones absolutamente de responsabilidad, por considerar que el plan de estabilidad y el techo de gasto que usted plantea debe salir adelante porque, si no, retrasaría gravemente, concretamente un mes, la realización de
los presupuestos, y lo que el país y los mercados exigen es que su ministerio presente un presupuesto, vistos estos datos, creemos que los presupuestos no serán la respuesta y el instrumento necesario para sacar adelante a este país, para conseguir
el crecimiento imprescindible. Por supuesto los debatiremos en su momento, aunque, lamentablemente, no podremos apoyarlos; no obstante, nuestra abstención permite al Gobierno trabajar los presupuestos y sacarlos adelante, porque en estos momentos
el mercado, el país, necesita que esto ocurra. Este es el motivo de nuestra abstención.
Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señora ministra.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, tiene la palabra el señor Aleu.
El señor ALEU I JORNET: Muchas gracias, señor presidente.
Solamente quiero anunciar que la complejidad de mi grupo parlamentario hace que votemos de forma distinta, de manera que lo haremos en los mismos términos y en las mismas indicaciones que lo hicieron ayer los respectivos grupos
parlamentarios en el Congreso de los Diputados.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la senadora Vicente.
La señora VICENTE GONZÁLEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, una vez que hemos escuchado a los diferentes portavoces de otros grupos parlamentarios, he querido utilizar este turno para dejar claras varias cuestiones.
En primer lugar, senador Utrera, usted que ha realizado un análisis de la situación económica, que en algunas
cuestiones comparto y en otras no, afirma con rotundidad que este Gobierno no planifica, que presenta un cuadro desmesurado, incluso se atreve a decir -porque, como ya había anticipado, era un argumento que previsiblemente iba a utilizar
usted- que estas previsiones eran erróneas y que encima el Gobierno tiene problemas de homogeneidad. Esto es lo que realmente les molesta, ustedes no asumen la heterogeneidad de este país.
Para ustedes solo existe el blanco y el negro, pero hay
una gama de colores que ustedes se han perdido y que espero que alguna vez encuentren. Por eso cuando usted afirma que el Gobierno tiene problemas de homogeneidad o de heterogeneidad, más bien tendrían que revisar sus propios argumentos. Unos
argumentos que, como digo, son previsibles porque, a pesar de las situaciones cambiantes, las convulsiones de los mercados, la coordinación de los países, las medidas adoptadas por el Gobierno a lo largo del año para sentar una economía más fuerte,
a pesar de una situación muy difícil, con tasas de paro altas -por qué no decirlo-, usted ha seguido utilizando los mismos argumentos, unos argumentos estáticos y que no tienen en cuenta los acontecimientos de este año. Por tanto, señorías, si
revisamos la intervención del año pasado puede decirse que, efectivamente, son coherentes, pero -repito- no han tenido en cuenta ninguno de los acontecimientos de este año.
Tengo que recordar también que, ciertamente, las previsiones que aquí se presentan abogan por reducir el déficit público. Y si en el Partido Popular están tan preocupados por el déficit, no lo están hasta tal punto de que cuando el Gobierno
ha tomado medidas de ajuste, como el resto de los países de la Unión Europea, han mirado para otro lado y han preferido que este país se hunda. Han antepuesto su interés partidista al interés de los ciudadanos y a este país lo que le conviene es la
recuperación económica, a este país lo que le conviene es llegar a acuerdos, a este país lo que le conviene es tener responsables políticos que asuman las decisiones difíciles -sí que es cierto, difíciles-, que asuman esfuerzos para desarrollar las
reformas necesarias que sirvan de palanca para que este país crezca y genere empleo.
Es más, el Partido Popular alardea de tener un programa económico que, por cierto, debe ser invisible porque todavía no lo hemos visto, un programa fiscal que nos dicen que es la respuesta a la salida de la crisis. He de decirles que no
solo nos fijamos en las propuestas o iniciativas fiscales que ustedes han ido presentando en esta Cámara, sino también en el Congreso de los Diputados, por ejemplo, la rebaja de tipos impositivos del IVA, la reducción del impuesto sobre sociedades,
la reducción de tasas portuarias, dejar sin tributar las rentas del ahorro o, por el lado de los gastos, las nuevas líneas de crédito, etcétera, y estiman un efecto de un 4,22% sobre el PIB, es decir, que aumentarían en 12 600 millones los gastos y
reducirían en 31 850 millones los ingresos grosso modo. Y esto, señorías, tendría efectos estructurales catastróficos para las finanzas públicas. Muestran preocupación y dudas al apoyar este objetivo de estabilidad presupuestaria, este acuerdo,
pero, como se suele decir, si me miro qué poco valgo, pero si me comparo
Quisiera hacer otra precisión en cuanto a que no es creíble el cuadro macro, y es que no solo el senador Utrera, sino otros portavoces que han intervenido de los diferentes grupos parlamentarios han mostrado su incoherencia posicionándose en
contra de las previsiones macroeconómicas, inclusive diciendo que votarán en contra del acuerdo de estabilidad presupuestaria.
Esta crisis está siendo muy volátil, señorías, y estamos viendo que se suceden cuestiones impensables: convulsiones en los mercados, intentos de desestabilización del euro, y eso exige revisar previsiones; sí, señorías, revisar
previsiones. Y es cierto que a lo largo de este año se han corregido desequilibrios como la decisión adoptada el 29 de enero para equilibrar las cuentas públicas y situar el déficit en el 3% del PIB en el 2013, o los acuerdos del Consejo de
Política Fiscal y Financiera y la Comisión Nacional Local del 22 de marzo y del 7 de abril, o el esfuerzo adicional del plan de austeridad aprobado el pasado mayo, y todos estos ajustes, aprobados y corregidos, también los han tenido en cuenta
organismos internacionales, y han sido corregidos por otros países, que han hecho todos los esfuerzos para ajustar las previsiones económicas y la evolución de la realidad.
Una cuestión que para el Grupo Socialista es importante es la responsabilidad, la responsabilidad de cada uno de los miembros de esta Cámara. Esperaría de muchos de ustedes, señorías, que se fijaran en sus homónimos europeos. Como
anteriormente se ha dicho, si los socialistas tenemos problemas de homogeneidad, desde luego han de fijarse ustedes en sus homónimos europeos y corregir esos problemas de homogeneidad que tienen ustedes. En momentos difíciles se han eludido
responsabilidades, pero ahora sus señorías no deberían volver a cometer esos errores.
Se critica al Gobierno de España porque no va donde quiere ir, sino donde le manda la Unión Europea. Pero díganme ustedes, ¿cuál es la salida perfecta? ¿Tendría que haber realizado una política económica expansiva en solitario? ¿Tiene
sentido que España funcione al margen del resto del mundo? ¿Es que queremos vivir aislados y permanecer quietos a los vaivenes financieros? Y ¿cómo salimos de esta crisis? Mediante cambios estructurales, señorías, puestos en marcha ya por el
Gobierno de España en el modelo productivo y con reformas estructurales, como la laboral, pensiones, sistema financiero e impulsos coyunturales para recuperar la confianza, planes para reducir los embargos hipotecarios y, como próximamente podremos
ver, la evolución de los stress test de los diferentes bancos españoles. Y, cuando salgamos, ¿habremos aprendido algo de esta crisis? Espero que sí, señorías; espero que al menos aquellas decisiones que ustedes hayan tomado erróneamente a lo
largo de estos años en los que ha estado evolucionando la crisis lo tengan en cuenta y no los vuelvan a repetir.
Por último, señorías, quiero legitimar la política. No quisiera terminar mi intervención sin reivindicarla -lo
hice el año pasado y lo quiero volver a hacer este año- porque se ha demostrado y se sigue demostrando que la política es el instrumento para resolver situaciones complicadas, desde que comenzó la caída de Lehmans Brothers hasta las últimas
medidas de ajuste adoptadas en la Unión Europea. Esto significa que las decisiones adoptadas, aun siendo difíciles, buscan lo mejor para los ciudadanos: generar empleo, afianzar el Estado del bienestar. Es la mejor manera de que seamos útiles
para el país, y con el debate de estabilidad presupuestaria, previo al debate de las prioridades políticas, previo a las prioridades plasmadas en los presupuestos, estamos buscando exactamente eso.
Señorías, lo que deben hacer ustedes es ser útiles para el país, y espero que con su voto afirmativo a este acuerdo de estabilidad presupuestaria así lo sean. Desde luego los ciudadanos no solo se lo van a agradecer, sino que están
esperando que así lo hagan.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el senador Utrera.
El señor UTRERA MORA: Gracias, señor presidente.
Señoras y señores senadores, no sé si la ministra de Economía y vicepresidenta económica del Gobierno va a intervenir y va a abrir turno, lo que nos agradaría mucho, pero no suele ser la práctica habitual, por tanto aprovecho este último
turno para referirme a su intervención, cosa que no hice antes.
En primer lugar, quisiera mostrar mi extrañeza por el procedimiento exprés, incluso, parafraseando uno de los últimos términos que ha utilizado la senadora De Vicente, casi procedimiento stress, de tramitación de este techo de gasto no
financiero que, desde mi punto de vista, refleja el poco respeto que el Gobierno tiene -y la mayoría parlamentaria que le sustenta- al procedimiento que estamos debatiendo y que vamos a votar.
No tengo memoria de ninguna otra ocasión en la que se haya producido algo similar a lo que estamos haciendo hoy aquí; es decir, un debate en el Congreso de los Diputados que con unas pocas horas de diferencia viene al Senado; se nos obliga
a emitir voto para que el Congreso de los Diputados -en unas pocas horas también, caso de que este voto fuera negativo- nos desautorice rápidamente en el desapoderamiento general en que se encuentra el Senado desde hace años -desapoderamiento que
quiero recordar fue iniciado por el Gobierno socialista, el Gobierno del señor Rodríguez Zapatero, acompañado en ese desapoderamiento por el Grupo Parlamentario Socialista-, puesto que, tal como se diseñó la estabilidad presupuestaria, el Senado
tenía, al igual que el Congreso, la capacidad de vetar la propuesta del Gobierno y exigirle que trajera una nueva. Eso fue alterado lógicamente por el Gobierno y el Grupo Socialista porque no les convenía que el Senado tuviera esa capacidad de veto
final, sin corrección por parte del Congreso, y nos encontramos con un Senado desapoderado y, además, urgido en un procedimiento exprés a emitir voto, posiblemente para ser corregido en cuestión de horas. Desde el punto de vista procedimental
formal, que es en lo que ustedes han convertido este debate, la peor parte no se la lleva el Gobierno, sino esta Cámara, el Senado. Ustedes sabrán qué es lo que hacen y el valor que le otorgan.
En segundo lugar, quiero dejar claro que el Grupo Parlamentario Popular comparte plenamente el objetivo de estabilidad presupuestaria. Nos hemos comprometido -y hemos de cumplirlo- a que en el año 2013 el déficit público en términos de
producto interior bruto se situé en el 3%, de la misma forma que también compartimos la necesidad -que el Gobierno no percibía hasta hace un par de meses, nosotros sí, y, por tanto, ya lo urgíamos en el debate de los Presupuestos Generales del
Estado para este año 2010- de que se adelantase el calendario previsto de consolidación presupuestaria. No era posible manejarse en un mundo volátil y con las incertidumbres con las que nos encontramos con un calendario, propuesto por la
vicepresidenta económica del Gobierno y aprobado en Consejo de Ministros, que proponía básicamente que todo el ajuste se llevase a los dos últimos ejercicios, a los años 2012 y 2013.
Y a eso justamente, en un ejercicio no sé si de responsabilidad pero desde luego sí de capacidad, Europa ha dicho a España que no, que el 3% del año 2013 va de suyo, puesto que es un compromiso de estabilidad dentro de la Unión Europea;
que, además, en este intervalo hasta el año 2013 España no puede seguir siendo la amenaza al euro que en este momento somos y que, consecuentemente, el calendario programado por el Gobierno tenía que ser adelantado.
Y en eso estamos, en un calendario adelantado. En mi primera intervención he querido dejar claro que ese calendario adelantado lo ha sido mediante un tirón en este primer ejercicio, después de que al Gobierno -en la cabeza del presidente
del Gobierno primero y al día siguiente de la vicepresidenta segunda del Gobierno- se le diera el conveniente tirón de orejas en Bruselas y se le exigiera proceder a un recorte urgente e inmediato -por tanto, como es urgente e inmediato no estaba
estudiado ni trabajado- que ha recaído básicamente sobre las espaldas de quienes todos conocemos.
Pero el Gobierno sigue negándose a hacer el gran ajuste presupuestario, el ajuste en la Administración, y a crear la verdadera senda de control del gasto público a medio plazo. Eso no lo vemos. Sí hemos visto un golpe sobre los ciudadanos
pero no hemos visto la intención del Gobierno de proceder a una auténtica armonización de la Administración para realizar el ajuste.
Por otro lado -y se deriva en parte de su intervención, señora vicepresidenta-, lo que está apuntando el Gobierno son malas maneras, es decir, consolidar el presupuesto del Estado, reducir el déficit público sobre la base de aumentos de
impuestos, ustedes están aumentando impuestos.
Recuerdo todavía la época en la que escuchamos la afirmación del presidente del Gobierno, señor Rodríguez Zapatero, de que bajar impuestos era progresista. ¡Pues
qué no será subirlos, puesto que ahora se han dedicado con ardor a la tarea de aumentar los impuestos! Incluso estamos deshojando la margarita sobre qué tipo de impuestos van a aumentar en el próximo ejercicio, y me hubiera gustado que la
señora vicepresidenta nos lo aclarara, entre otras cosas, porque crear expectativas de subidas de impuestos que gravitan sobre el ahorro, sobre el patrimonio o sobre cualquier elemento económico, lo que puede generar precisamente son decisiones que
para evitar ese impuesto futuro perjudiquen gravemente a la economía española, que es lo que en parte está ocurriendo.
Por tanto, creo que su jueguecito de ir anticipando para contentar a unos y a otros, quizá a las bases más agresivas del socialismo justiciero, que ustedes van a subir el impuesto a los ricos -por cierto, acuérdense del verano pasado-, se ha
convertido en un manguerazo de IVA para todo el mundo.
Pues bien, aclárennos qué van a hacer con los impuestos, pero ya saben que tienen por delante la oposición del Grupo Parlamentario Popular. Nosotros no queremos subidas de impuestos y rechazamos las que se han practicado por el Gobierno;
el ajuste ha de ser fiscal por el lado de los gastos públicos porque es el único ajuste permanente en el tiempo y es el que ustedes están evitando, señora Salgado.
En relación con las previsiones económicas que sustentan el techo de gasto y la sostenibilidad a tres años de las cuentas públicas españolas, hemos de decir que, efectivamente, desconfiamos de las previsiones económicas del Gobierno, pero no
por exigencias de un voto negativo -que ya está decidido-, sino por el hecho de que esas previsiones solo las tiene el Gobierno, ningún otro gabinete económico ni nacional ni internacional cree -como lo cree usted, señora Salgado- que la economía
española vaya a crecer a un 1,3% en términos reales el próximo año -creo recordar que al 2,6 en términos nominales-. Nadie lo cree más que usted. Ojalá acierte usted. Vaya por delante que para nosotros un crecimiento del 1,3 o del 2,5% sería
magnífico; pero lo dudan todos los organismos internacionales y nacionales, y permítame también que lo dudemos nosotros. Y observe que ante una caída de crecimiento económico del orden de una magnitud de 7 u 8 décimas, que no es importante cuando
estamos hablando de tasas de crecimiento del 3 o 4%...
El señor PRESIDENTE: Señoría, ruego termine.
El señor UTRERA MORA: Termino, señor presidente.
sin embargo, sí lo es cuando estamos hablando de magnitudes tan cortas como las del crecimiento previsto de la economía española, sí que van a afectar, y gravemente, al escenario presupuestario que incluye este documento.
Por tanto, y para concluir, señora vicepresidenta, ese cambio de modelo económico que usted intuye en la caída del sector inmobiliario -porque es verdad que ese sí se está produciendo-, nosotros creemos que está tan parado como su ley de
Economía Sostenible, que cada vez que hay un problema importante
El señor PRESIDENTE: Señoría, termine.
El señor UTRERA MORA: Termino, señor presidente.
Repito: cada vez que hay algún problema, el señor Rodríguez Zapatero y usted misma esgrimen como una especie de talismán del cambio económico que en España se ha de producir -y seguramente se producirá-, pero no fruto de la ley de Economía
Sostenible ni tampoco fruto de su quehacer en materia de hacienda fiscal porque, repito, usted nos ha metido en un lío, en una crisis fiscal sin precedentes. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Llamen a votación. Cierren las puertas.
Señorías, vamos a proceder a la votación del acuerdo por el que se fija el objetivo de estabilidad presupuestaria.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 254; a favor, 117; en contra, 127; abstenciones, 10.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado. Por tanto, se traslada al Congreso de los Diputados. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN (Continuación.)
-- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A ESTABLECER LAS MODIFICACIONES NECESARIAS EN MATERIA DE POLÍTICA FISCAL EN RELACIÓN CON EL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO (IVA) PARA DINAMIZAR LA ECONOMÍA
(Número de expediente 671/000096).
El señor PRESIDENTE: Señorías, pasamos al siguiente punto del orden del día, continuando con las mociones. Moción del Grupo Parlamentario Popular en el Senado por la que se insta al Gobierno a establecer las modificaciones necesarias en
materia de política fiscal en relación con el impuesto sobre el valor añadido (IVA).
Para la defensa de la moción, tiene la palabra el senador Barreiro.
(Rumores.)
Señorías, ruego silencio.
El señor BARREIRO FERNÁNDEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, quizá sea necesario explicar el porqué de esta moción, y digo que lo es porque puede entenderse, dado que una moción muy similar fue debatida hace pocos meses en esta Cámara, que no tiene sentido volver a incidir sobre la misma
cuestión. Pero nosotros creemos que sí, fundamentalmente por dos razones; dos razones que en sí mismas están muy relacionadas y que tienen que ver, en primer lugar, con el respeto a las decisiones de esta Cáma-
ra y, en segundo lugar, con la falta de cumplimiento por parte del Gobierno en relación con los acuerdos que mayoritariamente se han adoptado aquí.
Saben sus señorías que el pasado mes de marzo se aprobó en el Senado una iniciativa en la que se le pedía al Gobierno que modificase su política fiscal en relación con el IVA, y en ella se concretaba en qué aspectos debía avanzar esa
modificación. O sea, no solo se hablaba de la no aplicación del incremento del impuesto sobre el valor añadido, desgraciadamente hoy ya vigente, sino también de la adopción de determinadas medidas que pretendían generar liquidez en el sector
económico, fundamentalmente en las pequeñas y medianas empresas. En definitiva, tuvimos muy presente, como ya se ha puesto de manifiesto, que este es uno de los principales problemas que hoy padece este colectivo empresarial. Por eso, mantuvimos
que debía cambiarse el principio de devengo del impuesto sobre el valor añadido por el principio de caja; es decir, que las empresas no tuviesen que ingresar aquello que ellas previamente no habían cobrado y, por lo tanto, que en una situación de
dificultad económica como la que estamos viviendo no tuviesen que financiar al Estado. Esto se acordó aquí y también en el Congreso, pero no se ha hecho absolutamente nada. Nada de nada.
También pretendemos, a través de esta moción, que aquellos sectores que o bien son intensivos en mano de obra, como determinadas actividades, o bien tienen un peso muy importante en el PIB español, como es el caso del sector turístico, que
supone en torno a 10 puntos de nuestro producto interior bruto, tuviesen un tratamiento más favorable; es decir, que se aplicase el IVA superreducido a este tipo de actividades. Tampoco se ha hecho nada.
Por lo tanto, la primera conclusión que sacamos es la que he puesto de manifiesto al principio: el respeto a las decisiones de esta Cámara. El Gobierno tiene la obligación de respetar lo que aquí se acuerde; si no, en todo caso, tiene que
explicar por qué no lleva adelante estos acuerdos. Por eso, nosotros consideramos oportuno volver a presentar esta moción, como ya he dicho al principio, así que no se entienda como un proceso automático consecuencia de la interpelación que
debatimos en el último Pleno.
Pero por si esto fuese poco, acabamos de asistir a un debate en el que se ha analizado una medida propuesta por el Gobierno para limitar el techo de gasto y en el que se ha debatido la situación económica general del país y, sobre todo, las
medidas que el Gobierno ha adoptado. Esto refuerza, desde nuestro punto de vista, la necesidad de la moción que estamos debatiendo, y lo refuerza porque ni el cuadro macroeconómico que presenta el Gobierno, como aquí se ha puesto de manifiesto, es
creíble -no lo es ni para el propio Gobierno y, por supuesto, tampoco para las instituciones económicas-, ni la evolución de la economía española en los últimos meses ha dado muestras de ningún tipo de recuperación que nos permita albergar alguna
esperanza en relación con la situación que estamos viviendo.
Pero, por si esto tampoco fuese suficiente, consideramos que es necesario tener presente el papel que en el conjunto de la economía representa el tejido empresarial, sobre todo el pequeño comercio, las pequeñas y medianas empresas. Son
ellas las que, junto con la sociedad, se ven más afectadas como consecuencia del incremento del impuesto sobre el valor añadido, que, como aquí se ha puesto de manifiesto, va a afectar a aquellos que menos tienen, a los que atraviesan una peor
situación precisamente por la realidad económica que estamos viviendo.
Por todo ello y también, por qué no decirlo, por una cuestión de coherencia, dado que aquí se han producido votaciones en relación con estos temas, nosotros apelamos una vez más a la sensibilidad, al sentido común y a la coherencia de la
Cámara para, de nuevo, indicarle al Gobierno que modifique su política fiscal, en particular la relativa al impuesto sobre el valor añadido. También le instamos a que mire más -y esta puede ser la conclusión final- a la sociedad y un poco menos al
propio Gobierno.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Turno en contra.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el senador Ramis.
El señor RAMIS OTAZUA: (El señor senador inicia su intervención en catalán.)
Decía que la moción presentada por el Grupo Parlamentario Popular es, sin duda alguna, la demostración más clara y evidente del desprecio a las instituciones que practica el Partido Popular. El señor Barreiro ha intentado justificar la
presentación de esta propuesta en un incumplimiento por parte del Gobierno. Pues, señores del Grupo Parlamentario Popular, presenten ustedes una moción en ese sentido que critique la actitud del Gobierno, pero no presenten exactamente la misma
propuesta que presentaron en esta misma Cámara y que se aprobó a finales del pasado mes de marzo. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
Con esta actitud el Partido Popular pretende rentabilizar hasta el extremo una propuesta desfasada que, por otra parte, en lugar de poner en valor su iniciativa, lo que hace es más bien todo lo contrario, demuestra la escasa capacidad,
imaginación y voluntad de trabajo que tiene el Grupo Parlamentario Popular, y lo peor de todo es que únicamente contribuye al desprestigio de esta Cámara. Es más, parece que a partir de ahora la intención del Grupo Popular se centra en reducir la
categoría del debate en el Senado, intentando rebajar su clasificación de Cámara de segunda lectura a una de tercera o cuarta, como si hubiera asumido una plaza entre las agencias de clasificación de riesgo estimuladas por la prensa conservadora
europea como The Financial Times.
La actitud del Grupo Popular ha entrado en un bucle sin salida, como si se tratase del día de la marmota, presentando una y otra vez la misma propuesta; empecinados en un error, convencidos de rentabilizar las contadas propuestas que desde
el Partido Popular se atreven a presentar a la
opinión pública. No han bastado al menos cinco iniciativas en términos similares presentadas en poco tiempo y en ambas Cámaras para incrementar los índices de ridículo y de incapacidad del principal partido de la oposición.
Tampoco resultó suficiente para reconsiderar su actitud que nuevamente Rajoy tuviera que salir hundido y solitario del debate sobre el estado de la nación con el mismo discurso cansino de siempre, encorsetado para sacar provecho de la
crisis, pero no para poner un solo grano de arena que ayude al interés general, que en estos momentos no es otro que recuperar la senda del crecimiento y la creación de empleo.
Ciertamente al señor Rajoy le fue imposible presentar en el debate sobre el estado de la nación una sola propuesta propia. La única que presentó se la prestó su antecesor, el señor Aznar, y se quedó solo; es más, le costó salir del
hemiciclo, y cuando lo hizo, ya no volvió, lo que demuestra cuál es su estado de ánimo y supone una clara muestra de falta de respeto a la Cámara y a todos los ciudadanos. No es de extrañar que según el último sondeo del CIS ocho de cada diez
ciudadanos afirmen que Rajoy no tiene propuestas para afrontar la crisis y que no es capaz de infundir confianza ni de ejercer una oposición constructiva, y que solo tres de cada diez piensen que Rajoy está preparado para gobernar. Pero no
entiendan ni por un solo momento que les estoy proponiendo su sustitución; todo lo contrario, ¡manténganlo! (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
Aquí, en el Senado, ustedes hacen exactamente lo mismo que su cuestionado líder. Como apenas aportan ideas, cuando por una de esas conjunciones astronómicas aprueban una iniciativa con visos novedosos, la presentan una y otra vez, quizá
para gozar y disfrutar de un momento tan sublime como poco frecuente. Pero si quieren que les diga la verdad en cuanto a la subida o no del IVA, la realidad es que ustedes, aunque no lo digan, defienden lo contrario y son los máximos valedores de
esta medida, aunque solo lo reconozcan en la intimidad. Porque, por una parte, son iniciativas reclamadas y adoptadas por la Unión Europea, pero sobre todo porque ustedes las utilizan de forma demagógica para atacar al Gobierno, suponiéndoles un
doble regocijo y beneficio.
España en este momento es el último país de la Unión Europea en recaudación de IVA respecto al PIB, solo Luxemburgo tiene una recaudación menor. Esta situación tiene un doble origen: por un lado, nuestro IVA tiene unos tipos especialmente
bajos y, por otro, el 60% del total de la recaudación del IVA proviene del tipo reducido o del superreducido, que no ha sido modificado. Datos que hacen más evidentes y justifican los cambios decididos por el Gobierno.
El señor PRESIDENTE: Señoría, le ruego termine.
El señor RAMIS OTAZUA: Creo que estos argumentos le han de servir al ponente, señor Barreiro, para que en nombre de sus 10 millones de votantes -a los cuales no represento pero respeto- retire esta moción, que únicamente pretende
desestabilizar a un Gobierno legítimo, aunque les pese, que lucha con todos los medios y fuerza de que dispone para recuperar la confianza y el crecimiento económico que permita nuevamente crear empleo.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Pasamos al turno de portavoces.
¿Por el Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas, tiene la palabra el senador Pérez Bouza.
El señor PÉREZ BOUZA: Gracias, presidente.
Señor Barreiro, efectivamente, en el mes de marzo yo mismo voté a favor de una moción exactamente igual que esta que hoy debatimos, que es exactamente igual a otras que se han debatido en el Congreso en los últimos meses. Hoy mi voto y el
de los compañeros de grupo será distinto, hoy nos vamos a abstener porque le tengo que decir que tenemos ya un cierto cansancio de debatir constantemente las mismas iniciativas en esta Cámara. Además, en ese debate del mes de marzo yo manifesté con
toda claridad que daba por cerrado el debate con respecto al IVA y que a partir de ahí era responsabilidad del Gobierno bajarlo, subirlo o lo que considerara oportuno, y que en su momento le pediríamos responsabilidades por su política fiscal, en
este caso en referencia al IVA.
Y usted, señor Barreiro, tendrá que reconocerme que algún remordimiento de conciencia tiene con esta presentación reiterada de las mismas propuestas, porque ha empezado usted -que es un senador con mucho recursos cuando habla de economía y
de otros temas- dándonos explicaciones de por qué presentaba la misma propuesta. Por lo tanto, algún remordimiento de conciencia tiene.
Yo creo que, efectivamente, el Gobierno está incumpliendo muchas de las mociones que aprobamos en esta Cámara, no solo en materia económica, pero, efectivamente, creo también que un grupo parlamentario como el suyo tiene otros mecanismos
parlamentarios para exigirle la responsabilidad de que cumpla con los acuerdos que se toman en esta Cámara.
Ya le hemos dicho por activa y por pasiva a este Gobierno lo que debería hacer en política fiscal y concretamente con este impuesto indirecto, con el IVA, y como en este caso el Grupo de Senadores Nacionalistas consideramos que esta moción
responde más a una estrategia electoralista del Partido Popular que a un verdadero interés por la política fiscal que realiza el Gobierno, nos vamos a abstener en la votación.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Vilajoana.
El señor VILAJOANA I ROVIRA: Muchas gracias, presidente. Señorías.
Yo comparto en gran parte las palabras que acaba de pronunciar mi colega, senador Pérez Bouza. Yo creo sinceramente que no es positivo que vayamos insistiendo en mociones donde defendemos determinadas posiciones, y está claro que nuestro
grupo -y antes cuando he argumentado nuestra posición y nuestro análisis sobre el techo de gasto que nos proponía el Gobierno he hablado de ello- entiende que en la situación económica en que estamos viviendo la mejor solución no es incrementar los
IVA. Esta es la posición que tenemos, que hemos mantenido y que vamos a seguir manteniendo.
Dicho esto, también es cierto que se aprueban muchas mociones en esta Cámara, originales, de primera lectura, digamos, y luego el Gobierno sistemáticamente las incumple -puede ser que realmente haya mecanismos para forzarlo, pero realmente
es complejo-, y nuestra posición sobre el IVA se la hemos expresado de todas las maneras posibles. Ya entrando en el tema, nuestra posición será la de apoyar la moción por coherencia con nuestras votaciones anteriores.
Respecto al primer punto, quiero comentar que comparto su filosofía. El gran problema que tiene este asunto -evitar que en las facturas no pagadas se retorne el IVA- es que es muy complicado de ejecutar, pero, en cualquier caso, lo
defendemos.
En segundo lugar, el IVA reducido para las actividades turísticas ha sido solicitado muchas veces por nosotros en el Congreso de los Diputados y en esta Cámara. Creemos que es un sector económico que está capeando bien la crisis, que en
estos momentos ha hecho un esfuerzo en inversión muy significativo y sería muy positivo que mejorásemos su competitividad con una medida de estas características.
Y, finalmente, usted plantea un IVA reducido para una serie de sectores como son los generadores de mano de obra.
En cuanto a otro factor determinante de lo que está ocurriendo, me gustaría -y supongo que un día lo hará y si no, interpelaremos al Gobierno- ver un poco la evolución que está teniendo la economía sumergida en este país, sobre todo en estos
sectores, en sectores básicamente de mano obra, en microempresas. Hay mucha gente que ha dejado el sector de la construcción y se ha autoinstalado con empresas pequeñas que realizan este tipo de actividades -por ejemplo, de jardinería- donde tengo
la sensación de que la economía sumergida está creciendo de una forma espectacular. Todo esto debería hacer reflexionar al Gobierno.
El motivo fundamental por el que apoyamos la moción, es porque entendemos que el Gobierno ha de hacerse esta reflexión y se ha de plantear alguna de las medidas que se proponen en esta moción y otras aprobadas en otros momentos. Así pues,
por todo ello, nosotros vamos a apoyar nuevamente una moción de estas características.
Señor presidente, señorías, muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, tiene la palabra la senadora Alberich.
La señora ALBERICH CANO: Gràcies, president.
Molt bon dia, señorías. Muy buenos días. Senador, usted ha dicho que esta moción es un copia y pega de una moción que ustedes ya presentaron en el mes de marzo y que, además, fue en un Pleno prácticamente monográfico sobre el tema IVA,
porque, también, otros grupos había presentado mociones diferentes. No solo eso, sino que en el Comisión de Economía y Hacienda tenemos mociones exactamente iguales, también, para estudiar.
Si quieren que vengamos aquí a repetir lo mismo, lo hacemos, pero estaría bien que, de vez en cuando, tuviéramos imaginación y cambiáramos los argumentos, porque la reiteración del debate, senador, no solo cansa, sino que se puede
interpretar como un menosprecio a la Cámara. Lo que debería hacer yo -y lo que deberían haber hecho, entiendo, el resto de portavoces- es subir aquí, remitirme al Diario de Sesiones del día que lo debatimos y volvernos a sentar en los escaños.
Pero ¿saben qué pasa? Que ustedes no tienen ningún tipo de pudor para hacer esto, no tienen ningún tipo de pudor para coger del archivo de su ordenador una moción que ya está escrita, que está absolutamente obsoleta y presentarla. Nosotros, a
veces, tenemos más pudor en hacer ciertas cosas, porque entendemos que deberíamos respetar un poco más a esta Cámara. Pero precisamente, a lo mejor por eso, en ocasiones, perdemos la partida. Así pues, no voy a tener ningún pudor en repetir los
mismos argumentos que expuse en el mes de marzo que, aunque reconozco que son válidos, les van a sonar mucho, porque los he repetido muchísimas veces e, incluso, usted me podrá decir que están obsoletos.
Ya se lo dijimos en aquel momento, se lo dijo la vicepresidenta en la interpelación y se lo vuelvo a repetir, España no es el único país que ha subido el impuesto sobre el valor añadido entre los años 2009 y 2010.
España forma parte de un
conjunto de países -usted lo sabe-, la Europa de los Veintisiete, que toman una serie de medidas y esas medidas se aplican; nos gustará más o nos gustará menos, pero alguien decidió hace muchos años que estuviéramos en el libre mercado y estas son
sus consecuencias y tenemos que continuar.
En 2009, la presión fiscal de España ha sido inferior al 31%, diez puntos menos que la media europea. Tenemos un objetivo, reducir el déficit público, sanear nuestras cuentas y hacer reformas estructurales para generar confianza y potenciar
el crecimiento. Hemos empezado por la consolidación fiscal, consolidación fiscal que no se hace únicamente por el lado del gasto ni de los ingresos, sino que se repercute en un 70-30.
Fíjese usted, 30 puntos por encima en la reducción del gasto de
lo que debería ser recomendable. Usted sabe que la teoría económica dice que debería ser 50-50, pero este Gobierno ha decidido que un 70% sea aplicado a la reducción del gasto. ¿Por qué? Porque es cierto, y se ha reconocido, que tenemos un
déficit importante que debemos reducir. ¿Por qué la subida del impuesto del IVA? Porque está comprobado, porque lo dice la CEOE y porque ninguna otra subida anterior -lo pueden ir a buscar en los archivos- ha supuesto una reducción del consumo
privado; de hecho, esta subida está
suponiendo mucho menos de lo que se previó en un momento determinado porque muchas empresas han decidido no aplicarlo directamente. Si es una decisión empresarial es porque pueden asumirla, con lo cual nuestras empresas deben estar algo
mejor de lo que nos pensamos cuando argumentamos que puede suponer una reducción en ese consumo y que vamos a acabar de destruir las pymes.
En lo que se refiere al contenido más estricto, aquel que también algún día debatiré con ustedes en la Comisión de Economía porque está pendiente, saben perfectamente que la legislación española no distingue entre concepto de devengo y de
exigibilidad, con lo cual el cambio de régimen de pago de devengo a caja es complicado, pero sí les quiero recordar una cosa, y es que desde enero del 2009, y gracias a una de las medidas que aplicó el Gobierno, los sujetos pasivos pueden solicitar
el pago del IVA mensualmente. Es una incorporación que se aplicó precisamente para solucionar el problema de déficit anual que tenían muchas de las empresas.
El señor PRESIDENTE: Señoría, le ruego que termine.
La señora ALBERICH CANO: Acabo ahora mismo, presidente.
En cuanto al turismo, si bien es cierto que este Gobierno, durante la Presidencia, ha impulsado un grupo de debate para aplicar medidas, también es cierto que hay experiencias de otros países, líderes mundiales en turismo, en los que el IVA
no ha afectado. Y tercero, la rehabilitación y renovación de viviendas, gracias a este Gobierno, goza ya de un tipo del 8%. Es uno de los ejemplos por los cuales deberían revisarse las mociones antes de presentarlas.
Muchísimas gracias. Creo que es obvio que vamos a votar en contra.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Ramis.
El señor RAMIS OTAZUA: Moltes gràcies, senyor president.
El Grupo Parlamentario Popular pretende, como decía anteriormente, reiterar la discusión generada en ambas Cámaras en torno a la reducción del IVA, cuando en Europa el tipo general medio es de un 20%, el reducido de un 10% y el superreducido
prácticamente es inexistente y, por tanto, superiores a los de España.
En estos momentos, casi la mitad de los países de la Unión Europea han elevado el IVA como respuesta ante la crisis. La utilización del impuesto sobre el valor añadido como herramienta frente al déficit muestra cómo los Veintisiete
componentes de la Unión Europea se mueven en bloque.
Únicamente Chipre y Luxemburgo tienen un tipo normal más bajo que el de España, mientras que Estonia ha subido su tipo normal al 20%, Letonia y Lituania lo han subido al 21%, Hungría lo ha subido
al 25%, la República Checa lo ha subido al 20%, Grecia al 23, Rumanía al 24%, Portugal pasando del 20 al 21% o Reino Unido del 17 al 20%. En España los tipos son mucho más reducidos y competitivos que la mayoría del resto de los países europeos con
Gobiernos conservadores, lo cual justifica plenamente la medida aprobada hace ya casi un año.
En referencia al punto relativo a la ampliación de un criterio de caja para el devengo del IVA para las pymes, es una propuesta que, como ya hemos indicado en otras ocasiones, está siendo tramitada en el marco de la Unión Europea, donde se
ha elaborado una propuesta que contiene disposiciones que contemplan y mejoran el criterio de caja, como la derogación del artículo 167 de la Directiva, que afecta al nacimiento del derecho a la deducción a fin de disponer la exigibilidad cuando se
cobra.
Por otra parte, y como comentaba la senadora Alberich, a partir del 1 de enero del 2009 la práctica totalidad de los sujetos pasivos pueden solicitar mensualmente los saldos que originen de sus autoliquidaciones por IVA, con lo que el coste
financiero se ha corregido de una manera muy significativa. En todo caso, una gran parte de los empresarios o profesionales no pueden beneficiarse del sistema de caja como las pymes a que se refiere la moción presentada porque tributan en la
actualidad a través del régimen simplificado o del régimen de recargo de equivalencia.
En los cálculos del IVA devengado resulta independiente del cobro o pago porque el sistema de caja no afectaría en modo alguno a su funcionamiento.
En conclusión, la norma del impuesto se ha flexibilizado significativamente en este particular de forma más segura y eficaz que la que permitía un criterio de caja, haciendo más conveniente esperar a su aprobación en la Unión Europea a fin
de contar con el derecho comunitario definitivo que evite mayores costes y más dificultades de aplicación.
En relación con el punto de la moción relativo a la aplicación al sector turístico de un tipo de IVA superreducido, es una propuesta que, como ustedes sabrán, en estos momentos resulta incompatible con el derecho europeo. Precisamente por
este motivo el Gobierno español ha aprovechado la Presidencia española, dentro del marco de Bruselas, para impulsar las discusiones sobre una propuesta de modificación de la Directiva 2006/112.
Y la Presidencia belga ha confirmado su voluntad de
seguir discutiendo una mejora del texto actual de la directiva. En consecuencia, la mejora en el tratamiento que dispensa el IVA al sector turístico se habrá de realizar sobre la base de un acuerdo en el marco del resultado de su discusión en la
Unión Europea, donde la derecha europea, en la que está integrado su grupo, tiene un peso específico fundamental.
En lo que respecta a su última propuesta relativa a reducir el IVA en servicios como fontanería, etcétera, es la culminación de la desidia de su grupo, que no se ha molestado en retirar un punto que ya está en vigor y en condiciones y
amplitud mayor que su propuesta. Demuestra, por tanto, la poca credibilidad de esta propuesta, que es más que improvisada y más bien rancia dado que con este nuevo real decreto el Gobierno ha generalizado la aplicación del tipo reducido al 8% en
cualquier reforma.
En cualquier caso, el Partido Popular siempre ha defendido la idea de descapitalizar el Estado y, por tanto, reducir los impuestos. Ahora bien, esta postura sería más coherente y convincente si actuasen de la misma forma y manera en los
municipios y comunidades autónomas donde ustedes gobiernan. Lo cierto es que cuando el Partido Popular gobierna no bajan los impuestos, todo lo contrario, pero paradójicamente la imagen que quiere dar a los ciudadanos no es la de un buen gestor del
dinero público, y a los datos me remito: Madrid es la ciudad más endeudada de todo el Estado y la comunidad autónoma
El señor PRESIDENTE: Señoría, le ruego termine.
El señor RAMIS OTAZUA: que tiene un mayor endeudamiento, y todo ello sin entrar a valorar o debatir hoy aquí las irregularidades en la gestión de los Gobiernos populares, del que es un buen ejemplo, entre otros, la comunidad de las islas
Baleares.
En conclusión, esta propuesta es inadecuada, innecesaria e incompatible con el derecho actual, pero sobre todo es inaceptable y constituye una falta de respeto para con esta Cámara y los ciudadanos a los que representamos.
El señor PRESIDENTE: Señoría, le ruego concluya.
El señor RAMIS OTAZUA: Por este motivo les emplazo a que retiren esta moción y a los demás grupos parlamentarios les pido que voten en contra.
Gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el senador Barreiro.
El señor BARREIRO FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, cuando la descalificación sustituye a la argumentación es que no hay argumentación. Esto es lo que le ha ocurrido aquí al portavoz del Grupo Parlamentario Socialista. Se han utilizado dos expresiones sobre las que me interesa
volver.
Creo que se ha hablado de falta de pudor y de falta de respeto institucional, y yo quiero trasladar a la Cámara una reflexión en relación con estas dos cuestiones. ¿Falta de pudor y falta de respeto a la institución es exigirle al Gobierno
que respete al Senado? (Rumores.) ¿Exigirle al Gobierno que respete lo que mayoritariamente se ha acordado aquí? (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.-Fuertes rumores.) Eso es lo que estamos pidiendo aquí, pero
parece ser que como el Gobierno no cumple, y lo volvemos a reiterar, eso es falta de pudor y falta de respeto institucional. (La señora Porta Cantoni: Seis meses tiene para cumplir el Reglamento.)
El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías.
El señor BARREIRO FERNÁNDEZ: A mí me parece que la falta de pudor y la falta de respeto institucional reside en un Gobierno y, particularmente, en un presidente del Gobierno que ha llevado al país a la situación a la que le ha llevado
(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.), y este ha sido el señor Zapatero, y no solo la crisis financiera internacional. Falta de pudor y falta de respeto institucional es la de un señor que dice lo que dice y hace
lo que luego hace; la de un señor que rebaja el sueldo de los funcionarios porque no tiene otra vía a la que acudir; un señor que congela las pensiones; un señor que lleva al país a un 20% de paro y a más del 11% del déficit público. Un señor
que hace todo eso, cuando el día anterior estaba diciendo lo contrario, obviamente, es por falta de pudor. Y nosotros denunciamos aquí esa falta de pudor. Explíquenle ustedes a las casi 70 000 pequeñas y medianas empresas que han tenido que cerrar
el año pasado como consecuencia de la falta de pudor del señor Zapatero, explíquenles que hacemos mal trayendo de nuevo a la Cámara este debate. Y han utilizado correctamente la fecha de marzo, porque fue la fecha del debate. ¿Pero sabe usted -que
ha leído con acierto unos papeles que le han preparado- lo que ha pasado en el primer trimestre? ¿Sabe usted lo que ha pasado hasta el mes de marzo? Se lo voy a decir. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías.
El señor BARREIRO FERNÁNDEZ: Hasta el mes de marzo, en este país han cerrado más de 15 000 pequeños comercios, enviando a la calle a más de 40 000 personas. ¿A qué esperan ustedes, a que vuelva a ocurrir lo mismo en el segundo trimestre o,
todavía, más agravado, y que nosotros miremos hacia otro lado? Ustedes sí, ustedes claro que miran hacia otro lado, pero nosotros tenemos una obligación con la sociedad española, que confía en el Partido Popular y en otras fuerzas políticas. Y esa
obligación y esa responsabilidad es la que nos lleva a exigirle al Gobierno que cumpla lo que se acuerde en las Cámaras, que es lo único que estamos señalando aquí. Sin embargo, parece que ustedes miran hacia otro lado, que se autojustifican y se
quedan muy satisfechos con lo que ustedes definen como la soledad del Partido Popular. Pero, teniendo en cuenta la votación anterior, ¿dónde está esa soledad? Usted quiso sacar a relucir aquí el debate del estado de la nación, pero el que estaba
solo no era precisamente el señor Rajoy (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías
El señor BARREIRO FERNÁNDEZ: El que estaba solo, y, sobre todo, el que no entendía y no entiende lo que está ocurriendo en el país, es el señor Zapatero. Por estar solo, por estar solo, ahora parece que hasta se asusta de ir a Rodiezmo.
Por lo tanto, compruebe usted dónde está la soledad, pues no está precisamente en este lado.
Apelo una vez más, señor presidente, señorías, a la coherencia y a la responsabilidad. Esta es una Cámara de debate político, esta es una Cámara para discutir en térmi-
nos políticos aquellas cuestiones que le preocupan a la sociedad, y lo haremos tantas veces como sea necesario mientras ustedes y el Gobierno al que están apoyando siga haciendo lo que lleva haciendo durante estos últimos años a la sociedad
española.
El señor PRESIDENTE: Señoría, ruego termine.
El señor BARREIRO FERNÁNDEZ: Termino, señor presidente.
Mientras el Gobierno de España, y particularmente el señor Rodríguez Zapatero, no sea capaz de enderezar la situación, siempre que esto ocurra, nuestra obligación y responsabilidad
El señor PRESIDENTE: Señoría, acabe.
El señor BARREIRO FERNÁNDEZ: ... es reclamárselo y así lo haremos.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.-El señor Lago Lage: El señor Rajoy no está solo, no está.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Llamen a votación.
Señorías, tomen asiento.
Cierren las puertas.
Vamos a proceder a la votación de la moción consecuencia de interpelación del Grupo Parlamentario Popular que acabamos de debatir.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 257; a favor, 129; en contra, 123; abstenciones, 5.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
MOCIONES
-- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A REALIZAR LAS MODIFICACIONES LEGALES NECESARIAS PARA QUE LA CUSTODIA COMPARTIDA SEA CONSIDERADA COMO MODELO PREFERENTE EN LOS PROCESOS DE SEPARACIÓN O DIVORCIO
(Número de expediente 662/000128).
El señor PRESIDENTE: Señorías, pasamos al punto octavo del orden del día: mociones.
Moción del Grupo Parlamentario Popular en el Senado por la que se insta al Gobierno a realizar las modificaciones legales necesarias para que la custodia compartida sea considerada como método preferente en los procesos de separación o
divorcio.
Se han presentado dos enmiendas a esta moción, una del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió y otra del Grupo Parlamentario Socialista.
Para la defensa de la moción, tiene la palabra el senador Altava. (El señor vicepresidente, Molas i Batllori, ocupa la Presidencia.-Rumores.)
El señor ALTAVA LAVALL: Con la venia, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Un segundo, senador, para conseguir que haya silencio en la Cámara. Si los señores senadores lo desean, podemos continuar el Pleno.
Puede empezar cuando desee.
El señor ALTAVA LAVALL: Señorías, hoy es una evidencia que la familia ha cambiado. El modelo tradicional de familia no es aquel al que nosotros estábamos acostumbrados y en el que nos hemos criado.
Hoy hay familias monoparentales, relaciones de pareja, bien de matrimonio, bien que no están casadas, familias heterosexuales e, incluso, familias homosexuales. El panorama, pues, está muy lejano de ofrecer la homogeneidad que habitualmente
tenía la familia.
Ahora bien, el objetivo de la legislación no ha cambiado, y es el de crear bienestar en esa familia, sea del tipo que sea. Por eso, las instituciones y el Gobierno tienen la obligación de proyectar en la familia todos los beneficios de la
legislación. Eso sí, apoyando, no interviniendo, porque no nos encontramos o no debemos encontrarnos -aunque las políticas del Partido Socialista en ocasiones lo desenmascaran- en un Estado intervencionista, dado que la familia es una institución
íntima del individuo en la que se debe garantizar el máximo respeto a las libertades individuales y a la autonomía organizativa.
Por ello, la legislación favorece el apoyo a la maternidad, el cuidado de las personas dependientes, a la mejora de la integración familiar de las personas mayores, y hacer posible la conciliación familiar y laboral.
Precisamente, señorías,
de eso va la custodia compartida: la conciliación de la vida familiar y laboral, y en los casos de ruptura del vínculo matrimonial, reducir al mínimo el perjuicio a los menores, a las hijas y a los hijos.
Qué duda cabe de que la importancia de la familia está recogida tanto en las normas autonómicas, como en las estatales y en las de la Unión Europea. Baste recordar los artículos 33 y 39 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión
Europea y el artículo 39 de nuestra Constitución, que exige taxativamente adoptar políticas que garanticen la protección de las relaciones familiares. Pues bien, a ese fin conduce precisamente la custodia compartida, que deviene en una situación
legal en la cual, caso que haya separación matrimonial o divorcio, ambos progenitores deben ejercer la custodia legal de sus hijos menores en igualdad de condiciones y derechos, a diferencia de lo que ocurre con la legislación vigente.
Señorías, no vamos a inventar nada nuevo. Con la adopción de esta moción simplemente vamos a copiar lo que funciona en las democracias más avanzadas. En Estados Unidos, en Alemania, en Francia, en Reino Unido, o en
Italia, ya tienen perfectamente imbricada la custodia compartida en su legislación, y los jueces acuerdan esa custodia compartida de los hijos con carácter preferente.
Señorías, en 1981 se aprobó en España la Ley del Divorcio; desde entonces ha llovido mucho y se han hecho muchas cosas buenas y algunas bastante malas; de hecho, más de 100 000 rupturas se producen al año, y en el año 2008 se alcanzó un
pico de 118 939.
Señor presidente, señorías, la custodia compartida que defendemos fundamenta la conjugación de dos derechos básicos: en primer lugar, el derecho que tienen todos nuestros hijos a mantener una relación equilibrada con sus padres, con su
padre y con su madre; y, en segundo lugar, precisamente ese derecho-deber -que es una configuración modal- de los padres a la crianza y educación de sus hijos y a su educación familiar.
¿Por qué acogemos la custodia compartida? ¿Por qué queremos precisamente que pasen el mismo tiempo los hijos y las hijas con el padre que con la madre y que los padres se involucren en una responsabilidad por igual? Por beneficio e interés
de los hijos; para que los hijos vean que sus padres se siguen preocupando por ellos y que su padre no pase a ser un señor que ven cada quince días, un fin de semana y, con suerte, algún día entre semana, como ocurre en la mayoría de los casos, y
muchos de los que estamos aquí somos plenamente conscientes de eso.
A este moción se han presentado dos enmiendas: una, por parte del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió y, otra, por parte del Grupo Parlamentario Socialista. Desde luego, la enmienda de modificación que presenta
Convergència i Unió no se puede admitir en ningún punto. Paso a leerla. La enmienda de modificación propone que el Senado inste al Gobierno a realizar las modificaciones legales necesarias para que la defensa del interés superior del menor y el
derecho de los hijos a disfrutar de una adecuada relación paterno-filial, con su padre y madre, sea lo preferente en los casos de separación o divorcio. En esa primera parte de la enmienda dicen lo que establece toda la legislación.
El artículo 39
de la Constitución, la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal de Menores 5/2000, y el Código Civil en su artículo 92, recogen, con distintas redacciones, el interés superior del menor, el interés y protección de la familia, el interés supremo del
menor, el interés superior de los menores, etcétera. Por tanto, eso no hacía falta recogerlo. Para este viaje no hacían falta alforjas.
Y en la segunda parte instan a que se estudie -de nuevo volvemos a instar al Senado a seguir perdiendo el tiempo estudiando- la incorporación de la custodia alterna como una de las opciones, cuando nuestra opción es muy clara y diferenciada:
queremos la custodia compartida con carácter preferente. La custodia compartida no puede ser una de las opciones, porque esa opción ya se recoge en la actualidad con la reforma del Código civil que muchos de ustedes realizaron en el año 2005.
En segundo lugar, la enmienda de sustitución propuesta por el Grupo Parlamentario Socialista no hay por dónde cogerla -y lo digo con todo el cariño y el respeto al grupo proponente- porque: «Se insta al Senado a crear una Ponencia de
estudio, en el seno de las Comisiones de Justicia e Igualdad -es decir, sumar las Comisiones de Justicia e Igualdad, con lo complicado que a veces resulta en esta Cámara-, que analice con carácter multidisciplinar las diferentes dimensiones, tanto
jurídicas como sociales y psicológicas, de la institución de la custodia compartida de los hijos en los supuestos de separación y divorcio». Me gustaría ver si alguien me puede explicar esta enmienda porque no la entiendo. Insisto, señorías, quizá
porque mi profesión me hace estar muy pegado a la ley, no entiendo nada de lo que se quiere decir aquí.
¿Saben lo que están haciendo? Instar al Senado para que siga perdiendo el tiempo; se insta al Senado a que no haga nada, que no actúe. (Rumores.) Si quiere, me podrá contestar después.
Señorías, en el año 2005 aprobaron una reforma del artículo 20.2 del Código Civil; han transcurrido cinco años y, si de verdad estaban interesados en esa ponencia de estudio ¿no se podría haber realizado ya? Tenemos que actuar porque aquí
estamos para actuar, para modificar y para estar atentos a las realidades sociales.
¿Se puede admitir que alguien que esté capacitado para formar una relación de pareja, que incluso se plantee adoptar o tener un hijo, por mor de que exista una ruptura del vínculo matrimonial, legalmente se le inhabilite para estar con su
hijo? ¿Alguien que está unido por matrimonio o mantiene una relación de pareja y convive con su hijo, por el mero hecho de que mañana se rompa el vínculo matrimonial ya no es apto para estar con él? ¿Se presume que le va a influir de forma
negativa, cuando es posible que sea todo lo contrario? ¿Se pretende que quede distanciado de sus hijos, que se rompa esa relación padre-hijo, hijo-padre? Da igual que la relación sea heterosexual u homosexual, en lo que no entramos porque estamos
plenamente convencidos de que es así. (Risas.) Señorías, parece que son ustedes los que no están convencidos. En serio, ¿creen que una pareja que puede decidir tener un hijo, después es posible que la ley le obligue a no estar con él?
