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DS. Senado, Pleno, núm. 88, de 20/07/2010
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
SENADO
Año 2010 IX Legislatura
Núm. 88
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FRANCISCO JAVIER ROJO GARCÍA
Sesión del Pleno
celebrada el martes, 20 de julio de 2010
ORDEN DEL DÍA:
Previo
Juramento o promesa de acatamiento a la Constitución. (Número de expediente 500/000286).
Primero
ACTAS
Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión extraordinaria anterior celebrada los pasados días 6 y 7 de julio de 2010.
Segundo
PREGUNTAS
-- De D. LLUÍS MARIA DE PUIG OLIVE, del GRUPO PARLAMENTARIO ENTESA CATALANA DE PROGRÉS, sobre las decisiones que recientemente ha tomado la Unión Europea en relación a Cuba. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Senado, Serie I, número 500, de fecha 19 de julio de 2010). (Número de expediente 680/000810).
-- De D. PERE SAMPOL I MAS, del GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, sobre la opinión de la Vicepresidenta Primera del Gobierno acerca de si el Ejecutivo debería declinar la invitación del Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas
(ONU) para co-presidir con el Presidente de Ruanda la próxima reunión preparatoria de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), que tendrá lugar en Madrid a mediados
de julio. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 500, de fecha 19 de julio de 2010). (Número de expediente 680/000813).
-- De D. IÑAKI MIRENA ANASAGASTI OLABEAGA, del GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES NACIONALISTAS, sobre si no cree el Gobierno que, además de su comparecencia semestral en el Pleno del Congreso y en la Comisión Mixta para la Unión Europea, el
Presidente podría simultanear estos descargos en el Pleno del Senado. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 500, de fecha 19 de julio de 2010).
(Número de expediente 680/000815).
-- De D. ALFREDO BELDA QUINTANA, del GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, sobre la situación en la que se encuentra la creación del Instituto Vulcanológico de Canarias (IVC). (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie
I, número 500, de fecha 19 de julio de 2010).
(Número de expediente 680/000833).
-- De D. IÑAKI MIRENA ANASAGASTI OLABEAGA, del GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES NACIONALISTAS, sobre si el Gobierno cree que el Gobierno venezolano invitará a una representación de las Cortes Generales para acudir a las elecciones
legislativas venezolanas del 26 de septiembre.
(Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 500, de fecha 19 de julio de 2010). (Número de expediente 680/000834).
-- De D. JOSÉ MARÍA MUR BERNAD, del GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, sobre los planes y calendario para la puesta en marcha del Instituto de Investigación sobre el Cambio Climático en Zaragoza. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Senado, Serie I, número 500, de fecha 19 de julio de 2010). (Número de expediente 680/000835).
-- De D.ª MONTSERRAT CANDINI I PUIG, del GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN EN EL SENADO DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ, sobre las previsiones del Gobierno en relación con el incremento de las dotaciones destinadas a políticas de viviendas de protección
oficial en régimen de alquiler. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 500, de fecha 19 de julio de 2010). (Número de expediente 680/000836).
-- De D.ª ROSA NURIA ALEIXANDRE I CERAROLS, del GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN EN EL SENADO DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ, sobre las medidas que el Gobierno piensa adoptar durante el presente año para hacer frente al altísimo déficit presupuestario en
materia de sanidad. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 500, de fecha 19 de julio de 2010). (Número de expediente 680/000837).
-- De D.ª MARIA BURGUÉS BARGUÉS, del GRUPO PARLAMENTARIO ENTESA CATALANA DE PROGRÉS, sobre las previsiones del Gobierno en relación con la puesta en marcha del Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos Española. (Publicada
en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 500, de fecha 19 de julio de 2010). (Número de expediente 680/000838).
-- De D.ª MARÍA ASSUMPTA BAIG I TORRAS, del GRUPO PARLAMENTARIO ENTESA CATALANA DE PROGRÉS, sobre las medidas de sensibilización puestas en marcha en materia de trata de seres humanos. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Senado, Serie I, número 500, de fecha 19 de julio de 2010). (Número de expediente 680/000839).
-- De D.ª DORINDA GARCÍA GARCÍA, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre si el Ministerio de Trabajo e Inmigración considera justo que, después de congelar las pensiones de seis millones de españoles, el Consejo de Ministros haya
autorizado a la Tesorería General de la Seguridad Social realizar una aportación financiera de un millón cuatrocientos mil euros para la formación de los agentes sociales de Iberoamérica. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Senado, Serie I, número 500, de fecha 19 de julio de 2010). (Número de expediente 80/000840).
-- De D. JUAN PABLO SÁNCHEZ SÁNCHEZ-SECO, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre el grado de responsabilidad que el Gobierno considera que tiene en la situación de quiebra de casi un tercio de los municipios españoles.
(Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 500, de fecha 19 de julio de 2010). (Número de expediente 680/000841).
-- De D. JUAN HUGUET ROTGER, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre los planes o proyectos previstos por el Ministerio de Justicia para agilizar los procesos judiciales pendientes que, a día de hoy, superan los dos millones
quinientos mil. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 500, de fecha 19 de julio de 2010). (Número de expediente 680/000842).
-- De D.ª MARÍA CARMEN RIOLOBOS REGADERA, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre la política que está llevando a cabo el Gobierno en materia de protección de los consumidores afectados por el dimetilfumarato. (Publicada en el
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 500, de fecha 19 de julio de 2010).
(Número de expediente 680/000843).
-- De D.ª ALICIA SÁNCHEZ-CAMACHO PÉREZ, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre la valoración del Gobierno en relación con la elevada tasa de temporalidad en los contratos celebrados en el último mes.
(Publicada en el «Boletín
Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 500, de fecha 19 de julio de 2010). (Número de expediente 680/000844).
-- De D. ADOLFO ABEJÓN ORTEGA, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre los motivos por los que el Gobierno tiene abandonada presupuestariamente la formación profesional del Ministerio de Educación y permite que no se invierta lo
que presupuesta para la formación profesional y el empleo el Ministerio de Trabajo e Inmigración.
(Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 500, de fecha 19 de julio de 2010). (Número de expediente
680/000845).
-- De D. JESÚS RAMÓN AGUIRRE MUÑOZ, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre la manera en que afecta la rebaja de precios de los medicamentos innovadores a la Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica (I+D+i)
sanitaria y, en especial, a los medicamentos huérfanos. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 500, de fecha 19 de julio de 2010).
(Número de expediente 680/000846).
-- De D. PEDRO TORRES I TORRES, del GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, sobre la fecha prevista por el Ministerio de Justicia para la creación de un juzgado de primera instancia e instrucción en la Comunidad Autónoma de las Illes Balears. (Publicada
en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 500, de fecha 19 de julio de 2010).
(Número de expediente 680/000847).
Tercero
INTERPELACIONES
-- De D. JORDI CASAS I BEDÓS, del GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN EN EL SENADO DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ, sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno a los efectos de reforzar la protección del interés de los titulares de marca en el caso de
las importaciones paralelas. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 500, de fecha 19 de julio de 2010). (Número de expediente 670/000113).
-- De D.ª COLOMA FRANCISCA MENDIOLA OLARTE, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre la situación en la que se encuentra en la actualidad la industria farmacéutica en España. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Senado, Serie I, número 500, de fecha 19 de julio de 2010). (Número de expediente 670/000115).
-- De D. PERE MUÑOZ HERNÁNDEZ, del GRUPO PARLAMENTARIO ENTESA CATALANA DE PROGRÉS, sobre las previsiones del Gobierno en relación con la aprobación definitiva de la ubicación del almacén temporal centralizado (ATC) de residuos radioactivos.
(Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 500, de fecha 19 de julio de 2010).
(Número de expediente 670/000116).
-- De D. ALFREDO BELDA QUINTANA, del GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, sobre la política del Gobierno en materia de instalaciones de inspección no intrusiva en los puertos de interés general a través de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria (AEAT), en concreto en el puerto de Santa Cruz de Tenerife. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 500, de fecha 19 de julio de 2010).
(Número de expediente 670/000114).
Cuarto
DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
-- De la Comisión de Economía y Hacienda en relación con el Proyecto de Ley de modificación de las Leyes 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector público, 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los
sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, y 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa para adaptación a la normativa comunitaria de las dos primeras. SE TRAMITA POR EL
PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. (Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie II, número 70, de fecha 12 de julio de 2010). (Número de expediente Senado 621/000070 y número de expediente Congreso 121/000079).
-- De la Comisión de Interior en relación con el Proyecto de Ley sobre simplificación del intercambio de información e inteligencia entre los servicios de seguridad de los Estados miembros de la Unión Europea.
(Publicado en el «Boletín
Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie II, número 68, de fecha 20 de julio de 2010). (Número de expediente Senado 621/000068 y número de expediente Congreso 121/000048).
Quinto
CONOCIMIENTO DIRECTO POR EL PLENO DE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
-- Proyecto de Ley Orgánica complementaria de la Ley sobre simplificación del intercambio de información e inteligencia entre los servicios de seguridad de los Estados miembros de la Unión Europea, por la que se modifica la Ley Orgánica
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
(Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie II, número 69, de fecha 28 de junio de 2010). (Número de expediente Senado 621/000069 y número de expediente Congreso 121/000049).
Séptimo
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN
-- Del GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES NACIONALISTAS, por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas en relación con la mejora de los servicios ferroviarios de media distancia y de cercanías.
(Publicada en el
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 500, de fecha 19 de julio de 2010). (Número de expediente 671/000095).
SUMARIO
Se abre la sesión a las dieciséis horas.
Juramento o promesa de acatamiento a la Constitución (Página 4734)
La Excma. señora D.ª Rosa Beltrán Ruiz adquiere la condición plena de senadora al prestar acatamiento a la Constitución.
ACTAS (Página 4734)
Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión extraordinaria anterior celebrada los pasados días 6 y 7 de julio de 2010 (Página 4734)
Se aprueba el acta.
PREGUNTAS (Página 4734)
De D. ALFREDO BELDA QUINTANA, del GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, sobre la situación en la que se encuentra la creación del Instituto Vulcanológico de Canarias (IVC) (Página 4734)
Esta pregunta ha sido aplazada.
De D. JOSÉ MARÍA MUR BERNAD, del GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, sobre los planes y calendario para la puesta en marcha del Instituto de Investigación sobre el Cambio Climático en Zaragoza (Página 4734)
Esta pregunta ha sido aplazada.
De D. JUAN PABLO SÁNCHEZ SÁNCHEZ-SECO, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre el grado de responsabilidad que el Gobierno considera que tiene en la situación de quiebra de casi un tercio de los municipios españoles
El señor Sánchez Sánchez-Seco formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde el señor vicepresidente tercero del Gobierno y ministro de Política Territorial (Chaves González). En turno de réplica interviene de nuevo el señor Sánchez
Sánchez-Seco. En turno de dúplica lo hace el señor vicepresidente tercero del Gobierno y ministro de Política Territorial (Chaves González).
De D. LLUÍS MARIA DE PUIG OLIVE, del GRUPO PARLAMENTARIO ENTESA CATALANA DE PROGRÉS, sobre las decisiones que recientemente ha tomado la Unión Europea en relación a Cuba (Página 4736)
El señor De Puig Olive formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde el señor ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación (Moratinos Cuyaubé).
De D. PERE SAMPOL I MAS, del GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, sobre la opinión de la Vicepresidenta Primera del Gobierno acerca de si el Ejecutivo debería declinar la invitación del Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas
(ONU) para co-presidir con el Presidente de Ruanda la próxima reunión preparatoria de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), que tendrá lugar en Madrid a mediados de julio (Página 4736)
El señor Sampol i Mas formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde el señor ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación (Moratinos Cuyaubé). En turno de réplica interviene de nuevo el señor Sampol i Mas.
De D. IÑAKI MIRENA ANASAGASTI OLABEAGA, del GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES NACIONALISTAS, sobre si no cree el Gobierno que, además de su comparecencia semestral en el Pleno del Congreso y en la Comisión Mixta para la Unión Europea, el
Presidente podría simultanear estos descargos en el Pleno del Senado (Página 4738)
El señor Anasagasti Olabeaga formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde el señor ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación (Moratinos Cuyaubé). En turno de réplica interviene de nuevo el señor Anasagasti Olabeaga. En turno
de dúplica lo hace el señor ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación (Moratinos Cuyaubé).
De D. IÑAKI MIRENA ANASAGASTI OLABEAGA, del GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES NACIONALISTAS, sobre si el Gobierno cree que el Gobierno venezolano invitará a una representación de las Cortes Generales para acudir a las elecciones legislativas
venezolanas del 26 de septiembre (Página 4739)
El señor Anasagasti Olabeaga formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde el señor ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación (Moratinos Cuyaubé). En turno de réplica interviene de nuevo el señor Anasagasti Olabeaga. En turno
de dúplica lo hace el señor ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación (Moratinos Cuyaubé).
De D.ª MONTSERRAT CANDINI I PUIG, del GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN EN EL SENADO DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ, sobre las previsiones del Gobierno en relación con el incremento de las dotaciones destinadas a políticas de viviendas de protección
oficial en régimen de alquiler (Página 4740)
La señora Candini i Puig formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde la señora ministra de Vivienda (Corredor Sierra). En turno de réplica interviene de nuevo la señora Candini i Puig. En turno de dúplica lo hace la señora
ministra de Vivienda (Corredor Sierra).
De D. JUAN HUGUET ROTGER, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre los planes o proyectos previstos por el Ministerio de Justicia para agilizar los procesos judiciales pendientes que, a día de hoy, superan los dos millones
quinientos mil (Página 4742)
El señor Huguet Rotger formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde el señor ministro de Justicia (Caamaño Domínguez).
De D. PEDRO TORRES I TORRES, del GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, sobre la fecha prevista por el Ministerio de Justicia para la creación de un juzgado de primera instancia e instrucción en la Comunidad Autónoma de las Illes Balears
El señor Torres i Torres formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde el señor ministro de Justicia (Caamaño Domínguez).
De D.ª DORINDA GARCÍA GARCÍA, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre si el Ministerio de Trabajo e Inmigración considera justo que, después de congelar las pensiones de seis millones de españoles, el Consejo de Ministros haya
autorizado a la Tesorería General de la Seguridad Social realizar una aportación financiera de un millón cuatrocientos mil euros para la formación de los agentes sociales de Iberoamérica (Página 4744)
El señor García García formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde el señor ministro de Trabajo e Inmigración (Corbacho Chaves). En turno de réplica interviene de nuevo el señor García García. En turno de dúplica lo hace el señor
ministro de Trabajo e Inmigración (Corbacho Chaves).
De D.ª ALICIA SÁNCHEZ-CAMACHO PÉREZ, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre la valoración del Gobierno en relación con la elevada tasa de temporalidad en los contratos celebrados en el último mes (Página
4745)
La señora Sánchez-Camacho Pérez formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde el señor ministro de Trabajo e Inmigración (Corbacho Chaves). En turno de réplica interviene de nuevo la señora Sánchez-Camacho Pérez. En turno de
dúplica lo hace el señor ministro de Trabajo e Inmigración (Corbacho Chaves).
De D. ADOLFO ABEJÓN ORTEGA, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre los motivos por los que el Gobierno tiene abandonada presupuestariamente la formación profesional del Ministerio de Educación y permite que no se invierta lo que
presupuesta para la formación profesional y el empleo el Ministerio de Trabajo e Inmigración (Página 4747)
El señor Abejón Ortega formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde el señor ministro de Trabajo e Inmigración (Corbacho Chaves). En turno de réplica interviene de nuevo el señor Abejón Ortega. En turno de dúplica lo hace el señor
el señor ministro de Trabajo e Inmigración (Corbacho Chaves).
De D.ª MARÍA ASSUMPTA BAIG I TORRAS, del GRUPO PARLAMENTARIO ENTESA CATALANA DE PROGRÉS, sobre las medidas de sensibilización puestas en marcha en materia de trata de seres humanos (Página 4748)
La señora Baig i Torras formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde la señora ministra de Igualdad (Aído Almagro).
De D.ª ROSA NURIA ALEIXANDRE I CERAROLS, del GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN EN EL SENADO DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ, sobre las medidas que el Gobierno piensa adoptar durante el presente año para hacer frente al altísimo déficit presupuestario en
materia de sanidad (Página 4749) )
La señora Aleixandre i Cerarols formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde la señora ministra de Sanidad y Política Social (Jiménez García-Herrera). En turno de réplica interviene de nuevo la señora Aleixandre i Cerarols. En
turno de dúplica lo hace la señora ministra de Sanidad y Política Social (Jiménez García-Herrera).
De D.ª MARIA BURGUÉS BARGUÉS, del GRUPO PARLAMENTARIO ENTESA CATALANA DE PROGRÉS, sobre las previsiones del Gobierno en relación con la puesta en marcha del Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos Española
La señora Burgués Bargués formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde la señora ministra de Sanidad y Política Social (Jiménez García-Herrera).
De D.ª MARÍA CARMEN RIOLOBOS REGADERA, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre la política que está llevando a cabo el Gobierno en materia de protección de los consumidores afectados por el dimetilfumarato
La señora Riolobos Regadera formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde la señora ministra de Sanidad y Política Social (Jiménez García-Herrera). En turno de réplica interviene de nuevo la señora Riolobos Regadera. En turno de
dúplica lo hace la señora ministra de Sanidad y Política Social (Jiménez García-Herrera).
De D. JESÚS RAMÓN AGUIRRE MUÑOZ, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre la manera en que afecta la rebaja de precios de los medicamentos innovadores a la Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica (I+D+i)
sanitaria y, en especial, a los medicamentos huérfanos (Página 4753)
El señor Aguirre Muñoz formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde la señora ministra de Sanidad y Política Social (Jiménez García-Herrera). En turno de réplica interviene de nuevo el señor Aguirre Muñoz. En turno de dúplica lo
hace la señora ministra de Sanidad y Política Social (Jiménez García-Herrera).
INTERPELACIONES (Página 4754)
De D. ALFREDO BELDA QUINTANA, del GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, sobre la política del Gobierno en materia de instalaciones de inspección no intrusiva en los puertos de interés general a través de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
(AEAT), en concreto en el puerto de Santa Cruz de Tenerife (Página 4754)
Esta interpelación ha sido aplazada.
De D.ª COLOMA FRANCISCA MENDIOLA OLARTE, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre la situación en la que se encuentra en la actualidad la industria farmacéutica en España (Página 4754)
La señora Mendiola Olarte expone la interpelación. En nombre del Gobierno responde la señora ministra de Sanidad y Política Social (Jiménez García-Herrera). Vuelve a intervenir la señora Mendiola Olarte. Cierra el debate la señora
ministra de Sanidad y Política Social (Jiménez García-Herrera).
De D. JORDI CASAS I BEDÓS, del GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN EN EL SENADO DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ, sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno a los efectos de reforzar la protección del interés de los titulares de marca en el caso de las
importaciones paralelas (Página 4761)
El señor Casas i Bedós expone la interpelación. En nombre del Gobierno responde el señor ministro de Industria, Turismo y Comercio (Sebastián Gascón).
De D. PERE MUÑOZ HERNÁNDEZ, del GRUPO PARLAMENTARIO ENTESA CATALANA DE PROGRÉS, sobre las previsiones del Gobierno en relación con la aprobación definitiva de la ubicación del almacén temporal centralizado (ATC) de residuos radioactivos
El señor Muñoz Hernández expone la interpelación. En nombre del Gobierno responde el señor ministro de Industria, Turismo y Comercio (Sebastián Gascón). Vuelve a intervenir el señor Muñoz Hernández. Cierra el debate el señor ministro de
Industria, Turismo y Comercio (Sebastián Gascón).
DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Página 4769)
De la Comisión de Economía y Hacienda en relación con el Proyecto de Ley de modificación de las Leyes 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector público, 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores
del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, y 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa para adaptación a la normativa comunitaria de las dos primeras. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE
URGENCIA (Página 4769)
El señor Maldonado i Gili da por defendidas las enmiendas 9 a 16, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, después de que el señor Presidente informe a la Cámara de la presentación de dos propuestas de
modificación sobre la base de las enmiendas números 14 y 15 de este grupo parlamentario.
El señor Vázquez Requero defiende las enmiendas 1 a 8, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.
El señor Vilajoana i Rovira interviene para aclarar diversos aspectos de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió e informar de la retirada de la número 9.
En turno en contra hace uso de la palabra el señor Hurtado Zurera.
En turno de portavoces intervienen el señor Vilajoana i Rovira, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, y la señora Alberich Cano, por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, así como los señores
Gordo Pérez, por el Grupo Parlamentario Socialista, y Vázquez Requero, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, que informa de la retirada de las enmiendas números 1 y 4 de su grupo parlamentario.
Se procede a votar.
Se aprueba la enmienda número 16, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, en segunda votación al haberse producido empate en la primera, por 126 votos a favor, 125 votos en contra y 1 abstención.
Se rechazan las enmiendas números 10, 11, 12 y 13, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 8 votos a favor y 244 votos en contra.
Se rechazan las enmiendas números 3 y 5, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, por 119 votos a favor y 133 votos en contra.
Se rechazan las enmiendas 2, 7 y 8, del mismo grupo parlamentario, por 119 votos a favor, 126 votos en contra y 7 abstenciones.
Se aprueba la enmienda 6, también del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, por 249 votos a favor y 2 votos en contra.
Se aprueba la propuesta de modificación con número de registro 44845 por 133 votos a favor y 119 votos en contra.
Se aprueba la propuesta de modificación con número de registro 44846 por 133 votos a favor y 119 votos en contra.
Se aprueba el resto del proyecto de ley por 251 votos a favor y 1 voto en contra.
El señor presidente anuncia el traslado de las enmiendas aprobadas al Congreso de los Diputados para que este se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por S.M. el Rey.
De la Comisión de Interior en relación con el Proyecto de Ley sobre simplificación del intercambio de información e inteligencia entre los servicios de seguridad de los Estados miembros de la Unión Europea (Página
4775) )
CONOCIMIENTO DIRECTO POR EL PLENO DE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Página 4775)
Proyecto de Ley Orgánica complementaria de la Ley sobre simplificación del intercambio de información e inteligencia entre los servicios de seguridad de los Estados miembros de la Unión Europea, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985,
de 1 de julio, del Poder Judicial (Página 4775)
Se debaten conjuntamente ambos puntos del orden del día.
El señor Lago Lage, presidente de la comisión, presenta el dictamen.
Comienza el debate del articulado.
El señor Zubia Atxaerandio defiende la enmienda número 1, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas.
El señor Hernández Guillén hace uso de la palabra en turno en contra y en turno de portavoces.
En turno de portavoces intervienen los señores Zubia Atxaerandio, por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas; Maldonado i Gili, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió; Sabaté Borràs, por el Grupo
Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, y Peral Guerra, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.
Se procede a votar, en primer lugar, el Proyecto de Ley sobre simplificación del intercambio de información e inteligencia entre los servicios de seguridad de los Estados miembros de la Unión Europea.
Se rechaza la enmienda número 1, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas, por 13 votos a favor y 234 votos en contra.
Se aprueba el resto del proyecto de ley por 243 votos a favor, 2 votos en contra y 3 abstenciones.
El señor presidente informa a la Cámara de que queda definitivamente aprobado por las Cortes Generales este proyecto de ley.
Se vota a continuación el Proyecto de Ley Orgánica complementaria de la Ley sobre simplificación del intercambio de información e inteligencia entre los servicios de seguridad de los Estados miembros de la Unión Europea, por la que se
modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
Se aprueba el Proyecto de Ley Orgánica por 244 votos a favor, 2 votos en contra y 2 abstenciones.
El señor presidente informa a la Cámara de que queda definitivamente aprobado por las Cortes Generales el proyecto de ley.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN (Página 4780)
Del GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES NACIONALISTAS, por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas en relación con la mejora de los servicios ferroviarios de media distancia y de cercanías
El señor Pérez Bouza defiende la moción.
El señor Juncal Rodríguez defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.
El señor Lago Lage defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista.
El señor Pérez Bouza expone la posición de su grupo parlamentario respecto de las enmiendas.
En turno de portavoces intervienen la señora Candini i Puig, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, y los señores Muñoz Hernández, por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés; Lago Lage, por el
Grupo Parlamentario Socialista, y Juncal Rodríguez, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.
Se aprueba la moción consecuencia de interpelación, con la incorporación de la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, por 131 votos a favor y 117 votos en contra.
Se suspende la sesión a las veintiuna horas y diez minutos.
Se abre la sesión a las dieciséis horas.
El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.
JURAMENTO O PROMESA DE ACATAMIENTO A LA CONSTITUCIÓN (Número de expediente 500/000286).
El señor PRESIDENTE: Asunto previo al orden del día: juramento o promesa de acatamiento a la Constitución.
Procede el juramento o promesa de acatamiento a la Constitución de la excelentísima señora doña Rosa Beltrán Ruiz.
Excelentísima señora doña Rosa Beltrán Ruiz, ¿juráis o prometéis acatar la Constitución?
La señora BELTRÁN RUIZ: Sí, prometo.
El señor PRESIDENTE: Habiendo prestado acatamiento a la Constitución, la excelentísima señora doña Rosa Beltrán Ruiz ha adquirido la condición plena de senadora. (Aplausos.)
ACTAS
LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA ANTERIOR, CELEBRADA LOS PASADOS DÍAS 6 Y 7 DE JULIO DE 2010.
El señor PRESIDENTE: Punto primero del orden del día: Actas. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión extraordinaria anterior, celebrada los pasados días 6 y 7 de julio.
¿Desean hacer alguna observación? (Pausa.)
¿Se puede aprobar por asentimiento? (Asentimiento.)
Queda aprobada.
PREGUNTAS
-- DE D. ALFREDO BELDA QUINTANA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, SOBRE LA SITUACIÓN EN LA QUE SE ENCUENTRA LA CREACIÓN DEL INSTITUTO VULCANOLÓGICO DE CANARIAS (IVC) (Número de expediente 680/000833).
-- DE D. JOSÉ MARÍA MUR BERNAD, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, SOBRE LOS PLANES Y CALENDARIO PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZARAGOZA (Número de expediente 680/000835).
El señor PRESIDENTE: Punto segundo del orden del día: preguntas.
Las preguntas de los senadores Belda Quintana y Mur Bernad han sido aplazadas.
-- DE D. JUAN PABLO SÁNCHEZ SÁNCHEZ-SECO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE EL GRADO DE RESPONSABILIDAD QUE EL GOBIERNO CONSIDERA QUE TIENE EN LA SITUACIÓN DE QUIEBRA DE CASI UN TERCIO DE LOS MUNICIPIOS ESPAÑOLES (Número de
expediente 680/000841).
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el senador Sánchez Sánchez-Seco para formular su pregunta.
El señor SÁNCHEZ SÁNCHEZ-SECO: Gracias, señor presidente.
Señor vicepresidente tercero del Gobierno y ministro de Política Territorial, estos últimos días se han publicado diversas informaciones sobre algo que muchos ya llevamos advirtiendo desde hace tiempo: la angustiosa y crítica situación que
afecta a numerosos ayuntamientos de nuestro país -hasta un 30%, según fuentes de la propia Federación Española de Municipios y Provincias- que han llegado al extremo de que ya no pueden siquiera hacer frente a sus gastos de funcionamiento e incluso
al abono de las nóminas de sus trabajadores.
Señor vicepresidente tercero del Gobierno, ante esta dramática situación que afecta a tantas corporaciones locales españolas y, además, como titular del ministerio que debe velar por el correcto funcionamiento de nuestros municipios, ¿qué
grado de responsabilidad considera que tiene el Gobierno al que usted pertenece de la situación de quiebra que afecta a casi un tercio de los municipios españoles?
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el vicepresidente del Gobierno.
El señor VICEPRESIDENTE TERCERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE POLÍTICA TERRITORIAL (Chaves González): Señor presidente, señor Sánchez Sánchez-Seco, es evidente que hay Gobiernos locales con una situación financiera difícil, una situación que
preocupa al Gobierno y que ha hecho que este, lógicamente, adopte medidas para tratar de solucionar los problemas planteados en los municipios. Pero, señor Sánchez, los ayuntamientos son responsables de la gestión económica de sus municipios,
precisamente porque sus decisiones en relación con la gestión económica se adoptan en el marco de la plena autonomía local que está establecida y regulada en la Constitución española.
Señor Sánchez, del mismo modo que el Ayuntamiento de Madrid es responsable de la deuda de 6776 millones de euros -el 20% de la deuda total de los municipios españoles- o el Ayuntamiento de Valencia es responsable de su deuda de 834 millones
de euros, más de 3000 ayuntamientos españoles son también responsables de no haber contraído ni un solo euro de deuda. En consecuencia, señor Sánchez, no se puede por una parte reclamar conti-
nuamente la plena autonomía de los Gobiernos locales y. a renglón seguido, endosar la responsabilidad que se deriva del ejercicio de esa autonomía al Gobierno de España. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el senador Sánchez Sánchez-Seco.
El señor SÁNCHEZ SÁNCHEZ-SECO: Gracias, señor presidente.
Señor Chaves, efectivamente, cada ayuntamiento es responsable dentro de su autonomía de muchas decisiones que adopta, pero usted sabe perfectamente que el Gobierno que preside el señor Zapatero lleva seis años prometiendo y comprometiéndose
a aprobar una nueva ley de Haciendas Locales o de Financiación Local y una nueva ley de Régimen Local o de Gobierno Local, que permitan resolver los principales problemas que afectan a las corporaciones locales españolas, como son -y usted lo sabe
perfectamente- la definición clara y concreta de sus competencias y obligaciones y su adecuada y necesaria financiación.
Tanto el presidente del Gobierno como sus sucesivos ministros de Economía, de Administraciones Públicas, o ahora usted, de Política Territorial, han ido anunciando y prometiendo la inmediata aprobación de estas dos leyes tan reclamadas y tan
necesarias para el mundo local español. Usted mismo, señor Chaves, nada más tomar posesión de su cargo hace poco más de un año, se comprometió a que entrarían en vigor este año 2010. Y hace tres meses, también en esta Cámara, se volvió a
comprometer a que ambos proyectos de ley se presentarían en las Cortes antes de finalizar el actual período de sesiones. Le recuerdo, señor Chaves, que este Pleno que acabamos de comenzar es el último de este período de sesiones, y la realidad es
que el proyecto de ley de Gobierno Local y el proyecto de ley de Financiación Local ni están en las Cortes y, lo que es peor, nos tememos que ni estarán en un futuro próximo.
Este Gobierno no tiene ninguna credibilidad para el mundo local, y menos todavía tras la aprobación del ya famoso Real Decreto Ley 8/2010, a través del que se vuelve a castigar a los de siempre: a la Administración más sumisa, a la más
fácil de someter, como es la Administración local.
El señor PRESIDENTE: Señoría, termine.
El señor SÁCHEZ SÁNCHEZ-SECO: Termino, señor presidente.
Señor Chaves, la realidad es que muchos ayuntamientos lo están pasando muy mal y, lo que es peor, lo van a pasar todavía peor desgraciadamente. Y nosotros, como muchos españoles, como muchos alcaldes, pensamos que el único y verdadero
responsable de esta situación es el Gobierno al que usted pertenece y su presidente, el señor Zapatero.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor vicepresidente.
El señor VICEPRESIDENTE TERCERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE POLÍTICA TERRITORIAL (Chaves González): Señor presidente, señor Sánchez, yo no les voy a acusar a ustedes, al Partido Popular, de ser los responsables de la situación económica de
los municipios españoles, simplemente le quiero recordar que el sistema de financiación local vigente en estos momentos es el sistema de financiación local que el Partido Popular diseñó y que el Partido Popular aprobó. (Aplausos en los escaños del
Grupo Parlamentario Socialista.) Creo necesario que ustedes lo recuerden. Y quiero recordarles también que el señor Montoro, cuando se aprobó el sistema de financiación local, dijo que era el marco definitivo para la financiación local de los
ayuntamientos. En consecuencia, señor Sánchez, si usted habla de una presunta quiebra de los ayuntamientos, piense si el sistema de financiación local que ustedes aprobaron es el que ha conducido a la presunta quiebra de los ayuntamientos
españoles. Fueron ustedes, señor Sánchez, los que suprimieron el impuesto sobre actividades económicas, el IAE, y nunca compensaron en cuanto a su pérdida a los ayuntamientos españoles.
A nosotros nos preocupa la situación de los ayuntamientos. Y la prueba es que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ha establecido, ha aprobado y ha transferido a los ayuntamientos 14 000 millones de euros en dos años sobre lo que ya
representaba el sistema de financiación vigente.
El señor PRESIDENTE: Señoría, le ruego que termine.
El señor VICEPRESIDENTE TERCERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE POLÍTICA TERRITORIAL (Chaves González): Termino, señor presidente.
Se ha producido el proceso de renovación urbana más importante que ha tenido lugar en los últimos años en los ayuntamientos.
Usted sabe, señor Sánchez, que hay un objetivo en el que coinciden todas las administraciones públicas, que es alcanzar el déficit del 3% en el año 2003.
El señor PRESIDENTE: Señor vicepresidente, le ruego concluya.
El señor VICEPRESIDENTE TERCERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE POLÍTICA TERRITORIAL (Chaves González): Termino ya.
Y usted sabe que un nuevo sistema va a suponer un aumento del déficit y, en consecuencia, dificultaría enormemente la consecución de ese objetivo.
El señor PRESIDENTE: Señoría, le ruego que termine.
El señor VICEPRESIDENTE TERCERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE POLÍTICA TERRITORIAL (Chaves
González): Nosotros no renunciamos a un nuevo sistema de financiación local, pero lo haremos en el momento oportuno, en el mejor momento para España, en el mejor momento para los ayuntamientos españoles. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
-- DE D. LLUÍS MARIA DE PUIG OLIVE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO ENTESA CATALANA DE PROGRÉS, SOBRE LAS DECISIONES QUE RECIENTEMENTE HA TOMADO LA UNIÓN EUROPEA EN RELACIÓN A CUBA (Número de expediente 680/000810).
El señor PRESIDENTE: Pregunta del senador De Puig.
El señor DE PUIG OLIVE: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, cuando yo realicé esta pregunta ignoraba gran parte de lo que ha sucedido. Es una pregunta en torno a las decisiones que puede tomar la Unión Europea en relación a Cuba, pero en aquel
momento, aunque preguntaba si podía haber cambios en la posición de la Unión Europea, no sabía que precisamente usted protagonizaría uno de los grandes éxitos de la diplomacia española de los últimos tiempos, como ha sido ayudar al cambio de actitud
de Cuba, conseguir la excarcelación de tantos presos y todo el proceso que se ha abierto que da pie a lógicas esperanzas de cara al futuro, y que demuestra que aquella posición que usted mantuvo frente a los europeos y frente a quien le criticaba
era la buena. Es decir, que con capacidad de diálogo, con capacidad de cooperación se podría conseguir mucho más que con posiciones radicales de enfrentamiento, buscando más problemas de los que ya existen.
Teniendo en cuenta lo que ha pasado, señor ministro, me gustaría que nos relatara, en el tiempo del que dispone, qué es exactamente lo que ha sucedido, qué esperanzas podemos albergar y si, efectivamente, es posible que en Europa haya una
modificación de su posición en el sentido que usted ha solicitado constantemente.
