Ruta de navegació
Publicacions
DS. Senado, Pleno, núm. 85, de 23/06/2010
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
SENADO
Año 2010 IX Legislatura
Núm. 85
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FRANCISCO JAVIER ROJO GARCÍA
Sesión del Pleno
celebrada el miércoles, 23 de junio de 2010
ORDEN DEL DÍA:
Quinto
MOCIONES
-- Del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, por la que se insta al Gobierno a realizar las reformas legales y reglamentarias necesarias para prohibir el uso en espacios o acontecimientos públicos que no tengan una finalidad
estrictamente religiosa, de vestimentas o accesorios en el atuendo que cubran completamente el rostro. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 484, de fecha 21 de junio de 2010). (Número de expediente
662/000121).
-- Del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, por la que se insta al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para que en las licitaciones de contratos de las Administraciones Públicas se tenga en cuenta la innovación entre los criterios de
valoración de las ofertas. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 484, de fecha 21 de junio de 2010). (Número de expediente 662/000122).
Sexto
DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
-- De la Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca en relación con el Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión
de gases de efecto invernadero para perfeccionar y ampliar el régimen general de comercio de derechos de emisión e incluir la aviación en el mismo. (Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie II, número 50, de
fecha 21 de junio de 2010). (Número de expediente Senado 621/000050 y número de expediente Congreso 121/000057).
-- De la Comisión de Fomento en relación con el Proyecto de Ley de modificación de la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios en los puertos de interés general.
(Publicado en el «Boletín Oficial de
las Cortes Generales», Senado, Serie II, número 51, de fecha 22 de junio de 2010). (Número de expediente Senado 621/000051 y número de expediente Congreso 121/000024).
Séptimo
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY DEL SENADO
-- De la Proposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional. (Autores: Grupos Parlamentarios Entesa Catalana de Progrés y Catalán en el Senado de Convergència i Unió).
(Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie III-A, número 20, de fecha 27 de mayo de 2010).
(Número de expediente 622/000016).
Octavo
CONOCIMIENTO POR EL PLENO DE TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
-- Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la República de Kazajstán sobre supresión recíproca de visados en pasaportes diplomáticos, hecho en Madrid el 30 de octubre de 2009. (Publicado en el «Boletín Oficial de las
Cortes Generales», Cortes Generales, Serie A, número 285, de fecha 9 de abril de 2010). (Número de expediente Senado 610/000185 y número de expediente Congreso 110/000186).
-- Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la República Socialista de Vietnam sobre supresión recíproca de visados en pasaportes diplomáticos, hecho en Madrid el 15 de diciembre de 2009.
(Publicado en el «Boletín
Oficial de las Cortes Generales», Cortes Generales, Serie A, números 287 y 288, de fechas 9 y 12 de abril de 2010). (Número de expediente Senado 610/000186 y número de expediente Congreso 110/000188).
-- Convenio del Consejo de Europa para la protección de los niños contra la explotación y el abuso sexual, hecho en Lanzarote el 25 de octubre de 2007 y Declaraciones al mismo. (Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Cortes Generales, Serie A, número 292, de fecha 16 de abril de 2010). (Número de expediente Senado 610/000187 y número de expediente Congreso 110/000189).
-- Acuerdo entre el Reino de España y el Principado de Andorra para el intercambio de información en materia fiscal, hecho en Madrid el 14 de enero de 2010. (Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Cortes Generales, Serie
A, número 293, de fecha 16 de abril de 2010). (Número de expediente Senado 610/000188 y número de expediente Congreso 110/000190).
-- Declaración de aceptación por España de la Adhesión de la República de Croacia al Convenio sobre la obtención de pruebas en el extranjero en materia civil o mercantil, hecho en La Haya el 18 de marzo de 1970.
(Publicada en el «Boletín
Oficial de las Cortes Generales», Cortes Generales, Serie A, número 294, de fecha 16 de abril de 2010). (Número de expediente Senado 610/000189 y número de expediente Congreso 110/000191).
SUMARIO
Se reanuda la sesión a las nueve horas y treinta minutos.
MOCIONES (Página 4540)
Del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, por la que se insta al Gobierno a realizar las reformas legales y reglamentarias necesarias para prohibir el uso en espacios o acontecimientos públicos que no tengan una finalidad estrictamente
religiosa, de vestimentas o accesorios en el atuendo que cubran completamente el rostro (Página 4540)
La señora Sánchez-Camacho Pérez defiende la moción.
La señora Hernández Gutiérrez defiende la enmienda de los grupos parlamentarios Socialista, Entesa Catalana de Progrés, Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, de Senadores Nacionalistas y Mixto.
La señora Sánchez-Camacho Pérez expone la posición de su grupo parlamentario respecto de la enmienda.
En turno de portavoces intervienen el señor Tuñón San Martín, por el Grupo Parlamentario Mixto; así como las señoras Caballero Martínez, también del Grupo Parlamentario Mixto; Leanizbarrutia de Bizkarralegorra, por el Grupo Parlamentario
de Senadores Nacionalistas; Candini i Puig, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió; Baig i Torras, por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés; Hernández Gutiérrez, por el Grupo Parlamentario Socialista,
y Sánchez-Camacho Pérez, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.
Se aprueba la moción por 131 votos a favor y 129 en contra.
Del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, por la que se insta al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para que en las licitaciones de contratos de las Administraciones Públicas se tenga en cuenta la innovación entre los criterios de
valoración de las ofertas (Página 4553) )
El señor presidente informa a la Cámara de la presentación de una propuesta de modificación, por lo que no hay defensa de enmiendas.
El señor Vallejo Serrano defiende la propuesta de modificación.
En turno de portavoces intervienen la señora Leanizbarrutia de Bizkarralegorra, por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas; el señor Roig i Grau, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió; la señora
Celaya i Armisen, por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés; y los señores Vallejo Serrano, por el Grupo Parlamentario Socialista, y Alarcó Hernández, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.
Se aprueba la propuesta de modificación por asentimiento de la Cámara.
DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Página 4560)
De la Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca en relación con el Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero
para perfeccionar y ampliar el régimen general de comercio de derechos de emisión e incluir la aviación en el mismo (Página 4560)
El señor Bella Galán, presidente de la comisión, presenta el dictamen.
Comienza el debate del articulado.
El señor Roig i Grau defiende las enmiendas números 24 a 26, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.
El señor Guillot Miravet defiende las enmiendas números 6 a 23, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés.
El señor Salas Machuca defiende las enmiendas números 1 a 5, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.
En turno en contra de las enmiendas hace uso de la palabra la señora Iranzo Sánchez.
En turno de portavoces, intervienen el señor Bagur Mercadal, por el Grupo Parlamentario Mixto, y la señora Candini i Puig, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió; así como los señores Guillot Miravet, por el
Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés; Simón de la Torre, por el
Grupo Parlamentario Socialista, y Valín Alonso, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.
Comienza la votación.
Se rechazan las enmiendas números 24 a 26, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 19 votos a favor, 233 en contra y 1 abstención.
Se rechazan las enmiendas números 6 a 23, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, por 19 votos a favor, 232 en contra y 2 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 1 a 5, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, por 119 votos a favor y 134 en contra.
Se aprueba el resto del proyecto de ley por 244 votos a favor, 1 en contra y 8 abstenciones.
El señor presidente informa a la Cámara de que queda definitivamente aprobado por las Cortes Generales el proyecto de ley.
De la Comisión de Fomento en relación con el Proyecto de Ley de modificación de la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios en los puertos de interés general (Página 4567)
El señor Becana Sanahuja, presidente de la comisión, presenta el dictamen.
La señora Candini i Puig defiende la propuesta de veto número 1, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.
En turno a favor hace uso de la palabra el señor Sampol i Mas.
En turno en contra hace uso de la palabra el senador Fidalgo Areda.
En turno de portavoces intervienen los señores Quintero Castañeda, por el Grupo Parlamentario Mixto, y Anasagasti Olabeaga, por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas; así como la señora Candini i Puig, por el Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado de Convergència i Unió, y los señores Muñoz Hernández, por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés; Fidalgo Areda, por el Grupo Parlamentario Socialista, y Rico Ruiz, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.
Se rechaza el veto número 1, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 21 votos a favor y 229 en contra.
Comienza el debate del articulado.
El señor Quintero Castañeda defiende las enmiendas números 1 y 2, presentadas por este senador y el señor Belda Quintana, del Grupo Parlamentario Mixto.
El señor Sampol i Mas defiende las enmiendas números 3 a 5, del Grupo Parlamentario Mixto.
El señor Anasagasti Olabeaga defiende las enmiendas números 6 a 38, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas.
El señor Muñoz Hernández defiende las enmiendas números 39 a 51, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés.
En turno de portavoces intervienen los señores Bagur Mercadal y Quintero Castañeda, por el Grupo Parlamentario Mixto, y Anasagasti Olabeaga, por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas; así como la señora Candini i Puig, por el
Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, y los señores Muñoz Hernández, por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés; Abreu Expósito, por el Grupo Parlamentario Socialista, y Ortiz Pérez, por el Grupo Parlamentario
Popular en el Senado.
Se suspende la sesión a las catorce horas y cinco minutos.
Se reanuda la sesión a las dieciséis horas.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY DEL SENADO (Página 4579)
De la Proposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional. (Autores: Grupos Parlamentarios Entesa Catalana de Progrés y Catalán en el Senado de Convergència i Unió)
El señor Molas i Batllori defiende la toma en consideración de la proposición de ley.
En turno en contra hace uso de la palabra el señor Huguet Rotger.
En turno de portavoces intervienen los señores Sampol i Mas, por el Grupo Parlamentario Mixto; Zubia Atxaerandio, por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas;
Vilajoana i Rovira, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió; Molas i Batllori, por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés; Díaz Tejera, por el Grupo Parlamentario Socialista, y Huguet Rotger, por
el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.
Se aprueba la toma en consideración de la proposición de ley por 134 votos a favor, 118 en contra y 1 abstención.
DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Continuación.) (Página 4591)
De la Comisión de Fomento en relación con el Proyecto de Ley de modificación de la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios en los puertos de interés general.
(Votación.)
Se rechaza la enmienda número 1, de los señores Quintero Castañeda y Belda Quintana, del Grupo Parlamentario Mixto, por 17 votos a favor, 235 en contra y 1 abstención.
Se aprueba la enmienda número 2, de los mismos señores senadores, por 250 votos a favor.
Se rechazan las enmiendas números 3 a 5, del Grupo Parlamentario Mixto, originariamente presentadas por el señor Sampol i Mas, por 23 votos a favor y 230 en contra.
Se rechazan las enmiendas números 6 a 38, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas, por 21 votos a favor y 231 en contra.
Se rechazan las enmiendas números 39 a 51, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, por 21 votos a favor y 231 en contra.
Se aprueba el proyecto de ley por 233 votos a favor, 16 en contra y 4 abstenciones.
El señor presidente anuncia el traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para que este se pronuncie en forma previa a la sanción del texto definitivo por S.M. el Rey.
CONOCIMIENTO POR EL PLENO DE TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Página 4591)
Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la República de Kazajstán sobre supresión recíproca de visados en pasaportes diplomáticos, hecho en Madrid el 30 de octubre de 2009 (Página 4591)
Se autoriza.
Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la República Socialista de Vietnam sobre supresión recíproca de visados en pasaportes diplomáticos, hecho en Madrid el 15 de diciembre de 2009 (Página
4592)
Se autoriza.
Convenio del Consejo de Europa para la protección de los niños contra la explotación y el abuso sexual, hecho en Lanzarote el 25 de octubre de 2007 y Declaraciones al mismo (Página 4592) )
Se autoriza.
Acuerdo entre el Reino de España y el Principado de Andorra para el intercambio de información en materia fiscal, hecho en Madrid el 14 de enero de 2010 (Página 4592)
Se autoriza.
Declaración de aceptación por España de la Adhesión de la República de Croacia al Convenio sobre la obtención de pruebas en el extranjero en materia civil o mercantil, hecho en La Haya el 18 de marzo de 1970 (Página
4592)
Se autoriza.
Se levanta la sesión a las diecisiete horas treinta y cinco minutos.
Se reanuda la sesión a las nueve horas y treinta minutos.
El señor PRESIDENTE: Buenos días, señorías. Se reanuda la sesión.
MOCIONES
-- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A REALIZAR LAS REFORMAS LEGALES Y REGLAMENTARIAS NECESARIAS PARA PROHIBIR EL USO EN ESPACIOS O ACONTECIMIENTOS PÚBLICOS QUE NO TENGAN UNA FINALIDAD
ESTRICTAMENTE RELIGIOSA, DE VESTIMENTAS O ACCESORIOS EN EL ATUENDO QUE CUBRAN COMPLETAMENTE EL ROSTRO (Número de expediente 662/000121).
El señor PRESIDENTE: Punto quinto del orden del día: Mociones. Moción del Grupo Parlamentario Popular, por la que se insta al Gobierno a realizar las reformas legales y reglamentarias necesarias para prohibir el uso en espacios o
acontecimientos públicos que no tengan una finalidad estrictamente religiosa, de vestimentas o accesorios en el atuendo que cubran completamente el rostro.
A esta moción se ha presentado una enmienda que ha sido suscrita por los siguientes grupos parlamentarios: Socialista, Entesa Catalana, Convergència i Unió, Senadores Nacionalistas y Mixto.
Para la defensa de la moción tiene la palabra la senadora Sánchez-Camacho.
La señora SÁNCHEZ-CAMACHO PÉREZ: Muchas gracias, señor presidente.
Buenos días, señoras y señores senadores. Subo esta mañana a la tribuna de esta Cámara a presentar una iniciativa de mi grupo parlamentario que considero de gran importancia, una iniciativa con la que se pretende que se realicen las
reformas legales y reglamentarias necesarias para prohibir el uso del velo integral, burka o niqab, en todos los espacios públicos cuando no se tenga una finalidad estrictamente religiosa.
Antes de entrar en las consideraciones propias de la moción quiero decirles a sus señorías que les invito a todos a realizar una reflexión serena, responsable y rigurosa que atienda a las necesidades del mundo actual y que atienda, además,
al debate que, como ustedes saben, está en la calle. Se trata de un debate mediático y de un debate que nos está pidiendo la sociedad en general.
Señorías, les digo con toda sinceridad que mi grupo parlamentario ha presentado esta iniciativa porque cree en la coherencia y en la valentía políticas y porque cree que una iniciativa de estas características debe conseguir el máximo de los
consensos. Por eso les emplazo, señorías, a que sea así y a que podamos conseguirlo.
Señoras y señores senadores, las mujeres de Europa occidental hemos recorrido un largo camino para arrinconar todos aquellos elementos propios de antiguas tradiciones que disminuían nuestro papel en la sociedad. No ha sido un camino fácil,
señoras y señores senadores. No hace demasiado tiempo, recordarán ustedes que en España las mujeres teníamos que contar con el permiso masculino, paterno o conyugal, para realizar actos tan cotidianos como abrir una cuenta corriente, firmar un
contrato o disponer de un pasaporte. La historia colectiva de hombres y mujeres occidentales nos obliga hoy aquí a ejercer nuestra responsabilidad como legisladores y, por tanto, a ejercer la responsabilidad que tenemos para garantizar la dignidad
de las mujeres, para garantizar la igualdad de las mujeres y, desde luego, para garantizar el mantenimiento de nuestros derechos constitucionales.
Esta historia colectiva de los hombres y mujeres occidentales para ocupar el espacio público en igualdad, creo sinceramente, señorías, que nos ha hecho mejores a todos, a los hombres y a las mujeres del mundo occidental.
Señorías, hoy no estamos hablando aquí de libertad religiosa; hoy, señorías, estamos hablando de dos símbolos, de los símbolos relativos al velo integral, al burka y al niqab, que son símbolos de una forma de entender las relaciones entre
hombres y mujeres que los occidentales, señorías, no podemos aceptar. Nosotros no queremos aceptar que las mujeres sean invisibles, que las mujeres vivan en una cárcel de tela, y por eso, señorías, les pido a todos, sinceramente, su apoyo a esta
iniciativa.
Alguien tan poco sospechoso de ser conservador como Bernard-Henri Lévy decía: El burka no es una prenda de connotaciones religiosas, no hay ningún texto islámico que obligue a portar prendas como esa. El burka es una cárcel a medida.
Por eso, señorías, creo que hoy debemos proceder a la regulación legal para prohibir el uso ordinario público de esas prendas que vulneran y vejan la dignidad de la mujer y, por tanto, que son claramente discriminatorias para todas las
mujeres. Y les digo, señorías, que no podemos permitir desde esta Cámara que hoy se pierda esta oportunidad.
Señorías, algunos han argumentado que es una cuestión de seguridad pública. El Partido Popular considera que hay razones de seguridad pública, hay razones de discriminación de la mujer y hay razones para mantener nuestros derechos
constitucionales y el debate social de la garantía de esos derechos para solicitar hoy aquí la prohibición del uso del burka y del niqab.
Ustedes conocen muy bien que la Ley 1/1992, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, establece la obligatoriedad de todos en el territorio de nuestro país para estar claramente identificados, y ahí hay los mecanismos necesarios, en los
artículos 9 y 20, para que se exija la garantía de esa identidad y para que nadie vaya cubierto por las calles de nuestro país.
Por tanto, creemos que hay razones de seguridad, pero la razón más importante que ha motivado a este grupo parlamentario es una razón de dignidad. No queremos, desde el Grupo Parlamentario Popular, que ninguna mujer en España vea sus
derechos discriminados y pueda utilizar el
burka o el niqab porque consideramos que es un elemento de discriminación, de falta de dignidad, de humillación y de vejación de los derechos de las mujeres, y hoy, desde aquí, tenemos la responsabilidad, señoras y señores senadores, de que
eso no vuelva a ocurrir y que no sea una realidad en nuestras calles.
Algunos quieren argumentar que no es un debate real. Han criticado al Partido Popular por electoralismo, por oportunismo, por debate innecesario, por considerar que no era un debate real en las calles.
Señorías de algunos grupos,
especialmente del Grupo Parlamentario Socialista, que así nos han criticado, mantengan ustedes su coherencia, porque en muchos ayuntamientos de Cataluña ustedes están regulando la prohibición del uso del burka y del niqab, y me parece sorprendente
que no quieran ustedes aquí ejercer la regulación en una normativa estatal de la prohibición del uso del burka y del niqab que están haciendo muchos de sus alcaldes en tierras de Cataluña.
Además, señorías, aunque haya habido un solo caso, aunque haya una sola mujer que porte ese burka o niqab, les diría que ya hay razones suficientes para que se prohíba su uso. Esta es una cuestión de debate social en el que al igual que no
podemos permitir que en España se produzca ninguna ablación ni ninguna mutilación genital, solo una de esas ablaciones o mutilaciones, solo una mujer con burka requeriría que hubiera una prohibición y una defensa de los derechos que tenemos
garantizados en la Constitución española. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)
Señorías, los problemas de integración social y cultural que pueda traer la inmigración nos están produciendo un claro debate en el que este fenómeno se convierte en social, mediático y político recurrente. Muchos han oído hablar de
situaciones en las que en las escuelas y en nuestras ciudades es necesaria la adaptación de la educación para garantizar la igualdad y el derecho de no discriminación de las mujeres en nuestro país. Por tanto, señorías, esta es una realidad que no
se debe ni se puede esconder. Negarse a participar en estos debates es negarse a participar por prejuicios políticos en el ejercicio de nuestra responsabilidad, que es la responsabilidad legal de todos los que estamos aquí de legislar sobre una
cuestión tan importante como esta.
Otros países, señoras y señores senadores, lo han hecho; otros países nos han llevado la delantera; otros países han considerado la no conveniencia del uso de prendas que tapan el rostro, y es una cuestión de actualidad en muchos países
del mundo occidental; países como Bélgica, Francia, Alemania, Países Bajos, que han regulado y están regulando la prohibición del uso del burka y del niqab en los espacios públicos.
Por tanto, señorías, hoy tenemos la responsabilidad en la Cámara territorial de garantizar que este debate se haga con la reflexión debida, desde las instituciones democráticas, y que no se deje al albur de los diferentes ayuntamientos de
este país para que cada ayuntamiento legisle de una manera u otra.
Señorías, estamos hablando de un claro debate social, muy importante, y para garantizar la convivencia y la integración en las mejores condiciones de nuestros inmigrantes y de las mujeres inmigrantes todos debemos hoy realizar ese ejercicio
de responsabilidad para prohibir el uso de aquellas prendas que son claramente vejatorias y discriminatorias para la mujer.
Pero señores, algunos han dicho a los miembros del Partido Popular que si se realizara esa prohibición lo que se haría es aislar a muchas mujeres musulmanas porque no las iban a dejar salir de casa ya que no les iban a permitir la libertad
ambulatoria.
Eso lo dijo una consellera del Govern de la Generalitat, la señora Capdevila, y desde esta tribuna quiero decir a la consellera de la Generalitat y a todos aquellos que están argumentando esas reflexiones que lo que no se puede hacer es
ampararse en la utilización del uso del burka y del niqab para permitir que cualquier maltratador impida salir a nadie de una casa; debemos atentar contra ese maltratador que prohíbe a una mujer salir de su casa y también contra aquel que le obliga
a ponerse un burka y un niqab. Eso es lo que debemos hacer y no mirar hacia otro lado, y eso es lo que debemos prohibir. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)
Además, señorías, esto no es una cuestión ideológica, algunos han querido hacer de este debate una cuestión ideológica, una cuestión transversal, y permítanme que les diga a sus señorías del Grupo Parlamentario Socialista que ayer escuché
una reflexión acerca de que nadie del Partido Popular les iba a dar lecciones de nada. Pues bien, siempre pueden ustedes aprender lecciones. (La señora Pajín Iraola hace gestos negativos.) Usted también, señora Pajín, y todos, en este mundo,
podemos aprender siempre algo. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías.
La señora SÁNCHEZ-CAMACHO PÉREZ: Y les voy a decir una cosa, señora Pajín, y senadores y senadoras del Grupo Socialista, la defensa de la igualdad de las mujeres, la defensa de la igualdad de los derechos, la defensa del artículo 14, sobre
igualdad de todos los derechos de hombres y mujeres, no es patrimonio de ustedes ni es patrimonio de la izquierda, es patrimonio de todos los españoles y de todos los demócratas. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado.) Eso es lo que deberían ustedes saber y eso es lo que parece que ustedes no saben.
Además, señorías, considero que este es un debate lo suficientemente importante como para que despertemos conciencias colectivas y digamos a todas esas mujeres a las que se les obliga a llevar el burka y el niqab que hay otra manera de
vivir, en libertad, y que, desde luego, en España se garantiza esa libertad. Forma parte también de nuestra obligación y de nuestra responsabilidad trasladar este mensaje colectivo a todas las mujeres, sean de la condición social o de la religión
que sean: que pueden y deben vivir en libertad, que pueden y tienen derecho a defender
sus derechos de libertad y de igualdad por encima de todas las cosas, y eso es lo que hoy aquí hacemos con esta moción.
Señorías, han presentado ustedes una enmienda que ahora defenderán, y yo quiero manifestarles la buena disposición del grupo parlamentario y del Partido Popular para debatir este tema y para desde hoy acordar e instar al Gobierno de España a
que regule la prohibición del uso público ordinario del burka y del niqab por razones de seguridad, por ser una prenda discriminatoria y vejatoria, pero, sobre todo, por razones de debate social, por considerar que el Partido Popular y todos los
partidos aquí representados tenemos la obligación de llevar a cabo las mejores políticas de integración y decir a los inmigrantes que aquí tienen todos los derechos que tenemos los españoles pero también que es una sociedad constitucional y con unos
derechos constitucionales que todos debemos respetar, españoles e inmigrantes.
Muchas gracias, señoras y señores senadores. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Para la defensa de la enmienda, tiene la palabra la señora Hernández.
(Rumores.)
Silencio, señorías.
La señora HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ: Gracias, señor presidente.
Empiezo mi intervención por el principio de la enmienda, proclamando el rechazo de los grupos parlamentarios firmantes: Mixto, Senadores Nacionalistas, Catalán en el Senado de Convergència i Unió, Entesa Catalana de Progrés y Socialista a
cualquier uso, costumbre o práctica discriminatoria y limitadora de la libertad de las mujeres. Nuestro rechazo, por tanto, al burka y al niqab.
Los grupos que firmamos esta enmienda no hemos recurrido la Ley de igualdad; los grupos que firmamos esta enmienda hemos votado a favor de la Ley de igualdad y no tenemos que justificar que estamos en contra de todas las formas de
discriminación o estigmatización que fomenten la desigualdad. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) Los grupos que firmamos esta enmienda no queremos convivencia alguna sustentada en el falso pilar de las desigualdades y
afirmamos, como lo hacen las conclusiones de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de Viena, de 1993, que ninguna particularidad cultural, religiosa o antropológica está por encima de los derechos fundamentales.
Su moción, como así ha manifestado, trata, no de prohibir el burka sino de prohibir su uso en los espacios públicos, y luego adelanta que ya tenemos leyes para prohibirlos; por tanto, nos parece que es reiterativo. Nuestra enmienda a su
moción va más allá y habla de educación, porque nosotros sí queremos que las mujeres no usen ni burka ni niqab.
Los grupos que apoyan esta enmienda están también en contra de debates simplistas y oportunistas, como el que nos plantea el Grupo Parlamentario Popular hoy. Confiamos en nuestras instituciones, en nuestras leyes, leyes que defienden la
igualdad entre hombres y mujeres, leyes que defienden la libertad y leyes y reglamentos que defienden la seguridad y el orden público.
Estamos, por tanto, por utilizar todas las facultades que otorga nuestro ordenamiento jurídico para dar respuesta adecuada al uso del velo integral; estamos por denunciar y perseguir los ataques a la libertad individual y los ataques a la
igualdad; estamos por el diálogo con las comunidades musulmanas y con todas las administraciones públicas; estamos por fomentar la educación en el respeto a la dignidad personal y a la igualdad entre hombres y mujeres, tal como contempla la
legislación educativa, la Ley de igualdad y, especialmente, la Ley contra la violencia de género; estamos ahora -lo hemos estado siempre y creemos en ella firmemente- por la asignatura de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos, pero
ustedes no pueden decir lo mismo, o más bien todo lo contrario (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.); estamos por impulsar acciones de sensibilización y de formación de los colectivos sociales cuya función sea garantizar el
respeto a la dignidad de la mujer desde la plena igualdad y convivencia; estamos por la integración; estamos por no crear debates ficticios, sino por dar una respuesta adecuada con la normativa vigente, que es mucha y suficiente, a todas las
formas de discriminación y a todos los ataques a la libertad; estamos en contra de debates interesados y a favor de la libertad, la igualdad y de hacer respetar nuestra normativa.
Como le decía, señoría, nuestra enmienda, sin ninguna duda, es más equilibrada y más defensora de la libertad y de la igualdad que la que usted nos plantea; eso sí, sin demagogia y sin oportunismo.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Para manifestar su posición sobre la enmienda que acaban de exponer, tiene la palabra la senadora Sánchez-Camacho.
La señora SÁNCHEZ-CAMACHO PÉREZ: Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señorías.
Ustedes han presentado una enmienda de sustitución con objeto de que se aprobara con el apoyo del resto de los grupos parlamentarios. Yo he tenido la predisposición de hablar con los grupos parlamentarios para, con voluntad de llegar a un
consenso sobre esta cuestión, conseguir aprobar una enmienda transaccional. Pero ustedes no han querido, señorías del Grupo Parlamentario Socialista; ustedes lo que querían hoy era realizar aquí un debate oportunista, demagógico y no un debate
responsable. Eso es lo que querían hoy aquí. (Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.-Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado). Y les digo por qué, señorías. Porque en los tres puntos primeros
este grupo parlamentario les daba su apoyo, pero no lo
podíamos hacer en el punto cuarto, donde ustedes decían: utilizar todas las facultades en nuestro ordenamiento jurídico, en el que ya se recogen todos los instrumentos necesarios para dar una respuesta adecuada al uso del velo integral.
Aquí no se habla de lo que pide el Partido Popular: de prohibir el uso del velo integral, de prohibir el uso del burka y del niqab, aquí no se habla de lo que dicen sus ayuntamientos en Tarragona, en Barcelona, en Manresa, en Mataró, en la
Diputación de Lleida, en L'Hospitalet de Llobregat Esto es lo que dicen sus representantes territoriales: prohibir el uso del burka y del niqab, no lo que ustedes han presentado aquí con esta enmienda. (Rumores.)
Pero además, señorías, si tenemos que dejar a este Gobierno al albur, a que decida cómo va a regular el uso del burka y del niqab, nos encontramos con que el ministro de Justicia, el señor Caamaño, dice que se debe regular en la ley de
libertad religiosa porque es una imposición a la mujer y que no se tiene y no se puede permitir llevar esta prenda en espacios públicos. Pero luego, veinticuatro horas después, sale doña Teresa Fernández de la Vega diciendo que es pronto para
regularlo, y luego sale la secretaria de Estado de Inmigración, doña Ana Terrón, diciendo que es innecesaria una ley para prohibir el burka. No lo podemos dejar indefinido en sus manos, si en este Gobierno de la improvisación no hay manera de saber
qué es lo que van a regular a ustedes. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.) ni con respecto al uso del burka y del niqab ni con respecto a nada en este país. (Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista.) No se puede dejar en esta situación.
Por tanto, si ustedes no lo tienen claro, el Partido Popular lo tiene muy claro. Si ustedes no quieren afrontar el debate que está en la calle, si ustedes lo que quieren es venir aquí a hablar de palabras, de defensa de los derechos de la
mujer, de defensa de las campañas de sensibilización , en todo eso estamos de acuerdo; pero aquí hoy se viene a hacer una propuesta muy clara, que consiste en la defensa de los derechos de la mujer, en no permitir que jamás se pueda discriminar o
vejar a una mujer y, por tanto, prohibir el uso del burka y del niqab en los espacios públicos. Y si ustedes, señores del Grupo Socialista, no quieren afrontar ese debate, el Grupo Popular sí quiere afrontarlo, porque es el debate que está en la
calle, es el debate de la dignidad, es el debate de la igualdad y es el debate, no de la demagogia, sino el de los hechos (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.), el que están haciendo los suyos en los ayuntamientos y
el que está haciendo el Partido Popular solicitando que se regule en el Congreso y en el Senado.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Pasamos al turno de portavoces.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Tuñón.
El señor TUÑÓN SAN MARTÍN: Buenos días a todos y a todas.
Estamos en un debate que se presenta, en mi opinión, muy ligado a una confrontación electoral, en este caso en Cataluña; por lo tanto, deriva de una oportunidad, en este caso del PP, de recoger un sentimiento que pueda tener la sociedad
ante la inmigración, en este caso de origen musulmán. Por tanto, considero que esta moción, desde ese punto de vista, es oportunista. Porque me parece que el burka es una excusa, o dicho de otro modo, el debate va mucho más allá, es un debate que
se debe plantear en profundidad, y creo que ese es el camino que tiene que recorrer el asunto del burka. ¿Qué pasa con la comunidad islámica? ¿Por qué unos se integran y otros no? Este es el debate que tenemos que hacer, y yo lo hago desde el
sentimiento de que no tengo poso suficiente, no tengo las claves para resolver este problema, ni el conocimiento ni la reflexión suficiente.
Yo creo que hay que ir un poco más allá de las posturas ante este proceso de inmigración de origen islámico o de origen musulmán, porque estamos en un debate mucho más profundo. El primer debate que se ha planteado, y lo han planteado todos
los países europeos, es el debate sobre la interculturalidad. El problema es la no sumisión de una cultura a otra.
Busquemos la mediación para construir algo en común. Este es el sentimiento filosófico que defienden autores como Sami Na_r, es
decir, que todas las culturas deben respetarse. Y estamos en un proceso de mestizaje que es imparable, por lo cual tendremos que transmitir desde la educación algo que explique este proceso y lo tenemos que hacer no desde el enfrentamiento
violento, sino desde las ideas. Este es el objetivo fundamental: la integración de la población islámica o de origen musulmán.
Hay otro pensamiento, que yo creo que también tiene su razón de ser, y es que no todas las culturas son iguales. Culturas que no respetan los derechos de la mujer, que se basan en la ablación del clítoris producen desasosiego en la
población y yo, que me postulo por un modelo de mezcla, de integración, creo que está claro que, en estos momentos, hay movimientos islámicos integristas y salafistas que prohíben o, de alguna forma, no facilitan esta mezcla. Esto causa inquietud,
angustia y es lo que puede producir movimientos xenófobos o de confrontación.
Al final, tendremos que hablar con nuestras propias palabras, ¿cómo podemos integrar los valores de convivencia que tenemos en esta sociedad con manifestaciones que van en contra de nuestros sentimientos? Es un asunto complejo en el que me
gustaría que se profundizara y es un debate que, desde ese punto de vista, se tiene que realizar, pero además, se debe ampliar. Lo hago desde la certeza de que no se pueden separar los sentimientos del proceso de regulación jurídica. Es un debate
que se ha producido también en Bélgica, Francia y Holanda, y hay un proceso que también se está produciendo allí y, por eso estos países están preocupados; por ejemplo, en Francia, con el fenómeno de la elitización de los barrios, o en Inglaterra,
donde personas integradas en la comunidad,
que han vivido allí, son capaces de poner bombas en el metro de Londres.
Como tengo que compartir el tiempo con la senadora Caballero, solo voy a hacer dos reflexiones.
En primer lugar, creo que hay que regular este asunto, pero hay que hacerlo desde parámetros objetivos. Está claro que hay un argumento, el problema de la seguridad jurídica y de la identificación legal del sujeto, pero también debemos
regular que el espacio público es diferente al espacio privado y que la libertad colectiva en este caso prevalece sobre la libertad individual.
Por eso me parece que es importante que desde un Estado laico se defienda la Ley de la Libertad Religiosa, que es la que debe definir cuestiones como la prohibición de todo símbolo religioso en las aulas de las escuelas.
Tenemos que respetar las creencias, porque el Estado tiene que ser neutral y esa es la base o el argumento, junto con la Ley de igualdad, para hacer este tipo de regulación. Debe ser un Estado laico y un Estado igualitario con las mujeres.
Estas reglas de convivencia se deben aceptar por la gente que viene aquí y si no, deben estar apartados. Esto no provocará sentimientos antiislámicos o racistas, creo que se trata de un proceso de educación. Hay argumentos que ya se han expuesto:
¿Esto a qué viene ahora? ¿Es un problema realmente de preocupación social? ¿Hay muchas mujeres con burka en la calle? Probablemente no. ¿Vamos a dignificar a la mujer musulmana prohibiendo el burka? Probablemente no ¿Por qué? Porque, en el
fondo, ellas ya son rehenes de su propia sociedad, de sus propios maridos, de los hombres que verdaderamente están dirigiendo ese proceso.
Por eso, me parece que debemos tener mucha prudencia, no intentemos crear más problemas de los que
resolvemos.
En definitiva, no es un debate aislado, necesita una reflexión y me parece que esta regulación solamente se puede basar en causas objetivas que serían las definidas en la Ley de Libertad Religiosa y en la Ley de igualdad para la mujer.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra la senadora Caballero.
La señora CABALLERO MARTÍNEZ: Gracias, señor presidente.
Buenos días. Yo hubiera preferido hoy aquí que hubiese habido una postura unánime sobre esta cuestión que creo que no merece ser utilizada políticamente por nadie. Pero como no ha sido así, anuncio que mi voto va a ser favorable a la
moción, porque yo creo en la libertad y en la dignidad de las mujeres. (Aplausos.)
Hoy tenemos una moción, que es la única que se va a votar, y mi voto no puede ser otro. En cualquier caso, no tengo mucho más que añadir a la exposición que ha motivado y defendido la senadora Sánchez-Camacho, proponente de esta moción,
porque sus razones son lo suficientemente sólidas como para que el resto de los grupos de la Cámara las apoyemos sin ninguna reticencia.