Señorías, estamos hablando de los hijos, de nuestros hijos, ¿quieren ustedes más a alguien en su vida? Si ustedes se separaran o divorciaran, ¿considerarían lógico o lícito que la ley les obligara a no estar con sus hijos? ¿Les van a dar
ustedes mala formación a sus hijos? Estoy seguro de que no, que ustedes van a querer lo mejor para ellos, estén casados y mantengan o no una relación de pareja porque son nuestros hijos y a ninguno de los que estamos aquí nos es dado pensar que
vamos a querer una mala formación -y eso sin llegar al síndrome de alienación parental- para nuestros hijos e hijas. Queremos lo mejor para ellos y la ley no puede obligarnos a no estar con nuestros hijos, a seguir dándoles esa buena formación, esa
buena educación que les hemos proporcionado cuando convivíamos con pareja. El mero hecho de que se rompa la pareja solo implica que se rompe el vínculo matrimonial o el vínculo de pareja, pero nunca el afecto de los padres hacia sus hijos e hijas
ni de los hijos y las hijas hacia sus padres,
y creo que no hay que explicarlo más. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)
Señorías, custodia compartida equivale a custodia paritaria, a custodia con derechos y obligaciones; derechos y obligaciones que tienen que asumir ambas partes.
Queremos que se adopte el modelo francés. En el año 2003, una ministra socialista lo propuso a la Cámara, al Parlamento francés, que lo aprobó por unanimidad y eso es lo que me gustaría que ocurriese aquí, ante una moción tan importante y
vital para muchas personas y, fundamentalmente, para los menores, para nuestros hijos, para que puedan estar tanto con su padre como con su madre.
Además, no solamente lo piden los grupos políticos sino también las asociaciones civiles y, en concreto, quiero referirme a la Confederación Estatal de Asociaciones de Madres y Padres Separados, que hoy se encuentra entre nosotros, que como
sociedad civil nos reclama que actuemos, que legislemos el clamor unánime que existe en la calle para que los hijos no pierdan ese contacto con su padre y con su madre por la ruptura del vínculo. Ellos vienen trabajando desde hace muchos años y
ahora nos exigen que nosotros nos pongamos a legislar.
Además, señorías, el devenir legislativo es muy claro: las cosas ocurren en la vida, después viene la doctrina y luego el derecho. En la vida hay separaciones -lo sabemos-, hay rupturas de vínculos; después viene la doctrina -la doctrina
científica- regulando, trabajando, hablando y escribiendo al respecto, y luego le toca al derecho. Es en este momento en el que nos encontramos. Hay rupturas, y sabemos, porque lo dicen infinidad de psicólogos, que los hijos lo pasan mal y tenemos
que intentar, como también dice la doctrina, que esa ruptura sea lo menos traumática para los hijos, por lo que toca que se modifique ya la ley; toca que el artículo 92 sea reformado con el acogimiento de esa custodia preferente.
Muchos de ustedes estuvieron en la reforma de la Ley 15/2005, que precisamente acogió esa custodia compartida; custodia compartida que, si me permiten, no entiendo en absoluto porque lo que plantean -viene recogido actualmente en la
legislación- es un ejercicio compartido, en primer lugar, si hay acuerdo por ambos progenitores y, en segundo lugar, se exige informe vinculante del ministerio fiscal. ¡Incomprensible, señoría! Es acoger el principio acusatorio propio del proceso
penal y llevarlo al proceso civil. O sea, no estamos en la congruencia -perdonen el latinajo, pero tengo que decirlo- del ne eat iudex ultra, extra o citra petita partium, es decir, que no se puede conceder más allá de lo pedido por las partes en
el proceso penal, sino que aquí trasladamos el acusatorio al civil. No solamente no podremos darle en el proceso penal algo a la parte si no lo pide el ministerio fiscal, sino que vinculamos al juez a que haga necesariamente lo que le pida el
fiscal; o no podemos otorgar esa custodia si no la pide el ministerio fiscal. No se entiende.
Barrabasada jurídica, a mi modesto entender.
En segundo lugar, es muy fácil para aquel progenitor que sabe que se va a quedar con la custodia -preferentemente la madre, en nueve de cada diez casos- decir: si sé que no llego a un acuerdo de custodia compartida, la custodia va a ser
para mí y voy a tener yo a los hijos. Eso es actuar de manera muy fraudulenta por una de las partes, y la legislación que ustedes reformaron en su momento lo recoge. Es una reforma corta que pretendemos volver a reformar en este momento, porque
configura la custodia compartida de manera muy excepcional.
La mayoría de las quejas que plantean los ciudadanos en la Administración de Justicia civil son por la custodia compartida y, dado que tengo ya muy poco tiempo, no voy a entrar en ello, pero determinadas comunidades autónomas con derecho
foral propio lo han hecho. En Aragón, el Partido Socialista, la Chunta Aragonesista y el PP aprobamos la custodia compartida; en Cataluña el Gobierno tripartito hizo exactamente lo mismo; nosotros allí nos abstuvimos por la mala técnica de la
norma. Tengo aquí el artículo 223.10.2, de la conciliación civil catalana que establece que la autoridad judicial sea la que decida. No queremos que sea la autoridad judicial la que decida, sino que decida la ley con la custodia compartida
preferente; que devenga en automática esa custodia compartida. ¿Por qué? Porque, entre otros beneficios, va a obligar a que las partes lleguen a un acuerdo, a que haya una verdadera mediación, porque ninguna de las dos partes se va a ver
favorecida en la custodia. Las dos partes sabrán que si no llegan a un acuerdo, el mejor para los hijos, devendrá la custodia compartida. Y eso precisamente es lo que intentamos reformar porque creemos que eso es actuar en beneficio e interés de
los menores.
Señorías, la custodia compartida no es cuestión de siglas partidistas, lo ha aprobado Aragón, lo ha aprobado el tripartito de Cataluña, se va a aprobar en Navarra, se va a aprobar en la Comunidad Valenciana. Hay cantidad de mociones de
ayuntamientos: de Andalucía, de la Comunidad Valenciana, de Madrid, etcétera. Se están aprobando mociones a favor de la custodia compartida con carácter preferente, y eso lo conocemos todos.
Hay una iniciativa también muy importante del Ararteko,
del Defensor del Pueblo vasco, que ante la demanda masiva que ese año se ha acumulado -informe de 2010 referente a 2009-, plantea ante la defensoría del pueblo la necesidad de reformar la legislación, y que se proceda ante las Cortes Generales para
la modificación legal.
Para finalizar, simplemente quiero decir que con esta actuación legislativa el Grupo Parlamentario Popular quiere conjugar los dos principios básicos y fundamentales que persigue la custodia compartida: en primer lugar, que nuestras hijas e
hijos tengan una relación equilibrada y continua con ambos progenitores después de la ruptura del vínculo, porque lo único que se rompe es el vínculo entre la pareja, pero no el afecto con los hijos, a los que se les sigue queriendo muchísimo como
padres.
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Senador.
El señor ALTAVA LAVALL: Gracias, señor presidente, termino.
Y, en segundo lugar, el derecho de los progenitores de ver a sus hijos y proveer su la crianza y educación.
Muchas gracias, señor presidente. (Fuertes aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias, senador.
Por el Grupo de Convergència i Unió, para defender la enmienda, tiene la palabra la senadora Candini.
La señora CANDINI I PUIG: Gràcies, senyor president.
Estamos ante una moción presentada por el Grupo Parlamentario Popular, y nosotros hemos presentado una enmienda en nombre del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió; una enmienda en la que el Senado insta al Gobierno a realizar las
modificaciones legales necesarias para que la defensa del interés superior del menor y el derecho de los hijos a disfrutar de una adecuada relación paternofilial, con su padre y su madre, sea lo preferente en los procesos de separación o divorcio, y
en este sentido estudie incorporar una custodia alterna o alternativa como una de las opciones que el juez tenga en cuenta a la hora de decidir sobre los efectos de la ruptura en lo que a los hijos respecta.
Nuestro grupo parlamentario considera que estamos ante una cuestión muy delicada. Por eso apostamos para que la custodia alternativa sea considerada una opción más. Siempre se tiene que garantizar y tiene que prevalecer el interés del
menor. No podemos cerrarnos a un acuerdo fijo.
Custodia compartida como una de las opciones, no como la preferente. En la práctica, hoy los tribunales, con la legislación en la mano, aplican cada vez más la custodia compartida, pero lo hacen
ateniéndose a las circunstancias de las familias y las parejas de hoy. Hace diez años era impensable, hace cuatro una práctica incipiente, y ahora empieza a plantearse en las relaciones personales de los padres divorciados con hijos más
conjuntamente.
Desde nuestro punto de vista, el juez ha de poder decidir sin preferencias, ha de poder valorar sin constricciones legales en cada situación. El término preferente limita una decisión que dé garantías de lo que para nosotros es básico, y es
que primero son los hijos, segundo, el acuerdo, y tercero, que el juez decida con los criterios que la ley le da. Insistimos en que es necesario analizar caso por caso y siempre priorizando el interés del menor. La custodia compartida, a nuestro
entender, no se puede imponer. Hay que tener en cuenta que el régimen de custodia compartida para que sea eficaz y beneficioso para el menor tiene que garantizar una muy buena disposición de la ex pareja a la comunicación entre ambos para que el
menor o los menores no sufran. En el marco de incomunicación entre la pareja no es probable que se den condiciones para el ejercicio de una custodia compartida. Para nosotros la filosofía que debe prevalecer en un régimen de custodia compartida es
la decisión libremente adoptada por ambos progenitores, y un compromiso real de las responsabilidades que comporta y en el que las discrepancias entre los adultos no deben perjudicar al desarrollo personal del menor.
Insistimos, ante todo debe
prevalecer su beneficio, la defensa del interés superior del menor y el derecho de los hijos a disfrutar de una adecuada relación paternofilial con su madre y con su padre, de modo que sea lo preferente en los procesos de separación o divorcio y, en
este sentido, se estudie incorporar la custodia alternativa como una de las opciones que el juez tenga en cuenta a la hora de decidir sobre los efectos de la ruptura en lo que a los hijos respecta. Esta es nuestra posición.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Díaz Tejera para defender la enmienda presentada.
El señor DÍAZ TEJERA: Con la venia, señor presidente.
El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una enmienda que plantea no abordar este asunto ni en clave de dolor, ni con frivolidad. No se puede abordar en clave de dolor porque en la Cámara cada uno y cada una tiene su experiencia;
vivencial, familiar, en el núcleo básico o en familia extensa, pero todos tenemos experiencia; no solo los que hemos dictado sentencias de separación y divorcio, todos hemos vivido esto. Y es un asunto que solo se puede abordar en términos de
razón, solo en términos de razón y solo teniendo en cuenta el interés más digno de protección, el interés supremo de los menores, no ninguna fórmula de revancha de nadie en absoluto. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
Hay que ser solidarios con todo ser humano que sufre este desgarro siempre, porque supone sufrimiento. Es fracaso individual, es fracaso grupal. Solidario con quien sufre, siempre; pero, a su vez, el tercero imparcial tiene que resolver
una situación. Y nosotros lo que planteamos es: en el año 1981 se hizo la reforma Fernández Ordóñez, -que en paz descanse- y se hizo posible que ya no solo los que tenían dinero pudieran anular su matrimonio y casarse por segunda vez por la
iglesia, sino que pudieran hacerlo en el ámbito civil en separación o en divorcio.
Desde el año 1981 no se reformó hasta el año 2005, sesiones de 6 de junio de 2005 en comisión y 22 de junio de 2005 en Pleno, páginas 30 y 31 del primero y 2789 en adelante del segundo. Y lea usted lo que decía la señora España de Moya,
portavoz del Grupo Popular: Nuestro grupo considera que solo debe otorgarse la custodia compartida cuando se solicite por mutuo acuerdo de las partes y no debería concederse en caso de discrepancia de las partes. Pensamos que es más beneficioso
para el menor, porque para que funcione la custodia compartida debe existir un grado de colaboración, de buena comunicación entre los padres, un cierto grado de armonía entre los progenitores, al menos en lo que respecta a los hijos, su vida, su
salud, educación, etcétera. Esto lo decía el Grupo Popular en el 2005 para impedir lo que planteaba el Gobierno socialista, y lo que pretendía era una vieja reivindicación de las mujeres que han luchado por los derechos de las mujeres; las
feministas peleaban para incorporar al hombre a las tareas parentales porque era bueno para los menores; repito, era bueno para los menores.
Usted aquí, discúlpeme, ha hecho trampa, se ha referido al apartado 8 del artículo 92, que plantea de manera excepcional, cuando no hay acuerdo entre las partes, que se pueda acceder a la custodia compartida previo informe vinculante del
ministerio fiscal, pero no ha aludido al apartado 5 del artículo 92, que establece la custodia compartida cuando hay acuerdo de las partes. Ahí no cabe el principio acusatorio al que se ha referido el ministerio fiscal, ahí ha hecho trampa, señor
Altava; discúlpeme usted pero así lo ha hecho. Lo digo con todo respeto y todo cariño, pero así lo ha hecho.
Pues bien, entonces ustedes ni siquiera aceptaban de forma excepcional lo que el Gobierno y el Grupo Socialista querían recoger como algo excepcional. ¿Y qué pretenden hoy? Lo que entonces no aceptaban que fuera excepcional, ahora lo
quieren convertir en regla general, en regla común y, encima, impuesto. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) Es decir, se plantea que un hombre y una mujer no aceptan acuerdo sobre nada de lo básico, a excepción de
separación de habitación y de lecho, y sobre todo lo demás, aunque no hay racionalidad ni sentido común, usted les obliga a tener que llegar a acuerdos, en una especie de matrimonio a la fuerza, excepto separación de lecho y habitación. A mí me
parece un absoluto disparate.
Es un asunto demasiado serio, y me quedan pocos segundos. Señor Altava, antes decía usted que estudiar es perder el tiempo. Los socialistas no creemos que estudiar sea perder el tiempo. Estudiar siempre es importante. Recibir a todos los
grupos de la sociedad civil, que son muy plurales, muy plurales en todos los ámbitos, y escucharlos a todos, y una vez se escuche a tantas y tantas personas, plantearnos abordar este asunto con seriedad, con rigor, no con dolor y mucho menos con
frivolidad. Lo siento mucho, pero estamos en profundo desacuerdo con esta frivolidad. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias, señor senador.
El portavoz del Grupo Parlamentario Popular no tiene la palabra para reiterar lo que antes ha anunciado, sino para decir si acepta o no las enmiendas propuestas.
El señor ALTAVA LAVALL: Gracias, señor presidente.
Indudablemente, no podemos aceptar ninguna de las enmiendas, entre otras cosas, por la frivolidad de lo que se plantea. Posteriormente, en el turno de portavoces tendré oportunidad de contestar.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias, señoría.
¿Turno en contra? (Pausa.)
Se va a dividir el turno en contra. En primer lugar, tiene la palabra la senadora Candini.
La señora CANDINI I PUIG: Gràcies, senyor president.
Intervengo únicamente para decir al senador del Grupo Parlamentario Popular que lamento que califique nuestra enmienda de frívola -nosotros consideramos que es una enmienda serena, que refleja la realidad de esta cuestión tan delicada y
problemática- y que lamento también la mínima cortesía parlamentaria que ha mantenido este senador respecto a mi grupo porque parece que la enmienda que hemos presentado no ha merecido ni siquiera una llamada telefónica para contrastar parte de
nuestra exposición.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias, señoría.
Tiene la palabra el senador Díaz Tejera.
El señor DÍAZ TEJERA: Gracias, señor presidente.
Señoría, en primer lugar, ha dicho usted bien al afirmar que había varios modelos de familia -un sociólogo ha establecido hasta 17- y le repito lo que ha dicho usted: incluso la familia homosexual; es una expresión suya.
Me parece muy
bien que usted lo acepte y que no se plantee recurso de ningún tipo. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
Señoría, fíjese usted que en la reforma del año 2005, cuando planteamos la desaparición del esquema causal -es decir, no había que buscar causas para la separación o el divorcio, bastaba la voluntad de uno de los cónyuges, lo que se llamaba
en la antigua doctrina la desaparición del affectio maritalis-, su grupo parlamentario decía que eso era anticonstitucional, porque era un contrato sinalagmático y había que buscar una causa para poderlo revocar.
Nosotros argumentamos que era suficiente causa que uno de los cónyuges presentara una voluntad firme -con la ratificación de la demanda ya es suficiente- de que quería disolver el vínculo, incluso plantearse la no necesidad de buscar
fórmulas de separación previa, años de suspensión de convivencia, etcétera para plantearse después el divorcio.
Ustedes decían que la desaparición del esquema causal era anticonstitucional y asimismo decían que la fórmula excepcional de la custodia compartida también lo era. Me remito a lo que le he dicho anteriormente, y tengo aquí los textos para
debatirlos, si usted lo desea.
En segundo lugar, ha hecho referencia a una especie de ola o de fantasma que nos invade, y convendría precisar lo siguiente: en Cataluña no se ha aprobado lo que usted ha dicho; en Francia existe el modelo de responsabilidad parental
compartida, y no es cierto que usen el concepto de la patria potestad ni el de la guardia y custodia. Y el modelo que se ha aprobado en el Libro segundo del Código catalán, que es el libro de familia, lo ha estado tramitando durante tres años un
observatorio de derecho privado formado por la academia -catedráticos, notarios, abogados- y una ponencia, que ha estado seis meses trabajando, con 13 reuniones, con 40 comparecientes de todos los ámbitos de la sociedad civil, sin excepción, no
manejando al Legislativo sino suministrando información.
Pues bien, después de todo eso, se ha aprobado lo siguiente: concepto a), responsabilidad parental compartida -no patria potestad-. Cada cónyuge tiene que presentar su plan parental; el juez lo debate y, si llega a acuerdo, lo establece,
pero, en segundo lugar, si no es posible la guarda conjunta porque no hay acuerdo, establece la guarda individual, es decir, que uno adopte la decisión. No usan el concepto de custodia, solo el concepto de guarda -responsabilidad parental
compartida y guarda conjunta-. Si no fuera posible esa guarda conjunta -artículo 92.5-, en el supuesto excepcional el juez se la adjudica a uno de los cónyuges, a uno de los padres. Es más -y esto es un asunto muy relevante-, suprime al
automatismo de que el progenitor custodio que tiene la guarda se quede con la vivienda -suprime ese automatismo- y establece que la vivienda la tenga el cónyuge de más necesidad. Por tanto se plantea que esos menores estén con el cónyuge al que se
le ha adjudicado esa guarda, y no necesariamente en la vivienda conyugal.
Lo que trato de trasladarles es que si quieren que debatamos el Código de Familia, el Libro segundo del código, si quieren que hablemos del modelo aragonés que parte de la presunción de que tiene que ser compartida y no lo será si se
acreditase -carga la prueba a la otra parte- que una de las partes está incursa en algunos de los supuestos que le inhabilite para tal cosa, lo hacemos. Fíjese, señoría, la dilación suya de antes de «legalmente se le inhabilite para estar sin los
hijos». A mí me parece que es una barbaridad como la copa de un pino. Eso no es así, eso solo lo será en los supuestos de la supresión de la patria potestad. Incluso le digo más: no confunda el concepto de patria potestad con el de la guarda y
custodia; para nada. No se suprime la patria potestad, ciertamente no se plantea como un derecho de los padres -comete usted un error, y le remito a los artículos 7.1, 8.1, 9.1 y 9.3 de la Convención Internacional de los Derechos del Niño-, se
trata del derecho del niño o la niña para tener una relación con sus progenitores y con la familia excelsa. Esa es la cuestión.
Lo que trato de decirle es que lo que se debate aquí no es tener en cuenta las experiencias en virtud de las cuales a alguien se le ha inhabilitado para estar con hijos. Eso no se da, no es la situación. En España, desde el año 2005 hasta
ahora, cuando ha habido acuerdo entre los cónyuges se ha dado la custodia de manera compartida, y en el artículo 92.8 solo se plantea de manera excepcional cuando alguno no esté de acuerdo.
Y hay una cuestión de constitucionalidad -que tengo en mi poder, así como el texto del debate del Parlamento catalán, el de las Cortes de Aragón- planteada por la Sección Quinta de la Audiencia de Las Palmas en torno a si ese derecho de veto
que contiene el artículo 92.8 se ajusta o no al artículo 14 de la Constitución-; repito, existe una cuestión de constitucionalidad presentada por la magistrada, y el Tribunal Constitucional ya hará su valoración.
Señoría, quiero trasladarle que en verano y en Navidades los juzgados de Primera Instancia de toda España o los juzgados de familia -según el partido judicial- se llenan de estos asuntos. ¿Por qué razón? Porque son los momentos de la
entrega al cónyuge que no tiene la guarda. Señoría, si queremos abordar esto con seriedad y con rigor, si queremos escuchar a toda la sociedad civil sin excepción, ¿por qué no nos planteamos esa ponencia de estudio? Estudiar no es perder el
tiempo, estudiar es consultar con todos los que integran la sociedad civil, consultar con los operadores jurídicos y plantearnos trabajar sobre este asunto durante un plazo -por ejemplo, podemos establecer un año- y a resultas de ese trabajo ver qué
se puede hacer. Si la reforma la hicieron las Cortes Españolas en 1981 y luego en 2005, ¿cómo se plantean abordar esto en cuestión de cuatro años, cuando apenas ha rodado esta ley de 2005, y en la práctica real, sabe su señoría que la custodia
compartida se estaba concediendo en España por muchas audiencias, incluso antes de la reforma de 2005? Cuando llegaba un texto a una sala, a un juzgado de familia donde se planteaba que había un acuerdo, una relación de afectividad semejante entre
los cónyuges, entre los padres, madres y los hijos se accedía a esta custodia compartida, muchas veces de facto y otras de iure. Es así. Eso ya lo ha hecho la jurisprudencia. Nosotros no estamos en contra del principio general porque fueron el
Gobierno socialista y el Grupo Parlamentario Socialista los que trajeron aquí esta reforma; el concepto de custodia compartida lo ha traído a las Cortes españolas el Gobierno socialista. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista.) Luego nosotros no estamos en contra de algo que hemos traído aquí, que hemos coadyuvado a que naciera. Ustedes no aceptaban que naciera y ahora, encima, quieren convertirlo en regla general impuesta a todo el mundo, cuando ni siquiera
hay acuerdo. Es una barbaridad, es un semillero permanente de conflictos, y podríamos ver a un montón de jueces decidiendo a qué colegio va el niño o la niña porque las partes no se ponen de acuerdo. Es una barbaridad.
Si queremos abordar con rigor y seriedad este asunto, lo más razonable es constituir esa ponencia de estudio. Será rigurosa en la medida en que los que la integren lo seamos. Es así. Si los que la integran somos rigurosos y queremos
trabajar con seriedad podemos escuchar a todos sin excepción y, a la luz del trabajo que hagamos, plantear las modificaciones necesarias.
Sinceramente, yo le invito a que abordemos esto con seriedad. Hay algún dato ya establecido respecto a que el 40% de los malos tratos en España provienen de hombres que viven situaciones de separaciones y divorcios.
Existe algún porcentaje
significativo de hombres que generan malos tratos cuando la mujer está embarazada; parece ser que, desde el punto de vista psíquico, esa situación les hace verse desplazados y genera ese tipo de conflicto. Lo que es rotundo en todas las encuestas
y estudios es que el 40% de los malos tratos por violencia de género proviene de estar incursos en procedimientos de separación o divorcio.
Abordar este asunto con rigor y con seriedad exige escuchar a todo el mundo -insisto en ello-. Por eso, qué bueno sería que nosotros mismos, sin plantearnos el divorcio exprés y tampoco ninguna moción exprés, como ha manifestado esta mañana
aquí algún parlamentario, lo
abordásemos en esa clave. Si usted acoge las propuestas que hemos planteado hoy aquí para tratar de reflexionar sobre todo esto con seriedad y rigor, nos encontrará, señor Altava. Lo bueno no es ser altavoz de ningún grupo, dicho con todo
el respeto, sino escuchar a todo el mundo sin excepción, abordar el estudio y, a continuación, hacer una reforma al respecto si fuera menester. Pero, sinceramente, todos los datos nos indican lo contrario.
Mire lo que ocurre en el Consejo General del Poder Judicial. ¿No cree usted que los mediadores de familia necesitan unos protocolos de formación semejantes para toda España? ¿No podríamos abordar eso en esa ponencia de estudio? ¿No cree
usted que sería bueno que los fiscales y jueces de España recibieran una formación común en esta materia? ¿No cree usted que podríamos abordarlo en esa ponencia de estudio? ¿No cree usted que podríamos preguntar a los tribunales superiores y a las
audiencias provinciales, que están viendo los recursos contra los juzgados de Primera Instancia o los juzgados de familia, cómo ha ido la aplicación durante estos cuatro largos años de la Ley 15/2005, de 8 julio? Podríamos cuestionarnos todo eso y,
desde luego, si lo hacemos, estaremos en mejores condiciones de plantear las modificaciones necesarias. Es más, así estaríamos legitimando y prestigiando la labor y el ejercicio del Senado.
Los socialistas le invitamos a eso, a abordarlo con mucha seriedad y rigor, porque el asunto lo merece. No olvidemos una cosa, insisto: el interés supremo y el más digno de protección es el de los menores. Ningún modelo impuesto es bueno,
ninguno, pero vigilando siempre el interés supremo del menor ya veremos en cada momento cuál es el mejor. Ya hay unos criterios preestablecidos, los que figuran en el artículo 233.11, del Libro segundo del Código de familia catalán, que reduce el
arbitrio judicial y establece unas pautas para decidir qué cónyuge es el que tiene la guarda. ¿Sabe usted por qué? Porque, en lugar de acentuar que esto sea una ciencia valorativa, se trata de ir acomodando las pautas sociales que en cada momento
consensúe la sociedad civil.
En la medida en que exista una fórmula razonable podremos reflexionar sobre ella. Acepte la tesis de constituir esta ponencia de estudio, porque todos saldremos ganando, sobre todo los menores, señor Altava, y créame porque va en serio lo
que le digo. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias.
Pasamos al turno de portavoces.
Tiene la palabra el senador Belda.
El señor BELDA QUINTANA: Muchas gracias, señor presidente.
Voy a compartir el turno con el senador Mur. Mi intervención será extremadamente breve y el resto del tiempo que le corresponde al grupo lo agotará el senador Mur.
En primer lugar, quiero saludar a los representantes de las asociaciones de padres y madres separados que hoy nos acompañan desde la tribuna.
Simplemente queremos manifestar el apoyo de Coalición Canaria a esta iniciativa ya que va en línea
con los ordenamientos más avanzados sobre la materia como pueden ser los de Francia, Reino Unido o Estados Unidos.
Si tanto el padre como la madre son personas normales y quieren dedicar parte de su tiempo y responsabilizarse por igual de sus hijos, lo normal sería la custodia compartida. Desde luego, es mejor para el desarrollo de los menores y para
conciliar la vida familiar y laboral de ambos progenitores.
Por ello, reiteramos nuestro apoyo a esta iniciativa, al igual que a lo ya ha acordado en el Derecho Civil especial de Cataluña o de Aragón. Luego, cuando se presente la iniciativa legislativa, ya se podrá debatir y discutir en profundidad
cómo se regula definitivamente esta custodia compartida.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias.
Tiene la palabra el senador Mur.
El señor MUR BERNAD: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, buenos días.
Quiero empezar felicitando al Grupo Parlamentario Popular y al senador Altava por la oportunidad de traer hoy aquí este debate. Parecía un debate marginal, prevacacional e incluso express, como alguien ha dicho, y como acabamos de ver, es
un debate profundo, serio, interesantísimo y muy jurídico, sobre todo a raíz de la intervención del senador Díaz Tejera. Pero yo creo que el Grupo Parlamentario Popular, siendo oportuno, -si me permiten que lo diga- se ha quedado corto.
Estoy de acuerdo con los argumentos que el senador Altava ha empleado, pero a estas alturas, después de la reforma de la Ley de 2005, de las experiencias, de las estadísticas y, sobre todo, del camino andado no solamente por las asociaciones
de padres y madres afectados, sino por la propia sociedad y algunos parlamentos autonómicos, podíamos y debíamos ir más allá. En todo caso, sea bienvenida la iniciativa y sepan que mi voto será positivo, sobre todo porque me va a permitir traer
aquí a sus señorías, por una vez y sin que sirva de precedente, el ejemplo aragonés.
En Aragón hemos sido pioneros, y me van a permitir cierta pedagogía. Les voy a explicar lo que hemos hecho allí utilizando una facultad que nos da nuestro derecho civil y foral. Es decir, la singularidad que tiene Aragón, como otras
comunidades autónomas de la antigua Corona de Aragón, en materia de derecho civil nos ha permitido ser pioneros y avanzar en una legislación que allí se llama Ley de igualdad en las relaciones familiares ante la ruptura de convivencia de los padres
-para abreviar, ley de custodia compartida- y que se viene tramitando desde octubre de 2009 y que fue aprobada definitivamente en mayo de 2010. Es decir, mantuvimos un debate sereno, riguroso y sosegado, y lo digo en respuesta a la enmienda
socialista que pide más estudios. Sepa que en Aragón ya hemos estudiado y legislado y que ha entrado en vigor. La ley finalmente aprobada fue fruto de un grandísimo consenso pues fue apoyada por cuatro de los cinco grupos parlamentarios,
salvo Izquierda Unida, que se abstuvo en algunos temas y votó a favor en otros. Por tanto, fue apoyada por el Partido Aragonés, que fue el que la promovió como grupo parlamentario a pesar de formar parte del Gobierno aragonés, así como por el Grupo
Parlamentario Socialista, por el Grupo Parlamentario Popular y por el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista. Por lo tanto, contó prácticamente con la unanimidad del Parlamento aragonés. Les puedo decir que en ese Parlamento hemos sido rigurosos
y serios, no hemos sido frívolos ni nos hemos dejado llevar por las circunstancias. Por lo tanto, no sé por qué hoy en el Senado el debate que acaba de producirse no arranca con el buen trabajo realizado en otros sitios para, en todo caso, seguir
avanzando y mejorarlo.
Por lo tanto, y me extraña muchísimo, a pesar de que la ley aragonesa sea pionera en el Estado español -ya que hasta ahora ninguna comunidad autónoma lo había legislado con anterioridad; ahora sí hay iniciativas en Cataluña, y se han
mencionado aquí, en Valencia, en el País Vasco, en Navarra, por lo tanto, no es una excepción lo que hemos hecho en Aragón, y además lo hemos hecho utilizando nuestros propios mecanismos de derecho foral, o sea, bien- ¿por qué no hacer extensible
para todo el Estado, mejorando lo que sea mejorable, la ley aragonesa?
¿Que había precedentes en otros lugares del mundo? ¡Claro que los hay, y se ha dicho aquí: en Europa y en Estados Unidos, donde existe la custodia compartida desde hace años y con muy buenos resultados, con las variantes de la patria
potestad, que en cada sitio son distintas. Cada sociedad tiene su norma y cada sociedad tiene sus costumbres, pero en el fondo, señorías, se trata de responder a una demanda social y siempre en beneficio del menor.
¡Claro que son temas que suscitan dudas! Son temas controvertidos, temas en los que, cuando no hay acuerdo entre las partes, es muy difícil saber exactamente qué hacer. Pero ante la duda, señorías, siempre hay que facilitar que las cosas se
hagan en beneficio del menor.
¿Y cuál es la situación en los juzgados? En este momento en la mayoría de los casos se entrega la custodia a la madre. En Aragón sucede así en el 85% de los casos, frente a un 5% en los que se entrega solo al padre, o a solo un 10% en los
que la custodia es compartida. Hay, por tanto, unos datos y unos antecedentes que nos indican que las cosas no han ido bien y que hay que mejorarlas.
¿Y por qué la ley? ¿Ha sido una petición de las asociaciones? ¡Claro que sí! Las asociaciones representativas, los que viven en sus propias situaciones familiares el problema son los que nos tienen que trasladar a los legisladores su
inquietud. Pero no ha sido solo por ellos, que nos han inducido a hacer una reflexión, sino porque el interés del menor lo justifica. El menor tiene derecho a estar con su padre y con su madre. El óptimo desarrollo emocional exige un equilibrio
afectivo en un marco de relaciones de respeto y diálogo. El interés del menor está por encima de todo.
Dicho lo anterior, los padres tienen derecho a compartir la crianza de los hijos, así como el deber de responsabilizarse de ellos. Por otro lado, las madres también tienen derecho a que las cargas se compartan en la crianza de los hijos,
ofreciéndoles mayores oportunidades de desarrollar su vida laboral y personal.
La finalidad es el desarrollo óptimo del menor y evitar conflictos. Así, por ejemplo, la nueva ley aragonesa pone énfasis en la mediación familiar, algo que está funcionando muy bien y que exige un esfuerzo de las partes y unas condiciones
de las propias administraciones públicas para facilitarlo. En la ley aragonesa, señorías, la custodia compartida es preferente, pero no excluye ninguna otra fórmula. En definitiva el juez decidirá en los casos concretos y en virtud siempre del
interés del menor, y hay cautelas incluso para las situaciones de maltrato, como también las había en el Código Civil reformado de 2005. Esa no es pues una objeción.
La ley aragonesa fija como herramienta principal el pacto de relaciones familiares entre los padres para regular todo este tipo de convivencias, haciendo también alusión a los temas de la vivienda familiar, así como a los gastos y a la
pensión compensatoria. También se preocupa, entre otras cosas, de las relaciones entre los familiares, porque cuando un hijo lo es de una familia separada, las relaciones no se acaban con las del padre y el hijo. Hay otros familiares. Así, por
ejemplo, están los abuelos, cuya relación tiene una problemática dificilísima de solucionar. Y en esa ley nosotros también hemos hecho algún tipo de observación respecto a los derechos de los abuelos.
En definitiva yo creo que hemos hecho una buena ley, fruto, como digo, del estudio, de la seriedad y del rigor, que ha sido apoyada mayoritariamente por todas las fuerzas políticas de la Cámara. Y yo me pregunto: ¿por qué lo que es bueno
para Aragón no lo es para el resto de España? Déjennos a los aragoneses que al menos por una vez les marquemos un camino. Ahora que se están manteniendo esos debates identitarios de otras comunidades autónomas, dejen a Aragón traer aquí algo
razonado y razonable.
Señorías, les pido su apoyo a esta moción que, siendo necesaria, se ha quedado corta. Pero es verdad que lo primero es iniciar el camino, que el Gobierno atienda la petición tan razonable que hoy se le hace y después, cuando venga la
modificación legal, ya incorporaremos, ya aportaremos, ya enmendaremos en la medida en que haya que hacerlo. Pero si no iniciamos el camino, nunca lo vamos a recorrer.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias, señoría.
Por el Grupo de Senadores Nacionalistas, tiene la palabra el senador Zubia.
El señor ZUBIA ATXAERANDIO: Gracias, señor presidente, y permítame también a mí, con carácter previo,
dar la bienvenida y saludar a los representantes de la Confederación Estatal de Padres y Madres Separados, que hoy nos acompañan desde esa tribuna del Senado en el día de hoy.
Señorías, el Grupo Parlamentario Popular, a través del senador señor Altava, nos trae hoy a esta Cámara para su debate en forma de moción una cuestión que es justo reconocer no es precisamente sencilla y mucho menos pacífica. Se trata de lo
que se conoce como custodia compartida, figura esta que se introdujo en el artículo 92 del Código civil en virtud de la modificación o reforma aprobada en el año 2005 en materia de separación y divorcio.
La cuestión, como digo, no es menor. Es este un tema en el que están divididas -muy divididas- las posiciones respecto a lo que es mejor para los hijos en caso de divorcio o separación. La fórmula que en este caso dé seguridad a los niños
y oportunidades a ambos progenitores de desarrollar su paternidad y maternidad de manera global es algo de permanente debate, un debate que está en la calle, un debate que está en la sociedad y encierra una gran complejidad en la medida en que se
trata de una materia extraordinariamente sensible y delicada, y además cada caso contempla y supone una situación diferente. Pero es lo cierto que el debate está ahí y con serenidad, con prudencia y sin extremismos y catastrofismos es necesario
abordarlo en sede parlamentaria.
Efectivamente, como ha quedad dicho, la Ley 15, de 8 de julio de 2005, estableció la posibilidad de la custodia compartida, pero limitó su efectividad en el artículo 92.5 y 92.8 del Código civil para los casos en que hubiese acuerdo entre
ambos progenitores y estos así lo solicitasen en el convenio regulador o lo acordasen de mutuo acuerdo durante el proceso de separación o divorcio, o -artículo 92.8- cuando, excepcionalmente, el juez, a instancia de una de las partes y con informe
favorable del ministerio fiscal, lo acuerde fundamentándolo en que solo de esta forma se protege adecuadamente el interés superior del menor.
Es evidente, señorías, que cuando el acuerdo entre ambos progenitores se da no hay problema, pero, fuera de estos casos, esa segunda vía excepcional que la ley posibilita la experiencia nos viene indicando que además de excepcional es de
escasísima utilización pues los jueces de familia no son muy dados a otorgarla.
Y es a partir de aquí cuando las preocupaciones y la controversia vienen servidas, porque, ¿cómo se encaja en estos supuestos ese llamado interés superior del menor al que todos aludimos? ¿Dónde está o cómo juega? Alguien tiene dicho -y yo
lo suscribo- que la justicia compartida es un derecho que nace de la familia y que debe ser respetado durante el matrimonio o la convivencia, pero también -recalco lo de también- cuando este o esta finaliza, que en ningún caso la separación o
divorcio deben conllevar la pérdida de la responsabilidad con los hijos. Ambos, padre y madre, tienen igual responsabilidad y obligación para con los hijos, y si estos son menores, su protección pasa por el derecho de estos a no perder el vínculo
con ninguno de sus padres, salvo excepciones, que, por supuesto, siempre debe haberlas y las habrá.
Desde esta perspectiva, los senadores vascos del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas vemos con buenos ojos la iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario Popular a fin de que la normativa legal considere la custodia
compartida como modelo preferente en los procesos de separación o divorcio. Nos parece oportuno dar un paso más respecto a la reforma operada en el año 2005. Hay no pocos casos que lo hacen aconsejable en una sociedad que también en este campo ha
evolucionado afortunadamente y mucho en los últimos tiempos.
Todo ello no quita para que reconozcamos y seamos conscientes de que si un juez adopta un régimen de custodia compartida sin acuerdo entre ambos progenitores, o lo que es peor, con incapacidad de comunicación entre ellos, resulta difícil de
entender o llevar a cabo un compromiso real de las responsabilidades que comporta sin perjudicar el desarrollo personal del menor, su beneficio, que es en todo caso lo que debe prevalecer.
Dicho de otra manera, sería bastante improbable que se
dieran condiciones para el ejercicio de una custodia compartida efectiva. Y somos igualmente conscientes de que un niño, un menor, no se puede compartir como si de un bien inmueble se tratara, la mitad para cada uno. De ahí, a nuestro juicio, la
urgencia, por un lado, de desarrollar fórmulas y modos de custodia compartida y, por otro, de poner en valor algo tan importante y absolutamente necesario como lo que la propia exposición de motivos de la reforma del 2005 señala de forma expresa:
que esta ha de ocuparse de que ambos progenitores perciban que su responsabilidad continúa a pesar de la separación o divorcio y que la nueva situación les exige, incluso, un mayor grado de diligencia en el ejercicio de la potestad. Es un terreno
este, señorías, en el que queda todavía mucho por avanzar y en el que no cabe olvidar el establecimiento de mecanismos de mediación familiar que permitan llegar a consensos con respecto a la nueva situación que deriva de una separación o divorcio.
En todo caso, señorías, hoy la realidad nos dice que la custodia compartida es una excepción y queremos ayudar con nuestro voto a que lo sea menos. Está claro que nunca tendrá un carácter general, no es esa la intención, porque no siempre
es posible, pero en la medida en que sí lo sea, nos parece bueno se considere como modelo preferente.
Termino, señor presidente, y lo hago señalando que este debate que estamos teniendo ahora en esta Cámara, el Senado, no es un debate aislado en sede parlamentaria. Se ha recordado hace unos momentos que recientemente Aragón -comunidad con
Derecho civil propio- ha asistido en sus Cortes a un debate que ha concluido con la aprobación de una ley que establece, precisamente, la custodia compartida como opción preferente en caso de ruptura convivencial. El Parlament de Catalunya también
ha abordado la cuestión la pasada semana y, si bien es cierto que no ha seguido la senda abierta por Aragón, sí ha aprobado una ley que innova aspectos realmente importantes como el deslinde de la atribución del uso de la vivienda de la custodia de
los hijos, de forma que se pueda conceder esta, durante el tiempo que el juez lo determine, al progenitor que quede en peor situación económica o, como también
ha establecido la ley, la obligación que se impone a los padres de establecer un plan de parentalidad sobre cómo ejercerán la guarda de los hijos, con la pretensión así de impedir que quien tenga la custodia decida de manera unilateral, sin
consultar con el otro progenitor, cuestiones referidas a la educación y crianza de los hijos.
Y por poner, para terminar, un ejemplo que me es más cercano, en el Territorio Histórico de Vizcaya, sus Juntas Generales han aprobado el 20 de mayo último -es decir, hace tan solo dos meses- una proposición no de norma -por cierto, sin
ningún voto en contra- mostrando su apoyo a la custodia compartida como norma preferente tras los divorcios e instando a que se presente de forma urgente en las Cortes Generales el proyecto de ley de modificación de la Ley de divorcio, incluyendo la
custodia compartida como norma preferente, así como la utilización de la mediación familiar en el procedimiento de divorcio cuando fuera necesario.
La formación política a la que pertenezco, el Partido Nacionalista Vasco, a través del Grupo Nacionalistas Vascos en esas Juntas Generales, fue uno de los que presentó esta iniciativa y la apoyó con su voto, por lo que no me queda más que
decir que la lógica coherencia con la posición allí mantenida, nos llevará también, dentro de unos momentos, a dar cobertura a esta moción del Grupo Parlamentario Popular.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra la senadora Candini.
La señora CANDINI I PUIG: Gràcies, senyor president.
Efectivamente -ya lo he manifestado anteriormente en mi intervención-, es una moción que aborda un tema absolutamente delicado y complejo. Por eso creo, sinceramente, que da la impresión, desde el inicio, de que esta moción ha tenido cierta
sensación -en todo caso, que me corrija el senador del Grupo Popular- de un monólogo partidista. A mi entender, ha faltado diálogo, reflexión y el buen trabajo que pedía el senador Mur cuando hacía referencia a otras Cámaras parlamentarias. Creo
que lo que justamente ha faltado en esta moción ha sido un debate profundo. Se han marcado las posiciones legítimas por parte de todos los grupos, pero ante un tema tan delicado y complejo tengo la sensación de que todo esto se puede tratar con
diez o veinte minutos más las réplicas consecuentes derivadas del tiempo de cada grupo parlamentario. Son legítimas y son las que corresponden según la propia dinámica parlamentaria, pero insisto en que una cuestión tan delicada creo sinceramente
que requería un marco de consenso y mucho más diálogo y reflexión del que ha habido en la presentación de esta moción.
Insistimos en lo que nosotros hemos marcado desde el principio, y es que el término preferente limita una decisión que dé garantías de lo que para nosotros es básico, y es que primero son los hijos, luego los acuerdos y, tercero, que el juez
decida con los criterios que le da la ley.
Insistimos nuevamente en que es necesario analizar caso por caso y siempre priorizando el interés del menor. Por tanto, ante unas cuestiones tan delicadas y complejas, la imposición no puede ser, a nuestro entender, justa. En consecuencia,
vamos a votar en contra.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, tiene la palabra el senador Bofill.
El señor BOFILL ABELLÓ: (El señor senador inicia su intervención en catalán, que se reproduce según el texto que facilita a la Redacción del Diario de Sesiones): «Gràcies, president: Permeti'm senyor Altava que el feliciti, en la llengua
d'Ausiàs March que compartim, que el feliciti per una iniciativa que jo mateix amb uns altres termes comptava impulsar abans no s'acabés aquesta legislatura. I senyors del PP, benvinguts al club, però vostès el 2005 van votar en contra de la
custòdia compartida a instància de part i no poden donar lliçons de coherència en un tema tan transversal i que necessita reflexió de tots.»
Le agradezco al señor Altava que nos brinde la oportunidad de sacarnos una espina que llevamos clavada desde 2005, cuando el Congreso de los Diputados, con los votos del PP, y por un supuesto error en las órdenes de votación del viceportavoz
del Grupo Parlamentario Socialista, también con los del PSOE, rechazó las enmiendas que había aprobado el Senado al proyecto de ley por el que se modificó el Código Civil en materia de separación y divorcio, enmiendas que, entre otras cosas, abrían
un poco la puerta a la custodia compartida. Mi indignación y mi frustración en aquel momento fueron mayúsculas porque en el Senado, con gran esfuerzo por nuestra parte porque no estábamos ni estamos de acuerdo con la excepcionalidad de la decisión
judicial a favor de la custodia compartida, y gracias al tesón y a la calidad humana y técnico-jurídica de la entonces portavoz de Justicia del PSOE, María Antonia Martínez, habíamos llegado a un acuerdo mínimo que el grupo del PSOE no cumplió en el
Congreso de los Diputados. Muy resumidamente, el proceso parlamentario de esa reforma fue el siguiente: El Gobierno, a través del Ministerio de Justicia, presenta un proyecto de ley que, en relación con la custodia compartida a instancia de parte,
era muy avanzado. Decía: Cuando a petición de parte el juez acuerde la guardia conjunta, deberá fundamentar su resolución en la mejor protección del interés del menor. Además, deberá adoptar las cautelas procedentes para el eficaz cumplimiento
del régimen de guarda. En todo caso, añadía, se procurará no separar a los hermanos.
En el Congreso de los Diputados, curiosamente, el propio grupo del Gobierno impulsa una modificación radical del proyecto que representa un retroceso y convierte en un hecho excepcional la decisión judicial a favor de la custodia compartida
y, además, restringe la capacidad del juez para otorgarla. La enmienda del PSOE del Congreso se incorpora al dictamen para que el artículo 92 del Código civil establezca que, excepcionalmente, aun cuando no se
den los supuestos del apartado 5 de este artículo, el juez, con informe favorable del ministerio fiscal, podrá acordar la guardia y custodia compartida fundamentándolo en que solo de esta forma se protege adecuadamente el interés superior
del menor.
En el Senado nuestro grupo, con el acuerdo del ministro de Justicia, presenta una enmienda que recupera el espíritu inicial del proyecto para que el juez, a instancia de una de las partes, y previo informe del ministerio fiscal -esto lo
conservamos- pueda acordar la guardia y custodia compartida. Finalmente, se aprobó en el Senado, con el voto en contra del Grupo Parlamentario Popular, un texto que mantenía la excepcionalidad y el carácter preceptivo del informe del ministerio
fiscal, pero suprimía la obligación de que dicho informe fuera favorable, y suprimía también esa condición de que solo de esa forma se protege el interés del menor -aludía a ese «solo»-, al tiempo que añadía algunas condiciones, entre las cuales
estaba un dictamen preceptivo de especialistas cualificados para garantizar mejor que ese otorgamiento de la guardia y custodia fuera hecho con criterio y racionalidad. Eso no nos gustaba, pero suprimía la restricción a la decisión del juez que
supone la obligatoriedad de que el informe del fiscal sea favorable, una restricción de la decisión judicial inaceptable por lo demás a la luz del artículo 117 de la Constitución, que consagra la independencia judicial.
Sin embargo, el Congreso no
asumió dicho acuerdo y quedó la excepcionalidad, el informe favorable del fiscal y el «solo» citado.
Hoy, cinco años más tarde, por desgracia continúa aún en pie una ley vieja conceptualmente, que en realidad no pone en el centro a los hijos que tienen un padre y una madre y que tienen derecho a conservarlos con la máxima proximidad. Por
suerte la sociedad ha progresado, a pesar de algunos aspectos de dicha ley, y cada vez más se impone la idea de unas responsabilidades parentales, que son conjuntas por definición, y de la guarda compartida de los hijos menores.
Perdone, presidente, pero veo que el reloj ha saltado de golpe.
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Señor senador, al comienzo de su intervención le he concedido 15 minutos, pero me he equivocado, con lo cual cuando el reloj ha llegado a los 10 minutos le he quitado los otros 5 minutos que le
había dado de más.
El señor BOFILL ABELLÓ: Sí, pero resulta que mi ritmo de intervención correspondía al tiempo que me había dado.
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Lo siento mucho, senador Bofill. Soy flexible, y en un debate como este, que es de fondo, hay que ser incluso más flexible. He corregido el error cuando usted ha llegado a los 10 minutos porque,
si no, el sistema es un poco complicado para parar el reloj en el minuto siguiente.
El señor BOFILL ABELLÓ: Gracias, presidente.
Voy acelerando.
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): De todas formas, ahora está usted en la mitad del tiempo de que puede disponer.
El señor BOFILL ABELLÓ: Decía que la vieja ley actual y los viejos hábitos judiciales, en lugar de favorecer la mediación y el acuerdo entre el padre y la madre en relación con el cuidado de los hijos cuando hay una ruptura de la pareja,
contribuyen al enfrentamiento al tratar al padre y a la madre principalmente como partes con intereses contrapuestos en un procedimiento judicial en que una de ellas se siente en una posición de fuerza en relación a la otra sin tener en cuenta, por
lo que se refiere a los hijos, que tienen responsabilidades compartidas y el interés común de que los hijos no sufran consecuencias negativas por causa de su separación. La sociedad, por suerte, va cambiando para bien, y es cada vez más igualitaria
y más considerada hacia los derechos de los menores.
Las comunidades autónomas van adaptando sus códigos civiles a la nueva sensibilidad y a la nueva realidad. Así lo han hecho en Aragón, como se ha citado, y en Cataluña, y están estudiando
hacerlo otras comunidades autónomas. Nuestro referente son los trabajos que ha llevado adelante el Gobierno y el Parlamento de Cataluña y que culminaron la semana pasada.
Y dice con claridad la reforma catalana -y traduzco directamente del catalán-. Se abandona el principio general según el cual la ruptura de la convivencia entre los progenitores significa automáticamente que los hijos se han de apartar de
uno para encomendárselos individualmente al otro. Por el contrario, se introduce como norma -lo subrayo- que la nulidad, el divorcio o la separación no alteran las responsabilidades de los progenitores hacia los hijos. En consecuencia, estas
responsabilidades mantienen, después de la ruptura, el carácter compartido, y corresponde a la autoridad judicial determinar, si no hay acuerdo sobre el plan de parentalidad o si este no se ha aprobado, cómo se han de ejercer las responsabilidades
parentales y, en particular, la guarda del menor, atendiendo al carácter conjunto de estas y al interés superior del menor. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) Creo que está bien claro. Y en el articulado se dice: La nulidad del
matrimonio, el divorcio o la separación judicial no alteran las responsabilidades que los progenitores tienen hacia sus hijos. En consecuencia, estas responsabilidades mantienen el carácter compartido y, en la medida de lo posible, se han de
ejercer conjuntamente. Y si no hay acuerdo es el juez quien determina cómo se va a llevar a cabo esta guarda compartida. ¿Y cómo lo hace? No como dice el señor Díaz Tejera, que lo que tendría que hacer es leerse el texto y no hablar por teléfono
con alguien justamente antes de iniciarse el Pleno. Lo que tiene que hacer es leérselo. Verá que la guarda se aplica según un plan de parentalidad que cada progenitor tiene que presentar ante el juez, y este, según unos criterios que la propia ley
fija,
acordará esa guarda alterna puesto que, en realidad, los hijos no van a dejar de estar con el padre o con la madre salvo situaciones evidentes de violencia o excepcionalidades que la propia Ley del Código civil, de 2005, ya preveía.
Considero que la ley catalana va en la buena dirección.
Y lo que nosotros queríamos es que el senador Altava asumiera la modernización de los conceptos y abandonara la idea de guarda y custodia compartida preferente, para adoptar una terminología
más moderna referida a la parentalidad y a la guarda compartida que nos parece más adecuada.
Nosotros le proponíamos una transacción en este sentido, que incorporara la propuesta del Partido Socialista -que considero muy razonable y con la que
daríamos satisfacción a las madres y padres separados- de creación de una ponencia, porque con ello tendremos ocasión de hablar no solo durante un día y rápidamente, como se ha dicho aquí, sino muchos días, con calma y tranquilidad, para sacar un
informe que nos permita realmente desbloquear la reforma de la ley.
Agradezco al senador Altava que haya abierto este debate, motivo por el cual los senadores de Esquerra Republicana y de Iniciativa vamos a votar a favor de su moción, pero, al mismo tiempo, asumimos la propuesta del Grupo Parlamentario
Socialista, y propondremos la creación de esta ponencia para que se pueda avanzar en la reforma de la ley. Señorías, nadie está aquí para apuntarse un tanto, porque nadie está en posición de apuntarse nada. Lo que tenemos que hacer es reformar la
ley y ayudar al progreso del país.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Díaz Tejera.
El señor DÍAZ TEJERA: Gracias, señor presidente, con la venia.
Los socialistas hemos estudiado lo acordado en Vizcaya -texto que nos facilitó el senador Zubia-, donde se plantea un acuerdo no normativo que apoya la conveniencia de la custodia compartida, concepto en mayúsculas.
Punto.
Esta mañana hemos visto que este concepto tiene diversos rellenos, como las truchas en Navidad: unos les ponen batata, boniato o ñame, otros les ponen cabello de ángel, otros, almendras; todas se llaman truchas, pero no tienen el mismo
sabor. Y el concepto guarda y custodia compartida tiene diversos rellenos según quién lo use. Porque, ¿quién en España -y puedo exagerar de forma hiperbólica-, quién en el mundo no está a favor de que los asuntos que afectan a los hijos y a las
hijas se solucionen de manera equilibrada, equitativa y compartida? Es un bello y magnífico deseo que todo el mundo quiere sin excepción, sin excepción. Ahora bien, queriéndolo todo el mundo, a veces es posible y a veces no.
Nuestro grupo ha estudiado el texto presentado en Vizcaya -sabemos que se va a presentar en Donostia, en Álava y en el Parlamento vasco-, y hemos revisado el Boletín Oficial de las Cortes. Por lo tanto, aquí cada uno podrá hablar de su
herida personal o familiar, o de su herida de tramitación parlamentaria, pero no es bueno decir que se habla de oídas; no es bueno decir que se habla de oídas o por una llamadita telefónica.