Muchas gracias, señor ministro.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (Moratinos Cuyaubé): Gracias, presidente.
Señoría, tiene toda la razón, cuando usted formuló esta pregunta estábamos todavía en ese momento de esperanza, de trabajo, de diálogo con las autoridades cubanas, con la Iglesia católica cubana, después de haber discutido y debatido en el
seno de la Unión Europea, como todos los años, el 14 de junio, sobre las conclusiones de la política europea hacia Cuba.
En aquella reunión de la Unión Europea, todavía bajo Presidencia española rotatoria, trasladé a mis colegas, a los 26 miembros
de la Unión Europea más a la Alta Representante, señora Ashton, mi convencimiento de que habría buenas noticias en Cuba y en las relaciones de Cuba con el mundo.
Les trasladé y les pedí un mandato informal de negociación, de acompañamiento con los
esfuerzos de la Iglesia católica, para resolver unas cuestiones básicas, esenciales, en las que todos los interlocutores internacionales habían puesto su atención, que era dejar Cuba sin presos políticos.
Ahora parece que todos nos sorprendemos. Ahora se dice que no es suficiente. Pero, ¿cuántos analistas, cuántos observadores, cuántos políticos pensaban, deseaban, anhelaban, solicitaban, reclamaban la liberación de todos los presos
políticos en Cuba? Pues bien, con el esfuerzo de la Iglesia católica, el esfuerzo del Gobierno español y la decisión soberana de las autoridades cubanas hemos logrado pasar una etapa en Cuba, y ha habido un anuncio, hecho formalmente por la Iglesia
católica de Cuba, de la excarcelación de 52 presos de la famosa lista de los 75.
Pero no solo son esos 52. Como ya he dicho en varias ocasiones, todos los presos políticos en Cuba serán liberados, y mis interlocutores europeos comprenderán que cuando les pedí su confianza para negociar y conseguir este objetivo les
dijera también que una vez conseguido este la posición común de la Unión Europea no tendría más sentido, que tendríamos que movernos hacia una mejora de la situación de los derechos humanos, hacia una relación de compromisos bilaterales entre Cuba y
la Unión Europea.
Por tanto, señoría, estamos en una nueva etapa. España y los españoles se deben sentir orgullosos de haber participado en este esfuerzo. Estamos otorgando a los que llegan a nuestro querido país todas las atenciones necesarias; algunos
expresan sus quejas, sus inquietudes, pero les puedo garantizar que les estamos prestando el mejor estatus que les podemos dar para que puedan seguir ejerciendo sus derechos políticos y, por tanto, demos ese paso importante en favor de la libertad y
de la excarcelación de todos los presos políticos en Cuba.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
-- DE D. PERE SAMPOL I MAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, SOBRE LA OPINIÓN DE LA VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO ACERCA DE SI EL EJECUTIVO DEBERÍA DECLINAR LA INVITACIÓN DEL SECRETARIO GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS
(ONU) PARA CO-PRESIDIR CON EL PRESIDENTE DE RUANDA LA PRÓXIMA REUNIÓN PREPARATORIA DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO (ODM), QUE TENDRÁ LUGAR EN MADRID A MEDIADOS DE JULIO (Número de expediente 680/000813).
El señor PRESIDENTE: Pregunta del senador Sampol. Tiene la palabra su señoría.
El señor SAMPOL I MAS: Gracias, señor presidente.
Señor ministro de Asuntos Exteriores, quiero empezar felicitando al presidente del Gobierno por no haberse reunido con Kagame, el dictador más sanguinario desde Hitler, imputado por la Audiencia Nacional española y por el Tribunal de Grande
Instance, de Francia, por delitos de genocidio, lesa humanidad, delitos contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, integración en organización terrorista, actos terroristas, pillaje de recursos naturales, y el asesinato de
nueve ciudadanos españoles.
En cambio, no puedo felicitarle a usted, señor ministro, ya que considera un honor recibir a tal personaje, dándole incluso palmadas en la espalda, precisamente la semana en que su régimen acaba de asesinar al vicepresidente del Partido
Verde y al director de un periódico incómodo, e impide a la oposición la participación en las elecciones.
Peor aún, señor ministro, es que usted siga desacatando a la Audiencia Nacional, derivando la competencia para juzgar estos crímenes al Tribunal Penal Internacional, cuando este solo es competente para juzgar los delitos cometidos en Ruanda
en 1994, mientras que ocho ciudadanos españoles y más de cinco millones de congoleños fueron asesinados a partir de 1995 por el Frente Patriótico Ruandés de Paul Kagame.
Y mucho peor aún es la actitud del secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, el cual no solo ignora una comisión rogatoria de la Audiencia Nacional española, que le requiere tres informes en los que se prueban estos delitos de
Kagame y del Gobierno ruandés, sino que también ordena investigar a dos pequeñas ONG impulsoras de la querella en la Audiencia Nacional.
Ban Ki-moon tiene pruebas de los crímenes y del pillaje que Kagame practica en el Congo, las hurta a la justicia y, por si fuera poco, nombra a Kagame para copresidir los objetivos de Desarrollo del Milenio en la lucha contra la pobreza.
¡Qué vergüenza!
Y hay que preguntarse: ¿a quién sirve Ban Ki-moon? ¿Qué perversos intereses económicos persigue? Considero que esta es la función que tendría que empezar a desarrollar el Gobierno español.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el ministro de Asuntos Exteriores.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (Moratinos Cuyaubé): Muchas gracias, señor presidente; gracias, señoría.
Según la pregunta que veo reflejada en el panel, usted hace dos preguntas; la primera, que fue la que se nos trasladó en su momento, es si vamos a declinar la invitación del secretario general de Naciones Unidas para copresidir con el
presidente de Ruanda la próxima reunión preparatoria de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Y otra cuestión que usted plantea, legítimamente, son las relaciones que tiene este Gobierno con Ruanda y con sus autoridades.
Señoría, sobre la primera, compartirá conmigo lo más importante, y es que la presencia del secretario general de Naciones Unidas más lo que se denominó el grupo de impulsores para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio es lo que
verdaderamente movilizó a la diplomacia española, y lógicamente al presidente del Gobierno, para conseguir que esos ocho Objetivos del Desarrollo del Milenio se pudieran conseguir en 2015. Y creo que toda esta Cámara compartirá el compromiso y el
orgullo de ver que es el presidente del Gobierno español el que está en la vanguardia en la lucha contra la pobreza, en la lucha para alcanzar esos Objetivos de Desarrollo del Milenio. Por lo tanto, va a ser un objetivo y un camino que no vamos a
negarnos a recorrer, todo lo contrario. Hemos decidido, después de la Declaración de Madrid, mantener el esfuerzo, movilizar a la comunidad internacional, conseguir que la reunión de alto nivel de septiembre en Naciones Unidas sea un éxito, porque
lo que está en juego es el futuro de la justicia y la equidad humana, es erradicar el hambre y la pobreza en el mundo. Por lo tanto, ahí siempre estará el Gobierno español defendiendo esos objetivos.
La segunda cuestión a la que se ha referido en su intervención es sobre las relaciones con las autoridades ruandesas y con el presidente Kagame.
Ya tuve oportunidad en varias ocasiones de contestarle. Nosotros, el Gobierno, respetamos
plenamente tanto a la Audiencia Nacional, al señor Andreu, como al Tribunal Internacional sobre Ruanda, que tiene su sitio y su lugar en Tanzania, que están juzgando los crímenes de genocidio que, desgraciadamente, se produjeron en esa época negra,
en esa etapa verdaderamente fatídica que vivió Ruanda.
Ustedes siguen elaborando juicios de valor, juicios contra una serie de autoridades. Nosotros no lo hacemos, queremos mirar hacia el futuro, nosotros queremos volver a la reconciliación entre hutus y tutsis, y ustedes siguen insistiendo en
crear las condiciones de enfrentamiento, rememorando esa tragedia humana, ese genocidio que se produjo en Ruanda.
Nosotros, respetando la justicia, seguiremos trabajando por la plena reconciliación y el diálogo en Ruanda y en todo el continente
africano.
(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.-El señor Sampol i Mas pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro. Señoría, su tiempo ha terminado.
El señor SAMPOL I MAS: Señor presidente, me restaban unos segundos, para enseñar a la Cámara el auto del juez Andreu, de la Audiencia Nacional española, que confirma todas las palabras que he dicho en esta Cámara desde hace dos años. Quien
no lo respeta es usted, señor ministro.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
-- DE D. IÑAKI MIRENA ANASAGASTI OLABEAGA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES NACIONALISTAS, SOBRE SI NO CREE EL GOBIERNO QUE, ADEMÁS DE SU COMPARECENCIA SEMESTRAL EN EL PLENO DEL CONGRESO Y EN LA COMISIÓN MIXTA PARA LA UNIÓN EUROPEA, EL
PRESIDENTE PODRÍA SIMULTANEAR ESTOS DESCARGOS EN EL PLENO DEL SENADO (Número de expediente 680/000815).
El señor PRESIDENTE: Pregunta del senador Anasagasti.
Tiene la palabra su señoría.
El señor ANASAGASTI OLABEAGA: Muchas gracias, señor presidente.
Mi pregunta al Gobierno es si no cree el Gobierno que, además de su comparecencia semestral en el Pleno del Congreso y en la Comisión Mixta para la Unión Europea, el presidente podría simultanear estos descargos en el Pleno del Senado,
independientemente de que la Comisión Mixta también haya realizado aquí reuniones.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor ministro de Asuntos Exteriores.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (Moratinos Cuyaubé): Muchas gracias, señor presidente; muchas gracias, señoría.
Como sabe su señoría, el presidente del Gobierno comparece anualmente al menos en cuatro ocasiones en el Pleno del Congreso para dar cuenta de los distintos consejos europeos, los oficiales más los extraordinarios, tanto de octubre y marzo
como los de junio y diciembre y, por lo tanto, participa ampliamente en el debate parlamentario para informar al Congreso de los Diputados.
Pero, además, como bien ha señalado su señoría, tenemos la Comisión Mixta Congreso-Senado de la Unión Europea; comisión a la que el Gobierno ha prestado una gran atención a lo largo de todos los años. Yo mismo, que tengo seis comisiones en
materia de relaciones internacionales -incluida, señoría, la que usted preside, la Comisión de Asuntos Iberoamericanos-, he tratado siempre de prestar la máxima atención y tener la máxima presencia en todas ellas, en particular, durante la
Presidencia española de la Unión Europea de este pasado semestre. Y, no solamente durante el semestre, sino anteriormente; la vicepresidenta primera del Gobierno ha comparecido en dos ocasiones -por lo tanto con presencia y representación del
Senado y lógicamente también del Congreso-, así como todos los miembros del Gobierno que han tenido responsabilidades y actuaciones durante la Presidencia española, y yo mismo como ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Siempre se pueden
hacer las cosas mejor, incluso se pueden evocar otras intervenciones, pero creo que el Gobierno y su presidente cumplen de forma muy adecuada y comprometida con sus intervenciones, tanto en esta Cámara como en el Congreso de los Diputados.
Por lo tanto, creemos que la Comisión Mixta Congreso-Senado para la Unión Europea es el lugar idóneo para el desarrollo de esas intervenciones, como lo es la de Asuntos Iberoamericanos para las cuestiones que le son propias. Por primera vez
la vicepresidenta primera intervino, antes de la celebración de la Cumbre Unión Europea-América Latina y Caribe, a fin de darle a la comisión interamericana un mayor realce. Sinceramente, creo que esa es la mejor manera de trabajar en el Parlamento
español.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el senador Anasagasti.
El señor ANASAGASTI OLABEAGA: Muchas gracias, señor presidente.
Gracias, señor ministro. Yo no pongo en duda, y además me parece muy oportuna, toda la información que usted nos ha facilitado, así que no podemos quejarnos.
No obstante, debe saber que hace prácticamente cinco años -le estoy hablando del 18 de mayo del año 2005- ocurrió aquí algo importante. El presidente del Gobierno intervino con motivo de la ratificación por España del tratado por el que se
establecía una constitución para Europa y yo, que conozco el funcionamiento del Congreso, le propuse que, ya que había comparecido cuatro veces en el Congreso, de vez en cuando podía venir por aquí porque también somos Cortes Generales. ¿Y sabe lo
que me contestó? Pues se lo voy a leer porque tiene su interés: «Intervengo -decía el presidente Zapatero- de forma breve para agradecer, en primer lugar, el tono de las intervenciones que se han producido en el desarrollo de la tarde sobre el
debate de ratificación del proyecto del Tratado Constitucional Europeo. Tengo que reconocer que es la tónica de esta Casa, con un debate en un buen tono y, además, a uno le produce satisfacción, le regalan libros, con lo cual, señor presidente -y
se refiere al presidente Rojo, no a otro-, le agradezco las invitaciones reiteradas que me hace para venir a esta Cámara. Sí es verdad que se ha producido en el desarrollo del debate una nueva por el portavoz del Partido Nacionalista Vasco, el
señor Anasagasti, en relación con las cumbres europeas; me ha preocupado que haya estado atento el presidente del Senado porque imagino que empezará ya el combate para ver cumplidos todos los objetivos sobre la presencia del Gobierno y del
presidente en esta Cámara».
Repito que de esto hace ya cinco años. Y continuaba diciendo Zapatero: «Es verdad que he advertido al principio un cierto desacuerdo por parte del Grupo Parlamentario Popular; no sé si era simplemente un acto reflejo ante la actitud del
Grupo Socialista o quería poner de manifiesto su discrepancia con mi presencia en esta Cámara; quiero interpretarlo más bien como lo primero, puramente un acto reflejo ante la actitud del Grupo Socialista que, por supuesto, agradezco de corazón».
De esta intervención deduzco que el presidente del Gobierno quería comparecer en esta Cámara pero, como ya he dicho, han pasado cinco años y usted ahora me contesta que no.
Hace relativamente poco tiempo, en una reunión de la Junta de Portavoces, volvimos a plantearlo pero entonces el secretario de Estado adujo la imposibilidad por no sé qué reglamento. Lo cierto es que siempre hay algún reglamento raro que
impide ciertas cosas en esta Cámara. Pero yo vuelvo a repetir si no sería bueno, señor ministro, que de vez en cuando los debates europeos también se pudieran sustanciar aquí, en esta Cámara, con el presidente del Gobierno.
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Anasagasti.
Tiene la palabra el señor ministro.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (Moratinos Cuyaubé): Gracias, presidente.
Señoría, siempre es bueno hablar en el Pleno sobre Europa y estoy seguro de que si en el año 2005 lo dijo el presidente es porque estaba convencido. Pero creemos que hemos cumplido con nuestra responsabilidad política, tanto la
vicepresidenta primera como el ministro que le habla y el resto de ministros, dando toda la información y los informes políticos necesarios a esta Cámara.
De todas formas, se lo trasladaré al presidente del Gobierno y a ver si luego la Cámara y el secretario encuentran la fórmula para llevarlo a efecto.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
-- DE D. IÑAKI MIRENA ANASAGASTI OLABEAGA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES NACIONALISTAS, SOBRE SI EL GOBIERNO CREE QUE EL GOBIERNO VENEZOLANO INVITARÁ A UNA REPRESENTACIÓN DE LAS CORTES GENERALES PARA ACUDIR A LAS ELECCIONES
LEGISLATIVAS VENEZOLANAS DEL 26 DE SEPTIEMBRE (Número de expediente 680/000834).
El señor PRESIDENTE: Pregunta del senador Anasagasti.
Tiene la palabra, señoría.
El señor ANASAGASTI OLABEAGA: No me fío, señor ministro. (Risas.) Así como usted se pone un turbante cuando va a Afganistán y no se pone una chapela cuando va a Ajuria Enea, me temo que en este caso va a hacer lo mismo.
La pregunta que le formulo ahora es si el Gobierno cree que el Gobierno venezolano invitará a una representación de las Cortes Generales para acudir a las elecciones legislativas venezolanas del 26 de setiembre. Y le hago esta pregunta
porque usted recordará mejor que nadie que hace cinco años usted y el señor Bono, en aquel entonces ministro de Defensa, hicieron gestiones para que hubiera una representación de observación -por cierto, creo que no es esa la palabra que se utiliza
por parte de los venezolanos, sino que se habla de invitados especiales-, una delegación en la que estuvieran representadas las Cortes Generales.
Con ocasión de unas elecciones tan importantes como las que se van a celebrar el 26 de septiembre, ¿cree usted que será posible la presencia de una representación de Cortes Generales?
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el ministro de Asuntos Exteriores.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (Moratinos Cuyaubé): Muchas gracias, presidente.
Como recordará su señoría, trabajamos siempre que hay elecciones en Venezuela; eso sí, siempre que las autoridades venezolanas lo acepten.
Hay que recordar que en todas las operaciones de observación electoral internacional la última
palabra corresponde a las autoridades soberanas del país donde se celebran las elecciones. Como su señoría ha manifestado, tenemos un gran interés en que, dada la importancia de las elecciones del próximo mes de septiembre en Venezuela, haya una
misión de observación internacional compuesta por representantes españoles del Congreso y del Senado que puedan asistir a su desarrollo. Y ello no es competencia de las autoridades venezolanas, sino del Consejo Nacional Electoral, que es un
organismo independiente del Ejecutivo venezolano.
En cualquier caso, el Gobierno ha hecho gestiones tanto a nivel bilateral como durante la Presidencia rotatoria de la Unión Europea y en su nombre, para solicitar la autorización y, por tanto, la presencia de esa misión de observación
internacional para las elecciones del 26 de septiembre.
Estamos en contacto con ellos, y tan pronto recibamos la respuesta se lo comunicaremos, y si esta es positiva, puede usted contar como siempre con el apoyo del ministerio para la organización,
el seguimiento y el desarrollo de esa misión que -y en ello coincidimos con su señoría- es de una enorme importancia y de gran significado, y nuestro deseo es que se pueda llevar a cabo.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el senador Anasagasti.
El señor ANASAGASTI OLABEAGA: Gracias, señor presidente.
Usted sabe que hace poco vino el jefe de gabinete del canciller Nicolás Maduro, con quien todos los grupos parlamentarios mantuvimos una reunión, y uno de los temas que entonces se planteó fue este precisamente. En aquel momento le
sugerimos la posibilidad de que hubiera una presencia en las elecciones, a lo que nos contestó que la dignidad de Venezuela no podía soportar una observación internacional al tiempo que nos preguntaba si en España la admitiríamos, a lo que
respondimos que sí, que no teníamos nada que ocultar. Asimismo le señalamos el beneficio que podían obtener de una observa-
ción electoral internacional ante las sospechas de un proceso no tan independiente, como dice usted, pero cuestionado.
Y en ese ínterin aparece ayer casualmente una noticia en el sentido de que Venezuela exige a Chile respeto absoluto a su soberanía a cuenta de que la canciller manifestó en un comunicado que el Gobierno apoya la decisión de las instituciones
venezolanas de no servir de plataforma para la celebración de espectáculos políticamente interesados; y exigió al Gobierno de Chile un respeto absoluto para las instituciones venezolanas después de que la cancillería del país austral respaldara a
un grupo de senadores -¡siempre son los senadores los que meten bronca en este tipo de cosas!- que pedían mayor supervisión en las elecciones parlamentarias.
Yo no sé lo que va a pasar con Chile, pero nos gustaría que usted, que ha demostrado ser bastante terco políticamente, hiciera un trabajo especial en este sentido, porque yo creo que las elecciones legislativas en Venezuela son muy
importantes. Hace cinco años estuvo allí. ¿Qué significa, que ahora la situación es mejor, que es peor, o que nos portamos mal en aquella oportunidad?
Por tanto, señor ministro, nosotros le pedimos que haga un esfuerzo y lleve al ánimo de las autoridades venezolanas que el mayor interesado en que haya una observación electoral internacional -o como quiera llamarlo- tiene que ser el
Gobierno de Hugo Chávez.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor ministro.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (Moratinos Cuyaubé): Gracias, señor presidente.
Señoría, puede usted contar con todo mi esfuerzo y todo mi apoyo. Al entrar en el Senado me he encontrado con el embajador venezolano, que ha hecho la gestión, y me ha dicho que él también va a redoblar esa mediación, esa transmisión del
interés del Gobierno de España y de esta Cámara para que haya una presencia en esas elecciones del 26 de septiembre.
Sepa, por tanto, que vamos a hacer todo lo necesario, todo lo posible y lo imposible para que puedan desplazarse a Venezuela. No comento las relaciones con Chile. Nosotros tenemos nuestra relación con Venezuela y con la Unión Europea, y
vamos a tratar de llevar al ánimo de las autoridades venezolanas y del comité electoral independiente lo importante que es para su legitimidad y credibilidad que haya una misión de observación internacional.
Haremos, pues, todo lo necesario para que ello se pueda llevar a cabo.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
-- DE D.ª MONTSERRAT CANDINI I PUIG, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN EN EL SENADO DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ, SOBRE LAS PREVISIONES DEL GOBIERNO EN RELACIÓN CON EL INCREMENTO DE LAS DOTACIONES DESTINADAS A POLÍTICAS DE VIVIENDAS DE PROTECCIÓN
OFICIAL EN RÉGIMEN DE ALQUILER (Número de expediente 680/000836).
El señor PRESIDENTE: Pregunta de la senadora Candini.
Tiene la palabra.
La señora CANDINI I PUIG: Gràcies, senyor president.
Bona tarda, señora ministra.
¿Piensa el Gobierno incrementar las dotaciones destinadas a política de vivienda de protección oficial en régimen de alquiler?
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra la señora ministra de Vivienda.
La señora MINISTRA DE VIVIENDA (Corredor Sierra): Gracias, señor presidente.
Señora Candini, como seguramente sabrá, desde 2006 el Gobierno ha venido dedicando especialmente su esfuerzo político-presupuestario a equilibrar el mercado inmobiliario, principalmente en los sectores más débiles como son el alquiler y la
rehabilitación. Así se reflejó en el plan de choque de 2004, en el Plan de Vivienda 2005-2008 y, desde luego, en el vigente Plan 2009-2012, en el que el presupuesto se ha incrementado globalmente en un 49% y donde el 40% de todas las actuaciones
protegidas están destinadas específicamente a políticas de alquiler, políticas de alquiler en las que estaba previsto que hasta 2012 100 000 de las nuevas viviendas promovidas fueran en alquiler, 70 000 fueran procedentes de la rehabilitación y con
subvenciones muy importantes para la promoción en alquiler y alojamientos especiales podían llegar hasta 410 euros por metro cuadrado. Precisamente ayer visité Lleida, Cardona y Manresa y tuve ocasión de conocer precisamente algunos alojamientos de
este mismo tipo.
Por tanto, compromiso claro con el alquiler, como venimos haciendo hasta ahora, naturalmente dentro del ámbito de los convenios bilaterales firmados con las comunidades autónomas, dentro del marco presupuestario que estos convenios
diseñan y, por supuesto, dentro de la línea presupuestaria de austeridad que el Gobierno actualmente está siguiendo.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra la senadora Candini.
La señora CANDINI I PUIG: Gràcies, senyor president.
Señora ministra, su ministerio ha comunicado a la Secretaría de Vivienda de la Generalitat de Cataluña la previsión de lo que ustedes definen como un ajuste presu-
puestario que afecta a las partidas relacionadas con el Plan de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012, con motivo de los acuerdos de contención aprobados por el Gobierno para este ejercicio 2010. Esta situación agrava enormemente las
expectativas creadas ante los ciudadanos, que esperan la ayuda aquello que se presentó con tanta difusión institucional.
Señora ministra, las actuaciones de financiación de las promociones de vivienda de protección oficial se articulan mediante el sistema de cuotas anuales de conformidad con el convenio firmado en fecha 30 de marzo de 2009 entre el ministerio
y la Generalitat de Cataluña. Por todo ello, es muy preocupante el recorte económico que desde su ministerio han decidido.
La realidad es que hoy tenemos que entender que vivienda social es lo que se tiene que promover para una gran mayoría de nuestra población, que tiene auténticas dificultades para acceder al mercado libre. Las necesidades -muy importantes-
de vivienda social no son únicamente de colectivos con rentas muy bajas, sino también, claramente, de capas medianas de la sociedad. Actualmente las viviendas protegidas suponen el 65% de la cuota de mercado, cifra que debería continuar alta
durante los próximos años para crear un gran parque de vivienda a precios asequibles.
La vivienda protegida de alquiler está funcionando en Cataluña -las cifras lo demuestran-, pero sería una muy mala noticia paralizar este impulso a la vivienda protegida por falta de recursos.
Señora ministra, expertos de este sector reclaman la necesidad de que las administraciones públicas han de ser sensibles pero también ágiles, como pide la propia demanda de los administrados. Usted misma ayer, en Lleida, manifestaba que el
Gobierno estatal quiere que en el año 2020 una de cada cinco familias vivan en alquiler. Asimismo pedía colaboración institucional. Yo le digo, señora ministra, que esa colaboración institucional es de doble sentido.
Por lo expuesto considera Convergència i Unió que los recursos destinados a política de vivienda y de rehabilitación deben responder a una política estructural y básica por cubrir aspectos de política social irrenunciables.
Señora ministra, nuestro grupo ha presentado una propuesta de resolución en el Congreso de los Diputados con motivo del debate sobre el estado de la nación, en la cual instamos al Gobierno a reajustar el plan estatal de vivienda y
rehabilitación, con el fin de propiciar la existencia de un amplio parque de viviendas en régimen de alquiler
El señor PRESIDENTE: Señoría, le ruego termine.
La señora CANDINI I PUIG: Acabo, señor presidente.
Decía: con el fin de propiciar un amplio parque de viviendas en régimen de alquiler que facilite el derecho constitucional de acceso a la vivienda.
A tal fin pedimos que se proceda a incrementar o reajustar los recursos del plan, de tal
manera que aquellas comunidades autónomas que hubieran agotado las dotaciones destinadas
El señor PRESIDENTE: Señoría, termine, por favor.
La señora CANDINI I PUIG: a construcción de vivienda en régimen de alquiler puedan incrementar sus respectivas dotaciones.
Gràcies, senyor president.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra la señora ministra.
La señora MINISTRA DE VIVIENDA (Corredor Sierra): Gracias, señor presidente.
Señoría, como seguramente sabrá, Cataluña es una comunidad que en el plan estatal vigente recibe un 47% más de presupuesto que en el plan anterior precisamente por el compromiso que tenemos con la comunidad autónoma.
Gracias a este plan 100
000 familias catalanas van a poder acceder a mejorar la vivienda que tienen.
Como usted comentaba, precisamente fue Cataluña la primera en suscribir el convenio bilateral de aplicación del plan estatal y precisamente por eso también fue la comunidad autónoma que mejor ejecutó el primer programa de este plan el año
2009. Lo ejecutó hasta tal punto que las líneas prioritarias a las que usted se refiere de ayudas a inquilinos y de rehabilitación tuvieron respectivamente un 485% de objetivos cumplidos -9200- y de promoción al alquiler los objetivos cumplidos
fueron un 228% de lo convenido -9200-. En total, durante 2009 en Cataluña se financiaron 44 000 actuaciones de vivienda protegida que es casi el doble de lo convenido con la Comunidad Autónoma de Cataluña, y se hizo porque la disponibilidad
presupuestaria de 2009 permitió atender estos objetivos adicionales.
Por tanto, en 2009, el 228% de objetivos convenidos. A 30 de junio, la Generalitat lleva calificado como promoción en alquiler un 180% de los objetivos convenidos para 2010 y, naturalmente, nos encontramos una menor disponibilidad
presupuestaria. Vamos a hacer lo que siempre hemos hecho: tratar con cada una de las comunidades autónomas sus objetivos prioritarios, de forma que podamos cubrir la mayor cantidad posible de objetivos. De esta forma, señoría, vamos a seguir
cumpliendo el compromiso que tenemos, no solamente con Cataluña, sino con todas las comunidades autónomas.
Dentro de la competencia autonómica está la calificación de vivienda como protegida, y la competencia autonómica no está limitada por el presupuesto estatal. Es más, pueden financiar, gestionar y decidir la política pública de vivienda que
la comunidad autónoma considere.
Nosotros lo complementamos y cumplimos el cien por cien de los objetivos previstos, naturalmente en el ámbito de las disposiciones presupuestarias. Nosotros, desde luego, tenemos absolutamente instaurada la
colaboración institucional con la Generalitat.
El señor PRESIDENTE: Señoría, termine, por favor.
La señora MINISTRA DE VIVIENDA (Corredor Sierra): Termino, señor presidente.
De hecho, estamos cumpliendo los objetivos por eso y en toda España gracias a esta colaboración institucional -el 85% de todas las ayudas a la vivienda que se dan procede del presupuesto del Ministerio de Vivienda-, también en Cataluña.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
-- DE D. JUAN HUGUET ROTGER, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE LOS PLANES O PROYECTOS PREVISTOS POR EL MINISTERIO DE JUSTICIA PARA AGILIZAR LOS PROCESOS JUDICIALES PENDIENTES QUE, A DÍA DE HOY, SUPERAN LOS DOS MILLONES
QUINIENTOS MIL (Número de expediente 680/000842).
El señor PRESIDENTE: Pregunta del senador Huguet.
Tiene la palabra, señoría.
El señor HUGUET ROTGER: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, con educación y sin acritud, debo empezar diciendo que la justicia en España no funciona bien, y reconozco sus esfuerzos.
El caso de la niña Mari Luz -supuestamente muerta a manos de un pederasta vecino de la familia y que se hallaba judicialmente en búsqueda- es quizás el más sangrante de los errores detectados. Pero hay más: cientos de miles de casos
penales sin resolver se acumulan en los juzgados; al mismo tiempo los jueces son incapaces, con los actuales medios, de hacer frente a semejante caos; a todo ello se suma una excesiva politización de los jueces y fiscales, así como las actuaciones
de un Ministerio de Justicia que no ha generado precisamente ni consenso ni confianza entre una gran parte de los ciudadanos según los últimos datos del CIS. Ante este escenario, diversos expertos reclaman al Gobierno que adopte medidas para dotar
a la justicia de medios necesarios que permitan mejorar su funcionamiento.
Señorías, señor ministro, para que exista una justicia independiente y eficaz es preciso, bajo mi modesta opinión, que se den tres requisitos: que se disponga de buenos medios personales y materiales; que el órgano de gobierno del Poder
Judicial garantice la independencia de los jueces y ejerza eficazmente sus funciones; y, por último, que se cuente con una carrera judicial profesional competente y motivada en el desempeño de sus funciones.
Permítame, señor ministro, que le señale, en plan constructivo, una serie de cuestiones que tienen que ver con el mal funcionamiento de la justicia española: primero, los sistemas informáticos de los juzgados y tribunales están obsoletos y
no permiten una gestión ágil y eficaz en la Administración de Justicia. ¿Hay ordenadores? Sí, pero usted sabe que funcionan más como máquinas de escribir que como una conexión entre todos los juzgados y todos los órganos judiciales. Es preciso
introducir sistemas informáticos adaptados al siglo XXI, tal como lo tiene la Agencia Tributaria o la Seguridad Social.
Las previsiones de división del trabajo de la nueva oficina judicial quedaron frustradas en la pasada legislatura, y sin una división del trabajo acorde a las necesidades es muy difícil que la justicia funcione bien. Por ejemplo, las
funciones de los jueces deberían ser esencialmente celebración y resolución de juicios. Usted sabe, señor ministro, que la distribución formal de trabajo de los jueces, secretarios judiciales y el funcionario de justicia, que es competencia del
Poder Ejecutivo, brilla en estos momentos por su ausencia. Existe precariedad de medios personales y materiales, aunque hay que reconocer que se ha avanzado en este tema.
Una cuestión preocupante es la ínfima formación de muchos de los funcionarios interinos, provenientes de listas de empleo, que aterrizan en los órganos judiciales sin preparación ni experiencia alguna, asumiendo la gestión de procedimientos
de enorme complejidad y transcendencia. Esto hace que la justicia sea insegura y esté plagada de errores.
Por último, el hecho de que España cuente el número menor de jueces por habitante de la Unión Europea también dificulta que la justicia sea ágil y eficaz.
El señor PRESIDENTE: Señoría, termine, por favor.
El señor HUGUET ROTGER: Termino, señor presidente.
Señor ministro, no le voy a reproducir aquí las opiniones expresadas por la propia Comisión de Expertos, baste simplemente decir -y con esto acabo- que hoy la opinión generalizada es que el sistema vigente ha agotado todas sus virtualidades.
En plan constructivo, señor ministro, ¿qué planes piensa llevar adelante?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor ministro de Justicia.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Caamaño Domínguez): Muchas gracias, presidente.
Señoría, el plan de modernización para la Administración de Justicia -que es conocido, se ha publicado y se ha debatido en las Cortes Generales en muchos de sus aspectos- aborda en profundidad todas y cada una de las cuestiones que usted
acertadamente ha señalado. Porque todos compartimos desde hace tiempo que la Administración de Justicia en España es una de las asignaturas pendientes probablemente de la democracia española y desde hace tiempo -es cierto también- se trabaja en
profundidad por mejorarla.
Comenzaré por algunas cuestiones que usted ha puesto de manifiesto y entraré después en el particular asunto de los recursos y temas pendientes.
En esta legislatura, y no en la pasada, hemos desatascado las catorce leyes procesales por consenso prácticamen-
te unánime de las fuerzas políticas para poner en marcha la nueva oficina judicial, oficina que al menos en el territorio competencia del Ministerio de Justicia se ha desplegado y lleva a cabo punto a punto su cometido con el consenso de
todos los sectores intervinientes, empezando por el propio Consejo General del Poder Judicial que nos presta su apoyo.
El despliegue de la oficina no solo se hace en el ámbito del territorio del ministerio, sino que me consta que en otras muchas
comunidades autónomas se realiza, con independencia de su color político, porque era una apuesta de todos.
Nuevas tecnologías y Administración de Justicia. Por primera vez en la historia democrática de nuestro país no solo hemos contado con un mayor presupuesto de justicia en este año -con un crecimiento del 13,77%- sino que además hemos
acordado con las comunidades autónomas en conferencia sectorial, con la Fiscalía General del Estado y con el Ministerio de Justicia un convenio para establecer que nuestros tribunales puedan de una vez por todas trabajar en red y procesar
información en un tiempo actualizado. Esos convenios están firmados y suscritos, están licitadas todas las obras y aportadas las nuevas tecnologías; por tanto, ya se está avanzando. Justo es decir, por ejemplo, que un programa de la nueva oficina
judicial, el Minerva Noj, que es el nombre técnico, funciona ya desde que han entrado en vigor esas leyes, y le puedo garantizar que son gestores procesales de última generación. Pero la cuestión -como bien les advertía- no está solo ahí, sino que
es necesario adoptar medidas legislativas que lleguen a la raíz de los problemas, al fondo del asunto.
Por eso, van a tramitarse dos proyecto de ley, el de arbitraje y el de mediación, que permitirán establecer fórmulas complementarias de
resolución de conflictos, aliviando el número de asuntos que llegan a los tribunales, con la consiguiente reducción y simplificación de recursos gracias a la iniciativa que el propio Consejo General del Poder Judicial nos ha hecho llegar.