Se está tratando de decir si el debate es oportuno o no en este momento, y debemos señalar la tardanza con la que han actuado las instancias competentes, máxime cuando tenemos un Ministerio de Igualdad, por cierto, muy selectivo a la hora de
detectar las demandas sociales. Y no sirve el argumento de que estamos debatiendo un problema que no existe en España porque no afecta más que a unas cuantas mujeres repartidas por el territorio español. En Europa es un tema candente, y en España
llegamos tarde incluso a este debate, como lo demuestra la decisión que han adoptado algunos ayuntamientos tan próximos a la verdadera realidad social y a las exigencias de la convivencia ciudadana, que se han visto impedidos a adoptar iniciativas
que en sentido estricto no les corresponden. Es precisamente este hecho, el de las iniciativas municipales, el que se debe encauzar. Porque una ordenanza o un decreto municipal no es la manera de resolver esta cuestión, pues no queda a salvo ni la
necesaria reserva de ley ni el imprescindible debate público para aprobar una ley. Corresponde a las Cortes Generales regular su uso por ley, porque es evidente que el burka, al ocultar el rostro y la identidad de la mujer, en una sociedad moderna
y occidental como la española plantea problemas de distinto orden que pueden justificar su prohibición puntual por razones de seguridad, de salubridad e higiene al amparo de la cláusula de orden público y, en particular, constituye un elemento
claramente discriminador de la mujer.
Por lo tanto, desde mi punto de vista, este debate es oportuno ahora, independientemente de las intenciones que tengan los distintos grupos para afrontarlo o no. Digo que es oportuno porque servirá para dejar claras las normas que deben
aceptar quienes optan por vivir con nosotros.
La interculturalidad es un objetivo que debe promoverse de manera permanente, pues constituye un elemento esencial de la convivencia que, sin duda, ha de abrirse a nuevos horizontes, pero necesita de la
colaboración comprometida de las partes, y la utilización del burka no favorece el encuentro de las personas. El burka es un símbolo que hay que desterrar, pues simboliza el sometimiento de las mujeres al eliminar su identidad.
Por eso votaré a favor de esta moción, porque iniciamos un debate a todas luces imprescindible, y lo hacemos en el ámbito que constitucionalmente le corresponde.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas, tiene la palabra la senadora Leanizbarrutia.
La señora LEANIZBARRUTIA DE BIZKARRALEGORRA: Gracias, señor presidente.
Buenos días señorías.
Felicito a la senadora Sánchez-Camacho, porque hoy es su santo.
Nuestro grupo quiere plantear este tema desde la óptica de que afecta a la conciencia de muchas personas, a unos sentimientos y a unas culturas o religiones, lo que queramos. Por eso nos parece que es precipitado y que deberíamos hacer
primar los tiempos para hacer una ver-
dadera reflexión en cuestiones tan importantes. Mi posición va un poco en la línea del senador que me ha precedido en el uso de la palabra, pues son cuestiones tan importantes que deberíamos sacar del contexto de la frivolización de los
medios.
Senadora, es un debate que está en la calle, pero nosotros deberíamos saber cuál es el momento para que este tipo de debates, que afecta a las conciencias, se haga con un cierto sosiego, sin supeditarlo a la oportunidad política que cada
grupo o partido político nos exige. Para ello, mejor que reflexionar sería poder conocer otras culturas y que estas también conozcan la cultura occidental, donde nos movemos; intentar entendernos, pues muchas veces las cuestiones importantes
fracasan no por la cuestión en sí, sino por cómo se ha pretendido llevarla a cabo; las formas muchas veces revientan lo más noble de muchas de las iniciativas que se generan.
Se necesita más comunicación, y para ello la reflexión es básica. Si queremos generar expectación, morbo, simplificar signos, culturas, creencias, cuestiones estructurales en el ser humano, sustanciales, en unas actitudes que se resumen en
cinco líneas como es esta moción, nosotros, señoría, pensamos que hacemos un flaco favor a un Estado que se considera, o debería considerarse, rico en la diversidad, respetuoso con las creencias y demócrata.
Cuando se presenta esta moción, nos damos cuenta de que, en una pequeña píldora, señorías, se trata de decidir sobre tres cuestiones fundamentales a nuestro modo de ver, como son la seguridad, la igualdad y la libertad, cuestiones estas
reguladas ya en las leyes, que es lo que pensamos al aceptar esa transaccional firmada por todos los grupos. Son cuestiones que ya se están defendiendo, porque sería terrible que en un Estado democrático como el que tenemos ahora, no estuviesen
regulados estos tres conceptos tan importantes como la libertad, la igualdad y la seguridad.
En cuanto a preservar la seguridad, pensamos que el ordenamiento jurídico ya da una respuesta, pues no se admite ir con el rostro cubierto. En nuestra sociedad, el rostro es la identidad y, además, en una sociedad libre no hay que ocultarlo
por ningún motivo, siempre que lo que se pretenda sea lícito. Además, cuando alguien aparece ante nosotros con el rostro cubierto nos genera una sensación de ilegalidad, de que se pretende esconder intenciones nada nobles, y ese es un hecho que
está ahí.
En cuanto a las prendas femeninas, tocamos con ello otro valor sumamente importante en nuestra cultura, como es el de la libertad de todos los seres humanos. Libertad para decidir sobre su vida, sin la cual no podríamos hablar de otro valor
básico de nuestra cultura: la democracia.
Señorías, es cierto que en aquellas sociedades en las que solo son sujetos activos de derecho unos y no otros, se ven restringidas esas libertades básicas en democracia. Primero, porque todos estamos ante los demás y ante la ley en pie de
igualdad, luego todas aquellas actitudes que no garanticen esa igualdad en libertad están conculcando derechos básicos que son inherentes a nuestra sociedad y a la democracia como la entendemos nosotros.
Es cierto que necesitamos tener una ética universal que se halla en el corazón de todos los hombres, también de las religiones, y que deberíamos buscarla en los diferentes pueblos. El gran problema es que todas las religiones se están
apoyando en muchísimas ocasiones en aspectos morales y no éticos, cuestión esta que complica a la hora de simplificar cuestiones muy serias y profundas que atañen a la conciencia de las personas.
Cuando se habla del derecho a la libertad religiosa, a la igualdad entre hombres y mujeres, resulta banal la afirmación de que el mundo es variado, y, sin embargo, hay que empezar por ahí, pues esa variedad es un rasgo fundamental de la
familia humana, un rasgo que no ha cambiado ni un ápice con el paso de los siglos o de los milenios.
Sin embargo, a pesar de que la diversidad salta a la vista, su comprensión y aceptación se topan con una constante resistencia por parte de la razón humana, y hay que decirlo, nuestra mente muestra siempre tendencias unificadoras, exige que
todo sea igual y reconocible en todas partes, que solo cuente nuestra cultura, nuestros valores, sin preguntarnos qué opinión les merecen a otros como únicos, perpetuos y universales.
Quizá esto sea lo políticamente correcto, pero quisiéramos alzar una voz, porque en política debe prevalecer la audacia, en el sentido de que hay que ser valiente pero con mucha prudencia, señorías; mucha prudencia para poder conseguir más
entendimiento y respeto entre los diferentes, poniendo en activo esa diversidad como algo básico a lo humano, lo que hoy llamamos -y aquí se ha comentado- interculturalidad. La historia nos habla de situaciones de conculcación de derechos y
crímenes contra ella.
La historia es muy importante, pues ya decía Churchill que el político que ignora la historia puede ir dedicándose a cualquier otra cosa que no sea la política.
Pues bien, señorías, este Estado tiene mucha historia en cuanto a religiones, culturas, pueblos, con sus grandezas y sus enormes miserias.
Pero por eso mismo tenemos que actuar con la máxima cautela para no caer en lo fácil, en simplificar
lo que realmente es tan complejo.
No debemos admitir en política actuaciones que pretendan resumir en un titular cuestiones tan complejas y tan profundas como los derechos humanos que en este tema se plantean. En esto radica una gran contradicción de nuestro mundo;
contradicción entre esa existencia real y objetiva de la diversidad y la obstinada tendencia de la razón humana a sustituirla por la visión de un mundo unificado indiscutiblemente homogéneo. ¡Cuántos conflictos no han hundido sus raíces en esta
cuestión tan espinosa y de tan difícil solución!
Nosotros pensamos que el proceso de globalización y de creación de la sociedad planetaria es irreversible, así que una de dos, o empezamos a odiar, a combatir, a desdeñar y a percibir al otro como a un enemigo de nuestra cultura y nuestra
religión o hacemos todo lo contrario y empezamos a buscar vías de comprensión y conocimiento mutuos.
Señorías, el 99% de los conflictos que sacuden al mundo nace del desconocimiento. Tengo que reconocerles
que desde su presentación esta moción nos pareció una medida desproporcionada, dada la incidencia que tienen este tipo de situaciones en la sociedad, pero estoy de acuerdo con la senadora Alicia Sánchez-Camacho cuando dice que solo conculcar
los derechos de una sola persona es suficiente motivo para que nos pongamos en guardia y defendamos sus derechos. Pero nosotros, los legisladores, también debemos ser los primeros en transmitir a la sociedad a qué tipo de leyes se puede acoger toda
esta gente. Por eso en la transaccional apuntamos que ya existe una reglamentación, que hay unas leyes que garantizan la seguridad y la igualdad. Recuerden que nosotros también votamos a favor de la Ley de igualdad, porque apoyamos este tipo de
normas que están haciendo que los derechos no sean conculcados por razones religiosas. También está prevista una ley de libertad religiosa que nos parece tremendamente importante.
Tiene usted razón cuando señala que no hay que dejar todo esto en manos de los ayuntamientos para evitar que cada uno haga lo que le dé la gana, pero hay que hacerlo con cierto sosiego y tranquilidad. Todos estos temas generan morbo a la
hora de aparecer en los medios y rellenar titulares, y yo, en temas de conciencia, no quiero dejarme llevar por lo que me digan los medios. En mi grupo somos muy escrupulosos con todas las cuestiones relacionadas con los derechos humanos y con las
conciencias, incluso cuando se trata de la religión, y estamos a favor de evitar precisamente lo fácil, lo comprimido, la píldora, lo simplificador. Todo esto es muy complejo, y creo que todavía estamos en un momento en que se puede controlar la
situación, así que nos parece que podemos tomarnos un tiempo y que esas prisas no se ajustan ni a la materia objeto de debate ni a la situación existente. Igual a algunos de ustedes les viene muy bien de cara a sus comunidades, pero nosotros no
vamos a caer en esa tentación.
Hemos firmado esa transaccional porque creemos que nosotros, los legisladores, tenemos que recordar a los ciudadanos que ya hay unas leyes que los amparan. También hemos de pedirles comprensión y sensibilidad porque solo así podremos llegar
a un acuerdo, y siempre después del consabido sosiego y la profunda reflexión que requieren este tipo de temas. Nosotros vamos a votar en contra de esta moción precisamente por eso, porque no vemos sosiego y porque no se adapta a la necesidad y al
impacto que esta cuestión provoca en la sociedad. No queremos dejar un tema tan grave, y que es clave, en una discusión de un momento.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra la senadora Candini.
La señora CANDINI I PUIG: Gràcias, senyor president.
Bon dia a tothom. Efectivamente, estamos debatiendo una moción presentada por el Grupo Parlamentario Popular; una moción que desde el principio tenía que haber revelado la voluntad de consenso, y desde el principio quiere decir desde el
momento en que se presentó.
Antes de entrar en las cuestiones más puntuales, quiero hacer algunas consideraciones sobre las negociaciones que se han llevado a cabo por parte de todos los partidos políticos. Últimamente, ha aparecido con fuerza en los medios de
comunicación el polémico debate sobre el uso del velo integral, burka o niqap. Los responsables políticos opinamos, los medios de comunicación interpretan y se manifiestan y los ciudadanos también opinan individualmente.
En la actualidad, nuestra sociedad es cada vez más diversa y plural y está compuesta por personas de diferentes procedencias, culturas y religiones.
Justamente esta nueva realidad social hace más complejas y exigentes la atención y reglas
de nuestra convivencia con el objetivo de prevenir y evitar situaciones de rechazo e intolerancia derivados, precisamente, de los diferentes contextos culturales, sociales y religiosos. Unos coinciden en el análisis y las medidas que es necesario
adoptar, mientras que otros expresan planteamientos contradictorios, e incluso a veces opuestos.
La irrupción con fuerza de este debate y las posiciones diversas sobre él aconsejan que esta cuestión sea tratada con la máxima responsabilidad.
Por tanto, es absolutamente recomendable que no se utilice de forma partidista e ideológica.
Los derechos de las mujeres, en tanto que derechos humanos, están por encima de los derechos de las culturas y de las religiones. En este sentido, el derecho a la diversidad cultural y religiosa tiene un límite, que es el respeto superior a los
derechos humanos. No podemos obviar tampoco que la Declaración Universal de los Derechos Humanos es eso, universal, y esos derechos humanos siempre se han entendido como derechos positivos. Asimismo, el artículo 18 del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos, en concreto su punto tercero, hace referencia a que la libertad de manifestar la propia religión o las propias creencias queda sujeta únicamente a las limitaciones prescritas por la ley que sean necesarias para proteger
la seguridad, el orden, la salud, los derechos y las libertades fundamentales de los otros.
Por todo ello, en Convergència i Unió consideramos que el uso del velo integral atenta contra la dignidad de las mujeres, al tiempo que dificulta el derecho a la relación, el deber de la integración y obstaculiza la identificación y la
comunicación. La democracia se vive a cara descubierta. Hay leyes y normas relativas a los derechos fundamentales y a la seguridad que pueden ser perfectamente vigilantes en esta cuestión, pero, a nuestro entender, están sobre todo, la Ley de la
igualdad y la Ley integral en contra de la violencia de género. Querer suprimir una identidad, querer anular a un ser humano socialmente, hacer ver el mundo a partir de una rejilla no duden, señorías, de que es una forma de violencia de género. A
aquellos que puedan argumentar que la libertad individual está por encima de estas cuestiones será necesario recordarles que a menudo las mujeres que sufren maltrato acaban justificando lo
mismo porque consideran que el agresor muestra su afecto y cariño con estas actitudes.
Expuesta ya la posición de Convergència i Unió, queremos contextualizar la situación actual desde el punto de vista del debate político. Siempre hemos entendido, senadora Sánchez-Camacho, que ante una moción de estas características debe
buscarse el consenso desde el primer momento, no a las diez de la noche del día anterior, cuando a las nueve y media de la mañana se va a debatir en Pleno. Nuestra voluntad, no solo en esta cuestión, sino en muchísimas otras, siempre es la de
consensuar sobre asuntos de calado tan absolutamente delicado.
Hemos manifestado de manera reiterada en nuestras posiciones políticas, ya fuera en Cataluña, en los diferentes municipios, o en declaraciones públicas, que no se puede utilizar nunca de manera partidista e ideológica esta cuestión. Por
tanto, tiene que quedar claro que ha de haber una posición de responsabilidad. Y fue esta posición de responsabilidad, puesto que hasta por la noche el Grupo Popular no nos había dicho nada respecto de su moción, la que nos llevó a trabajar sobre
una moción conjunta con el resto de los partidos políticos de la Cámara, porque entendemos que el texto que presenta el Grupo Popular únicamente prohíbe, pero para nosotros una cuestión de estas características, además de prohibir, ha de mediar,
tiene que hablar también de formación, tiene que hablar también de sensibilización y tiene que hablar también de consensos con aquellas comunidades culturales que de una manera u otra se pueden sentir forzadas a una posición excesivamente inmediata.
Por todo ello, entendemos que únicamente prohibir no es la solución, aunque sí es básico. La propuesta que se presenta, y que firmamos el resto de los partidos políticos, dice que una sociedad democrática, abierta y plural como la nuestra
rechaza profundamente cualquier uso, costumbre o práctica discriminatoria y limitadora de la libertad de las mujeres como el uso del burka y el niqab, de modo que el Pleno del Senado insta al Gobierno a que, en colaboración con el resto de las
administraciones públicas, realice las reformas legales y reglamentarias necesarias para prohibir el uso..., etcétera. A partir de aquí queda clarísimo que hemos de interpretar que la práctica real impone la prohibición del burka y del niqab. Y
queda claro que hay que hacerlo, efectivamente, a partir del ordenamiento jurídico existente. No se puede hacer una ley nueva. Tenemos el Código penal, la Ley de seguridad ciudadana, la Ley de igualdad y la Ley de violencia de género. Por tanto,
no hace falta ninguna ley nueva, pero para nosotros sí que es básico prohibir.
Consideramos que en aras del consenso debemos apoyarla. Porque nosotros nos creemos de verdad lo del consenso, y creemos que desde el momento en el que empieza el debate de esta cuestión, o sea ahora, a las diez y veinte o, mejor, desde el
momento en el que empezó el debate de este punto, a las nueve y media, y hasta el último momento, en política -ustedes los saben muy bien, señores del Grupo Socialista y señores del Grupo Popular-, tenemos la gran virtud, la grandeza de poder llegar
a acuerdos. La senadora Sánchez-Camacho ha presentado otra enmienda de sustitución que recoge nuestra posición y que dice en el último punto que hay que utilizar todas las facultades que otorga nuestro ordenamiento jurídico-nosotros decíamos
exactamente lo mismo-, y que añade que se regule la prohibición del uso público del burka y del niqab en espacios y acontecimientos públicos. ¿Qué tiene de malo esta incorporación? Es perfectamente compatible con el espíritu y la literalidad de la
enmienda transaccionada por el resto de los partidos políticos. De aquí que nuestra posición no haya cambiado en absoluto. Es exactamente la misma.
La senadora Sánchez-Camacho ha pecado -se lo tengo que decir de nuevo-, a mi entender, de no querer consensuar desde el inicio la tramitación de esta moción. Sí que lo ha hecho en el último minuto, y esta es la grandeza de la política,
señoras y señores senadores. ¿Por qué no podemos aprobar esta moción en la cual la senadora rectifica su posición inicial? Pues no prohíbe únicamente sino que, además, incorpora -lo decíamos nosotros- la formación, la sensibilización -también lo
decíamos-, alude a nuestro ordenamiento jurídico y no habla de una ley nueva, sino que dice que han de hacerse las cosas basándonos en las leyes que existen. ¿Por qué no la podemos admitir? Nosotros -si siguiera adelante- la admitiríamos.
Si el Grupo Socialista o cualquier otro grupo que votase la enmienda transaccional no ven esta moción como una oportunidad, esta se perderá, y es una oportunidad clarísima. ¿Sabe de qué oportunidad hablo? De la de demostrar de verdad que
aquí no hay ni partidismo ni ideología, ni de unos ni de otros. Ni de unos, señora Sánchez-Camacho, ni de otros. ¿De qué hablamos aquí? ¿Se está de acuerdo o no en que el burka y el niqab denigran a la mujer?
El señor PRESIDENTE: Señoría.
La señora CANDINI I PUIG: Si se está de acuerdo -acabo, señor presidente-, tenemos esa oportunidad. La senadora Sánchez-Camacho reconoce que prohibir no es suficiente. La enmienda que transaccionamos decía clarísimamente que el burka y el
niqab no eran tolerables, por tanto, ese es exactamente el mismo espíritu. Por eso les pido a los grupos políticos que firmamos la enmienda transaccional que, puesto que la señora Sánchez-Camacho ha recogido nuestro espíritu y reconoce que prohibir
no es suficiente, que, por favor, no se pierda esta oportunidad.
El señor PRESIDENTE: Señoría.
La señora CANDINI I PUIG: Acabo ya, señor presidente.
De entrada, les aviso que nosotros votaríamos a favor de la propuesta del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, porque entendemos que prohibir no es suficiente.
El señor PRESIDENTE: Señoría.
La señora CANDINI I PUIG: Termino.
Por ello, Convergència i Unió presentaría en el próximo Pleno una moción que, a partir del Reglamento de la Ley de igualdad, quede clarísimamente tipificado que el uso del burka y el niqab...
El señor PRESIDENTE: Señoría.
La señora CANDINI I PUIG: ... no dignifica a las mujeres.
Gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, tiene la palabra la senadora Baig.
La señora BAIG I TORRAS: Muchas gracias, presidente.
Intervengo para expresar la posición de mi grupo parlamentario respecto a un asunto realmente delicado.
Señora Candini, estamos completamente de acuerdo en que debería haber habido voluntad real de consenso desde el primer momento, desde que se presentó, y esa fue nuestra voluntad, porque no me duele decir que, al menos a las mujeres de mi
grupo, nos parecía que había llegado el momento de abordar esta cuestión en el seno de la Comisión de Igualdad, y abrir un proceso de diálogo y de reflexión tranquila y serena entre todas las administraciones públicas -Estado, comunidades autónomas
y ayuntamientos-, la comunidad islámica, las asociaciones de inmigrantes, las asociaciones de mujeres y aquellos sectores de la sociedad civil que se considerase necesario, sobre la conveniencia de regular el uso del burka y el niqab en los espacios
públicos. De ahí parte la cuestión, de nuestra voluntad de comenzar este diálogo dentro de la Comisión de Igualdad. Pero, lamentablemente, nuestro interés quedó preso rápidamente de la efervescencia mediática, política y social, alcanzando unas
proporciones mucho mayores de las que nosotros habíamos imaginado.
Ayer mismo, el ministro Corbacho decía que era posible que se hubiesen presentado más mociones que burkas que hay, porque en Cataluña, admitámoslo, no existe una práctica generalizada o extensiva del uso del burka y, por tanto, regular,
prohibir o sancionar responde más a una especulación con el miedo de la gente para arrancar algún voto que a sentar las bases de la convivencia entre diferentes, trabajar para la dignidad de las personas o trabajar en favor de una mayor igualdad
entre hombres y mujeres. (Aplausos en los escaños de la izquierda.)
La señora Sánchez-Camacho decía que aunque solo haya una mujer la debemos liberar del burka, y es cierto, pero ¿se ha parado un momento a reflexionar que es posible que la mujer que está detrás del burka está viviendo su libertad y porque lo
que sufre es una opresión de su cultura machista patriarcal? (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías.
La señora BAIG I TORRAS: Lo que debemos hacer es luchar contra esta cultura machista y patriarcal, como sabemos muy bien las mujeres de nuestra sociedad y las muchas mujeres que en la historia han trabajado y continúan haciéndolo en favor
de la igualdad de hombres y mujeres.
(Aplausos.)
El primer paso -es cierto- es dar visibilidad a la persona o al ser humano, y precisamente ese es el primer motivo por el que rechazamos el uso del burka o del velo, como rechazamos cualquier otro uso o costumbre que discrimine, pero debemos
situar el debate en su sitio y ayudar a las mujeres que están detrás del burka para que no queden aisladas; debemos también trabajar contra esa cultura machista, porque si no actuamos de ese modo, anularemos a la propia persona, y debemos tener en
cuenta que amputar la visibilidad nos impide relacionarnos y tratarnos como iguales porque todos sabemos que podemos aprender y crecer socialmente mirándonos a la cara, hablando y dialogando. En cualquier caso, tampoco podemos provocar que la
persona que esté detrás del burka se quede aislada en su piso por opresión de la cultura machista. Es cierto también que los debates -que los hay, y no los podemos negar- surgen por diversos motivos, algunos por plagio a otros países europeos que
ya lo han puesto en sus agendas políticas; en otras ocasiones, porque ha habido debates sobre inmigración en algunos ámbitos locales. Algunos ayuntamientos, incluso de nuestra opción política, se han encontrado con situaciones difíciles de
gestionar en el día a día, y han tenido que llegar a acuerdos.
Pero leamos muy bien lo que dice, señora Camacho, porque dice: prohibir en espacios municipales, en locales municipales. (Rumores.) Y también dice que sea el Gobierno, las instituciones por encima del ámbito local, las que tomen las
decisiones, que abran esta reflexión, que busquen este debate sereno, que era nuestra primera intención, porque los debates se han de hacer con rigor y no con la premura de cinco líneas, como nos decía muy bien la señora Leanizbarrutia, o la presión
de saber qué vamos a votar en este momento. En otros casos, este debate -y usted lo sabe muy bien, señora Camacho- también se ha mantenido por puro rédito electoral, porque dígame qué es, si no, el caso del ayuntamiento de Lleida, donde no hay
ninguna persona que lleve burka, y también ha tomado esta opción.
Debemos, pues, parar y tratar este asunto con rigor. Quiero decirle, señora Candini, que nuestro grupo ha estado de acuerdo con la propuesta de enmienda que se ha presentado, pero no habría sido así si hubiera aparecido la palabra
prohibición o regulación. Y aquí digo nuestro grupo, el Grupo de la Entesa Catalana de Progrés, porque, señora Camacho, no se ha dirigido a nosotros para llegar a ningún acuerdo ni para decirnos absolutamente nada; como si no existiéramos, y
precisamente somos el grupo que representa la opción de Gobierno de Cataluña. (Aplausos en el Grupo Parlamentario de la Entesa Catalana de Progrés.)
Para terminar, le diré que hemos encontrado en este debate un aspecto positivo, y lo queremos remarcar porque es al que nos acogeremos para tomar esta opción. Resulta muy positivo que siete asociaciones de inmigran-
tes de Cataluña dieran a conocer un manifiesto reconociendo que el velo integral dificulta la convivencia y se comprometieran a mediar para evitar su uso en locales públicos. Le damos mucha importancia al manifiesto porque es de gran valor,
puesto que ya es una opinión colectiva y no la opinión personal que muchas veces recogen los medios.
Es una opinión colectiva, y nos pide que los poderes civiles se abstengan de regular este fenómeno, y esto nos parece importante. Nosotros oímos,
recogemos y damos nuestra confianza a este colectivo, y lo hacemos para dar un paso hacia lo que está en juego en nuestra convivencia en el futuro, que es aprender a vivir juntos diferente.
También hemos desistido de presentar nuestra enmienda -que la teníamos a punto, y ustedes saben que nuestro grupo fue el último en firmar- para presentar esta conjunta, porque se da una respuesta mucho más contundente si conseguimos la
unanimidad. Por esto le digo, señora Camacho, súmese, porque el diálogo y el reconocimiento es lo más importante para avanzar, y tenemos que dialogar y convencernos los unos a los otros sin olvidar que la diferencia es un hecho y la igualdad es un
derecho. Una religiosa cristiana experta en el Islam, Teresa Losada, decía muy claramente: El aprendizaje del diálogo nos capacita para articular el reconocimiento entre iguales; es, con el encuentro entre personas, como se produce la
transformación. Nuestro grupo está en esta posición.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la senadora Hernández.
La señora HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señora Sánchez-Camacho, vamos a intentar abordar este tema con seriedad y vamos a intentar olvidar que dentro de unos meses son las elecciones catalanas. (Rumores.) Sí, señorías, intentemos olvidar que dentro de unos meses son las
elecciones catalanas. Y es que dudo mucho de la buena voluntad del Grupo Parlamentario Popular en este caso. ¿Pero saben ustedes por qué? Pues porque considero que en esto buscan solo espectáculo puro, es decir, algo así como lo que hizo su ex
compañera, la señora Nebrera, que se puso el burka y se fue a pasear por el centro de Barcelona. Buscan puro espectáculo en este tema, y nosotros no vamos a entrar en eso.
Vamos a ver por qué se podría plantear esta iniciativa. Se podría plantear por laicismo. Pero ustedes, no, señorías, y menos la señora Sánchez-Camacho, que ha dicho el fin de semana pasado que lo que quiere para una religión no lo quiere
para otras.
Por igualdad. Pues hombre, podría ser que esta iniciativa se planteara por igualdad, pero tampoco es el caso. No son ustedes creíbles, ¿o de qué pensaban ustedes que estábamos hablando cuando debatimos y aprobamos la ley de igualdad? Pues
estábamos hablando de esto, señorías. Por tanto, tampoco es por igualdad, ya que no solo no votaron a favor de dicha ley, sino que la recurrieron ante el Tribunal Constitucional.
Por seguridad. Se puede plantear esta moción por seguridad. Pero tampoco es el caso, señorías, porque, como incluso ha dicho la propia senadora Sánchez-Camacho, tenemos una ley sobre protección de la seguridad ciudadana y suficiente
normativa como para hacernos creer que alguien que no es identificable puede ir a un colegio y recoger a una niña o a un niño y llevárselos sin más. Pero si usted sabe de algún colegio donde se haga eso, díganoslo a los demás, porque nosotros no
conocemos ningún caso.
Por salud. Otra posibilidad por la que se puede plantear esta moción es por salud. Y aquí me voy a poner un poco seria. Ustedes hicieron burla del mapa sobre la enervación del clítoris, que es un programa sobre la reconstrucción del
clítoris dotado de 26 000 euros. Y me pareció entender que esas 6000 mujeres y niñas que al día sufren la ablación no merecían del Gobierno de España ni 26 000 euros para su reconstrucción. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista.) Me pareció entenderlo, señorías, incluso en Cortes Generales Congreso-Senado.
Y solo me queda una cosa por la que se pueda presentar esta iniciativa, que es la proximidad de las elecciones catalanas. (Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.) Sí, señorías, he dicho todas, pero si no
escuchan ustedes, luego entran tarde al debate.
El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías.
La señora HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ: ¿Y por qué creo esto? Porque esta no es la primera vez que les vemos alentar miedos y fomentar la xenofobia cerca de unas elecciones. Nos acordamos del contrato de inmigrantes; nos acordamos de que están
ustedes empeñados en sacar un puñado de votos alentando odios; nos acordamos de que quieren pedir a las minorías lo que no son capaces de aplicar a las mayorías, y ya lo ha dicho Alicia Sánchez-Camacho en un mitin este fin de semana. (Aplausos en
los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
Quieren buscar fórmulas y excusas para que los inmigrantes no vayan a sus colegios; intentan que estén en viviendas distintas, que tengan contratos distintos y hacen políticas religiosas distintas y específicas. Y dicen ustedes que lo
hacen por igualdad, pero ceden terrenos para que se fabriquen colegios donde se separa a los niños de las niñas. Hablan de valores y de convivencia ciudadana, pero se oponen a que se enseñe y se aprenda educación para la ciudadanía y los derechos
fundamentales Consejos vendo que para mí no tengo.
Niegan que el Estado pueda enseñar valores -ustedes utilizan la palabra adoctrinar- porque es exclusivo de los padres la transmisión de valores, según ustedes independientemente de lo radical que sea la religión, y dicen que esta religión
debe estar por encima de los valores democráticos y pautas cívicas comunes. ¿Y ahora qué? ¿Es que ustedes se referían solo a la religión mayoritaria y verdadera? ¿Es que ustedes solo se referían a esa y no
hablaban de las otras religiones minoritarias y -ellos dicen que sí- verdaderas?
Señorías, en España la presencia del burka y del niqab es casi nula. En España la mayoría de las mujeres que optan por ir cubiertas, acostumbran a usar la hiyab. Y solamente algunas, muy pocas, han adoptado el velo integral. El debate
pone el énfasis en una excepción. Sin duda, este es un debate interesado, en el que, incluso, hemos visto cómo, sin pudor, mezclan velos integrales con pañuelos de cabeza y equiparan ambas situaciones. Estará conmigo el señor Imbroda, que este fin
de semana ha opinado sobre esto en el foro de un periódico.
Con la normativa vigente en nuestro país se puede proteger la libertad, la igualdad y el orden público. Con la normativa vigente no se puede acceder con el velo integral a trámites administrativos, a la consulta médica o a los servicios
públicos sin identificarse. Con la normativa vigente no se puede, como dije antes, ir a recoger a un niño o a una niña al colegio sin identificarse. Y si no es así, si ustedes conocen algún caso, díganlo aquí. Por eso le decía que tenemos normas
diferentes y suficientes. Este es un debate interesado y ficticio, un debate electoralista en el que ya conocemos las diferentes versiones. Y es que no se puede repartir folletos, señora Camacho, con el «Rumanos, fuera», y luego hacernos creer que
no se pretende alentar odios; no se puede. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
Señorías, mayoritariamente las mujeres que usan burka y niqab son utilizadas por sus maridos para reafirmar su propia identidad cultural, la de ellos, olvidándose de los derechos de las mujeres. (Rumores en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado.) Sí, ¿saben lo que pasa? Que hoy aquí son doblemente utilizadas porque ella lo utiliza para sacar un puñado de votos en Cataluña, sin hablar de sus derechos.
(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista.-Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)
El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías.
La señora HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ: Voy a seguir con su propuesta. ¿En quién quieren hacer recaer la prohibición? Pues en la mujer. Perfecto. Cerramos el círculo. Ponemos el peso de la ley en quien padece la discriminación y no sobre quien
la promueve. Perfecto, cerradito el círculo. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) Hasta en esto quieren ustedes castigar a la víctima. (Una señora senadora del Grupo Parlamentario Popular en el Senado: Defiéndela.) En
eso estoy, si ustedes me dejan.
El señor PRESIDENTE: Señorías, silencio.
La señora HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ: Hay un documento de la comunidad musulmana de Cataluña -si quieren, luego se lo doy porque igual no tenemos tiempo para hablar con según qué colectivos- que tiene 5 puntos, es muy sencillo. En el cuarto punto
hacen una llamada a que esta cuestión se retire de la confrontación política y partidaria, ya que en este momento la polémica planteada no responde a los problemas reales de los ciudadanos y puede contribuir a alterar la convivencia y la cohesión
social. Se comprometen, sin embargo, a trabajar, a partir del diálogo y la pedagogía, para conseguir que no se utilicen en lugares públicos ni el burka, ni cualquier otra pieza de vestir u objeto que no permita la identificación de la persona, sea
esta hombre o mujer. Y ellas mismas quieren retirar tanto el burka como el niqab, que no responden a ninguna obligación religiosa, sino que, en todo caso, son costumbres y prácticas culturales de determinadas áreas geográficas. Y su uso público en
nuestra sociedad provoca rechazo, dificulta la convivencia y, además, transmite una imagen negativa de los musulmanes y las musulmanas. (Una señora senadora del Grupo Parlamentario Popular en el Senado: ¡Tiene miedo!) ¡Qué miedo voy a tener!
Nuestra propuesta no habla de la prohibición, sino de la erradicación. En ese sentido, ustedes no nos van a hacer parecer un grupo de partidarios de no sé qué cosa rara. Yo le propongo volver a cambiar el punto cuarto, en el que usted
trata de regular la prohibición en los usos públicos. En fin, no es por nada, pero regular la prohibición será prohibir. Nosotros lo podemos volver a modificar: utilizar todas las facultades para proceder a la erradicación, que es exactamente lo
que nosotros queremos: la erradicación del burka y el niqab. Tanto se creen ustedes lo que nosotros decimos, que, incluso, hoy aquí, desde el atril, señora Sánchez-Camacho, ha llegado a utilizar palabras de quien hoy critica, de la señora Pajín.
Utiliza nuestros argumentos y nuestras frases. Nosotros entendemos que la legislación ya es suficiente. Entendemos que desde la educación y el diálogo con las comunidades musulmanas tenemos que erradicar en espacios públicos y privados el uso del
burka y del niqab.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la senadora Sánchez-Camacho.
La señora SÁNCHEZ-CAMACHO PÉREZ: Gracias, señor presidente.
Señoras y señores senadores, en primer lugar quiero agradecerles este debate que hemos realizado en esta Cámara. Creo que hoy sí que estamos dando ejemplo con esta actuación, y con todas las que realizamos en esta Cámara, de estar en los
debates que realmente preocupan a los ciudadanos, en los debates que están en la calle, al intentar dar una respuesta consensuada desde esta Cámara. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)
Señorías, las valoraciones que algunos pueden realizar sobre si este debate es oportuno o no son legítimas, como todo en derecho. Son interpretaciones que unos y otros podemos hacer de forma diferenciada.
Por eso le digo al representante
del Grupo Parlamentario Mixto que, aunque
su señoría considera que esta es una cuestión que se puede regular en la Ley de libertad religiosa, para nosotros no se trata de algo que se pueda regular en esa ley, porque lo que no queremos es que el Gobierno utilice esta cuestión para
después negar los símbolos católicos y cristianos que forman parte de la tradición cultural de este país. (Fuertes rumores.-Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.) Por tanto, este es uno de los argumentos por los que
no queremos que esto se recoja en la Ley de libertad religiosa.
El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías, por favor.