Yo hablo, escucho y aprendo de todo el mundo sin
excepción. Hablo, escucho y aprendo de todo el mundo sin excepción. Pero, con todo respeto, hemos estudiado el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón de los días 20, 21 y 26 de mayo. Por lo tanto, eso de que funcionamos por una llamada
telefónica Tengo aquí el Boletín Oficial del Parlamento de Cataluña y los artículos. En particular, antes de que hablase usted ya cité el artículo 233, apartado 11, donde se desgranan los criterios a partir de los cuales se establece la guarda
adjudicada a una persona cuando no hay acuerdo de guarda conjunta. Lamento que mi acento no sea coincidente con el suyo, pero el artículo 233.8 dice: (El señor Díaz Tejera lee el artículo en catalán.)
Quiero decir que no de oídas, sino de leídas. Este es el boletín y este es el artículo. Lo tengo en la mano. Prueba auditiva, testifical y, si quiere, también prueba táctil, pues se lo puedo entregar para que lo toque.
En conclusión, el Grupo Socialista ha conocido estas experiencias y le parece un asunto relevante. ¿Quién trajo aquí este asunto en el 2005, señor Bofill? El Gobierno socialista. ¿Quién hizo un magnífico trabajo enhebrando, haciendo
filigranas y un bucle jurídico con las diversas propuestas en torno a esto? Nuestra compañera María Antonia Martínez, a la que usted reconoció como brillante jurista y magnífica portavoz. Hizo un magnífico trabajo y todos se lo reconocimos.
Luego, la cuestión no está en si los socialistas hemos estudiado el trabajo de las Cortes de Aragón, asunto que no decidieron en una mañana, en un debate de una o dos horas, ¿verdad, señor Mur? Sino que fueron varios meses y varios años de
trabajo para llegar a la conclusión de si hay que hacer modificaciones legales para que la custodia compartida sea considerada como modelo preferente en los procesos de separación o divorcio.
Fíjese usted, ya aquí, sin previo estudio, sin previo análisis, sin ningún observatorio de derecho privado -como el de Cataluña-, sin ningún trabajo previo del Consell de Garantías Estatutarias de Cataluña, que, previa remisión del Partido
Popular -que sabrán ustedes que es como el Consejo de Estado para Cataluña-, después de la sentencia del Tribunal Constitucional estableció que se adecua a la Constitución y al estatuto de autonomía, después de todo esto y sin nada de todo esto aquí
se plantea optar por un modelo preferente. Esa es la cuestión, que sin ese previo trabajo que han hecho ustedes en Aragón, sin ese previo trabajo que se ha hecho en Cataluña, es decir, sin ningún tipo de trabajo, se decide que hay un modelo que es
el preferente, y que si no hay acuerdo, se imponga.
O sea, no hay acuerdo en a qué colegio va a ir, ni en vivienda, ni en guarda y custodia, ni en nada, pero se impone que en adelante tiene que haber acuerdo sobre todo. Nosotros lo que decimos es que ningún modelo impuesto es bueno.
Ninguno. Pero, si en última instancia
hay que escoger, tendrá que ser la persona más idónea para la formación y el desarrollo integral de todas las potencialidades del menor.
¿Por qué razón hasta ahora en el 85% se ha concedido a las mujeres? Seamos serios. Reconozcámoslo los hombres. Es verdad que ya muchos hombres saben dónde están las medicinas que toman los hijos. Es verdad que ya hay muchos hombres que
saben el nombre de las mismas, las dosis y las horas a las que tienen que tomarlas. Es verdad que muchos hombres cuidan a los hijos y atienden a su nutrición. Pero, sinceramente ¿quién ha llevado a cabo esta labor durante largo tiempo? Fíjense
que cuando veíamos vínculos afectivos semejantes y preguntábamos: ¿Sabe usted a qué hora toma las medicinas?, ¿sabe usted dónde están?, ¿sabe cuál es su nombre?, ¿sabe el nombre de la profesora?, etcétera, al final había que optar, por una
razón, porque en términos reales ¿cuáles son los patrones identitarios comunes al conjunto de la sociedad española? Está evolucionando, pero, cuando el menor se pone malo ¿quién cree que, generalmente, deja un día de trabajar para atenderlo? La
madre. Esta es la realidad. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
Es verdad que con el transcurso del tiempo y la evolución de la sociedad, poco a poco los hombres vamos incorporándonos a tareas. Se pierden privilegios, se ganan aptitudes y se aprende mucho en el ámbito privado.
Hay una división clásica
del trabajo, el varón al extra -al trabajo público- y la mujer al intra -al trabajo doméstico-. Uno pone las normas y las reglas y el otro se dedica al cuidado, a la nutrición, etcétera.
Este reparto de roles identitarios de patrones comunes se va cambiando con el tiempo progresivamente, todavía no es lo común, y convertir aquello que hicimos en 2005, que era algo excepcional, en regla común sin ese estudio, ¿a ustedes les
parecería seria esa forma de hacer las cosas? A mí no. Por tanto, lo más razonable es plantearnos previamente qué podemos hacer: podría ser el modelo catalán, que es un modelo razonable; podría ser ese otro modelo al que usted se ha referido,
pero me parece imprescindible que se haga un estudio previo; de ahí la propuesta de la enmienda para crear esa ponencia de estudio y, después de realizar ese trabajo, plantearnos luego qué podemos hacer.
Nosotros planteamos que la diversidad conceptual, la diversidad de rellenos que tiene el concepto de la custodia compartida, exige un previo acuerdo. Como estaba diciendo, en el entorno del derecho comunitario, del derecho comparado, como
dicen los juristas, cada vez más se va imponiendo el concepto de la responsabilidad parental compartida, el viejo concepto español de la patria potestad. Por tanto, si recogemos esa expresión, que figura también en los reglamentos de la Unión
Europea, en los convenios internacionales, deberíamos incorporar progresivamente el concepto de responsabilidad parental compartida. Me parece positiva la responsabilidad parental compartida, pero cuando no existe acuerdo entre los cónyuges,
alguien tiene que aceptar la administración de la vida cotidiana de esos menores, alguien tiene que velar por el interés cotidiano de esos menores. Antes de la reforma de 2005 ya había sentencias que aceptaban la guarda conjunta; lo aceptaban
aunque no estaba en la ley. Se había conseguido el desarrollo jurisprudencial; son como muchas leyes en el ámbito administrativo.
Acabo, señor presidente. Antes de la Constitución, alguna sentencia del Tribunal Supremo planteaba la modificación de la revocación de los actos administrativos en el ámbito del orden jurisdiccional contencioso-administrativo.
El señor PRESIDENTE: Señoría, le ruego que termine.
El señor DÍAZ TEJERA: Acabo ya, señor presidente.
El planteamiento es muy sencillo. Lo que les sugiero es que abordemos este asunto con seriedad y con rigor, planteemos aceptar la enmienda en torno a la necesidad de esa ponencia de estudio, y así estaríamos en magníficas condiciones para
legislar. En ese sentido, la portavoz de nuestro grupo parlamentario, Carmela Silva Rego, me ha comentado que el Grupo Parlamentario Socialista presentará una moción solicitando su creación.
Gracias, señor presidente, por su benevolencia. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, tiene la palabra el senador Altava.
El señor ALTAVA LAVALL: Muchas gracias, señor presidente.
En primer lugar, quiero agradecer a todos los grupos su apoyo para aprobar esta necesaria moción. Esperamos que con ese voto a favor pueda aprobarse. En segundo lugar, parece irrisorio -no lo digo por usted, senador Díaz Tejera, sino por
el grupo que representa- que vengan ustedes a dar clases de estudio: que somos los del Partido Popular quienes no queremos estudiar, quienes son ejemplo de que utilizan el Boletín Oficial del Estado mediante la técnica de corrección de errores para
modificar el gasto público de las administraciones locales. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.) Parece mentira que eso sí sea ejemplo de estudio. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías.
El señor DÍAZ TEJERA: En segundo lugar, señor Díaz Tejera, aquí se ha creado una Comisión especial de adopción, como sabe usted, que todavía está en período de presentación de conclusiones. Por lo que conocemos los que no hemos estado en
esa comisión especial, sabemos que el interés preferente del menor ha sido algo en lo que todos los grupos hemos estado de acuerdo y todos hemos compartido, uno de los principios importantes, al objeto de poder adoptar a los hijos. ¿Ese derecho de
protección del menor a alguien le cabe alguna duda? Indudablemente, nos tenemos que fijar en la protección del menor; y en eso precisamente es en lo que nos fijamos porque creemos que
esta moción, con la custodia compartida preferente, beneficia al interés y al cuidado de las hijas y de los hijos.
Dice usted que ahora se pretende modificar la ley para imponer un modelo.
Perdone, el modelo está impuesto ahora. Conozco perfectamente lo que dicen los apartados 5 y 8 del artículo 92. Ahora hay un beneficio importantísimo para una de
las partes porque se sabe que si no se llega a un acuerdo, la custodia me la van a dar a mí, y preferentemente ese progenitor es la madre, que juega con ventaja. No queremos que haya ventajas para ninguno de los progenitores. Que tengan que llegar
a un acuerdo, precisamente porque, como desde 2005 hasta ahora los resultados no han sido satisfactorios, pretendemos forzar a las partes a que haya acuerdo, el mejor para sus hijos, porque, si no, devendrá en automática la custodia compartida,
tanto para uno como para otro, con derechos y obligaciones.
Permítanme que les lea un artículo de prensa publicado recientemente y firmado por una mujer: «¿Por qué se está cometiendo la penúltima gran estafa a las mujeres en su nombre? Si la mayoría convenimos que la primera condición para avanzar
hacia la igualdad de derechos es la independencia económica; si la gran conquista en los últimos 30 años en España ha sido acceder masivamente a la formación, que nos tenían vedada, y al mercado de trabajo; si las mujeres hemos realizado una gran
revolución silenciosa ( ); si nos hemos ido alejando del modelo de la caverna, en que el reparto de funciones venía irremediablemente marcado por la dedicación de unos a la caza y la guerra, y otras a la reproducción, ¿por qué ese empeño en los
últimos años en querer recluirnos nuevamente en el hogar, al cuidado en exclusiva de los hijos?» Estas palabras las firma doña María Sanahuja Buenaventura, compañera suya y mía, magistrada de la Audiencia Provincial de Barcelona, miembro de Jueces
para la Democracia y de Otras Voces Feministas, publicadas en el diario El País del miércoles 16 de junio de 2010, página 27. Supongo que lo habrá entendido.
No es un problema de machismo o de feminismo sino, precisamente, de apoyar a la mujer, de que esta pueda trabajar y dedicarse a sus hijos en equidad con el hombre; justamente porque entendemos que es importantísima la conciliación de esa
vida familiar y laboral, pretendemos que esa mujer pueda disponer del mismo tiempo que ahora tienen sus maridos.
Ha dicho que en el año 2005 nosotros hicimos determinadas afirmaciones sobre la custodia compartida; pero lo que dijimos fue que a través de esa custodia compartida había que lograr una mediación familiar, había que acudir a un acuerdo y
que había que llegar a esa custodia compartida mediante la mediación. Esas fueron las palabras que la senadora De España defendió en ese momento pero, señorías, en el tiempo transcurrido entre 2005 y 2010 no se ha llegado hasta donde se debería.
La concesión de la custodia compartida con carácter preferente, en principio, va en contra de ese interés superior del menor, que tanto se nos llena la boca defendiendo. Estamos hablando del derecho de los menores, señorías, es
principalmente el derecho de los hijos a querer por igual a sus padres, tanto al padre como a la madre.
En segundo lugar, es injusto con los padres porque pasan poco tiempo con ellos y esa capacidad de formación ex lege desaparece.
Y, en tercer lugar, afecta precisamente a las mujeres en su acceso, estabilidad y promoción laboral, dificultándoles la conciliación de la vida familiar y laboral. ¿Qué pasa con que la madre, por el mero hecho de que se separe, se quede con
los tres hijos? ¿Eso beneficia a su trabajo? De ninguna manera, lo que le beneficia es alcanzar un acuerdo con el padre, de manera que él se los pueda quedar los días que ella trabaje, en el caso de que tenga turnos, etcétera. Eso es lo mejor y
es lo que queremos, que de verdad se propicie un acuerdo y, si no, que devenga en automática la custodia compartida, para que ambos organicen su trabajo y su reparto en las cargas y obligaciones familiares.
El portavoz de Convergència i Unió ha comentado que este era una monólogo partidista, pero ni mucho menos, señoría, fíjese que entre otras cosas, las asociaciones civiles son muy partidarias de este tipo de custodia y, de hecho, la
Confederación Estatal de Asociaciones de Madres y Padres Separados aglutina a todas las asociaciones civiles que abordan estos aspectos.
Señor Bofill, agradezco muy sinceramente sus palabras. Efectivamente, se podría modificar el concepto de custodia compartida y creo que no habría ningún problema. Hemos propuesto la custodia compartida porque ese es el término que aparece
ahora mismo en el artículo 92 del Código civil, pero ese es ya un problema del legislador. Pretendemos que, si se aprueba esta moción, el Gobierno asuma la iniciativa legislativa, que no se quede inactivo y que de verdad tome las riendas del
asunto, que cree esa ponencia o se dedique activamente a la consecución de la custodia compartida y, en ese caso, se podrá cambiar esa denominación por relación parental, guarda compartida, custodia parental, etcétera.
Con la custodia compartida, tanto el padre como la madre se van a involucrar en la corresponsabilidad formativa y afectiva y, además, así nos situamos en la línea de pensamiento de nuestro derecho comparado, los ordenamientos más cercanos al
nuestro.
Señorías, lo preferente, lo realmente importante, el bien jurídico a proteger es el interés del menor, el correcto y adecuado interés del menor ante situaciones de crisis familiar, de tal manera que los hijos no se sientan causantes de la
ruptura ni sufran -o lo mínimo posible- esa ruptura familiar, ese ver separados a sus padres. Las necesidades afectivas se tienen que seguir viendo cubiertas y eso lo tienen que percibir los menores; tienen que sentir que su padre no se ha ido de
casa sin más y que pasa de él, que se despreocupa o se limita a pasar una asignación económica, sino que se deben responsabilizar precisamente llegando a un acuerdo o teniendo la custodia compartida al 50% con su esposa. Esa convivencia compartida
pasa, en primer lugar, porque se recoja en nuestra legislación, puesto que nuestras hijas e hijos tienen que tener un mejor encaje de la nueva situación familiar, y esa
custodia compartida para seguir viendo tanto a su padre como a su madre hará que lleven mejor esa situación.
La custodia compartida en los países europeos más avanzados, en primer lugar, favorece ese interés superior; en segundo lugar, promueve la igualdad entre progenitores, y si ustedes están de verdad por la igualdad deberían ser los primeros
en estar a favor de esa custodia compartida con carácter preferente, porque eso es verdadera igualdad; y, en tercer lugar, reduce la litigiosidad. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.) Y reduce la litigiosidad,
señorías, porque va a llevar a acuerdos; no va a haber siempre un progenitor que tenga la condición de visitante, que en la mayoría de los caso es el padre no custodio. El padre se tiene que implicar, y el padre tiene que tener la custodia porque
esta no es la sociedad a la que nosotros nos enfrentamos. Estoy seguro, señorías, de que a la mayoría de nosotros nos criaron nuestras madres; estoy absolutamente convencido de que en la mayoría de los casos fueron nuestras madres quienes más
tiempo nos dedicaron, mientras nuestros padres se dedicaban a trabajar y pasaron mucho menos tiempo con nosotros, en la mayoría de los casos. Pero esa realidad no es la de hoy. Claro que los padres conocemos las medicinas que toman nuestros hijos,
¡faltaría más!, y si una cosa le sienta mal o le sienta bien o lo que es bueno que tiene que tomar. Pero no solo en la alimentación, sino en la educación y en todo. Precisamente porque ha cambiado ese modelo de familia se tiene que cambiar también
la modificación legal para tener esa custodia compartida, para que puedan decidir tanto uno como otro, tanto el padre como la madre.
Señorías, no seamos mezquinos. Seamos generosos, obremos con grandeza de espíritu, sabiendo que tanto nuestras hijas como nuestros hijos tienen derecho y necesidad de estar tanto con su padre como con su madre.
Señorías, si se hubiesen separado sus padres, si ustedes de pequeñitos hubieran sufrido la separación de sus padres y de sus madres, ¿con quién hubieran querido estar? Estoy seguro de que con los dos. ¿Hubieran estado felices y contentos
de ver a sus padres un fin de semana cada quince días? ¿Hubieran querido eso para ustedes mismos? Ya les digo yo que no.
Para su propia formación ustedes hubieran querido estar tanto con su padre como con su madre porque la relación afectiva
nunca se rompió. Eso es lo que pretendemos precisamente realizar ahora: que se haga justicia y que esa custodia compartida sea efectiva. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)
Por último, permítanme que haga una petición: tengan valentía, dejen libertad de voto y verán cuál es el resultado.
Muchas gracias, señor presidente. (Fuertes aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.-El señor Bofill Abelló pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Tiene la palabra, señor Bofill.
El señor BOFILL ABELLÓ: Presidente, por alusiones y porque quería pedir disculpas al senador Díaz Tejera en la medida en que se haya podido sentir ofendido por lo que le he dicho. Considero que es un jurista riguroso del cual yo tengo que
aprender, y me ofrezco para leer conjuntamente el texto en catalán del Parlamento de Cataluña y para invitar aquí a los ponentes de Cataluña a esta ponencia.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría. (El señor Díaz Tejera pide la palabra.)
Senador Díaz Tejera, le ha pedido disculpas.
El señor DÍAZ TEJERA: Señor presidente, con la venia.
Lo propio cuando se piden disculpas es responder. Querido amigo, disculpas aceptadas. (Risas.-Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Llamen a votación. (Pausa.)
Cierren las puertas. Señorías, vamos a proceder a la votación de la moción del Grupo Parlamentario Popular que acabamos de debatir.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 256; a favor, 132; en contra, 122; abstenciones, 2.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la moción. (Fuertes y prolongados aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)
-- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A RESPALDAR EL IMPULSO DE LAS ADMINISTRACIONES AUTONÓMICAS, INSULARES Y LOCALES PARA HACER REALIDAD EL PROYECTO DE CREACIÓN EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS DE UNA
ZONA INTERNACIONAL PARA LA CULTURA DE PAZ Y DERECHOS HUMANOS (Número de expediente 662/000129).
El señor PRESIDENTE: Señorías, pasamos a debatir la moción del Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta al Gobierno a respaldar el impulso de las administraciones autonómicas, insulares y locales para hacer realidad el proyecto
de creación en la Comunidad Autónoma de Canarias de una zona internacional para la cultura de paz y derechos humanos.
Para la defensa de la moción, tiene la palabra el senador Hernández.
(Rumores.)
Silencio, señorías, por favor.
El señor HERNÁNDEZ GUILLÉN: Gracias, señor presidente.
En primer lugar, quería agradecer la posibilidad que me brinda esta Cámara en el día de hoy de poder traer a debate una moción de estas características. Mi agradecimiento es doble porque detrás de esta propuesta ha habido un inmenso
esfuerzo de trabajo, una ardua labor de las personas que han estado implicadas en este asunto, que han
querido que esta propuesta vea hoy la luz en esta Cámara. Por tanto, esta iniciativa no nace por generación espontánea, sino del compromiso cívico y la responsabilidad de muchas personas. Un trabajo, en la mayoría de los casos, soterrado
y, en menor medida, manifiestamente público.
Decía que esta no es una moción que nace de forma espontánea, sino que tiene su basamento en la Ley 27/2005, de 30 de noviembre, de Fomento de la Educación y la Cultura de Paz. Una ley que quienes estuvimos aquí la legislatura pasada
tuvimos la inmensa oportunidad de apoyar y que fue aprobada por asentimiento y unanimidad de todos los miembros de la Cámara. En este texto consensuado se basa parte de la exposición que voy a hacer hoy aquí. Esta moción se fundamenta, a su vez,
en el Plan de Derechos Humanos del Gobierno de España. El Consejo de Ministros, con fecha 12 de diciembre de 2008, ratificó esta propuesta, basada también en distintas resoluciones de las Naciones Unidas y de la Unesco en materia de fomento de
cultura de paz y derechos humanos.
¿Qué pretendemos con esta moción? Quiero hacer un ejercicio pedagógico porque cuando hablamos de esta zona internacional, la primera experiencia como zona internacional de cultura de paz y derechos humanos, situamos a Canarias y a Lanzarote
en esa referencia. Y digo Lanzarote porque ha sido el germen que ha iniciado este proceso. Vamos a definir muy brevemente la cultura de paz como el conjunto de valores, de actitudes y comportamientos que reflejan el respeto a la vida, al ser
humano y a su dignidad. La cultura de paz sitúa en primer lugar y en primer plano los derechos humanos, el rechazo a la violencia en todas sus formas y la adhesión a los principios de libertad, justicia, solidaridad y tolerancia. Con esta moción
pretendemos posibilitar que Lanzarote, que Canarias se convierta en centro internacional de referencia para la cultura de paz. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, silencio, por favor.
El señor HERNÁNDEZ GUILLÉN: Gracias, señor presidente.
Un centro de referencia internacional asesorado por organismos internacionales, por organismos gubernamentales y no gubernamentales, con las fuerzas vivas implicadas también en esta tarea y las que faltan por implicarse, donde los ministros
de Asuntos Exteriores tengan un lugar de encuentro, de reflexión, donde los premios nobel de la paz tengan ese espacio de análisis concienzudo de lo que ocurre y acontece en nuestro alrededor, en el conjunto del planeta, donde Canarias pueda
convertirse en el lugar privilegiado para la resolución de conflictos bélicos, ya que no son pocos los que acontecen en el mundo, no son pocos los que acontecen en un continente tan amplio como África. Por eso, por la cercanía de Canarias a ese
contexto, queremos darle esa relevancia, queremos que Canarias esté, y España en su conjunto, en primera línea con el compromiso que tenemos que tener todos adquirido con esa realidad que nos supera de desigualdad y de enfrentamientos bélicos.
Pretendemos a la vez la promoción del desarrollo económico y social en el marco del crecimiento sostenible y el compromiso con el concepto de responsabilidad social corporativa, de esa práctica ética en el ámbito del mercado, en el ámbito de
la empresa, dentro de nuestro contexto nacional y fuera de él. Me parece que es una figura que tenemos que resaltar continuamente. La Cámara de Comercio, que conoce esta propuesta porque ha trabajado con ella, la avala y la fortalece.
Y no quería dejar de mencionar a aquellas personas que de una forma u otra han ido desarrollando ese inmenso trabajo que, como comentaba al principio de mi exposición, lo han hecho posible y han permitido que esa propuesta vea la luz.
Algunos hoy están aquí con nosotros, como el promotor Valentín Oliveros, José Luis Asensio, Andrés Rodríguez, personas que en el día a día han fortalecido esta propuesta. Pero también tengo que nombrar a otras personas que están más cercanas a
nosotros, a don Javier Rojo, presidente del Senado, que desde el primer momento se ha imbuido de ella y la ha fortalecido, y sobre todo al gran valedor de esta propuesta, el señor don Federico Mayor Zaragoza, ex director general de la Unesco, que
pide excusas por no poder estar presente en esta sesión de hoy, y que le llenaba de satisfacción y orgullo, pues desde su Fundación para una Cultura de Paz ha sido una parte inequívoca de referencia a la hora de llevarla a buen término.
Pero quiero hacer otro agradecimiento, y miro a la señora doña Dolores Luzardo, del Grupo Popular, senadora por la comunidad autónoma, miro al señor don Alfredo Belda, también senador por la comunidad autónoma, de Coalición Canaria, a
quienes les he hecho llegar el mensaje de que hemos contado con ellos y queremos seguir contando con ellos para el desarrollo de la propuesta. A todos los portavoces que han mostrado ya su predisposición a fortalecerla y apoyarla, desde aquí, mi
agradecimiento.
Quiero expresar otra consideración fundamental, y es que en política hay dos principios con los cuales me rijo y que tienen un valor inequívoco: por un lado, la racionalidad y, por otro, la generosidad. Esta propuesta contiene los dos: la
racionalidad y la generosidad. La racionalidad, por el proyecto de conciencia que ha conllevado hasta esta fase. La generosidad, en la medida en que está hecho para todos y por todos.
Además, hoy están pendientes de lo que hoy aquí acontezca
algunos miembros de la ONU y de la Unesco, interesados en cómo va a salir adelante esta propuesta, de la cual nos sentimos francamente orgullosos.
Les comunico que en octubre de 2011 se va a celebrar en Lanzarote una reunión del Consejo de la Federación Mundial de Asociaciones de Naciones Unidas que va a fortalecer, si cabe más aún, el proceso que hoy aquí queremos ratificar entre
todos y les animo a que lo hagamos, les animo a que lo ratifiquemos. A ello ha favorecido que hayamos puesto hace muy pocos meses en marcha la Asociación de Naciones Unidas de España en Canarias, concretamente con sede en Lanzarote. Es verdad que
eso favorece, y si somos capaces de generar las sinergias suficientes entre la figura de Naciones Unidas y esa delegación canaria y unirlo a otra figura de la zona internacional,
estamos convencidos de que estamos generaremos -repito- esas sinergias propensas y propicias para desarrollar este trabajo.
Y si digo que me rijo por esos dos conceptos, quiero también plantear una aportación de generosidad y de racionalidad en la exposición, en la propuesta que el Grupo Parlamentario Socialista hace a todos los grupos parlamentarios
representados en la Cámara porque queremos llevar a cabo la resolución de esta moción.
Planteamos -y hago explícita la propuesta- un comité de seguimiento donde, por supuesto, las senadoras y los senadores canarios de todas las fuerzas políticas representadas en el arco parlamentario de esta Cámara Alta estarán presentes -y
les invito a que estén presentes- y lo hago extensivo al resto de los miembros de todas las fuerzas políticas en el compromiso inequívoco de mantener una relación fluida y de información constante, de forma que entre todos coadyuvemos y, por tanto,
favorezcamos la posibilidad de fortalecer el proceso en el día a día.
¿Por qué la generosidad de todos? En primer lugar, porque como cargos públicos tenemos una inmensa responsabilidad que cumplir; no olvidemos la tarea a la que nos enfrentamos y a la que nadie nos ha obligado, lo hemos querido motu proprio.
Por tanto, debemos mostrar a la ciudadanía un compromiso con los valores fundamentales, que nos hace más dignos a todos, y que además encaja con los anhelos, las necesidades, las aspiraciones de la inmensa mayoría.
Todo esto implica un compromiso cívico y desde luego un compromiso con esta tarea. Ese esfuerzo es posible y desde aquí animo a que lo hagamos.
Merece la pena, bajo cualquier pretexto, estar siempre a una con todas las resoluciones que se
dictan por organismos internacionales, por el propio Gobierno de este país, en esos acuerdos tanto de esta Cámara como del Congreso de los Diputados.
Y, además, les invito a hacer un esfuerzo para que esta experiencia no quede reducida exclusivamente a un contexto local o regional. Queremos que sea extrapolada, creemos que puede ser un buen motivo de satisfacción que plagiemos esta
propuesta y la llevemos a otras zonas de nuestro país, a otras zonas del planeta, y hacer nuestro este compromiso con la sociedad. Repito, el compromiso es de todos. Desarrollemos pues con la mejor intención estos preceptos que son los que hoy
motivan esta moción.
En estos dos años y medio de intenso, inmenso y arduo trabajo que hemos venido desarrollando serían muchísimas las personas que hoy debería nombrar. Puede que me falten muchas, pero me quedo con las que hoy estamos aquí, con las presentes y
algunas ausentes, con todas tenemos este compromiso, y como dice un buen amigo mío: con voluntad al bien, propósito ineludible.
Quiero agradecer a todos de antemano el compromiso que me han expresado con el apoyo a esta moción y la generosidad de este grupo parlamentario para que todos formemos parte de ese comité de seguimiento y llevemos a buen puerto frente a
todos los organismos nacionales e internacionales esta propuesta de crear en Canarias la primera zona internacional de cultura de paz y derechos humanos.
Señor presidente, señorías, muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Turno de portavoces.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Belda.
El señor BELDA QUINTANA: Muchas gracias, señor presidente.
Voy a intervenir muy brevemente para manifestar el apoyo de Coalición Canaria a esta iniciativa porque va en la línea de las numerosas resoluciones o acuerdos aprobados por el Parlamento de Canarias.
Recuerdo hace algo más de 20 años haber asistido a unas jornadas de educación y cultura para la paz que se celebraron en la Universidad de La Laguna y a las que asistió don Federico Mayor Zaragoza cuando era secretario general de la Unesco.
Fruto de esas jornadas se gestó la creación del Instituto Tricontinental para los derechos humanos entre el Parlamento de Canarias, el Gobierno de Canarias y la Universidad de La Laguna. Se retoma, por tanto, esta idea y los objetivos de la Ley
27/2005, de Fomento de la Educación y la Cultura de la Paz y demás acuerdos y resoluciones sobre derechos humanos, y se aprovecha además la situación geoestratégica de puente entre continentes que significa Canarias para la creación de esta zona
internacional para la cultura de paz y los derechos humanos en todas sus dimensiones, tal y como apunta la iniciativa.
Celebramos que el Gobierno del Estado se vaya a implicar en estos objetivos, que se sume al apoyo dado a esta idea por las administraciones autonómicas, administraciones insulares y locales, y, finalmente, felicitamos -como no podía ser
menos- al senador Hernández Guillén por esta iniciativa, de la que ya habíamos hablado y nos habíamos comprometido a apoyar, además de con él con todas esas personas que él ha citado y que nosotros saludamos desde este micrófono.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas, tiene la palabra el senador Zubia.
El señor ZUBIA ATXAERANDIO: Muchas gracias, señor presidente.
Tras la brillante intervención y defensa de la moción realizada por el senador Hernández, solo me cabe decir que así sea. Nuestro voto, señor Hernández, lo tiene garantizado.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Maldonado.
El señor MALDONADO I GILI: Muchas gracias, señor presidente.
Después de oír las sacerdotales palabras del portavoz nacionalista vasco, intentaré ser más político, más concre-
to y no tan breve, dado que aunque la brevedad siempre es buena -y seguro que todos hemos agradecido su brevedad-, permítanme que no sea tan parco en palabras y vaya un poco más allá. Estamos debatiendo una moción presentada por el Grupo
Socialista; moción que, de aprobarse, insta al Gobierno básicamente a comprometer los esfuerzos necesarios para respaldar el impulso de las administraciones autonómicas, insulares y locales a fin de hacer realidad el proyecto de creación en
Canarias de una zona internacional para la cultura de la paz y de los derechos humanos.
Lógicamente vamos a votar a favor de la iniciativa por su bondad y por el tema que enfoca pero, en aras de la dignidad política que hace que los políticos siempre deban decir lo que piensan, no podemos decir lo que realmente pensamos de esta
moción. Nos hubiera gustado que fuera una moción que pidiera un compromiso más tácito al Gobierno, que solo decimos que inste. El Gobierno también debería participar en el asunto.
Lógicamente -se lo he comentado al portavoz Hernández Guillén que,
como ha indicado el senador Zubia, ha hecho una brillante y apasionada defensa del tema-, lo vemos como un cierto brindis al sol. Entiendo que formar parte del partido que da apoyo al Gobierno muchas veces no permite ir más allá de lo que uno
quisiera. Por tanto, nos parece que es una iniciativa parlamentaria light. Es verdad que es una propuesta simple, sin decir cómo se orquestaría lo que se propone, dado que no hay una formulación.
Estimamos que es una propuesta confusa desde el
punto de vista europeo, porque en Europa no existe esta figura y además Europa está pasando de puntillas. El señor Hernández Guillén, amablemente, le ha dado la vuelta al calcetín y ha afirmado: en Europa, en la Unesco están atentos para ver qué
hacemos nosotros; pero hasta ahora Europa no ha hecho nada y, por tanto, es una figura que vamos a crear sin ningún parangón, sin similitud en Europa, sin el patrón europeo, ya que muchas veces necesitamos instrumentos que se crean en los
parlamentos y en las administraciones europeas.
Señoría, si leemos atentamente el texto, hay un párrafo que dice: De manera que se constituya en el ámbito de la Unesco y de las Naciones Unidas, así como en el Consejo de Europa, la figura de zona internacional para la cultura de la paz y
de los derechos humanos. Es confuso. Vamos a instaurar en España una figura que no existe en Europa; confusión sobre confusión. No vemos clara la situación en la que nos movemos.
Y es posible que alguna de sus señorías nos pregunte por qué vamos a votar a favor. Pues bien, aprovechando las palabras del señor Hernández Guillén, diré que lo haremos por generosidad política; porque nuestro grupo parlamentario siempre
busca la parte positiva de aquello que puede ser algo más que una simple iniciativa, y esta es una macroiniciativa, una iniciativa que habla de cultura de la paz, de derechos humanos, de conceptos y perfiles a los que Convergència i Unió siempre ha
querido dar apoyo. Es más, señorías, la expresión cultura de la paz se acuñó en Convergència i Unió por Carles Campuzano, y creemos que nosotros siempre hemos querido estar al lado de cualquier iniciativa, de cualquier grupo político que hable de
cultura de la paz y de derechos humanos. Por tanto, votamos a favor de la moción por esa generosidad política que nos caracteriza, y porque creemos que este es un objetivo a potenciar.
Permítame señor portavoz socialista que aproveche la ocasión para pedirle que no sea esta una iniciativa que se quede en humo, una iniciativa bonita, una iniciativa con mensaje, una iniciativa con proyección que nos permite decir al Gobierno
que hay que hacerlo, que debe apoyarlo; que debe dar apoyo a las instituciones insulares, pero no dejemos que este árbol nos tape el bosque, porque la cruel realidad de las islas Canarias es otra.
Canarias es una zona plagada de inmigrantes llegados en pateras que deambulan por las calles a miles; algunos de ellos están en centros de acogida, esperando un destino; a otros se les sube a los aviones y se les traslada a la Península, y
aparecen por Cataluña o por otras autonomías donde esa realidad también existe. Son un número ingente de inmigrantes que esperan un futuro, y por tanto, este debate también debemos traerlo aquí; un debate que estoy seguro que todas sus señorías,
senadores canarios, tienen presente.
En Canarias y en otras zonas de España hay muchísimas personas que esperan que la suya deje de ser una situación según la cual están dignamente atendidos en centros, pero sin futuro. Por ello decimos que sí a una zona para la cultura de la
paz y los derechos humanos, pero, insisto, no dejemos que este árbol nos tape el bosque, porque hay un debate en la sociedad sobre muchísima gente que ha llegado a este país y que está sin futuro, sin soluciones legales de ningún tipo, un debate que
debemos llevar a cabo.
Dejo esto encima de la mesa, no como una crítica, sino como una realidad.
En Canarias, en Andalucía, en Cataluña y en muchísimas partes, hay personas acogidas por Cruz Roja y por las ONG humanitarias que no saben qué hacer con ellos.
Debemos trabajar en esto. No se trata solo de crear un gran centro, algo que apoyamos y a cuyo favor votaremos, algo que pensamos que está bien, aunque no sabemos cómo se va a orquestar. Hay que aprovechar la situación para iniciar un debate
inherente a este de hoy, que es el de los derechos humanos, el de la cultura del respeto a los derechos humanos de las personas que están llegando al paraíso, a Europa, a España, que se ubican aquí y que llevan meses y meses, y algunos incluso años,
sin ningún destino y sin ningún futuro. Este también es un debate que la clase política ha de llevar a cabo para instar al Gobierno a encontrar soluciones, porque si no se nos va a cronificar con la presencia de hombres, mujeres, niños y niñas en
el Estado español que llevan mucho tiempo recogidos, unos, y deambulando por las calles de cualquier autonomía, y también la canaria, otros, esperando una solución digna y humana.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario de Entesa tiene la palabra el senador De Puig.
El señor DE PUIG OLIVE: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, en primer lugar quiero agradecer al Grupo Socialista y a su portavoz, senador Hernández Guillén, la presentación de esta iniciativa a la que vamos a dar todo el apoyo, porque no se me alcanza que pueda haber ni un grupo ni un
senador presente que pueda estar en contra, iniciativa que yo apoyo para Canarias -que es quien nos ofrece la posibilidad-, como apoyaría para cualquier otro territorio del Estado.
Este tipo de proyectos son atinados, aunque quizá su planteamiento parezca más de un futurible que de una realidad concreta. La creación de una zona internacional para la cultura de la paz y de los derechos humanos es un título muy solemne,
desde luego, muy acertado, pero habrá que ver el proyecto y habrá que ponerlo encima de la mesa con todos los costes económicos, con todas las aportaciones del Estado, de la comunidad autónoma, de los ayuntamientos, etcétera, en fin, habrá que
convertirlo en una realidad. Pero lo importante es traerlo aquí, aprobarlo y luego echar a andar. Hay un tipo de proyectos que en primer lugar tienen que ser aceptados, y luego vendrá todo lo demás.
¿Qué sentido tiene una zona internacional de cultura de la paz? Todo su sentido. En primer lugar, porque no podemos olvidar -y si lo olvidáramos estaríamos completamente locos- que desde 1945, es decir, desde el final de la segunda guerra
mundial, ha habido 120 guerras hasta hoy día, y que hoy todavía hay una treintena de conflictos; de conflictos, guerras o no guerras, porque sucede que desde los años cincuenta hay guerras tremendas sin que se declare la guerra -es decir, aquí
nadie declara la guerra a nadie y, sin embargo, hay guerras, hay conflictos, hay matanzas, guerras ocultas en realidad-, pero ahí están, se entra en Internet y se encuentra todo. Hemos de saber que las guerras continúan, esa crisis total, esa
barbaridad de muertos, de la falta de esperanza, la última solución, cuando ya sabemos que la guerra no es ni puede ser una solución.
A la altura de nuestro tiempo, con lo que hemos avanzado, con lo inteligentes y sabios que somos los humanos, con las tecnologías, el progreso, etcétera, parece mentira que a estas alturas tengamos que crear centros internacionales para
valorar lo que es la paz, para interpretar lo que es la paz -que no es solo, como se dijo ya en su momento, la ausencia de la guerra-, pero precisamente por esto creo que tiene todo su sentido. Ya lo dijo Naciones Unidas en la Declaración de
Derechos Humanos y luego otra vez en 1999 con su plan de acción, y como ha dicho tantas veces la Unesco -que hay que citarla porque cuando era su director Mayor Zaragoza le dio un impulso a ese intento de reflexión para acabar con las guerras y él
es el presidente de la Fundación para la Paz-, pero también hay otras iniciativas en España -al menos quiero nombrar algunas de ellas-, que además de ser coautoras de la idea de la Alianza de Civilizaciones -que pretende también eso- llevan a cabo
otros proyectos; por ejemplo, el Fórum Universal de las Culturas se celebró en Barcelona y convertimos el castillo de Montju_c en un centro para la paz, así como otras iniciativas en otras partes de España, como fundaciones, etcétera.
Luego ha
habido ya movimientos y su propuesta responde a todos estos movimientos y a lo que ha dicho el Consejo de Europa.
Y aquí tengo que desmentir necesariamente a mi buen amigo Maldonado. Es muy fácil saber la cantidad de cosas que en Europea se han hecho y se continúan haciendo en esa materia: se va uno a Internet, entramos, por ejemplo, en el Consejo de
Europa/Políticas de paz, y aquello comienza y no acaba. ¿Por qué? Porque Europa sí se ha preocupado de este tema, y se ha preocupado tanto que además hemos tenido guerras ahí mismo. Lo que se está haciendo para no volver a las andadas, el never
again del final de la segunda guerra mundial, ha dado lugar a gran cantidad de centros e iniciativas. Además, como los amigos canarios añaden al tema de la paz el de los derechos humanos, tenemos ahí la institución de Derechos Humanos, el Tribunal
de Derechos Humanos, con toda la carga de debate y de profundización de los derechos humanos.
Por lo tanto, creo que podemos estar contentos de que en Canarias se haya trabajado bastante, durante los dos o tres últimos años, para crear las condiciones -que es en lo que estamos- de una zona internacional para la cultura de la paz. Es
interesante para el resto del país y lo que habrá que hacer a partir de la aprobación de hoy -que creo que será unánime- es ponernos en marcha mañana para dar a esta iniciativa un contenido y una capacidad de reflexión y de cambio de mentalidad para
entender esa tragedia, esa catástrofe, que es la guerra y para comprender mucho mejor, especialmente, qué es la paz.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Hernández.
El señor HERNÁNDEZ GUILLÉN: Gracias, señor presidente.
Quiero dar la gracias a los portavoces y en especial a la señora Luzardo que, aunque no la haya escuchado, sí que hemos estado analizando el contenido de la moción y sé en qué línea se va a desarrollar. También quiero agradecer al señor
Belda el compromiso tácito que ha explicitado; al señor Zubia, su generosidad y en cuanto al señor Maldonado, yo puedo entender sus dudas respecto a que esto se pueda convertir en un brindis al sol; pero como no hemos querido que esto se convierta
en un brindis al sol, he insistido en mi primer turno de defensa de la moción en el trabajo previo que se había realizado, que no es un brindis al sol, sino que es un compromiso de una gran parte de la sociedad que sí cree en este buen propósito.
Además, créanme que el Gobierno del Estado sí se ha involucrado y ha realizado esfuerzos. Desde luego, no podemos decir nada del Ministerio de Asuntos Exteriores, porque sí ha habido un compromiso claro; lo ha habido por parte de su
embajadora de Asuntos Especiales, Silvia Escobar; del propio director de Derechos Humanos, el
señor Escribano; en definitiva, es una amplia propuesta avalada por el ministerio.
Dentro del contexto internacional -usted me dirá que no existe- se trata de una propuesta innovadora, cargada de sentido. Para cargarla de sentido no hay nada mejor que el compromiso del conjunto. Por eso, cuando el señor De Puig hablaba
de cómo concretar y cómo hacer ese seguimiento, he planteado la creación de un comité de seguimiento, donde quiero que esté presente y nos comprometemos a dar información de forma continua y actualizada, para que siempre estén al día, con respecto a
los distintos puntos de enfoque de este trabajo que se va a ir desarrollando.
Por cierto, ¿cómo lo vamos a incorporar? Tenemos un compromiso. Aquí se ha nombrado varias veces al maestro Federico Mayor Zaragoza, que ha dicho que está encantado de llevar ante la Asamblea de Naciones Unidas esta propuesta y también de
hacerlo ante la Unesco.
Por tanto, permítanme usar el término embajador para personas que ya están comprometidas con esta filosofía, con este proyecto, y que quieren hacerlo extensivo y, además, que quede plasmado dentro de esos organismos internacionales,
gubernamentales y no gubernamentales.
Así pues, el trabajo se ha realizado y créanme que el esfuerzo de estos dos años previos ha implicado a una gran parte de la ciudadanía. Queremos hacerlo extensivo -por generosidad- al conjunto de las fuerzas políticas y que en ese comité
de seguimiento, estén seguros de que tendrán cumplida y actualizada información de cuánto acontezca y en el momento en qué acontezca.
Por último, desde aquí quiero volver a agradecer su apoyo a todos los portavoces, incluso a quien haya puesto más o menos reparos, porque es un trabajo que se ha hecho a conciencia y con mucha dedicación y por eso, manifiesto de nuevo mi
agradecimiento a todas las fuerzas políticas que han expresado su apoyo a la misma.
Muchas gracias, presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora Luzardo.
La señora LUZARDO DE LEÓN: Gracias, presidente. Buenos días, señorías.
Intervengo en nombre de mi grupo, el Grupo Parlamentario Popular, para fijar nuestra posición en la moción presentada por el Grupo Parlamentario Socialista en la que solicita que el Senado inste al Gobierno a que comprometa los esfuerzos
necesarios para respaldar el impulso de las administraciones autonómicas, insulares y locales para hacer realidad el proyecto de creación en Canarias de una zona internacional para la cultura de la paz y de los derechos humanos, de manera que se
constituya y se introduzca en el ámbito de la Unesco y de las Naciones Unidas, así como en el Consejo Europeo, la figura de zona internacional para la cultura de paz y derechos humanos, y que se convierta, a su vez, en un instrumento normativo
universal, de tal forma que los pueblos de la tierra puedan adherirse y desarrollarse en esta línea de acción libremente y bajo la protección de Naciones Unidas y, con su apoyo, convertir esta iniciativa en la primera experiencia mundial en la isla
de Lanzarote, dentro de un archipiélago que, como todos ustedes saben, cuenta con una situación estratégica de enlace de tres continentes.
Desde luego, señor Hernández, coincido con usted en que hay que hacer una mención especial a Valentín Oliveros, un madrileño que ha estado viviendo treinta años en Lanzarote y que hoy está acompañado por otro gran amigo que también ha
trabajado para conseguir este proyecto, Andrés Rodríguez, y que, como él mismo ha contado en alguna ocasión, tuvo hace casi veinte años el sueño de conseguir que Lanzarote fuera zona de paz, a raíz de que allá por el año 1990 se trabajara en un
proyecto para hacer un monumento a la paz con misiles nucleares desmantelados, que fue apoyado por nuestro siempre querido y recordado artista César Manrique, e incluso por personalidades extranjeras importantes, como Mijail Gorbachov, que en
aquella época estaba en Lanzarote.
Durante estos años estos compañeros no han decaído en su empeño y han hablado con numerosas personalidades tanto de Lanzarote y de Canarias como de fuera del archipiélago para tratar de conseguir este objetivo, un proyecto que consiste en
que Lanzarote y Canarias se conviertan en centro de referencia internacional y foro para la cultura de la paz y los derechos humanos, apoyados y asesorados por organismos y organizaciones nacionales e internacionales, gubernamentales y no
gubernamentales, en íntima colaboración, por supuesto, con las instituciones insulares de la comunidad autónoma, así como del tejido empresarial y social.
La constitución, el pasado 13 de marzo, en el castillo de San José, de la asamblea constituyente de la Asociación para las Naciones Unidas de España en Canarias, con la participación de personas de distintas ideologías y distintos ámbitos
sociales, con el apoyo de las instituciones insulares y de la comunidad autónoma, ha sido un paso decisivo para conseguir este proyecto. ANUE Canarias tendrá su sede en la isla de Lanzarote, esperando extenderse paulatinamente a través de
delegaciones al resto de las islas, y sus primeros acuerdos están encaminados, por supuesto, a conseguir el apoyo de todas las instituciones que sean necesarias para conseguir este objetivo, es decir, que Lanzarote, Canarias, sea considerada zona
internacional para la cultura de la paz y los derechos humanos.
No cabe duda, además, que obtener este reconocimiento señalaría a la isla de Lanzarote no solo como un referente medioambiental, que ya lo somos -Lanzarote es reserva de la biosfera, tenemos un parque nacional y distintos parques con
protección, con más del 70% de nuestro territorio protegido-, sino que también sería un referente a nivel mundial de los derechos humanos, y otorgaría un valor añadido a Lanzarote y a Canarias.
Por supuesto que coincido con el señor Maldonado en que esta moción es un tanto ambigua y que este proyecto no termina aquí, sino que todas las fuerzas políticas, así como las empresariales y sociales, tendremos que seguir trabajando unidas
para conseguir este proyecto. Por eso
me parece bien la iniciativa que ha presentado el senador Hernández en última instancia de crear un comité de seguimiento en el que estemos presentes no solo las fuerzas políticas sino también las fuerzas sociales y empresariales.
Señor Maldonado, antes de que se vaya usted quiero decirle que aun coincidiendo con su señoría en que esta moción es ambigua y de buenas intenciones, sí ha calado en el espíritu de quienes vivimos en Lanzarote y por eso hay que apoyarla.
Pero también quiero decirle que Canarias es mucho más que una comunidad a la que se conoce a veces por los inmigrantes que llegan en pateras hasta allí, y es verdad que llegan.
Esta semana, desgraciadamente, ha llegado otra patera más aunque hay
que decir que cada vez van llegando menos. En todo caso quiero decir que tanto desde la Comunidad Autónoma de Canarias como desde sus cabildos y ayuntamientos se le piden al Gobierno más medios para atenderlos en Canarias, más medios para que esos
inmigrantes permanezcan en sus países de origen y no tengan que salir hacia nuestras islas y más medios para controlar nuestras costas.
Y he decir también que a las islas Canarias también se las conoce como las Islas Afortunadas, unas islas donde vivimos del turismo y tenemos todo el año un clima maravilloso, un clima primaveral y unas playas de ensueño.
Yo le invito,
senador, a que pase una semana de descanso en Lanzarote para que usted conozca Canarias (Risas.) y para que cuando vuelva a hablar de Canarias hable también de todas las cosas buenas que tenemos allí. A ver si así conseguimos otro galardón para que
las islas Canarias sean conocidas no solamente como unas islas para el turismo, como una comunidad que defiende su territorio y su medio ambiente, sino también como a unas islas a las que se puede ir a descansar y a disfrutar.
Gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Llamen a votación. (Pausa.)
Señorías, he llamado a votación para que todos sepan cómo va a discurrir el Pleno, porque hasta donde yo llego, todavía no contamos con los medios para que el pensamiento del presidente llegue a todos ustedes inmediatamente; pero en eso
estamos. (Risas.)
Por tanto, señorías, quiero decirles que el Pleno continuará hasta que debatamos las dos mociones que nos quedan, y votaremos después de la primera toma en consideración. Pero ya que estamos aquí, vamos a votar.
Cierren las puertas. (Pausa.)
Procedemos a la votación de la moción socialista que acabamos de debatir.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 213; a favor, 212; en contra, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Continuamos con las dos mociones que nos quedan y votaremos a partir de las cuatro de la tarde, una vez debatida la primera toma en consideración.
-- Del GRUPO PARLAMENTARIO ENTESA CATALANA DE PROGRÉS, por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas en relación con los métodos de evaluación de las agencias de calificación crediticia y a plantear ante la Unión
Europea la creación de una agencia de calificación europea pública (Número de expediente 662/000130).
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas en relación con los métodos de evaluación de las agencias de calificación crediticia, y
plantear ante la Unión Europea la creación de una agencia de calificación europea pública.
A esta moción se ha presentado una enmienda transaccional firmada por todos los grupos, con la excepción del Grupo Parlamentario Popular. Por tanto, queda viva la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular.
Para la defensa de la moción, tiene la palabra el senador Guillot.
(Rumores.)
Señoría, espere un momento a que abandonen el hemiciclo aquellos que no quieran escuchar. (Pausa.)
Tiene la palabra, señoría.
El señor GUILLOT MIRAVET: Gràcies, senyor president.
Señorías, no es la primera vez que durante esta legislatura discutimos y votamos en relación con las agencias de calificación. Mi amigo y compañero Carles Bonet, senador de Esquerra per la Entesa, presentó una moción el 18 de febrero de
2009, posteriormente transaccionada y aprobada, que afirmaba en seis puntos lo siguiente. En primer lugar, que las agencias de calificación son parte de los problemas aparecidos en los mercados de crédito. En segundo lugar, el pleno apoyo del
Senado a la decisión de la Comisión Europea de crear un órgano regulador de agencias de calificación crediticia. En tercer lugar, promover en el seno de la Unión Europea un reglamento sobre estas agencias. En cuarto lugar, la creación en el marco
de la UE de un registro de agencias. En quinto lugar, la coordinación con las autoridades monetarias para reducir los costes diferenciales que paga la deuda española y, por último, y en sexto lugar, plantear en los foros internacionales un análisis
de los sistemas de valoración que las agencias han venido utilizando.
¿Cuáles son los objetivos de esta segunda moción? En primer lugar, mantener vivo el debate sobre uno de los protagonistas más importantes de esta crisis. Con esta moción no pretendo realizar ni un debate ni avanzar propuestas sobre la
crisis en general, sino tan solo detenerme sobre unos actores específicos, las agencias de calificación, que han tenido un papel singular en todo el proceso de crisis financiera y económica que estamos sufriendo. No obstante, ni en mi intervención
ni en las propuestas de la moción reduzco la responsabilidad de la crisis a estas agencias, ni pretendo excusar las responsabilidades de otros -en primer lugar, de los poderes públicos, de los
Gobiernos- acerca de su política para gestionar la crisis, sino tan solo señalar su influencia, en muchos casos determinante, en los mercados y su más que dudosa credibilidad.
Se da con las agencias de calificación una extraña paradoja, y es que agencias de dudosa fiabilidad tienen una influencia en los mercados que no se merecen en absoluto. Representan un contrapoder capaz de desestabilizar empresas, sectores
e, incluso, Gobiernos. En una situación de verdadero oligopolio mundial, tres agencias anglosajonas controlan el 90% del mercado, agencias que ya están siendo cuestionadas por los principales actores político-económicos: Unión Europea, Estados
Unidos, FMI y bancos centrales.
Tan solo a modo de ejemplo quisiera recordar dos cuestiones. En primer lugar, la carta dirigida a Durão Barroso por la canciller Merkel y el presidente Sarkozy, poniendo en cuestión el papel de las agencias de calificación de riesgo; o las
declaraciones, aquí en España, de la vicepresidenta Fernández de la Vega, el pasado mes de abril, afirmando que las agencias habían fallado estrepitosamente a la hora de prever la crisis y las acusaba de especular.
No podemos ignorar en este debate el papel de las agencias de calificación en la crisis financiera, ni los efectos que tienen sus calificaciones. El pasado 28 de abril, la bolsa española cayó tres puntos en pocos minutos por la rebaja de la
calificación de nuestra deuda. Que nuestro bienestar dependa de una agencia de calificación es para mí del todo inaceptable.
Quiero insistir que, sin querer ocultar las responsabilidades propias de la política, las agencias por sí mismas representan una de las imperfecciones del mercado, y para corregirlas es necesaria la voluntad y la intervención pública, como
ya hoy está discutiendo la Unión Europea.
Sobre las agencias de calificación de riesgos planean dos grandes sombras.
La primera, de fiabilidad. Cometen errores y no menores. Quiero recordar, entre otros desaciertos, que en los ochenta retiraron la máxima nota a Venezuela antes de
que su Gobierno decidiera suspender el pago de la deuda externa; en la crisis asiática de los noventa mantuvieron los ratings hasta el último momento; las quiebras de Enron y Parmalat; la triple A; las hipotecas subprime; Lehman Brothers; los
problemas de Dubái o la no detección de la crisis bancaria de Islandia. Un balance revelador y desolador.
Las agencias de calificación han sido unos buenos aliados de la especulación y están siendo unos formidables adversarios de las políticas públicas de respuesta de la crisis.
Muchos Estados, entre ellos el nuestro, han acumulado grandes déficits y deudas públicas para evitar una gran depresión, siendo, a su vez, castigados por estas agencias de rating. Como las define un alto cargo del Fondo Monetario
Internacional, las agencias alimentan las compras en los buenos tiempos y aceleran las pérdidas en los malos.