Abordamos todos y cada uno de los aspectos de la Administración de Justicia -los de gestión pero también los normativos-, y no solo a través de esas dos leyes que acabo de citar, sino de algunas otras que también irán progresivamente
llegando a las Cortes Generales y que nos permitirán conseguir ese objetivo común que es mejorar nuestra Administración de Justicia.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
-- DE D. PEDRO TORRES I TORRES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, SOBRE LA FECHA PREVISTA POR EL MINISTERIO DE JUSTICIA PARA LA CREACIÓN DE UN JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS (Número de
expediente 680/000847).
El señor PRESIDENTE: Pregunta del senador Torres.
Tiene la palabra, señoría.
El señor TORRES I TORRES: Muchas gracias, señor presidente.
Muy buenas tardes, señorías, señor ministro.
Hace ya varios años que diferentes representantes políticos e instituciones de las Islas Baleares reclaman que la isla de Formentera tenga su propio Juzgado de Primera Instancia e Instrucción. Una de las premisas del programa electoral de
nuestro presidente, el señor Rodríguez Zapatero, era acercar la justicia a los ciudadanos. La propuesta socialista se basa en la Ley Orgánica del Poder judicial que establece que la modificación de los partidos judiciales se haga en función del
número de asuntos, las características de la población, los medios de comunicación y las comarcas naturales.
La isla de Formentera, aunque no ha alcanzado alguno de los parámetros fijados, sí reúne singularidades que la hacen acreedora de albergar un Juzgado de Primera Instancia e Instrucción, y, entre ellas, es relevante la insularidad, lo que
comporta una difícil comunicación. Además, a ello hay que añadir el gran aumento que experimenta la población en época estival. La insularidad no tiene que ser un hándicap para los ciudadanos de las islas. Tenemos que tener el mismo trato y las
mismas facilidades que el resto de los ciudadanos de toda España sin ser discriminados.
Formentera necesita ya este juzgado propio. Precisamente la isla de El Hierro en Canarias -una isla muy similar a la de Formentera en cuanto a sus características de población- ya tiene desde el año 1986 un Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción. ¿Por qué no Formentera?
Anteriormente se han creado juzgados tanto en las islas Canarias como en la Comunidad Valenciana con la argumentación del factor turístico, y en el caso de Formentera este aspecto es evidente, al cual también hay que añadirle el factor de la
insularidad.
El pasado 24 de septiembre de 2008 ya se puso en marcha un nuevo sistema de videoconferencia judicial entre el Juzgado de Primera Instancia número 1 de Ibiza y la isla de Formentera. Esta iniciativa hace aún más evidente la necesidad de
acercar la justicia a los ciudadanos de Formentera, evitando así los desplazamientos. Se trata de un paso intermedio entre el Juzgado de Paz y la próxima creación del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción en la isla de Formentera.
Por todo lo expuesto, y dentro del marco de las reformas a introducir en la revisión general de la Ley de Demarcación y de Planta Judicial, le pregunto, señor ministro: ¿para cuándo tiene previsto el Ministerio de Justicia la creación de un
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción en las Islas Baleares, concretamente en la isla de Formentera?
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor ministro.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Caamaño Domínguez): Gracias, presidente.
Señoría, comparto plenamente su preocupación por el acceso de los ciudadanos de Illes Balears y de Formentera,
en particular, al servicio público de la justicia, y así lo acreditan de hecho las actuaciones que hemos venido desarrollando en el territorio balear.
Desde la pasada legislatura creamos 16 unidades judiciales, y en lo que va de esta legislatura hemos creado 11 nuevas, contando con las 5 creadas este mismo año, el mes pasado, 2 de ellas para la nueva figura de jueces de adscripción
territorial, un incremento muy significativo de la planta en la comunidad autónoma que hace que allí se tenga hoy una media casi un punto por encima de la estatal y un volumen de asuntos ingresados inferior sin embargo a esa misma media.
En el concreto caso de la isla de Formentera usted mismo ha puesto de manifiesto la complejidad de las circunstancias concurrentes: en primer lugar porque Formentera no es un partido judicial y su territorio a día de hoy está integrado en
el número cinco de Illes Balears, con sede en Eivissa. Este partido cuenta con 4 juzgados de Primera Instancia y 4 de Instrucción, cuya carga de trabajo está por debajo de la media.
Dos serían, por tanto, las cuestiones que deberíamos en este tema valorar: la primera, la inexistencia de partido judicial propio, remarcada por su señoría, y la segunda, la relativa a la carga de trabajo. Respecto de la primera, debemos
tener en cuenta que el municipio de Formentera tiene una población de derecho y una superficie muy inferior a los parámetros establecidos en la vigente Ley de Demarcación y de Planta Judicial. En cuanto a la segunda, por las razones que he
expuesto, tampoco se alcanza el nivel exigido para implementar otras soluciones.
Pero es muy cierto que el hecho insular es un elemento fundamental, un elemento determinante que por mandato constitucional ha de tenerse siempre presente. Por eso, con tal criterio, ha de estar y ha de tener constancia en el proceso de
reforma de la Ley de planta y demarcación que queremos iniciar una vez que entre todos podamos profundizar ya en el debate del informe emitido por la comisión de personas expertas convocada al efecto. En ese informe se apuntan fundamentales líneas
de trabajo. Es por tanto en ese proceso compartido de reflexión en el que ya estamos trabajando y en el marco de la reforma de nuestra planta y demarcación donde vamos a insertar la variable de la insularidad de manera clara e inequívoca, y a
partir de ella, articular la mejor solución para acercar la justicia a los habitantes de Formentera.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
-- DE D.ª DORINDA GARCÍA GARCÍA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE SI EL MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN CONSIDERA JUSTO QUE, DESPUÉS DE CONGELAR LAS PENSIONES DE SEIS MILLONES DE ESPAÑOLES, EL CONSEJO DE MINISTROS HAYA
AUTORIZADO A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL REALIZAR UNA APORTACIÓN FINANCIERA DE UN MILLÓN CUATROCIENTOS MIL EUROS PARA LA FORMACIÓN DE LOS AGENTES SOCIALES DE IBEROAMÉRICA (Número de expediente 680/000840).
El señor PRESIDENTE: Pregunta de la senadora García.
La señora GARCÍA GARCÍA: Gracias, señor presidente.
Doy la pregunta por formulada.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el ministro de Trabajo.
El señor MINISTRO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN (Corbacho Chaves): Muchas gracias, señor presidente.
Señoría, la contribución bianual a la que usted hace referencia, que hemos realizado a la Organización Internacional del Trabajo, fue autorizada -como supongo que ya conoce- por el Consejo de Ministros el pasado 2 de junio. Es la aportación
a la cooperación exterior española que cada año realiza la Seguridad Social.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra, señoría.
La señora GARCÍA GARCÍA: Gracias, señor presidente.
Señor Corbacho, usted ha permitido que 1 400 000 euros se detraigan de la recaudación de la Tesorería General de la Seguridad Social, con un destino: los fondos para los sindicalistas en América Latina.
Yo le preguntaba si lo consideraba justo, y se lo vuelvo a preguntar, señor Corbacho, porque días antes el mismo Consejo de Ministros había congelado las pensiones de millones de españoles, y muchos de ellos cobran pensiones por debajo del
salario mínimo interprofesional. Pero yo le voy a decir más: usted, que como ministro de Trabajo una de sus funciones es tutelar la Tesorería General de la Seguridad Social, lo que significa proteger y garantizar las recaudaciones de dicha
Tesorería General, cuyas aportaciones hacen los afiliados, señor ministro, trabajadores y empresarios, con un fin, con un objetivo -puesto que así está taxativamente determinado en la ley-, el de garantizar las pensiones, ¿con qué legitimidad, con
qué base legal han autorizado ustedes detraer 1 400 000 euros de las pensiones de los españoles? Usted lo ha reconocido aquí y también públicamente, y yo tengo que decirle, señor Corbacho, que ustedes han vulnerado la ley porque la ley no permite
que usted quite ni un solo céntimo de las pensiones de los españoles.
(Rumores.)
Señor Corbacho, en el año 2008 usted fue nombrado ministro y le dieron la cartera del Ministerio de Trabajo. Pues yo le digo en este año 2010 que usted ha pasado de ser un ministro con cartera a ser un ministro sin cartera, porque por su
mala gestión ha dejado usted vacío ese ministerio.
Ha fracasado usted en el empleo con 4,5 millo-
nes de parados; está usted en el ranking como el ministro que más parados ha generado en el menor período de tiempo; ha fracasado usted en la defensa de las pensiones; ha fracasado en el diálogo social
El señor PRESIDENTE: Señoría, termine.
La señora GARCÍA GARCÍA: Termino, señor presidente.
y además ha sido desautorizado por la vicepresidenta primera del Gobierno y por la vicepresidenta segunda por manifestaciones que ha hecho usted.
El señor PRESIDENTE: Señoría, concluya.
La señora GARCÍA GARCÍA: En definitiva, señor Corbacho, le digo que usted actualmente es un ministro sin cartera porque solamente se limita a
El señor PRESIDENTE: Señoría, termine.
La señora GARCÍA GARCÍA: Termino, señor presidente.
porque usted solamente se limita a acatar y a realizar las órdenes de sus superiores pero no a dar contenido al ministerio. (Rumores.)
Y por último le digo: usted debe 1 400 000 euros a los pensionistas.
Devuélvaselos, señor ministro. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor ministro de Trabajo.
El señor MINISTRO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN (Corbacho Chaves): Gracias, señor presidente.
Señoría, si se refiere usted a que me ha visto entrar sin cartera,...
Efectivamente, esta tarde no la he traído. El próximo día, si es que eso le va a hacer más feliz, la traeré. (Rumores.)
No sé si su pregunta es demagogia o se debe a falta de información, pero puede que sea un poco de las dos cosas. Voy a darle algunas explicaciones, incluso para ponerle a usted delante de sus propias contradicciones.
La Seguridad Social hace veinte años que viene realizando acuerdos con la OIT y con otras organizaciones internacionales precisamente para colaborar en diferentes materias, siendo una de ellas esta a la que usted se refiere. Durante estos
veinte años esa cooperación con la OIT se ha desarrollado, como no podía ser de otra manera, por Gobiernos del Partido Socialista y por Gobiernos del Partido Popular. En todo caso, vaya usted a la hemeroteca, entérese de quién era ministro de
Trabajo en el año 2003, y ya que usted me reclama a mí 1 400 000 euros, pídale al ministro de aquella época 1 500 000 euros, que fue el dinero que el Gobierno del año 2003 concedió a la OIT.
En definitiva, señoría, a usted le pueden producir alergia los sindicalistas, que es como usted les ha llamado, pero nosotros entendemos, evidentemente, que nuestro compromiso es con la OIT, y nos parece natural, razonable y lógico que la
OIT colabore con el movimiento sindical, sobre todo por ese lema tan importante, que es el de todos los trabajadores y de todos los sindicatos a nivel mundial, de mejorar las condiciones para un trabajo decente.
Por todo ello, señoría, le pido que la próxima vez formule usted preguntas con un poco más de rigor, con menos demagogia y, sobre todo, que se informe un poco mejor.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
-- DE D.ª ALICIA SÁNCHEZ-CAMACHO PÉREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE LA VALORACIÓN DEL GOBIERNO EN RELACIÓN CON LA ELEVADA TASA DE TEMPORALIDAD EN LOS CONTRATOS CELEBRADOS EN EL ÚLTIMO MES (Número de expediente
680/000844).
El señor PRESIDENTE: Pregunta de la senadora Sánchez-Camacho.
Tiene la palabra, señoría.
La señora SÁNCHEZ CAMACHO PÉREZ: Gracias, señor presidente.
Doy por formulada la pregunta.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor ministro.
El señor MINISTRO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN (Corbacho Chaves): Gracias, señor presidente.
En respuesta a su pregunta quiero decirle que durante el mes de junio se han realizado 1 297 611 contratos -lo que significa un 1,8% más que durante el mes de junio del año pasado-, el 7,6% de ellos indefinidos y el 92,4% temporales.
El Gobierno está convencido de que para aumentar la competitividad de nuestra economía es preciso elevar el peso de la estabilidad en el trabajo y, por lo tanto, de los contratos fijos. Precisamente por eso una de las partes centrales de la
reforma laboral se encamina hacia esa dirección.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra, señoría.
La señora SÁNCHEZ-CAMACHO PÉREZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señoría, señor ministro, permítame que antes de iniciar la pregunta le haga un recordatorio. Usted no es el mejor exponente de rigor, de buena gestión y de buen Gobierno al frente del Ministerio de Trabajo como para poder dar clases a los
demás, especialmente a un partido como el nuestro, que ha realizado excelentes trabajos al frente de este ministerio.
(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)
Señoría, la temporalidad del mes de junio -a la que usted hacía referencia- se sitúa en un 92,4%. Ambos podremos convenir que es un dato muy elevado.
Cuando usted presentó el Real decreto de reforma laboral, yo le escuché citar que el objetivo fundamental de la misma era reducir la temporalidad de nuestro mercado de trabajo y fomentar la contratación indefinida mediante la penalización de
los contratos temporales. Sin embargo, señor ministro, están ustedes consiguiendo justamente lo contrario de lo que se proponían con esa reforma laboral -y no lo dice este grupo parlamentario, sino los empresarios- en el poco periodo de tiempo que
lleva en vigor esta reforma provisional.
Señoría, sabemos perfectamente que la dualidad del mercado de trabajo español es uno de sus grandes problemas. Sabemos que precisamente la precariedad del mercado de trabajo está condenando a millones de trabajadores españoles y de jóvenes
españoles a no tener un proyecto de futuro. Señorías, (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías.
La señora SÁNCHEZ-CAMACHO PÉREZ: Señor ministro, señor Corbacho, usted sabe muy bien que el problema de la dualidad no es un problema de hoy.
Llevamos muchos años, más de treinta, con este problema, de los cuales ustedes los socialistas
han gobernado dos terceras partes. Además, señoría, nuestra tasa de temporalidad es el doble de la media europea.
Por lo tanto, señor ministro, considero que tiene usted que empezar a tomar medidas, pues todas aquellas que usted tomó al principio han dado un balance pésimo de su gestión: el decreto de abril y el decreto del Plan E podrían haber evitado
la congelación de las pensiones a millones de pensionistas de este país y no han producido más que paro e incremento de la temporalidad.
Por eso quiero decirle, señor ministro, que nosotros sí vamos a apoyar una reforma laboral que cree empleo y que no profundice en las causas de despido -tal y como están ustedes haciendo-, porque, permítame que le diga, señor ministro, que
han alcanzado ustedes el récord con un presidente del Gobierno que es capaz de enmendarse a sí mismo, que es capaz de hacerse una enmienda a la totalidad a sí mismo, que es capaz de dejar la peor gestión al frente de este Gobierno, con el mayor
número de parados de la historia y, sobre todo, que actúa en contra de sus propias palabras pues dijo que jamás alcanzaría el paro que había dejado el Partido Popular y, desgraciadamente, están ustedes a punto de superar el doble de esa tasa de paro
y a punto de dejar a millones de pensionistas
El señor PRESIDENTE: Señoría.
La señora SÁNCHEZ-CAMACHO PÉREZ: ... absolutamente descorazonados, y, lo que es peor, a millones de pequeños y medianos empresarios que no confían en ustedes, porque no tienen ninguna credibilidad. Su engaño siempre llega, y llega muy
pronto, y si no, que se lo digan a los pobres cubanos, que hace poco confiaban en ustedes
El señor PRESIDENTE: Señoría.
La señora SÁNCHEZ-CAMACHO PÉREZ: ... y no han tardado ni una semana en decir que
El señor PRESIDENTE: Señoría.
La señora SÁNCHEZ-CAMACHO PÉREZ: ... el Gobierno de Zapatero les ha traicionado. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra, señor ministro.
El señor MINISTRO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN (Corbacho Chaves): Gracias, señor presidente.
No responderé a sus palabras sobre política internacional, pues para ello ya compareció anteriormente el ministro de Asuntos Exteriores.
Señoría, usted me interpela cada quince días -lo cual me parece muy bien- y es curioso que haya formulado esta pregunta precisamente sobre el efecto de la temporalidad. En cambio, a usted no le ha llamado la atención que el mes de junio
haya tenido un comportamiento sobre el empleo altamente positivo, habiendo encontrado empleo 83 834 personas y es curioso que no haya puesto en valor que es el mejor dato de un mes de junio desde el año 1996.
Asimismo, es curioso que no le haya llamado la atención que hayamos bajado la cifra de cuatro millones de parados -algo que creo que a usted le debe congratular y alegrar- y parece que no le interesa para nada que estemos cerca de los
dieciocho millones de afiliados a la Seguridad Social.
Con relación a la pregunta que usted me hace, le diré que la reforma laboral no es la virgen de Lourdes. ¿Cómo cree que puede afectar una reforma laboral siete días antes de conocerse las cifras del paro por las cuales me pregunta hoy?
Una reforma laboral tiene que tener su recorrido. Seguramente, en el largo recorrido incidirá -y estamos convencidos de que lo va a hacer- en eso por lo que usted me ha preguntado e interpelado y que le preocupa, que es hacer más atractivo
el contrato de fomento, el contrato fijo, así como que la temporalidad sea una excepción y no la regla en la contratación.
En eso estamos. Yo espero que sus propuestas y sus enmiendas la semana que viene sean positivas y con ese espíritu iremos a debatirlas en el Congreso de los Diputados con el fin de hacer una buena reforma laboral en la cual espero que
ustedes también se sientan bien representados.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
-- DE D. ADOLFO ABEJÓN ORTEGA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE LOS MOTIVOS POR LOS QUE EL GOBIERNO TIENE ABANDONADA PRESUPUESTARIAMENTE LA FORMACIÓN PROFESIONAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y PERMITE QUE NO SE INVIERTA LO
QUE PRESUPUESTA PARA LA FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL EMPLEO EL MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN (Número de expediente 680/000845).
El señor PRESIDENTE: Pregunta del senador Abejón.
Tiene la palabra, señoría.
El señor ABEJÓN ORTEGA: Gracias, señor presidente.
Doy por formulada la pregunta.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra, señor ministro.
El señor MINISTRO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN (Corbacho Chaves): Muchas gracias, señor presidente.
Señoría, la formación es uno de los ejes fundamentales de la mejora de la educación y del empleo, así como un factor clave para el cambio del modelo productivo en nuestro país que el Gobierno ha planteado a través de la ley que hemos
presentado en el Congreso de los Diputados.
Por ello, el Gobierno está impulsando una estrategia coordinada para la formación profesional, reglada con el Ministerio de Educación y la formación profesional para el empleo, y tenemos plena confianza en que dará buenos resultados.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el senador Abejón.
El señor ABEJÓN ORTEGA: Gracias, señor presidente.
Señor Corbacho, la FP necesita un gran impulso para salir del parón y del congelador en el que la han metido los Gobiernos del señor Zapatero.
Después de ocho años de la aprobación por el Gobierno del señor Aznar de la Ley Orgánica de las Cualificaciones y de la Formación Profesional resulta inconcebible que aún no se haya desarrollado la misma y que tampoco se haya dotado de un
sistema de financiación adecuado.
Es injustificable que en una situación de crisis económica y de paro como la que sufre España no se haya publicado aún todo el catálogo de las cualificaciones, constituido por las más de ochocientas identificadas en el sistema productivo y
que todavía falte por resolver una tercera parte de las mismas.
Es incomprensible que tampoco se hayan reformado y actualizado los contenidos de los títulos de grado medio y superior de formación profesional, por lo que en los centros tienen unos planes de estudio diseñados hace quince años, ya que solo
se han actualizado y publicado cuarenta y una de las ciento cuarenta y cuatro existentes en la actualidad.
Lo mismo ocurre con los programas de cualificación profesional inicial, ya que de los sesenta previstos aproximadamente, solo han visto la luz veintitrés, e idéntica suerte corren los ciento noventa y un certificados de profesionalidad que,
aprobados por el Consejo General de Formación Profesional, están a la espera de su publicación.
Es inconcebible que no se haya comenzado con el reconocimiento y acreditación de las competencias profesionales adquiridas a lo largo de la vida laboral. Tan solo hay previsto reconocer en torno a ocho mil para el año 2010 de los siete
millones de trabajadores a validar. A este ritmo, tardarían ochocientos años o, si prefieren, ocho siglos.
Señor ministro, para tirar del carro de la formación profesional reglada necesitamos bueyes, necesitamos financiación. Debe establecerse un sistema de financiación entre Gobierno y comunidades autónomas que sea suficiente, a través de la
utilización coordinada de los fondos de formación del Ministerio de Trabajo.
Resulta intolerable que el Ministerio de Trabajo que usted preside, de un presupuesto para formación en el año 2009 de 2836 millones de euros haya devuelto a Hacienda 400 por la incapacidad de no saber invertirlos adecuadamente.Y ello
resulta aún más grave cuando el Ministerio de Educación no ha dedicado un solo céntimo a la implantación de nuevos programas de cualificación profesional para los alumnos que han fracasado en la ESO. Tampoco se ha dedicado partida presupuestaria
alguna para la puesta en marcha del nuevo mapa de titulaciones, cuya modificación curricular ha supuesto para muchos de ellos pasar de 1300 a 2000 horas de duración.
Como consecuencia de esta nula financiación del señor Zapatero a la FP reglada, las comunidades autónomas han tenido que asumir todo el coste de estas nuevas reformas y, como no tienen dinero, se han visto obligadas a compensar el coste de
los nuevos títulos con una reducción de la oferta de programas y titulaciones perjudicando gravemente a los alumnos...
El señor PRESIDENTE: Señoría, le ruego termine.
El señor ABEJÓN ORTEGA: Termino, señor presidente.
Mientras usted y el señor Gabilondo discuten si son galgos o podencos, la liebre se escapó y con ella la tabla de salvación de muchos jóvenes.
Terminen de una vez una formación integrada para todos los españoles.
(Aplausos en los escaños
del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor ministro.
El señor MINISTRO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN (Corbacho Chaves): Gracias, señor presidente.
Señoría, como he dicho anteriormente, para el Gobierno este es un asunto prioritario, como acredita el impulso a la denominada hoja de ruta de la formación profesional, que imagino que usted conoce y debe conocer bien.
Es un plan
que marca, por tanto, las líneas de actuación en esta materia y que pretende convertir, como usted ha comentado, la formación profesional en un factor estratégico para mejorar las oportunidades del empleo, la productividad en el trabajo y la
competitividad de nuestras empresas. No coincido con usted en cuanto a algunas referencias tan negativas que usted ha hecho y sobre la ausencia de un plan de actuación. El Ministerio de Educación tiene un plan de actuación 2010-2020, que supongo
que conocerá, y que, concretamente, dedica 67 millones de euros a tal fin.
Usted coincidirá conmigo en que hemos reconocido ciento veinte nuevas titulaciones de FP a finales de 2010 y hemos aprobado la creación de doce centros de referencia
nacional, así como la calificación de dieciocho centros más.
Y en el ámbito concreto del Ministerio de Trabajo al que usted hacía referencia, en el año 2009, de la formación en empleo se han beneficiado 3,5 millones de trabajadores, de los cuales 340 000 han sido personas desempleadas.
Es evidente, señoría, que queda camino por recorrer, no se lo voy a negar, falta mucho, pero ha hecho usted una referencia al final que ha imputado al Ministerio de Trabajo; pues bien, le quiero recordar que las competencias en materia de
formación para el empleo las gestionan las comunidades autónomas. Espero que esos millones que usted ha dicho que se han devuelto no estén en las comunidades autónomas gobernadas precisamente por el PP.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
-- DE D.ª MARÍA ASSUMPTA BAIG I TORRAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO ENTESA CATALANA DE PROGRÉS, SOBRE LAS MEDIDAS DE SENSIBILIZACIÓN PUESTAS EN MARCHA EN MATERIA DE TRATA DE SERES HUMANOS (Número de expediente 680/000839).
El señor PRESIDENTE: Pregunta de la senadora Baig.
Tiene la palabra, señoría.
La señora BAIG I TORRAS: Muchas gracias, señor presidente.
Buenas tardes. La semana pasada, en El Periódico de Catalunya, leí que una joven de quince años fue la séptima menor rescatada de la prostitución en el plazo de un mes. A raíz de estos siete casos -decía la noticia-, se detuvieron a
diecinueve personas, gracias a un trabajo conjunto de las fuerzas de seguridad, Mossos d'Esquadra y Cuerpo Nacional de Policía.
Ante estos casos, a una se le plantean muchos interrogantes: ¿cuántas son las jóvenes menores de edad que obligan a prostituirse? ¿Es este un repunte de la prostitución? Sé que son preguntas de difícil respuesta, porque hay un
desconocimiento a nivel internacional de este tema, que expresa lo delicado que es y los muchos años que se han cerrado los ojos ante este fenómeno.
Quiero manifestar hoy aquí mi disconformidad con la versión que dio el Cuerpo Nacional de Policía, que -supongo que para minimizar el asunto- dijo que el rescate de estos menores y las detenciones coincidían en un momento determinado con una
serie de circunstancias en el tiempo y en el espacio. A mí parecer, no se trata de suerte ni de casualidad, ya que han sido numerosas las horas de trabajo realizadas por muchas personas para llegar hasta aquí; y quiero reconocer el intenso trabajo
que se realizó en una ponencia en la Comisión Mixta Congreso-Senado de Derechos de la Mujer que duró dos legislaturas; y en la última legislatura, presidida por la hoy senadora Carmen Alborch, una de sus recomendaciones fue la elaboración de un
plan integral de lucha contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, cuyo primer informe anual ya se presentó en marzo pasado con resultados positivos.
Me parece que debemos insistir mucho en que las niñas y mujeres que caen en estas redes mafiosas de carácter internacional, perfectamente organizadas, que comercian y trafican con fines de explotación sexual, como usted muy bien nos decía,
son las esclavas del siglo XXI, una muestra más de la desigualdad en la que se encuentran las mujeres en muchos lugares del mundo y una clara expresión de la violencia de género y de la cultura machista que nos gustaría erradicar.
Por ello, señora ministra, a pesar del acoso mediático que está sufriendo usted diariamente, la animo para que continúe trabajando con todas sus fuerzas con el fin de sensibilizar sobre la trata de seres humanos, que es una de las
violaciones más graves de la dignidad de la persona.
El señor PRESIDENTE: Señoría, termine por favor.
La señora BAIG I TORRAS: Por esto, le voy a formular mi pregunta y lo voy a hacer en catalán. (La señora senadora termina su intervención en catalán.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra la señora ministra de Igualdad.
La señora MINISTRA DE IGUALDAD (Aído Almagro): Gracias, señor presidente.
Muchas gracias, señoría.
En efecto, fruto del intenso trabajo desarrollado en esta Cámara se aprobó el Plan Integral de Lucha contra la Trata de Seres Humanos con Fines de Explotación Sexual, que es la primera herramienta de carácter integral con la que contamos
para afrontar un problema tan grave como este, tiene un triple objetivo: por una parte, atender y asistir a las víctimas con herramientas concretas a este efecto; por otra, la persecución de las mafias y de las redes que trafican con mujeres, con
resultados positivos en este primer año de balance desde que el plan entró en vigor; y, además, queremos incidir en la sensibilización y en la concienciación de la ciudadanía porque entendemos que no puede haber complicidad con esta forma de
esclavitud y que no puede haber complicidad con esta práctica deleznable.
En este sentido, han sido muchas las acciones que hemos puesto en marcha desde que entró en vigor el plan, acciones relacionadas con encuentros, con jornadas y con exposiciones. Me gustaría destacar, por ejemplo, la exposición de Journey o
el convenio que suscribimos con la Federación Española de Hostelería, que nos permitió llegar a los más de 13 000 establecimientos asociados a esta federación. Asimismo, recientemente nos hemos sumado a la campaña internacional Corazón azul, contra
la trata, promovida por Naciones Unidas, que pretende sensibilizar a la sociedad para garantizar una reacción de tolerancia cero respecto a las prácticas que alientan este mercado humano, que convierte a niñas y a mujeres en meros objeto de uso y de
consumo, en mera mercancía, las convierte en cosas.
He de decir que hemos sido el primer país europeo que se ha sumado a esta campaña, lo que coincide con el intenso trabajo que se ha desarrollado durante el semestre de Presidencia española de la Unión Europea, en el que hemos aprobado en
primera lectura una propuesta de directiva contra la trata de seres humanos y protección a las víctimas. Esta propuesta, que actualmente continúa su trámite parlamentario, contiene medidas tanto en el ámbito judicial como en el de la asistencia a
las víctimas y, además, insta a los Estados miembros a la adopción de medidas para disuadir la demanda que estimula todas las formas de explotación relacionadas con la trata.
Además, continuamos con la muestra itinerante No seas cómplice, que durante este mes y el próximo se exhibe en la terminal 2 del aeropuerto internacional de Barajas.
Señoría, esta es nuestra línea de trabajo porque esta cuestión no puede dejar indiferente a nadie. Si queremos erradicar este delito el primer paso es verlo, saber reconocerlo y ser conscientes de que existe porque la realidad de la trata
no puede en ningún caso ser maquillada, disfrazada ni escondida ya que, en definitiva, estos disfraces y estos maquillajes solo son inaceptables excusas, justificaciones o muestras de insensibilidad y desprecio hacia la vida de estas mujeres.
El señor PRESIDENTE: Señoría, le ruego que termine.
La señora MINISTRA DE IGUALDAD (Aído Almagro): Por tanto, además de las modificaciones legales, además de las acciones policiales y además del desarrollo de todas las actuaciones que se contemplan en el plan, es necesario el compromiso
compartido y que las instituciones, los medios de comunicación y el conjunto de la ciudadanía aunemos esfuerzos porque las realidades envilecidas que nos rodean no son inamovibles, podemos moverlas con el compromiso del conjunto de la ciudadanía.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
-- DE D.ª ROSA NURIA ALEIXANDRE I CERAROLS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN EN EL SENADO DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ, SOBRE LAS MEDIDAS QUE EL GOBIERNO PIENSA ADOPTAR DURANTE EL PRESENTE AÑO PARA HACER FRENTE AL ALTÍSIMO DÉFICIT PRESUPUESTARIO EN
MATERIA DE SANIDAD (Número de expediente 680/000837).
El señor PRESIDENTE: Pregunta de la senadora Aleixandre.
Tiene la palabra su señoría.
La señor ALEIXANDRE I CERAROLS: Gràcies, senyor president.
Bienvenida, señora ministra.
Desde el año 2003 la gestión sanitaria está totalmente transferida a las comunidades autónomas, a excepción de Ceuta y Melilla. Además, los presupuestos sanitarios no son finalistas, sino que proceden de los presupuestos generales de cada
comunidad. Sin embargo, la preocupación por la sostenibilidad del sistema -y no hablamos de largo plazo, sino de corto, cortísimo plazo- ha hecho que en los últimos meses haya sido motivo de negociación en los distintos consejos interterritoriales
que usted preside. Es más, hace pocos meses, el 18 de marzo, todos los miembros del consejo, encabezados por usted, señora ministra, se hicieron la foto seguida de las declaraciones al respecto. Por un lado, se anunciaba un pacto sanitario con una
serie de acciones y medidas para promover la calidad, la equidad, la cohesión y la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, garantizando el acceso universal, un tiempo máximo de acceso, calendario vacunal único, mejoras de accesibilidad y la
extensión de nuevas tecnologías -la eSalut- y la extensión de la historia clínica digital. Por cierto, todo ello suponía un aumento del gasto importante, al menos en un principio. Por otro, se anunciaban una serie de medidas restrictivas respecto
a la dispensación farmacéutica, así como una serie de recortes en lo que se refiere a la industria, seguidas unas y otras de un mensaje de compromiso y tranquilidad respecto a la sostenibilidad del sistema.
En estos momentos la aplicación del real decreto consecuencia del pacto está teniendo unos efectos secundarios negativos, teóricamente sorprendentes, aunque previsibles si alguno de los diecisiete responsables sanitarios hubiese conocido a
fondo el sistema real o se hubiese informado de ello. Como decía, los efectos secundarios son tan negativos que pueden llevar al desabastecimiento del sistema en algunos fármacos y, además, lo que es peor, el bloqueo de las compras, que ya se está
produciendo, en algunos servicios hospitalarios. Pero de ello, señora ministra, hablaremos otro día; hoy no es el momento.
Volviendo al tema que nos ocupa, estas últimas semanas la prensa de algunas comunidades, entre ellas la mía, señora ministra, se ha hecho eco de la dificultad en que se encuentran los distintos servicios de salud para hacer fren-
te a los compromisos con sus proveedores tanto en el caso de proveedores sanitarios como en empresas concertadas. Estoy hablando de Cataluña, naturalmente, donde llevamos dos meses con retrasos en los pagos en los hospitales concertados, y
con proveedores no sanitarios, a los que se anuncia la imposibilidad de cumplir con los compromisos en plazos establecidos. Por ello preguntamos, señora ministra: ¿en el caso real, aunque esperamos que poco probable, de que alguna comunidad no
pueda hacer frente a sus compromisos económicos urgentes -estoy hablando de nóminas de personal-, su ministerio o el propio Gobierno saldría económicamente en su rescate para acreditar la asistencia?
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra la ministra de Sanidad y Política Social.
La señora MINISTRA DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL (Jiménez García-Herrera): Gracias, señor presidente.
Señoría, el Gobierno es consciente de las dificultades económicas y presupuestarias de las administraciones autonómicas y ha querido ser sensible a esta necesidad respondiendo de manera decidida e inmediata.
Hace varios meses, desde que soy
ministra, antes incluso de tomar medidas de ajuste de la crisis, que estamos tomando decisiones.
Como sabe, los últimos meses -como ha señalado su señoría- hemos desarrollado una estrategia conjunta de trabajo por las comunidades autónomas, consiguiendo articular un acuerdo que constituye una auténtica hoja de ruta compartida con
medidas y actuaciones que inciden, entre otros aspectos, en la eficiencia del sistema y en el control del gasto.
No supone un aumento del gasto, y ya hemos empezado a desarrollarlo.
El primer paso ha sido la aprobación de un real decreto ley de medidas para la racionalización del gasto farmacéutico que supone un ahorro anual de 1500 millones de euros para las comunidades autónomas. El segundo paso ha sido la creación
de una central de compra, que nos permitirá ganar en eficiencia en todas aquellas compras agregadas en las que de manera voluntaria quieran sumarse las comunidades autónomas. El tercer paso, en el marco del paquete de medidas para acelerar la
reducción del déficit, el Gobierno ha incluido medidas adicionales para el control del gasto farmacéutico, con lo que prevemos generar un ahorro anual añadido de unos 1300 millones de euros más. El descenso del 5% de media del sueldo de médicos y
enfermeras está teniendo ya una incidencia real en la reducción del déficit del gasto sanitario. En fin, señoría, considero que el Gobierno ha tomado decisiones importantes y que está haciendo una notable contribución a la sostenibilidad de nuestra
sanidad.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra la senadora Aleixandre.
La señora ALEIXANDRE I CERAROLS: Gràcies, senyor president.
Señora ministra, estamos totalmente de acuerdo. El problema es que estos recortes que se están realizando son de futuro. Mi pregunta concreta es: si en estos momentos, en la situación en que se encuentran las distintas comunidades, alguna
de ellas de aquí a final de año tiene problemas para hacer frente a sus compromisos, ¿hará algo el ministerio? ¿Hará algo el Gobierno? Solo le pregunto esto.