La señora SÁNCHEZ-CAMACHO PÉREZ: Pero además hay otro argumento para que esta cuestión tampoco se recoja en la Ley de libertad religiosa que es el siguiente. Nosotros no creemos que el burka y el niqab sean un símbolo religioso. Como muy
bien se ha dicho y como yo les he dicho, hay muchas consideraciones respecto a que el uso del burka o del niqab no responden a ninguna prescripción del Corán ni del Islam, sino que responden a actitudes oscurantistas, regresivas y discriminatorias.
Por tanto, no son un símbolo religioso. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)
Señorías, la señora Caballero decía que los ayuntamientos están muy próximos a la realidad social y que por eso este asunto se está regulando en muchos de ellos. Señoría, precisamente por eso hemos querido realizar aquí este debate de
manera responsable, para que sea esta Cámara territorial la que regule ese uso, la que diga que la prohibición del uso del burka y del niqab forma parte de nuestra normativa y de nuestro ordenamiento jurídico. Por eso le agradezco su apoyo a la
moción que ha presentado mi grupo parlamentario, el Grupo Popular. Como usted muy bien ha dicho, y como yo misma dije en mi intervención, las normas de convivencia y los derechos constitucionales deben ser respetados por todos, por los que estamos
aquí y por los que han venido de otros países a trabajar, a colaborar con nosotros y a buscar su dignidad de vida y de trabajo.
Señorías, a la portavoz del Grupo de Senadores Nacionalistas le doy las gracias por su recordatorio. Creo que las formas y la vida social también se demuestran desde esta tribuna, y usted las ha demostrado. Por otra parte, respeto que
usted diga que este debate no es oportuno, y coincido con usted en que debe hacerse desde el sosiego, desde la tranquilidad y desde la serenidad. Por eso hoy podemos recoger la posibilidad de incorporar en nuestro ordenamiento jurídico la
prohibición del uso del burka y del niqab. Será en un reglamento o en una ley donde se recoja, será en una disposición que forme parte del reglamento que desarrolle la Ley de igualdad o donde desee hacerlo el Gobierno, pero en todo caso es ahí
donde tienen tiempo para hacerlo con responsabilidad y sosiego. Por tanto, señoría, lamento que hoy desaproveche usted la oportunidad de dar las oportunas instrucciones al Gobierno para que incorpore la prohibición del uso del burka y del niqab en
nuestro ordenamiento jurídico. Creo que es una oportunidad perdida, pero respeto su decisión.
A la senadora Candini, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, le agradezco sus palabras. A diferencia de otros grupos, creo que las personas debemos actuar en la vida con humildad y con el deseo de seguir
aprendiendo siempre. (Fuertes rumores.)
El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías.
La señora SÁNCHEZ-CAMACHO PÉREZ: Yo le dije a usted ayer, y se lo digo hoy desde esta tribuna, que no tuve el tiempo necesario para hacerlo, pero ello no obsta para que no tuviera la voluntad real de llegar a este consenso como también se
lo trasladé al Grupo Parlamentario Socialista.
Coincido con usted en que este no debería ser un debate partidista ni partidario, pero quienes no han querido llegar a ese acuerdo son quienes lo están convirtiendo en un debate partidista y
partidario, y es el Grupo Parlamentario Socialista porque no tiene ninguna voluntad de llegar a ese acuerdo. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)
Señora Candini, usted ha hablado muy bien sobre la grandeza de los tiempos en política y ha dicho que en todo momento, hasta el último minuto, se puede llegar a pactar. Señora Candini -y así contesto también a la señora Baig-, yo no me puse
en contacto con su grupo parlamentario, si bien debo decir que envié la enmienda al Partido Socialista y le dije que se la trasladara a todos los demás porque entendía que ustedes tienen una buena relación para poder hacerlo. (Fuertes rumores.)
El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías.
La señora SÁNCHEZ-CAMACHO PÉREZ: No se sorprendan ustedes. Así me dijeron que iban a hacerlo. (Continúan los rumores.)
El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías, silencio, por favor.
La señora SÁNCHEZ-CAMACHO PÉREZ: Si no lo han hecho bien, no se pongan ustedes nerviosos.
Señora Candini, yo creo que el consenso se debió buscar desde el primer minuto. Por eso no entiendo por qué el Partido Socialista Obrero Español no buscó el consenso con el Partido Popular y fue primero a venderlo a la prensa sin hablar con
esta portavoz ni con nadie del Grupo Parlamentario Popular. Los consensos se construyen entre todos y ustedes no hablaron con nosotros en ningún momento. También me hubiera gustado, señora Candini, que así hubiera sido para poder llegar a ese
consenso.
Señora Baig, discrepamos en una cuestión muy importante. Usted ha dicho que a lo mejor hay mujeres que pueden vivir en libertad dentro del burka.
(La señora Baig i Torras: ¡Su libertad!)
Debemos tener conceptos muy diferentes sobre la libertad. Yo no creo que ninguna mujer, ni una sola, ejerza su derecho a la libertad viviendo bajo una cárcel, bajo una mortaja como el burka o el niqab. No lo creo en absoluto.
(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.-Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías.
La señora SÁNCHEZ-CAMACHO PÉREZ: En cuanto a la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, quiero decirle que cuando se hace referencia a algunas alusiones, como a la educación diferenciada de niños y niñas o a algunas interpretaciones
que ha hecho la portavoz del Partido Socialista Obrero Español, pocos argumentos tienen ustedes para justificar su actuación de hoy aquí. Muy pocos argumentos tienen ustedes, y así lo han demostrado.
Decía la portavoz del Grupo Socialista que hay pocos burkas, que es un debate ficticio, nulo y que no debería haberse producido. Le leo las palabras de una senadora, Judith Alberich, que también quiso regular al respecto y su grupo no se lo
permitió: El problema existe, el debate está en la calle, y no solo no lo podemos obviar, sino que hay que superarlo antes de que estalle el conflicto.
Yo lo comparto, y mucha gente en las calles de este país comparte ese debate. Por tanto, si ustedes creen que ese debate no existe es que ustedes están muy alejados de la sociedad. (Rumores.)
Ustedes han venido aquí a criticar este debate, y la portavoz socialista ha querido hacerlo en mi condición de candidata a la Presidencia del Gobierno de la Generalitat. No hace falta que vengamos a hablar aquí, porque ya están perdiendo
los votos en Cataluña por ustedes mismos. No hace falta que vengamos a hacer debates electoralistas porque los votos en Cataluña los están perdiendo ustedes solos. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)
Además, quiero decirles otra cosa. Señorías del Partido Socialista Obrero Español, ¿qué le dicen al alcalde de Lleida, don Àngel Ros, que fue el primero que sacó esta moción? ¿Qué le dicen al alcalde de Barcelona? ¿Qué le dicen a la
alcaldesa de L'Hospitalet, que hoy ha pedido prohibir el uso del burka y del niqab en los espacios públicos en Cataluña? ¿Ellos también están buscando votos? Aplíquen lo mismo para todos. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular
en el Senado.)
¿Sabe qué ocurre? Que usted ha venido aquí a decir que se castiga a la víctima. Me parece absolutamente inaceptable ese argumento. Me parece tan inaceptable que no voy a dedicar ni un minuto más a justificar lo que creo que es
injustificable. Usted ha venido a presentar aquí una propuesta de erradicación del uso del burka y el niqab, y después ha dicho que a través de campañas de sensibilización. Nosotros no queremos que solo se haga con campañas de sensibilización, y
si ustedes están decididos a erradicar el uso del burka y el niqab, como yo estuve dispuesta a acordar campañas de sensibilización, acepten ustedes la prohibición del uso del burka y del niqab porque lo dicen sus alcaldes socialistas y su gente en
Cataluña; son ustedes lo que no quieren aceptarlo.
Les leo un titular: «El Partido Socialista pide a los alcaldes socialistas que no impulsen más vetos al burka». Esta es su realidad, su incoherencia y su falta de discurso unitario en política y en política de inmigración.
Otros tenemos
un discurso unitario y un discurso coherente en política y desde luego en política de inmigración. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)
Quiero finalizar, señorías, diciendo que este es un debate social, es un debate en defensa de la sociedad intercultural, es un debate de defensa de los derechos humanos, y es un debate por el que la Europa libre ha estado luchando durante
mucho tiempo.
Y, señorías del Partido Socialista Obrero Español, no quieren afrontar el debate que está hoy en las calles de España, y es el debate de la libertad, de la dignidad, y de los derechos de la mujer
El señor PRESIDENTE: Señoría, termine, por favor.
La señora SÁNCHEZ-CAMCHO PÉREZ: Termino, señor presidente.
Señorías, tenemos unos derechos constitucionales y todos debemos respetarlos.
Quiero acabar con las siguientes palabras: la democracia se vive a cara descubierta. El Partido Popular considera que la democracia se vive de frente. La democracia se vive sin burka, señorías. No pierdan hoy esta oportunidad.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)
El señor PRESIDENTE: Llamen a votación. (La señora Hernández Gutiérrez pide la palabra.)
Sí, senadora Hernández.
La señora HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ: Quiero hacer una aclaración al Grupo Parlamentario Popular sobre nuestra propuesta, que parece no haber entendido, con respecto a la modificación del punto 4
El señor PRESIDENTE: Señoría, puede intervenir por el artículo 87, por alusiones, pero no para reabrir el debate.
La señora HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ: Señor presidente, no pretendo abrir el debate. Por el artículo 87 quiero decir que en el punto 4 nosotros planteamos utilizar todas las facultades que otorga nuestro ordenamiento jurídico para proceder a la
erradicación del burka y el niqab; es decir, ustedes planteaban la prohibición y nosotros entendemos que ya está.
(Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías. (La senadora Sánchez-Camacho Pérez pide la palabra.)
Tiene la palabra, señoría.
La señora SÁNCHEZ-CAMACHO PÉREZ: Muchas gracias, señor presidente.
Por si no lo había entendido el Grupo Parlamentario Socialista, nosotros queremos prohibir el uso del burka y el niqab. Si ustedes están de acuerdo, tienen una oportunidad.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Cierren las puertas.
Señorías, vamos a proceder a la votación de la moción del Grupo Parlamentario Popular que acabamos de debatir.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 260; a favor, 131; en contra, 129.
Queda aprobada. (Fuertes y prolongados aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)
-- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A ADOPTAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA QUE EN LAS LICITACIONES DE CONTRATOS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS SE TENGA EN CUENTA LA INNOVACIÓN ENTRE LOS CRITERIOS DE
VALORACIÓN DE LAS OFERTAS (Número de expediente 662/000122).
El señor PRESIDENTE: Señorías, pasamos a la siguiente moción, del Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta al Gobierno a adoptar las medidas necesarias par que en las licitaciones de contratos de las administraciones públicas se
tenga en cuenta la innovación entre los criterios de valoración de las ofertas.
A esta moción se ha presentado una enmienda transaccional firmada por todos los grupos parlamentarios; por tanto, decaen las enmiendas presentadas.
Para la defensa de la moción, tiene la palabra el senador Vallejo.
(Rumores.)
Señorías, silencio, por favor.
El señor VALLEJO SERRANO: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, pasamos a un debate, no sé si menos importante que el anterior, pero claramente con menos pasión. El Grupo Parlamentario Socialista trae a esta Cámara una propuesta que, finalmente, como acaba de mencionar el propio presidente del
Senado, se ha convertido en una enmienda suscrita por todos los grupos para impulsar nuevamente la innovación en las empresas españolas, a través de la política de compras públicas de las administraciones.
Con esta iniciativa hemos pretendido dar un paso más en la estrategia de convertir la innovación en el auténtico factor básico para el desarrollo económico de nuestro país. Todos los expertos coinciden en que no hay otra alternativa mejor
que la innovación para desarrollar un nuevo modelo productivo en España. Como saben, la innovación es fuente de competitividad y, por tanto, fuente de empleo; estamos hablando de la médula del sistema económico español. Más innovación conduce a
empresas más competitivas, y esto a su vez conduce clarísimamente a crear más empleo y mejor; empleos más estables y más reconocidos, más cualificados y mejor retribuidos. Por tanto, en mi opinión, la política de innovación no es una política
económica más, es una auténtica política social de primer orden.
Señorías, los pilares del desarrollo de la innovación en cualquier economía básicamente son tres: el esfuerzo que hace el país en investigación y desarrollo tecnológico y su capacidad de transferir ese conocimiento al tejido empresarial;
la cualificación de los recursos humanos de los que dispone, tanto para crear conocimiento como para aplicarlo y convertirlo en productos y servicios; y tener un tejido empresarial capaz de aprovechar ese conocimiento para desarrollar nuevos
procesos, productos, servicios, colocarlos en los mercados y con ello mejorar la calidad de vida y el bienestar de todos los ciudadanos.
A lo largo de los últimos años, señorías, nuestro país ha hecho un esfuerzo extraordinario en el desarrollo de la innovación y ha influido sobre los tres pilares a los que antes me refería. Voy a hacer una pequeña síntesis del esfuerzo.
Han sido docenas de programas, miles de millones de euros los que se han invertido para conseguir que la competividad de España no se base en salarios bajos, sino en conocimiento y en su puesta en valor.
Desde aquel Programa Ingenio 2010, que se aprobó hace cinco años para afrontar los retos de la Estrategia de Lisboa, se ha derivado toda una serie de programas y planes que han tenido unos efectos importantísimos en nuestra economía,
probablemente de los más importantes, por ejemplo, el propio Programa CENIT, el de los Consorcios Estratégicos Nacionales en Investigación Técnica, y, dentro de este, los proyectos CENIT; también por supuesto, el Neotec Capital Riesgo o el Programa
Torres Quevedo, para introducir doctores y tecnólogos en las empresas privadas.
Los resultados en estos cuatro años han sido auténticamente llamativos; tan solo con el Programa CENIT se han puesto en marcha 79 grandes proyectos de I+D, en el que participan 1100 empresas españolas, en su mayoría, casi el 60%, son
pequeñas y medianas empresas; también participan 1400 grupos de investigación. Se ha puesto en marcha una inversión superior a 2000 millones de euros en estos proyectos de I+D, de los cuales el 50% ha sido aportado por el sector público. Se ha
conseguido que 2000 investigadores y tecnólogos pasen a las empresas privadas a través del Programa Torres Quevedo en estos últimos cuatro años.
El segundo de los pilares, sin ninguna duda, se ha abordado directamente con otro de los programas más importantes, el Consolider, que ha puesto en marcha también 70 proyectos de grandes grupos de investigación y redes de investigación, con
planes como el CIBER, dedicado a investigación biomédica, el Retics, para redes telemáticas de investigación científica en salud, o el I3, para estabilizar a los mejores científicos en nuestro sistema público de investigación -en este caso 1300
científicos importantes han adquirido condición de funcionarios y empleados fijos dentro de nuestro sistema público de investigación-. Por no hablar del Fondo Estratégico de Infraestructuras Científicas y Tecnológicas, que ya está en marcha con una
inversión de 500 millones de euros.
Una mención especial al programa Avanza. El programa Avanza ha movilizado 9000 millones de euros desde el año 2006, y no solamente ha conseguido que familias,
empresas, que tanto la demanda como la oferta de tecnologías de la información se pongan al nivel del resto de Europa, sino que ha conseguido un elemento muy importante, y es desarrollar un auténtico tejido empresarial de tecnologías de
información y comunicación que hoy es competitivo a nivel internacional. De ahí que el Gobierno haya aprobado ya el Plan Avanza2, y a él se suman programas como Euroingenio, en el desarrollo del séptimo Programa Marco de I+D, los Campus de
Excelencia Enternacionales, etcétera.
El tercer pilar, el tejido empresarial, se ha abordado directamente a través de la Estrategia Estatal de Innovación, que va a movilizar 6000 millones de euros, haciendo que se ponga en marcha una gran actividad investigadora por parte de las
empresas privadas y marcándose como objetivo duplicar el número de empresas que hacen innovación, es decir, que haya otras 40 000 empresas que dentro de sus departamentos de I+D pongan en marcha nuevos proyectos de conocimiento, así como generar
medio millón de nuevos empleos dentro de las empresas más innovadoras.
Evidentemente, lo aborda a través de la financiación de la innovación, los recursos humanos, la internacionalización, la cooperación territorial, etcétera.
Por supuesto, no voy a olvidar el Plan Nacional de I+D 2008-2011, que ya lleva aprobados 25 000 proyectos y ayudas para empresas españolas.
Los resultados, señorías, que es en definitiva lo que cuenta, no se han hecho esperar y el salto que ha dado nuestro país en términos de innovación es espectacular si lo comparamos con hace 20 años, pero también si lo comparamos con tan solo
hace ocho años -y lo quiero hacer así especialmente para que no haya ningún sentido partidista en mis palabras, ya que hay un consenso general con una enmienda que hemos consensuado entre todos los grupos-. En los últimos ocho años, desde el año
2000, señorías -y creo que hay que sentir el orgullo por la capacidad que eso da a nuestro sistema económico-, el I+D público de nuestro país ha crecido 2,18 veces, es decir, más que se ha duplicado, y el privado casi se ha duplicado, 1,92.
Hemos mantenido a lo largo de todos estos años tasas superiores al PIB en crecimiento del I+D, pero además tasas superiores al resto de los países europeos, yendo a una convergencia clara con la media de la Unión.
En este tiempo, señorías, se ha duplicado el número de personas que se dedican a la investigación en España, pasando a 215 000, convergiendo también en esto con Europa y no solamente en el número de investigadores, sino en el gasto que
hacemos por cada investigador.
Hemos crecido ni más ni menos que 10 puntos en el número de ciudadanos y ciudadanas que tienen una formación secundaria o superior, pasando del 57 al 67% -casi un 70% ya con una formación secundaria o superior-, y en el mismo indicador de 10
puntos de crecimiento en las personas que han estudiado formación profesional.
Nuestra producción científica en solo ocho años ha aumentado un 80% y también el número de patentes más de un 60%.
Por tanto, señorías, el camino y la senda han sido los correctos, estamos haciendo un esfuerzo como país importantísimo para que nuestra competitividad no sea vía costes, sino que nuestra competitividad sea vía conocimientos, que es el
futuro de una sociedad desarrollada como la nuestra.
Llamo la atención: no hay más que observar el efecto de esta crisis en las empresas tecnológicas, son las que mejor están soportando la crisis, son el número más reducido de empresas que han cerrado a pesar de la crisis existente, e incluso
hay subsectores tecnológicos que están creciendo y creando empleo.
Por tanto, señorías, tengo el firme convencimiento de que nuestras empresas más innovadoras están pendientes de que se resuelvan los problemas de los mercados financieros y, por tanto, se abra el crédito para generar empleo en cantidad y
calidad en nuestro país. Pero, evidentemente, quedan muchas cosas por hacer. Existen todavía algunos problemas que tienen dificultad para resolverse. Por ejemplo, ciertas comunidades autónomas, muchas comunidades autónomas, más débiles, desde el
punto de vista económico, están soportando sobre sus espaldas el gran esfuerzo de la inversión en I+D. El caso más paradigmático es Andalucía, que se ha convertido ya en la tercera comunidad de España en inversión en I+D, tras Madrid y Cataluña.
Pero, prácticamente, el 70% del esfuerzo financiero lo hace la propia Administración pública. Por tanto, tenemos que resolver algunos problemas muy importantes.
Uno de los objetivos que debemos pretender es que haya más inversión de las empresas privadas en I+D y ahí se incardina tanto la moción presentada por el Grupo Socialista como la enmienda que hemos consensuado entre todos los grupos.
Ya se han hecho algunas cosas importantes. Como saben, las propias administraciones públicas han dado pasos. En el artículo 11 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas ya se prevé la compra pública de tecnología innovadora
y, sobre todo, el proyecto de ley de Economía Sostenible ya contempla claramente la compra temprana de tecnología y la compra pública precomercial.
¿Cuál es el objetivo esencial de nuestra moción? El objetivo esencial, señorías, es convertir la política de compras de nuestras administraciones públicas, de todas las administraciones públicas, en un gran tractor de la innovación en las
empresas, que las empresas que quieran contratar con las administraciones sepan que tienen que estar innovando, ofertando nuevos servicios, nuevos productos, que tienen que mejorar sus procesos, de manera que se conviertan en una especie de
pescadilla que se muerde la cola, a más contratos, a más licitación, más innovación y que utilicen los desarrollos que hacen para contratar con la Administración para luego competir en los mercados.
Esa era la propuesta concreta. En cuanto a las posibilidades y mecanismos, hay muchos; de ahí que prácticamente todos los grupos hayan hecho alguna intervención en sus enmiendas para introducir nuevos mecanismos que fomenten esa política
de innovación a través de la estrategia de compras públicas.
Nosotros nos quedamos en un primer paso, un primer paso que decía que en todos los pliegos de condiciones técnicas debemos ir a las tecnologías más avanzadas para obligar a las empresas a situarse en esa frontera del conocimiento. La Entesa
daba un paso más y decía: ¿Por qué no estudiamos la posibilidad de que, además de las demandas de la Administración, haya más libertad en la oferta por parte de las empresas y que puedan proveer o propiciar mejoras, aunque no estén en la definición
del objeto del contrato, mejoras que vengan de la innovación y que hagan que el producto sea más funcional, de más calidad, con mejor estética, más bajo de precio, más fácil de mantener, etcétera? Convergència i Unió, por su parte, decía: ¿Por qué
no valoramos también a quienes licitan la inversión que hacen en I+D, el esfuerzo que hacen en tener relaciones con los centros de investigación, con las universidades? Incluso, el Partido Popular, desde un punto de vista quizás un poco más lejano
al contenido de la enmienda, planteaba la necesidad de seguir insistiendo en la estrategia de incentivos fiscales a la innovación.
Yo creo que, entre todos, hemos conseguido un texto que, realmente, va al corazón y al núcleo, a lo más importante de lo que estamos planteando, que el Gobierno, que las administraciones públicas, estudien todas las posibilidades que ofrece
la estrategia de compras públicas para conseguir que todas aquellas empresas que quieran contratar con la Administración se vean obligadas a innovar, a investigar, a desarrollar nuevos conocimientos y, por tanto, que consigamos convertirlo en un
motor de modernización de nuestro tejido empresarial.
Ese es el objetivo esencial de la propuesta que ha planteado el Grupo Socialista, es el objetivo de la propuesta que ha quedado finalmente como consenso de todos los grupos y, por tanto, lo que queremos es, en primer lugar, agradecer a todos
los grupos sus aportaciones, que han mejorado sustancialmente la propuesta que habíamos hecho inicialmente y, por supuesto, conseguir un concepto hoy ya mucho más moderno de la innovación, que no es solamente la I+D, sino que es poner en valor el
conocimiento; es esa otra cara de la moneda de la investigación. Yo suelo decir que la investigación es poner recursos para conseguir conocimientos y la innovación es poner ese conocimiento para convertirlo en riqueza, en bienestar y en empleo.
Es la otra cara de la moneda. Ese es el objetivo esencial que tenemos que conseguir y, en nuestra opinión, la política de compras públicas puede hacer muchísimo por avanzar en un camino en el que todos tenemos que sentirnos orgullosos de lo que
hemos conseguido como país, pero en el que todavía nos queda mucho por recorrer y, sobre todo, en estos momentos que más lo necesitamos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
¿Por el Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas, tiene la palabra la senadora Leanizbarrutia.
La señora LEANIZBARRUTIA DE BIZKARRALEGORRA: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, nuestro grupo va a apoyar está moción. Porque ¿quién puede decir hoy en día que está en contra de la innovación? Es algo inherente si queremos ser competitivos, si queremos tener un tejido productivo bueno que genere trabajo, que
se pueda internacionalizar y, en definitiva, se traducirá en más bienestar para la sociedad.
Además, en nuestro pueblo vasco, de donde procedemos nosotros, la innovación siempre ha sido una cuestión de supervivencia. Sin ella nuestro pueblo hubiera seguido siendo emigrante, hubiera llenado de vascos todos los continentes y hubiera
desaparecido como total, la pobreza hubiera dominado nuestra sociedad. Precisamente gracias a la innovación, la de nuestros empresarios, la de los trabajadores, somos un pueblo que durante muchos años ha acogido a miles de personas con las que
crearon un futuro de prosperidad y justicia social.
Por tanto, estamos totalmente de acuerdo con este tipo de mociones, en las que se piden cosas sensatas, que además son prácticas y ayudan a mejorar la sociedad. Y también lo estamos con las aportaciones que han hecho tanto Entesa como el
Partido Popular en el sentido de incluir criterios de valoración de las empresas, centros de investigación y universidades, además de esas medidas fiscales para mejorar el modelo productivo y el mecenazgo empresarial.
Considero que nadie en esta Cámara discrepa de lo que aquí se plantea pues, como he señalado, es coherente y de sentido común. Pero permítanme un pequeño apunte para mencionar algo -que es un tema muy recurrente en mi discurso- que muchas
veces se nos escapa, y es que entre los criterios de valoración de las ofertas mediante la incorporación de los pliegos de prescripciones técnicas, características tecnológicas que solo pueden ser cumplimentadas por empresas que desarrollen intensos
esfuerzos en materia de innovación que menciona la moción, yo creo que tenemos que ir poco a poco interiorizando que el hombre es la máquina más perfecta y, por muy buenas máquinas que se tengan, por muy buenos bienes de equipo y totalmente
competitivos que pueda adquirir una pequeña o mediana empresa, si esta no cuenta con personas cualificadas profesionalmente, poca rentabilidad podrán sacar a ese tipo de inversiones. Por tanto, deberíamos tener en cuenta este extremo, y a la hora
de pedir que se prime la innovación en la empresa, también se tenga en cuenta la innovación en el factor humano para que las empresas sean más competitivas.
Señorías, es cuestión de poner en marcha la imaginación, la creatividad y el conocimiento, que es el patrimonio de la persona y no de las máquinas.
Por consiguiente, decimos sí a la innovación, sí a las ayudas fiscales, sí a que se pueda
contemplar todo tipo de características tecnológicas, pero también ayudar a todas aquellas empresas que, de motu proprio, entiendan que la innovación empieza por las personas, que entiendan que la formación no es una inversión a corto plazo sino a
muy largo plazo, lo que hará que los trabajadores tengan más seguridad en el empleo y sea el mercado del trabajo el que recurra a ellos para el trabajo y no sea este el que tenga que ir al mercado a pedir-
lo al ser su cualificación y competitividad lo suficientemente interesante para que el empresario esté interesado en contar con este tipo de trabajadores.
Sin más, nosotros vamos a apoyar esta moción. Hemos logrado un acuerdo entre todos y nos alegramos que en este tipo de cosas, que son muy importantes para la sociedad, estemos todos de acuerdo.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Roig.
El señor ROIG I GRAU: Muchas gracias, señor presidente.
Intervengo desde el escaño para fijar la posición de Convergència i Unió a esta moción, que lógicamente votaremos favorablemente.
El senador Vallejo se preguntaba al principio de la intervención si este debate era o no relevante, si era más o menos importante que otros debates que se han producido. Yo creo que sí, y, francamente, le felicito, porque esta es una
iniciativa importante que se tendrá que concretar a partir de aquí con disposiciones, con propuestas por parte del Gobierno, pero me parece importante porque representa un avance conceptual, vital para nuestra economía y para nuestras empresas.
Es decir, pretender avanzar en la asunción por parte de la sociedad y de nuestras empresas de este concepto de innovación me parece tremendamente importante.
Entendemos que la innovación, la investigación, las nuevas tecnologías, son el camino para que nuestra economía sea mucho más competitiva. Estoy de acuerdo, señor Vallejo, no solo con la propuesta, con la moción, sino también con el
discurso que ha hecho, porque cuando, en estos momentos de verdadera crisis, miramos cuáles son las empresas que aguantan más, que tienen más capacidad para luchar contra esta crisis, vemos que son aquellas que han innovado, que han incorporado
nuevas tecnologías, que se han dedicado a la investigación y que han reforzado sus propuestas a través de estos mecanismos.
Por lo tanto, la moción propone que las administraciones públicas primen en las licitaciones de los concursos a las empresas que se dedican a esto. Insisto en que estamos absolutamente de acuerdo.
Habíamos presentado una enmienda que lo que pretendía, tal y como ha dicho el señor Vallejo, era reforzar, enriquecer en todo caso. Y, aunque se hubiese rechazado hubiéramos votado favorablemente la propuesta.
Por tanto, me parece que el hecho de que hayamos podido llegar a un acuerdo todos los grupos de la Cámara enriquece esta moción, esta propuesta, esta iniciativa que se presenta hoy en el Senado.
Desde nuestra perspectiva, está muy bien la posibilidad de incorporar a las empresas que han hecho un esfuerzo en I+D+i en la valoración. También creo en esta reflexión que ha hecho sobre la iniciativa del Grupo Popular que, en este caso,
también me parece importante. Ya veremos cómo se hará, pero habrá un momento en que, desde el punto de vista de la fiscalidad, también tendremos que abordarlo y reforzarlo.
Por todo ello -y no me alargo más-, tenemos que asegurarnos a partir de aquí de que esta iniciativa que se aprobará hoy por unanimidad en el Senado será recogida por el Gobierno a fin de que se plasme en algún tipo concreto de propuesta.
Estamos satisfechos de que se haya podido aprobar por unanimidad y agradecemos la incorporación de la parte que nosotros hemos aportado a esta iniciativa.
Muchas gracias, señor presidente, señorías.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo de la Entesa, tiene la palabra la senadora Celaya.
La señora CELAYA I ARMISEN: Muchas gracias, presidente.
Por supuesto, también nosotros nos hemos sumado a esta iniciativa que presenta el Grupo Socialista en forma de una moción que lo que pretende es potenciar una vez más la innovación desde otro frente, desde la Administración pública, para
conseguir que las licitaciones de contratos que se llevan a cabo premien, puntúen o valoren también la innovación, tanto en los productos, como en los servicios, como en todos los sistemas de gestión que influyen en aquella oferta.
Antes de continuar con nuestro posicionamiento, quiero dar las gracias al Grupo Socialista por su generosidad y porque, efectivamente, la voluntad de diálogo es total. Ha intentado -y lo ha hecho- incluir todas las sugerencias, todas las
aportaciones que hemos realizado los diferentes grupos. En la transaccional que hemos firmado está todo.
Es verdad que cuando hablamos de licitación de contratos públicos tenemos que ser muy rigurosos -muy curós, como decimos los catalanes-, porque tenemos una ley de contratos que nos obliga siempre, como no puede ser de otra forma, a cumplir
con los principios de publicidad, de concurrencia, de transparencia, de confidencialidad, de igualdad y de no discriminación. Y esto tiene que ser así para todo el mundo. Los contratos públicos se adjudican mediante métodos de concurrencia
competitiva. Pero esto no quiere decir que no podamos premiar los esfuerzos que hacen nuestras empresas para invertir en I+D+i, porque una cosa no es incompatible con la otra. Es ciertamente injusto que un producto que ha sido fruto de un proceso
de innovación y por sí solo ya tiene un valor añadido se valore más en un pliego de condiciones; o sea, con bastante probabilidad la valoración de la oferta de esta empresa directamente se puntúa más que cualquier otra oferta que no haya sufrido un
proceso de innovación. Por lo tanto, parece injusto que la innovación como tal en los procesos de licitación de contratos se puntúe por partida doble: por el hecho de innovar y por el resultado de esta innovación en el producto al que opta aquel
contrato público.
Aquí quiero decir, y estoy segura de que será así, que en el momento en que se reglamenten las cláusulas de las licitaciones y de las ofertas públicas, tanto por parte de las
administraciones estatales como de las entidades, se tenga en cuenta esta cuestión. Y también por lo que ha apuntado la portavoz del Partido Nacionalista Vasco, porque introducir innovación en los sistemas de negocio no se consigue de hoy
para mañana y, aunque todos tenemos muy claro que esa es la apuesta, y que por ahí van las líneas de actuación para cambiar el modelo productivo y conseguir salir de la crisis más fortalecidos, también tenemos que permitir que aquellas empresas y
negocios más tradicionales que todavía no han llegado a un cierto nivel de incorporación de la I+D+i en sus fórmulas de negocio puedan ir haciéndolo poco a poco. Sin duda, creemos que se debe apoyar, potenciar y estimular que las empresas
incorporen la I+D+i en sus fórmulas, pero en su justa medida para conseguir que las que todavía no lo han hecho también lo hagan.
La aportación del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés ha ido en la línea de no primar solamente todas aquellas cuestiones relacionadas con la tecnología. Parece que las ayudas y que los impulsos que se dirigen desde el Estado al
tejido empresarial están muy centrados en el mundo de las tecnologías. Nosotros entendemos que también debe valorarse, considerarse y premiarse el esfuerzo innovador en muchos otros ámbitos y aspectos. Por ejemplo, en el efecto que tiene sobre el
precio de aquel producto, en la calidad, en la funcionalidad, en su estética -por qué no-, en el coste del mantenimiento y, por supuesto, en los efectos económicos, sociales y ambientales que tendrá aquel producto o servicio una vez puesto en
marcha.
Estamos seguros -todo el mundo lo sabe y nadie puede negarlo- de que la innovación es un factor importantísimo para combatir la crisis y para que nuestro mercado sea mucho más competitivo a nivel interno, o sea, en el ámbito nacional, pero
también puede serlo en el internacional primando las exportaciones. Todos sabemos que las empresas que incorporan innovación tienen un incremento del 16% en el valor de los productos que exportan y, en este momento, del conjunto de países que
formamos la OCDE España está cuatro puntos por encima de la media en exportación. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestros empresarios se han puesto las pilas, han visto cuál es la salida y el futuro y en los últimos años están haciendo un esfuerzo
importantísimo para que la innovación les permita afrontar la crisis y salir bien de ella.
En este sentido, nosotros creemos que la propuesta que se presenta en la moción será un estímulo más, no solo para ser más competitivos en el mercado internacional sino para que desde las propias administraciones se les reconozca el valor
que merecen y, por lo tanto, se impulsen proyectos y acciones que van en la línea de la I+D+i. Sin lugar a dudas, debemos apoyar desde todos los ámbitos -y seguro que aparecerán muchos más- a nuestras empresas para que su apuesta por la innovación
sea real y efectiva y nos permita salir de la crisis y ser mucho más competitivos que ahora. En este punto, creo que la apuesta que ha hecho el Gobierno en el CDTI, dependiente del Ministerio de Ciencia e Innovación, resulta importantísima y vale
la pena destacarla aunque solo sea con una breve pincelada.
En los últimos años, en nuestro país hemos multiplicado por tres la inversión en I+D+i, lo que nos sitúa, como ha dicho el portavoz socialista, por encima de la media de los países de la OCDE si se relaciona dicha inversión con el PIB. Pero
también hemos conseguido incrementar la inversión privada en I+D+i. Durante los últimos tres años, con el conjunto de medidas que se han impulsado hemos incrementado en un 15% anual la inversión privada en I+D+i, lo que tiene una evidente
repercusión en la capacidad de crear puestos de trabajo. De hecho, es el único sector que a pesar de la crisis ha mantenido la capacidad de crear puestos de trabajo para nuestros ciudadanos y ciudadanas.
También creo que merece la pena destacar que los incentivos fiscales que se han llevado a cabo son los mejores, los más altos del conjunto de los países de la OCDE. En estos momentos España es pionera en incentivos fiscales para introducir
investigación e innovación en el tejido empresarial. Estamos generando una nueva cultura de colaboración entre lo público y lo privado; estamos creando pasarelas donde la iniciativa privada tiene acogida y se contempla en el ámbito de las
necesidades y la oferta de lo público. Y merece la pena destacar también que desde el primer momento y con muchísima intensidad las políticas generales que se llevan a cabo desde el ministerio intentan afrontar los retos y superar las dificultades,
las trabas y las barreras que representa la tramitación burocrática en cualquier tipo de Administración.
Por eso, ha sido en el CDTI, que es donde se ha concentrado toda la estrategia en I+D+i, donde se ha situado la ventanilla única adonde todos los ciudadanos y ciudadanas pueden dirigirse para desarrollar negocios, que seguro que van a ser
más competitivos y nos van a permitir salir de la crisis tanto desde el punto de vista individual como global.