La segunda gran sombra es sobre su funcionamiento. Vicente Pallardó, del Observatorio de Economía Internacional de la Universidad de Valencia, resume las principales críticas en los siguientes aspectos: hay un problema manifiesto de
incentivos; las empresas que deben ser examinadas les pagan generosamente con márgenes de hasta el 50%; escasa competencia -lo decía antes-, tres empresas se reparten el 90% del mercado; utilización de la misma escala para productos financieros y
para los bonos públicos, y la propia regulación les da un estatus y una credibilidad que no se corresponde con sus errores.
El segundo objetivo de la moción es seguir insistiendo en la necesidad de cambios profundos. Se están dando pasos. El 27 de julio de 2009 la Unión Europea aprobó unas normas que obligarán a registrar y supervisar el funcionamiento de estas
agencias, exigiendo la no existencia de conflicto de intereses, calidad en las metodologías y mayor transparencia.
Como señala la enmienda que ha presentado Convergència i Unió, el Consejo Europeo, celebrado el pasado 17 de junio, urgió a la concreción de una propuesta de la Comisión sobre la supervisión de las agencias de calificación por la Unión.
Señorías, en todos los debates sobre la crisis global aparecen siempre cuatro grandes cuestiones: paraísos fiscales, regulación de los mercados financieros, agencias de calificación y movimientos de capitales.
Hoy, por segunda vez en esta legislatura y a propuesta de nuestro grupo, discutimos sobre las agencias de calificación, cuyo papel en la explicación de la crisis que sufrimos no es menor. Hace un mes, aproximadamente, discutimos y aprobamos
una moción presentada por la senadora Leire Pajín, sobre la tasa Tobin. Creo que es importante que las Cámaras legislativas estemos encima de estas cuestiones tan fundamentales para conseguir una reorientación real de la gestión de la crisis a
nivel global.
No podemos olvidar, señorías, las dificultades y resistencias que hay en la aplicación de muchas de las medidas planteadas por el G-20, la Unión Europea o los Estados. Tampoco podemos ignorar que casi todos los responsables de esta crisis
siguen en sus puestos, pontificando y condicionando, cuando, a su vez, los costes sociales, el sufrimiento social, se pagan al contado: paro, recortes, etcétera.
En el debate hoy reiterado, en la moción presentada y en la enmienda transaccional pactada, solo se plantea hacer frente a lo que funciona mal en la calificación de los riesgos y en el funcionamiento de las agencias, así como la posibilidad
de crear una agencia pública europea. Lo peor que puede ocurrir, señorías, es que durante la crisis, y cuando salgamos de ella, las cosas sigan igual. Hay razones -he intentado explicarlas- para abordar la cuestión de las agencias de calificación.
No podemos seguir atados de pies y manos a sus errores y criterios más que cuestionables, vulnera el sentido común, es irracional e injusto, y tiene sus costos políticos, económicos y sociales.
La Administración Obama ya ha empezado a trabajar. El pasado 25 de julio las dos Cámaras legislativas acordaron que las agencias pudieran ser demandadas en caso de negligencia, realizar una supervisión más estricta y un plazo de dos años
para resolver sus conflictos de intereses. Las soluciones, evidentemente, no son ni serán sencillas. Las actuales agencias, a pesar de sus errores, mantienen la
confianza del mercado y siguen gozando de una gran capacidad de influencia, como ha sucedido en España.
Con todo, señoría, con estas razones, con esos dos grandes objetivos, con esos argumentos, justifico la presentación de esta moción. Quiero agradecer a todos los portavoces que hayan hecho posible la firma de esa enmienda transaccional.
Lamento no haber podido cerrar un acuerdo con el Grupo Parlamentario Popular, pero de antemano, quiero también agradecer el tono positivo del senador Fernández Cucurull, portavoz popular de esta moción.
Gràcies, senyor president.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, tiene la palabra el senador Cucurull.
El señor FERNÁNDEZ CUCURULL: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, debatimos hoy una moción del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, que viene a ser prácticamente coincidente con la debatida en esta misma Cámara en el mes de febrero de 2009.
Como entonces, el Grupo Parlamentario Popular sigue manteniendo que efectuar un análisis de la profunda crisis que atraviesa España buscando exclusivamente culpables externos, en este caso la Agencia de Calificación Crediticia, sigue siendo
una actitud completamente inútil que nos distrae de lo que en materia económica debería ser nuestra prioridad: poner en marcha reformas estructurales que permitan a nuestro país ganar en competitividad para volver, en el menor plazo posible, a la
senda del crecimiento económico y la creación de empleo.
En este caso, estimamos además que, en lo que hace referencia a la regulación de las agencias de calificación, la moción ignora -al menos en su versión inicial, ahora corregida con la enmienda transaccional- algunos hechos relevantes
acontecidos desde que se debatió la anterior, hace ahora aproximadamente año y medio. Entre ellos, y de manera muy principal, la aprobación en septiembre de 2009 de un reglamento por el Parlamento Europeo y por el Consejo sobre las agencias de
calificación crediticias. Dicho reglamento introduce, por primera vez en Europa, una regulación de la actividad de dichas agencias, e impone un sistema de registro y supervisión. La supervisión se atribuye a las autoridades nacionales competentes,
pero al mismo tiempo otorga facultades a los colegios de supervisores, en el caso de que una agencia tenga varias filiales en distintos Estados de la Unión. Para facilitar la supervisión, se otorgan importantes poderes a las autoridades
competentes: acceso a documentos, requerimientos de información, inspecciones, así como la posibilidad de baja en el registro o prohibiciones temporales en el supuesto de incumplimiento de las obligaciones derivadas del reglamento.
Por otra parte,
se prevé que en un futuro próximo la supervisión y control sean efectuadas por un único organismo a nivel europeo: la Autoridad Europea de Valores y Mercados.
Por último, el reglamento introduce requisitos a las agencias para una gestión adecuada de los conflictos de intereses, la transparencia en sus actividades y metodología y la calidad de las calificaciones. El plazo para que las agencias con
domicilio en la Unión Europea se registren se abrió el pasado día 7 de junio, termina el próximo 7 de septiembre, y la entrada en funcionamiento del nuevo sistema está prevista para el 7 de diciembre.
A la vista de lo expuesto, podría deducirse que la moción que debatimos es completamente superflua, lo que ciertamente no dista mucho de la verdad.
No obstante, en fechas recientes, concretamente el pasado mes de junio, la Comisión Europea
se ha pronunciado sobre la conveniencia, a su juicio, de poner en marcha, con la mayor rapidez posible, la citada Agencia Europea de Valores y Mercados, que sería la única encargada de la supervisión y control de las agencias de calificación.
El Consejo Europeo, celebrado el 17 de junio, como ha señalado CiU en su enmienda, incluyó en sus conclusiones una petición para que se examine rápidamente esta propuesta de la comisión. Por otra parte, la Comisión apuntó también la
posibilidad de crear una agencia pública de calificación, sin que esta propuesta haya recibido el respaldo del Consejo.
Así las cosas, y una vez descrita la secuencia de hechos desde la anterior moción, el Grupo Parlamentario Popular presenta una enmienda de sustitución con dos objetivos: en primer lugar, dirigir la actuación del Gobierno a prestar su apoyo
al proceso de reflexión abierto en el seno de las instituciones europeas para mejorar la supervisión y transparencia de las agencias en los términos que previamente he expuesto y sin prefijar cuál será su resultado final en función de los consensos
que se alcancen.
En segundo lugar, centrarnos en lo que realmente queda dentro de nuestro ámbito de competencias; es decir, en las reformas estructurales que la economía española necesita para mejorar su competitividad: el mercado de trabajo, el sistema
tributario, el sistema financiero, los sectores de la energía, las comunicaciones, el transporte y las infraestructuras, el sistema educativo, la justicia, el I+D+i, la defensa de la competencia, la independencia de los organismos reguladores, la
simplificación, eficacia, eficiencia y austeridad de las administraciones públicas, etcétera.
Como decía al inicio de mi intervención, si el tiempo que perdemos en señalar culpables lo empleamos en estudiar cómo podemos mejorar, saldremos ganando todos.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el senador Guillot para manifestar su posición sobre la enmienda del Grupo Parlamentario Popular.
El señor GUILLOT MIRAVET: Gràcies, senyor president.
Señor Fernández Cucurull, creo que tanto la derecha como la izquierda están de acuerdo en que las agencias de calificación no han funcionado bien, no han respondido a
sus objetivos y nos han generado muchos problemas. Todos en Europa hacemos un seguimiento de lo que pasa en el mundo en relación con esta cuestión y, por ello, no es que quiera excusar con esta moción la acción del Gobierno ni mi
explicación da pie a ello, sino que quiero hablar de las agencias de calificación de riesgo partiendo del debate mundial que existe, que también se produce en España, para ver qué se puede hacer e impulsar al Gobierno sobre todo por el protagonismo
que pueda tener en el ámbito de la Unión Europea.
Las reformas estructurales sirven para todo, hasta para la custodia compartida; en un país que está sufriendo una crisis, en cualquier moción, sea del tipo que sea, se puede colocar el segundo punto que recoge su enmienda porque, directa o
indirectamente, estaremos hablando de paro, de la necesidad de reformas, etcétera.
Por ello, le propongo que se sume a la transaccional porque ni favorece ni perjudica nuestra crítica a la acción del Gobierno sino que se centra exclusivamente en el objetivo de la moción, que no es otro que las agencias de calificación de
riesgo.
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Turno de portavoces.
¿Grupo Mixto? No hacen uso de la palabra.
¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas? Tampoco.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Vilajoana.
El señor VILAJOANA I ROVIRA: Muchas gracias, señor presidente.
Mi grupo parlamentario ha presentado una enmienda de adición a esta propuesta de Entesa Catalana de Progrés porque ante esta situación, compartimos el diagnóstico del senador Guillot al plantear o presentar esta moción. Es objetivamente
cierto que las tres agencias de calificación de riesgo, todas ellas norteamericanas, durante esta crisis económica no han hecho un buen trabajo profesional; es decir, nos hemos encontrado con bancos que han pasado de una calificación de triple A a
la quiebra, directamente, sin pasos intermedios; por otra parte, hemos vivido situaciones claramente delictivas que han llevado a grandes financieros, perfectamente respetados por las agencias de calificación crediticia, que están ahora mismo en
prisión por un comportamiento absolutamente ilegal, y todo ello con un factor determinante que es la credibilidad que tenían estas agencias de rating. Por tanto, hemos de reaccionar, hemos de controlar mejor este sistema, y creo que en este caso
nuestra propuesta, y en el fondo creo que la transaccional lo recoge, es urgir para que en el seno de la Unión Europea -porque esta iniciativa no puede adoptarse a nivel local- se analice por qué ha ido mal, qué ha ocurrido con estas agencias de
rating y cuál es la mejor solución, y entiendo que se ha de hacer en el ámbito de la Unión Europea porque, además, iría muy bien que se consensuara con otros grandes centros financieros que están apareciendo en el mundo, como es el caso de siempre,
Estados Unidos, pero también el gran ahorrador e inversor financiero mundial que ahora mismo es China. Por lo tanto, hemos de buscar soluciones a este asunto.
Una posibilidad que se plantea en la moción y en la transaccional es si Europa debe poner en marcha una agencia europea que efectúe este control del sistema financiero. Aquí el problema fundamental que hay es la credibilidad. Estas
agencias americanas han perdido la credibilidad, pero el mercado sigue haciendo caso de sus diagnósticos. Hemos vivido hace unos meses una situación preocupante para nuestro país porque había una serie de bulos financieros no reales. El problema
no era solamente el bulo, que era un problema, sino que estos bulos tuvieran credibilidad y que los mercados actuaran en función de ellos; por tanto, es muy importante recuperar no solamente la credibilidad de estas agencias, sino que la propia
economía española y el sistema financiero español ganen credibilidad, porque estos bulos y estas calificaciones que se están haciendo nos afectan claramente, y, además, introducen un coste en nuestra deuda.
Nosotros, evidentemente, creemos que es un tema serio e importante. Las crisis se han de aprovechar para que lo que no ha funcionado no se repita y resolver este problema, que no es fácil. Y cuando digo que no es fácil quiero decir, por un
lado, que estas agencias siguen existiendo y los mercados siguen operando en función de sus recomendaciones; estoy hablando de estas agencias americanas que están continuamente haciendo su análisis y marcando sus ratings. Una alternativa posible
sería una agencia europea siempre y cuando tenga credibilidad suficiente y que el mercado se la crea. Esto tampoco es fácil de construir inmediatamente.
Este es el problema. Si tuviéramos la solución, de alguna forma la plantearíamos
directamente. Creo que lo más razonable que podemos hacer es pedir a Europa -que tiene mucha más potencia que nosotros, me refiero a esta Cámara- que trabaje en este tema y que aporten soluciones.
Antes el señor Guillot planteaba, como se hizo en una moción, este impuesto sobre las transacciones financieras. ¿Cuál es el gran problema? Recuerdo que estuve en una reunión en Bruselas, en representación de este Senado como presidente de
la Comisión de Economía, y Strauss-Kahn decía: Podemos estar meses elaborando un maravilloso impuesto y el sistema financiero tardará horas en encontrar una solución para no pagarlo. Y lo dijo exactamente así; no es que esté ahora aquí
reproduciendo un secreto, sino que era una sesión con televisiones. Y dijo esto. ¿Qué ocurrirá con esta agencia de rating? Repito, está muy bien -yo seguramente me sentiría mucho más cómodo teniendo una agencia europea de rating-, pero el
problema es que los mercados decidirán si la creen o no. Mientras existan las otras -y repito, todos estamos de acuerdo en que estas otras, han fallado- los mercados seguirán operando a partir de sus recomendaciones, y esto es muy complejo de
cambiar y de solucionar.
Dicho esto, esta moción lo que introduce es este debate. Es positivo lo que se ha acordado, que es urgir a que real-
mente Europa se mueva para buscar una solución a este tema, y que una vez la tenga Europa, tendremos que consensuar esta solución con Estados Unidos y, repito, con China y los mercados emergentes de Asia, Japón, y, a partir de aquí, buscar
cuál es la mejor solución, que sería mantener estas agencias e introducir elementos de control mucho más fuertes, mucho más potentes, mucho más diversificados. Es un tema que hay que resolver, pero la solución -y lo digo sinceramente, me gustaría
tener una especial clarividencia para dar la solución- no es más fácil que decir: los que tengan más capacidad que intenten buscar una solución y que lo hagan con la máxima rapidez posible.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Entesa Catalana de Progrés, tiene la palabra el senador Gillot. (Denegaciones.) No hace uso de la palabra.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el senador Lerma.
El señor LERMA BLASCO: Muchas gracias.
Esta es la segunda moción que la Entesa Catalana de Progrés plantea sobre el tema. Para dar idea de la importancia de la cuestión basta con referirse al Diario de Sesiones. En aquel entonces se planteó -me parece recordar- porque la triple
A de calificación de la deuda española bajó un escalón, y eso significaba por aquel entonces nada menos que alrededor de 11 000 millones de euros de sobrecoste para la deuda española.
Si la gente compara ese sobrecoste con los ajustes de nuestro presupuesto que vamos haciendo, se da cuenta realmente de la importancia que eso tiene. Sin esa calificación nos habríamos ahorrado estas medidas de ajuste que ahora tenemos que
estar tomando de manera traumática para mucha gente. Eso es más caro que la rebaja que les hacemos a los funcionarios o que la congelación de pensiones, por ejemplo.
A esto es a lo que nos estamos refiriendo, a que una opinión -fundada o no fundada, no lo sabemos- sobre la deuda española de una agencia de calificación significa una situación dramática para muchos miles o millones de personas. Esto en el
caso español; imagínense lo que ha supuesto en el caso de la deuda griega, o en tantos otros casos que hemos podido vivir no en esta crisis actual, sino en otras muchas anteriores, por ejemplo, los millones de personas que con la crisis asiática
padecieron hambre y sufrimientos. Esto es lo que estamos tratando realmente con las agencias de calificación. Y no pretendemos culpar al mensajero de los problemas que tienen los países. Estamos hablando de que realmente estas calificaciones, no
sabemos si fundadas o no en muchas ocasiones, que son las que aconsejan a los inversores, producen daños irreparables en muchos millones de personas.
Estoy absolutamente de acuerdo con lo que ha planteado el Grupo Parlamentario de la Entesa y ahora, también, Convergència i Unió. Creo que también debería sumarse el Partido Popular a esta moción porque lo que aquí se ha planteado no pone
en cuestión ninguna de sus tradicionales reivindicaciones respecto a la política gubernamental. Y ello porque ¿qué es lo que pretendemos con esta actuación? Lo que estamos intentando es, ni más ni menos, que las agencias de calificación, que son
necesarias, cuando emiten una opinión, sea realmente fundada y absolutamente independiente. Fundada porque tienen toda la información que se requiere y absolutamente independiente porque no mira ninguno de los intereses que pueden entrar en
colisión a la hora de hacer pública una opinión. El problema que tienen las agencias es que pueden tener intereses en la opinión que emiten. Ciertamente, parece que en algunas ocasiones los tienen y algún juez está persiguiendo esta cuestión y,
por consiguiente, sus opiniones pueden no tener toda la información que se requiere para evaluar la cuestión. Al mismo tiempo, no pueden comparar de la misma manera empresas y deudas soberanas; los países tienen muchas más complejidades que sus
empresas.
La Unión Europea ha intentado poner remedio a todos estos problemas con la elaboración de un reglamento que les obliga a tener una supervisión, pero todo el mundo sabe que seguimos en este proceso de discusión porque lo planteado hasta ahora
no ha sido suficiente y las empresas no tienen todavía el necesario control.
¿Qué estamos estudiando? Los controles necesarios para que las agencias, que son indispensables para el inversor, emitan una opinión fundada y, también, cómo las sometemos a más competencia. Hay una frase muy famosa de Keynes, citada en
muchos libros, en la que pregunta qué desearía un banquero en una crisis. Y la respuesta es, ni más ni menos, que arruinarse con sus compañeros para que no se investiguen las causas de la situación. Y esta situación es la misma que se plantea con
las compañías, todas hacen, con más o menos días de retraso, la misma valoración. En definitiva, se ponen de acuerdo para emitir la misma valoración, para no quedar descolgadas de la cuestión, pero no todas siempre aciertan y, probablemente, todas
se han equivocado en esta crisis o, quizás, no se hayan equivocado, sino que ha habido colisión de intereses. Lo cierto es que han contribuido a desestabilizar más la situación. En definitiva, son peligrosas y lo que se plantea aquí, y esto es lo
que recoge la moción, es que se adopten todos los medios necesarios tanto para que haya más competencia como para que los dictámenes sean ciertos. No estamos proponiendo su desaparición, ni mucho menos, porque son una guía indispensable para el
inversor y hace falta que sus calificaciones sean correctas.
Quiero añadir una cosa más, ¿por qué, a mi juicio, debería sumarse el Grupo Parlamentario Popular? Todos los procesos de crisis son procesos de desconfianza que surge por muchas cuestiones. Y cuando hay un largo período de crecimiento -y
todos estos problemas han sido estudiados por algún agente- hay siempre un exceso de confianza y, por lo tanto, un exceso de crédito al que las agencias no han sabido oponerse. En todos los procesos de crisis hay un exceso de desconfianza y, en
parte por hacer lo posible por recuperar la confianza perdida en sus opiniones, están siendo ahora excesivamente rigurosos cuando
antes fueron excesivamente laxos. Y a la creación de la opinión de esas agencias, aparte de las fórmulas matemáticas que no conocemos pero queremos conocer, se suman las opiniones que recogen de las diversas opciones políticas o de la
opinión pública en general.
¿Qué contribuye a generar desconfianza? Ustedes dirán que probablemente la gestión del Gobierno. Es una posibilidad, pero otra posibilidad muy cierta, cuando todos los Gobiernos están haciendo cosas similares, son sus propias opiniones.
Como ya he dicho en otras muchas ocasiones, las opiniones económicas o sobre la economía española, sobre la situación de la economía española o sobre la situación de la deuda española del señor Rajoy nos están costando mucho dinero a todos los
ciudadanos españoles.
Una será, como dicen ustedes siempre, la acción del Gobierno, que yo creo que lo ha hecho bien porque ha hecho lo que debía hacer en el tiempo adecuado, como han hecho la mayoría de países europeos o mundiales, pero otra clara es la
desconfianza que ustedes siembran con sus opiniones y, en concreto, en esta ocasión, una vez más, con no sumarse a una moción que no valora la acción del Gobierno, sino que está hablando simplemente de las agencias de calificación. Por eso les pido
que en esta ocasión vengan a ayudar a la opinión pública en general y a las agencias de rating a pensar que en España hay cohesión y somos capaces de salir de esta situación, que va mejorando poco a poco, como ha dicho esta mañana la vicepresidenta
económica del Gobierno.
Muchas gracias, presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el senador Fernández Cucurull.
El señor FERNÁNDEZ CUCURULL: Muchas gracias, señor presidente.
El profesor Rodríguez Braun tiene acuñada una frase que le voy a tomar prestada, que dice que el mejor amigo del hombre no es el perro, sino el chivo expiatorio. Y es que después de haber escuchado algunas de las intervenciones, sigo
teniendo la impresión de que el objetivo no declarado de la moción sigue siendo la búsqueda de un culpable al que achacar nuestros males, lo siento señor Guillot. Se trata así de salvar al Gobierno porque hay unos malvados especuladores
internacionales que, amparados por las perversas agencias de rating, lo obligan a abandonar sus políticas sociales.
Señor Lerma, creo que esta historia de buenos buenísimos y malos malísimos está bien para la infancia, pero podremos convenir en que el proceso de maduración implica el descubrimiento de que la realidad es bastante más compleja que el blanco
y negro. Por eso voy a tratar de situar la cuestión en sus justos términos.
Las agencias de calificación son un instrumento que nace en un ámbito estrictamente privado, con la finalidad de orientar a los inversores sobre la garantía y la solvencia de las emisiones de deuda, sean estas públicas o privadas. Emiten
una opinión que orienta al inversor para que a la hora de prestar su dinero a alguien tenga una referencia objetiva de la garantía de recuperar en el plazo previsto su inversión junto con los correspondientes intereses. Comprendo que hay personas
cuyos prejuicios ideológicos les impiden entender que los mercados son lugares que se atienen a dos reglas básicas: la propiedad privada y la contratación voluntaria -repito, voluntaria-. No existe en el mercado libre el poder coactivo del Estado.
Por tanto, la valoración de una agencia no obliga a nadie a tomar una decisión, lo que ocurre es que con el paso del tiempo las opiniones, que son predicciones de las agencias, pueden ser contrastadas, y aquellas cuyo porcentaje de acierto
es elevado obtienen algo que se llama reputación. Como solo el paso del tiempo puede llegar a dotar a una agencia de esa reputación, se trata de un mercado, por su propia naturaleza, limitado, que tiende a convertirse en un oligopolio, como aquí se
ha señalado, es decir, unas pocas empresas que dominan la mayor parte del mercado. Aun así, no es un mercado cerrado y hay más agencias que las tres que habitualmente son citadas.
¿Dónde comienzan los problemas? Desde un punto de vista liberal -y comprendo y acepto que haya otras opiniones, pero ahora toca exponer la mía- las dificultades comienzan con la regulación, es decir, cuando los Estados en su regulación
financiera utilizan las calificaciones de las agencias para determinar los requisitos de las emisiones de valores.
Cuando esto sucede -y en realidad ocurre en todo el mundo-, las agencias se ven en parte liberadas del control que ejerce el mercado
sobre su capacidad de acertar puesto que la eficacia inmediata de su opinión está vinculada a una ley; si una agencia opina que un banco tiene una determinada calificación, las emisiones de valores que pretenda realizar estarán sujetas por ley a
unos requisitos más o menos restrictivos en función de esa calificación. Por tanto, el problema se deriva de la intervención, no del mercado. Esto, con carácter general, no obstante, es evidente que no hay sistemas perfectos y que todos tienen
ventajas y desventajas comparativas.
Hay una opinión que está prácticamente generalizada y es que las agencias de calificación cometieron errores graves de estimación en el caso de los denominados productos derivados, es decir, activos que a su vez están soportados en otros
activos y en los que la trasparencia es menor y la información para el inversor menos accesible. Pero fíjense, señorías, que mientras en ese caso se achaca a un error de calificación por exceso, en el caso de la deuda pública soberana, la que
emiten los Estados, lo que critica la moción es justamente lo contrario. Sin embargo, si bien en el caso de los errores en la calificación de los productos derivados puede haber una base empírica, es más dudoso que exista en el caso de las
emisiones de deuda pública, porque no hay errores tan evidentemente contrastados.
¿Es que no estaba suficientemente justificada a la vista de los acontecimientos posteriores la rebaja en la calificación de Grecia? ¿Es que España en este momento no ofre-
ce objetivamente menos garantías que las que ofrecía hace unos años?
La moción llega a decir en su parte expositiva que las agencias castigan a países como España, que llevan a cabo políticas de ajuste. Pues bien, primero, las agencias no castigan a nadie, se limitan a expresar una opinión fundamentada sobre
la solvencia del emisor, y, segundo, lo de la dura política de ajuste bien merece un comentario.
Durante los años de abundancia que se sucedieron desde 2004 mi grupo parlamentario se aburrió de pedir al Gobierno que controlara el gasto, que no lo permitiera subir por encima del crecimiento del PIB, que aprovechara la bonanza para
realizar reformas estructurales. La respuesta fue oídos sordos. Después se vio venir la crisis a partir de 2007. Muchos advirtieron -y advertimos- al Gobierno de que había que extremar la austeridad y la prudencia. Respuesta: los que hablan de
la crisis son unos agoreros y unos antipatriotas. En España ni había crisis ni la iba a haber. Después se reconoció a regañadientes la crisis, pero la respuesta consistió en gastar aún más, sin ton ni son, hasta conseguir pasar de un superávit del
2% a un déficit de más del 11% en solo dos años. Y, por último, llegó la caída del caballo en un fatídico fin de semana de mayo -es un pareado-, que, tras no poder colocarse la emisión de deuda prevista, llegó el tirón de orejas y la política de
ajuste impuesta desde la Unión Europea, desde Estados Unidos y desde China.
Por tanto, lo que se debió hacer bien y a tiempo se hace mal y a destiempo, y después de todo esto, alguien aún se sorprende de que rebajen la calificación crediticia de España.
¿Ahora qué toca? Buscar un chivo expiatorio, como he dicho al comienzo de mi intervención. La culpa del déficit y del crecimiento vertiginoso de la deuda no la tiene el Gobierno sino, al parecer, las agencias de rating que castigan a
España. Por cierto, en este punto, y dado que aún se insiste en que no tenemos un problema de deuda, no me resisto a hacerles partícipes de una analogía que escuché hace unos días y que me parece muy acertada: lo que mata de una bala no es el
plomo, es la velocidad; igualmente, lo peligroso de la deuda no es tanto su volumen sino la velocidad a la que crece.
En razón a todo lo expuesto, nuestro planteamiento ha sido el siguiente: en el ámbito de la Unión Europea se está trabajando en la mejora de la supervisión de las agencias de rating porque, como he dicho anteriormente, no hay sistemas
perfectos y todo es mejorable, y se hace con el objetivo de incrementar la trasparencia de los mercados y la información para los inversores. Ya existe un reglamento desde septiembre de 2009 y ahora la Comisión y el Consejo quieren impulsar la
puesta en marcha de la nueva agencia europea de valores y mercados. Es un proceso en curso que está desarrollándose en el ámbito adecuado -en el de la Unión Europea- y que pensamos que el Gobierno debe apoyar, pero sin ir más allá, sin prefijar el
resultado final de ese proceso ni añadir cuestiones tales como la agencia pública de calificación, que no reúne el consenso necesario y que ni siquiera el Consejo Europeo de junio apoyó en sus decisiones.
Por ello, sin estar en contra, no podemos compartir el texto de la moción, y esa es la razón por la que nos vamos a abstener.
Además, hay una cuestión para nosotros esencial -porque no podemos aceptar el argumento de que no tiene que ver con la moción, es lo mismo-, y es la consideración de que todo esto nos distrae de lo fundamental, de que tenemos que hacer los
deberes.
España ha compensado en los últimos años su falta de competitividad con el endeudamiento externo de familias y empresas. Cuando la situación ha cambiado, nos hemos visto de repente con una deuda pública creciente, en una situación de
recesión y en una situación de coste de la financiación externa cada vez mayor. Frente a esto, sería un suicidio reaccionar con la teoría de la conspiración exterior, porque lo que debemos hacer es actuar para que la opinión de los mercados
financieros sobre nuestra economía vuelva a ser positiva. Para eso es necesario llevar a cabo las reformas estructurales en los sistemas, sectores y mercados que se señalaban en nuestra enmienda que no ha sido aceptada. Porque, señorías, las que
nos van a sacar de esta crisis no son las administraciones, sino las empresas, y lo que tenemos que intentar hacer por todos medios es reducir sus costes estructurales para que puedan competir. Insisto, todo lo demás es perder el tiempo, y no
estamos para perder ni un minuto.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
-- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A ESTABLECER LAS MODIFICACIONES NECESARIAS EN LA LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y LA NORMATIVA QUE REGULA LAS ENTIDADES DE GESTIÓN DE LOS DERECHOS DE AUTOR PARA EXIMIR A LAS
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS DEL PAGO DEL CANON DIGITAL Y SOLICITAR LA DEVOLUCIÓN DE LOS IMPORTES ABONADOS (Número de expediente 662/000127).
El señor PRESIDENTE: Finalizado el debate, pasamos a la siguiente moción.
Moción del Grupo Parlamentario Mixto, por la que se insta al Gobierno a establecer las modificaciones necesarias en la Ley de Propiedad Intelectual y la normativa
que regula las entidades de gestión de los derechos de autor para eximir a las administraciones públicas del pago del canon digital y solicitar la devolución de los importes abonados.
A esta moción se han presentado dos enmiendas. Una es del Grupo Parlamentario Popular, a la que se ha presentado una transaccional firmada por cuatro grupos. Por tanto, decae la enmienda del Grupo Parlamentario Popular y se mantiene la
enmienda socialista.
Para la defensa de la moción, tiene la palabra el senador Quintero. (El señor vicepresidente, Molas i Batllori, ocupa la Presidencia.)
El señor QUINTERO CASTAÑEDA: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, en primer lugar, debo manifestar que se ha llegado a una transaccional -cierto es que no ha sido firmada por todos los grupos-. Se ha estado trabajando hasta última hora para intentar consensuar la transaccional; pero al final no
ha podido ser. Prácticamente estamos de acuerdo con todo lo expuesto, y este es el texto que vamos a defender.
Hoy presento una moción sobre el conocido canon digital, algo que evidentemente no deja indiferente a nadie. El canon digital supone una carga adicional sobre el precio de todos los aparatos que pueden ser destinados a la reproducción y
almacenamiento de documentos en fotocopiadoras, impresoras, equipos de reproducción, de grabación de documentos, CD, DVD, etcétera. El cobro de este canon es sencillo pero arbitrario puesto que se castiga a todo el mundo por igual a pagar, utilicen
o no el material comprado para copiar documentos con derecho a la propiedad intelectual. Esta es la finalidad original de dicho canon.
Muchos ayuntamientos, profesionales, empresas, entidades sin ánimo de lucro han manifestado públicamente su desacuerdo con el canon digital que aplican las entidades de gestión de propiedad intelectual por su afán recaudatorio, el abuso
indiscriminado de sus tarifas y por la indefensión que tienen al vulnerar su derecho a discrepar y a estar en desacuerdo con las cantidades a cobrar. Las entidades de gestión de derechos de autor sin ánimo de lucro tienen, entre sus objetivos, la
gestión de derechos de explotación u otros de carácter patrimonial por cuenta de interés de sus asociados, todo ello sin lucrarse en el ejercicio legítimo de dicha actividad. Por este motivo, no se puede entender el cobro del llamado canon digital
de forma indiscriminada a todos los sectores de la población.
Como he indicado antes, tanto las empresas, administraciones públicas y entidades sin ánimo de lucro están en desacuerdo y más concretamente las entidades locales teniendo en cuenta que el material utilizado por estas se destina para el uso
y almacenamiento de documentos, que no está sujeto al derecho de propiedad intelectual y no se utiliza para la copia privada de documentos de propiedad de derechos de autor. Pues bien, el primer punto habla de modificar la Ley de Propiedad
Intelectual y la normativa que regula las entidades de gestión de los derechos de autor para que se exima del canon digital a la Administración Pública, empresas, profesionales y entidades sin ánimo de lucro, lo que ya han solicitado muchas
administraciones y empresas. Existen muchos ayuntamientos, en casi todas las comunidades autónomas, y de todos los colores políticos, que en sus plenos están aprobando por unanimidad eximir del pago del canon indiscriminatorio a todas las entidades
públicas y han pedido que se aplique la ley actual, en virtud del artículo 25.7 de la Ley de Propiedad Intelectual, en cuyo párrafo se establece que el Gobierno puede eximir del pago del canon digital a aquellas entidades, empresas, profesionales o
entidades sin ánimo de lucro que certifiquen que no utilizan este material comprado para un uso ilegal, es decir, que no lo utilizan para hacer copias de un material sujeto a unos derechos de autor registrados.
Simplemente están pidiendo que cuando
compran todo este tipo de material que está sujeto al famoso canon digital, si demuestran que no ha sido utilizado para lo que fue establecido dicho canon digital, o sea, para la copia ilegal de un documento con propiedad intelectual, no se les
cobre.
Coalición Canaria cree que es primordial y fundamental lo que las administraciones públicas, las empresas y los profesionales están demandando.
Aparte de esto, en España existen tribunales que han dictado sentencias en contra del canon. De hecho, en Granada el propio juez de la Audiencia Provincial, que graba sus propios juicios en DVD, ha denunciado el canon digital y por cada DVD
le devuelven 1,20 euros. Quiero recordar que en sistemas de grabación y de almacenamiento de cada 30 euros 22 corresponden al canon; de cada 30 euros, en este caso las administraciones están pagando 22 euros de canon. Como decía, a este juez le
devuelven 1,20 euros por cada DVD, pero él mismo reconoce que lo puede hacer porque le resulta fácil denunciarlo y apunta algo más: que por la devolución de cada 1,20 euros la administración se gasta más de 500 euros en los honorarios mínimos del
abogado que vaya a juicio, que tiene que pagar la administración, más el gasto de la administración.
A todo esto hay que añadir el informe jurídico -que a mí me resulta fundamental- de la Abogacía General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Señala que el canon no se ajusta a la legislación comunitaria porque su aplicación es
indiscriminada y sobrepasa la compensación equitativa que la Unión Europea sí reconoce, o sea, reconoce la compensación equitativa a los autores de la propiedad intelectual y no a otros, aunque nosotros seguiremos defendiéndola, que la sobrepasa y
que al ser indiscriminada no se ajusta a la legislación comunitaria.
El Tribunal de Luxemburgo todavía no ha dictado sentencia, tendrá que hacerlo próximamente, pero lo cierto es que en el 80% de los casos los jueces acaban por confirmar el análisis de la Abogacía general. El dictamen no ha lugar a dudas y
dice que en la aplicación indiscriminada de un canon para la compensación por copia privada se produce un incumplimiento en el caso de las administraciones públicas y las empresas. Incluso este informe va un poco más allá y dice que podría ser
incorrecto el canon digital cuando se les grava a los consumidores, aunque este no es el caso que nos ocupa en esta moción.
Este informe se tiene porque la Audiencia de Barcelona, que lleva el caso de una empresa, ha preguntado al Tribunal europeo si una empresa de gestión particular, que es la SGAE, tiene derecho a reclamar por todos los dispositivos o solo por
aquellos que presumiblemente se vayan a destinar a hacer copias ilegales o de uso personal. En este caso, la Audiencia de Barcelona ha remitido la cuestión al
Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que emita un informe al respecto.
El segundo punto de la transaccional que presentamos -quiero que sepan que con el afán de intentar llegar a un consenso yo he hablado con todos los grupos, en este caso con el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Félix Lavilla-
coincide con uno de los puntos de las enmiendas que había presentado a esta moción. No obstante, en el Congreso no se puede votar por secciones sino en bloque el conjunto de las enmiendas. No puedo aceptar la primera enmienda porque, aunque no lo
contradice directamente, merma el primer punto de mi moción. Por las conversaciones mantenidas con los demás portavoces concluimos que estábamos de acuerdo con el segundo punto, que sí he podido aceptar y por eso lo he incluido en la enmienda
transaccional.
El tercer punto, referido a la enmienda que el Grupo Parlamentario Popular ha presentado a la moción, señala que el Ministerio de Cultura procederá a presentar en el Congreso y en el Senado un informe anual sobre las correspondientes
memorias de las entidades de gestión, sus balances y sus cuentas anuales, además de datos sobre la distribución de las cantidades recaudadas por cada entidad de gestión entre sus miembros. Esto también se lo he aceptado al senador Chiquillo, del
Grupo Parlamentario Popular, porque no es más que una moción que fue aprobada en el Senado en noviembre de 2008, que la mayoría de los grupos votamos a favor y que el Gobierno todavía no ha cumplido. Nos parece lógico que el Ministerio de Cultura
informe a las Cámaras, tanto al Congreso como al Senado, de la transparencia de estas cuentas de las entidades de gestión.
Antes de terminar quiero dar las gracias a los senadores Bofill, Alturo, Lavilla, Chiquillo y Zubia. Hemos estado de acuerdo en la mayoría de los puntos de mi moción, pero ha habido puntos de discrepancia y no he podido llegar a un acuerdo
con todos los grupos parlamentarios, que es lo que me habría gustado.
Añadiré un par de cosas más. Este segundo punto obedece evidentemente al hecho de que en el Congreso de los Diputados existe una subcomisión donde las conclusiones finales dicen que hay que modificar la Ley de Propiedad Intelectual y que
han sido firmadas por todos los grupos, incluido Coalición Canaria, y se añade lo siguiente: o en tal caso, hacer una ley nueva. Es decir, la subcomisión está diciendo que hay que arreglarlo y que hay que entrar al meollo de la cuestión,
sentarse y estudiar el tema.
Considero que la actual ley no es la mejor para proteger la propiedad intelectual, pero esto no implica que no se proteja a los autores. Yo siempre he dicho que cuando voy a un bar y pido una cerveza, tengo que pagarla, porque hay gente que
ha trabajado para que me la puedan servir.
Del mismo modo, cuando escuchamos música o vamos a ver una obra de teatro, o leemos un libro, tenemos que ser conscientes de que hay alguien que ha dedicado tiempo y talento para ello; no es algo que nos
cae del cielo. Por tanto, estoy completamente de acuerdo en que tenemos que proteger a los autores y en que tenemos que luchar contra la piratería ilegal en España, que es uno de los países en los que más piratería hay, pero el concepto del canon
digital, al ser indiscriminatorio y gravar a todos por igual, no respeta la presunción de inocencia según la cual somos inocentes hasta que no se demuestre lo contrario. El canon culpa a la Administración, a las empresas y a las entidades sin ánimo
de lucro hasta que demuestren su inocencia.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias, señoría.
Para defender la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el senador Lavilla.
El señor LAVILLA MARTÍN: Muchas gracias, señor presidente.
El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado dos enmiendas, y la transacción se ha llevado a cabo sin nuestro concurso, pues aunque ha habido un diálogo fluido, al final no hemos tenido encima de la mesa un texto sobre el que
transaccionar.
En la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista se propicia una colaboración entre la Federación Española de Municipios y Provincias y las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual. Si esa es la esencia de nuestra
enmienda, y prácticamente ya se ha adoptado ese acuerdo con otras palabras en la subcomisión de Cultura del Congreso de los Diputados, ¿por qué acotamos con otros dos puntos ese acuerdo?
Señorías, dejemos que hablen las partes, porque, de hecho -y luego me referiré a ello en el turno de portavoces-, en la Federación catalana de Municipios y Provincias, en la canaria y en la española hay un acuerdo prácticamente cerrado.
¿Por qué tenemos que acotar desde el Senado cómo tiene que ser ese acuerdo cuando a ellos probablemente les importan mucho más los espectáculos que organizan concretamente ahora, en verano, en los diferentes municipios de España? Tienen un acuerdo
casi cerrado, ¿por qué tiene que meter el Senado sus narices para decirles cómo tiene que ser ese acuerdo? Dejemos que negocien, porque, además, la negociación va bien y pueden llegar a ese acuerdo.
Asimismo entendemos que la otra parte de la enmienda es razonable: adoptar las medidas que en su caso sean precisas para adaptar la normativa española al fallo que adopte el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el asunto a que se
refiere. Vamos a esperar.
El tercer argumento: se creó una subcomisión sobre la reforma de la Ley 23/2006, de 7 de julio, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual. Esta se constituyó el 9 de julio de 2009, y 95 entidades y
personalidades han participado en ella con cuestionarios y comparecencias, y se han aprobado por unanimidad unas conclusiones que han constituido un trabajo bien elaborado. Pero el Senado interfiere y quiere que se modifique una parte. No,
señorías, hay que modificar la ley en su conjunto. No se pueden tocar los pilares de un edificio
porque, de hacerlo, el edificio se caería. Es también un derecho de todo aquel que genera el 4% del PIB de este país regular un sistema, y si este no es el más adecuado, regulemos entre todos -porque tanto el Congreso como el Senado tienen
capacidad para hacerlo- un sistema completo y no modifiquemos solo una de las partes, porque, de lo contrario, este se queda cojo. Si se aplicara lo que se apruebe en el Senado, probablemente se quedaría sin financiación el sistema. Nosotros no
decimos, como la subcomisión o el Tribunal Europeo de Justicia, que no haya que retocarlo, pero habrá que hacerlo de una manera completa, y esa capacidad legislativa la tiene el Parlamento español, tanto el Congreso como el Senado.
Esta ley está en vigor porque se aprobó. Voy a recordar la votación en el Senado: solamente un 0,7% de los senadores y senadoras votó en contra, concretamente dos votos, el resto -porque de esto hay que hacer memoria- votó a favor, y
prácticamente en bloque los dos principales grupos -Socialista y Popular- votaron a favor del conjunto de enmiendas, y tengo ahí los debates si es necesario para el turno de portavoces.
Las enmiendas socialistas eran muy positivas para abrir nuevas fórmulas de negocio: se habló del copyleft -y se aprobó esa enmienda socialista por unanimidad-, de la idea de la proporción, del fomento de los nuevos negocios en la red,
Todas esas enmiendas se incorporaron al texto y, como digo, fueron aprobadas por todos. Tenemos que tener en cuenta que prácticamente tenían cerrado el acuerdo con la FEMP.
Puesto que tenemos una serie de conclusiones en la subcomisión, que estudia de una manera global todo el asunto, deberíamos haber esperado y acogido todo el conjunto de modificaciones que se proponen -de hecho Coalición Canaria ha
participado como el resto de grupos en esa elaboración de las conclusiones- y no solo fijarnos en un punto, porque la comisión ya ha hecho un trabajo más global y es mucho mejor tanto para el sector cultural como para el desarrollo de la sociedad de
la información en nuestro país.
La subcomisión habla también de otro elemento que no podemos perder de vista -y voy terminando-: dice que las regulaciones, cuanto más globales sean, mucho mejor, pero no solo en España, sino también en la Unión Europea y si es posible, en
la OCDE y a nivel mundial. ¿Por qué? Porque la red es algo global, es algo mundial, y si una reforma puntual, parcial, limitada, no tiene un aval general, evidentemente es menos eficaz. Y en el Parlamento Europeo el Grupo Socialista no tiene
mayoría, nos acogemos a las directivas que están vigor.
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Señor senador, concluya, por favor.
El señor LAVILLA MARTÍNEZ: Con esto termino ya.
Por lo tanto, por el sistema que está en el Reglamento no podemos no estar de acuerdo con una parte de la enmienda a que se ha acogido, pero, evidentemente, no ha habido una negociación global sobre todo y el texto final distorsiona el
contenido de nuestras enmiendas.
En definitiva, por la forma y por el contenido final recogido, votaremos en contra y no porque no estemos de acuerdo en que hay que reformar para hacerlo más eficaz y atender la promoción de la cultura en nuestro país y el desarrollo
tecnológico en España.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias.
El senador Quintero puede confirmar lo que ha indicado anteriormente: que una enmienda presentada está incorporada a la transaccional y que no acepta la otra.
El señor QUINTERO CASTAÑEDA: Así lo hago exactamente. Como no se puede incorporar por partes, solo he sacado un extracto de la enmienda, pero no puedo aceptarla completa, evidentemente.
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias.
Turno de portavoces.
Tiene la palabra el senador Quintero.
El señor QUINTERO CASTAÑEDA: Solamente quiero recordarle dos cosas, señor Lavilla. El Senado hace su labor, no interfiere en ningún proceso; el Senado también es una Cámara y las mociones o cualquier iniciativa aquí aprobadas son
iniciativas del Senado, no interfieren con ninguna otra Cámara. Tendrá que adaptarse la legislación española al fallo, no tenemos que esperar, ya es legislación. Si hay un fallo de la Comisión Europea de Justicia y si se produce, como ha sucedido,
el mismo fallo en el informe de la Abogacía general, la legislación española tendrá que adaptarse ya, no tendremos que decírselo nosotros; tendrá que adaptarse, no hace falta decírselo -es mi punto de vista.
En segundo lugar, creo que a lo mejor estamos hablando de conceptos diferentes. La subcomisión del Congreso donde nosotros participamos -y con la que estamos totalmente de acuerdo- habla y mucho de las fiestas populares, y es verdad que hay
casi un acuerdo entre los ayuntamientos y las entidades de gestión para este tipo de eventos -fiestas culturales de cada pueblo u otro tipo de fiestas y eventos culturales y patrimoniales que hacen los ayuntamientos, más ahora en esta época que nos
espera, en esta época veraniega-. Es verdad que existe un acuerdo, por eso la segunda parte de sus enmiendas me parece bien y la he incluido en el segundo punto, pero cuando yo hablo de la primera estoy solicitando que se haga algo. Claro que
estamos de acuerdo en que se modifique completamente una ley, pero, mientras tanto, -a lo mejor ya tendría que haberlo hecho el Gobierno-, también se puede articular algo que están pidiendo el sector, el empresario profesional, los ayuntamientos y
las entidades sin ánimo de lucro que es que se aplique el artículo 25.7 de la ley vigente, por el que el Gobierno puede eximir del canon a aquellos que demuestren que no lo utilizan para hacer copias ilegales de
documentos con derechos de autor y con propiedad intelectual. Son entidades públicas, empresas y entidades sin ánimo de lucro. No pedimos que en un edificio solo se modifique una pata, es que se puede modificar todo porque la ley vigente
lo permite, y estamos de acuerdo en que se modifique la ley general.
El tercer punto, señor Lavilla, es una moción aprobada en el Senado, que el Gobierno no ha cumplido y que no creo que interfiera en nada.
Sencillamente, este punto dice que las entidades de gestión deben dar cuenta al Gobierno y a su vez el
Gobierno -el Ministerio de Cultura- al Congreso de los Diputados y al Senado de las cuentas de las entidades de gestión que supuestamente -ya lo dije antes- son sin ánimo de lucro; simplemente deben dar cuenta de qué recaudan y en qué lo gastan.
Solamente eso.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias.
¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas? (Denegación.) El Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas no hace uso de la palabra.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Alturo.
El señor ALTURO LLOAN: Moltes gràcies, senyor president.
Señorías, muy buenas tardes.
Hoy debatimos en esta Cámara una moción que nos ha presentado el senador Narvay Quintero, del Grupo Parlamentario Mixto, por la que se nos propone modificar algunos aspectos en relación con el canon digital y el pago del mismo.
Es una moción muy parecida a una que presentó el Grupo Popular en esta Cámara, concretamente el 25 de marzo del año pasado, en la que también se proponía la modificación de la normativa de la propiedad intelectual en diversos aspectos, entre
los cuales figuraba la eliminación del canon digital por la celebración de diferentes actos festivos de interés cultural.
En aquella moción, nuestro grupo votó en contra y en esta ocasión también lo vamos a hacer. Podría dar por válidas las argumentaciones que en su momento en esta Cámara nuestro portavoz, el señor Vilajoana, utilizó para fijar su posición,
argumentaciones que siguen siendo válidas. Lo que quiero poner de manifiesto son otros elementos que han aparecido durante este tiempo.
En aquella ocasión, el señor Vilajoana nos decía que si no hubiese cultura en nuestro mundo, este sería un error, y nosotros creemos en la cultura profundamente. La defensa de la cultura va ligada a la defensa de los autores y con ello el
derecho a que su creación les reporte unos derechos de autor y una propiedad intelectual. Son los autores los que han decidido que estos derechos los gestionen unas sociedades que se llaman sociedades de gestión de autores; de ahí el control de
estas sociedades por parte de los propios autores, pero también de las Cámaras -Congreso de los Diputados y Senado-. Justamente, por aquel entonces, concretamente el 17 de febrero, en el Congreso de los Diputados se acababa de aprobar por
unanimidad en el seno de la Comisión de Cultura la creación de una subcomisión sobre la reforma de la ley por la que se modifica el texto refundido de la Ley de la Propiedad Intelectual. Esta subcomisión, que ha tenido en cuenta las valoraciones y
las opiniones de muchísimo expertos, hizo públicas sus conclusiones el pasado 1 de marzo. Ahora yo no voy a leer ni a citar aquí la totalidad del informe, pero sí vale la pena comentar algunas de estas cuestiones porque vienen al caso.
En su introducción decía: La subcomisión ha comprobado la importancia que en el debate público han adquirido los temas relativos a la protección de la propiedad intelectual como revela la intensidad de las exposiciones escritas y orales
formuladas por los comparecientes. En todas se constata, sin apenas excepciones, un sólido apoyo a la necesidad de la protección legal de los derechos de autor, que se ha demostrado imprescindible para el desarrollo de una industria cultural
sostenible basada en el respeto de los derechos de los creadores, intérpretes y productores y, por tanto, para la difusión de las obras de creación.
La propiedad intelectual es necesaria, tanto para garantizar la creación cultural como para proteger la autonomía creativa y la dignidad profesional de los creadores. Es, por lo tanto, garantía de existencia de una diversidad cultural que
atienda a las necesidades de la sociedad, contribuyendo además a hacer posible el acceso a la cultura. La propiedad intelectual debe contribuir a la difusión de la cultura.
Por otra parte, la propiedad intelectual también debe servir al desarrollo de los aspectos económicos y de la cultura: inversiones, puestos de trabajo y crecimiento económico. La subcomisión considera que la legislación sobre la propiedad
intelectual debe atender especialmente al desarrollo de la sociedad de la información, para lo cual es fundamental promover nuevos modelos de negocio.
Evidentemente, no voy a comentar prácticamente nada más en relación con el informe y las conclusiones que se hicieron públicas, pero creo que vale la pena leer el punto veintidós, el último, que dice: La subcomisión es consciente de que
muchos de estos problemas solo se podrán resolver mediante el acuerdo entre partes con intereses objetivamente contrapuestos. Por ello, la subcomisión insta al Gobierno a realizar políticas activas para pacificar los conflictos, a fomentar el
diálogo entre los diferentes sectores y a realizar los cambios necesarios para restablecer el consenso social en torno a los derechos de autor.
Finalmente, la subcomisión insta al Gobierno a que en la actual legislatura -el portavoz que me ha
precedido también lo ha comentado- presente una revisión sistemática y coherente de la actual Ley de Propiedad Intelectual o la elaboración de una nueva ley de propiedad intelectual, si fuera necesario, que ofrezca soluciones a los problemas
detectados.
Nosotros entendemos que el marco de actuación es este, es decir, justamente se acaban de aprobar estas conclusiones en referencia a la subcomisión. Por lo tanto, interpre-
tamos que, atendiendo a esto, por un lado, y, por el otro, a que el Tribunal de Luxemburgo se tiene que pronunciar ante una denuncia que se ha hecho por parte de un despacho de abogados de Barcelona, lo más lógico es que esto se haga en su
conjunto, porque evidentemente, si nosotros lo único que hacemos es favorecer a un determinado sector, luego saldrán los sectores perjudicados y dirán que a ellos no les han tenido en cuenta y, por lo tanto, que qué hacen ahí. Por lo tanto,
nosotros entendemos que la vía por la cual se tiene que abordar esta situación es por la revisión global de la ley -repito, la revisión global de la ley.
Esta es nuestra posición, y en coherencia con la moción a la que ya he hecho referencia anteriormente y que se presentó en esta Cámara, nosotros no vamos a poder darle apoyo, aunque sí quiero dejar constancia de que el senador Narvay
Quintero la verdad es que ha hecho esfuerzos para llegar acuerdos porque hemos hablado, hemos escuchado los puntos de vista y hemos visto dónde coincidimos. Por ejemplo, estaríamos de acuerdo con los puntos dos y tres, pero en el primero es el que
vemos las dificultades.
Por lo tanto, quiero agradecer la disposición y la amabilidad que ha habido en las conversaciones que hemos tenido, pero desde nuestra óptica no podemos dar este apoyo porque entendemos que lo que hay que hacer es revisar
globalmente la ley, repito, y reformar todos aquellos aspectos que sean necesarios, tal como dice la subcomisión de Cultura que se creó en el Congreso de los Diputados.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, tiene la palabra el senador Bofill.
El señor BOFILL ABELLÓ: (El señor senador comienza su intervención en catalán, que se reproduce según el texto que facilita a la Redacción del Diario de Sesiones.) Gràcies, president.
«El senador Narvay Quintero té tota la raó de plantejar un cop més la necessitat de revisar la Llei de la propietat Intel.lectual i la normativa que regula les entitats de gestió dels drets d'autor, però no només per eximir les
administracions públiques del pagament de l'anomenat cànon digital, sinó per abordar una reforma global de la llei en la línia del que apunten les conclusions de la Subcomissió creada en el si de la comissió de Cultura del Congrés de Diputats i
aprovades el 24 de febrer d'enguany.»
Señor Narvay, estando de acuerdo con una parte de la exposición de motivos y con el punto 1 de su moción, en esta cuestión de la propiedad intelectual nosotros somos partidarios de dejar desde el principio siempre muy claro que la propiedad
intelectual existe, y sobre todo que el derecho de los creadores, que el derecho del autor a recibir una compensación, una remuneración por su trabajo, lo que es indispensable para la sociedad, debe ser protegido.