Ya sé que se están haciendo cosas
El señor PRESIDENTE: Señoría.
La señora ALEIXANDRE I CERAROLS: Gracias, señor presidente.
Solamente queríamos saber si realmente hubiese este problema, que quizá no lo haya, y esperemos que no lo haya, pero si lo hay, ¿realmente qué hará el ministerio? Solamente queríamos saber esto.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra la señora ministra.
La señora MINISTRA DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL (Jiménez García-Herrera): Gracias, señor presidente.
Señoría, no son medidas de futuro, son medidas que se están aplicando ya en la realidad. Calculamos que a través de estas medidas la factura de las comunidades autónomas disminuirá en total unos 4600 millones de euros anuales, con efectos
inmediatos en el presupuesto de este año. Además, en septiembre presentaremos una campaña para fomentar un uso adecuado de los servicios sanitarios.
Pero, señoría, quiero recordarle que estas actuaciones vienen a sumarse a otras decisiones del Gobierno que inciden en la financiación de la sanidad, porque, como usted reconoce, la sanidad fue transferida a las comunidades autónomas hace ya
una media de 8 o 9 años, y tienen la responsabilidad para asignar un presupuesto específico en el ejercicio de sus competencias, pero en la Conferencia de Presidentes de 2005 hicimos una aportación extraordinaria de 11 500 millones de euros para las
comunidades autónomas. También me refiero a los recursos adicionales del nuevo modelo de financiación autonómica, estos son de diciembre de 2009.
Y los 3500 millones de euros de ahorro, fruto de medidas anteriores de control del gasto
farmacéutico. Insisto, el Gobierno ha tomado decisiones importantes, inmediatas. Está haciendo una notable contribución a la sostenibilidad de nuestra sanidad.
El señor PRESIDENTE: Señoría, ruego que termine.
La señora MINISTRA DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL (Jiménez García-Herrera): Y ahora le toca a las
administraciones autonómicas tomar decisiones para contribuir a la reducción del déficit.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
-- DE D.ª MARIA BURGUÉS BARGUÉS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO ENTESA CATALANA DE PROGRÉS, SOBRE LAS PREVISIONES DEL GOBIERNO EN RELACIÓN CON LA PUESTA EN MARCHA DEL CENTRO DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA DE LA LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA (Número de
expediente 680/000838).
El señor PRESIDENTE: Pregunta de la senadora Burgués.
Tiene la palabra su señoría.
La señora BURGUÉS BARGUÉS: Gràcies, president.
Buenas tardes, señora ministra. Las personas sordas o con discapacidad auditiva se enfrentan a un entorno configurado sobre la base de códigos visuales, lo que supone la existencia de unas barreras que obstaculizan la comunicación y el
acceso a la información en condiciones de igualdad con la comunidad de personas oyentes.
Normalmente la persona con discapacidad auditiva nace -si no es un proceso adquirido- y se desarrolla en el seno de una familia y en un entorno que está formado por personas oyentes. Su discapacidad es una barrera, a veces invisible para
los demás. Y esto les impide conseguir una integración y un desarrollo social, educativo y laboral en igualdad de oportunidades, si no se tiene en cuenta las necesidades específicas de estas personas.
La Ley de 23 de octubre de 2007 dio respuesta a la necesidad de comunicación de este colectivo; reconoce las lenguas de signos españolas y regula los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, los reconoce como un
derecho. El conocimiento y uso de la lengua permite el acceso y la transmisión del conocimiento y de la información, de especial importancia hoy en nuestra sociedad, al tiempo que permite hacer efectivos los principios de igualdad, autonomía y
participación a que tiene derecho toda persona. Esta ley supuso un avance importante, y el Gobierno, respondiendo al compromiso asumido con su aprobación, ha puesto en marcha el Centro Español de Subtitulado y Audiodescripción y el Centro Nacional
de Tecnologías de la Accesibilidad. Y la implantación de la televisión digital terrestre accesible ha abierto un campo a las personas con discapacidad, también la auditiva. Y cada día vemos con mayor normalidad -porque, precisamente, de esto se
trata, de que se vea como una normalidad- cómo las películas por televisión están subtituladas, o cómo en los informativos o en los programas de información de mayor interés está presente el traductor de signos.
Las lenguas de signos forman un sistema lingüístico completo, poseen las mismas propiedades formales que cualquier otra lengua. Por tanto, deben disponer de una normativa lingüística que difunda y vele por el buen uso de la lengua. La
creación del Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos Española se encuentra recogido en el artículo 15 de la ley, con el fin de investigar, fomentar y difundir el uso de la lengua.
Por eso, señora ministra, le pregunto cuáles son
las previsiones del Gobierno para la puesta en marcha del Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos Española.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra la señora ministra de Sanidad.
La señora MINISTRA DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL (Jiménez García-Herrera): Gracias, señor presidente.
Señoría, efectivamente, la legislatura pasada se aprobó la Ley de 23 de octubre de 2007, por la que se reconocen las lenguas de signos españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad
auditiva y sordociegas; una ley que supuso el reconocimiento necesario a un lenguaje, a una forma de expresión utilizada por miles de personas en nuestro país (se estima que en España viven alrededor de 900 000 personas con algún tipo de
discapacidad auditiva); una ley que se enmarca también en el firme compromiso del Gobierno con las políticas de apoyo e integración de las personas con discapacidad.
Señoría, como ha señalado, la ley prevé la creación del Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos Española. Pues bien, cumpliendo con el mandato de la ley, el Gobierno acaba de aprobar el pasado viernes la creación y
regulación del Centro de Normalización Lingüística, que se integrará en la estructura del Real Patronato sobre Discapacidad. Precisamente, con esta decisión, no solo logramos una mayor eficiencia en el uso de los recursos públicos sino también -y
esto es lo relevante- mantener una concepción unitaria e integrada de las políticas de apoyo a las personas con discapacidad.
Señoría, entre los fines que persigue este centro, quiero destacar: la investigación, el fomento y la difusión de la lengua de signos española, así como también el velar por su buen uso; de hecho, el centro se convierte igualmente en
observatorio de la lengua de signos española.
Se trata, por un lado, de difundir y promocionar el uso de la lengua de signos española, estableciendo la normalización de su uso, así como contribuir también a la planificación y coordinación de planes de formación y docencia y realizar
investigaciones respecto a la lengua de signos española, y, por otro lado, colaborar con las asociaciones y entidades relacionadas con la interpretación en lengua de signos y promover y fomentar iniciativas en este ámbito; también será el encargado
de participar en los foros de consultas sobre discapacidad.
En fin, señoría, la accesibilidad en la comunicación se convierte en un factor indispensable para la participación social y el ejercicio, por qué no decirlo, de las libertades
fundamentales, y en esta línea el Gobierno sigue trabajando, en colaboración siempre con las organizaciones de discapacidad.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
-- DE D.ª MARÍA CARMEN RIOLOBOS REGADERA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE LA POLÍTICA QUE ESTÁ LLEVANDO A CABO EL GOBIERNO EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES AFECTADOS POR EL DIMETILFUMARATO (Número de
expediente 680/000843).
El señor PRESIDENTE: Para formular la siguiente pregunta, tiene la palabra la senadora Riolobos.
La señora RIOLOBOS REGADERA: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, la Asociación Nacional de Afectados por el Dimetilfumarato, Andafed, con más de 300 socios y posiblemente más de 500 afectados, viene denunciando oscurantismo, falta de información, descoordinación y falta de prevención, así
como retraso en el diagnóstico y tratamiento, y falta de un estudio epidemiológico para precisar el origen, las causas y factores condicionantes de las reacciones alérgicas adversas producidas en la piel y vías respiratorias de algunos socios
enfermos.
Los consumidores afectados y sus médicos han asociado su patología al contacto con productos de la piel, mayoritariamente calzados y sofás, supuestamente procedentes de China, que han contenido o están en contacto con bolsitas de agentes
desecantes identificados como sílica-gel, que según análisis contenían el biocida dimetilfumarato y en algunos casos también benceno y tolueno.
Como usted sabe, señora ministra, el dimetilfumarato es una sustancia nociva e irritante que produce lesiones en la piel y oculares, y un fungicida que se utiliza para el transporte marítimo y en el almacenamiento de mercancías, y es un
potente sensibilizador cutáneo que en muy pequeñas concentraciones da lugar a reacciones alérgicas que suelen producir eczemas difíciles de tratar y con grandes secuelas.
En este sentido, la pregunta que le formulamos es: ¿Cuál es la política que lleva a cabo el Gobierno en materia de protección de los consumidores afectados por el dimetilfumarato?
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra la señora ministra.
La señora MINISTRA DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL (Jiménez García-Herrera): Gracias, señor presidente.
Señoría, el Gobierno es consciente del grave riesgo para la salud y la seguridad de las personas expuestas al dimetilfumarato y considera que ha actuado adecuadamente y con celeridad desde el primer momento, en primer lugar, alertando a las
autoridades sanitarias y de consumo sobre la peligrosidad del dimetilfumarato, y, en segundo lugar, ordenando la retirada de los artículos que contienen esta sustancia y prohibiendo su entrada en el mercado y posterior comercialización.
Como sabe, España fue uno de los primeros países en dar la alerta en el ámbito europeo sobre la toxicidad de esta sustancia y sobre sus consecuencias, y también ha sido uno de los primeros países en tomar medidas y en la protección de los
consumidores.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE. Gracias, señora ministra.
Tiene la palabra la señora Riolobos.
La señora RIOLOBOS REGADERA: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, en su comparecencia en el Senado, en la Comisión de Sanidad, Política Social y Consumo, usted afirmó hace unos días que los últimos casos notificados eran del 17 de abril de 2009, dando supuestamente por cerrado el brote;
sin embargo, la asociación Andafed ha detectado casos tanto a lo largo de 2009 como incluso en junio de 2010, por lo que da la impresión de que hay un fallo en el sistema de notificación y seguimiento. De hecho, el periódico El Mundo, en su edición
de Euskadi del 14 de abril de 2010, señalaba que de 20 muestras analizadas de bolsitas antihumedades silica gel recogidas por los afectados, la Fundación Leia había detectado concentración de dimetilfumarato en 6 de ellas, lo que indica que las
muestras y las bolsitas con el producto tóxico están todavía en el mercado.
Señora ministra, desde que se detectaron los primeros casos en 2007 y los que ustedes recogieron en 2008, hasta que se salió la normativa que prohibía la comercialización de estos productos en enero de 2009, han pasado muchas cosas y, en
este sentido, los afectados vienen reclamando más información, más prevención, más control tanto en las fronteras como en las inspecciones, más controles analíticos y que se haga todo el esfuerzo necesario para retirar estos productos del mercado,
que hoy en día siguen afectando a niños y a mayores; y sobre todo que se haga un diagnóstico precoz y un estudio epidemiológico serio
El señor PRESIDENTE: Señoría, vaya terminando.
La señora RIOLOBOS REGADERA: Termino, señor presidente.
Por eso, el Partido Popular le exige que, en el ámbito de sus competencias, y no delegando funciones a las comunidades autónomas, coja el toro por los cuernos y resuelva de inmediato este problema.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra la señora ministra.
La señora MINISTRA DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL (Jiménez García-Herrera): Muchas gracias, señor presidente.
Señoría, hace unos días, el 21 de junio, tuve ocasión de explicarle las medidas adoptadas por el Gobierno, pero no tengo inconveniente en volverlo a repetir.
El día 16 de diciembre de 2008 recibimos un comunicado del Sistema de intercambio rápido de información sobre productos químicos, y ese mismo día se transmitió la alerta a todas la autoridades sanitarias y de consumo de todas las comunidades
autónomas. También se informó a la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica y al Instituto Nacional de Consumo, que a su vez informó a Aduanas y al Servicio de Comercio Exterior.
Rápidamente, el Gobierno ordenó la retirada de productos con
presencia de dimetilfumarato, además de iniciar el procedimiento para prohibir su introducción en el mercado y la comercialización de todos los artículos cuyo uso pudiera estar en contacto con la piel. Un mes más tarde, el 21 de enero de 2009, el
BOE publicaba este acuerdo, adelantándose en dos meses a la decisión de la Comisión Europea de retirar los productos y prohibir su comercialización.
Por otro lado, señoría, el cuadro clínico que presentan las personas afectadas consiste en dermatitis irritativa o dermatitis alérgica, con distinto grado de intensidad, desde prurito a lesiones de tipo quemadura y edema localizadas en las
zonas de exposición. En algunos casos se requiere tratamiento farmacológico con antihistamínicos y/o corticoides.
El Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias tiene contabilizados, repito, 84 casos -insisto, la última notificación es de abril de 2009-, y todos han recibido un tratamiento adecuado. Es decir, señoría, no solo hemos
adoptado medidas legislativas específicas, sino que todos los casos notificados están perfectamente controlados. El hecho de que se detecte esta sustancia en algunos productos es la mejor prueba de que se detectan los casos y de que está todo
perfectamente controlado.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
-- DE D. JESÚS RAMÓN AGUIRRE MUÑOZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE LA MANERA EN QUE AFECTA LA REBAJA DE PRECIOS DE LOS MEDICAMENTOS INNOVADORES A LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, DESARROLLO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA (I+D+i)
SANITARIA Y, EN ESPECIAL, A LOS MEDICAMENTOS HUÉRFANOS (Número de expediente 680/000846).
El señor PRESIDENTE: Pregunta del senador Aguirre.
Tiene la palabra su señoría.
El señor AGUIRRE MUÑOZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señora ministra, creo que todos -en especial los sanitarios y políticos- estamos muy sensibilizados con los 3 millones de españoles afectados por una de las 8000 enfermedades raras existentes que, como usted sabe perfectamente, son aquellas
que tienen una prevalencia inferior a 5 casos por 10 000 habitantes.
Todos somos conscientes de que el desarrollo de nuevas terapias y fármacos para estas enfermedades -sin interés comercial- requiere un esfuerzo que haga atractiva su investigación y desarrollo, con políticas específicas incentivadoras de
medicamentos huérfanos y medicamentos compasivos. De ahí que no se comprenda ni por los enfermos ni por los sanitarios ni por la industria farmacéutica ni por la Comunidad Europea la rebaja del 4% -no para los pacientes sino para los laboratorios
investigadores- del precio de estos específicos medicamentos innovadores no sujetos a precios de referencia, que tampoco repercutirán por su cuantía en las arcas de las comunidades autónomas. Con esto doy por formulada la pregunta.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra la señora ministra.
La señora MINISTRA DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL (Jiménez García-Herrera): Muchas gracias, señor presidente.
Señoría, en primer lugar, no se trata de una rebaja de precios sino de un descuento obligatorio del 7,5% en las ventas de medicamentos al Sistema Nacional de Salud que se aplicará a toda la cadena farmacéutica, industria, distribución
mayorista y oficinas de farmacia.
En segundo lugar, la decisión que el Gobierno ha tomado atendiendo a la petición de la industria farmacéutica, con la que mantenemos un contacto directo y permanente, es decir, esta fórmula, minimiza el impacto en las previsiones de venta
del sector en el mercado mundial y también en el mercado privado español. Por tanto, le permite una menor afectación a sus expectativas de retorno en relación con los esfuerzos en investigación, desarrollo e investigación.
En tercer lugar, señoría, esta deducción se queda, como usted ha puesto de manifiesto, en un 4% en el caso de los medicamentos huérfanos, precisamente para preservar al máximo las inversiones en investigación realizadas por la industria
farmacéutica en estos medicamentos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.
Tiene la palabra su señoría.
El señor AGUIRRE MUÑOZ: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, ese 4% choca frontalmente con todas las políticas de incentivación para el desarrollo y la comercialización de estos medicamentos puestas en marcha por el Gobierno de la nación y la Comunidad Europea en la última década.
Relea usted el Plan de acción para enfermedades poco frecuentes de 1999.
Relea también la ponencia sobre enfermedades raras y la moción sobre medicamentos huérfanos en las que trabajamos y aprobamos en esta Cámara.
Relea el Reglamento del
Parlamento Europeo y del Consejo sobre medicamentos huérfanos, donde Europa considera los medicamentos huérfanos de bajo interés comercial e insta a los Gobiernos a tomar medidas económicas y fiscales que favorezcan dichos medicamentos, todo lo
contrario de lo que usted y su Gobierno hacen.
Gracias al impulso a una investigación rentable, hemos conseguido comercializar 62 fármacos huérfanos en los últimos años. No tire por la borda 10 años de reglamento de medicamentos huérfanos en Europa. Si usted recorta parte del mínimo
beneficio de la industria farmacéutica con ese 4%, flaco favor le hace a la I+D+i en medicamentos huérfanos y medicamentos de uso compasivo.
Le pongo un ejemplo, señora ministra. Grecia, país azotado de forma virulenta, como España, por la crisis y por la inoperancia de su Gobierno, ha rebajado los precios de los medicamentos innovadores, excluyendo específicamente los
medicamentos huérfanos, reconociendo así esta área como prioridad social.
Señora ministra, rectifique. Sería una sabia decisión que contaría con el agradecimiento de 3 millones de españoles que están esperanzados con los medicamentos huérfanos y ultrahuérfanos. No tome medidas económicas a costa de los más
desfavorecidos, que deberían tratarse como una prioridad social y merecen un trato único y específico.
Señora ministra, sea valiente, excluya y deje al margen los medicamentos huérfanos y compasivos del Real Decreto Ley 8/2010, de medidas urgentes para el control del déficit público.
Gracias, señor presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra la señora ministra.
La señora MINISTRA DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL (Jiménez García-Herrera): Gracias, señor presidente.
Señoría, le rogaría que con determinados temas no hiciera demagogia.
La investigación, el desarrollo y la innovación son consustanciales con el sector sanitario y especialmente con el sector farmacéutico. El Gobierno lo sabe, y la industria también, por ello trabajamos juntos; no solo para preservar las
políticas y las inversiones en esta materia, sino para, dentro de lo posible, potenciarlas y ampliarlas.
Permítame recordarle que el Gobierno dispone de instrumentos para apoyar al sector con el Programa Profarma para el fomento de la I+D+i y la competitividad en la industria farmacéutica y, sobre todo, con la reciente presentación de la nueva
estrategia de innovación. Además, estamos ya trabajando juntos para promover un marco estratégico de desarrollo de la industria farmacéutica que permita establecer un horizonte de desarrollo previsible para el sector y, al mismo tiempo, garantizar
la sostenibilidad general del sistema en un clima de diálogo y de colaboración; por cierto, el diálogo que mantenemos con la industria farmacéutica es muy fructífero.
Hacer sostenible el sistema es la principal garantía de futuro para los 3 millones de personas afectadas por las enfermedades raras y para el conjunto de los ciudadanos españoles, y no solo con relación a los pacientes sino también a las
expectativas de la industria farmacéutica, que es el principal cliente del Sistema Nacional de Salud. Señoría, este planteamiento es compartido además por las comunidades autónomas, que desde hace tiempo demandan medidas para actuar sobre el
control y la racionalización del gasto sanitario.
Como sabe, hemos adoptado una hoja de ruta común para contribuir a avanzar en la sostenibilidad de nuestra sanidad preservando la calidad, la cohesión y la equidad de nuestro sistema, y eso es lo que estamos haciendo: aplicarla.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
INTERPELACIONES:
-- DE D. ALFREDO BELDA QUINTANA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, SOBRE LA POLÍTICA DEL GOBIERNO EN MATERIA DE INSTALACIONES DE INSPECCIÓN NO INTRUSIVA EN LOS PUERTOS DE INTERÉS GENERAL A TRAVÉS DE LA AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN
TRIBUTARIA (AEAT), EN CONCRETO EN EL PUERTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE (Número de expediente 670/000114).
El señor PRESIDENTE: Finalizado el turno de preguntas, pasamos al punto tercero del orden del día: Interpelaciones.
La interpelación del senador Belda Quintana ha sido aplazada.
-- DE D.ª COLOMA FRANCISCA MENDIOLA OLARTE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE LA SITUACIÓN EN LA QUE SE ENCUENTRA EN LA ACTUALIDAD LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA EN ESPAÑA (Número de expediente 670/000115).
El señor PRESIDENTE: Por tanto, pasamos a la interpelación de la senadora Coloma Francisca Mendiola, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre la situación en la que se encuentra en la actualidad la industria farmacéutica en
España.
Tiene la palabra su señoría.
La señora MENDIOLA OLARTE: Muchas gracias, señor presidente.
Señora ministra, el objeto de la interpelación que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular encuentra su causa en la incertidumbre, desasosiego e inestabilidad que vive el sector farmacéutico como consecuencia de las medidas de reducción
del déficit aprobadas por el Gobierno de la nación.
Se formula la presente interpelación para que explique usted la situación en la que se encuentra en la actualidad la industria farmacéutica en España. En definitiva, esperamos una explicación
sobre tantos flecos todavía sin aclarar en la aplicación de los reales decretos y las medidas que va a adoptar el ministerio del que usted es titular para minimizar los efectos adversos que se han generado en el sector.
El gasto público en la prestación farmacéutica ha sido nuevamente uno de los primeros objetivos del Gobierno socialista dentro de las medidas de ahorro que han sido aprobadas. El presidente del Gobierno anunció un paquete de medidas de
ahorro para hacer frente al déficit del país, entre las que se encontraba un nuevo recorte en materia sanitaria, una bajada del precio de los fármacos innovadores según su año de comercialización, lo que se traduce en un descuento obligatorio del
7,5% en la venta de los medicamentos innovadores, y un ajuste de los envases de los tratamientos de unidosis en primaria.
Estas son las tres medidas que tendrá que asumir el sector farmacéutico para lograr 1300 millones de euros más antes de que termine el 2011.
Ustedes prevén conseguir 1000 con la rebaja de precios y 300 con las otras dos medidas. Y de esta
forma sería este el segundo tijeretazo en menos de dos meses que sufre la industria farmacéutica, un tijeretazo que tendrán que absorber, señora ministra, los laboratorios, los mayoristas y las oficinas de farmacia.
A finales de marzo, el Consejo de Ministros aprobaba el Real Decreto Ley 4/2010, de Racionalización del Gasto Farmacéutico, que implicaba la rebaja de un 25% en el precio de las especialidades farmacéuticas genéricas, que también conllevaba
el cálculo del precio menor con el medicamento más barato y la salida de la dispensación de fármacos de las oficinas de farmacia al hospital. Estos eran los puntos más relevantes de esta norma.
Así pues, tras las acciones puestas en marcha a finales de marzo con este decreto valoradas en una reducción de 1500 millones de euros, el gasto farmacéutico ha vuelto a estar en el punto de mira del Gobierno. Con este Real Decreto Ley
4/2010 aún calentito, Rodríguez Zapatero, por sorpresa y por supuesto sin anestesia, pone sobre la mesa un nuevo paquete de medidas, el Real Decreto Ley 8/2010, y esa vez el enfoque se ha dirigido a los medicamentos que cuentan con patente, que son
la gran mayoría. Se trata, por tanto, de medidas que van a suponer un gran impacto económico para la industria farmacéutica y para los farmacéuticos, e incluso usted tendrá que hacer cambios legislativos para que acaben poniéndose en marcha.
Esta medida, que consiste fundamentalmente en la bajada general para todos los productos innovadores, ya fue estudiada y rechazada en el Consejo Interterritorial de Sanidad en el que se aprobaron las medidas que luego se convertirían en el
Real Decreto Ley 4/2010, y fue rechazada por considerarse una medida muy dura para la industria innovadora. Pero 47 días después ustedes, sin contar con nadie, recuperan la idea y anuncian esta bajada de todos los fármacos o, mejor dicho, este
descuento de medicamentos para el Sistema Nacional de Salud, sin negociación previa, sin previo aviso y con criterios contrarios a los que se manifestaron en el primer real decreto.
El Partido Popular no puede estar de acuerdo con esta forma de actuar. Y si bien no estamos de acuerdo con la forma, tampoco lo estamos con el fondo. Usted sabe cuál es nuestra postura, una postura, por cierto, en la que no estamos solos.
Consejerías y profesionales han hablado de las nuevas medidas de política farmacéutica y las han calificado de precipitadas, improvisadas y con una absoluta falta de diálogo. Me sorprendió hace un momento hablando del diálogo, cuando esta medida se
ha tomado con una absoluta falta de diálogo.
Consideramos que la adopción de medidas de austeridad es una necesidad inaplazable, pero no, señora ministra, a costa del estado de la calidad asistencial. El Partido Popular se ha manifestado claramente en contra de una bajada lineal,
precisamente por los efectos devastadores que se van a producir, no solo en la industria, sino también en las farmacias. Los expertos ya hablan de pérdidas de 20 000 puestos de trabajo en la industria y de 11 000 en las oficinas de farmacia. Esto
es, señora ministra, lo que dicen los expertos en la materia.
La industria farmacéutica que opera en nuestro país atraviesa posiblemente el peor momento de toda su historia y parece abocada a la deslocalización. El desastre está originado por la crisis, pero sobre todo por las fluctuantes, tardías y
desproporcionadas medidas que ha puesto en marcha el Gobierno del que usted forma parte. Los recortes del gasto farmacéutico establecidos en el Real Decreto 4/2010 y en el Real Decreto 8/2010 -aprobado recientemente- han provocado una crisis
acentuada dentro de un sector al que últimamente no paran de darle malas noticias. Las medidas establecidas por el Gobierno traerán consigo pérdidas de empleo y cierre de compañías, además de que impactarán negativamente en la evolución y
desarrollo de la innovación. Los recortes aprobados han reducido, evidentemente, las posibilidades de crecimiento y de expansión de las compañías farmacéuticas. Esto, señora ministra, es lo que opina el sector y mi grupo, el Grupo Parlamentario
Popular, lo comparte.
Este recorte abre un panorama de incertidumbre para las empresas del sector, y supondrá una merma en sus ingresos de 1500 millones de euros correspondiente al primer recorte del mes de marzo y de 1300 millones correspondiente al segundo
recorte del mes de mayo. Estamos hablando de 2800 millones, lo que «impepinablemente» provocará la contracción de la industria en 2010 y en
2011. Sin apoyo institucional va a ser muy difícil que la viabilidad de muchas compañías no se vea amenazada a largo plazo. (El señor vicepresidente, Molas i Batllori, ocupa la Presidencia.)
En los últimos 50 años nunca se habían tomado medidas tan graves para el conjunto del sector, y con ello su Gobierno lo ha hecho, y está poniendo en peligro un sector que es uno de los principales motores de la economía y de generación de
riqueza. El sector farmacéutico español invierte por sí mismo -insisto, por sí mismo- un 20% del gasto total en investigación y desarrollo de todo el país. La innovación cada día es más difícil y más costosa, y un recorte como el que se ha
aprobado impactará negativamente en la evolución y en el desarrollo de la innovación. Estas medidas de recorte motivarán importantes problemas estructurales en la inversión de I+D que genera la industria farmacéutica en España. Ustedes, el
Gobierno, han perdido la oportunidad de apostar por el cambio de modelo productivo y confiar en la I+D. Señora Jiménez, este puede ser un punto de no retorno para la innovación y a mi grupo parlamentario le gustaría saber qué piensa hacer al
respecto.
La respuesta del sector farmacéutico ante los recortes no se ha hecho esperar. Las medidas de contención del Gobierno han logrado poner de acuerdo a distintas patronales: a las patronales de la oficina de farmacia, a las de la distribución
y a Farmaindustria, todas unidas por la inquietud y la preocupación.
Las conclusiones de los análisis que se están haciendo sobre el impacto del decretazo no son nada halagüeñas. Estas medidas no van a resolver problemas presupuestarios, destruirán tejido industrial, incrementarán el paro en todo el sector y
deteriorarán el servicio prestado a los ciudadanos. El perjuicio a los ciudadanos está asegurado con este nuevo real decreto, ya que el precio de los medicamentos -como muy bien ha dicho mi compañero anterior- no se reduce para la ciudadanía,
puesto que este descuento es exclusivamente para el Sistema Nacional de Salud.
Usted, señora ministra, se ha precipitado con la aprobación de la norma, queriendo reducir a toda costa la factura sanitaria con el primer decreto en 1500 millones y con el segundo en 1300 millones más, y no ha tomado en consideración las
propuestas que el propio sector le ha ido trasladando.
Y aunque Sanidad cree que se están exagerando -y algún senador de su grupo parlamentario también- las consecuencias para el sector farmacéutico, la realidad es que el Programa +i de
Farmaindustria se ha convertido ya en la primera víctima del decretazo. La paralización de este programa no es la única consecuencia negativa, también está en peligro el pago de la tasa anual.
La industria ya le ha dicho a usted que esta medida es durísima y que va a obligar a paralizar los acuerdos de colaboración en materia de investigación clínica y transnacional que tienen suscritos con las autonomías, así como a suspender las
colaboraciones que el sector venía llevando a cabo con centros públicos de I+D. En definitiva, van a abandonar -ya se lo han dicho también, señora ministra- los objetivos que fijaron hace un año con su antecesor, el señor Soria, en los que se
aseguraba la estabilidad del sector a cambio de que este mantuviera la inversión en I+D+i y el nivel de empleo. Tremendo, señora ministra. Al incumplir el Gobierno su compromiso, va a impedir la colaboración que la industria desempeñaba con
entidades públicas para fomentar la innovación y el desarrollo, y también la colaboración que prestaba para la formación de trabajadores e investigadores.
Nos gustaría saber qué va a ocurrir con el aviso que ya han dado -sí, señora ministra, ya han dado un aviso- diciendo que con este ajuste no van a tener capacidad para seguir abonando la tasa por facturación de hasta el 2% que aportan para
financiar las investigaciones del Instituto Carlos III.
Además, nos gustaría saber si está en peligro la tasa del 2,5% sobre las ventas que la industria deposita en las arcas del Estado. Queremos saber si esta tasa va a ser reconsiderada por parte del ministerio.
La industria farmacéutica también le está reclamando insistentemente un plan sectorial que evite una reconversión del sector con la desaparición de un gran número de empresas y puestos de trabajo. ¿Va a contar la empresa con este plan o se
va a dilatar en el tiempo?
Junto con los fabricantes de tecnología, quienes se han convertido también en las otras grandes paganas sanitarias de la imprevisión del Gobierno en materia económica son las farmacias españolas. La contribución que ya hacen las farmacias
al Sistema Nacional de Salud no es ni esporádica ni aislada, sino que es reiterativa. Esto está provocando que sus balances se hayan deteriorado a ritmos acelerados en los últimos años, y esta nueva mordida -porque, al final, es una nueva mordida-,
que además se ha dado por la espalda, provocará, solamente en Madrid, 1000 despidos y, al final de este proceso, en España tendrán serios problemas de subsistencia entre 7000 y 8000 establecimientos sanitarios. Esto no es una afirmación gratuita;
el ministerio, usted, ustedes ya han admitido que muchas farmacias podrían ver seriamente afectada su rentabilidad y parece ser que ahora están preparando un plan de rescate para boticas en crisis.
¡Qué paradoja! Primero, se las lleva a la ruina y,
luego, se estudia salvarlas de los propios planes de ajuste del Gobierno.
Nos gustaría saber, si tiene ya fijados los conceptos básicos para definir este plan de rescate, cuáles son estos conceptos y cuándo se pondrán en marcha. Lo que es seguro -y parece que usted también lo tiene claro- es que la medida
afectará a la economía de las farmacias y muchas se encontrarán con dificultades por la aplicación de las medidas de reducción del déficit y, en estos momentos, aún quedan muchas incógnitas que despejar. Pero la cuestión clave es lo que todo el
sector se pregunta: ¿realmente, esto ha sido una medida encaminada a racionalizar el uso de los medicamentos? Porque ese debe ser el objetivo de su ministerio.
El Gobierno del que usted forma parte está renunciando a establecer verdaderas medidas estructurales de control del gasto; sus iniciativas son pan para hoy y hambre para
mañana; las cifras siguen sin cuadrar y, además, hay cantidad de problemas añadidos de aplicación de este decreto, decreto que tiene muchas lagunas en su aplicación y, si no, ahí está el fondo que han tenido que constituir, ese fondo de
garantía, que todavía está sin firmar, para que la propia industria haga frente a su descuento y la farmacia no tenga que anticipar los pagos que pertenecen a otros agentes del sector.
También nos gustaría saber cuándo va a estar lista esta normativa del ministerio para regular el procedimiento de aplicación de los descuentos.
Es algo tan importante que no se puede quedar exclusivamente en una instrucción de urgencia del
ministerio.
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Señora senadora, termine.
La señora MENDIOLA OLARTE: Acabo ya, señor presidente.
Al igual que todas las políticas del Gobierno de Zapatero, también la política farmacéutica se mueve en un escenario de improvisación y va a ritmo de bandazos. Primero, los precios de referencia. Después, el decretazo 4/2010. Un mes más
tarde, el tijeretazo 8/2010, por sorpresa y a traición. A los breves días, el copago sí. A las 24 horas, el copago no. Más adelante nos habla de una tasa disuasoria que sería, a la vez, recaudatoria y que dicen que convendría plantearse, pero a
la que luego se oponen porque no aporta nada a la sostenibilidad del sistema. Y en medio, allá se las apañen laboratorios, farmacias y distribuidores.
Como se ve, los bandazos, las medidas unilaterales y las rectificaciones...
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Señoría, debe concluir.
La señora MENDIOLA OLARTE: Acabo ya, señor presidente. Gracias.
Decía que los bandazos, las medidas unilaterales y las rectificaciones son innumerables. Nunca podría pensar, señora ministra, que usted asuma que estas decisiones y que estos reales decretos son inocuos para la calidad asistencial porque
esto no lo cree nadie. Así que díganos qué piensa usted que va a pasar en la sanidad española con la aplicación de estos recortes. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias.
Para contestar a esta interpelación, tiene la palabra la señora ministra de Sanidad y Política Social.
La señora MINISTRA DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL (Jiménez García-Herrera): Muchas gracias, señor presidente.
Señoría, no trate de decirme y de explicarme lo que dice la industria farmacéutica porque soy yo la que me reúno prácticamente a diario con sus máximos responsables (Un señor senador pronuncia palabras que no se perciben.), aunque a usted no
le guste senador, y la que me he reunido antes y después de la toma de decisiones y de la publicación de los reales decretos leyes. Y también soy yo la presidenta del consejo interterritorial y la que me reúno día si y día no con los consejeros,
también de su partido, por cierto, con los que hablo y con los que acuerdo las decisiones que tomamos.
Empecemos desde el principio. Todos coincidimos en que la crisis económica y financiera internacional ha acentuado las dificultades presupuestarias de las administraciones públicas. Ahí todos coincidimos. Es verdad que el descenso de los
ingresos fiscales ha limitado la posibilidad y la disponibilidad de financiación de los servicios de salud, cuya gestión reside en las comunidades autónomas. Pero también es verdad -y en esto coincidimos todos- que nuestro deber y nuestra
responsabilidad es evitar que las tensiones financieras que soporta nuestro sistema sanitario puedan llegar a deteriorar su funcionamiento. Esto es algo que compartimos con todos los consejeros de Sanidad.