Querría destacar otras muchas acciones que se han llevado a cabo. Son innumerables las que se vienen desarrollando para impulsar la innovación en nuestro tejido empresarial, pero, como veo que no me queda tiempo, simplemente quiero
agradecer al Grupo Socialista esta iniciativa. Es importantísimo que desde la Administración pública también se impulse, se anime, se estimule a los empresarios y empresarias para que adopten nuevas fórmulas de negocio, lo estamos haciendo, lo
vamos a conseguir y estoy segura de que dentro de unos años nuestro país no solo se va a situar por encima de la media de la OCDE sino que será un país líder en competitividad y en calidad de vida, que es por lo que apostamos todos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el senador Vallejo.
El señor VALLEJO SERRANO: Muchas gracias, señor presidente.
Muchas gracias a los distintos portavoces que han intervenido.
Voy a ser muy breve.
Creo que estamos hablando de un tema realmente importante, que la innovación debería ser una auténtica política de Estado. Y hay dos caminos para competir en un mundo globalizado: uno, los bajos costes labores; otro, la innovación, y hay
que buscar una alternativa. Pero incluso los países que tienen bajos costes laborales apuestan por la innovación como un elemento esencial para su futuro. Por tanto, es un tema que no depende de las ideologías y, sin embargo, de ella depende en
gran medida el bienestar de nuestro país, por lo que deberíamos mantener el esfuerzo que hoy se ha mostrado a fin de impulsar nuevas medidas, nuevas estrategias que propicien un tejido empresarial cada día más innovador.
Estoy de acuerdo con que la innovación la hacen las personas y no las tecnologías. Esa es la realidad. La innovación procede de algo que no tienen las máquinas. Tiene un origen que no es el de ninguna máquina: la creatividad, la
capacidad de imaginar algo distinto de lo que conocemos.
A partir de ahí empieza el proceso de innovación. Lo más importante es, por tanto, trabajar con el capital humano, con los recursos humanos. Ese es un elemento neurálgico, como decía antes,
uno de los tres pilares esenciales para ser más competitivos desde el punto de vista de la innovación.
Hasta tal punto ha llegado la cosa que ya hoy, cuando se habla de innovación, no se alude ni a la innovación tecnológica. Hoy ya se habla de tecnologías no tecnológicas. Hoy se dice que la investigación no solamente debe proceder del mundo
de las ciencias empíricas, de la física, de las matemáticas, sino de las ciencias sociales y de las ciencias humanas. La innovación debe ser un concepto que esté en toda la sociedad y no solamente en el tejido empresarial. Debe estar también en la
política. Porque no se trata nada más que de imaginar si somos capaces de hacer las cosas de otra manera que produzca más bienestar y mejoría en la vida de los ciudadanos. Estamos, por tanto, absolutamente de acuerdo en esa cuestión.
Pero, además, la innovación -y ese es uno de los graves problemas que tiene nuestro país- fomenta y estimula la formación. Uno de los problemas de nuestro sistema educativo es que tenemos pocas empresas innovadoras y para encontrar un
trabajo a lo largo del último año no había que formarse. Había que buscar un trabajo en el tajo poniendo ladrillos, con lo cual nuestra economía, que no es innovadora, propiciaba la no formación. La no formación y la no innovación conduce a
trabajo precario, poco estable y, en muchas ocasiones, mal retribuido. La innovación es, por el contrario, fuente de formación del capital humano. Las empresas que tienen en su médula la innovación como elemento de competitividad quieren tener
siempre los mismos trabajadores. Quieren formarlos y que estén adheridos a la empresa y a sus compromisos. El capital humano es el elemento esencial de la innovación . La innovación es, por tanto, señorías, un estímulo clarísimo para la mejora de
las personas, de su formación y de su cualificación.
Planteamos -agradezco las palabras del portavoz de Convergència i Unió porque lo que ha dicho es fundamental y, efectivamente, tenemos que hacer un seguimiento después de esta moción- el cambio de la metodología de la contratación de la
compra pública. Hoy en ningún pliego de condiciones de nuestro país se valora la innovación como algo que le dé puntos a una empresa para contratar una obra, un servicio o un bien. No se valora.
La senadora Celaya plantea un debate interesante. Ella dice que la solicitud en cualquier pliego de la mejora del precio, de la calidad, de los efectos ambientales, sociales, económicos, del mantenimiento, etcétera, ha de tener como
consecuencia que se dé una puntuación a las empresas y la empresa que es innovadora va a conseguir más puntos, pero que no debemos a puntuarla doblemente. Senadora, yo creo que hay que puntuarla doblemente. Voy a intentar explicarlo con un
ejemplo. Hay dos formas de hacer la mejor oferta -se lo digo yo, que he sido consejero de obras públicas durante muchos años- en una obra pública. Una, con una subcontrata de obra con empresas que ofrecen salarios muy bajos y trabajo muy precario
y, dos, apostar por los procesos innovadores que hagan más eficiente el trabajo en la obra. Con las dos se puede conseguir el objetivo: el precio más bajo; con una explotando a los trabajadores y sin sacar nada a cambio; con la otra se ponen en
marcha nuevos desarrollos, nuevas tecnologías que luego la empresa utiliza para conseguir contratos fuera de nuestro país.
La innovación es mucho más que el resultado que consigue. Es mucho más que la calidad de un producto. Es mucho más que el precio del contrato. La innovación supone trabajar de una manera distinta. Pone el conocimiento como base de
nuestro desarrollo. Por eso, más allá del resultado de la innovación, más allá de que se consiga más calidad, etcétera, se ha de valorar en sí mismo que la procedencia sea de una innovación y no simplemente de un ajuste de costes. Ese es nuestro
espíritu.
Estoy totalmente de acuerdo con usted, senadora; se ha hecho un esfuerzo enorme. La I+D ha crecido en nuestro país por encima del producto interior bruto en los últimos diez años, y, a pesar del crecimiento que ha tenido el PIB en nuestro
país, ningún país de Europa ha hecho ese esfuerzo. La convergencia se va produciendo, pero todavía estamos casi a un punto de diferencia del objetivo propuesto del 2% -estamos en el 1,35%- de inversión en I+D.
En mi opinión, todavía tenemos fuertes restricciones a la hora de facilitar la transferencia del conocimiento desde los lugares en los que se crea a los lugares donde se aplica; las estructuras son muy rígidas, con centros de investigación
muy separados de allí donde se utiliza el conocimiento para convertirlo en riqueza, en valor, en empleo y en bienestar y, en este ámbito, tenemos que hacer un importantísimo esfuerzo.
Por supuesto, somos un referente internacional en cuanto al apoyo fiscal a la innovación de nuestras empresas y creo que lo que plantea el Grupo Popular es que se mantenga ese esfuerzo, pero tenemos un problema añadido y es que, según
algunos datos, hay 14 000 empresas tecnológicas en España y, según otros, hay alrededor de 40 000 empresas
que utilizan la innovación de una u otra manera, pero eso apenas llega al 4% de nuestro tejido empresarial.
Todos hablamos de innovación, pero la inmensa mayoría de nuestras empresas, que son pequeñas y medianas en un 99,6%, todavía no saben cómo se utiliza, cómo se gestiona, qué tipo de innovación pueden hacer y cómo se mejora la actividad de su
empresa con la aplicación del conocimiento, máxime en un momento como este, en que están preocupados por el pago de la nómina, por conseguir un pequeño préstamo para superar el corto plazo y, en consecuencia, tienen mucha más dificultad para
posicionarse ante cuestiones como la innovación.
Creo que todo el esfuerzo que hagamos y todas las medidas que pongamos en marcha serán pocas si de verdad queremos hacer un cambio en profundidad de la mentalidad de nuestro país, de la mentalidad de nuestro tejido empresarial que, por
suerte o por desgracia, está constituido por empresas a las que les cuesta mucho trabajo aplicar metodologías innovadoras en sus procesos productivos.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Alarcó.
El señor ALARCÓ HERNÁNDEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, a lo largo de varias décadas, el sector de la investigación y el desarrollo, aparejado con el de la innovación, ha puesto siempre de manifiesto el creciente interés estratégico que para la ciudadanía, para la economía y para la
empresa tiene el excelente capital humano investigador con el que contamos en nuestro país.
Como institución, como políticos, como personas y como universitarios tenemos que fomentar bienes intangibles -que el senador Vallejo ha nombrado de forma indirecta- y tenemos que cuidar el gran capital humano, los investigadores, y su
cartera de servicios, las publicaciones. Además, señorías, esto tiene muchísimo valor en economía porque, como ustedes saben, los bienes intangibles constituyen el 80% del valor de las empresas, tanto públicas como privadas.
En este contexto, los antiguos paradigmas económicos parecen estar sometidos a cuestión por el grueso de la sociedad y de la economía mundial. Es responsabilidad de la clase política reorientar las líneas fundamentales del que será un nuevo
orden económico centrado en la investigación y desarrollo como nuevo patrón de crecimiento y como modelo de posicionamiento social, a la vez que recordamos la importancia de la I+D. Desde el Partido Popular siempre lo hemos hecho y siempre lo vamos
a hacer, como un factor decisorio en el nuevo rumbo de la economía y progreso social de España, en tanto en cuanto facilita una diversificación de la inversión. Entendemos que es absolutamente necesario materializarlo -y esta es una de las claves-
con compromisos estables y duraderos por parte de las instituciones.
Señorías, es evidente, no es discutible y, además, no es ideológico -y eso es muy importante- el verdadero cambio de modelo económico es la inversión en I+D+i+d. Esto es poco discutible hoy en día pero, además, insisto, no tiene ideología y,
por lo tanto, señorías, tendremos que hacer un esfuerzo para llevarlo a cabo.
Como portavoz del Grupo Popular en la Comisión de Ciencia e Innovación siempre he colaborado. Entre todos los grupos políticos hemos conseguido que se sacase la ley de la ciencia, que está en trámite todavía, y todos los asuntos que tienen
que ver con I+D+i, por unanimidad; y seguimos con ese consenso, del que me congratulo y felicito a todos los grupos políticos porque, después de hacer un esfuerzo importante, vamos a aprobar una moción que creemos oportuna. Vaya por delante -y no
desvirtúa nada que sea oportuna- que, aunque el Grupo Popular ha presentado este mismo asunto en la Comisión de Ciencia e Innovación y no le quita valor creemos que debemos seguir por esa senda.
Voy a hacer unas matizaciones a las que me siento obligado como portavoz en la Comisión de Ciencia e Innovación en la defensa de la enmienda transaccional. Alemania y Estados Unidos no han reducido ni un euro, ni un dólar, en I+D+i, porque
saben que se resuelven también muchísimos problemas sociales, muchísimos problemas de paro, y es más estable. Por eso, quisiera hacer unos comentarios -no es afán de crítica, pero sí tienen que ver con la realidad porque no estoy de acuerdo con
algunos intervinientes- dado que se ha hecho un gran esfuerzo en fiscalidad, pero no es la más alta de Europa. Estoy dispuesto a hablar en otro momento de ciencia e innovación.
Es verdad que en los últimos diez años -y me alegra reconocerlo- ha sido así, y en nuestro país ha pasado lo siguiente: por ejemplo, que la ley de ciencia e innovación todavía no está en vigor, y debería estar. Es una crítica que hago
pública, pero en la que estamos todos involucrados. No deja clara la diferencia entre ciencia y Administración pública, y nosotros vamos a enmendarlo.
Habrá que buscar eficacia en la distribución económica. Es verdad que se ha hecho un esfuerzo económico, pero no se está distribuyendo de forma adecuada. Una teoría científica moderna necesita normas distintas de las que rigen en la
Administración del Estado y cuya aplicación hace que se pierdan recursos por todas partes; se invierte más, pero se está malinvirtiendo. Es una crítica que debemos analizar todos. La clave es la eficaz distribución de los recursos. No hay mayor
despilfarro que financiar malos proyectos, que los hay, o financiar mal a los buenos proyectos, que también está ocurriendo. Tenemos que hacer un gran esfuerzo para no hacer perder tiempo a los investigadores y empresas de innovación en
procedimientos pensados para otras instituciones, para otras funciones que seguimos sin resolver.
En el proyecto de ley -lo traigo a colación en esta moción porque está relacionada con él directamente- se deberá incorporar esta enmienda transaccional que será aprobada por unanimidad. Tiene cosas muy buenas, pero todavía en el texto
original no se está consiguiendo -es
un anteproyecto- introducir los puntos que le estoy comentando, por lo que debíamos hacer un gran esfuerzo.
En 1986 se creó la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva de la Investigación, ANEP, y en los últimos seis años no ha funcionado. No es una crítica directa -aunque sí la tengo que hacer-, pero no ha funcionado y eso no es bueno. El
Grupo Popular seguirá actuando con criterio para buscar consensos claros y precisos en el tema de ciencia e innovación.
Llama poderosamente la atención -es bueno que sea así- que el Gobierno, después de casi dos legislaturas, proponga el concepto de innovación dentro de los contratos de Estado. Nosotros lo llevamos haciendo desde hace mucho tiempo, y lo
hacemos en lugares como la Comisión de Ciencia e Innovación. Además, me gustaría decirle una cosa: es clave para nosotros, y está relacionado con incentivar temas fiscales para conseguir fuentes de financiación importantes. Es verdad que han
mejorado, pero todavía no está consiguiendo los efectos deseados. También necesitamos el fomento del mecenazgo como fórmula imprescindible en la Europa a la que pertenecemos de financiación externa y, cómo no, fomento de la responsabilidad social
corporativa como entendimiento entre lo público-privado, con un sistema de acreditación adecuada, el RSC.
Digo todo esto porque, a pesar de los esfuerzos, lo que ha ocurrido en España es que el 30% del sector de la innovación en 2009 se ha perdido -también a principios de 2010-, o algo más dramático todavía: el 53,8% de las empresas
relacionadas con innovación tuvo que cerrar en 2009; algo estamos haciendo mal. Si el 53,8% de las empresas tienen que cerrar, y se está invirtiendo más, algo está fallando; está fallando la divulgación y está fallando el compromiso real de esa
innovación. Casi 400 000 iniciativas empresariales se abandonaron el año pasado, fruto de la crisis financiera y deficitaria política de estímulo de I+D; 400 000, son números oficiales. Luego algo hay que corregir, y el Grupo Popular en este
sentido va a seguir insistiendo. Esto viene en muchísimos informes y creo que es muy importante, como el último informe de Innovacef, que anualmente, como ustedes saben, elabora la Universidad a Distancia de Madrid, Udima, que es un dato muy
desalentador que dice que el 60% -hoy, fecha de 2010- de los jóvenes investigadores desean abandonar nuestro país. Lo han expresado en una encuesta universitaria. Luego algo está pasando que claramente tenemos que mejorar. Por ello le he dicho
insistentemente al senador Vallejo que hay que relacionar su moción con reformas fiscales, con mecenazgo y con acercar la ciencia a la sociedad, que yo creo que no está convenientemente hecho porque en información y en divulgación la buena voluntad
siempre es iluminada y perjudicial. No es suficiente argumento. Lo que hay que buscar es preparación.
Y para terminar, me congratulo de poder consensuar una enmienda transaccional. Creo que todas las propuestas mejoran la enmienda inicial.
Este es el sentido que debemos practicar en esta Cámara a la que yo llamo de la ciencia. Creo que
hay que intentar consensuar para que esa ley de ciencia salga en tiempo y forma, y para conseguir que la incorporación de la vida civil al mundo de la innovación y de la ciencia sea plena.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Una vez finalizado el debate, y dado que existe esa enmienda transaccional firmada por todos los grupos parlamentarios, entiendo que se puede aprobar por asentimiento. (Pausa.)
Queda aprobada.
DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS.
-- DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA Y PESCA EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 1/2005, DE 9 DE MARZO, POR LA QUE SE REGULA EL RÉGIMEN DEL COMERCIO DE DERECHOS DE EMISIÓN DE GASES DE EFECTO
INVERNADERO PARA PERFECCIONAR Y AMPLIAR EL RÉGIMEN GENERAL DE COMERCIO DE DERECHOS DE EMISIÓN E INCLUIR LA AVIACIÓN EN EL MISMO (Número de expediente Senado 621/000050 y número de expediente Congreso 121/000057).
El señor PRESIDENTE: Punto sexto del orden del día: Dictámenes de comisiones sobre proyectos y proposiciones de ley remitidos por el Congreso de los Diputados.
De la Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca en relación con el proyecto de ley por la que se modifica la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero
para perfeccionar y ampliar el régimen general de comercio de derechos de emisión e incluir la aviación en el mismo.
Para la presentación del dictamen tiene la palabra el senador Bella.
El señor BELLA GALÁN: Señor presidente, señorías, me cabe el honor de haber sido designado para presentar a la Cámara el dictamen de la Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca al proyecto de ley por la que se modifica la Ley 1/2005,
de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero para perfeccionar y ampliar el régimen general de comercio de derechos de emisión e incluir la aviación civil en el mismo.
Este proyecto de ley fue remitido al Senado por el Congreso de los Diputados y publicado el pasado 14 de mayo de 2010. El plazo de presentación de enmiendas concluyó el 27 de mayo de 2010, habiéndose presentado 26 enmiendas por parte de los
siguientes grupos parlamentarios: de la número 1 a la 5, por el Grupo Parlamentario Popular en
el Senado; de la número 6 a la 23, por el Grupo Parlamentario de Entesa Catalana de Progrés, y de la número 24 a la 26, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió. La comisión procedió a dictaminar el proyecto
de ley el día 16 de junio, aceptándose como dictamen el texto remitido por el Congreso de los Diputados.
Finalmente, para su debate ante el Pleno se han formulado tres votos particulares que se defenderán a continuación: del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió correspondiente a las enmiendas números 24 a 26; del
Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés correspondiente a las enmiendas números 6 a 23, y del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, correspondiente a las enmiendas números 1 a 5.
Con estas palabras, señorías, creo haber resumido la tramitación que hasta ahora se ha llevado a cabo.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
A continuación pasamos a la defensa de las enmiendas.
Por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió tiene la palabra el senador Roig.
El señor ROIG I GRAU: Gracias, señor presidente.
Intervengo para defender las enmiendas números 24, 25 y 26, que afectan básicamente a aspectos competenciales. Nosotros entendemos que la competencia para la regulación de estos derechos de emisión de los gases de efecto invernadero tendría
que estar, en principio, en las comunidades autónomas. Por tanto, hemos mantenido estas enmiendas que plantean asuntos competenciales. En este sentido, doy por defendidas las enmiendas.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, tiene la palabra el senador Guillot.
El señor GUILLOT MIRAVET: Gràcies, president.
Señorías, quisiera empezar mi intervención leyendo dos apartados del artículo 144 del Estatuto de Cataluña, actualmente vigente. En la letra h) se establece que la regulación del ambiente atmosférico y de las diversas clases de
contaminación del mismo, la declaración de zonas de atmósfera contaminada y el establecimiento de otros instrumentos de control de la contaminación con independencia de la administración competente para autorizar la obra, la instalación o la
actividad que la produzca, es competencia de la Generalidad. En la letra i) se incluye la regulación del régimen de autorización y seguimiento de emisión de gases de efecto invernadero.
He querido empezar leyendo estas dos letras porque son las que justifican 14 de las 18 enmiendas que he presentado a esta ley. Con estas enmiendas hemos intentando modificar el actual articulado para permitir una serie de cuestiones, de las
que las más significativas son: que las resoluciones de aprobación y extinción de los planes de seguimiento de las emisiones de los operadores aéreos se comuniquen a la comunidad autónoma competente. La inscripción en el registro de los datos de
emisiones verificadas. La potestad sancionadora; la presentación por los operadores aéreos de los planes de seguimiento a las comunidades autónomas a las que se atribuya la mayor parte de las emisiones de los vuelos operados por los mismos.
Corresponde a la comunidad autónoma los planes de seguimiento sobre los datos de emisiones y toneladas-kilómetro transportadas. A su vez, las comunidades autónomas informarán a la Comisión de Coordinación de Políticas de Cambio Climático de los
planes de seguimiento aprobados. La presentación de las solicitudes de asignación gratuita de derechos de emisión de la reserva especial será también ante la comunidad autónoma. Otro punto es la presentación ante la comunidad autónoma del informe
verificado sobre las emisiones de las aeronaves que hayan operado en el año precedente. También hay una enmienda para dar a la comunidad autónoma una aplicación de los ingresos derivados de la subasta coherente con la distribución de competencias,
tanto en la mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero como en la adaptación. Debe ser competente la comunidad autónoma para la resolución sobre los informes verificados. Y por último, también para la estimación de emisiones en
ausencia de informe verificado.
Estas son, a mi entender, las enmiendas más significativas que, en definitiva, intentan conseguir que esta ley respete las competencias autonómicas y, de manera muy clara, las competencias en el caso catalán del Estatut de Catalunya.
Señoría, no sin cierto cansancio, sin cierto hartazgo, quisiera terminar mi intervención de defensa de estas enmiendas competenciales con una reflexión. El artículo 144 en sus letras h) e i) fueron votados por la mayoría de este Senado.
Los apartados de este artículo no han sido impugnados ni por el Partido Popular, que impugno 49 artículos del título competencial, ni por el Defensor del Pueblo que impugnó 50. Es decir, estos apartados no están entre las cien impugnaciones que se
han presentado al Tribunal Constitucional como recurso de inconstitucionalidad. Este artículo se votó, no ha sido recurrido, y lo que es lamentable es que a la hora de legislar estas cuestiones no sean respetadas. Por eso uno se plantea de qué
sirve aprobar estatutos, si en el desarrollo legislativo posterior esos estatutos no son respetados. Es una situación, insisto, de cansancio porque es una constante especialmente en todas las leyes de transposición de directivas europeas y,
especialmente, casi siempre por parte del mismo ministerio.
Es por ello que hemos presentado estas enmiendas, es por ello que vamos a votar afirmativamente las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, y es por ello por lo que también les informo que el Gobierno de la
Generalidad presentará un conflicto de competencias respecto a esta ley en todo aquello que afecta a sus competencias.
Gràcies, senyor president; gracias, señoría.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Salas.
El señor SALAS MACHUCA: Gracias, señor presidente.
El cambio climático es un problema medioambiental, económico y social de primera magnitud. Creo que debemos responder a él con una estrategia de nación, con estrategias internacionales y, cómo no, porque gota a gota se forma un río, con
estrategias o comportamientos individuales, con modificación de nuestras conductas. El Partido Popular está en el reto de la lucha contra el cambio climático tanto por convicción como por considerar que España es un país especialmente vulnerable
ante este fenómeno. Por tanto, desde el ámbito global, colectivo y desde el aspecto personal hoy debatimos en el Senado la trasposición al derecho español de dos directivas europeas. Las dos derivan de un compromiso que debemos cumplir y que no es
otro que reducir para el 2020 las emisiones globales de gases de efecto invernadero en Europa al menos en un 20%.
Me parece importante señalar que las dos directivas provienen de otras normativas que han sido modificadas, perfeccionadas por la experiencia.
Por tanto, suponen un avance más de la lucha contra el cambio climático.
Y tengo que reconocer
que las dos directivas vienen desde el Congreso de los Diputados con una base de acuerdo importante que nos ha acercado a los grupos parlamentarios, independientemente de los matices que vamos a mantener en las sucesivas intervenciones.
El Grupo Parlamentario Popular ha mantenido vivas cinco enmiendas. La primera modifica el punto 4 del artículo 26 y pretende reforzar la seguridad jurídica de los derechos asignados gratuitamente, precisando que la única forma válida de
identificar las instalaciones que han cesado en su actividad es el momento en que quede extinguida la autorización de emisión de gases invernadero. La segunda enmienda modifica el artículo 30 y pretende que las sanciones por exceso de emisiones se
liguen al IPC para lo bueno y para lo malo, en las dos direcciones, puesto que el IPC sube y baja. Me parece, por tanto, que esta enmienda perfecciona la normativa procedente del Congreso. En la tercera modificamos también la disposición adicional
con la pretensión de que se consideren pequeños emisores las instalaciones que tengan una potencia térmica nominal inferior a los 35 megavatios. La cuarta enmienda pretende agilizar los procedimientos burocráticos y suprime la disposición adicional
primera ya que consideramos que la incorporación de la autorización de emisiones de gases de efecto invernadero a la autorización ambiental integrada lo que hace precisamente es no dar facilidad administrativa a un procedimiento.
A nuestro juicio
eso conlleva más problemas que ventajas. La última enmienda -y ya termino, señorías- elimina el párrafo del punto 2 del antiguo Anexo III que hace referencia a los factores de oxidación.
Entendemos que las razones de la directiva no hacen
referencia a esos factores de oxidación, por lo que consideramos que sería conveniente eliminar esa referencia.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
En turno en contra tiene la palabra la senadora Iranzo.
La señora IRANZO SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.
Hago uso de este turno para fijar la postura de mi grupo parlamentario respecto de las enmiendas presentadas por el resto de grupos al proyecto de ley por la que se modifica la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del
comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero para perfeccionar y ampliar el régimen general del comercio de derechos de emisión e incluir a la aviación civil.
Por la Ley 1/2005, que era la trasposición de la Directiva 2003/87 del Parlamento Europeo y del Consejo, se establecía por vez primera un régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la Comunidad y se
modificaba una directiva anterior, la 1996/61. Hoy modificamos aquella Ley del año 2005 porque entre noviembre de 2008 y abril de 2009 se han aprobado dos directivas de mucho peso específico que debemos trasponer a nuestro ordenamiento jurídico.
Los distintos grupos parlamentarios han presentado 26 enmiendas a este proyecto de ley. En primer lugar voy a pasar a fijar la postura de mi grupo respecto de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular.
La enmienda número 1 pretende no transferir los derechos otorgados cuando la autorización de la emisión de gases haya quedado extinguida. Señorías, no podemos apoyar esta enmienda porque lo que se pretende mediante el apartado 19 del
artículo 10 bis de la Directiva 2009/29 es que las instalaciones que hayan dejado de funcionar no reciban la asignación que se les otorgó anteriormente al cese de la actividad. No existe, pues, desde nuestro punto de vista otra interpretación
posible. Por tanto, entendemos que es más apropiado plantearlo desde el punto de vista de la transferencia de la asignación a la cuenta de haberes del titular que desde la asignación.
No podemos respaldar la enmienda número 2 ya que lo que se pide es que la sanción por exceso de emisiones, en relación con los derechos de emisión expedidos a partir del 1 de enero de 2013, varíe en función del IPC, es decir, que pueda
aumentarse o que pueda disminuirse. Es totalmente contrario a lo que prevé la propia directiva, que plantea que únicamente las sanciones podrán incrementarse.
En la enmienda número 3 se pide que se amplíen los condicionantes de la exclusión de instalaciones de pequeño tamaño. Entendemos que esta propuesta es incompatible con el texto de la Directiva 2009/29.
La número 4 solicita la supresión de la disposición adicional primera. No daremos respaldo a esta enmienda ya que la obligación de que los Estados miembros tomen medidas para coordinar los procedimientos de tramitación de la autorización de
emisiones de gases efecto invernadero
y la autorización ambiental integrada figura en el artículo 8 de la traspuesta Directiva 2003/87, que no ha sufrido cambios en esta revisión.
La disposición adicional primera de la ley es expresión de dicha coordinación, remitiendo a la
normativa autonómica para que regule si se integran los procedimientos de otorgamiento y cómo. La Ley 1/2005 permite, por tanto, esta integración de las autorizaciones, que es una potestad de las comunidades autónomas y que mi grupo parlamentario
entiende que no debe restringirse.
La enmienda número 5 pide que se elimine la referencia a factores de oxidación. Votaremos en contra porque la redacción del Anexo III es copia literal de la del Anexo IV de la Directiva 2003. El texto no se refiere a factores de oxidación
incluidos en la Directiva 1996/61, sino a factores determinados de conformidad con dicha directiva, por ejemplo, los contenidos en los BREF.
Las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, todas, tienen un factor competencial que entendemos que no es acorde o no está conforme con el espíritu de la Ley 1/2005 ni tampoco con las dos directivas que
trasponemos ahora, ni, evidentemente, con la Directiva 2003/87.
Rechazamos la enmienda número 6 porque pretende que la Comisión de Coordinación de Políticas de Cambio Climático vele por el cumplimiento de la normativa comunitaria. Esta enmienda está referida al artículo único 10, y la organización de la
subasta, señorías, quedará definida principalmente en un reglamento de la Comisión Europea. No corresponde a la Comisión de Coordinación de Políticas de Cambio Climático velar por el cumplimiento de la normativa comunitaria.
Tampoco apoyaremos la enmienda número 7, ya que pide la aplicación de ingresos coherente con la distribución competencial. Consideramos que debemos tener en cuenta el principio de no afectación de los ingresos.
Asimismo entendemos que debe
considerarse que el destino de los ingresos, señorías, también puede ser de carácter internacional.
Las enmiendas números 8 y 9 solicitan que se remitan los informes del operador aéreo a la comunidad autónoma en lugar de al Ministerio de Fomento. No las apoyaremos ya que la atribución de competencias que se propone daría lugar a la
extraterritorialidad en el control de las actividades de aviación. Es contrario, por tanto, al reparto constitucional de competencias, cuyos fundamentos vienen bien definidos en la exposición de motivos de la ley.
Sirva también esta explicación para justificar que tampoco daremos apoyo a las enmiendas números 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 porque mi grupo parlamentario entiende que se incumple el reparto constitucional de competencias.
La enmienda número 20 pretende eliminar la referencia al informe previo del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. No la vamos a respaldar ya que es necesario que exista un cierto grado de armonización en la aplicación de los
criterios para la exclusión de instalaciones de pequeño tamaño y las medidas equivalentes establecidas mediante real decreto en las distintas comunidades autónomas, con el fin de evitar posibles distorsiones de la competencia. Y esto solo puede
garantizarse a través del informe que aporta el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.
Las enmiendas números 21 y 22 pretenden eliminar el Anexo III. No las vamos a apoyar porque consideramos mejor técnica normativa mantener la información contenida en los anexos en el texto de nuestra ley frente a la mera remisión a la
normativa comunitaria. El Anexo III es trasposición de la Directiva 2008/101 y las disposiciones de las directivas se incorporan siempre a la norma nacional de trasposición.
Finalmente, tampoco vamos a apoyar la enmienda número 23, que propone que se establezca el plazo de un año desde la entrada en vigor de la ley para aprobar el reglamento en relación con los proyectos domésticos. Y no la vamos a apoyar
porque el plazo propuesto es muy breve, sobre todo si tenemos en cuenta que lo que se haga en ese ámbito debe ser coherente con disposiciones de desarrollo comunitarias que todavía, a fecha de hoy, no se han adoptado.
Respecto a las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió: la número 24 plantea que la competencia de ejecución en materia de legislación de medio ambiente corresponde a las comunidades
autónomas, y por ello considera necesario atribuir a las comunidades autónomas la dirección de la tramitación y resolución de los procedimientos de asignación de derechos de emisión previstos en el proyecto.
Mi grupo parlamentario no comparte esta afirmación, ya que la asignación de derechos de emisión para instalaciones fijas es una competencia estatal, según la Ley 1/2005, competencia que nunca se ha cuestionado.
A la enmienda número 25 le damos la misma justificación que a la anterior, pero en este caso en materia de registros. Les diré que la competencia en esta materia no se ha modificado a día de hoy respecto a lo que dice la Ley 1/2005.
Finalmente, la última enmienda del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, que persigue eliminar la referencia al informe previo del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino no vamos a apoyarla porque
entendemos que es necesario que exista un cierto grado de armonización en la aplicación de criterios para la exclusión de instalaciones de pequeño tamaño y las medidas equivalentes establecidas, como hemos dicho anteriormente, mediante real decreto
en las distintas comunidades autónomas para así -repito- evitar posibles distorsiones de la competencia. Esto solo puede garantizarse a través de ese informe del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. Y, por otro lado, se eliminan
numerosas explicaciones y requisitos sin que nos haya quedado claro la intención final de esta enmienda.
Esta es la postura de mi grupo parlamentario respecto a las enmiendas presentadas.
Quiero decir que ya se alcanzó un alto grado de consenso en el Congreso de los Diputados respecto a este proyec-
to de ley, y quiero agradecer la actitud de los distintos portavoces, tanto en su tramitación hasta llegar a esta sesión de Pleno como en la propia comisión.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Pasamos al turno de portavoces.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Bagur.
El señor BAGUR MERCADAL: Gracias, señor presidente.
Voy a intervenir muy brevemente, y quiero anunciar mi apoyo a esta ley.
El compromiso del Consejo de Europa sobre el cambio climático y energía 2007 tenía como objetivo, entre otras políticas medioambientales, la reducción de aproximadamente el 20% de la emisión de gases de efecto invernadero para 2020;
reducción precisa del compromiso y adecuación legislativa de todos sus Estados miembros y una serie de obligaciones para con los operadores aéreos y otros titulares de actividades, que, a partir de 2013, contarán con las obligaciones previstas en
esta modificación que regula la comercialización de los derechos de emisión de forma eficaz.
Por tanto, como he dicho, dada la importancia y trascendencia de esta modificación, mi voto será positivo.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra la senadora Candini.
La señora CANDINI I PUIG: Graciès, senyor president.
Efectivamente, este es un proyecto de ley de una trascendencia evidente en la medida en que modifica el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en el marco de una trasposición de las correspondientes
directivas de la Unión Europea, que tiene importantes consecuencias desde la perspectiva de las políticas públicas de lucha contra el cambio climático y que afecta muy directamente a diversos sectores del tejido productivo. Es un texto quizá poco
cargado de polémica partidista o de controversia política, como otros, pero que tiene, insisto, enormes consecuencias en la vida real de muchos sectores económicos y que está perfectamente enlazado con una política que todos compartimos, que es la
política contra el cambio climático.
Precisamente las enmiendas que ha presentado el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió han insistido mucho en la necesidad de que se efectuase una trasposición adecuada de estas directivas y en que tuviese en cuenta
los efectos que se producirían en los sectores productivos afectados por la regulación del comercio de emisiones y por la asignación de derechos en el marco del nuevo contexto europeo en esta materia y para que fuesen razonables en términos de su
propia capacidad de competencia. Nuestras enmiendas han tenido un carácter fundamentalmente técnico.
Como ha dicho anteriormente el señor Guillot -y no es menor-, el proyecto de ley también ha afectado a aspectos vinculados al actual reparto de competencias entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas. Diversos
grupos hemos planteado enmiendas para permitir que esas competencias ejecutivas en materia de medio ambiente -que nuestros estatutos atribuyen a diversas comunidades autónomas- sean plenamente respetadas en este proyecto de ley. En esta materia, en
concreto, no hemos podido alcanzar ningún acuerdo con el Grupo Parlamentario Socialista.
Por todo ello, mantenemos nuestras enmiendas. De todas maneras, señorías, les advierto de que para nosotros son muy importantes todas aquellas cuestiones que tienen que ver con las competencias. He de señalar en este sentido -tal como
expresaba el senador Guillot en el caso de la Generalitat de Catalunya- cuyas responsabilidades de medio ambiente están en manos de Iniciativa per Catalunya, que tenemos información de que se ha presentado no un recurso, sino un conflicto de
competencias. En este sentido, la Generalitat de Catalunya entiende clarísimamente -como también entendemos nosotros evidentemente- que hay un conflicto de competencias.
Por tanto, nosotros no apoyaremos -nos abstendremos- esta ley. Apoyaremos las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés y, por tanto, seguiremos manteniendo vivas nuestras enmiendas.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, tiene la palabra el senador Guillot.
El señor GUILLOT MIRAVET: Graciès, senyor president.
Señorías, en los dos grandes retos que tiene la humanidad -pobreza y cambio climático-, tanto el abordaje que se está haciendo a nivel internacional como la gestión que se está llevando a cabo de estos dos grandes problemas no es lo mejor.