En este sentido creo que la exposición de motivos de la moción que estamos debatiendo mezcla cuestiones muy distintas. Por lo que se refiere a actividades culturales, fiestas y otros actos promovidos por los ayuntamientos en que se utilicen
obras y, en general, composiciones musicales de autores que tienen unos derechos, somos partidarios de favorecer unos acuerdos así como la creación de unos mecanismos de mediación entre las sociedades de gestión y las asociaciones de municipios para
resolver los litigios que plantea la liquidación de dichos derechos, al tiempo que queremos dejar claro que no nos apuntaremos al pimpampum contra los derechos de los autores.
Cuando un ayuntamiento paga a una entidad de gestión por las actividades culturales que organiza, lo que hace es pagar por la utilización de una obra del repertorio de un autor, es decir, paga por la comunicación pública de una obra de un
determinado autor. Pero hay que ser razonables.
Porque si un ayuntamiento organiza un acto público gratuito en la plaza de un pueblo, aunque sea sin finalidad de lucro directo, es evidente que si para atraer al público utiliza unas obras
musicales, teatrales, artísticas, etcétera, ese ayuntamiento debe ser consciente de que de la misma manera que va a pagar a los trabajadores que instalan los escenarios o la iluminación, también deberá pagar a los autores de esas obras que tienen
derecho sobre ellas por el trabajo que realizaron al crearlas. Hay que ser razonables y tomar en consideración el hecho de que muchas de estas actividades, aunque en principio sean sin finalidades de lucro, sirven para promover la imagen del
municipio y para atraer a potenciales consumidores a sus establecimientos. Otra cosa es que se deba reconsiderar el funcionamiento y las formas de actuar de las entidades de gestión de los derechos de autor en todos estos casos.
No me extenderé más al respecto. Me remito a intervenciones anteriores de nuestro grupo parlamentario en relación con esta cuestión dado que esta moción no trata en realidad de este tema aunque se trate de pasada en la exposición de
motivos. Ahora se ha incorporado el poder llegar a acuerdos con las federaciones de municipios, lo que de algún modo va en la misma dirección que estoy apuntando en esta intervención.
Por lo que se refiere al canon digital -insisto en que no tiene nada que ver con la organización de actos culturales o festivos- hay que precisar que el canon es técnicamente el derecho de compensación equitativa por copia privada, lo que
está establecido en el artículo 25 de la Ley de Propiedad Intelectual. El canon digital se paga por la posibilidad que existe de reproducir una obra protegida para uso personal del copista, se haga dicha reproducción efectiva o no. El canon se
paga al comprar determinados aparatos, grabadoras, etcétera, o los soportes idóneos para la reproducción. Esto es sabido, pero como hay una cierta confusión en la moción creo que es bueno deslindarlo.
Estoy de acuerdo con lo que usted plantea respecto de que en la aplicación del canon digital se crea una situación de no discriminación. Podemos decir que el canon es indiscriminado ya que no discrimina bien quién lo tiene que pagar, en
cuyo caso la ley va en un caso de una manera y en otro de otra forma distinta, con lo cual es necesaria una reforma de la ley para poder precisarlo.
En el artículo 31.2 de dicha ley se dice lo siguiente: No necesita autorización del autor la reproducción en cual-
quier soporte de obras ya divulgadas cuando se lleve a cabo por una persona física para su uso privado. Es decir, que estas personas, sin pedir autorización, pueden hacer uso de estas obras para un consumo puramente privado. Por tanto, no
parece adecuado que las personas jurídicas que no tienen este derecho a la copia privada paguen la compensación por copia privada, es decir, el canon. Esto es lo racional.
Por lo tanto, desde nuestro punto de vista sería pertinente que se
reformara la ley y que el artículo 25 indicara de forma puntual que solo los beneficiarios designados en el artículo 31 paguen ese canon que establece el artículo 25. De todas formas, si actualmente los autores están cobrando equis por derechos de
autor y va a bajar su recaudación, habría que aclarar quién va a pagar esta diferencia. ¿Los consumidores privados? ¿Va a disminuir lo que están cobrando hoy los autores? Esta es una cuestión polémica que habrá que discutir y que hace necesaria
una reconsideración de la ley en su conjunto, porque la ley ha de ser equilibrada para que los autores sean correctamente remunerados y para que tampoco pague quien no tiene que pagar.
Por otro lado, que las personas jurídicas no paguen el canon digital no quiere decir que no tengan que pagar por la reproducción de obras sin permiso, como ocurre con el caso de las fotocopias, etcétera. Seguramente en este caso tendrán que
contar con una licencia de las entidades de gestión para realizar estas copias, porque hay muchas entidades sin ánimo de lucro que se hinchan a fotocopiar libros. Habrá que ver, por tanto, cómo se regula esta cuestión. Se trata de un asunto
complejo que seguramente necesita, no tanto de una reforma puntual, sino una reforma más global de la ley que, por otro lado, es lo que recomienda la subcomisión creada en el Congreso de los Diputados, por cierto, a iniciativa de un diputado de
Esquerra Republicana.
Efectivamente, la abogada del tribunal europeo coincide en su informe con lo que hoy estamos diciendo aquí. Señala que un sistema nacional que prevé la aplicación de un canon por copia privada a todos los equipos, aparatos y materiales de
reproducción digital de forma indiscriminada como ocurre en España, no es compatible con la normativa comunitaria.
Habrá que ver cuál será la sentencia, y tiene razón el señor Quintero al decir que habrá que acatarla, pero antes de que haya
sentencia, nosotros tenemos derecho a pedir al Gobierno que rectifique una cuestión que nosotros pensamos debe rectificar. No tenemos que esperar a la sentencia porque nosotros tenemos ya un criterio y hay una cierta contradicción en los propios
términos de la Ley de Propiedad Intelectual.
Consideramos que lo que hay que hacer es coherente y, por lo tanto, apoyaremos esta moción, aun insistiendo en que nosotros somos muy cautos en lo que se refiere a los derechos de autor, pues muchas de las intervenciones que se han
manifestado en contra de este mecanismo indiscriminado del canon, lo que han hecho es atacar directamente el concepto de derecho de autor, y eso no estamos dispuestos a aceptarlo. Me estoy repitiendo respecto a esta cuestión, pero creo que es
importante, porque nos encontramos con una situación curiosa, y es que unos no van a apoyar esta moción y otros sí la vamos a apoyar por motivos bastante próximos, pues nosotros sí estamos por defender el derecho de los autores.
Para finalizar, insisto en que lo que nosotros queremos es abrir el melón de la reforma de la ley y hacerlo de una forma global. No nos parecen bien las minirreformas ni los parches legales como el que se pretende hacer con la ley de la
Economía Sostenible. Nosotros consideramos que hay que abordar un debate en profundidad sobre este asunto y no tratarlo como una especie de vagón de cola de otra ley que va a tratar muchas otras cuestiones. Nos parece que la propiedad intelectual
merece un debate propio y una reflexión a fondo.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Lavilla.
El señor LAVILLA MARTÍNEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Quizá me haya explicado mal, senador Narvay. He reconocido su buen talante inicial, aunque también he constatado que, al final, no hemos recibido el texto de la transaccional esta mañana, porque si lo hubiéramos tenido habríamos intentado
moderar el punto primero -en el que discrepábamos-, no así el punto segundo -que es una iniciativa literal del Grupo Parlamentario Socialista,- y el punto tercero lo hubiéramos adaptado al texto que ya ha aprobado por unanimidad la subcomisión del
Congreso -donde se señalan precisamente los mecanismos de control y de transparencia que recomienda el Parlamento Europeo-, es decir, que habríamos suscrito literalmente lo que ya hemos pactado todos los grupos políticos.
Me gustaría insistir en una idea: o tenemos una visión global de este tema o, si no, se desequilibra la ley. Y no me sirve decir, senador Bofill, que hay que proteger a los autores. Porque si les quitamos la financiación sin una
alternativa, ¿cómo protegemos a los autores? Les dejamos sin pasta, sin recaudación. Yo no digo que este sea el mejor sistema, porque la subcomisión ha dicho que hay que arreglarlo, pero la casa, el edificio, tenemos que arreglarlo de una manera
global, completa.
Esa ha sido siempre la posición del Grupo Parlamentario Socialista y, en este caso, como ha expuesto el senador Alturo, tenemos una plena coincidencia, pero no entre Convergència i Unió y el Grupo Socialista, sino de estos dos con todos los
grupos parlamentarios que ya han aprobado esto en el Congreso y que dicen que no sirve una reforma parcial, que es a lo que el Senado de España insta al Gobierno. O sea, que hemos aprobado en el Congreso lo contrario de lo que aquí se insta al
Gobierno que se haga, porque una reforma parcial no da una solución al problema, y esto hay que decirlo claro.
Por otro lado, queda meridianamente nítido en las conclusiones de la subcomisión que toda normativa que se
haga en España tiene que coordinarse con las directivas europeas. En el Parlamento Europeo sabemos las mayorías que hay y yo muchas veces me río de debates que hay en España cuando luego los europarlamentarios de todos los grupos votan lo
que votan y defienden lo que defienden. Léanse las actas de Pilar del Castillo o de Alex Vidal-Quadras. ¿Qué dicen? Que hay que proteger la propiedad intelectual.
Las directivas nos mandatan y, aunque es verdad que los países en los que regulamos las legislaciones nacionales tenemos un margen, el marco general es la directiva europea. Y ¿que ha dicho la subcomisión del Congreso? Que tenemos que
tener muy en cuenta el contexto europeo en un mundo como es el de Internet, que es global, y que no sirve hacer reformas parciales.
El Senado insta a que no paguen el canon digital las administraciones públicas. ¿Por qué no si, por ejemplo, graban temas de autor?, ¿o las empresas, que pueden obtener un lucro con este tema, o los profesionales, o las entidades sin ánimo
de lucro? Pero no me dice, como hace la ley, si hay un criterio fehaciente de que no se utilice para temas culturales.
No. La moción lo deja totalmente abierto, dice que estos no paguen.
Y yo pregunto: ¿por qué los particulares sí? ¿Por qué discriminan ustedes a los particulares? O sea, que no paguen ni las administraciones, ni las empresas, ni los profesionales, ni las entidades sin ánimo de lucro, y que paguen los
demás. Pero, ¿los demás van a pagar todo lo que dejan de pagar todas estas entidades? ¿Y si no lo pagan, se lo descontamos a los autores?
¿Adónde quiero conducirles, señorías? A que la reforma de la ley tiene que ser global. Creo que en esto coincidimos y la subcomisión del Congreso ha llegado a la conclusión de que esa es la dirección. Es más, considera que la legislación
sobre propiedad intelectual debe atender especialmente el desarrollo de la sociedad de la información, para lo cual es fundamental promover nuevos modelos de negocio, enmienda socialista que se incorporó en su día aquí en el Senado. Pero dice más:
que cualquier modificación de la vigente Ley de Propiedad Intelectual debe orientarse para que sirva como un instrumento que contribuya plenamente a la consolidación de un creciente sector económico, el 4% del producto interior bruto de España, que
cree empleo de calidad, garantice la diversidad cultural propia del Estado español y permita a nuestro país participar en los retos de la sociedad de la información de forma activa, aprovechándose plenamente de la amplia base que constituye la
comunidad iberoamericana para enfrentarse con éxito a un mercado global. Es decir, regulación global en un mercado global, como es Internet.
Por lo tanto, es una moción que puede venir bien a determinados sectores, pero que no da una solución concreta al problema que hay de equilibrar la protección a la propiedad intelectual con el fomento de los nuevos negocios en Internet,
sobre los cuales la moción no dice nada, y creo que esto debe ser prioritario. Yo, hace muy poco, el día 2 de enero de 2010, en mi blog, escribí: Anni B. Sweet, un éxito musical gracias a Internet.
Nos toca gestionar una transición de modelos culturales anteriores, más propios del siglo pasado, a la cultura del siglo XXI. Pero tenemos que hacerlo con tacto, con equilibrio, combinando todas las realidades que tenemos enfrente y no solo
con una de las partes, porque, si no, se produce un desequilibrio y se fractura el edificio y el sistema.
Tengo también aquí el contenido del acuerdo de la reunión de la FEMP, que representa a todos los ayuntamientos, que se celebró precisamente en Las Palmas de Gran Canaria, a la que asistieron representantes del Partido Popular, de Alcoy, de
Alicante, el vicepresidente de la Diputación de Castellón y responsable del área de Cultura, etcétera. Como probablemente no tendré oportunidad de contestar amablemente al senador Chiquillo, le diré que en el contenido del acta que tengo aquí sobre
la mesa ellos exponen argumentos prácticamente idénticos a los que yo estoy manifestando. Por tanto, es verdad que es un problema complejo, que la solución no es sencilla, y que quizás no estamos hablando de un problema ideológico sino de un
problema complejo que requiere de una solución global, de una solución uniforme en el marco de la Unión Europea y de una solución que dé cabida a esas nuevas fórmulas de negocio que se van a producir, sin lugar a dudas en este siglo, que proteja un
valor de creación económica en nuestro país como es la cultura.
Por ello, el Grupo Parlamentario Socialista ha apostado por el acuerdo entre los ayuntamientos y las entidades de gestión, porque uno de los principales promotores culturales de este país son precisamente los ayuntamientos. Y si van a
alcanzar un acuerdo con las entidades de gestión, como prácticamente queda acreditado en ese acta -aunque quedó algo pendiente después celebrarse la comisión de negociación, que, por cierto, fue plural, y donde estuvieron representantes, como he
dicho, de Alcoy, de Alicante, Castellón, y de otros muchos municipios de España-, ha de hacerse de una manera global, atendiendo a ese posible pacto, en algo que a los municipios más les interesa -hablando de municipios, que era una de las esencias
de la moción-, que son todos los actos culturales que celebran a lo largo del año especialmente los ayuntamientos menores de 1000 habitantes. Por tanto, al Grupo Parlamentario Socialista le parece ideal que se llegue a un acuerdo entre las partes,
porque si se consigue, ambos estarían satisfechos con lo logrado.
Senador Bofill, lo que he dicho y reitero, es que hay que esperar -porque va a ser inminente- a la sentencia del Tribunal de Justicia europeo.
Porque si vamos a llevar a cabo una reforma global de la ley, como hemos acordado todos los
grupos políticos -también Esquerra Republicana de Catalunya, pero, allí, en el Congreso de los Diputados; no aquí en el Senado, si usted votase lo contrario-, tendremos en cuenta la sentencia, naturalmente, y ajustaremos la reforma a lo que se diga
en ella para ser coherentes. Si no, sería un acto de adivinación para después modificar la ley en función de lo que queremos hacer.
En definitiva, nos toca gestionar esta transición que combina cultura y nuevas tecnologías, porque la tecnología es un elemento importante para la difusión de la cultu-
ra. La cultura en nuestro país genera muchísimo empleo, muchísima riqueza, y tenemos que protegerla, así como también debemos proteger los derechos de autor. La opinión del Grupo Parlamentario Socialista es que no se puede retocar un pilar
del sistema de financiación por el que están ahora percibiendo los autores y los creadores de nuestro país porque, aunque se diga que no, estaríamos quebrando el sistema.
Por tanto, reformar el sistema sí, pero de una manera global y en la dirección que todos los partidos hemos acordado en el Congreso de los Diputados porque allí se ha hecho un buen trabajo, no porque el Senado no tenga capacidad de
iniciativa, sino porque allí se ha escuchado a 95 entidades privadas y colectivas de este país; lo importante es que, cuando hay un buen trabajo hecho y además existe un consenso político, debemos aprovecharnos de ello para hacer la mejor ley
posible.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias, senador.
Por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, tiene la palabra el senador Chiquillo.
El señor CHIQUILLO BARBER: Gràcies, president.
Intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Senado para fijar nuestra posición y defender la enmienda transaccional que hemos firmado, en relación con un tema de calado y de intenso debate en la pasada y en esta legislatura, y
que lo va a seguir siendo en el próximo período de sesiones, se lo puedo garantizar: el llamado canon digital.
Dejo de lado las cuestiones referidas a los actos culturales porque no es el asunto que en profundidad hoy nos ocupa y nos preocupa, como muy bien ha señalado el senador representante de Esquerra Republicana de Catalunya, porque hoy estamos
hablando del canon digital que especialmente sufren, que pagan determinadas entidades, administraciones, profesionales y entidades de ánimo de lucro de nuestro país.
En primer lugar, para que no haya ningún género de dudas, quiero manifestar que el Partido Popular cree en la creatividad cultural, cree que se merecen los creadores una justa compensación por su trabajo, por su creatividad, y entendemos que
ese trabajo, esa propiedad intelectual, esos derechos de autor, tienen que estar protegidos, reconocidos y, sobre todo, perseguir a aquellos que vulneran esos derechos. Dicho esto, otra cosa bien distinta es cómo está reglamentada en España la
llamada compensación equitativa, el llamado canon digital, porque diversas instancias ponen de manifiesto que es de dudosa legalidad cómo se cobra esta compensación equitativa y cómo se está aplicando la compensación que marca la directiva europea
con el denominado en España canon digital que es, repito, una tasa injusta, arbitraria e indiscriminada. Por ello, el Partido Popular va a seguir peleando para que sea derogada, sin menoscabo del derecho a que los autores reciban sus compensaciones
por otros mecanismos y otros medios, como ocurre en otros países de la Unión Europea.
Nosotros entendemos que en el artículo 25 de la actual Ley de Propiedad Intelectual queda claramente establecido, en lo que denomina la compensación equitativa por copia privada, qué se tiene que hacer, qué hay que pagar y qué no hay que
pagar. Sin embargo, el artículo 25.7 habla de excepciones y es lo que nosotros hemos querido poner de manifiesto en la exposición de motivos y en el fondo de la enmienda transaccional que hoy vamos a votar. Este artículo 25.7.d) dice: «Asimismo,
el Gobierno, mediante real decreto, podrá establecer excepciones al pago de esta compensación equitativa y única cuando quede suficientemente acreditado que el destino o uso final de los equipos, aparatos o soportes materiales » que han sido
gravados no sean utilizados para realizar copias privadas que estén protegidas.
No es que se abra el camino para que nadie pague el canon digital sino de que el Gobierno haga uso de esa excepción cuando quede demostrado que esos equipos que están gravados con un injusto canon digital no son utilizados para realizar
copias privadas, vulnerando de manera ilegal los derechos de propiedad intelectual y los derechos de autor.
¿Qué estoy diciendo? Recientemente, con motivo de la ley de Economía Sostenible, el Consejo de Estado ha hablado de que se tienen que fomentar las descargas lícitas de contenidos protegidos, que se tiene que abogar por la transparencia de
las entidades de gestión y por la exigencia de compensaciones equitativas por copias privadas no basadas en la presunción de que un soporte se va a utilizar para grabar material restringido. No queremos dar barra libre y, por ello, el que haga un
uso incorrecto tendrá que pagar el canon digital, pero hay entidades, administraciones, asociaciones sin ánimo de lucro y profesionales -como es mi caso y el de muchos de los que están aquí- que utilizamos soportes gravados y no vamos a cometer
actos de piratería, no vamos a hacer copias ilegales sino que vamos a desarrollar nuestro trabajo intelectual o aspectos lúdicos, como pueda ser descargar las fotos de un viaje en un CD o un artículo de opinión para tenerlo guardado. ¿Por qué tengo
que pagar 0,80 céntimos por un CD para poder copiar un trabajo fruto de mi creatividad personal?
El Consejo Fiscal también ha criticado muchos de los extremos de las descargas lícitas -que tienen que fomentarse- y la transparencia de las entidades de gestión. La exigencia de compensaciones equitativas por copias privadas no se debe
basar en una presunción porque con eso se acabaría con el carácter indiscriminado y arbitrario del canon digital.
Europa también pone en duda nuestro sistema de compensación. Así, la abogada general del Tribunal de Justicia europeo, Verica Trstenjak, ha plasmado en un dictamen oficial que el canon español no cumplía con los criterios de la compensación
equitativa que permite la legislación europea para los autores, al tener una aplicación indiscrimi-
nada en los aparatos y soportes que se utilizan para fines ajenos a la copia privada de películas o discos.
En la misma línea se expresó en 2007 el entonces comisario de Mercado Interior de la Unión Europea, McCreevy, que añadió que el canon que se aplicaba en España no podía, no debía y la Unión Europea no iba a tolerar que se cobrara
indiscriminadamente a administraciones y a empresas porque no utilizaban los soportes para hacer copias.
Por otro lado, debemos tener en cuenta un dato y es que la Administración pública española -comunidades autónomas, ayuntamientos y Administración General del Estado- es la principal perjudicada de la aplicación indiscriminada de este canon.
No olvidemos que el principal contribuyente a las arcas de las entidades de gestión en 2009 han sido las administraciones públicas en su conjunto. De los cerca de 90 millones de euros en 2009 que se han recaudado en concepto de canon por las
entidades, casi la mitad provienen de abonos realizados por los organismos públicos, en concreto 45 millones de euros. Y cuando digo administraciones públicas me refiero al bolsillo de todos los ciudadanos; además, el ciudadano que paga por el CD,
por el móvil o por el escáner, para los usos que él crea oportunos, tiene que pagar impuestos a los ayuntamientos para que estos vuelvan a pagar por esos soportes, por esas máquinas, por esos escáneres, con lo cual hay una doble tributación
inadmisible e intolerable. La Unión Europea lo ha dicho, y eso es lo que ha hecho temblar los cimientos de la SGAE y de las entidades de gestión, que se han apresurado a llamarnos a todos hoy para ver lo que aprobamos.
Sí, señor Alturo, nos han
llamado a todos para ver lo que aprobamos hoy, y eso no se puede tolerar. Aquí reside la soberanía popular y aquí somos mayores para entrar en aquellas cuestiones que afectan al dinero público y al dinero de los contribuyentes.
El Tribunal de Justicia está a punto de resolver una cuestión prejudicial, pero el informe previo, que va a recoger en un 99% la contestación de la abogada general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea a esa cuestión prejudicial,
considera que este tipo de gravamen, tal como está concebido el canon por copia privada, solo puede gravar a los equipos, aparatos y materiales de reproducción que se vayan a utilizar para copias privadas. Este tipo de gravamen generalizado e
indiscriminado, que grava y se aplica indiscriminadamente a empresas y profesionales, es claramente contrario a la directiva europea de 2001. ¿Qué esta ocurriendo? Que la insumisión de más de un millar de municipios, de varias comunidades
autónomas y los recelos de la Unión Europea a este canon indiscriminado, hacen que las advertencias sean muy claras y que a alguien se le haya encendido la luz roja.
La Comisión Nacional de la Competencia, la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas, coinciden en unos cuantos extremos sobre la aplicación del canon digital. Hablan de monopolio, de poca transparencia, de opacidad, de
tarifas arbitrarias, de posición de abuso de las entidades de gestión, ¿y el Senado no puede entrar ante un dictamen de la Unión Europea, ante un informe de la Comisión Nacional de la Competencia, de la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas
Públicas, donde se habla nada más y nada menos que de la aplicación de la LPI, en términos de monopolio, abuso de posición, tasas indiscriminadas, gestión opaca, poca transparencia, posición en las tarifas de abuso por parte de las entidades de
gestión respecto a los ciudadanos, consumidores, administraciones públicas, empresas, profesionales? ¿Ante eso el Senado no tiene que interferir? Lo grave sería hacer dejación de funciones y no intervenir ante unos informes que hablan con tanta
claridad de tanto atropello de la aplicación de una ley.
Lean íntegramente el informe de la subcomisión. Habla con una «o» disyuntiva de que o se elabore una nueva ley de propiedad intelectual o que se revise la actual, y la revisión puede ser de un artículo o de 150.
Nosotros pedimos que se
haga una modificación puntual porque desde el mes de febrero de 2010 hasta hoy el Gobierno no ha tomado la iniciativa en esa recomendación de una ley nueva o una revisión puntual.
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Señor senador.
El señor CHIQUILLO BARBER: Concluyo brevemente.
Que yo sepa, en nuestra Constitución, en nuestro ordenamiento constitucional la iniciativa legislativa la tiene el Gobierno con sus proyectos de ley. Sí, pero también las Cortes Generales. ¿Y no es el Senado quién para decirle al Gobierno,
instándole, como hoy, a que tome medidas, a que reforme lo que es un verdadero atropello? Y en septiembre lo va a conocer esta Cámara, lo va a conocer el Congreso y lo van a conocer los tribunales españoles cuando la Unión Europea resuelva que es
una aplicación indiscriminada de una tasa y, sobre todo, que es una compensación injusta y arbitraria.
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Señor senador.
El señor CHIQUILLO BARBER: Concluyo, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Concluya, por eso le digo, señor senador, para que concluya.
El señor CHIQUILLO BARBER: Por lo tanto, hay que acabar con la opacidad.
Queremos transparencia, lo piden hasta los trabajadores de las entidades de gestión. Queremos una gestión clara de las cuentas de las entidades de gestión. Y
queremos que este canon, que es un atropello, no lo sigan sufriendo los ciudadanos, pero, sobre todo, las administraciones públicas, los profesionales y las entidades sin ánimo de lucro. Por eso solicitamos acabar con el monopolio, transparencia,
acabar con la opacidad y, de una manera muy clara, acabar con una aplicación indiscriminada de un canon que, repito, nosotros queremos suprimir, pero sin lesionar los derechos de los autores, que para noso-
tros son lo primero porque su creatividad tiene que ser premiada, pero no a costa de una tasa ilegal e indiscriminada.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias, señor senador, por su capacidad para comprimir en los minutos finales.
Se suspende la sesión, que se reanudará a las cuatro de la tarde.
Eran las quince horas y cuarenta minutos.
Se reanuda la sesión a las dieciséis horas.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY DEL SENADO.
-- DE LA PROPOSICIÓN DE LEY DE RECUPERACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO. (AUTOR: GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO) (Número de expediente 622/000017).
El señor PRESIDENTE: Buenas tardes, señorías. Se reanuda la sesión.
Punto noveno del orden del día: Toma en consideración de proposiciones de ley del Senado. Proposición de ley de recuperación del impuesto sobre el patrimonio. Autor de la misma, el Grupo Parlamentario Mixto.
Tiene la palabra el senador Sampol.
El señor SAMPOL I MAS: Gracias, señor presidente.
Señorías, la presentación de esta proposición de ley de recuperación del impuesto sobre el patrimonio responde al paquete de medidas de equilibrio presupuestario que presentó el presidente del Gobierno en el Congreso de los Diputados. Si
una palabra define aquella intervención es perplejidad.
Todavía muchos no hemos salido de nuestro asombro ante un paquete de medidas que cargan toda la responsabilidad del recorte presupuestario en las capas más débiles de la sociedad:
pensionistas, funcionarios, muchos de ellos mileuristas, y sobre determinados recortes de servicios sociales.
Nadie cuestionaba la necesidad de tomar medidas para recortar el déficit provocado por la caída de ingresos fruto de la crisis económica y de un gasto muy por encima de los ingresos.
Pero todo el mundo esperaba que el esfuerzo exigido a los ciudadanos fuera equitativo y proporcional a los recursos económicos de cada uno. Pero el presidente fue desgranando las medidas que una a una caían como un mazazo, todas a costa de
los más débiles, sin ninguna exigencia a grandes fortunas, a entidades bancarias que siguen cosechando grandes beneficios o a clases medias altas.
Aquella intervención supuso un auténtico bandazo ideológico y un reconocimiento del presidente de que no tenía más alternativas para salir de la crisis que las impuestas por los organismos internacionales, medidas de derechas para una crisis
provocada por las políticas ultraliberales de unos mercados financieros que reniegan del intervencionismo de los Gobiernos hasta que necesitan recursos públicos para salvarles de sus desmanes. En definitiva, nunca desde la izquierda se ha hecho
tanto daño a la izquierda.
Especialmente grave es la congelación de las pensiones tanto por el escaso ahorro que supone la medida en un contexto de baja inflación, como por el destrozo que ha causado en la imagen del Gobierno, echando por la borda la mejor política de
pensiones realizada por cualquier Gobierno de la democracia. Ningún Gobierno había aumentado tanto las pensiones, especialmente las más bajas, pero la sensación que trasmite con estas medidas es que carga sobre los pensionistas la responsabilidad
de la crisis económica. Jamás se ha visto mayor torpeza política, que ha dinamitado una de las mejores banderas que podía enarbolar el Gobierno de Zapatero, sobre todo porque existen alternativas, como la que defiendo en esta proposición de ley.
Con el impuesto sobre el patrimonio, suprimido de hecho a finales de 1998 al bonificar el cien por cien de la cuota, se recaudarían unos 1800 millones de euros, algo más del ahorro que supone la congelación de las pensiones. Cierto que en
algunos casos este impuesto era injusto, cierto que en algún caso gravaba patrimonios improductivos, pero estamos en la toma en consideración de una proposición de ley que se puede enmendar aumentando los mínimos contributivos, atacando las
sociedades patrimoniales, en definitiva, proponemos un gesto que especialmente el Grupo Socialista debería considerar como alternativa y revocar la decisión de congelar las pensiones. De hecho, ayer se aprobó en el Congreso de los Diputados una
propuesta de Coalición Canaria en este sentido. Y mucho más cuando en el trasfondo del debate está en juego la defensa del Estado del bienestar y del sistema impositivo como mecanismo de redistribución de riqueza.
Para la izquierda los impuestos son el instrumento para trasvasar recursos de los más pudientes a los más necesitados, en forma de servicios públicos que conforman el Estado del bienestar. Con los impuestos se coge de los ricos para ofrecer
servicios al conjunto, especialmente unos servicios básicos para los pobres. Pero las medidas del Gobierno son una particular interpretación del moderno Robin Hood: se quita a los pobres para dar a los ricos.
Cuando se afirma: bajar impuestos en tiempos de bonanza económica y subirlos en tiempos de crisis es de izquierdas, como dijo el anterior secretario de organización del PSOE, además de ser una soberana estupidez, supone renunciar al
instrumento impositivo para moderar los excesivos crecimientos económicos o dinamizarlos en épocas de recesión.
Pero, además, alardear de bajar impuestos lleva implícito un mensaje fatal a la sociedad: que los impuestos son algo malo, que si es
posible hay que evitar. En vez de hacer pedagogía de los impuestos como mecanismo de redistribución de riqueza y base de unos buenos servicios públicos, se transmite el mensaje de que los impuestos son negativos, y que en cuanto se pueda, el Estado
los suprimirá.
Cuando se anuncia en campaña electoral una reducción de 400 euros a todos los ciudadanos, independientemente de su poder adquisitivo, además de denostar los impuestos se toma una medida antisocial, populista y de derechas.
Igualmente, cuando se toman determinadas políticas sociales con carácter universal dejan de ser políticas sociales para convertirse en populismo.
Repartir el cheque bebé a todo el mundo, independientemente de su nivel de ingresos, no es
socialismo, es electoralismo barato o caro.
Si, además, estas políticas han contribuido a generar un déficit público insoportable, los ciudadanos entienden menos que deban apretarse el cinturón cuando hasta hace unos días se despilfarraban los recursos públicos.
En definitiva, señorías, esta iniciativa pretende suscitar un debate político en torno a una idea fundamental: ¿Existen alternativas de izquierda a una crisis de derechas? La respuesta ha de ser sí, caso contrario, no tenemos nada que
hacer.
Y esta proposición de ley solamente es una muestra que permitiría actualizar las pensiones más bajas de acuerdo con el incremento de los precios. Pero, además, es necesaria una profunda reforma fiscal que permita gravar las grandes
fortunas, que evite las remuneraciones inmorales de directivos de cajas y bancos, que persiga el fraude fiscal y los paraísos fiscales, que se meta con las sociedades patrimoniales que eluden el impuesto sobre el patrimonio; es necesario también
democratizar las instituciones supraestatales con exigencia de responsabilidades a aquellas que gobiernan los Gobiernos sin haber sido elegidos por las urnas.
Hasta ahora, el Gobierno únicamente ha hecho lo más fácil: cerrar el grifo del gasto que tiene a mano. Pero en otoño tendremos ocasiones de debatir otras iniciativas que demostrarán que existen alternativas a las recetas conservadoras.
Están en juego los avances sociales conseguidos a lo largo de los siglos XIX y XX. Está en juego, señoría, un modelo de sociedad al que muchos no nos resignamos a renunciar.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
¿Turno a favor? (Pausa.)
Para un turno en contra, tiene la palabra el senador Utrera.
El señor UTRERA MORA: Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores senadores, en este turno en contra voy a formular, muy brevemente, algunas de las críticas que nos suscita la iniciativa que, por otro lado, valoramos -no positivamente pero sí en sus méritos-, presentada por el senador
Sampol.
La primera cuestión es determinar qué es lo que se nos propone, porque se han mezclado dos cosas absolutamente distintas y heterogéneas que nada tienen que ver una con la otra; por un lado, la recuperación del impuesto sobre el patrimonio;
por otra, la supresión del sistema de actualización de pensiones; en definitiva, la congelación, a partir del año 2011, de las pensiones públicas, a excepción de las mínimas.
En cuanto a la recuperación del impuesto sobre el patrimonio, que es de lo que realmente trata la proposición y a lo que me voy a referir, yo le diría al senador Sampol, su proponente, que se recupera lo bueno y se desecha lo inútil y lo
perjudicial. El mismo senador Sampol ha hecho referencia a los aspectos negativos del impuesto sobre el patrimonio; esas referencias, más las que yo voy a hacer ahora, justificarían por sí mismas no tomar en consideración la posibilidad de revivir
una figura tributaria anacrónica en el tiempo, ineficiente en sus resultados y, en cualquier caso, perturbadora sobre el sistema tributario.
Porque la pregunta que deberíamos hacernos es si alguna vez ha sido útil en España el impuesto sobre el patrimonio; un impuesto nacido en la transición con carácter extraordinario; es decir, con carácter puramente temporal y, además, con
unos objetivos muy concretos que nunca ha alcanzado, como la identificación de las bases imponibles de otros impuestos, fundamentalmente del impuesto sobre la renta de las personas físicas, al tiempo que se esgrimía un argumento de eficiencia en la
medida en que movilizaría patrimonios para hacerlos rentables para, entre otras cosas, poder atender el pago de un impuesto que, recordará usted, tiene tipos impositivos altos; es decir, en la comparación internacional, era un impuesto que
inicialmente llegaba a porcentajes del orden del 1,5, y posteriormente subió hasta algo más del 2% del patrimonio total de las personas. Como digo, en 1977 se aplicó con carácter transitorio. Se ofrecieron entonces algunas alternativas -que
posiblemente hubiesen ido mucho mejor en el tiempo y que no hubieran dado lugar a las críticas que esta figura impositiva atrajo- una declaración patrimonial de bienes sin consecuencias tributarias que sí que hubiese servido en mayor medida para
cumplir la función de control, la función censal que se pretendía con esta figura impositiva. Ciertamente se hubiera reforzado la recaudación en el impuesto sobre la renta, posiblemente se hubiese obtenido una recaudación mayor y no hubiese sido
necesaria la existencia de este impuesto sobre el patrimonio.
Adicionalmente, a lo largo de los años de vida de este impuesto ha sufrido algunas modificaciones que muy brevemente paso a referirme.
A principios de los años noventa, el Gobierno del señor González introdujo las primeras cuñas de exención en el impuesto sobre el patrimonio, quizás considerando las referencias que usted ha hecho sobre los inconvenientes de gravar
determinados tipos de patrimonio. Entonces se excluyó las participaciones accionariales en las sociedades no cotizadas, en sociedades personales o personalistas, al tiempo que, posteriormente, se excluyó también la tributación de la vivienda
familiar con ciertos límites; límites que han variado según las comunidades autónomas, al tiempo que también se cedió a estas la figura impositiva y la recaudación; es decir, la capacidad normativa y la recaudación del impuesto sobre el
patrimonio. Y, en los últimos años de su aplicación, el impuesto sobre el patrimonio había quedado como poco más que un impuesto de muy
poca recaudación, de muy baja recaudación que gravaba sobre todo inmuebles residenciales puesto que, como digo, los patrimonios empresariales quedaban prácticamente excluidos, y que, además, como he mencionado, no cumple ninguna función
censal ni de mejora de control en las bases imponibles de otros impuestos, como el impuesto sobre la renta.
Con estos precedentes, entenderá que nosotros no queramos -nos oponemos, por tanto, y votaremos en contra de esta proposición de ley- la recuperación de esta figura impositiva, que más suena a recuperación de memoria histórica. Es decir,
parece que se hace un ejercicio histórico olvidando los inconvenientes que tiene revisar, en este caso, una figura impositiva fracasada para, trascendiendo a la realidad de su fracaso, tratar de revivirla bajo la justificación de lo que se podría
hacer con una corta recaudación en términos de pago de pensiones. Usted debe reconocer que es una forma de razonar en términos tributarios bastante deficiente. Por tanto, no hay que recuperarla aunque tampoco estamos de acuerdo, y usted lo sabe
bien, con la congelación de las pensiones; por el contrario, sí pensamos que se puede recurrir a otros procedimientos.
Hay un error de base en el preámbulo del texto que presenta en la proposición de ley y es el fuerte crecimiento del déficit público, que usted atribuye en exclusiva a la pérdida de recaudación tributaria, lo cual no es cierto. El déficit
público en España no ha llegado por casualidad a más del 11% del producto interior bruto y, desde luego, no ha sido solo por la caída de la recaudación en los impuestos directos e indirectos. Alguna vez lo he explicado y el Gobierno, lógicamente,
no admite esa tesis pero, desde mi punto de vista, es incontestable.
Se estaba produciendo ya una fuerte cabalgada del gasto público que vino financiada por unos ingresos fiscales que no se percibieron como extraordinarios. Esta misma mañana la vicepresidenta segunda del Gobierno nos ha hablado del cambio de
patrón productivo en la economía española por pérdida de identidad e importancia del sector de la construcción, lo cual es cierto a medias o, si lo prefieren, de forma invertida. Es decir, la caída del sector de la construcción es un hecho y eso ha
obligado a que los recursos que hasta entonces se destinaban a ese sector se movilicen hacia otros sectores, pero no es que se haya producido un cambio del patrón en el esquema productivo de la economía española.
Por tanto, si ese cambio no se ha producido, en realidad lo que nosotros hemos disfrutado durante años procedía de unos ingresos fiscales anuales aparentemente ordinarios pero que tenían unas recaudaciones extraordinarias precisamente por
los excesos en ese sector productivo y también, aunque en este caso no pueden calificarse como tales, en el impuesto sobre la renta de las personas físicas y en el consumo. Se estaban ampliando las rentas nominales de la economía y el consumo, así
como el endeudamiento.
Por tanto, esos impuestos que estaban generando recaudación extraordinaria no podían justificar unos aumentos de gasto que iban correlativos a esos aumentos de ingresos, porque lo que estábamos era cavando y preparando la fulminante caída
que se iba a producir en el saldo presupuestario. Eso es justamente lo que ha ocurrido. Por tanto, es verdad que ha caído la recaudación de ingresos pero también lo es que el déficit presupuestario encuentra su causa, incluso porcentualmente en
mayor medida, en la galopada de gasto público que se ha venido dando a partir del año 2005 y hasta el año 2008. Se produjo una galopada en el gasto público pero en el momento en que se han caído los recursos extraordinarios, esa recaudación
extraordinaria, tenemos como resultado el lío -así lo he denominado yo esta mañana- en que nos ha metido este Gobierno, el señor Zapatero y la señora vicepresidenta del Gobierno. Y ese lío ha recaído en parte sobre las espaldas de los ciudadanos, y
ahí están los pensionistas que ven congeladas sus pensiones. Por lo tanto, ese lío tiene su causa en las políticas expansivas de gasto de los años anteriores pero no son resultado de una simple caída de recaudación que se podía haber compensado de
una forma mucho más sencilla.
Quiero terminar con una reflexión final que tiene poco que ver con esto, o si prefieren podría darnos lugar a una consideración adicional del sistema de financiación de las comunidades autónomas, aunque también de la local, del que nos hemos
dotado. ¿Cómo es posible que una figura que todos reconocemos como inequívocamente ineficiente e innecesaria y poco recaudadora, como el impuesto sobre el patrimonio, y que además incorporaba tantos inconvenientes en sí mismo haya perdurado durante
30 años en nuestro sistema tributario? ¿Cómo es posible que eso haya ocurrido?
Pues básicamente la explicación que se me ocurre es la de que se cedió a las comunidades autónomas. Es un impuesto cedido, y desde ese momento pasa a ser un elemento recaudatorio de las comunidades autónomas, y como tal, un concepto
tributario bajo la protección de la garantía del Estado.
Por tanto, todo lo que afectaba a la recaudación del impuesto sobre el patrimonio mediante legislación estatal tiene que ser cubierto con fondos estatales de los Presupuestos Generales del
Estado.
Pero yo me pregunto hasta qué momento podremos llevar esas garantías, o dicho de otra forma, de qué manera podemos dejar figuras impositivas caducas e innecesarias e ineficientes en el sistema tributario por la sencilla razón de que forman
parte del elenco de impuestos cedidos a las comunidades autónomas, o por el contrario, porque son impuestos del Estado que, por tanto, pueden ser modificados con más flexibilidad.
Esta es una reflexión que tiene que ver con la financiación autonómica de la que tendremos que hablar en el futuro, porque, en mi opinión, la dimensión que ha alcanzado actualmente el volumen financiero de recursos -ingresos y gastos- que
manejan los Gobiernos subcentrales hacen cada vez más difícil esta función de bail out, es decir, de soporte de garantía que se ha venido pidiendo al Estado durante estos más de veinte años de construcción del Estado autonómico.
Esta es una reflexión sobre financiación autonómica, pero en lo relativo a la proposición de ley que hoy nos
ocupa ya adelanto que votaremos en contra por las razones que he expuesto: porque no estamos de acuerdo con la recuperación de un impuesto ineficiente, pero en modo alguno, pues no es así, porque no estemos de acuerdo con que haya que
financiar la actualización de las pensiones y no su congelación para el próximo año, y ayer mismo se aprobó una propuesta de mi grupo parlamentario en el Congreso de los Diputados en este sentido.
Gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Turno de portavoces.
Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el senador Sampol.
El señor SAMPOL I MAS: Gracias, señor presidente. Intervengo muy brevemente, pues comparto turno con el senador Tuñón.
Señorías, la mecánica del debate me obliga a posicionarme únicamente sobre los argumentos expresados por el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, cuando la realidad es que este es un debate solo de la mitad del hemiciclo. Y es que me he
referido a una serie de actuaciones de un Gobierno progresista que han provocado, como mínimo, gran desconcierto en la izquierda en general. Por ello sería lógico mantener este debate en la izquierda, sin marginar naturalmente a la derecha, que
lógicamente tiene que negarse a recuperar un impuesto que ya he reconocido que tenía sus lagunas, pero que utilizo como instrumento para sustentar los argumentos.
Antes de lanzar este mensaje a un sector de la sociedad que es muy sensible, como el de los pensionistas, hay otras alternativas como esta, y reconozco que este es un impuesto que, cedido a las comunidades autónomas, forma parte
indirectamente de los ingresos del Estado, pero es que el mensaje ha sido demoledor para quienes creemos en el Estado de bienestar y en el sistema impositivo y tributario como mecanismo de redistribución de riqueza y sustento de los servicios
públicos esenciales que comportan el Estado del bienestar. Por ello considero necesario mantener, como digo, este debate entre la izquierda, y confío en que antes de fin de año, junto con el de los presupuestos, hablemos largamente sobre las
figuras tributarias y lancemos a la sociedad el mensaje de que la crisis no la van a pagar los más débiles, sino que descansará esencialmente sobre las espaldas de los que más pueden, que ven perplejos cómo hasta ahora nadie les exige
responsabilidades. Los días posteriores al anuncio del presidente del Gobierno en el Congreso de los Diputados escuché cómo un locutor decía: ¿Y por qué no me exigen responsabilidades a mí, que puedo pagar más, y sí a funcionarios y a
pensionistas?
Este es el debate que pretendo, modestamente, que se tenga en la Cámara y que entre todos reflexionemos para buscar alternativas a una crisis económica, porque las alternativas que nos imponen desde instituciones internacionales, que no
sabemos quiénes las dirigen, son las recetas conservadoras que descargan toda la responsabilidad sobre los más débiles.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Senador Tuñón, tiene la palabra.
El señor TUÑÓN SAN MARTÍN: Buenas tardes, señor presidente.
En primer lugar, voy a posicionarme a favor de esta proposición de ley porque creo que fue un error suprimir este impuesto. Es verdad que ahora se trata como algo anticuado u obsoleto, pero me parece que tenía su razón de ser, y puede que
ahora no tenga su razón de ser en los términos de aquellos momentos, pero tiene su razón de ser si se actualiza y se hace sobre las grandes fortunas, cosa con la que me imagino que el señor Utrera tampoco estará de acuerdo. Y es que la reforma
fiscal es una cuenta pendiente del Gobierno -estoy de acuerdo con el señor Sampol.
Discrepo del señor Utrera también en cuanto a qué ha ocasionado el déficit. Estamos en un déficit estructural provocado fundamentalmente porque estamos en una época de subida de los ingresos por la actividad económica, y también porque el
partido del Gobierno bajó los impuestos.
De hecho, en estos momentos se alardea de que estamos 6-7-8-9 puntos por debajo de los impuestos de la media europea, y esto es una paradoja: no podemos estar por debajo de la media europea en cuanto a
impuestos ni recortando de forma drástica ingresos a diversos colectivos, fundamentalmente en este caso las pensiones, y el señor Sampol, se refería a ello simplemente como un dato de actualidad.
Necesitamos una subida de impuestos justa y equitativa y también creemos que la lucha contra el fraude fiscal es una fórmula segura para lograr mayores ingresos y para que todos seamos solidarios. En estos momentos se trata de ser
solidarios con la crisis y esta crisis necesita el esfuerzo de todos. Cuando se habla despectivamente de subir los impuestos a los más ricos eso me parece que no tiene razón de ser, simplemente se trata de subir los impuestos en función de la
capacidad adquisitiva de cada ciudadano.
Además, este impuesto cumplía dos requisitos -que usted, señor Utrera, ha despreciado-: por una parte, se recaudaban 1800 millones de euros, que afectaba a un millón de contribuyentes -y creo que eso supone algo de dinero-, contribuyentes
con mayor capacidad económica que la media; por otra parte, se configuraba como un impuesto tenaza o de control, cuya finalidad no era estrictamente recaudatoria, como usted ha dicho, sino facilitadora del IRPF.
Este senador formuló una pregunta al ministro de entonces, señor Solbes, sobre este impuesto y me dijo que, efectivamente, era un impuesto de carácter extraordinario y temporal, y que no tenía ya razón de ser en función de que en estos
momentos se disponía de una mayor información sobre los patrimonios y además estaba supervalorado este patrimonio derivado del aumento de la valoración de los inmuebles. Yo creo que son dos razones que han perdido
fuerza con el tiempo, primero, porque en estos momentos la lucha contra el fraude fiscal sigue siendo un arma fundamental para subir los impuestos y, en segundo lugar, porque también el valor de los inmuebles está bajando.
No es un impuesto obsoleto, señor Utrera, y no es un impuesto confiscatorio. Entiendo que mantener vivo este impuesto se ajusta perfectamente a los principios de capacidad económica y no confiscatoriedad. Seguramente -y se lo repito- este
impuesto habría que actualizarlo, estoy de acuerdo, pero adecuándolo a la realidad económica y social de nuestros tiempos. Por eso -ya lo dije- debe analizarse un aumento de los mínimos exentos de este impuesto, combinado con una reducción de la
tarifa, de tal modo que se dirigiera solamente a los patrimonios más elevados. El impuesto así quedaría convertido, como ha sucedido en Francia, en un impuesto que grave a los grandes patrimonios y fortunas, y no perdería además capacidad
recaudatoria.
No despreciemos este impuesto, valoremos en su justa medida este impuesto y demos la vuelta una vez más a este impuesto.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas, tiene la palabra el senador Pérez Bouza.
El señor PÉREZ BOUZA: Gracias, presidente.
Cuando se comparten los argumentos, prácticamente al cien por cien, con el compañero que propone esta iniciativa, me queda poco más que felicitarlo, tanto por la iniciativa como, sobre todo, por la defensa que ha hecho.
Algunos agradecemos que en un momento en el que se pretende diluir las ideologías, decir que todos los políticos somos iguales, un 21 de julio, a las cuatro y media o cinco de la tarde, alguien haga un discurso ideológico desde la izquierda,
se agradece; incluso, yo diría que a mí, particularmente, me suena a música celestial, si es que existe ese género musical -que lo dudo-, pero, en todo caso, suena bien.
Esta propuesta va a permitir que los distintos grupos políticos con presencia en esta Cámara se retraten y veamos con claridad quiénes apuestan por cumplir con ese principio de que paguen más aquellos que más pueden o quienes apuestan por
otro tipo de políticas fiscales regresivas, basadas, fundamentalmente, en la imposición indirecta. Seguramente, seamos menos los que apostemos porque paguen más los que más pueden, pero algunos seremos en la votación final. Pero, sobre todo,
seremos coherentes con nuestros principios, seremos coherentes con nuestros programas electorales, seremos coherentes con nuestros principios ideológicos; otros, desgraciadamente, no lo serán, y a mí me extraña especialmente la actitud del Partido
Socialista en todo lo referente a política fiscal en los dos años que llevamos de la presente legislatura; incluso, me parece que siguen ustedes permaneciendo en el error de no querer recuperar este impuesto u otro semejante, pero que tenga un fin
similar, después, sobre todo, de que la propia vicepresidenta económica reconociera públicamente en una emisora de radio que fue un error eliminar este impuesto. Si ya tienen interiorizado que fue un error, no permanezcan por más tiempo en el error
y recuperen este, mejorado, corrigiendo las lagunas que todos reconocemos que tenía, u otro de similares características, pero que, en todo caso, grave esas rentas, esos patrimonios más altos y contribuya a aumentar los recursos públicos.
Amigo Sampol, hay veces que más importante que ganar las votaciones es ganar los debates. Seguramente hoy, esta propuesta, que ha defendido brillantemente, no va a ganar la votación, pero yo estoy seguro que va a ganar el debate.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Vilajoana.
El señor VILAJOANA I ROVIRA: Presidente.
Señorías, yo venía aquí a defender que este impuesto sobre el patrimonio no se debe recuperar, pero en este debate -que el senador Bouza decía que iba a ganar el senador Sampol- se ha introducido un elemento que me gustaría comentar. Se ha
dicho que el plan de reducción del déficit que propuso el Gobierno socialista no le gusta al señor Sampol, cosa que compartimos, y es que a nosotros tampoco nos ha gustado en absoluto este plan. Precisamente ayer en el Congreso de los Diputados
votamos a favor de que se suprima la congelación de las pensiones. Nosotros sabemos que había que hacer un plan de reducción del déficit, algo imprescindible en este país aparte de que es obligado por la Unión Europea, pero también veíamos
clarísimamente que las pensiones no eran el elemento en el que se tenía que apoyar uno de los aspectos de este déficit, es decir, que para obtener esos 1500 millones de euros que ha supuesto esa congelación había otros mecanismos. Por tanto, vuelvo
a repetir que compartimos esto con usted, pero entendemos -y lo hemos dicho en esta Cámara más de una vez- que hay otros mecanismos para hacer una cosa tan imprescindible como es reducir el déficit.
Una segunda cosa que, aunque no tocaba, la ha colado usted al final es el tema famoso de la financiación autonómica. Da la impresión de que el motivo por el que se ha mantenido el impuesto sobre el patrimonio durante años ha sido la
financiación de las autonomías, pero hay una cosa muy clara. Muchas veces hablamos de las autonomías como un elemento de coste, pero resulta que no hablamos de ellas desde el punto de vista de un hecho trascendental: ellas han asumido
prácticamente las competencias más importantes y más caras que antes correspondían al Estado, es decir, educación, sanidad y un tercer sector, la dependencia. ¿Y por qué necesitan más dinero las autonomías? Sencillamente porque están manejando y
ejecutando la educación y la sanidad de este país.
Pero un tercer gran elemento muy importante en el que se podría trabajar para reducir el déficit consistiría en adelgazar la Administración del Estado, lo que no quiere decir que yo desee debilitar al Estado porque yo sea un independentista
que no quiere Estado. Lo sea o no lo sea -otro día si acaso podremos discutirlo-, la cosa no va por ahí. El problema está en que hemos transferido cientos de competencias pero resulta que el Estado no se ha adelgazado, cosa que ya dije aquí un
día. Sigue habiendo más funcionarios del Estado que antes de las transferencias. Este es el problema que tenemos y no el impuesto sobre el patrimonio.
Pero ahora voy ya al tema de este debate. ¿Por qué nosotros no estamos de acuerdo en volver al impuesto sobre el patrimonio? En primer lugar, como se ha dicho, esta fue una medida temporal tomada en los años setenta para aflorar
patrimonios. Esto también lo hizo Francia en su momento. Y pondré un ejemplo muy concreto. En Cataluña hay una riqueza patrimonial muy fuerte alrededor de la pintura catalana, una riqueza que antes no existía porque se declaraba como ajuar. Pues
bien, se ha intentado por este mecanismo -pero no ha funcionado- que cuadros de Casas y de Rusiñol que había en algunas casas de Cataluña se declararan y afloraran. Además, esto permitía que el valor de estas pinturas, en subastas o en otros sitios
fuera subiendo. Pero como todo esto no se ha dado, una de las funciones de este impuesto, que precisamente era esa, no se ha producido.
¿Y qué ha ocurrido también? Yo estoy de acuerdo en que Robin Hood es un personaje encantador -de pequeño yo quería ser Robin Hood-, ¿pero cuál es el problema, señor Sampol? Que este impuesto, aparte de que no es eficiente y aparte de que
se planteó en su momento por una serie de cosas, como al final con él se recaudaba dinero, se ha ido manteniendo.
¿Y cuál es el gran problema? Que es un impuesto que básicamente, como ocurre con casi todos los impuestos, afecta a las clases medias
de este país, a la clase mayoritaria y más potente en cuanto que es la más numerosa; el impuesto sobre el patrimonio va directo a esta gente, va a las clases medias de este país, a las que tienen un pisito o un piso más o menos grande, a las que
tienen una segunda residencia, unos ahorros, que son las que pagan seguro. Porque las grandes fortunas tienen mecanismos maravillosos para evadir este impuesto. Por un lado están las sicav, con lo cual puede decirse: pues arreglemos las sicav.
Pero el problema está en que estamos en un mundo global en que el dinero se mueve con factores instantáneos, y cuando se presiona aquí el dinero se va inmediatamente a otra parte.
Y el segundo elemento determinante está en algo absolutamente legal: las empresas patrimoniales. Es decir, una persona que tiene tres tiendas, cuatro pisos y cinco casas, ¿qué hace? Pues monta una inmobiliaria, cosa legal, y paga el
impuesto sobre sociedades si es que tiene ingresos. O sea, que le sale mucho más barato que pagar el impuesto sobre el patrimonio. Por tanto, esa persona no paga por patrimonio. Este es el otro problema que hemos tenido.