Este planteamiento es compartido con las comunidades autónomas que -como saben- son las principales administraciones competentes en materia de gestión de servicios sanitarios y son los consejeros y consejeras de esas comunidades autónomas
los que me han trasladado su preocupación por esta situación y han puesto de manifiesto la necesidad y la urgencia de abordar de manera rigurosa y responsable medidas para actuar sobre el control y la racionalización del gasto. Una preocupación
ante la cual, señoría, el Gobierno de España ha querido ser sensible porque evidentemente nos sentimos comprometidos con el objetivo común de preservar la excelencia, la equidad y la cohesión de los servicios de salud; también de su sostenibilidad,
aunque sea responsabilidad de las comunidades autónomas.
Es cierto que este debate se ha activado y ha tomado fuerza a raíz de la crisis económica, pero quiero recordar que ya existía un debate previo entre Gobierno y comunidades autónomas en torno a la necesidad de abordar y de tratar
conjuntamente la situación actual y los retos de futuro de nuestro Sistema Nacional de Salud; un debate que tiene por objeto fortalecer el sistema sanitario para asegurar esa calidad, equidad y cohesión en un marco de sostenibilidad. En este
sentido, como sabe su señoría, el Ministerio de Sanidad y Política Social ha desarrollado a lo largo del 2009, y en los primeros meses del 2010, una estrategia de trabajo conjunto con las comunidades autónomas para articular un conjunto de medidas y
actuaciones relativas a la gestión de los servicios sanitarios, que inciden también en la eficiencia y en el control del gasto sanitario en general y del gasto farmacéutico en particular, y sienta las bases para la sostenibilidad del Sistema
Nacional de Salud.
Fruto de ese trabajo en común -en común, señoría-, el pasado 18 de marzo celebramos una reunión extraordinaria del consejo interterritorial en la que acordamos, de manera unánime -se lo recuerdo, señoría-, poner en
marcha una serie de acciones y medidas, en un consejo en el que no se trató de rechazar nada, sino que simplemente se acordó lo que le proponíamos. Este acuerdo, señoría, nos ofrece una hoja de ruta compartida, un marco de referencia común
para que Gobiernos y comunidades autónomas adoptemos actuaciones y decisiones que consideramos necesarios a corto y medio plazo.
El primer paso ha sido la aprobación del Real Decreto Ley 4/2010, de racionalización del gasto farmacéutico, convalidado por unanimidad por el Pleno del Congreso de los Diputados el pasado 14 de abril -unanimidad, señoría, en el Congreso de
los Diputados-. Un real decreto ley que establece una rebaja del precio de los medicamentos genéricos y una modificación del sistema de precios de referencia, entre otras medidas, permitiendo a las comunidades autónomas un ahorro de 1500 millones
de euros anuales. El segundo paso dado por el Gobierno, que son los incluidos en el Real Decreto Ley 8/2010, ha sido la creación de la central de compra. Esta medida permitirá ganar en eficiencia en todas aquellas compras agregadas en las que de
manera voluntaria quieran sumarse las distintas comunidades autónomas.
Las medidas adicionales para el control del gasto farmacéutico, a las que usted ha hecho referencia, también pueden enmarcarse en este acuerdo del consejo interterritorial, porque son medidas en línea con las demandas de los propios
consejeros y consejeras de salud formuladas al Gobierno para contribuir a avanzar en la sostenibilidad de nuestra sanidad a través del ahorro en la factura farmacéutica.
Señoría, quiero subrayar que son todas ellas medidas muy estudiadas muy meditadas, que han sido adoptadas en un momento en que son precisas la contención, la austeridad y la reducción del gasto, tanto en España como en el resto de países de
la Unión Europea. Y quiero subrayar también que son medidas que no van a afectar a las prestaciones sanitarias a nuestros ciudadanos. Esa es la clave y eso es lo importante.
Es cierto, y el Gobierno es plenamente consciente de ello, que estamos exigiendo un gran esfuerzo a la industria farmacéutica y a todos los agentes de la cadena farmacéutica -también a los profesionales sanitarios, por cierto-. Por ello,
quiero dejar constancia del agradecimiento del Gobierno, de mi Gobierno, y de mi agradecimiento personal con el sector, con el que hablo y tengo un diálogo fluido y permanente, por la actitud que el conjunto de la industria farmacéutica, y en
particular la patronal, Farmaindustria, y sus directivos, están teniendo en estos difíciles momentos. Responsabilidad y rigor a la hora de tomar decisiones de ahorro y contención del gasto sanitario.
Como usted ha señalado, señora Mendiola, la industria farmacéutica española ha sido, es y será, un sector estratégico para nuestro país, un motor de crecimiento económico que no solo genera empleo de calidad -¡claro que sí!-, sino que supone
una pieza clave en la inversión en I+D+i en el resto del mundo y en España. La industria farmacéutica concentró el 8% del gasto total en I+D en nuestro país durante el año 2008 -fíjese si conozco bien el valor añadido que supone la industria
farmacéutica en nuestro país-.
Es, además, un sector que ya es referencia para el nuevo modelo económico que el Gobierno está impulsado, un modelo más competitivo, más productivo y más sostenible y que, sin duda, será la clave que nos va a permitir crecer en los próximos
años y hacerlo mejor. Por ello, en la medida de lo posible hemos tratado de atender algunas de las demandas que la industria nos ha planteado en ese diálogo y conversación permanente que mantenemos con ellos, porque especialmente en estos momentos
es esencial mantener el contacto y el diálogo directo con todo el sector, como el Gobierno ha hecho durante todas estas últimas semanas.
Quiero señalar que, fruto de ese diálogo e interlocución directa y permanente con Farmaindustria, hemos decidido establecer un descuento obligatorio de un 7,5% en la venta de medicamentos al Sistema Nacional de Salud como alternativa a la
rebaja general de precios que se aplicará a toda la cadena farmacéutica. Esta decisión minimiza el impacto en las previsiones de ventas en la industria en el mercado mundial y, por tanto, mantiene sus expectativas de retorno a los esfuerzos de
I+D+i. Por cierto, esta deducción se queda, como ya le señalaba al senador, en un 4% en el caso de los medicamentos huérfanos, precisamente, señora Mendiola, para preservar al máximo las inversiones en investigación realizadas por la industria
farmacéutica en estos medicamentos.
Quiero recordar que medidas similares, e incluso de más impacto, señoría, se están tomando en los países de nuestro entorno -hay que conocer lo que se está haciendo otros países-. Por ponerles un ejemplo diré que en Alemania se han subido
los descuentos obligatorios que la industria debe aplicar a las cajas de seguros de un 6% a un 16%.
En fin, señoría, la investigación, el desarrollo y la innovación son consustanciales con el sector sanitario y especialmente con el farmacéutico. El Gobierno lo sabe y la industria también. Afortunadamente por ello trabajamos juntos, no
solo para preservar las políticas y las inversiones en esta materia, sino para que, dentro de lo posible, podamos potenciarlas y ampliarlas.
Pero quiero señalar también que la decisión de hacer posible que los médicos puedan recetar la cantidad exacta de medicamentos que el paciente necesita es una de las reivindicaciones largamente planteadas tanto por los profesionales como por
las sociedades de pacientes. Señoría, con ambas medidas prevemos un ahorro anual de unos 1300 millones de euros, al que hay que añadir los 1500 millones de euros de las medidas incluidas en el Real Decreto Ley 4/2010 y los 1800 millones de euros de
ahorro por el descenso de los salarios de médicos y enfermeras.
Es decir, es cierto que el Gobierno ha tenido que tomar decisiones difíciles, decisiones responsables y necesarias, pero también es cierto que el Gobierno está haciendo una notable contribución a la sostenibilidad de nuestra sanidad ya que
en total conseguimos disminuir el coste de las facturas de las comunidades autónomas para atender las
necesidades del Sistema Nacional de Salud en unos 4600 millones de euros en cómputo anual.
Ahora bien, señoría, quiero subrayar que sería un error hacer un juicio sobre la sostenibilidad de nuestra sanidad valorando exclusivamente y de manera aislada el impacto de estas medidas en el sistema sanitario sin tener en cuenta el
conjunto de acciones acordadas unánimemente con las comunidades autónomas para su desarrollo en el período 2010-2013. Por ello me parece importante recordar que el acuerdo del consejo interterritorial hace referencia también a otras medidas que
inciden en la eficiencia y control del gasto sanitario como cuestiones ligadas a la modulación de la demanda para procurar un uso apropiado de los servicios o a la reorientación de nuestra organización para atender mejor a las necesidades de los
pacientes y en especial las de los pacientes crónicos.
Igualmente el acuerdo incorpora importantes medidas relacionadas con la calidad, la equidad y la cohesión, como la decisión de aprobar una norma para la universalización de la cobertura del
Sistema Nacional de Salud, desarrollar una norma común sobre tiempos máximos de espera para todo el territorio español, establecer un calendario vacunal único o el desarrollo de la historia clínica digital entre otras.
En definitiva, señoría, el Gobierno está trabajando para hacer sostenible el Sistema Nacional de Salud, que es la principal garantía de futuro, no solo para los pacientes sino también para las expectativas de futuro de los diferentes agentes
del sector, entre los que se encuentra la industria farmacéutica.
Ahora bien, es cierto que, en la medida de lo posible, el Gobierno debe contribuir a generar un escenario de tranquilidad y previsibilidad del sector, como me ha pedido la industria farmacéutica. Por ello quiero insistir con total claridad
en que el Gobierno no va a adoptar más medidas de esta naturaleza en el sector farmacéutico porque consideramos que hemos llegado al límite de lo posible en dicho ámbito. Creo que es importante que el sector conozca la posición del Gobierno, y así
se lo hemos transmitido ya en la asamblea de Farmaindustria, para que puedan hacer sus previsiones de futuro con la mayor certidumbre posible.
Señoría, no tenga ninguna duda de que la industria farmacéutica de nuestro país es fuerte y de prestigio, y de que nuestro sistema sanitario es sostenible. Que sea el servicio público más valorado por los españoles merece todo nuestro
esfuerzo y todo nuestro compromiso. Eso es lo que está haciendo el Gobierno, por cierto, no solamente a través de medidas relativas a la propia industria farmacéutica y a la factura farmacéutica, sino con medidas adoptadas desde el año 2005. Le
recuerdo que se han destinado casi 10 000 millones de euros a las comunidades autónomas para enjugar el déficit, más 12 500 millones de euros con el nuevo acuerdo de financiación autonómica en el año 2009. Señoría, somos el Gobierno que más medidas
ha adoptado para contribuir a la sostenibilidad del sistema y así continuaremos haciendo en el futuro. Ofrézcame ahora usted alguna propuesta, aquellas que las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular aún no han puesto sobre la mesa.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias, señora ministra.
Senadora Mendiola, tiene la palabra.
La señora MENDIOLA OLARTE: Muchas gracias, señor presidente.
La verdad es que subo a esta tribuna totalmente decepcionada. Siento que no me haya contestado a nada de lo que le he preguntado. Y me sorprende que usted haya dicho desde esta tribuna que se reúne con Farmaindustria y con los consejeros.
Señora ministra, yo no me reúno con Farmaindustria ni presido nada en este momento, pero sí le puedo decir que, durante estos dos últimos meses, he leído todas las declaraciones de la industria farmacéutica y de todas las patronales y me reúno con
los consejeros de las comunidades autónomas del Partido Popular. Por ello puedo decirle que, aunque el Real Decreto Ley 4/2010 sí se aprobó en el Consejo Interterritorial de Salud, el Real Decreto Ley 8/2010 no solamente fue rechazado en el Consejo
Interterritorial de Salud, sino que, además, se hizo de espaldas de todo el mundo.
Siento que no me haya contestado acerca de qué es lo que va a ocurrir con la paralización de los acuerdos de colaboración que ya existían en materia de investigación entre la industria y su ministerio. Asimismo, me hubiera gustado que me
contestara a todas las preguntas que le he formulado, por ejemplo, la relativa al plan de rescate de las farmacias.
Señora ministra, después de escucharla atentamente es realmente difícil sustraerse al ambiente de desánimo en que su Gobierno ha sumido a todo este país. Después de sus explicaciones no es de extrañar que el sector del medicamento -que
siempre ha sido un pilar del sistema de protección social, del que todos estamos orgullosos, y un motor principal de la economía, generador de puestos de trabajo- también esté desanimado y muy preocupado, a pesar de lo que usted nos dice. Y a este
desánimo general de todo el mundo se añade el del sector farmacéutico, perplejo ante la insistencia y discrecionalidad de las medidas adoptadas, que se ceban en él y lo llevan a una situación límite.
Llevamos más de dos años de crisis y la miopía voluntaria o no del Gobierno nos ha llevado a una situación desesperada, elaborando rápidamente dos reales decretos que, además de llevar a la ruina al sector, son una verdadera chapuza. Y le
vuelvo a repetir, señora ministra, que no van a resolver problemas presupuestarios, pero sí van a destruir tejido industrial, van a incrementar el paro en todo el sector y a deteriorar el servicio prestado a los ciudadanos.
Hemos llegado a un punto en el que el estado real del Sistema Nacional de Salud se encuentra en tal situación que empezamos a hablar de su sostenibilidad. El Sistema Nacional de Salud en riesgo, señora ministra; los fabricantes de
genéricos con su mercado destrozado; las compañías
innovadoras de fármacos no se fían del Gobierno y piensan más en trasladar sus plantas al extranjero que en producir en España; la distribución de productos sanitarios, con su estocada, se encuentra por los suelos, y las farmacias, como
premio a su buen hacer, cada vez son más pobres. Y además de todo esto, una agravante importantísima: el deterioro de la calidad asistencial, con desabastecimiento de medicinas para algunas terapias. En cuatro palabras, un desastre, un desastre
del que usted es responsable, señora ministra. Si estamos así es porque ustedes nos han llevado hasta aquí.
El gasto farmacéutico corre serio peligro si no se adoptan medidas efectivas que dinamicen la economía y eviten la destrucción de empleo, y ustedes, por desgracia, no saben dinamizar la economía ni crear puestos de trabajo. Por lo tanto, el
sostenimiento del Sistema Nacional de Salud tiene un serio problema con ustedes.
Usted sabe que en el Partido Popular consideramos que la adopción de medidas de austeridad es una necesidad inaplazable, pero no a costa de la calidad asistencial, que es lo que ustedes acaban de hacer.
En este sentido, las medidas para la racionalización del gasto farmacéutico pretenden, más que racionalizarlo, reducir el enorme déficit público al que ustedes nos han llevado. Consideramos que es necesario racionalizar el gasto
farmacéutico, pero no a costa, como le digo, de la calidad asistencial.
Me ha gustado escucharle que hay otras medidas aparte de las bajadas de precios, porque, verdaderamente, lo que hoy impulsa el gasto farmacéutico no son los precios de los medicamentos, sino el número de recetas por persona.
El crecimiento que tiene el gasto farmacéutico es debido, fundamentalmente, al incremento del número de recetas y es hora, señora ministra, de poner en marcha políticas de carácter estructural orientadas a la demanda y no seguir con las
constantes revisiones de precios que están llevando a la ruina al sector.
No se puede decir, como usted ha reconocido, que han llegado al límite de lo que pueden exigir al sector farmacéutico, porque usted ha hecho esas declaraciones aunque no me las haya hecho a mí personalmente. Ustedes han dicho que han
llegado al límite de lo que pueden exigir al sector farmacéutico y siguen con su política improvisada, poco meditada y que, además, es un ataque a la calidad asistencial. Sinceramente, yo no creo que hayan llegado ustedes al límite
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Señora senadora, termine.
La señora MENDIOLA OLARTE: Sí, acabo ya, señor presidente. Han sobrepasado el límite de lo que pueden exigir a la industria farmacéutica y a las farmacias, y están poniendo en peligro la calidad de la salud pública.
Señora ministra, si quiere prestar a los españoles un buen servicio sanitario con calidad asistencial, no puede seguir cargando todo el peso de los ajustes en materia sanitaria sobre el sector farmacéutico y los precios de los medicamentos.
El sector farmacéutico necesita estabilidad y seguridad, tanto económica como jurídica, y usted está en la obligación de proporcionárselas, así que modifique su política farmacéutica antes de que sea muy tarde, y si no sabe, señora ministra,
cómo se hace una buena política farmacéutica, pregúntenos a nosotros.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias.
Señora ministra, tiene la palabra.
La señora MINISTRA DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL (Jiménez García-Herrera): Muchas gracias, señor presidente.
Señoría, afortunadamente, ni el Ministerio de Sanidad y Política Social, ni el conjunto de asesores que tenemos, necesitamos acudir al Partido Popular para que nos digan qué política farmacéutica se tiene que hacer.
(Aplausos en los escaños
del Grupo Parlamentario Socialista.)
Cuando consigan ganar las elecciones podrán hacer ustedes la política farmacéutica que quieran, pero mientras gane las elecciones el Partido Socialista seremos nosotros quienes tomaremos las decisiones.
Como ya le he señalado en mi primera intervención, somos muy conscientes del impacto de las medidas en el sector. Le reitero que agradezco la actitud de respeto y la comprensión que ha mostrado el sector ante esta situación.
Lo que no tiene sentido, señoría, es que ustedes protesten más que la propia industria farmacéutica y sean incapaces de mantener una actitud constructiva que la industria farmacéutica sí ha mostrado en todo momento, mucho más que ustedes.
También quiero decirle que soy consciente de que las medidas adoptadas, siendo cierto que tienen impacto en el conjunto de las empresas que componen el sector, no impactan de la misma manera en cada una de ellas, como seguramente sabe su
señoría.
Por ello, el Gobierno está trabajando ya en la elaboración de un marco estratégico de desarrollo de la industria farmacéutica, que ha sido acogido muy favorablemente por los directivos de Farmaindustria, con el fin de que sirva como base
para dibujar un escenario nuevo para el sector.
Se trata de promover una asociación estratégica entre la Administración y la industria farmacéutica que permita establecer un horizonte de desarrollo previsible para el sector y, al mismo tiempo, garantizar la sostenibilidad general del
sistema en un clima de diálogo y de colaboración. En este sentido, señora Mendiola, le vuelvo a reiterar el compromiso del Gobierno de no adoptar una medida de control sobre el gasto farmacéutico. Señoría, la industria sabe que estamos dispuestos
también a trabajar al mismo tiempo con cada compañía de manera individual y a buscar soluciones concretas.
Su señoría me ha preguntado por el plan de rescate de las oficinas de farmacia y lo que yo contesté al Colegio de Farmacéuticos y acordé con él fue que, cuando una sola oficina de farmacia pusiera en riesgo su viabilidad, nosotros
asumiríamos su rescate, caso por caso, y desde luego cumpliremos con nuestro compromiso y nuestra palabra cuando así se presente dicha situación en alguna oficina de farmacia.
Señorías, lo importante en estos momentos es sumar esfuerzos y trabajar conjuntamente para potenciar programas, como el de Profarma, que el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio desarrolla en colaboración con los de Sanidad y Política
Social y de Ciencia e Innovación; un programa que tiene como objetivo fundamental aumentar la competitividad de la industria farmacéutica en España; un programa que da apoyo tanto a empresas nacionales como multinacionales, ya que, al apoyar a
estas últimas, aumentamos su compromiso en el desarrollo de la estructura industrial farmacéutica de nuestro país y logramos mejorar significativamente nuestra balanza comercial.
Pues bien, le voy a dar algunas cifras: en 2009 destinamos más de 5,5 millones de euros al sector farmacéutico, y este año 2010 hemos incrementado esta cifra hasta alcanzar los casi 7 millones de euros.
El Gobierno también apoya las inversiones en I+D+i de la industria farmacéutica. Le voy a dar más datos que ilustran este compromiso: en 2009, y con cargo al Plan Nacional de I+D+i, aprobamos 46 proyectos, por un importe global de 7,7
millones de euros. Desde 2005, el plan nacional ha destinado 30 millones de euros a 188 proyectos de I+D del sector. En 2009, un 20% de los doctores y tecnólogos del Programa Torres-Quevedo -que, como sabe, pretende fomentar su incorporación a las
empresas-, es decir, 200 investigadores, se incorporaron a la industria farmacéutica.
Por otro lado, desde el año 2008, el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial ha destinado más de 152 millones de euros a 136 iniciativas de I+D empresarial, y ayudas NEOTEC para iniciativas empresariales de base tecnológica al
sector farmacéutico.
En 2009 se han aprobado dos proyectos CENIT, en los que la industria farmacéutica tiene participación, proyecto de investigación industrial de gran dimensión, carácter estratégico y con proyección internacional, con unos compromisos de
aportación pública de 7,6 y 8,6 millones de euros, respectivamente; es decir, más de 16 millones de euros, que suponen un 8% del total del proyecto y un 11% respecto a la financiación.
Señorías, sin duda, en estos últimos seis años, el Gobierno de España ha hecho una apuesta firme por la investigación en general y por la investigación trasnacional en particular, que es fundamental para el desarrollo de innovaciones.
Podemos afirmar que España se ha convertido en un referente internacional en la investigación biomédica, y la Estrategia Estatal de Innovación, recientemente aprobada por el Gobierno, va en la misma dirección.
Señoría, como he dicho con anterioridad, no tenga duda de que la industria farmacéutica es fuerte y de que nuestro sistema sanitario es sostenible, además de gozar de un amplio reconocimiento por sus niveles de calidad, de equidad y de
cohesión.
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Señora ministra, termine, por favor.
La señora MINISTRA DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL (Jiménez García-Herrera): Termino, señor presidente.
Con la ayuda de la industria farmacéutica, con la colaboración, el respeto y la actitud constructiva de la industria farmacéutica, conseguiremos superar el momento por el que estamos atravesando, fortaleciendo nuestro sistema y acentuando la
colaboración tan imprescindible entre las distintas administraciones, entre el sector público y el privado.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias.
-- DE D. JORDI CASAS I BEDÓS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN EN EL SENADO DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ, SOBRE LAS MEDIDAS QUE PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO A LOS EFECTOS DE REFORZAR LA PROTECCIÓN DEL INTERÉS DE LOS TITULARES DE MARCA EN EL CASO DE
LAS IMPORTACIONES PARALELAS (Número de expediente 670/000113).
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Interpelación del senador Jordi Casas, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno a los efectos de reforzar la protección
del interés de los titulares de marca en el caso de las importaciones paralelas.
Tiene la palabra el senador Casas.
El señor CASAS I BEDÓS: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, gracias por su presencia.
En el debate del Código penal en el Congreso de los Diputados mi grupo parlamentario presentó una enmienda para la eliminación de la protección penal que existía en relación con las importaciones paralelas. Al llegar al trámite en el
Senado, Convergència i Unió tuvo dudas sobre la enmienda que habíamos presentado en el Congreso de los Diputados y, por ello, presentamos una enmienda con el fin de que volviera a estar tipificada en el Código penal la importación paralela.
Durante la negociación de la ley con el Ministerio de Justicia y con el Grupo Parlamentario Socialista nos dimos cuenta de que quizá podría ser excesiva la protección penal de la importación paralela y que había otros mecanismos en la ley
para proteger a los titulares de derechos de marca y, por tanto, el tema quedó eliminado porque aunque sometimos la enmienda a votación no la pudimos ganar.
En consecuencia, hay un nuevo escenario en el que las industrias con marca, y con marca importante, van a tener que proteger sus derechos de una forma distinta a como lo hacían hasta el momento.
Señorías, señor ministro, más que una interpelación esta es una reflexión en voz alta porque el Código penal entrará en vigor dentro de seis meses y, por tanto, tiene como fin que tengamos tiempo para pensar en cómo vamos a proteger a unos
sectores industriales que creo que son fundamentales para nuestra economía.
Cuando hablamos de la violación del derecho de marca -es decir, de la importación paralela- ponemos en riesgo industrias punteras como las de los sectores de la cosmética, de la perfumería, el textil, en los que España cuenta con marcas
francamente punteras y que están presentes en todo el mundo, lo que es muy importante para una economía industrial porque detrás de una gran industria con su I+D -porque de otra forma no podría tener una marca potente- hay mucha industria auxiliar;
es decir, que gracias a estas industrias potentes y globalizadas pueden seguir trabajando.
Soy de la opinión de que es más importante proteger este tipo de industrias que prestar más atención a un supuesto beneficio para el consumidor porque es posible que a través de una cadena de distribución puede encontrar un producto más
barato, pero a medio y largo plazo se traduce en paro o destrucción de puestos de trabajo de alto nivel en empresas que, insisto, son muy competitivas. Les pondré un ejemplo que es muy significativo y es que hace alrededor de doce años el dueño de
Benetton, el señor Benetton, mantuvo una conversación con un industrial textil español que le vendía tejido y, preocupado por el auge que estaba empezando a tener una empresa española, Zara, le preguntó a ese industrial si también era proveedor de
Zara. Este industrial le contestó que sí y que si eso era incompatible con seguir trabajando con él, elegiría trabajar con el fabricante español, para Zara, porque como industrial español le interesaba que las marcas que salen de España adquieran
prestigio en el mundo porque, en definitiva, eso da prestigio a todo el sector que hay detrás.
Creo que este es un tema fundamental y que en el fondo es la raíz de mi interpelación que, insisto, más que una interpelación es una reflexión.
A partir de ahora solo contaremos con la vía civil y la mercantil -por tanto, con el Código civil y con el Código de comercio- para proteger a los industriales con marca que sean sujetos de importaciones paralelas sin su consentimiento y
evitar que, con su propio producto, se haga competencia a un tercero que podría poner en riesgo una serie de puestos de trabajo. Seguramente, es más lógico que esté regulado así que en el Código penal; como les digo, mi grupo parlamentario tuvo
dudas y en el Congreso de los Diputados mantuvo una posición, en el Senado mantuvo otra y, al final, hemos llegado a la conclusión de que es posible que sea así pero, en cualquier caso, todavía tenemos tiempo para que entre en vigor el Código penal
y para buscar medidas adicionales y mecanismos dentro del campo civil, del mercantil y con mucha atención a las aduanas, por supuesto, para evitar este tipo de importaciones paralelas. De hecho, en la Unión Europea hay algunos países que han
abusado de esta cuestión, con entradas sin ningún tipo de control de muchos productos, que luego han hecho mucho daño otros países de la Unión Europea, y no hace falta citar nombres porque están en la mente de todos.
Tenemos tiempo y merece la pena que reflexionemos sobre esta cuestión porque, aunque se trate de un asunto afectado por el Código civil y por el Código mercantil, es evidente que los industriales van a buscar la protección del ministro de
Industria y los titulares de marcas potentes también buscan la protección del ministro de Industria. Por tanto, creo que sería bueno que los ministros de Industria y de Justicia, seguramente con la colaboración de las aduanas, busquen mecanismos
que brinden protección a un sector industrial, genéricamente a los que fabrican marcas, porque a veces en España no nos damos cuenta del potencial que tenemos, pero en cosmética, en perfumería y en textil, se pueden encontrar productos fabricados en
España prácticamente en todo el mundo y esto da un plus de calidad a nuestra economía y consigue que nuestro país esté entre los diez primeros del mundo en el ámbito industrial. Además, si queremos salir de la crisis, este tipo de compañías son
fundamentales porque mueven a muchas pequeñas industrias auxiliares que, en definitiva, acceden al mercado mundial de la mano de estas grandes compañías con marca.
He leído un artículo de prensa en el que se debatía si se defendía más al consumidor o al industrial, o si era una lucha entre distribuidores e industriales, pero no es así, creo que se defiende la economía global y que es más interesante
contar con empresas con investigación y desarrollo capaces de liderar marcas en todo el mundo que tener una buena distribución de producto y que al consumidor le pueda llegar aparentemente a un precio más asequible porque, al final, destruiríamos lo
que realmente crea riqueza, que es el sector industrial con cualificación profesional, con investigación, con desarrollo y con altísima penetración en los mercados mundiales.
Por ello, señor ministro, no considero que esto sea una interpelación y no voy a utilizar el segundo turno sino que lo redactaré en la moción con el fin de instar a que busquemos mecanismos que refuercen las medidas actuales del Código
civil, del Código de comercio y en aduanas para que nuestros industriales con marcas globalizadas sigan contando con protección de cara a las importaciones paralelas que, en definitiva, perjudican la creación, la innovación, al diseño y al empleo de
calidad.
Gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias, señor senador.
Para contestar a la interpelación, tiene la palabra el señor ministro de Industria, Turismo y Comercio.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO (Sebastián Gascón): Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, señor Casas, voy a intentar convencerle de que el marco actual ofrece una protección más que sufi-
ciente al titular de las marcas. Por supuesto compartimos de entrada el valor que en una economía moderna supone la generación de activos intangibles para fomentar la creatividad, la innovación, la competitividad en suma, que es lo que nos
preocupa. Para fomentar su generación estos activos requieren de un sistema de incentivos, dentro de los cuales juegan un papel fundamental los derechos de propiedad industrial. Dentro de ellos las marcas, por su capacidad para diferenciar el
producto en términos de calidad, incluso para resolver también problemas de información asimétrica en beneficio de los consumidores, son uno de los elementos fundamentales para garantizar un buen funcionamiento de los mercados.
Sin embargo, para que las marcas puedan cumplir sus funciones es imprescindible otorgar a su titular un derecho exclusivo para que ningún otro pueda apropiarse injustamente del valor que el empresario ha creado en torno a ella. Además, como
los derechos valen lo que valen sus garantías, es necesario arbitrar una serie de mecanismos que actúen cuando se produzca una vulneración de estos derechos, ya sea esta de índole civil, penal o de cualquier otro tipo, para asegurar de esta forma
una protección efectiva de estos derechos.
Señor Casas, el derecho de marca concede a su titular un derecho exclusivo. Sin embargo, una vez que comercializa el producto protegido por la marca, ese derecho exclusivo se agota. Esta limitación, que tiene todo su sentido cuando lo que
se toma en consideración es el mercado nacional, resulta menos clara cuando hace referencia a mercados internacionales. Y en este ámbito, el hecho de que este tipo de operaciones sean ilícitas o no depende en principio de la legislación de cada
Estado. A nivel internacional el acuerdo relevante en esta materia es el acuerdo ADPIC, Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, acuerdo de la OMC que reconoce libertad a todos sus miembros para elegir el
régimen de agotamiento del derecho que estimen oportuno.
Como consecuencia de ello, un mismo derecho de marca puede tener titulares diferentes en países diferentes. Esta circunstancia da lugar a las importaciones paralelas cuando un producto puesto en el mercado de un Estado tercero por el
titular de la marca directamente, o con su consentimiento, es importado al país del titular de la marca por un importador no autorizado. Es decir, se trata de la importación de un producto original auténtico -yo creo que es importante distinguir
este término, no es de una falsificación de lo que estamos hablando- cuya importación no ha sido autorizada por el titular de la marca de dicho producto original. Nos interesa mucha esta distinción entre una importación paralela y una falsificación
porque son dos conceptos bien distintos. Normalmente este tipo de operaciones de importaciones paralelas se dan cuando hay distintas políticas de precios en distintos países. Y puede suceder el caso de que un producto se venda en el país que
importa el producto a un precio inferior al del país titular de la marca.
Frente a este fenómeno de las importaciones paralelas, los ordenamientos jurídicos han contemplado tres soluciones distintas: una, el agotamiento internacional del derecho de marca, dos, el agotamiento nacional y, tres, el agotamiento
comunitario. En los sistemas de agotamiento internacional esta conducta no se considera un ilícito civil ni penal, sino un acto legítimo, dado que el producto importado es el original, insisto, no se trata de una falsificación.
¿Qué ocurre en los sistemas de agotamiento nacional, que era el sistema que prevalecía en España hasta el 2001? En el sistema de agotamiento nacional este tipo de importaciones eran consideradas un ilícito civil y el titular de la marca
podía oponerse a ellas. Con este sistema normativo, sin duda, se trataba de defender la política de precios del titular de la marca, pero tenía un efecto negativo que era fragmentar el mercado europeo, el mercado interior. Por este motivo en
Europa se desarrolló un tercer concepto, el de agotamiento comunitario, conforme al cual, el agotamiento se produce, pero en el ámbito del espacio económico europeo. En este sistema el titular de la marca no puede impedir las importaciones
paralelas que provengan de países que integran este espacio económico europeo, pero sí está capacitado para oponerse a este tipo de operaciones cuando provienen de países terceros. Y este es el actual régimen vigente en España desde la Ley de
Marcas de 2001.
A este respecto hay que subrayar que la Unión Europea promueve el tratamiento de las importaciones paralelas como un ilícito civil, y nuestra legislación está plenamente alineada con este concepto. Estamos plenamente alineados con el resto
de los países del Mercado Único Europeo. Con la adopción en 2001 de este régimen de agotamiento del derecho y la reforma llevada a cabo en el Código penal en 2003, en España no solo no estaban permitidas las importaciones paralelas de mercados
distintos a los del espacio económico europeo, sino que, además, esas importaciones constituían exceptualmente un ilícito penal que las equiparaba a las de los productos falsificados. Esta última circunstancia creemos que es contraria al principio
de proporcionalidad y ha sido lo que ha llevado a que, recientemente, se haya modificado el código Penal destipificando las importaciones paralelas como ilícito penal para distinguirlas de las falsificaciones, porque no nos parece razonable que se
castigue de igual forma dos ataques radicalmente distintos a un mismo bien jurídico. En efecto, no puede ser equiparable la importación sin autorización del titular de la marca de un producto auténtico que la de un producto falsificado.
Sin embargo, quiero destacar para convencerle que la supresión de la tipificación como delito de las importaciones paralelas en el Código penal, en absoluto deja desprotegido al titular del derecho de marca. En este sentido quiero señalar a
su señoría que en España los titulares de marcas tienen un muy elevado nivel de protección tanto en la vía civil como en la vía penal. En el ámbito civil el régimen jurídico vigente está básicamente constituido por la
Ley de Marcas desde 2001. Esta ley incluye, entre otras medidas, la prohibición a terceros de la utilización de la marca registrada sin consentimiento de su titular en el mercado, en las transacciones mercantiles, en redes de comunicación
telemáticas y como nombre de dominio. Además, refuerza la acción indemnizatoria por infracción del derecho de marca o nombre comercial, y establece con claridad los elementos para el cálculo de la indemnización de daños y perjuicios incluyendo para
la fijación de la indemnización no solo la consideración del daño realizado, sino también del lucro cesante. Además, nuestro sistema de protección considera también la reparación del daño causado a la notoriedad, renombre y prestigio de la marca.
La Ley de Marcas establece también una indemnización coercitiva, de modo que cuando se condena a un tercero a la cesación de los actos de infracción de una marca, lo que ocurre en el caso de las importaciones paralelas, el tribunal fijará
una indemnización de cuantía determinada no inferior a 600 euros por día transcurrido hasta que se produzca la cesación efectiva de la infracción. Además, el titular de la marca cuya infracción haya sido declarada judicialmente tendrá derecho a
percibir en concepto de indemnización de daños y perjuicios el 1% de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados; además, el titular podrá exigir una indemnización mayor si prueba que la
infracción de su marca le ocasionó daños o perjuicios superiores.
Asimismo, nuestra legislación civil refuerza las medidas contra el infractor, previéndose la posibilidad de reclamar en los tribunales la adopción de las medidas necesarias para evitar que prosiga la infracción.
En este caso, se puede
reclamar que se retiren del tráfico económico los productos, embalajes, envoltorios, material publicitario, etiquetas u otros documentos en los que se haya materializado la infracción del derecho de marca.