He de señalar que en septiembre, en Nueva York, revisaremos los Objetivos de Desarrollo del Milenio a la baja, lamentablemente, y que salimos decepcionados de la Cumbre de Copenhague con respecto al cambio climático. La próxima cita es en
Méjico, en el mes de diciembre de 2010, pero visto el impulso actual, el debate social, el liderazgo de la Presidencia española de la Unión Europea tan escaso respecto a esta cuestión, hay que presumir también que, lamentablemente, habrá escasas
esperanzas de que se dé una salida global a un problema global. Es decir, el cambio climático sigue siendo un grave problema, que hoy por hoy no tiene una respuesta adecuada en toda su magnitud. Evidentemente, la crisis económica está
representando una disfunción de la emisión de gases de efecto invernadero como un efecto secundario -en este caso positivo- del mal de la crisis económica que estamos sufriendo.
Con esta situación, se están dando significativos pasos adelante con la trasposición de dos nuevas directivas -2008 y 2009- a la legislación española, que no solo lo amplía a la aviación -que es un gran contaminante, un gran emisor de gases
de efecto invernadero-, sino que también reforma el régimen de comercio europeo. Es un nuevo y positivo instrumento que hoy incorporamos en la legislación española.
Ya he explicado anteriormente las reservas que tengo en cuestiones competenciales.
Senadora Iranzo, le recuerdo que en todo el paquete competencial no hubo consenso en el Congreso y que las atribuciones constitucionales son también las que marca el Estatut de Cataluña -que contiene la división de poderes y de competencias
de que hoy en día estamos dotados-, y es por esto que no pudo haber consenso con el Grupo Socialista en una materia tan importante como es la competencial.
Con todo, el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés apoyará este proyecto de ley. Entendemos que es una reforma importante, que tiene significativas consecuencias en las políticas públicas de lucha contra el cambio climático y
también queremos valorar el esfuerzo que se realizó en el Congreso en todos los otros apartados. A partir de aquí, manifestamos al Pleno el pleno apoyo de mi grupo al proyecto de ley de reforma del comercio de emisión de gases de efecto
invernadero.
Gràcies president. Gràcies, senyorias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el senador Simón.
El señor SIMÓN DE LA TORRE: Muchas gracias, señor presidente.
Como todos los grupos han mencionado, tras los compromisos derivados del Protocolo de Kioto, la Unión Europea aprobó la Directiva 3003/87, de la que su trasposición a nuestra legislación supuso la aprobación en el año 2005 de la Ley que
regula el régimen de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero.
Este régimen se ha manifestado como uno de los instrumentos más importantes de la política en materia de cambio climático de la Unión Europea y como un instrumento de referencia en el marco internacional. Y así se ha creado en el seno de la
Unión el mayor mercado del mundo de carbono y se ha contribuido a impulsar el mercado internacional de créditos, surgido al amparo del Protocolo de Kioto, atrayendo inversiones para la reducción de emisiones por medio de proyectos de aplicación
conjunta y del mecanismo para un desarrollo limpio.
De la experiencia adquirida durante el funcionamiento del régimen en el primer período de comercio y de elaboración de los PNA para el período 2008-2012, se identificaron una serie de aspectos que debían revisarse para mejorar el
funcionamiento del régimen comunitario. Pero también la Unión Europea ha asumido nuevos objetivos en materia de cambio climático dirigidos a limitar el aumento de la temperatura mundial anual a no más de 2.º centígrados, y para ello se ha
comprometido unilateralmente a lograr una reducción del 20% respecto a 1990 en las emisiones de gases de efecto invernadero en el año 2020.
Para hacer posible el cumplimiento de este objetivo, la Comisión propuso un paquete de medidas denominado el Paquete de energía y cambio climático, que fue adoptado por el Parlamento y el Consejo. En este marco es donde se ha acordado
modificar el régimen de comercio de derechos de emisión, con el propósito de cumplir los nuevos objetivos asumidos y mejorar la eficacia del mercado.
La modificación del régimen, como se ha mencionado aquí, se planteó a través de dos directivas que se trasponen conjuntamente en este proyecto.
La primera de ellas acomete una revisión del régimen comunitario del comercio de derechos de
emisión y, por otro lado, la Directiva 2008 incorpora el sector de la aviación al régimen de comercio de los derechos de emisión, con el fin de cumplir con los objetivos en materia de cambio climático.
Por lo que se refiere a la incorporación de la aviación en el proyecto, se recogen las normas necesarias para que el régimen del comercio de derechos de emisión sea aplicable a los operadores de las aeronaves, y si entramos en un análisis
más detallado del impacto económico del nuevo régimen, hemos de referirnos, en primer lugar, a la nueva definición del ámbito de aplicación. Así, se adopta una definición -las instalaciones de combustión exhaustiva- que incluye cualquier
dispositivo donde se oxidan combustibles, incluyendo las actividades directamente asociadas, como el lavado de gases residuales. La medida garantiza una aplicación más homogénea en el territorio de la Unión Europea y, por tanto, unas condiciones de
competencia más equitativas. Igualmente se incluyen sectores industriales nuevos. Con esta ampliación se trata de actuar de una manera más decidida a la hora de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
Así, pues, desde que se aprobó la ley hasta ahora han aparecido dos nuevas directivas que obligan a modificar la legislación. Por eso estamos debatiendo sobre un proyecto de ley que es la modificación de una ley existente y que nace acotada
por lo establecido en las dos directivas, que se ha elaborado tras consultas a las comunidades autónomas, a los agentes sociales, y que se ha puesto a información pública. Es un proyecto de ley que recoge la mayoría de las observaciones realizadas
y que marca un volumen único de emisiones para toda Europa, único techo común, con una asignación de derechos y de emisión más armonizada, por subasta, y una asignación gratuita de acuerdo con unas reglas determinadas. De este modo, no se producirá
distorsión en la competencia en los distintos sectores. La inclusión de la subasta nos permite afirmar que el que contamina paga y la inclusión de nuevos sectores contaminantes como el de la aviación garantiza un mayor control sobre las emisiones.
La ley recoge también el aspecto competencial al señalar que es el Estado quien debe ejercer dicha competencia ya que es el responsable del control del tránsito y del transporte aéreo y es el que concede las licencias de los operadores
aéreos, pero es que además así se garantiza la
aplicación homogénea de los criterios de reparto de los derechos en todo el Estado, en la competencia, así como diferencias injustificadas entre sectores de actividad y entre instalaciones.
Por todo ello, mi grupo va a votar afirmativamente este proyecto ley.
Gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Valín.
El señor VALÍN ALONSO: Gracias, señor presidente.
Como su título indica, el proyecto de ley que hoy se dictamina modifica la vigente Ley del año 2005, resultante de la aplicación de la Directiva del 2003, y se modifica, fundamentalmente, atendiendo a dos nuevas directivas: la orientada a
reducir el cambio climático, atribuible a la aviación, y la orientada a revisar el régimen de comercio de derechos de emisión a fin de evitar distorsiones en el mercado, facilitar vínculos e incrementar la previsión, ampliando el ámbito de
aplicación para nuevos sectores.
La ley, que tiene un contenido muy específico de regulación administrativa del proceso comercial de los derechos, entre los cuales cabe destacar la revisión de la autorización cada cinco años, el plan de seguimiento, el establecimiento de
obligaciones de comunicación, la fijación de un período de comercio de ocho años, etcétera, tiene desde mi punto de vista algunos elementos cruciales de interés económico y político. Esos elementos de interés económico y político son los que
justifican básicamente el apoyo de mi grupo a este proyecto de ley.
En primer lugar, evita el desplazamiento de industrias afectadas por los derechos de emisión a terceros países, que, por no haber asumido el Protocolo de Kioto, no exigen esos derechos de emisión y, en definitiva, en el argot, lo que
permitirían es que se produjera lo que se llama una fuga de carbono, es decir, que industrias españolas pudieran irse a producir a otros países porque no tienen las obligaciones correspondientes a los derechos de emisión. Desde ese punto de vista,
elimina una de las principales preocupaciones de las industrias afectadas -como pueden ser la siderurgia, las cementeras y las cerámicas- de enfrentarse a una competencia desleal por parte de esos terceros países.
En segundo lugar, otra preocupación, que era una de las principales reticencias del Grupo Popular al anterior sistema, se resuelve al disponer que las empresas afectadas por la fuga de carbono tengan asignación gratuita al cien por cien de
esos derechos de emisión.
La tercera cuestión es que el proceso de mercantilización de los derechos de emisión es paulatino, no es repentino, ya que para la generalidad de las instalaciones excluidas -las afectadas por la fuga de carbono- existe un período de siete
años, desde 2013 hasta 2020, en que se pasará de una asignación gratuita del 80% a una asignación gratuita -al final- de solo el 30%.
Por último, se generaliza el régimen de subasta para los derechos que no sean de asignación gratuita, lo cual clarifica sin duda los mercados evitando problemas de competencia y, quizás, el más importante de los aspectos relacionados con
esta ley: desaparecen los planes nacionales de asignación de cada uno de los países que pasan a englobarse dentro de un enfoque comunitario del volumen de los derechos y del método de asignación.
Así, partiendo de una cartera de derechos comunitarios que irá descendiendo anualmente hasta llegar al 21% en el año 2020 para así poder cumplir el Protocolo de Kioto, se produce un reparto entre los Estados miembros de la Unión por la
subasta correspondiente, que luego, una vez conseguidos esos derechos por cada uno de los Estados, se reparte entre los distintos concesionarios mediante las subastas oportunas de acuerdo con las directrices europeas, como se ha señalado. Así pues,
el espíritu de las directivas, que recoge la ley, es asegurar al máximo un mercado único europeo en materia de comercio de esos derechos con el fin de asegurar la transparencia y la igualdad de situaciones en un régimen único competencial; un
mercado único europeo que debe tener su correlato en un mercado único español que debe ser fortalecido por un sistema único de atribución y asignación estatal de derechos -como recoge la ley-, sin perjuicio de las competencias de las distintas
comunidades autónomas en otras materias, como son el medio ambiente, la autorización de emisiones, etcétera, pero no en el mercado de los derechos de emisión. Por tanto, un mercado único español que debe ser evidente en el caso de la aviación, en
que la emisión no se produce en un punto fijo del territorio. Esa convicción de asegurar un mercado único español y un régimen único de asignación de derechos dentro del espíritu de las directrices tendentes a asegurar el mercado único europeo son
las que animan a mi grupo a oponerse a las enmiendas de otros grupos orientadas a una mayor atribución de competencias en el régimen de asignación a las comunidades autónomas.
Por lo demás, señorías -como se ha señalado-, en el debate del proyecto se ha alcanzado bastantes acuerdos en el Congreso, por lo que algunas enmiendas que mi grupo ha planteado son de tipo instrumental con el fin de evitar confusiones
-enmienda número 1-, con el fin de fijar administrativamente bien los procesos -enmienda número 2- o con el fin de precisar técnicamente las instalaciones de pequeño tamaño -enmienda número 3-, y especialmente con el fin de evitar una burocracia
excesiva o inútil -enmienda número 4, que precisamente evita que se incorpore al proceso de autorización de emisiones la autorización ambiental, que puede generar costosos trámites sin ninguna ventaja para las comunidades autónomas.
Señorías, como puede observarse, no son sustanciales para un ley muy debatida, pero son mejoras inequívocas que, sin duda, agradecerán las administraciones y los ciudadanos que hayan de beneficiarse de esta ley, por lo que demando su apoyo a
los grupos de la Cámara.
Muchas gracias, señorías.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Llamen a votación. (Pausa.)
Tomen asiento. (Pausa.)
Cierren las puertas. (Pausa.)
Señorías, vamos a proceder a la votación del proyecto de ley por la que se modifica la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero para perfeccionar y ampliar
el régimen general de comercio de derechos de emisión e incluir la aviación en el mismo.
Señorías, antes de proceder a la votación les indico -porque si lo que voy a decir lo transmito cuando se termine la votación estará todo el mundo levantándose y seguramente nos equivocaríamos-, que, una vez finalizada la votación de este
proyecto de ley, vamos a entrar en el debate del veto del siguiente proyecto de ley, que votaríamos; seguidamente continuaremos con el debate de las enmiendas, pero el proyecto de ley y las enmiendas se votarían una vez finalizado el debate de la
toma en consideración.
(Rumores.) ¿Lo han entendido? (Pausa.) Votaremos el proyecto de ley por la tarde. Se procederá al debate de la toma en consideración y, una vez finalizado, se votaría, así como el proyecto de ley de puertos.
Dicho esto, señorías, empezamos votando las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, de la 24 a la 26.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 253; a favor, 19; en contra, 233; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos las enmiendas números 6 a 23 del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 253; a favor, 19; en contra, 232; abstenciones, 2.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Finalmente, votamos las enmiendas 1 a 5 del Grupo Parlamentario Popular.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 253; a favor, 119; en contra, 134.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos el resto del proyecto de ley.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 253; a favor, 244; en contra, 1; abstenciones, 8.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Señorías, queda definitivamente aprobado por las Cortes Generales el proyecto de ley por la que se modifica la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero para
perfeccionar y ampliar el régimen general de comercio de derechos de emisión e incluir la aviación en el mismo.
-- DE LA COMISIÓN DE FOMENTO EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DE LEY DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 48/2003, DE 26 DE NOVIEMBRE, DE RÉGIMEN ECONÓMICO Y DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LOS PUERTOS DE INTERÉS GENERAL (Número de expediente Senado
621/000051 y número de expediente Congreso 121/000024).
El señor PRESIDENTE: Señorías, pasamos al debate del dictamen de la Comisión de Fomento en relación con el proyecto de ley de modificación de la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios en los
puertos de interés general.
Para la presentación del dictamen, tiene la palabra el senador Becana.
El señor BECANA SANAHUJA: Gracias, señor presidente. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.
El señor BECANA SANAHUJA: Señorías, el proyecto de ley que se somete en este acto a la consideración del Pleno se tramita por el procedimiento ordinario. Tuvo su entrada en la Cámara el día 28 de mayo, fecha de su publicación en el Boletín
Oficial de las Cortes Generales.
El plazo de presentación de propuestas de veto y de enmiendas finalizó el día 10 de junio y a este proyecto de ley se presentaron un veto y un total de 91 enmiendas, distribuidas de la siguiente manera: propuesta de veto del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió; enmiendas números 1 y 2, de los señores Quintero Castañeda y Belda Quintana; números 3 y 5, del señor Sampol i Mas; números 6 a 38, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas; y,
números 39 a 51, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.
La ponencia se reunió para informar el día 14 de junio, rechazando todas las enmiendas presentadas y manteniendo el texto remitido por el Congreso de los Diputados, sobre el que se llevaron a cabo correcciones técnicas, materiales y de
concordancia.
La comisión se reunió para dictaminar el día 17 de junio, aceptando como dictamen el texto del informe de la ponencia, que no introducía enmiendas en el remitido por el Congreso de los Diputados. (El señor vicepresidente, Molas i Batllori,
ocupa la Presidencia.)
A este dictamen se han presentado los siguientes votos particulares. El voto particular número 1, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas; el número 2, de los señores Quintero Castañeda y Belda Quintana; el número 3, del Grupo
Parlamentario Mixto; el número 4, del Grupo
Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, y el número 5, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias.
Para la defensa de la propuesta de veto del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra la senadora Candini.
La señora CANDINI I PUIG: Gràcias, senyor president.
El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió presenta este veto porque entendemos que el actual redactado del proyecto de ley de modificación de la Ley 48/2003 deja a las autoridades portuarias con poco margen para
aplicar la autonomía de gestión señalada en la exposición de motivos.
El texto introduce elementos excesivamente reglamentistas que incrementan los trámites administrativos y burocráticos de la gestión de los puertos.
El texto del proyecto de ley otorga una capacidad real de competir entre las distintas
autoridades portuarias y cualquier iniciativa en este sentido debería descansar en la autorización previa de Puertos del Estado, que se reserva la facultad de aprobar planes, proyectos, presupuestos y cualesquiera instrumentos que con aquella
finalidad pudieran elaborar las autoridades portuarias.
Tampoco deja margen para la competencia interportuaria ni capacidad para facilitar una política tarifaria diferenciada en función de la dimensión, necesidades y oportunidades de cada uno de los puertos. Todo ello queda encorsetado en un
absurdo, poco moderno y menos operativo sistema de tasas demasiado continuista con el existente hasta la fecha y que ha generado un sinfín de reclamaciones administrativas y contenciosas que dificultan en extremo la operativa financiera de los
puertos. Además, el proyecto de ley pretende confirmar que la participación de las comunidades autónomas ya está suficientemente garantizada con el modelo actual y, por ello, no introduce ninguna modificación positiva para avanzar en el pleno
ejercicio de la autonomía de los puertos.
En pleno debate sobre esta cuestión, el proyecto cierra definitivamente cualquier posibilidad a una mayor integración de los puertos y de sus autoridades portuarias en el régimen jurídico autonómico. Las comunidades autónomas participan en
el nombramiento de buena parte de los miembros de las autoridades portuarias pero no se les permite otra cosa que administrar, a través de estas, lo que la Ley de puertos señala. No pueden gestionar los puertos sin someterse a una total, estricta y
cada vez más detallista intervención del organismo estatal de Puertos del Estado. Las comunidades autónomas no pueden adaptar los principios de la ley a su realidad ni al ámbito territorial al que deben servir.
Las autoridades portuarias han devenido un apéndice de Puertos del Estado que, por esta vía, se convierte en un órgano administrativo excepcional que se superpone al orden jerárquico constitucional en la medida en que se impone directamente
a las instituciones autonómicas. Ni las autoridades portuarias cuentan con autonomía de gestión, ni las comunidades autónomas tienen intervención alguna de carácter normativo o reglamentario en la ordenación de los puertos de interés general
ubicados en su ámbito territorial.
La autonomía no la define el hecho de que en la exposición de motivos del proyecto de ley se la mencione como ambición de la misma. La autonomía resulta del contenido normativo de la ley, y en esta nada la hace ni viable ni operativa.
Hasta tal punto es ello cierto que incluso resultaría irrelevante dotar a las autoridades portuarias de una mayor presencia o participación de las comunidades autónomas en su administración; con más o menos presencia, nada cambiaría. La autoridad
portuaria se vería forzada a aplicar estrictamente una ley que no le da margen para ninguna autonomía de gestión y la comunidad autónoma respectiva carecería además de toda capacidad normativa para adaptar la ley a las necesidades del ámbito
competencial de su territorio.
Además, esta situación se ha visto agravada con el pacto del Partido Socialista Obrero Español y el Partido Popular en el Congreso de los Diputados, que incorpora enmiendas que aún limitan más la autonomía de las autoridades portuarias,
otorgando más poder competencial a Puertos del Estado.
Por si esto fuera poco, en enero de 2009 el Gobierno anunció que la simplificación administrativa del Estado puede ahorrar 15 000 millones de euros y, aunque la evaluación de las cargas administrativas en la normativa que apruebe el Estado
no entrará en vigor hasta enero de 2010, no parece conveniente aprobar una modificación de la Ley de puertos que incrementa y alarga estos trámites a causa del excesivo intervencionismo de Puertos del Estado, sin que el actual texto fije plazos para
agilizar los informes y autorizaciones que con el redactado actual dependen de ella, sino que más bien introduce más interferencias de dicho organismo en la autonomía de las autoridades portuarias.
En definitiva, a nuestro entender, es un proyecto de ley que perjudica la competitividad de nuestra economía al impedir el pleno desarrollo de una infraestructura tan fundamental como es la de los puertos. Nunca como ahora se había señalado
la economía productiva, esencialmente importante en los momentos actuales. Por tanto, la autoridad portuaria, así como los mismos puertos constituyen un elemento estructural y esencial de esta economía que estamos considerando. Por todo ello,
nosotros presentamos este veto.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias, señora senadora.
Para un turno a favor, tiene la palabra el senador Sampol.
El señor SAMPOL I MAS: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, intervengo en el turno a favor del veto porque desde el Bloc per Mallorca PSM-Verds comparte los argu-
mentos que ha defendido la senadora Candini, que sustentan este veto al proyecto de ley, pero por otra razón mucho más importante que compartimos con los senadores de Coalición Canaria.
Resulta que hay unos antecedentes con respecto a la tramitación de este proyecto de ley como consecuencia de la denuncia de un particular ante la que se produjo una sentencia del Tribunal Europeo que condena al Estado español a suprimir las
tasas y bonificaciones en los puertos insulares.
Lo grave es que antes de que la sentencia fuera firme se dio trámite de audiencia al Estado español a través de su Gobierno, incluso indicándole el camino para sustentar alegaciones, que podrían
haber evitado una sentencia que ha hecho imposible que en el actual proyecto de ley se contemplaran bonificaciones específicas para los puertos insulares.
Agrava la cuestión el hecho de que el Ministerio de Fomento no diera trámite de audiencia a las comunidades autónomas de Baleares y Canarias, a pesar de que -me consta y el senador Quintero seguro que dará las pruebas oportunas- el Gobierno
de Canarias presentó un escrito de alegaciones y el Gobierno de Baleares se dirigió al Ministerio de Fomento pidiéndole una reunión urgente para motivar alegaciones antes de que se produjera esta sentencia. El Gobierno español se limitó a comunicar
al Tribunal que estaba tramitando un proyecto de ley de puertos que revisaría esta situación. Naturalmente, el tribunal consideró que había pasado el plazo para agregar oportunamente y dictó una sentencia que hoy ya es firme y que condena al Estado
español a imposibilitar un trato especial a los puertos insulares de Canarias, Baleares y de Ceuta y Melilla.
¿Por qué es necesaria una bonificación en las tasas que gravan el transporte de pasajeros y de mercancías a los puertos insulares? No debería ser necesario explicarlo, pero ya que nuestro Gobierno ha sido insensible tenemos que utilizar
todos los foros para hacer pedagogía.
No hay que ser muy observador para notar que la condición de insularidad provoca un encarecimiento del transporte de viajeros y de mercancías.
Imagínense el transporte de un contenedor en el trayecto Zaragoza-Barcelona, unos 300 kilómetros,
equivalente al Barcelona-Palma.
Transportar un contenedor de Barcelona a Palma es cuatro veces más caro que hacerlo en el mismo trayecto Zaragoza-Barcelona, simplemente, porque este contenedor paga tasas de embarque en el puerto de Barcelona, tasas
de desembarque en el puerto de Palma, otra vez tasas de embarque en el puerto de Palma y, de nuevo, tasas de desembarque en el puerto de Barcelona; cuatro tasas para el mismo transporte de mercancías.
Si el Gobierno, si las Cortes Generales, no entienden que este problema sitúa en condición de inferioridad a los ciudadanos insulares, algo hay que hacer. He utilizado este turno a favor del veto para, de manera testimonial, protestar ante
los grupos parlamentarios, especialmente ante el Socialista y el Popular, que han consensuado este proyecto de ley en el Congreso de los Diputados y que después han sido incapaces de buscar una solución a este grave problema.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias, señor senador.
Para turno en contra, y por diez minutos, tiene la palabra el senador Fidalgo.
El señor FIDALGO AREDA: Gracias, señor presidente.
Señorías, a la propuesta de veto con petición de devolución al Gobierno de esta ley presentada por Convergència i Unió, voy a exponer algunas de las razones por las que debe ser rechazada.
Para el Grupo Parlamentario Socialista es poco coherente y conveniente presentar este veto. Apoyarlo sería sinceramente tirar por la borda -y nunca mejor dicho si hablamos de puertos- el trabajo que durante nueve meses han realizado en las
Cortes Generales los diferentes grupos parlamentarios en el Congreso y en el Senado, el trabajo del Gobierno, con el ministro de Fomento, José Blanco, a la cabeza y todo su equipo, el trabajo de todo el equipo de Puertos del Estado, con su
presidente, Fernando González Laxe a la cabeza, el trabajo de las autoridades portuarias y el de las diferentes comunidades autónomas, así como las aportaciones de los agentes económicos y sociales que han construido esta ley.
¿Creen que podemos decirles a las autoridades portuarias de todas las comunidades autónomas, a las ciudades, que sigan con la vieja ley y que esta la vamos a tirar a la papelera? Admitir el veto sería tirar por la borda un trabajo de
consenso político que supuso la elaboración de cientos de enmiendas, de las cuales se incorporaron más de cuatrocientas; un trabajo de consenso que en el Congreso fructificó en un acuerdo de Estado entre las dos grandes fuerzas políticas del país,
Partido Popular y Partido Socialista, con ánimo de extenderlo a las demás fuerzas políticas. Por cierto, un acontecimiento novedoso en estos tiempos para hacer una ley marco que sea estable para décadas al margen de quien esté en el Gobierno de la
nación.
Y, como siempre, el Partido Socialista quiere cumplir el acuerdo suscrito.
Además, es un acuerdo necesario para gobernar la estructura de Puertos del Estado, en la que las presidencias de las distintas autoridades portuarias se gestionan por las diferentes fuerzas políticas con responsabilidad en el Gobierno de las
comunidades autónomas.
Asimismo, es incoherente por parte del grupo que lo presenta, que no formuló esta propuesta en el Congreso de los Diputados al iniciarse el trámite y que también participó en este procedimiento incorporando muchas propuestas que se
incluyeron en el texto de la ley. Por tanto, sería una irresponsabilidad por nuestra parte devolver la ley y tirar todo este esfuerzo.
La segunda razón es que el texto de esta ley es un documento completo y razonable, y no existen razones que puedan justificar su devolución. En este sentido, no parecen razonables las propuestas de eliminar al máximo la
intervención de Puertos del Estado, quitarle sus funciones y menos esconder esta pretensión en una supuesta intención de dar más autonomía a las autoridades portuarias o a las comunidades autónomas, dado que el objeto de la ley es
precisamente regular el funcionamiento del organismo Puertos del Estado y de las veintiocho autoridades portuarias que gobiernan cuarenta y cuatro puertos de interés general, porque ese es el objeto de esa ley y no regular los puertos de las
comunidades autónomas, que ya se legislan en otros Parlamentos. Por cierto, si algún puerto quisiera dejar de ser de interés general, siempre podría tramitar su traspaso a la comunidad autónoma correspondiente en otro procedimiento, pero esa no es
la cuestión ni el objeto de esta ley sino regular los puertos del Estado.
Es verdad que esta ley garantiza la autonomía de gestión, entendida como autonomía de gestión de cada autoridad portuaria, por cierto, nombradas por las comunidades autónomas. Las autoridades portuarias aumentan considerablemente su
autonomía de gestión, pueden proponer valores propios de las tasas del buque, del pasaje y de la mercancía, acordes con su realidad económica; asimismo, se les otorga margen de maniobra para gestionar suelo y para regular la prestación de los
servicios portuarios, pero también los organismos portuarios deben responder al principio de autofinanciación de todo el sistema y de solidaridad entre los organismos públicos que conforman la red.
La tercera razón es que estamos tratando una ley imprescindible, y más en este momento de crisis, en el que es necesario construir bases sólidas para un nuevo modelo de crecimiento económico. En este contexto, el transporte marítimo es una
pieza fundamental y necesitamos hacernos competitivos en el ámbito internacional y modernizar un sistema de puertos que precisa de tecnología, de formación y de un paso adelante en el sistema económico de transporte marítimo mundial.
En definitiva, esta ley fomenta la autonomía de gestión porque premia la buena gestión, fomenta la relación económica con la zona en la que está insertado cada puerto, ayuda a los sectores estratégicos -como pueden ser el turismo, la
automoción o la energía- y, además, apoya las buenas prácticas ambientales.
En todas estas razones, y en otras que podríamos exponer, estamos de acuerdo los grandes sectores económicos y sociales; están de acuerdo las empresas, los trabajadores, los territorios, las veintiocho autoridades portuarias, el Gobierno y
los principales partidos, y por eso creo que debemos rechazar la propuesta de devolución del texto porque no podemos poner en riesgo estas oportunidades para nuestra economía y para la sociedad española, para la inversión y el empleo, máxime en un
sector como este que da trabajo en este momento a 35 000 personas de forma directa y, a 110 000, de forma indirecta.
Por eso pedimos el voto en contra de esta propuesta de veto para la devolución de la ley.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Turno de portavoces, para fijar la posición de los grupos en relación con el veto.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Quintero.
El señor QUINTERO CASTAÑEDA: Gracias, señor presidente.
En primer lugar, quiero manifestar el apoyo de mi grupo al veto que presenta CiU. Mi compañero del Grupo Mixto, Pere Sampol, aludió antes a algo que yo también quiero decir. Es verdad que en la Comisión Europea un tercero denuncia las
bonificaciones que tienen en este caso las islas Baleares, las islas Canarias, Ceuta y Melilla en los puertos. La Comisión Europea, en su trámite de audiencia, como bien ha dicho, dio audiencia al Reino de España para notificar y aclarar las
bonificaciones. La comisión incluso les indicó claramente los pasos que había que seguir para justificar las bonificaciones en lugares insulares como las islas Baleares, las islas Canarias, Ceuta y Melilla: la insularidad, el especial alejamiento
y la ultraperificidad, reconocidos en la Unión Europea, con lo cual no habrían tenido problemas en presentar estas alegaciones.
De hecho, la Comunidad Autónoma Canaria presentó ante el ministerio las alegaciones pertinentes para que este así lo hiciera en el trámite de audiencia con el Estado. Al no hacerlo, y al alegar simplemente que estaba tramitando una ley, nos
hemos visto obligados a perder -aunque es verdad que se han recuperado en esta ley- muchas de aquellas atribuciones y bonificaciones. Pero consideramos que esto es algo que empezó mal, porque cuando entró en el Congreso de los Diputados la ley
perjudicaba seria y gravemente a las islas Baleares, a las islas Canarias, a Ceuta y a Melilla. En el trámite de enmiendas se han mejorado sustancialmente alguna de ellas, pero en este caso, tanto para Canarias como para Baleares, todavía tiene
carencias.
En el próximo turno de portavoces, al defender las enmiendas, lo explicaré. Nuestro grupo va a votar a favor del veto.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias.
¿Grupo de Senadores Nacionalistas?
Tiene la palabra el senador Anasagasti.
El señor ANASAGASTI OLABEAGA: Gracias, señor presidente.
Lógicamente, nosotros apoyamos el veto del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió. Consideramos que toda la argumentación que ha expresado la senadora Monserrat Candini es nuestra propia voluntad política en este tema, en el
cual no se tenido absolutamente en cuenta la opinión de otros grupos parlamentarios.
El portavoz socialista acaba de intervenir y ha dicho que es un acuerdo de Estado. La verdad es que si reviso la
Constitución, no veo por ninguna parte los acuerdos de Estado; solamente habla de monarquía parlamentaria y de grupos políticos. Aquí se han puesto de acuerdo el Grupo Popular y el Grupo Socialista, y rodillo que te va. Por tanto, estamos
de acuerdo y vamos a votar favorablemente el veto del grupo catalán.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias, senador.
Tiene la palabra la senadora Candini, por el Grupo de Convergència i Unió.
La señora CANDINI I PUIG: Graciès, senyor president.
Intervengo únicamente para manifestar que mi opinión va en la línea del senador Anasagasti, una vez explicadas las razones del veto. No es la primera vez que cuando hay cuestiones en las que se suman las voluntades del Partido Socialista
Obrero Español y del Partido Popular sale la expresión acuerdo de Estado. Exactamente, no sé qué quiere decir acuerdo de Estado si no es la voluntad -si realmente se entiende por un Estado plurinacional y pluricultural- de la mayoría de todos los
partidos. Pero como estamos acostumbrados -dependiendo del tipo de cuestiones de que trate- a que se plantee así, no es de extrañar que esta ley, que se presenta de esta manera, sea una vez más aquello que a veces decimos en Cataluña de que en
determinadas cuestiones tierra, mar y aire se ponen de acuerdo para tener un único modelo de Estado, que es aquel que únicamente pueden apoyar, porque es en el que coinciden plenamente, el Grupo Popular y el Grupo Socialista. Lástima que no hagan
este mismo ejercicio en otras cuestiones, pues es seguro que irían mucho mejor.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias.
Tiene la palabra el senador Muñoz, de Entesa Catalana de Progrés.
El señor MUÑOZ HERNÁNDEZ: Moltes gràcies, senyor president.
La Entesa también va a votar a favor del veto. Está claro que la falta de autonomía de gestión de estas grandes infraestructuras portuarias continúa siendo uno de los grandes problemas, una lacra para su competitividad y para la captación
de nuevos mercados. El modelo que proponen es decidir desde el centro con una visión claramente jacobina, una nueva visión de la España radial que a todas luces -ya se dijo en el Congreso por muchos grupos políticos- es el peor de los sistemas: un
sistema centralista y antieconómico. Por consiguiente, votaremos a favor del veto.
Gracias
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias.
Por el Grupo Socialista tiene la palabra el senador Fidalgo.
El señor FIDALGO AREDA: Gracias, señor presidente.
La argumentación sobre nuestra posición en contra de la devolución de este proyecto de ley está perfectamente justificada, y creo que muy pocas razones debe de tener el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió para esconderse en el acuerdo
entre el Grupo Socialista y el Grupo Popular.
Por cierto, en esta Cámara el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió llega a acuerdos muy fácilmente con el Grupo Parlamentario Popular, y lo hemos visto esta mañana.
El trabajo de consenso con el que se han incorporado muchas enmiendas del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, trabajo de mucha gente, de empresas, de sectores, de las autoridades portuarias, de las ciudades, del Gobierno y de Puertos
del Estado, justifica que esto no se tire por la borda y se prosiga con la tramitación parlamentaria, que es en el trámite en el que estamos. Y es que no estamos en otro trámite, sino en el de decidir si este proyecto de ley sigue adelante o se
devuelve al Gobierno.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Rico.
El señor RICO RUIZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, subo a esta tribuna para expresar la posición del Grupo Parlamentario Popular ante este veto de modificación de la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios de los puertos de interés
general.
El Grupo Parlamentario Popular no va a apoyar el veto planteado por la senadora Candini, del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, debido a una serie de reflexiones que a continuación voy a exponer y en las que me voy a ceñir única y
exclusivamente a los motivos que se expresan en el escrito de la propuesta de veto.
En primer lugar, debemos reflexionar sobre si estamos o no ante la oportunidad de sacar adelante esta ley. Señora Candini, hoy, que España está sumida en una grave crisis económica, es cuando debemos afrontar las reformas estructurales
necesarias para mejorar nuestro sistema económico.
(El señor presidente ocupa la Presidencia.)
El Grupo Parlamentario Popular ha reclamado al Gobierno de España que afronte reformas verdaderamente estructurales que mejoren la productividad y la competitividad española, ¿y qué mejor que en un sector como el portuario, un sector
estratégico fundamental para el desarrollo de la economía española? Nosotros creemos que en la exposición de motivos ya se reflejan los hechos ciertos de lo que suponen los flujos portuarios para la economía española y, por tanto, es el momento de
afrontar una reforma que incentive todavía más el desarrollo económico, la competitividad y el empleo en España a través de los puertos de titularidad estatal.
No es necesario decirle a nadie que para España los puertos son fundamentales, no solo por su situación geográfica, sino también por el hecho de contar con una comunidad autónoma ultraperiférica y con otra insular y, por tanto, hay que
revitalizarlos, y eso es lo que entendemos que se hace con el articulado que se ha aprobado en el Congreso y que se ha remitido al Senado.
Buscamos mucha más eficiencia y mucha más eficacia, y eso se logra dotando a los puertos del Estado de una mayor competitividad a través de su autonomía. Entiendo que ustedes quieran transformar el término autonomía en el de autonómico,
pero este proyecto no es el proceso adecuado para transformar una competencia del Estado en una competencia de una comunidad autónoma. La autonomía queda reflejada a través de la gestión de las autoridades portuarias, que son las que tienen que
tomar las decisiones, sin perjuicio de que la coordinación y el control estén en un organismo del Estado, como es Puertos del Estado. No tiene nada que ver.
Esta ley otorga todavía más autonomía a las autoridades portuarias para la gestión y para hacer más competitivo el puerto en el que son autoridad, y no es cierto que ni las comunidades autónomas ni los entes territoriales que están en el
ámbito territorial del puerto en cuestión pierdan capacidad. Al contrario, independientemente de que se rebajen los miembros del consejo de administración, tanto las comunidades autónomas como los ayuntamientos siguen teniendo una amplia
representatividad en dichos consejos. Por lo tanto, no es cierto lo que usted señala sobre la compresión de la autonomía de las autoridades portuarias.