Pero hay algo también muy importante que pasaba con el impuesto sobre sucesiones. Resulta que estamos penalizando dos veces el mismo concepto.
Es decir, una persona que se gana la vida más o menos, que tiene unos ingresos, que paga el
IRPF, que tiene una empresa que paga por el impuesto sobre sociedades, cuando ahorra parte de ese dinero y lo dedica a comprar cosas resulta que tiene que pagar por patrimonio, por el mismo dinero y durante toda la vida. Esto no es razonable,
porque si resulta que tengo unos ingresos que me gasto en un apartamento, pago patrimonio, pero si me lo gasto en gin tonics no pago patrimonio. Y alguien dirá: pero paga usted el IVA. Sí, pero es mucho más barato pagar el IVA que pagar por
patrimonio toda la vida. Este es el otro gran problema -como ya ocurría con el impuesto de sucesiones-, pues estamos consiguiendo que no se ahorre. Este país antes no ahorraba. ¿Qué hacía este país? Ahorraba comprando apartamentos, lo cual
también generaba una dinámica de riqueza.
Señor Sampol, este no es un tema de derechas ni izquierdas. Y hay una cosa que me gustaría dejar muy clara, que ya hemos señalado en otros debates en esta Cámara. Esta crisis ha afectado a Gobiernos de derechas, de izquierdas y
mediopensionistas, ha afectado a todo el mundo. Este sistema se ha roto por muchas razones y ahora hay que recuperarlo, y esto se hace de varias maneras. En el caso de España, hemos gastado excesivamente, nos hemos creído que esto era Hollywood y
ya no lo es y nos hemos de recomponer, pero esto no pasa por ninguna solución fácil. Usted dice que lo fácil es congelar pensiones, cierto; pero lo fácil también es subir impuestos, como es recuperar el impuesto sobre el patrimonio.
Considero que la solución es hacer bien las cosas, tener una Administración con una dimensión adecuada y que sea austera; y, desde el punto de vista impositivo, hacer la reforma fiscal que queramos, pero teniendo en cuenta que en estos
momentos nos encontramos en un mundo globalizado y que las empresas se mueven en función de intereses económicos, y un sistema impositivo ha de vigilar que no se expulse a las empresas, porque la movilidad del dinero es absoluta y total. Por lo
tanto, si aplicamos medidas que movilicen este dinero y, en el fondo, lo saquen de este país, el teórico beneficio que podría generar este impuesto se transformará en un coste muy superior y provocará que este país no consiga salir de la situación.
Por ello, considero que lo razonable es que nos volquemos en diseñar una Administración más eficiente, una sociedad globalmente más liberalizada y, por lo tanto, mucho más competitiva, y elaborar un sistema fiscal que sea capaz de pagar el Estado
del bienestar que nos queramos dar, pero con la máxima eficiencia, con figuras impositivas que sean eficaces y que no provoquen que este país sea menos competitivo y menos potente.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, tiene la palabra la senadora Alberich.
La señora ALBERICH CANO: (La señora Alberich Cano comienza su discurso en catalán.)
Señor Sampol, precisamente porque comparto buena parte de su argumentación en esta proposición de ley, creo que hay que ser muy riguroso y tratar de no caer en las trampas que otros nos intentan poner. Por ello, utilizar ciertos discursos
puede ser peligroso, pues con su intención de recuperar un discurso ideológico de la izquierda -lo cual le alabo personalmente-, creo que comete dos errores. En primer lugar, en el propio discurso y, en segundo lugar, en el objeto. En el discurso,
porque cuando utilizamos argumentos de la derecha lo que hacemos indirectamente es darlos por válidos, lo cual es un peligro, pues aquellos intentan destruir la imagen de un Gobierno con toda una trayectoria de progreso y de avance del Estado del
bienestar y de nuestro sistema de pensiones con un discurso de falsa conciencia ciudadana o de falsa defensa de las clases medias de este país. Se lo digo porque usted ha utilizado muchos de los argumentos que ellos emplean en sus intervenciones.
Yo no comparto que la reducción del plan de austeridad y la reducción del déficit vaya contra el Estado del bienestar. Considero que es un esfuerzo de responsabilidad. Durante los seis últimos años este Gobierno ha conseguido muchos más
avances en el Estado del bienestar de lo que habían conseguido muchos Gobiernos anteriores y, por supuesto, los Gobiernos del Partido Popular. Y es cierto -y usted lo ha dicho desde esta tribuna- que se ha avanzado en el sistema de pensiones. Y si
bien es cierto que este plan de austeridad está congelando una parte de las pensiones, también está manteniendo las mínimas, que han crecido muy por encima de la media durante los últimos años con este Gobierno. Por lo tanto, si utilizamos
precisamente esto para revalidar nuestro discurso de izquierdas, estaremos haciendo aflorar el nuevo partido de los trabajadores que, simplemente por motivos electoralistas, están tratando de defender aquello de lo que no saben y lo hacen realmente
muy mal, pero lo intentan vender mediáticamente.
Eso por un lado. Por otro lado, en cuanto al objeto, creo que cuando tratamos de debatir sobre cómo tenemos que repartir el esfuerzo, sobre cómo debemos hacer los impuestos más proporcionales, debemos ser muy rigurosos, porque, si no, toda
la Cámara nos machaca el argumento.
Quizá hubiera valido la pena hacer un esfuerzo para no utilizar una excusa y haber hablado de cómo podemos afrontarlo. Digo esto porque los argumentos que yo podría utilizar son muy parecidos a los que se han utilizado en otros foros
ideológicos diferentes a los suyos y a los míos, pero que son ciertos, y es que el impuesto sobre el patrimonio ya no cumplía la función que debía cumplir, la de gravar las fortunas.
Obviamente, los impuestos han de redistribuir la riqueza -en eso estoy absolutamente de acuerdo con usted- pero este impuesto ya no estaba gravando la riqueza, sino que estaba gravando a las clases medias.
Recuperarlo sería machacarlas
mucho más. Hablemos de reformularlo o de lo que creo realmente que debemos hablar, de trabajar conjuntamente hacia una reforma fiscal desde un modelo de izquierdas. Una reforma fiscal que haga más proporcionales nuestros impuestos, que el Gobierno
ya ha dicho que hay que proponer y en la que está trabajando.
Trabajemos desde aquí con las propuestas que también nos presentan desde la derecha, como hoy cuando hablábamos del IVA, en impulsar esa reforma fiscal que creo que es necesaria, que ha de ser realmente proporcional y que no grave los
ahorros de las clases medias. Porque usted sabe, igual que yo, que lo que está pasando ahora es que las clases medias y las familias normales y corrientes de este país, lo que están haciendo es retener. Si gravamos ese ahorro, conseguiremos el
efecto contrario.
El Gobierno ha manifestado públicamente que está trabajando en una fórmula que grave realmente la riqueza. Creo que debemos seguir haciéndolo desde nuestros perfiles ideológicos para que esa reforma se presente durante este año, pero no
debemos darles más argumentos a aquellos que lo único que quieren es hacer todo lo contrario de lo que ahora están diciendo en esta tribuna cuando se encuentren en este lado del banco.
Dicho esto, añadiré que las diferentes sensibilidades de los partidos que forman parte de mi grupo hacen que cada uno vayamos a votar opciones diferentes.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra la senadora Durán.
La señora DURÁN FRAGUAS: Gracias, presidente.
Señorías, hay veces en las que uno se siente orgulloso de estar en esta Cámara. Probablemente, esta tarde sea una de ellas. Lo digo porque es interesante e importante escuchar un debate reposado en el que todos los grupos sin excepción
plantean de una forma tranquila determinados aspectos que creo que influyen en la vida de todos.
Empiezo por felicitar al senador Sampol por traer esta iniciativa. Porque, independientemente de cuál sea el resultado final, ha servido para hablar reposadamente -algo que no siempre sucede en esta Cámara- de unos aspectos que creo que son
muy importantes para todos.
Quiero destacar las intervenciones de todo el mundo. La del senador Tuñón, al que estuve escuchando atentamente, y que acabó diciendo que esta crisis que nos afecta a todos exige el compromiso de todos. Y es verdad.
O la del senador Pérez
Bouza, al que le sonaba como música celestial un debate de estas características. A la senadora Alberich, que siempre con su estilo tan directo y tan fresco nos ha dicho cosas que yo comparto totalmente, le quiero decir que la reducción del déficit
público del que tanto hemos hablado y que ha hecho que el Gobierno tome medidas que son difíciles responde a un esfuerzo colectivo. Pero siempre el Partido Socialista y este Gobierno han tenido como eje mantener el Estado del bienestar, eso es
cierto y eso es así, y yo creo que sobre eso podemos debatir, pero los hechos están ahí.
El senador Sampol ha dicho que si esto servía para debatir todos estos aspectos, estaría satisfecho. Pues yo creo que sí, que se va a producir ese debate, que vamos a hablar reposadamente sobre la reforma fiscal y que se hará en el entorno
que necesariamente se debe hacer, que es el de los Presupuestos Generales del Estado.
La cuestión que nos trae hoy aquí es la proposición de ley del senador Sampol de recuperación del impuesto sobre el patrimonio. Tanto en la exposición de motivos del senador Sampol como en sus propias explicaciones en ambos turnos ha
quedado clara cuál es la filosofía que impulsa esta proposición de ley, que, en definitiva, no es otra que buscar fórmulas para realizar de la manera más equitativa y justa posible la redistribución de la riqueza. Nosotros lo hemos defendido
siempre.
Siempre hemos dicho que tiene que aportar más el que más tiene y que, por tanto, hay que trabajar para definir cuáles son los mecanismos que pueden cumplir ese objetivo y que además sigan siendo eficaces en la lucha contra el fraude
fiscal.
Dejando claro esos aspectos, no creemos, senador Sampol, que la recuperación del impuesto sobre el patrimonio sea la forma adecuada. Ese impuesto, como ya se ha dicho aquí, se crea en 1971 con carácter extraordinario y transitorio con el
único objetivo, como explicó muy bien el senador Vilajoana, de proporcionar un censo patrimonial. Ha estado en vigor -hay que recordarlo- hasta hace poco, hasta el 23 de diciembre de 2008. Era un impuesto que gravaba los bienes ahorrados que, como
ustedes saben y como ya se ha explicado aquí, en muchos casos ya habían sido previamente gravados por otros impuestos: IRPF, sucesiones, donaciones, etcétera.
Además, su función recaudatoria siempre fue mínima. A veces, hay que observar los datos y ver lo que estaba pasando. Supuso de media el 0,1% del PIB en los años que duró en ejercicio, o el 0,4% del total de los impuestos que se recaudaban.
Era un impuesto, señorías, que recayó fundamentalmente en las rentas medias, de forma que, por ejemplo, en el ejercicio 2007, del cerca del millón de contribuyentes que declararon este impuesto, solo 35 000 declararon patrimonios superiores a 1 500
000 euros, lo que quiere decir -eso son matemáticas- que el 85% de la recaudación total la estaban soportando rentas medias.
Además, como ya se dijo aquí, y ninguno de ustedes ignora, los mecanismos de elusión existían antes y existen ahora, a los que pueden acceder fácilmente los que más tienen: las sicav, las sociedades de inversión inmobiliaria, y algún otro
que todos podemos recordar. Este impuesto, como también se ha dicho, estaba cedido a las comunidades autónomas; y también en las propias comunidades autónomas fue tratado de forma distinta, algunas con rebajas sustanciales, lo que, en definitiva,
creaba una situación de desigual tratamiento fiscal.
Finalmente, y cumpliendo lo que dijimos en nuestro programa electoral en las elecciones generales de 2008, fue suprimido por la Ley 4/2008, de 23 de diciembre. Esa supresión fue tenida en cuenta en el nuevo sistema de financiación
autonómica aprobado recientemente, la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común y las ciudades con estatuto de autonomía.
Por tanto, señorías, senador Sampol, plantear una posible recuperación tiene que ser objeto de un prudente y largo análisis. Hay que tener en cuenta que la disposición transitoria sexta de esa ley establece que las comunidades autónomas
recibirán en concepto de compensación estatal, por la supresión del gravamen del impuesto sobre el patrimonio en los años 2009, 2010 y 2011, el importe transferido por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria durante el año 2008 a cada
comunidad autónoma.
Señorías, todo lo expuesto anteriormente justifica que votemos en contra de esta toma en consideración. Pero me gustaría dejar claro que, tal como ha puesto de manifiesto reiteradamente el presidente del Gobierno y otros miembros del
gabinete, se están analizando de forma muy seria las diferentes alternativas fiscales que permitirán gravar más a quienes más tengan, con objeto de aplicar finalmente una fórmula que cumpla con los principios tributarios que establece nuestra
Constitución, y que no son otros que la equidad, la capacidad económica y la progresividad, consiguiendo que esa fórmula suponga una contribución adecuada al sostenimiento de los gastos públicos.
Para terminar, y compartiendo la preocupación del senador Sampol e incluso muchos de sus razonamientos, le diré que el camino que todos tenemos que recorrer para conseguir ese objetivo de que contribuya más el que más tenga no es el de la
recuperación del impuesto sobre patrimonio. Por tanto, votaremos en contra de esa proposición de ley.
Me gustaría recordar que esta misma mañana, en la sesión de control al Gobierno, el señor Rajoy ha hecho una pregunta al señor presidente del Gobierno sobre qué nuevos esfuerzos pensaba pedir a los españoles y el señor presidente del
Gobierno ha respondido que si era necesario pedir nuevos esfuerzos a los españoles lo haría, pero en los presupuestos. La idea del Gobierno es que esos nuevos esfuerzos sean para aquellos que tienen alta capacidad económica.
Creo que en esa respuesta queda todo resumido.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Utrera.
El señor UTRERA MORA: Gracias, señor presidente.
Coincido con la senadora del Grupo Parlamentario Socialista en que este debate ha sido interesante porque ha trascendido el papel que estamos jugando y ha derivado hacia otros derroteros, en parte provocado por mi mismo y, en parte, por el
proponente de la proposición de ley.
Por lo que se refiere al proponente de la proposición de ley, me ha interesado mucho lo que ha denominado como el mensaje demoledor que ha recibido del señor presidente del Gobierno; mensaje demoledor para el pensamiento
de izquierdas, para la reflexión de izquierdas o para la actitud de izquierdas, porque no sé realmente qué es lo que ha quedado más demolido.
En cualquier caso, parece claro que en el futuro será más difícil -o, al menos, así lo espero
desde un punto de vista racional- mantener discursos de izquierda fantasmagóricos, que es a lo que hemos asistido; es decir, un discurso de izquierdas en el que todo vale y, además, se va a echar mucho dinero al sistema, continuamente, y no solo
por los gastos sino también por regalitos fiscales, como los 400 euros menos en el impuesto sobre la renta porque se van a celebrar las elecciones generales, o no se van a subir impuestos en absoluto porque ahora van a ser las elecciones europeas,
pero dos días después de su celebración sí se suben los impuestos especiales.
Ese mensaje frívolo y fantasmagórico de izquierdas es el que espero que desaparezca y en esa reflexión que usted dice que van a hacer -porque efectivamente nosotros ahí tenemos poco que reflexionar- quizá deban incluir la consideración de
que hay que calificar como un fracaso cualquier mensaje de izquierdas basado en el todo vale y que hay que echar dinero al sistema para, a continuación, provocar recortes abruptos y duros sobre los ciudadanos. Estamos viviendo el epílogo de un
fracaso de cuatro año de política económica y social en este país -eso es lo que estamos viviendo- y, por tanto, parece contradictorio que quienes reflexionan o reflexionarán desde la izquierda, o como lo quieran llamar, se den a sí mismos el título
de generadores de paro porque este fracaso ha generado 4 600 000 parados en nuestro país, señores, un 20% de la población activa está en paro, de manera que la cosa no ha quedado solamente en un jueguecito de un impuesto sí o un impuesto no, sino
que ha tenido muy graves consecuencias. Esa es la reflexión de la izquierda; la izquierda de la fantasía, del regalo, de echar dinero o de bajar impuestos porque tocaba en ese momento para hacer una gracieta.
La segunda reflexión adicional al debate que estamos manteniendo es la que propuse respecto de la financiación autonómica y que el señor Vilajoana no ha entendido, por lo que paso a explicárselo con más detalle.
Yo no he hablado del tamaño o dimensión relativa del Estado de las comunidades autónomas; no he hablado de eso. Lo que he dicho es que quizás estamos introduciendo elementos de rigidez en un sistema cuya capacidad legislativa máxima la
tiene el Parlamento y cuya capacidad recaudatoria -es decir, los beneficios recaudatorios- la tienen otros.
Algo parecido ocurre con la prestación del servicio farmacéutico o con algunos otros servicios públicos que son especialmente difíciles de
flexibilizar y de adaptar. ¿Por qué? Porque hay beneficiarios claros -en este caso, quienes obtienen la recaudación- y hay perjudicados también muy claros, que son los ciudadanos, el interés general por el que tienen que velar estas Cámaras, es
decir, el Parlamento, que refleja y recoge la soberanía de la nación española.
El problema está en ceder impuestos manteniendo la normativa básica en el Parlamento de España, por tanto, eso habrá que resolverlo. Pero no se está resolviendo, estamos yendo a más. Subir la participación de las comunidades autónomas en
los impuestos del Estado a un porcentaje cada vez mayor lleva a hacer más grave este problema de la rigidez, porque si ahora se pretende una modificación en el impuesto sobre el valor añadido, en los impuestos especiales o en el impuesto sobre la
renta de las personas físicas, no solamente se está reduciendo, aumentando o variando la recaudación del Estado, sino también la de de otros Gobiernos subcentrales, con lo cual no se puede actuar con las mismas dosis de flexibilidad que en otro
caso. Por tanto, esa es una reflexión que nos tenemos que hacer, pero en modo alguno cuestiona tamaños ni dimensiones relativas. En ese sentido, senador Vilajoana, usted no me entendió.
Por último, acepto que haya personas que tengan querencia a la figura impositiva del impuesto sobre el Patrimonio. En esto, como en los colores, no hay nada escrito, pero lo que está claro es que los impuestos sobre la renta son impuestos
modernos -los primeros esbozos son del siglo XIX, del siglo XX o XXI-. El impuesto sobre el patrimonio es un impuesto medieval, del siglo IX o siglo X; está anticuado. Es muy difícil determinar los valores de cosas que no se transaccionan en los
mercados, por ejemplo, los inmuebles. Los inmuebles no se están vendiendo todos los días, luego no podemos saber cuál es el valor de un inmueble a día de hoy, día de presentación de la declaración del impuesto sobre el patrimonio. Cualquier
valoración que se haga tiene que ser por interpretación indirecta, que siempre será insatisfactoria, incompleta e incorrecta. Por tanto, como no hay precio en los mercados para todas las cosas -y no desciendo a los detalles que apuntaba el senador
Vilajoana de obras artísticas o de otra naturaleza, en cuyo caso fijar los precios sencillamente es imposible-, en su momento se propuso sustituir este impuesto, que es, como digo, un impuesto antiguo, medieval, aunque haya gente que le guste, que
tiene raíces muy antiguas y es propio del Reino de Aragón.
Es un impuesto en el que es muy difícil determinar una base imponible y, por tanto, una carga tributaria, porque los valores de los elementos que están incluidos en el impuesto no son siempre fáciles de establecer.
Piensen, por ejemplo, en
el elemento más sencillo de todos: en el dinero depositado en cuentas bancarias. ¿Saben ustedes lo complejo que fue determinar si el saldo a considerar en la declaración del impuesto sobre el patrimonio era el saldo a 31 de diciembre o el saldo
medio ponderado del último trimestre del año natural? ¿Conocían ustedes ese problema? ¿Por qué? Porque, efectivamente, si es el saldo a 31 de diciembre, podría darse el caso del contribuyente esquivo que unos días antes del 31 de diciembre vacía
sus cuentas y pone el dinero debajo del colchón, con lo cual no se puede contar, no se puede ver, no lo declara, y después, el día 4 de enero, lo vuelve a ingresar. Entonces habría que hacer un mecanismo de prevención de una actuación -en este caso
antijurídica, obviamente- del contribuyente como es la de eludir el pago del impuesto, con lo cual se desvirtúa el propio impuesto. Ello porque ya no se está reflejando la verdadera realidad del patrimonio a 31 de
diciembre de cada año, sino que hay que utilizar el subterfugio de valorar saldos trimestrales ponderados.
Por tanto, este impuesto tiene tantos problemas de valoración que me extraña que en estos momentos haya personas que no reconozcan que es un impuesto con muchos problemas y que, además, no tiene potencia recaudatoria ninguna en comparación
con los grandes impuestos sobre el gasto o consumo y sobre la renta, ya sea de personas o de sociedades.
Por otro lado -también se lo han comentado-, en la práctica este impuesto repica el impuesto sobre los bienes inmuebles porque básicamente se convierte en un impuesto sobre inmuebles que ya están pagando en las haciendas locales, es decir,
el IBI. En definitiva, este impuesto repica y se está convirtiendo en una especie de figura secundaria respecto del IBI para las haciendas territoriales o autonómicas; el IBI para las locales y el impuesto sobre el patrimonio para las autonómicas.
En consecuencia, hay que revisar este impuesto. Nuestra posición está muy clara, esto no debe volver a entrar y, en todo caso, podría considerarse algún otro procedimiento, pero no fiscal, sino de detección de fraude a través del
refinamiento de las declaraciones de bienes, sin necesidad de valoración, que es donde está el problema, o de cualquier otro procedimiento que permita mejorar el control del fraude fiscal. En eso nosotros no tenemos absolutamente ninguna
dificultad. Hágannos saber su reflexión de debate de izquierdas, si termina en eso, porque esto ha sido un fracaso.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Llamen a votación. (Pausa.)
Cierren las puertas.
Señorías vamos a proceder a la votación de la proposición de ley a efectos de su toma en consideración.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 252; a favor, 7; en contra, 243; abstenciones, 2.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
MOCIONES (Continuación.)
-- DEL GRUPO PARLAMENTARIO ENTESA CATALANA DE PROGRÉS, POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN DE DETERMINADAS MEDIDAS EN RELACIÓN CON LOS MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LAS AGENCIAS DE CALIFICACIÓN CREDITICIA Y A PLANTEAR ANTE LA UNIÓN
EUROPEA LA CREACIÓN DE UNA AGENCIA DE CALIFICACIÓN EUROPEA PÚBLICA (Número de expediente 662/000130) (Votación.).
El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a proceder a las votaciones que tenemos pendientes del debate de la mañana. En primer lugar, moción del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés. A esta moción se había presentado una enmienda
transaccional firmada por todos los grupos parlamentarios, con la excepción del Grupo Parlamentario Popular.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 253; a favor, 134; abstenciones, 119.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
-- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A ESTABLECER LAS MODIFICACIONES NECESARIAS EN LA LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y LA NORMATIVA QUE REGULA LAS ENTIDADES DE GESTIÓN DE LOS DERECHOS DE AUTOR PARA EXIMIR A LAS
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS DEL PAGO DEL CANON DIGITAL Y SOLICITAR LA DEVOLUCIÓN DE LOS IMPORTES ABONADOS (Número de expediente 662/000127) (Votación.).
El señor PRESIDENTE: A continuación, señorías, vamos a votar la moción del Grupo Parlamentario Mixto. Hay también una transaccional firmada por cuatro grupos parlamentarios. No está firmada por el Grupo Parlamentario Socialista ni tampoco
por el Grupo de Convergència i Unió.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 254; a favor, 130; en contra, 121; abstenciones, 3.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada. (Aplausos.)
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY DEL SENADO (Continuación.).
-- DE LA PROPOSICIÓN DE LEY DE MODIFICACIÓN DEL REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2007, DE 16 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY GENERAL PARA LA DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS Y OTRAS LEYES COMPLEMENTARIAS.
(AUTOR: GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO).
(PUBLICADA EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES, SENADO, SERIE III-A, NÚMERO 22, DE FECHA 2 DE JUNIO DE 2010) (Número de expediente 622/000018).
El señor PRESIDENTE: Pasamos, señorías, a debatir la proposición de ley de modificación del Real Decreto Legislativo 1/ 2007, de 16 de febrero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Defensa de los Consumidores y
Usuarios y otras leyes complementa-
rias. Su autor es el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.
Para defender la proposición de ley, tiene la palabra la senadora Riolobos. (Rumores.)
Señorías, silencio, por favor, o abandonen el hemiciclo. (Rumores.) Silencio, por favor. (Rumores.) Silencio.
La señora RIOLOBOS REGADERA: Señor presidente, señorías, salgo en nombre de mi grupo, el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, a defender la toma en consideración de la proposición de ley de modificación del Real Decreto Legislativo
1/2007, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, cuyo objetivo fundamental es poner límites al suelo de las hipotecas que tanto preocupa en este momento
a los consumidores. (El señor vicepresidente, Molas i Batllori, ocupa la Presidencia.)
Antes de empezar a argumentar y a justificar esta proposición de ley, quiero agradecer a las personas que nos acompañan desde la tribuna, que son el presidente y el secretario de Abicae -Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas de Ahorros y
Seguros-, don Manuel Pardo y don Fernando Herrero, y también al presidente y al secretario de la Asociación de Ciudadanía, Bienestar y Consumo, el apoyo que nos han mostrado y el magnífico trabajo que han hecho en defensa de los consumidores y
usuarios. Además, quiero felicitar y mostrarle mi agradecimiento a un conjunto muy importante de asociaciones de consumidores que han dado la batalla para que se haga algo en este país en relación con las hipotecas y especialmente con el suelo de
las mismas.
Me van a permitir que haga una breve introducción del contexto en el cual se hace esta proposición de ley.
En primer lugar, tengo que recordarles, señorías, que el Centro de Investigaciones Sociológicas sigue mes tras mes publicando que el segundo problema más importante para los españoles es de índole económico y que preocupa a más del 50% de la
población. Tengo que recordarles también, señorías, que en este momento el pago de las hipotecas supone casi, casi el 46% del consumo de los ingresos que tienen las familias y los hogares españoles, según el informe APRIL 2008. Esto quiere decir
que el compromiso financiero de la hipoteca y la carga de endeudamiento de las familias tienen mucho que ver con este tema.
En este contexto, señorías, tengo que recordarles también que, según datos del Consejo General del Poder Judicial recientemente publicados, en España cada día 300 viviendas han sido embargadas en el primer trimestre de 2010. Solo desde el
2008 hasta el año en el que estamos se han hipotecado y se han embargado en nuestro país 179 566 viviendas. Sin ninguna duda, es dramático. (Continúan los rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Señora senadora, le corto la frase para reclamar la atención a la Cámara para quien está en el uso de la palabra, y le pido disculpas en nombre de toda la Cámara.
La señora RIOLOBOS REGADERA: Muchas gracias, presidente.
Continúo. Quiero decir que la previsión que hay es que en el año 2010 podemos llegar a ver 200 000 viviendas embargadas en nuestro país. Además hay que tener en consideración que si hay un valor social importantísimo para todos los
españoles es el sentimiento de poseer una vivienda y de que esa vivienda no la perdamos. Asimismo tengo que recordarles, señorías, que, según el último informe presentado en esta Cámara por la ministra de Sanidad en relación con las quejas de
consumidores y usuarios en España en el año 2009, la segunda queja y reclamación más importante en nuestro país son los servicios financieros. Solo en el año 2009 sumaron casi 150 000 las reclamaciones y consultas en relación con las cláusulas
abusivas y con el cobro de comisiones elevadas por parte de los bancos.
Les voy a poner un ejemplo de las cosas que están pasando cada día. Ayer me comentaba una persona cercana que un joven fue a ingresar en un banco el talón de su nómina del mes de junio junto con la extraordinaria. Era de 2000 euros. Pues
bien, el banco por ingresar un talón de 2000 euros le cobró 23 euros de comisión. Cuando el padre del joven se enfadó con el banco correspondiente, el banco le dijo: no se preocupe, en lugar de 23 euros van a ser 2,3 euros lo que le vamos a cobrar
a este joven.
Como ustedes comprenderán, junto con estas consideraciones, para que tengamos claro cuál es el contexto, el nivel de endeudamiento de las familias españolas es realmente muy elevado, y en este momento no solamente está comprometida la
financiación y los ingresos de las familias españolas, sino que ya hay abuelos y hermanos que han avalado determinadas hipotecas, por lo que también sus ingresos están comprometidos por los mismos.
Además, tengo que recordarles que recientemente en el Congreso de los Diputados se ha aprobado por casi todos los grupos políticos un apoyo muy importante a los bancos y a las cajas de ahorros, y en este sentido esta proposición de ley lo
que viene a pedir es que también apoyemos a los consumidores que están en el otro plato de la balanza.
Tengo que decirles que junto con este contexto es dramática, y lo hemos denunciado en esta Cámara muchísimos senadores, la actitud absolutamente beligerante del Gobierno de España, del señor Zapatero en contra de los consumidores, con la
aquiescencia de la ministra responsable de Consumo, porque no se han quejado y han estado permanentemente acosando la economía de las familias subiendo el IVA, subiendo permanentemente la luz, subiendo los impuestos, bajando los sueldos a los
funcionarios y a los pensionistas. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)
Tengo que decirles, y ya hablando específicamente de lo que es la proposición de ley y una vez dejado claro cuál es el contexto en el que nos movemos, que el suelo y el techo de las hipotecas está preocupando mayoritariamente a los
consumidores porque han visto cómo estando el euríbor -es decir, el precio del dinero limitado por el Banco
Central Europeo- muy bajo en ese momento ellos siguen pagando unas hipotecas muy altas o, en todo caso, muy por encima de lo que es el valor del dinero en el mercado en este momento.
Al ver los consumidores que ellos no se beneficiaban del bajo costo del dinero, empezaron a revisar sus hipotecas y muchos de ellos, sin saberlo, se dieron cuenta de que tenían una hipoteca con algo que se empezó a denominar el suelo de la
hipoteca, es decir, una acotación a la baja que hace que el coste mínimo de la hipoteca que se aplica cuando el valor de referencia es muy bajo es mayor del que ellos podrían haber estado pagando. Esto que parece que no es mucho dinero en realidad
es una cantidad muy importante y para muchas familias es fundamental para poder seguir pagando sus viviendas.
A parte de esto, tengo que recordarles que en un estudio muy reciente hecho por Abicae, sobre las hipotecas y cuál es el planteamiento y el conocimiento de las mismas por parte de los consumidores se ha visto que la información que tienen
los consumidores en relación con las hipotecas o, por lo menos las que ellos se han preocupado de conocer, es muy baja.
De hecho, en el estudio de Abicae, el 92% de los encuestados reconocía que había aspectos fundamentales de las hipotecas que
desconocían. Por tanto, la situación real es que tenemos un conjunto de usuarios y consumidores de banca que tienen una escasísima información -en algunos casos bastante sesgada- sobre lo que es una hipoteca y las condiciones en que las han
contratado, porque en algunas ocasiones han sido contratos de adhesión.
Esta misma asociación de banca ha estimado que en este momento el número de personas afectadas por el tipo variable de interés en las hipotecas contratadas puede estimarse entre 1,5 y 3 millones de españoles, es decir, un conjunto muy
importante de españoles afectados. Desde el punto de vista económico esto se puede traducir en un coste por familia que rondaría entre los 3000 y los 6000 euros al año, que, como ustedes comprenderán, para una familia mileurista es casi el sueldo
de tres meses.
Algunos bancos fijaban, aparte del suelo de las hipotecas, también el techo, que es el coste máximo de la hipoteca. El último informe del Banco de España al respecto dice lo siguiente acerca del techo de la hipoteca, que podría ser el
contrapeso del suelo de la hipoteca: Las acotaciones al alza, pese a alcanzar una parte significativa de la cartera, no tienen en general virtualidad como mecanismo de protección real y efectiva frente a los incrementos de tipos de interés porque
está claro que nunca se van a alcanzar esos techos de hipotecas del 16 o el 18%.
Por eso, entendiendo que con las medidas y la situación que tenemos en estos momentos los usuarios de la banca, y especialmente los que tienen contratadas hipotecas, no tenían soluciones, es por lo que hemos planteado esta proposición de
ley, que es una modificación legislativa que afectaría a la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios en relación con el artículo 90 bis que se incluía, y que define por una parte la cláusula suelo y la cláusula techo en cuanto a
aquellas contratadas con interés variable, y, por otra, la cláusula abusiva, y establece que no se deberían poner cláusulas suelo que estuvieran por encima de un 40% del valor del mercado.
Por ello, señorías, nosotros pedíamos al Gobierno que en un plazo de tres meses -si esta proposición de ley se toma en consideración- llevara a cabo las modificaciones reglamentarias pertinentes para que pudieran aplicarse.
Señorías, pido al resto de los grupos parlamentarios una sensibilidad especial hacia los millones de personas que en este momento lo están pasando mal, hacia los millones de familias que en este momento están con la espada de Damocles encima
porque pueden perder su vivienda. Creemos realmente que la toma en consideración de esta proposición de ley, con las enmiendas de los grupos políticos que se puedan aceptar posteriormente, podría ser un mensaje de esperanza para miles y millones de
familias que en este momento lo están pasando mal.
Muchísimas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias, señora senadora.
Turno en contra.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor González Melitón.
El señor GONZÁLEZ MELITÓN: Gracias, señor presidente.
El Grupo Parlamentario Popular presenta hoy una proposición de ley que pretende regular las cláusulas que acotan las variaciones del tipo de interés en los préstamos hipotecarios a interés variable, en concreto, las conocidas como cláusulas
suelo, por considerarlas abusivas.
En primer lugar hay que decir que todo el texto de la proposición de ley está copiado literalmente de un informe redactado por una asociación de consumidores de ámbito estatal; es decir, la iniciativa no es suya, señora Riolobos, usted se
limita a repetir aquí lo que esa asociación dice en su informe. Se lo digo no porque sea criticable -ustedes pueden traer aquí lo que consideren oportuno-, sino porque es significativo de su forma de trabajar y también de lo que realmente pretenden
con esta proposición de ley, como señalaré más adelante.
Hay que decir también que en septiembre de 2009 su grupo parlamentario, concretamente el senador Vázquez Requero, presentó una moción en esta Cámara en la que pedía al Gobierno que se actuara contra estas cláusulas suelo. Se aprobó por
unanimidad una enmienda transaccional presentada por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, mi grupo no la firmó pero se adhirió a ella.
En el texto de la moción aprobada se pedía un informe al Banco de España sobre la existencia de los contratos de préstamos hipotecarios de cláusulas que limiten los derechos de los usuarios y que dicho informe se remitiera al Senado.
Me imagino que un informe del Banco de España le merecerá respeto y confianza, considerará que es un infor-
me serio y fiable. Se lo digo porque últimamente ustedes no tienen reparos en poner en duda cualquier institución, aunque creo que al Banco de España todavía lo respetan. Si usted hubiera tenido la misma consideración con el informe del
Banco de España -que, repito, fue solicitado por esta Cámara- que con el informe de esa asociación, habría llegado a otras conclusiones y ahora estaríamos discutiendo una iniciativa distinta, y seguramente coincidiríamos en que esta proposición de
ley no es lo que se necesita.
Esta proposición de ley no soluciona absolutamente nada, más bien al contrario, si se aprobara lo que ustedes pretenden, se causarían problemas nuevos, y se lo voy a demostrar.
Su proposición pide que esas cláusulas sean consideradas abusivas. El informe del Banco de España hace referencia a la normativa en materia de préstamos hipotecarios, en concreto, a la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 5 de
mayo de 1994, que, entre otras cosas, determina que cuando se establezcan límites máximos y mínimos a la variación del tipo de interés aplicable al préstamo, se expresarán dichos límites en términos absolutos y en forma de interés porcentual
siempre, de modo que resulte claro, concreto y comprensible por el prestatario.
Además, esa misma orden impone al notario, como fedatario público que interviene en la firma del documento, la obligación de advertir expresamente al prestatario. Cito
literalmente: Cuando se hubieran establecido límites a la variación del tipo de interés y, en particular, cuando las limitaciones no sean semejantes al alza y a la baja, el notario consignará expresamente en la escritura esa circunstancia
advirtiendo de ello a ambas partes. Todo esto hay que ponerlo en relación con la Directiva 93/13/CEE sobre cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, que dice que la apreciación del carácter abusivo de las cláusulas no se
referirá al objeto principal del contrato ni a la adecuación entre el precio y retribución siempre que dichas cláusulas se redacten de manera clara y comprensible. Por tanto, es difícil que se puedan considerar cláusulas abusivas, máxime cuando se
impone al notario la obligación de advertir expresamente de la existencia de tales límites, y prueba de ello es que a día de hoy no hay una sola resolución judicial que se haya pronunciado en ese sentido.
Además, para defender ese presunto carácter abusivo de esta cláusula, hacen ustedes referencia al artículo 82.1 de la ley, que determina que son abusivas las estipulaciones que no hayan sido negociadas individualmente, pero con sus propias
propuestas limitan ese carácter de abusivo a que el límite de variación del tipo de interés sobrepase el 40% del índice; es decir, si se estableciera una estipulación limitando la variación al 35% y esta cláusula no hubiera sido negociada
individualmente sino que hubiera sido impuesta por la entidad bancaria, sería al mismo tiempo abusiva, según el artículo 82.1 de la ley, y no abusiva, según el nuevo artículo 90 bis.2 que ustedes proponen. Por lo tanto, aclárense, señores del Grupo
Popular.
El problema que ustedes pretenden solucionar mediante esta proposición es el de los préstamos hipotecarios firmados hace dos o tres años, que actualmente tienen un suelo del 5 o 6%. En el momento de la firma de la hipoteca, con el nivel del
euríbor en aquellas fechas, era un suelo que podríamos decir, entre comillas, razonable. Como desde entonces el euríbor ha bajado -y ha bajado mucho-, hoy no sería aceptable. Pero en nuestro país existen préstamos hipotecarios a interés fijo -si
bien es verdad que son mucho menos habituales- que ahora mismo están fijados en torno a esos mismos tipos, al 5 y al 6%. ¿Creen ustedes que esos préstamos son abusivos, que tienen el carácter de abusivos? Seguramente dirán que no, porque es lo que
han acordado las partes, es lo que se ha firmado en el contrato.
Hace poco más de un año, en la Comisión de Economía y Hacienda del Senado se debatió una moción sobre una situación relacionada también con las hipotecas. En concreto se planteaba la situación de aquellas familias que dejan de pagar las
cuotas de la hipoteca, a las que el banco les embarga la vivienda, y se encuentran con que el valor de su casa, el valor de la vivienda que han perdido no es suficiente para cancelar la deuda que tienen con la entidad y encima están en la calle y
con deuda. Lo que se pedía en esa iniciativa era que, una vez que se produjera el embargo, el banco no pudiera reclamar nada más. Según sus planteamientos actuales, eso sería también abusivo. (Denegaciones de la señora Riolobos Regadera.) Sus
señorías me están diciendo que no. ¿Sabe lo que dijo su portavoz en aquel momento en aquella comisión? Que había que respetar lo firmado en el contrato y que cada uno debe ser responsable de lo que firma. Eso es lo que ustedes dijeron en ese
momento.
Por tanto, señora Riolobos, es evidente que su propuesta no soluciona absolutamente nada. Si lo que quieren ustedes decir a los ciudadanos con esta proposición de ley es que con ella se va a solucionar su problema, señorías, les están
engañando, pero, además, doblemente, porque el ciudadano no tiene por qué saber -pero ustedes sí lo saben- que lo que presentan hoy para su aprobación tiene detrás todo un trámite en ambas Cámaras hasta su posible entrada en vigor que lleva su
tiempo y lo más probable es que ni siquiera se llegue a ver en esta legislatura.
Le he dicho al comienzo de mi intervención que su propuesta no solo no soluciona ningún problema sino que ocasionaría otros nuevos. ¿Se ha parado usted a pensar qué podría ocurrir si se eliminan de raíz estas cláusulas? Pregunte usted a
algún compañero de su grupo que sea economista, que seguramente le dirá lo mismo que yo. Los bancos buscarán asegurarse esos ingresos mínimos de otra forma diferente. Seguramente, decidirán aumentar el diferencial que cobran en los préstamos y, en
lugar de pagar el euríbor más un 0,50 o un 1, que es lo habitual, probablemente pagaríamos el euríbor más un 2, un 2,5 o un 3; es decir, tendríamos hipotecas mucho más caras. O reducirían el plazo de esas hipotecas para minimizar sus riesgos, lo
que conllevaría que muchas familias no pudieran acceder al préstamo hipotecario porque la cuota mensual sería mucho más alta. O reducirían en sus carteras el peso de los préstamos hipotecarios, que serían menos rentables para
esas entidades frente a los préstamos al consumo o a otros que les permitieran tener más ingresos, con lo que se dificultaría el acceso a la vivienda.
Por tanto, señorías, nuestro grupo no puede apoyar una proposición como esta que no aporta absolutamente ninguna solución para los hipotecados actuales y que va a causar mayores costes para los hipotecados futuros.
Frente a esto, les hemos
propuesto que retiren ustedes, más bien que de momento aparten, su proposición para buscar entre todos una solución; una solución práctica, efectiva y real para esas familias cuyas hipotecas tienen unas cláusulas de suelo demasiado altas en el
momento actual. Es más, les hemos ofrecido que, si esa solución no les convence, vuelvan ustedes a presentar su proposición, pero ustedes se han negado por la simple razón de que su objetivo real es un titular de periódico. Incluso les hemos
facilitado a usted y a algún otro portavoz de otro grupo un texto que pudiera servir de base para una iniciativa conjunta de todos los grupos de la Cámara.
Pero, suceda lo que suceda aquí hoy con esta proposición que ustedes presentan, mantenemos nuestra oferta de presentar al comienzo del próximo período de sesiones de manera conjunta y con las aportaciones y el acuerdo de todos los grupos que
quieran participar, incluido el suyo, una iniciativa que encuentre esa solución que tenemos que dar a estas familias.
Gracias, señor presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias.
Pasamos al turno de portavoces.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Torres. ¿El senador Mur va a intervenir también? (Asentimiento.)
El señor TORRES I TORRES: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, en relación a esta toma en consideración de la proposición de ley que nos presenta el Grupo Parlamentario Popular sobre la modificación del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, hemos de tener en consideración
diferentes factores.
En España la formalización de los préstamos hipotecarios se firma en su mayoría bajo la modalidad de tipo de interés variable; suponen casi un 97% de los préstamos concedidos. Con la vivienda como garantía hipotecaria están formalizados a
tipo de interés variable, tomando la mayoría el euríbor como índice de referencia. Esto quiere decir que en España la mayoría de los compradores que adquieren una vivienda con un préstamo hipotecario asumen en el pago a la entidad financiera el
riesgo de la variación de los tipos de interés, ya que en las operaciones a tipo variable el cliente está sujeto a la incertidumbre derivada de la evolución de los tipos de interés al desconocer el importe de las cuotas a pagar en cada uno de los
sucesivos períodos de revisión.
Pero, tal y como se dice en el informe del Banco de España en relación con la moción aprobada el 23 de septiembre de 2009 por el Senado, las entidades financieras hacen uso de la cláusula del suelo al producirse una reducción del margen que
cargan al tipo de interés de referencia. Y esto, precisamente esto, les permite mantener la rentabilidad de los préstamos hipotecarios, a pesar de que hoy en día el euríbor ha ido bajando.
Lo que nos propone el Grupo Parlamentario Popular en esta proposición de ley podría causarnos una inseguridad jurídica de difícil solución práctica, ya que los préstamos hipotecarios sobre los que se aplicaría la medida también se refieren a
los de largo plazo.
Señorías, tenemos que ser conscientes de que cambiar normas financieras entraña un riesgo añadido, por lo que aconsejaría que se llevara a cabo a través de una ponencia de estudio en la comisión correspondiente del Senado.
Señor presidente, por todo lo expuesto anticipo desde esta tribuna que mi voto será en contra de la toma en consideración de esta proposición de ley.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias.
Tiene la palabra el senador Mur.
El señor MUR BERNAD: Gracias, señor presidente.
Como acaban ustedes de comprobar, señorías, mi grupo parlamentario es, además de mixto y plural, también variado.
Quiero comenzar agradeciendo al Grupo Parlamentario Popular que haya traído hoy este tema, pues nos da la oportunidad de abrir un debate que va más allá del aspecto puntual que se recoge en la proposición de ley.
Me refiero nada más y nada
menos que al tema de las hipotecas con sus consecuencias económicas y sociales, y como ya se ha puesto de manifiesto, yo también digo, senadora Riolobos, que su intención es buena. Creo que ha marcado usted un punto, pero a mi juicio se puede ir
mucho más allá.
Ya sé que se trata de una toma en consideración, y por ello personalmente voy a votar a favor, pues tengo como norma aceptar las tomas en consideración que se presentan en la Cámara ya que me parece absurdo desde el punto de vista del
procedimiento que nosotros mismos nos cercenemos la posibilidad de debatir con acuerdo, con descuerdo o con enmiendas incluso a la totalidad, un tema que evidentemente es, como sucede en este caso, candente. Agradezco, pues, la oportunidad y voy a
marcar el sentido de mi voto, pues si seguimos adelante nos permitirá profundizar un poco más.
Habla usted de las hipotecas, que es uno de los grandes problemas que tienen hoy la mayoría de los españoles. Y se ha hablado de cláusulas abusivas, que es un término abstracto. La cláusula es abusiva depende de cómo y cuándo. Así, hace
unos años, cuando la economía iba bien, los bancos ofrecían incluso el cien por cien y hasta el 110% de las hipotecas para cambiar de coche, para pagar los gastos e ir de vacaciones; pero eran otros tiempos y evidentemente el rigor y la exigencia
era mucho menor.
Pero no se preocupen, porque los bancos nunca iban a perder porque siempre tienen cláusulas de garantía. Entiendo que los bancos y las cajas de ahorro en este negocio, como en otro cualquiera, tienen que cuidar su cuenta de resultados, pero
no pasa nada, porque cuando va mal, como parece que ha ocurrido en los últimos tiempos, aparece papá Estado, con los FROB y esos mecanismos que nos inventamos con un Gobierno de izquierdas, que acude solícito en socorro de la banca y de las cajas de
ahorros, cosa que no hace con los problemas de los ciudadanos evidentemente con rentas más bajas que tienen el problema de la hipoteca.
Ahora el problema de la hipoteca es otro; ahora el problema es que no las conceden. Hemos pasado de un tiempo en que se concedía todo lo que se pedía con unas cláusulas que yo no llamaría abusivas, sino extrañas; eran cláusulas de
adhesión. Y es que la gente no lee las cláusulas de una hipoteca, pues si lo hiciera y las entendiera nadie las firmaría, porque además de todas las garantías de la vivienda están las de su propio patrimonio personal, y se embarga el sueldo, se
embarga la pensión y hasta al avalista si es que existe. Lo cierto es que hace falta mucho valor o estar en un ambiente económico muy optimista para firmar una hipoteca.
Pero la situación es la que es. Los tiempos han cambiado y la crisis ha puesto de manifiesto una situación de fondo que es la que me preocupa.
Por ello me gustaría que a través de la tramitación de esta proposición de ley instáramos al
Gobierno, legisláramos y modificáramos en aras del beneficio de los consumidores, que creo son prioritarios frente a los bancos y las cajas, que no son consumidores, sino que más bien nos consumen en ocasiones. Deberíamos aprovechar para ir mucho
más allá y crear otras figuras de ayuda a las personas que se encuentran en esta situación. Porque esto que usted propone no es todo lo que se puede hacer, no resolverá todos los problemas y, sobre todo, no resolverá tampoco los problemas de
futuro, que también habría que pensar en ellos.
Por tanto, aceptando la buena intención y la buena voluntad, poniendo de manifiesto lo que acabo de decir -porque el problema es mucho más amplio-, aquí no hay cláusulas abusivas, hay cláusulas de adhesión.
Además, como le he dicho, las de
entonces no se leían porque no había problemas, ahora no se leen porque o lo tomas o lo dejas, y eso no es una cláusula abusiva, es una cláusula impositiva, forma parte de las condiciones del mercado, de este mercado que no es un mercado, que está
más bien tutelado fundamentalmente por las instituciones del Estado y que cuando ese mercado falla, presurosamente acuden en socorro de aquellos que a pesar de estas prácticas que usted llama abusivas han tenido unas cuentas de resultados negativas,
han llevado a la ruina a muchísimas familias españolas, están creando mucho problemas sociales, y nosotros aquí estamos tan tranquilos.
De este debate, hasta ahora saco una cosa positiva: la oferta del portavoz socialista de que en septiembre nos vamos a ocupar de esto. Bien, pues en la propia tramitación de esta proposición de ley podemos presentar un texto alternativo en
el que esto que acabo de decir yo y seguramente lo que van a decir otros portavoces lo podamos poner sobre el papel y podamos debatir un asunto que les digo que es muy importante, muy trascendente y que de verdad conectaría el trabajo de esta Cámara
con la inquietud de los ciudadanos.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas, tiene la palabra el senador Pérez Bouza.
El señor PÉREZ BOUZA: Gracias, señor presidente.
Evidentemente, desde un principio al Grupo de Senadores Nacionalistas nos pareció muy interesante la propuesta que plantea el Grupo Parlamentario Popular, nos da la posibilidad de debatir sobre un tema que sin duda preocupa a miles de
ciudadanos que están siendo afectados por el mismo y, por tanto, consideramos que es una problemática que debemos abordar desde estos estamentos, desde los estamentos legislativos, y ponerle coto a estas prácticas abusivas de la banca que vienen
practicando en los últimos años.
Muchos ciudadanos -algunos por desconocimiento, otros por imposibilidad de hacerle frente en el proceso de negociación y tramitación de una hipoteca- se vieron abocados a firmar contratos que contenían este tipo de cláusulas, tanto de suelo
como de techo que eran claramente abusivas, en las hipotecas que se contratan con un interés variable.
Por lo tanto, consideramos positivo el debate, no tenemos tan claro cuál es la fórmula ideal para abordar esta situación, si la que nos plantea el Grupo Parlamentario Popular a través de esta proposición de ley o si la que nos plantea el
portavoz del Grupo Socialista a través de un pacto de todos los grupos políticos con presencia en esta Cámara a abordar en el mes de septiembre.
En todo caso, seguiremos atentamente cómo se vaya desarrollando el resto del debate, sobre todo las intervenciones de la portavoz del Grupo Popular, Carmen Riolobos, y del portavoz del Grupo Socialista, ver si se reafirma de manera clara y
solemne ese compromiso y, en función de cómo se desarrolle el debate, decidiremos nuestro voto final.
En cualquier caso, sí que nos reafirmamos en la necesidad de abordar esta problemática para solucionar un problema grave que en estos momentos, como digo, padecen miles, incluso podríamos hablar de algún millón de ciudadanos del Estado
español.
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Vilajoana.
El señor VILAJOANA I ROVIRA: President, Señorías, este debate tiene un gran interés y la prueba de ello es que el Grupo de Convergència i Unió, el 23 de septiembre del año 2009, ante una problemática similar a la que se está
planteando en estos momentos, apoyó una moción en la que se pedía que el regulador, el Banco de España, fuera el organismo que siguiera este tema, que lo estudiara, que viera si realmente en el sistema bancario español había actuaciones
abusivas y en función de esto nos presentara un informe. ¿Por qué? Porque entendíamos que este problema lo debía resolver el que debe resolverlo. Es decir, hemos decidido que el sistema financiero tiene un regulador, que es el Banco de España.
Hemos dicho muchas veces en esta Cámara, y públicamente, que el Banco de España ha tenido en el pasado, y tiene en el presente, un gran prestigio, está haciendo bien las cosas y se ha dicho en esta Cámara que, así como otros bancos centrales no han
operado adecuadamente, hemos salido de la crisis gracias a que tenemos un Banco de España que lo ha hecho muy bien.
Yo no comparto absolutamente, en el sentido global, esta impresión.
Entiendo que el Banco de España ha hecho bien algunas cosas y ha hecho otras cosas que no están tan bien. Concretamente, este país se ha endeudado en 470 000 millones -se
ha comentado antes-, ha dado hipotecas a todo el mundo, a los que podían pagarlas y a los que no; en las hipotecas se han puesto coches, inmuebles, etcétera, y esto, el Banco de España lo ha tolerado. El gobernador del Banco de España no ha venido
a esta Cámara -ya anuncio que solicitaré su comparencia en septiembre en la Comisión de Economía que, además, me toca presidir- y hablaremos de este tema.
Entiendo que el Banco de España tiene que dar respuesta a todo este tema que estamos planteando. Es cierto que los ciudadanos tienen dudas sobre algunas cláusulas que han firmado; han ido al notario, las han firmado y es verdad que las
conocían; pero hemos de tener claro una cosa, la relación entre el banco y el ciudadano no es equilibrada y, por tanto, tiene que haber alguien -y este alguien es el Banco de España- que debe proteger esta relación. Esta es la posición de
Convergència i Unió, lo fue en septiembre del 2009 y lo es hoy.
También quiero avanzar -para que tengan clara nuestra posición, por coherencia- que nosotros entendemos que esto no se arregla modificando la ley, se arregla con dos mecanismos: Uno, si el ministerio y el portavoz socialista tienen un
documento o el Ministerio de Economía está dispuesto a traernos alguna propuesta que dé garantía a todo este tema, mejor; pero repito, la garantía la ha de dar el Banco de España. Es verdad que el 7 de mayo nos ha enviado un informe donde nos dice
cosas que son correctas, es decir, que en este país el 97% de los préstamos hipotecarios son a interés variable y, además -lo dice el informe- a partir del 2009 la banca deberá protegerse -lo dice así- y es positivo que se proteja la banca, porque
una cosa -no nos engañemos- que quiero poner sobre la mesa es que una de las prioridades que necesita este país es normalizar el sistema financiero, no saldremos de la crisis si no tenemos un sistema financiero estable, potente y normalizado y, por
tanto, normalizar el sistema financiero también quiere decir -lo dice el informe del Banco de España- que este sistema financiero tenga medidas de protección y tenga medidas que den estabilidad a sus préstamos.