Por lo que se refiere a la vía penal, nuestra regulación se encuentra en la línea con lo que establecen los ordenamientos europeos. En este sentido, ha sido nuestra intención contribuir a reforzar los mecanismos del titular del derecho de
marca cuando la vulneración de este derecho sí va en perjuicio del interés público, del interés de los consumidores, como ocurre en el caso de los productos falsificados.
Señoría, parece más que evidente que no se puede dar el mismo tratamiento jurídico a las importaciones de productos falsificados y a las importaciones paralelas que recaen sobre productos originales, tal y como venía ocurriendo hasta la
reciente reforma del Código penal. Aun así, nuestra intención es seguir perseverando en la defensa del derecho de marca, con proporcionalidad y en todos los ámbitos jurisdiccionales en los que esta es posible.
Así lo hemos venido haciendo y demostrando, por una parte, en primer lugar, mediante la reciente puesta en marcha del primer Plan Estratégico de la Propiedad Industrial, el Plan PI, que se puso en marcha el pasado 23 de abril, y uno de cuyos
principales ejes es precisamente la protección de los derechos de propiedad industrial; y, por otra parte, como usted sabe, la defensa de los derechos de propiedad industrial ha sido una de nuestras prioridades durante el semestre de la Presidencia
española de la Unión Europea. Durante este semestre hemos dado un impulso definitivo al acuerdo comercial de lucha contra la falsificación y la piratería, más conocido como ACTA, en sus siglas en inglés; en concreto, hemos adoptado, en el marco
del Consejo de Competitividad de 2 de marzo, una importante resolución para luchar contra la piratería de los derechos de propiedad industrial que, entre otras medidas, ha permitido poner en marcha el observatorio europeo antipiratería.
Además, en el ámbito bilateral, hemos concluido importantes acuerdos de libre comercio con Colombia, Perú, con Centroamérica, que también incorporan capítulos ambiciosos en materia de propiedad industrial e intelectual.
En todo caso, señoría, el Gobierno de España va a seguir trabajando, dentro del ámbito de la Unión Europea y con las limitaciones que establecen los tratados internacionales de los que somos parte, para seguir incorporando a nuestro
ordenamiento todas aquellas medidas que incidan en una mayor y mejor protección de los derechos de propiedad industrial, también en el ámbito de las importaciones paralelas.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias, señoría.
-- DE D. PERE MUÑOZ HERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO ENTESA CATALANA DE PROGRÉS, SOBRE LAS PREVISIONES DEL GOBIERNO EN RELACIÓN CON LA APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA UBICACIÓN DEL ALMACÉN TEMPORAL CENTRALIZADO (ATC) DE RESIDUOS RADIOACTIVOS
(Número de expediente 670/000116).
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Señorías, pasamos a la siguiente interpelación, de don Pere Muñoz Hernández, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, sobre las previsiones del Gobierno en relación con la aprobación
definitiva de la ubicación del almacén temporal centralizado de residuos radioactivos.
Tiene la palabra el señor Muñoz Hernández.
El señor MUÑOZ HERNÁNDEZ: Moltes gràcies, senyor president, senyor ministre.
Señorías, señor ministro, muy buenas tardes. El motivo principal que nos ha llevado a presentar esta interpelación es el nuevo escenario que se abrió a finales de junio con el acuerdo entre usted y el Partido Popular; un nuevo escenario en
lo relativo a la decisión de su ministerio sobre la ubicación de la ATC, el almacén temporal centralizado de
residuos nucleares de alta intensidad; acuerdo anunciado el pasado 25 de junio como un pacto político, histórico en materia energética, en el que, entre otros aspectos, se acordó buscar una revisión profunda del sistema eléctrico y
orientar, analizar y reformar los costes de este sistema.
Usted mismo expresó que la voluntad del Gobierno era hacer de la energía un asunto de Estado con el consenso de todas las fuerzas políticas lo antes posible y sin líneas rojas. Al mismo tiempo nos recordó que llevan proponiendo un pacto
desde septiembre y que su idea es incluir a todos los grupos políticos posibles. Asimismo, también citó los puntos en los que se centrará la negociación, los recogidos en un documento entregado a los partidos en el mes de abril, que planteaba
garantizar suministro eléctrico seguro, definir un mix energético para el año 2020, desarrollar infraestructuras para las interconexiones internacionales, profundizar en la liberalización, mejorar la política de ahorro y eficiencia y, por último,
incluía la futura ubicación del ATC.
Así, se abrió un nuevo escenario, un proceso del que me gustaría hacer una valoración, para concluir si realmente ha sido un proceso transparente, participativo, abierto, como se había anunciado y repetido reiteradamente desde su ministerio;
un proceso que se inició el 29 de diciembre de 2009 con la resolución de su ministerio, por la que se efectúa la convocatoria pública para la selección de los municipios candidatos a albergar el emplazamiento del ATC; resolución que marcaba un
calendario en relación a la presentación de candidaturas, la citación provisional, el período de reclamaciones, el trámite de alegación de información y participación pública, la presentación de terrenos hasta que se tomara la decisión y se
finalizara el proceso a finales del pasado mes de junio. Por cierto, una resolución con algunas sombras en relación al momento de su publicación, y en la que entidades como la AMAC, la Asociación de Municipios en Áreas con Centrales Nucleares, ha
tenido una estrategia muy estudiada y decidida en todo el proceso. Esta asociación el pasado viernes celebró la asamblea anual en Cofrentes, una asamblea anual de la que, por cierto, no hemos podido ver ningún comunicado de prensa, pero en la que
realizó el año pasado en la población de Ascó constató -era el mes de julio- la relación entre la responsable de Industria y esta entidad municipalista.
Dijo una nota de prensa del AMAC- y cito textualmente-: Ante el anuncio realizado por el
Ministerio de Industria en el sentido de que después del verano va a abrir la convocatoria para acoger el almacén temporal centralizado de residuos de alta actividad, la asamblea constata que no existen garantías de que se cumplan las condiciones
aprobadas por la asamblea del año 2006, consistentes en el desarrollo económico de las zonas nucleares y en la financiación suficiente para la implantación definitiva de los planes de emergencia; que no hay ninguna institución del Estado que pueda
asumir la dirección del proceso con garantía de transparencia, información y participación. Y al final acordaron que la AMAC no presentaría candidatos a acoger el ATC. Curiosamente, la convocatoria no salió después del verano, tal y como estaba
anunciado, y sí a finales del año pasado, con unos compromisos que la AMAC asumió ipso facto presentando las candidaturas de Yebra y Ascó, saltándose curiosamente un acuerdo de asamblea, que leo textualmente: ¿Qué motivó el cambio de actitud de la
AMAC? ¿Acaso la promesa de una nueva orden ministerial de más fondos para los municipios nucleares? ¿Una nueva orden ministerial, que usted anunció en esta Cámara ante una pregunta de este senador en relación con las medidas para la dinamización
económica de las áreas nucleares? Un cambio de actitud de la AMAC que le ha llevado a hacer todos los papeles del auca, desde organizar viajes para ver otros ATC en Europa, realizar viajes con prensa, vecinos, políticos, organizar debates con
agentes socioeconómicos favorables, realizar campañas de difusión -que en realidad le tocaba hacer a Enresa o a su ministerio-, justificar la instalación buscando complicidades, motivar grupos de presión en los municipios interesados.
Lo cierto es que a la convocatoria se presentaron los municipios de Ascó y Yebra, dos candidaturas con los deberes previos hechos, con un sello de calidad previo que, desde el primer momento, partieron como favoritos ante la opinión pública;
dos candidaturas -muy especialmente la catalana del municipio de Ascó- que han realizado, estudiado y planificado el camino hasta estos meses, con una campaña mediática calculada, con una puesta en escena que nada tiene que envidiar a las ciudades
que se postulan por ser capitales de la cultura europeas.
Permítame, señor ministro, que le hable de esta candidatura a la que el resto de candidatos ya sitúan como favorita. La opción fue tomada con un mutismo calculado, después de haberlo hecho Yebra en medio de una gran expectación pública y
mediática, incluida la retransmisión en directo de un pleno municipal por la televisión pública. No hace falta decir que la decisión fue tomada legítimamente por su ayuntamiento, pues cumple con la legislación vigente, pero a sabiendas de que se
posicionaba en contra del Parlament de Catalunya, que se ha manifestado en contra dos veces, con la mayoría de los partidos políticos en contra: PSC, Convergència i Unió, Esquerra, Iniciativa y sin el apoyo de ningún partido. El Gobierno de la
Generalitat ha efectuado declaraciones directas en contra por boca del mismo presidente de la Generalitat, José Montilla. También lo ha hecho el Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre, donde está el pueblo de Ascó, así como doce consells comarcals.
Además, también se han posicionado en contra las diputaciones de Tarragona y de Lleida y la inmensa mayoría de los municipios de la demarcación, muchos de AMAC y muchos vecinos de Ascó.
Como sabrá, en Cataluña el clamor en contra del ATC es unánime, especialmente en las comarcas de Tarragona y de l'Ebre; comarcas que consideran que ya han contribuido de sobra al modelo nuclear. Por el contrario, ningún ayuntamiento,
ninguna institución, ningún grupo político
ha avalado esta candidatura; solo lo han hecho algún alcalde, algún sindicalista, algún presidente de cámara de comercio, algún colegio profesional, y la mayoría siempre ha manifestado su apoyo a título personal. A pesar de ello, le he de
recordar que la división social en la comarca, en las Terres de l'Ebre, está servida.
Como vecino de la zona de Ascó, y lo repito con todo el respeto y consideración para este magnífico pueblo y su gente, quiero recordarle una vez más que la comarca de la Ribera d'Ebre ya ha contribuido de sobra al modelo nuclear y a la
generación de energía eléctrica del país con las energías renovables y las centrales hidroeléctricas de Riba-roja y Flix y la central nuclear de Ascó.
Señor Sebastián, como usted nos ha dicho, viene a esta Cámara para hablar sobre el ATC, el almacén temporal centralizado de residuos nucleares de alta intensidad. Pero la solución al grave problema de los residuos nucleares de alta
intensidad de las centrales nucleares no es un tema ni de derechas ni de izquierdas, ni de nucleares ni de antinucleares. Usted siempre ha dicho que es un tema de sentido común, un tema que se tiene que tratar con la máxima transparencia y respeto
a las instituciones.
En un momento en que se constata en la sociedad la falta de confianza en nuestros representantes políticos, en nuestras instituciones, el caso del ATC no es ajeno a esta desafección. La posición política en Cataluña, casi unánime, tiene que
ser suficiente para desestimar esta candidatura.
Señor ministro, usted tiene la última palabra en cuanto al calendario, el momento y el lugar donde se ubicará el ATC, pero quiero constatar que si finalmente se opta por la candidatura catalana sería
la guinda para la credibilidad de las instituciones democráticas y de los partidos políticos y un motivo más de desafección de los ciudadanos con la política y la democracia.
Por todo ello -y voy terminando-, formulo la siguiente interpelación al Gobierno sobre cuándo tiene prevista la aprobación definitiva de la ubicación del ATC. También me gustaría saber si piensa abordar esta cuestión antes con los partidos
políticos y las comunidades autónomas a fin de alcanzar el consenso necesario, que también viene fijado en el acuerdo del Congreso de los Diputados.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias.
Para contestar a la interpelación, tiene la palabra el señor ministro de Industria, Turismo y Comercio.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO (Sebastián Gascón): Muchas gracias, señor presidente.
Señoría, quiero hacer una pequeña matización. El acuerdo del emplazamiento no lo decide el ministro sino el Consejo de Ministros, el Gobierno. No sé si eso le tranquiliza o le inquieta pero el procedimiento es ese; la decisión no compete
al ministro o al ministerio, sino al Gobierno en su conjunto.
Me gustaría relatar la historia del ATC porque creo que siempre es bueno recordarla. En diciembre de 2004, con el acuerdo de todos los grupos parlamentarios -y eso es importante-, se aprobó en el seno de la Comisión de Industria del
Congreso una resolución por la que se instaba al Gobierno a desarrollar los criterios necesarios para la futura instalación de un almacén temporal centralizado en España. Creo que es justo reconocer que no debe haber más consenso que ese: un
acuerdo unánime que se adopta en el Congreso de los Diputados, que lógicamente es la máxima expresión de una institución que representa a la soberanía popular. En aquel momento -y lo mismo espero de este- nuestros representantes demostraron una
gran responsabilidad en un tema de interés general y cuya resolución requería y requiere de un amplio consenso en clave de país.
Precisamente ese consenso parlamentario es el que nos ha dado la legitimidad necesaria para trabajar durante más de cinco años en colaboración con todos los agentes públicos y privados afectados para solucionar este problema que, no
olvidemos, deriva de nuestro propio mix energético heredado de nuestra historia pasada.
Nosotros creemos que la instalación de un almacén temporal centralizado, de un ATC, es una decisión coherente y responsable. Es coherente porque España ha decidido apostar en algún momento de su historia por la energía nuclear, porque la
energía nuclear forme parte de su mix energético, y nadie puede dudar de que hoy por hoy la energía nuclear conlleva la generación de residuos cuya gestión no se puede obviar. Así pues, el ATC resuelve un problema, no lo crea, un problema que ya
tenemos, que es el de los residuos. Por ello digo que es una decisión coherente.
Y es una decisión responsable porque creemos que cualquier otra alternativa es peor. Una alternativa posible es la de seguir construyendo almacenes temporales individuales en cada central, pero es, por un lado, una alternativa más cara, y
por otro, menos segura que el ATC, algo que reconocen todos los expertos internacionales. La otra alternativa es mantener los residuos que tenemos en Francia. Esta opción es sin duda más cara porque tiene un coste de entre 1300 y 2400 millones de
euros, lo cual no está justificado, en nuestra opinión, desde un punto de vista económico.
Por todo ello, y tomando como referencia la voluntad expresada por el Congreso, el Gobierno inició un proceso de búsqueda transparente y abierta. Así lo pusimos de manifiesto en la mesa de diálogo sobre la energía nuclear en España,
auspiciada por el Ministerio de Industria, que da cabida a representantes del Parlamento, del ámbito institucional y corporativo, de las comunidades autónomas que tienen instalaciones nucleares, de la Federación Española de Municipios y Provincias,
de la Asociación de Municipios en Áreas de Centrales Nucleares (AMAC) y de sindicatos y organizaciones ecologistas, entre otros. Y en este foro se concluyó que la opción de la ATC era la más adecuada para los residuos; se subrayó que el empla-
zamiento de esta instalación no debía ser retrasado por más tiempo, y que debía fundarse en un amplio consenso político, institucional y social, tanto nacional como local.
Para garantizar el carácter democrático del proceso en la elección del futuro emplazamiento de la ATC se adoptó el programa europeo Cowan, que trata de definir una metodología consensuada en proyectos potencialmente conflictivos. Y
siguiendo esta metodología se creó el 23 de junio de 2005 la Comisión Interministerial para apoyar al Gobierno en la determinación final del emplazamiento de la ATC. Esta comisión se apoya para el desarrollo de sus trabajos en un comité técnico
asesor integrado por personas de reconocido prestigio académico y profesional.
Y para dar continuidad a este largo proceso el 27 de junio de 2006 la Comisión Interministerial abrió el periodo de información sobre la convocatoria pública del Ministerio de Industria a todas las corporaciones locales que con carácter
voluntario deseasen optar al emplazamiento de la ATC. Hubo un anuncio en prensa que apareció en 154 cabeceras de ámbito nacional y regional, y con ello se abrió un proceso que se pretendía -y se consiguió- que llegase a todos los ayuntamientos de
España. El 28 de febrero de 2007 se cerró el plazo de solicitud de información del proyecto y el pasado 23 de diciembre de 2009 el Consejo de Ministros aprobó la convocatoria pública para elegir el municipio que albergará el futuro ATC, habiendo
dispuesto los municipios afectados de un plazo de un mes para presentar sus candidaturas a partir del 30 de diciembre de 2009. Una vez cerrado este plazo y analizadas las candidaturas presentadas, la Comisión Interministerial aprobó una lista de
ocho candidatos admitidos tras el correspondiente trámite de reclamaciones, lista que se hizo pública en la página web creada para este efecto www.emplazamientoatc.es.
A la hora de configurar esta lista definitiva se tuvo en cuenta que son zonas no aptas para albergar el ATC las que formen parte de la Red Europea de la Conservación de la Naturaleza -Natura 2000-, los lugares de importancia comunitaria y
las Zonas de Especial Protección para las Aves.
También se encuentran excluidos las zonas protegidas del Ministerio de Defensa, los montes de utilidad pública, la Red Española de Vías Pecuarias, las áreas donde existen elementos de interés
patrimonial y aquellas áreas donde el transporte necesariamente haya de realizarse por vía aérea o marítima -las islas, para entendernos-. Además, y de acuerdo con la legislación vigente, el ATC deberá cumplir con todos los requisitos, trámites y
licencias de las diferentes administraciones competentes.
Una vez establecida la lista de candidatos definitiva y de acuerdo con lo previsto en la Resolución del 23 de diciembre de 2009, la Comisión Interministerial acordó el pasado 4 de marzo el inicio del trámite de alegaciones y de información y
participación pública. Con este fin, el departamento que dirijo publicó en el BOE del 6 de marzo de 2010 un anuncio para que quien lo desease pudiera formular observaciones y alegaciones sobre la aplicación de los criterios de la convocatoria a las
candidaturas de municipios admitidas, disponiendo para ello de un plazo de 20 días. Adicionalmente se notificó de forma individualizada a 44 instituciones y entidades -entre ellas, todas las comunidades autónomas y diputaciones provinciales en cuyo
ámbito territorial se encuentran los municipios admitidos-, también a la Federación Española de Municipios y Provincias, por supuesto a los municipios implicados y a todas las organizaciones y asociaciones cuyos fines guardan relación directa con el
objeto del procedimiento. En dicha página web, establecida por Ministerio de Industria para favorecer la información y participación públicas, se publicó la documentación referente a este trámite de alegaciones, tanto la relativa a las solicitudes
presentadas por los municipios candidatos como al análisis de sus términos municipales.
Como resultado de dicho trámite se han recibido un total de 14 420 escritos de alegaciones -14 420- y todos ellos han sido objeto de estudio y de valoración, por supuesto, estudio y valoración que siguen estando en la base de un
procedimiento de concurrencia competitiva, que continúa según lo legalmente establecido y en el que por encima de todo priman tres principios: uno, la transparencia; dos, la equidad; y, tres, la voluntariedad. Transparencia, porque el
procedimiento es público, disponible para todos los ayuntamientos; equidad, porque todos municipios son tratados por igual, independientemente de quien los gobierne; y voluntariedad, porque todos los municipios optantes han concurrido de forma
voluntaria, con el plebiscito de sus plenos municipales, ya que el emplazamiento finalmente designado debe contar con el respaldo de los ciudadanos que van a vivir cerca del ATC -la voluntad de los ciudadanos que vayan a vivir cerca del ATC,
lógicamente, es la más importante-. A esos tres principios -transparencia, equidad, voluntariedad- hemos añadido un cuarto, que es el máximo consenso posible, y para ello están teniendo y van a seguir teniendo audiencia todas las partes interesadas
y, por supuesto, como no puede ser de otra forma, las comunidades autónomas y las fuerzas políticas. Un proceso de selección cuya culminación, como sabe su señoría, lleva asociada una inversión de 700 millones de euros y que además va a dar
respuesta al problema de la gestión de nuestros residuos nucleares de alta intensidad va a solventar el problema de la saturación de las piscinas de las centrales nucleares y va a reducir las penalizaciones de Areva, y va a servir para dar un gran
impulso al desarrollo económico y social de la zona donde se instale finalmente el ATC, generando inversiones en I+D que situarán a España a la cabeza de este tipo de tecnologías.
Señoría, en todo este proceso han tenido y tienen una participación muy significativa las comunidades autónomas -lo he dicho antes- en la Mesa de Diálogo sobre la evolución de la energía nuclear en España y en todo el trámite de alegaciones.
No renunciamos a este consenso social, por supuesto, ambiental y también territorial por-
que la gestión y la determinación del futuro emplazamiento del ATC va a tener en consideración todos estos factores. Asimismo queremos que la determinación final de su emplazamiento sea un elemento más del pacto de Estado sobre política
energética, que queremos cerrar no solo con el principal partido de la oposición, sino también con el resto de grupos parlamentarios que quieran sumarse al mismo para lo cual ya han recibido invitación reiteradas veces. Pacto de Estado sobre la
energía que entendemos debe comprender también el emplazamiento futuro del ATC y de su centro tecnológico asociado, porque creemos en el interés general, porque creemos que el interés general debe presidir todo este procedimiento, y lo queremos
hacer con la máxima transparencia y, por supuesto, con el máximo consenso posible, al que invitamos también a la fuerza política que su señoría representa.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias, señor ministro.
Senador Muñoz, tiene la palabra.
El señor MUÑOZ HERNÁNDEZ: Muchas gracias, señor ministro.
Seré muy breve.
Esperaba de alguna manera que hubiese concretado un poco más.
Estamos en unos momentos en los que los medios de comunicación hacen que el tema del ATC sea diario. A diario buscamos información, vemos no solo que existe preocupación en Cataluña, sino que es un asunto que está a la orden del día. Por
ejemplo, hoy mismo el consejero de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma de Extremadura ha dicho que está convencido de que no se ubicará en Albalá -lo he leído hace unos momentos en una información suya relativa a la interpelación que le
realizamos esta tarde-. No hace ni 48 horas que un responsable político del Partido Socialista Obrero Español de Castilla-La Mancha ha dicho que tiene información privilegiada y que de ninguna manera se pondrá el ATC en Guadalajara. También
sabemos que hay movimientos en la Comunidad Valenciana -País Valencià-. Cada día se habla de este tema desde diferentes perspectivas y distintos puntos de vista.
Es una cuestión suficientemente importante para el Gobierno porque existen unos compromisos contraídos hace cinco años para buscar un sitio donde instalar el ATC.
La pregunta era: ¿cómo está el calendario? Hasta ahora se ha hablado del mes de julio, pero con este nuevo pacto de Estado, con todas estas consultas previas que tienen que hacer las comunidades autónomas a los partidos políticos -incluso
Greenpeace ha publicado una nota en la que daba la razón en cuanto a tener conocimiento del informe de la Comisión Interministerial sobre las ubicaciones previstas-, yo esperaba que usted me hubiese precisado si sería en el mes de octubre, en el mes
de diciembre o en febrero del año que viene, algún tipo de calendario. Sé que muchos de los municipios que se han presentado como candidatos hablan de ansiedad. A estos municipios hay que felicitarlos. Se han presentado porque están convencidos
de que para su municipio es la mejor instalación que puede haber, pero también están sufriendo una presión ya que lógicamente para ellos es importante saber la ubicación final del ATC.
Además, el año que viene se celebrarán elecciones municipales,
y muchos alcaldes se podrán encontrar más o menos quemados en función de cómo esté la situación territorial.
Otra pregunta, aunque realmente no lo es: el hecho de que los municipios de la zona AMAC esperasen que el pasado mes de junio se aprobase una orden ministerial nueva que dirigiese más recursos económicos a dinamizar las zonas nucleares es
muy importante porque estamos en una época de crisis. Una de las consecuencias de la crisis ha sido la presentación de candidaturas. Todo ayuda para que la inquietud sea general.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias.
Tiene la palabra el señor ministro.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO (Sebastián Gascón): Gracias, señor presidente.
Señoría, la decisión del emplazamiento tiene una dimensión técnica. La parte técnica está prácticamente terminada. Se tiene que reunir la Comisión Interministerial para dar una valoración técnica de los ocho municipios candidatos, con unos
criterios estrictamente técnicos -de seguridad, de logística, de buena comunicación en el transporte, de impacto económico y social-. Evidentemente poner en una zona deprimida el ATC supone un impulso económico y social que también hay que valorar.
La parte técnica está prácticamente concluida, pero, como bien he dicho en mi intervención, la búsqueda del consenso ha sido siempre un valor para este Gobierno porque la decisión es importante no para el Gobierno, sino para España, y así lo
ha dicho repetidas veces en el Parlamento y en todos los foros donde se ha abordado esta cuestión. El Gobierno quiere el máximo consenso. Ahora tenemos la oportunidad -que no abunda-, de que el principal partido de la oposición se siente con
nosotros para intentar un pacto energético, que incluya también este tema, que es difícil y espinoso, y queremos sumar al resto de las fuerzas políticas. Por tanto, merece la pena emplear un poco de tiempo si podemos conseguir este consenso al que
damos valor.
Su señoría habla de ansiedad. A mí me llega más la ansiedad de los que lo quieren que la de los que no lo quieren.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias.
DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS.
-- DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DE LEY DE MODIFICACIÓN DE LAS LEYES 30/2007, DE 30 DE OCTUBRE, DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO, 31/2007, DE 30 DE OCTUBRE, SOBRE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN EN LOS
SECTORES DEL AGUA, LA ENERGÍA, LOS TRANSPORTES Y LOS SERVICIOS POSTALES, Y 29/1998, DE 13 DE JULIO, REGULADORA DE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA PARA ADAPTACIÓN A LA NORMATIVA COMUNITARIA DE LAS DOS PRIMERAS. SE TRAMITA POR EL
PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (Número de expediente Senado 621/000070 y número de expediente Congreso 121/000079).
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Pasamos al punto cuarto del orden del día: Dictámenes de comisiones sobre proyectos y proposiciones de ley remitidos por el Congreso de los Diputados. De la Comisión de Economía y Hacienda en
relación con el proyecto de ley de modificación de las leyes 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los
servicios postales, y 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, para adaptación a la normativa comunitaria de las dos primeras.
¿La comisión ha nombrado a algún senador para que haga la presentación? (Denegación.)
Les informo que sobre esta ley se han presentado votos particulares de Convergència i Unió y del Grupo Parlamentario Popular en el Senado a cuyos portavoces daré ahora la palabra para que los defiendan; que existen dos enmiendas
transaccionales que derivan de las enmiendas números 14 y 15 del Grupo de Convergència i Unió, firmadas por todos los grupos parlamentarios, excepto por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.
El portavoz de Convergència i Unió tiene la palabra para la defensa de las enmiendas.
El señor MALDONADO I GILI: Las damos por defendidas, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, tiene la palabra el senador Vázquez Requero.
El señor VÁZQUEZ REQUERO: Muchas gracias, señor presidente.
El Grupo Parlamentario Popular en el Senado ha mantenido para el Pleno los votos particulares correspondientes a las ocho enmiendas presentadas en la Comisión de Economía y Hacienda debido a la mejora del texto que suponen y en consonancia
con nuestra posición defendida en el Congreso de los Diputados.
Al haber sido admitidas por la Cámara baja únicamente nuestras enmiendas técnicas, debemos insistir en aspectos que mejoran el ámbito del régimen de invalidez de los contratos, como dice nuestra enmienda número 1, al artículo 1.2, de
modificación del artículo 37 de la Ley 30/2007 en los supuestos especiales de nulidad contractual y que se justifica por la mejora que tiene el objeto de equiparar el ámbito de los recursos regulados en el artículo 310 al de los recursos de nulidad
del artículo 37.1 de la ley.
Además tengo que dejar constancia aquí de que esta enmienda se ha presentado también como mejora técnica por indicación de un informe de dictamen del Consejo de Estado a la citada Ley 30 del año 2007. Es por lo tanto una enmienda de mejora
en el ámbito del régimen de invalidez de los contratos administrativos, como les decía a sus señorías.
No entendemos, por tanto, por qué no se ha admitido una transacción en este ámbito ya que el artículo 38 -el siguiente al que me estoy refiriendo- hace mención a las consecuencias jurídicas de esta declaración de nulidad, y no se admite
precisamente la enmienda al artículo anterior al que me estoy refiriendo -el 37- que es precisamente el que regula los supuestos especiales de nulidad contractual, por cierto -y repito-, recomendación técnica del Consejo de Estado.
Otra cuestión que se comprende mal, y que no ha tenido respuesta en los trámites anteriores, es la referida a la negativa a la aceptación de algunas enmiendas de tipo técnico como las números 4, 6 y 8, presentadas por este grupo
parlamentario. Las dos primeras que he citado -la 4 y la 6- son enmiendas de mejora a los procedimientos de contratación incluidos en el impulso de las nuevas tecnologías, es decir, de la administración electrónica, y la enmienda número 6, en
concreto, se presenta al artículo primero, de adición de un nuevo apartado 3 a la disposición adicional decimonovena de la ley.
Asimismo, por razones de seguridad jurídica, me voy a referir a la enmienda número 8, en la que se solicita la creación de una nueva disposición final para la delegación legislativa a través de la elaboración de un texto refundido en el
plazo de seis meses por parte del Gobierno.
Como les digo, señorías, no entendemos muy bien por qué estas enmiendas relativas a la administración electrónica y a la refundición de textos no han sido admitidas por su corte técnico. De todas formas, estamos dispuestos a llegar a
acuerdos con los grupos parlamentarios, porque lo que contienen es lo básicamente regulado en el artículo 183.1 y en sus correspondientes disposiciones: en la disposición adicional 19.3 y en la disposición final nueva.
Pero lo verdaderamente relevante, y que constituye la posición singular de este grupo, y lo jurídicamente a nuestro juicio impecable son las otras cuatro enmiendas que
mantenemos vivas -las números 2, 3, 5 y 7- contenidas en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, Sección Senado, y que paso a citar.
Estas enmiendas se refieren a los artículos 311.1 y 311.2, relativos al órgano competente para la
resolución de los recursos administrativos, y a los artículos 299 y 300, relativos a la ampliación de las funciones de la junta consultiva y de recursos de contratación administrativa del Estado y, por lo tanto, a las comunidades autónomas. Además,
y en concordancia con eso, pediríamos en la última enmienda la supresión de la disposición adicional segunda. Como digo, este es el asunto más relevante porque discrepamos, al igual que el Consejo de Estado, de la solución al problema de la
independencia del órgano de resolución de los recursos previsto en el artículo 310, que implica la necesidad de crear una nueva estructura paralela, cuyo desarrollo comportará un gasto excesivo y una enorme complejidad organizativa. Se trata, por
tanto, de un órgano administrativo también dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda, es decir, es un órgano distinto del de contratación pero de idéntica naturaleza administrativa y correspondiente, como digo, al Ministerio de Economía y
Hacienda.
Señorías, el Consejo de Estado en su dictamen ya señalaba que el mejor sistema habría sido atribuir estos recursos a la jurisdicción contencioso-administrativa, sistema por el que no ha optado el proyecto de ley del Gobierno y por el que sí
optó en un primer borrador el proyecto de ley del Gobierno al adjudicar esta resolución de los recursos al Tribunal Económico-Administrativo Central, si bien esta cuestión se ha cambiado en el proyecto definitivo creándose por parte del Grupo
Parlamentario Socialista los tribunales administrativos centrales de recursos contractuales, es decir, otro organismo más. Nuestra teoría es que eso no debería haberse producido, es decir, debería haberse incluido en una nueva sección de las juntas
consultivas de contratación, que pasarían a denominarse juntas consultivas y de resolución de esos recursos. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)
Optamos por este sistema por dos cuestiones fundamentales: en primer lugar, porque la directiva no lo exige en los términos planteados por el Gobierno, sino tan solo que sea un órgano el que resuelva el recurso de un ámbito de los que tenga
una independencia en cuanto a sus garantías jurisdiccionales; en segundo lugar, porque este esquema de funcionamiento duplica y de forma paralela los tribunales que ya corresponden a la Administración, por tanto, sería formalizar un nuevo tribunal
más, con un nuevo presidente más, con categoría de un nuevo director general más, como son los tribunales económico-administrativos centrales, y además tendrían repercusión en 17 tribunales autonómicos territoriales y presumiblemente también podrían
llegarse a crear 53 tribunales territoriales sumando todas las provincias más Ceuta y Melilla, y, además, los grandes ayuntamientos y las administraciones locales deberían tener su propio tribunal en este sentido, lo que nos parece excesivo.
En lo referente a la última enmienda, a la que he hecho alusión, a los artículos 299 y 300
El señor PRESIDENTE: Concluya, señoría.
El señor VÁZQUEZ REQUERO: Voy terminando, señor presidente.
Esa última enmienda hace referencia a la composición de ese tribunal que nosotros consideramos que debe estar fundamentalmente compuesto por funcionarios y no por personal ajeno a la Administración pública.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el senador Vilajoana.
El señor VILAJOANA I ROVIRA: Gracias, señor presidente.
Intervendré muy brevemente.
Debido a mi ausencia, el senador Maldonado ha dado por defendidas las enmiendas que había presentado el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, pero yo quiero aclarar algunos elementos para una negociación posterior
que creo son imprescindibles expresar ante esta Cámara.
En primer lugar, de nuestras ocho enmiendas, la número 9, la primera, ha sido retirada. Las enmiendas números 10, 11, 12 y 13 se mantienen en los términos que han sido planteadas. Las enmiendas números 14 y 15 han dado lugar a una
transacción que entendemos cubre sus objetivos. La justificación de la enmienda número 14 es que en una compleja y difícil situación económica como la actual, en la que los mercados pueden exigir operaciones de concentración de empresas, así como
importantes aportaciones de capital, el mantenimiento de al menos el 5% de la participación exigida por la normativa actual vigente sería mejor rebajarla al 3%, que es lo que hemos conseguido con la enmienda transaccional. Nuestra enmienda número
15, que también hemos transaccionado, responde al espíritu del nuevo Sistema de Precios de Referencia creado por la Ley 29/2006, recientemente revisada por el Real Decreto Ley 24/2010. Consideramos que la transaccional da respuesta a las dudas que
se planteaban, de lo cual estamos satisfechos y agradecemos el apoyo del Grupo Parlamentario Socialista a esta transacción.
Finalmente, mantenemos viva la enmienda número 16, cuyo objetivo es incrementar la garantía de solvencia en la exteriorización de compromisos por pensiones de entidades de crédito, entidades aseguradoras y sociedades y agencias de valores.
Esta es una medida que no tiene coste para el erario público, no tiene coste para el Ministerio de Economía. Se trata de una garantía complementaria cuya solicitud por parte de los empleados de estas entidades es razonable y por ello la apoyamos.
Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, buenas tardes.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Turno en contra.
El senador Hurtado tiene la palabra.
El señor HURTADO ZURERA: Gracias, señor presidente.
En primer lugar, tal y como se ha dicho, esta ley traslada la Directiva 66/2007 a lo regulado por la Ley 30/2007, de Contratos del Sector Público, y la Ley 31/2007, sobre procedimientos de contratación de sectores estratégicos, considerados
estos el del agua, la energía, el transporte y los servicios postales.
La principal aportación de esta ley es reforzar los efectos de los recursos que se interpongan contra las contrataciones realizadas tanto en el ámbito del sector público como en estos sectores estratégicos, estableciendo un sistema de
suspensión de la contratación en caso de que se solicite y se considere que la solicitud obedece a alguna infracción.
Por otra parte, se establece la posibilidad de adoptar medidas cautelares, previa solicitud del demandante, además de un régimen
especial de nulidad de contratos, como consecuencia de no haberse dado publicidad a la oferta de contratación o porque no se hayan cumplido los plazos establecidos para el recurso. Estas son, por tanto, las principales aportaciones de esta
directiva.
Señorías, tanto el Grupo Parlamentario Popular como el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió han presentado ocho enmiendas.