Es cierto que no le gusta, y además intenta demonizarlo, el acuerdo alcanzado. No sé si será un pacto de Estado o un acuerdo de Estado, pero intenta demonizar el acuerdo alcanzado por los grupos parlamentarios Popular y Socialista tanto en
el Congreso como en el Senado. No entiendo por qué usted, en su exposición, señala que este pacto agrava todavía más la situación. Creo que es al contrario: el pacto entre los dos grandes partidos, tanto en el Congreso como en el Senado, supone
dotar a este proyecto de ley de una mayor seguridad jurídica, de una mayor vocación de permanencia en el tiempo. No tenemos que estar esperando a ver cuál es el Gobierno de turno para una modificación legislativa. Seguramente si la tiene que
haber, la habrá también dentro del consenso que ha surgido en este proyecto de ley, en el que, además, han participado muchas personas, autoridades portuarias, personas que son técnicos en la materia y, cómo no, los grupos políticos a través de las
enmiendas en el Congreso. Por tanto, el consenso, no sé si es un término con el que usted se siente identificada cuando CiU participa de él, pero permítame que le diga que también hay consenso cuando el Grupo Parlamentario Popular y el Grupo
Parlamentario Socialista llegan a un acuerdo. Eso también es consenso. A nosotros nos gustaría que ustedes se sumaran a él, por supuesto que sí, pero ¿no hay consenso sin ustedes? Pues no, hay consenso de las dos fuerzas mayoritarias en el
Congreso y en el Senado, y al menos desde el punto de vista cuantitativo es amplio. ¿Qué desde un punto de vista cualitativo sería bueno que ustedes se incorporaran? Sí, no en vano se aprobaron 25 enmiendas suyas en el Congreso de los Diputados.
Hagan ese esfuerzo de llegar al consenso e incorporarse para sacar una ley cualitativamente más consensuada. Yo me alegraría, y participo de ello.
Los que estamos aquí tenemos la obligación de reconocer y defender las competencias exclusivas de las comunidades autónomas, cómo no, pero también todos tenemos la obligación de reconocer y defender las competencias exclusivas del Estado, y
hoy estamos hablando de una competencia exclusiva del Estado. No es forma de transferir la competencia intentar introducir artículos en esta ley que confieran más capacidad a la comunidad autónoma. Saben ustedes que para ello la Constitución prevé
otras fórmulas, pero mientras estemos hablando de una competencia exclusiva del Estado, evidentemente, los organismos del Estado tendrán que tener la capacidad suficiente para ejercer esa competencia estatal y constitucional.
Por estas razones, consideramos que el texto es correcto, que no se debe devolver al Gobierno y que se debe seguir debatiendo en esta Cámara.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Llamen a votación. (Pausa.)
Cierren las puertas.
Vamos a proceder a la votación del veto del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 250; a favor, 21; en contra, 229.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Señorías, pasamos al debate de las enmiendas. (Fuertes rumores.) Como ya he dicho y repito ahora, votaremos esta tarde las enmiendas, así como el proyecto de ley, una vez finalizado el debate de la toma en consideración de la proposición de
ley.
En primer lugar, enmiendas de los senadores Quintero Castañeda y Belda Quintana. (Continúan los rumores.)
Señorías, silencio, por favor. De no ser así, abandonen el hemiciclo
Tiene la palabra el senador Quintero. (Continúan los rumores.) Silencio, señorías.
Tiene la palabra, senador Quintero.
El señor QUINTERO CASTAÑEDA: Muchas gracias, señor presidente.
Coalición Canaria presenta dos enmiendas a esta modificación de la Ley 48/2003. La primera se refiere a la creación de una aportación de otro fondo de compensación destinado específicamente a los puertos extrapeninsulares para compensar las
bonificaciones por insularidad, especial aislamiento y ultraperificidad. (Fuertes rumores.) Es evidente que estas bonificaciones corresponden a que los
puertos de Canarias, Baleares y Ceuta y Melilla tienen que aplicarlas a su vez para poder ser competitivos puesto que no nos queda más remedio que trasladar por mar tanto personas como mercancías. Por tanto, esta enmienda nos parece
fundamental.
Nuestra segunda enmienda se refiere a la representación en los consejos de administración de las autoridades portuarias. Se debe incluir a los cabildos y a los consells insulares de Baleares. Esto es algo fundamental puesto que en Canarias
los cabildos tienen competencias plenas en los planes insulares y en los generales. Esto es muy importante para el desarrollo de los puertos ya que los cabildos son los verdaderos Gobiernos insulares de cada una de las islas. Y quiero recordar,
por si hubiese desconocimiento, que en cada isla existe un cabildo, que la Autoridad Portuaria de Tenerife tiene cinco puertos distribuidos por las cuatro islas y que la Autoridad Portuaria de Gran Canaria tiene tres puertos distribuidos por tres de
las islas. Creemos fundamental, por tanto, que los cabildos estén representados. (Fuertes rumores.)
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Enmiendas números 3 a 5 del senador Sampol.
Señorías, ruego silencio. Es imposible entender algo. Márchense de aquí si es que no guardan silencio. (Continúan los rumores.) Silencio.
Tiene la palabra, señoría.
El señor SAMPOL I MAS: Muchas gracias, señor presidente.
Son tres enmiendas. La número 3 y la número 4 hacen referencia a la tasa de actividad y a la tasa de ocupación, a las exenciones y bonificaciones, que mediante estas dos enmiendas proponemos que también se extiendan a la práctica de los
deportes náuticos, no solamente a las corporaciones de derecho público o entidades sin fines lucrativos, sino a todas aquellas entidades que fomenten la práctica de los deportes náuticos. Esta modificación persigue equiparar el régimen jurídico de
aplicación de todas las entidades cuyo objeto social sea el fomento de la práctica de la náutica deportiva, sea cual sea la forma o naturaleza jurídica que adopten.
En cuanto a la enmienda número 5, con ella se propone una nueva disposición adicional para que los espacios pesqueros y los destinados a usos náuticos deportivos a los que hace referencia el artículo 3.6 de la Ley de 1992, puedan ser
segregados de la zona de servicio de los puertos de interés general cuando lo solicite la comunidad autónoma, por supuesto siempre que no dividan o interrumpan la zona de servicio del puerto y afecten a su explotación. Por tanto, la comunidad
autónoma se debería dirigir al Ministerio de Fomento para que inicie el correspondiente procedimiento, que debería ser resuelto por el Consejo de Ministros a propuesta del Ministerio de Fomento.
Pensamos que estas tres enmiendas son razonables, y esperamos contar con su apoyo.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas, para la defensa de sus enmiendas tiene la palabra el senador Anasagasti.
El señor ANASAGASTI OLABEAGA: Muchas gracias, señor presidente.
Gracias, señor ministro de cuerpo ausente, a pesar de haber sido senador y presentar un proyecto de ley de su departamento.
Permítanme que les diga que yo vengo un poco como Bob Dylan en sus buenos tiempos, en clave de protesta. ¿Saben por qué? Porque tenemos una cierta experiencia parlamentaria con esto de la ley de puertos. En su día, cuando era ministro
José Borrell, un fino jacobino, celebramos una reunión con él en su despacho. Reivindicábamos la transferencia de la ley de puertos a las comunidades autónomas. Se levantó, fue al armario, cogió la Constitución y nos dijo que los puertos vertebran
a España, y nosotros le contestamos: ¿Y por qué no las paradas de autobuses?
Siguió Felipe González con sus mayorías, sus minorías y sus necesidades de aquel momento, y nosotros siempre íbamos reivindicando la transferencia de puertos a las comunidades autónomas, porque nosotros queríamos convertir a los puertos en
unidades económicas que compitieran entre ellas, que fueran modernas y que no estuvieran controladas excesivamente.
Siempre que planteábamos la transferencia de puertos el portavoz del Partido Socialista era un diputado llamado Jenaro
García-Arreciado que siempre nos decía lo mismo, que lo que queríamos nosotros era romper a España a cuenta de la ley de puertos. Por eso me ha llamado la atención cuando ha dicho que esto es un tema de Estado.
Vino el Partido Popular, necesitó de Convergència i Unió y del PNV y nosotros, en las negociaciones que mantuvimos con ellos, sacábamos la transferencia de puertos y logramos que se transfirieran, por lo menos, las autoridades portuarias.
¿Adivinan ustedes quién fue la Autoridad Portuaria de Huelva? Jenaro García-Arreciado, el que decía que se iba a romper España. Es decir, este es un tema de poder, no de vertebraciones ni de cuestiones de Estado. Y aquí creo que se ha confundido
un proyecto de ley con un pasodoble, porque incluso las enmiendas del Grupo Popular y del Grupo Socialista han venido firmadas conjuntamente. Esto no es muy lógico ni muy normal, pero se ha hecho. Pues estamos ante una situación en la cual
nosotros protestamos, porque yo creo que se está cometiendo una doble falta de respeto. En primer lugar, para los grupos parlamentarios porque, como he dicho anteriormente, estamos en una monarquía parlamentaria, las Cortes Generales son
bicamerales y los grupos parlamentarios no solamente son dos, sino varios, y puertos hay en toda la piel de toro. Y nos encontramos también con un irrespeto al Senado.
¿Saben ustedes cuándo tuvo lugar la ponencia de esta ley de puertos? El pasado lunes, y duró 10 minutos. ¿Cuándo tuvo lugar la reunión de la comisión para tratar
las enmiendas? El pasado jueves, y duró media hora. Y ahora lo tenemos en el Pleno, va a durar un poco más, hora y media, pero ese es todo el esfuerzo que han hecho el Grupo Popular y el Grupo Socialista para concitar esa integración de
los grupos parlamentarios en algo que también es importante y vital, que afecta a la vida diaria de aquellas localidades donde hay puertos.
Por tanto -yo lo proclamo-, no solamente existe el forcejeo continuo del Grupo Popular o del Grupo Socialista en sus luchas de poder, sino que cuando se trata de temas de Estado, como ha dicho el portavoz socialista, se ponen de acuerdo a la
primera y presentan enmiendas conjuntamente.
Esto llama la atención, y me gustaría que los medios de comunicación lo reflejaran, es decir, que no solamente se ponen de acuerdo en Euskadi sino también en algo tan importante como es la Ley de
puertos.
Nosotros hemos presentado las enmiendas números 6 a 38, que son: enmiendas sobre fondo de compensación; enmiendas para que las autoridades portuarias sean plenamente autónomas y responsables de sus resultados económicos; enmiendas para
modernizar la Administración portuaria; enmiendas sobre la necesidad de que esta reforma legal se cimiente sobre la figura de las autoridades portuarias y para salvaguardar la autonomía de cada autoridad portuaria; enmiendas sobre el servicio de
recepción de desechos general para buques; enmiendas sobre el Observatorio Permanente del Mercado de los Servicios Portuarios, donde parece necesario garantizar la participación de las comunidades autónomas que posean competencia en la materia;
enmiendas sobre supresión de artículos que quitan criterios de burocratización al sector que aumentan el ya excesivo carácter reglamentista de la ley; enmiendas sobre la completa autonomía funcional de las autoridades portuarias con una gestión
real, efectiva y no subordinada a Puertos del Estado para todo, racionalizando las necesarias funciones de coordinación, que no interventora de puertos del Estado, respecto de las autoridades portuarias; enmiendas sobre un apartado que introduce
como instrumento de colaboración un trámite de audiencia a las comunidades autónomas; enmiendas sobre el refuerzo de la autonomía funcional y de gestión de las autoridades portuarias; enmiendas sobre el excesivo intervencionismo, incluso a nivel
de presupuestos y programas individuales de cada puerto y el refuerzo de la competencia funcional y de gestión de las autoridades portuarias; y enmiendas sobre la plena competencia de esta materia de recursos humanos a las autoridades portuarias.
¿Saben dónde han ido todas estas enmiendas? A la basura. Por eso nosotros protestamos por la forma y por el fondo. El ministro Blanco viene aquí cada vez más arrogante, en clave absolutamente democrática, inclusiva, según dice, pero hay
un ejemplo muy concreto: esta Ley de puertos, la chapucera manera de tramitar una ley y la falta de respeto a los grupos parlamentarios y a esta casa, porque si esta casa no sirve para mucho, pues apaguemos la luz cuanto antes, y nada de reforma,
porque además si se tratara de la reforma laboral entenderíamos que tuviera cierta urgencia ante la situación de crisis económica que vivimos, pero una tramitación de este tipo denota fundamentalmente una falta de respeto al Senado, y así lo
proclamo en nombre de mi grupo parlamentario.
Termino, señor presidente. Nosotros, lógicamente, vamos a votar en contra de esta Ley de puertos. Nosotros protestamos por la falta de respeto.
Nosotros protestamos por la ausencia del ministro, que ayer estuvo en la presentación en el
Congreso de los Diputados. Nosotros protestamos por el rodillo. Y nosotros protestamos porque no somos el papel higiénico del Grupo Popular ni del Grupo Socialista cuando les interesa. Se nos tiene que tener en cuenta también en proyectos de ley
importantes, y no solamente al Grupo de Senadores Nacionalistas y a Convergència i Unió, sino también a los partidos del Grupo Mixto y a Entesa.
Por tanto, con esta protesta, señor presidente, termino anunciando una vez más nuestro voto que, aparte de técnicamente ser el que es, es un voto protesta.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, tiene la palabra el senador Muñoz.
El señor MUÑOZ HERNÁNDEZ: Moltes gràcies, senyor president. Muchas gracias, señor presidente, señorías.
Leo textualmente: Este trabajado consenso ha llevado al ministro de Fomento, José Blanco, a afirmar ante el Pleno de la Cámara que esta será la Ley de puertos con más participación en su proceso de elaboración y con más apoyo parlamentario
de la democracia. El ministro agradeció en su intervención la altura de miras y el esfuerzo de los grupos parlamentarios y las valiosas aportaciones incorporadas para dar respuesta a las necesidades y expectativas de la comunidad portuaria y el
conjunto de la sociedad española. Por primera vez en nuestra historia reciente -dijo- contaremos con una ley portuaria sin apellidos políticos.
La ley de puertos 2010 -añadió- no tendrá más apellidos que el del consenso y el interés general.
Esta cita del ministro de Fomento contrasta con todo lo que ha dicho el senador Anasagasti hace unos momentos. Vaya manera de entender este consenso y este interés general, dado el proceso que ha seguido en el Senado. Hemos podido
comprobar cómo los representantes de los Grupos Parlamentarios Popular y Socialista de la Comisión de Fomento no han aceptado ninguna enmienda presentada por el resto de los grupos.
El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés ha presentado 13 enmiendas de las 91 que se han presentado en el Senado, de la número 39 a la 51. Ninguna, señorías, señor presidente, ha sido aceptada, ni siquiera considerada por los
partidos del consenso y el interés general; enmiendas dirigidas a no limitar la autonomía portuaria y la capacidad para determinar la exclusividad o no de un servicio; enmiendas que querían evitar que se limitase de forma drástica, por motivos
económicos, la participación de las comunidades en los órganos de administración, pasando de los once vocales actuales a cinco, mientras que
el Estado aumenta su poder y pasa de cuatro a cinco miembros; enmiendas que querían evitar que se estableciera un sistema de tasas que gravara más a puertos, como Barcelona o Tarragona, que se dedican a la importación y exportación,
encareciendo los costes de las actividades, ignorando que los puertos son un elemento clave en la economía. La condición de servicio público esencial de los servicios portuarios no puede ser eliminada o quedar diluida en un texto legal. Enmiendas
que proponían asegurar la presencia de los sindicatos más representativos en los consejos de administración de las administraciones públicas; enmiendas que se justificaban en reconocer expresamente el proceso de asunción de la gestión de los
puertos de interés general por las comunidades autónomas.
Como verán, señor presidente, señorías, siempre he hablado en pasado porque, desde la comisión del pasado jueves, hemos de hablar de historia, porque la realidad es que se va a aprobar hoy un texto sin tener en cuenta a ningún grupo político
que no sean los grupos Popular o Socialista.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Turno en contra. (Pausa.)
Nadie hace uso de la palabra.
Turno de portavoces.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Bagur.
El señor BAGUR MERCADAL: Gracias, presidente.
Las modificaciones de la ley que regula el régimen económico y de prestaciones de servicios de los puertos de interés general actualiza la legislación vigente, aunque, desde mi punto de vista, precisaría de una mayor participación y cohesión
con el espacio ciudadano con el que conviven los puertos y las autoridades responsables de estos. Dicho de otra manera, los puertos son entes íntimamente ligados a las ciudades e, indisolublemente, a algunas políticas a aplicar.
Por tanto, la presencia en órganos de decisión no tendría que ser meramente de trámite, sino de coordinación y verdadera decisión. Con una interpretación correcta de la legislación se tienen que alcanzar los objetivos de cooperación
imprescindibles entre puerto y ciudad; en el caso de Baleares, considero positivas las enmiendas presentadas por el senador Sampol.
Es importante el reconocimiento que hace esta ley de las actividades de entidades deportivas y sociales en el espacio portuario y su consiguiente exención de cargos económicos, estableciendo que los puertos no pueden ser meros entes
economicistas, sino también garantes de la tradición cultural y deportiva del entorno portuario.
La consideración de los clubes náuticos se queda algo exigua, aunque, a diferencia de la anterior legislación, significa un paso importante para la vida social de los puertos, siempre que dichos clubes persigan el interés general del deporte
y la práctica náutica. Espero -creo que se aprobará esta ley- que haya una aplicación generosa por parte de las autoridades portuarias para bien de nuestra práctica náutica y la cultura que esta comporta.
Por tanto, y pese a que esperaba una legislación más audaz en lo social, deportivo y participativo en algunos apartados de esta modificación legal, valoro el esfuerzo político para mejorar aspectos de legislación de los puertos de interés
general y, por tanto, mi voto será favorable.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el senador Quintero.
El señor QUINTERO CASTAÑEDA: Gracias, señor presidente.
Señorías, tengo que empezar reconociendo algo que es verdad: esta ley ha supuesto una mejora sustancial para los puertos canarios, ha mejorado casi un 80% respecto a la que entró en el Congreso hace ya más de dos años y que se empezó a
tramitar hace ocho meses. Es verdad que con las enmiendas conjuntas que hemos presentado y que se han trabajado entre Coalición Canaria, el Grupo Socialista y el Grupo Popular, ha mejorado.
Por ejemplo, entre otras cosas, se habían cargado las
bonificaciones a los puertos canarios; no nombraban en ningún sitio la situación específica de Canarias como región ultraperiférica y hay algunos otros aspectos que es verdad que han mejorado mucho.
Pero quiero decirles, señorías, que todavía quedan dos aspectos fundamentales para el futuro desarrollo y la competitividad de los puertos canarios. En primer lugar, voy a hablar de la representación en los consejos de administración de los
puertos canarios. Aquí hay senadoras y senadores canarios, tanto del Partido Popular como del Partido Socialista, que entienden perfectamente la situación económico-administrativa y política de Canarias, pero quien ha redactado esta ley, al excluir
a los cabildos insulares y a los consells de las islas Baleares, evidentemente se ha olvidado de Canarias y Baleares, que tienen una situación político-administrativa completamente diferente al resto del territorio peninsular.
Los cabildos son verdaderos gobierno insulares, con competencias atribuidas, como los planes insulares, que en los ayuntamientos son los planes generales, que condicionan directamente la expansión de los puertos de Canarias. Tienen que
entender que la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife tiene cinco puertos: uno en La Gomera, uno en la isla de El Hierro, un puerto en La Palma y dos puertos en Tenerife; asimismo, la Autoridad Portuaria de la isla de Gran Canaria tiene un
puerto en cada una de las islas. Por ello, nos parece fundamental que estén incluidos en estos consejos de administración los cabildos insulares; ya lo estaban en la ley anterior, pero a última hora en el Congreso de los Diputados se quitaron.
Es verdad que en el articulado -concretamente en el artículo 27- se establece que podría incluirse un cabildo -«podría incluirse»- pero a costa de quitar de esa representación a los sectores sociales y empresariales; es decir, podríamos
quitar a los empresarios y a los sindicatos de
los puertos para meter a un cabildo, a un solo cabildo, pero a un cabildo no representante de los cuatro ni de los siete. Cada cabildo es un gobierno insular y, por tanto, esta situación me parece un ejemplo del desconocimiento total que
existe de la estructura administrativa.
En la otra enmienda -más fundamental y por la que vamos a votar en contra puesto que no va a ser aceptada- proponemos otro fondo, un fondo especial para compensar las bonificaciones. Nosotros, los canarios -y seguramente los baleares-, no
querríamos bonificaciones para los puertos, pero la realidad es que en el territorio continental tanto las mercancías como los pasajeros pueden ir en coche, en camiones, en trailers o en tren. En Canarias es vital e indispensable viajar en barco o
en avión dado que no podemos hacerlo de otra manera, con lo cual, si no existieran estas bonificaciones, nosotros pagaríamos un 52% más de lo que pagan en territorio peninsular. Por tanto, esas bonificaciones son necesarias para Canarias y para
Baleares.
Lo que pedimos es que se cree otro fondo que compense el desgaste de esas bonificaciones. El puerto de Santa Cruz de Tenerife en los últimos años ha tenido un déficit de 21 o 22 millones de euros y ha tenido que tener créditos
El señor PRESIDENTE: Señoría, concluya, por favor.
El señor QUINTERO CASTAÑEDA: y en los próximos se calcula que puede tener un déficit de 29 millones de euros. Pero nosotros no pedimos que se dé el cien por cien de las bonificaciones, solo pedimos que se compense hasta la suficiencia
económica que pide la propia ley. Si la propia ley pide suficiencia económica
El señor PRESIDENTE: Señoría, ruego termine.
El señor QUINTERO CASTAÑEDA: Voy terminando, señor presidente.
Solo pedimos eso. Pedimos que se compense; y no pedimos ni que se le quite a otro puerto, señorías, ni que se haga con cargo a los presupuestos del Estado. La región ultraperiférica, RUP, que es Canarias, establece fondos específicos para
esto. Podíamos haberlos metido como fondos específicos de la RUP, con lo cual no afectaría ni a los presupuestos generales del Estado ni a ningún otro puerto.
Por ello, en estas dos enmiendas que nos parecen fundamentales para la competitividad y el desarrollo de los puertos canarios y de nuestro eje principal, les pido al PSOE y al PP que cambien su voto, entiendan la situación de Canarias y
Baleares y entiendan que estas enmiendas son fundamentales para su desarrollo económico y social.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas, tiene la palabra el senador Anasagasti.
El señor ANASAGASTI OLABEGA: Señor presidente, no voy a intervenir, no vale la pena.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra la senadora Candini.
La señora CANDINI I PUIG: Gràcies, senyor president.
Nosotros creemos que es una ley muy importante por varios motivos: afecta a los pilares de la economía del Estado, y en estos momentos más que nunca, todo aquello que afecte a los pilares de la economía del Estado debe ser analizado y
tratado con una gran delicadeza.
Nuestro grupo, como en todas las leyes, especialmente en las de contenido económico, ha intentado trabajar con dedicación para que las posibles soluciones que de ella se deriven ayuden en la mayor media posible a la salida de la difícil
situación económica.
Pero quisiera, en todo caso, hacer un poco de historia. En primer lugar, quiero decir que la legislación moderna de puertos en España se inició en el año 1992 y hay que situarse. Había una mayoría absoluta -justa, pero absoluta- del
Partido Socialista, con el ministro Josep Borrell en el Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, con una Ley que introdujo un concepto, a nuestro entender, positivo, que es el de la autonomía portuaria, es decir, que las
autoridades portuarias no tenían que ser simples negociados de una organización centralizada del Estado, sino que deben y pueden tener capacidad para dar respuesta a las distintas sensibilidades y necesidades económicas de cada entorno. Creo que
esta fue una buena Ley y que constituye la base de todo el entramado de la administración portuaria en España hasta ahora.
Saben ustedes, también, que en el año 1996 hubo un cambio de Gobierno en el Estado español. El señor Aznar, del Partido Popular, ganó las elecciones sin mayoría absoluta y consiguió una mayoría parlamentaria suficiente con el apoyo del
Partido Nacionalista Vasco, de Coalición Canaria y de Convergència i Unió, y en el pacto del Majestic llegamos a un acuerdo por el cual, el concepto de autonomía portuaria se quedó absolutamente enraizado en las comunidades autónomas. Fruto de este
acuerdo, repito, del pacto del Majestic entre el Partido Popular y Convergència i Unió, se realizó una modificación sustancial de la Ley de Puertos de 1992. Por tanto, al concepto de autonomía portuaria, cuya paternidad corresponde al Partido
Socialista en el año 1992, se añadió una asunción con un tinte autonómico por parte del Partido Popular y de Convergència i Unió. Este modelo fue posteriormente modificado en el 2003 por un Gobierno -ya en solitario- con mayoría absoluta del
Partido Popular, que tomó algunas decisiones cuestionables, como un proyecto de ley presentado por el anterior equipo de puertos y del Ministerio de Fomento, que fue sustancialmente modificado por un acuerdo entre el Partido Popular y el Partido
Socialista sin contar evidentemente, con el apoyo de Convergència i Unió.
En todo caso, para nosotros el consenso en esta ley es muy amplio -se lo digo al senador del Grupo Popular-
solo si hablamos de consenso entre el Partido Socialista y el Partido Popular. Cuando ustedes utilizan la expresión de que es un acuerdo de Estado, lo hacen como si fuera un grado superior al consenso normal y corriente, y no es un grado
superior, en todo caso, es de las dos fuerzas mayoritarias.
De todas maneras, quiero decir, tanto al Partido Popular como al Partido Socialista Obrero Español que ante cualquier eventual acuerdo de gobierno en cualquier circunstancia en que se requiera la participación de Convergència i Unió, este
tema se va a tener que asumir por quien nos pida el acuerdo. Lo repito, para Convergència i Unió ante cualquier eventual acuerdo, tanto con el Partido Popular como con el Partido Socialista Obrero Español, esta es una cuestión absolutamente
importantísima, porque estamos hablando de economía y no únicamente de autonomía, sino de la multiplicidad de las funciones de la economía, de las diferentes estructuras que configuran el propio Estado.
También quiero decir al senador del Partido Popular que afrontar la crisis a costa de elementos excesivamente reglamentistas, que incrementan los trámites administrativos y burocráticos de la gestión de los puertos, con un sistema
encorsetado, poco moderno y menos que operativo en el sistema de tasas, que establece una limitación clara de las autoridades portuarias, a nuestro entender, no es un buen modelo; sobre todo porque no es moderno, porque no es ágil, porque la
capacidad de dinamizar y la capacidad de poder generar la propia independencia y la propia autonomía por parte de las diferentes autoridades portuarias nace con una limitación muy, muy importante.
Por todo ello, evidentemente, para nosotros un acuerdo de Estado, a diferencia de lo que interpretan ustedes: Partido Popular y Partido Socialista Obrero Español, es aquel que, aparte de los dos principales partidos políticos, engloba
también a lo más representativo de todos los partidos políticos. Esto para nosotros es un acuerdo de Estado estable, porque puede tener un largo recorrido
El señor PRESIDENTE: Señoría, vaya terminando.
La señora CANDINI I PUIG: Termino, señor presidente.
Insistimos, para nosotros esta ley es absolutamente importante; estamos hablando de la economía, de la economía de Cataluña, de la economía del Estado, de la economía de todas las comunidades autónomas; la limitación que se pone a las
autoridades portuarias lo que hace es ahogarnos en el sistema económico y estar a remolque de las decisiones que se toman a 600 kilómetros de Barcelona y de Tarragona, como es el caso de Madrid.
Por tanto, vamos a votar en contra. Insistimos en que para nosotros es muy importante, y ya veremos dentro de un tiempo cómo queda.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, tiene la palabra el senador Muñoz.
El señor MUÑOZ HERNÁNDEZ: Señor presidente, señorías, moltes gràcies.
Intentaré ser breve.
Como sabrán, el pasado domingo, en Cataluña, 536 693 ciudadanos catalanes y catalanas han votado a favor de la independencia de Cataluña. ¿Se han preguntado cómo es posible que, hoy por hoy, según el barómetro de El Periódico de Cataluña
del pasado sábado, casi la mitad de los catalanes rompería con España? ¿Que los partidarios de la independencia llegan al 48 % y ganarían la consulta por 13 puntos? ¿Se han preguntado por qué el 10 % de los votantes del Partido Popular votarían
hoy a favor de la independencia, así como el 35 % de los votantes socialistas? ¿Se han preguntado por qué para muchos catalanes España es un mal negocio para Cataluña, conclusión a la que están llegando cada vez más catalanes, y que en el último
año el porcentaje de catalanes que rompería con España ha crecido en 9 puntos?
Señorías, el resultado de las votaciones y del proyecto de ley que hoy debatimos en el Senado son un ejemplo didáctico, pedagógico de la creciente desafección de Cataluña hacia España.
Señorías, en relación con el proyecto de ley de modificación de la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios en los puertos de interés general, empezaré por el final diciendo, contrariamente a la
afirmación del ministro de Fomento, don José Blanco, que no es una ley de consenso, es una ley de mayorías centralistas; una ley en la que en el Congreso se dio el caso insólito de contar con 415 enmiendas suscritas conjuntamente por el Grupo
Popular y el Grupo Socialista; una ley que en el Congreso fue definida por el resto de los grupos marginados por la negociación y por el pacto de los dos grandes partidos como una auténtica LOAPA portuaria: el neojacobinismo de los dos grandes
partidos españoles, la España radial, la visión centralista frente a la periferia se ha demostrado en esta ley. En tan solo ocho días se aprobará un proyecto de ley que ha tardado nueve meses en el Congreso. El modelo que proponen es decidir desde
el centro, aumentar la coordinación y el control de puertos del Estado, mediatizar cualquier decisión autónoma y frenar la competencia entre puertos. Con la modificación que hoy se nos propone, se pretende controlar todo desde la capital del reino,
no solo el proceso de toma de decisiones fundamentadas por parte de estos órganos, sino también tutelar la cooperación entre los distintos puertos, olvidando que básicamente los puertos deben competir entre sí.
Esta ley en relación con al existente es una ley más centralizadora, bipartidista y corporativa. Dos de los grupos de la Entesa, en la que recuerdo que hay diferentes sensibilidades, he de decirles que votaremos en contra.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el senador Abreu.
El señor ABREU EXPÓSITO: Gracias, señor presidente.
Señorías, el proceso que concluimos hoy en trámite parlamentario de la Ley de Puertos, constituye un impulso, una buena noticia, para los veintiocho puertos del Estado.
Porque, por fin, estamos en condiciones de hacer de esta ley un marco jurídico estable y útil para afrontar con garantías tanto los problemas del presente como los desafíos del futuro.
La relevancia de las actividades portuarias se pone de manifiesto cuando se afirma que más del 80% de las importaciones y más del 50% de las exportaciones comerciales españolas se efectúan por nuestros puertos, lo que convierte al sistema
portuario de titularidad estatal en un instrumento esencial de la economía en España. Genera empleo directo de más de 35 000 personas y de más de 110 000 de forma indirecta.
Este proyecto de ley constituye la oportunidad para avanzar sobre los pilares de la productividad, la competitividad y la eficiencia, en un marco de justicia social y de sostenibilidad ambiental.
La tramitación de este proyecto de ley se ha afrontado desde el diálogo, el encuentro y el acuerdo; acuerdo en el seno de la comunidad marítimo-portuaria, entre los sectores económicos implicados, entre los trabajadores portuarios y entre
las instituciones autonómicas.
Este proyecto, señorías, da un paso definitivo hacia el futuro del sector portuario por tres principios: mayor autosuficiencia financiera de los puertos, con un régimen de tasas más flexible; mayor autonomía en la gestión de la autoridad
portuaria en lo relativo al suelo, las infraestructuras y los servicios portuarios; y control económico-financiero bajo criterios de racionalidad y equilibrio.
En el futuro, los puertos deben jugar un papel fundamental en concretar de modo eficiente, seguro y sostenible, los modos de transporte marítimo y terrestre, contribuyendo a la intermodalidad. Además, hay que abogar por las grandes alianzas
entre puertos como parte de su inserción en las grandes rutas marítimas y en la formación de nuevos corredores.
La nueva ley garantiza la máxima seguridad jurídica con arreglo al marco legal europeo y nacional. Mayor autosuficiencia económico-financiera, con un marco económico independiente de los Presupuestos Generales del Estado, bajo criterios de
racionalidad.
Hay que lograr unos puertos comprometidos con el entorno socio-económico, con mayor pragmatismo del dominio público, acorde con la realidad portuaria, con sus vínculos con la ciudad, reforzando los lazos con el tejido empresarial y
contribuyendo al sostenimiento de sectores estratégicos y de gran calado social, como la automoción, la pesca y las actividades deportivas.
Se refuerza la autonomía de los puertos. La Autoridad Portuaria no solo conserva, sino que amplía su autonomía de gestión, con mayor margen de maniobra, pero, por consiguiente, con mayor responsabilidad que la que ha tenido hasta el
momento.
Por lo que respecta a Canarias, se ha realizado un gran esfuerzo para atender las especificidades y demandas de los distintos sectores canarios, plasmándose expresamente en la exposición de motivos de la ley, el carácter ultraperiférico de
Canarias, reconocido por la Unión Europea para el archipiélago en el artículo 299.2 del Tratado de Amsterdam, que viene a situar a Canarias en su conjunto como plataforma logística en el Atlántico medio, potenciando la complementariedad entre las
autoridades portuarias canarias y buscando soluciones jurídicas al mantenimiento de las bonificaciones, compensándose a través del Fondo de Compensación Interportuario. Se ha modificado dicho fondo introduciéndose aportaciones para compensar los
menores ingresos estructurales de las autoridades portuarias.
Se añade una nueva disposición adicional con relación a los efectos de la aplicación del régimen económico del sistema portuario y, en particular, del establecimiento y exigencia de las tasas portuarias con respecto al transporte marítimo de
tránsito internacional.
Las terminales de los puertos canarios, al estar situados en una región ultraperiférica europea, tendrán la consideración de plataforma logística atlántica para Europa, por lo que se les podrá aplicar el máximo de bonificación previsto en la
ley.
Es de tal calado el compromiso que adquiere el Gobierno, en este caso el Partido Popular y el Partido Socialista, en la defensa de la ley, que estamos dispuestos a llegar a un acuerdo para que en la elaboración del reglamento que se
desarrolle con respecto a la ley sobre la organización del servicio aeroportuario se recoja la representación de los cabildos insulares.
El Grupo Parlamentario Socialista considera que con esta ley preparamos nuestros puertos para los desafíos del futuro; desafíos por la crisis económica internacional y la disminución de los flujos de tránsito marítimo; desafíos, señorías,
por la competencia creciente de los puertos de los países limítrofes al nuestro: Tánger, Oporto, Italia o Francia; otro desafío es el traslado de la actividad productiva al sudeste asiático y el consiguiente aumento del tráfico en el Mediterráneo,
sin duda un desafío y a la vez una gran oportunidad para nuestros puertos del litoral; un desafío es aprovechar la posición privilegiada de España para convertir nuestros puertos en el principal centro de distribución de mercancías en el sur de la
Unión Europea, atenuando la hegemonía de los grandes puertos del norte europeo.
Esta posición geográfica -y termino presidente- privilegiada de España, por estar muy próxima a las grandes rutas del transporte marítimo intercontinental, debe colocarla en una plataforma logística para el comercio por vía marítima,
convirtiendo nuestros puertos en la puerta de la economía global y acercando el mar al territorio.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Ortiz.
El señor ORTIZ PÉREZ: Muchas gracias, señor presidente.
Subo a esta tribuna para fijar la posición del Grupo Parlamentario Popular respecto a las enmiendas presentadas y al conjunto del proyecto de ley.
Tengo que resaltar que durante su larga tramitación mi grupo ha demostrado sentido de la responsabilidad y de lealtad institucional -y han sido más de ocho meses lo
que ha durado su tramitación-, y la mantendremos en el tramo final de la discusión de esta ley. Por otro lado, consideramos que complementa nuestro sistema portuario, lo moderniza, garantiza su futuro y le da estabilidad.