El informe del Banco de España dice también que recientemente, a partir del 2009, se está acelerando el número de hipotecas que se conceden con techo y con suelo, en algunos casos solo suelo, en algunos otros casos solo techo, pero en la
gran mayoría con techo y suelo. Aquí, puede haber mecanismos abusivos. El Banco de España dice que cree que no es así, que en general lo que ocurre es que los tipos de interés están un poco por encima -a veces, por debajo- del precio que ha sido
pactado y, en cualquier caso, como esto es un acuerdo entre las partes, hay publicidad, lo conocen y, además, como decía antes el portavoz socialista, el notario está obligado a dar esta información, el ciudadano está protegido. Yo creo,
sinceramente, que ha de haber más protección. Por tanto, me parece positivo que el Ministerio de Economía y Hacienda quiera entrar en el tema y que en septiembre nos haga una propuesta.
Dos, yo creo que después de este informe, hemos de pedir al Banco de España que actúe de forma más cercana al ciudadano, con su obligación, que es proteger el sistema financiero. El informe explica -con esto que está ocurriendo ahora, con
este sistema de techo y suelo- qué ventaja tiene. Tiene dos ventajas para el sistema financiero y es cierto, también: una, da más seguridad al sistema, mas previsibilidad a lo que va a ocurrir y, en segundo lugar, si esto lo acortáramos o lo
elimináramos, lo que provocaría es que la banca tendría todavía más prejuicios en conceder hipotecas y las daría con plazo, con tiempos más cortos y esto no sería positivo.
En cualquier caso, repito, ¿cuál es la posición de Convergència i Unió? La misma que ha tenido en todo este proceso. El Banco de España es el regulador, tiene que actuar y ha de obligar a que la banca actúe sin este tipo de abusos y si es
que los hay, los ha de denunciar y, por otra parte, creo que es positivo que por un acuerdo, en septiembre, el Ministerio de Economía y Hacienda nos haga propuestas y actuaciones que verifiquen este tema. Pero hay otra cuestión también fundamental,
me refiero a los mecanismos paralelos, a los seguros de tipo de interés por el sistema de los caps o de los swaps. Son productos financieros de una gran complejidad y por eso el ciudadano muchas veces desconoce el coste de toda una operación. Su
gran objetivo es conseguir una hipoteca con la máxima rapidez para pagar la vivienda que quiere comprarse. Todo esto genera dificultades muy claras, y es cierto que cuando algunas asociaciones se han dirigido a nosotros este es un tema a resolver.
En el informe del Banco de España se habla de este tema, se acepta que se trata de productos de gran complejidad y reconoce que todo esto hay que cuidarlo y tratarlo. Y sería importante -y me refiero ahora al portavoz socialista- que el ministerio
hiciera algo en relación con esta cuestión: dialogar con la gente que en estos momentos se siente afectada por este tema, es decir, que este diálogo no solo se produzca de senador a senador con esta asociación -aunque es muy positivo-, sino que el
propio ministerio sea el que dialogue con estas personas
y les busque soluciones. Y lo repito: el Banco de España debe actuar como regulador de todo este sistema porque es fundamental que el sistema financiero en este país se normalice. Se han tomado medidas, tenemos los FROB en marcha, tenemos
todo el desarrollo de las cajas de ahorro, pero si no conseguimos estabilizar el sistema financiero no tendremos una estabilidad en el sistema económico. Es clave el sistema financiero.
Y no creo que sea este el momento de que nos pongamos a regular, a cambiar leyes que lo que están haciendo en el fondo es alargar todo lo que tenemos que intentar resolver. Por este motivo nosotros le decimos al Banco de España y al
Ministerio de Economía que este tema debe resolverse, pero también decimos que como en estos momentos la prioridad es volver lo antes posible a una normalidad del sistema financiero, la fórmula de modificación que se plantea en esta proposición de
ley no es la mejor solución a corto plazo. Por eso nos opondremos a esta proposición de ley.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias.
Tiene la palabra el senador Esquerda, por la Entesa Catalana de Progrés.
El señor ESQUERDA SEGUÉS: (El señor senador comienza su intervención en catalán.) He dicho, señorías, que hay cifras que a veces ofenden, sobre todo cuando se refieren a los impresionantes beneficios de algunas entidades bancarias, al
tiempo que vemos que muchos ciudadanos y ciudadanas no pueden hacerse cargo del recibo mensual de la hipoteca de su piso.
En esas circunstancias, sabiendo que la parte poderosa tiene la sartén por el mango, es normal que se desconfíe del contrato hipotecario entre partes, que no entre iguales, y la posibilidad de la inserción de cláusulas oscuras -digámoslo
así-, pero nosotros, señorías, tenemos la obligación de velar por la seguridad de toda la ciudadanía garantizando sus derechos y evitando de todas todas que pueda haber cláusulas abusivas de ninguna índole.
Señorías, estamos ante una proposición de ley que tiene sus orígenes en la moción que antes se mencionó aquí, la de septiembre del año pasado que presentó el Grupo Parlamentario Popular y que fue aprobada por asentimiento, moción en que se
exigía, se pedía y se instaba al Banco de España que presentase un informe sobre toda una serie de puntos. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)
El informe se presentó -aquí se ha hablado holgadamente de él-, pero yo quisiera hacer unas observaciones independientemente de lo que aquí se ha dicho y con lo que estoy plenamente de acuerdo. Creo que hay dos elementos que merecería la
pena citar. En primer lugar, dice que las acotaciones -es decir, los suelos y los techos- constituyen, desde el punto de vista jurídico, una parte más del precio del préstamo y, siempre que se incluyan las cláusulas redactadas de manera clara y
comprensible, deben considerarse libremente pactadas. En consecuencia, según indica la Directiva 93/13/CEE de la Unión Europea, no cabrá catalogarlas como abusivas. Por tanto, este es un elemento a tener en cuenta dentro de todas las observaciones
que se van haciendo a esta cuestión.
Me gustaría leerles -para aquellos que no lo hayan hecho- la parte final del informe del Banco de España, donde se dice que hay que concienciar a la clientela de los riesgos que representa la contratación de productos a largo plazo a tipo de
interés variable y de la consecuente necesidad de incorporar a las mismas instrumentos que favorezcan la mitigación de ese riesgo. Por lo tanto, este es un favor que se está haciendo al ciudadano y al que va a buscar la hipoteca. Y, como colofón,
señala: el objetivo relevante, en consecuencia, no debe ser tanto el asegurar la efectiva traslación en todos los casos de los descensos del euríbor u otros índices a las cuotas de las hipotecas, como tratar de hacer conscientes a los clientes del
riesgo diferencial que asuman al contratar un producto a largo plazo a tipo de interés variable.
Por tanto, después de esto, señor portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, yo me sumo a que en septiembre, cuando iniciemos el próximo periodo de sesiones, podamos trabajar en este asunto de forma global, invitando al Banco de España,
como se ha dicho anteriormente, no digo que a asumir sus responsabilidades, pero sí a abordar este asunto en concreto.
Entro directamente en el contenido de la proposición de ley, y aprovecho para saludar a las distintas asociaciones de usuarios y consumidores que nos acompañan en la Cámara. Dispongo de un informe de la asociación Adicae, que me han hecho
llegar muy amablemente -me imagino que igual que a los demás portavoces de la Cámara-, en el que se ha inspirado la exposición de motivos de la iniciativa del Grupo Parlamentario Popular, a los que pediría un poquito más de imaginación, porque han
cogido letra a letra, palabra por palabra, lo mismo que dicen los señores de la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros.
Señoría, en la primera lectura de la proposición estás de acuerdo en todo lo que dice, pero cuando la vas analizando un poquitín más, te das cuenta de que hay algunas cuestiones en las que no estás del todo de acuerdo y, al final, llegas a
la conclusión -como a la que ha llegado un servidor de ustedes- de que, seguramente, lo que se dice no está de acuerdo con el espíritu que buscamos, ni con el espíritu que persiguen las asociaciones.
Ustedes incorporan un artículo 90 bis con dos puntos. En el primero de ellos hablan sobre las cláusulas suelo y las cláusulas techo, intentando formular una definición e interpretando que dichas cláusulas tienen que estar prefijadas en el
contrato antes de que el usuario, el que solicita la hipoteca, pueda negociar con ese banco; al menos, esto es lo que se deduce de la literalidad del mismo, aunque no estoy seguro de si esta ha sido la intención de ustedes. Esto se contradiría con
el artículo 82.1 -el primero de toda una serie de artículos del capítulo II de la ley, relativos a las cláusulas abusivas-, que señala: se considerarán cláusulas abusivas todas aquellas estipulaciones no negociadas individualmente. Con lo cual,
estaría diciendo
lo contrario. Por lo tanto, si introducen esto en la ley, automáticamente querrán decir que lo que se dice en aquel punto no es lo que se dice en este y le dan validez. Por ello, no estoy de acuerdo en que empecemos a discutir este asunto
a partir de aquí. Esto es lo primero.
En el segundo punto, ustedes dan por válidas todas las cláusulas de suelo que estén por debajo de ese 40%. Teniendo en cuenta que el artículo 83.1 dice que las cláusulas abusivas serán nulas de pleno derecho y se tendrán por no puestas, y
habiendo, como hay, juicios en marcha que tienen que definir si son cláusulas abusivas o no, ustedes, en el caso de que se aprobase esta proposición de ley, están haciendo renunciar a los usuarios a ese 40% de esas cláusulas, si llegasen a ser
realmente abusivas.
Por estas razones, señorías, el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés no va a votar a favor, sino que va a votar en contra de la proposición de ley. No por ello estamos en desacuerdo con la idea de que esto se tiene que regular.
Hay que intentar hacer las cosas por el bien de los consumidores y de los usuarios. Pero entendemos que este no es el camino y me sabe mal, porque les había dicho que en una primera lectura sonaba bien, lo que pasa es que entra en contradicciones.
Si tenemos que aprobar una proposición de ley con un artículo único que contiene dos puntos y estamos en contra de ambos, nos vemos obligados a rechazarla.
Muchas gracias, señorías.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el senador González.
El señor GONZÁLEZ MELITÓN: Señor presidente, intervengo desde el escaño para que conste de forma clara y manifiesta en el Diario de Sesiones que el rechazo a esta proposición de ley del Grupo Popular no es, ni mucho menos, un
desentendimiento del problema real que existe, sino que es porque creemos que dicha iniciativa no es la que se necesita ahora mismo para solucionar ese problema, sino que, por el contrario, no ayuda en nada a solucionarlo.
Quiero agradecer también al resto de los grupos que van a votar en el mismo sentido que el nuestro, no por este hecho -que también sería de agradecer-, sino por haber sabido ver lo que realmente había detrás, esto es, que la modificación de
esa ley no es lo que se necesita, sino que hemos de tomar otro tipo de iniciativas, porque lo fácil era sumarse y haberlo apoyado. Pero cuando se trabaja con rigor y con seriedad, uno entra en el fondo de los asuntos y se da cuenta de que las cosas
son distintas a como pueden parecer en esa primera lectura de la que hablaba el senador Esquerda.
Y dado que el senador Pérez Bouza lo ha pedido, quisiera reiterar de forma clara y solemne -y lugar más solemne que un hemiciclo parlamentario como el del Senado pocos puede haber- nuestra disposición a que entre todos -y, por supuesto,
incluyo también al Grupo Popular- seamos capaces de presentar una iniciativa que solucione realmente el problema.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el senador Vázquez.
El señor VÁZQUEZ REQUERO: Gracias, señor presidente.
Señor González, señor Vilajoana, señor Esquerda, llevamos un año mareando la perdiz. No me extraña que los ciudadanos tengan determinadas percepciones acerca de esta Cámara. Llevamos un año discutiendo esto, y para una iniciativa que
presentamos nosotros, ustedes no han presentado ninguna alternativa en el período determinado y, encima, tampoco entran en el fondo del asunto para hacer algunas modificaciones si no les ha gustado la propuesta. Como digo, un año mareando la
perdiz. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)
Esta proposición de ley tiene su origen, como ustedes saben, en el debate que tuvo lugar en el mes de septiembre de 2009. ¡Ya ha llovido! Y a una moción del Grupo Parlamentario Popular totalmente abierta, como se demostró, y que aprobaron
todos los grupos parlamentarios, al final se unió el Grupo Parlamentario Socialista, aunque se iba a abstener. ¿Por qué? Porque lo que aceptamos fue la enmienda total de sustitución presentada por Convergència i Unió porque lo que queríamos era
discutir sobre esta materia, y que la Cámara, como hizo en ese momento, mostrara su preocupación por la protección a los consumidores y usuarios. Esto no es un debate financiero. Algunos se han confundido de debate. Vamos a modificar la Ley
general de consumidores, no el sistema financiero español.
Por tanto, como digo, con referencia a los contratos de préstamos, esto encaja perfectamente en la Ley de consumidores en tres ámbitos muy importantes: la limitación de los derechos que pueden sufrir los usuarios, la falta de reciprocidad y
la desproporcionalidad en algunas cláusulas de estos contratos, lo que podría dar lugar a cláusulas abusivas que están expresamente excluidas de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.
Además, pedíamos un pronunciamiento del Banco de España. Estamos abiertos a que el organismo regulador dijera lo que tuviera que decir a través de un informe, debido a que el servicio de reclamaciones del Banco de España había dictado
resoluciones contradictorias en unos y otros casos para esta misma materia. Y como el informe no llegaba -el señor Vilajoana calculó tres meses, y me pareció bien, para que el Banco de España remitiera el informe-, ya en el mes de abril, es decir
siete meses después, tuvimos que formular una pregunta oral en Pleno en la que la vicepresidenta segunda anunció la próxima remisión de ese informe; como así fue, en el mes de mayo lo recibimos los grupos parlamentarios.
Como han hecho referencia al informe del Banco de España -señor González, yo sí que me lo he leído, lo pedí yo precisamente- sobre determinadas cláusulas -que es de lo que estamos tratando, no de la regulación del sistema financiero-
presentes en préstamos hipotecarios, he
de manifestar que se trata de un informe exhaustivo y descriptivo de la situación, pero no se moja en absoluto, y únicamente recomienda medidas de educación financiera -seguro que lo hacen los bancos-, de extensión de los mecanismos de
información, de ampliación de información previa que incorpore simulaciones de escenarios en los préstamos hipotecarios, etcétera. Todo esto está muy bien, está perfecto. Pero en cuanto a la reciprocidad y la desproporción, el informe dice
literalmente que el Banco de España no puede pronunciarse sobre estas cuestiones que, en última instancia, deben ser resueltas por los tribunales de justicia.
¡Pues claro, cómo no van a ser resueltas por los tribunales de justicia! Totalmente de
acuerdo. Pero los tribunales de justicia deben aplicar las leyes que aprueban las Cámaras legislativas. Por ello, el legislativo debe facilitar la aplicación de las leyes a estos tribunales cuando haya zonas oscuras o sombras, como ocurre en este
caso.
De eso trata esta proposición de ley, ni más ni menos. Esta proposición no va contra nadie; esta proposición va a favor de los ciudadanos y pretende reforzar la seguridad jurídica. Aquí se ha dicho que si pretendía la inseguridad; todo
lo contrario, lo que pretende es dar una definición clara de dos conceptos en la propia ley. Y esta proposición pretende que se lleve a cabo un debate sobre un problema que afecta a muchos ciudadanos. Podemos seguir postergando el debate hasta
septiembre, octubre, hasta el año que viene, da igual, pues, como digo, hace un año que planteamos esta iniciativa.
Señorías, esta proposición era una mano tendida a todos los grupos parlamentarios. Estábamos dispuestos a cualquier modificación, y lo hemos demostrado ya en su momento con la moción presentada hace un año. Esta proposición de ley
pretende, tal como comenzaba diciendo en esta tribuna hace un año, que la crisis no agrave las economías familiares más débiles; que la crisis no agrave las economías más endeudas; que la crisis cause los menos estragos posibles en las economías
personales con menos recursos y en las economías familiares de las capas sociales más desfavorecidas. Esto es lo que pretendía. Mi grupo parlamentario sigue manteniendo que con esta proposición de ley estas mismas pretensiones que generaron la
iniciativa del mes de septiembre de 2009 siguen vigentes.
Esta iniciativa propone medidas que afectarían positivamente a muchos ciudadanos, y lo único que pretende es precisar algunos términos normativos de la Ley de consumidores.
Señor González, buscamos un equilibrio: la protección y defensa de consumidores. No voy a decir que usted no haya trabajado con rigor porque sería un juicio de valor, pero sí le diré que no ha trabajado en relación con este asunto porque
no ha presentado absolutamente nada y no podemos seguir perdiendo el tiempo con maniobras dilatorias, como decir que en el próximo período de sesiones se presentará, o no, algo sobre este tema porque, como ya le he mencionado, lo peor es no hacer
nada, en lugar de trabajar con más o menos fortuna.
Señorías, pretendemos, por un lado, definir las cláusulas de suelo y techo y, por otro, definir las cláusulas abusivas de acuerdo con la Ley de consumidores, nada más; y lo que esperamos conseguir con la ayuda de algunos grupos es, en
primer lugar, abrir un debate sobre un problema que afecta a muchos ciudadanos, como es este. En segundo lugar, aclarar aspectos oscuros que pueden existir en la legislación sobre esta materia y, por eso, el Banco de España se ha mostrado
dubitativo en su informe.
En tercer lugar, estrechar la vigilancia para que no exista ningún resquicio ante posibles abusos, precisando y definiendo los términos normativos en la Ley de consumidores. En cuarto lugar, hacernos eco en esta Cámara de
las voces que se escuchan en la calle y, más concretamente, de las organizaciones de consumidores y usuarios, que han denunciado posibles abusos sobre la materia. En quinto lugar, pretendemos dotar de mayor transparencia la inclusión en los
contratos de préstamos de las cláusulas limitativas del tipo de interés que, por supuesto, deben seguir existiendo; nosotros nunca hemos dicho que se deban eliminar. En sexto lugar, como recoge el informe del Banco de España, pretendemos que
exista la mayor información y publicidad sobre las posibles cláusulas limitativas del tipo de interés en estos contratos de préstamos hipotecarios. En séptimo lugar, procurar que, en definitiva, la reciprocidad y la proporcionalidad a que hace
referencia el Banco de España estén siempre presentes en este tipo de contratos a través de la modificación legal planteada. En octavo lugar, limitar las estipulaciones no negociadas individualmente; y nadie me podrá negar que estas no son
negociadas individualmente -aunque, señor Vilajoana, las lea un notario-, para que no se conviertan, como decía el señor Mur, en simples contratos de adhesión, que es lo que son. En noveno lugar, que los contratos hipotecarios fijen un porcentaje
mediante el cual las cláusulas de suelo no puedan ser mayores del 40% del índice del valor de referencia aplicable; y esto tiene una explicación y, por cierto, no está copiado de ningún informe de cualquier asociación de consumidores. Y, en décimo
lugar, señorías, mediante el instrumento principal de que dispone esta Cámara -es decir, la ley- ayudar para que situaciones confusas en esta materia se puedan aclarar. Por cierto, el coste para las administraciones públicas y para las entidades
financieras sería cero.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Llamen a votación. (Pausa.) Cierren las puertas.
Vamos a proceder a la votación de la proposición de ley que acamos de debatir a los efectos de su toma en consideración.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 253; a favor, 120; en contra, 132; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DE REGLAMENTO
-- EN RELACIÓN CON LA PROPUESTA DE REFORMA DEL REGLAMENTO DEL SENADO SOBRE EL USO DE LAS LENGUAS OFICIALES EN LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS EN LA ACTIVIDAD DE LA CÁMARA (Número de expediente 626/000004).
El señor PRESIDENTE: Señorías, pasamos a continuación al punto décimo del orden del día: dictámenes de la Comisión de Reglamento. En relación con la propuesta de reforma del Reglamento del Senado sobre el uso de las lenguas oficiales en
las comunidades autónomas en la actividad de la Cámara.
Para la presentación del dictamen, tiene la palabra el senador Fernández.
El señor FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías.
El señor FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ: Señorías, intervengo muy brevemente para someter a la Cámara el dictamen de la Comisión de Reglamento, en virtud del cual se reforma el Reglamento del Senado sobre el uso de las lenguas oficiales en las
comunidades autónomas para su utilización en esta Cámara.
La propuesta tiene su origen en la iniciativa presentada por el senador Bofill i Abelló y 33 senadores más el día 12 de enero de 2010, que fue publicada en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el día 18 de febrero. Concluido el plazo
de presentación de otras propuestas sobre el mismo objeto el día 8 de marzo de 2010, sin que se formulara ninguna, el Pleno del Senado tomó en consideración la iniciativa en su sesión del día 28 de abril. Se abrió a continuación el plazo de
presentación de enmiendas que, tras varias ampliaciones, concluyó el día 22 de junio.
Durante el mismo, se presentarían cinco enmiendas: las números 1 a 3, del Grupo Parlamentario Popular, y 4 y 5 del Grupo Parlamentario Socialista.
Con la
habilitación otorgada por la Diputación Permanente del Senado, la ponencia se reunió el día 13 de julio y emitió por mayoría el informe que incorpora una enmienda transaccional que da nueva redacción al texto articulado de la propuesta. Dicho
informe fue aprobado también por mayoría en la sesión de la Comisión de Reglamento del día 13 de julio.
Este es, señoría, el dictamen que tengo el honor de someter al Pleno del Senado.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
¿Turno a favor?
Tiene la palabra el senador Bofill.
El señor BOFILL ABELLÓ: (El señor senador comienza su intervención en catalán, que se reproduce según el texto que facilita a la Redacción del Diario de Sesiones): «Gràcies president.
Avui és un dia important en el camí cap al ple reconeixement per part de les institucions de l'Estat de la pluralitat lingüística dels ciutadans, de les nacions i dels territoris que actualment en formen part. És lògic que sigui al Senat on
comenci aquest reconeixement. Ens felicitem que per fi s'incorpori l'ús de les llengües en una activitat ordinària i regular del Ple. El català, el gallec i l'euskera, els seus milions de parlants, i els seus representants guanyarem un nou espai
d'expressió i de visibilitat. És bo per a les nostres llengües, per a la seva vitalitat i per aconseguir també el seu ple reconeixement en les instàncies europees.
Segurament avui iniciem un camí que no té retorn, d'una més respectuosa convivència
democràtica, perquè és imprescindible que tots els ciutadans, també els de les comunitats que només tenen el castellà com a llengua pròpia i oficial, aprenguin a acceptar el plurilingüisme com un fet normal i a respectar totes les nostres llengües.
És una llàstima que el PP no ho hagi entès així, que no hagi continuat en la línia que va iniciar el 2005, quan es va incorporar l´ús de les llengües oficials a la Comissió de CCAA, quan ell mateix insistia que a la cambra territorial tenia cabuda
la riquesa de la varietat lingüística reconeguda en la Constitució. Avui els invitem un cop més a sumar-se al consens i a votar a favor d'aquesta important, però massa tímida reforma.» (El señor vicepresidente, Molas i Batllori, ocupa la
Presidencia.)
Es una lástima que el Grupo Popular nombrara un portavoz que al hablar de las lenguas no utiliza conceptos constitucionales y, por decirlo suavemente, usa otros preconstitucionales. (Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en
el Senado.) Sí, sí, esperamos que hoy rectifiquen porque, les guste o no, la Constitución ni reconoce una única lengua española ni habla de ninguna lengua común, solo se refiere al castellano como lengua oficial y a las otras lenguas como lenguas
españolas, también como el castellano, que serán oficiales en sus territorios de acuerdo con los estatutos de autonomía. (Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) Ya veo la expresión y las quejas de algunos que creen que eso de que
solo sean oficiales en unos territorios impide que puedan ser usadas en el Senado, argumento, más aún si consideramos que esta es la Cámara territorial, que sí que es pintoresco, peregrino y bien poco democrático. Por poner solo un ejemplo,
seguramente no se han parado a pensar en un caso como el navarro, donde el euskera, oficial solo en una parte del territorio, es usado con normalidad en el Parlamento de Navarra.
Algunos parece que lo que quieren es que nuestra lengua no exista y que nosotros no existamos como catalanes, como gallegos o como vascos.
(Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.) Sus ataques, sus rechazos,
refuerzan nuestro sentimiento nacional y la afirmación de nuestra lengua como lengua nacional.
Som una nació, nosaltres decidim era el lema de una manifestación a la que asistió un millón y medio de ciudadanos catalanes. (Fuertes rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.) Catalanes de origen y de habla
catalana, y catalanes de adopción que
hablan catalán o no. Una manifestación que aunó al pueblo catalán, que sí vive en una sociedad plural y que no entiende ni acepta que la España centralista de siempre no nos respete. No les extrañe que el grito más coreado de la
manifestación fuera «independencia», ni que muchos manifestantes enarbolaran como propio y actualizaran el Adéu Espanya del poeta Maragall. Porque a algunos señores y a alguna señora del PP les decimos: se acabó el tiempo del maltrato, quiérannos
menos y respétennos más.
Decía que esta reforma es tímida, y lo siento porque valoro el esfuerzo que han hecho algunos socialistas españoles para llegar hasta aquí, y se lo agradezco sinceramente. Pero hoy creo que también debe quedar claro que el voto afirmativo
de los que suscribimos la propuesta inicial para el uso de las lenguas en el Senado es simplemente la aceptación de una oferta mínima del Grupo Socialista. Nuestro propósito de conseguir la plena normalización del uso de las lenguas en el conjunto
de la actividad ordinaria sigue en pie. Ya habrá nuevas iniciativas en esta dirección, si es posible en esta misma legislatura.
La enmienda inicial socialista tenía la virtud de dejar el proceso abierto, al dejar intacto el punto 1 de nuestra propuesta que afirmaba que el Senado ampara el normal uso oral y escrito en el conjunto de la actividad ordinaria de la Cámara
de cualquiera de las lenguas oficiales.
La transaccional que se ha convertido en dictamen limita ese amparo a una lista de casos. A nosotros nos hubiera gustado que, como mínimo, dejara la puerta abierta a una interpretación positiva que
permitiera ir ampliando la casuística del uso de las lenguas en el Senado, y que se hubiera definido más como un horizonte próximo el conseguir ese normal uso oral y escrito en la actividad de la Cámara. De ahí que in extremis intentara incorporar
al dictamen una disposición de mínimos, para que en los casos no previstos expresamente en el Reglamento la Mesa pudiera acordar el uso de las lenguas oficiales.
Por ponerles un solo ejemplo, resulta cuando menos sorprendente que lancemos a la sociedad el mensaje de que el Senado amplía el uso de las lenguas, pero que en la práctica lo hagamos solo para los debates entre nosotros y solo en el Pleno.
¿Qué cara van a poner los ciudadanos, las personas que llamemos a comparecer, cuando no les dejemos intervenir en su Cámara territorial en su lengua? Esto tendrá que cambiar.
Visto desde Madrid y desde el Senado, este cambio, la incorporación de la traducción simultánea en una parte del Pleno va a ser importante. Pero hoy, visto desde Cataluña, este pequeño avance se nos aparece como pequeñísimo, casi ridículo.
Si lo pensamos bien, a 32 años de la aprobación de la Constitución, lo máximo que estamos a punto de conseguir es que en una tercera parte del Pleno, la más interna y de menor transcendencia política, jurídica y mediática, se pueda usar el catalán,
el euskera y el gallego. A este ritmo, ¿cuánto tardaremos en llegar a la posibilidad de un uso normal en toda la actividad ordinaria del Senado? Visto desde Cataluña resulta hasta escandaloso. No es que no valore el esfuerzo que han hecho algunos
para plantar cara al Partido Popular y emprender la reforma del Reglamento sin ellos que se han excluido, incapaces de hacer ninguna propuesta positiva. ¿Son conscientes de qué se vive en la calle en Cataluña? Desde Cataluña vemos una España que
no quiere cambiar, que ni por asomo es tan abierta y tan plural como nos querían hacer creer. Crece el independentismo, el sentimiento de que el Estado español no es el nuestro, que no acepta nuestra identidad ni defiende bien nuestros intereses.
El PP tendría que cambiar mucho, tendría que girar sus planteamientos como un calcetín para incorporar el pluralismo, está claro; y el PSOE debería dejar de conducir mirando siempre por el retrovisor al PP; debería mirar el camino de la ampliación
del pluralismo y ser más valiente y generoso.
Con la que ha caído desde los medios más centralistas y contrarios a la España plural de Zapatero, ¿no hubiera sido mejor coger el toro por los cuernos y abordar la reforma en profundidad? Nuestra propuesta contenía una disposición
transitoria que podía modular los ritmos de la reforma, pero no la han aprovechado.
Voy a tener que dejar muchas reflexiones y preguntas en el tintero, pero hay una ineludible: ¿Por qué no han abierto la puerta de las sesiones de control al Gobierno a las lenguas? ¿Por qué el presidente del Gobierno no debería escuchar en
catalán, si fuera necesario a través de la traducción simultánea, las preguntas que le formularan las senadoras o senadores catalanes? (Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.) ¿Dónde queda la credibilidad de su mano
tendida a la pluralidad lingüística? ¿Qué queda de esa supuesta España plural si ni el Senado, que debería ser la Cámara de los territorios y de su pluralidad, asume con naturalidad el plurilingüismo de los ciudadanos y territorios del Estado?
¿Son conscientes de que somos millones los que hablamos catalán, gallego y euskera y asumimos con naturalidad el plurilingüismo?
Me preguntaban recientemente qué imagen daría el presidente del Gobierno con unos auriculares en las Cortes españolas. Les contesté muy convencido, porque estoy convencido, que una muy buena imagen, la de un presidente que escucha a los
ciudadanos, a todos los ciudadanos, hablen la lengua que hablen de los territorios del Estado. Por lo demás, si ya lo hacen en la Comisión de Comunidades Autónomas, ¿por qué no en el Pleno, como debería ser?
Termino recuperando mis felicitaciones iniciales, agradeciendo la unidad de los 34 senadores y senadoras que iniciamos esta reforma, agradeciendo la complicidad del Grupo Socialista y de su dirección para dar un paso adelante, y agradeciendo
las demasiado discretas muestras de simpatía de algunos senadores del Grupo Popular que nos hubiera gustado que hubieran podido votar en conciencia o, al menos, ausentarse del Pleno y no someterse al voto negativo. Per cert, ¿on és la senyora
Sánchez-Camacho?, ¿per què no diu ni piu?
La reforma para el uso de las lenguas no ha culminado y creo que deberíamos aprovechar la mayoría que hemos forjado entre todos para plantear una nueva reforma del Reglamento antes de que acabe esta legislatura, abierta como siempre la
propuesta a los senadores del Grupo
Popular. Una propuesta que recogiera el principio general de que el Senado amparará el uso de las lenguas en todos los casos, que trace un camino para llegar a ese uso general, que amplíe ya el uso de las lenguas a las sesiones de control
al Gobierno, al debate de las proposiciones de ley de los senadores y a las comparecencias cuando así se solicite, y que otorgue a la Mesa la potestad de ampliar el uso de las lenguas en todos los casos aún no previstos expresamente en el
Reglamento.
Ahora sí termino, no sin antes emplazarles a brindar con cava catalán en el mes de enero el primer día que en este Pleno podamos debatir las mociones usando con normalidad nuestras lenguas.
(El señor senador termina su intervención en catalán que se reproduce según el texo que facilita a la Redacción del Diario de Sesiones): Gràcies a totes i a tots els qui votaren a favor d'aquesta reforma.
Gràcies, president. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias.
Turno en contra.
Tiene la palabra la senadora Vindel.
La señora VINDEL LÓPEZ: Gracias, señor presidente.
Qué curiosa manera, señorías, de consumir parte de un turno a favor para defender una iniciativa, qué curiosa manera, repartiendo mandobles al principal grupo de la oposición. No se preocupen, señorías, no les extrañe, cómo les va a
extrañar de alguien que lleva el Pacto del Tinell en el ADN. ¡Qué podríamos esperar, señorías! (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)
Señor presidente, mis primeras palabras son para denunciar esta mala costumbre de reformar el Reglamento sin el consenso de todos. No es la primera, no es la segunda vez, es la tercera desde la anterior legislatura y desde el Grupo Popular
consideramos que además de ser un desprecio al grupo mayoritario, es una práctica nefasta, señorías, desde el punto de vista democrático.
Aquí se va a conseguir alumbrar, señor presidente, un nuevo modelo de parlamentarismo. Si el Parlamento es un lugar de entendimiento a través de la palabra, en España se le van a poner obstáculos a pesar de hablar todos el mismo idioma en
esta Cámara desde 1979. No cabe duda, señorías, de que seguimos siendo diferentes.
El Senado italiano, al preguntárseles si los senadores podían intervenir en lenguas cooficiales como el sardo, contestó, con extrañeza, todo hay que decirlo, que no, que se interviene solo en italiano porque así se entienden todos. Lo otro
sería un poco raro, añadieron. El Senado galo por su parte informó que en la Cámara solo hablan francés. Por lo que se refiere al Bundesrat, cuando se les preguntó por los idiomas, nos contestaron que hay muchos documentos que los traducen al
inglés y al francés. Y en cuanto a la Cámara de los Lores, señorías, ¡qué decirles! lo único que se habla allí es inglés.
Señor presidente, he hecho esta investigación porque, ante el festival lingüístico de presentación de esta iniciativa en el Pleno allá por el mes de abril, por un instante me planteé si es que el Grupo Popular era el único grupo en toda
Europa ajeno a estos pretendidos vientos de modernidad y progresía. Pero ha resultado que no, señor presidente, que esto solo pasa aquí. Estoy deseando saber qué opinan nuestros colegas europeos cuando nos vean en este salón con el pinganillo
puesto.
Y seguro que recordarán también, señorías, aquel Pleno de finales de abril, en el que con un ímpetu y una algarabía extraordinarias se nos presentó la toma en consideración de esta reforma. Sí, ha pasado mucho tiempo desde entonces, por
expreso deseo del PSOE, señorías, que no paró de pedir ampliación del plazo de enmiendas.
Pero déjenme que les recuerde algunas de las frases más memorables que se pronunciaron entonces. Cito textualmente: Así se refleja la pluralidad lingüística de los ciudadanos y territorios del Estado, se enriquece la vida parlamentaria, la
acerca a los ciudadanos, a la realidad plural. La Cámara de representación territorial no hace bien su labor si no acoge las lenguas, si no ampara y facilita su uso. Es normalidad democrática el uso de auriculares. Con los auriculares no se
destruye nuestra cultura.
Es un proyecto de construcción de un puente a construir entre todos los senadores. También se nos invocó, recordarán, el trabajo y la petición por parte de 3 000 escritores catalanes que pedían una lengua potente para
seguir creando en ella y se agradeció a ministros y ministras, así consta en el Diario de Sesiones, que en sus comparecencias en comisión y en Pleno habían expresado su opinión favorable al uso de nuestras lenguas en el Senado.
Y sí, señorías, todo esto estaría muy bien si hoy se trajera la reforma tal y como entró, es decir, se habla en todas las lenguas cooficiales en Pleno y en comisión y en todas las iniciativas, pero resulta, señorías, que de lo dicho nada,
solo se va a hablar en las mociones y en el Pleno.
De los debates y comparecencias en comisión y del control al Gobierno e iniciativas legislativas en el Pleno ni palabra. Esto es lo que el PSOE les ha ofrecido a ustedes, señorías, con la
asombrosa justificación de que era una mejora técnica, que ya me dirán si mejorar técnicamente es dejar reducidas sus aspiraciones a una, que ustedes, por cierto, han aceptado con toda mansedumbre.
Y yo me pregunto: ¿y ahora qué hacemos, señorías? ¿Es que vamos a ser menos normales y menos libres, porque solo se hablará en las lenguas en las mociones? ¿Se va a seguir destruyendo esa cultura si solo se habla en las lenguas
cooficiales en las mociones? ¿Qué ha sido del puente que teníamos que construir entre todos? ¿Se ha quedado en transbordador? Espero que al menos los 3000 escritores catalanes puedan seguir creando, aunque solo se hable catalán, si llega, a seis
horas al mes en el Senado.
Y me pregunto: ¿cómo van a explicar esto a los ministros y ministras, que no veían el momento de expresarse en las lenguas cooficiales españolas según nos dijeron? ¿O este argumento también era falso? ¿Tan falso como
cuando la Mesa les requirió el coste económico y ustedes reconocieron después que se lo inventaron?
Y otra cosa, señorías, si ese era el deseo de los ministros, ¿cómo es posible que el Grupo Socialista no haya dado satisfacción al Gobierno? O es que estamos ante lo nunca visto, que a mitad de legislatura, el Grupo Parlamentario Socialista
pasa del Gobierno.
Por cierto, hablando del Grupo Parlamentario Socialista, como gracias a este grupo se va a aprobar esta reforma, me gustaría que nos explicaran por qué quieren ustedes que los senadores seamos aquí de condición distinta a los miembros del
Gobierno, y por qué nosotros, los representantes de la soberanía nacional, nos tendremos que poner pinganillos y no tendrán que usarlos ni ministros, ni vicepresidentes, ni, por supuesto, el señor Zapatero. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado.)
Y también sería de agradecer que nos dijeran por qué han elegido ustedes y les han ofrecido la vía de las mociones para usar las lenguas cooficiales en la Cámara, ¿o es que se debe, señorías, su oferta a que como las mociones que aquí se
aprueban se incumplen sistemáticamente va a seguir ocurriendo lo mismo le lleguen en la lengua que le lleguen al Gobierno? ¿Se trata de eso? Pues, señorías, no me negarán que esto es crueldad, y de la buena, y además encima tratándose de su
familia política. No tiene pase esto, señorías. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)
Señor presidente, nosotros nos oponemos a esta reforma por considerarla incomprensible, perentoria, gravosa y porque quiere imponer el interés de unos pocos -sus firmantes- sobre el interés general, ya que no hay demanda alguna en el sentido
que proponen sus promotores.
Nosotros argumentamos que el castellano es oficial geográficamente en todo el territorio del Estado; que las restantes lenguas son cooficiales en sus respectivas comunidades autónomas; que el Senado forma parte de las Cortes Generales que
representan al pueblo español; que es el titular de la soberanía y del que emanan los poderes del Estado; que las Cortes representan a todo el pueblo español cuando ejercen la potestad legislativa, aprueban los Presupuestos y controlan la acción
del Gobierno; que la efectiva vigencia del principio de publicidad inherente a todo régimen democrático exige que las actuaciones de los poderes públicos se desarrollen en términos que sean accesibles a todos los ciudadanos, los cuales tienen el
deber de conocer y el derecho a usar el castellano pero no otras lenguas; y, en definitiva, señorías, que el ejercicio de una función representativa de todo el pueblo español que implica debates y alcance siempre general ha de producirse en
términos que faciliten la comprensión por todos los españoles.
Ese es el motivo por el que creemos que debe desarrollarse en castellano porque de otra manera, señorías, se estaría hurtando a parte del pueblo español la posibilidad de conocer, entender y comprender los términos en que se desarrolla el
debate entre sus representantes.
Seguramente les habrá sonado esta argumentación, señorías. ¡Cómo no les va a sonar! Les acabo de citar textualmente la Constitución. Les acabo de citar el Título Preliminar, el Título III y el Título VIII. Pues bien, señorías, a la
Constitución de la concordia, que ha traído la etapa más rica y próspera de los últimos tiempos, no se la puede tildar ahora, como se la tildó en comisión, de complicación, ni mucho menos.
Cuando falla el sentido común y se impone el oportunismo partidista, cualquier disparate se puede convertir en realidad, y el argumento de que así se reconoce la pluralidad lingüística es falaz, porque el bilingüismo solo existe, y en
distinto grado, en algunas comunidades autónomas.
No sé, señorías, si a partir de ahora nos llamarán la Cámara de la versión original subtitulada, la Cámara subtitulada, o la versión cañí del Parlamento Europeo. Pero esta es una Cámara en la que todos nos entendemos, hasta ahora, en el
mismo idioma.
Tengo que reconocerles que la opinión pública no sale de su asombro, de su perplejidad y, desde luego, de su indignación, porque, señorías, el problema no es que haya una lengua común designada por la Constitución.
Ni el problema es que las
lenguas cooficiales lo sean en sus territorios respectivos pero no en las sedes de las instituciones nacionales, como es el Senado. Ni el problema es que haya un espacio en esta Casa para el uso de las lenguas, como es la Comisión General de las
Comunidades Autónomas.
No, señorías. El problema es que quienes presumen de que hay que dialogar con todo el mundo propongan ahora que el diálogo político en España supere lo que tenemos en común, se centre en lo que tenemos de diferente, y
convierta los debates sobre el futuro de los españoles y la resolución de sus problemas en una inmensa Torre de Babel. Y así estamos, señorías.
(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)
Voy a finalizar dándole las gracias a mi grupo por haberme permitido intervenir en defensa de la lengua española oficial del Estado -después de treinta y dos años-, del castellano. Señorías, ha sido un honor y un privilegio. (Fuertes y
prolongados aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Turno de portavoces.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Bagur.
El señor BAGUR MERCADAL: Muchas gracias, señor presidente.
Quiero aclarar que tengo la suerte de hablar y entender perfectamente dos lenguas, y aspiro a entender muchas más a lo largo de este mandato.
Señorías, hoy, con la propuesta de la reforma del Reglamento del Senado iniciamos un objetivo loable y de transcendencia. La utilización de las lenguas oficiales de los distintos territorios que tienen lengua propia, a mi entender,
enriquecerá y dará contenido a la Cámara territorial por excelencia. Como firmante de un manifiesto y parlante de lengua catalana, y con todo el respeto y admiración que profeso a la lengua castellana, digo que esta Cámara ganará en sapiencia
cuando se utilicen, con plena normalidad, las diversas lenguas del Estado español. (El señor senador continúa su intervención en catalán.)
He dicho que hoy -y espero que algún día no tenga que repetirlo-, es un día importante para las diversas culturas que conviven en nuestros territorios y que son patrimonio de todos.
Gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Tiene la palabra el senador Torres.
El señor TORRES I TORRES: Moltes gràcies, senyor president.
Buenas tardes, señorías.
La última vez que se llevó a cabo el debate para la propuesta de reforma del Reglamento del Senado sobre el uso de las lenguas oficiales en la Comisión General de las Comunidades Autónomas en la actividad de la Cámara, el senador Bofill
Abelló declaró que la normalización del uso de las lenguas en el Senado era una tarea pendiente desde sus orígenes constitucionales como Cámara de representación territorial. La práctica del plurilingüismo enriquece la vida parlamentaria, la acerca
a los ciudadanos, a la realidad plural de la sociedad y a los territorios que representamos, favorece un clima de libertad y de convivencia democrática. Además, esto hace que muchos senadores y senadoras nos podamos expresar en nuestra propia
lengua vernácula, en la lengua en la que pensamos y actuamos desde que nacemos. En el Preámbulo de la Constitución española ya se recoge la voluntad de proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus
culturas, tradiciones, lenguas e instituciones. Por otro lado, es verdad que España sigue defendiendo ante la Unión Europea que el catalán, el euskera y el gallego sean lenguas oficiales de la Unión, un compromiso que sigue en la agenda política
europea.
Hay que destacar también que actualmente los ciudadanos ya pueden dirigirse en catalán a las instituciones europeas, ya que está reconocida como lengua de comunicación con los ciudadanos por las principales instituciones y organismos de la
Unión Europea. Con ello quiero decir que, aunque sea con ciertos límites, la iniciativa que hoy nos ocupa constituye un elemento simbólico de representación de la pluralidad lingüística y riqueza cultural de España, y no resulta para nada
pintoresca -como decía el senador Van-Halen Acedo en una intervención anterior- cuando iniciativas similares se están llevando a cabo en Europa. Como firmante de esta iniciativa les puedo asegurar a sus señorías mi voto favorable a esta propuesta
de reforma del Reglamento del Senado sobre el uso de las diferentes lenguas españolas en algunas de las actividades de la Cámara de representación territorial por excelencia.
Senat, senadors, senadores, salut, força i sempre endavant.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Tiene la palabra la senadora Caballero.
La señora CABALLERO MARTÍNEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, el pasado mes de abril UPN votó en contra de la toma en consideración de esta reforma del Reglamento del Senado sobre el uso de las lenguas oficiales por considerarla inoportuna e innecesaria para la comunicación de todos los que
estamos aquí representando a los ciudadanos, por una razón de sensatez y de lógica. Y hoy, a pesar de que el texto final de esta propuesta de reforma ha rebajado en cierta medida sus pretensiones iniciales, nuestro voto va a seguir siendo contrario
a la misma.
¿Por qué? Pues por las mismas razones que dimos en su momento. Porque va contra el sentido común y práctico de las cosas. Porque tenemos una lengua común y oficial de todos los españoles, además de las lenguas propias de nuestras
comunidades, y esta medida en absoluto favorece el entendimiento. Porque en UPN tenemos muy claro que las lenguas deben ser elementos de comunicación y no de construcción nacional. Porque tiene un coste económico importante y en absoluto se
justifica la necesidad de realizar este gasto cuando ahora toca recortar gastos y ser austeros.
No se entiende cómo se atreven a plantear un gasto así en un momento como el actual en el que se acaba de recortar el sueldo a los funcionarios y se han congelado las pensiones. (Una señora senadora del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado: Ahí, ahí) ¿De verdad creen que los españoles van a comprender una medida como esta? Muchos ciudadanos ya se preguntan, y con razón, cómo es posible que en medio de la crisis económica e institucional más grave de la última década estemos
en el Senado hablando de estas cuestiones que no dejan de ser puro simbolismo.
Señorías, no busquen en la postura de UPN otras razones que no sean las que les he dado, porque en ningún caso significa que no reconozcamos que en España existen diversas realidades lingüísticas, ni que no las apoyemos, ni que no seamos
democráticos, como aquí se ha dicho. Es más, en Navarra también tenemos otra lengua oficial, además del castellano, en parte de nuestra comunidad: el vascuence, lengua de nuestros ancestros, como ha dicho la senadora Leanizbarrutia. Es mi
partido, UPN, el que durante dieciocho años de Gobierno ha trabajado por la enseñanza y el uso del vascuence en Navarra, el que ha reconocido su valor cultural y patrimonial destinando importantes partidas económicas para ello, el que ha regulado su
uso en la Administración, el que ha implantado varios modelos educativos que responden a todo tipo de demanda escolar, así que no se nos puede acusar de quitar relevancia a las diferentes realidades lingüísticas.
Pero UPN quiere una Cámara ágil y cómoda para trabajar. Por eso consideramos que hablar castellano con gente que entiende castellano, aunque conozca otras lenguas, es lo más natural y normal. (Rumores.). Sí, señorías, para nosotros y para
la mayoría de los españoles. (Una señora senadora del Grupo Parlamentario Popular en el Senado: ¡Sí señor!) También para ustedes, señores del Partido Socialista. ¿O es que cuando tengan las reuniones de su grupo parlamentario también piensan
utilizar intérpretes? (Rumores.-Varios señores del Grupo Parlamentario Popular en el Senado: ¡Muy bien!) Seguro que no, y
mucho menos si se lo tuvieran que pagar de su bolsillo. (Rumores.-Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)
Tampoco vale el argumento empleado en el debate anterior por varios portavoces comparándonos con el Parlamento Europeo para defender el uso de otras lenguas oficiales en esta Cámara, cuando en Europa no existe una lengua oficial común que
todos los europeos conozcamos y tengamos la obligación de conocer como ocurre con el castellano.
Señorías, quiero terminar dejando bien claro nuestro apoyo y reconocimiento a todas las lenguas que se hablan en nuestro país y nuestro rechazo más absoluto a la utilización de las mismas como instrumento político y de confrontación. Las
distintas lenguas no deben ser patrimonio de ningún partido político, sino que se deben entender como parte de la riqueza cultural y lingüística de nuestro país. Ello no quita para que hoy en esta Cámara votemos en contra de esta reforma, sin
renunciar por ello para nada a nuestro patrimonio cultural.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias.
¿Quién va a intervenir, el señor Tuñón o el senador Sampol?
El señor TUÑÓN SAN MARTÍN: ¿Cuánto tiempo queda?
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Quedan tres minutos y treinta y cinco segundos.
El señor TUÑÓN SAN MARTÍN: Voy a ser breve.
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Senador Tuñón, tiene la palabra.
El señor TUÑÓN SAN MARTÍN: Muchas gracias, señor presidente.
Ya en su momento manifesté nuestro apoyo a la propuesta de reforma del Reglamento sobre el uso de estas lenguas. Creo que se ha dado un paso importante y quiero entender que es un paso de normalización, pero me resulta difícil cuando se
habla de confrontación del castellano con otras lenguas.
Yo soy de una comunidad donde la lengua oficial es el castellano y donde también hay otra lengua oficial en ciertas zonas, en las llamadas zonas vascoparlantes de Navarra. Siempre se han utilizado ambas lenguas en el Parlamento y se ha
hecho de una forma absolutamente normal, ni siquiera figura en el Reglamento de la Cámara. Y es que parece lógico que en una comunidad, donde se usan dos lenguas, estas se utilicen en el Parlamento, y de hecho se ha creado todo un entramado en
torno al personal que presta servicios en la Cámara, que tiene que conocer ambas lenguas. Y eso es algo que puede pasar aquí, porque esta es una Cámara de representación territorial, y si realmente nos lo creemos, lo lógico y saludable es que se
usen todas las lenguas oficiales de las comunidades autónomas, algo que debemos aceptar con normalidad.
Señorías, no tiene sentido hablar ahora de dinero. Esto es algo que teníamos pendiente y que poco a poco vamos consiguiendo. Por ello me congratula el paso que se ha dado que espero sirva para favorecer un clima de convivencia democrática
y no de confrontación entre nosotros. Yo no sé si somos el único país en cuyo Parlamento se utilizan diversas lenguas, pero si lo somos, bienvenido sea, pues seguramente estaremos dando ejemplo de un Estado en el que podemos convivir todos, un
Estado federal, plural y rico en lenguas, un Estado que conserva este patrimonio que queremos manifestar también en el Parlamento.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias.
Por el Grupo de Senadores Nacionalistas tiene la palabra el senador Anasagasti.
El señor ANASAGASTI OLABEAGA: Señor presidente, señorías. Senadora Vindel, ya verá usted cómo dentro de relativamente poco tiempo el señor Rajoy hablará en gallego en esta Cámara, porque, fíjese, el señor Aznar hablaba catalán en la
intimidad. Así pues, creo que poco a poco vamos a ir ganando espacio. (Aplausos.)
Han hecho falta treinta y dos años para dar un pequeño pasito y poder utilizar los tres idiomas cooficiales en las mociones, pero se puede venir aquí de distintas maneras: Como un separatista vasco, catalán o gallego preguntando por qué
carajo pedimos que se hable el catalán, el euskera y el gallego en el Senado español si es perder el tiempo. Tienen ustedes razón y se la dan a todos aquellos que piensan así. Y otra es la del sepulcro del Cid y la de los Reyes Católicos, según la
cual solamente hay un idioma, que es el castellano, y además, el sábado no está hecho para el hombre, sino que está fundamentalmente al servicio del dogma.
Pues muy bien, de acuerdo. Tenemos aquí esa vieja idea de: hable usted en cristiano, esto son dialectos, etcétera, pero se olvida de algo muy importante, y es que han sido idiomas perseguidos durante cuarenta años.
Hubo gente al inicio de
la transición política que se preguntó qué hacer con este problema, y pensaron en tratar de hacer normal lo que es normal a nivel de calle, como decía el presidente Suárez. Por ello se aprobó una Constitución que avalaba y consagraba los idiomas
cooficiales en comunidades autónomas, pero no solo eso, sino que en ella también se decía que eran un patrimonio cultural de especial protección. ¿No es de especial protección que se pueda intervenir aquí en los tres idiomas cooficiales? En
Bruselas se puede hablar en inglés puesto que es un idioma que todos los representantes de Córcega, Malta, Letonia, Estonia y Lituania conocen, y sin embargo cada uno reivindica su idioma. ¿Por qué no reivindicar aquí que se puedan utilizar los
tres idiomas cooficiales?
Señorías, perdonen que exponga mi caso particular, pero yo nací estando mis padres en el exilio y me pusieron de nombre Iñaki Mirena, con el cual me registraron. Pues bien, aquí lo primero que hicieron fue cambiarme el nombre por el de
Ignacio María, como a Kunta Kinte. Y esto es una parte de la historia que no se puede desconocer a la hora de hablar en este debate, una historia de persecución preferencial hasta de las tumbas de los cementerios.
Y paralelamente a la argumentación que se está utilizando hemos visto unas campañas insidiosas fundamentalmente en los diarios ABC y La Razón por parte de personajes que utilizan el lenguaje del franquismo, el lenguaje facha y
preconstitucional, y que ridiculizan la postura de los senadores de determinados grupos parlamentarios. Por ello, señorías, yo cuidaría mucho las palabras porque se pueden herir sentimientos, como, por ejemplo, cuando doña María Caballero dice que
esto puede salir muy caro.
¡Pero es que la democracia también es cara, señoría! Es caro celebrar dos Plenos en el mes de julio y también son carísimas las vacaciones del Rey.
¡Que las paguen ellos! (Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular en el Senado.) ¿De qué se trata aquí, de cuantificar lo caro o lo barato cuando algo se puede hacer? No, no, ese no es un argumento.
Utilizábamos también otro argumento, que no sé si ustedes recordarán: al inicio de la Transición se decía que el Senado podía estar en Barcelona; hubo un debate al respecto. Y se me dijo: Podía estar en Barcelona el Senado, claro que sí,
pero si estuviera en Barcelona sería un planteamiento extraterritorial, porque aquí lo fundamental es ¡Madrid!, como la quintaesencia de lo español, y solamente hay un idioma, el castellano, el español. Este es un argumento que se utilizó el otro
día en la comisión. (Rumores.)
Otro argumento -que yo lo utilicé- es lo que ocurre en Bélgica. En Bélgica, dicen, no hay un idioma oficial. No hay un idioma oficial, tiene un serio problema Bélgica: tienen el alemán, el valón y el flamenco. Pero tienen un Rey, un Rey
que en su mensaje de Navidad fíjense lo que dijo: Yo lo he dicho a menudo -Alberto II-, pero quisiera nuevamente insistir en ello con fuerza: es necesario, sobre todo para nuestros jóvenes, el conocer la lengua de las otras comunidades; es una
forma de civismo que hemos descuidado durante años y por lo que esta evidencia es la primera condición para que nos comprendamos y nos apreciemos entre ciudadanos de comunidades diferentes. Los modos de aprendizaje de las lenguas se han modernizado
de tal manera que no existe excusa alguna para no hacer este esfuerzo lo más pronto posible. Por otra parte, la experiencia nos señala que es una ventaja en la búsqueda de un empleo.
Esto lo dice el Rey Alberto II, que me imagino que sabrá, aparte del inglés, el flamenco y el valón. Y nosotros aquí tenemos un Rey que solamente sabe un idioma, y bastante mal, por cierto. (Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular en el Senado.) Sí, sí, muy mal, muy mal.