La enmienda número 1 del Grupo Parlamentario Popular propone una modificación del artículo 37.1, coincidente con la enmienda número 9 de CiU. Agradecemos a CiU que haya retirado su enmienda y pedimos al Grupo Parlamentario Popular que
elimine la suya. El argumento fundamental es que esta enmienda trata de equiparar el ámbito de aplicación de los recursos especiales con el ámbito de aplicación de los supuestos de nulidad. Consideramos que esto es bastante perjudicial para
determinado tipo de entidades y que es más adecuado que la nulidad de los contratos se ciña estrictamente a los supuestos establecidos en la Directiva 66/2007. Queremos que se cumpla estrictamente la directiva y, por ello, pedimos la retirada de la
enmienda del Grupo Parlamentario Popular.
La enmienda número 2 del Grupo Parlamentario Popular se refiere a la modificación del artículo 311.1. Es una enmienda de calado pues formula planteamientos totalmente distintos a los que nosotros estamos defendiendo. La directiva establece
que se cree un órgano independiente de resolución de los recursos. En ese sentido, la ley incluye una nueva figura, la del tribunal administrativo central de recursos contractuales que dependería del Ministerio de Economía y Hacienda, pero que
tendría garantizada su independencia. El Grupo Popular, sin embargo, propone una sección dentro de la junta consultiva de contratación administrativa.
Consideramos que nuestra propuesta es mucho más garantista para la independencia y, por tanto,
la votaremos en contra.
La tercera enmienda se refiere al artículo 311.2, estableciendo que los criterios que se apliquen como condicionantes a los miembros de este tribunal sean regulados también desde esta norma legal para los tribunales que se creen en las
comunidades autónomas y que, asimismo, se suspenda o se elimine el recurso administrativo previo, que, según la directiva, es una competencia de las comunidades autónomas.
Consideramos que esto supondría eliminar la potestad autorreguladora que tienen estas comunidades autónomas, así que, por cuestiones competenciales, no vamos a apoyar tampoco esta tercera enmienda.
La cuarta enmienda se refiere al sistema de contratación dinámica, sistema que se quiere hacer extensible a todos los contratos de suministros, de gastos de carácter corriente de las administraciones. Las administraciones todavía no están
preparadas para este sistema, existiendo una regulación específica en los artículos 183 a 186 de la ley. Por tanto, como ya está regulado, pedimos al Grupo Popular su retirada.
Por otra parte, se incluyen también otra serie de enmiendas del Grupo Popular relacionadas con introducir en las funciones propias de la junta consultiva la resolución de los recursos. Evidentemente, es congruente con su planteamiento,
pero, nosotros, por congruencia también con la defensa del tribunal, vamos a rechazarla.
También se pide que se elimine la disposición adicional segunda, estableciéndose que deba ser la secretaría de la Junta Consultiva la que dé apoyo técnico y administrativo al Tribunal Central Administrativo.
Nosotros vamos a votar en contra
de esa supresión.
Asimismo, vamos a votar a favor de la enmienda número 6, referida a la disposición adicional decimonovena, que pretende crear un nuevo apartado para introducir los sistemas electrónicos, telemáticos e informáticos en los procesos de
contratación.
Votaremos en contra de la última, la número 8, que pretende un texto refundido aduciendo seguridad jurídica y complejidad de la reforma. En estos momentos, está en tramitación la ley de Economía Sostenible, que va a introducir reformas más
importantes en la Ley de Contratos del Sector Público, y consideramos que sería más correcto posponerla para entonces, así como posponer el texto refundido para ese momento. Por tanto, vamos a votar en contra.
Con respecto a la enmienda número 9 de CiU, les agradecemos que la hayan retirado. En cuanto a la enmienda número 10, que modifica el artículo 311.2 introduciendo los órganos descentralizados del Consejo General del Poder Judicial, en estos
momentos no existen dichos órganos descentralizados y consideramos que no ha lugar a que se regulen en esta Ley de contratos.
Además, la enmienda trata de modificar el artículo 140 con relación a los plazos de formalización de los contratos, estableciendo el plazo de cómputo desde la fecha de remisión en vez de desde la fecha de recepción.
Por parte de la Junta
Consultiva se establece que es mucho mejor criterio y ofrece más seguridad jurídica el de la fecha de recepción por parte del adjudicatario.
Por otra parte, CiU quiere modificar los sistemas de evaluación, considerando como el mejor criterio el de los precios, IVA incluido. Es una demanda de las asociaciones sin ánimo de lucro, de las fundaciones y el consejo consultivo ha
considerado que no se debe aceptar, puesto que es mucho más seguro y más justo el sistema vigente en la actualidad.
Con respecto a la presentación, hay una modificación de la Ley 31, en su artículo 104, en cuanto a que se puedan recepcionar los recursos por parte de los órganos de contratación de las sociedades de estos sectores estratégicos, algo que
consideramos una incongruencia puesto que en estas sociedades del ámbito privado no se sabe realmente cuál es el órgano competente de resolución o de adjudicación de estos contratos.
Con respecto a las tres últimas enmiendas, que son las novedosas y no debatidas en el Congreso, he de decir que hemos llegado a un acuerdo en las dos transaccionales: una, sobre la Ley del Medicamento, estableciendo los conjuntos para los
precios de referencia de los medicamentos desde los diez días desde su autorización y, la otra, en la modificación de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, donde se establece un período transitorio de tres años para rebajar del 5 al 3% la cuota de
participación en empresas cotizadas de las cuales se reciben dividendos, y que en estos momentos tenían una deducción del cien por cien; de esta forma tratamos eliminar la doble imposición de los dividendos.
En cuanto a la última enmienda, la número 16 del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, he de señalar que la vamos a votar en contra. La argumentación es muy clara: se trata de incorporar una modificación en la
ley que rergula los fondos de pensiones que significaría dar un trato diferencial y privilegiado a los trabajadores tanto de las entidades bancarias y las empresas de seguros como a los de las empresas o agencias de valores. Y digo un trato
diferenciado porque la enmienda propone que, en el caso de externalizar los fondos de pensiones o su gestión por parte de estas empresas -repito, bancarias, de seguros, o agencias de valores-, debe existir por su parte una responsabilidad
subsidiaria. Esto no existe en el ordenamiento en el resto de sectores; el resto de sectores son las empresas que gestionan estos fondos de pensiones, y estos fondos de pensiones son los que tienen que asumir la total y completa responsabilidad, y
no existe ningún tipo de responsabilidad subsidiaria por parte de la empresa que externaliza.
En ese sentido, no somos partidarios de crear ese hecho diferencial; evidentemente, no tiene ningún coste para la Administración pública, pero sí tiene una significación muy especial en cuanto a un trato diferencial y privilegiado para unos
sectores económicos y no para el resto, con lo cual no vamos a admitir esa enmienda y pedimos que se vote en contra.
Con respecto al resto, he de señalar que lo más significativo de la ley es la creación de un tribunal a nivel central; que también las comunidades autónomas van a tener esa opción de crear tribunales administrativos centrales de recursos
contractuales, y que va a garantizar, por una parte, la independencia y, por otra, la seguridad jurídica en cuanto a las posibles infracciones que se puedan cometer en los procesos de adjudicación, tanto de servicios de tramitación armonizada, de
gestión, como del resto que preste tanto el sector público como estos sectores estratégicos que, como he comentado, son transportes, agua, envíos postales; en definitiva, energía, que son los cuatro sectores regulados por la Ley 31. Por tanto,
espero que salga adelante.
También quiero decir que llevamos un poco de retraso en cuanto a la traslación y a la modificación de estas leyes y de esta directiva, que tenía que estar en vigor a final de año, y que por eso se tramita por el procedimiento de urgencia en
esta ocasión.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Turno de portavoces.
¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Vilajoana.
El señor VILAJOANA I ROVIRA: Muchas gracias, señor presidente.
Voy a intervenir muy brevemente. Solo quiero señalar que este proyecto de ley, tal y como ha indicado el portavoz socialista, traspone la Directiva 2007/66/CE, de 11 de diciembre, que modifica anteriores directivas comunitarias, la
665/1989, de 21 de diciembre, y la 13/1992, de 25 de febrero, que regulaban los recursos en materia de contratación, tanto en referencia a los contratos del sector público como respecto de los que celebren las entidades contratantes en los sectores
del agua, la energía, los transportes y los servicios postales.
Por tanto, estamos ante una reforma necesaria, que ya tendría que haberse hecho -y de ahí el tratamiento de urgencia-, que tiene como objetivo adaptar ambas leyes a las nuevas exigencias de la directiva 2007/66/CE, de 11 de diciembre.
Señor presidente, señorías, Convergència i Unió, que ya apoyó este proyecto de ley en el Congreso de los Diputados, también lo apoyará en el Senado porque, además, entendemos que las dos transaccionales que hemos alcanzado incluyen elementos
que creo que son positivos y agradecemos el esfuerzo que se ha hecho en este sentido.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, tiene la palabra la senadora Alberich.
La señora ALBERICH CANO: Gracias, presidente.
Intervendré también muy brevemente porque, más allá de la trasposición que ya han explicado el resto de portavoces y de la necesidad de la adaptación de la directiva, mi grupo parlamentario considera muy positiva la modificación de estas dos
leyes por el respeto escrupuloso a la distribución competencial y porque se permite que cada una de las comunidades autónomas, en función de sus propios estatutos, puedan crear tribunales con competencia en esta materia. Insisto, son leyes que
deberían ser ejemplo de respeto hacia los estatutos de autonomía.
Por otro lado, he de señalar que Entesa Catalana de Progrés no había presentado enmiendas, aunque sí hemos aceptado tres transaccionales y, por tanto, vamos a apoyar la ley.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Gordo.
El señor GORDO PÉREZ: Gracias, señor presidente.
Sin duda alguna, nos encontramos ante una ley de un profundo contenido técnico que pretende incrementar la transparencia, la seguridad, y reforzar las garantías de los operadores económicos y licitadores que intervienen en la contratación
pública en el caso de que se tenga por presentado el recurso que contempla la ley.
La aplicación de esta ley tiene a su vez unos importantes efectos económicos al promover un escenario administrativo en la adjudicación en el que las condiciones de competencia del mercado mejoran su calidad. Hay que tener en cuenta que a
través de los procedimientos de contratación pública se vehiculiza un 13% del producto interior bruto.
Desde el punto de vista formal, no cabe objeción alguna al texto, toda vez que utiliza un instrumento normativo que, tanto material como competencial y formalmente, respeta los principios constitucionales. A su vez, este proyecto de ley
también legisla con carácter supletorio en materias de competencia autonómica al no haberse regulado el órgano ante el que debe incoarse la cuestión de nulidad prevista en la Ley de contratos o interponerse el recurso así como los efectos que se
derivan de su interposición. Por tanto, el proyecto de ley da respuesta adecuada a la incorporación a nuestro derecho del grado de armonización en la materia requerida por la norma comunitaria.
Desde el punto de vista sustantivo, los principios contenidos en la norma comunitaria no son dispares con los presentes en nuestra legislación. Las dos leyes objeto de modificación contienen la regulación de los recursos o reclamaciones, e
incluso prevén el plazo de suspensión subsiguiente a la adjudicación, la suspensión del acto como consecuencia de la interposición del recurso o la reclamación y la adopción de nuevas medidas.
La aplicación e incorporación de los principios contenidos en la directiva precisan de un procedimiento ágil y, por eso, la ley contempla el establecimiento de un órgano independiente en la competencia para la resolución o suspensión de la
adjudicación y, a su vez, se refunde en un solo acto los actos de adjudicación provisional y definitiva, haciendo coincidir la perfección del contrato con su formalización. Asimismo, se introduce en ambas leyes la declaración de nulidad de los
contratos en los términos previstos en la directiva.
El proyecto de ley opta por la creación de un nuevo tribunal, el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, independiente, creado ex novo y que cumple escrupulosamente con la normativa comunitaria. Se podría haber optado por
la resolución del nuevo recurso por un órgano jurisdiccional, pero esto presenta el problema práctico de que son recursos que deben resolverse con premura y no lo puede garantizar la jurisdicción contencioso-administrativa.
La resolución de estos recursos especiales por otro tribunal existente como el Tribunal Económico-Administrativo o la Junta Consultiva, como propone alguna enmienda del Grupo Popular, plantea problemas de independencia, no ajustándose a los
criterios que establece la directiva.
La Junta Consultiva es un órgano dependiente jerárquicamente de la Administración General del Estado que, a su vez, carece de la especialización necesaria para la tramitación y gestión de este recurso especial
en materia de contratación.
El proyecto de ley prevé también la posibilidad de que las comunidades autónomas puedan crear un tribunal específico con la condición de que sea independiente. El texto contempla un desarrollo gradual y progresivo en función de la carga de
trabajo. En ningún caso el proyecto de ley limita ni vulnera la capacidad autonormativa de las comunidades autónomas. Se apuesta también por el desarrollo tecnológico para mejorar la comunicación entre los órganos competentes para la resolución de
los recursos y las reclamaciones y los órganos de contratación de las entidades contratantes. Asimismo, se establece la posibilidad de notificar a los recurrentes por medios electrónicos.
El proyecto de ley también modifica la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y se contempla la posibilidad de interponer recursos contencioso-administrativos contra decisiones adoptadas por estos órganos, que
no tienen la consideración de parte demandada. En general, esta nueva disposición permite una mayor garantía jurídica a la vez que agiliza el procedimiento contencioso-administrativo.
Con la aprobación de este proyecto de ley hoy damos un paso importante en la homologación con los otros Estados miembros en materia de contratación. Por tanto, se mejora no solo la transparencia y seguridad jurídica de contratantes y
licitadores, sino también la eficiencia del sistema de contratación.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el senador Vázquez Requero.
El señor VÁZQUEZ REQUERO: Muchas gracias, señor presidente.
Anuncio, en primer lugar, el voto a favor del resto del proyecto de ley conforme viene del Congreso en lo que no afecte a las enmiendas que mantenemos vivas.
Agradezco al Grupo Socialista que nos haya aceptado la enmienda número 6.
Por lo tanto, en reciprocidad, nosotros retiraremos, en aras de ese consenso que ha demostrado, la enmienda número 4, que versa sobre el mismo tema de Administración
electrónica y la enmienda número 1.
Mantenemos, por supuesto, el resto de las enmiendas, las números 2, 3, 5, 7 y 8, que hacen referencia al núcleo fundamental de nuestra discrepancia hoy aquí con respecto a esta ley. Aceptamos la enmienda número
16 de Convergència i Unió, no así el resto, porque esta enmienda garantiza la solvencia de las pensiones de parte de algunos externalizados de la banca en cuestiones que, como ha dicho el señor Vilajoana, no suponen un incremento presupuestario en
absoluto.
Las demás enmiendas, las números 14 y 15, que han transaccionado entre los demás grupos, el Grupo Popular no las puede aceptar porque les recuerdo a sus señorías que el proyecto de ley que estamos hoy debatiendo trae causa de una
trasposición de una directiva comunitaria, la número 66/2007, de 11 de diciembre, que se refiere única y exclusivamente a la contratación administrativa. Ustedes incluyen aquí la reforma de otras dos leyes distintas, modifican el Real Decreto
Legislativo 4/2004, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, que no tiene absolutamente nada que ver con la contratación administrativa y ya, de matute, incluyen también una modificación de la Ley 29/2006, de
garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios.
Podían haber incluido más modificaciones legales, pero nosotros consideramos -por esta razón he leído el título de la directiva- que no se corresponden con el debate de hoy. Por
tanto, solo vamos a aceptar la enmienda número 16, referida a una nueva disposición de otra ley distinta, pero de forma transaccionada y porque ya se había pasado el plazo.
Después de haber dejado clara nuestra posición respecto a todas las enmiendas en este turno de portavoces, les voy a enumerar 10 cuestiones por las que no estamos de acuerdo con la posición del Grupo Parlamentario Socialista sobre estas
enmiendas y en cómo se ha tramitado este proyecto de modificación de la Ley 30/2007, de Contratos del Sector Público. En primer lugar, no hacen caso de las recomendaciones y dictámenes del Consejo de Estado. De ahí nuestra enmienda número 1, la
número 9 de CiU que ha sido retirada, así como nuestras enmiendas números 2, 3, 5 y 7, también basadas en ese dictamen del Consejo de Estado y que, por supuesto, mantenemos. En segundo lugar, no tienen en cuenta ni siquiera las aportaciones
técnicas de los grupos parlamentarios. Nuestra enmienda número 8 únicamente tiene como objeto una cuestión técnica, y es que se elabore un texto refundido por parte del Gobierno de lo que hoy estamos modificando aquí. Por lo tanto, es una
aportación meramente técnica. En tercer lugar, señorías, no confían en los técnicos de la Administración.
Y me estoy refiriendo a la configuración de las Juntas de Contratación y de Recursos. Nosotros crearíamos una sección nueva y proponemos que
los vocales deben ser funcionarios. En cuarto lugar, no aprovechan eficazmente los recursos de la Administración, constituyendo una red administrativa paralela de tribunales. En quinto lugar, no ordenan el sistema de recursos entre la
Administración General del Estado, las comunidades autónomas y las corporaciones locales, lo cual crea inseguridad jurídica. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías.
El señor VÁZQUEZ REQUERO: En sexto lugar, siguen con su manía endémica de multiplicar hasta la saciedad los órganos administrativos creando un nuevo tribunal administrativo central y de recursos administrativos, 17 tribunales autonómicos,
53 tribunales territoriales. En séptimo lugar, señorías, permítanme decirles que, como les ha dicho la Unión Europea en relación con la Ley 30/2007, legislan mal, y ello es porque no se dejan enmendar como les estamos proponiendo. En octavo lugar,
señorías, trasponen mal las directivas comunitarias, y a las pruebas me remito.
Esta es una reforma que ha venido a esta Cámara tarde y con retraso, impuesta por una directiva comunitaria. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías.
Termine, señoría.
El señor VÁZQUEZ REQUERO: En noveno lugar, señor presidente, esta ley no resuelve satisfactoriamente el sistema de recursos creando otro órgano administrativo más. Y lo más inexplicable, renuncian, y no sabemos por qué, a hacer un texto
refundido que daría seguridad jurídica en toda la materia que estamos tratando.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Llamen a votación.
Señorías, por favor, tomen asiento. Cierren las puertas. (Pausa.)
Señorías, vamos a proceder a la votación del proyecto de ley de modificación de las Leyes 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua,
la energía, los transportes y los servicios postales, y Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa para adaptación a la normativa comunitaria de las dos primeras.
En primer lugar, votamos la enmienda número 16, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 252; a favor, 126; en contra, 126.
El señor PRESIDENTE: Repetimos la votación.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 252; a favor, 126; en contra, 126.
El señor PRESIDENTE: Se ha producido empate. Repetimos la votación.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos 252; a favor, 126; en contra, 125; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Señorías, la enmienda número 9 ha sido retirada. Las enmiendas números 14 y 15 soportan transacción.
Por tanto, votamos el resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,252; a favor, 8; en contra, 244.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular. Han sido retiradas las números 1 y 4.
En primer lugar, votamos las enmiendas números 3 y 5.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,252; a favor, 119; en contra, 133.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos las enmiendas números 2, 7 y 8, del Grupo Parlamentario Popular.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,252; a favor, 119; en contra, 126; abstenciones, 7.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos la enmienda número 6, del Grupo Parlamentario Popular.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,251; a favor, 249; en contra, 2.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos la Propuesta de Modificación del dictamen con el número de Registro 44845.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos 252; a favor, 133; en contra, 119.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos ahora la Propuesta de Modificación con el número de Registro 44846.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 252; a favor, 133; en contra, 119.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos el resto del proyecto de ley.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 252; a favor, 251; en contra, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Señorías, tal como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para que este se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto
definitivo por S. M. el Rey.
-- DE LA COMISIÓN DE INTERIOR EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DE LEY SOBRE SIMPLIFICACIÓN DEL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN E INTELIGENCIA ENTRE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD DE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA (Número de expediente Senado
621/000068 y número de expediente Congreso 121/000048).
CONOCIMIENTO DIRECTO POR EL PLENO DE LOS PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS:
-- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA COMPLEMENTARIA DE LA LEY SOBRE SIMPLIFICACIÓN DEL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN E INTELIGENCIA ENTRE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD DE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA, POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA
6/1985, DE 1 DE JULIO, DEL PODER JUDICIAL (Número de expediente Senado 621/000069 y número de expediente Congreso 121/000049).
El señor PRESIDENTE: Señorías, pasamos, a continuación, al dictamen de la Comisión de Interior en relación con el proyecto de ley sobre simplificación del intercam-
bio de información e inteligencia entre los servicios de seguridad de los Estados miembros de la Unión Europea. Asimismo, debatimos el proyecto de Ley Orgánica complementaria de la Ley sobre simplificación del intercambio de información e
inteligencia entre los servicios de seguridad de los Estados miembros de la Unión Europea por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
(Rumores.)
Señorías, guarden silencio. Abandonen el hemiciclo los que no quieran escuchar.
Para la presentación del dictamen, tiene la palabra el senador Lago.
El señor LAGO LAGE: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados aprobó, con competencia legislativa plena, el proyecto de ley sobre simplificación del intercambio de información e inteligencia entre los servicios de seguridad de los Estados
miembros de la Unión Europea el pasado día 8 de junio de 2010, remitiéndolo al Senado, donde tuvo su entrada y fue publicado el día 28 de junio de 2010.
El plazo de presentación de enmiendas al referido proyecto de ley expiró el pasado día 9 de julio, y durante dicho plazo se presentó una única enmienda del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas.
La Comisión de Interior se reunió el día 19 de julio para dictaminar el proyecto de ley resultando aprobado sin modificaciones. Se ha presentado un voto particular para el mantenimiento de la enmienda presentada que había sido debatida y
rechazada en comisión.
Mediante esta iniciativa legislativa se incorpora al ordenamiento jurídico español la Decisión Marco del Consejo de Europa de 18 de diciembre sobre simplificación del intercambio de información e inteligencia entre los servicios de seguridad
de los Estados miembros de la Unión Europea. La iniciativa se enmarca, pues, en el espacio de libertad, seguridad y justicia de la Unión Europea, y pretende una mayor cooperación entre los servicios de seguridad de los Estados miembros buscando un
equilibrio entre la rapidez y eficacia en el intercambio de determinada información de vital importancia para aquellos servicios y los principios en materia de libertades fundamentales.
El proyecto de ley consta de un total de 12 artículos ordenados en 3 capítulos; a saber: un capítulo primero referente a disposiciones generales; un capítulo segundo que regula la solicitud de información e inteligencia por los servicios
españoles de seguridad competentes a los servicios de seguridad competentes de otros Estados miembros y el tratamiento de dicha información; y un capítulo tercero dedicado al suministro de información e inteligencia por los servicios españoles de
seguridad competentes a otros Estados miembros. El proyecto de ley se completa con 3 disposiciones adicionales y 4 disposiciones finales.
Por lo demás, a la tramitación de este proyecto de ley se acompaña la de un proyecto de Ley Orgánica complementaria por la que se modifica el artículo 88 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que al no haber sido objeto de enmiendas ha
pasado directamente a la deliberación del Pleno de la Cámara.
Nada más, señor presidente, señorías. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Señorías, pasamos directamente al debate de la enmienda.
Tiene la palabra el senador Zubia.
El señor ZUBIA ATXAERANDIO: Señor presidente, la doy por defendida en sus justos términos.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Para un turno en contra, tiene la palabra el senador Hernández.
El señor HERNÁNDEZ GUILLÉN: Muchas gracias, señor presidente.
Intervendré brevemente para manifestar nuestra posición con respecto a la enmienda del Grupo de Senadores Nacionalistas y, a su vez, usaré el turno de portavoces.
Efectivamente, el señor Zubia mantiene viva de la Comisión de Interior su enmienda número 1, y debo decirle que la actual redacción del texto recoge perfectamente esa enmienda. En este caso, la disposición adicional primera, en su apartado
primero, ya establece la obligación de la remisión a la Secretaría General del Consejo de la declaración como servicios de seguridad competentes, a los efectos del artículo 3 de la presente ley, entre otros, a los cuerpos de policía de las
comunidades autónomas. Esa es la duda que tenía el señor Zubia.
Uso el turno de portavoces brevemente para explicar nuestro voto favorable, lógicamente, a este proyecto de ley. Se trata de la Decisión Marco del Consejo número 2006/960, de 18 de diciembre, que incorporamos a nuestro ordenamiento
jurídico. Como bien ha dicho el señor Lago Lage, presidente de la comisión, este proyecto pretende ofrecer a los ciudadanos un alto grado de seguridad dentro del espacio de libertad y justicia que nos hemos dado en la Unión Europea.
Por tanto, la mayor cooperación entre países redundará, como no puede ser de otra forma, en una mayor eficacia para prevenir y combatir la delincuencia, respetando, eso sí -y nos parece importante resaltar este hecho-, los principios y
normas sobre derechos humanos, libertades fundamentales y el Estado de derecho.
El intercambio de información e inteligencia, tal y como aparece recogido en la exposición de motivos, sobre la delincuencia de actividades delictivas es la base de la cooperación policial aduanera en la Unión Europea. Es claro y evidente
que es muy importante para los servicios de seguridad españoles y de los países de los Estados miembros que se intercambie información con rapidez. Por otro lado, los Estados miembros han de perseguir y luchar contra la delincuencia
transfronteriza, por lo que
debe hallarse un equilibrio adecuado y eficaz con la cooperación policial aduanera entre los principios y normas acordados en materia de protección de datos.
Como bien se ha dicho, hay una norma complementaria a este proyecto de ley en la medida en que nos obliga a modificar la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, ya que cuando se requiere la autorización judicial para el
acceso a la información solicitada los órganos jurisdiccionales competentes para autorizar o, en su caso, denegar dicho acceso serán los juzgados centrales de Instrucción de la Audiencia Nacional, salvo que la información forme parte de un
procedimiento judicial abierto, en cuyo caso el componente a tal fin será el órgano jurisdiccional que esté conociendo dicho procedimiento.
Hasta aquí una explicación breve sobre el motivo para rechazar la enmienda del señor Zubia, del Grupo de Senadores Nacionalistas, y con esto también agoto el turno de portavoces.
Muchas gracias, señorías.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Pasamos al turno de portavoces.
¿Grupo Parlamentario Mixto? (Denegación.)
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas, tiene la palabra el senador Zubia.
El señor ZUBIA ATXAERANDIO: Muchas gracias, señor presidente.
Como todos sabemos y bien se dice en el inicio del preámbulo del proyecto de ley que nos ocupa, uno de los principales objetivos de la Unión Europea es ofrecer a los ciudadanos un alto grado de seguridad dentro de un espacio de libertad,
seguridad y justicia; objetivo este que requiere combatir la delincuencia mediante una mayor cooperación entre los servicios de seguridad de los Estados miembros de la Unión Europea, respetando los principios y las normas sobre derechos humanos,
libertades fundamentales y el Estado de derecho.
Sobre esta base y objetivo concreto, el Consejo Europeo, en su sesión del 25 de marzo de 2004, aprobó una declaración sobre la lucha contra el terrorismo en la que encargaba al Consejo que estudiara medidas para la simplificación del
intercambio de información e inteligencia entre los servicios de seguridad de los Estados miembros. Fruto de tal encargo, se adoptó la Decisión Marco 2006/960 JAI, de 18 de diciembre, que constituye un instrumento jurídicamente vinculante sobre esa
simplificación.
El presente proyecto de ley no hace sino incorporar a nuestro ordenamiento jurídico, aunque con evidente retraso, dicha Decisión marco. A la vista de lo indicado, señorías, pocos reparos se le pueden poner al proyecto de ley, y por ello mi
grupo parlamentario en el Congreso de los Diputados se limitó, vía enmienda, a incorporar dos cosas. Por un lado, a poner en valor la actuación de la Agencia Española de Protección de Datos como tuteladora de una correcta información, incluso por
los servicios de información, y conseguimos que en el artículo 6, relativo a la protección de datos, se recogiera expresamente una referencia al artículo 37 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal.
Por otro lado, y también con afán garantista, insistimos en incorporar en el proyecto los requerimientos de la jurisprudencia constitucional y de la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que se ha manifestado ya sobre estas cuestiones.
Y si bien es cierto que no se ha hecho en el texto articulado, es justo reconocer que este no, pero el preámbulo sí contempla de forma expresa el respeto a los contenidos jurisprudenciales y a las sentencias que en estas materias se adopten por los
tribunales nacionales o internacionales.
Y la tercera y última cuestión que planteamos, pero que no ha corrido la misma suerte que las dos anteriores, es la referida a las policías autonómicas -léase Mossos d'Esquadra, léase Ertzaintza-, que pese a ejercer competencias exclusivas
en materia de seguridad ciudadana y de policía judicial, en virtud de lo dispuesto en sus respectivos estatutos de autonomía, es decir, pese a su carácter de policía integral, no pueden acceder a esos cauces o canales de comunicación y cooperación
que se configuran en el artículo 4 y que son fuentes de información absolutamente relevantes para las funciones que desempeñan.
El senador socialista, señor Hernández -don Marcos-, buen amigo mío, me decía ayer, en trámite de comisión, y hoy lo ha reiterado, que -disposición adicional primera en mano- ya se contemplan los cuerpos de policía de las comunidades
autónomas y que, por tanto, el espíritu mismo de nuestra pretensión está ya recogido.
No sabe lo que me gustaría creerle, ¿pero está su señoría en disposición de asegurarme que con la redacción actual del proyecto Ertzaintza y Mossos d'Escuadra pueden acceder a Europol y a Eurojust? Le animo a que lo haga, y si es así, señor
Hernández, créame que retiro de inmediato nuestra enmienda y voto a favor del proyecto. En caso contrario, mantendré, como comprenderá, nuestra enmienda y me veré obligado a votar en contra del proyecto de ley al igual que al proyecto de ley
orgánica complementaria en la medida en que no es más que una mera derivada de la ley anterior.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Maldonado.
El señor MALDONADO I GILI: Gracias, señor presidente.
Comparezco como portavoz del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió en temas de Interior para manifestar la posición de mi grupo parlamentario ante el proyecto de ley sobre simplificación de intercambio de información e inteligencia
entre los servicios de seguridad de los Estados miembros de la Unión Europea. Un proyecto de ley
que ya avanzo que votaremos a favor como hicimos en el Congreso e hicimos ayer en la Comisión de Interior.
Los motivos de este voto afirmativo son varios, aunque todos se resumen en uno, y es el hecho de que este proyecto de ley cumple con el encargo del Consejo de Europa, que pidió a los Estados miembros, en su sesión de 25 de marzo de 2004, que
estudiaran medidas para simplificar el intercambio de información e inteligencia entre los servicios de seguridad, y por si esto no fuera suficiente nos basamos en el objetivo de la ley que es, y así se recoge en su preámbulo, ofrecer a los
ciudadanos un alto nivel de seguridad dentro de un espacio de libertad, seguridad y justicia; una ley que intenta luchar contra una lacra como la que tenemos en la sociedad actual, que es la delincuencia en diferentes modalidades.
Y una ley así no puede ser rechazada. Toda iniciativa que vaya encaminada a simplificar los trámites de intercambio de información entre los servicios de seguridad de los Estados y que redunde en una más rápida actuación en la lucha contra
la criminalidad y la delincuencia tendrá siempre nuestro apoyo. Lo ha tenido hasta ahora y lo tendrá a partir de ahora. Creemos que este tipo de iniciativas legislativas son las que nos reclama la sociedad, muchas veces crítica con la actuación de
las administraciones en temas graves y urgentes, como, por ejemplo, la delincuencia.
Pero este proyecto de ley viene, además, avalado por un informe favorable de la Agencia de Protección de Datos, con lo cual las libertades de los ciudadanos no quedan conculcadas por él, aunque por desgracia siempre hay un pero, y en esta
ley también lo hay. ¿Cuál es este pero? Lo ha citado el portavoz del Grupo de Senadores Nacionalistas, nosotros también lo diremos: echamos en falta una cierta incorporación de las policías autónomas -como los Mossos d'Esquadra o la Ertzaintza- a
la hora de recibir información y tener datos -estamos hablando de policías judiciales con competencias exclusivas-, en definitiva, creemos que en esta ley quedan muy al margen.
El portavoz socialista ha dicho que no, pero este portavoz también lo duda, de ahí nuestro voto favorable en la comisión y también hoy a la enmienda presentada por el Grupo de Senadores Nacionalistas. Sé que se nos dirá que este aspecto
queda cubierto por la adicional primera, pero no es suficiente; además, no nos da seguridad de que se tengan en cuenta estas policías autónomas, y más en los tiempos que corren, unos tiempos en los que el Estado de las Autonomías español -tan
cacareado por el presidente del Gobierno- está haciendo agua por todas partes, con un Partido Popular atacando el Estatut de Cataluña y un PSOE silbando y mirando al techo ante estos ataques. Por tanto, entendemos la preocupación del Grupo de
Senadores Nacionalistas y le damos apoyo a su enmienda.
Nada más, señorías, esperamos que esta ley que hoy aprobaremos sea un buen instrumento para luchar contra la delincuencia más allá de nuestras fronteras y, por tanto, sea un instrumento para dar más seguridad a nuestros ciudadanos, a veces,
muchas veces, demasiadas veces indefensos ante la delincuencia organizada. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, tiene la palabra el senador Sabaté.
El señor SABATÉ BORRÀS: Gracias, señor presidente. Intervengo en nombre de mi grupo, la Entesa Catalana de Progrés, para posicionarme en cuanto al proyecto de ley sobre simplificación del intercambio de información e inteligencia entre los
servicios de seguridad de los Estados miembros de la Unión Europea.
Lo decía antes más o menos de la misma forma el senador Zubia, portavoz del Grupo de Senadores Nacionalistas, y yo quería hacer referencia también a que la construcción de la Unión Europea exige una Europa segura; la seguridad es
fundamental en todo este proceso en el que estamos participando.
El terrorismo y el crimen organizado son las principales amenazas del sistema democrático y del Estado de derecho. Una población con miedo difícilmente puede ser una población, una ciudadanía que ejerza plenamente sus derechos democráticos.
Por tanto, para avanzar en la Europa del Estado de derecho, en la Europa de las libertades fundamentales, en la Europa de los derechos humanos, es necesario que esté absolutamente garantizada la seguridad de todos y cada uno de sus ciudadanos.
El Programa de Estocolmo, aprobado bajo Presidencia sueca en 2009, desarrolla la creación del espacio de libertad, de seguridad y de justicia, un espacio de libertad, seguridad y justicia que exige una colaboración permanente entre los
Estados miembros de la Unión y que se fundamenta, entre otros objetivos, en el fomento de la ciudadanía y de los derechos fundamentales, en una Europa de la ley y de la justicia, y en una Europa que protege. Por eso precisamente el Programa de
Estocolmo establece que debe elaborarse una estrategia de seguridad interior a fin de seguir mejorando la seguridad en la Unión y así proteger la vida y la seguridad de los ciudadanos europeos y hacer frente a la delincuencia organizada, al
terrorismo y demás amenazas. La estrategia debe tener como objetivo el refuerzo de la cooperación policial, de gestión de las fronteras, de protección civil, gestión de catástrofes y cooperación judicial en materia penal, con objeto de hacer a
Europa más segura.