Quiero destacar la buena acogida que tuvieron en el trámite del Congreso las más de 400 enmiendas que, por consenso entre el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Parlamentario Popular, se suscribieron y que dieron un vuelco muy
significativo al proyecto que tuvo entrada en la Cámara después de su aprobación por el propio Gobierno.
Nuestro grupo ha mantenido diferentes contactos con todos los sectores que de una manera u otra pueden verse implicados en la modificación del proyecto de ley, el cual refleja la solidaridad de toda la comunidad portuaria con la situación
especial de algunos puertos. Por lo tanto, este proyecto de ley no solo sale con el consenso del Partido Popular y del Partido Socialista sino con el apoyo de todos los sectores implicados. (El señor vicepresidente, Molas i Batllori, ocupa la
Presidencia.)
Otra de las características a tener en cuenta es la autonomía que le confiere este proyecto de ley porque a partir de su entrada en vigor los puertos van a ser más autónomos, lo cual no quiere decir que sean más autonómicos; que quede
claro. Se tiene más autonomía porque, a partir de la entrada en vigor de la ley, todos y cada uno de los puertos van a poder fijar la cuantía de todas sus tasas con total libertad, ya que hasta ahora las tasas de todos los puertos tenían una
cuantía similar o idéntica. Por lo tanto, rechazo de plano esta aseveración de la pérdida de autonomía. La libre competencia entre los puertos viene garantizada por esa libertad del establecimiento de las tasas y olvidarnos del juego de las
bonificaciones, que se hace de una manera expresamente flexible y con capacidad para poder captar los tráficos que le convenga a la política de cada Autoridad Portuaria.
Quiero destacar la posición geográfica del sistema portuario español de interés general para las grandes rutas del transporte marítimo intercontinental. La nueva ley que estamos ahora debatiendo establece un marco jurídico estable y la
autosuficiencia económica y financiera, ya que cada Autoridad Portuaria debe lograr una rentabilidad anual y debe equilibrar los ingresos que percibe, de forma fundamental en la aplicación de sus tasas, con los gastos de explotación y los derivados
de la ejecución de inversiones. También refuerza la autonomía de los puertos, ya que sus autoridades portuarias se hacen cargo de la gestión de los puertos con mayor margen de maniobra, lo que implica, por supuesto, mayor responsabilidad. El papel
del presidente de la Autoridad Portuaria sale reforzado, constituyéndose en un órgano de gobierno clave del puerto.
Además, como han reconocido aquí algunos intervinientes, se ha producido una mejora importante en los tráficos y en las autoridades portuarias de los puertos canarios, así que nos sentimos satisfechos. Asimismo, se ha tenido en cuenta la
especificidad de los puertos canarios y otro de los aspectos de la mejora que les afectan que tiene que ver con la navegación deportiva y de recreo con el objeto de favorecer el sector turístico.
Para terminar, quería referirme a la posición y la defensa de enmiendas que han realizado otros grupos.
El senador Anasagasti se quejaba de que el trámite fue ultraligero. Sin embargo, se fijaron los tiempos, cada uno defendió sus enmiendas como le vino a bien, otros las dieron por defendidas y, por lo tanto, a nadie se le coartó la libertad
de expresarse con toda claridad respecto de las enmiendas y el texto del proyecto de ley.
Se nos acusa también de que los dos partidos mayoritarios hemos llegado a un acuerdo. Pero se nos critica tanto si llegamos a un acuerdo como si no lo logramos.
Por tanto, entendemos que esta ley sale reforzada después de su trámite en el Parlamento y, gobierne quien gobierne, creo que va a gozar de una estabilidad duradera, que es lo que se pretende.
Finalmente, senador Quintero, parecía que tenía usted un papel de adivino.
Sin embargo, el Grupo Parlamentario Popular no se pronunciará hasta la hora de la votación. Por lo tanto, usted pedía el cambio del sentido del voto, aunque no
debía hacerlo porque el Grupo Parlamentario Popular todavía no lo tiene definido. Eso sí, nos sumamos a lo que ha dicho el portavoz del Grupo Socialista, que estamos dispuestos a colaborar y hacer que se incluya en el texto del reglamento que
desarrolle la ley si no se llega a ningún acuerdo antes de la votación, o bien en el texto refundido de este proyecto de ley. Por lo tanto, senador Quintero, antes de la votación expondremos nuestro criterio y sentido del voto. Intentaremos ser
leales hasta el último momento con respecto a todo lo que hemos determinado en este debate parlamentario.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias.
Finalizado el turno de portavoces, como se ha anunciado antes, la votación se efectuará por la tarde.
Se suspende la sesión, que se reanudará a las cuatro de la tarde.
Eran las catorce horas y cinco minutos.
Se reanuda la sesión a las dieciséis horas.
El señor PRESIDENTE: Señorías, buenas tardes. Se reanuda la sesión.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY DEL SENADO.
-- DE LA PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA DE MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA2/1979, DE 3 DE OCTUBRE, DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. (AUTORES: GRUPOS PARLAMENTARIOS ENTESA CATALANA DE PROGRÉS Y CATALÁN EN EL SENADO DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ) (Número
de expediente 622/000016).
El señor PRESIDENTE: Punto séptimo del orden del día: toma en consideración de proposiciones de ley del
Senado. De la proposición de ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional. Ha sido presentada por los grupos parlamentarios Entesa Catalana de Progrés y Catalán en el Senado de
Convergència i Unió.
Para la defensa de la toma en consideración, tiene la palabra el senador Molas.
El señor MOLAS I BATLLORI: Señor presidente, tomo la palabra para presentar el texto de la proposición de ley que fue elaborado por la mayoría de las fuerzas políticas del Parlamento de Cataluña, por acuerdo del plenario, y presentado en
esta Cámara por dos de sus grupos parlamentarios: la Entesa Catalana de Progrés y Convergència i Unió; es decir, por dos grupos parlamentarios representados por 23 sobre 24 senadores de Cataluña.
Agradezco la confianza que han depositado en mí todos los grupos para que yo hiciera esta presentación; dicho lo cual, y esperando poder presentar esta proposición de ley con claridad y al mismo tiempo en el sentido más hondo de la
construcción de una España democrática y avanzada, permítanme que les confiese de entrada que los avatares que ha vivido la aún no existente sentencia del Tribunal Constitucional -dejando a un lado las polémicas sobre la opinión que se han producido
a lo largo de años-, la demora en la decisión de la sentencia, las recusaciones, la no renovación de magistrados por el Senado en su momento y las dificultades para crear un criterio unificado, que es lo que da sentido constitucional a la decisión
de la sentencia, han llevado a un debate continuado en el tiempo. Un debate que, sea cual sea la decisión final, no afecta a la competencia legal del Tribunal Constitucional pero sí a la credibilidad de sus decisiones, y que ha planteado problemas;
problemas que están presentes. Y nosotros queremos que las Cortes Generales recojan los problemas que ha generado este debate, o que ha suscitado este debate aunque no los haya generado él. Creemos que ese debate no ya en los medios de
comunicación sino sobre todo en el Congreso de los Diputados y en el Senado, debe ser un debate sobre criterios y propuestas que haga posible compartir más que competir.
Es evidente que no queremos repetir un debate como el que ya hubo en el período anterior de sesiones cuando tuvo lugar la aparición del Estatuto de Autonomía de Cataluña, hoy felizmente vigente, aprobado, refrendado por el pueblo catalán y
con casi cuatro años de vigencia sin disfunciones. No queremos buscar responsabilidades en ningún sector sobre la historia que hemos tenido. No queremos arrojar piedras ni que nos las arrojen a nosotros, ni tampoco queremos tratar de los
comportamientos de cada cual. No queremos buscar responsabilidades ni queremos discutir las funciones del Tribunal Constitucional, una pieza básica de nuestro Estado de derecho, no solo por la supremacía de la Constitución sino también por la
protección de derechos fundamentales.
No prejuzgamos; estamos convencidos de la constitucionalidad del estatuto y no queremos que este sea una bandera de reivindicación futura, sino una pieza estable de la construcción del Estado de las autonomías modernizado y más sólido.
Dicho esto, permítanme ahora que me refiera ya exclusivamente a la proposición de ley en sí, que trata sobre algunos aspectos de la organización y funcionamiento del órgano y del procedimiento de elaboración de sus decisiones en los recursos
presentados contra estatutos de autonomía. Hemos detectado la existencia de tres grandes problemas, sobre los cuales ofrecemos un criterio. Estos tres problemas son: la demora en la renovación de los magistrados, la demora de las sentencias en
juicios de constitucionalidad sobre estatutos y la conveniencia, por tanto, de que exista necesariamente una mayoría reforzada, y la necesidad de la interdicción de resoluciones interpretativas de la ley orgánica que aprueba el estatuto porque
creemos -esto es lo que voy a intentar desarrollar ahora o en la segunda parte de mi intervención como portavoz- que las resoluciones interpretativas, con validez general y suprema de interpretación, corresponden a la interpretación de la
Constitución. Una disposición final aplica a los procedimientos en curso las decisiones que se puedan acordar, como sucede con todas las normas procesales, que no son ni quedan congeladas; naturalmente, ponderando los bienes jurídicos que pueden
resultar afectados en su aplicación.
Primer problema: la demora en la reducción de magistrados. Les hago gracia de los temas constitucionales porque son suficientemente conocidos. Solo les indico que el artículo 159.3 de la Constitución tiene el sentido, entre otros, de
distanciar en el tiempo la elección de los magistrados del Congreso y del Senado. Cada tres años se hace la renovación, pero como existe un mecanismo que define una prórroga que puede llegar a solapar una elección con otra, tenemos una
solidificación, si no se resuelve por el procedimiento legal de la superposición de elecciones posibles, con lo cual el principio constitucional sería aplicado de una forma particular. La práctica generaría en el tiempo la superposición; máxime si
se combina con una decisión de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional según la cual el mandato queda prorrogado hasta el nombramiento y toma de posesión de los magistrados, medida prudente y lógica. La previsión de la continuidad, el décalage
en el tiempo, podía ser calculado de esta forma. Pero el mandato puede ser indefinido, no hay ninguna limitación. El mandato indefinido conlleva una lesión de la credibilidad de la institución. Este es un tema que se ha de resolver jurídicamente.
Si el liberal es un sistema de pesos y contrapesos, es evidente que el Tribunal Constitucional es en sí mismo un sistema de pesos y contrapesos y que las mayorías de consenso pensadas para el tribunal no pueden convertirse en mayorías de
bloqueo o en minorías de bloqueo, y que es necesario resolver el tema manteniendo pero limitando en el tiempo la prórroga automática e inmediata en su cargo de los miembros del tribunal: nosotros proponemos seis meses. Creemos que el mandato
caducado no puede prorrogarse más allá de un tiempo prudencial, que es el tiempo necesario para que pueda llegarse a un acuerdo sufi-
ciente por tres quintos. Una vez terminado el mandato, este es improrrogable. La prórroga podría seguir existiendo tal y como fue pensada, como un elemento de equilibrio del tiempo y, por tanto, útil.
Por eso, proponemos que, a los seis
meses de la expiración del nombramiento, cesen de forma automática e inmediata en su cargo; es decir, que el mandato se considere caducado a los seis meses.
Esto conllevará problemas o cierta vinculación con propuestas formuladas posteriormente. En cualquier caso, atendiendo a la moda de hacerlo por capítulos, en días sucesivos a las intervenciones, les recuerdo que los dos puntos siguientes -y
luego intervendré como portavoz- van a abordar el tratamiento de la demora en las sentencias de inconstitucionalidad y de los efectos que produce así como las propuestas que presentamos para resolverlos, y lo que se refiere a las resoluciones
interpelativas de los preceptos estatutarios.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos en los escaños de la izquierda.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Para turno en contra, tiene la palabra el senador Huguet.
El señor HUGUET ROTGER: Gracias, señor presidente.
Señorías, debo confesar que el profesor Molas no me lo ha puesto fácil porque en su intervención se ha ceñido estrictamente a los aspectos de carácter jurídico que se pretende modificar y ha obviado en todo momento el trasfondo político que
subsiste detrás de esta propuesta, que no le ha interesado o no ha tenido tiempo de poner sobre la mesa, para clarificar las razones de por qué estamos discutiendo hoy este asunto y no hace dos o tres años. Quizá estas sean las cuestiones que
deberíamos plantearnos.
En cualquier caso, le quiero agradecer que haya reconocido de entrada que esta es una propuesta elaborada por el Parlamento catalán, que ha sido asumida por dos grupos parlamentarios del Senado y que se ha traído a esta Cámara para poder
discutirla, lo que es totalmente legítimo. Esto, por lo tanto, centra el debate, que se ciñe a Cataluña y que se debe al proceso que está en este momento en fase de resolución o no resolución del Estatuto de Cataluña en el Tribunal Constitucional,
lo que obliga o incita a presentar esta iniciativa, sin otra motivación que venga a justificar la presentación de esta propuesta. Por lo tanto, insisto, esta propuesta se presenta para salvar, si se puede, el Estatuto de Cataluña que en este
momento está pendiente de sentencia en el Tribunal Constitucional. Pongamos las cosas claras.
Por otra parte, algunos destacados miembros de los partidos políticos que conforman el tripartito en Cataluña han señalado en sus intervenciones -no lo ha hecho en la primera intervención el senador Molas- que a veces no tenemos los
conceptos claros. No digo que yo los tenga claros y, por ello, me voy a permitir leer algunos artículos de la Constitución para que sepamos de qué hablamos. Así, cuando se habla del referéndum del Estatuto de Cataluña -y es verdad que se celebró y
es verdad que refrendó ese estatuto- se hace como si el pueblo catalán, soberanamente, hubiera decidido, pero lo cierto es que la soberanía, como todos sabemos, reside en el pueblo español. Por ello, nos tendríamos que dirigir al artículo 1 de la
Constitución, que dice: «La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado.» Todos los poderes del Estado. Por eso, el artículo 2 dice: «La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación
española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas.» Pero no como una parte, aparte de España, sino
integrada dentro de ella y dentro de esta soberanía de todo el pueblo español.
Dicho esto, también hay que reconocer que en la propia exposición de motivos se marcan ya los dos objetivos que pretende esta reforma: el primero, limitar a seis meses la prórroga de los magistrados que se tienen que renovar después de
nueve años. Desde el punto de vista teórico, podríamos estar de acuerdo pero ¿cómo lo hacemos? Tenemos un vacío. El problema no es del Tribunal Constitucional, el problema es del acuerdo entre las fuerzas políticas; por lo tanto, pueden pasar 6,
7, 8, 9 o 10 meses, depende de si somos capaces o no de ponernos de acuerdo. No podemos transferir este problema de crear un vacío de falta de miembros del Tribunal Constitucional por falta de acuerdo de esta Cámara o de la Cámara del Congreso de
los Diputados. Esta limitación, desde un punto de vista teórico, podría estar justificada, pero desde el punto de vista práctico no se puede justificar, cuando no depende del propio tribunal hacer la sustitución, sino que depende de otros órganos
distintos que no son el tribunal.
Hay otro aspecto que también se declara en la exposición de motivos y en el que aquí no se ha entrado, o tal vez no estoy lo suficientemente bien hoy para haberlo escuchado: el refuerzo de la presunción de legitimidad agravando los
requisitos; porque se agravan los requisitos. ¿Y cómo los agrava? Haciendo que la sentencia tenga que tener una mayoría de ocho magistrados, de dos tercios. Estamos hablando de un tribunal; estamos hablando de un órgano jurisdiccional, no de un
híbrido, aunque los nombramientos sean políticos. No, perdón: aunque los nombramientos hechos por las fuerzas políticas, una vez que han tomado posesión de su cargo, los magistrados tienen que actuar con total y absoluta independencia, sin mandato
vinculante de nada ni de nadie, más que de la propia Constitución. Por lo tanto, el tribunal dicta sentencia; en ningún otro tribunal se requiere que para dictar la sentencia tenga una mayoría cualificada; o, al menos, yo no lo conozco.
Otra agravación que se hace: la limitación del margen de maniobra. Aquí dice: la prohibición de sentencias interpretativas. Las sentencias interpretativas en el Tribunal Constitucional no es que sean necesarias, es que son básicas;
tiene que interpretar la Constitución, tanto para decir que sí como para decir que no. Incluso tenemos sentencias del Tribunal Constitucional que interpretan la Constitución de manera abierta y clara, y lo hacen porque han interpretado la
Constitución; no lo pueden hacer diciendo
blanco o negro. Y con esta limitación le prohibimos que haga interpretación de las sentencias. Y luego, estableciendo un plazo preclusivo de seis meses. Esto son limitaciones que, como diría el ministro del Interior, podemos estar de
acuerdo en discutirlas, pero no hay que legislar en caliente. Son palabras del ministro del Interior: no hay que legislar en caliente. Esto es un trágala, es querer reformar la Ley del Tribunal Constitucional en caliente, en pleno proceso de
debate interno en el Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Creo que este es un mal sistema.
Nuestro grupo no se niega a debatir la posible reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Constituyamos una ponencia para debatir este tema, y veamos qué tipo de propuestas se hacen. Hace unos cuantos meses, cuando debatimos
el concierto económico vasco, dije: ¿por qué no podemos recuperar el recurso previo de constitucionalidad? Ahí sí hay un mandato de seis meses para pronunciarse. ¿Por qué no recuperamos este recurso? No se ve aquí en esta propuesta. Usted me
dirá: es que en fase de tramitación parlamentaria se podría introducir. Bueno, pues hagamos una ponencia primero, pero no legislemos en caliente y no legislemos para desvirtuar lo que tiene que hacer en estos momentos, legítimamente, el Tribunal
Constitucional. Al menos esta es nuestra modesta opinión.
Un tema que también podríamos discutir es la presunta -digo presunta porque me dio una lección ayer en el pasillo, lo confieso- retroactividad. Esta retroactividad sí que tiene efectos, y no solo podría tener efectos sobre el Estatuto de
Autonomía de Cataluña. ¿Y del resto qué? ¿Y del resto de sentencias que han dictado los mismos magistrados que ahora decimos que tendrían que dejar sus cargos y que no podrían dictar sentencias, del resto que ya han dictado, qué pasa? Se genera
una sombra de duda automáticamente: si no son buenos para dictar ahora sentencias, ¿por qué eran buenos para dictar antes? Esto es difícil de aceptar, y se lo digo con todo respeto.
Creo sinceramente que la propuesta que hoy debatimos aquí es extemporánea, aunque puede ser que ustedes la vean como necesaria. Es una propuesta que viene fuera de tiempo, cuando el juego ya ha empezado, y ahora se quieren cambiar las
reglas. Pero las reglas hay que cambiarlas -si es que ha de hacerse- a posteriori; no cuando se está pendiente de una sentencia de tanta trascendencia como la del Tribunal Constitucional.
Por eso, señorías, debo manifestar que nuestro grupo parlamentario no va a apoyar esta propuesta. Estamos interesados en profundizar en ella, pero debemos hacerlo todos juntos y con tranquilidad; sin darle un carácter retroactivo que pueda
afectar a una norma muy concreta, por unos hechos muy concretos que se producen en estos momentos.
El señor PRESIDENTE: Señoría, termine, por favor.
El señor HUGUET ROTGER: Si no lo hacemos así, nos habremos equivocado, y así lo manifestamos en un debate parecido a este sobre el concierto vasco. Legislar un tema tan sensible -y no me refiero ya a la reforma de la Ley Orgánica del
Tribunal Constitucional, sino a su repercusión sobre el Estatuto catalán, pendiente de sentencia-, como digo, legislar un tema tan sensible sería hacer un flaco favor, no solo al tribunal, sino también a esta Cámara y al propio Estatuto de Cataluña,
que, como digo, está pendiente de resolución. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Turno de portavoces.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Sampol.
El señor SAMPOL I MAS: Muchas gracias, señor presidente.
Me alegro de intervenir detrás de mi compañero de designación autonómica por el Parlamento de las Illes Balears, el menorquín señor Huguet, para intentar evitar que quede en el Diario de Sesiones la sensación de que los ciudadanos de
Baleares somos -dicho cariñosamente- unos fundamentalistas de las esencias patrias, y poder dar otra versión del concepto que tenemos del conflicto en cuestión que, por un lado, nos afecta colateralmente, pero, por otro, nos afecta de lleno como
ciudadanos de un Estado.
Así pues, y a título particular en nombre del Bloc per Mallorca i PSM-Verds, que es la formación que me propuso, anuncio que votaremos a favor de la toma en consideración de la modificación de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional,
aunque somos conscientes de que esta modificación pretende únicamente resolver la crisis generada con el recurso de inconstitucionalidad del Estatuto de Autonomía de Cataluña, pero no ataca el fondo del problema.
Mi intervención pretende, pues, referirse a los distintos aspectos que subyacen en este conflicto. El primer tema de fondo es el de si es o no legítimo que un reducido grupo de personas, por mucho que sean miembros de un Tribunal
Constitucional, cuestione la constitucionalidad de una ley orgánica una vez que ha sido aprobada por el Parlamento autonómico, que ha sido aprobada por las Cortes Generales tras una importante modificación y que ha sido ratificada después en un
referéndum popular. Y es todavía más legítimo cuestionarse esa legitimidad cuando este reducido grupo de miembros del Tribunal Constitucional ha demostrado con creces que se mueve más por criterios partidistas que por criterios jurídicos.
Es muy
sintomático que existan dos bloques tan diferenciados, no en torno a interpretaciones jurídicas, sino alineados políticamente con los partidos que los propusieron.
El tema de fondo puede ser incluso más complejo: decidir si conceptos políticos como nación, uso de las lenguas oficiales del Estado en sus respectivos territorios, o evolución del modelo de Estado hacia un modelo federal o confederal, son
competencia de un reducido grupo de personas, o si son competencia del pueblo a través de sus representantes políticos elegidos democráticamente, o directamente, a través de una consulta popular. Más toda-
vía: si hemos de dejar esta interpretación -hacia dónde vamos colectivamente- en manos de unas personas que nos demuestran que actúan como correa de transmisión de los partidos políticos que los han propuesto.
Todavía podemos llegar más al fondo de la cuestión, porque está en debate el propio instrumento de la Constitución. En este sentido, y aun con una de las posturas más críticas sobre algunos artículos de la Constitución, algunos la vemos
como un instrumento que ha de permitir avanzar constantemente en la conquista de libertades individuales y colectivas.
Reconocerán que es una paradoja que hoy, 35 años después de reinstaurada la democracia, se hagan lecturas más restrictivas de la
Constitución que en el momento de su gestación hace 35 años, justo saliendo de la dictadura franquista. Y esto solamente se explica porque para muchos la Constitución no es un instrumento de libertad, sino un instrumento de represión. Hoy hay una
auténtica involución, hay una intolerancia hacia la diversidad, que se expresa en muchos debates y en muchas opiniones cuando se preguntan si no cedieron -algunos demasiado- en el momento de la Constitución, y critican abiertamente el Estado de las
autonomías.
Incluso, en este momento de crisis, les hacen culpables a las autonomías de la crisis económica, ignorando que hoy recae sobre ellas todo el peso del Estado del bienestar -sanidad, educación, servicios sociales, y en muchos casos
transporte público- y que los recursos traspasados no están en proporción con las responsabilidades asumidas. El que no ha adelgazado proporcionalmente a las responsabilidades traspasadas a las autonomías ha sido el Gobierno del Estado.
Señorías, hoy estamos en una gran crisis; no solamente económica, sino también política e institucional. El descrédito de instituciones y partidos nunca había sido tan grande; hasta el punto de que muchos cuestionan ya su utilidad. Y
solo faltaba que el descrédito llegara a la Justicia y al Tribunal Constitucional. Un asunto que debería ser objeto de consenso ha llegado al máximo de confrontación partidista. En el fondo, porque los partidos mayoritarios hacen una utilización
perversa del sistema. En demasiados casos, los miembros de los tribunales superiores de justicia, del Tribunal Supremo, del Tribunal Constitucional o del Consejo General del Poder Judicial, no son elegidos por sus méritos profesionales o por sus
conocimientos jurídicos, sino por su afinidad política con el partido que los propone. Le ha traicionado el subconsciente, señor Huguet, porque, efectivamente, hacen una interpretación política. Interpretan la Constitución, efectivamente, no en
función de sus conocimientos jurídicos, sino en función de lo que espera de ellos el partido que los propuso. Este es el problema.
En definitiva, en todo este debate o confrontación no está en juego la constitucionalidad del Estatuto de Autonomía de Cataluña. Al Partido Popular, a los recurrentes, no les preocupa que determinados artículos sean inconstitucionales,
porque si les preocupara, también habrían recurrido los estatutos de Castilla y León, de Baleares, de Andalucía, y algunos otros que han copiado literalmente algunos de los artículos recurridos. Lo que realmente está en juego es si España quiere
avanzar hacia un modelo de Estado federal o si retrocede hacia un modelo más centralista y uniformizador. Este es el debate y hay que hablar claro. Y esta decisión, con perdón, de hacia dónde vamos colectivamente, no es competencia de los jueces,
sino del pueblo a través de nosotros, de los representantes políticos elegidos democráticamente, o directamente mediante consultas a los ciudadanos. Pero, por desgracia, el Estatuto de Autonomía de Cataluña es un buen instrumento para fomentar el
sentimiento de españolidad basado en la negación de la diversidad. El anticatalanismo da votos en el conjunto del Estado. Este es el tema. Y nadie hubiera imaginado, después de 35 años de democracia, que algunos medios de comunicación de masas
arengarían a la población con proclamas que habría firmado el propio Queipo de Llano. Esta es la realidad.
El señor PRESIDENTE: Señoría, termine.
El señor SAMPOL I MAS: Termino, señor presidente.
Las dos Españas siguen ahí: los que persiguen la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley respetando la diversidad y los que confunden unidad con uniformidad. Y este tema no lleva camino de resolverse.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas, tiene la palabra el senador Zubia.
El señor ZUBIA ATXAERANDIO: Gracias, señor presidente.
Señorías, los grupos parlamentarios de Entesa Catalana de Progrés y Catalán en el Senado de Convergència i Unió nos traen hoy, para su debate en esta Cámara, una proposición de ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de
octubre, del Tribunal Constitucional. Una iniciativa de la que cabe decir, ya de entrada, que es ciertamente interesante, muy trabajada en su contenido y, sobre todo, oportuna, muy oportuna. Todo ello hace que estemos ante una propuesta que mi
grupo parlamentario, el de Senadores Nacionalistas, entiende como perfectamente apoyable y, consiguientemente, contará con nuestro voto favorable a su toma en consideración.
Tal y como expresamente señala la exposición de motivos, la proposición de ley aborda dos cuestiones, dos, muy concretas, o tiene dos objetivos, dos, claramente definidos: el primero no es otro que el de poner coto -nunca mejor dicho lo de
coto- a situaciones como la que se viene dando en la actualidad de bloqueo -esta es la palabra, bloqueo- en la renovación de los miembros del Tribunal Constitucional cuyo plazo de nombramiento ha expirado. Es sabido, y ha sido recordado hace unos
momentos, que el artículo 17.2 vigente establece que los magistrados de este Alto Tribunal continuarán en el ejercicio de sus funciones hasta que hayan tomado posesión quienes hubieren de sucederles. Es decir, que dicho
artículo 17.2 admite una prórroga tácita del mandato de los magistrados salientes, lo cual tiene su lógica dentro de lo que cabe y deben considerarse unos plazos razonables en la búsqueda del acuerdo político necesario para llevar a efecto
la exigida renovación. Ahora bien, lo que no es en modo alguno asumible ni admisible es que, amparándose en esa prórroga tácita indefinida en el tiempo, con el artículo 17.2 en mano, se boicotee -boicotee, repito, señorías- el proceso de renovación
manteniendo interesadamente un desacuerdo político que lo impide.
En ese sentido, nos parece del todo necesaria la modificación de este artículo 17.2 a fin de poner tope, límite o final fijo a esa prórroga, sabiéndose así a ciencia cierta que en una fecha determinada -la proposición habla concretamente de
seis meses- cesarán de forma automática e inmediata esos magistrados cuyo mandato ha expirado, y eso aunque el acuerdo no se hubiera alcanzado.
Señorías, no me cabe la menor duda de que esta previsión se ajusta mucho más correctamente a los parámetros y plazos que marca la propia Constitución en cuanto a la duración de los mandatos y, a su vez, creo que en buena medida contribuiría
a provocar la renovación, evitando en algunos casos, como es el actual, esa más que interesada falta de acuerdo sine díe.
El segundo de los objetivos de la proposición de ley, y que también compartimos, es el que tiene que ver con el conocimiento y resolución de los recursos de inconstitucionalidad y de las cuestiones de inconstitucionalidad promovidas por
jueces y magistrados que puedan formularse o plantearse contra las leyes orgánicas de aprobación o reforma de estatutos de autonomía.
Es evidente, como también se apunta en la exposición de motivos de la proposición, que los estatutos son la norma institucional básica de una comunidad autónoma, con una función asignada que se relaciona directamente con el poder
constituyente y con unos procedimientos muy específicos de aprobación y reforma que les confiere ciertamente, señor portavoz del Grupo Popular, una presunción mayor de legitimidad, lo que, en definitiva, debe tener su reflejo en la forma, en los
modos y en los tiempos en que el Alto Tribunal debe entender de esos recursos y cuestiones de inconstitucionalidad que puedan formularse o plantearse contra ellos.
Y es así precisamente, y precisamente por ello, por lo que en la iniciativa se plantea la modificación de los artículos 34, 37, 39 y 90 de la ley orgánica y, concretamente, en los artículos 34 y 37 se opta por añadir sendos apartados,
estableciendo en ellos que el Tribunal Constitucional dispondrá de un plazo de seis meses para dictar sentencia en los recursos de inconstitucionalidad -artículo 34- y en las cuestiones de inconstitucionalidad -artículo 37- que pudieran formularse o
plantearse contra esos estatutos de autonomía o sus leyes orgánicas de reforma, estableciendo así también acertadamente que, transcurrido ese plazo de seis meses sin que hubiera recaído sentencia, el recurso o la cuestión de inconstitucionalidad se
entenderán desestimados.
Por otro lado e igualmente, a nuestro juicio con buen criterio, en el artículo 39 se determina de forma expresa -añadiendo un apartado 3- que el Tribunal Constitucional, en las sentencias que resuelvan esos recursos o cuestiones de
inconstitucionalidad contra leyes orgánicas de aprobación o de reforma de estatutos, no podrá adoptar resoluciones interpretativas de los preceptos estatutarios objeto del proceso, debiendo circunscribir su pronunciamiento a la declaración de su
conformidad o disconformidad con la Constitución, algo, sinceramente, que se me antoja de toda lógica, pero, pese a ello, necesario plasmarlo porque precedentes de no respeto a este principio haberlos, haylos, y no pocos, señorías.
Finalmente -y esto es todo lo que mantiene y contiene la proposición- se pretende modificar el artículo 90. ¿A qué fin? A fin de exigir, mediante la incorporación de un nuevo apartado 1 bis, un mayor consenso de los miembros del pleno del
Tribunal Constitucional en las resoluciones de los repetidos recursos y cuestiones de inconstitucionalidad, requiriéndose en este caso -lo ha dicho hace un momento el portavoz de Entesa Catalana de Progrés- el voto a favor de al menos ocho de los
miembros del tribunal cuando se declare la inconstitucionalidad total o parcial de leyes orgánicas de aprobación o de reforma de estatutos de autonomía. Y esto y no otra cosa, señorías, grosso modo, es lo que la iniciativa presentada por ambos
grupos, Entesa Catalana de Progrés y Convergència i Unió, contiene, y mi grupo, evidentemente, hace suya y con su autorización, desde luego, la apoyo.
Ni que decir tiene que en este debate de reforma de la ley mi grupo parlamentario abordaría con ganas -y no quiero callarme- otras muchas cuestiones que no se contemplan en esta modificación que, en todo caso, es muy puntual, pero ni
siquiera me parece oportuno en este trámite de hoy, de mera toma en consideración, esbozarlo, porque soy consciente de que hacerlo podría desviar la atención, al menos en parte, de los objetivos que he señalado y que se han marcado los autores de la
proposición y, señorías, nada más lejos de mi intención. Baste, por tanto, en este momento con reiterar nuestro voto favorable a esa toma en consideración, y caso de que se considerara al final como aprobada, tiempo tendremos, vía enmienda y en
trámites posteriores, de presentar las oportunas modificaciones a la proposición que hoy espero sea aprobada en esta Cámara.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Zubia.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Vilajoana.
El señor VILAJOANA I ROVIRA: Muchas gracias, presidente.
Señorías, este es un momento significativo porque, de alguna forma, se repite un acto que hubo hace exactamente un mes, el 24 de mayo, donde en la Comisión de Comunidades Autónomas ya mantuvimos un debate parecido a este y, por lo tanto, voy
a reiterar aspectos que ya puse de manifiesto en aquella comisión, en aquel momento en catalán y hoy en castellano.
Básicamente estamos aquí para cumplir un mandato del Parlamento de Cataluña, una resolución que se adoptó el 29 de abril, en la que dicho Parlamento, con los votos de los grupos que estamos apoyando esta modificación de ley orgánica
-Esquerra Republicana, Iniciativa per Catalunya Esquerra Unida, Partido Socialista y Convergència i Unió, es decir, 120 diputados sobre 135 que tiene el Parlamento de Cataluña- planteábamos esta resolución que, además, tuve la oportunidad de
trasladar e informar al presidente del Gobierno a través de una pregunta.
¿Qué pretendía esta resolución? Defender -y lo que estamos haciendo aquí es defender- que la última palabra sobre el estatut de Cataluña la tenga el pueblo de Cataluña. Y
aquí, señor Huguet, al que sabe que tengo un aprecio personal, quiero decirle lo siguiente. Yo ya entiendo que hay más soberanías, y es cierto que este estatuto las ha cubierto todas, es decir, fue aprobado por una amplísima mayoría: 120 diputados
sobre 135 en el Parlamento de Cataluña, que de hecho es la representación del pueblo de Cataluña en el Parlament. Fue aprobado en el Congreso de los Diputados por una mayoría más que absoluta, por encima de lo que se exige a una ley orgánica como
es un estatut. Fue aprobado en esta Cámara, en el Senado, y finalmente fue refrendado.
Hay otro matiz también importante. Cuando nosotros intentamos poner en cuestión si realmente un estatuto de estas características puede ser analizado o, sobre todo, retocado, reparado por el Tribunal Constitucional, es por un hecho muy
significativo. Se ha dicho antes que en este país tenemos diecisiete autonomías; pues bien, en cuatro de ellas -Andalucía, País Vasco, Cataluña y Galicia- a las exigencias que tienen las demás se le suma una especial, que es un referendo del
pueblo. Esto es un elemento diferencial. Nosotros entendemos que esto es como un pacto constitucional que en este caso le da esta diferencia que la propia Constitución establece y que no fija para todos los estatutos.
Hay otro elemento muy significativo: este estatuto lleva cuatro años en vigor y se están desarrollando leyes. No hay sentencia del Tribunal Constitucional, y eso es lo que nosotros queremos que pase. En el fondo todo esto que estamos
hablando es para que no ocurra, evidentemente, pero ¿qué pasa? Señor Huguet, no le quiero engañar. ¿Cuál es nuestro objetivo? Que no haya sentencia de un tribunal constitucional con unas características muy concretas, y aquí voy a lo de en
caliente o en frío.
Cuando se inicia este proceso, en caliente, el Partido Popular revoca, impugna a uno de sus magistrados, en caliente, en caliente. Cuando ustedes dicen que el señor Pérez Tremps se ha apartado del proceso porque hizo un informe
a la Generalitat de Cataluña, que además es cuestionado por magistrados de todo tipo, estaban ustedes actuando en caliente, estaban ustedes intentando modificar un proceso. No me digan ustedes ahora que dejemos tranquilo el partido. El partido ya
estaba en marcha y ustedes lo modificaron, en primer lugar, recusando a un magistrado.
Cambiaron las condiciones del partido en pleno partido y, siguiendo su expresión, en caliente.