Y luego hay otro asunto que parece que es algo terrible: ¿Se va a ver al presidente del Gobierno o a un ministro con auriculares? ¿Pero cómo es posible que en el centro de Madrid se vea a la gente con auriculares? El otro día en la
reunión de la COSAC había 23 cabinas y estaba el presidente Zapatero con auriculares -yo mismo lo vi-. O sea, ¿sí puede ponerse auriculares si interviene un maltés, pero no si interviene un catalán? ¿Pero qué afrenta es esa? ¿Pero qué concepto de
la democracia es ese? (Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.) Yo no creo que sea tan afrentoso el ponerse auriculares.
Y hay un tema muy importante que se evidencia de este debate. Al inicio de la transición política había tres demandas muy claras: la catalana, la vasca y la gallega, con todas sus connotaciones -la balear, la valenciana-, sobre todo porque
tenían un sentido de pertenencia y una demanda de autogobierno. Se generalizó todo el proceso autonómico, no se resolvieron las demandas que fueron planteadas en su día y ahora hay un verdadero problema. En Cataluña hay un problema, España tiene
un problema, Cataluña tiene un problema, Euskadi tiene un problema, pero con ese lenguaje, un poco de trinchera de hace treinta años, a nuestro juicio no se va a ninguna parte, porque decir que esto puede ser un Parlamento cañí en Europa , no estoy
yo por la labor. (Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.-El señor presidente ocupa la Presidencia.)
Señor Van-Halen, nuestro grupo, con todas las dificultades que tenemos porque nacimos bajo una dictadura férrea que nos impidió aprender el euskera, intervendremos en nuestras mociones en euskera. ¿Para dar testimonio? Pues sí, pero
también, fíjese, para ver al señor Van-Halen con auriculares. (Risas.-Aplausos.)
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el senador Casas, por el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió.
El señor CASAS I BEDÓS: Gracias, señor presidente. Señorías.
La verdad es que yo pensaba -lo pensaba inocentemente- que este no debería ser un debate de confrontación, no debería serlo (Un señor senador del Grupo Parlamentario Popular en el Senado: Claro que no.) y no debería serlo por muchas
razones. Porque si bien es cierto lo que dice la señora Vindel de que lo óptimo es hacer una reforma reglamentaria con acuerdo de todos los grupos parlamentarios -que es verdad, esto sería lo óptimo-, también hay que reconocer que si ya es difícil
que cuando grupos pequeños, grupos que no tienen 50 o 60 senadores, que tienen los que tienen, que coinciden a veces con grupos identificados con partidos de su propia zona, de su tierra, tenemos una aspiración podamos concertar a los dos grandes
grupos parlamentarios, más lo es que alguna aspiración que tengamos se pueda ver reflejada en el Reglamento. Y a lo largo de la historia parlamentaria de nuestra democracia habrán visto que en distintas ocasiones -y hablo por mi grupo, Convergència
i Unió, por Minoría Catalana entonces-, en función de si hemos dado soporte a un Gobierno
presidido por Felipe González o hemos apoyado parlamentariamente a un Gobierno de José María Aznar, nos hemos encontrado en debates sobre temas de la lengua de un lado y de otro, repito, en función de cuál era nuestra posición en aquel
momento. Es decir, temas que para partidos nacionalistas son fundamentales a veces se han utilizado -no por nosotros- en forma de confrontación, que es lo último que nosotros queremos hacer. Yo voy a intentar ser constructivo, si es posible, y que
entiendan que este país es diverso, que hay diversas sensibilidades y hay que intentar armonizarlas y vivir tranquilamente, con normalidad.
Se pone el ejemplo de Italia. Italia no tiene nada que ver con la realidad del Estado español; nada. No hay una lengua que hablen seis millones de personas, como el catalán. En cambio, en Irlanda, en el Parlamento irlandés, se permite el
gaélico y se permite el inglés. Esto depende de la idiosincrasia de cada país. No se puede tomar el modelo de un país para confrontarlo con el de otro; no tiene nada que ver. Lo que está claroes que hoy estamos viviendo un momento complejo y
después de treinta años del Estatuto de Cataluña, del proceso del nuevo Estatuto y de la sentencia posterior, hay una sensibilidad especial en Cataluña -esto me parece que es obvio, es una realidad objetiva-. Este debate se produce en estos
momentos y hay que tener una especial sensibilidad, una especial atención para tratar los temas que reflejan sentimientos, porque la política también es sentimientos y el día que deje de serlo, este oficio no merecerá la pena. El respeto a los
sentimientos es fundamental, y las formas y el respeto a las formas en democracia también lo es. El Senado es una institución que teóricamente, según la Constitución, es la Cámara territorial, pero no hemos desarrollado la Constitución en esta vía
y a pesar de que existe un informe del Consejo de Estado, es una asignatura pendiente. En la medida en que todos los ciudadanos del territorio español vean sus sentimientos reflejados en la institución, se sentirán más partícipes, más integrados en
el conjunto. Y esto es fundamental.
Para un ciudadano que habla catalán o que habla gallego, ver que en la institución territorial que representa al conjunto de los ciudadanos españoles su lengua es tratada con respeto, le identifica más con la
institución que si no es así. Insisto, esto que puede parecer políticamente poco relevante, lo es mucho, porque la gente tiene identidad de patria en la medida en que sus sentimientos personales y que le identifican con una comunidad son respetados
y reflejados en las instituciones.
Creo que este es el gran tema y más cuando nuestra Constitución reconoce a España como un Estado diverso; reconoce que hay varias lenguas que en algunos territorios son oficiales. Además, la Constitución da pie a un Estado autonómico, con
Parlamentos y Gobierno autonómicos. La Constitución lo que está diciendo es que el gran activo que tiene la España democrática que hemos querido construir, es la diversidad frente a la España anterior. Hay una España diversa que se refleja en la
Constitución, y la Constitución, incluso, da estatus jurídico y político a diecisiete comunidades autónomas. Pero esta diversidad, que es el gran activo, con debates como el de hoy, la estamos convirtiendo en un pasivo.
Es un grave error. Yo creo
que con normalidad, con la misma normalidad que la gente en Bilbao, en San Sebastián, en Santiago de Compostela, en Barcelona, en Tarrasa, hablan indistintamente catalán o castellano y cuando hay una persona que no entiende la otra le contesta en la
lengua que comprende con toda normalidad y la convivencia es ejemplar, lo mismo habría que trasladarlo aquí. No hagamos de esto un debate político, intentemos trasladar esta diversidad a una Cámara que representa a todos los territorios, e
intentemos que la parte sentimental que tiene la política, se vea reflejada en la Cámara donde todos tenemos que tener identificación, todos, cada uno de los ciudadanos. Esto acerca la política a los ciudadanos, lo otro la aleja.
Este tipo de debates enfrentando una lengua con la otra y hablando de pinganillos, ¿qué importancia tiene? ¿Ustedes creen que si en el Parlamento europeo solo se hablara una lengua los ciudadanos europeos se sentirían integrados en este
proyecto europeo? No. Uno se siente identificado desde su propio origen, desde su propia conciencia, desde su cultura, desde su territorio más pequeño, desde su pueblo y a partir de aquí, va subiendo. Esto es fundamental. Y aunque se hable en
distintas en lenguas, con traducción simultánea, la lengua es el gran vehículo de comunicación, faltaría más. Y el que yo hable ahora en catalán y usted tenga que conectarse a un aparato no impide la comunicación, al revés, la hace más rica. Para
que tenga una idea le diré que el senador Anasagasti mencionaba antes una frase del rey de Bélgica. El catalán se puede estudiar en 85 universidades del mundo. ¿En cuántas universidades españolas se puede estudiar el catalán? De esas 85
universidades hay 15 en Estados Unidos que tienen cátedra de catalán. ¿Sería tan difícil que en España hubiera en las universidades catalán, gallego y euskera? Pues ya ven que es más fácil estudiar catalán fuera de España que dentro de España.
Esto no tiene sentido. No solo el catalán, sino el euskera y el gallego, son unos grandes valores, son un activo cultural para todos. Y yo insisto. Creo que el gran activo que tiene España en su conjunto es la diversidad, como dice la
Constitución, pero con la política la estamos convirtiendo en un pasivo, y a base de confrontarnos en cuestiones que afectan a sentimientos y a temas de identidad personal no vamos a conseguir que la gente nos crea ni que se sienta representada en
las instituciones.
Quiero terminar con una cita que con motivo del debate del Estado de la nación, el miércoles de la semana pasada, hizo el portavoz del Grupo Catalán en el Congreso. Durán i Lleida citaba a Carrasco y Formiguera sobre algo que me parece muy
acorde con lo que estamos debatiendo hoy. La cita es la siguiente: Som i serem gent catalana tant si es vol como si no es vol. Y añadía: Pues si lo hemos de ser, si lo seremos, ¿por qué no habéis de tener vosotros la generosidad de dejarnos
serlo en aquella medida y proporción que Cataluña quiera ser? Es a partir de esta afirmación que reclamaba «dejadnos también ser españoles». Ortega y Gasset a partir de estas afirmaciones le llamó nacionalista particularista, a lo que Carrasco y
Formiguera
respondió: Mi nacionalismo es catalanista, hispanista, europeo y universal. Pues eso. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
El senador Bonet tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés.
El señor BONET I REVÉS: Gràcies, senyor president.
Dejando de lado cinismos de última hora, lo cierto es que las enmiendas y las argumentaciones del Grupo Parlamentario Popular invocan profusamente la Constitución Española, pero a mí, la verdad, las enmiendas y sus argumentos no me huelen
nada a Constitución Española. (Fuertes rumores.)
El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor, señorías.
El señor BONET I REVÉS: Sus disquisiciones revelan que ustedes todavía no han aceptado en su totalidad ni el artículo 2, ni el 3, ni el 69 de la Constitución española. Esconden siempre que pueden el que España está integrada por
nacionalidades y regiones; niegan que el Estado de las Autonomías implica desarrollar la Cámara de representación territorial y obvian que todas las lenguas se han definido igual de españolas.
En estas grandes cuestiones de Estado el consenso, como ustedes saben, fue muy complicado y delicado, pero se llegó a él. Aunque ustedes nunca lo han aceptado sinceramente. Resulta ciertamente excéntrico que hablando del Senado y de la
Constitución en ningún momento invoquen el artículo propio del Senado, que establece una distinción fundamental con el Congreso al definir al Senado como la Cámara de representación territorial. Y más aún cuando esta prescripción constitucional,
cuando este inciso diferencial se introdujo en el Senado tras arduos debates. El conflicto estaba entre los partidarios de primar a las comunidades autónomas y los partidarios de primar las provincias. Finalmente, una salomónica UCD, por boca del
senador Jiménez Blanco, aceptó la definición de Cámara territorial conectándola con la parte del artículo 2 que garantiza el derecho a la autonomía. Decía que lo hizo porque «estamos de acuerdo con la realidad de nuestro país.» Y la UCD, en aquel
momento el grupo mayoritario, accedió a incorporar una mayor proporción de senadores de las comunidades autónomas por ser «la síntesis entre la actual organización del Estado y la que por vocación regional se anuncia y Dios quiera que cuaje». Por
lo tanto, está clara la voluntad del legislador: una Cámara territorial con vocación de futuro de evolución, siguiendo la del Estado autonómico. Manuel Fraga -lamento que no esté aquí-, durante sus intervenciones en la Comisión General de las
Comunidades Autónomas en 1994 y 1997 confirmaba este carácter evolutivo y decía, en gallego: «Hoy es generalmente sentida la necesidad de hacer del Senado una Cámara de representación territorial, tal como quiso la Constitución, pero que no se
acertó a desarrollar en su articulado». Y es por este sentido constitucional de ir perfeccionando el carácter del Senado como Cámara territorial por lo que se hizo la primera gran reforma de 1994. La Ley de Reforma del Senado de entonces se
titulaba: de potenciación de la función territorial del Senado. En ella ya se regularon los primeros usos lingüísticos; usos que se ampliaron significativamente en el año 2005 y que se enmarcan en el proceso de maduración hacia la plenitud
territorial. Así lo afirmaba el portavoz del Partido Popular, el senador Vázquez Portomeñe, al señalar textualmente «el afán de su grupo en trasladar al Senado esa riqueza lingüística de España, y ello como afirmación de su condición de Cámara
territorial, llamada, en nuestra opinión, a ser moduladora de las diferencias en la unidad». Señorías, yo no sé si quedan camareros como los de antes, pero portavoces del PP como los de antes ya no quedan. (Rumores.)
Pues bien, a pesar de todo esto, el Grupo Parlamentario Popular no solo ignora esta condición territorial en sus argumentos, sino que incluso parece poner empeño en contradecirla. Así, utiliza el artículo 66 de la Constitución para concluir
que un senador, cuando jura o promete la Constitución, ya no representa a ningún territorio, sino únicamente a todo el pueblo español. Usted, señor Van-Halen, decía que al jurar dejaba de representar a la Comunidad de Madrid, pero ¿se ha leído
usted el Estatuto de la Comunidad de Madrid? Usted representa en el Senado a la Comunidad de Madrid, no representa a todo el pueblo español. La verdad es que me imaginaba de otra manera a todo el pueblo español. Quien representa al pueblo español
son las Cortes, pero usted representa a la Comunidad de Madrid, tal y como recoge su estatuto, como yo represento a la Generalitat. Las Cortes y el Senado representan a todo el pueblo español, que comprende pueblos, lenguas, partidos, personas,
otras personas, etcétera; la diversidad que ustedes no acaban de entender nunca.
En cuanto a la cuestión lingüística, también se refleja su incomodidad con el texto constitucional. El otro día, el señor Van-Halen nos acusaba de tener una empanada mental, pero usted confunde lengua oficial con los usos de organismos
oficiales. Usted se refería a Bélgica, pero allí el alemán no es oficial y sin embargo se utiliza. Además, utilizan un argumento falaz, pues declaran que el Estado tiene una sola lengua oficial, que es de obligado conocimiento, de lo cual se
deduce que ningún organismo del Estado puede regular el uso de otras lenguas españolas.
Incluso, dice que es un disparate -adjetivo que utilizan mucho- derrochador, dado que el artículo 3.1 señala que todos debemos conocer el castellano. Sin
embargo, si damos la vuelta a este argumento, también podríamos decir que la Constitución española es un auténtico disparate, pues su disposición final recoge que la Constitución se publique en el BOE no solo en castellano, sino en las demás lenguas
españolas; tal y como recogió también la reforma de 1994. Por lo tanto, ¿qué quiere decir, que la Constitución española es un disparate porque señala que una publicación oficial del conjunto de España tiene que editarse también en otras lenguas
españolas?
Aquí entramos en el problema de la significación. Y la pregunta es la siguiente. ¿Son todas las lenguas españolas
igual de españolas? ¿La españolidad de dichas lenguas es intrínseca a un supuesto ser español, o tan solo para algunos un accidente geográfico y sencillamente son españolas porque aún se hablan en unos territorios que pertenecen a España?
¿Son todas las lenguas españolas igual de españolas? Manuel Azaña tenía muy clara esta cuestión cuando replicaba a un brioso Maura que contraponía la lengua castellana a la catalana. Le decía Maura: No puedo admitir eso, porque la cultura
catalana y la cultura castellana son la cultura española, y cada una de ellas forma su parte alícuota en la cultura de mi patria y es absurdo sembrar la discordia. Y continuaba: No hablemos a los catalanes en tono de oposición de la cultura
castellana. Tan española es la suya como la nuestra y juntos formamos el país y la República. Esto lo decía el presidente Azaña.
Pues bien, si son igual de españolas, ¿cómo es que ustedes encuentran esperpéntico que el presidente Montilla use una lengua española en el Senado español ante el vicepresidente Chaves? Mofarse de ello sí es un acto contra la Constitución
española, porque es faltar al respeto del que habla el artículo 30.3. Esto sí es un acto contra la Constitución.
El presidente Montilla y el vicepresidente Chaves estaban, sencillamente, celebrando un acto de reconocimiento, de respeto y de convivencia. De respeto al 40% de los españoles que disfrutan de otra lengua cooficial.
Hoy, señorías, vamos a hacer un acto de españolidad. Porque se trata de ir avanzando en la equidad y en el reconocimiento de todas las lenguas españolas, pues, según la Constitución española, tan española es la castellana, como la gallega,
la vasca, la catalana, la valenciana o la balear.
Hoy vamos a hacer también un acto de sentido común. En el año 1993 el Rey recibió el doctorado honoris causa por la Universidad de Friburgo, en Suiza. Se le dio este doctorado por su inspiración y defensa de la Constitución española que
reconoce la pluralidad lingüística y la convivencia cultural en España.
Seguramente, en esta universidad suiza consideran de sentido común que en el Senado español se puedan utilizar las lenguas españolas. Si la Universidad de Friburgo se enterara de que diecisiete años más tarde un partido del Gobierno
español, como el Partido Popular, lo considera un disparate y un esperpento En fin, no pretenderán hacer quedar mal al Rey.
Hoy vamos a hacer un acto de constitucionalismo útil, porque, como hemos visto, el constituyente confiaba en que Dios querría un Senado que avanzase junto con las autonomías hacia la plena territorialidad.
El señor PRESIDENTE: Señoría, le ruego termine.
El señor BONET I REVÉS: Pues bien, reformamos otra vez el reglamento para dar un nuevo paso, tan importante como los anteriores, en la extensión del uso de las lenguas españolas; lenguas que en el Senado deben no solo coexistir sino
también convivir.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el senador Pérez Sáenz.
(Rumores.) Silencio, por favor. Tiene la palabra, señoría.
El señor PÉREZ SÁENZ: Hay expectación.
Señor presidente, es posible que piensen que estamos ante un asunto lingüístico. Lo es, pero el Grupo Parlamentario Socialista no lo entiende solo como lingüístico. Este grupo lo entiende como un asunto clave en la concepción y en la
construcción de España.
Si le preguntan a un ciudadano de Cantabria, de Madrid o de Asturias qué opina sobre la utilización de las lenguas cooficiales -el euskera, el gallego, el catalán y el valenciano- posiblemente lo considerará algo artificial o, incluso,
extravagante. Pero si a ese mismo ciudadano se le dice que con ese uso se facilita la cohesión de España y su mejor comprensión, posiblemente empiece a convencerse de que es bueno el uso de esas lenguas. Y si además esa utilización se hace de una
manera proporcionada, seguro que a ese ciudadano lo tenemos a nuestro favor.
Aquí, señorías, lo que pretendemos es avanzar con esta iniciativa en el uso de las lenguas, hacerlo en una institución que, por su naturaleza, es autonómica y, por tanto, tienen cabida natural las lenguas españolas, y extendiendo su uso
fundamentalmente a las mociones en el Pleno.
El Grupo Parlamentario Socialista, señores -con estas risas que proceden de la banca valenciana, plurilingüe- ha aportado, y eso lo saben la señora Vindel y el señor Van-Halen, material de construcción. En todo este debate no ha habido
ningún reproche al Partido Popular; todo material de construcción por nuestra parte. Lo único que hemos querido ha sido intentar buscar un campo de lucidez y entendimiento para mejorar España.
El señor Van-halen y la señora Vindel -que recursos tienen y mi respeto también- sinceramente creo que han utilizado material de desecho. Las premisas que han utilizado han sido prácticamente todas falsas. La primera es que, como ustedes
saben bien, señorías, esto no es un desiderátum, esto no es un ridículo mundial, esto no es algo demencial y ¿saben por qué no lo es? Pues no lo es porque no es nuevo, porque esto no es ninguna revolución, es simplemente una evolución. ¡En el
Senado ya se pueden utilizar las lenguas españolas! ¡Ya se pueden utilizar las lenguas españolas en el Senado! Es decir, el pinganillo ya existe en el Senado; es decir, los traductores ya existen en el Senado; es decir, la partida presupuestaria
para esos traductores ya existe en el Senado. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) Y además existen con su acuerdo y con sus votos.
No es ridículo, por tanto, que se hablen las lenguas en el Senado. Podrán decir que es ridículo que sea en las mociones, pero no que en el Senado se hablen las lenguas. Vamos a hablar con propiedad. Esto es así. En el Senado ya se habla.
Y luego utilizan este material de desecho, utilizan juicios de valor, y me parece que tienen la suficiente inteligencia y cultura -que la tienen- para no utilizar ese tipo de declaraciones de subjetividad que son los jui-
cios de valor. No es cierto que lo hagamos por electoralismo. (Varios señores senadores del Grupo Parlamentario Popular en el Senado: ¡Nooo!) El mismo electoralismo que nos movió en el año 1994, y en el año 2005 con ustedes para modificar
el Reglamento. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
Tampoco es cierto que nos hayamos cambiado de posición. Eso no es cierto.
(Varios señores senadores del Grupo Parlamentario Popular en el Senado: ¡Nooo!) Y les digo que en vez de decirme no, digan cuándo el Grupo Parlamentario Socialista
ha votado en contra de una iniciativa sobre el uso de las lenguas en esta Cámara.
Y se ha dicho también que estamos utilizando que España es un Estado plurilingüe, y no es un Estado plurilingüe. Señorías, nosotros no hemos dicho que el Estado sea plurilingüe, nosotros hemos dicho que España es plurilingüe. Pero es que
no lo hemos dicho hoy, lo hemos dicho siempre.
Es que España es plurilingüe y era plurilingüe. Hace muchos siglos que España es plurilingüe. No tuvieron que aparecer los partidos nacionalistas para que fuera plurilingüe. Podemos ir al siglo XVII
y encontrar, por ejemplo, en Cervantes, no solamente en El Quijote, sino en Persiles, cómo se utiliza, y además con gracia y serenidad: Hay personas en el ámbito valenciano que cuando quieren resaltar Valencia dicen: graciosa lengua con quien solo
la portuguesa puede competir a ser dulce y agradable. Esa España era plurilingüe, había convergido idiomáticamente con la mayor naturalidad sin que los ciudadanos perdieran la identidad de origen. Esa naturalidad se quebró al imponer el poder
político la idea francesa de una única lengua y central. ¡Miren lo que copiamos precisamente de los franceses!
A partir de entonces el diálogo ya sufrió contratiempos, interrupciones y enfados; por ejemplo, se publicó un decreto de nueva planta, de 16 de enero de 1716, de desdichado recuerdo. Por lo tanto, señorías, poco a poco se rompió la
convivencia de unas lenguas que no habían supuesto obstáculo alguno en el camino de la construcción nacional y se convirtieron en banderas de doctrinas y movimientos políticos.
En el Grupo Parlamentario Socialista no queremos que esa cultura y esa lengua se la apropien ningún movimiento político; lo que queremos es que esa lengua y esa cultura sean patrimonio de todos, y por eso defendemos esta iniciativa y
queremos defender las lenguas en el Senado. No nos obliga más que la razón, el sentimiento y, posiblemente, algo de inteligencia. (Risas.)
Recuerdo algunas conversaciones con Juan José Laborda sobre patriotismo constitucional en las que me hizo descubrir a lord Acton y a Orwell, hablando de la teoría de la multiplicidad de afectos y del patriotismo múltiple. Lord Acton y
Orwell se preguntaban si se podían combinar los afectos a dos naciones y se contestaban que sí, pero que para ello era necesario un requisito: no ser nacionalista.
A los socialistas no nos preocupan los afectos aunque sean dobles, solo nos preocupan los desafectos. Nosotros defendemos esa doble lealtad porque creemos que es compatible ser leal a la bandera española y ser leal a la senyera, a la
ikurriña o a cualquier bandera de comunidad autónoma. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
Los socialistas creemos que se hace una España mejor así, defendiendo la lengua española, defendiendo la lengua castellana, pero también defendiendo la lengua catalana, la vasca, la gallega y la valenciana, facilitando el uso de todas. No
somos ni ingenuos ni necios, aunque nos hayan llamado de todo y nos hayan descalificado como pocas veces. Quizá haya ocasiones en que lo merezcamos, señorías, pero no en esta, porque trabajamos con el material de construcción que quieren los
ciudadanos: el del entendimiento y la vertebración de España.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés y del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Van-Halen.
El señor VAN-HALEN ACEDO: Gracias, señor presidente.
Señorías, decía Ortega que la mejor manera de mentir eran las medias verdades. Aquí hemos oído mucho de esto.
El señor Anasagasti debería saber que el valón no es un idioma. No existe el idioma valón, existe el idioma francés. Lo he repetido cinco veces, pero cuando se habla de idiomas hay que venir sabiendo las generalidades de la ley.
(Rumores.) Luego el señor Anasagasti me verá a mí con el pinganillo, y yo estoy deseando verle a él hablar en euskera en esta Cámara. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.) Pero al que no va a ver con el pinganillo
es al señor Zapatero, fíjese usted. ¡Qué generosos son ustedes, los 34 firmantes de las comunidades autónomas! Ni van a ver con el pinganillo a los ministros.
Señor Anasagasti y señores firmantes, se han dejado ustedes vender un pastel de liebre sin liebre. Ustedes trajeron aquí una iniciativa, el señor Pérez Sáenz muy hábilmente dice que nunca votó en contra, pero que yo sepa, es la cuarta vez
que los nacionalistas traen una iniciativa como esta y el Partido Socialista Obrero Español no votó a favor de que se tomara en consideración. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.-Varios señores senadores: ¡Muy
bien!-El señor Pérez Sáenz: La fecha, la fecha.) Ustedes sí han cambiado de idea. No es nuevo traer esto aquí, lo que es nuevo es su postura. ¿Quiere que le diga por qué? Porque el Partido Socialista está débil, porque el Gobierno está débil y
porque el Partido Socialista es rehén del señor Montilla.
(Aplausos en los escaños del Grupo Popular en el Senado.)
Ha dicho el señor Bagur que ganaremos en sapiencia. Hombre, aquí hubo una senadora que habló en cuatro idiomas cuando se tomó en consideración esta ley y que venía de un acto en que dijo que se había contradecido un senador del Grupo
Popular. Yo creo que la sapiencia se
demuestra sabiendo también el idioma oficial. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.-Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías.
El señor VAN-HALEN ACEDO: El senador Bonet, ante mi asombro, se ha convertido en defensor de la Constitución -bienvenido, señor Bonet- (Rumores.) y me pregunta si he leído el Estatuto de mi comunidad. Yo era presidente de la Asamblea de
Madrid cuando se votó su Estatuto que, por cierto, se aprobó por unanimidad. Y le digo: conozco la Constitución.
Usted me ha recordado tres artículos que, según usted, yo no me sé. Yo no soy capaz de recordarle los que no le gustan a usted,
señor Bonet, no soy capaz de recordar los artículos de la Constitución con los que usted no está de acuerdo, porque son tantos que no se me ocurren. (Rumores.)
El señor Bofill nos echaba sobre la mesa los respetables millones de personas que hablan en catalán, que es su idioma y el sabe precisamente que yo lo estimo mucho. (Rumores.) No lo hablo en familia, lo estimo mucho. Él lo sabe, y como lo
sabe, no tengo que explicar por qué lo sabe.
El respeto a los idiomas no tiene nada que ver con que se hablen en el Senado. ¿De dónde se han sacado ustedes que porque la Constitución dice que debemos apoyar a los idiomas, hay que hablarlos en una
cámara que representa la soberanía nacional? En ningún sitio se dice eso. (La señora SILVA REGO: Ya se habla.) Lo que no se debe confundir en absoluto es la lengua con una arma arrojadiza, y ustedes lo han confundido; desgraciadamente lo han
confundido.
Mire usted, en un Estado que llama Andhra Pradesh, en la India, cuya capital es Hyderabad, hay 75 millones de ciudadanos que hablan un idioma llamado telugu; en un Estado llamado Karnataka, cuya capital es Bangalore -que le sonará-, se
habla un idioma llamado kannada, hay 55 millones de habitantes. ¿Quiere que le diga el idioma que se habla en el Parlamento indio? El hindi y el inglés, que son los dos idiomas oficiales.
El señor Casas nos ha explicado cómo en Irlanda se habla el galaico, el irlandés y el inglés. Es que son los dos idiomas oficiales de Irlanda. Y en Bélgica no hay un idioma oficial. En un blog que yo leo y del que aprendo mucho del señor
Iñaki Anasagasti, el otro día, atacando la postura de doña Arantza Quiroga, decía que era inconcebible que no supiera euskera -como le ocurre a él- (Risas.) la presidenta del Parlamento vasco (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular
en el Senado.) y ponía un ejemplo curioso. Decía: ¿se concebiría un presidente del Parlamento belga que no supiera francés? Pues no solo se concibe, es que lo hay. (Risas.-Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.) Es
decir, en el Parlamento belga no todos los ciudadanos tienen que saber francés -no valón- o flamenco; unos saben valón, otros flamenco y hay 300 000 que solo saben alemán.
Entonces, naturalmente como no hay un idioma oficial, el presidente del
Parlamento puede saber valón -en este caso francés, como usted sabe, porque el valón no existe-, flamenco o alemán, y no pasa nada. Es que Bélgica no tiene un idioma oficial, como no lo tiene Canadá, como no lo tiene Suiza. Entonces, ustedes se
empeñan en poner esos ejemplos que son medias verdades y falsedades.
Señorías, utilizar un idioma traduciendo, conociendo todos los miembros de esta Cámara un idioma común, como dice la Constitución, no me parece razonable. Por cierto, el artículo 4 de la Constitución de la Segunda República afirmaba que el
idioma oficial y común de la República era el castellano, y luego llamaba a los otros idiomas lenguas regionales. Yo creo que ustedes han ganado mucho desde la Segunda República, aquella que tanto les gusta; han ganado mucho. Esa era la
Constitución. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)
Queridos compañeros, señores Anasagasti, Bonet y Bofill -por cierto, lo de coger el toro por los cuernos supongo que no será en Cataluña. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.-Risas.) Señor Anasagasti, usted
ha citado a Kunta Kinte. Tengo ahí un libro del fundador de su partido, que, si usted tiene interés, en la segunda intervención, si es que existe, le puedo leerle unos párrafos y veremos lo que es Kunta Kinte, si usted se refería a racismo, que no
lo sé. Eso sí es racismo, esto no.
En cuanto a la postura del señor Pérez Sáenz, al cual estimo mucho como él sabe, le felicito porque ¡menudo papelón!; menudo papelón ha tenido usted: lo tuvo en la Comisión de Reglamento y lo ha tenido hoy. El Partido Socialista hace
bastante tiempo que ha dejado de ser un partido nacional y se ha convertido en un conglomerado de partidos y, sinceramente, no entiendo a dónde va. De todos modos, la postura del Grupo Parlamentario Popular en el Senado está muy clara: respetamos
absolutamente las lenguas, respetamos absolutamente las culturas que forman la cultura española -que no es una amalgama de 17 culturas, sino una cultura plural-. Respetamos la historia, no la que ustedes se inventan, sino la historia verdadera.
Por ejemplo, nunca hubo una guerra entre Cataluña y España. En 1614 hacía ya tres años que el pretendiente austríaco había dicho que no optaba al trono de España porque le correspondía al emperador del Imperio Romano Germánico. O sea, ustedes se
han inventado una historia unida además a la lengua. Porque nunca ha habido un problema de lenguas. Algunos de ustedes hablaba de la España de los Reyes Católicos y el señor Pérez Sáenz hablaba del gran cariño de los clásicos por los diferentes
idiomas de España, y tiene toda la razón, qué diferencia hay que el idioma nuevo se haya identificado como un arma arrojadiza cuando, naturalmente, nunca lo fue, porque ni a Aresti, ni a Ramón Llull, ni a Verdaguer, ni a Rosalía se les ocurrió nunca
utilizar el idioma como un arma arrojadiza. Y ustedes, políticos, políticos concretos, no el pueblo catalán -a ver si no confundimos (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.), emplean la lengua como un arma arrojadiza.
Yo entiendo al senador Bofill, que es el que ha promovido esta iniciativa, y le felicito como parlamentario, porque usted sabe que los señores del Grupo Parlamentario Socialista le han engañado para bajar el listón, y también, y lo ha dicho,
que es un paso que no tiene marcha atrás. Usted lo ha dicho y está en el Diario de Sesiones. Entonces, ustedes piden la máxima para aceptar la mínima, aprovechando la debilidad del Partido Socialista y del Gobierno socialista. Y yo le tengo que
felicitar porque eso para su grupo parlamentario, para sus ideas y para usted es apuntarse un importante tanto político e intelectual. Yo le felicito y no tengo ninguna duda en hacerlo. A río revuelto también pueden ganar los pescadores cuando
quieren hacerlo.
Señor Bofill, tengo que achacarle que usted piensa que lo democrático es lo suyo y que lo positivo es lo suyo, y no, lo democrático está repartido y aceptarlo es precisamente ser demócrata.
Muchas gracias. (Fuertes y prolongados aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Finalizado el turno de totalidad, pasamos al debate de las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.
Tiene la palabra la senadora Vindel.
La señora VINDEL LÓPEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Los argumentos han sido expuestos y, por tanto, se dan por defendidas.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Turno en contra. (Denegación.)
Turno de portavoces.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Sampol.
El señor SAMPOL I MAS: Gracias, señor presidente.
Señorías, (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías.
Señorías, por favor, silencio.
Tiene la palabra, señoría.
El señor SAMPOL I MAS: Muchas gracias, señor presidente.
Mi primera toma de conciencia política debió ser cuando tenía 17 o 18 años -debían faltar algunos para que muriera el dictador-, estábamos en plena dictadura. Precisamente tomé conciencia de que mi lengua materna en la que pienso, amo,
sueño estaba prohibida y perseguida, y entendí que luchando por la recuperación de la lengua escrita más antigua de Europa sería fiel a mi pueblo, porque quien persigue una lengua en realidad persigue al pueblo que la habla.
Todos amamos nuestra lengua materna. Ustedes, señores del Grupo Parlamentario Popular, que son castellanoparlantes, aman su lengua. ¿No aman su lengua? (Rumores.) ¿No aman el castellano? (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, silencio, por favor.
El señor SAMPOL I MAS: ¿No aman el castellano? (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor. Silencio.
El señor SAMPOL I MAS: ¡Pues bien que se movieron para defender una «ñ» en el teclado de los ordenadores! Si esto no es un acto de amor por su lengua; ¿qué es entonces?
Digo esto porque efectivamente estamos hablando de sentimientos, y de sentimientos muy profundos. Yo no represento a todos los españoles como la señora Vindel, que ha hablado en nombre de todos los españoles. Yo ni siquiera puedo hablar
aquí en nombre de toda mi comunidad autónoma, aunque soy senador de designación autonómica. Como portavoz del PSM y de la coalición Bloc per Mallorca i PSM-Verds puedo hablar en nombre de poco más de 30 000 votantes. He de decirles, señora Vindel
y señor Van-Halen, que he sentido que me ofendían a mí y que ofendían a mis treinta y pico mil votantes con su tono agresivo, descalificador y poco respetuoso para lo que más aman nuestros votantes y yo en particular. Hoy ustedes han estado
groseros, realmente groseros, porque no han defendido sus ideas, han atacado sentimientos muy profundos de 30 000 ciudadanos tan respetables como sus 11 millones de votantes. Digo esto porque aquí se habla de confrontación, de arma arrojadiza, y
debemos preguntar: ¿quién confronta, quien prohíbe o quien quiere hacer uso de su idioma? ¿Quién utiliza el idioma como un arma arrojadiza, el que quiere prohibir el uso del idioma o el que quiere hacer uso de él? Ustedes son los que confrontan,
ustedes son los que utilizan el idioma como arma y son fieles a la tradición de aquel que empezó a introducir el castellano mañosamente y de aquellos dictadores que después prohibieron el idioma directamente.
Esta es su realidad y aquí han
utilizado los mismos argumentos. ¿Quién es el agredido y quién es el agresor en este caso? Yo creo que el que prohíbe es el que agrede y al que se le prohíbe su lengua, uno de sus temas más importantes, es el agredido.
¿Sienten vergüenza del pinganillo? Pues sentir vergüenza del pinganillo es sentir vergüenza de la realidad pluricultural del Estado, porque el pinganillo sería un ejercicio de pedagogía muy necesario en esta España.
El portavoz de Convergència i Unió ha dicho que fuera de Cataluña, Valencia y Baleares no hay ninguna universidad en la que se pueda estudiar el catalán. Es más, en todas las escuelas de idiomas
El señor PRESIDENTE: Señoría, le ruego que termine.
El señor SAMPOL I MAS: Decía que en todas las escuelas de idiomas solamente en una, en la de Zaragoza, se puede utilizar el catalán. Esto responde a decisiones
políticas y responde a decisiones políticas que han tomado gente que pensaba como ustedes.
Señorías, hoy es un pequeño paso, pero es un avance, y yo el día que vea que no se puede avanzar en las libertades lingüísticas en este Estado, dejaré de creer en este Estado.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas, tiene la palabra el senador Pérez Bouza. (Rumores.)
Silencio, señorías, por favor.
El señor PÉREZ BOUZA: Gracias, presidente.
En el anterior debate reservé el término de día histórico para poder utilizarlo a la conclusión de esa propuesta de reforma que presentábamos.
Voy a utilizar un término menor, día importante, porque considero que el paso que vamos a dar
también es importante, pero no es histórico. Es importante porque a partir de 2011 vamos a poder utilizar en este salón de plenos el idioma de Galicia, el idioma de Euskadi y el idioma de Cataluña en el debate de las mociones que se sometan a
votación. Es un paso importante que desde el BNG no consideramos que sea definitivo, pero que en todo caso valoramos positivamente. Nosotros solo lo consideraremos definitivo cuando podamos utilizar estos idiomas en toda la actividad parlamentaria
de la Cámara, que sería lo lógico y lo normal en una Cámara de representación territorial de un Estado plurilingüe como es el Estado español.
Mi agradecimiento una vez más a los 34 senadores que hemos firmado esa propuesta de reforma de Reglamento, y especialmente a los senadores Mur, Quintero y Belda, que pertenecen a agrupaciones políticas y a territorios que no tienen lengua
propia, y han apoyado desde el principio hasta el final esta propuesta. (Aplausos.) Por lo tanto, nuestro reconocimiento.
Por supuesto también mi reconocimiento al Grupo Parlamentario Socialista por facilitar que pudiéramos llegar a este acuerdo a
pesar de que no lo ha tenido fácil por la demagogia del Grupo Parlamentario Popular y de determinados medios de comunicación; a pesar de eso, han sabido aguantar el tirón y, fruto de esa decisión firme, hoy podemos celebrar este acuerdo.
No puedo decir lo mismo del Grupo Popular que con esa visión absolutamente rancia, carca y centralista y que hoy han puesto aquí ustedes de manifiesto no han facilitado ese acuerdo; una visión carca, centralista y absolutamente desfasada
que les provoca auténticos sarpullidos. Señora Vindel, señor Van-Halen, yo creo que en este momento deben tener el cuerpo lleno de ronchas y harán falta muchos corticoides para poder curarlas porque, si no, es imposible que desde esta tribuna pueda
salir tanta mala leche y tanta mala uva (Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) cuando hablan de plurilingüismo y de diversidad del Estado español. Ustedes seguro que estarían -sí, señor Arenas- mucho más felices con esa teoría
absolutamente empobrecedora de un idioma único, no solo para todo el Estado español, sino para todo el mundo, y lo considerarían incluso positivo. Léanse a Castelao y verán lo que decía de los que defendían hace ya algunos años ese idioma único
para el conjunto del mundo. Léanlo y aprenderán algo; nosotros desde luego estamos en otra órbita.
En cualquier caso, debemos felicitarnos por el paso dado, paso pequeño pero importante, y, sobre todo, debemos sentirnos orgullosos aquellos que tenemos otras lenguas en nuestros territorios distintas del castellano, y no debemos ni tenemos
que pedir perdón a nadie por utilizarlas ni pedir permiso para poder hablar, para poder desarrollar nuestra vida las 24 horas del día en nuestros idiomas propios.
Señor Van-Hal, (La señora Vindel López: Van-Halen.) me sobra un minuto.
Podría dedicarlo a rebatirle todos sus argumentos pero no voy a hacerlo, y solo le discutiré uno: usted dice que algunos inventamos una historia; pues bien, otros,
que pensaban como usted, nos han impuesto una historia muy negra.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el senador Casas.
El señor CASAS I BEDÓS: Gracias, señor presidente.
Señorías, he intentado en mi intervención evitar cualquier otro tipo de confrontación, partiendo de la base de que estamos debatiendo sobre un tema que tiene una parte importante de sentimiento; de hecho, estoy seguro de que a cada uno de
ustedes hay muchas cosas que les han motivado a hacer política, entre ellas, algunas que afectan a la intimidad. Y la lengua, cuando es lengua materna y además conforma una realidad cultural, forma parte de la intimidad de uno.
Cuando se debaten todas estas cuestiones requieren cierta calma, prudencia y, sobre todo, mucho respeto. El señor Van-Halen, al que le tengo mucho respeto, y que casi no me ha citado, en algún momento de su intervención ha hecho algún
divertimento sobre algún senador, que considero que, tratándose de la cuestión de la que se trataba, hubiese sido mejor no entrar a buscar el aplauso fácil. Repito, es un tema que tiene una carga de profundidad. De todas formas, hay un argumento,
señor Van-Halen, que no comparto. Usted ha dicho que en el Parlamento irlandés hablan irlandés o gaélico porque los dos son oficiales. Pues hagamos el catalán también idioma oficial y problema resuelto. No es un problema de rango de ley, sino de
si queremos entender que estamos en un Estado plural, diverso y que precisamente el gran salto que hace la democracia española con la transición es reconocer, aparte de la libertad y los partidos políticos, que estamos en un país diverso, y le da
carta de naturaleza política y cultural. Y esta gran diversidad, insisto, que es el gran activo que tiene España en su conjunto, con este tipo de debates estamos convirtiéndola en un pasivo, y esto es un grave error, porque en la medida en que la
gente no se identifique con sus instituciones poco avanzaremos, y reconocer que aquí se hablen todas las lenguas es un avance culturalmente importante y hace que todos se sientan bien representados.
Hablar de pinganillos es un tema menor que no tiene en mi opinión ninguna importancia. Hemos perdido la oportunidad de aprobar una norma por consenso, de dejar de hacer un debate político entre los dos grupos mayoritarios. A veces en
algunos debates me pregunto qué hago allí, si este no es mi sitio. En ocasiones temas que requieren debates en profundidad los utilizan los dos partidos mayoritarios en su lucha por el poder, que es legítima, más para confrontar que para construir.
En política, que existen momentos para la confrontación, y hay que hacerlo porque estamos en democracia, lo más importante es buscar la complicidad, lo que hace posible que las leyes sean creíbles, y es más importante, una vez nos hemos recreado en
la discrepancia, buscar espacios de complicidad para que el mayor número de gente posible se sienta representada por sus instituciones.
Repito, hemos perdido una gran oportunidad. Que se hable de distintas lenguas en las mociones es una cuestión menor, aunque de gran trascendencia, ya que muchos millones de catalanes, de vascos y de gallegos verán reflejado lo que para
ellos es natural, su idioma materno, en aquella parte de las instituciones del Estado que representan al conjunto territorial y a esta diversidad. Es algo fundamental.
Acabaré con una cita, si me lo permiten, aunque no soy dado a las citas pero creo que esta es muy oportuna, porque es un problema de fondo, de sentimientos. Un gran poeta catalán, Salvador Espriu -lo diré en castellano para que me entiendan
todos- decía: La verdad es un gran espejo roto -La veritat és un gran mirall trencat- y cada uno de nosotros tiene un trozo de este espejo -Tots tenen un tros-. Y, en la medida en que seamos capaces de recomponerlo, de aportar cada uno su trozo,
encontraremos la verdad. La veritat és un gran mirall trencat. Si entendemos este concepto y sabemos aportar cada uno su trozo de verdad al bien común, seguramente estos debates serán más constructivos y no tendrán este tipo de confrontación, que,
insisto, cuando se habla de temas que afectan al sentimiento de muchas personas, incluso pueden llegar a ofender.
Gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, tiene la palabra el senador Bonet.
El señor BONET I REVÉS: Señor presidente, hace días que está todo dicho, pero vemos que el señor Van-Halen continúa con sus cinismos, sus improperios, sus calificativos de disparatado, etcétera, y ha empezado con las medias verdades. Él es
un especialista en leer la mitad de los artículos; o sea, de un artículo de la Constitución solo lee la mitad, la otra mitad siempre se la guarda. Cuando habla de la nación española, de la unidad, que está integrada por nacionalidades y regiones
no sale; habla de la Constitución de la República. El artículo 4 dice: El castellano es el idioma oficial de la República; todo español tiene obligación de saberlo y el derecho a usarlo. Él se para aquí, pero hay una coma, dice: ,... sin
perjuicio de los derechos que las leyes del Estado reconozcan a las lenguas de las provincias y regiones. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) Es decir, que siempre hace lo mismo, dice medias verdades.
Pues bien, no quiero hacer un debate con el señor Van-Halen. Para Entesa hoy es un día importante, es un gran paso, se han sacado las lenguas españolas de un uso marginal en una comisión, se van a utilizar las lenguas españolas en el Pleno
con normalidad y creemos que provocará al final adhesiones, y estoy convencido de que no habrá que dejar pasar mucho tiempo para que el Grupo Popular también reconozca que esto es un gran avance e incluso pida nuevos elementos para que finalmente
sea el Senado la Cámara territorial que todos los senadores queremos que algún día suceda esto.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Pérez Sáenz.
El señor PÉREZ SÁENZ: Señorías, solo voy a hablar de dos cosas, de lo que creo que son unas contradicciones y del papelón.
Respecto a las contradicciones, lo mejor son los ejemplos. Yo no sé por qué en la Comisión General, en el Senado, se ve con recelo la intervención del señor Montilla y no se ve de la misma manera la intervención de doña Alicia
Sánchez-Camacho, que también la hizo aquí.
(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
La segunda cuestión, y hablando de contradicciones: señora Vindel, tengo que decir que hemos recorrido el norte de Europa para ver los parlamentos del norte de Europa, Asia, África, América, Oceanía; hemos puesto ejemplos de todo. Hay un
ejemplo aquí cerca, en España: el Parlamento navarro.
Yo le comenté a la señora Caballero -en el ámbito privado- que sería importante que no estuviera al lado del Partido Popular. Porque lo que me parece que es un ejemplo es el Parlamento de Navarra.
Señorías, el Parlamento de Navarra -mejor dicho, Navarra- es plurilingüe, pero la Comunidad de Navarra no lo es. El idioma oficial de Navarra es el castellano y solamente es cooficial el euskera en alguna parte de los territorios de
Navarra. No obstante, en el Parlamento de Navarra -además, Navarra es unicameral- se habla en euskera teniendo una lengua común -el castellano-, se ponga como se ponga, se utiliza por Nafarroa Bai o se utiliza por quien lo sabe, pero se habla el
euskera, es lo normal. Es lo que pretendemos en el Senado. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
Con respecto al papelón, señor Van-Halen, le he dicho que le tenía respeto y voy a seguir teniéndoselo. No obs-
tante, yo he dicho que usted utilizaba material de desecho y con su intervención no ha hecho otra cosa que darme la razón.
Ahora, le voy a comentar otra cuestión que tiene que ver con el papelón del portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, como también me dijeron a la salida de la comisión algunos senadores. A nadie le gusta hablar de uno pero en el año
1992, señor Van-Halen, siendo presidente de la Comunidad Autónoma de La Rioja, ya tuve la iniciativa de constituir el primer evento institucional que posiblemente se haya dado en este país de convivencia lingüística. Estuvieron todos los
presidentes de las comunidades autónomas, la representación del Gobierno de España y sus Majestades los Reyes. Aquellos que ahora me denominan un necio plurilingüe en aquel momento alabaron mi posición. Esto fue en el año 1992 pero posiblemente
antes yo, el del papelón, ya estaba trabajando por la convivencia lingüística en este país. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
También le quiero decir una cosa. En el Grupo Parlamentario Socialista -y no sé si sucederá lo mismo en el Grupo Parlamentario Popular- funciona la disciplina y votamos lo que consideramos que tenemos que votar y, cuando dudamos en alguna
cuestión, también votamos como nos señala la dirección.
Pero en el Grupo Parlamentario Socialista nadie sale a defender aquí algo en contra de sus ideas, nadie nos obliga a ello. Nadie nos obliga, no sé qué pasa en el Grupo Parlamentario Popular.
(Rumores.)
Termino. Señorías, nuestra posición en el Senado siempre ha sido -si no lo creen, les reto a que me digan la fecha, el momento y el lugar- apoyar la política lingüista y la introducción de las lenguas españolas en el Senado. Nosotros,
insisto, creemos que se construye mejor España.
Nosotros, señorías del Partido Popular, sencillamente creemos que en una institución como esta Cámara, que es una Cámara territorial y autonómica, para muchos es mejor verse reconocidos en ella.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Van-Halen.
El señor VAN-HALEN ACEDO: Gracias, señor presidente.
En primer lugar, quiero pedir perdón a quien se haya sentido ofendido porque yo lo que no quiero ser es grosero, lo que pasa es que hay que saber qué dice el diccionario sobre la grosería y los improperios y no meterse en los debates
parlamentarios sin saber lo que significan.
El señor Sampol ha dicho que el Grupo Parlamentario Popular ha atacado las lenguas, cuando yo he dicho todo lo contrario. El respeto a las lenguas es una cosa y estar de acuerdo con que se utilicen en una Cámara como el Senado es otra. Es
que ustedes lo confunden todo.
En cuanto a la contradicción que ha apuntado el senador Pérez Sáenz, al que tengo mucho respeto -y él lo sabe-, parece que no me he explicado bien o a lo mejor ni si quiera lo he dicho, porque la contradicción que él quiere ver en el Grupo
Parlamentario Popular se sustenta en que hace cinco años apoyamos que se utilizaran los otros idiomas españoles en la Comisión General de las Comunidades Autónomas y nuestra posición de ahora le parece una contradicción. Lo voy a explicar, aunque
ya se lo dije en la Comisión de Reglamento. Señoría, hubo un compromiso en el sentido de que, como en la Comisión General de la Comunidades Autónomas venían a comparecer los Gobiernos autonómicos, y como en cuatro de ellos había otras lenguas
cooficiales, como deferencia a los Gobiernos de esas comunidades y contemplando cierta extraterritorialidad de sus presidentes y consejeros, se entendió oportuno que se utilizaran los distintos idiomas que, insisto, no son oficiales en todo el
territorio nacional, sino solo en esas comunidades autónomas.
Es decir, que no ha habido ninguna contradicción. Nos sentimos orgullosos de haber votado eso hace cinco años. Sin embargo, ustedes, en las cuatro ocasiones anteriores en las que se ha presentado una iniciativa parecida en esta Cámara -y
no sé si usted sería senador entonces-, el Grupo Parlamentario Socialista no votó a favor de que eso se tuviera en cuenta ni de que se tramitase. ¡Eso es así, señoría! ¡Léase los papeles; léase los diarios de sesiones!
Y no voy a entrar en el fondo de la cuestión porque lo ha defendido muy bien, de una forma muy interesante y profunda, mi compañera, doña Rosa Vindel. Voy a entrar solo en lo que se ha dicho aquí últimamente. Se ha hablado del respeto que
tienen a toda España y a todas las ideas desde los nacionalismos; y yo les pido, por favor, a quienes puedan hacerlo, que lleven ese respeto también a las calles. Que no se quede solo en las instituciones o en los Parlamentos; que en las calles
no se confunda ese respeto y se convierta en improperios y ataques. Llévenlo ustedes; no practiquen un doble juego en las instituciones y en las calles.
Para finalizar quiero decir que el señor Pérez Sáenz ha dicho que el Grupo Parlamentario Socialista es muy coherente y que no cambia de ideas. Vamos a ver, señoría: el jefe del Grupo Parlamentario Socialista es el secretario general del
Partido Socialista, que, que yo sepa, cambió radicalmente de ideas en 48 horas con declaraciones públicas grabadas por la televisión y conocidas por los españoles respecto de un tema tan importante como el que afectaba a los bolsillos de los
ciudadanos menos pudientes.
Así pues, por favor, no me diga usted que el Partido Socialista se caracteriza por su coherencia, porque lo hace precisamente por sus cambios. Y a fuerza de cambios se han quedado ustedes sin principios y sin saber cuáles son.
Y termino mi intervención citando al señor Pérez Bouza, que ha dicho que entre ganar una votación o ganar un debate era preferible ganar un debate. Señoría, piénselo seriamente y con rigor, porque este debate no lo han
ganado ustedes en la calle con los ciudadanos. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Llamen a votación. (Pausa.)
Tomen asiento, señorías.
Cierren las puertas. (Pausa.)
Señorías, vamos a proceder a la votación de la Propuesta de reforma del Reglamento del Senado sobre el uso de las lenguas oficiales en las comunidades autónomas en la actividad de la Cámara.
Votamos, en primer lugar, las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 248; a favor, 115; en contra, 133.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos a continuación la totalidad del texto resultante como consecuencia de la votación anterior.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 249; a favor, 134; en contra, 115.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado. (Fuertes aplausos.)
Señorías, en consecuencia, queda aprobada la Propuesta de reforma del Reglamento del Senado sobre el uso de las lenguas oficiales en las Comunidades Autónomas en la actividad de la Cámara.
DELEGACIÓN DE COMPETENCIA LEGISLATIVA EN LAS COMISIONES
-- EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS URGENTES PARA LA REFORMA DEL MERCADO DE TRABAJO (PROCEDENTE DEL REAL DECRETO-LEY 10/2010, DE 16 DE JUNIO) (Número de expediente 550/000032).
El señor PRESIDENTE: Señorías, pasamos a continuación al punto undécimo del orden del día: delegación de competencia legislativa en las comisiones, en relación con el Proyecto de Ley de medidas urgentes para la reforma del mercado de
trabajo, procedente del Real Decreto-Ley 10/2010, de 16 de junio.
En aplicación de lo dispuesto en el artículo 130, apartado 1, del Reglamento, la Mesa del Senado, oídos los portavoces de los grupos parlamentarios, en su reunión del día 13 de julio de 2010, ha resuelto proponer al Pleno de la Cámara que se
delegue en la Comisión de Trabajo e Inmigración la competencia legislativa para la tramitación del citado proyecto de ley.
¿Lo acuerda la Cámara por asentimiento? (Asentimiento.)
Queda delegada la competencia legislativa para la tramitación de la iniciativa mencionada en la Comisión de Trabajo e Inmigración.
Se levanta la sesión, señorías.
Eran las veinte horas y quince minutos.