Asimismo, la Unión Europea debe basar su trabajo en la solidaridad entre los Estados miembros.
Como decía el ministro del Interior, don Alfredo Pérez Rubalcaba, en su comparecencia ante la Comisión Mixta para la Unión Europea para valorar los temas de Interior durante la Presidencia española de la Unión Europea, el Tratado de Lisboa
-de reciente aplicación- significa la comunitarización de las políticas de Justicia e Interior. Precisamente en línea con este avance es donde se inscribe la necesaria colaboración en materia de Seguridad y en materia de Interior dentro del marco
de la Unión Europea.
En este sentido, la Presidencia española del Consejo de la Unión Europea ha permitido dar pasos importantes en esta dirección, como han sido la aprobación de la Estrategia de Seguridad Interior -la ESI- en el Consejo JAI de 25 de febrero de
2010. Precisamente, esta Estrategia de Seguridad Interior era una de las prioridades de la Presidencia española dentro de este espacio de libertad, seguridad y justicia y tenía como objetivos presentar los instrumentos disponibles para garantizar
la seguridad y libertad de los ciudadanos europeos, desarrollar nuevos instrumentos y políticas y reforzar la cooperación judicial, policial, la gestión de fronteras y la protección civil. Se trata de una estrategia elaborada en clave de
cooperación intergubernamental, dirigida a reforzar y mejorar el proceso de cooperación interno, reivindicar un espacio de autonomía propio y el reconocimiento de los demás actores de seguridad.
Asimismo, durante la Presidencia española de la Unión Europea hemos visto la creación del Cosi -Comité de Seguridad Interior- que tiene, entre otras, la función de impulsar la cooperación operativa entre las distintas fuerzas de seguridad.
Como se ha dicho, este proyecto de ley viene a desarrollar la Decisión Marco del Consejo Europeo de 2006, una Decisión que hoy, 20 de julio de 2010, también tiene un impulso importante con la presentación que ha hecho la comisaria europea de
Interior -la ciudadana sueca Cecilia Malmström- de las principales conclusiones del inventario de políticas antiterroristas.
El señor PRESIDENTE: Señoría, ruego termine.
El señor SABATÉ BORRÀS: Acabo, señor presidente.
En la presentación ha insistido en la necesidad de reforzar la coordinación y la cooperación entre los países de la Unión Europea. Entre los principales objetivos de esta estrategia antiterrorista fijaba atajar el reclutamiento y la
propaganda terrorista, rastrear el uso de Internet para la comunicación interna y externa de las bandas, así como mejorar la prevención de ataques biológicos, químicos y nucleares, que son los principales retos que se marca el ejecutivo comunitario
para reforzar la estrategia antiterrorista.
Con todos estos razonamientos, abundamos en la necesidad de la cooperación y el intercambio de información -que, en definitiva, es el objetivo de este proyecto de ley- entre las distintas fuerzas y cuerpos de seguridad de los países de la
Unión Europea.
Por eso, mi grupo muestra su apoyo a este proyecto de ley y a la voluntad política que lo inspira.
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
¿Grupo Socialista? (Denegación.)
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Peral.
El señor PERAL GUERRA: Gracias, señor presidente.
Señorías, el Grupo Parlamentario Popular va a apoyar estos dos proyectos de ley por considerar que son fundamentales para la seguridad de los ciudadanos de la Unión Europea y también de aquellas otras personas que, desde otras partes del
mundo, han venido a nuestro continente buscando un futuro mejor.
Consideramos fundamental el intercambio de información e inteligencia entre los servicios de seguridad de la Unión Europea para alcanzar el citado objetivo. Además, el primer proyecto ha sido mejorado en el Congreso de los Diputados al
haberse aceptado una enmienda del Grupo Popular y también una transaccional sobre otras dos enmiendas de nuestro grupo.
Para ser plenamente sinceros, no quiero dejar de considerar poco razonable, en un tema tan importante y en el que existe un amplísimo consenso, que se haya tardado dos años y medio en incorporar a nuestro ordenamiento jurídico la Decisión
Marco del Consejo Europeo de 18 de diciembre del 2006. No entendemos la razón de este retraso en un Gobierno que es tan diligente en otros asuntos en los que para acelerar la publicación de una ley se está vetando de facto la competencia del Senado
para mejorar los proyectos de ley y no se admite una sola enmienda. Así ocurrió, por ejemplo, con la Ley de extranjería, con la Ley del aborto y con el Código penal.
No vamos a apoyar la enmienda del Grupo de Senadores Nacionalistas por considerar que lo que propone queda ampliamente atendido en la disposición adicional primera, que incluye entre los servicios de seguridad competentes a los cuerpos de
policía de las comunidades autónomas.
También consideramos necesario que, en un próximo futuro, la cooperación entre los servicios nacionales de inteligencia, excluida del ámbito de esta ley, tenga una regulación propia, dadas las amenazas graves y crecientes que se ciernen
sobre los Estados y sobre los ciudadanos de la Unión Europea y que, desde luego, no se van a disipar con ninguna alianza de las civilizaciones.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría. Llamen a votación. (Pausa.)
Señorías, tomen asiento por favor. (Pausa.) Cierren las puertas.
Señorías, una vez finalizada la votación, pasaríamos a debatir la primera moción consecuencia de interpelación del Grupo de Senadores Nacionalistas.
Votamos ahora el proyecto de ley sobre simplificación del intercambio de información e inteligencia entre los servicios de seguridad de los Estados miembros de la Unión Europea. En primer lugar, la enmienda del Grupo de Senadores
Nacionalistas.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 247; a favor, 13; en contra, 234.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Resto del proyecto de ley.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitido, 248; a favor, 243; en contra, 2; abstenciones, 3.
El señor PRESIDENTE: Señorías, queda definitivamente aprobado por las Cortes Generales el proyecto de ley sobre simplificación del intercambio de información e inteligencia entre los servicios de seguridad de los Estados miembros de la
Unión Europea.
Señorías, pasamos, a continuación, a votar el proyecto de Ley Orgánica complementaria de la Ley sobre simplificación del intercambio de información e inteligencia entre los servicios de seguridad de los Estados miembros de la Unión Europea
por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, del 1 de julio, de Poder Judicial.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitido, 248; a favor, 244; en contra, 2; abstenciones, 2.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
En consecuencia, queda definitivamente aprobado por las Cortes Generales el proyecto de ley orgánica complementaria de la Ley sobre simplificación del intercambio de información e inteligencia entre los servicios de seguridad de los Estados
miembros de la Unión Europea, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN
-- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES NACIONALISTAS, POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN DE DETERMINADAS MEDIDAS EN RELACIÓN CON LA MEJORA DE LOS SERVICIOS FERROVIARIOS DE MEDIA DISTANCIA Y DE CERCANÍAS (Número de expediente
671/000095).
El señor PRESIDENTE: Señorías, pasamos a continuación a la moción consecuencia de interpelación del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas, por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas en relación con la
mejora de los servicios ferroviarios de media distancia y de cercanías.
A esta moción se han presentado dos enmiendas, una del Grupo Parlamentario Popular y otra del Grupo Parlamentario Socialista.
Para la defensa de la moción tiene la palabra el senador Pérez Bouza.
(Rumores.) Silencio, señorías. (Continúan los rumores.) Señorías, silencio, por favor.
El señor PÉREZ BOUZA: Gracias, presidente.
Moi boa tardes a todos e a todas con ánimo de ser o mais breve posible porque ya durante la interpelación, en el pasado Pleno, dimos suficientes argumentos sobre la importancia del transporte por ferrocarril en todas sus modalidades: larga
distancia, media distancia, cercanías y, por supuesto, transporte de mercancías. Por lo tanto, no voy a ahondar en estos argumentos. Simplemente voy a pasar a defender los cuatro puntos que engloba la moción que presentamos como consecuencia de
esa interpelación formulada al ministro de Fomento.
La moción que hoy vamos a debatir, y para la que pido el apoyo de todos los grupos presentes en esta Cámara... (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, silencio, por favor. Abandonen el hemiciclo.
El señor PÉREZ BOUZA: Les prometo que voy a ir muy rápido.
Decía que lo único que voy a defender son los cuatro puntos de la moción.
Diríamos que tres afectan al conjunto del Estado, son de ámbito estatal, y uno afecta estrictamente al territorio de Galicia y a sus servicios ferroviarios.
En consonancia con lo que hoy está en discusión a partir del 15 de noviembre el Gobierno del Estado debe tener definido qué líneas ferroviarias van a considerarse de utilidad pública. En este momento se están elaborando los estudios previos
y, por lo tanto, nosotros mantenemos en el punto 1 que se declaren de utilidad pública todas aquellas líneas que tengan una media de ocupación diaria a lo largo del año en el entorno del 15%, a pesar de que estas líneas puedan ser deficitarias
económicamente, porque consideramos que la inmensa mayoría son muy beneficiosas desde el punto de vista social, medioambiental y favorecedoras de la vertebración territorial de las zonas por las que pasan. Por lo tanto, y en consonancia con lo que
ha manifestado el ministro en el debate de la interpelación, proponemos ese punto número 1.
En el punto número 2 decimos que en los próximos dos años, 2011 y 2012, se lleve a cabo un plan de mejora de estas líneas, que son deficitarias, para conseguir que también desde el punto de vista económico puedan ser rentables haciéndolas
más atractivas, mejorando frecuencias, mejorando tramos y el propio confort de los trenes que prestan servicio en ellas.
El punto 3 parece obvio. Si vamos a elaborar un plan de actuación a dos años, parece bastante razonable que se comiencen esas actuaciones -porque suponemos que va a ser imposible ejecutarlas a la vez en el conjunto del Estado- por aquellos
territorios que cuentan con unos servicios ferroviarios más deficitarios en cuanto a frecuencias, horarios y confort de los trenes.
Como punto número 4 este sí de ámbito estrictamente gallego -afecta estrictamente a Galicia-, las tres fuerzas políticas de Galicia, aparte de fuerzas sociales, económicas y demás, consideramos que tenemos derecho, al igual
que otros territorios del Estado, a disfrutar de servicios ferroviarios de cercanías. Por eso lo que pedimos nos parece absolutamente razonable. Y no pedimos que se pongan en marcha en 2011 porque sabemos que eso es imposible, pero sí
pedimos que a lo largo de este año se hagan los estudios de viabilidad necesarios para poner en marcha servicios de este calado. Lo pedimos para las principales áreas urbanas de Galicia ya que se ha definido en algunos estudios previos que se han
realizado allí que hay ámbitos geográficos, que hay zonas urbanas perfectamente definidas y que podría ser perfectamente viable este tipo de servicios. Hablo, por ejemplo, del eje Vigo-Pontevedra, del A Coruña-Ferrol, del Ourense-San Cibrao das
Viñas o incluso del Vilagarcía-Santiago-Lavacolla.
Por tanto, señorías, en resumen esto es lo que pedimos en esta moción para la cual pido el apoyo de todos los grupos parlamentarios. Estoy dispuesto a escuchar las dos enmiendas que se han presentado para que, a ser posible, podamos llegar
a una transaccional firmada por todos los grupos presentes en esta Cámara.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el senador Juncal.
El señor JUNCAL RODRÍGUEZ: Gracias, presidente. Buenas tardes a todos, señoras y señores senadores.
Subo a esta tribuna a defender la enmienda que el Grupo Parlamentario Popular ha presentado a esta moción consecuencia de interpelación del Grupo de Senadores Nacionalistas, y más concretamente del BNG.
¿Por qué presenta nuestro grupo parlamentario esta enmienda? Porque aunque indudablemente podemos coincidir en el análisis de los beneficios que tiene el transporte por ferrocarril y en las dificultades que tenemos en Galicia con ello, ante
un problema endémico -esta situación viene de muy atrás- tan solo se dan unas pinceladas que no abordan en profundidad ni el problema ni las causas del mismo. Ya en el año 1993 Renfe señalaba el mapa de aquellas líneas que eran deficitarias. Pues
bien, 17 años después, con la política que se seguiría con la aplicación de esta moción estaríamos en la misma situación. Es decir, que con esta moción no vamos a mejorar sustancialmente. ¿Por qué? Pues porque hay un problema principal, y es que
la red ferroviaria tiene un trazado que no se ha adaptado a las necesidades actuales y una rigidez propia del sistema además de un problema muy importante que no se aborda en la moción: que en el transporte de cercanías los costes fijos tienen un
componente muy importante en el total, con lo cual, por mucho que se supriman en un momento determinado líneas que no tienen beneficios, el problema sigue siendo el mismo y además el volumen de viajeros es reducido respecto de los niveles que
requeriría la explotación de este tipo de líneas. La subvención de las líneas no supone una solución porque esta tan solo tiende a hacer crónica esta situación, y es que, insisto en ello, en 17 años de aplicar esta política las líneas no han
variado.
¿Qué conlleva declarar estos servicios de utilidad pública? Entre otras cosas habrá que compensar económicamente a Renfe Operadora porque tendría que mantener unos servicios que en condiciones normales no mantendría.
Por tanto, habrá que
seguir con esa política de compensaciones, y lo único que estamos primando es la propia ineficacia de Renfe Operadora.
Para este año 2010, por poner un ejemplo, los costes que Renfe Operadora está liquidando en las comunidades autónomas están entre
los 6,44 euros por kilómetro, según el material que se utilice, y los 10,10 euros. Pues bien, en transporte por carretera estaríamos hablando de 1,5 y 2 euros por kilómetro? En definitiva, ¿qué se subvenciona? Los servicios ferroviarios por la
baja eficiencia de Renfe Operadora.
El objetivo no tiene que ser mantener un servicio de Renfe por el modelo de tren, sino atender -cosa que realmente no se analiza- las demandas de movilidad de los ciudadanos, buscando el transporte más eficiente según las situaciones.
En cualquier caso, creo que el señor Pérez Bouza peca de ingenuo al referirse a ese 15% que señalaba el ministro, porque ese 15% lo es en función del número de pasajeros que viaja en esa línea, pero no han definido en qué modelo de tren;
por ejemplo el de la serie 596 cuenta con 56 plazas y el 598 tiene 120 plazas y, obviamente, el resultado sería muy distinto. En cualquier caso, en cuanto a los problemas de línea, ¿estamos en condiciones de abordar un cambio de infraestructura,
por ejemplo, el que afecta a mi ciudad, Ferrol, entre A Coruña-Ferrol? Dadas las condiciones, no lo sé.
Por otra parte, la priorización territorial de la propuesta es una entelequia. Vuelvo a insistir: ¿cómo se evalúa la utilidad social? Donde hay más población parece que va a haber más utilidad, lo cual nos lleva al mismo problema que
señalaba al principio: que estamos subvencionando la falta de eficacia de la empresa de Renfe Operadora, en vez de apoyar la movilidad de aquellas zonas que tienen más dificultades.
Para finalizar, me gustaría formular otra reivindicación. Por un lado, implantar la jefatura de Cercanías para Galicia. El problema tiene que ser abordado desde la proximidad. Por lo tanto, es verdad que no se van a poder implantar las
Cercanías en un
El señor PRESIDENTE: Señoría, ruego termine.
El señor JUNCAL RODRÍGUEZ: Termino, señor presidente.
En uno o dos años, pero sí sería un paso importante para que se creara esta jefatura de Cercanías, que abordará el problema desde la cercanía y desde el propio territorio. Y, por otro, lado, poner en marcha las dos principales líneas de
cercanías que en este momento ya están definidas,
A Coruña-Ferrol y Vigo Oporto, pues afectan a un 40% de la población total de Galicia.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Lago.
El señor LAGO LAGE: Gracias, señor presidente.
El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una enmienda a esta moción, pues aunque estamos muy de acuerdo con el fondo de la misma, creíamos que era necesario precisar, completar y mejorar el fondo de esta moción.
En primer lugar, queremos diferenciar claramente lo que significa una línea rentable y una línea inviable. Rentable, tal y como dijo el señor ministro, a no ser que sea la alta velocidad, no hay ninguna línea, ni de cercanías ni de media
distancia. Por lo tanto, hay que hablar de líneas inviables, que son las que no son ni rentables económica, ni social, ni medioambientalmente. Este es el contenido de uno de los puntos de la enmienda de modificación que hemos presentado, pues un
tren vacío no es rentable, pero tampoco es social ni ecológico.
Me gustaría precisar que algunas de las propuestas señaladas ya están siendo puestas en marcha por el Gobierno. Desde el 2 de julio, por ejemplo, ya está en marcha el proceso de la declaración de interés público de aquellas líneas que
después van a tener posibilidades de recibir ayudas públicas y de reorganizarse para tener viabilidad. Esa es una forma de decir que se está trabajando, no solamente en las líneas de algunos lugares que posibilitan las Cercanías, el servicio de
proximidad, sino también en la red convencional que llamamos de media distancia, donde se están realizando inversiones millonarias, también en Galicia, tanto en las estaciones como en la calidad del servicio, en los trayectos y en algo fundamental,
la seguridad ferroviaria. En ese sentido, hay que destacar que este Gobierno -y hay que decirlo claramente-, tanto en seguridad viaria como seguridad ferroviaria, está a la cabeza en inversión -con inversiones importantes-, tanto en España y como
en Galicia. Solamente quiero dar un dato. En Galicia había hace unos años más de 300 pasos a nivel abiertos, mientras que hoy están suprimidos ya 150, y otros 130 están en proceso de supresión. Eso demuestra el esfuerzo.
En cuanto a priorizar las obras, claro que hay que priorizarlas, por eso nuestra enmienda no solo tenía un interés social, sino también el interés medioambiental, realizando una priorización de lo que supone la falta de recursos o los pocos
recursos en periodo de crisis, para destinarlos a aquellas vías, a aquellos servicios y a aquellas líneas que son más importantes. Incluso ahí coincidimos con el señor Pérez Bouza, pues su grupo ha presentado en el Congreso de los Diputados una PNL
para poner en marcha la línea más rentable de Cercanías en servicios de proximidad entre dos grandes núcleos urbanos metropolitanos, como son el de A Coruña y Vigo. En ese sentido, quiero aprovechar para mencionar lo ya avanzado para poner en
marcha la primera línea de Cercanías en el área metropolitana de Vigo y de A Coruña.
Ese es el esfuerzo que quiere hacer el Gobierno. Por eso compartimos esa moción, que ha de verse no solo como un recordatorio desiderativo de lo que queremos que haga el Gobierno, sino también, desde el punto de vista del Grupo
Parlamentario Socialista, como la reiteración del compromiso del Gobierno de Zapatero y del ministro de Fomento, señor Blanco, con las inversiones de comunicación viarias y ferroviarias -en este caso, ferroviarias- en Galicia.
Lo que queremos es mejorar en las modalidades de Cercanías, en media distancia, y, por supuesto, la entrada de la alta velocidad en Galicia.
Asimismo, queremos hablar de lo que debe ser la revolución de las comunicaciones ferroviarias en el
futuro, que es el tráfico combinado de viajeros y mercancías.
Este es el trabajo que se está haciendo. En ese sentido va esta moción y nuestra enmienda. Por eso, si se acepta la misma, nuestra intención será la de apoyar dicha moción.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Para manifestar la posición sobre las dos enmiendas que se acaban de debatir, tiene la palabra el senador Pérez Bouza.
El señor PÉREZ BOUZA: Gracias, presidente.
Intervendré muy brevemente. Al señor Juncal tengo que agradecerle el esfuerzo de presentar una enmienda que seguramente considera que podría mejorar los términos del acuerdo en los que el Grupo de Senadores Nacionalistas ha presentado la
moción, pero tengo que decirle que ni la forma ni el fondo nos satisface. La forma porque la presenta usted como enmienda de sustitución y ningún grupo acepta de buen grado que le sustituyan el conjunto del acuerdo que propone, pues nosotros, igual
que usted, consideramos que es el mejor de los posibles para Galicia.
Por lo tanto, la forma de enmienda de sustitución no nos gusta, pero tampoco nos gusta el fondo, porque hay tres apartados que son muy similares a lo que nosotros proponemos, a los que su grupo parlamentario les da una redacción distinta,
pero se puede percibir claramente que tienen el mismo objetivo. Considero que hay que enmendar una moción cuando se está en desacuerdo con lo que se propone.
El punto número 4 es nuevo y ciertamente es una copia literal de un acuerdo que se ha tomado en el Parlamento de Galicia por unanimidad de los tres grupos políticos, pero también es cierto que ese acuerdo nació de una propuesta del BNG y de
otra que en ese mismo Pleno hizo el Grupo Popular, siendo esta la parte literal de la propuesta de este grupo, que no defiende el BNG con gran ahínco, porque usted mismo ha dado argumentos contrarios a que se cree esa jefatura.
Usted ha hablado de la ineficacia y de la ineficiencia de Renfe Operadora a la hora de gestionar determinados servicios ferroviarios en Galicia.
Nosotros no queremos que se cree una jefatura en Galicia, sino que esas competencias sean
traspasadas al Gobierno de Galicia y poder gestionarlas desde el propio territorio.
Pero, además, esta propuesta va en dirección totalmente contraria con lo que ustedes predican en Galicia y en el Estado desde hace varios meses, que es la austeridad y el adelgazamiento de la Administración pública.
Imagínense si hoy
aprobamos pedirle a Renfe Operadora que cree una jefatura en Galicia para gestionar un servicio que no existe. Esto no sería congruente. Sería aumentar un gasto de forma innecesaria y, por lo tanto, señor Juncal, con todo el respeto y con todo el
cariño tengo que decirle que no podemos aceptar esta enmienda que usted presenta a nuestra moción, aunque no dudo de que tenga el mismo interés que puedo tener yo en que los servicios ferroviarios de Galicia funcionen lo mejor posible.
Respecto a la enmienda del Grupo Socialista, se trata en este caso de una enmienda de modificación que me parece mucho más razonable, refiriéndose a tres de los puntos. Uno lo acepta en su totalidad y hace alguna puntualización que creo que
puede mejorar la redacción del texto que hemos presentado, sobre todo, en el punto número 4, quedando mucho mejor reflejado lo que queremos decir con áreas metropolitanas y no con áreas urbanas.
Quisiera que quedara en el Diario de Sesiones de que en el BNG tenemos claro que la primera línea de Cercanías que se ponga en marcha en Galicia será en el eje Vigo-Pontevedra o A Coruña-Ferrol. Pero yo, como ourensano, no puedo dejar de
reivindicar que también en el área metropolitana de Ourense se dan todas las condiciones para que un servicio ferroviario de cercanías sea rentable. Si se gestiona adecuadamente, incluso desde el punto de vista económico, sin duda lo sería también
desde el punto de vista social y medioambiental.
Si el presidente me permite y me concede diez segundos más, voy a consumir el turno de portavoces con mi agradecimiento a los grupos que vayan a votar favorablemente esta moción y esperando que el Gobierno cumpla los términos de este
acuerdo, porque entonces sí que estaríamos dando pasos para cumplir eso en lo que todos los grupos coincidimos, y es que el transporte ferroviario debe ser el transporte del futuro dentro de ese nuevo modelo económico.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Turno de portavoces.
¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.)
El Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas acaba de intervenir.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra la senadora Candini.
La señora CANDINI I PUIG: Gràcies, senyor president.
Únicamente voy a intervenir para manifestar nuestro apoyo a la moción presentada por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas por cuatro motivos: en primer lugar, por una cuestión de equilibrio territorial; en segundo lugar, por
una función social de mantenimiento de las líneas y servicios ferroviarios de media distancia, es decir, evitar que haya ciudadanos de primera y de segunda; en tercer lugar, porque podemos encontrarnos con un Estado en el que el AVE llegue a
determinados puntos de la geografía española y, en cambio, tener auténticos puntos negros de incomunicación, de injusticia y de desequilibrio territorial; y, en cuarto lugar, por una cuestión de vertebración territorial. No se puede anteponer
únicamente la rentabilidad económica. Para nosotros la vertebración territorial, el equilibrio territorial y la función social son esenciales en estas infraestructuras.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, tiene la palabra el senador Muñoz.
El señor MUÑOZ HERNÁNDEZ: Moltes gràcies, senyor president. Muchas gracias, señorías.
Nuestro grupo parlamentario también va a dar su apoyo a la propuesta del senador Pérez Bouza. El otro día, cuando formuló la interpelación y planteaba la situación de degradación de las líneas ferroviarias de Galicia, me acordaba de que
también en Cataluña, a pesar de todo lo que se pueda decir, hay líneas ferroviarias, como, por ejemplo, la de Barcelona-Zaragoza vía Reus-Mora-Caspe, que se encuentra en una situación parecida. Como no hay usuarios, quitan trenes; como quitan
trenes, el servicio cada vez es peor y se va degradando. La gente que vive en las comarcas del Priorat, la Ribera d'Ebre, la Terra Alta, se cuestiona si son ciudadanos de primera o de segunda, principalmente porque ven cómo Renfe Operadora está
quitando servicios.
Lo lógico es que, tal como está planteado, las líneas con un 15% de ocupación a lo largo del año, aunque sean deficitarias, han de ser declaradas de utilidad pública; que tenía que existir un plan de mejora en los próximos dos años de
líneas deficitarias; que los servicios más deficitarios se han de priorizar en sus mejoras; y que, en el caso de Galicia, lógicamente, estamos de acuerdo con el planteamiento del senador Pérez Bouza.
También quiero señalar que Renfe nació en su día como un servicio público y de la misma manera que está atendiendo a la alta velocidad sufragando sus grandes déficits, también tendría que hacer lo mismo con estas zonas desfavorecidas que,
por ser zonas rurales, tienen el derecho a tener la misma calidad de vida, buenas comunicaciones, calidad de servicio, y más frecuencia, porque también tienen derecho a ser ciudadanos de primera.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Lago.
El señor LAGO LAGE: Gracias, señor presidente. Gracias, señorías.
Sin duda, en el debate de esta moción hay un fondo de inversiones, de infraestructuras, del desarrollo del ferrocarril y, en ese sentido, sin duda, hay una deuda inversora del Estado con Galicia durante muchos años en materia de
infraestructuras, y este Gobierno -y lo tengo que decir así, no es retórica, es voluntarismo- en los últimos años lo está empezando a corregir, concretamente desde 2004. No es una anécdota que en estos años estemos entre las seis comunidades
autónomas con más inversión del Estado, y tampoco es una anécdota que en estos momentos estemos entre las tres comunidades autónomas, con Cataluña y Valencia, con más inversión en ferrocarril.
La inversión en tren y en ferrocarril es de vital importancia porque quizá ese es el futuro del transporte y de la comunicación. Además, es compromiso de este Gobierno fomentar un sistema de comunicación como es el ferrocarril, que es
viable, que es social, que es medioambiental, que es rentable y, sobre todo, cuando se puede incluso mejorar no solo en el caso de los viajeros sino también en el de mercancías, a través del tráfico combinado.
En este último año, que coincide además con el tiempo en el ministerio del señor Blanco, se han ejecutado en Galicia nada menos que 1500 millones de euros para la mejora de infraestructuras, que es quizá la mayor ejecución presupuestaria de
la historia de Galicia, lo que está dando un fuerte impulso a las infraestructuras gallegas, a las autovías y también al ferrocarril en Galicia.
Por otro lado, en un momento de crisis como el que nos ha tocado vivir actualmente hay que mirar muy bien dónde se invierte y en qué se gasta y, en este sentido, también es importante reconocer que el ministerio y el Gobierno están
realizando en la comunidad gallega un estudio de mejora de funcionalidad y explotación del ferrocarril; un estudio para saber qué vías van a ser viables, cuáles no lo serán, dónde y cómo se van a crear los servicios de proximidad, la implantación
de cambiadores en muchas de las vías para hacer efectivo ese tráfico combinado de viajeros y, por supuesto, la prioridad de que circule -en el próximo año ya será posible- la alta velocidad entre Ourense y Santiago.
Esta es la estrategia del Gobierno en cuanto a las comunicaciones ferroviarias en Galicia. Así, ha mostrado su interés por trabajar en beneficio de Galicia y de los gallegos, por el mejor de los sistemas de transporte posible, de
comunicación para Galicia y para el resto de España.
En cualquier caso, señorías, se puede hablar de cifras y de inversiones, pero me gustaría concluir con una reflexión y es que, en materia de infraestructuras viarias y ferroviarias, a lo mejor ha llegado el momento de empezar a cambiar
nuestra mentalidad y la forma de hacer oposición y dejar de medir la política del Gobierno de turno en cuántos millones de inversión, en cuántos kilómetros se inauguran o en cuántas toneladas de cemento aglomerado se echan en un territorio. Quizá
sea el momento de pasar a un debate más racional y pausado, el de la comunicación, el de la conectividad, de la intermodalidad en los sistemas de comunicación, de la movilidad ciudadana, de la seguridad viaria y ferroviaria, de la sostenibilidad y
de la eficiencia; quizá ese sea el debate del futuro porque así será racional y moderno y, desde luego, ese es el interés de este Gobierno y del Grupo Parlamentario Socialista.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Juncal.
El señor JUNCAL RODRÍGUEZ: Gracias, señor presidente.
Señor Pérez Bouza, siento discrepar con usted en algún tema, aunque es obvio que, en el fondo, probablemente no discrepe con usted ni con el Grupo Socialista. Todos los grupos de la Cámara queremos unos servicios públicos eficientes y
eficaces, pero en esta moción, y tal y como ha quedado redactada la enmienda pactada entre el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas y el Grupo Socialista, vuelto a insistir en que no se aborda el fondo de un problema que es endémico en la
Comunidad Autónoma de Galicia.
En este sentido, como decía en mi anterior intervención, se utilizan criterios que no son los adecuados. En algún momento se confunde el déficit con la ineficacia, pero una cosa es el déficit económico y otra la ineficacia de los servicios,
y en ese punto es donde hay que analizar a fondo cuál sería la estrategia a seguir para conseguir que esos servicios actualmente ineficaces se transformen en servicios eficaces.
Como les decía, es un problema endémico porque somos la única
comunidad autónoma de litoral que no cuenta con una red de Cercanías y, por lo tanto, es algo que viene de muy atrás.
El hecho de que sea una enmienda de sustitución o una enmienda de modificación es solo es una cuestión de forma y en absoluto he pretendido molestarle; sencillamente, me he dirigido a usted esta mañana con el fin de analizar esta cuestión y
debatirla, pero usted me ha contestado con la transaccional pactada, de manera que solo quedaba la alternativa de aceptarla o rechazarla. Y, vuelvo a insistir, dado que el análisis que hacemos es distinto, aunque el objetivo pueda ser parecido o
igual, no podemos compartirla. ¿Por qué? Porque la subvención no es la solución.
Vuelvo a insistir, desde 1993 -Renfe tiene hecho un estudio de las líneas dificitarias en Galicia- se han estado subvencionando y volvemos otra vez a estar en la
misma situación o peor que antes. Con esta solución vamos a seguir durante unos años hasta que se aborde de una forma definitiva el problema, que pasa por un análisis y rectificación de las infraestructuras que son, como he dicho, trazados de hace
más de ciento y pico de años. El
ministro decía: ¿se imagina ustedes un coche de hace 120 años circulando por las carreteras? Obviamente, tiene toda la razón, es imposible circular con trenes de 2010 por trazados realizados incluso a finales del siglo XIX.
La gerencia era un primer paso para abordar el problema de infraestructuras. La proximidad de tener una Gerencia de Infraestructuras de Cercanías en Galicia, sería el primer paso porque, como usted muy bien dice, es una aspiración del
Gobierno gallego tener esas competencias.
Pero, como no hay nada, primeros creemos la gerencia y después traspasemos esas competencias a la Gerencia de Cercanías de la comunidad autónoma; y, como usted ha reconocido, si hay un acuerdo plenario de
todas las fuerzas políticas representadas en el Parlamento gallego, del Grupo Socialista, BNG y Grupo Popular, no entiendo ahora por qué el Grupo Socialista y el BNG en Madrid rebajan las pretensiones de sus compañeros en Santiago de Compostela, en
el Parlamento gallego.
Vuelvo a insistir, de acuerdo con el Reglamento de la Unión Europea de Transporte, 1370/2007, los gastos que generen esta utilidad pública van a tener que ser compensados, con lo cual vamos a estar nuevamente pagando la ineficiencia de
Renfe. Obviamente, las inversiones del Gobierno central, querido compañero del Grupo Socialista, después de la lista de Sevilla, Barcelona, Valencia, etcétera, a Galicia le tenía que tocar alguna vez. Efectivamente, se están realizando las
inversiones; pero quiero recordarle que no se puede contabilizar como inversiones aquello que figura en los Presupuestos Generales del Estado, porque el Gobierno socialista dota los Presupuestos Generales del Estado con unas cantidades importantes,
pero al finalizar el año, el 31 de diciembre esas inversiones no se ejecutan; por lo tanto, esas inversiones no tienen financiación y no se han realizado.
En cuanto al trazado, simplemente por aquello del territorio, quiero poner un ejemplo: el trazado Ferrol-Coruña. Llevamos tres Presupuestos Generales del Estado con una partida para estudio informativo, y ni siquiera ese estudio
informativo se ha realizado; por lo tanto, que el Grupo Socialista no diga que en los últimos años se ha invertido como nunca; en papel, efectivamente sí. Se está empezando a pagar la deuda histórica que se tenía con Galicia en infraestructura
ferroviaria, pero dista mucho de ser la situación óptima. De hecho, ahí está el acuerdo que el presidente Núñez Feijoo tuvo que alcanzar con el ministro señor Blanco para que no se retrasaran las infraestructuras en el AVE de Galicia. ¿Por qué?
Porque llevan retrasadas más de seis años por su antigua compañera, la señora ministra de infausto recuerdo para Galicia, que fue doña Magdalena Álvarez.
Muchas gracias. (Fuertes aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Llamen a votación. (Pausa.)
Señorías, cierren las puertas. Vamos a proceder a la votación de la moción consecuencia de interpelación del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas, por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas en relación
con la mejora de los servicios ferroviarios de media distancia y de cercanías.
¿He creído entender que se acepta la enmienda socialista? (Asentimiento.) Por tanto, votamos la moción con la incorporación de la enmienda socialista.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 248; a favor 131; en contra, 117.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Señorías, finalizado el orden del día de esta tarde, se suspende la sesión hasta mañana a las nueve y media de la mañana, hora en la que empezaremos con el acuerdo de estabilidad presupuestaria.
Se suspende la sesión.
Eran las veintiuna horas y diez minutos.
CORRECCIÓN DE ERRORES
En las portadas de los Diarios de Sesiones números 86 y 87, correspondientes a las sesiones celebradas los días 6 y 7 de julio de 2010, respectivamente, debe decir: «Sesión extraordinaria del Pleno».
Asimismo, en el sumario del Diario de Sesiones número 87, página 4670, en el punto relativo al Informe sobre la actuación de la Comisión de Peticiones en el período ordinario de sesiones de septiembre a diciembre de 2009, debe decir:
«El señor Piñeiro García-Lago, presidente de la comisión, presenta el informe.
Se levanta la sesión a las quince horas y cuarenta minutos.»
En la página 4724 del mismo Diario de Sesiones, en la intervención del señor vicepresidente (Molas i Batllori) debe decir:
«Muchas gracias, señor Piñeiro.
Una vez oído el informe por los senadores y senadoras, por la Cámara en su conjunto, y dado que nadie desea intervenir, damos por finalizado el Pleno.
Se levanta la sesión.»