En segundo lugar, hubo un magistrado fallecido y, en tercer lugar, no sustituimos a cuatro magistrados. Ahora son cuatro, pero si esperamos a noviembre tendremos ocho, con una presidenta que también tiene caducado su mandato. Usted dice
que esto no es culpa del tribunal, y no lo es, es culpa de los que están bloqueando este proceso. Y esto también es, en caliente, entrar en el partido y pretender que este partido vaya a su favor, y eso es lo que está ocurriendo.
¿Qué pretendemos nosotros? ¿Qué nos decía el Parlamento de Cataluña? Nosotros pensamos que el Estatuto de Cataluña tiene la máxima legitimidad posible; ha recorrido todos los procesos que le exigía la Constitución; hemos conseguido
mayorías más que absolutas en el Parlamento de Cataluña; ha sido aprobado por mayoría absoluta en el Congreso; fue enmendado en el Congreso; se aprobó en este Senado; y ha acabado en un proceso de referéndum. Consideramos que todo esto le da
una absoluta solidez.
El Tribunal Constitucional, como ya he dicho, lleva cuatro años debatiendo esta cuestión, ha intentado seis sentencias y no ha salido ninguna. Y pregunta usted por qué lo hacemos ahora, pues por varias razones: porque llevamos cuatro años,
porque hay una amenaza de que va a haber una sentencia en breve, y pensamos que nunca debe haber una sentencia, y menos ahora, cuando estamos iniciando un proceso electoral.
Y nos parece una irresponsabilidad institucional que el Tribunal Constitucional, en un momento en el que estamos haciendo esfuerzos importantísimos -quizá tarde, se lo admito, teníamos que haber empezado este proceso hace cuatro años, estoy
de acuerdo, tarde pero lo estamos haciendo y creo que esta tarde va a haber un amplio consenso en esta cuestión-, después de cuatro años, 44 meses, seis sentencias, mediante una votación por bloques, ahora llegue a una sentencia; además, no le
quepa duda de que va a tener repercusiones en las relaciones constitucionales que se establecen entre Cataluña y el resto de España.
El señor Sampol dijo ayer que hay siete recursos: uno del Partido Popular, uno del defensor del pueblo y cinco de distintas autonomías. Pero, también lo ha dicho el senador Sampol, resulta que en el Estatuto de Andalucía hay setenta
artículos prácticamente iguales, y el defensor del pueblo no ha presentado recurso, ni ustedes tampoco.
Nos parece que en este caliente o frío que usted planteaba están incluyendo cosas que nos llevan a nuestra voluntad, y cuando pedimos la modificación de esta ley queremos precisamente que se condicione claramente esta sentencia, y además hay
algo que tiene que quedar clarísimo: esto no quita derechos a nadie, cuando desarrollemos este estatuto vía leyes, como estamos haciendo, éstas son absolutamente recurribles, algo que pasa permanentemente.
El Estatuto de Autonomía de Cataluña del año 1979 ha estado en el Tribunal Constitucional continuamente, hemos ganado algunas sentencias y otras las hemos perdido, y lo hemos respetado. Pero, repito, en las leyes que desarrollan un estatuto
el error, lo que no nos parece correcto es que en estos momentos entremos a debatir el estatuto inicial, un estatuto que todos defendemos que ha de tener toda la legitimidad y que ha seguido todo el trámite que le exige la Constitución, más un
referéndum.
Y, repito -no quiero huir de un hecho clarísimo, conocido por todos-, estamos iniciando un proceso electoral que se desarrollará en octubre o en noviembre; no nos parece razonable que en este proceso, después de cuatro años de espera, haya
una sentencia que, sin duda, puede condicionar este proceso electoral.
Por todo ello, por un acto de responsabilidad, que entendemos que un tribunal constitucional ha de tener, lo que pretendemos con esta reforma es evitar situaciones como las que nos hemos encontrado en este proceso.
¿Por qué hacemos todos estos planteamientos que no voy a repetir porque ya lo han explicado tanto el profesor Molas como otros senadores que han intervenido con anterioridad? La Ley Orgánica del Tribunal Constitucional se ha reformado
muchas veces y siempre con un partido en marcha, porque el Tribunal Constitucional siempre juega un partido, siempre juega en caliente, siempre está tomando decisiones, y aunque esto ocurra, se modifican las cosas, y se modifican sistemáticamente
cuando les conviene a los dos partidos mayoritarios del Senado y del Congreso de este país.
Por tanto, estamos en la misma situación. Lo que pretendemos es evitar que se vuelvan a repetir situaciones como la que estamos viviendo, donde hay un bloqueo por intereses políticos. Este es el objetivo. ¿Qué buscamos? Buscamos que con
un estatuto que supuso un gran esfuerzo, un gran debate, que cumplió todos los trámites que le exigía la Constitución, que fue refrendado por el pueblo de Cataluña, ahora diez miembros del Tribunal Constitucional elegidos seguramente con absoluta
legalidad, pero sinceramente, señor senador, dudo de que con la suficiente credibilidad y legitimidad, modifiquen la voz que ha expresado de una forma clara el pueblo de Cataluña. Esto es lo que intentamos evitar con una serie de actuaciones que
estamos llevando a cabo desde hace unos meses, y es lo que estamos defendiendo esta tarde en esta Cámara.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, tiene la palabra el senador Molas.
El señor MOLAS I BATLLORI: Muchas gracias.
Antes de comenzar con la segunda parte, quiero hacer una pequeña alusión inicial a la brillante intervención del senador Huguet. No sé si tiene confianza en el futuro o no, porque no sé cuál es su deseo, pero, en cualquier caso, dice que no
se debe legislar en caliente. Es un consejo sabio, lo que significaría que usted cree que no habrá sentencia y que, por tanto, el caliente va a durar mucho tiempo, porque una proposición de ley, de entrada, significa tramitar unos asuntos en el
Congreso de los Diputados para los cuales no es fácil encontrar una solución útil y al mismo tiempo acorde, y eso no se consigue en un día.
Hoy simplemente tomamos en consideración que en España tenemos tres grandes problemas en el Tribunal Constitucional -como decimos nosotros- para los cuales ofrecemos soluciones. A lo mejor ustedes no están de acuerdo, a lo mejor ustedes
tienen otras soluciones. Pues díganlas y las discutiremos, pero no hagan declaraciones en los medios de comunicación ni cortes de voz, con canutazos. Esto se ha de tratar políticamente, contemplando todas las implicaciones de las propuestas y
viendo hasta qué punto son comprensibles.
Dicho esto, voy a empezar por donde terminé. Les recuerdo que dije que había tres problemas. El primero ya lo he tratado: la no renovación a su tiempo de los magistrados que habrán de ser miembros del Tribunal Constitucional; el segundo
se refiere a la demora en la sentencia de inconstitucionalidad acerca de los estatutos de autonomía.
La ley del tribunal vigente establece un plazo, plazo que es difícil de contar porque no tiene un día de comienzo. Al final del párrafo dice: dictará sentencia en diez días, salvo que mediante resolución motivada el propio tribunal estime
necesario un plazo más amplio que, en ningún caso, podrá exceder de treinta días. Quizá el plazo al final resulte muy corto.
El resultado es que entonces no se aplica. ¿Por qué no buscamos un plazo razonable para que pueda decidir?
La práctica puede llevar a dilaciones y, por tanto, es bueno que exista una ampliación de plazo; pero nosotros creemos que debe ser un plazo de seis meses -la expresión es indicativa y coincide, por otra parte, con la propuesta de reforma
del Tribunal Constitucional por parte de otros grupos- a contar desde la presentación del recurso; por tanto, seis meses para dictar sentencia.
Seguramente no es importante que yo le subraye la importancia de las comunidades autónomas en el tejido constitucional de España, porque su importancia política consiste en que ejerce una parte del poder legislativo del Estado y, por tanto,
los recursos en este caso deben solucionarse sin demoras.
Usted me ha dicho: esto es difícil. ¡Claro!, difícil según lo que quiera hacer. Si usted quiere hacer un tratado de interpretación, a lo mejor es difícil llevarlo a cabo, además por mayoría. Pero si usted entiende que su misión consiste
en juzgar la ley que se le propone -no otras, no las hipotéticas- y debe encontrar posibles razones que sean contrarias a la Constitución para decidir por mayoría, es evidente que, si tras seis meses de estudio y deliberación, ante una cuestión tan
preferente como una parte de la organización política del Estado español no se han puesto de acuerdo, deben dejarlo estar. ¿Por qué? Porque hay dos principios que han de jugar: primero, el principio de constitucionalidad de la norma, la
presunción de constitucionalidad de la norma; segundo, el principio de conservación de la norma y con criterios favorables para su interpretación o para la interpretación inclusiva de la Constitución. Y porque es una ley orgánica singular,
indisponible por las Cortes Generales unilateralmente; no es solo una ley orgánica, es un pacto que se aprueba mediante ley orgánica, por la cual entra en el ordenamiento jurídico español. Es tan singular que incluso la Constitución permite que el
estatuto prevea que se puede cambiar por un procedimiento lo alambicado que quiera, siempre que estemos de
acuerdo en ponerlo en el texto. Es una ley muy singular que adquiere la forma jurídica de ley orgánica, pero esta ley es un acuerdo de voluntades. También es un acuerdo de voluntades entre los representantes del pueblo español y los
representantes del pueblo de la comunidad autónoma, y además puede exigir su aprobación mediante referéndum.
La presunción de constitucionalidad y el principio de conservación de la norma deben tener un plus de relevancia, por eso pedimos que se estudie la inclusión de un plus reforzado para dictar un acuerdo contrario a la Constitución -para
dictar que el estatuto contiene una norma contraria a la Constitución- y por eso establecemos el voto al menos de ocho de sus miembros. (Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)
Se trata, por tanto, de una ley singular, de un tipo de ley singular, de cómo juegan los principios que han de jugar si juegan y tienen un peso singular, o si simplemente tratamos como cualquier otra cosa lo que es también y en su base un
pacto político entre el pueblo español en su conjunto y una parte que se constituye en comunidad autónoma. (Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)
Tercer problema, las llamadas resoluciones interpretativas de los preceptos estatutarios. Esto no significa que el Tribunal Constitucional no interprete, claro que interpreta, es su manera de trabajar, solo faltaría que no interpretara, el
artículo 1.º de la Ley orgánica dice que es el intérprete supremo de la Constitución. Todo el mundo interpreta, pero ese es el supremo. (Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)
El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías.
El señor MOLAS I BATLLORI: No hace falta, no hace falta, tampoco les interesa.
El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías.
El señor MOLAS I BATLLORI: Para poder establecer un control abstracto entre normas, que es el juicio del Tribunal Constitucional, necesita interpretar la Constitución y las leyes objeto de recurso, naturalmente.
Pero, repito, el Tribunal
Constitucional es un legislador negativo, su misión no es sustituir al legislador ni es sustituir a la jurisdicción ordinaria, que es la que interpreta las leyes para su aplicación. Su misión es juzgar si una norma de una ley se encuentra externa
al marco fijado por la Constitución.
Por tanto, las resoluciones interpretativas de la Constitución son resoluciones interpretativas que establecen el terreno dentro del cual las Cortes, libremente, deciden lo que quieran, y lo deciden con sus propias reglas democráticas.
Dentro todo es posible, fuera es inconstitucional. Esta es la misión del Tribunal Constitucional y para eso debe interpretar, a través de resoluciones, es decir, resolver en firme los límites. Esa es la fuerza vinculante de la sentencia del
Tribunal Constitucional.
No se trata de conseguir un patchwork, una sentencia patchwork es lo contrario de una sentencia; una sentencia patchwork sirve para mezclar cosas distintas con racionalidades distintas y darlas juntas. Pero una sentencia del Tribunal
Constitucional indica hoy y para el futuro dónde están los límites de la Constitución que no deben ser franqueados, y eso implica unidad de criterio, aunque pueda cambiar posteriormente. Es toda una forma de entender lo que es una sentencia y lo
que es una misión interpretativa.
Los razonamientos interpretativos son fundamentales porque es lo que implica que las leyes están incluidas en el interior de la Constitución.
Porque esta es, repito y acabo, una misión que puede realizar, pero no le corresponde; la puede
realizar, pero su misión no es investigar qué leyes pueden derivarse de un texto sometido a su juicio. El Tribunal Constitucional no juzga sobre todo, juzga sobre la ley concreta que se le encomienda, pero no juzga sobre leyes que no existen y que
son hipotéticas y, por tanto, tampoco son posibles las interpretaciones extensivas que pueden llevar a un desborde de lo que es la competencia propia de la Constitución. Las resoluciones preventivas no tienen cabida tampoco en nuestro ordenamiento,
no tienen cabida, no es un protector de posibles leyes futuras y como puede derivarse una interpretación inconstitucional de una norma sometida a su juicio, la norma es inconstitucional.
El señor PRESIDENTE: Señoría, termine.
El señor MOLAS I BATLLORI: Y, ahí, yo debo interpretar lo que debe salir de esta norma y fijar sentido único. No, cuando se produzca la norma que vulnera la Constitución, si es legal, entonces el Tribunal conocerá, si no, el Tribunal
establece el límite dentro del cual están las normas.
El señor PRESIDENTE: Señoría, termine, por favor.
El señor MOLAS I BATLLORI: Una sola interpretación constitucional salva la constitucionalidad de la norma.
En cualquier caso, nuestro propósito es que más allá de la frase desabrida, rotunda, colorista, de la ignorancia respecto a lo que el otro dice porque esto es una forma de mantenerse en la pureza de la ignorancia,
El señor PRESIDENTE: Señoría, concluya.
El señor MOLAS I BATLLORI: Más allá de la polémica, nosotros creemos -y se debería aplaudir- que las Cortes Generales deben entrar en el conocimiento de ese tema (Varios señores senadores del Grupo Parlamentario Popular en el Senado: No,
no.)
El señor PRESIDENTE: Señoría, termine.
El señor MOLAS I BATLLORI: y sustraerse a un conocimiento únicamente externo de la polémica de opinión pública.
El señor PRESIDENTE: Señoría, ruego termine.
El señor MOLAS I BATLLORI: ¿Por qué? Porque queremos resolverlo.
Termino ya, déjeme acabar la frase. (Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, por favor, guarden silencio.
El señor MOLAS I BATLLORI: ¿Ustedes tienen prisa? (Varios señores senadores del Grupo Parlamentario Popular en el Senado: No, no.) Pues si tienen prisa, busquen otro trabajo. La política exige acuerdos.
(Aplausos.-Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Señoría, termine, por favor.
El señor MOLAS I BATLLORI: Nosotros ofrecemos un marco abierto, un marco para debatir, un marco para encontrar acuerdos
El señor PRESIDENTE: Señoría, por favor, concluya.
El señor MOLAS I BATLLORI: y el acuerdo significa diálogo, incluso para aquellos
El señor PRESIDENTE: Senador Molas, ruego termine.
El señor MOLAS I BATLLORI: Termino ya. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, silencio, por favor.
El señor MOLAS I BATLLORI: Iba a poner el punto final a la frase que he comenzado. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Termine, señoría.
El señor MOLAS I BATLLORI: Espero que sea posible alcanzar un acuerdo sobre los problemas, aunque no estemos de acuerdo hoy sobre las soluciones. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Díaz Tejera. (Rumores.)
Silencio, señorías.
El señor DÍAZ TEJERA: Con la venia, presidente.
Se aborda ahora un asunto que no solo es que esté de actualidad y afecte a una o a cuatrocientas personas. Esta mañana hemos empezado la jornada haciendo un debate sobre un asunto que yo no diría que está frío, está de actualidad, a juzgar
por los medios, no por la realidad social del país, pero sí por los medios. Sin embargo, lo hemos abordado con toda tranquilidad. Es un asunto que lleva pendiente cuatro años, cuatro años.
Hay magistrados del Tribunal Constitucional que llevan
dos años y medio con su mandato ya finalizado, llegado a término y es real que, también, en plena evaluación del Tribunal Constitucional, se plantean recusaciones de varios de ellos. Es más, el Tribunal Constitucional jamás deja de trabajar, luego
siempre que abordemos cualquier cosa del Tribunal Constitucional, siempre será en caliente, porque siempre está abordando recursos diversos. Por lo tanto, el que ahora se haga esto es porque nuestro ordenamiento jurídico público no estaba preparado
para abordar situaciones de bloqueo. Esa es la realidad. Es la realidad, lo hemos vivido en asuntos vinculados al Consejo General del Poder Judicial o en otras instituciones y ahora llevamos dos años y medio vinculados al Tribunal Constitucional.
Por lo tanto, sí es un asunto actual y es bueno que lo aborden las Cortes Generales y lo hagan como tiene que ser, con razones.
El único argumento de los esgrimidos que me ha preocupado respecto a la admisión a trámite es el de: durante el desarrollo del partido retomar las reglas del juego. Pero, insisto, la única forma de resolverlo es como le estoy diciendo: se
ha advertido un problema y se plantea abordarlo.
Los socialistas no sabemos si de los tres asuntos que plantea el texto: la demora en la renovación, la demora en dictar sentencia o la extensión de las sentencias interpretativas, esa forma concreta es la más adecuada de abordarla pero, en
cualquier caso, es necesario hacerlo de una forma abierta, y ya veremos en el desarrollo si es de forma concreta o no.
Por lo tanto, la primera consideración que debemos hacer es: ¿Deben las Cortes Generales abordar este debate? La respuesta es sí. ¿Y por qué? Porque hemos llegado a una situación de bloqueo institucional por un comportamiento -entiendan
la expresión que quiero emplear, que es absolutamente técnica- de fraude de ley de su grupo.
Y le voy a explicar por qué. La reforma de mayo de 2007 -dicho por la señora Vindel- no se ajusta a la Constitución. Se presentó un recurso, y el Constitucional dijo que esa reforma de mayo de 2007 sí se ajustaba a la Constitución. En
noviembre de 2007 se plantea el debate del Reglamento y se vuelve a plantear que ese Reglamento no se ajusta a la Constitución.
Se presenta un recurso, y vuelve a decir el Constitucional que el Reglamento sí se ajusta a la Constitución. Visto que
el recurso contra la ley no prospera, visto que el recurso contra el Reglamento no prospera, que los dos se adecuan a la Constitución, ¿qué se hace a continuación? Una interpretación en fraude de ley. Primero se niega que las partes, las
comunidades autónomas, puedan participar en la configuración del criterio del todo, que es la decisión de las Cortes Generales. Y como no se acepta, entonces se niega el parlamentarismo, se niega la libertad de los parlamentos autónomos para
proponer los candidatos que estimen oportunos.
Y casualmente -no creo que sea el azar quien lo haya decidido- siete parlamentos proponen las dos mismas personas. Luego es una negación del parlamentarismo, es una negación de las comunidades
autónomas, es una negación de la palabra, es una negación de la razón, a no ser que haya participado el azar. En términos matemáticos, si no aceptamos el azar, es que ha habido una consigna para cometer un fraude de ley a la ley aprobada aquí por
las Cámaras en mayo de 2007 y el Reglamento posterior.
Tercera cuestión, reforma del año 2007. Se plantea en clave de re: reformar el recurso de amparo, reordenar las tareas del Tribunal Constitucional y reafirmar su actividad. ¿Tenemos o no un problema institucional en España de bloqueo del
Tribunal Constitucional? Nadie lo puede negar. Entonces no se puede imputar la responsabilidad del bloqueo a las fuerzas políticas en abstracto porque no es real. El bloqueo está aquí, en la Cámara, en esta Cámara, no en el Congreso de los
Diputados, y la responsabilidad es de quien bloquea. No se puede ser sujeto activo de una actividad institucional -en este caso por omisión- y, a continuación, adjudicar la responsabilidad en general al resto de las fuerzas políticas. Había un
catedrático de Historia del Derecho -ya fallecido, que en paz descanse-, don Francisco Tomás y Valiente, que en una sentencia de la que fue ponente calificaba a nuestra democracia como el Estado de partidos.
Al margen de discursos sobre la malignidad de la política, que no comparto -dicho sea con todo el respeto hacia la persona que ha planteado la malignidad de origen de los magistrados del Tribunal Constitucional-, a mí no me parece que la
forma de abordar sea cuestionar su legitimidad; no me parece adecuado. Porque si cuestionamos la legitimidad de los magistrados del Constitucional, empezamos a cuestionar muchas otras cosas, y cuestionamos el propio origen del sistema, que es el
origen vinculado a la legitimación de quienes los han propuesto, aunque luego los nombre el Rey mediante decreto.
Lo que quiero plantear es que, necesariamente, todas las decisiones que están vinculadas a la soberanía popular tienen una legitimación de origen. Y hay una sentencia del año 1985 del Tribunal Constitucional que plantea que esa legitimación
de origen es más enérgica cuanto más vinculada está a la soberanía popular. Luego si hay una presunción de legitimidad de las decisiones de los parlamentos -sabe que hay una presunción de legalidad de las decisiones de las administraciones
públicas-, hay una presunción de legitimidad de las decisiones adoptadas por los parlamentos y cuanto más vinculados a la soberanía popular mayor legitimación de origen tienen. ¿Qué plantea esta propuesta? Abordar el problema.
En primer lugar, tenemos un problema con respecto a la renovación del Tribunal Constitucional y han pasado dos años y medio y seguimos teniéndolo, luego no parece que sea un asunto muy en caliente. En segundo lugar, tenemos un problema
respecto a la demora en dictar sentencias, pues ya va para cuatro años, no parece que sea en caliente. En tercer lugar, se plantea reafirmar la legitimación de origen de los estatutos de autonomía. Sí, aquí no se esconde nada. Se suscita a partir
del Estatuto de Autonomía de Cataluña, por supuesto. Nadie lo esconde y se dice con claridad, es eso lo que lo suscita. ¿Pero no es un problema que nos afecte a todos, señor Huguet? Yo creo que sí es un problema que nos afecta a todos porque es
el bloqueo de una institución clave del Estado.
¿Sabe usted qué tienen en común países como Italia, España, Alemania, Austria y Portugal? Que han vivido experiencias de fascismo, que han vivido experiencias de dictadura. Y no solo algunas constituciones tienen un relato pormenorizado de
los derechos fundamentales -relato pormenorizado, no una remisión genérica- y lo que tienen en común todas ellas es tener un Tribunal Constitucional. Las democracias que no han vivido estas experiencias no tienen esta realidad orgánica de un
Tribunal Constitucional, lo hacen sus tribunales supremos, y avoca asuntos. El Tribunal Supremo de Estados Unidos muchas veces dicta sentencias de carácter constitucional con un renglón. No necesita hacer un tratado ni un manual, tan solo un
renglón.
Es un órgano que se ha creado para hacer control de normas para aquellos conflictos políticos a los que hay que dar una respuesta jurídica. Ahora se trata de reafirmar esa presunción de legitimidad de un estatuto de autonomía que ha tenido
esa triple reafirmación que ha explicado el señor Vilajoana muchísimo mejor que yo; hay que tener en cuenta a los 120 parlamentarios -en el caso del Parlamento de Cataluña, 135-, como mínimo a los 176 del Congreso de los Diputados, como mínimo a
132 senadores, y a ello hay que añadir el refrendo del conjunto de los hombres y mujeres que habitan y pueden votar en Cataluña.
Después de eso, ¿qué cree usted que habría que plantearse? Una función negativa sería señalar si se adecua o no a la Constitución. En la doctrina esto se conoce como la injerencia limitada en las tareas del constituyente, en aquellas que
hace el legislador. La cuestión es ¿cuándo una norma se excede del campo de juego establecido?
El señor PRESIDENTE: Señoría, termine.
El señor DÍAZ TEJERA: Acabo ya, señor presidente.
Primero, se baraja la fórmula de los seis meses, que puede ser razonable, aunque pueden ser siete u ocho meses o incluso un año. La cuestión no es el plazo concreto, eso se puede debatir en la tramitación. Segundo, al presumir que hay una
especie de silencio administrativo, se hace una presunción negativa o positiva. ¿Por qué? Porque es una garantía a efectos de seguir combatiendo en términos jurídicos y hay un margen razonable, que pueden ser seis meses o un año, para evaluar la
sentencia.
Tercero, hay que limitar las funciones del legislador negativo a decir si es o no adecuado a la Constitución.
Si todos ayudásemos a solventar el bloqueo institucional seguramente esto no se habría discutido, pero como estamos en una situación de bloqueo resulta necesario. Por eso, le invito a que se incorpore al debate para mejorar la situación de
bloqueo de la que son responsables, señor Huguet.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Huguet.
El señor HUGUET ROTGER: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, como diríamos en menorquín: ¿Vols brou?, doncs tassa i mitja.
¿Quieres caldo?, pues taza y media.
Como portavoz de mi grupo he intentado explicar en mi intervención por qué no apoyamos esta reforma en estos momentos, con independencia de lo que se postula en la propia propuesta, respecto de la que sí había dicho que estaríamos dispuestos
a participar. Es más, ya lo habíamos manifestado en otro debate -y ahora lo reitero-, que deberíamos incorporar el recurso previo de constitucionalidad. Hemos dicho que esta propuesta se presenta en esos momentos ad hoc por un tema muy concreto,
que es el estatuto catalán y la sentencia que tiene que dictar el Tribunal Constitucional en relación a este estatuto.
En segundo lugar, no pondré en duda lo que han manifestado los distintos portavoces acerca de que el estatuto catalán ha recibido todas las bendiciones habidas y por haber que se derivan de la Constitución y el propio estatuto, como es su
aprobación por el Parlamento catalán, su aprobación por el Congreso de los Diputados, su aprobación por el Senado e, incluso, que haya sido refrendado. Pero no nos equivoquemos, porque, mientras que no se modifique la Constitución, el estatuto
catalán no es una ley constituyente. Prácticamente se ha venido a decir eso, y no lo es. Ley constituyente en España solo hay una, y es la Constitución. Por lo tanto, a ella nos tenemos que ceñir todos.
¿Qué es lo que se está haciendo en estos momentos? Se está dando por válida, porque no puede ser de otra manera, toda la fortaleza que tiene el estatuto catalán aprobado y refrendado. Pero, ¿permite o no permite la Constitución que este
estatuto, con independencia de que se haya celebrado un referéndum, vaya al Tribunal Constitucional? Sí. ¿Para qué? Para saber si contiene artículos o preceptos que se hallan fuera del marco de la Constitución, no por otra cosa.
Y, por favor, no culpen al Partido Popular de este hecho. Recuerden aquella frase que dice que quien acusa con un dedo no se da cuenta de que tiene tres que le acusan a él. Esto es lo mismo. El Partido Popular no está bloqueando la
reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña. El Partido Popular reivindica todo el derecho a poner en cuestión ciertos aspectos del Estatuto de Autonomía de Cataluña, y por eso lo ha hecho, mediante un recurso de inconstitucionalidad. Lo puede
hacer, está legitimado para ello. ¿O no es cierto que está legitimado para ello? ¿O es que el malogrado Pacto de Tinell también implicaba impedir al Partido Popular poder presentar el recurso? (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular en el Senado.) No es posible.
Para tropelía democrática lo que les acabo de decir, querer excluir a una fuerza política que representa a casi la mitad de los ciudadanos españoles. Nadie ha salido a decir aquí que se quiere contar con el Partido Popular porque se da por
finiquitado aquel malogrado pacto.
Allí se le excluyó. En aquel pacto se establecía la hoja de ruta de lo que tenía que ser el estatuto catalán y cómo tenían que ser las relaciones de Cataluña con España; como si Cataluña no fuera España, pero es España, igual que Baleares,
igual que Castilla-La Mancha, igual que Andalucía; es exactamente igual.
Por lo tanto, son posicionamientos, puntos de vista de unos grupos políticos con relación a otros. Y en la discrepancia -créanme, señorías- si hay sentido común, si es para ir todos en la misma dirección para que el Estado de las Autonomías
se vaya fortaleciendo y no ponga en juego lo que es la propia esencia de la Constitución, podremos llegar a puntos de encuentro.
Hay otra cuestión que creo que vale la pena refrescar hoy. Lo ha dicho el senador Vilajoana muy claramente: yo no quiero sentencia sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Eso es tanto como decir: yo no quiero que el Tribunal
Constitucional cumpla con su obligación, cumpla con su deber, cumpla con su precepto constitucional. Eso no se puede permitir.
Si no se está de acuerdo ni con la estructura, ni con la forma ni con las funciones del Tribunal Constitucional, no basta con cambiar la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Cambiemos la Constitución y digamos en qué no estamos de
acuerdo. Cambiemos la Constitución. Pero plantéenlo, no lo hagan por la puerta de atrás, porque quieren privar al Tribunal de unas competencias que tiene atribuidas por la Constitución y la propia Ley del Tribunal Constitucional.
Los magistrados actuales del Tribunal Constitucional están tan legitimados hoy como hace cuatro años, hoy como hace dos años, hoy como ayer, hoy como mañana, hasta que no se produzca la renovación. Y la renovación no es un problema del
Tribunal Constitucional sino de acuerdo político.
Además, es muy fácil culpar a los demás de bloqueos o de no bloqueos, pero este no es el debate. Si la resolución está en el acuerdo entre el Partido Popular y el del Partido Socialista,
compartamos como mínimo el 50%. Pero es más, es que ustedes tienen la llave; basta con que acepten las propuestas que les ha hecho el Partido Popular. ¿O es que solamente serán válidas aquellas que a ustedes les interesan? (Aplausos en los
escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.-Rumores.) Pues no.
El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías.
El señor HUGUET ROTGER: Si son propuestas del Grupo Parlamentario Popular es ese grupo parlamentario el que debe plantearlas, y a ustedes les corresponde decir si están o no de acuerdo. Lo que no puede ser es que usted nos diga: No
estamos de acuerdo con las propuestas que ustedes nos hacen; hagan otras hasta que haya algunas que nos gusten. Pues no. El respeto a las propuestas de los dos grupos mayoritarios está en darlas por válidas siempre y cuando cada una de ellas
cumplan los requisitos establecidos. (Fuertes rumores.)
El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías.
El señor HUGUET ROTGER: Y nosotros entendemos que las nuestras sí cumplen los requisitos.
En definitiva, señor Molas, creo que el debate ha sido interesante y productivo. Merece la pena que estos temas se planteen. (Rumores.) Pero sí ha quedado una cosa clara.
Una reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional de este calado y con las advertencias que han hecho distintos grupos políticos, es una reforma que, como mínimo, debería contar con el consenso de todas las fuerzas políticas. Y es
una norma en la que todos juntos deberíamos trabajar para llegar a un resultado final positivo porque a todos nos interesa. El tema es serio y no admite improvisaciones, urgencias ni prisas. Admite reflexión y exige sosiego. Por ello les pedimos,
con toda humildad, que retiren esta propuesta.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)
El señor PRESIDENTE: Llamen a votación. (Pausa.)
Señorías, vamos a proceder a la votación de la proposición de ley a efectos de su toma en consideración.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 253; a favor, 134; en contra, 118; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
DICTÁMENES DE LAS COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LA LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Continuación)
-- DE LA COMISIÓN DE FOMENTO EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DE LEY DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 48/2003, DE 26 DE NOVIEMBRE, DE RÉGIMEN ECONÓMICO Y DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LOS PUERTOS DE INTERÉS GENERAL (Número de expediente Senado
621/000051 y número de expediente Congreso 121/000024) (Votación).
El señor PRESIDENTE: Pasamos, a continuación, a votar el proyecto de ley de modificación de la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios en los puertos de interés general.
En primer lugar, votamos la enmienda número 1 de los senadores Quintero Castañeda y Belda Quintana.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 253; a favor, 17; en contra, 235; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la número 2 de los mismos senadores.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 250; a favor, 250.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos las enmiendas 3 a 5 del Grupo Parlamentario Mixto, del senador Sampol.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 253; a favor, 23; en contra, 230.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos las enmiendas 6 a 38 del Grupo de Senadores Nacionalistas.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 252; a favor, 21; en contra, 231.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos las enmiendas de Entesa Catalana de Progrés, números 39 a 51.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 252; a favor, 21; en contra, 231.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos, señorías, el proyecto de ley.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 253; a favor, 233; en contra, 16; abstenciones, 4.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Señorías, tal como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para que este se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto
definitivo por S.M. el Rey.
CONOCIMIENTO POR EL PLENO DE TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
-- ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DEL REINO DE ESPAÑA Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE KAZAJSTÁN SOBRE SUPRESIÓN RECÍPROCA DE VISADOS EN PASAPORTES DIPLOMÁTICOS, HECHO EN MADRID EL 30 DE OCTUBRE DE 2009 (Número de expediente Senado 610/000185 y
número de expediente Congreso 110/000186).
El señor PRESIDENTE: Punto octavo del orden del día: Conocimiento por el Pleno de tratados y convenios internacionales remitidos por el Congreso de los Diputados.
Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la República de Kazajstán sobre supresión recíproca de visados en pasaportes diplomáticos, hecho en Madrid el 30 de octubre de 2009.
No se han presentado propuestas.
¿Algún grupo desea intervenir? (Pausa.)
¿Se puede entender concedida la autorización? (Asentimiento.)
Queda autorizado.
-- ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DEL REINO DE ESPAÑA Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA SOCIALISTA DE VIETNAM SOBRE SUPRESIÓN RECÍPROCA DE VISADOS EN PASAPORTES DIPLOMÁTICOS, HECHO EN MADRID EL 15 DE DICIEMBRE DE 2009 (Número de expediente Senado
610/000186 y número de expediente Congreso 110/000188).
El señor PRESIDENTE: Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la República Socialista de Vietnam sobre supresión recíproca de visados en pasaportes diplomáticos, hecho en Madrid el 15 de diciembre de 2009.
No se han presentado propuestas.
¿Algún grupo desea intervenir? (Pausa.)
¿Se puede entender concedida la autorización? (Asentimiento.)
Queda autorizado.
-- CONVENIO DEL CONSEJO DE EUROPA PARA LA PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS CONTRA LA EXPLOTACIÓN Y EL ABUSO SEXUAL, HECHO EN LANZAROTE EL 25 DE OCTUBRE DE 2007 Y DECLARACIONES AL MISMO (Número de expediente Senado 610/000187 y número de expediente
Congreso 110/000189).
El señor PRESIDENTE: Convenio del Consejo de Europa para la protección de los niños contra la explotación y el abuso sexual, hecho en Lanzarote el 25 de octubre de 2007 y Declaraciones al mismo.
No se han presentado propuestas.
¿Algún grupo desea intervenir? (Pausa.)
¿Se puede entender concedida la autorización? (Asentimiento.)
Queda autorizado.
-- ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y EL PRINCIPADO DE ANDORRA PARA EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN EN MATERIA FISCAL, HECHO EN MADRID EL 14 DE ENERO DE 2010 (Número de expediente Senado 610/000188 y número de expediente Congreso 110/000190).
El señor PRESIDENTE: Acuerdo entre el Reino de España y el Principado de Andorra para el intercambio de información en materia fiscal, hecho en Madrid el 14 de enero de 2010.
No se han presentado propuestas.
¿Algún grupo desea intervenir? (Pausa.)
¿Se puede entender concedida la autorización? (Asentimiento.)
Queda autorizado.
-- DECLARACIÓN DE ACEPTACIÓN POR ESPAÑA DE LA ADHESIÓN DE LA REPÚBLICA DE CROACIA AL CONVENIO SOBRE LA OBTENCIÓN DE PRUEBAS EN EL EXTRANJERO EN MATERIA CIVIL O MERCANTIL, HECHO EN LA HAYA EL 18 DE MARZO DE 1970 (Número de expediente Senado
610/000189 y número de expediente Congreso 110/000191).
El señor PRESIDENTE: Declaración de aceptación por España de la Adhesión de la República de Croacia al Convenio sobre la obtención de pruebas en el extranjero en materia civil o mercantil, hecho en La Haya el 18 de marzo de 1970.
No se han presentado propuestas.
¿Algún grupo desea intervenir? (Pausa.)
¿Se puede entender concedida la autorización? (Asentimiento.)
Queda autorizada.
Señorías, finalizado el orden del día, se levanta la sesión.
Eran las diecisiete horas y treinta y cinco minutos.